En muchas ciudades españolas, encontrar un piso de alquiler empieza a parecerse menos a una búsqueda de vivienda y más a una carrera de obstáculos entre decenas de aspirantes. En el primer trimestre de 2026, cada anuncio publicado en Idealista recibió de media 41 contactos, un 17% más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato refleja un mercado en el que no basta con poder asumir el pago de una mensualidad cada vez más exigente, sino en el que también hay que lograr entrar a tiempo en una oferta escasa y muy disputada.

La intensidad de esa competencia cambia mucho según la ciudad, pero se dispara en varios de los mercados más tensionados del país. Barcelona registró una media de 99 contactos por anuncio, Palma alcanzó los 69 y Madrid, los 47. Por detrás se situaron San Sebastián, con 45; Bilbao, con 42, y Valencia, con 35.

Estas cifras proceden de un análisis de Idealista y conviene leerlo como un termómetro del mercado, no como una radiografía completa de todo el parque de alquiler. Aun así, encaja con un contexto mucho más amplio avalado por fuentes oficiales. Según el barómetro del CIS de febrero de 2026, el 42,8% de los encuestados señala la vivienda como el principal problema que existe actualmente en España, mientras que un 27,6% la identifica además como el problema que más le afecta personalmente.

Cada vez más demanda para una oferta insuficiente

El aluvión de contactos que recibe cada anuncio refleja un desajuste creciente entre la oferta disponible y la demanda que intenta acceder a ella. En otras palabras, el problema no es solo que los alquileres sean caros, sino que en muchos mercados simplemente no hay suficientes viviendas para alquilar.

Aunque el alquiler ha ganado peso en España en los últimos años, el Banco de España advierte de que la demanda ha crecido más deprisa que la oferta. El alquiler a precio de mercado pasó del 10,4% al 15,4% de los hogares entre 2007 y 2023, mientras que la proporción de hogares que no vive en una vivienda de su propiedad subió cinco puntos, hasta el 24,8%.

El Banco de España vincula esta tensión al crecimiento demográfico, a la concentración de población en grandes áreas urbanas y al desplazamiento de parte de la demanda residencial hacia el alquiler. A ello se suman factores que limitan aún más la oferta, como el auge de usos alternativos de la vivienda. El propio organismo cifra en unas 350.000 las viviendas turísticas existentes a principios de 2024, alrededor de un 10% del tamaño del mercado de alquiler residencial, con una concentración especialmente alta en determinados mercados urbanos y turísticos.

Ese estrechamiento de la oferta también aparece en las estimaciones de Idealista, que calcula que la oferta de alquiler en España se ha reducido un 61% desde 2020, una caída que en ciudades como Barcelona alcanza el 90% y en Madrid el 73%.

El alquiler sigue encareciéndose, sobre todo en las zonas tensionadas

La presión sobre el mercado también se refleja en los precios. Según Idealista, el alquiler cerró 2025 con una subida anual del 8,5% y un precio medio de 14,7 euros por metro cuadrado en diciembre. Con ello, el mercado encadenó otro año de subidas en un contexto de fuerte tensión entre oferta y demanda.

Esa subida, además, no se reparte de forma homogénea. El Banco de España señala que las comunidades y áreas urbanas donde se concentra la actividad económica y turística son también las que registran mayores aumentos del alquiler.

La institución añade que los jóvenes y los nuevos residentes de origen extranjero figuran entre los colectivos en los que más ha crecido el recurso al arrendamiento, mientras que la carga de la vivienda pesa especialmente sobre quienes viven de alquiler en grandes ciudades y en zonas con más crecimiento de población y turismo.

Ese patrón encaja con el mapa que ha trazado Idealista con su último análisis sobre la demanda de anuncios inmobiliarios: Barcelona y Palma, dos de los mercados más tensionados del país, aparecen entre las ciudades con mayor número de interesados por vivienda, mientras Madrid se mantiene también en niveles muy elevados.

Aunque cada vez resulta más difícil ocultarlo, todavía existen compraventas de vivienda en las que una parte del precio real no aparece en la escritura y se paga al margen de lo declarado. Es lo que comúnmente se conoce como pagar una parte “en negro” o con dinero B: una práctica que busca reducir impuestos, pero que puede acabar generando un coste mucho mayor tanto para quien compra como para quien vende.

La operación suele consistir en declarar ante notario un importe inferior al realmente abonado. Sobre el papel, esa cifra más baja reduce la tributación asociada a la compraventa, pero también deja abierta la puerta a que la Administración revise la operación, reclame cantidades adicionales y aplique sanciones.

En el caso de una vivienda usada, el comprador paga el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), cuya base depende del valor declarado o, si es superior, del valor de referencia fijado por el Catastro. El vendedor, por su parte, declara en el IRPF una ganancia patrimonial calculada a partir del precio oficialmente escriturado, por lo que declarar menos reduce inicialmente esa tributación.

El valor de referencia del Catastro limita cada vez más estas prácticas

Desde 2022, Hacienda toma como referencia para calcular el ITP el valor de referencia catastral cuando este supera el precio declarado. Eso significa que escriturar una vivienda por debajo de esa cifra ya no garantiza pagar menos impuestos.

En la práctica, si una vivienda se compra por un importe inferior al valor de referencia, el impuesto se liquida igualmente sobre este último. Y si además la Administración detecta discrepancias entre el valor declarado, los movimientos bancarios o cualquier otro indicio de pago no declarado, puede iniciar una comprobación tributaria.

Ese control no afecta solo al comprador. Si Hacienda concluye que el precio real fue superior al declarado, también puede exigir al vendedor que regularice el IRPF correspondiente por haber declarado una ganancia patrimonial inferior a la real.

Hacienda puede reclamar impuestos atrasados, intereses y sanciones

Cuando la Agencia Tributaria detecta que parte del precio de una vivienda no se ha declarado, puede girar una liquidación complementaria, es decir, reclamar los impuestos que no se abonaron correctamente en el momento de la operación.

A esa cantidad se suman los intereses de demora acumulados y una sanción tributaria que, según la gravedad del caso, puede oscilar entre el 50% y el 150% de la cuantía defraudada.

La cuantía final depende de si Hacienda aprecia una simple omisión, ocultación deliberada o utilización de medios fraudulentos. En los supuestos más graves, la sanción puede acercarse al tramo máximo previsto en la Ley General Tributaria.

Cuándo puede llegar a ser delito fiscal

La operación puede pasar del ámbito administrativo al penal si la cuota defraudada supera los 120.000 euros en un mismo ejercicio fiscal. A partir de ese umbral, la conducta puede constituir un delito contra la Hacienda Pública.

Ese escenario no es habitual en compraventas medias, pero sí puede aparecer en operaciones de importe elevado o cuando se acumulan varias irregularidades fiscales asociadas.

Además, escriturar por debajo del precio real puede tener efectos fiscales posteriores para el comprador. Si años después vende el inmueble por un importe superior, la diferencia entre el valor de adquisición declarado y el de venta puede aumentar la ganancia patrimonial a declarar en el IRPF.

Lo que inicialmente parece un ahorro inmediato puede acabar convirtiéndose en una factura fiscal mayor con el paso del tiempo, en un contexto en el que Hacienda dispone hoy de más cruces automáticos de información y mayor capacidad de control sobre las operaciones inmobiliarias.

Dormir en un hotel cuesta más que hace un año, aunque la ocupación apenas ha variado. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que en febrero de 2026 las pernoctaciones en establecimientos hoteleros aumentaron un 1,0% respecto al mismo mes del año anterior, mientras el Índice de Precios Hoteleros subió un 3,9%. La tarifa media diaria por habitación ocupada, conocida en el sector como ADR por sus siglas en inglés (Average Daily Rate), alcanzó los 116,3 euros, un 2,9% más que un año antes.

La ocupación, en cambio, se mantuvo prácticamente estable. En febrero se cubrieron el 53,5% de las plazas ofertadas, un 0,1% menos que en el mismo mes de 2025. Al mismo tiempo, el ingreso medio por habitación disponible, llamado RevPAR por su denominación en inglés (Revenue per Available Room), avanzó un 2,4%, hasta los 73,6 euros. Es decir, los hoteles ingresaron más sin hacer ‘llenazo’.

Ese mismo patrón aparece en el informe Smart Observatory de PwC y CEHAT para la temporada primavera-verano de 2026, que resume enero y febrero con una ocupación estable en el 60% y subidas del 3% tanto en la tarifa media diaria por habitación ocupada como en el ingreso por habitación disponible. La idea de fondo es la misma: la mejora del negocio se apoya más en el precio que en un gran repunte de la demanda.

Más precio, pero no más ocupación

El repunte de ingresos del sector no se explica por un aumento claro del llenado, sino por la capacidad de seguir encareciendo las habitaciones. Con una ocupación prácticamente plana, la mejora del negocio se debe en mayor medida a la tarifa que a un salto notable de la demanda.

El informe de PwC añade otro dato que refuerza esa lectura. El turismo internacional alojado en hotel aumentó en 300.000 viajeros en enero y febrero, mientras el nacional retrocedió en 100.000. Dicho de otro modo, el arranque de 2026 no refleja una falta general de demanda, sino un cambio en quién está sosteniendo la actividad del sector.

A eso se suma que la llegada de pasajeros a España creció un 2,8% en los dos primeros meses del año, según el mismo documento. No parece, por tanto, un escenario de frenazo brusco en la movilidad, sino de actividad sostenida y capacidad para seguir elevando precios.

El residente recorta en viajes

Ese encarecimiento coincide además con señales de mayor presión sobre el bolsillo del turista residente. Según la Encuesta de Turismo de Residentes del INE, los residentes en España realizaron 36,3 millones de viajes en el cuarto trimestre de 2025, un 5,4% menos que en el mismo periodo del año anterior. Los desplazamientos de ocio, recreo y vacaciones también descendieron un 5,3%.

Sin embargo, el gasto no bajó. En ese mismo periodo, el desembolso total de los residentes en sus viajes ascendió a 63.853,4 millones de euros, mientras que el gasto medio por persona se situó en 363 euros. En la práctica, eso supone que se viaja menos, pero que cada escapada exige un esfuerzo mayor.

A esa presión se suma otra tendencia: el turismo residente pierde peso frente al internacional. El INE constató en febrero que las pernoctaciones de viajeros residentes en España bajaron un 2,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 2,8%.

El informe de PwC y CEHAT va en la misma línea. Según sus datos, en enero y febrero hubo 6,2 millones de viajeros nacionales alojados en hotel frente a 6,3 millones internacionales, una diferencia pequeña pero significativa porque confirma que el turista extranjero ya ha superado al residente en el arranque del año.

Reservas e ingresos siguen al alza

Las previsiones para los próximos meses también apuntan a un escenario favorable para el sector. El informe de PwC señala que la ocupación en cartera para mayo y junio repunta ligeramente y aumenta un punto porcentual respecto al año pasado, con Baleares destacando por una mejora de hasta tres puntos. Es decir, la subida de precios no coincide con un desplome de las reservas.

También el canal directo -las reservas hechas sin intermediarios a través de los propios hoteles- muestra un fuerte crecimiento. El informe cifra en un 19% el aumento de ingresos para la temporada de primavera respecto al año anterior. De cara al verano, ese avance sería aún mayor, del 23%.

A ello se suma que el precio medio por noche sigue subiendo en los principales destinos analizados por PwC. En el conjunto de España pasa de 168 a 170 euros; en Andalucía, de 173 a 178; en Madrid, de 189 a 194; y en otras comunidades, de 135 a 141.

En España ya hay profesiones que permiten rozar o superar los 100.000 euros brutos al año, al menos en sus bandas salariales más altas. Así lo refleja el Informe de Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research, elaborado con datos laborales de 2025 y centrado en 398 posiciones de 14 sectores y ocho ciudades españolas. Además, el estudio no se limita al sueldo base: sus bandas incluyen salario bruto anual, variable y retribuciones en especie.

Conviene, eso sí, hacer una precisión importante. El informe no describe el salario habitual de todos los trabajadores de cada sector, sino las franjas retributivas que pueden alcanzar ciertos perfiles, sobre todo los de mayor responsabilidad y los que acumulan más de seis años de experiencia. Aun así, sí permite ver con bastante claridad qué puestos están hoy más cerca de la barrera de las seis cifras en España.

Detrás de esos sueldos aparecen sobre todo áreas ligadas a la dirección, la actividad comercial, la logística, la banca de inversión, el ámbito legal o la economía digital. Randstad enmarca además estas cifras en un mercado laboral condicionado por la inflación acumulada, el déficit de talento y la fuerte demanda de perfiles cualificados en sectores clave.

Digital, logística y banca reúnen varios de los salarios más altos

Uno de los ámbitos donde más claramente aparecen salarios de 100.000 euros es el de digital y e-commerce. En Madrid y Barcelona, un director comercial puede alcanzar una banda de 74.000 a 104.000 euros en el tramo de mayor experiencia. En esa misma área, un director de marketing llega también a 68.000-104.000 euros en ambas ciudades. En Bilbao se repite ese máximo y en Zaragoza se queda ligeramente por debajo, con un tope de 102.000 euros.

La logística y el transporte también colocan varios puestos en ese nivel. Un director comercial puede situarse entre 80.000 y 105.000 euros en Madrid, Barcelona y Bilbao. A su vez, un director de supply chain alcanza una banda de 76.000 a 105.000 euros en Madrid y Barcelona. En Zaragoza, este último perfil puede llegar a 102.000 euros.

En banca, seguros y consultoría, la barrera aparece de forma más puntual, pero también está presente. El informe sitúa al director comercial de banca de inversión en una franja de 80.000 a 100.000 euros en Madrid y Barcelona para perfiles senior. En Bilbao vuelve a tocar los 100.000 euros, mientras que en Zaragoza se queda en 98.000. En consultoría, tanto auditor como consultor rozan esa cota, con una banda máxima de 99.000 euros en Madrid y Barcelona.

El área legal y la sanidad también alcanzan o se acercan a esa cifra

Fuera de los sectores más vinculados al mundo corporativo o tecnológico, el informe también localiza salarios muy altos en el ámbito jurídico. En asesoría fiscal y legal, un compliance officer (responsable de cumplimiento normativo) alcanza una banda de 60.000 a 100.000 euros en Madrid y Barcelona, y repite ese máximo en Bilbao. En Valencia o A Coruña no llega a esa cifra, pero aun así puede moverse en máximos de 90.000 y 92.000 euros, respectivamente.

La sanidad ofrece otro ejemplo muy claro. Según el informe, un director hospital puede situarse entre 100.000 y 150.000 euros en Madrid y Barcelona dentro del tramo de más de seis años de experiencia. El director médico se mueve en esas mismas ciudades entre 85.000 y 150.000 euros dentro del área de sanidad, mientras que el perfil de coordinador de servicio alcanza una franja de 85.000 a 120.000 euros.

También aparecen salarios altos en perfiles ligados a la gestión de la atención al paciente, con bandas de entre 82.000 y 102.000 euros en Madrid y Barcelona.

La imagen que deja el informe es bastante clara: los salarios de 100.000 euros o más existen en España, pero se concentran en una parte muy reducida del mercado laboral. Suelen corresponder a puestos de dirección, funciones comerciales de alto nivel, gestión de operaciones o perfiles jurídicos y sanitarios con una responsabilidad elevada. Además, aparecen de forma recurrente en Madrid y Barcelona, que siguen marcando los techos salariales más altos en buena parte de los sectores analizados.

La jornada de 35 horas semanales para el personal de la Administración General del Estado ya es oficial. El BOE publica este miércoles la resolución con la que el Gobierno despliega el acuerdo firmado a finales de marzo con CCOO, UGT y CSIF, una medida que reduce en dos horas y media la jornada semanal respecto al esquema anterior de 37 horas y media y abre ahora un periodo de adaptación interna en ministerios, organismos y entidades dependientes del Estado.

La resolución entra en vigor este jueves 16 de abril, aunque concede un mes de plazo para adaptar los calendarios laborales en cada organismo. La reducción afecta a la Administración General del Estado, a las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, a organismos autónomos y a otras entidades públicas dependientes de la administración central, mientras que quedan fuera el personal militar y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Menos horas y nuevo reparto diario

El cambio principal es que la jornada ordinaria pasa a equivaler a 1.533 horas anuales de trabajo efectivo, frente al cómputo anterior de 37 horas y media semanales. En la práctica, el horario fijo de mañana deja de extenderse hasta las 14:30 horas y pasa a terminar a las 14:00 horas, de modo que el resto del tiempo semanal deberá completarse dentro de los márgenes de flexibilidad ya previstos.

La resolución establece que ese tiempo flexible podrá realizarse entre las 7:00 y las 9:00 horas y entre las 14:00 y las 18:00 horas de lunes a jueves, además del tramo de 14:30 a 15:30 horas los viernes. En las jornadas de mañana y tarde, el horario fijo también se reduce y pasa a finalizar a las 16.30 horas, media hora antes que hasta ahora.

Un compromiso pendiente desde 2022

La reducción de jornada figuraba ya en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, pero había quedado pendiente de desarrollo en la Administración central, que seguía manteniendo una jornada superior a la de buena parte del empleo público autonómico y local. En muchas comunidades autónomas y en numerosos ayuntamientos las 35 horas ya estaban implantadas desde hace años, una diferencia que los sindicatos venían denunciando como un agravio dentro del propio sector público.

El acuerdo definitivo llegó el pasado 27 de marzo, cuando Función Pública cerró con CCOO, UGT y CSIF el texto que ahora se traslada al BOE. Según las cifras manejadas por el ministerio y los sindicatos, la medida alcanza a entre 220.000 y casi 250.000 empleados públicos, según el alcance de cada organismo incluido.

Qué pasa con quienes tienen jornadas más largas

La resolución también modifica la situación del personal con régimen de especial dedicación, una modalidad que afecta a determinados puestos con mayor nivel de responsabilidad o disponibilidad horaria y que hasta ahora tenían jornadas de 40 horas semanales. Con el nuevo cambio, ese colectivo pasará a trabajar 37 horas y media, aunque seguirá manteniendo una jornada superior a la ordinaria.

Además, se amplían algunos supuestos de flexibilidad horaria vinculados a la conciliación. A los casos ya existentes de cuidado de hijos menores de 12 años, personas mayores o familiares con enfermedad grave se suma ahora el cuidado de personas dependientes convivientes, incluso cuando no exista parentesco directo.

Adaptación progresiva en servicios con turnos

El texto subraya que cada departamento deberá reorganizar turnos, plantillas y horarios para garantizar que la reducción de jornada no afecte al funcionamiento ordinario de los servicios públicos, especialmente en áreas con atención directa al ciudadano o trabajo por turnos.

En ámbitos específicos como Instituciones Penitenciarias o determinados servicios en Ceuta y Melilla, donde los horarios tienen características propias, la aplicación requerirá además negociación específica para ajustar el nuevo marco al funcionamiento de cada centro.

El accidente laboral más mortal en España se aleja de la imagen típica de una caída o un golpe. En los dos primeros meses de 2026, la principal causa de muerte en jornada laboral fueron los infartos, los derrames cerebrales y otras causas estrictamente naturales, con 40 fallecidos, por delante de las caídas y de los accidentes de tráfico, con 14 muertos en cada caso.

En total, Trabajo registró 91 fallecimientos en jornada entre enero y febrero, repartidos también entre otras causas como los atrapamientos o las colisiones, de modo que los episodios cardiovasculares concentraron cerca de cuatro de cada diez.

Los datos, publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo, muestran además un repunte de la mortalidad laboral en el arranque del año. Entre enero y febrero hubo 104 accidentes de trabajo mortales, seis más que en el mismo periodo de 2025. De ellos, 91 se produjeron durante la jornada y 13 fueron in itinere, es decir, en los desplazamientos de ida o vuelta al trabajo.

El aumento de las muertes se produjo, además, en un contexto de ligero descenso de la siniestralidad con baja, es decir, de los accidentes que obligan al trabajador a interrumpir su actividad laboral: en los dos primeros meses del año se contabilizaron 91.383 casos, un 0,6% menos que un año antes, mientras que los accidentes sin baja —aquellos que no requieren ausencia del puesto de trabajo— descendieron un 2,3%, hasta 76.104.

Los datos reflejan así una mortalidad laboral que no se explica solo por los riesgos mecánicos o físicos asociados al puesto, sino también por problemas de salud súbitos sufridos durante la jornada.

Bajan las muertes de camino al trabajo, pero casi todas se deben al tráfico

De las 104 muertes contabilizadas hasta febrero, la mayoría se produjo dentro de la jornada laboral. En ese bloque, los fallecimientos aumentaron en 12 casos respecto al mismo periodo de 2025, al pasar de 79 a 91. En cambio, las muertes in itinere bajaron de 19 a 13, seis menos que un año antes.

En los desplazamientos al trabajo, además, el patrón es distinto: 12 de los 13 accidentes mortales in itinere registrados entre enero y febrero estuvieron relacionados con el tráfico, que siguió siendo con diferencia la principal causa de fallecimiento en este tipo de siniestros.

Por sectores: en la construcción se produce la mayoría de fallecimientos

Por secciones de actividad económica, la construcción fue la rama con más muertes en jornada laboral entre enero y febrero, con 20 fallecidos, seguida de la industria manufacturera, con 14, y de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con 8.

En paralelo, el ministerio contabilizó 77.663 accidentes con baja en jornada, un 1,7% menos que un año antes. Los accidentes in itinere con baja, en cambio, aumentaron un 6,3%, hasta 13.720 casos.

La comparación entre ambos bloques deja otro contraste relevante: mientras bajan los siniestros con baja ocurridos dentro del centro de trabajo o durante la jornada, crecen los registrados en los trayectos, lo que refuerza que la movilidad es un foco de riesgo laboral.

La mortalidad en el trabajo sigue concentrada en hombres

La estadística vuelve a reflejar una fuerte desigualdad por sexo. De las 91 muertes registradas en jornada laboral, 86 correspondieron a hombres y 5 a mujeres. En los accidentes mortales in itinere, 12 de las 13 víctimas también fueron hombres.

Por situación profesional, 101 de los 104 accidentes mortales se produjeron entre asalariados y tres entre trabajadores por cuenta propia. En el caso de los asalariados, las muertes en jornada subieron de 75 a 88 en comparación con los dos primeros meses de 2025.

El propio informe advierte, no obstante, de que las variaciones en periodos tan cortos deben interpretarse con cautela, porque el distinto número de días laborables puede hacer que las comparaciones con el año anterior sean menos representativas desde el punto de vista estadístico.

Aun así, el avance de enero y febrero deja una fotografía clara: la mortalidad laboral repuntó al inicio de 2026 y los episodios cardiovasculares volvieron a situarse como la principal causa de muerte durante la jornada.

Iberia dejará de operar temporalmente sus vuelos directos entre Madrid y Cuba a partir de junio por el deterioro de las condiciones en la isla, una situación que la aerolínea vincula tanto a la crisis energética como al descenso de la demanda registrado en los últimos meses.

Según han confirmado fuentes de la compañía, la suspensión será temporal y la previsión es retomar la ruta a partir de noviembre, siempre que el contexto permita recuperar la operativa habitual. De momento, la venta de billetes para ese mes sigue abierta.

Durante el mes de abril, Iberia mantiene tres frecuencias semanales entre Madrid y La Habana, aunque en mayo reducirá la programación a dos vuelos por semana. A partir de junio quedarán interrumpidas las conexiones directas.

Escala en Panamá como alternativa

Mientras dure la suspensión, los viajeros podrán seguir llegando a Cuba a través de Panamá, gracias al acuerdo de código compartido que Iberia mantiene con la aerolínea Copa Airlines. Esta fórmula permitirá completar el trayecto con una conexión hasta la isla.

La compañía ha precisado además que sus oficinas en La Habana seguirán abiertas para atender a los clientes y gestionar incidencias relacionadas con los vuelos afectados.

La decisión llega después de varios meses de dificultades operativas en la ruta. Desde el pasado 9 de febrero, los vuelos de regreso a Madrid ya venían realizando una escala técnica en Santo Domingo para repostar combustible, ante la escasez de suministro en territorio cubano.

Ese repostaje adicional se había incorporado a la operativa habitual como consecuencia de los problemas energéticos que arrastra la isla, donde en los últimos meses se han sucedido cortes de electricidad y restricciones ligadas a la falta de combustible.

La propia Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertó en febrero de que los principales aeropuertos cubanos habían agotado sus reservas de queroseno para aviación, una situación que obligó a varias compañías internacionales a revisar su programación.

Solo afecta a la ruta con Cuba

Iberia subraya que esta medida afecta exclusivamente a Cuba y que el resto de su red internacional mantiene la programación prevista sin cambios. La aerolínea insiste en que se trata de una situación excepcional asociada al contexto del país caribeño y recuerda que, de cara a la temporada de verano, prevé ofrecer una cifra récord de 21,4 millones de plazas en toda su red.

Iberia no detalla por ahora si revisará de nuevo el calendario en función de la evolución de la demanda o de la situación energética cubana antes de noviembre, aunque mantiene abierta esa posibilidad.

Otras aerolíneas que conectan España con Cuba, como Air Europa, continúan operando por ahora sus rutas, aunque también han tenido que incorporar escalas técnicas fuera de la isla para garantizar el repostaje antes del regreso.

Cuba atraviesa desde hace meses un escenario marcado por dificultades económicas, falta de combustible y problemas de suministro eléctrico, factores que también han afectado al turismo y al transporte internacional. En febrero, varias aerolíneas canadienses y rusas también suspendieron temporalmente sus conexiones por la imposibilidad de garantizar el suministro de carburante en destino.

Los horarios de trabajo siguen siendo uno de los focos de conflicto más frecuentes entre empresas y trabajadores, especialmente en sectores donde los turnos cambian cada semana o donde las necesidades de producción obligan a modificar jornadas con poca antelación. Qué margen tiene la empresa para mover horas, cuánto tiempo antes debe avisar y cómo deben gestionarse las horas extra son dudas habituales en muchos centros de trabajo.

Sobre estas cuestiones ha hablado en TikTok el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, conocido en redes como @empleado_informado, en un vídeo en el que resume tres situaciones muy comunes relacionadas con la jornada laboral y aclara cuáles pueden reclamarse y cuáles no.

Según explica, “estas son las tres situaciones más conflictivas con respecto a los horarios y tu jornada. Dos son ilegales, pero otra es legal”, una diferenciación importante porque no todos los desacuerdos con el horario implican automáticamente un incumplimiento empresarial.

Cuándo debe conocer el trabajador su horario

El primer punto afecta sobre todo a quienes no tienen una jornada fija. En empleos con turnos variables, cuadrantes semanales o cambios frecuentes, el trabajador no puede recibir el horario en cualquier momento.

El abogado señala que “tienes derecho a conocer tu horario con un mínimo de cinco días de antelación”, una previsión especialmente relevante en sectores como comercio, hostelería, logística o sanidad privada, donde los turnos suelen modificarse con frecuencia.

Aclara que este problema no afecta igual a quien trabaja siempre en el mismo horario: “Si tienes una jornada fija, eso te da igual, porque trabajarás todos los días de lunes a viernes de nueve a siete, por ejemplo”.

Cuando ese margen no se respeta, añade, el trabajador puede reaccionar: “Si no es así, podrías reclamar tus derechos”.

La empresa no puede reducir horas unilateralmente

La segunda situación que destaca afecta tanto a empleados con jornada completa como parcial y tiene que ver con la reducción de horas.

Benito Barrionuevo advierte de que la empresa no puede decidir unilateralmente que un trabajador haga menos horas y pagarle menos si su contrato reconoce una jornada determinada. “La empresa nunca te lo podrá cambiar para abajo: pedirte que trabajes menos horas. Tú ya tienes ese derecho y esas horas te las tiene que pagar”, explica.

Esto significa que, aunque un negocio tenga menos carga de trabajo en un momento concreto, esa reducción no puede imponerse sin más si no existe un procedimiento legal que lo ampare.

Sí existe, en cambio, margen para ampliar horas si ambas partes están de acuerdo. En ese caso, precisa que “sí te pueden ofrecer trabajar más y, si lo aceptas, lo podrás coger, pero solo si lo aceptas. Tampoco es obligatorio”.

Las horas extra no pueden compensarse por decisión propia

El tercer caso que menciona el abogado sí es legal, pero exige cautela por parte del trabajador. Se refiere a las horas extraordinarias y a la forma de compensarlas.

“Ojo con tomarte la justicia por tu mano”, advierte. Si esas horas se hacen por un pico de actividad o una necesidad puntual, recomienda dejar constancia escrita: “Si las vas a hacer por un pico de trabajo, que queden por escrito para que luego no haya problemas”.

También recuerda que la decisión final sobre cómo compensar las horas extra no corresponde al empleado: “Son ellos quienes deciden si compensártelas con descanso o pagártelas”. Por eso insiste en que no se puede actuar de forma unilateral: “No puedes coger tú y decir: ‘Oye, pues hoy me voy antes’, sin autorización de la empresa. Te podrías meter en un lío más gordo”, advierte.

Las bolsas europeas han arrancado la semana en números rojos después de que el petróleo volviera a dispararse por encima de los 100 dólares por barril tras el anuncio de Estados Unidos de que bloqueará también el estrecho de Ormuz. En los primeros compases de la sesión, el IBEX 35 recula un 1,09%, hasta los 18.005 puntos, mientras el Brent Crude sube un 6,64% y se sitúa en 101,52 dólares.

A primera hora de este lunes alcanzó los 102,25 dólares y llegó a rozar los 103,87 durante la madrugada. Por su parte, el West Texas Intermediate, de referencia en Estados Unidos, avanza un 8,59% hasta los 104,86 dólares.

Las caídas se extienden al resto del continente: el DAX alemán cede un 1,2%, el CAC 40 francés pierde algo más de un 1% y el FTSE 100 británico retrocede cerca de un 0,6% en una sesión marcada por el temor a nuevas alteraciones en el suministro energético mundial.

El mercado vuelve a mirar a Ormuz

El movimiento de los mercados llega después de que las conversaciones mantenidas este fin de semana entre Estados Unidos e Irán en Islamabad terminaran sin acuerdo. Tras ese fracaso diplomático, Washington confirmó que comenzará este lunes a las 16:00 hora peninsular española el bloqueo del tráfico marítimo de entrada y salida en puertos iraníes, al tiempo que anunció medidas de control sobre el tránsito en torno al estrecho.

La importancia de ese paso marítimo es clave para entender la reacción financiera: por el estrecho de Ormuz circula alrededor del 20% del suministro energético mundial, de modo que cualquier amenaza sobre su operativa tiene un impacto inmediato en el precio del crudo y en las expectativas de inflación.

Aunque el mando militar estadounidense sostiene que no impedirá el paso de embarcaciones con destino a puertos no iraníes, Reuters señala que varios petroleros evitaban ya este lunes atravesar la zona, reflejo de la cautela creciente en el tráfico comercial internacional.

El gas también se encarece y el oro cae

La tensión energética no se limita al petróleo. El contrato TTF neerlandés, referencia para el gas natural en Europa, sube este lunes un 8,6% y alcanza los 47,66 euros por megavatio hora, después de haber llegado a tocar los 49,52 euros en la apertura.

En paralelo, el oro baja un 0,4% hasta los 4.726,64 dólares por onza, mientras el dólar avanza un 0,3%. Estas fluctuaciones reflejan que el mercado teme ahora un nuevo repunte inflacionista que complique futuras bajadas de tipos por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Asia cerró ayer con pérdidas

La reacción ha sido igualmente visible en Asia. El KOSPI surcoreano ha cerrado con una caída del 0,8%, el Hang Seng Index de Hong Kong ha perdido cerca de un 1% y el Nikkei 225 japonés ha retrocedido un 0,6%. Solo la bolsa de Shenzhen, en China, logró cerrar con una subida del 0,7%, mientras Shanghái terminó prácticamente plana.

El nuevo giro bursátil llega apenas unos días después del alivio registrado tras el alto el fuego temporal entre Washington y Teherán, cuando el petróleo cayó con fuerza y los mercados europeos recuperaron terreno. Ahora, el fracaso del diálogo y la amenaza sobre Ormuz devuelven al mercado a un escenario de máxima sensibilidad energética.

Cuando se prepara una entrevista de trabajo, lo habitual es centrarse en el currículum, en las respuestas a posibles preguntas o en la experiencia profesional que se quiere destacar. Sin embargo, hay otro elemento que también entra en juego desde el primer momento: lo que transmite el cuerpo antes incluso de empezar a hablar. La forma de sentarse, mirar o mover las manos puede influir en la impresión inicial que recibe quien está al otro lado de la mesa.

En ese terreno, las manos ocupan un papel principal. Suelen delatar nerviosismo, tensión o inseguridad cuando se mueven de forma repetitiva o sin control, pero también pueden servir para reforzar el discurso si acompañan con naturalidad lo que se está diciendo. Según una guía publicada por Nationale-Nederlanden, su posición y sus movimientos forman parte del llamado lenguaje no verbal, un aspecto al que muchos entrevistadores prestan atención durante un proceso de selección.

La aseguradora recuerda que no se trata de mantener una postura rígida, sino de lograr que los gestos acompañen la conversación de forma natural, sin distraer ni transmitir incomodidad. El objetivo es que las manos ayuden a comunicar seguridad y no se conviertan en un foco de tensión.

Cómo colocar las manos para transmitir naturalidad

Una de las recomendaciones básicas es mantenerlas en una posición relajada, visibles y sin movimientos bruscos. Si la entrevista se desarrolla sentado, lo más adecuado es apoyarlas suavemente sobre el regazo, sobre la mesa o moverlas de forma moderada al hablar, siempre como apoyo del mensaje verbal.

Desde Nationale-Nederlanden explican que los gestos pueden reforzar una explicación si se usan con control, pero advierten de que un exceso puede generar el efecto contrario. También recomiendan evitar movimientos demasiado enfáticos o poco formales, especialmente aquellos que puedan interpretarse como exagerados en un contexto profesional.

Para muchas personas, una forma sencilla de reducir la sensación de incomodidad es sostener un objeto pequeño, como un bolígrafo. Tener algo entre las manos puede ayudar a evitar esa sensación de no saber dónde colocarlas y favorecer una postura más estable durante la conversación.

Gestos que conviene evitar durante la conversación

Entre los movimientos que más conviene controlar está apretar una mano contra la otra con fuerza. Ese gesto suele asociarse a tensión y puede transmitir una imagen de nerviosismo excesivo. Algo parecido ocurre con entrelazar los dedos de forma rígida o mantener las manos inmóviles en exceso.

Otro gesto frecuente es pulsar repetidamente el botón de un bolígrafo o manipular cualquier objeto de forma continua. Aunque muchas veces se hace de manera inconsciente, puede resultar molesto y distraer a la persona que entrevista.

Apoyar la cabeza sobre una mano tampoco juega a favor. Más allá de la comodidad puntual, esa postura puede proyectar cansancio, falta de interés o escasa implicación en la conversación.

Bolsillos, brazos cruzados y movimientos automáticos

La guía también señala que meter las manos en los bolsillos no es una buena opción durante una entrevista, especialmente si parte del encuentro se desarrolla de pie. Ese gesto suele asociarse a desinterés o a una actitud demasiado informal para un contexto de evaluación profesional.

Tampoco se recomienda cruzar los brazos, ya que las manos pasan a formar parte de una postura cerrada que puede interpretarse como distancia o resistencia.

Rascarse de forma visible, tocarse constantemente la cara o realizar pequeños movimientos repetitivos también son hábitos que conviene vigilar. No porque determinen por sí solos el resultado de una entrevista, sino porque forman parte de una primera impresión que, en procesos muy competitivos, puede sumar o restar en los primeros minutos.

Cuando una pareja se casa, casi todo el mundo da por hecho que solo hay dos opciones para organizar su patrimonio: separación de bienes o gananciales. Pero en España sobrevive todavía una tercera fórmula, mucho menos conocida, que puede condicionar totalmente el reparto de propiedades, herencias o ahorros cuando el matrimonio termina.

Se trata del fuero del baylío, una institución civil que sigue aplicándose en determinadas localidades de Extremadura y que tiene un efecto especialmente llamativo: al disolverse el matrimonio, pueden repartirse por la mitad no solo los bienes comprados en común, sino también otros que cada cónyuge ya tenía antes de casarse o que recibió por herencia o donación.

Por eso, lejos de ser una simple rareza jurídica, el fuero del baylío sigue teniendo efectos patrimoniales reales. Su aplicación puede afectar a viviendas, propiedades familiares, ahorros o bienes heredados, especialmente cuando llega el momento de un divorcio. De hecho, el propio Estatuto de Autonomía de Extremadura reconoce expresamente su conservación, defensa y protección.

Qué es el fuero del baylío y dónde sigue aplicándose

El fuero del baylío es una institución de derecho civil consuetudinario extremeño vinculada al régimen económico del matrimonio. No rige en toda España ni tampoco en toda Extremadura, sino en determinadas zonas concretas. Distintas resoluciones publicadas en el BOE durante los últimos años lo aterrizan en casos vinculados, entre otros lugares, a Olivenza y Jerez de los Caballeros, lo que muestra que no se trata de una referencia teórica o ya extinguida.

No se conoce con certeza su origen exacto. El propio BOE admite que se trata de una cuestión muy discutida, aunque la tesis más extendida lo vincula a las cartas pueblas y a los procesos de repoblación de la Reconquista, de modo que algunos autores sitúan su posible nacimiento en torno al siglo XIII. Su primer reconocimiento escrito claro llegó en 1778, cuando una Real Cédula de Carlos III confirmó su vigencia en los territorios donde ya se aplicaba.

Se trata, en definitiva, de una fórmula matrimonial con siglos de historia que ha logrado mantenerse viva hasta la actualidad en parte del territorio extremeño.

Un régimen que va mucho más allá de los gananciales

Lo que hace tan singular al fuero del baylío es el alcance que puede tener sobre el patrimonio de los cónyuges. En una resolución de 2020, la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública recordó que, en los matrimonios sujetos a este fuero, se consideran comunes por mitad los bienes aportados por cualquiera de los cónyuges antes o después del matrimonio, incluso si proceden de herencia o donación.

En el régimen de gananciales, en cambio, lo habitual es que se compartan por mitad los bienes obtenidos durante el matrimonio, mientras que lo heredado, lo donado o lo que cada cónyuge ya tenía antes de casarse suele mantenerse como privativo. Ahí está la principal diferencia: el fuero del baylío amplía mucho más ese reparto.

En un vídeo publicado en TikTok, la abogada y opositora de judicatura Carmen Núñez Navarrete advierte así sobre esta fórmula: “Si no estableces capitulaciones matrimoniales en escritura pública, entonces se aplicará el fuero del baylío, que supone que todo es de los dos”.

El verdadero impacto aparece al divorciarse o heredar

El alcance del fuero del baylío se aprecia sobre todo cuando el matrimonio termina, ya sea por divorcio o por fallecimiento de uno de los cónyuges. Es entonces cuando una vivienda comprada antes de la boda, un inmueble heredado, una donación familiar o unos ahorros pueden verse afectados por este régimen matrimonial.

En matrimonios con patrimonio inmobiliario, bienes familiares, diferencias importantes de ingresos o propiedades entre ambos, el fuero del baylío puede alterar de forma notable el reparto del patrimonio y convertir en comunes bienes que en otros regímenes seguirían siendo privativos.

La Audiencia Provincial de Badajoz señaló en 2021 que el fuero del baylío despliega efectos en las disoluciones matrimoniales por divorcio y que, en los matrimonios sujetos a él, los bienes pertenecen por mitad a ambos cónyuges.

Esa consecuencia práctica es la que lleva a la abogada Carmen Núñez Navarrete a defender otra fórmula: “Yo siempre digo que mejor la separación de bienes, y no es por nada, sino porque luego para liquidar es más difícil”, afirma en su vídeo, en referencia a la complejidad que puede generar repartir un patrimonio tan ampliamente comunicado.

El Tribunal Supremo ha avalado que una empresa pueda aplicar un régimen distinto de teletrabajo al personal fuera de convenio -habitualmente directivos y altos cargos- sin que eso suponga discriminación, siempre que la diferencia de trato esté objetivamente justificada. Así lo establece una sentencia dictada a raíz de un conflicto colectivo en la compañía Exolum, en el que se discutía si ese colectivo podía disfrutar de una flexibilidad adicional que no alcanzaba al resto de la plantilla, sujeta al convenio.

La resolución confirma el criterio de la Audiencia Nacional y rechaza la demanda sindical presentada contra la política de trabajo en remoto de la empresa. La clave del litigio estaba en que el personal fuera de convenio podía solicitar trabajar a distancia desde un domicilio distinto del habitual durante dos semanas en verano y una en Navidad, una posibilidad que quedaba reservada al escalón más alto de la estructura laboral.

El Supremo concluye que esa diferencia no vulnera por sí sola el principio de igualdad. La Sala de lo Social recuerda que no toda desigualdad de trato dentro de una empresa constituye una discriminación prohibida y que, en decisiones empresariales de este tipo, pueden existir condiciones distintas entre colectivos si responden a motivos objetivos, razonables y proporcionados.

La empresa distinguía entre personal de convenio y fuera de convenio

Uno de los elementos que el tribunal considera decisivos es que el propio convenio de empresa distingue entre dos colectivos diferentes: el personal sometido a convenio y el personal fuera de convenio. Según la sentencia, ambos grupos tienen un régimen jurídico distinto, lo que impide partir de una exigencia automática de trato idéntico en todas sus condiciones laborales, incluso cuando la mejora recae sobre quienes ocupan las posiciones mejor situadas dentro de la compañía.

Además, el fallo subraya que el convenio colectivo no contiene una regulación específica del trabajo a distancia que obligue a aplicar exactamente las mismas medidas a ambos grupos. A partir de ahí, el Supremo entiende que la diferencia debatida puede ser válida si existe una justificación suficiente.

Mayor disponibilidad y responsabilidad

La sentencia destaca que el personal fuera de convenio está sometido, según los hechos probados, a un régimen de dedicación exclusiva, plena disponibilidad y horario flexible. También desempeña funciones críticas y de mayor responsabilidad dentro de la empresa. Para el tribunal, esas circunstancias permiten justificar una flexibilidad adicional en materia de teletrabajo, frente a una plantilla que no accede a esa misma ventaja.

Los magistrados consideran, por tanto, que la medida controvertida no era arbitraria, sino una decisión empresarial apoyada en características objetivas del colectivo beneficiado. Por eso concluyen que el trato diferenciado era razonable y proporcionado.

El Supremo descarta discriminación antisindical

Otro de los argumentos planteados en el recurso era que esa ventaja podía fomentar la salida del convenio y, con ello, perjudicar indirectamente la acción sindical. El Supremo rechaza también esa tesis al no apreciar indicios suficientes de discriminación antisindical.

La Sala señala que la posibilidad de quedar fuera de convenio no depende de la afiliación sindical ni de una mayor o menor vinculación con la actuación de los sindicatos, sino de una opción prevista en el propio convenio colectivo y limitada, además, a un porcentaje máximo de la plantilla.

La resolución fija así un criterio relevante para la organización del trabajo a distancia en las empresas. El Supremo avala que puedan existir medidas diferenciadas entre colectivos distintos de la plantilla cuando estas estén apoyadas en razones objetivas y no respondan a una voluntad discriminatoria, aunque en la práctica eso permita concentrar determinadas ventajas en los puestos mejor retribuidos o de mayor rango.

La campaña de la Renta acaba de arrancar y la Agencia Tributaria vuelve a advertir de nuevos intentos de suplantación de identidad a través de correos electrónicos y mensajes que simulan proceder del organismo tributario. El objetivo es que el contribuyente pulse en enlaces externos, facilite datos personales o bancarios y acabe entregando información sensible en páginas falsas que imitan la sede electrónica oficial.

En los ejemplos difundidos por Hacienda este 2026 aparecen mensajes que anuncian supuestos reembolsos de impuestos, incidencias en expedientes o formularios pendientes que deben realizarse con urgencia.

Uno de los SMS detectados en marzo por la propia Agencia Tributaria incluía incluso una cantidad concreta —311,29 euros— y un enlace acortado que dirigía a una web fraudulenta diseñada para parecer oficial. Allí se pedía el nombre completo del contribuyente y un número de contacto.

Otros correos detectados recientemente utilizan expresiones como “cumple con los requisitos para una restitución” o “solicitud del formulario seguro”, copiando un tono administrativo para parecer auténticos.

Qué nunca pide Hacienda por correo o SMS

La Agencia Tributaria insiste en que nunca solicita por correo electrónico o mensaje de texto información confidencial, económica o personal, ni números de cuenta, tarjetas bancarias o claves de acceso. Tampoco envía enlaces para cobrar devoluciones ni adjunta formularios en los que haya que introducir datos financieros.

Por eso, ante cualquier aviso relacionado con la declaración, la recomendación oficial es no clicar directamente sobre enlaces recibidos por correo o SMS y acceder siempre escribiendo manualmente la dirección oficial en el navegador o comprobando si existe alguna notificación real dentro de la sede electrónica.

Otra señal útil es revisar el remitente: si la dirección no termina exactamente en “agenciatributaria.gob.es”, conviene desconfiar, aunque el mensaje incluya logotipos oficiales o un lenguaje aparentemente administrativo.

La combinación entre plazos fiscales, devoluciones esperadas y temor a cometer errores convierte estas semanas de campaña en un escenario particularmente atractivo para los ciberdelincuentes. También la Policía Nacional ha alertado estos días de mensajes falsos que prometen devoluciones inmediatas o avisan de supuestas sanciones para provocar una reacción rápida del usuario.

Detrás de algunos mensajes hay campañas internacionales organizadas

Según la empresa de ciberseguridad Proofpoint, en lo que va de 2026 se han detectado más de un centenar de campañas con señuelos fiscales destinadas a robar credenciales, instalar software malicioso o facilitar accesos remotos a dispositivos. En algunos casos, el objetivo no es solo obtener datos bancarios, sino también instalar programas que permitan controlar remotamente el ordenador de la víctima sin que esta lo perciba.

Entre esas campañas aparece, por ejemplo, TA2730, un grupo especializado en phishing de credenciales que utiliza dominios registrados por los propios atacantes y correos que aparentan proceder de entidades financieras, organismos públicos o servicios administrativos. España figura entre los países incluidos en este tipo de ataques, según el análisis de la compañía.

Los expertos explican que estos mensajes son cada vez más convincentes porque imitan mejor el lenguaje administrativo y presionan al usuario para que responda rápido. En ocasiones, incluso incorporan teléfonos reales de entidades conocidas o referencias aparentemente correctas para reforzar su credibilidad y dificultar que el usuario detecte el engaño.

