España e Italia comparten una estructura económica similar, marcada por el peso del turismo, la agricultura, las pequeñas y medianas empresas y la industria manufacturera. Sin embargo, sus resultados económicos se han alejado durante la última década. “¿Por qué España crece y nosotros no?”, plantea la periodista italiana Milena Gabanelli, que atribuye la diferencia a una mayor continuidad política, un mercado laboral más dinámico, la gestión de la inmigración, el avance de las energías renovables y un entorno más estable para las empresas.

Gabanelli expuso esta comparación en una intervención en el informativo TgLa7 y la desarrolló junto a Francesco Tortora en un análisis publicado en Dataroom, la sección de Corriere della Sera. Su argumento no es que los distintos gobiernos españoles hayan aplicado las mismas políticas, sino que, pese a la alternancia entre el Partido Popular y el PSOE, algunas reformas se han mantenido y completado en lugar de ser sustituidas continuamente.

“En 15 años, España ha tenido solo dos presidentes del Gobierno, Rajoy y Sánchez; Italia, siete presidentes del Consejo”, destaca la periodista. Durante ese periodo, añade, la economía española redujo el desempleo en diez puntos, creció a un ritmo medio del 2,1% y recuperó poder adquisitivo en los salarios, mientras que Italia avanzó menos y sufrió una pérdida mucho mayor de capacidad de compra.

Más continuidad en el mercado laboral

Gabanelli sitúa el inicio de esa evolución en la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012, que flexibilizó las condiciones de los despidos. Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, explica, no eliminó por completo ese marco, pero incorporó otras medidas, entre ellas las subidas del salario mínimo y mayores restricciones a los contratos temporales.

El resultado, resume, es que “en diez años, el desempleo ha bajado diez puntos, el crecimiento ha sido del 2,1% y los salarios han ganado un 1,2% de poder adquisitivo respecto a 2019”. La periodista contrapone esta evolución con la italiana, donde el paro descendió seis puntos y el crecimiento se limitó al 1%.

La mayor diferencia aparece en los salarios. Mientras España recuperó el nivel previo a la pandemia, en Italia “el poder adquisitivo de los salarios se ha desplomado un 8% respecto a los niveles anteriores a la covid”, afirma.

Gabanelli relaciona estos resultados con la sucesión de reformas y contrarreformas italianas. El Gobierno de Matteo Renzi flexibilizó los despidos con el Jobs Act; Paolo Gentiloni eliminó los vales de trabajo; el primer Ejecutivo de Giuseppe Conte restringió los contratos temporales; y Giorgia Meloni volvió a flexibilizarlos y recuperó esos vales.

Frente a esa inestabilidad, la periodista observa una mayor continuidad en España, aunque las políticas de Rajoy y Sánchez respondieran a orientaciones diferentes.

Inmigración y falta de trabajadores

La gestión de la inmigración laboral es otro de los factores que separa a ambos países. “Los empresarios en España pueden solicitar la contratación de extracomunitarios en cualquier momento”, señala Gabanelli.

En Italia, por el contrario, las empresas deben recurrir a cuatro jornadas de solicitud al año, conocidas como click days, que, según la periodista, funcionan “poco y mal”. Este sistema dificulta que las compañías incorporen trabajadores extranjeros cuando necesitan cubrir puestos vacantes.

El análisis de Dataroom añade que España cuenta con una ventaja para integrar a la población procedente de América Latina, debido al idioma compartido y a los vínculos culturales. Gabanelli y Tortora presentan la inmigración como una respuesta más accesible a la escasez de mano de obra, no como la única explicación del crecimiento español.

Electricidad más barata e inversión extranjera

La energía constituye otra diferencia relevante. Gabanelli reconoce que España dispone de centrales nucleares, pero pone el foco en las inversiones realizadas desde 2018 en fuentes renovables. Según el análisis de Dataroom, estas tecnologías generan alrededor del 55% de la electricidad española y han reducido el peso del gas y el carbón en la formación de los precios.

“El megavatio hora cuesta la mitad que en Italia”, resume la periodista. La diferencia supone una ventaja directa para las empresas que consumen grandes cantidades de electricidad y también reduce la presión de los costes energéticos sobre los hogares.

Ese entorno ayuda, según Gabanelli, a explicar por qué “también las inversiones extranjeras prefieren España”. Durante la última década, el país captó 304.000 millones de euros procedentes del exterior, frente a los 191.000 millones recibidos por Italia. Estas inversiones generaron 72.000 puestos de trabajo en España y 40.000 en el país transalpino, de acuerdo con los datos recogidos por Dataroom.

La periodista atribuye la distancia a razones principalmente prácticas: una red de banda ancha más extendida, un sistema fiscal más previsible y una justicia civil más rápida. “Nosotros hemos cambiado 50 normas en cinco años”, lamenta sobre Italia.

A esa inestabilidad regulatoria se suma la duración de los litigios. “Las causas civiles se cierran de media en tres años; en Italia hacen falta seis”, explica. Para una empresa que debe decidir dónde instalarse o realizar una inversión, la seguridad de las reglas y los tiempos judiciales pueden resultar determinantes.

Aunque Gabanelli no presenta a España como una economía sin problemas, su conclusión es que dos países con bases productivas parecidas han obtenido resultados distintos por la combinación de decisiones acumuladas durante años: mayor continuidad política, más capacidad para incorporar trabajadores, electricidad más barata y condiciones más previsibles para invertir. “Al final, todo se explica”, concluye.

Que una vivienda aparezca en el Catastro o en el Registro de la Propiedad y tenga contratados suministros básicos no garantiza que sea completamente legal desde el punto de vista urbanístico. El arquitecto Juan Goñi ha advertido sobre esta situación en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @juangoniarquitecto, donde explica las limitaciones que afectan a miles de inmuebles en Andalucía.

“Tu casa puede estar en catastro, en registro, tener luz, tener agua y no ser legal”, señala Goñi. Según la cifra aportada por el arquitecto, unas 300.000 viviendas de la comunidad se encuentran en situación de asimilado a fuera de ordenación, conocida por las siglas AFO.

Qué significa que una vivienda esté en situación de AFO

“Tramitar ese AFO, que se le llama, ese asimilado a fuera de ordenación, te permite regularizarla, hacer obras de conservación y mantenimiento, pero limita tus derechos”, explica Goñi.

En Andalucía, donde Goñi sitúa las 300.000 viviendas afectadas, el reconocimiento corresponde al ayuntamiento del municipio en el que se encuentra el inmueble. Puede concederse a construcciones terminadas que presentan irregularidades urbanísticas y sobre las que ya no es posible adoptar medidas para recuperar la legalidad, como exigir su demolición o la corrección de las obras realizadas.

La declaración municipal deja constancia oficial de las condiciones en las que se encuentra el edificio y permite autorizar determinadas actuaciones. Entre ellas figuran las obras necesarias para garantizar su seguridad, salubridad y conservación. También puede facilitar, bajo ciertas condiciones, la contratación de servicios básicos o la inscripción de la situación del inmueble en el Registro de la Propiedad.

No obstante, las posibilidades de reforma son limitadas. La normativa permite principalmente las intervenciones indispensables para conservar la vivienda y mantener sus condiciones de habitabilidad. No da libertad, por tanto, para ampliarla, modificarla sustancialmente o realizar cualquier tipo de obra.

Regularizar no es lo mismo que legalizar

La principal advertencia del arquitecto es que no debe confundirse el reconocimiento administrativo con la legalización completa de la vivienda. “El AFO regulariza, pero no legaliza”, insiste.

La normativa andaluza también establece expresamente esta diferencia: la declaración de asimilado a fuera de ordenación “no supone su legalización” y tampoco da derecho a obtener una licencia de ocupación o utilización.

“AFO no significa legal, significa situación reconocida y, muy importante, limita lo que puedes hacer”, advierte Goñi. El inmueble continúa sometido a un régimen urbanístico particular que puede afectar a las obras permitidas y sus usos futuros.

Qué comprobar antes de comprar una casa

El arquitecto recomienda analizar toda la documentación urbanística antes de cerrar una operación. La referencia catastral sirve principalmente para identificar el inmueble y calcular determinados impuestos, mientras que su inscripción registral acredita derechos de propiedad, pero ninguno de estos elementos sustituye por sí solo a una licencia urbanística.

Por este motivo, antes de comprar, resulta importante solicitar información en el ayuntamiento, comprobar las licencias disponibles y revisar si existe una resolución de AFO, así como las restricciones que incluye. “Antes de comprar, tienes que ver todas estas cosas”, concluye el arquitecto.

Ascender dentro de una empresa suele implicar un cargo mejor, más responsabilidad y, habitualmente, una subida salarial o nuevos incentivos. Sin embargo, esa mejora profesional ya no compensa necesariamente cuando obliga a trabajar con más presión, perder flexibilidad o disponer de menos tiempo para la vida personal. Casi seis de cada diez directivos y altos responsables europeos aseguran que rechazarían una promoción si perjudicara su bienestar.

El dato aparece en el informe Executive Compensation & Talent Trends 2026, elaborado por Page Executive a partir de una encuesta internacional realizada entre noviembre y diciembre de 2025. La investigación recoge las respuestas de más de 14.000 ejecutivos y profesionales de alta dirección, entre ellos 493 participantes españoles.

La encuesta no pregunta directamente cuánto dinero estarían dispuestos a perder, pero sí muestra que, incluso entre profesionales situados en los niveles mejor pagados de las empresas, ascender deja de percibirse como una mejora cuando el coste es vivir peor.

La conciliación pesa más que el salario al cambiar de puesto

Cuando los directivos valoran la posibilidad de cambiar de cargo, lo que más temen perder no es su sueldo. El 40% menciona las relaciones que ya mantiene con sus compañeros y responsables, mientras que el 37% señala la conciliación o la flexibilidad laboral.

También pesan la familiaridad con las tareas actuales, citada por el 34%; la comodidad del lugar de trabajo o del desplazamiento diario, con un 32%; y la seguridad y estabilidad en el empleo, con un 29%. El salario y los beneficios aparecen después, mencionados por el 28% de los encuestados.

Un ascenso puede significar cobrar más, pero también alargar la jornada, estar disponible fuera de horario, asumir conflictos de equipo, desplazarse con mayor frecuencia o cargar con decisiones que antes correspondían a otra persona.

El informe agrupa estas preocupaciones y concluye que los factores relacionados con la cultura laboral alcanzan un peso del 76%, frente al 38% de los elementos económicos o vinculados a la progresión profesional. Las categorías pueden solaparse, pero la diferencia refleja que la calidad del entorno de trabajo pesa más que avanzar en el organigrama.

El sueldo continúa siendo importante. El 44% de los ejecutivos europeos considera que una remuneración competitiva es uno de los principales elementos de satisfacción laboral. No obstante, Page Executive concluye que el dinero no basta cuando fallan la confianza en la dirección, la cultura interna, la transparencia o el apoyo al bienestar.

Entre las condiciones más valoradas por los directivos europeos se encuentran el trabajo flexible o híbrido, elegido por el 33%; la posibilidad de trabajar completamente en remoto o desde cualquier lugar, con un 25%; y los programas de salud y bienestar, con un 15%.

Cuatro de cada diez directivos españoles exigen flexibilidad

La tendencia también aparece en los resultados específicos de España. Cuatro de cada diez directivos españoles consideran la flexibilidad un elemento decisivo al valorar una nueva oportunidad profesional. Además, un tercio reconoce haber buscado otro empleo por su desacuerdo con determinadas decisiones tomadas por la dirección.

El 45% de los ejecutivos y altos responsables españoles se plantea actualmente un cambio profesional y el 30% no espera continuar en su puesto más de un año. Al mismo tiempo, solo el 63% se muestra satisfecho con su remuneración.

Los resultados del informe apuntan a un cambio en la forma de entender la carrera profesional. Subir de categoría, cobrar más o acumular responsabilidades ya no se interpreta necesariamente como vivir mejor. También para quienes ocupan los puestos más altos, una promoción puede convertirse en un retroceso cuando supone menos autonomía, peor conciliación y una desconexión digital inexistente.

El verano multiplica la carga de trabajo en hoteles, restaurantes, terrazas, comercios de zonas turísticas, piscinas y lugares de ocio. La temporada alta obliga a las empresas a reorganizar los turnos y las tareas de sus plantillas para poder asumir el aumento de la clientela. Eso no significa, sin embargo, que la compañía pueda eliminar descansos y días libres o prolongar la jornada cada vez que aumenta la actividad.

“La empresa puede organizar el trabajo y adaptar los cuadrantes dentro de los márgenes establecidos en el contrato y en el convenio colectivo”, explica a Infobae Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. Pero esa capacidad tiene límites: “Lo que no puede hacer es ampliar unilateralmente la jornada, suprimir descansos o alterar de manera sustancial y permanente el horario o el sistema de turnos alegando simplemente que existe más actividad”.

La compañía puede repartir de manera irregular una parte de la jornada anual cuando así lo permita el convenio o exista un acuerdo. Si no hay ningún pacto específico, esta distribución puede afectar como máximo al 10% de las horas anuales. Además, debe comunicarse con al menos cinco días de antelación y respetar siempre los descansos.

Cuándo un cambio de turno supera los límites

No es lo mismo mover un turno de forma puntual que modificar durante semanas o meses el horario habitual, la duración de la jornada o el sistema de trabajo. Cuando el cambio afecta de manera relevante a estas condiciones, puede considerarse una modificación sustancial.

En ese caso, la empresa debe justificar la decisión por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas y seguir el procedimiento legal. Si la medida afecta individualmente a un trabajador, debe comunicarla por escrito con una antelación mínima de 15 días.

La persona afectada puede impugnarla en los 20 días hábiles siguientes a la notificación. Mientras se resuelve el conflicto, el cambio se aplica, pero el juzgado puede considerarlo injustificado y ordenar que se recuperen las condiciones anteriores. También puede reconocer una compensación por los perjuicios ocasionados.

De Paz señala que, en determinados supuestos, un trabajador perjudicado por un cambio que sí esté justificado puede solicitar la extinción de su contrato con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, hasta un máximo de nueve mensualidades.

Los descansos siguen siendo obligatorios

La temporada alta tampoco justifica encadenar jornadas sin respetar los tiempos de descanso obligatorio. Entre el final de un turno y el comienzo del siguiente deben pasar, como mínimo, 12 horas. La jornada ordinaria no puede superar, con carácter general, las nueve horas diarias de trabajo efectivo. Un convenio o acuerdo colectivo puede establecer otro reparto, pero debe mantener el descanso mínimo entre jornadas.

Cuando se trabaja de manera continuada durante más de seis horas, debe existir una pausa de al menos 15 minutos. Ese descanso solo cuenta como tiempo trabajado cuando así lo establece el convenio colectivo o el contrato. También debe respetarse un descanso semanal mínimo de día y medio seguido. Este puede acumularse en periodos de hasta 14 días, aunque algunos sectores cuentan con reglas especiales.

Cómo deben compensarse las horas extra

Si un turno se prolonga más allá de la jornada pactada, esas horas extra no pueden desaparecer. Deben pagarse según lo establecido en el convenio o en el contrato, y su valor nunca puede ser inferior al de una hora ordinaria. También pueden compensarse con el mismo tiempo de descanso retribuido.

Cuando no existe un acuerdo sobre cómo compensarlas, se entiende que deben devolverse mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes.

Si la empresa no reconoce esas horas, el trabajador puede reclamar su pago durante el plazo general de un año desde que debieron abonarse. Para acreditar la jornada realizada, puede aportar cuadrantes, mensajes, correos electrónicos, registros de acceso, cierres de caja, conexiones informáticas o declaraciones de testigos.

“La ausencia de un registro fiable no supone que cualquier número de horas alegado quede automáticamente acreditado, pero coloca a la empresa en una posición probatoria muy desfavorable”, señala De Paz, porque es la compañía la que debe registrar cada día el comienzo y el final de la jornada.

Incumplir las normas sobre jornada, descansos, horas extraordinarias o registro horario constituye una infracción grave y puede castigarse con multas de entre 751 y 7.500 euros.

Miles de paneles producen electricidad a pleno rendimiento en una mañana soleada. La energía entra al sistema al mismo tiempo desde decenas de plantas, la oferta supera con mucho a la demanda y el precio mayorista se desploma. En algunas horas llega a cero y, en otras, cae incluso por debajo. Hay tanta electricidad disponible -y tan poca capacidad para almacenarla- que algunos productores aceptan precios negativos para que su energía sea absorbida por el mercado.

La pérdida de rentabilidad de la energía solar en España ha entrado en una nueva fase. Ya no se manifiesta únicamente en precios bajos, recortes de producción o ingresos inferiores a los previstos. Según Bloomberg, al menos cuatro proyectos o compañías españolas se han puesto a la venta, pero la diferencia entre lo que pretenden cobrar sus propietarios y lo que están dispuestos a pagar los compradores ha frenado varias operaciones.

El problema nace de una contradicción. España ha conseguido desplegar energía solar a gran velocidad y abaratar la electricidad durante las horas de mayor producción, algo beneficioso para millones de consumidores. Sin embargo, las baterías, las redes eléctricas y la demanda no han aumentado al mismo ritmo. El resultado es que algunas plantas generan cada vez más energía, pero ingresan menos por ella y pierden valor ante posibles compradores.

Más electricidad, pero menos ingresos

Durante los últimos 15 años, fondos de capital riesgo, bancos y grandes eléctricas han invertido más de 80.000 millones de dólares en el sector renovable español, tal y como recoge Bloomberg. La expansión convirtió al país en uno de los mercados europeos con mayor crecimiento de estas tecnologías y llevó a la solar fotovoltaica a adelantar a la eólica en febrero de 2025 como la fuente con mayor potencia instalada en España.

Sin embargo, esta tecnología produce la mayor parte de energía prácticamente al mismo tiempo. A mediodía, cuando el sol alcanza su punto más alto, numerosas plantas inyectan grandes cantidades de energía en la red. Si hogares, empresas e industrias no consumen toda esa electricidad y no existen baterías suficientes para guardarla, el precio cae.

Los precios negativos se producen cuando sobra tanta electricidad que algunos generadores aceptan pagar para que su producción sea absorbida por el mercado. No significa que la factura de todos los consumidores pase automáticamente a ser negativa, sino que en el mercado mayorista hay horas en las que la energía tiene un valor inferior a cero.

Antes de terminar el primer semestre de 2026, España ya había superado el número de horas con precios negativos registrado durante todo 2025, de acuerdo con la información publicada por la agencia financiera.

Para una planta solar, producir más no garantiza ganar más. Aunque venda una mayor cantidad de electricidad, sus ingresos pueden disminuir si el precio medio que obtiene por ella cae lo suficiente. Esa diferencia entre producción y facturación está deteriorando las previsiones sobre las que se financiaron algunos proyectos.

Activos a la venta y operaciones bloqueadas

Para ejemplificar la situación, Bloomberg menciona que la promotora española Arena Green Power y la gestora de activos renovables Matrix Renewables han sido ofrecidas a potenciales compradores. La empresa privada RIC Sun España también estuvo a la venta, aunque ha detenido el proceso mientras trabaja para incorporar baterías a sus parques. En esta línea, Iberdrola habría retrasado algunas ventas de activos después de recibir ofertas que consideraba demasiado bajas.

Hay una distancia evidente entre las valoraciones de vendedores y compradores. Los propietarios calculan el valor de sus instalaciones a partir de la inversión realizada y de los ingresos que esperaban obtener durante años. Los posibles compradores, en cambio, descuentan el riesgo de que continúen las horas con precios cero o negativos, las restricciones de producción y la falta de capacidad para almacenar la energía.

Daniel Pérez, responsable de la empresa energética pública catalana L’Energètica, explica a Bloomberg que el deterioro de las condiciones económicas está llevando a algunos inversores a intentar abandonar el sector aceptando fuertes descuentos. No se trata necesariamente de una oleada de ventas cerradas, sino de activos puestos en el mercado que no encuentran comprador al precio esperado.

Solaria, el ejemplo de producir más y cobrar menos

La evolución de Solaria resume la paradoja. Su producción solar aumentó casi un 50% durante los tres primeros meses del año, mientras que el precio medio obtenido por esa electricidad cayó alrededor de un 20% en el mismo periodo.

Al mismo tiempo, BlackRock Advisors y al menos otras cuatro firmas de inversión han tomado posiciones bajistas sobre la compañía, es decir, han realizado operaciones con las que obtendrían beneficios si sus acciones pierden valor, según Bloomberg. Estas apuestas no significan por sí solas que Solaria vaya a registrar pérdidas, pero sí reflejan que una parte del mercado espera una evolución desfavorable de su cotización.

Solaria intenta reducir esa dependencia de la venta inmediata de electricidad. La empresa ha captado 300 millones de euros para adquirir baterías, que permitirían guardar la energía generada durante las horas centrales del día y venderla después, cuando baja la producción solar y el precio suele ser más alto. También estudia desarrollar centros de datos, que actuarían como grandes consumidores cercanos a sus plantas.

El papel clave de la red eléctrica

El problema no es únicamente cuánta electricidad se produce, sino qué puede hacerse con ella. La capacidad solar ha avanzado más rápido que el almacenamiento, las redes, las interconexiones y el crecimiento de la demanda.

Una batería permite desplazar la electricidad en el tiempo: la guarda al mediodía y la devuelve a la red por la noche. Una red más amplia y reforzada permite moverla en el espacio: trasladarla desde una zona con exceso de generación hasta otra donde hogares o industrias la necesitan. Sin esas dos capacidades, parte de la producción queda atrapada en el lugar y en el momento en el que se genera.

Cuando la red no puede absorber toda la energía, el operador puede ordenar recortes o desconexiones temporales. Estas restricciones obligan a una planta a reducir su producción aunque haya sol y capacidad técnica para generar, por lo que parte de la electricidad potencial termina desaprovechándose.

Bloomberg sostiene que Red Eléctrica ha intensificado desde el apagón que afectó a España y Portugal en abril de 2025 las órdenes para reducir la producción o desconectar temporalmente algunas instalaciones solares. La agencia relaciona esta mayor cautela con la necesidad de mantener estable el sistema, pero no atribuye a la energía solar la causa directa del apagón.

La red necesita mantener estables la frecuencia y la tensión para que la electricidad circule con normalidad. Las grandes centrales con turbinas han contribuido tradicionalmente a sostener ese equilibrio, mientras que una presencia cada vez mayor de energía solar exige más control y otros mecanismos de respaldo.

Miles de millones para adaptar el sistema

El Gobierno de España considera que la situación es transitoria y ha autorizado una inversión adicional de 17.900 millones de euros en las redes de transporte y distribución eléctrica hasta 2030. La medida pretende facilitar la conexión de nuevos consumos industriales, viviendas y transporte electrificado, además de reforzar la seguridad y la resiliencia del sistema.

A esta ampliación de las redes se suma el impulso al almacenamiento. En 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una convocatoria de 700 millones de euros para financiar proyectos a gran escala, entre ellos instalaciones de baterías, bombeo reversible y sistemas térmicos.

El reto ahora es que estas inversiones lleguen a tiempo y permitan absorber una capacidad solar que sigue creciendo más rápido que las infraestructuras necesarias para aprovecharla.

El proceso extraordinario de regularización de migrantes ya ha incorporado a 262.475 personas a la Seguridad Social y también se ha reflejado en los registros del paro. Mientras la afiliación alcanzó en julio un nuevo máximo de 22.508.065 cotizantes medios, el desempleo aumentó en 19.517 personas, de las que 15.535 eran extranjeras.

La regularización tiene así un doble efecto sobre las estadísticas laborales. Quienes ya trabajaban, pero no podían figurar legalmente de alta, pasan a cotizar a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, quienes buscan un puesto de trabajo pueden inscribirse en las oficinas públicas de empleo, un derecho al que antes no tenían acceso por carecer de autorización administrativa.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha atribuido principalmente a este proceso el aumento del paro registrado en julio. El desempleo entre las personas extranjeras creció un 4,54%, hasta alcanzar las 357.621, y concentró cerca del 80% de la subida mensual. Los datos disponibles, no obstante, no detallan cuántas de esas 15.535 nuevas inscripciones corresponden exactamente a personas recién regularizadas.

Más de 262.000 migrantes regularizados ya cotizan

A 30 de julio, un total de 262.475 personas incorporadas mediante la regularización extraordinaria figuraban de alta en la Seguridad Social. La mayoría, 213.883 -el 81,5%-, estaba encuadrada en el Régimen General. Otras 21.719 trabajaban en el Sistema Especial Agrario, 14.054 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, 12.675 eran autónomas y 144 cotizaban en el Régimen del Mar.

Madrid concentraba el mayor número de regularizados en alta, con 51.844. Le seguían Cataluña, con 46.839; Andalucía, con 33.211, y la Comunidad Valenciana, con 31.690. Entre las cuatro reunían 163.584 personas, más del 62% del total.

La cifra de 262.475 no equivale a nuevos puestos de trabajo creados durante julio. Es un dato acumulado hasta el día 30 y parte de estas personas podía estar ya trabajando previamente de manera informal, aunque su actividad no figurara en los registros oficiales. La regularización permite que esos empleos afloren administrativamente y comiencen a generar cotizaciones.

Los cotizantes extranjeros sostienen el aumento de la afiliación

La afiliación a la Seguridad Social ganó en julio 41.727 ocupados y alcanzó los 22.508.065 afiliados medios. Es la primera vez que el sistema supera los 22,5 millones de cotizantes en la serie original. En comparación con julio del año pasado, cuenta con 642.562 trabajadores más, un incremento superior al 2,9%.

Una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, el crecimiento fue incluso mayor. La serie desestacionalizada sumó 79.567 afiliados en un mes, hasta alcanzar los 22.288.120 ocupados, y acumula 66 meses consecutivos de avances.

El conjunto de los trabajadores extranjeros tuvo un peso determinante en esta evolución, más allá de las personas incorporadas mediante el proceso extraordinario. El colectivo alcanzó un máximo de 3.512.223 afiliados medios, después de sumar 66.046 en julio y 420.875 durante el último año. Su aumento mensual fue superior al registrado por el conjunto del sistema y representa ya el 15,6% de todos los cotizantes.

Los 66.046 afiliados extranjeros adicionales no corresponden exclusivamente a personas recién regularizadas. La cifra incluye la evolución mensual de todo el colectivo, y el Ministerio de Inclusión no especifica qué parte concreta procede del proceso extraordinario.

El paro aumenta en julio 19.517 personas

El paro registrado aumentó en julio en 19.517 personas, un 0,85% respecto a junio, hasta situarse en 2.311.499 desempleados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El aumento contrasta con el registrado un año antes, cuando el desempleo disminuyó en julio en 1.357 personas. Pese al repunte mensual, actualmente hay 93.107 parados menos que en julio de 2025, lo que supone una caída interanual del 3,87%. El total sigue siendo, además, el más bajo para este mes desde 2007.

La subida también se mantiene una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario. En términos desestacionalizados, el número de desempleados aumentó en 18.249 personas, por lo que la subida mensual no se explica únicamente por los movimientos habituales del mercado laboral durante el verano.

Aumenta sobre todo en los servicios y entre quienes figuran sin empleo anterior

El paro creció en julio en todos los sectores económicos. Los mayores aumentos se produjeron entre las personas sin empleo anterior, con 8.268 desempleados más, un 3,65%, y en los servicios, con 8.221 más, un 0,50%. Ambos grupos explican conjuntamente casi el 85% del incremento mensual.

También aumentó en la construcción, con 2.433 parados más; en la industria, con 473; y en la agricultura, con 122. Los servicios siguen concentrando la mayor parte del desempleo registrado, con 1.667.724 personas, seguidos por el colectivo sin empleo anterior, que reúne a 234.757.

Trabajo vincula especialmente el aumento entre quienes figuran sin empleo anterior con el proceso de regularización. Según el ministerio, la obtención de la autorización permite que personas que ya residían en España se inscriban por primera vez en las oficinas públicas de empleo.

La categoría “sin empleo anterior” no significa necesariamente que nunca hayan trabajado. Parte de esas personas podía haber desarrollado previamente una actividad informal que no constara en los registros administrativos. Su incorporación al SEPE puede elevar el paro registrado sin que se haya producido necesariamente una destrucción equivalente de puestos de trabajo.

El paro sube entre los mayores de 25 años y en 14 comunidades

El aumento del desempleo se concentró prácticamente por completo entre las personas mayores de 25 años, cuyo número creció en 19.755, un 0,93%. En cambio, el paro juvenil descendió en 238 personas, hasta quedar en 159.562 menores de 25 años, el nivel más bajo de la serie histórica.

Por sexos, el desempleo masculino aumentó en 11.810 personas, hasta las 915.483, mientras que el femenino creció en 7.707, hasta alcanzar las 1.396.016. Las mujeres continúan representando alrededor del 60% de las personas inscritas como paradas, aunque el descenso interanual es mayor entre ellas: un 4,38%, frente al 3,08% registrado entre los hombres.

La subida también fue generalizada territorialmente. El paro aumentó en 14 comunidades autónomas y solo bajó en Andalucía, con 9.661 desempleados menos; Extremadura, con 767 menos, y Cantabria, con una reducción de 250 personas. Los mayores incrementos se registraron en Cataluña, con 7.705 parados más; la Comunidad Valenciana, con 7.021, y Madrid, con 3.822.

La educación pierde más de 124.000 afiliados

Por actividades, el mayor aumento mensual de la afiliación en el Régimen General se produjo en las actividades sanitarias y de servicios sociales, con más de 57.000 trabajadores adicionales. También crecieron el comercio, la hostelería, las administraciones públicas y las actividades administrativas. En sentido contrario, la educación perdió más de 124.000 afiliados, una caída vinculada al final del curso académico.

En términos interanuales, la afiliación creció con más fuerza en la construcción, con un 7,3%; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 6,8%; y las actividades de edición, radiodifusión y producción de contenidos, con un 5,9%.

El número de autónomos se situó en 3.472.357, prácticamente sin cambios respecto a junio, aunque con 57.984 trabajadores más que hace un año.

Durante julio también se registraron 1.587.141 contratos. De ellos, 617.211 fueron indefinidos, el 38,89% del total, y 969.930 tuvieron carácter temporal. Entre los indefinidos, 250.540 fueron a jornada completa, 150.201 a tiempo parcial y 216.470 fijos discontinuos.

Llegar antes a la oficina porque hay una reunión, conectarse desde casa para responder correos o alargar la jornada hasta terminar una tarea son prácticas habituales entre los trabajadores españoles. Sin embargo, no todos ven reflejado ese esfuerzo en su nómina. Para quienes hacen horas extra sin cobrarlas, estas situaciones suman una media de 5,8 horas a la semana. Al cabo de un año, son cerca de 302 horas: el equivalente a 37,7 jornadas de ocho horas o algo más de siete semanas y media de trabajo a jornada completa.

En España, unas 436.000 personas trabajan semanalmente horas extraordinarias por las que no reciben salario ni descanso compensatorio, según el informe El abuso de las horas extra no pagadas en España, elaborado por el Gabinete Económico de CCOO a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Estas personas representan el 2,3% de todos los asalariados del país.

Para cada trabajador afectado, esas horas suponen un coste laboral no abonado de 148 euros a la semana y 7.696 euros al año, de acuerdo con los cálculos del sindicato. Esta cantidad que no equivale al dinero neto que habría recibido en su cuenta, ya que incluye tanto el salario bruto como las cotizaciones sociales asociadas al tiempo trabajado.

Más de 132 millones de horas de trabajo sin pagar al año

Cada semana se realizan en España 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones, alrededor del 40%, no se pagan ni se compensan con tiempo de descanso. Al trasladar esta media semanal al conjunto del año, el resultado supera los 132 millones de horas de trabajo no remunerado.

El problema afecta a casi la mitad de quienes prolongan su jornada. En España, 924.000 asalariados hacen horas extra cada semana, el 5% del total. De ellos, 436.000, el 47,1%, realizan horas extraordinarias por las que no reciben compensación.

CCOO calcula que el volumen de horas extraordinarias realizadas en España, tanto pagadas como no pagadas, equivale a 171.000 empleos a jornada completa. Solo las horas que quedan sin remunerar representarían el trabajo correspondiente a unos 68.000 puestos completos.

Se trata de una equivalencia en número de horas, no de una estimación de los contratos que podrían crearse de forma automática. Ese tiempo está repartido entre distintas empresas, sectores, profesiones y momentos del año, pero permite dimensionar cuánto trabajo adicional se cubre mediante la prolongación de las jornadas existentes.

En conjunto, el sindicato calcula que las horas extra no pagadas representan 3.378 millones de euros al año. Esa cantidad incluye los salarios brutos que los trabajadores dejan de percibir, las cotizaciones sociales que no se ingresan y los impuestos vinculados a esas remuneraciones. Por tanto, CCOO sostiene que esta práctica perjudica tanto a los empleados como a los ingresos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria.

Educación concentra una de cada cinco horas extra gratuitas

La distribución del problema cambia según el criterio utilizado. Si se analiza el volumen total de horas, la educación es el sector que concentra una mayor parte: el 19,5% de todas las horas extra no pagadas. Le siguen la industria manufacturera, con el 9,9%; las actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 9,8%; y la hostelería, con el 8,9%.

El orden es diferente cuando se observa qué proporción de los trabajadores de cada actividad está afectada. Las actividades financieras y de seguros encabezan esta clasificación: el 6,5% de sus asalariados hace horas extra sin cobrar. A continuación aparecen la educación, con un 5,2%, y las actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos, con un 4,9%.

Este último grupo registra, además, la mayor intensidad entre quienes soportan jornadas prolongadas sin cobrar. Los afectados realizan una media de 8,5 horas extra gratuitas a la semana, más de una jornada laboral adicional. Si se traslada esa media al conjunto del año, suma unas 442 horas, equivalentes a cerca de once semanas de trabajo de 40 horas.

También superan la media general los empleados afectados en la hostelería, con 7,5 horas semanales; en el transporte y almacenamiento, con 7; en las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 6,9; en la educación, con 6,7; y en la construcción, con 6,6.

El informe señala que las horas extra no pagadas continúan siendo una práctica extendida en nuestro país pese a la existencia del registro obligatorio de jornada. En la práctica, cientos de miles de empleados siguen entregando cada año semanas enteras de su tiempo y su trabajo a empresas que se benefician de esas horas sin pagarlas.

La Bolsa española ha abierto este lunes, primera sesión bursátil de agosto, con una subida del 0,68%, que situó al Ibex 35 en los 19.917,7 puntos. El mercado arrancó impulsado por la fuerte caída del precio del petróleo y por la expectativa de que Estados Unidos e Irán retomen las conversaciones durante la tarde.

En la primera media hora de negociación, el selectivo llegó a avanzar algo más de un 0,9% y alcanzó un nuevo máximo histórico intradía de 19.970,9 puntos, por encima de los 19.953,5 que había tocado el viernes. El índice se quedó así a menos de 30 puntos de conquistar por primera vez la barrera de los 20.000.

Las principales bolsas europeas también comenzaron la jornada con ganancias. Fráncfort abrió con un alza del 1,10%; París, del 0,98%; Milán, del 0,68%; y Londres, del 0,08%. El tono positivo de los mercados europeos coincidió con el descenso de las cotizaciones del crudo, aunque la intensidad de la caída continúa variando durante la mañana.

El petróleo cae ante la expectativa de nuevas negociaciones

El barril de Brent, referencia en Europa, cotizaba hacia las 9:30 horas en 83,64 dólares, un 4,88% por debajo del cierre del viernes. El West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, perdía casi un 6% y se situaba en 79,73 dólares.

La caída responde a la posibilidad de que Washington y Teherán alcancen un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo. El temor a que quedara bloqueado contribuyó a elevar el precio de la energía durante las últimas semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que Washington e Irán retomarían las conversaciones este lunes y aseguró que había suspendido un ataque contra el país. Según explicó a los periodistas a bordo del Air Force One, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar e Irán le habían pedido que cancelara la ofensiva ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo, según informa Europa Press.

Trump sostuvo además que existe un entendimiento sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y que las negociaciones podrían extenderse al programa nuclear iraní. Sin embargo, responsables políticos y militares de Irán negaron que se hubiera alcanzado ya un pacto. Fuentes del equipo negociador iraní citadas por la agencia semioficial Fars aseguraron que el estrecho continuará cerrado mientras persistan las acciones hostiles de Estados Unidos.

Repsol retrocede más de un 2%

La caída del precio del petróleo ha penalizado especialmente a Repsol, que retrocedía más de un 2% durante los primeros compases de la sesión. Un precio más bajo del crudo reduce las expectativas de ingresos de las compañías petroleras.

En el lado contrario, ArcelorMittal encabezaba las ganancias del Ibex con una subida del 2,8%, seguida de Acerinox, con un 2,3%, y Amadeus, con un 2,25%. También avanzaban algunos de los valores con mayor peso en el índice: BBVA ganaba un 1,86%; Santander, un 1,33%; e Inditex, un 1,28%. Iberdrola, en cambio, registraba un ligero descenso.

El Ibex llega a agosto después de cerrar su cuarto mes consecutivo de ganancias y acumula una revalorización del 15,16% desde el comienzo del año. Durante la jornada, los inversores también estarán pendientes de los indicadores PMI manufactureros de la eurozona y Estados Unidos, así como del ISM industrial estadounidense.

Mientras decenas de miles de personas intentaban alcanzar Ceuta desde Marruecos, a pocos kilómetros los ferris seguían transportando camiones y mercancías entre las dos orillas del Estrecho: piezas de automóvil, maquinaria, combustibles, ropa, frutas y productos pesqueros. La frontera volvía a convertirse el pasado jueves en un punto de máxima tensión política, pero seguía funcionando como uno de los principales corredores comerciales entre Europa y el norte de África.

La magnitud de la entrada irregular, con cifras nunca vistas hasta ahora, ha alimentado las sospechas sobre una posible relajación del control fronterizo marroquí, especialmente por el precedente de 2021. Sin embargo, no existen pruebas públicas concluyentes de que Rabat organizara o permitiera deliberadamente el movimiento migratorio. Tampoco se han anunciado represalias económicas. De hecho, las autoridades de ambos países reforzaron posteriormente la frontera y facilitaron el regreso a Marruecos ,- de buena parte de quienes habían cruzado.

Pero lo ocurrido deja al descubierto una relación de dependencia cruzada entre ambos países: España necesita la cooperación de Marruecos para controlar la frontera y gestionar los flujos migratorios, mientras Marruecos necesita a España para vender, atraer inversión y consolidarse como plataforma industrial próxima al mercado europeo. En 2024, ambos países intercambiaron mercancías por un valor récord de 22.693 millones de euros.

Además, España es desde 2012 el principal socio comercial de Marruecos, mientras el país magrebí ocupa el primer lugar entre los mercados africanos para las empresas españolas.

Una relación comercial multimillonaria que ha seguido creciendo

España cerró 2024 con un superávit comercial superior a los 3.000 millones de euros frente a Marruecos. Las exportaciones al país crecieron cerca de un 6% y alcanzaron un máximo histórico, según la Secretaría de Estado de Comercio. En conjunto, las empresas españolas vendieron a Marruecos bastante más de lo que compraron.

Aun así, su peso dentro del comercio exterior español es limitado. Las exportaciones de mercancías superaron los 384.000 millones de euros en 2024 y Marruecos concentró alrededor del 3,4% del total, algo más de tres de cada 100 euros vendidos al exterior. Una crisis prolongada golpearía a empresas y sectores concretos, pero España cuenta con una economía más diversificada y con mercados alternativos.

Para Marruecos, en cambio, la relación con España es clave en su economía. El informe anual de su Office des Changes, el organismo oficial que publica las estadísticas de comercio exterior del país, señala que Europa concentró el 62% del comercio exterior de Marruecos en 2024 y recibió más del 71% de sus exportaciones. Dentro de los intercambios con el continente, España fue su principal socio, con el 29,1% del total, por delante de Francia, que representó el 21%.

Los datos de la Comisión Europea confirman esa dependencia del mercado comunitario. En 2025, la UE absorbió el 33,2% de las exportaciones marroquíes y suministró el 34% de sus importaciones. El comercio de bienes entre las dos partes alcanzó los 62.200 millones de euros.

Fábricas conectadas a ambos lados del Estrecho

La relación va bastante más allá de la venta de tomates marroquíes en supermercados españoles o de gasolina española al otro lado de la frontera. Las dos economías forman parte de cadenas de producción compartidas, especialmente en la automoción, el textil, la maquinaria y los componentes eléctricos.

España exporta a Marruecos combustibles, bienes de equipo, maquinaria, metales, productos químicos y componentes que utilizan las fábricas instaladas allí. Marruecos, por su parte, vende a España vehículos, cableado eléctrico, piezas para automóviles, prendas de vestir, frutas, hortalizas y pescado.

En ocasiones, un mismo producto cruza varias veces el Estrecho: las materias primas o las piezas salen de España, se transforman o ensamblan en Marruecos y vuelven después para incorporarse a un vehículo, llegar a una tienda o continuar hacia otro país europeo.

El comercio entre Marruecos y la UE muestra hasta qué punto ha crecido la conexión industrial. En 2025, la maquinaria y el material de transporte representaron más de la mitad de las importaciones comunitarias procedentes de Marruecos, por delante de los alimentos y el textil. Se trata de una estructura más propia de una plataforma manufacturera que de un simple proveedor agrícola.

Por eso, una interrupción prolongada del comercio podría perjudicar a las empresas de ambos países. Las fábricas españolas que utilizan cableado o piezas fabricadas en Marruecos tendrían que asumir retrasos, buscar otros proveedores o pagar más por el transporte.

Los controles aduaneros adicionales también podrían afectar a los productos agrícolas y pesqueros marroquíes destinados a España y al resto de Europa, que necesitan llegar con rapidez para no perder valor ni estropearse.

España se juega inversiones y contratos futuros

Hay más de 350 empresas españolas instaladas en Marruecos, según el Gobierno, y sus inversiones generan 27.655 empleos en el país. Marruecos es además el principal destino de la inversión española en África, con un volumen acumulado próximo a los 2.000 millones de euros.

Esas compañías trabajan en sectores como la energía, el agua, la construcción, el transporte, la banca, la industria y los servicios. España, por tanto, se juega las ventas actuales y también su posición ante los grandes proyectos con los que Marruecos pretende modernizar sus infraestructuras durante los próximos años.

Uno de los ejemplos más claros es el ferrocarril. España ha aprobado más de 750 millones de euros de financiación para que Marruecos compre 40 trenes interurbanos, una operación diseñada para favorecer la participación de empresas españolas.

También hay intereses en la gestión del agua. Un consorcio liderado por Acciona participa en la construcción de la desaladora de Casablanca, que tendrá capacidad para producir 300 millones de metros cúbicos al año y cuenta con cerca de 340 millones de euros de respaldo financiero público español.

A estas oportunidades se suman las inversiones previstas para el Mundial de fútbol de 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal. La construcción y mejora de aeropuertos, carreteras, hoteles y redes de telecomunicaciones abrirá contratos por los que competirán empresas de distintos países. Una pérdida de confianza política podría dejar a las compañías españolas en peor posición frente a sus competidoras.

Marruecos se juega su estrategia industrial

Marruecos lleva años presentándose ante las empresas europeas como una alternativa para producir cerca de la UE, con menores costes y conexiones marítimas rápidas. La proximidad permite reducir los tiempos respecto a Asia y mantener las mercancías a unas horas de los principales centros industriales españoles.

Para que esa estrategia funcione, necesita inversión, infraestructuras y estabilidad. Las multinacionales no eligen únicamente el país donde tendrán que abonar menores salarios: también calculan si podrán mover los productos sin interrupciones, si las normas serán previsibles y si los conflictos diplomáticos afectarán a sus operaciones.

Ahí está el límite de la presión que puede ejercer Marruecos sobre España. Rabat sabe que Madrid necesita su colaboración para controlar la frontera, pero utilizarla de forma recurrente como herramienta política puede tener un coste. Las empresas europeas podrían percibir el país como un destino menos estable y pensárselo más antes de instalar nuevas fábricas o realizar inversiones.

Los dos países se necesitan, pero no de la misma manera. España podría buscar otros mercados y proveedores si la relación comercial se deteriorara, aunque algunas empresas sufrirían el golpe. Para Marruecos sería más difícil sustituir a España y al mercado europeo. Aun así, Rabat conserva una baza que Madrid no puede ignorar: su capacidad para abrir o cerrar el paso en una frontera indispensable en la política migratoria española.

Más de 50.000 personas procedentes de Marruecos, muchas de ellas jóvenes, entraron en Ceuta entre el jueves y el viernes de esta semana por la frontera del Tarajal o a través del mar, poniendo en peligro su vida. Independientemente de las circunstancias concretas de cada caso, hay un dato que puede ayudar a entender el contexto de esta llegada masiva: Marruecos cerró 2025 con un paro juvenil del 37,2% y con una parte importante de su población trabajando sin contrato o sin cotizar.

Aunque Marruecos reconoce por ley un salario mínimo, una jornada máxima, vacaciones pagadas y protección frente al despido, muchos de estos derechos no llegan por igual a toda la población: la mayoría de las mujeres permanece fuera del mercado laboral y muchos empleados desarrollan su actividad al margen de la cobertura de la Seguridad Social.

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo de las actividades no agrícolas está fijado en 17,92 dírhams por hora, alrededor de 1,67 euros al cambio actual. Esto equivale a unos 3.423 dírhams brutos mensuales -cerca de 319 euros- para una jornada completa. En el campo, el mínimo asciende desde el 1 de abril a 97,44 dírhams diarios, unos 9,08 euros por jornada.

Estas cantidades corresponden al segundo tramo de la subida pactada en 2024 por el Gobierno marroquí, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

El paro juvenil supera el 37%

Marruecos cerró 2025 con 1,62 millones de personas en paro y una tasa de desempleo del 13%, según el Haut-Commissariat au Plan (HCP), el organismo estadístico oficial del país. La proporción alcanzó el 16,4% en las ciudades, mientras que en las zonas rurales se situó en el 6,6%.

La falta de empleo en el país golpea especialmente a los jóvenes y a las mujeres. En 2025, la tasa de paro alcanzó el 37,2% entre las personas de 15 a 24 años y el 20,5% entre las mujeres. Además, se situó en el 19,1% entre quienes tenían algún título académico, según los datos del HCP.

Pero la tasa de desempleo no muestra por sí sola toda la falta de oportunidades. Solo el 19% de las mujeres en edad de trabajar tenía empleo o lo buscaba activamente, frente al 68,5% de los hombres. Las que no trabajan y tampoco buscan un puesto no aparecen en las estadísticas como paradas, sino como inactivas.

Por tanto, una tasa de paro femenina elevada convive con otro problema todavía mayor: una amplia mayoría de las mujeres ni siquiera participa en el mercado laboral.

A ello se suma el subempleo. Este indicador incluye, por ejemplo, a quienes trabajan menos horas de las que necesitan o tienen un puesto que no aprovecha plenamente su disponibilidad. En 2025 afectaba a 1,19 millones de personas, el 10,9% de la población ocupada, y tenía una mayor incidencia en las zonas rurales.

Una jornada legal de 44 horas semanales

Las condiciones básicas de trabajo están reguladas por la Ley 65-99, que contiene el Código del Trabajo marroquí. Su artículo 184 establece una jornada ordinaria de 2.288 horas al año, equivalentes a 44 horas semanales, en las actividades no agrícolas. En el campo, la referencia legal es de 2.496 horas anuales.

Se trata de la duración fijada por la legislación, no necesariamente de las horas que termina haciendo cada persona. La norma permite repartir la jornada de forma desigual a lo largo del año y regula las horas extraordinarias, que deben pagarse con recargos distintos dependiendo de si se realizan durante el día, por la noche o durante los días de libranza. El Código reconoce también un descanso semanal mínimo de 24 horas seguidas.

Después de seis meses en la misma empresa, los trabajadores adultos generan un día y medio laborable de vacaciones pagadas por cada mes trabajado. En un año completo, esto equivale normalmente a 18 días laborables. El periodo aumenta a medida que se acumula antigüedad.

Maternidad, enfermedad y despido

Las trabajadoras tienen derecho a un permiso de maternidad de 14 semanas. La prestación económica corre a cargo de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la Seguridad Social marroquí, y exige haber cumplido los correspondientes periodos de cotización.

Según este organismo, la ayuda puede cubrir el 100% del salario diario medio sujeto a cotización durante 98 días. En caso de enfermedad o accidente no laboral, la CNSS contempla una indemnización equivalente a dos tercios del salario diario medio declarado.

Los despidos también están regulados. La legislación establece procedimientos, plazos de preaviso e indemnizaciones vinculadas a la antigüedad. Para reclamarlos, el trabajador debe poder acreditar que existía una relación laboral, cuánto cobraba y desde cuándo prestaba sus servicios.

Marruecos dispone además de una indemnización por pérdida involuntaria del puesto. La CNSS la paga durante un máximo de seis meses y su importe equivale al 70% del salario mensual medio de referencia, sin que pueda superar el salario mínimo. Para recibirla es necesario reunir las cotizaciones exigidas.

Muchos trabajadores se quedan fuera del sistema

La última encuesta del Haut-Commissariat au Plan sobre el sector informal, realizada entre abril de 2023 y marzo de 2024, calcula que las actividades desarrolladas al margen de los registros y la contabilidad oficial daban empleo a 2,53 millones de personas en 2023, el 33,1% de toda la ocupación no agrícola del país.

Dentro de este sector, el comercio concentraba el 44,1% de los puestos de trabajo, y los servicios otro 28,7%. El empleo asalariado era minoritario y especialmente precario: no tenían contrato el 60% de quienes trabajaban para otra persona o negocio.

La encuesta contabilizó además unos 2,03 millones de pequeños negocios o unidades de producción informales, un 22% más que en 2014. El 85,5% estaba formado por una única persona y solo el 9,8% se encontraba afiliado a la Seguridad Social marroquí.

Desde el 1 de agosto, las empresas disponen de seis días naturales para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social la baja de un trabajador cuando finaliza la relación laboral, así como las variaciones que se produzcan en los datos que deben mantener actualizados. Hasta ahora, estas gestiones tenían que realizarse en un máximo de tres días.

El cambio está recogido en el Real Decreto 643/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de julio. La norma modifica el reglamento que regula la inscripción de las empresas y la afiliación, las altas, las bajas y las variaciones de datos de los trabajadores. Su entrada en vigor se produjo este sábado.

La expresión “baja” puede generar confusión, pero la modificación no afecta a las bajas médicas por enfermedad o accidente. Se refiere a la baja administrativa en la Seguridad Social que debe tramitarse cuando una persona deja de prestar servicios para una empresa.

Tampoco concede seis días al trabajador para presentar un documento: la responsabilidad de comunicar el cese recae, con carácter general, en la empresa, que puede realizar el trámite directamente o mediante un representante o una gestoría.

Cómo se cuentan los seis días naturales

El BOE establece que las solicitudes de baja y de variación de datos deberán presentarse durante los seis días naturales siguientes al cese en el trabajo o al momento en el que se produzca la modificación correspondiente. Al tratarse de días naturales, en el cómputo se incluyen los sábados, los domingos y los festivos.

Por ejemplo, si un trabajador termina su relación laboral con una empresa un lunes, el plazo comienza a contar el martes. A partir de ese momento, la compañía dispone de seis días naturales para comunicar la baja a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La ampliación recupera el margen que existía antes de la reforma aprobada en 2015. El Real Decreto 708/2015 redujo entonces de seis a tres días naturales el plazo disponible para comunicar tanto los ceses como las variaciones de datos.

Por qué se ha ampliado el plazo

El Gobierno justifica el cambio por las dificultades trasladadas por los profesionales que actúan como representantes de las empresas y de otros responsables de estas obligaciones. Según explica el preámbulo del real decreto, la acumulación de numerosas comunicaciones en un periodo breve podía dificultar el cumplimiento del plazo de tres días y provocar consecuencias negativas para sus clientes.

El objetivo de la ampliación es, por tanto, facilitar estas gestiones a empresas, asesorías, despachos y gestorías, especialmente cuando deben tramitar varias bajas o modificaciones de forma simultánea.

El plazo de seis días también se aplica cuando cambia alguno de los datos del trabajador que la empresa está obligada a comunicar a la Seguridad Social. No afecta, por tanto, a cualquier modificación de sus condiciones laborales, sino solo a aquellas que deban quedar registradas en el sistema de afiliación.

Las empresas tienen seis meses para informar del puesto de cada trabajador

El real decreto incorpora otra obligación para las empresas. Durante los seis meses posteriores a su entrada en vigor, deberán informar a la Tesorería General de la Seguridad Social del código de ocupación laboral, única o principal, de los trabajadores que tengan de alta cuando ese dato todavía no haya sido comunicado.

Este código identifica el tipo de trabajo que desempeña cada empleado de acuerdo con la Clasificación Nacional de Ocupaciones. La información servirá, entre otras cuestiones, para elaborar los informes necesarios para valorar la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y con elevados índices de enfermedad o mortalidad.

Seis metros cuadrados pueden ser una habitación, un despacho, un cuarto de baño o la diferencia entre guardar la bici en casa o tener que dejarla a la intemperie. Esa es, aproximadamente, la superficie que ha perdido en solo un año el piso medio vendido en España, según los últimos datos del Consejo General del Notariado.

Los pisos comprados durante el mes de mayo tenían una superficie media de 88 metros cuadrados, un 6,2% menos que en el mismo mes de 2025. En términos aproximados, han pasado de rondar los 94 metros a quedarse en 88. Una reducción del espacio que no ha venido acompañada de un abaratamiento: el precio medio por metro cuadrado se disparó un 14%, hasta alcanzar los 2.455 euros.

También se firmaron menos operaciones. En mayo se contabilizaron 41.211 compraventas de pisos, un 14,1% menos que un año antes. Este segmento concentra así las tres tendencias del mercado inmobiliario: se venden menos, son más pequeños y cada metro cuadrado cuesta bastante más.

Las casas mantienen su tamaño

El comportamiento de los pisos contrasta con el registrado por las viviendas unifamiliares. En este segundo grupo, las compraventas también descendieron, pero lo hicieron de manera más moderada: un 4,7%, hasta las 14.550 operaciones.

