Los trabajadores ferroviarios preparan nuevas movilizaciones en Adif y Renfe. El calendario incluye una concentración en Madrid el 16 de noviembre y una huelga al día siguiente. Comisiones Obreras (CCOO) ha confirmado un paro de 24 horas en Adif para el 17 de noviembre. La Confederación General del Trabajo (CGT) ha adelantado que prevé convocar más huelgas antes de las elecciones generales.

Las protestas llegan después del accidente ferroviario de Urda, en Toledo, ocurrido el 28 de octubre. Los sindicatos reclaman cambios en la seguridad, las plantillas, los protocolos de actuación y la organización del sistema ferroviario. CCOO sostiene que el siniestro volvió a poner sobre la mesa “los problemas estructurales que afectan a la seguridad de la circulación”.

El alcance final de las protestas dependerá de los preavisos de huelga, de las reuniones entre sindicatos y empresas y de los servicios mínimos que pueda fijar el Gobierno. Fuentes de CCOO consultadas por Infobae han asegurado que la huelga del 17 de noviembre seguirá adelante “salvo que haya un acuerdo antes de esa fecha”.

La propuesta de huelga ha sido acordada por todos los sindicatos representados en el Comité General de Empresa de Adif. CCOO espera que los sindicatos con presencia en el Grupo Renfe se sumen a la protesta. Sin embargo, Renfe, como empresa, no ha informado por ahora de su posición sobre la huelga ni de los trenes que podrían verse afectados.

CGT prevé ampliar las movilizaciones

El Sector Ferroviario de CGT ha explicado a Infobae que los comités generales de empresa de Adif y Renfe acordaron convocar las comisiones de conflictos de ambas compañías. Esas reuniones, previstas para este jueves 5 de noviembre, reunirán a las direcciones y a los representantes de los trabajadores para abordar las reclamaciones sindicales.

Después de esos encuentros, CGT prevé anunciar nuevas convocatorias de huelga: “No serán solo el 17 de noviembre, irán a mayores y serán antes de las elecciones generales”, ha señalado el sindicato a este medio.

En comunicaciones previas, la organización ha reclamado una revisión de las condiciones de trabajo, las plantillas, la formación, el mantenimiento y los protocolos para actuar ante incidencias.

CGT también ha pedido a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria que revise si la red presenta riesgos graves. El sindicato reclama que, si detecta problemas de seguridad, se limiten o suspendan temporalmente los trenes afectados hasta corregirlos.

CCOO reclama cambios en la seguridad y el modelo ferroviario

CCOO sostiene que son necesarias medidas urgentes para reforzar la seguridad ferroviaria. El sindicato reclama revisar los protocolos, mejorar la coordinación entre empresas y organismos del sector, aumentar las plantillas y reforzar la formación, la prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia.

La organización también exige investigar la filtración de grabaciones relacionadas con accidentes ferroviarios. En su comunicado, CCOO pidió “compromisos concretos y verificables” para corregir las deficiencias y situar la seguridad de trabajadores y viajeros como “prioridad absoluta”.

El sindicato propone recuperar una organización que reúna infraestructura y operación ferroviaria en un mismo grupo público. En la actualidad, esas tareas están separadas entre Adif y Renfe. Según CCOO, una estructura conjunta permitiría una mayor coordinación y reforzaría la seguridad.

UGT prepara un comunicado y Semaf mantiene sus paros

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT) ha indicado que difundirá próximamente un comunicado sobre las movilizaciones. Días atrás, el sindicato ya había anunciado que promovería comisiones de conflictos en Adif y Renfe y que impulsaría huelgas en el conjunto del sector ferroviario.

A ese escenario se suman los paros convocados por el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en Renfe. El sindicato mantiene una huelga de 24 horas el 10 de noviembre y paros parciales el 12.

Semaf reclama el cumplimiento de los compromisos sobre seguridad que, según sostiene, acordó con el Ministerio de Transportes, Renfe y Adif. Entre sus demandas figuran protocolos ante averías y emergencias, mejoras para el personal y soluciones a problemas técnicos.

Todavía no se conocen los servicios que podrían verse afectados por la movilización anunciada para el 17 de noviembre. Tampoco está confirmada la adhesión formal de los sindicatos de Renfe. Las reuniones de los próximos días permitirán concretar el alcance de las protestas.

Emilio está rehabilitando dos casetas de piedra para convertirlas en una vivienda para su madre, que vive de alquiler. El joven compró por 15.000 euros una parcela rural de más de 20.000 metros cuadrados donde estaban las construcciones, sin luz, agua ni tejado, según cuenta en los vídeos de ‘Vida Inusual’, el proyecto que comparte con su pareja, Andrea.

“Mi madre vive de alquiler y le voy a construir una casa para ella”, explica Emilio al presentar el plan. Las dos edificaciones se encuentran en el mismo terreno donde la pareja instaló un contenedor marítimo que acondicionó como vivienda.

El proyecto parte de dos espacios deteriorados, con el suelo de tierra, restos de tejas, piedras, ramas y vegetación en el interior. Emilio muestra en sus grabaciones que las paredes se mantenían en pie, pero las construcciones carecían de cubierta e instalaciones.

“Para la mayoría de la gente esto son solo cuatro piedras, para mí esto es una mansión”, afirma al enseñar el estado inicial de las casetas.

Las dos construcciones pasarán a formar una sola vivienda

La obra prevé unir ambos espacios mediante el derribo del muro que los separaba. Emilio explica que la caseta más pequeña, de unos tres por tres metros, será el baño, con ducha y espacio de almacenaje. La otra, de unos cinco por cinco metros, concentrará la cocina, la zona de descanso y un lugar de trabajo.

En el lugar también había una chimenea, un mueble de piedra y una pieza circular perforada. Emilio decidió retirar parte de esos elementos para ganar espacio y avanzar con la limpieza. En la parte posterior de una de las casetas hay un antiguo horno de piedra, que plantea cerrar por dentro por no tener salida de humos. Su previsión es utilizar esa zona para colocar el termo y las baterías de los paneles solares.

La reforma continúa el modelo de vida que Emilio y Andrea muestran desde hace meses en sus redes sociales. Ambos reformaron un contenedor marítimo y lo instalaron en la parcela como vivienda. El joven explica que buscaba una alternativa al alquiler y a una hipoteca de larga duración.

“Tener un techo que sabes que es tuyo y que no te puede echar nadie… No sé si se llamará libertad, pero tranquilidad al menos”, defiende en uno de sus vídeos.

Materiales en carretilla y agua en garrafas

Emilio asegura que su experiencia previa en obras era “casi que nula”. Aprendió tareas básicas durante la reforma del contenedor y con tutoriales disponibles en internet. Ahora quiere completar la rehabilitación de las casetas por su cuenta, “de principio a fin”.

Los primeros trabajos incluyeron retirar los escombros, abrir el hueco de una ventana y reforzar zonas de los muros con ladrillos y piedra. También niveló el suelo con hormigón después de romper una gran roca que ocupaba parte del interior.

El acceso complica la obra. El coche no llega hasta las casetas, por lo que debe trasladar cemento, ladrillos, herramientas y otros materiales en carretilla. Para preparar el hormigón, lleva el agua en garrafas desde la zona donde tiene una pequeña piscina.

La estructura del tejado ya ha empezado a tomar forma. Emilio ha colocado vigas de hierro, que pinta con producto antioxidante, y prevé levantar un zuncho de hormigón para reforzar las paredes. Para cerrar la cubierta, su idea es usar paneles sándwich con aislamiento de lana de roca y un acabado interior de madera.

“Para mí tener un terreno es como un seguro”, explica Emilio sobre una parcela que, además de su vivienda actual, podrá albergar la futura casa de su madre.

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto ley dotado con 30 millones de euros para atender a los afectados por el accidente ferroviario de Urda. La norma establece un régimen extraordinario de transferencias y anticipos por responsabilidad civil, con el objetivo de que los damnificados no tengan que esperar a que terminen los procedimientos administrativos y judiciales.

Los allegados de cada víctima mortal percibirán 72.121,46 euros a fondo perdido y otros 72.121,46 euros como adelanto de la responsabilidad civil, hasta sumar 144.242,92 euros. Las primeras “son ayudas no reembolsables y compatibles con otras indemnizaciones”, ha destacado el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los anticipos tampoco deberán devolverse aunque la compensación definitiva fuera inferior al importe inicial abonado.

Los lesionados podrán recibir hasta 168.282 euros entre ayudas y anticipos

Las personas que sufrieron lesiones corporales tendrán derecho a una ayuda directa de entre 2.404 y 84.141 euros, según la gravedad de las secuelas. El real decreto ley prevé además un anticipo por responsabilidad civil por idénticas cuantías, por lo que, en los casos de mayor gravedad, el importe total podrá alcanzar los 168.282 euros.

El ministro ha precisado que, al igual que las ayudas para las familias de los fallecidos, las cantidades directas no deberán devolverse, serán compatibles con otras subvenciones y compensaciones por el mismo motivo y estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Sobre los anticipos, ha señalado que los afectados tampoco tendrán que reintegrar el exceso si la indemnización definitiva fuera inferior al importe ya abonado.

Puente ha defendido que “las víctimas o las personas afectadas no pueden esperar a que finalicen los procedimientos administrativos y judiciales para recibir el apoyo económico que necesitan”. El esquema replica el aprobado después del accidente de Adamuz, según ha indicado el ministro de Transportes.

Las bajas por el accidente tendrán la consideración de accidente de trabajo

Puente también ha destacado que los trabajadores afectados por el siniestro tendrán una protección específica de la Seguridad Social. Las bajas por incapacidad temporal vinculadas al accidente tendrán, de forma excepcional, la consideración de accidente de trabajo a efectos económicos.

Esta calificación “va a permitir percibir la prestación desde el primer día de la baja y en una cuantía superior”, ha explicado el ministro.

La misma regla se aplicará cuando resulte más favorable para calcular las pensiones por incapacidad permanente, muerte y supervivencia, además de la prestación por incapacidad permanente parcial. La medida operará de oficio y con efectos retroactivos, incluso si la baja ya hubiera terminado o la pensión ya hubiera sido reconocida.

Las personas incluidas en el régimen de clases pasivas del Estado que tengan derecho a la jubilación por incapacidad permanente, o pensiones de viudedad, orfandad o a favor de padres, podrán acogerse al régimen de prestaciones extraordinarias si resulta más beneficioso.

Las delegaciones del Gobierno tramitarán las solicitudes y atenderán a afectados en sus domicilios

Tal y como ha explicado Óscar Puente, el Ejecutivo creará oficinas de atención integral a las víctimas del accidente ferroviario de Urda en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. Estos puntos ayudarán a los afectados y a sus familias a solicitar las ayudas y los anticipos.

Las personas que no puedan desplazarse recibirán atención en sus domicilios en cualquier punto del país, a través del programa La Administración Cerca de Ti del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Puente ha detallado que el Ejecutivo decidió que este ministerio gestionara las medidas tras las dificultades que, según ha dicho, encontró en el caso de Adamuz para acceder a datos de los afectados, ya que la jueza instructora consideró al Gobierno “parte interesada”.

La línea Madrid-Sevilla podría recuperar el servicio en diez días, con menos frecuencias al principio

En rueda de prensa, Puente ha señalado que ya han terminado los trabajos para retirar los trenes siniestrados de las vías. El Gobierno ha solicitado a la jueza que instruye el caso autorización para iniciar la reconstrucción y reposición de la infraestructura.

El tramo dañado abarca algo más de 40 metros, aunque los trabajos se extenderán a un área de unos 400 metros. El ministro ha estimado que, una vez llegue la autorización judicial, la línea podrá volver a prestar servicio en un máximo de diez días naturales.

La reapertura se hará con una reducción de las frecuencias entre Madrid y Sevilla mientras se completa una revisión extraordinaria de los sistemas de seguridad de la línea y el despliegue del sistema europeo de gestión del tráfico ferroviario ERTMS 2.

El plan de seguridad prevé doble validación humana y cambios en los vagones

El Ministerio de Transportes pondrá en marcha un plan extraordinario con ocho medidas para reforzar la seguridad de la alta velocidad. Entre ellas figura la obligación de que un segundo controlador valide las decisiones adoptadas en los centros de control cuando no operen los sistemas automáticos de bloqueo LZB o ERTMS. “Estarán supervisadas y tendrán que ser validadas por al menos un segundo controlador humano”, ha anunciado Puente.

El plan también prevé un nuevo programa para los centros de control con alertas automáticas, registros electrónicos de comunicaciones y mejoras visuales para conocer la situación de los trenes y las vías. Además, el Gobierno desarrollará un sistema de inteligencia artificial y un gemelo digital de la red para anticipar escenarios, detectar anomalías y supervisar las conversaciones entre maquinistas y controladores.

Puente ha anunciado también un estudio con expertos independientes sobre cambios en el interior de los coches, entre ellos compartimentos cerrados para el equipaje. El ministro ha comparado la medida con los compartimentos de los aviones: busca evitar que las maletas, ante un frenazo brusco o un impacto, “se conviertan en auténticos misiles” o golpeen a los pasajeros.

El analista de redes y seguridad Marcelino Madrigal ha localizado cientos de equipos de refrigeración y climatización accesibles desde internet en España. Lo ha hecho horas después de hacerse públicos los presuntos ciberataques que este lunes alteraron decenas de sistemas de frío en los supermercados de varios países europeos y llegaron a subir las temperaturas hasta los 50ºC. El experto ha advertido que esa exposición no implica, por sí sola, que los dispositivos puedan ser atacados, aunque considera necesario revisar su seguridad.

“Expuestos quiere decir que son vistos y accesibles desde internet”, ha explicado Madrigal a Infobae. Para que esos equipos sean vulnerables, ha añadido, tendrían que compartir condiciones con los afectados en otros países, como tener el software sin actualizar, contar con configuraciones inseguras o disponer de mecanismos de acceso mal protegidos.

El especialista ha señalado que un incidente parecido podría producirse en España, como se ha ido detectando también en otros países europeos: “Por supuesto que puede ocurrir aquí también”, ha afirmado, y ha asegurado que el objetivo de difundir este hallazgo es que los propietarios de las instalaciones “se den cuenta, se preocupen y los securicen”.

Un sistema conectado puede estar expuesto pero no ser vulnerable

Los equipos de refrigeración comercial e industrial suelen conectarse a la red para que técnicos y responsables puedan vigilar la temperatura, recibir alertas de averías o modificar parámetros a distancia. Esa conexión facilita el mantenimiento, pero puede abrir una vía de entrada si los dispositivos quedan visibles desde internet sin controles suficientes.

Madrigal ha insistido en que no ha intentado acceder a los más de 300 equipos localizados ni ha comprobado si utilizan programas obsoletos o presentan fallos conocidos. “Expuesto no es igual a vulnerable; para ver eso debería intentar acceder y no quiero que me detengan”, ha comentado en sus redes sociales, en referencia a una actuación no autorizada que podría tener consecuencias legales.

Consultada por Infobae, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad del Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) ha indicado que, debido a “lo reciente del suceso y a la falta de trazabilidad”, no puede determinar todavía “ni el vector de entrada ni el alcance del incidente en España”. Es decir, por ahora no se conoce qué vía habrían utilizado los atacantes para acceder a los sistemas afectados en otros países ni si existen equipos españoles expuestos a las mismas debilidades.

Los casos europeos muestran el impacto de gestionar el frío a distancia

La alerta de Madrigal llega después de una nueva oleada de incidencias en Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Irlanda, Finlandia y Estonia. Varias cadenas de supermercados informaron este lunes de aumentos anómalos de temperatura en frigoríficos y congeladores, lo que obligó a retirar alimentos frescos y congelados. En una tienda de la cadena sueca ICA, los equipos llegaron a subir hasta los 50 °C.

El episodio es muy similar al ocurrido en Francia entre la noche del 11 y el 12 de octubre, cuando cientos de supermercados tuvieron que vaciar sus cámaras de frío después de que los presuntos ciberatacantes activaran o prolongaran a distancia los ciclos de desescarche. La Fiscalía de París abrió una investigación y el CERT-FR, el organismo francés que responde a este tipo de incidentes, alertó de numerosas intrusiones en sistemas de control remoto de equipos de frío de las marcas Danfoss, Copeland y Dixell.

La agencia francesa recomienda que los sistemas que regulan la temperatura no sean accesibles directamente desde internet. El acceso de los técnicos debería realizarse a través de conexiones protegidas, y las empresas deberían revisar las actualizaciones, las contraseñas y los ajustes de desescarche.

Danfoss indicó tras el ataque francés que buena parte de los equipos afectados había llegado al final de su vida útil o funcionaba con versiones antiguas del programa interno que controla los dispositivos. La compañía recomendó mantener actualizados los sistemas que todavía reciben soporte y sustituir los modelos que ya no cuentan con parches de seguridad.

Los expertos señalan los equipos obsoletos y los accesos remotos inseguros

La empresa de ciberseguridad industrial Claroty informó en una investigación publicada en agosto que había localizado miles de interfaces de gestión de controladores Danfoss accesibles desde internet y detectado fallos que podían permitir eludir la autenticación o ejecutar comandos de forma remota. La firma recomendó entonces actualizar los equipos y evitar que sus paneles de gestión permanezcan abiertos a la red pública.

Orange Cyberdefense, la división especializada en seguridad informática del grupo francés de telecomunicaciones Orange, también apuntó, al analizar el caso francés, a varias posibles debilidades: interfaces administrativas expuestas, accesos de mantenimiento remoto insuficientemente protegidos, contraseñas débiles y dispositivos antiguos que ya no reciben actualizaciones.

Por su parte, Robert Lee, consejero delegado de la firma de ciberseguridad industrial Dragos, ha destacado en Financial Times que “el alcance y la escala de estos ataques son nuevos”. El experto se refiere a la tecnología operativa, es decir, los programas y dispositivos que controlan equipos físicos como frigoríficos, congeladores, ascensores o maquinaria de una fábrica. Según Lee, este tipo de intrusiones solía afectar a instalaciones concretas, pero ahora ha alcanzado a numerosos comercios al mismo tiempo.

Amancio Ortega recibe este lunes 1.617 millones de euros de Inditex en el segundo pago del dividendo correspondiente al último ejercicio de la compañía. El fundador y primer accionista del grupo textil acumula así 3.234 millones de euros en retribuciones durante este año, frente a los 3.104 millones que ingresó en 2025.

El abono se realiza a través de Pontegadea Inversiones y Partler, las dos sociedades con las que el empresario controla el 59,294% de Inditex. Esa participación equivale a cerca de 1.848 millones de acciones de la compañía.

La multinacional gallega distribuye hoy 0,875 euros por acción. Es el segundo y último pago del dividendo aprobado para este ejercicio, que asciende a 1,75 euros por título tras aumentar un 4,1% respecto al año anterior.

El primer abono, también de 0,875 euros por acción, tuvo lugar el pasado 4 de mayo. La parte que se entrega este lunes se compone de 0,325 euros correspondientes al dividendo ordinario y otros 0,550 euros con carácter extraordinario.

El reparto supera los 5.454 millones de euros

En total, Inditex reparte más de 5.454 millones de euros entre sus accionistas a lo largo de 2026. La política de remuneración del grupo fija un payout ordinario del 60% del beneficio, al que suma dividendos extraordinarios cuando así lo acuerda el consejo de administración.

El pago se apoya en los resultados de la empresa durante el último ejercicio. La compañía, propietaria de cadenas como Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho y Zara Home, obtuvo un beneficio neto de 6.220 millones de euros en 2025, un 6% más que el año anterior.

La participación de Amancio Ortega convierte al empresario en el principal destinatario de la retribución. El fundador del grupo mantiene el control accionarial mediante sus sociedades patrimoniales, que concentran la mayor parte de su posición en el capital de la compañía.

Los fondos recibidos a través de esas firmas nutren la capacidad inversora de Pontegadea, el holding con el que Ortega gestiona una cartera centrada en activos inmobiliarios. La sociedad ha extendido en los últimos años sus inversiones a sectores como las infraestructuras logísticas, los puertos, la energía y las telecomunicaciones.

Sandra Ortega cobra cerca de 138 millones en el segundo abono

La segunda mayor accionista individual de la empresa es Sandra Ortega, hija del fundador. Su participación alcanza el 5,053% del capital, equivalente a 157,48 millones de acciones.

Con ese paquete accionarial, percibe este lunes alrededor de 138 millones de euros. La cantidad forma parte de los más de 275 millones que recibirá este año por los dividendos de Inditex, una cifra superior a los 264 millones que ingresó en 2025.

El reparto vuelve a situar a la familia Ortega como principal beneficiaria de la retribución al accionista de la multinacional de Arteixo. Entre ambos concentran algo más del 64% de las acciones de la compañía.

La entrega de este lunes completa el pago previsto para el ejercicio. A partir de ahora, la evolución del dividendo dependerá de los resultados que presente Inditex y de la propuesta de distribución de beneficios que formule su consejo para el próximo año.

Los viajeros que tengan previsto volar con Ryanair y hayan decidido facturar la maleta deberán calcular con más margen su llegada al aeropuerto. Desde el próximo 10 de noviembre, la aerolínea cerrará los mostradores de facturación y entrega de equipaje 60 minutos antes de la salida programada del vuelo.

Hasta ahora, los pasajeros podían entregar sus maletas hasta 40 minutos antes de la hora prevista para el despegue. El cambio supone adelantar el cierre 20 minutos y se aplicará en todos los aeropuertos en los que opera la compañía.

La regla afecta solo a quienes hayan contratado equipaje facturado. Para un vuelo previsto a las 12:00 horas, por ejemplo, la maleta deberá haberse entregado antes de las 11:00 horas. Presentarse en el mostrador cuando falte menos de una hora para la salida ya no será suficiente.

El cambio afecta a quienes viajan con equipaje en bodega

Ryanair calcula que alrededor del 20% de sus pasajeros factura equipaje. Ese grupo deberá completar tanto el check-in como la entrega de la maleta antes del nuevo límite.

La empresa indica que el 80% restante, formado por quienes realizan la facturación por internet y viajan solo con equipaje de mano, no se verá afectado. Estos pasajeros podrán continuar con el proceso habitual: acudir al aeropuerto con la tarjeta de embarque y dirigirse al control de seguridad.

La medida tampoco modifica las dimensiones del bulto pequeño incluido en todas las tarifas. Los viajeros pueden llevar a bordo una pieza de hasta 40 x 30 x 20 centímetros, siempre que quepa debajo del asiento delantero.

Quienes hayan adquirido la modalidad Priority pueden subir, además, una maleta de cabina de hasta 10 kilos y con unas medidas máximas de 55 x 40 x 20 centímetros. Ryanair también ofrece equipaje facturado de 10, 20 y 23 kilos.

Ryanair busca dar más tiempo para pasar los controles

La compañía sostiene que el adelanto del cierre de los mostradores permitirá a los pasajeros que facturen maletas disponer de más tiempo para pasar las colas de los controles de seguridad y, cuando sea necesario, el control de pasaportes.

Según Ryanair, la decisión busca reducir los casos de viajeros que no llegan a tiempo a la puerta de embarque después de entregar el equipaje. La aerolínea recomienda acudir con antelación suficiente y no apurar el plazo de una hora antes de la salida.

La empresa señala que el cambio se anunció en abril, pero entrará definitivamente en vigor el martes 10 de noviembre en todos los aeropuertos.

Entregar la maleta no es lo mismo que embarcar

El nuevo límite horario fijado por la aerolínea se refiere exclusivamente a la entrega de equipaje en el aeropuerto. No debe confundirse con la hora de embarque ni con la recomendación general de llegada al aeropuerto.

La compañía aconseja a los viajeros que se presenten en el mostrador de facturación o de entrega de maletas al menos dos horas antes de la salida. Después de dejar el equipaje, el pasajero aún debe pasar los controles correspondientes y llegar a la puerta de embarque con tiempo suficiente.

Ryanair establece que los viajeros deben estar en la puerta al menos 30 minutos antes de la salida programada. Por ello, para evitar incidencias, quienes facturen una maleta tendrán que prever tres momentos: la llegada al aeropuerto, la entrega del equipaje antes del nuevo límite de 60 minutos y el acceso a la puerta de embarque.

Finalmente, aunque el comunicado de la compañía no concreta un recargo específico para quien se presente tarde a facturar la maleta. Sí recuerda que el equipaje debe quedar entregado antes del cierre del servicio y que no cumplir ese plazo puede impedir completar el trámite y poner en riesgo el viaje.

Los sistemas de frío de decenas de supermercados de Bélgica, Suecia, Luxemburgo, Estonia, Finlandia e Irlanda han registrado desde la madrugada de este lunes incidencias que han elevado la temperatura de frigoríficos y congeladores y han obligado a retirar alimentos frescos y congelados. Varias empresas investigan posibles intrusiones informáticas, aunque no todos los casos han sido atribuidos de forma definitiva a un ciberataque.

En Bélgica, la cadena Delhaize ha informado de un “incidente informático” que ha afectado a unas 40 tiendas, mientras que Carrefour Bélgica ha confirmado problemas en 15 establecimientos. El grupo neerlandés Ahold Delhaize, propietario de Delhaize, ha señalado que la incidencia también afectó a supermercados de Luxemburgo.

La situación ha afectado a los frigoríficos, los congeladores y las cámaras donde se conserva la mercancía antes de ponerla a la venta. Cuando estos equipos superan las temperaturas necesarias para mantener los alimentos, los productos frescos y congelados deben desecharse para evitar riesgos sanitarios. Aunque por ahora no existe una estimación conjunta de los daños económicos en los seis países, se prevén pérdidas elevadas.

En Suecia, una tienda de la cadena ICA en Sjöbo ha asegurado a través de sus redes sociales que sus equipos fueron manipulados a distancia y que la temperatura llegó a fijarse en 50 °C. ICA ha reconocido que un número limitado de sus establecimientos se ha visto afectado durante la noche, mientras que Coop ha comunicado problemas similares en seis tiendas.

En Irlanda, el grupo Musgrave ha confirmado un “incidente cibernético” en los sistemas de refrigeración de 13 supermercados SuperValu. La empresa ha retirado preventivamente de la venta los productos frescos y congelados de esos establecimientos y ha indicado que trabaja con los proveedores de los equipos y expertos en ciberseguridad.

En Estonia, el proveedor Kitman Coldtech ha informado a la radiotelevisión pública ERR de que los presuntos atacantes accedieron al ordenador que controla los sistemas de frío de una gran cadena de supermercados y elevaron la temperatura hasta 50 °C. La empresa no ha identificado al comercio afectado, pero ha asegurado que la reacción de los responsables evitó que se extendieran los daños.

Los sistemas entraron en modo de desescarche y expulsaron aire caliente

Las incidencias en Bélgica se han registrado en Flandes y Valonia. Además de Delhaize y Carrefour, alrededor de 15 tiendas de Intermarché han sufrido alteraciones y el grupo Colruyt ha comunicado problemas en cinco supermercados Spar gestionados por comerciantes independientes. La cadena de carnicerías De Laet & Van Haver, con establecimientos en la zona de Amberes, también ha detectado cambios repentinos en la temperatura de sus instalaciones.

Varios responsables recibieron avisos durante la madrugada y acudieron a sus locales para reducir los daños. Algunos recurrieron a camiones frigoríficos para preservar parte de la mercancía. Otros no pudieron evitar que se rompiera la cadena de frío y tuvieron que retirar productos de los frigoríficos y congeladores.

Técnicos consultados por medios belgas han explicado que los parámetros de los equipos fueron modificados a distancia. Los evaporadores entraron en modo de desescarche, una función que utiliza calor para eliminar el hielo acumulado. El procedimiento suele durar un tiempo limitado, pero su activación prolongada hace que aumente la temperatura en el interior de los aparatos.

En varios comercios de Bélgica, los frigoríficos y congeladores llegaron a unos 15 °C. La cadena RTL informó de un establecimiento en el que los equipos alcanzaron los 45 °C.

Finlandia también registra alteraciones en los equipos de frío de algunos supermercados

Finlandia también ha comunicado incidencias en los sistemas de refrigeración de algunos supermercados del grupo K. El responsable de seguridad de Kesko, compañía propietaria de la cadena, ha confirmado al diario finlandés Helsingin Sanomat que durante la noche se detectaron alteraciones temporales de temperatura y que la empresa investiga las causas.

Kesko no ha descartado una interferencia a través de la red, aunque por ahora no ha confirmado que se trate de un ciberataque ni ha precisado el número de establecimientos afectados. Un supermercado K de Helsinki indicó que la situación ya estaba controlada, aunque advirtió que algunos productos podrían faltar en sus estanterías este lunes y el martes.

El método recuerda al ataque contra cientos de comercios franceses

Lo ocurrido esta madrugada guarda similitudes con el sabotaje registrado en Francia entre la noche del 11 y la madrugada del 12 de octubre. Cientos de establecimientos de Intermarché, Netto, Coopérative U, Carrefour, E.Leclerc y Monoprix tuvieron que vaciar sus equipos de frío después de que fueran manipulados en remoto.

En aquel caso, los atacantes activaron el desescarche de frigoríficos, congeladores y cámaras de almacenamiento conectados a Internet. La temperatura llegó a elevarse hasta 50 °C en algunos locales, lo que obligó a desechar grandes cantidades de alimentos y provocó daños materiales. La Fiscalía de París abrió una investigación, a cargo de la Oficina Anticiberdelincuencia, tal y como informó AFP.

Las primeras averiguaciones en Francia se centraron en sistemas de control de refrigeración de los fabricantes Danfoss y Dixell. Sin embargo, no hay pruebas públicas de que los incidentes registrados este lunes en los seis países formen parte de una misma operación ni de que sus responsables sean los mismos.

La Inspección de Trabajo de Cataluña ha abierto una investigación de oficio para determinar si Amazon, Glovo y Uber Eats mantuvieron la actividad de reparto durante los episodios recientes de lluvias torrenciales y si disponían de medidas suficientes para proteger a los trabajadores. La actuación no implica, por ahora, que se hayan constatado infracciones o sanciones.

La información ha sido adelantada por Catalunya Ràdio y confirmada a EFE por fuentes del Departamento de Trabajo de la Generalitat. Según publicó el medio catalán, las tres empresas han recibido un requerimiento para informar sobre los protocolos de prevención que aplican ante fenómenos meteorológicos adversos. La inspección busca comprobar que esas medidas se apliquen durante alertas naranja o roja.

La investigación se centra en un tipo de empleo especialmente expuesto a las condiciones meteorológicas. Los repartidores realizan entregas en motocicleta, bicicleta y a pie, con riesgos que aumentan cuando hay acumulación de agua, calzadas resbaladizas, visibilidad reducida o cortes de circulación.

Las plataformas deberán presentar sus protocolos de seguridad

La Generalitat ha solicitado a las plataformas documentación sobre las medidas previstas para proteger a los repartidores en estos escenarios. Según explicó la directora general de la Inspección de Trabajo, Laura Freixas, los protocolos deben prever la adaptación o reducción de la jornada y, si hay riesgo grave e inminente, la interrupción de la actividad.

Freixas ha señalado a Catalunya Ràdio que, si la investigación concluye que las empresas no disponen de protocolos, la Administración puede exigir su elaboración. También puede abrir un procedimiento sancionador si detecta incumplimientos.

El plazo para entregar la documentación no está del todo claro. Según EFE, la Inspección había fijado como límite mediados de noviembre, mientras que la información de Catalunya Ràdio situó el vencimiento al final de este mes.

Las compañías han trasladado sus primeras reacciones a ese medio. Glovo ha afirmado que cumple la normativa vigente. Uber Eats sostiene que dispone de un protocolo de seguridad que puede implicar el cierre de su aplicación. Y Amazon ha señalado que no cuenta con una flota propia de repartidores y que las entregas se realizan a través de empresas subcontratadas. La compañía añadió que dispone de mecanismos para responder a las alertas meteorológicas.

La denuncia contra Uber Eats por el temporal del 6 de octubre

La actuación de oficio de la Inspección se suma a una investigación previa abierta sobre Uber Eats tras una denuncia presentada por la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras (FSC-CCOO).

El sindicato denunció que Uber Eats y sus subcontratas habrían mantenido a repartidores trabajando durante el temporal del 6 de octubre, cuando varias zonas de Cataluña registraban avisos por lluvias y tormentas. CCOO sostuvo que los trabajadores quedaron expuestos a calzadas peligrosas, pérdida de adherencia, baja visibilidad y riesgo de accidentes.

La organización pidió a la Inspección que aclare qué instrucciones recibieron los repartidores, qué protocolos se activaron y cuáles fueron las medidas adoptadas por la plataforma y por las compañías que operan el reparto.

Uber Eats rechazó que hubiera desatendido la seguridad. La empresa afirmó que cuenta con un sistema conectado con los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que permite cerrar la aplicación en las zonas bajo alerta roja e impedir nuevos pedidos.

Sobre la jornada del 6 de octubre, la empresa señaló que AEMET no había decretado una alerta roja en Cataluña y que suspendió el servicio a las 21:20 horas, tras evaluar la situación meteorológica y la información trasladada por sus flotas colaboradoras.

La ley obliga a adaptar la actividad si el riesgo no está controlado

La normativa española contempla obligaciones específicas para los trabajos al aire libre. El Real Decreto 486/1997 establece que las empresas deben adoptar medidas adecuadas para proteger a la plantilla frente a fenómenos meteorológicos adversos.

Si existe un aviso naranja o rojo de AEMET o del servicio meteorológico autonómico y las medidas preventivas no garantizan la protección, la empresa debe adaptar las condiciones laborales. La norma incluye la reducción o modificación de la jornada y, cuando no se pueda garantizar la protección, la prohibición de determinadas tareas.

El Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo advierte que la lluvia intensa puede reducir la visibilidad y aumentar el riesgo de caídas, resbalones y accidentes. También plantea que los procedimientos de trabajo deben prever con antelación las medidas que se aplicarán ante esas situaciones.

Además, una reforma aprobada tras la DANA de 2024 incorporó al Estatuto de los Trabajadores un permiso retribuido de hasta cuatro días para quienes no puedan acudir al trabajo o desplazarse por las vías necesarias debido a recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de las autoridades, o ante una situación de riesgo grave e inminente.

La norma también obliga a informar a la representación de los trabajadores sobre las medidas previstas ante estas alertas y prevé la negociación de protocolos en los convenios colectivos.

Entregar las llaves no obliga al propietario a devolver la fianza ese mismo día, pero la ley establece un límite: si pasa un mes sin que el arrendador restituya el dinero que corresponda, la cantidad pendiente genera intereses legales a favor del inquilino.

Durante ese período, el propietario puede revisar el estado de la vivienda y comprobar si existen deudas o desperfectos que justifiquen un descuento. Si retiene toda la fianza o una parte, debe detallar las razones y acreditar las cantidades que reclama.

El plazo comienza con la entrega efectiva de las llaves. Por eso, conviene dejar constancia de ese momento mediante un documento firmado, un correo electrónico, un mensaje que pueda acreditarse o cualquier otra comunicación que identifique la fecha y el estado de la vivienda.

El casero debe justificar cualquier descuento de la fianza

La fianza del alquiler sirve como garantía de las obligaciones asumidas por el inquilino durante el contrato. El propietario puede retener una parte si existen rentas o suministros pendientes de pago, o si acredita daños en la vivienda que sean imputables al arrendatario.

El Código Civil establece que el inquilino debe devolver el inmueble en el estado en que lo recibió, salvo el desgaste ocasionado por el uso y el paso del tiempo. También dispone que, si no hay una descripción inicial del piso, se presume que el arrendatario lo recibió en buen estado, a menos que pueda demostrar lo contrario.

Por ese motivo, una reclamación por desperfectos debe identificar los daños y cuantificar el importe que se pretende descontar. El contrato, el inventario, las fotografías tomadas al inicio y al final del alquiler, los recibos de suministros y el documento de entrega de llaves pueden servir para acreditar la posición de cada parte.

Un requerimiento por escrito deja constancia de la reclamación

Si ya pasó un mes desde la entrega de llaves y el propietario no devolvió la fianza ni explicó qué cantidad retiene y por qué, el inquilino puede enviar una reclamación formal. El burofax con certificación de texto y acuse de recibo permite acreditar tanto el contenido del requerimiento como su recepción.

En ese escrito conviene incluir la identidad de las partes, la fecha de finalización del contrato, el día de entrega de llaves, el importe de la fianza y la cantidad cuya devolución se reclama. También se puede exigir el pago de los intereses legales generados desde que venció el plazo previsto en el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

La reclamación debe ir acompañada, si es posible, de los documentos disponibles: contrato, justificante del depósito, fotografías, inventario o comunicaciones previas con el casero. El objetivo es dejar clara la cuantía reclamada y los motivos por los que se considera improcedente la retención.

La negociación previa es necesaria antes de presentar una demanda

La Ley Orgánica 1/2025, en vigor desde abril de 2025, exige con carácter general que las partes intenten una solución extrajudicial antes de iniciar un procedimiento civil. Ese requisito puede cumplirse mediante una negociación directa, una mediación, una conciliación u otro medio adecuado de solución de controversias.

Por eso, el requerimiento al propietario debe proponer de forma expresa una vía para alcanzar un acuerdo. Si el arrendador no responde o no se produce una primera reunión o contacto orientado a resolver el conflicto en los 30 días naturales posteriores a la recepción de la solicitud, el intento de negociación se considera terminado sin acuerdo.

El inquilino debe conservar el justificante del envío y de la recepción. Esa documentación puede ser necesaria al presentar una demanda, ya que la ley exige acreditar que se intentó resolver el conflicto antes de acudir a los tribunales.

Reclamar ante la justicia puede hacerse sin abogado en algunos casos

Si no hay acuerdo, el inquilino puede reclamar ante la justicia la devolución de la parte retenida, junto con los intereses que correspondan. La demanda deberá incluir la prueba del intento previo de negociación y los documentos que sostengan la reclamación.

La Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en los juicios verbales determinados por la cuantía, no es obligatorio intervenir con abogado ni procurador cuando la cantidad reclamada no supera los 2.000 euros. Si el importe es mayor o existen discrepancias sobre daños, deudas o pruebas, contar con asesoramiento jurídico puede facilitar la preparación del caso.

Antes de iniciar la vía judicial, también puede comprobarse si el propietario depositó la fianza ante el organismo de vivienda de la comunidad autónoma. Las autonomías pueden obligar al arrendador a ingresar ese dinero en un organismo público durante la vigencia del contrato, aunque ese depósito no cambia la obligación del propietario de devolver al inquilino el importe que corresponda.

Un champú de marca de un litro puede encarecer la cesta de la compra más de 11 euros. Y no es el único producto con una amplia diferencia entre la versión del fabricante y la marca blanca: una selección de 17 artículos básicos de fabricante cuesta 54 euros, frente a los 26 euros que suma con los productos propios de los supermercados, según un análisis de Roams. La diferencia alcanza los 28 euros por compra.

Los datos corresponden a una comparación de precios online en Mercadona, Dia, Carrefour, Alcampo y Aldi. El estudio toma como referencia alimentos, productos de higiene y artículos de limpieza, y compara los importes por litro, kilo, unidad o número de lavados.

El resultado muestra que optar por la marca blanca reduce el gasto de la cesta un 52%. La diferencia no se distribuye por igual entre todos los productos: la droguería concentra los mayores saltos, mientras que en básicos como el azúcar o la leche la distancia es más corta.

El champú de fabricante cuesta casi diez veces más

El caso más llamativo es el del champú. El precio medio de las marcas blancas se sitúa en 1,30 euros por litro, mientras que el de los productos de fabricante llega a 12,48 euros. Es decir, cuesta un 861% más, lo que permite ahorrar el 90% al elegir un artículo de la cadena.

Otro producto de higiene cuenta con una gran diferencia: el gel de ducha de fabricante tiene un precio medio de 4,99 euros por litro, frente a 1,18 euros de la marca blanca. La brecha alcanza el 324%, con un ahorro del 76% para el consumidor que elige la opción más barata.

En el detergente líquido para ropa, medido por lavado, la marca blanca cuesta 0,072 euros, frente a 0,250 euros de las referencias de fabricante. La diferencia es del 246% y el ahorro llega al 72%.

Estos tres productos explican buena parte del salto en el precio entre ambas cestas. El análisis sitúa a la droguería como la categoría en la que pagar por la marca tiene un mayor efecto sobre el ticket final.

La pasta, el pan y el tomate de marca también aumentan el gasto

Otras diferencias notables pueden observarse en varios alimentos de consumo habitual, donde el coste de las marcas de fabricante también supera ampliamente al de las marcas blancas.

El tomate triturado de fabricante tiene un precio medio de 3,47 euros por kilo, frente a 1,21 euros de la marca blanca. La diferencia alcanza el 186%, mientras que el ahorro al optar por producto del supermercado es del 65%.

En la pasta, el precio medio de las marcas de fabricante se sitúa en 3,10 euros por kilo, frente a 1,19 euros de la marca blanca. La diferencia es del 161% y el ahorro llega al 62%. En el pan de molde, las referencias de fabricante cuestan 3,60 euros por kilo, frente a 1,43 euros de las marcas propias, un 152% más.

Las lentejas secas también muestran una distancia clara: 4,22 euros por kilo en las marcas de fabricante y 1,76 euros en marca blanca. En este caso, el ahorro potencial es del 59%.

El azúcar y la leche de fabricante son más caras, pero hay menos diferencia

En el caso del azúcar blanco, el análisis refleja que es el producto con menos diferencia: el precio medio de fabricante es de 1,06 euros por kilo, apenas un 3% por encima de los 1,03 euros de la marca blanca.

En la leche semidesnatada, el artículo de fabricante cuesta 1,13 euros por litro, frente a los 0,84 euros de las marcas blancas. La diferencia es del 35% y el ahorro se sitúa en el 26%.

En los aceites, la diferencia es también moderada. El de girasol de fabricante cuesta de media un 48% más que la marca blanca, mientras que en el aceite de oliva virgen extra la brecha alcanza el 55%. Elegir la marca de la cadena permite ahorrar un 32% y un 35%, respectivamente.

La cesta de marca blanca más barata es la de Carrefour

Según el análisis, en la mayoría de los productos importa más escoger marca blanca que ir a un supermercado concreto: la diferencia de precio entre una marca propia y otra de fabricante suele ser mayor que la que hay entre cadenas.

La cesta de marca blanca más barata, compuesta por 14 productos disponibles en las cinco cadenas, cuesta 39,54 euros en Carrefour. Mercadona la sitúa en 39,77 euros; Dia, en 40,07 euros; Alcampo, en 40,85 euros; y Aldi, en 46,32 euros.

Los importes pueden variar según la tienda física, el código postal, las promociones vigentes y la disponibilidad de cada referencia.

El dinero se cuela, inevitablemente, en las rutinas de la población española, sobre todo cuando toca realizar un pago o cuando llega la hora de dormir. El 69% de los españoles afirma pensar en sus finanzas todos los días y uno de cada cuatro lo hace al menos cuatro veces al día, según una encuesta de Klarna.

La familia es el único asunto que aparece con más frecuencia que el dinero en la cabeza de los encuestados. Un 35% asegura que piensa en ella al menos cuatro veces al día. Por detrás quedan la vida sentimental, la salud y la carrera profesional.

La encuesta dibuja una preocupación que no se limita a revisar la cuenta bancaria a final de mes. El dinero aparece entre tareas cotidianas, decisiones de consumo y momentos de descanso. El 27% sitúa las compras entre las situaciones en las que más piensa en sus finanzas, mientras que el 19% dice que esa preocupación le acompaña al meterse en la cama e intentar conciliar el sueño.

El dinero preocupa más durante las compras

Pasar por caja, llenar el carrito de la compra o afrontar un gasto que no estaba previsto son momentos en los que el dinero cobra protagonismo. La encuesta no especifica qué tipo de compras generan mayor preocupación, pero refleja que una parte de los participantes vincula esos momentos con la necesidad de calcular cuánto puede gastar.

Ese cálculo se complica cuando los costes no están claros. El 86% prefiere conocer el precio total por adelantado, aunque sea más alto de lo que le gustaría pagar, de acuerdo con los datos de Klarna. La certeza parece pesar más que la posibilidad de encontrarse con un gasto final distinto del esperado.

Las salidas de ocio también pueden alterar el presupuesto. El 74% de los participantes reconoce que alguna vez ha gastado más de lo previsto en un evento o una celebración, como una boda o un concierto. Dos de cada cinco afirman que les ha ocurrido en más de una ocasión.

La preocupación no depende únicamente del nivel de ingresos, según la investigación. El estudio apunta a que saber cuánto dinero se recibirá y poder afrontar una factura inesperada se relacionan con una mayor sensación de control que la cuantía del salario por sí sola.

La cama y la ducha: momentos para darle vueltas a la cuenta del banco

El final del día es otro de los momentos en los que las finanzas ocupan las mentes de los españoles. Casi uno de cada cinco encuestados piensa en dinero al intentar dormirse. La cifra que muestra la app del banco perturba a los encuestados cuando terminan las obligaciones diarias.

La situación es distinta en la ducha, uno de los espacios asociados a la desconexión y a los pensamientos dispersos. Solo el 7% dice pensar entonces en dinero. Aunque sí aparecen asuntos relacionados: el 35% fantasea con qué haría si le tocara la lotería, el 31% piensa en sus próximas vacaciones y el 23% planea las comidas de la semana.

Tener claras las cuentas deja más tiempo para desconectar y descansar

Más del 82% de los encuestados asegura que se sentiría mejor preparado ante una reparación urgente o una factura inesperada si conociera con exactitud su situación económica.

Cuando los españoles imaginan unas finanzas más ordenadas, el tiempo mental que recuperarían no lo dedicarían necesariamente a consumir más. El 43% elegiría descansar y olvidarse de las preocupaciones; el 36% pasaría más tiempo con su familia y el 35% cuidaría su salud física o haría ejercicio.

La encuesta también señala que el 71% de quienes se van de vacaciones cree que conocer su situación económica antes de viajar ayuda a preocuparse menos por el dinero durante esos días.

La Unión Europea aplica desde este domingo una tasa de gestión de dos euros a las compras online enviadas desde países de fuera del bloque. La medida afecta a pedidos de plataformas como Temu, Shein y AliExpress cuando el envío sale de un país no comunitario.

Este nuevo cargo se añade al gravamen temporal de tres euros que la Unión Europea introdujo el 1 de julio para mercancías de hasta 150 euros. En la práctica, un pedido barato procedente de China puede tener ahora dos costes aduaneros distintos, aunque no siempre aparecerán desglosados en la factura que ve el cliente.

La norma busca financiar los controles de aduanas ante la llegada masiva de paquetes de bajo valor. Bruselas sostiene que el volumen de envíos dificulta la detección de artículos que incumplen las reglas europeas de seguridad, etiquetado o protección de los consumidores.

No habrá un cargo fijo de dos euros por cada paquete

La tasa de dos euros no funciona como un suplemento único por pedido. Tampoco se cobra por cada camiseta, accesorio o producto que haya dentro de la caja.

El importe depende de las categorías de mercancía que figuren en la declaración aduanera. Un pedido con varias camisetas puede pagar una sola tasa de dos euros. Si el paquete incluye camisetas, gorras y accesorios, puede acumular varios cargos si aduanas los clasifica en grupos diferentes.

El gravamen temporal de tres euros para compras de hasta 150 euros sigue una lógica parecida. Por eso, un envío con productos de varias categorías puede sumar varios importes de dos y de tres euros.

El comprador puede acabar pagando más

La empresa que figura como importadora deberá pagar los cargos ante aduanas. Puede ser el vendedor, la plataforma donde se realiza el pedido o una empresa logística que gestione la entrada de la mercancía en Europa.

Las plataformas pueden asumir ese gasto o trasladarlo al precio de los artículos y a los gastos de envío. Es decir, el cliente puede acabar pagando más por la compra, aunque no vea un concepto llamado “tasa aduanera” en el momento de hacer el pedido.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC) ha subrayado que las compañías deben mostrar el importe total antes de que el usuario confirme la compra. No podrán exigir un suplemento inesperado al final del proceso de pago ni cuando el paquete llegue al domicilio.

Europa recibió 5.800 millones de paquetes baratos en un año

La Comisión Europea calcula que en 2025 entraron en el mercado comunitario 5.800 millones de paquetes de menos de 150 euros, un 26% más que el año anterior. La cifra supera en más de cuatro veces los 1.400 millones de envíos registrados en 2022.

La mayoría de esas mercancías procedía de China. El crecimiento de plataformas que venden directamente a consumidores europeos ha llevado a Bruselas a adelantar parte de su reforma aduanera y a establecer nuevos controles para los pedidos de bajo valor.

Las instituciones europeas sostienen que el actual modelo de venta directa complica las inspecciones. La llegada de millones de pequeños paquetes repartidos entre distintos países obliga a las autoridades a revisar información sobre productos, valorar riesgos y decidir qué envíos requieren una inspección física.

BEUC apoya la tasa porque considera que puede dar más recursos a las aduanas. La organización pidió a los estados miembros que destinen lo recaudado a reforzar los controles. En análisis realizados por asociaciones de consumidores de su red, el 69% de 162 productos adquiridos en Temu y Shein presentaba incumplimientos o posibles riesgos, entre ellos juguetes, cargadores USB y joyería.

Temu y Shein deberán responder como importadoras

La tasa forma parte del nuevo Código Aduanero de la Unión. Con esta reforma, las plataformas y los vendedores que organicen envíos directos desde países no comunitarios pasarán a tener responsabilidades propias de un importador.

Deberán aportar información sobre los productos, pagar o garantizar los cargos aplicables y comprobar que los artículos cumplen la normativa europea. Las empresas que incumplan de forma repetida sus obligaciones podrán recibir sanciones de entre el 1% y el 6% del valor de las mercancías importadas durante los 12 meses anteriores.

El gravamen temporal de tres euros estará vigente hasta el 1 de julio de 2028. A partir de esa fecha, la Unión Europea prevé sustituirlo por aranceles ordinarios según el tipo de producto. La tasa de gestión de dos euros seguirá en vigor, aunque la Comisión Europea deberá revisar su cuantía cada dos años.

El próximo 29 de noviembre, España elegirá a los miembros del Congreso de los Diputados y del Senado para la próxima legislatura. Quienes obtengan un escaño en la Cámara baja percibirán un sueldo mensual y una cantidad adicional para afrontar los gastos vinculados a su actividad parlamentaria.

Esa ayuda para gastos no tributa en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). En la práctica, significa que el Congreso no descuenta este impuesto de esa partida, a diferencia de lo que ocurre con el sueldo base de los diputados.

Los representantes elegidos por Madrid reciben 1.032,38 euros al mes por este concepto, mientras que los diputados del resto de circunscripciones perciben 2.162,85 euros mensuales. Las dos cantidades están exentas de IRPF y se suman a la asignación constitucional de 3.366,99 euros al mes, que sí tributa.

La indemnización se cobra íntegra

El Congreso clasifica esta partida como una indemnización para afrontar los gastos que origine la actividad parlamentaria. Por ese motivo, está exenta de IRPF y el importe llega íntegro al diputado, sin retención por este impuesto.

La exención no alcanza a la asignación constitucional, que sí se somete al régimen fiscal general. En el caso de los representantes por Madrid, la suma de ambos conceptos asciende a 4.399,37 euros mensuales, sin incluir los complementos que puedan corresponder por ocupar puestos en la Mesa, las comisiones o las portavocías.

La indemnización de los diputados madrileños equivale a 14.453,32 euros anuales en 14 pagas. Junto a la asignación constitucional, la percepción anual alcanza 61.591,18 euros, de los cuales 47.137,86 euros corresponden a la parte sometida a IRPF.

El importe aumenta por los gastos de desplazamiento y estancia

El Congreso explica que la cuantía superior para los representantes elegidos fuera de Madrid busca cubrir los gastos de desplazamiento y estancia vinculados a la asistencia a la Cámara. Con la indemnización prevista para esas circunscripciones, la percepción mensual conjunta se sitúa en 5.529,84 euros antes de complementos.

En 14 pagas, los diputados de provincias distintas de Madrid perciben 30.279,90 euros anuales por la indemnización exenta. Sumada a la asignación constitucional, la cantidad alcanza 77.417,88 euros anuales.

El criterio no depende de dónde viva el diputado, sino de la circunscripción por la que fue elegido. Un parlamentario electo por Barcelona, Valencia, Sevilla o cualquier otra provincia distinta de Madrid tiene derecho a la cuantía superior aunque resida habitualmente en la capital.

La Cámara cubre además determinados desplazamientos por separado. El Congreso abona directamente los viajes en transporte público y reembolsa el uso de vehículo propio, previa justificación, a razón de 0,26 euros por kilómetro, además de peajes y aparcamiento. Los diputados sin vehículo oficial cuentan con una tarjeta para taxis en Madrid, con un límite anual de 3.000 euros.

Solo los miembros de la Diputación Permanente mantienen estos ingresos

Las Cortes Generales quedaron disueltas el 6 de octubre por la convocatoria de elecciones. Desde entonces, los diputados que integran la Diputación Permanente, tanto titulares como suplentes, conservan su condición parlamentaria hasta que se constituya el nuevo Congreso.

Por ese motivo, mantienen sus percepciones habituales durante este período: la asignación constitucional, la indemnización por gastos y, cuando corresponda, los complementos vinculados a los cargos que desempeñaban antes de la disolución.

Entre ellos figuran Francina Armengol, presidenta del Congreso; Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; Santiago Abascal, de Vox; Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Míriam Nogueras, de Junts per Catalunya; e Ione Belarra, de Podemos.

La indemnización de transición sí tributa

La situación es distinta para los diputados que no pertenecen a ese órgano. Tras la disolución de la Cámara, dejaron de percibir mensualmente su nómina, pero el Reglamento de pensiones parlamentarias prevé para ellos una indemnización de transición en un pago único, cuya cuantía debe determinar la Mesa del Congreso.

En anteriores procesos electorales, la Mesa fijó esa compensación en el equivalente a 52 días de las percepciones que recibía cada diputado antes de la disolución. A diferencia de la indemnización mensual por gastos parlamentarios, este pago único tributa en el IRPF.

La indemnización de transición tampoco puede compatibilizarse, con carácter general, con otras retribuciones públicas, con ingresos derivados de una actividad privada remunerada ni con determinadas pensiones. La normativa contempla excepciones limitadas, como la administración del patrimonio personal o determinadas actividades de creación y colaboración ocasional.

Las pensiones, el paro y el salario mínimo están sujetos al IRPF

La partida que reciben los diputados para gastos parlamentarios tiene un tratamiento fiscal que no se aplica de la misma forma a los salarios, las pensiones ordinarias o la prestación por desempleo. Las pensiones de jubilación y el paro se consideran rendimientos del trabajo y están sujetos al IRPF.

Esto no implica que todos los pensionistas o desempleados terminen pagando una cuota en la declaración. Las personas con ingresos más bajos pueden quedar sin pago efectivo tras aplicar los mínimos personales y las deducciones previstas. Sin embargo, esas prestaciones no están exentas de IRPF con carácter general.

El salario mínimo interprofesional tampoco constituye una renta exenta en sentido técnico. En 2026, quienes cobran hasta 17.094 euros brutos anuales pueden no pagar IRPF gracias a una deducción específica, siempre que cumplan los requisitos legales. Si el SMI vuelve a aumentar en 2027, el tratamiento fiscal dependerá de que se apruebe una nueva modificación normativa.

En una empresa privada, las dietas tienen que estar justificadas para no tributar

Las empresas también pueden abonar cantidades libres de IRPF para cubrir gastos de trabajo, pero el sistema funciona de otra forma. Las dietas por desplazamiento, manutención, alojamiento o traslado pueden quedar exentas cuando responden a un desplazamiento laboral real, se respetan los límites legales y la empresa puede acreditarlo.

El transporte público queda fuera de tributación si existe factura o documento equivalente. Para el uso de vehículo propio, la cuantía exenta se limita a 0,19 euros por kilómetro, además de peajes y aparcamiento justificados. Los gastos de manutención y estancia también tienen condiciones y límites, y el exceso sobre esas cantidades tributa como rendimiento del trabajo.

La diferencia con los diputados es que la indemnización parlamentaria se fija como una cantidad mensual estable según la circunscripción por la que se obtuvo el escaño. No depende de presentar cada gasto de desplazamiento o alojamiento para aplicar la exención y se suma a las ayudas de transporte, kilometraje y taxis que el Congreso cubre por separado.

No son pocas las personas que llegan a la edad de jubilación con un patrimonio escaso o sin ahorros suficientes para afrontar la pérdida de ingresos que suele acompañar al retiro. La hipótesis del ciclo de vida del ahorro plantea que los trabajadores deberían acumular recursos durante su vida laboral para utilizarlos después de jubilarse, pero la investigación económica reciente muestra que ese plan suele chocar con errores de cálculo, deudas y dificultades para pensar en el largo plazo.

La teoría fue formulada por el economista ítalo-estadounidense Franco Modigliani y el economista Richard Brumberg en la década de 1950. Más tarde, Modigliani desarrolló sus implicaciones para el conjunto de la economía junto a Albert Ando.

