Poner la lavadora por la noche no es raro. Muchas personas lo hacen porque llegan tarde a casa, porque quieren dejar la ropa tendida antes de dormir o porque intentan aprovechar las horas en las que la luz puede salir más barata. Pero si el aparato hace demasiado ruido, especialmente durante el centrifugado, una simple tarea del hogar puede acabar en un problema real con los vecinos.

La clave es que no existe una prohibición general en España que impida usar la lavadora de noche. Lo que sí hay son ordenanzas municipales que fijan horarios de descanso, límites de decibelios y sanciones cuando el ruido supera lo permitido o altera la convivencia. Por eso, la respuesta cambia según el municipio en el que se viva.

El ruido se nota más en verano, con las ventanas abiertas y más vida dentro de las viviendas durante las horas de calor. Una lavadora mal nivelada, pegada a una pared compartida o funcionando de madrugada puede molestar más de lo que parece. En esos casos, no se sanciona el simple hecho de lavar la ropa, sino el exceso de ruido y su impacto en el descanso de otros vecinos.

Qué dice la ley sobre el ruido en casa

La Ley del Ruido establece el marco general para prevenir y reducir la contaminación acústica, pero no entra al detalle de cada situación doméstica. La propia norma deja margen a los ayuntamientos para regular los ruidos vecinales según los usos locales y las ordenanzas de cada municipio.

En la práctica, muchas ordenanzas distinguen entre periodo diurno y nocturno, con límites más bajos durante las horas de descanso. Algunas también regulan de forma expresa las actividades domésticas y el uso de aparatos que puedan generar molestias, como electrodomésticos, equipos de climatización o sistemas de sonido.

En Madrid, por ejemplo, la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica señala que los usuarios de electrodomésticos, aparatos de aire acondicionado y otras fuentes sonoras domésticas deben instalarlos y utilizarlos de forma que no perturben la convivencia ni superen los límites permitidos.

Cuándo puede haber sanción

Para que el ayuntamiento sancione, normalmente no basta con una simple molestia puntual. Lo habitual es que exista una queja, una intervención de la Policía Local o de los servicios municipales y una comprobación de que se han superado los niveles previstos en la ordenanza.

Ahí entran en juego los decibelios. En Madrid, por ejemplo, el ruido transmitido a una vivienda colindante no puede superar durante la noche los 30 decibelios en estancias y los 25 decibelios en dormitorios. Durante el día y la tarde, los límites son de 35 y 30 decibelios, respectivamente. La ordenanza madrileña considera periodo nocturno el tramo comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas, ampliado hasta las 8:00 en días festivos.

Estos límites ayudan a entender por qué una lavadora puede causar problemas aunque se trate de un uso doméstico normal. El aparato no suena igual durante todo el ciclo: el centrifugado suele ser la fase más ruidosa y, si el sonido llega con fuerza al dormitorio de otra vivienda de madrugada, puede superar los decibelios permitidos.

También influye la gravedad de la situación. No es lo mismo un centrifugado aislado que una conducta repetida durante la madrugada, ni un ruido leve que otro capaz de impedir el descanso. Por eso, las sanciones suelen graduarse en función de la intensidad, el horario, la reiteración y el daño causado a la convivencia.

Las cuantías dependen de cada municipio. En Madrid, las infracciones relacionadas con actividades domésticas, usuarios de la vía pública y relaciones vecinales pueden sancionarse con hasta 750 euros si son leves, hasta 1.500 euros si son graves y hasta 3.000 euros si son muy graves. Ese importe es el máximo previsto para los casos más serios, no la consecuencia habitual por poner una lavadora una noche.

Qué puede hacer la comunidad de vecinos

Además de la vía municipal, la comunidad de propietarios también puede actuar si el ruido se repite y afecta al descanso. La Ley de Propiedad Horizontal permite reclamar el cese de actividades molestas dentro de una vivienda, siempre que exista una alteración real de la convivencia.

Lo normal es empezar por la vía más sencilla: hablar con el vecino, comunicar el problema al presidente de la comunidad o trasladarlo al administrador de fincas. Si la situación continúa, puede tratarse en una junta y, en último término, acudir a la vía judicial para exigir que cese la actividad molesta.

Para evitar problemas, conviene revisar que la lavadora esté bien nivelada, no programar centrifugados de madrugada, usar programas silenciosos cuando estén disponibles y consultar la ordenanza municipal si hay dudas sobre los horarios de descanso.

La prueba de acceso a la universidad (PAU) da el pistoletazo de salida a la carrera para conseguir una plaza universitaria. Mientras miles de estudiantes esperan las calificaciones, las revisiones y la admisión, muchas familias empiezan a mirar también hacia la universidad privada, una alternativa que en algunos grados exige desembolsos superiores a los 20.000 euros al año.

Las tarifas más elevadas para el curso 2026-2027 se concentran en titulaciones de empresa, dobles grados internacionales, Medicina, Odontología y otros estudios sanitarios. En algunos casos, el precio anual supera los 30.000 euros y llega incluso a los 43.800 euros, según las tarifas publicadas por las propias universidades.

No existe una base pública estatal que ordene de forma homogénea los precios de las universidades privadas. Esta recopilación se ha elaborado a partir de las tarifas oficiales que cada centro publica para el curso 2026-2027, por lo que los importes no siempre son plenamente comparables: algunas universidades informan del precio anual, otras del primer curso completo y otras separan reserva de plaza, matrícula, docencia o apertura de expediente.

Las matrículas que superan los 20.000 euros al año

La tarifa más alta localizada corresponde a IE University, donde el Global BBA, un grado internacional de Administración y Dirección de Empresas (ADE), tiene un precio de 43.800 euros al año para el curso 2026-2027. La misma universidad sitúa en 34.000 euros anuales varios dobles grados vinculados también a ADE, como los combinados con Análisis de Datos, Relaciones Internacionales, Derecho, Ciencias Políticas, Humanidades o Informática e Inteligencia Artificial.

También en IE University, otros dobles grados alcanzan los 31.800 euros anuales, como Economía y Relaciones Internacionales, Derecho y Relaciones Internacionales o Economía y Matemáticas Aplicadas. El grado en ADE se sitúa en 29.000 euros, mientras que Matemáticas Aplicadas, Arquitectura, Economía, Relaciones Internacionales, Derecho, Comunicación, Diseño o Análisis de Datos y Negocio aparecen con precios de 26.500 euros al año.

Fuera de IE, uno de los precios más altos corresponde a la Universidad Europea, donde Odontología alcanza los 26.720 euros en sus tarifas para el próximo curso. En el caso de Medicina en la Universidad Europea de Madrid, el primer curso asciende a 25.080 euros, con reserva de plaza y docencia incluidas en la tabla de honorarios.

La Universidad CEU Cardenal Herrera fija el grado de Odontología en inglés en 25.690 euros para el primer curso en el campus de Valencia, mientras que Medicina aparece en 22.350 euros. En la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX), Medicina cuesta 24.250 euros anuales para alumnos de nuevo ingreso y Odontología en inglés se sitúa en 24.050 euros.

También superan la barrera de los 20.000 euros varios programas de Esade, integrada en la Universitat Ramon Llull. Sus dobles grados en ADE con Derecho, Gobernanza Global o Inteligencia Artificial aplicada a los negocios, así como el doble grado en Derecho y Gobernanza Global, tienen un precio de 23.600 euros al año. Otros programas, como ADE, Derecho, Gobernanza Global o Liderazgo Transformador e Impacto Social, figuran con 20.500 euros anuales.

En el ámbito sanitario, la Universidad Camilo José Cela fija Medicina en 23.220 euros para alumnos de nuevo ingreso en primer curso. CEU San Pablo sitúa Odontología en inglés en 23.100 euros. La Universidad Europea de Valencia recoge Odontología con 23.421 euros, mientras que en la Universidad Europea de Canarias Medicina aparece con 22.000 euros. En la Universidad Francisco de Vitoria, Medicina cuesta 21.830 euros el primer curso.

La Universidad Europea de Andalucía, en Málaga, también supera esa barrera con Odontología, que alcanza los 21.800 euros. UAX sitúa Odontología en 20.900 euros, y la Universidad de Navarra fija Medicina en 20.400 euros para el primer curso, calculados sobre 60 créditos a 340 euros cada uno, a los que se añaden derechos de secretaría.

Otros grados con matrículas más ‘baratas’

Hay matrículas por debajo de los 20.000 euros, pero siguen siendo importes muy elevados. CEU San Pablo fija Medicina en 19.500 euros y Odontología en español en 18.900 euros. La Universidad Francisco de Vitoria sitúa Odontología en 19.300 euros. La Universitat Internacional de Catalunya recoge Medicina en 18.600 euros, la Universidad de Deusto en 17.850 euros y CEU Abat Oliba en 17.715 euros.

Otros ejemplos son Medicina en la Universidad San Jorge, con 18.000 euros; el doble grado en ADE y Derecho de Comillas, con 18.400,52 euros; Odontología en Nebrija, con 15.970 euros; Medicina en la Universidad Loyola, con 15.340 euros; o Medicina en la UCAM, con 14.200 euros para alumnos de la Unión Europea y 18.900 euros para estudiantes no comunitarios.

Aprobar la PAU no garantiza entrar en el grado elegido. La nota de admisión es la que marca la adjudicación de plazas y puede alcanzar hasta 14 puntos con las materias ponderadas. En este escenario, quienes no consigan la puntuación suficiente para entrar en la universidad pública pueden acabar pagando un alto precio por acceder a la privada: ya no basta con querer estudiar una carrera, también hay que poder pagarla.

Encender un ventilador de techo o poner el aire acondicionado no tiene el mismo efecto sobre la casa ni sobre la factura de la luz. El primero puede funcionar durante horas con un gasto bajo, pero no enfría realmente la habitación. El segundo sí reduce la temperatura de la vivienda, aunque consume mucha más electricidad y su coste depende del modelo, la tarifa, el aislamiento y la temperatura elegida.

La diferencia se entiende mejor con una cuenta sencilla. Un ventilador de techo de 50 vatios consume 0,05 kWh por cada hora de uso. Si se mantiene encendido durante ocho horas, el consumo sería de unos 0,4 kWh. Tomando como referencia un precio eléctrico de 0,25 euros por kWh, más cercano a una referencia doméstica general, el coste rondaría los 10 céntimos.

Un aire acondicionado de 1.500 vatios, en cambio, podría consumir 1,5 kWh por cada hora de funcionamiento si trabajara de forma continua a esa potencia. En ocho horas, el gasto llegaría a 12 kWh, con un coste aproximado de 3 euros con el mismo precio de referencia. La cifra debe tomarse como una orientación, no como un cálculo exacto: muchos modelos actuales son inverter, es decir, ajustan su potencia y pueden consumir menos cuando la habitación alcanza la temperatura marcada.

Por eso el gasto real puede ser menor y dependerá también de la tarifa, la hora de consumo, el aislamiento de la vivienda y los grados elegidos en el termostato.

El ventilador refresca a las personas, no la habitación

La clave está en cómo funciona cada aparato. El aire acondicionado extrae calor del interior y baja la temperatura real de la estancia. Por eso necesita más energía, especialmente si se programa a una temperatura muy baja o si la vivienda está mal aislada.

El ventilador de techo funciona de otra manera. No reduce los grados de la habitación, sino que mueve el aire y genera una corriente sobre la piel. Ese movimiento favorece la evaporación del sudor y hace que la persona note una sensación de frescor. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) explica que el movimiento del aire puede producir una sensación de descenso de la temperatura de entre 3 y 5 ºC, con un consumo eléctrico muy bajo.

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que, como los ventiladores no reducen la temperatura del aire ni refrigeran realmente la estancia, dejarlos encendidos cuando no hay nadie dentro no mantiene el cuarto fresco: solo añade consumo eléctrico.

El termostato también pesa en la factura

El aire acondicionado puede ser necesario en días de calor intenso, sobre todo en viviendas que acumulan mucha temperatura o cuando viven personas vulnerables. Pero su impacto en la factura cambia mucho según el uso. El IDAE recomienda mantener en verano una temperatura de 26 ºC o superior con ropa adecuada, ventilar en las horas más frescas y bajar toldos o cerrar persianas para reducir el calentamiento de la vivienda.

Poner el aparato a una temperatura muy baja no enfría antes la casa. Lo que hace es obligar al equipo a trabajar más para alcanzar y mantener esos grados. Por eso no cuesta lo mismo programarlo a 19 ºC que usarlo a 25 o 26 ºC. La diferencia puede notarse especialmente si se mantiene encendido durante muchas horas.

La opción más eficiente en muchos hogares no pasa necesariamente por elegir entre ventilador o aire acondicionado, sino por combinarlos. El ventilador ayuda a repartir mejor el aire y mejora la sensación térmica, lo que permite subir algunos grados el termostato sin perder confort.

Un castillo medieval, once suites con chimenea, jardines, piscina, licencia de hotel y restaurante y una historia ligada al turismo de lujo. Sobre el papel, el Castell d’Orriols tiene casi todos los ingredientes para convertirse en una de esas propiedades singulares que atraen a inversores, cadenas hoteleras o compradores internacionales. Pero la realidad es que el edificio lleva años sin actividad y vuelve de nuevo al mercado inmobiliario sin que, por ahora, ningún proyecto haya conseguido devolverle la vida.

El inmueble, situado en Orriols, dentro del municipio gerundense de Bàscara, en la comarca del Alt Empordà, ha vuelto a ponerse a la venta a través de la inmobiliaria Lucas Fox, según publica la edición digital del Setmanari de l’Alt Empordà. No es una propiedad cualquiera. El castillo está documentado desde 1265, conserva elementos de origen medieval y reformas renacentistas, y fue declarado Bien Cultural de Interés Nacional en 1988.

Durante años funcionó como hotel de cuatro estrellas y restaurante de lujo bajo el nombre de L’Odissea de l’Empordà. Sin embargo, esa etapa quedó atrás. En 2016, el empresario Jaume Roures adquirió la totalidad del inmueble, del que ya controlaba una participación minoritaria, pero en estos diez años no se ha puesto en marcha ningún proyecto estable para recuperar su uso.

Un castillo con suites, piscina y licencia hotelera

El Castell d’Orriols mantiene una estructura rectangular organizada alrededor de un patio central de los siglos XVI y XVII. La fachada conserva rasgos renacentistas, con aberturas de geometría regular, y el edificio se distribuye en tres niveles. En su interior hay amplios espacios comunes, cocina industrial, terrazas, lounge bar, bodega y varias salas polivalentes.

La propiedad dispone actualmente de once suites con chimenea y vistas al paisaje del Empordà. Además, cuenta con una casa anexa que permitiría ampliar la capacidad hasta las 23 habitaciones. En el exterior, el conjunto incluye jardines, terrazas y piscina.

Uno de los principales atractivos para un posible comprador es que el inmueble conserva la licencia de hotel y restaurante, lo que permitiría recuperar la actividad turística o desarrollar un nuevo proyecto vinculado a la hostelería de alta gama. Su perfil encaja, además, con una tendencia cada vez más visible en el mercado inmobiliario: la venta de edificios históricos como propiedades singulares orientadas a compradores con alto poder adquisitivo.

El alcalde de Bàscara, Narcís Saurina, defiende que reactivar el castillo sería positivo tanto para Orriols como para el conjunto del territorio. Según explica a Empordà.info, cuando el edificio funcionaba como hotel, generaba movimiento económico sin alterar la vida cotidiana del pueblo. “Era gente con poder adquisitivo elevado, pero no había impacto directo en el pueblo”, señala.

Para el Ayuntamiento, el problema no es solo económico. También preocupa el deterioro que puede sufrir un inmueble de estas características si permanece cerrado durante años. “Es complicado tener un edificio así sin uso, porque se va degradando con el tiempo”, advierte Saurina al medio digital comarcal. El municipio cuenta con poca oferta turística complementaria, más allá de alguna casa rural, por lo que la recuperación del castillo podría suponer un impulso relevante para la zona.

El precio de venta no se ha hecho público, aunque el alcalde considera que se trata de una operación de importe elevado. A su juicio, el principal obstáculo para cualquier comprador no sería únicamente el mantenimiento ordinario del edificio, sino la inversión necesaria para rehabilitar y adaptar una propiedad de estas dimensiones.

El castillo también forma parte de la memoria reciente por un episodio trágico ocurrido en 1994. El político Antonio de Senillosa participó en una celebración en el Castell del Palau d’Orriols antes de sufrir un accidente mortal de tráfico en la carretera entre Orriols y l’Escala, en el que fallecieron tres personas.

Ahora, tres décadas después de aquel episodio y casi diez años después de la compra de Roures, el edificio se encuentra de nuevo a la espera de un comprador. El Ayuntamiento ve con buenos ojos cualquier iniciativa que garantice su conservación y permita recuperar la actividad.

En 2024, los primeros ejecutivos de las 100 mayores empresas europeas ganaron 78 veces más que lo que sus compañías destinan de media a cada trabajador, según ha calculado Oxfam a partir del coste medio de personal. Este indicador incluye el salario y otros gastos laborales asociados al empleo, por lo que no equivale exactamente al sueldo que recibe la plantilla, que será menor. En el informe Personas, poder, beneficios, planeta, la organización analiza esta brecha y cómo los grandes grupos del continente reparten la riqueza que generan entre accionistas, directivos y trabajadores.

El estudio sitúa a Carrefour, Compass Group e Inditex entre las empresas con mayor distancia retributiva interna. En concreto, la ratio entre la remuneración del primer ejecutivo y el coste medio de personal alcanza el 361 a 1 en Carrefour, el 352 a 1 en Compass Group y el 322 a 1 en Inditex.

El salario medio de los directores ejecutivos fue de 6 millones de euros en 2024 entre las compañías que publicaron esta información. Casi la mitad, el 46%, pagó a sus CEO más de 5 millones de euros al año. Las mayores retribuciones correspondieron a Stellantis, con 22 millones de euros; Novartis, con 20,3 millones; y AstraZeneca, con 17,8 millones.

Una brecha que crece desde 2022

La distancia entre la cúpula directiva y el resto de trabajadores no solo es elevada, sino que ha aumentado en los últimos años. Según Oxfam, los CEO de las mayores empresas europeas ganaban en 2022 una media de 74 veces más que el coste medio de personal de sus compañías. En 2024, esa proporción subió hasta 78 veces.

La ratio de 78 a 1 no compara el salario del primer ejecutivo con el sueldo mediano de la plantilla, sino con el coste medio de personal. Es decir, toma como referencia el gasto medio por trabajador que figura en la información corporativa disponible. Por eso es el dato más comparable del informe y el más adecuado para medir al conjunto de las 100 grandes empresas europeas.

La distancia llega a casi 160 veces si se compara con el sueldo mediano

Oxfam también analiza otra ratio: la que compara la remuneración del CEO con el sueldo mediano de la empresa, el que queda justo en el centro de la plantilla: la mitad cobra más y la otra mitad cobra menos. En este caso, la distancia media fue mucho mayor, de 159,7 a 1 en 2024.

La organización advierte de que este dato debe leerse con más cautela, porque solo lo publica aproximadamente la mitad de las empresas y, en algunos casos, no incluye a toda la plantilla. Aun así, esta segunda medición muestra una brecha todavía más amplia en las compañías que sí informan del sueldo mediano.

Según los cálculos de Oxfam, en esas empresas un primer ejecutivo puede ganar en apenas unos días lo mismo que una persona trabajadora con sueldo mediano en todo un año.

CEOs y accionistas se reparten la mejor parte

El informe sostiene que las grandes empresas europeas priorizan la remuneración de altos cargos y accionistas frente al conjunto de trabajadores. Entre 2022 y 2024, los accionistas recibieron de media el 70% de los beneficios de las 100 mayores compañías del continente.

La organización también señala que, en 2024, el reparto de dividendos en Europa alcanzó los 387.600 millones de euros. La cifra equivale, según la organización, al doble del presupuesto de la Unión Europea para 2026. Además, en los últimos 20 años los dividendos han crecido un 139%, mientras que los salarios nominales medios han aumentado un 69%.

Para Oxfam, el problema no está solo en cuánto cobran los directivos, sino en cómo se distribuye el valor que generan las empresas. El estudio apunta a un modelo en el que una parte creciente de los recursos se dirige al capital, mediante dividendos y recompras de acciones, mientras los salarios avanzan a un ritmo mucho menor.

Entre 2022 y 2024, las empresas analizadas distribuyeron 785.000 millones de euros en dividendos y destinaron otros 302.000 millones a recompras de acciones. En 2024, además, 22 compañías gastaron más en pagos a accionistas que los beneficios netos obtenidos ese año.

La desigualdad también atraviesa el género

El análisis de Oxfam incorpora además la composición de la alta dirección y la desigualdad de género dentro de las grandes empresas. Según el informe, en 2024 solo el 10% de los puestos de alta dirección -consejeros delegados, directores ejecutivos o presidentes del consejo de administración- estaban ocupados por mujeres.

La diferencia no se limita a la presencia en los órganos de poder. También aparece en la remuneración. Entre 2022 y 2024, los directores ejecutivos hombres ganaron de media un 22,9% más que las directoras ejecutivas.

El informe resume esta desigualdad con un dato particularmente gráfico. En las 100 principales empresas europeas, los puestos de dirección ejecutiva y presidencia tenían más probabilidades de estar ocupados por alguien llamado “Juan” que por una mujer. En concreto, Oxfam identifica 13 hombres llamados Juan, John, Jean o Jon, frente a 11 mujeres en cargos de consejeras delegadas, direcciones ejecutivas o presidencias.

La brecha salarial de género también persiste en el conjunto de las plantillas. En 2024, 49 de las 100 empresas analizadas no divulgaron información sobre su brecha retributiva de género. Entre las 51 que sí lo hicieron, la diferencia salarial sin ajustar fue del 10,7% de media, muy cerca de la media europea, situada en torno al 11%.

Limitar la distancia a 20 a 1

El informe plantea varias recomendaciones dirigidas a empresas y legisladores. Entre ellas, propone establecer una proporción máxima de 20 a 1 entre la remuneración de los directores ejecutivos y el sueldo mediano de la empresa.

La organización también pide limitar el reparto de dividendos a los accionistas. Según Oxfam, las empresas no deberían distribuir beneficios hasta pagar un salario digno a todos sus trabajadores e invertir en su transición ecológica.

Además, reclama a los Estados miembros de la Unión Europea que transpongan la directiva sobre transparencia retributiva y establezcan cuotas para garantizar una mayor presencia de mujeres en los puestos de liderazgo y toma de decisiones.

En Barcelona, encontrar un piso de alquiler ya no depende solo de poder pagarlo, sino de imponerse a cientos de candidatos. En el cuarto trimestre de 2025, cada anuncio recibió 462 contactos en la provincia, frente a los 103 de Madrid y los 135 del conjunto nacional, según un informe publicado por Fedea sobre los dos primeros años de aplicación de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda.

Este dato resume la paradoja que plantea el estudio: allí donde la regulación de precios se ha aplicado de forma más efectiva, las rentas han subido menos, pero la oferta disponible también se ha reducido con intensidad. Aunque el precio de los pisos en alquiler que siguen en el mercado se contiene, encontrar uno se vuelve mucho más difícil para quienes intentan acceder.

Entre el primer trimestre de 2024 y el cuarto de 2025, el precio medio del alquiler acumuló un incremento del 5,7% en Barcelona y en Cataluña, donde se aplica la contención de rentas. En Madrid, donde no se ha desplegado la ley de vivienda de la misma forma, la subida fue del 8,5%. En el conjunto nacional, el aumento alcanzó el 10,8%. La regulación, por tanto, sí parece haber cumplido parte de su objetivo más inmediato: moderar el precio. Pero el mercado ha decidido responder.

Menos pisos disponibles y más personas compitiendo

En ese mismo periodo, el número de anuncios de alquiler cayó un 22,2% en Barcelona y un 20,5% en Cataluña, mientras que en Madrid aumentó un 3,9%. La diferencia no es menor: Barcelona pierde más de una quinta parte de su oferta anunciada al mismo tiempo que concentra una presión de demanda muy superior a la de otros territorios.

Fedea interpreta este movimiento como un patrón compatible con la teoría económica de los controles de precios. Cuando se limita la renta que puede obtenerse por un alquiler residencial, parte de la oferta puede dejar de estar disponible en ese mercado y desplazarse hacia otros usos, como la venta, el alquiler de temporada, el alquiler por habitaciones u otras fórmulas menos reguladas o más rentables.

El informe no mide las intenciones de los propietarios ni prueba caso por caso qué ha ocurrido con cada vivienda retirada, pero sí señala que la caída de anuncios se concentra precisamente donde la contención de rentas se aplica con más firmeza.

La consecuencia práctica para quienes buscan piso es que el precio deja de ser la única barrera. Si hay menos viviendas disponibles y más personas interesadas en cada anuncio, el acceso pasa a depender también de la rapidez para contactar, de la documentación disponible, de los ingresos acreditados, de los avales o de los criterios del propietario.

Dos caras de la misma moneda

El estudio distingue así entre dos perfiles: insiders y outsiders. Los primeros son los inquilinos que ya están dentro del mercado y pueden beneficiarse de una renta más contenida. Los segundos son quienes intentan alquilar por primera vez o cambiar de vivienda y se encuentran con menos anuncios y muchos más competidores por cada piso.

Para los insiders, la regulación puede aliviar parte de la presión económica. Pero para los outsiders el problema se desplaza: no solo importa cuánto cuesta el alquiler, sino si se consigue acceder a un contrato.

Cataluña, el laboratorio de la ley de vivienda

Cataluña es el principal laboratorio de la ley de vivienda porque es la comunidad que ha declarado zonas de mercado residencial tensionado de forma generalizada. La contención de rentas se aplica allí desde marzo de 2024, lo que permite comparar su evolución con la de otros territorios donde la norma no se ha implantado de la misma manera. Según Fedea, esa aplicación desigual convierte el caso catalán en una referencia útil para observar qué ocurre cuando se limita el precio en un mercado tensionado.

El informe también señala que Cataluña ha ido ampliando la regulación a otros tipos de alquiler, como el de temporada o el de habitaciones. Para el autor, esto apunta a que parte de las viviendas pudieron salir del alquiler residencial tradicional y moverse hacia fórmulas que al principio estaban menos reguladas. Es decir, cuando se limita una vía de rentabilidad, el mercado busca otras.

Fedea pide cautela: son indicios, no una prueba absoluta

Con todo, Fedea pide cautela. El análisis es descriptivo, no causal, y el periodo observado todavía es corto. El estudio no demuestra de forma cerrada que la ley haya provocado por sí sola la caída de la oferta, pero sí sostiene que los datos encajan con un patrón claro: precios más contenidos, menos viviendas anunciadas y más presión sobre cada piso disponible.

El informe también evita atribuir a la ley de vivienda el encarecimiento general del alquiler en España, ya que la contención de rentas no se ha aplicado en la mayor parte del territorio. En su diagnóstico, el problema de fondo sigue siendo la falta de oferta. La tensión no afecta solo al alquiler, sino también a la compraventa, lo que apunta a una escasez estructural de vivienda disponible.

El resultado es una paradoja incómoda. Regular los precios puede contener parte de las rentas, pero no basta si la vivienda sigue dependiendo de una oferta privada que puede retirarse, venderse o desplazarse hacia fórmulas más rentables cuando se limita su margen de beneficio.

El nombre puede sonar extraño, pero la idea es sencilla. Un sistema ‘bonus-malus’ consiste en premiar los comportamientos considerados positivos y penalizar los negativos. Aplicado al mercado laboral, supondría que las empresas con menos rotación y empleos más estables pudieran tener algún tipo de incentivo, mientras que aquellas con entradas y salidas frecuentes de trabajadores asumieran un mayor coste.

Esta es la fórmula que la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) plantea para reducir la rotación laboral sin recurrir directamente a un endurecimiento del despido. La propuesta ha sido defendida por Marcel Jansen, investigador del think tank, durante la presentación de un trabajo sobre el impacto de la reforma laboral de 2021, en una jornada organizada por la propia fundación este martes, según ha recogido Europa Press.

El planteamiento llega después de que la reforma laboral haya reducido de forma notable la temporalidad en España, pero también en un momento en el que algunos análisis empiezan a poner el foco en otra cuestión: la estabilidad real del empleo. Según el trabajo presentado por Jansen, la duración media de los contratos indefinidos ordinarios formalizados después de la reforma se ha reducido en torno a 100 días respecto a contratos similares previos a la norma.

Cómo funcionaría el sistema ‘bonus-malus’

El sistema ‘bonus-malus’ no es una subida general del coste del despido ni una prohibición de despedir. Es un mecanismo de incentivos. La lógica sería que las empresas que mantienen a sus trabajadores durante más tiempo o tienen tasas bajas de rotación reciban un trato más favorable. Por el contrario, aquellas que recurren con frecuencia a salidas de plantilla o contratos de muy corta duración se enfrentarían a una penalización.

En la práctica, se trata de que la inestabilidad recurrente tenga consecuencias económicas para quienes la generan. Si una compañía mantiene una plantilla estable, podría beneficiarse de un “bonus”. Si, en cambio, acumula una rotación elevada, recibiría un “malus”. Fedea ya había defendido en documentos anteriores una fórmula de este tipo, vinculada a reducir o aumentar las cotizaciones empresariales según el comportamiento de cada compañía.

La propuesta se inspira en una lógica parecida a la de otros sistemas de riesgo: quien genera más costes para el sistema paga más y quien tiene un comportamiento más estable paga menos. En el ámbito laboral, el objetivo sería que las empresas tengan más incentivos para conservar los empleos.

Por qué Fedea lo plantea tras la reforma laboral

La reforma laboral de 2021 eliminó el contrato por obra y servicio, limitó el uso de la contratación temporal e impulsó nuevas reglas para los contratos fijos discontinuos. Como resultado, la contratación indefinida ganó peso y la temporalidad se redujo con fuerza.

Tal y como ha informado Europa Press, Jansen ha reconocido que la reforma ha supuesto una transformación importante en la contratación y un éxito en la reducción de la temporalidad. En el caso de los jóvenes, según su análisis, el acceso al contrato indefinido en el primer empleo mejoró de forma muy notable tras la entrada en vigor de la norma.

Sin embargo, el investigador advierte de que esa mejora formal no resuelve por completo el problema de la estabilidad. La clave está en que ahora hay muchas más personas con contratos indefinidos, pero una parte de esos empleos dura menos que antes. Es decir, el debate ya no se limita a si un contrato es temporal o fijo, sino a cuánto dura realmente el empleo.

Según Jansen, la reforma laboral cambió la forma de contratar: muchas empresas pasaron a utilizar contratos indefinidos en situaciones que antes cubrían con temporales. Ese cambio explica parte del aumento del empleo fijo, pero también abre otro debate. Si algunos contratos indefinidos se usan para trabajos breves, estacionales o intermitentes, la estabilidad real puede ser más limitada de lo que sugiere la etiqueta de “fijo”.

La alternativa a endurecer el despido

Según el enfoque defendido por Jansen, si se quiere generalizar el contrato indefinido, también hace falta un marco que ofrezca seguridad a empresas y trabajadores. Su argumento es que un endurecimiento excesivo del despido podría generar incertidumbre y desincentivar este tipo de contratación.

El bonus-malus actuaría de otra forma. En lugar de elevar el coste de todos los despidos por igual, intentaría distinguir entre empresas según su comportamiento. Las compañías con una rotación elevada pagarían más, mientras que las que mantienen empleos más estables podrían verse beneficiadas.

La medida, en todo caso, no está aprobada ni forma parte de una norma en vigor. Es una propuesta de Fedea dentro del debate sobre cómo completar los efectos de la reforma laboral. Después de reducir la temporalidad formal, la discusión se desplaza ahora hacia la duración y calidad real de los empleos.

Aquellos jubilados que decidan volver a trabajar cobrarán hasta un 25% más sobre la pensión compatible a partir del mes de agosto. Así lo recoge el Real Decreto 416/2026, de 27 de mayo, publicado en el Boletín Oficial del Estado, que actualiza la jubilación flexible y permite compatibilizar la pensión contributiva con una actividad laboral en determinados casos.

La medida entrará en vigor el 28 de agosto de 2026, tres meses después de su publicación en el BOE. No obstante, no supone una subida general de las pensiones ni afecta a todos los jubilados por igual. El incentivo se aplica solo sobre la parte de pensión que la persona mantiene mientras trabaja, siempre que cumpla los requisitos establecidos en la norma.

La jubilación flexible es una modalidad voluntaria. Permite a una persona que ya tiene reconocida una pensión de jubilación volver al mercado laboral sin perder por completo la prestación. Mientras dure la actividad, la pensión se reduce en función de la jornada o del tipo de trabajo que realice.

Qué cambia con la nueva jubilación flexible

El nuevo real decreto sustituye la regulación anterior y amplía las posibilidades para compatibilizar pensión y empleo. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, la persona jubilada podrá trabajar a tiempo parcial con una jornada de entre el 33% y el 80% respecto a un trabajador a tiempo completo comparable.

Esto significa que no se puede volver a trabajar a jornada completa dentro de esta modalidad. La clave está en que la pensión se cobra de forma parcial. Si se trabaja más horas, se cobra menos pensión durante ese periodo. Si se trabaja menos, se conserva una parte mayor de la prestación.

La principal novedad es que, en algunos casos, esa parte de pensión compatible podrá incrementarse. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las jornadas de entre el 55% y el 80% darán derecho a un incremento del 25% adicional. Las jornadas iguales o superiores al 33% e inferiores al 55% tendrán un aumento del 15%.

Para acceder a estos incentivos, el pensionista debe iniciar la actividad por cuenta ajena por primera vez una vez transcurridos al menos seis meses desde que causó la pensión de jubilación.

Un ejemplo para entender el 25%

El incentivo no se calcula sobre toda la pensión inicial, sino sobre la pensión que se sigue cobrando mientras se trabaja. Por ejemplo, si una persona cobra una pensión de 1.200 euros y vuelve a trabajar con una jornada del 60%, la parte compatible de su pensión sería el 40%. En ese caso, cobraría 480 euros de pensión mientras mantiene esa actividad laboral.

Como la jornada está entre el 55% y el 80%, se aplicaría el incentivo del 25% sobre esa pensión compatible. El 25% de 480 euros son 120 euros. Por tanto, mientras dure la jubilación flexible, esa persona cobraría 600 euros de pensión compatible: 480 euros más 120 euros de incentivo.

Qué pasa con los autónomos

El Real Decreto también abre la jubilación flexible a algunos trabajos por cuenta propia. En este caso, el sistema no funciona igual que para los asalariados. El jubilado que vuelva como autónomo no calcula la pensión según una jornada parcial, sino que podrá cobrar el 25% de su pensión mientras mantenga esa actividad. Para acceder a esta opción, no debe haber estado dado de alta en el RETA durante los tres años anteriores a la jubilación.

La diferencia es importante: en el empleo por cuenta ajena, la pensión compatible depende de la jornada y puede tener un incentivo adicional del 15% o del 25%. En el trabajo autónomo, la regla general es cobrar solo el 25% de la pensión mientras dure la actividad.

La norma se aplicará a los distintos regímenes de la Seguridad Social, aunque deja fuera a algunos colectivos con normativa propia, como los funcionarios civiles del Estado, las Fuerzas Armadas y el personal al servicio de la Administración de Justicia.

Las prácticas sin cotizar pueden contar para la jubilación. La Seguridad Social permite a antiguos becarios y estudiantes en prácticas recuperar determinados periodos de formación que no se incorporaron en su momento a la vida laboral. Esta vía no supone sumar años de forma automática, sino que exige suscribir un convenio especial, acreditar las prácticas realizadas y pagar la cuota correspondiente.

El mecanismo permite computar hasta 1.825 días, lo que equivale a un máximo de cinco años cotizados. Está pensado para quienes realizaron prácticas académicas o formativas antes de que estos periodos quedaran integrados en la cotización a la Seguridad Social, especialmente en el caso de prácticas no remuneradas.

La solicitud puede presentarse hasta el 31 de diciembre de 2028 ante la Tesorería General de la Seguridad Social. El plazo se amplió tras la modificación de la regulación inicial del convenio, recogida en la Orden ISM/812/2024, de 26 de julio, que cambió varios aspectos de la Orden ISM/386/2024, de 29 de abril.

Quién puede recuperar las prácticas sin cotizar

Según explica la Seguridad Social, pueden acogerse a este convenio quienes realizaron prácticas académicas o formativas que no cotizaron en su momento. En el caso de las prácticas no remuneradas, deben haberse realizado antes del 1 de enero de 2024. Para las prácticas remuneradas, el criterio general se refiere a periodos anteriores al 1 de noviembre de 2011, aunque existen supuestos específicos vinculados a prácticas académicas externas retribuidas.

Entre los periodos que pueden recuperarse se incluyen las prácticas realizadas por alumnos universitarios para obtener títulos oficiales, como grado, máster o doctorado. También pueden contar las prácticas vinculadas a títulos propios de la universidad, ya sean másteres de formación permanente, diplomas de especialización o diplomas de experto.

La medida alcanza además a estudiantes de Formación Profesional, siempre que esas prácticas no se hubieran realizado dentro del régimen de formación profesional intensiva ni tuvieran carácter laboral. También se incluyen enseñanzas artísticas superiores, enseñanzas artísticas profesionales y enseñanzas deportivas del sistema educativo.

Otro grupo que puede acogerse al convenio es el de personas que participaron en programas de formación de naturaleza investigadora, tanto en España como en el extranjero. En todos los casos, la clave es que esos periodos no hubieran cotizado ya por otra vía.

Cuánto tiempo se puede sumar a la vida laboral

El límite máximo que puede reconocerse es de 1.825 días, equivalente a cinco años. Ese periodo se incorpora a la vida laboral como tiempo cotizado, pero no debe confundirse con una mejora automática de la pensión. Su efecto dependerá de la carrera laboral de cada persona y de cómo esos días influyan en el acceso o cálculo de futuras prestaciones.

Por ejemplo, puede servir para completar periodos mínimos de cotización o reforzar el historial laboral de cara a la jubilación. Sin embargo, la Seguridad Social no abona esos años directamente ni los añade sin trámite. La persona interesada debe solicitar el convenio especial y asumir el coste correspondiente.

Tampoco se pueden recuperar días que ya estén cotizados por otro motivo. Si una persona trabajó y cotizó durante el mismo periodo en el que realizó prácticas, no podrá duplicar esos días en su vida laboral.

Cuánto cuesta recuperar esos años

El convenio especial tiene coste. La cuota se calcula según la base mínima de cotización por contingencias comunes del grupo 7 del Régimen General vigente en el periodo que se quiera recuperar. Sobre esa base se aplica el tipo de cotización correspondiente y después se reduce el resultado mediante un coeficiente del 0,77.

En la práctica, esto significa que el importe dependerá de los años que se quieran recuperar y del periodo concreto en el que se realizaron las prácticas. No cuesta lo mismo rescatar unos meses que varios años completos.

El pago puede hacerse de dos formas. La primera es mediante un ingreso único. La segunda es mediante un pago fraccionado mensual. En este último caso, el plazo puede llegar hasta el doble de las mensualidades que se quieran recuperar, con un límite máximo de 84 mensualidades.

Qué documentos hay que presentar

Para solicitar este convenio, la persona interesada debe acreditar que realizó esas prácticas. Para ello, necesita un certificado expedido por la universidad, centro educativo, entidad o institución responsable del programa formativo.

Ese documento debe indicar el periodo en el que se desarrollaron las prácticas y si fueron remuneradas o no. En el caso de las prácticas no remuneradas, la Seguridad Social toma como referencia las horas realizadas: cada ocho horas de prácticas equivalen a un día completo a efectos del convenio.

La solicitud se presenta ante la Tesorería General de la Seguridad Social. Una vez reconocidos los periodos y calculada la cuota, el antiguo estudiante o becario podrá decidir si paga de una sola vez o de forma fraccionada. Solo después de ese trámite esos días podrán incorporarse a su vida laboral como cotizados.

El oro atraviesa un momento paradójico. El metal precioso, que suele ganar atractivo cuando aumenta la incertidumbre, ha perdido todo lo ganado en 2026 tras caer más de un 20% desde el máximo histórico que alcanzó a finales de enero, cuando llegó a los 5.417 dólares por onza. Este lunes cotizaba en torno a los 4.300 dólares por onza y acumula una pérdida de alrededor del 1% desde principios de año, según Reuters.

La caída se aceleró el viernes, cuando el oro se desplomó un 3,27% en una sola sesión y cerró una semana con pérdidas cercanas al 5%. El movimiento resulta llamativo porque llega en un contexto de elevada tensión geopolítica, con nuevos ataques entre Israel e Irán y más miedo en los mercados. En teoría, ese escenario debería favorecer al oro, pues muchos inversores lo utilizan como refugio cuando ven más riesgos en la economía, en la bolsa o en el equilibrio internacional.

Pero esta vez está ocurriendo lo contrario. El oro no cae porque haya desaparecido la incertidumbre, sino porque el mercado teme otra cosa: que esa tensión acabe alimentando la inflación y obligue a Estados Unidos a mantener los tipos de interés altos durante más tiempo.

Por qué cae el oro si hay más incertidumbre

La clave está en los tipos de interés y en el dólar. El último dato de empleo de Estados Unidos fue mejor de lo esperado y reforzó la idea de que la Reserva Federal puede tener menos prisa para bajar los tipos, o incluso verse presionada para mantener una política monetaria más dura si la inflación vuelve a repuntar. La caída del oro podría estar vinculada precisamente a ese inesperado dato laboral y al aumento de las apuestas por tipos más altos.

Ambos factores perjudican al oro por una razón sencilla: el oro no paga intereses. Quien compra una onza puede ganar dinero si sube su precio, pero no recibe una rentabilidad periódica como sí ocurre con otros activos, por ejemplo, los bonos. Cuando los tipos son altos, esos activos que sí ofrecen rendimiento se vuelven más atractivos y aumenta el coste de oportunidad de tener oro en cartera.

También pesa la fortaleza del dólar. El oro se negocia habitualmente en dólares, así que cuando la moneda estadounidense sube, el metal se encarece para quienes compran desde otras divisas. Eso puede enfriar parte de la demanda internacional. Según ha informado Reuters, el dólar ha escalado a máximos de dos meses por las expectativas de tipos más altos en EEUU.

La tensión en Oriente Medio tampoco está actuando ahora como un apoyo claro para el metal precioso. El motivo es que los inversores están leyendo la situación geopolítica como un posible riesgo inflacionista, sobre todo por el impacto que puede tener en el precio del petróleo. Si la energía sube, la inflación puede tardar más en bajar. Y si la inflación resiste, los bancos centrales tienen menos margen para relajar los tipos.

Existe un margen de recuperación

Aun así, los analistas no dan por terminado el ciclo alcista del oro. El World Gold Council señala que los bancos centrales compraron 244 toneladas netas de oro en el primer trimestre de 2026, un 3% más que un año antes. Además, los fondos cotizados respaldados por oro registraron entradas de 62 toneladas en ese periodo.

Ese interés de los bancos centrales funciona como un apoyo de fondo para el mercado. Muchas economías buscan diversificar sus reservas y reducir su dependencia del dólar. Por eso, aunque el precio pueda sufrir a corto plazo, parte del mercado cree que la demanda estructural seguirá ahí.

UBS, uno de los principales bancos suizos de inversión y gestión de patrimonios, también mantiene una visión positiva sobre el oro a medio plazo, aunque con más cautela que antes. En una nota publicada el 27 de mayo, la entidad explica que ha rebajado su previsión de cierre de año para el metal precioso de 5.900 a 5.500 dólares por onza. Aun así, ese nivel sigue por encima de la cotización actual y refleja que parte del mercado todavía ve margen de recuperación.

El Papa León XIV cenó el domingo en Madrid un exclusivo menú con sabor español servido por el histórico restaurante Lhardy. La cena tuvo lugar en el Palacio Episcopal y fue difundida por la Real Academia de Gastronomía como un recorrido por algunos de los productos y recetas más reconocibles del país. La pregunta que surge entonces a cualquier curioso con ganas de probar algo parecido es: ¿cuánto costaría hoy sentarse a la mesa y cenar como el Pontífice?

La respuesta, con matices, parte de 75 euros por persona, sin bebida. No es el precio exacto de la cena oficial, que fue una propuesta especial, sino una estimación a partir de los platos del menú que aparecen en la carta de Lhardy: las croquetas de cocido madrileño, la ensaladilla de quisquilla de Motril, el jamón ibérico Cinco Jotas y el soufflé de la casa.

Los platos del menú que se pueden pedir en Lhardy

El cálculo más directo sale de cuatro elaboraciones. La croqueta de cocido Lhardy cuesta 4 euros la unidad; la ensaladilla de quisquilla de Motril, 26 euros; el jamón ibérico Cinco Jotas, 33 euros; y el soufflé Lhardy, 12 euros. En total, 75 euros por persona, siempre sin bebida y contando solo una croqueta.

La cuenta puede cambiar si se amplía el pedido. En la carta de encargos de Lhardy, las croquetas de cocido cuestan 21 euros la caja de seis unidades y 42 euros la de doce. El jamón ibérico 5J aparece también por 37,50 euros los 150 gramos, mientras que el soufflé, en formato de seis a ocho raciones, cuesta 46 euros.

Otros platos del menú del Papa no aparecen exactamente igual en la carta consultada, pero sí tienen referencias parecidas. Es el caso del marisco: la cena incluyó centollo y txangurro, mientras que en los encargos figura un salpicón de marisco de Pescaderías Coruñesas por 45 euros los 500 gramos.

También ocurre con el gazpacho. El del menú oficial tenía una elaboración específica, pero Lhardy ofrece un gazpacho con picatostes y huevo hilado por 18 euros el litro.

El plato principal es más difícil de trasladar a la carta. El menú de León XIV incluía un arroz del Cantábrico al horno, una elaboración que no figura entre los platos que ofrece habitualmente el restaurante. Sí aparecen en la carta pescados como el lenguado Evaristo al Champagne o a la sal, la lubina de anzuelo con jugo de jamón y espinaca fresca y la trancha de rodaballo salvaje al horno, todos por 39 euros.

Como referencia de mercado, una elaboración similar de arroz marinero o con pescado puede situarse entre los 27 y los 39 euros por persona, según los precios de arrocerías madrileñas consultadas.

El vino elevaría la cuenta

A la comida habría que sumar el vino. El menú incluía varias referencias, entre ellas un rosado leonés, un Emilio Valerio 2023 y una garnacha madrileña. Tomando como referencia precios de mercado, las botellas podrían situarse en conjunto en torno a 35 o 40 euros, aunque este cálculo debe leerse con prudencia: no equivale al precio de servicio en restaurante y las botellas serían para compartir, no un coste individual por comensal.

Con esas referencias, una cena inspirada en la de León XIV no superaría los 100 euros si se intenta reproducir el menú de forma más completa. La cifra de 75 euros sirve solo como cálculo mínimo para los platos que coinciden de forma clara con la carta -jamón 5J, ensaladilla de quisquilla, croquetas y soufflé-. Si se añaden una ración de marisco, gazpacho, un principal similar al arroz del Cantábrico y una copa de vino, la cuenta se situaría en torno a los 138 euros por persona. Con tres copas de vino, una por cada referencia incluida en el menú, el precio se acercaría a los 150 euros.

Quién cocinó los platos y no solo su sabor también forma parte del atractivo de la cena que degustó el Papa. Lhardy abrió en 1839 en la Carrera de San Jerónimo y es uno de los restaurantes centenarios de la capital. Su historia está ligada al Madrid cortesano, aristocrático e intelectual del siglo XIX, y cuenta con salones asociados a tertulias, políticos, escritores y artistas de renombre.

Llenar el depósito puede encarecerse a partir del 1 de julio si el Gobierno no prorroga las rebajas fiscales vigentes sobre los carburantes. No obstante, marcharse de una gasolinera sin pagar no evitará el coste del repostaje; de hecho, puede multiplicarlo. Hacer un ‘simpa’ tras echar gasolina o diésel puede acabar en denuncia, en la obligación de abonar el importe pendiente y en una multa judicial que, en los cálculos más habituales, puede alcanzar los 900 euros.

Los carburantes mantienen ahora una rebaja fiscal temporal aprobada dentro del plan anticrisis del Gobierno. Según recoge el BOE en el Real Decreto-ley 7/2026, tienen el IVA reducido del 21% al 10% y también se ha rebajado el Impuesto Especial de Hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa comunitaria. Estas medidas están vigentes, en principio, hasta el 30 de junio.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha pedido al vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, que mantenga estas rebajas al menos hasta después del verano. La patronal calcula que, si decaen, el litro de gasolina podría subir 29 céntimos y el de diésel, 22 céntimos.

Qué pasa si te vas de una gasolinera sin pagar

Lo que coloquialmente se conoce como hacer un ‘simpa’ consiste en repostar combustible y abandonar la estación de servicio sin abonar el importe. Puede ser una conducta intencionada, pero también puede producirse por un descuido, por ejemplo, si el conductor cree que ya ha pagado.

La primera consecuencia de esta acción -intencionada o no- es evidente: el combustible sigue pendiente de pago. Pero, además, si la gasolinera denuncia los hechos, el caso puede derivar en un procedimiento judicial. En ese supuesto, el conductor no solo tendría que abonar la cantidad adeudada, sino que también podría enfrentarse a una multa y, en determinados casos, a los gastos derivados del proceso.

Cuando el importe no abonado no supera los 400 euros, marcharse de una gasolinera sin pagar puede encajar como un delito leve de estafa si se aprecia intención de eludir el pago. El Código Penal castiga estos supuestos de menor cuantía con una pena de multa de uno a tres meses. Si la cantidad defraudada supera ese límite, las consecuencias penales pueden agravarse.

Por qué se habla de multas de hasta 900 euros

La cifra de 900 euros no debe entenderse como una sanción fija. No existe una multa administrativa cerrada de 300, 600 o 900 euros para todos los conductores que se van sin pagar de una gasolinera. Lo que establece la ley es una multa por días, y la cuota diaria la fija el juez según las circunstancias del caso y la capacidad económica del condenado.

De ahí sale la horquilla que suele utilizarse en este tipo de avisos. Si se toma como referencia una cuota diaria de 10 euros, una multa de un mes equivaldría a unos 300 euros y una de tres meses alcanzaría los 900 euros. Es decir, la sanción puede llegar a esa cifra, pero el importe final dependerá siempre de la decisión judicial.

Por eso, aunque la gasolina pueda encarecerse desde julio, hacer un “simpa” puede salir mucho más caro que llenar el depósito. Al precio del carburante que no se pagó habría que sumar la posible multa y, si el caso avanza por vía judicial, otros costes asociados al procedimiento.

Qué ocurre si ha sido un despiste

Uno de los puntos más delicados es qué pasa si el conductor se marcha sin pagar por error. Alegar un descuido no impide automáticamente que la gasolinera pueda denunciar, sobre todo si no consigue contactar con el cliente o si no se abona el importe pendiente. Pero tampoco significa que todo despiste acabe siempre en condena.

La clave estará en las circunstancias: si hubo intención de no pagar, si el conductor volvió al darse cuenta, si abonó el importe pendiente o si puede acreditar que se trató de una confusión. Por eso, si alguien descubre que se ha marchado sin pagar, lo recomendable es actuar cuanto antes.

La forma más prudente de resolverlo es contactar con la gasolinera, explicar lo ocurrido, facilitar los datos necesarios, pagar el importe pendiente y conservar un justificante. Hacerlo rápido puede ayudar a acreditar que no hubo voluntad de eludir el pago y evitar que un error humano termine convertido en un problema mayor.

Comprar 6.000 metros cuadrados por un euro puede sonar a un error de cálculo, a una subasta imposible o a una de esas ofertas inmobiliarias que esconden demasiada letra pequeña. Pero el caso existe: un antiguo hospital situado en Alemania ha salido al mercado por un precio simbólico de solo un euro, según recoge Idealista a partir de una información de SIC Notícias.

El edificio es el antiguo Waldkrankenhaus, ubicado en Windeck-Rosbach, en el distrito de Rhein-Sieg, una zona del oeste de Alemania. La construcción cuenta con unos 6.000 metros cuadrados y decenas de habitaciones, pero el importe de venta no refleja el verdadero coste de la operación.

La clave está precisamente ahí: el comprador no se llevaría un hospital listo para usar por menos de lo que cuesta un café, sino un inmueble de gran tamaño que necesita una inversión importante para volver a tener vida. El euro funciona como precio simbólico, mientras que la factura real estaría en la rehabilitación, la adaptación a la normativa y el desarrollo de un proyecto viable.

Un hospital que necesita reinventarse

La venta está impulsada por Kliniken der Stadt Köln, la entidad pública que gestiona hospitales en Colonia. El objetivo no es obtener ingresos por la compraventa, sino encontrar a alguien con capacidad económica suficiente para hacerse cargo del edificio y transformarlo en un nuevo activo útil.

Este tipo de operaciones se ha utilizado en distintos puntos de Europa con edificios públicos vacíos, deteriorados o sin uso. Para las administraciones o entidades propietarias, mantenerlos puede convertirse en una carga: generan gastos, se degradan con el paso del tiempo y no cumplen ya la función para la que fueron construidos.

Por eso, el precio simbólico se utiliza como reclamo. La operación elimina casi por completo el coste de adquisición, pero traslada al comprador la responsabilidad de invertir en el inmueble. En la práctica, el euro es la parte más barata de todo el proceso.

En el caso del Waldkrankenhaus -que puede traducirse como hospital del bosque-, la superficie disponible abre varias posibilidades, pero todas exigen obras, permisos y un plan económico sólido. No basta con comprar barato: hay que tener dinero para transformar.

Entre los usos posibles figuran proyectos residenciales, turísticos o asistenciales. Un hospital antiguo puede reconvertirse, por ejemplo, en una residencia de mayores, en alojamientos para estudiantes, en apartamentos, en un hotel o en un equipamiento social. También podría adaptarse a usos culturales o comunitarios, siempre que encajen con la normativa urbanística de la zona.

La estructura original del edificio puede jugar a favor de algunos proyectos. Los hospitales suelen contar con habitaciones, pasillos amplios, zonas comunes y espacios pensados para prestar servicios. Pero esa misma configuración también obliga a estudiar bien la reforma, porque no siempre es sencillo convertir un inmueble sanitario en viviendas, alojamientos turísticos u oficinas.

El principal problema está en el estado del inmueble y en las exigencias legales. Un edificio de estas dimensiones puede necesitar mejoras en instalaciones eléctricas, fontanería, calefacción, accesibilidad, seguridad, eficiencia energética, cubiertas o fachadas. A esos trabajos se suman los estudios técnicos, los proyectos arquitectónicos, las licencias y las tasas.