Qué hacer si llega uno de estos mensajes

Si el usuario recibe una comunicación sospechosa, lo recomendable es no abrir enlaces, no descargar archivos adjuntos y no responder al remitente. Tampoco conviene llamar a los teléfonos que aparezcan en el propio mensaje ni facilitar información personal por ninguna vía hasta verificar el aviso por canales oficiales. Si ya se han facilitado datos bancarios, conviene contactar cuanto antes con la entidad financiera y presentar denuncia.

La Agencia Tributaria mantiene durante toda la campaña un apartado actualizado en su página web oficial con ejemplos reales de correos y SMS fraudulentos detectados, precisamente para ayudar a identificar este tipo de engaños antes de que el contribuyente actúe.

La tensión sobre los mercados energéticos por la guerra en Oriente Medio y el riesgo de que persistan los problemas de tránsito por el estrecho de Ormuz han devuelto al primer plano medidas de ahorro que parecían propias de otras crisis. En ese contexto, la Comisión Europea ha instado a los Estados miembros a coordinar sus preparativos ante la volatilidad del mercado y a considerar medidas voluntarias para reducir el consumo de combustible, especialmente en el transporte, mientras la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha vuelto a situar el trabajo desde casa entre las fórmulas para recortar la demanda de petróleo.

La recomendación no es menor. En su informe Sheltering From Oil Shocks, publicado el 20 de marzo, la AIE plantea diez medidas para amortiguar el impacto del actual shock petrolero sobre hogares, empresas y gobiernos. La primera de ellas es precisamente “trabajar desde casa cuando sea posible”, con el argumento de que reduce el consumo ligado a los desplazamientos diarios.

España, sin embargo, llega a ese debate con una implantación del teletrabajo inferior a la media comunitaria. Según el informe ‘Transformación energética sostenible y empleo’, elaborado por Randstad Research, en 2024 trabajaba habitual u ocasionalmente desde su domicilio el 15,4% de los ocupados en España, frente al 22,6% del conjunto de la UE, lo que sitúa al país casi un 32% por debajo del promedio comunitario.

No obstante, el dato español casi duplica el nivel prepandemia -era del 8,3% en 2019-, pero sigue lejos del registrado en otros países europeos.

Disminuir los desplazamientos

La AIE vincula en su paquete de medidas esta modalidad de trabajo con el ahorro de petróleo asociado al uso del coche. La lógica es sencilla: si una parte de la plantilla deja de desplazarse varios días por semana, cae la demanda de carburante en carretera. Entre las recomendaciones del organismo se encontraba también rebajar límites de velocidad, impulsar el transporte público o fomentar el coche compartido.

Por su parte, el informe de Randstad subraya esa misma relación al señalar que el teletrabajo “permite una reducción del consumo de energía destinado al transporte de las personas a lugares de trabajo, como oficinas”. Aunque este vínculo ya existía, la actual situación de fuerte presión sobre los precios y el suministro energético ha devuelto el trabajo en remoto al centro del debate.

España avanza, pero sigue rezagada

El estudio de Randstad muestra además que el trabajo a distancia está mucho más extendido en economías europeas más desarrolladas y que en países como Países Bajos, Luxemburgo o Dinamarca supera el 40% de los ocupados. España, con ese 15,4%, se sitúa claramente por debajo tanto de esos líderes como de la media europea.

La fotografía encaja con otros indicadores recientes. El INE señala que en el primer trimestre de 2025 solo el 37,4% de las empresas españolas de 10 o más empleados permitía teletrabajar a su plantilla, aunque el porcentaje subía hasta el 78% entre las compañías de 250 o más trabajadores. Además, el 20% de los empleados teletrabajaba regularmente, apenas dos décimas más que un año antes.

También pierde peso en la oferta empresarial. El último informe desarrollado por InfoJobs y Esade sobre el mercado laboral en España en 2025 sitúa el teletrabajo en el 11% de las vacantes, tres puntos menos que un año antes. Aunque el indicador no mide lo mismo que Randstad -uno refleja ofertas y otro ocupados-, ambos apuntan a una misma tendencia: esta fórmula no termina de consolidarse con fuerza en nuestro país.

Un freno que se explica principalmente por la estructura del empleo

Esa menor implantación no responde solo a una cuestión de voluntad empresarial. Eurofound, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, recuerda que la geografía del teletrabajo en la UE depende en gran medida de la estructura ocupacional de cada país y de factores habilitadores como la conectividad. En otras palabras, no todos los mercados laborales tienen el mismo margen real para trasladar empleo a distancia, y el peso de sectores con mayor presencialidad condiciona su extensión.

La propia agencia europea estima además que alrededor del 37% del empleo en la UE sería potencialmente teletrabajable, una proporción superior a la utilización efectiva previa a la pandemia. Eso ayuda a entender por qué el debate no depende solo de preferencias empresariales o demandas de los trabajadores, sino también del tipo de ocupaciones que predominan en cada economía.

A esa base estructural se suma un factor organizativo. El informe sobre teletrabajo y flexibilidad en España elaborado por la consultora Robert Walters apunta a una mayor cautela empresarial respecto al trabajo a distancia y recoge que parte de las compañías está revisando o endureciendo sus políticas remotas. El estudio, basado en una encuesta a profesionales cualificados y complementado con opiniones de expertos, no retrata por completo al mercado laboral español, pero sí refleja que en este segmento pesan factores como el control del desempeño, la productividad percibida y la cultura organizativa.

La compra extranjera de vivienda en España cambió de perfil en la segunda mitad de 2025. Aunque las operaciones firmadas por compradores de otros países bajaron un 4,4% interanual, hasta las 66.629, el retroceso no fue homogéneo: el ajuste se concentró en los no residentes, mientras los extranjeros que ya viven en el país ganaron peso y sostuvieron el mercado.

Las transacciones realizadas por extranjeros representaron el 18,4% del total de compraventas de vivienda en el segundo semestre del año, por debajo del 19,5% registrado un año antes. Sin embargo, dentro de ese bloque conviven dos realidades cada vez más distintas. Por un lado, el comprador que adquiere desde fuera pierde fuerza. Por otro, gana protagonismo el extranjero que ya reside en España y compra dentro del propio mercado nacional.

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Esa diferencia se aprecia con claridad en los datos del Consejo General del Notariado. Los extranjeros residentes concentraron el 62,8% de las operaciones y aumentaron un 3,3% respecto al segundo semestre de 2024. En cambio, los no residentes, que supusieron el 37,2% restante, registraron una caída del 15,1%.

Marroquíes, rumanos e italianos, los residentes que más compraron

Dentro del segmento de residentes, las nacionalidades con más peso fueron Marruecos, Rumanía e Italia. Los compradores marroquíes concentraron el 12,1% de las operaciones de extranjeros residentes; los rumanos, el 9,3%; y los italianos, el 9,2%.

El mapa territorial también ayuda a entender ese cambio de perfil. Marruecos tuvo una presencia especialmente destacada en Murcia, Navarra, Aragón, La Rioja, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Cataluña, mientras que Rumanía sobresalió en Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Extremadura y Castilla y León. Italia, por su parte, tuvo un peso relevante en Canarias, Baleares, Madrid y la Comunidad Valenciana.

El resultado es que la compra extranjera de vivienda en España ya no se sostiene solo en el comprador que adquiere desde fuera del país. Esa lectura no elimina la importancia de los no residentes, pero sí cambia el foco sobre quién está sosteniendo ahora el volumen de operaciones.

Cae la demanda desde fuera y se concentra en costa e islas

Frente a ese auge del comprador residente, el mercado de no residentes mostró un retroceso más claro. Entre ellos, las nacionalidades con mayor peso fueron Países Bajos, Alemania, Reino Unido y Bélgica, con cuotas del 12,6%, 11,9%, 11,5% y 8,1%, respectivamente. Además, sus compras se concentraron de forma muy marcada en algunos territorios tensionados: la Comunidad Valenciana absorbió el 40% de las operaciones de no residentes; Andalucía, el 25,3%; y después aparecieron Cataluña, Murcia y Canarias.

Ese reparto muestra que la demanda de no residentes se concentra sobre todo en mercados costeros y territorios con fuerte atractivo turístico.

Compran menos, pero siguen pagando más caro

La disminución del volumen de operaciones no se tradujo en un alivio de precios. El coste medio pagado por los compradores extranjeros se situó en 2.479 euros por metro cuadrado en el segundo semestre de 2025, un 5% más que un año antes. Esa cifra se mantiene por encima de la abonada por los compradores nacionales, que fue de 1.839 euros por metro cuadrado.

Además, la brecha dentro del propio mercado extranjero sigue siendo muy amplia. Los no residentes pagaron de media 3.242 euros por metro cuadrado, frente a los 1.963 euros de los extranjeros residentes. También hubo diferencias acusadas por nacionalidad: Alemania se situó entre los importes medios más altos, con 3.559 euros por metro cuadrado, mientras que Marruecos marcó una media de 768 euros y Rumanía, de 1.350 euros.

La Unión Europea aplicará desde el 1 de julio de 2026 un nuevo recargo a los pequeños envíos de menos de 150 euros que entren en su territorio, un cambio que puede afectar a muchas compras de bajo importe realizadas en plataformas como Temu, Shein o AliExpress. La medida llega en un momento de fuerte auge de estos pedidos en la UE y busca acabar con la exención arancelaria de la que hasta ahora se beneficiaban este tipo de importaciones procedentes de fuera del bloque.

En la práctica, la decisión puede encarecer compras muy habituales entre los consumidores españoles: ropa barata, accesorios, pequeños productos de belleza, artículos para el hogar o gadgets de bajo coste enviados directamente desde países extracomunitarios, especialmente desde China. Hasta ahora, estos paquetes de menos de 150 euros estaban exentos de arancel, aunque no de IVA. Lo nuevo, por tanto, no es el impuesto sobre el valor añadido, sino la incorporación de un nuevo derecho aduanero fijo.

Eso sí, el cambio no funciona exactamente como una suma automática de una cantidad concreta por cada unidad comprada. La UE ha establecido un derecho aduanero temporal de 3 euros para los envíos de menos de 150 euros, pero aclara que se aplicará por cada categoría distinta de artículo dentro del paquete. Por eso, para entender cómo puede encarecer una compra, conviene fijarse en el detalle de lo que se ha aprobado realmente.

Qué cambia desde julio

El Consejo de la UE dio en febrero la luz verde final a un derecho aduanero provisional de 3 euros para los pequeños paquetes que entren en la Unión con un valor declarado inferior a 150 euros. La medida empezará a aplicarse el 1 de julio de 2026 y, en principio, estará en vigor hasta el 1 de julio de 2028, aunque puede prorrogarse si resulta necesario.

Con esta decisión, Bruselas elimina en la práctica una ventaja importante de este tipo de envíos: hasta ahora, los paquetes de menos de 150 euros podían entrar sin pagar arancel. La Comisión y el Consejo sostienen que ese sistema había quedado desbordado por el auge del comercio electrónico y generaba problemas de competencia para los vendedores europeos, además de riesgos de fraude, seguridad del producto e impacto ambiental.

Solo en 2024 entraron en la UE unos 4.600 millones de envíos de bajo valor comprados online, unos 12 millones al día, según datos oficiales comunitarios, una cifra que muestra hasta qué punto este tipo de pedidos se ha convertido en un fenómeno masivo.

Por qué no siempre serán 3 euros por cada artículo

El recargo de 3 euros se aplicará a cada categoría de artículo incluida dentro de un paquete pequeño, no necesariamente a cada unidad individual comprada. La propia UE pone este ejemplo: si un paquete contiene una blusa de seda y dos de lana, el recargo no sería de 9 euros, sino de 6, porque las prendas se reparten en dos categorías distintas desde el punto de vista arancelario.

En este sentido, sí habrá un encarecimiento, pero no siempre funcionará como una suma lineal de 3 euros multiplicados por cada objeto comprado, sino que dependerá de cómo se clasifique el contenido del envío a efectos aduaneros.

Cómo puede afectar al precio de tus compras

Para el consumidor, la conclusión más clara es que muchas compras baratas hechas en plataformas de bajo coste de fuera de la UE pueden perder parte de su atractivo. Un pedido de pocos euros seguirá pudiendo parecer económico, pero ese nuevo cargo aduanero puede alterar bastante la cuenta final, especialmente en compras impulsivas o de importe muy reducido.

Además, el debate europeo sobre estos envíos no se limita al precio. La Comisión y las autoridades aduaneras comunitarias llevan meses alertando de que buena parte de los productos llegados desde terceros países no cumple correctamente las normas europeas de salud y seguridad. A eso se suma el volumen creciente de paquetes, que complica las inspecciones y multiplica el impacto ambiental asociado a este modelo de consumo.

Lo que muchas veces se interpreta como una broma, una reacción impulsiva o un conflicto privado puede acabar teniendo consecuencias penales. Así lo advierte el abogado Luis Romero en un vídeo publicado en TikTok que acumula casi 74.000 visualizaciones y más de 1.000 me gusta, donde enumera cinco conductas que, según explica, siguen siendo motivo habitual de consulta jurídica.

“Cinco cosas que son delito y la gente no lo sabe”, resume al comienzo del vídeo. Su intervención pone el foco en comportamientos cotidianos que muchas personas no asocian directamente con el Código Penal, pero que en determinados supuestos sí pueden derivar en denuncia, multa o incluso penas de prisión.

La clave, en muchos de estos casos, es que la relación personal con la otra persona o la intención con la que se actúe no elimina automáticamente la posible responsabilidad penal.

Abrir el correo de otra persona o difundir imágenes íntimas

La primera conducta sobre la que alerta el abogado es clara: “Abrir correo electrónico de alguien sin el consentimiento de esa persona, aunque sea tu esposa, sea un familiar o una persona, alguien que tú crees amigo. Cuidado con la denuncia”, advierte.

En España, acceder sin permiso al correo electrónico de otra persona puede encajar en los delitos contra la intimidad y el secreto de las comunicaciones, recogidos en el Código Penal. La norma castiga a quien acceda o se apodere de mensajes privados sin autorización cuando exista voluntad de vulnerar la intimidad ajena.

La segunda advertencia se refiere a un comportamiento especialmente perseguido en los últimos años: “Revelar fotos o imágenes, vídeos íntimos de tu pareja o tu ex, aunque te la haya mandado voluntariamente”.

Aunque esas imágenes hayan sido enviadas de forma consentida en el ámbito privado, su difusión posterior sin permiso puede constituir delito si daña gravemente la intimidad de la persona afectada. El Código Penal prevé penas de prisión de tres meses a un año o multa económica en estos casos.

Las amenazas por WhatsApp también pueden denunciarse

Otro de los ejemplos que menciona Luis Romero se refiere a mensajes enviados en tono aparentemente informal: “Y mucho cuidado con esto, amenazar -entre comillas- de broma a alguien por WhatsApp" y excusarse: “No, es que era broma”, explica el abogado, añadiendo: “Cuidado (con ese comportamiento)”.

Aquí el contenido concreto del mensaje es determinante. No basta con alegar después que no había intención real si el receptor percibe una amenaza creíble o intimidatoria. El Código Penal distingue varios tipos de amenazas y las penas cambian según la gravedad, el contexto y si existe o no exigencia de alguna condición.

En la práctica, muchos procedimientos dependen del texto exacto enviado, del historial previo entre las partes y de si el mensaje genera un temor razonable en quien lo recibe.

El impago de pensiones y marcharse sin pagar

El abogado también recuerda otra conducta frecuente en los juzgados: “Dejar de pagar la pensión de alimentos cuando supera los dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos”.

Ese umbral coincide con lo previsto en el Código Penal para el delito de abandono de familia por impago de prestaciones económicas fijadas judicialmente. La pena puede alcanzar un año de prisión o multa, además de obligar al pago de las cantidades pendientes.

Por último, algo que parece aparentemente cotidiano: “Irte de un restaurante sin pagar”. Aquí también conviene distinguir: si la cantidad no abonada es reducida, normalmente se castiga con multa; si supera determinados importes o concurren agravantes, puede considerarse hurto con consecuencias penales más severas.

El anuncio de la reapertura parcial del estrecho de Ormuz, tras la tregua pactada entre Estados Unidos e Irán, ha devuelto al primer plano una cuestión clave para el comercio marítimo internacional: si Teherán está cobrando ya a los buques por cruzar uno de los principales puntos de paso del petróleo mundial. La respuesta es clara: a día de hoy, no existe una tarifa oficial pública y verificada aplicada de forma general a todos los barcos, aunque sí hay indicios de que Irán quiere articular algún tipo de sistema de tasas y autorizaciones para el tránsito.

Reuters ha informado esta semana de que autoridades iraníes han planteado la posibilidad de aplicar tasas variables según el tipo de buque, la carga transportada y otras condiciones, dentro de una propuesta que todavía no se ha traducido en una tabla pública de importes ni en un mecanismo plenamente definido. El planteamiento aparece además en pleno escenario de desescalada después del alto el fuego temporal.

Qué se ha confirmado sobre los posibles peajes

La agencia de noticias británica explica que Irán quiere introducir un mecanismo que le permita controlar y gravar el paso por Ormuz, un estrecho por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial transportado por mar. En ese contexto, el viceministro iraní de Exteriores, Kazem Gharibabadi, señaló que Teherán trabaja con Omán en un protocolo para regular el tránsito mediante permisos y licencias.

Sin embargo, Omán no ha confirmado que exista ya un acuerdo cerrado sobre ese sistema, y tampoco se ha publicado una lista oficial de precios. Por eso, aunque el debate sobre el posible cobro forma parte de las negociaciones abiertas tras la tregua, no puede hablarse todavía de un peaje consolidado aplicable a todos los buques ni de un precio uniforme para cruzar el estrecho.

Asimismo, Irán llegó a trasladar que vería con receptividad cualquier petición española relacionada con el tránsito por Ormuz, en un momento en el que había comunicado a la ONU que permitiría el paso de los “buques no hostiles” que coordinaran con sus autoridades. No obstante, esa señal diplomática no se ha traducido en un marco específico para los buques españoles, y tampoco está claro si ese criterio se mantendría en caso de que Teherán termine aplicando un sistema formal de tasas o permisos.

¿Dos millones de dólares por pasar por Ormuz?

En paralelo, durante los últimos días han circulado informaciones que sitúan en 2 millones de dólares el coste que habría asumido al menos un barco para atravesar la zona. Reuters recoge la existencia de esos reportes, pero precisa que no ha podido verificarlos de forma independiente.

Eso significa que, aunque la cifra se ha convertido en uno de los elementos más repetidos en parte de la cobertura internacional, no existe por ahora base suficiente para presentarla como una tarifa oficial o generalizada.

Las dudas legales que plantea el posible peaje

A la incertidumbre sobre las cifras se suma otra cuestión clave: el encaje jurídico. El estrecho de Ormuz está considerado una vía de navegación internacional y el llamado derecho del mar, el marco legal que regula la navegación en aguas internacionales, limita la capacidad de un Estado ribereño para cobrar simplemente por permitir el paso en tránsito.

La diferencia con infraestructuras como el Canal de Suez o el Canal de Panamá es precisamente esa: en Ormuz no se trata de un canal artificial gestionado por un Estado, sino de un estrecho natural sometido a un régimen internacional de libre navegación. Eso no impide que puedan cobrarse determinados servicios concretos, pero sí complica jurídicamente la imposición de un peaje puro por cruzarlo.

El coste que sí existe ya para navegar por la zona

Aunque no haya una tarifa oficial confirmada, el tránsito marítimo por Ormuz sí sigue soportando un coste elevado. Las navieras continúan operando con cautela y el sector asegurador mantiene recargos asociados al riesgo geopolítico acumulado durante semanas de conflicto. Las primas de riesgo bélico para navegar por la zona llegaron a dispararse más de un 1.000% en algunos casos, una muestra de hasta qué punto la crisis ha encarecido ya el transporte incluso sin un peaje formal y generalizado.

Empresas como Maersk han advertido, según información de Reuters, de que el alto el fuego no aporta todavía una “certeza marítima completa”, por lo que mantienen la cautela a la hora de retomar el tránsito por Ormuz. La compañía sigue suspendiendo reservas hacia varios puertos del Golfo y ha aplicado recargos extraordinarios por combustible, mientras otras grandes navieras reconocen que la normalización no será inmediata.

La cuestión tiene una importancia económica evidente. Por Ormuz pasa aproximadamente el 20% del petróleo mundial transportado por mar, de modo que la mera posibilidad de que Irán consolide algún tipo de control tarifario o administrativo sobre ese tránsito tiene impacto sobre el mercado energético, los seguros marítimos y las cadenas de suministro. No es casualidad que, tras anunciarse la tregua, el Brent haya caído en torno a un 13%.

En el caso español, la incógnita añadida es si esa consideración de país “no hostil” seguiría vigente si Irán decide convertir ese control del tránsito en un sistema estable de cobro o autorización.

Comprar una vivienda en España siendo extranjero no implica, por sí mismo, pagar más impuestos en el momento de la transacción. La normativa actual establece que los tributos principales asociados a la compraventa son los mismos para cualquier comprador, con independencia de su nacionalidad, aunque sí pueden aparecer obligaciones fiscales adicionales cuando el propietario no reside fiscalmente en España.

Según explica el portal inmobiliario Fotocasa, la clave no está en el pasaporte del comprador, sino en dos factores: si la persona reside fiscalmente en España y el uso que vaya a dar al inmueble una vez adquirido.

Qué impuestos se pagan al comprar una vivienda

Cuando un extranjero adquiere una vivienda, los tributos dependen sobre todo de si la vivienda es nueva o de segunda mano.

En una vivienda usada, el impuesto principal es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que se paga en las compraventas entre particulares. El tipo varía según la comunidad autónoma y, de forma general, suele situarse entre el 5% y el 10%, aunque existen tipos reducidos y también tramos superiores en algunos casos concretos.

Eso significa que, para una vivienda de 100.000 euros, el coste fiscal puede situarse en varios miles de euros adicionales sobre el precio pactado.

Si la vivienda es de obra nueva, en lugar de ITP se paga IVA, con carácter general del 10%. A esa cantidad se suma el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), cuyo porcentaje también depende de cada comunidad autónoma y suele moverse entre el 0,5% y el 1,5%.

En la práctica, comprar una vivienda nueva de 100.000 euros implica pagar 10.000 euros de IVA y una cantidad adicional por AJD.

Qué otros gastos acompañan a la operación

Más allá de los impuestos, toda compraventa lleva asociados otros costes habituales que afectan igual a compradores nacionales y extranjeros.

Entre ellos están los gastos de notaría, que dependen del valor del inmueble y de la escritura; la inscripción en el Registro de la Propiedad; y la tasación, obligatoria si se solicita financiación hipotecaria.

Estos importes no son fijos y cambian según el valor de la vivienda, la comunidad autónoma y si interviene o no una hipoteca, por lo que conviene tratarlos como gastos orientativos y no como una cifra cerrada.

Si el comprador no puede desplazarse a España para firmar, también puede necesitar un poder notarial para autorizar a otra persona a actuar en su nombre. Ese documento suele tener un coste adicional y, en algunos casos, también puede requerir traducciones juradas.

Un matiz clave sobre el AJD y las hipotecas

Uno de los puntos que más dudas genera es quién paga el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando hay financiación bancaria.

En una vivienda nueva, el comprador sigue pagando el AJD vinculado a la escritura de compraventa. Lo que asume el banco es el AJD correspondiente a la escritura del préstamo hipotecario, tal y como establece la normativa actual.

Es decir, aunque exista hipoteca, no desaparece por completo este impuesto para quien adquiere el inmueble.

El “impuesto del 100%” sigue sin convertirse en ley

El llamado “impuesto del 100%” a compradores extranjeros no residentes, según Fotocasa, es un recargo que ha aparecido en propuestas políticas y en el debate público, pero actualmente no está en vigor. No existe ninguna norma aprobada por el Congreso que obligue a duplicar la carga fiscal de una operación inmobiliaria por ser extranjero.

En caso de prosperar una medida de ese tipo, tendría que pasar por tramitación legislativa y quedar recogida expresamente en una ley.

Qué cambia si el propietario no reside fiscalmente en España

La principal diferencia aparece después de la compra: los propietarios extranjeros no residentes deben pagar cada año el Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR), incluso aunque la vivienda no esté alquilada.

Si el inmueble genera alquileres, el impuesto se aplica sobre esos ingresos: el tipo es del 19% para residentes en la Unión Europea, Islandia, Noruega y Liechtenstein, y del 24% para el resto.

Si la vivienda permanece vacía, Hacienda considera igualmente que existe una renta imputada y exige tributar por ella a través del modelo 210. A esto se suman otros gastos anuales habituales para cualquier propietario: el IBI municipal, la tasa de residuos, los gastos de comunidad, los suministros y, en muchos casos, el seguro del hogar.

Las principales bolsas europeas han arrancado este miércoles con fuertes subidas tras el alto el fuego temporal de dos semanas acordado entre Estados Unidos e Irán, un movimiento que también ha provocado la caída inmediata del precio del petróleo. En España, el Ibex 35 avanza un 3,8% en la apertura y se sitúa en 18.107 puntos, mientras el barril de Brent Crude, referencia en Europa, baja un 13,43% hasta los 94,58 dólares, ya por debajo de la barrera de los 100 dólares.

El rebote bursátil se produce después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptara una tregua con Irán apenas dos horas antes de que expirara el ultimátum lanzado a Teherán. El acuerdo contempla la reapertura temporal del estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor de una quinta parte del petróleo y del gas mundial, lo que ha reducido de golpe uno de los principales focos de tensión para los mercados.

Europa celebra la tregua con subidas generalizadas

El alivio se ha extendido a los mercados europeos pocos minutos después de la apertura. La bolsa de DAX sube un 4,6%, mientras que el FTSE 100 de Londres avanza un 2,3%. En paralelo, el índice paneuropeo STOXX Europe 600 repunta un 3,6%, en una de las sesiones más alcistas del último año.

La reacción positiva ya se había visto antes en Asia. El Nikkei japonés subió un 5,39% y el Kospi surcoreano avanzó un 6,87%, en una sesión marcada por el alivio de los inversores ante la posibilidad de que el conflicto no desemboque, al menos por ahora, en una interrupción prolongada del suministro energético.

Israel ha aceptado además el alto el fuego de dos semanas anunciado por Washington, aunque ha precisado que no afecta al frente abierto en Líbano.

El petróleo y el gas corrigen con fuerza tras el anuncio

La caída del crudo se mantiene como una de las reacciones más intensas de la jornada. El barril de Brent Crude baja un 13,43% hasta los 94,58 dólares, mientras que el barril de WTI, referencia en Estados Unidos, cae alrededor de un 14% y cotiza en el entorno de los 96 dólares.

El descenso responde al alivio inmediato sobre uno de los principales corredores energéticos del mundo, cuya interrupción había disparado en las últimas semanas el temor a nuevas tensiones inflacionistas a escala global. Pese a esta corrección, el precio del crudo sigue claramente por encima de los niveles previos al inicio del conflicto.

También el gas natural europeo registra una fuerte corrección. El contrato TTF, referencia en Europa, cae con fuerza y se mueve ya en el entorno de los 43 euros por MWh, después de llegar a retroceder cerca de un 20% tras el anuncio de la tregua.

En paralelo, otros activos reflejan el cambio de tono del mercado. El oro sube un 2,30% hasta los 4.840 dólares la onza, mientras la plata avanza un 7,14% hasta los 77,12 dólares, en un contexto en el que parte de los inversores sigue buscando refugio ante posibles nuevos episodios de volatilidad.

“Con la guerra perdemos todos”

Pese al rebote bursátil, el mercado mantiene la cautela sobre la duración real del acuerdo. La tregua tiene un horizonte limitado de dos semanas y los inversores siguen pendientes de si ese periodo se traduce en avances concretos hacia una estabilización más duradera.

La presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, ha advertido este miércoles de que estos movimientos bruscos dificultan la toma de decisiones económicas a medio y largo plazo. “Cuando hay volatilidad y no sabemos qué es lo que va a pasar, incluso caos, es muy difícil tomar decisiones de inversión a medio y largo plazo”, ha señalado en una entrevista en RTVE.

Calviño ha subrayado además que “en general, con la guerra perdemos todos”, y ha recordado que este tipo de vaivenes no solo afectan a los mercados financieros, sino también al conjunto de la economía mundial.

Que una empresa empiece a contar las vacaciones desde un día que ya era libre puede suponer una reducción encubierta del descanso anual retribuido del trabajador. Sobre esta cuestión ha alertado la abogada laboralista Virginia López en un vídeo publicado en TikTok, donde acumula 115.000 visualizaciones y más de 1.500 ‘me gusta’. En la grabación, difundida desde su perfil @tuabogadalaboralista, advierte de una práctica que, según explica, sigue produciéndose cada periodo vacacional en España.

“Si tus vacaciones empiezan en tu día libre, te están engañando”, afirma la letrada de forma tajante al inicio del vídeo. A continuación, pone un ejemplo concreto: “Si tú libras el lunes y la empresa decide que tus vacaciones empiezan el lunes, tenemos un problema, porque las vacaciones no pueden empezar en un día que ya era tu descanso”.

La abogada insiste en que el periodo vacacional debe arrancar en el primer día en el que el trabajador tendría que incorporarse a su puesto. “Tienen que empezar el primer día que te tocaría trabajar”, explica.

Para López, no se trata de una cuestión de organización interna, sino de descontar días al trabajador: “No pueden coger tu día libre, cambiarle el nombre y llamarlo vacaciones. Eso no es organizar el calendario, eso es restarte días”.

El ejemplo más frecuente: fines de semana y puentes

En la descripción del vídeo, la abogada laboralista señala que esta situación suele darse cuando una empresa intenta incluir dentro de las vacaciones días que ya formaban parte del descanso semanal, como sábados, domingos o festivos.

El ejemplo más habitual aparece cuando un trabajador con jornada de lunes a viernes solicita vacaciones para lunes y martes y la empresa pretende computar también el fin de semana anterior. Según explica, esa fórmula reduce de forma encubierta los días reales de descanso.

“Si trabajas de martes a domingo y libras domingo y lunes, tus vacaciones empiezan el martes. El lunes no es vacaciones, es tu descanso”, recalca en el vídeo.

Un detalle pequeño que puede restar días cada año

La laboralista advierte además de que este tipo de prácticas pueden parecer poco relevantes cuando se analizan de forma aislada, pero tienen efecto acumulado con el tiempo: “Parece un detalle sin importancia, pero suma año tras año y estás perdiendo días sin darte cuenta”, afirma.

A su juicio, la consecuencia no es solo perder descanso, sino también parte del derecho económico asociado al periodo vacacional: “Perder días de vacaciones es perder salario”.

Un derecho reconocido por ley

La abogada recuerda que las vacaciones no dependen de una concesión empresarial, sino que forman parte de los derechos laborales reconocidos legalmente: “Las vacaciones no son un favor de la empresa, son un derecho reconocido por ley. Y los derechos no se maquillan ni se reinterpretan”, sostiene.

Por eso recomienda revisar siempre el convenio colectivo aplicable, el calendario laboral y la forma exacta en la que la empresa fija el inicio del descanso. “Revisa cómo empieza tu periodo de vacaciones, porque muchas veces el abuso no está en los días que ves, sino que está en el primer día”, concluye.

España vuelve a quedarse rezagada frente a Europa en una cuestión que afecta de lleno al bolsillo de los trabajadores: la evolución real de los salarios. Entre 1995 y 2023, el salario real medio solo aumentó un 6% en España, muy lejos de otras grandes economías de la UE15 -los quince países que integraban la Unión Europea antes de las grandes ampliaciones de este siglo-, y solo por delante de Italia, que ronda el 3%, según un gráfico elaborado por el analista Pablo G. Guzmán a partir de datos de Eurostat.

La comparación sitúa a España claramente por detrás de buena parte de sus vecinos. No solo queda lejos de Irlanda, que alcanza el 72%, o de Dinamarca, con un 34%, sino también de países más próximos como Portugal, con un 26%, y Francia, con un 27%. Alemania registra un 21%, mientras que Italia, con alrededor del 3%, es el único país con un porcentaje menor que el de España.

A partir de esa radiografía, el economista Juan Luis Jiménez ha resumido el resultado como un “recordatorio sobre la decadencia salarial (y productiva) de España”, al subrayar el escaso avance del salario real medio español en casi tres décadas.

Esa mejora tan contenida, además, encaja con otro diagnóstico que organismos internacionales y nacionales vienen repitiendo desde hace años: la economía española arrastra una productividad débil. La OCDE afirma de forma expresa que España sufre desde hace décadas un crecimiento débil tanto de los salarios como de la productividad, mientras que el Banco de España ha advertido de que la productividad del trabajo apenas ha repuntado en los últimos años.

Qué refleja este dato salarial

La comparación parte de una serie oficial de Eurostat que calcula el salario medio anual ajustado a jornada completa por asalariado. Según explica el organismo estadístico europeo en su ficha metodológica, este indicador estima la remuneración anual media correspondiente a un empleo a tiempo completo y está disponible desde 1995.

Ese matiz es importante porque ayuda a evitar una confusión frecuente. La cuestión no es solo cuánto han subido las nóminas en euros corrientes con el paso de los años, sino cómo ha evolucionado esa remuneración una vez se tiene en cuenta el efecto de la inflación. Es decir, no se trata únicamente de cobrar más euros que hace 30 años, sino de saber si ese salario permite realmente tener más capacidad de compra que antes.

La productividad: otra pista para entender el estancamiento de los salarios

La OCDE conecta esa debilidad salarial con un problema más amplio. En su informe de 2024 sobre España señala que el país se ha enfrentado durante varias décadas a un crecimiento débil tanto de los salarios como de la productividad. El organismo añade además que la desaceleración de la productividad comenzó ya a mediados de los noventa y fue más intensa que en muchas otras economías avanzadas.

Ese mismo documento ofrece dos cifras que ayudan a situar el problema. Por un lado, la productividad por hora trabajada ha crecido de media un 0,5% anual en España en los últimos años, frente al 1,2% del conjunto de la OCDE. Por otro, el organismo sostiene que el crecimiento real de los salarios en España ha permanecido cerca de cero desde los años noventa e incluso fue ligeramente negativo en la década de 2010.

El Banco de España coincide en esa lectura general. En su Informe Anual 2023 señala que, pese al fuerte dinamismo del empleo, la productividad del trabajo apenas ha aumentado desde el comienzo de la pandemia. Entre 2019 y 2023, el PIB por hora trabajada solo creció un 0,8% en España, mientras que la productividad medida por ocupado cayó un 1,4%.

La institución añade además que, en una perspectiva amplia, el avance de la productividad es el principal factor que está detrás del crecimiento de los salarios reales. Dicho de otro modo, cuando la economía mejora poco en productividad durante mucho tiempo, también le resulta más difícil trasladar esa mejora a los sueldos en términos de poder adquisitivo. En ese mismo periodo, desde finales de 2019, la remuneración por asalariado aumentó un 16,9% en términos nominales en España, pero solo un 1,2% en términos reales.

El lunes es el día en que más procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes se inician en España. Así lo recoge el último informe publicado por CCOO, que cita datos del INSS y de AIReF, sobre la evolución de las bajas médicas y sus causas. Un documento con el que el sindicato intenta rebatir algunas de las interpretaciones que la CEOE y las mutuas han hecho en los últimos meses sobre este patrón. Entre los datos que incluye, destaca especialmente que el lunes concentró el 27,2% de los procesos de IT iniciados en 2024, por delante del resto de días de la semana.

El dato encaja con una idea muy extendida en el debate público: que el arranque de semana concentra más ausencias al trabajo y que eso podría apuntar a un uso abusivo del sistema. Sin embargo, CCOO rechaza esa lectura. Fuentes de la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social han aclarado a Infobae que los médicos de atención primaria “suelen pasar consulta exclusivamente de lunes a viernes” y que, por eso, “las enfermedades que se producen durante los sábados y los domingos generalmente tienen un parte de baja el lunes”.

Ahí sitúa el sindicato la clave para interpretar el dato. Que el lunes lidere en procesos iniciados no significa necesariamente, según su explicación, que más personas enfermen ese día ni que eso pruebe un comportamiento oportunista. CCOO añade que, el “dato promedio de los procesos que se han originado entre el sábado y el lunes” es “inferior al que se registra cualquier otro día de la semana”.

Y suma otro argumento: en dolencias leves que aparecen coincidiendo con el fin de semana, el descanso de esos dos días puede favorecer la mejoría y hacer que algunas personas ni siquiera lleguen a acudir al médico el lunes.

Incapacidad temporal y absentismo no son lo mismo

La precisión importa porque el debate público suele mezclar conceptos. Los datos que analiza CCOO se refieren a incapacidad temporal, una prestación reglada para trabajadores impedidos de forma transitoria por enfermedad o accidente mientras reciben asistencia sanitaria.

El absentismo, en cambio, suele utilizarse como una categoría más amplia y mezcla distintas realidades. El propio sindicato critica en su informe el uso del término absentismo para hablar de bajas médicas y sostiene que esa mezcla “no hace sino alarmar a la sociedad y trasladar una imagen distorsionada” de la situación.

Aun así, ese patrón semanal lleva tiempo formando parte del discurso empresarial. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, afirmó en diciembre que muchas bajas “se concentran en lunes y viernes”, dentro de sus críticas al absentismo laboral.

Por su parte, la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo señaló en uno de sus informes que el 46,6% de las bajas laborales se tramitan entre lunes y martes. Tanto las mutuas como la patronal llevan tiempo utilizando este tipo de datos para advertir del coste creciente de las IT.

A este respecto, las mismas fuentes sindicales consultadas por este medio denuncian que algunos actores utilizan “datos de gestión sesgados y presentados intencionadamente fuera de contexto” para alimentar “un falso discurso de abuso de la prestación” con el que, a su juicio, se busca “justificar el recorte de derechos”.

Aunque la organización no niega que el lunes aparezca a la cabeza en su reparto semanal. Lo que descarta es que de ahí pueda deducirse, sin más, que hay más fraude o mayor escaqueo de los trabajadores al inicio de la semana.

¿Qué hay detrás del aumento de las bajas?

El informe sindical intenta desplazar el foco desde esa sospecha hacia factores estructurales. Entre ellos cita el envejecimiento de la población trabajadora, el deterioro de la salud mental, los efectos de la covid, la cronificación de enfermedades antes fatales y la menor capacidad de respuesta del sistema sanitario, especialmente por las prolongadas listas de espera.

Además, sostiene que dos tercios del incremento del gasto en incapacidad temporal desde 2007 se explican por más empleo, mejores bases de cotización y una plantilla más envejecida.

Este análisis choca en parte con el que hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIReF, en un informe publicado el pasado mes de febrero también centrado en la incapacidad temporal.

En ese documento, el organismo constata que los episodios por contingencias comunes pasaron de 4,7 millones en 2017 a casi 8,6 millones en 2024, mientras la incidencia subió un 58,4% y la duración media pasó de 40 a 45,9 días. No obstante, también reconoce que existe correlación entre los tiempos de espera del Sistema Nacional de Salud y la duración de los procesos, y que los trastornos mentales son los más largos, con 98,5 días de media en 2024.

La diferencia entre ambos informes aparece sobre todo en la lectura. AIReF añade factores que CCOO mira con mucha más cautela: haber estado de baja el año anterior eleva un 250% la probabilidad de iniciar otro episodio; el paso de temporal a indefinido tras la reforma laboral incrementa en torno a un 30% esa probabilidad; y la recuperación del complemento retributivo del 100% para empleados públicos elevó alrededor de un 40% la probabilidad de iniciar una IT.

Así, el verdadero debate no está en si el lunes es o no el día con más bajas iniciadas. La cuestión es qué hay detrás de ese patrón.

El mercado del petróleo mira a mediados de abril como un momento clave. Distintos análisis recogidos por El Economista sitúan en la tercera semana de abril, con el 19 de abril como referencia, el momento a partir del que podría empezar a agotarse el margen que hoy contiene la crisis energética. Si eso ocurre y el bloqueo del estrecho de Ormuz se prolonga, el precio del crudo podría tensionarse todavía más y acercarse al escenario extremo de los 200 dólares por barril.

La preocupación no nace de la nada. Detrás está la guerra con Irán y su impacto sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. BCA Research explica en un informe publicado el 31 de marzo que, durante el último mes, el mercado ha intentado compensar parte del problema provocado por el cierre de ese paso marítimo, pero también advierte de que esas soluciones son, en última instancia, insuficientes y de que la presión sobre los precios de la energía seguirá mientras no se recupere el tránsito habitual.

Por ahora, el sistema aguanta gracias a varias palancas de emergencia. Según los informes de BCA, el mercado se está sosteniendo con desvíos de crudo por otras rutas, con barriles que ya estaban en tránsito antes del agravamiento del conflicto y con el uso de reservas estratégicas. Ese conjunto de medidas habría evitado, al menos de momento, una escalada todavía mayor del precio del petróleo. Pero la idea central de los analistas es que ese alivio no puede mantenerse mucho tiempo si la crisis se alarga.

Por qué abril aparece como el punto crítico

El factor decisivo no es que el mundo vaya a quedarse sin petróleo, sino que puede empezar a perder el margen con el que está absorbiendo el golpe. El informe trimestral de BCA señala que, si el shock energético persiste hasta mediados de abril, los mercados empezarían a asumir rápidamente un escenario de recesión. En paralelo, en su análisis sobre Ormuz, el informe sostiene que los esfuerzos hechos hasta ahora no bastan para compensar una interrupción prolongada del suministro.

Ese es el motivo por el que la tercera semana de abril se ha convertido en una fecha especialmente vigilada. Según la información publicada por El Economista, a partir de ese momento el mercado global podría enfrentarse a un déficit de varios millones de barriles al día si las reservas de emergencia y el petróleo almacenado dejan de cubrir una parte suficiente de la pérdida de oferta. En ese contexto, el ajuste llegaría sobre todo por el precio: el petróleo subiría hasta un nivel que obligara a frenar la demanda.

Qué significaría un barril a 200 dólares

El escenario de los 200 dólares no se presenta como una certeza, sino como un supuesto extremo si la crisis se prolonga y el mercado pierde ese colchón temporal. Aun así, el riesgo preocupa porque un petróleo tan caro encarece el combustible, eleva los costes del transporte y acaba trasladándose a muchos precios de la economía. Eso golpearía directamente a familias y empresas en un momento en el que la inflación sigue siendo una variable muy sensible.

La clave, por tanto, no está en afirmar que el petróleo vaya a dispararse sí o sí, sino en entender que los analistas están poniendo una fecha al momento en que las medidas de emergencia podrían empezar a quedarse cortas. Si el estrecho de Ormuz no recupera una circulación más normal antes de ese umbral, el mercado del petróleo entraría en una fase mucho más delicada, tanto para los precios como para la economía mundial.

Casarse en España supone a día de hoy un desembolso importante que obliga a muchas parejas a tener que planificar con tiempo cómo afrontarán los pagos. Según el último Informe del Sector Nupcial, elaborado por Bodas.net, el coste medio de una boda celebrada en 2024 fue de 24.618 euros, sin incluir ni las alianzas ni el viaje de luna de miel, con un gasto medio de 212 euros por invitado.

A esa cifra se suman partidas que varían mucho según el tipo de celebración, el número de asistentes, el lugar elegido o la época del año. Por eso, antes de contratar proveedores, conviene definir qué presupuesto real puede asumir cada pareja y qué fórmula resulta más adecuada para distribuir el desembolso sin comprometer la economía familiar.

El ahorro previo sigue siendo la opción más recomendable

La forma más recomendable de financiar una boda sigue siendo ahorrar una cantidad mensual durante los meses previos al enlace. Ese colchón previo permite afrontar las partidas más costosas desde el inicio, especialmente el banquete, que suele concentrar buena parte del presupuesto total al incluir espacio, restauración y, en muchos casos, barra libre. A ello se suman otros gastos habituales como fotografía y vídeo, música, decoración floral o invitaciones.

En cuanto al vestuario, el vestido de novia o el traje elegidos son gastos especialmente flexibles, ya que pueden adaptarse a rangos de precio muy distintos según el diseño, la marca o el nivel de personalización.

Fraccionar pagos con los proveedores

Otra fórmula frecuente es pactar pagos fraccionados con los distintos proveedores. Muchos servicios vinculados a bodas funcionan con una señal inicial y varios pagos posteriores hasta la fecha del evento.

Esto ocurre especialmente en fotografía, música, decoración o alquiler de espacios, donde suele abonarse una reserva primero y el resto más cerca de la celebración. Esta opción permite repartir el esfuerzo económico durante varios meses sin asumir intereses bancarios.

También puede ser útil ordenar los pagos por prioridad: primero aquellos imprescindibles y más costosos, y después los complementarios o más flexibles.

Las aportaciones de invitados pueden compensar parte del desembolso

Las aportaciones económicas de familiares e invitados siguen siendo una ayuda imprescindible para muchas parejas. Aunque antes predominaba el dinero en efectivo, cada vez es más frecuente utilizar una cuenta específica para la boda o sistemas digitales como Bizum para centralizar los ingresos.

Estas cantidades no suelen cubrir todo el coste del enlace, pero sí permiten recuperar una parte importante del gasto final, especialmente en celebraciones con un número elevado de asistentes.

El préstamo personal conviene dejarlo como último recurso

Cuando el ahorro acumulado no es suficiente, algunas parejas valoran recurrir a un préstamo personal. Según una información publicada por el Banco Santander, esta es una posibilidad dentro de las opciones de financiación para bodas, aunque la entidad recuerda que el importe final dependerá del plazo elegido y de las condiciones del crédito.

En estos casos, la recomendación es calcular antes cuánto supondrá devolver ese dinero con intereses y comprobar que la cuota mensual no compromete otros gastos posteriores, como el alquiler, la hipoteca o el ahorro habitual.

Además, el coste total cambia mucho según el lugar donde se celebre la boda. El informe de Bodas.net sitúa a Navarra como una de las comunidades con bodas más caras, con una media de 27.600 euros, frente a Canarias, donde el coste medio baja hasta 12.400 euros.

Por eso, más que buscar una única fórmula de financiación, lo más habitual es combinar varias: ahorro previo, pagos fraccionados y ajustes en el presupuesto para evitar que un gasto puntual se convierta en una deuda prolongada o inasumible a largo plazo.

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 arrancará el próximo 8 de abril de 2026 y se prolongará hasta el 30 de junio, un periodo en el que muchos trabajadores autónomos revisarán qué gastos pueden incluir en su declaración.