La diferencia también aparece en los precios. El metro cuadrado de las viviendas unifamiliares se situó en 1.445 euros, un 2,7% más que un año antes. Además, la superficie media de las viviendas unifamiliares permaneció prácticamente idéntica, con un ligero aumento del 0,3%, hasta situarse en torno a los 171 metros cuadrados.

Menos ventas y precios más altos en el conjunto del mercado

Durante mayo se cerraron en España 55.761 compraventas, un 11,8% menos que en el mismo mes del año anterior. El precio medio del conjunto de las viviendas alcanzó los 2.049 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 8,8%. Al mismo tiempo, la superficie media se redujo un 2,2%, hasta los 109 metros cuadrados.

Aunque el número de compraventas retrocede, el coste por unidad de superficie continúa creciendo. El informe recoge el comportamiento de las operaciones efectivamente formalizadas ante notario, pero no identifica las razones que explican esa evolución, por lo que no es posible atribuirla a un único factor.

Sí se puede observar, no obstante, que la contracción de la actividad fue generalizada en todo el territorio del país. Las compraventas de vivienda bajaron en 14 de las 17 comunidades autónomas y solo crecieron en Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Viviendas más pequeñas en doce comunidades

La reducción de la superficie media tampoco fue homogénea. El tamaño de las viviendas vendidas disminuyó en 12 comunidades autónomas y aumentó en las cinco restantes.

La caída más acusada se produjo en Navarra, donde la superficie media retrocedió un 11,7%. A continuación se situaron Castilla-La Mancha, con un descenso del 6,3%; la Región de Murcia, con un 5,2%; Canarias, con un 4,9%; Baleares, con un 4,8%; y la Comunidad Valenciana, con un 4,7%.

El tamaño de las viviendas vendidas también cayó en los dos grandes mercados residenciales de España: bajó un 3,9% en Madrid y un 3% en Cataluña. Por el contrario, aumentó en Galicia, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Asturias.

Precios más altos en dieciséis autonomías

Los precios siguieron el camino opuesto en casi todo el país. El metro cuadrado se encareció en 16 de las 17 autonomías, con Galicia como única excepción, al registrar una caída del 6,8%.

Las mayores subidas se localizaron en Baleares, con un 16,3%; Castilla-La Mancha, con un 15,4%; Andalucía, con un 14,4%; y Canarias, con un 13,7%. También crecieron por encima de la media nacional en Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia.

La Comunidad Valenciana concentra una de las mayores contradicciones del informe. Las compraventas se hundieron un 35,8%, el mayor retroceso autonómico, mientras el precio medio aumentó un 11,9% y la superficie de las viviendas vendidas disminuyó un 4,7%.

Menos hipotecas, pero de mayor importe

En mayo se formalizaron 30.577 préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, un 4% menos que un año antes. Sin embargo, la cuantía media de esas hipotecas aumentó un 3,9%, hasta situarse en 181.976 euros. El 54,8% de las viviendas compradas durante el mes se financió mediante un préstamo hipotecario.

En esas operaciones, el importe prestado cubrió de media el 72,5% del precio de la vivienda. El porcentaje restante debía proceder de recursos propios del comprador, sin contar otros gastos asociados a la operación.

Los viajeros que tengan previsto desplazarse en Renfe este viernes 31 de julio deberán comprobar si su tren está incluido entre los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes. La huelga, convocada durante toda la jornada, puede provocar cambios en Cercanías, Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia, aunque por ahora no se ha publicado oficialmente qué trenes serán cancelados.

La resolución del ministerio garantiza la circulación de 683 de los 1.005 trenes programados de Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia. Los 322 restantes quedan fuera de los servicios mínimos y podrían sufrir modificaciones en función del seguimiento de la huelga, pero no deben darse por suspendidos de forma automática.

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Renfe ha publicado en su página web la resolución de Transportes, cuyos anexos recogen uno por uno los servicios asegurados, con su número, horario, origen y destino. Por tanto, la información oficial permite comprobar qué trenes circularán obligatoriamente, pero no ofrece todavía un listado cerrado de cancelaciones.

Cómo saber si tu tren está garantizado

El número de tren aparece normalmente en el billete junto al recorrido, la fecha y la hora del viaje. El pasajero debe buscar esa numeración en el documento publicado por Renfe y comprobar que también coinciden el horario, el origen y el destino.

No basta con consultar únicamente la ruta, porque una misma conexión puede mantener algunos horarios y tener otros fuera de los servicios mínimos. Para localizar el número con más facilidad, se puede utilizar el buscador del navegador o del lector de PDF.

Si el tren figura en los anexos, su circulación está garantizada. Si no aparece, podría sufrir cambios, aunque eso no confirma por sí solo su cancelación. En ese caso, conviene consultar su situación en la web, la aplicación o los canales de atención de Renfe antes de acudir a la estación.

Cuántos servicios circularán obligatoriamente

En Media Distancia, la convocatoria alcanza a 662 trenes. El Ministerio ha garantizado 432, lo que representa el 65% de la oferta habitual. Los otros 230 quedan fuera de los mínimos.

En Alta Velocidad y Larga Distancia están incluidos 343 servicios. De ellos, 251 circularán obligatoriamente, equivalentes al 73%, mientras que 92 no cuentan con esa garantía. En conjunto, son 322 circulaciones que podrían experimentar alguna alteración.

La resolución establece que la protesta se desarrollará entre las 00:00 y las 23:59 horas del viernes 31. El Sindicato Ferroviario Intersindical ha llamado a secundarla al personal de conducción y de intervención de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.

Qué ocurre en Cercanías

En Cercanías se mantendrá el 75% de los trenes habituales durante las horas punta y el 50% en el resto de la jornada. Esto significa que el servicio seguirá funcionando, aunque con menos circulaciones de las previstas en un día normal.

Las franjas de mayor demanda cambian según cada núcleo. En Madrid, por ejemplo, se consideran horas punta los periodos de 6:00 a 9:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas. Fuera de esos horarios, la oferta se reducirá a la mitad.

Los porcentajes fijados no garantizan que todos los trenes salgan a su hora habitual ni que se mantengan las mismas frecuencias. Puede haber más tiempo de espera o ajustes en algunos horarios, por lo que Renfe recomienda consultar el estado del servicio antes de comenzar el viaje.

Rodalies mantendrá el 66% en hora punta

Rodalies de Catalunya cuenta con unos porcentajes diferentes, establecidos por la Generalitat. Circulará el 66% del servicio habitual entre las 6:00 y las 9:30 y entre las 17:00 y las 20:30 horas. Durante el resto de la jornada se mantendrá el 33%.

Rodalies ha publicado su propia relación de circulaciones garantizadas y advierte de que pueden producirse modificaciones en las frecuencias. Los autobuses que sustituyen a los trenes en los tramos cerrados por obras mantendrán sus horarios habituales.

Los usuarios pueden comprobar el estado del servicio en la aplicación, la web y los canales oficiales de Rodalies antes de comenzar el trayecto.

Qué hacer si el tren no aparece en el listado

Que el número del billete no figure entre los servicios mínimos no significa que esté automáticamente cancelado. El pasajero debe comprobar si Renfe mantiene la circulación, modifica el horario o propone una alternativa.

La compañía recuerda que las dos convocatorias anteriores promovidas recientemente por este sindicato tuvieron un seguimiento inferior al 2% de la plantilla y que la actividad funcionó con casi normalidad en la mayor parte de la red.

Si la compañía confirma la cancelación de un tren o un cambio en la ruta o el horario, el viajero deberá seguir las instrucciones de Renfe para solicitar una alternativa, modificar la reserva o recuperar el importe correspondiente.

Las seis principales energéticas españolas que ya han publicado sus cuentas ganaron en conjunto 9.629,3 millones de euros entre enero y junio de 2026. La suma incluye los resultados de Iberdrola, Repsol, Endesa, Naturgy, Redeia y Enagás.

Iberdrola aporta por sí sola el 45% del beneficio total, con 4.336 millones. Junto con Repsol, que ganó 2.201 millones, concentra cerca de dos de cada tres euros obtenidos por estas compañías durante el primer semestre.

Las cifras, sin embargo, no responden únicamente a una mejora general del negocio. Algunas empresas se beneficiaron de efectos extraordinarios o contables, mientras que otras crecieron gracias a las redes eléctricas, las actividades reguladas o la mejora de sus operaciones.

Iberdrola lidera las ganancias y Repsol las dispara

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 4.336 millones de euros, alrededor de un 22% más que un año antes. Si se eliminan determinados efectos extraordinarios, el beneficio ajustado fue de 3.565 millones, un 8% superior.

La compañía invirtió 7.000 millones durante el semestre y destinó el 63% a redes eléctricas. Estas infraestructuras permiten transportar y distribuir la electricidad, conectar nuevas instalaciones renovables y atender el aumento de la demanda.

Repsol registró el segundo mayor beneficio, con 2.201 millones de euros, frente a los 603 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025. La cifra se disparó un 265%, aunque buena parte de la diferencia se explica por la valoración de sus inventarios de petróleo y productos energéticos.

Este efecto aportó 823 millones al resultado de este año, mientras que en 2025 había restado 394 millones. El cambio entre un ejercicio y otro explica buena parte del fuerte crecimiento.

El resultado ajustado de Repsol, que excluye efectos extraordinarios para reflejar mejor la evolución del negocio, se situó en 2.711 millones de euros.

Endesa y Naturgy también mejoran sus resultados

Endesa ganó 1.470 millones de euros, un 41% más. Su ebitda, que mide el resultado del negocio antes de intereses, impuestos y otros conceptos, aumentó un 20%, hasta los 3.240 millones.

La eléctrica invirtió 1.100 millones durante el semestre y destinó unos 600 millones a las redes de distribución. Además, mejoró sus previsiones y espera superar los 2.400 millones de beneficio ordinario al cierre del año.

Naturgy obtuvo un beneficio de 1.215 millones de euros, un 6% más. Su ebitda creció un 5%, hasta los 2.975 millones, y la compañía también elevó sus previsiones para 2026.

La evolución de ambas empresas fue más estable que la de Repsol. Parte de sus resultados procede de las redes eléctricas, un negocio con ingresos regulados y menos expuesto a las oscilaciones del mercado.

Redeia crece y Enagás reduce su beneficio

Redeia, propietaria de Red Eléctrica, ganó 280,4 millones de euros, alrededor de un 4% más. La compañía invirtió 657,1 millones, de los que más del 96% se destinó a la red eléctrica.

Su negocio es diferente al de las empresas que generan o venden energía. Redeia gestiona la red de transporte de electricidad y garantiza el funcionamiento del sistema eléctrico.

Enagás fue la única de las seis compañías que redujo su beneficio. Ganó 126,9 millones de euros, frente a los 176 millones registrados un año antes. Su beneficio recurrente bajó un 8,6%, hasta los 118,6 millones.

La empresa gestiona principalmente infraestructuras de transporte y almacenamiento de gas, por lo que sus resultados también están muy condicionados por la regulación.

La suma de 9.629,3 millones no incluye todavía a Acciona Energía, que publicará sus cuentas después del cierre del mercado de este jueves. Y Moeve, por su parte, solo ha comunicado hasta ahora sus resultados del primer trimestre.

El cálculo muestra, por tanto, cuánto han ganado las principales energéticas cotizadas que ya han presentado sus cuentas, pero no representa el conjunto de todas las empresas del sector.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser los componentes más volátiles, aumentó una décima, hasta el 3%. En comparación con junio, los precios de consumo subieron un 0,2%.

Por su parte, Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), empleado para comparar la evolución de los precios entre los países europeos, elevó su tasa anual dos décimas, hasta el 3,8%. Los datos son provisionales y deberán confirmarse con la publicación de los resultados definitivos a mediados del próximo mes de agosto.

El avance de julio rompe así tres meses consecutivos de estabilidad. La tasa general se había mantenido en el 3,2% en abril, mayo y junio, después de situarse en el 3,4% en marzo. Con el nuevo incremento, el indicador alcanza su nivel más elevado desde agosto de 2025, cuando también se situó en el 3,5%.

Los carburantes y la electricidad impulsan el repunte

El INE no ofrece todavía en el indicador adelantado el desglose completo por grupos de consumo, que se conocerá con la publicación del dato definitivo. Por el momento, únicamente identifica como principales responsables del repunte a los carburantes y lubricantes para vehículos personales y a la electricidad, cuyos precios han aumentado más que un año antes.

La comparación interanual no implica necesariamente que estos productos hayan registrado las mayores subidas durante el último mes, sino que su evolución fue más intensa que la observada en julio de 2025.

En términos mensuales, los bienes y servicios consumidos por los hogares se encarecieron un 0,2% respecto a junio. Esta variación permite observar el movimiento de los precios durante el último mes, mientras que la tasa interanual compara su nivel con el registrado un año antes.

La inflación subyacente vuelve al 3%, una décima más que en junio

El indicador subyacente también repuntó, aunque con menor intensidad. Tras situarse en el 2,9% en junio, avanzó una décima en julio y volvió al 3%. Este indicador excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, cuyos precios pueden variar con rapidez por factores como el clima o las cotizaciones internacionales. De este modo, permite observar con más claridad las presiones inflacionistas menos volátiles y más persistentes.

Pese a este incremento, la subyacente permanece medio punto por debajo del índice general. La diferencia refleja el peso que ha tenido la energía en el aumento registrado durante julio, según la información adelantada por el INE.

En el caso del IPCA, la tasa subyacente estimada se situó en el 3,4%. Por el contrario, su variación mensual fue negativa: el indicador armonizado descendió un 0,1% respecto a junio, frente al aumento mensual del 0,2% registrado por el IPC nacional.

Una semana fuera que al final son cuatro días. El hotel que te gustaba se descarta (es inasumible) y toca buscar uno más barato. Y para comer esos días... a ver cómo lo apañamos. Este verano no desaparecen las vacaciones porque son necesarias para desconectar, pero habrá que recortar mucho para que las cuentas salgan después de pagar la casa y el resto de gastos del mes.

El 77,3% de los trabajadores modificará sus vacaciones por el aumento del coste de vida, según un análisis de Randstad elaborado a partir de una encuesta a casi 5.700 personas. El 40,1% reducirá la duración de su viaje y el 37,2% buscará un destino o un alojamiento más económico. Solo el 22,7% asegura que mantendrá sus planes sin ningún reajuste.

Quienes más sufrirán la reducción en el presupuesto son los trabajadores de 25 a 44 años. El 79,2% cambiará sus vacaciones, mientras que el 40,6% viajará menos días y el 38,6% optará por alternativas más baratas. Randstad explica que este grupo está más expuesto a la subida de los alquileres y las hipotecas, dos gastos que dejan muy poco margen para organizar viajes.

Las vacaciones se adaptan a lo que queda después de pagar la vivienda

La encuesta mide el impacto del coste de vida en general, no calcula qué parte de cada recorte vacacional se explica exclusivamente por el alquiler o la hipoteca. La relación concreta con la vivienda es la interpretación que realiza Randstad para explicar por qué los trabajadores de 25 a 44 años son quienes más alteran sus planes.

En esta etapa vital, el alquiler o la hipoteca se llevan una parte considerable y fija del sueldo. Así, cuando los precios suben y los ingresos no crecen al mismo ritmo, el recorte termina afectando a los gastos que sí pueden modificarse: la duración de la estancia, el alojamiento escogido o el lugar al que se viaja.

Eso no significa necesariamente renunciar por completo a las vacaciones. Los datos describen, sobre todo, una transformación de los planes. El viaje pasa de ser de una semana o 10 días a una escapada de cuatro días. El hotel elegido en un primer momento se cambia por una opción más sencilla. Incluso el destino deseado se sustituye por otro que suponga un gasto menor en desplazamiento y estancia.

Las diferencias entre los grupos de edad, en cualquier caso, no son muy llamativas. Frente al 79,2% registrado entre los 25 y 44 años, el 76,2% de los mayores de 45 también modificará sus vacaciones. Y entre los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje se sitúa en el 73,5%.

Los trabajadores de 25 a 44 años son quienes más recortan los días de viaje y más buscan opciones baratas. Pero los datos muestran que el ajuste afecta a todas las generaciones: cuando el presupuesto disminuye, pocos pueden mantener sus planes intactos.

Brecha de género vacacional: las mujeres cambian más sus planes

Las trabajadoras son quienes más modificarán sus planes de verano; concretamente, el 80,1% frente al 74,6% de los hombres. Respecto a la reducción de los días de viaje, ambos recurrirán a ella para irse de vacaciones: el 40,7% de las mujeres y el 39,4% de los hombres.

La distancia es más amplia cuando se trata de buscar opciones más asequibles. El 39,3% de las trabajadoras elegirá un destino o alojamiento más barato, frente al 35,2% de los hombres. A pesar de que el análisis de Randstad no estudia las causas de esta diferencia, no es descabellado atribuirla a la brecha salarial, al reparto de los cuidados o a otras desigualdades económicas.

El nivel educativo también influye en la capacidad de mantener los planes. Los trabajadores con estudios de posgrado o doctorado son quienes más conservan sus vacaciones tal y como las pensaron inicialmente: el 27,5% no hará ningún cambio. En el extremo contrario, el 42% de quienes tienen educación básica recortará los días fuera de casa, al igual que el 40,9% de quienes cuentan con bachillerato o Formación Profesional.

Cómo se ‘ajustan el cinturón’ en las distintas regiones de España

En la Comunidad de Madrid, el 79% de los trabajadores modificará sus vacaciones. El 42,2% reducirá la duración de su viaje, mientras que el 36,8% buscará un destino o alojamiento más económico. Solo el 21% mantendrá sus planes sin cambios.

Madrid comparte con Andalucía y Cataluña una mayor inclinación a acortar la estancia: recurrirá a esta opción el 40,3% de los trabajadores andaluces y el 38,6% de los catalanes. En cambio, en la Comunidad Valenciana y Navarra se decantan por buscar alternativas más baratas; lo hacen el 41,5% y el 46,9%, respectivamente. De hecho, en Navarra, casi uno de cada dos trabajadores conservará el viaje, pero cambiará sus condiciones para poder pagarlo.

Además, las vacaciones no son el único gasto que se está recortando. El 73,9% de los trabajadores ya ha tenido que modificar sus hábitos cotidianos por el aumento del coste de vida. Reducir los días de viaje o buscar opciones más baratas se suma así a otros recortes realizados durante el año en el presupuesto familiar.

Que un móvil, una tablet o un televisor haya agotado su garantía no permitirá siempre al fabricante desentenderse de su reparación. La Unión Europea ha aprobado un nuevo “derecho a reparar” que obligará a las marcas a ofrecer el arreglo de determinados productos durante los periodos fijados por las normas europeas, aunque ya haya terminado la cobertura legal.

La reparación no tendrá que ser gratuita. El fabricante podrá cobrar por el servicio, pero deberá ofrecerlo a un precio razonable y dentro de un plazo adecuado. El objetivo es que arreglar un aparato averiado resulte una alternativa real frente a desecharlo y comprar uno nuevo.

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Los Estados miembros tienen hasta el viernes 31 de julio de 2026 para incorporar la Directiva (UE) 2024/1799 a sus legislaciones y comenzar a aplicar sus disposiciones. Sin embargo, a fecha de este miércoles no consta publicada en el BOE una norma española que haya completado su transposición. El Gobierno incluyó estas medidas en el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, aprobado en primera vuelta en julio de 2025, pero la futura ley todavía aparece entre las normas pendientes del Plan Anual Normativo de 2026.

Qué podrán exigir los consumidores

Una vez incorporada la normativa, el consumidor podrá pedir al fabricante que repare los productos incluidos aunque haya vencido la garantía, siempre que el arreglo sea posible. La empresa podrá realizarlo directamente o encargarlo a otra compañía.

La marca no podrá rechazar el servicio únicamente porque el aparato haya sido reparado anteriormente por un profesional independiente o porque contenga piezas compatibles que no sean originales. Tampoco podrá utilizar condiciones contractuales, programas informáticos o sistemas técnicos que obstaculicen injustificadamente el arreglo.

La obligación, no obstante, tiene límites. El fabricante podrá negarse cuando la reparación resulte imposible por razones técnicas o jurídicas. Tampoco significa que una empresa tenga que arreglar gratuitamente un producto durante toda su vida útil.

La directiva establece que el precio exigido no debe estar diseñado para disuadir al consumidor. Además, las empresas tendrán que informar de forma clara sobre sus servicios, los productos que reparan, el tiempo aproximado necesario y los costes orientativos.

Qué móviles, televisores y electrodomésticos están incluidos

La medida no comprende automáticamente cualquier aparato electrónico o electrodoméstico. Se aplica a los bienes para los que la legislación europea ya impone requisitos de reparabilidad.

La lista incluye determinados teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, tablets, televisores y pantallas. También alcanza a productos como lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas, frigoríficos y aspiradoras.

El periodo durante el cual podrá exigirse la reparación dependerá de la regulación concreta de cada categoría. Las normas europeas de diseño ecológico establecen durante cuánto tiempo deben facilitarse piezas de recambio, herramientas o información técnica, por lo que no existe un plazo único para todos los aparatos.

La lista podrá ampliarse en el futuro si la Unión Europea aprueba nuevos requisitos de reparabilidad para otros productos.

Reparar durante la garantía ampliará la protección

El nuevo sistema también cambia lo que ocurre cuando el aparato todavía está en garantía. Si el consumidor opta por repararlo en lugar de sustituirlo, el periodo de responsabilidad del vendedor deberá ampliarse al menos doce meses.

Cada Estado miembro podrá establecer una extensión superior. La intención es evitar que el cliente prefiera recibir un producto nuevo por miedo a que el aparato reparado vuelva a fallar poco después de terminar la cobertura. Esta modificación se aplicará a los contratos de compraventa realizados a partir del 31 de julio de 2026.

Qué ocurre si España incumple el plazo

La publicación de la directiva europea en la página web del BOE no significa que España ya la haya incorporado a su ordenamiento. Ese documento reproduce la norma publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero el país debe aprobar además sus propias disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

La directiva establece expresamente que esas medidas nacionales deben estar en vigor, como muy tarde, el 31 de julio de 2026. España también debe comunicar a la Comisión Europea las normas adoptadas y el régimen de sanciones que aplicará a las empresas incumplidoras.

Si España no llega a tiempo, la Comisión Europea podrá abrir un procedimiento de infracción por falta de transposición. Eso no supone una multa automática a partir del 1 de agosto: el proceso suele comenzar con un requerimiento al Estado y puede avanzar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el incumplimiento continúa.

Los nuevos contratos de alquiler que se firmen en determinadas áreas de Galicia, País Vasco y Asturias quedarán sometidos desde este jueves a los límites previstos para las zonas de mercado residencial tensionado. La medida afecta a los municipios completos de Santiago de Compostela y Basauri, pero en Asturias tiene un alcance más reducido.

En Gijón se aplicará únicamente en los barrios de La Arena y Cimadevilla, mientras que en Avilés abarcará La Magdalena. También se incorporan Luanco, en el concejo de Gozón, y varios núcleos de Llanes y Cabrales.

Con estas nuevas incorporaciones, España alcanza las 317 localidades declaradas como zonas tensionadas, en las que viven alrededor de 9,3 millones de personas, según los datos facilitados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado tendrá una vigencia inicial de tres años.

El nuevo contrato no podrá superar el alquiler anterior

La declaración como zona tensionada no supone que bajen automáticamente todos los alquileres ni modifica de forma inmediata las mensualidades de los contratos que siguen en vigor. Sus principales efectos aparecen cuando se firma un nuevo contrato para una vivienda situada dentro de alguno de los ámbitos afectados.

Como norma general, el propietario no podrá fijar una renta inicial superior a la última mensualidad que se hubiera cobrado por esa misma vivienda durante los cinco años anteriores, una vez aplicada la actualización anual que correspondiera al contrato previo.

Tampoco podrá introducir en el nuevo acuerdo cuotas o gastos que no pagara el anterior inquilino. De esta forma, no podrá compensar el límite incorporando nuevos conceptos que eleven el coste total de la vivienda.

La ley permite superar la renta anterior hasta en un 10% en situaciones concretas. Esto puede ocurrir cuando la vivienda haya sido rehabilitada, se hayan realizado obras que reduzcan al menos un 30% su consumo de energía primaria no renovable o se hayan ejecutado mejoras de accesibilidad durante los dos años anteriores.

También se admite ese incremento cuando el contrato tenga una duración mínima de diez años o incluya una prórroga voluntaria que permita al inquilino permanecer en la vivienda durante ese periodo.

El índice estatal limitará las viviendas de grandes tenedores

Cuando el propietario sea un gran tenedor, el precio del nuevo contrato estará sometido además al sistema estatal de índices de referencia. La renta no podrá superar el límite máximo que resulte de aplicar esta herramienta según las características de la vivienda y del edificio.

En Santiago de Compostela y Basauri se considerará gran tenedor a la persona física o jurídica que posea cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial dentro del municipio, sin contar garajes y trasteros. Quedan excluidas, con algunos matices según cada declaración, las administraciones y entidades públicas.

En los ámbitos asturianos se mantiene la definición general de la Ley de Vivienda: será gran tenedor quien tenga más de diez inmuebles residenciales o una superficie construida destinada a vivienda superior a 1.500 metros cuadrados, también sin incluir garajes ni trasteros.

El índice de referencia se aplicará igualmente a las viviendas situadas en estas zonas que no hayan tenido ningún contrato de alquiler vigente durante los últimos cinco años. Por tanto, su propietario no podrá incorporarlas al mercado fijando libremente cualquier cantidad, aunque no exista una renta anterior que pueda utilizarse como límite.

Qué barrios y municipios están afectados

En Galicia, la declaración abarca todo Santiago de Compostela y se ha aprobado a solicitud de su ayuntamiento. En el País Vasco se incorpora el municipio completo de Basauri.

En Asturias, las nuevas zonas tensionadas son las siguientes:

• Los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón.
• El barrio de La Magdalena, en Avilés.
• Luanco, en el concejo de Gozón.
• El núcleo urbano de Llanes, Posada de Llanes, Nueva, Poo, Barro y Celorio, en el concejo de Llanes.
• Arenas y Poo, en el concejo de Cabrales.

La declaración también permitirá que los inquilinos soliciten una prórroga extraordinaria de su contrato por periodos anuales y durante un máximo de tres años una vez agotadas las prórrogas ordinarias. Durante ese tiempo se mantendrán las condiciones del contrato vigente.

El propietario deberá aceptar la petición salvo que ambas partes acuerden otras condiciones, firmen un contrato nuevo sometido a los límites legales o el arrendador haya comunicado correctamente que necesita recuperar la vivienda para utilizarla como residencia habitual propia o de determinados familiares.

Durante los tres años de vigencia, las administraciones competentes deberán desarrollar un plan de actuación para corregir los desequilibrios que han justificado la declaración, aumentar la oferta de alquiler asequible y tratar de revertir la situación del mercado residencial.

España conquista de nuevo la máxima gloria del fútbol masculino. La victoria de la selección en el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, quedará ahora también grabada en plata: el Gobierno ha autorizado la emisión de una moneda conmemorativa para celebrar el título, con una tirada máxima de 50.000 piezas.

La pieza que recordará el triunfo de España llevará grabado un valor de 5 euros, pero comprarla costará bastante más. Su precio inicial será de 60,33 euros, IVA excluido, según la orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La diferencia entre ambas cantidades se explica porque los 5 euros son el valor facial de la moneda, es decir, la cifra que aparece grabada en ella y su valor oficial como dinero. Los más de 60 euros sin IVA, en cambio, son el precio que deberá pagar quien quiera adquirirla como pieza de colección.

Una pieza de plata cuyo precio puede disminuir o aumentar

La moneda estará fabricada en plata de 925 milésimas, con el resto de su composición en cobre. Pesará 13,5 gramos, tendrá un diámetro de 33 milímetros, forma circular y el canto estriado. Su tirada estará limitada a un máximo de 50.000 unidades.

Además, los 60,33 euros sin IVA son únicamente el precio inicial. El Ministerio de Economía podrá revisarlo al alza o a la baja si la cotización de los metales utilizados en su fabricación varía más de un 4% respecto a la media del mes anterior.

Para modificarlo serán necesarios informes del Banco de España y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El importe que finalmente paguen los compradores podría ser, por tanto, diferente cuando la moneda salga a la venta.

La pieza se acuñará con calidad proof, un acabado especialmente cuidado que se utiliza en monedas destinadas al coleccionismo. Este proceso permite crear un mayor contraste entre las superficies brillantes y mates y requiere una elaboración más precisa que la de las monedas ordinarias.

Cómo será la moneda de los campeones del mundo

En el anverso aparecerá un retrato de Felipe VI, acompañado por la inscripción “Felipe VI Rey de España” y el año de acuñación, 2026. El diseño estará rodeado por una gráfila de perlas, una fila de pequeños puntos en relieve utilizada habitualmente en las monedas.

El reverso incluirá el logotipo de la FIFA World Cup 26 y la leyenda “Campeones del mundo”. En el centro aparecerá en color el trofeo del campeonato. También incorporará dos estrellas, trazos con los colores de la bandera española, la marca de la Ceca -el símbolo que identifica a la fábrica donde se ha acuñado la moneda- y el valor facial de 5 euros.

La emisión está prevista para el tercer trimestre de 2026. La Real Casa de la Moneda podrá vender las piezas directamente o a través de las entidades que contrate para su comercialización. De las 50.000 unidades autorizadas, podrá reservar hasta cinco para sus fondos numismáticos y museológicos.

Hacer ruido en casa a primera hora de la mañana puede acabar en conflicto con el resto de vecinos, sobre todo si se trata de obras, música, golpes, movimiento de muebles o electrodomésticos funcionando durante el descanso.

Aunque no existe una única hora fijada por la Ley de Propiedad Horizontal, sí deja claro que las comunidades de propietarios pueden aprobar reglas internas para ordenar la convivencia y el uso de los elementos comunes.

Por tanto, la hora a partir de la cual se puede hacer ruido por la mañana dependerá de lo que establezcan las normas de régimen interior, los estatutos de la finca y las ordenanzas municipales aplicables.

Si una comunidad fija, por ejemplo, que no pueden realizarse ruidos molestos hasta las 8:00 horas, los propietarios y ocupantes deberán respetar esa regla, siempre que se haya aprobado dentro de los límites legales.

Lo mismo ocurre si ese horario aparece recogido en los estatutos o en la normativa municipal del lugar donde se encuentra la vivienda.

Qué dice la ley sobre los ruidos en una comunidad de vecinos

El artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal es la base que permite a las comunidades aprobar normas de régimen interior. Estas reglas sirven para ordenar la convivencia diaria en el edificio y pueden incluir horarios o límites para evitar molestias, siempre que respeten la ley y los estatutos.

Estas normas internas pueden servir para ordenar cuestiones cotidianas del edificio, como el uso de zonas comunes, horarios de determinadas actividades o comportamientos que afectan al descanso del resto de residentes. Una vez aprobadas, obligan a todos los titulares mientras no sean modificadas por la comunidad.

Además, el artículo 7.2 de la misma ley establece que el propietario y el ocupante de una vivienda o local no pueden desarrollar en el piso ni en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Quién fija la hora a la que se puede hacer ruido por la mañana

Muchas comunidades fijan franjas de descanso durante la noche y primeras horas de la mañana para evitar molestias. Si el reglamento interno establece que no se pueden hacer ruidos hasta una hora determinada, los vecinos deben cumplirlo. Si no existe una regla interna, eso no significa que haya libertad total para molestar: seguirán aplicándose los estatutos de la finca y las normas generales sobre ruido del ayuntamiento.

También hay que distinguir entre ruidos cotidianos inevitables y actividades molestas o reiteradas. No es lo mismo una ducha, pasos normales o el uso razonable de la vivienda que golpes continuados, música alta o movimientos de muebles fuera de los horarios permitidos.

Antes de hacer obras, cambiar el mobiliario, usar herramientas o realizar cualquier actividad ruidosa a primera hora, conviene revisar las normas de régimen interior de la comunidad, los estatutos de la finca y la ordenanza municipal sobre ruido. Si no se tiene acceso a esos documentos, lo más prudente es preguntar al presidente de la comunidad o al administrador de fincas para confirmar qué horarios se aplican en el edificio.

Qué puede hacer la comunidad si un vecino no respeta el descanso

Cuando un propietario u ocupante realiza una actividad prohibida, dañosa o molesta, la Ley de Propiedad Horizontal permite actuar a la comunidad. El presidente, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de los propietarios u ocupantes, puede requerir al infractor la cesación inmediata de esas actividades, con advertencia de que se podrán iniciar acciones judiciales.

Si el vecino continúa con la conducta, el presidente podrá acudir a los tribunales mediante una acción de cesación, pero necesita autorización previa de la junta de propietarios convocada para ello. La demanda debe dirigirse contra el propietario y, si procede, también contra quien ocupe la vivienda o local.

La ley permite que el juez acuerde de forma cautelar el cese inmediato de la actividad prohibida mientras se tramita el procedimiento. Si la sentencia estima la demanda, puede ordenar el cese definitivo, fijar una indemnización por daños y perjuicios y, en los casos más graves, privar al infractor del derecho al uso de la vivienda o local durante un plazo máximo de tres años.

Si quien causa las molestias no es el propietario, sino un inquilino u otro ocupante, la sentencia puede declarar extinguidos definitivamente sus derechos sobre la vivienda o local y acordar su lanzamiento, es decir, su salida del inmueble.

La jornada termina a las seis, pero los colegios cierran antes. Hay que recoger a los niños, acudir a una consulta médica cuando enferman y estar disponible si surge una urgencia. Reducir el trayecto hasta el trabajo, negociar una jornada parcial o encontrar una empresa que permita adaptar los horarios puede resolver ese problema diario. Para muchas madres, sin embargo, esa flexibilidad no es gratuita: se paga con un salario menor y con menos oportunidades de ascenso.

Los ingresos laborales de las mujeres caen un 39,28% respecto a los de los padres durante los 20 años posteriores al nacimiento del primer hijo, según el estudio Mothers’ Sorting into Lower-Paying Firms, publicado en la revista académica The Journal of Human Resources. La investigación analiza el mercado de trabajo francés entre 1995 y 2021.

El descenso no se explica únicamente porque las madres trabajen menos horas o porque interrumpan temporalmente su carrera. Después de tener hijos, las mujeres se desplazan progresivamente hacia empresas y puestos que facilitan la conciliación, pero ofrecen menos salario.

La empresa que admite más jornadas parciales, está cerca de casa o permite organizar mejor los cuidados puede ser también la que paga menos a toda su plantilla. El informe muestra así otra cara de la penalización laboral de la maternidad: muchas mujeres terminan intercambiando salario por tiempo y flexibilidad, mientras la trayectoria profesional de los hombres apenas se ve afectada por la paternidad.

La maternidad abre una brecha que se acumula durante años

El porcentaje principal recoge los ingresos laborales totales, no solo cuánto se cobra por cada hora. Incluye, por tanto, el efecto de trabajar menos tiempo, reducir la jornada, pasar periodos fuera del empleo o participar de manera más irregular en el mercado laboral.

Cuando los investigadores aíslan el salario por hora, la penalización se reduce al 9,32%. La diferencia se explica sobre todo porque muchas madres trabajan menos horas, reducen su jornada o pasan periodos fuera del empleo después del nacimiento.

Esto se traduce en menos dinero disponible cada mes, pero también en consecuencias que se acumulan. Las interrupciones profesionales pueden frenar las subidas salariales, reducir las cotizaciones y limitar la experiencia necesaria para acceder a puestos de responsabilidad.

La brecha no desaparece cuando termina el permiso por nacimiento ni cuando los hijos dejan de ser bebés. El estudio sigue a las familias durante dos décadas y observa que la penalización se mantiene a largo plazo. La maternidad no provoca un simple paréntesis temporal, sino que separa poco a poco las carreras laborales de mujeres y hombres.

Las empresas donde acaban trabajando las madres pagan menos

El principal hallazgo de la investigación no es la existencia de la brecha entre madres y padres, ya ampliamente documentada, sino uno de los mecanismos que contribuyen a mantenerla. Tras el primer hijo, las madres acaban con mayor frecuencia en empresas que pagan menos a sus trabajadores.

Dos personas con un perfil y un puesto similares pueden cobrar cantidades diferentes según la compañía en la que trabajen. Algunas empresas ofrecen mejores sueldos y complementos porque son más productivas, obtienen más beneficios o aplican políticas salariales más favorables.

El cambio hacia empresas que pagan menos explica 0,93 puntos de la brecha del 9,32% en el salario por hora, alrededor de una décima parte. El estudio no observa, en cambio, que una misma compañía reduzca de forma significativa el salario de una trabajadora después de convertirse en madre.

El problema aparece porque las responsabilidades de cuidado limitan las compañías y los empleos en los que muchas mujeres pueden continuar o a los que pueden acceder. Mientras ellas terminan con mayor frecuencia en empresas con sueldos inferiores, los padres permanecen más habitualmente en compañías que pagan mejor.

El cambio de empresa no es la única causa. Cuando se añade el tipo de puesto, ambos factores explican alrededor del 28% de la brecha salarial por hora. La mayor parte procede del paso a ocupaciones peor pagadas y una parte menor, del traslado a compañías con salarios más bajos.

La pérdida, por tanto, no se limita al sueldo inmediato. Las madres pueden dejar puestos con más responsabilidad, horarios más exigentes o mejores opciones de ascenso para ocupar otros que encajen mejor con los cuidados.

La probabilidad de alcanzar un puesto directivo cae un 5,88% respecto a la de los padres tras el nacimiento. Tener menos opciones de promoción supone perder ascensos, complementos y aumentos salariales durante los años siguientes.

Empresas más cercanas y flexibles, pero con peores salarios

¿Qué ofrecen las compañías hacia las que se desplazan las madres? El estudio identifica varias condiciones que pueden facilitar el cuidado de los hijos y la organización diaria.

Después del primer nacimiento, las mujeres trabajan en empresas donde la proporción de empleados a tiempo parcial es dos puntos porcentuales mayor que en las compañías de los padres. Esto no significa que todas las madres reduzcan su jornada, sino que entran en lugares de trabajo donde esta modalidad es más habitual.

También aumenta la proximidad. La proporción de trabajadores que viven y trabajan en el mismo municipio es 2,71 puntos superior en las empresas de las madres. Trabajar más cerca de casa reduce el tiempo dedicado a los desplazamientos y facilita encajar la jornada con los horarios escolares o las necesidades familiares.

Además, las madres se concentran en compañías cuya plantilla tiene 1,71 puntos porcentuales más de presencia femenina. Estas tres características -más empleo a tiempo parcial, mayor cercanía y más mujeres en la plantilla- se mantienen durante los años posteriores al nacimiento.

Los autores interpretan este comportamiento como un “diferencial compensatorio”: aceptar un salario menor a cambio de unas condiciones que facilitan la conciliación. Sin embargo, no se trata necesariamente de una elección libre entre dos empleos similares. Cuando los horarios escolares, los servicios de cuidado y el reparto de las tareas no encajan con la jornada laboral, las opciones de trabajo disponibles se reducen.

El informe no puede determinar que todos estos cambios sean voluntarios. Algunas madres pueden aceptar un empleo peor pagado para ganar flexibilidad; otras quizá no encuentren alternativas compatibles con los cuidados. Las empresas con mejores salarios también pueden exigir más disponibilidad u ofrecerles menos oportunidades. El estudio observa el traslado hacia compañías peor remuneradas, pero no permite atribuirlo a una sola causa.

España llegó más tarde a la corresponsabilidad

Las cifras del estudio corresponden a Francia y no pueden trasladarse directamente a España. No se puede afirmar, por tanto, que las madres españolas pierdan también un 39% ni que su penalización sea necesariamente mayor. Pero nuestro país ha atravesado el mismo periodo de tiempo con un mercado laboral más expuesto al paro, la temporalidad y la rotación.

Francia también sufrió la crisis financiera, la pandemia y el golpe de la inflación, pero sus consecuencias sobre el empleo fueron más graves en España. Incluso después de la mejora registrada durante los últimos años, la OCDE situaba el desempleo español en torno al 10,5% en 2025, el más elevado de la zona euro. La reforma laboral de 2021 redujo con fuerza la contratación temporal, pero partía de un uso históricamente mucho más extendido que en otros países europeos.

En un mercado con mayor inseguridad, las trabajadoras con responsabilidades de cuidado tendrán menos margen para rechazar un empleo peor pagado cuando este ofrece un horario compatible con sus necesidades familiares o está más cerca de casa.

La corresponsabilidad también llegó tarde. La equiparación plena de los permisos de madres y padres no se alcanzó hasta 2021; desde 2025, España reconoce con carácter general 19 semanas para cada progenitor. Francia mantiene actualmente 16 semanas de maternidad para el primer y segundo hijo, frente a 25 días de permiso de paternidad.

En este sentido, nuestro país dispone hoy de permisos más igualitarios, pero durante casi todo el periodo estudiado los derechos del padre fueron mucho más reducidos y los cuidados recayeron principalmente sobre las mujeres.

La investigación sostiene que vigilar las diferencias salariales dentro de las empresas no basta. También es necesario que las madres puedan permanecer en las compañías mejor pagadas sin renunciar a cuidar. Para ello, los autores señalan el acceso a servicios infantiles asequibles, un mayor uso de los permisos por parte de los padres y una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares.

Las tarjetas permiten pagar sin llevar dinero en efectivo y comprar por internet en apenas unos segundos. Esa comodidad también conlleva tomar ciertas precauciones: para intentar realizar un cargo fraudulento, los delincuentes no siempre necesitan tener la tarjeta en sus manos. En algunos casos les basta con conseguir el número, la fecha de caducidad y el código de seguridad.

Los datos pueden obtenerse mediante páginas falsas, mensajes que suplantan al banco, llamadas fraudulentas o filtraciones de información. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advierte, además, de que los delincuentes pueden probar tarjetas robadas realizando primero compras de pequeñas cantidades para comprobar si continúan activas.

Proteger la tarjeta no consiste únicamente en guardarla correctamente o no perderla. También hay que vigilar dónde se introducen los datos, proteger el teléfono desde el que se autorizan las compras y reaccionar rápidamente si aparece un movimiento desconocido.

1. Activa las notificaciones de los movimientos

Las alertas permiten recibir un aviso en el teléfono cada vez que se realiza una compra, una retirada de efectivo u otra operación. De este modo, un cargo que no hayas autorizado puede detectarse prácticamente en el momento en que se produce.

Esta función suele poder activarse desde la aplicación del banco. Las opciones disponibles y sus posibles costes dependen de cada entidad, por lo que conviene revisar las condiciones del servicio.

2. Revisa la cuenta aunque no recibas ningún aviso

No hay que esperar a que aparezca un pago elevado para sospechar. Los ciberdelincuentes pueden empezar realizando cargos de unos pocos euros para comprobar que los datos de una tarjeta funcionan antes de intentar operaciones mayores.

Por este motivo, conviene revisar periódicamente los movimientos y prestar atención también a las cantidades pequeñas, los nombres de comercios desconocidos y las compras realizadas en otras monedas.

3. No compartas fotografías de la tarjeta

Una fotografía en la que se vean el número, la fecha de caducidad y el código CVV puede facilitar que otra persona intente comprar por internet sin disponer físicamente de la tarjeta.

Tampoco deben enviarse estos datos por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o redes sociales. Cuando sea necesario facilitar una copia de algún documento, hay que comprobar que la tarjeta no aparece accidentalmente en la imagen.

4. Nunca facilites claves ni códigos de autorización

Los bancos pueden enviar códigos de un solo uso para confirmar determinadas operaciones. Esos números no deben comunicarse a nadie, tampoco a una persona que llame diciendo que trabaja para la entidad.

Los delincuentes pueden suplantar el número de teléfono del banco, conocer el nombre de la víctima e incluso mencionar información real sobre su cuenta. INCIBE ha detectado numerosas campañas de mensajes que alertan de supuestos movimientos sospechosos y conducen a una página falsa para obtener datos financieros.

Una llamada o un mensaje que presione para actuar inmediatamente, cancelar una transferencia o evitar el bloqueo de la cuenta debe despertar sospechas. Antes de hacer nada, lo recomendable es colgar y contactar con el banco mediante su número oficial.

5. No entres en el banco desde un enlace recibido por SMS

Para acceder a la banca electrónica es preferible abrir directamente la aplicación oficial o escribir la dirección de la entidad en el navegador. No conviene utilizar enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, WhatsApp o cualquier otra plataforma.

INCIBE recomienda escribir directamente la dirección del banco, ya que los enlaces pueden llevar a páginas que imitan su diseño y buscan robar las credenciales del usuario.

También hay que comprobar con atención el nombre del dominio. Una sola letra cambiada, un guion adicional o una terminación diferente pueden indicar que se trata de una web falsa.

6. Evita pagar conectado a una red wifi pública

Las redes abiertas de aeropuertos, cafeterías, hoteles o centros comerciales no son el lugar más adecuado para introducir información bancaria. Si es necesario realizar una compra o consultar la cuenta, resulta más seguro utilizar los datos móviles o una conexión privada de confianza.

También conviene evitar operaciones sensibles desde ordenadores públicos o dispositivos compartidos, donde podrían quedar almacenadas contraseñas, números de tarjeta o sesiones abiertas.

7. Comprueba la web de la tienda

Que una dirección comience por HTTPS y muestre un candado significa que la comunicación con la página está cifrada. Sin embargo, no garantiza que la tienda sea legítima. Una web creada para estafar también puede contar con un certificado de seguridad.

Antes de pagar, hay que comprobar el nombre exacto del dominio, los datos de contacto de la empresa, el aviso legal, las condiciones de devolución y los métodos de pago disponibles. También conviene buscar opiniones externas y desconfiar de precios muy inferiores a los habituales.

INCIBE señala que las tiendas falsas pueden utilizar logotipos y sellos de confianza que no conducen a ninguna certificación real.

8. Utiliza tarjetas virtuales o limita las compras

Algunas entidades permiten crear tarjetas virtuales destinadas únicamente a compras por internet. Pueden tener una numeración diferente a la tarjeta principal, un saldo limitado o una fecha de caducidad breve.

Otras aplicaciones bancarias permiten apagar temporalmente la tarjeta, impedir las compras online, bloquear su uso fuera de España o fijar límites máximos. Estas funciones reducen el daño potencial si los datos acaban en manos de terceros, aunque su disponibilidad depende de cada banco.

9. Protege el teléfono desde el que confirmas los pagos

El móvil se ha convertido en una pieza fundamental de la seguridad bancaria. Muchas operaciones se confirman desde una aplicación, mediante una contraseña, una huella dactilar o el reconocimiento facial.

Por eso, el dispositivo debe estar protegido con un código seguro y configurado para bloquearse automáticamente. También es recomendable evitar que los códigos y mensajes bancarios aparezcan completos en la pantalla cuando el teléfono está bloqueado.

La doble autenticación añade una segunda comprobación a la contraseña, como un código enviado al dispositivo o un dato biométrico.

10. Bloquea inmediatamente la tarjeta si desaparece

Ante una pérdida, un robo o la sospecha de que alguien conoce sus datos, hay que bloquear la tarjeta desde la aplicación o llamar inmediatamente al teléfono habilitado por el banco.

El Banco de España recomienda avisar a la entidad emisora, denunciar el robo ante la Policía, comprobar los movimientos y comunicar cuanto antes cualquier pago realizado sin consentimiento.

Es útil guardar el número de emergencias del banco en el teléfono, ya que consultar el que aparece en el reverso de la tarjeta no será posible si esta ha desaparecido.

Qué hacer si aparece un cargo que no reconoces

El primer paso es comprobar que no se trata de una compra olvidada, una suscripción, un pago realizado por otro titular autorizado o un comercio que aparece en el extracto con un nombre distinto. Si el movimiento sigue sin reconocerse, hay que bloquear la tarjeta y presentar una reclamación ante el servicio de atención al cliente del banco.

La entidad debe facilitar la documentación que acredite que el pago fue correctamente autorizado y ejecutado.

El Real Decreto-ley 19/2018 establece que las operaciones no autorizadas deben comunicarse sin demora injustificada desde que se conocen. El plazo máximo general para solicitar su rectificación es de 13 meses desde la fecha del cargo.

La norma también dispone, con carácter general, que el banco debe devolver el importe inmediatamente y, como máximo, al final del siguiente día hábil, salvo que tenga motivos razonables para sospechar un fraude del propio cliente.

Si alguien utiliza tu tarjeta sin permiso antes de que comuniques su pérdida o robo, podrías tener que asumir hasta 50 euros de las cantidades sustraídas. A partir del momento en que avisas al banco y bloqueas la tarjeta, no deberías responder por nuevos cargos que no hayas realizado. La entidad podría negarse a devolver el dinero si demuestra que hubo fraude o una negligencia grave por parte del cliente.

La situación cambia cuando es el propio titular quien confirma una transferencia después de haber sido engañado. Por ejemplo, si un estafador se hace pasar por el banco y consigue que la víctima introduzca sus claves y autorice el envío, la operación puede considerarse formalmente autorizada. En estos casos, recuperar el dinero resulta más complicado que cuando alguien usa la tarjeta sin consentimiento.

Si el banco rechaza la devolución, el cliente debe reclamar primero ante el servicio de atención al cliente de la entidad. Si no recibe respuesta en 15 días hábiles o no está conforme con ella, puede presentar una reclamación ante el Banco de España.

Una parcela llena de maleza, sin vallas y sin señales de uso puede parecer abandonada, pero eso no significa que esté libre ni que pueda ocuparla cualquier persona. El terreno puede pertenecer a un particular, una empresa, varios herederos o una Administración, aunque lleve años sin utilizarse.

Tampoco es posible convertirse en propietario simplemente por limpiar la finca, cultivarla, cerrarla con una valla o pagar algún gasto relacionado con ella. Antes de realizar cualquier actuación, hay que comprobar quién es su dueño y cuál es su situación jurídica.

La ley diferencia entre un terreno sin uso, una finca cuyo propietario no resulta fácil de localizar, un inmueble que no aparece inscrito y una parcela que realmente carece de dueño. Solo este último supuesto se considera un inmueble vacante, pero tampoco queda disponible para la primera persona que lo encuentre.

Cómo comprobar quién es el dueño del terreno

El primer paso consiste en localizar correctamente la parcela en la Sede Electrónica del Catastro. Esta consulta permite obtener datos como la referencia catastral, la superficie, el uso del suelo y su representación en el mapa.

Sin embargo, el Catastro tiene una finalidad principalmente descriptiva y fiscal. La información pública no permite conocer libremente todos los datos personales del titular y tampoco demuestra por sí sola quién es el propietario legal.

Para saber quién figura como dueño, conviene pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad. Este documento informa sobre el titular inscrito y sobre posibles cargas, como hipotecas, embargos o derechos de usufructo.

La información registral también puede estar desactualizada. Por ejemplo, el propietario puede haber fallecido y existir una herencia todavía sin repartir o una compraventa que aún no se haya inscrito. La falta de inscripción no significa que el terreno no tenga dueño.

También puede ser necesario consultar al ayuntamiento para comprobar si la parcela es municipal, forma parte de una vía pública o está afectada por alguna actuación urbanística.

Qué pasa si el terreno no tiene realmente propietario

El artículo 17 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece que los inmuebles que carecen de dueño pertenecen a la Administración General del Estado.

Esto significa que una parcela realmente vacante no pasa a ser de quien la ocupa. La propiedad se atribuye automáticamente al Estado, aunque en algunas comunidades autónomas existen normas propias para determinados bienes abandonados o sin titular conocido.

También es importante distinguir estos terrenos de los bienes de dominio público. Una carretera, un cauce, una vía pública o una zona destinada al uso general no puede adquirirse por el paso del tiempo.

Ocupar una parcela durante años no siempre permite quedársela

La usucapión, también llamada prescripción adquisitiva, permite adquirir la propiedad de un inmueble mediante una posesión prolongada, pero exige requisitos estrictos.

La posesión debe ser pública, pacífica, continuada y ejercerse en concepto de dueño. No basta con entrar ocasionalmente, limpiar la maleza o cultivar durante una temporada.

El Código Civil fija distintos plazos. La usucapión ordinaria exige buena fe y un título que aparentemente justifique la adquisición, con un plazo de diez años entre personas presentes o veinte entre ausentes. La extraordinaria no exige título ni buena fe, pero requiere 30 años de posesión ininterrumpida.

Además, normalmente será necesario acudir a los tribunales para demostrar que se cumplen todos los requisitos y poder inscribir después la propiedad.

Encontrar tesoros escondidos en los recovecos de tu vivienda, restos históricos durante una reforma o incluso petróleo en el jardín no te convierte automáticamente en el propietario de tu descubrimiento. Dependerá siempre de qué haya aparecido, de su antigüedad y de si es posible identificar a quién pertenece en realidad.

La ley española distingue entre los objetos perdidos, los llamados tesoros ocultos, los bienes con valor histórico o arqueológico y los recursos naturales que forman parte del dominio público. Cada supuesto tiene unas reglas diferentes y, en algunos casos, obliga a detener las obras y avisar inmediatamente a la Administración.

Por eso, ante un objeto de procedencia dudosa, lo más prudente es no moverlo, ni limpiarlo, ni mucho menos venderlo. Una joya olvidada por otra persona no se trata igual que unas monedas romanas, y unas ruinas encontradas bajo una casa tampoco siguen las mismas normas que el petróleo.

Cuándo puedes quedarte unas joyas o dinero escondido

El Código Civil utiliza el concepto de “tesoro oculto” para referirse a un depósito escondido e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuyo propietario legítimo no pueda conocerse.

Cuando el tesoro aparece en una propiedad privada, pertenece al dueño del terreno. Si otra persona lo encuentra por casualidad en una finca ajena, la mitad corresponde al propietario y la otra mitad al descubridor.

Sin embargo, no todo el dinero o las joyas encontrados en una casa son un tesoro oculto. Una alianza extraviada, una cartera, unos billetes escondidos recientemente o una joya que pudo pertenecer al anterior dueño de la vivienda pueden seguir teniendo un propietario identificable.