Además, este tipo de ventas simbólicas puede incluir condiciones para evitar operaciones puramente especulativas. En algunos casos, el comprador debe presentar un proyecto concreto, acreditar solvencia técnica y financiera, comprometerse a invertir una cantidad mínima o cumplir determinados plazos. Si no lo hace, pueden existir cláusulas que permitan recuperar la propiedad.

Las empresas afectadas por la nueva ley de atención al cliente tendrán que responder más rápido al teléfono. A partir de diciembre de este año, deberán garantizar que el 95% de las llamadas se atienden, de media, en menos de tres minutos. Así lo recoge la Ley 10/2025, de 26 de diciembre, ya publicada en el Boletín Oficial del Estado.

La norma no obliga a que todas y cada una de las llamadas se respondan siempre antes de tres minutos. Lo que exige es que el servicio cumpla ese plazo de media en el 95% de las llamadas recibidas. Además, no bastará con que salte una máquina o una locución automática. Para que una llamada se considere atendida, el cliente tendrá que poder explicar qué le ocurre y pedir que le atienda una persona.

La ley da a las compañías un plazo de 12 meses para adaptarse. Como entró en vigor a finales de diciembre de 2025, las nuevas obligaciones deberán estar listas a finales de diciembre de 2026.

Qué empresas tendrán que cumplir esta norma

No afecta por igual a todos los negocios. Está pensada sobre todo para grandes empresas y para compañías que prestan servicios básicos. Entre ellas están las empresas de agua, luz, gas, transporte de pasajeros, servicios postales, telecomunicaciones y servicios financieros.

También deberán cumplirla otras empresas de gran tamaño, aunque pertenezcan a otros sectores de actividad. Como las que hayan tenido al menos 250 trabajadores en el ejercicio anterior, o a las que superen los 50 millones de euros de facturación anual o los 43 millones de euros de balance.

El objetivo es que los consumidores no se queden atrapados durante minutos o incluso horas en una llamada sin respuesta. También busca evitar que una reclamación se pierda entre menús automáticos, esperas sin fin o respuestas que no resuelven nada.

Las empresas deberán contar con un servicio gratuito, accesible y eficaz. A través de ese canal, los clientes podrán hacer consultas, presentar quejas, comunicar incidencias o reclamar por un problema con el servicio.

La compañía también tendrá que dar al consumidor una clave o número de referencia. Así, el cliente podrá seguir el estado de su reclamación y demostrar que ya se ha puesto en contacto con la empresa.

Los ‘bots’ podrán seguir, pero no como única opción

La nueva ley no prohíbe los contestadores automáticos ni los asistentes virtuales. Las empresas podrán seguir usando bots o sistemas similares para ordenar las llamadas o resolver gestiones sencillas.

Lo que no podrán hacer es dejar al cliente sin opción de hablar con una persona. El usuario tendrá que poder pedir atención personalizada desde el menú principal y también en cualquier momento de la conversación con el sistema automático. Esa atención personalizada deberá darla una persona en tiempo real.

La ley también aclara que una llamada no se considera atendida de verdad si el usuario no puede contar el motivo de su consulta. Tampoco servirá un sistema que solo repita opciones y no permita avanzar hacia una solución.

Otra novedad importante es que la empresa no podrá cortar la llamada porque el tiempo de espera sea demasiado largo. Si hay mucha demora, tendrá que mantener la comunicación abierta o buscar otra forma de atender al cliente.

Además, si el consumidor no queda conforme con la respuesta del operador, podrá pedir que le pasen con una persona supervisora o con un departamento de calidad. Si esa transferencia no puede hacerse en menos de tres minutos, la empresa podrá llamar después, pero tendrá que hacerlo dentro del mismo día laborable.

Teléfonos gratuitos y plazos para dar soluciones

La atención por teléfono no podrá salir más cara que una llamada normal a un fijo o a un móvil. Y en el caso de los servicios básicos, las empresas tendrán que disponer de un número gratuito para atender a sus clientes.

La ley también fija plazos para resolver las quejas y reclamaciones. Como regla general, la empresa deberá responder en el menor tiempo posible y, como máximo, en 15 días hábiles. Aunque las incidencias relacionadas con cortes o interrupciones de servicios básicos deberán recibir respuesta en un máximo de dos horas.

Los problemas de facturación, cobros indebidos o cantidades reclamadas deberán resolverse en un plazo máximo de cinco días. Esto afecta, por ejemplo, a errores en una factura o a cargos que el cliente considera incorrectos.

La norma también incluye medidas para personas mayores y personas con discapacidad. El canal telefónico deberá garantizar atención prioritaria a estos colectivos. En el caso de personas con discapacidad auditiva, las empresas tendrán que ofrecer otros sistemas, como mensajería escrita instantánea o videointerpretación en lengua de signos.

Las compañías que no cumplan estas obligaciones podrán ser sancionadas como infracción en materia de consumo. Para ello se aplicará la normativa general de defensa de los consumidores, la regulación autonómica correspondiente y, cuando exista, la norma específica de cada sector.

Un balcón puede ser mucho más que un balcón si tiene vistas al papamóvil. Eso han debido de pensar algunos particulares en Barcelona, que han visto en la ilusión de peregrinos y creyentes de estar cerca del Papa León XIV una oportunidad para rentabilizar sus terrazas y ventanas próximas a la Sagrada Família. Muchas de ellas se han convertido estos días en pequeños palcos privados anunciados en Wallapop con reclamos propios de una experiencia de lujo, aunque en realidad solo ofrecen servicios básicos como comida, bebida, una silla, acceso al baño o una mesita “para estar cómodos”.

Los precios localizados en la plataforma llegan hasta los 1.600 euros por la reserva completa de un balcón junto a la basílica. También hay ofertas por persona, con importes de 180, 200 o 250 euros para seguir el recorrido desde las alturas, lejos de las aglomeraciones, “sin horas de espera de pie”, con “aforo limitado” y en una “ubicación privilegiada”.

La oportunidad de negocio cambia de ciudad al mismo ritmo que lo hace el Papa. León XIV permanece en Madrid del 6 al 9 de junio, con actos como la misa en Cibeles celebrada este domingo 7 y el reto de su agenda institucional el lunes 8, antes de viajar a Barcelona, donde estará el 9 y 10 de junio. Por eso, en la capital apenas quedan anuncios activos: muchos balcones y terrazas ofrecidos para ver al Pontífice han sido ya reservados o retirados. Ahora en Wallapop, la mayoría de ofertas se concentran en torno a la Sagrada Família y al recorrido previsto del papamóvil en la ciudad condal.

Balcones VIP, champán y derecho a silla

Entre los anuncios publicados en la plataforma destaca uno que ofrece un “balcón VIP” con vistas a la Sagrada Família y a la llegada del papamóvil el 10 de junio. Su precio es de 200 euros por persona y promete acceso privado, aire acondicionado, aseos, “tapas catalanas y dos copas de champán por invitado”.

Otro resume muy bien el tono de estas ofertas: “Cero empujones: comodidad total”. Por 180 euros por persona, propone ver al Papa desde un cuarto piso de la calle Rosselló, con vistas frontales al papamóvil, sin árboles delante, aire acondicionado, baño, comida y bebida incluidos.

La venta de servicios básicos como si fueran un lujo se puede apreciar en otro anuncio de 200 euros por persona. La oferta incluye “derecho a balcón”, vista directa al acto en la fachada de Navidad de la basílica, “uso de lavabo”, silla y “bebida de cortesía”.

La oferta más cara entre las localizadas alcanza los 1.600 euros por reservar completo un espacio junto a la Sagrada Família, con vistas directas a la basílica y a la intersección de Sicilia y Provença. El paquete incluye balcón, zona de estar privada, aperitivos, bebidas, vino, televisor de 65 pulgadas y uso de aseo. También puede pagarse por persona: 250 euros cada una, con un aforo máximo de ocho.

En otro anuncio, el reclamo es más simple, pero igual de llamativo: “Permitido subir bebida y comida”. Es decir, por 250 euros por persona, además de acceder al balcón, se autoriza algo tan básico como llevar agua o algo de comer para aguantar la espera y el calor.

Las vistas son ahora un producto

La escena tiene algo de anécdota, pero también de síntoma. En una ciudad tensionada por el turismo, la vivienda y los grandes eventos, cualquier metro cuadrado bien situado puede transformarse durante unas horas en un activo rentable. Una barandilla, una ventana, una silla o un lavabo bastan para convertir una visita religiosa en una experiencia de pago.

El fenómeno no nace con León XIV. En Semana Santa, cuando se celebran conciertos, finales deportivas u otros eventos multitudinarios, ya es habitual que balcones, habitaciones y plazas de garaje aumenten su valor de mercado debido a su ubicación. Sin embargo, en el caso de la visita del Papa, el alquiler no se presenta solo como una cesión puntual de espacio, sino como una forma de acceder al acontecimiento desde una posición elevada, cómoda y supuestamente exclusiva.

Madrid también ha dejado ejemplos de esta forma de lucrarse durante el paso del Pontífice. Uno de los anuncios aún publicado en Wallapop ofrece una “pequeña terrasita (balcón)” en Chamartín por 100 euros por persona. La oferta cuenta con bebida y bocadillo incluidos “sin costo”, aunque prohíbe el consumo de alcohol.

El balcón también tributa

El negocio, aunque sea puntual, tiene derivada fiscal. Los ingresos obtenidos por alquilar un balcón, una habitación, una plaza de garaje o una vivienda deben declararse a Hacienda. No dejan de ser rendimientos vinculados al uso de un inmueble, aunque la cesión dure apenas unas horas y se produzca con motivo de un evento concreto.

La legalidad también depende de quién ofrezca el espacio. Si se trata del propietario, lo recomendable es formalizar algún tipo de contrato por escrito que recoja el precio, la duración, las condiciones de acceso y la responsabilidad por posibles daños. Si quien publica el anuncio es inquilino, debe revisar antes su contrato, porque muchos arrendamientos prohíben subarrendar o ceder partes de la vivienda a terceros.

Para quienes estén pensando en pagar por ver el papamóvil desde las alturas, también conviene extremar las precauciones. Al tratarse de acuerdos entre particulares, es recomendable desconfiar de pagos íntegros por adelantado, señales elevadas, anuncios sin fotos claras o promesas difíciles de comprobar.

Y, en zonas con cortes de tráfico o perímetros de seguridad, asegurarse de que el acceso al inmueble será posible puede ser tan importante como confirmar que el balcón tiene, de verdad, vistas al Papa.

El alquiler de temporada ya no crece solo por la oferta: también hay un público dispuesto a sostenerlo. En las grandes ciudades, esta modalidad ofrece a los propietarios una vía para sortear parte de las obligaciones del alquiler residencial. Pero avanza también porque existe una demanda concreta: estudiantes, trabajadores desplazados, teletrabajadores, nómadas digitales y expats que buscan alojamiento durante varios meses.

En un contexto de escasez de vivienda, estos perfiles compiten por los mismos pisos que necesita la población residente y contribuyen a estrechar aún más el acceso a un alquiler estable.

Así lo analiza un artículo publicado en la revista Información Comercial Española (ICE), firmado por Josep Maria Raya, catedrático de Economía Aplicada del Tecnocampus de la Universitat Pompeu Fabra, que estudia la segmentación del mercado del alquiler entre la modalidad tradicional, turística y de temporada. El trabajo utiliza datos de portales inmobiliarios en Madrid y Barcelona, y advierte de que las tres fórmulas no funcionan como mercados separados, sino que se disputan una misma oferta de viviendas.

En el espacio intermedio entre el piso turístico y el contrato residencial habitual se sitúa el alquiler de temporada, que suele cubrir estancias superiores a un mes e inferiores a un año. Esta modalidad ofrece menos garantías al inquilino que el alquiler de larga duración, donde la Ley de Arrendamientos Urbanos reconoce un derecho de estancia de cinco años. Para determinados propietarios, esa menor duración resulta atractiva porque permite recuperar antes la vivienda y revisar el precio con más frecuencia.

Quién alquila por meses en las grandes ciudades

El artículo identifica como principales demandantes de este mercado a estudiantes, trabajadores desplazados y, más recientemente, teletrabajadores. A ellos se suma una parte de la población extranjera de larga estancia, a menudo denominada expat, que suele desplazarse por elección, con una alta cualificación y mayor poder adquisitivo.

No todos estos perfiles tienen la misma capacidad económica ni acceden al mercado en las mismas condiciones. Pero, en conjunto, alimentan una demanda capaz de aceptar contratos de pocos meses y precios que muchos residentes no pueden asumir si necesitan instalarse de forma estable en la ciudad.

El alquiler de temporada gana peso en Madrid y Barcelona

Los datos recogidos en el artículo muestran que esta modalidad ha ganado terreno con fuerza. En Madrid, el peso de los anuncios de alquiler de temporada en Idealista pasó del 4% al 10% entre 2019 y 2023. En el mismo periodo, los anuncios de alquiler vacacional avanzaron del 4% al 6%, una subida más moderada.

El salto es más acusado en Barcelona. Allí, los anuncios de alquiler vacacional se mantuvieron prácticamente estancados, entre el 2% y el 2,6%, mientras que los de temporada pasaron del 2,1% en 2019 al 14,4% en 2023. Es decir, su peso relativo se multiplicó por siete.

Otros datos citados en el artículo, procedentes del Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona y del grupo Adevinta, que incluye Habitaclia, elevan aún más la dimensión del fenómeno: el alquiler de temporada representaba en torno al 13% de la oferta en 2019 y alrededor del 40% en 2023-2024.

La estadística catalana confirma que no se trata solo de anuncios. Según los datos de la Agència de l’Habitatge de Cataluña que también aparecen en el artículo, los contratos de alquiler de temporada crecieron un 45% entre 2023 y 2024 en el conjunto de Cataluña y un 41% en Barcelona ciudad.

Gasto extranjero, Erasmus y coworkings

El crecimiento de esta demanda temporal también se observa en otros indicadores. El texto recoge un cálculo de CaixaBank Research a partir de pagos con tarjetas extranjeras en Barcelona, que identifica a visitantes internacionales que estuvieron en España entre tres y 11 meses durante 2023. En la capital catalana, este grupo representaba una media de 336.000 tarjetas mensuales. Aunque suponía solo el 1% de las tarjetas extranjeras, concentraba el 8,8% del gasto total realizado con ellas ese año.

Los estudiantes internacionales son otro de los pilares de este mercado. En Cataluña, el número de estudiantes Erasmus en las universidades catalanas alcanzó los 14.609 en el curso 2022/2023, casi un 88% más que en 2011/2012.

A esa movilidad educativa se suma la laboral. El informe utiliza el crecimiento de los espacios de coworking como indicador indirecto de la llegada de profesionales móviles y nómadas digitales: Barcelona cuenta actualmente con 202 espacios y unos 253.000 metros cuadrados, frente a los 85.000 metros cuadrados de 2015.

Un mercado temporal dentro de una crisis estructural

El artículo plantea que una parte del auge del alquiler de temporada puede responder al aumento de la demanda de estudiantes, trabajadores desplazados y nómadas digitales, mientras que otra parte podría funcionar como vía de escape frente a la Ley de Vivienda aprobada en 2023, especialmente en lo relativo a la regulación de precios. Esa doble explicación se produce, además, en un mercado marcado por la escasez de vivienda.

Para medir ese desajuste, el análisis recuerda que entre 2021 y 2024 España sumó 845.000 nuevos hogares, mientras que solo se concedieron 433.000 visados de obra nueva. El Banco de España cifra el déficit residencial en 700.000 unidades y el parque de vivienda social apenas representa el 1,13% del total, frente al 7,75% de media de la OCDE.

En ese escenario, cada vivienda que se orienta hacia estancias temporales ajusta un poco más el margen para quienes necesitan un hogar estable. No obstante, el propio artículo advierte que limitar esta fórmula tendrá un efecto limitado en el mercado inmobiliario si no se aborda el problema principal: la falta de vivienda, especialmente de alquiler social.

Comprar una vivienda por menos de 90.000 euros parece imposible en el actual mercado inmobiliario español, especialmente en las grandes ciudades y sus áreas metropolitanas. Por eso, cualquier oferta que se mueva por debajo de esa cifra llama la atención. Es lo que ha ocurrido con Malpàs, un pequeño núcleo del Pirineo de Lleida que ha empezado a sonar con fuerza tras ponerse a la venta 18 viviendas reformadas de tres habitaciones desde 89.000 euros, según ha publicado ElNacional.cat.

El interés no se explica solo por el precio. Malpàs está situado muy cerca de El Pont de Suert, en la comarca de la Alta Ribagorça, y combina el atractivo de un entorno de montaña con la proximidad a servicios básicos. La promoción anunciada se presenta como una alternativa para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y una vivienda lista para entrar a vivir sin asumir una reforma integral.

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Viviendas reformadas en un entorno de montaña

La oferta que ha situado a Malpàs en el mapa incluye 18 inmuebles de tres habitaciones. Según el anuncio publicado en Idealista, se trata de apartamentos reformados en un entorno pensado para familias, con zona de juegos y piscina comunitaria. El medio catalán añade que las viviendas tienen alrededor de 65 metros cuadrados y garaje incluido, un dato relevante en una zona de montaña donde la movilidad suele depender del vehículo privado.

El precio de salida, desde 89.000 euros, es el principal reclamo. En muchas capitales, esa cantidad apenas permite acceder a estudios pequeños, inmuebles en mal estado o viviendas situadas en zonas muy tensionadas. En Malpàs, en cambio, la propuesta se vincula a pisos que cuentan con más calidades.

Aun así, el atractivo del precio no elimina las preguntas habituales cuando se habla de vivienda en municipios pequeños. Vivir en un entorno rural o de montaña puede ofrecer más espacio, menor presión urbana y contacto con la naturaleza, pero también exige tener en cuenta la distancia a determinados servicios, las comunicaciones, el empleo disponible y la vida cotidiana fuera de las grandes ciudades.

El tirón de los pueblos pequeños

Según ElNacional.cat, desde que se conoció la oferta han llegado numerosas consultas y solicitudes de información, aunque el medio no da por cerrada aún ninguna operación. Ese matiz es importante: el interés existe, pero todavía no permite concluir que el pueblo vaya a experimentar una llegada inmediata de nuevos vecinos.

Lo que sí muestra el caso de Malpàs es que hay demanda potencial para este tipo de propuestas. La dificultad para comprar en ciudades como Barcelona, Madrid, Valencia o sus coronas metropolitanas ha empujado a muchas personas a mirar otros mercados. Algunos lo hacen por necesidad económica; otros, por la posibilidad de teletrabajar o por el deseo de vivir en un entorno menos saturado.

Para los pueblos pequeños, disponer de vivienda en condiciones puede ser una herramienta muy útil. La despoblación no se combate solo con discursos ni con campañas de promoción: hacen falta inmuebles habitables, precios asumibles, servicios mínimos y oportunidades reales para que quienes lleguen puedan quedarse.

Una oportunidad con condiciones

Malpàs se ha convertido en tendencia precisamente porque reúne varios factores atractivos: precio bajo en comparación con los grandes mercados, viviendas reformadas, entorno natural y cercanía a El Pont de Suert. La proximidad a la alta montaña y a zonas turísticas del Pirineo catalán añade otro elemento de interés, tanto para quienes buscan residencia habitual como para quienes valoran una segunda vivienda.

Pero el fenómeno también obliga a mirar más allá del anuncio. La llegada de nuevos residentes puede generar actividad para comercios, servicios y proyectos locales, pero solo si existe una base suficiente para sostener la vida diaria. La vivienda asequible es una parte de la solución, no la solución completa.

La Costa del Sol concentra algunas de las viviendas más exclusivas del mercado inmobiliario español. Marbella, Benahavís, Puerto Banús y Sotogrande se han consolidado como enclaves de referencia para el comprador de alto poder adquisitivo, tanto nacional como extranjero, gracias a su clima, su conexión con el Mediterráneo y una oferta residencial marcada por grandes parcelas, privacidad e instalaciones propias de un resort.

Según un listado publicado por Idealista, las villas de lujo más caras de la Costa del Sol alcanzan precios de entre 24 y 34 millones de euros. Se trata de inmuebles situados en algunas de las zonas más cotizadas del litoral andaluz, con superficies que superan en varios casos los 2.000 metros cuadrados construidos y equipamientos como spas privados, piscinas interiores, cines, bodegas, gimnasios, boleras o incluso minigolf.

La vivienda más cara del ranking es La Madrugada, una villa de estilo hispano-árabe ubicada en Los Flamingos, en Benahavís, entre Puerto Banús y Estepona. La propiedad destaca por su arquitectura andalusí-morisca y por una entrada presidida por puertas de cristal y forja que conducen a un patio central rodeado por 51 arcos de piedra tallada y palmeras.

En realidad, el conjunto está formado por dos villas independientes que suman 4.280 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 333.000 metros cuadrados. Cuenta con piscina, lago privado, terrazas, gazebo, 17 habitaciones y 16 baños. Su precio asciende a 34 millones de euros.

Mansiones con spa, cine y piscina climatizada

La segunda propiedad más cara se encuentra a pie de playa en Puerto Banús. Según Idealista, se trata de una mansión concebida casi como un complejo privado de vacaciones, con una parcela de 3.085 metros cuadrados, una casa principal y dos viviendas de invitados.

En conjunto, suma 1.684 metros cuadrados construidos, 10 habitaciones y 10 baños. Además de su ubicación, el inmueble destaca por sus interiores de lujo y por instalaciones como spa con piscina climatizada, gimnasio, sauna, bar, cine, salón para eventos, sala de fumadores de puros y bodega. Se vende por 30 millones de euros y también se ofrece en alquiler por 12.000 euros al día o 80.000 euros semanales en agosto.

También por 30 millones de euros está a la venta El Único, una villa situada en La Zagaleta, una de las urbanizaciones más exclusivas de Benahavís. La vivienda tiene 2.200 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 8.000 metros cuadrados y una arquitectura en forma de “C abierta”, diseñada para aprovechar las vistas al Mediterráneo y a la montaña.

Dispone de nueve dormitorios, ocho baños, una cocina gourmet y grandes ventanales. Entre sus instalaciones figuran una bolera, cine, gimnasio, minigolf, piscina interior y piscina exterior infinita.

La cuarta vivienda del listado también se encuentra en La Zagaleta. Es un chalet de nueva construcción situado sobre una parcela de 6.847 metros cuadrados con piscina. La propiedad cuenta con ocho dormitorios y nueve baños, incluida una suite principal de 67 metros cuadrados con dos vestidores y terrazas.

Su diseño combina fachada de piedra, grandes ventanales y líneas contemporáneas. Uno de sus elementos más destacados es la piscina climatizada. Su precio de venta es de 24,75 millones de euros.

Sotogrande completa el ranking

La quinta villa más cara del listado está situada en La Reserva de Sotogrande, otro de los grandes enclaves del lujo residencial en el sur de España. La vivienda, de obra nueva, tendrá 3.981 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 10.000 metros cuadrados con orientación sur. El inmueble se distribuye en tres plantas y contará con ocho suites, nueve baños, zonas abiertas con grandes ventanales y una piscina infinita exterior con hoguera.

Entre sus instalaciones figuran un salón de casi 100 metros cuadrados, zona wellness con spa, crioterapia, sauna, hammam, piscina cubierta climatizada y gimnasio. También tendrá sala de cine, bodega, apartamento de servicio y garaje con capacidad para seis vehículos. Su precio de venta es de 24 millones de euros.

España cerró 2025 con 259.700 grandes patrimonios, 13.100 más que un año antes, lo que supone un aumento del 5,3%, según el ‘Informe sobre la Riqueza Mundial 2026′ elaborado por Capgemini. El avance se produjo en un ejercicio marcado por la buena evolución de los mercados financieros, los resultados del sector bancario y el encarecimiento de la vivienda.

La riqueza financiera de este colectivo también aumentó. En conjunto, las personas de alto patrimonio en España acumularon 672.112 millones de euros, un 6,7% más que en 2024. De esta forma, el volumen de riqueza creció a un ritmo superior al del número de millonarios.

El informe considera grandes patrimonios a las personas con activos invertibles de al menos un millón de dólares, excluyendo su residencia principal, objetos de colección, bienes de consumo y bienes duraderos. Se trata, por tanto, de una medición centrada en la riqueza disponible para inversión y no en el patrimonio total de los hogares.

La Bolsa, la banca y la vivienda impulsan el aumento

Capgemini atribuye el crecimiento registrado en España a la buena evolución de los mercados, el sector bancario y el inmobiliario. La subida de la Bolsa elevó el valor de las carteras financieras, mientras que el buen comportamiento de la banca y el encarecimiento de los activos vinculados al ladrillo beneficiaron a quienes ya tenían inversiones en esos sectores.

El Ibex 35 cerró 2025 con su mejor ejercicio desde 1993, tras una revalorización cercana al 50%. Ese comportamiento bursátil tuvo un impacto directo en la riqueza financiera de las personas con mayor patrimonio, más expuestas a acciones, fondos y otros productos de inversión que el conjunto de la población.

A esa evolución se sumó el buen momento del sector bancario. Las principales entidades cotizadas españolas -BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, CaixaBank y Bankinter- cerraron 2025 con un beneficio conjunto de 34.000 millones de euros, un 7% más. Estos resultados contribuyeron al buen comportamiento de uno de los sectores con más peso en el mercado español.

El tercer factor fue la vivienda. Los precios continuaron al alza en 2025 y reforzaron la riqueza asociada a la inversión inmobiliaria, ya que la definición de gran patrimonio utilizada por Capgemini excluye expresamente la residencia principal. El mismo encarecimiento que incrementa el valor del patrimonio de quienes ya tienen inmuebles agrava, al mismo tiempo, las dificultades de acceso a la vivienda para buena parte de los hogares.

Según el INE, el precio de la vivienda subió de media un 12,7% en 2025, el mayor incremento desde el inicio de la serie, en 2007, y encadenó su duodécimo ejercicio consecutivo al alza.

España sube en el ranking mundial de riqueza

El avance permitió a España escalar una posición en la clasificación internacional de Capgemini. El país ocupa el puesto 14 entre los 25 mercados con más población de alto patrimonio, según el informe. La evolución se enmarca además en un ejercicio positivo para la economía española, que registró uno de los mejores comportamientos entre las principales economías europeas.

La tendencia no se limita a España. A nivel mundial, la población de grandes patrimonios alcanzó los 25,3 millones de personas al cierre de 2025, tras aumentar un 7,9%. La riqueza acumulada por este grupo creció un 8,7%, hasta 98,3 billones de dólares, el mayor avance anual desde 2018.

La consultora explica este crecimiento por la fortaleza de los beneficios empresariales, el buen comportamiento de los mercados bursátiles y la inversión en compañías vinculadas a la inteligencia artificial. La moderación de la inflación también favoreció la creación de riqueza, especialmente entre los patrimonios con mayor exposición a activos financieros.

Estados Unidos y China concentraron buena parte del aumento de la población millonaria. Estados Unidos sumó 736.000 personas de alto patrimonio en 2025, mientras que China añadió 436.000. En Europa, el número de grandes fortunas creció un 6,5%, con Luxemburgo y Alemania entre los países que registraron mayores incrementos.

Los ultrarricos crecen más rápido

El informe muestra que el crecimiento fue especialmente intenso en el tramo más alto de la pirámide patrimonial. Los ultrarricos, considerados aquellos con patrimonios superiores a los 30 millones de dólares, fueron el segmento de mayor crecimiento por segundo año consecutivo.

La población mundial de este grupo se situó en unas 250.000 personas, un 9,4% más que el año anterior, mientras que su riqueza global aumentó un 9,7%. Según Capgemini, los ultrarricos se beneficiaron más del buen año de los mercados porque suelen tener inversiones más diversificadas y acceso a productos de mayor rentabilidad, tanto en mercados cotizados como en operaciones privadas.

Inscribir una sociedad, firmar un contrato, emitir una factura y realizar un pago por transferencia pueden ser operaciones perfectamente legales. También pueden ser la estructura formal bajo la que se mueve el dinero en una compleja trama económica. Esa es precisamente una de las dificultades que plantea el caso Plus Ultra, de la que supuestamente José Luis Rodríguez Zapatero es el cabecilla (aún está por ver). Es decir, determinar si esas operaciones responden a una actividad real o si forman parte de un entramado creado para mover fondos, simular servicios o dificultar la identificación del beneficiario final.

Para entender cómo se investigan las tramas económicas cuando en apariencia todo parece legal, Infobae ha hablado con Juan Carlos Galindo, investigador y perito judicial especializado en delincuencia económica y prevención del blanqueo, y con José María Mollinedo, secretario general de Gestha, para detectar las señales que hacen saltar las alarmas, especialmente en el caso Zapatero.

La Audiencia Nacional investiga el posible destino de parte del rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia y el papel que tuvieron consultoras y sociedades vinculadas al entorno del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La ayuda, aprobada en 2021, se articuló mediante un préstamo participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.

Entre las piezas clave de la investigación aparecen Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, y What The Fav, agencia de comunicación vinculada a las hijas del expresidente. Según las informaciones judiciales publicadas, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a Zapatero y 239.755 euros a What The Fav. El expresidente niega haber cobrado comisiones indebidas y defiende que los pagos respondían a trabajos de consultoría. Su declaración como investigado, prevista inicialmente para el 2 de junio, ha sido aplazada a los días 17 y 18 de junio para que su defensa pueda estudiar la causa. El procedimiento sigue en fase de instrucción y todos los investigados están amparados por la presunción de inocencia.

Cuando una empresa sospechosa puede parecer legal

La primera dificultad, según Galindo, es que una sociedad sospechosa puede parecer normal desde fuera. Puede estar inscrita, tener objeto social y emitir facturas. Por eso, explica, la investigación no se queda en la existencia formal de la empresa, sino que analiza sus cuentas, su actividad, sus proveedores, sus contratos y la documentación que respalda cada operación.

“A simple vista” no siempre se puede saber si una empresa es legal o no, resume el experto. En su opinión, una de las primeras señales de alerta aparece cuando la actividad declarada no deja huella suficiente en la contabilidad. “Por ejemplo, si no tiene aprovisionamientos, es decir, no tiene proveedores, llama la atención”, señala.

Ese punto es clave en actividades de servicios, donde no siempre hay mercancías físicas, almacenes o bienes fácilmente verificables. En una consultora o una agencia de comunicación, hay que comprobar si hubo encargos reales, informes, reuniones, personal, medios y una correspondencia razonable entre lo que se factura y lo que se presta.

What The Fav y la dificultad de separar actividad real y ficticia

Galindo introduce un matiz importante sobre la sociedad vinculada a las hijas de Zapatero. No la define como una empresa pantalla en sentido estricto, sino como una sociedad instrumental. A su juicio, este tipo de estructura puede dificultar la investigación porque “quizás mezcla actividad real con actividad ficticia”. Una mezcla que, añade, “complica sobremanera discernir el grano de la paja”.

Ese matiz obliga a mirar más allá del simple cobro. Aplicado al caso investigado, la cuestión no es solo si What The Fav recibió dinero, sino si prestó servicios reales por las cantidades facturadas, quién realizó esos trabajos y si los pagos encajan con la actividad de la sociedad. Esa es una de las preguntas que deberá aclarar la instrucción, junto con el papel de Análisis Relevante y del resto de sociedades investigadas.

No toda sociedad instrumental es una pantalla

No toda sociedad instrumental es irregular. Mollinedo explica que este tipo de sociedades pueden utilizarse para organizar una actividad profesional, separar ingresos o gestionar patrimonio, y que “pueden tener incluso un fin lícito”. Es el caso, por ejemplo, de sociedades profesionales usadas por arquitectos, abogados, economistas o asesores para desarrollar su trabajo a través de una estructura societaria.

La sospecha aparece cuando esa sociedad no tiene medios reales para desarrollar la actividad que declara. El secretario general de Gestha define las sociedades pantalla como entidades controladas por una persona u organización, pero “sin patrimonio, ni medios materiales o personales”. También pueden denominarse sociedades ficticias o fantasma cuando se utilizan para ocultar activos, hacer pasar ingresos por una sociedad o una factura antes de que lleguen a su destinatario real, desviar gastos personales o emitir facturas irregulares.

Galindo lo resume de forma más gráfica: “Una empresa pantalla se crea para dar la sensación de lo que no es”. La clave, añade, está en que este tipo de sociedades dificultan saber “quién hay detrás, quién es el titular real, quién es el que maneja los hilos de esa sociedad”. Por eso, la investigación no se limita a comprobar si una empresa existe formalmente, sino que intenta llegar al beneficiario real: la persona que controla, decide o se beneficia del dinero.

Esa tarea se vuelve más compleja cuando aparecen sociedades en el extranjero o en jurisdicciones opacas. En esos casos, no basta con seguir las transferencias dentro de España: los investigadores necesitan acudir a registros internacionales, pedir información bancaria fuera del país y recurrir a mecanismos de cooperación judicial para reconstruir quién controla realmente cada sociedad y qué papel tuvo en el movimiento del dinero.

Cuando los contratos y las facturas no bastan como pruebas

En los delitos económicos, la existencia de un contrato o una factura no siempre despeja la sospecha. Puede haber documentos, pagos bancarios y declaraciones fiscales, pero la investigación debe comprobar si la operación responde a una prestación real. Es decir, si el servicio existió, quién lo hizo, quién lo cobró y si el precio puede explicarse dentro de una lógica económica.

Mollinedo sitúa aquí una dificultad importante para Hacienda. En una trama de facturas falsas, el análisis tributario puede ser más directo: se comprueba si la factura responde o no a una operación real, si se ha usado para deducir gastos o IVA y si la empresa emisora ingresó lo que correspondía. Pero cuando hay contratos declarados por ambas partes, el terreno es más complejo. “En los contratos ya es más difícil”, afirma. Y precisa: “Sobre todo si las dos partes lo han declarado”.

El secretario general de Gestha explica precisamente que una de las fórmulas de fraude consiste en sociedades interpuestas, es decir, empresas que aparecen en medio de una operación y pueden dificultar saber quién presta realmente el servicio, quién cobra y quién se beneficia del dinero.

Estas sociedades pueden “simular desarrollar una actividad económica que no existe”. Esto conecta con los pagos investigados en el caso Plus Ultra: la instrucción deberá determinar si los servicios de consultoría existieron realmente, si fueron prestados por quien facturó y si los importes respondían a trabajos efectivos o a otra finalidad.

Seguir el rastro del dinero

Una vez detectadas las primeras señales, la investigación avanza por el recorrido del dinero. No se mira un pago aislado, sino el circuito completo: de qué cuenta sale, a qué sociedad llega, qué concepto figura, si hay pagos posteriores, si aparecen entidades interpuestas, si el dinero vuelve al origen o si termina en una jurisdicción opaca. Galindo desarrolla la idea: “De una cuenta vas a otra, de otra transferencia vas a otra, de otra sociedad vas a otra y al final ese dinero te va descubriendo sociedades nuevas”.

En ese recorrido pueden aparecer transferencias circulares o triangulares. Una transferencia circular, explica el experto, es aquella en la que “entra y sale la misma cantidad de dinero por diferentes conceptos”. Si una sociedad recibe una cantidad y después otra entidad vinculada devuelve un importe idéntico o muy similar, los investigadores pueden ver ahí un indicio de que el dinero está circulando para simular operaciones o separar artificialmente el origen y el destino de los fondos.

Las triangulares funcionan de forma parecida, pero con varios actores. Una sociedad A paga a B, B paga a C y C puede devolver fondos, repartirlos o trasladarlos a otra entidad. En apariencia, cada movimiento puede tener un concepto distinto. La investigación tendrá que comprobar si esos conceptos responden a operaciones reales o si son solo etiquetas para mover el dinero.

Cobrar no es automáticamente blanquear

Juan Carlos Galindo aclara que existe una gran diferencia entre recibir dinero y blanquearlo. El blanqueo de capitales no se limita a cobrar una cantidad de origen presuntamente ilícito. Para que exista, explica, deben concurrir dos elementos: “No solo tienes que tener conocimiento de que el dinero es ilícito, sino que tienes que hacer movimientos para transformar y ocultar ese dinero”, señala. Y aclara: “El blanqueo es un proceso. Si no hay proceso, no hay blanqueo”.

Según el experto, ese proceso suele explicarse en tres fases: colocación, transformación e integración. Primero, el dinero entra en el circuito; después se mueve para dificultar su trazabilidad; finalmente, se integra en la economía con apariencia lícita.

En el contexto del ‘caso Zapatero’, Galindo marca una diferencia entre el circuito general que investiga la Audiencia Nacional y el pago directo que habría recibido el expresidente de Análisis Relevante. Lo hace a partir de la información conocida hasta ahora y sin acceso completo a toda la documentación de la causa. A su juicio, esa transferencia, tomada de forma aislada, no permite hablar por sí sola de blanqueo: “Zapatero ahí no está ocultando y transformando nada. Le están pagando”, subraya.

No obstante, el experto insiste en que “hay indicios sobrados para iniciar una investigación”, pero distingue entre abrir una causa, reunir indicios y llegar a una acusación sólida. En su opinión, con la información actual, todavía queda por determinar qué papel tuvo cada persona, quién impulsó el mecanismo investigado y qué movimientos pueden atribuirse directamente a cada investigado.

‘Lobby’, consultoría o tráfico de influencias

Otra línea delicada es la que separa una consultoría legítima basada en contactos, experiencia o conocimiento del sector de un posible tráfico de influencias. Una persona que ha ocupado responsabilidades públicas puede prestar servicios de asesoramiento. También puede poner en contacto a empresas, explicar procedimientos o ayudar a entender una administración. Eso, por sí solo, no convierte la actividad en delito.

Mollinedo sitúa la clave en si se condiciona o no la decisión pública: “Si no estás cocinando la decisión del órgano que tiene que tomar la decisión, aparentemente no sería delictiva”. En ese caso, añade, “sería una actividad de lobby”. La situación cambia si esa influencia se acompaña de pagos o contraprestaciones dirigidas a condicionar la voluntad de quien decide. “Si tú le estás condicionando porque le estás dando regalos, entonces sí (sería delictiva)”, resume.

En el caso Plus Ultra, la instrucción investiga precisamente si los pagos y las relaciones personales sirvieron para favorecer decisiones relacionadas con la aerolínea o si respondieron a trabajos reales de consultoría. Esa diferencia será clave para separar una actividad profesional lícita de una posible trama de tráfico de influencias.

El control del rescate y el destino del dinero

El papel del dinero público añade otra capa. Mollinedo recuerda que el rescate “ha tenido la intervención interna de la administración y la externa del Tribunal de Cuentas”, explica. La Intervención General de la Administración del Estado revisa la legalidad del gasto: si está presupuestado, si se concede conforme a las reglas aplicables y si se ejecuta para la finalidad prevista. El Tribunal de Cuentas, por su parte, puede realizar un control externo y posterior.

Sin embargo, que una ayuda supere ciertos controles no impide que después se investigue el uso posterior del dinero. Son planos distintos. Uno mira si la concesión fue legal. Otro, si los fondos terminaron destinándose a aquello para lo que se concedieron.

“Está por determinar si esos fondos que percibió Plus Ultra se han usado para reflotar la compañía o se han usado para otra cosa”, destaca Mollinedo. Esa es una de las claves de la investigación actual: no solo cómo se aprobó el rescate, sino qué ocurrió después con parte del dinero, qué transferencias salieron de la compañía y si esas operaciones respondían a obligaciones reales o a un circuito de pagos sospechoso.

Una investigación construida por indicios

Las investigaciones económicas rara vez se apoyan en una prueba única y evidente. No suele haber una confesión, una grabación definitiva o un documento que explique todo el mecanismo. Se construyen por acumulación: una sociedad sin medios, una factura genérica, un contrato difícil de justificar, una transferencia circular, un beneficiario oculto, una cuenta en el extranjero o un pago que no encaja con la actividad declarada.

“En el blanqueo de capitales, en el delito, nunca hay pruebas de cargo, nunca. Nunca hay un ADN, nunca hay unas huellas, nunca hay una cámara”, desarrolla Galindo. Lo habitual, continúa, es trabajar con indicios: “La suma de indicios hace una prueba de cargo”. Que esa suma sea suficiente o no será una cuestión que tardará años en resolverse. El experto calcula que el procedimiento puede alargarse al menos una década: “Tenemos diez años para verlo”, calcula. “Mínimo diez”, zanja Juan Carlos Galindo.

El futuro de España en el Mundial de 2026 no dependerá solo del balón, la preparación física o una táctica impecable. El cambio climático también podrá condicionar el camino de la Selección desde la fase de grupos: el partido contra Uruguay, previsto para el 26 de junio en México, tiene un 70% de probabilidad de disputarse con temperaturas capaces de reducir el rendimiento de los futbolistas, según un nuevo análisis de la organización Climate Central. La organización calcula que esa probabilidad es 37 puntos porcentuales mayor debido al calentamiento global, el mayor incremento registrado entre los 104 partidos del campeonato.

El dato no significa que el Uruguay-España vaya a ser necesariamente el encuentro más caluroso del torneo, sino que es el que más acusa el efecto del cambio climático. En un escenario sin calentamiento global, la probabilidad de que ese partido alcanzara el umbral de calor analizado sería del 32%. En el clima actual, esa posibilidad se dispara hasta el 70%.

El partido se disputará a las 20:00 horas en Guadalajara, las 02:00 del 27 de junio en horario peninsular español. La ciudad mexicana aparece entre las sedes más expuestas en el análisis de Climate Central, que estudia el calendario completo del Mundial de 2026, organizado en Estados Unidos, México y Canadá.

Casi todos los partidos, más expuestos al calor

El informe concluye que el cambio climático aumenta la probabilidad de sufrir calor capaz de afectar al rendimiento en 97 partidos de los 104 programados. Casi la mitad de los encuentros, 49, tienen al menos un 50% de probabilidad de alcanzar ese umbral, y en 26 partidos el calentamiento global eleva esa posibilidad en al menos 10 puntos porcentuales.

Climate Central toma como referencia los 28 ºC, una temperatura que puede afectar al rendimiento de los futbolistas. Por encima de ese umbral, las investigaciones citadas por la organización apuntan a una reducción de la frecuencia de los sprints, de la distancia recorrida y de la capacidad de recuperación durante el partido.

Ese impacto puede ir más allá del desgaste físico. Menos intensidad, menos carreras y peor recuperación pueden alterar el ritmo del juego, condicionar la presión de los equipos y modificar la estrategia durante el encuentro. En la práctica, el calor puede obligar a jugar de otra manera. Una que no beneficia ni al deportista ni al aficionado.

Para estimar el impacto del calentamiento global, Climate Central compara la probabilidad de alcanzar ese umbral en el clima actual con la que existiría en un mundo sin cambio climático. La diferencia entre ambos escenarios permite calcular cuánto ha aumentado el riesgo en cada partido.

Dallas, Houston y Miami, con más opciones de superar los 28 grados

El Uruguay-España destaca por ser el partido donde más aumenta el riesgo por efecto del cambio climático, pero no por ser el que tiene mayor probabilidad de alcanzar el umbral de 28 ºC. En ese indicador aparecen por delante varias sedes de Estados Unidos, especialmente Dallas, Houston y Miami, donde algunos encuentros alcanzan porcentajes cercanos al 100%.

Según los datos del análisis, el partido del 14 de julio en Dallas tiene un 99% de probabilidad de disputarse con temperaturas capaces de afectar al rendimiento. Otros encuentros en esa misma sede alcanzan el 98%, mientras que varios partidos en Houston se sitúan entre el 96% y el 97%. En Miami, algunos encuentros llegan también al 95% o al 98%.

La diferencia es que esas ciudades ya partían de una exposición muy alta al calor. En Guadalajara, el salto respecto a un escenario sin cambio climático es mucho mayor. Por eso el Uruguay-España aparece como el encuentro más condicionado por el calentamiento global en términos de aumento del riesgo.

La final también se verá afectada

El impacto del calor no se limita a la fase de grupos. La final del Mundial, prevista para el 19 de julio en la sede de Nueva York/Nueva Jersey, tendrá un 47% de probabilidad de alcanzar temperaturas capaces de reducir el rendimiento de los futbolistas, 17 puntos porcentuales más por efecto del cambio climático.

Menos intensidad y más pausas para hidratarse

El calor también puede convertirse en un problema de seguridad. Climate Central advierte de que las altas temperaturas, especialmente cuando se combinan con humedad elevada, pueden suponer un riesgo para jugadores, aficionados y personal del torneo. Entre los efectos asociados figuran la deshidratación, el agotamiento por calor y, en los casos más graves, el golpe de calor.

Los organizadores del Mundial han previsto algunas medidas de adaptación. El informe menciona más partidos en horario de tarde-noche en las ciudades más calurosas, pausas obligatorias de hidratación en los 104 encuentros y la posibilidad de aplazar partidos si el índice WBGT, una medición del estrés térmico que tiene en cuenta calor, humedad, radiación solar y viento, alcanza los 32 ºC.

Quedarse en paro después de los 55 años deja a muchos trabajadores en tierra de nadie: demasiado jóvenes para jubilarse, pero con muchas dificultades para volver al mercado laboral. En este escenario, emprender no siempre responde a una vocación empresarial ni a una oportunidad de crecimiento, sino a la necesidad de seguir generando ingresos. El 57% de los nuevos emprendedores de entre 55 y 64 años afirma que puso en marcha su negocio para “ganarse la vida”, según el informe El emprendimiento sénior en España, elaborado por el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre en colaboración con el Observatorio del Emprendimiento de España.

Ese dato permite mirar el emprendimiento sénior desde una perspectiva menos optimista. El estudio destaca que los mayores de 55 años consolidan más sus empresas y abandonan menos que otros grupos de edad, pero también muestra que buena parte de esas iniciativas nacen por necesidad económica. Entre quienes ya tienen negocios consolidados (llevan más de 3 años), el porcentaje que emprendió para “ganarse la vida” sube al 65%.

Aunque los mayores de 55 años emprenden menos, sus negocios resisten más. Solo el 2,9% de la población sénior está al frente de una iniciativa reciente, frente al 8,6% de los menores de 50 años. Sin embargo, el 7% lidera empresas consolidadas, por encima del 5,7% registrado entre los menores de 50. Además, su tasa de abandono empresarial es la más baja: 1,2%, frente al 4,5% de los presénior -de 50 a 54 años- y el 4,1% de los menores de 50.

Emprender para poder vivir

La principal motivación para emprender entre los mayores de 55 años no es continuar una tradición familiar ni lanzar un proyecto innovador, sino generar ingresos. El informe identifica la necesidad de “ganarse la vida” como la razón más repetida en todos los grupos de edad, pero tiene especial peso entre la población sénior.

Otros motivos quedan por detrás. Entre los emprendedores sénior recientes, el 32% señala el deseo de generar una gran riqueza, el 31% apunta a marcar una diferencia social y el 20% menciona continuar una tradición familiar. En el caso de las empresas consolidadas, esos porcentajes se sitúan en el 29%, el 28% y el 29%, respectivamente.

Más de medio millón de parados mayores de 55 años

El contexto laboral ayuda a explicar por qué esa motivación pesa tanto. El informe, a partir de datos del mercado laboral de 2024, recuerda que el paro de los mayores de 55 años alcanzó las 505.700 personas, con una tasa del 10%, muy por encima de la media europea citada en el estudio, del 4%. Además, el 62% de los desempleados sénior eran parados de larga duración.

Esta situación convierte el trabajo por cuenta propia en una alternativa para quienes no consiguen reincorporarse al mercado laboral. El problema es que llega en una edad especialmente delicada: demasiado tarde para asumir riesgos sin red, pero demasiado pronto para retirarse. A los 55 años, una persona puede tener todavía más de una década por delante hasta la edad ordinaria de jubilación.

En 2026, la edad ordinaria de jubilación es de 65 años para quienes acrediten al menos 38 años y 3 meses cotizados. Para quienes no alcancen ese periodo, se sitúa en 66 años y 10 meses, según la Seguridad Social. La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar la retirada hasta dos años, pero exige 35 años cotizados y conlleva la aplicación de coeficientes reductores sobre la pensión.

Una ayuda de 480 euros hasta la jubilación

Para quienes pierden el empleo y agotan la prestación contributiva, una de las redes específicas de protección es el subsidio para mayores de 52 años. Su cuantía es de 480 euros mensuales durante todo el periodo reconocido, equivalente al 80% del IPREM, según el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Esa ayuda puede cubrir parte del vacío de ingresos, pero difícilmente sustituye a un salario completo durante varios años.

En este contexto, el hecho de que los emprendedores sénior abandonen menos puede leerse desde dos ángulos. El informe lo vincula a la experiencia profesional acumulada y a los conocimientos adquiridos durante la trayectoria laboral. Pero el peso de la motivación económica también permite otra lectura: muchos emprenden cuando todavía necesitan trabajar, pero tienen cada vez más difícil encontrar un empleo por cuenta ajena.

Negocios que resisten, pero casi siempre en solitario

La resistencia de estos negocios tampoco implica necesariamente la creación de grandes empresas. El 72% de los mayores de 55 años que emprenden inicia su proyecto en solitario, con una única persona socia promotora. Además, casi la mitad de las iniciativas no genera puestos de trabajo más allá de sus propios impulsores: el 49% en el caso de los proyectos recientes y el 51% entre los consolidados.

El perfil que dibuja el informe es el de un emprendimiento más estable que expansivo. La mayoría de las iniciativas sénior se concentra en el sector servicios, especialmente en actividades dirigidas al consumidor y servicios a empresas. Son proyectos apoyados en la experiencia profesional y en redes acumuladas durante años, pero no siempre pensados para crecer mucho o contratar a más trabajadores.

Esa experiencia, aun así, sí pesa en la forma en que los sénior se ven a sí mismos como emprendedores. El 82% de los mayores de 55 años que emprenden considera que tiene los conocimientos y las habilidades necesarias para desarrollar una iniciativa empresarial. La dificultad está en el camino para hacerlo: solo el 33% considera fácil el proceso de poner en marcha un negocio.

El avance de la afiliación coincidió con una nueva bajada del paro registrado. El número de personas desempleadas inscritas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se redujo en 36.323 en mayo, un 1,54% menos que en abril, hasta dejar el total en 2.320.721 desempleados. Es la cifra más baja en un mes de mayo desde 2007, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En comparación con mayo de 2025, la Seguridad Social cuenta con 553.431 afiliados más, un crecimiento interanual del 2,54%, mientras que el paro se ha reducido en 134.162 personas, un 5,47% menos. Sin embargo, el dato desestacionalizado introduce un matiz menos favorable: el paro registrado subió en 9.755 personas una vez descontado el efecto habitual de mayo, un mes normalmente positivo para el empleo por el arranque de actividades vinculadas al verano. La afiliación, en cambio, también avanzó sin efecto calendario, con 63.737 trabajadores en alta más, y encadena 64 meses consecutivos al alza.

Máximos también en la afiliación diaria

La afiliación media alcanzó en mayo un nuevo techo, con 22.337.806 trabajadores en alta. Además, los registros diarios se mantuvieron por encima de los 22,4 millones entre el 25 y el 28 de mayo. El máximo se alcanzó el día 28, con 22.410.242 afiliados, la cifra diaria más alta de la serie.

La serie desestacionalizada también se situó en niveles récord, con 22.116.022 afiliados. Según los datos del Ministerio de Inclusión, desde la entrada en vigor de la reforma laboral hay 2,3 millones de afiliados más en términos desestacionalizados.

El crecimiento se mantiene especialmente fuerte entre las mujeres. En mayo se registraron 10.599.305 afiliadas, la cifra más alta hasta ahora, y representaron el 47,5% del total. En el último año, hay 271.290 mujeres más afiliadas a la Seguridad Social. Entre los hombres, la afiliación alcanzó los 11.738.501 trabajadores en alta, tras sumar 282.141 en términos interanuales.

También aumentó la presencia de trabajadores extranjeros, que alcanzaron los 3.359.548 afiliados, 288.717 más que hace un año. Este colectivo representa ya el 15% del total de cotizantes. Dentro de ellos, más de medio millón, 519.137, están dados de alta como autónomos.

El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) también marcó máximo, con 3.460.443 afiliados, tras sumar 15.470 en el mes y 45.850 en el último año.

El paro baja en todos los sectores

El desempleo descendió en mayo en todos los sectores productivos. La mayor caída se produjo en los servicios, con 29.829 parados menos, hasta un total de 1.688.001 personas. También bajó en la industria, con 2.665 desempleados menos; en la construcción, con 2.304 menos; y en la agricultura, con un descenso de 1.628 personas.

El único grupo que no siguió esa tendencia fue el colectivo sin empleo anterior, que apenas registró cambios, con 98 personas más inscritas, un incremento del 0,04%. En total, este grupo suma 222.191 desempleados.

Por sexo, el paro femenino bajó en 20.316 personas respecto a abril y se situó en 1.404.110 mujeres, la cifra más baja en un mes de mayo desde 2008. El desempleo masculino descendió en 16.007 personas, hasta un total de 916.611 hombres. En términos interanuales, el paro cae más entre las mujeres, con 82.311 desempleadas menos, frente a una reducción de 51.851 entre los hombres.

El desempleo juvenil también volvió a reducirse. Entre los menores de 25 años, el paro bajó en 4.738 personas en mayo, un 2,79% menos que en abril, hasta situarse en 164.955 jóvenes. Es la primera vez que el paro juvenil baja de los 165.000 inscritos en un mes de mayo.

Por territorios, el paro registrado descendió en las 17 comunidades autónomas. Las mayores caídas absolutas se dieron en Andalucía, con 9.125 parados menos; Cataluña, con 6.900 menos; y la Comunidad de Madrid, con una reducción de 3.834 personas. Por provincias, el desempleo bajó en 48 y subió en cuatro. Los mayores descensos se registraron en Barcelona, Madrid y Málaga.

La contratación total cae ligeramente

En mayo se firmaron 1.323.719 contratos, 5.264 menos que en el mismo mes de 2025, lo que supone una caída interanual del 0,40%. No obstante, en el acumulado de enero a mayo, la contratación alcanza los 6.175.636 contratos, 226.923 más que en el mismo periodo del año anterior.

Del total de contratos registrados en mayo, 572.061 fueron indefinidos, el 43,22%. Esta modalidad creció un 3,50% respecto al mismo mes del año anterior. Los temporales, por su parte, sumaron 751.658 contratos, el 56,78% del total, tras caer un 3,17% interanual.

Dentro de la contratación indefinida, 234.774 contratos fueron a tiempo completo, 135.409 a tiempo parcial y 201.878 fijos discontinuos. Estos últimos bajaron un 1,53% respecto a mayo de 2025, mientras que los indefinidos a tiempo completo y a tiempo parcial aumentaron un 5,01% y un 9,11%, respectivamente.

