Fichas la salida a la hora a la que, en teoría, termina tu jornada laboral, pero aún quedan cosas por hacer, así que te quedas cerrando la caja, recogiendo, revisando facturas, limpiando, mandando correos, cogiendo llamadas o incluso atendiendo a los últimos clientes. Un tiempo y un esfuerzo que no se ven reflejados en el registro y, por tanto, tampoco en la nómina.

Esta práctica puede darse en distintos sectores y es contraria a la normativa. “No es legal ordenar al trabajador que registre la salida y continúe prestando servicios”, explica Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. El incumplimiento puede dar lugar a una reclamación salarial, obligar a regularizar las cotizaciones y terminar en una sanción administrativa por vulnerar las normas sobre registro horario y jornada.

El problema no se limita a las órdenes directas a los empleados de fichar antes de terminar. De Paz señala que también son frecuentes los sistemas que reproducen automáticamente el horario previsto, aunque no coincida con el real, o los cambios posteriores en los registros sin una justificación. “Lo que no es admisible es sustituir la jornada real por el horario teórico o modificar los fichajes para ocultar prolongaciones”, explica el experto.

Cuando un contrato parcial esconde una jornada completa

La diferencia entre las horas que figuran en el contrato y las que realmente se trabajan puede ser especialmente relevante para las personas contratadas a tiempo parcial. En estos casos, la empresa debe registrar cada día la jornada, sumar las horas al finalizar el mes y entregar al empleado un resumen junto con la nómina. Además, debe conservar esa documentación durante cuatro años.

El incumplimiento puede tener una consecuencia importante. “Si la empresa incumple la obligación específica de registrar diariamente la jornada y entregar el resumen mensual, el contrato se presume celebrado a jornada completa, salvo que la empresa consiga acreditar el carácter parcial de los servicios”, señala el abogado.

Esto no significa que cualquier contrato de pocas horas pase automáticamente a ser completo. Supone que, ante la falta de registros, será la compañía la que deba demostrar que la persona trabajaba realmente la jornada parcial que figuraba en el contrato.

El empleado puede pedir que se reconozca el horario que realizaba de verdad y reclamar las diferencias salariales correspondientes al último año. También pueden revisarse las cotizaciones, algo que afecta no solo al salario inmediato, sino también a futuras prestaciones.

Si la compañía pone fin al contrato después de que el trabajador reclame sus horas, el cese deberá impugnarse. De Paz recuerda que una represalia por ejercer legítimamente un derecho puede dar lugar a la nulidad del despido.

Qué pruebas conviene guardar

Aunque el registro horario sea responsabilidad de la empresa, el trabajador debe intentar conservar pruebas que ayuden a demostrar cuándo empezaba y terminaba realmente su jornada.

Entre los documentos que pueden resultar útiles, De Paz menciona los cuadrantes, mensajes y correos electrónicos, registros de acceso, conexiones a sistemas informáticos, cierres de caja, comandas, comunicaciones con clientes, fotografías, grabaciones obtenidas legalmente y testimonios de compañeros o terceras personas.

En un bar, por ejemplo, el cierre de caja puede mostrar que alguien seguía trabajando después de haber fichado. En una tienda, pueden servir los mensajes enviados al terminar de recoger o las conexiones al programa de ventas. En una oficina, los accesos al ordenador o los correos enviados fuera del horario registrado pueden ayudar a reconstruir la jornada real.

Ahora bien, tal y como explica el abogado, la falta de un registro fiable no permite dar por bueno automáticamente cualquier cálculo de horas, pero sí juega en contra de la compañía, porque era su responsabilidad anotar cada día la entrada y la salida reales.

Sanciones por falsear el registro horario

Incumplir o falsear el registro horario se considera una infracción grave que se puede sancionar con multas que van desde los 751 hasta los 7.500 euros. Si la empresa declaró menos horas de las que realmente se trabajaron, también puede verse obligada a pagar los salarios pendientes, las cotizaciones, los recargos y los intereses correspondientes.

Cuando el trabajador ni siquiera ha sido dado de alta, la sanción puede ir de 3.750 a 12.000 euros por cada persona afectada. La Inspección de Trabajo también puede reclamar todas las cuotas que la compañía dejó de ingresar.

Gibraltar se prepara para decir goodbye a dos de sus principales atractivos comerciales: los cigarrillos y la gasolina, vendidos durante años a precios mucho más bajos que en España. La menor carga fiscal del Peñón convirtió el tabaco y los carburantes en dos grandes reclamos para los turistas. Ahora que la Unión Europea y el Reino Unido han pactado una nueva fiscalidad para el enclave británico, esa ventaja empezará a encogerse. En el caso del tabaco, por ejemplo, la diferencia de precio por cajetilla quedará limitada a un máximo de 80 céntimos.

José María Mollinedo, técnico de Hacienda y secretario general de Gestha, considera que esa reducción cambiará los hábitos de quienes cruzaban la frontera únicamente para pagar menos. “El ahorro en el precio final prácticamente desaparecerá para el consumidor particular, y ya no compensará ir a Gibraltar para comprar estos productos”, sostiene en declaraciones a Infobae.

La aproximación a los impuestos europeos se desarrollará de forma gradual durante tres años. Gibraltar estrenará un impuesto sobre las transacciones, equivalente en sus objetivos al IVA, con un tipo general del 15% el primer año, del 16% el segundo y previsiblemente del 17% el tercero. A este gravamen se sumarán los impuestos especiales sobre el tabaco, el alcohol, la gasolina y el gasóleo, que también deberán acercarse a los aplicados en España.

Si vas a por tabaco, ahorrarás como máximo 80 céntimos por cajetilla

El tabaco es uno de los productos para los que el acuerdo establece condiciones más concretas. Cuando finalice el periodo de convergencia, la diferencia entre el precio final de una cajetilla vendida en Gibraltar y otra equivalente comercializada en España quedará limitada a 0,80 euros o al 15%, aplicándose en cada caso el límite que dé lugar a una diferencia menor.

Además, los cigarrillos estarán sometidos a un impuesto especial mínimo de 115 euros por cada 1.000 unidades. En una cajetilla de 20 cigarrillos, este gravamen supondría 2,30 euros, antes de añadir el impuesto sobre las transacciones.

Gestha ha estimado cómo quedarían los precios mínimos de referencia de algunas de las marcas más vendidas si se aplicara el límite de 80 céntimos sobre los precios actuales en España: una cajetilla de Marlboro Red, que cuesta 6,25 euros en un estanco español, se situaría en 5,45 euros en Gibraltar. En el caso de Camel, el cálculo arroja 5,30 euros frente a los 6,10 euros de referencia en España, mientras que Winston quedaría en 5,05 euros frente a 5,85.

Se trata de estimaciones elaboradas por los técnicos de Hacienda a partir de los precios vigentes en España, no de tarifas futuras garantizadas. Los importes pueden cambiar durante los próximos tres años y el resultado final dependerá también de la manera en que los comercios trasladen la nueva carga fiscal a los precios de venta.

La ventaja, por tanto, no se eliminará completamente. “Aunque puede persistir una pequeña diferencia de 80 céntimos por paquete de tabaco, el ahorro no será suficiente para justificar el desplazamiento exclusivamente por razones de precio”, explica Mollinedo.

La nueva regulación incorpora también más controles sobre estos productos. La venta transfronteriza de tabaco a distancia estará prohibida y se implantará un sistema de trazabilidad similar al de la Unión Europea. El objetivo es controlar mejor su recorrido desde la distribución hasta la venta y dificultar que acabe desviado hacia el contrabando.

Llenar el depósito ya no saldrá a cuentas en Gibraltar

La gasolina y el gasóleo también perderán parte de la ventaja fiscal que ha permitido venderlos a precios inferiores a los españoles. En este caso, sin embargo, resulta más difícil calcular cuánto costará exactamente un litro cuando termine la convergencia.

Mollinedo no ofrece una estimación del precio final, que dependerá de la evolución del mercado y de cómo las estaciones de servicio repercutan la nueva carga fiscal. Tampoco se conoce todavía si los negocios trasladarán íntegramente el incremento al consumidor o decidirán asumir una parte mediante una reducción de sus márgenes.

“El precio del combustible se verá afectado por una doble subida impositiva”, explica el secretario general de Gestha. Por una parte, Gibraltar deberá aproximar progresivamente sus impuestos especiales a los aplicados en España. Por otra, se añadirá el impuesto sobre las transacciones, cuyo tipo general comenzará en el 15%.

Según detalla el experto, los impuestos especiales deberán subir hasta situarse “a no más de seis puntos porcentuales de diferencia con los de España”. El tratado contempla un periodo de tres años para alcanzar esos niveles y establece un régimen transitorio específico para los carburantes.

Gibraltar podrá conservar así cierta ventaja fiscal, pero mucho menor que la mantenida hasta ahora. Para Mollinedo, la reducción será insuficiente para que desplazarse exclusivamente a llenar el depósito sea rentable para el consumidor particular.

Gibraltar seguirá teniendo impuestos más bajos que España

La convergencia no significa que Gibraltar vaya a adoptar exactamente el mismo sistema fiscal que España. El nuevo impuesto sobre las transacciones no es formalmente un IVA, porque el Peñón no forma parte del territorio comunitario en el que se aplica este tributo.

“La diferencia entre el Impuesto sobre las Transacciones de Gibraltar y el IVA responde a la realidad jurídica del Peñón”, explica Mollinedo. Se trata de un gravamen propio que recaerá sobre las mercancías importadas o producidas para su venta o consumo en Gibraltar.

Su tipo general seguirá siendo inferior al español. Mientras que el IVA ordinario en España se sitúa en el 21%, el impuesto gibraltareño deberá alcanzar previsiblemente el 17%, correspondiente al tipo general más bajo aplicado actualmente por un Estado miembro.

Además, el acuerdo permite a Gibraltar mantener “una carga fiscal inferior en determinados productos”, según destaca el experto. El enclave podrá aplicar un tipo del 5% a categorías como la ropa infantil o las bicicletas y otro del 0% a algunos bienes esenciales, entre ellos alimentos, agua, productos farmacéuticos y paneles solares. El gas natural licuado destinado a generar electricidad y la propia electricidad producida localmente estarán exentos.

Por otra parte, el tratado incorpora mecanismos de vigilancia para evitar que la menor tributación vuelva a provocar desequilibrios importantes frente a los negocios españoles.

Un cuerpo consultivo independiente analizará los precios y la competencia en Gibraltar y en la zona fronteriza. Si detecta distorsiones importantes vinculadas a las diferencias impositivas, podrá recomendar nuevos ajustes y activar las salvaguardias previstas en el acuerdo.

Más controles sobre los negocios y las mercancías

La desaparición de los controles rutinarios de personas en la frontera terrestre no supone el fin de la vigilancia sobre las mercancías. Los operadores que importen, produzcan o almacenen tabaco, alcohol o combustible deberán inscribirse en un registro obligatorio, contabilizar sus existencias y dejar constancia de los movimientos de los productos sometidos a impuestos especiales.

Las autoridades podrán revisar estos registros e inspeccionar físicamente los almacenes. También se prevé el acceso continuo y en tiempo real de las autoridades europeas a los sistemas fiscales y aduaneros pertinentes de Gibraltar.

Estos mecanismos pretenden evitar que los negocios acumulen grandes cantidades de mercancías durante los periodos transitorios para prolongar la ventaja fiscal anterior. “El Tratado impone un seguimiento técnico y policial del stock para impedir que se acumulen existencias de forma masiva”, señala Mollinedo.

Para los comercios gibraltareños, la reforma plantea una disyuntiva: trasladar los nuevos impuestos al precio final o asumir una parte del incremento mediante una reducción de sus márgenes. En ambos casos, se reducirá la distancia que durante décadas los separó de los estancos, las estaciones de servicio y otros establecimientos de La Línea de la Concepción y del resto del Campo de Gibraltar.

La edad a la que podrán jubilarse quienes empiezan ahora su vida laboral es una de las grandes incógnitas de las próximas décadas. El envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida han llevado a numerosos países a retrasar progresivamente el retiro. Sin embargo, el economista Santiago Niño-Becerra considera que dentro de unos 35 años habrá otro factor que puede cambiar por completo este debate: el avance de la tecnología.

Niño-Becerra ha expuesto esta idea en su cuenta de X a raíz de una previsión de la OCDE sobre la edad normal de jubilación en 2060. Según esa estimación, quienes entraron en el mercado laboral en 2022 podrían retirarse entre los 62 y los 74 años en el caso de los hombres y entre los 60 y los 74 en el de las mujeres, dependiendo del país.

El economista respondió a esas cifras con su propia previsión sobre cómo podría cambiar el mercado laboral: “En mi opinión, en el 2060, para generar PIB serán necesarias muy pocas personas y las que lo sean dejarán de serlo mucho antes de que lleguen a esa edad”, escribió. Y añadió: “En 34 años la tecnología alcanzará niveles hoy inimaginables”.

Muchas menos personas para generar la misma actividad económica

La reflexión de Niño-Becerra no plantea directamente cuál será la edad legal de jubilación en España dentro de tres décadas. Su argumento apunta a una cuestión diferente: cuántas personas serán necesarias para producir bienes y servicios y generar actividad económica a medida que avance la tecnología.

Según su planteamiento, dentro de varias décadas podría hacer falta una cantidad de trabajadores mucho menor que en la actualidad para generar el mismo nivel de actividad. Por eso considera que muchas personas podrían dejar de ser necesarias en el mercado laboral antes de alcanzar las edades de retiro que hoy aparecen en las proyecciones.

Se trata, en cualquier caso, de una opinión personal del economista sobre la evolución futura del trabajo, no de una previsión oficial sobre el sistema de pensiones. Niño-Becerra tampoco concreta en ese mensaje qué tecnologías provocarían esa transformación ni qué empleos se verían más afectados.

La inteligencia artificial sí está modificando ya algunas tareas y ocupaciones, aunque los organismos internacionales son prudentes sobre su impacto final en el empleo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que uno de cada cuatro trabajadores en el mundo desempeña una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa, pero señala que el escenario más probable es la transformación de los puestos de trabajo y no su sustitución completa, ya que muchas tareas siguen necesitando intervención humana.

A qué edad se puede jubilar una persona en España en 2026

Mientras esas transformaciones avanzan, en España, la edad ordinaria de jubilación continúa aumentando de forma gradual conforme al calendario establecido por la reforma de las pensiones.

En 2026, una persona puede jubilarse a los 65 años si acredita al menos 38 años y tres meses cotizados. Quienes no alcancen ese periodo tienen que esperar hasta los 66 años y 10 meses para acceder a la jubilación ordinaria.

El calendario culminará en 2027. A partir de ese año, podrán retirarse a los 65 quienes acumulen 38 años y seis meses o más de cotización, mientras que la edad ordinaria será de 67 años para quienes no lleguen a ese periodo.

Las proyecciones sobre la jubilación parten de las reglas actuales y de cómo se espera que evolucione la población en las próximas décadas. Sin embargo, esos cálculos no permiten anticipar con precisión cómo cambiarán el mercado laboral, la productividad o la organización del trabajo.

Es ahí donde se sitúa la reflexión de Niño-Becerra. Su planteamiento introduce una incógnita más: si en el futuro hace falta mucha menos mano de obra para producir lo mismo o más, también podría cambiar la relación entre empleo, vida laboral y jubilación.

La vuelta de las vacaciones y el regreso a la rutina convierten septiembre en un mes de reajustes, también para quienes están esperando cobrar el paro. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) establece el día 10 de cada mes como referencia para el abono de las prestaciones, siempre que no coincida con un festivo. Este septiembre, el día 10 cae en jueves, por lo que no será necesario desplazar el pago por el calendario.

El ingreso que reciben los beneficiarios durante septiembre corresponde a la prestación generada durante agosto, ya que el paro se abona por mensualidades vencidas. Como norma general, el SEPE sitúa el pago de las prestaciones entre los días 10 y 15 del mes siguiente al que corresponden, aunque la fecha exacta en la que aparece el dinero en la cuenta puede variar dependiendo de la entidad financiera.

En los últimos años, algunos bancos han adelantado el ingreso respecto al calendario ordinario. Sin embargo, para septiembre de 2026, las fechas disponibles concentran los pagos mayoritariamente a partir del jueves 10, sin los adelantos de varios días que se han producido en determinados meses. Además, no todas las entidades publican un calendario oficial, por lo que algunas fechas deben entenderse como orientativas.

Cuándo cobra el paro cada banco en septiembre

CaixaBank es una de las entidades que sí ha publicado su calendario de prestaciones por desempleo para todo 2026. En el caso de septiembre, fija el pago para el jueves 10, fecha que también se aplica a los clientes de imagin.

ING señala igualmente que las prestaciones por desempleo se abonan el día 10 de cada mes o, cuando esta fecha coincide con sábado o domingo, el siguiente día hábil. Por tanto, sus clientes deberían recibir el ingreso también el 10 de septiembre.

Bankinter incluye igualmente el jueves 10 en su calendario de pagos de prestaciones correspondiente a 2026.

Para el resto de las principales entidades, las previsiones disponibles sitúan los ingresos de la siguiente manera:

• Banco Santander: a partir del 10 de septiembre.
• Openbank: a partir del 10 de septiembre.
• imagin: a partir del 10 de septiembre.
• BBVA: a partir del 10 de septiembre.
• Banco Sabadell: a partir del 10 de septiembre.
• Unicaja: a partir del 10 de septiembre.
• Abanca: a partir del 10 de septiembre.
• Ibercaja: a partir del 10 de septiembre.
• Cajamar: a partir del 10 de septiembre.
• Cajasur: a partir del 10 de septiembre.
• Banco Mediolanum: en torno al 10 de septiembre.
• N26: a partir del 10 de septiembre.
• Cajas Rurales: la fecha depende de cada entidad territorial.

Algunas entidades como Santander, Openbank o Banco Mediolanum han anticipado el pago en determinados meses, pero para septiembre no existe por ahora una fecha oficial que permita asegurar un adelanto al día 8 o 9. Por este motivo, la referencia más prudente sigue siendo el jueves 10.

Qué hacer si no se ha cobrado el paro

Que el ingreso no aparezca exactamente el día 10 no significa necesariamente que exista un problema con la prestación. El SEPE establece un margen de pago que puede prolongarse hasta el día 15 y cada banco puede reflejar el abono en momentos distintos.

Si transcurren varios días y el dinero sigue sin aparecer, el beneficiario puede comprobar primero el estado de su prestación a través de la sede electrónica del SEPE. Allí es posible consultar los recibos de nóminas, la cuantía reconocida, las fechas de pago y posibles incidencias.

También conviene comprobar que la cuenta bancaria comunicada al organismo sigue activa y que los datos son correctos. Si la prestación figura como abonada, pero el dinero no aparece en la cuenta, el siguiente paso es contactar con la entidad financiera. Si el problema está relacionado con el reconocimiento, suspensión o cuantía de la ayuda, deberá consultarse directamente con el SEPE.

En 2026, la prestación contributiva por desempleo equivale al 70% de la base reguladora durante los primeros 180 días y al 60% a partir del día 181, siempre dentro de los límites mínimos y máximos establecidos cada año. La cantidad que finalmente recibe cada trabajador depende, entre otros factores, de su base de cotización y de si tiene hijos a cargo.

Combatir el calor dentro de casa ha tenido este verano un coste mayor para los hogares. Mantener fresco un piso de 90 metros cuadrados entre junio y agosto de 2026 ha costado una media estimada de 107,88 euros, frente a los 93,16 euros del año pasado, según un estudio de Papernest. Son casi 15 euros más en tres meses, un 15,8% de incremento. La cifra se refiere únicamente al consumo destinado a refrigerar la vivienda, no a toda la factura de la luz.

La cantidad cambia mucho según la casa. Para un estudio de 45 metros cuadrados, Papernest calcula un gasto de 48,78 euros durante el verano, mientras que en una vivienda de 140 metros cuadrados la refrigeración eleva el desembolso hasta los 193,60 euros. En ambos casos, el coste también supera al de 2025.

También importa, y mucho, dónde esté la vivienda. Entre las 20 ciudades analizadas, Sevilla y Córdoba lideran el gasto en aire acondicionado, con 139,28 euros durante el conjunto del verano. En Oviedo, en cambio, el gasto estimado se queda en 55,78 euros. La diferencia es considerable: mantener fresca una vivienda en las dos ciudades andaluzas cuesta alrededor de 2,5 veces más que en la capital asturiana.

El precio de la luz influye más que el aumento de las temperaturas

Que enfriar la casa haya sido casi un 16% más caro que en 2025 no significa que este verano haya sido mucho más cálido en las ciudades analizadas por Papernest. Su estudio sitúa la media de las temperaturas máximas en 32 ºC, apenas dos décimas por encima de los 31,8 ºC del año anterior. Al mismo tiempo, el precio medio de la tarifa regulada (PVPC) utilizado en sus cálculos subió un 14,1%, desde 0,1347 hasta 0,1537 euros por kilovatio hora.

La conclusión es sencilla: este verano no solo ha importado cuánto tiempo ha habido que encender el aire acondicionado, sino también cuánto costaba la electricidad mientras estaba funcionando.

Eso no significa que el calor haya dado tregua. Junio fue el segundo más cálido registrado en España desde 1961, con una temperatura media peninsular de 23,3 ºC, 3,2 grados por encima de lo habitual. Julio fue aún más extremo: con 25,7 ºC de media, empató con julio de 2022 como el mes más cálido de toda la serie histórica de AEMET.

Además, las ciudades donde más ha aumentado el gasto respecto al verano pasado no son necesariamente las que ya parten de las temperaturas más altas. Papernest sitúa a Zaragoza a la cabeza de las subidas, con 31,96 euros más que en 2025, seguida de Bilbao, con 26,51 euros adicionales, y Logroño, con 22,17. Solo Valencia y Barcelona reducen el coste estimado de refrigeración entre las 20 localidades estudiadas.

Poner el aire puede costar hasta 33 céntimos por hora

Otra estimación, elaborada por Roams con una metodología diferente, permite ver cómo termina reflejándose el uso del aire acondicionado en el recibo completo. Para un hogar tipo, la plataforma calcula una factura media de unos 159 euros al mes con tarifa regulada, frente a unos 114 euros con una tarifa de precio estable. Durante los tres meses de verano, la diferencia entre ambas opciones rondaría los 134 euros.

Traducido a algo tan cotidiano como una hora de aire acondicionado, Roams calcula un coste de 32,5 céntimos con la tarifa regulada y 20,3 céntimos con una tarifa estable. Es decir, mantenerlo encendido durante ocho horas supondría alrededor de 2,60 euros al día con PVPC, frente a unos 1,62 euros con precio estable.

En las zonas donde hace falta refrigerar la vivienda durante más tiempo, el peso sobre el recibo aumenta rápidamente. En Sevilla, por ejemplo, Roams atribuye al aire acondicionado 97,50 euros de una factura mensual de 190,80 euros con PVPC, algo más de la mitad del total. Sin embargo, en A Coruña, donde su modelo presupone muchas menos horas de uso, la refrigeración representa alrededor del 21%.

La diferencia se explica en buena medida por las horas durante las que el aparato necesita funcionar. Roams estima unas 10 horas diarias en Sevilla, Córdoba y Badajoz, 9,5 en Murcia, nueve en Zaragoza, Lleida y Alicante y 7,5 en Barcelona. En A Coruña baja hasta las 2,5 horas. Son cálculos basados en las condiciones climáticas de cada zona, no datos de consumo real de los hogares.

El gasto en aire acondicionado gana cada año más importancia debido al contexto en el que se encuentra España a nivel climático: las olas de calor extremo son cada vez más frecuentes e intensas. AEMET vincula esta evolución al calentamiento provocado por el cambio climático.

Esto puede aumentar la necesidad de enfriar las viviendas durante los próximos años, aunque no permite saber cuánto costará hacerlo: el recibo seguirá dependiendo también del precio de la electricidad, la tarifa contratada, la eficiencia del aparato y las características de cada casa.

El Gobierno ha presentado este lunes el nuevo portal de Casa 47, la entidad estatal de vivienda y suelo, para centralizar el acceso a su parque de alquiler asequible. A través de la plataforma, los ciudadanos podrán consultar las convocatorias abiertas, conocer las viviendas disponibles, comprobar si cumplen los requisitos y presentar sus solicitudes de forma telemática.

El portal arranca con 800 viviendas disponibles y “muy pronto” incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación en Madrid. El Ejecutivo prevé además incorporar nuevas promociones cada trimestre.

Este lanzamiento se produce en un contexto de fuertes dificultades para acceder a una vivienda en España. Los precios de compraventa aumentaron un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el acceso al alquiler continúa suponiendo un elevado esfuerzo para numerosos hogares. El Banco de España sitúa el esfuerzo medio de quienes viven de alquiler en el 26,7% de la renta neta y por encima del 30% en varias de las grandes ciudades.

Cómo solicitar una vivienda en el portal de Casa 47

La nueva plataforma permitirá consultar en un mismo espacio las convocatorias abiertas y las viviendas incluidas en cada una de ellas. Para presentar una solicitud, los interesados tendrán que entrar en la convocatoria correspondiente, identificarse e introducir sus datos y los de las personas con las que convivan.

También deberán indicar sus ingresos y podrán seleccionar las viviendas a las que quieran optar, ordenándolas según sus preferencias. Antes de presentar la solicitud, podrán revisar toda la información y deberán firmarla electrónicamente. Una vez registrada, podrán descargarla y consultarla posteriormente desde el propio portal.

El momento en el que se presente la solicitud no influirá en las posibilidades de resultar adjudicatario. Hacerlo el primer día tendrá el mismo efecto que registrarla al final del periodo habilitado, siempre que se encuentre dentro del plazo establecido.

Cuando termine cada convocatoria, todas las solicitudes que hayan sido admitidas participarán en un sorteo ante notario, que determinará el orden de adjudicación de las viviendas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido durante la presentación que “el proceso de adjudicación de viviendas tiene que ser también público y, por tanto, medirse con estándares públicos”. Según ha explicado, el objetivo es que los aspirantes puedan concurrir “en igualdad de condiciones”.

Quién puede acceder a las viviendas de Casa 47

El lanzamiento del portal no supone, por el momento, un cambio en las condiciones económicas aplicadas por Casa 47. En las primeras convocatorias de la entidad, los hogares debían acreditar unos ingresos de entre dos y 7,5 veces el IPREM, equivalentes a entre 16.800 y 63.000 euros netos anuales.

Además, el alquiler de la vivienda adjudicada no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales de la unidad de convivencia ni situarse por debajo del 15%. Como norma general, ninguno de sus integrantes puede disponer de otra vivienda en propiedad, aunque las bases contemplan determinadas excepciones.

Sánchez ha reiterado este lunes durante la presentación del portal que los adjudicatarios no deberán destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler y ha explicado que las rentas tendrán en cuenta tanto las características de cada inmueble como “la realidad económica de cada municipio y de cada territorio”. “Nadie tendrá que elegir entre pagar el alquiler o llenar una nevera”, ha defendido.

Los contratos tienen una duración inicial de 14 años y pueden ampliarse mediante sucesivas prórrogas hasta alcanzar los 75 años. El presidente ha definido el modelo como “alquiler asequible, pero también alquiler estable” y ha asegurado que las viviendas permanecerán de forma permanente en el parque público.

De las primeras convocatorias al nuevo portal

Casa 47 comenzó a probar su modelo de adjudicación a finales de 2025 con una convocatoria piloto de 171 viviendas en Vigo, distintos municipios valencianos y Mieres. Aquella experiencia ya utilizó el sorteo ante notario y la entidad explicó entonces que serviría para evaluar el sistema antes de extenderlo a nuevas promociones.

Desde entonces ha ampliado las convocatorias. El pasado 31 de julio abrió otra oferta de alquiler asequible en cinco comunidades autónomas y el 3 de septiembre anunció 34 viviendas en Lekunberri, Navarra.

Las novedades presentadas este lunes consisten fundamentalmente en centralizar todo el procedimiento en un nuevo portal. Rodríguez ha situado el lanzamiento de la web dentro de la transformación de SEPES en Casa 47 y ha explicado que el objetivo es que la entidad participe “en todo el ciclo residencial, desde la movilización de los suelos hasta la gestión de los alquileres y, por supuesto, en la construcción de vivienda”.

La ministra ha señalado además que Casa 47 ha licitado en sus primeros nueve meses “casi 2.500 viviendas”, actualmente en distintas fases de tramitación, construcción o urbanización. También ha destacado la incorporación de más de 40.000 viviendas y 2.500 suelos procedentes de Sareb y una licitación de 100 millones de euros para adquirir inmuebles y destinarlos posteriormente al alquiler asequible.

Rodríguez ha adelantado asimismo que el próximo paso de Casa 47 estará relacionado con la colaboración público-privada, aunque no ha concretado todavía las medidas ni los plazos. La ministra se ha limitado a señalar que será “el siguiente hito” de la entidad y que Casa 47 podrá hacer anuncios al respecto “en breve”.

Un parque todavía en expansión

El Ejecutivo ha reforzado durante este año la financiación de Casa 47. En junio transfirió otros 260 millones de euros a la entidad para financiar actuaciones vinculadas a 1.629 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible.

La ampliación del parque público constituye además uno de los principales ejes del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. Al menos el 40% de los fondos está destinado a incrementar la oferta de vivienda pública mediante nuevas construcciones o adquisiciones.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha movilizado ya más de 120.000 viviendas de alquiler asequible y que durante el primer trimestre de 2026 se licitaron 2.800 nuevas viviendas, cifra que ha presentado como el mayor volumen de licitación pública de los últimos 18 años.

No obstante, estas actuaciones se producen sobre un parque público que parte de niveles reducidos y ante un problema de oferta de una escala considerable. El Banco de España ha estimado que, para aproximarse al peso del parque de alquiler social existente de media en la Unión Europea, sería necesario incorporar alrededor de 1,5 millones de viviendas. El organismo ha advertido por ello de que las actuaciones aisladas a corto plazo difícilmente pueden resolver por sí solas los actuales problemas de acceso.

Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido durante el acto una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda y ha sostenido que este “está roto, está dislocado”. “Es una intervención de un mercado que no está funcionando”, ha argumentado el presidente, que también ha reclamado una mayor implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos y ha defendido las medidas adoptadas por su Ejecutivo en los últimos años.

El precio de la vivienda acumula una subida del 7% en los seis primeros meses de 2026, después de avanzar un 3,5% en el primer trimestre y otro 3,4% entre abril y junio, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El encarecimiento ha sido especialmente intenso en el mercado de segunda mano, donde los precios han aumentado un 7,4% desde diciembre, mientras que en la vivienda nueva el incremento acumulado se sitúa en el 4,6%.

En comparación con el segundo trimestre de 2025, el precio de la vivienda aumentó un 12,2%, siete décimas menos que en los tres primeros meses del año. La segunda mano volvió a registrar el mayor incremento, con un 12,9% interanual, frente al 7,4% de la obra nueva. Pese a la moderación de la tasa anual, los precios siguieron avanzando respecto al trimestre anterior y encadenan ya diez trimestres consecutivos de subidas trimestrales.

Solo Navarra queda por debajo de las subidas de dos dígitos

La evolución del segundo trimestre confirma, además, que la presión sobre los precios continúa extendida por prácticamente todo el territorio. Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas registraron incrementos interanuales y, salvo Navarra, donde el avance fue del 9,5%, en todas ellas alcanzaron tasas de dos dígitos. Ceuta encabezó las subidas, con un 15,2%, seguida de Asturias, con un 15%, Castilla y León, con un 14,8%, y Aragón, con un 14,6%.

En el extremo contrario, además de Navarra, los aumentos más moderados se registraron en País Vasco, con un 10%, Cataluña, con un 10,1%, y Canarias, con un 11%.

La subida también fue generalizada si se compara únicamente con los tres primeros meses de 2026. El mayor incremento trimestral se produjo en Extremadura, donde los precios avanzaron un 5,2% entre abril y junio, seguida de Asturias, con un 4,9%, Melilla, con un 4,6%, y Castilla y León y Castilla-La Mancha, ambas con un 4,3%. Cataluña registró el avance más contenido, del 2,4%.

La segunda mano se encarece más que la nueva

La diferencia entre la evolución de la vivienda nueva y la de segunda mano resulta evidente al analizar los datos por territorios. En el mercado usado, todas las comunidades autónomas registraron incrementos interanuales superiores al 10%. Castilla y León lideró el encarecimiento con un 15,8%, seguida de Asturias, con un 15,7%, Aragón, con un 15,6%, y Baleares, con un 14,9%. Incluso Cataluña, que presentó la tasa más baja, anotó un aumento del 10,6%.

La obra nueva mostró una evolución más desigual. Murcia registró el mayor encarecimiento interanual, del 12,6%, seguida de La Rioja, con un 12,5%, y Canarias, con un 11,9%. En cambio, las alzas fueron mucho menores en Baleares, con un 3%, País Vasco, con un 3,1%, Navarra, con un 4,1%, y Madrid, con un 5,6%.

Además, mientras que la segunda mano se encareció respecto al trimestre anterior en todas las comunidades, el precio de la vivienda nueva llegó a retroceder en tres territorios: un 0,5% en País Vasco, un 0,4% en Cantabria y un 0,3% en Cataluña. En el conjunto de España, la obra nueva avanzó solo un 1% entre abril y junio, frente al 3,7% registrado por la vivienda usada, una diferencia de 2,7 puntos entre ambos segmentos del mercado residencial.

El Congreso puede tumbar este jueves la Cuenta General del Estado de 2024, después de que la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas acordara en junio rechazarla y devolverla al organismo fiscalizador. Sería una decisión con una importante carga política y abriría un precedente en el control parlamentario de las cuentas públicas.

Pero rechazar una Cuenta General del Estado no es lo mismo que tumbar unos Presupuestos Generales del Estado. Mientras estos últimos fijan cuánto prevé ingresar y gastar el sector público, la Cuenta General se elabora después para mostrar qué ocurrió realmente con ese dinero durante un ejercicio que ya ha terminado. Esa diferencia es también la que determina hasta dónde llegan las consecuencias de la votación para el Gobierno y para los ciudadanos.

En este caso, el Parlamento examina la gestión correspondiente a 2024, un año en el que no se aprobaron nuevos Presupuestos y continuaron vigentes los de 2023. El Tribunal de Cuentas fiscalizó posteriormente la Cuenta General y emitió una opinión favorable con salvedades, pero la Comisión Mixta, en la que PP y Vox suman mayoría, decidió el pasado 23 de junio rechazar su Declaración y reclamar un análisis adicional sobre los efectos de las sucesivas prórrogas presupuestarias.

Qué pasa si el Congreso rechaza la Cuenta General del Estado

La Cuenta General sirve para rendir cuentas una vez cerrado el ejercicio: permite comprobar cuánto se ingresó y gastó realmente y cómo se ejecutaron las partidas que habían sido autorizadas en los Presupuestos. Constituye así uno de los principales instrumentos de rendición de cuentas del sector público ante las Cortes Generales.

Por eso, que el Congreso rechace la Cuenta General de 2024 no anula los gastos que ya se hicieron ese año ni deja sin efecto los Presupuestos actualmente vigentes. Tampoco implica por sí mismo que se suspendan pensiones, prestaciones por desempleo, nóminas de empleados públicos, inversiones o servicios del Estado.

La consecuencia inmediata que plantea la resolución parlamentaria es otra: devolver al Tribunal de Cuentas su Declaración y pedirle que la complete con un informe técnico-jurídico sobre los efectos de la prórroga presupuestaria. La Comisión Mixta estableció para ello un plazo de tres meses.

El efecto del rechazo sería, por tanto, principalmente político e institucional: supondría una censura parlamentaria sobre la forma en que se rindieron y gestionaron las cuentas de aquel ejercicio, pero no equivale a rechazar unos Presupuestos ni obliga por sí mismo a convocar elecciones o a que caiga el Gobierno.

Qué cuestionó el Tribunal de Cuentas sobre las cuentas públicas de 2024

Uno de los principales motivos que explican el rechazo parlamentario está en la falta de unos nuevos presupuestos. El Gobierno no presentó durante 2024 un proyecto de PGE, por lo que se prorrogaron automáticamente los aprobados para 2023. La propia Declaración del Tribunal de Cuentas señala que esta situación generó incertidumbre sobre la aplicación de determinadas normas relacionadas con la gestión presupuestaria.

Durante aquel ejercicio, además, el Gobierno fue introduciendo modificaciones para adaptar esas cuentas prorrogadas a nuevas necesidades de gasto. Como resultado, el importe finalmente autorizado para gastar fue 77.341,9 millones de euros superior al que figuraba al inicio de 2024.

El Tribunal también detectó que el resultado presupuestario consolidado -el saldo que resulta de comparar los ingresos y gastos del conjunto analizado- estaba sobrevalorado en 4.090,3 millones, porque determinadas obligaciones y derechos se habían contabilizado en un ejercicio distinto al que correspondían.

Pese a estas y otras incidencias, el organismo emitió una opinión favorable con salvedades. Es decir, el Tribunal de Cuentas no rechazó la Cuenta General de 2024, sino que consideró que reflejaba globalmente la situación económica y financiera del Estado, aunque señaló errores y cuestiones que debían corregirse o quedar mejor justificadas. El rechazo que ahora llega al Pleno procede, por tanto, del Parlamento y no de una opinión desfavorable del organismo fiscalizador.

Por qué se habló de fondos europeos para pagar pensiones

Otro de los puntos controvertidos fueron dos modificaciones presupuestarias por 2.389,4 millones de euros aprobadas en noviembre de 2024 para cubrir gastos de pensiones. En concreto, se destinaron a las pensiones de clases pasivas -el régimen que cubre, entre otros colectivos, a determinados funcionarios del Estado- y a los complementos de pensiones mínimas.

Para financiar esas modificaciones se utilizaron créditos que habían quedado disponibles en el llamado Servicio 50, una partida de los Presupuestos del Estado vinculada al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), el instrumento europeo con el que se financia el Plan de Recuperación tras la pandemia. El Tribunal señaló que esos créditos podían trasladarse porque no comprometían ni el cumplimiento del Plan de Recuperación ni la capacidad de España para absorber los recursos del mecanismo.

Que esos créditos estuvieran incluidos en una partida vinculada al MRR fue precisamente lo que originó la polémica y llevó a hablar del uso de “fondos europeos” para pagar pensiones. Sin embargo, la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, aclaró después ante el Parlamento que el organismo no había afirmado eso. Según explicó, ni la Declaración ni los votos concurrentes sostienen que se utilizara dinero procedente de la Unión Europea para financiar las pensiones.

La objeción del Tribunal era otra: consideró que los fundamentos jurídicos utilizados para justificar el traslado de esos créditos deberían haberse explicado mejor.

El rechazo llega en plena negociación de los próximos Presupuestos

La votación llega además en un momento especialmente delicado para el Gobierno en materia presupuestaria. España continúa en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2023, prorrogados automáticamente ante la ausencia de nuevas cuentas, mientras el Ejecutivo intenta sacar adelante unos nuevos PGE para 2027.

La prórroga es legal: el artículo 134.4 de la Constitución establece que, cuando una nueva Ley de Presupuestos no está aprobada al comenzar el ejercicio, las cuentas anteriores quedan automáticamente prorrogadas hasta que se aprueben otras.

La dificultad para el Ejecutivo no está, por tanto, en poder seguir funcionando con esas cuentas, sino en reunir los apoyos parlamentarios necesarios para sustituirlas. El Gobierno de coalición está en minoría en el Congreso y necesita volver a construir una mayoría suficiente para aprobar el próximo proyecto presupuestario.

Esa debilidad ya se ha reflejado en los primeros pasos del proceso. En julio, PP, Vox y Junts rechazaron la senda de estabilidad propuesta por el Ejecutivo, que fija los objetivos de déficit y deuda que sirven de referencia para elaborar las nuevas cuentas.

Si el Pleno respalda el rechazo, no habrá un efecto económico inmediato para los ciudadanos. La consecuencia será principalmente política e institucional: el Congreso censurará la gestión de las cuentas de 2024 y pedirá al Tribunal de Cuentas que analice las consecuencias de encadenar varios ejercicios con presupuestos prorrogados.

Más de tres millones de usuarios menos en apenas medio año. Ese es el balance que deja la alta velocidad entre enero y junio de 2026, un periodo marcado por el accidente ferroviario de Adamuz y por los posteriores cortes, restricciones de velocidad y reducciones de circulación. En esos seis meses, los servicios de AVE, Avlo, Ouigo e Iryo transportaron unos 18,3 millones de pasajeros, frente a cerca de 21,7 millones en el mismo periodo de 2025, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La diferencia supone una pérdida de alrededor de 3,3 millones de usuarios y un descenso del 15,5% en apenas un año. La caída contrasta con la expansión que había experimentado este mercado durante los últimos años y con el récord alcanzado en 2025, cuando la alta velocidad comercial movió 44,5 millones de viajeros, un 12% más que en 2024 y el doble que en 2019, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El accidente de Adamuz se produjo el 18 de enero, por lo que los datos del semestre incluyen también los primeros días del año anteriores al siniestro. A partir de entonces, el descenso se intensificó. Febrero, primer mes completo después del accidente, fue el peor del periodo: la alta velocidad transportó 2,16 millones de pasajeros, un 32,1% menos que en febrero de 2025. En marzo la caída continuó, aunque se moderó hasta el 17,7%.

Málaga y Granada sufren una caída del 61% de viajeros

El golpe fue especialmente intenso en los corredores ferroviarios que conectan Madrid con Andalucía. Los datos de la CNMC correspondientes al primer trimestre muestran que el número de pasajeros del eje Madrid-Málaga/Granada se desplomó un 61% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que el Madrid-Sevilla perdió un 27%. El descenso alcanzó también al Madrid-Barcelona, con un 17% menos de usuarios, y fue más moderado en Madrid-Valencia (-8%) y Madrid-Alicante (-6%).