Su planteamiento parte de una secuencia vital que resulta -para muchos- familiar: en los primeros años de la etapa adulta, los ingresos suelen ser bajos y puede haber poco ahorro o incluso endeudamiento. Durante la etapa laboral, el salario aumenta y una parte debería destinarse a formar patrimonio. Una vez llegada la jubilación, esos recursos permitirían mantener el consumo sin depender por completo de una pensión.

La hipótesis del ciclo de vida propone ahorrar mientras se trabaja

La hipótesis del ciclo de vida describe cómo deberían organizar sus finanzas las personas si pudieran anticipar sus ingresos, gastos y necesidades futuras.

En el discurso que pronunció al recibir el Premio Nobel de Economía en 1985, Modigliani explicó la idea en la que se basa la teoría. El objetivo era entender las decisiones de “consumidores racionales, que maximizan su utilidad y asignan de manera óptima sus recursos al consumo a lo largo de su vida”.

En términos sencillos, el modelo plantea que una persona no debería gastar todo lo que gana en sus años de mayor salario. Una parte del dinero tendría que reservarse para la vejez, cuando disminuyen o desaparecen los ingresos laborales. Así, el consumo se repartiría de una forma más equilibrada entre juventud, vida laboral y jubilación.

El problema es que una planificación de este tipo requiere responder con décadas de antelación a preguntas difíciles: cuánto se vivirá, qué gastos de salud surgirán, si habrá periodos de desempleo, cuánto rendirán los ahorros o si será necesario ayudar económicamente a familiares.

Quien calcula que vivirá menos, gasta más

El capítulo Lessons from Behavioral Research for Retirement Saving, Investment, and Spending: An Overview, de Olivia S. Mitchell y Nikolai Roussanov, analiza por qué las decisiones reales se alejan con frecuencia de ese modelo teórico.

Uno de los factores tiene que ver con la percepción de la propia longevidad. Los autores resumen una investigación del economista Rawley Z. Heimer con una frase que ayuda a entender el problema: “Las personas jóvenes tienden a subestimar cuánto tiempo vivirán, por lo que gastan de más y ahorran demasiado poco”.

La cita, traducida del inglés, contiene una de las claves del desajuste. Quien calcula que vivirá menos años de los que realmente puede vivir tiene menos incentivos para reservar dinero para la vejez. Puede priorizar el consumo presente y retrasar el ahorro, aunque más adelante descubra que el patrimonio acumulado no alcanza para financiar una jubilación prolongada.

En edades más avanzadas, el comportamiento puede cambiar. Algunas personas empiezan a sobrestimar los años que les quedan por vivir y reducen el gasto de forma preventiva. Ese fenómeno ayuda a explicar por qué ciertos jubilados gastan sus ahorros lentamente.

Los pequeños gastos y las deudas alteran la planificación

El capítulo también aborda el llamado undersum bias, o sesgo de subestimación acumulativa. Se trata de la tendencia a calcular mal cuánto suman muchas cifras pequeñas con el paso del tiempo.

Una suscripción mensual, una compra recurrente o un gasto aparentemente menor pueden tener un efecto considerable después de años. Al mismo tiempo, muchas personas tampoco perciben con claridad cuánto puede crecer una aportación periódica al ahorro gracias al interés compuesto, el mecanismo por el que los intereses generados se suman al capital y también producen nuevos intereses.

Ese sesgo afecta también a los imprevistos. Problemas de salud, periodos sin empleo, reparaciones, cuidados de familiares a largo plazo o deudas pueden romper una estrategia que parecía sostenible. La investigación revisada por Mitchell y Roussanov indica que las personas pueden infravalorar tanto los gastos futuros como los riesgos financieros durante toda una vida.

La alfabetización financiera también importa. Comprender cómo funcionan los intereses, los productos de ahorro y la deuda ayuda a tomar decisiones con más información. La organización, la disciplina y la revisión periódica de las cuentas personales aparecen como otros factores vinculados a una mayor preparación para el retiro.

La pensión pública reduce la dependencia del ahorro privado, pero no elimina el problema

En España, la jubilación no depende solo del dinero que cada trabajador haya conseguido ahorrar. El sistema público de pensiones aporta una renta mensual a quienes han cotizado el tiempo necesario, por lo que la situación no es idéntica a la de países donde la vejez depende en mayor medida de planes privados ligados al empleo.

Aun así, la pensión pública no evita todas las dificultades. Para algunas personas, su importe puede no bastar para mantener el nivel de vida previo, afrontar gastos de vivienda, ayudar a familiares o pagar necesidades de salud y cuidados que aumentan con la edad. En esos casos, los ahorros privados pueden complementar la prestación.

La posibilidad de reunirlos tampoco depende solo de la voluntad. Los salarios bajos, la temporalidad, el paro, las interrupciones laborales y las deudas reducen el margen para reservar dinero a largo plazo.

Las diferencias de género también influyen. Muchas mujeres han tenido carreras laborales más discontinuas por las tareas de cuidado, lo que puede traducirse en menos cotizaciones, pensiones más bajas y menor capacidad de ahorro durante la vida laboral.

El municipio almeriense de Pechina, con unos 4.500 habitantes, podría albergar una granja de 39.999 gallinas ponedoras camperas, una cifra que casi multiplica por nueve la población local. El proyecto, promovido por Salinas Clemente S.L., ha generado oposición entre vecinos y organizaciones que cuestionan el consumo de agua, las posibles molestias por ruido y olores y la incidencia sobre el entorno natural.

La instalación se situaría, según los colectivos críticos, a menos de un kilómetro de Pechina y de la localidad vecina de Rioja. La plataforma Stop Macrogranja Pechina, junto con Ecologistas en Acción y Adelante Andalucía, ha presentado alegaciones y pide que las administraciones impidan la puesta en marcha de la explotación.

La movilización vecinal ya salió a las calles en septiembre, cuando la plataforma convocó una concentración en la Plaza de la Villa de Pechina. En octubre, la parlamentaria andaluza Inma Manzano, de Adelante Andalucía, se reunió con representantes del colectivo y trasladó el rechazo de la formación al proyecto.

El abastecimiento de agua: la principal preocupación

La disponibilidad de agua es una de las principales preocupaciones de quienes se oponen. La plataforma sostiene que el contrato aportado por la empresa promotora contempla un suministro de carácter temporal, sujeto a límites de caudal o a la disponibilidad del recurso. A su juicio, esas condiciones no garantizan un abastecimiento permanente para una explotación de casi 40.000 aves.

La actividad requeriría agua para los animales, la limpieza de las instalaciones y el funcionamiento habitual de la granja. Los vecinos sitúan esta cuestión en el contexto de un territorio afectado por la escasez de recursos hídricos.

Los vecinos también piden que el proyecto detalle qué ocurrirá con la gallinaza -el estiércol generado por las aves- y otros desechos de la explotación. Reclaman que se especifique cómo se recogerán, dónde se almacenarán y qué destino tendrán, ante el riesgo de que una gestión deficiente afecte al suelo o a las aguas de la zona.

Su cercanía a las viviendas aumenta las dudas por el ruido y los olores

Stop Macrogranja Pechina cuestiona la proximidad de la explotación a zonas habitados. Los opositores advierten de posibles molestias por olores, ruido, partículas, bioaerosoles y tránsito de vehículos pesados asociados a la actividad.

La plataforma también alude a la cercanía de una residencia de mayores. No existe una resolución pública que haya confirmado esas afecciones, que deberán ser valoradas durante la tramitación administrativa y ambiental del proyecto.

A pesar de que la iniciativa ha sido definida como “macrogranja” por sus opositores debido a su capacidad, el término no corresponde a una categoría administrativa específica. La documentación difundida sobre el proyecto prevé una explotación de gallinas ponedoras camperas, un modelo que contempla el acceso de las aves al exterior.

Flora protegida, fauna y patrimonio

El conflicto incluye posibles efectos sobre el entorno. Según publicó el diario Ideal, un informe del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Almería, fechado el 25 de junio de 2026, identificó en el área especies como Euzomodendron bourgaeanum, catalogada como vulnerable en Andalucía, y Salsola papillosa.

La plataforma vecinal también comunicó a la Administración la presencia de mochuelo común en las inmediaciones del área prevista para la granja y sus accesos. Entre sus objeciones figuran además el posible carácter forestal de los terrenos, los movimientos de tierra y la cercanía del enclave arqueológico de El Chirichi.

La cifra de 39.999 aves abre otro debate

La capacidad prevista para la explotación se ha convertido en otro punto de controversia. Adelante Andalucía sostiene que establecerla en 39.999 aves, una menos que 40.000, podría responder a un intento de evitar exigencias ambientales más estrictas.

La formación registró un escrito ante el Ayuntamiento de Pechina y pidió a la Junta de Andalucía un informe ambiental. Esa hipótesis forma parte de las alegaciones presentadas por los opositores y no hay una resolución pública que haya acreditado irregularidades o fraude de ley.

El futuro de la granja dependerá de los informes técnicos y sectoriales, además de la evaluación de su compatibilidad urbanística, el suministro de agua, la gestión de residuos y las medidas de protección ambiental.

Arabia Saudí elevará a 5.000 riyales mensuales, unos 1.190 euros, el sueldo mínimo que debe percibir un trabajador nacional para que su empresa lo compute plenamente dentro de las cuotas obligatorias de contratación de saudíes. La subida se enmarca en un paquete de medidas, ordenado por el rey Salman bin Abdulaziz, que incluye además ayudas mensuales de 500 riyales, cerca de 120 euros, para empleados públicos, jubilados y hogares que reciben prestaciones sociales ante la subida de las tarifas de electricidad, agua y saneamiento.

El aumento salarial no establece un sueldo mínimo general para todos los empleados del sector privado de Arabia Saudí. Afecta únicamente a los ciudadanos saudíes contratados por empresas privadas y modifica las reglas del programa Nitaqat, que exige a las compañías alcanzar un porcentaje determinado de empleados nacionales.

Según informó la Agencia de Prensa Saudí (SPA), un trabajador saudí deberá cobrar al menos 5.000 riyales para que su empresa lo contabilice de forma íntegra al calcular el cumplimiento de esa cuota. El nuevo umbral comenzará a aplicarse seis meses después del anuncio de las medidas.

El umbral subirá a casi 1.430 euros en 2028

El Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social saudí precisó que la subida se aplicará en dos etapas. El primer aumento entrará en vigor el 25 de abril de 2027, cuando el umbral ascenderá a 5.000 riyales mensuales. Un año después, el 25 de abril de 2028, llegará a 6.000 riyales, unos 1.430 euros.

La cartera aclaró que el cambio no obliga de forma automática a todas las empresas a incrementar el sueldo de cada empleado saudí. Sin embargo, las compañías que quieran computar a esos trabajadores por completo dentro de sus porcentajes obligatorios de contratación nacional deberán ajustar sus salarios o reorganizar sus plantillas.

El sistema Nitaqat forma parte de la política de saudización del empleo, con la que el Gobierno busca elevar la presencia de ciudadanos del país en las empresas privadas. Las autoridades sostienen que el nuevo criterio salarial persigue mejorar los niveles de remuneración y reforzar la estabilidad del empleo saudí en el sector privado. Saudi Gazette informó que la aplicación gradual pretende dar tiempo a las compañías para adaptarse.

Las ayudas de 120 euros compensarán el alza de las facturas

El paquete aprobado por Salman incluye una subida mensual de 500 riyales, cerca de 120 euros, para empleados civiles y militares incluidos en determinadas escalas del sector público y contratos operativos. La medida también alcanza a jubilados y a familiares que cumplan los requisitos tras el fallecimiento de un afiliado o pensionista cubierto por el sistema de seguros sociales.

Las familias que reciben prestaciones de seguridad social obtendrán una ayuda mensual por la misma cantidad. La finalidad declarada es amortiguar el impacto de los nuevos precios de la electricidad y el agua sobre los hogares beneficiarios.

La SPA no ha informado del coste total del plan, de la cantidad de personas que recibirán esas ayudas ni de su duración. Tampoco ha detallado si los pagos serán temporales o pasarán a formar parte de las retribuciones y prestaciones de los colectivos incluidos.

Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 1 de enero de 2027

Las medidas acompañan una revisión de las tarifas de electricidad, agua y saneamiento que comenzará el 1 de enero de 2027. En el caso de la electricidad, Arabia Saudí elevará el precio residencial por kilovatio hora y establecerá una cuota fija mensual de entre 70 y 100 riyales, según la capacidad del interruptor de cada vivienda.

La Compañía Nacional del Agua también reorganizará los tramos de consumo y las tarifas de agua y saneamiento para clientes residenciales, no residenciales y organismos públicos. En los hogares, se incorporarán cargos fijos mensuales que dependerán de las características del contador y del servicio contratado.

Las autoridades saudíes vinculan la reforma con el objetivo de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y garantizar la sostenibilidad de esos servicios. La información oficial no ofrece todavía una estimación completa de cuánto aumentará el recibo para cada tipo de vivienda.

El anuncio de este paquete de medidas se produce mientras Riad mantiene su programa Visión 2030, que busca reducir su dependencia de los ingresos petroleros y diversificar la economía del país.

La apertura de mercados suele asociarse con más comercio, inversión y crecimiento, pero Joseph Stiglitz cuestionó que la globalización reparta sus beneficios de forma automática entre toda la población. El economista estadounidense sostuvo que el proceso puede ampliar la desigualdad dentro de los países y entre economías con distinto nivel de desarrollo si no existen reglas e instituciones que compensen a quienes quedan en peor posición.

Stiglitz, galardonado en 2001 con el Nobel de Economía por sus estudios sobre cómo la información desigual afecta al funcionamiento de los mercados, expuso esta idea durante la presentación de su libro Making Globalization Work, publicado en 2006. En aquel acto, recogido por el blog del Banco Mundial, afirmó que “la globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”.

El planteamiento parte de una distinción entre el crecimiento de la economía en su conjunto y el reparto de sus resultados. La reducción de barreras comerciales o la llegada de capital extranjero pueden generar riqueza, pero eso no determina por sí mismo qué grupos sociales, empresas o territorios reciben las ganancias. Tampoco garantiza que los sectores perjudicados cuenten con recursos suficientes para afrontar la pérdida de empleos, ingresos o actividad económica.

Los ganadores pueden obtener más ingresos sin que los perdedores sean compensados

El experto no rechazaba que la integración económica internacional produjera ganancias. Su crítica se centraba en que los beneficios que reciben algunos grupos no se trasladan necesariamente a quienes soportan los costes.

Según explicó, los sectores favorecidos por la apertura comercial pueden obtener ingresos suficientes para compensar a quienes pierden empleo, capacidad de negociación o acceso a determinados mercados. Sin embargo, esa transferencia no suele producirse. En lugar de reforzar las políticas de protección, alertó, la globalización puede convertirse en un argumento para reducir garantías sociales de colectivos que ya se encuentran en una situación más vulnerable.

La cuestión afecta, por ejemplo, a trabajadores de industrias expuestas a la competencia exterior, pequeñas empresas que no disponen de recursos para adaptarse o economías que dependen de pocos productos. Si la transición se produce sin formación, empleo alternativo, prestaciones o inversión pública, una parte de la población puede quedar al margen de las ganancias que generan los intercambios internacionales.

La globalización como una corriente que puede arrastrar a los más débiles

Frente a la metáfora habitual de la marea que eleva todos los barcos, Joseph Stiglitz describió la globalización como una corriente capaz de destruir embarcaciones pequeñas que no están preparadas para resistirla.

Con esa imagen, el economista plantea que la globalización no ofrece las mismas oportunidades a todos: los países con infraestructuras, acceso al crédito, instituciones sólidas y capacidad tecnológica tienen más herramientas para aprovechar la apertura comercial. En cambio, las economías con mayor deuda, menor margen presupuestario o dependencia de materias primas pueden afrontar riesgos que no compensan con facilidad.

Stiglitz también cuestionó la idea de que el dinero fluye de forma natural desde los países ricos hacia los más pobres. Durante su intervención, señaló que parte de los recursos se mueve en sentido contrario y que muchos países en desarrollo soportan problemas de deuda y una exposición mayor a los riesgos financieros internacionales.

Las reglas del comercio no benefician por igual a todos los países

Stiglitz también cuestionó cómo se elaboran las normas del comercio internacional. Consideraba que las negociaciones reflejan la posición de fuerza de los países que participan en ellas y no solo criterios de eficiencia económica.

El economista criticó los resultados de la Ronda Uruguay, concluida en 1994, por considerar que sus asimetrías, sobre todo en materia agrícola, perjudicaron a los países más pobres. Según su planteamiento, abrir mercados puede crear oportunidades para exportar, pero estas son limitadas si los productores compiten con economías que mantienen ayudas públicas o cuentan con mayor poder de negociación.

Stiglitz no proponía frenar la globalización, sino cambiar sus reglas

El autor de Making Globalization Work no planteaba que la globalización fuera necesariamente perjudicial. Defendía que puede beneficiar a países desarrollados y en desarrollo si existen reglas comerciales y financieras más equilibradas, instituciones transparentes y sistemas de protección para quienes asumen sus costes.

También sostuvo que las políticas internacionales han facilitado más el traslado de dinero e inversiones entre países que el desplazamiento de trabajadores que buscan empleo. A su juicio, permitir una mayor movilidad laboral podría mejorar la asignación de empleo y reducir desigualdades entre economías.

El asesor inmobiliario Ismael Fernández, conocido en TikTok como @ismaelfdezrealtor, ha recordado a través de una reciente publicación las tres cláusulas que conviene revisar en un contrato de arras antes de entregar una señal por una vivienda. Su advertencia se centra en las condiciones de entrega del inmueble, el plazo para acudir a notaría y el tipo de arras que figura en el documento.

En el vídeo, el experto recuerda que la firma de este contrato puede tener consecuencias económicas para comprador y vendedor. “No se trata solo de entregar una señal”, expone en la descripción de su post, sino de conocer las obligaciones asumidas y lo que sucede si una de las partes no cumple lo pactado.

El contrato debe fijar cómo se entregará la vivienda

La primera cláusula a la que se refiere el asesor afecta al estado en el que el vendedor debe entregar el inmueble. Fernández recomienda que el documento recoja que la casa se transmite limpia, libre de hipoteca y sin personas que residan en ella.

También plantea que se detalle la situación de los gastos pendientes. “Que el vendedor se comprometa a entregarte la casa limpia, sin hipoteca, sin nadie viviendo dentro y con el IBI y la comunidad pagados”, indica. El IBI es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, un tributo municipal que grava la titularidad de una vivienda.

El asesor añade que el contrato debe prever qué ocurre si aparece una carga o una deuda que no se había informado. Según su explicación, debe constar que, ante una situación de este tipo, el vendedor “te tiene que devolver el doble de lo que le has entregado”.

Una fecha límite evita que la operación quede bloqueada

El segundo punto se refiere al momento de formalizar la compraventa ante notario. Fernández aconseja evitar referencias abiertas, como una firma “en los próximos meses”, y fijar un día máximo para otorgar la escritura.

“Sin fecha, cualquiera de los dos puede ir alargándolo y tú con tu señal entregada sin poder comprar otra casa”, afirma. El contrato, según sostiene, debe concretar además quién elige al notario y qué consecuencia tendrá la ausencia de alguna de las partes en la fecha acordada.

En este sentido, plantea que el documento indique que, si comprador o vendedor no comparecen, “se ejecutan las arras”. La expresión alude a la aplicación de las consecuencias previstas en el acuerdo por el incumplimiento de una de las partes.

Las arras penitenciales y el artículo 1454 del Código Civil

La tercera cláusula es, para Fernández, “la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”. El asesor recomienda que el contrato señale de forma expresa que se trata de arras penitenciales y que incluya una mención al artículo 1454 del Código Civil.

“Si tú te echas para atrás, pierdes la señal. Y si el vendedor se echa para atrás, te tiene que dar el doble”, explica. Esta fórmula permite que cualquiera de las partes desista de la operación, aunque con la penalización económica pactada.

Fernández alerta de que la falta de esa mención puede abrir otra interpretación del acuerdo. “Si no pone esto, se pueden entender como arras confirmatorias”, advierte. En ese supuesto, añade, el vendedor podría reclamar al comprador que cumpla la compraventa o pedir una indemnización por daños. Si quien renuncia es el vendedor, el comprador podría verse obligado a reclamar la devolución del dinero por vía judicial.

Las tablas salariales de la industria y los servicios del metal en España muestran una clara diferencia entre Navarra y Badajoz. Un peón en la comunidad foral tiene una retribución directa de 15,88 euros por hora, casi un 25% más que los 12,80 euros previstos para un ingeniero licenciado en la provincia extremeña.

La distancia es de 3,08 euros por cada hora de trabajo, según el informe ‘La negociación colectiva en la industria y servicios del metal en 2025′, elaborado por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal), que analiza las condiciones recogidas en convenios provinciales del sector.

La comparación enfrenta dos categorías situadas en extremos distintos de la clasificación que utiliza el estudio. El peón corresponde al grupo 7, mientras que el ingeniero licenciado figura en el grupo 1.

El informe no compara nóminas individuales, sino las retribuciones directas por hora calculadas a partir de las tablas provinciales de convenio. Confemetal señala que las empresas pueden pagar cantidades diferentes a las establecidas en esas tablas, una desviación que no puede cuantificarse de forma global.

Todas las categorías de Badajoz quedan por debajo del peón navarro

El contraste no se limita al ingeniero. Las cuatro categorías que utiliza Confemetal para comparar los convenios provinciales de Badajoz quedan por debajo de los 15,88 euros por hora previstos para un peón en Navarra.

La tabla extremeña fija 10,79 euros por hora para un peón, 11,10 euros para un oficial de primera obrero y 11,36 euros para un oficial de primera administrativo. El ingeniero licenciado, que ocupa el nivel más alto de esta clasificación, alcanza los 12,80 euros.

En Navarra, el convenio establece 15,88 euros por hora para los peones, 17,09 euros para los oficiales de primera obreros, 17,09 euros para los oficiales de primera administrativos y 19,14 euros para los ingenieros licenciados.

La diferencia entre provincias también aparece al comparar esas cifras con la media nacional. En el conjunto de España, la retribución media por hora es de 11,96 euros para los peones, 13,06 euros para los oficiales de primera obreros, 13,56 euros para los oficiales de primera administrativos y 18,30 euros para los ingenieros licenciados.

De este modo, la retribución de un peón navarro supera en un 32,8% la media nacional de su categoría. El importe previsto para un ingeniero en Badajoz está, en cambio, un 30,1% por debajo del promedio nacional de los titulados superiores del sector.

Navarra tiene la segunda retribución más alta para los peones

Navarra ocupa el segundo puesto en la clasificación de provincias con mayor retribución por hora para los peones del metal. Solo Guipúzcoa, con 16,20 euros, supera los 15,88 euros de la comunidad foral.

Badajoz aparece entre las provincias con menor retribución para los ingenieros licenciados. Solo Cuenca, con 12,47 euros por hora, se sitúa por debajo de los 12,80 euros establecidos en la provincia extremeña.

El estudio incluye salario base, salario de grupo, pluses de convenio, pagas extras y otros complementos que se aplican de manera general, como los de actividad, asistencia o transporte. Deja fuera la antigüedad, las horas extra, el trabajo en festivos y otros complementos vinculados a las condiciones concretas del puesto, como la exposición a sustancias peligrosas o las tareas de gestión de equipos.

La jornada anual abre otra diferencia entre ambas provincias

Las condiciones pactadas no solo son distintas en la retribución por hora. El convenio de Navarra fija una jornada anual de 1.695 horas en 2025, frente a las 1.760 horas de Badajoz. La diferencia es de 65 horas al año.

Navarra comparte con Guipúzcoa la jornada más baja entre los convenios provinciales analizados. La media ponderada del sector fue de 1.746,91 horas anuales.

En materia de subidas salariales, Navarra pactó para 2025 un incremento inicial del 2%, mientras que Badajoz acordó un 4%. En el conjunto de los convenios provinciales de la industria del metal, el aumento salarial medio ponderado fue del 3,07%, por encima de la inflación anual del 2,9%.

Las brechas se repiten en otros convenios provinciales

El informe muestra un mapa salarial desigual dentro del sector metalúrgico. Un peón del metal en Cádiz tiene fijados 14,95 euros por hora, por encima de los 14,65 euros previstos para un ingeniero licenciado en Castellón y de los 14,29 euros establecidos en Lugo.

La misma comparación aparece en categorías administrativas. Un oficial de primera administrativo en Cádiz cobra 15,95 euros por hora, más que un ingeniero licenciado en Castellón, Lugo, Murcia (14,13 euros), Jaén (13,08 euros), Cáceres (13,19 euros), Lleida (13,25 euros) o Ciudad Real (13,57 euros).

También en Burgos, un oficial de primera administrativo tiene una retribución de 16,24 euros por hora. Esa cuantía supera la prevista para los ingenieros licenciados de Almería, Salamanca, Soria, Castellón, Lugo, Murcia, Ciudad Real, Lleida, Cáceres, Jaén, Badajoz y Cuenca.

En los puestos de ingeniería, Guipúzcoa encabeza la tabla con 27,71 euros por hora. Le siguen Girona, con 25,33 euros, y Pontevedra, con 24,19 euros. En el extremo inferior aparecen Cuenca, con 12,47 euros; Badajoz, con 12,80 euros, y Jaén, con 13,08 euros.

Cerca de 9,5 millones de pensionistas en España conocerán el porcentaje de subida de sus prestaciones para 2027 el 27 de noviembre, apenas dos días antes de las elecciones generales, según el calendario oficial de publicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE). La coincidencia de fechas ha convertido el cálculo anual de la revalorización en uno de los asuntos más comentados de la precampaña electoral.

La ley obliga a actualizar cada año las pensiones contributivas según la evolución de los precios, sin que medie decisión discrecional del Gobierno de turno. La fórmula, recogida en la Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, toma como referencia la media del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los doce meses previos a diciembre. Para fijar el porcentaje de 2027 se necesita el dato de noviembre, que el INE difundirá de forma preliminar el 27 de ese mes y confirmará, ya con carácter definitivo, el 15 de diciembre.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en una entrevista para TVE que la subida está garantizada al margen del resultado electoral. El ministro reconoció que la publicación del dato adelantado de inflación de noviembre deja poco margen para que el Consejo de Ministros apruebe el incremento antes de los comicios generales, pero remarcó que la actualización “se va a hacer” y que el real decreto-ley podría aprobarse pocos días después de las elecciones, para pasar posteriormente por la Diputación Permanente del Congreso.

La estimación ronda el 3,5% de subida

Ningún organismo oficial ha confirmado todavía el porcentaje que se aplicará en enero de 2027. Las estimaciones disponibles, elaboradas por centros de análisis privados a partir de los datos de inflación conocidos hasta ahora, apuntan a una subida cercana al 3,5%. Funcas calculó, en la presentación de sus previsiones económicas del 15 de octubre, una revalorización del 3,6%, que supondría un coste adicional de unos 8.400 millones de euros para las arcas públicas.

La cifra definitiva dependerá de la evolución de los precios en octubre y noviembre. El último dato oficial disponible, correspondiente a septiembre, situó la inflación interanual en el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, impulsada por los productos energéticos y el encarecimiento de los combustibles. La revalorización, sin embargo, no se calcula con el dato de un mes aislado, sino con la media de las doce tasas interanuales previas a diciembre.

El año pasado, la revalorización aplicada fue del 2,7%, calculada con el IPC medio registrado entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025. Aquel porcentaje elevó la pensión media de jubilación hasta los 1.512,7 euros mensuales en diciembre de 2025, y supuso un incremento de unos 572 euros anuales para quienes perciben esa prestación.

Con una inflación más elevada este año, el aumento de 2027 será superior a esa cifra, aunque el importe exacto no se conocerá hasta que se publique el dato definitivo de noviembre.

La subida automática no alcanza a las pensiones más bajas

La Ley General de la Seguridad Social establece que las pensiones contributivas -jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares- se revalorizan de forma automática y sin necesidad de ningún trámite por parte del beneficiario. El importe actualizado se refleja directamente en la nómina de enero, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social envía posteriormente una carta individual con la cuantía definitiva.

No ocurre lo mismo con las pensiones mínimas y no contributivas, cuya subida no depende de un automatismo legal, sino de una decisión que el Gobierno de turno adopta cada año a través de real decreto. En 2026, mientras las pensiones contributivas subieron un 2,7% por aplicación directa de la ley, las mínimas se incrementaron un 7% y las no contributivas un 11,4%, porcentajes que el Ejecutivo fijó de forma expresa, según consta en el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero.

El Fondo de Reserva cerrará el año con unos 20.000 millones

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró este martes que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la “hucha de las pensiones”, cerrará 2026 con alrededor de 20.000 millones de euros, frente a los cerca de 5.000 millones con los que contaba en 2018.

El sistema, no obstante, depende cada vez más de transferencias directas del Estado. Durante el primer semestre de 2026, la Seguridad Social recibió 35.583 millones de euros procedentes de recursos ajenos a las cotizaciones sociales, lo que representa más de una cuarta parte de todos sus ingresos en ese periodo.

El gasto en pensiones contributivas y no contributivas alcanzó los 118.430 millones de euros hasta julio, un 6,5% más que en el mismo periodo de 2025, según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda.

El sistema de pensiones, arma arrojadiza de la precampaña

El debate sobre la viabilidad del sistema público de pensiones se reactivó el 5 de octubre, cuando el portavoz económico de Vox, José María Figaredo, calificó el modelo actual de “zombi” y planteó una reforma estructural hacia un sistema mixto que combine el reparto con la capitalización individual. Días después, el líder de la formación, Santiago Abascal, matizó esa posición: “Jamás Vox ha hablado de privatizar las pensiones”, defendió.

La polémica se trasladó al Partido Popular la semana siguiente. La portavoz parlamentaria del partido, Ester Muñoz, advirtió en una entrevista que el sistema “va a petar” y pidió “ser valientes” para cambiarlo. El presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, respondió desde Zaragoza acusando a sus rivales de preparar, en caso de gobernar, “la carta de defunción del Estado del bienestar”.

Al día siguiente, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, moderó después el discurso de su portavoz: “Las pensiones son innegociables”, aseguró, y acto seguido se comprometió a mantener la actualización conforme al IPC, aunque abrió la puerta a una reforma para garantizar un sistema “viable” para los jóvenes.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, quiso también desmentir cualquier intención de privatización: “Con Vox en un gobierno, las pensiones se van a pagar, a costa de lo que sea”. Por su parte, la secretaria de Igualdad socialista, Pilar Bernabé, advirtió haciendo alusión al PP: “Ya se oye la motosierra y suena cerca de las pensiones”.

Una manifestación reclama que suban más las pensiones en 2027

La Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), junto a otras organizaciones de jubilados como Asjubi40, ha convocado una manifestación estatal en Madrid para el próximo 24 de octubre, con recorrido desde Atocha hasta la calle de Alcalá.

Los convocantes reclamarán una revalorización del 6% para 2027, más del doble de lo que estiman los analistas, y rechazarán cualquier paso hacia la privatización del sistema. A la protesta se ha sumado también la Confederación General del Trabajo (CGT), que reclama una subida equivalente del Salario Mínimo Interprofesional.

La movilización se suma al debate que, desde el anuncio del adelanto electoral el 5 de octubre, ha situado a las pensiones como uno de los ejes centrales de la precampaña.

El real decreto que fije de manera oficial el porcentaje de subida para 2027 llegará, previsiblemente, después de las elecciones, con el Gobierno ya en funciones. El Ejecutivo prevé aprobarlo en diciembre, antes de que se constituyan las nuevas Cortes Generales, cuya fecha está marcada para el 23 de diciembre.

El Gobierno ha aprobado dos nuevas líneas de ayudas por 225 millones de euros para ampliar la oferta de vivienda asequible y alojamiento universitario. Los fondos no se cobrarán de forma directa por inquilinos ni estudiantes: se transferirán a comunidades autónomas, universidades y entidades locales para financiar proyectos concretos.

Las medidas se articulan mediante dos reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros el 20 de octubre, fechados el 21 de octubre y publicados este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Una norma destina 180 millones de euros a cinco comunidades autónomas con municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado. La otra concede 45 millones a siete actuaciones para crear unas 2.000 plazas de alojamiento universitario.

180 millones para 317 municipios con zonas tensionadas

Las ayudas para vivienda asequible se concentran en Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, las cinco comunidades que han declarado zonas de mercado residencial tensionado conforme a la Ley por el Derecho a la Vivienda.

En conjunto, la medida alcanza a 317 municipios, donde viven más de nueve millones de personas. Cataluña recibirá la mayor partida, con 119,4 millones de euros para 271 municipios. Le siguen País Vasco, con 31 millones para 18 localidades; Navarra, con 13,3 millones para 21; Galicia, con 10,2 millones para A Coruña y Santiago de Compostela; y Asturias, con 5,9 millones para cinco municipios.

El reparto se ha establecido según la población que reside en las zonas tensionadas y el esfuerzo económico que deben realizar los hogares para pagar el alquiler.

El dinero no se entregará a los inquilinos

Las subvenciones no constituyen una ayuda individual para pagar una mensualidad de alquiler ni modifican de manera automática los contratos vigentes. El Estado transferirá los recursos a las comunidades autónomas, que deberán destinarlos a actuaciones para ampliar el parque de alquiler asequible o social.

Los fondos podrán emplearse en la promoción y rehabilitación de viviendas, la compra de inmuebles para incorporarlos al parque público, la adquisición y urbanización de suelo, así como en soluciones habitacionales alternativas. También podrán financiar avales, seguros para jóvenes y mecanismos de cobertura frente al impago de rentas.

El efecto para los inquilinos dependerá de los proyectos que impulse cada administración y de los plazos de ejecución. La medida busca aumentar la oferta disponible en los municipios afectados, pero no implica una reducción inmediata de las rentas que pagan los actuales arrendatarios.

45 millones para crear alojamiento universitario

El segundo real decreto concede 45 millones de euros para construir, ampliar o rehabilitar alojamientos destinados a estudiantes, personal docente e investigador. El Gobierno calcula que los proyectos aportarán cerca de 2.000 plazas en una primera fase.

La Universidad Autónoma de Madrid recibirá 13,36 millones de euros, la mayor asignación. El Campus de Albacete de la Universidad de Castilla-La Mancha contará con 8,19 millones; la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con 6,5 millones; y la Universidad de Burgos, con 5,94 millones.

También figuran la Universitat Jaume I de Castelló, con 4,45 millones de euros; la Universidad de Jaén, con 3,56 millones; y el Ayuntamiento de Lleida, con 2,97 millones.

Los proyectos se ubican en Madrid, Albacete, Sevilla, Burgos, Castelló, Jaén y Lleida. El destinatario de la ayuda en Lleida será el Ayuntamiento, mientras que en las otras seis ciudades los fondos se concederán a universidades públicas.

Las nuevas plazas deberán tener precios asequibles

El real decreto establece que los alojamientos financiados deberán mantener su finalidad pública y ofrecer precios asequibles. El precio máximo incluirá suministros y servicios como electricidad, agua y conexión wifi, según la regulación publicada en el BOE.

Las entidades beneficiarias tendrán un plazo de hasta seis años para ejecutar las actuaciones. Podrán pedir una prórroga de hasta tres años adicionales si resulta necesaria.

La iniciativa no supone una beca ni una prestación económica directa para universitarios. Su impacto dependerá de que los proyectos se ejecuten y de las condiciones de acceso que establezcan las entidades responsables de cada residencia.

En España, quien pierde a su pareja puede cobrar una pensión de viudedad de manera indefinida. En Suecia, la ayuda suele durar 12 meses y, en Reino Unido, termina como máximo a los 18. La diferencia importa, sobre todo, para quienes dependían del sueldo o de la pensión de la persona fallecida para vivir.

Las reglas cambian mucho de un país a otro. En unos casos, se mira si la persona estaba casada; en otros, la edad, los hijos o el dinero que ya recibe. También hay países que reducen la ayuda si la persona viuda sigue trabajando o tiene otra pensión.

En España, estas prestaciones afectan sobre todo a mujeres. El 85,6% de quienes cobraban una pensión de supervivencia en 2023 eran mujeres, según Eurostat. Muchas pertenecen a generaciones que tuvieron empleos peor pagados, carreras laborales más cortas o dejaron de trabajar para cuidar de hijos y familiares.

España paga una pensión estable, aunque no todos cobran lo mismo

En España, la pensión de viudedad equivale normalmente al 52% de la base reguladora de la persona fallecida. Dicho de forma sencilla: se calcula a partir de sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Ese porcentaje puede subir al 60% si quien cobra la pensión tiene más de 65 años, no recibe otra pensión pública, no trabaja y sus ingresos por alquileres, inversiones, actividad económica o ganancias patrimoniales no superan 9.442 euros al año (en 2026).

Puede llegar al 70% si tiene hijos menores de 26 años o con discapacidad a cargo, la pensión supone más de la mitad de sus ingresos y la renta media de la unidad familiar no supera el 75% del salario mínimo interprofesional. Además, la suma de la pensión y el resto de ingresos no puede exceder 27.034,40 euros anuales.

La pensión se paga, por regla general, en 14 mensualidades y no tiene una fecha de finalización. Pueden cobrarla los cónyuges y también las parejas de hecho que cumplan las condiciones exigidas. Los separados y divorciados también pueden tener derecho, aunque en esos casos hay requisitos adicionales.

La clave es que España mantiene una protección a largo plazo. Para una persona jubilada que vivía con la pensión de su pareja, esa ayuda puede ser su principal ingreso tras el fallecimiento.

Francia deja fuera a las parejas de hecho y mira los ingresos

En Francia, la pensión de viudedad es del 54% de la pensión básica que cobraba o habría cobrado la persona fallecida. La cifra es parecida a la española, pero las condiciones son más duras.

Para cobrarla hay que haber estado casado. Las parejas de hecho y las personas unidas por un PACS, una figura parecida a una unión civil, no tienen derecho a esta prestación.

También hay que tener al menos 55 años. Además, Francia revisa los ingresos de quien solicita la ayuda. En 2026, una persona que vive sola no puede superar los 25.001,60 euros brutos al año. Si vive con otra pareja, el límite asciende a 40.002,56 euros.

Esto puede dejar fuera a alguien que sigue trabajando, que cobra una pensión propia alta o que inicia una nueva convivencia.

Alemania da una ayuda de dos años a algunos viudos y viudas

En Alemania, hay dos tipos de pensión. La primera es la llamada pensión pequeña de viudedad. Equivale al 25% de la pensión de la persona fallecida y dura como máximo 24 meses.

Esta ayuda suele corresponder a quienes no tienen hijos menores, no tienen una incapacidad y aún no alcanzan la edad exigida. Para los fallecimientos ocurridos en 2026, esa edad es de 46 años y seis meses.

La segunda es la pensión grande. En general, equivale al 55% de la pensión del fallecido y puede mantenerse sin límite de tiempo. La cobran quienes superan la edad mínima, tienen una incapacidad o cuidan de hijos menores.

Alemania también reduce la ayuda si la persona viuda tiene ingresos propios. Desde julio de 2026, puede cobrar hasta 1.122,53 euros al mes sin que eso afecte a su pensión de viudedad. Por encima de esa cantidad, se descuenta el 40% de la diferencia. El límite aumenta en 238,11 euros mensuales por cada hijo con derecho a pensión de orfandad.

Además, durante los tres meses posteriores a la muerte, no se tienen en cuenta los ingresos propios.

Suecia solo cubre el primer año tras la muerte

En Suecia, la pensión vitalicia de viudedad dejó de ser la norma hace décadas. La ayuda actual está pensada para los primeros meses después de la muerte de la pareja. La llamada pensión de ajuste suele durar 12 meses. Pueden recibirla cónyuges, parejas registradas y, en algunos casos, convivientes que tenían hijos en común.

Para acceder, hay que ser menor de 66 años y haber vivido con la persona fallecida durante al menos cinco años o tener hijos menores. La cuantía depende de los derechos de pensión que hubiera generado la persona fallecida.

Aunque la ayuda pública en Suecia busca evitar un corte brusco de ingresos, no sustituye de forma permanente lo que aportaba la pareja.

Reino Unido limita la ayuda a 18 meses

En Reino Unido, la pensión vitalicia de viudedad dejó de aplicarse a quienes perdieron a su pareja a partir del 6 de abril de 2017. Desde entonces, la principal ayuda se llama Bereavement Support Payment y se dirige a quienes no han llegado todavía a la edad de jubilación estatal.

Quien no tiene hijos a cargo recibe un pago inicial de 2.500 libras y hasta 18 pagos mensuales de 100 libras. En total, puede llegar a 4.300 libras.

Si hay hijos a cargo o la mujer estaba embarazada cuando murió su pareja, la ayuda aumenta: 3.500 libras al principio y hasta 18 mensualidades de 350 libras. El máximo suma 9.800 libras.

El dinero no depende del sueldo ni de los ahorros de quien enviuda. Sin embargo, la persona fallecida debe haber cotizado lo suficiente al sistema británico. Las parejas no casadas pueden cobrar en algunos casos, sobre todo cuando tenían hijos en común.

Los bancos de la Unión Europea deberán reembolsar de inmediato el dinero sustraído en operaciones de pago no autorizadas, incluso si consideran que el cliente facilitó el fraude por negligencia grave. Si la entidad quiere recuperar el importe, tendrá que reclamarlo después y probar cómo se equivocó el usuario.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fijado este criterio en una sentencia dictada el 15 de octubre. La resolución interpreta la normativa europea sobre servicios de pago y España tendrá que seguir esta doctrina. Su aplicación puede elevar el dinero que la banca deberá adelantar en un mercado donde las estafas en pagos alcanzaron 4.200 millones de euros en 2024.

El fallo no establece que los bancos deban asumir de forma definitiva todos los fraudes: primero, la devolución al cliente; después, si la entidad sostiene que hubo fraude, actuación deliberada o negligencia grave, deberá acreditar esa circunstancia y reclamar el dinero por la vía correspondiente.

El reembolso debe llegar, como máximo, al siguiente día hábil

La decisión precisa que el proveedor de servicios de pago debe devolver el importe de una operación no autorizada de inmediato y, a más tardar, al final del día hábil siguiente a aquel en que detectó el movimiento o recibió la notificación del afectado.

La única excepción contempla los casos en los que el banco tenga motivos razonables para sospechar que el propio cliente cometió un fraude. Para aplazar el reembolso, la entidad debe comunicar esas sospechas por escrito a la autoridad nacional competente.

El TJUE diferencia esa situación de una posible negligencia de la víctima. Que un cliente haya introducido sus claves en una página falsa, facilitado un código recibido por SMS o incumplido de otra forma sus deberes de seguridad no permite al banco bloquear de entrada el reintegro.

La entidad podrá reclamar el importe posteriormente, pero le corresponderá demostrar que el usuario actuó de forma fraudulenta, deliberada o con negligencia grave. El tribunal añade que el uso de claves o de mecanismos de autenticación reforzada no prueba por sí solo que el cliente autorizara la operación ni que incumpliera sus obligaciones de seguridad.

Un fraude de 705 euros llevó el caso ante la justicia europea

El litigio se originó en Polonia. Una mujer puso a la venta un artículo en una plataforma de subastas y recibió un enlace de un supuesto comprador. La dirección la llevó a una web que imitaba la de su banco, donde introdujo sus datos de acceso a la banca electrónica.

El autor del engaño obtuvo además un código de confirmación enviado por SMS y transfirió 3.000 eslotis polacos, unos 705 euros, desde la cuenta de la víctima. La mujer denunció la operación al banco y a la policía al día siguiente.

PKO BP, la entidad involucrada, rechazó inicialmente el reembolso porque consideraba que la clienta había incurrido en negligencia grave al no proteger sus credenciales. El tribunal europeo concluyó que esa apreciación no permite al banco eludir su deber de devolución inmediata.

El fraude europeo creció un 17% en un año

El alcance económico de esta doctrina se mide en un contexto de incremento del fraude. El último informe conjunto del Banco Central Europeo (BCE) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA) cifra en 4.200 millones de euros el valor de los pagos fraudulentos detectados en el Espacio Económico Europeo durante 2024. El volumen subió un 17% frente a los 3.500 millones registrados en 2023.

Las transferencias concentraron 2.500 millones de euros del fraude informado por las entidades, mientras que los pagos con tarjetas emitidas en la Unión Europea y el Espacio Económico Europeo sumaron 1.300 millones. El reporte también contabilizó 19,6 millones de operaciones fraudulentas, un 10% más que el año anterior.

La sentencia no permite calcular qué parte de esos 4.200 millones deberá ser adelantada por las entidades, porque incluye distintos tipos de estafas y no todas se encuadran en una operación no autorizada. Pero sí traslada a los bancos la carga financiera inicial en los casos cubiertos por el fallo.

Fuentes financieras consultadas por Cinco Días estimaron que el impacto potencial de las reclamaciones en España podría aproximarse a 1.000 millones de euros.

Para seguridad de los clientes, se recomienda avisar al banco cuanto antes, conservar mensajes y justificantes, y dejar constancia escrita de la reclamación cuando son víctimas de estafa. La devolución, no obstante, dependerá de que se trate de una operación que el usuario no autorizó.

Un vecino de Puente Genil, en Córdoba, ha denunciado un presunto fraude tras recibir una llamada desde un número que comenzaba por 400. Este caso deja al descubierto una estafa telefónica que utiliza la nueva numeración de llamadas comerciales apenas unos días después de su entrada en vigor en España.

Según informó Cordópolis, la persona que llamó se hizo pasar por un empleado de Iberdrola y logró obtener los datos bancarios del denunciante. La información está atribuida por ese medio a la Policía Local de Puente Genil.

El episodio se ha producido después de que el 17 de octubre entrara en vigor el uso obligatorio del rango 400 para determinadas llamadas con fines comerciales. La medida pretende que los consumidores sepan, antes de responder, que la comunicación tiene un propósito de venta o captación de clientes.

Un número que comienza por 400 no acredita la identidad de quien llama

El uso de un número con esa numeración puede generar una sensación de seguridad, pero el prefijo 400 no garantiza que la llamada sea legítima. La Policía Local ha advertido que los delincuentes pueden aprovecharlo para aparentar que contactan en nombre de una empresa conocida.

Este tipo de engaño se conoce como vishing. Consiste en llamadas en las que una persona suplanta la identidad de una compañía de electricidad, una entidad bancaria, una operadora telefónica o cualquier empresa con la que la víctima pueda tener relación. El objetivo es obtener datos personales, claves, información de tarjetas o códigos de verificación.

En el caso difundido desde Puente Genil, el supuesto empleado de Iberdrola habría conseguido los datos bancarios del vecino. No hay información pública sobre cargos, transferencias u otras operaciones posteriores que permitan determinar si existió un perjuicio económico.

La recomendación ante una llamada inesperada es no proporcionar datos sensibles. Las empresas pueden realizar contactos comerciales, pero una petición de claves, contraseñas, códigos enviados por mensaje o información bancaria debe activar las alertas.

El nuevo sistema separa la publicidad de la atención al cliente

Desde el 17 de octubre, las empresas obligadas por la Ley de Servicios de Atención a la Clientela deben utilizar números de nueve cifras que comiencen por 400 para realizar llamadas comerciales. La numeración está destinada a facilitar la identificación de este tipo de comunicaciones.

Los números 400 son unidireccionales. El usuario puede recibir una llamada desde esa numeración, pero no devolverla. La medida busca evitar fraudes relacionados con llamadas perdidas o con el intento de que el consumidor contacte con números desconocidos.

Esta serie numérica tampoco está habilitada para gestiones de atención al cliente. Las consultas sobre un contrato, las reclamaciones, las averías o las incidencias deben realizarse mediante números gratuitos 800 y 900, números geográficos o determinados números cortos. La normativa prohíbe el uso de numeración móvil para esos servicios.

Qué hacer si una llamada parece sospechosa

Si una persona afirma llamar desde una eléctrica, un banco o una compañía telefónica, la opción más segura es terminar la conversación y contactar por iniciativa propia con la empresa. Para ello, conviene utilizar el número incluido en una factura, la aplicación oficial o la página web corporativa.

También se recomienda no confiar solo en el identificador que aparece en la pantalla. Los sistemas de suplantación pueden mostrar una numeración que parezca vinculada a una empresa o a una llamada comercial autorizada.

Si ya se facilitaron datos bancarios, el afectado debe llamar de inmediato a su banco, pedir el bloqueo de tarjetas u operaciones que puedan estar comprometidas y revisar los movimientos de la cuenta. También es aconsejable guardar el número desde el que se recibió la llamada, la fecha, la hora y cualquier mensaje relacionado.

Los usuarios que reciban llamadas comerciales desde una numeración distinta de la permitida pueden presentar una reclamación ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones o denunciar el hecho ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Cuando bajan las temperaturas, encender la calefacción supone, como cada año, añadir un gasto más al presupuesto de los hogares españoles. Calentar una vivienda puede costar hasta 1.283 euros este invierno, según una estimación de Roams para una casa unifamiliar -ubicada en el interior penisular- con calefacción de gas y una tarifa del mercado libre.

La diferencia entre familias puede superar los 1.000 euros. Un piso de la zona mediterránea con calefacción eléctrica y tarifa regulada tendría un gasto estimado de 245 euros en el mismo periodo, que abarca desde la segunda mitad de octubre hasta finales de marzo.

La cifra dependerá de dónde se viva, del tipo de vivienda, de la energía utilizada y del contrato. El estudio sitúa el gasto medio en 741,61 euros para los hogares con calefacción de gas y en 511,83 euros para los que usan sistemas eléctricos. Son cálculos elaborados con consumos medios y precios de referencia.

Vivir en una casa del interior de España eleva el gasto

El tipo de vivienda explica parte de la diferencia en el desembolso final. El gasto medio estimado de calefacción con gas ronda los 421 euros en los pisos y se acerca a 779 euros en las viviendas unifamiliares, un 84% más. En los sistemas eléctricos, el cálculo pasa de unos 252 euros en los pisos a 552 euros en las casas unifamiliares.

También influye el clima. La clasificación empleada en el estudio sitúa a la zona continental como la de mayor gasto medio: 697 euros para quienes se calientan con gas y 488 euros para los hogares con electricidad. En la zona atlántica, las cifras bajan a 599 y 416 euros, respectivamente; en la mediterránea, a 504 y 304 euros.

La diferencia refleja que los hogares de las provincias interiores necesitan más energía para mantener una temperatura confortable durante los meses fríos. A ello se suma que una vivienda unifamiliar suele requerir más calefacción que un piso, aunque el resultado final depende también del aislamiento y de los hábitos de cada hogar.

La tarifa contratada es clave

La tarifa contratada es otro de los elementos que cambian la factura estimada. El precio del consumo de gas utilizado en el cálculo es de 0,050427 euros por kWh en el mercado regulado y de 0,08588 euros por kWh en el libre.

La diferencia se aprecia, sobre todo, en un piso de la zona interior. Con IVA, el gasto estimado sería de 524,04 euros con la tarifa regulada, frente a 797,50 euros con una oferta del mercado libre. Son 273,46 euros más por el mismo consumo de calefacción.

En una vivienda unifamiliar de la zona atlántica, la diferencia sube a 433,28 euros: de 839,92 euros en el mercado regulado a 1.273,20 euros en el libre, según el estudio de Roams.

En electricidad, la brecha entre las opciones analizadas es menor. La estimación sitúa el gasto medio de la tarifa regulada en 502,12 euros y el de una tarifa estable del mercado libre en 521,54 euros.

La estimación no sustituye a la factura de cada hogar

El cálculo utiliza consumos medios de calefacción recogidos en los informes SPAHOUSEC I y II del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). También incorpora precios de energía, términos fijos e impuestos aplicados en las tablas.

La factura real puede alejarse de esas referencias. Los metros de la vivienda, su aislamiento, las horas de uso, la temperatura elegida, la potencia contratada y las condiciones particulares de cada tarifa determinarán cuánto terminará pagando cada familia durante el invierno.

La propuesta incluye bonificaciones en el impuesto sobre la renta durante los primeros cuatro años de cotización, una “hucha hogar joven” con ventajas fiscales, avales de hasta el 100% del valor de la primera vivienda y una rebaja del 60% en el impuesto de transmisiones patrimoniales y el IVA para compradores de hasta 40 años.

Feijóo ha asegurado que un joven que compre una vivienda de 250.000 euros “tras cinco años de trabajo” podría ahorrar hasta 25.000 euros en impuestos y necesitar 50.000 euros menos para formalizar la hipoteca. El líder del PP ha definido ese conjunto de incentivos como “la mayor ayuda de la Hacienda pública española en la historia democrática de nuestro país”.

Incentivos para renovar contratos de alquiler

El líder popular ha planteado deducciones fiscales para propietarios e inquilinos que renueven sus contratos de alquiler por un plazo de hasta tres años, siempre que las subidas de renta queden por debajo del Índice de Precios al Consumo (IPC). Según ha expuesto, el propietario recibiría un incentivo en el impuesto sobre la renta y el inquilino podría desgravar una parte de la renta en función de sus ingresos.

Feijóo ha defendido que la medida tendría carácter transitorio, hasta que el aumento de la construcción permita aliviar la falta de oferta. “Es compatible dar seguridad jurídica a los propietarios y proteger al inquilino”, ha afirmado durante su intervención en Sevilla.

Desahucios ejecutados en 48 horas

El presidente del PP también ha prometido que, si gobierna, los ocupantes ilegales de viviendas “estarán fuera en 48 horas”. Feijóo ha justificado la medida “por razón de justicia” y ha afirmado que “no puede ser que la ley ampare al que ocupe y deje desprotegido al que ha ahorrado toda su vida y paga su hipoteca”.

El dirigente popular ha vinculado esa propuesta con el mercado del alquiler. “Cuando el propietario se siente seguro, alquila y se fía del inquilino”, ha sostenido. “Más seguridad supone más pisos en alquiler y más pisos en alquiler supone mejores precios para los inquilinos”, ha asegurado.

Promete llevar a cabo tres leyes en los primeros 100 días

Feijóo ha asegurado que remitirá al Parlamento tres proyectos legislativos durante los primeros 100 días de un eventual Gobierno: una ley del suelo, una ley contra la okupación y una reforma de la ley de propiedad horizontal. “Cien días, tres proyectos legislativos”, ha defendido.

El líder del PP ha afirmado que esas iniciativas ya están preparadas y ha acusado a la Mesa del Congreso de impedir la tramitación de una ley antiocupación aprobada por el Senado. También ha anunciado que la primera Conferencia de Presidentes de su mandato tendría como único punto del orden del día un plan nacional de vivienda, con participación de comunidades autónomas, ayuntamientos y la Federación Española de Municipios y Provincias.

En este sentido, el dirigente popular ha ligado ese compromiso a la ejecución de sus medidas. “Si dentro de cuatro años no lo he cumplido, no me voten ustedes”, ha declarado.

El PP atribuye la crisis de vivienda a la falta de oferta

Para aumentar la oferta residencial, Feijóo ha anunciado una modificación urgente de la ley del suelo y ha defendido que se simplifiquen los trámites urbanísticos. Su propuesta contempla instaurar el silencio administrativo positivo para determinados permisos: “Aquel ayuntamiento que no dé una licencia en 90 días se entiende concedida”, ha asegurado.

El líder del PP ha responsabilizado al Gobierno de Pedro Sánchez del deterioro del acceso a la vivienda. Según su diagnóstico, en España se crean 240.000 hogares cada año, mientras se finalizan menos de 100.000 viviendas nuevas, una diferencia que, a su juicio, ha dejado “un déficit acumulado cercano a un millón de viviendas”.

Feijóo ha cifrado en un 45% el incremento del precio de los alquileres y en un 74% la subida del coste de compra. “La vivienda en España ha subido un 31% más de lo que han subido los salarios”, ha afirmado. También ha cuestionado que el Ejecutivo haya incrementado la recaudación fiscal, recibido fondos europeos y elevado la deuda pública sin impulsar, según ha sostenido, más vivienda pública.

El acto, celebrado en el restaurante Abades Triana, también ha servido para confirmar que Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, encabezará la candidatura popular al Congreso por Sevilla en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Cobrar el salario mínimo interprofesional no garantiza recibirlo íntegro a final de mes si trabajas recogiendo aceituna. “Lo que se aplica es salario día”, explica José Hurtado, secretario general de CCOO Industria Andalucía.

En los contratos temporales de hasta 120 días con la misma empresa, el mínimo legal asciende a 57,82 euros brutos por día, pero una semana de lluvia puede dejar el salario mensual por debajo de 900 euros antes siquiera de descontar transporte, alquiler o cotizaciones.

Una persona que completara 20 jornadas cobraría 1.156,40 euros brutos. Si una semana laborable de cinco días se pierde por la meteorología y solo logra trabajar 15 jornadas, la cifra baja a 867,30 euros, antes de descontar transporte, alquiler o cotizaciones. “Cobran cuando trabajan, cuando no trabajan, no cobran”, resume Hurtado.