Cuando se encuentra una cosa que no reúne las condiciones de un tesoro, el Código Civil obliga a devolverla a su anterior poseedor. Si no se sabe quién es, debe entregarse a la autoridad municipal correspondiente.

Qué hacer si aparecen ruinas o monedas antiguas

La situación cambia cuando el objeto o los restos tienen valor histórico o arqueológico. La Ley del Patrimonio Histórico Español establece que son bienes de dominio público los objetos y restos materiales descubiertos durante excavaciones, movimientos de tierra, obras o de manera casual.

Si durante una reforma aparece un mosaico, una vasija, monedas antiguas, una tumba o restos de una construcción, deben detenerse los trabajos que puedan dañarlos.

El hallazgo casual debe comunicarse inmediatamente a la Administración competente, normalmente el organismo de patrimonio cultural de la comunidad autónoma. También puede avisarse al ayuntamiento o a las fuerzas de seguridad para que trasladen la información al organismo correspondiente.

El descubridor y el propietario del lugar pueden tener derecho a un premio conjunto equivalente al 50% del valor que se atribuya al objeto en una tasación legal. Por regla general, un 25% corresponde a quien lo encuentra y otro 25% al dueño del terreno. Si ambos son la misma persona, podría recibir las dos partes.

Esta compensación no debe darse por segura ante cualquier hallazgo histórico porque la legislación autonómica puede concretar sus condiciones. Además, quien no comunica el descubrimiento o incumple la obligación de custodiarlo puede perder el premio y exponerse a sanciones.

El petróleo bajo una casa pertenece al Estado

El propietario tampoco sería dueño del petróleo que apareciera bajo su jardín. La Ley del sector de hidrocarburos de España considera los yacimientos de petróleo y gas bienes de dominio público estatal, con independencia de quién sea el titular de los terrenos situados encima.

El dueño de la vivienda no puede extraerlo ni venderlo por su cuenta. La investigación y explotación de un yacimiento requieren permisos y concesiones administrativas, además de medios técnicos y financieros especializados.

El hallazgo tampoco supone que la casa vaya a ser expropiada automáticamente. Para ocupar terrenos, imponer una servidumbre o iniciar una expropiación, tendría que existir un proyecto autorizado, una declaración de utilidad pública y un procedimiento administrativo. De realizarse, el propietario tendría derecho a la indemnización correspondiente.

El verano convierte las piscinas comunitarias en el espacio más utilizado de las urbanizaciones. También es la principal causa de algunas discusiones habituales entre vecinos, como la posibilidad de entrar en el agua con colchonetas o flotadores gigantes. La comunidad puede limitar o prohibir estos objetos, pero la decisión no puede tomarse de manera informal.

La Ley de Propiedad Horizontal permite aprobar normas de régimen interior para regular la convivencia y el uso adecuado de los servicios y elementos comunes. Entre ellos se encuentra la piscina, por lo que la comunidad puede establecer horarios, condiciones de acceso y restricciones sobre determinados objetos.

No existe, sin embargo, una prohibición general de utilizar hinchables en todas las piscinas comunitarias de España. Cada propietario o residente deberá consultar las reglas de su edificio o urbanización para saber si están permitidos y bajo qué condiciones.

La prohibición debe aprobarse en una junta de propietarios

El presidente, el administrador de fincas o un grupo de residentes no pueden decidir por su cuenta que las colchonetas quedan prohibidas de manera permanente. La medida debe someterse a la junta de propietarios y aprobarse con la mayoría correspondiente.

En primera convocatoria se necesita el respaldo de la mayoría del total de propietarios, que represente también la mayoría de las cuotas de participación. En segunda convocatoria será suficiente con la mayoría de los asistentes, siempre que estos representen más de la mitad de las cuotas presentes.

Cuando se trata únicamente de organizar el uso cotidiano de la piscina, la restricción puede incorporarse al reglamento de régimen interior. Normalmente, no es necesario modificar los estatutos de la comunidad ni inscribir el acuerdo en el Registro de la Propiedad.

Una vez aprobada, la norma debe comunicarse a los residentes. También es recomendable que aparezca de forma visible en el recinto para que propietarios, inquilinos e invitados puedan conocerla antes de entrar en el agua.

Las comunidades pueden justificar la limitación por razones de seguridad y convivencia. Los grandes hinchables ocupan buena parte del vaso, pueden dificultar el movimiento de otros usuarios y reducir la visibilidad sobre lo que sucede debajo o detrás de ellos.

El socorrista puede pedir que se retire un objeto peligroso

El Real Decreto 742/2013 establece las condiciones técnico-sanitarias básicas de las piscinas y considera las comunitarias piscinas privadas de tipo 3A. También obliga a informar a los usuarios sobre sus derechos, deberes y normas de utilización. Sin embargo, no contiene una prohibición específica de flotadores y colchonetas ni concede por sí solo al socorrista una facultad general para vetarlos.

No obstante, el personal de vigilancia sí puede exigir que se cumplan las reglas internas y pedir la retirada de un hinchable si crea un riesgo inmediato, impide controlar correctamente el agua o dificulta una posible intervención. Las funciones concretas del socorrista también dependerán de la regulación autonómica y municipal.

Qué ocurre si un vecino ignora las normas

Ante un incumplimiento, el primer paso suele ser advertir al usuario y pedirle que retire la colchoneta o el flotador. Si la conducta se repite y resulta peligrosa, molesta o perjudicial, el presidente puede realizar un requerimiento formal.

La comunidad no puede establecer libremente multas económicas por saltarse el reglamento, como cobrar una cantidad fija por introducir un hinchable. Sí puede reclamar el coste de los daños materiales que el vecino, sus familiares o invitados causen en las instalaciones.

En los casos más graves y reiterados, la junta puede autorizar al presidente a iniciar una acción de cesación. Se trata de una demanda judicial con la que la comunidad pide a un juez que obligue al vecino a poner fin a una conducta prohibida, molesta, peligrosa o perjudicial. Para ello, la comunidad tendría que acreditar que el comportamiento persiste y afecta a la seguridad o a los derechos del resto de residentes.

El K-Pop alcanzó este domingo uno de sus mayores escaparates internacionales. BTS actuó durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, dentro del primer gran espectáculo musical celebrado en el intermedio de un partido de estas características.

La presencia del grupo surcoreano ante millones de espectadores refleja el impacto que tiene el fenómeno. En España, más del 85% de los seguidores del K-Pop destina entre 20 y 100 euros al mes a productos de moda, artículos coleccionables, decoración, papelería y otras compras ligadas a las tendencias.

Este gasto equivale a entre 240 y 1.200 euros al año. Los datos proceden de una encuesta elaborada en 2026 por la cadena MINISO a partir de 1.000 respuestas, distribuidas por distintas áreas geográficas de España.

El K-Pop tiene más seguidores entre los adultos

El estudio señala que el 14% de la población española se considera fan del K-Pop. Sin embargo, el seguimiento no se reparte por igual entre todas las edades y rompe con la idea de que se trata de un movimiento principalmente adolescente.

El 19% de las personas de entre 31 y 45 años se declara seguidora, frente al 11% registrado entre quienes tienen de 18 a 30 años. La presencia del K-Pop es, por tanto, ocho puntos mayor entre los adultos de mediana edad que entre los más jóvenes analizados.

La encuesta dibuja además un público muy relacionado con el coleccionismo. El 83% de los fans se define como coleccionista activo y el 91% valora de forma positiva la estética asiática.

Entre los productos más habituales aparecen la ropa, los objetos para decorar la casa, la papelería y las figuras coleccionables. Algunos se compran porque están vinculados a un grupo o artista, mientras que otros ganan popularidad después de hacerse virales en redes sociales.

Instagram y TikTok impulsan las compras

Más de ocho de cada diez seguidores utilizan Instagram y TikTok para estar al día de las novedades y conocer qué productos se están poniendo de moda. Las redes se han convertido así en un escaparate constante de nuevas colecciones, figuras y objetos relacionados con la cultura coreana.

El 57% de los fans asegura que comparte siempre o muy a menudo contenido sobre sus compras. El consumo no termina al pagar el producto: muchos usuarios enseñan sus adquisiciones, graban cómo abren los paquetes y recomiendan artículos a otras personas de la comunidad.

Las llamadas blind boxes o cajas sorpresa ofrecen una experiencia particular. El comprador no sabe qué figura concreta encontrará dentro hasta que abre el envase, lo que anima a repetir la compra para completar una colección. El 91% de los fans considera esta experiencia divertida o emocionante.

La tienda física sigue teniendo importancia. El 54% acude expresamente a un establecimiento porque valora poder buscar personalmente los productos, descubrir las novedades y compartir ese momento con otros seguidores.

El crecimiento del K-Pop forma parte de una expansión más amplia de la cultura surcoreana, que reúne música, moda, belleza, series, películas y productos de consumo. Según datos citados por la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional y el Ministerio de Cultura surcoreano, estos movimientos culturales generaron 19.000 millones de dólares en exportaciones durante 2025, mientras que las ventas musicales al exterior aumentaron un 84% respecto al año anterior.

El importe medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó en mayo de 2026 los 174.866 euros, un 9,7% más que en el mismo mes de 2025, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hace un año, el préstamo medio rondaba los 159.400 euros, frente a los casi 175.000 euros actuales. Quien firma ahora una hipoteca necesita, de media, unos 15.500 euros más por operación.

El aumento del importe contrasta con la evolución del número de operaciones, que apenas ha variado. En mayo se constituyeron 42.213 hipotecas sobre viviendas, un 0,1% menos que un año antes. Se firman prácticamente los mismos préstamos, pero por cantidades mucho mayores.

El préstamo medio aumenta en unos 15.500 euros

Los datos del INE muestran que el mercado hipotecario se mantiene estable en volumen, aunque cada operación implica una financiación mayor. El incremento del 9,7% sitúa el importe medio en 174.866 euros, aproximadamente 15.462 euros por encima del nivel estimado de mayo de 2025.

Esta cantidad representa el capital que concede la entidad financiera, no el precio completo de la vivienda. Los compradores deben aportar normalmente una parte del coste con sus ahorros y hacer frente, además, a impuestos y otros gastos relacionados con la operación.

Tampoco se trata del coste final de la hipoteca. A los 174.866 euros prestados hay que sumar los intereses que se pagarán durante los años de devolución. Por tanto, el desembolso total que asume el titular será superior al importe inicial concedido por el banco.

El INE no explica las causas del crecimiento de los préstamos. Su estadística recoge las hipotecas inscritas en los registros de la propiedad, pero no permite determinar si el aumento responde al encarecimiento de las viviendas, a cambios en el tipo de inmuebles adquiridos o al perfil de los compradores.

En el conjunto de fincas, que incluye viviendas, solares, terrenos y otros inmuebles, el importe medio de las hipotecas inscritas aumentó todavía más, un 12,1% interanual.

El interés vuelve a rozar el 3%

El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en mayo en el 2,98%. Se trata de un aumento frente al 2,90% registrado en abril y el 2,84% de marzo, de acuerdo con la serie difundida por el INE.

El plazo medio acordado entre los clientes y las entidades fue de 25 años. Durante ese periodo, el comprador deberá devolver el dinero prestado junto con los intereses correspondientes, por lo que tanto el importe inicial como el tipo aplicado influyen en la mensualidad.

Las hipotecas a tipo fijo continuaron siendo las más habituales. Representaron el 60,9% de las operaciones constituidas sobre viviendas, mientras que el 39,1% restante se firmó a tipo variable.

El interés inicial medio fue ligeramente más bajo en las hipotecas fijas, con un 2,96%, que en las variables, donde alcanzó el 3,00%. En las primeras, la cuota no cambia por las oscilaciones de los tipos de referencia. En las segundas, puede subir o bajar durante la vida del préstamo según las condiciones pactadas.

Navarra registra la mayor subida y Baleares, la mayor caída

La evolución del número de hipotecas fue muy diferente según la comunidad autónoma. Navarra registró el mayor crecimiento interanual en mayo, con un aumento del 33,5%. Le siguieron Canarias, con un 16,5%, y Cataluña, con un 9,3%.

En el extremo contrario, Islas Baleares presentó la mayor caída, del 19,6%. También descendieron con fuerza las operaciones en Cantabria, un 17,9%, y en la Región de Murcia, un 13,2%.

El INE contabilizó además 9.342 hipotecas en las que se modificaron las condiciones previamente pactadas. El número total de cambios registrales bajó un 17,1% respecto a mayo de 2025.

Las novaciones, que permiten cambiar las condiciones con la misma entidad, descendieron un 23,4%. En cambio, las subrogaciones al acreedor, utilizadas para trasladar la hipoteca a otro banco, aumentaron un 14,5%. El 82,9% de las modificaciones registradas estuvo relacionado con cambios en los tipos de interés.

La retirada de la verja que separaba España y Gibraltar no solo transforma la movilidad entre ambos territorios. El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido también introduce una nueva fiscalidad en el Peñón que afectará a las mercancías y, especialmente, a productos como el tabaco, el alcohol, la gasolina y el gasóleo.

Gibraltar comenzará a aplicar un nuevo impuesto indirecto equivalente al IVA, con un tipo general inicial del 15%. Aunque jurídicamente no se trata del IVA español, el objetivo es acercar progresivamente la tributación de las mercancías a la existente en la Unión Europea y reducir las ventajas comerciales derivadas de los impuestos más bajos.

El cambio no se completará inmediatamente: el tratado establece un periodo de convergencia de tres años, durante el que se aproximarán los tipos y se evaluarán las posibles diferencias que puedan perjudicar a los negocios situados en el Campo de Gibraltar.

Gibraltar aplicará un nuevo impuesto indirecto del 15%

El nuevo tributo, denominado impuesto sobre las transacciones, sustituirá a los actuales derechos de importación para los productos destinados a venderse en Gibraltar. Se aplicará a los bienes importados o producidos en Gibraltar cuando se destinen a su venta o consumo en el mercado del Peñón, con un tipo general inicial del 15%.

El acuerdo permite que existan tipos reducidos, superreducidos y exenciones para determinados bienes. Por tanto, no todos los productos soportarán necesariamente la misma carga.

La nueva regulación se acompaña de una unión aduanera específica con la UE. Las mercancías podrán circular sin aranceles ni cupos entre Gibraltar y el territorio comunitario, pero estarán sometidas a controles para acreditar su origen, destino y cumplimiento de las normas aplicables.

Qué pasará con el tabaco, el alcohol y los carburantes

El tabaco, el alcohol y los combustibles tendrán un tratamiento específico. Además del impuesto sobre las transacciones, estos productos quedarán sujetos a impuestos especiales destinados a reducir las diferencias fiscales con España.

El acuerdo establece reglas específicas para evitar que Gibraltar conserve una ventaja fiscal tan amplia que fomente las compras masivas o el contrabando. En el caso de los carburantes, se contempla un periodo transitorio antes de completar la aproximación de los impuestos especiales.

Esto previsiblemente reducirá el ahorro que hasta ahora suponía para algunos consumidores adquirir cigarrillos, bebidas alcohólicas, gasolina o gasóleo en el Peñón. Sin embargo, los precios finales también dependerán de los márgenes empresariales y de la evolución del mercado, por lo que no necesariamente serán idénticos a los de La Línea de la Concepción o Algeciras.

Habrá límites para las compras personales

Durante los tres primeros años de aplicación del acuerdo existirán límites para las mercancías transportadas por los viajeros. El acuerdo fija una franquicia general de 300 euros por persona para quienes crucen por tierra y de 430 euros para quienes lleguen por mar o aire. Para los menores de 15 años, el límite será de 175 euros.

También se establecen cantidades máximas específicas para el tabaco y el alcohol. Por vía terrestre podrán introducirse, con carácter general, hasta 200 cigarrillos, aunque el límite será de 80 para los residentes y los trabajadores de la zona fronteriza. También se permiten 100 puritos, 50 puros o 250 gramos de tabaco para fumar.

En bebidas, la franquicia comprende cuatro litros de vino sin gas y 16 litros de cerveza, además de un litro de bebidas con una graduación superior al 22% o dos litros cuando no superen ese nivel. Estas cantidades y las correspondientes al tabaco no se aplican a los menores de 17 años.

Estas exenciones solo se aplican a compras ocasionales destinadas al uso personal, familiar o a regalos. Las mercancías que superen los límites o tengan una finalidad comercial deberán declararse y estarán sujetas a los impuestos correspondientes.

El nuevo modelo pretende que la retirada de los controles físicos no facilite la entrada de productos sin declarar. La desaparición de la verja permitirá una circulación más fluida de personas, pero irá acompañada de una mayor coordinación aduanera y fiscal para impedir que las diferencias tributarias vuelvan a generar contrabando o competencia desleal.

España y Argentina se disputan esta noche el Mundial de fútbol, pero el marcador ofrece un resultado muy distinto cuando el partido se juega en el terreno económico. España llega con una inflación diez veces menor y mejores condiciones de jornada laboral y vacaciones. Pero Argentina puede apuntarse dos tantos capaces de sorprender al público español: tiene menos desempleo y la OCDE calcula que crecerá algo más durante 2026.

La tasa de paro argentina se situó en el 7,8% durante el primer trimestre del año, frente al 10,83% registrado en España. La OCDE también prevé que su economía avance un 2,8% este año, seis décimas más que la española. Dos cifras que, vistas de forma aislada, colocarían al país latinoamericano por delante.

Cambia de nuevo el marcador cuando se examina el tipo de empleo que se crea y qué ocurre después con el salario. El 44,2% de los ocupados argentinos tiene un empleo informal, es decir, trabaja sin estar plenamente registrado y puede quedar fuera de las cotizaciones, la protección social o parte de los derechos laborales.

A esta precariedad se suma una subida de precios que continúa castigando el poder adquisitivo. La inflación argentina supera el 30% anual, la jornada legal alcanza las 48 horas semanales y los trabajadores con menos de cinco años de antigüedad tienen derecho a 14 días naturales de vacaciones, menos de la mitad del mínimo reconocido en España.

Argentina crecerá más en 2026, aunque España arrancó mejor el año

Argentina gana el duelo del crecimiento previsto. La OCDE calcula que su PIB aumentará un 2,8% en 2026, impulsado sobre todo por las exportaciones de energía, minería y productos agrícolas. Para España espera un avance del 2,2%, sostenido por el consumo, la creación de empleo y las inversiones vinculadas a los fondos europeos.

La previsión para el conjunto del año, sin embargo, no coincide con lo ocurrido durante sus primeros meses. España creció un 2,7% interanual en el primer trimestre y Argentina, un 2,3%. El organismo espera, por tanto, que la economía argentina acelere a medida que avance 2026.

El país latinoamericano parte además de una trayectoria mucho más inestable. La propia OCDE advierte de que el gasto de los hogares seguirá creciendo, limitado por los elevados tipos de interés y una recuperación de los salarios reales que todavía avanza despacio.

Los precios suben diez veces más en Argentina

La ventaja argentina en crecimiento pierde fuerza cuando se observa cuánto se encarece la vida. En junio, los precios aumentaron un 3,2% interanual en España y un 33,5% en Argentina. La tasa argentina multiplica por más de diez la española.

La diferencia también se aprecia en periodos mucho más cortos. España acumuló una subida del 2,3% durante la primera mitad del año, mientras que Argentina alcanzó el 16,8%. Solo en junio, los precios argentinos avanzaron un 1,9%; en España lo hicieron un 0,6%.

El efecto llega directamente a la compra, el alquiler, el transporte y las facturas. Cuanto más rápido suben estos gastos, menos tiempo conserva su valor el salario y más difícil resulta ahorrar. Argentina ha reducido con fuerza las tasas extremas de años anteriores, pero todavía convive con un encarecimiento muy superior al español.

Menos paro, pero cuatro de cada diez empleos son informales en Argentina

El desempleo es el principal punto débil de España. La EPA situó la tasa en el 10,83% durante el primer trimestre, con 2,71 millones de personas paradas. Argentina registró un 7,8%, algo más de tres puntos menos.

La comparación exige cautela. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina obtiene estos datos a través de la Encuesta Permanente de Hogares, realizada en 31 grandes áreas urbanas, mientras que la EPA española cubre todo el país. Las dos cifras permiten observar la situación laboral, pero no proceden de encuestas con la misma cobertura territorial.

Además, encontrar trabajo no significa necesariamente acceder a un empleo con cotizaciones y protección. El 44,2% de los ocupados argentinos no estaba plenamente registrado durante el primer trimestre. En la práctica, una parte de estas personas trabaja sin cotizar para su jubilación o con menos cobertura ante una enfermedad, un accidente laboral o un despido.

España no publica un dato equivalente que permita comparar directamente ambos países. Aun así, el elevado número de empleos no registrados en Argentina obliga a reinterpretar su menor tasa de paro: muchas personas trabajan, pero lo hacen sin cotizar o con menos protección laboral.

Más horas de trabajo y menos vacaciones

El salario mínimo español asciende en 2026 a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, un total de 17.094 euros al año. En Argentina, el mínimo vigente desde julio se sitúa en 372.400 pesos mensuales.

Convertir esa cantidad directamente a euros produciría una comparación engañosa. El resultado depende del tipo de cambio utilizado y no tiene en cuenta cuánto cuestan la vivienda, la alimentación o los servicios en cada país. La evolución de los salarios tampoco ofrece una victoria clara: las remuneraciones argentinas aumentaron un 36,9% interanual en abril, pero gran parte de esa subida quedó absorbida por el encarecimiento de la vida.

Las condiciones laborales permiten hacer una comparación más clara. En España, la jornada máxima general sigue fijada en 40 horas semanales de promedio anual y las vacaciones no pueden ser inferiores a 30 días naturales.

En Argentina, la regla general establece un máximo de ocho horas diarias o 48 semanales. Sin embargo, la reforma laboral de 2026 permite distribuir ese tiempo mediante sistemas de promedio o bancos de horas, de modo que algunos días la jornada puede alcanzar las 12 horas si después se compensa con menos trabajo o descansos y no se supera el límite semanal.

El periodo de vacaciones depende de la antigüedad: son 14 días naturales hasta los cinco años trabajados, 21 entre los cinco y los diez, 28 entre los diez y los veinte y 35 a partir de los veinte años. Un trabajador argentino necesita superar los diez años en la empresa para acercarse a los 30 días que la legislación española reconoce desde el inicio.

Dos reformas laborales en direcciones opuestas

Los dos países han intentado corregir sus problemas con recetas distintas. España aprobó su reforma laboral a finales de 2021 para restringir los contratos temporales, extender la contratación indefinida y reforzar mecanismos como los ERTE frente al despido. En el último año hasta marzo de 2026, el número de asalariados indefinidos creció en más de medio millón.

Argentina aprobó en marzo la Ley de Modernización Laboral, orientada a facilitar la contratación formal, reducir costes empresariales y regularizar empleos no declarados. Incluye incentivos en las cotizaciones, cambios en la negociación colectiva y un fondo para afrontar las obligaciones derivadas de la extinción de contratos. También permite que los convenios organicen la jornada mediante bancos de horas.

Con estas medidas, España trató de reducir una temporalidad que hacía encadenar contratos de corta duración a muchos trabajadores. Argentina intenta sacar del empleo no registrado a una parte de quienes ya trabajan. Para conseguirlo, ha elegido una vía basada en mayores incentivos y flexibilidad para las empresas.

Ambos países llegan al duelo económico con debilidades y fortalezas muy distintas, pero esta noche, en la final del Mundial, ninguna estadística influirá cuando empiece a rodar el balón. ¡Que gane el mejor!

Irse de vacaciones durante una semana exige ya un presupuesto cercano a los 2.000 euros, incluso al escoger entre las tres opciones más económicas de España. Una familia formada por dos adultos y un menor de tres años gastaría 1.908,88 euros en Málaga, 1.960,19 euros en Alicante y 1.973,46 euros en Valencia.

La media de estos destinos asciende a 1.947,51 euros por siete días, unos 278 euros diarios para el conjunto de la familia. Estos cálculos proceden de un análisis elaborado por Roams sobre siete destinos turísticos españoles.

La simulación toma como referencia una familia que viaja desde Madrid, se aloja en un hotel de cuatro estrellas con media pensión y suma al alojamiento los desplazamientos y una selección de gastos de ocio y restauración.

El gasto medio supera los 2.200 euros entre los siete destinos analizados

Al incorporar Tenerife, Gran Canaria, Barcelona y Mallorca, el presupuesto medio de la semana se eleva hasta los 2.208,31 euros, alrededor de 315 euros al día. La cifra está muy condicionada por Mallorca, que se distancia claramente del resto con un coste de 3.095,92 euros.

Por debajo de esa media se encuentran los tres destinos más económicos ya mencionados, y también Tenerife, donde el desembolso alcanza los 2.062 euros. Gran Canaria asciende a 2.201,32 euros, prácticamente en línea con la media, mientras que Barcelona llega a 2.256,38 euros la semana.

La distancia entre los extremos de la muestra es considerable. Pasar la semana en Mallorca cuesta 1.187,04 euros más que hacerlo en Málaga, lo que supone un encarecimiento cercano al 62% bajo las mismas condiciones.

El hotel es lo más caro

El alojamiento es el gasto principal, aunque mirar únicamente el precio de la reserva dejaría una imagen incompleta. En Málaga, por ejemplo, el hotel cuesta 1.495 euros, pero el presupuesto final alcanza los 1.908,88. En Valencia, la estancia asciende a 1.545 euros y la factura completa roza los 1.974.

En los tres destinos más económicos, el transporte y los consumos realizados durante la semana añaden entre unos 365 y 428 euros al presupuesto. El estudio incluye el desplazamiento desde Madrid y unos gastos en restauración y ocio como cenas, cafés, bebidas, helados y alguna visita cultural.

Roams también incorpora, en los viajes realizados en coche, una parte proporcional de gastos anuales como el seguro, el mantenimiento o los impuestos del vehículo. No todos esos importes se abonan durante las vacaciones, pero se utilizan para estimar el coste asociado a su uso.

Elegir apartamento en vez de hotel abarata el viaje

Optar por un apartamento turístico permite reducir el presupuesto en los siete destinos analizados, tanto por el menor precio del alojamiento como por la posibilidad de cocinar durante la estancia. Sin embargo, la diferencia respecto al hotel cambia mucho de una ciudad a otra y no siempre consigue rebajar la factura de forma significativa.

El mayor ahorro se produce en Alicante, donde el coste total pasa de 1.960,19 a 1.656,80 euros, unos 303 euros menos. En Valencia la reducción ronda los 296 euros y en Mallorca, los 284. En cambio, una familia que elija un apartamento en Tenerife solo ahorraría 91,53 euros frente al hotel, mientras que en Barcelona la diferencia se limita a 123,84 euros.

Incluso con esta alternativa, unas vacaciones familiares continúan superando los 2.000 euros en Mallorca, Barcelona y Gran Canaria. En Tenerife, el presupuesto se queda muy cerca, con 1.970,47 euros por la semana. Los datos de Roams destacan que la elevada demanda turística ha reducido la distancia de precios entre hoteles y apartamentos en algunos destinos.

Los inquilinos que firmen un contrato de alquiler por un año no estarán obligados a abandonar la vivienda cuando pasen esos doce meses. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite continuar en el inmueble mediante prórrogas anuales hasta completar un mínimo de cinco años, siempre que se trate de su vivienda habitual y el arrendador sea una persona física.

La renovación es obligatoria para el arrendador, aunque en el documento aparezca que el contrato dura solamente un año. El inquilino, en cambio, puede decidir que no quiere seguir. Para hacerlo, debe comunicarlo al propietario con un mínimo de 30 días de antelación respecto al final del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

El plazo protegido por la ley aumenta cuando quien alquila el inmueble es una empresa u otra persona jurídica. En ese caso, el arrendatario puede continuar en la vivienda hasta completar siete años. Estas son las reglas vigentes para los contratos de alquiler firmados desde el 6 de marzo de 2019. Los anteriores pueden estar sometidos a plazos diferentes.

No hace falta firmar un contrato nuevo cada año

Las prórrogas se aplican sobre el mismo contrato, por lo que el inquilino no tiene que firmar uno nuevo al terminar cada anualidad. El alquiler continúa en las mismas condiciones, salvo los cambios permitidos por la ley, como la actualización de la renta cuando corresponda.

Si el contrato no indica cuánto dura o establece un periodo indeterminado, la ley considera que se ha firmado por un año. Aun así, el arrendatario mantiene el derecho a continuar hasta completar cinco años, o siete cuando quien alquila la vivienda es una persona jurídica.

Cuándo puede el propietario recuperar la vivienda

La ley recoge una excepción que permite a un propietario particular recuperar el inmueble antes de que se cumplan los cinco años. Puede hacerlo si necesita utilizarlo como vivienda permanente para él mismo, para sus padres o hijos, o para su cónyuge después de una sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Para aplicar esta excepción no basta con que el propietario diga, cuando termina el primer año, que necesita la casa. Esta posibilidad debe aparecer expresamente recogida en el contrato desde el momento en que se firma.

Además, debe comunicar al inquilino la causa concreta por la que necesita recuperar la vivienda y avisarle con al menos dos meses de antelación. Esta excepción solo puede utilizarse una vez transcurrido el primer año del alquiler y cuando el arrendador sea una persona física.

La ley también establece una protección por si el propietario utiliza esta causa sin llegar a ocupar realmente el inmueble. Si él o el familiar señalado no se instala en la casa durante los tres meses posteriores al desalojo, el antiguo inquilino puede solicitar volver a la vivienda o reclamar una indemnización, salvo que exista una causa de fuerza mayor que haya impedido la ocupación.

Esta regla no se aplica a los alquileres de temporada

El derecho a permanecer durante cinco o siete años se aplica a los contratos destinados a cubrir la necesidad permanente de vivienda del inquilino. Es decir, a la casa en la que reside habitualmente.

Los alquileres de temporada, como los que se firman para permanecer durante unos meses por motivos de estudios, trabajo o vacaciones, se consideran arrendamientos para un uso distinto del de vivienda. En ellos, la duración depende principalmente de lo acordado entre las partes y no se aplica automáticamente el plazo mínimo del artículo 9.

Tras los cinco o siete años, el alquiler puede continuar

Cuando se alcanza el periodo mínimo, el contrato tampoco termina necesariamente de forma automática. Si ninguna de las partes avisa de que quiere finalizarlo, puede prorrogarse por anualidades durante un máximo de otros tres años.

Para impedir esa renovación, el arrendador debe avisar con al menos cuatro meses de antelación. El inquilino tiene que hacerlo con un mínimo de dos meses. Durante las prórrogas posteriores, el arrendatario puede comunicar con un mes de antelación que no desea renovar la siguiente anualidad.

España sigue creando hogares a un ritmo muy superior al de la construcción de vivienda. En los doce meses contabilizados hasta el primer trimestre de 2026 se formaron 242.200 nuevos hogares, mientras que los visados de obra nueva alcanzaron 141.135 unidades en el acumulado hasta febrero. La relación equivale a unas seis viviendas nuevas por cada diez hogares creados, una diferencia de más de 100.000.

La comparación aparece en el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que advierte de que el déficit de vivienda continúa aumentando. El organismo considera que el ritmo de construcción de los últimos cinco años no ha sido suficiente para responder al crecimiento de la demanda residencial.

Los dos datos no cubren exactamente el mismo periodo: la creación de hogares llega hasta el primer trimestre y los visados, hasta febrero, aunque ambos se presentan como acumulados de doce meses.

Estas cifras tampoco significan que el déficit total de vivienda en España sea de 100.000 unidades. La diferencia muestra que durante el último año se han formado muchos más hogares de los que la oferta futura parece capaz de absorber.

Más personas buscan casa mientras la oferta avanza lentamente

La AIReF vincula este desequilibrio con los cambios demográficos registrados en España. La población ha aumentado, en parte por la llegada de personas extranjeras, y, al mismo tiempo, los hogares son cada vez más pequeños.

Algo más de la mitad de los hogares españoles está formado por una o dos personas, según el informe. Aproximadamente un 29% corresponde a personas que viven solas y otro 25% a hogares con dos miembros. Esto implica que una misma población necesita más viviendas cuando aumenta el número de personas que viven solas, parejas sin hijos o familias de menor tamaño.

Frente a esta demanda creciente, los visados de obra nueva apenas cubren alrededor del 58% del número de hogares creados. Además, un visado de obra nueva no significa que la casa ya esté construida o disponible para entrar a vivir. Es una autorización técnica previa, por lo que todavía pueden pasar meses o años hasta que el inmueble esté terminado.

La construcción permanece estancada, según la AIReF. El sector representa actualmente el 5,4% del valor añadido de la economía y la inversión en vivienda equivale al 5,8% del PIB. Ambas cifras están muy alejadas de las registradas en 2006, cuando alcanzaban el 11,1% y el 11,7%, respectivamente.

La comparación con los años de la burbuja inmobiliaria no implica que España deba volver a aquellos niveles de actividad, pero sí muestra que la construcción residencial tiene ahora un peso mucho menor pese al aumento de las necesidades de vivienda.

La falta de oferta sigue empujando los precios

La consecuencia más evidente para las familias es el encarecimiento del acceso a una casa. La AIReF señala que la escasez de oferta está contribuyendo a que los precios sigan subiendo. En el primer trimestre de 2026, aumentaron un 13,9% interanual.

La subida fue superior a la registrada en la mayoría de las economías europeas y ha aumentado el esfuerzo económico necesario para comprar una vivienda. En la práctica, quienes buscan independizarse, mudarse por trabajo o encontrar una casa con más espacio tienen que competir por una oferta que no crece al mismo ritmo.

El encarecimiento también obliga a los compradores a aportar más ahorros para la entrada y a solicitar hipotecas mayores. Así, incluso los hogares cuyos ingresos no han disminuido pueden encontrarse con que cada vez necesitan dedicar una parte mayor de su salario a pagar la casa.

Las empleadas domésticas tienen derecho a una jornada limitada, descansos diarios y semanales, vacaciones, permisos pagados y un salario mínimo. Estas reglas se aplican tanto a quienes trabajan unas horas en una vivienda como a las empleadas internas, aunque estas últimas tienen algunas condiciones concretas.

La jornada ordinaria no puede superar las 40 horas semanales de trabajo efectivo. Además, deben pasar al menos 12 horas entre el final de un día de trabajo y el comienzo del siguiente, el descanso semanal debe durar un mínimo de 36 horas seguidas y las vacaciones son de 30 días naturales al año.

A estos derechos se suma el salario. En 2026, una empleada que trabaje a jornada completa debe cobrar al menos el salario mínimo interprofesional. En el caso de quienes prestan servicios por horas y no viven en el domicilio, el mínimo es de 9,55 euros por cada hora efectivamente trabajada.

Qué son los tiempos de presencia

La ley diferencia entre el trabajo efectivo y los llamados tiempos de presencia. El primero comprende las tareas que realiza la empleada, como limpiar, cocinar, cuidar a una persona o hacer la compra.

Los tiempos de presencia son, en cambio, aquellos periodos en los que debe permanecer disponible en el domicilio, aunque no esté trabajando en ese momento. Por ejemplo, puede haber terminado sus tareas, pero tener que quedarse en la casa por si la familia necesita su ayuda. Por tanto, ese periodo no puede considerarse tiempo libre.

Estas horas deben acordarse previamente entre la trabajadora y la persona empleadora. Pueden compensarse con descanso, con dinero o combinando ambas opciones. Cuando se paguen, cada hora debe abonarse como mínimo al mismo precio que una hora ordinaria.

Si no se cambian por un descanso equivalente, los tiempos de presencia no pueden superar las 20 horas semanales de media durante un mes.

Las reglas especiales para las empleadas internas

En el caso de las trabajadoras internas, el tiempo entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente puede reducirse de 12 a 10 horas. No obstante, las dos horas restantes deben recuperarse dentro de las cuatro semanas posteriores.

También deben disponer de al menos dos horas libres al día para las comidas principales. Durante ese periodo no tienen que realizar tareas y ese tiempo no se incluye dentro de la jornada laboral.

El descanso semanal suele abarcar todo el domingo y la tarde del sábado o la mañana del lunes. Trabajar a tiempo parcial no permite reducir esas 36 horas consecutivas, aunque la retribución correspondiente se calcula en proporción a la jornada contratada.

Cómo se eligen las vacaciones

Los 30 días naturales de vacaciones pueden repartirse en varios periodos, pero al menos uno de ellos debe durar 15 días seguidos. Al hablar de días naturales, se cuentan también los sábados, los domingos y los festivos.

Las fechas deben acordarse entre ambas partes. Cuando no sea posible alcanzar un acuerdo, la persona empleadora puede decidir 15 días y la trabajadora los otros 15. En cualquier caso, la empleada debe conocer las fechas con al menos dos meses de antelación.

Durante sus vacaciones, una trabajadora interna no está obligada a permanecer en el domicilio familiar ni a acompañar a la familia a una segunda residencia o a su lugar de veraneo.

Qué permisos puede pedir sin perder salario

Las empleadas domésticas pueden ausentarse por las mismas causas reconocidas para el resto de los trabajadores sin que esos días se descuenten del sueldo.

Entre los permisos más habituales se encuentran los 15 días naturales por matrimonio o por registrarse como pareja de hecho. También pueden solicitar cinco días por enfermedad grave, hospitalización o una operación que exija reposo en casa de determinados familiares o de una persona con la que convivan.

En caso de fallecimiento de ciertos familiares, corresponden dos días. Este plazo puede ampliarse cuando sea necesario realizar un desplazamiento.

La normativa reconoce además un día por mudanza y el tiempo indispensable para acudir a exámenes prenatales, cumplir una obligación pública o atender otras situaciones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.

La trabajadora debe avisar y justificar el motivo siempre que sea posible. Estos permisos no pueden descontarse del salario ni obligarla a recuperar después las horas que no haya trabajado.

Cuánto debe cobrar una empleada doméstica en 2026

Una empleada que trabaje a jornada completa y cobre por meses debe recibir al menos 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. La cantidad anual mínima asciende así a 17.094 euros brutos. Cuando las dos pagas extraordinarias están repartidas entre los 12 meses, el mínimo es de 1.424,50 euros brutos mensuales. Si el contrato es a tiempo parcial, el sueldo se calcula de forma proporcional a las horas trabajadas.

El pago de 9,55 euros por hora se aplica a quienes trabajan por horas en régimen externo, es decir, sin vivir en la casa y cobrando en función de las horas concretas que realizan. En esa cantidad ya están incluidas las partes proporcionales de las vacaciones, los descansos semanales y las pagas extraordinarias.

No es lo mismo trabajar por horas que tener un contrato mensual a tiempo parcial. Por ejemplo, una empleada que trabaja todas las semanas durante un horario fijo y recibe un sueldo al mes debe cobrar la parte proporcional del salario mínimo mensual que corresponda a su jornada. En ese caso, el salario no se calcula simplemente multiplicando sus horas por 9,55 euros.

En el caso de las internas, la comida o el alojamiento pueden formar parte de la remuneración, pero no permiten reducir el dinero que reciben por debajo del mínimo legal que les corresponde.

El alta en la Seguridad Social es obligatoria desde la primera hora

La persona que contrata debe tramitar el alta antes de que la empleada comience a trabajar. La obligación existe aunque solo acuda unas horas a la semana o preste servicios en varias viviendas.

En el trámite deben comunicarse datos como la jornada, el salario, las pagas extraordinarias y, cuando existan, los tiempos de presencia o los pagos en especie. El alta puede realizarse mediante el portal Import@ss de la Seguridad Social.

Las empleadas domésticas también cotizan por desempleo desde 2022. Esto permite que puedan cobrar el paro cuando pierdan su trabajo y hayan acumulado el periodo mínimo de cotización exigido.

Trabajar dentro de una vivienda particular no elimina los derechos laborales. Las condiciones pueden acordarse entre la familia y la empleada, pero ese pacto nunca puede rebajar los mínimos establecidos por la ley.

La nota de corte no es el único filtro que puede condicionar dónde estudiará un universitario. Para quienes tienen que mudarse a otra ciudad o comunidad autónoma, el precio de una habitación puede acabar siendo tan dictaminante como la carrera elegida. Tomando como referencia diez meses de curso, alquilar una habitación cuesta unos 6.000 euros en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla.

Las cifras parten de los precios medios mensuales recopilados por LIVE4LIFE, una plataforma especializada en alquiler para jóvenes y estudiantes. Según sus datos, una habitación cuesta de media 600 euros al mes en Barcelona, 587 en Madrid y 438 en Sevilla. En el conjunto de España, el promedio se sitúa en 430 euros mensuales, lo que elevaría el gasto a unos 4.300 euros durante diez meses.

Al comparar las tres ciudades, la mayor diferencia aparece entre Barcelona y Sevilla: una habitación cuesta de media 162 euros más al mes en la capital catalana. La brecha con Madrid es mucho menor, tan solo de 13 euros mensuales.

El cálculo es orientativo, pues el coste final dependerá del número de meses que dure el contrato, del barrio, del estado de la vivienda o de si el precio incluye gastos como la luz, el agua o internet. Aunque eso será solo por el alquiler: todavía habría que sumar la matrícula, la alimentación, el transporte, los materiales académicos y la fianza.

En cualquier caso, el desembolso puede condicionar la decisión. Un estudiante puede conseguir plaza en la carrera que quiere y, aun así, tener que valorar si su familia puede asumir el coste de vivir en esa ciudad.

Casi uno de cada cinco cambia de comunidad

El encarecimiento de las habitaciones en alquiler afecta especialmente a quienes se marchan de casa para poder estudiar. El 19,1% de los universitarios cambia de comunidad autónoma para cursar su carrera, frente al 18,3% registrado dos años antes. Además, el 32% estudia en una provincia distinta, seis décimas más que en el periodo anterior.

El aumento es moderado, pero refleja que una parte considerable del alumnado necesita desplazarse. Y no todos los que cambian de provincia salen de su comunidad: un estudiante puede matricularse en otra ciudad de su misma región y verse igualmente obligado a buscar una habitación.

Navarra es la comunidad con una mayor proporción de universitarios llegados desde otros territorios, con un 42,2%. Le siguen Castilla y León, con un 37%; La Rioja, con un 34%; y Madrid, con un 31,2%. También superan el 20% Castilla-La Mancha, con un 23%, y Murcia, con un 22,9%.

En el extremo contrario se encuentran Baleares, donde solo el 4,2% de los estudiantes procede de otra comunidad; Galicia, con un 8,3%; Canarias, con un 8,8%; y Asturias, con un 9,6%. Andalucía y Cataluña también permanecen por debajo del 11%.

Las diferencias pueden responder a la variedad de titulaciones, el tamaño de las universidades, la existencia de centros privados, la proximidad entre territorios o la capacidad de determinados campus para atraer alumnado.

La búsqueda para septiembre empieza en verano

El calendario también importa en la búsqueda de habitación. En julio, muchos universitarios acaban de regresar a casa tras terminar el curso, mientras otros esperan las adjudicaciones de plaza o empiezan ya a buscar alojamiento para septiembre. LIVE4LIFE sostiene que la escasez de oferta obliga a adelantar la búsqueda para evitar quedarse sin habitación al inicio del curso.

La plaza universitaria puede depender de la nota, pero poder aprovecharla exige hacer números. Entre vivir en Barcelona o en Sevilla hay 1.620 euros de diferencia por curso solo en una habitación, una distancia que puede reducir bastante el mapa de oportunidades para muchas familias.

Abrir una ventana no siempre es suficiente para refrescar el ambiente. Si el objetivo es que el aire caliente salga de verdad, es necesario crear una corriente que atraviese la casa: el aire entra por una abertura y sale por otra situada en una zona diferente. Este sistema se conoce como ventilación cruzada y puede ponerse en práctica con dos ventiladores.

La idea es bien sencilla: uno de los aparatos introduce en la vivienda el aire procedente de una zona más fresca, mientras que el otro ayuda a expulsar el calor acumulado. De esta forma, el aire no se limita a dar vueltas dentro de una misma habitación, sino que recorre parte de la casa y sale al exterior.

Este método forma parte de lo que se conoce como refrigeración pasiva, es decir, el uso de la ventilación, la sombra y la propia distribución de la vivienda para reducir el calor sin depender únicamente del aire acondicionado.

Cómo colocar los dos ventiladores

Para crear la corriente, el primer ventilador debe situarse cerca de una ventana abierta situada, si es posible, en el lado más fresco o sombreado de la vivienda. Este aparato tiene que apuntar hacia el interior para ayudar a introducir el aire exterior.

El segundo ventilador debe colocarse cerca de otra ventana o puerta, preferiblemente en el extremo contrario de la casa. En este caso tiene que apuntar hacia fuera, porque su función es expulsar el aire caliente acumulado. El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda cerrar las ventanas cercanas a este segundo aparato, para obligar al aire a recorrer una distancia mayor dentro de la vivienda.

Las dos ventanas no tienen que estar necesariamente una frente a la otra. Pueden encontrarse en habitaciones distintas o en fachadas contiguas. Lo importante es dejar las puertas interiores abiertas y crear un camino por el que el aire pueda pasar sin demasiados obstáculos.

En las viviendas de varias plantas, el ventilador que expulsa el aire puede colocarse en el piso superior, ya que el aire caliente tiende a subir. Al mismo tiempo, se pueden abrir ventanas en las plantas inferiores para facilitar la entrada de aire más fresco. Esta es también una de las recomendaciones del Departamento de Energía estadounidense.

Es mejor utilizarlo por la noche o a primera hora

La ventilación cruzada no funciona igual durante todo el día. Para que ayude a enfriar la casa, la temperatura exterior debe ser inferior a la interior. Por eso suele ser más útil durante la noche, al amanecer o a primera hora de la mañana.

La Asociación Internacional de Profesionales de la Climatización (ASHRAE) recomienda abrir y cerrar las ventanas teniendo en cuenta el movimiento ascendente del aire caliente y aprovechar la ventilación cruzada especialmente por la noche.

Durante las horas centrales del día puede tener el efecto contrario. Si en la calle hace más calor que dentro, abrir las ventanas e introducir aire exterior puede calentar todavía más la vivienda. En ese momento conviene cerrar ventanas, bajar persianas y cortinas y evitar que el sol entre directamente.

La guía YourHome recuerda que la refrigeración de una casa no depende solo de mover el aire. También es necesario reducir la entrada de calor mediante toldos, sombras, persianas o un buen aislamiento.

Los ventiladores no enfrían el aire

Los ventiladores no producen aire frío como un aparato de aire acondicionado. Lo que hacen es mover el aire y crear una sensación de frescor sobre la piel. Por este motivo, la ventilación cruzada no siempre será suficiente durante una ola de calor.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten de que los ventiladores deben utilizarse cuando la temperatura interior sea inferior a 32 grados. Por encima de ese nivel, pueden aumentar la temperatura corporal.

A finales del pasado mes de junio, casi 160.000 personas extranjeras ya estaban afiliadas a la Seguridad Social como resultado del proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes puesto en marcha por el Gobierno. En concreto, se habían registrado 159.097 altas, concentradas principalmente en la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción.

La mayoría de estas personas trabaja por cuenta ajena: el 83,4% está encuadrado en el Régimen General. Además, el contrato indefinido predomina entre las nuevas altas vinculadas al proceso, ya que representa el 77,3% del total, cerca de ocho de cada diez.

La hostelería reúne el mayor número de incorporaciones, con 38.776. Le siguen el comercio, con 20.195; las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con 19.327; y la construcción, con 18.310. En conjunto, estas cuatro ramas concentran 96.608 altas, alrededor de seis de cada diez de las registradas mediante la regularización.

La afiliación extranjera acelera desde finales de abril

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que el crecimiento de la afiliación extranjera se ha acelerado desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso. No obstante, los datos facilitados no permiten determinar qué parte de las nuevas incorporaciones corresponde a empleos creados desde cero y cuál procede de relaciones laborales que ya existían, pero que hasta ahora no figuraban en los registros de la Seguridad Social.

En junio, España contabilizó una media de 3.446.178 trabajadores extranjeros afiliados, la cifra más alta de la serie. Son 86.630 más que en mayo y 350.163 más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 11,3%.

La subida es cuatro veces superior a la registrada por el conjunto de la afiliación, que avanzó un 2,8% en el último año. Las personas extranjeras representan ya algo más del 15,4% de todos los cotizantes del país. Las 159.097 altas relacionadas con la regularización equivalen, como referencia, a aproximadamente el 45% del aumento interanual de la afiliación extranjera.

Casi la mitad de los trabajadores del hogar y del campo son extranjeros

La presencia de trabajadores extranjeros es especialmente elevada en algunas actividades. Suponen el 31,5% de los ocupados en la hostelería, el 28,9% en la agricultura y el 25,9% en la construcción. También representan el 18,6% en las actividades administrativas y el 18,2% en el transporte.

La proporción es aún mayor en el empleo doméstico y el campo: las personas extranjeras son el 45,5% de quienes cotizan en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y el 41,7% de los incluidos en el Sistema Especial Agrario.

La temporalidad cae al nivel de los trabajadores españoles

El 87,8% de los trabajadores extranjeros por cuenta ajena tiene un contrato indefinido. Este porcentaje corresponde al conjunto del colectivo, no solo a quienes se han incorporado mediante la regularización.

La tasa de temporalidad se sitúa en el 12,2%, prácticamente al mismo nivel que entre los trabajadores españoles, donde alcanza el 12,3%.

La diferencia respecto a los años anteriores a la reforma laboral es amplia. Entre 2017 y 2021, los contratos indefinidos representaban de media el 41,1% entre los empleados extranjeros.

Más de 3,4 millones de trabajadores extranjeros

Desde junio de 2022, la Seguridad Social ha sumado más de 980.000 cotizantes extranjeros. Según los cálculos del ministerio, este colectivo representa el 44,5% del empleo generado desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

El 28,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de algún país de la Unión Europea, mientras que el 71,5% tiene nacionalidades extracomunitarias. Marruecos continúa siendo el principal país de origen, con 422.347 cotizantes, seguido de Rumanía, con 353.974, y Colombia, con 316.460.

También destacan Venezuela, con 239.892 afiliados; Italia, con 223.500; China, con 133.098; Perú, con 122.633; y Ucrania, con 84.020. Por sexos, cerca de dos millones son hombres y casi 1,5 millones son mujeres, que representan el 43% del colectivo.

Por otra parte, el número de autónomos extranjeros supera ya los 525.000, tras crecer un 7,9% en un año. Destacan especialmente en telecomunicaciones y programación informática, donde representan el 32,7% de los trabajadores por cuenta propia, prácticamente uno de cada tres. También suponen el 25,5% en hostelería, el 18,9% en actividades administrativas, el 18,4% en las inmobiliarias y el 18,3% en construcción.

El 83% de los españoles se muestra abierto a invertir su dinero, pero solo el 41% lo hace actualmente. En la práctica, hay un claro interés por obtener rentabilidad de los ahorros, pero de cada dos personas que se lo plantean, solo una acaba dando el paso.

El principal freno es la falta de margen económico. Entre quienes no invierten, el 35% considera que no dispone de suficiente dinero y el 27% necesita mantener sus ahorros disponibles para afrontar los gastos cotidianos. A ello se suman el miedo a perder lo acumulado, citado por el 28%, y la escasa confianza en los propios conocimientos financieros, señalada por el 24%, según el Barómetro Mintos 2026.

Invertir resulta mucho más sencillo cuando existe un colchón suficiente para dejar una parte del dinero a medio o largo plazo. La decisión se complica cuando esos mismos ahorros tienen que servir para pagar una avería, afrontar una subida del alquiler o cubrir cualquier otro gasto imprevisto.

Cuatro de cada diez invierten y otros dos ya lo hicieron

El 41% de los encuestados invierte en la actualidad. Entre el resto, un 38% nunca ha invertido y otro 22% lo hizo en el pasado, pero ya no mantiene ninguna inversión.

El informe no explica por qué abandonaron. No permite saber si retiraron el dinero para cubrir gastos, si obtuvieron pérdidas, si alcanzaron un objetivo concreto o si simplemente cambiaron de estrategia. Por tanto, no puede afirmarse que dejaran de invertir por una mala experiencia.

Un perfil prudente y con conocimientos básicos

El retrato que ofrece el barómetro del inversor más habitual en España es el de un hombre de entre 35 y 44 años, residente en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, con conocimientos financieros básicos y una posición conservadora ante el riesgo.

La confianza y la seguridad aparecen como los factores prioritarios al escoger una plataforma. Además, solo el 21% de quienes invierten se considera bastante conocedor de este ámbito, lo que refleja que entrar en los mercados no implica necesariamente dominar su funcionamiento.

El 46% de los inversores actuales declara tener entre 1.000 y 19.999 euros ahorrados. La horquilla es demasiado amplia para perfilar con precisión su capacidad económica: no afronta la misma situación una persona con poco más de 1.000 euros que otra con casi 20.000. Aun así, el dato apunta a que la inversión no se limita exclusivamente a quienes disponen de grandes patrimonios.

Por edades, las personas de 25 a 34 años presentan la tasa más elevada, con un 56% que invierte actualmente. Este resultado no contradice necesariamente que el perfil más común tenga entre 35 y 44 años: una franja puede registrar el mayor porcentaje de participación y otra aportar un número superior de inversores en términos absolutos.

Seguridad e independencia financiera

Las principales motivaciones para invertir están vinculadas a la búsqueda de estabilidad. El 32% menciona el objetivo de alcanzar una mayor seguridad e independencia financiera y otro 32% señala el ahorro para la jubilación o para metas a largo plazo. Un 28% también identifica como incentivo comprender mejor cómo funciona la inversión.

La contradicción atraviesa todo el estudio: una parte amplia de la población quiere prepararse para el futuro, pero el presente limita su capacidad para hacerlo. La necesidad de conservar un colchón para el día a día y el temor a perderlo pesan más que la voluntad de obtener rendimiento.

El Barómetro Mintos 2026 fue elaborado por Sapio Research a partir de una encuesta online realizada a 1.200 consumidores en España entre marzo y abril de 2026.