En conjunto, la alta velocidad comercial contabilizó 8,05 millones de viajeros durante el primer trimestre, un 21% menos que un año antes. La propia CNMC relaciona esta contracción con las incidencias que sufrió la infraestructura ferroviaria durante esos meses. Los cortes de vías, las limitaciones de velocidad y la reducción de circulaciones condicionaron la prestación de los servicios y provocaron una disminución tanto de la oferta disponible como de la demanda.

El accidente de Adamuz ocurrió a las 19:45 horas del 18 de enero, cuando descarrilaron los tres últimos coches de un tren Iryo que realizaba el trayecto Málaga-Madrid. Parte del convoy invadió la vía contraria, por la que circulaba un Alvia Madrid-Huelva, y ambos trenes colisionaron. El siniestro obligó a interrumpir la circulación de la línea Madrid-Sevilla mientras se realizaban los trabajos necesarios sobre la infraestructura.

Por tanto, el retroceso de pasajeros no puede atribuirse únicamente a una decisión de los usuarios de dejar de utilizar la alta velocidad después de Adamuz. Durante parte del periodo también hubo menos trenes disponibles y conexiones afectadas, especialmente hacia Andalucía, mientras las restricciones de velocidad y otras incidencias limitaron la capacidad de la red.

La caída se modera, pero continúa hasta junio

Los datos del INE muestran que la situación mejoró progresivamente durante la primavera, aunque la alta velocidad continuó perdiendo pasajeros frente al año anterior. En abril se contabilizaron 3,17 millones de usuarios, un 15% menos que en abril de 2025. En mayo la caída se redujo al 7,1%, con 3,61 millones de viajeros, pero volvió a ampliarse ligeramente en junio, cuando 3,65 millones de personas utilizaron estos servicios, un 9,8% menos en términos interanuales.

La evolución supone un cambio brusco respecto a 2025. El año anterior, la entrada de nuevos operadores y el aumento de la competencia habían elevado la utilización de los principales corredores de alta velocidad hasta máximos históricos. La CNMC contabilizó entonces más de 44 millones de pasajeros, un 12% más en un solo año. Apenas unos meses después, el primer semestre de 2026 ha roto esa tendencia de crecimiento, con los mayores descensos concentrados tras el accidente de Adamuz y en las conexiones ferroviarias con Andalucía.

A partir de este lunes, 7 de septiembre, los usuarios de Renfe podrán volver a subir con patinetes eléctricos a buena parte de sus trenes, después de casi tres años de prohibición. La compañía vetó estos vehículos en diciembre de 2023 por los riesgos asociados a los incendios de sus baterías, pero ahora considera que el nuevo marco de certificación, identificación, registro y aseguramiento permite readmitirlos con mayores controles. La medida se aplicará en Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, aunque de momento quedan fuera Rodalies y Cercanías Euskadi.

El riesgo de incendio que originó aquella decisión, sin embargo, no ha desaparecido por completo. La propia Renfe reconoce que “ningún sistema basado en baterías permite afirmar riesgo cero”. La diferencia, sostiene, es que actualmente existe un marco de admisión que permite comprobar qué vehículos cumplen los requisitos legales y establecer medidas adicionales dentro del tren, como llevarlos apagados y plegados y no permitir la recarga de sus baterías.

Desde 2023 también ha cambiado la normativa estatal. La Ley 5/2025 introdujo el seguro obligatorio de responsabilidad civil para los vehículos personales ligeros, destinado a cubrir los daños personales y materiales que puedan causar a terceros, mientras que el Real Decreto 52/2026 desarrolló su inscripción en el Registro Nacional de Vehículos. Allí quedan vinculados datos del titular, el fabricante, la marca y el modelo, las características técnicas, el certificado y el seguro del vehículo.

Por qué Renfe prohibió los patinetes eléctricos en 2023

El veto entró en vigor el 12 de diciembre de 2023 y afectó a todos los trenes de Renfe Viajeros: Cercanías y Regionales, además de los servicios de Alta Velocidad y Larga Distancia, como AVE, Avlo, Alvia, Avant, Euromed e Intercity. También quedaron prohibidos los monociclos y otros dispositivos de movilidad personal eléctricos o dotados de baterías, con la excepción de las bicicletas eléctricas y los vehículos utilizados por personas con movilidad reducida.

Renfe justificó entonces la decisión por la “situación de peligro” generada por incendios de baterías registrados en algunos medios de transporte público. La compañía citaba entre las posibles causas la manipulación de estos componentes, los desperfectos producidos por golpes, su deterioro con el paso del tiempo o la utilización de cargadores inadecuados.

La medida llegó además después de varios precedentes. Cataluña había prohibido meses antes el acceso de estos vehículos al transporte público tras la explosión de un patinete en un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en noviembre de 2022. La Comunidad de Madrid también había implantado desde el 4 de noviembre de 2023 un veto en las instalaciones y vehículos dependientes del Consorcio Regional de Transportes.

Renfe define ahora aquella decisión como una medida “cautelar”, adoptada ante incidentes relacionados con vehículos manipulados, no homologados o deficientemente mantenidos y cuando, según explica, todavía no existía un marco suficiente para controlarlos.

Qué tendrá que cumplir un patinete para entrar al tren

Desde este lunes no bastará, por tanto, con llevar cualquier patinete. Renfe establece que deberán ser vehículos homologados, estar inscritos en el registro de la Dirección General de Tráfico (DGT), disponer de una placa o etiqueta identificativa visible —o matrícula cuando corresponda—, tener el seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor y contar con el certificado de circulación que acredita el cumplimiento de las características técnicas exigidas.

La certificación permite comprobar que un determinado modelo cumple las condiciones técnicas establecidas para los VMP. Desde el 22 de enero de 2024, todos los modelos nuevos comercializados en España deben disponer de ella. La DGT permite, no obstante, que determinados vehículos vendidos con anterioridad continúen circulando sin certificado hasta el 22 de enero de 2027. A partir de entonces solo podrán circular modelos certificados.

Renfe aplicará un criterio más restrictivo para acceder a sus trenes: la compañía asegura que no admitirá los modelos antiguos no certificados, aunque todavía puedan acogerse al periodo transitorio previsto por Tráfico.

Apagados, plegados y sin cargar la batería

Las condiciones no terminan en la documentación. Durante todo el trayecto, el patinete deberá permanecer plegado y apagado y no podrá conectarse a los enchufes del tren para cargar la batería. Además, tendrá que colocarse en los espacios habilitados o donde interfiera lo menos posible con el resto de pasajeros, sin bloquear puertas, pasillos, salidas de emergencia, plazas para personas con movilidad reducida ni otras zonas prioritarias.

Renfe podrá impedir el acceso cuando el vehículo presente daños, manipulación, sobrecalentamiento u otros indicios anómalos. También podrá hacerlo si, por la ocupación del tren, no existe un lugar donde colocarlo de forma segura.

La recuperación del servicio afecta especialmente a quienes combinan ambos medios para completar los desplazamientos entre su casa, la estación y el trabajo o el centro de estudios. Según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal citados por Renfe, en España hay alrededor de siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP.

En este sentido, la compañía presenta su vuelta a los trenes como una forma de facilitar esos trayectos de “primera y última milla”, aunque ahora bajo unas condiciones de acceso diferentes a las que existían antes del veto de 2023.

Un ejemplar de Pura Raza Española (PRE) puede superar los 500.000 euros, aunque su precio depende de factores como la edad, la genealogía, la formación o su rendimiento deportivo. La horquilla parte de unos 10.000 euros y puede alcanzar esas cifras excepcionales en los animales de mayor valor, según recoge El País a partir de fuentes de la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE). Más allá de estas operaciones, la actividad ecuestre en España mueve 7.392,6 millones de euros, según el último gran estudio económico disponible, presentado en 2022 por la Real Federación Hípica Española (RFHE).

La dimensión de este negocio también se aprecia fuera de las fronteras españolas. A cierre de 2025, el Libro Genealógico del PRE, el registro oficial que acredita el origen, la genealogía y la pertenencia de cada ejemplar a la raza, contabilizaba 291.138 ejemplares pertenecientes a 51.354 ganaderías activas repartidas por 71 países, según los datos publicados por ANCCE. De ellos, 143.091 eran hembras y 148.047 machos.

La actividad ligada al mundo del caballo sostiene además 149.863 puestos de trabajo en España. La cifra incluye una amplia variedad de ocupaciones y actividades económicas, desde la cría y la preparación de los animales hasta los servicios veterinarios, las instalaciones, el transporte, la competición, el ocio o la formación.

El negocio va mucho más allá de vender caballos

La compraventa representa solo una parte de la economía que rodea a estos animales. El mayor volumen de gasto se concentra en la denominada fase de explotación o utilización del caballo, que el estudio cuantifica en 5.110 millones de euros, alrededor del 69% del impacto analizado. En este apartado se incluyen actividades deportivas, ocio, turismo ecuestre, espectáculos y otros usos del animal una vez formado.

La cría, en cambio, supone alrededor de 770 millones de euros, mientras que la fase de preparación y entrenamiento del animal antes de incorporarse a una disciplina concreta alcanza unos 780 millones. Esta última comprende el periodo en el que se prepara al ejemplar para las distintas disciplinas y usos. El deporte tiene un peso especialmente elevado una vez que el animal entra en la fase de explotación: concentra cerca del 60% del gasto de este bloque.

El efecto económico también se traslada a las cuentas públicas. Según el mismo informe, las actividades ecuestres generan más de 1.138 millones de euros en retornos fiscales, es decir, ingresos para las arcas públicas a través de impuestos, repartidos principalmente entre IRPF, IVA e Impuesto sobre Sociedades. El estudio calculó además que cada euro de gasto relacionado con esta industria contribuía con 1,17 euros al PIB.

El Pura Raza Española gana presencia fuera del país

La internacionalización continúa avanzando. Durante 2025 se incorporaron 12.747 nuevos ejemplares al Registro de Nacimientos del PRE y se dieron de alta 2.835 nuevas ganaderías. El 41% de estas últimas se encontraba fuera de España, con Italia, Estados Unidos y Alemania como los países que concentraron un mayor número de nuevas incorporaciones internacionales.

La actividad internacional también se refleja en los cambios de propiedad. El Libro Genealógico tramitó 10.152 transferencias de titularidad de los ejemplares durante 2025 y, fuera de España, estos servicios se concentraron principalmente en Estados Unidos, Italia, México y Francia. ANCCE es la entidad gestora del Libro Genealógico original de la raza, reconocido dentro del programa de cría aprobado por el Ministerio de Agricultura.

Así, detrás de los ejemplares que pueden alcanzar precios de cientos de miles de euros, existe una actividad mucho más amplia. La cría representa solo una fracción de un negocio en el que pesan especialmente el mantenimiento, la preparación, el deporte y los distintos usos del animal, mientras el Pura Raza Española amplía su presencia internacional y cuenta ya con ganaderías registradas en más de 70 países.

Que te adjudiquen una vivienda protegida no significa que puedas pagarla. En Boadilla del Monte, en la Comunidad de Madrid, el piso que más se repite en una nueva promoción municipal cuesta 344.748,89 euros antes de impuestos, cerca de 379.000 euros con IVA. Para un comprador que consiga una hipoteca por el 80% del precio, la cantidad que tendría que aportar por su cuenta alcanza los seis dígitos: unos 103.425 euros entre el 20% restante y el IVA, un tributo que los bancos no suelen incluir en la financiación hipotecaria. Todo esto, sin contar con otros posibles gastos asociados a la compra.

No se trata de vivienda libre. Son 108 Viviendas con Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), promovidas por la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla sobre suelo perteneciente al patrimonio municipal. Y tampoco se construyen en cualquier lugar: Boadilla es el tercer municipio español de más de 2.000 habitantes con mayor renta neta media por persona, con 26.668 euros anuales en 2023, solo por detrás de Pozuelo de Alarcón y Matadepera.

A partir de esta paradoja, se puede entender mejor cómo ha cambiado el perfil de quienes necesitan ayuda para acceder a una casa. Desde el propio Ayuntamiento reconocen la evolución: “La vivienda pública ya no es como era hace veinte años”, explican. Antes, sostienen, se asociaba a personas con menor poder adquisitivo; ahora “la vivienda pública es para clase media, media-alta”. Las cifras y los requisitos de las promociones de Boadilla permiten poner números a esta afirmación.

Más de 100.000 euros entre la entrada y los impuestos

Las 108 VPPL que se construirán en Valenoso, una zona residencial del municipio madrileño, no tienen todas el mismo precio. En el cupo general van desde 306.506 euros hasta 411.688 euros antes de IVA. La modalidad que más se repite ronda los 344.749 euros, mientras que las cuatro reservadas a familias numerosas alcanzan los 415.954. Sumando el impuesto, estas últimas superan los 457.000 euros. Todas las viviendas incluyen dos plazas de garaje y un trastero.

La forma de pago permite aterrizar cuánto dinero hace falta antes de recibir las llaves. Las condiciones prevén entregar un 10% del precio más IVA al firmar el contrato, completar hasta otro 10% durante la construcción y abonar el 80% restante junto con los impuestos correspondientes al escriturar. Ese 80% podrá financiarse mediante hipoteca si la entidad bancaria aprueba la operación.

Tomando el piso más habitual de la promoción, el 20% del precio son 68.949,78 euros. A eso hay que añadir 34.474,89 euros de IVA total. El resultado son 103.424,67 euros que el comprador tendría que aportar —no todo al mismo tiempo, pero sí de su bolsillo— si el banco financia el 80% del precio. No es un requisito escrito en las bases como una cantidad mínima de ahorro, porque las circunstancias financieras de cada comprador pueden ser diferentes, pero muestra la barrera económica que aparece antes incluso de afrontar una hipoteca de más de 275.000 euros.

La cifra adquiere otra dimensión si la ponemos frente a los salarios. El sueldo medio en España fue de 29.540 euros brutos anuales en 2024, pero el mediano —el que deja a la mitad de los trabajadores cobrando menos y a la otra mitad cobrando más— fue de 24.497 euros. Incluso en la Comunidad de Madrid, donde las remuneraciones son más elevadas, el promedio se situó en 34.410 euros.

Cumplir los requisitos no significa poder comprar

Para presentarse al proceso no basta con tener el dinero. Al menos uno de los solicitantes debe haber vivido en Boadilla ocho de los últimos diez años, no puede disponer de otra vivienda salvo determinadas excepciones y tendrá que utilizar el piso adjudicado como residencia habitual.

Lo llamativo aparece al mirar los ingresos. Las bases establecen un máximo de 7,5 veces el IPREM, pero ese límite permite rentas familiares alejadas de la imagen tradicional de una vivienda destinada únicamente a hogares con pocos recursos. Una unidad de una o dos personas puede ingresar hasta 78.750 euros netos al año; una familia de tres, 81.185; una de cuatro, 84.677; y el tope llega hasta 90.000 euros para hogares de seis o más miembros.

No se establece un ingreso mínimo para estas viviendas en venta, pero alguien puede cumplir todos los requisitos administrativos, quedar muy lejos del máximo de renta permitido y, aun así, no haber conseguido ahorrar decenas de miles de euros ni obtener financiación suficiente. Ahí aparece la diferencia entre poder solicitar una vivienda y poder comprarla.

Ese es precisamente el perfil al que apunta el Ayuntamiento de Boadilla cuando habla de “clase media, media-alta”: hogares que pueden tener ingresos elevados en comparación con buena parte de los asalariados, pero que también se enfrentan a un mercado inmobiliario donde comprar una vivienda libre resulta todavía más caro.

Para acceder al alquiler asequible también puedes cobrar demasiado poco

La vivienda protegida no se limita a la compraventa. Boadilla cuenta ya con otras 524 viviendas del Plan Vive de la Comunidad de Madrid destinadas al alquiler asequible, con uno, dos o tres dormitorios. La promoción forma parte del modelo de colaboración público-privada del programa regional.

Según los precios comunicados por el Ayuntamiento, un piso de un dormitorio parte de 706 euros mensuales; uno de dos, de 913; y uno de tres, de 1.208. La norma introduce además una condición esencial: el alquiler no puede superar el 35% de los ingresos netos del hogar.

Esa regla, diseñada para impedir que la renta absorba una parte excesiva del presupuesto familiar, genera a su vez un mínimo económico de facto. Cálculos propios a partir de estos datos muestran que, para pagar 706 euros al mes sin superar ese 35%, una persona u hogar necesita ingresar al menos unos 24.200 euros netos al año. Para un alquiler de 913 euros hacen falta alrededor de 31.300, y para uno de 1.208 euros, aproximadamente 41.400 euros netos anuales. En este sentido, en el alquiler protegido también se puede cobrar demasiado poco para acceder, aunque el solicitante cumpla otras condiciones del programa.

El municipio prepara además el Plan BA, con otras 464 viviendas de alquiler. El proyecto exige ingresos entre 1,5 y 7,5 veces el IPREM y mantiene el límite del 35%. El Ayuntamiento había manejado rentas orientativas de entre 895 y 1.795 euros, pero esas cantidades todavía no son definitivas. Las ofertas de las empresas que optan a la adjudicación y posibles ayudas pueden reducirlas, por lo que el propio Consistorio descarta por ahora dar esos precios por cerrados.

¿Cómo puede costar 400.000 euros una vivienda protegida?

La respuesta está en qué significa realmente la palabra “protegida”. No quiere decir que exista un precio barato e idéntico para toda España, sino que la vivienda está sometida a condiciones de acceso, uso y a unos precios máximos fijados por la administración.

Boadilla pertenece a la Zona A, la más cara de la Comunidad de Madrid a efectos de determinados módulos de vivienda protegida. Para estas VPPL, el máximo en 2026 alcanza los 2.983,03 euros por metro cuadrado útil. Garajes y trasteros también tienen precios máximos regulados.

Y aun así, el mercado libre está por encima. Idealista situaba en julio el precio anunciado de la vivienda en Boadilla en 4.316 euros por metro cuadrado, un 20% más que un año antes. En agosto, el alquiler alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado, máximo de la serie del portal y un 14,2% más que 12 meses antes.

Así, un piso protegido de casi 400.000 euros puede resultar inaccesible para buena parte de los trabajadores y, al mismo tiempo, estar limitado frente a un mercado libre todavía más caro. La protección existe; lo que se ha desplazado es el nivel de ingresos a partir del cual empieza a ser necesaria.

Vivienda protegida no es vivienda social, pero sí se pensó para otro perfil

Vivienda protegida tampoco significa necesariamente vivienda social. La primera engloba inmuebles sujetos a determinadas condiciones y límites de precio y acceso; la segunda se dirige específicamente a personas y familias con mayores dificultades económicas.

No obstante, la vivienda protegida no estuvo siempre pensada para hogares con rentas medias o medias-altas. El régimen estatal aprobado a finales de los años 70 establecía ayudas económicas personales para acceder a la compra o al alquiler reservadas a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el salario mínimo interprofesional anual, y señalaba entre sus objetivos facilitar el acceso a los hogares con menores niveles de renta.

La evolución del perfil de comprador de vivienda protegida, en muchos casos expulsado del mercado libre, plantea una cuestión para la que todavía ninguna institución ha sabido dar respuesta: si la protección en la vivienda es necesaria para quienes tienen buenos ingresos, ¿qué será de los que sobreviven varios escalones por debajo?

La cebolla española se está pagando en el campo a unos 9 céntimos el kilo, mientras que en los supermercados puede alcanzar casi los 2 euros. Una diferencia que refleja la distancia que puede existir entre lo que recibe el productor y el precio que termina abonando el consumidor. Pascual Cabedo, agricultor y fundador de la plataforma Europe Agricult Product (EAP), asegura que, con esos precios en origen, producir deja de ser viable.

“Sabemos que para un agricultor, a partir de 25, 30, 35 céntimos, depende del grado de mecanización, empieza a ser rentable”, explicó Cabedo durante una entrevista en el programa Herrera en COPE. Su plataforma, que comercializa directamente alimentos de productores españoles, se ha fijado precisamente ese criterio para determinar cuánto paga a quienes trabajan en el campo: “Por debajo de 30 céntimos no vamos a pagar nunca a ningún agricultor”.

La iniciativa nació, según cuenta, de su propia experiencia en el sector agrícola y de los problemas derivados de depender de otros actores para colocar la producción. Como ha “sufrido todo lo que es el mercado. Las inclemencias de estar en manos de intermediarios, que a veces abusan, otros no, pero se pasa mal”, relató, su objetivo fue crear un canal que garantizara tanto el origen nacional de los productos como unos precios que permitieran mantener la actividad.

“Nunca pagamos ningún producto a pérdidas”

Uno de los principios que Cabedo destaca de EAP es precisamente evitar que los agricultores tengan que vender por debajo de sus costes. “Nosotros nunca pagamos ningún producto a pérdidas. Como somos agricultores, sabemos dónde está el umbral de rentabilidad del agricultor de cada producto”, afirmó.

La cebolla sirve como ejemplo. Cabedo confirmó durante la entrevista que actualmente “en el campo valen nueve céntimos” y “en los supermercados casi dos euros”. Frente a esos precios, EAP asegura no comprar por debajo de los 30 céntimos el kilo, aunque el punto exacto en el que el cultivo comienza a resultar rentable puede variar en función de factores como su grado de mecanización.

La plataforma funciona como un supermercado online que compra directamente a agricultores y vende sus productos al consumidor final. Cabedo explica que el proyecto busca “que se garantice el origen de que es un producto español, se garantice un precio justo a los agricultores que lo producen y también pensar en el consumidor final, que tenga también un precio justo y, siempre que podemos, por debajo de los supermercados”.

El proyecto tiene algo más de dos años de vida y, según las cifras proporcionadas por su fundador a COPE, ya reúne a unas 300.000 familias clientes. El volumen alcanzado les permite incluso adquirir grandes cantidades directamente de un mismo productor. Cabedo puso como ejemplo la compra de 25.000 kilos de cebollas, que posteriormente son preparados en almacén y enviados a distintos puntos del país.

Entre 10.000 y 15.000 cajas cada día

El crecimiento de EAP ha permitido superar parte de las dificultades logísticas que supone enviar alimentos frescos directamente a los hogares. “Diariamente estamos preparando entre 10.000 y 15.000 cajas que van a toda España”, aseguró Cabedo. La empresa distribuye actualmente en todo el territorio nacional salvo Canarias.

El transporte continúa siendo, reconoce, “uno de los principales retos” del modelo. EAP asegura que no obtiene beneficio de ese concepto. “Solamente cobramos de porte lo que estrictamente nos cuesta. No hay ningún margen”, explicó su fundador. Según Cabedo, los gastos se reducen proporcionalmente cuando se realizan pedidos de mayor tamaño: “Cuando haces un pedido a partir de ocho y diez kilos, sale muy económico”.

La propuesta intenta así acortar el recorrido entre quien produce los alimentos y quien finalmente los consume. Además del precio, Cabedo defiende que los productos llegan con “mayor frescura y mayor calidad” y “sin ningún tratamiento poscosecha”. Para el agricultor, la clave está en que el modelo permita que producir siga teniendo sentido económico.

Vivir en una ciudad u otra puede encarecer en cientos de euros las actividades extraescolares. En el caso de los deportes, los precios de referencia analizados por TusClasesParticulares van desde 10 euros por hora en Córdoba hasta 25 euros en Palma de Mallorca. Con una clase semanal durante nueve meses, la diferencia equivaldría a 540 euros por hijo y curso: unos 360 euros frente a 900.

Los precios analizados por la plataforma varían hasta un 150% en deportes, un 87,5% en música y artes y un 50% en idiomas entre las ciudades situadas en los extremos de la clasificación. Las diferencias son bastante menores cuando se trata de contratar refuerzo académico.

Para obtener estas cifras, TusClasesParticulares parte de un escenario homogéneo de una clase a la semana, cuatro semanas al mes y nueve meses de curso. Su Observatorio de Precios analiza las tarifas anunciadas por los profesores en la plataforma y utiliza la mediana como indicador central. El estudio se elaboró con más de 70.000 anuncios activos correspondientes a marzo de 2026.

De 360 a 900 euros por curso en actividades deportivas

El mayor contraste aparece en los deportes. La plataforma sitúa el precio en torno a 10 euros por hora en Córdoba, mientras que alcanza los 25 euros en Palma de Mallorca.

Aplicando el mismo supuesto durante todo el curso, una familia pagaría unos 40 euros al mes y 360 al año en el primer caso. En Palma, la factura ascendería a unos 100 euros mensuales y 900 durante los nueve meses lectivos.

La diferencia del 150% encaja también con el hecho de que algunas disciplinas deportivas figuren entre las más caras del Observatorio. El tenis aparece con una mediana de 25 euros por hora, mientras que otras actividades como la natación se sitúan en 18 euros.

Así, tomando nuevamente una sesión semanal, practicar tenis durante todo el curso supondría unos 900 euros, frente a los 648 euros de la natación.

Música y artes: hasta 378 euros de diferencia

La ciudad donde vivas también influye en el precio de las actividades artísticas. El desglose de datos elaborado por la plataforma para la vuelta al cole sitúa el precio de música y artes desde 12 euros por hora en Córdoba hasta 22,5 euros en Barcelona y Palma de Mallorca.

Eso supone una diferencia del 87,5%. Traducido al conjunto del curso, mantener una hora semanal costaría aproximadamente 432 euros en el extremo más barato y 810 euros en el más caro: 378 euros de diferencia por hijo.

A nivel nacional, el precio también cambia considerablemente según la actividad. El Observatorio sitúa el piano en 23 euros por hora, la guitarra en 20 y el baile en 19. Con el mismo cálculo de 36 horas durante el curso, equivaldrían aproximadamente a 828, 720 y 684 euros, respectivamente.

Estudiar idiomas también depende de la ciudad de residencia

La diferencia territorial se reduce en los idiomas, aunque sigue siendo significativa. Una clase se sitúa en torno a 10 euros por hora en Córdoba y Granada, frente a los 15 euros de Madrid, Barcelona y Palma, según los datos remitidos por la plataforma.

La distancia es del 50%. En términos de curso completo, una hora semanal supondría aproximadamente 360 euros en las ciudades más baratas y 540 en las más caras, una diferencia de 180 euros.

El inglés, uno de los idiomas más estudiados y demandados en España, aparece en el Observatorio con una mediana nacional de 15 euros por hora.

En las clases particulares la brecha de precios es menor

El lugar de residencia también influye en las clases de apoyo, pero las diferencias son más contenidas. El desglose de TusClasesParticulares sitúa el refuerzo académico desde 10 euros por hora en Sevilla, Málaga, Alicante, Córdoba, Granada o Murcia y hasta 13 euros en Palma de Mallorca.

En nueve meses, una hora semanal equivaldría a unos 360 euros frente a 468 euros, una distancia de 108 euros.

Canto y tenis, las actividades más caras

Más allá de las diferencias entre ciudades, el Observatorio de Precios de TusClasesParticulares también permite comparar cuánto cuesta, de media, cada materia o actividad a nivel nacional. En la parte alta del ranking aparecen canto y tenis, ambos con una mediana de 25 euros por hora, seguidos del piano, con 23 euros, y la batería, con 21.

A continuación se sitúan el entrenador personal, la guitarra y el pádel, con 20 euros por hora, mientras que el baile alcanza los 19 y la natación, los 18.

Entre las actividades extraescolares y materias con una tarifa intermedia figuran programación, alemán y música, con 16 euros, además de francés, contabilidad, física, inglés, dibujo técnico e informática, con 15 euros por hora.

Por debajo aparecen el italiano y el español para extranjeros, con 14 euros, y un amplio grupo de materias académicas que se sitúan en los 12 euros por hora: clases de refuerzo para bachillerato, Biología, Química, Euskera, Economía y Lengua Castellana y Literatura.

Las opciones más económicas del ranking son también las vinculadas al apoyo escolar. ESO y Matemáticas tienen una mediana de 11 euros por hora, mientras que las clases particulares de primaria y repaso general cierran la clasificación con 10 euros.

Los trabajadores de Ceuta afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) podrán acceder a la prestación por desempleo de forma íntegra, sin necesidad de haber cotizado previamente el periodo mínimo exigido y sin consumir el paro que tengan acumulado. La medida forma parte del paquete extraordinario aprobado este martes por el Consejo de Ministros para proteger el empleo y la actividad económica en la ciudad autónoma.

El plan incluye además un régimen específico de ERTE por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre de 2026. Las empresas que se acojan a estos expedientes podrán beneficiarse de una exención del 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social correspondientes a los trabajadores y periodos afectados entre septiembre y diciembre.

El nuevo marco se aplicará a los ERTE relacionados con la crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado 30 de julio, cuando comenzaron las entradas masivas de personas desde Marruecos que han afectado a la actividad de la ciudad. Las empresas afectadas podrán suspender total o parcialmente la actividad o reducir la jornada de sus trabajadores cuando exista una relación directa o indirecta con esta situación.

ERTE con las cotizaciones empresariales exentas

Para agilizar la tramitación de los ERTE, el organismo encargado de autorizarlos no estará obligado a pedir previamente un informe a la Inspección de Trabajo, aunque después podrá comprobarse si la empresa cumplía los requisitos y si existía realmente la causa de fuerza mayor alegada.

Las empresas afectadas podrán beneficiarse de una exención del 100% de su aportación a la Seguridad Social por contingencias comunes, profesionales y conceptos de recaudación conjunta. Esta ventaja se aplicará a las cuotas de septiembre a diciembre de 2026 correspondientes a las personas y periodos afectados por una suspensión del contrato o una reducción de jornada.

650.000 euros para formación

El paquete aprobado por el Gobierno contempla también una partida de 650.000 euros gestionada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para financiar programas de formación de ámbito territorial en Ceuta. Las actuaciones estarán dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas y deberán adaptarse a las necesidades del tejido productivo y a los retos tecnológicos, organizativos y sectoriales.

A estas medidas se suma un refuerzo de los incentivos a la contratación. El Gobierno modificará el artículo 31 del Real Decreto-ley 1/2023 para elevar de manera estructural y al 75% la bonificación de las aportaciones empresariales correspondientes a trabajadores con contratos indefinidos o de sustitución por incapacidad temporal que presten servicios en Ceuta y Melilla.

La modificación permitirá además incorporar nuevos sectores como beneficiarios de estas ayudas. Entre ellos estará la construcción, según ha detallado el Ministerio de Trabajo.

Las medidas laborales forman parte de un paquete más amplio con el que el Gobierno movilizará más de 309 millones de euros en 2026 para apoyar la economía y los servicios públicos de Ceuta. De esa cantidad, alrededor de 80 millones se destinarán específicamente a empresas y trabajadores, incluidos 36,6 millones en ayudas directas, 14 millones para comercio y turismo y 12 millones en medidas de alivio fiscal.

Construir nuevas viviendas sobre edificios que ya existen, en jardines o en otros espacios ya urbanizados. Esa es una de las fórmulas que el Gobierno británico quiere impulsar para aumentar la oferta residencial en Inglaterra, siguiendo un modelo similar al de las accessory dwelling units (ADU) que se ha extendido en California.

La idea consiste en aumentar la densidad residencial sin depender únicamente de grandes promociones o de nuevos desarrollos urbanos. Según informa Politico Europe, el Ejecutivo británico considera que estas modificaciones pueden ayudar a avanzar hacia su objetivo de construir 1,5 millones de viviendas antes de las próximas elecciones.

En California, estas pequeñas viviendas, conocidas coloquialmente como “casitas” o “granny flats”, se han popularizado durante los últimos años. De acuerdo con un análisis de datos estatales elaborado por investigadores de la Universidad de California en Berkeley, en 2025 representaron alrededor de una de cada cuatro viviendas autorizadas en el estado.

California pasó de menos de 9.000 permisos a más de 32.000

Durante décadas, California permitió construir este tipo de unidades residenciales, pero las administraciones locales imponían en muchos casos límites que dificultaban su desarrollo: tasas elevadas, restricciones de tamaño o largos procesos de autorización.

A partir de 2016, el Gobierno estatal comenzó a aprobar sucesivas reformas para reducir esos obstáculos y limitar la capacidad de los municipios para bloquear estas construcciones. El objetivo era facilitar que los propietarios pudieran añadir una segunda vivienda en sus parcelas y, al mismo tiempo, estandarizar los procedimientos.

El resultado ha sido un aumento considerable de las autorizaciones. Según los datos recogidos por Politico Europe, en 2018 se aprobaron menos de 9.000 viviendas accesorias en California, menos del 8% del total de nuevos hogares autorizados. En 2025, la cifra superó las 32.000 y alcanzó aproximadamente el 25% de todas las aprobaciones.

Además de aumentar la oferta residencial, la simplificación de las normas también ha favorecido la aparición de empresas especializadas en este tipo de construcciones, al permitirles trabajar con procedimientos más homogéneos entre distintas ciudades.

Reino Unido quiere aumentar la oferta en zonas ya construidas

Los cambios impulsados por el Gobierno británico buscan aprovechar mejor el suelo ya urbanizado de ciudades y suburbios. Las nuevas reglas de planificación favorecen añadir nuevas plantas a viviendas y edificios comerciales, así como construir en espacios disponibles alrededor de inmuebles existentes.

Según fuentes gubernamentales citadas por Politico Europe, la intención es impulsar un modelo de construcción similar al de las ADU estadounidenses, aunque manteniendo la supervisión de los ayuntamientos y límites para evitar desarrollos inadecuados en jardines residenciales.

El Ejecutivo defiende que esta fórmula puede permitir crear más viviendas cerca de puestos de trabajo, servicios y redes de transporte, sin tener que recurrir únicamente a la expansión de las ciudades sobre nuevos terrenos.

Sin embargo, la propuesta puede encontrarse con resistencia vecinal. Reino Unido ya vivió una polémica similar durante la década de los 2000 con el denominado garden grabbing, cuando comenzaron a proliferar proyectos que utilizaban jardines y parcelas de viviendas existentes para construir nuevos inmuebles.

El rechazo vecinal, uno de los principales obstáculos

Los conservadores británicos ya han criticado los nuevos cambios y advierten de que pueden acabar favoreciendo la construcción de pequeños bloques de pisos en zonas residenciales, en lugar de aumentar la oferta de casas familiares con jardín y aparcamiento.

También existen precedentes recientes. En el distrito londinense de Croydon se implantó en 2019 una política destinada a aumentar la densidad de los barrios suburbanos. La medida impulsó la creación de nuevas viviendas, según recoge Politico Europe, pero fue retirada en 2022 después de las protestas de vecinos por la demolición de casas y su sustitución por pequeños bloques residenciales.

El Gobierno británico defiende que las nuevas normas mantienen salvaguardas para proteger el carácter de los barrios y evitar que las infraestructuras, el transporte o los servicios públicos queden sobrecargados.

Aunque el precedente de California muestra que las pequeñas construcciones en parcelas ya ocupadas pueden convertirse en una parte significativa de la nueva oferta residencial, Reino Unido tendrá que comprobar si esta fórmula puede aliviar realmente una crisis de vivienda que sucesivos gobiernos no han conseguido resolver.

Más de 700.000 turistas italianos eligieron España como destino para sus vacaciones durante el mes de julio, justo antes de que ambos países reintrodujeran controles fronterizos temporales por la crisis migratoria de Ceuta. En concreto, fueron 717.118 visitantes, un 16,9% más que un año antes, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Italia empezó a aplicar controles a viajeros procedentes de España el 1 de agosto, tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta y ante el temor del Gobierno de Giorgia Meloni de que algunos pudieran continuar hacia territorio italiano. España respondió el 8 de agosto con controles a pasajeros llegados desde Italia por aire y mar. Este 31 de agosto, ambos países han decidido prolongar las medidas otros 15 días.

Los datos del INE corresponden al mes inmediatamente anterior a esta tensión fronteriza y muestran que el turismo desde Italia llegaba a agosto en plena expansión. Además, no solo aumentó la cantidad de viajeros, también el gasto: los italianos dejaron 839 millones de euros en julio, un 24,5% más que en el mismo mes de 2025.

Los viajes desde Italia crecen mucho más que la media

La cifra de visitantes italianos destaca especialmente al compararla con el conjunto del turismo internacional. España recibió en julio 11,54 millones de turistas extranjeros, un 4,6% más que un año antes. El número de visitantes italianos, en cambio, aumentó casi un 17%.

También creció con más fuerza el dinero que dejaron durante sus estancias. Cada turista italiano gastó de media 1.170 euros, un 6,5% más que el año anterior, y alrededor de 175 euros al día. En total, el gasto aumentó un 24,5%, por encima incluso del fuerte crecimiento registrado en las llegadas.

También crecieron notablemente los turistas procedentes de Suiza, con un 13,2% más de visitantes, y el grupo denominado ‘resto de Europa’, con un 10%. Países Bajos avanzó un 6,2% y Reino Unido, un 5,6%.

El escenario general también continúa al alza. Los turistas internacionales gastaron 18.218 millones de euros en España durante julio, un 10,9% más que un año antes. El desembolso medio alcanzó los 1.579 euros por persona y el gasto diario se situó en 218 euros.

Es decir, el dinero dejado por los visitantes extranjeros está creciendo bastante más rápido que su número: las llegadas aumentaron un 4,6%, mientras que el gasto lo hizo un 10,9%.

Los británicos siguen siendo los que más vienen y más gastan

Aunque Italia destaca por su crecimiento, Reino Unido continúa siendo con diferencia el principal país de origen de los turistas que llegan a España. En julio viajaron 2.187.700 británicos, un 5,6% más que en el mismo mes de 2025.

También fueron los que más dinero dejaron: 3.038 millones de euros en solo un mes, un 4,8% más. Cada turista británico gastó de media 1.389 euros durante su estancia.

Francia fue el segundo gran mercado por número de visitantes, con 1.587.673 turistas, un 2,3% más. Sin embargo, su gasto creció mucho más, un 12,6%, hasta alcanzar los 1.644 millones de euros. Cada francés desembolsó de media 1.036 euros, un 10,1% más que un año antes.

Algo parecido ocurrió con Alemania. Llegaron 1.209.462 turistas alemanes, también un 2,3% más, pero su gasto aumentó un 11,5%, hasta los 1.751 millones de euros. El desembolso medio por persona alcanzó los 1.447 euros, un 9% más.

No todas las nacionalidades siguieron la misma tendencia. Desde los países nórdicos llegaron 619.693 turistas, un 5,3% menos, y su gasto cayó un 6,8%, hasta 1.065 millones de euros. Irlanda también registró un descenso del 9,6% en el número de visitantes.

En los siete primeros meses de 2026, España ha recibido ya más de 58,1 millones de turistas internacionales, aumentando un 4,6%, que dejaron 82.054 millones de euros, un 7,8% más que en el mismo periodo del año anterior.

Comprar los libros, renovar la mochila o llenar el estuche es solo el principio. Cuando septiembre termina, muchas familias siguen sumando gastos cada mes por clases particulares, actividades extraescolares o comedor. Son pagos que pasan más inadvertidos que el desembolso inicial de la vuelta al cole, pero pueden condicionar el presupuesto familiar durante todo el curso.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el gasto escolar medio alcanzará los 2.484 euros por alumno durante el curso 2026-2027. Parte de esa factura se concentra al principio, pero otra continúa mes a mes. Solo las actividades extraescolares cuestan de media 78 euros mensuales.

A esto se suma, en muchos hogares, el refuerzo fuera del aula. Según un estudio del Observatorio Social de la Fundación La Caixa, basado en una encuesta realizada en 2024, uno de cada cuatro estudiantes españoles de entre 6 y 18 años recibe clases particulares. Son alrededor de 1,4 millones de alumnos y las familias gastan de media 97 euros al mes por estudiante.

Las extraescolares pueden superar los 100 euros al mes

Fútbol, natación, música, baile, inglés o cualquier otra actividad después de clase añaden una nueva partida a las cuentas de casa. Y el coste cambia bastante según el tipo de centro al que acude el menor.

La OCU calcula que las familias cuyos hijos estudian en colegios públicos gastan de media 70 euros al mes en extraescolares. La cantidad sube a 86 euros en los centros concertados y alcanza los 113 euros mensuales en los privados.

La diferencia con otros gastos de septiembre está en que estas cantidades no suelen pagarse de golpe. Una mochila nueva o un lote de libros hacen más evidente cuánto se ha gastado, mientras que 70, 80 o 100 euros que salen de la cuenta todos los meses pueden acabar integrándose en los gastos habituales de la familia.

El Observatorio de Precios de TusClasesParticulares permite poner cifras más concretas a ese gasto. Tomando como referencia una hora semanal durante el curso, la plataforma estima un desembolso de unos 720 euros en actividades deportivas y 738 euros en música y artes. Algunas disciplinas pueden elevar todavía más la factura: una hora semanal de tenis puede alcanzar los 900 euros durante el curso. A esas cantidades puede añadirse el refuerzo académico. La misma plataforma calcula que una hora semanal de clases de apoyo supone unos 432 euros por hijo durante el curso.

Así, una familia que combine una actividad deportiva con esa hora de refuerzo desembolsaría aproximadamente 1.152 euros a lo largo del curso solo por ambas partidas, según un cálculo realizado a partir de las estimaciones de TusClasesParticulares. Si la actividad elegida fuese música o artes, la suma rondaría los 1.170 euros.

También importa dónde se viva. Madrid, Barcelona y Palma presentan una mediana de 15 euros por hora en las clases anunciadas en la plataforma. En Córdoba y Granada, baja hasta los 10 euros. Entre medias aparecen Bilbao, Zaragoza y Valencia, con unos 13 euros, y Málaga, Alicante, Murcia, Sevilla o Valladolid, con alrededor de 12.

Uno de cada cuatro estudiantes necesita apoyo fuera del aula

Las clases particulares representan otra factura que para muchas familias empieza cuando ya ha terminado la vuelta al cole. Los alumnos que reciben este tipo de apoyo dedican una media de tres horas semanales.