Aunque abundan las guías que enumeran partidas deducibles de forma genérica, la Agencia Tributaria recuerda que no basta con que un desembolso guarde alguna relación con el trabajo. Para que un gasto sea deducible, debe estar vinculado a la actividad económica desarrollada, encontrarse debidamente justificado y figurar registrado en la contabilidad o en los libros obligatorios.

La propia Agencia Tributaria advierte además de que, si se cuestiona la realidad de la operación, la factura o el justificante documental pueden no bastar por sí solos, por lo que el autónomo debe poder acreditar que ese gasto existió realmente y que estaba relacionado con la obtención de ingresos.

Qué gastos suelen ser deducibles

Entre los gastos que Hacienda admite con más claridad figuran las cuotas a la Seguridad Social, la compra de mercaderías, materias primas y otros materiales necesarios para la actividad, los gastos de personal, los servicios contratados a terceros, algunos tributos deducibles, los gastos financieros y las amortizaciones. En el caso de las cuotas del propio autónomo, la Agencia Tributaria las incluye expresamente entre los gastos del titular de la actividad.

En este grupo suelen entrar también, siempre que exista una relación directa con el negocio y se justifiquen correctamente, el alquiler del local, los servicios de gestoría, las reparaciones, la compra de material, las primas de seguros vinculadas a la actividad o determinadas amortizaciones. Además, en el régimen de estimación directa simplificada se mantiene para 2025 el 5% por provisiones deducibles y gastos de difícil justificación, con un máximo de 2.000 euros.

Trabajar desde casa no permite deducir todos los suministros

Uno de los errores más habituales es pensar que, por desarrollar la actividad desde casa, se pueden deducir íntegramente gastos como la luz, el agua, el gas, el teléfono o internet. Hacienda sí permite deducir parte de estos suministros cuando el autónomo utiliza una parte de su vivienda para trabajar, pero no sobre el total del recibo. La regla general es aplicar el 30% a la proporción de metros cuadrados destinados al trabajo respecto a la superficie total de la vivienda, aunque Hacienda admite otro porcentaje si puede acreditarse.

Ese matiz es importante porque impide deducir como gasto profesional la totalidad de facturas domésticas con uso mixto. En el caso de la telefonía móvil, además, la Agencia Tributaria precisa que la línea solo será deducible en la medida en que se utilice exclusivamente para el desarrollo de la actividad económica.

Las comidas y el coche son dos de los puntos más conflictivos

Los gastos de manutención del propio autónomo también pueden deducirse, pero solo si cumplen condiciones muy concretas. Deben corresponder al propio contribuyente, producirse en el desarrollo de la actividad, realizarse en establecimientos de restauración y hostelería y haberse abonado por medios electrónicos.

A este respecto, Hacienda fija topes diarios: en España, 26,67 euros sin pernocta y 53,34 euros con pernocta; en el extranjero, 48,08 y 91,35 euros, respectivamente. Estos importes se aplican a gastos realizados en un municipio distinto del lugar de residencia y del centro habitual de trabajo.

En el caso de los coches, Hacienda no suele admitir la deducción si el vehículo se usa también para fines personales. Solo contempla excepciones en algunos supuestos concretos, como los vehículos mixtos destinados al transporte de mercancías, los dedicados al transporte de viajeros, a la enseñanza de conductores, a los desplazamientos profesionales de representantes o agentes comerciales o al alquiler habitual a terceros.

Fuera de esos casos, desgravar gastos como la gasolina, las reparaciones, el seguro o el propio coche es mucho más complicado.

Qué no se puede deducir

La Agencia Tributaria también deja claro que hay gastos que no se pueden incluir en la declaración, aunque el autónomo los haya pagado. Entre ellos están las multas y sanciones, los recargos por pagar impuestos fuera de plazo, las pérdidas en apuestas, casino, póker o juegos similares, los donativos o regalos y los gastos relacionados con actuaciones ilegales.

De cara a esta campaña de la Renta, la clave para los trabajadores autónomos no está solo en haber pagado, sino en poder demostrar que ese gasto era real, estaba vinculado a la actividad y cumplía los requisitos fiscales para poder incluirlo en la declaración.

La Audiencia Provincial de Navarra ha condenado a una comunidad de propietarios de Pamplona a pagar 7.977,80 euros, más intereses legales, al dueño de un local comercial por los daños causados por unas filtraciones de agua que afectaban a su establecimiento. Además, obliga a la comunidad a ejecutar las obras necesarias para acabar de forma definitiva con el problema.

La clave del caso está en que las humedades se originaban en una terraza de uso privado situada en la vivienda superior, pero el tribunal concluye que el elemento que falló no era propiamente la terraza en sí, sino la capa de impermeabilización situada bajo el pavimento, que forma parte de los elementos comunes del edificio. Por eso, la responsabilidad no recae sobre el vecino de forma directa frente al afectado, sino sobre toda la comunidad.

La resolución revoca así una sentencia anterior del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Pamplona, que había rechazado la demanda al considerar que la terraza era un elemento privativo y que, por tanto, la comunidad no debía responder. La Audiencia corrige ahora ese criterio y da la razón al propietario del local.

El local llevaba años sufriendo humedades

Según recoge la sentencia, los problemas comenzaron en el otoño de 2019, después de un periodo prolongado de lluvias. El local comercial, situado en la planta baja del edificio, empezó a sufrir filtraciones de agua en la zona situada justo debajo de la terraza de una vivienda del piso superior.

Cuando el inmueble fue inspeccionado, el perito describió daños importantes. La resolución menciona “los falsos techos caídos en el suelo al colapsar por el peso del agua contenida en el material aislante existente sobre él y las humedades continuadas”. El afectado reclamó entonces tanto la reparación de los desperfectos como una solución definitiva para evitar que el agua siguiera entrando.

En un primer momento, el juzgado entendió que la comunidad no era la responsable porque el agua procedía de una terraza que pertenecía de forma privativa al vecino de la vivienda superior. Sin embargo, el propietario del local recurrió esa decisión y la Audiencia Provincial llegó a una conclusión distinta.

La terraza era privada, pero no todo lo que había bajo ella

La sentencia deja claro que la terraza, como espacio de uso y disfrute, era privativa. De hecho, así constaba tanto en el Registro de la Propiedad como en los estatutos de la comunidad. También figuraba que los gastos de limpieza y conservación de esa terraza correspondían a su propietario.

Pero el tribunal subraya que una cosa es la terraza como anexo privado de una vivienda y otra distinta son los elementos que cumplen una función estructural en el edificio. En este caso, el informe pericial situó el origen del problema en la lámina de impermeabilización colocada entre el forjado del local y el suelo de la terraza. Ese material, según explicó el perito, no se había renovado en muchísimos años y había agotado su vida útil.

A partir de ahí, la Audiencia concluye que esa capa impermeabilizante no puede considerarse un elemento privado, porque su función es proteger la estanqueidad del edificio. Dicho de forma sencilla: aunque la terraza sea de un vecino, la parte que evita que el agua se filtre al resto del inmueble sigue siendo común.

La comunidad responde frente al perjudicado

La resolución añade que la comunidad no aportó pruebas suficientes para demostrar que los daños se debieran a una actuación negligente del propietario de la terraza o a una falta de mantenimiento ordinario por su parte. Por eso, entiende que debe responder frente al dueño del local afectado.

La Audiencia resume su criterio recordando que “la cubierta del edificio (…) no pierde la naturaleza de elemento común”, porque cumple una función esencial: garantizar la estanqueidad e impermeabilización del inmueble. Sobre esa base, condena a la comunidad a pagar los casi 8.000 euros reclamados, junto con los intereses legales, y a ejecutar las obras necesarias para resolver el problema de manera definitiva.

El fallo precisa además que, si la comunidad llegara a acreditar después que el vecino tuvo alguna responsabilidad concreta en la aparición de los daños, podría reclamarle internamente esa parte. Pero de cara al propietario perjudicado, quien debe responder es la comunidad.

Bizum prepara una de las novedades más relevantes desde su lanzamiento: permitir pagos en comercios físicos directamente con el móvil. Según ha adelantado Expansión, el sistema empezará a estar disponible a partir de mayo, de modo que sus más de 30 millones de usuarios podrán utilizarlo también en tiendas y grandes superficies, además de en transferencias entre particulares o compras online.

La nueva funcionalidad permitirá pagar acercando el teléfono móvil al datáfono mediante tecnología NFC, el mismo sistema que emplean actualmente Apple Pay o Google Pay. Según la información publicada por el medio económico, el usuario solo tendrá que tener instalada la aplicación y autorizar la operación desde el dispositivo, sin necesidad de introducir PIN en operaciones habituales.

Hasta ahora, Bizum se ha consolidado principalmente como herramienta de envío instantáneo de dinero entre particulares, aunque desde hace años también ha ido ampliando su presencia en el comercio electrónico. El salto al pago presencial supone entrar en el segmento donde se concentra el mayor volumen de operaciones cotidianas.

Pago en tienda física: cómo funcionará el nuevo sistema

La compañía ya había avanzado en su comunicación oficial de resultados de 2025 que lanzaría el pago presencial en comercios a mediados de 2026, dentro de una nueva fase de crecimiento apoyada en pagos por NFC. Aunque Expansión concreta que el despliegue comenzará en mayo, por el momento Bizum no ha detallado públicamente un calendario más preciso.

El sistema permitirá pagar directamente desde el móvil vinculando la cuenta bancaria, bien a través de la propia app bancaria -en aquellos bancos que integren esta opción. o mediante Bizum Pay, la cartera digital en la que trabaja la compañía.

Bizum explica que ese wallet también permitirá incorporar otros servicios digitales y tarjetas, de forma que el usuario pueda centralizar distintos medios de pago en una misma herramienta.

Qué cambia frente al pago con tarjeta tradicional

Según explica la información de Expansión, el comercio recibirá el importe en el mismo momento de la compra porque la operación se ejecuta como una transferencia inmediata entre la cuenta del comprador y la del establecimiento.

Ese mecanismo introduce una diferencia respecto a los pagos tradicionales con tarjeta gestionados por Visa o Mastercard, donde el abono al comercio puede depender de las condiciones pactadas con cada entidad financiera.

La información publicada por el diario económico añade que los bancos cobrarán por este servicio a los comercios, aunque las condiciones concretas dependerán de cada entidad y de la capacidad de negociación de cada negocio.

Por ahora, Bizum no ha hecho públicas tarifas ni condiciones comerciales generales para esta nueva modalidad.

Una expansión que llega después del crecimiento online

La entrada en tienda física llega después de varios años de crecimiento en comercio electrónico. Actualmente, Bizum ya está integrado como método de pago en plataformas como Amazon, Renfe, El Corte Inglés o MediaMarkt.

Según datos de la propia compañía, durante 2025 se realizaron 105 millones de operaciones de comercio electrónico con Bizum, lo que equivale a unas 289.000 compras diarias.

La compañía cerró ese ejercicio con una media de 3,4 millones de operaciones al día y más de 30 millones de usuarios, una cifra que la convierte en un sistema de uso masivo dentro del mercado español de pagos inmediatos.

El Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este martes la nueva normativa urbanística con la que pretende frenar la expansión de los apartamentos turísticos en la ciudad. La regulación endurece las condiciones para abrir nuevas viviendas de uso turístico: en edificios de uso mixto, solo podrán implantarse en bajos y primeras plantas, deberán contar con acceso independiente desde la calle y solo podrán implantarse en barrios y distritos que no hayan superado los límites fijados por el consistorio. Según el gobierno local, la medida “blinda” el 98% de las viviendas para uso residencial.

La importancia de la medida va más allá de su aprobación formal porque cambia las reglas del mercado en una ciudad donde el problema del acceso a la vivienda lleva tiempo en aumento. Valencia fue la capital de provincia donde más subieron los precios del alquiler en 2023, con un alza del 4,5% en un solo año y del 28,9% respecto a 2015, según el INE.

En ese contexto, el Ayuntamiento presenta esta reforma como una herramienta para proteger el uso residencial y contener la presión del alojamiento turístico sobre determinados barrios de la ciudad.

Qué cambia con la nueva normativa

La nueva regulación establece tres candados simultáneos para frenar nuevas aperturas en las zonas con mayor presión turística. Uno de ellos fija que en cada barrio o distrito las plazas turísticas no podrán superar el 8% de la población empadronada. Otro limita al 2% el peso de las viviendas turísticas sobre el parque residencial.

Además, incorpora un tercer límite por manzana: en las plantas bajas solo podrá destinarse a uso turístico hasta el 15% de los locales existentes, con el objetivo de proteger el comercio de proximidad. Si se supera cualquiera de esos umbrales, la actividad queda bloqueada en esa zona.

A eso se suma una restricción física clara: los nuevos apartamentos turísticos en edificios de uso mixto solo podrán ubicarse en plantas bajas o primeras, nunca compartir rellano con viviendas y deberán disponer de un acceso propio desde la calle, separado del de los vecinos. Asimismo, necesitarán la autorización previa de la comunidad de propietarios por mayoría cualificada.

El Ayuntamiento defiende que este conjunto de exigencias busca reducir los conflictos de convivencia en los edificios residenciales y dificultar que este uso siga extendiéndose dentro del parque de vivienda ordinaria.

Cómo puede afectar al mercado

Abrir nuevos apartamentos turísticos en Valencia será ahora bastante más difícil. La norma obliga a cumplir varias condiciones a la vez: que la zona no haya alcanzado los límites marcados por el Ayuntamiento, que el inmueble esté en los espacios permitidos y que tenga entrada independiente desde la calle. En la práctica, eso reduce de forma importante los lugares donde podrán implantarse. El Ayuntamiento defiende que este sistema hará “casi inviable” la apertura de nuevos alojamientos turísticos en buena parte de la ciudad.

Ahora bien, una cosa es limitar nuevas aperturas y otra muy distinta conseguir un efecto inmediato en los precios del alquiler. La norma puede ayudar a que más viviendas sigan destinadas a uso residencial y no pasen al mercado turístico, pero por sí sola no garantiza una bajada de las rentas, ya que el precio de la vivienda depende también de otros factores, como la oferta disponible, la demanda o la evolución general del mercado.

Qué pueden notar los vecinos

Para los vecinos, el principal efecto de la norma puede estar en la convivencia y en la protección del uso residencial en algunos barrios. Sobre el papel, la medida debería dificultar que este tipo de alojamientos siga ganando espacio en zonas ya tensionadas y ayudar a contener parte de los conflictos que genera su presencia en edificios residenciales.

Con todo, el impacto no será inmediato. La regulación está pensada sobre todo para frenar nuevas aperturas, por lo que sus efectos dependerán de su aplicación práctica y del control que ejerza el Ayuntamiento de Valencia sobre la oferta ilegal o irregular.

El empleo de las personas con discapacidad mejoró en España en 2024 hasta situarse en el 28,9%, su nivel más alto desde 2014, según el estudio ‘Radiografía del mercado laboral de las personas con discapacidad’, elaborado por Randstad Research. Pese a esa mejora, el mercado laboral sigue dejando fuera a la mayoría de este colectivo: el 65% de las personas con discapacidad en edad de trabajar permanece inactivo, es decir, fuera del mercado laboral.

Según el informe, en España había en 2024 un total de 3,36 millones de personas con discapacidad reconocida, de las que 1,94 millones estaban en edad de trabajar. De ese grupo, 687.500 formaban parte del mercado laboral y 560.400 tenían empleo, mientras cerca de 1,2 millones permanecían inactivas por motivos como la incapacidad permanente o la jubilación.

Randstad identifica a las personas con discapacidad psicosocial como el grupo con más dificultades para acceder al trabajo. En 2024, solo el 29,8% estaba activo en el mercado laboral, es decir, trabajando o buscando empleo, frente al 35,4% del conjunto de personas con discapacidad. Además, solo el 23,6% tenía trabajo, frente al 28,9% de media, lo que refleja una menor participación laboral y más barreras de acceso al empleo.

Mejora frente a 2014, pero la exclusión sigue siendo muy alta

La evolución de la última década apunta a una mejora sostenida, aunque insuficiente para corregir la brecha de fondo. Desde 2014, el número de personas con discapacidad ocupadas aumentó en más de 166.000, hasta alcanzar las 560.400 en 2024. Según Randstad, eso supone un incremento acumulado del 42%.

También la tasa de actividad mantuvo una tendencia creciente durante ese periodo y cerró 2024 en el 35,4%, aunque la cifra quedó ligeramente por debajo del máximo alcanzado en los últimos diez años. Aun así, el informe deja claro que la gran asignatura pendiente no es solo mejorar el empleo, sino reducir el enorme volumen de personas que continúan directamente fuera del mercado laboral.

Las comunidades autónomas muestran una brecha de 16,5 puntos

El estudio también pone el foco en las diferencias territoriales. Las tasas de actividad de las personas con discapacidad varían de forma notable entre comunidades autónomas, con una distancia de 16,5 puntos entre la más alta y la más baja.

Los registros más elevados se dieron en Cantabria, con una tasa de actividad del 44,9%, seguida de la Comunidad de Madrid, con el 41,5%, y La Rioja, con el 41,2%. En el lado opuesto se situaron Canarias, con el 28,4%, y Galicia y Asturias, ambas con el 29,4%. Esta disparidad refleja que las oportunidades de acceso al trabajo para este colectivo no son iguales en todo el país.

El paro baja, pero el principal problema sigue siendo la inactividad

Junto al aumento de la ocupación, Randstad destaca que el desempleo de las personas con discapacidad también se redujo en 2024. En concreto, cayó en 9.000 personas, lo que llevó la tasa de paro al 18,5%. En el conjunto de la década, la reducción acumulada del desempleo fue del 34%, equivalente a 64.400 parados menos.

Pese a esa evolución, se evidencia que el principal problema no es solo el paro, sino la dificultad de muchas personas con discapacidad para entrar en el mercado laboral. El empleo mejoró y el desempleo bajó en 2024, pero la mayoría de este colectivo en edad de trabajar sigue al margen de esa mejora.

Endesa ha empezado a incorporar en España una flota de drones de largo alcance para inspeccionar su red eléctrica, una infraestructura de más de 320.000 kilómetros de líneas. La compañía, a través de su filial e-distribución, contará con 17 aparatos desarrollados por la empresa navarra FuVeX para revisar el estado de esas instalaciones y reforzar unas tareas de mantenimiento que hasta ahora se apoyaban en inspecciones a pie, helicópteros tripulados y drones con menos capacidad.

La novedad no está solo en que vuelen más lejos. Según la información facilitada por Endesa, estos drones pueden operar a distancias de hasta 10 kilómetros, frente al alcance mucho menor de los modelos convencionales. Eso permite revisar tramos más largos en una sola operación y obtener información detallada sin depender tanto de desplazamientos sobre el terreno. La empresa sostiene que con ello busca reducir costes, emisiones y riesgos para los trabajadores.

Más allá del anuncio empresarial, el interés del despliegue está en cómo cambia la forma de comprobar el estado de una red eléctrica tan extensa. La clave es que estos aparatos no se limitan a grabar imágenes corrientes, sino que recogen varios tipos de datos al mismo tiempo para ofrecer una visión más completa de cada línea.

Qué información recogen durante la inspección

Los drones utilizados por Endesa captan imágenes visuales, imágenes térmicas y datos LiDAR. Esta última tecnología emplea luz láser para medir distancias y elaborar mapas y modelos tridimensionales de alta precisión. Por ello, el sistema permite saber cómo está una línea eléctrica, dónde se encuentra exactamente cada elemento y qué información térmica presenta en ese mismo punto.

La principal diferencia frente a otras inspecciones con drones es que toda esa información queda alineada en un único modelo en 3D. Es decir, una imagen normal, una imagen térmica y el punto exacto del escaneo láser pueden relacionarse entre sí sobre una misma representación digital. Eso facilita revisar después el estado de la infraestructura con más detalle y no depender solo de una observación aislada durante el vuelo.

¿Por qué están implementando este sistema?

Según explican desde la compañía, este sistema permite generar un “gemelo digital” completo de la red. En la práctica, se trata de una copia virtual muy detallada de las líneas eléctricas construida con todos los datos recogidos por el dron. Sobre esa réplica digital se puede analizar mejor el estado de los componentes, comparar cambios y localizar posibles incidencias.

Para una empresa que gestiona una red de más de 320.000 kilómetros, la inspección periódica resulta esencial para garantizar la seguridad del sistema y la continuidad del suministro. Poder cubrir grandes tramos en menos tiempo y con datos más completos puede ayudar a detectar anomalías antes y a decidir mejor qué mantenimiento conviene hacer en cada punto.

Además, la información recogida por estos drones permitirá aplicar sistemas de inteligencia artificial para localizar anomalías, analizar el estado de los componentes y anticipar posibles incidencias antes de que se conviertan en una avería. Endesa sitúa este despliegue dentro del proceso de digitalización de su red, iniciado en 2023, con el objetivo de mejorar la planificación del mantenimiento.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha negado este lunes que las amenazas lanzadas por Donald Trump contra España se hayan traducido por ahora en represalias reales para la actividad de las empresas españolas en Estados Unidos. En una entrevista en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER, con José Luis Sastre, el ministro ha asegurado que las compañías nacionales siguen operando allí “en las mismas condiciones” que antes de la escalada diplomática.

“Las empresas españolas operan a día de hoy en las mismas condiciones con respecto a Estados Unidos que lo puedan hacer las francesas, las alemanas, las italianas”, ha afirmado Cuerpo durante la entrevista. El nuevo vicepresidente primero ha añadido además que la relación comercial “se establece a nivel de la Unión Europea”, por lo que ha defendido que no se ha producido un cambio efectivo para las empresas pese al choque político de las últimas semanas.

La declaración llega después de que Trump amenazara a principios de marzo con “cortar el comercio con España” por la posición del Gobierno español ante la guerra con Irán. El Ejecutivo defendió entonces que la política comercial no depende de un marco bilateral aislado entre Madrid y Washington, sino de los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.

La amenaza de Trump y la respuesta de Cuerpo

Al ser preguntado por José Luis Sastre sobre si las relaciones comerciales y económicas entre España y Estados Unidos siguen “exactamente igual” que antes del estallido del conflicto, el vicepresidente primero ha respondido de forma tajante: “Eso es”.

En este sentido, el ministro ha insistido en que el Gobierno quiere trasladar un mensaje de calma a las empresas en un momento de fuerte incertidumbre internacional. Según ha defendido, la clave está en que la política comercial común es competencia exclusiva de la Unión Europea, que es la que negocia acuerdos y fija el marco de las relaciones con terceros países. Ese argumento ya había sido esgrimido por el Ejecutivo cuando Trump lanzó su amenaza a comienzos de este mes.

No hay señales públicas de un deterioro comercial directo

Por ahora, no han trascendido datos oficiales que reflejen un deterioro concreto de la actividad de las empresas españolas en Estados Unidos tras las amenazas de Trump. Las últimas cifras disponibles del Ministerio de Economía, correspondientes a enero y febrero de 2025, mostraban que las exportaciones españolas a Estados Unidos se mantenían estables, con 2.760 millones de euros, mientras que las importaciones desde ese país crecían un 13%, hasta 5.413 millones.

Asimismo, tal y como informó Reuters a comienzos de marzo, Estados Unidos cerró 2025 con superávit comercial frente a España, lo que refleja la intensidad de una relación económica que, pese al choque político, no presenta por ahora señales públicas de ruptura.

Declaraciones que coinciden con el cierre del espacio aéreo

Las palabras de Cuerpo se producen el mismo día en que se ha conocido que España ha cerrado su espacio aéreo a los vuelos vinculados a la ofensiva militar contra Irán, una decisión que se suma a la negativa del Gobierno a facilitar el uso ofensivo de las bases de Rota y Morón.

Pese a este contexto de tensión con Washington, Carlos Cuerpo ha asegurado que el Gobierno sigue manteniendo el contacto con la Administración estadounidense: “El viernes pasado tuve una reunión con el embajador de Estados Unidos, aquí, en España”, ha explicado en la entrevista, antes de añadir que las relaciones continúan “con total normalidad”, tanto a nivel técnico como político.

El Gobierno abrirá “dos oficinas nuevas” en Estados Unidos

Lejos de hablar de ruptura, el ministro ha señalado además que el Ejecutivo quiere incluso reforzar la relación económica con Estados Unidos. Cuerpo ha avanzado que España abrirá “dos oficinas nuevas en Boston y en Houston” para ayudar a que las empresas se implanten en el mercado estadounidense. La idea, según ha explicado, es afianzar una relación que el Gobierno considera estratégica pese al deterioro político reciente.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que concentran o gestionan más de 100.000 viviendas en alquiler en España para recordarles que deberán aceptar obligatoriamente la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento cuando la soliciten sus inquilinos dentro del plazo previsto por la nueva norma.

El comunicado se dirige a grandes actores del mercado del alquiler después de la aprobación del Real Decreto-ley 8/2026, avalado el pasado 20 de marzo en Consejo de Ministros, que incorpora medidas urgentes en materia de vivienda como respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional. Según el Ministerio, la intención es garantizar que estas empresas apliquen correctamente la nueva obligación desde este momento.

Los arrendatarios cuyos contratos finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán pedir una ampliación extraordinaria del alquiler manteniendo las mismas condiciones vigentes del contrato.

Hasta dos años adicionales con las mismas condiciones

La norma establece que esta prórroga podrá aplicarse por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el arrendatario solicite expresamente esa continuidad antes de que finalice el contrato.

En ese caso, el propietario o la empresa arrendadora estará obligado a aceptarla, salvo que concurran circunstancias específicas previstas legalmente. El Ministerio recuerda en su carta que no se trata de una posibilidad opcional para el arrendador, sino de un derecho reconocido al inquilino dentro del periodo fijado por el decreto.

La medida afecta a contratos de vivienda habitual y mantiene intactos tanto el precio como el resto de condiciones pactadas en el contrato en vigor, sin que puedan introducirse cambios unilaterales durante ese periodo extraordinario.

Consumo pide aplicación inmediata a las empresas

La carta ha sido remitida por la Dirección General de Consumo y solicita a estas 13 entidades “la máxima diligencia” para asegurar que la medida se aplica correctamente.

Además, el departamento que dirige Pablo Bustinduy reclama a inmobiliarias y fondos que adapten sus procedimientos internos para que cualquier solicitud presentada por un inquilino sea tramitada de forma inmediata y conforme a la ley.

El Ministerio considera que estas compañías son actores clave por el volumen de vivienda que administran y por el impacto que pueden tener en la efectividad práctica de la medida en el mercado del alquiler.

Una medida ya en vigor dentro del nuevo decreto

La prórroga extraordinaria forma parte del paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo para contener la presión sobre los hogares en un contexto de encarecimiento de costes.

El decreto ya está en vigor y amplía la protección para quienes viven de alquiler en un momento en el que muchos contratos alcanzan su vencimiento en un mercado marcado por la subida de precios y la escasez de oferta.

Desde Consumo insisten en que el nuevo derecho debe aplicarse sin necesidad de renegociar el contrato, siempre que la vivienda sea residencia habitual y el inquilino comunique su voluntad de acogerse a la extensión dentro del periodo legalmente establecido.

La actuación del Ministerio llega pocos días después de que comenzara a aplicarse esta medida y busca evitar interpretaciones erróneas o negativas por parte de grandes propietarios antes de que empiecen a acumularse solicitudes de renovación.

Un despido colectivo cuando faltan pocos años para la jubilación puede tener consecuencias directas sobre la futura pensión si no se revisa a tiempo un trámite concreto. Esa es la advertencia que ha lanzado en TikTok el abogado laboralista Eneko Martínez, conocido en redes como @todosobretrabajo, al alertar de que algunos trabajadores mayores de 55 años afectados por un ERE pueden quedarse sin parte de su cotización si nadie solicita el convenio especial con la Seguridad Social.

En uno de sus últimos vídeos, el experto alerta: “Te pueden quitar años de cotización y nadie te avisa”. Según explica, muchas personas creen que, tras salir de la empresa mediante un expediente de regulación de empleo, la cobertura se mantiene automáticamente, pero no siempre ocurre así.

Martínez centra su aviso en el convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social, un mecanismo previsto para evitar lagunas de cotización en trabajadores de edad avanzada despedidos en un proceso colectivo. “La empresa debería pedir un convenio especial con la Seguridad Social, pero si no lo hace y tampoco lo haces tú, nadie va a venir a salvarte”, afirma en el vídeo.

La normativa establece que, en despidos colectivos que afecten a trabajadores de 55 o más años que no sean mutualistas, corresponde en primer lugar a la empresa solicitar ese convenio durante la tramitación del ERE o, como máximo, hasta la comunicación individual del despido. Si no lo hace, el trabajador puede pedirlo por su cuenta, pero dispone de seis meses naturales desde la fecha de extinción del contrato para hacerlo.

Ese convenio permite mantener cotizaciones durante los años posteriores al despido y reducir así el impacto que una salida anticipada del mercado laboral puede tener sobre la pensión futura. En los despidos colectivos por causas económicas, la empresa debe asumir esas cotizaciones hasta que el trabajador cumpla 61 años, salvo que encuentre antes otro empleo estable.

El Supremo aclara que la Seguridad Social no actúa de oficio

La advertencia del abogado laboralista coincide con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo en una sentencia del 25 de febrero de 2026, citada también en la descripción del vídeo. El alto tribunal concluye que la Tesorería General de la Seguridad Social no tiene obligación de iniciar de oficio ese convenio si ni la empresa ni el trabajador lo solicitan dentro del plazo previsto.

La resolución analiza el caso de una trabajadora despedida en un ERE cuyo convenio no llegó a formalizarse. Tras varios recursos, el Supremo establece que la Tesorería solo está obligada a suscribirlo cuando recibe la solicitud formal, pero no a impulsarlo por iniciativa propia.

Qué conviene comprobar tras un despido colectivo

La primera recomendación es revisar si la empresa ha incluido expresamente la solicitud del convenio especial en la documentación entregada al comunicar el despido. Si no figura, conviene acudir cuanto antes a la Tesorería General de la Seguridad Social o consultar con un asesor laboral para verificar si sigue abierto el plazo de seis meses.

Martínez resume así la importancia de ese trámite: “Si te vas en un ERE con más de cincuenta y cinco años, o lo pides o pierdes el dinero para siempre”.

En la práctica, dejar pasar ese plazo puede traducirse en años sin cotización computable en la recta final de la vida laboral y en una reducción posterior de la cuantía de la jubilación.

Casi 800 fincas sin dueño conocido —concretamente 797— pasarán al Banco de Terras de Galicia tras una década sin que aparezcan sus propietarios, según ha avanzado La Voz de Galicia. El dato pone sobre la mesa un problema poco visible para buena parte de la población, pero con efectos directos sobre el campo: parcelas vacantes o de titular desconocido que pasan años sin uso agrario mientras el acceso a la tierra sigue siendo una de las barreras para la actividad.

Detrás de este movimiento hay una estrategia más amplia de movilización de suelo agrario. La propia ‘Lei de recuperación da terra agraria’ de Galicia nació con el objetivo de combatir el abandono y la infrautilización de fincas, mejorar la base territorial de las explotaciones y favorecer la recuperación demográfica del rural, según recoge el BOE.

La norma, en vigor desde 2021, no plantea la recuperación de terrenos como una simple cuestión registral. La vincula con varios problemas de fondo: el abandono de tierras agrarias, la pérdida de superficie útil, la desestructuración de usos del suelo y la necesidad de facilitar actividad económica en el medio rural. También subraya otro obstáculo clásico del campo gallego y de buena parte del noroeste peninsular: la excesiva fragmentación de la propiedad, que eleva costes y reduce el rendimiento de la actividad agraria.

Para hacer frente a esa situación, la ley prevé instrumentos como arrendamientos, cesiones, permutas o transmisiones. En ese esquema, el Banco de Terras de Galicia actúa como una pieza clave para poner suelo a disposición de quienes quieran cultivarlo o explotarlo. La norma también regula el procedimiento de investigación de fincas de titular desconocido y su incorporación a la gestión pública a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Galicia no es una excepción

Los documentos oficiales muestran que el fenómeno no es exclusivo de Galicia. En Aragón, una ley autonómica de 2021 estableció que los inmuebles vacantes situados en su territorio pasan a la comunidad autónoma por ministerio de la ley, lo que da una base jurídica específica para estos bienes.

En Asturias, distintos boletines oficiales ligados a procesos de concentración parcelaria prevén remitir al Banco de Tierras la relación de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a efectos de los bienes sin dueño conocido. Navarra también contempla esta realidad en su legislación agraria: la Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas regula las fincas sin propietario conocido y permite incluso su cesión en precario para cultivo en determinados supuestos.

En Castilla y León, además, hay ejemplos concretos con cifras. Un expediente oficial de concentración parcelaria de Samir de los Caños, en Zamora, recoge 704 parcelas sin dueño conocido, el 6,7% del total, con una superficie de 186,40 hectáreas. El propio expediente atribuye este elevado número a la gran dispersión de la propiedad y a la emigración.

Falta una fotografía completa de España

Pese a estos ejemplos, no existe una estadística homogénea y reciente que permita medir con precisión cuántas parcelas de titular desconocido hay en cada comunidad autónoma. Galicia destaca porque ha aportado una cifra reciente y porque ha definido con claridad una vía para integrar este tipo de suelo en un banco público de tierras, pero los datos comparables a escala estatal siguen siendo escasos.

Lo que sí existe es una señal de que el acceso a la tierra se ha convertido en una preocupación institucional más amplia. En enero de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas para favorecer el relevo generacional en el campo y aseguró que el Estado analizará unas 17.000 fincas rústicas de la Administración General del Estado para valorar su aptitud agraria y, en su caso, ponerlas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales a través de la plataforma Tierra Joven.

La cuestión tiene también una dimensión económica concreta. Documentos técnicos de procesos de concentración parcelaria en Castilla y León apuntan a que reducir el número de fincas y mejorar los accesos permite ahorrar carburante, lubricantes, reparaciones, amortización de maquinaria y mano de obra.

Asimismo, la normativa gallega vincula la fragmentación extrema de la propiedad con mayores costes y menor rendimiento para las explotaciones, mientras que el debate sobre la tierra vacante se cruza con otro problema de fondo: la dificultad de acceso al suelo para nuevos agricultores y ganaderos. En ese contexto, movilizar estas parcelas no es solo una cuestión de ordenación territorial, sino también de eficiencia y viabilidad económica.

La campaña de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 empezará el próximo 8 de abril de 2026. En ese proceso también pueden verse afectadas las familias de personas que han fallecido durante 2026, porque si el contribuyente vivió durante 2025 y estaba obligado a declarar, sus herederos deben presentar ahora el IRPF en su nombre.

La Agencia Tributaria recuerda que el fallecimiento en 2026 no elimina la obligación de rendir cuentas por las rentas obtenidas durante 2025, ya que la campaña actual se refiere exclusivamente al ejercicio anterior.

Hacienda aplica los mismos límites de ingresos que al resto de contribuyentes, sin reducirlos en función de los meses vividos durante el ejercicio.

Los herederos deben comprobar si existía obligación de declarar

El primer paso es comprobar si la persona fallecida tenía obligación de presentar la declaración. Como regla general, Hacienda exige hacerlo cuando los ingresos por trabajo superan los 22.000 euros al año si proceden de un solo pagador, como una empresa o una pensión.

Ese límite baja a 15.876 euros en algunos casos, por ejemplo, cuando hubo dos o más pagadores durante el año. No obstante, si del segundo y restantes pagadores se cobraron en total menos de 1.500 euros, se mantiene el umbral general de 22.000 euros.

Por eso, conviene revisar cuánto ingresó durante 2025 y comprobar si entra dentro de los supuestos que obligan a declarar.

La declaración se presenta de forma individual

Una vez comprobado que existe obligación de declarar, la Renta debe presentarse normalmente de forma individual, es decir, solo a nombre de la persona fallecida. En este caso, al tratarse de una declaración pendiente del ejercicio anterior, el fallecimiento en 2026 no cambia esa forma de presentación.

Cuando llegue la campaña de la Renta de 2026, ya en 2027, también habrá que presentar otra declaración si se cumplen los requisitos generales, incluyendo solo los ingresos obtenidos hasta la fecha de fallecimiento durante este año.

El plazo es el mismo que para el resto de contribuyentes

Este trámite sigue el mismo calendario que el resto de contribuyentes: la campaña de la Renta 2025 arranca este año el 8 de abril por internet y se mantendrá abierta hasta el 30 de junio de 2026.

Quienes prefieran hacer el trámite por teléfono podrán hacerlo desde el 6 de mayo, mientras que la atención presencial en oficinas empezará el 1 de junio, siempre con cita previa. En ambos casos, el plazo también termina el 30 de junio.

Qué documentación necesita el heredero

Para hacer el trámite, no se pueden usar los sistemas habituales de acceso de la persona fallecida, como el certificado electrónico o Cl@ve, porque dejan de estar operativos tras el fallecimiento.

El heredero debe identificarse y demostrar que tiene esa condición para poder obtener el número de referencia y consultar los datos fiscales. Para ello, Hacienda acepta documentos como el testamento, la escritura de adjudicación de herencia o cualquier otro justificante que acredite que es sucesor.

Si el fallecido no presentó la declaración del año anterior, la Agencia Tributaria también puede pedir el IBAN de una cuenta bancaria de su titularidad.

Si la declaración sale a devolver, hay que hacer otro trámite

Si la declaración de la Renta sale a devolver, presentarla no es suficiente: los herederos tienen que solicitar a Hacienda por separado el abono de esa cantidad. Para hacerlo, la Agencia Tributaria recomienda utilizar el modelo H-100.

Los documentos que se exigen cambian según la cantidad a devolver: cuando la devolución es igual o inferior a 2.000 euros, normalmente hay que aportar el certificado de defunción, el de últimas voluntades y el testamento o la declaración de herederos. Si hay varios herederos y solo uno va a cobrar, también hace falta una autorización firmada por todos.

Cuando la cantidad supera los 2.000 euros, Hacienda pide además justificar que ese importe se ha incluido en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En algunos casos también puede ser necesario un poder notarial si uno de los herederos cobra en nombre del resto.

En un mercado del alquiler cada vez más tensionado, encontrar precios relativamente bajos se ha convertido en una excepción: solo doce capitales de provincia mantienen rentas medias por debajo de los 9 euros por metro cuadrado. La más barata es Zamora, con 7,8 euros/m2 al mes, según los últimos datos publicados por Idealista correspondientes a febrero de 2026.

La cifra contrasta con el precio medio nacional, que se sitúa en 15 euros por metro cuadrado mensuales, el mismo nivel con el que arrancó 2026 y que vuelve a marcar máximos en la serie histórica del portal inmobiliario, iniciada en enero de 2006. En términos interanuales, el alquiler en España se ha encarecido un 7,8%.

Aunque el mercado sigue condicionado por la falta de oferta, la demanda creciente y la especulación inmobiliaria que empuja los precios, el comportamiento no es uniforme en todo el país. Hay ciudades donde el coste de alquilar una vivienda sigue muy por debajo de la media nacional, incluso cerca de la mitad.

Zamora, Lugo y Cuenca encabezan la lista de las más asequibles

Tras Zamora, la segunda capital de provincia más barata para alquilar es Lugo, donde el precio medio se sitúa en 8 euros por metro cuadrado. Le sigue Cuenca, con 8,1 euros/m2 al mes.

En el caso de Zamora, pese a seguir liderando la lista de ciudades más asequibles, el precio ha subido un 9,3% en comparación con febrero del año pasado. Lugo registra un aumento más moderado, del 2,7%, mientras que Cuenca encarece sus alquileres un 4,5% interanual.

Dentro de Lugo, Idealista destaca que todavía hay barrios con rentas más contenidas, como La Milagrosa-Piringalla, con 7,4 euros/m2, o Catasol-Sanxillao, con 7,7 euros/m2. En ambos casos incluso se han producido descensos anuales, del 3,4% y del 1,9%, respectivamente.

Cáceres, Badajoz y Ourense comparten el mismo nivel de precios

El siguiente grupo lo forman Cáceres, Badajoz y Ourense, las tres con un precio medio de 8,2 euros/m2 al mes.

En Cáceres, el portal inmobiliario señala que se trata de un máximo histórico dentro de su serie, tras una subida anual del 8,2%. Una de las zonas más asequibles sigue siendo Oeste-Nuevo Oeste, donde el precio es de 7,5 euros/m2.

Badajoz también registra un aumento destacado, del 9,1%, aunque con diferencias internas según el barrio: mientras María Auxiliadora-Barriada Llera ronda los 8 euros/m2, en Avenida de Elvas el precio asciende a 9,4 euros/m2.

Ourense, por su parte, presenta un incremento anual del 6,9%. En esta ciudad gallega, el barrio de Couto se mantiene entre los más asequibles, con 7,3 euros/m2, frente al centro o el casco viejo, donde el precio ya alcanza o supera los 9 euros.

Ciudad Real lidera las subidas entre las ciudades más baratas

Por debajo de 8,5 euros/m2 aparecen Ciudad Real y Jaén, ambas con 8,4 euros/m2, junto a Palencia, con 8,3 euros/m2.

Ciudad Real es la capital donde más se ha encarecido el alquiler dentro de este grupo: un 16,6% interanual, la subida más intensa de las doce ciudades más baratas. Jaén también supera el doble dígito, con un aumento del 10%.

Palencia muestra una evolución más moderada, con un 2,6% anual, aunque también se mantiene dentro de las capitales con precios más bajos del país.

Ávila, Teruel y Albacete completan la lista por debajo de 9 euros

La lista la completan Ávila, con 8,5 euros/m2; Teruel, con 8,7 euros/m2; y Albacete, con 8,8 euros/m2.

En Albacete, el precio sube un 9,7% respecto al año anterior, mientras que en Teruel el incremento es del 8,7%. Ambas ciudades registran además su precio más alto de la serie histórica de Idealista.

Ávila presenta una evolución más contenida, con un aumento del 3,9%, pero sigue dentro del grupo de capitales donde alquilar resulta comparativamente más accesible.

Pese a mantenerse entre las capitales más asequibles del país, las doce ciudades han registrado subidas interanuales en febrero, lo que refleja que la presión al alza sobre los precios también alcanza a los mercados tradicionalmente más baratos.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 2.688 falsos becarios en 6.519 actuaciones realizadas entre 2021 y 2025, según datos del Ministerio, mientras el futuro Estatuto del Becario sigue pendiente de tramitación parlamentaria para fijar con más claridad cuándo una práctica deja de ser formativa y pasa a encubrir una relación laboral.

El proyecto de ley, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 3 de marzo, incorpora un nuevo marco sancionador que prevé multas de hasta 225.018 euros en los supuestos más graves.

Trabajo sostiene que el objetivo de la norma es cerrar espacios de fraude en los que una persona en formación acaba desempeñando funciones ordinarias dentro de la empresa sin que exista una verdadera finalidad formativa.

Aunque el Ejecutivo ya ha dado luz verde al texto, el Estatuto del Becario todavía no ha entrado en vigor: al tratarse de un proyecto de ley, debe completar su tramitación en las Cortes Generales antes de su aprobación definitiva. La iniciativa, pactada en su momento con los sindicatos pero sin respaldo de la patronal, llevaba más de dos años pendiente de avance parlamentario.

Qué prácticas pasarán a considerarse relación laboral

Uno de los puntos centrales del proyecto es fijar con más claridad qué prácticas podrán seguir considerándose no laborales.

Solo estarán permitidas aquellas vinculadas a estudios oficiales universitarios, Formación Profesional, enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo o programas vinculados a los servicios públicos de empleo. En caso contrario, la actividad desarrollada se presumirá laboral.

También se entenderá que existe relación laboral cuando la persona en prácticas sustituya funciones propias de un trabajador o cuando las tareas desarrolladas no guarden relación directa con el itinerario formativo acordado.

Más control sobre tutores y número de becarios

Las empresas deberán formalizar un convenio o acuerdo de cooperación con el centro educativo o entidad autorizada en el que se recojan la duración de las prácticas, el plan formativo individual y la designación de una persona tutora.

Cada tutor podrá supervisar simultáneamente un máximo de cinco personas en formación práctica, cifra que se reducirá a tres en centros de trabajo con menos de 30 empleados.

Además, el número de personas en prácticas no podrá superar el 20% de la plantilla total del centro de trabajo, aunque cualquier empresa podrá contar con hasta dos personas en formación práctica con independencia de su tamaño.

Con ello, Trabajo busca limitar que determinadas actividades formativas se utilicen de forma estructural para cubrir necesidades ordinarias de plantilla.

Compensación de gastos y derechos reconocidos

La futura ley también prohíbe expresamente pagar por acceder a una práctica formativa.

Además, reconoce el derecho a una compensación suficiente de los gastos asociados al desarrollo de la actividad, como transporte, manutención o alojamiento, salvo que ya existan otras ayudas o becas que cubran esos costes.

Las personas en prácticas tendrán también derecho a acceder a los servicios del centro de trabajo en condiciones equivalentes a las del resto de la plantilla.

El proyecto recoge además que deberán respetarse los límites de jornada, descansos, festivos y vacaciones aplicables en la empresa.

También establece garantías en materia de seguridad y salud y reconoce protección frente al acoso, incluida la violencia sexual o discriminatoria, al tratarse de actividades desarrolladas dentro de entornos laborales.

Cerca de 1.600 casos ya fueron regularizados

El Ministerio recuerda además que, de todos esos casos detectados, cerca de 1.600 falsos becarios fueron regularizados entre 2021 y 2023. Ese dato corresponde a actuaciones en las que la Inspección intervino ante situaciones consideradas irregulares.

El departamento de Yolanda Díaz sostiene que el nuevo texto permitirá actuar con criterios más claros en aquellos casos en los que una práctica formativa se utilice para cubrir tareas estructurales dentro de una empresa o sustituir puestos de trabajo ordinarios.

Con el nuevo marco legal, Trabajo defiende que habrá mayor seguridad jurídica tanto para las personas en prácticas como para las empresas y los centros formativos.

“Tu jefe te está pagando menos la hora extra y no sabes cómo calcularla. Aquí te dejo la fórmula”. Así arranca uno de los últimos vídeos publicados en TikTok por el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, conocido en redes como @laboral_tips, donde explica de forma sencilla cómo puede comprobar un trabajador si la cantidad que recibe por las horas extraordinarias se ajusta realmente a lo que le corresponde.