La conocida plataforma Binance no desaparecerá de un día para otro ni sus usuarios perderán las criptomonedas que tenían con ellso. Pero desde el 1 de julio, el mayor exchange de criptoactivos del mundo ya no puede operar con normalidad en Europa si no cuenta con la licencia que exige MiCA, el nuevo Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos. El cambio no se queda en el plano regulatorio: afecta de lleno a quienes compraban, vendían, cambiaban o generaban rendimientos con activos digitales desde esta plataforma.

La entrada en vigor de MiCA marca un cambio de etapa para el sector cripto europeo. Hasta ahora, muchas plataformas habían seguido funcionando bajo registros nacionales o en periodos transitorios mientras se adaptaban al nuevo marco. y ahora ese margen se ha terminado. A partir de ahora, cualquier proveedor de servicios sobre activos digitales necesita una autorización concedida por al menos un Estado miembro para prestar servicios en la Unión Europea.

El caso de Binance se ha convertido en el más visible por su tamaño. Según estimaciones del sector recogidas por EFE, la situación afecta a más de un millón de clientes en Europa y a más de medio millón de usuarios en España.

La compañía retiró recientemente su solicitud de licencia ante la Comisión del Mercado de Capitales de Grecia, aunque sostiene que no abandona Europa y que buscará autorización en otro Estado miembro. Mientras tanto, asegura que los fondos de sus clientes “permanecen seguros y protegidos” y seguirán siendo accesibles.

Los fondos no desaparecen, pero los servicios sí cambian

Con el fin del periodo transitorio de MiCA, la consecuencia inmediata no es que los usuarios se queden sin sus criptomonedas, sino que las plataformas sin licencia no pueden seguir ofreciendo sus servicios como antes. Fernanda Restrepo, experta de la auditora Kroll en fraude y activos digitales, explica que estos operadores solo pueden ejecutar un plan de cierre o salida ordenada. “Lo único que pueden hacer es dar apertura a los clientes para que puedan salir de la plataforma y puedan sacar sus activos”, señala.

Eso significa que el usuario debería poder acceder a su cuenta y mover sus criptoactivos a otro proveedor o a una dirección propia. Lo que no debería poder hacer es seguir usando la plataforma como un exchange plenamente operativo. “El hecho de estar en proceso de sacar una licencia no les da la posibilidad de seguir operando”, advierte Restrepo.

“Queda todo bloqueado excepto el poder sacar los fondos de la plataforma”, resume la experta. En la práctica, eso impide “seguir invirtiendo, meter más dinero o cambiarlo a otro tipo de criptomoneda”, además de comprar, vender, cambiar criptoactivos a euros u otras monedas tradicionales, dar nuevas órdenes, gestionar la cartera o utilizar otros servicios asociados, explica Restrepo.

El mensaje coincide, aunque desde una lectura muy distinta, con el de Enrique J. Hernández, profesional del sector cripto: “Que no presten servicio no quiere decir que esos activos estén secuestrados ni mucho menos. Puedes hacer retiros”, sostiene. Para él, el foco debe estar en la pérdida de operativa y no en un supuesto bloqueo de activos. El ejemplo que pone para ilustrar la situación es sencillo: “Cuando un banco cierra, el banco no se queda con tus fondos”. Lo que ocurre, explica, es que la entidad deja de darte servicio y te pide que retires el dinero.

Un usuario residente en España consultado por Infobae asegura, de hecho, haber retirado fondos de Binance después del 1 de julio sin incidencias. “No he tenido ningún problema al sacar mis fondos después de la entrada en vigor de MiCA”, afirma. Su caso no permite sacar conclusiones generales sobre todos los clientes, pero sí encaja con el mensaje “de calma” que lanzan las voces expertas consultadas: la salida de activos debe estar habilitada, aunque el resto de servicios quede restringido.

¿Qué pueden hacer ahora los usuarios?

La nueva situación deja a los usuarios que tengan fondos en criptomonedas ante varias opciones. La más directa es retirar los activos de la plataforma. Otra es trasladarlos a un operador que sí tenga licencia MiCA, o también pueden pasarlos a una wallet de autocustodia, es decir, a un monedero digital controlado directamente por el propio usuario y no por una plataforma. Hernández lo compara con guardar euros en una caja fuerte en casa, en lugar de dejarlos en el banco: esa wallet, dice, es “como una especie de pendrive” donde se conservan los activos.

El problema es que esa “caja fuerte” hay que saber manejarla. Implica que el usuario asume por completo la responsabilidad sobre sus claves, accesos y seguridad. Para perfiles más familiarizados con el ecosistema cripto puede ser una opción natural. Para pequeños ahorradores o usuarios menos expertos, puede aumentar el riesgo de cometer errores al mover fondos o perder el acceso a los activos.

La principal preocupación, apunta Restrepo, no debería centrarse tanto en la pérdida de los activos como en las dificultades prácticas para sacarlos. Puede haber dudas o instrucciones poco claras, especialmente si muchas personas intentan salir al mismo tiempo de una plataforma. “Las empresas puede que no tengan una atención al cliente suficiente para el éxodo que va a haber de clientes europeos”, explica.

MiCA no ha fijado un plazo general único para retirar fondos. Cada plataforma debe ejecutar su propio plan de salida, que debería haber comunicado a sus clientes por correo, en su web o por ambas vías. Hernández asegura que, en el caso de Binance, “ahora mismo no se ha puesto ni siquiera esa fecha”, afirma.

También existe una cuarta opción: esperar. Algunas plataformas pueden seguir intentando obtener licencia después del 1 de julio y reactivar servicios si la consiguen. Pero, mientras no la tengan, no pueden operar con normalidad. Para el usuario, eso supone dejar los activos quietos en una plataforma limitada, expuestos a la evolución del mercado, pero sin poder utilizarlos como antes. Es decir, si alguien tiene 0,05 bitcoin, seguirá teniendo 0,05 bitcoin; lo que suba o baje será su valor en euros o dólares.

Más seguridad, pero menos plataformas

MiCA nace con una promesa: dar seguridad jurídica a un mercado que durante años ha crecido con reglas fragmentadas, poca supervisión homogénea y una exposición elevada a fraudes. La regulación exige identificación de clientes, controles contra el blanqueo, transparencia corporativa, resiliencia operativa, requisitos de liquidez y estructuras internas más parecidas a las del sector financiero tradicional.

Para Restrepo, la regulación es necesaria “para poder dar protección jurídica en una situación en la que mucha gente está invirtiendo y no sabe o no conoce bien dónde está invirtiendo”, defiende. Una de las ventajas, apunta, es que el usuario puede consultar las listas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para comprobar si un proveedor está autorizado antes de confiarle sus activos.

Para los operadores que han conseguido licencia, el momento también abre una ventana comercial clara. Restrepo lo califica como “una oportunidad única para las plataformas que sí tienen licencia”. Y ahí aparece la otra cara de la nueva norma: el mercado europeo queda más ordenado, pero también más concentrado.

Según Restrepo, antes de MiCA se hablaba de entre más de 1.200 y más de 2.800 proveedores de servicios; ahora hay algo más de 280 registrados en Europa. “Estamos hablando de miles de proveedores de servicios a cientos de proveedores de servicios. Eso concentra el mercado”, reconoce.

La concentración, además, no se limita al número de empresas. No todos los proveedores autorizados pueden prestar todos los servicios. Algunos pueden tener licencia para varias actividades, pero no para todas. El resultado será un sector cripto europeo con menos plataformas disponibles, menos productos y una oferta diferente a la que tengan los usuarios en otros mercados.

La crítica del sector: burocracia y oligopolio

Hernández interpreta esa concentración como el principal problema. Para él, MiCA no solo protege al consumidor, sino que levanta una barrera de entrada al mercado: “Son muy pocas las empresas que pueden asumir el costo y los tiempos que conlleva adaptarse a una normativa tan restrictiva”, sostiene.

Su crítica va más allá del caso Binance. A su juicio, la Unión Europea está imponiendo demasiadas restricciones a un sector tecnológico todavía en desarrollo. “Europa está ahogando la innovación y la tecnología, porque las criptomonedas no dejan de ser innovación y tecnología”, afirma. Y resume su visión con una frase especialmente categórica: “Binance simboliza la innovación que Europa necesita y la ley MiCA simboliza el exceso de burocracia que vivimos en Europa”.

Desde su prisma, el riesgo es que la UE reduzca competencia interna y deje el desarrollo tecnológico en manos de otros mercados: “Europa lo que hace es restringir, el resto del mundo fabricar”, denuncia. También advierte de un efecto de oligopolio: menos empresas, más poder para las que sobreviven y mayor capacidad para imponer condiciones o comisiones a los usuarios.

Restrepo admite que el mercado queda más concentrado, pero sostiene que ese ajuste viene acompañado de más garantías para el usuario. “Las opciones siguen existiendo, ahora son más seguras, aunque sean más concentradas”, resume la experta.

MiCA ha cambiado las reglas del juego. A partir de ahora, operar en el mercado europeo exige licencia, estructura y supervisión. El usuario gana seguridad y claridad para saber dónde está entrando, pero pierde parte de la oferta y flexibilidad que caracterizaba al ecosistema cripto.

Castilla-La Mancha continúa entre las comunidades más asequibles de España para comprar una casa, pero también se ha visto afectada por la subida generalizada de los precios. Un piso de 90 metros cuadrados cuesta actualmente unos 95.850 euros de media, alrededor de 11.000 euros más que hace un año, según un cálculo realizado a partir del Informe de Vivienda de Gesvalt correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El precio medio de venta en la región alcanza los 1.065 euros por metro cuadrado, un 13% más que en el mismo periodo de 2025. Al aplicar esa variación, una vivienda de 90 metros rondaba entonces los 84.823 euros. La diferencia asciende a unos 11.027 euros en solo doce meses.

Aunque Castilla-La Mancha sigue siendo mucho más económica que Madrid, Baleares o Euskadi, su encarecimiento supera ligeramente la media nacional, situada en el 12,4%. El dato muestra que la escalada ya no se limita a los grandes mercados urbanos, turísticos o costeros, sino que también alcanza a territorios donde comprar continúa siendo comparativamente más barato.

Extremadura, la más asequible

Solo hay una comunidad autónoma más barata que Castilla-La Mancha, según el estudio de Gesvalt: Extremadura, donde el metro cuadrado se sitúa en 950 euros. Aun así, la vivienda castellanomanchega se ha encarecido más que el conjunto del país.

La diferencia con los mercados más caros sigue siendo muy amplia. Una casa de 90 metros cuadrados cuesta de media unos 299.970 euros en la Comunidad de Madrid y 310.950 euros en Baleares, las dos regiones con los valores más elevados.

En el conjunto de España, el precio medio alcanza los 2.041 euros por metro cuadrado. Eso sitúa el coste de una vivienda estándar de 90 metros en 183.690 euros, unos 20.250 euros más que hace un año, cuando rondaba los 163.440 euros.

Castilla-La Mancha mantiene, por tanto, una ventaja importante en términos de precio. Pero esa distancia no impide que comprar sea cada vez más caro también en uno de los territorios tradicionalmente considerados más accesibles para la mayoría de la población.

La vivienda sube en todas las comunidades

El encarecimiento se ha extendido a todo el país. Ninguna comunidad autónoma registra descensos interanuales durante el segundo trimestre de 2026, según el informe.

La Región de Murcia encabeza las subidas, con un aumento del 18,2%. Le siguen Cantabria, con un 14,7%; la Comunidad Valenciana, con un 13,7%; Asturias, con un 13,2%, y Castilla-La Mancha, con un 13%.

En el extremo contrario aparecen La Rioja, con un avance del 5,7%; Baleares, con un 7,5%; Extremadura, con un 7,8%, y Canarias, con un 7,9%. Son incrementos más moderados, pero también confirman que la vivienda sigue subiendo en todo el territorio nacional.

En Extremadura, la comunidad más barata de España, una vivienda de 90 metros costaría unos 85.500 euros. A partir de la subida anual del 7,8%, su precio hace un año rondaría los 79.300 euros, por lo que también se habría encarecido en unos 6.200 euros.

Los precios se moderan, pero no bajan

Gesvalt señala que el ritmo de crecimiento comienza a moderarse tras los fuertes incrementos registrados durante 2025. El precio medio nacional avanzó un 1,4% respecto al trimestre anterior, una subida más contenida que la variación interanual del 12,4%.

Esa moderación no significa que las viviendas se estén abaratando. Los precios siguen creciendo, aunque lo hacen a menor velocidad frente a los primeros meses del año. La comparación con 2025 continúa mostrando incrementos de dos dígitos.

El informe también recoge que las compraventas descendieron un 2,6% durante el primer trimestre de 2026, hasta las 178.473 operaciones. Sin embargo, la menor actividad todavía no se ha traducido en una caída real de precios.

Al mismo tiempo, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 9,7% interanual, hasta alcanzar las 131.554 operaciones. La financiación gana así peso en un mercado donde los compradores necesitan afrontar precios cada vez más elevados.

Se empiezan más viviendas de las que se terminan

La actividad promotora mantiene una evolución positiva. Los visados para iniciar nuevas obras aumentaron un 9,3% durante los dos primeros meses de 2026, hasta las 24.991 unidades.

Sin embargo, en ese mismo periodo solo se registraron 13.802 certificados de final de obra. El dato muestra que se ponen en marcha más proyectos, pero la incorporación de nuevas viviendas terminadas tarda en llegar al mercado.

El responsable de una pequeña sucursal bancaria de Corea del Sur aprovechó su puesto para llevarse 70 millones de wones en efectivo, alrededor de 40.000 euros, y trató de ocultar el robo sustituyendo el dinero por billetes de juguete comprados en internet.

Los hechos ocurrieron el pasado enero en una oficina de Saemaul Geumgo situada en Gyeongju, en la provincia surcoreana de Gyeongsang del Norte, según ha informado la cadena SBS, que cita a la Policía local. El presunto responsable era el encargado de dirigir la sucursal y de gestionar el establecimiento.

La oficina tenía una plantilla especialmente reducida: allí solo trabajaban el responsable y un jefe de sección. El hombre habría aprovechado esa falta de personal y los escasos controles internos para retirar el efectivo de la caja fuerte sin ser descubierto inmediatamente.

Sustituyó el efectivo por billetes de juguete

Para cubrir el hueco dejado por el dinero sustraído, el empleado colocó en la caja fuerte imitaciones de billetes de 50.000 wones que había comprado a través de internet, de acuerdo con la información publicada en el diario surcoreano Seoul Economic Daily.

Las falsificaciones no eran especialmente sofisticadas. Podían distinguirse a simple vista de los billetes auténticos y algunas llevaban incluso personajes de dibujos animados.

Pese a ello, la maniobra pasó inadvertida durante un tiempo debido al reducido tamaño de la oficina y a la poca eficiencia de los controles. El engaño terminó descubriéndose cuando el otro trabajador de la sucursal detectó algo extraño e informó de lo sucedido.

La comprobación posterior permitió descubrir que habían desaparecido 70 millones de wones y que el dinero había sido reemplazado por las imitaciones adquiridas online.

El banco no informó inmediatamente a la Policía

Saemaul Geumgo abrió primero una investigación interna y despidió al responsable tras conocer los hechos. La entidad aseguró posteriormente que el trabajador había devuelto íntegramente el dinero y que el asunto se consideraba cerrado dentro de la organización.

Sin embargo, el caso no terminó con el despido. Según Seoul Economic Daily, que cita a la comisaría de Gyeongju, el banco no comunicó inmediatamente lo ocurrido a las autoridades, lo que generó sospechas de que había intentado rebajar la gravedad del caso o resolverlo únicamente por la vía interna.

El antiguo responsable de la sucursal acabó entregándose voluntariamente a la Policía unos 15 días después de que se descubrieran los hechos. Los agentes abrieron entonces una investigación por la sustracción del efectivo.

La Fiscalía ha solicitado que sea sancionado mediante un procedimiento sumario, una vía utilizada en Corea del Sur para reclamar una multa a partir de la documentación del caso, sin celebrar inicialmente un juicio ordinario.

“Fue despedido inmediatamente después de que se conociera lo ocurrido y la cantidad sustraída fue devuelta íntegramente, por lo que el asunto se cerró internamente”, señaló un representante del banco Saemaul Geumgo, según recogió SBS.

Este particular episodio ha destapado los fallos en los sistemas de vigilancia de las sucursales pequeñas, donde tener una plantilla especialmente reducida puede dejar el acceso al efectivo y su supervisión en manos de muy pocas personas.

El economista Daniel Vila ha defendido la intervención del Estado en el mercado de la vivienda y ha rechazado que el debate pueda reducirse a una elección teórica entre regulación y libre mercado. Durante una intervención en laSexta Xplica, ha sostenido que la experiencia de la crisis inmobiliaria demuestra que dejar este ámbito únicamente en manos del mercado y de la financiación hipotecaria también genera graves problemas.

“En España el mercado y la hipoteca nos colocó la crisis del ladrillo del 2014. Ellos solitos montan un lío de tres pares de narices”, ha afirmado el economista. A partir de ese diagnóstico, Vila ha reclamado una mayor presencia de los poderes públicos: “Hace falta el Estado regulando, hace falta el Estado planificando”.

Sus declaraciones se han producido al abordar el decreto que, según ha explicado, prepara el Gobierno para recuperar medidas relacionadas con la prórroga de los contratos de alquiler. Vila considera que esta iniciativa está justificada, aunque sus efectos sean temporales y no resuelva por sí sola los problemas estructurales del acceso a la vivienda.

“A ninguna familia con riesgo de exclusión la echen de su casa”

“¿Qué va a hacer el Gobierno este mes? Va a presentar un decreto, lo sabemos todos por la prensa, donde vuelve con el tema de la prórroga de alquileres”, ha señalado. El economista ha defendido que la aplicación anterior de esta medida no provocó las graves consecuencias económicas que, en su opinión, algunos sectores habían pronosticado.

“No ha sido una bomba atómica explotando en la economía española”, ha asegurado. Según Vila, durante el periodo en el que estuvo vigente, permitió que numerosos hogares ganaran tiempo para afrontar situaciones de vulnerabilidad: “Decenas de miles de familias tuvieron la opción de resolver transitoriamente su problema”.

Su argumento no se centra en presentar la prórroga como una solución definitiva, sino como un instrumento de protección inmediata para personas con dificultades para mantener su vivienda.

En este sentido, Vila ha situado la protección de las familias en riesgo de exclusión en el centro de la discusión y ha defendido que las administraciones deben intervenir para evitar que pierdan su hogar. “Yo quiero vivir en un país donde a ninguna familia con riesgo de exclusión la echen de su casa”, ha señalado, “y habrá que hacer lo que sea para que eso funcione”, ha añadido con convicción.

“Aquí regula y planifica todo quisqui”

Vila también ha rechazado que la planificación de la vivienda sea una política exclusiva de los gobiernos de izquierdas. Para sostenerlo, ha recurrido al ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde el Ejecutivo autonómico desarrolla programas públicos destinados a ampliar la oferta de alquiler.

“En Madrid tenemos el Plan Vive y el Plan Reside, que no es una cosa ni de los socialistas ni de los progresistas, es de un gobierno de derecha”, ha señalado. Con esta referencia, el economista ha defendido que la intervención pública ya forma parte de las políticas de vivienda de administraciones de distinto signo político.

El Plan Vive se basa en la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible sobre suelo público, mientras que el Plan Reside pretende movilizar parcelas para levantar nuevos inmuebles protegidos. Aunque ambos modelos recurren a la colaboración con empresas privadas, parten de una decisión de la Administración sobre dónde, cómo y con qué condiciones se construye.

Para Vila, estos programas muestran que el debate no consiste realmente en elegir entre un mercado libre y otro controlado por el Estado. “Aquí regula y planifica todo quisqui”, ha destacado, y ha añadido contundente: “Con lo cual, planificar es imprescindible”.

Una escapada de fin de semana, o incluso una semana en la playa, se queda muy corta si el objetivo es desconectar realmente del trabajo. Los trabajadores españoles necesitan una media de 27,1 días de vacaciones para lograr una desconexión real de sus obligaciones laborales, prácticamente un mes entero de descanso. Así lo recoge un estudio de SD Worx, compañía especializada en servicios de recursos humanos, que sitúa a España a la cabeza de Europa entre los países donde los empleados necesitan más tiempo para recargar energías.

Mientras los profesionales españoles necesitan casi todas sus vacaciones para sentir que paran de verdad, en Reino Unido bastan 8,5 días, en Francia 12,9 y en Alemania 14,7. Es decir, los trabajadores en España necesitan más del triple de tiempo que los británicos y más del doble que los franceses para tomar distancia del ritmo laboral acumulado durante el año.

El dato también supera con claridad la media europea, situada en 17,3 días. España está casi diez días por encima de ese promedio, una brecha que convierte el descanso laboral en algo más que una cuestión de calendario.

Casi un mes para dejar atrás el trabajo

El estudio no habla solo de vacaciones, sino de cómo se llega a ellas. Si un trabajador necesita prácticamente un mes para recuperar energía, el problema no empieza necesariamente el primer día de descanso, sino mucho antes. La carga acumulada, la presión antes de irse, las tareas que quedan pendientes y la dificultad para cortar con correos, llamadas o mensajes pueden hacer que los primeros días libres se parezcan más a una transición que a una desconexión real.

En ese contexto, el verano se convierte para muchos trabajadores en el gran momento del año para parar. No solo para viajar o cambiar de rutina, sino para tomar distancia del trabajo después de meses de actividad. El estudio de SD Worx plantea precisamente esa idea: las vacaciones son fundamentales, pero no deberían ser el único mecanismo para recuperar las fuerzas.

El informe defiende que las empresas tienen margen para organizar mejor el descanso de sus plantillas. Eso implica planificar las vacaciones con más antelación, repartir las cargas para que no se concentren justo antes o después del verano y facilitar una vuelta progresiva que no convierta el regreso en una carrera por ponerse al día.

También pasa por reforzar la flexibilidad y la conciliación durante el resto del año, para que las vacaciones no sean el único momento en el que los trabajadores puedan recuperar energía.

No todo se arregla con irse de vacaciones

El verano también pone a prueba a las empresas. Durante estas semanas tienen que mantener la actividad, reorganizar equipos, cubrir ausencias y evitar que el descanso de unos se convierta en una sobrecarga para otros.

La desconexión real pasa también por limitar comunicaciones no urgentes durante los días libres. Responder un correo, mirar una notificación o dejar asuntos abiertos puede parecer inofensivo, pero contribuye a que el descanso no sea completo.

Lo mismo ocurre con la vuelta: si el regreso implica encontrarse de golpe con todas las tareas acumuladas, parte del efecto reparador de las vacaciones se pierde en pocos días.

Si los trabajadores necesitan casi un mes para desconectar, quizá el descanso no debería empezar solo cuando llegan las vacaciones, sino en la forma en que se organiza el trabajo durante todo el año.

Tener un empleo público, con un sueldo asegurado, tampoco parece suficiente para poder cambiar de casa en España. El precio de la vivienda se ha convertido en un obstáculo también para los funcionarios que quieren aceptar una plaza, un ascenso o un traslado fuera de su provincia. Casi la mitad, el 43,5%, solo aceptaría cambiar de destino si el nuevo puesto viniera acompañado de una subida salarial o de un incentivo específico para compensar el coste de vivir en otra ciudad. Esta es una de las conclusiones del estudio Perspectiva y Retos del Empleado Público en España, elaborado por Supera Oposiciones, escuela especializada del grupo educativo thePower Education.

El dato apunta a una consecuencia de la crisis residencial que había pasado inadvertida hasta ahora: el precio de la vivienda no solo condiciona la emancipación o la compra de una casa. También empieza a pesar sobre carreras profesionales que, en principio, se desarrollan dentro de un marco laboral estable. Una mejora de puesto puede dejar de ser atractiva si exige asumir un alquiler más caro, comprar en otra ciudad o afrontar un coste de vida superior.

La encuesta, realizada a 400 empleados públicos en España en mayo de 2026, señala que el 31,5% afirma haber rechazado o pospuesto aceptar una plaza o un ascenso por no poder hacer frente al coste de la vivienda en el destino asignado. La barrera aparece incluso entre quienes sí están dispuestos a moverse, ya que solo el 48,8% asegura que aceptaría mudarse fuera de su provincia para acelerar su carrera profesional.

Cuando ascender implica perder poder adquisitivo

El problema no es solo conseguir una plaza mejor, sino poder vivir donde está esa plaza. En un contexto de precios elevados, un traslado puede implicar una mudanza, gastos iniciales, un nuevo contrato de alquiler o una vivienda más cara que la del lugar de origen. Si la mejora profesional no compensa esa diferencia, el ascenso puede traducirse en una pérdida de poder adquisitivo.

Ese es el punto que diferencia a esta encuesta de otros debates sobre función pública. La estabilidad del empleo público sigue siendo una ventaja frente a otros trabajos, pero no elimina el impacto del mercado inmobiliario. El sueldo puede ser seguro, pero no necesariamente suficiente para asumir cualquier destino.

El estudio también recoge que un 23,8% de los empleados de la Administración afirma que el coste de la vida condiciona totalmente cualquier decisión que implique trasladarse.

La vivienda se convierte así en una variable laboral. No aparece únicamente al final del mes, en forma de cuota o renta, sino antes: en la decisión de presentarse a determinadas plazas, aceptar un cambio de destino o renunciar a una promoción si el traslado no compensa.

Volver a casa y evitar las grandes ciudades

La presión inmobiliaria también cambia las preferencias de destino. Según la encuesta, para el 56% de los empleados públicos, poder regresar a su lugar de origen o trasladarse a provincias medianas o entornos menos masificados es un factor determinante al elegir plaza.

Esta preferencia no responde solo a motivos personales. Las ciudades medianas pueden ofrecer una relación más asumible entre salario, vivienda y calidad de vida, especialmente frente a grandes núcleos urbanos donde el precio de los pisos absorbe una parte importante de los ingresos mensuales.

La elección de ciudades menos masificadas conecta con otro dato del estudio: el 73% de los encuestados apoya la creación de sedes estatales fuera de la capital. Se trata de una medida vinculada a la idea de descentralización administrativa, pero también a una cuestión material: repartir oportunidades laborales en territorios donde vivir puede resultar más accesible.

El teletrabajo como solución parcial

La digitalización y el teletrabajo aparecen como otra posible vía para reducir el peso de los traslados físicos. El 52,5% de los empleados públicos considera que estas herramientas están reduciendo la brecha de oportunidades entre los servicios centrales y las delegaciones provinciales, según la encuesta.

No todas las plazas permiten trabajar a distancia ni todos los organismos tienen el mismo margen para aplicarlo, pero el dato refleja una demanda clara: que progresar dentro de la Administración no obligue siempre a cambiar de ciudad ni a asumir un mercado residencial más caro.

En este contexto, el precio de la vivienda en España ya atraviesa casi todos los aspectos de la vida de la mayoría de la población. No solo expulsa vecinos de sus barrios, ni obstaculiza la creación de hogares, sino que también condiciona hasta dónde se puede avanzar profesionalmente.

Dos días después de que Alberto Núñez Feijóo calificara el absentismo laboral como “un cáncer” y planteara que “una persona que no va a trabajar” no cobre lo mismo que quien sí acude a su puesto, el Consejo General de Graduados Sociales ha presentado un informe que aporta datos al debate y obliga a distinguir entre bajas médicas, permisos y ausencias injustificadas.

El informe Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad confirma que nuestro país registra más bajas médicas que hace dos años, pero también advierte de que bajo la palabra absentismo se agrupan realidades distintas: incapacidad temporal, permisos, licencias y ausencias sin justificación.

El documento sitúa la tasa equivalente de incapacidad temporal en torno al 5,5% en 2025, frente al 5,12% de 2023. También recoge una estimación de absentismo total del 7,1%. La diferencia entre ambas cifras, alrededor de 1,6 puntos, corresponde a ausencias distintas de la baja médica, pero no puede identificarse automáticamente como fraude.

Qué se cuenta cuando se habla de absentismo

El informe parte de una dificultad básica: en España no existe una definición legal única de absentismo laboral. El Estatuto de los Trabajadores regula muchas situaciones en las que una persona puede ausentarse del puesto -bajas médicas, permisos retribuidos, suspensiones contractuales o medidas de conciliación-, pero no establece una categoría cerrada y común para todas ellas.

Esa falta de definición explica buena parte de la confusión. Desde una perspectiva empresarial, el absentismo suele medirse como tiempo de trabajo no prestado respecto al inicialmente previsto, con independencia de la causa. Así, una baja médica, un permiso o una ausencia injustificada pueden tener un mismo efecto organizativo: el puesto queda temporalmente sin cubrir.

La perspectiva sindical es distinta. Las organizaciones de trabajadores rechazan identificar enfermedad con absentismo, porque una persona de baja médica no está incumpliendo una obligación laboral, sino ejerciendo un derecho protegido por la Seguridad Social. Ese fue precisamente el argumento utilizado por UGT tras las declaraciones del líder del PP: estar de baja no es lo mismo que faltar injustificadamente al trabajo.

El informe intenta ordenar la discusión conceptual distinguiendo tres planos. El primero es la ausencia laboral, un hecho descriptivo: la persona no presta servicios durante un periodo determinado. El segundo es el absentismo estadístico, que mide el tiempo de trabajo no realizado según una metodología concreta. El tercero es el absentismo jurídico-disciplinario, que se limita a ausencias injustificadas, culpables e imputables al trabajador.

Solo este último puede tener consecuencias sancionadoras. Una ausencia puede aparecer en una estadística de absentismo y, al mismo tiempo, estar plenamente justificada desde el punto de vista legal. Distinguir esto es clave para interpretar los datos sin convertir toda baja o permiso en una sospecha de fraude.

No obstante, los datos de incapacidad temporal sí muestran una tendencia clara al alza. En 2025, la incidencia media mensual de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes alcanzó los 40,89 procesos por cada mil trabajadores cubiertos por esta prestación, frente a los 37,37 registrados en 2023.

También aumentaron los procesos iniciados, que pasaron de 809.791 en 2023 a 926.394 en 2025. Al cierre de 2025, estos procesos superaban los 1,24 millones, por encima de los 1,15 millones registrados dos años antes.

Lo que no es una baja laboral tampoco es automáticamente fraude

La parte del absentismo que no corresponde a bajas médicas es la más difícil de interpretar. El informe calcula que alrededor de 1,6 puntos del absentismo total se explican por otras ausencias, pero alerta de que en ese margen pueden mezclarse permisos, licencias, medidas de conciliación y también posibles ausencias no justificadas.

Por eso, el dato no permite concluir que todo lo que queda fuera de la incapacidad temporal sea fraude. Recortar salario durante una baja puede afectar a personas enfermas que están ejerciendo un derecho, mientras que las faltas injustificadas ya tienen su propio tratamiento disciplinario.

El informe no niega el impacto del fenómeno: España registra más bajas médicas y el absentismo estadístico aumenta, lo que implica más dificultades para cubrir puestos, reorganizar plantillas y asumir costes. Pero también deja una advertencia: antes de hablar de fraude o de recortes salariales, conviene precisar qué tipo de ausencia se está examinando. Llamar absentismo a todo por igual puede acabar poniendo en peligro los derechos laborales de los trabajadores, que están reconocidos y protegidos por la ley.

Los ingresos medios de los hogares se quedan cortos frente al precio de la vivienda en una parte cada vez mayor del país. Tres de cada diez habitantes de España viven ya en municipios o códigos postales donde la renta media no alcanza para comprar una casa sin superar el nivel de endeudamiento que se considera razonable para conceder una hipoteca. Así lo recoge la II edición del informe Accesibilidad a la compra de vivienda con hipoteca, elaborado por la Cátedra Grupo Tecnocasa-UPF.

El estudio cruza tres elementos que determinan si una familia puede comprar: el precio de la vivienda, la renta media del hogar y las condiciones de financiación. Para hacerlo, calcula una hipoteca estándar: el 80% del precio de la vivienda, a 25 años, y con una cuota que no debería superar el 30% de los ingresos. Cuando la renta media no llega para asumir esa operación, la zona se considera de accesibilidad limitada.

En 2021, solo el 9% de la población residía en zonas de este tipo. En 2026, ese porcentaje ha subido hasta el 30%. Al mismo tiempo, la población que vive en áreas consideradas “muy accesibles” ha caído del 53% al 22%. En apenas cinco años, el mapa de la compra de vivienda se ha estrechado para millones de hogares.

La compra de vivienda se aleja de los hogares medios

La conclusión del estudio es clara: la vivienda en propiedad se está alejando de los hogares con ingresos medios. Ya no se trata solo de quienes tienen rentas bajas o de quienes intentan comprar en barrios de lujo. El problema aparece ahora en el conjunto de muchas ciudades y no se limita a las zonas más caras.

En 2026, el 22% de los habitantes vive en zonas muy accesibles, el 29% en zonas accesibles, el 19% en áreas de accesibilidad difícil y el 30% en zonas de accesibilidad limitada. En 2021, la situación era casi la contraria: más de la mitad de la población vivía en zonas muy accesibles y menos de una de cada diez personas residía en áreas donde la renta media no alcanzaba para comprar con hipoteca.

La presión actual se concentra sobre todo en grandes ciudades, áreas metropolitanas y zonas turísticas. Son los territorios donde coinciden varios factores: precios altos, oferta insuficiente, demanda sostenida y una población que necesita vivir cerca del empleo, los servicios o las redes familiares.

El resultado es una contradicción cada vez más evidente: las ciudades concentran oportunidades, pero expulsan del mercado inmobiliario a buena parte de quienes viven y trabajan en ellas.

Palma, Madrid y San Sebastián, las ciudades más tensionadas

Entre las 40 mayores poblaciones analizadas con detalle por código postal en el informe, Palma aparece como la ciudad con peor acceso hipotecario. Su ratio media se sitúa en el 151,7%, con un precio medio de vivienda de 495.116 euros y una renta neta media por hogar de 48.390 euros.

Le siguen Madrid, con una ratio del 139,9%, un precio medio de 498.067 euros y una renta neta media de 52.802 euros, y San Sebastián, con una ratio del 139,8%, una vivienda media de 519.153 euros y unos ingresos medios por hogar de 55.077 euros.

Que la ratio supere el 100% significa que la renta media del hogar no basta para comprar una vivienda media con una hipoteca estándar. Es decir, incluso antes de entrar en gastos de entrada, impuestos o ahorro previo, el propio pago mensual ya queda por encima de lo que una entidad financiera suele considerar asumible.

En estas ciudades, así como en Málaga, con una ratio del 117,7%, o Barcelona, con el 115,8%, comprar una vivienda solo será posible con unos ingresos muy por encima de la media, ahorro previo o apoyo familiar. La vivienda deja así de funcionar como una posibilidad ligada al salario y pasa a depender cada vez más de la posición económica de partida.

Madrid y Barcelona: solo el 5% vive en zonas accesibles

El informe permite ver el problema dentro de las grandes ciudades. En Madrid, el 62% de la población vive en zonas de accesibilidad limitada. En Barcelona, el porcentaje sube al 65%. Además, en ambas ciudades solo el 5% de los vecinos reside en áreas accesibles o muy accesibles para comprar una vivienda media con hipoteca.

El estudio traduce esa brecha en dinero. Un hogar promedio de Madrid necesitaría 21.058 euros netos anuales adicionales para poder acceder a una vivienda media. En Barcelona, harían falta 7.405 euros netos anuales más.

El código postal también marca quién puede comprar

Uno de los principales aportes del informe es que baja al detalle de código postal en las mayores poblaciones del país. Esto permite ver que en una misma ciudad pueden convivir zonas donde la compra todavía es posible para una renta media y otras donde queda completamente fuera de su alcance.

El caso más extremo es Son Rapinya, en Palma, con una ratio de acceso hipotecario del 478,9%. Le siguen otras zonas de Madrid como Castellana, con el 304,5%; Salamanca-Goya, con el 272,2%; Retiro, con el 255%; e Ibiza-Niño Jesús, con el 235,5%.

También aparecen entre los códigos postales más tensionados Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes, en Barcelona, con una ratio del 230,7%; Chamartín, en Madrid, con el 229,4%; Passeig de Gràcia-Rambla de Catalunya, en Barcelona, con el 226,6%; Aravaca, en Madrid, con el 223%; y Erdialdea-Parte Zaharra, en San Sebastián, con el 220,4%.

Las zonas más caras suelen estar en barrios céntricos, bien comunicados, cerca de oficinas, comercios y servicios, o en áreas residenciales donde los precios están muy por encima de la media. Pero el informe advierte de que el problema ya no se limita a esos puntos. En Madrid y Barcelona, la accesibilidad limitada afecta a la mayoría de la población.

Finalmente, el estudio vincula esta pérdida de acceso al encarecimiento sostenido de la vivienda, la escasez de oferta, la concentración de demanda en grandes áreas urbanas y turísticas y unas condiciones financieras que vuelven a presionar a los hogares tras el repunte del euríbor.

Mudarse a otra ciudad por trabajo no se vive igual a los 25 que a los 35 años. La generación Z y los millennials españoles llegan con presupuestos, preferencias y soluciones de vivienda distintas. Los más jóvenes se trasladan más, pagan menos y comparten piso con más frecuencia, mientras que los perfiles de entre 30 y 45 años asumen alquileres más altos y optan por apartamentos completos.

Según el Informe sobre el talento español en Europa de Spotahome, basado en más de 1.000 mudanzas de españoles en 55 ciudades de 15 países europeos durante 2025 y 2026, los menores de 29 años representan el 64% de los profesionales analizados. Pagan una media de 795 euros al mes de alquiler y permanecen unos 120 días en la primera vivienda que alquilan al llegar.

La diferencia con los millennials es evidente. Este grupo, de entre 30 y 45 años, representa el 28% de los desplazamientos analizados y paga una media de 1.150 euros mensuales, 355 euros más al mes que la generación Z. Además, el 43% prefiere alquilar un apartamento entero, frente al mayor peso de la vivienda compartida entre los más jóvenes.

En el conjunto de las mudanzas analizadas, compartir vivienda también aparece como una solución habitual: el 49% de los profesionales empieza alquilando una habitación en un piso compartido. La proporción sube al 61% entre la generación Z, lo que marca una de las principales diferencias con los perfiles de más edad. El informe no mide el conjunto de la emigración española, sino las mudanzas profesionales cerradas a través de la plataforma.

Bruselas, Bolonia y Milán atraen a los más jóvenes

Por ciudades, Bolonia es la que concentra mayor peso de perfiles jóvenes, con un 80% de generación Z. Le siguen Dublín, con el 69%; Milán, con el 68%; y Bruselas y Lisboa, con el 67% en ambos casos. París es la única ciudad analizada con una distribución prácticamente equilibrada entre generaciones.

La edad media también varía según el destino. Lisboa aparece como la ciudad con el talento español más joven, con una media de 28,3 años. Después se sitúan Dublín, con 29 años; Berlín, con 29,1; Bruselas, con 29,7; y Milán, con 30,2. En el extremo opuesto, Oporto recibe al perfil más senior, con una media de 34,1 años, seguida de París, con 33,1; Roma, con 31,7; y Londres, con 30,8.

El tiempo de primera estancia también cambia. Bruselas registra el aterrizaje más largo, con 152 días de media, seguida de Berlín, con 138; Lisboa, con 113; París, con 107; y Dublín, con 96. Londres baja hasta 59 días, mientras que Bolonia, Oporto, Milán y Roma se sitúan entre 73 y 91 días.

El coste de vivir cambia mucho según la ciudad

La presión del alquiler no se explica solo por cuánto cuesta una habitación, sino por cuánto sueldo deja disponible después de pagarla. Según Spotahome, una habitación en Madrid supone el 30% del salario neto medio, por encima de varias capitales europeas que suelen percibirse como más caras.

En Viena, el alquiler representa el 17% del sueldo neto medio; en Berlín, el 19%; en Bruselas y Dublín, el 22%; en París, el 23%; y en Londres, el 24%. En todos esos casos, el esfuerzo sobre los ingresos queda por debajo del registrado en Madrid.

Sin embargo, en otros destinos el porcentaje es mayor: Lisboa aparece como la ciudad con peor ratio entre alquiler y sueldo, con un 35,7%. También superan a Madrid o se sitúan muy cerca de ciudades como Milán, donde la vivienda absorbe el 33% del salario neto medio; Roma, con el 31,1%; Oporto, con el 31,9%; o Florencia, con el 32%.

Cada sector tiene su capital

El informe también dibuja un mapa laboral muy claro: Bruselas concentra el 28,7% de los traslados profesionales registrados, más del doble que Roma y Dublín, que atraen un 12,1% cada una. Por detrás aparecen Milán, con el 8,3%, y Berlín y Lisboa, con el 7,5% en ambos casos.

La capital belga destaca especialmente entre quienes trabajan en instituciones europeas, ya que concentra el 90% de estos perfiles. También lidera entre los profesionales de consultoría, con el 43% de los traslados analizados en ese sector.

Roma aparece como principal destino para investigadores, doctorandos y posdoctorados, con el 24%. Londres concentra el 22% de los perfiles sanitarios; Lisboa lidera en banca y finanzas, con el 20%; y Milán mantiene su peso en arte, moda y cultura, con el 24%.

Más españoles que emigran, pero con matices

El fenómeno se produce en un contexto de aumento de la población española residente en el extranjero. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del INE, a 1 de enero de 2026 había 3.202.002 ciudadanos españoles viviendo fuera del país, un 5,1% más que un año antes.

Ese dato sirve como marco general, aunque no equivale por sí solo a una medición de la fuga de talento. El registro incluye a ciudadanos españoles nacidos fuera de España, por lo que el informe de Spotahome acota una realidad más concreta: profesionales españoles que se trasladan por trabajo a ciudades europeas y contratan una primera vivienda temporal al llegar.

Santi Marín tiene 22 años y ha logrado algo poco habitual en plena crisis de acceso a la vivienda: comprarse una casa en España sin recurrir a una hipoteca. La vivienda está en Fuensanta, un pequeño municipio de Albacete situado a unos 20 minutos en coche de la capital provincial, y le costó menos de 40.000 euros, según ha explicado a Idealista.

Su historia se ha hecho viral en TikTok, donde publica bajo el usuario @nosoysanti_1 y muestra el proceso de reforma de la casa. En uno de sus vídeos, el propio joven resume el motivo del interés que ha despertado su historia: “Me he comprado una casa con 22 años y eso es noticia”.

El caso contrasta con la situación de buena parte de los jóvenes en España, donde emanciparse antes de los 30 años sigue siendo difícil por la combinación de salarios bajos, alquileres elevados y precios de compra inasumibles en muchas ciudades. Santi, sin embargo, encontró una oportunidad en un mercado mucho más barato que el de las grandes capitales.

El joven que reformó su propia casa y acabó en televisión

En un vídeo publicado en TikTok tras grabar con Antena 3 un breve reportaje, Santi reflexiona sobre el problema de acceso a la vivienda: “Lo jodido es que comprarte una casa sea noticia, porque realmente tendría que estar a la orden del día”, afirma.

El joven defiende que emanciparse no debería ser algo excepcional. En sus palabras, “todo el mundo”, aunque no necesariamente con 22 años, sí debería poder independizarse “con 30 años, con 25” y no tener que depender de nadie para vivir.

Una vivienda barata y sin hipoteca

Según ha contado al portal inmobiliario,del total que pagó, algo menos de la mitad salió de sus ahorros y financió el resto mediante un préstamo personal. No pidió una hipoteca porque, en su caso, consideró que no le compensaba para una operación de importe reducido.

“No era porque no me dieran una hipoteca, sino porque realmente no hacía falta. Tienes que pagar más, tienes más intereses, más cosas. Con un préstamo personal voy a pagar unos 3.000 o 4.000 euros más de lo que realmente pedí”, explicó.

La elección también le permitió evitar avales. “No me hace falta que me avale nadie. Como no me voy a comprar una mansión de 100.000 euros o un casoplón de 200.000 euros, que ahí sí tienes que pedir hipoteca, preferí tirar por esa rama”, señaló.

Reformar solo para abaratar costes

La casa no estaba lista para entrar a vivir. Llevaba cuatro o cinco años cerrada y pertenecía al banco tras un embargo al anterior propietario. Santi conocía el inmueble porque es del pueblo y sabía de su existencia desde hacía tiempo. El contexto también jugó a su favor: poca demanda, margen de negociación y un precio que fue bajando con el paso del tiempo.

La vivienda tiene entre 100 y 110 metros cuadrados construidos, además de un patio de entre 60 y 80 metros cuadrados. También cuenta con margen para ampliarse, ya que, según el joven, se podría construir una segunda planta.

Actualmente, ya vive allí, aunque en condiciones provisionales. Tiene una habitación preparada, cama, lavadora y lo imprescindible para dormir, mientras continúa con la reforma. Su previsión es tardar alrededor de un año en dejar la vivienda terminada. Calcula que la obra le costará menos de 15.000 euros porque realiza gran parte de los trabajos por su cuenta.

Ahí está una de las claves de su historia: Santi ha trabajado en albañilería, soldadura y labores del campo, por lo que puede asumir tareas que a otras personas les obligarían a contratar profesionales. Su filosofía pasa por reformar poco a poco, reutilizar materiales y evitar gastos innecesarios.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha respondido este miércoles a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP calificara el aumento del absentismo laboral como un “cáncer que no podemos pagar” y cuestionara que los convenios colectivos permitan a algunos trabajadores cobrar lo mismo durante una baja médica que cuando acuden a su puesto. “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”, ha afirmado Álvarez en una entrevista en Mañaneros, en TVE.

Feijóo abrió este debate el martes durante un acto con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, donde defendió que España debe abordar el absentismo laboral “con o sin acuerdo” con patronal y sindicatos. El presidente del PP sostuvo que este fenómeno supone un coste de más de 30.000 millones de euros al año y lo vinculó con el déficit de la Seguridad Social. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, planteó.

La respuesta de Álvarez ha sido contundente. El dirigente sindical ha calificado las palabras de Feijóo de “lamentable” y “penoso”, y ha acusado al líder popular de abordar “de una manera tan simple” un asunto que afecta a “la vida” y “la salud” de los trabajadores. A su juicio, Feijóo ha construido su discurso con “un cúmulo importante de medias verdades, incluso alguna falsedad”.

“Nadie en este país quiere estar de baja”

El secretario general de UGT ha rechazado que se equipare una baja médica con una ausencia injustificada al trabajo. “Nadie en este país quiere estar de baja. Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra. El absentismo es aquella persona que no va a trabajar porque no quiere ir a trabajar”, ha señalado.

Álvarez ha insistido en que las bajas laborales no dependen de la voluntad del trabajador, sino que “cuentan con el respaldo de un profesional”. También ha criticado que se ponga bajo sospecha el criterio de los médicos: “He visto que hay muy poco respeto para los profesionales de la medicina, cuando no solo se duda de si dan o no las bajas médicas por razones, sino que incluso se dice que entre ellos se las deben dar de cualquier manera”.

El líder sindical también ha vinculado parte del problema con el funcionamiento del sistema sanitario. Según ha defendido, muchas personas permanecen de baja porque están pendientes de pruebas médicas. “El señor Feijóo, que es el presidente del partido que gobierna más comunidades autónomas, seguramente tenía que acordarse de los miles y miles, millones de personas que en este momento nos están escuchando y están esperando que les hagan una prueba médica, y es por esa razón por la que están de baja”, ha afirmado.

Los convenios que complementan la baja “no llegan al 20%”

Álvarez también ha cuestionado la lectura de Feijóo sobre los convenios colectivos, después de que el líder del PP pusiera el foco en los acuerdos que permiten complementar el salario durante una baja médica. Según ha explicado, los convenios que recogen cláusulas de este tipo “no llegan al 20% del total de los convenios colectivos” y no todos garantizan el 100% del salario desde el primer día. “Hay diferentes casuísticas”, ha apuntado.

En su intervención, el secretario general de UGT ha recordado que los trabajadores no empiezan a cobrar la baja hasta el cuarto día. Hasta el día 20, ha señalado, el salario es del 60%, y solo a partir del día 21 alcanza el 75%. También ha sostenido que las empresas con convenios que incluyen algún tipo de protección suelen ser compañías de mayor tamaño y con mejores condiciones laborales, donde se producen menos bajas médicas.

“Ha hecho un cóctel todo en la misma olla”, ha resumido Álvarez sobre el planteamiento de Feijóo. A su juicio, el discurso del líder del PP coincide con el objetivo que atribuye a la patronal en los últimos tiempos: “Desprestigiar a nuestro sistema de salud y desprestigiar a los trabajadores y a las trabajadoras que tienen una situación de enfermedad”.

“Es el discurso del bulo, de la media verdad”

El secretario general de UGT ha defendido que el debate debe abordarse desde la salud laboral, las condiciones de trabajo y los servicios públicos, y no desde la sospecha generalizada sobre los trabajadores. En ese sentido, ha pedido reforzar los servicios de salud y ha planteado que la Inspección de Trabajo pueda vigilar los centros donde se concentran más bajas para comprobar si están relacionadas con las condiciones laborales, el estrés o determinadas actividades.

En la parte final de la entrevista, Álvarez ha endurecido el tono contra la política laboral que, a su juicio, anticipan las palabras de Feijóo. “Me parece un desastre. Es el discurso del bulo, de la media verdad, de seguir el discurso de la extrema derecha”, ha afirmado. También ha recordado la reforma laboral de 2012, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha advertido de que entonces se permitió el despido de trabajadores que acumulaban varias bajas médicas en un año, una medida que después fue derogada.

Para Álvarez, la propuesta de Feijóo supone “un mal principio” para cualquier negociación. “Si yo me tengo que sentar en una mesa sabiendo lo que usted opina y sabiendo cuáles son los condicionantes, pues ocurrirá lo mismo que ocurrió con Rajoy”, ha concluido, en alusión al rechazo de los sindicatos a la reforma laboral de 2012.

Vivir con una pensión como único ingreso no es igual en todas las ciudades. El alquiler, los gastos del día a día, la cercanía de los servicios y hasta las opciones para pasear o hacer planes sin gastar demasiado pueden marcar la diferencia entre una jubilación ajustada y una etapa final de la vida más desahogada económicamente. Por eso, cada vez más personas miran más allá de las grandes capitales cuando piensan dónde vivir después de retirarse.

En ese mapa aparece Lugo. La revista Viajar ha señalado esta ciudad gallega como una de las opciones más baratas de España para vivir como jubilado, hasta el punto de presentarla como un lugar donde se puede tener “una vida de lujo” sin asumir los precios de otras zonas del país. La clave está en una combinación que no siempre es fácil encontrar: alquileres bajos, tranquilidad, patrimonio histórico, naturaleza cerca y un coste de vida más asumible.

Según la revista de viajes, vivir en Lugo puede resultar hasta un 14% más barato que en otros puntos de España. Para quienes dependen principalmente de una pensión, esa diferencia no es menor. Puede significar tener algo más de margen para los gastos cotidianos y no vivir con la calculadora siempre encima.

Alquileres desde 300 euros: el gran atractivo de Lugo

El dato que más llama la atención está en el mercado inmobiliario. Tal y como recoge Viajar, en Lugo pueden encontrarse alquileres en torno a los 300 euros mensuales, una cifra difícil de ver en muchas capitales de provincia y casi impensable en las grandes ciudades.

Para una persona jubilada, pagar menos por la vivienda puede cambiar por completo el presupuesto mensual. No se trata solo de ahorrar, sino de liberar dinero para otras necesidades: alimentación, salud, ocio, transporte, viajes o imprevistos. En un momento en el que el alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para muchos hogares, vivir en una ciudad donde la renta mensual pesa menos puede ser, precisamente, el verdadero lujo.

Además, Lugo tiene una ventaja añadida: no obliga a renunciar a la vida urbana. No es un pueblo aislado ni un destino pensado solo para desconectar. Es una capital de provincia, con servicios, comercios, vida en la calle y una escala mucho más manejable que la de Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.

Una ciudad tranquila donde la pensión puede dar más de sí

La ciudad de Lugo se presenta como un lugar con un coste de vida más bajo, algo especialmente importante cuando los ingresos son fijos y dependen de una pensión mensual.

Además, la vida diaria puede ser más sencilla en una ciudad de tamaño medio. Hay menos distancias, menos tráfico, menos aglomeraciones y una mayor sensación de proximidad. Para muchas personas mayores, esto puede pesar tanto como el precio de la vivienda. Tener comercios, centros de salud, espacios públicos y zonas de paseo relativamente cerca facilita la autonomía y hace más cómoda la rutina.

También influye el ritmo. Lugo ofrece una vida más pausada que la de las grandes capitales, pero sin quedarse sin planes. Esa mezcla entre tranquilidad y servicios es uno de los factores que explica que Viajar la presente como un destino atractivo para la jubilación.

Una muralla romana única para pasear cada día

Lugo también tiene un patrimonio difícil de igualar. Su gran símbolo es la muralla romana, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco y considerada la única muralla romana del mundo que se conserva íntegra. Pasear por sus más de dos kilómetros es uno de los planes imprescindibles de la ciudad y, además, no cuesta nada.

A ese recorrido se suman la catedral y la plaza de Santa María, el puente romano, las esculturas vinculadas a la historia de la ciudad y distintos murales urbanos, como el de Julio César o el de la Castrexa. En Lugo, buena parte del atractivo está precisamente en que la historia forma parte del paseo diario.

Naturaleza, gastronomía y vida de barrio

Otro punto a favor es el entorno. Lugo permite combinar la vida en una ciudad tranquila con zonas verdes, rutas de senderismo, paisajes de interior y escapadas a la costa gallega. Para quienes buscan una jubilación activa, esta mezcla entre ciudad, naturaleza y mar suma muchos puntos.

La gastronomía completa el círculo. La cocina gallega, el producto local, los bares y la vida de barrio ayudan a construir esa idea de calidad de vida sin grandes excesos. No se trata de vivir rodeado de lujos caros, sino de poder disfrutar del día a día con menos presión económica.

Por todo esto, Lugo puede ser una alternativa para quienes buscan una jubilación tranquila, asequible y con servicios.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a más hogares que hace un año, pero el dinero medio que representa la prestación es menor. En junio de 2026, la ayuda alcanzó a 2.627.344 personas que viven en 860.458 hogares, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, la cuantía media por beneficiario se situó en 166,04 euros al mes, frente a los 170,77 euros de junio de 2025.