El perfil del trabajador autónomo en España ha evolucionado en la última década. El colectivo por cuenta propia ha crecido un 7,2% entre junio de 2016 y abril de 2026, hasta alcanzar los 3.463.806 afiliados, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), elaborado a partir de estadísticas oficiales de afiliación de la Seguridad Social. Pero el cambio no se evidencia únicamente en el número total: en la actualidad hay más mujeres autónomas, más trabajadores extranjeros y más profesionales que trabajan sin empleados a su cargo.

Dentro de ese total, los autónomos persona física han aumentado de forma mucho más moderada. Han pasado de 1.984.268 en 2016 a 2.025.370 en abril de 2026, lo que supone 41.102 más y un avance del 2,1%. Esa diferencia permite acotar mejor la transformación que señala ATA: el colectivo no solo crece, sino que cambia por dentro.

Más mujeres autónomas

Uno de los cambios más claros está en el peso de las mujeres. En diez años, el número de autónomas ha crecido un 10,4%, con 71.746 afiliadas más. En cambio, los hombres autónomos han bajado un 2,4%, con 30.644 menos que en 2016.

Esta evolución ha supuesto que las mujeres ganen presencia dentro del colectivo. En 2016 representaban el 34,7% de los autónomos persona física y ahora el 37,5%. Es decir, el trabajo por cuenta propia sigue siendo mayoritariamente masculino, pero la brecha se ha reducido en la última década.

Los extranjeros casi se duplican

El otro gran cambio se ha dado en la procedencia de los trabajadores por cuenta propia. Los autónomos extranjeros persona física casi se han duplicado en diez años. Han crecido un 93,6%, con 165.781 afiliados más, hasta alcanzar los 342.919 trabajadores.

Su peso dentro del colectivo también ha aumentado con fuerza. En 2016 representaban el 9% de los autónomos persona física. En abril de 2026 ya suponen el 17%. Para ATA, este avance refleja la mayor internacionalización del trabajo autónomo en España.

Cada vez más solos al frente del negocio

El informe también apunta a otro cambio relevante: hay más autónomos que trabajan solos y menos con empleados a su cargo. Los autónomos persona física sin asalariados han aumentado un 4,4% en diez años, hasta los 1.617.944. En cambio, los que tienen trabajadores contratados han caído un 6,2%, hasta los 407.426.

El desplome es más evidente entre quienes tenían un solo empleado. Este grupo ha pasado de 226.561 autónomos en 2016 a 206.936 en 2026, lo que supone un descenso del 8,6%. También bajan los autónomos con dos asalariados, de 92.739 a 87.774; con tres, de 45.796 a 44.323; y con cuatro, de 25.395 a 24.642, aunque en estos casos el retroceso es más moderado.

“Cada vez es más difícil mantener el empleo en las pequeñas empresas. Los autónomos sufren inseguridad jurídica y cargas que les hacen pensar dos veces contratar nuevo personal”, sostiene Lorenzo Amor, presidente de ATA.

Más pluriactividad

La forma de trabajar también ha cambiado. La pluriactividad, es decir, el número de personas que combinan un empleo por cuenta ajena con una actividad propia como autónomos, ha crecido un 83,4% en la última década. En 2016 había 95.067 autónomos en esta situación. En abril de 2026 son 174.380.

El dato no permite saber cuántos lo hacen por necesidad y cuántos por oportunidad, pero sí refleja el avance de un perfil cada vez más habitual: trabajadores que no dependen de una sola fuente de ingresos. El contexto salarial ayuda a entender este fenómeno: según el INE, el 30% de los asalariados ganó menos de 1.582,2 euros brutos mensuales en 2024, mientras que el 36,4% de la población no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2025.

La agricultura ha perdido más de 31.000 autónomos en diez años

Por sectores, el trabajo autónomo de las personas físicas sigue concentrado sobre todo en los servicios, que agrupan casi el 75% del colectivo. Esta actividad ha crecido un 4,1% en la última década, hasta alcanzar los 1.505.944 autónomos. La construcción también ha ganado presencia, con 236.859 afiliados en abril de 2026, 24.471 más que en 2016, lo que supone un avance del 11,5%, según el informe de ATA.

No obstante, esta evolución choca de lleno con el retroceso que se ha dado en las actividades agrarias e industriales. La agricultura ha perdido 31.048 autónomos persona física en diez años, un 13,2% menos, hasta los 204.478 afiliados. Y la industria también ha bajado, con 11.066 menos y una caída del 12,4%, hasta los 78.089.

El recibo de la luz del usuario medio con tarifa semirregulada, el PVPC, subirá en mayo hasta los 75,63 euros, lo que supone un incremento del 24% respecto a los 60,99 euros registrados en abril, según un análisis de Facua - Consumidores en Acción. La asociación calcula que el encarecimiento equivale a casi 15 euros más en un solo mes para un consumidor tipo con una potencia contratada de 4,4 kW y un consumo mensual de 366 kWh.

La subida se explica por dos factores: el aumento del precio de la energía, que añade 4,30 euros antes de impuestos, y el final de las rebajas fiscales aplicadas hasta ahora. El IVA vuelve al 21% y el Impuesto Especial de la Electricidad regresa al 5,11%, frente al 10% y el 0,5% que se habían aplicado desde que se aprobó el plan anticrisis del Gobierno.

Facua sostiene que, si esos tipos reducidos se hubieran mantenido, la factura de mayo habría sido de 65,73 euros, un 7,8% más que en abril, en lugar de subir un 24%. La diferencia se debe a que la normativa obliga a aplicar los impuestos vigentes en el momento en que se emite el recibo, aunque el consumo corresponda a un periodo anterior.

La factura sube también respecto al año pasado

En términos interanuales, el recibo se encarece un 8,5% respecto a mayo de 2025, cuando el usuario medio pagó 69,71 euros. La factura de este mes queda, además, por encima de las registradas en mayo de 2024, cuando fue de 60,76 euros, y de 2023, cuando se situó en 65,50 euros, aunque continúa lejos de los 120,68 euros de mayo de 2022, en plena crisis energética.

El precio medio del kilovatio hora consumido también ha aumentado respecto a hace un año. Según el análisis de Facua, en mayo se sitúa en 21,82 céntimos en horario punta, 14 céntimos en horario llano y 14,96 céntimos en horario valle. En comparación con mayo de 2025, el coste de la energía sube un 1,7% en punta, un 4,9% en llano y un 19,7% en valle.

La potencia contratada también vuelve a encarecerse tras el final de las rebajas fiscales. Facua calcula que pasa de los 2,87 euros vigentes durante el periodo de aplicación de las medidas del Gobierno a los 3,30 euros que mantenía desde enero, incluyendo cargos, peajes, margen de comercialización e impuestos.

Reclaman un IVA reducido permanente

La organización reclama al Ejecutivo que convierta en permanente un tipo reducido de IVA para la electricidad. Facua considera que no debería aplicarse el tipo más alto a un suministro esencial para los hogares y defiende que la pérdida de recaudación podría compensarse con un aumento de impuestos directos a quienes más ganan, sin afectar a servicios como la sanidad o la educación.

La asociación también pide sacar las energías nuclear e hidroeléctrica de la subasta marginalista diaria y someterlas a precios fijos a largo plazo fijados por el Gobierno. A su juicio, esta medida permitiría evitar los denominados “beneficios caídos del cielo”, derivados de un sistema en el que el precio de mercado lo marca la oferta más cara necesaria para cubrir la demanda.

Facua reclama además al Ministerio para la Transición Ecológica que impulse campañas para que más consumidores soliciten el bono social eléctrico. La organización sostiene que la mayoría de potenciales beneficiarios no lo pide porque desconoce su existencia, sus condiciones o cree que no tiene derecho a recibirlo.

También plantea medidas para que los hogares ajusten mejor la potencia contratada, ya que, según sus cálculos, los consumidores domésticos pagan cerca de 1.000 millones de euros de más al año por exceso de kilovatios en sus contratos.

Sara Richart empezó en la peluquería hace 17 años “por vocación plena”. Con 21 decidió emprender. No lo hizo solo por las ganas de tener un negocio propio, sino también por “la precariedad laboral” que asegura haber en el gremio. Hoy es peluquera autónoma en el barrio madrileño de Delicias, donde mantiene una peluquería que, según sus cuentas, arranca cada mes con unos 2.500 euros de gastos antes de atender a la primera clienta.

Hace poco quiso dar un paso más y buscar un local mejor, más amplio, que le permitiera crecer quedándose en su barrio. No lo encontró: “Los pisos turísticos nos han echado para atrás nuestro sueño de una futura ampliación del negocio”, lamenta.

Esta reflexión no nace de una percepción abstracta o un prejuicio, sino de una búsqueda real que se ha visto frustrada: “Los locales que hemos visto cerrados desde hace tiempo y por los cuales estamos interesados se van a convertir en un futuro cercano en Airbnbs”, asegura la profesional.

Emprender para escapar de la precariedad

Para Sara, la peluquería es vocación, pero también supervivencia laboral: “Empecé hace diecisiete años por vocación plena y acabé emprendiendo cuando tenía veintiún años por la precariedad laboral que hay en nuestro gremio”, explica.

Ser autónoma le permitió construir su propio proyecto, pero no la liberó de otras cargas. Al ser preguntada por lo más difícil de sostener una peluquería en Madrid, no duda: “Absolutamente el tema de los impuestos. Aunque también los amplios horarios”, subraya.

La otra cara del emprendimiento es esa: estar al frente de todo. Abrir, atender, gestionar, pagar, organizar citas, comprar productos y sostener un horario que muchas veces choca con la vida personal.

Sara es madre de una niña pequeña y reconoce que, en su caso, puede organizarse porque tiene el colegio, la casa y el trabajo cerca. Pero aun así lanza una idea clara: para conciliar siendo autónoma, “necesitas una red de apoyo familiar para que te ayude con los niños”.

“Se creen que todo va a nuestro bolsillo”

Los gastos de una peluquería se ven desde fuera de una forma muy distinta a como se viven desde dentro. Sara calcula que su negocio, un coworking de peluquería, soporta “unos gastos mensuales de unos 2.500 euros al mes”. Ahí entran, enumera, “el alquiler, las retenciones, el IVA, los productos, la cuota abusiva de autónomos, los seguros, la luz, el agua, otros suministros, desratizaciones, los servicios de limpieza... Todo”.

Por eso le apena que muchos clientes interpreten el precio de un corte, un tinte o unas mechas como si fuera un beneficio directo para ella: “Se creen que todo el dinero que cobramos se va íntegramente a nuestro bolsillo”, afirma.

Nada más lejos de la realidad. Según sus cuentas, una parte importante del servicio se va antes de convertirse en ingreso real. “Tenemos un 21% de IVA, que si sumas todas las retenciones que tenemos, aproximadamente se nos va el 50% del dinero del servicio en impuestos”, sostiene.

A eso añade los materiales de cada trabajo: “Si es un servicio de color, tienes que quitarle el porcentaje del tubo de color, oxidantes, champús, el agua que utilizamos, la capa desechable, el lavado de las toallas…”, puntualiza.

“Sí que es verdad que parece que es para nosotros, pero para nada es así”, aclara la profesional.

Un Madrid difícil para los negocios de barrio

El intento fallido de ampliar la peluquería le ha dejado una sensación amarga. Sara no habla solo de precios, sino de qué tipo de ciudad se está construyendo y quién puede permitirse seguir en ella. “No encontramos locales disponibles del tamaño que necesitamos”, explica.

Lo que vio fue un mercado poco útil para un negocio como el suyo: “O hay locales muy pequeños que no dan para hacerse un Airbnb, que son los que nos quedan a nosotros, o hay locales extremadamente grandes como naves, que simplemente no van a poder ser una peluquería”.

La peluquera lo dice sin rodeos: “Puedo decir a ciencia cierta que el tema de los pisos turísticos y de que Madrid cada vez es más un parque temático nos ha echado para atrás nuestro sueño y nuestra futura ampliación”.

La consecuencia, según relata, es que un pequeño negocio con clientela, actividad y ganas de crecer puede quedarse atrapado. Y no por falta de demanda ni, mucho menos, de profesionalidad, sino por el precio y el uso de los locales en un Madrid que se doblega ante el mercado inmobiliario.

El Gobierno empieza este lunes a retirar parte del plan anticrisis aprobado en marzo para responder al impacto económico del conflicto en Oriente Medio. La primera desactivación afecta a la factura energética: el IVA de la electricidad para contratos con una potencia contratada inferior a 10 kW, así como el del gas natural, las briquetas, los pellets y la leña, deja de estar reducido al 10% y vuelve al tipo general del 21%.

También decae la rebaja del Impuesto Especial sobre la Electricidad, que desde este lunes deja de estar en el 0,5% y vuelve a su tipo ordinario, algo superior al 5%. El Real Decreto-ley 7/2026, publicado en el BOE, establecía esta reducción de forma temporal, aunque incluía una cláusula para retirarla antes del 30 de junio si los precios de la electricidad se moderaban lo suficiente.

La desactivación no llega por una nueva decisión aislada, sino por una condición ya incorporada al decreto. El texto fijaba que las rebajas fiscales sobre electricidad, gas y carburantes se mantendrían en junio solo si en abril la variación del IPC de cada producto superaba en más de un 15% la registrada un año antes.

Ese umbral no se ha alcanzado en el caso de la electricidad y el gas, lo que activa la retirada de las rebajas vinculadas a estos suministros. La Agencia Tributaria detalla que la rebaja fue extraordinaria y temporal, y afectó a la electricidad en determinados contratos, al gas natural y a combustibles como briquetas, pellets y madera para leña.

El mes clave para aplicar esa cláusula era abril. Según el Instituto Nacional de Estadística, el IPC general se situó entonces en el 3,2%, dos décimas menos que en marzo, y la electricidad contribuyó a moderar la inflación porque sus precios bajaron más que en abril del año anterior. Esa evolución permitió activar la retirada de las rebajas fiscales vinculadas a la luz y el gas desde junio.

Lo que seguirá bonificado

La retirada no afecta, por ahora, a todas las medidas del plan. Las rebajas fiscales sobre los carburantes se mantienen hasta el 30 de junio porque su evolución de precios no ha permitido activar la misma desactivación anticipada. El decreto incluye el IVA reducido al 10% para gasolinas, gasóleos y biocarburantes destinados a ser usados como carburante, además de medidas sobre el Impuesto sobre Hidrocarburos.

También seguirán en vigor hasta finales de junio otras medidas incluidas en el paquete, como las ayudas a agricultores y transportistas. El Gobierno tendrá que decidir en las próximas semanas si prorroga, adapta o elimina estos apoyos una vez llegue el vencimiento general del plan.

Además, seguirá vigente hasta el 30 de junio otra medida fiscal ligada a la electricidad: la rebaja del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que pagan las empresas productoras. Es decir, aunque sube el IVA de la luz para los consumidores afectados, no desaparecen todas las medidas del plan relacionadas con la energía.

Por otra parte, el bono social eléctrico queda fuera de esta retirada inmediata. El decreto fija descuentos del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para consumidores vulnerables severos. Estos porcentajes forman parte de las medidas de protección aprobadas para amortiguar el impacto de la crisis energética en los hogares con menor renta.

El Gobierno revisa qué hacer después del 30 de junio

El paquete anticrisis fue aprobado con una vigencia general hasta el 30 de junio, aunque con cláusulas de retirada anticipada para algunas rebajas fiscales. El Ejecutivo defiende que el plan ha servido para amortiguar el impacto del encarecimiento energético y de los carburantes sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

La decisión de qué medidas seguirán más allá de junio queda todavía pendiente. El Gobierno ha empezado a reunirse con los agentes sociales y con los sectores afectados para evaluar el impacto del plan y estudiar si conviene mantener algunos apoyos, sustituirlos por otros o retirarlos de forma definitiva.

La revisión llega con la inflación todavía bajo vigilancia. En mayo, el IPC se mantuvo en el 3,2%, según el indicador adelantado del INE. Funcas prevé que la inflación media cierre 2026 en el 3,4% y advierte de que podría volver a superar el 4% en agosto y septiembre. En un escenario más adverso, con el petróleo en torno a 115 dólares, la media anual subiría al 3,6%.

Pasar la noche en Madrid durante el fin de semana de la visita del Papa León XIV costará de media 298 euros por noche. La cifra supone una subida del 4,5% respecto al mismo fin de semana de 2025, según datos de Data Appeal Mabrian, la división de Turismo y Destinos de The Data Appeal Company, compartidos con Europa Press.

El encarecimiento coincide con dos grandes citas en la capital: los actos previstos por la visita del Pontífice y los conciertos de Bad Bunny. Esa coincidencia marcará la actividad turística y hotelera de la ciudad entre el 5 y el 9 de junio, periodo para el que la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) estima una ocupación media del 81,82% en los hoteles de la región.

La subida de precios no será igual en todos los alojamientos. Según el análisis de Data Appeal Mabrian, los hoteles de cinco estrellas son los que registran el mayor incremento, con tarifas un 15,2% más altas que en el mismo periodo del año anterior. También aumentan los alojamientos de tres estrellas, con un avance del 5,2%, mientras que los hoteles de cuatro estrellas muestran un ligero ajuste a la baja, del 1,5%.

El efecto Bad Bunny complica medir el impacto real

La tarifa media disponible en las principales agencias de viajes online se sitúa cerca de los 300 euros por noche apenas una semana antes de la visita. El dato refleja la presión que suelen generar los grandes eventos sobre el alojamiento, aunque en este caso el análisis tiene un matiz importante: no todo el movimiento turístico puede atribuirse únicamente a la llegada del Papa León XIV.

El propio director de Marketing y Comunicación de The Data Appeal Company, Carlos Cendra, advierte, en declaraciones recogidas por Europa Press, que la coincidencia con los conciertos de Bad Bunny puede introducir “ciertas distorsiones” en el análisis y dificulta aislar por completo el impacto específico de la visita del Pontífice sobre el comportamiento turístico y hotelero de Madrid.

Aun así, las estimaciones apuntan a un fin de semana de fuerte actividad para la ciudad. Según Data Appeal Mabrian, la visita del Papa generará un impacto económico de 73,8 millones de euros en Madrid, impulsado por los 1,8 millones de asistentes previstos a los actos del Pontífice.

Bares y restaurantes concentrarán la mayor parte del gasto

Aunque la subida de tarifas pondrá el foco en los hoteles, la mayor parte del gasto adicional no irá al alojamiento. Data Appeal Mabrian calcula que el 78% del desembolso turístico asociado a los viajeros que se desplazarán a Madrid se concentrará en restauración y alimentación.

Bares, restaurantes y cafeterías serán, por tanto, algunos de los negocios más beneficiados por la llegada de visitantes. El motivo es sencillo: aunque muchos asistentes no pasen la noche en Madrid, sí pueden consumir durante el día en la ciudad.

El transporte concentrará otro 16% del gasto adicional previsto, mientras que el 6% restante corresponderá a alojamiento y otros servicios hoteleros. Según Cendra, el peso del transporte es “especialmente” elevado en comparación con otros grandes eventos y refleja el volumen de desplazamientos previsto, tanto desde zonas cercanas a Madrid como desde otras partes de España.

Más visitantes extranjeros que nacionales

La AEHM prevé una ocupación media de casi el 82% el próximo fin de semana en la capital. La estimación procede de una encuesta realizada entre sus más de 330 establecimientos asociados.

La patronal hotelera madrileña también apunta a una mayor presencia de visitantes extranjeros que nacionales. En concreto, el turista internacional representará el 58,48% del total, frente al 41,52% de visitantes españoles. Estados Unidos, Francia y Reino Unido serán los principales países de origen de los peregrinos durante estos días.

España perdería alrededor de 15 millones de personas en edad de trabajar de aquí a 2070 si dejara de recibir población migrante. El cálculo parte de un artículo publicado en la revista Información Comercial Española (ICE), que estima que la población de 16 a 66 años caería un 46% en un escenario sin nuevos flujos migratorios. Traducido a cifras sencillas, el país pasaría de unos 33 millones de personas en edad laboral a cerca de 18 millones en 2070.

El dato resume uno de los grandes retos económicos de España: el envejecimiento. El problema no es solo que el país vaya a tener más personas mayores en las próximas décadas, sino que habrá menos población en edad de trabajar para sostener la actividad económica, las cotizaciones, las pensiones y las finanzas públicas. La inmigración no elimina ese desafío, pero sí reduce de forma importante su impacto.

El artículo, firmado por José Ignacio Conde-Ruiz, Clara I. González y Miguel Díaz-Salazar, analiza el papel de la inmigración en el crecimiento económico de España y utiliza las proyecciones demográficas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Según esas previsiones, España alcanzaría los 54,6 millones de habitantes en 2070 en el escenario central. En cambio, si el saldo migratorio fuera nulo, la población bajaría hasta 33,7 millones.

Conviene no confundir población en edad de trabajar con el número de trabajadores ocupados. No todas las personas de entre 16 y 66 años trabajan ni buscan empleo. Pero este grupo sí marca el tamaño de la población potencialmente disponible para incorporarse al mercado laboral. Cuanto más pequeño sea, más difícil será sostener el crecimiento solo a través del empleo.

Más presión sobre pensiones y crecimiento

La consecuencia directa de tener menos población en edad de trabajar es que aumenta el peso de los mayores sobre el conjunto de la economía. El artículo lo mide a través de la tasa de dependencia, que compara la población mayor de 67 años con la de 16 a 66. En el escenario central del INE, ese indicador sería del 44,9% en 2070. Con flujos migratorios nulos, subiría hasta el 71,1%.

Dicho de otra forma, habría muchos más mayores por cada persona en edad laboral. Eso elevaría la presión sobre las pensiones y las finanzas públicas, y dejaría menos margen para sostener el crecimiento si no se compensa con más productividad, más empleo o una mayor participación laboral.

Ese es el efecto que el artículo analiza a través del llamado dividendo demográfico: cuando aumenta el peso de la población en edad de trabajar, la demografía ayuda a la economía; cuando cae, empieza a restarle fuerza.

La inmigración, históricamente, ya ha suavizado el envejecimiento

El papel de la inmigración no es solo una proyección hacia el futuro. Según el análisis publicado en ICE, entre 2000 y 2019 la llegada de población migrante mitigó cerca del 60% del deterioro del dividendo demográfico en España. Sin inmigración, la proporción de población en edad de trabajar habría caído a un ritmo anual del 0,39%. Con inmigración, esa caída fue del 0,16%.

Esa diferencia equivale aproximadamente a 4,6 puntos en dos décadas. Es decir, la llegada de población extranjera no evitó que España empezara a envejecer, pero sí hizo que el deterioro fuera mucho menos intenso.

El efecto sobre el empleo fue distinto. Entre 2000 y 2019, la inmigración apenas cambió la tasa de empleo porque aumentaron a la vez el número de ocupados y la población en edad de trabajar. Sin embargo, en los últimos años sí tuvo un impacto positivo: entre 2020 y 2024, la tasa de empleo creció 0,22 puntos porcentuales más al año en el escenario con inmigración que en el escenario sin ella.

Una población más joven

La inmigración ayuda a suavizar el envejecimiento porque muchas de las personas nacidas fuera de España se encuentran en edades clave para trabajar. Según el artículo, la población extranjera se concentra más entre los 20 y los 50 años que la nacida en España, un tramo especialmente importante para el mercado laboral.

En 2024, la población nacida en el extranjero tenía una edad media de 41,3 años, frente a los 45,1 años de la población nacida en España. La brecha se ha reducido respecto a etapas anteriores, pero sigue mostrando una estructura algo más joven.

Más empleo, pero también más paro

El artículo también analiza la situación laboral de la población nacida fuera de España. En 2024, su tasa de empleo era del 60,37%, por encima del 50,1% registrado entre los nacidos en España. Esto se explica en parte porque buena parte de la inmigración llega por motivos laborales y se concentra en edades activas.

Pero el dato tiene un matiz importante: los nacidos en el extranjero también soportan más desempleo. Su tasa de paro era del 15,42% en 2024, frente al 10,09% entre los nacidos en España. Es decir, su aportación al mercado laboral convive con una mayor vulnerabilidad frente al paro.

Los autores aclaran que sus cálculos son prudentes, porque solo miden el efecto más directo de la inmigración: cuántas personas suma a la población en edad de trabajar y al empleo. No incluyen otros posibles impactos sobre la economía, como el papel de muchos trabajadores migrantes en los cuidados, su complementariedad con otros empleados o los cambios que pueden generar en distintos sectores. Por eso, el efecto total podría ser mayor.

Llegar a la jubilación con una pensión baja ya es un problema. Hacerlo sin una vivienda en propiedad puede convertir esa etapa en una trampa de pobreza. Las trabajadoras de hogar y cuidados que acceden a una pensión contributiva cobran de media unos 710 euros mensuales tras aplicar el complemento de mínimos, una cuantía que no cubre ni el 40% del gasto medio anual de una persona mayor que vive sola en España, según el informe Toda una vida cuidando, publicado por Oxfam Intermón.

El dato adquiere otra dimensión al cruzarlo con la vivienda. Entre las empleadas de hogar mayores de 55 años encuestadas por la organización, casi el 65% vive de alquiler y solo el 12,65% tiene una casa en propiedad. La consecuencia es clara: una pensión insuficiente pesa mucho más cuando cada mes hay que reservar una parte importante de los ingresos para pagar un techo.

Una pensión que no alcanza para vivir sola

El informe estima que el 45,9% de las trabajadoras de hogar y cuidados accedería a una pensión contributiva, pero incluso en ese escenario, el más favorable, las cuantías son muy bajas. Antes de aplicar complementos, la pensión media reconocida en 2024 fue de 473,56 euros mensuales, aproximadamente la mitad de la que perciben las mujeres jubiladas del resto de sectores y tres veces menos que la de los hombres.

El complemento de mínimos corrige solo una parte de esa brecha. Casi una de cada dos pensiones contributivas de trabajadoras del hogar necesita este refuerzo, el doble que entre las mujeres del resto de sectores. Con ese complemento incluido, la pensión media apenas alcanza los 710 euros, muy lejos de los 1.192 euros de media del conjunto de mujeres jubiladas y de los 1.699,35 euros de los hombres.

Para quienes no cumplen los requisitos de cotización, la pensión no contributiva tampoco garantiza una vida autónoma. Su cuantía media fue de 517,90 euros mensuales en 2024, una cantidad que, según la ONG, solo cubriría el 32,8% del gasto medio anual de un hogar unipersonal formado por una persona mayor de 65 años. Con ese dinero, pagar alquiler, suministros, alimentación y cuidados se convierte en una ecuación casi imposible.

El alquiler se come el 40% de sus ingresos

El problema no empieza al cumplir la edad legal de jubilación. Ya antes, muchas trabajadoras viven con ingresos muy ajustados. Las mayores de 55 años encuestadas por Oxfam Intermón ingresan de media unos 940 euros al mes, por debajo del salario mínimo interprofesional y del umbral de la pobreza.

La vivienda es el principal agujero de esas rentas. Las trabajadoras que pagan alquiler o hipoteca destinan de media 380,12 euros mensuales, el 40,5% de sus ingresos, a este gasto. El porcentaje supera el umbral del 30% que el Banco de España utiliza en sus análisis sobre esfuerzo financiero asociado a la vivienda. El organismo ha advertido de que los hogares sin deudas que destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler reducen de forma significativa otros consumos.

No tener casa propia agrava la vejez

La precariedad residencial tampoco se reparte por igual. El informe señala que las trabajadoras españolas o procedentes de otros países de la Unión Europea tienen vivienda en propiedad casi ocho veces más que las nacidas fuera de la UE: 46,85% frente al 6,37%. Entre estas últimas, casi tres de cada cuatro viven de alquiler.

La diferencia condiciona por completo la vejez. Tener una vivienda pagada, heredada o compartida con familiares reduce la presión de una pensión baja. No tenerla obliga a seguir pagando una renta, compartir piso, alquilar habitaciones o depender de redes familiares que no siempre existen. Por eso, según el informe, el 78,3% de las trabajadoras mayores de 55 años encuestadas ve probable seguir trabajando ‘en negro’ después de jubilarse.

En el caso de las trabajadoras migrantes, la situación es aún más frágil: muchas arrastran años de trabajo sin contrato, empleos por horas y periodos sin cotizar, lo que reduce sus opciones de llegar a una pensión suficiente.

Sin colchón para afrontar imprevistos

El margen económico es tan estrecho que cualquier gasto inesperado puede desestabilizarlo todo. Más del 87% de las trabajadoras mayores de 55 años encuestadas declara que no podría afrontar un imprevisto superior a 600 euros. Además, el 50% ha tenido que recurrir a alguna forma de endeudamiento y el 46,15% ha solicitado ayuda económica a familiares, instituciones o entidades sociales para llegar a fin de mes.

Las renuncias cotidianas muestran hasta dónde llega esa falta de ahorro. Casi todas reducen gastos en alimentación, ropa y ocio; más del 88% no puede permitirse una semana de vacaciones al año y más de siete de cada diez han dejado de ir al dentista por falta de recursos.

El informe advierte de que esta fragilidad deja a muchas trabajadoras en una situación de vulnerabilidad residencial persistente, con riesgo de exclusión, convivencia forzada en habitaciones compartidas y falta de alternativas estables para la vejez.

Vivienda pública para quienes han sostenido los cuidados

Oxfam Intermón reclama que las políticas públicas tengan en cuenta esta realidad y no traten la jubilación de las trabajadoras de hogar solo como un problema de pensiones. Entre sus recomendaciones, plantea garantizar el acceso a una vivienda digna, estable y asequible para las mayores de 55 años del sector, así como priorizarlas en cupos de vivienda pública, alquiler social, viviendas adaptadas o modelos comunitarios para mujeres mayores.

La organización también pide medidas específicas para quienes han trabajado como internas o han vivido en situaciones de dependencia económica respecto a sus empleadores, sobre todo cuando la pérdida del empleo implica también la pérdida de la vivienda. Para estas trabajadoras, dejar de cuidar puede significar perder a la vez el salario, el techo y cualquier posibilidad real de retirarse con autonomía.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la declaración de la visita del Papa León XIV a España como acontecimiento de excepcional interés público, una figura que permitirá aplicar deducciones fiscales a las empresas que colaboren en la financiación y promoción del viaje. La medida, que se incluirá en un real decreto-ley, activa el régimen de incentivos previsto para este tipo de eventos y permitirá que los patrocinadores puedan beneficiarse de ventajas fiscales dentro de los límites fijados por la normativa.

La visita del pontífice a España está prevista del 6 al 12 de junio y tendrá paradas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. Será el primer viaje de un papa al país desde 2011, cuando Benedicto XVI participó en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid, y llega después de semanas de trabajo entre el Gobierno, la Iglesia y las administraciones implicadas para preparar la seguridad, la movilidad y la organización de los actos.

La medida no supone una subvención directa del Estado a los organizadores del viaje, sino un mecanismo de apoyo fiscal para las empresas que participen como patrocinadoras o colaboradoras. Este tipo de declaración se ha utilizado en anteriores ocasiones para eventos culturales, deportivos, sociales o institucionales de especial proyección pública.

Qué ventajas fiscales tendrán los patrocinadores

La declaración como acontecimiento de excepcional interés público activa el régimen previsto en la Ley 49/2002, que regula los incentivos fiscales aplicables a determinadas actividades de mecenazgo. Esta figura permite aprobar programas de apoyo a eventos considerados de especial relevancia y habilita ventajas fiscales para las actuaciones que contribuyan a su desarrollo.

En el caso de las empresas, el principal incentivo afecta a los gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan para promocionar el acontecimiento. La Agencia Tributaria recoge que los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades pueden deducirse el 15% de esos gastos cuando se ajusten a los planes aprobados por el órgano correspondiente. Esa deducción no puede superar el 90% de las donaciones realizadas a las entidades encargadas del programa.

Una fórmula utilizada en citas deportivas, culturales y conmemorativas

Esta declaración no es una figura reservada a actos religiosos. En los últimos años se ha utilizado para iniciativas muy distintas, desde competiciones deportivas hasta aniversarios culturales, festivales o conmemoraciones históricas.

La Agencia Tributaria incluye entre los acontecimientos con regulación específica el Centenario Gaudí 2026, el Festival Bilbao BBK Live, la San Diego Comic-Con Málaga, el Gran Premio de España de Motociclismo, el programa de preparación de los deportistas españoles para los Juegos de Los Ángeles 2028 o el Centenario de la Generación del 27, entre otros.

El Real Decreto-ley 8/2025, publicado en el BOE, recogió varias declaraciones de este tipo, entre ellas el Primavera Sound, el Año Tàpies, Eduardo Chillida 100 años, el VIII Centenario de la Catedral de Toledo, el Año Santo Jacobeo 2027 o el propio Centenario Gaudí 2026. El objetivo era facilitar la financiación privada de programas considerados relevantes por su dimensión cultural, deportiva, económica o social.

Un viaje con actos multitudinarios

La agenda de León XIV en España incluye actos institucionales, religiosos y sociales entre el 6 y el 12 de junio. El pontífice visitará Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife en un recorrido que combinará encuentros con autoridades, celebraciones litúrgicas y actos vinculados a la juventud, la cultura, la caridad y la atención a las personas migrantes.

En Madrid, está previsto que participe en una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real, presida una vigilia con jóvenes y celebre una misa en la Plaza de Cibeles. Después viajará a Barcelona, donde la agenda incluye actos en el Estadio Olímpico Lluís Companys, Montserrat y la Sagrada Familia.

La última parte del viaje se desarrollará en Canarias, con paradas en Gran Canaria y Tenerife y encuentros relacionados con la acogida y la integración de personas migrantes.

Esta visita será la primera de un papa a España desde 2011, cuando Benedicto XVI acudió a Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

El Consejo de Ministros aprueba el proyecto de Ley para el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA), con el que España adapta su legislación al Reglamento europeo de IA y fija sanciones para los incumplimientos más graves. El texto prevé multas de entre 6.000 euros y 35 millones, en función de la gravedad, para casos como comercializar o poner en servicio herramientas prohibidas.

El objetivo es garantizar un uso “ético, inclusivo y beneficioso” de esta tecnología, según la formulación utilizada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Para ello, el proyecto establece un marco de control sobre la inteligencia artificial, prohíbe los usos que se consideren de riesgo inaceptable y obliga a advertir cuando determinados contenidos hayan sido generados o manipulados artificialmente.

El texto será remitido ahora a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria. El Gobierno ya aprobó un primer anteproyecto en marzo de 2025 y después lo sometió a información pública. Desde entonces, ha sido revisado por varios órganos, entre ellos el Consejo General del Poder Judicial, antes de llegar de nuevo al Consejo de Ministros.

Qué usos quedan prohibidos

Uno de los puntos principales de la futura ley es la prohibición de determinadas prácticas consideradas “de riesgo inaceptable”. Entre ellas están las que utilicen técnicas subliminales, manipuladoras o engañosas para alterar la capacidad de decisión de un individuo, cambiar de forma importante su comportamiento y causarle un perjuicio significativo.

También se prohíbe aprovecharse de vulnerabilidades de una persona o de un grupo de personas por razones de edad, discapacidad o situación social o económica.

La norma española sigue el esquema europeo, que clasifica estas tecnologías según su nivel de riesgo. Los usos considerados inaceptables quedan prohibidos. Los de alto riesgo, en cambio, no se vetan de forma general, pero quedan sometidos a obligaciones más estrictas.

Multas de hasta 35 millones

El régimen sancionador es una de las partes más relevantes del proyecto. Las infracciones muy graves vinculadas a prácticas prohibidas podrán castigarse con multas de hasta 35 millones de euros. Si el infractor es una empresa, la sanción podrá llegar también hasta el 7% de su volumen de negocio mundial del ejercicio anterior, si esa cantidad resulta superior.

Para otras infracciones muy graves relacionadas con herramientas de inteligencia artificial consideradas de alto riesgo, las multas podrán alcanzar los 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocio mundial. Las graves se moverán entre 500.001 y 7,5 millones, mientras que las leves irán de 6.000 a 500.000 euros.

El texto tiene en cuenta el tamaño de las compañías. En el caso de pymes y empresas emergentes, la regulación europea permite aplicar la cuantía menor entre el importe fijo y el porcentaje sobre facturación, para evitar sanciones desproporcionadas.

Además de las multas, se prevén otras medidas, como la retirada del mercado, la desconexión o la prohibición de una herramienta cuando haya provocado un incidente grave o suponga un riesgo inaceptable.

Contenidos creados con IA y ‘deepfakes’

Otro de los objetivos es que los ciudadanos puedan distinguir cuándo un contenido es real y cuándo ha sido generado o manipulado con IA. Esta obligación afecta a determinadas herramientas que crean o alteran imágenes, audios, vídeos o textos.

El Reglamento europeo ya recoge obligaciones de transparencia para las llamadas ultrasuplantaciones: contenidos de imagen, audio o vídeo que se parecen a personas, objetos, lugares o sucesos reales y pueden inducir a pensar que son auténticos. En esos casos, quienes los utilicen deberán informar de que han sido creados o modificados artificialmente.

El proyecto incorpora además la prohibición específica de los sistemas capaces de generar o manipular imágenes, vídeos o audios realistas de contenido sexual sin consentimiento. Esta medida fue impulsada por España en el debate europeo tras la polémica por la difusión de desnudos falsos de mujeres y menores creados con herramientas de IA.

La cuestión afecta de lleno a los deepfakes, una de las aplicaciones más controvertidas de la IA generativa. Pueden tener usos creativos o informativos, pero también servir para suplantar a una persona, difundir bulos, cometer fraudes o generar contenido sexual falso.

Quién vigilará el cumplimiento

La futura ley también ordena la gobernanza de la IA en España. La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA) tendrá un papel central en la vigilancia del cumplimiento y en la coordinación con otras autoridades competentes.

El anteproyecto ya preveía que cualquier ciudadano pudiera comunicar posibles infracciones, incluso de forma anónima. La idea es facilitar que se investiguen usos indebidos, especialmente cuando puedan afectar a derechos fundamentales o causar daños relevantes.

España creó la AESIA antes de completar la adaptación interna del reglamento europeo. Con este proyecto, el Gobierno busca encajar esa estructura nacional dentro del nuevo marco comunitario, que obliga a los Estados miembros a contar con autoridades de supervisión y con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias.

Las administraciones públicas quedan exentas de las multas

Uno de los aspectos más discutidos durante la tramitación ha sido el trato que reciben las administraciones públicas. Varias asociaciones de internautas, usuarios y expertos en derecho digital han criticado que el texto excluya al sector público del régimen de multas económicas.

Según el anteproyecto, cuando una administración cometa una infracción, la respuesta será una resolución que declare el incumplimiento, acompañada de un apercibimiento y de medidas correctoras. También podrán abrirse actuaciones disciplinarias o amonestaciones a los responsables, pero no se impondrán multas administrativas como las previstas para empresas u otros operadores.

Este punto es sensible porque el sector público puede utilizar sistemas automatizados en ámbitos que afectan directamente a la ciudadanía, como prestaciones, ayudas, empleo, seguridad, justicia o gestión de servicios públicos. Los críticos sostienen que dejar sin sanción económica a las instituciones puede debilitar la protección de los derechos de los ciudadanos.

Muchos inquilinos tienen firmado en su contrato de alquiler que deben asumir la tasa de basuras, aunque el recibo municipal llegue al propietario de la vivienda. La anulación judicial de la ordenanza de Madrid ha abierto ahora una duda práctica: ¿qué ocurre si el casero cobra ese importe al arrendatario y, más adelante, el Ayuntamiento tiene que devolverlo?

El origen del problema está en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obligó a los ayuntamientos a implantar una tasa o prestación específica, diferenciada y no deficitaria para financiar la recogida, transporte y tratamiento de residuos. En Madrid, el Pleno municipal aprobó el 23 de diciembre de 2024 la Ordenanza Fiscal 8/2024, publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 27 de diciembre y corregida el 31 de diciembre. La tasa empezó a aplicarse en 2025 y grava el servicio municipal de recogida y tratamiento de residuos en viviendas y locales.

La tasa está anulada, pero la sentencia no es firme

El giro llegó en marzo de 2026. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró la nulidad de pleno derecho de la ordenanza municipal que regulaba la tasa de gestión de residuos. La Sala apreció defectos sustanciales en la tramitación, al considerar que durante el periodo de información pública no se publicó una parte esencial del informe técnico-económico que servía para justificar el cálculo del tributo.

Sin embargo, la anulación no ha cerrado el debate. La Agencia Tributaria Madrid recuerda que la sentencia todavía no es firme porque el Ayuntamiento ha presentado recurso de casación. Además, el Consistorio sostiene que sus efectos serán limitados y que solo afectarían a las liquidaciones que no sean firmes, es decir, a las personas que recurrieron en plazo. Según la información municipal, se mantienen los actos firmes y consentidos.

El Ayuntamiento reclamará al propietario

En una vivienda alquilada hay que distinguir dos planos. El primero es el tributario: quién responde ante el Ayuntamiento. En Madrid, la Agencia Tributaria municipal explica que las personas beneficiarias del servicio son quienes residen en la vivienda, incluidos los inquilinos. Pero, con carácter general, la Administración se dirige a los propietarios, que actúan como sustitutos del contribuyente y son los obligados al pago frente al Ayuntamiento.

Esto significa que, si el recibo no se paga, el Ayuntamiento normalmente reclamará al dueño del inmueble, no al arrendatario. Otra cosa distinta es lo que ocurra después entre propietario e inquilino, porque el contrato de alquiler puede trasladar determinados gastos al arrendatario.

La Ley de Arrendamientos Urbanos permite pactar por escrito que determinados gastos, tributos, cargas o responsabilidades vinculados a la vivienda sean asumidos por el inquilino. Además, el Tribunal Supremo ha avalado recientemente que el IBI y la tasa de basuras puedan repercutirse al arrendatario cuando existe una cláusula expresa en el contrato y se trata de importes individualizados para la vivienda, aunque no figure la cuantía anual en el momento de la firma.

Qué pasa si el contrato obliga al inquilino a pagar

Si el contrato establece que el inquilino debe pagar la tasa de basuras, el propietario puede reclamarle ese importe. En ese caso, el arrendatario no está pagando directamente al Ayuntamiento, sino reembolsando al casero un gasto que este ha abonado o debe abonar como titular del inmueble.

La clave está en si ese gasto existe todavía y si el propietario lo ha soportado realmente. Si la ordenanza acaba anulada de forma firme, el efecto no será el mismo para todos: dependerá de si el recibo fue recurrido en plazo, de si la liquidación queda sin efecto y de quién pagó finalmente la tasa.

Si el propietario todavía no ha cobrado la tasa al inquilino cuando la anulación sea definitiva, y la liquidación queda sin efecto, no podría repercutir después al arrendatario un gasto que ya no debe abonar al Ayuntamiento. Es decir, no bastaría con que el contrato dijera que la tasa corresponde al inquilino: tendría que existir un recibo válido o un pago efectivo que justificar.

Distinto es el caso en el que el propietario ya haya pagado la tasa, se la haya cobrado al inquilino y después obtenga la devolución del Ayuntamiento. Si el coste real lo soportó el arrendatario, se abriría una reclamación entre particulares: el inquilino podría exigir al propietario que le devuelva lo cobrado por una tasa que finalmente ha sido anulada.

En cambio, si el propietario no recurrió y la liquidación ya es firme, el Ayuntamiento defiende que no habría devolución automática. En ese escenario, el inquilino que pagó la tasa al casero tendría más difícil reclamar nada, porque tampoco el propietario habría recuperado el dinero.

Y si el inquilino ya se ha mudado

El cambio de vivienda añade otra dificultad: el inquilino puede recibir la reclamación meses después de haber dejado el piso, cuando ya no tiene acceso directo a la documentación municipal ni sabe si el propietario recurrió el recibo. Por eso, antes de pagar, conviene comprobar a qué periodo corresponde la tasa, si coincide con los meses en los que ocupó la vivienda y si el contrato incluía expresamente esa obligación.

También es importante pedir al propietario una copia de la liquidación o del recibo municipal. Si el importe corresponde a un periodo posterior a la salida del inmueble, el antiguo arrendatario no debería asumirlo.

En los casos en los que el recibo siga vigente y corresponda al periodo en el que el inquilino vivió en la vivienda, el propietario podría reclamar la parte pactada en el contrato. Aun así, es recomendable dejar constancia de cualquier pago mediante transferencia, con un concepto claro, o por escrito.

Levantar una vivienda en solo una semana y por un precio similar al de un teléfono móvil de alta gama parece una promesa difícil de creer, pero es precisamente lo que plantea Housing Now, un proyecto de casas modulares de bambú desarrollado en Myanmar por el estudio de arquitectura Blue Temple. La iniciativa está pensada para familias desplazadas por el conflicto y por desastres naturales, y combina tres ideas sencillas: materiales locales, bajo coste y rapidez de construcción.

Según la ficha del proyecto publicada por ArchDaily, medio especializado en arquitectura, cada unidad puede construirse en una semana y tiene un coste aproximado de entre 1.000 y 1.300 dólares, una cifra que el propio proyecto compara con el precio de un smartphone. No se trata de viviendas convencionales pensadas para el mercado inmobiliario europeo, sino de casas básicas, modulares y de emergencia, diseñadas para responder a una situación extrema: la falta de alojamiento seguro para familias desplazadas en Myanmar.

Cañas de bambú para construir estructuras resistentes

La clave del sistema está en el uso del bambú. Pero no del bambú de gran diámetro, más caro y difícil de conseguir, sino de cañas más pequeñas, abundantes en los mercados locales. Blue Temple agrupa estas piezas en haces y las convierte en marcos estructurales prefabricados. Cada marco integra elementos verticales, horizontales y diagonales, de forma que cuatro piezas encajadas forman el esqueleto principal de la vivienda.

El resultado es una estructura ligera, modular y más resistente de lo que podría parecer a simple vista. El sistema permite montar suelos, paredes y cubierta sobre esa base de bambú, manteniendo un diseño adaptable a las necesidades de cada familia. La vivienda puede cambiar en cuestiones como la distribución interior, la posición de las ventanas o el acceso principal, sin comprometer la estabilidad del conjunto.

El propio estudio de arquitectura presenta Housing Now como una iniciativa creada en 2019 para responder a la crisis habitacional en zonas afectadas por el conflicto en Myanmar. El programa no solo desarrolla viviendas, sino también escuelas y clínicas de bajo coste con participación de las comunidades locales.

Una prueba real: el terremoto de Myanmar

El proyecto ganó especial visibilidad después del terremoto de magnitud 7,7 que golpeó el centro de Myanmar en marzo de 2025. Según Blue Temple, 26 casas de bambú construidas en un campamento de familias desplazadas resistieron sin daños pese a encontrarse cerca de la zona afectada, a unos 15 kilómetros del epicentro.

La resistencia de estas viviendas no depende únicamente del material, sino también de la geometría. El entramado de bambú distribuye las cargas sísmicas y permite cierta flexibilidad ante los movimientos del terreno. Esa elasticidad es una de las razones por las que el bambú se ha ganado el apodo de “acero vegetal”: crece rápido, pesa poco y puede soportar esfuerzos importantes si se trabaja correctamente.

Un modelo abierto y replicable

Otra de las particularidades del proyecto es que no se plantea como un producto cerrado. Housing Now ha construido 79 unidades y ha distribuido 500 manuales do it yourself (DIY) para facilitar que otras comunidades puedan replicar el sistema.

Esa dimensión comunitaria es clave en la propuesta. Las familias participan en el montaje con apoyo técnico, lo que reduce costes y permite adaptar las casas al uso cotidiano. El objetivo no es levantar viviendas icónicas, sino ofrecer una solución práctica, rápida y asequible en lugares donde el acceso a materiales industriales, financiación o maquinaria pesada es muy limitado.

En este sentido, conviene entender bien el alcance del proyecto: no son casas milagro ni una solución exportable a cualquier país. Son viviendas de emergencia, diseñadas para un contexto concreto y con costes locales de Myanmar. Pero sí muestra algo importante: con diseño, materiales cercanos y participación comunitaria, la arquitectura puede ofrecer respuestas dignas incluso en escenarios de enorme precariedad.

Pagar más por la luz, el gas o la calefacción no significa necesariamente sufrir más pobreza energética. La sección censal con la factura energética doméstica más alta del primer Atlas de la Pobreza Energética de España se encuentra en Madrid, con cerca de 1.783 euros al año, pero ese gasto representa alrededor del 3% de la renta de los hogares de esa zona. En cambio, la mayor carga energética aparece en Campo de Criptana, en Ciudad Real: allí la factura ronda los 1.172 euros anuales, pero se lleva casi el 10% de los ingresos.

Esa diferencia resume la principal conclusión económica del informe: el problema no está solo en cuánto se paga, sino en cuánto cuesta pagarlo. El Atlas, elaborado por investigadores del Basque Centre for Climate Change en el marco del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática, analiza por primera vez la pobreza energética en España a escala de sección censal.

El trabajo incluye un mapa interactivo que permite consultar los datos casi barrio a barrio y comparar, para cada zona, tanto el importe de la factura como el peso que tiene sobre los ingresos de los hogares.

El informe destaca que en 2023, la factura media fue de 763 euros por hogar, mientras que la carga energética media alcanzó el 3,67% de la renta. Sin embargo, en las zonas más vulnerables supera el 9%.

Cuando una factura más baja supone más esfuerzo

La carga energética mide qué parte de los ingresos netos de un hogar se destina a pagar la energía doméstica. Es decir, no se fija solo en el importe del recibo, sino en el esfuerzo económico que supone para cada familia. Una factura elevada puede ser asumible en una zona con rentas altas, mientras que una más baja puede convertirse en un problema si los ingresos son reducidos.

El propio informe señala esta paradoja: en ciudades como Madrid y Barcelona, los recibos pueden ser elevados en términos absolutos, pero los mayores niveles de renta moderan su peso relativo. En cambio, otras ciudades con ingresos más bajos pueden registrar una vulnerabilidad mayor aunque la factura no sea la más cara.

Esa escala permite detectar diferencias que quedarían ocultas en una media municipal o autonómica. Al agrupar esos datos por municipio, se observa que, entre las localidades con al menos 50 secciones analizadas, Talavera de la Reina, Albacete y Guadalajara aparecen con una carga energética media superior a la de Madrid y Barcelona. Por eso, el mapa de la pobreza energética no coincide necesariamente con el de las facturas más altas.

Las ciudades medias donde más pesa la energía

En Talavera de la Reina, la factura energética media ronda los 836 euros anuales, pero la carga se sitúa cerca del 4,9% de la renta. En Albacete, el gasto medio es más alto, de unos 1.024 euros, y también representa alrededor del 4,9% de los ingresos. En Guadalajara, la factura media se aproxima a los 941 euros y la carga energética se sitúa en torno al 4,3%

Son porcentajes superiores a los observados en las dos mayores ciudades del país. En Madrid, la factura media ronda los 817 euros, pero la carga se queda alrededor del 3,2%. En Barcelona, el gasto medio se aproxima a los 787 euros y representa cerca del 2,9% de la renta.

La comparación muestra hasta qué punto el mismo gasto puede tener efectos distintos según los ingresos disponibles. En estas ciudades medias, los hogares destinan una parte mayor de su presupuesto a cubrir consumos básicos como electricidad, gas, calefacción o combustibles domésticos.

La brecha también aparece dentro de las grandes ciudades

El Atlas no solo muestra diferencias entre municipios, sino también dentro de una misma ciudad. En Madrid, la carga energética oscila entre zonas donde el recibo apenas representa alrededor del 1,2% de los ingresos y otras donde alcanza el 7,5%. En Barcelona, el rango va aproximadamente del 1,4% al 5,1%, mientras que en Sevilla se mueve entre el 1,4% y el 6,5%.

Esas diferencias reflejan que dos hogares de una misma ciudad pueden enfrentarse a esfuerzos muy distintos para pagar la energía doméstica. El informe señala que las secciones más afectadas tienden a concentrarse en áreas periféricas y barrios de menor renta, aunque el Atlas mide el fenómeno por sección censal, una unidad estadística más pequeña que el barrio administrativo.

Bajos ingresos y viviendas ineficientes

La pobreza energética no depende solo del mercado eléctrico o del precio del gas. El informe señala que las áreas más vulnerables suelen reunir tres factores: bajos ingresos, elevada carga energética y viviendas antiguas e ineficientes. Es decir, los hogares con menos renta pueden vivir además en casas que necesitan más energía para mantener una temperatura adecuada.

Esa combinación hace que la solución no pase únicamente por abaratar el recibo de forma puntual. El Atlas plantea que sus datos pueden servir para identificar las zonas donde tendría más impacto actuar sobre los edificios: rehabilitar viviendas, mejorar su eficiencia energética o sustituir sistemas de calefacción basados en combustibles fósiles por tecnologías limpias.

También apunta a un problema en el reparto de las ayudas. Según el informe, solo un 1% de las ayudas adicionales para la rehabilitación de viviendas llega actualmente a hogares vulnerables. Es decir, el reto no es solo mejorar las casas que más energía consumen, sino conseguir que esos apoyos lleguen a quienes realmente lo necesitan.

PSOE, BNG y Sumar han cerrado un pacto sobre la ley de la AP-9 que acerca la transferencia de la autopista a Galicia. El acuerdo incluye una de las principales demandas del Parlamento gallego: que la Xunta asuma no solo la gestión de la vía, sino también su titularidad.

El texto llega a las puertas de la reunión de la ponencia del Congreso prevista para este martes, donde, salvo sorpresa, será validado para continuar después su tramitación parlamentaria. Una vez aprobada la ley, las condiciones concretas del traspaso deberán negociarse en una comisión bilateral entre la Xunta y el Gobierno central.

Según el pacto al que ha tenido acceso Europa Press, el objetivo de la ley será transferir a la Comunidad Autónoma de Galicia la titularidad de la AP-9, las competencias sobre el régimen jurídico de la concesión y las funciones y servicios vinculados a la autopista.

La propuesta supone un cambio respecto a la posición inicial de los socialistas, que habían planteado una enmienda que evitaba incluir la titularidad. Finalmente, el acuerdo recoge esa transferencia, en línea con lo reclamado de forma unánime por el Parlamento de Galicia.

El PP no forma parte del pacto, aunque había expresado su disposición a apoyar un texto que se mantuviese fiel a lo aprobado por la Cámara autonómica. Las fuentes consultadas por la agencia sostienen que el acuerdo se cerraría con el visto bueno del Gobierno de Pedro Sánchez.

Las competencias que se incluirían en el traspaso

El texto pactado establece que la Administración General del Estado y la Xunta deberán elevar a la Comisión Mixta de Transferencia una propuesta de acuerdo para concretar las condiciones y los límites de la cesión. Ese acuerdo deberá aprobarse después mediante real decreto.