En la publicación, el experto recuerda que no existe una cifra única fijada por ley para todas las horas extra, sino que el importe depende de lo que establezca cada convenio colectivo. Por eso insiste en que el primer paso antes de hacer cualquier cálculo es revisar las condiciones aplicables en cada sector o empresa.

Según explica De la Calzada, “el precio de hora extra no lo determina ninguna ley. Se tiene que ver en el convenio colectivo si hay un incremento”. Aunque el Estatuto de los Trabajadores regula las horas extraordinarias, el importe concreto puede variar según cada convenio.

Ese texto puede fijar un recargo específico sobre el valor de la hora ordinaria. En algunos casos se establece un incremento del 25%, del 50% o incluso superior, mientras que en otros puede mantenerse el mismo precio que la hora habitual, siempre que no sea inferior al valor de la hora ordinaria.

Por eso, el abogado recomienda acudir directamente al convenio para comprobar qué porcentaje corresponde en cada caso antes de aceptar el importe que figure en la nómina.

Cómo calcular el valor de una hora ordinaria

Para obtener la base sobre la que después se calcula la hora extra, Ignacio de la Calzada propone una fórmula simple: “Coges tu sueldo anual bruto, por ejemplo: 24.000 o 25.000 euros”.

Ese salario anual bruto puede consultarse, según indica, en las nóminas acumuladas del año o, en algunos casos, en la declaración de la renta. A partir de ahí, hay que dividir esa cantidad entre el número de horas anuales de trabajo que fija el convenio colectivo. Esa jornada anual suele situarse, explica el letrado, entre algo más de 1.700 y 1.800 horas, aunque cambia según cada actividad.

El resultado de esa división da el precio de una hora ordinaria de trabajo, que sirve como punto de partida para saber cuánto debería pagarse cada hora extra.

La fórmula para calcular el precio de la hora extra

Después de calcular cuánto vale una hora ordinaria, hay que revisar si el convenio fija un incremento para las horas extra y aplicarlo. “El precio de tu hora extra puede ser superior”, advierte el abogado.

Como ejemplo, plantea un convenio que establezca una subida del 50%. En ese caso, “la fórmula sería: el precio de la hora ordinaria multiplicado por el porcentaje de incremento del convenio”. Esto significa que, si una hora ordinaria vale 14 euros, primero hay que calcular el 50% de esa cantidad, que son 7 euros, y después sumarlo al importe inicial. El resultado es que la hora extra debería pagarse a 21 euros.

Además del cálculo económico, el experto recuerda que conviene conservar y revisar las nóminas, los cuadrantes y los registros horarios para poder reclamar si existe alguna discrepancia, ya que la empresa está obligada a registrar la jornada diaria de cada trabajador. “Así que ya lo sabes y que no te engañen”, resume De la Calzada al final del vídeo.

El Parlamento Europeo ha avanzado este jueves en la tramitación de la legislación con la que la Unión Europea debe aplicar su parte del acuerdo comercial cerrado con Estados Unidos, todavía bajo la sombra de las amenazas arancelarias de Donald Trump. Según ha informado Reuters, la Eurocámara ha aprobado el texto por 417 votos a favor, 154 en contra y 71 abstenciones.

La votación ha salido adelante, pero ha incorporado varias salvaguardias impulsadas por los eurodiputados ante el temor de que Washington no cumpla plenamente el acuerdo cerrado en Turnberry el pasado julio. El texto introduce cláusulas de entrada en vigor, suspensión y expiración para condicionar las concesiones europeas al comportamiento de la parte estadounidense.

El Parlamento Europeo ha estado debatiendo propuestas para eliminar los aranceles de importación de la UE sobre productos industriales estadounidenses, mejorar el acceso de determinados productos agrícolas procedentes de Estados Unidos y mantener el arancel cero para las langostas estadounidenses, una medida pactada inicialmente en 2020 durante el anterior mandato de Trump.

Salvaguardias para responder a posibles incumplimientos

Entre las condiciones añadidas por el Parlamento figura una cláusula de activación que vincula la reducción de aranceles europeos al cumplimiento por parte de Estados Unidos de sus compromisos. También se incorpora una cláusula de expiración que fija el 31 de marzo de 2028 como fecha límite para estas concesiones comerciales.

Además, el texto contempla la posibilidad de suspender el acuerdo si Washington incumple sus obligaciones o si se produce un aumento de importaciones estadounidenses que perjudique a sectores europeos.

Los eurodiputados también reclaman que Estados Unidos retire los aranceles del 50% aplicados un mes después del acuerdo de Turnberry sobre el contenido de acero y aluminio en productos como turbinas eólicas o motocicletas.

Bruselas ve un avance, pero persisten las dudas políticas

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, ha calificado la votación como un “paso crucial” y ha asegurado, según ha informado Reuters, que aporta certidumbre a las empresas europeas en un momento de elevada tensión comercial internacional.

Por su parte, la delegación de Estados Unidos ante la UE ha valorado de forma positiva la votación del Parlamento Europeo, aunque el proceso aún no ha terminado y el acuerdo debe superar nuevas fases antes de su aprobación definitiva.

En este sentido, la aprobación de este jueves no supone el final del procedimiento. A partir de ahora, representantes del Parlamento Europeo y de los Gobiernos nacionales deberán negociar la redacción definitiva antes de una votación final en la Eurocámara, que no se espera antes de abril o mayo.

Críticas por el desequilibrio del acuerdo

Durante el debate previo, varios eurodiputados han señalado que el acuerdo era desequilibrado, ya que la UE se veía obligada a reducir la mayoría de los aranceles de importación, mientras que Estados Unidos mantiene un tipo general del 15%.

Según declaraciones recogidas por Reuters, Bernd Lange, presidente de la comisión parlamentaria de Comercio, ha afirmado que “en realidad no se trata de un acuerdo en absoluto”, reflejando el malestar existente en parte de la cámara.

Asimismo, la eurodiputada belga Kathleen Van Brempt ha calificado el texto como “un mal acuerdo”, tal y como ha destacado la agencia de noticias, al considerar que no garantiza estabilidad ni protege suficientemente a Europa frente a nuevas medidas unilaterales de Washington.

El comercio con EEUU sigue siendo clave para Europa

Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de la UE. Según los datos citados por Reuters, las exportaciones europeas al mercado estadounidense alcanzaron en 2025 un récord de 555.000 millones de euros.

La tramitación parlamentaria había quedado paralizada a principios de año después de que Trump amenazara con nuevos aranceles a los aliados europeos que no respaldaran su propuesta sobre Groenlandia y, posteriormente, activara nuevos recargos a las importaciones.

Ese contexto de tensión ayuda a entender que el Parlamento haya introducido ahora condiciones adicionales antes de dar luz verde definitiva al desarrollo legislativo del acuerdo.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha cargado este jueves contra los anuncios de espacios inhabitables en portales inmobiliarios, pero ha dejado en manos de los usuarios una de las principales vías para actuar contra este tipo de ofertas: denunciarlas. En una entrevista en El món, de RAC1, la dirigente socialista ha asegurado que “un cuarto de escobas, un trastero o un cuarto de baño no es una vivienda”, al ser preguntada por anuncios de literas junto a un baño, trasteros sin ventilación o pisos de dimensiones mínimas.

Ante la pregunta del periodista catalán Jordi Basté sobre si este tipo de ofertas son legales, Rodríguez ha respondido de forma tajante: “No. No lo son y aquí tienen que activarse todas las alarmas”. Sin embargo, cuando se le preguntó cómo pueden eliminarse esos anuncios, la ministra apeló directamente a la actuación de los ciudadanos: “Hay que denunciar cada uno de estos anuncios”.

Durante parte de la entrevista, Rodríguez ha puesto el foco en los portales inmobiliarios que alojan este tipo de publicaciones. A su juicio, las plataformas “dicen ser solo servidores de servicios publicitarios, pero que generan una gran indefensión a la ciudadanía”.

La titular de Vivienda vinculó esta situación a la futura transposición de la Ley de Servicios Digitales y sostuvo que esa norma permitiría al Gobierno “actuar con más contundencia con las plataformas”. También ha insistido en que hacen falta más mecanismos para intervenir sobre este tipo de contenidos y ha reclamado respaldo parlamentario para sacar adelante nuevas herramientas legales.

Aun así, el mensaje más concreto que ha trasladado a los oyentes ha sido el de acudir a la denuncia. “Yo animo a la ciudadanía a denunciar estos hechos”, ha afirmado, antes de recordar que el ministerio dispone del teléfono 047 para canalizar consultas y avisos.

“El agujero negro” del mercado: los alquileres de temporada

Más allá de los anuncios de alojamientos indignos, la ministra ha situado otro de los problemas del mercado en el alquiler de temporada. “El agujero negro por donde se nos está escapando la especulación en estos momentos en el ámbito del alquiler es precisamente el de temporada”, ha asegurado.

Rodríguez ha subrayado que una parte del problema de acceso a la vivienda se está desplazando hacia fórmulas distintas al arrendamiento habitual, como el alquiler temporal, por habitaciones o el uso turístico. En ese punto, ha defendido que el Ejecutivo busca “regular y perseguir ese fraude” y ha pedido de nuevo a los grupos políticos que apoyen en el Congreso las normas pendientes en esta materia.

Defensa de la regulación en Cataluña

La ministra también ha salido en defensa de la regulación del alquiler en Cataluña, después de que se le planteara que topar precios puede reducir la oferta. “Bueno, esta es una de las grandes malversaciones del dato, diría yo”, respondió.

La ministra también ha salido en defensa de la regulación del alquiler en Cataluña después de que, durante la entrevista, se le planteara una de las críticas habituales contra este tipo de medidas: que limitar los precios acaba reduciendo la oferta disponible. Rodríguez ha rechazado ese argumento y ha respondido con dureza: “Bueno, esta es una de las grandes malversaciones del dato, diría yo”.

Asimismo, Rodríguez ha asegurado que Cataluña, la primera comunidad que está aplicando la Ley de Vivienda, “tiene 25.000 contratos (de alquiler) más que el día que entró en vigor la zona de mercado tensionado”. Aunque ha admitido que la medida “no es la panacea”, asegura que con esa medida el Gobierno ha “conseguido ponerle un torniquete a la subida de precios”.

Desahucios, okupación y más vivienda pública

Por otra parte, la ministra ha rechazado identificar con la okupación los casos de familias vulnerables que no pueden seguir pagando el alquiler y ha insistido en que la vivienda pública es una de las principales salidas a la crisis habitacional. “No podemos echar a la gente de sus casas, no podemos quedarnos sin ciudades y sin barrios”, ha afirmado.

Rodríguez ha querido desmarcarse de quienes consideran que este tipo de supuestos son “un caso de okupación”, alegando que se trata de “un drama de una familia que sufre y de un Estado y unas administraciones que tenemos que estar para darles respuesta”. Una respuesta que dejó sin concretar después de que Jordi Basté recordara que unas 70.000 familias vulnerables podrían ser desalojadas de sus casas si no sale adelante la moratoria antidesahucios.

Si has tenido un hijo en 2025, es probable que el resultado de tu declaración de la Renta cambie este año. La Agencia Tributaria prevé varias ventajas fiscales ligadas al nacimiento o cuidado de menores, aunque no todas se aplican automáticamente ni suponen el mismo ahorro en todos los casos.

La principal ventaja fiscal es que tener un hijo reduce la parte de los ingresos sobre la que se calcula el IRPF gracias al llamado mínimo por descendientes. A esto pueden añadirse otras deducciones estatales y autonómicas, cuyo importe depende de factores como la situación laboral de los padres, la edad del menor o la comunidad autónoma en la que se resida.

El mínimo por descendientes reduce la base imponible

La primera ventaja fiscal que incorpora Hacienda cuando se tiene un hijo es el mínimo por descendientes, una cantidad que no tributa porque se considera destinada a cubrir necesidades básicas del menor. Según la Agencia Tributaria, por el primer hijo se aplican 2.400 euros, por el segundo 2.700 euros, por el tercero 4.000 euros y por el cuarto y siguientes 4.500 euros.

Si el hijo tiene menos de tres años, además, se añade un incremento adicional de 2.800 euros anuales. Esta cuantía no se cobra directamente, sino que reduce la base imponible y, por tanto, el importe final sobre el que se calcula el impuesto.

En declaraciones conjuntas o cuando ambos progenitores presentan declaración individual, este beneficio se reparte normalmente entre ambos por partes iguales, salvo en determinados supuestos de custodia o convivencia.

La deducción por maternidad puede alcanzar los 1.200 euros al año

Además del mínimo por descendientes, las madres con hijos menores de tres años pueden aplicar la deducción por maternidad, siempre que durante 2025 hayan estado dadas de alta en la Seguridad Social o hayan percibido determinadas prestaciones, como el desempleo contributivo.

La cuantía máxima es de 1.200 euros anuales por cada hijo, lo que equivale a 100 euros por cada mes en que se cumplan los requisitos. Si el nacimiento se produjo durante 2025, solo se computan los meses desde el nacimiento hasta diciembre.

Esta deducción puede haberse cobrado de forma anticipada mes a mes o aplicarse directamente al presentar la declaración. En caso de no haber solicitado el abono anticipado, se incorpora al resultado final de la Renta.

Guardería y educación infantil: hasta 1.000 euros adicionales

A esa ayuda puede sumarse un incremento adicional de hasta 1.000 euros por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados, siempre que el menor haya acudido a uno de estos centros y que el establecimiento haya comunicado correctamente los datos a Hacienda.

No es necesario pedir esta ayuda por separado, pero sí conviene comprobar antes de presentar la declaración que aparece correctamente incluida en los datos fiscales del borrador. La cuantía exacta depende de los meses completos de asistencia, del importe pagado y de las cotizaciones efectuadas durante el ejercicio.

Las deducciones autonómicas cambian según el lugar de residencia

A las ventajas estatales se añaden las deducciones autonómicas, que varían según la comunidad autónoma. Muchas regiones contemplan beneficios específicos por nacimiento, adopción o cuidado de hijos, con importes y requisitos propios.

En algunas comunidades se aplican cantidades fijas por nacimiento del primer hijo, mientras que en otras aumentan si se trata de familias numerosas, zonas rurales o rentas bajas.

Por eso, la Agencia Tributaria recomienda revisar con detalle el apartado autonómico del borrador, ya que algunas de estas deducciones no siempre aparecen incorporadas automáticamente y pueden requerir que el contribuyente introduzca determinados datos.

Aunque muchos datos llegan ya cargados en Renta Web, Hacienda recuerda que corresponde al contribuyente comprobar que toda la información familiar esté correctamente incorporada.

“Este es el peor enemigo de todos los trabajadores y el verdadero culpable de que tu nómina no suba. Y no, a priori, no es tu jefe”. Con ese mensaje arranca el abogado laboralista Juanma Lorente uno de sus últimos vídeos en TikTok, donde explica por qué algunos empleados ven cómo el convenio colectivo se actualiza, pero su salario mensual permanece sin cambios.

La publicación, difundida en su perfil @juanmalorentelaboralista, ha superado las 72.000 visualizaciones y suma más de 1.600 “me gusta”. En ella, el experto señala un concepto presente en muchas nóminas que puede frenar el efecto práctico de las subidas salariales pactadas en convenio.

Según explica Lorente, la clave está en el llamado complemento absorbible, una partida salarial que puede hacer que el trabajador cobre por encima de lo fijado en convenio, pero que también permite compensar futuras subidas. “Claro que tenéis un salario y os dais cuenta de que el convenio va subiendo, pero vuestro salario no. Esto es posible y puede ser legal”, señala.

Ese mecanismo está recogido en el artículo 26.5 del Estatuto de los Trabajadores, que establece que puede aplicarse la compensación y absorción cuando el salario real abonado, en su conjunto anual, ya sea superior al mínimo marcado por convenio.

En la práctica, esto significa que si una persona cobra, por ejemplo, 100 euros por encima de convenio gracias a un complemento absorbible y el convenio sube 50 euros, la empresa puede reducir ese complemento a esa misma cuantía, de forma que el salario final apenas cambie.

¿Por qué la subida del convenio no siempre se nota en la nómina?

Lorente resume ese efecto de forma directa: “Si en tu nómina hay un complemento absorbible que hace que cobres por encima del convenio, aunque en convenio suba, es posible que tu salario no suba”. Y añade: “Porque este complemento absorbible lo que va a hacer es bajar la misma cantidad que tu salario va a subir”.

Este tipo de situaciones son frecuentes en sectores donde muchas empresas pactan mejoras salariales voluntarias por encima de convenio, pero las vinculan a cláusulas de absorción. Mientras exista margen en ese complemento, las revisiones salariales pactadas colectivamente pueden quedar neutralizadas.

El resultado es que el trabajador sigue cobrando lo mismo, aunque formalmente sí haya habido una subida en su salario base.

¿Cuándo empieza a notarse una subida real?

El abogado aclara que esta situación no implica necesariamente una pérdida económica inmediata: “Sí es verdad que teóricamente tampoco esto es una mala noticia para el trabajador, porque quiere decir que su salario está por encima del convenio”. Sin embargo, reconoce que tiene un efecto claro a medio plazo: “Sí es verdad que se queda congelado”.

Solo cuando ese complemento absorbible se reduce completamente y llega a cero, las nuevas subidas pactadas en convenio empiezan a trasladarse de forma íntegra a la nómina. “Hasta que este complemento no desaparezca y se quede en cero, tu salario no va a subir”, resume.

El consejo si negocias sueldo por encima de convenio

Lorente termina el vídeo con una recomendación dirigida a quienes pactan condiciones salariales superiores al mínimo sectorial: “Por lo tanto, si vas a pactar un salario por encima de convenio, ten muy en cuenta lo que te voy a decir”, advierte. Su consejo es claro: “Pacta un plus que no sea absorbible y que, por lo tanto, si sube el convenio, tu salario base también suba”.

En este sentido, especialistas en derecho laboral recomiendan revisar con detalle cómo aparece descrito cada concepto en la nómina y qué establece exactamente el convenio aplicable antes de firmar cualquier mejora retributiva.

Comprar una vivienda con plaza de garaje implica actualmente pagar varios miles de euros más que por un piso similar sin aparcamiento. En febrero de este año, un inmueble de 80 metros cuadrados cuesta de media 235.981 euros, pero esa cifra asciende hasta 250.013 euros cuando incluye una plaza de garaje, lo que supone un incremento del 5,9%, según un análisis elaborado por Fotocasa a partir de su oferta de compraventa.

La diferencia entre ambos importes sitúa en 14.033 euros el precio medio de una plaza de aparcamiento en España. El estudio refleja que disponer de este extra continúa aportando valor añadido al inmueble, aunque en menor proporción que hace unos años.

Si se compara con 2025, cuando añadir garaje elevaba el precio final un 7,5%, este año ese efecto se reduce en más de un punto y medio. Aunque sigue encareciendo la compra, su peso relativo es menor que hace un año. Según Fotocasa, esta evolución se explica porque el precio de la vivienda está subiendo con mucha más fuerza que el de las plazas de aparcamiento.

El encarecimiento de la vivienda reduce el valor añadido del garaje

La serie histórica recogida por Fotocasa muestra que el mayor impacto del garaje sobre el precio de la vivienda se registró en 2016, cuando añadir una plaza elevaba el valor del inmueble un 10,5%. Ese año, una vivienda media costaba 128.769 euros y con garaje alcanzaba los 142.316 euros, con una diferencia de 13.547 euros.

Desde entonces, el precio de las plazas de aparcamiento se ha mantenido relativamente estable, mientras que el coste medio de las viviendas ha aumentado de forma mucho más intensa. En 2024, por ejemplo, una vivienda media se situaba en 178.735 euros, frente a los 235.981 euros actuales.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, señala que esta evolución responde a una brecha entre ambos mercados. Según explica, mientras la vivienda ha experimentado una fuerte escalada reciente, el precio de los garajes se ha mantenido más estable, lo que hace que el valor proporcional del aparcamiento sea hoy menor que hace una década.

Extremadura, Castilla y León y Galicia, donde más sube el precio final

Las diferencias territoriales son amplias. Extremadura es la comunidad autónoma donde más aumenta el valor de la vivienda al incorporar garaje: un 14,8%. Allí, una vivienda media pasa de 104.993 euros a 120.577 euros.

Le siguen Castilla y León, con un incremento del 11%, y Galicia, donde el aumento alcanza el 9,6%. También se sitúa por encima de la media nacional Castilla-La Mancha, con un 9%.

En el extremo contrario aparece Comunidad de Madrid, donde el garaje apenas eleva el precio un 3,2%, el porcentaje más bajo del país. También quedan por debajo de la media Illes Balears, con un 4,8%, y Cataluña, con un 5,2%.

En términos absolutos, los aparcamientos más caros se localizan en País Vasco, donde una plaza cuesta 20.748 euros, y en Baleares, con 20.260 euros.

Jaén, Almería y Huelva lideran entre las capitales

Si se analiza por capitales de provincia, la ciudad donde más se encarece una vivienda por contar con garaje es Jaén. Allí, un piso medio pasa de 136.751 euros a 158.479 euros, lo que supone un incremento del 15,9%. También destacan Almería, con una subida del 13,6%, y Huelva, con un 13,2%.

Por el contrario, Madrid vuelve a ser la capital donde menos repercute este complemento: el precio pasa de 526.791 euros a 545.728 euros, un 3,6% más. En Barcelona, el incremento es del 4,1%.

Los datos aportados por Fotocasa reflejan que el garaje incrementa el valor de la vivienda en todo el territorio nacional, aunque su influencia es menor en los mercados donde el precio residencial ya parte de niveles muy elevados.

Un vídeo publicado en Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid en TikTok, que acumula ya casi 94.000 visualizaciones y 5.000 “me gusta”, está difundiendo entre arrendatarios una de las principales novedades incluidas en el último decreto del Gobierno sobre vivienda: la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria del alquiler de hasta dos años para determinados contratos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027. La medida está recogida en el Real Decreto-ley 8/2026, ya en vigor desde su publicación en el BOE, aunque pendiente todavía de convalidación en el Congreso.

En el vídeo, el sindicato insiste en que esta ampliación no se aplica por sí sola y que el arrendatario debe comunicarla expresamente al propietario antes de que venza el contrato. “Si tu contrato acaba entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, tienes que pedir la prórroga, porque es obligatoria, tu casero no se puede negar, pero no es automática, se la tienes que comunicar”, explican.

Una extensión de hasta dos años con las mismas condiciones

La norma aprobada por el Ejecutivo establece una prórroga extraordinaria “por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales” para contratos de vivienda habitual sujetos a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Durante ese tiempo se mantienen las mismas condiciones pactadas, incluida la renta, salvo que ambas partes acuerden otra cosa.

Desde el sindicato subrayan además que esta posibilidad seguirá siendo válida aunque el decreto no supere el trámite parlamentario, siempre que la solicitud se haya realizado mientras la norma esté vigente. “Aunque caiga el real decreto, las prórrogas que se comuniquen antes de que caiga (el decreto) van a ser válidas”, aseguran.

La convalidación debe producirse en un plazo máximo de treinta días desde su aprobación, por lo que la votación previsiblemente llegará a finales de abril. Hasta entonces, juristas y asociaciones de consumidores coinciden en que los derechos ejercidos durante la vigencia del decreto generan un debate jurídico que podría acabar en tribunales si finalmente decae.

No todos los alquileres pueden acogerse

El propio sindicato recuerda en su mensaje que no todos los arrendamientos entran dentro de esta cobertura. “No te puedes acoger a la prórroga si tienes un contrato de habitación, si tienes un contrato de temporada o si tu alquiler ha acabado ya”, advierten.

Además, el decreto mantiene excepciones ya previstas en la legislación, como la posibilidad de que el propietario recupere la vivienda si la necesita para sí mismo o para familiares directos, siempre que esa circunstancia figure expresamente en el contrato.

La estrategia del sindicato más allá del decreto

El vídeo aprovecha también para reivindicar la actividad del colectivo en conflictos de renovación y subidas de renta. “Llevamos nueve años usando la estrategia ‘Nos Quedamos’. Más de cinco mil personas la han utilizado”, explican.

Según detalla el sindicato en su web, la organización nació en 2017 en la Comunidad de Madrid y se define como un espacio formado por vecinas y vecinos que buscan “hacer frente a la crisis de vivienda y a la burbuja de los alquileres”. En el cierre del vídeo lanzan un mensaje directo a quienes afrontan una renovación complicada: “No te vayas de casa (...) vamos a lucharlo juntas”.

Mientras la guerra en Oriente Medio y Ucrania sigue elevando la incertidumbre económica, España mantiene un crecimiento superior al de sus socios europeos y llega con menos deuda privada que en otras crisis, aunque todavía arrastra varios puntos débiles dentro de su propia economía. El último Informe Económico y Financiero de Esade señala que esa mejor posición no elimina riesgos como la vivienda, el precio de la energía o la baja productividad.

Según las previsiones del centro académico, la economía española crecerá un 2,3% en 2026, después de haber avanzado un 3,5% en 2024 y un 2,8% en 2025, en un entorno europeo mucho más débil, con una eurozona que apenas ronda el 1,3%. El informe atribuye esa diferencia al dinamismo del consumo privado, la creación de empleo y una menor dependencia de sectores industriales muy expuestos a la desaceleración internacional.

No obstante, el documento también advierte de que crecer más no significa necesariamente crecer mejor. Los autores subrayan que buena parte del avance reciente sigue dependiendo de sumar trabajadores y no de producir más por cada hora trabajada, un límite que puede condicionar la capacidad de resistencia del país si el contexto internacional empeora.

Una economía más saneada que en otras crisis

Uno de los elementos que el informe destaca como diferencia respecto a ciclos anteriores es que España llega a este momento con menos desequilibrios acumulados que antes de la crisis financiera de 2008. Frente al fuerte endeudamiento privado de entonces, hogares y empresas presentan ahora niveles de deuda históricamente más bajos, lo que ofrece un mayor colchón ante posibles subidas de costes financieros o de una desaceleración económica.

También mejora la posición exterior. El informe recuerda que España mantiene capacidad de financiación y crece sin los grandes desequilibrios externos de otras etapas. A ello se suma el peso creciente de actividades que van más allá del turismo, como la tecnología, la consultoría o los servicios profesionales, cuyas exportaciones han alcanzado máximos históricos en los últimos años.

El empleo sostiene gran parte del crecimiento

Pese a esa mejora estructural, el informe insiste en que el principal motor del crecimiento sigue siendo el empleo. Aproximadamente el 60% del avance del PIB entre 2021 y 2024 se explica por el aumento de la ocupación, mientras que una parte menor procede de mejoras de productividad. Es decir, España sigue creciendo, sobre todo porque hay más personas trabajando, no porque cada trabajador produzca mucho más que antes.

Los autores consideran que esta dependencia del empleo limita la sostenibilidad del modelo a medio plazo. Aunque reconocen avances en algunos sectores y mejoras puntuales de eficiencia, advierten de que todavía no existe un salto amplio y consolidado de productividad que permita elevar de forma duradera salarios y renta por habitante.

Vivienda, energía y tamaño empresarial como frenos internos

Por otra parte, el informe identifica varios cuellos de botella internos que pueden dificultar ese cambio hacia un crecimiento más sólido. Uno de los principales es la vivienda. El mercado residencial sigue mostrando un desajuste entre oferta y demanda, especialmente en territorios con mayor presión de población y empleo, lo que eleva precios y limita movilidad laboral.

A esto se añaden otros frenos, como el precio de la energía, que sigue afectando tanto a familias como a empresas, y el pequeño tamaño de muchas compañías españolas, que limita su capacidad para crecer, invertir más y modernizarse. El informe señala que, aunque España ha avanzado en digitalización y en sectores de mayor valor añadido, muchas pymes todavía tienen dificultades para incorporar tecnología de forma suficiente en su actividad diaria.

Si las guerras se alargan, aumentará la presión

El informe advierte de que la intensificación de los conflictos en Oriente Medio y la prolongación de la guerra en Ucrania pueden empeorar la economía de nuestro país en un breve periodo de tiempo.

Entre los principales riesgos cita el encarecimiento de materias primas, el aumento de costes de transporte y posibles alteraciones en las cadenas globales de suministro. La situación en torno al estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte relevante del petróleo mundial, aparece como uno de los focos más sensibles por su impacto directo sobre la energía.

A ese escenario se suma la incertidumbre comercial derivada de los aranceles impulsados por Estados Unidos y el elevado nivel de deuda pública de muchas economías, un factor que podría encarecer la financiación y aumentar la inestabilidad en los mercados al crecer las dudas sobre la capacidad de algunos países para sostener sus cuentas.

España es una rareza dentro del mapa residencial europeo. Mientras en buena parte de la Unión Europea predominan las casas, aquí la mayoría de la población vive en pisos. El dato, publicado por Eurostat en un informe de 2025 sobre vivienda, sitúa al país a la cabeza de la UE en población residente en apartamentos y refuerza una idea de fondo: el modelo español sigue estando marcado por la vida urbana en bloque.

Según la oficina estadística comunitaria, el 65% de la población de España reside en un piso, frente al 35% que lo hace en una casa. En el conjunto de la Unión Europea ocurre lo contrario: el 51% vive en casas y el 48% en pisos. Solo Letonia, con un 64%, y Malta, con un 63%, se acercan al caso español. En el extremo opuesto, Irlanda lidera la vida en vivienda unifamiliar, con un 90% de su población en casas.

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Un patrón que no se explica solo por el precio actual

El predominio del piso en España no responde únicamente a una situación reciente del mercado, sino también a una forma de crecimiento urbano que viene de lejos. La BBC recordaba en un reportaje publicado en 2022 que el gran impulso de la vivienda en altura se produjo en los años 60 y 70, durante el desarrollismo franquista, cuando el éxodo rural llevó a miles de familias a las ciudades y obligó a construir rápido, barato y en poco suelo. La opción fue levantar barrios enteros de bloques, una huella que sigue definiendo hoy el parque residencial español.

A ese origen histórico se suma un factor que continúa plenamente vigente: el coste del suelo en las grandes ciudades. En conversación con Infobae, el experto inmobiliario Edoardo Corda considera que una de las claves del dato de Eurostat está en la “densidad brutal en las grandes ciudades” y en la “escasez de suelo”, que encarece mucho el precio por metro cuadrado. Desde su perspectiva, “si quieres vivir en estas ciudades tienes dos posibilidades: o te desplazas con el mismo presupuesto a treinta, treinta y cinco o cuarenta minutos del centro y así te puedes permitir una casita, o tienes la alternativa de estar en el centro, pero reduces metros cuadrados”, explica.

El peso de la vida urbana en España

Corda añade otro elemento a la interpretación del dato: la preferencia de muchos compradores por mantenerse cerca del trabajo, de los servicios y de la vida diaria de la ciudad. “El perfil español tendencialmente no quiere estar a más de diez, quince o veinte minutos del trabajo”, señala. Según su experiencia, en otros países europeos es más habitual aceptar trayectos más largos y trasladarse a zonas periféricas donde abundan las viviendas unifamiliares, mientras que en España pesa más la idea de vivir dentro del casco urbano o a poca distancia de él.

Esa lectura enlaza con otro dato del propio informe de Eurostat: en las ciudades de la Unión Europea, el 73% de la población vive en pisos y el 27% en casas. España, por tanto, no está fuera de la lógica urbana europea, pero sí la lleva más lejos que la mayoría de sus vecinos. El modelo de grandes capitales como Madrid o Barcelona, con alta concentración de población y precios muy elevados, refuerza todavía más esa tendencia.

El experto también apunta a un componente cultural. “Posiblemente, de todos los factores, el cultural es el que más peso tiene”, afirma. A su juicio, en España se da más valor a la vida social fuera de casa que en otros países del norte y centro de Europa, donde suele estar más extendido el ideal de la vivienda familiar en las afueras. “La gente da más valor a la terraza de la placita de toda la vida donde está todo tu grupo de amistades frente al patio de tu jardín”, explica Corda.

Ese argumento aparece también en la pieza de la BBC, que relaciona la vida en pisos con el uso intensivo del espacio público, el clima y una forma de sociabilidad muy vinculada a la calle, las plazas, las terrazas y los barrios densos. En esa misma línea, Edoardo Corda sostiene que en España “la gente vive más en sociedad, en conjunto, frente a un núcleo familiar más individual”.

Más que el tipo de vivienda, Eurostat apunta a su calidad

Que España sea el país de la UE con mayor proporción de población viviendo en pisos no implica por sí mismo una anomalía negativa. “El hecho de que la gente viva menos en chalés no es algo negativo. Siempre los datos hay que interpretarlos”, señala Corda.

La cuestión, por tanto, no está solo en el tipo de inmueble, sino en sus condiciones. En ese punto, Eurostat sitúa a España entre los países con mayor porcentaje de población que no puede mantener su vivienda adecuadamente caliente: un 18%, solo por detrás de Bulgaria y al nivel de Grecia. El dato apunta a problemas de calidad, aislamiento y eficiencia energética en parte del parque residencial, especialmente en edificios antiguos.

Una singularidad que se mantiene en el tiempo

Que la mayoría de la población en España resida en pisos no parece, por tanto, una consecuencia coyuntural, sino el resultado de varios factores acumulados: un crecimiento urbano en vertical, suelo caro, el peso de las grandes ciudades y la innegable preferencia por la centralidad de los españoles.

Corda no aprecia, además, un cambio claro de tendencia: “La gente ya tiene esta posibilidad” de mudarse a viviendas unifamiliares más alejadas, sostiene, pero “tendencialmente la gente, en su mayoría, prefiere a nivel cultural la gran ciudad”.

Casi dos de cada tres trabajadores españoles, un 65%, sospechan que cobran menos que compañeros con funciones similares dentro de su empresa, según un estudio elaborado por la firma especializada en recursos humanos SD Worx. El dato coincide con la fase final previa a la implantación en los Estados miembros de la Directiva de Transparencia Salarial de la UE, que deberá incorporarse a la legislación nacional antes de junio de 2026 y que obligará a informar sobre los salarios tanto durante el proceso de contratación como dentro de la empresa.

El informe refleja además que casi la mitad de los empleados, un 46,7%, considera que su sueldo es insuficiente. A ello se suma que solo un 34,1% cree que las decisiones sobre remuneración dentro de su empresa son justas, lo que muestra un nivel elevado de desconfianza sobre cómo se fijan los salarios y sobre si existen diferencias retributivas entre personas que ocupan puestos equivalentes.

La distancia entre la percepción de empleados y compañías es una de las principales conclusiones del estudio. Mientras una parte importante de la plantilla considera que su salario no se ajusta al trabajo realizado, el 62% de las empresas asegura que paga de forma justa a sus empleados. Esa diferencia se amplía al analizar la valoración general de la política salarial: solo un 35,4% de los trabajadores está de acuerdo con que su retribución sea adecuada, frente a la visión mayoritaria de las organizaciones.

El estudio apunta también a que esta falta de confianza está relacionada con la escasa transparencia de los criterios salariales dentro de muchas empresas. En España, solo una parte limitada de las compañías utiliza referencias externas para fijar salarios alineados con el mercado, una práctica que sigue por debajo de la media europea. Esa ausencia de referencias claras puede contribuir a que aumente la sensación de desigualdad interna.

¿Qué cambiará con la nueva normativa europea?

En este contexto, la directiva europea de transparencia salarial introduce cambios que afectarán directamente a la contratación y a la gestión retributiva. Una de las principales novedades será que las empresas deberán informar del salario inicial o de la banda salarial del puesto antes de la entrevista o en la propia oferta de empleo. El objetivo es que el candidato conozca desde el inicio la retribución prevista y pueda negociar en condiciones más equilibradas.

Otra de las medidas previstas es la prohibición de preguntar a los aspirantes por su salario anterior, una práctica habitual en muchos procesos de selección y que, según la filosofía de la norma europea, puede perpetuar diferencias salariales acumuladas a lo largo de la carrera profesional.

La directiva también refuerza el derecho de los trabajadores a solicitar información sobre los criterios utilizados para fijar salarios y sobre los niveles retributivos medios de empleados que desempeñan funciones comparables, especialmente en relación con posibles diferencias entre hombres y mujeres.

Informes salariales obligatorios en grandes empresas

La aplicación de esta normativa será progresiva. Las empresas de mayor tamaño deberán presentar informes periódicos sobre brecha salarial y estructura retributiva. En una primera fase, la obligación afectará a compañías con más de 150 empleados, que deberán empezar a reportar esta información a partir de 2027.

El estudio de SD Worx señala, sin embargo, que la adaptación empresarial todavía avanza con lentitud en España. Solo un 11,5% de las compañías sitúa el cumplimiento de nuevas obligaciones laborales entre sus prioridades de inversión, una cifra muy inferior a la media europea, donde casi la mitad de las empresas ya destina recursos a prepararse para los cambios regulatorios.

La entrada en vigor de la directiva no implicará que se publiquen salarios individuales, pero sí obligará a que las estructuras retributivas sean más transparentes y comparables. En la práctica, esto puede modificar tanto la forma en que se redactan las ofertas de empleo como la relación de los trabajadores con las políticas salariales internas de sus empresas.

“Lo primero que debes grabarte a fuego es que la conciliación familiar no es un favor que te hace la empresa, es un derecho reconocido por el Estatuto de los Trabajadores”. Así resume la abogada laboralista Virginia López (@tuabogadalaboralista) una de las ideas centrales de su último vídeo en TikTok, en el que analiza los errores más frecuentes que cometen los trabajadores cuando solicitan medidas para adaptar su jornada por motivos familiares o personales.

La letrada advierte de que muchas de estas peticiones siguen planteándose como si dependieran de la buena voluntad de la empresa, cuando en realidad forman parte de los derechos laborales reconocidos por la legislación. En su explicación, recuerda además que estos mecanismos pueden activarse cuando existen necesidades familiares relevantes, como el cuidado de hijos, la atención a familiares dependientes o situaciones médicas que exijan presencia directa.

Adaptar horario, reducir jornada o pedir excedencia

La abogada recuerda que existen distintas fórmulas legales para ejercer este derecho y que no todas implican dejar de trabajar o renunciar al puesto. “Tienes tres vías principales”, resume.

La primera es la adaptación de jornada, una opción que permite solicitar cambios de horario, modificación de turnos o incluso teletrabajo cuando resulte compatible con las funciones del puesto. Esta vía se utiliza cada vez más en empresas donde parte de la actividad puede desarrollarse a distancia o con cierta flexibilidad organizativa.

La segunda posibilidad es la reducción de jornada, que sí implica una disminución proporcional del salario, pero que ofrece una protección reforzada frente a determinadas decisiones empresariales. “Conlleva una disminución proporcional del salario, pero ofrece una protección jurídica especialmente intensa frente a decisiones empresariales”, afirma.

La tercera alternativa es la excedencia, pensada para situaciones en las que el cuidado de hijos o familiares exige una dedicación total. “No supone perder el empleo, sino que es una suspensión del contrato con garantías legales”, subraya.

La empresa está obligada a negociar

Virginia López insiste en que muchas de las fricciones aparecen cuando la empresa responde de forma tajante a la solicitud. Frases como “eso aquí no se puede” o “o lo tomas o lo dejas”, asegura, siguen siendo frecuentes, aunque jurídicamente no bastan.

“La empresa no puede decir no y quedarse tan ancha. Tú solicitas y la empresa está obligada a negociar“, explica. Si la compañía rechaza la petición, añade, debe justificarlo con razones organizativas o productivas reales y acreditables.

Según recuerda, una negativa sin motivación suficiente carece de base legal. La normativa obliga a abrir un proceso de diálogo y a valorar si la petición es razonable dentro de la organización del trabajo.

El error más frecuente: hacerlo solo de palabra

La abogada identifica como principal fallo el hecho de trasladar estas peticiones verbalmente. “Las palabras se las lleva el viento. Y en un procedimiento judicial, simplemente no existen”, advierte. Por ello recomienda presentar cualquier solicitud por escrito, con una explicación clara, concreta y bien fundamentada. “Una petición mal planteada puede debilitar tu posición desde el inicio. En derecho laboral, la forma importa tanto como el fondo”, señala.

También recuerda que ejercer este derecho no puede derivar en sanciones ni despidos. “Si te echan por pedir conciliación, el despido podría ser declarado nulo”, afirma, lo que obligaría a la empresa a readmitir al trabajador y abonar los salarios dejados de percibir.

En un contexto en el que muchas familias siguen intentando encajar horarios laborales extensos con responsabilidades de cuidado, la especialista insiste en que conciliar no debería convertirse en una excepción, sino en una posibilidad real protegida por la ley.

Firmar un contrato de arras suele vivirse como uno de los pasos que más tranquilidad dan durante la compra de una vivienda. Sin embargo, según advierte la asesora financiera Ona Folgado, ese momento puede ser precisamente uno de los más delicados de toda la operación, porque muchas de las condiciones que después marcarán el cierre de la compraventa quedan fijadas ahí.

En un vídeo publicado en TikTok, Folgado alerta de que muchas personas bajan la guardia demasiado pronto: “Cuando firmamos arras, mucha gente se relaja pensando que ya está todo hecho y, en realidad, es justo cuando en ese momento hay que estar más atentos”. La experta insiste en que no se trata solo de entregar una cantidad de dinero como señal, sino de dejar por escrito compromisos que pueden tener consecuencias económicas importantes.

Un compromiso que va más allá de la señal

La asesora recuerda que el error más habitual es pensar que las arras son un simple trámite previo a la escritura. “No es solo el dinero que has entregado, es qué pasa si algo, por ejemplo, se retrasa, (es necesario saber) qué fechas límite se han puesto y qué condiciones se han escrito”, explica.

En España, el contrato de arras funciona como un acuerdo privado entre comprador y vendedor por el que ambas partes se comprometen a formalizar la compraventa en un plazo determinado. Habitualmente, el comprador entrega una señal que suele situarse entre el 5% y el 10% del precio de la vivienda, aunque no existe un porcentaje fijado por ley.

Ese dinero, salvo pacto distinto, se descuenta del precio final en el momento de la escritura. Pero el problema aparece si una de las partes incumple: si es el comprador quien renuncia sin causa prevista en el contrato, pierde la cantidad entregada; si es el vendedor quien se echa atrás, debe devolver el doble. Así lo recoge el artículo 1454 del Código Civil.

Fechas límite y cláusulas que conviene revisar bien

Folgado pone el foco en un aspecto que a menudo pasa desapercibido: los plazos. “Las arras no son un trámite, son un compromiso muy serio”, resume.

En ese documento debe figurar claramente hasta cuándo hay margen para firmar ante notario. Aunque no existe un plazo legal único, lo habitual es pactar entre uno y tres meses, sobre todo cuando el comprador necesita cerrar financiación hipotecaria.

También conviene revisar si el contrato incluye una cláusula que proteja al comprador en caso de que el banco no conceda la hipoteca. Si esa condición no aparece y la financiación falla, la señal puede perderse igualmente.

Qué hacer después de pagar las arras

Una vez firmado el contrato, comienza una fase de trámites que no conviene retrasar. El primer paso suele ser avanzar en la hipoteca si todavía no está cerrada: comparar ofertas, entregar documentación al banco y confirmar que los plazos pactados son suficientes para llegar a la firma final.

También es recomendable comprobar que la vivienda está libre de cargas mediante una nota simple actualizada del Registro de la Propiedad y confirmar que toda la documentación está preparada para notaría: certificado energético, recibos pendientes y situación registral del inmueble.

Además, cuando el préstamo hipotecario ya está aprobado, el comprador debe elegir notario y acudir al menos diez días antes de la firma de la escritura para revisar toda la documentación del préstamo.

En ese intervalo entre arras y escritura, la recomendación de Folgado es clara: no relajarse. Porque lo firmado en ese momento puede determinar si la compra termina bien… o se complica en el último tramo.

No llevar un registro horario de la jornada laboral puede convertirse en uno de los problemas más costosos para una empresa cuando surge un conflicto por horas extraordinarias. Así lo advierte el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, conocido en redes sociales como @empleado_informado, en un vídeo publicado en TikTok en el que alerta a empresarios sobre una obligación legal vigente desde hace años.

“Este vídeo es para advertirte si eres empresario. Este es uno de los errores que más caro te van a salir si no haces las cosas bien”, explica al comienzo del vídeo, donde relata el caso reciente de una empresa que recurrió a él para gestionar varias reclamaciones por horas extra.

Según cuenta el abogado, varios trabajadores sostenían que estaban realizando jornadas de diez horas diarias, mientras que el empresario defendía que únicamente cumplían con las ocho horas pactadas. “El problema: algunos trabajadores aseguraban que estaban haciendo una jornada de diez horas diarias cuando el empresario me juraba, de verdad, que solo estaban haciendo las ocho horas que le tocaban”, señala.

La dificultad apareció cuando solicitó a la empresa la documentación necesaria para acreditar el horario real de trabajo. “Cuando le pido los registros horarios me dice que no tiene registros horarios, que en su empresa nunca lo han registrado, nunca lo han sancionado”, relata.

Ese punto, explica, deja a la empresa en una posición especialmente delicada en caso de reclamación judicial, porque la ausencia de control horario dificulta probar qué jornada se ha realizado realmente.

Una obligación legal desde 2019

El registro diario de jornada es obligatorio en España desde 2019, tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, que obliga a todas las empresas a anotar el inicio y final de la jornada de cada trabajador y conservar esos datos durante cuatro años. Su incumplimiento puede dar lugar a sanciones económicas y, además, complicar la defensa empresarial ante demandas laborales.

Barrionuevo subraya su sorpresa al encontrarse con empresas que todavía no cumplen esta exigencia: “Yo me quedé flipando, porque eso es una obligación desde 2019 y ya prácticamente no existen empresas que no registren el horario”.

El riesgo de no poder rebatir al trabajador

El abogado advierte de que, si no existe registro, cualquier indicio aportado por el trabajador puede tener un gran peso ante un tribunal. “A poco que un trabajador pueda aportar indicios de que está haciendo una jornada distinta, como puede ser (se ha aceptado por los tribunales) una libreta manuscrita, te vas a ver en un lío gordísimo”, explica.

Esto significa que anotaciones personales, mensajes o cualquier otro elemento que ayude a reconstruir la jornada pueden servir como apoyo en una reclamación de horas extra.

El falso registro también puede agravar el problema

Barrionuevo añade que algunas empresas intentan aparentar cumplimiento mediante controles horarios que no reflejan la realidad. “Lo normal cuando un empresario quiere saltarse la ley, que por supuesto no lo recomiendo porque puedes tener muchos más problemas, es que lleven un registro fraudulento en el que se firma unas horas, pero se trabaja otras”, afirma.