La diferencia equivale a 4,73 euros menos al mes por persona beneficiaria. El IMV no se cobra como una paga individual para cada miembro de la familia, sino que se concede por hogar o unidad de convivencia. Por eso, los 166,04 euros no son una cantidad que cobre directamente cada persona, sino el resultado de dividir el importe medio de la prestación entre todas las personas beneficiarias. Ese cálculo permite medir cuánto apoyo económico supone la ayuda dentro de cada hogar.

La caída se explica porque el número de personas cubiertas ha crecido más rápido que la nómina mensual. En junio había 373.943 beneficiarios más que un año antes, un 16,6% más. En cambio, el importe bruto de la nómina pasó de 429,8 a 465,7 millones de euros, un aumento del 8,35%.

Más beneficiarios que hace un año, pero una cuantía media más baja

El descenso también se observa al mirar la prestación por hogar. La cuantía media mensual fue de 506,99 euros en junio de 2026, frente a los 522,24 euros registrados en el mismo mes del año anterior. Son 15,24 euros menos al mes por unidad de convivencia, una bajada del 2,9%.

Esto no significa que todos los hogares beneficiarios cobren menos que hace un año ni que se haya aplicado una rebaja general de la prestación. La cuantía del IMV depende de la renta, el patrimonio y la composición de cada unidad de convivencia. Lo que muestran los datos del ministerio es que, al comparar el conjunto de prestaciones activas, el importe medio por hogar y por beneficiario es inferior al de junio de 2025.

Al mismo tiempo, la cobertura ha seguido aumentando. El número de prestaciones activas pasó de 736.867 en junio de 2025 a 860.458 en junio de 2026. Son 123.591 más, un incremento del 16,8%.

Siete de cada diez hogares beneficiarios tienen menores

El IMV mantiene un peso importante entre los hogares con niños, niñas y adolescentes. En junio, 591.436 hogares beneficiarios tenían menores a cargo, cerca del 70% del total. En ellos vivían 1.070.918 menores, que representan casi el 41% de todas las personas cubiertas por la prestación.

Además, 600.076 hogares recibieron el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una ayuda adicional vinculada al IMV. La cuantía media de este complemento fue de 122,3 euros por hogar con menores y de 67,1 euros por menor.

Este complemento varía según la edad de los hijos. La ayuda es de 115 euros al mes para menores de 3 años, de 80,5 euros entre 3 y 6 años y de 57,5 euros entre 6 y 18 años.

La mayoría de beneficiarias son mujeres

El perfil de la prestación también tiene una clara dimensión de género. En junio, el 68% de los titulares del IMV eran mujeres: 585.180 frente a 275.278 hombres. Entre el conjunto de beneficiarios, las mujeres también eran mayoría, con 1.403.964 personas, el 53,4% del total.

Los datos del ministerio recogen además 144.960 hogares monoparentales beneficiarios. En estos casos, la prestación actúa como apoyo para unidades familiares especialmente expuestas a la precariedad, donde una sola persona sostiene los ingresos y los cuidados del hogar.

Casi uno de cada tres hogares no tiene menores

Aunque el ministerio subraya el papel del IMV en la protección de la infancia, la prestación no se limita a familias con hijos. En junio había 269.022 hogares beneficiarios sin menores, el 31,3% del total.

El grupo más numeroso por tipo de hogar era el formado por un adulto solo, con 189.925 prestaciones activas. Esto supone el 22,1% de todos los hogares beneficiarios y muestra que el IMV también funciona como red de protección para personas solas en situación de vulnerabilidad económica.

Desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 1,2 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,7 millones de personas, según los datos acumulados del Ministerio de Inclusión.

Salir ya no significa necesariamente volver a casa de madrugada, pedir varias copas y mirar la cuenta con cierto miedo al final de la noche. Cada vez más españoles parecen preferir planes más cortos, más diurnos y también más baratos: siete de cada diez declaran gastar menos de 40 euros cuando salen de fiesta, según un estudio sobre hábitos de ocio impulsado por fritz-kola.

El cambio no va solo de dinero. También afecta a los horarios, a las bebidas y a la propia idea de lo que significa “salir”. La tarde-noche se ha convertido en la franja favorita para socializar: el 51% de los encuestados la elige para cenar o tomar algo. En cambio, salir de fiesta por la noche queda en último lugar, con un 16% en el conjunto de la población. Y aunque el alcohol sigue presente en muchos planes, un 27% asegura no beber nunca o casi nunca cuando sale.

La tendencia encaja con el cambio detectado por el Ministerio de Sanidad en su último informe monográfico sobre consumo de alcohol, basado en la Encuesta de Salud de España 2023. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el consumo habitual ha pasado del 43,8% en 2006 al 17,9% en 2023, una caída cercana al 60% en dos décadas.

Salir sin dejarse medio sueldo

El presupuesto es una de las claves de esta nueva forma de ocio. Según la encuesta, un 25% de los españoles gasta menos de 20 euros cuando sale de fiesta y otro 46% se mueve entre los 20 y los 40 euros. Solo un 8% declara superar los 60 euros por salida.

La foto que dejan esos datos no es la de una sociedad que haya dejado de salir, sino la de planes más contenidos y flexibles. Quedar a tomar algo por la tarde, cenar pronto, ir de vermut o alargar un afterwork empieza a encajar mejor que una noche larga a base de copas, entrada, taxi y susto final en la aplicación del banco.

También ayuda el contexto de precios. El Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025 señalaba que en los últimos cinco años los precios del sector han subido entre un 20% y un 30%, un factor que ha condicionado tanto la fabricación como las decisiones de consumo.

El tardeo convence más

Los horarios también se están moviendo. La tarde-noche es la opción preferida para el 51% de los encuestados, mientras que los planes de tarde alcanzan el 43% y el vermut antes de comer llega al 31%. Entre las mujeres, los planes de día, como el tardeo o el brunch, suben hasta el 52%.

La noche no desaparece, pero ya no parece la única forma legítima de pasarlo bien. Entre la generación Z es más popular: tres de cada diez jóvenes la siguen prefiriendo. El porcentaje baja al 13% entre los millennials y al 9% entre la generación X.

De hecho, salir de fiesta sigue siendo habitual: el 22% de los españoles afirma hacerlo al menos una vez por semana. Lo que cambia es el formato del plan, más repartido entre distintos momentos del día y menos atado a la idea de aguantar hasta que cierre el local.

Pedir un refresco sin dar explicaciones

El alcohol continúa muy presente en las salidas. El 73% de los encuestados afirma consumirlo cuando sale, aunque solo el 24% dice hacerlo siempre. Frente a ello, un 27% asegura no beber nunca o casi nunca en sus planes de ocio.

En paralelo, tres de cada cinco españoles consideran que pedir refrescos en bares, discotecas u otros contextos de ocio está más normalizado que hace unos años. La percepción es especialmente fuerte entre los jóvenes: lo afirma el 67% de la generación Z, el 62% de los millennials y el 53% de la generación X.

Los refrescos aparecen ya entre las bebidas más elegidas en contextos de ocio para el 40% de los encuestados. La cerveza sigue por delante, con un 59,5%, mientras que el vino y las copas se sitúan en torno al 33%.

El mercado también está notando el cambio

El giro también se observa en el mercado de bebidas. El Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025 ya apuntaba a un consumidor que bebe menos veces y desplaza parte del consumo hacia momentos más diurnos, como el aperitivo, el brunch o el afterwork.

Sanidad, sin embargo, introduce un matiz importante: beber con menos frecuencia no significa que desaparezcan los riesgos. Su informe advierte de que la ingesta se concentra cada vez más en fines de semana, donde triplica la de los días laborables, y de que los episodios de consumo intensivo se han duplicado en la última década.

Comprar una segunda residencia en España es una operación al alcance de perfiles muy concretos. El comprador tipo que solicita hipoteca para este fin ingresa 5.356 euros mensuales y solo destina el 11% de esa renta a pagar la cuota, según un análisis de Gibobs.com correspondiente al primer semestre de 2026.

Ese porcentaje equivale a unos 589 euros al mes, de acuerdo con el cálculo realizado a partir de los datos de la compañía. La cifra queda por debajo de la cuota hipotecaria media registrada en el mercado general, que en 2025 fue de 769 euros mensuales y absorbió el 32,67% del coste salarial, según el Colegio de Registradores.

La comparación no es exacta, porque enfrenta solicitudes de financiación para segunda residencia con el conjunto del mercado hipotecario. Aun así, ayuda a situar el perfil de estos compradores: llegan a la operación con una renta elevada, margen para asumir otra cuota y un ahorro previo que no está al alcance de la mayoría de hogares españoles que intentan acceder a su primera vivienda.

Cuánto dinero hace falta para comprar una segunda residencia

La vivienda media para la que se solicita financiación tiene un valor de 177.731 euros, mientras que el préstamo medio asciende a 128.971 euros, según Gibobs.com. Esto implica que el comprador de segunda residencia debe aportar 48.760 euros de entrada.

En la práctica, el colchón necesario puede ser mayor. Si se suman los impuestos y los gastos de notaría, registro, gestoría y otros costes habituales, la cantidad previa a la firma puede acercarse más a los 65.000 o 70.000 euros, aunque dependerá de la comunidad autónoma y de las condiciones concretas de cada compraventa. Ese desembolso inicial también permite dibujar el perfil de renta alta que predomina en este mercado.

Así es el comprador tipo de segunda vivienda en España

El solicitante medio tiene 42,7 años. Por franjas de edad, el grupo de 35 a 45 años concentra el 43% de las solicitudes, seguido del tramo de 45 a 55 años, con el 30%. Los menores de 35 años apenas representan el 16%, lo que muestra que la segunda residencia se concentra en etapas de mayor estabilidad económica.

El perfil también está masculinizado: el 65% de las solicitudes fueron realizadas por hombres, frente al 28% de mujeres y un 7% que se identificó con otro género, según los datos de Gibobs.com.

La brecha con quienes intentan acceder a la vivienda

Se entiende mejor el contraste entre quienes pueden permitirse comprar una segunda casa y quienes aspiran a poder pagar la primera si miramos otros datos del mercado inmobiliario: según Idealista, comprar una vivienda exigía en el primer trimestre de 2026 el 25% de los ingresos netos de una familia media, sin contar el ahorro previo necesario para obtener financiación.

La situación del mercado hipotecario tampoco facilita el acceso a la población general. El INE situó en abril de 2026 el importe medio de las hipotecas sobre vivienda en 173.331 euros, con un tipo de interés medio del 2,90%. En este escenario, comprar una casa depende cada vez menos del salario mensual y más del ahorro previo o del apoyo familiar disponible.

El esfuerzo que hacen los compradores de segunda residencia para asumir la cuota mensual muestra su posición económica de partida, muy distinta a la de quienes todavía intentan acceder a su primera casa. Para ellos, la vivienda no es el espacio necesario para crear un hogar, sino una forma de ampliar patrimonio.

Dónde se compran las segundas residencias

La mayoría de estas operaciones se dirige a vivienda usada. El 92% de las solicitudes de hipoteca para segunda residencia tramitadas por Gibobs.com corresponde a inmuebles de segunda mano, frente al 8% de obra nueva. La compañía lo atribuye a la escasez de promoción nueva en las zonas más demandadas y al menor precio relativo de este tipo de vivienda.

El mapa de solicitudes también muestra hacia dónde se orienta este mercado. La Comunidad Valenciana concentra el 23% del total, Andalucía el 20% y Cataluña el 12%, por lo que estas tres comunidades suman más de la mitad de las operaciones analizadas. Por detrás aparecen Castilla y León, con el 7%, y Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, con el 6% en cada caso.

La distribución confirma que la segunda residencia se concentra en zonas costeras o de fuerte atractivo residencial, pero también en territorios del interior donde el precio puede resultar más atractivo para este perfil.

Este tipo de operaciones queda lejos de quienes buscan resolver una necesidad habitacional inmediata. Aquí la compra se plantea desde una posición económica ya consolidada, con capacidad para elegir ubicación, aportar ahorro previo y asumir otra cuota hipotecaria.

El campo español compite con ventaja frente a Europa, pero parte de esa fortaleza se apoya en unos costes laborales mucho más bajos. El sector primario español es un 55% más competitivo que la media de la UE-27, según el Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2025, elaborado por Cajamar e Ivie. Sin embargo, el mismo estudio señala que los costes laborales medios en la agricultura y la pesca están un 31% por debajo de la media comunitaria.

La diferencia no se limita al conjunto de la Unión Europea. Cuando la comparación se hace con la UE-14, el grupo de países comunitarios más cercano a España por nivel de desarrollo, los costes laborales medios del sector primario español son un 36% inferiores. En ese caso, la productividad apenas es un 0,2% superior, por lo que la ventaja competitiva se explica sobre todo por el menor coste laboral.

El informe introduce una conclusión poco habitual en los análisis de competitividad: “Parece que hay margen de maniobra para subir los salarios en el sector primario español”. El apunte llega después de comparar productividad y costes laborales, y rebaja una lectura puramente triunfalista: el campo español es fuerte en términos económicos, pero mantiene remuneraciones por debajo de las de sus competidores europeos.

La competitividad se calcula a través del coste laboral por unidad de valor añadido, un indicador que relaciona el gasto en trabajo con la riqueza que genera cada sector. Frente a la UE-27, la ventaja española combina una productividad más alta y menores costes laborales. Frente a la UE-14, en cambio, la productividad prácticamente se iguala, así que la ventaja española se explica sobre todo porque el coste del trabajo es menor.

Un sector fuerte, pero con margen de subida salarial

La fortaleza del campo se enmarca en un sector agroalimentario que mantiene un peso importante en la economía española. La cadena agroalimentaria generó en 2025 un valor añadido bruto de 137.387 millones de euros, equivalente al 9% del total de la economía. En este sentido, España está más especializada en este sector que la media de la UE-27, donde representa el 6,2%.

También es un sector relevante en empleo. El agroalimentario generó 2.604.225 puestos de trabajo en 2025, un 2% más que el año anterior, y representa el 11,5% del empleo total de la economía española. Dentro de esa cadena, la agricultura y la pesca concentran el 30,1% del empleo agroalimentario, mientras que la comercialización supone casi la mitad.

Pese a esa fortaleza, el informe identifica varios retos estructurales para el sector primario, entre ellos el envejecimiento de la mano de obra, la falta de relevo generacional y la dificultad para atraer trabajadores. En sus conclusiones, el documento señala que mejorar las condiciones de vida en el campo exige también una mejor remuneración de la mano de obra acorde con su nivel de productividad.

El agro español también supera a Europa en el conjunto del sector

La ventaja competitiva no se limita al campo, aunque es ahí donde resulta más acusada. El conjunto del sector agroalimentario español es un 18% más competitivo que la media de la UE-27 y un 17% más competitivo que la UE-14. En la industria de alimentación, bebidas y tabaco, España también presenta una ventaja del 22% frente al conjunto comunitario.

La excepción está en la comercialización de productos agroalimentarios, que el informe sitúa como un 23% menos competitiva que la media europea. Este eslabón, que incluye la distribución y la venta mayorista y minorista, pesa especialmente en España, pues aporta el 40,8% del valor añadido de toda la cadena agroalimentaria y casi la mitad del empleo del sector.

La Seguridad Social también cerró junio con un nuevo máximo de afiliación. El sistema sumó 128.533 ocupados medios en el mes y alcanzó los 22.466.339 afiliados, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el último año, la afiliación ha aumentado en 605.244 personas, un 2,8% más.

El dato de junio, sin embargo, está muy condicionado por la temporada turística y el inicio del verano. Corregido el efecto del calendario y la estacionalidad, el paro registrado apenas bajó en 185 personas. En cambio, la afiliación desestacionalizada sí mostró un avance más intenso, con 92.531 ocupados más y un total de 22.208.553 afiliados.

El verano empuja el empleo, pero el paro baja menos que en otros años

Junio suele ser un mes favorable para el mercado laboral por el tirón de la hostelería, el comercio, el turismo y otros servicios vinculados al verano. Este año, la bajada del paro ha sido menor que en otros junios recientes: en junio de 2025 el desempleo descendió en 48.920 personas; en 2024, en 46.783; y en 2023, en 50.268.

En términos interanuales, el paro registrado se ha reducido en 113.981 personas, un 4,74% menos que en junio de 2025. El descenso mantiene la tendencia de reducción del desempleo, aunque con una intensidad inferior a la de hace un año, cuando la caída interanual era del 6,06%.

La afiliación ofrece una lectura más sólida. En los seis primeros meses del año, la Seguridad Social ha ganado 621.925 afiliados medios. Además, los registros diarios se mantuvieron durante varios días por encima de los 22,5 millones de trabajadores en alta. El máximo se alcanzó el 18 de junio, con 22.566.248 afiliados.

Por sectores, el aumento mensual de afiliados se concentró en actividades muy ligadas al verano. Comercio sumó 40.208 ocupados; hostelería, 39.631; actividades administrativas y servicios auxiliares, 30.637; y actividades sanitarias y de servicios sociales, 23.134. En el lado contrario, educación perdió 59.472 afiliados por el final del curso.

El paro sube entre quienes buscan su primer empleo

La caída del desempleo se concentró casi por completo en los servicios, donde el paro bajó en 28.498 personas respecto a mayo. También descendió en industria, con 2.829 parados menos; en construcción, con 1.326 menos; y en agricultura, con una reducción de 384 personas.

El único grupo en el que aumentó el desempleo fue el colectivo sin empleo anterior, que sumó 4.298 parados más, hasta alcanzar los 226.489. Este apartado agrupa principalmente a personas que buscan su primer trabajo o que se reincorporan al mercado laboral tras un periodo sin empleo registrado.

Por sexo, el paro femenino bajó en 15.801 mujeres en junio y se situó en 1.388.309 desempleadas. No caía por debajo de 1,4 millones desde agosto de 2008. El desempleo masculino descendió en 12.938 personas, hasta los 903.673 hombres parados.

Entre los menores de 25 años, el paro bajó en 5.155 personas, un 3,13% menos que en mayo. El total de jóvenes en desempleo quedó en 159.800, la cifra más baja de la serie histórica. En el resto de edades, el descenso fue de 23.584 personas.

Por comunidades autónomas, el paro registrado bajó en 11 territorios. Las mayores caídas en términos absolutos se produjeron en Andalucía, con 11.597 parados menos; Galicia, con 3.587 menos; y Castilla y León, con 2.895 menos. En cambio, subió en seis comunidades, encabezadas por Murcia, con 739 parados más; País Vasco, con 479 más; y Baleares, con 100 más.

Más contratos, pero los temporales siguen siendo mayoría

En junio se registraron 1.649.394 contratos, 152.721 más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 683.861 fueron indefinidos, lo que supone el 41,46% del total. En comparación con junio de 2025, la contratación indefinida aumentó en 96.163 contratos, un 16,36%.

Dentro de los indefinidos, 266.028 fueron a tiempo completo, 158.889 a tiempo parcial y 258.899 fijos discontinuos. Esta última modalidad mantiene un peso relevante dentro de la contratación estable, especialmente en actividades con fuerte componente estacional.

Los contratos temporales siguieron siendo mayoría en el mes de junio. Se firmaron 965.578 contratos de duración determinada, el 58,54% del total. Son 56.558 más que en junio del año pasado, un incremento del 6,22%.

La afiliación de trabajadores extranjeros también marcó un nuevo máximo, con 3.446.178 afiliados medios, 86.630 más que en mayo y 350.163 más que hace un año. Representan ya el 15,3% del total de trabajadores en alta en la Seguridad Social.

La historia empezó el pasado sábado en el centro de Sevilla, cuando una familia dejó durante unos minutos un cuadro atribuido a Joaquín Sorolla en una acera mientras cargaba el coche para irse de vacaciones. Al volver a por él, la obra ya no estaba. Sus propietarios denunciaron la desaparición y colocaron carteles por la zona para intentar recuperarla.

El cuadro apareció después a más de 500 kilómetros, en Murcia. Hurtado, que estaba de vacaciones en Sevilla, explicó que lo vio en la calle, pensó que estaba abandonado y decidió llevárselo por el marco. Lo subió primero a su habitación de hotel y después se lo llevó a casa. Más tarde, al sospechar que podía ser una obra valiosa y comprobar que sus dueños la estaban buscando, avisó a la Policía.

Qué dice la ley cuando alguien encuentra un objeto perdido

El artículo 615 del Código Civil establece que quien encuentre una cosa mueble, como puede ser un cuadro, debe devolverla a su anterior poseedor. Si no sabe quién es el dueño, debe entregarla “inmediatamente” a la autoridad correspondiente.

La ley también contempla qué pasaría si nadie reclamara el objeto. En ese caso, la autoridad debe anunciar el hallazgo durante dos domingos seguidos. Si pasan dos años desde el segundo anuncio y el dueño no aparece, quien lo encontró puede quedarse con el objeto o con su valor. No es lo que ha ocurrido en este caso: la familia denunció la desaparición y el cuadro ya ha sido localizado.

El artículo 616 añade una parte clave para Andrés: si el propietario aparece a tiempo, debe pagar un premio a quien encontró el objeto. La fórmula, todavía expresada en pesetas, fija un 10% sobre las primeras 2.000 pesetas, equivalentes a 12,02 euros, y un 5% sobre el resto del valor.

Cuánto podría cobrar Andrés por devolver el Sorolla

La cantidad depende de cuánto valga realmente el cuadro. Por ahora no consta una tasación oficial de la obra, así que el cálculo cambia según la referencia que se tome.

Las primeras estimaciones de fuentes artísticas consultadas por EFE, situaban el posible valor del cuadro entre 30.000 y 60.000 euros, si se confirma que pertenece a las llamadas “notas de color” de Sorolla. Con esa horquilla, la recompensa legal sería de entre 1.500,60 y 3.000,60 euros.

Después apareció una segunda referencia más alta. Hurtado aseguró a EFE que había contactado con una sala de subastas y que, según su versión, el valor podía oscilar entre 40.000 y 150.000 euros. Con esa cifra máxima, el premio alcanzaría los 7.500,60 euros.

Por qué el pago puede complicarse

El derecho al premio existe en el Código Civil, pero eso no significa que el cobro esté garantizado sin discusión. El punto delicado está en la secuencia de los hechos: Andrés no entregó el cuadro en el momento del hallazgo, sino que lo llevó al hotel, después a Murcia y solo avisó a la Policía cuando supo que la familia lo estaba buscando.

Esa actuación no elimina necesariamente su derecho a reclamar una recompensa, pero sí puede abrir dudas si los propietarios se niegan a pagarla. En ese caso, la cuestión podría depender de cómo se valore su buena fe y de si cumplió o no con la obligación de poner el objeto hallado en manos de la autoridad de forma inmediata.

A favor de Andrés juega que finalmente avisó a la Policía y que, según su versión, pensó al principio que el cuadro estaba abandonado y no sabía que era un Sorolla. En contra, puede pesar que llegara a consultar su valor e incluso, según relató, contactara con una sala de subastas antes de comunicar el hallazgo.

Según la tasación que se tome como referencia, Andrés podría reclamar entre 1.500 y 7.500 euros, aunque todo dependerá de si los propietarios aceptan pagar y de cómo se valore toda la historia.

“No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos”, escribía Gata Cattana, evocando cómo las condiciones materiales nos atraviesan hasta los recovecos más profundos de nuestra intimidad. En aquellos lugares se esconde el deseo de amar y ser amado, de crear un proyecto de vida, de formar un hogar. Una aspiración inocente y tan básica —porque somos seres sociales— que se ve muchas veces truncada por la omnipresente precariedad que campa a sus anchas a lo largo y ancho de nuestra sociedad.

Lo que la poeta y rapera intuía, Funcas lo plasma en cifras: existe en España una relación clara entre vivir en pareja y el empleo inestable. Según su último estudio, las mujeres son las más perjudicadas cuando el trabajo es precario. De hecho, independientemente de su nivel de estudios, si el empleo no acompaña, sus posibilidades para formar un hogar con su pareja se reducen considerablemente.

Las universitarias con una situación laboral inestable tienen un 32% menos de probabilidad de convivir en pareja que las universitarias con empleo estable, mientras que entre las mujeres sin estudios universitarios la reducción alcanza el 29%. No son solo números: son las condiciones que permiten, o impiden, convertir el amor en una vida compartida.

Las condiciones materiales del amor

Aunque ellas sufren más la desventaja, ellos también enfrentan dificultades para convivir con su pareja. En concreto, cuando se unen dos factores: empleo precario y bajo nivel educativo. Los hombres sin estudios universitarios y con inestabilidad laboral tienen un 23% menos de probabilidad de pasar a convivir en pareja que los hombres con trabajo estable y estudios universitarios, según Funcas.

Vivir en pareja implica pagar un alquiler o una hipoteca, asumir los gastos de los suministros, amueblar, pagar una fianza, hacer la compra, coordinar el transporte y una cierta previsión de futuro. En un mercado laboral marcado por la temporalidad, los salarios bajos y la incertidumbre, sobre todo entre los jóvenes, formar un hogar es casi exclusivamente un reto económico.

El estudio utiliza datos del CIS de enero de 2025 y distingue entre población laboralmente estable e inestable. En el primer grupo incluye a asalariados fijos, autónomos y empleadores; en el segundo, a temporales, desempleados y personas dedicadas a labores del hogar. A partir de esa clasificación, Funcas analiza cómo la posición laboral y el nivel educativo condicionan la transición a la convivencia en pareja.

La conclusión que se obtiene es descorazonadora: las desigualdades económicas no se quedan en la nómina. También atraviesan los proyectos de vida: quién puede irse de casa, quién puede compartir gastos, quién puede sostener una convivencia y quién queda atrapado en una espera indefinida.

No, la precariedad no le roba a los trabajadores su capacidad de enamorarse, pero sí les complica que una relación se convierta en hogar.

La treintena como momento clave

Aunque la precariedad pesa a cualquier edad, la carga se duplica al sumar la presión social de formar una familia. Funcas sitúa la treintena como una etapa decisiva. Es el momento en el que suelen consolidarse los proyectos de vida, cuando el nivel de ‘adulto funcional’ que seas empieza a medirse en si tienes casa, pareja, estabilidad y futuro. Sin embargo, es también la etapa en la que las diferencias laborales y educativas se vuelven más evidentes.

Entre los 30 y los 44 años, el 70% de los hombres universitarios con empleo estable convive en pareja, frente al 52% de los hombres sin estudios universitarios y con empleo inestable. En las mujeres de esa misma franja de edad, la probabilidad estimada de convivir en pareja alcanza el 75% entre las universitarias con empleo estable, baja al 64% entre las universitarias con empleo inestable y se sitúa en el 71% entre las mujeres sin estudios universitarios y con una situación laboral precaria.

En la práctica, el estudio muestra dos dinámicas distintas. Para ellos, el principal obstáculo aparece cuando se acumulan precariedad y bajo nivel educativo. Para ellas, la inestabilidad laboral pesa de manera más transversal: afecta tanto a universitarias como a quienes no tienen estudios superiores.

El amor también necesita una casa donde habitar

Al bloqueo laboral se suma, además, la crisis de vivienda. Sin un lugar donde habitarlo, el amor puede no completar nunca su metamorfosis: pasar de vínculo afectivo a hogar compartido. En nuestro país, esa transformación sigue fuera del alcance de muchos jóvenes.

Los datos oficiales ayudan a entender por qué. Además de tarde y de forma inestable, el empleo juvenil suele llegar acompañado de sueldos muy ajustados. Los menores de 25 años cobraron de media 1.372,8 euros brutos al mes en 2024, 14,6 euros menos que el año anterior, según el decil de salarios del empleo principal del INE. Fue la primera caída salarial de este grupo de edad en una década y el único retroceso entre todas las franjas analizadas.

Y con ese sueldo hay que pagar la vida: los gastos básicos y, si se puede, una casa en la que empezar. Pero la vivienda se resiste: el Índice de Precios de Vivienda del INE muestra que los precios subieron un 12,7% de media en 2025, el mayor aumento anual desde 2007. La vivienda nueva se encareció un 11,3% y la de segunda mano un 12,9%.

Así, cuando los ingresos no alcanzan para seguir esos precios, muchas relaciones se quedan en crisálida: existen, laten, pero no encuentran un lugar donde desplegar las alas y echar a volar.

Comprar por internet, más aún en plenas rebajas, tiene algo de búsqueda del tesoro: a veces aparece una ganga y otras, una sorpresa bastante divertida. Entre descuentos llamativos, cuentas atrás y promesas de chollo, el usuario se deja llevar y no es capaz de discernir con total claridad si aquello que brilla en la pantalla reluce porque es oro.

Según un estudio de Klarna sobre fraude digital, elaborado junto a Appinio entre 1.000 adultos residentes en España, el 19% de los españoles afirma haber recibido productos falsificados al comprar online. Es decir, uno de cada cinco consumidores se ha encontrado alguna vez con que lo que llegó a casa no era exactamente lo que creía estar comprando.

El problema, sin embargo, no se limita a las falsificaciones. El mismo informe señala que el 64% de los españoles asegura haberse encontrado con ofertas que considera falsas o engañosas al comprar online, una situación especialmente sensible en periodos como las rebajas, cuando el precio se convierte en el principal reclamo.

Productos peores, descuentos dudosos y costes ocultos

La mala experiencia más habitual entre los consumidores españoles es recibir productos con una calidad inferior a la anunciada, algo que declara el 43% de los encuestados. Le siguen los artículos que no coinciden con la descripción original, con un 36%, y las ofertas falsas o descuentos engañosos, mencionados por el 35%.

También hay otras razones que pueden convertir una compra aparentemente sencilla en un pequeño disgusto. Un 34% de los consumidores afirma haberse encontrado con reseñas falsas, mientras que un 25% ha detectado costes ocultos en el momento del pago. Es el clásico producto que parecía barato hasta que, justo antes de confirmar la compra, aparecen gastos de envío, cargos añadidos o condiciones que no estaban tan claras.

Además, un 23% reconoce haber tenido dificultades para devolver productos y un 21% asegura haberse encontrado con métodos de pago que no le generaban confianza. Otro 19% afirma no haber recibido algún paquete tras realizar una compra online. Solo el 12% de los encuestados dice no haber vivido ninguna de las situaciones planteadas.

Para estar protegido ante estas situaciones, hay que dejar de fijarse solo en el bajo precio y el ahorro que supondrá, y empezar a comprobar si el descuento es real, si la tienda es fiable y si el producto que se está comprando coincide con lo prometido.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido en distintas campañas de la existencia de falsas rebajas y recuerda que, cuando se anuncia una reducción de precio, el precio anterior debe ser el más bajo aplicado en los 30 días previos.

Cómo saber si una oferta ‘online’ es fiable

Klarna recomienda desconfiar de las ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, comprobar que la dirección web coincide con el dominio oficial de la marca y revisar las políticas de devolución antes de completar la compra. También aconseja consultar reseñas verificadas y evitar valoraciones excesivamente positivas, genéricas o poco detalladas.

Otra recomendación básica es no hacer clic en enlaces recibidos por correo electrónico o SMS cuando generen dudas. En esos casos, lo más seguro es acudir directamente a la web o aplicación oficial de la marca. Las páginas que solo aceptan transferencias bancarias por adelantado y no ofrecen garantías para el comprador son, según la compañía, una señal clara de alerta.

Lo que miran los consumidores para confiar en una tienda ‘online’

Una rebaja puede servir para llamar la atención, pero no basta para que el consumidor se fíe de la tienda. Según el estudio de Klarna, las opciones de pago seguras son el elemento que más confianza genera, citado por el 43% de los encuestados, por delante de las garantías de protección al comprador (41%) y de unas políticas de devolución claras (39%).

También influyen las reseñas verificadas de otros clientes, mencionadas por el 37%, y la transparencia sobre los gastos de envío o posibles aranceles, con un 34%. Sorprendentemente, las recomendaciones de influencers tienen mucho menos peso: solo un 9% de los encuestados las considera un factor que aumente su confianza al comprar online.

Fotografiar, escanear o fotocopiar el DNI no está prohibido en todos los casos, pero puede ser sancionable cuando una empresa pide o conserva una copia completa sin que sea necesaria para el trámite o sin una justificación suficiente. Es entonces cuando esa imagen puede convertirse en una copia indebida, al incluir más datos personales de los que hacen falta para verificar la identidad. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) insiste en que cualquier uso de datos personales debe limitarse a la información imprescindible para cada finalidad.

El DNI sirve para acreditar la identidad, pero contiene más datos de los que muchas veces hacen falta para verificar quién es una persona. Por eso, pedir una imagen del documento por ambas caras puede vulnerar el principio de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que obliga a recoger solo información adecuada, pertinente y limitada a lo necesario.

La clave está en diferenciar entre enseñar el documento y permitir que un tercero se quede con una copia completa. Esa distinción afecta a trámites con empresas, entregas de paquetes, reservas en alojamientos o solicitudes de derechos ante compañías.

Cuándo pueden pedirte el DNI y cuándo no deberían copiarlo

El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los 14 años, según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Las personas obligadas a tenerlo deben exhibirlo cuando lo requiera la autoridad o sus agentes en los supuestos previstos por la ley.

En el ámbito privado, sin embargo, una empresa puede necesitar comprobar la identidad de un cliente, pero eso no significa automáticamente que pueda quedarse con una fotocopia, una imagen o un escaneo completo del documento. Antes debe valorar si existe una forma menos invasiva de hacer esa comprobación.

La AEPD explica, por ejemplo, que para ejercer derechos de protección de datos, como acceso, rectificación, supresión u oposición, por regla general no es necesario facilitar una copia del DNI. Solo si el responsable tiene dudas razonables sobre la identidad de quien hace la solicitud puede pedir información adicional para confirmarla.

También en una contratación, la Agencia señala que normalmente no hace falta aportar una copia del DNI, ya que la identidad puede verificarse por otros medios, como la firma electrónica. Hay excepciones cuando una normativa sectorial exige expresamente conservar copia del documento, como ocurre en determinados supuestos vinculados a la prevención del blanqueo de capitales.

La sanción a Orange por fotografiar el documento

Uno de los casos más conocidos es el de Orange. La AEPD sancionó a la compañía con 100.000 euros porque sus mensajeros fotografiaban el DNI por ambas caras para entregar paquetes. El organismo consideró que esa práctica suponía recoger más datos personales de los necesarios para acreditar la identidad del destinatario.

La sanción fue después revisada por la Audiencia Nacional, que en abril de 2026 redujo la cuantía a 40.000 euros. Aun así, el criterio se mantiene: fotografiar el documento completo para una entrega puede ser una medida desproporcionada si existen otras formas de comprobar la identidad.

Hoteles y apartamentos: registrar datos no es copiar el DNI

Uno de los supuestos que más dudas genera es el de los alojamientos turísticos. El Real Decreto 933/2021 obliga a hoteles, apartamentos turísticos y otros establecimientos de hospedaje a recoger determinados datos de los viajeros y comunicarlos a las autoridades. Sin embargo, esa obligación no autoriza a pedir una copia del DNI o del pasaporte.

La AEPD aclaró en 2025 que solicitar una copia del documento de identidad en hospedajes vulnera el principio de minimización de datos, porque el DNI contiene información adicional que no exige la norma, como la fotografía, la fecha de caducidad o determinados códigos del documento.

Para cumplir con la obligación legal, los alojamientos deben recoger los datos requeridos mediante un formulario presencial u online. Si la identificación se hace en persona, bastaría con una comprobación visual del documento. En procesos online, la Agencia recomienda mecanismos como certificados digitales, comprobaciones asociadas al método de pago o códigos enviados al teléfono o al correo electrónico del cliente.

Qué hacer si te piden una foto del DNI

Si una empresa, alojamiento o repartidor pide una foto del DNI, el ciudadano puede preguntar para qué se necesita esa copia, cuánto tiempo se conservará y si existe otra forma de verificar la identidad. Cuando no sea estrictamente necesario aportar una copia íntegra, la AEPD recomienda ocultar o proteger los datos que no hagan falta para la identificación.

También conviene evitar el envío por canales poco seguros, como correos electrónicos ordinarios o aplicaciones de mensajería, si el responsable no proporciona garantías suficientes. Siempre que existan alternativas menos invasivas, pedir una foto del DNI puede ser un tratamiento excesivo de datos personales y convertir esa copia en indebida a efectos de protección de datos.

Inditex ha aportado tres millones de euros a Cruz Roja Española para apoyar a la población afectada por los terremotos de Venezuela, según ha informado la organización humanitaria. La ayuda de la compañía fundada por Amancio Ortega se destinará al despliegue de una clínica móvil con capacidad para atender a 100 pacientes ambulatorios al día y al envío de artículos de primera necesidad a las zonas más golpeadas por la emergencia.

La intervención se canalizará a través de Cruz Roja Española y Cruz Roja Venezolana, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). El objetivo es reforzar la respuesta humanitaria en la fase inicial de la emergencia, marcada por las necesidades sanitarias, la atención a personas desplazadas y la distribución de suministros básicos.

Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Naciones Unidas eleva ya el balance a más de 1.700 fallecidos, unos 5.000 heridos y alrededor de 12.000 desplazados, aunque las cifras pueden cambiar conforme avancen las labores de evaluación y rescate.

Qué financiará la donación de Inditex

La principal partida de la aportación se destinará al despliegue de una clínica móvil para reforzar la capacidad asistencial en las zonas más afectadas, según detalla Cruz Roja Española. Este dispositivo prestará atención sanitaria de urgencia, incluyendo triaje, estabilización de pacientes, primeros auxilios, atención de traumatismos y derivación de los casos que requieran asistencia hospitalaria.

La clínica estará atendida por personal sanitario especializado, en colaboración con profesionales locales, y podrá asistir a un centenar de pacientes ambulatorios al día. Su despliegue permitirá atender casos urgentes sobre el terreno y derivar a los hospitales a los pacientes que necesiten una asistencia más compleja.

Además de la asistencia médica, parte de los fondos se destinará al envío de material básico para las personas afectadas. Entre los artículos previstos figuran bidones de agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kits de higiene, destinados a cubrir necesidades básicas durante los primeros días de la emergencia.

Asimismo, Inditex ha habilitado un canal interno para que sus empleados en España puedan realizar contribuciones monetarias adicionales a la respuesta humanitaria.

La emergencia tras los terremotos de Venezuela

La IFRC ha abierto una petición de fondos de 50 millones de francos suizos para sostener la respuesta humanitaria y asistir a 300.000 personas afectadas por los seísmos, según informó la propia federación. La respuesta inicial se concentra en La Guaira y la Gran Caracas, dos de las zonas donde la destrucción ha sido más grave, aunque los temblores se sintieron también en otros estados del país.

La OPS/OMS señala que unos 3,9 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas severas y que más de 700.000 residen en municipios sometidos a una intensidad especialmente elevada. Las organizaciones humanitarias advierten de que la respuesta no se limita a la atención inmediata a los heridos, sino que incluye también agua, refugio, saneamiento, suministros médicos y apoyo a la población desplazada.

En la carrera de fondo que supone comprar una vivienda en España, no todas las regiones exigen estar durante años ahorrando para poder pagar la entrada. Frente a los más de 124.000 euros que un comprador necesita de media en Madrid para cubrir la parte del precio que no financia la hipoteca, en Extremadura esa entrada baja hasta unos 17.100 euros. Y en Castilla-La Mancha y la Región de Murcia la cifra se sitúa en torno a los 34.000 euros, según cálculos propios a partir de la estadística inmobiliaria de abril del Consejo General del Notariado.

Esa entrada no es el único dinero que necesita el comprador para llegar a la firma, pero sí supone, para muchos ciudadanos, una de las principales barreras de acceso a la vivienda. De hecho, en el conjunto de España, esta parte del precio que no se financia es de unos 69.200 euros de media.

Para hacer el cálculo, se ha tomado la hipoteca media concedida en cada comunidad y el porcentaje del precio que cubre ese préstamo. A partir de ahí, se estima cuánto dinero queda fuera de la financiación y debe aportar el comprador con sus propios ahorros. Una cifra que no incluye los gastos en registro, notaría, gestoría ni impuestos.

Las regiones donde la entrada es más baja

Extremadura aparece como la comunidad donde menos entrada se necesita para comprar una vivienda con hipoteca. La hipoteca media para adquisición se situó en abril en 106.606 euros y cubrió el 86,2% del precio, el porcentaje más alto de España. Con esos datos, la parte no financiada queda en unos 17.100 euros.

Después aparecen Castilla-La Mancha, con una entrada aproximada de 33.800 euros, y la Región de Murcia, con unos 34.300 euros. En ambos casos, el préstamo cubre cerca del 80% del precio de la vivienda: un 79,1% en Castilla-La Mancha y un 78,2% en Murcia.

También quedan claramente por debajo de la media nacional La Rioja y Castilla y León, donde la entrada estimada ronda los 41.700 y 42.200 euros, respectivamente. Son cantidades todavía elevadas para muchos hogares, pero suponen un ahorro previo más asumible para la población.

El grupo de regiones con entradas por debajo de los 50.000 euros se completa con Asturias, Aragón y Galicia. En Asturias, la parte no cubierta por la hipoteca se sitúa en unos 47.300 euros; en Aragón, en torno a 48.800 euros; y en Galicia, muy cerca, con unos 48.900 euros.

Aún por debajo de la media nacional se encuentran comunidades con mercados inmobiliarios más tensionados como Andalucía, donde de media se necesitan 53.500 euros de entrada; Canarias, con una cifra muy similar: 53.300 euros; la Comunidad Valenciana, con unos 55.000 euros; Cantabria, con 63.400 euros; y Navarra, con 66.600 euros.

70.000 euros que tienen que salir del bolsillo

En el conjunto de España, la hipoteca media para comprar vivienda alcanzó en abril los 181.533 euros. Ese préstamo cubrió de media el 72,4% del precio de la operación, según el Consejo General del Notariado. Con esos datos, el precio estimado de una vivienda financiada con hipoteca ronda los 250.800 euros y la parte no cubierta por el préstamo se sitúa en unos 69.200 euros. Esa cantidad es la entrada aproximada que un comprador medio en España debe aportar de su bolsillo.

Y todavía quedan gastos por sumar. Esos 69.200 euros son solo la parte del precio que no cubre la hipoteca. Después llegan los impuestos, la notaría, el registro, la gestoría y el resto de gastos asociados a la operación. Así que, incluso en las comunidades donde la entrada es más baja, el comprador necesita más dinero en el banco antes de sentarse a firmar.

Una diferencia con las comunidades más caras

Es evidente el contraste cuando se comparan las cifras con los territorios donde la parte no financiada es más alta. En Cataluña, la entrada aproximada ya queda por encima de la media nacional y ronda los 73.000 euros. En el País Vasco sube hasta unos 88.500 euros.

La distancia se dispara en Madrid y Baleares. En la Comunidad de Madrid, la parte no financiada supera los 125.000 euros, más de siete veces la entrada estimada en Extremadura. En Baleares, la cifra alcanza unos 153.100 euros, casi nueve veces más que en la comunidad extremeña.

La diferencia entre ambos extremos supera los 136.000 euros solo en la cantidad que el comprador debe aportar de sus ahorros, sin contar otros gastos o impuestos.

Dentro del listado, 1.111 son personas físicas, con una deuda conjunta de 1.680 millones de euros. Entre ellas, los mayores importes corresponden a Agustín Olivares Garrigós y Ramón Olivares Garrigós, dos hermanos empresarios vinculados a la construcción y la promoción inmobiliaria, que encabezan el ranking con 36,8 millones de euros cada uno.

La lista solo incluye deudas y sanciones tributarias que superan los 600.000 euros, que no han sido pagadas en periodo voluntario, que seguían pendientes a 31 de diciembre de 2025 y que no estaban aplazadas ni suspendidas. Además, tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Hacienda exige que las deudas sean firmes para poder incluirlas en la publicación.

Quiénes son las personas físicas que más deben a Hacienda

Los hermanos Agustín y Ramón Olivares Garrigós ocupan los dos primeros puestos de la lista de personas físicas. Ambos han desarrollado su trayectoria empresarial en el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, principalmente en Ciudad Real y también en Panamá, y ya habían aparecido en ejercicios anteriores entre los mayores morosos con la Agencia Tributaria.

Tras ellos figura Diana Grapin Stavinschi, con una deuda de 30,5 millones de euros. Su nombre aparece en el listado publicado por la Agencia Tributaria como persona física, aunque no cuenta con un perfil público tan conocido como otros deudores incluidos en el ranking.

El cuarto puesto corresponde a Addy Núñez Beltre, con 23,8 millones de euros pendientes. Se trata de un empresario de origen dominicano afincado en España desde hace más de dos décadas, vinculado a distintas sociedades y que ya había figurado en ediciones anteriores del listado.

También aparecen Teresa Maldonado Taillefer y Jesús Ruiz Casado, con 15,6 y 15,5 millones de euros, respectivamente. Ambos están vinculados a Aifos, una promotora inmobiliaria que llegó a tener un peso relevante durante el boom del ladrillo y que acabó afectada por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Entre los mayores deudores figura además Agapito García Sánchez, con 14,9 millones de euros. Es otro nombre habitual en la lista de morosos y su trayectoria empresarial ha estado vinculada al sector inmobiliario, aunque también ha ocupado cargos en sociedades de otros ámbitos.

La lista de los 15 mayores deudores persona física

1. Agustín Olivares Garrigós: 36.832.485,60 euros
2. Ramón Olivares Garrigós: 36.832.485,60 euros
3. Diana Grapin Stavinschi: 30.514.632,15 euros
4. Addy Núñez Beltre: 23.825.115,31 euros
5. Teresa Maldonado Taillefer: 15.642.422,61 euros
6. Jesús Ruiz Casado: 15.561.766,74 euros
7. Agapito García Sánchez: 14.930.205,25 euros
8. Philippe Sermay: 14.671.139,82 euros
9. Francisco Bejarano Zafra: 14.203.681,82 euros
10. Juana Borja Serrano: 12.172.957,05 euros
11. Manuel Valiente Serviole: 11.559.956,15 euros
12. Ángel de Cabo Sanz: 10.735.464,16 euros
13. Yolanda García Sánchez: 9.887.020,03 euros
14. Lakh Ndieme: 9.333.612,12 euros
15. Kirsten Erna Johanna Altmann: 8.160.280,64 euros

Francisco Bejarano Zafra, que adeuda 14,2 millones, ha estado vinculado al sector de la alimentación y la distribución de pescado. Juana Borja Serrano, con 12,2 millones, aparece relacionada con actividades empresariales del mundo del motor y la intermediación de vehículos. Manuel Valiente Serviole, con 11,6 millones, ha estado vinculado a Desarrollos Empresariales Petrel SL.

Otro de los nombres más conocidos es Ángel de Cabo Sanz, empresario valenciano conocido como “el liquidador”, que debe 10,7 millones de euros. Su figura ganó notoriedad por la adquisición de empresas en dificultades, entre ellas Marsans o Nueva Rumasa, operaciones que también derivaron en problemas judiciales.

Por último, Yolanda García Sánchez, Lakh Ndieme y Kirsten Erna Johanna Altmann completan la lista de los 15 mayores deudores persona física, con 9,8 millones de euros, 9,3 millones de euros y 8,1 millones de euros, respectivamente. Sus nombres figuran en el listado, pero no cuentan con un perfil público ni con información empresarial relevante fácilmente identificable.

La deuda total baja, pero sube entre las personas físicas

La nueva lista de morosos recoge menos contribuyentes que la publicada el año pasado. En total, aparecen 5.853 deudores, un 2,4% menos, y la deuda global baja hasta los 15.432 millones de euros. Sin duplicidades, ya que algunos importes corresponden tanto a deudores principales como a responsables solidarios, el importe se sitúa en 15.364 millones.

La evolución es distinta según el tipo de contribuyente. Las personas físicas aumentan de 1.077 a 1.111 y su deuda conjunta sube de 1.579 a 1.680 millones de euros. En cambio, las personas jurídicas bajan de 4.920 a 4.742 y el importe asociado desciende de 14.558 a 13.752 millones.

Hacienda también detalla que 879 deudores han salido del listado respecto al año anterior, con una deuda asociada de 1.729 millones de euros, mientras que 735 entran por primera vez o vuelven a aparecer, con un importe conjunto de 1.083 millones. La salida puede deberse al pago total o parcial de la deuda, a la obtención de un aplazamiento o suspensión, o a la falta de firmeza de las cantidades pendientes.

Los hogares españoles tuvieron más ingresos en el primer trimestre de 2026, pero no más margen para ahorrar. La renta disponible bruta aumentó un 5,1% interanual, hasta los 254.710 millones de euros, mientras que el gasto en consumo final creció todavía más, un 6,1%, hasta los 244.292 millones, según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La consecuencia directa fue una caída del ahorro familiar. Entre enero y marzo, los hogares ahorraron 10.477 millones de euros, un 11,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. La tasa de ahorro, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, se situó en el 11,3% de la renta disponible bruta, un punto menos que un año antes y seis décimas por debajo del cuarto trimestre de 2025.

Aterrizando todos estos datos, la lectura es que los hogares no están ingresando menos, sino que la mejora de su renta no basta para aumentar el ahorro. El dinero disponible crece, pero el gasto lo hace a mayor ritmo, de forma que el margen entre lo que entra en casa y lo que se consume durante el trimestre se estrecha. Por eso, pese al aumento de la renta disponible, las familias terminaron ahorrando menos que hace un año.

Mejoran los salarios, pero se diluyen en el gasto cotidiano

La caída del ahorro se produce, paradójicamente, en un contexto en el que las rentas laborales están avanzando. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste salarial aumentó un 4,9% interanual en el primer trimestre, hasta los 2.403,80 euros por trabajador y mes. Es decir, los ingresos laborales mejoran, pero esa subida no está siendo suficiente para asegurar la capacidad de ahorro de los hogares.

El problema no está solo en cuánto dinero entra, sino en cuánto queda después de pagar los gastos del día a día. Aunque los ingresos crecen, una parte cada vez mayor se va en consumo, de modo que queda menos dinero para ahorrar, afrontar un imprevisto o tomar decisiones que exigen un colchón previo, como comprar una vivienda, cambiar de alquiler o asumir una reforma.

La economía española puede seguir apoyándose en el gasto de los hogares, pero para muchas familias eso se traduce en un presupuesto cada vez más ajustado: entra más dinero, sí, pero no necesariamente queda más al final del mes.

Comprar casa exige más ahorro justo cuando el colchón familiar se reduce

La falta de margen también se nota cuando los hogares tienen que afrontar grandes gastos o inversiones. En el primer trimestre, la inversión de las familias aumentó un 7,4% interanual, hasta los 19.734 millones de euros. Pero el ahorro generado entre enero y marzo no fue suficiente para cubrir ese importe, por lo que los hogares registraron una necesidad de financiación de 9.905 millones de euros.

Esa cifra supone un aumento del 41,4% respecto al mismo periodo de 2025. En la práctica, significa que las familias necesitaron recurrir a más financiación para cubrir inversiones que no podían asumir solo con el ahorro generado en el trimestre.

Aunque el dato de inversión de los hogares no se puede atribuir por completo a la compra de vivienda, sí llega en un momento en el que el mercado residencial se ha encarecido con fuerza. Según el Índice de Precios de Vivienda del INE, los precios subieron un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026. La vivienda usada, la más habitual en las compraventas, se encareció un 13,5%, mientras que la nueva avanzó un 9,1%. Ese aumento está obligando a muchas familias a necesitar más financiación y más ahorro previo para comprar casa, justo cuando su colchón se está reduciendo.

La economía española mantiene saldo positivo

Cuando se mira al total de la economía española, la imagen es distinta. En el primer trimestre, España registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 11.374 millones de euros, una cifra equivalente al 2,7% del PIB. Esto significa que, en conjunto, la economía generó más recursos de los que necesitó financiar fuera.

Ese saldo positivo se explica, sobre todo, por las empresas y las entidades financieras. Las sociedades no financieras registraron una capacidad de financiación de 12.248 millones de euros y las instituciones financieras, de 15.461 millones. Es decir, estos sectores sí tuvieron excedente durante el trimestre.

La situación fue distinta para las administraciones públicas, que registraron una necesidad de financiación de 6.430 millones, ligeramente superior a la del mismo periodo del año anterior.

Para comprar una vivienda en Madrid necesitas ahorrar una entrada que en otras comunidades autónomas te permitiría pagar una casa completa. La parte no financiada por la hipoteca supera los 124.000 euros de media, una cantidad equivalente al precio medio de una vivienda en Castilla-La Mancha y superior al de Extremadura, según cálculos propios a partir de la estadística inmobiliaria de abril del Consejo General del Notariado.

El precio medio de la vivienda en la Comunidad de Madrid se situó en abril en 3.870,6 euros por metro cuadrado, mientras que la superficie media de las operaciones fue de 104 metros cuadrados. Con esos datos, el precio medio estimado de una vivienda transmitida en la región supera los 402.000 euros.

Por su parte, la hipoteca media para comprar vivienda en Madrid fue de 278.224 euros y cubrió, también de media, el 69% del precio. Así, la parte no financiada, lo que se conoce como la entrada, se sitúa en más de 124.000 euros. Una cifra que ni siquiera incluye impuestos, notaría, registro, gestoría ni otros gastos asociados a la compraventa.

Una entrada que da para una vivienda completa

Al comparar la entrada necesaria para adquirir una vivienda en Madrid con otros territorios de España, encontramos que en Castilla-La Mancha el precio medio de una casa entera ronda los 123.100 euros, según los mismos datos del Consejo General del Notariado. La diferencia es aún mayor en Extremadura, donde el precio medio estimado de una vivienda se sitúa en unos 96.200 euros.

La cifra también se queda muy cerca del precio medio de una vivienda en Castilla y León, donde se acerca a los 136.700 euros. También en la Región de Murcia, donde se sitúa en unos 146.300 euros, apenas 20.000 euros más por una casa completa.

Ni con hipoteca basta

Madrid es la comunidad donde más compradores recurren a una hipoteca para comprar vivienda. En abril, el 85,3% de las compraventas en la región se hicieron con préstamo hipotecario, el porcentaje más alto de España, según el Consejo General del Notariado.