Las organizaciones agrarias han advertido de dificultades para reunir cuadrillas durante la recolección. CCOO sostiene que esa dificultad está ligada a campañas cortas, ingresos inestables y pocas ayudas para quienes deben desplazarse.

Menos protección para quienes enferman o se lesionan

La irregularidad de las jornadas no solo condiciona la nómina de cada mes. También puede reducir la protección de quienes enferman o sufren una lesión durante la campaña.

Hurtado sostiene que una persona que no haya acumulado suficiente cotización antes de una baja puede recibir una prestación muy reducida. “Si no tiene las cotizaciones de los 120 días, lo mismo empieza a cobrar cuatro o cinco euros por día de baja”, afirma.

Según CCOO, depender de jornadas cortas y discontinuas dificulta acumular cotización suficiente para recibir una prestación por incapacidad temporal que permita sostener los ingresos durante una baja, a diferencia de otros empleos de mayor duración y con ingresos mensuales más estables.

El salario mínimo ha reducido las diferencias entre categorías

Hurtado sitúa otro problema en los convenios provinciales del campo. En provincias como Córdoba, Málaga o Sevilla, la campaña de aceituna queda bajo convenios generales que también regulan otras tareas agrícolas, desde la siembra hasta la recolección de productos distintos.

“El salario mínimo interprofesional se ha comido, de forma generalizada, todas las categorías”, sostiene. Según CCOO, las tablas salariales no siempre distinguen de forma suficiente entre un peón de recogida y un trabajador que maneja vibradores u otra maquinaria. Esa falta de diferenciación dificulta atraer perfiles cualificados, explica el representante sindical.

Por su parte, Jaén cuenta con un convenio más ligado al olivar y con salarios superiores, recuerda Hurtado, mientras que en otras provincias se aplica el convenio general del campo.

El fijo discontinuo puede funcionar como una “bolsa de empleo”

El contrato fijo discontinuo debería aportar continuidad a quienes regresan cada campaña a la misma explotación. Para ello, CCOO defiende que el llamamiento siga reglas claras, como la antigüedad.

Hurtado considera que esta figura se ha “contaminado” en parte del sector. “El fijo discontinuo en lo que se ha convertido es como en una bolsa de empleo”, afirma. Según el sindicato, si no existe un orden de llamamiento definido, el contrato puede operar como una lista de trabajadores de la que la empresa elige en función de sus necesidades en cada campaña.

“Cuanto más flexible sea el llamamiento, menos sentido tiene el fijo discontinuo”, añade. CCOO alerta de que esa flexibilidad puede reducir la seguridad de quien espera volver a trabajar al año siguiente, pese a tener un contrato fijo.

Buscar vivienda “para un mes y medio” corre por cuenta del trabajador

La duración limitada de la campaña añade otro obstáculo para quienes se desplazan. Hurtado calcula que la recogida suele ofrecer contratos “de un mes o, como mucho, un mes y medio”. Quien llega desde otra provincia debe asumir el viaje, el combustible y, en muchos casos, el alquiler temporal.

“Si alguien se tiene que desplazar de una provincia a otra, pues tiene que ser por sus propios medios”, señala el responsable sindical. “El empresario no tiene obligación de cubrirle dónde vivir en el periodo de la campaña”.

Esta realidad contrasta con la Orden de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO). Este modelo regula la contratación colectiva de personas que no residen en España y, en los programas de migración circular, obliga a la empresa a garantizar alojamiento durante todo el periodo de actividad.

Esa garantía no se extiende a quienes ya viven en España y se desplazan desde otra provincia para recoger aceituna durante unas semanas. Hurtado compara esta situación con la vendimia francesa: “Por eso se va la gente a Francia, en vendimia, porque se le pone vivienda y se le pone un salario que está por encima del nuestro”.

La ruptura con una pareja violenta no siempre termina cuando se pone fin a la relación. Para algunas madres que crían solas, también supone perder la vivienda compartida y empezar a rotar por alojamientos temporales: la casa de un familiar, una habitación realquilada, una pensión o un hotel de emergencia. Esta precariedad habitacional de las familias monomarentales se analiza en un estudio reciente de Esade que identifica las separaciones en contextos de violencia entre los detonantes más frecuentes de la pérdida de vivienda.

La investigación, elaborada con Fundació Hàbitat3 y Fundació Habitatge Social, recoge 48 entrevistas a mujeres que sostienen solas sus hogares. Entre todas tienen 86 hijos. El trabajo no permite calcular cuántas madres atraviesan esta situación en el conjunto de Cataluña o España, pero describe cómo se cruzan la precariedad laboral, los cuidados, la violencia machista, la migración y la falta de vivienda asequible.

La mayoría de las entrevistadas no pasan de la vivienda compartida directamente a la calle. Antes pasan por una cadena de soluciones temporales que evita el desamparo más visible, aunque no garantiza un hogar seguro. El estudio denomina a esa realidad como sinhogarismo oculto: familias que no figuran necesariamente en los recuentos de personas sin hogar, pero encadenan estancias sin contrato, recursos de emergencia y convivencias forzadas.

Sin casa y sin margen para pagar un alquiler

La separación puede suponer también la pérdida de la aportación económica de la pareja, asumir sola el cuidado de los hijos y buscar una vivienda en un mercado que exige ingresos estables, fianzas y garantías. El informe recoge que la violencia aparece en una parte significativa de los relatos, a través de agresiones denunciadas, violencia económica y emocional o experiencias de estigmatización en los servicios públicos.

El problema se agrava cuando la madre depende de empleos con salarios bajos o jornadas irregulares. Solo una de cada tres entrevistadas tenía un contrato formal. El 66,7% estaba fuera del empleo regulado: el 33,3% se encontraba en paro, el 31,3% trabajaba en la economía informal y el 2,1% estaba en situación de incapacidad.

Los sectores a los que acceden muchas de ellas -limpieza, cuidados, servicio doméstico, hostelería y comercio- suelen ofrecer horarios incompatibles con la entrada y salida del colegio. Una madre sola no puede ampliar jornada si no dispone de una escuela infantil, actividades extraescolares o una red familiar que se haga cargo de sus hijos. La conciliación, por tanto, condiciona los ingresos y, con ellos, la posibilidad de mantener un alquiler.

La presión del mercado deja poco margen. El informe sitúa el precio medio del alquiler en Barcelona en 1.087 euros mensuales en 2025 y calcula que el esfuerzo para acceder a una vivienda de compra o alquiler ronda el 46% de la renta familiar, muy por encima del 30% considerado asumible.

Las habitaciones y pensiones ocultan una crisis que no aparece en la calle

Las experiencias recogidas por Esade muestran un patrón repetido: una vivienda perdida tras una ruptura o un impago, una estancia con familiares o amistades, una habitación realquilada, una pensión, un hotel pagado por los servicios sociales o un recurso de urgencia. Después puede llegar un piso de alquiler social o, si no hay alternativa, una okupación.

La calle aparece como una amenaza, pero rara vez como el desenlace definitivo. No significa que exista una solución estable, sino que las madres despliegan estrategias para proteger a sus hijos. Algunas aceptan alojamientos sin contrato, comparten espacios reducidos o prolongan convivencias que querían dejar atrás. Otras intercambian cuidados por un techo.

El impacto alcanza a los menores. La incertidumbre sobre el siguiente domicilio dificulta sostener la escolarización, conservar amistades y organizar la vida diaria. El informe recoge casos de mujeres que, ante la falta de empleo y vivienda, enviaron temporalmente a sus hijos a vivir con los abuelos.

La situación se inserta en un problema más amplio. El 43,8% de los hogares monomarentales de Cataluña vive bajo el umbral de pobreza, el equivalente a unas 119.900 familias, según datos de Save the Children citados en el estudio. Además, el 34,7% de los menores de 18 años de la comunidad está en riesgo de pobreza.

El alquiler social aporta estabilidad, pero el problema vuelve cuando termina el contrato

El estudio no cuestiona la utilidad de los programas de vivienda social. Las mujeres entrevistadas describen la llegada a un piso con apoyo como un punto de inflexión: facilita recuperar rutinas, mejorar el rendimiento escolar de los hijos, buscar empleo con menos urgencia y establecer vínculos con el barrio.

El problema aparece al final. Los contratos de estos programas son temporales y, en algunos casos, se revisan cada año. La incertidumbre sobre la renovación se mantiene incluso cuando la familia ha estabilizado su situación. El informe concluye que falta una política específica que conecte el acompañamiento social con una vivienda asequible y permanente.

El salto al mercado inmobiliario privado resulta inasumible para buena parte de las participantes. La vivienda de protección oficial exige ingresos mínimos que pueden dejar fuera a quienes tienen un solo salario y personas a cargo.

En este sentido, el estudio propone revisar los umbrales de ingresos para acceder al alquiler protegido, adaptar las ayudas a hogares con una sola persona perceptora de renta y menores a cargo, y flexibilizar los requisitos para quienes viven en habitaciones sin contrato o en situaciones de okupación.

Al final de esta cadena de precariedad está la okupación

La okupación forma parte del estudio porque permite observar las formas de exclusión que quedan fuera de los circuitos institucionales. No se presenta como una decisión ideológica, sino como una salida de supervivencia para algunas mujeres que ya han pasado por impagos, habitaciones, pensiones o recursos de emergencia.

Los datos del Servicio de Intervención en Situaciones de Pérdida de Vivienda y Ocupaciones de Barcelona citados en el informe reflejan que el 87,4% de los casos de okupación atendidos correspondía a hogares con menores, frente al 35,9% de media en la ciudad. Casi la mitad de esos hogares eran monomarentales.

Una habitación, una pensión o un piso social temporal pueden frenar la emergencia y dar a una familia un margen para recomponerse. Pero el problema reaparecerá siempre al final del contrato: sin una vivienda asequible a la que ir después, la inestabilidad dejará huella en sus vidas.

El Govern balear eliminará la carga fiscal autonómica sobre la primera compra de vivienda de los jóvenes de hasta 36 años, según ha anunciado este martes la presidenta, Marga Prohens, durante el Debate de Política General celebrado en el Parlament.

La medida forma parte de un paquete que combina rebajas tributarias, avales públicos, ayudas directas y nuevas actuaciones residenciales ante las dificultades de acceso a una vivienda en Baleares. El Ejecutivo regional también prevé destinar recursos del Impuesto de Turismo Sostenible a políticas de vivienda.

Los compradores de hasta 36 años quedarán exentos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuando adquieran su primera vivienda. Las personas de entre 36 y 40 años tendrán una reducción del 50% en ambos gravámenes.

La medida amplía una bonificación que estaba vigente en Baleares desde 2023. Hasta ahora, la exención total en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se limitaba a los menores de 30 años, mientras que los compradores de hasta 36 años pagaban la mitad.

Las hipotecas tendrán una rebaja del 50% en un impuesto autonómico

La exención total anunciada para la compra de la primera vivienda no se aplicará a los créditos hipotecarios. En estos casos, el Govern prevé reducir a la mitad el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para los menores de 36 años y las personas con discapacidad.

Además, el Ejecutivo creará una deducción autonómica en el IRPF para las cuentas de ahorro joven destinadas a reunir dinero para adquirir una primera vivienda.

El impuesto turístico podrá financiar medidas de vivienda

El Ejecutivo balear modificará la ley para destinar parte de la recaudación del Impuesto de Turismo Sostenible a medidas de vivienda.

Por ahora, el Govern no ha precisado qué cuantía del impuesto turístico se destinará a esta finalidad ni cuándo llevará al Parlament el cambio legislativo.

La presidenta anunció además dos promociones para trabajadores públicos desplazados: 80 viviendas para profesionales sanitarios en Ibiza y 40 para docentes destinados en Formentera. Ambas actuaciones se dirigen a empleados que deben trasladarse a estas islas para cubrir plazas de servicios públicos.

El plan HabitaIB 4+4 prevé 100 medidas hasta 2031

El nuevo Plan Estratégico de Vivienda, denominado HabitaIB 4+4, reunirá 50 medidas aprobadas y actuaciones activadas desde 2023. A esa base se añadirán otras 50 propuestas para el periodo 2027-2031.

El documento movilizará 3.000 millones de euros y aspira a llegar a 87.000 ciudadanos. El Govern prevé presentarlo antes de que termine el año.

Entre las líneas previstas figuran nuevas promociones de vivienda pública, ayudas a la promoción de vivienda protegida y subvenciones para rehabilitar inmuebles vacíos que se incorporen al alquiler asequible. Estas ayudas estarán dirigidas a residentes que acrediten que han vivido al menos cinco años en las islas.

El plan incluirá un registro de solares sin edificar y otro de edificios inacabados u obsoletos para impulsar su transformación en viviendas. El Ejecutivo también pondrá en marcha un programa piloto de alojamiento para personas mayores en situación de exclusión residencial.

Aumentan los fondos de los avales públicos para la Nueva Hipoteca Joven

La Nueva Hipoteca Joven es un programa del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) por el que la Administración pública avala una parte de la hipoteca. El objetivo es que los bancos puedan financiar hasta el 100% del precio de compra, frente al 80% habitual.

El aval puede cubrir hasta el 20% del valor de la vivienda para jóvenes de hasta 40 años, además de otros colectivos. Para acceder al programa, la vivienda debe ser la residencia habitual del comprador, que debe acreditar al menos cinco años de residencia en Baleares y no ser propietario de otra casa, salvo las excepciones previstas.

El fondo destinado a estos avales pasará de 30 a 45 millones de euros. El cambio busca atender más solicitudes dentro del programa.

Más ayudas para comprar vivienda y una bonificación mayor en Sucesiones

El Govern también ampliará el presupuesto de las ayudas directas de 10.000 euros para menores de 40 años que compren una vivienda. En este caso, se trata de una subvención destinada a cubrir parte del coste de adquisición, distinta del aval hipotecario. El anuncio no ha concretado los requisitos, el precio máximo de los inmuebles ni el calendario de la próxima convocatoria.

Por último, en materia de sucesiones, Prohens ha anunciado que la bonificación del impuesto ascenderá al 75% para las herencias entre hermanos o entre tíos y sobrinos cuando la persona fallecida no tenga descendencia directa.

La recogida de aceituna vuelve a afrontar dificultades para reunir cuadrillas en el campo andaluz. Las organizaciones agrarias alertan de falta de mano de obra, mientras que los sindicatos sostienen que el empleo agrario ha perdido atractivo por su dureza, su escasa duración y la incertidumbre sobre los ingresos finales.

Para los jornaleros que se desplazan a otra provincia, aceptar una campaña de uno o dos meses supone asumir el coste del transporte y, en muchos casos, buscar una vivienda de alquiler por un periodo muy corto. A esos gastos se suma la incertidumbre de la meteorología: cuando llueve no se puede recoger, y si no se puede recoger, no hay jornada ni salario. CCOO advierte de que esos días tampoco cuentan para la cotización.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ya atribuyó durante la pasada campaña el retraso de la recolección tanto a las lluvias como a la escasez de trabajadores. La organización afirmó que la falta de personal y el coste de recoger la aceituna caída al suelo habían convertido esa labor en “económicamente inviable” para parte de las explotaciones.

La lluvia deja al jornalero sin salario y sin cotización

Vicente Jiménez, responsable estatal del Sector Agrario de CCOO, reconoce que las campañas agrícolas tienen problemas para reunir personal: “De un tiempo a esta parte, es verdad que hay una falta de mano de obra”, afirma.

El dirigente sindical relaciona esa dificultad con las condiciones del empleo. La recolección se realiza a la intemperie, con frío, lluvia o pendientes, y depende de que el tiempo permita salir al campo. “Día que trabajan, día que cotizan y día que cobran”, explica, y añade: “Si llueve, pues no trabajan”.

La consecuencia afecta a la planificación de los ingresos. Un trabajador puede tener un contrato para la campaña, pero no sabe cuántos días acabará trabajando ni cuánto podrá cobrar al final del mes.

En este sentido, CCOO cuestiona el sistema de cotización por jornadas reales y propone que el empleo agrario avance hacia un modelo con mayor protección social: “El trabajador agrario debería dejar de cotizar por jornadas reales y debería ser igual que un trabajador fijo y debería cotizar todos los días”, plantea Jiménez.

UGT calcula que el jornal puede quedar en 57,50 euros netos

Para Emilio Terrón, secretario del sector agrario de FICA UGT, la falta de trabajadores está ligada a las condiciones que ofrecen parte de las explotaciones: “La falta de trabajadores y trabajadoras del campo se encuentra fundamentalmente en las condiciones que se ofrecen por parte de los empresarios”, asegura.

Terrón sostiene que el salario se sitúa en muchos casos en el mínimo interprofesional y denuncia que algunas tareas se abonan por producción. “Lo que se ofrece es el salario mínimo puro y duro y, además, en algunas explotaciones, ni eso, sino que la recolección o la pagan por kilos, o la pagan por cajas, o la pagan por espuerta”, afirma. La espuerta es un recipiente usado para transportar aceitunas, por lo que el pago depende de cuántos capazos llena cada jornalero.

El representante de UGT cifra en 62,39 euros brutos diarios el salario de una persona fija discontinua y estima que, después de las cotizaciones, las retenciones y el coste del desplazamiento, el ingreso neto puede rondar los 57,50 euros. Se trata de un cálculo sindical que puede variar según la provincia, la categoría profesional, los complementos y la distancia hasta la finca.

Terrón sostiene que, cuando los trabajadores encuentran una oportunidad en otra actividad, abandonan el campo. Una idea que comparte con el representante sindical de CCOO, quien sitúa entre las alternativas la hostelería, el comercio, la construcción, la industria o los almacenes, donde los contratos suelen durar más tiempo. “La gente prefiere seis meses en la hostelería, en el comercio o en la construcción, que estar cada día mirando el cielo”, señala Vicente Jiménez.

El alojamiento y el transporte condicionan a quienes se desplazan

La vivienda es otro de los factores que hacen del trabajo en el campo una actividad cada vez menos atractiva. Jiménez advierte de que encontrar un alquiler por uno o dos meses resulta difícil y caro. “Si tiene que desplazarse de otra provincia para trabajar y encima tienen que pagar los alojamientos, eso es un impedimento”, explica.

CCOO reclama que “las ofertas de empleo que se hagan garanticen un alojamiento y garanticen y paguen parte del desplazamiento, si no el desplazamiento entero”, sostiene Jiménez.

La mecanización acorta las campañas y reduce el empleo

El modelo de cultivo también ha cambiado. Jiménez señala que la extensión del olivar intensivo y la mecanización reducen la necesidad de mano de obra en algunas fincas y concentran la recogida en menos días. “Los agricultores lo que están haciendo es poner olivar intensivo, que se coge con máquina y demanda menos mano de obra”, afirma.

Ese proceso puede generar una paradoja: se necesitan cuadrillas en momentos muy concretos, pero cada vez hay menos empleo suficiente para sostener a una persona durante buena parte del año. “La mecanización y la digitalización están llegando y cambiando el perfil a que todo dure cada vez menos”, añade el responsable de CCOO.

Ambos sindicatos defienden el contrato fijo discontinuo frente a la contratación por días. Sin embargo, coinciden en que esa fórmula no retiene a los trabajadores si otros sectores ofrecen más meses de empleo o mejores condiciones. “Si yo soy fijo discontinuo de esta empresa, pero me llama otro sector y me está ofreciendo condiciones mejores, pues dejo el contrato de fijo discontinuo y me voy a otro sector”, explica Terrón.

Jornadas declaradas por debajo de las trabajadas

UGT señala que las altas en la Seguridad Social son hoy más habituales que en otras campañas, pero denuncia posibles irregularidades en la declaración posterior de las jornadas reales. Terrón explica que las empresas pueden mantener al trabajador de alta durante el mes y, después, comunicar un número de peonadas inferior al efectivamente trabajado. “Hay una denuncia que se viene dando ya desde hace muchos años, que es la no declaración de la jornada real”, afirma.

El representante sindical advierte de que esa práctica puede afectar a la cotización de los jornaleros y a su capacidad para reunir los días necesarios para acceder a prestaciones.

UGT denuncia además falta de registro horario y el impago de horas extraordinarias. “Lo que brilla por su ausencia es el registro horario”, afirma Terrón, quien sostiene que las horas extra “por supuesto, no se pagan”. En este contexto, el sindicato reclama reforzar la presencia de la Inspección de Trabajo durante las campañas agrícolas.

Una persona que haya cotizado 30 años puede cobrar en 2026 una pensión de jubilación mínima de 888,70 euros al mes si convive con su cónyuge, pero este no depende económicamente de ella. La cuantía puede subir a 936,20 euros mensuales para quienes viven solos y a 1.256,60 euros si el cónyuge está a cargo.

Esas cantidades se abonan en 14 pagas y corresponden a la jubilación ordinaria de personas con 65 años o más. Sin embargo, tener 30 años cotizados no garantiza por sí solo el cobro de una de esas cifras. La pensión final depende de las bases de cotización de cada trabajador, de la edad a la que se retire y de si cumple con los requisitos para acceder al complemento a mínimos.

Con 30 años cotizados se cobra el 85,18% de la base reguladora

La Seguridad Social calcula la pensión de jubilación a partir de la base reguladora y del tiempo cotizado. En 2026, los primeros 15 años dan derecho al 50% de esa base.

A partir del año decimosexto, se suma un porcentaje por cada mes adicional cotizado. Durante este año, los primeros 49 meses añaden un 0,21% por mes y los siguientes un 0,19%.

Con 30 años de cotización, una persona acumula otros 15 años después de completar el período mínimo exigido. El resultado es que le corresponde el 85,18% de la base reguladora.

La operación es la siguiente: el 50% inicial por los primeros 15 años, más 10,29 puntos por los primeros 49 meses extra y otros 24,89 puntos por los 131 meses posteriores. La suma alcanza el 85,18%.

Ese porcentaje no se aplica al último sueldo. Se calcula sobre la base reguladora, que reúne las bases de cotización utilizadas por la Administración para fijar la prestación.

La pensión mínima cambia según la situación familiar

Las cuantías mínimas de jubilación en 2026 no varían por haber cotizado 15, 30 o más años. Se fijan según la edad del titular y su situación familiar.

Una persona con 30 años cotizados que se retire a su edad ordinaria tendrá derecho, si cumple los requisitos para percibir el complemento a mínimos, a estas cantidades mínimas:

• 1.256,60 euros mensuales y 17.592,40 euros al año, con cónyuge a cargo.
• 936,20 euros mensuales y 13.106,80 euros al año, para una unidad económica unipersonal.
• 888,70 euros mensuales y 12.441,80 euros al año, con cónyuge no a cargo.

El cónyuge se considera a cargo cuando convive con el pensionista y depende económicamente de él. Si hay convivencia, pero no existe esa dependencia económica, se aplica la cuantía para cónyuge no a cargo.

Por tanto, la respuesta a cuánto es la pensión mínima con 30 años cotizados depende de la situación personal.

El complemento a mínimos no se concede de forma automática

La pensión inicial se obtiene al aplicar el 85,18% a la base reguladora. Si el resultado queda por debajo de la cuantía mínima que corresponde al pensionista, puede tener derecho al complemento a mínimos.

Este complemento permite elevar la pensión hasta el importe mínimo establecido, aunque exige cumplir determinadas condiciones económicas. En 2026, los ingresos anuales distintos de la propia pensión no pueden superar los 9.442 euros para quienes no tienen cónyuge a cargo.

En el caso de los pensionistas con cónyuge a cargo, el límite de ingresos conjuntos se sitúa en 11.013 euros anuales. También es necesario residir en España para cobrar este complemento cuando la pensión se haya causado desde el 1 de enero de 2013.

El complemento no es consolidable. Puede reducirse o eliminarse si cambian las rentas del pensionista, la situación económica del cónyuge o la residencia habitual.

Con 30 años cotizados, la edad ordinaria es de 66 años y 10 meses

En 2026, solo pueden jubilarse a los 65 años quienes acrediten al menos 38 años y tres meses de cotización. Como una carrera de 30 años no alcanza ese umbral, la edad ordinaria de jubilación será de 66 años y 10 meses.

Quien decida retirarse antes podrá acceder a la jubilación anticipada si cumple los requisitos de esa modalidad, aunque la pensión se reducirá mediante coeficientes aplicados en función de los meses de adelanto y del total de años cotizados.

Desde 2026, para calcular la base reguladora, la Seguridad Social compara dos fórmulas y aplica la más favorable. Una de ellas toma las 302 bases de cotización de mayor importe dentro de los últimos 304 meses anteriores a la jubilación y divide el resultado entre 352,33. La otra mantiene el cálculo con los últimos 25 años de cotización.

Los herederos pueden recibir algo más que dinero, una vivienda o propiedades. Una sucesión también puede incluir préstamos, impuestos pendientes u otras obligaciones que el fallecido no hubiera saldado. En este sentido, la abogada Lucía Menéndez ha explicado en un vídeo publicado en su perfil oficial de TikTok cómo funciona la aceptación de una herencia a beneficio de inventario, una vía para conocer los bienes y las deudas que deja una persona en su herencia sin poner el pelirgo ekl patrimonio del heredero.

En su explicación, Menéndez plantea una situación habitual: “Imagina que tu padre fallece y sabes que ha dejado algo de dinero y una casa, pero también sospechas que puede haber dejado alguna deuda, pero no sabes de cuánto”.

La duda aparece cuando el heredero desconoce el alcance real de esas obligaciones. “Dices: ‘Claro, acepto la herencia y después voy a tener que pagar yo las deudas’”, señala la letrada. La respuesta depende de la modalidad de aceptación elegida y de los trámites que se realicen ante notario.

En España, la aceptación pura y simple de una herencia puede hacer que el heredero responda de las cargas pendientes también con su patrimonio personal. Por eso, antes de tomar una decisión, resulta necesario conocer tanto los bienes como las deudas que integran la sucesión.

El inventario permite separar los bienes personales de la herencia

La abogada aclara que para situaciones en las que la sucesión viene acompañada de deudas, “existen las herencias a beneficio de inventario”. Su finalidad es elaborar un inventario completo del patrimonio que dejó la persona fallecida.

“Explicado de manera muy sencilla, es hacer un inventario de los bienes y activos y un inventario de los pasivos y deudas”, afirma Menéndez. En ese listado deben constar, por un lado, inmuebles, cuentas bancarias, vehículos, acciones u otros derechos. Por otro, préstamos, facturas, créditos fiscales y cualquier otra deuda conocida.

El Código Civil establece que cualquier heredero puede aceptar a beneficio de inventario, incluso si la persona fallecida que hizo testamento, conocida legalmente como testador, hubiera intentado impedirlo. La declaración debe realizarse ante notario y requiere un inventario fiel y exacto, sujeto a formalidades y plazos legales.

Las deudas se pagan hasta donde alcance la herencia

La clave de este procedimiento es que protege al heredero frente a un posible desequilibrio entre activos y deudas. “Si los activos superan a las deudas, aceptaremos la herencia y, si no, la rechazaremos”, aconseja Menéndez.

Sin embargo, el beneficio de inventario también ofrece otra posibilidad: aceptar la herencia sin que las deudas alcancen el patrimonio particular de quien hereda. El artículo 1023 del Código Civil dispone que el heredero solo queda obligado a pagar las cargas hereditarias “hasta donde alcancen los bienes de la misma”.

Esto implica que los acreedores pueden reclamar frente a los bienes y derechos que formen parte de la herencia, pero no sobre el dinero, la vivienda o los ingresos propios del heredero, siempre que se hayan cumplido los requisitos exigidos para acogerse a este régimen.

Cuidado con omitir bienes o incumplir los trámites

La aceptación a beneficio de inventario exige precisión. La normativa prevé la pérdida de ese beneficio si el heredero excluye de forma consciente bienes, derechos o acciones que debían figurar en el inventario.

También puede haber consecuencias si se venden bienes de la herencia antes de pagar las deudas y los legados sin autorización o sin respetar las condiciones fijadas. Por eso, Menéndez advierte: “Si vas a recibir una herencia, es muy importante saber qué hay detrás, no solo de bienes, sino de pasivos”.

La letrada concluye que, sin esa revisión previa, “después podrías responder con tu patrimonio personal”. La intervención de un notario y el análisis de la documentación disponible permiten determinar qué opción se ajusta a cada caso.

Los empleados del sector financiero se han concentrado este jueves ante las sedes de Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Abanca y Unicaja en seis ciudades españolas para exigir la apertura inmediata de negociaciones sobre sus condiciones laborales. La convocatoria, impulsada por CCOO, reclama garantías ante el avance de la inteligencia artificial en el sector, subidas salariales por encima del IPC y una reducción de la carga de trabajo que, según el sindicato, arrastra las plantillas desde hace años.

Las protestas se han desarrollado en Madrid, Valencia, Valladolid, A Coruña, Tenerife y Málaga, con recorridos de entre 45 minutos y dos horas frente a las oficinas centrales de las entidades. Una segunda jornada de movilizaciones está prevista para el 4 de noviembre en Barcelona, Sevilla, Murcia, Albacete, Zaragoza y Bilbao.

El calendario de protestas no es casual. El convenio colectivo que regula las condiciones de los empleados de banca vence el 31 de diciembre de este año, y la negociación del siguiente arrancará en marzo de 2027. CCOO quiere llegar a esa cita con compromisos ya cerrados, no con la negociación recién empezada.

La banca gana más y emplea a menos personas

El argumento central de CCOO es un contraste: mientras los seis grandes bancos españoles acumularon más de 36.000 millones de euros de beneficio en 2025 y superaron los 20.000 millones solo en el primer semestre de este año, el empleo en el sector se ha reducido un 40% desde los máximos de 2008. En el mismo periodo, cerca del 63% de las oficinas bancarias han cerrado sus puertas.

Esa combinación de menos personal y más beneficios se traduce, según una encuesta interna de CCOO entre 46.000 trabajadores, en una sobrecarga que afecta a casi toda la plantilla. El 96,9% de los empleados de oficinas y el 93,1% de los de servicios centrales señalan un aumento crítico de su volumen de trabajo en los últimos tres años. Más del 80% asegura que el clima laboral actual perjudica su salud física o mental.

Buena parte de esa presión está ligada a los objetivos comerciales. Según la misma encuesta, el 64,4% de los gestores comerciales admite sentirse presionado para vender productos hasta el punto de poner en riesgo las normas de protección al consumidor.

Qué pide el sindicato para los próximos años

Las reivindicaciones de CCOO se concentran en cuatro bloques. El primero es salarial: un incremento del 7% para 2027 y del 4% anual entre 2028 y 2030, con una cláusula que active revisiones adicionales si la inflación supera esas cifras. El sindicato pide además mejorar los salarios de entrada, reducir las desigualdades retributivas dentro de las entidades y que la retribución variable sea justa, transparente y negociada con la representación sindical.

El segundo bloque afecta a la jornada y la conciliación. CCOO propone reducir la jornada anual de las actuales 1.650-1.700 horas a 1.600 horas sin recorte salarial, ampliar el teletrabajo hasta tres días semanales y avanzar hacia fines de semana de tres días al menos una vez al mes.

El tercer eje es el empleo: el sindicato reclama relevo generacional con creación de puestos de trabajo, además de eliminar la presión comercial y reducir las cargas de trabajo que, según denuncia, soportan las plantillas.

El cuarto bloque es la inteligencia artificial. El sindicato quiere intervenir en cómo se integran los algoritmos en la actividad bancaria y en la gestión de personal, con el objetivo de que su implantación no se traduzca en nuevos recortes de empleo sin negociación previa. La petición se apoya en el precedente reciente: la reducción del 40% de la plantilla del sector ya se ejecutó sin que, según CCOO, existiera una negociación equivalente sobre sus consecuencias.

Un conflicto que se prolonga desde la primavera

Las concentraciones de hoy no son el primer episodio de este pulso laboral. El 27 de marzo, los empleados de CaixaBank protagonizaron una huelga, y el 3 de junio hubo concentraciones en varias ciudades españolas. CCOO no descarta convocar un paro parcial de dos horas en la primera quincena de diciembre si la patronal no abre antes los espacios de negociación que reclama: los Observatorios de Banca y Ahorro y la Comisión Paritaria de Rurales.

Por ahora, la Asociación Española de Banca no ha respondido públicamente a estas demandas. El sindicato enmarca además esta campaña en un calendario reivindicativo más amplio, que incluye la huelga general convocada para el 11 de noviembre en torno a salarios, la vivienda y las condiciones de vida de los trabajadores.

El Estado pondrá a la venta el próximo mes de noviembre 10 lotes de inmuebles vinculados a tres históricos narcotraficantes gallegos, entre ellos los dos pisos de Sito Miñanco en el centro de Pontevedra y el edificio en construcción que Marcial Dorado dejó iniciado en A Illa de Arousa. El conjunto tiene un precio de salida superior a 2,7 millones de euros.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), dependiente del Ministerio de Sanidad, celebrará la subasta presencial los días 18 y 19 de noviembre en el auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid. La convocatoria reúne 26 lotes en toda España, con un valor de salida de más de 7,4 millones de euros.

Los inmuebles proceden de procedimientos de decomiso vinculados a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, una de las principales figuras del narcotráfico gallego; a Marcial Dorado, excontrabandista y narcotraficante de A Illa de Arousa; y a Manuel Abal Feijóo, Patoco, narcotraficante vinculado a Portonovo que murió en un accidente de moto en 2008.

Dos pisos de Miñanco salen a la venta en el centro de Pontevedra

El lote de mayor valor entre los inmuebles vinculados al entorno de Miñanco es un chalé de Sanxenxo, pero la subasta incorpora además dos pisos situados en calles céntricas de Pontevedra.

Uno de ellos está en el número 7 de Loureiro Crespo, frente al Hospital Provincial y en la esquina con Víctor C. Mercadillo. La vivienda, de más de 90 metros cuadrados, tiene tres dormitorios, dos baños, trastero y plaza de garaje. El precio de salida de la primera subasta es de 265.907,75 euros.

El segundo piso se encuentra en el número 26 de Benito Corbal, en la zona peatonal de la ciudad. Tiene 72 metros cuadrados, tres habitaciones y trastero. Su precio inicial asciende a 224.872,40 euros.

La convocatoria incluye otros dos inmuebles relacionados con la estructura patrimonial de Miñanco. Uno es una vivienda unifamiliar adosada en la urbanización O Rial de Vilagarcía de Arousa, situada en una parcela de 531 metros cuadrados y con una superficie útil de 219,31 metros cuadrados. Saldrá a puja por 213.058,25 euros.

El otro es una casa en Rial-Adina, en Sanxenxo, construida sobre una parcela de 2.710 metros cuadrados. El inmueble dispone de sótano, planta baja, primera planta y bajo cubierta, y tiene un precio de salida de 437.449,32 euros.

El edificio de 15 viviendas de Dorado supera el millón de euros

El lote más caro de los vinculados a los narcotraficantes gallegos está en O Xufre, en A Illa de Arousa. Se trata de un terreno de 1.322 metros cuadrados sobre el que se levanta un edificio en construcción asociado a Marcial Dorado.

El proyecto contempla un sótano para garajes y trasteros, una planta baja destinada a locales comerciales, dos portales, dos plantas de pisos y un ático, con 15 viviendas en total. La ficha de la subasta sitúa el grado de avance de la obra en el 63,73%.

El Estado ha fijado un precio de salida de 1.094.959,07 euros para este lote. Si queda desierto en la primera convocatoria, el importe bajará a 985.463,16 euros en una segunda subasta.

También volverán a salir a la venta los diez locales comerciales vinculados a Dorado en una galería de la avenida Mestre Mateo de Santiago de Compostela. El lote, que incluye inmuebles con acceso desde Rosalía de Castro, parte de 315.711 euros tras no encontrar comprador en convocatorias anteriores.

Un antiguo pub en Portonovo y cuatro fincas vinculadas a Patoco

El paquete incluye además tres lotes vinculados a Manuel Abal Feijóo, conocido como Patoco. El primero es un semisótano comercial de 84,6 metros cuadrados en la calle A Marina, esquina con Méndez Núñez, en Portonovo, que funcionó como pub. Sale a subasta por 51.452,40 euros.

Los otros dos lotes agrupan cuatro fincas rústicas de la provincia de A Coruña. Dos están en Ordes: una parcela de 33 áreas y otra de 3,4 hectáreas, con un precio conjunto de salida de 56.670,98 euros. Las otras dos se sitúan en la parroquia de Abellá, en Frades, y salen por 53.025,54 euros.

Los fondos obtenidos con la enajenación de los bienes decomisados se destinan a programas de prevención de adicciones y a la lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno prometió el pasado mes de enero movilizar unas 17.000 fincas rústicas propiedad del Estado para ponerlas a disposición de jóvenes agricultores. Nueve meses después, ninguno de los 15.510 registros identificados como patrimonio rústico estatal publica una referencia catastral completa, el dato que permitiría localizar cada parcela en el Catastro, según el informe ‘Antes de movilizar la tierra’, elaborado por el Servicio de Estudios de Cocampo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la medida el 14 de enero de este año: “Hay unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que analizaremos para valorar su aptitud para la actividad agraria y, en su caso, ponerlas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales”, afirmó entonces. La propuesta se enmarcó en un paquete de medidas para atajar el que el propio Sánchez calificó como “gran obstáculo” para la incorporación de jóvenes al sector agrario: el acceso a la tierra.

Las fincas se pondrían a disposición de los interesados a través de Tierra Joven, una plataforma digital cuyo despliegue, según prometió entonces el presidente, comenzaría “de manera inmediata”. “No vamos a tardar meses en hacerlo”, añadió, en referencia al real decreto que debía regular su funcionamiento en los primeros meses de este año. Nueve meses después, ese decreto no se ha aprobado y no consta públicamente que la plataforma haya entrado en funcionamiento.

Ningún registro tiene una referencia catastral completa

El informe de Cocampo analiza la información pública disponible en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado. De los 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, 15.510 figuran con la etiqueta “Patrimonio del Estado” en el campo denominado “Uso”. Ninguno de esos registros incluye un identificador catastral estructurado de 14 o 20 caracteres, el código único que permite consultar directamente un inmueble en el Catastro.

Sin ese código, la alternativa es un sistema más antiguo y menos preciso: el par de polígono y parcela, que solo indica en qué sector del término municipal se encuentra el terreno y qué número tiene dentro de ese sector, sin garantizar que ese número sea único o esté actualizado. El informe de Cocampo comprobó cuántos de los 15.510 registros permiten reconstruir, al menos, ese dato mínimo a partir del texto publicado por la Administración.

El resultado es desigual. En 9.855 casos, el 63,5% del total, el par de polígono y parcela aparece de forma explícita. En otros 2.108 registros (13,6%) puede deducirse a partir del formato del texto, aunque no esté escrito de forma directa. En los 3.547 restantes, el 48,7%, la identificación falla en distintos grados: en 888 (5,7%) la información es parcial, múltiple o contradictoria, y en 2.659 (17,1%) no existe ningún dato catastral aprovechable. En conjunto, 3.547 registros, el 22,9% del total, no permiten reconstruir ni siquiera ese par mínimo con claridad suficiente.

Ni siquiera cuando el par de polígono y parcela aparece de forma clara queda garantizada la identificación de la finca. El propio informe advierte de que esa información no permite comprobar de forma automática que la numeración siga vigente, que conduzca a una única parcela o que esa parcela coincida realmente con la finca registral que el Estado dice poseer.

Fincas de escaso tamaño para la actividad agraria

Más allá de la dificultad para localizarlas, el tamaño de los inmuebles cuestiona su utilidad para instalar a un nuevo agricultor o ganadero. La superficie mediana de los 15.510 registros es de 0,416 hectáreas. El 76,4% tiene menos de una hectárea, solo 176 alcanzan las 10 hectáreas y únicamente 40 igualan o superan las 30.

El propio informe recoge que la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ya había planteado esta duda el día posterior al anuncio de enero, al advertir de que una parte de las fincas podría ser terreno de secano, de escasa utilidad para la explotación agraria.

Tierra Joven, la plataforma que debía estar lista en meses

Desde el anuncio de enero, el Gobierno solo se ha pronunciado una vez sobre el avance de Tierra Joven. El 27 de febrero, un mes y medio después de la presentación inicial, una nota de prensa de La Moncloa ya no mencionaba el real decreto ni ninguna fecha de lanzamiento: se limitaba a señalar que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación trabajaba en la creación de la plataforma a través del Grupo de Trabajo de Movilización de Tierras Agrarias Infrautilizadas.

Desde esa actualización de febrero hasta la publicación del informe este 14 de octubre, no se han emitido nuevos comunicados oficiales sobre el estado de Tierra Joven.

Un problema que no nace en enero

La dificultad para localizar las fincas del Estado no es un caso aislado. Responde a un problema más amplio que arrastra España desde hace más de una década: la falta de coordinación entre el Catastro, que describe la forma y los límites físicos de cada parcela, y el Registro de la Propiedad, que certifica quién es su dueño. Cuando ambas descripciones no coinciden, identificar con exactitud dónde empieza y dónde termina una finca se vuelve mucho más difícil, algo que afecta tanto al patrimonio público como a las fincas privadas.

La Ley 13/2015 creó un mecanismo para resolver ese desajuste: la coordinación gráfica, un proceso mediante el cual el Registro incorpora la cartografía exacta del Catastro para cada finca. Once años después de su aprobación, ese proceso avanza con lentitud. Según los datos de la Dirección General del Catastro que recoge el informe, solo 1.476.595 parcelas aparecían coordinadas a 27 de septiembre, sobre un total de 52,86 millones de parcelas rústicas y urbanas que gestiona el organismo. Es decir, apenas el 2,79% del total, según cálculos de Cocampo.

El ritmo de coordinación ha crecido con fuerza en los últimos años: las fincas coordinadas pasaron de 606.371 en 2021 a 1.327.316 en 2025, un aumento del 118,9%. Aun así, ese avance no resuelve de golpe el enorme volumen de fincas que arrastran descripciones desactualizadas desde hace décadas, como ocurre con buena parte del patrimonio rústico del Estado.

Cuando la Administración saca una finca al mercado para venderla o cederla, sí suele publicar su referencia catastral completa: el informe de Cocampo ha identificado 11.576 referencias de este tipo en procedimientos publicados entre 2012 y 2026. Eso demuestra que el Estado sabe identificar sus fincas con precisión cuando lo necesita. La pregunta que deja abierta el informe es por qué ese mismo nivel de detalle no se ha aplicado todavía a las 17.000 fincas que Sánchez prometió movilizar hace nueve meses.

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) ha puesto sobre la mesa de los partidos políticos un paquete de diez reformas para rebajar costes, facilitar el acceso a prestaciones y reducir trámites. Entre las medidas figuran dos años sin pagar cuota al iniciar una actividad, un régimen de IVA para pequeños negocios y cambios en la jubilación activa.

Las propuestas llegan a seis semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, cuya campaña se celebrará entre el 13 y el 27 de ese mismo mes. Quienes formen parte del futuro Ejecutivo deberán afrontar, entre otros asuntos, la revisión del sistema de cotización por ingresos reales de los trabajadores por cuenta propia. Un modelo que calcula la cuota a la Seguridad Social según el rendimiento neto del negocio.

España cerró septiembre con 3.483.645 autónomos afiliados, 14.229 más que el mes anterior, según los datos recopilados por ATA a partir de la afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, el comercio perdió 763 cotizantes y la hostelería, otros 2.315. El aumento global, por tanto, no evita el retroceso de actividades donde predominan pequeños negocios y empleo por cuenta propia.

Dos años de cuota cero para iniciar una actividad

La principal medida del documento es la cuota cero durante los dos primeros años para quienes se den de alta como autónomos. ATA propone ampliar ese plazo a tres años para menores de 30 años, mujeres que retomen la actividad tras la maternidad y personas cuyos ingresos se sitúen por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI).

La asociación también plantea una tarifa de 30 euros mensuales para estudiantes menores de 30 años que compatibilicen una actividad propia con estudios reglados o formación profesional. Para quienes ya estén incluidos en los tramos reducidos de cotización, reclama bonificaciones de entre el 15% y el 75% durante dos años, según los rendimientos declarados.

La medida responde a uno de los principales costes fijos de quien abre un negocio: la cotización a la Seguridad Social. La propuesta, sin embargo, se limita a las nuevas altas y a determinados perfiles de renta baja, por lo que dejaría fuera a autónomos con negocios ya consolidados que afrontan aumentos de alquileres, suministros o costes laborales.

El IVA franquiciado para negocios con menos de 85.000 euros de facturación

ATA pide aplicar un régimen de IVA franquiciado para los autónomos persona física que facturen menos de 85.000 euros anuales en operaciones dentro de España. El límite ascendería a 100.000 euros para actividades transnacionales.

Quienes eligieran este régimen no cobrarían IVA a sus clientes ni tendrían que presentar las cuatro declaraciones trimestrales habituales. En su lugar, harían un único trámite al año. La asociación defiende que la medida reduciría trámites y mejoraría la liquidez de pequeños profesionales y negocios.

No cobrar IVA puede simplificar la gestión de actividades que venden sobre todo a clientes particulares. En cambio, resultaría menos atractivo para quienes trabajan principalmente con empresas, ya que estas pueden descontarse el IVA que pagan en sus compras.

La propuesta se sumaría a otras peticiones fiscales de ATA, como ampliar las deducciones por gastos de difícil justificación y reconocer de forma general una deducción del 50% en conceptos como vehículo, carburante, suministros y manutención.

La jubilación activa permitiría cobrar el 100% de la pensión antes

El tercer bloque de propuestas se refiere a la jubilación activa, la fórmula que permite compatibilizar una pensión con el mantenimiento de una actividad económica. ATA reclama eliminar el año de espera para acceder a ella.

Para los autónomos sin trabajadores a cargo, plantea una compatibilidad progresiva: cobrar el 35% de la pensión el primer año, el 50% el segundo, el 75% el tercero y el 100% a partir del cuarto. Para quienes tengan al menos un empleado, socio o familiar colaborador, propone permitir el cobro íntegro desde el inicio.

Una demanda que se relaciona directamente con el relevo generacional, especialmente en el pequeño comercio y los oficios. ATA reclama contratos intergeneracionales y otras fórmulas para facilitar la transmisión de negocios cuando su titular se acerque a la jubilación.

También propone que, durante los cinco años previos al retiro, el titular pueda cotizar junto a un aprendiz o colaborador no familiar para favorecer el aprendizaje y la continuidad del negocio.

El problema del relevo generacional afecta de forma desigual según actividad y territorio: los sectores con más presencia de comercio tradicional, hostelería o actividades rurales concentran una parte importante de los negocios que necesitan esa continuidad.

Que el paro de los autónomos sea más accesible

Las medidas no se limitan a las cuotas y los impuestos. ATA solicita que el cese de actividad -la prestación que pueden cobrar los autónomos cuando dejan su negocio y que suele conocerse como su paro- se reconozca de forma automática cuando haya cierre definitivo y baja censal en Hacienda en determinados supuestos, como negocios con local, oficina, nave o explotación agraria.

La baja censal es la comunicación formal a Hacienda de que una persona deja de desarrollar una actividad económica. La organización plantea que este trámite sirva para acreditar el cierre en los casos previstos, sin obligar al autónomo a aportar más pruebas sobre la inviabilidad del negocio.

En los cierres temporales, la organización propone rebajar al 50% la caída de ingresos necesaria para acceder a la prestación. También reclama que los autónomos que agoten esa ayuda puedan acceder al subsidio para mayores de 52 años, una protección que ahora no tienen en las mismas condiciones que los trabajadores asalariados.

El documento incorpora bonificaciones del 100% de la cuota desde el primer día en casos de enfermedad grave, medidas para facilitar sustituciones durante el embarazo y la maternidad, y más apoyo para quienes deben cuidar a familiares con enfermedad grave o discapacidad. La bonificación supondría que el autónomo no pagaría su cuota a la Seguridad Social durante ese periodo.

Cotizar según los ingresos y evitar subidas ya fijadas

ATA reclama que familiares colaboradores y autónomos societarios coticen en función de sus ingresos reales, sin bases mínimas específicas. Los autónomos societarios son quienes trabajan a través de una sociedad, mientras que los familiares colaboradores desarrollan su actividad de forma habitual en el negocio de un pariente. ATA plantea que ambos paguen su cuota en función de lo que ganan, como el resto del colectivo.

También pide adelantar las devoluciones de cuotas pagadas de más. Estas se producen cuando la Seguridad Social revisa los ingresos reales y concluye que el autónomo adelantó una cantidad superior a la que le correspondía. ATA propone que el reintegro se haga antes del 31 de diciembre, en vez de esperar hasta el 31 de mayo del año siguiente.

La organización plantea además evitar subidas predefinidas hasta 2030. Pide que las cuotas se revisen cada año a través de los Presupuestos Generales del Estado y mediante acuerdo con las organizaciones de autónomos, en lugar de aplicar incrementos ya fijados de antemano.

La ventanilla única y el silencio positivo para reducir trámites

A nivel administrativo, ATA propone una ventanilla única digital para concentrar trámites y ayudas, un análisis previo del efecto de cada norma sobre negocios de menos de 10 trabajadores y el silencio administrativo positivo como regla general, salvo excepciones justificadas.

El silencio administrativo positivo implica que una solicitud se considera aprobada si la Administración no responde dentro del plazo legal. No se aplicaría a todos los procedimientos, ya que hay materias que exigen una resolución expresa.

Además, la asociación plantea un derecho al error para que la primera incidencia administrativa se resuelva con un aviso y un plazo de corrección, sin sanción. La idea es que un autónomo que cometa un fallo por primera vez -por ejemplo, en una declaración o un trámite- reciba instrucciones para subsanarlo y solo sea multado si reincide.

Por último, ATA pide limitar las notificaciones a días laborables y horario comercial, y que el pronto pago de una multa no impida recurrirla, ya que actualmente, abonar una sanción con reducción suele cerrar la vía de recurso.

Las trece noches de conciertos de Shakira en Madrid han exigido un despliegue poco habitual, incluso para una gira de grandes estadios. El ingeniero industrial y empresario Jaime Pla ha calculado en un vídeo publicado en su perfil de TikTok que la residencia de la artista en Macondo Park ha superado los 109 millones de euros de coste total.

El experto analiza las partidas de gasto de la residencia de la cantante colombiana celebrada en el recinto temporal de Villaverde. Pla, que en sus redes asegura que “le pone números a las cosas que nadie calcula”, comienza con una descripción del espacio: “Hablamos de un recinto para más de 50.000 personas levantado en menos de dos meses”.

El montaje de Macondo Park concentró buena parte de la inversión

El empresario sitúa en más de 37 millones de euros la construcción y posterior desmontaje del llamado Estadio Shakira, junto con la instalación del parque temático que acompañó los conciertos.

Macondo Park acogió trece actuaciones de la artista colombiana entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre. El programa inicial preveía doce citas, aunque se sumó un último concierto pocos días antes del cierre de la residencia.

El espacio incluyó propuestas de gastronomía, música, literatura, cine y moda relacionadas con la cultura latina. También contó con zonas para fotografías, una exposición de vestuarios y objetos de la cantante y una gran figura hinchable de una loba.

Más de 10.000 personas participaron en la construcción de esta ciudad temporal. La propia Shakira afirmó que el montaje se realizó “mientras Madrid dormía”.

Pantallas, luces y equipo artístico sumarían 17 millones

Pla atribuye otros 17 millones de euros a las pantallas, la iluminación y el equipo de la cantante. Los conciertos superaban las dos horas, con una treintena de canciones, cambios de vestuario y una producción visual que transformaba el escenario durante el repertorio.

El último espectáculo reunió a más de 55.000 personas y contó con invitados como Maluma, Bizarrap, Dani Martín, Beéle y Laura Pausini. “No me puedo creer que ya estemos en nuestro último concierto de esta residencia europea”, dijo Shakira desde el escenario en la despedida.

El análisis del experto contempla también 19 millones de euros para seguridad, limpieza, seguros, alquiler del terreno y marketing. A ello añade otros 11,1 millones de euros destinados a comida y merchandising.

El caché estimado de Shakira elevaría el coste a 109 millones

“Y falta la protagonista”, apunta Pla antes de estimar en 25 millones de euros el pago a Shakira por sus trece conciertos madrileños. Con todas las partidas, concluye que el coste de la residencia fue de “más de 109 millones de euros”, lo que equivale a cerca de 8,4 millones por noche.

Estas cantidades son cálculos realizados por el empresario a partir de su análisis y no cifras oficiales comunicadas por Shakira, su equipo o la organización de Macondo Park.

Pla también estima que la venta de entradas habría generado más de 123 millones de euros. La residencia superó el medio millón de localidades vendidas, con una asistencia final por encima de 700.000 personas.

El índice que limita la revisión anual de parte de los alquileres alcanzó en septiembre el 2,54 %, el valor más alto desde que el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a publicarlo en noviembre de 2024. El dato corresponde al mismo mes en que el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, desencadenó protestas por el precio de la vivienda y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid.

El porcentaje marca el máximo que puede aplicarse a los contratos sujetos al Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV). Para una renta de 1.000 euros, una revisión con el índice completo supondría pagar 25,40 euros más al mes, hasta 1.025,40 euros. En un año, el incremento asciende a 304,80 euros.

La subida no se aplica de forma automática ni afecta a todos los inquilinos. El contrato debe incluir una cláusula de actualización y haber cumplido un año desde su firma o desde la última revisión. El propietario, además, tiene que comunicar la subida.

Por su parte, el Gobierno aprobó la semana pasada un límite extraordinario del 2% para determinadas revisiones sin acuerdo entre las partes, una medida que está en vigor, pero que debe convalidar la Diputación Permanente.

El IRAV alcanza su máximo desde 2024

El indicador ha aumentado siete centésimas respecto al 2,47% registrado en agosto. Su cálculo combina el Índice de Precios de Consumo (IPC), la inflación subyacente y una media ajustada con un coeficiente moderador. El resultado final es el menor de esos indicadores.

El objetivo del sistema es evitar que las revisiones anuales de los alquileres se trasladen de forma íntegra a la inflación cuando esta es más alta. En septiembre, el IPC llegó al 4,9%, seis décimas más que en agosto, mientras la inflación subyacente se situó en el 3,1%.

La diferencia entre ambas cifras es de 2,36 puntos. En un alquiler de 1.000 euros, una subida equivalente al IPC supondría 49 euros más al mes, frente a los 25,40 euros que permite como máximo el IRAV de septiembre.

Los contratos firmados desde mayo de 2023 son los que se rigen por el IRAV

El IRAV afecta, en general, a los contratos de vivienda habitual firmados desde el 25 de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley por el Derecho a la Vivienda. Los contratos anteriores pueden mantener cláusulas de actualización ligadas al IPC.

El propietario no puede revisar la renta cuando quiera. Debe esperar a que se cumpla una anualidad del contrato y comunicar el aumento por escrito. La nueva renta se puede exigir a partir del mes siguiente de esa notificación.

Por eso, el 2,54% publicado ahora solo afectará a quienes tengan una revisión pendiente y a quienes reciban la comunicación del arrendador en las próximas semanas.

El desahucio de Maricarmen llevó las protestas por la vivienda a Sol

La subida del IRAV de septiembre coincide con el mes que convirtió a Maricarmen en uno de los rostros de las movilizaciones por el acceso a la vivienda. La mujer fue desahuciada el 23 de septiembre de su casa de Madrid, donde había vivido durante más de 70 años.

Tres días después, una manifestación reunió a miles de personas en la capital y derivó en una acampada en la Puerta del Sol. La protesta reclamó medidas contra los desahucios, contratos más estables y una rebaja de los alquileres. La movilización tendrá su próxima cita el 11 de noviembre, cuando sindicatos y organizaciones de inquilinos han convocado una huelga general de 24 horas por la vivienda, los salarios y el coste de la vida.

Aunque uno de los principales problemas para quienes buscan piso está en el precio de los nuevos alquileres, el máximo alcanzado por el indicador añade más presión sobre los hogares que ya viven de alquiler y afrontan una actualización de su renta.

El último decreto del Gobierno fija un tope del 2%

El Gobierno aprobó el 6 de octubre el Real Decreto-ley 29/2026, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre un paquete anterior de medidas de vivienda. El nuevo texto entró en vigor el día 8 y tendrá que ser convalidado por la Diputación Permanente.

La norma introduce una protección temporal hasta el 31 de diciembre de 2027. Si un inquilino ya paga una renta por encima del precio máximo que marca el índice estatal de referencia para una vivienda como la suya, el casero no podrá subirle el alquiler al revisar el contrato.

Para el resto, propietario e inquilino pueden pactar una actualización. Si no llegan a un acuerdo, la renta solo podrá aumentar un 2% como máximo.

Así, con una renta de 1.000 euros, el 2% permite un aumento de 20 euros al mes, frente a los 25,40 euros del IRAV de septiembre. La diferencia es de 5,40 euros mensuales y 64,80 euros al año.