Por ello insiste en que la mejor protección para la empresa pasa por cumplir correctamente con la normativa: “Lleva un registro horario siempre en tu empresa. Cumple la ley no solo porque va a beneficiar a tu plantilla y se va a querer quedar contigo, sino porque no te vas a ver metido en estos líos tan gordos”, zanja el abogado.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ya está pasando factura al bolsillo de los hogares españoles. Llenar el depósito, pagar la luz o hacer la compra son algunos de los gastos que acusan la tensión de un conflicto que va camino de su cuarta semana —la duración augurada en un inicio por Donald Trump— y cuyo impacto puede agravarse si se prolonga.

Ese es el escenario que anticipan numerosos expertos, con una advertencia clara: si la guerra se alarga, el shock energético puede extenderse al conjunto de la economía del país, encarecer el transporte, elevar los costes de producción y enfriar el consumo.

El primer impacto se nota en los carburantes. Un estudio de Funcas calcula que, entre finales de febrero y el 15 de marzo, llenar un depósito mediano de 60 litros se ha encarecido en unos 20 euros de media, mientras que la factura anual de combustibles ha aumentado en torno a 225 euros por hogar. La misma fuente advierte de que, si persisten las tensiones sobre el crudo, la gasolina y el gasóleo podrían acercarse a los 2 euros por litro, lo que elevaría el sobrecoste anual hasta unos 400 euros.

En electricidad y gas, el riesgo es más indirecto en España, pero también existe: el BCE contempla escenarios en los que el gas europeo podría acercarse a los 90 euros por MWh e incluso superar los 100 si la guerra sigue tensionando el suministro energético. Aunque España está más protegida que otros países europeos por su menor dependencia del gas, un conflicto más largo también puede acabar presionando las facturas si sigue encareciéndose la energía en Europa.

A ese riesgo se suma la incertidumbre política. El Gobierno ha aprobado una rebaja temporal del IVA de los carburantes y combustibles del 21% al 10% hasta el 30 de junio, dentro del paquete anticrisis, y mantiene también reducciones fiscales sobre la electricidad y el gas para contener el impacto energético en los hogares. Sin embargo, el decreto todavía debe ser convalidado por el Congreso el jueves 26 de marzo y, si ese escudo decae, el golpe para conductores y familias sería mayor.

Del surtidor al supermercado

Después, la presión se traslada a la cesta de la compra. Una energía más cara encarece el transporte, los costes agrícolas y productos básicos como los fertilizantes, por lo que el impacto acaba llegando a los alimentos.

La OCU ya ha detectado esa presión: la cesta analizada por la organización ha alcanzado en marzo los 320,78 euros al mes, el nivel más alto desde que comenzó a registrar estos precios en junio de 2024, tras subir un 1,53% respecto a febrero. Las frutas y verduras han tenido la mayor subida, del 5,78% en solo 20 días.

Este encarecimiento se produce además en un contexto en el que muchas familias todavía no han recuperado plenamente su poder adquisitivo tras las anteriores oleadas de inflación.

El IPC podría resistirse a la bajada

El gran riesgo macroeconómico es que el conflicto frene la desinflación y dificulte la moderación del Índice de Precios de Consumo (IPC). Funcas prevé que la inflación general llegue al 3,6% en marzo, supere el 4% en los meses posteriores y empiece a bajar a partir de junio, pero solo si el escenario energético no empeora más. Según su análisis, la media anual quedaría en el 3,6%, claramente por encima de lo que se esperaba antes de comenzar la escalada de tensiones en Oriente Medio.

La Cámara de España también ha revisado sus previsiones con la guerra como telón de fondo. En su escenario base, que parte de la hipótesis de un conflicto corto de semanas, la economía española crecería un 2,3% en 2026. Pero si la guerra se alarga entre dos y tres meses, el PIB avanzaría tres décimas menos y la inflación aumentaría medio punto.

Por su parte, BBVA Research mantiene una visión algo menos severa, con una previsión de crecimiento del 2,4% para 2026, aunque subraya que el contexto internacional es más incierto que hace solo tres meses y que el escenario está muy condicionado por la duración del conflicto.

Menos consumo y menos crecimiento

La lógica es sencilla: si suben la gasolina, la luz y la compra, los hogares tienen menos renta disponible para consumir otras cosas. Eso enfría la demanda interna, reduce márgenes empresariales y termina afectando al crecimiento. En otras palabras, una guerra más larga no implicaría solo pagar más por llenar el depósito, sino también una economía española con menos impulso.

En este sentido, el paquete anticrisis aprobado por el Gobierno intenta actuar como un amortiguador. Además de la rebaja fiscal sobre carburantes, el real decreto-ley incluye medidas sobre electricidad, gas y ayudas a sectores más expuestos. La intención es evitar que el shock energético se traslade con toda su intensidad a los hogares y las empresas, aunque el alcance real del escudo dependerá de dos factores: su convalidación parlamentaria y, sobre todo, cuánto dure la guerra.

Vivienda: un efecto más indirecto

La vivienda también podría verse afectada si el conflicto se prolonga. Si la guerra reaviva la inflación durante más tiempo, el alivio esperado en el coste de financiación podría frenarse, encareciendo hipotecas y enfriando parte de la demanda. Aun así, los expertos sitúan este efecto en un plano más indirecto y condicionado que el de carburantes o alimentos.

De hecho, expertos consultados por Infobae sostienen que una guerra corta no bastaría para abaratar la vivienda. Solo en un escenario mucho más prolongado, de alrededor de un año y medio o más, podría verse una caída de precios.

A corto plazo, en cambio, el mercado sigue tensionado por la falta de oferta y los analistas advierten incluso de que la vivienda nueva podría encarecerse si suben las materias primas de construcción.

Llenar un depósito medio de 60 litros cuesta ahora hasta 20 euros más que a finales de febrero. Ese aumento, registrado en apenas dos semanas, ha elevado en unos 225 euros anuales el desembolso medio en carburantes de los hogares españoles, según un análisis de Funcas sobre el impacto de la reciente escalada de precios de gasolina y gasóleo en la economía doméstica.

El informe compara tres escenarios: el previo al repunte de la tensión entre Estados Unidos e Irán, la situación registrada el 15 de marzo de 2026 y una hipótesis en la que ambos combustibles alcanzan los 2 euros por litro. En los quince días transcurridos desde finales de febrero, el precio del barril de Brent pasó de 80 a 102 dólares, mientras la gasolina subió hasta 1,71 euros por litro y el gasóleo alcanzó 1,84 euros.

Los cálculos parten de los precios observados antes de la entrada en vigor del nuevo paquete anticrisis aprobado por el Gobierno, que desde este domingo reduce temporalmente del 21% al 10% el IVA aplicado a gasolina y diésel y rebaja además el impuesto especial de hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la Unión Europea.

El gasto mensual supera ya los 120 euros en un hogar medio

Funcas calcula que un hogar medio consume unos 850 litros de carburante al año: 450 litros de gasolina y 400 de gasóleo. Con los precios previos a la última escalada, ese consumo suponía un coste anual de unos 1.200 euros.

Con los precios medios registrados a mediados de marzo, la factura anual asciende hasta unos 1.442 euros, lo que equivale a algo más de 120 euros al mes frente a los alrededor de 101 euros anteriores. En términos prácticos, repostar 60 litros pasa de costar 86,8 euros a 106,8 euros.

La fundación añade que, si ambos combustibles alcanzaran los 2 euros por litro, el coste de ese mismo repostaje se situaría en torno a 120 euros y el incremento anual rondaría los 400 euros por hogar.

La rebaja fiscal modifica el escenario

El análisis también incorpora una estimación de recaudación elaborada con el marco fiscal anterior. Con el IVA todavía en el 21%, Funcas calculaba que mantener los precios vigentes a 15 de marzo habría generado unos 500 millones de euros más en ingresos fiscales para el Estado en un año, una cifra que superaría los 1.100 millones si ambos carburantes llegaran a 2 euros por litro.

Sin embargo, ese cálculo ya no refleja plenamente el escenario actual, ya que el real decreto aprobado por el Ejecutivo reduce temporalmente esa presión fiscal hasta el 30 de junio, aunque su continuidad en junio dependerá de la evolución de los precios energéticos.

La ayuda al combustible de 2022 benefició a los hogares con más capacidad de gasto

La fundación recuerda en su análisis que la bonificación de 20 céntimos por litro aplicada en 2022 supuso un coste cercano a 3.100 millones de euros para el Estado, según estimaciones del Banco de España.

A partir de ese precedente, Funcas advierte de que las rebajas generales de impuestos o las ayudas directas sobre el combustible tienden a beneficiar más a los hogares con mayor capacidad de gasto, ya que son también los que registran un mayor consumo anual.

Sus cálculos muestran una diferencia notable entre niveles de renta: mientras en los hogares de menor gasto apenas se alcanzan unas decenas de litros al año, en los niveles superiores se superan los 2.500 litros anuales.

Por ello, la fundación considera que medidas fiscales más focalizadas, como la deflactación del IRPF, tendrían un efecto más dirigido a los hogares con mayor necesidad.

Aunque los mercados apuntan a una moderación gradual del petróleo hacia finales de 2026, Funcas advierte de que a corto plazo los precios seguirán condicionados por la incertidumbre internacional, por lo que no descarta nuevas subidas si continúa la tensión geopolítica.

La campaña de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2025 comenzará el próximo 8 de abril de 2026 por internet y se prolongará hasta el 30 de junio, según el calendario oficial publicado por la Agencia Tributaria. Durante estas semanas, millones de contribuyentes revisarán sus datos fiscales para comprobar si el resultado final les obliga a pagar o les permite recibir una devolución.

Aunque muchos ciudadanos confirman el borrador sin introducir modificaciones, los asesores fiscales recomiendan revisar con detalle cada apartado, ya que existen deducciones y gastos que pueden reducir la factura tributaria y que a menudo pasan desapercibidos. Algunas ventajas fiscales son estatales y otras dependen de la comunidad autónoma de residencia, por lo que conviene comprobar cada caso antes de presentar la declaración.

Asimismo, es importante revisar que figuren correctamente los ingresos laborales, las deducciones familiares y los beneficios fiscales autonómicos, ya que omitir cantidades, aunque sean pequeñas, puede modificar considerablemente el resultado final.

Cuotas sindicales y colegios profesionales

Las cuotas abonadas a sindicatos pueden deducirse en la declaración de la renta como gasto vinculado a los rendimientos del trabajo. Aunque en algunos casos aparecen ya incorporadas en los datos fiscales, conviene comprobarlo, porque no siempre se trasladan automáticamente al borrador.

También pueden deducirse los pagos realizados a colegios profesionales cuando la colegiación sea obligatoria para ejercer la actividad laboral. En este caso, el límite máximo deducible es de 500 euros anuales, siempre que el pago esté directamente relacionado con la profesión desempeñada.

Gastos de defensa jurídica en litigios laborales

Otro concepto poco conocido son los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios laborales con la empresa. La normativa permite deducir este tipo de gastos cuando estén vinculados a procedimientos relacionados con despidos, reclamaciones salariales o conflictos entre trabajador y empleador.

En estos casos, el límite máximo deducible es de 300 euros al año, y es necesario conservar la documentación que acredite el gasto y su relación con el conflicto laboral.

Donativos a ONG y fundaciones

Las aportaciones realizadas a organizaciones no gubernamentales, fundaciones o entidades acogidas al régimen de mecenazgo también permiten reducir el impuesto. Para la campaña de este año se mantiene la deducción del 80% para los primeros 250 euros donados.

A partir de esa cantidad, el porcentaje de deducción es del 40%, aunque puede elevarse al 45% cuando se dona a la misma entidad durante al menos tres años consecutivos por un importe igual o superior al del ejercicio anterior. Para aplicarlo es imprescindible disponer del certificado emitido por la entidad beneficiaria.

Deducción por maternidad y gastos de guardería

Las madres trabajadoras con hijos menores de tres años pueden seguir aplicando la deducción por maternidad, que alcanza hasta 1.200 euros anuales por cada hijo.

Además, existe un incremento adicional de hasta 1.000 euros por gastos de guardería o centros de educación infantil autorizados. Esta deducción puede cobrarse de forma anticipada mes a mes o incluirse directamente al presentar la declaración.

El alquiler: deducción estatal solo en régimen transitorio

La deducción estatal por alquiler de vivienda habitual ya no se aplica de forma general y solo sigue vigente para quienes firmaron su contrato antes de 2015 y ya venían aplicando este beneficio fiscal en años anteriores.

Actualmente, la mayoría de las ventajas fiscales vinculadas al alquiler dependen de cada comunidad autónoma. En algunas regiones existen deducciones específicas para jóvenes, rentas bajas o determinadas circunstancias familiares, por lo que conviene revisar la normativa autonómica antes de confirmar el borrador.

Gastos médicos: solo deducciones autonómicas

Los gastos sanitarios no generan una deducción estatal general en el IRPF, aunque algunas comunidades autónomas sí permiten desgravar determinados pagos médicos si se cumplen los requisitos.

Por ejemplo, Canarias permite deducir gastos odontológicos, gafas graduadas o lentillas; Cantabria contempla tratamientos sanitarios no cubiertos por el sistema público; y la Comunidad Valenciana aplica una deducción específica para salud bucodental no estética.

Por ello, los expertos recomiendan revisar tanto las deducciones estatales como las autonómicas antes de presentar la declaración, ya que algunos gastos cotidianos pueden reducir más de lo previsto el resultado de la declaración.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha elevado este miércoles el tono del choque con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso al asegurar que le “encantaría intervenir con un 155” la Comunidad de Madrid por su negativa a aplicar la Ley estatal de Vivienda. “No está asumiendo sus competencias en materia de vivienda”, ha afirmado durante una entrevista en La hora de La 1 de TVE, en la que ha responsabilizado directamente al Ejecutivo madrileño de la escalada de los precios del alquiler.

Rodríguez ha defendido que la norma aprobada por el Gobierno central ya ha demostrado resultados en otros territorios, pero ha denunciado que en Madrid sus efectos quedan bloqueados por decisión política. “Me llevan los demonios que tengamos palancas como la aplicación de la ley de vivienda, que en Cataluña está permitiendo congelar los precios del alquiler, y que tengamos situaciones como aquí, en la Comunidad de Madrid, donde estemos subiendo el precio del alquiler con dos dígitos”, ha señalado.

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“Aplicar un 155” para asumir competencias

La ministra ha sido especialmente contundente al referirse a la posibilidad de una intervención del Estado. Tras un lapsus inicial, ha aludido de forma expresa al artículo 155 de la Constitución: “A mí me encantaría intervenir con un 155 en la Comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el Senado como para hacerlo”.

El artículo 155 de la Constitución permite al Estado intervenir una comunidad autónoma cuando incumple gravemente sus obligaciones legales o atenta contra el interés general, una medida de carácter excepcional que requiere mayoría absoluta del Senado y que solo se ha aplicado una vez, en Cataluña en 2017.

En esta línea, Rodríguez ha planteado incluso que el Gobierno estaría dispuesto a hacerse cargo de las funciones en materia de vivienda si la región renuncia a ejercerlas. “Les diría: ‘Oigan, si ustedes no quieren asumir esa competencia, yo estoy dispuesta a asumirla’. Pero no puedo obviar que vivimos en un Estado democrático y constitucional donde cada administración tiene cosas que hacer”, ha añadido.

La responsable de Vivienda ha insistido en que el Ejecutivo central está utilizando todas las herramientas legales a su alcance para contener los precios, pero ha recalcado que buena parte de las medidas dependen de la colaboración autonómica. “Hasta que construyamos ese parque público de vivienda tenemos que seguir actuando con estas palancas”, ha defendido.

Acusaciones directas a Ayuso

Rodríguez ha dirigido también críticas a la presidenta madrileña, a la que ha acusado de favorecer la especulación inmobiliaria. “Yo elimino la golden visa y resulta que Ayuso se va a Miami a decirle a los multimillonarios que vengan aquí a comprarse en Madrid (viviendas), no por bloques, por manzanas o por barrios”, ha afirmado.

En esta línea, ha sostenido que la política del Ejecutivo autonómico está perjudicando de forma directa a los ciudadanos. “Los madrileños tienen que saber que quien está coartando ese derecho de acceso a la vivienda, porque no podemos competir con esos multimillonarios, es la Comunidad de Madrid”, ha remarcado.

La ministra ha puesto como ejemplo el problema de los pisos turísticos. Según ha explicado, en Madrid existen “15.000 viviendas turísticas ilegales” que, a su juicio, están dañando tanto el acceso a la vivienda como la convivencia. “Miramos para otro lado. Yo no puedo clausurar esas viviendas porque es competencia del Ayuntamiento”, ha lamentado.

“Topar los alquileres funciona”

Frente al modelo madrileño, Rodríguez ha defendido las experiencias de otras comunidades que sí han aplicado la Ley de Vivienda. “Estamos topando los alquileres en zonas tensionadas. En Navarra han descendido los precios un 8,5%. Eso no pasa en Madrid porque el Partido Popular no quiere”, ha asegurado.

La ministra ha subrayado que la contención de rentas es posible y constitucional. “Es posible en España topar los alquileres y esas medidas van acompañadas de más promoción de vivienda y de más ayudas. Estamos conteniendo el precio del alquiler cuando aplicamos la ley”, ha insistido.

Preguntada por las razones del bloqueo del Partido Popular, Rodríguez ha atribuido la negativa a un “mero cálculo electoralista”. “Esto no es una baraja electoral, es la vida de la gente”, ha concluido, reclamando a las comunidades gobernadas por el PP que “remen en la misma dirección” para afrontar el que considera el principal problema social del país.

Los sindicatos ferroviarios acuden este miércoles a la reunión con el ministro de Transportes, Óscar Puente, con un mensaje común: sin compromisos concretos de plantilla, mantenimiento y fin de las subcontratas no habrá desconvocatoria de la huelga prevista para los días 9, 10 y 11 de febrero. Las organizaciones consultadas por Infobae coinciden en que el encuentro de hoy llega con posiciones “distantes” y con escasos avances reales sobre la mesa. Desde CGT, la voz más contundente del bloque sindical, anticipan que “es difícil que hoy se llegue a nada”.

Las centrales exigen un plan de choque inmediato que revierta lo que califican como deterioro estructural del sistema ferroviario tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). “No nos valen declaraciones de intenciones y no hay en marcha actuaciones concretas que puedan atisbar esperanzas de un cambio de rumbo en la política ferroviaria”, advierte Miguel Montenegro, responsable del sector ferroviario de CGT Andalucía. El sindicato reprocha que “no hay compromisos de incremento de plantilla adecuada ni ofertas de empleo público para cubrir las necesidades estructurales” y que tampoco existe voluntad de “cambiar la política de concesiones para evitar que estas puedan subcontratar con empresas terceras”.

Para CGT, el diagnóstico es claro: “La falta de personal, la falta de mantenimiento de las infraestructuras y la desregulación e intrusismo en el sector” constituyen hoy el principal fallo de seguridad. Entre las medidas que consideran imprescindibles figuran la creación de empleo en Renfe y Adif para que todo lo relativo a circulación y seguridad se gestione desde lo público, el fin de la subcontratación que “precariza el empleo y las condiciones laborales” y un plan de formación que ponga en valor las profesiones ferroviarias. Montenegro añade que, en ausencia de avances reales, “no habrá reuniones nuevas” antes del día 9, lo que sitúa la huelga prácticamente como inevitable.

Un plan de choque con financiación

Desde UGT, el planteamiento es similar. La federación FeSMC reclama “más protocolos de protección en situaciones adversas como fenómenos atmosféricos desfavorables, aumentar la plantilla propia para mantenimiento ferroviario y más y mejor formación para todos los colectivos”. De cara al encuentro con Puente, el sindicato insiste en que la clave es un “plan de choque real que aborde estas cuestiones con financiación para una actuación rápida”. De lo contrario, advierten, “de nada serviría pactarlo para que se tire años dando vueltas por distintos despachos de los ministerios”.

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf), convocante inicial de los paros, afronta la cita como una “primera toma de contacto”. La organización reconoce que “a día de hoy las posiciones son distantes” y mantiene su reivindicación de fondo: “un cambio estructural en la adopción de las medidas de seguridad y mantenimiento del sistema ferroviario para recuperar la calidad que caracterizaba al ferrocarril en España”.

Más detallada es la propuesta de CCOO. Su secretaria general del sector ferroviario, Pepa Páez, plantea incrementar el presupuesto dedicado al mantenimiento de la red y que Adif “contrate más personal propio para hacerlo”. También reclama que se elaboren protocolos en coordinación con la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria para los casos de inclemencias meteorológicas y medidas urgentes en líneas con problemas recurrentes como la Madrid-Barcelona. En el ámbito de Renfe, pide más personal a bordo e internalizar el mantenimiento de los trenes. Para CCOO hay dos líneas rojas claras: “Los protocolos de seguridad y la contratación en las empresas públicas”.

Una huelga que amenaza a todo el sector

El pulso se produce apenas un día después de la concentración unitaria celebrada ante la sede del Ministerio de Transportes, en la que participaron Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario, Sindicato de Circulación Ferroviaria, USO y Alferro. Las organizaciones sostienen que los siniestros de Adamuz y Gelida “no pueden ser considerados hechos aislados”, sino el reflejo de una “enfermedad crónica del ferrocarril” marcada por la falta de inversión y de personal.

La huelga convocada para el 9, 10 y 11 de febrero afectará a las circulaciones de Renfe, Iryo y Ouigo, así como a las principales compañías privadas de mercancías -Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail- y a servicios como los prestados por Serveo. Los paros serán de 24 horas y amenazan con paralizar buena parte de la movilidad ferroviaria del país.

El ministro Óscar Puente ha expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo, pero el choque entre las exigencias sindicales y la falta de compromisos concretos mantiene el conflicto abierto. A cinco días del inicio de la huelga, los sindicatos dejan claro que solo un giro real en la política de mantenimiento y empleo podría desactivar las movilizaciones. De momento, el mensaje que trasladan al Gobierno es inequívoco: sin hechos, no habrá tregua.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha reclamado reforzar los mecanismos de control del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) para que la supervisión de las bajas laborales se realice de forma más temprana y eficaz, sobre todo en los supuestos de ausencias reiteradas. El organismo advierte de que la incapacidad temporal (IT) ha experimentado un fuerte repunte en los últimos años y considera necesario anticipar la detección de posibles situaciones de cronificación para evitar que se consoliden procesos de larga duración.

El estudio sobre incapacidad temporal publicado este miércoles por la AIReF refleja que la incidencia de las bajas ha aumentado un 60% entre 2017 y 2024, mientras que la duración media se ha incrementado un 15%. Este escenario ha disparado el gasto por esta prestación hasta superar los 16.500 millones de euros, una cifra que prácticamente triplica la registrada en 2014 y que sitúa a la IT como la segunda mayor partida de la Seguridad Social, solo por detrás de las pensiones.

La radiografía elaborada por la AIReF revela además que las bajas están muy concentradas en un grupo reducido de trabajadores: el 25% acumula el 55% de los episodios de incapacidad temporal, un fenómeno que el organismo denomina “efecto reiteración”. Las bajas resultan más probables en las empresas de gran tamaño que en las pequeñas, tienden a disminuir cuando el ciclo económico empeora y aumentan en los periodos en los que se alargan las listas de espera sanitarias, lo que retrasa diagnósticos y tratamientos.

Salud mental y problemas musculoesqueléticos

Desde el punto de vista clínico, las patologías musculoesqueléticas y respiratorias continúan siendo las de mayor incidencia, aunque el mayor crecimiento se concentra en las infecciones y, especialmente, en los trastornos mentales. En este último grupo la duración media de los procesos ha pasado de 67 días en 2017 a 98,5 días en 2024, y el número total de bajas por esta causa se ha elevado de 1,83 a 3,36 millones.

En términos generales, la incidencia ha pasado de 21,4 casos por cada 1.000 afiliados en 2017 a 33,9 en 2024, mientras que la duración media ha crecido de 40 a 45,9 días. El informe también constata un cambio generacional: los jóvenes han pasado de representar el 24,6% de los casos en 2017 al 41,1% en 2024.

El análisis del reparto de costes muestra comportamientos distintos según quién asuma la factura. Cuando el gasto recae en la Seguridad Social -a partir del día 16 de baja- la incidencia aumenta un 29% y la duración un 41%. En cambio, en el tramo financiado por las empresas, del día 4 al 15, la incidencia crece un 78% pero la duración se reduce un 16,5%. “Cuando implica gasto público lo que más aumenta es la duración; cuando no lo implica, lo que crece es la incidencia”, ha resumido la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero.

Cinco factores detrás del repunte

El organismo identifica cinco elementos que explican la evolución: la falta de supervisión y seguimiento de los procesos, los cambios normativos y en los convenios colectivos, el ciclo económico expansivo, la mayor presión sobre la atención primaria y el incremento de las listas de espera.

A ello se suma, según la AIReF, la falta de coordinación entre quien paga la prestación -la Seguridad Social- y quienes conceden las bajas -los médicos de los servicios de salud autonómicos-, una situación que puede provocar que los incentivos de unos y otros no vayan en la misma dirección.

El informe subraya que se trata de un problema de gobernanza, ya que la decisión clínica depende de 17 sistemas autonómicos mientras el coste recae en un único financiador estatal.

Propuestas de reforma

Para corregir estas disfunciones, la AIReF plantea avanzar hacia un sistema de información integrado e interoperable que conecte a todos los agentes implicados, reforzar las capacidades del INSS para mejorar el control y la prevención temprana y apoyar de forma decidida a la atención primaria.

Entre las medidas concretas, propone crear una unidad de seguimiento especializado dentro del INSS para el control y apoyo técnico desde las fases iniciales, implantar alertas automáticas cuando una baja supere el “tiempo óptimo” y establecer un control más intensivo para los trabajadores que inicien un segundo episodio de IT o alguno posterior en el mismo año. También plantea un mecanismo que permita priorizar la intervención del INSS en determinados casos.

El organismo recuerda que, aunque el INSS puede intervenir en cualquier momento, en la práctica suele hacerlo a partir del día 366, lo que supone perder la ventaja de una actuación precoz. Además, la AIReF destaca el papel del marco normativo y de los convenios colectivos: el 50% de los sectoriales y el 65% de los de empresa complementan el salario durante la baja, un factor que influye en la evolución del gasto.

“Respetando el marco normativo vigente, hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la eficacia y eficiencia de la incapacidad temporal que pasan por mayor seguimiento, mayor control y una intervención más temprana de la que actualmente se produce”, señaló Herrero en la rueda de prensa de presentación del informe, quien insistió en que cualquier mejora en la gestión de esta prestación tendrá un impacto positivo tanto en las cuentas públicas como en la actividad de las empresas.

Contratar un seguro puede parecer un trámite sencillo, pero para muchos consumidores acaba convirtiéndose en un problema cuando llega el momento de utilizarlo. El corredor de seguros Diego Moreno, conocido en redes como @sepaseguros, ha advertido en un vídeo de TikTok sobre la equivocación que, a su juicio, más se repite entre los clientes y que puede dejarles desprotegidos sin que sean conscientes de ello.

Según explica el profesional, la clave está en no revisar con atención lo que realmente se está firmando. “Recordad siempre que sois responsables de lo que firmáis y que cuando firmáis un documento aceptáis esas condiciones”, subraya. Para Moreno, muchos usuarios se fían únicamente de lo que les cuenta el comercial y no comprueban si esas promesas están reflejadas por escrito.

Promesas que no aparecen en el contrato

El corredor asegura que en el sector existen prácticas poco transparentes. “He visto que tristemente hay comerciales que os venden que el seguro es perfecto e idílico a un precio muy reducido, pero que realmente estáis contratando coberturas muy malas”, afirma. El problema, añade, es que el cliente solo descubre esas carencias cuando sufre un siniestro y necesita hacer uso de la póliza.

Moreno describe un escenario frecuente: el vendedor cobra su comisión y desaparece de la relación con el asegurado. “Cuando firmáis, el comercial cobra la comisión y muchas veces no volvéis a hablar con él”, lamenta. En ese momento, cualquier reclamación se vuelve mucho más complicada.

Para el experto, el auténtico “error número uno” es confiar ciegamente en la palabra del vendedor. “Si os dicen una cosa que luego no existe, lo pondrán en el contrato y si lo leéis lo detectaréis y podréis reclamarlo”, explica. Sin embargo, advierte de que, una vez estampada la firma, el margen de maniobra se reduce drásticamente: “Una vez que lo firmáis, ya no tenéis nada que hacer y el comercial va a cobrar la comisión”.

Elegir bien a quien te atiende

Moreno no se limita a señalar el problema, sino que ofrece una recomendación práctica para evitarlo. A su juicio, es fundamental que la persona que vende la póliza sea la misma que acompañe al cliente cuando ocurra un accidente o un robo.

“Te aconsejo que la persona que te haga el seguro deba ser la persona que te atienda en caso de siniestro, porque no sabéis la diferencia que supone esto, sobre todo en caso de siniestros graves”, sostiene. Contar con un interlocutor directo facilita la gestión, reduce malentendidos y permite exigir responsabilidades si la información inicial no fue correcta.

El corredor insiste en la importancia de mantener un canal de comunicación claro: “Tienes más comunicación, tienes su contacto y de esta forma evitas que te la líen”. De lo contrario, el asegurado queda en manos de centralitas o departamentos anónimos donde es difícil demostrar qué se prometió en el momento de la contratación.

Moreno concluye con una reflexión sobre la confianza. “Si yo te digo una cosa y luego contactas conmigo y descubres que te he mentido, puedes reclamarlo. Sin embargo, si no vuelves a saber de mí, nada se puede hacer”, concluye tajante.

El sistema de control horario de los trabajadores en España entra en una nueva etapa. El abogado laboralista Sebastián Ramírez, conocido en redes como @leyesconsebas, ha advertido en un vídeo de TikTok que la normativa sobre el registro de la jornada laboral será mucho más estricta a partir de 2026 y que muchas de las prácticas actuales dejarán de ser válidas. La publicación, que ya acumula 129.000 visualizaciones y más de 1.200 “me gusta”, ha reabierto el debate sobre cómo deben fichar los empleados y qué obligaciones reales tendrán las empresas.

Ramírez resume el cambio con una frase contundente: “El registro de la jornada laboral en España ha cambiado para siempre”. Según explica, el modelo tradicional basado en hojas en papel o en sistemas poco verificables tiene los días contados. La nueva regulación, que se enmarca en las exigencias europeas de control del tiempo de trabajo, obligará a implantar mecanismos digitales capaces de reflejar con exactitud las horas realizadas por cada empleado.

Adiós al fichaje en papel

El abogado detalla que el nuevo sistema deberá cumplir tres requisitos fundamentales. El primero es que el registro abarque toda la jornada real y no solo el horario teórico. “Se tiene que registrar toda la jornada, no solamente la obligatoria, la ordinaria, también las horas extras, con detalle”, subraya. Con ello se pretende evitar que las prolongaciones de jornada queden ocultas y no sean retribuidas o compensadas.

El segundo requisito es la digitalización completa del control horario. Ramírez es tajante al respecto: “El control debe ser digital. Olvidaos del papel por completo”. Según el experto, muchas empresas siguen utilizando métodos manuales que permiten modificaciones posteriores y dificultan la labor inspectora, algo que la nueva normativa quiere erradicar.

El tercer punto afecta directamente a la Inspección de Trabajo. El abogado recuerda que el acceso a los datos será inmediato y sin necesidad de requerimientos previos. “La inspección de trabajo va a tener acceso inmediato a las horas extras gracias a que todo es digital. Podrá acceder de forma autónoma”, explica. Esto supone un cambio relevante, ya que hasta ahora los inspectores dependían de la documentación que aportaba la propia empresa.

Consecuencias para empresas y trabajadores

Ramírez advierte de que la norma será “inflexible y rígida” y que su incumplimiento puede acarrear sanciones importantes. El objetivo, sostiene, es acabar con el fraude de las horas extraordinarias no declaradas y garantizar que el tiempo efectivo de trabajo coincida con el remunerado. Para los trabajadores, el nuevo modelo supone una mayor protección frente a jornadas abusivas; para las empresas, la obligación de adaptar sus sistemas tecnológicos y sus protocolos internos.

El vídeo insiste en que “ya no vale cualquier apaño” y que el control horario deja de ser una mera formalidad administrativa. El abogado anima tanto a empleados como a responsables de recursos humanos a informarse con antelación para evitar problemas cuando la reforma sea plenamente exigible. Aunque todavía quedan aspectos por concretar en el desarrollo reglamentario, el mensaje es claro: el fichaje entra en una era de trazabilidad total.

El Ministerio de Transportes abre el plazo para solicitar las ayudas a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida. Desde este martes 3 de febrero, las personas afectadas y los familiares de los fallecidos pueden tramitar las compensaciones económicas aprobadas por el Gobierno tras los siniestros ocurridos en Córdoba y Barcelona. Las solicitudes podrán presentarse durante tres meses, hasta el 4 de mayo, tanto por vía telemática como de forma presencial.

Las ayudas se enmarcan en el Real Decreto-ley 1/2026, que articula un fondo de 20 millones de euros para ofrecer un respaldo inmediato a las víctimas y adelantar parte de las indemnizaciones por responsabilidad civil. El objetivo, según el Ministerio, es reducir la incertidumbre económica de las familias y facilitar una tramitación ágil sin esperar a la resolución de los procedimientos judiciales.

¿Quién puede solicitar las compensaciones?

Podrán beneficiarse de estas ayudas las personas que viajaban en los trenes accidentados y el personal ferroviario que se encontraba a bordo —maquinistas y trabajadores en servicio o en formación— que resultaron heridos. También tienen derecho los familiares de las personas fallecidas, de acuerdo con el orden y los criterios fijados por la normativa vigente.

El sistema contempla una ayuda directa y no reembolsable en los supuestos de lesiones y fallecimiento, así como un anticipo de las indemnizaciones que correspondan por responsabilidad civil. Estas cantidades serán compatibles con el Seguro Obligatorio de Viajeros y con cualquier otra indemnización o seguro público o privado que pudiera reconocerse posteriormente.

Cuánto dinero se puede recibir

En los casos de fallecimiento, la norma prevé una ayuda superior a 72.000 euros por cada víctima, a la que se suma la misma cuantía en concepto de anticipo de la futura indemnización por responsabilidad civil.

Para las personas que sufrieron lesiones, las compensaciones se estructuran por niveles de gravedad: desde algo más de 2.400 euros en los daños de menor entidad hasta más de 84.000 euros en las lesiones más graves. Los importes del anticipo por responsabilidad civil serán idénticos a los de la ayuda directa.

Cómo presentar la solicitud

Las peticiones podrán realizarse a través de la sede electrónica del Ministerio de Transportes o de manera presencial utilizando los formularios habilitados. Deberá presentarse una solicitud por cada persona beneficiaria, aunque si alguien tiene derecho por varias causas podrá incluirlas todas en un único expediente.

La Administración, siempre que el solicitante lo autorice, recabará de oficio la documentación necesaria para evitar que las víctimas tengan que aportar papeles que ya obren en poder de otros organismos, con pleno respeto a la normativa de protección de datos.

El plazo ordinario finalizará el 4 de mayo, aunque los interesados podrán pedir una ampliación de hasta la mitad del periodo inicial si lo justifican de forma motivada, según lo previsto en la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.

Oficinas de atención a las víctimas y anticipos automáticos

Para acompañar a los afectados, el Gobierno ha impulsado, con la colaboración del Ministerio de Política Territorial, la creación de oficinas de atención integral en las provincias con mayor número de damnificados. Funcionarán puntos de apoyo presencial en Huelva (calle Berdigón 11-13) y en Barcelona (calle Bergara 12, planta baja), donde se resolverán dudas y se prestará ayuda directa en la tramitación.

El Ejecutivo ha anunciado además su intención de que este modelo se convierta en un mecanismo estructural para futuros siniestros de transporte colectivo. La idea es que el Estado pueda anticipar de forma automática un porcentaje de las indemnizaciones por daños personales, sin perjuicio de que posteriormente se determine la responsabilidad civil de los operadores implicados.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 20,5 millones de euros a varias empresas del Grupo Repsol por aplicar una política comercial considerada abusiva y contraria a la normativa de competencia. Además de la sanción económica, el organismo ha acordado prohibir a estas sociedades participar en contratos públicos durante un periodo de seis meses. La petrolera ha rechazado de forma tajante la resolución y ha anunciado que la recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Las compañías afectadas son Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, a las que Competencia responsabiliza de haber llevado a cabo un “estrechamiento de márgenes” que perjudicó a estaciones de servicio independientes que compiten en el mercado minorista de combustibles. Según la resolución, estas prácticas se desarrollaron en un contexto en el que Repsol mantenía una posición de dominio en el mercado mayorista de suministro de carburantes a gasolineras a escala nacional. La empresa sostiene, sin embargo, que la CNMC “no acredita ni posición de dominio ni efecto de exclusión en el mercado”.

El organismo presidido por Cani Fernández recuerda que la legislación obliga a las empresas con poder dominante a extremar su responsabilidad para no restringir la competencia. El estrechamiento de márgenes, añade, está expresamente prohibido por el artículo 2 de la Ley de Defensa de la Competencia y por el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al tratarse de una estrategia que dificulta la actividad de rivales más pequeños. Repsol replica que la decisión se apoya en un relato “parcial y descontextualizado, con errores de método y de derecho”, que ignora el contexto excepcional vivido en 2022 tras la invasión de Ucrania.

Una estrategia para recuperar cuota

La investigación de la CNMC ha acreditado que varias sociedades del grupo desplegaron una estrategia comercial “incompatible” con esa posición dominante con el objetivo de ganar volumen de ventas frente a las estaciones independientes o de bajo coste. Competencia sostiene que Repsol trató así de revertir la pérdida de cuota que venía registrando desde 2019.

El mecanismo consistió, por un lado, en elevar de forma generalizada el precio mayorista del combustible que vendía a las gasolineras independientes y, por otro, en aplicar en su propia red de estaciones descuentos adicionales para los clientes profesionales que repostasen gasóleo A. Estas rebajas se sumaban al descuento de cinco céntimos por litro que la compañía podía ofrecer como alternativa a la prestación patrimonial de carácter público exigida por el Gobierno. La energética defiende que actuó “con transparencia y en beneficio de los consumidores en el peor momento de la crisis inflacionaria”.

La práctica se desarrolló entre abril y diciembre de 2022, coincidiendo con un fuerte encarecimiento de los carburantes tras la invasión rusa de Ucrania. Durante ese periodo, el precio del gasóleo A superó por primera vez al de la gasolina en España durante seis meses, lo que intensificó la competencia por captar a transportistas y otros grandes consumidores.

En este contexto, Repsol subraya que los descuentos aplicados superaron los 450 millones de euros y fueron comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración.

Impacto en las gasolineras independientes

Según la CNMC, esta combinación de subidas mayoristas y descuentos en la red propia provocó que determinadas estaciones independientes vieran reducidas de forma drástica sus ventas de gasóleo A a clientes profesionales. Mientras tanto, Repsol incrementó su volumen y reforzó su cuota de mercado. Sin embargo, la compañía niega este efecto y afirma que durante el procedimiento ha quedado acreditado que no hubo exclusión de competidores ni dependencia real.

Por su parte, Competencia considera que el daño es “especialmente grave” porque afectó a gasolineras de bajo coste que contribuyen a dinamizar los precios en zonas de alta demanda, como áreas fronterizas o corredores estratégicos de transporte por carretera.

El grupo dirigido por Josu Jon Imaz califica la resolución de “arbitraria” y denuncia que el regulador “infla artificialmente la cuota de mercado, mezclando productos y clientes”, situando su peso real en torno al 25% en 2022.

La investigación se inició tras varias denuncias de asociaciones del sector. A finales de 2022 la CNMC realizó inspecciones en sedes de operadores de hidrocarburos y en diciembre de 2023 abrió formalmente un expediente sancionador contra Repsol por un posible abuso de su posición dominante.

Multa y veto a contratos públicos

Como resultado del procedimiento, Competencia ha impuesto una sanción de 20,5 millones de euros por una infracción “muy grave”. Del pago responderán solidariamente Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, Solred y Campsa Estaciones de Servicio, así como sus matrices Repsol Customer Centric y la propia Repsol.

Además, las sociedades sancionadas no podrán presentarse a licitaciones públicas para el suministro de gasóleo A destinado a automoción durante seis meses, una medida que busca evitar que se beneficien de contratos financiados con fondos públicos mientras persistan los efectos de la “conducta abusiva”.

Repsol ha advertido de que sancionar descuentos legales y supervisados “desnaturaliza el sentido de la norma” y puede limitar rebajas futuras en numerosos sectores. La resolución no es firme y podrá ser recurrida por la petrolera ante la Audiencia Nacional mediante recurso contencioso-administrativo.

El mercado laboral ha arrancado 2026 con un evidente deterioro. La afiliación media a la Seguridad Social cayó en 270.782 personas en enero (-1,2%), mientras que el paro registrado aumentó en 30.392 desempleados (+1,26%), hasta situarse en 2.439.062 personas, según los datos publicados este lunes por el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. El inicio del año deja así un balance claramente negativo para el empleo tras la campaña de Navidad.

Los dos departamentos del Gobierno vinculan este retroceso al patrón estacional habitual del primer mes del año. Seguridad Social alude además a la “climatología adversa” como factor que habría condicionado la evolución del empleo.

No obstante, el mal comportamiento mensual contrasta con la lectura anual de las cifras: en los últimos doce meses la afiliación ha crecido en 477.818 personas (+2,3%) y el paro se ha reducido en 160.381 (-6,17%), lo que sitúa el número total de desempleados en el nivel más bajo para un mes de enero en casi dos décadas.

El fin de la campaña navideña castiga al sector servicios

El incremento del paro se concentra casi en exclusiva en el sector servicios, que suma 35.073 desempleados más (+2,01%) tras el fin de la actividad ligada a las fiestas. También aumenta el desempleo en la agricultura, con 881 parados adicionales (+1,19%).

En cambio, baja en la construcción, con 3.793 personas menos en situación de desempleo (-2,13%), y se mantiene prácticamente plano en la industria, con un descenso testimonial de 14 personas (-0,01%). Entre quienes buscan su primer empleo, el paro ha bajado en 1.755 personas (-0,79%).

Más de 25.000 mujeres en paro en enero de 2026

El paro femenino creció en 25.284 mujeres en el mes de enero, hasta 1.469.283, mientras que el masculino aumentó en 5.108 hombres, hasta 969.779. Pese al repunte mensual, Trabajo subraya que el desempleo entre las mujeres se mantiene en el nivel “más bajo en un mes de enero en 18 años”.

Por otra parte, entre los menores de 25 años el paro ha subido en 4.040 personas (+2,28%), aunque el ministerio destaca que también se trata del registro más reducido de la serie histórica para este mes.

Solo Baleares escapa del aumento de parados

El paro registrado ha aumentado en prácticamente todo el territorio español. Únicamente las Islas Baleares logran un descenso mensual, con 1.260 desempleados menos. En el lado contrario destacan las subidas de Andalucía (+8.046), Comunidad de Madrid (+3.659) y Galicia (+3.113), que reflejan el fuerte peso del sector servicios en estas comunidades autónomas y el efecto que tiene en ellas el fin de la campaña navideña.

Cuatro de cada diez contratos ya son indefinidos

Sin embargo, en cuanto a temporalidad se refiere, las cifras son más positivas: durante el mes de enero se firmaron 1.163.555 contratos, de los que 484.295 fueron indefinidos, lo que supone el 41,62% del total. El Ministerio de Trabajo incide en que este porcentaje consolida, a su juicio, el cambio en la estructura de la contratación tras la reforma laboral.

270.000 afiliados menos que en diciembre

En paralelo, la Seguridad Social registró una pérdida media de 270.782 cotizantes respecto a diciembre, hasta un total de 21.573.632 afiliados. El Ministerio de Inclusión interpreta este retroceso como “coherente con la evolución histórica de enero” y lo asocia tanto a la finalización de contratos temporales como al impacto del mal tiempo en determinadas actividades.

En términos desestacionalizados, el ministerio sostiene que la afiliación habría aumentado en 17.311 personas, alcanzando un “récord histórico” de 21.885.039 ocupados, un cálculo con el que el Gobierno trata de matizar la caída del dato bruto.

Casi medio millón de empleos en un año

La comparación interanual ofrece un panorama más favorable. La afiliación suma 477.818 trabajadores respecto a enero de 2025, con un crecimiento del 2,3%. El empleo femenino avanza en 235.397 afiliadas, hasta superar los 10,2 millones, mientras que los cotizantes extranjeros aumentan en 195.129 personas y ya representan el 14,1% del total. Entre los autónomos, el sistema gana 37.796 trabajadores por cuenta propia (+1,1%) en el último año.

La cobertura del paro, en máximos desde 2009

El número de beneficiarios de prestaciones alcanzó en diciembre -último dato disponible- las 1.783.205 personas, con una tasa de cobertura del 79,1%, el nivel más alto desde 2009, según los registros del SEPE. El gasto medio por beneficiario se situó en 1.506 euros mensuales, un 26,3% más que un año antes, mientras que el desembolso total en prestaciones ascendió a 2.107 millones de euros.

PepsiCo ha iniciado la tramitación de un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a la totalidad de sus delegaciones de ventas en España, en el marco de la transformación de su canal comercial hacia un modelo de distribución indirecta a través de distribuidores. La compañía ha confirmado el inicio del procedimiento, mientras que UGT y CCOO han rechazado la medida por considerarla “injustificada y desproporcionada”.

El ajuste se aplicará a los centros de Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Polinyà (Barcelona), la Zona Franca de Barcelona, Valencia, Alicante, Coslada (Madrid), Leganés (Madrid), Marratxí (Baleares) y Málaga, lo que supone el impacto directo sobre la red comercial que la multinacional mantiene actualmente operativa en el territorio.

Un proceso de reestructuración progresivo

Los sindicatos han explicado que este ERE se presenta como continuidad de procesos previos de reorganización interna y se fundamenta en “causas técnicas y organizativas” derivadas del cambio en el modelo de distribución, que sustituye la venta directa por un sistema indirecto a través de operadores externos. Según las organizaciones sindicales, la medida no da una respuesta real a los problemas de rentabilidad alegados por la empresa.

UGT y CCOO han anunciado que centrarán sus esfuerzos en reducir el impacto social del ajuste, buscando alternativas no extintivas como recolocaciones internas y salidas voluntarias, así como en garantizar las máximas indemnizaciones posibles para las personas afectadas.