Entre las funciones que se transferirían figura la autorización de la puesta en servicio de nuevos tramos, adaptaciones o reformas de los ya existentes, así como de enlaces y vías auxiliares de la autopista. También se abordará la supervisión e inspección del correcto funcionamiento de la AP-9, de acuerdo con la normativa general de carreteras y con los pliegos que regulan la concesión.

La propuesta incluirá además la potestad sancionadora frente a posibles incumplimientos de la concesionaria en la explotación de la vía. Otro de los puntos clave será la capacidad para intervenir en el régimen económico-financiero de la concesión, especialmente en lo relativo al establecimiento, actualización o supresión de tarifas y peajes, así como en la aplicación de programas de descuento.

Qué pagará el Estado y qué asumirá la Xunta

El acuerdo también fija cómo se repartirán las obligaciones económicas asociadas a la concesión. El Estado mantendrá a su cargo los compromisos derivados de decisiones adoptadas antes del traspaso, incluidas las bonificaciones, las obras previstas y las repercusiones económicas vinculadas a la concesión vigente.

Esto significa que las consecuencias de las medidas aprobadas por la Administración estatal antes de que la autopista pase a manos de Galicia seguirán recayendo sobre el Gobierno central. El texto precisa que el acuerdo de transferencia deberá garantizar que esos compromisos económicos se respeten dentro de los límites vigentes en el momento del traspaso.

La Xunta, por su parte, asumirá los costes de las decisiones que adopte una vez sea efectivo el cambio de titularidad. Esto afectará a cualquier modificación que promueva sobre el régimen económico-financiero de la concesión. El texto pactado también establece que cualquier medida impulsada por la comunidad autónoma que suponga un incremento de los compromisos económicos deberá ser asumida íntegramente por la propia Xunta.

De este modo, el acuerdo diferencia entre las obligaciones generadas antes de la transferencia, que seguirán correspondiendo al Estado, y las que se deriven de decisiones posteriores, que recaerán en la Administración gallega.

El Gobierno ha sacado a audiencia pública el Plan Social para el Clima, un programa dotado con 9.099 millones de euros hasta 2032 para proteger a los hogares y microempresas vulnerables frente al encarecimiento y la volatilidad de los combustibles fósiles. El plan, cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea, centrará sus principales medidas en vivienda y transporte, con especial atención a familias con bajos ingresos, zonas vulnerables y colectivos con menos alternativas de movilidad.

La mayor partida se destinará a edificios. En total, el Ejecutivo prevé movilizar 4.723 millones de euros para impulsar la rehabilitación energética, mejorar el confort térmico de las viviendas y promover vivienda asequible. Otros 4.376 millones irán al transporte, con actuaciones para abaratar el acceso a la movilidad sostenible, renovar flotas, reforzar el transporte público y facilitar alternativas al coche privado, especialmente en zonas rurales.

Más vivienda asequible y rehabilitación energética

El bloque de edificios será el principal eje del plan. La medida con más dotación será la promoción de vivienda asequible, con 1.813 millones de euros. Esta línea permitirá financiar nueva vivienda social y rehabilitar edificios actualmente sin uso residencial, siempre con altos estándares de eficiencia energética.

El Gobierno también prevé destinar 1.220 millones a la rehabilitación de barrios y entornos urbanos vulnerables. Estas actuaciones se dirigirán a zonas con mayores índices de vulnerabilidad e incluirán mejoras en aislamiento, climatización renovable y redes de calor y frío. Además, habrá 923 millones para rehabilitar edificios residenciales donde vivan hogares vulnerables y otros 278 millones para intervenciones en viviendas individuales.

El objetivo es reducir el consumo energético de los hogares, disminuir la dependencia de combustibles fósiles y mejorar la habitabilidad de las casas ante episodios de calor, frío extremo o subidas de precios de la energía. El plan también contempla 300 millones para comunidades energéticas y autoconsumo colectivo, con la obligación de destinar gratuitamente al menos el 10% de la energía generada o ahorrada a consumidores vulnerables del entorno.

Abono social, movilidad rural y ayudas al vehículo eléctrico

En transporte, el Ejecutivo prevé dedicar 4.376 millones a medidas de movilidad sostenible. La mayor partida, de 2.269,6 millones, irá a la descarbonización del transporte por carretera, con ayudas para renovar flotas de microempresas vulnerables, sustituir vehículos pesados por eléctricos, apoyar la compra de vehículos eléctricos ligeros para autónomos y desplegar puntos de recarga.

El plan también incluye 964,8 millones para transporte público asequible y accesible. Dentro de esa cantidad, 740,5 millones se reservarán para el llamado Abono Único Social, dirigido únicamente a colectivos vulnerables, como perceptores del Ingreso Mínimo Vital, con viajes ilimitados y tarifas reducidas.

Otra de las líneas destacadas será la movilidad rural a demanda y compartida, con 702 millones. El objetivo es reducir la dependencia del coche privado en municipios con menos alternativas de transporte, mediante plataformas digitales, flotas de cero emisiones y servicios compartidos.

Audiencia pública hasta el 29 de junio

El Plan Social para el Clima estará en audiencia pública hasta el 29 de junio. Después, el Gobierno prevé remitirlo a la Comisión Europea antes de que termine 2026 para su aprobación definitiva. El Ejecutivo defiende que el programa debe servir para pasar de medidas temporales de protección, como los escudos sociales, a inversiones estructurales que reduzcan de forma permanente la factura energética y la dependencia de los combustibles fósiles.

El diseño del plan tendrá en cuenta criterios de vulnerabilidad socioeconómica, como la renta, la composición familiar, la presencia de personas dependientes o la situación de víctimas de violencia de género. Según ha indicado el Gobierno, las mujeres, especialmente las que encabezan familias monoparentales o asumen cuidados no compartidos, se ven más afectadas por la pobreza energética y de transporte.

Plus Ultra recibió el rescate público de 53 millones de euros tras acreditar que estaba al corriente con la Seguridad Social. No obstante, el auto del juez José Luis Calama sobre la presunta trama de influencias vinculada a la ayuda concedida a la aerolínea ha puesto el foco en un dato clave: la compañía tenía una deuda acumulada con la Tesorería General de la Seguridad Social de 451.954,79 euros, correspondiente al periodo comprendido entre julio de 2017 y mayo de 2020.

La pregunta es si esa deuda impedía a la empresa cumplir uno de los requisitos exigidos para acceder al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el instrumento creado durante la pandemia para apoyar con dinero público a compañías consideradas estratégicas y con problemas temporales por el impacto del COVID-19. Hacienda defiende que el rescate cumplió la legalidad. La clave técnica está en un matiz: Plus Ultra no tenía una deuda ordinaria sin tratar, sino una deuda aplazada.

El fondo, gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), exigía a las empresas beneficiarias varias condiciones. Entre ellas, no estar en crisis antes de la pandemia, demostrar viabilidad futura y “hallarse al corriente a 31 de diciembre de 2019” en sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social.

Los certificados que aportó Plus Ultra

Según recoge el auto, Plus Ultra presentó su solicitud para acceder a la ayuda pública el 1 de septiembre de 2020. En esa documentación incluyó dos certificados de estar al corriente con la Seguridad Social, ambos emitidos el 20 de agosto de ese año.

El primero, firmado por el subdirector general adjunto José Luis Encinas Prado, señalaba que la aerolínea “no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social”. El segundo, firmado por Belén Fruiters Casado, jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de Madrid, repetía esa misma fórmula y añadía que, a 31 de diciembre de 2019, la empresa se encontraba al corriente en sus obligaciones.

Ese último punto es importante porque enlaza directamente con el requisito del fondo público: la fecha que debía tomarse como referencia era el cierre de 2019, antes del golpe económico provocado por la pandemia.

La deuda recogida por Deloitte en el expediente

El mismo auto recoge que Deloitte, asesor externo contratado por la SEPI para el expediente, incorporó otra información en su informe legal, fiscal y laboral, fechado el 26 de febrero de 2021. Según esa revisión, Plus Ultra había aportado una resolución de la Seguridad Social, del 5 de octubre de 2020, que aprobaba aplazar una deuda que la aerolínea ya tenía pendiente.

Esa deuda ascendía a 451.954,79 euros y comprendía un periodo amplio, desde julio de 2017 hasta mayo de 2020. No se trataba de un único impago puntual, sino de una sucesión de aplazamientos y reconsideraciones.

El auto detalla que Plus Ultra solicitó un primer aplazamiento el 30 de agosto de 2017 por una deuda de 136.505,94 euros, concedido por la Tesorería General de la Seguridad Social el 19 de septiembre de ese año. Después pidió una reconsideración para incluir deuda generada en febrero de 2020, por 237.084 euros, que fue aceptada el 23 de abril de 2020. Tras esa revisión, la deuda total aplazada quedó en 308.475,51 euros.

La compañía solicitó una segunda reconsideración el 29 de junio de 2020 para incorporar deuda de mayo de ese mismo año, por 200.878,82 euros. Finalmente, el 5 de octubre de 2020 se concedió un nuevo aplazamiento que agrupaba las deudas anteriores, por un importe total de 451.954,79 euros.

Tener cantidades pendientes no impide siempre estar al corriente

La cuestión jurídica no es tan sencilla como decir que una empresa con deuda no podía recibir la ayuda. La normativa de recaudación de la Seguridad Social permite que una compañía sea considerada al corriente si tiene un aplazamiento concedido y cumple las condiciones fijadas.

En concreto, el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social establece que esa concesión suspende el procedimiento recaudatorio sobre las cantidades afectadas y permite considerar al deudor al corriente, entre otros efectos, para obtener subvenciones, bonificaciones o contratar con la Administración.

La orden que desarrolla ese reglamento va en la misma línea: las empresas con un aplazamiento concedido conservan esa consideración mientras no se produzca un incumplimiento. Por tanto, la existencia de cantidades pendientes no basta por sí sola para concluir que una compañía incumple.

La clave: cómo estaba tratada esa deuda

Con esa normativa, la deuda de Plus Ultra no impedía automáticamente acceder al fondo. La clave era otra: comprobar si esos aplazamientos estaban concedidos de forma correcta y si la empresa estaba cumpliendo las condiciones marcadas por la Tesorería cuando se tramitó la ayuda.

La cronología ayuda a entender el caso. Plus Ultra obtuvo los certificados el 20 de agosto de 2020 y presentó la solicitud el 1 de septiembre. La resolución que agrupó toda la deuda hasta mayo de 2020 llegó después, el 5 de octubre. Aun así, el auto recoge que antes ya había aplazamientos y reconsideraciones concedidas.

Hacienda sostiene que la ayuda fue legal y que la aerolínea reunía los requisitos para acceder al fondo. La investigación judicial, por su parte, analiza si alrededor del rescate existió una red de influencias para favorecer la concesión de la ayuda.

“Son las siete de la tarde de un viernes y te dice el cliente: ‘Ay, hazme lo que tú quieras, algo creativo’. Y yo pensando: ‘Eres el cliente número 12 que viene hoy’”. Sara Richart resume así la parte de su trabajo más invisibilizada: la creatividad, que también “se agota”. Lleva 17 años en el oficio, empezó “por vocación plena” y hoy trabaja como peluquera autónoma en el barrio madrileño de Delicias.

Sara, que comparte su trabajo en Instagram a través de su perfil @sararicharthairmadrid, insiste en que su profesión no consiste solo en cortar, teñir o peinar. Hay una parte técnica, otra física y otra emocional. Y todas pesan. “Mi trabajo es un trabajo muy creativo. Y es verdad que la creatividad se agota, como todo, a lo largo del día”, explica.

Un oficio que no se aprende una única vez

Sara cree que una de las ideas más equivocadas sobre la peluquería es pensar que se trata de un trabajo sencillo o puramente manual. “La peluquería es un oficio que está en constante movimiento y transformación”, señala. Las tendencias cambian, las técnicas evolucionan y las redes sociales han acelerado aún más ese ritmo.

“No es un trabajo que tú estudies hoy y para toda tu vida ya tengas el conocimiento eterno, sino que es al revés”, afirma. En su sector, lo aprendido se queda corto si no se actualiza. “La peluquería en estos momentos, gracias a nuestra era de internet tan maravillosa que tenemos”, vive sometida a tendencias que “llegan muy rápido y desaparecen también rápido”. Para seguir ese ritmo, añade, las profesionales tienen que estar “siempre actualizadas para tener todas las herramientas y técnicas” a su alcance.

Ese aprendizaje permanente también forma parte del esfuerzo invisible. La clienta ve el resultado final, pero no siempre el tiempo de formación o la responsabilidad que hay detrás de aplicar un tinte, una decoloración o un tratamiento.

La peluquería tiene algo de oficio manual, pero también de química, de diagnóstico, de cálculo y de arte: elegir un color, corregir una base, proteger el cabello y ajustar una expectativa que muchas veces llega marcada por una imagen vista en internet. Por eso, para Sara, mantenerse al día en un sector donde todo cambia tan rápido “parece una carrera de obstáculos”.

Exposición a productos químicos

El trabajo en una peluquería implica la exposición a productos químicos. El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) señala que los tratamientos del cabello incluyen tareas como cambios de color, decoloraciones, moldeados, alisados, lavados, acondicionados y peinados. Durante estos trabajos, los profesionales pueden estar expuestos a agentes químicos por contacto con la piel, inhalación de aerosoles o componentes volátiles y vía ocular.

En un folleto específico sobre la evaluación de esta exposición, el INSST recoge que el 98% de los productos contienen uno o más agentes químicos peligrosos y que el 25% están clasificados como peligrosos según el reglamento CLP, la norma europea que regula la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas.

Además, el organismo explica que la evaluación de estos riesgos se complica por la gran cantidad de compuestos involucrados y por la dificultad de realizar mediciones representativas y fiables. Unos datos que alejan el oficio de peluquera de la imagen ligera con la que a veces se mira desde fuera. Detrás de un cambio de look hay mezclas de sustancias, tiempos muy calculados, reacciones químicas y precauciones que la clienta no siempre ve.

“Nos duelen las lumbares, las cervicales, las manos...”

A los químicos se suma el desgaste físico. Sara bromea a este respecto: “A ver, es que yo soy joven todavía y no me duele nada”, dice entre risas. Pero enseguida cede la respuesta a sus compañeros, porque sabe que el cuerpo acaba pagando el oficio. Eva, que trabaja con ella, enumera algunas de las consecuencias más habituales: “Nos duelen las lumbares, las cervicales, las manos y, a veces, las piernas. También tenemos retención de líquidos, varices, todo lo que conlleva...”.

Todas estas dolencias están asociadas a muchas horas de pie, posturas mantenidas y movimientos repetidos. En este sentido, la documentación preventiva del INSST sobre centros de peluquería y estética también recoge riesgos vinculados a las condiciones del local, la ventilación, la limpieza, la iluminación y la manipulación de productos y herramientas. Es otra parte del trabajo que suele pasar inadvertida ante la clienta.

Peluquera y... ¿terapeuta?

Pero el cansancio no termina en el cuerpo. En una peluquería se trabaja con el pelo, pero también con la expectativa, el humor y la historia de cada persona que se sienta delante del espejo. La peluquera ocupa a menudo un lugar extraño: no es terapeuta, pero escucha; no es amiga, pero acompaña; no decide por la clienta, pero ayuda a construir la imagen con la que esa persona sale a la calle.

Sara lo explica con una frase que resume bien la carga emocional del oficio: “La gente que atendemos al final son diez historias, diez dramas, diez servicios, diez personas diferentes a las que también tienes que adaptarte tú como profesional para crear, digamos, un personaje, y un buen ambiente entre cliente y peluquera”.

Adaptarse significa escuchar, interpretar lo que quiere cada cliente y sostener una energía distinta en cada servicio. No es solo hacer bien una técnica: es crear de la nada una relación durante todo el tiempo que dura el trabajo. Manteniendo además la paciencia, el tono y la mirada creativa cuando ya han pasado muchas horas y la siguiente persona llega y pide algo único. “Desgasta mucho, es muy desgastante”, reconoce Sara.

Lo cuenta incluso con humor, como quien sabe que amar un oficio no impide querer escapar de vez en cuando: “A veces, cada dos años, quiero tirarlo todo por la borda y poner un puesto en un mercado, porque tengo un burnout...”, bromea. Aunque detrás del chascarrillo, la profesional insiste en la idea que atraviesa todo su relato: su oficio esconde conocimientos, responsabilidades, creatividad y una empatía que no se aprecia en la foto final del peinado.

“En 2026 los inmigrantes construyen el 23% de las casas que se construyen en España y hacen falta más”. Con esta frase, el arquitecto y divulgador Juan Goñi (@juangoniarquitecto) ha puesto el foco en uno de los grandes problemas del sector de la construcción: la falta de mano de obra y el peso cada vez mayor de los trabajadores extranjeros en las obras.

En un vídeo publicado en TikTok, Goñi resume una realidad que también aparece en las estadísticas oficiales. Según los últimos datos de la Seguridad Social, los trabajadores extranjeros ya representan el 24,6% de los afiliados del Régimen General en la construcción. Es decir, prácticamente uno de cada cuatro empleados del sector procede de otro país.

“Sin la inmigración, este sector estaría todavía más parado”

El arquitecto sostiene que la construcción española depende ya de forma clara de la mano de obra extranjera. “650.000 trabajadores de otros países trabajan ahora mismo en España en el sector de la construcción”, afirma en el vídeo. Goñi menciona, además, algunos de los principales países de origen: “Vienen de Marruecos, de Rumanía, de Colombia, de Venezuela”.

Esos países coinciden con algunas de las nacionalidades con más presencia en el mercado laboral español. En abril de 2026, Marruecos superaba los 400.000 afiliados a la Seguridad Social; después aparecían Rumanía, Colombia, Venezuela e Italia entre los principales colectivos extranjeros.

La idea central del mensaje de Goñi es clara: sin estos trabajadores, levantar vivienda sería todavía más difícil. “Sin la inmigración, este sector estaría todavía más parado”, señala el arquitecto. Su reflexión llega en un momento en el que España arrastra un fuerte déficit de vivienda y en el que constructoras, promotoras y administraciones coinciden en que faltan profesionales para ejecutar nuevas obras.

Faltan oficios cualificados y profesionales “de primera”

El problema, según Goñi, no es solo cuántos trabajadores hay, sino qué tipo de puestos ocupan. El arquitecto advierte de que muchos inmigrantes “ocupan puestos muy rudimentarios, muy básicos, poco cualificados en el escalafón de trabajo”. La descripción del vídeo apunta en la misma dirección: “Lo que faltan son oficios, como fontaneros, electricistas o albañiles de primera”.

La Confederación Nacional de la Construcción lleva tiempo alertando de que la falta de mano de obra complica los objetivos de vivienda. La patronal ha llegado a cifrar en unos 700.000 los trabajadores necesarios para poder afrontar las necesidades del sector y ejecutar los planes previstos en los próximos años.

“Menos fronteras y más escuelas”

La conclusión de Juan Goñi es que la respuesta a la falta de mano de obra no pasa por poner trabas a la llegada de trabajadores extranjeros, sino por reforzar su formación y abrir más vías para que puedan especializarse en oficios cualificados. “En mi opinión, hacen falta menos fronteras y más escuelas”, defiende.

El mensaje conecta con una de las demandas recurrentes de la construcción: atraer jóvenes, mejorar la formación profesional y recuperar oficios que han perdido atractivo tras años de precariedad, envejecimiento de las plantillas y falta de relevo generacional. En otras palabras, el reto no es solo construir más viviendas, sino contar con trabajadores preparados para hacerlo.

La UDEF reconstruye en un informe una cronología de contactos, mensajes, reuniones y contratos que, según los investigadores, resultaron determinantes para la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El documento policial sitúa el inicio de las gestiones en marzo de 2020, apenas unos días después de la aprobación de las primeras medidas económicas frente al impacto del COVID-19, y sostiene que Rodolfo Reyes Rojas, a quien la UDEF sitúa como figura clave en el accionariado de la compañía, buscó la intermediación de personas con influencia política para conseguir financiación.

Según el informe, la estrategia se habría desarrollado por dos caminos. Por un lado, la llamada “vía Zapatero”, a través del entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y de Julio Martínez Martínez, al que los mensajes se refieren como “el tocayo”. Por otro, una vía para llegar al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mediante el abogado Miguel Palomero y Koldo García, persona de confianza del exministro.

“Tocar puertas” para llegar a las ayudas

El primer movimiento que recoge la Policía se produjo el 23 de marzo de 2020. Ese día, Reyes escribió a Palomero para decirle que necesitaban “llegar a las ayudas” y preguntarle “dónde tocar puertas”. Palomero respondió: “Tocamos a Ábalos”.

Una semana después, el 30 de marzo, Reyes habló con Julio Martínez Sola, directivo de Plus Ultra, sobre cómo acceder a los “hilos políticos” para obtener ayudas o financiación. En esa conversación se mencionaron dos opciones: “Delcy que llame a Ábalos” o “alguien con Zapatero”. Ese mismo día, Reyes pidió a Ramón Gordils ayuda para llegar a “ZP” por un “tema lobby político Plus Ultra Líneas Aéreas. Ayudas públicas y/o financiamiento”.

La conexión con el entorno de Zapatero, según la cronología policial, se dio a finales de abril. El 28 de abril, Reyes comunicó a Martínez Sola que acababa “de hacerse el puente con ZP” y le pidió contactar con Manuel Fajardo, al que definió como “la pieza de ZP en Venezuela”. Al día siguiente, Martínez Sola informó de que había hablado con Fajardo y de que Zapatero le llamaría. El 30 de abril, Reyes trasladó a Gordils que Martínez Sola había hablado once minutos con Zapatero y que le había explicado la situación de la compañía.

En paralelo, la “vía Ábalos” también siguió abierta. El 4 de mayo, Palomero comunicó a Reyes que había hecho un acercamiento a “la mano derecha del ministro”, que los investigadores identifican como Koldo García. La UDEF sostiene que, con el avance de la investigación, diferenció ambas vías: la de Zapatero y la de Ábalos/Koldo.

Del crédito ICO al fondo de la SEPI

La primera opción que, según la UDEF, exploraron Reyes y responsables de Plus Ultra fue la financiación mediante créditos ICO. El 16 de mayo, Fajardo preguntó a Martínez Sola, en nombre de “el amigo”, cómo iban los avales. Martínez Sola respondió que los bancos no estaban prestando a aerolíneas y pidió ayuda para “empujar el tema”. Fajardo le facilitó entonces el contacto de Julio Martínez Martínez, al que situó en el equipo del “amigo”.

Días después, Plus Ultra preparó una carta dirigida a Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Banco Santander, en la que solicitaba ayuda para obtener un crédito ICO “por instrucciones” de Zapatero, según el informe. Sin embargo, esa vía quedó descartada y el foco se desplazó hacia el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI.

El 4 de julio de 2020, un día después de la creación del fondo, Julio Martínez Sola informó a Rodolfo Reyes de que el “Grupo Zapatero” ya estaba trabajando en ese asunto y de que él y Roberto Roselli, directivo de Plus Ultra, iban a comer con Julio Martínez Martínez. En ese mismo mensaje, Martínez Sola añadió: “Estoy seguro de que algo nos tocará. La cuestión es cuánto y cuándo”, según recoge la UDEF.

La reunión en Transportes

El 8 de julio, los investigadores sitúan el cruce entre la vía Zapatero y la vía Ábalos. Ese día, Julio Martínez Sola informó a Rodolfo Reyes de que Miguel Palomero conocía a Julio Martínez Martínez, el hombre de confianza de Zapatero, y que también iba a contactar con Fomento. Poco después, Martínez Sola comunicó a Reyes que les habían citado en el Ministerio de Transportes para una reunión el 22 de julio con Pedro Saura, entonces secretario de Estado.

Después de ese encuentro, Reyes recibió un resumen firmado por Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, ambos de Plus Ultra. En el mensaje, según recoge la UDEF, explicaban que la reunión con Saura y con su jefe de gabinete, Francisco Ferrer, había sido “agradable” y que se notaba que les habían recibido por “altas recomendaciones”. También señalaban que Transportes no decidía qué empresas podían acceder a la ayuda de la SEPI, pero sí podía emitir una valoración favorable sobre las compañías aspirantes. En el caso de Plus Ultra, añadían, ese apoyo lo tenían “asegurado”. Reyes respondió: “Nuestro pana Zapatero detrás”.

Plus Ultra presentó formalmente su solicitud ante la SEPI el 1 de septiembre de 2020. Ese mismo día, Roselli escribió en un grupo que ahora tocaba “meterle chola al Zapa” para acelerar el proceso. También entonces, Julio Martínez Martínez facilitó a Roselli el contacto de Cristóbal Cano, de su empresa, “para facturas”, y añadió: “La SEPI, próxima semana”. La UDEF vincula ese intercambio con la estructura empresarial que, según los investigadores, habría servido para canalizar cobros por las gestiones realizadas.

Contratos, pagos y la aprobación de los 53 millones

El informe también recoge contratos y pagos que la UDEF vincula con la supuesta remuneración de las gestiones realizadas. Los investigadores sostienen que no fueron elementos aislados, sino parte de una estructura empresarial que habría servido para canalizar cobros durante la tramitación de la ayuda. En el documento, la Policía relaciona esa tesis con varios mensajes previos en los que los interlocutores hablan de una “finance boutique”, de que “por ahí vendrá la mordida” y de que, si las gestiones daban resultado, “merece el pago”.

El 30 de julio de 2020 se firmó un contrato entre Plus Ultra y Análisis Relevante, vinculada a Julio Martínez Martínez, por 5.000 euros mensuales durante un año. El primer pago conocido fue de 6.050 euros el 5 de noviembre. El 19 de enero de 2021 se firmó otro contrato entre Plus Ultra e Idella Consulenza Estratégica, también vinculada a Martínez Martínez, por el 1% más IVA del importe aprobado por el fondo, lo que la UDEF cifra en 641.300 euros.

Uno de los momentos que la Policía considera más relevantes llegó el 26 de febrero de 2021. Ese día, Julio Martínez Martínez felicitó a Reyes por la próxima obtención del préstamo de la SEPI, antes de que el Consejo Gestor del fondo elevara formalmente la propuesta. Para la UDEF, ese mensaje evidencia acceso a información privilegiada.

El órgano encargado de tramitar las ayudas del fondo elevó la propuesta favorable el 2 de marzo de 2021 y el Consejo de Ministros autorizó el 9 de marzo la ayuda pública de 53 millones a Plus Ultra. El primer tramo, de 19 millones, se hizo efectivo el 18 de marzo. El segundo, de 34 millones, se completó el 10 de agosto. Una semana después, Reyes escribió a Julio Martínez Martínez: “10k done”. Según la UDEF, ese mensaje pone de manifiesto “la confirmación de un pago por importe de 10.000 euros”.

El Ministerio de Transportes ha movido ficha para desbloquear la alta velocidad hacia Extremadura, pero la solución elegida ha abierto un nuevo frente político y territorial en Castilla-La Mancha. El departamento que dirige Óscar Puente ha anunciado una conexión transitoria en la localidad de Bargas, en Toledo, para mejorar los tiempos de viaje entre Madrid y Extremadura mientras vuelve a estudiar el paso definitivo del AVE por la capital regional.

La decisión permite avanzar en el corredor extremeño y, a medio plazo, hacia Portugal, pero deja a Toledo fuera del trazado, al menos de momento, provocando el malestar de los usuarios del tren. A esta controversia se suma el debate sobre el futuro eje ferroviario hacia Jaén, que también ha generado tensiones entre el Ministerio y el Gobierno castellanomanchego.

La medida afecta al corredor Madrid-Extremadura, una infraestructura largamente reclamada y con varios tramos en distintas fases de tramitación. Transportes someterá a información pública en los próximos días un estudio informativo complementario para construir un ramal provisional entre la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla y la línea convencional Madrid-Valencia de Alcántara, en el entorno de Bargas.

La idea es que los trenes puedan salir de Puerta de Atocha, utilizar la alta velocidad Madrid-Sevilla hasta Pantoja y enlazar después con la línea convencional, una vez esté electrificada, para acortar los viajes hacia Extremadura. El Ministerio sostiene que esta conexión transitoria permitirá adelantar parte de las mejoras sin esperar a que se resuelva el trazado definitivo por Toledo, que vuelve a quedar pendiente de un nuevo estudio informativo.

El trámite se abrirá con la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado y tendrá un plazo de 30 días hábiles para que particulares, instituciones y administraciones puedan presentar observaciones. La actuación se plantea con características propias de la alta velocidad: doble vía electrificada, ancho estándar, tráfico exclusivo de viajeros y una velocidad genérica de 350 kilómetros por hora. También prevé un cambiador de ancho y un puesto de adelantamiento y estacionamiento de trenes para aumentar la capacidad de la línea.

Toledo, conectada con Madrid pero fuera del gran corredor

El enfado en Toledo tiene un matiz importante. La ciudad no está aislada ferroviariamente en sentido estricto: cuenta desde 2005 con una línea de alta velocidad con Madrid. Sin embargo, esa conexión funciona como un ramal que parte de la LAV Madrid-Sevilla en La Sagra, no como una estación de paso dentro de un gran corredor hacia Extremadura y Portugal. Ese es el fondo del conflicto actual. La capital regional teme seguir conectada únicamente con Madrid y quedar al margen del futuro eje ferroviario Madrid-Extremadura-Lisboa.

La decisión de Transportes llega después de años de desacuerdo sobre cómo debe pasar el AVE por Toledo. En diciembre de 2024, el Ministerio propuso la alternativa conocida como Toledo Central, que contemplaba convertir la estación de Santa Bárbara en una estación pasante mediante una profunda remodelación ferroviaria. Esa opción fue rechazada por la Junta de Castilla-La Mancha por su impacto visual y patrimonial. El presidente autonómico, Emiliano García-Page, llegó a calificar el proyecto como un “scalextric ferroviario”.

Después, el Ayuntamiento de Toledo, la Diputación y la Junta defendieron alternativas diferentes, entre ellas una estación pasante en el entorno de Luz del Tajo que permitiría mantener la actual estación de Santa Bárbara. Transportes sostiene ahora que esas propuestas cambian de forma sustancial las soluciones que ya se habían sometido a información pública. Por eso, será necesario redactar un nuevo estudio informativo y someterlo otra vez a tramitación ambiental. El Ministerio advierte además de que el entorno de Toledo exige análisis patrimoniales, hidrológicos y ambientales de gran complejidad técnica.

El miedo a que lo provisional acabe siendo definitivo

La explicación oficial no ha calmado a los usuarios del tren. La Asociación de Usuarios del Tren de Toledo teme que la conexión provisional por Bargas acabe convirtiéndose, en la práctica, en la solución definitiva. Su principal preocupación es que, una vez que la línea hacia Extremadura y Portugal esté funcionando, ningún Gobierno quiera asumir después una nueva inversión para integrar Toledo en el corredor.

“Tenemos la sensación de que Toledo se vuelve a quedar fuera del trazado”, afirmó al diario ABC Javier Esquinas Sancho, portavoz de la asociación. Según explicó al mismo diario, los usuarios llevan años advirtiendo de que el bloqueo político podía terminar dejando a la capital regional fuera de la conexión con Extremadura. La plataforma teme que la ciudad pierda una oportunidad histórica para dejar de ser un destino ferroviario terminal y convertirse en una parada dentro de un eje de largo recorrido.

Transportes, por su parte, justifica la conexión transitoria por la necesidad de cumplir los plazos comprometidos con Extremadura y con la Unión Europea. El corredor hacia Portugal forma parte de una infraestructura estratégica para mejorar la conexión ferroviaria entre Madrid y Lisboa, un proyecto con dimensión nacional e internacional. La presión no afecta solo a Toledo: también a Extremadura, que lleva años reclamando una conexión competitiva con Madrid.

Jaén abre otro frente ferroviario en Castilla-La Mancha

El futuro eje ferroviario Madrid-Jaén también ha generado tensiones entre el Ministerio y el Gobierno autonómico. La disputa está en cómo mejorar esa conexión: Transportes defiende una alternativa que reduzca los tiempos de viaje hacia Jaén, mientras Castilla-La Mancha reclama que la actuación mantenga el peso de municipios como Alcázar de San Juan, Manzanares o Valdepeñas, situados en el eje ferroviario manchego.

El Gobierno regional sostiene que los compromisos ferroviarios con la comunidad deben cumplirse y que la conexión con Jaén no puede hacerse a costa de reducir el papel de varias ciudades castellanomanchegas en la red. El Ministerio, en cambio, presenta sus decisiones como una forma de desbloquear infraestructuras pendientes desde hace años y mejorar los tiempos de viaje en corredores que acumulan retrasos históricos.

La economía española resistirá mejor que la media europea el impacto de la crisis energética. La Comisión Europea prevé que el PIB avance un 2,4% en 2026, cuatro décimas menos que el año anterior, pero todavía con un ritmo sólido apoyado en el consumo, el empleo y la inversión. Sin embargo, el encarecimiento de la energía elevará la inflación hasta el 3% y amenaza con enfriar la actividad en los próximos trimestres, especialmente si el conflicto en Oriente Medio se prolonga.

Las previsiones económicas de primavera publicadas este jueves por Bruselas sitúan a España entre las economías con mejor comportamiento de la Unión Europea. Mientras el PIB español crecerá un 2,4% este año, la Comisión calcula que la economía de la eurozona apenas avanzará un 0,9% y que el conjunto de la UE lo hará un 1,1%. Para 2027, el crecimiento español se moderará al 1,9%, todavía por encima del 1,2% previsto para la zona euro.

El Gobierno ha celebrado las previsiones: “La Comisión Europea confía en que España mantendrá el liderazgo económico en la Unión Europea en los próximos años”, ha señalado el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, dirigido por Carlos Cuerpo.

Economía también subraya que el avance previsto para España casi triplica el crecimiento de la zona euro en 2026 y queda muy por encima del esperado para otras grandes economías del área monetaria: Alemania crecerá un 0,6% este año y un 0,9% en 2027; Francia, un 0,8% y un 1,1%; e Italia, un 0,5% y un 0,6%.

El consumo y el empleo sostienen la actividad

Bruselas atribuye la resistencia española principalmente a la demanda interna. El consumo de los hogares seguirá creciendo gracias al avance del empleo, la llegada de población inmigrante y el bajo endeudamiento de las familias. Es decir, aunque los precios vuelvan a presionar el bolsillo de los consumidores, el mercado laboral seguirá actuando como colchón.

La inversión también contribuirá al crecimiento, apoyada en la buena situación financiera de las empresas y en la ejecución del Plan de Recuperación. En cambio, las exportaciones netas restarán crecimiento en 2026 por la evolución incierta de las ventas de bienes al exterior, antes de tener un efecto prácticamente neutro en 2027.

El principal riesgo está en el contexto internacional. La Comisión advierte de que el encarecimiento de los viajes puede afectar al turismo procedente de destinos lejanos, especialmente por el aumento de los combustibles y posibles disrupciones en el transporte. También señala que una prolongación de las tensiones geopolíticas podría deteriorar la confianza de hogares y empresas, retrasar inversiones y aumentar el ahorro por precaución.

El encarecimiento del petróleo y el gas golpea la inflación

La crisis energética que condiciona estas previsiones no responde a un único factor. La Comisión la vincula al conflicto en Oriente Medio y, en particular, a la interrupción de parte de los flujos internacionales de petróleo y gas natural licuado. Según Bruselas, el cierre virtual del estrecho de Ormuz -no una clausura formal, sino una caída muy intensa del tráfico por el aumento del riesgo en la zona- ha reducido en torno a un 15% los flujos marítimos de petróleo y un 20% los de gas natural licuado, mientras los daños en infraestructuras energéticas de la región han golpeado especialmente a productos refinados como el diésel o el combustible de aviación.

El impacto en los mercados ha sido rápido. Entre finales de febrero y finales de abril, las hipótesis técnicas utilizadas por la Comisión recogen un aumento del 50% en los precios del gas y del 65% en los del crudo. Aun así, Bruselas subraya que esta crisis no es idéntica a la de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania provocó una fuerte tensión en el mercado europeo del gas. Ahora el shock afecta sobre todo a materias primas negociadas a escala global, como el petróleo y el gas natural licuado.

Para España, Bruselas prevé que la inflación armonizada suba del 2,7% en 2025 al 3% en 2026, impulsada por el encarecimiento de la energía y por su traslado gradual a los alimentos y a los bienes industriales. La inflación bajaría al 2,5% en 2027, a medida que se modere la energía, aunque los servicios seguirán con precios al alza.

El Ejecutivo sostiene que la elevada penetración de las energías renovables y las medidas aprobadas para responder al encarecimiento energético actúan como amortiguador frente al shock. Economía lo ha designado como el “escudo renovable”, aunque la Comisión Europea advierte de que la subida del petróleo y del gas seguirá trasladándose a los precios en España durante este año.

El paro bajará del 10%

El mercado laboral seguirá siendo uno de los principales apoyos de la economía española. Bruselas calcula que la tasa de paro bajará del 10,5% en 2025 al 9,9% en 2026, lo que supondría situarse por debajo del 10% por primera vez desde 2008. En 2027, el desempleo descendería de nuevo, hasta el 9,6%.

No obstante, la Comisión introduce un matiz: el mercado laboral seguirá creando empleo, pero con menos intensidad que en los últimos años. La desaceleración de la economía irá reduciendo el ritmo de creación de puestos de trabajo y la bajada del paro será más lenta. Según las previsiones, el empleo crecerá un 2,3% en 2026 y un 1,4% en 2027, frente al 0,4% previsto para la zona euro en ambos ejercicios.

En materia fiscal, Bruselas prevé que el déficit público se mantenga en el 2,4% del PIB en 2026 y baje al 2% en 2027. La deuda pública, por su parte, descendería del 100,7% del PIB en 2025 al 99,6% este año y al 98,9% el próximo ejercicio, situándose por debajo del umbral del 100%.

El Impuesto sobre el Patrimonio recauda mucho menos de lo que podría y permite que las grandes fortunas paguen proporcionalmente menos que otros contribuyentes. Esta es la principal conclusión del informe Un Impuesto al Patrimonio para el siglo XXI, elaborado por Oxfam Intermón, en el que la organización propone reformar este tributo e incorporar una tasa mínima del 3% para los patrimonios netos superiores a 50 millones de euros.

La medida sigue la lógica de la conocida como tasa Zucman, planteada por el economista francés Gabriel Zucman para garantizar que los grandes patrimonios paguen un mínimo anual sobre su riqueza. En el caso español, Oxfam propone que este impuesto mínimo se integre dentro del Impuesto sobre el Patrimonio y se calcule sobre toda la riqueza del contribuyente, sin exenciones ni bonificaciones. No funcionaría como una doble tributación, sino como un complemento: solo se activaría cuando lo pagado por IRPF y Patrimonio no alcanzara ese mínimo efectivo del 3%.

Según los cálculos de la organización, aplicar un impuesto mínimo del 2% a los patrimonios superiores a 50 millones permitiría recaudar 3.290 millones de euros adicionales al año. Si el tipo se elevara al 3%, los ingresos extra alcanzarían los 5.338 millones. Oxfam defiende que esta recaudación serviría para reforzar las políticas públicas y recuperar progresividad en un impuesto que, a su juicio, se ha ido debilitando por su propio diseño.

El informe sostiene que el problema no es la existencia del Impuesto sobre el Patrimonio, sino “sus agujeros”. Oxfam recuerda que España es uno de los pocos países de la OCDE que mantiene un impuesto específico sobre la riqueza, junto a Noruega, Suiza y Colombia, pero advierte de que su capacidad recaudatoria está muy por debajo de su potencial.

Antes de la puesta en marcha del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, nueve de cada diez euros de recaudación potencial se perdían por los elementos del diseño del tributo, según la organización. El tipo efectivo medio sobre el patrimonio declarado era de apenas el 0,17%, y caía al 0,11% para el 1% de contribuyentes con mayor riqueza, aquellos con patrimonios superiores a 32 millones de euros.

Los “agujeros” del impuesto

Oxfam señala dos grandes vías por las que el impuesto pierde fuerza: la exención de participaciones empresariales, conocida como exención de la empresa familiar, y el límite conjunto con el IRPF. Este último mecanismo impide que la suma de lo pagado por Renta y Patrimonio supere un determinado porcentaje de la base imponible del IRPF, lo que reduce la factura final de algunos grandes patrimonios.

Según el informe, solo por el efecto combinado de la exención de participaciones empresariales y el límite conjunto con el IRPF se pierden más de 8.000 millones de euros de recaudación. La organización calcula que -según una simulación con datos de 2021- si se eliminaran todos los privilegios fiscales identificados salvo el mínimo exento y la exención de la vivienda habitual, la recaudación podría superar los 11.500 millones de euros, frente a los 1.256,7 millones recaudados en 2021.

La exención de la empresa familiar es, para Oxfam, el principal agujero del impuesto. En 2021, el patrimonio exento declarado en España ascendió a 312.000 millones de euros, alrededor del 42% del patrimonio neto declarado. De esa cantidad, más de 276.000 millones correspondían a patrimonio empresarial y participaciones en sociedades, el 85% del total exento.

Los patrimonios más altos pagan menos

El informe también denuncia que el impuesto pierde progresividad en la parte más alta de la escala. Es decir, que a partir de determinados niveles de riqueza, quienes más tienen no siempre pagan más en proporción a su patrimonio. Oxfam afirma que, al considerar IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio, incluido el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, el tipo efectivo se reduce a medida que aumenta la riqueza declarada, hasta situarse en torno al 0,2% para patrimonios superiores a 1.000 millones de euros.

La organización enmarca esta propuesta en un contexto de fuerte concentración de riqueza. Según el informe, el 1% más rico en España concentra el 24,2% de toda la riqueza, mientras que el 50% más pobre posee apenas el 6,7%. Además, las 200 principales fortunas españolas sumaban 373.000 millones de euros en 2025, el equivalente al 17,5% del PIB.

Oxfam defiende que la reforma no afectaría a la mayoría de la población, sino a “los más ricos de entre los ricos”. Entre sus propuestas también plantea mantener el mínimo exento de 700.000 euros, conservar la exención de la vivienda habitual hasta 300.000 euros, revisar la exención de la empresa familiar, elevar o suprimir el límite conjunto con el IRPF y mantener el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas para evitar la competencia fiscal entre comunidades autónomas.

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) ha fijado un nuevo criterio que permite a Hacienda embargar parte del saldo de una cuenta bancaria aunque el titular cobre una nómina, pensión o prestación igual o inferior al salario mínimo, siempre que en esa cuenta también existan otros ingresos embargables. La resolución aclara que el dinero protegido no pierde su blindaje por permanecer ahorrado, pero obliga al contribuyente a acreditar que el saldo retenido procede de rentas inembargables.

El criterio afecta a los casos en los que en una misma cuenta corriente conviven distintos tipos de ingresos: por un lado, cantidades protegidas por la ley, como salarios, pensiones o prestaciones que no superan el salario mínimo interprofesional (SMI); y, por otro, transferencias, ayudas familiares, pagos de terceros u otros fondos que sí pueden ser retenidos para saldar deudas con la Administración.

Hasta ahora, distintos tribunales económico-administrativos territoriales habían mantenido criterios diferentes sobre cómo debía actuar Hacienda cuando el saldo de una cuenta era reducido y el titular percibía una renta protegida. En algunos casos, se entendía que ese dinero debía quedar fuera del embargo si no superaba el umbral inembargable. El TEAC unifica ahora la doctrina y establece que no basta con mirar cuánto dinero queda en la cuenta en el momento del embargo, sino que debe analizarse de dónde procede ese saldo.

El límite se calcula cuando se ingresa la nómina o pensión

La clave de la resolución está en cómo se aplica el límite inembargable. La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que el salario, sueldo, pensión o retribución equivalente que no supere el SMI no puede ser embargado. Solo las cantidades que excedan ese umbral pueden retenerse, y además deben aplicarse unos porcentajes progresivos.

El TEAC precisa que ese límite debe calcularse en el momento en que la nómina, pensión o prestación entra en la cuenta, no sobre el saldo que permanece disponible días después. Es decir, si una persona cobra una pensión igual o inferior al SMI, esa cantidad está protegida al abonarse. Pero si en la misma cuenta se reciben además otros ingresos, Hacienda podrá analizar los movimientos para determinar si el dinero que queda procede de la parte protegida o de cantidades que sí pueden ser embargadas.

La resolución introduce además una regla práctica para los casos en los que no pueda identificarse con exactitud qué dinero se ha gastado primero. En esos supuestos, el tribunal considera que las cantidades utilizadas inicialmente corresponden al sueldo, salario o pensión inembargable. Esto implica que, una vez consumida esa parte protegida en pagos ordinarios, el dinero restante puede entenderse procedente de otros fondos si existían ingresos adicionales en la cuenta.

El dinero protegido no pierde su blindaje por estar ahorrado

La resolución también rechaza que el dinero procedente de una nómina o pensión inembargable pierda esa condición por el simple paso del tiempo. Si una persona consigue ahorrar una parte de su renta protegida, esa cantidad no se transforma por sí sola en un ahorro embargable semanas o meses después.

Este matiz es relevante para los pequeños ahorradores. El tribunal sostiene que la ley no fija un límite temporal a la protección del salario, pensión o prestación inembargable. Por tanto, el dinero cubierto por el SMI conserva su blindaje aunque permanezca en la cuenta, siempre que pueda acreditarse que procede realmente de esos ingresos protegidos.

La dificultad estará precisamente en la prueba. El TEAC señala que corresponde al contribuyente demostrar que el saldo retenido procede de cantidades inembargables si se opone al embargo. En la práctica, esto obligará a conservar extractos bancarios, justificar el origen de los ingresos y reconstruir los movimientos de la cuenta para acreditar qué parte del dinero disponible sigue protegida por la ley.

La investigación del caso Plus Ultra ha puesto el foco en What The Fav, la agencia de marketing y comunicación vinculada a las hijas del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. La UDEF de la Policía Nacional ha registrado este martes la sede de la empresa dentro de las diligencias abiertas en la Audiencia Nacional, que también afectan a la oficina del exlíder socialista y a otras sociedades relacionadas con la causa.

Los registros se han producido después de que Zapatero haya sido citado como investigado en la causa vinculada al rescate público de Plus Ultra, la aerolínea que recibió 53 millones de euros durante la pandemia con cargo al fondo de la SEPI para empresas estratégicas. El expresidente deberá declarar el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

La empresa de sus hijas no aparece en la investigación por haber recibido directamente dinero de Plus Ultra, sino por su relación con Análisis Relevante, la consultora que está en el centro de la causa. Según publicó El País, esta sociedad cobró algo más de 460.000 euros de Plus Ultra y, a su vez, realizó pagos de una cantidad similar a Zapatero entre 2020 y 2025 por supuestos trabajos de consultoría.

Una empresa de publicidad creada en 2019

Whathefav SL fue constituida en Madrid en 2019. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la sociedad comenzó sus operaciones el 29 de agosto de ese año, con un capital social de 3.000 euros y un objeto social centrado en “servicios de publicidad, relaciones públicas y similares”. En su constitución figuraban como administradores solidarios Laura Rodríguez Espinosa y Víctor García Díaz.

La estructura de la empresa cambió en 2023. El BORME recoge el cese de Víctor García Díaz como administrador solidario y el nombramiento de Alba Rodríguez Espinosa. Desde entonces, las dos hijas de Zapatero administran la sociedad.

What The Fav aparece públicamente vinculada al marketing, la comunicación, los contenidos digitales y los eSports. Su actividad conocida se ha movido sobre todo en ese ámbito: creación de contenidos, estrategias de marca y proyectos relacionados con el mundo gamer.

Contenidos para medios y eSports

Uno de sus trabajos públicos más visibles fue con ElPlural.com. En septiembre de 2019, el medio anunció una sección de eSports desarrollada “en colaboración con What The Fav” y presentó a la agencia como una firma pionera en ese sector. La iniciativa incluía información y entretenimiento sobre deportes electrónicos, con noticias, resultados, entrevistas y reportajes.

Además, en la web de What The Fav aparecen como clientes otros medios de comunicación como La Razón, o empresas como Neox Games, el Grupo Agem o la consultora Análisis Relevante.

Su relación con la consultora clave del caso Plus Ultra

La conexión de What The Fav con el caso Plus Ultra pasa por Análisis Relevante, la consultora administrada por Julio Martínez, empresario cercano a Zapatero. Tal y como informó El País, esta sociedad cobró algo más de 460.000 euros de la aerolínea durante varios años.

Zapatero también trabajó para Análisis Relevante. El expresidente explicó en el Senado que facturó una media de 70.000 euros brutos al año por servicios de consultoría para Julio Martínez. En total, habría percibido alrededor de 450.000 euros por esos trabajos.

La relación de What The Fav con la causa aparece en ese punto. Según El País, Zapatero ha sostenido que él mismo propuso que la empresa de marketing de sus hijas trabajara en la maquetación de los informes de consultoría. La UDEF busca ahora documentación que permita aclarar qué trabajos se hicieron, qué pagos se realizaron y si esos servicios respondían a encargos reales.

No obstante, el registro de la oficina de What The Fav no significa por sí solo que sus administradoras estén investigadas ni que se haya acreditado una irregularidad. La medida forma parte de las diligencias ordenadas en una causa más amplia sobre el rescate de Plus Ultra y los pagos vinculados a Análisis Relevante.

Los investigadores tratan de seguir el recorrido del dinero y comprobar si los trabajos facturados respondían a servicios prestados. En el caso de What The Fav, el interés estaría en las tareas que pudo realizar para la consultoría.

Vender una vivienda por internet no empieza solo con hacer fotos, escribir un anuncio y fijar un precio. Antes de publicar el piso en un portal inmobiliario, conviene preparar varios documentos que acreditan la situación legal, económica y técnica del inmueble. Algunos son obligatorios desde el momento en que se anuncia la casa, como el certificado energético. Otros no son imprescindibles para subir el anuncio, pero sí ayudan a evitar problemas cuando aparece un comprador interesado.

La clave está en distinguir entre los papeles necesarios para publicar la vivienda, los que pueden pedirse antes de firmar las arras y los que habrá que tener listos para cerrar la compraventa ante notario. Prepararlos con antelación puede ahorrar retrasos, dudas sobre la propiedad o rebajas de última hora si el comprador detecta cargas, deudas o trámites pendientes.

El certificado energético, imprescindible para anunciar la vivienda

El documento más importante para poner una vivienda a la venta en internet es el certificado de eficiencia energética. Es obligatorio para vender o alquilar un inmueble y debe estar disponible desde el momento en que se publicita la operación. La normativa exige que cualquier anuncio incluya la calificación energética de la vivienda, ya sea en portales inmobiliarios, agencias, páginas web, catálogos, prensa o soportes similares.

Este certificado informa del consumo energético del inmueble y de sus emisiones. Para obtenerlo, el propietario debe contratar a un técnico competente, que visita la vivienda, analiza sus características y emite el documento. Después, debe registrarse ante el organismo correspondiente de la comunidad autónoma.

Su vigencia general es de diez años, aunque se reduce a cinco en los inmuebles con calificación energética G, la más baja. No contar con este certificado o anunciar una vivienda sin incluir la calificación energética puede acarrear sanciones.

La nota simple, una comprobación básica antes de vender

La nota simple no es, en sentido estricto, un documento obligatorio para publicar un anuncio, pero sí es uno de los primeros papeles que conviene pedir. Se obtiene en el Registro de la Propiedad y permite comprobar quién figura como titular de la vivienda, cómo está descrito el inmueble y si existen cargas, como una hipoteca, un embargo o alguna limitación registral.

Tenerla antes de poner el piso a la venta ayuda a evitar errores en el anuncio y da seguridad al comprador. También permite detectar problemas antes de que la operación esté avanzada, por ejemplo, si la descripción registral no coincide exactamente con la realidad de la vivienda o si sigue apareciendo una carga que ya debería haberse cancelado.

Escritura, IBI y comunidad: acreditar propiedad y pagos

Otro documento importante es la escritura de propiedad. No siempre será una escritura de compraventa, porque la vivienda puede haberse adquirido por herencia, donación o adjudicación, pero debe existir un documento que acredite cómo llegó el inmueble a manos del propietario. La escritura permite verificar quién es el dueño, en qué porcentaje lo es y cuáles son los datos básicos de la finca. Si se ha perdido, puede pedirse una copia en la notaría donde se firmó.

También conviene tener preparado el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Este tributo lo pagan cada año los propietarios y el justificante permite demostrar que está abonado. Además, aporta información útil, como la referencia catastral.

Si la vivienda forma parte de una comunidad de propietarios, el vendedor también deberá acreditar si existen deudas pendientes. La Ley de Propiedad Horizontal establece que debe declarar si está al corriente de pago o indicar las cantidades que debe. Además, debe aportar una certificación sobre el estado de deudas con la comunidad, salvo que el comprador le exonere expresamente de esta obligación. Este documento suele solicitarse al administrador de fincas o al secretario de la comunidad, con el visto bueno del presidente.

La cédula de habitabilidad depende de la comunidad autónoma

La cédula de habitabilidad acredita que una vivienda reúne las condiciones mínimas para ser habitada. Sin embargo, no se exige en toda España. Su obligatoriedad depende de la comunidad autónoma y, por eso, no todos los propietarios tienen que tramitarla antes de vender.

En los territorios donde sí se exige, conviene comprobar si la vivienda ya cuenta con una cédula en vigor o si hay que pedir una nueva. Este documento puede ser necesario para formalizar la operación o para contratar determinados suministros. Por eso, aunque no afecte a todos los vendedores, es uno de los trámites que deben revisarse antes de poner el inmueble en el mercado.

La ITE o el IEE, cuando el edificio es antiguo

En edificios antiguos, también puede ser relevante comprobar si el inmueble tiene pasada la Inspección Técnica del Edificio o el Informe de Evaluación del Edificio. No se trata de un documento individual de la vivienda, sino del edificio en el que se encuentra.

La obligación depende de la normativa autonómica y municipal. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el Informe de Evaluación de Edificios se exige a los edificios residenciales colectivos con más de 50 años, entre otros supuestos. Si el piso está en un edificio antiguo, el propietario puede consultar esta información con el administrador de fincas, el presidente de la comunidad o el ayuntamiento.

Los recibos de suministros ayudan a evitar dudas

Los últimos recibos de luz, agua o gas tampoco son imprescindibles para publicar la vivienda en internet, pero es recomendable tenerlos localizados. Sirven para demostrar que los suministros están dados de alta y que no hay deudas pendientes con las compañías.

También facilitan el cambio de titularidad cuando se cierra la venta. Si algún suministro está dado de baja, conviene explicarlo desde el principio, porque volver a activarlo puede implicar costes o plazos adicionales para el comprador.