Pero eso no significa que el acceso sea más fácil. Aunque la mayoría de las operaciones se financian, la hipoteca media solo cubre el 69% del precio, de modo que el comprador tiene que aportar el 31% con sus propios ahorros.

La diferencia con el conjunto del país es amplia: en España, el 55,6% de las compraventas se hicieron con hipoteca y el préstamo medio para adquirir vivienda fue de 181.533 euros, casi 97.000 euros menos que en Madrid.

Se venden menos casas, y no precisamente más baratas

En la Comunidad de Madrid se están firmando menos operaciones, pero eso no ha rebajado los precios. En abril se registraron unas 6.401 compraventas de vivienda, un 11,3% menos que en el mismo mes del año anterior, según los datos del Consejo General del Notariado.

Al mismo tiempo, el precio medio por metro cuadrado subió un 10,4% interanual en la región, por encima del avance medio nacional, que fue del 9,4%. La superficie media de las viviendas transmitidas también bajó un 5,2%.

Es decir, se compran menos viviendas, son algo más pequeñas de media y el metro cuadrado es más caro. Una combinación que mantiene alto el precio final de la operación y obliga al comprador a llegar a la firma con más ahorro previo.

La hipoteca media también sube

El número de hipotecas para comprar vivienda también bajó en Madrid, aunque menos que las compraventas. En abril se redujeron un 5,7% interanual, mientras que el importe medio del préstamo subió un 1,9%.

En este sentido, quienes consiguen comprar necesitan financiar cantidades cada vez más altas. En la Comunidad de Madrid, la hipoteca media para adquirir vivienda alcanzó los 278.224 euros, frente a los 181.533 euros de media nacional. Y a esa cantidad se suma todo lo que queda fuera de la financiación.

Cada vez más marcas ajenas a las telecomunicaciones quieren entrar en el mercado del móvil. Famosos, clubes deportivos, supermercados o empresas de otros sectores presentan sus propias operadoras como una forma de llegar directamente a sus comunidades de clientes. Pero tener una marca de telefonía no siempre significa tener una red propia: muchas funcionan como operadores virtuales y usan infraestructuras alquiladas a grandes telecos.

El gancho puede ser una cara conocida, una bandera, un escudo de fútbol o una causa social. La promesa es sencilla: contratar la línea con una marca con la que el cliente ya tiene afinidad. Sin embargo, en muchos casos la realidad es que detrás de estas compañías no hay antenas propias, sino grandes acuerdos con operadores que sí tienen red.

Este fenómeno ha ganado visibilidad recientemente con casos como Española de Telefonía, vinculada a Bertín Osborne, o Barça Mobile, impulsada por el F.C. Barcelona junto a New Era Visionary Group. A ellos se suman otros proyectos en preparación, como el operador de fibra y móvil que Lidl prevé lanzar en España, según publicó Cinco Días.

Ahora bien, para el consumidor, el nombre que aparece en la publicidad no debería ser lo decisivo. Aunque la tarifa llegue de la mano de una celebridad o de una marca favorita, lo importante es saber qué se está contratando: qué red sostiene la cobertura, qué condiciones se firman, qué derechos tiene el cliente y cómo responde la empresa si hay problemas.

Qué hay detrás de una operadora sin red propia

Los operadores móviles virtuales, conocidos como OMV, venden servicios de telefonía móvil -y en algunos casos fibra- sin desplegar una red propia de antenas o infraestructuras físicas. Para prestar el servicio, alquilan el acceso a redes de otros operadores mediante acuerdos mayoristas.

Ese modelo facilita que una marca lance una oferta comercial sin construir desde cero una red de telecomunicaciones, pero también limita el negocio: si depende de la infraestructura de otra compañía, debe pagar por ese acceso y tiene menos margen para competir solo por precio.

La propia Española de Telefonía aclara que opera con red de Movistar. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, explica a Infobae que esa información debe estar clara para el consumidor: “Efectivamente debe aclararlo”, señala sobre el uso de la red real que sostiene el servicio.

La diferencia importa porque el usuario puede contratar atraído por una persona concreta, pero la cobertura final no depende de esa marca en abstracto, sino de la red sobre la que opere. Por eso, antes de cambiar de compañía, conviene comprobar qué infraestructura utiliza, qué empresa está detrás del contrato, si existen permanencias, cuál será el precio después de las promociones y qué canales de atención y reclamación ofrece.

Por qué una marca quiere vender una línea móvil

La telefonía tiene algo muy valioso para cualquier marca: una relación mensual con el cliente. No es una compra puntual, como llenar la cesta del supermercado o adquirir una entrada para un partido, sino un servicio recurrente que se paga todos los meses y que forma parte de la vida cotidiana.

Ahí está buena parte del atractivo: vender una línea móvil puede servir para fidelizar clientes, ofrecer descuentos cruzados, reforzar una comunidad o ampliar la presencia de una marca en el día a día del consumidor. No se trata solo de vender gigas, llamadas o fibra, sino de convertir la tarifa en una extensión de una identidad comercial.

En el caso de Barça Mobile, el club anunció en 2024 el lanzamiento de una marca propia de telefonía junto a New Era Visionary Group y Orange, dentro de un acuerdo que también incluía conectividad para el futuro Spotify Camp Nou. La propuesta se dirige de forma natural a socios y aficionados, una comunidad que ya mantiene una relación emocional y comercial con el club.

Lidl, por su parte, prepara su entrada en España replicando modelos ya desarrollados en otros países europeos, según publicó Cinco Días. La lógica es distinta, pero el fondo se parece: aprovechar una base amplia de clientes, una aplicación de fidelización y una red de tiendas para ofrecer servicios adicionales vinculados al ahorro.

El famoso no es el problema

El uso de caras conocidas en campañas de telecomunicaciones no es nuevo. Facua matiza que la presencia de famosos no supone por sí misma una señal de alerta. Sánchez recuerda ejemplos anteriores como Antonio Resines en MásMóvil o Ernesto Sevilla en Lowi. “Usar famosos es habitual”, resume.

El foco, según la organización, no está en que una empresa recurra a un rostro popular, sino en si cumple con sus obligaciones y si la información que recibe el usuario es clara. En el caso de Española de Telefonía, Facua ha denunciado a la compañía por un conjunto de presuntas irregularidades que, según la asociación, afectan a ámbitos como la publicidad, la información contractual, la protección de datos y la atención al cliente.

Sánchez sostiene que lo detectado en esta compañía es excepcional dentro del sector. “El cúmulo de irregularidades que hemos visto en este caso no nos lo hemos encontrado nunca”, afirma. Según explica, las operadoras presentes en el mercado suelen incluir información sobre política de privacidad, datos de la empresa responsable e información precontractual, aunque luego puedan cometer otro tipo de irregularidades en materia de calidad o publicidad.

Facua también ha llevado a la Fiscalía uno de los elementos de la campaña de Española de Telefonía por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa. Se trata, según la asociación, de un test de velocidad que no mediría la conexión real del usuario, sino que ofrecería un resultado aleatorio para hacerle creer que navegaba más lento de lo que realmente navegaba.

La compañía ya había sido denunciada por Facua ante distintos organismos públicos por vulnerar, presuntamente, varias normas de consumo, competencia, protección de datos y servicios digitales.

Ese es el punto clave para el consumidor: una cara amiga transmite confianza, pero no sustituye a la letra pequeña. Contratar una línea móvil implica ceder datos personales, portar un número y aceptar unas condiciones de servicio, así que no es una decisión que convenga tomar solo por afinidad.

Un mercado dominado por las grandes redes

La aparición de nuevas marcas no significa que el mercado esté fragmentado en la misma medida. Los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) muestran que las líneas móviles rozaron los 63 millones en España en mayo de 2026. Movistar, Vodafone y MasOrange concentraban el 85,6% de las líneas móviles, según la CNMC.

La concentración también es elevada en banda ancha fija. Los tres grandes grupos reunían el 80% de las líneas y, si se añade Digi, el porcentaje ascendía al 94,4%. Es decir, aunque el escaparate comercial se llene de nuevas marcas, buena parte del mercado sigue apoyándose en las grandes infraestructuras y en operadores con mucha escala.

Ese dominio de las grandes redes marca el límite de muchas telecos de nicho. Una marca puede tener tirón, comunidad o notoriedad, pero después tiene que competir en precio, cobertura y atención al cliente. Por eso, la nueva moda de las operadoras “propias” tiene dos caras: a las empresas les abre una vía para fidelizar clientes en un servicio que se paga cada mes; pero al usuario le obliga a estar más atento, comprobar qué red sostiene la línea, qué condiciones acepta y quién responde si algo sale mal.

Los bares y restaurantes no tienen que cerrar automáticamente sus terrazas cada vez que se activa una alerta roja por calor, pero tampoco pueden mantener el servicio exterior como si no pasara nada. La normativa laboral obliga a las empresas a proteger a sus trabajadores frente a las temperaturas extremas y a adaptar la actividad cuando las medidas preventivas no sean suficientes.

La clave está en la prevención de riesgos laborales. El Real Decreto-ley 4/2023, que modificó las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que las empresas con actividad al aire libre deben adoptar medidas adecuadas frente a fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas. Estas medidas deben partir de una evaluación de riesgos y tener en cuenta tanto la tarea que se realiza como las características de la persona trabajadora.

En el caso de la hostelería, esta obligación afecta especialmente a camareros y personal que atiende terrazas durante episodios de calor intenso. La actualización del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, firmada en abril por patronales y sindicatos, incorpora los riesgos climáticos al marco laboral del sector, pero no supone una prohibición general de abrir terrazas en verano.

Cuándo puede limitarse el trabajo en una terraza por calor

La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no implica por sí sola el cierre automático de todas las terrazas. Lo que activa es la obligación de revisar si el trabajo al aire libre puede desarrollarse con seguridad. Si las medidas preventivas no garantizan la protección de la plantilla, la empresa debe adaptar las condiciones de trabajo.

Esa adaptación puede incluir cambios de horario, reducción de la exposición directa al sol, reorganización de turnos, pausas más frecuentes o suspensión de determinadas tareas durante las horas de mayor riesgo. La norma también contempla la modificación o reducción de la jornada cuando exista un aviso naranja o rojo y las medidas aplicadas no sean suficientes para evitar el peligro.

Por tanto, el cierre de una terraza puede llegar a producirse si no hay forma de proteger adecuadamente a los trabajadores, pero no funciona como una orden automática aplicable a todos los locales por igual. La situación dependerá de las condiciones concretas del establecimiento, la intensidad del episodio de calor, la organización del trabajo y las medidas disponibles.

Qué medidas deben adoptar bares y restaurantes

Los negocios tienen que contar con medidas preventivas frente al estrés térmico. Entre ellas pueden estar el acceso continuo a agua, zonas de sombra, pausas durante la jornada, reducción del tiempo de exposición, información a la plantilla sobre los síntomas de un golpe de calor y protocolos para actuar si un trabajador empieza a encontrarse mal.

También pueden reorganizar el servicio para evitar las horas centrales del día, reforzar los turnos de interior o concentrar parte de la actividad en franjas con temperaturas más bajas. En cualquier caso, los sistemas para refrescar el ambiente, como ventiladores o nebulizadores, no sustituyen por sí solos la obligación de evaluar el riesgo y garantizar condiciones seguras.

La protección debe ser mayor cuando haya trabajadores especialmente vulnerables, por edad, estado de salud o condiciones personales conocidas por la empresa. La normativa exige que la evaluación tenga en cuenta estos factores, no solo la temperatura prevista.

Las multas no son por abrir, sino por incumplir la prevención

Las multas no se imponen por el simple hecho de tener una terraza abierta durante una alerta por calor, sino por incumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Si la Inspección de Trabajo considera que una empresa ha mantenido a sus trabajadores expuestos a un riesgo sin medidas suficientes, puede levantar acta de infracción.

La cuantía dependerá de la gravedad. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, las infracciones leves en prevención de riesgos laborales se sancionan con multas de 45 a 2.450 euros; las graves, de 2.451 a 49.180 euros; y las muy graves, de 49.181 a 983.736 euros.

La vigilancia sobre los riesgos asociados al calor se ha intensificado en los últimos años, en un contexto de veranos cada vez más extremos y episodios más frecuentes de altas temperaturas.

El Gobierno ha aprobado este lunes un nuevo real decreto ley para mantener parte de las ayudas energéticas puestas en marcha por el impacto de la guerra en Oriente Medio, aunque algunas se irán retirando de forma gradual. La principal medida para los hogares será la prórroga de la rebaja a los carburantes, que se aplicará mediante el impuesto especial de hidrocarburos y se irá reduciendo mes a mes: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, antes de desaparecer en octubre.

El paquete, aprobado en el Consejo de Ministros, tendrá una vigencia de tres meses y supondrá un apoyo fiscal adicional de 1.825 millones de euros en 2026. A esa cantidad se suman otros 2.700 millones por la menor recaudación prevista entre 2027 y 2028 por la eliminación progresiva del impuesto a la producción eléctrica.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido que el Ejecutivo mantenga algunos apoyos porque, aunque la incertidumbre se ha reducido, los mercados energéticos siguen expuestos a nuevos episodios de tensión. “Los precios de la energía seguirán por encima de los niveles pre-guerra durante un tiempo”, ha advertido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Cómo queda la rebaja de los carburantes

La ayuda a los hogares se reducirá conforme se normalicen los precios internacionales del crudo. El descuento será de 15 céntimos por litro en julio, bajará a 10 céntimos en agosto y se quedará en 5 céntimos en septiembre. Si no hay un nuevo repunte, octubre será el primer mes sin este alivio fiscal para los consumidores.

El decreto incluye, no obstante, una cláusula automática para reforzar de nuevo el apoyo si el conflicto se recrudece y la inflación de los carburantes vuelve a dispararse. En ese caso, la ayuda para los hogares subiría directamente hasta los 20 céntimos por litro, según ha explicado Cuerpo.

El Gobierno mantiene además la ayuda a los carburantes para los profesionales del sector primario y del transporte en los mismos términos que en el real decreto ley anterior. En el caso de la agricultura, se añaden también 165 millones de euros adicionales para la compra de fertilizantes, que se suman a los 500 millones ya disponibles.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha avanzado además que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) empezará a vigilar los márgenes brutos de las estaciones de servicio. La información servirá para detectar subidas difíciles de justificar y permitirá a los consumidores presentar reclamaciones cuando aprecien prácticas irregulares.

El impuesto a la producción eléctrica desaparecerá en 2028

El decreto también fija una senda para eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica. Este tributo, que en 2026 tenía un tipo del 7%, se reducirá en los dos trimestres restantes del año hasta situarse en el entorno del 5%. En 2027 bajará hasta alrededor del 3,5% y desaparecerá definitivamente en 2028.

Cuerpo ha defendido que esta decisión envía una “señal estructural” a los sectores que reclamaban la supresión del impuesto. Aunque ha reconocido que tiene un coste presupuestario elevado, ha señalado que el Ejecutivo considera que es el momento adecuado para reforzar la electrificación de la economía.

Aagesen ha añadido que la eliminación gradual del tributo en un plazo de 18 meses contribuirá a abaratar de forma estructural la factura de los hogares, de los sectores productivos y de la industria. Según la ministra, la medida también facilitará el despliegue de las energías renovables y fija por primera vez una senda clara hasta 2028, después de años de suspensiones o reducciones temporales.

El real decreto ley mantiene además la prohibición de despedir para las empresas que se beneficien de las ayudas incluidas en el paquete. Con esta prórroga, el Ejecutivo evita una retirada de golpe de los apoyos aprobados desde marzo, pero empieza a reducir las medidas más amplias a medida que remite la tensión en los mercados energéticos.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo en junio una tasa anual del 3,2%, el mismo nivel registrado en mayo, según el indicador adelantado publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato, que deberá confirmarse el próximo mes, supone que la inflación se mantiene por cuarto mes consecutivo por encima del 3%, aunque no acelera en el primer mes en el que puede empezar a notarse la retirada parcial de las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y el gas.

La estabilidad de la tasa general no significa que todos los precios se hayan comportado igual. La electricidad y el gas tiraron del IPC al alza porque se encarecieron más que en junio de 2025, según el INE. En sentido contrario actuaron los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios disminuyeron frente a la subida registrada un año antes. La subyacente, que excluye alimentos no elaborados y productos energéticos, bajó una décima, hasta el 2,9%.

Los precios suben un 0,6% respecto a mayo

Aunque la tasa anual no haya aumentado, los precios de consumo sí subieron durante el mes. En junio, el IPC registró una variación mensual del 0,6% respecto a mayo, según el indicador adelantado del INE. Es una subida superior a la del mes anterior, cuando los precios habían avanzado un 0,1%.

Esta diferencia se explica por la forma en la que se mide cada indicador. La tasa anual compara los precios con los del mismo mes del año anterior, mientras que la mensual mide cuánto han cambiado respecto al mes inmediatamente anterior. Por eso, el dato interanual puede mantenerse estable aunque los consumidores sí noten incrementos en determinados recibos, productos o servicios.

El indicador europeo también se mantiene estable

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite comparar la evolución de los precios en España con la de otros países de la Unión Europea, también se mantuvo sin cambios en junio. Su tasa anual estimada fue del 3,6%, la misma que en mayo, mientras que la variación mensual se situó igualmente en el 0,6%.

La inflación subyacente armonizada se situó en el 3,3%. Todos estos datos forman parte del indicador adelantado, por lo que todavía son provisionales. El INE publicará el dato definitivo del IPC de junio la segunda quincena del próximo mes de julio, con el desglose completo por grupos de consumo y la confirmación de las tasas avanzadas este lunes.

Por qué junio era un dato clave para la energía

El dato de junio tenía especial interés porque era el primero que podía recoger el efecto de la retirada parcial de las rebajas fiscales aplicadas a la electricidad y el gas. Estas medidas se aprobaron en marzo como una respuesta extraordinaria y temporal al encarecimiento de la energía por la crisis en Oriente Medio, con el objetivo de aliviar el impacto sobre los recibos de hogares y empresas. Entre otras medidas, el Gobierno redujo del 21% al 10% el IVA aplicable a determinados suministros energéticos.

No obstante, su continuidad estaba condicionada a la evolución de los precios. En el caso de la electricidad y el gas, la moderación previa permitió iniciar la desactivación desde el 1 de junio, mientras que las rebajas fiscales sobre los carburantes se mantuvieron hasta este martes 30 de junio.

No hace falta tener grandes cantidades de dinero en una cuenta para que convenga cerrarla si ya no se usa. En este sentido, el Banco de España recuerda que una cuenta puede considerarse legalmente abandonada si transcurren 20 años sin movimientos. Y en ese caso, el saldo existente puede pasar a la Administración General del Estado.

Así lo recoge la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Su artículo 18 establece que corresponden a la Administración General del Estado los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares cuando no se haya practicado ninguna gestión por parte de los interesados durante un plazo de 20 años.

No se trata de una situación excepcional. Según la Memoria de la Subsecretaría de Hacienda de 2021, las actuaciones sobre saldos abandonados supusieron ese año un ingreso en metálico de 28,9 millones de euros. La cifra procede de cuentas abandonadas en bancos y, en menor medida, de sociedades de valores, establecimientos de crédito y otras entidades financieras.

Cuándo se considera abandonada una cuenta bancaria

Una cuenta bancaria entra en presunción de abandono cuando no se ha producido ningún movimiento ni gestión del titular durante dos décadas. No basta, por tanto, con que una cuenta se use poco o tenga un saldo reducido: debe haber pasado ese plazo completo sin actividad que implique el ejercicio del derecho de propiedad sobre el dinero.

El Banco de España explica que, una vez transcurridos esos 20 años, el banco puede considerar la cuenta abandonada y traspasar el saldo al Estado. Antes de hacerlo, sin embargo, la entidad debe cumplir una serie de obligaciones para comprobar que realmente no ha habido actividad del titular.

La primera es verificar que no se ha realizado ninguna operación ni gestión sobre la cuenta durante ese periodo. Después, el banco debe notificar al titular, al menos tres meses antes de que se cumpla el plazo, que la cuenta está en riesgo de ser declarada abandonada.

Esa comunicación debe hacerse mediante correo certificado o un medio similar a la dirección que tenga registrada la entidad. En el aviso debe indicarse que no se ha producido ninguna gestión sobre los fondos y cuánto tiempo queda para que la cuenta sea considerada abandonada. La normativa permite no enviar esta notificación cuando su coste supere previsiblemente el importe del saldo.

Qué ocurre con el dinero si se declara abandonado

Si se completa el procedimiento y la cuenta se declara abandonada, el dinero pasa a la Administración General del Estado. La gestión corresponde al ámbito patrimonial de Hacienda, a través de la Dirección General del Patrimonio del Estado.

La entidad también está obligada a facilitar al titular, o a sus herederos si lo solicitan, un certificado que acredite que los fondos han sido entregados a la Administración General del Estado. En ese documento debe constar la fecha de la declaración y la Delegación de Economía y Hacienda ante la que se presentó.

La ley establece además que el efectivo y los saldos de cuentas y libretas declarados abandonados se destinarán a financiar programas dirigidos a mejorar las condiciones educativas de las personas con discapacidad y a extender la accesibilidad universal.

Dejar una cuenta a cero no siempre equivale a cerrarla

El Banco de España también recomienda no dejar cuentas abiertas sin uso. Vaciar una cuenta o dejarla con saldo cero no significa necesariamente que esté cancelada. Para cerrarla, el cliente debe solicitar formalmente la cancelación a la entidad y asegurarse de que el proceso queda completado.

Mantener cuentas antiguas abiertas puede generar problemas si el cliente cambia de domicilio, deja de revisar las comunicaciones del banco o conserva pequeños saldos durante años. Por eso, conviene revisar qué cuentas siguen activas, cancelar las que ya no se utilizan y mantener actualizados los datos de contacto.

Pagar la comunidad puede convertirse en un gasto sustancial para la economía doméstica cuando suben la luz, la limpieza, el seguro del edificio o aparece una reparación imprevista. Pero las comunidades de propietarios no solo tienen la opción de aumentar cuotas o aprobar derramas: en algunos casos, también pueden obtener ingresos alquilando determinados espacios del inmueble, una opción que puede ayudar a cubrir gastos comunes y reducir la necesidad de pedir nuevas aportaciones a los vecinos.

La Ley de Propiedad Horizontal permite arrendar elementos comunes, pero no de cualquier manera. La norma se refiere a aquellos espacios que no tengan asignado un uso específico en el inmueble, por lo que antes de aprobar el alquiler hay que revisar el título constitutivo, los estatutos y la situación concreta de la finca.

La clave está en el artículo 17.3 de la ley. Este precepto exige el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios, que a su vez representen tres quintas partes de las cuotas de participación. Es decir, no basta con que lo apoye una mayoría simple de los vecinos presentes en la junta.

Qué zonas comunes puede alquilar una comunidad de vecinos

La norma no convierte cualquier parte del edificio en una fuente de ingresos. El punto decisivo es que el elemento común no tenga atribuido un uso específico. Por eso, el análisis debe hacerse caso por caso y no basta con que un espacio esté vacío, abandonado o se utilice poco.

Entre los ejemplos habituales pueden aparecer una antigua portería sin uso, un cuarto comunitario vacío, una fachada para publicidad durante unas obras, una cubierta o una azotea para determinadas instalaciones. Sin embargo, su alquiler dependerá de lo que establezcan los estatutos, del uso previsto para ese elemento, de las posibles licencias municipales y de que no se perjudiquen los derechos de otros propietarios.

Tampoco es lo mismo arrendar un espacio cerrado que permitir una instalación que afecte a la estética, la seguridad, la estructura del edificio o el tránsito por zonas comunes. En esos casos, la comunidad debe comprobar si hacen falta permisos adicionales o si el acuerdo puede suponer una modificación más profunda del inmueble.

Qué mayoría hace falta para aprobarlo

El alquiler de estos espacios exige una mayoría reforzada. La Ley de Propiedad Horizontal fija el apoyo de tres quintas partes del total de propietarios y de tres quintas partes de las cuotas de participación. Por tanto, no solo cuenta el número de vecinos, sino también el porcentaje de participación que representa cada vivienda o local en el edificio.

Esto es importante porque el acuerdo no puede salir adelante únicamente con los votos de quienes acudan a una reunión poco concurrida. Si una comunidad tiene 20 propietarios, la decisión no queda aprobada porque la apoyen la mayoría de asistentes a una junta con poca participación. Debe alcanzarse la proporción legal sobre el conjunto de la comunidad.

La razón es que el arrendamiento afecta a un elemento común, es decir, a una parte del inmueble que pertenece a todos los propietarios en función de su cuota de participación. Por eso, la ley exige un respaldo superior al de otros acuerdos ordinarios.

Para qué puede servir el dinero que ingrese la comunidad

El dinero obtenido por alquilar un espacio común no tiene por qué repartirse directamente entre los vecinos. Lo habitual es que pase a formar parte de las cuentas de la comunidad y se utilice para cubrir gastos ordinarios, afrontar reparaciones, reforzar el fondo de reserva o reducir la necesidad de aprobar futuras derramas.

La junta de propietarios tiene entre sus funciones aprobar el plan de gastos e ingresos previsibles, las cuentas correspondientes, los presupuestos y las obras de reparación de la finca. Por eso, si el arrendamiento genera ingresos recurrentes, la comunidad puede integrarlos en su presupuesto y decidir cómo aplicarlos.

En la práctica, el efecto para los vecinos puede notarse en el recibo si esos ingresos ayudan a compensar gastos que, de otro modo, tendrían que cubrirse mediante una subida de cuotas. También pueden servir para pagar parte de una reparación extraordinaria o para acumular dinero ante futuras actuaciones en el edificio.

La ley obliga además a las comunidades a dotar un fondo de reserva con una cantidad que no puede ser inferior al 10% del último presupuesto ordinario. Ese fondo está pensado para obras de conservación, reparación, rehabilitación, accesibilidad y eficiencia energética, por lo que los ingresos adicionales pueden ayudar a reforzar la posición económica de la comunidad.

Qué límites debe tener en cuenta la comunidad

Antes de alquilar un elemento común, la comunidad debe comprobar que ese espacio no tenga un uso específico asignado, que el acuerdo respete los estatutos y que no cause perjuicios a propietarios concretos. También puede ser necesario revisar licencias, normativa urbanística, condiciones de seguridad o limitaciones municipales.

Además, los ingresos obtenidos pueden tener consecuencias fiscales para los propietarios, aunque el dinero no se reparta directamente. Por eso, antes de formalizar un contrato, conviene revisar el tratamiento tributario y dejar claro en junta el destino de las cantidades que vaya a recibir la comunidad.

Con la subida de las temperaturas, muchos hogares se preparan para instalar aire acondicionado o renovar el equipo que ya tienen. Pero antes de colocar la unidad exterior en una fachada, una terraza, un balcón, un patio interior o una azotea, conviene revisar algo más que el presupuesto: la comunidad de propietarios y el ayuntamiento pueden limitar dónde se instala.

Una instalación aparentemente sencilla puede acabar en conflicto si afecta a elementos comunes o incumple la normativa local. Y el riesgo no es solo una queja vecinal. Si el aparato se coloca sin autorización, genera ruido o vibraciones, vierte agua a la vía pública o se instala en una fachada donde no está permitido, la comunidad o el ayuntamiento pueden exigir su retirada y la reposición del espacio afectado.

Dónde se puede instalar el aire acondicionado sin tener problemas con la comunidad

No existe una ubicación válida para todos los edificios. La Ley de Propiedad Horizontal permite al propietario hacer modificaciones dentro de su vivienda, pero establece límites cuando esas actuaciones afectan a la seguridad, la estructura, la configuración o el estado exterior del edificio, o perjudican los derechos de otros vecinos.

Por eso, antes de instalar la unidad exterior, hay que distinguir entre las zonas privativas y los elementos comunes. Una terraza de uso privado no plantea los mismos problemas que una fachada exterior, una cubierta comunitaria o un patio compartido. Aun así, incluso en un espacio privativo pueden existir límites si el aparato queda visible desde la calle, sobresale de la fachada o provoca molestias.

La terraza o el balcón privado suelen ser una de las opciones menos conflictivas, siempre que haya espacio suficiente y la instalación no altere la estética del edificio. También deben respetarse las condiciones de ruido, ventilación y evacuación de condensados. Que el aparato esté dentro del ámbito de la vivienda no significa que pueda colocarse de cualquier manera.

La cubierta o azotea comunitaria puede ser otra solución habitual cuando el edificio concentra allí las instalaciones técnicas. En este caso, lo normal es que haga falta autorización de la comunidad, porque se trata de un elemento común. Además, la instalación debe permitir el acceso para mantenimiento y garantizar que el equipo queda colocado de forma segura.

El patio interior puede ser una alternativa cuando la fachada principal está limitada, pero no siempre es una opción válida. Hace falta que el espacio tenga ventilación suficiente, que el aparato no expulse aire caliente hacia otras viviendas y que no supere los límites de ruido. Además, algunas ordenanzas municipales restringen o prohíben estas instalaciones en patios interiores, por lo que no basta con que el equipo no se vea desde la calle.

La fachada exterior es la ubicación que más problemas suele generar. En la mayoría de comunidades se considera un elemento común y, si la unidad queda visible desde la vía pública, también puede quedar sujeta a las normas municipales. En edificios protegidos, centros históricos o zonas con valor patrimonial, las restricciones suelen ser más estrictas.

Cuándo pueden obligarte a quitar la unidad exterior

La retirada del aire acondicionado puede exigirse cuando la instalación incumple las normas de la comunidad, afecta a un elemento común o vulnera la ordenanza municipal. También puede ocurrir si el equipo provoca molestias acreditadas por ruido, vibraciones, salida de aire caliente o goteos.

Uno de los casos más frecuentes es la instalación en fachada sin autorización previa. Aunque el propietario haya pagado el equipo y la instalación ya esté hecha, la comunidad puede reclamar si considera que se ha alterado un elemento común o la apariencia exterior del edificio.

También puede haber problemas cuando el aparato se coloca en una cubierta, patio o zona común sin acuerdo comunitario. En estos casos, no basta con que la instalación no moleste: si el espacio pertenece a la comunidad, el propietario no puede ocuparlo por su cuenta.

El ayuntamiento también puede intervenir si la unidad exterior incumple la normativa urbanística, sobresale más de lo permitido, queda visible en una zona restringida, afecta a un edificio protegido o vierte agua a la vía pública. En ese supuesto, la consecuencia puede ser una orden de legalización, retirada o reposición del elemento afectado.

Antes de contratar la instalación, conviene revisar tres cuestiones básicas: si la comunidad permite esa ubicación, si el ayuntamiento exige licencia, comunicación previa o declaración responsable, y si el equipo cumple las condiciones técnicas de ventilación, ruido y evacuación de agua.

Qué permisos hay que pedir antes de instalar un aire acondicionado

Los permisos dependen del municipio, del tipo de edificio y del lugar donde se coloque la unidad exterior. No hay una única respuesta válida para toda España.

Si el aparato se instala dentro de la vivienda y no afecta al exterior, normalmente no plantea los mismos problemas que una unidad colocada en fachada, azotea o patio. En cambio, si la instalación modifica la apariencia exterior del edificio u ocupa un elemento común, lo prudente es consultar antes con la comunidad de propietarios o con el administrador de fincas.

Cuando el equipo queda visible desde la calle, el ayuntamiento puede exigir una licencia, una comunicación previa, una declaración responsable o una solución integrada para toda la fachada. El trámite concreto depende de cada ordenanza municipal.

La situación cambia aún más si el inmueble está protegido o se encuentra en un centro histórico. En esos casos pueden ser necesarios permisos urbanísticos específicos y la instalación puede quedar limitada a zonas no visibles desde la vía pública, como cubiertas técnicas o espacios interiores autorizados.

Qué normas aplican en Madrid, Barcelona y Valencia

La Ley de Propiedad Horizontal es común para toda España, pero los ayuntamientos pueden imponer requisitos adicionales. Por eso, una instalación que no genera problemas en una ciudad puede necesitar otra ubicación en otro municipio.

En Madrid, el Ayuntamiento establece que ninguna instalación puede sobresalir más de 30 centímetros del plano de fachada ni perjudicar su estética. Además, cuando sea visible desde la vía pública, debe formar parte de un estudio de conjunto para integrarse en la fachada del edificio.

En Barcelona, la Ordenanza de los Usos del Paisaje Urbano condiciona la colocación de aparatos de aire acondicionado sobre fachadas a un proyecto de integración global en la composición arquitectónica del edificio, que debe ser aceptado por los servicios técnicos municipales mediante licencia.

En las azoteas, admite estos equipos siempre que no dañen elementos singulares del edificio, queden protegidos visualmente y no sean visibles desde los espacios públicos inmediatos.

En Valencia, la regulación municipal incluye límites sobre ruido, vibraciones, vertido de aire caliente o frío y evacuación de condensados. También recoge la prohibición de instalar unidades externas en patios interiores y fachadas exteriores, salvo las excepciones que puedan contemplar las normas urbanísticas.

Plus Ultra negocia con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) una ampliación del plazo para devolver parte del rescate público de 53 millones de euros que recibió durante la pandemia, según ha publicado CincoDías. La aerolínea no pudo afrontar en marzo el vencimiento del primer tramo, correspondiente a un préstamo ordinario de 19 millones, y dejó en garantía el 51% de sus acciones para recibir la financiación.

Esa participación mayoritaria está comprometida a favor de la SEPI hasta que se devuelvan los créditos. Si la compañía incumple sus obligaciones y el organismo público ejecuta la garantía, el Estado podría hacerse con el control de la aerolínea. No se trata, por tanto, de una entrada automática en el capital, sino de una posibilidad ligada al impago del rescate y a las condiciones pactadas cuando se concedió la ayuda.

La financiación aprobada en 2021 se dividió en dos partes: un préstamo ordinario de 19 millones, cuyo vencimiento estaba previsto para marzo de 2026, y un préstamo participativo de 34 millones, que debe reintegrarse en marzo de 2028. La compañía busca ahora un nuevo calendario de amortización que le permita devolver el dinero público sin que se active la garantía sobre sus acciones.

Por qué Plus Ultra pide más tiempo para devolver el rescate

Según CincoDías, la aerolínea atribuye la imposibilidad de afrontar el primer vencimiento al impacto económico del cierre del espacio aéreo en Venezuela a comienzos de año y al posterior encarecimiento del combustible por la crisis en Oriente Próximo. Hasta ahora, la compañía ha abonado 12 millones de euros en intereses a la SEPI, de acuerdo con el citado medio.

La renegociación se apoya en el propio marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), creado durante la pandemia para auxiliar a compañías consideradas estratégicas. Su normativa permite modificar los plazos de amortización para favorecer la recuperación de los créditos, una vía a la que ya recurrieron Air Nostrum y Volotea en 2024.

Un rescate polémico y bajo investigación judicial

El rescate de Plus Ultra fue aprobado por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 dentro del FASEE, gestionado por la SEPI. La ayuda fue una de las menores concedidas por este fondo, pero se convirtió en una de las más controvertidas por el tamaño de la compañía, su limitada cuota de mercado y el debate político sobre su carácter estratégico. En aquel momento, el Gobierno justificó la operación por su papel en el transporte aéreo de larga distancia y sus conexiones con Latinoamérica, especialmente con Venezuela.

La financiación pública también impuso restricciones a la aerolínea, como la prohibición de repartir dividendos, abonar retribuciones variables a la dirección o ejecutar determinados planes de expansión sin control mientras siga vigente la ayuda. Según CincoDías, en los cinco años transcurridos desde la concesión del rescate, Plus Ultra ha pasado de cuatro a siete aviones y ha elevado su plantilla de 345 a 700 trabajadores.

La ayuda está ahora bajo investigación en la Audiencia Nacional, donde se analiza la supuesta intermediación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la concesión del rescate. Zapatero, citado como investigado, ha negado haber influido en la operación. La causa sigue abierta y no existe una resolución judicial que acredite irregularidades en la concesión de los fondos.

Renfe afronta este lunes 29 de junio una huelga de 24 horas convocada por el Sindicato Ferroviario que provocará la cancelación de 320 trenes de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia en plena operación salida de las vacaciones de verano. El paro comenzará a las 00:00 horas y se prolongará hasta las 23:59, según la resolución de servicios mínimos dictada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La afectación no será igual en todos los servicios. En Alta Velocidad y Larga Distancia circularán 262 trenes de los 360 programados, lo que supone unos servicios mínimos del 73%. Por tanto, se suspenderán 98 trenes. En Media Distancia, se mantendrán 420 de los 642 trenes afectados, con unos servicios mínimos del 65%, de forma que se cancelarán otros 222.

En Cercanías, la resolución no fija una cifra concreta de trenes suspendidos, sino porcentajes de circulación por franjas horarias. Los servicios mínimos serán del 75% en hora punta y del 50% durante el resto del día. Las franjas de mayor movilidad se sitúan, con carácter general, entre las 6:00 y las 9:00 horas, entre las 13:30 y las 16:00 horas y entre las 18:30 y las 20:30 horas, aunque pueden variar en función de cada núcleo.

Qué rutas se verán afectadas por la huelga de Renfe

La huelga afectará a rutas de Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías de Renfe, aunque el impacto no será igual en todos los servicios. En algunos casos habrá trenes cancelados y, en otros, una reducción de frecuencias por los servicios mínimos fijados para la jornada. Por eso, que una ruta aparezca entre las afectadas no significa que todos sus trenes queden suspendidos, sino que los viajeros deberán comprobar si su salida concreta circulará este lunes.

En Media Distancia, entre las rutas afectadas en los servicios mínimos figuran conexiones de alta frecuencia como Barcelona-Figueres, Barcelona-Lleida, Madrid-Cuenca, Madrid-Medina-Salamanca, Madrid-Puertollano, Madrid-Segovia-Guiomar-Valladolid, Madrid-Toledo, Málaga-Córdoba-Sevilla, Ourense-Santiago-A Coruña, Valencia Joaquín Sorolla-Requena y Zaragoza-Calatayud.

La afectación también alcanza a líneas de Media Distancia convencional, entre ellas A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo-Monforte, A Coruña-Santiago-Vigo, Albacete-Madrid, Barcelona-Caspe-Zaragoza-Madrid, Burgos-Vitoria-Pamplona-Zaragoza, Madrid-Cáceres-Badajoz, Madrid-Jaén, Madrid-León, Madrid-Soria, Madrid-Vitoria-Irún, Salamanca-Madrid, Sevilla-Cádiz, Sevilla-Córdoba-Jaén, Sevilla-Huelva, Sevilla-Málaga, Valencia-Alicante-Murcia-Cartagena, Valencia-Vinaròs-Tortosa, Valladolid-Burgos-Logroño-Zaragoza, Valladolid-León-Gijón, Valladolid-Santander, Vigo-Ourense-Ponferrada, Zaragoza-Canfranc, Zaragoza-Huesca-Jaca y Zaragoza-Lleida, entre otras.

En Alta Velocidad y Larga Distancia, el listado oficial incluye trenes garantizados en conexiones como Barcelona-Sevilla, Sevilla-Valencia, Málaga-Córdoba, Córdoba-Granada, Barcelona-San Sebastián, Barcelona-Bilbao, Madrid-Lugo, Madrid-Pamplona, Vigo-Barcelona, Salamanca-Zaragoza o Logroño-Castejón de Ebro. Estas rutas no quedan suspendidas por completo, pero sí forman parte de los corredores afectados por la huelga, por lo que los viajeros deberán comprobar su tren concreto por horario y número de billete.

En Cercanías, los núcleos incluidos en la resolución que tendrán reducción de servicio son Madrid, Valencia, Sevilla, Málaga, Asturias, Murcia, Cantabria, Cádiz, Zaragoza, León y Galicia. Los servicios mínimos de Cercanías de Cataluña y de los servicios regionales que se desarrollan íntegramente en esa comunidad no los fija esta resolución estatal, sino la Generalitat. Lo mismo ocurre con las Cercanías de ancho ibérico y ancho métrico del País Vasco, cuya regulación corresponde al Gobierno Vasco.

Cómo comprobar si un tren circula este lunes

Los viajeros deberán revisar su trayecto concreto antes de acudir a la estación. Renfe ha publicado el listado de trenes que circularán durante la huelga, pero la comprobación debe hacerse por número de tren, horario y billete, especialmente en los servicios de Alta Velocidad, Larga Distancia y Media Distancia.

La operadora ofrece a los viajeros afectados la posibilidad de viajar en el tren más próximo a su horario original o, si lo prefieren, cambiar o anular el billete sin coste a través de sus canales habituales de venta.

Por qué hay huelga en Renfe

La huelga ha sido convocada por el Sindicato Ferroviario, que denuncia el incumplimiento de los acuerdos alcanzados en noviembre de 2023 entre el Ministerio de Transportes y la representación legal de los trabajadores. La organización también acusa a la empresa de un “abandono premeditado” de Renfe Mercancías.

El conflicto se centra en el futuro de esta filial y en la creación de una sociedad mixta al 50% con Medway, compañía vinculada al grupo MSC. El sindicato sostiene que el proceso no ofrece garantías suficientes para la plantilla y critica que no se haya informado a los representantes de los trabajadores sobre el contenido del acuerdo y su posible impacto laboral.

Entre sus principales quejas, el Sindicato Ferroviario señala la licitación externa del mantenimiento de 65 locomotoras de la serie 333.3, tareas que hasta ahora realizaba personal propio de Renfe Ingeniería y Mantenimiento. También denuncia la pérdida de carga de trabajo en las bases de mantenimiento y el anuncio del cierre definitivo del taller de material remolcado de Miranda de Ebro.

La jornada de este lunes será la primera de las dos huelgas de 24 horas convocadas por el Sindicato Ferroviario. La segunda está prevista para el próximo 15 de julio.

El antiguo Centro de Creación de las Artes de Alcorcón (CREAA), conocido popularmente como La Mole, tendrá una nueva vida después de casi dos décadas paralizado. El grupo Wonderland, vinculado al productor teatral Luis Álvarez y a nombres como Santiago Segura y José Mota, invertirá cerca de 30 millones de euros para terminar el macrocomplejo, según ha publicado El Mundo.

El proyecto pasará a llamarse Soho City y ocupará la mayor parte de los edificios del antiguo CREAA, una infraestructura impulsada entre 2008 y 2009 con la aspiración de convertir Alcorcón en un referente cultural. La obra quedó suspendida en 2012, cuando ya se había ejecutado buena parte del complejo y después de una inversión pública superior a los 100 millones de euros.

Desde entonces, el edificio se ha convertido en uno de los grandes símbolos de los proyectos fallidos en la Comunidad de Madrid: una construcción de grandes dimensiones, situada junto al parque de los Castillos, abandonada durante años y atravesada por reproches políticos entre PSOE y PP.

Un proyecto cultural bloqueado desde hace más de una década

El antiguo CREAA fue concebido como un gran espacio dedicado a las artes escénicas, la música y la creación cultural. El complejo estaba formado por nueve edificios, aunque nunca llegó a entrar plenamente en funcionamiento. Durante años se sucedieron distintos intentos de reactivación, desde propuestas universitarias hasta proyectos culturales, pero ninguno llegó a materializarse.

Ahora, el Ayuntamiento de Alcorcón ha confirmado la adjudicación del complejo a Wonderland Group, liderado por Luis Álvarez, para poner en marcha Soho City. El recinto seguirá siendo público, pero su gestión quedará en manos de la empresa durante 50 años, sin inversión directa por parte del Consistorio, según ha explicado el Gobierno municipal.

A cambio, Wonderland abonará al Ayuntamiento un canon anual de 215.000 euros, según EFE. La inversión prevista para completar el recinto rondará los 30 millones de euros.

Teatro, circo, auditorio y rodajes

Soho City ocupará ocho de los nueve edificios del antiguo CREAA. El noveno se reservará para Atenpro, un centro nacional de referencia para la atención y protección de víctimas de violencia de género y de sus hijos, cedido a la administración estatal y financiado con fondos europeos.

El nuevo proyecto mantendrá parte de la idea original del complejo cultural. Según el Ayuntamiento, el recinto contará con un espacio circense, una sala configurable para grandes espectáculos, un conservatorio de música y un auditorio. Cadena SER cifra la capacidad del teatro en más de 1.600 butacas y señala que el complejo superará los 66.000 metros cuadrados.

A estos usos se sumará un hub audiovisual destinado a la producción de series y películas. La intención de los promotores es convertir el recinto en un polo vinculado a las artes escénicas, el ocio, la formación y la actividad audiovisual.

El papel de Wonderland

Wonderland Group es el grupo que asumirá la recuperación del complejo y está vinculado a distintos espacios culturales y teatrales, entre ellos el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, el Teatro Pavón, el Teatro Serrano y el Castillo de Pedraza.

La presentación pública de Soho City está prevista para diciembre de este año, aunque todavía no hay un calendario cerrado para la apertura de cada espacio. El objetivo municipal es que durante 2026 todos los edificios del antiguo CREAA estén ya en funcionamiento o en fase avanzada de reforma.

La oposición pide revisar el expediente

La recuperación del complejo también tiene lectura política. Telemadrid ha informado de que la oposición quiere llevar el expediente a la Cámara de Cuentas para revisar la concesión. El Gobierno local, por su parte, defiende que la adjudicación permite desbloquear una infraestructura abandonada desde hace años sin cargar nuevas inversiones al presupuesto municipal.

La operación pone fin, al menos sobre el papel, a 18 años de bloqueo en torno a uno de los edificios más reconocibles de Alcorcón. Un macroproyecto que nació como emblema cultural quedó paralizado tras una fuerte inversión pública y ahora queda en manos de un grupo privado para intentar convertirse en una ciudad del espectáculo.

El teletrabajo se diluye en las nuevas ofertas de empleo justo cuando muchos trabajadores lo han incorporado como una condición decisiva para quedarse en una empresa. Las vacantes con alguna modalidad de trabajo remoto han caído hasta el 11% del total en 2025, lejos del 21% alcanzado en 2021. El repliegue llega, además, en un momento en el que el 43% de quienes teletrabajan asegura que buscaría otro puesto si su empleo pasara a ser completamente presencial. Ambos datos proceden de InfoJobs: el primero, del informe ‘Estado del mercado laboral en España 2025’, elaborado junto a Esade; el segundo, de la ‘V Radiografía del Teletrabajo en España 2025’.

La paradoja es que el teletrabajo no ha desaparecido del debate público. Se sigue recomendando para reducir desplazamientos cuando se prevén problemas de tráfico o grandes concentraciones; aparece en las discusiones sobre ahorro energético y está directamente relacionado con la conciliación, la retención de talento y la calidad de vida.

En este sentido, la visita del papa León XIV a Madrid volvió a situarlo como una medida útil para aliviar la congestión urbana, mientras que organismos internacionales como la Agencia Internacional de la Energía lo han incluido entre las herramientas para reducir el consumo de petróleo asociado al transporte, en un contexto de tensión energética y riesgo sobre los combustibles por la guerra en Oriente Medio.

La pregunta, entonces, no es solo por qué baja el teletrabajo en las nuevas vacantes, sino por qué algunas empresas lo están limitando cuando muchos empleados lo valoran más que nunca. La respuesta no parece estar en que el modelo haya dejado de funcionar, sino en que “exige una evolución en la cultura de liderazgo y en la forma de organizar el trabajo”, sostiene Carmen Cerdán, directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de Cegid.

El teletrabajo funciona, pero obliga a dirigir de otra manera

La pandemia demostró que muchos puestos podían desempeñarse desde casa, pero no transformó de forma automática la cultura directiva de las empresas. Para Cerdán, pasar de un modelo tradicional basado en el control horario o la presencialidad a otro sustentado en la confianza y la gestión por objetivos “requiere tiempo, formación y herramientas tecnológicas adecuadas”.

La dificultad aparece cuando las empresas intentan aplicar el trabajo remoto sin revisar sus propias dinámicas. No basta con trasladar a casa las mismas rutinas de la oficina. Hacen falta objetivos claros, seguimiento del desempeño, mandos preparados para gestionar equipos híbridos y reglas compartidas sobre disponibilidad, reuniones, comunicación y desconexión. Cuando eso no existe, el trabajo remoto puede terminar convertido en una sucesión de videollamadas, mensajes constantes y sensación de disponibilidad permanente.

Cerdán admite que muchas compañías han optado por incrementar la presencialidad, pero matiza que no siempre lo hacen porque el trabajo en remoto sea ineficaz. La distancia física prolongada puede, en algunas organizaciones, diluir el sentido de pertenencia, ralentizar la alineación estratégica o dificultar la circulación informal del conocimiento. “Es un reto de gestión. La información y el conocimiento no siempre circulan con la misma rapidez en entornos completamente virtuales”, explica.

Este es uno de los argumentos más repetidos por las empresas: la oficina se presenta como espacio de coordinación, aprendizaje y cultura corporativa. La interacción presencial puede facilitar la formación de perfiles junior, las conversaciones espontáneas, la observación de compañeros con más experiencia o el intercambio de ideas entre departamentos. La cuestión, sin embargo, es si esa presencialidad está pensada para aportar valor o si responde a una inercia anterior.

“No se trata tanto de volver a modelos basados en el control presencial, sino de identificar qué momentos de encuentro aportan valor real para reforzar la cultura corporativa, el aprendizaje compartido y el compromiso a largo plazo”, señala Cerdán. Ahí se encuentra la fina línea que separa una presencialidad útil de una por inercia: no toda vuelta a la oficina es necesariamente presentismo, pero tampoco toda presencialidad está justificada por sí misma.

Por qué España teletrabaja menos que Europa

España arrastra una implantación del teletrabajo inferior a la media europea. En 2024, el 15,4% de los ocupados en España trabajaba desde casa al menos ocasionalmente, frente al 22,6% de media en la Unión Europea, según Eurostat. La brecha se explica en parte por la estructura productiva: turismo, hostelería, comercio minorista, salud o construcción son actividades donde la presencia física resulta difícilmente sustituible. También pesa el tamaño empresarial, con un tejido dominado por pymes que afrontan más barreras de digitalización que las grandes compañías.

Pero la explicación no es solo sectorial. “Históricamente, en España ha predominado una cultura empresarial más asociada a la presencia física en el puesto de trabajo que a la gestión por objetivos”, apunta Cerdán. Esa tradición ayuda a entender por qué, incluso en puestos que sí podrían organizarse de forma híbrida, la oficina sigue funcionando en algunas empresas como una prueba visible de compromiso.

La consecuencia es que, cinco años después de la pandemia, el teletrabajo sigue lejos de ser una práctica habitual para la mayoría de los ocupados. En 2025, según la EPA, el 83,4% no trabajó ningún día desde su domicilio particular, solo el 7,9% lo hizo más de la mitad de los días y otro 7,7% de forma ocasional. Ese alcance limitado contrasta con el valor que le atribuyen quienes sí pueden trabajar en remoto: para muchos empleados, no es solo comodidad, sino tiempo y margen para organizar la vida cotidiana.

Cuando volver a la oficina se vive como una pérdida

Esa percepción se aprecia con contundencia en la ‘Radiografía del Teletrabajo’ de InfoJobs: el 43% de quienes trabajan en remoto cambiaría de empleo si su puesto pasara a ser completamente presencial. Otro 27% intentaría negociar una subida salarial para compensar el coste de volver a la oficina, y un 17% se quedaría, pero más desmotivado. La vuelta presencial, por tanto, no se percibe solo como un cambio organizativo, sino como una pérdida de condiciones materiales: más desplazamientos, menos autonomía y menor capacidad para ordenar el tiempo.

El dato de conciliación del INE añade otra capa. Solo el 1,4% de los ocupados con responsabilidades de cuidado declara teletrabajar de forma regular como principal cambio laboral para poder conciliar. Para L. Valle, psicopedagoga especializada en prevención de riesgos laborales, la cifra encaja con una lectura más amplia: en España el teletrabajo se ha tratado sobre todo como una medida organizativa, y no como una herramienta de salud laboral y calidad del empleo.

“No se ha tratado como un elemento clave para la conciliación”, sostiene la experta, aunque “bien diseñado”, añade, “puede mejorar la salud y la satisfacción laboral”, siempre que vaya acompañado de medios adecuados, desconexión digital y una organización clara del trabajo.

La presencialidad también tiene riesgos

La prevención de riesgos laborales introduce una capa importante al debate: el teletrabajo no es automáticamente bueno ni la oficina es automáticamente más segura. “El teletrabajo no es trabajar desde casa sin más”, advierte Valle. Un modelo mal implantado puede generar riesgos ergonómicos, mala iluminación, mobiliario inadecuado, fatiga digital, aislamiento y dificultad para desconectar. También puede agravar problemas organizativos presentes en cualquier entorno de trabajo, como la falta de coordinación, una supervisión insuficiente o excesiva, reuniones mal planteadas y ausencia de objetivos claros.

Sin embargo, la vuelta a la oficina tampoco elimina por sí sola los riesgos. “Lo importante no es dónde se trabaja, sino cómo se organiza el trabajo”, resume Valle. Desde la prevención, la presencialidad obligatoria también debe evaluarse: condiciones del centro, ruido, ventilación, clima laboral, sobrecarga mental, conflictos, desplazamientos, estrés, fatiga, accidentes in itinere e impacto sobre la conciliación familiar.

En este punto, el modelo híbrido puede ser una opción, pero no funcionará solo por inercia. Puede reducir el aislamiento y mejorar la conciliación, aunque también generar desigualdad entre perfiles, sobrecarga de reuniones o descoordinación si no se planifica bien.

La clave está en una presencialidad con propósito

La oficina puede tener sentido cuando sirve para algo concreto: formar a nuevos empleados, coordinar proyectos complejos, resolver bloqueos o reforzar vínculos de equipo. Si se exige sin objetivo claro, el riesgo es volver a una cultura laboral que puede confundir estar con trabajar.

Cerdán defiende que un modelo híbrido maduro necesita “intencionalidad, estructura y herramientas”. Los días de oficina deben aportar valor real en términos de colaboración, innovación o cohesión; la tecnología debe permitir gestionar equipos distribuidos; y los objetivos y KPIs deben estar claros. “Un modelo mal implantado es aquel que se limita a trasladar las dinámicas tradicionales de la oficina a la pantalla de casa”, afirma.