La votación del decreto está prevista para este viernes 16 de octubre. El resultado determinará si el límite se mantiene hasta finales del próximo año o si los contratos vuelven a regirse solo por las condiciones pactadas y por los topes ordinarios que correspondan en cada caso.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la recuperación de una deducción estatal por el alquiler de vivienda habitual en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). La medida, incluida en el Real Decreto-ley 29/2026, permite descontar hasta 1.163 euros en la declaración a los contribuyentes que cumplan los límites de renta y el resto de condiciones fijadas.

La deducción se añade al artículo 68 de la Ley del IRPF y tendrá efectos en la tributación del ejercicio 2026, cuya declaración se presentará en 2027.

La norma recupera una ventaja fiscal estatal que había desaparecido para los nuevos contratos de alquiler desde el 1 de enero de 2015. La Ley 26/2014 mantuvo un régimen transitorio para determinados inquilinos que ya se beneficiaban de la deducción, aunque excluyó a quienes firmaron contratos después de esa fecha.

El nuevo sistema no reproduce de forma idéntica el modelo anterior. Establece una deducción del 10% con límites vinculados a la base imponible del contribuyente y una condición sobre la titularidad de otras viviendas cercanas.

Cuánto se puede deducir cada inquilino según sus ingresos y su alquiler

La nueva deducción permite restar en el IRPF el 10% de lo pagado por el alquiler de la vivienda habitual, pero el importe final depende de dos datos: cuánto se ha abonado durante el año y cuál es la base imponible del contribuyente.

El máximo es de 1.163 euros. Para llegar a esa cifra, el inquilino debe haber pagado 11.630 euros de alquiler en el año y tener una base imponible igual o inferior a 23.007,20 euros.

En ese primer tramo, la cuenta es directa. Si una persona paga 600 euros al mes de alquiler, habrá desembolsado 7.200 euros al cabo del año y podrá deducirse 720 euros. Si paga 850 euros mensuales, el gasto anual será de 10.200 euros y el ahorro fiscal llegará a 1.020 euros.

El límite aparece a partir de 11.630 euros anuales de alquiler. Por ejemplo, un contribuyente que pague 1.000 euros al mes habrá abonado 12.000 euros en un año, pero no podrá calcular el 10% sobre esos 12.000 euros porque la deducción máxima es de 1.163 euros.

La situación cambia para quienes tengan una base imponible superior a 23.007,20 euros. No pierden la ayuda de inmediato, pero el límite sobre el que se calcula el 10% se reduce a medida que aumentan sus ingresos.

La ley establece que, por cada euro de base imponible que exceda los 23.007,20 euros, la base máxima deducible baja en 1,163 euros. Es decir, la reducción no se aplica directamente sobre la deducción, sino sobre el importe máximo de alquiler que puede tenerse en cuenta.

Un contribuyente con una base imponible de 25.007,20 euros, 2.000 euros por encima del primer límite, verá reducida la base máxima en 2.326 euros. En lugar de aplicar el 10% sobre 11.630 euros, podrá hacerlo sobre 9.304 euros. Aunque haya pagado más de esa cantidad por su alquiler, la deducción máxima será de 930,40 euros.

Con una base imponible de 28.007,20 euros, la diferencia respecto al primer umbral es de 5.000 euros. La reducción de la base máxima será de 5.815 euros y solo podrá aplicarse el 10% sobre 5.815 euros. El ahorro máximo se situará entonces en 581,50 euros.

El beneficio desaparece al alcanzar los 33.007,20 euros de base imponible. El BOE exige expresamente que la cifra sea inferior a ese importe, por lo que una persona con una base igual a 33.007,20 euros no podrá aplicar la deducción.

No podrán aplicarla quienes tengan otra vivienda a menos de 50 kilómetros

La norma establece una condición patrimonial. Durante al menos la mitad del período impositivo, ni el contribuyente ni los miembros de su unidad familiar podrán ser titulares, de forma individual o conjunta, de otra vivienda en pleno dominio o con un derecho de uso o disfrute.

La limitación se aplica si esa otra vivienda se encuentra a menos de 50 kilómetros del inmueble arrendado. El texto prevé una excepción cuando exista una resolución administrativa o judicial que impida usar esa propiedad como residencia.

La deducción está vigente, pero tiene que convalidarla la Diputación Permanente

El Real Decreto-ley 29/2026 entró en vigor el 8 de octubre de 2026, un día después de su publicación en el BOE. La deducción por alquiler forma parte desde entonces de la Ley del IRPF.

Sin embargo, las Cortes Generales se encuentran disueltas por la convocatoria de elecciones generales. Por ese motivo, el texto no será debatido por el Pleno del Congreso de los Diputados, sino por su Diputación Permanente, el órgano que mantiene determinadas funciones parlamentarias durante ese período.

Si la Diputación Permanente convalida el real decreto-ley, la Agencia Tributaria tendrá que concretar cómo se aplicará la deducción en la campaña de la Renta 2027, correspondiente al ejercicio 2026.

Koke Resurrección no jugará este martes con el Atlético de Madrid el partido de la Champions League contra el Manchester United tras el fallecimiento de su madre, Ana Merodio. Su ausencia se encuadra en el permiso retribuido que la ley reconoce a los trabajadores por la muerte de un familiar, no en una baja médica.

El club ha anunciado que antes del encuentro de esta noche en el Riyadh Air Metropolitano se guardará un minuto de silencio. Los futbolistas también llevarán brazaletes negros y la bandera rojiblanca ondea a media asta. Koke es la única baja en la lista de Diego Simeone para el partido.

El caso del capitán del Atlético de Madrid plantea una cuestión que afecta a cualquier trabajador: qué derechos tiene cuando muere uno de sus padres. La respuesta depende del parentesco y de si necesita desplazarse, aunque el mínimo legal es común para la mayoría de asalariados.

La muerte de una madre da derecho a dos días retribuidos

El Estatuto de los Trabajadores reconoce dos días de permiso retribuido por el fallecimiento del cónyuge, la pareja de hecho o familiares de hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Una madre o un padre son parientes de primer grado, por lo que están incluidos en este supuesto.

El permiso se amplía a cuatro días cuando la persona trabajadora necesita desplazarse por ese motivo. Durante ese periodo, el trabajador conserva su retribución: no pierde salario ni necesita compensar después las horas o jornadas que no ha trabajado.

La norma también cubre a hijos, hijas, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, nietos y nietas. El parentesco por afinidad incluye, entre otros familiares, a suegros, suegras, cuñados y cuñadas.

El Estatuto exige que el trabajador avise y justifique la ausencia, pero no establece qué documento concreto debe presentar ni cómo debe acreditarse el desplazamiento. Esos requisitos pueden concretarse en el convenio colectivo o en los procedimientos internos de cada empresa.

No es una incapacidad temporal ni una baja médica

El permiso por duelo es distinto de una incapacidad temporal. La baja médica corresponde a una enfermedad, lesión o problema de salud de la propia persona trabajadora que le impide desempeñar su actividad y requiere una declaración formal de incapacidad. En cambio, el fallecimiento de un familiar no obliga al empleado a acreditar que no puede trabajar por razones médicas.

La diferencia importa también para la empresa. Una falta al puesto sin causa justificada puede tener consecuencias disciplinarias, mientras que el permiso por fallecimiento protege la ausencia si se cumplen los requisitos legales. En el fútbol profesional, el régimen disciplinario del convenio considera falta la ausencia sin causa justificada, pero los permisos especiales quedan sujetos a la regulación laboral general.

El convenio de los futbolistas remite al Estatuto

Los deportistas profesionales mantienen una relación laboral especial, con normas específicas sobre contratos, jornada, concentraciones, descansos y régimen disciplinario. Sin embargo, esa particularidad no los deja fuera de los derechos mínimos reconocidos al resto de trabajadores.

El convenio colectivo para la actividad del fútbol profesional, suscrito por LaLiga y la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), establece que en materia de otros permisos especiales se aplicará el Estatuto de los Trabajadores. Por ello, la referencia legal para el fallecimiento de la madre de un futbolista es el mismo permiso de dos días, ampliable a cuatro si hay desplazamiento.

El contrato individual o un acuerdo del club pueden mejorar ese mínimo, con más días de permiso o una fórmula distinta para gestionar la ausencia.

Netflix ha adquirido los derechos para emitir en España y Andorra la Copa Mundial de la FIFA 2030, que tendrá como sedes principales a España, Portugal y Marruecos.

La plataforma ofrecerá en directo los 104 encuentros de la competición, según ha anunciado este martes. El acuerdo contempla una cobertura propia antes, durante y después de los partidos, además de un espacio diario de resúmenes en las jornadas de competición.

La operación supone la entrada de Netflix en la retransmisión íntegra de una Copa del Mundo masculina en estos dos territorios. La compañía ya tiene los derechos audiovisuales en Estados Unidos y Canadá de las ediciones de 2027 y 2031 de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Un partido gratuito en cada jornada

El acuerdo incluye la emisión gratuita de un partido en cada jornada para el público en España. Netflix también pondrá a disposición de una cadena nacional de televisión en abierto un paquete de encuentros que reunirá todos los partidos de la selección española, las dos semifinales y la final.

La compañía no ha precisado qué cadena de televisión emitirá esos partidos. Más adelante se comunicarán los detalles de la colaboración.

Programación propia para la audiencia española

Netflix ha adelantado que preparará programas previos a cada partido, contenidos durante el descanso y espacios posteriores a los encuentros. La cobertura incluirá también un resumen diario y contenidos promocionales antes del inicio del campeonato.

La directora de Contenidos de Netflix, Bela Bajaria, ha señalado que la compañía busca acercar el torneo a los aficionados de España y Andorra. La ejecutiva ha recordado la repercusión que tienen los Mundiales en la cultura popular de los países que los disputan y ha aludido a la condición de España como anfitriona en 2030.

“Ahora que España va a ser uno de los países anfitriones en 2030, nos hace muchísima ilusión ofrecer todos los partidos a los aficionados de España y Andorra”, ha afirmado Bajaria en el comunicado difundido por la plataforma.

El secretario general de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Mattias Grafström, ha presentado el acuerdo como una ampliación de la colaboración con Netflix. Según ha indicado, ambas entidades comparten el propósito de facilitar el acceso de los aficionados a la competición.

Un Mundial repartido entre seis países

La edición de 2030 conmemorará los cien años del primer Mundial, que se celebró en Uruguay en 1930. Argentina, Paraguay y Uruguay acogerán los tres encuentros conmemorativos del centenario, antes del desarrollo principal de la competición en España, Portugal y Marruecos.

Será la primera Copa del Mundo repartida entre seis países anfitriones. La FIFA ha fijado un calendario de 104 partidos para esta edición, que mantendrá el formato ampliado del torneo.

La plataforma aún debe comunicar el precio, las condiciones de acceso y la fórmula concreta para seguir los encuentros gratuitos y los que se emitirán en abierto.

UGT y Comisiones Obreras (CCOO) reclamarán que el salario mínimo interprofesional (SMI) suba al menos un 7% en 2027, lo que situaría la retribución mínima en 1.306 euros brutos mensuales en 14 pagas. Así lo han comunicado este martes en Madrid los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, durante la presentación de la huelga general prevista para el 11 de noviembre.

El SMI vigente asciende a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, tras el incremento del 3,1% aprobado por el Gobierno para este año. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya solicitó al comité de expertos una propuesta para la actualización de 2027, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo.

Los sindicatos vinculan esta demanda con el coste de la vivienda y defenderán aumentos salariales que permitan afrontar el encarecimiento de la vida. La exigencia salarial formará parte de las reivindicaciones de la movilización del 11 de noviembre.

Álvarez sostiene que la actualización del salario mínimo debe compensar la diferencia entre el alza aplicada en febrero y la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Según el dirigente de UGT, ese desfase ronda el 2%, por lo que la revisión para el próximo ejercicio debe alcanzar, como mínimo, el 7%.

El cálculo eleva el salario a más de 1.500 euros en 12 pagas

La propuesta sindical equivale a 1.524 euros brutos mensuales para quienes perciben su remuneración anual en 12 mensualidades. En este sentido, el secretario general de CCOO ha recordado el compromiso del Ejecutivo de legislar para impedir que las empresas absorban o compensen los pluses y complementos salariales con las subidas del SMI.

La absorción y compensación permite, en determinados supuestos, que un incremento del salario mínimo no se traduzca en una mejora efectiva de la nómina de trabajadores que ya cobran complementos. Los sindicatos reclaman que esos conceptos queden al margen de la cuantía mínima fijada por el Gobierno.

La actualización del SMI para 2027 debe ser analizada primero por el comité de expertos. Díaz ha pedido a este órgano que tenga preparado su informe a finales de octubre o a principios de noviembre, con una propuesta que garantice que los trabajadores no pierdan más capacidad de compra.

Trabajo prevé abrir el diálogo social tras el informe de expertos

Una vez que reciba el documento, el Ministerio de Trabajo abrirá la mesa de diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales para negociar la subida. El departamento pretende acelerar los plazos con el fin de dejar preparada la medida cuanto antes.

Trabajo sostiene que el Gobierno puede aprobar una subida del SMI aunque las elecciones generales estén convocadas para el 29 de noviembre e incluso si el Ejecutivo queda en funciones tras los comicios. Díaz ha afirmado que la vida de los trabajadores y las empresas “no se detiene por un proceso electoral”.

El salario mínimo interprofesional actual equivale a 17.094 euros brutos anuales. La próxima subida se negociará mientras el país afronta unas elecciones generales adelantadas, tras una huelga general por la crisis de vivienda y con el foco de los sindicatos puesto en que los trabajadores dejen de perder poder adquisitivo ante el encarecimiento del coste de vida.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado el calendario laboral de 2027, que dejará cuatro fines de semana largos comunes en toda España gracias a los festivos de Año Nuevo, Viernes Santo, el Día de Todos los Santos y el Día de la Constitución. Cada comunidad autónoma completará el calendario con sus celebraciones propias y cada municipio añadirá hasta dos fiestas locales.

La resolución recoge los días no laborables comunicados al Ministerio de Trabajo y Economía Social por las 17 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Las fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable, dentro del límite de 14 jornadas al año, de las que dos corresponden a los ayuntamientos.

El primer puente llegará al inicio del año. El 1 de enero de 2027 caerá en viernes, por lo que el festivo de Año Nuevo permitirá enlazar tres días de descanso. El Viernes Santo, que será el 26 de marzo, dará lugar a otro fin de semana de tres días en todo el país.

El 1 de noviembre, festividad de Todos los Santos, caerá en lunes. El mismo día de la semana en el que cae el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española. Este último permitirá a muchos trabajadores ampliar el descanso si pueden librar el martes 7, ya que la Inmaculada Concepción se celebrará el miércoles 8.

Los nueve festivos comunes en toda España en 2027

La resolución publicada en el BOE incluye los siguientes festivos comunes en todo el país:

• Viernes 1 de enero: Año Nuevo.
• Miércoles 6 de enero: Epifanía del Señor.
• Viernes 26 de marzo: Viernes Santo.
• Sábado 1 de mayo: Fiesta del Trabajo.
• Martes 12 de octubre: Fiesta Nacional de España.
• Lunes 1 de noviembre: Todos los Santos.
• Lunes 6 de diciembre: Día de la Constitución Española.
• Miércoles 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
• Sábado 25 de diciembre: Navidad.

Dos de los nueve festivos comunes caerán en fin de semana: la Fiesta del Trabajo, el sábado 1 de mayo, y la Navidad, el sábado 25 de diciembre. Además, la Asunción de la Virgen, que se celebra el 15 de agosto, coincidirá con domingo, por lo que no se incluye en el listado.

La normativa permite a las comunidades autónomas trasladar al lunes siguiente el descanso de las fiestas nacionales que caen en domingo o sustituirlo por una jornada tradicional. Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla y León y la Comunidad de Madrid han fijado como festivo el lunes 16 de agosto, mientras que el resto de los territorios aplicará sus propias fechas dentro de los límites legales.

Otros posibles puentes de más de tres días

El 12 de octubre, Fiesta Nacional de España, caerá en martes. En ese caso, la posibilidad de puente dependerá de las condiciones laborales de cada trabajador, ya que el lunes 11 no es festivo de ámbito estatal. Cataluña sí tendrá ese día como jornada no laborable, en compensación por la coincidencia de la Asunción con domingo.

La Semana Santa también variará según la comunidad autónoma. El Jueves Santo, 25 de marzo, será festivo en la mayor parte del país, aunque no lo será en Cataluña ni en la Comunitat Valenciana. En Baleares, Cataluña, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunitat Valenciana se celebrará además el Lunes de Pascua, el 29 de marzo.

Las comunidades autónomas añaden sus propias celebraciones

El calendario incorpora fechas específicas en cada territorio. San José, el 19 de marzo, será festivo en Galicia, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y Comunitat Valenciana. Aragón y Castilla y León celebrarán el 23 de abril, mientras que Galicia mantendrá el Día das Letras Galegas el 17 de mayo.

En Cataluña será festivo el 24 de junio, día de San Juan, y la Comunitat Valenciana celebrará su día el 9 de octubre. Asturias y Extremadura tendrán como festivo el 8 de septiembre. El País Vasco conmemorará el 7 de octubre, aniversario del primer Gobierno Vasco.

En Canarias habrá además una fiesta propia en cada isla. Tenerife celebrará la Virgen de la Candelaria el 2 de febrero; Gran Canaria, Nuestra Señora del Pino el 8 de septiembre, y La Palma, Nuestra Señora de las Nieves el 5 de agosto. En el Valle de Arán, el Lunes de Pascua se sustituirá por el 17 de junio, Fiesta de Arán.

Los ayuntamientos completarán el calendario laboral de 2027 con un máximo de dos festivos locales, que se publicarán en los boletines oficiales autonómicos o provinciales.

Quienes están buscando piso saben de sobra que no basta con que haya casas disponibles: tienen que estar a un precio que puedan pagar. Un paper firmado por cuatro investigadores y centrado en la crisis de accesibilidad de la vivienda en Estados Unidos cuestiona que aumentar la oferta a precio de mercado sea suficiente para resolver las dificultades que afrontan millones de hogares.

Durante años, la respuesta habitual al encarecimiento de la vivienda ha sido construir más. El argumento parte de que las restricciones urbanísticas limitan dónde, cuánto y qué tipo de casas pueden levantarse y que, si se desregula el suelo y se facilitan nuevas promociones, la oferta crecerá y los precios se moderarán.

El estudio pone en duda que esa receta baste para solucionar el problema, sobre todo para los trabajadores con menos ingresos. Sus autores no niegan que construir más viviendas pueda contener la subida de precios, pero discuten que levantar más casas a precio de mercado reduzca, por sí solo y en un plazo razonable, la distancia entre los alquileres y los salarios.

Los precios suben con los ingresos medios, pero los salarios bajos se quedan atrás

El trabajo académico, titulado Inequality, not regulation, drives America’s housing affordability crisis, analiza la evolución de los alquileres y los ingresos en Estados Unidos. Lo firman Maximilian Buchholz, Tom Kemeny, Gregory F. Randolph y Michael Storper, vinculado a la London School of Economics.

Su tesis es que los precios de la vivienda han seguido la evolución de los ingresos medios de cada ciudad. El problema aparece cuando esa media crece impulsada por los hogares con mayor renta, mientras los salarios de los trabajadores sin estudios universitarios avanzan menos.

En las grandes ciudades que concentran empleo cualificado, los hogares con ingresos muy distintos compiten por las mismas viviendas. Quien cobra más puede asumir antes un alquiler nuevo o una compra; quien tiene un salario bajo pierde margen. Por eso, una oferta mayor puede frenar parte de la subida de precios sin garantizar que las viviendas resulten asequibles para todos.

Los autores no descartan que la regulación urbanística influya en la construcción. Cuestionan que eliminarla y aumentar la vivienda a precio de mercado baste para resolver la brecha entre lo que cuesta vivir en una ciudad y lo que cobra una parte de sus trabajadores.

El abaratamiento de la vivienda antigua puede tardar demasiado

Una de las ideas habituales en defensa de la construcción es que las viviendas nuevas, aunque salgan a precios altos, acaban por aliviar al conjunto del mercado. La teoría del filtrado parte de que los hogares con mayor renta se trasladan a esas casas y dejan libres otras viviendas, más antiguas. Con el tiempo, esas viviendas bajarían de precio y pasarían a hogares con menos recursos.

El estudio no niega que ese proceso exista, aunque pone en duda que tenga la rapidez y la escala necesarias para resolver la falta de acceso actual. Los autores recuerdan además que, en mercados con una demanda fuerte, puede ocurrir el movimiento contrario: viviendas antes ocupadas por hogares de renta media o baja pasan a manos de inquilinos con mayores ingresos.

Para medir el tiempo que exigiría esa vía, elaboraron una simulación para el área de San Francisco. El cálculo parte del alquiler mediano de un dormitorio en 2019, el salario mediano de trabajadores de al menos 25 años sin estudios universitarios y el parque de viviendas de 2020. El criterio de accesibilidad es el habitual: dedicar como máximo el 30% de los ingresos a pagar el alquiler.

En el escenario más favorable, harían falta 18 años para que ese alquiler fuera asequible. En el menos favorable, 124 años. Ambos resultados dependen de supuestos concretos y exigen una expansión elevada y continuada de la vivienda a precio de mercado.

Este cálculo pone el foco en los plazos. Una persona que ya no puede asumir su alquiler, que necesita mudarse por trabajo o que busca independizarse no puede esperar décadas a que el filtrado haga más asequibles algunas viviendas del mercado.

Tres ciudades con regulaciones urbanísticas distintas y una brecha común

Para poner a prueba su tesis, los autores comparan San Francisco, Houston y Cleveland. San Francisco combina restricciones a la construcción con una fuerte concentración de empleo cualificado. Houston suele citarse como ejemplo de mayor flexibilidad urbanística. Cleveland perdió más de 100.000 habitantes entre 1980 y 2019.

Pese a esas diferencias, el estudio observa que los alquileres siguieron una trayectoria cercana a la de los ingresos medios en las tres áreas. A la vez, los trabajadores sin estudios universitarios registraron aumentos salariales inferiores a los de los graduados y al crecimiento medio de los ingresos.

La comparación no lleva a los autores a concluir que las normas urbanísticas no tengan efectos. Su argumento es más concreto: la desigualdad salarial y la concentración de las rentas altas en determinadas ciudades también ayudan a explicar por qué parte de los trabajadores pierde capacidad para pagar una vivienda.

El paper plantea combinar el aumento de la construcción con medidas para reducir la desigualdad de ingresos y con más apoyo directo a los hogares de renta baja. Entre las fórmulas que cita figuran los vales de vivienda, los créditos fiscales para vivienda asequible y los fideicomisos comunitarios de suelo.

La renta también marca el acceso a la vivienda en España

El estudio se centra en Estados Unidos, pero la relación entre ingresos y vivienda también aparece en las estadísticas españolas. Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la renta condiciona la posibilidad de independizarse.

En 2025, el 44,3% de los jóvenes de 26 a 34 años vivía con sus padres. Entre quienes seguían en casa, el 47,3% señaló que no podía permitirse comprar o alquilar una vivienda.

La diferencia se amplía según los ingresos. Vivía con sus padres el 55,5% de los jóvenes de esa edad con ingresos netos inferiores a 6.000 euros anuales, frente al 29,4% de quienes superaban los 24.000 euros. Entre los primeros, el 48,7% indicó que no podía asumir el coste de una compra o un alquiler; entre los segundos, el porcentaje bajaba al 30%.

Otro módulo de la misma encuesta mostró que, en 2023, los gastos de vivienda suponían una carga pesada para el 36,2% de los hogares. Entre el 20% de hogares con menores ingresos, el porcentaje ascendía al 48,5%.

España se acerca a la temporada de calefacción con una ventaja relativa frente a otros mercados europeos: su sistema gasista tiene más opciones para recibir suministros por mar y reducir la dependencia de una única ruta. La red de plantas de regasificación, las conexiones con Argelia y la diversidad de países que venden gas al mercado español le dan más margen ante un invierno que comienza con reservas europeas bajas y precios elevados.

La situación no implica que España esté protegida de la tensión energética. Sus almacenamientos subterráneos cerraron septiembre cerca del 75% de capacidad, frente al 87% de un año antes, según el último Boletín Estadístico de Enagás. Un dato que refleja que el país también llega con menos colchón a los meses de invierno, cuando el consumo es mayor.

La principal diferencia respecto a otros países radica en la capacidad para importar gas natural licuado (GNL) por barco. Mientras buena parte de Europa central y oriental depende más de los gasoductos continentales y de los depósitos subterráneos, España puede recurrir a cargamentos marítimos y a sus conexiones con el norte de África.

Esa posición reduce el riesgo de un problema físico de suministro, aunque no evita que hogares, comercios e industrias paguen el impacto de un mercado internacional más caro.

Europa entra en la temporada de frío con menos gas almacenado

Los depósitos de la Unión Europea estaban al 72% de su capacidad el 1 de octubre, según la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Gas (ENTSOG). El nivel queda por debajo de los registros habituales antes del invierno, una fase en la que los países empiezan a retirar gas almacenado para atender el consumo doméstico y la demanda de las empresas.

El almacenamiento no es una reserva secundaria. Durante el invierno de 2025-2026 cubrió cerca del 26% del consumo europeo de gas, tras aportar alrededor del 30% en la temporada previa. Entrar con menos existencias obliga al continente a depender en mayor medida de los cargamentos de GNL que lleguen a los puertos durante los próximos meses.

A ello se suma la evolución de los precios. El TTF holandés, referencia del mercado europeo, se ha movido en los últimos días cerca de 80 euros por megavatio-hora, después de que las tensiones en el estrecho de Ormuz y las previsiones de temperaturas más bajas elevaran la preocupación por el suministro.

El paso marítimo concentra una parte relevante del comercio mundial de GNL, por lo que cualquier incidente que altere la navegación repercute en los compradores europeos y asiáticos.

La Comisión Europea considera que el sistema comunitario tiene capacidad para cubrir la demanda durante el invierno, gracias a la expansión de las terminales de GNL, una mayor diversificación de orígenes y una demanda menor que la registrada antes de la crisis de 2022. Sin embargo, ENTSOG advierte de que, si escasean los cargamentos, los depósitos europeos podrían terminar la temporada con niveles inferiores al 30%.

Siete plantas permiten a España recibir gas por mar

La principal fortaleza de España es su infraestructura portuaria. El sistema dispone de siete plantas de regasificación, situadas en Barcelona, Cartagena, Huelva, El Musel, Bilbao, Sagunto y Mugardos. Estas instalaciones reciben el GNL transportado por buques, lo devuelven a estado gaseoso y lo inyectan en la red que abastece a hogares, centrales eléctricas e industrias.

Según Enagás, las terminales españolas concentran alrededor del 30% de la capacidad de regasificación de la Unión Europea y el 40% de la capacidad comunitaria de almacenamiento de GNL en tanques. Esa infraestructura ofrece una alternativa a los países más expuestos a los gasoductos terrestres y a la disponibilidad de sus reservas subterráneas.

No obstante, esta ventaja tiene límites. Tener capacidad para descargar y transformar gas no garantiza que haya siempre cargamentos disponibles ni que lleguen a precios asequibles. España debe competir con Asia y otros compradores por el GNL procedente de Estados Unidos, África occidental, América Latina o el Golfo, en un contexto marcado por las dificultades de tránsito en Ormuz.

Tampoco puede convertirse en una solución para toda Europa. Las interconexiones con Francia limitan la cantidad de gas que la península ibérica puede trasladar hacia el centro del continente. La red española, aunque aporta seguridad al abastecimiento nacional, no puede compensar por sí sola una hipotética escasez en Alemania, Europa oriental o los Balcanes.

Argelia y Estados Unidos sostienen la diversidad del suministro

La procedencia del gas también distingue a España. Entre enero y septiembre, Argelia aportó el 34,2% de las importaciones nacionales y Estados Unidos el 30,7%, según los últimos datos de Enagás. Rusia representó el 15,2% en el acumulado de los nueve primeros meses del año, aunque en septiembre no llegaron cargamentos rusos por primera vez desde el inicio de la invasión de Ucrania.

La combinación de gasoductos y buques reduce la dependencia de una sola vía. Argelia suministra gas a través de las conexiones con la península, mientras que Estados Unidos y otros productores envían GNL por mar. Enagás ha señalado que el sistema español ha recibido gas de 14 países en 2026, una diversidad que facilita sustituir parte de un origen si falla otro.

Una capacidad de reemplazo que resulta clave ante un escenario geopolítico cambiante. La guerra entre Rusia y Ucrania, el futuro de las importaciones rusas de GNL, el conflicto en Oriente Medio y la situación de Ormuz pueden modificar los flujos comerciales en pocos días.

Puede llegar más gas, pero el precio sigue condicionado por el mercado

A pesar de que España tiene menos riesgo de problemas de abastecimiento, si el gas se encarece, subirá el coste de la calefacción para los hogares y de la electricidad en las horas en las que las centrales de ciclo combinado marquen el precio mayorista. Además, las empresas intensivas en energía también afrontan una presión adicional sobre sus costes de producción.

Las familias acogidas a la Tarifa de Último Recurso (TUR), la modalidad regulada del gas, cuentan desde octubre con un límite del 15% para la revisión trimestral. Sin esa intervención, el aumento habría superado el 45%, según explicó el Ministerio para la Transición Ecológica.

La medida del Gobierno evita que la factura suba de golpe este otoño para los más de tres millones de usuarios de la tarifa regulada. Pero el encarecimiento no desaparece: la parte de la subida que no se aplica ahora se recuperará en futuras revisiones. Los hogares y comunidades con contratos en el mercado libre, así como las empresas, seguirán sujetos a la evolución del precio internacional del gas.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social promovió 30.345 incrementos de jornada en contratos a tiempo parcial durante 2025. De ellos, 17.203 correspondieron a mujeres, el 56,7% del total, según la Memoria Anual 2025 del organismo, publicada este mes de octubre.

Las correcciones se produjeron en contratos en los que la jornada declarada por la empresa era inferior a la que la persona trabajadora realizaba en la práctica. El problema afecta, entre otras cosas, al sueldo mensual y a la futura pensión.

El informe sitúa la contratación a tiempo parcial entre las modalidades con mayor presencia femenina. Casi seis de cada diez personas a las que la Inspección reconoció más horas de trabajo fueron mujeres, frente a 13.142 hombres.

El contrato puede reconocer menos horas de las que realmente se trabajan

Un contrato a tiempo parcial es legal cuando refleja la jornada acordada y las horas que efectivamente realiza el trabajador. La irregularidad aparece cuando la empresa declara una jornada inferior a la real: por ejemplo, si una empleada figura con media jornada, pero trabaja un número de horas mayor.

La Inspección identifica este fenómeno como una forma de empleo infra declarado. Sus actuaciones buscan que las empresas corrijan el porcentaje de parcialidad registrado, afloren las horas no declaradas y, cuando proceda, transformen contratos parciales fraudulentos en contratos a jornada completa o contratos parciales más amplios.

Este fraude tiene consecuencias materiales para los trabajadores. Un contrato que declara menos horas puede traducirse en una nómina inferior y en cotizaciones más bajas. Esa brecha también puede trasladarse a las prestaciones por desempleo, la incapacidad temporal o permanente y la jubilación, que se calculan a partir de las bases de cotización.

Según la Memoria Anual 2025 de la Inspección de Trabajo, Andalucía concentró el mayor número de incrementos de jornada, con 7.863. Le siguieron Cataluña, con 4.829; Comunidad Valenciana, con 3.824; y Madrid, con 3.069. Estas cuatro comunidades autónomas acumularon 19.585 correcciones, cerca de dos tercios del total nacional.

Las correcciones de jornada, entre las principales regularizaciones

Los incrementos de jornada en contratos a tiempo parcial supusieron el 21% de las 143.526 conversiones contractuales promovidas por la Inspección durante el pasado año. El resto correspondió a 61.655 contratos fijos discontinuos irregulares que pasaron a ser fijos ordinarios y a 51.526 contratos temporales que se transformaron en indefinidos.

El informe sitúa la infradeclaración de jornada entre las principales irregularidades detectadas en la contratación. Mientras las mujeres representaron casi el 60% de los aumentos de jornada, concentraron también el 47,5% de las conversiones de contratos temporales en indefinidos y el 42,1% de los cambios de fijos discontinuos a fijos ordinarios.

El registro horario y las horas extra siguen bajo vigilancia

La revisión de los contratos parciales forma parte de un problema más amplio: el control del tiempo de trabajo. La Inspección realizó 34.712 actuaciones en esta materia en 2025, detectó 11.681 infracciones y propuso sanciones por 14,19 millones de euros.

La campaña sobre registro horario concluyó con 1.715 infracciones y 2,68 millones de euros en sanciones propuestas. A ellas se sumaron 736 infracciones por horas extraordinarias, con propuestas de multa por 1,51 millones de euros.

Más de 858 millones en sanciones propuestas por fraude laboral

El balance anual de la Inspección incluye 208.500 infracciones detectadas en todas las áreas de control y 858,27 millones de euros en sanciones propuestas. Además, los expedientes liquidatorios para reclamar cuotas a la Seguridad Social superaron los 1.212 millones de euros.

Entre otras actuaciones, la Inspección regularizó a 47.143 falsos autónomos en 10.445 actuaciones. También afloró 1.476 empleos que estaban vinculados a prácticas formativas irregulares, entre ellos 571 falsos becarios identificados formalmente.

España reúne más de 18,5 millones de viviendas principales, pero otros 8 millones de inmuebles no se destinan a residencia habitual, según el Censo de Población y Viviendas de 2021 del Instituto Nacional de Estadística. La diferencia entre provincias muestra un parque residencial con funciones muy distintas: hogares donde vive la población, segundas residencias o casas vacías y alojamientos turísticos.

La escasez de vivienda asequible ha llevado a miles de personas a movilizarse en decenas de ciudades para exigir alquileres más bajos, freno a los desahucios y límites al negocio especulativo inmobiliario. Mientras muchas familias no pueden comprar una primera casa o pagar una renta, una parte importante del parque queda fuera de la residencia habitual: se reserva como segunda vivienda, permanece vacía o se destina al alquiler temporal.

Los pisos turísticos no explican por sí solos la crisis de acceso a la vivienda, pero compiten con el alquiler residencial en las zonas donde se concentran. Su expansión beneficia a propietarios particulares, empresas y fondos ‘buitre’ que obtienen rentabilidad de esos inmuebles, mientras reduce las opciones disponibles para quienes buscan vivir todo el año en esos barrios.

Los datos del INE no permiten identificar quién posee cada vivienda turística ni medir su efecto exacto sobre los precios, pero sí localizan las provincias donde ese uso tiene mayor presencia.

Madrid y Barcelona reúnen casi cinco millones de viviendas habituales

Madrid cuenta con 2.546.843 viviendas principales, la cifra más alta del país. Le sigue Barcelona, con 2.197.826. Entre las dos provincias concentran casi uno de cada cuatro hogares que el INE clasifica como residencia habitual.

Valencia, con 1.030.071 viviendas principales, ocupa el tercer lugar. Después aparecen Alicante, con 754.099; Sevilla, con 723.494; Málaga, con 660.344; Murcia, con 540.662; Bizkaia, con 480.876; Cádiz, con 468.478; y A Coruña, con 453.399.

El ranking refleja, en buena medida, el tamaño de la población de cada territorio. Sin embargo, también permite observar dónde se concentra la vivienda destinada a la vida cotidiana: grandes áreas metropolitanas, capitales provinciales y zonas con actividad laboral y universitaria absorben el mayor volumen de residencias habituales.

En el extremo contrario figuran Melilla, con 25.578 viviendas principales; Ceuta, con 25.380; Soria, con 37.971; Teruel, con 54.625; y Segovia, con 63.353.

Alicante supera el medio millón de viviendas no principales

El mapa cambia cuando se analizan las viviendas no principales. El INE incluye en esta categoría todos los inmuebles que no se utilizan como residencia habitual. Es un grupo amplio: incorpora segundas residencias, viviendas vacías y otros usos ocasionales.

Alicante suma 595.907 viviendas no principales, la cifra más alta del país. Le siguen Valencia, con 458.837; Madrid, con 410.452; Barcelona, con 399.220; Málaga, con 336.222; Murcia, con 303.603; y A Coruña, con 233.612.

La presencia de Alicante, Málaga, Murcia, Castellón, Tarragona y Baleares entre las provincias con más vivienda no habitual apunta al peso de los destinos costeros y de las segundas residencias. En las provincias interiores, en cambio, una parte de estos inmuebles puede estar vinculada al envejecimiento demográfico, la pérdida de población o la existencia de viviendas familiares que se utilizan de forma ocasional.

Por eso, el dato no debe leerse como un recuento exacto de segundas casas. Las 8 millones de viviendas no principales de España incluyen también casas vacías, de modo que el Censo no permite separar cuántas corresponden exclusivamente a uso vacacional o de fin de semana.

Málaga lidera los pisos turísticos, seguida por Alicante y los archipiélagos

Las viviendas turísticas ofrecen una fotografía más reciente. El INE contabilizó en mayo de 2026 los inmuebles anunciados en plataformas digitales de alojamiento de corta duración. Málaga lideró el listado, con 45.176 viviendas turísticas, por delante de Alicante, con 32.148, y Las Palmas, con 26.998.

Santa Cruz de Tenerife registró 21.358 viviendas turísticas y Baleares, 21.304. Girona alcanzó las 20.821; Barcelona, 15.905; Cádiz, 15.116; Madrid, 13.431; Valencia, 12.130; y Tarragona, 11.893.

La concentración se sitúa en provincias costeras, insulares y urbanas con fuerte actividad turística. En Madrid y Barcelona, el número de pisos turísticos convive con un volumen mucho mayor de viviendas habituales. En Málaga, Alicante, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife y Baleares, el turismo forma parte de la estructura económica y residencial de territorios donde el alojamiento de corta estancia compite por espacio con otros usos.

Los datos del INE no identifican quién es propietario de cada vivienda turística. Por tanto, no es posible distinguir cuántas están en manos de grandes tenedores, empresas o particulares, pero sí muestran que la oferta turística se concentra en los territorios donde encontrar una casa para vivir se ha vuelto más difícil.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha convocado este lunes elecciones generales para el 29 de noviembre, casi ocho meses antes de la fecha prevista inicialmente para 2027. Esta decisión, derivada principalmente del rechazo en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda aprobados en Consejo de Ministros y del descontento social reflejado en decenas de manifestaciones que han recorrido España la pasada semana, tiene además una consecuencia económica: votar en noviembre, y no en julio, evitaría el pico de gasto en voto por correo que marcó los últimos comicios generales.

En verano, con una parte de los electores fuera de su domicilio habitual por vacaciones, aumentan las solicitudes de voto a distancia, lo que encarece la partida que gestiona Correos. Noviembre, en cambio, es un mes sin ese factor estacional. A esto se suma un segundo elemento que podría reducir el gasto: el Ministerio del Interior tendrá que recurrir a un contrato de escrutinio electoral más barato que el que tenía preparado para unas elecciones en 2027.

Con los datos disponibles de contratos públicos y presupuestos de convocatorias anteriores, ambos factores apuntan a un ahorro combinado de hasta 48 millones de euros frente a la celebración de las elecciones en la fecha original. Se trata de un cálculo propio, no de una cifra oficial, y no incluye otras partidas del presupuesto electoral que también podrían variar, como el despliegue de seguridad, la logística de los colegios electorales o los posibles refuerzos de personal que exija la propia urgencia de la convocatoria.

No existe todavía una cifra oficial del coste total de la convocatoria del 29 de noviembre. El Ministerio del Interior suele publicarla mediante un dosier de prensa en las semanas previas a la votación, como ocurrió en 2023.

Un contrato de 2022 que ahora resulta más barato de lo previsto

El Ministerio del Interior tenía preparado un contrato nuevo para gestionar el escrutinio electoral de cara a los comicios de 2027, valorado en 46.064.980,50 euros, un 27% más caro que el acuerdo vigente. El Consejo de Ministros lo autorizó el 15 de septiembre y la licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 29 de septiembre, con un límite de gasto de 13,96 millones de euros por cada elección.

Ese contrato no estará listo a tiempo. El calendario fijado en el propio BOE establece que las ofertas económicas no se abrirán hasta el 18 de diciembre, tres semanas después de la jornada electoral. Al caer las elecciones el 29 de noviembre, Interior tendrá que recurrir al acuerdo de 2022, adjudicado a Indra en febrero de 2023 por 36,3 millones de euros, con un límite de 11 millones de euros por elección, casi tres millones menos que el contrato que lo sustituía.

Los servicios postales, la partida que más depende del calendario

El presupuesto total de las elecciones generales de julio de 2023 ascendió a 220.872.805,92 euros, según el dosier de prensa del Ministerio del Interior. Casi la mitad de esa cifra, 101,5 millones de euros, se destinó al operador postal, encargado de tramitar el voto por correo y la propaganda electoral. Fue la partida más alta de todo el presupuesto.

Esa cifra fue casi un 80% superior a la de noviembre de 2019, cuando esta misma partida costó 56,5 millones de euros, según los datos de Interior. La diferencia entre ambos procesos, 45 millones de euros, coincide con un factor de calendario: en julio de 2023 fueron las primeras elecciones generales celebradas en pleno verano, con una parte de los electores fuera de su domicilio habitual por vacaciones, lo que multiplicó las solicitudes de voto a distancia.

Las elecciones que estaban previstas para 2027, de agotarse la legislatura, debían celebrarse también en julio, tal y como recogen los pliegos de licitación de material electoral publicados por el Ministerio del Interior, que identifican expresamente esa fecha como la cita prevista en el calendario oficial. Al adelantarse a noviembre, un mes sin ese factor estacional, el patrón de gasto en voto por correo debería acercarse más al de noviembre de 2019 que al de julio de 2023.

La urgencia también tiene un precio todavía desconocido

El cálculo del ahorro no incluye un posible coste inverso: el de comprimir en 54 días un proceso que, de otro modo, se habría planificado con meses de antelación. Esa urgencia ya está generando tensiones: CCOO ha reclamado a la dirección de Correos que planifique de forma “inmediata” la contratación extra necesaria para afrontar “con todas las garantías” el incremento de actividad asociado al voto postal para las elecciones del 29 de noviembre.

En este sentido, si Correos necesita reforzar su plantilla de forma extraordinaria para absorber el aumento de solicitudes en un plazo tan corto, ese coste adicional podría compensar, al menos en parte, el ahorro esperado por evitar el mes de julio.

El presupuesto electoral de 2023, el más alto de la historia hasta ahora, da una idea de todo lo que hay que financiar en menos de dos meses. Además del operador postal y el escrutinio, el Estado pagó el despliegue de mesas, urnas y cabinas de votación, el funcionamiento de las juntas electorales, el refuerzo de los cuerpos de seguridad en los colegios electorales, la oficina del censo electoral y la colaboración de los ayuntamientos, que ceden sus colegios y personal para la jornada. A esto se suman las subvenciones a los partidos políticos, que el Estado empieza a adelantar antes de la jornada electoral, calculadas sobre los resultados obtenidos en los comicios anteriores.

La Agencia Tributaria prevé comenzar este martes 6 de octubre el abono de las ayudas directas para autónomos y empresas de Ceuta afectadas por la crisis migratoria. Los trabajadores por cuenta propia recibirán 5.000 euros, mientras que las compañías podrán percibir entre 10.000 y 150.000 euros según su facturación.

La medida cuenta con una dotación de 36,6 millones de euros y forma parte del paquete estatal aprobado para la ciudad autónoma. El dinero llegará a la cuenta bancaria comunicada por cada solicitante y la propia transferencia tendrá valor de notificación de la concesión.

El Gobierno informó el pasado 29 de septiembre de que se habían registrado 1.217 solicitudes. La previsión inicial era llegar a unos 2.500 autónomos y 1.500 empresas, por lo que aún quedaría margen para nuevas peticiones antes de que venza el plazo.

Los autónomos cobrarán 5.000 euros y las empresas hasta 150.000 euros

La cuantía para los autónomos será única: 5.000 euros. En el caso de las empresas y otras entidades beneficiarias, el importe se calcula según la cifra de negocios declarada en 2025.

Las compañías con una facturación de hasta un millón de euros podrán obtener 10.000 euros. La ayuda asciende a 20.000 euros para quienes hayan facturado entre uno y dos millones; a 40.000 euros para el tramo de entre dos y seis millones; y a 80.000 euros cuando los ingresos se sitúen entre seis y diez millones.

Las empresas cuya facturación haya superado los diez millones de euros podrán acceder a 150.000 euros, el importe máximo de esta línea. Las compañías que comenzaron su actividad en 2026 también podrán solicitar 10.000 euros si cumplen los requisitos fijados en la norma.

La ayuda busca aportar liquidez inmediata a negocios y trabajadores por cuenta propia. Para un autónomo, los 5.000 euros equivalen a varios meses de cuotas, alquileres de local, suministros o pagos a proveedores, según el nivel de gasto de cada actividad. En las empresas, la diferencia entre los tramos hace que el respaldo público se concentre en mayor medida en las sociedades con una facturación más alta.

El plazo para pedir la ayuda continúa abierto

Los autónomos y empresas que todavía no hayan presentado la solicitud podrán hacerlo hasta el 30 de noviembre de 2026 a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria. El trámite requiere indicar una cuenta bancaria cuya titularidad corresponda al beneficiario y presentar una declaración responsable sobre el impacto de la crisis en la actividad.

Podrán optar, con carácter general, quienes tuvieran domicilio fiscal, establecimiento permanente o inmuebles vinculados a la actividad económica en Ceuta entre el 30 de julio y el 3 de septiembre. También deben figurar de alta en el censo de empresarios y haber declarado ingresos durante 2025.

La norma deja fuera a los contribuyentes adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. Esta exclusión limita el acceso de los grupos empresariales de mayor dimensión, aunque las empresas que superen diez millones de euros de facturación sí pueden optar al tramo máximo si no están incluidas en ese régimen de control tributario.

Las cantidades estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades. Además, serán inembargables, una condición que evita que la transferencia se destine de forma automática al pago de deudas ya reclamadas por vía judicial o administrativa.

Los pagos no incluyen los avales del ICO ni las ayudas al comercio

El inicio de los ingresos corresponde solo a la línea de ayudas directas gestionada por la Agencia Tributaria. No implica el pago de los avales por un máximo de 50 millones de euros que canalizará el Instituto de Crédito Oficial (ICO), destinados a facilitar préstamos para liquidez, circulante e inversiones.

Tampoco incluye las actuaciones para comercio, turismo y hostelería. El real decreto-ley contempla una subvención de 14 millones de euros para la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Ceuta: diez millones para el comercio y cuatro millones para turismo y hostelería. A ello se suma un millón para promoción turística internacional.

El Ejecutivo aprobó en septiembre un paquete de 309 millones de euros para reforzar servicios públicos, seguridad, acogida y atención humanitaria en Ceuta, además de las medidas económicas. Dentro de ese bloque, las ayudas que comienzan a pagarse este martes son las que llegan de manera directa a la cuenta de autónomos y empresas que hayan completado correctamente la solicitud.

El sociólogo y analista de riesgo político Jorge Galindo sostiene que la crisis de vivienda en España responde, sobre todo, a un desajuste entre los hogares que se han creado y las casas disponibles. En un vídeo de siete minutos y medio, plantea que la solución pasa por elevar la construcción, reducir los plazos administrativos, reforzar el alquiler social y dar garantías públicas frente a los impagos.

Su diagnóstico parte de la distancia entre la evolución de los ingresos y la vivienda: “Desde 2015, los sueldos en España han subido un 28%. ¿Y la vivienda? Comprar una casa cuesta un 80% más. Alquilarla, un 87%, el triple que los sueldos”, afirma.

Para el experto, la escasez de vivienda nueva explica buena parte del encarecimiento de comprar y alquilar. Además, cuestiona que las prórrogas de contratos y los límites a las rentas puedan corregir ese desajuste: a su juicio, pueden aliviar durante un tiempo a parte de quienes ya tienen vivienda, pero no añaden oferta para quienes buscan piso, quieren emanciparse o necesitan cambiar de domicilio.

La crisis de vivienda en España: lo que creo que puede funcionar para solucionarla... y lo que probablemente no sirva o sea directamente contraproducente. En siete minutos y medio. Dentro video 👇 https://t.co/zvMqDVcs5g

— Jorge Galindo (@JorgeGalindo) October 4, 2026

España creó 1,2 millones de hogares en cinco años

El argumento central del vídeo es que España sumó 1,2 millones de hogares entre 2021 y 2025. Galindo incluye en ese cálculo a jóvenes que dejan la casa familiar, parejas que se separan y personas que llegan al país para trabajar. Todos ellos, señala, necesitan una vivienda.

“Lo normal es empezar por un alquiler. Con el tiempo, si puedes, compras. Y al irte, dejas tu piso libre para el siguiente. Es una cadena”, explica. El problema, según su análisis, aparece cuando no hay viviendas nuevas que permitan renovar esa cadena: “La cadena solo se mueve si al final hay casas nuevas. Y España no construye”.

Galindo compara el actual ritmo de construcción con el de décadas anteriores. Según expone, España terminaba unas 260.000 viviendas al año en los años noventa y 540.000 durante los 2000. Para 2025, sitúa la cifra en torno a 92.000 viviendas terminadas.

Con esos datos, calcula que en cinco años se habrían creado menos de 470.000 viviendas frente a 1,2 millones de hogares. “Dos hogares y medio por cada casa”, resume. “El problema de fondo sigue siendo el mismo: hay más hogares que casas”.

La consecuencia, según sostiene, es una mayor competencia por una oferta limitada. Nueve de cada 10 viviendas vendidas serían de segunda mano, de acuerdo con su exposición, lo que implica que el mercado depende en gran medida de inmuebles ya existentes que cambian de propietario.

La falta de oferta afecta a jóvenes, inquilinos y hogares con menos ingresos

Galindo sitúa entre los principales afectados a los jóvenes y a quienes dependen del alquiler para formar un hogar. “El que entra en un alquiler ya no sale”, afirma, en referencia a la dificultad de muchos inquilinos para acceder después a una vivienda en propiedad o cambiar a un piso más adecuado.

El analista señala que el 38% de los hogares formados por quienes nacieron entre 1986 y 1995 vive de alquiler a precio de mercado, 10 puntos más que la generación precedente a la misma edad. También cita que casi siete de cada diez jóvenes de 18 a 34 años continúan en casa de sus padres, frente a cerca de la mitad en la Unión Europea.

“La fila se alarga, se atasca y mucha gente acaba malviviendo: en una habitación, compartiendo piso a los 40 o directamente en ninguna parte”, sostiene.

Galindo también reconoce que hay presiones añadidas en determinados territorios. Menciona el peso del alquiler turístico en barrios céntricos de Valencia y en el Cabañal, así como las compras de no residentes en Alicante. En estas zonas, considera que el turismo y la demanda internacional aumentan la tensión sobre la vivienda disponible.

No obstante, no los sitúa como la explicación principal de todo el país. “Eso aprieta, y mucho, pero en sitios concretos”, afirma. Su tesis es que, más allá de esos mercados locales, el problema cuantitativo sigue siendo el aumento de hogares por encima de las viviendas construidas.

Limitar las rentas protege a quien ya tiene piso, pero no facilita el acceso

El sociólogo cuestiona que los controles de alquiler sean una respuesta suficiente. “Eso protege, durante un tiempo, a quien ya está dentro, pero no añade ni una sola vivienda”, asegura.

Su razonamiento es que, si alquilar resulta menos atractivo para algunos propietarios, parte de los pisos puede salir del mercado o dirigirse a otros usos. También cree que una oferta más escasa puede endurecer las condiciones exigidas a quienes buscan vivienda.

“Cuando hay menos pisos para la misma fila, ¿quién se lo queda? El casero hace casting y elige al de la mejor nómina”, dice. En ese contexto, señala que los hogares que acceden al alquiler tienen hoy más ingresos que antes e interpreta que las personas más vulnerables se están quedando fuera del mercado.

Como alternativa, propone un seguro público de impago que reduzca el riesgo para los arrendadores. “Si el casero sabe que va a cobrar, deja de hacer casting y le alquila a quien hoy no pasa el filtro”, plantea. También reclama ampliar el parque de alquiler social mediante la compra pública de viviendas.

Menos plazos urbanísticos y tres millones de viviendas en una década

Para Galindo, la construcción se frena por la falta de crédito, la escasez de mano de obra y la pérdida de empresas tras la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, considera que esos factores no explican por sí solos el bajo volumen de obra nueva con los precios actuales.

“Hay un muro que hemos levantado nosotros, ladrillo a ladrillo”, afirma sobre la regulación urbanística y administrativa. Cita planes generales que tardan entre 10 y 12 años, licencias que se retrasan y recursos que pueden paralizar desarrollos completos.

“Son 20 años desde el suelo hasta las llaves”, resume. Su propuesta incluye revisar los procedimientos, asegurar que se cumplan los plazos, elevar la densidad donde exista demanda y servicios y mejorar las conexiones de transporte.

Según sus cálculos, mantener un ritmo de 95.000 viviendas anuales llevaría 42 años para cerrar la brecha. “Triplicándolo, nueve. Tres millones de viviendas en una década”, afirma.

Por último, para las zonas con especial presión turística o de compradores no residentes, defiende medidas selectivas. “Donde el problema es local, pisos turísticos, compradores que no viven aquí, ahí sí, desincentivos, con puntería”, concluye el experto.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, dos rebajas fiscales para las personas menores de 40 años que adquieran su residencia habitual en la región. El Gobierno autonómico prevé incluirlas en los Presupuestos de 2027, por lo que su aplicación queda pendiente de la aprobación de esas cuentas y de su tramitación parlamentaria.

La medida de mayor alcance reducirá del 6% al 4% el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para las operaciones de segunda mano de hasta 450.000 euros. El segundo cambio afecta al Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, que bajará del 0,75% al 0,40% para quienes adquieran inmuebles de nueva construcción.

El Ejecutivo madrileño calcula que ambas rebajas supondrán un ahorro de 116 millones de euros al año. El anuncio llega tras las manifestaciones celebradas el pasado fin de semana en Madrid y otras ciudades por el encarecimiento de la vivienda, los alquileres y los desahucios, en un contexto en el que los precios de compra siguen al alza en España.

La rebaja del impuesto de vivienda usada concentrará casi todo el ahorro previsto

La reducción del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que grava la compraventa de inmuebles usados, concentrará 114 de los 116 millones de euros de ahorro estimado por la Comunidad de Madrid. Según sus cálculos, podrá beneficiar a unas 40.000 personas, con una rebaja media de 2.850 euros.

En una operación de 300.000 euros, el pago por este tributo pasaría de 18.000 a 12.000 euros. El ahorro sería, por tanto, de 6.000 euros. La condición es que el inmueble se destine a residencia habitual y que su valor no supere los 450.000 euros.

La segunda medida rebaja el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados en la compra de vivienda nueva. El Gobierno regional prevé un ahorro anual de 2,1 millones de euros para unos 4.200 jóvenes.

La medida reduce el coste de compra, pero no afecta al precio ni a la entrada

Las rebajas fiscales se dirigen a quienes ya pueden acceder a la compra de una vivienda. No se aplican a los inquilinos ni cubren otros desembolsos habituales de una operación de compraventa, como la entrada que no financia el banco, la tasación, la notaría o los gastos de formalización de una hipoteca.

Tampoco modifican el precio de los inmuebles. El Instituto Nacional de Estadística (INE) situó en el 12,2% el aumento interanual del precio de la vivienda en España en el segundo trimestre de 2026. En el caso de los inmuebles usados, que concentran la principal rebaja propuesta por Ayuso, el incremento fue del 12,9%.

El anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid llega después de que el Congreso rechazara el viernes 2 de octubre dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos en contra de su partido, el PP, además de los de otras formaciones políticas de derecha y extrema derecha.

Uno de los textos que no salieron adelante contemplaba la creación de Tu Casa, un préstamo público al 0% de interés para cubrir parte de la entrada de la primera residencia habitual. La ayuda podía llegar al 20% del valor del inmueble, con un máximo de 50.000 euros.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha defendido que su propuesta de rebajas fiscales busca equiparar el tratamiento de los compradores jóvenes al que ya tienen las familias numerosas. El Consejo de Gobierno prevé aprobar el proyecto de Presupuestos de 2027 durante octubre antes de remitirlo a la Asamblea de Madrid.

El 86% de los diputados del Congreso declara al menos una vivienda en propiedad y 65 de los 350 parlamentarios perciben ingresos por alquileres, según dos recuentos realizados por Europa Press a partir de las declaraciones de bienes presentadas ante la Cámara. Así, casi uno de cada cinco representantes que legislan sobre los derechos de los inquilinos, a su vez, recibe rentas por arrendar inmuebles. Las declaraciones no siempre aclaran si se trata de pisos, locales comerciales, plazas de garaje o fincas rústicas.

Los datos adquieren especial relevancia tras el rechazo de los dos decretos de vivienda impulsados por el Gobierno, el pasado 2 de octubre. Las normas incluían medidas dirigidas a los inquilinos, como prórrogas extraordinarias de contratos y mecanismos de protección frente a los desahucios de hogares vulnerables.