En conjunto, el negocio mueve alrededor de 1.480 millones de euros al año en España. Pero la necesidad de refuerzo no es igual durante toda la etapa educativa. En el primer ciclo de Primaria, recibe clases particulares el 13,2% del alumnado; en Bachillerato, cuando aumentan la dificultad de las asignaturas y la presión académica, el porcentaje se dispara hasta el 35,6%.

El inglés es la materia que más lleva a los estudiantes a buscar ayuda fuera del colegio. La estudia el 52,7% de quienes reciben clases particulares. Le siguen las matemáticas, con un 40,2%, y a bastante distancia aparecen lengua, física o química.

El precio permite hacerse una idea más concreta de lo que supone añadir unas horas de apoyo a la semana. Según TusClasesParticulares, una clase de Primaria presenta una mediana de unos 10 euros por hora. En ESO ronda los 11 euros si es presencial y los 12 euros si se imparte online, mientras que en Bachillerato se sitúa alrededor de los 12 euros.

La asignatura también modifica la tarifa. En matemáticas, la mediana está en torno a 11 euros por hora de manera presencial y alcanza los 15 euros online. En inglés asciende a unos 15 euros presencialmente y 16 euros a distancia.

No todas las familias pueden asumir estos gastos por igual

Pagar un profesor particular, reforzar idiomas o mantener varias actividades extraescolares no supone el mismo esfuerzo para todos los hogares. El estudio de Fundación La Caixa muestra que las familias con mayor renta gastan un 18% más en clases particulares que aquellas con menos recursos, una diferencia que refleja también un acceso desigual a apoyos educativos fuera del aula.

Esa brecha puede tener consecuencias más allá del presupuesto mensual. Quienes pueden pagar refuerzo académico, idiomas, música, deporte u otras actividades cuentan con más recursos para complementar la enseñanza reglada, mejorar determinadas competencias y afrontar con más apoyo etapas especialmente exigentes, como Bachillerato o las pruebas de acceso a la universidad.

Eso no significa que acudir a clases particulares garantice mejores resultados ni el acceso a una determinada carrera o universidad, pero sí que la capacidad económica amplía las herramientas educativas disponibles para unos alumnos frente a otros. Mientras algunas familias pueden recurrir a profesores privados ante una dificultad o financiar varias actividades extra durante años, otras deben prescindir de ellas aunque las consideren útiles o necesarias.

Comprar una botella o una lata cambiará con la llegada del nuevo sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR). El consumidor tendrá que pagar al menos 10 céntimos adicionales por cada recipiente incluido en el sistema, una cantidad que podrá recuperar después si devuelve el envase vacío en uno de los puntos habilitados.

España tiene hasta noviembre de 2026 para implantar este modelo, después de haber incumplido el objetivo de recogida separada de botellas de plástico fijado por la normativa. La medida busca aumentar el número de envases que regresan al circuito de reciclaje haciendo que tirarlos tenga también una consecuencia para el bolsillo.

Eso no significa que una botella vaya a encarecerse definitivamente en 10 céntimos. La cantidad funcionará como una especie de fianza: se paga al comprar la bebida y se recupera cuando se devuelve el recipiente. Si el consumidor no devuelve el envase a través de alguno de los canales habilitados, no recuperará ese dinero.

Cuánto tendrás que pagar y cómo recuperarás el dinero

El Real Decreto 1055/2022 establece un depósito mínimo de 10 céntimos por envase. La cuantía final podrá ser superior y deberá concretarse antes de que el sistema comience a funcionar.

En la práctica, si una bebida cuesta 1,50 euros y el depósito finalmente se fija en 10 céntimos, el consumidor pagaría 1,60 euros al comprarla. Después de consumirla, podría entregar el recipiente en un punto de devolución y recuperar esos 10 céntimos.

La diferencia es importante: no se trata de un impuesto ni de un recargo que el cliente tenga que asumir necesariamente. Quien devuelva el envase recuperará la cantidad adelantada. El coste recaerá, por tanto, sobre quien no lo haga.

Los recipientes incluidos en el sistema deberán estar identificados para que sea posible distinguirlos del resto y para que el consumidor sepa cuándo ha pagado un depósito que puede reclamar posteriormente.

No afectará a todas las botellas

El nuevo modelo afecta inicialmente a botellas de plástico de un solo uso de hasta tres litros utilizadas para determinadas bebidas. Entre ellas se encuentran las aguas minerales y de manantial, zumos, néctares, refrescos, bebidas energéticas, isotónicas y bebidas alcohólicas, entre otras categorías recogidas por la normativa.

El sistema también incluirá latas y envases de cartón para bebidas, los conocidos como briks, de estas mismas categorías. La norma amplía el SDDR a estos recipientes para garantizar que el modelo tenga suficiente volumen y resulte viable.

Dónde habrá que llevar los envases

Una de las principales dudas para el consumidor será dónde tendrá que entregar cada botella o lata para recuperar el dinero. La normativa contempla diferentes posibilidades y no obliga a que cada establecimiento instale necesariamente una máquina automática.

Los puntos de devolución podrán encontrarse en comercios, máquinas específicas, contenedores o centros habilitados para la recogida, entre otras fórmulas que establezcan los gestores del sistema. También habrá puntos en los que la devolución se realice manualmente.

Los comercios y distribuidores que vendan las bebidas afectadas tendrán que participar en el nuevo modelo, aunque la legislación contempla condiciones específicas para los establecimientos pequeños, especialmente aquellos con una superficie de venta igual o inferior a 120 metros cuadrados.

Por qué llega este cambio

España no ha decidido implantar el sistema de forma voluntaria. La Ley 7/2022 estableció que en 2023 debía recogerse separadamente al menos el 70% de las botellas de plástico de un solo uso para bebidas. El país quedó muy lejos de ese objetivo: los datos oficiales situaron la recogida separada correspondiente a 2023 en torno al 42%.

Ese incumplimiento activó el mecanismo previsto en la legislación: los productores quedaron obligados a poner en funcionamiento un sistema de depósito y devolución en un plazo máximo de dos años desde la comunicación de los resultados. Una vez implantado, el sistema deberá avanzar además hacia una recogida separada de al menos el 90% de los envases incluidos.

De ahí que noviembre de 2026 sea el horizonte establecido para implantarlo. El objetivo es que el incentivo económico aumente la devolución de envases y reduzca los que quedan fuera de los canales adecuados de recogida y reciclaje.

El sistema llega a noviembre con retrasos

Que noviembre sea la fecha marcada por la normativa no significa, sin embargo, que esté garantizado que todos los consumidores vayan a empezar a pagar y devolver envases ese mes con total normalidad.

A dos meses de que venza el plazo, la puesta en marcha todavía arrastra trámites pendientes. Las entidades que aspiran a gestionar el sistema han estado pendientes de las correspondientes autorizaciones y, una vez resueltas, todavía debe desplegarse la infraestructura necesaria: los puntos de devolución, la logística de recogida, las posibles máquinas y los sistemas informáticos necesarios para devolver los depósitos.

Por eso, el calendario efectivo todavía genera dudas. La obligación de implantar el SDDR existe y noviembre es el plazo fijado para hacerlo, pero queda por comprobar hasta qué punto todo el sistema estará preparado para funcionar plenamente cuando llegue esa fecha.

Septiembre devuelve a profesores y alumnos a las aulas, pero el nuevo curso comienza con una asignatura pendiente que poco tiene que ver con los libros de texto. Casi nueve de cada diez horas extraordinarias realizadas en el sector educativo no se pagan. En el segundo trimestre de 2026, los trabajadores de esta rama hicieron unas 682.200 horas extra a la semana y 588.900 de ellas, el 86,3%, fueron no remuneradas, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La diferencia es enorme: frente a esas casi 589.000 horas que no aparecen como pagadas, solo unas 93.300 horas extraordinarias semanales sí fueron remuneradas. Además, la educación es la actividad económica que acumula un mayor volumen de horas extra no pagadas en España, por delante de sectores como la hostelería, la industria manufacturera o el comercio.

El dato no corresponde únicamente a profesores de colegios e institutos. La categoría de educación que utiliza la EPA engloba un abanico mucho más amplio de trabajadores: desde educación infantil, primaria, secundaria, Formación Profesional y universidad hasta academias, autoescuelas, enseñanza deportiva o cultural y actividades auxiliares. Incluye, además, tanto centros públicos como privados.

Casi una de cada cinco horas extra sin pagar se hace en educación

La situación del sector educativo destaca dentro de un problema mucho más amplio. Entre abril y junio se realizaron en España 7,18 millones de horas extraordinarias cada semana, la cifra más alta de la serie disponible desde 2011. De ellas, algo más de 3,09 millones no fueron pagadas, alrededor del 43% del total.

Solo la educación concentra aproximadamente el 19% de todas las horas extraordinarias no remuneradas del país. Es decir, casi una de cada cinco horas de más que los trabajadores realizan sin recibir un pago corresponde a esta rama de actividad.

La comparación con otros sectores permite comprender la dimensión de este dato. La industria registró unas 976.000 horas extraordinarias semanales, pero 703.000 fueron remuneradas. Algo parecido ocurre en las actividades sanitarias, donde se realizaron alrededor de 947.300 horas de más y 806.000 sí fueron pagadas.

En la hostelería, en cambio, la situación está mucho más equilibrada: de unas 698.200 horas extraordinarias, 371.400 fueron remuneradas y 326.800 quedaron sin pagar.

Según los cálculos de CCOO a partir de la EPA, seis actividades concentran el 62% de todas las horas extra no pagadas: educación, hostelería, industria manufacturera, comercio, actividades profesionales y Administración Pública.

Las horas extra no pagadas ganan terreno

El problema, además, no se limita a que exista un volumen elevado de trabajo adicional. Las horas extraordinarias no pagadas están aumentando con mayor fuerza que las remuneradas.

En el conjunto de España, las horas extra crecieron un 2,48% respecto al segundo trimestre de 2025. Sin embargo, detrás de ese incremento hay dos evoluciones muy distintas: las horas no pagadas aumentaron un 9,6%, mientras que las retribuidas descendieron un 2,3%.

En educación también se observa un deterioro durante este año. En el primer trimestre de 2026 se registraban aproximadamente 504.800 horas extraordinarias semanales sin pagar. Tres meses después eran ya 588.900, un 16,7% más.

Al mismo tiempo, las horas extra remuneradas pasaron de unas 129.600 semanales a 93.300, una caída cercana al 28%. Como resultado, las horas no pagadas han pasado de representar alrededor del 80% de todo el trabajo extraordinario del sector a superar el 86%.

Son cifras especialmente llamativas en una actividad esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad y en la que parte del trabajo no termina cuando acaba una clase o cierra un centro: preparación, correcciones, reuniones, tareas administrativas o planificación forman parte del día a día de numerosos profesionales.

No todas las horas que no se pagan son necesariamente ilegales

Existe una precisión importante. Que la EPA contabilice una hora extraordinaria como no pagada no significa automáticamente que la empresa o la administración esté incumpliendo la ley.

El Estatuto de los Trabajadores permite que las horas extra se remuneren económicamente o se compensen mediante periodos equivalentes de descanso. Cuando no existe un pacto específico, deben compensarse con descanso dentro de los cuatro meses siguientes a su realización.

La normativa establece también que, si se pagan, su importe no puede ser inferior al valor de una hora ordinaria y fija, con carácter general, un máximo de 80 horas extraordinarias anuales por trabajador. Las compensadas con descanso dentro de los cuatro meses siguientes no computan para ese límite.

Por eso, aunque la EPA permite afirmar que 588.900 horas extraordinarias semanales en educación no fueron pagadas, no permite saber cuántas se compensaron posteriormente con descanso. Tampoco sería correcto identificar automáticamente toda esa cifra con trabajo ilegal.

Endurecer el registro horario: ¿una solución?

Precisamente, el volumen de horas extraordinarias que quedan fuera de la remuneración es uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Trabajo para defender una reforma del registro de jornada.

El departamento dirigido por Yolanda Díaz quiere implantar un sistema digital, fiable y accesible para la Inspección de Trabajo que permita comprobar con mayor facilidad a qué hora comienza y termina realmente la jornada de cada empleado. El objetivo es reducir la distancia entre las horas que figuran oficialmente y las que efectivamente se trabajan.

La reforma debía haber avanzado antes de las vacaciones de verano, pero quedó pendiente después de las objeciones planteadas por el Consejo de Estado y de las diferencias entre Trabajo y el Ministerio de Economía. Ambos departamentos acordaron retomar el asunto en septiembre.

El Consejo de Estado planteó dudas relacionadas con la protección de los datos personales a los que tendría acceso la Inspección y cuestionó que algunas de las nuevas obligaciones previstas puedan imponerse mediante un real decreto sin modificar antes la ley. La patronal CEOE también se ha opuesto a la reforma y ha advertido del coste que puede representar para las empresas, especialmente para las pymes.

Mientras ese debate vuelve a la mesa del Gobierno, miles de trabajadores de la educación comienzan un nuevo curso en un sector que lidera con diferencia las horas extra no pagadas en España.

El diésel contará desde este martes, 1 de septiembre, con una rebaja fiscal equivalente a 20 céntimos por litro, cuatro veces más que la aplicada a la gasolina, que se mantendrá en 5 céntimos. Esta diferencia responde al fuerte encarecimiento del gasóleo y a la activación automática de una cláusula de salvaguarda prevista por el Gobierno.

El IPC de julio confirmó que el precio de este combustible aumentó un 15,7% respecto al mismo mes del año anterior, por encima del umbral del 15% establecido en el Real Decreto-ley aprobado a finales de junio para afrontar las consecuencias económicas de la guerra en Irán. La gasolina, en cambio, se encareció un 7,3% interanual, por lo que no cumple la condición necesaria para elevar de nuevo la protección.

Así funciona el mecanismo automático previsto por el Gobierno

La norma establecía que, si el IPC de la gasolina o del gasóleo superaba en más de un 15% el nivel del mismo combustible un año antes en julio, durante septiembre volvería a aplicarse una reducción equivalente a 20 céntimos por litro. De no alcanzarse ese límite, la ayuda prevista para este mes quedaría en solo 5 céntimos.

Técnicamente, no se trata de un descuento que las estaciones de servicio resten directamente del importe que aparece en el surtidor, sino de una reducción de los tipos del Impuesto sobre Hidrocarburos. Su efecto, no obstante, equivale a esas cantidades por litro.

Por su parte, el Ministerio de Economía sostiene que este sistema permite ajustar las ayudas a la evolución real de los precios y reforzar la protección únicamente en aquellos combustibles donde la presión inflacionista sea mayor.

El gasóleo acumula ocho semanas consecutivas de subidas

La activación de la cláusula coincide con una fuerte escalada de los precios de los carburantes durante el verano. El gasóleo ha encadenado ocho semanas consecutivas de aumentos y su precio medio se ha situado en 1,861 euros por litro, después de subir un 1,8% solo en la última semana.

La gasolina también continúa encareciéndose. Su precio medio ha alcanzado los 1,723 euros por litro tras aumentar un 1,55% respecto a la semana anterior, según los últimos datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea.

Desde comienzos de julio, el precio del diésel acumula un incremento de alrededor del 23,7%, mientras que la gasolina se ha encarecido cerca de un 19,8%. Ambos combustibles llegan así al final de agosto en máximos de varios meses, coincidiendo con la operación retorno de las vacaciones.

Los carburantes empujan la inflación hasta el 4,3%

La presión energética también está teniendo un impacto directo sobre la inflación. El IPC adelantado de agosto publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) estima la tasa interanual en el 4,3%, siete décimas por encima del 3,6% registrado en julio.

De confirmarse, se trataría del nivel más alto desde febrero de 2023 y de la primera vez desde abril de ese mismo año que la inflación supera el 4%. El INE atribuye buena parte del repunte al encarecimiento de los combustibles y lubricantes para vehículos personales, cuyos precios han subido este agosto frente al descenso registrado en el mismo mes del año pasado.

El Ministerio de Economía vincula esta evolución a la persistencia del impacto energético provocado por la guerra en Irán y sostiene que las medidas desplegadas hasta ahora han servido para contener parcialmente sus efectos sobre los precios y el poder adquisitivo de los hogares.

Según sus estimaciones, el conjunto del plan anticrisis habría reducido en alrededor de un punto la inflación media de los últimos meses y amortiguado más del 60% del incremento de precios asociado al shock externo.

El dato del 4,3% publicado por el INE es todavía provisional. La cifra definitiva del IPC de agosto se conocerá el próximo 15 de septiembre, cuando Estadística ofrecerá además el detalle de los productos y servicios que más han contribuido a la subida de los precios.

Divorciarse en España no requiere que los dos miembros del matrimonio quieran poner fin a la relación. “No necesitas que tu pareja esté de acuerdo. En España, uno solo de los cónyuges puede solicitar el divorcio”, explica la abogada Elisa T. Cardona (@iurislegalcc) en un vídeo publicado en TikTok. Esta posibilidad está recogida en el Código Civil, que permite pedir judicialmente el divorcio a uno solo de los cónyuges.

Como regla general, deben haber transcurrido al menos tres meses desde la celebración del matrimonio. Sin embargo, la ley elimina este plazo cuando se acredita que existe un riesgo para la vida, la integridad física o moral, la libertad o la libertad e indemnidad sexual del solicitante o de determinados miembros de la familia.

Más allá de la decisión de separarse, Cardona advierte de que buena parte de las consecuencias futuras del divorcio pueden quedar recogidas en el convenio regulador. “No firmes un convenio regulador sin comprender su contenido”, señala.

El Código Civil establece que este documento puede abordar, entre otras cuestiones, el cuidado de los hijos, el uso de la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, los alimentos o una eventual pensión compensatoria.

Qué ocurre con los hijos y la vivienda familiar

Cuando hay hijos menores, la abogada insiste en que las condiciones deben quedar bien definidas: “Hay que regularlo todo con precisión. Custodia y visitas, vacaciones, pensión de alimentos y contribución a los gastos”.

Otro de los aspectos que puede generar dudas es quién permanece en la vivienda. “La vivienda familiar no siempre será para quien es propietario”, advierte Cardona. La legislación establece que, si no existe un acuerdo aprobado judicialmente, el uso corresponde con carácter general a los hijos comunes menores y al progenitor con el que permanezcan hasta que alcancen la mayoría de edad.

Si no existen hijos, también puede atribuirse temporalmente al cónyuge que no sea propietario cuando su interés sea el más necesitado de protección.

La letrada también aclara que la pensión compensatoria “no se concede automáticamente”. Para que exista este derecho, debe producirse un desequilibrio económico respecto al otro cónyuge que implique un empeoramiento frente a la situación existente durante el matrimonio.

Para determinarla, pueden valorarse cuestiones como la edad, la situación laboral, la dedicación a la familia, la duración del matrimonio o los recursos económicos de ambos.

Las medidas que pueden adoptarse mientras llega la sentencia

El proceso de divorcio puede prolongarse y determinadas cuestiones necesitan resolverse antes de que exista una decisión definitiva. Por eso, Cardona recomienda valorar las medidas provisionales, que permiten fijar temporalmente aspectos como “el uso de la vivienda, la custodia de los hijos o la pensión de alimentos hasta que se decida la sentencia de divorcio”.

La Ley de Enjuiciamiento Civil contempla tanto medidas provisionales previas a presentar la demanda como otras que pueden solicitarse una vez iniciado el procedimiento.

Cambiar después un acuerdo puede ser más difícil

La abogada destaca, por último, las consecuencias de aceptar unas condiciones sin haberlas valorado correctamente: “Si firmas un mal acuerdo, cambiarlo después puede ser complicado”.

El Código Civil permite modificar posteriormente las medidas cuando cambian las circunstancias de los cónyuges o las necesidades de los hijos, pero no se trata simplemente de arrepentirse de lo firmado.

Por eso, Elisa Cardona resume sus consejos y recomendaciones en una última advertencia: “Antes de divorciarte, no firmes nada sin saber sus consecuencias legales”.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) ha rechazado el recurso presentado por Mar de Ons y ha dado la razón a la Comisión Gallega de la Competencia, que consideró que la compañía incumplió su compromiso de ofrecer descuentos específicos a las personas con discapacidad. La decisión permite que siga adelante la apertura de un expediente sancionador por una posible infracción muy grave.

La sentencia no ha impuesto ninguna sanción económica. Será el procedimiento sancionador el que determine después si existe responsabilidad y, en su caso, si corresponde imponer una multa a la operadora marítima. La propia resolución recuerda que abrir ese expediente no equivale a declarar culpable a la empresa.

El conflicto gira en torno a uno de los compromisos que Mar de Ons asumió hace cuatro años: ofrecer una política específica de descuentos a las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y, cuando correspondiera, también a su acompañante. Competencia concluyó que la empresa no había cumplido esa obligación y el TSXG respalda esa decisión.

El compromiso que asumió Mar de Ons en 2022

El origen del caso está en un acuerdo aprobado en julio de 2022 para cerrar un expediente relacionado con posibles prácticas restrictivas de la competencia en el transporte de pasajeros a las Islas Cíes. Varias empresas del sector aceptaron una serie de compromisos para poner fin a aquel procedimiento, entre ellos mejorar la atención al cliente y establecer medidas específicas para las personas con discapacidad.

En concreto, el acuerdo obligaba a ofrecer descuentos adicionales a cualquier otra rebaja que pudiera aplicarse y a informar de ellos mediante un documento en el que se detallara su porcentaje sobre el precio ordinario. También podían incluirse otras medidas destinadas a mejorar la accesibilidad, la seguridad y el bienestar de estos pasajeros.

Cuando Competencia revisó cómo estaban cumpliendo las empresas esos compromisos, comprobó que en la página web de Mar de Ons no aparecía ninguna política de descuentos para personas con discapacidad y sus acompañantes.

La naviera reconoció que esas rebajas no figuraban publicadas cuando se hizo la comprobación, pero defendió que sí las estaba aplicando a través de su correo electrónico comercial. Para demostrarlo, la empresa aportó una captura de un tarifario interno de 2023 en el que aparecía la referencia a un “colectivo especial”.

Competencia consideró que esa documentación no bastaba para probar que existiera una política clara y general de descuentos para cualquier persona con discapacidad que quisiera viajar con compañía. Tampoco constaba que esas tarifas se hubieran aplicado efectivamente de forma regular.

El tribunal ve descuentos poco claros y diferentes según el caso

El TSXG comparte esa conclusión. La sentencia recoge varios ejemplos de precios que Mar de Ons ofreció a clientes que preguntaron expresamente por descuentos. En un caso, una persona recibió una rebaja de tres euros sobre un billete de 22,50 euros. En otro, relativo a un grupo de unas 30 personas, se ofrecieron tarifas reducidas y gratuidad para los monitores o cuidadores. Además, en otro documento aparecía un descuento del 20% para la persona con discapacidad y su acompañante.

Para el tribunal, esas diferencias muestran que no existía una política suficientemente definida. La Sala habla de una “total falta de concreción e inconsistencia” en las rebajas que la empresa afirma haber aplicado y concluye que eso impide considerar cumplido el compromiso que había asumido.

La sentencia también cuestiona que los descuentos solo pudieran conocerse cuando el propio cliente los solicitaba. Según el TSXG, ofrecer rebajas por discapacidad únicamente a petición del interesado y a través de correo electrónico “difícilmente puede satisfacer” el objetivo de beneficiar de forma efectiva a estas personas. El tribunal recuerda además que la información sobre precios y descuentos debe facilitarse de forma clara, comprensible y accesible.

Por todo ello, el TSXG desestima el recurso de Mar de Ons y mantiene la resolución de la Comisión Gallega de la Competencia que declaró incumplido el compromiso y ordenó abrir un procedimiento sancionador. La empresa deberá asumir además las costas judiciales, con un límite de 1.500 euros. La sentencia no es firme y puede recurrirse en casación.

En junio de 2025, la hipoteca media para comprar una vivienda rondaba los 168.270 euros en España. Un año después, en junio de 2026, alcanzó los 178.365 euros. Son alrededor de 10.000 euros más por préstamo, un aumento del 6% interanual, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ese aumento del importe medio se produce, además, en un mes en el que también crecieron con fuerza las nuevas operaciones. En junio se constituyeron 45.907 hipotecas sobre viviendas, un 10,8% más que un año antes.

Por su parte, el capital total concedido creció todavía más: aumentó un 17,5%, hasta superar los 8.188 millones de euros. Es decir, el dinero que los bancos prestaron para financiar la compra de vivienda aumentó más que el número de hipotecas.

El dinero prestado crece mucho más que las operaciones

La tendencia también se aprecia al observar el conjunto del primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el número de hipotecas sobre viviendas aumentó un 7% respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el capital prestado creció bastante más, un 17,5%, y el importe medio de los préstamos subió un 9,8%.

Se firman más hipotecas, pero se pide más dinero en cada una de ellas. Para quienes necesitan financiación para comprar una vivienda -la gran mayoría de la sociedad española- eso se traduce en préstamos más elevados y, por tanto, en una deuda mayor que hace un año.

Además, el plazo medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en junio en 25 años. Y el tipo de interés medio fue del 2,96%, ligeramente por debajo del 2,98% registrado en mayo. Con este dato, las nuevas hipotecas sobre viviendas encadenan ya 17 meses con un interés medio inferior al 3%.

Seis de cada diez hipotecas se firman a tipo fijo

En junio, las hipotecas a tipo fijo partieron además con un interés medio más bajo que las variables. El tipo inicial fue del 2,89% en las fijas, frente al 3,07% en las variables. El tipo fijo continúa así siendo la opción mayoritaria: concentró el 61,7% de las nuevas hipotecas sobre viviendas, frente al 38,3% de las variables.

El mercado hipotecario también recuperó fuerza después del pequeño retroceso del 0,1% registrado en mayo. En comparación con el mes anterior, en junio se constituyeron un 8,8% más de hipotecas sobre viviendas. El capital prestado aumentó un 10,9% y el importe medio de cada préstamo avanzó otro 2%.

El crecimiento, sin embargo, está lejos de ser homogéneo en todo el país. Las mayores subidas interanuales en el número de nuevas hipotecas se registraron en Canarias, con un 31,4%, seguida de Castilla-La Mancha, con un 23,2%, y la Comunitat Valenciana, con un 16,1%.

En el extremo contrario aparecen tres comunidades donde se firmaron menos préstamos para vivienda que un año antes. En Islas Baleares el número cayó un 10,4%, en Cantabria descendió un 9,1% y en Galicia, un 7,3%.

Los datos de junio muestran en su conjunto un mercado hipotecario que vuelve a crecer con fuerza, pero también una situación cada vez más exigente para quienes necesitan endeudarse para comprar: el volumen de crédito necesario para acceder a una vivienda aumenta bastante más deprisa que el número de hipotecas.

España se ha convertido en uno de los principales destinos europeos para quienes quieren invertir en hoteles. Durante el primer semestre de 2026 se destinaron 2.656 millones de euros a la compraventa de activos hoteleros en el país, un 34% más que en el mismo periodo del año anterior. Con este volumen, España se situó como el segundo mercado de Europa, solo por detrás de Reino Unido. En esos seis meses cambiaron de manos 91 hoteles que sumaban 12.863 habitaciones, según el informe Hospitality MarketBeat de la consultora inmobiliaria Cushman & Wakefield.

Buena parte de ese dinero se está concentrando, además, en la parte más cara del mercado. El 44% de todo el volumen invertido correspondió a hoteles de lujo, aunque estos establecimientos representaron únicamente el 23% de las habitaciones transaccionadas. El precio medio pagado en esta categoría alcanzó los 391.000 euros por habitación.

Detrás del interés de los inversores hay un sector que sigue beneficiándose de una elevada demanda turística. España registra cientos de millones de pernoctaciones cada año, los hoteles están aumentando sus ingresos y la oferta crece a menor ritmo que la demanda. A esto se suma una cartera de nuevos proyectos que muestra que la apuesta por el país continuará durante los próximos años, con especial protagonismo de los establecimientos de mayor categoría.

España concentra más noches turísticas que ningún otro país de la UE

España fue en 2025 el país de la Unión Europea con mayor número de pernoctaciones en alojamientos turísticos, con 513,6 millones. Superó a Italia, que registró 476,9 millones; Francia, con 471,7 millones; y Alemania, con 442,1 millones. Solo estos cuatro países concentraron el 61,7% de todas las noches turísticas de la UE.

El peso de España también se mantiene en 2026. Durante el primer trimestre, una de cada cuatro noches realizadas por turistas extranjeros en alojamientos de la UE se produjo en España. Fueron 54,1 millones de pernoctaciones internacionales, según Eurostat.

Los datos más recientes de la consultora inmobiliaria CBRE apuntan en la misma dirección. En el primer semestre del año, España superó los 55 millones de viajeros, el mejor registro histórico para este periodo. Las llegadas internacionales aumentaron un 3% y el gasto turístico acumulado hasta mayo creció un 8%. Si se mantiene la tendencia, la consultora considera que el país podría superar los 100 millones de turistas internacionales durante 2026.

Esta demanda es uno de los factores que explica el interés por comprar hoteles en España. Cushman & Wakefield señala que el mercado sigue respaldado por unos resultados operativos sólidos, liquidez y entrada de capital, mientras los destinos vacacionales continúan atrayendo una parte importante de la inversión.

La demanda crece más rápido que la oferta hotelera

La oferta hotelera creció solo un 1,9% interanual durante el primer semestre, por debajo de la demanda. Esa diferencia da más margen a los establecimientos para mantener ocupaciones elevadas y subir precios, algo que se refleja directamente en sus ingresos.

El RevPAR, que mide los ingresos por habitación disponible, aumentó un 5,6% hasta los 121 euros, mientras que la tarifa media diaria subió un 5%. Marbella lideró con 218 euros por habitación disponible, seguida de Barcelona, con 154, y Madrid, con 142. Valencia y Alicante fueron las que más crecieron, un 13,5%.

Este escenario beneficia al negocio hotelero y explica parte del apetito inversor: más demanda, una oferta que crece poco y más ingresos por habitación. CBRE sitúa de hecho a España como el mercado europeo más atractivo para la inversión hotelera por tercer año consecutivo. Barcelona comparte con Londres el primer puesto entre las ciudades preferidas y Madrid ocupa la tercera posición.

El lujo concentra el 44% de la inversión

Dentro de este mercado, el capital se está dirigiendo especialmente hacia los establecimientos de mayor categoría. La inversión en hoteles de lujo aumentó un 125% respecto al primer semestre de 2025, mientras que el número de habitaciones de este segmento que cambiaron de manos creció un 196%. Así, el lujo absorbió el 44% del dinero pese a concentrar únicamente el 23% de las habitaciones vendidas.

Los hoteles de lujo también se venden a precios mucho más altos. Mientras que el precio medio fue de 209.553 euros por habitación en el conjunto del mercado español, en los establecimientos de lujo alcanzó los 391.000 euros, casi el doble.

La preferencia por la gama alta no se limita a las compraventas realizadas durante este año. CBRE calcula que unos 270 hoteles abrirán en España hasta 2028 y aproximadamente un tercio serán de cinco estrellas o gran lujo. Los proyectos previstos se concentran principalmente en Málaga, Madrid, Cádiz, Valencia y Canarias.

Singapur ha decidido reforzar su estrategia para combatir el desplome de la natalidad. El Gobierno del primer ministro Lawrence Wong ha anunciado un nuevo paquete de ayudas que, sumado a otros programas ya existentes, elevará hasta unos 70.000 dólares singapurenses -cerca de 47.000 euros- el apoyo financiero que puede recibir cada niño desde su nacimiento hasta los 17 años. El objetivo es aliviar el coste de criar a un hijo en un país que acaba de registrar la tasa de fecundidad más baja de su historia.

La principal novedad es el SG Child Support Package, que ofrecerá hasta 62.000 dólares singapurenses por cada menor que sea ciudadano del país, independientemente de si es el primero, el segundo o el tercer hijo. Hasta ahora, algunas prestaciones aumentaban en función del orden de nacimiento. Con el nuevo modelo, todos los niños tendrán la misma ayuda. Sumando otros programas ya vigentes, el Gobierno calcula que el respaldo económico total rondará los 70.000 dólares singapurenses hasta los 17 años.

El paquete de ayudas pretende ir más allá de ofrecer un incentivo puntual para tener un bebé. El Ejecutivo del país quiere repartir las prestaciones durante buena parte de la infancia y adolescencia y acompañarlas de medidas relacionadas con el tiempo de cuidados, las escuelas infantiles y la vivienda. El propio Gobierno define las reformas como un “cambio fundamental” en la manera de apoyar a las familias, después de años de políticas dirigidas a fomentar los nacimientos sin conseguir detener la caída de la natalidad.

Hasta 62.000 dólares repartidos durante 17 años

El nuevo paquete comenzará con una ayuda de 10.000 dólares singapurenses en efectivo durante el primer año de vida, repartida en dos pagos. A partir de ahí, las familias recibirán otros 2.000 dólares cada año desde que el menor cumpla uno hasta los 16 años, lo que supone 32.000 dólares adicionales durante ese periodo.

A estas cantidades se añaden 5.000 dólares que el Estado ingresará inicialmente en una cuenta destinada a determinados gastos relacionados con el menor y hasta otros 5.000 mediante un sistema de cofinanciación: el Gobierno igualará las aportaciones que hagan los padres hasta alcanzar ese límite. Cuando el joven cumpla 17 años, recibirá además 10.000 dólares en su cuenta destinada a educación postsecundaria, con el objetivo de reducir el coste de continuar sus estudios.

En conjunto, estas medidas suman hasta 62.000 dólares. Si se añaden prestaciones que ya existen -como los 5.000 dólares destinados a gastos sanitarios de los recién nacidos y las aportaciones educativas que pueden rondar los 2.500 dólares a lo largo de la etapa escolar-, el apoyo directo se acerca a 70.000 dólares singapurenses por niño.

El Gobierno también ha querido que el cambio alcance a las familias que ya tienen hijos. Los menores ciudadanos de Singapur que tengan entre uno y 17 años en 2026 podrán acceder a las prestaciones que les correspondan en función de su edad, mientras que los bebés nacidos a partir del 1 de abril de 2027 recibirán íntegramente el nuevo pago inicial de 10.000 dólares.

Más permisos, guarderías más baratas y facilidades para acceder a una vivienda

El dinero es solo una parte de la estrategia. Singapur también ampliará los permisos para atender a los hijos. Los padres trabajadores con menores de hasta 12 años dispondrán de ocho días de permiso al año si tienen un hijo, diez si tienen dos y doce si tienen tres o más. Actualmente existen diferentes permisos en función de la edad del menor, que serán sustituidos por un sistema único.

También se reducirán progresivamente los precios de los centros infantiles financiados por el Gobierno. El objetivo es que, en 2030, una plaza de jornada completa en una guardería cueste alrededor de 150 dólares singapurenses al mes, mientras que la atención a bebés se sitúe en unos 300 dólares. Las familias con menores ingresos podrán acceder a tarifas todavía más reducidas.

La vivienda completa el paquete. A partir de febrero de 2027, las familias que soliciten por primera vez una vivienda pública y tengan hijos -o estén esperando uno- recibirán una oportunidad adicional en el sorteo por cada menor ciudadano de Singapur de hasta 18 años, una medida con la que el Ejecutivo pretende facilitar que los hogares puedan adaptarse al aumento de la familia.

La natalidad cae a su mínimo histórico

Las medidas llegan después de que la tasa de fecundidad de Singapur descendiera hasta 0,87 hijos por mujer en 2025, frente a los 0,97 registrados un año antes. Es el nivel más bajo de toda la serie histórica. Además, en 2025 se contabilizaron 27.529 nacimientos entre residentes, un 10,6% menos que el año anterior.

La tendencia preocupa especialmente al Gobierno porque se combina con un rápido envejecimiento de la población. Hace una década, la tasa de fecundidad todavía se situaba en 1,24 hijos por mujer. Las autoridades han advertido de que mantener durante años niveles tan bajos reduciría progresivamente el número de personas en edad de tener hijos y haría cada vez más difícil revertir el descenso demográfico.

Algunas de las marcas más reconocibles del aceite español pueden cambiar de manos. Deoleo, propietaria de marcas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca, está en venta y la empresa italiana Coricelli se ha colocado en cabeza de la puja tras elevar su oferta hasta los 500 millones de euros, por encima de los 470 millones planteados por la cooperativa española Dcoop y los 460 millones de Acesur.

La operación resulta especialmente significativa por el peso que tiene España en este negocio. El país produce aproximadamente el 40% de todo el aceite de oliva del mundo, con 1,29 millones de toneladas en la actual campaña 2025-2026, y mantiene el liderazgo internacional en comercialización. El producto español está presente en más de 150 países y sus ventas exteriores alcanzan unos 4.800 millones de euros, según el Ministerio de Agricultura.

La disputa, por tanto, no gira sobre quién producirá el aceite español, sino sobre quién controlará algunas de las marcas más conocidas con las que se vende dentro y fuera del país.

Pero la venta todavía no está cerrada. Deoleo comunicó el pasado 19 de agosto a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que sus accionistas de referencia están estudiando distintas alternativas estratégicas y que no se ha adoptado una decisión definitiva. La compañía tampoco puede asegurar que el proceso acabe en una venta.

Coricelli pone 500 millones sobre la mesa

La oferta de Coricelli ha alterado una puja en la que hasta hace unos días Dcoop parecía mejor situada. La compañía italiana, que había quedado inicialmente fuera del proceso, reaccionó elevando su propuesta hasta los 500 millones de euros y, según Europa Press, habría solicitado exclusividad para negociar la operación. Dcoop habría ofrecido 470 millones y Acesur, 460 millones.

Aunque se trata de un grupo de origen italiano, su presencia en España viene de lejos. La operación se articularía a través de Farmers Elite Global, la sociedad holding del grupo, domiciliada en Sevilla desde 2015. La familia Coricelli también controla Aceites Abasa, ubicada en Baena (Córdoba), desde comienzos de los años 2000. Su presidente, Lorenzo Coricelli, ha reivindicado además esa vinculación con España al asegurar, en declaraciones a El Economista, que el grupo es “más español que italiano” y defender que Deoleo permanezca unida.

Frente a esta propuesta se encuentran dos grandes actores españoles del sector. Dcoop ha reconocido a Europa Press que estudia oportunidades como la de Deoleo y ha defendido que el futuro comprador debe estar comprometido con la calidad y la lucha contra el fraude. La cooperativa advierte además de que sería “malo para España perder el liderazgo en un sector tan estratégico”.

Dcoop es, además, uno de los grandes nombres de la producción española. La cooperativa se presenta como el mayor productor mundial de aceite de oliva virgen, con una producción media cercana a las 200.000 toneladas y alrededor de un centenar de cooperativas asociadas. Su área de aceite factura unos 600 millones de euros y el grupo es copropietario de Pompeian, una de las principales marcas del mercado estadounidense.

Acesur también parte de una posición importante. El grupo sevillano, propietario de marcas como La Española y Coosur, asegura comercializar una de cada cinco botellas de aceite de oliva consumidas en España y exporta a más de 120 países. El negocio internacional representa alrededor del 60% de su facturación.

En este contexto, la puja por Deoleo enfrenta a Coricelli con dos compañías españolas que ya tienen un peso indiscutible en la producción y comercialización del aceite.

Carbonell, Koipe, Hojiblanca, Bertolli y Carapelli

Lo que está en juego va mucho más allá de una única marca. Deoleo reúne bajo su estructura enseñas históricas españolas como Carbonell, Koipe y Hojiblanca. La compañía asegura contar con un 8,3% de cuota del mercado mundial del aceite de oliva y presencia en 70 países.

Esa cartera internacional es una de las claves del interés por la compañía: quien se haga con Deoleo no solo controlará marcas históricamente vinculadas a España, sino también enseñas de origen italiano como Bertolli y Carapelli y una red comercial que llega a decenas de mercados.

Además, Deoleo llega al proceso de venta después de mejorar sus resultados. En el primer semestre de 2026 obtuvo un beneficio neto de 19,4 millones de euros, mientras continúa reforzando su posición en algunos de sus mercados estratégicos.

Qué cambiaría realmente si gana Coricelli

Una posible victoria de Coricelli no significaría, por tanto, que la producción española de aceite pasara a manos italianas. Lo que cambiaría sería quién toma las decisiones sobre Deoleo, sus marcas y su red comercial internacional, mientras España seguiría siendo el principal productor mundial.

Tampoco sería la primera vez que Deoleo queda bajo capital extranjero. Sus principales accionistas son actualmente fondos vinculados a CVC y Alchemy, que controlan conjuntamente más del 90% de la compañía y son quienes estudian ahora las alternativas para su inversión.

La batalla que se libra estos días decidirá quién controlará en los próximos años algunas de las marcas con las que el aceite producido en España ha llegado a millones de consumidores dentro y fuera del país.

Falta casi un año para el próximo eclipse de sol, que ocurrirá el 2 de agosto de 2027. Sin embargo, quienes quieran viajar al sur de España para observarlo -donde se podrá ver en su totalidad- ya se están encontrando con precios de alojamientos verdaderamente desorbitados. Una búsqueda realizada por Infobae en Booking y Airbnb para dos adultos y una sola noche, del 1 al 2 de agosto del próximo año, muestra viviendas en alquiler por más de 40.000 euros y alguna que supera incluso los 50.000. En varios casos, además, la misma vivienda cuesta mucho menos en otras fechas del verano.

La diferencia de precios se evidencia especialmente en la costa de Cádiz. Una casa en El Palmar aparece por 39.326 euros para la noche anterior al eclipse y por 3.130 euros dos semanas después. En Zahora, una casa rural se ofrece por 41.026 euros esa noche, mientras que del 9 al 15 de agosto cuesta 3.911 euros por seis noches, unos 652 euros por noche. Tomando ese precio medio como referencia, la tarifa de la noche del eclipse es unas 63 veces superior. Y en Vejer de la Frontera, un apartamento alcanza los 28.020 euros del 1 al 2 de agosto, frente a 1.300 euros por cuatro noches a finales de julio.