Qué preparar antes de publicar el anuncio

Antes de subir el piso a un portal inmobiliario, el propietario debería tener como mínimo el certificado energético y una descripción veraz de la vivienda. El anuncio debe reflejar correctamente la superficie, la distribución, el estado del inmueble, la planta, si tiene ascensor, terraza, garaje o trastero, y cualquier característica relevante para el comprador.

También conviene revisar la nota simple, comprobar si existen cargas y tener controlados los gastos de comunidad, el IBI y los suministros. No todos estos documentos son obligatorios para anunciar la vivienda, pero sí ayudan a responder con rapidez cuando aparece un interesado y reducen el riesgo de que la operación se complique más adelante.

El caso Plus Ultra vuelve al centro de la actualidad cinco años después de uno de los rescates más polémicos de la pandemia. La Audiencia Nacional ha citado como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una causa vinculada al rescate público de la aerolínea, que recibió 53 millones de euros con cargo al fondo creado para auxiliar a empresas consideradas estratégicas. La citación se enmarca en una investigación por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio.

La imputación ha devuelto al foco mediático una operación que ya generó dudas desde el primer momento. Plus Ultra no era una de las grandes compañías del mercado aéreo español, sino una aerolínea de tamaño reducido, con pérdidas antes de la pandemia, una actividad muy concentrada en Latinoamérica y cientos de reclamaciones ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en 2020. Su rescate fue defendido por el Gobierno y por la propia empresa, pero cuestionado por parte del sector aéreo y por la oposición.

Una ayuda de 53 millones en plena pandemia

El origen de la polémica se remonta a marzo de 2021. El Consejo de Ministros autorizó entonces el rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La ayuda ascendía a 53 millones de euros y se articuló en dos préstamos: uno participativo de 34 millones y otro ordinario de 19 millones.

El fondo había sido creado en 2020 para apoyar a empresas viables que atravesaran dificultades por el impacto de la pandemia y que fueran consideradas estratégicas para la economía nacional o regional. En el caso de Plus Ultra, el Gobierno justificó la ayuda por la importancia del transporte aéreo, su contribución al turismo y el mantenimiento de empleo directo e indirecto. La compañía empleaba entonces a 345 personas, según explicó su presidente en declaraciones publicadas en aquel momento.

Sin embargo, el rescate llamó la atención por el tamaño de la compañía. Plus Ultra estaba muy lejos de las grandes aerolíneas que operaban en España. Según publicó entonces El Mundo, la empresa movió alrededor de 170.000 pasajeros en 2019, antes de la pandemia, mientras que Air Europa, otra de las compañías rescatadas por el Gobierno, había transportado más de 19 millones de viajeros ese mismo año.

Las dudas sobre su carácter estratégico

La principal pregunta que surgió desde el principio fue si Plus Ultra podía considerarse realmente una empresa estratégica. Fuentes del sector aéreo citadas por El Mundo cuestionaron la decisión y señalaron que no se entendía bien qué peso estratégico tenía una aerolínea de esas dimensiones cuando otras compañías con mayor relevancia también atravesaban dificultades.

La empresa defendió entonces que su tamaño no debía excluirla de las ayudas. Fernando García Manso, presidente de Plus Ultra, sostuvo en declaraciones a ese periódico que “ser pequeños” no significaba que no merecieran apoyo público y subrayó que la cantidad recibida no era comparable a la de Air Europa. También aseguró que la ayuda no era un regalo, sino un respaldo financiero que la compañía había tenido que defender.

La aerolínea, fundada en 2011, comenzó a operar vuelos comerciales en 2015 y centraba buena parte de su actividad en rutas entre España y Latinoamérica. Según explicó su presidente, el 75% de su negocio procedía de líneas regulares a países como Perú, Ecuador y Venezuela, mientras que el 25% restante correspondía a vuelos chárter para otras compañías. La aerolínea argumentó que esos mercados habían quedado muy afectados por los cierres y restricciones derivados de la pandemia.

Pérdidas antes del Covid

Otro de los elementos que alimentó la polémica fue la situación financiera previa de la empresa. Plus Ultra ya registraba pérdidas antes de la crisis sanitaria. Según la información publicada en aquel momento, la compañía cerró 2019 con números rojos y defendió que esperaba alcanzar beneficios en 2020, antes de que el estallido de la pandemia paralizara buena parte del tráfico aéreo internacional.

Este punto fue especialmente sensible porque el fondo de la SEPI estaba diseñado para empresas afectadas por la pandemia, no para compañías que ya arrastraran problemas estructurales previos. La discusión giraba, por tanto, en torno a dos preguntas: si Plus Ultra era suficientemente estratégica y si su situación respondía principalmente al golpe del Covid o a una debilidad anterior.

Cientos de reclamaciones ante AESA

La pequeña aerolínea apareció en el informe anual de AESA sobre derechos de los pasajeros correspondiente a 2020. La agencia registró ese año 502 reclamaciones vinculadas a la compañía, dentro de las reclamaciones relativas a los reglamentos europeos sobre derechos de pasajeros. No fue la aerolínea con más reclamaciones en términos absolutos: Ryanair, Vueling, Iberia o Air Europa acumularon muchas más. Pero Plus Ultra sí sobresalía al poner esos datos en relación con el número de viajeros.

Según el informe de AESA, Plus Ultra transportó 47.194 pasajeros en 2020 en vuelos competencia de la agencia y registró un ratio de reclamaciones por pasajero del 0,784%, el más alto entre las compañías recogidas en ese apartado. La media fue del 0,084%. Es decir, su tasa de reclamaciones fue muy superior a la media, aunque debe tenerse en cuenta que 2020 fue un año excepcional por las cancelaciones masivas y los conflictos por reembolsos durante la pandemia.

El recorrido político y judicial del rescate

El rescate de Plus Ultra abrió una fuerte batalla política. El Partido Popular y el partido de extrema derecha Vox cuestionaron la operación desde el principio y pusieron el foco en el reducido tamaño de la compañía, sus pérdidas previas y sus presuntos vínculos accionariales con Venezuela, acusaciones que la empresa negó. La SEPI y el Gobierno defendieron que la ayuda cumplía los requisitos del fondo y que la aerolínea tenía valor estratégico por sus rutas, su empleo y su conexión con Latinoamérica.

La controversia también llegó a los tribunales. En 2021, el Tribunal Supremo archivó una querella de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y las ministras María Jesús Montero y Reyes Maroto por la concesión de fondos de la SEPI a Plus Ultra. El alto tribunal no apreció indicios suficientes contra los aforados y señaló que la querella se apoyaba en informaciones periodísticas que no aportaban indicios suficientes de delito.

No obstante, la investigación actual ha devuelto el caso a la primera línea. La Audiencia Nacional investiga ahora el papel de José Luis Rodríguez Zapatero y posibles operaciones presuntamente vinculadas al rescate de la aerolínea. Este martes, la UDEF de la Policía Nacional ha registrado la oficina del expresidente y varias sociedades mercantiles relacionadas con su entorno. Entre ellas, la agencia de publicidad ‘What the fav’ vinculada a sus hijas Laura y Alba, quienes, por el momento, no figuran como investigadas.

Zapatero ha negado haber cobrado comisiones de Plus Ultra o haber actuado como lobista para favorecer a la aerolínea. Según las informaciones conocidas hasta ahora, el expresidente ha reconocido ingresos por trabajos de consultoría, pero ha defendido que fueron declarados correctamente. La investigación deberá aclarar ahora si esos pagos tuvieron relación con el rescate público de 53 millones o si, como sostiene el expresidente, respondían a servicios profesionales legales.

La crisis de vivienda no termina en el precio del alquiler, la hipoteca o la entrada para comprar una casa. También está en el coste de mantenerla habitable cuando suben las temperaturas, se encarece la energía o el edificio no está preparado para resistir el calor, el frío o fenómenos extremos. Un nuevo informe del Programa de Naciones Unidas (ONU) para el Medio Ambiente advierte de que la crisis climática y la de acceso a la vivienda ya no pueden abordarse por separado, porque las casas mal aisladas o poco eficientes no solo contaminan más: también son más caras de mantener y agravan la vulnerabilidad de los hogares con menos ingresos.

El informe, elaborado junto a la Alianza Global para los Edificios y la Construcción, señala que la descarbonización del sector de la edificación se ha ralentizado en los últimos años. En 2024, las emisiones operacionales de los edificios aumentaron un 1%, hasta alcanzar 9,9 gigatoneladas de CO₂. El sector de la edificación y la construcción concentra cerca del 37% de las emisiones globales, el 28% del consumo mundial de energía y casi la mitad de la extracción mundial de materiales.

La advertencia de la ONU llega en un contexto de crisis mundial de acceso a la vivienda y a la energía. El informe sostiene que mejorar los edificios no solo sirve para reducir emisiones: también puede rebajar la factura energética y proteger mejor a los hogares frente al impacto del cambio climático.

Viviendas mal aisladas, facturas más altas

Una casa poco preparada frente al calor o el frío obliga a gastar más energía para mantener una temperatura adecuada. Esto se nota especialmente en los hogares con menos ingresos, que tienen menos margen para asumir facturas elevadas, reformar la vivienda o mudarse a una casa en mejores condiciones.

Esta vulnerabilidad tampoco se reparte por igual. El informe señala que las mujeres están sobrerrepresentadas entre los hogares inquilinos de bajos ingresos, las familias monoparentales, las personas mayores y los residentes en asentamientos informales, y se enfrentan además a barreras como la brecha salarial o un menor acceso a financiación, lo que dificulta aún más el acceso a una vivienda adecuada.

El cambio climático puede agravar la crisis habitacional por varias vías. Por un lado, aumenta los riesgos sobre viviendas vulnerables ante fenómenos como inundaciones, tormentas u olas de calor. Por otro, puede elevar los costes de construcción y de los materiales por la presión sobre los recursos. También incrementa la necesidad de calefacción o refrigeración en edificios mal acondicionados, lo que amplía las diferencias entre quienes pueden pagar una vivienda eficiente y quienes no.

La ONU defiende que la vivienda asequible y la acción climática deben pensarse juntas para evitar que las soluciones a una crisis agraven la otra. Construir más casas puede aliviar la falta de oferta, pero si esas viviendas son poco eficientes, están mal aisladas o dependen de sistemas energéticos caros y contaminantes, el resultado puede ser una vivienda más cara de mantener durante años.

La vivienda concentra buena parte del consumo energético

El informe subraya que la vivienda tiene un papel central dentro del sector. Más de tres cuartas partes de la superficie edificada mundial corresponden a edificios residenciales y las viviendas concentran el 70% de la demanda energética total de los edificios. Es decir, el problema no se limita a oficinas, centros comerciales o grandes infraestructuras: afecta directamente a los hogares.

Desde 2015, la intensidad energética de los edificios, que mide cuánta energía consumen en relación con su superficie, se ha reducido un 8,5%. Sin embargo, el avance sigue siendo insuficiente para alcanzar los objetivos climáticos. Las energías renovables solo cubrieron el 17,3% de la demanda energética de los edificios en 2024, muy por debajo de lo necesario para avanzar hacia una senda de cero emisiones.

El mundo sigue construyendo a gran velocidad

La superficie edificada continúa creciendo. Cada día se construyen aproximadamente 12,7 millones de metros cuadrados en el mundo, una cifra equivalente a añadir casi toda la ciudad de París en nueva superficie cada semana. En 2024, la superficie total de edificios aumentó un 1,7%, hasta alcanzar los 273.000 millones de metros cuadrados.

Este crecimiento está impulsado sobre todo por las economías emergentes, entre ellas India y el Sudeste Asiático, aunque el informe señala que la construcción se ha ralentizado en Europa y China. El problema, según la ONU, es que la transición hacia edificios más eficientes y menos contaminantes no avanza al mismo ritmo que la nueva construcción.

La inversión necesaria antes de 2030

Para alinear el sector con una trayectoria de cero emisiones netas, el informe calcula que la inversión en eficiencia energética en edificios debe alcanzar los 5,9 billones de dólares antes de 2030, lo que equivale a unos 592.000 millones de dólares al año.

Estas inversiones incluyen medidas como mejorar el aislamiento, rehabilitar edificios antiguos, reducir el uso de combustibles fósiles, electrificar los sistemas de calefacción y refrigeración e incorporar más energías renovables. El objetivo no es solo reducir emisiones, sino también evitar que mantener una vivienda en condiciones adecuadas sea cada vez más caro para quienes ya tienen dificultades para acceder a una vivienda.

Casi la mitad de los hogares que viven de alquiler en España no tiene acceso real a la compra de una vivienda. El problema no es solo el precio de los pisos ni la subida de los tipos de interés, sino una barrera mucho más básica: reunir el ahorro inicial necesario para que el banco conceda una hipoteca. Un artículo publicado en la revista Información Comercial Española (ICE) estima que el 47% de los hogares arrendatarios necesitaría al menos 40 años para ahorrar la entrada y los gastos iniciales de una vivienda, un plazo que en la práctica equivale a quedar fuera del mercado de compraventa.

Los autores del texto ¿Comprar o alquilar? Los efectos económicos y redistributivos de las restricciones financieras en el mercado de la vivienda en España, Ana Fernández Pablo, Alejandra Martínez Lera y Pablo Valero Carrasco, no presentan este dato como una estadística directa del INE, sino como una simulación elaborada a partir de los microdatos de la Encuesta de Presupuestos Familiares de 2023, con el objetivo de estimar cuánto tiempo necesitarían los hogares que viven de alquiler para acumular la liquidez suficiente para comprar una casa.

La estimación parte de una idea clave: para comprar una vivienda no basta con poder pagar una cuota mensual. También hay que tener dinero ahorrado antes de firmar la operación. Los autores calculan que un hogar necesita reunir alrededor del 30% del valor del inmueble, una cantidad que incluye la parte no cubierta por la hipoteca y los costes fiscales iniciales. En la práctica, aunque muchas entidades financian hasta el entorno del 80% del valor de la vivienda, el comprador debe aportar el resto de su bolsillo.

La entrada se convierte en un muro cada vez más alto

El resultado de la simulación muestra hasta qué punto esa entrada actúa como una barrera de acceso para los inquilinos que ansían ser propietarios. Según el artículo, el 50% de los hogares que viven de alquiler necesitaría al menos 30 años para ahorrar la cantidad necesaria. El dato más extremo es que el 47% tendría que esperar al menos 40 años, pero la simulación también permite medir la amplitud del problema: el 55% de los hogares arrendatarios necesitaría más de 10 años y el 70% más de cinco para reunir la entrada y los gastos iniciales.

No se trata de una media, sino de una distribución de hogares ordenados según el tiempo mínimo que necesitarían para acumular la entrada. Es decir, el gráfico no dice que todos los inquilinos tarden 40 años, sino que casi la mitad está en una situación en la que necesitaría cuatro décadas o más para llegar al ahorro inicial. En términos vitales, eso supone retrasar la compra durante la mayor parte de la vida laboral.

La paradoja se hace evidente: muchos hogares pagan cada mes un alquiler elevado que les aleja de poder comprar. Cuanto mayor es la renta mensual que destinan a vivir bajo techo, menor es el margen que queda para ahorrar. El artículo muestra así una de las grandes trampas del mercado residencial español: el alquiler puede ser más caro que la compra a largo plazo, pero la compra exige superar una barrera inicial que muchos hogares no pueden afrontar.

Alquilar no siempre es una elección

Los autores sostienen que el coste del alquiler en España ha sido superior al coste de la compra durante el periodo analizado. Sin embargo, esa diferencia no implica que los hogares puedan escoger libremente entre una opción y otra. La falta de ahorro previo y las condiciones de acceso al crédito hacen que una parte de la población quede empujada al alquiler, no porque lo prefiera, sino porque no puede reunir la liquidez necesaria para entrar en el mercado hipotecario.

Este diagnóstico encaja con otros indicadores recientes sobre las dificultades de acceso a la vivienda. Según el módulo de vivienda de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025 del INE, el 7,6% de la población de 16 o más años buscó vivienda en 2025 sin llegar a cambiar de residencia. Entre quienes no lo consiguieron, el 67,2% señaló el precio excesivo como principal motivo y otro 6,6% indicó que no reunía las condiciones exigidas para alquilar o comprar.

Además, la presión es especialmente intensa en el mercado del alquiler. El último Índice de Precios de Vivienda en Alquiler del INE muestra que los arrendamientos subieron un 3,5% en 2024, pero el encarecimiento fue mucho mayor en los contratos nuevos, que repuntaron un 8,8%, frente al 2,8% de los contratos ya existentes. Según Idealista, el alquiler cerró 2025 con una subida interanual del 8,5% y un precio medio de 14,7 euros por metro cuadrado en España.

Un círculo vicioso difícil de romper

El artículo de ICE apunta además a un círculo vicioso. Tras la crisis financiera de 2008, el endurecimiento de las condiciones hipotecarias hizo más difícil acceder a la compra para los hogares con menos ahorro acumulado. Esa demanda que no puede comprar se desplaza al alquiler, aumenta la presión sobre los precios y reduce todavía más la capacidad de ahorro de los inquilinos.

El resultado es una brecha patrimonial cada vez más difícil de cerrar. Los hogares con ahorro previo o ayuda familiar pueden acceder antes a una hipoteca y empezar a construir patrimonio, mientras que quienes no cuentan con ese colchón siguen pagando alquiler y tienen más dificultades para acumular riqueza.

Los autores advierten de que este mecanismo hace que la riqueza futura dependa cada vez más de la riqueza familiar previa, y menos de la capacidad de generar ingresos en el presente. La vivienda se convierte así en un factor que no solo refleja la desigualdad existente, sino que también contribuye a reproducirla.

Comprar una vivienda entre dos personas no siempre significa aportar el mismo dinero. Una puede tener más ahorro para la entrada, otra mejores ingresos para pagar la hipoteca o una de ellas puede recibir ayuda familiar. Esta situación es cada vez más habitual, especialmente entre parejas jóvenes que quieren acceder a una casa, pero no parten de la misma situación económica. En este contexto, la duda que surge es: ¿se puede comprar una vivienda juntos si uno pone más dinero que el otro?

La respuesta es sí. En España es legal comprar una casa con aportaciones diferentes y repartir la propiedad en porcentajes distintos. Es decir, no existe obligación de comprar al 50%. Una persona puede ser propietaria del 60% y otra del 40%, o de cualquier otro porcentaje pactado. Pero para evitar problemas en el futuro, ese reparto debe quedar bien documentado desde el principio, especialmente si además hay una hipoteca de por medio.

El Código Civil regula la comunidad de bienes, que se produce cuando un bien pertenece a varias personas. En estos casos, cada propietario tiene una cuota de participación. Si no se acredita otra cosa, las cuotas se presumen iguales, por lo que los expertos recomiendan reflejar el reparto real en la escritura pública de compraventa y, después, inscribirlo en el Registro de la Propiedad.

La entrada no siempre determina el porcentaje de la casa

El primer error frecuente es pensar que el reparto de la vivienda debe calcularse solo según la entrada inicial. Por ejemplo, si una persona aporta 40.000 euros y otra 10.000, podría parecer lógico firmar un reparto del 80% y el 20%. Pero esa cuenta solo sería completa si la vivienda se pagara íntegramente con ese dinero o si el resto de los pagos se asumiera en la misma proporción.

La realidad suele ser más compleja. En la mayoría de las compras hay una hipoteca que se paga durante años. Por eso, antes de firmar, conviene tener en cuenta no solo cuánto pone cada persona al inicio, sino también quién va a pagar las cuotas mensuales, los gastos de compraventa, los impuestos, las reformas o posibles amortizaciones futuras.

Un ejemplo sencillo: si una vivienda cuesta 200.000 euros, una persona aporta 40.000 euros de entrada y otra 10.000, pero después ambas pagan la hipoteca al 50% durante 30 años, el reparto económico real no será exactamente 80/20. Por eso, lo más seguro es calcular el porcentaje de propiedad teniendo en cuenta toda la operación, no solo el ahorro inicial.

Qué debe aparecer en la escritura

La escritura pública de compraventa debería recoger de forma clara qué porcentaje de la vivienda adquiere cada comprador. Puede ser mitad y mitad, aunque uno haya aportado más dinero, si así lo acuerdan. Pero también puede pactarse un reparto desigual, como 60/40, 70/30 o cualquier otra proporción.

Lo importante es que ese porcentaje no quede “de palabra”. Si una persona aporta más dinero, pero la vivienda se firma al 50%, en principio ambos serán propietarios por partes iguales, salvo que exista otro documento que acredite un pacto diferente. Esto puede generar conflictos si la relación se rompe, si se vende la casa o si uno de los dos reclama recuperar lo que puso de más.

Además del porcentaje de titularidad, conviene conservar justificantes bancarios de todas las aportaciones: transferencias, recibos, extractos de cuentas, documentos de donación familiar o justificantes de herencias, si procede. Estos documentos pueden ser importantes para acreditar de dónde salió el dinero y qué aportó cada parte.

Hipoteca y propiedad no son lo mismo

Otra confusión habitual es pensar que tener menos porcentaje de la vivienda significa responder menos frente al banco. No siempre es así. Una cosa es la propiedad de la casa y otra distinta el préstamo hipotecario.

Si dos personas compran una vivienda y ambas firman la hipoteca como prestatarias, las dos quedan obligadas frente al banco en los términos que establezca el contrato. Aunque una tenga el 70% de la vivienda y otra el 30%, la entidad financiera puede exigir el pago conforme a lo pactado en el préstamo. Por eso, poner más dinero de entrada no reduce automáticamente la responsabilidad hipotecaria.

La Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario obliga a los bancos a evaluar la solvencia de quienes solicitan una hipoteca. Para ello, la entidad analiza ingresos, empleo, ahorro, gastos fijos, deudas previas y capacidad de pago. Es decir, el banco no se fija solo en quién será dueño de qué porcentaje, sino en si los firmantes pueden devolver el préstamo.

Qué pasa si uno paga más hipoteca que el otro

También puede ocurrir que la vivienda se compre al 50%, pero una persona pague más cuota mensual porque gana más o porque así lo acuerdan entre ambas. En ese caso, lo recomendable es dejarlo por escrito.

Hay varias fórmulas. Una opción es firmar un acuerdo privado en el que se indique que una persona pagará una parte mayor de la hipoteca y si ese exceso le dará derecho a recuperar dinero en el futuro. Otra posibilidad es reconocer una deuda entre copropietarios, de manera que lo pagado de más pueda compensarse cuando se venda la vivienda o cuando se extinga la copropiedad.

También puede pactarse desde el inicio un porcentaje de propiedad diferente si el desequilibrio de aportaciones será permanente. Por ejemplo, si una persona va a asumir más entrada y más cuota durante toda la vida del préstamo, puede tener sentido que tenga una mayor participación en la vivienda.

Qué conviene pactar antes de comprar

Antes de firmar, no basta con decidir quién pone cuánto dinero. Conviene responder por escrito a varias preguntas básicas: qué aporta cada comprador para la entrada, qué porcentaje de vivienda adquiere cada uno, cómo se pagarán la hipoteca y los gastos, qué ocurre si una persona quiere vender, qué pasa si la relación termina o cómo se actuaría si una de las partes deja de pagar.

También es importante revisar las implicaciones fiscales. Si una persona paga gastos o cuotas que benefician patrimonialmente a la otra, puede haber consecuencias tributarias, especialmente si se interpreta que existe una donación encubierta. Esto es especialmente relevante cuando intervienen ayudas familiares, donaciones de padres a hijos o dinero procedente de una herencia.

El régimen económico de la pareja también puede cambiar el análisis. No es lo mismo comprar estando casados en gananciales que hacerlo en separación de bienes, como pareja no casada o entre familiares. Por eso, en operaciones con aportaciones desiguales, lo más prudente es pedir asesoramiento notarial, jurídico o fiscal antes de firmar.

Los limones, las uvas blancas sin semillas y las naranjas han sido los alimentos básicos que más se han encarecido en mayo en los grandes supermercados. El kilo de limones cuesta de media un 7,4% más que en abril, mientras que las uvas blancas han subido un 6,7% y la malla de naranjas se ha encarecido un 4,2%, según un estudio de Facua-Consumidores en Acción.

La organización ha analizado la evolución de los precios entre abril y mayo de 2026 en ocho cadenas de distribución, con una cesta formada por productos básicos como frutas, verduras, pasta, huevos, harina, lentejas, arroz y aceites de oliva y girasol. El informe muestra subidas mensuales concentradas sobre todo en algunos productos frescos, aunque también recoge bajadas en otros alimentos habituales de la cesta de la compra.

Los limones suben más de un 7% en solo un mes

El mayor incremento mensual se ha registrado en los limones, cuyo precio medio ha aumentado un 7,4% en mayo. La subida más intensa se ha producido en Alcampo, donde el kilo ha pasado de 2,29 euros en abril a 2,69 euros en mayo, lo que supone un encarecimiento del 17,5%.

Las uvas blancas sin pepitas también se han encarecido de forma notable, con una subida media del 6,7% en las últimas semanas. En este caso, el mayor aumento se ha detectado en Eroski, donde el precio ha pasado de 2,25 euros a 2,75 euros, un 22,2% más.

El tercer producto con mayor subida mensual ha sido la malla de naranjas, con un incremento medio del 4,2%. La cadena donde más ha aumentado su precio ha sido Dia, al pasar de 3,79 euros en abril a 4,79 euros en mayo. Esto supone una subida del 26,4% en apenas un mes.

Otros productos que también suben en mayo

Además de estos tres alimentos, Facua también ha detectado subidas en la bandeja de champiñones laminados, que cuesta de media un 4% más que en abril. El aceite de girasol se ha encarecido un 1,4%, mientras que las manzanas golden han subido un 1,1%.

El paquete de macarrones también aparece entre los productos que han aumentado de precio, aunque con una subida más moderada, del 0,6%. El kilo de cebollas prácticamente se mantiene estable, con un incremento del 0,1%. Según el estudio, las peras conferencia son el único alimento analizado que no ha variado de precio en el último mes.

No todos los productos han subido. Entre los alimentos que cuestan menos en mayo que en abril se encuentran el aceite de oliva, con una ligera bajada del 0,03%; la harina de trigo y los ajos, ambos con descensos del 0,1%; las lentejas pardina, con una caída del 0,3%; y el arroz redondo, que se abarata un 0,8%.

Las bajadas más acusadas se han registrado en las lechugas iceberg, con un descenso medio del 8%; las zanahorias, que cuestan un 4% menos que en abril; los huevos, con una bajada del 3,7%; el brik de leche entera, que cae un 3,2%; y la malla de patatas, con un descenso del 3%.

Las zanahorias lideran la subida interanual

Aunque en mayo las zanahorias se han abaratado respecto a abril, son el alimento analizado que más ha subido en el último año. Según Facua, el kilo cuesta ahora un 23,1% más que en mayo de 2025. Las mayores subidas se han registrado en Dia y Aldi, donde este producto ha pasado de estar en oferta a 0,89 euros a costar 1,35 euros, un 51,7% más.

Los limones también acumulan una fuerte subida interanual. En concreto, cuestan actualmente un 21% más que hace un año. Les siguen los champiñones laminados, con un encarecimiento del 7,5%, y la docena de huevos, que se ha encarecido un 7,2% desde mayo de 2025.

También han subido en el último año el aceite de girasol, un 3,1%; el paquete de macarrones, un 1,2%; y el brik de leche entera, un 0,4%.

Las naranjas bajan frente al año pasado

Pese a la subida mensual registrada en mayo, la malla de naranjas es el producto analizado que más se ha abaratado en comparación con el año anterior. Según Facua, cuesta de media un 15,7% menos que en mayo de 2025.

También han bajado las peras conferencia, con un descenso interanual del 13,6%; la malla de patatas, un 7,6%; los ajos, un 5,6%; y las uvas blancas sin pepitas, un 5,1%. Con caídas más moderadas aparecen la harina de trigo, las lentejas pardina, las cebollas, el arroz redondo, las lechugas iceberg, el aceite de oliva y las manzanas golden.

El mercado inmobiliario vuelve a enfriarse. La compraventa de viviendas cayó un 2,2% en marzo respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 61.295 operaciones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso se explica principalmente por la disminución de las transacciones de vivienda nueva, que se desplomaron un 10,2%, mientras que las operaciones sobre inmuebles usados crecieron ligeramente, un 0,2%.

La caída de marzo confirma el cambio de ritmo del mercado en el inicio de 2026. Las compraventas ya habían bajado en enero y febrero, con retrocesos del 5% y del 0,5%, respectivamente, por lo que el sector acumula tres meses seguidos en negativo. En el conjunto del primer trimestre, las operaciones se reducen un 2,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

La segunda mano aguanta mejor

En marzo se cerraron 13.057 operaciones sobre casas recién construidas, un 10,2% menos que un año antes. Es una caída mucho más intensa que la del conjunto del mercado y explica buena parte del descenso general.

La vivienda de segunda mano, en cambio, logró mantenerse en positivo. Las operaciones sobre este tipo de inmuebles alcanzaron las 48.238, un 0,2% más que en marzo de 2025. Aunque el avance es muy leve, el dato tiene peso porque supone el mejor marzo para la vivienda usada desde que arranca la serie del INE, en 2007.

En la comparación mensual, es decir, frente a febrero de 2026, el dato fue algo más positivo. En marzo se vendieron un 2,7% más de viviendas que el mes anterior, gracias al aumento del 5,1% en las operaciones sobre casas de segunda mano. La vivienda nueva, en cambio, volvió a retroceder también respecto a febrero, con una caída del 5,4%.

La vivienda protegida cae más que la libre

La mayoría de las operaciones siguen concentrándose en el mercado libre. En marzo, el 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa fueron libres, frente al 6,2% de protegidas.

En términos absolutos, se registraron 57.500 compraventas de vivienda libre, un 1,6% menos que en marzo del año anterior. La caída fue más acusada en la vivienda protegida, donde las operaciones bajaron un 10,4%, hasta las 3.795 transacciones.

Andalucía lidera las compraventas

Por comunidades autónomas, Andalucía fue la región con más actividad en marzo, con 12.494 compraventas de vivienda. Por detrás se situaron Cataluña, con 10.005 operaciones; Comunidad Valenciana, con 9.193; y Madrid, con 7.193.

El mapa autonómico muestra una evolución desigual. En ocho comunidades se vendieron más casas que un año antes, mientras que en nueve se registraron descensos. Las mayores bajadas se produjeron en Cantabria, con una caída del 15,4%; País Vasco, con un descenso del 11,6%; y Canarias, donde las operaciones retrocedieron un 8,9%.

En el lado contrario, los mayores avances se dieron en Castilla-La Mancha, con un aumento del 11,5%; Navarra, con un 8,2% más; y La Rioja, con una subida del 5,2%.

Más transmisiones de propiedades inscritas

El INE también recoge el conjunto de propiedades inscritas en los registros que cambiaron de titular en marzo, no solo viviendas. En total, se transmitieron 214.493 fincas, un 2,7% más que en el mismo mes de 2025. Este dato incluye inmuebles urbanos, como casas, locales, garajes o solares, y también terrenos rústicos.

Dentro de estas operaciones, las transmisiones por compraventa crecieron un 1,5% interanual. Las herencias también aumentaron, un 2,1%, mientras que las donaciones bajaron un 4% y las permutas retrocedieron un 17,7%.

El lavavajillas puede parecer uno de los electrodomésticos que más encarecen la factura, pero su consumo real depende mucho del programa elegido, de la carga y de los hábitos de uso. Utilizado correctamente, puede gastar menos agua y menos energía que fregar a mano, sobre todo cuando el agua caliente procede de un termo eléctrico.

Según los cálculos de la OCU, un lavavajillas consume de media entre 0,7 y 1 kWh por ciclo, en función del programa utilizado. Con un precio de referencia de la electricidad de 0,18 euros/kWh, cada lavado puede costar hasta unos 18 céntimos solo en electricidad. Si se usa una vez al día, el gasto eléctrico anual estaría aproximadamente entre 46 y 66 euros, dependiendo del consumo concreto del aparato y del programa seleccionado.

La diferencia con el lavado a mano está, sobre todo, en el agua que hay que calentar. La OCU estima que un lavavajillas utiliza entre 10 y 15 litros de agua por ciclo, mientras que fregar a mano puede requerir unos 60 litros si se llenan dos fregaderos. En términos energéticos, calentar esa cantidad de agua hasta unos 40 grados puede consumir entre 2 y 2,5 kWh si se utiliza electricidad, más del doble que un ciclo habitual del lavavajillas.

El programa Eco tarda más, pero suele gastar menos

Una de las dudas más habituales es por qué el programa Eco dura más si supuestamente ahorra. La explicación está en la temperatura y en la forma en la que el aparato calienta el agua. Los programas rápidos reducen el tiempo, pero pueden necesitar más potencia para alcanzar antes la temperatura necesaria. En cambio, el modo Eco trabaja durante más tiempo, pero normalmente utiliza menos energía.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) explica en su guía sobre etiquetado energético de electrodomésticos que las fases que más energía consumen en el lavavajillas son el lavado y el secado, porque requieren calentamiento mediante una resistencia eléctrica. Por eso, los programas económicos o de baja temperatura ayudan a reducir el gasto asociado al calentamiento del agua.

Esta es la clave: no siempre el programa más corto es el más barato. Si la vajilla no está especialmente sucia, el Eco suele ser la opción más eficiente. Los programas intensivos o de alta temperatura deberían reservarse para ollas, sartenes o restos muy incrustados.

Ponerlo medio vacío encarece cada plato limpio

El ahorro también depende de la carga. El IDAE recomienda utilizar el lavavajillas cuando esté completamente lleno y elegir el tamaño del aparato en función de las necesidades del hogar.

La razón es sencilla: un ciclo consume agua y energía aunque el aparato no esté lleno. Si se pone a media carga, el coste total del lavado puede ser parecido, pero se limpia menos vajilla. En la práctica, cada plato limpio sale más caro.

Tampoco conviene sobrecargarlo. Si los platos, vasos o cubiertos quedan mal colocados, el agua no circula bien y puede ser necesario repetir el lavado. Eso sí dispara el consumo.

El prelavado puede borrar parte del ahorro

Otro hábito que encarece el uso del lavavajillas es aclarar los platos bajo el grifo antes de meterlos. La OCU advierte de que el prelavado no es una buena idea porque consume casi tanta agua como lavar a mano y reduce buena parte del ahorro.

Lo recomendable es retirar los restos grandes de comida con una servilleta usada o con los cubiertos, pero no enjuagar toda la vajilla con agua caliente. El IDAE también señala que, si se necesita aclarar la vajilla antes de introducirla en el aparato, debe hacerse con agua fría.

Detergente, sal, abrillantador y amortización del electrodoméstico

En consumo de agua, el lavavajillas gana con claridad. La OCU calcula que puede gastar hasta cinco veces menos agua que el lavado a mano. Sin embargo, el coste total no depende solo del agua y la electricidad. También hay que tener en cuenta el detergente, la sal, el abrillantador y la amortización del electrodoméstico.

La OCU también suma a sus cálculos el coste de comprar el lavavajillas. Según la organización, un modelo estándar cuesta alrededor de 400 o 450 euros y tiene una vida útil media de 12 años. Es decir, ese gasto inicial se reparte durante todos los años de uso y acaba suponiendo unos céntimos en cada lavado.

Aun así, el lavavajillas puede salir más barato que fregar a mano en hogares de tres o más personas, donde se acumula más vajilla y se utiliza con más frecuencia. La ventaja es mayor en las viviendas con termo eléctrico, porque fregar en el fregadero exige calentar bastante más agua que la que utiliza un ciclo de lavavajillas.

Cómo ahorrar con cada lavado

Para reducir el gasto, las recomendaciones son bastante claras: usar el programa Eco siempre que sea posible, esperar a que el aparato esté lleno, evitar el prelavado con agua caliente y reservar los programas intensivos para casos concretos.

El mantenimiento también cuenta. El IDAE aconseja limpiar con frecuencia el filtro y revisar los niveles de sal y abrillantador, porque un buen mantenimiento mejora el comportamiento energético del lavavajillas.

El presupuesto medio para adquirir una vivienda en España ha aumentado más de 31.000 euros en apenas dos años, pero ese mayor esfuerzo económico no se traduce necesariamente en casas más grandes. Al contrario, los hogares están elevando la cantidad que están dispuestos a pagar mientras ajustan a la baja sus expectativas sobre el tamaño.

Según el IV Observatorio sobre Vivienda y Sostenibilidad de UCI, el presupuesto medio destinado a la compra ha pasado de 174.641 euros en 2024 a 206.257 euros en 2026. La cifra supone un incremento del 18% en dos años y refleja, según el informe, cómo los compradores se están adaptando a un mercado con precios cada vez más elevados.

Más presupuesto para menos habitaciones

Ese aumento del presupuesto coincide con un cambio en el tipo de vivienda que buscan los compradores. Las casas de tres dormitorios siguen siendo la opción mayoritaria, pero han perdido peso en los últimos años. En 2024 representaban el 51% de la demanda y en 2026 bajan al 45,5%.

En paralelo, las viviendas de dos dormitorios ganan protagonismo. Han pasado del 27% en 2024 al 33,2% en 2026. Las de cuatro dormitorios se mantienen estables, en torno al 15%, mientras que los estudios y las viviendas de cinco habitaciones o más tienen un peso mucho menor.

Según el informe, estos datos apuntan a una adaptación de la demanda a un contexto de precios al alza, en el que muchos compradores aumentan su presupuesto, pero deben ajustar el tamaño de la vivienda para poder acceder al mercado.

La edad marca cuánto se puede pagar

El presupuesto disponible también cambia mucho según la edad. Los compradores más jóvenes son los que cuentan con menos margen económico. Entre los 25 y 34 años, el presupuesto medio se sitúa en 182.242 euros, una cifra muy similar a la de quienes tienen entre 35 y 44 años, con 185.019 euros.

A partir de los 45 años, la cantidad aumenta con más claridad. Los compradores de entre 45 y 54 años declaran un presupuesto medio de 233.520 euros, mientras que en la franja de 55 a 65 años alcanza los 241.027 euros. El informe vincula esta diferencia con la capacidad económica y el ahorro acumulado, dos factores que influyen directamente en el dinero disponible para comprar vivienda.

Esta brecha muestra que el ajuste de expectativas es más intenso entre los compradores jóvenes, ya que son quienes se encuentran en etapas vinculadas a la emancipación o la formación de un hogar, pero también quienes suelen partir con menos ahorro previo y menor capacidad para asumir precios elevados.

Madrid y País Vasco tienen los presupuestos más altos

Las diferencias también son notables por comunidades autónomas. Aunque el presupuesto medio nacional se sitúa en 206.257 euros, en algunos territorios la cantidad prevista para comprar una vivienda supera ampliamente esa cifra.

Los presupuestos más altos se registran en País Vasco, con 279.821 euros, y en la Comunidad de Madrid, con 262.197 euros. Les siguen Navarra, con 239.368 euros, y Cataluña, con 232.790 euros. También se sitúan por encima de la media nacional Baleares, con 220.540 euros, y Galicia, con 210.765 euros.

En el extremo contrario aparecen Extremadura, con 118.080 euros; Aragón, con 153.648 euros; Castilla-La Mancha, con 154.314 euros; y Asturias, con 158.074 euros. El informe señala que estas diferencias reflejan mercados con niveles de precios más moderados y evidencian una brecha territorial cada vez más visible en el acceso a la vivienda.

El precio sigue siendo la gran preocupación

El encarecimiento de la vivienda aparece también entre las principales preocupaciones de los compradores. El 74,3% señala los precios como su mayor inquietud a la hora de buscar casa. Además, el 51,2% afirma que le preocupa poder permitirse la vivienda con su sueldo, un porcentaje que ha aumentado respecto a años anteriores.

A estas inquietudes se suman otros factores que condicionan la compra, como encontrar una ubicación adecuada a las necesidades del hogar, mencionado por el 48,3%; la estabilidad en el empleo, con un 40,8%; y encontrar financiación para la vivienda, con un 38,3%. Los tipos de interés preocupan al 33,7% de los encuestados, mientras que la inflación aparece en el 28,7%.

Estos datos explican por qué los compradores están modificando sus prioridades. En un mercado tensionado, el precio y la capacidad económica pesan más que otras preferencias. La búsqueda de una vivienda más grande queda condicionada por el presupuesto, la financiación disponible y la posibilidad real de asumir la operación.

La hipoteca y el ahorro, claves para acceder al mercado

La financiación sigue siendo uno de los elementos imprescindibles en el acceso a la vivienda: siete de cada diez compradores recurren a un préstamo hipotecario. También el ahorro propio continúa siendo clave en muchas operaciones, ya que el 44% de los compradores afirma utilizar sus ahorros para adquirir una vivienda.

De media, el préstamo hipotecario supone el 55,2% del importe de compra, mientras que el ahorro propio representa el 25,9%. La venta de otra vivienda aporta el 14% y la ayuda familiar, mediante donaciones o préstamos, supone el 4,9%.

El resultado es un comprador con menos margen de elección. Aunque destina más dinero a la vivienda, no necesariamente accede a mejores condiciones, sino que ajusta sus expectativas para poder cerrar la operación. En un mercado tensionado, pagar más se ha convertido en la única vía para comprar, aunque sean menos metros cuadrados.

El Banco de España ha situado la guerra en Oriente Medio como el principal riesgo para la estabilidad financiera y ha advertido de que la evolución de la vivienda sigue siendo una fuente relevante de incertidumbre para la economía española. En su Informe de Estabilidad Financiera de primavera, publicado este jueves, el supervisor señala que hogares, empresas y bancos parten de una posición relativamente favorable, aunque alerta del impacto del conflicto sobre la energía y las cadenas de suministro, así como de las tensiones que el desajuste entre oferta y demanda puede seguir generando en el mercado inmobiliario.

El organismo apunta que las tensiones geopolíticas globales se han intensificado de forma significativa y que el estallido de la guerra en febrero ha elevado una incertidumbre económica global que ya era alta. El impacto ha sido especialmente intenso en los mercados energéticos por la relevancia del estrecho de Ormuz.

En condiciones normales, por esta vía transita alrededor del 20% del petróleo mundial y de las exportaciones globales de gas natural licuado. Además, la producción de petróleo del conjunto de la región del golfo Pérsico representa cerca del 30% del total mundial, según el Banco de España.

El impacto de la guerra en la energía y el comercio

El supervisor advierte de que el conflicto ha llegado a frenar aproximadamente la producción de 10 millones de barriles de petróleo diarios, en torno al 10% de la oferta mundial previa a la guerra. Se trata de una proporción superior a la observada tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y, según el organismo, de más difícil sustitución. Esta situación puede tener efectos duraderos sobre la oferta energética, porque recuperar la producción lleva tiempo y los daños en las infraestructuras pueden dificultar aún más la vuelta a la normalidad.

La guerra también plantea riesgos más amplios para las cadenas globales de valor. Por el estrecho de Ormuz circula una parte sustancial del comercio mundial de fertilizantes, así como suministros críticos de helio y neón, materiales esenciales para la fabricación de semiconductores. El encarecimiento del combustible y la alteración de rutas marítimas estratégicas podrían elevar los costes de transporte y producción de numerosos sectores.

La vivienda, una fuente de incertidumbre

El problema de la vivienda no aparece en el informe como una amenaza inmediata para la estabilidad financiera, pero sí como un factor de incertidumbre para la economía española. El Banco de España apunta que la demanda sigue creciendo por encima de una oferta con poca capacidad de reacción, una situación que puede mantener la presión sobre los precios de compra.

Si esa presión se intensifica, el acceso a la vivienda podría deteriorarse todavía más, con efectos negativos sobre el bienestar, la movilidad laboral y el crecimiento económico a medio plazo. En especial, observa una capacidad financiera limitada de los hogares que viven de alquiler para comprar una primera vivienda mediante hipoteca, con la entrada inicial como uno de los principales obstáculos.

Aun así, el Banco de España vuelve a descartar que exista una burbuja inmobiliaria. El director general de Estabilidad Financiera, Regulación y Resolución, Daniel Pérez Cid, ha explicado que no se observa “ni tensionamiento de la situación financiera de los hogares ni una actividad desmedida desde el punto de vista de originación de crédito”.

Riesgos contenidos, pero precios todavía elevados

El Banco de España considera que los riesgos ligados al mercado inmobiliario siguen bajo control. Aunque los bancos han suavizado ligeramente las condiciones para conceder hipotecas, todavía están lejos de los niveles que se alcanzaron antes de la crisis financiera de 2008. Además, los indicadores que miden si la vivienda está sobrevalorada se sitúan en cifras parecidas a las de 2004 y muy por debajo de los máximos registrados antes del estallido de la burbuja inmobiliaria.

Los precios de compra de la vivienda aceleraron el año pasado su ritmo de aumento respecto a 2024. En el mercado del alquiler, en cambio, el Banco de España observa algunas señales de moderación. Según el informe, los precios del arrendamiento registraron avances medios en torno al 10% en 2024, pero en 2025 se desaceleraron hasta incrementos del 5%.

La actividad inmobiliaria también perdió algo de ritmo en los tres primeros trimestres de 2025, por la estabilización de las operaciones y una construcción todavía limitada. El crédito hipotecario nuevo creció con fuerza en 2025, aunque sigue siendo moderado en relación con el PIB y con el crédito bancario total.

El debate sobre limitar hipotecas

El Banco de España estudia qué efectos tendría endurecer algunas condiciones para conceder hipotecas, sobre todo en los préstamos con más riesgo. La idea sería evitar que las familias se endeuden por encima de su capacidad de pago y reducir la posibilidad de impagos si la economía empeora.

Pero el supervisor también advierte que este tipo de medidas puede tener consecuencias. Si los bancos conceden menos hipotecas, más hogares tendrían que seguir viviendo de alquiler y se reduciría el acceso a la vivienda en propiedad. El impacto sería mayor entre los jóvenes, que ya tienen más dificultades para ahorrar la entrada necesaria para comprar una casa.

En este sentido, el organismo señala que estas medidas deben diseñarse con cuidado para no perjudicar especialmente a los hogares más vulnerables.

La deuda pública, otro factor de vulnerabilidad

El Banco de España también advierte del elevado nivel de deuda pública, que supera el 100% del PIB y supone un factor de vulnerabilidad para la economía española. El supervisor señala que esta situación se ve agravada por la persistencia de déficits públicos relativamente elevados, las crecientes necesidades de gasto y la falta de concreción de medidas para cumplir con los compromisos fiscales europeos.

Aunque el coste de la deuda se mantiene contenido por las condiciones favorables de los mercados financieros, el organismo avisa de que esta situación podría cambiar si se deterioran las condiciones globales o si se produce un contagio por la posición fiscal desfavorable de economías como Estados Unidos o Francia.

Bancos en una posición favorable

Pese al aumento de los riesgos externos, el Banco de España destaca que el sector bancario español mantiene una posición favorable en términos de rentabilidad, solvencia y calidad crediticia. También señala que su exposición al crédito privado es reducida respecto al volumen total de financiación.

El supervisor apunta además que hogares y empresas parten de una situación financiera relativamente favorable, aunque identifica focos de fragilidad entre las familias de menor renta, que deben dedicar una parte elevada de sus ingresos a cubrir gastos esenciales.

Cambiar el turno de trabajo no es una decisión que la empresa pueda imponer siempre de forma inmediata y sin tener en cuenta al trabajador. Así lo explica el abogado experto en despidos, incapacidad y reclamaciones Sebastián Ramírez, conocido en TikTok como @leyesconsebas, en un vídeo en el que aclara qué puede hacer un empleado si le comunican que debe pasar, por ejemplo, de un turno de mañana a uno de tarde.

“No te pueden cambiar el turno sin avisar”, señala el abogado. La cuestión surge a partir de la duda de un seguidor, que le preguntaba si la empresa podía decirle “de una semana para otra” que tenía que cambiar su horario y empezar a trabajar por las tardes.

El cambio puede afectar a la conciliación

Ramírez recuerda que un cambio de turno no es un simple ajuste interno de organización. Puede tener consecuencias directas sobre la vida del trabajador, especialmente si altera sus rutinas familiares, sus cuidados, sus descansos o su organización personal.

“La ley entiende que es una medida lesiva, ya que afecta a tu conciliación laboral, a tu organización, a todo”, explica el abogado. Por eso, según señala, este tipo de cambios no pueden aplicarse sin más en todos los casos y requieren tener en cuenta una serie de condiciones.

En este sentido, el letrado insiste en que el trabajador no está obligado a aceptar automáticamente cualquier modificación planteada por la empresa. “Siempre está en tu mano el decir que no quieres cambiar a ese nuevo turno, que quieres continuar en el que estabas hasta ahora”, afirma.

La empresa debe justificar el cambio

El abogado matiza que, en muchas ocasiones, la empresa tendrá que respetar la negativa del trabajador si no existe una causa suficiente o si el cambio no se ha tramitado correctamente. “En la mayoría de ocasiones la empresa tendrá que respetar esta decisión”, apunta.

Sin embargo, también advierte de que hay situaciones en las que el escenario puede ser distinto. Por ejemplo, si la empresa modifica su forma de organizar la actividad de manera general. Ramírez cita un caso concreto: “A menos que se acojan a una medida que necesariamente implica que te tengas que cambiar de jornada, como por ejemplo, la empresa pasa a abrir solo de mañanas”.

En este tipo de supuestos, el cambio podría considerarse una modificación de las condiciones laborales. La descripción del vídeo de Ramírez también apunta en esa dirección, al recordar que existen límites, obligaciones de preaviso y casos en los que el cambio puede llegar a considerarse una “modificación sustancial de las condiciones de trabajo”.

El trabajador puede impugnar o pedir la extinción

Cuando el cambio afecta de forma importante a las condiciones pactadas, el trabajador puede tener distintas opciones. Según explica Ramírez, no solo cabe discutir la medida o pedir que se mantenga el horario anterior, sino que en determinados casos también puede plantearse la salida de la empresa con compensación económica.

“En esos casos, incluso podrías tú solicitar la extinción de tu contrato de trabajo, ya que te están modificando el mismo”, señala el abogado. Es decir, si el cambio altera de forma sustancial la jornada o el turno, el empleado podría dejar el puesto y “cobrar indemnización”, siempre que se cumplan los requisitos legales.

El laboralista recomienda no dar por buena cualquier comunicación de la empresa sin revisar antes el caso concreto. “Hay diferentes casos. Cada uno se tiene que analizar, cada uno tiene sus circunstancias”, advierte. Por eso, aconseja acudir a un profesional para comprobar si el cambio es correcto y decidir si conviene mantener la jornada habitual, impugnar la medida o extinguir el contrato con indemnización.

Las vacaciones de verano cuestan cada vez más, pero eso no parece frenar los planes de los españoles. El 86% tiene previsto viajar esta temporada y uno de cada cuatro espera gastar más de 1.000 euros por persona, según el Travel Report 2026 de Klarna.

El encarecimiento no ha frenado la demanda, pero sí ha cambiado la forma de organizar los viajes. Los consumidores comparan más, reservan con más cuidado y reparten sus salidas a lo largo del año. Según el informe, el 84% de los españoles planea viajar igual o más que hace tres años, pese a la inflación y al aumento del coste de muchos servicios vinculados al turismo.

La forma de viajar ha cambiado en los últimos años

Dos de cada cinco consumidores han incorporado más escapadas cortas a su calendario, como complemento a las vacaciones estivales. Además, el 24% reserva cada vez más a última hora con la intención de encontrar mejores precios. Entre los más jóvenes, de 25 a 34 años, un 14% asegura practicar el llamado bleisure, es decir, aprovechar un viaje de trabajo para añadir una escapada personal.

Sin embargo, el mayor desembolso llega con las vacaciones de verano. Según el estudio, el 23% de los españoles prevé gastar entre 601 y 1.000 euros por persona en sus vacaciones estivales, mientras que uno de cada cuatro superará los 1.000 euros.

La factura sube todavía más en los viajes internacionales: el 60% de los encuestados tiene previsto cruzar fronteras en los próximos seis meses y el 19% de quienes planean salir de España espera gastar más de 1.000 euros por persona y viaje.

Las escapadas cortas y los fines de semana largos se mueven en presupuestos más bajos. En estos casos, la horquilla más habitual se sitúa entre los 100 y los 300 euros por persona, según el informe. Los viajes con amigos presentan una distribución más repartida: un 19% prevé gastar entre 100 y 300 euros, mientras que un 18% calcula un desembolso de entre 301 y 600 euros.

Dormir fuera sale caro

La intención de viajar coincide con una subida del Índice de Precios Hoteleros, que subió un 4,5% interanual en marzo, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística. Los hoteles facturaron una media de 117,8 euros por habitación ocupada, un 3,7% más que en el mismo mes del año anterior. Las pernoctaciones hoteleras, además, aumentaron un 5,4%, lo que refleja que la demanda continúa fuerte pese al encarecimiento.

El verano pasado ya dejó una señal clara de ese encarecimiento: los españoles viajaron algo menos, pero gastaron más. Según la Encuesta de Turismo de Residentes del INE, en el tercer trimestre de 2025 se realizaron 58,2 millones de viajes, un 3,6% menos que un año antes, mientras que el gasto total aumentó un 1,9%, hasta superar los 25.014 millones de euros. El gasto medio por viaje fue de 430 euros, un 5,7% más, y el desembolso diario alcanzó los 67 euros, aunque subió hasta 111 euros en los desplazamientos al extranjero.

Comparar precios no siempre evita pagar más

En este contexto, los consumidores intentan ajustar el presupuesto antes de reservar. El 85% de los españoles compara precios en varias plataformas antes de tomar una decisión, según Klarna. Sin embargo, esa búsqueda de ahorro no siempre evita el sobrecoste. El 17% reconoce que acaba pagando más de lo necesario por el transporte y el 16% por el alojamiento por haber esperado demasiado.

La razón no siempre es la indecisión. En muchos casos, el retraso responde a la dificultad de asumir varios gastos importantes al mismo tiempo. Un vuelo, un hotel, un coche de alquiler o una reserva para toda la familia pueden concentrar en pocos días una parte relevante del presupuesto mensual. Por eso, algunos consumidores posponen la compra hasta tener más margen económico, aunque cuando finalmente reservan, los precios ya hayan subido.

En este sentido, según el informe, el 60% de los consumidores afirma que fraccionar pagos le ayuda a gestionar mejor su presupuesto mensual. Más allá de la fórmula concreta utilizada, el dato muestra hasta qué punto las vacaciones han dejado de organizarse solo en función del destino o de las fechas disponibles: también dependen de cuándo se puede pagar cada parte del viaje.

Los trabajadores extranjeros ganan cada vez más peso en el mercado laboral español. La Seguridad Social alcanzó en abril un nuevo récord de 3.248.247 afiliados procedentes de otros países, tras sumar 96.684 ocupados en el último mes y 250.939 en el último año, según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El avance de este colectivo es muy superior al del conjunto del sistema. La afiliación extranjera crece a un ritmo interanual del 8,4%, frente al 2,4% registrado por el total de afiliados a la Seguridad Social. Con estos datos, los trabajadores de otros países ya representan el 14,7% del total de cotizantes en España.