65 diputados con rentas de alquiler

La última revisión de Europa Press eleva a 65 los diputados que declaran ingresos procedentes de arrendamientos. La cifra supone alrededor del 19% de los escaños y se basa en las declaraciones de bienes entregadas al inicio de la legislatura o actualizadas durante ella.

El Partido Popular concentra el mayor número de parlamentarios con este tipo de ingresos: 30 de sus 137 diputados, el 22% del grupo. En el PSOE, 17 de sus 121 representantes -el 14,09%- han declarado rentas de alquiler. Por su parte, la formación de extrema derecha Vox suma nueve diputados de un total de 32, el 28,12%.

Por proporción dentro de cada grupo, Junts encabeza la lista: tres de sus siete diputados, el 42,85%, han registrado ingresos por alquileres de viviendas o locales. EH Bildu tenía dos parlamentarios en esta situación, el Partido Nacionalista Vasco uno y Sumar dos.

Según la agencia, Esquerra Republicana no contaba con diputados que declarasen rentas de alquiler. Tampoco figuraban ingresos de este tipo entre los representantes de Podemos, Bloque Nacionalista Galego, Coalición Canaria y Compromís.

Sánchez y Feijóo reciben ingresos anuales por arrendar inmuebles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró dos viviendas y 12.845 euros de ingresos anuales por alquiler. Su principal oponente político, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, consignó tres viviendas, una finca rústica y 5.584 euros al año como rendimiento de sus inmuebles.

También el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, declaró 11.797 euros anuales por el alquiler de un piso, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, incluyó 2.656 euros por la renta de un apartamento.

Asimismo, Europa Press sitúa las rentas más altas declaradas dentro del Partido Popular en una horquilla de entre 19.000 y 36.000 euros anuales.

Casi nueve de cada diez diputados tienen al menos una vivienda

La agencia de noticias publicó en febrero de este año una primera radiografía de las declaraciones de bienes de los diputados del Congreso y destacó que el 86% de los diputados tenía al menos una vivienda en propiedad, es decir, casi nueve de cada diez parlamentarios. Solo el 13,86% restante no declaraba ninguna.

En este sentido, la propiedad inmobiliaria es mayoritaria en el Congreso y una parte de los diputados obtiene ingresos de ella. Sin embargo, solo revisando cada declaración y separando viviendas de locales, garajes, terrenos, fincas rústicas y participaciones compartidas se podría afirmar que la mayoría de la Cámara tiene varias viviendas.

Los decretos rechazados incluían medidas para inquilinos y propietarios

Los dos decretos de vivienda rechazados esta semana incorporaban una prórroga extraordinaria de hasta dos años para contratos de alquiler que vencieran antes del 31 de diciembre de 2028, cambios en el alquiler de temporada y por habitaciones, y nuevas condiciones para la protección frente a desahucios de hogares vulnerables.

También contemplaban beneficios fiscales para propietarios que rebajaran la renta a sus inquilinos y una reducción de esas ventajas en determinados supuestos de subidas elevadas. El primer decreto cayó por 178 votos en contra frente a 172 a favor; el segundo, por 184 votos en contra y 166 favorables.

El Congreso rechazó ambos textos con los votos del Partido Popular, Vox, Junts y Unión del Pueblo Navarro. El Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria se sumaron al rechazo del segundo decreto, que introducía la renovación automática de determinados contratos de alquiler.

Desde este lunes, 5 de octubre, las empresas españolas están obligadas a detallar por escrito en los contratos de trabajo más de una decena de elementos que hasta ahora podían quedar fuera o explicarse de forma vaga: el método de cálculo del salario variable, la duración exacta del periodo de prueba y su justificación, o las reglas de funcionamiento de los algoritmos que decidan turnos, tareas o despidos. La norma afecta a todas las relaciones laborales ordinarias y especiales, incluido el personal laboral de las administraciones públicas.

El cambio llega con el Real Decreto 723/2026 aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de septiembre. La norma transpone de forma parcial la Directiva (UE) 2019/1152, sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, que España debía incorporar a su ordenamiento jurídico desde hace cuatro años. El reglamento deroga el anterior Real Decreto 1659/1998, que regulaba esta materia desde hace casi tres décadas.

La obligación recae sobre el empresario, pero el peso de reclamarla, sobre el trabajador: quienes ya tienen un contrato en vigor y detectan que les falta información esencial deberán solicitarla de forma expresa. La empresa dispone entonces de un plazo máximo de 30 días para facilitarla. Para los contratos nuevos, toda la información deberá entregarse antes de que arranque la relación laboral.

El periodo de prueba ya no puede alargarse sin justificar el motivo

El límite legal del periodo de prueba se mantiene en seis meses, pero la norma introduce un cambio de fondo: cualquier ampliación por convenio colectivo deberá ir acompañada de una causa concreta. Hasta ahora, algunos convenios permitían extender ese plazo sin necesidad de explicar en qué circunstancias podía aplicarse, lo que en la práctica dejaba margen para que el periodo de prueba se usara como una vía para alargar la precariedad antes de la contratación indefinida.

Con el nuevo reglamento, si un convenio prevé superar los seis meses, deberá especificar los supuestos que lo justifican, por ejemplo, la ausencia del trabajador por enfermedad o permiso, o la naturaleza del puesto cuando se trata de cargos directivos o ejecutivos. Esa causa deberá figurar después en el contrato individual, junto con la duración exacta del periodo de prueba y en qué consiste: qué pruebas debe superar el trabajador para que se considere aprobado o no.

Esta exigencia convierte la información contractual en una herramienta clave para litigios individuales. Si una empresa alarga el periodo de prueba sin que conste la causa en el contrato, el trabajador cuenta ahora con un argumento documental para impugnarlo.

El derecho a saber cómo decide el algoritmo que te despide o te cambia el turno

La norma incorpora por primera vez en España el derecho de los trabajadores a conocer las reglas y pautas de funcionamiento de los sistemas algorítmicos que la empresa utilice en materia laboral, siempre que se empleen para seleccionar personal, decidir despidos, asignar tareas o reducir la jornada.

La exigencia no implica que el trabajador vaya a conocer el código fuente o el funcionamiento técnico completo del sistema, sino las reglas generales que aplica. El propio Real Decreto remite al Ministerio de Trabajo y Economía Social la tarea de poner a disposición de empresas y trabajadores un modelo de documento informativo con los elementos esenciales del contrato, que servirá de referencia para cumplir con esta obligación.

La medida llega en un contexto en el que cada vez más empresas emplean sistemas automatizados para gestionar plantillas, desde la asignación de turnos hasta los criterios de selección en procesos de contratación. La norma no distingue por tamaño de empresa ni por sector, por lo que la obligación se extiende tanto a grandes compañías con sistemas de gestión algorítmica avanzados como a pequeñas empresas que utilicen herramientas más básicas de software de recursos humanos.

La lista completa: qué debe figurar en cada contrato de trabajo

El Real Decreto detalla los elementos mínimos que toda empresa debe especificar en el contrato laboral, entre ellos:

• La vigencia del contrato y, si es temporal, su justificación
• El domicilio social y el centro de trabajo
• La categoría o grupo profesional
• El salario base, los complementos, el método de cálculo de los conceptos variables y los criterios para percibirlos
• La duración y distribución de la jornada, los supuestos de modificación, las horas extraordinarias y su retribución, y las vacaciones
• La duración y condiciones del periodo de prueba, con su justificación si se amplía por convenio
• El plan de igualdad y las medidas en materia LGTBI
• El procedimiento de extinción del contrato
• El convenio colectivo aplicable
• Los supuestos de modificación de condiciones esenciales
• La mutua encargada de la salud laboral

Para los contratos a través de empresas de trabajo temporal (ETT), deberá constar además la identidad de la empresa usuaria y la causa de cada contrato de puesta a disposición. En los casos de distribución irregular de la jornada, el contrato tendrá que recoger el sistema de fijación de horarios, los periodos mínimos de preaviso y, para los trabajadores fijos-discontinuos, los periodos de actividad e inactividad.

Esta información ya debería figurar en gran parte de los contratos, puesto que muchos de estos elementos forman parte del contenido habitual de un contrato de trabajo. La diferencia ahora es que su ausencia se convierte en un incumplimiento expreso de la norma, con un plazo de respuesta obligatorio para la empresa si el trabajador la reclama.

Algunos quedan fuera y otros tienen reglas específicas

La norma no cubre a todos los trabajadores por igual. Se aplica a las relaciones laborales de más de cuatro semanas de duración, lo que deja fuera a los contratos más breves, habituales en sectores como la hostelería o el comercio en campañas puntuales.

El reglamento prevé además tres regímenes específicos con reglas adicionales: los trabajadores contratados en España para prestar servicios en el extranjero, el sector pesquero y la marina mercante. En el primer caso, la empresa deberá informar antes del desplazamiento sobre el país de destino, la duración, la moneda de pago, las retribuciones en dinero o en especie, la compensación de gastos y si está prevista la repatriación.

Para los pescadores a bordo de buques abanderados en España, el contrato debe llevarse físicamente a bordo y estar disponible para las autoridades. Quedan exentos los barcos de menos de 24 metros de eslora que no toquen puerto extranjero, es decir, la pesca de bajura que opera solo en aguas españolas. La gente de mar de la marina mercante está sujeta a una obligación equivalente, sin que importe la duración de su contrato.

España necesita 700.000 trabajadores más en la construcción para intentar reducir el déficit de 750.000 viviendas que calcula el Banco de España. El sector ya depende de la inmigración para cubrir una parte sustancial de esa demanda: los extranjeros representan el 27% de los afiliados a la construcción, frente al 13% de hace una década. Mientras tanto, el Partido Popular y Vox insisten en que la solución al problema de la vivienda pasa por construir más, al tiempo que endurecen su discurso contra la inmigración que, en la práctica, sostiene buena parte de esa actividad.

Este viernes 2 de octubre, el Congreso rechazaba los dos decretos de vivienda del Gobierno con los votos en contra de PP, Vox y Junts. Tanto el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo como la formación de extrema derecha coincidieron en que el problema de fondo no es la regulación del alquiler, sino la falta de oferta. Es la misma idea que sostienen sus hojas de ruta: el PP se ha marcado como objetivo construir un millón de viviendas, y Vox defiende reducir trabas burocráticas y movilizar suelo para que el mercado se autorregule.

No obstante, ninguno de los dos programas explica con detalle quién levantaría esas viviendas. Y los datos del propio sector apuntan a una respuesta incómoda para ese discurso: sin mano de obra extranjera, buena parte de esa construcción no se sostendría.

Faltan 700.000 trabajadores y la plantilla envejece

La Confederación Nacional de la Construcción (CNC) calcula que el sector necesita incorporar 700.000 trabajadores para alcanzar los objetivos de vivienda que requiere el país, una cifra que la patronal estima que superará el millón en poco tiempo. El problema no es solo de volumen, sino de reemplazo generacional: la Fundación Laboral de la Construcción cifra en 1.530.002 las personas ocupadas en el sector en 2025, con una edad media de 45,1 años, casi tres más que en 2015. Solo el 10,8% de esos trabajadores tiene menos de 30 años.

La consecuencia es una plantilla que se jubila más rápido de lo que se renueva. La propia Fundación Laboral prevé que en la próxima década se retire el 22% de los trabajadores actuales, más de 139.000 personas solo en los primeros cinco años. El relevo joven no crece al mismo ritmo.

En este contexto, el propio programa de vivienda del PP reconoce el problema, aunque de forma indirecta: entre sus medidas incluye un “Plan Formativo y de Empleo Específico” y apuesta por la innovación para “reducir tiempos ante la escasez de mano de obra”. Es, de momento, la única referencia explícita de la derecha española a que faltan manos para construir lo que promete.

Los extranjeros ya sostienen una de cada cuatro obras

Mientras el discurso político se centra en la oferta de vivienda, los datos de afiliación muestran quién trabaja hoy en las obras. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, los extranjeros representaban en agosto de 2026 el 27% de los afiliados al régimen general de la construcción, frente al 24% de marzo del mismo año. Hace una década, en 2013, esa proporción era del 13%, según un análisis de BBVA Research. El peso de la mano de obra migrante en el sector se ha duplicado en diez años.

Esta dependencia explica por qué la propia patronal del sector, la CNC, respaldó en su momento la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno en abril de 2026, al considerarla una vía para cubrir parte del déficit de trabajadores que arrastra la construcción desde hace años.

Vox pide “remigración” mientras reclama más obra

Frente a estos datos, la extrema derecha mantiene un discurso que vincula de forma directa la crisis de vivienda con la inmigración. El 28 de septiembre, en rueda de prensa, el portavoz de Vivienda de Vox, Carlos Hernández Quero, afirmó que “no se puede seguir hablando de vivienda sin hablar de inmigración” y que “estar escandalizado con los precios de los alquileres y estar a favor de la inmigración masiva es una contradicción bastante potente”. Según su argumento, en los últimos cinco años entraron a España cinco millones de personas mientras se construían menos de 90.000 viviendas al año.

El propio programa electoral de Vox recoge el concepto de “remigración”, aplicado a quienes, según el partido, “han venido a vivir del esfuerzo y el trabajo de los españoles”. El texto también plantea “repatriar a todos los inmigrantes que violentan nuestras fronteras y acceden a nuestra Nación -o permanezcan en ella- de manera ilegal”. No contempla ninguna excepción para sectores con déficit de mano de obra, como la construcción.

El PP mantiene una posición menos radical. Su Plan Nacional de Inmigración propone acabar con las regularizaciones generalizadas y sustituirlas por un sistema de puntos individualizado, pero sí reconoce la necesidad de trabajadores extranjeros en sectores concretos: su programa incluye un “programa específico de migración circular y contratación de trabajadores temporales [...] especialmente en sectores como el primario o la construcción”.

La diferencia entre ambos partidos es clara, pero no resuelve la pregunta de fondo. Si el objetivo es construir un millón de viviendas y el sector ya depende de que uno de cada cuatro trabajadores sea extranjero, cualquier política que restrinja la llegada o la permanencia de esa mano de obra choca directamente con la meta que ambos partidos dicen perseguir.

Luz, de 50 años, lleva meses pidiendo certificados, llamando a notarías y reuniendo documentación para poder heredar parte del patrimonio de su madre. Antes de recibir nada, ya ha tenido que pagar de su propio bolsillo testamento, burofax y desplazamientos. “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no podía hacerlo por falta de medios”, reconoce. Su caso es uno de tantos en España, un país con un sistema sucesorio atravesado por una doble contradicción: es necesario tener dinero para poder heredar, y cada vez más personas solo podrán tener ese dinero si heredan.

Esta paradoja se repite, a mayor escala, en el mercado de la vivienda, donde cada vez más personas dependen de una herencia para acceder a la primera, y probablemente única, casa de su vida. Según un estudio de Raisin, el 56% de los españoles considera que solo podrá ser propietario si hereda una casa, y ese porcentaje llega al 67% entre los jóvenes de 25 a 34 años. La posibilidad de comprar un inmueble con ahorros y sueldo se aleja, mientras la vivienda heredada exige, a su vez, un primer desembolso que no todos pueden permitirse pagar.

Mario Maldonado, abogado especializado en fiscalidad, confirma que ese desembolso va mucho más allá del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), incluso cuando está bonificado casi al 100% en la mayoría de comunidades autónomas. “Los gastos de una herencia dependen principalmente del valor y tipo de bienes heredados, del parentesco con el fallecido, de la comunidad autónoma aplicable y de si existe acuerdo entre los herederos”, explica.

Lo que le ocurre a Luz se confirma, con matices distintos, en las historias de Rebeca, de 30 años, y David, de 34: antes de heredar, hay que pagar.

Una herencia sencilla puede costar más de 2.500 euros antes de recibir nada

Maldonado pone un ejemplo con números concretos. Si una persona hereda en Madrid una vivienda de 250.000 euros que constituía la residencia habitual del fallecido, con un valor catastral de 195.000 euros, y además una cuenta bancaria de 50.000 euros, el Impuesto sobre Sucesiones se queda en apenas 234 o 250 euros gracias a la bonificación autonómica. Pero la plusvalía municipal, un tributo distinto y compatible con el anterior, suma otros 1.461,60 euros tras aplicar una bonificación del 70%. A eso hay que añadir entre 600 y 850 euros de notaría y entre 350 y 450 euros del Registro de la Propiedad.

El total estimado: entre 2.646 y 3.012 euros, solo para una herencia con un único heredero. “No puede establecerse un importe único, ni siquiera en una herencia sencilla”, advierte el abogado. “El coste dependerá del valor de la vivienda, de su valor catastral, del parentesco, de la comunidad autónoma y del municipio en el que se encuentre”.

Rebeca heredó de sus dos padres viviendas, terrenos... y también una deuda. La parte materna, al estar ya escriturada, fue sencilla: “Ha sido tan fácil como ir con todas las escrituras al notario”. Pero la herencia de su padre fue otra historia: “Ha sido más clasificación de documentos que no estaban ordenados, preguntar a familiares del pueblo y sacar el inventario a través del catastro”. De hecho, al preguntarle qué trámite le ha llevado más tiempo, no duda: “Lo que más tiempo me ha llevado ha sido saber el inventario de patrimonio que tenía mi padre”.

Su madre tenía además un préstamo pendiente sin seguro de vida asociado, lo que significó que, para quedarse con la casa familiar, tuvo que asumir también el pasivo. “Si quería heredar la casa de mis padres, también tenía que asumir la deuda en la masa patrimonial”, relata. Pese a la complejidad del proceso, Rebeca no ha necesitado contratar a ningún abogado ni gestor: “En mi caso solo he contratado a la notaría”.

De todo el dinero que ha desembolsado hasta ahora —el pago de dos notarías y los impuestos que corresponden al heredar—, el 80 % ha salido de su propio bolsillo, porque no heredó dinero en efectivo en las cuentas de sus padres. Para cubrirlo, ha recurrido “principalmente” a sus ahorros y, puntualmente, “a pedir dinero a familiares y amigos”.

Los plazos estipulados obligan a tramitarlo todo mientras se atraviesa el duelo

La ley da seis meses desde el fallecimiento para presentar el Impuesto sobre Sucesiones y, si hay inmuebles urbanos, la plusvalía municipal. En ese plazo hay que obtener los certificados de defunción y últimas voluntades, localizar o tramitar el testamento, identificar y valorar todos los bienes y deudas, y formalizar la aceptación de la herencia.

“Los principales obstáculos suelen ser la dificultad para reunir toda la documentación, conocer el patrimonio y las deudas del fallecido, valorar correctamente los bienes, localizar a todos los herederos o alcanzar un acuerdo sobre el reparto”, explica el abogado fiscalista. “También pueden producirse retrasos cuando no hay testamento, existen bienes en distintas localidades o países, o faltan fondos para pagar los impuestos”, añade.

Si el plazo se incumple, el recargo es del 1%, más otro 1% por cada mes completo de retraso durante el primer año; superado ese periodo, sube al 15% más intereses de demora.

David heredó un piso, un coche de 15 años y 18.000 euros en deudas tras la muerte de su madre durante la pandemia, y es quien mejor describe cómo ese plazo legal choca contra la realidad del duelo. La primera fase de trámites, recuerda, fue “bastante caótica”: “Había trámites que te decían que podías hacer telemáticamente, pero en la web no había nada. Tenías que pedir cita presencial, con el miedo extra que implicaba el covid, y era muy difícil conseguirlas”.

Contaba con testamento, lo que, según él, “facilitó mucho las cosas”, aunque ni siquiera eso evitó el retraso: “Tardó meses en poder abrirse”, antes de poder empezar con el resto de gestiones. Sin ayuda externa, asegura que no habría podido completar el proceso a tiempo. “Mi padrastro me ayudó un montón a buscar, gestionar e ir a realizar los trámites”, cuenta. “Sin él habría sido imposible”.

Entre notaría, impuestos y registro, calcula que pagó “como 500 euros de notaría, impuestos varios que sumaron 1.500 euros, el registro fueron como 150, y algo más”. Lo afrontó con “ahorros propios, préstamos familiares, y el resto... poco a poco”.

El desacuerdo entre herederos puede disparar la factura legal

La herencia de Luz incluye un seguro de vida de 40.000 euros, varias cuentas bancarias con un saldo conjunto de unos 110.000 euros y una vivienda valorada en 600.000 euros, todo ello a repartir entre cinco hermanos y, en parte, su padre. Según los cálculos de una de sus hermanas, a cada heredero le corresponderían unos 330.000 euros, una cifra que Luz no da por segura, pues el reparto final todavía está en discusión.

Los trámites, antes incluso de llegar a ese reparto, ya le han llevado meses: “He tenido que pedir y pagar el testamento, que han tardado dos meses con los trámites. He tenido que pedir el certificado de defunción, que ha tardado un mes. He tenido que pedir las últimas voluntades, igual un mes, pedir el saldo en cuentas, un mes mínimo. Y luego tramitar el pago del seguro de vida, que es lo que nos ha llevado casi seis meses”, explica.

El proceso lleva bloqueado desde el principio porque “varios de los herederos pretenden aceptar la herencia solo en el caso de que en el mismo acto se done el total a uno de ellos, lo cual supone un grave perjuicio para el resto”, denuncia Luz. Así que, para ella, “no ha habido dudas” sobre la necesidad de contratar un abogado. Pero contratarlo, como ya adelantaba al principio de esta historia, no ha sido sencillo. “Los abogados se pagan según se van gestionando los diferentes trámites. Pero este caso es especial”, explica. Solo pudo permitírselo porque uno de los letrados es conocido de la familia y le hizo una excepción en la forma de cobro; de lo contrario, asegura, “habría que haberle pagado un dinero al principio bastante más alto y no lo habríamos podido hacer”.

Aun así, los honorarios no serán menores: entre el burofax de los primeros trámites y el procedimiento judicial, “no va a llegar a 10.000 euros”, calcula Luz. A eso se suman gastos menos visibles: “Hay que añadir el resto de los viajes que he tenido que hacer constantemente para intentar gestionar la documentación que corresponde, para poder pagar más adelante la plusvalía”, detalla.

Solo para tramitar el seguro de vida y la notaría ha hecho seis viajes de 50 kilómetros cada uno, otro más de 70 kilómetros para gestionar el procurador y al menos cinco visitas más a los abogados entre las ya realizadas y las que todavía quedan por delante. Cada una de esas visitas supone 100 kilómetros más el parking en el centro de Madrid, justo cuando el precio de la gasolina en España acumula una subida del 30% desde finales de junio.

Todo ese dinero —viajes, testamento, burofax a los herederos— ha salido de su bolsillo, antes de recibir nada de la herencia. Y lo que ha pagado hasta ahora, advierte, es solo el principio: “Hasta ahora he podido afrontarlos con mi propio sueldo, pero es que han sido cantidades mínimas”.

Además, si no hubiera gestionado el pago del seguro de vida, reconoce, no habría podido seguir adelante con el proceso: “Para poder aceptar la herencia es necesario acudir a un juzgado, a un procedimiento judicial, puesto que hay herederos que no están de acuerdo y que lo que quieren es quedarse con el total de la herencia”, lamenta.

Aunque Mario Maldonado recomienda el beneficio de inventario cuando existen dudas sobre deudas o reclamaciones pendientes, y reserva la renuncia para los casos en que la herencia resulta “claramente perjudicial o carece de interés económico”, Luz no contempla ninguna de las dos opciones: su único objetivo, insiste, “es que se cumpla el testamento”.

Sin embargo, sabe que cada mes de retraso tiene un precio: “Por supuesto que se reducirá el capital, aunque solo sea porque el dinero cada vez vale menos. Pero además hay que sumarle más gastos, con lo cual estás gastando más dinero todavía”, señala.

Las herencias, lejos de solucionarla, pueden agravar la desigualdad

Lo que le ha pasado a Luz —tener que financiar de su bolsillo un proceso que todavía no le ha devuelto nada— no es un caso aislado. Según el mismo estudio de Raisin ya citado, el 39% de los españoles admite no haber ahorrado ni tener intención de hacerlo para afrontar los gastos asociados a una futura herencia, y un 36% reconoce que, si heredara hoy una vivienda u otro bien, no podría afrontar las responsabilidades financieras asociadas.

Un informe de Funcas añade otra capa a esa misma desigualdad: dentro de la generación millennial, el 10% con más recursos concentra el 58% de toda la riqueza, mientras que la mitad de los millennials con menos patrimonio —cinco veces más personas— apenas reúne el 4% restante. Lejos de corregir esa brecha, el propio informe advierte de que la herencia la hará todavía mayor, porque quienes ya cuentan con patrimonio previo son también quienes heredarán más.

Octubre comienza con un calendario distinto para quienes esperan el ingreso de la prestación por desempleo. Este mes cuenta con una particularidad: la fecha que suele tomarse como referencia coincide con un fin de semana y queda seguida por un festivo nacional, por lo que el dinero puede llegar en días distintos según la entidad bancaria.

Las prestaciones y subsidios que se abonan este mes corresponden al periodo devengado en septiembre. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realiza los pagos por mensualidades de 30 días, dentro de un margen que va del día 10 al 15 del mes siguiente. Algunas entidades adelantan el ingreso a sus clientes, mientras que otras aplican sus propios plazos o lo trasladan a la siguiente jornada hábil.

Bankinter adelanta el pago y CaixaBank lo mantiene el sábado

Bankinter ha fijado el abono de la prestación por desempleo para el viernes 9 de octubre, un día antes de la fecha habitual de referencia.

Por su parte, CaixaBank mantiene el pago para el sábado 10 de octubre, una fecha que también se aplica a los clientes de Imagin. Ambas entidades figuran entre las que han difundido una previsión concreta para este mes.

Como el lunes 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España (Día de la Hispanidad). Por ese motivo, los bancos que no abonen la prestación durante el fin de semana y no adelanten el ingreso podrían abonarlo el martes 13.

ING prevé el ingreso el martes

ING informa en las condiciones de su Cuenta NÓMINA que el paro se ingresa el día 10 de cada mes o el siguiente día hábil si esa fecha coincide con sábado o domingo.

Como el 10 de octubre cae en sábado y el lunes 12 es festivo nacional, sus clientes deberían recibir la prestación el martes 13 de octubre, salvo que la entidad aplique una operativa distinta de forma excepcional.

No hay fecha concreta para BBVA, Santander, Sabadell y otras entidades

Para BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Unicaja, Abanca, Cajamar, Ibercaja, Kutxabank, Openbank, Banco Mediolanum y las cajas rurales no consta, por ahora, un calendario propio publicado para octubre.

En estos casos, el ingreso podría aparecer entre el 10 y el 13 de octubre, aunque la fecha final depende de los procesos internos de cada entidad. Los bancos pueden adelantar el abono con fondos propios o esperar a que se complete la transferencia vinculada al pago del SEPE.

Que el dinero no aparezca el día 10 no implica por sí mismo una incidencia. El SEPE contempla un margen de pago hasta el día 15 del mes siguiente al devengo y cada banco puede contabilizar el ingreso en momentos diferentes.

Cómo comprobar si existe una incidencia con la prestación

Si el pago no figura en la cuenta tras las fechas previstas, el primer paso es consultar el estado de la prestación en el Área Personal del SEPE. Allí se pueden revisar la nómina, la cuantía reconocida y los datos bancarios asociados al expediente.

También conviene comprobar que la cuenta comunicada al organismo permanece activa. Si la prestación consta como abonada, pero no aparece en el banco, el beneficiario deberá contactar con la entidad financiera. Si hay una suspensión, una sanción o un problema con el reconocimiento de la ayuda, la consulta deberá dirigirse al SEPE.

Un juzgado de Barcelona ha suspendido este jueves el desahucio de una vecina del barrio de Sant Andreu apenas unas horas después de que entrara en vigor el primer decreto de vivienda del Gobierno. Según el Sindicat de Llogateres, se trata del primer caso del que tiene constancia de una suspensión aplicada en virtud de la nueva norma, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y vigente desde este jueves 1 de octubre.

La mujer, identificada como Macarena, reside en su vivienda de la calle de Otger desde 2017. Los abogados del sindicato presentaron a primera hora de la mañana un escrito solicitando la paralización del lanzamiento al amparo del Real Decreto-ley 26/2026, y el juzgado aceptó la suspensión provisional antes de que la comitiva judicial llegara a presentarse en el domicilio, según ha informado Efe.

Decenas de vecinos y activistas se habían concentrado desde las 8:30 horas frente al edificio para intentar impedir el desalojo. No hizo falta: la comitiva judicial ni siquiera acudió, al estar ya resuelta la suspensión por vía judicial horas antes.

Un segundo intento de desahucio que ya se había frenado antes

No es la primera vez que Macarena se enfrenta a la pérdida de su vivienda. En julio, un primer intento de desahucio ya fue detenido gracias a la presencia de medio centenar de vecinos y activistas frente al inmueble. Esta segunda ocasión, sin embargo, se ha resuelto por una vía distinta: un incidente judicial basado en una norma que, en el momento de presentarse el recurso, llevaba menos de un día en vigor.

El mecanismo que permitió la suspensión está recogido en el artículo 2 del decreto, que amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 la paralización de los procedimientos de desahucio que afecten a personas en situación de vulnerabilidad económica sin alternativa habitacional. La norma obliga además a las comunidades autónomas a hacerse cargo de la deuda del inquilino cuando no ofrezcan una vivienda alternativa en un plazo de dos meses, siempre que el propietario sea una persona física o una entidad dedicada al alquiler asequible.

El decreto ya opera, pero su futuro depende del Congreso

El Real Decreto-ley 26/2026 se aprobó el martes en el Consejo de Ministros, tras una semana de protestas derivadas del desahucio de otra mujer, Maricarmen Abascal, de 87 años, que desembocó en una acampada de varios días en la Puerta del Sol de Madrid -la cual aún continúa-.

El Gobierno dividió entonces el paquete de medidas en dos decretos distintos: el que ya se aplicó este jueves en Barcelona, y un segundo texto, publicado también este jueves, que introduce la renovación automática de los contratos de alquiler.

Ambas normas deben superar este viernes 2 de octubre la votación de convalidación en el Congreso de los Diputados, en un pleno extraordinario solicitado por el propio Ejecutivo. Tras el apoyo ya anunciado por Podemos, el resultado de la votación depende ahora de Junts y el PNV. Al tramitarse en dos textos separados, cada decreto podrá aprobarse o decaer de forma independiente, un escenario que ya se repitió en abril, cuando un decreto similar sobre vivienda no logró los apoyos necesarios en la Cámara baja.

El caso de Macarena demuestra que la norma produce efectos jurídicos inmediatos, pese a que su continuidad depende de un resultado parlamentario incierto. Si el decreto no se convalida este viernes, quedará por determinar qué ocurre con las suspensiones de desahucio ya dictadas al amparo de una norma que, en ese escenario, dejaría de tener vigor.

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL) ha pedido este miércoles retirar los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros por falta de “rigor técnico” y se ha ofrecido a colaborar con el Gobierno en una nueva redacción. “El escudo social no puede ser el propietario”, ha alegado la patronal en un comunicado, en el que ha reclamado una reforma “coordinada con las comunidades autónomas” y con “amplios consensos” políticos y sociales.

Los reales decretos-ley amplían hasta 2030 la protección frente a los desahucios de familias vulnerables, prohíben la compra de vivienda por fondos buitre hasta 2028 y prorrogan dos años los contratos de alquiler que venzan antes de diciembre de ese mismo año. Ambos se someterán a votación por separado este viernes en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados.

ASVAL denuncia una “ruptura del ordenamiento jurídico español”

ASVAL, que agrupa a propietarios particulares y profesionales de vivienda en alquiler, ha sostenido que los decretos “suponen una ruptura del ordenamiento jurídico español y los principios constitucionales”. La patronal ha detallado que la norma vulnera la seguridad jurídica, el principio de irretroactividad de las normas restrictivas de derechos, el derecho de propiedad y la libertad de empresa, y ha añadido que rompe también con el derecho europeo y con la regulación internacional de derechos fundamentales que protegen la propiedad privada.

La asociación ha calificado el texto de “norma redactada a la carrera, en el último minuto” y ha advertido de que su indeterminación “elevará la conflictividad” y obligará a jueces, notarios y abogados a resolver con “valoraciones subjetivas” los casos que se presenten. Según ASVAL, esa falta de rigor técnico se suma a decretos anteriores que, a su juicio, ya provocaron menos oferta, precios más altos y mayores dificultades de acceso para quienes no cuentan con un contrato en vigor.

Anticipa menos oferta y más dificultades de acceso

Con esa lectura, la patronal ha sostenido que las nuevas medidas “no amplían la oferta: la reducen, justo cuando más falta hace”. El comunicado ha citado la cifra de 750.000 hogares que, según la asociación, necesitan una vivienda en España y ha afirmado que verán “esfumadas” las posibilidades que hasta ahora tenían de encontrar una.

La patronal ha trasladado la responsabilidad al Estado: “Un fallo del Estado, que ha sido incapaz de dar un hogar a las familias más vulnerables que lo necesitan, no puede descansar sobre el pequeño propietario particular”, ha señalado.

Pide retirar los textos y se ofrece a colaborar con el Gobierno

ASVAL ha reclamado la retirada de ambos decretos y una reforma alternativa basada en tres condiciones: coordinación con las comunidades autónomas, que tienen la competencia en vivienda; un trabajo técnico que evalúe el efecto real de cada medida; y amplios consensos políticos y sociales que den estabilidad a la regulación del alquiler.

La asociación ha planteado además la construcción de un “verdadero parque de vivienda pública”, con una inversión equiparable a la de otros países europeos. “El alquiler asequible no se decreta, se produce”, ha resumido la patronal, que ha atribuido esa producción a tres factores: recursos públicos, seguridad jurídica y colaboración entre administraciones y propietarios. Sobre este último punto, ASVAL se ha ofrecido de forma expresa a colaborar con el Gobierno en el diseño de la nueva norma.

Los decretos también incluyen beneficios fiscales para los propietarios

Más allá de las nuevas obligaciones que denuncia ASVAL, los nuevos decretos contemplan también ventajas para los propietarios. El decreto que regula la renovación automática de los contratos recoge seis supuestos en los que el arrendador queda exento de indemnizar al inquilino si decide no renovar el alquiler: entre ellos, la necesidad de recuperar la vivienda para uso propio o de un familiar, que el inquilino disponga ya de otra vivienda en el mismo municipio o que rechace una oferta de renovación.

El decreto publicado hoy en el BOE introduce además reducciones de hasta el 100% en el rendimiento neto del alquiler declarado en el IRPF, según la rebaja de la renta pactada, la ubicación en zona tensionada o la edad del inquilino, con una reducción del 50% incluso si el propietario no baja el precio.

También exime de tributar la ganancia patrimonial cuando se vende una vivienda a una administración pública para uso social, y la prohibición de compra especulativa recae únicamente sobre fondos de inversión y grandes tenedores, sin afectar a las operaciones entre particulares.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el Real Decreto-ley 26/2026 que establece que ninguna vivienda propiedad del Estado podrá dejar de ser pública en el futuro. Hasta ahora, buena parte de estas viviendas podían acabar vendiéndose al mercado libre, como ya ocurrió tras la crisis financiera de 2011, cuando miles de viviendas construidas con dinero público acabaron en manos privadas.

El Consejo de Ministros aprobó el texto este martes, tras un acuerdo entre el PSOE y Sumar, dentro de un paquete de dos decretos de vivienda impulsado tras la indignación social por el desahucio de Maricarmen, una vecina de Madrid de 87 años. Aunque el decreto entra en vigor con su publicación, su continuidad depende de que el Congreso de los Diputados lo convalide este viernes en un pleno extraordinario, donde los votos de Junts y Podemos serán decisivos.

Entre sus medidas sobre alquileres, desahucios y fiscalidad, el decreto dedica un bloque específico a ampliar y proteger el parque público de vivienda, con dos ejes centrales: el blindaje legal frente a la privatización y el traspaso de inmuebles estatales a Casa 47, la Entidad Estatal de Vivienda.

La vivienda pública seguirá siéndolo aunque el Estado la venda

El decreto establece que toda la vivienda propiedad del Estado queda protegida de forma permanente e indefinida. En la práctica, esto significa que, aunque el Gobierno decida vender alguna de estas viviendas en el futuro, nunca podrá hacerlo a precio de mercado: el precio máximo de venta queda fijado en el módulo de vivienda protegida de cada comunidad autónoma, que es notablemente más bajo.

Ese límite de precio no desaparece con la primera venta. Si la persona que compra la vivienda decide revenderla más adelante, tendrá que respetar el mismo tope, y así con cada propietario que venga después. La condición queda inscrita en el Registro de la Propiedad para que conste de forma permanente. Con este mecanismo, el Gobierno evita que una vivienda pública termine, tarde o temprano, revendiéndose como una vivienda cualquiera en el mercado libre.

Para las viviendas que ya cuentan con algún tipo de protección pública, pero con fecha de caducidad, la nueva norma entrará en vigor justo cuando ese plazo termine, para que no se queden sin ninguna protección en ese momento.

La exposición de motivos del decreto explica por qué el Gobierno ha optado por esta cautela: recuerda que, en el pasado, viviendas construidas con grandes cantidades de dinero público se vendieron muy por debajo de su valor real, y que hoy eso está provocando, según el texto, “la injusta expulsión de centenares de vecinos y vecinas” de sus barrios.

La misma protección se aplica también a los solares públicos destinados a construir vivienda, para que no puedan venderse a manos privadas y perder así, de forma definitiva, su uso social.

El Estado suma más viviendas a su parque público a través de Casa 47

Además de blindar lo que ya existe, el decreto ordena traspasar más inmuebles a Casa 47. El objetivo es que todas las viviendas y terrenos que el Estado tenga en propiedad y que puedan usarse como vivienda pasen a depender de esta entidad, incluidas las que actualmente pertenecen a la Seguridad Social.

El procedimiento cambia según de dónde proceda cada inmueble. Los que vienen del Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, de Adif o de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado pasan a Casa 47 sin que nadie tenga que pagar nada a cambio. Las viviendas que hoy son de la Seguridad Social, en cambio, se valoran antes del traspaso, y el pago puede hacerse perdonando una deuda equivalente que la Seguridad Social tenga con el Ministerio de Hacienda.

Por otra parte, los inmuebles que pertenecen al fondo de pensiones de los funcionarios (MUFACE) y a los Reales Patronatos no cambiarán de propietario, pero Casa 47 podrá usar estas viviendas para su política de vivienda asequible.

Vender una vivienda al Estado tendrá menos impuestos

De forma complementaria, el decreto añade dos ventajas fiscales pensadas para que sea más atractivo que una vivienda privada pase a ser pública. La primera afecta al propietario: si una persona vende su vivienda a una administración pública y esta se compromete a protegerla de forma permanente, no tendrá que pagar impuestos por la ganancia obtenida en esa venta, algo que sí ocurre en una venta normal. Las condiciones exactas varían según el valor de la vivienda.

La segunda ventaja afecta al IVA que se paga al comprar una vivienda nueva. El decreto reduce este impuesto al 4%, el tipo más bajo que existe, para las viviendas de protección oficial, de promoción pública o con protección permanente, cuando quien las vende es el propio promotor. Esta rebaja también se aplica a los garajes y otros anexos -como trasteros- que se compren junto con la vivienda, con un máximo de dos plazas de garaje por vivienda.

El Gobierno prevé publicar este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el segundo decreto de vivienda, que introduce una indemnización obligatoria que el propietario tendrá que pagar si decide no renovar el contrato de alquiler una vez cumplido el plazo mínimo. Según el texto, al que ha tenido acceso Infobae, la norma reforma el artículo 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para sustituir el actual régimen de prórroga tácita por uno de renovación automática, salvo que el arrendador decida ponerle fin y asuma el pago de la compensación.

La cantidad deberá ser de al menos 12 mensualidades de la renta correspondiente a una vivienda de características análogas, calculada conforme al sistema estatal de referencia de precios de alquiler, y en ningún caso podrá ser inferior a una mensualidad por cada año que el inquilino haya residido en la vivienda.

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La propia norma explica la lógica de la medida: la indemnización busca que la decisión de no prorrogar “internalice el coste que traslada a la otra parte”, de modo que responda a una necesidad real del propietario y no a la expectativa de fijar una renta más alta con un nuevo arrendatario.

La renovación se aplica tras cinco o siete años de contrato

El nuevo artículo 10 establece que, una vez transcurrido el plazo mínimo obligatorio -cinco años cuando el arrendador es persona física, siete si es persona jurídica-, el contrato se prorrogará por periodos sucesivos de esa misma duración mientras ninguna de las partes comunique su voluntad de finalizar la relación. El propietario deberá notificarlo con al menos seis meses de antelación, frente a los dos meses que se mantienen como plazo de preaviso para el inquilino.

El pago de la indemnización deberá hacerse efectivo en el momento de la entrega de la vivienda. Si el propietario vende el inmueble antes de esa fecha, la obligación no desaparece: se traslada al comprador, que queda subrogado en la posición del arrendador saliente. La norma añade además que serán nulas las cláusulas que, en un acuerdo de prórroga posterior a una comunicación de no renovación, empeoren las condiciones del contrato original.

Seis supuestos eximen al propietario de indemnizar

El decreto recoge distintas circunstancias que liberan al arrendador del pago, siempre que las detalle de forma expresa y por escrito en la notificación de preaviso. La primera es la necesidad de recuperar la vivienda para destinarla a residencia permanente propia o de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad o adopción, o del cónyuge en casos de separación, divorcio o nulidad matrimonial. Si transcurridos tres meses desde la entrega la vivienda no ha sido ocupada por esas personas, el inquilino recupera el derecho a reclamar la compensación.

También queda exento el propietario si el inquilino no ha habitado la vivienda de forma efectiva durante más de seis meses en el último año, salvo que acredite una causa justificada, como motivos de salud, trabajo, estudios o cuidado de familiares.

Se suma el supuesto en que el inquilino ya disponga de otra vivienda apta para sus necesidades en el mismo municipio, así como los casos en que ambas partes suscriban un nuevo contrato o el inquilino rechace de forma expresa o tácita una oferta fehaciente de renovación en condiciones similares. La última causa contemplada es la situación de vulnerabilidad acreditada del propio arrendador.

El decreto exime también de indemnizar cuando el inquilino ya cuenta con derecho a una prórroga legal obligatoria en ese vencimiento, como ocurre en los casos de vulnerabilidad acreditada, incluso si no llegó a solicitarla. De este modo, se evita que coincidan dos protecciones distintas sobre el mismo contrato.

El texto se respalda en la función social de la propiedad

La exposición de motivos del decreto vincula la medida con el artículo 33.2 de la Constitución Española, que reconoce la función social del derecho de propiedad, y cita como precedente la Sentencia 89/1994 del Tribunal Constitucional.

Aquella sentencia avaló el antiguo régimen de rentas antiguas, vigente antes de la reforma de 1994, que obligaba al propietario a mantener el contrato de alquiler de forma prácticamente indefinida, con muy pocas posibilidades de recuperar la vivienda incluso después de varias generaciones de inquilinos.

El texto argumenta que la nueva regulación resulta “mucho más limitada” en su afectación al derecho de propiedad que aquel régimen histórico. El propietario conserva en todo caso la posibilidad de no renovar el contrato en cada vencimiento, algo que la ley de rentas antiguas apenas permitía.

La diferencia respecto a la normativa vigente hasta ahora es que esa decisión conllevará el pago de una indemnización que hasta el momento no existía, con el fin de compensar al inquilino por los costes que le supone abandonar la vivienda.

La norma cita también el ejemplo de otros países europeos para justificar el cambio de modelo. En Alemania, el contrato de alquiler es por regla general de duración indefinida y el propietario solo puede rescindirlo si acredita un interés legítimo.

En Francia, el contrato se renueva de forma tácita por periodos de tres años, o de seis si el arrendador es persona jurídica, y la no renovación exige un preaviso de seis meses y una causa tasada. En los Países Bajos, una reforma aprobada en 2024 restableció el contrato de duración indefinida como régimen ordinario.

El decreto se someterá a votación este viernes en un pleno extraordinario del Congreso de los Diputados, junto al primer real decreto de vivienda, ya publicado este miércoles.

El Consejo de Ministros aprobó este martes dos reales decretos-ley de vivienda que amplían la protección de los inquilinos frente a los desahucios hasta 2030 y vetan la compra por parte de fondos buitre hasta 2028, entre otras medidas. Desde entonces, y tras la publicación del primer decreto en el BOE este miércoles, el foco mediático se ha concentrado en las nuevas obligaciones que asumen los arrendadores: preavisos más largos, indemnizaciones si no renuevan el contrato sin causa justificada y un tope del 2% a la subida anual de la renta hasta finales de 2027.

Sin embargo, un repaso al contenido completo de ambos textos -el segundo aún pendiente de publicación oficial, pero al que ha tenido acceso Infobae- muestra que también contemplan beneficios fiscales y garantías legales específicas para los propietarios, sobre todo para quienes no son grandes tenedores.

Los dos decretos deben pasar todavía por el Congreso de los Diputados, que celebrará este viernes un pleno extraordinario para convalidar o derogar ambas normas por separado. Hasta que se complete esa votación, las medidas ya publicadas siguen aplicándose, pero su continuidad depende del resultado de la Cámara baja.

Seis vías para no pagar indemnización al inquilino

El segundo decreto, que entrará en vigor este jueves, obliga al arrendador a indemnizar al inquilino con doce mensualidades si decide no renovar el contrato al vencimiento sin justificar el motivo. El cálculo se hace sobre el precio de referencia de una vivienda de características similares en el mercado, no sobre la renta que se venía cobrando.

No obstante, el texto recoge seis supuestos concretos en los que esa indemnización no procederá, siempre que el arrendador los detalle de forma expresa y por escrito en la notificación de preaviso.

El primero es que el arrendador, si es persona física, necesite la vivienda para sí mismo o para un familiar hasta segundo grado, o para su cónyuge en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial; en ese caso, dispondrá de tres meses para ocuparla antes de que el inquilino pueda reclamar la compensación.

El segundo es que el inquilino no haya habitado la vivienda de forma efectiva durante más de seis meses en los doce anteriores a la notificación, salvo que la ausencia responda a una causa justificada, como motivos de salud, trabajo, estudios o cuidado de familiares.

El tercero es que el inquilino disponga ya, en el mismo municipio, de otra vivienda apta para sus necesidades, ya sea en pleno dominio o mediante un derecho real de uso o disfrute, y esté en condiciones de ocuparla.

El cuarto es que ambas partes suscriban un nuevo contrato de arrendamiento de vivienda habitual sobre la misma vivienda. El quinto es que el inquilino rechace, de forma expresa o tácita, una oferta fehaciente de renovación del contrato formulada por el arrendador dentro del plazo de preaviso.

El sexto es una cláusula residual: que concurra alguna otra circunstancia debidamente justificada que, en el caso concreto, determine la prevalencia de los intereses del arrendador cuando este se encuentre en situación de vulnerabilidad acreditada.

Estos supuestos no existían con la misma claridad en la regulación anterior y otorgarán al propietario varias vías legales definidas para recuperar el uso de su inmueble sin coste, siempre que acredite alguna de esas circunstancias en la notificación de no renovación.

Reducciones fiscales de hasta el 100% en el alquiler

El decreto ya publicado este miércoles, que modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), introduce un nuevo esquema de reducciones en el rendimiento neto del alquiler para propietarios que no sean grandes tenedores.

Las bonificaciones alcanzan el 100%, el 95%, el 90%, el 85% o el 70% según distintas combinaciones de requisitos: que la renta baje al menos un 5% respecto al contrato anterior, que la vivienda esté en una zona tensionada, que el inquilino tenga entre 18 y 35 años o que se trate de un alquiler social gestionado por una administración pública.

Incluso si el propietario mantiene la renta sin rebajarla, accederá a una reducción del 50% en el rendimiento neto declarado. Y para viviendas alquiladas por primera vez, las reducciones repiten la misma escala de porcentajes, con el añadido de un 60% para inmuebles rehabilitados en los dos años anteriores.

El decreto recuerda que este tipo de incentivos ya ha tenido efecto en el pasado: las desgravaciones vigentes por rehabilitación beneficiaron a casi 300.000 actuaciones entre 2021 y 2025, con un ahorro acumulado de 853,9 millones de euros para las familias propietarias.

Exenciones para vender al sector público o vivienda vacía

Fuera del ámbito del alquiler, el mismo decreto añade dos exenciones fiscales que afectan directamente a la venta de inmuebles. La primera exime de tributar la ganancia patrimonial cuando el propietario vende su vivienda a una administración pública o a una entidad dependiente que garantice su protección permanente como vivienda social o asequible. El propio texto lo describe como un incentivo para acelerar la incorporación de vivienda privada al parque público.

La segunda exención aplica a la venta de una vivienda que haya permanecido vacía durante los dos años anteriores a la transmisión, siempre que el propietario reinvierta el importe en la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión dentro de los seis meses posteriores a la venta.

La prohibición a los fondos buitre no alcanza a particulares

La prohibición de compra especulativa de vivienda que recoge el primer decreto se dirige exclusivamente a entidades con o sin personalidad jurídica cuyo objeto social incluya la adquisición de inmuebles, es decir, fondos de inversión y grandes tenedores.

La restricción, que impide adquirir una propiedad por debajo del 70% de su valor de tasación, tiene una vigencia limitada hasta el 31 de diciembre de 2028 y no afecta a las compraventas ya formalizadas en escritura pública ni a operaciones con fines residenciales o sociales.

Pero para un propietario particular que quiera vender o comprar una vivienda a otro particular, la norma no introduce ninguna restricción nueva.

Compensación para propietarios en proceso de desahucio por impagos

El decreto también protege a los propietarios cuando un inquilino vulnerable deja de pagar el alquiler y la administración autonómica no le ofrece una vivienda alternativa en el plazo de dos meses. En ese caso, el desahucio queda congelado y la propia administración se hace cargo de la deuda del inquilino, pero solo si el propietario es una persona física o una entidad dedicada al alquiler asequible o social, y siempre que no se trate de un fondo buitre.

La compensación cubre como máximo la renta dejada de percibir y los suministros impagados, sin incluir el lucro cesante ni los daños morales.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes dos decretos de vivienda que amplían el escudo antidesahucios hasta 2030, prohíben la compra de vivienda por fondos de inversión hasta 2028 y prorrogan dos años los contratos que venzan antes de 2028, junto con la renovación automática de los alquileres. Ninguna de estas medidas actúa sobre un mecanismo que el Banco de España describió con datos oficiales meses antes de que el Gobierno cerrara la negociación: cuando se protege el precio de un contrato vigente, el propietario tiende a compensar esa limitación futura fijando una renta más alta en el contrato siguiente.

El organismo lo documentó en su Informe Anual 2025, presentado el pasado 18 de junio. El capítulo dedicado a vivienda incluye un hallazgo central: en 2024, el precio medio de las viviendas que entraban por primera vez al mercado del alquiler se situó un 16,5% por encima del precio medio del conjunto de alquileres ya existentes, frente a una diferencia del 9,5% en el promedio de 2020 a 2023. En el mismo periodo, la actualización de los contratos ya firmados redujo los precios reales en promedio un 1,7% anual, por debajo de la inflación.

El propio informe da nombre a este fenómeno: capitalización de rentas futuras: “Esta evidencia sugiere un proceso de capitalización de rentas futuras del alquiler en el momento de la firma del contrato por parte de los propietarios”, señala el documento. El objetivo de fijar un precio más alto de entrada, según la entidad, es “cubrirse ante las regulaciones que limitan los aumentos por debajo de la inflación y que reducen el rendimiento real esperado del contrato de alquiler”.

Un mecanismo que no depende de un decreto concreto

El Banco de España no analizó la renovación automática aprobada este martes, pero sí describió el tipo de regulación que genera este efecto: cualquier norma que limite la actualización de un contrato vigente, ya sea el índice de referencia IRAV, el tope extraordinario del 2% o la prórroga forzosa del contrato. La renovación automática pertenece exactamente a esa categoría. Extiende la protección de un inquilino frente a subidas libres mientras dura el contrato, y ese es precisamente el tipo de garantía que, según el organismo, empuja al propietario a compensar por adelantado cuando fija el precio del contrato siguiente.

El informe lo advierte de forma directa: los controles de precios “son especialmente efectivos en el corto plazo para reducir el esfuerzo de aquellos inquilinos con contratos vigentes”, pero “deben evaluarse los riesgos de que surjan efectos no deseados asociados con estos controles”. Entre esos riesgos, el documento cita expresamente que “la fijación de precios máximos puede incentivar incrementos de los precios de los contratos que se encuentran por debajo de los máximos regulatorios y de los nuevos contratos en segmentos del mercado no regulados”.

La conclusión del Banco de España es que “las ganancias de bienestar de corto plazo sobre los hogares vulnerables debidas a los controles de precios se verían compensadas por pérdidas de bienestar a medio y largo plazo”.

Lo que muestran los datos por ciudades

El informe incluye un desglose que ayuda a dimensionar el fenómeno con datos del periodo 2019-2024. En Madrid y Barcelona, los llamados ‘precios de entrada’ -el sobrecoste de las viviendas que se incorporan al mercado frente a las que ya estaban alquiladas- se situaron entre el 8% y el 10,5% de media anual en ese periodo. En Valencia, la prima de entrada superó el 20%, con un crecimiento anual del 4,5% en los precios reales de los contratos nuevos. En Málaga, la prima llegó al 14,5%, con un incremento del 2,5% anual.

El documento también identifica una vía de escape que ya conecta con otra de las medidas del decreto aprobado hoy: el desplazamiento hacia el alquiler de habitaciones y de temporada, modalidades que, según datos de portales inmobiliarios citados por el propio informe, aumentaron sus anuncios un 20% y un 35% respectivamente en 2025. El nuevo decreto regula ambas figuras, pero solo después de que Sumar exigiera su inclusión hasta última hora de la negociación de este martes.

El límite de las bonificaciones fiscales

El paquete aprobado hoy ofrece bonificaciones de hasta el 100% en el IRPF para propietarios que no superen el índice de referencia al firmar un contrato nuevo, un incentivo pensado para paliar precisamente el efecto que documenta el Banco de España. Pero el propio organismo ya advirtió sobre el alcance de este tipo de herramienta en su informe: “La traslación a precios puede no observarse en, por ejemplo, los contratos vigentes de alquiler, pero se reflejaría en la fijación de los precios de los nuevos contratos en aquellas zonas con oferta rígida”.

Es decir, cuando la oferta de vivienda no crece, los incentivos fiscales dirigidos a moderar precios tienden a diluirse en el propio precio, según la misma lógica que explica la capitalización de rentas futuras.

El diagnóstico que sostiene el informe del Banco de España apunta en una dirección distinta a la de los decretos aprobados este martes: España arrastra un déficit acumulado de 750.000 viviendas desde 2021, y el organismo insiste en que solo una ampliación real de la oferta, mediante suelo, construcción industrializada y coordinación entre administraciones, puede evitar que las medidas de protección a la demanda terminen trasladándose al precio de los contratos que todavía no se han firmado.

El decreto de vivienda aprobado este martes por el Consejo de Ministros blinda a quien ya vive de alquiler, pero no toca el precio que pagará quien busque piso a partir de ahora. La renovación automática de los contratos, la medida que el Sindicato de Inquilinas llevaba una semana exigiendo, solo despliega su protección mientras el inquilino permanece en la misma vivienda. En el momento en que esa relación termina, el nuevo contrato puede firmarse al precio que el propietario decida, salvo en un tipo concreto de zona.

El texto definitivo del decreto todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, por lo que algunos detalles podrían variar respecto a lo acordado este martes por el Gobierno.

Según lo acordado hasta ahora entre PSOE y Sumar, el mecanismo funcionaría así: si el inquilino está al corriente de pago, el propietario debe renovar el contrato, salvo que acredite una causa justificada, como recuperar la vivienda para uso propio o de un familiar directo.

Durante esa renovación, la renta no quedaría congelada, pero sí limitada: se actualizaría según el Índice de Referencia para la Actualización de Arrendamientos de Vivienda (IRAV), un indicador que el Instituto Nacional de Estadística calcula cada mes a partir del IPC. Además, hasta finales de 2027 rige un tope adicional del 2% si propietario e inquilino no llegan a un acuerdo distinto.

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Esa protección tendría un límite temporal claro: durará lo que dure el contrato. Cuando el inquilino se muda, por decisión propia o porque el propietario logra una causa válida para no renovar, la vivienda volvería al mercado sin las ataduras que pesaban sobre el contrato anterior.

Qué pasa con quien busca piso ahora

Fuera de las llamadas zonas de mercado tensionado, no existe hasta la fecha ningún tope legal sobre el precio de un contrato nuevo. El propietario puede pedir la renta que considere oportuna, con independencia de lo que cobrara al inquilino anterior. El decreto ofrecería, eso sí, un incentivo fiscal para quienes no lo hagan: bonificaciones de hasta el 100% en el IRPF si la nueva renta no supera el índice de referencia que marca el Ministerio de Vivienda. Pero es una opción voluntaria, no una obligación.