También ocurre fuera de Cádiz. Un apartamento en Estepona cuesta 17.055 euros la noche previa al eclipse, pero se puede reservar por 774 euros del 25 al 26 de julio. Es decir, para la fecha del fenómeno cuesta unas 22 veces más. Las comparaciones no siempre son exactas porque algunos propietarios exigen estancias mínimas de varias noches según la fecha, pero permiten ver hasta qué punto algunas tarifas se disparan justo en torno al fenómeno.

De 93 a 17.680 euros por una noche en Tarifa

Uno de los casos más llamativos está en Tarifa. Un alojamiento aparece por 17.680 euros del 1 al 2 de agosto, mientras que del 30 de junio al 1 de julio cuesta 93 euros. La diferencia es enorme: la tarifa para la noche previa al eclipse es casi 190 veces superior.

En la misma localidad, un dúplex con terraza y garaje se ofrece por 10.095 euros para esa única noche. Pero a mediados de agosto el alojamiento exige una estancia mínima de tres noches y el total del 15 al 18 es de 1.091 euros. Eso equivale a unos 364 euros por noche, muy lejos de los más de 10.000 que pide para recibir a dos personas el 1 de agosto.

En Zahora también se repiten las diferencias. Además de la casa rural que supera los 41.000 euros, otro alojamiento cuesta 17.914 euros para la noche del eclipse y 4.883 euros del 18 al 19 de julio, tres semanas antes.

El caso de Vejer es todavía más llamativo. Frente a los 28.020 euros por una sola noche del 1 al 2 de agosto, ese mismo alojamiento cuesta 1.300 euros por cuatro noches del 26 al 30 de julio, unos 325 euros por noche. Si se toma ese coste diario como referencia, la noche previa al eclipse resulta unas 86 veces más cara.

No son reservas idénticas, porque en julio exige una estancia de cuatro noches, pero la diferencia permite hacerse una idea del salto de precio.

Hay villas por más de 50.000 euros, aunque no todas suben por el eclipse

No todos los precios extremos pueden achacarse al eclipse. Hay alojamientos que mantienen tarifas muy altas durante buena parte del verano de 2027 y apenas cambian entre julio y agosto.

Una villa en Conil de la Frontera aparece en Airbnb por 51.682 euros para dos personas la noche del 1 al 2 de agosto y cuesta prácticamente lo mismo en otras fechas estivales. Otra villa de la misma localidad se ofrece por 39.755 euros, mientras que varias casas en Conil y El Palmar rondan los 33.000 euros. También aparecen un alojamiento rural en Cádiz por 35.000 euros, un apartamento en Tarifa por 23.464 euros, una villa en Estepona por más de 20.500 y un apartamento en Puerto de la Duquesa por algo más de 20.000.

Estos casos no demuestran que el eclipse haya provocado una subida concreta, pero sí muestran hasta dónde llegan algunos precios para esa noche en la zona desde la que podrá verse la totalidad.

En Ceuta, donde el eclipse será total durante más tiempo que en ningún otro punto de España, el problema que mostraba Booking era otro: la escasez de oferta. En la búsqueda para dos adultos entre el 1 y el 2 de agosto solo aparecía un alojamiento disponible, por 2.040 euros. Eso no significa que el resto de la ciudad esté ya completo, porque algunos hoteles y viviendas pueden no haber abierto todavía sus calendarios para esas fechas o aplicar otras condiciones de reserva.

Las reservas se están haciendo antes de lo habitual

La presión sobre los alojamientos no se limita a los precios que aparecen en las plataformas. La patronal hotelera de la Costa del Sol, Aehcos, ya ha detectado que las reservas para comienzos de agosto de 2027 se están haciendo con más antelación de lo normal. Según explicó su vicepresidente ejecutivo, Javier Hernández, a EFE, algunos establecimientos que a un año vista suelen tener alrededor del 7% de sus plazas reservadas alcanzaban ya el 12%.

El movimiento también se nota en el turismo rural. Ruralidays, que gestiona más de 2.800 alojamientos, asegura que las reservas para esas fechas se han multiplicado por cinco. En Cádiz ya alcanzaban el 12% de la oferta de la plataforma y en Málaga el 8%, mientras que en El Gastor, uno de los municipios gaditanos situados en la zona de observación, llegaban al 22%. Entre quienes han reservado con tanta antelación predominan los británicos, con un 27%, seguidos de los alemanes, con un 18%, y los españoles, con un 13%.

España será el único país europeo donde podrá verse el eclipse total

La concentración de reservas en el sur tiene una razón sencilla: el eclipse total del 2 de agosto de 2027 solo podrá verse como tal en una parte de España. Según el Instituto Geográfico Nacional, la franja de totalidad atravesará Ceuta y Melilla, casi toda la provincia de Cádiz, buena parte de Málaga y las zonas más meridionales de Granada y Almería.

El eclipse tendrá lugar por la mañana, alrededor de las 10:50, por lo que la noche del 1 al 2 de agosto es especialmente importante para quienes viajen expresamente hasta la zona. La duración de la totalidad cambiará mucho según el punto elegido: será de 2 minutos y 54 segundos en Cádiz, de 1 minuto y 48 segundos en Málaga, de 4 minutos y 34 segundos en Melilla y alcanzará los 4 minutos y 48 segundos en Ceuta.

España será, además, el único país europeo desde el que podrá contemplarse el eclipse total. La franja seguirá después hacia el norte de África, Egipto y la península arábiga. España no volverá a ver otro eclipse solar total hasta 2053, según el Instituto Geográfico Nacional.

Dejar un trabajo por decisión propia suele tener una consecuencia importante: al presentar una baja voluntaria, el trabajador no tiene derecho a cobrar inmediatamente la prestación por desempleo ni recibe una indemnización por abandonar la empresa. Sin embargo, existen situaciones en las que la ley permite extinguir el contrato manteniendo ambos derechos.

Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en TikTok bajo el perfil @juanmalorentelaboralista, ha explicado uno de estos supuestos: que la empresa aplique una modificación sustancial de determinadas condiciones de trabajo que perjudique al empleado. “Si lo que quieres es salir con indemnización y con paro de tu trabajo porque estás harto, tienes que estar muy pendiente de lo que te voy a decir”, señala en uno de sus vídeos.

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En estos casos, Lorente asegura que puede existir la posibilidad de marcharse con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado y derecho a paro. La legislación establece, además, un límite de nueve mensualidades para esta compensación. No obstante, no basta con que se produzca cualquier cambio en el puesto: debe tratarse de una modificación sustancial incluida en los supuestos contemplados por el Estatuto de los Trabajadores y que cause un perjuicio al empleado.

Cambios de salario, horario o funciones

Uno de los ejemplos que pone Lorente afecta directamente al bolsillo. “Si te hacen una modificación sustancial en tu salario, es decir, tu salario de un día para otro cambia, por ejemplo, te quitan las comisiones”, explica el abogado.

El artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores contempla entre las modificaciones sustanciales aquellas que afectan al sistema de remuneración y a la cuantía salarial, pero también a la jornada, el horario y la distribución del tiempo de trabajo.

Precisamente, Lorente pone como segundo ejemplo un cambio importante de horario: “Te llevas toda tu vida trabajando de mañana y al día siguiente: ‘No, mira, que vas a trabajar de tarde’”. Una alteración de estas características puede permitir al empleado solicitar la extinción de su contrato si resulta perjudicado por ella.

También pueden entrar en juego determinados cambios de funciones. El abogado plantea el caso de que al empleado le asignen tareas “que no tienen absolutamente nada que ver con tu puesto de trabajo”. La norma incluye las modificaciones de funciones cuando exceden los límites previstos legalmente para la movilidad funcional.

“Tienes que darte prisa”

Lorente insiste especialmente en que el trabajador no debería limitarse a aceptar el cambio sin informarse sobre sus opciones. “Y ojo, tienes que darte prisa”, advierte. Su recomendación es buscar asesoramiento desde el momento en que la empresa comunica la modificación.

“Nada más que la empresa te comunique el cambio de jornada, de salario o de funciones, asesórate y déjale claro a la empresa lo que quieres, que es marchar”, explica. En las modificaciones sustanciales individuales, la empresa debe comunicar su decisión al trabajador con una antelación mínima de 15 días antes de que entre en vigor.

No todos los cambios permiten marcharse con indemnización

La posibilidad que describe el abogado no implica que cualquier alteración en el trabajo dé automáticamente derecho a abandonar la empresa cobrando una compensación. La ley exige que exista una modificación sustancial en las materias previstas y que el trabajador resulte perjudicado. Si se cumplen los requisitos, puede rescindir el contrato con 20 días de salario por cada año trabajado, con un máximo de nueve mensualidades.

Lorente insiste en su consejo, que beneficiará a multitud de trabajadores en España: “Si estás harto, quieres irte de la empresa, pero con el bolsillo lleno y con derecho a paro, aprovecha esto”, zanja.

Millones de pensionistas reciben estos días la mensualidad correspondiente a agosto. Aunque el calendario oficial de la Seguridad Social sitúa el abono de las pensiones a comienzos del mes siguiente, los principales bancos españoles adelantan habitualmente el dinero para que sus clientes puedan disponer de él antes de que termine el mes. En agosto, los primeros ingresos se produjeron el viernes 21 y la mayoría se concentran entre el lunes 24 y este martes 25.

La Seguridad Social establece que las pensiones se devengan por mensualidades naturales vencidas. Una vez realizado el primer pago, el dinero debe estar disponible para el beneficiario el primer día hábil del mes en que corresponde realizar el ingreso y, en cualquier caso, antes del cuarto día natural. Esto significa que la mensualidad de agosto tendría su fecha ordinaria de abono a comienzos de septiembre.

Sin embargo, los bancos conocen previamente los importes que recibirán de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y muchas entidades utilizan sus propios recursos para anticipar ese dinero. Por este motivo, lo habitual es que los jubilados y otros beneficiarios de pensiones contributivas vean el ingreso en sus cuentas entre los días 21 y 25 del mismo mes al que corresponde la prestación.

Cuándo paga cada banco la pensión en agosto de 2026

Este año, Bankinter y Unicaja han sido las primeras entidades en abonar la mensualidad de agosto, con el ingreso realizado el viernes 21. Ambas entidades cuentan con calendarios propios para todo 2026 en los que habían fijado previamente esa fecha.

CaixaBank realizó el pago este lunes 24 de agosto. La entidad establece como una de las ventajas de domiciliar la prestación el cobro adelantado el día 24 de cada mes. Banco Santander también ha situado este mes sus ingresos en torno al lunes 24.

La mayoría de las restantes entidades concentran el pago este martes 25 de agosto. Es el caso de BBVA, ING, Banco Sabadell, Ibercaja, Abanca, Cajamar y Kutxabank, según los calendarios de cobro recopilados para este mes. BBVA, además, informa a sus clientes de que, una vez domiciliada una pensión de la Seguridad Social, esta se recibe habitualmente el día 25 de cada mes.

Por tanto, el calendario queda de la siguiente manera:

• Bankinter: viernes 21 de agosto.
• Unicaja: viernes 21 de agosto.
• CaixaBank: lunes 24 de agosto.
• Banco Santander: lunes 24 de agosto.
• BBVA: martes 25 de agosto.
• ING: martes 25 de agosto.
• Banco Sabadell: martes 25 de agosto.
• Ibercaja: martes 25 de agosto.
• Abanca: martes 25 de agosto.
• Cajamar: martes 25 de agosto.
• Kutxabank: martes 25 de agosto.

Las fechas pueden experimentar pequeñas variaciones por cuestiones operativas o por las condiciones concretas de cada cuenta, por lo que los clientes que no hayan recibido todavía el dinero pueden comprobar los movimientos de su cuenta o consultar directamente con su entidad.

Por qué los bancos pueden adelantar las pensiones

Que un pensionista reciba el dinero antes no significa que la Seguridad Social haya modificado su calendario. Son las propias entidades financieras las que anticipan el ingreso porque conocen previamente los beneficiarios y las cantidades que posteriormente les transferirá la TGSS.

Este adelanto permite disponer de la mensualidad varios días antes de la fecha ordinaria y se aplica de forma automática cuando la prestación está domiciliada en una entidad que ofrece este servicio. En agosto puede resultar especialmente útil por el aumento de algunos gastos asociados al periodo vacacional.

Revisas la nómina y descubres que faltan horas, tu contrato recoge una jornada parcial cuando en realidad trabajas a tiempo completo, o te das cuenta de que la empresa no ha tramitado tu alta en la Seguridad Social. Estas situaciones justifican que un trabajador acuda a la Inspección de Trabajo. Pero antes de hacerlo, conviene reunir toda la documentación posible y distinguir entre denunciar una irregularidad y reclamar directamente el dinero o los derechos perdidos.

El trabajador “debe conservar las pruebas, revisar su contrato, nóminas y vida laboral y dejar constancia escrita de la incidencia cuando ello sea posible”, explica Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. El empleado puede presentar una denuncia ante la Inspección y, al mismo tiempo, iniciar la reclamación que corresponda por vía judicial.

La diferencia es importante. “La Inspección sanciona y exige la regularización, pero no reconoce directamente una indemnización por despido ni condena a pagar salarios al trabajador”, aclara el letrado. Para recuperar cantidades pendientes, impugnar un cese o solicitar que un contrato temporal sea reconocido como indefinido puede ser necesario acudir también a la jurisdicción social.

Qué irregularidades pueden denunciarse

La Inspección de Trabajo permite comunicar incumplimientos relacionados con las condiciones laborales, la Seguridad Social, la igualdad, la seguridad y salud en el trabajo, el empleo y el trabajo de personas extranjeras. Entre los casos más reconocibles están las horas extraordinarias que no se pagan, los falsos contratos parciales, la temporalidad fraudulenta, la falta de alta, las irregularidades en el registro horario o el incumplimiento de los descansos.

De Paz señala que, durante las campañas de verano, también pueden aparecer diferencias salariales, jornadas superiores a las declaradas o personas que empiezan a trabajar antes de que se haya tramitado su alta en la Seguridad Social. La Inspección puede requerir que la situación se corrija, promover la transformación de contratos y reclamar las cuotas que la compañía haya dejado de ingresar.

Para presentar una denuncia formal, hay que identificar a la persona denunciante, señalar a la empresa, indicar dónde se encuentra el centro de trabajo y describir los hechos de la forma más concreta posible. El escrito debe dirigirse a la Inspección Provincial correspondiente a la provincia donde se encuentra ese centro.

La denuncia no es anónima, pero sí confidencial

Uno de los principales temores de quien denuncia es que la empresa sepa quién ha dado el paso. La denuncia formal no puede presentarse de manera anónima: la persona debe acreditar su identidad. Sin embargo, eso no significa que la compañía investigada pueda conocer el origen de la queja.

“La denuncia ante la Inspección exige que el denunciante se identifique. No obstante, el origen de la denuncia es confidencial y la Inspección no puede revelar su identidad a la empresa investigada”, afirma De Paz. Esta protección está recogida en la Ley 23/2015.

Existe, no obstante, un buzón para comunicar posibles irregularidades de forma anónima. “El buzón de la Inspección permite efectuar una comunicación anónima. Pero esta no equivale a una denuncia formal, no concede al comunicante una posición dentro del procedimiento y la información se utiliza para decidir o planificar posibles actuaciones inspectoras”, explica el abogado.

Qué pruebas conviene guardar

No siempre existe un documento que demuestre por sí solo todo el incumplimiento. Por eso resulta útil conservar cualquier elemento que permita comparar lo firmado con lo que realmente sucede durante la jornada: contrato, nóminas, cuadrantes, fichajes y cualquier comunicación con la empresa.

También puede ser útil descargar la vida laboral para comprobar si el alta se produjo correctamente y revisar si las horas o bases de cotización coinciden con el trabajo realizado. Una denuncia detallada, con fechas, horarios y documentos, facilita que la Inspección pueda verificar lo ocurrido.

Denunciar no detiene otros plazos

Presentar una denuncia ante la Inspección no permite dejar en pausa el resto de las reclamaciones. “La denuncia tampoco suspende los plazos judiciales”, advierte el laboralista.

Un despido debe impugnarse en 20 días hábiles. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo también están sometidas a un plazo de 20 días, mientras que las cantidades salariales pendientes prescriben, con carácter general, al año.

Por eso, una persona puede haber denunciado ya las irregularidades y, aun así, necesitar asesoramiento o acudir con rapidez a los tribunales para no perder su derecho a reclamar.

Una noche de hotel, una comida en un restaurante o cualquier otro servicio turístico que ahora cuesta 110 euros podría pasar a costar 121 si su IVA subiera del 10% al 21%. Son 11 euros más por cada 110 gastados: una cantidad que, sumada durante varios días de vacaciones, puede obligar a una familia a acortar su estancia, elegir alojamientos más baratos o renunciar directamente al viaje. Esto es, en definitiva, la propuesta de subir el IVA a los servicios turísticos.

La subida, sin embargo, no afectaría solo al bolsillo de quien viaja. También abre una pregunta incómoda: por qué España sigue aplicando un IVA reducido a la hostelería y el alojamiento cuando el país bate récords de visitantes y la mayoría de ciudades soportan alquileres disparados, barrios volcados al turista y servicios públicos saturados. Solo en 2025 llegaron 96,8 millones de turistas internacionales, un nuevo máximo histórico. Ricardo Fernández, CEO de la agencia de viajes online Destinia, reconoce que los hogares con menor presupuesto serían probablemente los primeros en tener que ajustar sus planes.

No existe, por ahora, una subida general aprobada para llevar todo el turismo al 21%. El debate ha cobrado fuerza después de que la Comisión Europea recomendara a España revisar el amplio uso de los tipos reducidos del IVA. Paralelamente, el Gobierno trabaja en una norma distinta y más concreta para que determinados alojamientos turísticos sean considerados actividades económicas y tributen al 21%.

Un beneficio fiscal difícil de defender en destinos saturados

El IVA reducido se ha justificado tradicionalmente como una forma de apoyar a un sector intensivo en empleo, considerado exportador y obligado a competir con países europeos que también aplican tipos favorables. Para Aleix Calveras, catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de las Islas Baleares y especialista en economía del turismo, esos argumentos han perdido fuerza allí donde la demanda ya desborda la capacidad del territorio.

“Cuando un destino ya está saturado, no tiene sentido seguir subvencionando fiscalmente la actividad que genera esa saturación”, sostiene. Calveras considera que el trato favorable no se limita al IVA y menciona también la exención del queroseno, el Imserso, los bonos turísticos y otras ayudas. A su juicio, ese apoyo ha contribuido a ampliar un sector de baja productividad, salarios reducidos y empleo poco cualificado. “Mantener ese tipo reducido me parece difícil de defender”, asegura.

Ricardo Fernández, por su parte, llega a una conclusión distinta. Destinia defiende conservar el 10% porque una subida general encarecería la oferta de todo el país, tanto en las ciudades saturadas como en municipios rurales, zonas de interior o destinos que todavía aspiran a atraer más viajeros. El impuesto no distinguiría entre un hotel de lujo en una isla congestionada y un pequeño alojamiento de una localidad que depende de la llegada de visitantes.

La discusión no enfrenta únicamente a quienes quieren más o menos turismo. También cuestiona la utilidad de aplicar la misma política fiscal a territorios con problemas opuestos. Una rebaja uniforme puede estimular actividades que necesitan apoyo, pero también seguir favoreciendo el crecimiento en lugares donde la vivienda, la movilidad o el espacio público ya están al límite.

El aumento recaería antes sobre quienes tienen menos

Si el impuesto subiera, ni las empresas ni los consumidores asumirían necesariamente todo el coste desde el primer día. Fernández cree que inicialmente se repartiría: algunas compañías sacrificarían una parte de sus márgenes para no perder reservas, pero difícilmente podrían mantenerlo durante mucho tiempo. A medio plazo, una parte importante terminaría apareciendo en las facturas.

Calveras matiza que el reparto dependería del momento y del tipo de negocio. En temporada alta, cuando hay una fuerte demanda y poca capacidad disponible, los hoteles tendrían más facilidad para trasladar esa subida al precio. En Baleares, calcula que el cambio supondría como referencia unos 18 euros adicionales por noche sobre la tarifa media de julio. También podrían hacerlo los establecimientos de gama alta, cuyos clientes reaccionan menos ante el encarecimiento.

En temporada media o baja y en los alojamientos más económicos, las empresas tendrían más dificultades para repercutir todo el aumento al cliente, por lo que asumirían una parte del coste y reducirían su margen de beneficio.

El efecto tampoco se repartiría de igual manera entre los viajeros. Destinia prevé que las familias españolas con menos recursos reducirían primero la duración o frecuencia de sus vacaciones. En cambio, parte de los turistas extranjeros podría dejar de elegir España y buscar alternativas más baratas como Portugal, Grecia, Turquía, Egipto o Marruecos.

Alejandra Jacinto, abogada, politóloga y especialista en derecho a la vivienda en CAES, advierte también de que este ajuste podría recaer principalmente sobre quienes tienen menos capacidad económica. Si la medida se limita a encarecer el precio final, “puede producir un efecto regresivo sobre determinados viajeros sin modificar sustancialmente la estructura del mercado turístico”, señala. La subida podría expulsar a los visitantes de menor renta y consolidar un turismo reservado a consumidores con mayor poder adquisitivo, sin aliviar necesariamente la presión que soportan los barrios.

Calveras coincide en que el impacto se concentraría especialmente entre quienes disponen de menos presupuesto. Según su estimación, el cambio produciría una reducción moderada de la demanda, no un desplome: en Baleares, alrededor de un 5% o un 6% en temporada alta.

Sin embargo, al valorar cómo debe afrontarse ese efecto, el economista rechaza que la desigualdad en el acceso a las vacaciones se corrija manteniendo artificialmente baratos los destinos saturados: “La saturación se corrige con precios, y la desigualdad de acceso al ocio con redistribución de renta”, argumenta.

La posible subida plantea así dos problemas distintos: cómo reducir la presión turística y cómo evitar que el coste recaiga principalmente sobre las rentas más bajas. Retirar el beneficio fiscal puede reducir una demanda que algunos territorios ya no pueden absorber, pero hacerlo mediante un impuesto sobre el consumo significa que los primeros excluidos serían probablemente quienes tienen menos capacidad económica para consumir.

Menos turistas no significa siempre menos negocio

Ni siquiera Destinia considera que España deba perseguir récords de visitantes continuamente: “El objetivo no debe ser batir récords de visitantes de forma indefinida, sino aumentar el valor generado por el turismo”, sostiene Fernández. El CEO de la agencia admite que una reducción puede resultar positiva si responde a una estrategia planificada para mejorar la calidad, aumentar el gasto medio y aliviar determinadas zonas.

Su objeción es que una subida fiscal no produciría automáticamente esa transformación: España se encarecería frente a sus competidores y podría perder vuelos, programación de turoperadores y conectividad sin haber mejorado antes su oferta.

Calveras coincide en que menos visitantes no tiene por qué ser una mala noticia, pero atribuye a la fiscalidad un papel distinto. La masificación es, según explica, una externalidad: una consecuencia de la actividad que no queda incorporada por completo al precio que paga el visitante. Reducirla puede mejorar la movilidad, la vivienda, el medioambiente y la vida cotidiana de los residentes, pero también la experiencia de quienes viajan.

“Menos turistas no equivale necesariamente a menos negocio”, sostiene. Un destino menos congestionado podría atraer clientes dispuestos a gastar más y liberar trabajadores, capital y suelo hacia sectores de mayor productividad.

Subir el IVA al turismo no devolverá las viviendas a los vecinos

Una menor afluencia de visitantes podría aliviar la congestión de determinados destinos, pero no bastaría para recuperar las viviendas que han pasado del alquiler residencial al turístico. El precio del viaje puede influir en la demanda; el uso de las casas depende, en cambio, de cuánto dinero obtiene su propietario con cada alternativa.

Ahí sitúa Alejandra Jacinto el principal límite de la subida fiscal: “El IVA por sí solo no va a resolver el problema”, advierte. Mientras resulte mucho más rentable alquilar una casa por noches que ofrecerla como residencia habitual, los propietarios seguirán teniendo incentivos para retirarla del mercado residencial.

Una subida del tipo puede moderar la demanda y aportar más ingresos públicos, pero “tiene que ir acompañada de medidas regulatorias: limitar el número de viviendas destinadas a uso turístico, impedir que se conviertan edificios residenciales completos en alojamientos turísticos y, sobre todo, garantizar que el uso turístico no pueda imponerse sobre el derecho a residir en la ciudad”, defiende Jacinto. “El IVA puede ser una herramienta, pero no puede sustituir a la regulación de la vivienda turística”.

La abogada también cuestiona que las cuentas sobre la aportación del turismo incluyan todos sus costes: el incremento de los alquileres, las familias que abandonan sus barrios, los trabajadores obligados a vivir lejos de sus empleos, la desaparición del comercio cotidiano o la saturación del transporte y la limpieza. “No podemos decir que el turismo genera riqueza mientras socializamos una parte muy importante de los costes que produce”, sostiene.

Una tasa local frente a un impuesto para toda España

Las tres fuentes coinciden en que una subida nacional del IVA sería una herramienta poco precisa. Destinia propone estudiar tasas turísticas en los destinos con problemas objetivos de saturación, siempre que sean proporcionadas, transparentes y finalistas. “La recaudación debería reinvertirse de manera verificable en mejorar infraestructuras, transporte, servicios públicos y la convivencia entre residentes y visitantes”, sostiene Fernández.

Calveras también considera que la tasa por persona y noche es mejor en teoría porque puede adaptarse a la presión de cada territorio. “Mallorca no es Asturias, y un IVA único para toda España es un instrumento poco fino para combatir la saturación”, sostiene. Frente a ese impuesto general, una tasa puede modularse según el destino, la temporada o el tipo de alojamiento.

El economista, sin embargo, desconfía de su aplicación práctica. Asegura que muchas tasas se fijan en importes mínimos o ni siquiera llegan a implantarse por la influencia del sector sobre los gobiernos autonómicos y municipales. “Siendo realista, una subida homogénea del IVA puede acabar siendo más efectiva”, sostiene, aunque reconoce que se trata de una herramienta menos precisa y que su recaudación no vuelve necesariamente al destino.

Por eso no considera ambas opciones excluyentes: “Lo ideal sería combinar una tasa local diferenciada donde hay saturación con la corrección del IVA a escala estatal”.

Jacinto añade una tercera herramienta: la regulación de los alojamientos. Los impuestos pueden hacer que el turismo contribuya más a los servicios que utiliza, pero solo los límites sobre las viviendas turísticas pueden impedir que el uso más rentable termine desplazando al residencial.

Los trabajadores con menos ingresos quedan así atrapados entre las dos caras de una misma moneda: como residentes, soportan con mayor dificultad el encarecimiento de la vivienda y los desplazamientos cada vez más largos. Como consumidores, serían los primeros en acortar o cancelar sus vacaciones si los precios suben. Mantener el IVA al 10% alivia una parte de ese segundo problema, pero no corrige el primero.

Trabajar al aire libre, realizar un esfuerzo físico intenso o pasar la jornada en un espacio mal ventilado puede convertirse en un riesgo para la salud cuando suben las temperaturas. Las empresas están obligadas a analizar las condiciones de cada puesto y tomar medidas para proteger a la plantilla, desde modificar los horarios hasta aumentar las pausas o detener temporalmente determinadas tareas.

El incumplimiento de estas obligaciones no solo puede terminar en una sanción administrativa. “La empresa puede verse obligada a indemnizar al trabajador por los daños y perjuicios sufridos”, advierte Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. Esta responsabilidad puede aparecer si un empleado sufre daños por la falta o insuficiencia de medidas de protección frente al calor.

El letrado señala que las compañías deben actualizar la evaluación de riesgos, establecer medidas vinculadas a los avisos meteorológicos y dejar constancia de los cambios aplicados en “horarios, pausas, cargas de trabajo o tareas”. También deben comprobar que la plantilla ha recibido información y formación suficiente y dispone de agua, zonas de descanso y medios de protección adecuados.

Qué medidas debe adoptar la empresa frente al calor

La normativa obliga a proteger a las personas que trabajan al aire libre y en espacios que no pueden cerrarse debido a la propia actividad frente a fenómenos meteorológicos adversos. La respuesta de la empresa debe adaptarse al trabajo que se realiza y a las circunstancias personales conocidas de cada empleado.

No existe, por tanto, una solución idéntica para todos los puestos. La temperatura debe analizarse junto con la humedad, la exposición directa al sol, la ventilación, la intensidad del esfuerzo, la ropa utilizada y la duración de la jornada en esas condiciones.

Entre las actuaciones recomendadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo están organizar las tareas para evitar las horas más calurosas, introducir más descansos, alternar funciones, habilitar espacios frescos o con sombra y facilitar agua suficiente. El organismo también aconseja proporcionar ropa holgada y transpirable e informar a la plantilla sobre los riesgos y sobre cómo actuar si un compañero comienza a encontrarse mal.

Las altas temperaturas pueden causar deshidratación, mareos, agotamiento y golpes de calor. Además, la pérdida de concentración o coordinación puede favorecer caídas, errores y otros accidentes laborales.

Cuando AEMET o el servicio meteorológico autonómico emitan un aviso naranja o rojo y las precauciones ya adoptadas resulten insuficientes, la empresa deberá adaptar las condiciones de trabajo. La norma contempla expresamente la reducción o modificación de la jornada, además de prohibir determinadas tareas durante las franjas en las que no pueda garantizarse la protección.

Sin embargo, no solo hay que actuar cuando existe una alerta. Las empresas tienen que prevenir el riesgo siempre que las condiciones puedan poner en peligro la salud. Tampoco existe un número concreto de grados que permita abandonar automáticamente el puesto en todos los sectores: la peligrosidad dependerá de las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo.

Indemnización, recargos y responsabilidad penal

De Paz advierte que “la falta de prevención puede tener consecuencias especialmente graves si se produce un accidente de trabajo”. Además de tener que indemnizar al empleado por los daños sufridos, la empresa puede asumir un recargo de entre el 30% y el 50% sobre las prestaciones de la Seguridad Social cuando el accidente derive de la falta o insuficiencia de medidas preventivas.

“Este recargo se impone directamente a la empresa y no puede asegurarse”, precisa el abogado. También señala que, “en los supuestos más graves”, pueden existir responsabilidades penales. La multa administrativa, la indemnización, el recargo sobre las prestaciones y una eventual responsabilidad penal pueden acumularse.

El Ministerio de Trabajo aprobó en junio el Plan Estival 2026, que refuerza la vigilancia de la Inspección en las actividades laborales más expuestas a las altas temperaturas. Los inspectores pueden exigir que se corrijan las deficiencias detectadas y, si existe un peligro grave e inmediato, ordenar que se interrumpa el trabajo.

Los sindicatos también reclaman que las medidas no se limiten a la existencia formal de un protocolo. CCOO plantea identificar los puestos expuestos, cambiar horarios, reforzar las pausas, asegurar agua y sombra y reducir la carga física cuando el calor pueda comprometer la seguridad.

Como insiste Alejandro De Paz, no basta con tener evaluaciones y procedimientos por escrito: las medidas deben aplicarse realmente en los horarios, las pausas, las tareas y las condiciones cotidianas de la plantilla.

Cada verano, hoteles, restaurantes, comercios y empresas turísticas vuelven a contratar a personas que ya trabajaron para ellas durante la temporada anterior. Repiten las mismas funciones, en fechas similares, y su contrato termina de nuevo cuando baja la actividad. Sin embargo, que un empleo se concentre en los meses estivales no significa necesariamente que pueda cubrirse mediante contratos temporales año tras año.

Los trabajadores que encadenan varias campañas en la misma compañía “pueden reclamar que se reconozca que la relación es indefinida o fija discontinua”, explica Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. La modalidad dependerá de si el puesto se mantiene durante todo el año o si la necesidad se repite únicamente en determinadas temporadas.

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La contratación temporal durante el verano no es ilegal por sí misma. El problema aparece cuando la compañía utiliza esta fórmula para cubrir una necesidad que forma parte de su actividad habitual. “No es suficiente indicar de forma genérica que se contrata por campaña de verano, necesidades del servicio o aumento de actividad”, advierte el abogado.

Contratar cada verano a la misma persona para el mismo puesto

La empresa debe explicar en el contrato cuál es el incremento ocasional que justifica la contratación, por qué no puede atenderlo con su plantilla habitual y durante cuánto tiempo espera que se mantenga. La mera llegada del verano no basta para demostrar que el puesto es temporal.

De Paz señala que volver a contratar a la misma persona puede ser legal si cada campaña responde a una necesidad verdaderamente ocasional y distinta. No obstante, cuando alguien trabaja todos los veranos para la misma compañía, realiza las mismas tareas y permanece durante periodos semejantes, la repetición suele revelar otra realidad.

“La reiteración evidencia normalmente que existe una necesidad estacional y previsible que debería cubrirse mediante un contrato fijo discontinuo”, sostiene el letrado. En ese caso, el vínculo laboral no termina definitivamente al acabar agosto o la temporada turística. El contrato entra en un periodo de inactividad hasta que la empresa vuelve a llamar al trabajador para la siguiente campaña.

Si el puesto debe cubrirse de manera estable durante todo el año, correspondería un contrato indefinido ordinario. Utilizar un contrato temporal para atender necesidades estructurales de la empresa puede hacer que el trabajador adquiera la condición de indefinido, según explica el abogado.

Quien haya encadenado varias campañas puede solicitar también que se calcule correctamente su antigüedad y reclamar posibles diferencias salariales o de cotización. Estos derechos pueden afectar, entre otras cuestiones, a la indemnización por despido, la promoción profesional o el orden de llamamiento de los fijos discontinuos.

La ley establece además que adquiere la condición de fija una persona que haya estado contratada durante más de 18 meses, dentro de un periodo de 24, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción con la misma empresa o grupo.

Sin embargo, De Paz aclara que no es necesario alcanzar ese límite cuando el contrato se firmó sin una causa temporal válida o se utilizó de forma fraudulenta. En esos casos, la relación puede reconocerse como indefinida desde el primer contrato irregular.

El cese del contrato temporal puede convertirse en un despido improcedente

Cuando la compañía comunica el final del contrato, el trabajador puede tener que reclamar al mismo tiempo el reconocimiento de la relación indefinida y la impugnación del cese. En estos casos, el plazo para actuar es especialmente importante: la demanda por despido debe presentarse en un máximo de 20 días hábiles.

La denuncia ante la Inspección de Trabajo puede servir para que se investigue la contratación, pero no sustituye la demanda judicial ni detiene ese plazo.

Si el contrato temporal se declara fraudulento, su finalización puede considerarse un despido improcedente. La empresa tendrá que elegir, con carácter general, entre readmitir a la persona o abonarle una indemnización de 33 días de salario por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

A ello se suma la posible sanción administrativa. “La contratación temporal fraudulenta constituye una infracción grave por cada trabajador afectado y puede sancionarse con multas de 1.000 a 10.000 euros por persona”, indica De Paz. La compañía también puede verse obligada a abonar las cotizaciones que dejó pendientes.

Reservar un vuelo, pagar un hotel y organizar todo un viaje para descubrir después que la empresa ha cambiado las vacaciones puede provocar un perjuicio económico importante. Sin embargo, la falta ordinaria de personal o un aumento de la actividad no permiten cancelar libremente unas fechas que ya habían sido aprobadas.

“Una vez acordadas, la empresa no puede dejarlas sin efecto libremente por una falta ordinaria de personal o porque la actividad sea superior a la esperada”, explica Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. Las vacaciones deben fijarse de común acuerdo y el trabajador tiene derecho a conocer las fechas con al menos dos meses de antelación.

El abogado señala que, ante una circunstancia excepcional y sobrevenida, la compañía puede plantear una modificación, pero debería justificar la necesidad y alcanzar un acuerdo con la persona afectada. Si decide cambiar las fechas de manera unilateral, el trabajador puede acudir al procedimiento judicial especial de vacaciones.

Qué ocurre si el viaje ya estaba pagado

Aunque la empresa cambie las vacaciones, no se genera automáticamente el derecho a recibir una compensación. No obstante, De Paz aclara que “si las vacaciones estaban autorizadas y la empresa las modifica de forma injustificada, el trabajador puede reclamar los perjuicios económicos directos que consiga acreditar”.

Esto puede incluir el dinero perdido en vuelos, hoteles u otras reservas que no puedan cancelarse o cuyo cambio implique un coste. Para reclamarlo, conviene conservar la autorización de las vacaciones, las facturas, las condiciones de cancelación y la comunicación en la que la empresa informa de las nuevas fechas.

Cuando la compañía fija unilateralmente el periodo de descanso, el trabajador dispone de 20 días desde que conoce la decisión para presentar la demanda. El procedimiento es urgente y preferente, pero el abogado advierte de que no conviene limitarse a ignorar la orden empresarial o dejar de acudir al puesto.

“El trabajador no debería limitarse a desobedecer la orden o dejar de acudir, porque podría ser sancionado mientras no exista una resolución que reconozca su derecho”, indica el letrado.

La empresa puede organizar el calendario y aplicar las reglas de preferencia recogidas en el convenio colectivo, pero “no tiene un derecho absoluto a imponer cualquier fecha”. Si no existe acuerdo y es el trabajador quien solicita que un juzgado determine cuándo podrá disfrutar de sus vacaciones, deberá presentar la demanda al menos dos meses antes de las fechas que reclama.

Tampoco te pueden exigir disponibilidad permanente

Durante las vacaciones, la persona debe poder desconectar realmente del trabajo. “La empresa no puede exigir una disponibilidad permanente por teléfono, correo electrónico o mensajería”, sostiene el abogado.

Recibir un mensaje aislado no supone necesariamente una vulneración. El problema aparece cuando existe la obligación de responder, resolver gestiones, atender a clientes o permanecer pendiente del teléfono. En esos casos, De Paz considera que puede defenderse que el descanso no se ha disfrutado correctamente y reclamarse la recuperación de los días afectados.

Si la compañía sanciona o despide a una persona por no contestar durante sus vacaciones, la decisión puede impugnarse. El plazo es también de 20 días hábiles desde que se comunica la sanción o el cese.

España e Italia comparten una estructura económica similar, marcada por el peso del turismo, la agricultura, las pequeñas y medianas empresas y la industria manufacturera. Sin embargo, sus resultados económicos se han alejado durante la última década. “¿Por qué España crece y nosotros no?”, plantea la periodista italiana Milena Gabanelli, que atribuye la diferencia a una mayor continuidad política, un mercado laboral más dinámico, la gestión de la inmigración, el avance de las energías renovables y un entorno más estable para las empresas.

Gabanelli expuso esta comparación en una intervención en el informativo TgLa7 y la desarrolló junto a Francesco Tortora en un análisis publicado en Dataroom, la sección de Corriere della Sera. Su argumento no es que los distintos gobiernos españoles hayan aplicado las mismas políticas, sino que, pese a la alternancia entre el Partido Popular y el PSOE, algunas reformas se han mantenido y completado en lugar de ser sustituidas continuamente.

“En 15 años, España ha tenido solo dos presidentes del Gobierno, Rajoy y Sánchez; Italia, siete presidentes del Consejo”, destaca la periodista. Durante ese periodo, añade, la economía española redujo el desempleo en diez puntos, creció a un ritmo medio del 2,1% y recuperó poder adquisitivo en los salarios, mientras que Italia avanzó menos y sufrió una pérdida mucho mayor de capacidad de compra.

Más continuidad en el mercado laboral

Gabanelli sitúa el inicio de esa evolución en la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012, que flexibilizó las condiciones de los despidos. Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, explica, no eliminó por completo ese marco, pero incorporó otras medidas, entre ellas las subidas del salario mínimo y mayores restricciones a los contratos temporales.

El resultado, resume, es que “en diez años, el desempleo ha bajado diez puntos, el crecimiento ha sido del 2,1% y los salarios han ganado un 1,2% de poder adquisitivo respecto a 2019”. La periodista contrapone esta evolución con la italiana, donde el paro descendió seis puntos y el crecimiento se limitó al 1%.

La mayor diferencia aparece en los salarios. Mientras España recuperó el nivel previo a la pandemia, en Italia “el poder adquisitivo de los salarios se ha desplomado un 8% respecto a los niveles anteriores a la covid”, afirma.

Gabanelli relaciona estos resultados con la sucesión de reformas y contrarreformas italianas. El Gobierno de Matteo Renzi flexibilizó los despidos con el Jobs Act; Paolo Gentiloni eliminó los vales de trabajo; el primer Ejecutivo de Giuseppe Conte restringió los contratos temporales; y Giorgia Meloni volvió a flexibilizarlos y recuperó esos vales.

Frente a esa inestabilidad, la periodista observa una mayor continuidad en España, aunque las políticas de Rajoy y Sánchez respondieran a orientaciones diferentes.

Inmigración y falta de trabajadores

La gestión de la inmigración laboral es otro de los factores que separa a ambos países. “Los empresarios en España pueden solicitar la contratación de extracomunitarios en cualquier momento”, señala Gabanelli.

En Italia, por el contrario, las empresas deben recurrir a cuatro jornadas de solicitud al año, conocidas como click days, que, según la periodista, funcionan “poco y mal”. Este sistema dificulta que las compañías incorporen trabajadores extranjeros cuando necesitan cubrir puestos vacantes.

El análisis de Dataroom añade que España cuenta con una ventaja para integrar a la población procedente de América Latina, debido al idioma compartido y a los vínculos culturales. Gabanelli y Tortora presentan la inmigración como una respuesta más accesible a la escasez de mano de obra, no como la única explicación del crecimiento español.