El repliegue del teletrabajo en España combina entonces varias explicaciones. Hay argumentos empresariales sobre coordinación, aprendizaje, cultura corporativa y productividad. También hay una estructura productiva que limita su implantación en muchos sectores. Cerdán sitúa el punto decisivo en la forma de medir el desempeño: “La verdadera medida del rendimiento son los resultados y no la presencia física”, concluye la experta.

Ese es el cambio pendiente: que el teletrabajo deje de entenderse solo como un privilegio o una excepción, y pase a asumirse, cuando el puesto lo permita, como una forma de organizar el trabajo con más autonomía y objetivos claros.

Los primeros ejecutivos del IBEX 35 cobraron en 2024 una remuneración equivalente a 74,5 veces la media de sus plantillas, según el último informe de CCOO sobre las empresas del índice. Traducido a días, esa distancia implica que un CEO medio alcanza en menos de cinco jornadas el equivalente a lo que una persona media de su empresa percibe durante todo un año.

Para llegar a esa equivalencia, es preciso dividir los 365 días del año entre esa ratio de 74,5. El resultado es 4,9 días. Es decir, el primer ejecutivo medio del IBEX alcanza en una semana laboral el equivalente a la remuneración anual media de una persona empleada en su propia compañía.

La comparación no mide solo el salario fijo. El informe de CCOO toma como referencia las remuneraciones publicadas por las compañías en sus informes anuales de gobierno corporativo y de remuneraciones, disponibles también en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esas retribuciones pueden incluir salario en metálico, variables, dietas, indemnizaciones, acciones u otros conceptos vinculados al cargo.

Las mayores brechas dentro del IBEX

La diferencia es mucho mayor en algunas de las grandes compañías del índice. En Inditex, el primer ejecutivo cobra 295,1 veces la remuneración media de la plantilla. Traducido a días, eso significa que alcanza en 1,2 días lo que una persona media de la empresa percibe en todo un año.

En Banco Santander, la ratio es de 225,8 veces, equivalente a 1,6 días. En Iberdrola, Telefónica y BBVA, la distancia es muy similar: 168,4, 166,4 y 165,4 veces, respectivamente, lo que en los tres casos supone alrededor de 2,2 días. En ACS, la ratio alcanza las 132,4 veces, equivalente a 2,8 días.

La comparación afecta además a algunas de las mayores plantillas del índice. Banco Santander, Inditex, ACS, Telefónica y BBVA concentran más de la mitad del empleo total de las cotizadas analizadas. En conjunto, las empresas del IBEX 35 sumaban 1.294.767 personas empleadas en 2024, un 3,2% más que el año anterior.

Una distancia que ha crecido y varía mucho según la empresa

La media del IBEX fue de 74,5 veces en 2024, frente a 73,4 veces en 2023. La diferencia, por tanto, aumentó en 1,1 puntos en un año. El informe también recoge que los primeros ejecutivos del índice cobraron en conjunto 160,5 millones de euros en 2024, un 7,6% más que el año anterior, con una remuneración media de alrededor de 4,7 millones por persona.

En la parte alta de la tabla aparecen las ya mencionadas Inditex y Banco Santander, junto a Puig, todas por encima de las 200 veces. También superan las 100 veces Iberdrola, Telefónica y BBVA, ya citadas entre las grandes compañías del índice, además de Sacyr, Logista, Ferrovial y ACS.

En el extremo contrario se sitúan Solaria y Aena, con ratios de 3,1 y 4,2 veces, respectivamente. El contraste muestra que la distancia interna entre la mayor remuneración y la media de la plantilla varía mucho según la empresa, aunque el promedio del índice mantiene una diferencia amplia entre la cúpula directiva y el conjunto de trabajadores.

Los jubilados que cobran una pensión contributiva por debajo de la cuantía mínima fijada por ley pueden recibir en 2026 un complemento para alcanzar ese umbral. Sin embargo, no basta con tener una prestación baja: la Seguridad Social exige cumplir determinados requisitos y no superar unos límites de ingresos ajenos a la propia pensión. En concreto, el beneficiario no puede percibir rentas superiores a 9.442 euros anuales si no tiene cónyuge a cargo, ni a 11.013 euros al año si sí lo tiene.

Este mecanismo se conoce como complemento a mínimos y no es una paga extraordinaria ni una ayuda nueva. Funciona como una cantidad adicional que la Seguridad Social reconoce cuando la pensión contributiva queda por debajo del mínimo que corresponde al beneficiario, siempre que cumpla las condiciones económicas y de residencia.

Esos límites de ingresos no son la pensión mínima, sino el umbral de rentas compatible con el complemento. En el caso de la jubilación, la referencia cambia según la situación familiar del pensionista. Para los jubilados de 65 años o más, la pensión mínima se sitúa en 17.592,40 euros anuales con cónyuge a cargo, 13.106,80 euros al año sin cónyuge y 12.441,80 euros anuales con cónyuge no a cargo.

Qué jubilados pueden cobrar el complemento a mínimos

El complemento a mínimos puede reconocerse cuando la pensión contributiva queda por debajo de la cuantía mínima establecida cada año. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando la persona ha cotizado durante pocos años o lo ha hecho por bases reducidas, de forma que la prestación resultante no alcanza el mínimo fijado por la normativa. Pero la pensión baja, por sí sola, no garantiza el derecho a cobrarlo.

La Seguridad Social también tiene en cuenta las rentas que el beneficiario obtiene por otras vías. Para calcularlas, se incluyen los rendimientos del trabajo, del capital, de actividades económicas y las ganancias patrimoniales. Es decir, pueden computar salarios, alquileres, intereses, dividendos, ingresos de una actividad económica o determinadas plusvalías, entre otros conceptos.

A esa condición económica se suma el requisito de residencia. La Seguridad Social exige residir en territorio español para acceder al complemento destinado a alcanzar la cuantía mínima de la pensión. Esa residencia también debe mantenerse para conservar el derecho, salvo las excepciones previstas por la normativa o los convenios internacionales aplicables.

No es una cantidad fija ni se conserva para siempre

El complemento a mínimos se calcula en función de la diferencia entre la pensión reconocida y la cuantía mínima que corresponda en cada caso. Por eso, no todos los beneficiarios cobran el mismo importe: la cantidad depende de la pensión inicial, de los ingresos del pensionista y de su situación familiar.

Tampoco tiene carácter consolidable. Esto significa que puede reducirse o desaparecer si cambian las circunstancias que dieron derecho a cobrarlo. Por ejemplo, si el pensionista empieza a recibir ingresos por encima del límite establecido, deja de residir en España o cambia su situación familiar, la Seguridad Social puede revisar el complemento.

Aunque el caso más habitual es el de la jubilación, este mecanismo también puede aplicarse a otras pensiones contributivas que tienen una cuantía mínima reconocida, como las de incapacidad permanente, viudedad, orfandad o en favor de familiares.

La revalorización de las pensiones de 2026 también afecta a estas cuantías mínimas. Según el Gobierno, las pensiones mínimas suben más del 7% este año, mientras que las pensiones con cónyuge a cargo y las de viudedad con cargas familiares aumentan un 11,4%. La subida se aplica con efectos desde el 1 de enero.

Los pensionistas que ya cobran un complemento a mínimos deben comunicar a la Seguridad Social cualquier variación de ingresos que pueda afectar al derecho a percibirlo. Quienes consideren que su pensión queda por debajo de la cuantía mínima y cumplen los requisitos pueden solicitarlo a través de la Seguridad Social, que dispone de un trámite específico para pedir el complemento.

Una derrama aprobada en una comunidad de propietarios no siempre será obligatoria para todos los vecinos. La Ley de Propiedad Horizontal establece una excepción para determinadas mejoras que no sean necesarias para la conservación, habitabilidad, seguridad o accesibilidad del edificio. En esos casos, si el coste supera una cantidad concreta, el propietario que haya votado en contra puede quedar exonerado del pago.

La clave está en el artículo 17.4 de la norma, que regula las innovaciones, nuevas instalaciones, servicios o mejoras no exigibles. Según este precepto, cuando la cuota de instalación supera el importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el propietario disidente no queda obligado a pagarla ni se modifica su cuota, incluso cuando, por la naturaleza de la actuación, no pueda evitarse que también se beneficie de la mejora o ventaja.

En la práctica, el límite depende de lo que cada vecino abone normalmente a la comunidad. Si una persona paga 80 euros al mes de cuota ordinaria, tres mensualidades equivalen a 240 euros. Si su parte por una mejora no necesaria supera esa cifra y ha votado en contra, la comunidad no puede exigirle ese pago en los mismos términos que al resto de propietarios.

Cuándo puede un vecino negarse a pagar una derrama

La excepción no se aplica a cualquier gasto comunitario. Para que un propietario pueda quedar exonerado, deben coincidir tres condiciones: que se trate de una mejora no necesaria o no exigible para mantener el edificio en condiciones adecuadas, que la cuota de instalación supere tres mensualidades ordinarias y que el vecino haya votado en contra del acuerdo.

La ley se refiere a actuaciones que no son imprescindibles para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad o accesibilidad del inmueble. Es decir, no basta con que una obra resulte cara o con que un propietario no esté de acuerdo. El punto central es si la actuación responde a una necesidad del edificio o si se trata de una innovación o servicio que la comunidad decide incorporar de forma voluntaria.

En estos casos, el acuerdo requiere el voto favorable de tres quintas partes del total de propietarios, que a su vez representen tres quintas partes de las cuotas de participación. Si sale adelante, quienes votaron a favor asumirán el coste.

Otra cosa distinta es que el propietario disidente quiera incorporarse más adelante al uso o aprovechamiento de esa mejora cuando sea posible hacerlo de forma individualizada. En ese caso, deberá abonar la parte que le habría correspondido en los gastos de realización y mantenimiento, actualizada con el interés legal.

Qué obras sí debe asumir la comunidad

El matiz importante está en distinguir las mejoras voluntarias de las obras necesarias u obligatorias. La Ley de Propiedad Horizontal establece que determinados trabajos no requieren acuerdo previo de la junta cuando resultan necesarios para el mantenimiento del inmueble o para cumplir el deber de conservación.

En esta categoría entran las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad, habitabilidad, accesibilidad universal u ornato del edificio, así como las obras impuestas por la Administración o las reparaciones imprescindibles para mantener los servicios e instalaciones comunes. Por eso, un vecino no puede invocar automáticamente el límite de tres mensualidades para evitar cualquier derrama.

La accesibilidad tiene además reglas específicas. Las obras necesarias para garantizar ajustes razonables, como rampas, ascensores u otros dispositivos, pueden ser obligatorias cuando las soliciten propietarios en cuya vivienda o local vivan, trabajen o presten servicios personas con discapacidad o mayores de 70 años, dentro de los límites económicos previstos por la ley.

Quién paga la derrama si se vende el piso

La norma también aclara qué ocurre si una vivienda cambia de propietario mientras hay una derrama aprobada o pendiente de pago. Las derramas para mejoras realizadas o por realizar en el inmueble corren a cargo de quien sea propietario en el momento en que las cantidades sean exigibles.

Esto convierte la fecha de exigibilidad en un dato clave en cualquier compraventa. Una derrama puede haberse aprobado antes de la venta, pero si alguno de los pagos vence después, corresponderá al nuevo propietario asumirlo. Del mismo modo, si la comunidad ya había reclamado una cantidad antes de la transmisión, esa parte corresponderá a quien era dueño en ese momento.

Por eso, antes de comprar una vivienda, conviene revisar el certificado de deudas con la comunidad y preguntar si existen derramas aprobadas, pendientes de emisión o fraccionadas en varios pagos.

El suelo urbano se ha encarecido casi 17 euros por metro cuadrado en solo tres meses. El precio medio pasó de 171 euros/m² en el cuarto trimestre de 2025 a 187,8 euros/m² en el primero de 2026, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La cifra supone un incremento trimestral del 9,8% y sitúa el valor del terreno urbano en su nivel más alto desde 2012, en plena crisis de acceso a la vivienda.

En términos interanuales, el precio del suelo urbano subió un 8,7%. Hay que remontarse al segundo trimestre de 2012, cuando alcanzó los 195,5 euros/m², para encontrar un registro superior. El máximo de la serie, iniciada en 2004, se alcanzó en el tercer trimestre de 2007, en plena burbuja inmobiliaria, con 285 euros/m², más de 97 euros por encima del dato actual.

Antes de que una vivienda llegue al mercado, el suelo sobre el que puede construirse ya se ha encarecido. El repunte llega, además, en un momento en el que administraciones y promotores señalan la falta de terreno como uno de los cuellos de botella del mercado residencial.

Cuánto cuesta ahora el suelo urbano en España

La evolución trimestral permite aterrizar el impacto del aumento. Con el precio medio actual, 100 metros cuadrados de suelo urbano cuestan 18.780 euros, frente a los 17.100 euros que habrían supuesto tres meses antes. La diferencia alcanza los 1.680 euros por cada 100 metros cuadrados de terreno. En una parcela de 1.000 metros cuadrados, el incremento equivale a 16.800 euros más respecto al cierre de 2025.

El dato debe leerse con cautela, porque no mide el precio final de una vivienda ni de la superficie construida, sino el valor medio del suelo urbano transmitido. Aun así, ayuda a explicar una parte del problema de fondo: la vivienda nueva no solo depende del coste de los materiales, la financiación, la mano de obra o la demanda, sino también del precio y la disponibilidad del terreno sobre el que se puede construir.

Baleares y Madrid concentran los precios más altos

Por territorios, el encarecimiento fue generalizado en el primer trimestre. El precio del suelo urbano subió en todas las comunidades autónomas salvo en País Vasco, donde cayó un 14,5%; La Rioja, con un descenso del 10,9%; y Extremadura, donde bajó un 6,8%. Los mayores incrementos se registraron en Galicia, con un 44%; Navarra, con un 35,4%; Comunidad Valenciana, con un 25,8%; Madrid, con un 24,2%; y Cantabria, con un 21,8%.

Los precios más elevados se dieron en Baleares y Madrid, dos de los mercados donde la tensión inmobiliaria es más evidente. En Baleares, el suelo urbano alcanzó los 449 euros/m², un 17% más que en el mismo periodo del año anterior. En Madrid, el precio se situó en 380,6 euros/m², tras subir un 24,2% interanual.

Más compraventas en plena falta de suelo disponible

El repunte del precio ha coincidido, además, con un aumento de las operaciones. Entre enero y marzo se formalizaron 7.526 compraventas de suelo urbano, un 17,1% más que un año antes. También creció la superficie transmitida: en total, se vendieron 8.080.100 metros cuadrados, un 12,4% más en comparación con el primer trimestre del ejercicio anterior.

Este encarecimiento llega en un momento en el que el desarrollo de nueva vivienda depende no solo de construir más, sino de disponer de terreno suficiente, viable y con seguridad jurídica. El sector reclama desde hace meses cambios de uso de determinados suelos terciarios a residencial para ampliar la oferta, mientras sigue pendiente en el Congreso la reforma de la Ley del Suelo, planteada para evitar que los planes urbanísticos queden anulados por defectos formales.

Los grandes almacenes han dejado atrás el golpe que supuso la pandemia con una mejora notable de sus ventas, su eficiencia y sus excedentes empresariales. Pero ese avance no se ha trasladado en la misma medida ni a las plantillas ni a los salarios. La cifra de negocio del comercio minorista no especializado ha crecido un 33% desde 2019 en España, hasta superar los 127.000 millones de euros, según el informe ‘Grandes almacenes: la hora de las plantillas’, elaborado por CCOO.

Ese salto del negocio se ha producido con un aumento casi simbólico del empleo. El personal ocupado en el sector apenas ha crecido un 5% en cinco años, mientras el personal asalariado ha aumentado un 8%, hasta situarse en unas 550.000 personas, frente a las 509.000 que formaban parte de las plantillas antes de la pandemia.

La brecha muestra hasta qué punto ha aumentado el volumen de negocio que recae sobre cada trabajador. En términos aproximados, la facturación del sector equivale ya a unos 231.000 euros por persona asalariada. Sin embargo, el salario medio anual ronda los 21.500 euros brutos, unos 3.000 euros más que en 2019, cuando se situaba en torno a 18.500 euros.

El informe atribuye parte de esa mejora a las subidas del salario mínimo interprofesional, que han empujado al alza los sueldos más bajos del sector.

Menor coste laboral, pero un 20% más de facturación por empleado

El avance del sector no se limita a las ventas. Los datos del estudio recogen que los excedentes empresariales han crecido un 50% desde 2019, hasta rozar los 8.000 millones de euros, mientras los gastos de personal han perdido peso en las cuentas de resultados y representan actualmente el 12% de la facturación.

El sindicato sostiene que esta eficiencia se apoya en una estructura de costes laborales contenida. El informe señala que la facturación que cada empleado aporta a la empresa se ha elevado más de un 20%, pero el salario medio sigue situado en la parte baja de la estructura salarial. Según CCOO, el salario medio en comercio continúa siendo un 16% inferior al salario medio del país.

El desfase entre negocio y condiciones laborales se produce, además, en un mercado cada vez más concentrado. Según el informe, entre 2019 y 2024 el número de empresas cayó un 20% en el comercio minorista no especializado. Menos operadores concentran más negocio y elevan sus resultados, mientras los salarios avanzan a un ritmo mucho menor que las ventas, los excedentes y la facturación por empleado.

Además de los bajos salarios, el 71% de la plantilla encuestada asegura no poder conciliar

La carga de trabajo no aparece solo en la comparación entre ventas y empleo. El informe también recoge las condiciones concretas en las que se organiza el trabajo en grandes almacenes: domingos y festivos, horarios amplios, jornadas parciales, cambios de turno, campañas de rebajas, Black Friday o Navidad y dificultades para conciliar.

CCOO vincula esa organización del tiempo de trabajo con una mayor presión sobre las plantillas. El sindicato denuncia que, cuando las empresas mantienen plantillas ajustadas, las ausencias, descansos o necesidades de conciliación terminan cubriéndose con cambios constantes de horarios y turnos. En su diagnóstico, “el descanso de unos se convierte en el problema de otros”, porque los huecos se cubren redistribuyendo la carga entre quienes ya están trabajando.

El informe también incluye un cuestionario de clima laboral realizado entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, con 24.000 respuestas. El perfil de quienes respondieron refleja una plantilla mayoritariamente femenina y adulta: el 67% eran mujeres, el 68% tenía entre 40 y 60 años y el 34% trabajaba a tiempo parcial. Además, el 65% declaraba tener necesidades específicas de conciliación.

Pese a ese perfil, el 71% de las personas encuestadas afirmó que no puede conciliar y valoró negativamente el trabajo en domingos y festivos. Para el sindicato, la parcialidad tampoco garantiza necesariamente más tiempo disponible. En muchos casos, sostiene CCOO, las jornadas reducidas conviven con calendarios cambiantes, franjas amplias de disponibilidad y dificultades para organizar la vida fuera del trabajo.

El sueldo base de los grandes almacenes apenas supera el SMI

La cuestión salarial atraviesa todo el informe. CCOO señala que una parte importante de las plantillas se sitúa en niveles salariales próximos al salario mínimo. En su plataforma para el próximo convenio, el sindicato advierte de que el grupo base de grandes almacenes se encuentra en 17.284,15 euros anuales, apenas por encima del SMI anual, fijado en 17.094 euros. Por eso reclama mantener un diferencial mínimo del 5% entre el salario mínimo y las categorías profesionales.

El sindicato también pide reducción de jornada, voluntariedad en domingos y festivos, mejora de descansos y más contratación estable. Entre sus propuestas figura elevar el empleo fijo al 90% y establecer un mínimo de 28 horas para los contratos a tiempo parcial, con el objetivo de reducir la precariedad asociada a las jornadas reducidas.

Buscar una casa con piscina puede ser complicado en buena parte de España, pero hay zonas donde este extra aparece en la mayoría de los anuncios. Es lo que ocurre en Puente Romano, en Marbella, que encabeza el ranking nacional: el 88,7% de las casas en venta anunciadas en Fotocasa incluye piscina, según los datos del portal inmobiliario correspondientes a mayo de 2026.

El segundo puesto también está en Marbella. En el Casco Antiguo, el 86,1% de los anuncios de compraventa cuenta con este extra. Le sigue Playa Fañabé Alto, en Adeje, donde el porcentaje alcanza el 85,2%. En total, seis zonas españolas superan el 80% de anuncios de venta con piscina. La mayoría están vinculadas a urbanizaciones, segunda residencia, turismo residencial o viviendas de precios elevados.

El análisis de Fotocasa muestra que la piscina no se reparte de forma homogénea por el mercado inmobiliario. Su presencia es mucho mayor en determinadas zonas de costa y en municipios donde abundan las viviendas de mayor precio. En total, 54 barrios o zonas analizadas tienen piscina en más de la mitad de sus anuncios de venta.

Marbella y Estepona concentran buena parte del ‘ranking’

El listado está claramente dominado por la Costa del Sol, aunque no se limita a esta zona. Tras los primeros puestos aparecen otros mercados donde la piscina también tiene una presencia muy elevada en la oferta de compraventa, como Almuñécar, Estepona o varias áreas residenciales de Marbella.

Entre las zonas más destacadas figuran Punta La Mona, en Almuñécar; Nagüeles Alto, en Marbella; Villacana-Costalita-Saladillo, en Estepona; Nueva Andalucía centro y Lomas de Marbella Club, también en Marbella; y Guadalmansa, en Estepona. También aparecen La Dama de Noche-La Alzambra y Los Naranjos, ambas en Marbella.

Marbella tiene un peso especialmente claro en el listado. El municipio concentra 22 de los 54 barrios donde más de la mitad de las viviendas en venta anunciadas tiene piscina. Estepona suma otros 11. Entre ambos reúnen 33 de esas 54 zonas, lo que equivale al 61,1% del ranking.

Otros mercados con mucha oferta de piscina

Fuera de Marbella y Estepona, el ranking también incluye otros mercados donde la piscina tiene una presencia destacada en la vivienda en venta. La mayoría se sitúan en zonas de costa o en municipios con peso de la segunda residencia, como Adeje, Almuñécar, Dénia, Alicante, Torrevieja u Orihuela. En estos casos, este equipamiento aparece asociado a urbanizaciones, apartamentos vacacionales y promociones residenciales pensadas para estancias largas o temporadas de verano.

También hay presencia de zonas urbanas con precios elevados o una oferta residencial más selectiva. Es el caso de Pedralbes y Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, en Barcelona, o de Castellana y Lista, en Madrid. En estos barrios, la piscina no responde tanto a la lógica de la vivienda vacacional, sino a promociones y edificios con servicios dentro de mercados residenciales de precio alto.

Entre las zonas incluidas en el listado aparecen también El Palmar-Los Molinos, en Dénia; Baños y Mendigo, en Murcia; o Cabo de las Huertas, en Alicante.

En alquiler, Madrid gana peso entre las zonas con más piscina

El mapa cambia cuando se mira el mercado del alquiler. En este caso, Puerto Banús, en Marbella, ocupa la primera posición, con un 71,5% de anuncios con piscina. Sin embargo, después ganan protagonismo varios barrios de Madrid capital.

Según Fotocasa, tras Puerto Banús aparecen Trafalgar, con un 57,3%; Goya, con un 53,3%; Embajadores-Lavapiés, con un 52,6%; Lista, con un 52,3%; Universidad-Malasaña, con un 51,2%; y Almagro, con un 50,6%. Todos ellos superan la mitad de la oferta de alquiler analizada con este equipamiento.

Los datos dejan dos fotografías distintas. En la compraventa, la piscina aparece sobre todo en zonas costeras, urbanizaciones y mercados vinculados a la segunda residencia. En el alquiler, en cambio, gana presencia en áreas urbanas muy demandadas, donde puede convertirse en un elemento diferencial dentro de una oferta más limitada.

Los contribuyentes cuya declaración de la Renta 2025 salga a pagar tienen hasta este jueves, 25 de junio, para domiciliar el pago en su cuenta bancaria. Aunque la campaña del IRPF termina oficialmente el próximo 30 de junio, este plazo se adelanta para quienes quieran que Hacienda cargue automáticamente el importe a ingresar.

La fecha afecta a las declaraciones con resultado positivo, es decir, aquellas en las que el contribuyente debe abonar dinero a la Agencia Tributaria. En estos casos, la domiciliación permite dejar programado el cargo sin tener que hacer después un pago manual ni obtener un Número de Referencia Completo, conocido como NRC.

Presentar la declaración antes del 25 de junio no implica adelantar el cobro. Si el contribuyente domicilia el pago, Hacienda realizará el cargo el 30 de junio, último día de la campaña. Por eso, la fecha clave no es tanto cuándo se cobra, sino hasta cuándo se puede elegir esta forma de pago.

Qué pasa si la Renta sale a pagar y se domicilia antes del 25 de junio

Cuando la declaración sale a ingresar, el contribuyente puede abonar todo el importe de una sola vez o fraccionarlo en dos pagos, sin intereses ni recargos. Esta segunda opción aparece de forma habitual en Renta Web y permite repartir la cantidad pendiente en dos cargos.

El primer plazo supone el 60% del importe y se carga el 30 de junio en la cuenta indicada por el contribuyente. El segundo plazo, correspondiente al 40% restante, se carga el 5 de noviembre. En ambos casos conviene tener saldo suficiente en la cuenta bancaria en esas fechas.

ESTE reparto permite suavizar el impacto del pago. Por ejemplo, una declaración a ingresar de 500 euros se dividiría en 300 euros en junio y 200 euros en noviembre. Si el resultado fueran 1.200 euros, el primer cargo sería de 720 euros y el segundo, de 480 euros.

Cómo pagar la declaración si se pasa el plazo de domiciliación

Si la declaración se presenta después del 25 de junio y sale a pagar, el contribuyente podrá seguir presentándola hasta el 30 de junio, pero ya no podrá domiciliar el pago total ni el primer plazo. En ese caso, tendrá que utilizar otras vías de ingreso.

La Agencia Tributaria permite pagar con cargo en cuenta, tarjeta o Bizum, además de introducir un NRC de un pago ya realizado. El NRC es el justificante que acredita que el ingreso se ha efectuado y permite completar la presentación de la declaración.

Otra posibilidad es generar el documento para ingresar en banco o caja. En ese caso, la declaración puede quedar presentada por vía telemática, pero pendiente de pago, y el contribuyente deberá acudir después a una entidad financiera colaboradora para abonar la cantidad correspondiente.

Quienes tengan dificultades para afrontar el importe también pueden solicitar un aplazamiento, aunque esta vía es distinta del fraccionamiento ordinario de la Renta en dos plazos. La solicitud debe tramitarse ante la Agencia Tributaria y queda sujeta a las condiciones aplicables.

Últimos días para pedir cita y presentar la declaración

La campaña de la Renta 2025 entra así en su recta final. El lunes 29 de junio es el último día para solicitar cita previa si se quiere recibir ayuda de la Agencia Tributaria por teléfono o de forma presencial en oficinas. La presentación de declaraciones termina el martes 30 de junio.

Presentar la declaración fuera de plazo puede implicar recargos o sanciones. En las declaraciones a ingresar, el recargo inicial es del 1% del importe, más otro 1% adicional por cada mes completo de retraso si no ha habido requerimiento previo de Hacienda. En las declaraciones a devolver, presentar fuera de plazo también puede conllevar sanción.

Por eso, aunque el calendario general permite apurar hasta el 30 de junio, quienes tengan la Renta a pagar deben revisar antes si quieren domiciliar el cargo. Para ellos, la fecha realmente urgente llega este jueves.

Una semana de hotel en España ya supera los 865 euros de media por habitación antes de sumar transporte, comidas, ocio o desplazamientos en destino. La cifra sale de trasladar a una estancia de siete noches la facturación media por habitación ocupada publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en mayo se situó en 123,7 euros diarios, un 4,2% más que en el mismo mes del año anterior.

El encarecimiento también aparece en los precios. Según la Coyuntura Turística Hotelera del INE, el Índice de Precios Hoteleros subió un 5% interanual en mayo, justo antes del arranque de la temporada alta. El dato supera la inflación general del mismo mes, que fue del 3,2%, y refleja que el alojamiento turístico vuelve a encarecerse a un ritmo superior al conjunto de los precios.

La subida coincide, además, con un aumento de la actividad hotelera, aunque no todos los viajeros empujan igual el sector. Las pernoctaciones crecieron un 2,5% en mayo y superaron los 36,3 millones, pero las noches de residentes en España bajaron un 0,2%, mientras que las de no residentes aumentaron un 3,7%. Es decir, los hoteles llegan al verano con más ingresos por habitación, precios más altos y un crecimiento de las pernoctaciones sostenido, sobre todo, por el turista extranjero.

Una semana de alojamiento se acerca a los 866 euros

La facturación media de 123,7 euros por habitación ocupada permite dimensionar el peso del hotel dentro del presupuesto vacacional. Con esa referencia, una escapada de tres noches equivaldría a unos 371 euros solo en alojamiento, una estancia de cinco noches superaría los 618 euros, una semana completa alcanzaría los 865,9 euros por habitación y diez noches ascenderían a 1.237 euros.

El cálculo es orientativo, porque el indicador del INE mide los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada y no el precio final de una reserva concreta. La tarifa puede variar mucho según el destino, la categoría del establecimiento, el régimen contratado, la antelación de la reserva o las fechas elegidas.

Aun así, estas cifras permiten traducir un indicador técnico a una referencia más cercana para los hogares: si solo el alojamiento de una semana ya se mueve por encima de los 865 euros por habitación, cuál será el presupuesto final una vez añadido el resto de gastos habituales de unas vacaciones.

El sector se apoya en el turista extranjero

El avance hotelero de mayo se apoyó sobre todo en los visitantes internacionales. La diferencia fue clara: las noches de los viajeros residentes en España bajaron ligeramente, mientras que las de los no residentes crecieron lo suficiente para sostener el aumento general de la actividad.

El dato no permite concluir por sí solo que los residentes estén dejando de viajar por el encarecimiento de los hoteles, pero sí muestra una brecha clara en la demanda: en un mes de precios al alza, el crecimiento vino del visitante internacional, no del turista nacional.

El acumulado del año mantiene esa tendencia, aunque con más matices. Entre enero y mayo, las pernoctaciones hoteleras aumentaron un 2,6% respecto al mismo periodo de 2025: las de residentes crecieron un 1,2%, frente al avance del 3,4% de las de no residentes.

Los hoteles de cinco estrellas facturan 307 euros por habitación ocupada

La subida de precios también se refleja en los ingresos por categoría. Los hoteles de cinco estrellas facturaron en mayo una media de 307,1 euros por habitación ocupada, frente a los 125,7 euros de los establecimientos de cuatro estrellas y los 94,8 euros de los de tres. Los de mayor categoría registraron, además, el mayor incremento de precios, con una subida del 6,3%.

El ingreso medio diario por habitación disponible, conocido como RevPAR, llegó a 88 euros en el conjunto del sector, con una subida interanual del 5,8%. Este indicador mide cuánto obtiene el sector por el conjunto de habitaciones disponibles, estén ocupadas o no, y completa la lectura de la facturación media por habitación ocupada.

El INE no mide beneficios empresariales, porque sus indicadores no incorporan los costes de explotación de los hoteles, pero sí refleja un aumento de los ingresos por habitación. La ocupación, sin embargo, ofrece una lectura algo más contenida: en mayo se cubrió el 61,5% de las plazas ofertadas, un 2,1% menos que un año antes, aunque en fin de semana aumentó un 1,7%, hasta el 67,9%.

Baleares lidera el encarecimiento

Por territorios, Baleares concentró en mayo algunos de los datos más destacados de la estadística hotelera. Fue la comunidad donde más subieron los precios, con un incremento interanual del 8,9%, y también la que presentó el mayor grado de ocupación por plazas, con un 73,5%. Además, fue el principal destino de los viajeros no residentes, al concentrar el 30,6% de sus pernoctaciones en mayo.

La isla de Mallorca registró más de 6,5 millones de pernoctaciones, el mayor volumen entre las zonas turísticas analizadas por el INE. En el conjunto del país, los destinos principales de los viajeros residentes fueron Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana, mientras que los no residentes eligieron sobre todo Baleares, Canarias y Cataluña.

Con estos datos, los hoteles encaran la temporada alta con precios más elevados, más ingresos por habitación y una demanda internacional que vuelve a sostener buena parte del crecimiento. Para los residentes en España, el dato deja una lectura menos cómoda: el alojamiento gana peso en el presupuesto vacacional en un contexto en el que el aumento del coste de vida está condicionando buena parte de las decisiones de consumo.

Una boda no da comienzo el día del “sí, quiero”. Para muchas parejas, empieza bastante antes: cuando toca sentarse a hacer números, calcular cuánto se puede ahorrar cada mes, qué parte podrá cubrir la familia y hasta dónde se puede estirar el presupuesto sin hipotecar otros planes. En España, casarse cuesta una media estimada de 32.355 euros y exige ahorrar durante algo más de dos años, según una encuesta realizada por Pollfish para Raisin a 1.500 personas residentes que se han casado en 2024 o 2025, o que tienen previsto hacerlo en 2026.

El tamaño de la celebración explica una gran parte del desembolso. Las bodas reúnen una media de 108 invitados, lo que deja un coste aproximado de 300 euros por persona. Sin embargo, la cantidad que los encuestados consideran razonable dar como regalo de boda se sitúa en torno a 180 euros por invitado.

La diferencia no pasa inadvertida. Si los 108 invitados aportaran esos 180 euros, la pareja reuniría unos 19.440 euros, casi 13.000 euros menos que el presupuesto medio estimado para la boda. Es decir, incluso contando con los regalos, el enlace suele exigir una combinación de ahorros propios, ayuda familiar y, en algunos casos, financiación externa.

Más de dos años de ahorro antes de subir al altar

La boda funciona, en la práctica, como un proyecto financiero de medio plazo. Las parejas encuestadas ahorran una media estimada de 25,4 meses antes de casarse, algo más de dos años. Cerca de ocho de cada diez reserva dinero durante al menos un año para pagar la celebración. Lo más habitual es ahorrar entre uno y dos años, como hace el 49%, aunque un 22% necesita entre tres y cinco años.

Ese tiempo convierte la organización en algo más que una lista de preparativos. Entre la pedida y el banquete pueden cambiar los ingresos, el alquiler, el empleo, los planes de vivienda o las prioridades de la pareja. El compromiso, por tanto, no es solo sentimental: también implica sostener durante meses una decisión económica importante.

En nuestro país, la principal vía para pagar la boda son los ahorros propios. El 82% de las parejas afirma que financia o financiará así la celebración, aunque la ayuda familiar sigue teniendo mucho peso: el 53% recibe apoyo económico de sus padres, el 19% de otros familiares o amigos y el 10% de sus abuelos. Además, el 29% cuenta con los regalos de dinero de los invitados para cubrir parte del coste. En el otro extremo, un 18% recurre a algún préstamo o crédito.

El presupuesto inicial rara vez llega intacto al banquete

Una cosa es el presupuesto que la pareja se imagina al principio y otra muy distinta es el que aparece cuando empiezan a entrar los gastos concretos. Casi siete de cada diez parejas afirma que el coste final de su boda fue o será superior al previsto. En concreto, el 50% calcula un desvío de hasta el 20%, mientras que otro 20% reconoce que el gasto superará en más de un 20% el presupuesto inicial.

El lugar de celebración, el menú, la fotografía, la música, las flores, el vestido, el maquillaje, las invitaciones o los detalles para los invitados van sumando hasta modificar la previsión inicial. Para cubrir estas partidas, un 17% de las parejas declara presupuestos de 45.000 euros o más, por encima de la media estimada.

Nueve proveedores y un catering de más de 7.000 euros

Las parejas contratan o prevén contratar una media de nueve proveedores para su boda. La fotografía es el servicio más habitual, presente en el 90% de los enlaces. Le siguen el catering, contratado por en torno al 85%; el vestido y accesorios de novia y el lugar de celebración, ambos con un 78%; y la música, DJ o entretenimiento, con un 75%.

Pero no todos los proveedores tendrán el mismo peso en la factura. El catering es la partida con mayor gasto medio estimado, unos 7.126 euros, y más de una de cada cuatro parejas supera los 10.000 euros solo en esta categoría.

El lugar de celebración también concentra buena parte del desembolso, con 3.955 euros de media, seguido del vestido y accesorios de novia, con 2.648 euros. La contratación de una wedding planner o coordinador alcanza los 2.410 euros de media entre quienes recurren a este servicio, mientras que la fotografía se sitúa en 1.282 euros.

Cuando el presupuesto se complica, el primer ajuste se lleva a cabo en el tamaño de la celebración. Más de seis de cada diez parejas reconoce haber recortado algún aspecto de la boda por motivos económicos, y la reducción de la lista de invitados es el recorte más habitual.

El otro precio a pagar por casarse

El gasto de una boda no se mide solo en facturas. También aparece en forma de estrés, conversaciones incómodas y decisiones de pareja. El 95% de los encuestados reconoce haber sentido algún nivel de estrés financiero por el coste de la boda, y el 65% afirma haber tenido algún desacuerdo económico con su pareja durante la organización.

No siempre se trata de grandes conflictos, pero sí de conversaciones muy concretas sobre dinero: quién paga qué, cuánto se acepta de la familia, cuánto se espera recuperar con los regalos, qué se considera imprescindible y qué se puede recortar. La boda obliga a poner en común prioridades económicas que quizá antes no habían aparecido con tanta claridad.

La boda dura un día, pero sus efectos económicos pueden alargarse bastante más. Casi nueve de cada diez parejas afirma que el enlace ha condicionado algún objetivo financiero, especialmente la compra de una vivienda, mencionada por el 30% de los encuestados.

Irse de vacaciones este verano supondrá para los españoles un gasto medio de 1.389 euros por persona, una cifra que supera al salario mínimo interprofesional mensual, fijado en 2026 en 1.221 euros brutos en 14 pagas. En términos de economía doméstica, el viaje concentrará en menos de dos semanas un desembolso que supera un mes de SMI, una referencia clave que afecta a cerca de uno de cada diez asalariados.

El dato procede del ‘IV Estudio de hábitos de consumo de los españoles: vacaciones de verano’, elaborado por Oney, que también apunta a que los viajes este año serán algo más largos que los del año anterior: la estancia media será de 11 días, dos más que en 2025, y el presupuesto previsto aumentará un 3,6%, unos 50 euros más que entonces.

El reparto del presupuesto muestra dónde tendrán que gastar más los turistas: el mayor mordisco será el alojamiento, con 582 euros de media, seguido del ocio y la restauración, con 309 euros; el transporte, con unos 280 euros; y otros gastos, con 218 euros. En conjunto, el viaje saldrá por unos 126 euros diarios por persona.

Cuánto cuesta irse de vacaciones este verano

El alojamiento vuelve a ser la partida que más pesa en el desembolso vacacional. Los 582 euros previstos para dormir fuera representan cerca del 42% del gasto total. Además, esta partida sube respecto al año pasado, cuando el gasto medio en alojamiento fue de 549 euros.

También aumenta el dinero destinado al ocio y la restauración, que pasa de 286 euros en 2025 a 309 euros este verano. En esta categoría entran comidas fuera, bares, actividades, espectáculos, visitas culturales u otros consumos en destino.

El transporte, en cambio, se sitúa en torno a los 280 euros, algo por debajo de los 292 euros estimados el año anterior. Otros gastos, como compras, imprevistos o consumos no incluidos en las partidas anteriores, alcanzan los 218 euros, apenas dos euros más que en 2025.

La inflación condiciona el presupuesto de ocho de cada diez españoles

El estudio refleja una contradicción: las vacaciones serán más largas y más caras, pero llegan en un contexto de presión sobre los precios. El 78% de los españoles reconoce que la inflación y el aumento del coste de vida han influido en el presupuesto destinado a sus vacaciones de verano.

Como consecuencia, casi cuatro de cada diez encuestados aseguran que han reducido el gasto previsto. El ajuste no afecta por igual a todos los grupos. Entre los hogares con menores ingresos, el 53% recortará el presupuesto vacacional. También lo harán en mayor medida los jóvenes de 18 a 24 años, con un 51,3%; las personas no ocupadas, con un 47,9%; y las mujeres, con un 45,3%.

Pese a ese contexto, la mayoría mantiene sus planes de verano. Casi el 95% de los encuestados afirma que se irá de vacaciones, mientras que solo un 5,2% asegura que no saldrá. La playa sigue siendo el destino preferido, elegida por el 49,6%, por delante de los viajes por Europa, la montaña, la segunda residencia y los destinos fuera del continente.

Ahorros y financiación para pagar el viaje

La forma de pagar las vacaciones también muestra el esfuerzo económico que supone el viaje. El 71,2% de los españoles recurrirá parcialmente a ahorros para cubrir el gasto, mientras que el 15,6% pagará íntegramente sus vacaciones con dinero reservado previamente.

La financiación también gana peso en la planificación del verano. Cerca de cuatro de cada diez españoles, el 37%, consideran imprescindible que el establecimiento o proveedor ofrezca opciones de financiación al reservar sus vacaciones. La demanda se dispara entre los jóvenes de 18 a 24 años, donde alcanza el 60,7%, y también es más elevada en los hogares con ingresos mensuales inferiores a 2.000 euros, con un 46%.

El control del gasto aparece como otra estrategia para evitar problemas durante el verano. Casi la mitad de los encuestados, el 45,7%, asegura que lleva un seguimiento detallado de sus gastos. Otro 23% planifica solo los desembolsos más importantes y un 16% deja margen para imprevistos.

Aun así, los extras forman parte del verano. El 97% reconoce que realizará algún gasto adicional o inesperado durante las vacaciones. Casi la mitad destinará entre el 10% y el 25% del presupuesto a estos caprichos o imprevistos, lo que recuerda y confirma que el coste final del viaje casi nunca será el precio inicial de la reserva.

Tener una piscina en casa alivia los meses de más calor, pero también añade un gasto fijo que no siempre se calcula antes de comprar una vivienda o instalarla. En 2026, mantener una instalación privada de tamaño medio puede suponer un desembolso de entre 600 y 1.200 euros al año, aunque la cifra cambia mucho según el tamaño, el uso y el nivel de mantenimiento contratado.

El coste depende del tamaño, el uso, el tipo de desinfección y el estado de la instalación. Como referencia, las estimaciones de portales inmobiliarios como Idealista o Fotocasa, así como de webs especializadas en presupuestos de mantenimiento, sitúan el coste anual de una piscina privada media en esa horquilla. La cifra puede ser menor si el propietario asume parte de las tareas y mayor si contrata una empresa externa o si la piscina necesita reparaciones.

En las piscinas comunitarias, el gasto suele ser superior en términos absolutos, aunque se reparte entre los vecinos. Además del mantenimiento técnico, muchas comunidades deben asumir el coste de socorrista durante la temporada de baño, siempre que la normativa autonómica lo exija.

Agua, luz y productos: los gastos básicos

Una de las primeras partidas es el agua. No es necesario vaciar y volver a llenar la piscina cada año si el mantenimiento se realiza correctamente, pero sí hay que reponer la que se pierde por evaporación, lavados de filtro o salpicaduras. En una piscina privada de unos 50 metros cúbicos, esa reposición puede rondar los 40 o 50 euros anuales, aunque el coste real depende de la tarifa de cada municipio y del consumo total de la vivienda.

Llenar una piscina desde cero sí supone un desembolso mayor. Para una piscina mediana, el coste puede situarse aproximadamente entre 100 y 180 euros, según el volumen de agua y el precio del suministro.

La electricidad es otra partida importante. La depuradora debe funcionar varias horas al día para filtrar el agua, especialmente en verano. En una piscina privada, el gasto eléctrico puede rondar los 250 euros al año, aunque varía según la potencia de la bomba, las horas de uso, la tarifa contratada y la existencia de otros equipos, como focos, robot limpiafondos o clorador salino.

A esto se suman los productos químicos. En una piscina con cloración tradicional, el gasto en cloro, reguladores de pH, algicidas o floculantes suele situarse entre 150 y 400 euros por temporada. Las piscinas de agua salada pueden reducir parte del gasto en productos, porque el clorador genera cloro a partir de sal, pero exigen una inversión inicial y mantenimiento del equipo.

Limpieza, reparaciones y servicios externos

La limpieza también tiene coste, aunque no siempre se paga como servicio. Si el propietario se encarga de retirar hojas, limpiar fondos y cepillar paredes, el gasto se concentra en herramientas básicas, que pueden costar entre 100 y 200 euros. Si opta por un robot limpiafondos, el precio puede ir desde unos 300 euros hasta más de 1.000, según el modelo.

También hay tareas puntuales que encarecen el mantenimiento. Una limpieza profunda realizada por profesionales puede costar entre 120 y 450 euros. Cambiar la arena del filtro puede rondar los 100 euros, mientras que sustituir una bomba averiada puede situarse entre 200 y 500 euros, incluyendo material y mano de obra.

Las reparaciones son la partida más imprevisible. La aparición de grietas, fugas o problemas de impermeabilización puede elevar la factura entre 300 y 1.200 euros, según el alcance del daño. Por eso, el estado de la piscina influye tanto como su tamaño.

Gastos de las piscinas comunitarias y climatizadas

En las piscinas comunitarias, el mantenimiento suele contratarse con empresas especializadas. Estos servicios pueden oscilar entre 120 y 500 euros al mes, dependiendo del tamaño, la frecuencia de limpieza y los productos incluidos. Si además hay que contratar socorrista, el presupuesto de la comunidad aumenta durante la temporada de verano.

Las piscinas climatizadas son las más caras de mantener, porque añaden el gasto energético de calentar el agua y, en algunos casos, mayores controles sanitarios. La diferencia puede ser considerable si se usan durante muchos meses al año.

España se encamina hacia una nueva estructura de hogares más pequeña y solitaria. Las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) apuntan a que los hogares unipersonales serán el tipo de hogar más frecuente en 2041, con 6,7 millones, el 30,6% del total. Es decir, casi uno de cada tres hogares estará formado por una sola persona.

Sin embargo, las previsiones demográficas chocan con el mercado actual de la vivienda. Según un análisis de Idealista, alquilar un estudio medio en España exige ingresar 34.000 euros netos al año para que la renta no supere el 30% de los ingresos. El cálculo parte de un alquiler medio de 850 euros mensuales para este tipo de vivienda.

El contraste abre una pregunta económica de fondo: cómo encajará ese cambio demográfico con un mercado residencial que ya exige ingresos difíciles de alcanzar para una sola nómina. El último dato anual del INE sitúa el salario medio en 29.540,26 euros brutos por trabajador en 2024. Idealista, en cambio, calcula el ingreso neto necesario para alquilar.

No son cifras directamente equivalentes, pero la distancia es evidente: el dinero limpio necesario para arrendar un estudio supera incluso el salario medio antes de impuestos y cotizaciones.

Cuánto dinero hace falta para vivir solo en España

Vivir solo puede ser una elección, una emancipación, una separación o la consecuencia del envejecimiento. En todos los casos, concentra en una persona costes que muchas veces se reparten entre dos: alquiler, hipoteca, suministros, comunidad, alimentación e imprevistos.

El análisis de Idealista calcula que una persona sola necesita 34.000 euros netos anuales para alquilar un estudio en España sin superar una tasa de esfuerzo del 30%. Traducido a ingresos mensuales, equivale a unos 2.833 euros netos al mes si se cobra en 12 pagas, o 2.429 euros netos mensuales si se cobra en 14.

La presión se agrava en las ciudades más caras. En Barcelona, Madrid y Palma, alquilar un estudio exige ingresar 44.000 euros netos al año, según Idealista. En Valencia, la cifra se sitúa en 42.000 euros, y en San Sebastián y Vitoria, en 35.000 euros.

El alquiler no es la única barrera. Comprar un estudio exigiría, según el mismo análisis, menos ingresos anuales: 20.920 euros netos para afrontar una cuota hipotecaria estimada de 523 euros mensuales. Pero la compra tiene un obstáculo inicial mucho más difícil de salvar para muchas personas que viven solas: el ahorro previo. El portal inmobiliario estima que harían falta 47.700 euros para cubrir el 20% del precio no financiado por la hipoteca y alrededor de un 10% adicional en gastos e impuestos.

El hogar más común será de una persona

El cambio que anticipa el INE no es menor. Los hogares unipersonales pasarían de 5.620.017 en 2026 a 6.723.570 en 2041. Son 1.103.553 hogares más de una sola persona en quince años, un crecimiento del 19,6%. En ese año representarían el 30,6% del total y superarían ligeramente a los hogares de dos personas, que alcanzarían el 30,5%.

El número total de hogares también aumentaría: de 19,76 millones en 2026 a 21,94 millones en 2041, unos 2,18 millones más. La población residente en viviendas familiares crecería menos, un 8,4%, mientras los hogares aumentarían un 11,1%. Esta diferencia ayuda a explicar el fenómeno: no se trata solo de que España tenga más población, sino de que habrá más unidades de convivencia.

El propio INE advierte de que estas proyecciones no son una predicción cerrada, sino una simulación de lo que ocurriría si se mantuvieran las tendencias demográficas actuales.

Pero el aumento de hogares de una persona no garantiza que haya suficientes viviendas pequeñas, asequibles y bien localizadas para quienes solo cuentan con una renta. Tampoco que vivir solo sea una opción económica posible para quienes no tienen salarios altos, ahorro previo o ayuda familiar.

La vivienda se paga mejor entre dos

El salario medio anual publicado por el INE fue de 29.540,26 euros brutos en 2024. La cifra subió un 5,3% respecto al año anterior, pero sigue por debajo del umbral neto que Idealista calcula necesario para alquilar un estudio. Además, el promedio oculta diferencias relevantes. El salario medio de las mujeres fue de 26.904,90 euros brutos, frente a 32.057,55 euros en el caso de los hombres. En sectores como la hostelería, la ganancia media anual se situó en 17.653,42 euros.

Los datos más recientes de costes laborales apuntan a una mejora nominal de los salarios, pero no resuelven por sí solos la distancia con la vivienda. En el primer trimestre de 2026, el coste salarial medio fue de 2.403,80 euros brutos por trabajador y mes, un 4,9% más que un año antes, según el INE. Aunque esta referencia es distinta al salario neto disponible, sirve para dimensionar el problema: incluso con salarios al alza, vivir solo sigue exigiendo una capacidad económica elevada.

La cuestión deja de ser solo estadística. Compartir casa, vivir en pareja o sumar rentas no debería funcionar como condición económica para acceder a una vivienda, pero el mercado se comporta cada vez más como si lo fuera.

En este sentido, las proyecciones del INE no hablan solo de cómo vivirá España dentro de tres lustros; también obligan a mirar el presente. Si el hogar más común del futuro tendrá una sola persona, la pregunta es cuántas podrán sostener una vivienda sin que el alquiler o la hipoteca absorban una parte desproporcionada de sus ingresos.

Los trabajadores autónomos llegan a la jubilación con una pensión muy inferior a la de los asalariados, aunque retrasen mucho más su salida del mercado laboral. La pensión media de jubilación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) se situó en enero de 2026 en 1.054,4 euros al mes, frente a los 1.724,1 euros del Régimen General, según los datos de pensiones en vigor de la Seguridad Social correspondientes a ese mes. La diferencia alcanza los 669,7 euros mensuales y, calculada en 14 pagas, supera los 9.300 euros al año: en concreto, 9.375,8 euros menos para un jubilado procedente del RETA.

Ese desfase marca el dinero disponible cada mes para afrontar vivienda, suministros, alimentación, cuidados o ayuda familiar en una etapa en la que la pensión suele convertirse en el principal ingreso. El ‘Observatorio Social de las Personas Mayores 2026′ de CCOO, publicado en junio y basado en datos de la Seguridad Social para este apartado, añade otra clave: los autónomos se retiran más tarde que los asalariados, pero esa prolongación de la vida laboral no elimina la distancia económica entre ambos regímenes.

Los autónomos retrasan mucho más la jubilación

Según el informe de CCOO, con datos de Seguridad Social sobre las nuevas altas de jubilación registradas en 2025, la jubilación demorada representó el 31,1% de las altas en el RETA, frente al 6% registrado en el Régimen General. Es decir, esta modalidad fue más de cinco veces más frecuente entre los trabajadores por cuenta propia que entre los asalariados.

Este retiro tardío permite seguir trabajando más allá de la edad ordinaria y puede mejorar la pensión final. Aun así, las nuevas altas de 2025 muestran que la distancia entre regímenes se mantiene también entre quienes accedieron a esta modalidad: la pensión media fue de 1.839,87 euros mensuales en el Régimen General y de 1.029,96 euros en el RETA. La diferencia alcanza en este caso los 809,91 euros al mes.

La brecha también aparece entre quienes se jubilaron con edad ordinaria en 2025. En este grupo, la pensión media fue de 1.698,98 euros mensuales en el Régimen General y de 1.052,35 euros en el RETA, una distancia de 646,63 euros al mes el pasado año.

Casi las mismas jubilaciones demoradas entre autónomos y asalariados

El peso de los autónomos en el retiro tardío también se observa en números absolutos. El informe de CCOO recoge 308.276 altas de jubilación en el Régimen General y 64.267 en el RETA. Aun así, las jubilaciones demoradas fueron casi las mismas: 20.863 en el Régimen General y 20.013 entre los autónomos.

El cálculo permite dimensionar la desproporción. El RETA representa alrededor del 17% de las altas de jubilación, pero concentra cerca del 49% de los retiros tardíos. Es decir, hay muchos menos autónomos entrando en la jubilación, pero casi tantos autónomos como asalariados del Régimen General retrasando su retiro.

La Seguridad Social comunicó que en 2025 hubo 375.324 nuevas altas de jubilación en el conjunto del sistema. De ellas, 104.655 fueron anticipadas, el 27,9%, y 270.622 se produjeron con edad ordinaria, el 72,1%. La jubilación demorada alcanzó el 10,9% de las altas.