En las zonas declaradas de mercado tensionado, la situación cambiaría. Ahí, el nuevo contrato no puede superar la renta del contrato anterior, salvo en cuatro supuestos: si la vivienda ha sido rehabilitada en los últimos dos años, si se han hecho mejoras que reduzcan al menos un 30% el consumo energético, si se han realizado obras de accesibilidad, o si se ofrece un contrato de diez años o más. En esos casos, la subida permitida sobre la renta anterior tiene un tope del 10%.

El problema es que estas zonas son minoría en el mapa español. A septiembre de 2026 hay 310 municipios declarados como zona tensionada, repartidos en cinco comunidades autónomas: Cataluña, que concentra la gran mayoría con 271 municipios, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias, incorporada este verano. En total, unos 9,3 millones de personas viven en estas zonas, algo menos de una quinta parte de la población española. Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía y otras diez comunidades autónomas no han activado este mecanismo, en la mayoría de los casos por decisión política de sus gobiernos.

La experiencia de Barcelona, tres años después

Barcelona lleva más tiempo aplicando límites de precio a los contratos nuevos que el resto de España, lo que permite ver qué ocurre cuando esta fórmula se sostiene en el tiempo. Según datos analizados por el economista Santiago Calvo y recogidos por Idealista, la renta media bajó un 4,8% desde la entrada de los topes, hasta 1.136 euros al mes. Pero el precio por metro cuadrado apenas se movió: 16,56 euros, un nivel similar al de antes de los controles.

La explicación está en el tamaño de las viviendas: la superficie media alquilada cayó casi un 5% en el mismo periodo. Es decir, los inquilinos no pagan menos por lo mismo, sino que acceden a pisos más pequeños por un precio parecido. A eso se suma una caída del 24,6% en el número de contratos firmados respecto al año anterior, según la misma fuente.

Este antecedente sirve para entender los límites de la medida que, previsiblemente, empezará a regir en el resto del país una vez se publique el decreto. La renovación automática resolvería la inestabilidad del inquilino que ya tiene una vivienda. No resolvería, ni pretende hacerlo, cuánto costará la próxima vivienda que alguien tenga que alquilar.

El decreto todavía debe superar su convalidación en el Congreso. El Gobierno ha pedido a la Cámara un pleno extraordinario para este viernes, en un intento de evitar lo ocurrido el pasado 28 de abril, cuando una norma similar sobre prórroga de alquileres decayó al no lograr los votos suficientes.

El Gobierno abre una vía de financiación pública para comprar vivienda que hasta ahora no existía. El real decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros crea la línea Tu Casa, un préstamo estatal al 0% de interés que cubre la entrada de la primera vivienda habitual, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La medida llega en un decreto centrado sobre todo en el alquiler: protección frente a desahucios, límites a la compra de vivienda por fondos de inversión y bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios. Pero también incluye este mecanismo dirigido a quienes quieren comprar y no logran reunir el dinero que los bancos exigen antes de conceder una hipoteca.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha explicado a quién apunta la medida: familias con ingresos estables que no han logrado ahorrar. “Tienen un buen salario, tienen un buen trabajo, tienen un lugar de residencia determinado, pero como consecuencia de la especulación no han podido ahorrar en este tiempo”, ha señalado en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

Un préstamo de hasta 50.000 euros para cubrir la entrada

Las entidades bancarias suelen financiar entre el 70% y el 80% del valor de una vivienda, lo que obliga al comprador a aportar de su bolsillo el resto, la llamada entrada, antes de acceder a la hipoteca. Ese es precisamente el tramo que cubre el nuevo mecanismo estatal.

Según el borrador del decreto, el importe del préstamo será el menor entre dos cifras: el 20% del valor de la vivienda o 50.000 euros. Para una casa de 200.000 euros, el tope quedaría en 40.000 euros; para una de 250.000 euros o más, el máximo serían los 50.000 euros completos. En este sentido, el Estado no sustituye al banco, sino que complementa esa financiación privada aportando la parte que el comprador no ha conseguido ahorrar.

El plazo de devolución se fija en diez años, con una carencia equivalente al plazo de la hipoteca privada, hasta un máximo de 30 años. Es decir, el comprador puede tardar tres décadas en empezar a devolver el dinero adelantado por el Estado, aunque esa deuda seguirá pendiente durante todo ese tiempo.

Lo que el decreto no fija son los requisitos de acceso. No hay límite de renta, ni edad máxima, ni tope al precio de la vivienda que se puede comprar con esta ayuda. Esas condiciones se definirán después, mediante un Acuerdo de Consejo de Ministros. Hasta que eso ocurra, no está claro si el préstamo beneficiará sobre todo a rentas medias-bajas, como plantea el discurso oficial, o si también podrán acceder a él compradores con mayor capacidad económica.

La propia Rodríguez ha reconocido que los instrumentos anteriores del Gobierno, como los avales públicos para hipotecas, no bastaron para resolver este problema: “Ni siquiera el esfuerzo que hemos hecho hasta ahora acompañándoles en los avales, siendo el Estado sus avalistas, ha podido conseguir ese esfuerzo para llegar a obtener una hipoteca”.

Rebaja de impuestos para construir vivienda protegida

El decreto también reduce el IVA al 4%, el tipo superreducido, para la construcción de viviendas de promoción pública y protegida. Esta rebaja fiscal solo se aplica a vivienda con precio regulado por la Administración, no al mercado libre, donde los precios de venta siguen fijados por la oferta y la demanda.

La medida se acompaña de un refuerzo del modelo Casa 47, el instrumento con el que el Gobierno gestiona el parque público de vivienda. El decreto activa mecanismos para incorporar a Casa 47 los inmuebles del Patrimonio del Estado y de la Seguridad Social que puedan destinarse a uso residencial.

A pesar de que la ministra ha defendido que ampliar este parque público es “una prioridad absoluta” del Gobierno y “una herramienta necesaria para hacer frente a la crisis de vivienda”, la construcción de parque público requiere años de tramitación y ejecución.

El decreto amplía además una línea de avales del ICO hasta 2.000 millones de euros, destinada a financiar proyectos que aumenten la vivienda pública a precio asequible o mejoren la existente. Los fondos proceden de la Adenda del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeo, con un plazo de vigencia de hasta 35 años.

El decreto de vivienda deberá superar ahora el trámite de convalidación en el Congreso de los Diputados. El Gobierno ha solicitado un pleno extraordinario para el próximo viernes, del que dependerá si estas medidas siguen en vigor o decaen antes de aplicarse.

Comprar frutas, verduras, carne o pescado ha costado un 5,8% más en septiembre de este año que en 2025, según el indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato marca un giro respecto a agosto, cuando estos mismos productos, agrupados bajo la categoría de alimentos sin elaboración, bajaban un 0,6% en tasa mensual. En septiembre han subido un 1,2% respecto al mes anterior: un salto de 1,8 puntos porcentuales en solo cuatro semanas.

El contraste con los alimentos procesados -productos elaborados, bebidas y tabaco- es notable. Esta categoría ha subido apenas un 1,5% interanual en septiembre y, en términos mensuales, incluso ha bajado un 0,2% respecto a agosto. Mientras los productos frescos se encarecen con fuerza, los envasados y transformados se han abaratado ligeramente en el mismo periodo.

El conjunto de alimentos, bebidas y tabaco ha cerrado septiembre con una subida del 2,7% interanual y del 0,3% mensual, según los datos adelantados del INE. La cifra llega en un mes en que la inflación general se ha disparado hasta el 4,9%, su nivel más alto desde febrero de 2023, aunque el motor principal de ese repunte no fueron los alimentos, sino el encarecimiento de los combustibles y los paquetes turísticos.

El giro llega tras meses de moderación

Hasta agosto, los alimentos sin elaboración habían mostrado una tendencia de enfriamiento: su tasa anual se situaba en el 4,5%, con una caída mensual del 0,6% que el propio INE atribuyó al abaratamiento estacional de las frutas frescas. Ese descenso, sin embargo, ya fue menor que el registrado en agosto de 2025, un primer indicio de que la moderación empezaba a agotarse.

Un mes después, la tendencia se ha revertido por completo. La tasa anual de los alimentos frescos ha pasado del 4,5% al 5,8%, y la variación mensual se ha dado la vuelta: de una bajada del 0,6% a una subida del 1,2%. El INE no ha detallado todavía qué productos concretos impulsaron este repunte en septiembre; ese desglose por alimentos -frutas, carne, pescado, huevos- se conocerá con la publicación del dato definitivo, prevista para el 14 de octubre.

Los procesados siguen una trayectoria distinta

Los alimentos con elaboración, bebidas y tabaco muestran un comportamiento casi inverso al de los frescos. En agosto subieron un 0,2% respecto a julio y situaron su tasa anual en el 1,3%. En septiembre, esa tasa anual ha avanzado levemente hasta el 1,5%, pero la variación mensual ha sido negativa: un 0,2% menos que en agosto.

La diferencia entre ambas categorías se ha ampliado de forma considerable en un solo mes. En agosto, la brecha entre la tasa anual de los alimentos sin elaborar (4,5%) y los elaborados (1,3%) era de 3,2 puntos. En septiembre, esa distancia ha crecido hasta 4,3 puntos: los productos frescos suben ahora casi cuatro veces más rápido que los procesados.

Una inflación que no depende solo de la energía

El repunte de septiembre se produce en paralelo a la aceleración de la inflación general, que ha subido seis décimas hasta el 4,9%, la tasa más alta en más de tres años. El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha atribuido ese avance principalmente al encarecimiento de los carburantes, derivado del shock energético que persiste tras el conflicto en Irán, junto con un efecto base: los combustibles habían bajado en septiembre de 2025.

La inflación subyacente, que excluye tanto los alimentos frescos como los productos energéticos por su mayor volatilidad, también ha subido dos décimas, hasta el 3,1%, la tasa más elevada desde marzo de 2024. Esto indica que la presión sobre los precios no se limita a los sectores más volátiles, sino que se extiende a un conjunto más amplio de bienes y servicios.

Fichas la salida a la hora a la que, en teoría, termina tu jornada laboral, pero aún quedan cosas por hacer, así que te quedas cerrando la caja, recogiendo, revisando facturas, limpiando, mandando correos, cogiendo llamadas o incluso atendiendo a los últimos clientes. Un tiempo y un esfuerzo que no se ven reflejados en el registro y, por tanto, tampoco en la nómina.

Esta práctica puede darse en distintos sectores y es contraria a la normativa. “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”, explica Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. El incumplimiento puede dar lugar a una reclamación salarial, obligar a regularizar las cotizaciones y terminar en una sanción administrativa por vulnerar las normas sobre registro horario y jornada.

El problema no se limita a las órdenes directas a los empleados de fichar antes de terminar. De Paz señala que también son frecuentes los sistemas que reproducen automáticamente el horario previsto, aunque no coincida con el real, o los cambios posteriores en los registros sin una justificación. “Lo que no es admisible es sustituir la jornada real por el horario teórico o modificar los fichajes para ocultar prolongaciones”, explica el experto.

Cuando un contrato parcial esconde una jornada completa

La diferencia entre las horas que figuran en el contrato y las que realmente se trabajan puede ser especialmente relevante para las personas contratadas a tiempo parcial. En estos casos, la empresa debe registrar cada día la jornada, sumar las horas al finalizar el mes y entregar al empleado un resumen junto con la nómina. Además, debe conservar esa documentación durante cuatro años.

El incumplimiento puede tener una consecuencia importante. “Si la empresa incumple la obligación específica de registrar diariamente la jornada y entregar el resumen mensual, el contrato se presume celebrado a jornada completa, salvo que la empresa consiga acreditar el carácter parcial de los servicios”, señala el abogado.

Esto no significa que cualquier contrato de pocas horas pase automáticamente a ser completo. Supone que, ante la falta de registros, será la compañía la que deba demostrar que la persona trabajaba realmente la jornada parcial que figuraba en el contrato.

El empleado puede pedir que se reconozca el horario que realizaba de verdad y reclamar las diferencias salariales correspondientes al último año. También pueden revisarse las cotizaciones, algo que afecta no solo al salario inmediato, sino también a futuras prestaciones.

Si la compañía pone fin al contrato después de que el trabajador reclame sus horas, el cese deberá impugnarse. De Paz recuerda que una represalia por ejercer legítimamente un derecho puede dar lugar a la nulidad del despido.

Qué pruebas conviene guardar

Aunque el registro horario sea responsabilidad de la empresa, el trabajador debe intentar conservar pruebas que ayuden a demostrar cuándo empezaba y terminaba realmente su jornada.

Entre los documentos que pueden resultar útiles, De Paz menciona los cuadrantes, mensajes y correos electrónicos, registros de acceso, conexiones a sistemas informáticos, cierres de caja, comandas, comunicaciones con clientes, fotografías, grabaciones obtenidas legalmente y testimonios de compañeros o terceras personas.

En un bar, por ejemplo, el cierre de caja puede mostrar que alguien seguía trabajando después de haber fichado. En una tienda, pueden servir los mensajes enviados al terminar de recoger o las conexiones al programa de ventas. En una oficina, los accesos al ordenador o los correos enviados fuera del horario registrado pueden ayudar a reconstruir la jornada real.

Ahora bien, tal y como explica el abogado, la falta de un registro fiable no permite dar por bueno automáticamente cualquier cálculo de horas, pero sí juega en contra de la compañía, porque era su responsabilidad anotar cada día la entrada y la salida reales.

Sanciones por falsear el registro horario

Incumplir o falsear el registro horario se considera una infracción grave que se puede sancionar con multas que van desde los 751 hasta los 7.500 euros. Si la empresa declaró menos horas de las que realmente se trabajaron, también puede verse obligada a pagar los salarios pendientes, las cotizaciones, los recargos y los intereses correspondientes.

Cuando el trabajador ni siquiera ha sido dado de alta, la sanción puede ir de 3.750 a 12.000 euros por cada persona afectada. La Inspección de Trabajo también puede reclamar todas las cuotas que la compañía dejó de ingresar.

Gibraltar se prepara para decir goodbye a dos de sus principales atractivos comerciales: los cigarrillos y la gasolina, vendidos durante años a precios mucho más bajos que en España. La menor carga fiscal del Peñón convirtió el tabaco y los carburantes en dos grandes reclamos para los turistas. Ahora que la Unión Europea y el Reino Unido han pactado una nueva fiscalidad para el enclave británico, esa ventaja empezará a encogerse. En el caso del tabaco, por ejemplo, la diferencia de precio por cajetilla quedará limitada a un máximo de 80 céntimos.

José María Mollinedo, técnico de Hacienda y secretario general de Gestha, considera que esa reducción cambiará los hábitos de quienes cruzaban la frontera únicamente para pagar menos. “El ahorro en el precio final prácticamente desaparecerá para el consumidor particular, y ya no compensará ir a Gibraltar para comprar estos productos”, sostiene en declaraciones a Infobae.

La aproximación a los impuestos europeos se desarrollará de forma gradual durante tres años. Gibraltar estrenará un impuesto sobre las transacciones, equivalente en sus objetivos al IVA, con un tipo general del 15% el primer año, del 16% el segundo y previsiblemente del 17% el tercero. A este gravamen se sumarán los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la gasolina y el gasóleo, que también deberán acercarse a los aplicados en España.

Si vas a por tabaco, ahorrarás como máximo 80 céntimos por cajetilla

El tabaco es uno de los productos para los que el acuerdo establece condiciones más concretas. Cuando finalice el periodo de convergencia, la diferencia entre el precio final de una cajetilla vendida en Gibraltar y otra equivalente comercializada en España quedará limitada a 0,80 euros o al 15%, aplicándose en cada caso el límite que dé lugar a una diferencia menor.

Además, los cigarrillos estarán sometidos a un impuesto especial mínimo de 115 euros por cada 1.000 unidades. En una cajetilla de 20 cigarrillos, este gravamen supondría 2,30 euros, antes de añadir el impuesto sobre las transacciones.

Gestha ha estimado cómo quedarían los precios mínimos de referencia de algunas de las marcas más vendidas si se aplicara el límite de 80 céntimos sobre los precios actuales en España: una cajetilla de Marlboro Red, que cuesta 6,25 euros en un estanco español, se situaría en 5,45 euros en Gibraltar. En el caso de Camel, el cálculo arroja 5,30 euros frente a los 6,10 euros de referencia en España, mientras que Winston quedaría en 5,05 euros frente a 5,85.

Se trata de estimaciones elaboradas por los técnicos de Hacienda a partir de los precios vigentes en España, no de tarifas futuras garantizadas. Los importes pueden cambiar durante los próximos tres años y el resultado final dependerá también de la manera en que los comercios trasladen la nueva carga fiscal a los precios de venta.

La ventaja, por tanto, no se eliminará completamente. “Aunque puede persistir una pequeña diferencia de 80 céntimos por paquete de tabaco, el ahorro no será suficiente para justificar el desplazamiento exclusivamente por razones de precio”, explica Mollinedo.

La nueva regulación incorpora también más controles sobre estos productos. La venta transfronteriza de tabaco a distancia estará prohibida y se implantará un sistema de trazabilidad similar al de la Unión Europea. El objetivo es controlar mejor su recorrido desde la distribución hasta la venta y dificultar que acabe desviado hacia el contrabando.

Llenar el depósito ya no saldrá a cuentas en Gibraltar

La gasolina y el gasóleo también perderán parte de la ventaja fiscal que ha permitido venderlos a precios inferiores a los españoles. En este caso, sin embargo, resulta más difícil calcular cuánto costará exactamente un litro cuando termine la convergencia.

Mollinedo no ofrece una estimación del precio final, que dependerá de la evolución del mercado y de cómo las estaciones de servicio repercutan la nueva carga fiscal. Tampoco se conoce todavía si los negocios trasladarán íntegramente el incremento al consumidor o decidirán asumir una parte mediante una reducción de sus márgenes.

“El precio del combustible se verá afectado por una doble subida impositiva”, explica el secretario general de Gestha. Por una parte, Gibraltar deberá aproximar progresivamente sus impuestos especiales a los aplicados en España. Por otra, se añadirá el impuesto sobre las transacciones, cuyo tipo general comenzará en el 15%.

Según detalla el experto, los impuestos especiales deberán subir hasta situarse “a no más de seis puntos porcentuales de diferencia con los de España”. El tratado contempla un periodo de tres años para alcanzar esos niveles y establece un régimen transitorio específico para los carburantes.

Gibraltar podrá conservar así cierta ventaja fiscal, pero mucho menor que la mantenida hasta ahora. Para Mollinedo, la reducción será insuficiente para que desplazarse exclusivamente a llenar el depósito sea rentable para el consumidor particular.

Gibraltar seguirá teniendo impuestos más bajos que España

La convergencia no significa que Gibraltar vaya a adoptar exactamente el mismo sistema fiscal que España. El nuevo impuesto sobre las transacciones no es formalmente un IVA, porque el Peñón no forma parte del territorio comunitario en el que se aplica este tributo.

“La diferencia entre el Impuesto sobre las Transacciones de Gibraltar y el IVA responde a la realidad jurídica del Peñón”, explica Mollinedo. Se trata de un gravamen propio que recaerá sobre las mercancías importadas o producidas para su venta o consumo en Gibraltar.

Su tipo general seguirá siendo inferior al español. Mientras que el IVA ordinario en España se sitúa en el 21%, el impuesto gibraltareño deberá alcanzar previsiblemente el 17%, correspondiente al tipo general más bajo aplicado actualmente por un Estado miembro.

Además, el acuerdo permite a Gibraltar mantener “una carga fiscal inferior en determinados productos”, según destaca el experto. El enclave podrá aplicar un tipo del 5% a categorías como la ropa infantil o las bicicletas y otro del 0% a algunos bienes esenciales, entre ellos alimentos, agua, productos farmacéuticos y paneles solares. El gas natural licuado destinado a generar electricidad y la propia electricidad producida localmente estarán exentos.

Por otra parte, el tratado incorpora mecanismos de vigilancia para evitar que la menor tributación vuelva a provocar desequilibrios importantes frente a los negocios españoles.

Un cuerpo consultivo independiente analizará los precios y la competencia en Gibraltar y en la zona fronteriza. Si detecta distorsiones importantes vinculadas a las diferencias impositivas, podrá recomendar nuevos ajustes y activar las salvaguardias previstas en el acuerdo.

Más controles sobre los negocios y las mercancías

La desaparición de los controles rutinarios de personas en la frontera terrestre no supone el fin de la vigilancia sobre las mercancías. Los operadores que importen, produzcan o almacenen tabaco, alcohol o combustible deberán inscribirse en un registro obligatorio, contabilizar sus existencias y dejar constancia de los movimientos de los productos sometidos a impuestos especiales.

Las autoridades podrán revisar estos registros e inspeccionar físicamente los almacenes. También se prevé el acceso continuo y en tiempo real de las autoridades europeas a los sistemas fiscales y aduaneros pertinentes de Gibraltar.

Estos mecanismos pretenden evitar que los negocios acumulen grandes cantidades de mercancías durante los periodos transitorios para prolongar la ventaja fiscal anterior. “El Tratado impone un seguimiento técnico y policial del stock para impedir que se acumulen existencias de forma masiva”, señala Mollinedo.

Para los comercios gibraltareños, la reforma plantea una disyuntiva: trasladar los nuevos impuestos al precio final o asumir una parte del incremento mediante una reducción de sus márgenes. En ambos casos, se reducirá la distancia que durante décadas los separó de los estancos, las estaciones de servicio y otros establecimientos de La Línea de la Concepción y del resto del Campo de Gibraltar.

La edad a la que podrán jubilarse quienes empiezan ahora su vida laboral es una de las grandes incógnitas de las próximas décadas. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida han llevado a numerosos países a retrasar progresivamente el retiro. Sin embargo, el economista Santiago Niño-Becerra considera que dentro de unos 35 años habrá otro factor que puede cambiar por completo este debate: el avance de la tecnología.

Niño-Becerra ha expuesto esta idea en su cuenta de X a raíz de una previsión de la OCDE sobre la edad normal de jubilación en 2060. Según esa estimación, quienes entraron en el mercado laboral en 2022 podrían retirarse entre los 62 y los 74 años en el caso de los hombres y entre los 60 y los 74 en el de las mujeres, dependiendo del país.

El economista respondió a esas cifras con su propia previsión sobre cómo podría cambiar el mercado laboral: “En mi opinión, en el 2060, para generar PIB serán necesarias muy pocas personas y las que lo sean dejarán de serlo mucho antes de que lleguen a esa edad”, escribió. Y añadió: “En 34 años la tecnología alcanzará niveles hoy inimaginables”.

Muchas menos personas para generar la misma actividad económica

La reflexión de Niño-Becerra no plantea directamente cuál será la edad legal de jubilación en España dentro de tres décadas. Su argumento apunta a una cuestión diferente: cuántas personas serán necesarias para producir bienes y servicios y generar actividad económica a medida que avance la tecnología.

Según su planteamiento, dentro de varias décadas podría hacer falta una cantidad de trabajadores mucho menor que en la actualidad para generar el mismo nivel de actividad. Por eso considera que muchas personas podrían dejar de ser necesarias en el mercado laboral antes de alcanzar las edades de retiro que hoy aparecen en las proyecciones.

Se trata, en cualquier caso, de una opinión personal del economista sobre la evolución futura del trabajo, no de una previsión oficial sobre el sistema de pensiones. Niño-Becerra tampoco concreta en ese mensaje qué tecnologías provocarían esa transformación ni qué empleos se verían más afectados.

La inteligencia artificial sí está modificando ya algunas tareas y ocupaciones, aunque los organismos internacionales son prudentes sobre su impacto final en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo desempeña una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa, pero señala que el escenario más probable es la transformación de los puestos de trabajo y no su sustitución completa, ya que muchas tareas siguen necesitando intervención humana.

A qué edad se puede jubilar una persona en España en 2026

Mientras esas transformaciones avanzan, en España, la edad ordinaria de jubilación continúa aumentando de forma gradual conforme al calendario establecido por la reforma de las pensiones.

En 2026, una persona puede jubilarse a los 65 años si acredita al menos 38 años y tres meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo tienen que esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria.

El calendario culminará en 2027. A partir de ese año, podrán retirarse a los 65 quienes acumulen 38 años y seis meses o más de cotización, mientras que la edad ordinaria será de 67 años para quienes no lleguen a ese periodo.

Las proyecciones sobre la jubilación parten de las reglas actuales y de cómo se espera que evolucione la población en las próximas décadas. Sin embargo, esos cálculos no permiten anticipar con precisión cómo cambiarán el mercado laboral, la productividad o la organización del trabajo.

Es ahí donde se sitúa la reflexión de Niño-Becerra. Su planteamiento introduce una incógnita más: si en el futuro hace falta mucha menos mano de obra para producir lo mismo o más, también podría cambiar la relación entre empleo, vida laboral y jubilación.

La vuelta de las vacaciones y el regreso a la rutina convierten septiembre en un mes de reajustes, también para quienes están esperando cobrar el paro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece el día 10 de cada mes como referencia para el abono de las prestaciones, siempre que no coincida con un festivo. Este septiembre, el día 10 cae en jueves, por lo que no será necesario desplazar el pago por el calendario.

El ingreso que reciben los beneficiarios durante septiembre corresponde a la prestación generada durante agosto, ya que el paro se abona por mensualidades vencidas. Como norma general, el SEPE sitúa el pago de las prestaciones entre los días 10 y 15 del mes siguiente al que corresponden, aunque la fecha exacta en la que aparece el dinero en la cuenta puede variar dependiendo de la entidad financiera.

En los últimos años, algunos bancos han adelantado el ingreso respecto al calendario ordinario. Sin embargo, para septiembre de 2026, las fechas disponibles concentran los pagos mayoritariamente a partir del jueves 10, sin los adelantos de varios días que se han producido en determinados meses. Además, no todas las entidades publican un calendario oficial, por lo que algunas fechas deben entenderse como orientativas.

Cuándo cobra el paro cada banco en septiembre

CaixaBank es una de las entidades que sí ha publicado su calendario de prestaciones por desempleo para todo 2026. En el caso de septiembre, fija el pago para el jueves 10, fecha que también se aplica a los clientes de imagin.

ING señala igualmente que las prestaciones por desempleo se abonan el día 10 de cada mes o, cuando esta fecha coincide con sábado o domingo, el siguiente día hábil. Por tanto, sus clientes deberían recibir el ingreso también el 10 de septiembre.

Bankinter incluye igualmente el jueves 10 en su calendario de pagos de prestaciones correspondiente a 2026.

Para el resto de las principales entidades, las previsiones disponibles sitúan los ingresos de la siguiente manera:

• Banco Santander: a partir del 10 de septiembre.
• Openbank: a partir del 10 de septiembre.
• imagin: a partir del 10 de septiembre.
• BBVA: a partir del 10 de septiembre.
• Banco Sabadell: a partir del 10 de septiembre.
• Unicaja: a partir del 10 de septiembre.
• Abanca: a partir del 10 de septiembre.
• Ibercaja: a partir del 10 de septiembre.
• Cajamar: a partir del 10 de septiembre.
• Cajasur: a partir del 10 de septiembre.
• Banco Mediolanum: en torno al 10 de septiembre.
• N26: a partir del 10 de septiembre.
• Cajas Rurales: la fecha depende de cada entidad territorial.

Algunas entidades como Santander, Openbank o Banco Mediolanum han anticipado el pago en determinados meses, pero para septiembre no existe por ahora una fecha oficial que permita asegurar un adelanto al día 8 o 9. Por este motivo, la referencia más prudente sigue siendo el jueves 10.

Qué hacer si no se ha cobrado el paro

Que el ingreso no aparezca exactamente el día 10 no significa necesariamente que exista un problema con la prestación. El SEPE establece un margen de pago que puede prolongarse hasta el día 15 y cada banco puede reflejar el abono en momentos distintos.

Si transcurren varios días y el dinero sigue sin aparecer, el beneficiario puede comprobar primero el estado de su prestación a través de la sede electrónica del SEPE. Allí es posible consultar los recibos de nóminas, la cuantía reconocida, las fechas de pago y posibles incidencias.

También conviene comprobar que la cuenta bancaria comunicada al organismo sigue activa y que los datos son correctos. Si la prestación figura como abonada, pero el dinero no aparece en la cuenta, el siguiente paso es contactar con la entidad financiera. Si el problema está relacionado con el reconocimiento, suspensión o cuantía de la ayuda, deberá consultarse directamente con el SEPE.

En 2026, la prestación contributiva por desempleo equivale al 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y al 60% a partir del día 181, siempre dentro de los límites mínimos y máximos establecidos cada año. La cantidad que finalmente recibe cada trabajador depende, entre otros factores, de su base de cotización y de si tiene hijos a cargo.

Combatir el calor dentro de casa ha tenido este verano un coste mayor para los hogares. Mantener fresco un piso de 90 metros cuadrados entre junio y agosto de 2026 ha costado una media estimada de 107,88 euros, frente a los 93,16 euros del año pasado, según un estudio de Papernest. Son casi 15 euros más en tres meses, un 15,8% de incremento. La cifra se refiere únicamente al consumo destinado a refrigerar la vivienda, no a toda la factura de la luz.

La cantidad cambia mucho según la casa. Para un estudio de 45 metros cuadrados, Papernest calcula un gasto de 48,78 euros durante el verano, mientras que en una vivienda de 140 metros cuadrados la refrigeración eleva el desembolso hasta los 193,60 euros. En ambos casos, el coste también supera al de 2025.

También importa, y mucho, dónde esté la vivienda. Entre las 20 ciudades analizadas, Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado, con 139,28 euros durante el conjunto del verano. En Oviedo, en cambio, el gasto estimado se queda en 55,78 euros. La diferencia es considerable: mantener fresca una vivienda en las dos ciudades andaluzas cuesta alrededor de 2,5 veces más que en la capital asturiana.

El precio de la luz influye más que el aumento de las temperaturas

Que enfriar la casa haya sido casi un 16% más caro que en 2025 no significa que este verano haya sido mucho más cálido en las ciudades analizadas por Papernest. Su estudio sitúa la media de las temperaturas máximas en 32 ºC, apenas dos décimas por encima de los 31,8 ºC del año anterior. Al mismo tiempo, el precio medio de la tarifa regulada (PVPC) utilizado en sus cálculos subió un 14,1%, desde 0,1347 hasta 0,1537 euros por kilovatio hora.

La conclusión es sencilla: este verano no solo ha importado cuánto tiempo ha habido que encender el aire acondicionado, sino también cuánto costaba la electricidad mientras estaba funcionando.

Eso no significa que el calor haya dado tregua. Junio fue el segundo más cálido registrado en España desde 1961, con una temperatura media peninsular de 23,3 ºC, 3,2 grados por encima de lo habitual. Julio fue aún más extremo: con 25,7 ºC de media, empató con julio de 2022 como el mes más cálido de toda la serie histórica de AEMET.

Además, las ciudades donde más ha aumentado el gasto respecto al verano pasado no son necesariamente las que ya parten de las temperaturas más altas. Papernest sitúa a Zaragoza a la cabeza de las subidas, con 31,96 euros más que en 2025, seguida de Bilbao, con 26,51 euros adicionales, y Logroño, con 22,17. Solo Valencia y Barcelona reducen el coste estimado de refrigeración entre las 20 localidades estudiadas.

Poner el aire puede costar hasta 33 céntimos por hora

Otra estimación, elaborada por Roams con una metodología diferente, permite ver cómo termina reflejándose el uso del aire acondicionado en el recibo completo. Para un hogar tipo, la plataforma calcula una factura media de unos 159 euros al mes con tarifa regulada, frente a unos 114 euros con una tarifa de precio estable. Durante los tres meses de verano, la diferencia entre ambas opciones rondaría los 134 euros.

Traducido a algo tan cotidiano como una hora de aire acondicionado, Roams calcula un coste de 32,5 céntimos con la tarifa regulada y 20,3 céntimos con una tarifa estable. Es decir, mantenerlo encendido durante ocho horas supondría alrededor de 2,60 euros al día con PVPC, frente a unos 1,62 euros con precio estable.

En las zonas donde hace falta refrigerar la vivienda durante más tiempo, el peso sobre el recibo aumenta rápidamente. En Sevilla, por ejemplo, Roams atribuye al aire acondicionado 97,50 euros de una factura mensual de 190,80 euros con PVPC, algo más de la mitad del total. Sin embargo, en A Coruña, donde su modelo presupone muchas menos horas de uso, la refrigeración representa alrededor del 21%.

La diferencia se explica en buena medida por las horas durante las que el aparato necesita funcionar. Roams estima unas 10 horas diarias en Sevilla, Córdoba y Badajoz, 9,5 en Murcia, nueve en Zaragoza, Lleida y Alicante y 7,5 en Barcelona. En A Coruña baja hasta las 2,5 horas. Son cálculos basados en las condiciones climáticas de cada zona, no datos de consumo real de los hogares.

El gasto en aire acondicionado gana cada año más importancia debido al contexto en el que se encuentra España a nivel climático: las olas de calor extremo son cada vez más frecuentes e intensas. AEMET vincula esta evolución al calentamiento provocado por el cambio climático.

Esto puede aumentar la necesidad de enfriar las viviendas durante los próximos años, aunque no permite saber cuánto costará hacerlo: el recibo seguirá dependiendo también del precio de la electricidad, la tarifa contratada, la eficiencia del aparato y las características de cada casa.

El Gobierno ha presentado este lunes el nuevo portal de Casa 47, la entidad estatal de vivienda y suelo, para centralizar el acceso a su parque de alquiler asequible. A través de la plataforma, los ciudadanos podrán consultar las convocatorias abiertas, conocer las viviendas disponibles, comprobar si cumplen los requisitos y presentar sus solicitudes de forma telemática.

El portal arranca con 800 viviendas disponibles y “muy pronto” incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación en Madrid. El Ejecutivo prevé además incorporar nuevas promociones cada trimestre.

Este lanzamiento se produce en un contexto de fuertes dificultades para acceder a una vivienda en España. Los precios de compraventa aumentaron un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el acceso al alquiler continúa suponiendo un elevado esfuerzo para numerosos hogares. El Banco de España sitúa el esfuerzo medio de quienes viven de alquiler en el 26,7% de la renta neta y por encima del 30% en varias de las grandes ciudades.

Cómo solicitar una vivienda en el portal de Casa 47

La nueva plataforma permitirá consultar en un mismo espacio las convocatorias abiertas y las viviendas incluidas en cada una de ellas. Para presentar una solicitud, los interesados tendrán que entrar en la convocatoria correspondiente, identificarse e introducir sus datos y los de las personas con las que convivan.

También deberán indicar sus ingresos y podrán seleccionar las viviendas a las que quieran optar, ordenándolas según sus preferencias. Antes de presentar la solicitud, podrán revisar toda la información y deberán firmarla electrónicamente. Una vez registrada, podrán descargarla y consultarla posteriormente desde el propio portal.

El momento en el que se presente la solicitud no influirá en las posibilidades de resultar adjudicatario. Hacerlo el primer día tendrá el mismo efecto que registrarla al final del periodo habilitado, siempre que se encuentre dentro del plazo establecido.

Cuando termine cada convocatoria, todas las solicitudes que hayan sido admitidas participarán en un sorteo ante notario, que determinará el orden de adjudicación de las viviendas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido durante la presentación que “el proceso de adjudicación de viviendas tiene que ser también público y, por tanto, medirse con estándares públicos”. Según ha explicado, el objetivo es que los aspirantes puedan concurrir “en igualdad de condiciones”.

Quién puede acceder a las viviendas de Casa 47

El lanzamiento del portal no supone, por el momento, un cambio en las condiciones económicas aplicadas por Casa 47. En las primeras convocatorias de la entidad, los hogares debían acreditar unos ingresos de entre dos y 7,5 veces el IPREM, equivalentes a entre 16.800 y 63.000 euros netos anuales.

Además, el alquiler de la vivienda adjudicada no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales de la unidad de convivencia ni situarse por debajo del 15%. Como norma general, ninguno de sus integrantes puede disponer de otra vivienda en propiedad, aunque las bases contemplan determinadas excepciones.

Sánchez ha reiterado este lunes durante la presentación del portal que los adjudicatarios no deberán destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler y ha explicado que las rentas tendrán en cuenta tanto las características de cada inmueble como “la realidad económica de cada municipio y de cada territorio”. “Nadie tendrá que elegir entre pagar el alquiler o llenar una nevera”, ha defendido.

Los contratos tienen una duración inicial de 14 años y pueden ampliarse mediante sucesivas prórrogas hasta alcanzar los 75 años. El presidente ha definido el modelo como “alquiler asequible, pero también alquiler estable” y ha asegurado que las viviendas permanecerán de forma permanente en el parque público.

De las primeras convocatorias al nuevo portal

Casa 47 comenzó a probar su modelo de adjudicación a finales de 2025 con una convocatoria piloto de 171 viviendas en Vigo, distintos municipios valencianos y Mieres. Aquella experiencia ya utilizó el sorteo ante notario y la entidad explicó entonces que serviría para evaluar el sistema antes de extenderlo a nuevas promociones.

Desde entonces ha ampliado las convocatorias. El pasado 31 de julio abrió otra oferta de alquiler asequible en cinco comunidades autónomas y el 3 de septiembre anunció 34 viviendas en Lekunberri, Navarra.

Las novedades presentadas este lunes consisten fundamentalmente en centralizar todo el procedimiento en un nuevo portal. Rodríguez ha situado el lanzamiento de la web dentro de la transformación de SEPES en Casa 47 y ha explicado que el objetivo es que la entidad participe “en todo el ciclo residencial, desde la movilización de los suelos hasta la gestión de los alquileres y, por supuesto, en la construcción de vivienda”.

La ministra ha señalado además que Casa 47 ha licitado en sus primeros nueve meses “casi 2.500 viviendas”, actualmente en distintas fases de tramitación, construcción o urbanización. También ha destacado la incorporación de más de 40.000 viviendas y 2.500 suelos procedentes de Sareb y una licitación de 100 millones de euros para adquirir inmuebles y destinarlos posteriormente al alquiler asequible.

Rodríguez ha adelantado asimismo que el próximo paso de Casa 47 estará relacionado con la colaboración público-privada, aunque no ha concretado todavía las medidas ni los plazos. La ministra se ha limitado a señalar que será “el siguiente hito” de la entidad y que Casa 47 podrá hacer anuncios al respecto “en breve”.

Un parque todavía en expansión

El Ejecutivo ha reforzado durante este año la financiación de Casa 47. En junio transfirió otros 260 millones de euros a la entidad para financiar actuaciones vinculadas a 1.629 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible.

La ampliación del parque público constituye además uno de los principales ejes del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. Al menos el 40% de los fondos está destinado a incrementar la oferta de vivienda pública mediante nuevas construcciones o adquisiciones.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha movilizado ya más de 120.000 viviendas de alquiler asequible y que durante el primer trimestre de 2026 se licitaron 2.800 nuevas viviendas, cifra que ha presentado como el mayor volumen de licitación pública de los últimos 18 años.

No obstante, estas actuaciones se producen sobre un parque público que parte de niveles reducidos y ante un problema de oferta de una escala considerable. El Banco de España ha estimado que, para aproximarse al peso del parque de alquiler social existente de media en la Unión Europea, sería necesario incorporar alrededor de 1,5 millones de viviendas. El organismo ha advertido por ello de que las actuaciones aisladas a corto plazo difícilmente pueden resolver por sí solas los actuales problemas de acceso.

Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido durante el acto una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda y ha sostenido que este “está roto, está dislocado”. “Es una intervención de un mercado que no está funcionando”, ha argumentado el presidente, que también ha reclamado una mayor implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos y ha defendido las medidas adoptadas por su Ejecutivo en los últimos años.

El precio de la vivienda acumula una subida del 7% en los seis primeros meses de 2026, después de avanzar un 3,5% en el primer trimestre y otro 3,4% entre abril y junio, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El encarecimiento ha sido especialmente intenso en el mercado de segunda mano, donde los precios han aumentado un 7,4% desde diciembre, mientras que en la vivienda nueva el incremento acumulado se sitúa en el 4,6%.

En comparación con el segundo trimestre de 2025, el precio de la vivienda aumentó un 12,2%, siete décimas menos que en los tres primeros meses del año. La segunda mano volvió a registrar el mayor incremento, con un 12,9% interanual, frente al 7,4% de la obra nueva. Pese a la moderación de la tasa anual, los precios siguieron avanzando respecto al trimestre anterior y encadenan ya diez trimestres consecutivos de subidas trimestrales.

Solo Navarra queda por debajo de las subidas de dos dígitos

La evolución del segundo trimestre confirma, además, que la presión sobre los precios continúa extendida por prácticamente todo el territorio. Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas registraron incrementos interanuales y, salvo Navarra, donde el avance fue del 9,5%, en todas ellas alcanzaron tasas de dos dígitos. Ceuta encabezó las subidas, con un 15,2%, seguida de Asturias, con un 15%, Castilla y León, con un 14,8%, y Aragón, con un 14,6%.

En el extremo contrario, además de Navarra, los aumentos más moderados se registraron en País Vasco, con un 10%, Cataluña, con un 10,1%, y Canarias, con un 11%.

La subida también fue generalizada si se compara únicamente con los tres primeros meses de 2026. El mayor incremento trimestral se produjo en Extremadura, donde los precios avanzaron un 5,2% entre abril y junio, seguida de Asturias, con un 4,9%, Melilla, con un 4,6%, y Castilla y León y Castilla-La Mancha, ambas con un 4,3%. Cataluña registró el avance más contenido, del 2,4%.

La segunda mano se encarece más que la nueva

La diferencia entre la evolución de la vivienda nueva y la de segunda mano resulta evidente al analizar los datos por territorios. En el mercado usado, todas las comunidades autónomas registraron incrementos interanuales superiores al 10%. Castilla y León lideró el encarecimiento con un 15,8%, seguida de Asturias, con un 15,7%, Aragón, con un 15,6%, y Baleares, con un 14,9%. Incluso Cataluña, que presentó la tasa más baja, anotó un aumento del 10,6%.

La obra nueva mostró una evolución más desigual. Murcia registró el mayor encarecimiento interanual, del 12,6%, seguida de La Rioja, con un 12,5%, y Canarias, con un 11,9%. En cambio, las alzas fueron mucho menores en Baleares, con un 3%, País Vasco, con un 3,1%, Navarra, con un 4,1%, y Madrid, con un 5,6%.

Además, mientras que la segunda mano se encareció respecto al trimestre anterior en todas las comunidades, el precio de la vivienda nueva llegó a retroceder en tres territorios: un 0,5% en País Vasco, un 0,4% en Cantabria y un 0,3% en Cataluña. En el conjunto de España, la obra nueva avanzó solo un 1% entre abril y junio, frente al 3,7% registrado por la vivienda usada, una diferencia de 2,7 puntos entre ambos segmentos del mercado residencial.

El Congreso puede tumbar este jueves la Cuenta General del Estado de 2024, después de que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acordara en junio rechazarla y devolverla al organismo fiscalizador. Sería una decisión con una importante carga política y abriría un precedente en el control parlamentario de las cuentas públicas.

Pero rechazar una Cuenta General del Estado no es lo mismo que tumbar unos Presupuestos Generales del Estado. Mientras estos últimos fijan cuánto prevé ingresar y gastar el sector público, la Cuenta General se elabora después para mostrar qué ocurrió realmente con ese dinero durante un ejercicio que ya ha terminado. Esa diferencia es también la que determina hasta dónde llegan las consecuencias de la votación para el Gobierno y para los ciudadanos.

En este caso, el Parlamento examina la gestión correspondiente a 2024, un año en el que no se aprobaron nuevos Presupuestos y continuaron vigentes los de 2023. El Tribunal de Cuentas fiscalizó posteriormente la Cuenta General y emitió una opinión favorable con salvedades, pero la Comisión Mixta, en la que PP y Vox suman mayoría, decidió el pasado 23 de junio rechazar su Declaración y reclamar un análisis adicional sobre los efectos de las sucesivas prórrogas presupuestarias.

Qué pasa si el Congreso rechaza la Cuenta General del Estado

La Cuenta General sirve para rendir cuentas una vez cerrado el ejercicio: permite comprobar cuánto se ingresó y gastó realmente y cómo se ejecutaron las partidas que habían sido autorizadas en los Presupuestos. Constituye así uno de los principales instrumentos de rendición de cuentas del sector público ante las Cortes Generales.

Por eso, que el Congreso rechace la Cuenta General de 2024 no anula los gastos que ya se hicieron ese año ni deja sin efecto los Presupuestos actualmente vigentes. Tampoco implica por sí mismo que se suspendan pensiones, prestaciones por desempleo, nóminas de empleados públicos, inversiones o servicios del Estado.

La consecuencia inmediata que plantea la resolución parlamentaria es otra: devolver al Tribunal de Cuentas su Declaración y pedirle que la complete con un informe técnico-jurídico sobre los efectos de la prórroga presupuestaria. La Comisión Mixta estableció para ello un plazo de tres meses.

El efecto del rechazo sería, por tanto, principalmente político e institucional: supondría una censura parlamentaria sobre la forma en que se rindieron y gestionaron las cuentas de aquel ejercicio, pero no equivale a rechazar unos Presupuestos ni obliga por sí mismo a convocar elecciones o a que caiga el Gobierno.

Qué cuestionó el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas públicas de 2024

Uno de los principales motivos que explican el rechazo parlamentario está en la falta de unos nuevos presupuestos. El Gobierno no presentó durante 2024 un proyecto de PGE, por lo que se prorrogaron automáticamente los aprobados para 2023. La propia Declaración del Tribunal de Cuentas señala que esta situación generó incertidumbre sobre la aplicación de determinadas normas relacionadas con la gestión presupuestaria.

Durante aquel ejercicio, además, el Gobierno fue introduciendo modificaciones para adaptar esas cuentas prorrogadas a nuevas necesidades de gasto. Como resultado, el importe finalmente autorizado para gastar fue 77.341,9 millones de euros superior al que figuraba al inicio de 2024.

El Tribunal también detectó que el resultado presupuestario consolidado -el saldo que resulta de comparar los ingresos y gastos del conjunto analizado- estaba sobrevalorado en 4.090,3 millones, porque determinadas obligaciones y derechos se habían contabilizado en un ejercicio distinto al que correspondían.

Pese a estas y otras incidencias, el organismo emitió una opinión favorable con salvedades. Es decir, el Tribunal de Cuentas no rechazó la Cuenta General de 2024, sino que consideró que reflejaba globalmente la situación económica y financiera del Estado, aunque señaló errores y cuestiones que debían corregirse o quedar mejor justificadas. El rechazo que ahora llega al Pleno procede, por tanto, del Parlamento y no de una opinión desfavorable del organismo fiscalizador.

Por qué se habló de fondos europeos para pagar pensiones

Otro de los puntos controvertidos fueron dos modificaciones presupuestarias por 2.389,4 millones de euros aprobadas en noviembre de 2024 para cubrir gastos de pensiones. En concreto, se destinaron a las pensiones de clases pasivas -el régimen que cubre, entre otros colectivos, a determinados funcionarios del Estado- y a los complementos de pensiones mínimas.

Para financiar esas modificaciones se utilizaron créditos que habían quedado disponibles en el llamado Servicio 50, una partida de los Presupuestos del Estado vinculada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento europeo con el que se financia el Plan de Recuperación tras la pandemia. El Tribunal señaló que esos créditos podían trasladarse porque no comprometían ni el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de España para absorber los recursos del mecanismo.

Que esos créditos estuvieran incluidos en una partida vinculada al MRR fue precisamente lo que originó la polémica y llevó a hablar del uso de “fondos europeos” para pagar pensiones. Sin embargo, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, aclaró después ante el Parlamento que el organismo no había afirmado eso. Según explicó, ni la Declaración ni los votos concurrentes sostienen que se utilizara dinero procedente de la Unión Europea para financiar las pensiones.

La objeción del Tribunal era otra: consideró que los fundamentos jurídicos utilizados para justificar el traslado de esos créditos deberían haberse explicado mejor.

El rechazo llega en plena negociación de los próximos Presupuestos

La votación llega además en un momento especialmente delicado para el Gobierno en materia presupuestaria. España continúa en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2023, prorrogados automáticamente ante la ausencia de nuevas cuentas, mientras el Ejecutivo intenta sacar adelante unos nuevos PGE para 2027.

La prórroga es legal: el artículo 134.4 de la Constitución establece que, cuando una nueva Ley de Presupuestos no está aprobada al comenzar el ejercicio, las cuentas anteriores quedan automáticamente prorrogadas hasta que se aprueben otras.

La dificultad para el Ejecutivo no está, por tanto, en poder seguir funcionando con esas cuentas, sino en reunir los apoyos parlamentarios necesarios para sustituirlas. El Gobierno de coalición está en minoría en el Congreso y necesita volver a construir una mayoría suficiente para aprobar el próximo proyecto presupuestario.

Esa debilidad ya se ha reflejado en los primeros pasos del proceso. En julio, PP, Vox y Junts rechazaron la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo, que fija los objetivos de déficit y deuda que sirven de referencia para elaborar las nuevas cuentas.

Si el Pleno respalda el rechazo, no habrá un efecto económico inmediato para los ciudadanos. La consecuencia será principalmente política e institucional: el Congreso censurará la gestión de las cuentas de 2024 y pedirá al Tribunal de Cuentas que analice las consecuencias de encadenar varios ejercicios con presupuestos prorrogados.

Más de tres millones de usuarios menos en apenas medio año. Ese es el balance que deja la alta velocidad entre enero y junio de 2026, un periodo marcado por el accidente ferroviario de Adamuz y por los posteriores cortes, restricciones de velocidad y reducciones de circulación. En esos seis meses, los servicios de AVE, Avlo, Ouigo e Iryo transportaron unos 18,3 millones de pasajeros, frente a cerca de 21,7 millones en el mismo periodo de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La diferencia supone una pérdida de alrededor de 3,3 millones de usuarios y un descenso del 15,5% en apenas un año. La caída contrasta con la expansión que había experimentado este mercado durante los últimos años y con el récord alcanzado en 2025, cuando la alta velocidad comercial movió 44,5 millones de viajeros, un 12% más que en 2024 y el doble que en 2019, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El accidente de Adamuz se produjo el 18 de enero, por lo que los datos del semestre incluyen también los primeros días del año anteriores al siniestro. A partir de entonces, el descenso se intensificó. Febrero, primer mes completo después del accidente, fue el peor del periodo: la alta velocidad transportó 2,16 millones de pasajeros, un 32,1% menos que en febrero de 2025. En marzo la caída continuó, aunque se moderó hasta el 17,7%.

Málaga y Granada sufren una caída del 61% de viajeros

El golpe fue especialmente intenso en los corredores ferroviarios que conectan Madrid con Andalucía. Los datos de la CNMC correspondientes al primer trimestre muestran que el número de pasajeros del eje Madrid-Málaga/Granada se desplomó un 61% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el Madrid-Sevilla perdió un 27%. El descenso alcanzó también al Madrid-Barcelona, con un 17% menos de usuarios, y fue más moderado en Madrid-Valencia (-8%) y Madrid-Alicante (-6%).

En conjunto, la alta velocidad comercial contabilizó 8,05 millones de viajeros durante el primer trimestre, un 21% menos que un año antes. La propia CNMC relaciona esta contracción con las incidencias que sufrió la infraestructura ferroviaria durante esos meses. Los cortes de vías, las limitaciones de velocidad y la reducción de circulaciones condicionaron la prestación de los servicios y provocaron una disminución tanto de la oferta disponible como de la demanda.

El accidente de Adamuz ocurrió a las 19:45 horas del 18 de enero, cuando descarrilaron los tres últimos coches de un tren Iryo que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. Parte del convoy invadió la vía contraria, por la que circulaba un Alvia Madrid-Huelva, y ambos trenes colisionaron. El siniestro obligó a interrumpir la circulación de la línea Madrid-Sevilla mientras se realizaban los trabajos necesarios sobre la infraestructura.

Por tanto, el retroceso de pasajeros no puede atribuirse únicamente a una decisión de los usuarios de dejar de utilizar la alta velocidad después de Adamuz. Durante parte del periodo también hubo menos trenes disponibles y conexiones afectadas, especialmente hacia Andalucía, mientras las restricciones de velocidad y otras incidencias limitaron la capacidad de la red.

La caída se modera, pero continúa hasta junio

Los datos del INE muestran que la situación mejoró progresivamente durante la primavera, aunque la alta velocidad continuó perdiendo pasajeros frente al año anterior. En abril se contabilizaron 3,17 millones de usuarios, un 15% menos que en abril de 2025. En mayo la caída se redujo al 7,1%, con 3,61 millones de viajeros, pero volvió a ampliarse ligeramente en junio, cuando 3,65 millones de personas utilizaron estos servicios, un 9,8% menos en términos interanuales.

La evolución supone un cambio brusco respecto a 2025. El año anterior, la entrada de nuevos operadores y el aumento de la competencia habían elevado la utilización de los principales corredores de alta velocidad hasta máximos históricos. La CNMC contabilizó entonces más de 44 millones de pasajeros, un 12% más en un solo año. Apenas unos meses después, el primer semestre de 2026 ha roto esa tendencia de crecimiento, con los mayores descensos concentrados tras el accidente de Adamuz y en las conexiones ferroviarias con Andalucía.

A partir de este lunes, 7 de septiembre, los usuarios de Renfe podrán volver a subir con patinetes eléctricos a buena parte de sus trenes, después de casi tres años de prohibición. La compañía vetó estos vehículos en diciembre de 2023 por los riesgos asociados a los incendios de sus baterías, pero ahora considera que el nuevo marco de certificación, identificación, registro y aseguramiento permite readmitirlos con mayores controles. La medida se aplicará en Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, aunque de momento quedan fuera Rodalies y Cercanías Euskadi.

El riesgo de incendio que originó aquella decisión, sin embargo, no ha desaparecido por completo. La propia Renfe reconoce que “ningún sistema basado en baterías permite afirmar riesgo cero”. La diferencia, sostiene, es que actualmente existe un marco de admisión que permite comprobar qué vehículos cumplen los requisitos legales y establecer medidas adicionales dentro del tren, como llevarlos apagados y plegados y no permitir la recarga de sus baterías.

Desde 2023 también ha cambiado la normativa estatal. La Ley 5/2025 introdujo el seguro obligatorio de responsabilidad civil para los vehículos personales ligeros, destinado a cubrir los daños personales y materiales que puedan causar a terceros, mientras que el Real Decreto 52/2026 desarrolló su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos. Allí quedan vinculados datos del titular, el fabricante, la marca y el modelo, las características técnicas, el certificado y el seguro del vehículo.

Por qué Renfe prohibió los patinetes eléctricos en 2023

El veto entró en vigor el 12 de diciembre de 2023 y afectó a todos los trenes de Renfe Viajeros: Cercanías y Regionales, además de los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, como AVE, Avlo, Alvia, Avant, Euromed e Intercity. También quedaron prohibidos los monociclos y otros dispositivos de movilidad personal eléctricos o dotados de baterías, con la excepción de las bicicletas eléctricas y los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida.

Renfe justificó entonces la decisión por la “situación de peligro” generada por incendios de baterías registrados en algunos medios de transporte público. La compañía citaba entre las posibles causas la manipulación de estos componentes, los desperfectos producidos por golpes, su deterioro con el paso del tiempo o la utilización de cargadores inadecuados.

La medida llegó además después de varios precedentes. Cataluña había prohibido meses antes el acceso de estos vehículos al transporte público tras la explosión de un patinete en un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en noviembre de 2022. La Comunidad de Madrid también había implantado desde el 4 de noviembre de 2023 un veto en las instalaciones y vehículos dependientes del Consorcio Regional de Transportes.

Renfe define ahora aquella decisión como una medida “cautelar”, adoptada ante incidentes relacionados con vehículos manipulados, no homologados o deficientemente mantenidos y cuando, según explica, todavía no existía un marco suficiente para controlarlos.

Qué tendrá que cumplir un patinete para entrar al tren

Desde este lunes no bastará, por tanto, con llevar cualquier patinete. Renfe establece que deberán ser vehículos homologados, estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT), disponer de una placa o etiqueta identificativa visible —o matrícula cuando corresponda—, tener el seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor y contar con el certificado de circulación que acredita el cumplimiento de las características técnicas exigidas.

La certificación permite comprobar que un determinado modelo cumple las condiciones técnicas establecidas para los VMP. Desde el 22 de enero de 2024, todos los modelos nuevos comercializados en España deben disponer de ella. La DGT permite, no obstante, que determinados vehículos vendidos con anterioridad continúen circulando sin certificado hasta el 22 de enero de 2027. A partir de entonces solo podrán circular modelos certificados.

Renfe aplicará un criterio más restrictivo para acceder a sus trenes: la compañía asegura que no admitirá los modelos antiguos no certificados, aunque todavía puedan acogerse al periodo transitorio previsto por Tráfico.