La evolución también se mantiene al descontar los efectos estacionales y de calendario. En términos desestacionalizados, la Seguridad Social cuenta ya con 3.233.241 afiliados extranjeros, tras sumar 249.780 en los últimos doce meses. La tendencia confirma que la presencia de trabajadores procedentes de otros países se ha convertido en un elemento estructural del mercado laboral español.

Casi la mitad del empleo creado desde la reforma laboral

Desde abril de 2022, el número de afiliados extranjeros ha aumentado en más de 890.000 ocupados. De hecho, el 42,9% del empleo creado desde la puesta en marcha de la reforma laboral corresponde a trabajadores extranjeros, según los datos del ministerio.

Este crecimiento tiene un impacto directo sobre la Seguridad Social, ya que supone más personas trabajando y cotizando en un país marcado por el envejecimiento de la población y por la presión sobre el sistema de pensiones. Así, la llegada de trabajadores extranjeros no solo contribuye a cubrir vacantes en sectores con dificultades para encontrar mano de obra, sino que también amplía la base de cotizantes que financia el sistema.

Marruecos supera los 400.000 cotizantes

Por nacionalidades, Marruecos sigue siendo el principal país de origen de los afiliados extranjeros a la Seguridad Social, con 404.402 cotizantes. Le siguen Rumanía, con 346.719; Colombia, con 275.695; Venezuela, con 224.428; Italia, con 214.970; China, con 129.207; Perú, con 109.146; y Ucrania, con 81.707.

Cerca del 30% de las personas afiliadas extranjeras procede de países de la Unión Europea. Sin embargo, uno de los datos más llamativos de la última década es el crecimiento de los trabajadores venezolanos, que han multiplicado por diez su presencia en la Seguridad Social española.

La distribución por sexo también muestra cambios. De los más de 3,2 millones de afiliados extranjeros, 1,85 millones son hombres, mientras que las mujeres superan por primera vez los 1,4 millones. En total, las trabajadoras procedentes de otros países representan ya el 43,1% del colectivo.

Más peso en hostelería, campo, construcción y cuidados

Aunque los trabajadores extranjeros suponen el 14,7% del total de afiliados, su presencia es mucho mayor en algunos sectores esenciales para la economía española. En la hostelería representan el 29,8% de los afiliados; en la agricultura, el 27,1%; y en la construcción, el 24,6%.

También tienen un peso relevante en el transporte y en las actividades administrativas, donde suponen el 17,7% de los trabajadores en ambos casos. La proporción es todavía más alta en determinados sistemas especiales de la Seguridad Social: en el del hogar alcanzan el 43,5% y en el agrario llegan al 40,7%.

La temporalidad cae a mínimos históricos

El aumento de la afiliación extranjera también se produce en un contexto de mayor estabilidad laboral. El 88,7% de los trabajadores extranjeros del Régimen General tiene contrato indefinido, un porcentaje muy superior al promedio registrado antes de la reforma laboral. Entre 2017 y 2021, el peso de los indefinidos dentro de este colectivo era del 58,9%.

En paralelo, la tasa de temporalidad de los trabajadores extranjeros ha caído hasta mínimos históricos. Solo el 11,3% tiene un contrato temporal, incluso por debajo del porcentaje registrado entre los trabajadores nacionales, que se sitúa en el 11,6%. Antes de la reforma laboral, la temporalidad entre los afiliados extranjeros alcanzaba de media el 41,1%.

Más de 512.000 autónomos extranjeros

El crecimiento no se limita al trabajo por cuenta ajena. El número de autónomos extranjeros también sigue aumentando y alcanza ya los 512.653, un 6,8% más que hace un año. Este avance refleja el peso creciente de los trabajadores procedentes de otros países en el emprendimiento y en el tejido productivo español.

La presencia extranjera también destaca en algunos sectores de mayor cualificación. En Telecomunicaciones y Programación Informática, los trabajadores extranjeros ya representan el 32% de los ocupados dados de alta como autónomos en esa actividad, es decir, prácticamente uno de cada tres.

También tienen una presencia elevada en actividades de los hogares, donde suponen el 26,3%; en hostelería, con el 25,3%; en actividades inmobiliarias, con el 18,4%; y en actividades administrativas, con el 18,3%.

Zara ha superado a Nike y se ha convertido en la marca de moda más valiosa del mundo en 2026, según la última edición del ranking Kantar BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands. La enseña de Inditex escala así en una clasificación dominada por los grandes grupos tecnológicos y se sitúa por delante de la multinacional estadounidense de ropa deportiva.

La marca española ha registrado un crecimiento del 18% en su valor de marca, hasta superar los 44.000 millones de dólares, unos 37.586 millones de euros. Con esta evolución, Zara se coloca en el puesto 66 del ranking global, por delante de Nike, que queda en la posición 69.

El avance refuerza el peso internacional de la compañía fundada por Amancio Ortega y confirma el papel de Zara como una de las grandes marcas españolas con mayor proyección fuera del país. En el informe específico sobre España, Kantar también sitúa a Zara como la marca española más valiosa, con un valor de 38.029 millones de dólares y el liderazgo del ranking nacional desde su creación hace ocho años.

Zara gana peso frente a Nike

El informe de Kantar interpreta el avance de Zara como un ejemplo de la importancia de construir relevancia a través de experiencias de compra personalizadas, cada vez más apoyadas en la inteligencia artificial. Asimismo, explica que la compañía ha consolidado en los últimos años un modelo basado en la rapidez de respuesta, la integración entre tienda física y canal online y una oferta capaz de adaptarse a los cambios de consumo.

En el ranking español, Kantar destaca además que Zara mantiene el primer puesto gracias a su escala, su liderazgo en diseño, la agilidad de su cadena de suministro y una ejecución omnicanal consistente. La consultora señala que estos elementos se traducen en conexiones sólidas con los consumidores y en una percepción de precio respaldada por el valor que ofrece la marca.

El buen comportamiento de Zara se enmarca también en un ejercicio positivo para varias marcas españolas de moda. Según el informe de Kantar sobre España, Bershka, Stradivarius y Mango también registran crecimientos de doble dígito, pese a operar en un mercado global complejo para el consumo.

Google arrebata el liderazgo a Apple

El cambio en moda no es la única novedad relevante del ranking. Google ha recuperado el primer puesto mundial por primera vez desde 2018, después de crecer un 57% en valor de marca. Con ello, pone fin a cuatro años consecutivos de liderazgo de Apple.

Kantar atribuye este avance a la integración de Gemini en los productos de Google, a la introducción de nuevas funciones de agente en el buscador y a la inversión continuada en centros de datos. La tecnológica alcanza una valoración de 1,48 billones de dólares, unos 1,27 billones de euros, y encabeza un grupo de marcas que ya superan el billón de dólares junto a Apple, Microsoft y Amazon.

En conjunto, las 100 marcas más valiosas del mundo alcanzan un valor récord de 13,1 billones de dólares, cerca de 11,19 billones de euros, un 22% más que el año anterior.

La inteligencia artificial impulsa el ranking

La inteligencia artificial gana protagonismo en la edición de este año. Claude entra por primera vez en el Top 100 global, directamente en el puesto 27, con un valor de marca de 96.577 millones de dólares, unos 82.494 millones de euros.

ChatGPT, por su parte, registra el mayor crecimiento anual del ranking, con un aumento del 285%. Según Kantar, solo Blackberry había logrado una subida mayor dentro del Top 100, cuando se disparó un 390% en 2008.

Europa crece, pero menos que Norteamérica

Las marcas europeas aumentaron su valor alrededor de un 14% dentro del Global Top 100, por debajo del crecimiento de las marcas norteamericanas. En este contexto, Zara destaca como una de las principales referencias europeas del ranking.

El informe también señala la presencia de marcas tecnológicas europeas como SAP, Siemens y Booking.com entre las 100 más valiosas del mundo. En paralelo, las marcas asiáticas siguen ganando peso: 23 enseñas del ranking proceden ya de esta región, con fuertes avances de compañías como Alibaba, Xiaomi, Tencent o varios grandes bancos chinos.

La mayoría de los trabajadores españoles compran menos comida o de peor calidad, usan menos la calefacción o el aire acondicionado, salen menos y tienen cada vez menos margen para ahorrar, pero ni con esos recortes consiguen llegar a fin de mes. Uno de cada tres ocupados reconoce que tiene dificultades para cubrir los gastos mensuales, según el informe Estudio de percepción de la economía entre la población española, elaborado por la Unión Sindical Obrera (USO) a partir de un sondeo de IO Investigación.

El estudio refleja hasta qué punto la pérdida de poder adquisitivo está deteriorando la vida cotidiana de los hogares. El 70,5% de los trabajadores afirma que ha tenido que reducir sus gastos habituales en los últimos dos años. Pese a esos ajustes, el 33,5% llega a fin de mes con dificultades: el 25,6% con algunas y el 8% con muchas. Solo el 20,3% declara hacerlo con holgura.

Menos comida y menos calefacción

Uno de los datos más duros del informe tiene que ver con la alimentación. El 43,3% de los trabajadores asegura que ha reducido la cantidad o la calidad de los alimentos que consume respecto a 2021. En concreto, el 16,6% dice que ha recortado tanto en cantidad como en calidad, mientras que el 26,6% ha reducido una de las dos.

El problema es mayor entre los jóvenes y los hogares con menos ingresos. Entre los trabajadores de 20 a 34 años, el porcentaje que se alimenta menos o peor sube al 48,9%. Entre las personas con bajos ingresos, alcanza el 59,1%.

Aunque la subida del precio de los alimentos es la que más han percibido los trabajadores, señalada por el 83,4% de los encuestados, la energía aparece como el segundo golpe más visible, mencionada por el 64,7%. Para rebajar la factura, más de la mitad de los trabajadores, el 51,3%, ha reducido el uso de calefacción o aire acondicionado. Otros han optado por buscar alternativas en el mercado: el 36,2% ha cambiado a tarifas energéticas más económicas y el 35% se ha pasado a otra compañía.

El ocio se convierte en la primera renuncia

Cuando los gastos básicos aprietan, el ocio suele ser una de las primeras partidas que se recorta. Casi seis de cada diez trabajadores, el 57,3%, gastan hoy menos que en 2021 en restaurantes, viajes, actividades culturales u otros planes. No son desembolsos tan imprescindibles como la alimentación, la vivienda o la energía, pero sí forman parte de la vida cotidiana y del bienestar.

El informe muestra que el 23,9% ha reducido mucho su gasto en ocio y el 33,4% lo ha reducido algo. Solo el 11,1% afirma que ahora gasta más en esta partida. El ajuste es especialmente intenso entre las personas de 35 a 44 años, donde llega al 64,2%, y entre quienes tienen una hipoteca, con un 61,8%.

Ahorrar todos los meses, cada vez más complicado

El margen para ahorrar también se ha estrechado. Aunque el 62,1% de los trabajadores dice que consigue guardar algo de dinero, solo el 24% lo hace de forma regular. El 38,2% ahorra solo de manera ocasional, el 33,2% no consigue ahorrar y el 4,6% está utilizando ahorros anteriores.

La falta de colchón se nota especialmente ante cualquier gasto inesperado. Solo el 31,5% podría afrontar un imprevisto de 1.000 euros sin dificultad. El resto tendría que hacerlo con problemas, tirar de ahorros, pedir ayuda, recurrir a crédito o directamente no podría pagarlo.

De hecho, la mitad de los trabajadores ha necesitado alguna medida extraordinaria en los dos últimos años para llegar a fin de mes o afrontar un gasto imprevisto. El 25% ha aplazado pagos, el 23,2% ha pedido ayuda a familiares o amigos, el 19,4% ha solicitado créditos o préstamos y el 8,8% ha pedido un anticipo de nómina.

El alquiler agrava las dificultades

La vivienda aparece como uno de los factores que más condiciona la situación económica de los hogares. De media, el 33,5% de los trabajadores tiene dificultades para llegar a fin de mes, pero el porcentaje sube al 47,1% entre quienes viven de alquiler.

El informe también recoge que el 78,2% de los inquilinos ha tenido que reducir gastos habituales. Además, el 13,2% de los trabajadores ha cambiado de vivienda por motivos económicos desde 2021. Entre quienes se mudaron por esta razón, el 40,3% pasó a una vivienda con menor coste mensual, pero el 38,1% acabó en una con mayor coste.

USO vincula esta situación con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios. El 78,5% de los trabajadores afirma que su sueldo ha subido alguna vez en los últimos cinco años, pero entre quienes tuvieron una mejora, el 69,7% reconoce que fue inferior a la inflación. Solo el 12,5% asegura que su salario aumentó por encima de los precios.

Ante este escenario, el sindicato reclama blindar en los convenios colectivos la cláusula de revisión salarial ligada al IPC, crear un índice que refleje mejor el peso de los productos básicos, impulsar un pacto de Estado por la vivienda y acometer una reforma fiscal que alivie el peso sobre los bienes esenciales.

Una pareja de jubilados ha puesto a la venta una isla privada en Escocia por 1,25 millones de libras, unos 1,44 millones de euros, después de casi una década viviendo rodeada de agua, naturaleza y silencio. Según recoge el Daily Mail, Richard Stein y Sally Lovell compraron Harbour Island, situada frente a la costa de Argyll, como un proyecto para su jubilación y ahora han decidido venderla para estar más cerca de su familia en el sur de Inglaterra.

La historia llama la atención porque no se trata de una isla completamente perdida en mitad del mar. Harbour Island está a solo 300 metros del pueblo de Crinan, en la costa oeste de Escocia, pero la vida allí exige una rutina muy distinta a la de cualquier vivienda convencional. Para ir a comprar, tomar una pinta en el pub o hacer cualquier recado, sus propietarios tienen que cruzar en barco hasta tierra firme.

Richard, de 71 años, y Sally, de 63, pagaron 650.000 libras por la isla hace nueve años. Antes vivían en Clerkenwell, en el centro de Londres, por lo que el cambio fue radical. La propiedad tiene 9,7 acres, casi cuatro hectáreas, y cuando la compraron estaba muy descuidada, con un bungalow de tres dormitorios que, según el periódico británico, seguía anclado en los años cincuenta.

Una vida a tres minutos en barco

A pesar de vivir en una isla privada, Richard insiste en que no se sienten aislados. “No es un lugar remoto en absoluto”, explicó al Daily Mail. El trayecto hasta Crinan dura apenas “tres o cuatro minutos” en barco, lo que les permite mantener contacto con la comunidad y acceder a los servicios básicos sin demasiadas complicaciones.

La isla cuenta con electricidad, agua corriente, internet de banda ancha y televisión gracias a cables y tuberías instalados en el fondo marino. Lo único que no tiene es gas. Para la estufa, utilizan madera de la propia isla.

El día a día en la isla exige cierta organización. Richard explica que antes podía pasar por una tienda al salir del trabajo, mientras que ahora tiene que prever con antelación qué necesita comprar. Sally también reconoce que siempre procuran tener el congelador lleno por si llega una tormenta, aunque en estos nueve años solo dos temporales les han impedido desplazarse.

Un proyecto para después de jubilarse

Richard compró Harbour Island en 2017, poco después de jubilarse como abogado. Tras dejar atrás una carrera exigente, buscaba un proyecto que le mantuviera ocupado y la isla encajaba justo con lo que necesitaba. “Mi familia pensaba que estábamos locos”, reconoció al medio británico. “Era un desafío y lo necesitaba después de dejar un trabajo exigente y gratificante”.

La pareja se instaló en la isla en abril de 2017 y empezó enseguida con las reformas. Primero renovaron la fontanería e instalaron calefacción central. Más tarde ampliaron la vivienda y, en 2022, Richard levantó él mismo un anexo con madera local, equipado con cuatro dormitorios, tres baños y varias zonas de estar.

El resultado es una casa rodeada de naturaleza, con vistas al agua y una sensación de aislamiento elegida, no impuesta. Richard cuenta que en la isla hay muchas aves y que, durante una temporada, incluso una foca se instaló allí. “Estar rodeado de agua hace que te sientas inmerso en la naturaleza”, señaló.

Sally, que antes trabajaba en marketing, pasa buena parte del día cuidando las plantas y dando paseos por el perímetro de la isla, un recorrido que le lleva unos 40 minutos. “Simplemente nos enamoramos de ella. Hay una magia en una isla y la sientes cuando pisas tierra”, contó al Daily Mail. “A veces realmente parece el paraíso”.

Una despedida difícil

Aun así, Richard y Sally han decidido vender Harbour Island. No se marchan porque se hayan cansado de la vida en la isla, sino porque quieren estar más cerca de su familia. “Es una decisión realmente difícil”, reconoció Sally. “Pero han pasado casi diez años. Estamos un poco demasiado lejos de la familia”, lamentó.

La propiedad está a la venta por 1,25 millones de libras a través de la consultora inmobiliaria Savills. La agente Iona Conn destaca que, aunque se trata de una isla privada, está a solo 300 metros del continente y cuenta con agua y electricidad de red, algo poco habitual en este tipo de viviendas. Harbour Island busca ahora nuevos propietarios para quienes quieran una vida tranquila, rodeada de un hermoso paisaje y lejos del ruido de la ciudad.

El precio del suelo urbano ha tardado diez años en subir prácticamente lo mismo que la vivienda en solo uno. Al cierre de 2025, el metro cuadrado se situaba en 171 euros, frente a los 151,9 euros registrados en el cuarto trimestre de 2015, según la Estadística de Precios de Suelo Urbano del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La diferencia supone un aumento del 12,6% en una década.

Este dato contrasta con el Índice de Precios de Vivienda del INE del cuarto trimestre de 2025, que subió un 12,9% interanual. Es decir, el precio de las casas aumentó en solo un año algo más de lo que el suelo urbano se encareció en diez. Por tipo de inmueble, el coste de la vivienda nueva aumentó un 11,2% y el de la de segunda mano, un 13,1%.

El suelo importa, pero no explica toda la subida

El suelo es la primera pieza de cualquier promoción inmobiliaria. Antes de levantar un edificio, el promotor debe comprar el terreno, asumir los gastos de urbanización cuando sean necesarios, tramitar licencias y financiar el proyecto hasta que las viviendas llegan al mercado. Por eso, un encarecimiento del suelo puede acabar trasladándose al comprador.

Aun así, los datos oficiales muestran que el terreno no ha seguido el mismo ritmo que las casas. Según el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio, el precio medio del suelo urbano transaccionado fue de 152 euros por metro cuadrado en 2015, bajó hasta 142 euros en 2020 y repuntó después hasta los 176 euros en 2024, el nivel más alto de la última década. En 2025 volvió a bajar hasta los 171 euros.

Ese recorrido muestra un mercado con subidas y bajadas, no una escalada constante. La vivienda, en cambio, ha encadenado subidas más intensas en los últimos años. Su encarecimiento responde también a otros factores, como la falta de oferta, el aumento de hogares, la demanda en las grandes ciudades, los costes de construcción, los plazos urbanísticos y las condiciones de financiación.

Por qué el dato del suelo cambia tanto

El precio medio del suelo puede oscilar mucho de un trimestre a otro porque depende del tipo de terrenos que se vendan en cada momento. No es lo mismo una parcela pequeña en una zona con poca demanda que un solar bien situado en una gran ciudad o un terreno listo para edificar. Por eso, unas pocas operaciones pueden mover la media con más intensidad que en otras estadísticas del mercado inmobiliario.

La comparación histórica ayuda a poner el dato actual en contexto. En 2006, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, el precio medio del suelo urbano llegó a 285 euros por metro cuadrado. Tras la crisis, cayó con fuerza y no ha recuperado esos niveles. Incluso en 2024, cuando marcó el máximo de la última década, se quedó 109 euros por debajo de la cifra registrada antes de la crisis financiera.

También hay diferencias según el tamaño del municipio. En las localidades de más de 50.000 habitantes, donde la presión inmobiliaria suele ser mayor, el suelo alcanzó los 292 euros por metro cuadrado en 2024. La cifra sigue por debajo de los 300,8 euros de 2015, lo que muestra que ni siquiera en los mercados urbanos de mayor tamaño la evolución ha sido necesariamente al alza durante toda la década.

El precio bajó tras tocar máximos en 2024

El precio medio del suelo urbano terminó 2025 en 171 euros por metro cuadrado, un 2,6% menos que en el mismo periodo del año anterior, de acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Vivienda. La bajada se produjo en un trimestre con 8.473 transacciones, un 93,4% más que un año antes.

La vivienda, en cambio, mantuvo una tendencia claramente alcista. Según el INE, el precio de las casas aumentó un 1,8% entre el tercer y el cuarto trimestre de 2025 y se situó un 12,9% por encima del nivel registrado un año antes. Es decir, mientras el suelo se abarató al cierre del ejercicio, la vivienda siguió encareciéndose con fuerza.

Baleares, Madrid y Canarias, los suelos más caros

Las diferencias territoriales son amplias. Al cierre de 2025, los precios más elevados del suelo urbano se registraron en Baleares, con 387,7 euros por metro cuadrado; Comunidad de Madrid, con 310,6 euros; y Canarias, con 247,4 euros, según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda. En el extremo contrario, los importes más bajos se situaron en Castilla-La Mancha, Aragón y Extremadura.

La brecha refleja que el suelo no tiene un comportamiento uniforme en todo el país: pesa más en los mercados con mayor presión residencial, turística o metropolitana, pero su evolución depende también del tipo de operaciones cerradas en cada territorio.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y Agroseguro para la ejecución de los planes de seguros agrarios combinados, el sistema con el que el Estado ayuda a agricultores, ganaderos, acuicultores y propietarios forestales a proteger sus explotaciones frente a daños provocados por fenómenos meteorológicos, enfermedades u otros riesgos propios de la actividad agraria.

La medida se enmarca en el 47º Plan de Seguros Agrarios Combinados, correspondiente a 2026, que cuenta con una dotación de 315 millones de euros para subvencionar parte del coste de las pólizas. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que esta cantidad supone “un 50% más” que la disponible en 2020 para esta política.

Planas ha defendido que el seguro agrario es “probablemente uno de los instrumentos más importantes” de la política agraria en España y lo ha definido como “un mecanismo de gestión de riesgos” para responder a los problemas que afrontan agricultores y ganaderos, especialmente los vinculados a los fenómenos climáticos extremos y al cambio climático. El objetivo es que el seguro sirva como apoyo económico ante pérdidas que, en muchos casos, pueden comprometer la continuidad de una explotación.

Qué son los seguros agrarios combinados

Los seguros agrarios combinados son pólizas diseñadas para cubrir los riesgos que afectan a la agricultura, la ganadería, la acuicultura y las explotaciones forestales. Forman parte de un sistema público-privado en el que intervienen el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la ENESA, las comunidades autónomas y Agroseguro, la agrupación de entidades aseguradoras que gestiona estas pólizas.

Su función es permitir que los productores aseguren sus cosechas, animales o instalaciones frente a daños que no dependen de ellos. Entre los riesgos cubiertos se encuentran episodios como sequías, heladas, pedriscos, inundaciones, incendios, vientos fuertes, enfermedades del ganado o accidentes que puedan afectar a la producción.

El sistema se revisa cada año mediante un plan anual, que fija las líneas de seguro disponibles, los periodos de contratación, las condiciones de cobertura y las subvenciones que pueden recibir los asegurados. De esta forma, las coberturas se adaptan a las necesidades de cada sector y a la evolución de los riesgos.

Cómo funciona la ayuda pública

La principal ventaja para el campo es que el Estado asume una parte del coste de la póliza. Es decir, el agricultor o ganadero no paga íntegramente el seguro, sino que recibe una subvención que se aplica directamente en el momento de contratarlo. Esto permite reducir el precio final y facilita que más explotaciones puedan protegerse.

Después, ENESA compensa a Agroseguro por la parte subvencionada, de acuerdo con los convenios y procedimientos aprobados para cada ejercicio. En la práctica, este mecanismo permite que la ayuda pública llegue al productor de forma directa, sin que tenga que adelantar la parte bonificada del seguro.

En el plan de 2026, el Ministerio de Agricultura mantiene una dotación de 315 millones de euros, la misma cifra que en el ejercicio anterior. Según la información publicada por el departamento, las ayudas pueden cubrir una parte muy relevante del coste de la póliza, especialmente en el caso de agricultores profesionales, jóvenes agricultores y titulares de explotaciones prioritarias.

En algunos módulos, la subvención estatal mínima se sitúa entre el 45% y el 50% del coste del seguro. Además, estas ayudas pueden incrementarse con las aportaciones de las comunidades autónomas, hasta alcanzar en determinados casos el 70% del precio de la póliza.

Una red de seguridad ante el clima extremo

Los seguros agrarios combinados han ganado importancia en los últimos años por el aumento de los fenómenos meteorológicos extremos. Sequías prolongadas, olas de calor, tormentas intensas, heladas fuera de temporada o episodios de pedrisco pueden arruinar una cosecha en cuestión de horas y provocar pérdidas difíciles de asumir para muchas explotaciones.

Para el campo, este sistema funciona como una red de seguridad. No evita el daño, pero sí ayuda a compensar económicamente las pérdidas y a mantener la actividad. Esto resulta especialmente relevante en un sector muy expuesto al clima y con márgenes ajustados, en el que una mala campaña puede afectar a los ingresos de un año y a la capacidad de invertir, pagar deudas o preparar la siguiente temporada.

El peso de este sistema se refleja también en el volumen de producción protegida. Según Luis Planas, el valor asegurado al cierre de 2025 se situó en torno a los 19.000 millones de euros en el conjunto de la producción agraria y ganadera.

Qué daños pueden cubrir estas pólizas

El beneficio no se limita a las grandes catástrofes. También puede cubrir pérdidas parciales que reducen la producción, deterioran la calidad de los cultivos o encarecen la actividad, situaciones que afectan de forma directa a la rentabilidad de una explotación.

La protección también alcanza a la ganadería, donde los seguros pueden cubrir accidentes, enfermedades, retirada de animales muertos, pérdida de pastos o problemas derivados de determinadas situaciones climáticas. En el caso de la acuicultura y las explotaciones forestales, el sistema incluye líneas específicas adaptadas a sus propios riesgos.

El peso de este sistema se refleja también en el volumen de producción protegida. Según Luis Planas, el valor asegurado al cierre de 2025 se situó en torno a los 19.000 millones de euros en el conjunto de la producción agraria y ganadera.

Además, el seguro permite dar una respuesta más ordenada ante los daños. En lugar de depender únicamente de ayudas excepcionales aprobadas después de una sequía, una helada o una tormenta, ofrece una cobertura contratada de antemano y con condiciones conocidas. Para las explotaciones, esto supone más previsibilidad y una mayor capacidad para afrontar campañas marcadas por la incertidumbre climática.

Reformar el baño o la cocina puede salir más barato si la obra forma parte de una actuación de rehabilitación energética de la vivienda. El Gobierno mantiene activas las ayudas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiadas con fondos europeos, que pueden alcanzar hasta 21.400 euros por vivienda en determinados casos. La clave es que no sirven para cualquier reforma: la actuación debe mejorar la eficiencia energética del inmueble y acreditarlo con certificados antes y después de las obras.

Estas subvenciones forman parte del programa de rehabilitación residencial incluido en los fondos Next Generation. El objetivo marcado por el Ejecutivo es llegar a 510.000 actuaciones de renovación de viviendas en el segundo trimestre de 2026, con un presupuesto de 3.420 millones de euros destinado a mejorar edificios y hogares.

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No vale cualquier reforma

La ayuda no está pensada para cambiar azulejos, renovar muebles de cocina o sustituir sanitarios por una cuestión estética. Para acceder a la subvención, la reforma debe estar vinculada a una mejora energética real. Es decir, puede incluir obras en baños o cocinas, pero siempre que formen parte de una actuación más amplia que reduzca el consumo de energía o mejore el comportamiento térmico de la vivienda.

Entre las actuaciones que pueden encajar están la mejora del aislamiento, el cambio de ventanas, la renovación de instalaciones, la sustitución de sistemas de calefacción o refrigeración, la instalación de placas solares, la aerotermia o intervenciones en la envolvente del edificio. En algunos casos, estas obras pueden obligar a actuar también sobre cocinas o baños si afectan a instalaciones de agua, electricidad, ventilación o climatización.

El requisito para cobrar la ayuda

El Real Decreto que regula estas subvenciones exige acreditar una mejora energética. En las actuaciones sobre viviendas, se debe conseguir al menos una reducción del 7% de la demanda energética anual de calefacción y refrigeración o una reducción del 30% del consumo de energía primaria no renovable.

Para demostrarlo, no basta con presentar facturas. Es necesario contar con un certificado de eficiencia energética previo a la obra y otro posterior, emitidos por un técnico competente. La comparación entre ambos documentos es la que permite justificar que la vivienda consume menos energía después de la intervención.

Cuánto dinero se puede recibir

La cuantía depende del tipo de actuación y del ahorro conseguido. En el caso de obras de mejora energética en una vivienda individual, la ayuda puede cubrir el 40% del coste, con un límite de 3.000 euros.

Las cantidades aumentan cuando se trata de rehabilitaciones más amplias en edificios o barrios. En los programas de rehabilitación a nivel de barrio, la subvención puede alcanzar el 80% del coste y llegar hasta 21.400 euros por vivienda si la actuación logra una reducción del consumo de energía primaria no renovable igual o superior al 60%.

Por eso, la cifra máxima no se aplica a cualquier reforma doméstica. Cambiar una cocina o renovar un baño no da derecho por sí solo a cobrar 21.400 euros. Esa cantidad está reservada para actuaciones de rehabilitación energética de mayor alcance.

¿Cómo se solicitan?

Las ayudas se gestionan a través de las comunidades y ciudades autónomas, y también pueden intervenir ayuntamientos en determinados programas. Por tanto, los interesados deben consultar la convocatoria abierta en su comunidad o municipio, ya que los plazos, formularios y documentación pueden variar según el territorio.

El procedimiento suele funcionar por concurrencia simple: las solicitudes se atienden por orden de presentación hasta que se agoten los fondos disponibles. Por eso conviene revisar cuanto antes la web de vivienda de cada comunidad autónoma y preparar la documentación técnica antes de iniciar la obra o dentro de los plazos que marque la convocatoria.

También hay deducciones fiscales

Además de las subvenciones directas, existen deducciones en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética. La Agencia Tributaria recoge deducciones temporales para reformas que reduzcan la demanda de calefacción y refrigeración, mejoren el consumo de energía primaria no renovable o rehabiliten energéticamente edificios residenciales. Las deducciones para viviendas se han prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2026, y las relativas a edificios residenciales, hasta el 31 de diciembre de 2027.

Salir a fumar mientras trabajas no supone más de cinco minutos de tu jornada laboral; sin embargo, puede acabar generando conflictos dentro de la empresa si el tiempo que paras no está regulado. El abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en TikTok como @laboral_tips, ha explicado en un vídeo cuándo estas salidas son legales y cuándo la empresa puede exigir que se recuperen.

El punto de partida es claro: fumar durante el tiempo de descanso es legal. “Durante un descanso entre jornadas o durante el descanso de una jornada continuada, el trabajador puede hacer prácticamente lo que quiera”, señala el abogado. Es decir, si el empleado aprovecha su pausa reconocida para fumar, no habría problema.

La cuestión cambia cuando el trabajador sale a fumar fuera de ese descanso y lo hace de forma reiterada. Según De la Calzada, en esos casos la empresa puede considerar que ese tiempo no forma parte de la jornada efectiva y reclamarlo. Si los trabajadores “salen a fumar cinco minutillos, nada, un pitillito, tres minutos, cinco, y así de forma reiterada, la empresa puede reclamarles ese tiempo como tiempo de trabajo y lo deben recuperar”, explica.

Fumar en el descanso sí es legal

El Estatuto de los Trabajadores reconoce que, cuando la jornada diaria continuada supera las seis horas, debe existir un descanso mínimo de 15 minutos. Ese periodo solo se considera tiempo de trabajo efectivo si así lo establece el convenio colectivo o el contrato.

Por eso, la clave está en distinguir entre el descanso reconocido y las pausas adicionales. Si el trabajador fuma dentro de su tiempo de descanso, la empresa no puede impedirle hacerlo por el simple hecho de que sea fumador. Otra cosa es que salga varias veces al día sin que esas pausas estén previstas.

El abogado lo resume así: “El tiempo de fumar, si se lo estás concediendo a un empleado, a otro empleado le estás discriminando, porque el que no fuma no tiene ese tiempo”.

La empresa puede pedir que se recupere

Según De la Calzada, si esas salidas no forman parte del descanso pactado, la empresa puede exigir que se recuperen o incluso descontarlas. También advierte de que, si la conducta se repite, hay avisos previos y existe una regulación interna clara, podría llegar a tener consecuencias disciplinarias.

“La cuestión es que ese tiempo que se dedica a fumar no es descanso; se puede sancionar e incluso, si es de forma reiterada y se han dado avisos previos, podría llegar incluso a tu despido”, afirma.

Para evitar conflictos, el abogado recomienda que las empresas no actúen de forma improvisada. Lo aconsejable, dice, es fijar una norma interna que explique cuándo se puede salir a fumar, si hay que fichar y cómo se computa ese tiempo.

Un protocolo para evitar problemas

De la Calzada plantea una solución intermedia para las empresas que quieran permitir estas pausas: repartir el tiempo de descanso. Por ejemplo, si un trabajador tiene 30 minutos, podría hacer 15 minutos seguidos y después tres pausas de cinco minutos para fumar.

Eso sí, el abogado insiste en que debe estar regulado. La medida tendría que recogerse en un reglamento interno, comunicarse a la plantilla y acompañarse de controles horarios. “Que se fiche cada vez que se sale y se entra a fumar”, recomienda. El objetivo es evitar agravios entre compañeros. “Luego vienen los problemas internos de un trabajador que dice: ‘Es que Fulanito sale a fumar cinco veces, es que Menganito sale a fumar tres veces’”, concluye.

El Tribunal Supremo ha fijado criterio sobre el abuso de temporalidad en las administraciones públicas y ha establecido que los interinos y trabajadores temporales solo podrán convertirse en fijos si antes superaron una oposición para acceder a un empleo fijo, aunque no obtuvieran plaza.

La Sala de lo Social rechaza que la contratación temporal abusiva permita acceder automáticamente a un puesto fijo sin haber pasado por una prueba sometida a los principios de igualdad, mérito y capacidad. Para quienes no cumplan ese requisito, la reparación será una indemnización y la remisión del caso a la Inspección de Trabajo.

La sentencia, dictada por el Pleno de la Sala Social del Supremo el 11 de mayo de 2026, resuelve cuándo el abuso de temporalidad puede traducirse en la conversión de la relación laboral en fija. El tribunal concluye que no basta con haber encadenado contratos temporales durante un periodo prolongado, sino que debe existir un requisito previo: haber superado una prueba selectiva para personal fijo.

El Alto Tribunal argumenta que reconocer la fijeza de forma automática a trabajadores temporales que no han pasado por un procedimiento de acceso al empleo público vulneraría la Constitución y el Estatuto Básico del Empleado Público. En concreto, sostiene que se verían afectados los principios de igualdad, mérito y capacidad, que regulan el acceso a los puestos públicos, y se impediría competir por esas plazas al resto de ciudadanos.

Cuándo sí podrán convertirse en fijos

La conversión en fijo solo será posible en un supuesto concreto. El Supremo establece que podrá aplicarse cuando una persona haya participado en una prueba selectiva para la contratación de personal fijo, la haya superado, pero no haya obtenido plaza porque había más aspirantes aprobados que puestos ofertados. Si después esa persona firma contratos temporales y se acredita un abuso de temporalidad, la relación laboral podrá declararse fija.

En esos casos, el tribunal entiende que la conversión no es contraria a la ley, ya que el trabajador sí ha acreditado previamente su capacidad en un proceso de acceso al empleo público conforme a los requisitos exigidos. Además, el abuso posterior revela, según el criterio fijado por el Supremo, una necesidad estructural de trabajadores en la administración correspondiente.

La decisión se adopta de conformidad con el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de abril de 2026 en el asunto Obadal, que abordó la respuesta frente al abuso de la contratación temporal en el sector público.

Indemnización para quienes no superaron la prueba

Para los trabajadores temporales que no hayan superado un proceso selectivo de estas características, el Supremo descarta la conversión automática en fijos. En su lugar, considera que las medidas adecuadas para prevenir y reparar el abuso de temporalidad deben ser otras.

La principal vía será el abono de una indemnización, que deberá calcularse conforme a los criterios fijados por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Además, cuando una sentencia constate que se ha producido un uso abusivo de la temporalidad, deberá remitirse testimonio a la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que inicie el correspondiente procedimiento sancionador.

Con este criterio, el Supremo busca compatibilizar la protección de los trabajadores afectados por contratos temporales abusivos con las normas que regulan el acceso al empleo público. Es decir, reconoce que el abuso debe tener consecuencias, pero limita la fijeza a quienes ya habían superado una prueba de acceso a un puesto estable.

El caso concreto

La sentencia aplica esta doctrina al caso de una trabajadora que sí había superado el proceso selectivo para personal fijo, aunque no consiguió plaza. Posteriormente, la administración recurrió a contratos de duración determinada y se produjo un abuso de temporalidad. Por ello, el Supremo declara que su relación laboral debe ser considerada fija.

El encarecimiento del alquiler ha llevado a propietarios e inquilinos a buscar fórmulas alternativas para acceder a una vivienda. Una de ellas es el llamado alquiler gratis a cambio de una reforma, un acuerdo por el que el arrendatario puede vivir durante un tiempo sin pagar renta mensual, o pagando menos, si asume determinadas obras en el inmueble. Sin embargo, no se trata exactamente de vivir gratis. La reforma funciona como una forma de pago: el inquilino compensa la renta con el coste de los trabajos que se compromete a realizar. Para que el acuerdo sea seguro, debe quedar todo por escrito y con el mayor detalle posible.

La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que, en los contratos de alquiler de vivienda, las partes pacten que durante un plazo determinado la obligación de pagar la renta se sustituya total o parcialmente por el compromiso del inquilino de reformar o rehabilitar el inmueble. La misma norma establece que, si el arrendatario incumple ese compromiso, el propietario podrá resolver el contrato.

No es un alquiler gratuito: se paga con obras

La clave de esta fórmula está en valorar económicamente la reforma. Por ejemplo, si las obras tienen un coste de 12.000 euros y la renta mensual pactada sería de 800 euros, las partes podrían acordar que el inquilino no pague alquiler durante 15 meses. Pasado ese plazo, el contrato podría continuar con una renta mensual normal, siempre que así se haya previsto desde el principio.

Por eso es importante no confundir esta fórmula con una cesión gratuita. El inquilino paga, pero lo hace mediante una inversión en una vivienda que no es suya. Si el acuerdo no está bien definido, puede asumir un gasto elevado sin tener garantizado cómo recuperará esa inversión.

Qué debe recoger el contrato

El contrato es la pieza central de este tipo de acuerdos. No basta con que propietario e inquilino hablen de las obras de forma general o lleguen a un acuerdo verbal. El documento debe recoger con precisión qué se va a hacer, cuánto cuesta y durante cuánto tiempo se compensará la renta.

Entre los puntos básicos figuran la descripción detallada de las obras, el presupuesto, el valor económico de la reforma, los meses de renta que se compensan, los plazos de ejecución y quién asume cada gasto. También conviene aclarar qué ocurre si aparecen sobrecostes, si la obra se retrasa o si finalmente no se ejecuta como estaba previsto.

Además, es recomendable dejar constancia del estado inicial de la vivienda, con fotografías o un inventario, y concretar cuál debe ser el resultado final. La LAU también señala que, al finalizar el arrendamiento, el inquilino no podrá pedir una compensación adicional por el coste de esas obras si ya sirvieron para sustituir total o parcialmente el pago de la renta.

Qué obras se pueden hacer

No todas las reformas son iguales ni todas requieren los mismos trámites. Pintar, cambiar suelos o renovar elementos interiores puede ser más sencillo que tirar tabiques, modificar instalaciones o intervenir en elementos estructurales. En función del tipo de actuación y del municipio, puede ser necesaria una licencia, una declaración responsable o una comunicación previa.

En cualquier caso, el inquilino no debería iniciar obras sin autorización expresa del propietario. La LAU exige consentimiento por escrito para las actuaciones que modifiquen la configuración de la vivienda o de sus accesorios. Además, no pueden realizarse obras que afecten a la estabilidad o seguridad del inmueble.

Antes de empezar, conviene comprobar qué permisos exige el ayuntamiento correspondiente, ya que una reforma mal planteada puede generar sanciones o incluso la paralización de los trabajos.

A quién le puede interesar

Esta fórmula puede interesar a propietarios que tienen una vivienda antigua, deteriorada o desactualizada y no quieren, o no pueden, asumir de entrada el coste de una reforma. A cambio de dejar de cobrar alquiler durante un periodo, consiguen mejorar el inmueble y revalorizarlo.

Para el inquilino, puede ser una opción si tiene capacidad económica para adelantar el dinero de la obra, si puede conseguir materiales o mano de obra a menor coste, o si pertenece al sector de las reformas, la construcción, el diseño o el mantenimiento. También puede resultar atractiva para quienes buscan adaptar una vivienda a sus necesidades.

Pero no es una solución válida para todos. El arrendatario debe tener claro que está gastando dinero en una casa ajena y que la compensación debe estar perfectamente calculada. Si la inversión es demasiado alta o el plazo de permanencia no está garantizado, el supuesto ahorro puede acabar saliendo caro.

Cuándo no merece la pena

El alquiler a cambio de reformas no es recomendable cuando la vivienda tiene problemas estructurales graves, no existe un presupuesto cerrado o el propietario no quiere firmar un contrato detallado. Tampoco conviene si las obras requieren licencias complejas, si no está claro quién asume los sobrecostes o si no se fija durante cuánto tiempo se compensará la renta.

El principal riesgo para el inquilino es invertir en una reforma y no poder disfrutar de la vivienda el tiempo suficiente para recuperar ese gasto. Para el propietario, el peligro está en que las obras no se terminen, se hagan mal o generen conflictos sobre calidades, plazos o responsabilidades.

También puede tener efectos fiscales

Aunque no haya un pago mensual en dinero, el acuerdo puede tener consecuencias fiscales. La reforma puede considerarse una contraprestación en especie para el propietario, por lo que conviene valorar correctamente el pacto y revisar cómo debe declararse.

Antes de firmar, ambas partes deberían calcular no solo el coste de las obras y los meses de renta compensados, sino también las posibles obligaciones fiscales y administrativas. El alquiler a cambio de reformas puede ser legal y útil, pero solo si se plantea con rigor.

Construir más vivienda, pero no de cualquier manera. Los madrileños apoyan mayoritariamente la creación de nuevas casas para mejorar el acceso residencial en la Comunidad de Madrid, aunque vinculan esos desarrollos a una condición clara: que nazcan con transporte, servicios, centros sanitarios y vivienda asequible. El 87% de los residentes de entre 18 y 49 años considera “muy” o “bastante” necesaria la construcción de nuevas viviendas en la región, según el I Barómetro de la Vivienda en la Comunidad de Madrid, elaborado por GAD3 para Valdecarros Madrid.

El informe, basado en 1.068 entrevistas online realizadas entre el 25 y el 31 de marzo de 2026, recoge que la demanda de más vivienda no se limita a levantar nuevos edificios. Al pensar en la planificación de barrios como Valdecarros, el 52% de los encuestados sitúa como prioridad el transporte y la movilidad, el 45% los servicios y equipamientos -como colegios, salud o comercio- y el 42% la vivienda protegida o asequible.

Transporte y movilidad, la primera condición

El transporte aparece como la principal exigencia ciudadana para los nuevos desarrollos residenciales. Más de la mitad de los encuestados, el 52%, considera que la movilidad debe ser una prioridad en la planificación de un nuevo barrio. La preocupación se repite cuando se pregunta por las dotaciones más necesarias en el entorno residencial: el 48% menciona directamente el transporte público.

El dato refleja que, para los madrileños, el valor de una vivienda no solo se mide por sus metros cuadrados o su precio, sino también por su conexión con el resto de la ciudad. Un nuevo barrio puede ampliar la oferta residencial, pero si obliga a depender del coche o dificulta los desplazamientos diarios al trabajo, los estudios, el médico o los comercios, pierde atractivo.

Centros sanitarios, comercios y colegios

La segunda gran prioridad es la existencia de servicios básicos. El 45% de los participantes en el barómetro considera que los nuevos barrios deben planificarse con servicios y equipamientos, incluidos colegios, centros de salud y comercio de proximidad.

Cuando se pregunta por las dotaciones más necesarias en un barrio, los centros sanitarios aparecen en segundo lugar, citados por el 40% de los encuestados. Después se sitúan los comercios y servicios de proximidad, con un 34%, las zonas verdes y espacios públicos, con un 24%, y los centros educativos, con un 21%.

Las cifras apuntan a una preocupación evidente: que los nuevos desarrollos urbanos se conviertan en zonas residenciales sin vida de barrio. Los madrileños reclaman viviendas, pero también los servicios y espacios públicos necesarios para desarrollar la vida diaria sin desplazamientos constantes.

Vivienda asequible para que construir sea útil

La tercera prioridad tiene que ver con el precio. El 42% de los encuestados señala la vivienda protegida o asequible como uno de los aspectos que deberían ser prioritarios en la planificación de nuevos barrios. Además, al preguntar qué tipo de vivienda debería impulsarse en estos desarrollos, el 44% apuesta por vivienda protegida en venta y el 37% por vivienda protegida en alquiler.

La vivienda libre en venta queda por detrás, con un 31%, mientras que la vivienda orientada a jóvenes o primera residencia aparece mencionada por el 27%. El alquiler libre tiene menos peso, con un 14%.

El informe también pregunta por el principal impacto positivo que puede tener un gran desarrollo residencial. La respuesta más repetida es el aumento de la vivienda asequible, con un 42%, seguida de la ampliación de la oferta de vivienda, con un 35%. Es decir, los encuestados no solo esperan que se construya más, sino que esa nueva oferta pueda servir para mejorar el acceso real a una casa.

El precio sigue siendo el problema de fondo

La importancia de la vivienda asequible se entiende mejor al observar las barreras de acceso. El precio es, con diferencia, el principal obstáculo tanto para comprar como para alquilar en la Comunidad de Madrid. En el caso de la compra, lo señala el 56% de los encuestados. En el alquiler, el porcentaje sube hasta el 62%.

Por detrás aparecen otros problemas, aunque a bastante distancia. Para comprar, el 13% menciona la falta de ahorro para afrontar la entrada, impuestos y gastos iniciales, mientras que el 12% apunta a ingresos insuficientes o inestabilidad laboral. En el alquiler, el 12% señala los requisitos y garantías exigidas, como fianzas elevadas, avales o seguros, y el 11% menciona también los ingresos insuficientes o la inestabilidad laboral.

España es ahora un lugar más hostil que hace una década para los jóvenes que quieren iniciar su propia vida. Ya no basta con estudiar, encontrar empleo y cobrar un salario todos los meses. La vivienda se ha convertido en una barrera tan alta que incluso quienes tienen trabajo estable se ven obligados a seguir viviendo con sus padres. Un estudio publicado en la revista Información Comercial Española (ICE), elaborado a partir de microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), calcula que el déficit habitacional de emancipación alcanzó en 2024 los 311.403 hogares jóvenes, la cifra más alta registrada en diez años, lo que equivale a más de 436.000 jóvenes ocupados que podrían haber formado un hogar propio.

Este déficit mide la distancia entre los jóvenes que, por sus condiciones laborales y sociales, podrían vivir de forma independiente y los que realmente lo consiguen. La conclusión es clara: España ha creado empleo joven, pero no viviendas que esos trabajadores puedan pagar. El resultado es una generación atrapada entre nóminas insuficientes para los desorbitados precios que maneja actualmente el mercado inmobiliario.

El empleo ya no abre la puerta de casa

La crisis de emancipación juvenil hace tiempo que no se explica solo por el paro. El estudio realizado por los economistas Diego Cagigas Castro e Iker Beraza Pérez subraya que el principal freno ya no reside únicamente en la falta de trabajo, sino en la imposibilidad de transformar los ingresos laborales en acceso real a una vivienda. En 2024, solo el 31% de los jóvenes de entre 16 y 34 años vivía fuera del hogar familiar, frente al 42% registrado en 2014. Es decir, la tasa de emancipación ha caído 11 puntos en una década.

El deterioro también alcanza a quienes, en teoría, deberían estar en mejores condiciones para independizarse. Entre los jóvenes con empleo estable a tiempo completo, la tasa de emancipación ha pasado del 67% en 2014 al 54% en 2024, pese a que ese año había 3,3 millones de jóvenes con trabajo estable.

El problema de la vivienda afecta a todas las edades, aunque golpea con especial intensidad a quienes están en una etapa clave para iniciar un proyecto de vida. Entre los jóvenes de 25 a 29 años, la tasa de emancipación bajó del 47% al 36% entre 2014 y 2024. Incluso entre los de 30 a 34 años, que tradicionalmente ya habían consolidado su independencia residencial, el porcentaje cayó del 76% al 69%.

La vivienda sube mucho más que los salarios

Los sueldos jóvenes no se han quedado completamente congelados, pero han avanzado a un ritmo muy inferior al de la vivienda. Según el estudio, el salario medio neto anual de los jóvenes ocupados pasó de 14.098 euros en 2014 a 18.338 euros en 2024, un aumento del 30%. En ese mismo periodo, el IPC subió un 23%, por lo que los salarios crecieron por encima de la inflación general. El problema está en otra comparación: el Índice de Precios de la Vivienda aumentó un 65% y el precio medio de las ofertas de alquiler publicadas en Idealista se disparó un 82%.

La brecha es todavía más visible en los territorios con mayor presión inmobiliaria. El precio de la vivienda aumentó un 86% en la Comunidad de Madrid, un 77% en Cataluña y un 85% en Baleares entre 2014 y 2024. La consecuencia es una especie de embudo: comprar exige un ahorro previo difícil de reunir, sobre todo desde que las entidades financieras endurecieron los requisitos hipotecarios tras la crisis inmobiliaria. Al mismo tiempo, el alquiler absorbe una parte creciente de los ingresos y dificulta ahorrar para una entrada.

El estudio define este proceso como una “trampa del alquiler”: quienes no pueden comprar se ven empujados a arrendar, esa mayor demanda presiona los precios y la capacidad de ahorro se reduce aún más.

Más de 436.000 jóvenes bloqueados

Para calcular el déficit habitacional de emancipación, los autores toman como referencia 2014 y estiman cuántos jóvenes ocupados no emancipados habría habido si no se hubiera producido un deterioro estructural en el acceso a la vivienda. Después comparan esa evolución teórica con la realidad observada en cada comunidad autónoma.

El resultado es que, en 2024, había un déficit equivalente a más de 436.000 jóvenes ocupados. Traducido a hogares, la cifra supera los 311.000. No se trata, por tanto, de una medición basada en deseos abstractos de independencia, sino en personas con empleo que, en otras condiciones de mercado, podrían haber formado un hogar propio.

La serie muestra además un agravamiento claro. El déficit comenzó a crecer con fuerza a partir de 2017, alcanzó casi 236.000 hogares en 2019, retrocedió durante los años de la pandemia y volvió a repuntar después hasta llegar en 2024 al nivel más elevado del periodo analizado.

Cataluña, Madrid y Andalucía concentran el mayor agujero

El bloqueo no se reparte igual por todo el territorio. Cataluña lidera el déficit, con más de 71.000 hogares jóvenes no formados en 2024. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 57.000, y Andalucía, con 34.000. Entre las tres concentran buena parte del problema, aunque no son las únicas comunidades afectadas. Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Castilla y León también registran cifras destacadas.

El mapa confirma que la crisis de emancipación tiene un fuerte componente urbano e inmobiliario, pero no se limita a las grandes capitales. También alcanza a territorios con menor dinamismo económico, donde la combinación de salarios más bajos, menor oferta y dificultades de acceso acaba retrasando la salida del hogar familiar.

Una nueva desigualdad generacional

La vivienda se ha convertido en una frontera de desigualdad. Durante los últimos años, el camino parecía claro: formarse, conseguir trabajo y construir una vida independiente. Para muchos jóvenes, esa secuencia se ha roto. La nómina llega, pero no abre la puerta de un piso. El contrato laboral existe, pero no alcanza para pagar un alquiler o reunir el ahorro que exige una hipoteca.

El estudio advierte de que esta situación amenaza la movilidad social y el pacto generacional. También tiene efectos que van más allá del mercado inmobiliario: retrasa proyectos vitales, limita la natalidad, reduce la movilidad geográfica y condiciona la productividad. Su conclusión es que las ayudas a la compra o al alquiler tienen un alcance limitado si no se acompañan de más vivienda asequible. Sin una expansión sostenida de la oferta, España seguirá siendo un país donde los jóvenes estudian, trabajan, cotizan y pagan impuestos, pero no alcanzan la vida que les prometieron.

La inteligencia artificial (IA) empieza a ganar terreno en el mercado laboral español y los primeros ajustes se observan en algunos de los sectores más expuestos a esta tecnología. Las ramas de programación y consultoría informática perdieron 23.400 ocupados en el último año, a los que se suman otros 11.800 menos en telecomunicaciones, según recoge el último análisis publicado por BBVA Research. En conjunto, ambas actividades han perdido más de 35.000 trabajadores.

El dato es llamativo, pero exige prudencia. El propio análisis advierte de que no se puede atribuir todo el ajuste a la inteligencia artificial, ya que una parte puede responder a una normalización tras el fuerte aumento de contratación registrado después de la pandemia. Aun así, sí apunta a un cambio en la forma de trabajar en estos sectores: algunas tareas se automatizan, determinados perfiles pueden perder demanda y otros ganan peso dentro de las empresas.

Un ajuste tras años de fuerte contratación

La pérdida de empleo se concentra en actividades muy vinculadas a tareas digitales y de información. Según el análisis, las ramas de telecomunicaciones, programación informática y servicios de información redujeron su empleo un 6,4% en el último año. Son sectores donde una parte del trabajo puede organizarse en procesos claros y repetitivos, precisamente el tipo de funciones que la IA puede asumir o acelerar.

Sin embargo, este ajuste no significa que el sector tecnológico se esté hundiendo. Los datos muestran que ha perdido algo de fuerza después de alcanzar máximos a finales de 2024, pero sigue muy por encima de los niveles previos a la pandemia. Según la Contabilidad Nacional del INE, el empleo en información y comunicaciones está ahora 4,7 puntos por debajo de ese pico, pero sigue siendo un 36,6% superior al de finales de 2019. En el conjunto de la economía, el aumento desde entonces ha sido mucho menor, del 11,6%.