Electricidad más barata e inversión extranjera

La energía constituye otra diferencia relevante. Gabanelli reconoce que España dispone de centrales nucleares, pero pone el foco en las inversiones realizadas desde 2018 en fuentes renovables. Según el análisis de Dataroom, estas tecnologías generan alrededor del 55% de la electricidad española y han reducido el peso del gas y el carbón en la formación de los precios.

“El megavatio hora cuesta la mitad que en Italia”, resume la periodista. La diferencia supone una ventaja directa para las empresas que consumen grandes cantidades de electricidad y también reduce la presión de los costes energéticos sobre los hogares.

Ese entorno ayuda, según Gabanelli, a explicar por qué “también las inversiones extranjeras prefieren España”. Durante la última década, el país captó 304.000 millones de euros procedentes del exterior, frente a los 191.000 millones recibidos por Italia. Estas inversiones generaron 72.000 puestos de trabajo en España y 40.000 en el país transalpino, de acuerdo con los datos recogidos por Dataroom.

La periodista atribuye la distancia a razones principalmente prácticas: una red de banda ancha más extendida, un sistema fiscal más previsible y una justicia civil más rápida. “Nosotros hemos cambiado 50 normas en cinco años”, lamenta sobre Italia.

A esa inestabilidad regulatoria se suma la duración de los litigios. “Las causas civiles se cierran de media en tres años; en Italia hacen falta seis”, explica. Para una empresa que debe decidir dónde instalarse o realizar una inversión, la seguridad de las reglas y los tiempos judiciales pueden resultar determinantes.

Aunque Gabanelli no presenta a España como una economía sin problemas, su conclusión es que dos países con bases productivas parecidas han obtenido resultados distintos por la combinación de decisiones acumuladas durante años: mayor continuidad política, más capacidad para incorporar trabajadores, electricidad más barata y condiciones más previsibles para invertir. “Al final, todo se explica”, concluye.

Que una vivienda aparezca en el Catastro o en el Registro de la Propiedad y tenga contratados suministros básicos no garantiza que sea completamente legal desde el punto de vista urbanístico. El arquitecto Juan Goñi ha advertido sobre esta situación en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @juangoniarquitecto, donde explica las limitaciones que afectan a miles de inmuebles en Andalucía.

“Tu casa puede estar en catastro, en registro, tener luz, tener agua y no ser legal”, señala Goñi. Según la cifra aportada por el arquitecto, unas 300.000 viviendas de la comunidad se encuentran en situación de asimilado a fuera de ordenación, conocida por las siglas AFO.

Qué significa que una vivienda esté en situación de AFO

“Tramitar ese AFO, que se le llama, ese asimilado a fuera de ordenación, te permite regularizarla, hacer obras de conservación y mantenimiento, pero limita tus derechos”, explica Goñi.

En Andalucía, donde Goñi sitúa las 300.000 viviendas afectadas, el reconocimiento corresponde al ayuntamiento del municipio en el que se encuentra el inmueble. Puede concederse a construcciones terminadas que presentan irregularidades urbanísticas y sobre las que ya no es posible adoptar medidas para recuperar la legalidad, como exigir su demolición o la corrección de las obras realizadas.

La declaración municipal deja constancia oficial de las condiciones en las que se encuentra el edificio y permite autorizar determinadas actuaciones. Entre ellas figuran las obras necesarias para garantizar su seguridad, salubridad y conservación. También puede facilitar, bajo ciertas condiciones, la contratación de servicios básicos o la inscripción de la situación del inmueble en el Registro de la Propiedad.

No obstante, las posibilidades de reforma son limitadas. La normativa permite principalmente las intervenciones indispensables para conservar la vivienda y mantener sus condiciones de habitabilidad. No da libertad, por tanto, para ampliarla, modificarla sustancialmente o realizar cualquier tipo de obra.

Regularizar no es lo mismo que legalizar

La principal advertencia del arquitecto es que no debe confundirse el reconocimiento administrativo con la legalización completa de la vivienda. “El AFO regulariza, pero no legaliza”, insiste.

La normativa andaluza también establece expresamente esta diferencia: la declaración de asimilado a fuera de ordenación “no supone su legalización” y tampoco da derecho a obtener una licencia de ocupación o utilización.

“AFO no significa legal, significa situación reconocida y, muy importante, limita lo que puedes hacer”, advierte Goñi. El inmueble continúa sometido a un régimen urbanístico particular que puede afectar a las obras permitidas y sus usos futuros.

Qué comprobar antes de comprar una casa

El arquitecto recomienda analizar toda la documentación urbanística antes de cerrar una operación. La referencia catastral sirve principalmente para identificar el inmueble y calcular determinados impuestos, mientras que su inscripción registral acredita derechos de propiedad, pero ninguno de estos elementos sustituye por sí solo a una licencia urbanística.

Por este motivo, antes de comprar, resulta importante solicitar información en el ayuntamiento, comprobar las licencias disponibles y revisar si existe una resolución de AFO, así como las restricciones que incluye. “Antes de comprar, tienes que ver todas estas cosas”, concluye el arquitecto.

Ascender dentro de una empresa suele implicar un cargo mejor, más responsabilidad y, habitualmente, una subida salarial o nuevos incentivos. Sin embargo, esa mejora profesional ya no compensa necesariamente cuando obliga a trabajar con más presión, perder flexibilidad o disponer de menos tiempo para la vida personal. Casi seis de cada diez directivos y altos responsables europeos aseguran que rechazarían una promoción si perjudicara su bienestar.

El dato aparece en el informe Executive Compensation & Talent Trends 2026, elaborado por Page Executive a partir de una encuesta internacional realizada entre noviembre y diciembre de 2025. La investigación recoge las respuestas de más de 14.000 ejecutivos y profesionales de alta dirección, entre ellos 493 participantes españoles.

La encuesta no pregunta directamente cuánto dinero estarían dispuestos a perder, pero sí muestra que, incluso entre profesionales situados en los niveles mejor pagados de las empresas, ascender deja de percibirse como una mejora cuando el coste es vivir peor.

La conciliación pesa más que el salario al cambiar de puesto

Cuando los directivos valoran la posibilidad de cambiar de cargo, lo que más temen perder no es su sueldo. El 40% menciona las relaciones que ya mantiene con sus compañeros y responsables, mientras que el 37% señala la conciliación o la flexibilidad laboral.

También pesan la familiaridad con las tareas actuales, citada por el 34%; la comodidad del lugar de trabajo o del desplazamiento diario, con un 32%; y la seguridad y estabilidad en el empleo, con un 29%. El salario y los beneficios aparecen después, mencionados por el 28% de los encuestados.

Un ascenso puede significar cobrar más, pero también alargar la jornada, estar disponible fuera de horario, asumir conflictos de equipo, desplazarse con mayor frecuencia o cargar con decisiones que antes correspondían a otra persona.

El informe agrupa estas preocupaciones y concluye que los factores relacionados con la cultura laboral alcanzan un peso del 76%, frente al 38% de los elementos económicos o vinculados a la progresión profesional. Las categorías pueden solaparse, pero la diferencia refleja que la calidad del entorno de trabajo pesa más que avanzar en el organigrama.

El sueldo continúa siendo importante. El 44% de los ejecutivos europeos considera que una remuneración competitiva es uno de los principales elementos de satisfacción laboral. No obstante, Page Executive concluye que el dinero no basta cuando fallan la confianza en la dirección, la cultura interna, la transparencia o el apoyo al bienestar.

Entre las condiciones más valoradas por los directivos europeos se encuentran el trabajo flexible o híbrido, elegido por el 33%; la posibilidad de trabajar completamente en remoto o desde cualquier lugar, con un 25%; y los programas de salud y bienestar, con un 15%.

Cuatro de cada diez directivos españoles exigen flexibilidad

La tendencia también aparece en los resultados específicos de España. Cuatro de cada diez directivos españoles consideran la flexibilidad un elemento decisivo al valorar una nueva oportunidad profesional. Además, un tercio reconoce haber buscado otro empleo por su desacuerdo con determinadas decisiones tomadas por la dirección.

El 45% de los ejecutivos y altos responsables españoles se plantea actualmente un cambio profesional y el 30% no espera continuar en su puesto más de un año. Al mismo tiempo, solo el 63% se muestra satisfecho con su remuneración.

Los resultados del informe apuntan a un cambio en la forma de entender la carrera profesional. Subir de categoría, cobrar más o acumular responsabilidades ya no se interpreta necesariamente como vivir mejor. También para quienes ocupan los puestos más altos, una promoción puede convertirse en un retroceso cuando supone menos autonomía, peor conciliación y una desconexión digital inexistente.

El verano multiplica la carga de trabajo en hoteles, restaurantes, terrazas, comercios de zonas turísticas, piscinas y lugares de ocio. La temporada alta obliga a las empresas a reorganizar los turnos y las tareas de sus plantillas para poder asumir el aumento de la clientela. Eso no significa, sin embargo, que la compañía pueda eliminar descansos y días libres o prolongar la jornada cada vez que aumenta la actividad.

“La empresa puede organizar el trabajo y adaptar los cuadrantes dentro de los márgenes establecidos en el contrato y en el convenio colectivo”, explica a Infobae Alejandro de Paz Martín, abogado laboralista de dPG Legal. Pero esa capacidad tiene límites: “Lo que no puede hacer es ampliar unilateralmente la jornada, suprimir descansos o alterar de manera sustancial y permanente el horario o el sistema de turnos alegando simplemente que existe más actividad”.

La compañía puede repartir de manera irregular una parte de la jornada anual cuando así lo permita el convenio o exista un acuerdo. Si no hay ningún pacto específico, esta distribución puede afectar como máximo al 10% de las horas anuales. Además, debe comunicarse con al menos cinco días de antelación y respetar siempre los descansos.

Cuándo un cambio de turno supera los límites

No es lo mismo mover un turno de forma puntual que modificar durante semanas o meses el horario habitual, la duración de la jornada o el sistema de trabajo. Cuando el cambio afecta de manera relevante a estas condiciones, puede considerarse una modificación sustancial.

En ese caso, la empresa debe justificar la decisión por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas y seguir el procedimiento legal. Si la medida afecta individualmente a un trabajador, debe comunicarla por escrito con una antelación mínima de 15 días.

La persona afectada puede impugnarla en los 20 días hábiles siguientes a la notificación. Mientras se resuelve el conflicto, el cambio se aplica, pero el juzgado puede considerarlo injustificado y ordenar que se recuperen las condiciones anteriores. También puede reconocer una compensación por los perjuicios ocasionados.

De Paz señala que, en determinados supuestos, un trabajador perjudicado por un cambio que sí esté justificado puede solicitar la extinción de su contrato con una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, hasta un máximo de nueve mensualidades.

Los descansos siguen siendo obligatorios

La temporada alta tampoco justifica encadenar jornadas sin respetar los tiempos de descanso obligatorio. Entre el final de un turno y el comienzo del siguiente deben pasar, como mínimo, 12 horas. La jornada ordinaria no puede superar, con carácter general, las nueve horas diarias de trabajo efectivo. Un convenio o acuerdo colectivo puede establecer otro reparto, pero debe mantener el descanso mínimo entre jornadas.

Cuando se trabaja de manera continuada durante más de seis horas, debe existir una pausa de al menos 15 minutos. Ese descanso solo cuenta como tiempo trabajado cuando así lo establece el convenio colectivo o el contrato. También debe respetarse un descanso semanal mínimo de día y medio seguido. Este puede acumularse en periodos de hasta 14 días, aunque algunos sectores cuentan con reglas especiales.

Cómo deben compensarse las horas extra

Si un turno se prolonga más allá de la jornada pactada, esas horas extra no pueden desaparecer. Deben pagarse según lo establecido en el convenio o en el contrato, y su valor nunca puede ser inferior al de una hora ordinaria. También pueden compensarse con el mismo tiempo de descanso retribuido.

Cuando no existe un acuerdo sobre cómo compensarlas, se entiende que deben devolverse mediante descanso dentro de los cuatro meses siguientes.

Si la empresa no reconoce esas horas, el trabajador puede reclamar su pago durante el plazo general de un año desde que debieron abonarse. Para acreditar la jornada realizada, puede aportar cuadrantes, mensajes, correos electrónicos, registros de acceso, cierres de caja, conexiones informáticas o declaraciones de testigos.

“La ausencia de un registro fiable no supone que cualquier número de horas alegado quede automáticamente acreditado, pero coloca a la empresa en una posición probatoria muy desfavorable”, señala De Paz, porque es la compañía la que debe registrar cada día el comienzo y el final de la jornada.

Incumplir las normas sobre jornada, descansos, horas extraordinarias o registro horario constituye una infracción grave y puede castigarse con multas de entre 751 y 7.500 euros.

Miles de paneles producen electricidad a pleno rendimiento en una mañana soleada. La energía entra al sistema al mismo tiempo desde decenas de plantas, la oferta supera con mucho a la demanda y el precio mayorista se desploma. En algunas horas llega a cero y, en otras, cae incluso por debajo. Hay tanta electricidad disponible -y tan poca capacidad para almacenarla- que algunos productores aceptan precios negativos para que su energía sea absorbida por el mercado.

La pérdida de rentabilidad de la energía solar en España ha entrado en una nueva fase. Ya no se manifiesta únicamente en precios bajos, recortes de producción o ingresos inferiores a los previstos. Según Bloomberg, al menos cuatro proyectos o compañías españolas se han puesto a la venta, pero la diferencia entre lo que pretenden cobrar sus propietarios y lo que están dispuestos a pagar los compradores ha frenado varias operaciones.

El problema nace de una contradicción. España ha conseguido desplegar energía solar a gran velocidad y abaratar la electricidad durante las horas de mayor producción, algo beneficioso para millones de consumidores. Sin embargo, las baterías, las redes eléctricas y la demanda no han aumentado al mismo ritmo. El resultado es que algunas plantas generan cada vez más energía, pero ingresan menos por ella y pierden valor ante posibles compradores.

Más electricidad, pero menos ingresos

Durante los últimos 15 años, fondos de capital riesgo, bancos y grandes eléctricas han invertido más de 80.000 millones de dólares en el sector renovable español, tal y como recoge Bloomberg. La expansión convirtió al país en uno de los mercados europeos con mayor crecimiento de estas tecnologías y llevó a la solar fotovoltaica a adelantar a la eólica en febrero de 2025 como la fuente con mayor potencia instalada en España.

Sin embargo, esta tecnología produce la mayor parte de energía prácticamente al mismo tiempo. A mediodía, cuando el sol alcanza su punto más alto, numerosas plantas inyectan grandes cantidades de energía en la red. Si hogares, empresas e industrias no consumen toda esa electricidad y no existen baterías suficientes para guardarla, el precio cae.

Los precios negativos se producen cuando sobra tanta electricidad que algunos generadores aceptan pagar para que su producción sea absorbida por el mercado. No significa que la factura de todos los consumidores pase automáticamente a ser negativa, sino que en el mercado mayorista hay horas en las que la energía tiene un valor inferior a cero.

Antes de terminar el primer semestre de 2026, España ya había superado el número de horas con precios negativos registrado durante todo 2025, de acuerdo con la información publicada por la agencia financiera.

Para una planta solar, producir más no garantiza ganar más. Aunque venda una mayor cantidad de electricidad, sus ingresos pueden disminuir si el precio medio que obtiene por ella cae lo suficiente. Esa diferencia entre producción y facturación está deteriorando las previsiones sobre las que se financiaron algunos proyectos.

Activos a la venta y operaciones bloqueadas

Para ejemplificar la situación, Bloomberg menciona que la promotora española Arena Green Power y la gestora de activos renovables Matrix Renewables han sido ofrecidas a potenciales compradores. La empresa privada RIC Sun España también estuvo a la venta, aunque ha detenido el proceso mientras trabaja para incorporar baterías a sus parques. En esta línea, Iberdrola habría retrasado algunas ventas de activos después de recibir ofertas que consideraba demasiado bajas.

Hay una distancia evidente entre las valoraciones de vendedores y compradores. Los propietarios calculan el valor de sus instalaciones a partir de la inversión realizada y de los ingresos que esperaban obtener durante años. Los posibles compradores, en cambio, descuentan el riesgo de que continúen las horas con precios cero o negativos, las restricciones de producción y la falta de capacidad para almacenar la energía.

Daniel Pérez, responsable de la empresa energética pública catalana L’Energètica, explica a Bloomberg que el deterioro de las condiciones económicas está llevando a algunos inversores a intentar abandonar el sector aceptando fuertes descuentos. No se trata necesariamente de una oleada de ventas cerradas, sino de activos puestos en el mercado que no encuentran comprador al precio esperado.

Solaria, el ejemplo de producir más y cobrar menos

La evolución de Solaria resume la paradoja. Su producción solar aumentó casi un 50% durante los tres primeros meses del año, mientras que el precio medio obtenido por esa electricidad cayó alrededor de un 20% en el mismo periodo.

Al mismo tiempo, BlackRock Advisors y al menos otras cuatro firmas de inversión han tomado posiciones bajistas sobre la compañía, es decir, han realizado operaciones con las que obtendrían beneficios si sus acciones pierden valor, según Bloomberg. Estas apuestas no significan por sí solas que Solaria vaya a registrar pérdidas, pero sí reflejan que una parte del mercado espera una evolución desfavorable de su cotización.

Solaria intenta reducir esa dependencia de la venta inmediata de electricidad. La empresa ha captado 300 millones de euros para adquirir baterías, que permitirían guardar la energía generada durante las horas centrales del día y venderla después, cuando baja la producción solar y el precio suele ser más alto. También estudia desarrollar centros de datos, que actuarían como grandes consumidores cercanos a sus plantas.

El papel clave de la red eléctrica

El problema no es únicamente cuánta electricidad se produce, sino qué puede hacerse con ella. La capacidad solar ha avanzado más rápido que el almacenamiento, las redes, las interconexiones y el crecimiento de la demanda.

Una batería permite desplazar la electricidad en el tiempo: la guarda al mediodía y la devuelve a la red por la noche. Una red más amplia y reforzada permite moverla en el espacio: trasladarla desde una zona con exceso de generación hasta otra donde hogares o industrias la necesitan. Sin esas dos capacidades, parte de la producción queda atrapada en el lugar y en el momento en el que se genera.

Cuando la red no puede absorber toda la energía, el operador puede ordenar recortes o desconexiones temporales. Estas restricciones obligan a una planta a reducir su producción aunque haya sol y capacidad técnica para generar, por lo que parte de la electricidad potencial termina desaprovechándose.

Bloomberg sostiene que Red Eléctrica ha intensificado desde el apagón que afectó a España y Portugal en abril de 2025 las órdenes para reducir la producción o desconectar temporalmente algunas instalaciones solares. La agencia relaciona esta mayor cautela con la necesidad de mantener estable el sistema, pero no atribuye a la energía solar la causa directa del apagón.

La red necesita mantener estables la frecuencia y la tensión para que la electricidad circule con normalidad. Las grandes centrales con turbinas han contribuido tradicionalmente a sostener ese equilibrio, mientras que una presencia cada vez mayor de energía solar exige más control y otros mecanismos de respaldo.

Miles de millones para adaptar el sistema

El Gobierno de España considera que la situación es transitoria y ha autorizado una inversión adicional de 17.900 millones de euros en las redes de transporte y distribución eléctrica hasta 2030. La medida pretende facilitar la conexión de nuevos consumos industriales, viviendas y transporte electrificado, además de reforzar la seguridad y la resiliencia del sistema.

A esta ampliación de las redes se suma el impulso al almacenamiento. En 2025, el Ministerio para la Transición Ecológica lanzó una convocatoria de 700 millones de euros para financiar proyectos a gran escala, entre ellos instalaciones de baterías, bombeo reversible y sistemas térmicos.

El reto ahora es que estas inversiones lleguen a tiempo y permitan absorber una capacidad solar que sigue creciendo más rápido que las infraestructuras necesarias para aprovecharla.

El proceso extraordinario de regularización de migrantes ya ha incorporado a 262.475 personas a la Seguridad Social y también se ha reflejado en los registros del paro. Mientras la afiliación alcanzó en julio un nuevo máximo de 22.508.065 cotizantes medios, el desempleo aumentó en 19.517 personas, de las que 15.535 eran extranjeras.

La regularización tiene así un doble efecto sobre las estadísticas laborales. Quienes ya trabajaban, pero no podían figurar legalmente de alta, pasan a cotizar a la Seguridad Social. Al mismo tiempo, quienes buscan un puesto de trabajo pueden inscribirse en las oficinas públicas de empleo, un derecho al que antes no tenían acceso por carecer de autorización administrativa.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha atribuido principalmente a este proceso el aumento del paro registrado en julio. El desempleo entre las personas extranjeras creció un 4,54%, hasta alcanzar las 357.621, y concentró cerca del 80% de la subida mensual. Los datos disponibles, no obstante, no detallan cuántas de esas 15.535 nuevas inscripciones corresponden exactamente a personas recién regularizadas.

Más de 262.000 migrantes regularizados ya cotizan

A 30 de julio, un total de 262.475 personas incorporadas mediante la regularización extraordinaria figuraban de alta en la Seguridad Social. La mayoría, 213.883 -el 81,5%-, estaba encuadrada en el Régimen General. Otras 21.719 trabajaban en el Sistema Especial Agrario, 14.054 en el Sistema Especial de Empleados de Hogar, 12.675 eran autónomas y 144 cotizaban en el Régimen del Mar.

Madrid concentraba el mayor número de regularizados en alta, con 51.844. Le seguían Cataluña, con 46.839; Andalucía, con 33.211, y la Comunidad Valenciana, con 31.690. Entre las cuatro reunían 163.584 personas, más del 62% del total.

La cifra de 262.475 no equivale a nuevos puestos de trabajo creados durante julio. Es un dato acumulado hasta el día 30 y parte de estas personas podía estar ya trabajando previamente de manera informal, aunque su actividad no figurara en los registros oficiales. La regularización permite que esos empleos afloren administrativamente y comiencen a generar cotizaciones.

Los cotizantes extranjeros sostienen el aumento de la afiliación

La afiliación a la Seguridad Social ganó en julio 41.727 ocupados y alcanzó los 22.508.065 afiliados medios. Es la primera vez que el sistema supera los 22,5 millones de cotizantes en la serie original. En comparación con julio del año pasado, cuenta con 642.562 trabajadores más, un incremento superior al 2,9%.

Una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, el crecimiento fue incluso mayor. La serie desestacionalizada sumó 79.567 afiliados en un mes, hasta alcanzar los 22.288.120 ocupados, y acumula 66 meses consecutivos de avances.

El conjunto de los trabajadores extranjeros tuvo un peso determinante en esta evolución, más allá de las personas incorporadas mediante el proceso extraordinario. El colectivo alcanzó un máximo de 3.512.223 afiliados medios, después de sumar 66.046 en julio y 420.875 durante el último año. Su aumento mensual fue superior al registrado por el conjunto del sistema y representa ya el 15,6% de todos los cotizantes.

Los 66.046 afiliados extranjeros adicionales no corresponden exclusivamente a personas recién regularizadas. La cifra incluye la evolución mensual de todo el colectivo, y el Ministerio de Inclusión no especifica qué parte concreta procede del proceso extraordinario.

El paro aumenta en julio 19.517 personas

El paro registrado aumentó en julio en 19.517 personas, un 0,85% respecto a junio, hasta situarse en 2.311.499 desempleados, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

El aumento contrasta con el registrado un año antes, cuando el desempleo disminuyó en julio en 1.357 personas. Pese al repunte mensual, actualmente hay 93.107 parados menos que en julio de 2025, lo que supone una caída interanual del 3,87%. El total sigue siendo, además, el más bajo para este mes desde 2007.

La subida también se mantiene una vez corregidos los efectos estacionales y de calendario. En términos desestacionalizados, el número de desempleados aumentó en 18.249 personas, por lo que la subida mensual no se explica únicamente por los movimientos habituales del mercado laboral durante el verano.

Aumenta sobre todo en los servicios y entre quienes figuran sin empleo anterior

El paro creció en julio en todos los sectores económicos. Los mayores aumentos se produjeron entre las personas sin empleo anterior, con 8.268 desempleados más, un 3,65%, y en los servicios, con 8.221 más, un 0,50%. Ambos grupos explican conjuntamente casi el 85% del incremento mensual.

También aumentó en la construcción, con 2.433 parados más; en la industria, con 473; y en la agricultura, con 122. Los servicios siguen concentrando la mayor parte del desempleo registrado, con 1.667.724 personas, seguidos por el colectivo sin empleo anterior, que reúne a 234.757.

Trabajo vincula especialmente el aumento entre quienes figuran sin empleo anterior con el proceso de regularización. Según el ministerio, la obtención de la autorización permite que personas que ya residían en España se inscriban por primera vez en las oficinas públicas de empleo.

La categoría “sin empleo anterior” no significa necesariamente que nunca hayan trabajado. Parte de esas personas podía haber desarrollado previamente una actividad informal que no constara en los registros administrativos. Su incorporación al SEPE puede elevar el paro registrado sin que se haya producido necesariamente una destrucción equivalente de puestos de trabajo.

El paro sube entre los mayores de 25 años y en 14 comunidades

El aumento del desempleo se concentró prácticamente por completo entre las personas mayores de 25 años, cuyo número creció en 19.755, un 0,93%. En cambio, el paro juvenil descendió en 238 personas, hasta quedar en 159.562 menores de 25 años, el nivel más bajo de la serie histórica.

Por sexos, el desempleo masculino aumentó en 11.810 personas, hasta las 915.483, mientras que el femenino creció en 7.707, hasta alcanzar las 1.396.016. Las mujeres continúan representando alrededor del 60% de las personas inscritas como paradas, aunque el descenso interanual es mayor entre ellas: un 4,38%, frente al 3,08% registrado entre los hombres.

La subida también fue generalizada territorialmente. El paro aumentó en 14 comunidades autónomas y solo bajó en Andalucía, con 9.661 desempleados menos; Extremadura, con 767 menos, y Cantabria, con una reducción de 250 personas. Los mayores incrementos se registraron en Cataluña, con 7.705 parados más; la Comunidad Valenciana, con 7.021, y Madrid, con 3.822.

La educación pierde más de 124.000 afiliados

Por actividades, el mayor aumento mensual de la afiliación en el Régimen General se produjo en las actividades sanitarias y de servicios sociales, con más de 57.000 trabajadores adicionales. También crecieron el comercio, la hostelería, las administraciones públicas y las actividades administrativas. En sentido contrario, la educación perdió más de 124.000 afiliados, una caída vinculada al final del curso académico.

En términos interanuales, la afiliación creció con más fuerza en la construcción, con un 7,3%; la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, con un 6,8%; y las actividades de edición, radiodifusión y producción de contenidos, con un 5,9%.

El número de autónomos se situó en 3.472.357, prácticamente sin cambios respecto a junio, aunque con 57.984 trabajadores más que hace un año.

Durante julio también se registraron 1.587.141 contratos. De ellos, 617.211 fueron indefinidos, el 38,89% del total, y 969.930 tuvieron carácter temporal. Entre los indefinidos, 250.540 fueron a jornada completa, 150.201 a tiempo parcial y 216.470 fijos discontinuos.

Llegar antes a la oficina porque hay una reunión, conectarse desde casa para responder correos o alargar la jornada hasta terminar una tarea son prácticas habituales entre los trabajadores españoles. Sin embargo, no todos ven reflejado ese esfuerzo en su nómina. Para quienes hacen horas extra sin cobrarlas, estas situaciones suman una media de 5,8 horas a la semana. Al cabo de un año, son cerca de 302 horas: el equivalente a 37,7 jornadas de ocho horas o algo más de siete semanas y media de trabajo a jornada completa.

En España, unas 436.000 personas trabajan semanalmente horas extraordinarias por las que no reciben salario ni descanso compensatorio, según el informe El abuso de las horas extra no pagadas en España, elaborado por el Gabinete Económico de CCOO a partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Estas personas representan el 2,3% de todos los asalariados del país.

Para cada trabajador afectado, esas horas suponen un coste laboral no abonado de 148 euros a la semana y 7.696 euros al año, de acuerdo con los cálculos del sindicato. Esta cantidad que no equivale al dinero neto que habría recibido en su cuenta, ya que incluye tanto el salario bruto como las cotizaciones sociales asociadas al tiempo trabajado.

Más de 132 millones de horas de trabajo sin pagar al año

Cada semana se realizan en España 6,43 millones de horas extraordinarias. De ellas, 2,54 millones, alrededor del 40%, no se pagan ni se compensan con tiempo de descanso. Al trasladar esta media semanal al conjunto del año, el resultado supera los 132 millones de horas de trabajo no remunerado.

El problema afecta a casi la mitad de quienes prolongan su jornada. En España, 924.000 asalariados hacen horas extra cada semana, el 5% del total. De ellos, 436.000, el 47,1%, realizan horas extraordinarias por las que no reciben compensación.

CCOO calcula que el volumen de horas extraordinarias realizadas en España, tanto pagadas como no pagadas, equivale a 171.000 empleos a jornada completa. Solo las horas que quedan sin remunerar representarían el trabajo correspondiente a unos 68.000 puestos completos.

Se trata de una equivalencia en número de horas, no de una estimación de los contratos que podrían crearse de forma automática. Ese tiempo está repartido entre distintas empresas, sectores, profesiones y momentos del año, pero permite dimensionar cuánto trabajo adicional se cubre mediante la prolongación de las jornadas existentes.

En conjunto, el sindicato calcula que las horas extra no pagadas representan 3.378 millones de euros al año. Esa cantidad incluye los salarios brutos que los trabajadores dejan de percibir, las cotizaciones sociales que no se ingresan y los impuestos vinculados a esas remuneraciones. Por tanto, CCOO sostiene que esta práctica perjudica tanto a los empleados como a los ingresos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria.

Educación concentra una de cada cinco horas extra gratuitas

La distribución del problema cambia según el criterio utilizado. Si se analiza el volumen total de horas, la educación es el sector que concentra una mayor parte: el 19,5% de todas las horas extra no pagadas. Le siguen la industria manufacturera, con el 9,9%; las actividades profesionales, científicas y técnicas, con el 9,8%; y la hostelería, con el 8,9%.

El orden es diferente cuando se observa qué proporción de los trabajadores de cada actividad está afectada. Las actividades financieras y de seguros encabezan esta clasificación: el 6,5% de sus asalariados hace horas extra sin cobrar. A continuación aparecen la educación, con un 5,2%, y las actividades de edición, radiodifusión y producción y distribución de contenidos, con un 4,9%.

Este último grupo registra, además, la mayor intensidad entre quienes soportan jornadas prolongadas sin cobrar. Los afectados realizan una media de 8,5 horas extra gratuitas a la semana, más de una jornada laboral adicional. Si se traslada esa media al conjunto del año, suma unas 442 horas, equivalentes a cerca de once semanas de trabajo de 40 horas.

También superan la media general los empleados afectados en la hostelería, con 7,5 horas semanales; en el transporte y almacenamiento, con 7; en las actividades profesionales, científicas y técnicas, con 6,9; en la educación, con 6,7; y en la construcción, con 6,6.

El informe señala que las horas extra no pagadas continúan siendo una práctica extendida en nuestro país pese a la existencia del registro obligatorio de jornada. En la práctica, cientos de miles de empleados siguen entregando cada año semanas enteras de su tiempo y su trabajo a empresas que se benefician de esas horas sin pagarlas.

La Bolsa española ha abierto este lunes, primera sesión bursátil de agosto, con una subida del 0,68%, que situó al Ibex 35 en los 19.917,7 puntos. El mercado arrancó impulsado por la fuerte caída del precio del petróleo y por la expectativa de que Estados Unidos e Irán retomen las conversaciones durante la tarde.

En la primera media hora de negociación, el selectivo llegó a avanzar algo más de un 0,9% y alcanzó un nuevo máximo histórico intradía de 19.970,9 puntos, por encima de los 19.953,5 que había tocado el viernes. El índice se quedó así a menos de 30 puntos de conquistar por primera vez la barrera de los 20.000.

Las principales bolsas europeas también comenzaron la jornada con ganancias. Fráncfort abrió con un alza del 1,10%; París, del 0,98%; Milán, del 0,68%; y Londres, del 0,08%. El tono positivo de los mercados europeos coincidió con el descenso de las cotizaciones del crudo, aunque la intensidad de la caída continúa variando durante la mañana.

El petróleo cae ante la expectativa de nuevas negociaciones

El barril de Brent, referencia en Europa, cotizaba hacia las 9:30 horas en 83,64 dólares, un 4,88% por debajo del cierre del viernes. El West Texas Intermediate (WTI), utilizado como referencia en Estados Unidos, perdía casi un 6% y se situaba en 79,73 dólares.

La caída responde a la posibilidad de que Washington y Teherán alcancen un entendimiento que permita reabrir el estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo. El temor a que quedara bloqueado contribuyó a elevar el precio de la energía durante las últimas semanas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo que Washington e Irán retomarían las conversaciones este lunes y aseguró que había suspendido un ataque contra el país. Según explicó a los periodistas a bordo del Air Force One, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar e Irán le habían pedido que cancelara la ofensiva ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo, según informa Europa Press.

Trump sostuvo además que existe un entendimiento sobre la reapertura del estrecho de Ormuz y que las negociaciones podrían extenderse al programa nuclear iraní. Sin embargo, responsables políticos y militares de Irán negaron que se hubiera alcanzado ya un pacto. Fuentes del equipo negociador iraní citadas por la agencia semioficial Fars aseguraron que el estrecho continuará cerrado mientras persistan las acciones hostiles de Estados Unidos.

Repsol retrocede más de un 2%

La caída del precio del petróleo ha penalizado especialmente a Repsol, que retrocedía más de un 2% durante los primeros compases de la sesión. Un precio más bajo del crudo reduce las expectativas de ingresos de las compañías petroleras.

En el lado contrario, ArcelorMittal encabezaba las ganancias del Ibex con una subida del 2,8%, seguida de Acerinox, con un 2,3%, y Amadeus, con un 2,25%. También avanzaban algunos de los valores con mayor peso en el índice: BBVA ganaba un 1,86%; Santander, un 1,33%; e Inditex, un 1,28%. Iberdrola, en cambio, registraba un ligero descenso.

El Ibex llega a agosto después de cerrar su cuarto mes consecutivo de ganancias y acumula una revalorización del 15,16% desde el comienzo del año. Durante la jornada, los inversores también estarán pendientes de los indicadores PMI manufactureros de la eurozona y Estados Unidos, así como del ISM industrial estadounidense.

Mientras decenas de miles de personas intentaban alcanzar Ceuta desde Marruecos, a pocos kilómetros los ferris seguían transportando camiones y mercancías entre las dos orillas del Estrecho: piezas de automóvil, maquinaria, combustibles, ropa, frutas y productos pesqueros. La frontera volvía a convertirse el pasado jueves en un punto de máxima tensión política, pero seguía funcionando como uno de los principales corredores comerciales entre Europa y el norte de África.

La magnitud de la entrada irregular, con cifras nunca vistas hasta ahora, ha alimentado las sospechas sobre una posible relajación del control fronterizo marroquí, especialmente por el precedente de 2021. Sin embargo, no existen pruebas públicas concluyentes de que Rabat organizara o permitiera deliberadamente el movimiento migratorio. Tampoco se han anunciado represalias económicas. De hecho, las autoridades de ambos países reforzaron posteriormente la frontera y facilitaron el regreso a Marruecos ,- de buena parte de quienes habían cruzado.

Pero lo ocurrido deja al descubierto una relación de dependencia cruzada entre ambos países: España necesita la cooperación de Marruecos para controlar la frontera y gestionar los flujos migratorios, mientras Marruecos necesita a España para vender, atraer inversión y consolidarse como plataforma industrial próxima al mercado europeo. En 2024, ambos países intercambiaron mercancías por un valor récord de 22.693 millones de euros.

Además, España es desde 2012 el principal socio comercial de Marruecos, mientras el país magrebí ocupa el primer lugar entre los mercados africanos para las empresas españolas.

Una relación comercial multimillonaria que ha seguido creciendo

España cerró 2024 con un superávit comercial superior a los 3.000 millones de euros frente a Marruecos. Las exportaciones al país crecieron cerca de un 6% y alcanzaron un máximo histórico, según la Secretaría de Estado de Comercio. En conjunto, las empresas españolas vendieron a Marruecos bastante más de lo que compraron.

Aun así, su peso dentro del comercio exterior español es limitado. Las exportaciones de mercancías superaron los 384.000 millones de euros en 2024 y Marruecos concentró alrededor del 3,4% del total, algo más de tres de cada 100 euros vendidos al exterior. Una crisis prolongada golpearía a empresas y sectores concretos, pero España cuenta con una economía más diversificada y con mercados alternativos.

Para Marruecos, en cambio, la relación con España es clave en su economía. El informe anual de su Office des Changes, el organismo oficial que publica las estadísticas de comercio exterior del país, señala que Europa concentró el 62% del comercio exterior de Marruecos en 2024 y recibió más del 71% de sus exportaciones. Dentro de los intercambios con el continente, España fue su principal socio, con el 29,1% del total, por delante de Francia, que representó el 21%.

Los datos de la Comisión Europea confirman esa dependencia del mercado comunitario. En 2025, la UE absorbió el 33,2% de las exportaciones marroquíes y suministró el 34% de sus importaciones. El comercio de bienes entre las dos partes alcanzó los 62.200 millones de euros.

Fábricas conectadas a ambos lados del Estrecho

La relación va bastante más allá de la venta de tomates marroquíes en supermercados españoles o de gasolina española al otro lado de la frontera. Las dos economías forman parte de cadenas de producción compartidas, especialmente en la automoción, el textil, la maquinaria y los componentes eléctricos.

España exporta a Marruecos combustibles, bienes de equipo, maquinaria, metales, productos químicos y componentes que utilizan las fábricas instaladas allí. Marruecos, por su parte, vende a España vehículos, cableado eléctrico, piezas para automóviles, prendas de vestir, frutas, hortalizas y pescado.

En ocasiones, un mismo producto cruza varias veces el Estrecho: las materias primas o las piezas salen de España, se transforman o ensamblan en Marruecos y vuelven después para incorporarse a un vehículo, llegar a una tienda o continuar hacia otro país europeo.

El comercio entre Marruecos y la UE muestra hasta qué punto ha crecido la conexión industrial. En 2025, la maquinaria y el material de transporte representaron más de la mitad de las importaciones comunitarias procedentes de Marruecos, por delante de los alimentos y el textil. Se trata de una estructura más propia de una plataforma manufacturera que de un simple proveedor agrícola.

Por eso, una interrupción prolongada del comercio podría perjudicar a las empresas de ambos países. Las fábricas españolas que utilizan cableado o piezas fabricadas en Marruecos tendrían que asumir retrasos, buscar otros proveedores o pagar más por el transporte.

Los controles aduaneros adicionales también podrían afectar a los productos agrícolas y pesqueros marroquíes destinados a España y al resto de Europa, que necesitan llegar con rapidez para no perder valor ni estropearse.

España se juega inversiones y contratos futuros

Hay más de 350 empresas españolas instaladas en Marruecos, según el Gobierno, y sus inversiones generan 27.655 empleos en el país. Marruecos es además el principal destino de la inversión española en África, con un volumen acumulado próximo a los 2.000 millones de euros.

Esas compañías trabajan en sectores como la energía, el agua, la construcción, el transporte, la banca, la industria y los servicios. España, por tanto, se juega las ventas actuales y también su posición ante los grandes proyectos con los que Marruecos pretende modernizar sus infraestructuras durante los próximos años.

Uno de los ejemplos más claros es el ferrocarril. España ha aprobado más de 750 millones de euros de financiación para que Marruecos compre 40 trenes interurbanos, una operación diseñada para favorecer la participación de empresas españolas.

También hay intereses en la gestión del agua. Un consorcio liderado por Acciona participa en la construcción de la desaladora de Casablanca, que tendrá capacidad para producir 300 millones de metros cúbicos al año y cuenta con cerca de 340 millones de euros de respaldo financiero público español.

A estas oportunidades se suman las inversiones previstas para el Mundial de fútbol de 2030, que Marruecos organizará junto a España y Portugal. La construcción y mejora de aeropuertos, carreteras, hoteles y redes de telecomunicaciones abrirá contratos por los que competirán empresas de distintos países. Una pérdida de confianza política podría dejar a las compañías españolas en peor posición frente a sus competidoras.

Marruecos se juega su estrategia industrial

Marruecos lleva años presentándose ante las empresas europeas como una alternativa para producir cerca de la UE, con menores costes y conexiones marítimas rápidas. La proximidad permite reducir los tiempos respecto a Asia y mantener las mercancías a unas horas de los principales centros industriales españoles.

Para que esa estrategia funcione, necesita inversión, infraestructuras y estabilidad. Las multinacionales no eligen únicamente el país donde tendrán que abonar menores salarios: también calculan si podrán mover los productos sin interrupciones, si las normas serán previsibles y si los conflictos diplomáticos afectarán a sus operaciones.

Ahí está el límite de la presión que puede ejercer Marruecos sobre España. Rabat sabe que Madrid necesita su colaboración para controlar la frontera, pero utilizarla de forma recurrente como herramienta política puede tener un coste. Las empresas europeas podrían percibir el país como un destino menos estable y pensárselo más antes de instalar nuevas fábricas o realizar inversiones.

Los dos países se necesitan, pero no de la misma manera. España podría buscar otros mercados y proveedores si la relación comercial se deteriorara, aunque algunas empresas sufrirían el golpe. Para Marruecos sería más difícil sustituir a España y al mercado europeo. Aun así, Rabat conserva una baza que Madrid no puede ignorar: su capacidad para abrir o cerrar el paso en una frontera indispensable en la política migratoria española.