Apagados, plegados y sin cargar la batería

Las condiciones no terminan en la documentación. Durante todo el trayecto, el patinete deberá permanecer plegado y apagado y no podrá conectarse a los enchufes del tren para cargar la batería. Además, tendrá que colocarse en los espacios habilitados o donde interfiera lo menos posible con el resto de pasajeros, sin bloquear puertas, pasillos, salidas de emergencia, plazas para personas con movilidad reducida ni otras zonas prioritarias.

Renfe podrá impedir el acceso cuando el vehículo presente daños, manipulación, sobrecalentamiento u otros indicios anómalos. También podrá hacerlo si, por la ocupación del tren, no existe un lugar donde colocarlo de forma segura.

La recuperación del servicio afecta especialmente a quienes combinan ambos medios para completar los desplazamientos entre su casa, la estación y el trabajo o el centro de estudios. Según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal citados por Renfe, en España hay alrededor de siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP.

En este sentido, la compañía presenta su vuelta a los trenes como una forma de facilitar esos trayectos de “primera y última milla”, aunque ahora bajo unas condiciones de acceso diferentes a las que existían antes del veto de 2023.

Un ejemplar de Pura Raza Española (PRE) puede superar los 500.000 euros, aunque su precio depende de factores como la edad, la genealogía, la formación o su rendimiento deportivo. La horquilla parte de unos 10.000 euros y puede alcanzar esas cifras excepcionales en los animales de mayor valor, según recoge El País a partir de fuentes de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE). Más allá de estas operaciones, la actividad ecuestre en España mueve 7.392,6 millones de euros, según el último gran estudio económico disponible, presentado en 2022 por la Real Federación Hípica Española (RFHE).

La dimensión de este negocio también se aprecia fuera de las fronteras españolas. A cierre de 2025, el Libro Genealógico del PRE, el registro oficial que acredita el origen, la genealogía y la pertenencia de cada ejemplar a la raza, contabilizaba 291.138 ejemplares pertenecientes a 51.354 ganaderías activas repartidas por 71 países, según los datos publicados por ANCCE. De ellos, 143.091 eran hembras y 148.047 machos.

La actividad ligada al mundo del caballo sostiene además 149.863 puestos de trabajo en España. La cifra incluye una amplia variedad de ocupaciones y actividades económicas, desde la cría y la preparación de los animales hasta los servicios veterinarios, las instalaciones, el transporte, la competición, el ocio o la formación.

El negocio va mucho más allá de vender caballos

La compraventa representa solo una parte de la economía que rodea a estos animales. El mayor volumen de gasto se concentra en la denominada fase de explotación o utilización del caballo, que el estudio cuantifica en 5.110 millones de euros, alrededor del 69% del impacto analizado. En este apartado se incluyen actividades deportivas, ocio, turismo ecuestre, espectáculos y otros usos del animal una vez formado.

La cría, en cambio, supone alrededor de 770 millones de euros, mientras que la fase de preparación y entrenamiento del animal antes de incorporarse a una disciplina concreta alcanza unos 780 millones. Esta última comprende el periodo en el que se prepara al ejemplar para las distintas disciplinas y usos. El deporte tiene un peso especialmente elevado una vez que el animal entra en la fase de explotación: concentra cerca del 60% del gasto de este bloque.

El efecto económico también se traslada a las cuentas públicas. Según el mismo informe, las actividades ecuestres generan más de 1.138 millones de euros en retornos fiscales, es decir, ingresos para las arcas públicas a través de impuestos, repartidos principalmente entre IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades. El estudio calculó además que cada euro de gasto relacionado con esta industria contribuía con 1,17 euros al PIB.

El Pura Raza Española gana presencia fuera del país

La internacionalización continúa avanzando. Durante 2025 se incorporaron 12.747 nuevos ejemplares al Registro de Nacimientos del PRE y se dieron de alta 2.835 nuevas ganaderías. El 41% de estas últimas se encontraba fuera de España, con Italia, Estados Unidos y Alemania como los países que concentraron un mayor número de nuevas incorporaciones internacionales.

La actividad internacional también se refleja en los cambios de propiedad. El Libro Genealógico tramitó 10.152 transferencias de titularidad de los ejemplares durante 2025 y, fuera de España, estos servicios se concentraron principalmente en Estados Unidos, Italia, México y Francia. ANCCE es la entidad gestora del Libro Genealógico original de la raza, reconocido dentro del programa de cría aprobado por el Ministerio de Agricultura.

Así, detrás de los ejemplares que pueden alcanzar precios de cientos de miles de euros, existe una actividad mucho más amplia. La cría representa solo una fracción de un negocio en el que pesan especialmente el mantenimiento, la preparación, el deporte y los distintos usos del animal, mientras el Pura Raza Española amplía su presencia internacional y cuenta ya con ganaderías registradas en más de 70 países.

Que te adjudiquen una vivienda protegida no significa que puedas pagarla. En Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, el piso que más se repite en una nueva promoción municipal cuesta 344.748,89 euros antes de impuestos, cerca de 379.000 euros con IVA. Para un comprador que consiga una hipoteca por el 80% del precio, la cantidad que tendría que aportar por su cuenta alcanza los seis dígitos: unos 103.425 euros entre el 20% restante y el IVA, un tributo que los bancos no suelen incluir en la financiación hipotecaria. Todo esto, sin contar con otros posibles gastos asociados a la compra.

No se trata de vivienda libre. Son 108 Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), promovidas por la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla sobre suelo perteneciente al patrimonio municipal. Y tampoco se construyen en cualquier lugar: Boadilla es el tercer municipio español de más de 2.000 habitantes con mayor renta neta media por persona, con 26.668 euros anuales en 2023, solo por detrás de Pozuelo de Alarcón y Matadepera.

A partir de esta paradoja, se puede entender mejor cómo ha cambiado el perfil de quienes necesitan ayuda para acceder a una casa. Desde el propio Ayuntamiento reconocen la evolución: “La vivienda pública ya no es como era hace veinte años”, explican. Antes, sostienen, se asociaba a personas con menor poder adquisitivo; ahora “la vivienda pública es para clase media, media-alta”. Las cifras y los requisitos de las promociones de Boadilla permiten poner números a esta afirmación.

Más de 100.000 euros entre la entrada y los impuestos

Las 108 VPPL que se construirán en Valenoso, una zona residencial del municipio madrileño, no tienen todas el mismo precio. En el cupo general van desde 306.506 euros hasta 411.688 euros antes de IVA. La modalidad que más se repite ronda los 344.749 euros, mientras que las cuatro reservadas a familias numerosas alcanzan los 415.954. Sumando el impuesto, estas últimas superan los 457.000 euros. Todas las viviendas incluyen dos plazas de garaje y un trastero.

La forma de pago permite aterrizar cuánto dinero hace falta antes de recibir las llaves. Las condiciones prevén entregar un 10% del precio más IVA al firmar el contrato, completar hasta otro 10% durante la construcción y abonar el 80% restante junto con los impuestos correspondientes al escriturar. Ese 80% podrá financiarse mediante hipoteca si la entidad bancaria aprueba la operación.

Tomando el piso más habitual de la promoción, el 20% del precio son 68.949,78 euros. A eso hay que añadir 34.474,89 euros de IVA total. El resultado son 103.424,67 euros que el comprador tendría que aportar —no todo al mismo tiempo, pero sí de su bolsillo— si el banco financia el 80% del precio. No es un requisito escrito en las bases como una cantidad mínima de ahorro, porque las circunstancias financieras de cada comprador pueden ser diferentes, pero muestra la barrera económica que aparece antes incluso de afrontar una hipoteca de más de 275.000 euros.

La cifra adquiere otra dimensión si la ponemos frente a los salarios. El sueldo medio en España fue de 29.540 euros brutos anuales en 2024, pero el mediano —el que deja a la mitad de los trabajadores cobrando menos y a la otra mitad cobrando más— fue de 24.497 euros. Incluso en la Comunidad de Madrid, donde las remuneraciones son más elevadas, el promedio se situó en 34.410 euros.

Cumplir los requisitos no significa poder comprar

Para presentarse al proceso no basta con tener el dinero. Al menos uno de los solicitantes debe haber vivido en Boadilla ocho de los últimos diez años, no puede disponer de otra vivienda salvo determinadas excepciones y tendrá que utilizar el piso adjudicado como residencia habitual.

Lo llamativo aparece al mirar los ingresos. Las bases establecen un máximo de 7,5 veces el IPREM, pero ese límite permite rentas familiares alejadas de la imagen tradicional de una vivienda destinada únicamente a hogares con pocos recursos. Una unidad de una o dos personas puede ingresar hasta 78.750 euros netos al año; una familia de tres, 81.185; una de cuatro, 84.677; y el tope llega hasta 90.000 euros para hogares de seis o más miembros.

No se establece un ingreso mínimo para estas viviendas en venta, pero alguien puede cumplir todos los requisitos administrativos, quedar muy lejos del máximo de renta permitido y, aun así, no haber conseguido ahorrar decenas de miles de euros ni obtener financiación suficiente. Ahí aparece la diferencia entre poder solicitar una vivienda y poder comprarla.

Ese es precisamente el perfil al que apunta el Ayuntamiento de Boadilla cuando habla de “clase media, media-alta”: hogares que pueden tener ingresos elevados en comparación con buena parte de los asalariados, pero que también se enfrentan a un mercado inmobiliario donde comprar una vivienda libre resulta todavía más caro.

Para acceder al alquiler asequible también puedes cobrar demasiado poco

La vivienda protegida no se limita a la compraventa. Boadilla cuenta ya con otras 524 viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid destinadas al alquiler asequible, con uno, dos o tres dormitorios. La promoción forma parte del modelo de colaboración público-privada del programa regional.

Según los precios comunicados por el Ayuntamiento, un piso de un dormitorio parte de 706 euros mensuales; uno de dos, de 913; y uno de tres, de 1.208. La norma introduce además una condición esencial: el alquiler no puede superar el 35% de los ingresos netos del hogar.

Esa regla, diseñada para impedir que la renta absorba una parte excesiva del presupuesto familiar, genera a su vez un mínimo económico de facto. Cálculos propios a partir de estos datos muestran que, para pagar 706 euros al mes sin superar ese 35%, una persona u hogar necesita ingresar al menos unos 24.200 euros netos al año. Para un alquiler de 913 euros hacen falta alrededor de 31.300, y para uno de 1.208 euros, aproximadamente 41.400 euros netos anuales. En este sentido, en el alquiler protegido también se puede cobrar demasiado poco para acceder, aunque el solicitante cumpla otras condiciones del programa.

El municipio prepara además el Plan BA, con otras 464 viviendas de alquiler. El proyecto exige ingresos entre 1,5 y 7,5 veces el IPREM y mantiene el límite del 35%. El Ayuntamiento había manejado rentas orientativas de entre 895 y 1.795 euros, pero esas cantidades todavía no son definitivas. Las ofertas de las empresas que optan a la adjudicación y posibles ayudas pueden reducirlas, por lo que el propio Consistorio descarta por ahora dar esos precios por cerrados.

¿Cómo puede costar 400.000 euros una vivienda protegida?

La respuesta está en qué significa realmente la palabra “protegida”. No quiere decir que exista un precio barato e idéntico para toda España, sino que la vivienda está sometida a condiciones de acceso, uso y a unos precios máximos fijados por la administración.

Boadilla pertenece a la Zona A, la más cara de la Comunidad de Madrid a efectos de determinados módulos de vivienda protegida. Para estas VPPL, el máximo en 2026 alcanza los 2.983,03 euros por metro cuadrado útil. Garajes y trasteros también tienen precios máximos regulados.

Y aun así, el mercado libre está por encima. Idealista situaba en julio el precio anunciado de la vivienda en Boadilla en 4.316 euros por metro cuadrado, un 20% más que un año antes. En agosto, el alquiler alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado, máximo de la serie del portal y un 14,2% más que 12 meses antes.

Así, un piso protegido de casi 400.000 euros puede resultar inaccesible para buena parte de los trabajadores y, al mismo tiempo, estar limitado frente a un mercado libre todavía más caro. La protección existe; lo que se ha desplazado es el nivel de ingresos a partir del cual empieza a ser necesaria.

Vivienda protegida no es vivienda social, pero sí se pensó para otro perfil

Vivienda protegida tampoco significa necesariamente vivienda social. La primera engloba inmuebles sujetos a determinadas condiciones y límites de precio y acceso; la segunda se dirige específicamente a personas y familias con mayores dificultades económicas.

No obstante, la vivienda protegida no estuvo siempre pensada para hogares con rentas medias o medias-altas. El régimen estatal aprobado a finales de los años 70 establecía ayudas económicas personales para acceder a la compra o al alquiler reservadas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional anual, y señalaba entre sus objetivos facilitar el acceso a los hogares con menores niveles de renta.

La evolución del perfil de comprador de vivienda protegida, en muchos casos expulsado del mercado libre, plantea una cuestión para la que todavía ninguna institución ha sabido dar respuesta: si la protección en la vivienda es necesaria para quienes tienen buenos ingresos, ¿qué será de los que sobreviven varios escalones por debajo?

La cebolla española se está pagando en el campo a unos 9 céntimos el kilo, mientras que en los supermercados puede alcanzar casi los 2 euros. Una diferencia que refleja la distancia que puede existir entre lo que recibe el productor y el precio que termina abonando el consumidor. Pascual Cabedo, agricultor y fundador de la plataforma Europe Agricult Product (EAP), asegura que, con esos precios en origen, producir deja de ser viable.

“Sabemos que para un agricultor, a partir de 25, 30, 35 céntimos, depende del grado de mecanización, empieza a ser rentable”, explicó Cabedo durante una entrevista en el programa Herrera en COPE. Su plataforma, que comercializa directamente alimentos de productores españoles, se ha fijado precisamente ese criterio para determinar cuánto paga a quienes trabajan en el campo: “Por debajo de 30 céntimos no vamos a pagar nunca a ningún agricultor”.

La iniciativa nació, según cuenta, de su propia experiencia en el sector agrícola y de los problemas derivados de depender de otros actores para colocar la producción. Como ha “sufrido todo lo que es el mercado. Las inclemencias de estar en manos de intermediarios, que a veces abusan, otros no, pero se pasa mal”, relató, su objetivo fue crear un canal que garantizara tanto el origen nacional de los productos como unos precios que permitieran mantener la actividad.

“Nunca pagamos ningún producto a pérdidas”

Uno de los principios que Cabedo destaca de EAP es precisamente evitar que los agricultores tengan que vender por debajo de sus costes. “Nosotros nunca pagamos ningún producto a pérdidas. Como somos agricultores, sabemos dónde está el umbral de rentabilidad del agricultor de cada producto”, afirmó.

La cebolla sirve como ejemplo. Cabedo confirmó durante la entrevista que actualmente “en el campo valen nueve céntimos” y “en los supermercados casi dos euros”. Frente a esos precios, EAP asegura no comprar por debajo de los 30 céntimos el kilo, aunque el punto exacto en el que el cultivo comienza a resultar rentable puede variar en función de factores como su grado de mecanización.

La plataforma funciona como un supermercado online que compra directamente a agricultores y vende sus productos al consumidor final. Cabedo explica que el proyecto busca “que se garantice el origen de que es un producto español, se garantice un precio justo a los agricultores que lo producen y también pensar en el consumidor final, que tenga también un precio justo y, siempre que podemos, por debajo de los supermercados”.

El proyecto tiene algo más de dos años de vida y, según las cifras proporcionadas por su fundador a COPE, ya reúne a unas 300.000 familias clientes. El volumen alcanzado les permite incluso adquirir grandes cantidades directamente de un mismo productor. Cabedo puso como ejemplo la compra de 25.000 kilos de cebollas, que posteriormente son preparados en almacén y enviados a distintos puntos del país.

Entre 10.000 y 15.000 cajas cada día

El crecimiento de EAP ha permitido superar parte de las dificultades logísticas que supone enviar alimentos frescos directamente a los hogares. “Diariamente estamos preparando entre 10.000 y 15.000 cajas que van a toda España”, aseguró Cabedo. La empresa distribuye actualmente en todo el territorio nacional salvo Canarias.

El transporte continúa siendo, reconoce, “uno de los principales retos” del modelo. EAP asegura que no obtiene beneficio de ese concepto. “Solamente cobramos de porte lo que estrictamente nos cuesta. No hay ningún margen”, explicó su fundador. Según Cabedo, los gastos se reducen proporcionalmente cuando se realizan pedidos de mayor tamaño: “Cuando haces un pedido a partir de ocho y diez kilos, sale muy económico”.

La propuesta intenta así acortar el recorrido entre quien produce los alimentos y quien finalmente los consume. Además del precio, Cabedo defiende que los productos llegan con “mayor frescura y mayor calidad” y “sin ningún tratamiento poscosecha”. Para el agricultor, la clave está en que el modelo permita que producir siga teniendo sentido económico.

Vivir en una ciudad u otra puede encarecer en cientos de euros las actividades extraescolares. En el caso de los deportes, los precios de referencia analizados por TusClasesParticulares van desde 10 euros por hora en Córdoba hasta 25 euros en Palma de Mallorca. Con una clase semanal durante nueve meses, la diferencia equivaldría a 540 euros por hijo y curso: unos 360 euros frente a 900.

Los precios analizados por la plataforma varían hasta un 150% en deportes, un 87,5% en música y artes y un 50% en idiomas entre las ciudades situadas en los extremos de la clasificación. Las diferencias son bastante menores cuando se trata de contratar refuerzo académico.

Para obtener estas cifras, TusClasesParticulares parte de un escenario homogéneo de una clase a la semana, cuatro semanas al mes y nueve meses de curso. Su Observatorio de Precios analiza las tarifas anunciadas por los profesores en la plataforma y utiliza la mediana como indicador central. El estudio se elaboró con más de 70.000 anuncios activos correspondientes a marzo de 2026.

De 360 a 900 euros por curso en actividades deportivas

El mayor contraste aparece en los deportes. La plataforma sitúa el precio en torno a 10 euros por hora en Córdoba, mientras que alcanza los 25 euros en Palma de Mallorca.

Aplicando el mismo supuesto durante todo el curso, una familia pagaría unos 40 euros al mes y 360 al año en el primer caso. En Palma, la factura ascendería a unos 100 euros mensuales y 900 durante los nueve meses lectivos.

La diferencia del 150% encaja también con el hecho de que algunas disciplinas deportivas figuren entre las más caras del Observatorio. El tenis aparece con una mediana de 25 euros por hora, mientras que otras actividades como la natación se sitúan en 18 euros.

Así, tomando nuevamente una sesión semanal, practicar tenis durante todo el curso supondría unos 900 euros, frente a los 648 euros de la natación.

Música y artes: hasta 378 euros de diferencia

La ciudad donde vivas también influye en el precio de las actividades artísticas. El desglose de datos elaborado por la plataforma para la vuelta al cole sitúa el precio de música y artes desde 12 euros por hora en Córdoba hasta 22,5 euros en Barcelona y Palma de Mallorca.

Eso supone una diferencia del 87,5%. Traducido al conjunto del curso, mantener una hora semanal costaría aproximadamente 432 euros en el extremo más barato y 810 euros en el más caro: 378 euros de diferencia por hijo.

A nivel nacional, el precio también cambia considerablemente según la actividad. El Observatorio sitúa el piano en 23 euros por hora, la guitarra en 20 y el baile en 19. Con el mismo cálculo de 36 horas durante el curso, equivaldrían aproximadamente a 828, 720 y 684 euros, respectivamente.

Estudiar idiomas también depende de la ciudad de residencia

La diferencia territorial se reduce en los idiomas, aunque sigue siendo significativa. Una clase se sitúa en torno a 10 euros por hora en Córdoba y Granada, frente a los 15 euros de Madrid, Barcelona y Palma, según los datos remitidos por la plataforma.

La distancia es del 50%. En términos de curso completo, una hora semanal supondría aproximadamente 360 euros en las ciudades más baratas y 540 en las más caras, una diferencia de 180 euros.

El inglés, uno de los idiomas más estudiados y demandados en España, aparece en el Observatorio con una mediana nacional de 15 euros por hora.

En las clases particulares la brecha de precios es menor

El lugar de residencia también influye en las clases de apoyo, pero las diferencias son más contenidas. El desglose de TusClasesParticulares sitúa el refuerzo académico desde 10 euros por hora en Sevilla, Málaga, Alicante, Córdoba, Granada o Murcia y hasta 13 euros en Palma de Mallorca.

En nueve meses, una hora semanal equivaldría a unos 360 euros frente a 468 euros, una distancia de 108 euros.

Canto y tenis, las actividades más caras

Más allá de las diferencias entre ciudades, el Observatorio de Precios de TusClasesParticulares también permite comparar cuánto cuesta, de media, cada materia o actividad a nivel nacional. En la parte alta del ranking aparecen canto y tenis, ambos con una mediana de 25 euros por hora, seguidos del piano, con 23 euros, y la batería, con 21.

A continuación se sitúan el entrenador personal, la guitarra y el pádel, con 20 euros por hora, mientras que el baile alcanza los 19 y la natación, los 18.

Entre las actividades extraescolares y materias con una tarifa intermedia figuran programación, alemán y música, con 16 euros, además de francés, contabilidad, física, inglés, dibujo técnico e informática, con 15 euros por hora.

Por debajo aparecen el italiano y el español para extranjeros, con 14 euros, y un amplio grupo de materias académicas que se sitúan en los 12 euros por hora: clases de refuerzo para bachillerato, Biología, Química, Euskera, Economía y Lengua Castellana y Literatura.

Las opciones más económicas del ranking son también las vinculadas al apoyo escolar. ESO y Matemáticas tienen una mediana de 11 euros por hora, mientras que las clases particulares de primaria y repaso general cierran la clasificación con 10 euros.

Los trabajadores de Ceuta afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) podrán acceder a la prestación por desempleo de forma íntegra, sin necesidad de haber cotizado previamente el periodo mínimo exigido y sin consumir el paro que tengan acumulado. La medida forma parte del paquete extraordinario aprobado este martes por el Consejo de Ministros para proteger el empleo y la actividad económica en la ciudad autónoma.

El plan incluye además un régimen específico de ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2026. Las empresas que se acojan a estos expedientes podrán beneficiarse de una exención del 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores y periodos afectados entre septiembre y diciembre.

El nuevo marco se aplicará a los ERTE relacionados con la crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio, cuando comenzaron las entradas masivas de personas desde Marruecos que han afectado a la actividad de la ciudad. Las empresas afectadas podrán suspender total o parcialmente la actividad o reducir la jornada de sus trabajadores cuando exista una relación directa o indirecta con esta situación.

ERTE con las cotizaciones empresariales exentas

Para agilizar la tramitación de los ERTE, el organismo encargado de autorizarlos no estará obligado a pedir previamente un informe a la Inspección de Trabajo, aunque después podrá comprobarse si la empresa cumplía los requisitos y si existía realmente la causa de fuerza mayor alegada.

Las empresas afectadas podrán beneficiarse de una exención del 100% de su aportación a la Seguridad Social por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta. Esta ventaja se aplicará a las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a las personas y periodos afectados por una suspensión del contrato o una reducción de jornada.

650.000 euros para formación

El paquete aprobado por el Gobierno contempla también una partida de 650.000 euros gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para financiar programas de formación de ámbito territorial en Ceuta. Las actuaciones estarán dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y deberán adaptarse a las necesidades del tejido productivo y a los retos tecnológicos, organizativos y sectoriales.

A estas medidas se suma un refuerzo de los incentivos a la contratación. El Gobierno modificará el artículo 31 del Real Decreto-ley 1/2023 para elevar de manera estructural y al 75% la bonificación de las aportaciones empresariales correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicios en Ceuta y Melilla.

La modificación permitirá además incorporar nuevos sectores como beneficiarios de estas ayudas. Entre ellos estará la construcción, según ha detallado el Ministerio de Trabajo.

Las medidas laborales forman parte de un paquete más amplio con el que el Gobierno movilizará más de 309 millones de euros en 2026 para apoyar la economía y los servicios públicos de Ceuta. De esa cantidad, alrededor de 80 millones se destinarán específicamente a empresas y trabajadores, incluidos 36,6 millones en ayudas directas, 14 millones para comercio y turismo y 12 millones en medidas de alivio fiscal.

Construir nuevas viviendas sobre edificios que ya existen, en jardines o en otros espacios ya urbanizados. Esa es una de las fórmulas que el Gobierno británico quiere impulsar para aumentar la oferta residencial en Inglaterra, siguiendo un modelo similar al de las accessory dwelling units (ADU) que se ha extendido en California.

La idea consiste en aumentar la densidad residencial sin depender únicamente de grandes promociones o de nuevos desarrollos urbanos. Según informa Politico Europe, el Ejecutivo británico considera que estas modificaciones pueden ayudar a avanzar hacia su objetivo de construir 1,5 millones de viviendas antes de las próximas elecciones.

En California, estas pequeñas viviendas, conocidas coloquialmente como “casitas” o “granny flats”, se han popularizado durante los últimos años. De acuerdo con un análisis de datos estatales elaborado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, en 2025 representaron alrededor de una de cada cuatro viviendas autorizadas en el estado.

California pasó de menos de 9.000 permisos a más de 32.000

Durante décadas, California permitió construir este tipo de unidades residenciales, pero las administraciones locales imponían en muchos casos límites que dificultaban su desarrollo: tasas elevadas, restricciones de tamaño o largos procesos de autorización.

A partir de 2016, el Gobierno estatal comenzó a aprobar sucesivas reformas para reducir esos obstáculos y limitar la capacidad de los municipios para bloquear estas construcciones. El objetivo era facilitar que los propietarios pudieran añadir una segunda vivienda en sus parcelas y, al mismo tiempo, estandarizar los procedimientos.

El resultado ha sido un aumento considerable de las autorizaciones. Según los datos recogidos por Politico Europe, en 2018 se aprobaron menos de 9.000 viviendas accesorias en California, menos del 8% del total de nuevos hogares autorizados. En 2025, la cifra superó las 32.000 y alcanzó aproximadamente el 25% de todas las aprobaciones.

Además de aumentar la oferta residencial, la simplificación de las normas también ha favorecido la aparición de empresas especializadas en este tipo de construcciones, al permitirles trabajar con procedimientos más homogéneos entre distintas ciudades.

Reino Unido quiere aumentar la oferta en zonas ya construidas

Los cambios impulsados por el Gobierno británico buscan aprovechar mejor el suelo ya urbanizado de ciudades y suburbios. Las nuevas reglas de planificación favorecen añadir nuevas plantas a viviendas y edificios comerciales, así como construir en espacios disponibles alrededor de inmuebles existentes.

Según fuentes gubernamentales citadas por Politico Europe, la intención es impulsar un modelo de construcción similar al de las ADU estadounidenses, aunque manteniendo la supervisión de los ayuntamientos y límites para evitar desarrollos inadecuados en jardines residenciales.

El Ejecutivo defiende que esta fórmula puede permitir crear más viviendas cerca de puestos de trabajo, servicios y redes de transporte, sin tener que recurrir únicamente a la expansión de las ciudades sobre nuevos terrenos.

Sin embargo, la propuesta puede encontrarse con resistencia vecinal. Reino Unido ya vivió una polémica similar durante la década de los 2000 con el denominado garden grabbing, cuando comenzaron a proliferar proyectos que utilizaban jardines y parcelas de viviendas existentes para construir nuevos inmuebles.

El rechazo vecinal, uno de los principales obstáculos

Los conservadores británicos ya han criticado los nuevos cambios y advierten de que pueden acabar favoreciendo la construcción de pequeños bloques de pisos en zonas residenciales, en lugar de aumentar la oferta de casas familiares con jardín y aparcamiento.

También existen precedentes recientes. En el distrito londinense de Croydon se implantó en 2019 una política destinada a aumentar la densidad de los barrios suburbanos. La medida impulsó la creación de nuevas viviendas, según recoge Politico Europe, pero fue retirada en 2022 después de las protestas de vecinos por la demolición de casas y su sustitución por pequeños bloques residenciales.

El Gobierno británico defiende que las nuevas normas mantienen salvaguardas para proteger el carácter de los barrios y evitar que las infraestructuras, el transporte o los servicios públicos queden sobrecargados.

Aunque el precedente de California muestra que las pequeñas construcciones en parcelas ya ocupadas pueden convertirse en una parte significativa de la nueva oferta residencial, Reino Unido tendrá que comprobar si esta fórmula puede aliviar realmente una crisis de vivienda que sucesivos gobiernos no han conseguido resolver.

Más de 700.000 turistas italianos eligieron España como destino para sus vacaciones durante el mes de julio, justo antes de que ambos países reintrodujeran controles fronterizos temporales por la crisis migratoria de Ceuta. En concreto, fueron 717.118 visitantes, un 16,9% más que un año antes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Italia empezó a aplicar controles a viajeros procedentes de España el 1 de agosto, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ante el temor del Gobierno de Giorgia Meloni de que algunos pudieran continuar hacia territorio italiano. España respondió el 8 de agosto con controles a pasajeros llegados desde Italia por aire y mar. Este 31 de agosto, ambos países han decidido prolongar las medidas otros 15 días.

Los datos del INE corresponden al mes inmediatamente anterior a esta tensión fronteriza y muestran que el turismo desde Italia llegaba a agosto en plena expansión. Además, no solo aumentó la cantidad de viajeros, también el gasto: los italianos dejaron 839 millones de euros en julio, un 24,5% más que en el mismo mes de 2025.

Los viajes desde Italia crecen mucho más que la media

La cifra de visitantes italianos destaca especialmente al compararla con el conjunto del turismo internacional. España recibió en julio 11,54 millones de turistas extranjeros, un 4,6% más que un año antes. El número de visitantes italianos, en cambio, aumentó casi un 17%.

También creció con más fuerza el dinero que dejaron durante sus estancias. Cada turista italiano gastó de media 1.170 euros, un 6,5% más que el año anterior, y alrededor de 175 euros al día. En total, el gasto aumentó un 24,5%, por encima incluso del fuerte crecimiento registrado en las llegadas.

También crecieron notablemente los turistas procedentes de Suiza, con un 13,2% más de visitantes, y el grupo denominado ‘resto de Europa’, con un 10%. Países Bajos avanzó un 6,2% y Reino Unido, un 5,6%.

El escenario general también continúa al alza. Los turistas internacionales gastaron 18.218 millones de euros en España durante julio, un 10,9% más que un año antes. El desembolso medio alcanzó los 1.579 euros por persona y el gasto diario se situó en 218 euros.

Es decir, el dinero dejado por los visitantes extranjeros está creciendo bastante más rápido que su número: las llegadas aumentaron un 4,6%, mientras que el gasto lo hizo un 10,9%.

Los británicos siguen siendo los que más vienen y más gastan

Aunque Italia destaca por su crecimiento, Reino Unido continúa siendo con diferencia el principal país de origen de los turistas que llegan a España. En julio viajaron 2.187.700 británicos, un 5,6% más que en el mismo mes de 2025.

También fueron los que más dinero dejaron: 3.038 millones de euros en solo un mes, un 4,8% más. Cada turista británico gastó de media 1.389 euros durante su estancia.

Francia fue el segundo gran mercado por número de visitantes, con 1.587.673 turistas, un 2,3% más. Sin embargo, su gasto creció mucho más, un 12,6%, hasta alcanzar los 1.644 millones de euros. Cada francés desembolsó de media 1.036 euros, un 10,1% más que un año antes.

Algo parecido ocurrió con Alemania. Llegaron 1.209.462 turistas alemanes, también un 2,3% más, pero su gasto aumentó un 11,5%, hasta los 1.751 millones de euros. El desembolso medio por persona alcanzó los 1.447 euros, un 9% más.

No todas las nacionalidades siguieron la misma tendencia. Desde los países nórdicos llegaron 619.693 turistas, un 5,3% menos, y su gasto cayó un 6,8%, hasta 1.065 millones de euros. Irlanda también registró un descenso del 9,6% en el número de visitantes.

En los siete primeros meses de 2026, España ha recibido ya más de 58,1 millones de turistas internacionales, aumentando un 4,6%, que dejaron 82.054 millones de euros, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Comprar los libros, renovar la mochila o llenar el estuche es solo el principio. Cuando septiembre termina, muchas familias siguen sumando gastos cada mes por clases particulares, actividades extraescolares o comedor. Son pagos que pasan más inadvertidos que el desembolso inicial de la vuelta al cole, pero pueden condicionar el presupuesto familiar durante todo el curso.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el gasto escolar medio alcanzará los 2.484 euros por alumno durante el curso 2026-2027. Parte de esa factura se concentra al principio, pero otra continúa mes a mes. Solo las actividades extraescolares cuestan de media 78 euros mensuales.

A esto se suma, en muchos hogares, el refuerzo fuera del aula. Según un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, basado en una encuesta realizada en 2024, uno de cada cuatro estudiantes españoles de entre 6 y 18 años recibe clases particulares. Son alrededor de 1,4 millones de alumnos y las familias gastan de media 97 euros al mes por estudiante.

Las extraescolares pueden superar los 100 euros al mes

Fútbol, natación, música, baile, inglés o cualquier otra actividad después de clase añaden una nueva partida a las cuentas de casa. Y el coste cambia bastante según el tipo de centro al que acude el menor.

La OCU calcula que las familias cuyos hijos estudian en colegios públicos gastan de media 70 euros al mes en extraescolares. La cantidad sube a 86 euros en los centros concertados y alcanza los 113 euros mensuales en los privados.

La diferencia con otros gastos de septiembre está en que estas cantidades no suelen pagarse de golpe. Una mochila nueva o un lote de libros hacen más evidente cuánto se ha gastado, mientras que 70, 80 o 100 euros que salen de la cuenta todos los meses pueden acabar integrándose en los gastos habituales de la familia.

El Observatorio de Precios de TusClasesParticulares permite poner cifras más concretas a ese gasto. Tomando como referencia una hora semanal durante el curso, la plataforma estima un desembolso de unos 720 euros en actividades deportivas y 738 euros en música y artes. Algunas disciplinas pueden elevar todavía más la factura: una hora semanal de tenis puede alcanzar los 900 euros durante el curso. A esas cantidades puede añadirse el refuerzo académico. La misma plataforma calcula que una hora semanal de clases de apoyo supone unos 432 euros por hijo durante el curso.

Así, una familia que combine una actividad deportiva con esa hora de refuerzo desembolsaría aproximadamente 1.152 euros a lo largo del curso solo por ambas partidas, según un cálculo realizado a partir de las estimaciones de TusClasesParticulares. Si la actividad elegida fuese música o artes, la suma rondaría los 1.170 euros.

También importa dónde se viva. Madrid, Barcelona y Palma presentan una mediana de 15 euros por hora en las clases anunciadas en la plataforma. En Córdoba y Granada, baja hasta los 10 euros. Entre medias aparecen Bilbao, Zaragoza y Valencia, con unos 13 euros, y Málaga, Alicante, Murcia, Sevilla o Valladolid, con alrededor de 12.

Uno de cada cuatro estudiantes necesita apoyo fuera del aula

Las clases particulares representan otra factura que para muchas familias empieza cuando ya ha terminado la vuelta al cole. Los alumnos que reciben este tipo de apoyo dedican una media de tres horas semanales.

En conjunto, el negocio mueve alrededor de 1.480 millones de euros al año en España. Pero la necesidad de refuerzo no es igual durante toda la etapa educativa. En el primer ciclo de Primaria, recibe clases particulares el 13,2% del alumnado; en Bachillerato, cuando aumentan la dificultad de las asignaturas y la presión académica, el porcentaje se dispara hasta el 35,6%.

El inglés es la materia que más lleva a los estudiantes a buscar ayuda fuera del colegio. La estudia el 52,7% de quienes reciben clases particulares. Le siguen las matemáticas, con un 40,2%, y a bastante distancia aparecen lengua, física o química.

El precio permite hacerse una idea más concreta de lo que supone añadir unas horas de apoyo a la semana. Según TusClasesParticulares, una clase de Primaria presenta una mediana de unos 10 euros por hora. En ESO ronda los 11 euros si es presencial y los 12 euros si se imparte online, mientras que en Bachillerato se sitúa alrededor de los 12 euros.

La asignatura también modifica la tarifa. En matemáticas, la mediana está en torno a 11 euros por hora de manera presencial y alcanza los 15 euros online. En inglés asciende a unos 15 euros presencialmente y 16 euros a distancia.

No todas las familias pueden asumir estos gastos por igual

Pagar un profesor particular, reforzar idiomas o mantener varias actividades extraescolares no supone el mismo esfuerzo para todos los hogares. El estudio de Fundación La Caixa muestra que las familias con mayor renta gastan un 18% más en clases particulares que aquellas con menos recursos, una diferencia que refleja también un acceso desigual a apoyos educativos fuera del aula.

Esa brecha puede tener consecuencias más allá del presupuesto mensual. Quienes pueden pagar refuerzo académico, idiomas, música, deporte u otras actividades cuentan con más recursos para complementar la enseñanza reglada, mejorar determinadas competencias y afrontar con más apoyo etapas especialmente exigentes, como Bachillerato o las pruebas de acceso a la universidad.

Eso no significa que acudir a clases particulares garantice mejores resultados ni el acceso a una determinada carrera o universidad, pero sí que la capacidad económica amplía las herramientas educativas disponibles para unos alumnos frente a otros. Mientras algunas familias pueden recurrir a profesores privados ante una dificultad o financiar varias actividades extra durante años, otras deben prescindir de ellas aunque las consideren útiles o necesarias.

Comprar una botella o una lata cambiará con la llegada del nuevo sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR). El consumidor tendrá que pagar al menos 10 céntimos adicionales por cada recipiente incluido en el sistema, una cantidad que podrá recuperar después si devuelve el envase vacío en uno de los puntos habilitados.

España tiene hasta noviembre de 2026 para implantar este modelo, después de haber incumplido el objetivo de recogida separada de botellas de plástico fijado por la normativa. La medida busca aumentar el número de envases que regresan al circuito de reciclaje haciendo que tirarlos tenga también una consecuencia para el bolsillo.

Eso no significa que una botella vaya a encarecerse definitivamente en 10 céntimos. La cantidad funcionará como una especie de fianza: se paga al comprar la bebida y se recupera cuando se devuelve el recipiente. Si el consumidor no devuelve el envase a través de alguno de los canales habilitados, no recuperará ese dinero.

Cuánto tendrás que pagar y cómo recuperarás el dinero

El Real Decreto 1055/2022 establece un depósito mínimo de 10 céntimos por envase. La cuantía final podrá ser superior y deberá concretarse antes de que el sistema comience a funcionar.

En la práctica, si una bebida cuesta 1,50 euros y el depósito finalmente se fija en 10 céntimos, el consumidor pagaría 1,60 euros al comprarla. Después de consumirla, podría entregar el recipiente en un punto de devolución y recuperar esos 10 céntimos.

La diferencia es importante: no se trata de un impuesto ni de un recargo que el cliente tenga que asumir necesariamente. Quien devuelva el envase recuperará la cantidad adelantada. El coste recaerá, por tanto, sobre quien no lo haga.

Los recipientes incluidos en el sistema deberán estar identificados para que sea posible distinguirlos del resto y para que el consumidor sepa cuándo ha pagado un depósito que puede reclamar posteriormente.

No afectará a todas las botellas

El nuevo modelo afecta inicialmente a botellas de plástico de un solo uso de hasta tres litros utilizadas para determinadas bebidas. Entre ellas se encuentran las aguas minerales y de manantial, zumos, néctares, refrescos, bebidas energéticas, isotónicas y bebidas alcohólicas, entre otras categorías recogidas por la normativa.

El sistema también incluirá latas y envases de cartón para bebidas, los conocidos como briks, de estas mismas categorías. La norma amplía el SDDR a estos recipientes para garantizar que el modelo tenga suficiente volumen y resulte viable.

Dónde habrá que llevar los envases

Una de las principales dudas para el consumidor será dónde tendrá que entregar cada botella o lata para recuperar el dinero. La normativa contempla diferentes posibilidades y no obliga a que cada establecimiento instale necesariamente una máquina automática.

Los puntos de devolución podrán encontrarse en comercios, máquinas específicas, contenedores o centros habilitados para la recogida, entre otras fórmulas que establezcan los gestores del sistema. También habrá puntos en los que la devolución se realice manualmente.

Los comercios y distribuidores que vendan las bebidas afectadas tendrán que participar en el nuevo modelo, aunque la legislación contempla condiciones específicas para los establecimientos pequeños, especialmente aquellos con una superficie de venta igual o inferior a 120 metros cuadrados.

Por qué llega este cambio

España no ha decidido implantar el sistema de forma voluntaria. La Ley 7/2022 estableció que en 2023 debía recogerse separadamente al menos el 70% de las botellas de plástico de un solo uso para bebidas. El país quedó muy lejos de ese objetivo: los datos oficiales situaron la recogida separada correspondiente a 2023 en torno al 42%.

Ese incumplimiento activó el mecanismo previsto en la legislación: los productores quedaron obligados a poner en funcionamiento un sistema de depósito y devolución en un plazo máximo de dos años desde la comunicación de los resultados. Una vez implantado, el sistema deberá avanzar además hacia una recogida separada de al menos el 90% de los envases incluidos.

De ahí que noviembre de 2026 sea el horizonte establecido para implantarlo. El objetivo es que el incentivo económico aumente la devolución de envases y reduzca los que quedan fuera de los canales adecuados de recogida y reciclaje.

El sistema llega a noviembre con retrasos

Que noviembre sea la fecha marcada por la normativa no significa, sin embargo, que esté garantizado que todos los consumidores vayan a empezar a pagar y devolver envases ese mes con total normalidad.

A dos meses de que venza el plazo, la puesta en marcha todavía arrastra trámites pendientes. Las entidades que aspiran a gestionar el sistema han estado pendientes de las correspondientes autorizaciones y, una vez resueltas, todavía debe desplegarse la infraestructura necesaria: los puntos de devolución, la logística de recogida, las posibles máquinas y los sistemas informáticos necesarios para devolver los depósitos.

Por eso, el calendario efectivo todavía genera dudas. La obligación de implantar el SDDR existe y noviembre es el plazo fijado para hacerlo, pero queda por comprobar hasta qué punto todo el sistema estará preparado para funcionar plenamente cuando llegue esa fecha.

Septiembre devuelve a profesores y alumnos a las aulas, pero el nuevo curso comienza con una asignatura pendiente que poco tiene que ver con los libros de texto. Casi nueve de cada diez horas extraordinarias realizadas en el sector educativo no se pagan. En el segundo trimestre de 2026, los trabajadores de esta rama hicieron unas 682.200 horas extra a la semana y 588.900 de ellas, el 86,3%, fueron no remuneradas, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La diferencia es enorme: frente a esas casi 589.000 horas que no aparecen como pagadas, solo unas 93.300 horas extraordinarias semanales sí fueron remuneradas. Además, la educación es la actividad económica que acumula un mayor volumen de horas extra no pagadas en España, por delante de sectores como la hostelería, la industria manufacturera o el comercio.

El dato no corresponde únicamente a profesores de colegios e institutos. La categoría de educación que utiliza la EPA engloba un abanico mucho más amplio de trabajadores: desde educación infantil, primaria, secundaria, Formación Profesional y universidad hasta academias, autoescuelas, enseñanza deportiva o cultural y actividades auxiliares. Incluye, además, tanto centros públicos como privados.

Casi una de cada cinco horas extra sin pagar se hace en educación

La situación del sector educativo destaca dentro de un problema mucho más amplio. Entre abril y junio se realizaron en España 7,18 millones de horas extraordinarias cada semana, la cifra más alta de la serie disponible desde 2011. De ellas, algo más de 3,09 millones no fueron pagadas, alrededor del 43% del total.

Solo la educación concentra aproximadamente el 19% de todas las horas extraordinarias no remuneradas del país. Es decir, casi una de cada cinco horas de más que los trabajadores realizan sin recibir un pago corresponde a esta rama de actividad.

La comparación con otros sectores permite comprender la dimensión de este dato. La industria registró unas 976.000 horas extraordinarias semanales, pero 703.000 fueron remuneradas. Algo parecido ocurre en las actividades sanitarias, donde se realizaron alrededor de 947.300 horas de más y 806.000 sí fueron pagadas.

En la hostelería, en cambio, la situación está mucho más equilibrada: de unas 698.200 horas extraordinarias, 371.400 fueron remuneradas y 326.800 quedaron sin pagar.

Según los cálculos de CCOO a partir de la EPA, seis actividades concentran el 62% de todas las horas extra no pagadas: educación, hostelería, industria manufacturera, comercio, actividades profesionales y Administración Pública.

Las horas extra no pagadas ganan terreno

El problema, además, no se limita a que exista un volumen elevado de trabajo adicional. Las horas extraordinarias no pagadas están aumentando con mayor fuerza que las remuneradas.

En el conjunto de España, las horas extra crecieron un 2,48% respecto al segundo trimestre de 2025. Sin embargo, detrás de ese incremento hay dos evoluciones muy distintas: las horas no pagadas aumentaron un 9,6%, mientras que las retribuidas descendieron un 2,3%.

En educación también se observa un deterioro durante este año. En el primer trimestre de 2026 se registraban aproximadamente 504.800 horas extraordinarias semanales sin pagar. Tres meses después eran ya 588.900, un 16,7% más.

Al mismo tiempo, las horas extra remuneradas pasaron de unas 129.600 semanales a 93.300, una caída cercana al 28%. Como resultado, las horas no pagadas han pasado de representar alrededor del 80% de todo el trabajo extraordinario del sector a superar el 86%.

Son cifras especialmente llamativas en una actividad esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad y en la que parte del trabajo no termina cuando acaba una clase o cierra un centro: preparación, correcciones, reuniones, tareas administrativas o planificación forman parte del día a día de numerosos profesionales.

No todas las horas que no se pagan son necesariamente ilegales

Existe una precisión importante. Que la EPA contabilice una hora extraordinaria como no pagada no significa automáticamente que la empresa o la administración esté incumpliendo la ley.

El Estatuto de los Trabajadores permite que las horas extra se remuneren económicamente o se compensen mediante periodos equivalentes de descanso. Cuando no existe un pacto específico, deben compensarse con descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

La normativa establece también que, si se pagan, su importe no puede ser inferior al valor de una hora ordinaria y fija, con carácter general, un máximo de 80 horas extraordinarias anuales por trabajador. Las compensadas con descanso dentro de los cuatro meses siguientes no computan para ese límite.

Por eso, aunque la EPA permite afirmar que 588.900 horas extraordinarias semanales en educación no fueron pagadas, no permite saber cuántas se compensaron posteriormente con descanso. Tampoco sería correcto identificar automáticamente toda esa cifra con trabajo ilegal.

Endurecer el registro horario: ¿una solución?

Precisamente, el volumen de horas extraordinarias que quedan fuera de la remuneración es uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Trabajo para defender una reforma del registro de jornada.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz quiere implantar un sistema digital, fiable y accesible para la Inspección de Trabajo que permita comprobar con mayor facilidad a qué hora comienza y termina realmente la jornada de cada empleado. El objetivo es reducir la distancia entre las horas que figuran oficialmente y las que efectivamente se trabajan.

La reforma debía haber avanzado antes de las vacaciones de verano, pero quedó pendiente después de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado y de las diferencias entre Trabajo y el Ministerio de Economía. Ambos departamentos acordaron retomar el asunto en septiembre.

El Consejo de Estado planteó dudas relacionadas con la protección de los datos personales a los que tendría acceso la Inspección y cuestionó que algunas de las nuevas obligaciones previstas puedan imponerse mediante un real decreto sin modificar antes la ley. La patronal CEOE también se ha opuesto a la reforma y ha advertido del coste que puede representar para las empresas, especialmente para las pymes.

Mientras ese debate vuelve a la mesa del Gobierno, miles de trabajadores de la educación comienzan un nuevo curso en un sector que lidera con diferencia las horas extra no pagadas en España.

El diésel contará desde este martes, 1 de septiembre, con una rebaja fiscal equivalente a 20 céntimos por litro, cuatro veces más que la aplicada a la gasolina, que se mantendrá en 5 céntimos. Esta diferencia responde al fuerte encarecimiento del gasóleo y a la activación automática de una cláusula de salvaguarda prevista por el Gobierno.

El IPC de julio confirmó que el precio de este combustible aumentó un 15,7% respecto al mismo mes del año anterior, por encima del umbral del 15% establecido en el Real Decreto-ley aprobado a finales de junio para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. La gasolina, en cambio, se encareció un 7,3% interanual, por lo que no cumple la condición necesaria para elevar de nuevo la protección.

Así funciona el mecanismo automático previsto por el Gobierno

La norma establecía que, si el IPC de la gasolina o del gasóleo superaba en más de un 15% el nivel del mismo combustible un año antes en julio, durante septiembre volvería a aplicarse una reducción equivalente a 20 céntimos por litro. De no alcanzarse ese límite, la ayuda prevista para este mes quedaría en solo 5 céntimos.

Técnicamente, no se trata de un descuento que las estaciones de servicio resten directamente del importe que aparece en el surtidor, sino de una reducción de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos. Su efecto, no obstante, equivale a esas cantidades por litro.

Por su parte, el Ministerio de Economía sostiene que este sistema permite ajustar las ayudas a la evolución real de los precios y reforzar la protección únicamente en aquellos combustibles donde la presión inflacionista sea mayor.

El gasóleo acumula ocho semanas consecutivas de subidas

La activación de la cláusula coincide con una fuerte escalada de los precios de los carburantes durante el verano. El gasóleo ha encadenado ocho semanas consecutivas de aumentos y su precio medio se ha situado en 1,861 euros por litro, después de subir un 1,8% solo en la última semana.

La gasolina también continúa encareciéndose. Su precio medio ha alcanzado los 1,723 euros por litro tras aumentar un 1,55% respecto a la semana anterior, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Desde comienzos de julio, el precio del diésel acumula un incremento de alrededor del 23,7%, mientras que la gasolina se ha encarecido cerca de un 19,8%. Ambos combustibles llegan así al final de agosto en máximos de varios meses, coincidiendo con la operación retorno de las vacaciones.

Los carburantes empujan la inflación hasta el 4,3%

La presión energética también está teniendo un impacto directo sobre la inflación. El IPC adelantado de agosto publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima la tasa interanual en el 4,3%, siete décimas por encima del 3,6% registrado en julio.

De confirmarse, se trataría del nivel más alto desde febrero de 2023 y de la primera vez desde abril de ese mismo año que la inflación supera el 4%. El INE atribuye buena parte del repunte al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios han subido este agosto frente al descenso registrado en el mismo mes del año pasado.

El Ministerio de Economía vincula esta evolución a la persistencia del impacto energético provocado por la guerra en Irán y sostiene que las medidas desplegadas hasta ahora han servido para contener parcialmente sus efectos sobre los precios y el poder adquisitivo de los hogares.

Según sus estimaciones, el conjunto del plan anticrisis habría reducido en alrededor de un punto la inflación media de los últimos meses y amortiguado más del 60% del incremento de precios asociado al shock externo.

El dato del 4,3% publicado por el INE es todavía provisional. La cifra definitiva del IPC de agosto se conocerá el próximo 15 de septiembre, cuando Estadística ofrecerá además el detalle de los productos y servicios que más han contribuido a la subida de los precios.

Divorciarse en España no requiere que los dos miembros del matrimonio quieran poner fin a la relación. “No necesitas que tu pareja esté de acuerdo. En España, uno solo de los cónyuges puede solicitar el divorcio”, explica la abogada Elisa T. Cardona (@iurislegalcc) en un vídeo publicado en TikTok. Esta posibilidad está recogida en el Código Civil, que permite pedir judicialmente el divorcio a uno solo de los cónyuges.

Como regla general, deben haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio. Sin embargo, la ley elimina este plazo cuando se acredita que existe un riesgo para la vida, la integridad física o moral, la libertad o la libertad e indemnidad sexual del solicitante o de determinados miembros de la familia.

Más allá de la decisión de separarse, Cardona advierte de que buena parte de las consecuencias futuras del divorcio pueden quedar recogidas en el convenio regulador. “No firmes un convenio regulador sin comprender su contenido”, señala.

El Código Civil establece que este documento puede abordar, entre otras cuestiones, el cuidado de los hijos, el uso de la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, los alimentos o una eventual pensión compensatoria.

Qué ocurre con los hijos y la vivienda familiar

Cuando hay hijos menores, la abogada insiste en que las condiciones deben quedar bien definidas: “Hay que regularlo todo con precisión. Custodia y visitas, vacaciones, pensión de alimentos y contribución a los gastos”.

Otro de los aspectos que puede generar dudas es quién permanece en la vivienda. “La vivienda familiar no siempre será para quien es propietario”, advierte Cardona. La legislación establece que, si no existe un acuerdo aprobado judicialmente, el uso corresponde con carácter general a los hijos comunes menores y al progenitor con el que permanezcan hasta que alcancen la mayoría de edad.

Si no existen hijos, también puede atribuirse temporalmente al cónyuge que no sea propietario cuando su interés sea el más necesitado de protección.

La letrada también aclara que la pensión compensatoria “no se concede automáticamente”. Para que exista este derecho, debe producirse un desequilibrio económico respecto al otro cónyuge que implique un empeoramiento frente a la situación existente durante el matrimonio.

Para determinarla, pueden valorarse cuestiones como la edad, la situación laboral, la dedicación a la familia, la duración del matrimonio o los recursos económicos de ambos.

Las medidas que pueden adoptarse mientras llega la sentencia

El proceso de divorcio puede prolongarse y determinadas cuestiones necesitan resolverse antes de que exista una decisión definitiva. Por eso, Cardona recomienda valorar las medidas provisionales, que permiten fijar temporalmente aspectos como “el uso de la vivienda, la custodia de los hijos o la pensión de alimentos hasta que se decida la sentencia de divorcio”.

La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla tanto medidas provisionales previas a presentar la demanda como otras que pueden solicitarse una vez iniciado el procedimiento.

Cambiar después un acuerdo puede ser más difícil

La abogada destaca, por último, las consecuencias de aceptar unas condiciones sin haberlas valorado correctamente: “Si firmas un mal acuerdo, cambiarlo después puede ser complicado”.

El Código Civil permite modificar posteriormente las medidas cuando cambian las circunstancias de los cónyuges o las necesidades de los hijos, pero no se trata simplemente de arrepentirse de lo firmado.

Por eso, Elisa Cardona resume sus consejos y recomendaciones en una última advertencia: “Antes de divorciarte, no firmes nada sin saber sus consecuencias legales”.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso presentado por Mar de Ons y ha dado la razón a la Comisión Gallega de la Competencia, que consideró que la compañía incumplió su compromiso de ofrecer descuentos específicos a las personas con discapacidad. La decisión permite que siga adelante la apertura de un expediente sancionador por una posible infracción muy grave.

La sentencia no ha impuesto ninguna sanción económica. Será el procedimiento sancionador el que determine después si existe responsabilidad y, en su caso, si corresponde imponer una multa a la operadora marítima. La propia resolución recuerda que abrir ese expediente no equivale a declarar culpable a la empresa.

El conflicto gira en torno a uno de los compromisos que Mar de Ons asumió hace cuatro años: ofrecer una política específica de descuentos a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y, cuando correspondiera, también a su acompañante. Competencia concluyó que la empresa no había cumplido esa obligación y el TSXG respalda esa decisión.

El compromiso que asumió Mar de Ons en 2022

El origen del caso está en un acuerdo aprobado en julio de 2022 para cerrar un expediente relacionado con posibles prácticas restrictivas de la competencia en el transporte de pasajeros a las Islas Cíes. Varias empresas del sector aceptaron una serie de compromisos para poner fin a aquel procedimiento, entre ellos mejorar la atención al cliente y establecer medidas específicas para las personas con discapacidad.

En concreto, el acuerdo obligaba a ofrecer descuentos adicionales a cualquier otra rebaja que pudiera aplicarse y a informar de ellos mediante un documento en el que se detallara su porcentaje sobre el precio ordinario. También podían incluirse otras medidas destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y el bienestar de estos pasajeros.

Cuando Competencia revisó cómo estaban cumpliendo las empresas esos compromisos, comprobó que en la página web de Mar de Ons no aparecía ninguna política de descuentos para personas con discapacidad y sus acompañantes.

La naviera reconoció que esas rebajas no figuraban publicadas cuando se hizo la comprobación, pero defendió que sí las estaba aplicando a través de su correo electrónico comercial. Para demostrarlo, la empresa aportó una captura de un tarifario interno de 2023 en el que aparecía la referencia a un “colectivo especial”.

Competencia consideró que esa documentación no bastaba para probar que existiera una política clara y general de descuentos para cualquier persona con discapacidad que quisiera viajar con compañía. Tampoco constaba que esas tarifas se hubieran aplicado efectivamente de forma regular.

El tribunal ve descuentos poco claros y diferentes según el caso

El TSXG comparte esa conclusión. La sentencia recoge varios ejemplos de precios que Mar de Ons ofreció a clientes que preguntaron expresamente por descuentos. En un caso, una persona recibió una rebaja de tres euros sobre un billete de 22,50 euros. En otro, relativo a un grupo de unas 30 personas, se ofrecieron tarifas reducidas y gratuidad para los monitores o cuidadores. Además, en otro documento aparecía un descuento del 20% para la persona con discapacidad y su acompañante.