Por eso, el análisis plantea que parte de la caída puede explicarse por una corrección tras años de fuerte contratación. También ayuda a entenderlo la evolución de la productividad: el valor añadido por hora trabajada en información y comunicaciones se mantiene en un nivel similar al de antes de la pandemia, mientras que en el conjunto de la economía es un 2,7% superior.

Menos tareas, menos vacantes y nuevos perfiles

El análisis de BBVA Research insiste en que la inteligencia artificial no crea ni destruye puestos de trabajo de forma automática. Lo que cambia, sobre todo, son las tareas que se hacen dentro de cada empleo. Algunas funciones bien definidas pueden automatizarse con rapidez, mientras que otras pueden volverse más productivas con ayuda de la tecnología, especialmente aquellas que requieren experiencia, criterio, responsabilidad o trato con otras personas.

Esto puede afectar de forma especial a los puestos de entrada al mercado laboral. El artículo cita evidencia de Estados Unidos que apunta a una mayor debilidad entre trabajadores jóvenes en ocupaciones expuestas a la IA. En concreto, el empleo de personas de 22 a 24 años en los sectores más expuestos habría caído alrededor de un 12% en términos ajustados desde la aparición de los grandes modelos de lenguaje, como ChatGPT.

Según esa evidencia, el ajuste no se estaría produciendo tanto por despidos masivos como por una menor reposición de vacantes y por la desaparición de tareas que antes servían para aprender dentro de las empresas. En otras palabras, la IA no expulsa directamente a los trabajadores, pero puede reducir algunas oportunidades para quienes intentan acceder a su primer empleo o ganar experiencia.

El reto para España: usar la IA con formación

La relación entre IA y empleo tampoco es automática. El análisis pone como ejemplo el sector financiero, que también tiene una exposición elevada a esta tecnología, pero sigue creando puestos de trabajo. En el último año, el empleo en esta actividad creció un 10,3%. Este contraste muestra que no basta con que un sector esté expuesto a la inteligencia artificial para que pierda empleo: también importa cómo se reorganizan las empresas y qué formación tienen sus plantillas.

La adopción de la inteligencia artificial se está acelerando. En la Unión Europea, una de cada cinco empresas de más de diez trabajadores utilizaba IA en 2025, frente al 8% en 2023, y España se sitúa cerca de la media europea, según recoge el análisis.

El riesgo para España, según el análisis, no es que haya demasiada inteligencia artificial, sino que se adopte con poca formación, escasa reorganización empresarial y una transición insuficiente entre universidad, Formación Profesional y empresa.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha multado a Gerard Piqué y al empresario José Elías por el uso de información privilegiada vinculada a la oferta de Atrys Health para comprar Aspy Global Services. Según la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el exfutbolista ha sido sancionado con 200.000 euros por adquirir 104.166 acciones de Aspy tras recibir información reservada sobre la operación, mientras que el fundador de Audax Renovables deberá pagar 100.000 euros por comunicársela de forma ilícita.

La sanción procede de una resolución del Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores del 25 de febrero de 2026, publicada ahora en el BOE mediante una resolución del 22 de abril. El supervisor considera que ambos cometieron infracciones “muy graves” recogidas en la normativa del mercado de valores vigente en el momento de los hechos y en el Reglamento europeo sobre abuso de mercado.

En el caso de Francisco José Elías Navarro, la CNMV le atribuye la “comunicación ilícita” a Gerard Piqué de información privilegiada relativa al inicio de conversaciones sobre la oferta de Atrys Health para adquirir Aspy Global Services. Esa información todavía no era pública cuando, según el supervisor, fue transmitida al exjugador del Fútbol Club Barcelona.

No obstante, la conducta sancionada a Gerard Piqué es distinta. El Boletín Oficial del Estado recoge que compró 104.166 acciones de Aspy Global Services el 20 de enero de 2021 estando en posesión de información privilegiada que recibió por parte de José Elías. Posteriormente, vendió esos títulos el 27 de enero de ese mismo año y obtuvo un beneficio económico con la operación.

Las conversaciones se hicieron públicas dos días después

La información sobre el inicio de conversaciones entre Atrys y Aspy se hizo pública el 22 de enero de 2021, a las 17:05 horas, mediante una comunicación de información privilegiada. Cuatro días más tarde, el 26 de enero, Atrys formalizó una oferta voluntaria de adquisición sobre el 100% de las acciones de Aspy Global Services.

La propuesta contemplaba dos fórmulas para los accionistas de Aspy: recibir efectivo, a razón de 2,875 euros por acción, o aceptar un canje de valores mediante acciones ordinarias de nueva emisión de Atrys. La oferta estaba condicionada, entre otros aspectos, a lograr adhesiones que representasen al menos el 90% del capital social de Aspy.

Según la documentación de la operación, Atrys también señaló entonces que su intención era promover la exclusión de negociación de las acciones de Aspy de BME Growth una vez liquidada la oferta, en función del resultado de la misma.

Las sanciones pueden recurrirse

La resolución publicada en el BOE precisa que las sanciones son firmes en vía administrativa, pero todavía pueden ser revisadas por la vía judicial. En concreto, cabe recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

La publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado se produce después de que la CNMV haya concluido el procedimiento sancionador y en aplicación de la normativa que obliga a hacer públicas determinadas sanciones impuestas por infracciones muy graves en los mercados de valores.

Pedir un abogado de oficio no significa automáticamente que el servicio vaya a salir gratis. Tampoco implica que el profesional asignado sea peor que uno contratado de forma particular. Es una confusión habitual que la abogada Lucía Menéndez (@luciamenendezabogada en sus redes sociales) ha aclarado en un vídeo publicado en TikTok, donde insiste en que conviene diferenciar dos conceptos que muchas veces se mezclan: el abogado de oficio y la justicia gratuita.

“Un abogado de oficio no significa que sea malo y gratis”, explica la letrada al comienzo del vídeo. Según señala, “una cosa es tener un abogado de oficio y otra es tener derecho a la justicia gratuita”. La diferencia no es menor, porque de ella puede depender que el ciudadano tenga que pagar o no los honorarios del profesional que le ha sido asignado.

No siempre sale gratis

El turno de oficio es el sistema por el que los colegios de abogados designan a un profesional cuando una persona necesita defensa o asistencia letrada y no acude con un abogado elegido por ella. La justicia gratuita, en cambio, es un derecho reconocido a quienes acreditan insuficiencia de recursos para litigar, según recoge la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita. Esta norma establece que la solicitud se tramita ante el Colegio de Abogados correspondiente o ante el juzgado del domicilio del solicitante, que debe remitirla al colegio competente.

Menéndez lo resume de forma sencilla: “Cuando solicitas o te ponen un abogado de oficio, el colegio te asigna uno que tú no eliges, y es ahí cuando te solicitan el derecho a la justicia gratuita”. Es decir, la designación del abogado y el reconocimiento del beneficio económico no son exactamente lo mismo ni se conceden de forma automática.

Se revisa la situación económica

Para saber si una persona tiene derecho a la justicia gratuita, se revisa su situación económica. Este servicio busca garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a quienes carecen de recursos suficientes. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid recuerda que su gestión está encomendada a los colegios profesionales.

Por eso, la abogada advierte de que puede ocurrir algo que muchos ciudadanos desconocen: “Se revisa tu situación económica para determinar si tienes derecho o no a la justicia gratuita, porque puede ser que al abogado de oficio que te han asignado luego tengas que pagarlo igual que uno de designación particular”.

En la práctica, esto significa que una persona puede tener un abogado asignado por el turno de oficio, pero no cumplir los requisitos para que el Estado asuma el coste. En ese caso, tendrá que abonar sus honorarios.

Elegir abogado también permite tener más control

La abogada también llama la atención sobre otro aspecto: cuando se acude al turno de oficio, el ciudadano no escoge al profesional concreto que llevará su asunto. “A veces, por pensar que nos vamos a ahorrar dinero, elegimos al abogado de oficio sin pensar que puede ser que no sea así”, señala.

Frente a esa opción, Menéndez recuerda que contratar a un abogado de designación particular permite decidir quién se encargará del caso. “Eligiendo un abogado de designación particular, tenemos control sobre quién va a llevar nuestro caso y todo el seguimiento que tiene detrás”, explica.

Su mensaje final es claro: antes de tomar una decisión, conviene informarse bien. “Es importante entender que abogado de oficio y justicia gratuita no son lo mismo y valorar qué opción encaja mejor en tu caso”, concluye.

Australia está probando una forma poco habitual de proteger sus cultivos: cubrir la tierra con lana de oveja. La técnica consiste en utilizar este material natural como una especie de manta sobre el suelo, especialmente en terrenos secos, degradados o con dificultades para retener la humedad. Aunque pueda parecer una idea rudimentaria, tiene base científica: la lana ayuda a conservar agua, protege la superficie frente al sol y el viento y, al descomponerse, puede aportar nutrientes al terreno.

La práctica funciona de forma parecida al acolchado agrícola, una técnica habitual que consiste en cubrir el suelo con distintos materiales para evitar que pierda humedad y protegerlo de la erosión. En este caso, en lugar de usar plásticos u otros productos sintéticos, se emplea lana de oveja, un material biodegradable, poroso y con capacidad para absorber agua.

La clave está en la estructura de la fibra. La lana contiene queratina, retiene humedad y crea una capa protectora sobre la tierra. Eso permite que el terreno tarde más en secarse, reduce el impacto directo del sol y ayuda a mantener una temperatura más estable en la capa superior del suelo. Esa protección resulta especialmente útil en zonas afectadas por sequías recurrentes o por la pérdida de materia orgánica.

Por qué Australia está recurriendo a esta solución

El contexto del país explica por qué esta técnica ha surgido precisamente allí. Según ABARES, el organismo de análisis agrario del Gobierno australiano, la agricultura ocupa 439 millones de hectáreas, el 57,1% del uso del suelo. A esa enorme superficie agrícola se suma otro factor clave: Australia es uno de los grandes productores mundiales de lana.

El Departamento de Agricultura del país señala que produce alrededor del 25% de la lana grasa vendida en el mercado internacional. Eso deja una materia prima abundante, también en calidades o formatos que no siempre encuentran salida en la industria textil.

El uso agrícola de la lana permite dar una segunda vida a ese material. La idea no es sustituir por completo a los fertilizantes ni resolver por sí sola la sequía, sino aprovechar un recurso natural para mejorar la salud del suelo y reducir la dependencia de productos sintéticos.

Un suelo que necesita recuperar vida

La degradación del suelo es uno de los grandes desafíos del campo australiano. En Nueva Gales del Sur, uno de los principales estados agrícolas del país, los stocks de carbono orgánico del suelo cayeron un 3,1% entre 2006 y 2020, según el informe ambiental regional. La pérdida de carbono orgánico es relevante porque está relacionada con la fertilidad, la estructura del terreno y su capacidad para retener agua.

Cuando un suelo pierde materia orgánica, se vuelve más pobre, más compacto y menos capaz de sostener vida microbiana. Eso afecta al crecimiento de las plantas y obliga a los agricultores a depender más de riegos, fertilizantes u otras correcciones externas. La lana puede ayudar precisamente en ese punto: al degradarse lentamente, libera nutrientes como nitrógeno y azufre, dos elementos importantes para el desarrollo vegetal.

Es una solución prometedora, pero no mágica

El interés científico por este uso de la lana ha crecido en los últimos años, sobre todo dentro de las investigaciones sobre economía circular en el campo. Una revisión publicada en la revista Agronomy en 2025 recoge que la lana residual puede utilizarse en agricultura de distintas formas, desde lana cruda hasta pellets, compost, hidrolizados o mantas para cubrir el terreno.

En España, investigadores del Centro Tecnológico Nacional Agroalimentario de Extremadura han estudiado el uso de pellets de lana como fertilizante orgánico en cultivos de tomate de industria y brócoli. En Canadá, ensayos citados en la literatura científica han observado mejoras de rendimiento en cultivos florales, mientras que en Europa central trabajos recientes analizan su efecto sobre la actividad biológica del suelo y la nutrición de las plantas.

La ventaja de esta práctica está en que no exige transformar por completo el sistema de cultivo ni depende de materiales sintéticos. Aun así, los expertos advierten de que su eficacia varía según el tipo de suelo, el clima, el cultivo y la forma de aplicación. No es una respuesta única frente a la sequía o la desertificación, pero sí una herramienta más para proteger terrenos degradados y aprovechar un recurso que ya existe.

Perder el trabajo obliga a reorganizarse rápido: revisar ofertas, actualizar el currículum, contactar con empresas o acudir a entrevistas. Lo que muchos trabajadores no saben es que, en determinados casos, la ley reconoce un permiso específico para hacerlo antes de que termine la relación laboral. El Estatuto de los Trabajadores recoge una licencia de seis horas semanales retribuidas para buscar un nuevo empleo durante el periodo de preaviso del despido.

La clave está en el tipo de despido. Este derecho no se aplica a cualquier cese, sino a los casos de despido objetivo, regulados en los artículos 52 y 53 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 53.2 establece que, durante el periodo de preaviso, “el trabajador, o su representante legal si se trata de una persona con discapacidad que lo tuviera”, tendrá derecho, “sin pérdida de su retribución”, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar nuevo empleo.

Cuándo se puede usar este permiso

Está vinculado al despido objetivo, es decir, a una extinción del contrato que la empresa justifica por alguna de las causas previstas en la ley. Puede producirse, por ejemplo, cuando la compañía acredita motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción, como pérdidas, cambios en la forma de trabajar o una reorganización interna.

También puede darse si el trabajador no se adapta a cambios técnicos razonables en su puesto, si aparece una ineptitud después de su contratación o, en determinados contratos indefinidos ligados a programas públicos, cuando no hay financiación suficiente para mantenerlos. Así lo recoge el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Esto significa que no todos los trabajadores que van a salir de una empresa tienen automáticamente derecho a estas seis horas. No se trata de un permiso general para cualquier despido ni para cualquier fin de contrato. Por lo que no se aplica, por ejemplo, a un despido disciplinario.

En la práctica, puede darse cuando la empresa comunica al trabajador que extingue su contrato por una causa objetiva y respeta el periodo de preaviso. Durante ese margen, el empleado sigue vinculado a la compañía, pero puede utilizar una parte de su jornada semanal para buscar otro puesto sin que se le descuente del salario.

El preaviso mínimo es de 15 días

El Estatuto de los Trabajadores también establece que, en un despido objetivo, la empresa debe conceder un plazo de preaviso de 15 días, contado desde la entrega de la comunicación personal al trabajador hasta la extinción del contrato. Durante ese periodo es cuando se puede disfrutar de la licencia de seis horas semanales para buscar empleo.

Por ejemplo, si una empresa comunica un despido objetivo con 15 días de antelación, el trabajador puede solicitar esas horas dentro de ese periodo para acudir a entrevistas, inscribirse en procesos de selección, preparar candidaturas o realizar gestiones relacionadas con la búsqueda de empleo.

Si la empresa no respeta el preaviso, deberá abonar los días correspondientes. Es decir, si solo avisa con diez días de antelación, tendrá que pagar los cinco días que faltan hasta completar el plazo legal. Sin embargo, en ese caso, el permiso pierde parte de su sentido práctico, porque la licencia está pensada para disfrutarse mientras el trabajador sigue prestando servicios durante el preaviso.

No puede suponer una rebaja de sueldo

Uno de los aspectos más importantes de este derecho es que se trata de un permiso retribuido. La ley utiliza una fórmula clara: la licencia se disfruta “sin pérdida de su retribución”. Por tanto, si el trabajador tiene derecho a ella y la utiliza durante el preaviso de un despido objetivo, la empresa no puede descontarle esas horas de la nómina.

Además, el uso de este permiso no implica que el empleado esté conforme con la decisión empresarial ni le impide impugnar el despido si considera que no se ajusta a la ley. Esto es relevante porque aceptar la licencia para buscar trabajo no equivale a aceptar el despido. El trabajador puede utilizar esas horas y, al mismo tiempo, recurrir la extinción si entiende que la empresa no ha acreditado correctamente la causa objetiva o no ha cumplido los requisitos legales.

Cómo debe pedirlo el trabajador

El Estatuto reconoce el derecho, pero no desarrolla un procedimiento detallado para solicitarlo. Por eso, lo más prudente es pedirlo por escrito a la empresa, indicando los días y horas concretos en los que se quiere disfrutar la licencia. De esta forma queda constancia de la solicitud y se facilita que la compañía pueda organizar el trabajo durante esas ausencias.

También es recomendable hacer la petición con cierta antelación, siempre que sea posible. En algunos casos, la empresa podría pedir algún tipo de justificación. Un documento más fácil de conseguir cuando hay una entrevista presencial que cuando la búsqueda se realiza por internet.

La campaña de la renta vuelve a dejar cada año la misma sorpresa para muchos contribuyentes: descubrir que la declaración sale a pagar cuando esperaban justo lo contrario. En ese contexto, un vídeo publicado en TikTok por el abogado laboralista Juanma Lorente se ha viralizado al asegurar que, en algunos casos, ese dinero tendrá que asumirlo la empresa y no el empleado. El contenido acumula ya más de 440.000 visualizaciones y cerca de 9.100 ‘me gusta’.

En el vídeo, Lorente lanza un aviso que ha llamado la atención de miles de usuarios: “Es posible que la empresa tenga que pagar lo que te sale en la declaración de la renta. Esto lo sabe poquísima gente, no es ninguna broma y viene recogido en la ley”.

El abogado explica que existe un requisito concreto que puede cambiar completamente la situación del trabajador. “Si cumples un requisito, le puedes decir a la empresa: ‘Oye, mira que me sale a pagar la declaración de la renta, esto lo pagas tú’”, señala. Para aclarar cuándo ocurre esto, Lorente da paso a Julia Coronel, conocida en redes sociales como @coroneltributos, especializada en impuestos.

Qué ocurre si la empresa retiene menos IRPF del debido

Según explica Coronel, todo depende de las retenciones de IRPF aplicadas en la nómina: “Si la empresa practica una retención inferior a la que está obligada por ley, la declaración de la renta te va a salir a pagar”, afirma. La experta subraya que, en ese supuesto, el coste no debería recaer sobre el trabajador: “Este coste no debes asumirlo tú, lo debe asumir tu empresa”, añade.

La razón, explica, es que la compañía tiene la obligación legal de aplicar correctamente las retenciones conforme al salario y a las circunstancias personales del empleado. “Ellos debieron practicar la retención correcta conforme a lo dispuesto en la ley y tus circunstancias. Y este es el requisito necesario para que te paguen tu declaración”, concluye.

La Agencia Tributaria recuerda que las empresas y pagadores tienen obligación de practicar retenciones cuando abonan salarios u otras rentas sujetas a IRPF. Además, esas cantidades funcionan como pagos adelantados del impuesto sobre la renta y deben ajustarse lo máximo posible a la situación real del trabajador para evitar desviaciones importantes en la declaración anual.

Las retenciones dependen del sueldo y de la situación personal

El porcentaje de IRPF que aparece en la nómina no es igual para todos los trabajadores. Hacienda tiene en cuenta factores como el salario, el tipo de contrato, si existen hijos a cargo, discapacidad, situación familiar o incluso si ha habido cambios laborales durante el año.

Por eso, una retención demasiado baja puede provocar después una regularización importante en la renta. En otras palabras: si durante meses la empresa ha descontado menos IRPF del que correspondía, Hacienda reclamará la diferencia cuando llegue la declaración.

También existen casos en los que las retenciones reducidas no se deben a un error empresarial, sino a datos desactualizados o incorrectos sobre la situación personal del trabajador. La Agencia Tributaria señala que el empleado debe comunicar cambios relevantes a la empresa mediante el modelo 145 para que el cálculo sea correcto.

Los trabajadores del campo son los menos protegidos frente a la inflación. Solo 3.819 asalariados agrarios cuentan con una cláusula de revisión salarial en su convenio colectivo, apenas el 4,1% de los 91.684 empleados del sector amparados por los convenios registrados hasta abril, según datos del Ministerio de Trabajo recogidos por Europa Press. En la práctica, significa que solo uno de cada 25 trabajadores agrarios dispone de un mecanismo pactado para evitar que la subida de los precios erosione su salario.

La falta de protección llega, además, en el sector con la menor subida salarial pactada. Los convenios agrarios registran un incremento medio del 2,68%, por debajo del avance general de los salarios en convenio, del 2,94%, y también del IPC adelantado de abril, situado en el 3,2%, a falta de que el Instituto Nacional de Estadística confirme el dato definitivo la próxima semana.

La brecha con otros sectores es muy amplia. Mientras en la agricultura las cláusulas de garantía salarial apenas cubren al 4,1% de los trabajadores, en la construcción llegan al 77,2% y en la industria al 72,3%. También los servicios se sitúan por encima del campo, aunque con una cobertura limitada, del 23,3%.

Cómo se protege un salario frente al IPC

Las cláusulas de revisión salarial funcionan como una red de seguridad frente a la inflación. Su objetivo es evitar que una subida salarial pactada en convenio se quede corta si el coste de la vida avanza más rápido de lo previsto. Cada convenio fija sus propias condiciones: algunas se aplican de forma automática y otras dependen de determinados límites o requisitos. Tampoco siempre compensan toda la pérdida de poder adquisitivo, pero abren la puerta a corregir el salario cuando los precios se disparan.

En el conjunto de la negociación colectiva, estas cláusulas siguen siendo minoritarias. Entre enero y abril se registraron 2.357 convenios colectivos, de los que solo el 30,1%, un total de 710, incluía una garantía salarial. Estos convenios afectan a poco más de tres millones de trabajadores, el 39,4% de los más de 7,6 millones amparados por los convenios registrados hasta abril.

Subidas salariales por debajo del IPC

La agricultura aparece también en la parte baja de la tabla salarial. Sus convenios registran una subida media del 2,68%, frente al 3% de la construcción, el 2,97% de los servicios y el 2,81% de la industria. La diferencia puede parecer reducida en décimas, pero destaca en un contexto en el que los precios siguen avanzando por encima de los salarios pactados.

El incremento medio en convenio se situó en abril en el 2,94%, ligeramente por encima del 2,92% registrado en marzo, pero casi tres décimas por debajo del IPC adelantado de abril. En el caso del campo, la distancia es mayor: los salarios pactados crecen más de medio punto menos que los precios, sin que la mayoría de los trabajadores cuente con cláusulas para corregir esa desviación.

Construcción e industria, al otro lado de la balanza

La situación es casi opuesta en la construcción, donde más de tres de cada cuatro trabajadores cubiertos por los convenios registrados hasta abril cuentan con cláusulas de revisión salarial. En concreto, los 72 convenios contabilizados en el sector afectan a 940.378 trabajadores, de los que el 77,2% está protegido frente a posibles repuntes de la inflación.

También la industria presenta una cobertura muy superior a la del campo. Hasta abril contaba con 922 convenios registrados, con efectos sobre 1,5 millones de trabajadores, de los que 1,09 millones tenían cláusula de revisión salarial. En los servicios, el porcentaje es menor, y aunque supera ampliamente al de la agricultura, los datos son alarmantes: solo 1,19 millones de trabajadores de los 5,12 millones cubiertos por los convenios del sector disponen de este mecanismo.

La negociación salarial vuelve a la mesa

El dato llega en un momento en el que los sindicatos presionan para abrir la negociación del nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, después de que el anterior pacto venciera el pasado mes de diciembre. El acuerdo hasta ahora vigente recomendaba subidas salariales del 3% para 2025, con una cláusula de revisión que podía implicar alzas adicionales de hasta el 1% en caso de desviación de la inflación.

Para el nuevo acuerdo, UGT y CCOO han planteado a la patronal una subida salarial anual fija del 4% durante los próximos tres años, lo que supondría un incremento acumulado del 12% hasta 2028. También proponen incrementos adicionales para los convenios con salarios medios por debajo de la media nacional y una subida extra del 1,5% anual si la inflación aumenta más de lo esperado.

Dejar la bolsa de basura en el rellano antes de bajarla al contenedor puede parecer una costumbre inofensiva, pero puede acabar en un serio problema con la comunidad de vecinos. La Ley de Propiedad Horizontal no menciona de forma expresa esta práctica, pero sí obliga a propietarios e inquilinos a respetar los elementos comunes del edificio y prohíbe las actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas, así como las dañosas para la finca.

Aunque esta norma no fija una multa económica concreta por dejar basura en el rellano, sí permite a la comunidad actuar contra el vecino que incumpla estas obligaciones. En los casos más graves, la ley permite incluso que un juez prive al infractor del uso de la vivienda o local durante un plazo máximo de tres años.

El rellano, igual que el portal, las escaleras, los pasillos o el ascensor, forma parte de los elementos comunes del edificio. Por eso, no puede utilizarse como una extensión privada de la vivienda. Una bolsa abandonada en una zona de paso puede provocar malos olores, suciedad, manchas en el suelo, atraer insectos o dificultar el tránsito del resto de vecinos. Si además la conducta se repite o incumple las normas internas de la finca, la comunidad puede actuar.

A ello se suman las ordenanzas municipales de limpieza y residuos, que sí pueden prever sanciones económicas por el depósito incorrecto de basura. En Madrid, por ejemplo, las infracciones leves pueden sancionarse con multas de hasta 750 euros; las graves, con entre 751 y 1.500 euros; y las muy graves, con entre 1.501 y 3.000 euros.

Qué dice la ley

El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que cada propietario está obligado a respetar las instalaciones generales de la comunidad y los demás elementos comunes, “haciendo un uso adecuado de los mismos” y evitando que se causen daños o desperfectos. Esta obligación también puede afectar a quienes ocupen la vivienda, como los inquilinos.

La misma norma permite a las comunidades aprobar reglas internas para regular la convivencia y el uso de los servicios comunes. Por tanto, si los estatutos o las normas de régimen interior prohíben dejar bolsas de basura, cajas, enseres u objetos personales en el rellano, los vecinos deben cumplir esa obligación.

Además, el artículo 7.2 señala que al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en la vivienda o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Dejar basura en el rellano podría encajar en esta categoría si genera olores, suciedad, problemas de salubridad o molestias al resto de residentes.

Cómo puede actuar la comunidad

La Ley de Propiedad Horizontal prevé un procedimiento concreto para estos casos. El presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de cualquier propietario u ocupante, puede requerir al vecino que deje de realizar la actividad prohibida. Ese aviso debe advertir de que, si la conducta continúa, podrán iniciarse acciones judiciales.

Si el infractor persiste, el presidente, con autorización previa de la junta de propietarios, puede presentar una acción de cesación contra él. La demanda debe ir acompañada de la acreditación del requerimiento realizado y de la certificación del acuerdo adoptado por la comunidad.

Una vez presentada la demanda, el juez puede acordar como medida cautelar la cesación inmediata de la actividad prohibida. Es decir, puede ordenar al vecino que deje de utilizar el rellano o cualquier otra zona común para depositar basura u objetos que generen molestias.

Cuándo puede perderse el uso de la vivienda

En los supuestos más graves, la sentencia también puede acordar la privación del derecho al uso de la vivienda o local por un tiempo no superior a tres años, según la gravedad de la infracción y los perjuicios ocasionados a la comunidad. Si el infractor no es el propietario, sino un inquilino u otro ocupante, la ley permite declarar extinguidos sus derechos sobre la vivienda y ordenar su lanzamiento, es decir, su desalojo.

Esta consecuencia, sin embargo, no es automática ni se aplica por dejar una bolsa de basura de forma puntual. Para llegar a ese extremo, tendría que tratarse de una conducta persistente, acreditada y suficientemente grave.

“Madrid me mata” ha dejado de ser solo una expresión castiza o una referencia cultural. Para 86 trabajadores, la frase tuvo en 2025 una lectura literal: murieron en accidente laboral en la Comunidad de Madrid, uno cada 4,2 días. La cifra incluye tanto los accidentes ocurridos durante la jornada como los registrados in itinere, es decir, al ir o volver del trabajo, según el informe elaborado por UGT y CCOO con datos del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El dato resulta especialmente alarmante porque llega en un año en el que la siniestralidad laboral con baja se redujo en términos generales. En 2025 se produjeron 87.617 accidentes de trabajo con baja en la región, un 1,76% menos que el año anterior. Sin embargo, los accidentes mortales aumentaron de 84 a 86, lo que supone un incremento del 2,38%.

En la práctica, el informe resume la situación con tres frecuencias: cada día se produjeron 240 accidentes laborales con baja, hubo un accidente grave diario y cada cuatro días falleció una persona trabajadora.

La construcción duplica sus muertes laborales

El mayor repunte se produjo en la construcción. Los accidentes mortales en jornada laboral en este sector pasaron de 14 en 2024 a 29 en 2025, más del doble en solo un año. El aumento rompe la tendencia observada en ejercicios anteriores y convierte a la construcción en uno de los principales focos de preocupación del balance sindical.

En total, los accidentes mortales en jornada de trabajo se repartieron entre 31 fallecidos en servicios, 29 en construcción, 4 en industria y ninguno en el sector agrario. Aunque servicios sigue concentrando el mayor número de muertes en términos absolutos, el salto de la construcción es el dato que más destaca en la evolución anual.

El peso de servicios también se observa en el conjunto de accidentes con baja en jornada laboral. En 2025, este sector registró 51.271 accidentes, frente a los 12.007 de construcción, los 8.447 de industria y los 254 del sector agrario. En porcentaje, servicios concentró el 71,23% de los accidentes con baja en jornada, construcción el 16,68%, industria el 11,73% y agricultura el 0,35%.

Los hombres sufren casi el total de los accidentes mortales

El informe muestra una evolución desigual según la gravedad de los siniestros. Los accidentes leves bajaron de 88.602 en 2024 a 87.073 en 2025, mientras que los graves descendieron de 507 a 458. En cambio, los mortales subieron de 84 a 86.

También hay una fuerte diferencia por sexo. Del total de accidentes ocurridos en 2025, 55.051 afectaron a hombres y 32.566 a mujeres. La brecha se agrava en los casos más graves: los hombres concentraron el 93% de los accidentes mortales recogidos en el informe, frente al 7% registrado entre mujeres.

Aumentan los accidentes al ir o volver del trabajo

Otro de los puntos de alerta está en los accidentes in itinere. En 2025 se registraron 15.638 accidentes con baja al ir o volver del trabajo, un 4,34% más que el año anterior. El aumento fue todavía más acusado en los siniestros mortales: pasaron de 15 a 22, lo que supone un incremento del 46,67%. De esos 22 fallecimientos in itinere, 21 fueron accidentes de tráfico.

En el conjunto de accidentes con baja, 71.979 se produjeron durante la jornada laboral, un 3% menos que en 2024, mientras que los in itinere aumentaron. Esta evolución lleva a los sindicatos a reclamar medidas específicas de prevención vial laboral y una racionalización de los desplazamientos entre el domicilio y el centro de trabajo.

Infartos, ictus y otras patologías no traumáticas

UGT y CCOO también ponen el foco en las patologías no traumáticas, donde se incluyen, entre otras causas, infartos o ictus. En 2025, 32 trabajadores fallecieron por este tipo de patologías, lo que representa el 37% de todos los accidentes mortales registrados en la Comunidad de Madrid.

Los sindicatos vinculan este fenómeno con factores como la carga de trabajo, los horarios, el trabajo a turnos, el estrés laboral y otros riesgos asociados a la organización del trabajo. En su informe reclaman que los riesgos psicosociales dejen de estar “ocultos” en las empresas y se incorporen de forma central a la negociación colectiva y a las políticas preventivas.

El arranque de 2026 mantiene el alarmante ritmo

Los datos del primer trimestre de 2026 apuntan en la misma dirección. Entre enero y marzo se produjeron 22.856 accidentes laborales en la Comunidad de Madrid, un 3,22% más que en el mismo periodo del año anterior: 22.699 fueron leves, 136 graves y 21 mortales. De nuevo, la proporción equivale a una persona trabajadora fallecida aproximadamente cada cuatro días, ya que 21 muertes en 90 días suponen un fallecimiento cada 4,3 días.

El aumento fue moderado en los siniestros ocurridos durante la jornada laboral, que crecieron un 0,56%, pero mucho más intenso en los accidentes in itinere, que subieron un 15,83%. De los 21 fallecimientos registrados en este periodo, 15 se produjeron durante la jornada y 6 en desplazamientos laborales. Además, 13 se debieron a patologías no traumáticas, como infartos o ictus, lo que equivale al 62% del total.

Ante estos datos, UGT Madrid y CCOO Madrid reclaman más medios para la Inspección de Trabajo y para el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, un plan de choque contra los riesgos psicosociales, medidas para reducir la siniestralidad vial laboral y actuaciones específicas para mejorar la detección de enfermedades profesionales.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026. El Real Decreto 387/2026, de 6 de mayo, aprobado por el Consejo de Ministros y ya publicado en el BOE, autoriza 27.232 plazas para la Administración del Estado, la Justicia, la sanidad estatal, el ámbito educativo, la Administración local con habilitación nacional y el Consejo General del Poder Judicial. La cifra asciende hasta 37.017 plazas si se suman las ya aprobadas para Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas.

El grueso de la oferta corresponde a la Administración General del Estado y a los entes públicos, con 21.947 plazas: 16.988 de nuevo ingreso y 4.959 de promoción interna. A ellas se añaden 3.195 plazas para la Administración de Justicia —2.264 de acceso libre y 931 de promoción interna—; 1.232 plazas para personal estatutario de la Red Sanitaria Militar del Ministerio de Defensa y del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria; 443 plazas para funcionarios de Administración Local con habilitación nacional; 64 plazas para personal funcionario docente no universitario del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes; y 5 plazas para letrados del Consejo General del Poder Judicial.

El real decreto incluye también una convocatoria extraordinaria de 346 plazas vinculada a la respuesta frente a emergencias climáticas, especialmente en infraestructuras hidráulicas, protección de la costa y predicción de fenómenos meteorológicos extremos. Al conjunto de la OEP se suman, además, las plazas ya aprobadas para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas: 2.854 para la Policía Nacional, 3.240 para la Guardia Civil y las correspondientes a la provisión de efectivos militares aprobada en marzo.

Más plazas para clima, tecnología y atención ciudadana

El texto del BOE justifica la oferta por la necesidad de reforzar áreas consideradas prioritarias por el Gobierno. Entre ellas figuran la lucha contra las emergencias climáticas, la protección civil, la seguridad ferroviaria, las infraestructuras de transporte, la tecnología, la economía y el comercio, así como la defensa, la ciberdefensa, la seguridad ciudadana y la política penitenciaria.

En el ámbito tecnológico, el real decreto señala un incremento del 40% de las plazas en cuerpos de tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de avanzar en la transformación digital de la Administración y en las competencias vinculadas a la inteligencia artificial.

También se refuerzan los cuerpos vinculados a la atención directa a la ciudadanía, como el Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado y el Cuerpo de Administrativos de la Seguridad Social, con el objetivo declarado de avanzar hacia la eliminación progresiva de la cita previa obligatoria en las más de 3.200 oficinas estatales de atención al público.

Plazos para convocar y resolver

La publicación en el BOE no equivale a la apertura inmediata de todos los procesos selectivos, pero sí fija el marco para las próximas convocatorias. El real decreto establece que las convocatorias derivadas de esta oferta deberán publicarse durante este año.

Además, deberán ejecutarse en un plazo máximo de dos años desde su publicación y las fases de oposición deberán desarrollarse en un año, salvo causa motivada. Los órganos de selección también tendrán que publicar un cronograma orientativo con las fechas previstas de las pruebas y, con carácter general, entre el final de un ejercicio y el inicio del siguiente no podrán pasar más de 45 días naturales.

El BOE introduce además medidas para los procesos con baja cobertura. Si en la última convocatoria de un cuerpo, escala o categoría profesional se cubrió menos del 75% de las plazas, el órgano convocante deberá presentar un informe de diagnóstico con medidas correctoras, como adaptar pruebas, revisar temarios, agilizar el proceso o mejorar la captación de talento. En los cuerpos de tecnología e ingeniería, esa revisión será obligatoria en todo caso.

España pone las grúas en marcha, pero todavía no entrega las llaves. El mercado residencial cerró 2025 con un notable aumento de las viviendas iniciadas; sin embargo, el número de inmuebles terminados cayó con intensidad en el mismo periodo. La imagen es clara: aunque la construcción acelera, ese impulso no se traduce en un alivio inmediato para el mercado.

En el cuarto trimestre de 2025 se iniciaron 34.200 viviendas libres, un 21,6% más que un año antes, según el último informe del Observatorio de Vivienda y Suelo, publicado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. No obstante, en ese mismo trimestre solo se terminaron 21.988 viviendas libres, un 11% menos en tasa interanual. Una diferencia que refleja el desfase entre el arranque de nuevas promociones y la entrega real de viviendas a compradores e inquilinos.

El contraste también aparece al observar el conjunto de viviendas finalizadas, que incluye tanto vivienda libre como protegida. Entre octubre y diciembre de 2025 se finalizaron 26.594 viviendas, frente a las 31.117 del mismo periodo de 2024. Esto supone una caída del 14,5% interanual, según los datos del informe. Al mismo tiempo, los certificados finales de obra también retrocedieron: se situaron en 23.881, un 12,6% menos que un año antes.

La evolución del cierre del pasado año muestra así una doble realidad. Por un lado, el sector mantiene una elevada actividad y recupera ritmo en el inicio de promociones. Por otro, el número de viviendas efectivamente terminadas se reduce respecto al año anterior.

La obra nueva sigue teniendo poco peso en las compraventas

En el cuarto trimestre de 2025 se escrituraron 200.441 transacciones de vivienda, un 0,6% más que un año antes, alcanzando niveles máximos de actividad de los últimos años, según el Observatorio de Vivienda y Suelo. Sin embargo, el mercado sigue dependiendo casi por completo de la vivienda usada, que concentró el 90% de las operaciones.

Este predominio de la segunda mano ayuda a explicar por qué el aumento de las viviendas iniciadas todavía no se traduce en un alivio claro para compradores e inquilinos. Aunque las nuevas promociones ganen ritmo, la mayor parte de las compraventas continúa cerrándose sobre un parque ya existente, donde la oferta sigue siendo limitada y los precios mantienen una fuerte presión.

De esta forma, el repunte de la construcción apunta más a un posible aumento de la oferta en los próximos años que a un cambio inmediato en la situación actual del mercado residencial.

Los precios siguen subiendo pese a la mayor actividad

La falta de alivio se observa también en los precios. Al cierre de 2025, el precio medio de la vivienda libre alcanzó los 2.230 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 13,1%, según el informe. Este señala que los precios han recuperado una tendencia al alza desde finales de 2020 y que el valor registrado en el último trimestre de 2025 es el más elevado del periodo analizado.

El encarecimiento no se limita, además, a la vivienda nueva. De acuerdo con los datos del Observatorio, la vivienda libre nueva alcanzó los 2.601 euros por metro cuadrado en el cuarto trimestre, con una subida interanual del 12,8%. La vivienda usada se situó en 2.219 euros por metro cuadrado y registró un aumento del 13,1%. Es decir, el parque que concentra la mayor parte de las compraventas también se encarece a doble dígito.

Casi ocho años de renta para comprar una vivienda

El deterioro de la accesibilidad económica completa el diagnóstico. Según el informe, comprar una vivienda en España requiere ya el equivalente a 7,98 años de ingresos brutos de un hogar, tras varios ejercicios de incremento continuado. Además, el esfuerzo anual necesario para acceder a una vivienda se situó en el 35,5% de la renta disponible, un 2,1% más que un año antes.

El aumento de la actividad también se refleja en el crédito hipotecario. Los préstamos para adquisición de vivienda alcanzaron las 133.358 hipotecas en el cuarto trimestre de 2025, un 8,7% más que en el mismo periodo del año anterior. El importe medio por vivienda se situó en 169.827 euros y el volumen total prestado llegó a 22.648 millones, un 21,5% más.

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 arrancará el próximo 8 de abril de 2026 y se prolongará hasta el 30 de junio, un periodo en el que muchos trabajadores autónomos revisarán qué gastos pueden incluir en su declaración.

Aunque abundan las guías que enumeran partidas deducibles de forma genérica, la Agencia Tributaria recuerda que no basta con que un desembolso guarde alguna relación con el trabajo. Para que un gasto sea deducible, debe estar vinculado a la actividad económica desarrollada, encontrarse debidamente justificado y figurar registrado en la contabilidad o en los libros obligatorios.

La propia Agencia Tributaria advierte además de que, si se cuestiona la realidad de la operación, la factura o el justificante documental pueden no bastar por sí solos, por lo que el autónomo debe poder acreditar que ese gasto existió realmente y que estaba relacionado con la obtención de ingresos.

Qué gastos suelen ser deducibles

Entre los gastos que Hacienda admite con más claridad figuran las cuotas a la Seguridad Social, la compra de mercaderías, materias primas y otros materiales necesarios para la actividad, los gastos de personal, los servicios contratados a terceros, algunos tributos deducibles, los gastos financieros y las amortizaciones. En el caso de las cuotas del propio autónomo, la Agencia Tributaria las incluye expresamente entre los gastos del titular de la actividad.

En este grupo suelen entrar también, siempre que exista una relación directa con el negocio y se justifiquen correctamente, el alquiler del local, los servicios de gestoría, las reparaciones, la compra de material, las primas de seguros vinculadas a la actividad o determinadas amortizaciones. Además, en el régimen de estimación directa simplificada se mantiene para 2025 el 5% por provisiones deducibles y gastos de difícil justificación, con un máximo de 2.000 euros.

Trabajar desde casa no permite deducir todos los suministros

Uno de los errores más habituales es pensar que, por desarrollar la actividad desde casa, se pueden deducir íntegramente gastos como la luz, el agua, el gas, el teléfono o internet. Hacienda sí permite deducir parte de estos suministros cuando el autónomo utiliza una parte de su vivienda para trabajar, pero no sobre el total del recibo. La regla general es aplicar el 30% a la proporción de metros cuadrados destinados al trabajo respecto a la superficie total de la vivienda, aunque Hacienda admite otro porcentaje si puede acreditarse.

Ese matiz es importante porque impide deducir como gasto profesional la totalidad de facturas domésticas con uso mixto. En el caso de la telefonía móvil, además, la Agencia Tributaria precisa que la línea solo será deducible en la medida en que se utilice exclusivamente para el desarrollo de la actividad económica.

Las comidas y el coche son dos de los puntos más conflictivos

Los gastos de manutención del propio autónomo también pueden deducirse, pero solo si cumplen condiciones muy concretas. Deben corresponder al propio contribuyente, producirse en el desarrollo de la actividad, realizarse en establecimientos de restauración y hostelería y haberse abonado por medios electrónicos.

A este respecto, Hacienda fija topes diarios: en España, 26,67 euros sin pernocta y 53,34 euros con pernocta; en el extranjero, 48,08 y 91,35 euros, respectivamente. Estos importes se aplican a gastos realizados en un municipio distinto del lugar de residencia y del centro habitual de trabajo.

En el caso de los coches, Hacienda no suele admitir la deducción si el vehículo se usa también para fines personales. Solo contempla excepciones en algunos supuestos concretos, como los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías, los dedicados al transporte de viajeros, a la enseñanza de conductores, a los desplazamientos profesionales de representantes o agentes comerciales o al alquiler habitual a terceros.

Fuera de esos casos, desgravar gastos como la gasolina, las reparaciones, el seguro o el propio coche es mucho más complicado.

Qué no se puede deducir en la renta 2026

La Agencia Tributaria también deja claro que hay gastos que no se pueden incluir en la declaración, aunque el autónomo los haya pagado. Entre ellos están las multas y sanciones, los recargos por pagar impuestos fuera de plazo, las pérdidas en apuestas, casino, póker o juegos similares, los donativos o regalos y los gastos relacionados con actuaciones ilegales.

De cara a esta campaña de la Renta, la clave para los trabajadores autónomos no está solo en haber pagado, sino en poder demostrar que ese gasto era real, estaba vinculado a la actividad y cumplía los requisitos fiscales para poder incluirlo en la declaración.

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 comenzará el próximo 8 de abril de 2026 por internet y se prolongará hasta el 30 de junio, según el calendario oficial publicado por la Agencia Tributaria. Durante estas semanas, millones de contribuyentes revisarán sus datos fiscales para comprobar si el resultado final les obliga a pagar o les permite recibir una devolución.

Aunque muchos ciudadanos confirman el borrador sin introducir modificaciones, los asesores fiscales recomiendan revisar con detalle cada apartado, ya que existen deducciones y gastos que pueden reducir la factura tributaria y que a menudo pasan desapercibidos. Algunas ventajas fiscales son estatales y otras dependen de la comunidad autónoma de residencia, por lo que conviene comprobar cada caso antes de presentar la declaración.

Asimismo, es importante revisar que figuren correctamente los ingresos laborales, las deducciones familiares y los beneficios fiscales autonómicos, ya que omitir cantidades, aunque sean pequeñas, puede modificar considerablemente el resultado final.

Cuotas sindicales y colegios profesionales

Las cuotas abonadas a sindicatos pueden deducirse en la declaración de la renta como gasto vinculado a los rendimientos del trabajo. Aunque en algunos casos aparecen ya incorporadas en los datos fiscales, conviene comprobarlo, porque no siempre se trasladan automáticamente al borrador.

También pueden deducirse los pagos realizados a colegios profesionales cuando la colegiación sea obligatoria para ejercer la actividad laboral. En este caso, el límite máximo deducible es de 500 euros anuales, siempre que el pago esté directamente relacionado con la profesión desempeñada.

Gastos de defensa jurídica en litigios laborales

Otro concepto poco conocido son los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios laborales con la empresa. La normativa permite deducir este tipo de gastos cuando estén vinculados a procedimientos relacionados con despidos, reclamaciones salariales o conflictos entre trabajador y empleador.

En estos casos, el límite máximo deducible es de 300 euros al año, y es necesario conservar la documentación que acredite el gasto y su relación con el conflicto laboral.

Donativos a ONG y fundaciones

Las aportaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades acogidas al régimen de mecenazgo también permiten reducir el impuesto. Para la campaña de este año se mantiene la deducción del 80% para los primeros 250 euros donados.

A partir de esa cantidad, el porcentaje de deducción es del 40%, aunque puede elevarse al 45% cuando se dona a la misma entidad durante al menos tres años consecutivos por un importe igual o superior al del ejercicio anterior. Para aplicarlo es imprescindible disponer del certificado emitido por la entidad beneficiaria.

Deducción por maternidad y gastos de guardería

Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años pueden seguir aplicando la deducción por maternidad, que alcanza hasta 1.200 euros anuales por cada hijo.

Además, existe un incremento adicional de hasta 1.000 euros por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados. Esta deducción puede cobrarse de forma anticipada mes a mes o incluirse directamente al presentar la declaración.

El alquiler: deducción estatal solo en régimen transitorio

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ya no se aplica de forma general y solo sigue vigente para quienes firmaron su contrato antes de 2015 y ya venían aplicando este beneficio fiscal en años anteriores.

Actualmente, la mayoría de las ventajas fiscales vinculadas al alquiler dependen de cada comunidad autónoma. En algunas regiones existen deducciones específicas para jóvenes, rentas bajas o determinadas circunstancias familiares, por lo que conviene revisar la normativa autonómica antes de confirmar el borrador.

Gastos médicos: solo deducciones autonómicas

Los gastos sanitarios no generan una deducción estatal general en el IRPF, aunque algunas comunidades autónomas sí permiten desgravar determinados pagos médicos si se cumplen los requisitos.

Por ejemplo, Canarias permite deducir gastos odontológicos, gafas graduadas o lentillas; Cantabria contempla tratamientos sanitarios no cubiertos por el sistema público; y la Comunidad Valenciana aplica una deducción específica para salud bucodental no estética.

Por ello, los expertos recomiendan revisar tanto las deducciones estatales como las autonómicas antes de presentar la declaración, ya que algunos gastos cotidianos pueden reducir más de lo previsto el resultado de la declaración.

En muchas ciudades españolas, encontrar un piso de alquiler empieza a parecerse menos a una búsqueda de vivienda y más a una carrera de obstáculos entre decenas de aspirantes. En el primer trimestre de 2026, cada anuncio publicado en Idealista recibió de media 41 contactos, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato refleja un mercado en el que no basta con poder asumir el pago de una mensualidad cada vez más exigente, sino en el que también hay que lograr entrar a tiempo en una oferta escasa y muy disputada.

La intensidad de esa competencia cambia mucho según la ciudad, pero se dispara en varios de los mercados más tensionados del país. Barcelona registró una media de 99 contactos por anuncio, Palma alcanzó los 69 y Madrid, los 47. Por detrás se situaron San Sebastián, con 45; Bilbao, con 42, y Valencia, con 35.

Estas cifras proceden de un análisis de Idealista y conviene leerlo como un termómetro del mercado, no como una radiografía completa de todo el parque de alquiler. Aun así, encaja con un contexto mucho más amplio avalado por fuentes oficiales. Según el barómetro del CIS de febrero de 2026, el 42,8% de los encuestados señala la vivienda como el principal problema que existe actualmente en España, mientras que un 27,6% la identifica además como el problema que más le afecta personalmente.

Cada vez más demanda para una oferta insuficiente

El aluvión de contactos que recibe cada anuncio refleja un desajuste creciente entre la oferta disponible y la demanda que intenta acceder a ella. En otras palabras, el problema no es solo que los alquileres sean caros, sino que en muchos mercados simplemente no hay suficientes viviendas para alquilar.

Aunque el alquiler ha ganado peso en España en los últimos años, el Banco de España advierte de que la demanda ha crecido más deprisa que la oferta. El alquiler a precio de mercado pasó del 10,4% al 15,4% de los hogares entre 2007 y 2023, mientras que la proporción de hogares que no vive en una vivienda de su propiedad subió cinco puntos, hasta el 24,8%.

El Banco de España vincula esta tensión al crecimiento demográfico, a la concentración de población en grandes áreas urbanas y al desplazamiento de parte de la demanda residencial hacia el alquiler. A ello se suman factores que limitan aún más la oferta, como el auge de usos alternativos de la vivienda. El propio organismo cifra en unas 350.000 las viviendas turísticas existentes a principios de 2024, alrededor de un 10% del tamaño del mercado de alquiler residencial, con una concentración especialmente alta en determinados mercados urbanos y turísticos.

Ese estrechamiento de la oferta también aparece en las estimaciones de Idealista, que calcula que la oferta de alquiler en España se ha reducido un 61% desde 2020, una caída que en ciudades como Barcelona alcanza el 90% y en Madrid el 73%.

El alquiler sigue encareciéndose, sobre todo en las zonas tensionadas

La presión sobre el mercado también se refleja en los precios. Según Idealista, el alquiler cerró 2025 con una subida anual del 8,5% y un precio medio de 14,7 euros por metro cuadrado en diciembre. Con ello, el mercado encadenó otro año de subidas en un contexto de fuerte tensión entre oferta y demanda.

Esa subida, además, no se reparte de forma homogénea. El Banco de España señala que las comunidades y áreas urbanas donde se concentra la actividad económica y turística son también las que registran mayores aumentos del alquiler.

La institución añade que los jóvenes y los nuevos residentes de origen extranjero figuran entre los colectivos en los que más ha crecido el recurso al arrendamiento, mientras que la carga de la vivienda pesa especialmente sobre quienes viven de alquiler en grandes ciudades y en zonas con más crecimiento de población y turismo.

Ese patrón encaja con el mapa que ha trazado Idealista con su último análisis sobre la demanda de anuncios inmobiliarios: Barcelona y Palma, dos de los mercados más tensionados del país, aparecen entre las ciudades con mayor número de interesados por vivienda, mientras Madrid se mantiene también en niveles muy elevados.

Aunque cada vez resulta más difícil ocultarlo, todavía existen compraventas de vivienda en las que una parte del precio real no aparece en la escritura y se paga al margen de lo declarado. Es lo que comúnmente se conoce como pagar una parte “en negro” o con dinero B: una práctica que busca reducir impuestos, pero que puede acabar generando un coste mucho mayor tanto para quien compra como para quien vende.

La operación suele consistir en declarar ante notario un importe inferior al realmente abonado. Sobre el papel, esa cifra más baja reduce la tributación asociada a la compraventa, pero también deja abierta la puerta a que la Administración revise la operación, reclame cantidades adicionales y aplique sanciones.

En el caso de una vivienda usada, el comprador paga el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), cuya base depende del valor declarado o, si es superior, del valor de referencia fijado por el Catastro. El vendedor, por su parte, declara en el IRPF una ganancia patrimonial calculada a partir del precio oficialmente escriturado, por lo que declarar menos reduce inicialmente esa tributación.

El valor de referencia del Catastro limita cada vez más estas prácticas

Desde 2022, Hacienda toma como referencia para calcular el ITP el valor de referencia catastral cuando este supera el precio declarado. Eso significa que escriturar una vivienda por debajo de esa cifra ya no garantiza pagar menos impuestos.

En la práctica, si una vivienda se compra por un importe inferior al valor de referencia, el impuesto se liquida igualmente sobre este último. Y si además la Administración detecta discrepancias entre el valor declarado, los movimientos bancarios o cualquier otro indicio de pago no declarado, puede iniciar una comprobación tributaria.

Ese control no afecta solo al comprador. Si Hacienda concluye que el precio real fue superior al declarado, también puede exigir al vendedor que regularice el IRPF correspondiente por haber declarado una ganancia patrimonial inferior a la real.

Hacienda puede reclamar impuestos atrasados, intereses y sanciones

Cuando la Agencia Tributaria detecta que parte del precio de una vivienda no se ha declarado, puede girar una liquidación complementaria, es decir, reclamar los impuestos que no se abonaron correctamente en el momento de la operación.

A esa cantidad se suman los intereses de demora acumulados y una sanción tributaria que, según la gravedad del caso, puede oscilar entre el 50% y el 150% de la cuantía defraudada.

La cuantía final depende de si Hacienda aprecia una simple omisión, ocultación deliberada o utilización de medios fraudulentos. En los supuestos más graves, la sanción puede acercarse al tramo máximo previsto en la Ley General Tributaria.

Cuándo puede llegar a ser delito fiscal

La operación puede pasar del ámbito administrativo al penal si la cuota defraudada supera los 120.000 euros en un mismo ejercicio fiscal. A partir de ese umbral, la conducta puede constituir un delito contra la Hacienda Pública.

Ese escenario no es habitual en compraventas medias, pero sí puede aparecer en operaciones de importe elevado o cuando se acumulan varias irregularidades fiscales asociadas.

Además, escriturar por debajo del precio real puede tener efectos fiscales posteriores para el comprador. Si años después vende el inmueble por un importe superior, la diferencia entre el valor de adquisición declarado y el de venta puede aumentar la ganancia patrimonial a declarar en el IRPF.