Más de 50.000 personas procedentes de Marruecos, muchas de ellas jóvenes, entraron en Ceuta entre el jueves y el viernes de esta semana por la frontera del Tarajal o a través del mar, poniendo en peligro su vida. Independientemente de las circunstancias concretas de cada caso, hay un dato que puede ayudar a entender el contexto de esta llegada masiva: Marruecos cerró 2025 con un paro juvenil del 37,2% y con una parte importante de su población trabajando sin contrato o sin cotizar.

Aunque Marruecos reconoce por ley un salario mínimo, una jornada máxima, vacaciones pagadas y protección frente al despido, muchos de estos derechos no llegan por igual a toda la población: la mayoría de las mujeres permanece fuera del mercado laboral y muchos empleados desarrollan su actividad al margen de la cobertura de la Seguridad Social.

Desde el 1 de enero de 2026, el salario mínimo de las actividades no agrícolas está fijado en 17,92 dírhams por hora, alrededor de 1,67 euros al cambio actual. Esto equivale a unos 3.423 dírhams brutos mensuales -cerca de 319 euros- para una jornada completa. En el campo, el mínimo asciende desde el 1 de abril a 97,44 dírhams diarios, unos 9,08 euros por jornada.

Estas cantidades corresponden al segundo tramo de la subida pactada en 2024 por el Gobierno marroquí, los sindicatos y las organizaciones empresariales.

El paro juvenil supera el 37%

Marruecos cerró 2025 con 1,62 millones de personas en paro y una tasa de desempleo del 13%, según el Haut-Commissariat au Plan (HCP), el organismo estadístico oficial del país. La proporción alcanzó el 16,4% en las ciudades, mientras que en las zonas rurales se situó en el 6,6%.

La falta de empleo en el país golpea especialmente a los jóvenes y a las mujeres. En 2025, la tasa de paro alcanzó el 37,2% entre las personas de 15 a 24 años y el 20,5% entre las mujeres. Además, se situó en el 19,1% entre quienes tenían algún título académico, según los datos del HCP.

Pero la tasa de desempleo no muestra por sí sola toda la falta de oportunidades. Solo el 19% de las mujeres en edad de trabajar tenía empleo o lo buscaba activamente, frente al 68,5% de los hombres. Las que no trabajan y tampoco buscan un puesto no aparecen en las estadísticas como paradas, sino como inactivas.

Por tanto, una tasa de paro femenina elevada convive con otro problema todavía mayor: una amplia mayoría de las mujeres ni siquiera participa en el mercado laboral.

A ello se suma el subempleo. Este indicador incluye, por ejemplo, a quienes trabajan menos horas de las que necesitan o tienen un puesto que no aprovecha plenamente su disponibilidad. En 2025 afectaba a 1,19 millones de personas, el 10,9% de la población ocupada, y tenía una mayor incidencia en las zonas rurales.

Una jornada legal de 44 horas semanales

Las condiciones básicas de trabajo están reguladas por la Ley 65-99, que contiene el Código del Trabajo marroquí. Su artículo 184 establece una jornada ordinaria de 2.288 horas al año, equivalentes a 44 horas semanales, en las actividades no agrícolas. En el campo, la referencia legal es de 2.496 horas anuales.

Se trata de la duración fijada por la legislación, no necesariamente de las horas que termina haciendo cada persona. La norma permite repartir la jornada de forma desigual a lo largo del año y regula las horas extraordinarias, que deben pagarse con recargos distintos dependiendo de si se realizan durante el día, por la noche o durante los días de libranza. El Código reconoce también un descanso semanal mínimo de 24 horas seguidas.

Después de seis meses en la misma empresa, los trabajadores adultos generan un día y medio laborable de vacaciones pagadas por cada mes trabajado. En un año completo, esto equivale normalmente a 18 días laborables. El periodo aumenta a medida que se acumula antigüedad.

Maternidad, enfermedad y despido

Las trabajadoras tienen derecho a un permiso de maternidad de 14 semanas. La prestación económica corre a cargo de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la Seguridad Social marroquí, y exige haber cumplido los correspondientes periodos de cotización.

Según este organismo, la ayuda puede cubrir el 100% del salario diario medio sujeto a cotización durante 98 días. En caso de enfermedad o accidente no laboral, la CNSS contempla una indemnización equivalente a dos tercios del salario diario medio declarado.

Los despidos también están regulados. La legislación establece procedimientos, plazos de preaviso e indemnizaciones vinculadas a la antigüedad. Para reclamarlos, el trabajador debe poder acreditar que existía una relación laboral, cuánto cobraba y desde cuándo prestaba sus servicios.

Marruecos dispone además de una indemnización por pérdida involuntaria del puesto. La CNSS la paga durante un máximo de seis meses y su importe equivale al 70% del salario mensual medio de referencia, sin que pueda superar el salario mínimo. Para recibirla es necesario reunir las cotizaciones exigidas.

Muchos trabajadores se quedan fuera del sistema

La última encuesta del Haut-Commissariat au Plan sobre el sector informal, realizada entre abril de 2023 y marzo de 2024, calcula que las actividades desarrolladas al margen de los registros y la contabilidad oficial daban empleo a 2,53 millones de personas en 2023, el 33,1% de toda la ocupación no agrícola del país.

Dentro de este sector, el comercio concentraba el 44,1% de los puestos de trabajo, y los servicios otro 28,7%. El empleo asalariado era minoritario y especialmente precario: no tenían contrato el 60% de quienes trabajaban para otra persona o negocio.

La encuesta contabilizó además unos 2,03 millones de pequeños negocios o unidades de producción informales, un 22% más que en 2014. El 85,5% estaba formado por una única persona y solo el 9,8% se encontraba afiliado a la Seguridad Social marroquí.

Desde el 1 de agosto, las empresas disponen de seis días naturales para comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social la baja de un trabajador cuando finaliza la relación laboral, así como las variaciones que se produzcan en los datos que deben mantener actualizados. Hasta ahora, estas gestiones tenían que realizarse en un máximo de tres días.

El cambio está recogido en el Real Decreto 643/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 30 de julio. La norma modifica el reglamento que regula la inscripción de las empresas y la afiliación, las altas, las bajas y las variaciones de datos de los trabajadores. Su entrada en vigor se produjo este sábado.

La expresión “baja” puede generar confusión, pero la modificación no afecta a las bajas médicas por enfermedad o accidente. Se refiere a la baja administrativa en la Seguridad Social que debe tramitarse cuando una persona deja de prestar servicios para una empresa.

Tampoco concede seis días al trabajador para presentar un documento: la responsabilidad de comunicar el cese recae, con carácter general, en la empresa, que puede realizar el trámite directamente o mediante un representante o una gestoría.

Cómo se cuentan los seis días naturales

El BOE establece que las solicitudes de baja y de variación de datos deberán presentarse durante los seis días naturales siguientes al cese en el trabajo o al momento en el que se produzca la modificación correspondiente. Al tratarse de días naturales, en el cómputo se incluyen los sábados, los domingos y los festivos.

Por ejemplo, si un trabajador termina su relación laboral con una empresa un lunes, el plazo comienza a contar el martes. A partir de ese momento, la compañía dispone de seis días naturales para comunicar la baja a la Tesorería General de la Seguridad Social.

La ampliación recupera el margen que existía antes de la reforma aprobada en 2015. El Real Decreto 708/2015 redujo entonces de seis a tres días naturales el plazo disponible para comunicar tanto los ceses como las variaciones de datos.

Por qué se ha ampliado el plazo

El Gobierno justifica el cambio por las dificultades trasladadas por los profesionales que actúan como representantes de las empresas y de otros responsables de estas obligaciones. Según explica el preámbulo del real decreto, la acumulación de numerosas comunicaciones en un periodo breve podía dificultar el cumplimiento del plazo de tres días y provocar consecuencias negativas para sus clientes.

El objetivo de la ampliación es, por tanto, facilitar estas gestiones a empresas, asesorías, despachos y gestorías, especialmente cuando deben tramitar varias bajas o modificaciones de forma simultánea.

El plazo de seis días también se aplica cuando cambia alguno de los datos del trabajador que la empresa está obligada a comunicar a la Seguridad Social. No afecta, por tanto, a cualquier modificación de sus condiciones laborales, sino solo a aquellas que deban quedar registradas en el sistema de afiliación.

Las empresas tienen seis meses para informar del puesto de cada trabajador

El real decreto incorpora otra obligación para las empresas. Durante los seis meses posteriores a su entrada en vigor, deberán informar a la Tesorería General de la Seguridad Social del código de ocupación laboral, única o principal, de los trabajadores que tengan de alta cuando ese dato todavía no haya sido comunicado.

Este código identifica el tipo de trabajo que desempeña cada empleado de acuerdo con la Clasificación Nacional de Ocupaciones. La información servirá, entre otras cuestiones, para elaborar los informes necesarios para valorar la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones especialmente penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres y con elevados índices de enfermedad o mortalidad.

Seis metros cuadrados pueden ser una habitación, un despacho, un cuarto de baño o la diferencia entre guardar la bici en casa o tener que dejarla a la intemperie. Esa es, aproximadamente, la superficie que ha perdido en solo un año el piso medio vendido en España, según los últimos datos del Consejo General del Notariado.

Los pisos comprados durante el mes de mayo tenían una superficie media de 88 metros cuadrados, un 6,2% menos que en el mismo mes de 2025. En términos aproximados, han pasado de rondar los 94 metros a quedarse en 88. Una reducción del espacio que no ha venido acompañada de un abaratamiento: el precio medio por metro cuadrado se disparó un 14%, hasta alcanzar los 2.455 euros.

También se firmaron menos operaciones. En mayo se contabilizaron 41.211 compraventas de pisos, un 14,1% menos que un año antes. Este segmento concentra así las tres tendencias del mercado inmobiliario: se venden menos, son más pequeños y cada metro cuadrado cuesta bastante más.

Las casas mantienen su tamaño

El comportamiento de los pisos contrasta con el registrado por las viviendas unifamiliares. En este segundo grupo, las compraventas también descendieron, pero lo hicieron de manera más moderada: un 4,7%, hasta las 14.550 operaciones.

La diferencia también aparece en los precios. El metro cuadrado de las viviendas unifamiliares se situó en 1.445 euros, un 2,7% más que un año antes. Además, la superficie media de las viviendas unifamiliares permaneció prácticamente idéntica, con un ligero aumento del 0,3%, hasta situarse en torno a los 171 metros cuadrados.

Menos ventas y precios más altos en el conjunto del mercado

Durante mayo se cerraron en España 55.761 compraventas, un 11,8% menos que en el mismo mes del año anterior. El precio medio del conjunto de las viviendas alcanzó los 2.049 euros por metro cuadrado, lo que supone un incremento interanual del 8,8%. Al mismo tiempo, la superficie media se redujo un 2,2%, hasta los 109 metros cuadrados.

Aunque el número de compraventas retrocede, el coste por unidad de superficie continúa creciendo. El informe recoge el comportamiento de las operaciones efectivamente formalizadas ante notario, pero no identifica las razones que explican esa evolución, por lo que no es posible atribuirla a un único factor.

Sí se puede observar, no obstante, que la contracción de la actividad fue generalizada en todo el territorio del país. Las compraventas de vivienda bajaron en 14 de las 17 comunidades autónomas y solo crecieron en Navarra, Castilla-La Mancha y Extremadura.

Viviendas más pequeñas en doce comunidades

La reducción de la superficie media tampoco fue homogénea. El tamaño de las viviendas vendidas disminuyó en 12 comunidades autónomas y aumentó en las cinco restantes.

La caída más acusada se produjo en Navarra, donde la superficie media retrocedió un 11,7%. A continuación se situaron Castilla-La Mancha, con un descenso del 6,3%; la Región de Murcia, con un 5,2%; Canarias, con un 4,9%; Baleares, con un 4,8%; y la Comunidad Valenciana, con un 4,7%.

El tamaño de las viviendas vendidas también cayó en los dos grandes mercados residenciales de España: bajó un 3,9% en Madrid y un 3% en Cataluña. Por el contrario, aumentó en Galicia, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Asturias.

Precios más altos en dieciséis autonomías

Los precios siguieron el camino opuesto en casi todo el país. El metro cuadrado se encareció en 16 de las 17 autonomías, con Galicia como única excepción, al registrar una caída del 6,8%.

Las mayores subidas se localizaron en Baleares, con un 16,3%; Castilla-La Mancha, con un 15,4%; Andalucía, con un 14,4%; y Canarias, con un 13,7%. También crecieron por encima de la media nacional en Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana y Murcia.

La Comunidad Valenciana concentra una de las mayores contradicciones del informe. Las compraventas se hundieron un 35,8%, el mayor retroceso autonómico, mientras el precio medio aumentó un 11,9% y la superficie de las viviendas vendidas disminuyó un 4,7%.

Menos hipotecas, pero de mayor importe

En mayo se formalizaron 30.577 préstamos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda, un 4% menos que un año antes. Sin embargo, la cuantía media de esas hipotecas aumentó un 3,9%, hasta situarse en 181.976 euros. El 54,8% de las viviendas compradas durante el mes se financió mediante un préstamo hipotecario.

En esas operaciones, el importe prestado cubrió de media el 72,5% del precio de la vivienda. El porcentaje restante debía proceder de recursos propios del comprador, sin contar otros gastos asociados a la operación.

Los viajeros que tengan previsto desplazarse en Renfe este viernes 31 de julio deberán comprobar si su tren está incluido entre los servicios mínimos establecidos por el Ministerio de Transportes. La huelga, convocada durante toda la jornada, puede provocar cambios en Cercanías, Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia, aunque por ahora no se ha publicado oficialmente qué trenes serán cancelados.

La resolución del ministerio garantiza la circulación de 683 de los 1.005 trenes programados de Media Distancia, Alta Velocidad y Larga Distancia. Los 322 restantes quedan fuera de los servicios mínimos y podrían sufrir modificaciones en función del seguimiento de la huelga, pero no deben darse por suspendidos de forma automática.

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Renfe ha publicado en su página web la resolución de Transportes, cuyos anexos recogen uno por uno los servicios asegurados, con su número, horario, origen y destino. Por tanto, la información oficial permite comprobar qué trenes circularán obligatoriamente, pero no ofrece todavía un listado cerrado de cancelaciones.

Cómo saber si tu tren está garantizado

El número de tren aparece normalmente en el billete junto al recorrido, la fecha y la hora del viaje. El pasajero debe buscar esa numeración en el documento publicado por Renfe y comprobar que también coinciden el horario, el origen y el destino.

No basta con consultar únicamente la ruta, porque una misma conexión puede mantener algunos horarios y tener otros fuera de los servicios mínimos. Para localizar el número con más facilidad, se puede utilizar el buscador del navegador o del lector de PDF.

Si el tren figura en los anexos, su circulación está garantizada. Si no aparece, podría sufrir cambios, aunque eso no confirma por sí solo su cancelación. En ese caso, conviene consultar su situación en la web, la aplicación o los canales de atención de Renfe antes de acudir a la estación.

Cuántos servicios circularán obligatoriamente

En Media Distancia, la convocatoria alcanza a 662 trenes. El Ministerio ha garantizado 432, lo que representa el 65% de la oferta habitual. Los otros 230 quedan fuera de los mínimos.

En Alta Velocidad y Larga Distancia están incluidos 343 servicios. De ellos, 251 circularán obligatoriamente, equivalentes al 73%, mientras que 92 no cuentan con esa garantía. En conjunto, son 322 circulaciones que podrían experimentar alguna alteración.

La resolución establece que la protesta se desarrollará entre las 00:00 y las 23:59 horas del viernes 31. El Sindicato Ferroviario Intersindical ha llamado a secundarla al personal de conducción y de intervención de Renfe Viajeros en todo el territorio nacional.

Qué ocurre en Cercanías

En Cercanías se mantendrá el 75% de los trenes habituales durante las horas punta y el 50% en el resto de la jornada. Esto significa que el servicio seguirá funcionando, aunque con menos circulaciones de las previstas en un día normal.

Las franjas de mayor demanda cambian según cada núcleo. En Madrid, por ejemplo, se consideran horas punta los periodos de 6:00 a 9:00, de 13:30 a 15:30 y de 18:30 a 20:30 horas. Fuera de esos horarios, la oferta se reducirá a la mitad.

Los porcentajes fijados no garantizan que todos los trenes salgan a su hora habitual ni que se mantengan las mismas frecuencias. Puede haber más tiempo de espera o ajustes en algunos horarios, por lo que Renfe recomienda consultar el estado del servicio antes de comenzar el viaje.

Rodalies mantendrá el 66% en hora punta

Rodalies de Catalunya cuenta con unos porcentajes diferentes, establecidos por la Generalitat. Circulará el 66% del servicio habitual entre las 6:00 y las 9:30 y entre las 17:00 y las 20:30 horas. Durante el resto de la jornada se mantendrá el 33%.

Rodalies ha publicado su propia relación de circulaciones garantizadas y advierte de que pueden producirse modificaciones en las frecuencias. Los autobuses que sustituyen a los trenes en los tramos cerrados por obras mantendrán sus horarios habituales.

Los usuarios pueden comprobar el estado del servicio en la aplicación, la web y los canales oficiales de Rodalies antes de comenzar el trayecto.

Qué hacer si el tren no aparece en el listado

Que el número del billete no figure entre los servicios mínimos no significa que esté automáticamente cancelado. El pasajero debe comprobar si Renfe mantiene la circulación, modifica el horario o propone una alternativa.

La compañía recuerda que las dos convocatorias anteriores promovidas recientemente por este sindicato tuvieron un seguimiento inferior al 2% de la plantilla y que la actividad funcionó con casi normalidad en la mayor parte de la red.

Si la compañía confirma la cancelación de un tren o un cambio en la ruta o el horario, el viajero deberá seguir las instrucciones de Renfe para solicitar una alternativa, modificar la reserva o recuperar el importe correspondiente.

Las seis principales energéticas españolas que ya han publicado sus cuentas ganaron en conjunto 9.629,3 millones de euros entre enero y junio de 2026. La suma incluye los resultados de Iberdrola, Repsol, Endesa, Naturgy, Redeia y Enagás.

Iberdrola aporta por sí sola el 45% del beneficio total, con 4.336 millones. Junto con Repsol, que ganó 2.201 millones, concentra cerca de dos de cada tres euros obtenidos por estas compañías durante el primer semestre.

Las cifras, sin embargo, no responden únicamente a una mejora general del negocio. Algunas empresas se beneficiaron de efectos extraordinarios o contables, mientras que otras crecieron gracias a las redes eléctricas, las actividades reguladas o la mejora de sus operaciones.

Iberdrola lidera las ganancias y Repsol las dispara

Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 4.336 millones de euros, alrededor de un 22% más que un año antes. Si se eliminan determinados efectos extraordinarios, el beneficio ajustado fue de 3.565 millones, un 8% superior.

La compañía invirtió 7.000 millones durante el semestre y destinó el 63% a redes eléctricas. Estas infraestructuras permiten transportar y distribuir la electricidad, conectar nuevas instalaciones renovables y atender el aumento de la demanda.

Repsol registró el segundo mayor beneficio, con 2.201 millones de euros, frente a los 603 millones obtenidos en el mismo periodo de 2025. La cifra se disparó un 265%, aunque buena parte de la diferencia se explica por la valoración de sus inventarios de petróleo y productos energéticos.

Este efecto aportó 823 millones al resultado de este año, mientras que en 2025 había restado 394 millones. El cambio entre un ejercicio y otro explica buena parte del fuerte crecimiento.

El resultado ajustado de Repsol, que excluye efectos extraordinarios para reflejar mejor la evolución del negocio, se situó en 2.711 millones de euros.

Endesa y Naturgy también mejoran sus resultados

Endesa ganó 1.470 millones de euros, un 41% más. Su ebitda, que mide el resultado del negocio antes de intereses, impuestos y otros conceptos, aumentó un 20%, hasta los 3.240 millones.

La eléctrica invirtió 1.100 millones durante el semestre y destinó unos 600 millones a las redes de distribución. Además, mejoró sus previsiones y espera superar los 2.400 millones de beneficio ordinario al cierre del año.

Naturgy obtuvo un beneficio de 1.215 millones de euros, un 6% más. Su ebitda creció un 5%, hasta los 2.975 millones, y la compañía también elevó sus previsiones para 2026.

La evolución de ambas empresas fue más estable que la de Repsol. Parte de sus resultados procede de las redes eléctricas, un negocio con ingresos regulados y menos expuesto a las oscilaciones del mercado.

Redeia crece y Enagás reduce su beneficio

Redeia, propietaria de Red Eléctrica, ganó 280,4 millones de euros, alrededor de un 4% más. La compañía invirtió 657,1 millones, de los que más del 96% se destinó a la red eléctrica.

Su negocio es diferente al de las empresas que generan o venden energía. Redeia gestiona la red de transporte de electricidad y garantiza el funcionamiento del sistema eléctrico.

Enagás fue la única de las seis compañías que redujo su beneficio. Ganó 126,9 millones de euros, frente a los 176 millones registrados un año antes. Su beneficio recurrente bajó un 8,6%, hasta los 118,6 millones.

La empresa gestiona principalmente infraestructuras de transporte y almacenamiento de gas, por lo que sus resultados también están muy condicionados por la regulación.

La suma de 9.629,3 millones no incluye todavía a Acciona Energía, que publicará sus cuentas después del cierre del mercado de este jueves. Y Moeve, por su parte, solo ha comunicado hasta ahora sus resultados del primer trimestre.

El cálculo muestra, por tanto, cuánto han ganado las principales energéticas cotizadas que ya han presentado sus cuentas, pero no representa el conjunto de todas las empresas del sector.

La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos por ser los componentes más volátiles, aumentó una décima, hasta el 3%. En comparación con junio, los precios de consumo subieron un 0,2%.

Por su parte, Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), empleado para comparar la evolución de los precios entre los países europeos, elevó su tasa anual dos décimas, hasta el 3,8%. Los datos son provisionales y deberán confirmarse con la publicación de los resultados definitivos a mediados del próximo mes de agosto.

El avance de julio rompe así tres meses consecutivos de estabilidad. La tasa general se había mantenido en el 3,2% en abril, mayo y junio, después de situarse en el 3,4% en marzo. Con el nuevo incremento, el indicador alcanza su nivel más elevado desde agosto de 2025, cuando también se situó en el 3,5%.

Los carburantes y la electricidad impulsan el repunte

El INE no ofrece todavía en el indicador adelantado el desglose completo por grupos de consumo, que se conocerá con la publicación del dato definitivo. Por el momento, únicamente identifica como principales responsables del repunte a los carburantes y lubricantes para vehículos personales y a la electricidad, cuyos precios han aumentado más que un año antes.

La comparación interanual no implica necesariamente que estos productos hayan registrado las mayores subidas durante el último mes, sino que su evolución fue más intensa que la observada en julio de 2025.

En términos mensuales, los bienes y servicios consumidos por los hogares se encarecieron un 0,2% respecto a junio. Esta variación permite observar el movimiento de los precios durante el último mes, mientras que la tasa interanual compara su nivel con el registrado un año antes.

La inflación subyacente vuelve al 3%, una décima más que en junio

El indicador subyacente también repuntó, aunque con menor intensidad. Tras situarse en el 2,9% en junio, avanzó una décima en julio y volvió al 3%. Este indicador excluye los alimentos no elaborados y los productos energéticos, cuyos precios pueden variar con rapidez por factores como el clima o las cotizaciones internacionales. De este modo, permite observar con más claridad las presiones inflacionistas menos volátiles y más persistentes.

Pese a este incremento, la subyacente permanece medio punto por debajo del índice general. La diferencia refleja el peso que ha tenido la energía en el aumento registrado durante julio, según la información adelantada por el INE.

En el caso del IPCA, la tasa subyacente estimada se situó en el 3,4%. Por el contrario, su variación mensual fue negativa: el indicador armonizado descendió un 0,1% respecto a junio, frente al aumento mensual del 0,2% registrado por el IPC nacional.

Una semana fuera que al final son cuatro días. El hotel que te gustaba se descarta (es inasumible) y toca buscar uno más barato. Y para comer esos días... a ver cómo lo apañamos. Este verano no desaparecen las vacaciones porque son necesarias para desconectar, pero habrá que recortar mucho para que las cuentas salgan después de pagar la casa y el resto de gastos del mes.

El 77,3% de los trabajadores modificará sus vacaciones por el aumento del coste de vida, según un análisis de Randstad elaborado a partir de una encuesta a casi 5.700 personas. El 40,1% reducirá la duración de su viaje y el 37,2% buscará un destino o un alojamiento más económico. Solo el 22,7% asegura que mantendrá sus planes sin ningún reajuste.

Quienes más sufrirán la reducción en el presupuesto son los trabajadores de 25 a 44 años. El 79,2% cambiará sus vacaciones, mientras que el 40,6% viajará menos días y el 38,6% optará por alternativas más baratas. Randstad explica que este grupo está más expuesto a la subida de los alquileres y las hipotecas, dos gastos que dejan muy poco margen para organizar viajes.

Las vacaciones se adaptan a lo que queda después de pagar la vivienda

La encuesta mide el impacto del coste de vida en general, no calcula qué parte de cada recorte vacacional se explica exclusivamente por el alquiler o la hipoteca. La relación concreta con la vivienda es la interpretación que realiza Randstad para explicar por qué los trabajadores de 25 a 44 años son quienes más alteran sus planes.

En esta etapa vital, el alquiler o la hipoteca se llevan una parte considerable y fija del sueldo. Así, cuando los precios suben y los ingresos no crecen al mismo ritmo, el recorte termina afectando a los gastos que sí pueden modificarse: la duración de la estancia, el alojamiento escogido o el lugar al que se viaja.

Eso no significa necesariamente renunciar por completo a las vacaciones. Los datos describen, sobre todo, una transformación de los planes. El viaje pasa de ser de una semana o 10 días a una escapada de cuatro días. El hotel elegido en un primer momento se cambia por una opción más sencilla. Incluso el destino deseado se sustituye por otro que suponga un gasto menor en desplazamiento y estancia.

Las diferencias entre los grupos de edad, en cualquier caso, no son muy llamativas. Frente al 79,2% registrado entre los 25 y 44 años, el 76,2% de los mayores de 45 también modificará sus vacaciones. Y entre los jóvenes de 18 a 24 años, el porcentaje se sitúa en el 73,5%.

Los trabajadores de 25 a 44 años son quienes más recortan los días de viaje y más buscan opciones baratas. Pero los datos muestran que el ajuste afecta a todas las generaciones: cuando el presupuesto disminuye, pocos pueden mantener sus planes intactos.

Brecha de género vacacional: las mujeres cambian más sus planes

Las trabajadoras son quienes más modificarán sus planes de verano; concretamente, el 80,1% frente al 74,6% de los hombres. Respecto a la reducción de los días de viaje, ambos recurrirán a ella para irse de vacaciones: el 40,7% de las mujeres y el 39,4% de los hombres.

La distancia es más amplia cuando se trata de buscar opciones más asequibles. El 39,3% de las trabajadoras elegirá un destino o alojamiento más barato, frente al 35,2% de los hombres. A pesar de que el análisis de Randstad no estudia las causas de esta diferencia, no es descabellado atribuirla a la brecha salarial, al reparto de los cuidados o a otras desigualdades económicas.

El nivel educativo también influye en la capacidad de mantener los planes. Los trabajadores con estudios de posgrado o doctorado son quienes más conservan sus vacaciones tal y como las pensaron inicialmente: el 27,5% no hará ningún cambio. En el extremo contrario, el 42% de quienes tienen educación básica recortará los días fuera de casa, al igual que el 40,9% de quienes cuentan con bachillerato o Formación Profesional.

Cómo se ‘ajustan el cinturón’ en las distintas regiones de España

En la Comunidad de Madrid, el 79% de los trabajadores modificará sus vacaciones. El 42,2% reducirá la duración de su viaje, mientras que el 36,8% buscará un destino o alojamiento más económico. Solo el 21% mantendrá sus planes sin cambios.

Madrid comparte con Andalucía y Cataluña una mayor inclinación a acortar la estancia: recurrirá a esta opción el 40,3% de los trabajadores andaluces y el 38,6% de los catalanes. En cambio, en la Comunidad Valenciana y Navarra se decantan por buscar alternativas más baratas; lo hacen el 41,5% y el 46,9%, respectivamente. De hecho, en Navarra, casi uno de cada dos trabajadores conservará el viaje, pero cambiará sus condiciones para poder pagarlo.

Además, las vacaciones no son el único gasto que se está recortando. El 73,9% de los trabajadores ya ha tenido que modificar sus hábitos cotidianos por el aumento del coste de vida. Reducir los días de viaje o buscar opciones más baratas se suma así a otros recortes realizados durante el año en el presupuesto familiar.

Que un móvil, una tablet o un televisor haya agotado su garantía no permitirá siempre al fabricante desentenderse de su reparación. La Unión Europea ha aprobado un nuevo “derecho a reparar” que obligará a las marcas a ofrecer el arreglo de determinados productos durante los periodos fijados por las normas europeas, aunque ya haya terminado la cobertura legal.

La reparación no tendrá que ser gratuita. El fabricante podrá cobrar por el servicio, pero deberá ofrecerlo a un precio razonable y dentro de un plazo adecuado. El objetivo es que arreglar un aparato averiado resulte una alternativa real frente a desecharlo y comprar uno nuevo.

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Los Estados miembros tienen hasta el viernes 31 de julio de 2026 para incorporar la Directiva (UE) 2024/1799 a sus legislaciones y comenzar a aplicar sus disposiciones. Sin embargo, a fecha de este miércoles no consta publicada en el BOE una norma española que haya completado su transposición. El Gobierno incluyó estas medidas en el anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, aprobado en primera vuelta en julio de 2025, pero la futura ley todavía aparece entre las normas pendientes del Plan Anual Normativo de 2026.

Qué podrán exigir los consumidores

Una vez incorporada la normativa, el consumidor podrá pedir al fabricante que repare los productos incluidos aunque haya vencido la garantía, siempre que el arreglo sea posible. La empresa podrá realizarlo directamente o encargarlo a otra compañía.

La marca no podrá rechazar el servicio únicamente porque el aparato haya sido reparado anteriormente por un profesional independiente o porque contenga piezas compatibles que no sean originales. Tampoco podrá utilizar condiciones contractuales, programas informáticos o sistemas técnicos que obstaculicen injustificadamente el arreglo.

La obligación, no obstante, tiene límites. El fabricante podrá negarse cuando la reparación resulte imposible por razones técnicas o jurídicas. Tampoco significa que una empresa tenga que arreglar gratuitamente un producto durante toda su vida útil.

La directiva establece que el precio exigido no debe estar diseñado para disuadir al consumidor. Además, las empresas tendrán que informar de forma clara sobre sus servicios, los productos que reparan, el tiempo aproximado necesario y los costes orientativos.

Qué móviles, televisores y electrodomésticos están incluidos

La medida no comprende automáticamente cualquier aparato electrónico o electrodoméstico. Se aplica a los bienes para los que la legislación europea ya impone requisitos de reparabilidad.

La lista incluye determinados teléfonos móviles, teléfonos inalámbricos, tablets, televisores y pantallas. También alcanza a productos como lavadoras, lavasecadoras, lavavajillas, frigoríficos y aspiradoras.

El periodo durante el cual podrá exigirse la reparación dependerá de la regulación concreta de cada categoría. Las normas europeas de diseño ecológico establecen durante cuánto tiempo deben facilitarse piezas de recambio, herramientas o información técnica, por lo que no existe un plazo único para todos los aparatos.

La lista podrá ampliarse en el futuro si la Unión Europea aprueba nuevos requisitos de reparabilidad para otros productos.

Reparar durante la garantía ampliará la protección

El nuevo sistema también cambia lo que ocurre cuando el aparato todavía está en garantía. Si el consumidor opta por repararlo en lugar de sustituirlo, el periodo de responsabilidad del vendedor deberá ampliarse al menos doce meses.

Cada Estado miembro podrá establecer una extensión superior. La intención es evitar que el cliente prefiera recibir un producto nuevo por miedo a que el aparato reparado vuelva a fallar poco después de terminar la cobertura. Esta modificación se aplicará a los contratos de compraventa realizados a partir del 31 de julio de 2026.

Qué ocurre si España incumple el plazo

La publicación de la directiva europea en la página web del BOE no significa que España ya la haya incorporado a su ordenamiento. Ese documento reproduce la norma publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, pero el país debe aprobar además sus propias disposiciones legales, reglamentarias o administrativas.

La directiva establece expresamente que esas medidas nacionales deben estar en vigor, como muy tarde, el 31 de julio de 2026. España también debe comunicar a la Comisión Europea las normas adoptadas y el régimen de sanciones que aplicará a las empresas incumplidoras.

Si España no llega a tiempo, la Comisión Europea podrá abrir un procedimiento de infracción por falta de transposición. Eso no supone una multa automática a partir del 1 de agosto: el proceso suele comenzar con un requerimiento al Estado y puede avanzar hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si el incumplimiento continúa.

Los nuevos contratos de alquiler que se firmen en determinadas áreas de Galicia, País Vasco y Asturias quedarán sometidos desde este jueves a los límites previstos para las zonas de mercado residencial tensionado. La medida afecta a los municipios completos de Santiago de Compostela y Basauri, pero en Asturias tiene un alcance más reducido.

En Gijón se aplicará únicamente en los barrios de La Arena y Cimadevilla, mientras que en Avilés abarcará La Magdalena. También se incorporan Luanco, en el concejo de Gozón, y varios núcleos de Llanes y Cabrales.

Con estas nuevas incorporaciones, España alcanza las 317 localidades declaradas como zonas tensionadas, en las que viven alrededor de 9,3 millones de personas, según los datos facilitados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado tendrá una vigencia inicial de tres años.

El nuevo contrato no podrá superar el alquiler anterior

La declaración como zona tensionada no supone que bajen automáticamente todos los alquileres ni modifica de forma inmediata las mensualidades de los contratos que siguen en vigor. Sus principales efectos aparecen cuando se firma un nuevo contrato para una vivienda situada dentro de alguno de los ámbitos afectados.

Como norma general, el propietario no podrá fijar una renta inicial superior a la última mensualidad que se hubiera cobrado por esa misma vivienda durante los cinco años anteriores, una vez aplicada la actualización anual que correspondiera al contrato previo.

Tampoco podrá introducir en el nuevo acuerdo cuotas o gastos que no pagara el anterior inquilino. De esta forma, no podrá compensar el límite incorporando nuevos conceptos que eleven el coste total de la vivienda.

La ley permite superar la renta anterior hasta en un 10% en situaciones concretas. Esto puede ocurrir cuando la vivienda haya sido rehabilitada, se hayan realizado obras que reduzcan al menos un 30% su consumo de energía primaria no renovable o se hayan ejecutado mejoras de accesibilidad durante los dos años anteriores.

También se admite ese incremento cuando el contrato tenga una duración mínima de diez años o incluya una prórroga voluntaria que permita al inquilino permanecer en la vivienda durante ese periodo.

El índice estatal limitará las viviendas de grandes tenedores

Cuando el propietario sea un gran tenedor, el precio del nuevo contrato estará sometido además al sistema estatal de índices de referencia. La renta no podrá superar el límite máximo que resulte de aplicar esta herramienta según las características de la vivienda y del edificio.

En Santiago de Compostela y Basauri se considerará gran tenedor a la persona física o jurídica que posea cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial dentro del municipio, sin contar garajes y trasteros. Quedan excluidas, con algunos matices según cada declaración, las administraciones y entidades públicas.

En los ámbitos asturianos se mantiene la definición general de la Ley de Vivienda: será gran tenedor quien tenga más de diez inmuebles residenciales o una superficie construida destinada a vivienda superior a 1.500 metros cuadrados, también sin incluir garajes ni trasteros.

El índice de referencia se aplicará igualmente a las viviendas situadas en estas zonas que no hayan tenido ningún contrato de alquiler vigente durante los últimos cinco años. Por tanto, su propietario no podrá incorporarlas al mercado fijando libremente cualquier cantidad, aunque no exista una renta anterior que pueda utilizarse como límite.

Qué barrios y municipios están afectados

En Galicia, la declaración abarca todo Santiago de Compostela y se ha aprobado a solicitud de su ayuntamiento. En el País Vasco se incorpora el municipio completo de Basauri.

En Asturias, las nuevas zonas tensionadas son las siguientes:

• Los barrios de La Arena y Cimadevilla, en Gijón.
• El barrio de La Magdalena, en Avilés.
• Luanco, en el concejo de Gozón.
• El núcleo urbano de Llanes, Posada de Llanes, Nueva, Poo, Barro y Celorio, en el concejo de Llanes.
• Arenas y Poo, en el concejo de Cabrales.

La declaración también permitirá que los inquilinos soliciten una prórroga extraordinaria de su contrato por periodos anuales y durante un máximo de tres años una vez agotadas las prórrogas ordinarias. Durante ese tiempo se mantendrán las condiciones del contrato vigente.

El propietario deberá aceptar la petición salvo que ambas partes acuerden otras condiciones, firmen un contrato nuevo sometido a los límites legales o el arrendador haya comunicado correctamente que necesita recuperar la vivienda para utilizarla como residencia habitual propia o de determinados familiares.

Durante los tres años de vigencia, las administraciones competentes deberán desarrollar un plan de actuación para corregir los desequilibrios que han justificado la declaración, aumentar la oferta de alquiler asequible y tratar de revertir la situación del mercado residencial.

España conquista de nuevo la máxima gloria del fútbol masculino. La victoria de la selección en el Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, México y Canadá, quedará ahora también grabada en plata: el Gobierno ha autorizado la emisión de una moneda conmemorativa para celebrar el título, con una tirada máxima de 50.000 piezas.

La pieza que recordará el triunfo de España llevará grabado un valor de 5 euros, pero comprarla costará bastante más. Su precio inicial será de 60,33 euros, IVA excluido, según la orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La diferencia entre ambas cantidades se explica porque los 5 euros son el valor facial de la moneda, es decir, la cifra que aparece grabada en ella y su valor oficial como dinero. Los más de 60 euros sin IVA, en cambio, son el precio que deberá pagar quien quiera adquirirla como pieza de colección.

Una pieza de plata cuyo precio puede disminuir o aumentar

La moneda estará fabricada en plata de 925 milésimas, con el resto de su composición en cobre. Pesará 13,5 gramos, tendrá un diámetro de 33 milímetros, forma circular y el canto estriado. Su tirada estará limitada a un máximo de 50.000 unidades.

Además, los 60,33 euros sin IVA son únicamente el precio inicial. El Ministerio de Economía podrá revisarlo al alza o a la baja si la cotización de los metales utilizados en su fabricación varía más de un 4% respecto a la media del mes anterior.

Para modificarlo serán necesarios informes del Banco de España y de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El importe que finalmente paguen los compradores podría ser, por tanto, diferente cuando la moneda salga a la venta.

La pieza se acuñará con calidad proof, un acabado especialmente cuidado que se utiliza en monedas destinadas al coleccionismo. Este proceso permite crear un mayor contraste entre las superficies brillantes y mates y requiere una elaboración más precisa que la de las monedas ordinarias.

Cómo será la moneda de los campeones del mundo

En el anverso aparecerá un retrato de Felipe VI, acompañado por la inscripción “Felipe VI Rey de España” y el año de acuñación, 2026. El diseño estará rodeado por una gráfila de perlas, una fila de pequeños puntos en relieve utilizada habitualmente en las monedas.

El reverso incluirá el logotipo de la FIFA World Cup 26 y la leyenda “Campeones del mundo”. En el centro aparecerá en color el trofeo del campeonato. También incorporará dos estrellas, trazos con los colores de la bandera española, la marca de la Ceca -el símbolo que identifica a la fábrica donde se ha acuñado la moneda- y el valor facial de 5 euros.

La emisión está prevista para el tercer trimestre de 2026. La Real Casa de la Moneda podrá vender las piezas directamente o a través de las entidades que contrate para su comercialización. De las 50.000 unidades autorizadas, podrá reservar hasta cinco para sus fondos numismáticos y museológicos.

Hacer ruido en casa a primera hora de la mañana puede acabar en conflicto con el resto de vecinos, sobre todo si se trata de obras, música, golpes, movimiento de muebles o electrodomésticos funcionando durante el descanso.

Aunque no existe una única hora fijada por la Ley de Propiedad Horizontal, sí deja claro que las comunidades de propietarios pueden aprobar reglas internas para ordenar la convivencia y el uso de los elementos comunes.

Por tanto, la hora a partir de la cual se puede hacer ruido por la mañana dependerá de lo que establezcan las normas de régimen interior, los estatutos de la finca y las ordenanzas municipales aplicables.

Si una comunidad fija, por ejemplo, que no pueden realizarse ruidos molestos hasta las 8:00 horas, los propietarios y ocupantes deberán respetar esa regla, siempre que se haya aprobado dentro de los límites legales.

Lo mismo ocurre si ese horario aparece recogido en los estatutos o en la normativa municipal del lugar donde se encuentra la vivienda.

Qué dice la ley sobre los ruidos en una comunidad de vecinos

El artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal es la base que permite a las comunidades aprobar normas de régimen interior. Estas reglas sirven para ordenar la convivencia diaria en el edificio y pueden incluir horarios o límites para evitar molestias, siempre que respeten la ley y los estatutos.

Estas normas internas pueden servir para ordenar cuestiones cotidianas del edificio, como el uso de zonas comunes, horarios de determinadas actividades o comportamientos que afectan al descanso del resto de residentes. Una vez aprobadas, obligan a todos los titulares mientras no sean modificadas por la comunidad.

Además, el artículo 7.2 de la misma ley establece que el propietario y el ocupante de una vivienda o local no pueden desarrollar en el piso ni en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Quién fija la hora a la que se puede hacer ruido por la mañana

Muchas comunidades fijan franjas de descanso durante la noche y primeras horas de la mañana para evitar molestias. Si el reglamento interno establece que no se pueden hacer ruidos hasta una hora determinada, los vecinos deben cumplirlo. Si no existe una regla interna, eso no significa que haya libertad total para molestar: seguirán aplicándose los estatutos de la finca y las normas generales sobre ruido del ayuntamiento.