Desde la empresa han señalado que PepsiCo está inmersa en un proceso estructural de transformación de su canal de distribución en España, con el objetivo de completar el paso a un modelo indirecto. La compañía sostiene que este cambio se realizará “de forma progresiva y responsable” y que la negociación con los sindicatos tendrá como objetivo alcanzar acuerdos que tengan en cuenta tanto a las personas como a las necesidades del negocio.

Fuentes de la multinacional han subrayado que con este ERE se da por finalizada la reconfiguración de su sistema de distribución en el mercado español, cerrando así una etapa del modelo comercial basado en la venta directa.

Contexto empresarial y sectorial

PepsiCo cuenta en España con fábricas, centros logísticos y una red comercial propia repartida por distintas comunidades autónomas, y ocupa una posición relevante dentro del sector de la alimentación y las bebidas. La compañía opera en el país a través de varias sociedades del grupo y forma parte de un mercado que atraviesa un proceso de transformación en la forma de vender y distribuir los productos.

Este cambio no es exclusivo de PepsiCo. En los últimos años, muchas grandes empresas del gran consumo han empezado a abandonar la distribución directa y a externalizar la logística y las ventas a operadores externos, reduciendo sus estructuras propias. La transición hacia modelos de distribución indirecta se ha acelerado como parte de estrategias de reorganización interna y reducción de costes, con impacto directo en el empleo y en los modelos tradicionales de venta.

Inicio del proceso de negociación

Tras la comunicación formal del inicio del ERE, se abre ahora el procedimiento legal de negociación, que incluye la constitución de la mesa negociadora y un periodo de consultas conforme a los plazos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Durante esta fase deberán definirse las condiciones concretas del ajuste, así como las posibles medidas alternativas a los despidos.

Amazon ha anunciado la eliminación de 16.000 empleos en todo el mundo, siendo esta la segunda gran ronda de despidos en los últimos tres meses. El ajuste forma parte de una fuerte reestructuración puesta en marcha por la empresa tras la sobrecontratación que se registró durante los años siguientes a la pandemia, así como por el proceso de transformación interna vinculado a la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA).

Según ha informado Reuters, esta segunda fase de recortes se enmarca en un objetivo más amplio de recortar cerca de 30.000 puestos corporativos. Los despidos afectarán a distintas áreas del grupo, entre ellas Amazon Web Services, comercio minorista, Prime Video y recursos humanos.

Continuidad del ajuste iniciado en octubre

La compañía ya recortó 14.000 empleos administrativos a finales de octubre, en una primera fase del proceso de reorganización. Entonces, el consejero delegado de Amazon, Andy Jassy, defendió la necesidad de reducir la burocracia interna mediante la eliminación de niveles jerárquicos y de puestos de gestión intermedia.

Ese ajuste tuvo impacto directo en España, donde se produjeron cerca de 1.000 salidas de una plantilla de aproximadamente 28.000 trabajadores, especialmente en las áreas corporativas de Madrid y Barcelona. En la capital catalana, el proceso se cerró con 791 salidas, un 19% menos de lo inicialmente previsto, con indemnizaciones de 38 días por año trabajado.

En esta misma línea, en un comunicado publicado en el blog corporativo de la empresa, la vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología de Amazon, Beth Galetti, ha explicado que la compañía ha estado trabajando para “fortalecer la organización reduciendo niveles jerárquicos, aumentando la responsabilidad y eliminando la burocracia”.

Galetti precisó que, aunque muchos equipos completaron sus procesos de reorganización en octubre, otros no habían finalizado los cambios hasta ahora, lo que ha derivado en esta nueva ronda de despidos. Según la directiva, las reducciones afectarán aproximadamente a 16.000 puestos.

La empresa ha señalado que ofrecerá a la mayoría de los empleados en Estados Unidos un plazo de 90 días para buscar un nuevo puesto interno, con plazos adaptados en función de la normativa de cada país. En caso de no encontrar recolocación, Amazon ofrecerá indemnización por despido, servicios de recolocación y cobertura de seguros, entre otras medidas de apoyo a la transición.

Reorganización global y cierre de tiendas físicas

La compañía ha asegurado que, pese al ajuste de plantilla, continuará contratando e invirtiendo en áreas consideradas estratégicas para su futuro. Galetti ha descartado que se trate del inicio de un ciclo de recortes periódicos, aunque ha reconocido que cada equipo seguirá evaluando su estructura y capacidad operativa en un contexto de cambio acelerado.

Este proceso de reorganización coincide con otras decisiones estratégicas del grupo. Amazon anunció esta semana el cierre de sus tiendas físicas Amazon Fresh y Amazon Go en Estados Unidos, con el objetivo de centrar su modelo de negocio en las ventas online y las entregas a domicilio. Esta reorientación implicará también el despido de cientos de trabajadores de estos establecimientos, aunque la compañía ha indicado que tratará de recolocar a parte del personal en otros puestos internos.

Las alertas meteorológicas por nieve, fuertes vientos y lluvias intensas que afectan estos días a buena parte de España, con avisos rojos y naranjas en varias comunidades y carreteras cortadas por el temporal, pueden dar lugar a la aplicación de una serie de derechos laborales para las personas trabajadoras. Ante situaciones de riesgo por condiciones meteorológicas adversas, la normativa laboral permite modificar la jornada, acceder a permisos retribuidos y garantiza la protección frente a posibles sanciones.

El Ministerio de Trabajo ha recordado este miércoles que cuando se emiten avisos naranja o rojo por fenómenos meteorológicos graves, como los provocados por la borrasca Kristin, los trabajadores pueden reducir su jornada laboral si existen riesgos para la seguridad o imposibilidad real de acudir al centro de trabajo.

Reducción o modificación de la jornada

En contextos de alerta meteorológica grave, las personas trabajadoras tienen derecho a reducir o modificar su jornada laboral cuando las condiciones climáticas impiden un desplazamiento seguro o ponen en riesgo su integridad. Según el Ministerio de Trabajo, esta posibilidad se aplica cuando existe un aviso naranja o rojo por clima adverso.

La prioridad legal en estos casos es la protección de la salud y la seguridad, situando la prevención del riesgo por encima de la presencialidad laboral.

Permisos retribuidos por imposibilidad de acudir al trabajo

La normativa también contempla el derecho a cuatro días de permisos retribuidos cuando exista imposibilidad de acudir al centro de trabajo como consecuencia directa de las condiciones meteorológicas adversas.

Estos permisos:

• Son retribuidos
• Son “prorrogables hasta que desaparezcan las circunstancias”, según el Ministerio.

El permiso se mantiene vigente hasta que desaparezcan las causas que impiden el desplazamiento seguro al puesto de trabajo.

Qué puede hacer la empresa si la situación se prolonga

Si la situación se alarga en el tiempo y es necesario prolongar la interrupción de la actividad, las empresas pueden acogerse a un ERTE de fuerza mayor, un mecanismo legal previsto para situaciones excepcionales como fenómenos meteorológicos extremos.

Este instrumento permite suspender temporalmente la actividad o los contratos sin que ello suponga un despido ni una pérdida de derechos estructurales para la plantilla.

Obligaciones de las empresas

Las empresas están legalmente obligadas a adoptar medidas de protección ante situaciones de riesgo climático. Entre sus responsabilidades se encuentran:

• Informar a los trabajadores lo antes posible sobre los riesgos existentes y las medidas que se aplicarán
• Adoptar medidas de seguridad y dar instrucciones claras para interrumpir la actividad hasta que remita el peligro
• Proteger la integridad física de la plantilla como prioridad legal
• Permitir que los representantes legales de los trabajadores puedan acordar la paralización de la actividad

La empresa no puede mantener la actividad cuando existan riesgos objetivos derivados de fenómenos meteorológicos extremos.

Se prioriza la protección del trabajador

La normativa establece expresamente que las personas trabajadoras no pueden sufrir consecuencias laborales por la adopción de estas medidas. Esto incluye la prohibición de sanciones, represalias, penalizaciones económicas y perjuicios profesionales.

La protección legal cubre tanto la reducción de jornada como la imposibilidad de acudir al puesto de trabajo por causas climáticas graves.

En un contexto de temporales, alertas rojas, carreteras cortadas y suspensiones de actividad en distintos puntos del país, el Ministerio de Trabajo ha recordado que el marco legal actual prioriza la seguridad y la protección de las personas frente al riesgo derivado de fenómenos meteorológicos extremos.

El abogado laboralista Víctor Arpa, conocido en redes sociales como @abogadovictorarpa, ha explicado en un vídeo de TikTok los efectos de la nueva regularización extraordinaria de personas migrantes aprobada por el Gobierno, una medida que, según sus palabras, “puede cambiarte la vida si estás en España sin papeles”. Esta regularización supone una oportunidad real para miles de personas que llevan tiempo viviendo y trabajando en España en situación administrativa irregular.

Arpa presenta la medida como “una buenísima noticia de las que alegran de verdad” que “abre la puerta a miles y miles de personas migrantes que llevan tiempo aquí trabajando, luchando y aguantando demasiado”. En su intervención, pone el foco en el impacto humano de la decisión política y en lo que implica para quienes viven sin documentación: “Eso significa algo muy sencillo, pero muy potente: trabajar legalmente, tener derechos y dejar atrás el miedo”.

Requisitos y acceso a la regularización

En el vídeo, el abogado resume de forma clara las condiciones básicas para poder acogerse a la medida: “Si estabas en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedes demostrar que llevas al menos cinco meses aquí, vas a poder solicitar un permiso de residencia provisional”, explica. A estos requisitos se suma otro de los criterios fijados por el Gobierno, que exige también carecer de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público.

La regularización, impulsada tras un acuerdo entre el PSOE y Podemos y aprobada vía real decreto, permitirá obtener una autorización de residencia con permiso de trabajo válida en todo el territorio nacional y para cualquier sector.

El permiso inicial tendrá una vigencia de un año y facilitará posteriormente el acceso a las figuras ordinarias del Reglamento de Extranjería, favoreciendo una integración progresiva y estable. Además, contempla la protección de la unidad familiar, permitiendo la regularización simultánea de hijos e hijas menores de edad que ya se encuentren en España.

El impacto real en el día a día

Más allá de los aspectos legales, Arpa insiste en la realidad cotidiana de muchas personas migrantes. “En el despacho lo vemos cada día, personas que trabajan duro, que han sufrido despidos injustos, que lo dan todo y aun así viven con inseguridad por su situación administrativa”, afirma.

La medida, además de garantizar derechos y ofrecer nuevas oportunidades, busca reducir la economía sumergida y la explotación laboral, al tiempo que aporta seguridad jurídica a las empresas. Las solicitudes podrán presentarse a partir de abril y el plazo máximo de tramitación será de tres meses, aunque con la simple admisión a trámite -que deberá resolverse en un máximo de quince días- ya se permitirá empezar a trabajar legalmente.

Advertencia clave: no es un proceso automático

El abogado lanza también un aviso importante. “Ojo con un error muy común: pensar que esto es automático. No lo es. Hay que preparar bien la documentación, acreditar que estabas aquí y hacerlo con cabeza para no perder la oportunidad”, advierte. Su mensaje final es claro: “Este es un paso enorme y sinceramente una noticia que merece celebrarse”.

España afronta así la que será su séptima regularización extraordinaria desde los años 80, en el marco de una estrategia de “migración regular, segura y ordenada”, que busca reconocer y dignificar a quienes ya viven y trabajan en el país, aunque hasta ahora lo hayan hecho en la invisibilidad administrativa.

El Gobierno ha aprobado una dotación de 300 millones de euros para financiar la línea de avales públicos destinada a cubrir impagos de alquiler, un instrumento creado el pasado mes de diciembre y que hasta ahora no contaba con una asignación presupuestaria concreta. La decisión ha sido adoptada este martes en el Consejo de Ministros y anunciada por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante su intervención en el pleno del Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo activa así por primera vez, en términos presupuestarios, este mecanismo de cobertura pública frente a situaciones de impago en contratos de alquiler, dirigido a pequeños propietarios y vinculado a determinados requisitos contractuales.

Dotación aprobada en el Consejo de Ministros

Según ha explicado Bolaños desde la tribuna del Congreso, el Gobierno aprobó en diciembre “una novedosa línea de avales para arrendadores” y ha anunciado que “hoy mismo” la han “dotado con 300 millones de euros en el Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores”.

El anuncio se ha llevado a cabo durante el debate del real decreto-ley que prorroga la suspensión de los desahucios para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Un decreto que, según lo expuesto en el pleno, “todo apunta a que será derogado por la Cámara” debido al voto en contra de PP, Vox y Junts, y que incluye compensaciones para los propietarios de las viviendas en las que residen esas familias vulnerables.

Pese a este contexto parlamentario, el Ejecutivo ha decidido avanzar en la activación presupuestaria de la línea de avales, que ya había sido aprobada normativamente en diciembre mediante un real decreto, pero que aún no contaba con financiación asignada.

“No hay excusas para dejar una vivienda vacía”

Durante su intervención, el ministro ha reconocido que el Gobierno es “consciente de que quien alquila una vivienda puede tener dudas y temores”, en referencia a los riesgos asociados al impago de rentas y a los conflictos derivados de los contratos de alquiler.

En este marco, defendió la necesidad de desarrollar instrumentos públicos de cobertura económica para incentivar la salida de vivienda al mercado del alquiler. “No hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia”, han afirmado Félix Bolaños.

El ministro ha subrayado además que el objetivo del Gobierno es que “todas las viviendas que puedan estar disponibles salgan al mercado en forma de alquiler y a precios asequibles”, en un contexto de escasez de oferta y presión sobre los precios.

En esta línea, ha avanzado que el Ejecutivo está “estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores”, sin concretar por ahora el alcance ni el diseño de esas posibles nuevas medidas.

Requisitos y condiciones del sistema de avales

La línea de avales está dirigida a pequeños propietarios y se vincula a una serie de condiciones. Entre ellas, se establece que los contratos deberán formalizarse con menores de 35 años o personas en situación de vulnerabilidad, según los criterios fijados por cada comunidad autónoma.

Además, la renta del alquiler no podrá superar el índice estatal de referencia y será obligatorio el depósito de la fianza legal correspondiente, así como sus actualizaciones. Asimismo, ambas partes deberán firmar el documento oficial que formaliza el aval público del alquiler, conforme al modelo aprobado por la Administración.

La pensión media del sistema de la Seguridad Social se ha situado en 1.363,4 euros mensuales en enero, lo que supone un incremento interanual del 4,5%, tras la aplicación de la revalorización aprobada por el Gobierno. La actualización de las cuantías ha sido incorporada ya en la nómina de este mes y beneficiará a más de 10,4 millones de pensiones contributivas y a 736.000 pensiones de clases pasivas.

La revalorización general aplicada es del 2,7%, conforme al mecanismo de actualización vinculado al IPC medio previsto en la Ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones aprobada en 2021. En el caso de las pensiones mínimas y no contributivas, el incremento es superior y oscila entre el 7% y el 11,4%, según los supuestos, incluyendo las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares.

Según los datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la subida supone un aumento aproximado de 500 euros anuales en la pensión media del sistema, mientras que en el caso de la pensión media de jubilación el incremento se sitúa en torno a 570 euros al año.

Evolución de las pensiones y cuantías medias

La pensión media de jubilación alcanza en enero los 1.563,6 euros mensuales, una cifra que perciben más de 6,6 millones de personas, lo que representa a más de dos tercios del total de pensionistas. Por regímenes, la cuantía media en el Régimen General se sitúa en 1.724,1 euros al mes, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos asciende a 1.054,4 euros. En el caso de la Minería del Carbón, la pensión media es de 2.993,2 euros, y en el Régimen del Mar, de 1.728,1 euros.

La pensión media de viudedad se situó en 971,9 euros mensuales, mientras que la cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema alcanzó los 1.678,6 euros al mes, según los últimos datos disponibles correspondientes a noviembre.

La nómina mensual de las pensiones contributivas de la Seguridad Social alcanzó los 14.250,7 millones de euros, de los cuales el 73,1% corresponde a pensiones de jubilación, con un importe de 10.424 millones de euros. A las pensiones de viudedad se destinaron 2.282,6 millones, mientras que la nómina de incapacidad permanente ascendió a 1.320,6 millones, la de orfandad a 185,1 millones y la de prestaciones en favor de familiares a 38,3 millones.

Cambios en el patrón de jubilación

Los datos del Ministerio reflejan una transformación progresiva en el acceso a la jubilación tras las reformas introducidas en los últimos años. Entre enero y diciembre de 2025 se registraron 375.324 nuevas altas de pensiones de jubilación, con un descenso significativo de las jubilaciones anticipadas.

Las jubilaciones anticipadas representaron el 27,9% del total de nuevas altas, frente al 40% que suponían antes de la reforma de 2021. En paralelo, las jubilaciones demoradas alcanzaron el 10,9%, más del doble del 4,8% registrado en 2019. Como resultado de este cambio de comportamiento, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa actualmente en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Complemento de brecha de género y Clases Pasivas

En enero, 1.324.934 pensiones cuentan con el complemento para la reducción de la brecha de género, de las cuales el 78,9% corresponde a mujeres. El importe medio mensual de este complemento es de 77,04 euros, con una cuantía fija por hijo de 33,20 euros mensuales.

En el ámbito de clases pasivas, la nómina mensual asciende a 3.378,24 millones de euros, con un crecimiento interanual del 5,4%. El número de pensiones en vigor se situó en 736.075, lo que supone un aumento del 2% respecto al año anterior.

Ausentarse del trabajo sin justificación no es un mero descuido, sino una conducta con consecuencias legales claras en el ordenamiento laboral español. La ley y los convenios colectivos establecen un sistema de sanciones progresivo que va desde medidas leves hasta el despido disciplinario cuando un trabajador falta a su puesto sin causa justificada.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, dictada en en enero de 2026, ha fijado que las faltas injustificadas no se computan por meses naturales, sino como un periodo continuado desde la primera ausencia, lo que facilita que las empresas puedan sancionar las conductas reiteradas.

¿Es legal faltar al trabajo sin justificar?

No. La ausencia injustificada constituye un incumplimiento del contrato de trabajo. El Estatuto de los Trabajadores recoge expresamente esta conducta como causa de sanción y, en determinados casos, como motivo de despido. En concreto, el artículo 54 tipifica como causa de despido disciplinario “las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo”, cuando existe reiteración y gravedad suficiente.

¿Cuándo una ausencia se considera justificada?

No todas las faltas al trabajo generan responsabilidad disciplinaria. Se consideran justificadas, entre otras, la baja médica acreditada, los permisos legales (fallecimiento, hospitalización de familiar, mudanza, deber público, maternidad o paternidad), las vacaciones autorizadas, los permisos recogidos en el convenio colectivo y las situaciones de fuerza mayor debidamente acreditadas. La clave no es solo la causa, sino también la comunicación a la empresa y su justificación documental.

¿Qué sanciones puede imponer la empresa?

El régimen sancionador es progresivo y depende de la gravedad y reiteración de la conducta. Las medidas disciplinarias pueden ir desde una amonestación verbal o escrita, pasando por una sanción disciplinaria formal, seguida de la suspensión de empleo y sueldo, y finalmente, el despido disciplinario. La sanción concreta depende del número de faltas, su frecuencia y del marco normativo aplicable en cada sector.

Los convenios colectivos son determinantes. En ellos se concreta cuántas ausencias constituyen falta leve, grave o muy grave, en qué periodos se computan y qué sanción corresponde a cada nivel. Es el convenio el que establece los umbrales a partir de los cuales una conducta puede acabar en despido disciplinario.

Qué ha cambiado con la sentencia del Supremo

El Tribunal Supremo ha fijado que el cómputo de las faltas injustificadas no debe hacerse por meses naturales, sino como un periodo continuo desde la primera ausencia. Esto implica que varias faltas dispersas en distintos meses pueden acumularse jurídicamente como una única conducta reiterada, lo que facilita que puedan calificarse como falta muy grave si así lo prevé el convenio colectivo. En la práctica, esta interpretación refuerza la seguridad jurídica de las empresas a la hora de sancionar ausencias reiteradas.

¿Puede una falta acabar directamente en despido?

No de forma automática. Para que exista despido disciplinario deben concurrir la reiteración de las ausencias, la falta de justificación de las mismas, su tipificación como falta muy grave en el convenio y la aplicación correcta del procedimiento disciplinario. Cuando se cumplen estos requisitos, el despido puede ser legalmente procedente.

Qué debe hacer un trabajador si no puede acudir al trabajo

Desde un punto de vista práctico, los expertos recomiendan:

1. Avisar a la empresa lo antes posible
2. Justificar documentalmente la ausencia
3. Conservar pruebas y comunicaciones
4. Revisar el convenio colectivo aplicable
5. Solicitar asesoramiento sindical o legal ante una sanción

Las ausencias injustificadas no son un incumplimiento menor. Tienen consecuencias jurídicas reales y pueden derivar en despido si existe reiteración. La nueva doctrina del Supremo refuerza este marco y consolida un escenario en el que el absentismo injustificado deja de ser una falta aislada para convertirse en un riesgo laboral real para el trabajador.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha defendido este martes que la propuesta del Gobierno a la patronal para cerrar el acuerdo sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026 no se basa en bonificaciones fiscales ni en ayudas directas, sino en un sistema de incentivos condicionado al compromiso empresarial de elevar salarios y reducir la dependencia del SMI en las empresas.

“No va de bonificaciones fiscales”, ha subrayado Díaz en una entrevista en el programa Las Mañanas de RNE, donde ha precisado que el planteamiento del Ejecutivo pasa por “sacar del salario mínimo a un porcentaje importante de la gente trabajadora”, vinculando cualquier mecanismo de acompañamiento público a la mejora real de las escalas salariales.

La ministra ha defendido que el acuerdo no debe centrarse únicamente en la subida del SMI, ya fijada por el Gobierno en un 3,1% -hasta 1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas, con carácter retroactivo desde el 1 de enero y exención del IRPF-, sino en un cambio estructural del modelo salarial. “La economía va muy bien, los márgenes empresariales van bien, que redistribuyamos la riqueza, la renta y subamos los salarios”, ha afirmado.

Incentivos sin diseño técnico definido

El planteamiento del Ejecutivo se articula, por ahora, en un marco político y no normativo. Díaz ha dejado claro qué no serán estos mecanismos (bonificaciones fiscales clásicas o subvenciones directas), pero no ha concretado qué instrumentos jurídicos o económicos se utilizarán para articular los incentivos ofrecidos a las empresas.

“Si, con una serie de requisitos, suben los salarios a esa gente trabajadora, pues obviamente podemos tener incentivos para acompañarles”, ha señalado, vinculando cualquier apoyo público al compromiso efectivo de las empresas con la mejora salarial.

Este enfoque se produce después de que el Gobierno fijara formalmente la subida del SMI en la Mesa de Diálogo Social celebrada este lunes, donde también se planteó un sistema de incentivos para facilitar un acuerdo tripartito con sindicatos y patronal, pese a que el Ejecutivo puede aprobar la medida sin el respaldo de la CEOE.

Contratos públicos y sectores afectados

Díaz ha situado parte del debate en el impacto de las subidas del salario mínimo en sectores intensivos en mano de obra que operan mediante contratación pública, como la dependencia, los cuidados, la ayuda a domicilio o determinados servicios externalizados.

Según ha explicado, muchos contratos públicos se firmaron con condiciones económicas previas a las subidas del SMI, lo que genera tensiones cuando aumentan los costes laborales. En este contexto, el Gobierno defiende la necesidad de mecanismos de corrección y acompañamiento para evitar que el impacto recaiga exclusivamente sobre empresas y trabajadores de estos sectores.

No obstante, la ministra no ha concretado qué fórmula jurídica se utilizará para resolver este problema, ni ha anunciado aún ninguna modificación normativa específica.

Negociación abierta

Uno de los principales puntos de fricción en la negociación, la posible flexibilización de la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española, no ha sido concretado por el Ministerio de Trabajo tras la reunión de este lunes con los agentes sociales ni en la entrevista concedida por Díaz en RNE.

Aunque la patronal había situado este aspecto como uno de los elementos clave para respaldar el acuerdo -al impedir la normativa vigente trasladar automáticamente subidas salariales a los contratos públicos-, el Ejecutivo no ha anunciado cambios legales ni reformas normativas específicas sobre este marco jurídico. La cuestión, por tanto, permanece abierta y sin una propuesta técnica definida.

Con la decisión política sobre la subida del SMI ya adoptada, el foco del diálogo social se traslada ahora al diseño de los incentivos y al encaje del acuerdo con la patronal. La propuesta del Gobierno queda en manos de la CEOE y de las organizaciones sindicales, que volverán a reunirse el jueves de la próxima semana con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo que permita aprobar la subida del salario mínimo con el respaldo de todos los agentes sociales.

La Unión Europea y la India han cerrado este martes un acuerdo comercial tras 18 años de negociaciones, un pacto que dará lugar a una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado potencial de 2.000 millones de consumidores y una integración económica sin precedentes entre ambos bloques.

El acuerdo ha sido confirmado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha calificado el acuerdo como “histórico” y ha subrayado su impacto económico directo tanto para la UE como para la India: “Europa y la India hacen historia hoy. Hemos cerrado el acuerdo más importante de todos. Hemos creado una zona de libre comercio para 2.000 millones de personas, de la que ambas partes se beneficiarán”, ha escrito Von der Leyen en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

El pacto une a la segunda y la cuarta economía del mundo y culmina un proceso negociador iniciado en 2007, que había quedado bloqueado durante largos periodos y que se ha reactivado de forma decisiva en los últimos años. El cierre del acuerdo marca el final de la negociación política, aunque el texto deberá ahora pasar por los procedimientos técnicos de revisión jurídica, así como por los procesos formales de firma y ratificación antes de su entrada en vigor.

Una de las mayores zonas de libre comercio del mundo

Desde el punto de vista europeo, el acuerdo se presenta como una operación estratégica de gran alcance. La Comisión Europea ha señalado que el pacto permitirá una integración comercial profunda entre ambos mercados y una expansión significativa de los intercambios de bienes, servicios e inversiones.

Según la información adelantada por fuentes comunitarias, el acuerdo contempla la eliminación o reducción de aranceles sobre el 96,6% del valor de las exportaciones de bienes de la UE a la India, lo que supone una apertura casi total del mercado indio a los productos europeos en términos comerciales.

El objetivo de Bruselas es que este nuevo marco permita duplicar las exportaciones de bienes de la Unión Europea a la India de aquí a 2032, consolidando al país asiático como uno de los principales socios comerciales de la UE fuera del entorno comunitario.

Alcance económico del acuerdo

El comercio entre la UE y la India ya se sitúa en niveles elevados. Según datos recogidos por Reuters, el volumen de intercambios bilaterales alcanzó los 136.500 millones de dólares en el ejercicio cerrado en marzo de 2025, una cifra que refleja el peso creciente de la relación económica entre ambas partes incluso antes del acuerdo.

Con el nuevo marco de libre comercio, las instituciones europeas prevén un aumento significativo de los flujos comerciales, así como un impulso a las inversiones cruzadas, la implantación de empresas europeas en el mercado indio y una mayor presencia de compañías indias en el espacio económico europeo.

Recortes de los aranceles a los vehículos europeos

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es el relativo al sector del automóvil. Reuters ha avanzado que la India aceptará recortes progresivos de los aranceles a los vehículos europeos, que actualmente se sitúan en niveles muy elevados.

El esquema acordado contempla una reducción inicial hasta el 40% para un volumen limitado de importaciones, con una senda posterior de rebaja gradual que podría llevar esos aranceles hasta el 10% en el medio plazo. Según la información disponible, los vehículos eléctricos quedarían inicialmente excluidos de esta liberalización durante los primeros años, con el objetivo de proteger la industria y las inversiones locales.

Además de la automoción, el acuerdo abarca múltiples sectores estratégicos, desde productos industriales y manufacturas hasta bienes de consumo, servicios y cooperación económica, lo que refuerza su carácter estructural y de largo plazo.

De la negociación política a la ratificación

Aunque Bruselas y Nueva Delhi han anunciado el cierre del acuerdo, el proceso no está aún finalizado. El texto deberá pasar ahora por la fase de revisión jurídica, seguida de la firma formal y los procedimientos de ratificación correspondientes en las instituciones europeas y en la India. Hasta que esos trámites concluyan, el acuerdo no entrará en vigor, aunque el anuncio marca un hito político y económico tras casi dos décadas de negociaciones intermitentes.

Desde la perspectiva de la Comisión Europea, el pacto consolida la relación con la India como uno de los ejes prioritarios de su política comercial exterior y sitúa a la UE en una posición reforzada dentro de los grandes flujos del comercio internacional.

El Gobierno ha decidido elevar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) un 3,1% en 2026 -1.221 euros brutos mensuales en catorce pagas-, lo que supondrá un incremento de 37 euros mensuales con aplicación retroactiva desde el 1 de enero.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión de la Mesa de Diálogo Social, donde el Ejecutivo ha fijado la cifra y ha planteado un sistema de incentivos a las empresas para facilitar el cierre del acuerdo con sindicatos y patronal, aún pendiente de formalización.

Pérez Rey ha defendido que el impacto de la subida será directo sobre el nivel de vida de los trabajadores con menores ingresos. “A partir del 1 de enero de 2026 van a cobrar 37 euros más, 518 euros al año”, ha señalado, subrayando que este aumento tiene un efecto tangible en la vida cotidiana de quienes se sitúan en las escalas salariales más bajas.

Impacto social y modelo salarial

“El salario mínimo puede marcar la frontera entre comer mayor calidad o menor calidad, entre poner más o menos la calefacción o entre poder asumir algunos gastos imprescindibles para la vida”, ha afirmado el secretario de Estado, que ha vinculado la medida a un cambio estructural del modelo económico. “España tiene que dejar de ser un país de bajos salarios. No merecemos tener un diferencial con Europa de más de 20 puntos”, ha sostenido.

En este contexto, ha defendido que la política de incrementos del SMI ha tenido efectos estructurales sobre el mercado laboral. “Hemos reducido la brecha de género en materia salarial, hemos permitido que sean los deciles salariales más bajos los que experimenten las mayores subidas y hemos combatido la desigualdad derivada de las relaciones laborales”, ha afirmado.

Exención del IRPF

El Gobierno ha confirmado además que el SMI quedará exento de tributación. Pérez Rey ha explicado que este punto ha sido acordado con el Ministerio de Hacienda y lo ha enmarcado en un criterio de justicia fiscal. “Quien menos gana no puede pagar impuestos. Los impuestos los tienen que pagar aquellos que más reciben”, ha defendido.

“Las personas que están en el salario mínimo interprofesional no tienen que pagar impuestos y así lo hemos vuelto a reafirmar hoy en la mesa de diálogo”, ha insistido.

Compensaciones a las empresas para facilitar el acuerdo

El tercer eje del planteamiento del Ejecutivo es el diseño de mecanismos de compensación para las empresas con alta presencia de trabajadores en el SMI. No obstante, el secretario de Estado ha precisado que estos instrumentos no tendrán un carácter estructural de subvención. “No se trata de premiar al que tiene sus trabajadores en el salario mínimo interprofesional, sino de estimularle para que deje de tener trabajadores y trabajadoras en esa escala tan baja”, ha afirmado.

Según ha explicado, la fórmula de compensación se articulará como un incentivo para elevar las escalas salariales. “Sí a la compensación, pero unida a un incentivo que no impida a las empresas subir sus escalas salariales”, ha indicado.

En este sentido, el secretario confederal de CCOO, Javier Pacheco, ha avanzado que la propuesta concreta que se está analizando sería una deducción en el Impuesto de Sociedades, vinculada a una serie de condiciones, como el mantenimiento del empleo en las empresas beneficiarias.

Según ha señalado tras la reunión de la mesa de diálogo social, patronal y sindicatos estudiarán la nueva propuesta, de la que esperan recibir más detalles por escrito en los próximos días. Pacheco ha añadido que las partes volverán a reunirse el próximo jueves con el objetivo de intentar cerrar un acuerdo.

Pendiente de cierre en el diálogo social

Aunque la decisión política ya está tomada, el Gobierno aún debe completar el proceso de aprobación formal. El secretario de Estado ha confirmado que la tramitación normativa se iniciará de forma inmediata y que el objetivo es cerrar el acuerdo en el marco del diálogo social. “Esperamos que el próximo jueves (…) las organizaciones sindicales y las organizaciones patronales compartan la subida, la apoyen y la estimulen”, ha señalado.

La firma de nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó en noviembre de 2025 su nivel más alto en los últimos 15 años para este mes, con un total de 43.319 operaciones inscritas en los registros de la propiedad, un 12,4% más que un año antes, según la Estadística de Hipotecas publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato confirma una fuerte reactivación del mercado hipotecario en volumen de operaciones, acompañada de un aumento significativo del importe medio de los préstamos y de un repunte del coste financiero.

El importe medio de las hipotecas para la compra de vivienda se situó en 170.771 euros, tras crecer un 11,7% respecto a noviembre de 2024. El capital total prestado para vivienda alcanzó los 7.397,6 millones de euros, un 25,6% más en tasa anual. Esto refleja un mayor número de operaciones y un evidente aumento del importe medio de los préstamos concedidos.

Tipos de interés y estructura del crédito

El tipo de interés medio en las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en el 2,97%, lo que supone un repunte frente al 2,81% registrado en octubre y rompe la tendencia de moderación observada en los meses anteriores. El plazo medio de los préstamos fue de 25 años. Del total de hipotecas firmadas, el 61,5% se constituyó a tipo fijo, frente al 38,5% a tipo variable.

En el detalle por modalidad, el tipo de interés medio al inicio fue del 3,01% en las hipotecas a tipo variable y del 2,94% en las de tipo fijo. La evolución mensual muestra un descenso progresivo del coste del crédito desde finales de 2024, con un mínimo del 2,81% en octubre de 2025, antes del repunte registrado en noviembre.

Menos cambios de hipoteca y menor movilidad bancaria

Los datos del INE también reflejan un fuerte descenso de las hipotecas con cambios registrales, es decir, aquellas en las que se modifican las condiciones del préstamo. En noviembre se registraron 11.346 operaciones de este tipo, un 32,8% menos que un año antes.

Las novaciones (modificaciones con la misma entidad financiera) cayeron un 9,2% interanual, las subrogaciones al deudor (cambio de titular) se desplomaron un 70% y las subrogaciones al acreedor (cambio de entidad bancaria) descendieron un 3,4%. El 71,1% de las modificaciones registradas estuvieron vinculadas a cambios en los tipos de interés, lo que apunta a una menor movilidad hipotecaria y a un mercado más rígido en la renegociación de condiciones financieras.

Desigualdad territorial en la evolución del mercado hipotecario

La evolución del mercado hipotecario no fue homogénea en el conjunto del territorio. Las mayores subidas interanuales en el número de hipotecas sobre viviendas se registraron en Cantabria, con un incremento del 54,3%, seguida de la Comunitat Valenciana (+25,7%), Andalucía (+25,2%) y el País Vasco (+21,6%).

En contraste, varias comunidades presentaron descensos en la actividad. Illes Balears registró una caída del 9,2%, Aragón del 7,3%, la Comunidad de Madrid del 3,3% y Navarra del 3,2%. Estos datos muestran un comportamiento territorial desigual, con crecimientos intensos en algunas regiones y retrocesos en mercados tradicionalmente al alza como Madrid y Baleares.

En el conjunto del mercado inmobiliario, el número total de hipotecas constituidas sobre fincas -incluyendo viviendas, fincas rústicas y urbanas- ascendió a 55.762, con un crecimiento interanual del 11,3%, mientras que el capital total prestado alcanzó los 10.695,8 millones de euros, un 24,4% más que en noviembre del año anterior.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado una reducción de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cuya entrada en vigor está prevista para la campaña de la renta de 2027, una vez sea aprobada normativamente. La medida se ha comunicado durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum y se suma a una rebaja similar aplicada en 2022.

Según las estimaciones del Gobierno regional, la reducción supondrá un ahorro agregado de cerca de 500 millones de euros y beneficiará a 2,9 millones de contribuyentes. Con esta modificación, el tipo mínimo autonómico del impuesto quedaría fijado en el 8% y el tipo máximo en el 20%.

La presidenta madrileña ha afirmado que “los madrileños se van a beneficiar de esta medida” con la que el Ejecutivo autonómico quiere “ayudar a la economía de una sociedad que por méritos propios ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las mejores del mundo”.

Perfil de beneficiarios y estimaciones de la Comunidad de Madrid

De acuerdo con los cálculos del Gobierno regional, el 71% de los beneficiarios serían contribuyentes con ingresos por debajo de la media de la comunidad, situada en torno a los 35.000 euros brutos anuales. La Comunidad de Madrid también estima que el ahorro fiscal medio será de 635 euros en comparación con un contribuyente medio de Cataluña y de 555 euros respecto a uno de Castilla-La Mancha.

Estas cifras proceden de estimaciones internas del Gobierno regional y no han sido acompañadas por una memoria económica pública detallada.

Alcance de la medida

La rebaja anunciada se aplicará exclusivamente sobre el tramo autonómico del IRPF, una parte del impuesto cedida a las comunidades autónomas dentro del sistema de financiación autonómica. La medida no afecta al tramo estatal del impuesto ni a otros tributos gestionados por la Administración General del Estado.

Para su aplicación efectiva, la reducción deberá ser incorporada a la normativa autonómica correspondiente y superar la tramitación legislativa en la Asamblea de Madrid antes de su posible aplicación en 2027.

Política fiscal regional

El Gobierno de la Comunidad de Madrid sitúa esta rebaja dentro de una estrategia fiscal más amplia, que incluye, según sus propios datos, 34 reducciones de impuestos desde 2019. En el caso del IRPF, la medida anunciada se suma a la reducción de medio punto aplicada desde 2022.

El Ejecutivo autonómico cifra en 40.000 millones de euros el ahorro acumulado derivado de estas políticas fiscales en la región durante los últimos años, una estimación global que incluye distintos tributos autonómicos.

Además de la rebaja del IRPF prevista para 2027, la Comunidad de Madrid ha iniciado 2026 con nuevas medidas fiscales, entre ellas una deducción del 50% de la matrícula universitaria para jóvenes menores de 30 años que estudian y trabajan, y una bonificación de hasta el 95% en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para determinados comercios. Asimismo, el Gobierno regional tramita otras reducciones fiscales vinculadas al relevo generacional en empresas familiares.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado este lunes un paquete de medidas para proteger al sector agrario español frente al impacto del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, en plena semana de protestas del campo y con nuevas movilizaciones y tractoradas convocadas en distintos puntos del país. El ministro ha defendido que el Gobierno activará mecanismos de protección específicos para evitar que el sector primario español se vea perjudicado por la apertura comercial.

Durante una entrevista en el programa La Mirada Crítica, de Telecinco, Cuerpo ha afirmado que el Ejecutivo es consciente del malestar del sector y ha subrayado que el campo “nunca va a ser una moneda de cambio en ningún acuerdo en materia comercial”.

Las declaraciones llegan en un contexto de fuerte tensión social en el ámbito agrario, con organizaciones de agricultores y ganaderos movilizadas contra el acuerdo UE–Mercosur por el temor a una competencia desleal, la entrada masiva de productos extracomunitarios y la presión adicional sobre los márgenes de rentabilidad del sector primario español. Las protestas se concentran esta semana, entre el 26 y el 30 de enero, con convocatorias de tractoradas, cortes de carreteras y concentraciones en varias comunidades autónomas.

Medidas de protección anunciadas por el Gobierno

El ministro ha detallado un conjunto de instrumentos de protección que, según ha explicado, acompañarán la aplicación del acuerdo comercial. Entre ellos, ha citado el refuerzo de los controles fronterizos: “Hay un elemento de refuerzo de los controles en frontera para que los productos que entran cumplan con los mismos requisitos que les exigimos a los que se producen en España”.

También ha anunciado mecanismos automáticos de protección del mercado interior: “Hay un elemento adicional de cuotas o de salvaguardias que se activan si es que los productos que están entrando afectan de manera negativa a nuestro sector primario”.

A estas medidas se suma un instrumento económico directo de compensación: “Además, se ha establecido un fondo de ayudas para aquellos productores que puedan verse perjudicados”, ha añadido.

Cuerpo ha insistido en que el Ejecutivo no contempla el sector agrario como una pieza negociable dentro de la política comercial europea y ha señalado que el objetivo es blindar la viabilidad económica del campo español ante el nuevo escenario de apertura de mercados.

El acuerdo UE–Mercosur y el rechazo del sector agrario

Las declaraciones del ministro se producen en un momento de movilización creciente del sector agrario en España. Organizaciones profesionales agrarias como ASAJA, COAG y UPA han intensificado las protestas contra el acuerdo, con tractoradas, cortes de carreteras y concentraciones, alertando del impacto que podría tener la entrada de productos procedentes de países de Mercosur en precios, costes de producción y competencia en condiciones desiguales. Las movilizaciones se están produciendo también en otros países de la Unión Europea, donde el sector primario ha expresado su rechazo al pacto comercial.

El sector denuncia que los productores europeos están sujetos a normativas medioambientales, laborales y sanitarias más estrictas que las de los países exportadores, lo que, a su juicio, genera una competencia asimétrica que pone en riesgo la rentabilidad de las explotaciones agrarias.

Negociación del presupuesto agrícola

Además de las medidas internas, Cuerpo ha situado el debate en el marco europeo y ha vinculado la protección del sector primario a la política presupuestaria comunitaria. “Estamos negociando en el marco del nuevo presupuesto de la Unión que incremente el presupuesto que la Unión dedica a un elemento fundamental para nuestra soberanía como es la agricultura y el sector primario”, ha asegurado el ministro.

El Gobierno busca así combinar instrumentos comerciales, mecanismos de defensa del mercado interior y financiación europea como parte de una estrategia de contención del conflicto agrario. El acuerdo UE–Mercosur se encuentra aún pendiente de ratificación definitiva en el ámbito europeo, en un contexto de debate político e institucional sobre su impacto económico y social.

El precio del oro ha marcado este lunes un nuevo máximo histórico al superar por primera vez la barrera de los 5.000 dólares la onza, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica, las tensiones macroeconómicas y las dudas sobre el rumbo de la política monetaria en Estados Unidos. Durante la madrugada, el metal precioso llegó a alcanzar los 5.109,73 dólares por onza, según datos de Bloomberg.

A las 08:00 horas, tras haber superado de forma sostenida los 5.100 dólares, el oro cotizaba en 5.088,99 dólares, con una subida del 2,13%, después de que el pasado viernes se quedara a las puertas de ese umbral. La evolución consolida al oro como uno de los activos refugio más demandados en el actual escenario de inestabilidad financiera y política global.

La escalada del precio se produce en paralelo a un fuerte repunte de la plata, que también ha revalidado máximos históricos durante la madrugada, alcanzando los 109,45 dólares la onza a las 03:49 horas. Aunque posteriormente moderó su avance, a primera hora de la mañana registraba una subida del 6,15 %, situándose en 107,12 dólares.

Fuerte revalorización del oro en lo que va de año

En el acumulado de 2026, el oro registra una revalorización superior al 18%, mientras que la plata acumula una subida del 52,76%, lo que refleja la intensa presión compradora sobre los metales preciosos en los mercados internacionales. La tendencia alcista se ha consolidado en las últimas semanas, impulsada por una combinación de factores económicos, financieros y geopolíticos.

Entre los factores que explican esta evolución están los mensajes del Foro Económico Mundial de Davos, centrados en la idea de que el mundo entra en una etapa de mayor inestabilidad, y el aumento de la percepción de riesgo en los mercados internacionales. A ello se suma el ruido geopolítico persistente y la creciente presión política en Estados Unidos para impulsar el crecimiento económico mediante una bajada de tipos de interés.

Dudas sobre la Reserva Federal y presión política

El mercado también ha reaccionado a las expectativas en torno a la política monetaria estadounidense. Entre los factores que alimentan la incertidumbre se encuentran los mensajes sobre un posible anuncio de un nuevo presidente de la Reserva Federal esta semana, así como las proyecciones de la Casa Blanca, que sitúan el crecimiento de la economía estadounidense entre el 4% y el 5% en términos reales, el doble de las previsiones de consenso.

Este escenario ha incrementado la presión política para favorecer estímulos económicos, especialmente a través de recortes de tipos, lo que refuerza el atractivo del oro como valor refugio frente a la volatilidad financiera y la posible depreciación del dólar.

Compras de los bancos centrales y debilidad del dólar

Mientras la dirección futura de la política monetaria de la Reserva Federal genera incertidumbre, la actuación de otros bancos centrales es más clara. El analista de XTB, Manuel Pinto, ha señalado que las autoridades monetarias continúan incrementando sus compras de oro a un ritmo acelerado, reforzando la demanda estructural del metal, según ha recogido la agencia EFE.

El crecimiento de la deuda, las adquisiciones de los bancos centrales, los estímulos monetarios y la debilidad del dólar se consolidan así como algunos de los principales factores que explican los máximos históricos del oro, según los analistas. Un contexto que refuerza su papel como activo refugio en un entorno global marcado por la inestabilidad, la fragmentación geopolítica y las tensiones macroeconómicas persistentes.

El experto en hostelería Ricardo Gil, conocido en TikTok como @empresario_hostelero, ha vuelto a generar debate en redes sociales con un vídeo en el que defiende que cuidar a los trabajadores no solo es una cuestión ética, sino también una decisión empresarial rentable. En su mensaje, Gil desmonta la idea de que proteger al empleado es una postura “blanda” o incompatible con la rentabilidad y sostiene que ocurre exactamente lo contrario: es una estrategia de negocio inteligente.

“Defender al empleado no es ser un empresario ‘blandengue’. Todo lo contrario, te convierte en un empresario extremadamente inteligente”, afirma Gil en el vídeo. El hostelero justifica esta idea desde una lógica económica y no solo moral: “¿Por qué? Porque con ello evitas la rotación del personal, que es perder dinero”.

El empresario asocia las malas condiciones laborales con el deterioro económico de las empresas. Según su discurso, la pérdida constante de trabajadores, el mal clima laboral y el desgaste emocional de los equipos tienen un coste directo en la cuenta de resultados. “El mal ambiente laboral te cuesta mucho dinero. El desgaste del equipo, te cuesta una pasta que te cagas, tío. De verdad te lo digo”, afirma contundente.

Costes ocultos de la rotación y el mal clima laboral

Gil insiste en que muchos empresarios no son conscientes del impacto económico real de estas dinámicas. La rotación de personal implica procesos constantes de selección, formación y adaptación, además de la pérdida de productividad y de experiencia acumulada. En su opinión, este modelo de gestión termina generando una espiral de pérdidas continuas.