Lo que inicialmente parece un ahorro inmediato puede acabar convirtiéndose en una factura fiscal mayor con el paso del tiempo, en un contexto en el que Hacienda dispone hoy de más cruces automáticos de información y mayor capacidad de control sobre las operaciones inmobiliarias.

Dormir en un hotel cuesta más que hace un año, aunque la ocupación apenas ha variado. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en febrero de 2026 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 1,0% respecto al mismo mes del año anterior, mientras el Índice de Precios Hoteleros subió un 3,9%. La tarifa media diaria por habitación ocupada, conocida en el sector como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate), alcanzó los 116,3 euros, un 2,9% más que un año antes.

La ocupación, en cambio, se mantuvo prácticamente estable. En febrero se cubrieron el 53,5% de las plazas ofertadas, un 0,1% menos que en el mismo mes de 2025. Al mismo tiempo, el ingreso medio por habitación disponible, llamado RevPAR por su denominación en inglés (Revenue per Available Room), avanzó un 2,4%, hasta los 73,6 euros. Es decir, los hoteles ingresaron más sin hacer ‘llenazo’.

Ese mismo patrón aparece en el informe Smart Observatory de PwC y CEHAT para la temporada primavera-verano de 2026, que resume enero y febrero con una ocupación estable en el 60% y subidas del 3% tanto en la tarifa media diaria por habitación ocupada como en el ingreso por habitación disponible. La idea de fondo es la misma: la mejora del negocio se apoya más en el precio que en un gran repunte de la demanda.

Más precio, pero no más ocupación

El repunte de ingresos del sector no se explica por un aumento claro del llenado, sino por la capacidad de seguir encareciendo las habitaciones. Con una ocupación prácticamente plana, la mejora del negocio se debe en mayor medida a la tarifa que a un salto notable de la demanda.

El informe de PwC añade otro dato que refuerza esa lectura. El turismo internacional alojado en hotel aumentó en 300.000 viajeros en enero y febrero, mientras el nacional retrocedió en 100.000. Dicho de otro modo, el arranque de 2026 no refleja una falta general de demanda, sino un cambio en quién está sosteniendo la actividad del sector.

A eso se suma que la llegada de pasajeros a España creció un 2,8% en los dos primeros meses del año, según el mismo documento. No parece, por tanto, un escenario de frenazo brusco en la movilidad, sino de actividad sostenida y capacidad para seguir elevando precios.

El residente recorta en viajes

Ese encarecimiento coincide además con señales de mayor presión sobre el bolsillo del turista residente. Según la Encuesta de Turismo de Residentes del INE, los residentes en España realizaron 36,3 millones de viajes en el cuarto trimestre de 2025, un 5,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los desplazamientos de ocio, recreo y vacaciones también descendieron un 5,3%.

Sin embargo, el gasto no bajó. En ese mismo periodo, el desembolso total de los residentes en sus viajes ascendió a 63.853,4 millones de euros, mientras que el gasto medio por persona se situó en 363 euros. En la práctica, eso supone que se viaja menos, pero que cada escapada exige un esfuerzo mayor.

A esa presión se suma otra tendencia: el turismo residente pierde peso frente al internacional. El INE constató en febrero que las pernoctaciones de viajeros residentes en España bajaron un 2,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 2,8%.

El informe de PwC y CEHAT va en la misma línea. Según sus datos, en enero y febrero hubo 6,2 millones de viajeros nacionales alojados en hotel frente a 6,3 millones internacionales, una diferencia pequeña pero significativa porque confirma que el turista extranjero ya ha superado al residente en el arranque del año.

Reservas e ingresos siguen al alza

Las previsiones para los próximos meses también apuntan a un escenario favorable para el sector. El informe de PwC señala que la ocupación en cartera para mayo y junio repunta ligeramente y aumenta un punto porcentual respecto al año pasado, con Baleares destacando por una mejora de hasta tres puntos. Es decir, la subida de precios no coincide con un desplome de las reservas.

También el canal directo -las reservas hechas sin intermediarios a través de los propios hoteles- muestra un fuerte crecimiento. El informe cifra en un 19% el aumento de ingresos para la temporada de primavera respecto al año anterior. De cara al verano, ese avance sería aún mayor, del 23%.

A ello se suma que el precio medio por noche sigue subiendo en los principales destinos analizados por PwC. En el conjunto de España pasa de 168 a 170 euros; en Andalucía, de 173 a 178; en Madrid, de 189 a 194; y en otras comunidades, de 135 a 141.

En España ya hay profesiones que permiten rozar o superar los 100.000 euros brutos al año, al menos en sus bandas salariales más altas. Así lo refleja el Informe de Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research, elaborado con datos laborales de 2025 y centrado en 398 posiciones de 14 sectores y ocho ciudades españolas. Además, el estudio no se limita al sueldo base: sus bandas incluyen salario bruto anual, variable y retribuciones en especie.

Conviene, eso sí, hacer una precisión importante. El informe no describe el salario habitual de todos los trabajadores de cada sector, sino las franjas retributivas que pueden alcanzar ciertos perfiles, sobre todo los de mayor responsabilidad y los que acumulan más de seis años de experiencia. Aun así, sí permite ver con bastante claridad qué puestos están hoy más cerca de la barrera de las seis cifras en España.

Detrás de esos sueldos aparecen sobre todo áreas ligadas a la dirección, la actividad comercial, la logística, la banca de inversión, el ámbito legal o la economía digital. Randstad enmarca además estas cifras en un mercado laboral condicionado por la inflación acumulada, el déficit de talento y la fuerte demanda de perfiles cualificados en sectores clave.

Digital, logística y banca reúnen varios de los salarios más altos

Uno de los ámbitos donde más claramente aparecen salarios de 100.000 euros es el de digital y e-commerce. En Madrid y Barcelona, un director comercial puede alcanzar una banda de 74.000 a 104.000 euros en el tramo de mayor experiencia. En esa misma área, un director de marketing llega también a 68.000-104.000 euros en ambas ciudades. En Bilbao se repite ese máximo y en Zaragoza se queda ligeramente por debajo, con un tope de 102.000 euros.

La logística y el transporte también colocan varios puestos en ese nivel. Un director comercial puede situarse entre 80.000 y 105.000 euros en Madrid, Barcelona y Bilbao. A su vez, un director de supply chain alcanza una banda de 76.000 a 105.000 euros en Madrid y Barcelona. En Zaragoza, este último perfil puede llegar a 102.000 euros.

En banca, seguros y consultoría, la barrera aparece de forma más puntual, pero también está presente. El informe sitúa al director comercial de banca de inversión en una franja de 80.000 a 100.000 euros en Madrid y Barcelona para perfiles senior. En Bilbao vuelve a tocar los 100.000 euros, mientras que en Zaragoza se queda en 98.000. En consultoría, tanto auditor como consultor rozan esa cota, con una banda máxima de 99.000 euros en Madrid y Barcelona.

El área legal y la sanidad también alcanzan o se acercan a esa cifra

Fuera de los sectores más vinculados al mundo corporativo o tecnológico, el informe también localiza salarios muy altos en el ámbito jurídico. En asesoría fiscal y legal, un compliance officer (responsable de cumplimiento normativo) alcanza una banda de 60.000 a 100.000 euros en Madrid y Barcelona, y repite ese máximo en Bilbao. En Valencia o A Coruña no llega a esa cifra, pero aun así puede moverse en máximos de 90.000 y 92.000 euros, respectivamente.

La sanidad ofrece otro ejemplo muy claro. Según el informe, un director hospital puede situarse entre 100.000 y 150.000 euros en Madrid y Barcelona dentro del tramo de más de seis años de experiencia. El director médico se mueve en esas mismas ciudades entre 85.000 y 150.000 euros dentro del área de sanidad, mientras que el perfil de coordinador de servicio alcanza una franja de 85.000 a 120.000 euros.

También aparecen salarios altos en perfiles ligados a la gestión de la atención al paciente, con bandas de entre 82.000 y 102.000 euros en Madrid y Barcelona.

La imagen que deja el informe es bastante clara: los salarios de 100.000 euros o más existen en España, pero se concentran en una parte muy reducida del mercado laboral. Suelen corresponder a puestos de dirección, funciones comerciales de alto nivel, gestión de operaciones o perfiles jurídicos y sanitarios con una responsabilidad elevada. Además, aparecen de forma recurrente en Madrid y Barcelona, que siguen marcando los techos salariales más altos en buena parte de los sectores analizados.

La jornada de 35 horas semanales para el personal de la Administración General del Estado ya es oficial. El BOE publica este miércoles la resolución con la que el Gobierno despliega el acuerdo firmado a finales de marzo con CCOO, UGT y CSIF, una medida que reduce en dos horas y media la jornada semanal respecto al esquema anterior de 37 horas y media y abre ahora un periodo de adaptación interna en ministerios, organismos y entidades dependientes del Estado.

La resolución entra en vigor este jueves 16 de abril, aunque concede un mes de plazo para adaptar los calendarios laborales en cada organismo. La reducción afecta a la Administración General del Estado, a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, a organismos autónomos y a otras entidades públicas dependientes de la administración central, mientras que quedan fuera el personal militar y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Menos horas y nuevo reparto diario

El cambio principal es que la jornada ordinaria pasa a equivaler a 1.533 horas anuales de trabajo efectivo, frente al cómputo anterior de 37 horas y media semanales. En la práctica, el horario fijo de mañana deja de extenderse hasta las 14:30 horas y pasa a terminar a las 14:00 horas, de modo que el resto del tiempo semanal deberá completarse dentro de los márgenes de flexibilidad ya previstos.

La resolución establece que ese tiempo flexible podrá realizarse entre las 7:00 y las 9:00 horas y entre las 14:00 y las 18:00 horas de lunes a jueves, además del tramo de 14:30 a 15:30 horas los viernes. En las jornadas de mañana y tarde, el horario fijo también se reduce y pasa a finalizar a las 16.30 horas, media hora antes que hasta ahora.

Un compromiso pendiente desde 2022

La reducción de jornada figuraba ya en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, pero había quedado pendiente de desarrollo en la Administración central, que seguía manteniendo una jornada superior a la de buena parte del empleo público autonómico y local. En muchas comunidades autónomas y en numerosos ayuntamientos las 35 horas ya estaban implantadas desde hace años, una diferencia que los sindicatos venían denunciando como un agravio dentro del propio sector público.

El acuerdo definitivo llegó el pasado 27 de marzo, cuando Función Pública cerró con CCOO, UGT y CSIF el texto que ahora se traslada al BOE. Según las cifras manejadas por el ministerio y los sindicatos, la medida alcanza a entre 220.000 y casi 250.000 empleados públicos, según el alcance de cada organismo incluido.

Qué pasa con quienes tienen jornadas más largas

La resolución también modifica la situación del personal con régimen de especial dedicación, una modalidad que afecta a determinados puestos con mayor nivel de responsabilidad o disponibilidad horaria y que hasta ahora tenían jornadas de 40 horas semanales. Con el nuevo cambio, ese colectivo pasará a trabajar 37 horas y media, aunque seguirá manteniendo una jornada superior a la ordinaria.

Además, se amplían algunos supuestos de flexibilidad horaria vinculados a la conciliación. A los casos ya existentes de cuidado de hijos menores de 12 años, personas mayores o familiares con enfermedad grave se suma ahora el cuidado de personas dependientes convivientes, incluso cuando no exista parentesco directo.

Adaptación progresiva en servicios con turnos

El texto subraya que cada departamento deberá reorganizar turnos, plantillas y horarios para garantizar que la reducción de jornada no afecte al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, especialmente en áreas con atención directa al ciudadano o trabajo por turnos.

En ámbitos específicos como Instituciones Penitenciarias o determinados servicios en Ceuta y Melilla, donde los horarios tienen características propias, la aplicación requerirá además negociación específica para ajustar el nuevo marco al funcionamiento de cada centro.

El accidente laboral más mortal en España se aleja de la imagen típica de una caída o un golpe. En los dos primeros meses de 2026, la principal causa de muerte en jornada laboral fueron los infartos, los derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 40 fallecidos, por delante de las caídas y de los accidentes de tráfico, con 14 muertos en cada caso.

En total, Trabajo registró 91 fallecimientos en jornada entre enero y febrero, repartidos también entre otras causas como los atrapamientos o las colisiones, de modo que los episodios cardiovasculares concentraron cerca de cuatro de cada diez.

Los datos, publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, muestran además un repunte de la mortalidad laboral en el arranque del año. Entre enero y febrero hubo 104 accidentes de trabajo mortales, seis más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 91 se produjeron durante la jornada y 13 fueron in itinere, es decir, en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo.

El aumento de las muertes se produjo, además, en un contexto de ligero descenso de la siniestralidad con baja, es decir, de los accidentes que obligan al trabajador a interrumpir su actividad laboral: en los dos primeros meses del año se contabilizaron 91.383 casos, un 0,6% menos que un año antes, mientras que los accidentes sin baja —aquellos que no requieren ausencia del puesto de trabajo— descendieron un 2,3%, hasta 76.104.

Los datos reflejan así una mortalidad laboral que no se explica solo por los riesgos mecánicos o físicos asociados al puesto, sino también por problemas de salud súbitos sufridos durante la jornada.

Bajan las muertes de camino al trabajo, pero casi todas se deben al tráfico

De las 104 muertes contabilizadas hasta febrero, la mayoría se produjo dentro de la jornada laboral. En ese bloque, los fallecimientos aumentaron en 12 casos respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 79 a 91. En cambio, las muertes in itinere bajaron de 19 a 13, seis menos que un año antes.

En los desplazamientos al trabajo, además, el patrón es distinto: 12 de los 13 accidentes mortales in itinere registrados entre enero y febrero estuvieron relacionados con el tráfico, que siguió siendo con diferencia la principal causa de fallecimiento en este tipo de siniestros.

Por sectores: en la construcción se produce la mayoría de fallecimientos

Por secciones de actividad económica, la construcción fue la rama con más muertes en jornada laboral entre enero y febrero, con 20 fallecidos, seguida de la industria manufacturera, con 14, y de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 8.

En paralelo, el ministerio contabilizó 77.663 accidentes con baja en jornada, un 1,7% menos que un año antes. Los accidentes in itinere con baja, en cambio, aumentaron un 6,3%, hasta 13.720 casos.

La comparación entre ambos bloques deja otro contraste relevante: mientras bajan los siniestros con baja ocurridos dentro del centro de trabajo o durante la jornada, crecen los registrados en los trayectos, lo que refuerza que la movilidad es un foco de riesgo laboral.

La mortalidad en el trabajo sigue concentrada en hombres

La estadística vuelve a reflejar una fuerte desigualdad por sexo. De las 91 muertes registradas en jornada laboral, 86 correspondieron a hombres y 5 a mujeres. En los accidentes mortales in itinere, 12 de las 13 víctimas también fueron hombres.

Por situación profesional, 101 de los 104 accidentes mortales se produjeron entre asalariados y tres entre trabajadores por cuenta propia. En el caso de los asalariados, las muertes en jornada subieron de 75 a 88 en comparación con los dos primeros meses de 2025.

El propio informe advierte, no obstante, de que las variaciones en periodos tan cortos deben interpretarse con cautela, porque el distinto número de días laborables puede hacer que las comparaciones con el año anterior sean menos representativas desde el punto de vista estadístico.

Aun así, el avance de enero y febrero deja una fotografía clara: la mortalidad laboral repuntó al inicio de 2026 y los episodios cardiovasculares volvieron a situarse como la principal causa de muerte durante la jornada.

Iberia dejará de operar temporalmente sus vuelos directos entre Madrid y Cuba a partir de junio por el deterioro de las condiciones en la isla, una situación que la aerolínea vincula tanto a la crisis energética como al descenso de la demanda registrado en los últimos meses.

Según han confirmado fuentes de la compañía, la suspensión será temporal y la previsión es retomar la ruta a partir de noviembre, siempre que el contexto permita recuperar la operativa habitual. De momento, la venta de billetes para ese mes sigue abierta.

Durante el mes de abril, Iberia mantiene tres frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, aunque en mayo reducirá la programación a dos vuelos por semana. A partir de junio quedarán interrumpidas las conexiones directas.

Escala en Panamá como alternativa

Mientras dure la suspensión, los viajeros podrán seguir llegando a Cuba a través de Panamá, gracias al acuerdo de código compartido que Iberia mantiene con la aerolínea Copa Airlines. Esta fórmula permitirá completar el trayecto con una conexión hasta la isla.

La compañía ha precisado además que sus oficinas en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes y gestionar incidencias relacionadas con los vuelos afectados.

La decisión llega después de varios meses de dificultades operativas en la ruta. Desde el pasado 9 de febrero, los vuelos de regreso a Madrid ya venían realizando una escala técnica en Santo Domingo para repostar combustible, ante la escasez de suministro en territorio cubano.

Ese repostaje adicional se había incorporado a la operativa habitual como consecuencia de los problemas energéticos que arrastra la isla, donde en los últimos meses se han sucedido cortes de electricidad y restricciones ligadas a la falta de combustible.

La propia Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertó en febrero de que los principales aeropuertos cubanos habían agotado sus reservas de queroseno para aviación, una situación que obligó a varias compañías internacionales a revisar su programación.

Solo afecta a la ruta con Cuba

Iberia subraya que esta medida afecta exclusivamente a Cuba y que el resto de su red internacional mantiene la programación prevista sin cambios. La aerolínea insiste en que se trata de una situación excepcional asociada al contexto del país caribeño y recuerda que, de cara a la temporada de verano, prevé ofrecer una cifra récord de 21,4 millones de plazas en toda su red.

Iberia no detalla por ahora si revisará de nuevo el calendario en función de la evolución de la demanda o de la situación energética cubana antes de noviembre, aunque mantiene abierta esa posibilidad.

Otras aerolíneas que conectan España con Cuba, como Air Europa, continúan operando por ahora sus rutas, aunque también han tenido que incorporar escalas técnicas fuera de la isla para garantizar el repostaje antes del regreso.

Cuba atraviesa desde hace meses un escenario marcado por dificultades económicas, falta de combustible y problemas de suministro eléctrico, factores que también han afectado al turismo y al transporte internacional. En febrero, varias aerolíneas canadienses y rusas también suspendieron temporalmente sus conexiones por la imposibilidad de garantizar el suministro de carburante en destino.

Los horarios de trabajo siguen siendo uno de los focos de conflicto más frecuentes entre empresas y trabajadores, especialmente en sectores donde los turnos cambian cada semana o donde las necesidades de producción obligan a modificar jornadas con poca antelación. Qué margen tiene la empresa para mover horas, cuánto tiempo antes debe avisar y cómo deben gestionarse las horas extra son dudas habituales en muchos centros de trabajo.

Sobre estas cuestiones ha hablado en TikTok el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, conocido en redes como @empleado_informado, en un vídeo en el que resume tres situaciones muy comunes relacionadas con la jornada laboral y aclara cuáles pueden reclamarse y cuáles no.

Según explica, “estas son las tres situaciones más conflictivas con respecto a los horarios y tu jornada. Dos son ilegales, pero otra es legal”, una diferenciación importante porque no todos los desacuerdos con el horario implican automáticamente un incumplimiento empresarial.

Cuándo debe conocer el trabajador su horario

El primer punto afecta sobre todo a quienes no tienen una jornada fija. En empleos con turnos variables, cuadrantes semanales o cambios frecuentes, el trabajador no puede recibir el horario en cualquier momento.

El abogado señala que “tienes derecho a conocer tu horario con un mínimo de cinco días de antelación”, una previsión especialmente relevante en sectores como comercio, hostelería, logística o sanidad privada, donde los turnos suelen modificarse con frecuencia.

Aclara que este problema no afecta igual a quien trabaja siempre en el mismo horario: “Si tienes una jornada fija, eso te da igual, porque trabajarás todos los días de lunes a viernes de nueve a siete, por ejemplo”.

Cuando ese margen no se respeta, añade, el trabajador puede reaccionar: “Si no es así, podrías reclamar tus derechos”.

La empresa no puede reducir horas unilateralmente

La segunda situación que destaca afecta tanto a empleados con jornada completa como parcial y tiene que ver con la reducción de horas.

Benito Barrionuevo advierte de que la empresa no puede decidir unilateralmente que un trabajador haga menos horas y pagarle menos si su contrato reconoce una jornada determinada. “La empresa nunca te lo podrá cambiar para abajo: pedirte que trabajes menos horas. Tú ya tienes ese derecho y esas horas te las tiene que pagar”, explica.

Esto significa que, aunque un negocio tenga menos carga de trabajo en un momento concreto, esa reducción no puede imponerse sin más si no existe un procedimiento legal que lo ampare.

Sí existe, en cambio, margen para ampliar horas si ambas partes están de acuerdo. En ese caso, precisa que “sí te pueden ofrecer trabajar más y, si lo aceptas, lo podrás coger, pero solo si lo aceptas. Tampoco es obligatorio”.

Las horas extra no pueden compensarse por decisión propia

El tercer caso que menciona el abogado sí es legal, pero exige cautela por parte del trabajador. Se refiere a las horas extraordinarias y a la forma de compensarlas.

“Ojo con tomarte la justicia por tu mano”, advierte. Si esas horas se hacen por un pico de actividad o una necesidad puntual, recomienda dejar constancia escrita: “Si las vas a hacer por un pico de trabajo, que queden por escrito para que luego no haya problemas”.

También recuerda que la decisión final sobre cómo compensar las horas extra no corresponde al empleado: “Son ellos quienes deciden si compensártelas con descanso o pagártelas”. Por eso insiste en que no se puede actuar de forma unilateral: “No puedes coger tú y decir: ‘Oye, pues hoy me voy antes’, sin autorización de la empresa. Te podrías meter en un lío más gordo”, advierte.

Las bolsas europeas han arrancado la semana en números rojos después de que el petróleo volviera a dispararse por encima de los 100 dólares por barril tras el anuncio de Estados Unidos de que bloqueará también el estrecho de Ormuz. En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35 recula un 1,09%, hasta los 18.005 puntos, mientras el Brent Crude sube un 6,64% y se sitúa en 101,52 dólares.

A primera hora de este lunes alcanzó los 102,25 dólares y llegó a rozar los 103,87 durante la madrugada. Por su parte, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, avanza un 8,59% hasta los 104,86 dólares.

Las caídas se extienden al resto del continente: el DAX alemán cede un 1,2%, el CAC 40 francés pierde algo más de un 1% y el FTSE 100 británico retrocede cerca de un 0,6% en una sesión marcada por el temor a nuevas alteraciones en el suministro energético mundial.

El mercado vuelve a mirar a Ormuz

El movimiento de los mercados llega después de que las conversaciones mantenidas este fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Islamabad terminaran sin acuerdo. Tras ese fracaso diplomático, Washington confirmó que comenzará este lunes a las 16:00 hora peninsular española el bloqueo del tráfico marítimo de entrada y salida en puertos iraníes, al tiempo que anunció medidas de control sobre el tránsito en torno al estrecho.

La importancia de ese paso marítimo es clave para entender la reacción financiera: por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% del suministro energético mundial, de modo que cualquier amenaza sobre su operativa tiene un impacto inmediato en el precio del crudo y en las expectativas de inflación.

Aunque el mando militar estadounidense sostiene que no impedirá el paso de embarcaciones con destino a puertos no iraníes, Reuters señala que varios petroleros evitaban ya este lunes atravesar la zona, reflejo de la cautela creciente en el tráfico comercial internacional.

El gas también se encarece y el oro cae

La tensión energética no se limita al petróleo. El contrato TTF neerlandés, referencia para el gas natural en Europa, sube este lunes un 8,6% y alcanza los 47,66 euros por megavatio hora, después de haber llegado a tocar los 49,52 euros en la apertura.

En paralelo, el oro baja un 0,4% hasta los 4.726,64 dólares por onza, mientras el dólar avanza un 0,3%. Estas fluctuaciones reflejan que el mercado teme ahora un nuevo repunte inflacionista que complique futuras bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Asia cerró ayer con pérdidas

La reacción ha sido igualmente visible en Asia. El KOSPI surcoreano ha cerrado con una caída del 0,8%, el Hang Seng Index de Hong Kong ha perdido cerca de un 1% y el Nikkei 225 japonés ha retrocedido un 0,6%. Solo la bolsa de Shenzhen, en China, logró cerrar con una subida del 0,7%, mientras Shanghái terminó prácticamente plana.

El nuevo giro bursátil llega apenas unos días después del alivio registrado tras el alto el fuego temporal entre Washington y Teherán, cuando el petróleo cayó con fuerza y los mercados europeos recuperaron terreno. Ahora, el fracaso del diálogo y la amenaza sobre Ormuz devuelven al mercado a un escenario de máxima sensibilidad energética.

Cuando se prepara una entrevista de trabajo, lo habitual es centrarse en el currículum, en las respuestas a posibles preguntas o en la experiencia profesional que se quiere destacar. Sin embargo, hay otro elemento que también entra en juego desde el primer momento: lo que transmite el cuerpo antes incluso de empezar a hablar. La forma de sentarse, mirar o mover las manos puede influir en la impresión inicial que recibe quien está al otro lado de la mesa.

En ese terreno, las manos ocupan un papel principal. Suelen delatar nerviosismo, tensión o inseguridad cuando se mueven de forma repetitiva o sin control, pero también pueden servir para reforzar el discurso si acompañan con naturalidad lo que se está diciendo. Según una guía publicada por Nationale-Nederlanden, su posición y sus movimientos forman parte del llamado lenguaje no verbal, un aspecto al que muchos entrevistadores prestan atención durante un proceso de selección.

La aseguradora recuerda que no se trata de mantener una postura rígida, sino de lograr que los gestos acompañen la conversación de forma natural, sin distraer ni transmitir incomodidad. El objetivo es que las manos ayuden a comunicar seguridad y no se conviertan en un foco de tensión.

Cómo colocar las manos para transmitir naturalidad

Una de las recomendaciones básicas es mantenerlas en una posición relajada, visibles y sin movimientos bruscos. Si la entrevista se desarrolla sentado, lo más adecuado es apoyarlas suavemente sobre el regazo, sobre la mesa o moverlas de forma moderada al hablar, siempre como apoyo del mensaje verbal.

Desde Nationale-Nederlanden explican que los gestos pueden reforzar una explicación si se usan con control, pero advierten de que un exceso puede generar el efecto contrario. También recomiendan evitar movimientos demasiado enfáticos o poco formales, especialmente aquellos que puedan interpretarse como exagerados en un contexto profesional.

Para muchas personas, una forma sencilla de reducir la sensación de incomodidad es sostener un objeto pequeño, como un bolígrafo. Tener algo entre las manos puede ayudar a evitar esa sensación de no saber dónde colocarlas y favorecer una postura más estable durante la conversación.

Gestos que conviene evitar durante la conversación

Entre los movimientos que más conviene controlar está apretar una mano contra la otra con fuerza. Ese gesto suele asociarse a tensión y puede transmitir una imagen de nerviosismo excesivo. Algo parecido ocurre con entrelazar los dedos de forma rígida o mantener las manos inmóviles en exceso.

Otro gesto frecuente es pulsar repetidamente el botón de un bolígrafo o manipular cualquier objeto de forma continua. Aunque muchas veces se hace de manera inconsciente, puede resultar molesto y distraer a la persona que entrevista.

Apoyar la cabeza sobre una mano tampoco juega a favor. Más allá de la comodidad puntual, esa postura puede proyectar cansancio, falta de interés o escasa implicación en la conversación.

Bolsillos, brazos cruzados y movimientos automáticos

La guía también señala que meter las manos en los bolsillos no es una buena opción durante una entrevista, especialmente si parte del encuentro se desarrolla de pie. Ese gesto suele asociarse a desinterés o a una actitud demasiado informal para un contexto de evaluación profesional.

Tampoco se recomienda cruzar los brazos, ya que las manos pasan a formar parte de una postura cerrada que puede interpretarse como distancia o resistencia.

Rascarse de forma visible, tocarse constantemente la cara o realizar pequeños movimientos repetitivos también son hábitos que conviene vigilar. No porque determinen por sí solos el resultado de una entrevista, sino porque forman parte de una primera impresión que, en procesos muy competitivos, puede sumar o restar en los primeros minutos.

Cuando una pareja se casa, casi todo el mundo da por hecho que solo hay dos opciones para organizar su patrimonio: separación de bienes o gananciales. Pero en España sobrevive todavía una tercera fórmula, mucho menos conocida, que puede condicionar totalmente el reparto de propiedades, herencias o ahorros cuando el matrimonio termina.

Se trata del fuero del baylío, una institución civil que sigue aplicándose en determinadas localidades de Extremadura y que tiene un efecto especialmente llamativo: al disolverse el matrimonio, pueden repartirse por la mitad no solo los bienes comprados en común, sino también otros que cada cónyuge ya tenía antes de casarse o que recibió por herencia o donación.

Por eso, lejos de ser una simple rareza jurídica, el fuero del baylío sigue teniendo efectos patrimoniales reales. Su aplicación puede afectar a viviendas, propiedades familiares, ahorros o bienes heredados, especialmente cuando llega el momento de un divorcio. De hecho, el propio Estatuto de Autonomía de Extremadura reconoce expresamente su conservación, defensa y protección.

Qué es el fuero del baylío y dónde sigue aplicándose

El fuero del baylío es una institución de derecho civil consuetudinario extremeño vinculada al régimen económico del matrimonio. No rige en toda España ni tampoco en toda Extremadura, sino en determinadas zonas concretas. Distintas resoluciones publicadas en el BOE durante los últimos años lo aterrizan en casos vinculados, entre otros lugares, a Olivenza y Jerez de los Caballeros, lo que muestra que no se trata de una referencia teórica o ya extinguida.

No se conoce con certeza su origen exacto. El propio BOE admite que se trata de una cuestión muy discutida, aunque la tesis más extendida lo vincula a las cartas pueblas y a los procesos de repoblación de la Reconquista, de modo que algunos autores sitúan su posible nacimiento en torno al siglo XIII. Su primer reconocimiento escrito claro llegó en 1778, cuando una Real Cédula de Carlos III confirmó su vigencia en los territorios donde ya se aplicaba.

Se trata, en definitiva, de una fórmula matrimonial con siglos de historia que ha logrado mantenerse viva hasta la actualidad en parte del territorio extremeño.

Un régimen que va mucho más allá de los gananciales

Lo que hace tan singular al fuero del baylío es el alcance que puede tener sobre el patrimonio de los cónyuges. En una resolución de 2020, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública recordó que, en los matrimonios sujetos a este fuero, se consideran comunes por mitad los bienes aportados por cualquiera de los cónyuges antes o después del matrimonio, incluso si proceden de herencia o donación.

En el régimen de gananciales, en cambio, lo habitual es que se compartan por mitad los bienes obtenidos durante el matrimonio, mientras que lo heredado, lo donado o lo que cada cónyuge ya tenía antes de casarse suele mantenerse como privativo. Ahí está la principal diferencia: el fuero del baylío amplía mucho más ese reparto.

En un vídeo publicado en TikTok, la abogada y opositora de judicatura Carmen Núñez Navarrete advierte así sobre esta fórmula: “Si no estableces capitulaciones matrimoniales en escritura pública, entonces se aplicará el fuero del baylío, que supone que todo es de los dos”.

El verdadero impacto aparece al divorciarse o heredar

El alcance del fuero del baylío se aprecia sobre todo cuando el matrimonio termina, ya sea por divorcio o por fallecimiento de uno de los cónyuges. Es entonces cuando una vivienda comprada antes de la boda, un inmueble heredado, una donación familiar o unos ahorros pueden verse afectados por este régimen matrimonial.

En matrimonios con patrimonio inmobiliario, bienes familiares, diferencias importantes de ingresos o propiedades entre ambos, el fuero del baylío puede alterar de forma notable el reparto del patrimonio y convertir en comunes bienes que en otros regímenes seguirían siendo privativos.

La Audiencia Provincial de Badajoz señaló en 2021 que el fuero del baylío despliega efectos en las disoluciones matrimoniales por divorcio y que, en los matrimonios sujetos a él, los bienes pertenecen por mitad a ambos cónyuges.

Esa consecuencia práctica es la que lleva a la abogada Carmen Núñez Navarrete a defender otra fórmula: “Yo siempre digo que mejor la separación de bienes, y no es por nada, sino porque luego para liquidar es más difícil”, afirma en su vídeo, en referencia a la complejidad que puede generar repartir un patrimonio tan ampliamente comunicado.

El Tribunal Supremo ha avalado que una empresa pueda aplicar un régimen distinto de teletrabajo al personal fuera de convenio -habitualmente directivos y altos cargos- sin que eso suponga discriminación, siempre que la diferencia de trato esté objetivamente justificada. Así lo establece una sentencia dictada a raíz de un conflicto colectivo en la compañía Exolum, en el que se discutía si ese colectivo podía disfrutar de una flexibilidad adicional que no alcanzaba al resto de la plantilla, sujeta al convenio.

La resolución confirma el criterio de la Audiencia Nacional y rechaza la demanda sindical presentada contra la política de trabajo en remoto de la empresa. La clave del litigio estaba en que el personal fuera de convenio podía solicitar trabajar a distancia desde un domicilio distinto del habitual durante dos semanas en verano y una en Navidad, una posibilidad que quedaba reservada al escalón más alto de la estructura laboral.

El Supremo concluye que esa diferencia no vulnera por sí sola el principio de igualdad. La Sala de lo Social recuerda que no toda desigualdad de trato dentro de una empresa constituye una discriminación prohibida y que, en decisiones empresariales de este tipo, pueden existir condiciones distintas entre colectivos si responden a motivos objetivos, razonables y proporcionados.

La empresa distinguía entre personal de convenio y fuera de convenio

Uno de los elementos que el tribunal considera decisivos es que el propio convenio de empresa distingue entre dos colectivos diferentes: el personal sometido a convenio y el personal fuera de convenio. Según la sentencia, ambos grupos tienen un régimen jurídico distinto, lo que impide partir de una exigencia automática de trato idéntico en todas sus condiciones laborales, incluso cuando la mejora recae sobre quienes ocupan las posiciones mejor situadas dentro de la compañía.

Además, el fallo subraya que el convenio colectivo no contiene una regulación específica del trabajo a distancia que obligue a aplicar exactamente las mismas medidas a ambos grupos. A partir de ahí, el Supremo entiende que la diferencia debatida puede ser válida si existe una justificación suficiente.

Mayor disponibilidad y responsabilidad

La sentencia destaca que el personal fuera de convenio está sometido, según los hechos probados, a un régimen de dedicación exclusiva, plena disponibilidad y horario flexible. También desempeña funciones críticas y de mayor responsabilidad dentro de la empresa. Para el tribunal, esas circunstancias permiten justificar una flexibilidad adicional en materia de teletrabajo, frente a una plantilla que no accede a esa misma ventaja.

Los magistrados consideran, por tanto, que la medida controvertida no era arbitraria, sino una decisión empresarial apoyada en características objetivas del colectivo beneficiado. Por eso concluyen que el trato diferenciado era razonable y proporcionado.

El Supremo descarta discriminación antisindical

Otro de los argumentos planteados en el recurso era que esa ventaja podía fomentar la salida del convenio y, con ello, perjudicar indirectamente la acción sindical. El Supremo rechaza también esa tesis al no apreciar indicios suficientes de discriminación antisindical.

La Sala señala que la posibilidad de quedar fuera de convenio no depende de la afiliación sindical ni de una mayor o menor vinculación con la actuación de los sindicatos, sino de una opción prevista en el propio convenio colectivo y limitada, además, a un porcentaje máximo de la plantilla.

La resolución fija así un criterio relevante para la organización del trabajo a distancia en las empresas. El Supremo avala que puedan existir medidas diferenciadas entre colectivos distintos de la plantilla cuando estas estén apoyadas en razones objetivas y no respondan a una voluntad discriminatoria, aunque en la práctica eso permita concentrar determinadas ventajas en los puestos mejor retribuidos o de mayor rango.

La campaña de la Renta acaba de arrancar y la Agencia Tributaria vuelve a advertir de nuevos intentos de suplantación de identidad a través de correos electrónicos y mensajes que simulan proceder del organismo tributario. El objetivo es que el contribuyente pulse en enlaces externos, facilite datos personales o bancarios y acabe entregando información sensible en páginas falsas que imitan la sede electrónica oficial.

En los ejemplos difundidos por Hacienda este 2026 aparecen mensajes que anuncian supuestos reembolsos de impuestos, incidencias en expedientes o formularios pendientes que deben realizarse con urgencia.

Uno de los SMS detectados en marzo por la propia Agencia Tributaria incluía incluso una cantidad concreta —311,29 euros— y un enlace acortado que dirigía a una web fraudulenta diseñada para parecer oficial. Allí se pedía el nombre completo del contribuyente y un número de contacto.

Otros correos detectados recientemente utilizan expresiones como “cumple con los requisitos para una restitución” o “solicitud del formulario seguro”, copiando un tono administrativo para parecer auténticos.

Qué nunca pide Hacienda por correo o SMS

La Agencia Tributaria insiste en que nunca solicita por correo electrónico o mensaje de texto información confidencial, económica o personal, ni números de cuenta, tarjetas bancarias o claves de acceso. Tampoco envía enlaces para cobrar devoluciones ni adjunta formularios en los que haya que introducir datos financieros.

Por eso, ante cualquier aviso relacionado con la declaración, la recomendación oficial es no clicar directamente sobre enlaces recibidos por correo o SMS y acceder siempre escribiendo manualmente la dirección oficial en el navegador o comprobando si existe alguna notificación real dentro de la sede electrónica.

Otra señal útil es revisar el remitente: si la dirección no termina exactamente en “agenciatributaria.gob.es”, conviene desconfiar, aunque el mensaje incluya logotipos oficiales o un lenguaje aparentemente administrativo.

La combinación entre plazos fiscales, devoluciones esperadas y temor a cometer errores convierte estas semanas de campaña en un escenario particularmente atractivo para los ciberdelincuentes. También la Policía Nacional ha alertado estos días de mensajes falsos que prometen devoluciones inmediatas o avisan de supuestas sanciones para provocar una reacción rápida del usuario.

Detrás de algunos mensajes hay campañas internacionales organizadas

Según la empresa de ciberseguridad Proofpoint, en lo que va de 2026 se han detectado más de un centenar de campañas con señuelos fiscales destinadas a robar credenciales, instalar software malicioso o facilitar accesos remotos a dispositivos. En algunos casos, el objetivo no es solo obtener datos bancarios, sino también instalar programas que permitan controlar remotamente el ordenador de la víctima sin que esta lo perciba.

Entre esas campañas aparece, por ejemplo, TA2730, un grupo especializado en phishing de credenciales que utiliza dominios registrados por los propios atacantes y correos que aparentan proceder de entidades financieras, organismos públicos o servicios administrativos. España figura entre los países incluidos en este tipo de ataques, según el análisis de la compañía.

Los expertos explican que estos mensajes son cada vez más convincentes porque imitan mejor el lenguaje administrativo y presionan al usuario para que responda rápido. En ocasiones, incluso incorporan teléfonos reales de entidades conocidas o referencias aparentemente correctas para reforzar su credibilidad y dificultar que el usuario detecte el engaño.

Qué hacer si llega uno de estos mensajes

Si el usuario recibe una comunicación sospechosa, lo recomendable es no abrir enlaces, no descargar archivos adjuntos y no responder al remitente. Tampoco conviene llamar a los teléfonos que aparezcan en el propio mensaje ni facilitar información personal por ninguna vía hasta verificar el aviso por canales oficiales. Si ya se han facilitado datos bancarios, conviene contactar cuanto antes con la entidad financiera y presentar denuncia.

La Agencia Tributaria mantiene durante toda la campaña un apartado actualizado en su página web oficial con ejemplos reales de correos y SMS fraudulentos detectados, precisamente para ayudar a identificar este tipo de engaños antes de que el contribuyente actúe.

La tensión sobre los mercados energéticos por la guerra en Oriente Medio y el riesgo de que persistan los problemas de tránsito por el estrecho de Ormuz han devuelto al primer plano medidas de ahorro que parecían propias de otras crisis. En ese contexto, la Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a coordinar sus preparativos ante la volatilidad del mercado y a considerar medidas voluntarias para reducir el consumo de combustible, especialmente en el transporte, mientras la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha vuelto a situar el trabajo desde casa entre las fórmulas para recortar la demanda de petróleo.

La recomendación no es menor. En su informe Sheltering From Oil Shocks, publicado el 20 de marzo, la AIE plantea diez medidas para amortiguar el impacto del actual shock petrolero sobre hogares, empresas y gobiernos. La primera de ellas es precisamente “trabajar desde casa cuando sea posible”, con el argumento de que reduce el consumo ligado a los desplazamientos diarios.

España, sin embargo, llega a ese debate con una implantación del teletrabajo inferior a la media comunitaria. Según el informe ‘Transformación energética sostenible y empleo’, elaborado por Randstad Research, en 2024 trabajaba habitual u ocasionalmente desde su domicilio el 15,4% de los ocupados en España, frente al 22,6% del conjunto de la UE, lo que sitúa al país casi un 32% por debajo del promedio comunitario.

No obstante, el dato español casi duplica el nivel prepandemia -era del 8,3% en 2019-, pero sigue lejos del registrado en otros países europeos.

Disminuir los desplazamientos

La AIE vincula en su paquete de medidas esta modalidad de trabajo con el ahorro de petróleo asociado al uso del coche. La lógica es sencilla: si una parte de la plantilla deja de desplazarse varios días por semana, cae la demanda de carburante en carretera. Entre las recomendaciones del organismo se encontraba también rebajar límites de velocidad, impulsar el transporte público o fomentar el coche compartido.

Por su parte, el informe de Randstad subraya esa misma relación al señalar que el teletrabajo “permite una reducción del consumo de energía destinado al transporte de las personas a lugares de trabajo, como oficinas”. Aunque este vínculo ya existía, la actual situación de fuerte presión sobre los precios y el suministro energético ha devuelto el trabajo en remoto al centro del debate.

España avanza, pero sigue rezagada

El estudio de Randstad muestra además que el trabajo a distancia está mucho más extendido en economías europeas más desarrolladas y que en países como Países Bajos, Luxemburgo o Dinamarca supera el 40% de los ocupados. España, con ese 15,4%, se sitúa claramente por debajo tanto de esos líderes como de la media europea.

La fotografía encaja con otros indicadores recientes. El INE señala que en el primer trimestre de 2025 solo el 37,4% de las empresas españolas de 10 o más empleados permitía teletrabajar a su plantilla, aunque el porcentaje subía hasta el 78% entre las compañías de 250 o más trabajadores. Además, el 20% de los empleados teletrabajaba regularmente, apenas dos décimas más que un año antes.

También pierde peso en la oferta empresarial. El último informe desarrollado por InfoJobs y Esade sobre el mercado laboral en España en 2025 sitúa el teletrabajo en el 11% de las vacantes, tres puntos menos que un año antes. Aunque el indicador no mide lo mismo que Randstad -uno refleja ofertas y otro ocupados-, ambos apuntan a una misma tendencia: esta fórmula no termina de consolidarse con fuerza en nuestro país.

Un freno que se explica principalmente por la estructura del empleo

Esa menor implantación no responde solo a una cuestión de voluntad empresarial. Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, recuerda que la geografía del teletrabajo en la UE depende en gran medida de la estructura ocupacional de cada país y de factores habilitadores como la conectividad. En otras palabras, no todos los mercados laborales tienen el mismo margen real para trasladar empleo a distancia, y el peso de sectores con mayor presencialidad condiciona su extensión.

La propia agencia europea estima además que alrededor del 37% del empleo en la UE sería potencialmente teletrabajable, una proporción superior a la utilización efectiva previa a la pandemia. Eso ayuda a entender por qué el debate no depende solo de preferencias empresariales o demandas de los trabajadores, sino también del tipo de ocupaciones que predominan en cada economía.

A esa base estructural se suma un factor organizativo. El informe sobre teletrabajo y flexibilidad en España elaborado por la consultora Robert Walters apunta a una mayor cautela empresarial respecto al trabajo a distancia y recoge que parte de las compañías está revisando o endureciendo sus políticas remotas. El estudio, basado en una encuesta a profesionales cualificados y complementado con opiniones de expertos, no retrata por completo al mercado laboral español, pero sí refleja que en este segmento pesan factores como el control del desempeño, la productividad percibida y la cultura organizativa.

La compra extranjera de vivienda en España cambió de perfil en la segunda mitad de 2025. Aunque las operaciones firmadas por compradores de otros países bajaron un 4,4% interanual, hasta las 66.629, el retroceso no fue homogéneo: el ajuste se concentró en los no residentes, mientras los extranjeros que ya viven en el país ganaron peso y sostuvieron el mercado.

Las transacciones realizadas por extranjeros representaron el 18,4% del total de compraventas de vivienda en el segundo semestre del año, por debajo del 19,5% registrado un año antes. Sin embargo, dentro de ese bloque conviven dos realidades cada vez más distintas. Por un lado, el comprador que adquiere desde fuera pierde fuerza. Por otro, gana protagonismo el extranjero que ya reside en España y compra dentro del propio mercado nacional.

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Esa diferencia se aprecia con claridad en los datos del Consejo General del Notariado. Los extranjeros residentes concentraron el 62,8% de las operaciones y aumentaron un 3,3% respecto al segundo semestre de 2024. En cambio, los no residentes, que supusieron el 37,2% restante, registraron una caída del 15,1%.

Marroquíes, rumanos e italianos, los residentes que más compraron

Dentro del segmento de residentes, las nacionalidades con más peso fueron Marruecos, Rumanía e Italia. Los compradores marroquíes concentraron el 12,1% de las operaciones de extranjeros residentes; los rumanos, el 9,3%; y los italianos, el 9,2%.

El mapa territorial también ayuda a entender ese cambio de perfil. Marruecos tuvo una presencia especialmente destacada en Murcia, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, mientras que Rumanía sobresalió en Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Extremadura y Castilla y León. Italia, por su parte, tuvo un peso relevante en Canarias, Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana.

El resultado es que la compra extranjera de vivienda en España ya no se sostiene solo en el comprador que adquiere desde fuera del país. Esa lectura no elimina la importancia de los no residentes, pero sí cambia el foco sobre quién está sosteniendo ahora el volumen de operaciones.

Cae la demanda desde fuera y se concentra en costa e islas

Frente a ese auge del comprador residente, el mercado de no residentes mostró un retroceso más claro. Entre ellos, las nacionalidades con mayor peso fueron Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Bélgica, con cuotas del 12,6%, 11,9%, 11,5% y 8,1%, respectivamente. Además, sus compras se concentraron de forma muy marcada en algunos territorios tensionados: la Comunidad Valenciana absorbió el 40% de las operaciones de no residentes; Andalucía, el 25,3%; y después aparecieron Cataluña, Murcia y Canarias.

Ese reparto muestra que la demanda de no residentes se concentra sobre todo en mercados costeros y territorios con fuerte atractivo turístico.

Compran menos, pero siguen pagando más caro

La disminución del volumen de operaciones no se tradujo en un alivio de precios. El coste medio pagado por los compradores extranjeros se situó en 2.479 euros por metro cuadrado en el segundo semestre de 2025, un 5% más que un año antes. Esa cifra se mantiene por encima de la abonada por los compradores nacionales, que fue de 1.839 euros por metro cuadrado.

Además, la brecha dentro del propio mercado extranjero sigue siendo muy amplia. Los no residentes pagaron de media 3.242 euros por metro cuadrado, frente a los 1.963 euros de los extranjeros residentes. También hubo diferencias acusadas por nacionalidad: Alemania se situó entre los importes medios más altos, con 3.559 euros por metro cuadrado, mientras que Marruecos marcó una media de 768 euros y Rumanía, de 1.350 euros.

La Unión Europea aplicará desde el 1 de julio de 2026 un nuevo recargo a los pequeños envíos de menos de 150 euros que entren en su territorio, un cambio que puede afectar a muchas compras de bajo importe realizadas en plataformas como Temu, Shein o AliExpress. La medida llega en un momento de fuerte auge de estos pedidos en la UE y busca acabar con la exención arancelaria de la que hasta ahora se beneficiaban este tipo de importaciones procedentes de fuera del bloque.

En la práctica, la decisión puede encarecer compras muy habituales entre los consumidores españoles: ropa barata, accesorios, pequeños productos de belleza, artículos para el hogar o gadgets de bajo coste enviados directamente desde países extracomunitarios, especialmente desde China. Hasta ahora, estos paquetes de menos de 150 euros estaban exentos de arancel, aunque no de IVA. Lo nuevo, por tanto, no es el impuesto sobre el valor añadido, sino la incorporación de un nuevo derecho aduanero fijo.

Eso sí, el cambio no funciona exactamente como una suma automática de una cantidad concreta por cada unidad comprada. La UE ha establecido un derecho aduanero temporal de 3 euros para los envíos de menos de 150 euros, pero aclara que se aplicará por cada categoría distinta de artículo dentro del paquete. Por eso, para entender cómo puede encarecer una compra, conviene fijarse en el detalle de lo que se ha aprobado realmente.

Qué cambia desde julio

El Consejo de la UE dio en febrero la luz verde final a un derecho aduanero provisional de 3 euros para los pequeños paquetes que entren en la Unión con un valor declarado inferior a 150 euros. La medida empezará a aplicarse el 1 de julio de 2026 y, en principio, estará en vigor hasta el 1 de julio de 2028, aunque puede prorrogarse si resulta necesario.

Con esta decisión, Bruselas elimina en la práctica una ventaja importante de este tipo de envíos: hasta ahora, los paquetes de menos de 150 euros podían entrar sin pagar arancel. La Comisión y el Consejo sostienen que ese sistema había quedado desbordado por el auge del comercio electrónico y generaba problemas de competencia para los vendedores europeos, además de riesgos de fraude, seguridad del producto e impacto ambiental.

Solo en 2024 entraron en la UE unos 4.600 millones de envíos de bajo valor comprados online, unos 12 millones al día, según datos oficiales comunitarios, una cifra que muestra hasta qué punto este tipo de pedidos se ha convertido en un fenómeno masivo.

Por qué no siempre serán 3 euros por cada artículo

El recargo de 3 euros se aplicará a cada categoría de artículo incluida dentro de un paquete pequeño, no necesariamente a cada unidad individual comprada. La propia UE pone este ejemplo: si un paquete contiene una blusa de seda y dos de lana, el recargo no sería de 9 euros, sino de 6, porque las prendas se reparten en dos categorías distintas desde el punto de vista arancelario.

En este sentido, sí habrá un encarecimiento, pero no siempre funcionará como una suma lineal de 3 euros multiplicados por cada objeto comprado, sino que dependerá de cómo se clasifique el contenido del envío a efectos aduaneros.

Cómo puede afectar al precio de tus compras

Para el consumidor, la conclusión más clara es que muchas compras baratas hechas en plataformas de bajo coste de fuera de la UE pueden perder parte de su atractivo. Un pedido de pocos euros seguirá pudiendo parecer económico, pero ese nuevo cargo aduanero puede alterar bastante la cuenta final, especialmente en compras impulsivas o de importe muy reducido.

Además, el debate europeo sobre estos envíos no se limita al precio. La Comisión y las autoridades aduaneras comunitarias llevan meses alertando de que buena parte de los productos llegados desde terceros países no cumple correctamente las normas europeas de salud y seguridad. A eso se suma el volumen creciente de paquetes, que complica las inspecciones y multiplica el impacto ambiental asociado a este modelo de consumo.

Lo que muchas veces se interpreta como una broma, una reacción impulsiva o un conflicto privado puede acabar teniendo consecuencias penales. Así lo advierte el abogado Luis Romero en un vídeo publicado en TikTok que acumula casi 74.000 visualizaciones y más de 1.000 me gusta, donde enumera cinco conductas que, según explica, siguen siendo motivo habitual de consulta jurídica.

“Cinco cosas que son delito y la gente no lo sabe”, resume al comienzo del vídeo. Su intervención pone el foco en comportamientos cotidianos que muchas personas no asocian directamente con el Código Penal, pero que en determinados supuestos sí pueden derivar en denuncia, multa o incluso penas de prisión.

La clave, en muchos de estos casos, es que la relación personal con la otra persona o la intención con la que se actúe no elimina automáticamente la posible responsabilidad penal.

Abrir el correo de otra persona o difundir imágenes íntimas

La primera conducta sobre la que alerta el abogado es clara: “Abrir correo electrónico de alguien sin el consentimiento de esa persona, aunque sea tu esposa, sea un familiar o una persona, alguien que tú crees amigo. Cuidado con la denuncia”, advierte.

En España, acceder sin permiso al correo electrónico de otra persona puede encajar en los delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, recogidos en el Código Penal. La norma castiga a quien acceda o se apodere de mensajes privados sin autorización cuando exista voluntad de vulnerar la intimidad ajena.

La segunda advertencia se refiere a un comportamiento especialmente perseguido en los últimos años: “Revelar fotos o imágenes, vídeos íntimos de tu pareja o tu ex, aunque te la haya mandado voluntariamente”.

Aunque esas imágenes hayan sido enviadas de forma consentida en el ámbito privado, su difusión posterior sin permiso puede constituir delito si daña gravemente la intimidad de la persona afectada. El Código Penal prevé penas de prisión de tres meses a un año o multa económica en estos casos.

Las amenazas por WhatsApp también pueden denunciarse

Otro de los ejemplos que menciona Luis Romero se refiere a mensajes enviados en tono aparentemente informal: “Y mucho cuidado con esto, amenazar -entre comillas- de broma a alguien por WhatsApp" y excusarse: “No, es que era broma”, explica el abogado, añadiendo: “Cuidado (con ese comportamiento)”.

Aquí el contenido concreto del mensaje es determinante. No basta con alegar después que no había intención real si el receptor percibe una amenaza creíble o intimidatoria. El Código Penal distingue varios tipos de amenazas y las penas cambian según la gravedad, el contexto y si existe o no exigencia de alguna condición.

En la práctica, muchos procedimientos dependen del texto exacto enviado, del historial previo entre las partes y de si el mensaje genera un temor razonable en quien lo recibe.

El impago de pensiones y marcharse sin pagar

El abogado también recuerda otra conducta frecuente en los juzgados: “Dejar de pagar la pensión de alimentos cuando supera los dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos”.

Ese umbral coincide con lo previsto en el Código Penal para el delito de abandono de familia por impago de prestaciones económicas fijadas judicialmente. La pena puede alcanzar un año de prisión o multa, además de obligar al pago de las cantidades pendientes.

Por último, algo que parece aparentemente cotidiano: “Irte de un restaurante sin pagar”. Aquí también conviene distinguir: si la cantidad no abonada es reducida, normalmente se castiga con multa; si supera determinados importes o concurren agravantes, puede considerarse hurto con consecuencias penales más severas.