También hay que distinguir entre ruidos cotidianos inevitables y actividades molestas o reiteradas. No es lo mismo una ducha, pasos normales o el uso razonable de la vivienda que golpes continuados, música alta o movimientos de muebles fuera de los horarios permitidos.

Antes de hacer obras, cambiar el mobiliario, usar herramientas o realizar cualquier actividad ruidosa a primera hora, conviene revisar las normas de régimen interior de la comunidad, los estatutos de la finca y la ordenanza municipal sobre ruido. Si no se tiene acceso a esos documentos, lo más prudente es preguntar al presidente de la comunidad o al administrador de fincas para confirmar qué horarios se aplican en el edificio.

Qué puede hacer la comunidad si un vecino no respeta el descanso

Cuando un propietario u ocupante realiza una actividad prohibida, dañosa o molesta, la Ley de Propiedad Horizontal permite actuar a la comunidad. El presidente, por iniciativa propia o a petición de cualquiera de los propietarios u ocupantes, puede requerir al infractor la cesación inmediata de esas actividades, con advertencia de que se podrán iniciar acciones judiciales.

Si el vecino continúa con la conducta, el presidente podrá acudir a los tribunales mediante una acción de cesación, pero necesita autorización previa de la junta de propietarios convocada para ello. La demanda debe dirigirse contra el propietario y, si procede, también contra quien ocupe la vivienda o local.

La ley permite que el juez acuerde de forma cautelar el cese inmediato de la actividad prohibida mientras se tramita el procedimiento. Si la sentencia estima la demanda, puede ordenar el cese definitivo, fijar una indemnización por daños y perjuicios y, en los casos más graves, privar al infractor del derecho al uso de la vivienda o local durante un plazo máximo de tres años.

Si quien causa las molestias no es el propietario, sino un inquilino u otro ocupante, la sentencia puede declarar extinguidos definitivamente sus derechos sobre la vivienda o local y acordar su lanzamiento, es decir, su salida del inmueble.

La jornada termina a las seis, pero los colegios cierran antes. Hay que recoger a los niños, acudir a una consulta médica cuando enferman y estar disponible si surge una urgencia. Reducir el trayecto hasta el trabajo, negociar una jornada parcial o encontrar una empresa que permita adaptar los horarios puede resolver ese problema diario. Para muchas madres, sin embargo, esa flexibilidad no es gratuita: se paga con un salario menor y con menos oportunidades de ascenso.

Los ingresos laborales de las mujeres caen un 39,28% respecto a los de los padres durante los 20 años posteriores al nacimiento del primer hijo, según el estudio Mothers’ Sorting into Lower-Paying Firms, publicado en la revista académica The Journal of Human Resources. La investigación analiza el mercado de trabajo francés entre 1995 y 2021.

El descenso no se explica únicamente porque las madres trabajen menos horas o porque interrumpan temporalmente su carrera. Después de tener hijos, las mujeres se desplazan progresivamente hacia empresas y puestos que facilitan la conciliación, pero ofrecen menos salario.

La empresa que admite más jornadas parciales, está cerca de casa o permite organizar mejor los cuidados puede ser también la que paga menos a toda su plantilla. El informe muestra así otra cara de la penalización laboral de la maternidad: muchas mujeres terminan intercambiando salario por tiempo y flexibilidad, mientras la trayectoria profesional de los hombres apenas se ve afectada por la paternidad.

La maternidad abre una brecha que se acumula durante años

El porcentaje principal recoge los ingresos laborales totales, no solo cuánto se cobra por cada hora. Incluye, por tanto, el efecto de trabajar menos tiempo, reducir la jornada, pasar periodos fuera del empleo o participar de manera más irregular en el mercado laboral.

Cuando los investigadores aíslan el salario por hora, la penalización se reduce al 9,32%. La diferencia se explica sobre todo porque muchas madres trabajan menos horas, reducen su jornada o pasan periodos fuera del empleo después del nacimiento.

Esto se traduce en menos dinero disponible cada mes, pero también en consecuencias que se acumulan. Las interrupciones profesionales pueden frenar las subidas salariales, reducir las cotizaciones y limitar la experiencia necesaria para acceder a puestos de responsabilidad.

La brecha no desaparece cuando termina el permiso por nacimiento ni cuando los hijos dejan de ser bebés. El estudio sigue a las familias durante dos décadas y observa que la penalización se mantiene a largo plazo. La maternidad no provoca un simple paréntesis temporal, sino que separa poco a poco las carreras laborales de mujeres y hombres.

Las empresas donde acaban trabajando las madres pagan menos

El principal hallazgo de la investigación no es la existencia de la brecha entre madres y padres, ya ampliamente documentada, sino uno de los mecanismos que contribuyen a mantenerla. Tras el primer hijo, las madres acaban con mayor frecuencia en empresas que pagan menos a sus trabajadores.

Dos personas con un perfil y un puesto similares pueden cobrar cantidades diferentes según la compañía en la que trabajen. Algunas empresas ofrecen mejores sueldos y complementos porque son más productivas, obtienen más beneficios o aplican políticas salariales más favorables.

El cambio hacia empresas que pagan menos explica 0,93 puntos de la brecha del 9,32% en el salario por hora, alrededor de una décima parte. El estudio no observa, en cambio, que una misma compañía reduzca de forma significativa el salario de una trabajadora después de convertirse en madre.

El problema aparece porque las responsabilidades de cuidado limitan las compañías y los empleos en los que muchas mujeres pueden continuar o a los que pueden acceder. Mientras ellas terminan con mayor frecuencia en empresas con sueldos inferiores, los padres permanecen más habitualmente en compañías que pagan mejor.

El cambio de empresa no es la única causa. Cuando se añade el tipo de puesto, ambos factores explican alrededor del 28% de la brecha salarial por hora. La mayor parte procede del paso a ocupaciones peor pagadas y una parte menor, del traslado a compañías con salarios más bajos.

La pérdida, por tanto, no se limita al sueldo inmediato. Las madres pueden dejar puestos con más responsabilidad, horarios más exigentes o mejores opciones de ascenso para ocupar otros que encajen mejor con los cuidados.

La probabilidad de alcanzar un puesto directivo cae un 5,88% respecto a la de los padres tras el nacimiento. Tener menos opciones de promoción supone perder ascensos, complementos y aumentos salariales durante los años siguientes.

Empresas más cercanas y flexibles, pero con peores salarios

¿Qué ofrecen las compañías hacia las que se desplazan las madres? El estudio identifica varias condiciones que pueden facilitar el cuidado de los hijos y la organización diaria.

Después del primer nacimiento, las mujeres trabajan en empresas donde la proporción de empleados a tiempo parcial es dos puntos porcentuales mayor que en las compañías de los padres. Esto no significa que todas las madres reduzcan su jornada, sino que entran en lugares de trabajo donde esta modalidad es más habitual.

También aumenta la proximidad. La proporción de trabajadores que viven y trabajan en el mismo municipio es 2,71 puntos superior en las empresas de las madres. Trabajar más cerca de casa reduce el tiempo dedicado a los desplazamientos y facilita encajar la jornada con los horarios escolares o las necesidades familiares.

Además, las madres se concentran en compañías cuya plantilla tiene 1,71 puntos porcentuales más de presencia femenina. Estas tres características -más empleo a tiempo parcial, mayor cercanía y más mujeres en la plantilla- se mantienen durante los años posteriores al nacimiento.

Los autores interpretan este comportamiento como un “diferencial compensatorio”: aceptar un salario menor a cambio de unas condiciones que facilitan la conciliación. Sin embargo, no se trata necesariamente de una elección libre entre dos empleos similares. Cuando los horarios escolares, los servicios de cuidado y el reparto de las tareas no encajan con la jornada laboral, las opciones de trabajo disponibles se reducen.

El informe no puede determinar que todos estos cambios sean voluntarios. Algunas madres pueden aceptar un empleo peor pagado para ganar flexibilidad; otras quizá no encuentren alternativas compatibles con los cuidados. Las empresas con mejores salarios también pueden exigir más disponibilidad u ofrecerles menos oportunidades. El estudio observa el traslado hacia compañías peor remuneradas, pero no permite atribuirlo a una sola causa.

España llegó más tarde a la corresponsabilidad

Las cifras del estudio corresponden a Francia y no pueden trasladarse directamente a España. No se puede afirmar, por tanto, que las madres españolas pierdan también un 39% ni que su penalización sea necesariamente mayor. Pero nuestro país ha atravesado el mismo periodo de tiempo con un mercado laboral más expuesto al paro, la temporalidad y la rotación.

Francia también sufrió la crisis financiera, la pandemia y el golpe de la inflación, pero sus consecuencias sobre el empleo fueron más graves en España. Incluso después de la mejora registrada durante los últimos años, la OCDE situaba el desempleo español en torno al 10,5% en 2025, el más elevado de la zona euro. La reforma laboral de 2021 redujo con fuerza la contratación temporal, pero partía de un uso históricamente mucho más extendido que en otros países europeos.

En un mercado con mayor inseguridad, las trabajadoras con responsabilidades de cuidado tendrán menos margen para rechazar un empleo peor pagado cuando este ofrece un horario compatible con sus necesidades familiares o está más cerca de casa.

La corresponsabilidad también llegó tarde. La equiparación plena de los permisos de madres y padres no se alcanzó hasta 2021; desde 2025, España reconoce con carácter general 19 semanas para cada progenitor. Francia mantiene actualmente 16 semanas de maternidad para el primer y segundo hijo, frente a 25 días de permiso de paternidad.

En este sentido, nuestro país dispone hoy de permisos más igualitarios, pero durante casi todo el periodo estudiado los derechos del padre fueron mucho más reducidos y los cuidados recayeron principalmente sobre las mujeres.

La investigación sostiene que vigilar las diferencias salariales dentro de las empresas no basta. También es necesario que las madres puedan permanecer en las compañías mejor pagadas sin renunciar a cuidar. Para ello, los autores señalan el acceso a servicios infantiles asequibles, un mayor uso de los permisos por parte de los padres y una distribución más equilibrada de las responsabilidades familiares.

Las tarjetas permiten pagar sin llevar dinero en efectivo y comprar por internet en apenas unos segundos. Esa comodidad también conlleva tomar ciertas precauciones: para intentar realizar un cargo fraudulento, los delincuentes no siempre necesitan tener la tarjeta en sus manos. En algunos casos les basta con conseguir el número, la fecha de caducidad y el código de seguridad.

Los datos pueden obtenerse mediante páginas falsas, mensajes que suplantan al banco, llamadas fraudulentas o filtraciones de información. El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) advierte, además, de que los delincuentes pueden probar tarjetas robadas realizando primero compras de pequeñas cantidades para comprobar si continúan activas.

Proteger la tarjeta no consiste únicamente en guardarla correctamente o no perderla. También hay que vigilar dónde se introducen los datos, proteger el teléfono desde el que se autorizan las compras y reaccionar rápidamente si aparece un movimiento desconocido.

1. Activa las notificaciones de los movimientos

Las alertas permiten recibir un aviso en el teléfono cada vez que se realiza una compra, una retirada de efectivo u otra operación. De este modo, un cargo que no hayas autorizado puede detectarse prácticamente en el momento en que se produce.

Esta función suele poder activarse desde la aplicación del banco. Las opciones disponibles y sus posibles costes dependen de cada entidad, por lo que conviene revisar las condiciones del servicio.

2. Revisa la cuenta aunque no recibas ningún aviso

No hay que esperar a que aparezca un pago elevado para sospechar. Los ciberdelincuentes pueden empezar realizando cargos de unos pocos euros para comprobar que los datos de una tarjeta funcionan antes de intentar operaciones mayores.

Por este motivo, conviene revisar periódicamente los movimientos y prestar atención también a las cantidades pequeñas, los nombres de comercios desconocidos y las compras realizadas en otras monedas.

3. No compartas fotografías de la tarjeta

Una fotografía en la que se vean el número, la fecha de caducidad y el código CVV puede facilitar que otra persona intente comprar por internet sin disponer físicamente de la tarjeta.

Tampoco deben enviarse estos datos por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o redes sociales. Cuando sea necesario facilitar una copia de algún documento, hay que comprobar que la tarjeta no aparece accidentalmente en la imagen.

4. Nunca facilites claves ni códigos de autorización

Los bancos pueden enviar códigos de un solo uso para confirmar determinadas operaciones. Esos números no deben comunicarse a nadie, tampoco a una persona que llame diciendo que trabaja para la entidad.

Los delincuentes pueden suplantar el número de teléfono del banco, conocer el nombre de la víctima e incluso mencionar información real sobre su cuenta. INCIBE ha detectado numerosas campañas de mensajes que alertan de supuestos movimientos sospechosos y conducen a una página falsa para obtener datos financieros.

Una llamada o un mensaje que presione para actuar inmediatamente, cancelar una transferencia o evitar el bloqueo de la cuenta debe despertar sospechas. Antes de hacer nada, lo recomendable es colgar y contactar con el banco mediante su número oficial.

5. No entres en el banco desde un enlace recibido por SMS

Para acceder a la banca electrónica es preferible abrir directamente la aplicación oficial o escribir la dirección de la entidad en el navegador. No conviene utilizar enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, WhatsApp o cualquier otra plataforma.

INCIBE recomienda escribir directamente la dirección del banco, ya que los enlaces pueden llevar a páginas que imitan su diseño y buscan robar las credenciales del usuario.

También hay que comprobar con atención el nombre del dominio. Una sola letra cambiada, un guion adicional o una terminación diferente pueden indicar que se trata de una web falsa.

6. Evita pagar conectado a una red wifi pública

Las redes abiertas de aeropuertos, cafeterías, hoteles o centros comerciales no son el lugar más adecuado para introducir información bancaria. Si es necesario realizar una compra o consultar la cuenta, resulta más seguro utilizar los datos móviles o una conexión privada de confianza.

También conviene evitar operaciones sensibles desde ordenadores públicos o dispositivos compartidos, donde podrían quedar almacenadas contraseñas, números de tarjeta o sesiones abiertas.

7. Comprueba la web de la tienda

Que una dirección comience por HTTPS y muestre un candado significa que la comunicación con la página está cifrada. Sin embargo, no garantiza que la tienda sea legítima. Una web creada para estafar también puede contar con un certificado de seguridad.

Antes de pagar, hay que comprobar el nombre exacto del dominio, los datos de contacto de la empresa, el aviso legal, las condiciones de devolución y los métodos de pago disponibles. También conviene buscar opiniones externas y desconfiar de precios muy inferiores a los habituales.

INCIBE señala que las tiendas falsas pueden utilizar logotipos y sellos de confianza que no conducen a ninguna certificación real.

8. Utiliza tarjetas virtuales o limita las compras

Algunas entidades permiten crear tarjetas virtuales destinadas únicamente a compras por internet. Pueden tener una numeración diferente a la tarjeta principal, un saldo limitado o una fecha de caducidad breve.

Otras aplicaciones bancarias permiten apagar temporalmente la tarjeta, impedir las compras online, bloquear su uso fuera de España o fijar límites máximos. Estas funciones reducen el daño potencial si los datos acaban en manos de terceros, aunque su disponibilidad depende de cada banco.

9. Protege el teléfono desde el que confirmas los pagos

El móvil se ha convertido en una pieza fundamental de la seguridad bancaria. Muchas operaciones se confirman desde una aplicación, mediante una contraseña, una huella dactilar o el reconocimiento facial.

Por eso, el dispositivo debe estar protegido con un código seguro y configurado para bloquearse automáticamente. También es recomendable evitar que los códigos y mensajes bancarios aparezcan completos en la pantalla cuando el teléfono está bloqueado.

La doble autenticación añade una segunda comprobación a la contraseña, como un código enviado al dispositivo o un dato biométrico.

10. Bloquea inmediatamente la tarjeta si desaparece

Ante una pérdida, un robo o la sospecha de que alguien conoce sus datos, hay que bloquear la tarjeta desde la aplicación o llamar inmediatamente al teléfono habilitado por el banco.

El Banco de España recomienda avisar a la entidad emisora, denunciar el robo ante la Policía, comprobar los movimientos y comunicar cuanto antes cualquier pago realizado sin consentimiento.

Es útil guardar el número de emergencias del banco en el teléfono, ya que consultar el que aparece en el reverso de la tarjeta no será posible si esta ha desaparecido.

Qué hacer si aparece un cargo que no reconoces

El primer paso es comprobar que no se trata de una compra olvidada, una suscripción, un pago realizado por otro titular autorizado o un comercio que aparece en el extracto con un nombre distinto. Si el movimiento sigue sin reconocerse, hay que bloquear la tarjeta y presentar una reclamación ante el servicio de atención al cliente del banco.

La entidad debe facilitar la documentación que acredite que el pago fue correctamente autorizado y ejecutado.

El Real Decreto-ley 19/2018 establece que las operaciones no autorizadas deben comunicarse sin demora injustificada desde que se conocen. El plazo máximo general para solicitar su rectificación es de 13 meses desde la fecha del cargo.

La norma también dispone, con carácter general, que el banco debe devolver el importe inmediatamente y, como máximo, al final del siguiente día hábil, salvo que tenga motivos razonables para sospechar un fraude del propio cliente.

Si alguien utiliza tu tarjeta sin permiso antes de que comuniques su pérdida o robo, podrías tener que asumir hasta 50 euros de las cantidades sustraídas. A partir del momento en que avisas al banco y bloqueas la tarjeta, no deberías responder por nuevos cargos que no hayas realizado. La entidad podría negarse a devolver el dinero si demuestra que hubo fraude o una negligencia grave por parte del cliente.

La situación cambia cuando es el propio titular quien confirma una transferencia después de haber sido engañado. Por ejemplo, si un estafador se hace pasar por el banco y consigue que la víctima introduzca sus claves y autorice el envío, la operación puede considerarse formalmente autorizada. En estos casos, recuperar el dinero resulta más complicado que cuando alguien usa la tarjeta sin consentimiento.

Si el banco rechaza la devolución, el cliente debe reclamar primero ante el servicio de atención al cliente de la entidad. Si no recibe respuesta en 15 días hábiles o no está conforme con ella, puede presentar una reclamación ante el Banco de España.

Una parcela llena de maleza, sin vallas y sin señales de uso puede parecer abandonada, pero eso no significa que esté libre ni que pueda ocuparla cualquier persona. El terreno puede pertenecer a un particular, una empresa, varios herederos o una Administración, aunque lleve años sin utilizarse.

Tampoco es posible convertirse en propietario simplemente por limpiar la finca, cultivarla, cerrarla con una valla o pagar algún gasto relacionado con ella. Antes de realizar cualquier actuación, hay que comprobar quién es su dueño y cuál es su situación jurídica.

La ley diferencia entre un terreno sin uso, una finca cuyo propietario no resulta fácil de localizar, un inmueble que no aparece inscrito y una parcela que realmente carece de dueño. Solo este último supuesto se considera un inmueble vacante, pero tampoco queda disponible para la primera persona que lo encuentre.

Cómo comprobar quién es el dueño del terreno

El primer paso consiste en localizar correctamente la parcela en la Sede Electrónica del Catastro. Esta consulta permite obtener datos como la referencia catastral, la superficie, el uso del suelo y su representación en el mapa.

Sin embargo, el Catastro tiene una finalidad principalmente descriptiva y fiscal. La información pública no permite conocer libremente todos los datos personales del titular y tampoco demuestra por sí sola quién es el propietario legal.

Para saber quién figura como dueño, conviene pedir una nota simple en el Registro de la Propiedad. Este documento informa sobre el titular inscrito y sobre posibles cargas, como hipotecas, embargos o derechos de usufructo.

La información registral también puede estar desactualizada. Por ejemplo, el propietario puede haber fallecido y existir una herencia todavía sin repartir o una compraventa que aún no se haya inscrito. La falta de inscripción no significa que el terreno no tenga dueño.

También puede ser necesario consultar al ayuntamiento para comprobar si la parcela es municipal, forma parte de una vía pública o está afectada por alguna actuación urbanística.

Qué pasa si el terreno no tiene realmente propietario

El artículo 17 de la Ley 33/2003, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, establece que los inmuebles que carecen de dueño pertenecen a la Administración General del Estado.

Esto significa que una parcela realmente vacante no pasa a ser de quien la ocupa. La propiedad se atribuye automáticamente al Estado, aunque en algunas comunidades autónomas existen normas propias para determinados bienes abandonados o sin titular conocido.

También es importante distinguir estos terrenos de los bienes de dominio público. Una carretera, un cauce, una vía pública o una zona destinada al uso general no puede adquirirse por el paso del tiempo.

Ocupar una parcela durante años no siempre permite quedársela

La usucapión, también llamada prescripción adquisitiva, permite adquirir la propiedad de un inmueble mediante una posesión prolongada, pero exige requisitos estrictos.

La posesión debe ser pública, pacífica, continuada y ejercerse en concepto de dueño. No basta con entrar ocasionalmente, limpiar la maleza o cultivar durante una temporada.

El Código Civil fija distintos plazos. La usucapión ordinaria exige buena fe y un título que aparentemente justifique la adquisición, con un plazo de diez años entre personas presentes o veinte entre ausentes. La extraordinaria no exige título ni buena fe, pero requiere 30 años de posesión ininterrumpida.

Además, normalmente será necesario acudir a los tribunales para demostrar que se cumplen todos los requisitos y poder inscribir después la propiedad.

Encontrar tesoros escondidos en los recovecos de tu vivienda, restos históricos durante una reforma o incluso petróleo en el jardín no te convierte automáticamente en el propietario de tu descubrimiento. Dependerá siempre de qué haya aparecido, de su antigüedad y de si es posible identificar a quién pertenece en realidad.

La ley española distingue entre los objetos perdidos, los llamados tesoros ocultos, los bienes con valor histórico o arqueológico y los recursos naturales que forman parte del dominio público. Cada supuesto tiene unas reglas diferentes y, en algunos casos, obliga a detener las obras y avisar inmediatamente a la Administración.

Por eso, ante un objeto de procedencia dudosa, lo más prudente es no moverlo, ni limpiarlo, ni mucho menos venderlo. Una joya olvidada por otra persona no se trata igual que unas monedas romanas, y unas ruinas encontradas bajo una casa tampoco siguen las mismas normas que el petróleo.

Cuándo puedes quedarte unas joyas o dinero escondido

El Código Civil utiliza el concepto de “tesoro oculto” para referirse a un depósito escondido e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuyo propietario legítimo no pueda conocerse.

Cuando el tesoro aparece en una propiedad privada, pertenece al dueño del terreno. Si otra persona lo encuentra por casualidad en una finca ajena, la mitad corresponde al propietario y la otra mitad al descubridor.

Sin embargo, no todo el dinero o las joyas encontrados en una casa son un tesoro oculto. Una alianza extraviada, una cartera, unos billetes escondidos recientemente o una joya que pudo pertenecer al anterior dueño de la vivienda pueden seguir teniendo un propietario identificable.

Cuando se encuentra una cosa que no reúne las condiciones de un tesoro, el Código Civil obliga a devolverla a su anterior poseedor. Si no se sabe quién es, debe entregarse a la autoridad municipal correspondiente.

Qué hacer si aparecen ruinas o monedas antiguas

La situación cambia cuando el objeto o los restos tienen valor histórico o arqueológico. La Ley del Patrimonio Histórico Español establece que son bienes de dominio público los objetos y restos materiales descubiertos durante excavaciones, movimientos de tierra, obras o de manera casual.

Si durante una reforma aparece un mosaico, una vasija, monedas antiguas, una tumba o restos de una construcción, deben detenerse los trabajos que puedan dañarlos.

El hallazgo casual debe comunicarse inmediatamente a la Administración competente, normalmente el organismo de patrimonio cultural de la comunidad autónoma. También puede avisarse al ayuntamiento o a las fuerzas de seguridad para que trasladen la información al organismo correspondiente.

El descubridor y el propietario del lugar pueden tener derecho a un premio conjunto equivalente al 50% del valor que se atribuya al objeto en una tasación legal. Por regla general, un 25% corresponde a quien lo encuentra y otro 25% al dueño del terreno. Si ambos son la misma persona, podría recibir las dos partes.

Esta compensación no debe darse por segura ante cualquier hallazgo histórico porque la legislación autonómica puede concretar sus condiciones. Además, quien no comunica el descubrimiento o incumple la obligación de custodiarlo puede perder el premio y exponerse a sanciones.

El petróleo bajo una casa pertenece al Estado

El propietario tampoco sería dueño del petróleo que apareciera bajo su jardín. La Ley del sector de hidrocarburos de España considera los yacimientos de petróleo y gas bienes de dominio público estatal, con independencia de quién sea el titular de los terrenos situados encima.

El dueño de la vivienda no puede extraerlo ni venderlo por su cuenta. La investigación y explotación de un yacimiento requieren permisos y concesiones administrativas, además de medios técnicos y financieros especializados.

El hallazgo tampoco supone que la casa vaya a ser expropiada automáticamente. Para ocupar terrenos, imponer una servidumbre o iniciar una expropiación, tendría que existir un proyecto autorizado, una declaración de utilidad pública y un procedimiento administrativo. De realizarse, el propietario tendría derecho a la indemnización correspondiente.

El verano convierte las piscinas comunitarias en el espacio más utilizado de las urbanizaciones. También es la principal causa de algunas discusiones habituales entre vecinos, como la posibilidad de entrar en el agua con colchonetas o flotadores gigantes. La comunidad puede limitar o prohibir estos objetos, pero la decisión no puede tomarse de manera informal.

La Ley de Propiedad Horizontal permite aprobar normas de régimen interior para regular la convivencia y el uso adecuado de los servicios y elementos comunes. Entre ellos se encuentra la piscina, por lo que la comunidad puede establecer horarios, condiciones de acceso y restricciones sobre determinados objetos.

No existe, sin embargo, una prohibición general de utilizar hinchables en todas las piscinas comunitarias de España. Cada propietario o residente deberá consultar las reglas de su edificio o urbanización para saber si están permitidos y bajo qué condiciones.

La prohibición debe aprobarse en una junta de propietarios

El presidente, el administrador de fincas o un grupo de residentes no pueden decidir por su cuenta que las colchonetas quedan prohibidas de manera permanente. La medida debe someterse a la junta de propietarios y aprobarse con la mayoría correspondiente.

En primera convocatoria se necesita el respaldo de la mayoría del total de propietarios, que represente también la mayoría de las cuotas de participación. En segunda convocatoria será suficiente con la mayoría de los asistentes, siempre que estos representen más de la mitad de las cuotas presentes.

Cuando se trata únicamente de organizar el uso cotidiano de la piscina, la restricción puede incorporarse al reglamento de régimen interior. Normalmente, no es necesario modificar los estatutos de la comunidad ni inscribir el acuerdo en el Registro de la Propiedad.

Una vez aprobada, la norma debe comunicarse a los residentes. También es recomendable que aparezca de forma visible en el recinto para que propietarios, inquilinos e invitados puedan conocerla antes de entrar en el agua.

Las comunidades pueden justificar la limitación por razones de seguridad y convivencia. Los grandes hinchables ocupan buena parte del vaso, pueden dificultar el movimiento de otros usuarios y reducir la visibilidad sobre lo que sucede debajo o detrás de ellos.

El socorrista puede pedir que se retire un objeto peligroso

El Real Decreto 742/2013 establece las condiciones técnico-sanitarias básicas de las piscinas y considera las comunitarias piscinas privadas de tipo 3A. También obliga a informar a los usuarios sobre sus derechos, deberes y normas de utilización. Sin embargo, no contiene una prohibición específica de flotadores y colchonetas ni concede por sí solo al socorrista una facultad general para vetarlos.

No obstante, el personal de vigilancia sí puede exigir que se cumplan las reglas internas y pedir la retirada de un hinchable si crea un riesgo inmediato, impide controlar correctamente el agua o dificulta una posible intervención. Las funciones concretas del socorrista también dependerán de la regulación autonómica y municipal.

Qué ocurre si un vecino ignora las normas

Ante un incumplimiento, el primer paso suele ser advertir al usuario y pedirle que retire la colchoneta o el flotador. Si la conducta se repite y resulta peligrosa, molesta o perjudicial, el presidente puede realizar un requerimiento formal.

La comunidad no puede establecer libremente multas económicas por saltarse el reglamento, como cobrar una cantidad fija por introducir un hinchable. Sí puede reclamar el coste de los daños materiales que el vecino, sus familiares o invitados causen en las instalaciones.

En los casos más graves y reiterados, la junta puede autorizar al presidente a iniciar una acción de cesación. Se trata de una demanda judicial con la que la comunidad pide a un juez que obligue al vecino a poner fin a una conducta prohibida, molesta, peligrosa o perjudicial. Para ello, la comunidad tendría que acreditar que el comportamiento persiste y afecta a la seguridad o a los derechos del resto de residentes.

El K-Pop alcanzó este domingo uno de sus mayores escaparates internacionales. BTS actuó durante el descanso de la final del Mundial de fútbol entre España y Argentina, dentro del primer gran espectáculo musical celebrado en el intermedio de un partido de estas características.

La presencia del grupo surcoreano ante millones de espectadores refleja el impacto que tiene el fenómeno. En España, más del 85% de los seguidores del K-Pop destina entre 20 y 100 euros al mes a productos de moda, artículos coleccionables, decoración, papelería y otras compras ligadas a las tendencias.

Este gasto equivale a entre 240 y 1.200 euros al año. Los datos proceden de una encuesta elaborada en 2026 por la cadena MINISO a partir de 1.000 respuestas, distribuidas por distintas áreas geográficas de España.

El K-Pop tiene más seguidores entre los adultos

El estudio señala que el 14% de la población española se considera fan del K-Pop. Sin embargo, el seguimiento no se reparte por igual entre todas las edades y rompe con la idea de que se trata de un movimiento principalmente adolescente.

El 19% de las personas de entre 31 y 45 años se declara seguidora, frente al 11% registrado entre quienes tienen de 18 a 30 años. La presencia del K-Pop es, por tanto, ocho puntos mayor entre los adultos de mediana edad que entre los más jóvenes analizados.

La encuesta dibuja además un público muy relacionado con el coleccionismo. El 83% de los fans se define como coleccionista activo y el 91% valora de forma positiva la estética asiática.

Entre los productos más habituales aparecen la ropa, los objetos para decorar la casa, la papelería y las figuras coleccionables. Algunos se compran porque están vinculados a un grupo o artista, mientras que otros ganan popularidad después de hacerse virales en redes sociales.

Instagram y TikTok impulsan las compras

Más de ocho de cada diez seguidores utilizan Instagram y TikTok para estar al día de las novedades y conocer qué productos se están poniendo de moda. Las redes se han convertido así en un escaparate constante de nuevas colecciones, figuras y objetos relacionados con la cultura coreana.

El 57% de los fans asegura que comparte siempre o muy a menudo contenido sobre sus compras. El consumo no termina al pagar el producto: muchos usuarios enseñan sus adquisiciones, graban cómo abren los paquetes y recomiendan artículos a otras personas de la comunidad.

Las llamadas blind boxes o cajas sorpresa ofrecen una experiencia particular. El comprador no sabe qué figura concreta encontrará dentro hasta que abre el envase, lo que anima a repetir la compra para completar una colección. El 91% de los fans considera esta experiencia divertida o emocionante.

La tienda física sigue teniendo importancia. El 54% acude expresamente a un establecimiento porque valora poder buscar personalmente los productos, descubrir las novedades y compartir ese momento con otros seguidores.

El crecimiento del K-Pop forma parte de una expansión más amplia de la cultura surcoreana, que reúne música, moda, belleza, series, películas y productos de consumo. Según datos citados por la Fundación Coreana para el Intercambio Cultural Internacional y el Ministerio de Cultura surcoreano, estos movimientos culturales generaron 19.000 millones de dólares en exportaciones durante 2025, mientras que las ventas musicales al exterior aumentaron un 84% respecto al año anterior.

El importe medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas alcanzó en mayo de 2026 los 174.866 euros, un 9,7% más que en el mismo mes de 2025, según los datos provisionales publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Hace un año, el préstamo medio rondaba los 159.400 euros, frente a los casi 175.000 euros actuales. Quien firma ahora una hipoteca necesita, de media, unos 15.500 euros más por operación.

El aumento del importe contrasta con la evolución del número de operaciones, que apenas ha variado. En mayo se constituyeron 42.213 hipotecas sobre viviendas, un 0,1% menos que un año antes. Se firman prácticamente los mismos préstamos, pero por cantidades mucho mayores.

El préstamo medio aumenta en unos 15.500 euros

Los datos del INE muestran que el mercado hipotecario se mantiene estable en volumen, aunque cada operación implica una financiación mayor. El incremento del 9,7% sitúa el importe medio en 174.866 euros, aproximadamente 15.462 euros por encima del nivel estimado de mayo de 2025.

Esta cantidad representa el capital que concede la entidad financiera, no el precio completo de la vivienda. Los compradores deben aportar normalmente una parte del coste con sus ahorros y hacer frente, además, a impuestos y otros gastos relacionados con la operación.

Tampoco se trata del coste final de la hipoteca. A los 174.866 euros prestados hay que sumar los intereses que se pagarán durante los años de devolución. Por tanto, el desembolso total que asume el titular será superior al importe inicial concedido por el banco.

El INE no explica las causas del crecimiento de los préstamos. Su estadística recoge las hipotecas inscritas en los registros de la propiedad, pero no permite determinar si el aumento responde al encarecimiento de las viviendas, a cambios en el tipo de inmuebles adquiridos o al perfil de los compradores.

En el conjunto de fincas, que incluye viviendas, solares, terrenos y otros inmuebles, el importe medio de las hipotecas inscritas aumentó todavía más, un 12,1% interanual.

El interés vuelve a rozar el 3%

El tipo de interés medio de las nuevas hipotecas sobre viviendas se situó en mayo en el 2,98%. Se trata de un aumento frente al 2,90% registrado en abril y el 2,84% de marzo, de acuerdo con la serie difundida por el INE.

El plazo medio acordado entre los clientes y las entidades fue de 25 años. Durante ese periodo, el comprador deberá devolver el dinero prestado junto con los intereses correspondientes, por lo que tanto el importe inicial como el tipo aplicado influyen en la mensualidad.

Las hipotecas a tipo fijo continuaron siendo las más habituales. Representaron el 60,9% de las operaciones constituidas sobre viviendas, mientras que el 39,1% restante se firmó a tipo variable.

El interés inicial medio fue ligeramente más bajo en las hipotecas fijas, con un 2,96%, que en las variables, donde alcanzó el 3,00%. En las primeras, la cuota no cambia por las oscilaciones de los tipos de referencia. En las segundas, puede subir o bajar durante la vida del préstamo según las condiciones pactadas.

Navarra registra la mayor subida y Baleares, la mayor caída

La evolución del número de hipotecas fue muy diferente según la comunidad autónoma. Navarra registró el mayor crecimiento interanual en mayo, con un aumento del 33,5%. Le siguieron Canarias, con un 16,5%, y Cataluña, con un 9,3%.

En el extremo contrario, Islas Baleares presentó la mayor caída, del 19,6%. También descendieron con fuerza las operaciones en Cantabria, un 17,9%, y en la Región de Murcia, un 13,2%.

El INE contabilizó además 9.342 hipotecas en las que se modificaron las condiciones previamente pactadas. El número total de cambios registrales bajó un 17,1% respecto a mayo de 2025.

Las novaciones, que permiten cambiar las condiciones con la misma entidad, descendieron un 23,4%. En cambio, las subrogaciones al acreedor, utilizadas para trasladar la hipoteca a otro banco, aumentaron un 14,5%. El 82,9% de las modificaciones registradas estuvo relacionado con cambios en los tipos de interés.

La retirada de la verja que separaba España y Gibraltar no solo transforma la movilidad entre ambos territorios. El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y el Reino Unido también introduce una nueva fiscalidad en el Peñón que afectará a las mercancías y, especialmente, a productos como el tabaco, el alcohol, la gasolina y el gasóleo.

Gibraltar comenzará a aplicar un nuevo impuesto indirecto equivalente al IVA, con un tipo general inicial del 15%. Aunque jurídicamente no se trata del IVA español, el objetivo es acercar progresivamente la tributación de las mercancías a la existente en la Unión Europea y reducir las ventajas comerciales derivadas de los impuestos más bajos.

El cambio no se completará inmediatamente: el tratado establece un periodo de convergencia de tres años, durante el que se aproximarán los tipos y se evaluarán las posibles diferencias que puedan perjudicar a los negocios situados en el Campo de Gibraltar.

Gibraltar aplicará un nuevo impuesto indirecto del 15%

El nuevo tributo, denominado impuesto sobre las transacciones, sustituirá a los actuales derechos de importación para los productos destinados a venderse en Gibraltar. Se aplicará a los bienes importados o producidos en Gibraltar cuando se destinen a su venta o consumo en el mercado del Peñón, con un tipo general inicial del 15%.

El acuerdo permite que existan tipos reducidos, superreducidos y exenciones para determinados bienes. Por tanto, no todos los productos soportarán necesariamente la misma carga.

La nueva regulación se acompaña de una unión aduanera específica con la UE. Las mercancías podrán circular sin aranceles ni cupos entre Gibraltar y el territorio comunitario, pero estarán sometidas a controles para acreditar su origen, destino y cumplimiento de las normas aplicables.

Qué pasará con el tabaco, el alcohol y los carburantes

El tabaco, el alcohol y los combustibles tendrán un tratamiento específico. Además del impuesto sobre las transacciones, estos productos quedarán sujetos a impuestos especiales destinados a reducir las diferencias fiscales con España.

El acuerdo establece reglas específicas para evitar que Gibraltar conserve una ventaja fiscal tan amplia que fomente las compras masivas o el contrabando. En el caso de los carburantes, se contempla un periodo transitorio antes de completar la aproximación de los impuestos especiales.

Esto previsiblemente reducirá el ahorro que hasta ahora suponía para algunos consumidores adquirir cigarrillos, bebidas alcohólicas, gasolina o gasóleo en el Peñón. Sin embargo, los precios finales también dependerán de los márgenes empresariales y de la evolución del mercado, por lo que no necesariamente serán idénticos a los de La Línea de la Concepción o Algeciras.

Habrá límites para las compras personales

Durante los tres primeros años de aplicación del acuerdo existirán límites para las mercancías transportadas por los viajeros. El acuerdo fija una franquicia general de 300 euros por persona para quienes crucen por tierra y de 430 euros para quienes lleguen por mar o aire. Para los menores de 15 años, el límite será de 175 euros.

También se establecen cantidades máximas específicas para el tabaco y el alcohol. Por vía terrestre podrán introducirse, con carácter general, hasta 200 cigarrillos, aunque el límite será de 80 para los residentes y los trabajadores de la zona fronteriza. También se permiten 100 puritos, 50 puros o 250 gramos de tabaco para fumar.

En bebidas, la franquicia comprende cuatro litros de vino sin gas y 16 litros de cerveza, además de un litro de bebidas con una graduación superior al 22% o dos litros cuando no superen ese nivel. Estas cantidades y las correspondientes al tabaco no se aplican a los menores de 17 años.

Estas exenciones solo se aplican a compras ocasionales destinadas al uso personal, familiar o a regalos. Las mercancías que superen los límites o tengan una finalidad comercial deberán declararse y estarán sujetas a los impuestos correspondientes.

El nuevo modelo pretende que la retirada de los controles físicos no facilite la entrada de productos sin declarar. La desaparición de la verja permitirá una circulación más fluida de personas, pero irá acompañada de una mayor coordinación aduanera y fiscal para impedir que las diferencias tributarias vuelvan a generar contrabando o competencia desleal.

España y Argentina se disputan esta noche el Mundial de fútbol, pero el marcador ofrece un resultado muy distinto cuando el partido se juega en el terreno económico. España llega con una inflación diez veces menor y mejores condiciones de jornada laboral y vacaciones. Pero Argentina puede apuntarse dos tantos capaces de sorprender al público español: tiene menos desempleo y la OCDE calcula que crecerá algo más durante 2026.

La tasa de paro argentina se situó en el 7,8% durante el primer trimestre del año, frente al 10,83% registrado en España. La OCDE también prevé que su economía avance un 2,8% este año, seis décimas más que la española. Dos cifras que, vistas de forma aislada, colocarían al país latinoamericano por delante.

Cambia de nuevo el marcador cuando se examina el tipo de empleo que se crea y qué ocurre después con el salario. El 44,2% de los ocupados argentinos tiene un empleo informal, es decir, trabaja sin estar plenamente registrado y puede quedar fuera de las cotizaciones, la protección social o parte de los derechos laborales.

A esta precariedad se suma una subida de precios que continúa castigando el poder adquisitivo. La inflación argentina supera el 30% anual, la jornada legal alcanza las 48 horas semanales y los trabajadores con menos de cinco años de antigüedad tienen derecho a 14 días naturales de vacaciones, menos de la mitad del mínimo reconocido en España.

Argentina crecerá más en 2026, aunque España arrancó mejor el año

Argentina gana el duelo del crecimiento previsto. La OCDE calcula que su PIB aumentará un 2,8% en 2026, impulsado sobre todo por las exportaciones de energía, minería y productos agrícolas. Para España espera un avance del 2,2%, sostenido por el consumo, la creación de empleo y las inversiones vinculadas a los fondos europeos.

La previsión para el conjunto del año, sin embargo, no coincide con lo ocurrido durante sus primeros meses. España creció un 2,7% interanual en el primer trimestre y Argentina, un 2,3%. El organismo espera, por tanto, que la economía argentina acelere a medida que avance 2026.

El país latinoamericano parte además de una trayectoria mucho más inestable. La propia OCDE advierte de que el gasto de los hogares seguirá creciendo, limitado por los elevados tipos de interés y una recuperación de los salarios reales que todavía avanza despacio.