Menos jubilación anticipada para los trabajadores por cuenta propia

Ese patrón también se aprecia en la jubilación anticipada. Según los datos recogidos por CCOO, el 32% de las altas del Régimen General fueron anticipadas, frente al 13,4% en el RETA. En cifras absolutas, se registraron 93.566 altas anticipadas en el Régimen General y 8.615 entre los trabajadores autónomos en 2025.

También aquí se mantiene la distancia en las cuantías. La pensión media de las jubilaciones anticipadas fue de 1.826,34 euros en el Régimen General y de 1.257,34 euros en el RETA, una diferencia de 569 euros al mes. La diferencia se mantiene, por tanto, incluso entre quienes accedieron a la jubilación anticipada, una opción que exige cumplir determinados requisitos de cotización.

La clave está en cómo se construye la pensión durante la vida laboral. El informe de CCOO recuerda que las prestaciones reflejan las trayectorias profesionales previas: cuanto más extensa y sólida es la carrera de cotización, mayor es la protección al jubilarse.

Las rebajas de verano de 2026 ya han empezado en España en varias tiendas, aunque el calendario no es igual para todas las marcas. Algunas firmas han adelantado sus descuentos a la segunda quincena de junio, con campañas ya activas en sus webs o establecimientos, mientras que otras arrancarán en los próximos días.

En muchas cadenas, además, la fecha cambia según el canal: los descuentos suelen llegar primero a la web y a la aplicación móvil y después a las tiendas físicas. Por eso, una misma marca puede activar primero los descuentos online y abrir después la campaña en los locales.

El 1 de julio sigue funcionando como una fecha tradicional para muchos consumidores, pero ya no marca de forma única el inicio de las rebajas. Desde la liberalización de los periodos comerciales, cada firma puede decidir cuándo aplicar sus descuentos y durante cuánto tiempo, siempre que cumpla la normativa de precios e información al consumidor.

Qué tiendas ya tienen rebajas de verano 2026

Entre las primeras marcas en activar sus descuentos está Bimba y Lola, que tiene rebajas disponibles online, en tiendas propias y en El Corte Inglés desde el 11 de junio hasta el 30 de agosto de 2026, o hasta fin de existencias, según recoge la propia web de la firma.

También han comenzado ya las rebajas en Cortefiel y Pedro del Hierro, ambas del grupo Tendam. Las dos firmas muestran descuentos activos en sus webs, con promociones en artículos de la colección primavera-verano 2026 que se prolongan hasta el 31 de agosto, según las condiciones comerciales publicadas por la compañía.

Scalpers también ha adelantado su campaña. La firma muestra rebajas de hasta el 50% en su web y en tiendas desde el 18 de junio y hasta el 31 de agosto de 2026. H&M, por su parte, ya tiene activa en su web española una sección de rebajas de verano con descuentos de hasta el 50% y sus promociones en tienda comenzaron el 20 de junio.

Cuándo empiezan en Mango, Zara y El Corte Inglés

Mango concentra el inicio de sus rebajas de verano en la semana del 22 de junio. Varios calendarios comerciales sitúan el inicio de la campaña este lunes 22, con posibles promociones anticipadas para clientes registrados y despliegue posterior en tiendas físicas.

En el caso de Inditex, las previsiones apuntan a la última semana de junio. Las rebajas de Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti y Lefties suelen arrancar primero en app y web y después en tiendas físicas. Los calendarios publicados por medios especializados sitúan el inicio entre el 24 y el 26 de junio, según la marca y el canal de venta.

Parfois también tiene una fecha confirmada: sus rebajas online comienzan el 24 de junio a las 19:00 horas y se prolongan hasta el 31 de agosto de 2026.

Por su parte, El Corte Inglés ya tiene activa su página de Rebajas 2026, con descuentos en moda, tecnología, deportes, hogar, belleza o electrodomésticos. En cuanto al arranque fuerte de la campaña de verano, varias guías comerciales lo sitúan en torno al 26 de junio, aunque el grupo ya muestra promociones y páginas específicas de descuentos.

Hasta cuándo duran las rebajas de verano

No hay una fecha única de finalización. Muchas campañas se alargan hasta finales de agosto o hasta fin de existencias, aunque los mayores descuentos suelen concentrarse en las últimas semanas, cuando queda menos variedad de tallas, modelos y productos.

Durante las rebajas, los consumidores mantienen los mismos derechos que en el resto del año. El precio rebajado debe mostrarse junto al anterior y la referencia del descuento debe ser el precio más bajo aplicado durante los 30 días previos. Además, conviene conservar el ticket o justificante de compra y revisar las condiciones de devolución, especialmente en tienda física.

En las compras online también se mantiene el derecho de desistimiento de 14 días naturales, salvo en las excepciones previstas por la normativa, como productos personalizados o determinados artículos precintados que no puedan devolverse por razones de higiene una vez abiertos.

Amancio Ortega ha recibido uno de los permisos clave para cerrar una de sus mayores inversiones internacionales fuera del ladrillo. La Comisión Australiana de Competencia y Consumo, conocida como ACCC por sus siglas en inglés, ha anunciado que no se opondrá a la compra de Qube, un gigante australiano de puertos y logística, por parte de un consorcio liderado por Macquarie Asset Management en el que también participa Pontegadea, el brazo inversor del fundador de Inditex.

La operación valora Qube en unos 11.600 millones de dólares australianos, alrededor de 7.000 millones de euros al cambio actual, y permitirá a Pontegadea quedarse con cerca del 15% de la compañía. La inversión de Ortega supera los 1.000 millones de euros y se enmarca en una compra conjunta con Macquarie, que lidera el consorcio, y UniSuper, uno de los grandes fondos de pensiones australianos.

El visto bueno de competencia no significa que la adquisición esté cerrada de forma definitiva. La operación ya cuenta con el respaldo de los accionistas de Qube, pero aún necesita otras autorizaciones, entre ellas las vinculadas a inversión extranjera en Australia y Nueva Zelanda, además del trámite judicial correspondiente en Nueva Gales del Sur. Si no hay retrasos, el calendario previsto sitúa el cierre de la operación durante el verano.

Qué es Qube, la empresa australiana en la que entra Ortega

Qube no es una compañía conocida para el gran público en España, pero tiene una posición relevante en un sector básico para cualquier economía: el movimiento de mercancías. La empresa presta servicios de logística, puertos, transporte por carretera y ferrocarril, carga marítima, contenedores e infraestructuras vinculadas a la importación y exportación.

Dicho de forma sencilla, Qube participa en una parte del engranaje que permite que los productos entren, salgan y se muevan dentro de Australia. Su actividad se extiende también a Nueva Zelanda y el sudeste asiático, dos zonas conectadas con el comercio marítimo y las cadenas internacionales de suministro.

La compañía divide su negocio entre logística e infraestructuras, por un lado, y puertos marítimos, por otro. Esta última parte incluye actividades como el manejo de contenedores, la carga de grandes volúmenes y la participación en Patrick Terminals, uno de los principales operadores de terminales de contenedores de Australia.

Por eso, la inversión no se parece a la compra de un edificio de oficinas, un hotel o un centro comercial, que han sido durante años algunas de las operaciones más reconocibles de Pontegadea. En este caso, Ortega entra en una empresa ligada al comercio exterior y a infraestructuras que suelen tener una demanda más estable a largo plazo.

Una inversión que va más allá del ladrillo

La compra del 15% de Qube encaja en la estrategia de diversificación que Pontegadea ha acelerado en los últimos años. El grupo inversor de Ortega sigue teniendo en Inditex su gran fuente de ingresos y en el inmobiliario uno de sus pilares tradicionales, pero ha ido incorporando participaciones en sectores como la energía, las telecomunicaciones, los aparcamientos y las infraestructuras logísticas.

La operación australiana no llega sola. En 2025, Pontegadea acordó la compra del 49% de PD Ports, una compañía británica de puertos y logística, a Brookfield Asset Management. Aquella inversión ya supuso la entrada del grupo en el negocio portuario y sirve ahora como antecedente directo de la compra de Qube. La diferencia es que la operación australiana tiene una escala muy superior y coloca a Pontegadea dentro de un operador con presencia en una región estratégica para el comercio marítimo.

También en los últimos meses, el grupo ha seguido moviéndose en activos vinculados a la logística inmobiliaria. Según publicó Cinco Días esta semana, Pontegadea ha comprado el centro logístico que Lactalis, la mayor productora de lácteos del mundo, tiene en Oshawa, Canadá, por unos 115 millones de euros.

Aunque se trata de un activo inmobiliario, su función vuelve a conectar con una de las líneas que más peso está ganando en las inversiones del fundador de Inditex: almacenes, transporte, distribución e infraestructuras necesarias para mover mercancías. La lectura de fondo es que Ortega está utilizando parte de los dividendos de Inditex para reforzar una cartera cada vez menos dependiente del inmobiliario tradicional.

Casi el 20% de las personas ocupadas con familiares dependientes trabaja otra jornada semanal, o más, sin cobrar por ello. No se trata de empleo remunerado, sino de cuidados: el 18,7% de los ocupados de 18 a 74 años que atienden a una pareja o familiar dependiente dedica al menos 40 horas a la semana a esas tareas, según el módulo de conciliación de la EPA de 2025 publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La magnitud del dato se entiende mejor al compararlo con una semana laboral ordinaria. Para quienes además trabajan a jornada completa, esa dedicación puede equivaler a semanas de unas 80 horas: una parte remunerada y otra dedicada al cuidado, sin salario ni reconocimiento económico directo.

El módulo del INE analiza las responsabilidades de cuidado de hijos, nietos, pareja y familiares dependientes, así como los cambios laborales que hacen las personas ocupadas para poder conciliar. En este caso, la carga más intensiva aparece vinculada al cuidado de familiares enfermos, con discapacidad o de edad avanzada.

Una doble jornada que pesa más sobre las mujeres

La dedicación extrema a los cuidados afecta a hombres y mujeres, pero no con la misma intensidad. Entre las mujeres ocupadas con familiares dependientes, el 20,6% dedica 40 horas semanales o más a esas tareas. Entre los hombres, el porcentaje baja al 16,2%.

La diferencia también aparece cuando cuidar obliga a tocar el empleo. El 82% de los hombres ocupados con responsabilidades familiares no realizó ningún cambio laboral para conciliar, frente al 67,3% de las mujeres. Dicho de otro modo: ellas ajustan con más frecuencia su vida laboral cuando las necesidades familiares chocan con el trabajo.

El ajuste más desigual es la reducción del tiempo de trabajo. El 8,9% de las mujeres ocupadas con responsabilidades de cuidado redujo su jornada o sus horas laborales para poder conciliar, frente a solo el 0,9% de los hombres. Esa decisión tiene un efecto inmediato sobre los ingresos, pero también puede arrastrar consecuencias a medio y largo plazo: menos salario, menor progresión profesional y una base de cotización más baja.

Cuidar también modifica la relación con el empleo

La doble jornada no siempre implica salir del mercado laboral, pero sí condiciona la forma de trabajar. Casi uno de cada cuatro ocupados con responsabilidades de cuidado hizo algún cambio laboral para conciliar, según el INE. El 74,6% no modificó nada en su empleo, lo que implica que el 25,4% sí tuvo que ajustar alguna condición laboral.

El cambio más frecuente fue adaptar la jornada sin reducir el número de horas, una opción señalada por el 9,8% de los ocupados con responsabilidades familiares. Otro 4,9% redujo el tiempo de trabajo, ya fuera pasando de jornada completa a parcial, disminuyendo el número de horas u otras fórmulas similares. Además, el 2,1% cambió de puesto de trabajo o de empresa.

El peso de las 40 horas o más de cuidados también varía según la situación profesional. Entre quienes trabajan por cuenta ajena y cuidan de familiares dependientes, el porcentaje alcanza el 19,4%, frente al 14,7% de los trabajadores por cuenta propia.

Más de un tercio dedica al menos 20 horas semanales a cuidar

La intensidad de los cuidados varía mucho, pero no se limita a casos aislados. Entre los ocupados con responsabilidad de cuidado de pareja o familiares dependientes, el 23,4% dedica entre cinco y menos de diez horas semanales a esas tareas. Otro 20,2% dedica entre diez y menos de veinte horas; el 11,6%, entre veinte y menos de treinta; y el 6,1%, entre treinta y menos de cuarenta.

En conjunto, el 36,4% de los ocupados que cuidan de familiares dependientes dedica al menos 20 horas semanales a esas tareas, según cálculo propio a partir de los datos del INE. Es decir, más de un tercio suma a su empleo una dedicación equivalente, como mínimo, a media jornada laboral.

A esa carga se suman las dificultades propias del trabajo remunerado. Los principales obstáculos para conciliar son los horarios impredecibles o difíciles, señalados por el 11,1% de los ocupados con responsabilidades de cuidado, y las jornadas largas, citadas por el 9,8%.

Por sectores, las dificultades no son exactamente las mismas. La jornada larga pesa más en la construcción, donde el 13,3% de los ocupados con responsabilidades de cuidado la señala como principal obstáculo para conciliar, y en la agricultura, con el 12,4%. En cambio, en la industria y los servicios, el problema más citado son los horarios impredecibles o difíciles, mencionados por el 11,7% en ambos casos.

La diferencia apunta a dos formas distintas de choque entre empleo y cuidados: jornadas que se alargan demasiado y horarios que cambian o resultan difíciles de encajar con la atención a familiares dependientes.

Las freelancers en España, profesionales que trabajan por cuenta propia y ofrecen servicios por proyecto o por horas, fijan tarifas por hora un 28,1% más bajas que los hombres, según un estudio global de Remitly elaborado a partir de más de 58.000 perfiles de la plataforma Upwork. La diferencia equivale, en términos anuales, a trabajar 103 días sin cobrar respecto a ellos.

El informe sitúa la tarifa media de las freelancers en nuestro país en 41,87 dólares por hora, frente a los 58,23 dólares de los hombres. La distancia es de 16,36 dólares por cada hora. Convertido a euros, tomando como referencia el último tipo de cambio publicado por el Banco Central Europeo, ellas cobran unos 36,12 euros por hora y ellos 50,24 euros. La diferencia ronda, por tanto, los 14,11 euros por hora.

La equivalencia se obtiene al aplicar la brecha del 28,1% al conjunto del año: sobre 365 días, ese porcentaje representa 102,6 días, que redondeados equivalen a 103. Por eso, la diferencia entre las tarifas medias de mujeres y hombres freelance en España equivale a que ellas trabajen sin remuneración hasta el 13 de abril.

España ocupa el puesto 11 entre los países con mayor brecha

España aparece como el undécimo país con mayor brecha entre los incluidos en el estudio. Está por detrás de Tailandia, Hungría, Bangladesh, Malasia, República Checa, Sri Lanka, Rumanía, Túnez, Georgia y Emiratos Árabes Unidos. El resultado deja a España por encima de la media global y de varias economías europeas de su entorno.

La mayor diferencia se registra en Tailandia, donde las mujeres freelance cobran un 51,7% menos por hora que los hombres. En el extremo contrario figura Croacia, con una brecha del 0,3%. Entre los países europeos del entorno, España queda por encima de Portugal, con un 22,5%; Italia, con un 20,8%; Reino Unido, con un 15,4%; Alemania, con un 11,2%; y Francia, con un 10%.

La comparación permite medir mejor el alcance del dato español. En un mercado en el que cada profesional fija y negocia sus propias tarifas, una diferencia sostenida por hora puede afectar de forma directa a lo que se ingresa por un encargo, a la jornada laboral o a una cartera estable de clientes.

Una diferencia superior a la media global

En el conjunto del estudio, Remitly calcula que las mujeres freelance fijan tarifas un 19% inferiores a las de los hombres: 31,33 dólares por hora frente a 38,66 dólares. Convertido a euros, equivale a 27,33 euros por hora para ellas y 33,72 euros para ellos, 6,39 euros menos por cada hora trabajada. La distancia española, por tanto, queda claramente por encima del promedio internacional.

Por sectores, la mayor diferencia aparece en finanzas y contabilidad, donde las mujeres cobran un 26,1% menos por hora que los hombres. Después se sitúan administración y soporte, con un 23,6%; legal, con un 21,4%; ventas y marketing, con un 19,6%; servicios de inteligencia artificial, con un 19,4%; desarrollo e IT, con un 17%; redacción y traducción, con un 16,5%; y diseño y creatividad, con un 9,3%.

El servicio con mayor distancia de tarifas en España

En España, el servicio freelance con mayor brecha detectada por Remitly es el análisis financiero. En esta actividad, la diferencia entre las tarifas de mujeres y hombres alcanza el 44,3%. El dato encaja con la tendencia general del informe, que sitúa finanzas y contabilidad como la categoría con mayor diferencia entre freelancers a nivel global.

El estudio no mide salarios de plantilla ni ingresos anuales reales, sino tarifas horarias publicadas por trabajadores freelance en Upwork, una plataforma internacional que conecta a profesionales con clientes y empresas que contratan servicios por proyecto o por horas. Por eso, sus resultados deben leerse como una comparación de precios declarados dentro de la plataforma, no como una fotografía completa del trabajo por cuenta propia en España.

España sigue teniendo en el turismo una de sus grandes fuentes de ingresos del exterior, pero su economía ya no vende fuera solo hoteles, playas y buen tiempo. Hay otra parte menos visible que también gana terreno: las empresas que prestan servicios a clientes de otros países. En 2025, el superávit de los servicios no turísticos creció un 34,4%, hasta 43.000 millones de euros, según el informe Internacionalización Ibérica. España y Portugal en la economía mundial. 2025, elaborado por el Observatorio de Internacionalización Ibérica AUXADI Nebrija.

La palabra superávit puede sonar técnica, pero la idea es sencilla: España cobró del extranjero por esos servicios más dinero del que pagó fuera por actividades similares. El conjunto del sector servicios dejó un saldo positivo de 113.500 millones de euros, un 13,3% más que el año anterior. El turismo siguió siendo la partida principal, con 70.500 millones, aunque las demás actividades crecieron con mucha más fuerza.

Ese tirón contrasta con la evolución de las mercancías. Las exportaciones españolas de bienes crecieron solo un 0,7% en 2025, hasta 387.092 millones de euros, mientras que las importaciones aumentaron un 4,6%, hasta 444.146 millones. En la práctica, España compró al exterior muchos más bienes de los que vendió, lo que elevó el déficit comercial hasta unos 57.000 millones de euros, un 42% más que un año antes.

Qué servicios vende España al exterior

Cuando el informe habla de servicios no turísticos no se refiere a hoteles, restaurantes o viajes, sino a actividades que muchas veces quedan fuera del relato habitual sobre la economía española. Incluye, por ejemplo, el transporte internacional, las telecomunicaciones, los servicios informáticos, la consultoría, la ingeniería, los servicios empresariales y los vinculados a la propiedad intelectual, como licencias.

Traducido a ejemplos concretos, puede ser una empresa tecnológica española que vende software a una compañía extranjera, una consultora que asesora a clientes de otros países, una ingeniería que participa en un proyecto internacional, una firma que cobra por derechos de uso o una compañía de transporte que presta servicios ligados al comercio mundial.

El informe señala que ese crecimiento se dio en casi todos los subsectores. El transporte internacional se benefició del repunte del comercio de mercancías y de la actividad logística. Las telecomunicaciones y los servicios informáticos crecieron por el impulso de la digitalización. También aumentaron los servicios empresariales y los vinculados a la propiedad intelectual, donde entran actividades como consultoría, ingeniería o a cobros por royalties.

Una ayuda frente al frenazo de la exportación de mercancías

La importancia de estos ingresos está en que ayudan a compensar la debilidad de las ventas de bienes. España mantiene un déficit elevado en mercancías, porque importa más productos de los que exporta, pero el dinero que entra por los servicios permite cubrir parte de ese desequilibrio.

Dentro de los servicios no turísticos, también hubo diferencias. La excepción fueron los financieros y de seguros, que redujeron su saldo hasta 2.300 millones de euros, un 44% menos. El informe atribuye ese descenso, entre otros factores, a indemnizaciones excepcionales en seguros y a mayores pagos por rentas de inversión al exterior.

Aun así, el buen comportamiento del conjunto de los servicios permitió que las cuentas exteriores de España siguieran en positivo. La balanza por cuenta corriente, que resume los principales cobros y pagos del país con el resto del mundo, cerró 2025 con un saldo favorable equivalente al 2,9% del PIB, unos 48.700 millones de euros.

El turismo sigue siendo una pieza central de los ingresos que España obtiene del exterior. Pero los datos muestran que la economía española también vende otras cosas que se ven menos: tecnología, logística, asesoramiento, ingeniería y servicios profesionales. El tópico del sol y la playa no deja de tener peso, pero la foto del sector exterior español empieza ahora a ser más amplia.

España cerró 2025 con 27.099.556 viviendas, casi 95.000 más que un año antes, pero todavía mantiene 452.670 casas nuevas sin vender. Los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) reflejan una contradicción del mercado residencial: el parque sigue creciendo, aunque de forma moderada, mientras el excedente de obra nueva apenas se reduce en un contexto marcado por la tensión de precios y las dificultades de acceso a la vivienda.

El stock de vivienda nueva sin vender bajó en 2.610 unidades respecto a 2024, lo que supone un descenso del 0,57%, según la estadística del MIVAU. La cifra vuelve a caer después de dos años sin absorción, aunque lo hace de forma muy limitada. El dato no significa que esas viviendas estén necesariamente vacías ni que puedan resolver por sí solas la falta de oferta disponible, ya que su utilidad depende de dónde estén, cuánto cuesten y si responden a la demanda real de los hogares.

El parque residencial, por su parte, avanzó un 0,3% en el último año. Del total de viviendas contabilizadas en 2025, 19.571.428 eran principales, es decir, utilizadas como residencia habitual, mientras que 7.528.128 eran no principales. La composición también cambió respecto al año anterior: las viviendas principales aumentaron en 293.371 unidades, mientras que las no principales se redujeron en 198.580.

Dónde se concentra el excedente de obra nueva

El reparto territorial muestra que el excedente de obra nueva no se distribuye de forma homogénea. Más del 60% del stock nacional se concentra en solo cuatro comunidades autónomas: Cataluña, Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana. Cataluña encabeza la lista, con 85.478 viviendas nuevas sin vender; seguida de Andalucía, con 68.897; la Comunidad de Madrid, con 66.627; y la Comunidad Valenciana, con 62.632.

La evolución respecto al año anterior deja diferencias relevantes. El stock aumentó en Baleares, Madrid, Aragón, Canarias, Cataluña y Andalucía, mientras que cayó en el resto de comunidades o se mantuvo en cero.

En términos relativos, el mayor incremento se registró en Baleares, donde el excedente creció un 9,52%. En volumen, la subida más destacada fue la de la Comunidad de Madrid, que pasó de 62.545 viviendas nuevas sin vender en 2024 a 66.627 en 2025, un 6,53% más. Cataluña también elevó su stock, con un avance del 2,38%.

En sentido contrario, las mayores reducciones autonómicas se dieron en Murcia, donde el stock bajó un 12,21%; Galicia, con un descenso del 11,76%; y Comunidad Valenciana, donde cayó un 8,43%. Esta última comunidad mantiene, pese al ajuste, una de las bolsas más elevadas del país, con más de 62.000 viviendas nuevas pendientes de venta.

La lectura provincial vuelve a mostrar una fuerte concentración territorial. Barcelona suma 52.286 viviendas nuevas sin vender; Alicante, 25.131; Sevilla, 22.447; Castellón, 21.838; Toledo, 20.823; y Santa Cruz de Tenerife, 18.788. La estadística provincial del MIVAU incluye también a la Comunidad de Madrid, por su carácter uniprovincial, con 66.627 unidades pendientes de venta.

Por qué el stock no resuelve por sí solo el acceso a la vivienda

El peso del excedente se entiende mejor al compararlo con el tamaño del parque residencial de cada territorio. En el conjunto de España, las viviendas nuevas sin vender representan el 1,67% del parque, pero ese porcentaje es mucho mayor en algunas provincias. Castellón alcanza el 4,85%; Toledo, el 4,67%; La Rioja, el 4,17%; Lleida, el 3,67%; y Santa Cruz de Tenerife, el 3,46%.

Ese contraste ayuda a explicar por qué la existencia de casi medio millón de viviendas nuevas sin vender no resuelve de forma automática los problemas de acceso. Madrid y Barcelona tienen un volumen elevado en términos absolutos, pero su peso sobre el parque provincial se sitúa cerca del 2%. En cambio, las provincias que presentan un excedente proporcionalmente mayor, no siempre coinciden con los mercados donde la demanda residencial presiona con más fuerza.

El ministerio introduce, además, un matiz metodológico relevante para interpretar los datos territoriales. La estadística no mide todo el volumen real de viviendas nuevas sin vender en cada comunidad, sino la evolución acumulada desde 2004.

Por eso, cuando una autonomía aparece con stock cero, no debe leerse como si no hubiera ninguna vivienda nueva pendiente de venta, sino como que el excedente no ha crecido respecto al año de referencia o se ha reducido desde entonces. En esa situación figuran Navarra, Cantabria y Extremadura.

La serie histórica permite situar el dato actual en perspectiva. El máximo se alcanzó en 2009, tras el pinchazo de la burbuja, con 649.780 viviendas nuevas sin vender. Desde entonces, la cifra se fue reduciendo de forma gradual, aunque el ritmo de absorción se ralentizó desde 2019. En 2025 vuelve a bajar, pero lo hace de forma muy limitada.

Hay compras que duelen menos si se hacen en el momento oportuno. Una lavadora, un televisor, una aspiradora o unos muebles de jardín pueden cambiar bastante de precio según el mes del año, hasta el punto de que esperar unas semanas puede suponer una gran diferencia para el bolsillo.

Un análisis de Klarna sobre la evolución mensual de los precios en España durante 24 meses, entre abril de 2024 y marzo de 2026, apunta que algunas categorías habituales del hogar registran variaciones de hasta el 47% entre el mes más caro y el más barato.

La conclusión principal es sencilla: no todos los descuentos llegan en Black Friday, rebajas o Navidad. Cada producto tiene su propio calendario. Febrero, marzo, abril, octubre y diciembre aparecen como los meses clave para quienes tienen pendiente renovar algún producto del hogar o adelantar compras de cierto importe.

El calendario mes a mes para comprar más barato

El primer mes señalado en el análisis es febrero. Según los datos recopilados, es el momento más barato para sustituir una aspiradora. Las aspiradoras verticales pueden llegar a costar un 37% menos que en sus picos de precio, mientras que los robots aspiradores ofrecen un margen de ahorro cercano al 35%. En estos últimos, la diferencia entre los meses más caros y los más económicos puede superar los 100 euros.

En esta categoría, esperar al otoño no siempre sale a cuenta. Septiembre marca el pico de precio en los robots aspiradores, mientras que octubre y noviembre son los meses más caros para las aspiradoras verticales.

Marzo aparece como el mes más conveniente para comprar televisiones y lavavajillas. En el caso de los lavavajillas, el ahorro potencial ronda el 12%, con precios medianos que bajan de unos 352 euros en enero a unos 311 euros en marzo. Enero, por tanto, sería el peor momento para comprar este electrodoméstico, según el análisis.

Abril, por su parte, concentra la mayor diferencia de todo el calendario. Es el mejor momento para renovar muebles de jardín y exterior, justo cuando empiezan a prepararse terrazas, balcones o patios para la primavera. Enero, en cambio, aparece como el mes menos recomendable para este tipo de compra.

El margen de ahorro es considerable: los precios medianos pasan de unos 333 euros en enero a alrededor de 175 euros en abril, lo que supone una diferencia aproximada del 47%. Julio también aparece como una segunda opción interesante para el consumidor, con precios más contenidos que en otros momentos del año.

Octubre es el mes más favorable para comprar lavadoras. La particularidad está en que noviembre registra el pico más alto del año pese a coincidir con Black Friday, una campaña que suele asociarse a grandes descuentos en tecnología y productos del hogar. La diferencia ronda el 12%, con precios medianos que pasan de unos 376 euros en noviembre a unos 331 euros en octubre.

Este dato rompe una idea bastante extendida: que noviembre es siempre el mejor momento para comprar cualquier producto caro. En algunas categorías, como las lavadoras, adelantarse un mes puede resultar más barato.

Diciembre cierra el calendario con juguetes y consolas. En ambas categorías, es el mejor momento para comprar, ya sea por las promociones propias de la temporada navideña o por el arrastre de las ofertas de noviembre. En juguetes, enero también puede ofrecer oportunidades por las liquidaciones posteriores a las fiestas.

En el lado contrario, junio es el mes menos recomendable para comprar juguetes y también uno de los peores para adquirir consolas, junto con agosto. La diferencia entre el mes más caro y el más económico ronda el 27% en juguetes y el 12% en consolas, con variaciones que pueden alcanzar los 60 euros.

El análisis dibuja una especie de calendario doméstico para planificar compras grandes con algo más de margen. Comparar precios sigue siendo importante, pero también lo es elegir el momento y no fiarse solo de las campañas más conocidas. En productos de cierto importe, esperar al mes adecuado puede reducir notablemente el desembolso.

El empleo cuesta más en España, aunque esa subida no se traduce automáticamente en más poder adquisitivo para los trabajadores. El coste laboral por trabajador aumentó un 4,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior, hasta situarse en 3.278,01 euros al mes, según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) del Instituto Nacional de Estadística (INE). El coste salarial también creció un 4,9%, hasta los 2.403,80 euros mensuales.

El dato puede llevar a una lectura rápida: si el coste laboral sube casi un 5% y los salarios brutos también avanzan a ese ritmo, los trabajadores deberían vivir mejor. Pero no necesariamente. El coste laboral mide lo que paga una empresa por tener contratado a un trabajador, no el dinero limpio que llega a la cuenta cada mes ni la capacidad real de compra de los hogares.

Entre lo que paga la empresa y lo que nota el trabajador en el bolsillo hay varios pasos: cotizaciones sociales, descuentos en la nómina, IRPF e inflación. Por eso una subida del coste laboral o del salario bruto no equivale siempre a que el poder adquisitivo mejore.

Qué incluye el coste laboral

Lo principal es diferenciar qué mide cada indicador. El coste laboral total es todo lo que una empresa asume por cada trabajador. No solo incluye el salario, sino también otros costes asociados al empleo. En el primer trimestre de este año, esos 3.278,01 euros mensuales se dividieron en dos grandes bloques: 2.403,80 euros de coste salarial y 874,21 euros de otros costes.

El coste salarial se aproxima a la remuneración bruta: salario base, complementos, pagas extraordinarias y otros pagos salariales. Pero no es el salario neto, es decir, no es la cantidad que el trabajador recibe finalmente en su cuenta bancaria. Antes de llegar ahí, de la nómina se descuentan las cotizaciones del trabajador a la Seguridad Social y el IRPF, que varía según salario, situación familiar, contrato y comunidad autónoma.

Dentro de los otros costes, que no llegan como salario al empleado, el INE incluye principalmente las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social a cargo de la empresa, además de otras percepciones no salariales. En el primer trimestre, estos costes aumentaron un 4,8%, mientras que las cotizaciones obligatorias crecieron un 4,5%.

El Índice de Coste Laboral Armonizado (ICLA), también publicado por el INE, apunta en la misma dirección. El coste por hora trabajada subió un 4,9% anual en el primer trimestre en la serie corregida de calendario y estacionalidad. En la serie original, el avance fue del 5,3%. Además, el coste por hora efectiva, recogido en la ETCL, aumentó un 5,4%, hasta los 24,88 euros.

Por qué cobrar más no siempre significa vivir mejor

La segunda diferencia está en el poder adquisitivo. Para saber si un trabajador vive mejor, no basta con mirar cuánto sube el salario bruto. Hay que comparar esa evolución con los precios. Si la nómina sube y la cesta de la compra, la vivienda, el transporte o los servicios también lo hacen, la mejora puede diluirse.

El IPC se situó en mayo en el 3,2% anual, según el INE, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 3,0%. Eso significa que los precios siguen creciendo a un ritmo relevante en la primera mitad del año. En paralelo, la subida salarial pactada en convenio hasta mayo se aproximaba al 3%, según la estadística de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo. Es decir, las revisiones salariales pactadas de forma colectiva avanzan, de media, por debajo del aumento del coste salarial que reflejan las estadísticas empresariales.

La comparación ayuda a entender la distancia entre el dato empresarial y la vida cotidiana. El coste salarial medio sube un 4,9%, mientras las subidas pactadas en convenio se sitúan en torno al 3% y los precios avanzan un 3,2%. No todos los trabajadores tienen la misma revisión salarial, ni todos están cubiertos por las mismas condiciones, ni todos destinan su sueldo a los mismos gastos.

No obstante, en términos generales, cuando la subida salarial apenas alcanza a la inflación, el trabajador no gana capacidad de compra: solo pelea por no perderla.

Un ejemplo simplificado ayuda a entenderlo. Si un salario bruto de 1.500 euros sube un 3%, el aumento sería de 45 euros brutos al mes. Esa cantidad todavía tendría que pasar por las cotizaciones del trabajador y el IRPF antes de convertirse en salario neto. Y, si los precios han subido más que ese porcentaje, como ocurre con una inflación del 3,2%, el efecto práctico puede quedar casi neutralizado: se cobra más sobre el papel, pero no necesariamente se llega más holgado a final de mes.

El sector también marca cuánto se nota en el bolsillo

La evolución del coste laboral tampoco es igual en todas las actividades. Según el ICLA, el sector educativo registró la mayor subida anual del coste laboral por hora, con un 9,1%. Le siguieron otros servicios y la construcción, con un 7,3% en ambos casos. En el extremo contrario, la hostelería aumentó solo un 1,8% y las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, un 2,0%.

Estas diferencias impiden leer la media como si describiera a todos los trabajadores por igual. Una subida intensa en unos sectores puede convivir con avances mucho más limitados en otros más precarios, donde el coste laboral apenas crece.

Además, el efecto final sobre cada nómina depende también de la jornada, el convenio aplicable, los complementos salariales y la parte variable de la remuneración. Por eso dos trabajadores pueden quedar dentro de una misma media laboral y, aun así, notar realidades económicas muy distintas en su día a día.

El anuncio lo ha realizado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la sesión de control en el Congreso, en su cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez ha explicado que el Ejecutivo quiere “ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego” y ha pedido al principal partido de la oposición que facilite la convalidación del decreto cuando llegue a la Cámara Baja. El Gobierno asegura que ya está en contacto con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios para preparar la norma.

El anuncio llega cuando todavía se está desescalando parte del paquete aprobado en marzo por la misma crisis. Aquel real decreto ley rebajó temporalmente impuestos sobre carburantes, electricidad y gas, y activó medidas de apoyo para amortiguar el golpe sobre hogares, autónomos y empresas.

El Gobierno prepara nuevas medidas

El decreto aprobado en marzo movilizó más de 5.000 millones de euros, según el Ministerio de Hacienda. Entre sus principales medidas figuraban la reducción del IVA del combustible, la electricidad y el gas del 21% al 10%, la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo permitido por la normativa europea y ayudas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para determinados colectivos, incluidos profesionales del ámbito agrario.

El plan anterior también incorporó bonificaciones y exenciones vinculadas a la rehabilitación energética, la adquisición de vehículos eléctricos y la instalación de puntos de recarga. En el ámbito empresarial, el real decreto ley incluyó mecanismos de apoyo para sectores especialmente expuestos al encarecimiento energético, como la industria electrointensiva, así como medidas de flexibilización temporal de contratos de suministro eléctrico y de gas.

El nuevo paquete se prepara en un contexto todavía abierto. El Ejecutivo no ha detallado por ahora qué medidas incluirá el real decreto ley que prevé aprobar el 30 de junio. Sánchez ha vinculado su contenido a la evolución de la tregua y al impacto que pueda tener la situación en Oriente Medio sobre la economía española. La prioridad, según ha defendido en el Congreso, será proteger a los hogares y al tejido productivo si persisten las tensiones sobre los precios energéticos, el transporte o las cadenas de suministro.

La Moncloa recoge en la agenda oficial de este miércoles una reunión del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con representantes del sector agroalimentario para analizar medidas frente al impacto de la guerra de Irán. El encuentro forma parte de los contactos del Gobierno con sectores afectados antes de cerrar el contenido definitivo del decreto.

La aprobación en Consejo de Ministros no será el último paso. Al tratarse de un real decreto ley, la norma deberá ser convalidada posteriormente por el Congreso de los Diputados. Por eso, Sánchez ha aprovechado la sesión de control para pedir el apoyo del PP y reprochar a Feijóo que su partido haya votado en contra de medidas anteriores. “Eso es lo que está haciendo este Gobierno, gobernar para la gente”, ha defendido el presidente.

El nuevo decreto llegará justo cuando vencen varias de las medidas aprobadas en marzo. El Gobierno deberá decidir si mantiene parte de esas ayudas, si recupera algunas de las que ya se han retirado o si aprueba nuevas medidas según evolucione la guerra en Irán y su efecto sobre los precios.

Les Corts convalidan este miércoles el decreto ley del Consell que modifica la regulación de los vehículos de transporte con conductor, conocidos como VTC, y del taxi en la Comunidad Valenciana. La norma permite de forma provisional que las VTC domiciliadas en la autonomía realicen trayectos urbanos durante un máximo de dos años, una medida que ha reabierto el choque entre el taxi y plataformas como Uber y Cabify.

La clave del conflicto está en que estos vehículos podrán competir por viajes dentro de una misma ciudad, hasta ahora más vinculados al taxi: desplazamientos al hospital, salidas de estaciones o aeropuertos, ocio nocturno o servicios pedidos a través de una aplicación. El sector denuncia que el decreto acerca en la práctica el funcionamiento de las VTC al suyo, pero sin imponerles las mismas obligaciones de servicio público.

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Las asociaciones representativas del taxi han convocado una concentración ante Les Corts para pedir la retirada de la norma. En un comunicado conjunto, critican que el decreto autorice el servicio urbano para 2.004 VTC, suprima los 15 minutos mínimos de precontratación y deje para después el estudio técnico que, a su juicio, debería haberse realizado antes de permitir la actividad.

Qué cambia con el nuevo decreto

El cambio principal es que las VTC podrán realizar transporte urbano de personas viajeras en la Comunidad Valenciana hasta que la Generalitat elabore un estudio técnico sobre oferta, demanda, movilidad, tráfico, espacio público y sostenibilidad. En todo caso, esa habilitación no podrá superar los dos años desde la entrada en vigor del decreto.

Hasta ahora, una de las fronteras entre el taxi y las VTC estaba en la contratación previa. En la Comunidad Valenciana se exigía un tiempo mínimo de 15 minutos entre la contratación del servicio y su prestación. Esa espera separaba a las VTC del taxi, que puede ser solicitado de forma inmediata, recogido en una parada o parado en la calle.

El decreto elimina esa barrera temporal. Aunque mantiene la prohibición de captar clientes en la vía pública, circular buscando viajeros o estacionar en zonas de alta demanda para atraer usuarios, el taxi considera que la supresión de los 15 minutos permitirá a las VTC trabajar “de facto desde la inmediatez”.

La norma diferencia entre las VTC que ya existen y las que estaban pendientes. Las 2.004 autorizaciones ya concedidas podrán operar en ciudad de forma provisional, mientras que las más de 4.000 nuevas solicitudes quedan paralizadas hasta que se estudie el impacto de la medida.

Esa congelación también se aplica al taxi: no se concederán nuevas licencias en las áreas de prestación conjunta, salvo para vehículos adaptados. El Consell presenta esta pausa como una forma de ordenar el sector mientras analiza el equilibrio entre ambos modelos.

Por qué protestan los taxistas

El taxi rechaza el decreto por razones de procedimiento y de fondo. Las asociaciones aseguran que no han podido participar en la elaboración de la norma y critican que el Consell permita a las VTC entrar en el mercado urbano antes de analizar sus efectos sobre el tráfico, la contaminación, el espacio público y la viabilidad económica del taxi.

La queja más comprensible para los usuarios está en la precontratación. Para los taxistas, los 15 minutos funcionaban como una separación real entre dos modelos distintos. Sin esa espera, sostienen, las plataformas podrán competir por la demanda inmediata sin estar sometidas a las mismas condiciones que el taxi, como tarifas reguladas, licencias municipales, turnos u obligaciones de prestación.

El comunicado del sector también critica que no se fije cuántas VTC pueden trabajar al mismo tiempo en cada municipio, área de prestación o provincia. Su temor es que los coches de plataforma se concentren en las zonas y franjas más rentables, mientras el taxi mantiene obligaciones vinculadas al servicio público.

Las asociaciones advierten además de que la norma abre un “futuro incierto” para las 9.216 familias que, según sus datos, viven del taxi en la Comunidad Valenciana. La cifra incluye al conjunto de personas que dependen directa o indirectamente de esta actividad.

Más oferta para el usuario, más presión para los trabajadores

Para los ciudadanos, el efecto más inmediato puede ser una mayor disponibilidad de vehículos para moverse por la ciudad, especialmente en momentos de alta demanda. Más VTC autorizadas para operar en trayectos urbanos pueden traducirse en más opciones en las aplicaciones y menos espera en determinados servicios.

El problema, según el taxi, está en el medio plazo. El sector sostiene que una mayor presencia de plataformas privadas puede debilitar un servicio regulado con tarifas y obligaciones públicas.

El Consell defiende que el decreto busca ordenar la convivencia entre ambos sectores, adaptar la normativa autonómica al contexto jurídico actual y dar seguridad a una actividad que lleva años marcada por recursos, restricciones y cambios normativos. La norma incorpora además sanciones para las VTC que operen fuera de las condiciones permitidas, capten clientes sin contratación previa o circulen buscando viajeros.

Albert Corrieri tiene 104 años y ha decidido llevar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una reclamación que arrastra desde la Segunda Guerra Mundial. El francés exige 43.200 euros por las horas que trabajó de forma forzosa en Alemania entre 1943 y 1945, cuando fue enviado al país dentro del Servicio de Trabajo Obligatorio impuesto por el régimen colaboracionista de Vichy, según informa BFM Business.

La cantidad que reclama responde a un cálculo concreto: 10 euros por hora trabajada durante el periodo comprendido entre el 13 de marzo de 1943 y el 15 de abril de 1945. Corrieri fue destinado, entre otros lugares, a una fábrica química de Ludwigshafen y sostiene que nunca recibió remuneración por aquellos trabajos.

El caso llega ahora a Estrasburgo después de que la justicia administrativa francesa rechazara su petición. La Corte Administrativa de Apelación de Marsella desestimó en 2025 su solicitud de indemnización al considerar que la legislación francesa de posguerra ya permitió compensar los perjuicios sufridos por las personas obligadas a trabajar en territorio enemigo.

“Fui reducido a la condición de esclavo”

Corrieri trabajaba como fontanero en un restaurante del Puerto Viejo de Marsella cuando fue enviado a Alemania con 20 años. El traslado se produjo en el marco del Servicio de Trabajo Obligatorio, un sistema creado por el régimen de Vichy para responder a las exigencias de mano de obra de la Alemania nazi.

El francés fue internado en un campo y destinado a tareas físicas especialmente duras. Según el relato recogido por BFM Business, cargaba vagones de carbón para contribuir a la maquinaria de guerra nazi y también trabajó en una planta química. Durante ese periodo resultó herido en un brazo en los bombardeos aliados.

“Fui reducido a la condición de esclavo”, declaró Corrieri en una rueda de prensa organizada en el despacho de su abogado. El centenario aseguró que fue obligado a realizar “los trabajos más duros bajo la amenaza de las armas”, durante seis días a la semana y jornadas de diez horas, “sin percibir ni un solo céntimo de remuneración”.

“Considero que Francia tiene una deuda conmigo”, añadió.

Una reclamación económica y judicial

La reclamación de Corrieri no se limita a una reparación simbólica. El anciano pide el pago de las horas que asegura haber trabajado sin cobrar. Sin embargo, los tribunales franceses han rechazado ya su demanda.

La Corte Administrativa de Apelación de Marsella se basó en la ley del 14 de mayo de 1951, relativa al estatuto de las personas obligadas a trabajar en país enemigo. Según la jurisdicción administrativa, esa norma permitió indemnizar “los perjuicios de toda naturaleza” causados a las víctimas del Servicio de Trabajo Obligatorio, incluidos, en su caso, los daños económicos.

El conflicto está precisamente ahí: Francia considera que la reparación quedó cubierta por aquella legislación de posguerra, mientras Corrieri reclama ahora una compensación concreta por las horas de trabajo forzoso que, según sostiene, nunca le fueron pagadas.

Su abogado, Michel Pautot, defiende que el caso va más allá de una reclamación individual: “Esta lucha supera su persona. Se trata de hacer reconocer la esclavitud moderna de la Segunda Guerra Mundial”, afirmó, según el medio francés.

Pautot considera que el Estado francés debería haber creado un fondo de indemnización para los supervivientes como Corrieri, que ya son muy pocos. En palabras del letrado, personas como Albert “se cuentan con los dedos de una mano”.

El abogado también representaba a Erpilio Trovati, otro antiguo trabajador del Servicio de Trabajo Obligatorio, pero esa acción judicial quedó extinguida tras su fallecimiento el pasado otoño.

Ahora, el caso de Corrieri queda en manos del TEDH. Su defensa insiste en que el margen de tiempo es cada vez menor. “A sus 104 años, Albert está en el gran crepúsculo de su vida”, advirtió Pautot, que considera que el tribunal europeo es ya “la última esperanza” para obtener una reparación.

Un piso antiguo en un barrio céntrico de Madrid podía convertirse, en apenas unos meses, en una vivienda de lujo lista para venderse mucho más cara. Esa ha sido durante años la dinámica de una parte del negocio inmobiliario en las zonas más exclusivas de la capital. La operación, conocida en el sector como ‘flipping’ inmobiliario, se basa en adquirir el inmueble, añadirle valor con una rehabilitación rápida y venderlo después con una plusvalía suficiente para compensar la inversión.

Ese modelo empieza ahora a atascarse. Según el Servicio de Estudios de Redpiso, la rentabilidad neta de este tipo de operaciones se ha reducido un 51% en el último periodo analizado por la compañía, mientras que el volumen de compraventas destinadas a reformar y revender ha caído hasta más del 62% en algunas zonas “premium”. El frenazo afecta especialmente a barrios como Lista, en el distrito de Salamanca, uno de los puntos donde este tipo de operaciones había ganado más peso.

El negocio no se enfría porque la vivienda se haya abaratado, sino por el movimiento contrario. El precio de entrada de los pisos antiguos se ha elevado tanto que deja menos margen para comprar, reformar y vender más caro. A eso se suma el encarecimiento de las obras y una mayor acumulación de viviendas reformadas de lujo que no se venden al ritmo previsto, según Redpiso.

El resultado es una paradoja del propio mercado: una fórmula alimentada durante años por la subida de precios empieza a perder atractivo porque esos mismos precios ya no dejan suficiente recorrido para obtener beneficios rápidos.

Del piso antiguo al producto de lujo

El ‘flipping’ inmobiliario solo funciona si la diferencia entre el precio de compra, el coste de la reforma y el valor final de venta deja margen suficiente. En los barrios más caros de Madrid, ese equilibrio se ha estrechado. Los pisos sin rehabilitar ya parten de precios elevados, las obras de alta gama exigen inversiones cada vez mayores y el producto final compite con una oferta creciente de viviendas reformadas.

Ese cambio se nota especialmente en las zonas donde la vivienda antigua se había convertido en materia prima para un producto muy concreto: pisos reformados, bien ubicados y dirigidos a compradores de alto poder adquisitivo. Entre los barrios donde Redpiso observa un mayor frenazo figuran Recoletos, Castellana y Lista, en el distrito de Salamanca; Almagro y Trafalgar, en Chamberí; Justicia y Palacio, en Centro; El Viso y Nueva España, en Chamartín; y Jerónimos, en Retiro.

El precio de entrada se come el margen de beneficios

La situación general del mercado ayuda a entender por qué estas operaciones se han complicado. El precio de la vivienda en España subió un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026, según el Índice de Precios de Vivienda del Instituto Nacional de Estadística (INE). La subida fue todavía mayor en la vivienda de segunda mano, que se encareció un 13,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Ese dato es clave para este negocio, porque el ‘flipping’ se alimenta precisamente de vivienda usada. El margen depende de encontrar pisos antiguos a un precio lo suficientemente bajo como para asumir la reforma y obtener beneficio en la venta final. Si la vivienda sin reformar ya se compra a precios muy altos, la operación pierde recorrido desde el primer paso.

Comprar es más caro, pero reformar también. Según Redpiso, el aumento de los costes de construcción y rehabilitación ha reducido aún más el margen de estas operaciones. En el segmento de lujo, además, las exigencias de calidad elevan el presupuesto: la reforma suele incluir redistribución de espacios, cocinas y baños nuevos, climatización, carpinterías, eficiencia energética, iluminación, interiorismo y acabados de alta gama, por lo que deja de ser solo una mejora del inmueble y se convierte en una gran inversión.

La consecuencia es que el margen de beneficios se comprime por los dos lados. Como se compra más caro y se reforma más caro, para que la operación siga siendo rentable, el precio final de venta tendría que subir todavía más. Pero trasladar esos costes también tiene límites: cuando varios pisos reformados compiten en la misma zona y por el mismo tipo de comprador, vender rápido y al precio esperado deja de estar garantizado.

Menos inversor y más comprador final

El portal inmobiliario apunta finalmente a un cambio en el perfil del comprador. Los inversores que buscaban comprar, reformar y vender en pocos meses pierden peso frente a particulares de alto poder adquisitivo, nacionales e internacionales, que adquieren la vivienda para adaptarla a sus necesidades y mantenerla a largo plazo.

En este punto, el objetivo de la compra cambia. El particular que adquiere el inmueble para uso propio puede asumir la reforma como parte de su proyecto de vivienda. El inversor, en cambio, necesita que la diferencia entre compra, obra y precio final deje un margen suficiente para que la operación le salga a cuenta.

Poner la lavadora por la noche no es raro. Muchas personas lo hacen porque llegan tarde a casa, porque quieren dejar la ropa tendida antes de dormir o porque intentan aprovechar las horas en las que la luz puede salir más barata. Pero si el aparato hace demasiado ruido, especialmente durante el centrifugado, una simple tarea del hogar puede acabar en un problema real con los vecinos.

La clave es que no existe una prohibición general en España que impida usar la lavadora de noche. Lo que sí hay son ordenanzas municipales que fijan horarios de descanso, límites de decibelios y sanciones cuando el ruido supera lo permitido o altera la convivencia. Por eso, la respuesta cambia según el municipio en el que se viva.

El ruido se nota más en verano, con las ventanas abiertas y más vida dentro de las viviendas durante las horas de calor. Una lavadora mal nivelada, pegada a una pared compartida o funcionando de madrugada puede molestar más de lo que parece. En esos casos, no se sanciona el simple hecho de lavar la ropa, sino el exceso de ruido y su impacto en el descanso de otros vecinos.

Qué dice la ley sobre el ruido en casa

La Ley del Ruido establece el marco general para prevenir y reducir la contaminación acústica, pero no entra al detalle de cada situación doméstica. La propia norma deja margen a los ayuntamientos para regular los ruidos vecinales según los usos locales y las ordenanzas de cada municipio.

En la práctica, muchas ordenanzas distinguen entre periodo diurno y nocturno, con límites más bajos durante las horas de descanso. Algunas también regulan de forma expresa las actividades domésticas y el uso de aparatos que puedan generar molestias, como electrodomésticos, equipos de climatización o sistemas de sonido.

En Madrid, por ejemplo, la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica señala que los usuarios de electrodomésticos, aparatos de aire acondicionado y otras fuentes sonoras domésticas deben instalarlos y utilizarlos de forma que no perturben la convivencia ni superen los límites permitidos.

Cuándo puede haber sanción

Para que el ayuntamiento sancione, normalmente no basta con una simple molestia puntual. Lo habitual es que exista una queja, una intervención de la Policía Local o de los servicios municipales y una comprobación de que se han superado los niveles previstos en la ordenanza.

Ahí entran en juego los decibelios. En Madrid, por ejemplo, el ruido transmitido a una vivienda colindante no puede superar durante la noche los 30 decibelios en estancias y los 25 decibelios en dormitorios. Durante el día y la tarde, los límites son de 35 y 30 decibelios, respectivamente. La ordenanza madrileña considera periodo nocturno el tramo comprendido entre las 23:00 y las 7:00 horas, ampliado hasta las 8:00 en días festivos.

Estos límites ayudan a entender por qué una lavadora puede causar problemas aunque se trate de un uso doméstico normal. El aparato no suena igual durante todo el ciclo: el centrifugado suele ser la fase más ruidosa y, si el sonido llega con fuerza al dormitorio de otra vivienda de madrugada, puede superar los decibelios permitidos.

También influye la gravedad de la situación. No es lo mismo un centrifugado aislado que una conducta repetida durante la madrugada, ni un ruido leve que otro capaz de impedir el descanso. Por eso, las sanciones suelen graduarse en función de la intensidad, el horario, la reiteración y el daño causado a la convivencia.

Las cuantías dependen de cada municipio. En Madrid, las infracciones relacionadas con actividades domésticas, usuarios de la vía pública y relaciones vecinales pueden sancionarse con hasta 750 euros si son leves, hasta 1.500 euros si son graves y hasta 3.000 euros si son muy graves. Ese importe es el máximo previsto para los casos más serios, no la consecuencia habitual por poner una lavadora una noche.

Qué puede hacer la comunidad de vecinos

Además de la vía municipal, la comunidad de propietarios también puede actuar si el ruido se repite y afecta al descanso. La Ley de Propiedad Horizontal permite reclamar el cese de actividades molestas dentro de una vivienda, siempre que exista una alteración real de la convivencia.

Lo normal es empezar por la vía más sencilla: hablar con el vecino, comunicar el problema al presidente de la comunidad o trasladarlo al administrador de fincas. Si la situación continúa, puede tratarse en una junta y, en último término, acudir a la vía judicial para exigir que cese la actividad molesta.

Para evitar problemas, conviene revisar que la lavadora esté bien nivelada, no programar centrifugados de madrugada, usar programas silenciosos cuando estén disponibles y consultar la ordenanza municipal si hay dudas sobre los horarios de descanso.