Para el tribunal, esas diferencias muestran que no existía una política suficientemente definida. La Sala habla de una “total falta de concreción e inconsistencia” en las rebajas que la empresa afirma haber aplicado y concluye que eso impide considerar cumplido el compromiso que había asumido.

La sentencia también cuestiona que los descuentos solo pudieran conocerse cuando el propio cliente los solicitaba. Según el TSXG, ofrecer rebajas por discapacidad únicamente a petición del interesado y a través de correo electrónico “difícilmente puede satisfacer” el objetivo de beneficiar de forma efectiva a estas personas. El tribunal recuerda además que la información sobre precios y descuentos debe facilitarse de forma clara, comprensible y accesible.

Por todo ello, el TSXG desestima el recurso de Mar de Ons y mantiene la resolución de la Comisión Gallega de la Competencia que declaró incumplido el compromiso y ordenó abrir un procedimiento sancionador. La empresa deberá asumir además las costas judiciales, con un límite de 1.500 euros. La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación.

En junio de 2025, la hipoteca media para comprar una vivienda rondaba los 168.270 euros en España. Un año después, en junio de 2026, alcanzó los 178.365 euros. Son alrededor de 10.000 euros más por préstamo, un aumento del 6% interanual, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ese aumento del importe medio se produce, además, en un mes en el que también crecieron con fuerza las nuevas operaciones. En junio se constituyeron 45.907 hipotecas sobre viviendas, un 10,8% más que un año antes.

Por su parte, el capital total concedido creció todavía más: aumentó un 17,5%, hasta superar los 8.188 millones de euros. Es decir, el dinero que los bancos prestaron para financiar la compra de vivienda aumentó más que el número de hipotecas.

El dinero prestado crece mucho más que las operaciones

La tendencia también se aprecia al observar el conjunto del primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el número de hipotecas sobre viviendas aumentó un 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el capital prestado creció bastante más, un 17,5%, y el importe medio de los préstamos subió un 9,8%.

Se firman más hipotecas, pero se pide más dinero en cada una de ellas. Para quienes necesitan financiación para comprar una vivienda -la gran mayoría de la sociedad española- eso se traduce en préstamos más elevados y, por tanto, en una deuda mayor que hace un año.

Además, el plazo medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en junio en 25 años. Y el tipo de interés medio fue del 2,96%, ligeramente por debajo del 2,98% registrado en mayo. Con este dato, las nuevas hipotecas sobre viviendas encadenan ya 17 meses con un interés medio inferior al 3%.

Seis de cada diez hipotecas se firman a tipo fijo

En junio, las hipotecas a tipo fijo partieron además con un interés medio más bajo que las variables. El tipo inicial fue del 2,89% en las fijas, frente al 3,07% en las variables. El tipo fijo continúa así siendo la opción mayoritaria: concentró el 61,7% de las nuevas hipotecas sobre viviendas, frente al 38,3% de las variables.

El mercado hipotecario también recuperó fuerza después del pequeño retroceso del 0,1% registrado en mayo. En comparación con el mes anterior, en junio se constituyeron un 8,8% más de hipotecas sobre viviendas. El capital prestado aumentó un 10,9% y el importe medio de cada préstamo avanzó otro 2%.

El crecimiento, sin embargo, está lejos de ser homogéneo en todo el país. Las mayores subidas interanuales en el número de nuevas hipotecas se registraron en Canarias, con un 31,4%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 23,2%, y la Comunitat Valenciana, con un 16,1%.

En el extremo contrario aparecen tres comunidades donde se firmaron menos préstamos para vivienda que un año antes. En Islas Baleares el número cayó un 10,4%, en Cantabria descendió un 9,1% y en Galicia, un 7,3%.

Los datos de junio muestran en su conjunto un mercado hipotecario que vuelve a crecer con fuerza, pero también una situación cada vez más exigente para quienes necesitan endeudarse para comprar: el volumen de crédito necesario para acceder a una vivienda aumenta bastante más deprisa que el número de hipotecas.

España se ha convertido en uno de los principales destinos europeos para quienes quieren invertir en hoteles. Durante el primer semestre de 2026 se destinaron 2.656 millones de euros a la compraventa de activos hoteleros en el país, un 34% más que en el mismo periodo del año anterior. Con este volumen, España se situó como el segundo mercado de Europa, solo por detrás de Reino Unido. En esos seis meses cambiaron de manos 91 hoteles que sumaban 12.863 habitaciones, según el informe Hospitality MarketBeat de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield.

Buena parte de ese dinero se está concentrando, además, en la parte más cara del mercado. El 44% de todo el volumen invertido correspondió a hoteles de lujo, aunque estos establecimientos representaron únicamente el 23% de las habitaciones transaccionadas. El precio medio pagado en esta categoría alcanzó los 391.000 euros por habitación.

Detrás del interés de los inversores hay un sector que sigue beneficiándose de una elevada demanda turística. España registra cientos de millones de pernoctaciones cada año, los hoteles están aumentando sus ingresos y la oferta crece a menor ritmo que la demanda. A esto se suma una cartera de nuevos proyectos que muestra que la apuesta por el país continuará durante los próximos años, con especial protagonismo de los establecimientos de mayor categoría.

España concentra más noches turísticas que ningún otro país de la UE

España fue en 2025 el país de la Unión Europea con mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos, con 513,6 millones. Superó a Italia, que registró 476,9 millones; Francia, con 471,7 millones; y Alemania, con 442,1 millones. Solo estos cuatro países concentraron el 61,7% de todas las noches turísticas de la UE.

El peso de España también se mantiene en 2026. Durante el primer trimestre, una de cada cuatro noches realizadas por turistas extranjeros en alojamientos de la UE se produjo en España. Fueron 54,1 millones de pernoctaciones internacionales, según Eurostat.

Los datos más recientes de la consultora inmobiliaria CBRE apuntan en la misma dirección. En el primer semestre del año, España superó los 55 millones de viajeros, el mejor registro histórico para este periodo. Las llegadas internacionales aumentaron un 3% y el gasto turístico acumulado hasta mayo creció un 8%. Si se mantiene la tendencia, la consultora considera que el país podría superar los 100 millones de turistas internacionales durante 2026.

Esta demanda es uno de los factores que explica el interés por comprar hoteles en España. Cushman & Wakefield señala que el mercado sigue respaldado por unos resultados operativos sólidos, liquidez y entrada de capital, mientras los destinos vacacionales continúan atrayendo una parte importante de la inversión.

La demanda crece más rápido que la oferta hotelera

La oferta hotelera creció solo un 1,9% interanual durante el primer semestre, por debajo de la demanda. Esa diferencia da más margen a los establecimientos para mantener ocupaciones elevadas y subir precios, algo que se refleja directamente en sus ingresos.

El RevPAR, que mide los ingresos por habitación disponible, aumentó un 5,6% hasta los 121 euros, mientras que la tarifa media diaria subió un 5%. Marbella lideró con 218 euros por habitación disponible, seguida de Barcelona, con 154, y Madrid, con 142. Valencia y Alicante fueron las que más crecieron, un 13,5%.

Este escenario beneficia al negocio hotelero y explica parte del apetito inversor: más demanda, una oferta que crece poco y más ingresos por habitación. CBRE sitúa de hecho a España como el mercado europeo más atractivo para la inversión hotelera por tercer año consecutivo. Barcelona comparte con Londres el primer puesto entre las ciudades preferidas y Madrid ocupa la tercera posición.

El lujo concentra el 44% de la inversión

Dentro de este mercado, el capital se está dirigiendo especialmente hacia los establecimientos de mayor categoría. La inversión en hoteles de lujo aumentó un 125% respecto al primer semestre de 2025, mientras que el número de habitaciones de este segmento que cambiaron de manos creció un 196%. Así, el lujo absorbió el 44% del dinero pese a concentrar únicamente el 23% de las habitaciones vendidas.

Los hoteles de lujo también se venden a precios mucho más altos. Mientras que el precio medio fue de 209.553 euros por habitación en el conjunto del mercado español, en los establecimientos de lujo alcanzó los 391.000 euros, casi el doble.

La preferencia por la gama alta no se limita a las compraventas realizadas durante este año. CBRE calcula que unos 270 hoteles abrirán en España hasta 2028 y aproximadamente un tercio serán de cinco estrellas o gran lujo. Los proyectos previstos se concentran principalmente en Málaga, Madrid, Cádiz, Valencia y Canarias.

Singapur ha decidido reforzar su estrategia para combatir el desplome de la natalidad. El Gobierno del primer ministro Lawrence Wong ha anunciado un nuevo paquete de ayudas que, sumado a otros programas ya existentes, elevará hasta unos 70.000 dólares singapurenses -cerca de 47.000 euros- el apoyo financiero que puede recibir cada niño desde su nacimiento hasta los 17 años. El objetivo es aliviar el coste de criar a un hijo en un país que acaba de registrar la tasa de fecundidad más baja de su historia.

La principal novedad es el SG Child Support Package, que ofrecerá hasta 62.000 dólares singapurenses por cada menor que sea ciudadano del país, independientemente de si es el primero, el segundo o el tercer hijo. Hasta ahora, algunas prestaciones aumentaban en función del orden de nacimiento. Con el nuevo modelo, todos los niños tendrán la misma ayuda. Sumando otros programas ya vigentes, el Gobierno calcula que el respaldo económico total rondará los 70.000 dólares singapurenses hasta los 17 años.

El paquete de ayudas pretende ir más allá de ofrecer un incentivo puntual para tener un bebé. El Ejecutivo del país quiere repartir las prestaciones durante buena parte de la infancia y adolescencia y acompañarlas de medidas relacionadas con el tiempo de cuidados, las escuelas infantiles y la vivienda. El propio Gobierno define las reformas como un “cambio fundamental” en la manera de apoyar a las familias, después de años de políticas dirigidas a fomentar los nacimientos sin conseguir detener la caída de la natalidad.

Hasta 62.000 dólares repartidos durante 17 años

El nuevo paquete comenzará con una ayuda de 10.000 dólares singapurenses en efectivo durante el primer año de vida, repartida en dos pagos. A partir de ahí, las familias recibirán otros 2.000 dólares cada año desde que el menor cumpla uno hasta los 16 años, lo que supone 32.000 dólares adicionales durante ese periodo.

A estas cantidades se añaden 5.000 dólares que el Estado ingresará inicialmente en una cuenta destinada a determinados gastos relacionados con el menor y hasta otros 5.000 mediante un sistema de cofinanciación: el Gobierno igualará las aportaciones que hagan los padres hasta alcanzar ese límite. Cuando el joven cumpla 17 años, recibirá además 10.000 dólares en su cuenta destinada a educación postsecundaria, con el objetivo de reducir el coste de continuar sus estudios.

En conjunto, estas medidas suman hasta 62.000 dólares. Si se añaden prestaciones que ya existen -como los 5.000 dólares destinados a gastos sanitarios de los recién nacidos y las aportaciones educativas que pueden rondar los 2.500 dólares a lo largo de la etapa escolar-, el apoyo directo se acerca a 70.000 dólares singapurenses por niño.

El Gobierno también ha querido que el cambio alcance a las familias que ya tienen hijos. Los menores ciudadanos de Singapur que tengan entre uno y 17 años en 2026 podrán acceder a las prestaciones que les correspondan en función de su edad, mientras que los bebés nacidos a partir del 1 de abril de 2027 recibirán íntegramente el nuevo pago inicial de 10.000 dólares.

Más permisos, guarderías más baratas y facilidades para acceder a una vivienda

El dinero es solo una parte de la estrategia. Singapur también ampliará los permisos para atender a los hijos. Los padres trabajadores con menores de hasta 12 años dispondrán de ocho días de permiso al año si tienen un hijo, diez si tienen dos y doce si tienen tres o más. Actualmente existen diferentes permisos en función de la edad del menor, que serán sustituidos por un sistema único.

También se reducirán progresivamente los precios de los centros infantiles financiados por el Gobierno. El objetivo es que, en 2030, una plaza de jornada completa en una guardería cueste alrededor de 150 dólares singapurenses al mes, mientras que la atención a bebés se sitúe en unos 300 dólares. Las familias con menores ingresos podrán acceder a tarifas todavía más reducidas.

La vivienda completa el paquete. A partir de febrero de 2027, las familias que soliciten por primera vez una vivienda pública y tengan hijos -o estén esperando uno- recibirán una oportunidad adicional en el sorteo por cada menor ciudadano de Singapur de hasta 18 años, una medida con la que el Ejecutivo pretende facilitar que los hogares puedan adaptarse al aumento de la familia.

La natalidad cae a su mínimo histórico

Las medidas llegan después de que la tasa de fecundidad de Singapur descendiera hasta 0,87 hijos por mujer en 2025, frente a los 0,97 registrados un año antes. Es el nivel más bajo de toda la serie histórica. Además, en 2025 se contabilizaron 27.529 nacimientos entre residentes, un 10,6% menos que el año anterior.

La tendencia preocupa especialmente al Gobierno porque se combina con un rápido envejecimiento de la población. Hace una década, la tasa de fecundidad todavía se situaba en 1,24 hijos por mujer. Las autoridades han advertido de que mantener durante años niveles tan bajos reduciría progresivamente el número de personas en edad de tener hijos y haría cada vez más difícil revertir el descenso demográfico.

Algunas de las marcas más reconocibles del aceite español pueden cambiar de manos. Deoleo, propietaria de marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca, está en venta y la empresa italiana Coricelli se ha colocado en cabeza de la puja tras elevar su oferta hasta los 500 millones de euros, por encima de los 470 millones planteados por la cooperativa española Dcoop y los 460 millones de Acesur.

La operación resulta especialmente significativa por el peso que tiene España en este negocio. El país produce aproximadamente el 40% de todo el aceite de oliva del mundo, con 1,29 millones de toneladas en la actual campaña 2025-2026, y mantiene el liderazgo internacional en comercialización. El producto español está presente en más de 150 países y sus ventas exteriores alcanzan unos 4.800 millones de euros, según el Ministerio de Agricultura.

La disputa, por tanto, no gira sobre quién producirá el aceite español, sino sobre quién controlará algunas de las marcas más conocidas con las que se vende dentro y fuera del país.

Pero la venta todavía no está cerrada. Deoleo comunicó el pasado 19 de agosto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que sus accionistas de referencia están estudiando distintas alternativas estratégicas y que no se ha adoptado una decisión definitiva. La compañía tampoco puede asegurar que el proceso acabe en una venta.

Coricelli pone 500 millones sobre la mesa

La oferta de Coricelli ha alterado una puja en la que hasta hace unos días Dcoop parecía mejor situada. La compañía italiana, que había quedado inicialmente fuera del proceso, reaccionó elevando su propuesta hasta los 500 millones de euros y, según Europa Press, habría solicitado exclusividad para negociar la operación. Dcoop habría ofrecido 470 millones y Acesur, 460 millones.

Aunque se trata de un grupo de origen italiano, su presencia en España viene de lejos. La operación se articularía a través de Farmers Elite Global, la sociedad holding del grupo, domiciliada en Sevilla desde 2015. La familia Coricelli también controla Aceites Abasa, ubicada en Baena (Córdoba), desde comienzos de los años 2000. Su presidente, Lorenzo Coricelli, ha reivindicado además esa vinculación con España al asegurar, en declaraciones a El Economista, que el grupo es “más español que italiano” y defender que Deoleo permanezca unida.

Frente a esta propuesta se encuentran dos grandes actores españoles del sector. Dcoop ha reconocido a Europa Press que estudia oportunidades como la de Deoleo y ha defendido que el futuro comprador debe estar comprometido con la calidad y la lucha contra el fraude. La cooperativa advierte además de que sería “malo para España perder el liderazgo en un sector tan estratégico”.

Dcoop es, además, uno de los grandes nombres de la producción española. La cooperativa se presenta como el mayor productor mundial de aceite de oliva virgen, con una producción media cercana a las 200.000 toneladas y alrededor de un centenar de cooperativas asociadas. Su área de aceite factura unos 600 millones de euros y el grupo es copropietario de Pompeian, una de las principales marcas del mercado estadounidense.

Acesur también parte de una posición importante. El grupo sevillano, propietario de marcas como La Española y Coosur, asegura comercializar una de cada cinco botellas de aceite de oliva consumidas en España y exporta a más de 120 países. El negocio internacional representa alrededor del 60% de su facturación.

En este contexto, la puja por Deoleo enfrenta a Coricelli con dos compañías españolas que ya tienen un peso indiscutible en la producción y comercialización del aceite.

Carbonell, Koipe, Hojiblanca, Bertolli y Carapelli

Lo que está en juego va mucho más allá de una única marca. Deoleo reúne bajo su estructura enseñas históricas españolas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca. La compañía asegura contar con un 8,3% de cuota del mercado mundial del aceite de oliva y presencia en 70 países.

Esa cartera internacional es una de las claves del interés por la compañía: quien se haga con Deoleo no solo controlará marcas históricamente vinculadas a España, sino también enseñas de origen italiano como Bertolli y Carapelli y una red comercial que llega a decenas de mercados.

Además, Deoleo llega al proceso de venta después de mejorar sus resultados. En el primer semestre de 2026 obtuvo un beneficio neto de 19,4 millones de euros, mientras continúa reforzando su posición en algunos de sus mercados estratégicos.

Qué cambiaría realmente si gana Coricelli

Una posible victoria de Coricelli no significaría, por tanto, que la producción española de aceite pasara a manos italianas. Lo que cambiaría sería quién toma las decisiones sobre Deoleo, sus marcas y su red comercial internacional, mientras España seguiría siendo el principal productor mundial.

Tampoco sería la primera vez que Deoleo queda bajo capital extranjero. Sus principales accionistas son actualmente fondos vinculados a CVC y Alchemy, que controlan conjuntamente más del 90% de la compañía y son quienes estudian ahora las alternativas para su inversión.

La batalla que se libra estos días decidirá quién controlará en los próximos años algunas de las marcas con las que el aceite producido en España ha llegado a millones de consumidores dentro y fuera del país.

Falta casi un año para el próximo eclipse de sol, que ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Sin embargo, quienes quieran viajar al sur de España para observarlo -donde se podrá ver en su totalidad- ya se están encontrando con precios de alojamientos verdaderamente desorbitados. Una búsqueda realizada por Infobae en Booking y Airbnb para dos adultos y una sola noche, del 1 al 2 de agosto del próximo año, muestra viviendas en alquiler por más de 40.000 euros y alguna que supera incluso los 50.000. En varios casos, además, la misma vivienda cuesta mucho menos en otras fechas del verano.

La diferencia de precios se evidencia especialmente en la costa de Cádiz. Una casa en El Palmar aparece por 39.326 euros para la noche anterior al eclipse y por 3.130 euros dos semanas después. En Zahora, una casa rural se ofrece por 41.026 euros esa noche, mientras que del 9 al 15 de agosto cuesta 3.911 euros por seis noches, unos 652 euros por noche. Tomando ese precio medio como referencia, la tarifa de la noche del eclipse es unas 63 veces superior. Y en Vejer de la Frontera, un apartamento alcanza los 28.020 euros del 1 al 2 de agosto, frente a 1.300 euros por cuatro noches a finales de julio.

También ocurre fuera de Cádiz. Un apartamento en Estepona cuesta 17.055 euros la noche previa al eclipse, pero se puede reservar por 774 euros del 25 al 26 de julio. Es decir, para la fecha del fenómeno cuesta unas 22 veces más. Las comparaciones no siempre son exactas porque algunos propietarios exigen estancias mínimas de varias noches según la fecha, pero permiten ver hasta qué punto algunas tarifas se disparan justo en torno al fenómeno.

De 93 a 17.680 euros por una noche en Tarifa

Uno de los casos más llamativos está en Tarifa. Un alojamiento aparece por 17.680 euros del 1 al 2 de agosto, mientras que del 30 de junio al 1 de julio cuesta 93 euros. La diferencia es enorme: la tarifa para la noche previa al eclipse es casi 190 veces superior.

En la misma localidad, un dúplex con terraza y garaje se ofrece por 10.095 euros para esa única noche. Pero a mediados de agosto el alojamiento exige una estancia mínima de tres noches y el total del 15 al 18 es de 1.091 euros. Eso equivale a unos 364 euros por noche, muy lejos de los más de 10.000 que pide para recibir a dos personas el 1 de agosto.

En Zahora también se repiten las diferencias. Además de la casa rural que supera los 41.000 euros, otro alojamiento cuesta 17.914 euros para la noche del eclipse y 4.883 euros del 18 al 19 de julio, tres semanas antes.

El caso de Vejer es todavía más llamativo. Frente a los 28.020 euros por una sola noche del 1 al 2 de agosto, ese mismo alojamiento cuesta 1.300 euros por cuatro noches del 26 al 30 de julio, unos 325 euros por noche. Si se toma ese coste diario como referencia, la noche previa al eclipse resulta unas 86 veces más cara.

No son reservas idénticas, porque en julio exige una estancia de cuatro noches, pero la diferencia permite hacerse una idea del salto de precio.

Hay villas por más de 50.000 euros, aunque no todas suben por el eclipse

No todos los precios extremos pueden achacarse al eclipse. Hay alojamientos que mantienen tarifas muy altas durante buena parte del verano de 2027 y apenas cambian entre julio y agosto.

Una villa en Conil de la Frontera aparece en Airbnb por 51.682 euros para dos personas la noche del 1 al 2 de agosto y cuesta prácticamente lo mismo en otras fechas estivales. Otra villa de la misma localidad se ofrece por 39.755 euros, mientras que varias casas en Conil y El Palmar rondan los 33.000 euros. También aparecen un alojamiento rural en Cádiz por 35.000 euros, un apartamento en Tarifa por 23.464 euros, una villa en Estepona por más de 20.500 y un apartamento en Puerto de la Duquesa por algo más de 20.000.

Estos casos no demuestran que el eclipse haya provocado una subida concreta, pero sí muestran hasta dónde llegan algunos precios para esa noche en la zona desde la que podrá verse la totalidad.

En Ceuta, donde el eclipse será total durante más tiempo que en ningún otro punto de España, el problema que mostraba Booking era otro: la escasez de oferta. En la búsqueda para dos adultos entre el 1 y el 2 de agosto solo aparecía un alojamiento disponible, por 2.040 euros. Eso no significa que el resto de la ciudad esté ya completo, porque algunos hoteles y viviendas pueden no haber abierto todavía sus calendarios para esas fechas o aplicar otras condiciones de reserva.

Las reservas se están haciendo antes de lo habitual

La presión sobre los alojamientos no se limita a los precios que aparecen en las plataformas. La patronal hotelera de la Costa del Sol, Aehcos, ya ha detectado que las reservas para comienzos de agosto de 2027 se están haciendo con más antelación de lo normal. Según explicó su vicepresidente ejecutivo, Javier Hernández, a EFE, algunos establecimientos que a un año vista suelen tener alrededor del 7% de sus plazas reservadas alcanzaban ya el 12%.

El movimiento también se nota en el turismo rural. Ruralidays, que gestiona más de 2.800 alojamientos, asegura que las reservas para esas fechas se han multiplicado por cinco. En Cádiz ya alcanzaban el 12% de la oferta de la plataforma y en Málaga el 8%, mientras que en El Gastor, uno de los municipios gaditanos situados en la zona de observación, llegaban al 22%. Entre quienes han reservado con tanta antelación predominan los británicos, con un 27%, seguidos de los alemanes, con un 18%, y los españoles, con un 13%.

España será el único país europeo donde podrá verse el eclipse total

La concentración de reservas en el sur tiene una razón sencilla: el eclipse total del 2 de agosto de 2027 solo podrá verse como tal en una parte de España. Según el Instituto Geográfico Nacional, la franja de totalidad atravesará Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

El eclipse tendrá lugar por la mañana, alrededor de las 10:50, por lo que la noche del 1 al 2 de agosto es especialmente importante para quienes viajen expresamente hasta la zona. La duración de la totalidad cambiará mucho según el punto elegido: será de 2 minutos y 54 segundos en Cádiz, de 1 minuto y 48 segundos en Málaga, de 4 minutos y 34 segundos en Melilla y alcanzará los 4 minutos y 48 segundos en Ceuta.

España será, además, el único país europeo desde el que podrá contemplarse el eclipse total. La franja seguirá después hacia el norte de África, Egipto y la península arábiga. España no volverá a ver otro eclipse solar total hasta 2053, según el Instituto Geográfico Nacional.

Dejar un trabajo por decisión propia suele tener una consecuencia importante: al presentar una baja voluntaria, el trabajador no tiene derecho a cobrar inmediatamente la prestación por desempleo ni recibe una indemnización por abandonar la empresa. Sin embargo, existen situaciones en las que la ley permite extinguir el contrato manteniendo ambos derechos.

Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en TikTok bajo el perfil @juanmalorentelaboralista, ha explicado uno de estos supuestos: que la empresa aplique una modificación sustancial de determinadas condiciones de trabajo que perjudique al empleado. “Si lo que quieres es salir con indemnización y con paro de tu trabajo porque estás harto, tienes que estar muy pendiente de lo que te voy a decir”, señala en uno de sus vídeos.

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En estos casos, Lorente asegura que puede existir la posibilidad de marcharse con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado y derecho a paro. La legislación establece, además, un límite de nueve mensualidades para esta compensación. No obstante, no basta con que se produzca cualquier cambio en el puesto: debe tratarse de una modificación sustancial incluida en los supuestos contemplados por el Estatuto de los Trabajadores y que cause un perjuicio al empleado.

Cambios de salario, horario o funciones

Uno de los ejemplos que pone Lorente afecta directamente al bolsillo. “Si te hacen una modificación sustancial en tu salario, es decir, tu salario de un día para otro cambia, por ejemplo, te quitan las comisiones”, explica el abogado.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores contempla entre las modificaciones sustanciales aquellas que afectan al sistema de remuneración y a la cuantía salarial, pero también a la jornada, el horario y la distribución del tiempo de trabajo.

Precisamente, Lorente pone como segundo ejemplo un cambio importante de horario: “Te llevas toda tu vida trabajando de mañana y al día siguiente: ‘No, mira, que vas a trabajar de tarde’”. Una alteración de estas características puede permitir al empleado solicitar la extinción de su contrato si resulta perjudicado por ella.

También pueden entrar en juego determinados cambios de funciones. El abogado plantea el caso de que al empleado le asignen tareas “que no tienen absolutamente nada que ver con tu puesto de trabajo”. La norma incluye las modificaciones de funciones cuando exceden los límites previstos legalmente para la movilidad funcional.

“Tienes que darte prisa”

Lorente insiste especialmente en que el trabajador no debería limitarse a aceptar el cambio sin informarse sobre sus opciones. “Y ojo, tienes que darte prisa”, advierte. Su recomendación es buscar asesoramiento desde el momento en que la empresa comunica la modificación.

“Nada más que la empresa te comunique el cambio de jornada, de salario o de funciones, asesórate y déjale claro a la empresa lo que quieres, que es marchar”, explica. En las modificaciones sustanciales individuales, la empresa debe comunicar su decisión al trabajador con una antelación mínima de 15 días antes de que entre en vigor.

No todos los cambios permiten marcharse con indemnización

La posibilidad que describe el abogado no implica que cualquier alteración en el trabajo dé automáticamente derecho a abandonar la empresa cobrando una compensación. La ley exige que exista una modificación sustancial en las materias previstas y que el trabajador resulte perjudicado. Si se cumplen los requisitos, puede rescindir el contrato con 20 días de salario por cada año trabajado, con un máximo de nueve mensualidades.

Lorente insiste en su consejo, que beneficiará a multitud de trabajadores en España: “Si estás harto, quieres irte de la empresa, pero con el bolsillo lleno y con derecho a paro, aprovecha esto”, zanja.

Millones de pensionistas reciben estos días la mensualidad correspondiente a agosto. Aunque el calendario oficial de la Seguridad Social sitúa el abono de las pensiones a comienzos del mes siguiente, los principales bancos españoles adelantan habitualmente el dinero para que sus clientes puedan disponer de él antes de que termine el mes. En agosto, los primeros ingresos se produjeron el viernes 21 y la mayoría se concentran entre el lunes 24 y este martes 25.

La Seguridad Social establece que las pensiones se devengan por mensualidades naturales vencidas. Una vez realizado el primer pago, el dinero debe estar disponible para el beneficiario el primer día hábil del mes en que corresponde realizar el ingreso y, en cualquier caso, antes del cuarto día natural. Esto significa que la mensualidad de agosto tendría su fecha ordinaria de abono a comienzos de septiembre.

Sin embargo, los bancos conocen previamente los importes que recibirán de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y muchas entidades utilizan sus propios recursos para anticipar ese dinero. Por este motivo, lo habitual es que los jubilados y otros beneficiarios de pensiones contributivas vean el ingreso en sus cuentas entre los días 21 y 25 del mismo mes al que corresponde la prestación.

Cuándo paga cada banco la pensión en agosto de 2026

Este año, Bankinter y Unicaja han sido las primeras entidades en abonar la mensualidad de agosto, con el ingreso realizado el viernes 21. Ambas entidades cuentan con calendarios propios para todo 2026 en los que habían fijado previamente esa fecha.

CaixaBank realizó el pago este lunes 24 de agosto. La entidad establece como una de las ventajas de domiciliar la prestación el cobro adelantado el día 24 de cada mes. Banco Santander también ha situado este mes sus ingresos en torno al lunes 24.

La mayoría de las restantes entidades concentran el pago este martes 25 de agosto. Es el caso de BBVA, ING, Banco Sabadell, Ibercaja, Abanca, Cajamar y Kutxabank, según los calendarios de cobro recopilados para este mes. BBVA, además, informa a sus clientes de que, una vez domiciliada una pensión de la Seguridad Social, esta se recibe habitualmente el día 25 de cada mes.

Por tanto, el calendario queda de la siguiente manera:

• Bankinter: viernes 21 de agosto.
• Unicaja: viernes 21 de agosto.
• CaixaBank: lunes 24 de agosto.
• Banco Santander: lunes 24 de agosto.
• BBVA: martes 25 de agosto.
• ING: martes 25 de agosto.
• Banco Sabadell: martes 25 de agosto.
• Ibercaja: martes 25 de agosto.
• Abanca: martes 25 de agosto.
• Cajamar: martes 25 de agosto.
• Kutxabank: martes 25 de agosto.

Las fechas pueden experimentar pequeñas variaciones por cuestiones operativas o por las condiciones concretas de cada cuenta, por lo que los clientes que no hayan recibido todavía el dinero pueden comprobar los movimientos de su cuenta o consultar directamente con su entidad.

Por qué los bancos pueden adelantar las pensiones

Que un pensionista reciba el dinero antes no significa que la Seguridad Social haya modificado su calendario. Son las propias entidades financieras las que anticipan el ingreso porque conocen previamente los beneficiarios y las cantidades que posteriormente les transferirá la TGSS.

Este adelanto permite disponer de la mensualidad varios días antes de la fecha ordinaria y se aplica de forma automática cuando la prestación está domiciliada en una entidad que ofrece este servicio. En agosto puede resultar especialmente útil por el aumento de algunos gastos asociados al periodo vacacional.

Revisas la nómina y descubres que faltan horas, tu contrato recoge una jornada parcial cuando en realidad trabajas a tiempo completo, o te das cuenta de que la empresa no ha tramitado tu alta en la Seguridad Social. Estas situaciones justifican que un trabajador acuda a la Inspección de Trabajo. Pero antes de hacerlo, conviene reunir toda la documentación posible y distinguir entre denunciar una irregularidad y reclamar directamente el dinero o los derechos perdidos.

El trabajador “debe conservar las pruebas, revisar su contrato, nóminas y vida laboral y dejar constancia escrita de la incidencia cuando ello sea posible”, explica Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. El empleado puede presentar una denuncia ante la Inspección y, al mismo tiempo, iniciar la reclamación que corresponda por vía judicial.

La diferencia es importante. “La Inspección sanciona y exige la regularización, pero no reconoce directamente una indemnización por despido ni condena a pagar salarios al trabajador”, aclara el letrado. Para recuperar cantidades pendientes, impugnar un cese o solicitar que un contrato temporal sea reconocido como indefinido puede ser necesario acudir también a la jurisdicción social.

Qué irregularidades pueden denunciarse

La Inspección de Trabajo permite comunicar incumplimientos relacionados con las condiciones laborales, la Seguridad Social, la igualdad, la seguridad y salud en el trabajo, el empleo y el trabajo de personas extranjeras. Entre los casos más reconocibles están las horas extraordinarias que no se pagan, los falsos contratos parciales, la temporalidad fraudulenta, la falta de alta, las irregularidades en el registro horario o el incumplimiento de los descansos.

De Paz señala que, durante las campañas de verano, también pueden aparecer diferencias salariales, jornadas superiores a las declaradas o personas que empiezan a trabajar antes de que se haya tramitado su alta en la Seguridad Social. La Inspección puede requerir que la situación se corrija, promover la transformación de contratos y reclamar las cuotas que la compañía haya dejado de ingresar.

Para presentar una denuncia formal, hay que identificar a la persona denunciante, señalar a la empresa, indicar dónde se encuentra el centro de trabajo y describir los hechos de la forma más concreta posible. El escrito debe dirigirse a la Inspección Provincial correspondiente a la provincia donde se encuentra ese centro.

La denuncia no es anónima, pero sí confidencial

Uno de los principales temores de quien denuncia es que la empresa sepa quién ha dado el paso. La denuncia formal no puede presentarse de manera anónima: la persona debe acreditar su identidad. Sin embargo, eso no significa que la compañía investigada pueda conocer el origen de la queja.

“La denuncia ante la Inspección exige que el denunciante se identifique. No obstante, el origen de la denuncia es confidencial y la Inspección no puede revelar su identidad a la empresa investigada”, afirma De Paz. Esta protección está recogida en la Ley 23/2015.

Existe, no obstante, un buzón para comunicar posibles irregularidades de forma anónima. “El buzón de la Inspección permite efectuar una comunicación anónima. Pero esta no equivale a una denuncia formal, no concede al comunicante una posición dentro del procedimiento y la información se utiliza para decidir o planificar posibles actuaciones inspectoras”, explica el abogado.

Qué pruebas conviene guardar

No siempre existe un documento que demuestre por sí solo todo el incumplimiento. Por eso resulta útil conservar cualquier elemento que permita comparar lo firmado con lo que realmente sucede durante la jornada: contrato, nóminas, cuadrantes, fichajes y cualquier comunicación con la empresa.

También puede ser útil descargar la vida laboral para comprobar si el alta se produjo correctamente y revisar si las horas o bases de cotización coinciden con el trabajo realizado. Una denuncia detallada, con fechas, horarios y documentos, facilita que la Inspección pueda verificar lo ocurrido.

Denunciar no detiene otros plazos

Presentar una denuncia ante la Inspección no permite dejar en pausa el resto de las reclamaciones. “La denuncia tampoco suspende los plazos judiciales”, advierte el laboralista.

Un despido debe impugnarse en 20 días hábiles. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo también están sometidas a un plazo de 20 días, mientras que las cantidades salariales pendientes prescriben, con carácter general, al año.

Por eso, una persona puede haber denunciado ya las irregularidades y, aun así, necesitar asesoramiento o acudir con rapidez a los tribunales para no perder su derecho a reclamar.

Una noche de hotel, una comida en un restaurante o cualquier otro servicio turístico que ahora cuesta 110 euros podría pasar a costar 121 si su IVA subiera del 10% al 21%. Son 11 euros más por cada 110 gastados: una cantidad que, sumada durante varios días de vacaciones, puede obligar a una familia a acortar su estancia, elegir alojamientos más baratos o renunciar directamente al viaje. Esto es, en definitiva, la propuesta de subir el IVA a los servicios turísticos.

La subida, sin embargo, no afectaría solo al bolsillo de quien viaja. También abre una pregunta incómoda: por qué España sigue aplicando un IVA reducido a la hostelería y el alojamiento cuando el país bate récords de visitantes y la mayoría de ciudades soportan alquileres disparados, barrios volcados al turista y servicios públicos saturados. Solo en 2025 llegaron 96,8 millones de turistas internacionales, un nuevo máximo histórico. Ricardo Fernández, CEO de la agencia de viajes online Destinia, reconoce que los hogares con menor presupuesto serían probablemente los primeros en tener que ajustar sus planes.

No existe, por ahora, una subida general aprobada para llevar todo el turismo al 21%. El debate ha cobrado fuerza después de que la Comisión Europea recomendara a España revisar el amplio uso de los tipos reducidos del IVA. Paralelamente, el Gobierno trabaja en una norma distinta y más concreta para que determinados alojamientos turísticos sean considerados actividades económicas y tributen al 21%.

Un beneficio fiscal difícil de defender en destinos saturados

El IVA reducido se ha justificado tradicionalmente como una forma de apoyar a un sector intensivo en empleo, considerado exportador y obligado a competir con países europeos que también aplican tipos favorables. Para Aleix Calveras, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de las Islas Baleares y especialista en economía del turismo, esos argumentos han perdido fuerza allí donde la demanda ya desborda la capacidad del territorio.

“Cuando un destino ya está saturado, no tiene sentido seguir subvencionando fiscalmente la actividad que genera esa saturación”, sostiene. Calveras considera que el trato favorable no se limita al IVA y menciona también la exención del queroseno, el Imserso, los bonos turísticos y otras ayudas. A su juicio, ese apoyo ha contribuido a ampliar un sector de baja productividad, salarios reducidos y empleo poco cualificado. “Mantener ese tipo reducido me parece difícil de defender”, asegura.

Ricardo Fernández, por su parte, llega a una conclusión distinta. Destinia defiende conservar el 10% porque una subida general encarecería la oferta de todo el país, tanto en las ciudades saturadas como en municipios rurales, zonas de interior o destinos que todavía aspiran a atraer más viajeros. El impuesto no distinguiría entre un hotel de lujo en una isla congestionada y un pequeño alojamiento de una localidad que depende de la llegada de visitantes.

La discusión no enfrenta únicamente a quienes quieren más o menos turismo. También cuestiona la utilidad de aplicar la misma política fiscal a territorios con problemas opuestos. Una rebaja uniforme puede estimular actividades que necesitan apoyo, pero también seguir favoreciendo el crecimiento en lugares donde la vivienda, la movilidad o el espacio público ya están al límite.

El aumento recaería antes sobre quienes tienen menos

Si el impuesto subiera, ni las empresas ni los consumidores asumirían necesariamente todo el coste desde el primer día. Fernández cree que inicialmente se repartiría: algunas compañías sacrificarían una parte de sus márgenes para no perder reservas, pero difícilmente podrían mantenerlo durante mucho tiempo. A medio plazo, una parte importante terminaría apareciendo en las facturas.

Calveras matiza que el reparto dependería del momento y del tipo de negocio. En temporada alta, cuando hay una fuerte demanda y poca capacidad disponible, los hoteles tendrían más facilidad para trasladar esa subida al precio. En Baleares, calcula que el cambio supondría como referencia unos 18 euros adicionales por noche sobre la tarifa media de julio. También podrían hacerlo los establecimientos de gama alta, cuyos clientes reaccionan menos ante el encarecimiento.

En temporada media o baja y en los alojamientos más económicos, las empresas tendrían más dificultades para repercutir todo el aumento al cliente, por lo que asumirían una parte del coste y reducirían su margen de beneficio.

El efecto tampoco se repartiría de igual manera entre los viajeros. Destinia prevé que las familias españolas con menos recursos reducirían primero la duración o frecuencia de sus vacaciones. En cambio, parte de los turistas extranjeros podría dejar de elegir España y buscar alternativas más baratas como Portugal, Grecia, Turquía, Egipto o Marruecos.

Alejandra Jacinto, abogada, politóloga y especialista en derecho a la vivienda en CAES, advierte también de que este ajuste podría recaer principalmente sobre quienes tienen menos capacidad económica. Si la medida se limita a encarecer el precio final, “puede producir un efecto regresivo sobre determinados viajeros sin modificar sustancialmente la estructura del mercado turístico”, señala. La subida podría expulsar a los visitantes de menor renta y consolidar un turismo reservado a consumidores con mayor poder adquisitivo, sin aliviar necesariamente la presión que soportan los barrios.

Calveras coincide en que el impacto se concentraría especialmente entre quienes disponen de menos presupuesto. Según su estimación, el cambio produciría una reducción moderada de la demanda, no un desplome: en Baleares, alrededor de un 5% o un 6% en temporada alta.

Sin embargo, al valorar cómo debe afrontarse ese efecto, el economista rechaza que la desigualdad en el acceso a las vacaciones se corrija manteniendo artificialmente baratos los destinos saturados: “La saturación se corrige con precios, y la desigualdad de acceso al ocio con redistribución de renta”, argumenta.

La posible subida plantea así dos problemas distintos: cómo reducir la presión turística y cómo evitar que el coste recaiga principalmente sobre las rentas más bajas. Retirar el beneficio fiscal puede reducir una demanda que algunos territorios ya no pueden absorber, pero hacerlo mediante un impuesto sobre el consumo significa que los primeros excluidos serían probablemente quienes tienen menos capacidad económica para consumir.

Menos turistas no significa siempre menos negocio

Ni siquiera Destinia considera que España deba perseguir récords de visitantes continuamente: “El objetivo no debe ser batir récords de visitantes de forma indefinida, sino aumentar el valor generado por el turismo”, sostiene Fernández. El CEO de la agencia admite que una reducción puede resultar positiva si responde a una estrategia planificada para mejorar la calidad, aumentar el gasto medio y aliviar determinadas zonas.

Su objeción es que una subida fiscal no produciría automáticamente esa transformación: España se encarecería frente a sus competidores y podría perder vuelos, programación de turoperadores y conectividad sin haber mejorado antes su oferta.

Calveras coincide en que menos visitantes no tiene por qué ser una mala noticia, pero atribuye a la fiscalidad un papel distinto. La masificación es, según explica, una externalidad: una consecuencia de la actividad que no queda incorporada por completo al precio que paga el visitante. Reducirla puede mejorar la movilidad, la vivienda, el medioambiente y la vida cotidiana de los residentes, pero también la experiencia de quienes viajan.

“Menos turistas no equivale necesariamente a menos negocio”, sostiene. Un destino menos congestionado podría atraer clientes dispuestos a gastar más y liberar trabajadores, capital y suelo hacia sectores de mayor productividad.

Subir el IVA al turismo no devolverá las viviendas a los vecinos

Una menor afluencia de visitantes podría aliviar la congestión de determinados destinos, pero no bastaría para recuperar las viviendas que han pasado del alquiler residencial al turístico. El precio del viaje puede influir en la demanda; el uso de las casas depende, en cambio, de cuánto dinero obtiene su propietario con cada alternativa.

Ahí sitúa Alejandra Jacinto el principal límite de la subida fiscal: “El IVA por sí solo no va a resolver el problema”, advierte. Mientras resulte mucho más rentable alquilar una casa por noches que ofrecerla como residencia habitual, los propietarios seguirán teniendo incentivos para retirarla del mercado residencial.

Una subida del tipo puede moderar la demanda y aportar más ingresos públicos, pero “tiene que ir acompañada de medidas regulatorias: limitar el número de viviendas destinadas a uso turístico, impedir que se conviertan edificios residenciales completos en alojamientos turísticos y, sobre todo, garantizar que el uso turístico no pueda imponerse sobre el derecho a residir en la ciudad”, defiende Jacinto. “El IVA puede ser una herramienta, pero no puede sustituir a la regulación de la vivienda turística”.

La abogada también cuestiona que las cuentas sobre la aportación del turismo incluyan todos sus costes: el incremento de los alquileres, las familias que abandonan sus barrios, los trabajadores obligados a vivir lejos de sus empleos, la desaparición del comercio cotidiano o la saturación del transporte y la limpieza. “No podemos decir que el turismo genera riqueza mientras socializamos una parte muy importante de los costes que produce”, sostiene.

Una tasa local frente a un impuesto para toda España

Las tres fuentes coinciden en que una subida nacional del IVA sería una herramienta poco precisa. Destinia propone estudiar tasas turísticas en los destinos con problemas objetivos de saturación, siempre que sean proporcionadas, transparentes y finalistas. “La recaudación debería reinvertirse de manera verificable en mejorar infraestructuras, transporte, servicios públicos y la convivencia entre residentes y visitantes”, sostiene Fernández.

Calveras también considera que la tasa por persona y noche es mejor en teoría porque puede adaptarse a la presión de cada territorio. “Mallorca no es Asturias, y un IVA único para toda España es un instrumento poco fino para combatir la saturación”, sostiene. Frente a ese impuesto general, una tasa puede modularse según el destino, la temporada o el tipo de alojamiento.

El economista, sin embargo, desconfía de su aplicación práctica. Asegura que muchas tasas se fijan en importes mínimos o ni siquiera llegan a implantarse por la influencia del sector sobre los gobiernos autonómicos y municipales. “Siendo realista, una subida homogénea del IVA puede acabar siendo más efectiva”, sostiene, aunque reconoce que se trata de una herramienta menos precisa y que su recaudación no vuelve necesariamente al destino.

Por eso no considera ambas opciones excluyentes: “Lo ideal sería combinar una tasa local diferenciada donde hay saturación con la corrección del IVA a escala estatal”.

Jacinto añade una tercera herramienta: la regulación de los alojamientos. Los impuestos pueden hacer que el turismo contribuya más a los servicios que utiliza, pero solo los límites sobre las viviendas turísticas pueden impedir que el uso más rentable termine desplazando al residencial.

Los trabajadores con menos ingresos quedan así atrapados entre las dos caras de una misma moneda: como residentes, soportan con mayor dificultad el encarecimiento de la vivienda y los desplazamientos cada vez más largos. Como consumidores, serían los primeros en acortar o cancelar sus vacaciones si los precios suben. Mantener el IVA al 10% alivia una parte de ese segundo problema, pero no corrige el primero.

Trabajar al aire libre, realizar un esfuerzo físico intenso o pasar la jornada en un espacio mal ventilado puede convertirse en un riesgo para la salud cuando suben las temperaturas. Las empresas están obligadas a analizar las condiciones de cada puesto y tomar medidas para proteger a la plantilla, desde modificar los horarios hasta aumentar las pausas o detener temporalmente determinadas tareas.

El incumplimiento de estas obligaciones no solo puede terminar en una sanción administrativa. “La empresa puede verse obligada a indemnizar al trabajador por los daños y perjuicios sufridos”, advierte Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. Esta responsabilidad puede aparecer si un empleado sufre daños por la falta o insuficiencia de medidas de protección frente al calor.

El letrado señala que las compañías deben actualizar la evaluación de riesgos, establecer medidas vinculadas a los avisos meteorológicos y dejar constancia de los cambios aplicados en “horarios, pausas, cargas de trabajo o tareas”. También deben comprobar que la plantilla ha recibido información y formación suficiente y dispone de agua, zonas de descanso y medios de protección adecuados.

Qué medidas debe adoptar la empresa frente al calor

La normativa obliga a proteger a las personas que trabajan al aire libre y en espacios que no pueden cerrarse debido a la propia actividad frente a fenómenos meteorológicos adversos. La respuesta de la empresa debe adaptarse al trabajo que se realiza y a las circunstancias personales conocidas de cada empleado.

No existe, por tanto, una solución idéntica para todos los puestos. La temperatura debe analizarse junto con la humedad, la exposición directa al sol, la ventilación, la intensidad del esfuerzo, la ropa utilizada y la duración de la jornada en esas condiciones.

Entre las actuaciones recomendadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo están organizar las tareas para evitar las horas más calurosas, introducir más descansos, alternar funciones, habilitar espacios frescos o con sombra y facilitar agua suficiente. El organismo también aconseja proporcionar ropa holgada y transpirable e informar a la plantilla sobre los riesgos y sobre cómo actuar si un compañero comienza a encontrarse mal.

Las altas temperaturas pueden causar deshidratación, mareos, agotamiento y golpes de calor. Además, la pérdida de concentración o coordinación puede favorecer caídas, errores y otros accidentes laborales.

Cuando AEMET o el servicio meteorológico autonómico emitan un aviso naranja o rojo y las precauciones ya adoptadas resulten insuficientes, la empresa deberá adaptar las condiciones de trabajo. La norma contempla expresamente la reducción o modificación de la jornada, además de prohibir determinadas tareas durante las franjas en las que no pueda garantizarse la protección.

Sin embargo, no solo hay que actuar cuando existe una alerta. Las empresas tienen que prevenir el riesgo siempre que las condiciones puedan poner en peligro la salud. Tampoco existe un número concreto de grados que permita abandonar automáticamente el puesto en todos los sectores: la peligrosidad dependerá de las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo.

Indemnización, recargos y responsabilidad penal

De Paz advierte que “la falta de prevención puede tener consecuencias especialmente graves si se produce un accidente de trabajo”. Además de tener que indemnizar al empleado por los daños sufridos, la empresa puede asumir un recargo de entre el 30% y el 50% sobre las prestaciones de la Seguridad Social cuando el accidente derive de la falta o insuficiencia de medidas preventivas.

“Este recargo se impone directamente a la empresa y no puede asegurarse”, precisa el abogado. También señala que, “en los supuestos más graves”, pueden existir responsabilidades penales. La multa administrativa, la indemnización, el recargo sobre las prestaciones y una eventual responsabilidad penal pueden acumularse.

El Ministerio de Trabajo aprobó en junio el Plan Estival 2026, que refuerza la vigilancia de la Inspección en las actividades laborales más expuestas a las altas temperaturas. Los inspectores pueden exigir que se corrijan las deficiencias detectadas y, si existe un peligro grave e inmediato, ordenar que se interrumpa el trabajo.

Los sindicatos también reclaman que las medidas no se limiten a la existencia formal de un protocolo. CCOO plantea identificar los puestos expuestos, cambiar horarios, reforzar las pausas, asegurar agua y sombra y reducir la carga física cuando el calor pueda comprometer la seguridad.

Como insiste Alejandro De Paz, no basta con tener evaluaciones y procedimientos por escrito: las medidas deben aplicarse realmente en los horarios, las pausas, las tareas y las condiciones cotidianas de la plantilla.

Cada verano, hoteles, restaurantes, comercios y empresas turísticas vuelven a contratar a personas que ya trabajaron para ellas durante la temporada anterior. Repiten las mismas funciones, en fechas similares, y su contrato termina de nuevo cuando baja la actividad. Sin embargo, que un empleo se concentre en los meses estivales no significa necesariamente que pueda cubrirse mediante contratos temporales año tras año.

Los trabajadores que encadenan varias campañas en la misma compañía “pueden reclamar que se reconozca que la relación es indefinida o fija discontinua”, explica Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. La modalidad dependerá de si el puesto se mantiene durante todo el año o si la necesidad se repite únicamente en determinadas temporadas.

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La contratación temporal durante el verano no es ilegal por sí misma. El problema aparece cuando la compañía utiliza esta fórmula para cubrir una necesidad que forma parte de su actividad habitual. “No es suficiente indicar de forma genérica que se contrata por campaña de verano, necesidades del servicio o aumento de actividad”, advierte el abogado.

Contratar cada verano a la misma persona para el mismo puesto

La empresa debe explicar en el contrato cuál es el incremento ocasional que justifica la contratación, por qué no puede atenderlo con su plantilla habitual y durante cuánto tiempo espera que se mantenga. La mera llegada del verano no basta para demostrar que el puesto es temporal.

De Paz señala que volver a contratar a la misma persona puede ser legal si cada campaña responde a una necesidad verdaderamente ocasional y distinta. No obstante, cuando alguien trabaja todos los veranos para la misma compañía, realiza las mismas tareas y permanece durante periodos semejantes, la repetición suele revelar otra realidad.

“La reiteración evidencia normalmente que existe una necesidad estacional y previsible que debería cubrirse mediante un contrato fijo discontinuo”, sostiene el letrado. En ese caso, el vínculo laboral no termina definitivamente al acabar agosto o la temporada turística. El contrato entra en un periodo de inactividad hasta que la empresa vuelve a llamar al trabajador para la siguiente campaña.

Si el puesto debe cubrirse de manera estable durante todo el año, correspondería un contrato indefinido ordinario. Utilizar un contrato temporal para atender necesidades estructurales de la empresa puede hacer que el trabajador adquiera la condición de indefinido, según explica el abogado.

Quien haya encadenado varias campañas puede solicitar también que se calcule correctamente su antigüedad y reclamar posibles diferencias salariales o de cotización. Estos derechos pueden afectar, entre otras cuestiones, a la indemnización por despido, la promoción profesional o el orden de llamamiento de los fijos discontinuos.

La ley establece además que adquiere la condición de fija una persona que haya estado contratada durante más de 18 meses, dentro de un periodo de 24, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción con la misma empresa o grupo.

Sin embargo, De Paz aclara que no es necesario alcanzar ese límite cuando el contrato se firmó sin una causa temporal válida o se utilizó de forma fraudulenta. En esos casos, la relación puede reconocerse como indefinida desde el primer contrato irregular.

El cese del contrato temporal puede convertirse en un despido improcedente

Cuando la compañía comunica el final del contrato, el trabajador puede tener que reclamar al mismo tiempo el reconocimiento de la relación indefinida y la impugnación del cese. En estos casos, el plazo para actuar es especialmente importante: la demanda por despido debe presentarse en un máximo de 20 días hábiles.

La denuncia ante la Inspección de Trabajo puede servir para que se investigue la contratación, pero no sustituye la demanda judicial ni detiene ese plazo.

Si el contrato temporal se declara fraudulento, su finalización puede considerarse un despido improcedente. La empresa tendrá que elegir, con carácter general, entre readmitir a la persona o abonarle una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

A ello se suma la posible sanción administrativa. “La contratación temporal fraudulenta constituye una infracción grave por cada trabajador afectado y puede sancionarse con multas de 1.000 a 10.000 euros por persona”, indica De Paz. La compañía también puede verse obligada a abonar las cotizaciones que dejó pendientes.

Reservar un vuelo, pagar un hotel y organizar todo un viaje para descubrir después que la empresa ha cambiado las vacaciones puede provocar un perjuicio económico importante. Sin embargo, la falta ordinaria de personal o un aumento de la actividad no permiten cancelar libremente unas fechas que ya habían sido aprobadas.

“Una vez acordadas, la empresa no puede dejarlas sin efecto libremente por una falta ordinaria de personal o porque la actividad sea superior a la esperada”, explica Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. Las vacaciones deben fijarse de común acuerdo y el trabajador tiene derecho a conocer las fechas con al menos dos meses de antelación.

El abogado señala que, ante una circunstancia excepcional y sobrevenida, la compañía puede plantear una modificación, pero debería justificar la necesidad y alcanzar un acuerdo con la persona afectada. Si decide cambiar las fechas de manera unilateral, el trabajador puede acudir al procedimiento judicial especial de vacaciones.

Qué ocurre si el viaje ya estaba pagado

Aunque la empresa cambie las vacaciones, no se genera automáticamente el derecho a recibir una compensación. No obstante, De Paz aclara que “si las vacaciones estaban autorizadas y la empresa las modifica de forma injustificada, el trabajador puede reclamar los perjuicios económicos directos que consiga acreditar”.

Esto puede incluir el dinero perdido en vuelos, hoteles u otras reservas que no puedan cancelarse o cuyo cambio implique un coste. Para reclamarlo, conviene conservar la autorización de las vacaciones, las facturas, las condiciones de cancelación y la comunicación en la que la empresa informa de las nuevas fechas.

Cuando la compañía fija unilateralmente el periodo de descanso, el trabajador dispone de 20 días desde que conoce la decisión para presentar la demanda. El procedimiento es urgente y preferente, pero el abogado advierte de que no conviene limitarse a ignorar la orden empresarial o dejar de acudir al puesto.

“El trabajador no debería limitarse a desobedecer la orden o dejar de acudir, porque podría ser sancionado mientras no exista una resolución que reconozca su derecho”, indica el letrado.

La empresa puede organizar el calendario y aplicar las reglas de preferencia recogidas en el convenio colectivo, pero “no tiene un derecho absoluto a imponer cualquier fecha”. Si no existe acuerdo y es el trabajador quien solicita que un juzgado determine cuándo podrá disfrutar de sus vacaciones, deberá presentar la demanda al menos dos meses antes de las fechas que reclama.

Tampoco te pueden exigir disponibilidad permanente

Durante las vacaciones, la persona debe poder desconectar realmente del trabajo. “La empresa no puede exigir una disponibilidad permanente por teléfono, correo electrónico o mensajería”, sostiene el abogado.

Recibir un mensaje aislado no supone necesariamente una vulneración. El problema aparece cuando existe la obligación de responder, resolver gestiones, atender a clientes o permanecer pendiente del teléfono. En esos casos, De Paz considera que puede defenderse que el descanso no se ha disfrutado correctamente y reclamarse la recuperación de los días afectados.

Si la compañía sanciona o despide a una persona por no contestar durante sus vacaciones, la decisión puede impugnarse. El plazo es también de 20 días hábiles desde que se comunica la sanción o el cese.