“El empresario que no está pensado para escuchar o atender todo esto, seguirá perdiendo gente y con ello seguirá perdiendo dinero todos los días”, sostiene en el vídeo, subrayando que la falta de escucha activa y de atención a las necesidades del equipo no es un problema solo humano, sino también financiero.

Salarios, horarios y respeto como pilares del modelo

En su intervención, Gil detalla qué entiende por “cuidar al empleado”. No se trata solo de un discurso genérico, sino de medidas concretas: “Pagar mejor, respetar los horarios de los trabajadores, cumplir con todo lo que te has comprometido con ellos y escuchar activamente a tus empleados para saber qué es verdaderamente lo que necesitan”.

El empresario defiende que estas prácticas generan un efecto positivo directo en la empresa. “Eso sí es cuidar del empleado y con eso generas recursos que te vas a sorprender de una manera extraordinaria”, afirma, vinculando el bienestar laboral con el crecimiento económico del negocio.

“O cuidas de las personas o sigues perdiendo dinero”

El mensaje concluye con un planteamiento claro y directo. Gil advierte que no existen modelos intermedios sostenibles a largo plazo: “Así que dos opciones: o cuidas de las personas o sigues perdiendo dinero. Tú decides”.

El discurso conecta con un debate cada vez más presente en el sector hostelero, donde la falta de personal, la precariedad laboral y la dificultad para retener trabajadores se han convertido en problemas estructurales. Frente al relato habitual de la escasez de mano de obra, el empresario sitúa el foco en las condiciones de trabajo y en la gestión interna de las empresas como factores clave del problema.

El Ministerio de Trabajo se reúne este lunes a las 10:00 horas con sindicatos y patronal para avanzar en la negociación de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2026. El encuentro se produce con un planteamiento ya definido por el Gobierno, pero con varios frentes aún abiertos en el ámbito político y empresarial que condicionan el alcance del acuerdo.

Sobre la mesa está la propuesta del Ejecutivo de elevar el SMI un 3,1%, hasta los 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, lo que supondría un incremento de 37 euros al mes respecto a la cuantía vigente. La iniciativa incluye mantener la exención del IRPF y aplicar la subida con carácter retroactivo desde el 1 de enero una vez sea aprobada formalmente.

La propuesta, formulada a principios de enero por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se ajusta a las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Gobierno. Fuentes de la negociación apuntan a que CCOO y UGT están dispuestos a avalar este incremento, lo que acerca un acuerdo con las organizaciones sindicales.

La clave del acuerdo no está en el porcentaje de subida

Más allá del porcentaje de subida, el foco del encuentro de este lunes se sitúa en los elementos estructurales que acompañan al salario mínimo. El Ministerio de Trabajo llevará a la mesa una propuesta pactada con el Ministerio de Hacienda para flexibilizar la Ley de Desindexación, con el objetivo de permitir que la subida del SMI pueda trasladarse en alguna medida a los contratos públicos.

La Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española prohíbe la actualización automática de los precios de contratos públicos, rentas y tasas en función del IPC u otros índices. Tiene como objetivo evitar aumentos automáticos y contribuir al control de la inflación, obligando a que cualquier revisión de precios se justifique mediante un análisis de costes específico en cada contrato. Este marco normativo impide, en la práctica, que subidas salariales como la del SMI se trasladen de forma directa a la contratación pública.

Esta cuestión constituye una de las principales demandas de la patronal. La CEOE sostiene que, sin mecanismos de indexación en la contratación pública, los incrementos del salario mínimo generan un impacto directo en sectores intensivos en mano de obra que operan bajo contratos de larga duración con la administración, cuyos precios no se actualizan automáticamente.

Desde el ámbito empresarial se argumenta que en sectores como los servicios públicos, el mantenimiento, la atención social, la restauración colectiva o los servicios energéticos, los salarios concentran una parte mayoritaria de los costes operativos, lo que dificulta absorber subidas salariales sin una revisión de las condiciones económicas de los contratos.

El Gobierno ha abierto la vía a una posible flexibilización de la normativa de desindexación como instrumento para facilitar un acuerdo más amplio, aunque esta modificación aún debe concretarse jurídicamente y formar parte de una propuesta formal dentro del diálogo social.

En paralelo, la negociación incluye también el debate sobre la reforma de las reglas de absorción y compensación salarial, una reivindicación sindical orientada a impedir que los complementos salariales neutralicen en la práctica las subidas del SMI, y que se vincula al proceso de transposición de la directiva europea de salarios mínimos.

Dos escenarios posibles

La reunión de este lunes abre dos escenarios. Por un lado, un acuerdo tripartito entre Gobierno, sindicatos y patronal que permita cerrar la subida del SMI de 2026 con consenso social amplio. Por otro, un pacto bilateral entre el Ejecutivo y las organizaciones sindicales, con la patronal al margen del acuerdo, un esquema ya repetido en anteriores ejercicios.

Desde el Ministerio de Trabajo subrayan que la aprobación del nuevo SMI no depende jurídicamente del respaldo empresarial, pero reconocen que el objetivo es alcanzar un acuerdo que permita ordenar su impacto económico y reducir las tensiones estructurales asociadas a su aplicación en sectores regulados por contratación pública.

A pocas horas del encuentro, la propuesta salarial está sobre la mesa y las posiciones de los actores están definidas, pero el resultado del diálogo social sigue abierto y pendiente de la negociación que se desarrolle en la reunión de este lunes.

En la búsqueda de una vivienda digna, cada vez es más frecuente encontrarse con anuncios de pisos extremadamente pequeños, algunos de apenas 10 metros cuadrados, que se venden como estudios o viviendas completas. Este tipo de ofertas, recogidas por el portal inmobiliario Idealista, están generando dudas entre los compradores sobre si estos inmuebles son legales y sobre si existe una superficie mínima obligatoria para que una vivienda se pueda vender en España.

La normativa en nuestro país no prohíbe de forma automática la compraventa de inmuebles de pequeña superficie. La legalidad de una vivienda no depende exclusivamente de los metros cuadrados, sino de que el inmueble cuente con la correspondiente cédula de habitabilidad, licencia de primera ocupación o autorización administrativa que acredite su uso residencial.

En la práctica, esto implica que una vivienda de menos de 10 metros cuadrados puede venderse legalmente si dispone de estas licencias, mientras que un inmueble de mayor tamaño puede no ser considerado habitable si no cumple los requisitos exigidos por la ley.

Una clara diferencia entre viviendas antiguas y nuevas construcciones

La clave jurídica se encuentra en la diferencia entre viviendas ya existentes y nuevas edificaciones. Las viviendas antiguas que fueron construidas conforme a la normativa vigente en su momento y que obtuvieron las licencias correspondientes mantienen su estatus legal, aunque no cumplan los requisitos actuales de superficie mínima.

En cambio, las nuevas promociones inmobiliarias o los inmuebles que surgen de un cambio de uso, como la conversión de locales comerciales en viviendas, deben ajustarse a la normativa urbanística y de habitabilidad vigente en cada municipio y comunidad autónoma.

Esto implica que no es posible construir hoy viviendas nuevas por debajo de los mínimos exigidos, pero sí pueden seguir existiendo y comercializándose viviendas antiguas de menor tamaño si están regularizadas.

Los requisitos básicos de habitabilidad en España

A nivel estatal, las condiciones mínimas de habitabilidad están reguladas por el Código Técnico de la Edificación y por la normativa general de habitabilidad. De acuerdo con estos criterios, una vivienda debe contar, como mínimo, con una superficie útil de 36 metros cuadrados que incluya salón-comedor, cocina y baño, disponer de al menos una fachada exterior que garantice iluminación y ventilación natural, y cumplir unos requisitos básicos de altura libre, distribución interior y salubridad.

La normativa también exige que las estancias habitables dispongan de ventilación e iluminación natural directa, que los baños no sean zonas de paso, que se cumplan los estándares de eficiencia energética y que la vivienda cuente con los suministros esenciales, como agua fría y caliente, electricidad, evacuación de aguas, telecomunicaciones, sistema de extracción de humos y equipamiento básico.

Los mínimos legales según la comunidad autónoma

La regulación de la superficie mínima de una vivienda no es homogénea en todo el territorio. Cada comunidad autónoma establece sus propios requisitos de habitabilidad, que fijan los metros cuadrados útiles mínimos necesarios para que un inmueble pueda ser considerado legalmente una vivienda.

En términos generales, los mínimos oscilan entre los 20 y los 40 metros cuadrados. Comunidades como Madrid y Murcia exigen un mínimo de 40 metros cuadrados útiles para nuevas viviendas, mientras que Cataluña fija el umbral en 36 metros cuadrados y el País Vasco en 35. En otras regiones, como Andalucía, Canarias, Extremadura o Galicia, los mínimos parten de los 24, 25 o 26 metros cuadrados, respectivamente.

El registro no convierte un inmueble en vivienda legal

Más allá de los mínimos legales fijados por cada comunidad autónoma, existe otro elemento clave para determinar si un inmueble puede considerarse realmente una vivienda: su situación administrativa. La inscripción de un inmueble en el Catastro no implica que sea legalmente una vivienda habitable. El Catastro cumple una función administrativa y fiscal, pero no certifica el cumplimiento de la normativa urbanística ni de los requisitos de habitabilidad.

En la práctica, un inmueble puede figurar como vivienda en el Catastro y, aun así, no cumplir los requisitos legales exigidos para ser considerado como tal desde el punto de vista urbanístico, lo que puede limitar su uso residencial efectivo y su regularización administrativa.

Además, aunque es posible comprar y vender inmuebles que no cuenten con licencia de primera ocupación o cédula de habitabilidad, esta operación implica un riesgo legal para el comprador. La ausencia de estas licencias puede impedir el uso residencial efectivo del inmueble, dificultar la contratación de suministros básicos y limitar su regularización futura ante la administración.

En este contexto, el factor determinante no es la superficie del inmueble, sino su adecuación a la normativa vigente y la existencia de las autorizaciones administrativas necesarias que acreditan su uso legal como vivienda.

El gasto en nóminas del sector público español alcanzó en 2025 un nuevo máximo histórico, hasta situarse en el entorno de los 180.000 millones de euros, tras crecer más de un 4,5% respecto al ejercicio anterior. Según los datos adelantados de la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado (IGAE), el incremento responde a la combinación de subidas salariales pactadas con los sindicatos y al aumento continuado del empleo público en las distintas Administraciones.

El aumento del gasto en personal responde a una tendencia estable y de largo plazo, no a un fenómeno puntual. Este crecimiento se mantiene al margen de la situación política y de la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Subidas salariales y aumento de plantillas

El aumento del gasto se explica por dos factores principales. Por un lado, las subidas salariales acordadas entre el Gobierno y los sindicatos para los empleados públicos. Por otro, el crecimiento continuado de las plantillas en la Administración central, las comunidades autónomas y las entidades locales.

Este incremento afecta tanto a funcionarios como a personal laboral, y se intensificó durante los años de la pandemia, sin que se haya producido una corrección posterior en los ejercicios siguientes.

Evolución distinta al sector privado

La evolución de los salarios públicos y privados sigue trayectorias distintas. Según los datos de la Agencia Tributaria, las retribuciones en la Administración crecen solo un punto porcentual menos que en el sector privado.

En las empresas privadas, aunque la masa salarial sigue aumentando, ya se observan señales de desaceleración, con caídas de hasta un punto porcentual en algunos trimestres. En el sector público, en cambio, la tendencia sigue siendo claramente expansiva.

Esta diferencia también se refleja en el salario medio. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), los empleados públicos perciben una remuneración media de 3.230 euros, frente a los 2.182 euros del sector privado, lo que supone una brecha superior a los 1.000 euros mensuales. Aunque esta diferencia es habitual por la mayor presencia de puestos cualificados en la Administración, no es frecuente que alcance niveles tan elevados.

Concentración del empleo en las comunidades autónomas

Según los datos de la IGAE y de los distintos niveles administrativos, el 61,4% de los empleados públicos pertenece a las autonomías, que alcanzan una plantilla de 1,8 millones de trabajadores.

En 2024, las comunidades autónomas incrementaron sus plantillas un 4,4% respecto al año anterior, y entre 2018 y 2023 el crecimiento acumulado fue del 16,1%. Este aumento se concentra en servicios intensivos en mano de obra como sanidad, educación, justicia y servicios sociales, donde en algunos territorios los niveles actuales superan en más de un 15% los registros previos a la pandemia.

En el ámbito local, ayuntamientos y diputaciones también han registrado un fuerte crecimiento de efectivos. Solo en el primer trimestre de 2024 se incorporaron 110.209 empleados, mientras que entre 2018 y 2023 el personal de las entidades locales aumentó un 6,8%.

En la Administración General del Estado, en los últimos seis años se han convocado 239.872 plazas, cifra que se completó en julio de 2024 con una nueva oferta de empleo público de 36.588 vacantes, según los datos del Ministerio de Función Pública.

Subidas salariales garantizadas hasta 2028

El crecimiento del gasto en sueldos públicos se verá reforzado por el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2025-2028, firmado en diciembre entre el Gobierno y los sindicatos. El pacto establece una subida salarial acumulada del 11,4% hasta 2028.

En 2025, los salarios públicos se incrementaron un 2,5%; en 2026 se aplicará una subida del 1,5% fijo más un 0,5% variable si el IPC supera ese umbral; en 2027 el aumento será del 4,5%, y en 2028 del 2%. Este esquema consolida un crecimiento plurianual del gasto estructural en personal.

Varios alimentos básicos han arrancado 2026 con subidas de precio en los grandes supermercados. Las uvas blancas sin pepitas, los champiñones laminados y las manzanas golden encabezan el ranking de los productos que más se han encarecido en enero, según un estudio de FACUA-Consumidores en Acción, que analiza la evolución de precios entre principios de diciembre de 2025 y principios de enero de 2026 en ocho grandes cadenas de distribución.

De acuerdo con los datos del informe, la bandeja de uvas blancas sin pepitas (500 gramos) ha registrado un incremento medio del 8,5% en solo un mes, los champiñones laminados han subido un 5,0% y el kilo de manzanas golden un 4,3%. Se trata de productos básicos incluidos en la cesta de la compra habitual de miles de hogares, encareciendo su gasto cotidiano.

FACUA subraya que las subidas se han producido a pesar de que muchos de estos productos formaron parte de los alimentos con IVA reducido durante la crisis inflacionaria, una medida pensada para contener los precios de la cesta básica.

Alimentos un 20% más caros en algunos supermercados

La mayor subida mensual se ha registrado en las uvas blancas sin pepitas, con un aumento medio del 8,5%. El mayor encarecimiento concreto se ha detectado en Carrefour, donde este producto ha pasado de costar 2,09 euros en diciembre a 2,39 euros en enero, lo que supone un incremento del 14,3%.

En el caso de los champiñones laminados, el aumento medio ha sido del 5,0% en el último mes. La subida más acusada se ha producido en Alcampo, donde el precio ha pasado de 1,65 euros en diciembre a 1,99 euros en enero, lo que equivale a un encarecimiento del 20,6%.

Las manzanas golden también han experimentado una subida relevante, con un incremento medio del 4,3%. El mayor aumento se ha registrado en Hipercor, donde el kilo ha pasado de 2,29 euros a 2,79 euros entre diciembre y enero, un 21,8% más.

Otros productos que también han subido en enero

Además de estos tres alimentos, el informe de FACUA recoge subidas en otros productos básicos durante el último mes. El aceite de girasol se ha encarecido un 3,0% de media, el aceite de oliva un 2,3% y la harina de trigo un 0,8%.

También se han registrado incrementos en el precio del brik de leche entera (+0,5%), la docena de huevos medianos (+0,5%), las lechugas iceberg (+0,2%) y las peras conferencia (+0,2%). En este periodo, el arroz redondo y las zanahorias son los únicos alimentos analizados que han mantenido un precio idéntico al del mes anterior.

Bajadas puntuales en algunos básicos

Frente a estas subidas, el estudio también detecta descensos en determinados productos. Las mayores bajadas de enero se han producido en las naranjas (-8,4%) y las mallas de patatas (-8,3%), seguidas de los macarrones (-2,8%), las cebollas (-1,0%), las lentejas pardina (-0,5%), los ajos (-0,4%) y los limones (-0,2%).

Sin embargo, estas caídas no compensan el encarecimiento generalizado de otros alimentos esenciales de la cesta de la compra, especialmente en frutas y productos frescos.

El fin del IVA reducido y la falta de control sobre los márgenes

FACUA recuerda que desde el 1 de enero de 2025, los alimentos básicos que tenían el IVA reducido al 2% pasaron a tributar al 4%, entre ellos aceites, leche, pan, huevos, frutas, verduras, legumbres, cereales y harinas. Por su parte, el IVA de las pastas alimenticias y los aceites de semillas subió del 7,5% al 10%.

En febrero de 2024 el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 envió un requerimiento a las principales cadenas de supermercados para que acreditaran que las subidas aplicadas durante la rebaja del IVA no habían supuesto un aumento de márgenes de beneficio, una práctica prohibida mientras estuvo vigente esa medida fiscal.

Casi dos años después, Consumo no ha anunciado la apertura de expedientes sancionadores, pese a denuncias previas de FACUA sobre incrementos de márgenes en algunos productos básicos.

Llegar a ser controlador aéreo es acceder a una de las profesiones más demandadas, selectivas y mejor pagadas del sector público español. Aunque alrededor de 4.000 personas se inscriben cada año en la convocatoria de ENAIRE, la empresa pública que gestiona la navegación aérea, el proceso es mucho más accesible de lo que podría parecer en un primer momento: no se exige una carrera concreta, no es necesario venir de entornos técnicos y tampoco hay un perfil académico único. Lo determinante es la preparación, la constancia y contar con un tipo concreto de aptitudes.

Según los datos más recientes del colectivo profesional y del III Convenio Colectivo (2023) publicado en el BOE, los salarios en 2025 oscilan entre 34.700 y más de 100.000 euros brutos al año, pudiendo superar los 7.000 euros brutos al mes con complementos. La media con experiencia, incluyendo pluses de nocturnidad, turnos, productividad y responsabilidad, ronda los 100.000 euros brutos anuales. Para perfiles de mayor rango, como jefes de sala o de división, los sueldos se sitúan habitualmente entre 96.000 y 115.000 euros brutos.

El proceso selectivo para convertirse en controlador aéreo sigue una estructura muy clara de tres fases eliminatorias, repetida cada año con pocas variaciones: una primera de teoría, psicotécnicos, inglés y personalidad; una segunda centrada en pruebas técnicas en ordenador; y una tercera con entrevistas, dinámicas de grupo y examen oral de inglés.

Juan Carlos Romero Campos, preparador de oposiciones de Supera, insiste en algo fundamental: “Lo que importa es la persona, no la formación académica”. En sus clases conviven candidatos que vienen de Ingeniería, Traducción, Música, Fisioterapia o incluso grados medios. “En la última convocatoria aprobaron desde gente con bachillerato hasta diseñadoras de moda”, explica. La diversidad es la norma.

Fase 1: teoría, psicotécnicos, inglés y personalidad

La fase 1 se convoca todos los años entre finales de noviembre y mediados de diciembre, cuando ENAIRE publica las bases en el BOE y en su web. Desde ese momento, los aspirantes disponen de unos 20 días para inscribirse y abonar la tasa de 15 euros.

El examen se realiza de forma simultánea en Madrid, Barcelona y Canarias, normalmente un sábado y domingo de mediados de febrero, repartiendo a los candidatos en dos turnos.

La fase incluye cuatro pruebas:

1. Test teórico de 50 preguntas: se basa en un temario oficial de 9 unidades publicado por ENAIRE (30–35 páginas cada una). La nota mínima es de 25 puntos sobre 50, con penalización de 0,33 por error. “Son nueve temas de teoría. No es un volumen gigante si lo comparas con otras oposiciones”, explica Romero Campos.

2. Psicotécnicos avanzados (70–80 preguntas): evalúan razonamiento abstracto, visión espacial, manipulación de cubos, tablas de datos y cálculos. ENAIRE usa un sistema de corte basado en la campana de Gauss, que depende del nivel de los aspirantes y la dificultad del examen. Es una de las pruebas más determinantes.

3. Test de gramática inglesa (20 preguntas): incluye huecos verbales, sinónimos y corrección gramatical. Se aprueba con 10 puntos sobre 20.

4. Cuestionario de personalidad (escala Likert): no puntúa, solo determina si el aspirante es apto o no apto.

Una semana y media después, ENAIRE publica las notas. En 2024, de los 4.000 candidatos que acudieron al examen, solo 935 superaron la fase 1. “El volumen de inscritos no refleja la competencia real: muchos se presentan sin preparación”, advierte Romero Campos.

Fase 2: pruebas FEAST y simulaciones PDA

La fase 2 se realiza en abril en Madrid, normalmente en la Universidad Autónoma. Incluye:

1. FEAST (pruebas técnicas de navegación aérea obligatorias en Europa): ejercicios de multitarea, radares, reflejos y coordinación psicomotriz.
2. PDEA, una prueba añadida el último año: simuladores inéditos, instrucciones de 50 minutos, una práctica no evaluable de 13 minutos y un examen de 38 minutos.

Ambas se puntúan sobre 100 y requieren 50 puntos para aprobar. “Es una fase muy técnica y puede cambiar cada año: pueden quitar una prueba y poner una nueva”, explica el formador.

De los 935 aspirantes que llegaron a fase 2 en 2024, solo 540 pasaron a la fase final.

Fase 3: personalidad e inglés oral

La fase 3 dura entre 40 y 45 días, y cada candidato acude un solo día según un orden alfabético fijado por sorteo estatal (en 2025 fue la letra U).

Por la mañana se evalúa la personalidad mediante entrevistas individuales (clínica y conductual) y una dinámica de grupo. Se puntúa sobre 120 puntos, con un mínimo de 60. Por la tarde se realiza el inglés oral, que dura unos 30 minutos: lectura, listening y conversación improvisada. Se puntúa sobre 50 puntos y requiere 25.

Según Romero Campos, esta es la parte más decisiva: “La fase tres es la que marca la diferencia. Ahí es donde ENAIRE quiere conocer de verdad al candidato”.

En 2024, de los 540 finalistas, 158 aspirantes fueron declarados aptos para 150 plazas. Finalmente, debido a nuevas necesidades operativas, ENAIRE amplió plazas y entraron los 158.

La experiencia de quien lo ha logrado: “No importa de dónde vengas”

Isabel Gómez, que aprobó el pasado año, desmonta todos los prejuicios. Ella es profesora de francés y licenciada en Traducción e Interpretación. “Pensaba que buscaban un perfil más técnico. Pero en mi promoción había una diseñadora de moda, y otra chica con un grado medio que ni terminó”, confiesa.

Estudió durante un año una media de seis horas al día, y reconoce que lo más difícil para ella fue el inglés: “Lo tenía oxidado. Aparece en todas las fases, así que es muy importante”.

“No importa de dónde vengas. Si de verdad lo quieres hacer, hazlo. Lo importante es prepararse bien y echarle ganas y tiempo”, aconseja Gómez a quienes estén planteándose preparar estas pruebas. “Esta oposición te obliga a ser una persona súper planificadora”, añade.

La clave del inglés: exigente y al alza

El inglés aparece en las tres fases. Según Marta B. Santaella, experta en inglés aeronáutico, el nivel mínimo recomendado es medio-alto: “Se recomienda comenzar con una base sólida para avanzar más rápido una vez empieces a estudiar con nosotros”.

Recuerda que la comunicación ATC tiene un estándar propio: “Debe ser rápida, clara y sin ambigüedades. Usan un vocabulario limitado y estandarizado por la OACI, con frases fijas que todos entienden igual”. “Trabajar en otro idioma que no es el materno supone un añadido extra a la presión”, asegura la experta.

Además, advierte de que la exigencia ha subido en los últimos años y “seguirá subiendo”.

¿Por qué son las oposiciones mejor pagadas de España?

Los salarios se explican por la responsabilidad, la turnicidad y la complejidad del trabajo. Según el BOE y datos internos:

• Controlador operativo base: 34.715 – 83.172 €/año
• Supervisores: 85.000 – 95.000 €/año
• Jefes de sala: 96.364 – 111.659 €/año
• Jefes de división: 85.059 – 115.247 €/año

A esto se suman pluses por nocturnidad (25%–50%), festivos (50%–100%), productividad, complementos de puesto y trienios. El resultado: los controladores con experiencia superan de media los 100.000 euros brutos anuales.

Exigente, sí. Inaccesible, no

El proceso es largo y técnico, pero quienes lo preparan insisten en que no es una oposición imposible, ni mucho menos reservada a una élite académica. Juan Carlos Romero Campos lo resume así: “No considero que sean unas oposiciones excesivamente complicadas. Hay que trabajarlas, pero comparadas con otras, son bastante más asequibles”.

El 41% de los menores de 35 años en España declara sentirse presionado a ir a trabajar aunque esté enfermo, la cifra más elevada entre todas las franjas de edad, según un estudio reciente elaborado por la multinacional especializada en recursos humanos y análisis del mercado laboral SD Worx. Este dato encaja con lo que se conoce como presentismo laboral, la práctica de acudir al puesto de trabajo pese a no estar en condiciones físicas o mentales para desempeñar la tarea.

La presión que declaran los jóvenes se produce en un contexto de alta vulnerabilidad estructural del empleo juvenil. Los datos oficiales muestran que la tasa de paro entre los menores de 25 años en España se situó en torno al 25,4% en el tercer trimestre de 2025, según la Encuesta de Población Activa (EPA), lo que implica que uno de cada cuatro jóvenes activos no logra acceder a un empleo.

Por otra parte, también según cifras de la EPA, los jóvenes de 16 a 24 años presentan tasas de temporalidad en torno al 40–45%, muy por encima del resto de grupos de edad. En paralelo, el Observatorio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) refleja que en 2024 se firmaron más de 6,08 millones de contratos a menores de 30 años, cerca del 40% del total de contratos registrados en España, evidenciando la intensa rotación laboral entre la juventud.

En este contexto de fragilidad laboral, el miedo a perder el empleo o no renovar contratos actúa como un factor de presión determinante.

¿Qué es el presentismo laboral?

El presentismo laboral se refiere a la práctica de acudir al trabajo a pesar de no estar en condiciones físicas o mentales adecuadas para desempeñar la actividad profesional, como ocurre cuando una persona enferma decide no solicitar una baja médica y continúa trabajando. En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, este fenómeno se vincula tanto a presiones del entorno profesional como a factores culturales y organizativos.

Organismos especializados en salud laboral advierten desde hace años de que el presentismo no es solo un problema de rendimiento, sino un riesgo para la salud individual y colectiva, ya que puede agravar enfermedades, dificultar la recuperación y aumentar el riesgo de contagios en los centros de trabajo. Asimismo, se considera un indicador de entornos laborales tensionados, en los que se prioriza acudir al trabajo por encima de la salud.

¿Es legal trabajar enfermo en España?

Desde el punto de vista jurídico, en España no existe ninguna obligación legal de trabajar cuando se está enfermo. La normativa laboral regula esta situación a través de la figura de la incapacidad temporal (IT), que permite suspender el contrato de trabajo por motivos de salud sin pérdida del empleo.

Cuando un médico emite un parte de baja, la ausencia queda legalmente justificada y el trabajador queda protegido por el sistema de Seguridad Social. La legislación impide que la baja médica pueda ser utilizada como causa directa de despido, al tratarse de una situación legalmente protegida.

Además, desde el 1 de abril de 2023, una modificación normativa eliminó la obligación de que el trabajador entregue físicamente a la empresa los partes de baja, confirmación o alta médica. La información se transmite ahora por vía telemática entre los servicios sanitarios, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la empresa, evitando desplazamientos y trámites presenciales innecesarios que ponen en riesgo a la persona enferma.

El marco legal español, por tanto, no solo permite no trabajar en situación de enfermedad, sino que protege expresamente la baja médica como un derecho laboral.

¿Por qué no conviene trabajar si estás enfermo?

Desde una perspectiva sanitaria, los profesionales advierten de que trabajar estando enfermo puede retrasar la recuperación, agravar patologías y aumentar el riesgo de complicaciones, especialmente en procesos infecciosos o dolencias que requieren reposo. La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFyC) señala que el presentismo laboral supone un riesgo para la salud individual y colectiva, y que la incapacidad temporal debe entenderse como parte del tratamiento médico, no como un simple trámite administrativo.

Los especialistas subrayan que forzar la actividad física o mental durante una enfermedad puede provocar recaídas, cronificación de problemas de salud y bajas posteriores más prolongadas. Además, acudir al trabajo estando enfermo favorece la transmisión de enfermedades contagiosas en entornos laborales, lo que incrementa el riesgo sanitario para el conjunto de la plantilla.

Las recomendaciones médicas coinciden en que la reincorporación al trabajo debe producirse solo cuando exista recuperación clínica suficiente, y siempre atendiendo al criterio profesional del personal sanitario.

“Un buen empleado no se va de una buena empresa, nunca se irá”. Con esta frase arranca el vídeo publicado en TikTok por Ricardo Gil, empresario del sector hostelero y creador de contenido bajo el perfil @empresario_hostelero. La publicación, que acumula casi 70.000 visualizaciones y alrededor de 2.500 ‘me gusta’, se ha viralizado por su tono directo y por una crítica frontal a parte de la cultura empresarial en la hostelería española, especialmente en lo relativo a las condiciones laborales y a la gestión de equipos.

Gil, que se define en su biografía como un empresario que “apoya al trabajador” y ofrece “opiniones sin filtro sobre hostelería, esfuerzo y salario”, centra su mensaje en una idea principal: la rotación laboral no es un problema de actitud de los empleados, sino de las condiciones que ofrecen las empresas. “La gente se va de sueldos bajos, de horarios absurdos y eternos”, afirma, antes de añadir otro factor clave: “La gente se va de jefes que confunden el dirigir y el mandar tareas o responsabilidades con la falta de respeto”.

“La gente se va de sueldos bajos y horarios eternos”

En el vídeo, el empresario señala directamente prácticas habituales en parte del sector hostelero, como jornadas extensas, salarios muy ajustados y estilos de liderazgo autoritarios. “Vamos a respetar a la gente, que se lo merece”, insiste, situando el respeto como un elemento central de la relación laboral. En su discurso no hay ambigüedad: el problema no está en la supuesta falta de compromiso de los trabajadores, sino en un modelo empresarial que no ha sabido adaptarse a nuevas exigencias sociales y laborales.

Gil también critica uno de los argumentos más repetidos en los últimos años en determinados discursos empresariales: “Eso de decir ‘es que nadie quiere trabajar hoy en día’ es la excusa más mezquina y más barata que me estoy escuchando cada vez más a menudo en empresarios hosteleros”. Para él, esa frase funciona como un mecanismo de justificación para no abordar cambios estructurales en las condiciones de trabajo. “No quieren de ninguna manera mejorar las condiciones laborales cuando las tenemos que mejorar entre todos”, sostiene.

Crítica al modelo de liderazgo tradicional

El vídeo también apunta a una cultura de gestión basada en la jerarquía rígida y el conflicto. “Como empresario, lo más fácil es decir: ‘Bueno, la culpa la tiene el empleado’. Y bronca al canto. Eso es una falta de respeto”, afirma Gil, denunciando una forma de liderazgo que se basa en la confrontación y la desresponsabilización de la dirección.

Frente a ese modelo, propone una reflexión interna: “Lo más difícil es decir: ‘¿Me voy a levantar cada mañana? ¿Me voy a mirar al espejo? Voy a ver qué coño es lo que estoy haciendo, que me estoy quedando solo’”. En ese planteamiento, el foco se desplaza del trabajador al empresario, al que interpela directamente como responsable último del clima laboral y de la estabilidad de los equipos.

Responsabilidad compartida y autocrítica empresarial

El cierre del vídeo resume su discurso: “Al final, ¿qué es lo que ocurre? ¿Falta de actitud del empresario o falta de actitud del empleado? Mírate al ombligo y cuestiónate”. Con esta frase, Gil apela a la autocrítica como herramienta de mejora y rechaza los discursos simplistas que atribuyen los problemas del sector únicamente a la supuesta falta de compromiso de los trabajadores.

El Producto Interior Bruto (PIB) de España registró un incremento del 0,6 % en el primer trimestre de 2025, una décima menos respecto al periodo anterior, mientras que la tasa interanual se situó en el 2,8 %, cinco décimas por debajo del dato del último trimestre de 2024.

Así lo confirma el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su actualización de los datos de Contabilidad Nacional publicada este miércoles.

Variaciones entre la demanda interna y la demanda externa

La demanda nacional aportó cinco décimas al crecimiento trimestral del PIB, una más de lo estimado anteriormente, mientras que la contribución de la demanda exterior se redujo a una décima respecto a las dos inicialmente previstas por el INE.

En cuanto al crecimiento interanual del 2,8 %, la demanda interna aportó 3,2 puntos, mientras que la demanda externa presentó una contribución negativa de cuatro décimas, cifras idénticas a las publicadas en el mes de abril.

Consumo de los hogares al alza y gasto público a la baja

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha subrayado que nuestro país ha mantenido un “fuerte crecimiento” durante este primer trimestre del año gracias al aumento del consumo privado y de la inversión en bienes de equipo, influyendo también el repunte de la construcción, según ha recogido Europa Press.

Así, el consumo de los hogares creció un 0,6 % trimestral entre enero y marzo, dos décimas más de lo calculado en abril. Y la inversión mostró una mejora con un avance del 0,9 % en el trimestre, cifra que supera en tres décimas la previsión inicial del INE

En contraste, el gasto de las administraciones públicas cayó un 0,4 %, frente al aumento del 0,2% en la estimación previa.

Exportaciones e importaciones

Por su parte, las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 1,7 % durante el primer trimestre de 2025, 1,6 puntos por encima de la evolución registrada en el cuarto trimestre de 2024.

Asimismo, las importaciones presentaron una subida del 1,6 %, lo que supone una aceleración de cuatro décimas respecto al trimestre previo.

Un crecimiento mayor que el de los principales países europeos

El ministerio liderado por Carlos Cuerpo ha destacado que el crecimiento del PIB español se mantiene por encima del de las principales economías europeas en el arranque de 2025.

Mientras que España avanzó un 0,6 % en el primer trimestre, Alemania registró una subida del 0,4 % y Francia apenas anotó un repunte del 0,1 % en el mismo periodo.

19 trimestres seguidos de crecimiento

La economía española ha sumado 19 trimestres consecutivos de incrementos trimestrales del PIB hasta el primer trimestre de 2025, y acumula 16 trimestres con avances en comparación con el mismo periodo del año anterior. En los primeros tres meses del año, el PIB a precios corrientes creció un 5,1 % interanual, con un aumento intertrimestral del 1,1%.

Crecen el empleo y la remuneración, pero se frena la productividad

En el primer trimestre de 2025, el número de horas efectivamente trabajadas aumentó un 2,1 % respecto al mismo periodo del año anterior, aunque se registró una caída del 0,5 % frente al trimestre anterior.

Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo crecieron un 2,9 % interanual y un 0,9 % respecto al trimestre previo. Por otro lado, la remuneración total de asalariados subió un 7,2 % interanual, completando 16 trimestres seguidos de incrementos superiores al 7 %, mientras que la remuneración media aumentó un 4,1 %.

No obstante, la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo registró una tasa interanual del -0,2 %, tras tres trimestres seguidos de crecimiento, mientras que la productividad por hora trabajada creció un 0,7 % y suma cinco trimestres consecutivos de subidas. En términos intertrimestrales, ambas tasas se situaron en el -0,4 % y el 1,1 %, respectivamente.

Funcas ha confirmado en su último informe que la economía española crecerá este año un 2,3% y un 1,6% en 2026, según sus previsiones, situándose de nuevo por encima de la media europea. El buen ritmo se apoya principalmente en la demanda interna y la inversión, aunque el organismo advierte que persisten importantes incertidumbres, sobre todo por el contexto de conflicto comercial internacional.

Balance del primer trimestre

Los datos revisados por Funcas sobre la evolución económica en el primer trimestre de 2025 muestran que el PIB avanzó un 0,6% respecto al trimestre anterior. El consumo privado tuvo un mejor comportamiento del esperado, aunque ha perdido cierta fuerza frente a trimestres anteriores.

Por otra parte, el gasto público descendió, mientras que la inversión repuntó con especial intensidad en la construcción, que por primera vez desde la pandemia supera los niveles de 2019. La aportación de la demanda nacional al crecimiento aumentó, aunque la del sector exterior cayó, debido a la debilidad en las exportaciones de bienes y un retroceso puntual del turismo.

Además, el análisis de Funcas señala el papel clave del crecimiento de la población, sobre todo extranjera, en el impulso del consumo privado de los últimos años. Este avance demográfico se sigue notando, aunque con menor intensidad en 2025, y contribuye a explicar la moderación en el ritmo de gasto de los hogares.

Las exportaciones de bienes continúan débiles, afectadas por el estancamiento de la economía europea y los aranceles que exige la Administración Trump. Por su parte, los servicios no turísticos mantienen un buen comportamiento.

Contención del déficit y evolución de precios

En el plano fiscal, el déficit público en el primer trimestre bajó hasta los 4.719 millones de euros, gracias al aumento de ingresos y una ralentización del gasto. Aun así, España sigue lejos del equilibrio presupuestario y la deuda se mantiene próxima al 100% del PIB.

En lo que respecta a los precios, la inflación general se ha contenido tras las subidas del inicio del año, situándose en torno al 2,3%, aunque la inflación subyacente sigue algo más alta debido al encarecimiento de los servicios y los alimentos.

Mercado inmobiliario en tensión

El mercado de la vivienda ha comenzado a mostrar señales de agotamiento tras los fuertes crecimientos de años anteriores. En los primeros meses del año, las compraventas se mantienen en máximos de los últimos 18 años, pero el encarecimiento está frenando nuevas operaciones.

La construcción de nuevas viviendas crece, aunque no lo suficiente para cubrir el aumento neto de hogares, lo que incrementa el déficit de vivienda, que Funcas cifra ya en unas 600.000 unidades.

Previsiones para los próximos años

Funcas mantiene sin grandes cambios su escenario para 2026. El crecimiento se apoyará sobre todo en la demanda interna y un repunte de la inversión, mientras que el sector exterior restará algo de actividad por los efectos negativos del proteccionismo estadounidense sobre las exportaciones.

En cuanto al empleo, se crearán unos 340.000 empleos netos anuales durante el bienio, aún lejos del promedio de años anteriores. La tasa de paro caerá del actual 11,36% hasta el 9,6% a finales de 2026. La renta de los hogares volverá a crecer por encima de la inflación, aunque a menor ritmo que en los últimos años.

Riesgos persistentes

El informe de Funcas alerta de que el principal riesgo para el futuro es una posible escalada del proteccionismo comercial, especialmente en caso de que Estados Unidos amplíe sus aranceles y la Unión Europea responda con medidas similares. Esto podría lastar notablemente las exportaciones y la inversión en bienes de equipo.

En el ámbito interno, la persistencia del déficit de vivienda se perfila como el principal desafío, ya que puede frenar la llegada de nuevos trabajadores y tensionar aún más el mercado laboral y el consumo. Además, el margen de maniobra fiscal sigue muy restringido: la elevada deuda y el déficit previsto, en torno al 3% del PIB, limitan la capacidad de reacción ante futuros imprevistos.

Finalmente, el informe de la Fundación de las Cajas de Ahorro llama a extremar la prudencia ante la posibilidad de nuevos shocks en el entorno internacional y doméstico.

Las cifras de trabajadores extranjeros que cotizan en España alcanzaron en junio un nuevo punto máximo, con más de 3 millones de afiliados según los últimos datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Solo durante este mes, la afiliación de trabajadores de origen extranjero aumentó en 25.184 personas, lo que equivale a un tercio de todo el empleo creado en el mismo periodo.

Diversidad sectorial

El total de afiliados extranjeros en alta laboral ascendió hasta 3.096.015 personas en la serie original, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este volumen significa un incremento de 1.069.456 cotizantes extranjeros respecto a las cifras de junio de 2018, y sitúa a este colectivo en el 14,2% de todo el sistema de afiliados. Tal como detalló el Ministerio, “desde la reforma laboral, el 40,6% del empleo creado corresponde a trabajadores de origen extranjero”.

El reparto del empleo muestra una notable presencia en sectores como Hostelería, Agricultura, Construcción, Transportes, Información y Comunicaciones, además de Actividades Científicas y Técnicas. El Ministerio especificó que en Hostelería, los extranjeros representan el 29,3% del total, en Agricultura el 26,6%, en Construcción el 22,3%, en Actividades Administrativas el 17,2% y en Actividades Inmobiliarias el 14,8%.

En sectores de alto valor añadido, la presencia se concreta en Información y Comunicaciones (12,2%), Actividades Artísticas (11,2%) y Científicas y Técnicas (10%). Los datos difundidos subrayan un ascenso destacado en actividades de mayor cualificación, donde el empleo autónomo extranjero registra crecimientos de hasta el 30,6% en Información y Comunicaciones y del 17,6% en Actividades Científicas y Técnicas en los últimos 12 meses.

Mujeres y empleo extranjero

Asimismo, los datos oficiales recogen, además, que la presencia de las mujeres también continúa al alza dentro del colectivo extranjero. Actualmente, el 43,4% de los trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social son mujeres, con un total de 1.342.624 afiliadas.

Dinamismo en el Régimen General y el sector autónomo

En cuanto a la estructura por regímenes, el informe subraya que “un 84% de los afiliados extranjeros se encuadraron en el Régimen General de la Seguridad Social, alcanzando los 2.602.680 trabajadores”.

En la evolución interanual del último año, el empleo de origen extranjero aumentó un 6,8%. Diez sectores crecieron por encima de esa media, sobresaliendo Transporte y Almacenamiento (26,5%), Suministro de Agua (12%), Agricultura (10,5%), Construcción (10,1%), Industria Manufacturera (8,9%) y Actividades Administrativas (8,5%).

Las actividades de mayor valor añadido también experimentaron incrementos significativos: Actividades Financieras (8,3%), Profesionales, Científicas y Técnicas (6,5%) e Información y Comunicaciones (5,5%).

Otro dato relevante lo aporta el crecimiento del trabajo por cuenta propia. La afiliación de autónomos extranjeros marcó un récord histórico con 486.894 personas registradas en este régimen, lo que supone un 6,8% más que hace un año.

En este contexto, el Ministerio ha destacado la “importante irrupción” de trabajadores extranjeros en sectores cualificados y su papel creciente en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: “representan el 88,3% del crecimiento del empleo este mes”.

Origen de los afiliados

El comunicado distribuye también los datos por nacionalidad. Del conjunto de empleados extranjeros, el 31% procede de países de la Unión Europea. El mayor número de cotizantes corresponde a personas originarias de Marruecos, por delante de Rumanía, Colombia, Italia, Venezuela y China.

Integración y cohesión social

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido la contribución que representan los trabajadores extranjeros en el desarrollo económico y social de nuestro país. “España necesita del talento y la contribución de quienes eligen nuestro país para vivir y trabajar. Lo demuestran los datos: uno de cada siete afiliados a la Seguridad Social es de origen extranjero. Esa realidad nos dice que el crecimiento de nuestro país se construye con la contribución y el esfuerzo del conjunto de los trabajadores, sin distinción de la nacionalidad, y nos fortalece como sociedad”, aseguró Saiz.

Afiliación ajustada por estacionalidad

Por último, en cuanto a los ajustes estadísticos que eliminan los efectos propios de ciertas estaciones o campañas, la cifra de extranjeros afiliados se situó en 2.991.623 personas en junio, con un incremento de 19.537 respecto a mayo, lo que representa prácticamente el 14% del total de cotizantes del sistema.

El coste laboral de las empresas en España creció un 3,8% en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzó los 3.124,55 euros por trabajador y mes, según datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento marca la cifra más alta registrada en un primer trimestre desde el inicio de la serie histórica en el año 2000 y supone 17 trimestres consecutivos de subidas.

Salarios y cotizaciones al alza

El aumento se refleja tanto en el componente salarial como en los costes no salariales. El coste salarial medio subió en la misma proporción (3,8%), hasta los 2.290,46 euros por trabajador y mes, alcanzando también un máximo histórico en un primer trimestre.

Los otros costes se situaron en 834,09 euros tras un repunte similar del 3,8%. En concreto, la cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, principal componente de este apartado, crecieron un 3,9% entre enero y marzo.

El coste laboral por hora efectiva trabajada aumentó un 2,2% anual, hasta los 23,60 euros, mientras que el coste por hora pagada creció un 3,6% y se situó en 20,63 euros.

Diferencias por sectores de actividad

El mayor incremento interanual del coste laboral se produjo en el suministro de energía eléctrica y gas, con un avance del 7,6% hasta los 7.856,29 euros por trabajador y mes. El suministro de agua y las actividades de saneamiento también registraron un notable crecimiento del 7,1%, situándose en 3.530,28 euros.

En contraste, la Administración Pública fue la única gran actividad donde descendió el coste laboral, con una caída del 0,8% hasta los 3.504,79 euros por trabajador y mes.

Otros sectores como las actividades artísticas (+1%), sanitarias (+1,5%) y hostelería (+3,1%) tuvieron los menores incrementos, siendo la hostelería el área con el coste laboral más bajo, en 1.857,92 euros.

Variaciones por comunidades autónomas

Por territorios, la Comunidad de Madrid registró el mayor coste laboral medio, con 3.796,55 euros tras crecer un 3,2%. País Vasco alcanzó los 3.538,16 euros (+3,8%) y Cataluña, 3.389,56 euros (+4,2%).

En el extremo opuesto, Extremadura (2.558,5 euros) y Canarias (2.597,9 euros) mostraron los valores más bajos.

Baleares, Extremadura y Comunidad Valenciana presentaron los mayores aumentos anuales del coste laboral, mientras que Cantabria, Asturias y Aragón mostraron los menores incrementos.

Máximo de vacantes desde 2023

El mercado laboral mantuvo una fuerte demanda de trabajadores. El primer trimestre de 2025 cerró con 152.885 vacantes, la segunda cifra más alta en la serie estadística del INE, solo superada en el verano de 2023. El sector servicios concentró el 87,6% de estas vacantes, con 133.935 puestos no cubiertos.

Cataluña y Madrid fueron las comunidades con mayor número de vacantes, con 31.945 y 26.896 respectivamente, mientras que La Rioja (744) y Cantabria (963) registraron las cifras más bajas. La mayoría de empresas afirmaron que no necesitaban más personal, aunque el 5,1% aseguró que los costes elevados de contratación les impedían cubrir más vacantes.

La Seguridad Social registró en noviembre 14.358 afiliados menos respecto a octubre, un retroceso mensual que contrasta con la tendencia positiva del último año. Al mismo tiempo, el número de personas desempleadas descendió hasta 2.424.961, la cifra más baja en un mes de noviembre desde 2007, según los datos difundidos este martes por los Ministerios de Inclusión y Trabajo.

El paro bajó en 18.805 personas en comparación con el mes anterior, un descenso moderado que se concentra principalmente en mujeres y jóvenes menores de 25 años. La afiliación, por su parte, se redujo en la serie original pese a que la serie desestacionalizada alcanzó un nuevo máximo histórico por encima de los 21,8 millones de ocupados.

Este comportamiento desigual deja un mes marcado por señales de enfriamiento en el ritmo de creación de empleo, mientras que el descenso del paro consolida una mejora estructural que se mantiene desde hace meses.

Caída mensual de afiliación, pero cifra récord en la serie descentralizada

La Seguridad Social cerró noviembre con 21.825.233 afiliados en la serie original, lo que implica un aumento interanual de 522.771 ocupados, un 2,5% más que hace un año. Sin embargo, el retroceso mensual de 14.358 afiliados refleja un menor dinamismo respecto a ejercicios anteriores, a pesar de que el Ministerio de Inclusión subraya que esta caída es más moderada que la registrada en noviembre de 2024.

En cambio, la serie desestacionalizada mantiene la tendencia al alza. En noviembre sumó 44.734 afiliados y alcanzó 21.838.253 ocupados, el nivel más alto de toda la serie histórica. La afiliación diaria también permaneció por encima de los 21,8 millones de trabajadores de forma ininterrumpida desde el 17 de noviembre.

Por sectores, el comportamiento es dispar. En los últimos doce meses destacan los incrementos en transporte y almacenamiento (+8%), agricultura (+5,7%), actividades artísticas y recreativas (+5,1%) y construcción (+4,7%). En los sectores de mayor valor añadido, como información y comunicación (+3,3%) o actividades profesionales, científicas y técnicas (+3%), el crecimiento es más moderado.

El número de trabajadores autónomos se mantiene en cifras récord, con 3,42 millones de afiliados. No obstante, el crecimiento anual es reducido, del 1,2%, y se concentra en dos actividades: información y comunicación, y actividades profesionales, científicas y técnicas, que aportan el 64% del empleo creado en el colectivo. Si se añaden actividades sanitarias y educación, estos sectores explican casi la totalidad del aumento anual.

Descenso moderado del paro: baja el desempleo femenino y en menores de 25 años

El paro registrado se situó en 2.424.961 personas, tras una reducción mensual de 18.805 demandantes de empleo, un 0,77% menos que en octubre. Se trata del mejor dato para un mes de noviembre desde 2007. En términos interanuales, el desempleo acumula una caída de 161.057 personas, un 6,23% menos que hace un año.

El comportamiento por sexo muestra diferencias significativas. El desempleo femenino bajó en 14.370 mujeres en noviembre, una caída que triplica la del desempleo masculino, que se redujo en 4.435 personas. En comparación anual, el paro femenino disminuye en 90.705 mujeres, mientras que el masculino lo hace en 70.352.

El paro juvenil también mejora. Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en 5.476 personas, lo que deja el total en 188.322 jóvenes parados, la cifra más baja de la serie en un mes de noviembre.

Se reduce en once comunidades autónomas, pero aumenta en seis

Por sectores, el paro baja en todos. Los servicios lideran el descenso con 13.013 parados menos, seguidos de industria (-1.552), agricultura (-1.332), construcción (-881) y el colectivo sin empleo anterior (-2.027). Pese a ello, la caída en servicios —el sector más numeroso— es moderada, del 0,73%.

El comportamiento territorial es desigual. El desempleo se reduce en once comunidades autónomas, con descensos destacados en Andalucía (-6.934), Madrid (-3.903), Cataluña (-3.119), Comunidad Valenciana (-2.240), Canarias (-1.852), Galicia (-1.223), Aragón (-1.046), Principado de Asturias (-502), Región de Murcia (-483), Cantabria (-314) y La Rioja (-85).

En cambio, aumenta en seis territorios: Islas Baleares (+2.534), Castilla y León (+1.035), País Vasco (+753), Navarra (+265), Castilla-La Mancha (+239) y Extremadura (+202).

Contratación indefinida estable y un gran aumento del gasto en prestaciones

Durante noviembre se firmaron 1.296.203 contratos, de los cuales 534.997 fueron indefinidos, el 41,27% del total. Aunque la contratación indefinida se mantiene en niveles elevados respecto a ejercicios anteriores, casi seis de cada diez contratos registrados siguen siendo temporales.

Los datos de prestaciones del mes de octubre muestran un gasto medio por beneficiario de 1.465,3 euros, un 31,1% más que un año antes. La tasa de cobertura se sitúa en 77,71%, la más alta para un mes de octubre en la serie histórica, y el gasto total asciende a 2.006,45 millones de euros.

Los autónomos franceses e italianos se ahorraron en 2025 más de 500 millones de euros gracias a la aplicación del denominado IVA franquiciado, un régimen fiscal que no existe en España y que permite a los trabajadores por cuenta propia con menores ingresos quedar exentos de las obligaciones habituales del impuesto. Ese ahorro contrasta con el coste que soportaron los autónomos españoles, que, según un informe de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), ascendió a 508 millones de euros en un solo año, situando al colectivo en una clara desventaja competitiva frente a otros profesionales europeos.

La organización cifra este impacto económico en el informe elaborado por su Gabinete de Estudios, en el que concluye que la no implantación del IVA franquiciado en España ha generado un perjuicio directo, real y cuantificable para el colectivo. España sigue siendo el único Estado miembro de la Unión Europea que no ha incorporado este régimen, lo que, según ATA, ha tenido un impacto económico directo sobre los autónomos, mientras en países como Francia o Italia este sistema se aplica de forma generalizada.

Qué es el IVA franquiciado y cómo funciona

El IVA franquiciado es un régimen especial del impuesto que permite a determinados autónomos quedar exentos de las obligaciones habituales del IVA. En la práctica, supone que los trabajadores por cuenta propia que no superan un determinado umbral de facturación anual -fijado en 85.000 euros en la normativa europea- no están obligados a presentar declaraciones periódicas del impuesto ni a realizar liquidaciones trimestrales. Tampoco deben llevar una contabilidad específica vinculada al IVA ni asumir los trámites administrativos asociados a este impuesto.

A cambio, estos autónomos no repercuten IVA a sus clientes ni pueden deducirse el IVA soportado en sus gastos, pero se benefician de una reducción significativa de costes y de carga burocrática. En los países donde el sistema está implantado, los profesionales acogidos al régimen solo realizan una declaración anual, lo que simplifica su relación con la administración tributaria.

El perjuicio económico del modelo actual

Según las estimaciones del Gabinete de Estudios de ATA, 770.000 autónomos podrían acogerse al sistema si existiera en España. Se trata principalmente de profesionales y pequeños trabajadores por cuenta propia con ingresos inferiores a 85.000 euros y bajo volumen de IVA soportado.

El perjuicio económico se calcula a partir de dos factores principales. Por un lado, el ahorro en costes de gestión: la eliminación de declaraciones periódicas, contabilidad específica, software y servicios de gestoría y asesoría permitiría un ahorro estimado de 25 euros mensuales, es decir, 300 euros anuales por autónomo. Por otro, el ahorro de tiempo: se estima que cada autónomo dedica una media de dos horas al mes a tareas relacionadas con el IVA. Valorando ese tiempo en 15 euros por hora, el ahorro anual se sitúa en 360 euros.

La suma de ambos conceptos supone un ahorro individual medio de 660 euros anuales por autónomo. Extrapolado al conjunto de los potenciales beneficiarios, el perjuicio económico directo asciende a 508,2 millones de euros al año, una cifra que ATA considera un daño estructural que se repite cada ejercicio mientras no se implante el régimen.

Lorenzo Amor recuerda además que la organización ha denunciado esta situación ante la Comisión Europea por el incumplimiento de la directiva comunitaria, al considerar que está imponiendo una “carga adicional” a los más de 770.000 autónomos españoles que podrían acogerse al sistema, generando una desigualdad de condiciones frente a otros profesionales europeos. Lo cuales no solo no realizan declaraciones periódicas de IVA ni asumen los trámites asociados, sino que además solo presentan una declaración anual y operan con menores costes administrativos.

La inflación ha vuelto a moderarse en diciembre. El Índice de Precios de Consumo (IPC) se ha situado en el 2,9% interanual, una décima menos que en noviembre, según el indicador adelantado publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La evolución se explica, principalmente, por la bajada de los carburantes, aunque los alimentos ejercieron presión al alza, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en el 2,6%.

La moderación registrada en diciembre se produce después de que la inflación alcanzara el 3,1% en octubre y descendiera al 3,0% en noviembre. Con el dato de diciembre, la tasa interanual disminuye una décima y se sitúa en el 2,9% en el cierre del año.

En términos mensuales, los precios de consumo registraron en diciembre una subida del 0,3% respecto al mes de noviembre, según el dato adelantado del IPC proporcionado por el INE. Esta variación es inferior a la registrada en diciembre de 2024, cuando el aumento fue del 0,5%, lo que contribuye a la reducción de la tasa interanual.

Los carburantes impulsan la desaceleración del IPC

Según detalla el INE, la evolución de la inflación en diciembre se explica, principalmente, por la bajada de los precios de los carburantes y lubricantes para vehículos personales, frente al incremento registrado en el mismo mes del año anterior.

También influyeron, aunque en menor medida, los precios de ocio y cultura, que subieron en diciembre, pero lo hicieron menos que en diciembre de 2024. Este comportamiento contribuyó igualmente a la moderación del índice general.

Por el contrario, los alimentos y bebidas no alcohólicas afectaron al alza a la tasa interanual del IPC, ya que sus precios aumentaron más que en el mismo mes del año pasado, según ha publicado el organismo estadístico.

La inflación subyacente permanece estable

El indicador adelantado del INE muestra que la inflación subyacente -que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos- se mantuvo en diciembre en el 2,6% interanual, el mismo nivel que el registrado en noviembre.

Este componente del índice refleja la evolución de los precios sin tener en cuenta los elementos más volátiles, y su estabilidad contrasta con el ligero descenso registrado en el índice general durante el último mes del año.

El IPC armonizado se sitúa en el 3,0%

En paralelo, el INE ha publicado el avance del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite comparar la evolución de los precios entre los países de la Unión Europea. En diciembre, la tasa de variación anual estimada del IPCA ha disminuido dos décimas y se sitúa en el 3,0%.

La inflación subyacente del IPCA ha alcanzado el 2,8%, mientras que la variación mensual estimada del índice armonizado fue del 0,3%, en línea con la evolución del IPC nacional.

España cerrará el año con una inflación media de 2,7%

Más allá del dato de diciembre, el Ministerio de Economía ha realizado una primera lectura del conjunto del año. Según recoge la Cadena SER, el departamento que dirige Carlos Cuerpo estima que la inflación media de 2025 se situará en el 2,7%, una décima menos que la registrada en 2024. Desde el Ministerio señalan que esta evolución de los precios estaría permitiendo que las familias continúen recuperando poder adquisitivo.

El mercado hipotecario registró en junio una fuerte aceleración que consolida el cambio de tendencia iniciado en la primera mitad del año. Según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de hipotecas constituidas sobre viviendas ascendió a 41.834 operaciones, lo que supone un incremento del 31,7% en comparación con el mismo mes de 2024.

El capital prestado para este tipo de contratos superó los 7.043 millones de euros, con un aumento del 52,1% interanual, mientras que el importe medio de cada hipoteca subió un 15,5%, hasta situarse en 168.363 euros. Se trata de una de las cifras más elevadas de los últimos meses, en un contexto marcado por la paulatina bajada de los tipos de interés y la estabilización de los precios en parte del mercado residencial.

En términos mensuales, el número de hipotecas sobre viviendas fue ligeramente inferior al de mayo, con una caída del 1%. Sin embargo, en el acumulado del año, las firmas hipotecarias crecen un 24,9%, lo que refleja un dinamismo sostenido en la concesión de crédito para la compra de vivienda.

Tipos de interés en mínimos del año

El informe del INE refleja también que el tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en el 2,99%, con un plazo de amortización de 25 años. Esta cifra es algo menor que la de meses anteriores y refleja un respiro para quienes contratan hipotecas después de varios años de tipos más altos.

El 72% de las hipotecas constituidas en junio se firmaron a tipo fijo, frente al 28% a tipo variable. El interés inicial medio en las operaciones a tipo fijo se colocó en el 2,98%, mientras que en las variables ascendió al 3%, una diferencia mínima que explica el atractivo de mantener condiciones estables en el largo plazo.

Evolución por tipo de finca

En el conjunto de las fincas hipotecadas, que incluye tanto urbanas como rústicas, el número de operaciones fue de 53.438, un 31,4% más que en junio del año pasado. El capital prestado ascendió a 9.778 millones de euros, con un incremento del 45,7%. El importe medio en el total de fincas se situó en 182.983 euros, un 10,9% más.

Las hipotecas sobre fincas urbanas concentraron la mayoría de las operaciones, con 52.654 contratos y un aumento del 31,9%. Dentro de esta categoría, las viviendas representaron casi el 80% del total. Por su parte, las fincas rústicas registraron 784 hipotecas, un 8,1% más que un año antes, aunque con descensos respecto al mes anterior.

Menos cambios en las condiciones

El número de hipotecas con cambios en sus condiciones, conocidas como novaciones o subrogaciones, cayó un 10,8% interanual en junio, hasta las 12.977 operaciones. Las novaciones -modificaciones pactadas con la misma entidad- bajaron un 8,9%, mientras que las subrogaciones de deudor retrocedieron un 4,7%. Más acusado fue el descenso en las subrogaciones de acreedor, cuando el préstamo cambia de entidad financiera, que se desplomaron un 38,7%.

El INE detalla que el 75,5% de las modificaciones se debió a cambios en los tipos de interés, lo que refleja que buena parte de los hipotecados busca aprovechar la relajación monetaria para mejorar las condiciones de su préstamo.

Aragón, líder en el crecimiento hipotecario

El avance del mercado hipotecario no fue homogéneo en todo el territorio. Aragón lideró la estadística con un aumento del 96,8% en el número de hipotecas sobre viviendas respecto a junio de 2024. También destacaron Extremadura (65,3%) y Cantabria (63,3%).

En el lado contrario, Navarra fue la única comunidad con un descenso interanual (-0,7%), mientras que Baleares (12,5%) y Madrid (20,6%) registraron los incrementos más moderados. El resto de regiones se situó por encima de la media nacional del 31,7%.

Este comportamiento supera la caída de junio de 2024 (–46.783) y solo es superado por el fuerte repunte de 2021, cuando el paro se redujo en casi 167.000 personas.

El sector servicios impulsa la caída

El sector servicios concentró más del 75 % del descenso, con 38.253 desempleados menos (–2,1%). Le siguieron industria (–4.589), construcción (–3.029) y agricultura (–218). El colectivo sin empleo anterior redujo su paro en 2.831 personas (–1,2%). Por edades, el desempleo de más de 25 años se recortó en 44.624 (-1,9%) y el juvenil en 4.296 (-2,5%), situando a los menores de 25 años en 166.707 desempleados, un mínimo histórico.

Mínimos de paro femenino y de mayores de 52 años

El paro femenino marcó 1.460.884 desempleadas, su nivel más bajo desde 2008, mientras que el masculino descendió a 945.079, por segundo mes consecutivo por debajo del millón. Los mayores de 52 años redujeron su tasa de paro en 12.651 personas, hasta 1.019.525, acumulando un retroceso anual de 44.578 parados.

Los mayores descensos en Andalucía y la Comunidad de Madrid

Todas las comunidades autónomas registraron caídas del paro en junio. Los mayores descensos se dieron en Andalucía (–6.974), la Comunidad de Madrid (–6.571) y Castilla y León (–4.840). A nivel provincial, solo Huelva (+660) y Ceuta (+114) presentaron aumentos, mientras Madrid, Barcelona y Cádiz encabezaron los descensos.

Récord de afiliación: 21,86 millones de cotizantes

La Seguridad Social ganó 76.720 afiliados en junio (+0,3%), situando la media en 21.861.095 ocupados, un máximo histórico. En términos desestacionalizados, el alza mensual fue de 40.399 nuevos cotizantes (+0,19%). En el último año, el sistema ha sumado 468.206 afiliados (+2,2%).

Mujeres, autónomos y extranjeros en máximos

La afiliación femenina alcanzó 10.329.106 cotizantes, la cifra más alta de la serie, pese a que el grueso del aumento se concentró en los hombres (+75.629). El Régimen de Autónomos (RETA) subió en 7.067 afiliados (+0,2%), hasta 3.421.659, y los extranjeros alcanzan un nuevo récord de 3.096.015 cotizantes (+25.184).

Comercio y hostelería, motores del empleo

Dentro del Régimen General, el comercio (+32.103 cotizantes) y la hostelería (+25.590) impulsaron la creación de empleo. También destacaron las actividades administrativas (+25.206) y sanitarias (+21.644). En contraste, la educación perdió 55.568 afiliados por el fin de curso, y Sistema Especial Agrario restó 28.752 ocupados.

Más empleo indefinido y menor temporalidad

Desde la reforma laboral de 2021, el número de trabajadores con contrato indefinido ha crecido un 40,8%, sumando casi 4,2 millones de nuevos fijos hasta rozar los 15,2 millones. Los temporales representan en la actualidad el 12,5% del total, frente al 31,5% de 2018, una mejora especialmente notable entre menores de 30 años (de 55,2% de temporalidad a menos del 20%).

Diferencias regionales en afiliación

En junio, 13 comunidades aumentaron su afiliación, encabezadas por Cataluña (+24.177), Baleares (+19.391) y Castilla‑La Mancha (+13.289). Se perdieron cotizantes en Andalucía (–34.236), Murcia (–531), La Rioja (–473) y País Vasco (–4).

Contratación y cobertura por desempleo

En junio se firmaron 1.496.673 contratos, un 8,4% más que un año antes. De ellos, 587.653 fueron indefinidos (+3,5%), representando el 39,2% del total (por debajo del 41% de mayo). Los temporales crecieron un 11,9%, con 909.020 nuevas contrataciones de este tipo.

Aunque los datos de prestaciones van un mes retrasados, en mayo el gasto en desempleo alcanzó 1.872,9 millones de euros (+7,7% interanual). La prestación contributiva media fue de 1.004,5 euros, un 2,3% más. Por último, el número de beneficiarios se redujo un 14,1% interanual, y la tasa de cobertura subió del 69,4% al 74,4%.

La economía española pierde impulso en el tercer trimestre de 2025, moderando su crecimiento tanto frente al año anterior como respecto al trimestre precedente, según los datos avanzados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El Producto Interior Bruto (PIB) aumentó un 0,6% en términos de volumen entre julio y septiembre, dos décimas menos que el ritmo registrado en el segundo trimestre, según señala el INE en su avance de la Contabilidad Nacional Trimestral.

El crecimiento interanual del PIB también muestra una moderación, con un 2,8% respecto al tercer trimestre de 2024, frente al 3,0% anotado en el segundo trimestre. La explicación de esta desaceleración se encuentra, según el INE, en dos frentes: la desaceleración de la demanda nacional y un menor aporte de la demanda externa. Mientras la demanda nacional añadió 3,7 puntos al crecimiento anual, la demanda externa restó 0,8 puntos.

Por otra parte, la comparación con años previos acentúa la pérdida de fuerza: en 2022, por ejemplo, el crecimiento interanual llegó a superar el 7%. Desde entonces, el avance se ha ido suavizando de forma paulatina trimestre a trimestre.

Los motores del crecimiento pierden fuerza

La demanda nacional, que abarca el consumo de hogares, el gasto público y la inversión, continúa siendo el principal motor, pero muestra signos de fatiga. El gasto en consumo final de los hogares aumentó un 1,2% intertrimestral y un 3,3% interanual, manteniéndose similar al trimestre anterior y sugiriendo cierto estancamiento. El consumo de las Administraciones Públicas creció solo un 1,1% intertrimestral y bajó al 1,3% interanual, seis décimas menos que en el trimestre anterior.

La formación bruta de capital –principal indicador de la inversión– tuvo un comportamiento algo más dinámico y avanzó un 1,7% intertrimestral y un 7,6% interanual, lo que refleja un incremento de la actividad inversora respecto a los trimestres previos.

En cambio, la demanda externa lastró el avance del PIB. Las exportaciones de bienes y servicios se redujeron un 0,6% respecto al trimestre anterior y aunque la tasa interanual indica un crecimiento del 3,2%, supone una desaceleración de nueve décimas frente al trimestre previo. Las importaciones, por su parte, crecieron un 1,1% intertrimestral y un 6,1% en términos interanuales.

Sectores productivos y empleo

Desde la perspectiva sectorial, todos los grandes sectores de actividad avanzaron, salvo las ramas primarias. Las ramas industriales crecieron un 0,5% respecto al trimestre anterior y un 3,0% de forma interanual, mientras que la industria manufacturera alcanzó un 0,6% trimestral y un 2,9% anual.

La construcción ralentizó su comportamiento, pasando de un crecimiento intertrimestral del 2,4% en el segundo trimestre al 0,8% actual. El sector servicios, el más importante, solo aumentó un 0,8% intertrimestral, dos décimas menos que en el trimestre anterior.

“El valor añadido bruto de las ramas primarias registró una variación intertrimestral del -0,4%, frente al -6,6% del trimestre anterior”, subraya el INE.

En materia de empleo, los ocupados equivalentes a tiempo completo crecieron un 3,3% interanual y un 1,0% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, la productividad por puesto de trabajo cayó un 0,5% en términos interanuales y un 0,4% en tasa trimestral, una muestra de que la creación de empleo no se traduce automáticamente en mayor productividad.

Por primera vez desde que existen registros comparables, los trabajadores mayores de 55 años en España presentan una tasa de paro superior a la del grueso de la población activa. En concreto, el desempleo sénior se sitúa en el 9,8% en 2025, frente al 9,4% de los trabajadores de entre 25 y 54 años, lo que revela un cambio de tendencia en la estructura del mercado laboral español.

Así lo constata un informe elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), a partir de microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE. El estudio subraya que la inversión de la situación, que durante décadas benefició a los trabajadores de más edad, se produjo por primera vez en 2023 y se mantiene en la actualidad.

“El empeoramiento relativo experimentado por los mayores a lo largo de las últimas décadas ha sido muy sustancial”, advierte el informe, y destaca que en 1994 la tasa de paro de los mayores de 55 años era 9,2 puntos porcentuales inferior a la del grupo de 25 a 54 años. Esa brecha se fue reduciendo progresivamente hasta desaparecer y darse la vuelta.

Más dificultades para volver al mercado laboral

El informe distingue con claridad entre dos realidades dentro del colectivo sénior. Por un lado, quienes han mantenido una trayectoria laboral continuada disfrutan, en promedio, de empleos de mayor calidad y estabilidad. Por otro lado, quienes acceden por primera vez al mercado laboral a edades avanzadas o, al perder su empleo o reengancharse tras periodos de inactividad, deben “volver a empezar”, se enfrentan a obstáculos mucho mayores.

Estos mayores que tienen que volver a empezar sufren más dificultades de inserción, con menos oportunidades, peores condiciones y menor estabilidad que los trabajadores de menor edad en circunstancias similares, señala el estudio. La menor probabilidad de encontrar empleo va acompañada, además, de una mayor duración del desempleo.

Los datos sobre la duración del desempleo confirman el escenario. El informe detalla que el 57,9% de los parados de 55 o más años son de larga duración, una cifra que contrasta con el 36,1% de los desempleados en el grupo de 25 a 54 años y el 17,8% entre los jóvenes de 16 a 24 años (tres veces menos).

Empleos más precarios y de menor cualificación

Cuando los trabajadores sénior logran reinsertarse en el mercado laboral, las condiciones de los nuevos empleos suelen ser peores. Entre los asalariados mayores con menos de un año de antigüedad, el 52,6% tiene un contrato temporal, frente al 2% de temporalidad entre quienes acumulan más de 25 años en la misma empresa. Además, un 10% de estos nuevos empleos son contratos de muy corta duración -de hasta tres meses- y un 4,5% corresponde a fijos discontinuos.

La precariedad se refleja también en el tipo de ocupaciones. Solo un 15,6% de los mayores recién empleados accede a puestos de alta cualificación, mientras que el 29,4% trabaja en ocupaciones elementales. Estas cifras son peores que las de los trabajadores de 25 a 54 años en la misma situación y también que las de los jóvenes recién incorporados al mercado laboral.

El deterioro se extiende al plano salarial. Aunque la ganancia media anual de los mayores de 55 años es superior a la del resto de asalariados (30.038 euros frente a 26.855 euros), quienes llevan menos de un año en su empleo perciben de media 19.558 euros anuales, una cifra incluso inferior a la de los trabajadores de 25 a 54 años con la misma antigüedad (19.837 euros) y muy alejada de los 40.520 euros que alcanzan quienes han mantenido una carrera profesional ininterrumpida durante tres décadas.

La formación, una palanca clave pero no suficiente

El estudio subraya que la formación mejora la empleabilidad de los trabajadores sénior, aunque no garantiza por sí sola ni el acceso al empleo ni su calidad. Entre los mayores de 55 años con estudios superiores, la tasa de paro se reduce hasta el 5,4%, aumenta la estabilidad de los nuevos empleos y casi la mitad accede a puestos altamente cualificados. En estos casos, los salarios pueden alcanzar los 34.000 euros anuales.

En un contexto de envejecimiento demográfico, presión sobre el sistema de pensiones y escasez creciente de mano de obra joven, la Fundación BBVA y el Ivie reclaman una apuesta decidida por la formación continua a lo largo de toda la vida laboral y por políticas activas que combatan los estereotipos asociados a la edad. “La inversión más valiosa continúa siendo la que se hace en las personas, incluidas las mayores”, concluye el informe.

España ha aprobado con nota en la evaluación de los mercados. La agencia europea EthiFinance Ratings ha elevado la calificación crediticia de España hasta ‘A+’, con perspectiva estable, apoyándose en la fortaleza de los principales indicadores macroeconómicos. Su informe destaca el crecimiento por encima de la media de la eurozona, la moderación de la inflación y la mejora gradual de las finanzas públicas.

Por contra, el informe también pone de relieve que la mejora de los grandes indicadores no elimina los problemas estructurales que siguen condicionando la realidad económica de muchos ciudadanos.

Según las estimaciones de EthiFinance, la economía española habría cerrado 2025 con un crecimiento del 3%, un ritmo superior al de la mayoría de países de la eurozona. La agencia prevé que esta evolución se mantenga en los próximos años, con un avance del 2,3% en 2026 y del 2% en 2027, una trayectoria que, según su análisis, refleja una normalización del ciclo económico tras varios ejercicios de fuerte expansión y que constituye uno de los principales factores que explican la mejora del rating soberano de España.

Inflación más contenida y estabilidad monetaria

Otro de los elementos clave señalados por la agencia es la evolución de los precios. EthiFinance estima que la inflación continuará descendiendo y se situará en torno al 2,1% en 2026, en línea con el objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

El informe añade que, según sus previsiones, no se esperan nuevas bajadas de tipos de interés en 2026, lo que refuerza un escenario de mayor estabilidad macroeconómica, aunque sin estímulos adicionales desde la política monetaria.

Déficit bajo control y deuda aún elevada

En el ámbito de las finanzas públicas, la agencia valora positivamente que España mantenga el déficit por debajo del 3% del PIB, el límite marcado por las reglas fiscales europeas. En concreto, estima un déficit del 2,9% en 2025 y del 2,7% en 2026.

La deuda pública, por su parte, seguiría descendiendo en porcentaje del PIB, hasta situarse en torno al 100% en 2025 y en el 98,2% en 2026, gracias al crecimiento nominal de la economía. No obstante, EthiFinance subraya que la elevada deuda sigue siendo una de las principales vulnerabilidades del perfil crediticio, ya que en términos absolutos continúa aumentando.

Un mercado laboral que avanza, pero con desequilibrios

El informe reconoce una mejora progresiva de las condiciones del mercado laboral y prevé que la tasa de paro continúe descendiendo hasta situarse en el 10% en 2026. Aun así, los datos oficiales muestran que la situación sigue siendo delicada: la tasa de desempleo en España se mantiene elevada (alrededor del 10,4% según la EPA más reciente) y el paro entre menores de 25 años supera el 25%, muy por encima de la media europea.

Estos desequilibrios, junto con una elevada proporción de empleo vulnerable -un tipo de ocupación marcada por la temporalidad, los bajos salarios y la falta de estabilidad, especialmente entre los jóvenes-, limitan el impacto real del crecimiento económico sobre una parte importante de la población.

La falta de Presupuestos, un riesgo institucional

Más allá de los datos macroeconómicos, la agencia lanza una advertencia sobre el contexto político e institucional. La posible tercera prórroga de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 limita, según el informe, la capacidad legislativa y la ejecución de políticas públicas, aumenta la rigidez fiscal y acentúa la dependencia de decretos y prórrogas presupuestarias. Esta situación reduce la previsibilidad fiscal a medio plazo y podría terminar afectando a la inversión y al crecimiento económico.

‘Suficiente’ en medio ambiente y gobernanza

En su evaluación ESG, EthiFinance considera que España presenta un perfil social sólido, con un Índice de Desarrollo Humano de 0,918 en 2023, aunque sin perder de vista desafíos persistentes como el paro estructural y el empleo juvenil.

En el ámbito medioambiental, pese a las mejoras recientes en emisiones de CO₂ por habitante y en producción de energía renovable, los indicadores siguen situándose por debajo de lo que correspondería a la calificación soberana. En gobernanza, la agencia alerta de que los escándalos de corrupción y la fragmentación parlamentaria deterioran la confianza en las instituciones y dificultan la adopción de reformas estructurales clave.

Una mejora macro que no llega aún al bolsillo

En conjunto, la mejora del rating refuerza la imagen de estabilidad de la economía española y facilita su financiación en los mercados. Sin embargo, los datos del informe reflejan que esta fortaleza macroeconómica convive con problemas estructurales -como el paro juvenil, la elevada deuda pública y el bloqueo presupuestario- que siguen condicionando la situación económica de muchos ciudadanos y explican por qué la mejora no termina de aterrizar en su vida cotidiana.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha propuesto este miércoles a los agentes sociales una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 3,1%, lo que se traducirá en 1.221 euros al mes en 14 pagas. Esta propuesta, realizada durante la primera reunión negociadora de 2026 para la subida del salario mínimo, supondría un aumento de 37 euros mensuales respecto a la cuantía actual.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha explicado que la propuesta del Gobierno mantiene la exención del SMI en el IRPF y se apoya en las recomendaciones del Comité de Expertos que asesora al Ejecutivo en esta materia.

En este sentido, la cuantía planteada por el Gobierno coincide con una de las dos opciones recogidas en el último informe del comité sobre el salario mínimo. Este organismo había planteado una subida del 3,1% para 2026 en el caso de que el SMI continuara sin tributar en el IRPF, o un incremento mayor, del 4,7%, si finalmente pasaba a hacerlo.

Con la propuesta actual, el salario mínimo pasaría de los 1.184 euros mensuales vigentes a 1.221 euros brutos en catorce pagas, lo que supone 37 euros más al mes para los perceptores. Durante su intervención, Pérez Rey ha defendido que “el salario mínimo interprofesional no puede perder ni una décima de poder adquisitivo” y ha subrayado que la fiscalidad debe aplicarse “a quien más tiene, no a quien menos lo hace”.

El SMI como eje de la política laboral del Gobierno

El secretario de Estado de Trabajo ha enmarcado la propuesta en la evolución del salario mínimo desde la llegada del actual Gobierno. Según ha recordado, el SMI ha aumentado un 63% desde el inicio de la legislatura, lo que, a su juicio, ha contribuido a reducir la desigualdad.

“El SMI es seguramente la norma o la secuencia reformadora que ha llevado este Gobierno de más éxito de todas”, ha afirmado Pérez Rey, que lo ha situado junto a la reforma laboral como uno de los pilares de la política laboral. En su opinión, el salario mínimo ha sido “el principal antídoto contra la desigualdad” y ha tenido un impacto directo en los salarios más bajos.

El secretario de Estado también ha destacado que el incremento del SMI ha ayudado a reducir la brecha salarial de género, y ha beneficiado especialmente a mujeres, jóvenes y trabajadores en categorías de nuevo ingreso.

Compromiso para mantener la exención fiscal

Uno de los puntos centrales de la propuesta del Ejecutivo es que la subida del 3,1% se mantenga exenta de tributación en el IRPF. Pérez Rey ha reiterado el compromiso del Ministerio de Trabajo de que “no pague impuestos aquellas personas que están percibiendo el salario mínimo interprofesional”.

Según ha explicado, esta ha sido una cuestión planteada de forma reiterada por los agentes sociales y defendida públicamente por la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. “Quien cobra el salario mínimo interprofesional no tiene que ser quien tribute”, ha señalado.

Posible flexibilización en la contratación pública

Además del incremento salarial, el Gobierno ha puesto sobre la mesa la posibilidad de revisar las reglas de indexación en la contratación pública para mitigar el impacto de la subida del SMI en los contratos en vigor. Esta medida, según Pérez Rey, ha sido una petición unánime de las organizaciones presentes en la mesa de diálogo social.

El Ministerio de Trabajo se ha comprometido a explorar esta vía junto con los departamentos competentes, con el objetivo de “relajar las normas de desindexación” dentro del marco fiscal y laboral vigente.

Sin acuerdo aún, pero en un “clima de diálogo constructivo”

Por el momento, la propuesta no cuenta con una respuesta definitiva por parte de sindicatos y patronales. Pérez Rey ha explicado que ninguna de las organizaciones ha dado un sí o un no inmediato y que todas trasladarán la propuesta a sus órganos de gobierno.

No obstante, ha valorado de forma positiva el desarrollo de la reunión, que se ha celebrado, según ha dicho, en un “clima de diálogo franco, sincero y muy constructivo”. El Gobierno confía en recibir una respuesta “a la mayor brevedad posible” y en poder cerrar un acuerdo que permita consensuar la subida del SMI para 2026.

“Una subida de 37 euros brutos mensuales marca la diferencia entre salarios dignos y aquellos que no lo son”, ha concluido el secretario de Estado, que ha expresado su deseo de alcanzar un acuerdo con CEOE, Cepyme, UGT y CCOO en las próximas semanas.

Un hombre residente en Split, Croacia, ha comenzado el año 2026 con un golpe de suerte al ganar 669.842,80 euros en el sorteo europeo de lotería Eurojackpot, según ha informado el diario rumano Libertatea. La cuantía, próxima a los 700.000 euros, fue reclamada en la sede central de la Lotería Croata esta misma semana por el ganador, quien acertó una combinación difícil de lograr en esta lotería.

El Eurojackpot es una lotería transnacional europea que se juega desde marzo de 2012 y en la que participan actualmente 18 países europeos, entre ellos España, Croacia, Italia, Alemania, Suecia, Finlandia, y otros estados del continente. Los sorteos se celebran dos veces por semana, los martes y viernes, y pueden ofrecer botes que suelen empezar en 10 millones de euros y acumularse hasta alcanzar los 120 millones si no aparecen acertantes del premio mayor.

El sistema de juego del Eurojackpot consiste en seleccionar 5 números entre 1 y 50 y además 2 números adicionales conocidos habitualmente como “soles” (o euronúmeros) entre 1 y 12. Para acceder al premio principal, el llamado jackpot, el jugador debe acertar los siete números sorteados (los cinco principales y los dos soles)

Acertó una combinación casi imposible: 5+1 del Eurojackpot

En el caso del ganador de Split, acertar la combinación 5+1 -es decir, cinco de los números principales y uno de los dos soles- le valió un premio de casi 670.000 euros, categoría que por debajo del jackpot representa una de las más altas dentro de las 12 posibles categorías de premios que el Eurojackpot contempla.

La probabilidad de lograr esta segunda categoría es muy baja: se estima que para acertar cinco números y 1 sol hay alrededor de 1 posibilidad entre 6,9 millones, lo que subraya el carácter extraordinario del premio conseguido por este jugador.

Las fechas de los cumpleaños de su familia le dieron suerte

Según Libertatea, el afortunado croata compró sus boletos siempre en el mismo punto de venta de Split, y jugaba siempre los mismos números, basados en las fechas de nacimiento de los miembros de su familia.

Esta práctica, común entre muchos participantes de loterías, no altera las probabilidades matemáticas, pero en esta ocasión resultó ser la combinación ganadora. El hombre admitió que este era su primer premio de importancia y que se enteró de la victoria a través del teletexto de televisión.

Aseguró que la emoción fue tal que no pudo dormir en toda la noche y compartió de inmediato la noticia con su familia y parientes.

Este caso destaca no solo por la cuantía del premio, sino también por el componente humano: el uso de números que tienen significado personal para el ganador. Aunque las loterías son juegos de azar con probabilidades extremadamente bajas de ganar el premio mayor, historias como esta recuerdan que “el golpe de suerte”, aunque es improbable, sí puede ocurrir.

Aunque la información fue recogida por el medio rumano, este cita distintas fuentes locales croatas que fueron los primeros en hacerse eco de este particular premio de lotería.

La Unión Europea avanza hacia una nueva regulación laboral con la que pretende reforzar la calidad del empleo en los Estados miembros, incluida España. La Comisión Europea ha puesto en marcha una hoja de ruta que servirá de base para la futura Ley de Empleo de Calidad, una norma que previsiblemente se presentará en 2026 y que actualizará el marco europeo de protección de los trabajadores en un contexto marcado por la digitalización, la transición verde y los cambios demográficos.

La iniciativa forma parte de las prioridades sociales de la Comisión y se apoya en los análisis realizados en el marco del Semestre Europeo, donde Bruselas viene advirtiendo de deficiencias estructurales en los mercados laborales, como la precariedad, la falta de estabilidad o las dificultades de conciliación.

Según la Comisión, mejorar la calidad del empleo no solo tiene un impacto directo en el bienestar de los trabajadores, sino que también favorece la productividad, la innovación y la competitividad de las empresas en economías como la española.

Aunque la futura ley aún no tiene un texto definitivo ni un formato jurídico cerrado, el Ejecutivo comunitario ya ha definido los principios que guiarán su elaboración y el calendario aproximado para su desarrollo. El objetivo es que la norma complemente y modernice las reglas mínimas actuales de la UE en materia laboral, respetando al mismo tiempo la diversidad de los sistemas nacionales y el papel de los interlocutores sociales.

Qué entiende la UE por “empleo de calidad”

La Comisión Europea ha delimitado una serie de elementos que considera esenciales para definir un empleo de calidad. Entre ellos figura, en primer lugar, una remuneración justa, que permita a los trabajadores mantener un nivel de vida adecuado. A ello se suman condiciones de trabajo seguras y saludables, con especial atención a la prevención de riesgos laborales y a la protección frente al estrés y otros factores psicosociales.

Otro de los pilares es la seguridad en el empleo, entendida como estabilidad y previsibilidad en la relación laboral, junto con medidas que faciliten la conciliación entre la vida profesional y personal. La igualdad de género, el acceso a la formación continua y al desarrollo profesional, así como una protección social sólida y la cobertura de la negociación colectiva, completan el marco conceptual que maneja Bruselas.

Estos principios no son nuevos en el ámbito europeo, pero la Comisión considera necesario reforzarlos y adaptarlos a las nuevas realidades del mercado de trabajo, como el teletrabajo, el uso de algoritmos en la gestión de personal o la expansión de formas de empleo no tradicionales.

Calendario y desarrollo de la futura ley

El proceso para llegar a la Ley de Empleo de Calidad será gradual. Tras la presentación de la hoja de ruta, la Comisión ha abierto una fase de consulta con los interlocutores sociales, en la que sindicatos y organizaciones empresariales pueden aportar su visión sobre las prioridades y el alcance de la futura normativa. Esta fase se prolongará durante los primeros meses de 2026.

Una vez concluido ese diálogo, Bruselas prevé presentar una propuesta legislativa formal a lo largo de 2026. A partir de ese momento, el texto deberá ser negociado por el Parlamento Europeo y el Consejo, lo que implica que su aprobación definitiva y su aplicación efectiva podrían extenderse más allá de ese año.

Desde la Comisión subrayan que la futura ley se complementará con medidas no legislativas, como recomendaciones, financiación o apoyo técnico, para facilitar su implantación y para que los empleos en la UE sigan siendo “seguros, justos y preparados para el futuro”.

Impacto y límites de la iniciativa

El Ejecutivo comunitario insiste en que la nueva ley buscará un equilibrio entre la protección de los trabajadores y el apoyo a la competitividad, con especial sensibilidad hacia las pequeñas y medianas empresas. También recalca que no pretende sustituir las legislaciones nacionales, sino establecer un marco común mínimo que pueda adaptarse a cada país.

A falta de conocer el contenido concreto de la propuesta, la iniciativa ha sido bien recibida en términos generales por su objetivo de reforzar los derechos laborales, aunque algunos expertos y organizaciones sociales advierten de que su eficacia dependerá del grado de concreción de las medidas y de su aplicación real en los Estados miembros.

Las rebajas de enero arrancan oficialmente este martes 7 de enero de 2026, apenas un día después del día de Reyes. Como es habitual, el inicio de la campaña viene marcado por la entrada en vigor de los descuentos en tienda física, después de que muchas cadenas adelantaran las ofertas al canal online durante la tarde del día 6.

Grandes marcas de moda y comercios de todo tipo activan desde hoy sus descuentos en un contexto de consumo más prudente, pero con un interés por parte de los compradores que aún se mantiene. Ropa, calzado y complementos vuelven a concentrar buena parte de la atención, tras un año marcado por el encarecimiento generalizado de estos productos.

A diferencia de lo que ocurría hace más de una década, no existe un calendario único de rebajas en España. Desde la liberalización del sector, cada comercio decide cuándo empieza y cuándo termina su campaña de descuentos, lo que provoca diferencias significativas entre unas marcas y otras en cuánto duran las rebajas y hasta dónde bajan los precios

¿Cuándo empiezan y hasta cuándo duran las rebajas?

Aunque el arranque oficial en tiendas físicas se produce este 7 de enero, muchas cadenas llevan ya varios días aplicando descuentos en sus plataformas digitales. En cuanto a la duración, la mayoría de marcas sitúan el final de las rebajas a lo largo del mes de febrero, aunque algunas las prolongan hasta principios de marzo.

Estas son algunas de las fechas orientativas comunicadas por las principales cadenas:

• Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Lefties y Zara Home (Inditex): las rebajas se activan online el 6 de enero y llegan a las tiendas físicas el 7 de enero. El grupo no concreta una fecha de finalización, aunque en años anteriores la campaña se ha prolongado hasta finales de febrero.
• Mango: los descuentos arrancan el 7 de enero en tiendas físicas y canal online. En campañas recientes, la marca ha mantenido las rebajas hasta principios de marzo, una referencia que podría repetirse este año.
• H&M: las rebajas ya están activas desde los primeros días de enero y, según la planificación habitual de la cadena, suelen finalizar a comienzos de febrero.
• El Corte Inglés: la campaña de rebajas comienza el 7 de enero. En 2025, los descuentos se mantuvieron hasta el 28 de febrero, una fecha que sirve como referencia, aunque la empresa no ha comunicado un calendario cerrado para 2026.
• Kiabi: la cadena ha fijado el final de sus rebajas de invierno en torno al 8 de febrero, según la información disponible en sus canales comerciales.
• Sfera: los descuentos están activos desde los primeros días de enero y la firma prevé mantenerlos hasta finales de febrero, como en campañas anteriores.
• Calzedonia: no ha comunicado públicamente una fecha concreta de finalización, aunque habitualmente prolonga sus rebajas durante todo el mes de febrero.
• Decathlon: la compañía no establece un periodo cerrado de rebajas, pero mantiene promociones y precios reducidos durante gran parte del invierno, en algunos casos hasta finales de febrero o comienzos de marzo.
• Foot Locker: la campaña de descuentos suele extenderse hasta mediados de febrero, aunque la duración exacta puede variar según producto y canal de venta.

En todos los casos, las fechas pueden variar según el canal de venta, la categoría de producto o la evolución del stock disponible.

Cómo evolucionan los descuentos a lo largo de la campaña

En las primeras semanas, el número de productos rebajados suele ser mayor, aunque con descuentos más moderados. A medida que avanza la campaña, el stock se reduce, pero los precios bajan más, especialmente en lo que se conoce como segundas rebajas.

Elegir el momento adecuado depende del objetivo del comprador: quienes buscan variedad y tallas completas suelen optar por los primeros días, mientras que quienes priorizan el mayor descuento asumen el riesgo de encontrar menos opciones conforme avanza febrero.

Más cautela, pero mayor gasto previsto

El inicio de las rebajas llega este año en un contexto marcado por la desconfianza de los consumidores hacia los descuentos, pero también por un mayor desembolso previsto. Según una encuesta del comparador financiero Banqmi, el gasto medio estimado por persona en las rebajas de enero de 2026 ronda los 105 euros, una cifra que supone un máximo histórico de la serie.

El estudio refleja una paradoja cada vez más frecuente: aunque una parte significativa de los consumidores duda de que los descuentos sean realmente atractivos, el importe final destinado a compras sigue creciendo, impulsado en parte por el encarecimiento acumulado de productos básicos como la ropa y el calzado.

Los consejos de la OCU para comprar con seguridad

Con el arranque de la campaña, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que durante las rebajas solo baja el precio, no los derechos del consumidor. Los productos rebajados deben haber formado parte de la oferta habitual del comercio y mostrar de forma clara el precio anterior o el porcentaje de descuento aplicado.

La OCU insiste en que la calidad, la garantía y el servicio posventa deben ser exactamente los mismos que fuera del periodo de rebajas. Además, cualquier condición especial -como limitaciones en devoluciones o medios de pago- debe comunicarse de forma expresa al consumidor.

En el caso de las compras online, la normativa ofrece una protección adicional: el comprador dispone de 14 días naturales para desistir de la compra sin necesidad de justificar el motivo. En todos los casos, conservar el tique o comprobante sigue siendo clave para cualquier cambio, devolución o reclamación.