Los precios suben diez veces más en Argentina

La ventaja argentina en crecimiento pierde fuerza cuando se observa cuánto se encarece la vida. En junio, los precios aumentaron un 3,2% interanual en España y un 33,5% en Argentina. La tasa argentina multiplica por más de diez la española.

La diferencia también se aprecia en periodos mucho más cortos. España acumuló una subida del 2,3% durante la primera mitad del año, mientras que Argentina alcanzó el 16,8%. Solo en junio, los precios argentinos avanzaron un 1,9%; en España lo hicieron un 0,6%.

El efecto llega directamente a la compra, el alquiler, el transporte y las facturas. Cuanto más rápido suben estos gastos, menos tiempo conserva su valor el salario y más difícil resulta ahorrar. Argentina ha reducido con fuerza las tasas extremas de años anteriores, pero todavía convive con un encarecimiento muy superior al español.

Menos paro, pero cuatro de cada diez empleos son informales en Argentina

El desempleo es el principal punto débil de España. La EPA situó la tasa en el 10,83% durante el primer trimestre, con 2,71 millones de personas paradas. Argentina registró un 7,8%, algo más de tres puntos menos.

La comparación exige cautela. El Instituto Nacional de Estadística y Censos de Argentina obtiene estos datos a través de la Encuesta Permanente de Hogares, realizada en 31 grandes áreas urbanas, mientras que la EPA española cubre todo el país. Las dos cifras permiten observar la situación laboral, pero no proceden de encuestas con la misma cobertura territorial.

Además, encontrar trabajo no significa necesariamente acceder a un empleo con cotizaciones y protección. El 44,2% de los ocupados argentinos no estaba plenamente registrado durante el primer trimestre. En la práctica, una parte de estas personas trabaja sin cotizar para su jubilación o con menos cobertura ante una enfermedad, un accidente laboral o un despido.

España no publica un dato equivalente que permita comparar directamente ambos países. Aun así, el elevado número de empleos no registrados en Argentina obliga a reinterpretar su menor tasa de paro: muchas personas trabajan, pero lo hacen sin cotizar o con menos protección laboral.

Más horas de trabajo y menos vacaciones

El salario mínimo español asciende en 2026 a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas, un total de 17.094 euros al año. En Argentina, el mínimo vigente desde julio se sitúa en 372.400 pesos mensuales.

Convertir esa cantidad directamente a euros produciría una comparación engañosa. El resultado depende del tipo de cambio utilizado y no tiene en cuenta cuánto cuestan la vivienda, la alimentación o los servicios en cada país. La evolución de los salarios tampoco ofrece una victoria clara: las remuneraciones argentinas aumentaron un 36,9% interanual en abril, pero gran parte de esa subida quedó absorbida por el encarecimiento de la vida.

Las condiciones laborales permiten hacer una comparación más clara. En España, la jornada máxima general sigue fijada en 40 horas semanales de promedio anual y las vacaciones no pueden ser inferiores a 30 días naturales.

En Argentina, la regla general establece un máximo de ocho horas diarias o 48 semanales. Sin embargo, la reforma laboral de 2026 permite distribuir ese tiempo mediante sistemas de promedio o bancos de horas, de modo que algunos días la jornada puede alcanzar las 12 horas si después se compensa con menos trabajo o descansos y no se supera el límite semanal.

El periodo de vacaciones depende de la antigüedad: son 14 días naturales hasta los cinco años trabajados, 21 entre los cinco y los diez, 28 entre los diez y los veinte y 35 a partir de los veinte años. Un trabajador argentino necesita superar los diez años en la empresa para acercarse a los 30 días que la legislación española reconoce desde el inicio.

Dos reformas laborales en direcciones opuestas

Los dos países han intentado corregir sus problemas con recetas distintas. España aprobó su reforma laboral a finales de 2021 para restringir los contratos temporales, extender la contratación indefinida y reforzar mecanismos como los ERTE frente al despido. En el último año hasta marzo de 2026, el número de asalariados indefinidos creció en más de medio millón.

Argentina aprobó en marzo la Ley de Modernización Laboral, orientada a facilitar la contratación formal, reducir costes empresariales y regularizar empleos no declarados. Incluye incentivos en las cotizaciones, cambios en la negociación colectiva y un fondo para afrontar las obligaciones derivadas de la extinción de contratos. También permite que los convenios organicen la jornada mediante bancos de horas.

Con estas medidas, España trató de reducir una temporalidad que hacía encadenar contratos de corta duración a muchos trabajadores. Argentina intenta sacar del empleo no registrado a una parte de quienes ya trabajan. Para conseguirlo, ha elegido una vía basada en mayores incentivos y flexibilidad para las empresas.

Ambos países llegan al duelo económico con debilidades y fortalezas muy distintas, pero esta noche, en la final del Mundial, ninguna estadística influirá cuando empiece a rodar el balón. ¡Que gane el mejor!

Irse de vacaciones durante una semana exige ya un presupuesto cercano a los 2.000 euros, incluso al escoger entre las tres opciones más económicas de España. Una familia formada por dos adultos y un menor de tres años gastaría 1.908,88 euros en Málaga, 1.960,19 euros en Alicante y 1.973,46 euros en Valencia.

La media de estos destinos asciende a 1.947,51 euros por siete días, unos 278 euros diarios para el conjunto de la familia. Estos cálculos proceden de un análisis elaborado por Roams sobre siete destinos turísticos españoles.

La simulación toma como referencia una familia que viaja desde Madrid, se aloja en un hotel de cuatro estrellas con media pensión y suma al alojamiento los desplazamientos y una selección de gastos de ocio y restauración.

El gasto medio supera los 2.200 euros entre los siete destinos analizados

Al incorporar Tenerife, Gran Canaria, Barcelona y Mallorca, el presupuesto medio de la semana se eleva hasta los 2.208,31 euros, alrededor de 315 euros al día. La cifra está muy condicionada por Mallorca, que se distancia claramente del resto con un coste de 3.095,92 euros.

Por debajo de esa media se encuentran los tres destinos más económicos ya mencionados, y también Tenerife, donde el desembolso alcanza los 2.062 euros. Gran Canaria asciende a 2.201,32 euros, prácticamente en línea con la media, mientras que Barcelona llega a 2.256,38 euros la semana.

La distancia entre los extremos de la muestra es considerable. Pasar la semana en Mallorca cuesta 1.187,04 euros más que hacerlo en Málaga, lo que supone un encarecimiento cercano al 62% bajo las mismas condiciones.

El hotel es lo más caro

El alojamiento es el gasto principal, aunque mirar únicamente el precio de la reserva dejaría una imagen incompleta. En Málaga, por ejemplo, el hotel cuesta 1.495 euros, pero el presupuesto final alcanza los 1.908,88. En Valencia, la estancia asciende a 1.545 euros y la factura completa roza los 1.974.

En los tres destinos más económicos, el transporte y los consumos realizados durante la semana añaden entre unos 365 y 428 euros al presupuesto. El estudio incluye el desplazamiento desde Madrid y unos gastos en restauración y ocio como cenas, cafés, bebidas, helados y alguna visita cultural.

Roams también incorpora, en los viajes realizados en coche, una parte proporcional de gastos anuales como el seguro, el mantenimiento o los impuestos del vehículo. No todos esos importes se abonan durante las vacaciones, pero se utilizan para estimar el coste asociado a su uso.

Elegir apartamento en vez de hotel abarata el viaje

Optar por un apartamento turístico permite reducir el presupuesto en los siete destinos analizados, tanto por el menor precio del alojamiento como por la posibilidad de cocinar durante la estancia. Sin embargo, la diferencia respecto al hotel cambia mucho de una ciudad a otra y no siempre consigue rebajar la factura de forma significativa.

El mayor ahorro se produce en Alicante, donde el coste total pasa de 1.960,19 a 1.656,80 euros, unos 303 euros menos. En Valencia la reducción ronda los 296 euros y en Mallorca, los 284. En cambio, una familia que elija un apartamento en Tenerife solo ahorraría 91,53 euros frente al hotel, mientras que en Barcelona la diferencia se limita a 123,84 euros.

Incluso con esta alternativa, unas vacaciones familiares continúan superando los 2.000 euros en Mallorca, Barcelona y Gran Canaria. En Tenerife, el presupuesto se queda muy cerca, con 1.970,47 euros por la semana. Los datos de Roams destacan que la elevada demanda turística ha reducido la distancia de precios entre hoteles y apartamentos en algunos destinos.

Los inquilinos que firmen un contrato de alquiler por un año no estarán obligados a abandonar la vivienda cuando pasen esos doce meses. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite continuar en el inmueble mediante prórrogas anuales hasta completar un mínimo de cinco años, siempre que se trate de su vivienda habitual y el arrendador sea una persona física.

La renovación es obligatoria para el arrendador, aunque en el documento aparezca que el contrato dura solamente un año. El inquilino, en cambio, puede decidir que no quiere seguir. Para hacerlo, debe comunicarlo al propietario con un mínimo de 30 días de antelación respecto al final del contrato o de cualquiera de sus prórrogas.

El plazo protegido por la ley aumenta cuando quien alquila el inmueble es una empresa u otra persona jurídica. En ese caso, el arrendatario puede continuar en la vivienda hasta completar siete años. Estas son las reglas vigentes para los contratos de alquiler firmados desde el 6 de marzo de 2019. Los anteriores pueden estar sometidos a plazos diferentes.

No hace falta firmar un contrato nuevo cada año

Las prórrogas se aplican sobre el mismo contrato, por lo que el inquilino no tiene que firmar uno nuevo al terminar cada anualidad. El alquiler continúa en las mismas condiciones, salvo los cambios permitidos por la ley, como la actualización de la renta cuando corresponda.

Si el contrato no indica cuánto dura o establece un periodo indeterminado, la ley considera que se ha firmado por un año. Aun así, el arrendatario mantiene el derecho a continuar hasta completar cinco años, o siete cuando quien alquila la vivienda es una persona jurídica.

Cuándo puede el propietario recuperar la vivienda

La ley recoge una excepción que permite a un propietario particular recuperar el inmueble antes de que se cumplan los cinco años. Puede hacerlo si necesita utilizarlo como vivienda permanente para él mismo, para sus padres o hijos, o para su cónyuge después de una sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

Para aplicar esta excepción no basta con que el propietario diga, cuando termina el primer año, que necesita la casa. Esta posibilidad debe aparecer expresamente recogida en el contrato desde el momento en que se firma.

Además, debe comunicar al inquilino la causa concreta por la que necesita recuperar la vivienda y avisarle con al menos dos meses de antelación. Esta excepción solo puede utilizarse una vez transcurrido el primer año del alquiler y cuando el arrendador sea una persona física.

La ley también establece una protección por si el propietario utiliza esta causa sin llegar a ocupar realmente el inmueble. Si él o el familiar señalado no se instala en la casa durante los tres meses posteriores al desalojo, el antiguo inquilino puede solicitar volver a la vivienda o reclamar una indemnización, salvo que exista una causa de fuerza mayor que haya impedido la ocupación.

Esta regla no se aplica a los alquileres de temporada

El derecho a permanecer durante cinco o siete años se aplica a los contratos destinados a cubrir la necesidad permanente de vivienda del inquilino. Es decir, a la casa en la que reside habitualmente.

Los alquileres de temporada, como los que se firman para permanecer durante unos meses por motivos de estudios, trabajo o vacaciones, se consideran arrendamientos para un uso distinto del de vivienda. En ellos, la duración depende principalmente de lo acordado entre las partes y no se aplica automáticamente el plazo mínimo del artículo 9.

Tras los cinco o siete años, el alquiler puede continuar

Cuando se alcanza el periodo mínimo, el contrato tampoco termina necesariamente de forma automática. Si ninguna de las partes avisa de que quiere finalizarlo, puede prorrogarse por anualidades durante un máximo de otros tres años.

Para impedir esa renovación, el arrendador debe avisar con al menos cuatro meses de antelación. El inquilino tiene que hacerlo con un mínimo de dos meses. Durante las prórrogas posteriores, el arrendatario puede comunicar con un mes de antelación que no desea renovar la siguiente anualidad.

España sigue creando hogares a un ritmo muy superior al de la construcción de vivienda. En los doce meses contabilizados hasta el primer trimestre de 2026 se formaron 242.200 nuevos hogares, mientras que los visados de obra nueva alcanzaron 141.135 unidades en el acumulado hasta febrero. La relación equivale a unas seis viviendas nuevas por cada diez hogares creados, una diferencia de más de 100.000.

La comparación aparece en el último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que advierte de que el déficit de vivienda continúa aumentando. El organismo considera que el ritmo de construcción de los últimos cinco años no ha sido suficiente para responder al crecimiento de la demanda residencial.

Los dos datos no cubren exactamente el mismo periodo: la creación de hogares llega hasta el primer trimestre y los visados, hasta febrero, aunque ambos se presentan como acumulados de doce meses.

Estas cifras tampoco significan que el déficit total de vivienda en España sea de 100.000 unidades. La diferencia muestra que durante el último año se han formado muchos más hogares de los que la oferta futura parece capaz de absorber.

Más personas buscan casa mientras la oferta avanza lentamente

La AIReF vincula este desequilibrio con los cambios demográficos registrados en España. La población ha aumentado, en parte por la llegada de personas extranjeras, y, al mismo tiempo, los hogares son cada vez más pequeños.

Algo más de la mitad de los hogares españoles está formado por una o dos personas, según el informe. Aproximadamente un 29% corresponde a personas que viven solas y otro 25% a hogares con dos miembros. Esto implica que una misma población necesita más viviendas cuando aumenta el número de personas que viven solas, parejas sin hijos o familias de menor tamaño.

Frente a esta demanda creciente, los visados de obra nueva apenas cubren alrededor del 58% del número de hogares creados. Además, un visado de obra nueva no significa que la casa ya esté construida o disponible para entrar a vivir. Es una autorización técnica previa, por lo que todavía pueden pasar meses o años hasta que el inmueble esté terminado.

La construcción permanece estancada, según la AIReF. El sector representa actualmente el 5,4% del valor añadido de la economía y la inversión en vivienda equivale al 5,8% del PIB. Ambas cifras están muy alejadas de las registradas en 2006, cuando alcanzaban el 11,1% y el 11,7%, respectivamente.

La comparación con los años de la burbuja inmobiliaria no implica que España deba volver a aquellos niveles de actividad, pero sí muestra que la construcción residencial tiene ahora un peso mucho menor pese al aumento de las necesidades de vivienda.

La falta de oferta sigue empujando los precios

La consecuencia más evidente para las familias es el encarecimiento del acceso a una casa. La AIReF señala que la escasez de oferta está contribuyendo a que los precios sigan subiendo. En el primer trimestre de 2026, aumentaron un 13,9% interanual.

La subida fue superior a la registrada en la mayoría de las economías europeas y ha aumentado el esfuerzo económico necesario para comprar una vivienda. En la práctica, quienes buscan independizarse, mudarse por trabajo o encontrar una casa con más espacio tienen que competir por una oferta que no crece al mismo ritmo.

El encarecimiento también obliga a los compradores a aportar más ahorros para la entrada y a solicitar hipotecas mayores. Así, incluso los hogares cuyos ingresos no han disminuido pueden encontrarse con que cada vez necesitan dedicar una parte mayor de su salario a pagar la casa.

Las empleadas domésticas tienen derecho a una jornada limitada, descansos diarios y semanales, vacaciones, permisos pagados y un salario mínimo. Estas reglas se aplican tanto a quienes trabajan unas horas en una vivienda como a las empleadas internas, aunque estas últimas tienen algunas condiciones concretas.

La jornada ordinaria no puede superar las 40 horas semanales de trabajo efectivo. Además, deben pasar al menos 12 horas entre el final de un día de trabajo y el comienzo del siguiente, el descanso semanal debe durar un mínimo de 36 horas seguidas y las vacaciones son de 30 días naturales al año.

A estos derechos se suma el salario. En 2026, una empleada que trabaje a jornada completa debe cobrar al menos el salario mínimo interprofesional. En el caso de quienes prestan servicios por horas y no viven en el domicilio, el mínimo es de 9,55 euros por cada hora efectivamente trabajada.

Qué son los tiempos de presencia

La ley diferencia entre el trabajo efectivo y los llamados tiempos de presencia. El primero comprende las tareas que realiza la empleada, como limpiar, cocinar, cuidar a una persona o hacer la compra.

Los tiempos de presencia son, en cambio, aquellos periodos en los que debe permanecer disponible en el domicilio, aunque no esté trabajando en ese momento. Por ejemplo, puede haber terminado sus tareas, pero tener que quedarse en la casa por si la familia necesita su ayuda. Por tanto, ese periodo no puede considerarse tiempo libre.

Estas horas deben acordarse previamente entre la trabajadora y la persona empleadora. Pueden compensarse con descanso, con dinero o combinando ambas opciones. Cuando se paguen, cada hora debe abonarse como mínimo al mismo precio que una hora ordinaria.

Si no se cambian por un descanso equivalente, los tiempos de presencia no pueden superar las 20 horas semanales de media durante un mes.

Las reglas especiales para las empleadas internas

En el caso de las trabajadoras internas, el tiempo entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente puede reducirse de 12 a 10 horas. No obstante, las dos horas restantes deben recuperarse dentro de las cuatro semanas posteriores.

También deben disponer de al menos dos horas libres al día para las comidas principales. Durante ese periodo no tienen que realizar tareas y ese tiempo no se incluye dentro de la jornada laboral.

El descanso semanal suele abarcar todo el domingo y la tarde del sábado o la mañana del lunes. Trabajar a tiempo parcial no permite reducir esas 36 horas consecutivas, aunque la retribución correspondiente se calcula en proporción a la jornada contratada.

Cómo se eligen las vacaciones

Los 30 días naturales de vacaciones pueden repartirse en varios periodos, pero al menos uno de ellos debe durar 15 días seguidos. Al hablar de días naturales, se cuentan también los sábados, los domingos y los festivos.

Las fechas deben acordarse entre ambas partes. Cuando no sea posible alcanzar un acuerdo, la persona empleadora puede decidir 15 días y la trabajadora los otros 15. En cualquier caso, la empleada debe conocer las fechas con al menos dos meses de antelación.

Durante sus vacaciones, una trabajadora interna no está obligada a permanecer en el domicilio familiar ni a acompañar a la familia a una segunda residencia o a su lugar de veraneo.

Qué permisos puede pedir sin perder salario

Las empleadas domésticas pueden ausentarse por las mismas causas reconocidas para el resto de los trabajadores sin que esos días se descuenten del sueldo.

Entre los permisos más habituales se encuentran los 15 días naturales por matrimonio o por registrarse como pareja de hecho. También pueden solicitar cinco días por enfermedad grave, hospitalización o una operación que exija reposo en casa de determinados familiares o de una persona con la que convivan.

En caso de fallecimiento de ciertos familiares, corresponden dos días. Este plazo puede ampliarse cuando sea necesario realizar un desplazamiento.

La normativa reconoce además un día por mudanza y el tiempo indispensable para acudir a exámenes prenatales, cumplir una obligación pública o atender otras situaciones recogidas en el Estatuto de los Trabajadores.

La trabajadora debe avisar y justificar el motivo siempre que sea posible. Estos permisos no pueden descontarse del salario ni obligarla a recuperar después las horas que no haya trabajado.

Cuánto debe cobrar una empleada doméstica en 2026

Una empleada que trabaje a jornada completa y cobre por meses debe recibir al menos 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. La cantidad anual mínima asciende así a 17.094 euros brutos. Cuando las dos pagas extraordinarias están repartidas entre los 12 meses, el mínimo es de 1.424,50 euros brutos mensuales. Si el contrato es a tiempo parcial, el sueldo se calcula de forma proporcional a las horas trabajadas.

El pago de 9,55 euros por hora se aplica a quienes trabajan por horas en régimen externo, es decir, sin vivir en la casa y cobrando en función de las horas concretas que realizan. En esa cantidad ya están incluidas las partes proporcionales de las vacaciones, los descansos semanales y las pagas extraordinarias.

No es lo mismo trabajar por horas que tener un contrato mensual a tiempo parcial. Por ejemplo, una empleada que trabaja todas las semanas durante un horario fijo y recibe un sueldo al mes debe cobrar la parte proporcional del salario mínimo mensual que corresponda a su jornada. En ese caso, el salario no se calcula simplemente multiplicando sus horas por 9,55 euros.

En el caso de las internas, la comida o el alojamiento pueden formar parte de la remuneración, pero no permiten reducir el dinero que reciben por debajo del mínimo legal que les corresponde.

El alta en la Seguridad Social es obligatoria desde la primera hora

La persona que contrata debe tramitar el alta antes de que la empleada comience a trabajar. La obligación existe aunque solo acuda unas horas a la semana o preste servicios en varias viviendas.

En el trámite deben comunicarse datos como la jornada, el salario, las pagas extraordinarias y, cuando existan, los tiempos de presencia o los pagos en especie. El alta puede realizarse mediante el portal Import@ss de la Seguridad Social.

Las empleadas domésticas también cotizan por desempleo desde 2022. Esto permite que puedan cobrar el paro cuando pierdan su trabajo y hayan acumulado el periodo mínimo de cotización exigido.

Trabajar dentro de una vivienda particular no elimina los derechos laborales. Las condiciones pueden acordarse entre la familia y la empleada, pero ese pacto nunca puede rebajar los mínimos establecidos por la ley.

La nota de corte no es el único filtro que puede condicionar dónde estudiará un universitario. Para quienes tienen que mudarse a otra ciudad o comunidad autónoma, el precio de una habitación puede acabar siendo tan dictaminante como la carrera elegida. Tomando como referencia diez meses de curso, alquilar una habitación cuesta unos 6.000 euros en Barcelona, 5.870 en Madrid y 4.380 en Sevilla.

Las cifras parten de los precios medios mensuales recopilados por LIVE4LIFE, una plataforma especializada en alquiler para jóvenes y estudiantes. Según sus datos, una habitación cuesta de media 600 euros al mes en Barcelona, 587 en Madrid y 438 en Sevilla. En el conjunto de España, el promedio se sitúa en 430 euros mensuales, lo que elevaría el gasto a unos 4.300 euros durante diez meses.

Al comparar las tres ciudades, la mayor diferencia aparece entre Barcelona y Sevilla: una habitación cuesta de media 162 euros más al mes en la capital catalana. La brecha con Madrid es mucho menor, tan solo de 13 euros mensuales.

El cálculo es orientativo, pues el coste final dependerá del número de meses que dure el contrato, del barrio, del estado de la vivienda o de si el precio incluye gastos como la luz, el agua o internet. Aunque eso será solo por el alquiler: todavía habría que sumar la matrícula, la alimentación, el transporte, los materiales académicos y la fianza.

En cualquier caso, el desembolso puede condicionar la decisión. Un estudiante puede conseguir plaza en la carrera que quiere y, aun así, tener que valorar si su familia puede asumir el coste de vivir en esa ciudad.

Casi uno de cada cinco cambia de comunidad

El encarecimiento de las habitaciones en alquiler afecta especialmente a quienes se marchan de casa para poder estudiar. El 19,1% de los universitarios cambia de comunidad autónoma para cursar su carrera, frente al 18,3% registrado dos años antes. Además, el 32% estudia en una provincia distinta, seis décimas más que en el periodo anterior.

El aumento es moderado, pero refleja que una parte considerable del alumnado necesita desplazarse. Y no todos los que cambian de provincia salen de su comunidad: un estudiante puede matricularse en otra ciudad de su misma región y verse igualmente obligado a buscar una habitación.

Navarra es la comunidad con una mayor proporción de universitarios llegados desde otros territorios, con un 42,2%. Le siguen Castilla y León, con un 37%; La Rioja, con un 34%; y Madrid, con un 31,2%. También superan el 20% Castilla-La Mancha, con un 23%, y Murcia, con un 22,9%.

En el extremo contrario se encuentran Baleares, donde solo el 4,2% de los estudiantes procede de otra comunidad; Galicia, con un 8,3%; Canarias, con un 8,8%; y Asturias, con un 9,6%. Andalucía y Cataluña también permanecen por debajo del 11%.

Las diferencias pueden responder a la variedad de titulaciones, el tamaño de las universidades, la existencia de centros privados, la proximidad entre territorios o la capacidad de determinados campus para atraer alumnado.

La búsqueda para septiembre empieza en verano

El calendario también importa en la búsqueda de habitación. En julio, muchos universitarios acaban de regresar a casa tras terminar el curso, mientras otros esperan las adjudicaciones de plaza o empiezan ya a buscar alojamiento para septiembre. LIVE4LIFE sostiene que la escasez de oferta obliga a adelantar la búsqueda para evitar quedarse sin habitación al inicio del curso.

La plaza universitaria puede depender de la nota, pero poder aprovecharla exige hacer números. Entre vivir en Barcelona o en Sevilla hay 1.620 euros de diferencia por curso solo en una habitación, una distancia que puede reducir bastante el mapa de oportunidades para muchas familias.

Abrir una ventana no siempre es suficiente para refrescar el ambiente. Si el objetivo es que el aire caliente salga de verdad, es necesario crear una corriente que atraviese la casa: el aire entra por una abertura y sale por otra situada en una zona diferente. Este sistema se conoce como ventilación cruzada y puede ponerse en práctica con dos ventiladores.

La idea es bien sencilla: uno de los aparatos introduce en la vivienda el aire procedente de una zona más fresca, mientras que el otro ayuda a expulsar el calor acumulado. De esta forma, el aire no se limita a dar vueltas dentro de una misma habitación, sino que recorre parte de la casa y sale al exterior.

Este método forma parte de lo que se conoce como refrigeración pasiva, es decir, el uso de la ventilación, la sombra y la propia distribución de la vivienda para reducir el calor sin depender únicamente del aire acondicionado.

Cómo colocar los dos ventiladores

Para crear la corriente, el primer ventilador debe situarse cerca de una ventana abierta situada, si es posible, en el lado más fresco o sombreado de la vivienda. Este aparato tiene que apuntar hacia el interior para ayudar a introducir el aire exterior.

El segundo ventilador debe colocarse cerca de otra ventana o puerta, preferiblemente en el extremo contrario de la casa. En este caso tiene que apuntar hacia fuera, porque su función es expulsar el aire caliente acumulado. El Departamento de Energía de Estados Unidos recomienda cerrar las ventanas cercanas a este segundo aparato, para obligar al aire a recorrer una distancia mayor dentro de la vivienda.

Las dos ventanas no tienen que estar necesariamente una frente a la otra. Pueden encontrarse en habitaciones distintas o en fachadas contiguas. Lo importante es dejar las puertas interiores abiertas y crear un camino por el que el aire pueda pasar sin demasiados obstáculos.

En las viviendas de varias plantas, el ventilador que expulsa el aire puede colocarse en el piso superior, ya que el aire caliente tiende a subir. Al mismo tiempo, se pueden abrir ventanas en las plantas inferiores para facilitar la entrada de aire más fresco. Esta es también una de las recomendaciones del Departamento de Energía estadounidense.

Es mejor utilizarlo por la noche o a primera hora

La ventilación cruzada no funciona igual durante todo el día. Para que ayude a enfriar la casa, la temperatura exterior debe ser inferior a la interior. Por eso suele ser más útil durante la noche, al amanecer o a primera hora de la mañana.

La Asociación Internacional de Profesionales de la Climatización (ASHRAE) recomienda abrir y cerrar las ventanas teniendo en cuenta el movimiento ascendente del aire caliente y aprovechar la ventilación cruzada especialmente por la noche.

Durante las horas centrales del día puede tener el efecto contrario. Si en la calle hace más calor que dentro, abrir las ventanas e introducir aire exterior puede calentar todavía más la vivienda. En ese momento conviene cerrar ventanas, bajar persianas y cortinas y evitar que el sol entre directamente.

La guía YourHome recuerda que la refrigeración de una casa no depende solo de mover el aire. También es necesario reducir la entrada de calor mediante toldos, sombras, persianas o un buen aislamiento.

Los ventiladores no enfrían el aire

Los ventiladores no producen aire frío como un aparato de aire acondicionado. Lo que hacen es mover el aire y crear una sensación de frescor sobre la piel. Por este motivo, la ventilación cruzada no siempre será suficiente durante una ola de calor.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos advierten de que los ventiladores deben utilizarse cuando la temperatura interior sea inferior a 32 grados. Por encima de ese nivel, pueden aumentar la temperatura corporal.

A finales del pasado mes de junio, casi 160.000 personas extranjeras ya estaban afiliadas a la Seguridad Social como resultado del proceso de regularización extraordinaria para personas migrantes puesto en marcha por el Gobierno. En concreto, se habían registrado 159.097 altas, concentradas principalmente en la hostelería, el comercio, las actividades administrativas y la construcción.

La mayoría de estas personas trabaja por cuenta ajena: el 83,4% está encuadrado en el Régimen General. Además, el contrato indefinido predomina entre las nuevas altas vinculadas al proceso, ya que representa el 77,3% del total, cerca de ocho de cada diez.

La hostelería reúne el mayor número de incorporaciones, con 38.776. Le siguen el comercio, con 20.195; las actividades administrativas y los servicios auxiliares, con 19.327; y la construcción, con 18.310. En conjunto, estas cuatro ramas concentran 96.608 altas, alrededor de seis de cada diez de las registradas mediante la regularización.

La afiliación extranjera acelera desde finales de abril

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones señala que el crecimiento de la afiliación extranjera se ha acelerado desde finales de abril, coincidiendo con la puesta en marcha del proceso. No obstante, los datos facilitados no permiten determinar qué parte de las nuevas incorporaciones corresponde a empleos creados desde cero y cuál procede de relaciones laborales que ya existían, pero que hasta ahora no figuraban en los registros de la Seguridad Social.

En junio, España contabilizó una media de 3.446.178 trabajadores extranjeros afiliados, la cifra más alta de la serie. Son 86.630 más que en mayo y 350.163 más que en el mismo mes de 2025, lo que supone un crecimiento interanual del 11,3%.

La subida es cuatro veces superior a la registrada por el conjunto de la afiliación, que avanzó un 2,8% en el último año. Las personas extranjeras representan ya algo más del 15,4% de todos los cotizantes del país. Las 159.097 altas relacionadas con la regularización equivalen, como referencia, a aproximadamente el 45% del aumento interanual de la afiliación extranjera.

Casi la mitad de los trabajadores del hogar y del campo son extranjeros

La presencia de trabajadores extranjeros es especialmente elevada en algunas actividades. Suponen el 31,5% de los ocupados en la hostelería, el 28,9% en la agricultura y el 25,9% en la construcción. También representan el 18,6% en las actividades administrativas y el 18,2% en el transporte.

La proporción es aún mayor en el empleo doméstico y el campo: las personas extranjeras son el 45,5% de quienes cotizan en el Sistema Especial de Empleados del Hogar y el 41,7% de los incluidos en el Sistema Especial Agrario.

La temporalidad cae al nivel de los trabajadores españoles

El 87,8% de los trabajadores extranjeros por cuenta ajena tiene un contrato indefinido. Este porcentaje corresponde al conjunto del colectivo, no solo a quienes se han incorporado mediante la regularización.

La tasa de temporalidad se sitúa en el 12,2%, prácticamente al mismo nivel que entre los trabajadores españoles, donde alcanza el 12,3%.

La diferencia respecto a los años anteriores a la reforma laboral es amplia. Entre 2017 y 2021, los contratos indefinidos representaban de media el 41,1% entre los empleados extranjeros.

Más de 3,4 millones de trabajadores extranjeros

Desde junio de 2022, la Seguridad Social ha sumado más de 980.000 cotizantes extranjeros. Según los cálculos del ministerio, este colectivo representa el 44,5% del empleo generado desde la entrada en vigor de la reforma laboral.

El 28,5% de las personas afiliadas extranjeras procede de algún país de la Unión Europea, mientras que el 71,5% tiene nacionalidades extracomunitarias. Marruecos continúa siendo el principal país de origen, con 422.347 cotizantes, seguido de Rumanía, con 353.974, y Colombia, con 316.460.

También destacan Venezuela, con 239.892 afiliados; Italia, con 223.500; China, con 133.098; Perú, con 122.633; y Ucrania, con 84.020. Por sexos, cerca de dos millones son hombres y casi 1,5 millones son mujeres, que representan el 43% del colectivo.

Por otra parte, el número de autónomos extranjeros supera ya los 525.000, tras crecer un 7,9% en un año. Destacan especialmente en telecomunicaciones y programación informática, donde representan el 32,7% de los trabajadores por cuenta propia, prácticamente uno de cada tres. También suponen el 25,5% en hostelería, el 18,9% en actividades administrativas, el 18,4% en las inmobiliarias y el 18,3% en construcción.

El 83% de los españoles se muestra abierto a invertir su dinero, pero solo el 41% lo hace actualmente. En la práctica, hay un claro interés por obtener rentabilidad de los ahorros, pero de cada dos personas que se lo plantean, solo una acaba dando el paso.

El principal freno es la falta de margen económico. Entre quienes no invierten, el 35% considera que no dispone de suficiente dinero y el 27% necesita mantener sus ahorros disponibles para afrontar los gastos cotidianos. A ello se suman el miedo a perder lo acumulado, citado por el 28%, y la escasa confianza en los propios conocimientos financieros, señalada por el 24%, según el Barómetro Mintos 2026.

Invertir resulta mucho más sencillo cuando existe un colchón suficiente para dejar una parte del dinero a medio o largo plazo. La decisión se complica cuando esos mismos ahorros tienen que servir para pagar una avería, afrontar una subida del alquiler o cubrir cualquier otro gasto imprevisto.

Cuatro de cada diez invierten y otros dos ya lo hicieron

El 41% de los encuestados invierte en la actualidad. Entre el resto, un 38% nunca ha invertido y otro 22% lo hizo en el pasado, pero ya no mantiene ninguna inversión.

El informe no explica por qué abandonaron. No permite saber si retiraron el dinero para cubrir gastos, si obtuvieron pérdidas, si alcanzaron un objetivo concreto o si simplemente cambiaron de estrategia. Por tanto, no puede afirmarse que dejaran de invertir por una mala experiencia.

Un perfil prudente y con conocimientos básicos

El retrato que ofrece el barómetro del inversor más habitual en España es el de un hombre de entre 35 y 44 años, residente en una gran ciudad como Madrid o Barcelona, con conocimientos financieros básicos y una posición conservadora ante el riesgo.

La confianza y la seguridad aparecen como los factores prioritarios al escoger una plataforma. Además, solo el 21% de quienes invierten se considera bastante conocedor de este ámbito, lo que refleja que entrar en los mercados no implica necesariamente dominar su funcionamiento.

El 46% de los inversores actuales declara tener entre 1.000 y 19.999 euros ahorrados. La horquilla es demasiado amplia para perfilar con precisión su capacidad económica: no afronta la misma situación una persona con poco más de 1.000 euros que otra con casi 20.000. Aun así, el dato apunta a que la inversión no se limita exclusivamente a quienes disponen de grandes patrimonios.

Por edades, las personas de 25 a 34 años presentan la tasa más elevada, con un 56% que invierte actualmente. Este resultado no contradice necesariamente que el perfil más común tenga entre 35 y 44 años: una franja puede registrar el mayor porcentaje de participación y otra aportar un número superior de inversores en términos absolutos.

Seguridad e independencia financiera

Las principales motivaciones para invertir están vinculadas a la búsqueda de estabilidad. El 32% menciona el objetivo de alcanzar una mayor seguridad e independencia financiera y otro 32% señala el ahorro para la jubilación o para metas a largo plazo. Un 28% también identifica como incentivo comprender mejor cómo funciona la inversión.

La contradicción atraviesa todo el estudio: una parte amplia de la población quiere prepararse para el futuro, pero el presente limita su capacidad para hacerlo. La necesidad de conservar un colchón para el día a día y el temor a perderlo pesan más que la voluntad de obtener rendimiento.

El Barómetro Mintos 2026 fue elaborado por Sapio Research a partir de una encuesta online realizada a 1.200 consumidores en España entre marzo y abril de 2026.

La conocida plataforma Binance no desaparecerá de un día para otro ni sus usuarios perderán las criptomonedas que tenían con ellso. Pero desde el 1 de julio, el mayor exchange de criptoactivos del mundo ya no puede operar con normalidad en Europa si no cuenta con la licencia que exige MiCA, el nuevo Reglamento Europeo de Mercados de Criptoactivos. El cambio no se queda en el plano regulatorio: afecta de lleno a quienes compraban, vendían, cambiaban o generaban rendimientos con activos digitales desde esta plataforma.

La entrada en vigor de MiCA marca un cambio de etapa para el sector cripto europeo. Hasta ahora, muchas plataformas habían seguido funcionando bajo registros nacionales o en periodos transitorios mientras se adaptaban al nuevo marco. y ahora ese margen se ha terminado. A partir de ahora, cualquier proveedor de servicios sobre activos digitales necesita una autorización concedida por al menos un Estado miembro para prestar servicios en la Unión Europea.

El caso de Binance se ha convertido en el más visible por su tamaño. Según estimaciones del sector recogidas por EFE, la situación afecta a más de un millón de clientes en Europa y a más de medio millón de usuarios en España.

La compañía retiró recientemente su solicitud de licencia ante la Comisión del Mercado de Capitales de Grecia, aunque sostiene que no abandona Europa y que buscará autorización en otro Estado miembro. Mientras tanto, asegura que los fondos de sus clientes “permanecen seguros y protegidos” y seguirán siendo accesibles.

Los fondos no desaparecen, pero los servicios sí cambian

Con el fin del periodo transitorio de MiCA, la consecuencia inmediata no es que los usuarios se queden sin sus criptomonedas, sino que las plataformas sin licencia no pueden seguir ofreciendo sus servicios como antes. Fernanda Restrepo, experta de la auditora Kroll en fraude y activos digitales, explica que estos operadores solo pueden ejecutar un plan de cierre o salida ordenada. “Lo único que pueden hacer es dar apertura a los clientes para que puedan salir de la plataforma y puedan sacar sus activos”, señala.

Eso significa que el usuario debería poder acceder a su cuenta y mover sus criptoactivos a otro proveedor o a una dirección propia. Lo que no debería poder hacer es seguir usando la plataforma como un exchange plenamente operativo. “El hecho de estar en proceso de sacar una licencia no les da la posibilidad de seguir operando”, advierte Restrepo.

“Queda todo bloqueado excepto el poder sacar los fondos de la plataforma”, resume la experta. En la práctica, eso impide “seguir invirtiendo, meter más dinero o cambiarlo a otro tipo de criptomoneda”, además de comprar, vender, cambiar criptoactivos a euros u otras monedas tradicionales, dar nuevas órdenes, gestionar la cartera o utilizar otros servicios asociados, explica Restrepo.

El mensaje coincide, aunque desde una lectura muy distinta, con el de Enrique J. Hernández, profesional del sector cripto: “Que no presten servicio no quiere decir que esos activos estén secuestrados ni mucho menos. Puedes hacer retiros”, sostiene. Para él, el foco debe estar en la pérdida de operativa y no en un supuesto bloqueo de activos. El ejemplo que pone para ilustrar la situación es sencillo: “Cuando un banco cierra, el banco no se queda con tus fondos”. Lo que ocurre, explica, es que la entidad deja de darte servicio y te pide que retires el dinero.

Un usuario residente en España consultado por Infobae asegura, de hecho, haber retirado fondos de Binance después del 1 de julio sin incidencias. “No he tenido ningún problema al sacar mis fondos después de la entrada en vigor de MiCA”, afirma. Su caso no permite sacar conclusiones generales sobre todos los clientes, pero sí encaja con el mensaje “de calma” que lanzan las voces expertas consultadas: la salida de activos debe estar habilitada, aunque el resto de servicios quede restringido.

¿Qué pueden hacer ahora los usuarios?

La nueva situación deja a los usuarios que tengan fondos en criptomonedas ante varias opciones. La más directa es retirar los activos de la plataforma. Otra es trasladarlos a un operador que sí tenga licencia MiCA, o también pueden pasarlos a una wallet de autocustodia, es decir, a un monedero digital controlado directamente por el propio usuario y no por una plataforma. Hernández lo compara con guardar euros en una caja fuerte en casa, en lugar de dejarlos en el banco: esa wallet, dice, es “como una especie de pendrive” donde se conservan los activos.

El problema es que esa “caja fuerte” hay que saber manejarla. Implica que el usuario asume por completo la responsabilidad sobre sus claves, accesos y seguridad. Para perfiles más familiarizados con el ecosistema cripto puede ser una opción natural. Para pequeños ahorradores o usuarios menos expertos, puede aumentar el riesgo de cometer errores al mover fondos o perder el acceso a los activos.

La principal preocupación, apunta Restrepo, no debería centrarse tanto en la pérdida de los activos como en las dificultades prácticas para sacarlos. Puede haber dudas o instrucciones poco claras, especialmente si muchas personas intentan salir al mismo tiempo de una plataforma. “Las empresas puede que no tengan una atención al cliente suficiente para el éxodo que va a haber de clientes europeos”, explica.

MiCA no ha fijado un plazo general único para retirar fondos. Cada plataforma debe ejecutar su propio plan de salida, que debería haber comunicado a sus clientes por correo, en su web o por ambas vías. Hernández asegura que, en el caso de Binance, “ahora mismo no se ha puesto ni siquiera esa fecha”, afirma.

También existe una cuarta opción: esperar. Algunas plataformas pueden seguir intentando obtener licencia después del 1 de julio y reactivar servicios si la consiguen. Pero, mientras no la tengan, no pueden operar con normalidad. Para el usuario, eso supone dejar los activos quietos en una plataforma limitada, expuestos a la evolución del mercado, pero sin poder utilizarlos como antes. Es decir, si alguien tiene 0,05 bitcoin, seguirá teniendo 0,05 bitcoin; lo que suba o baje será su valor en euros o dólares.

Más seguridad, pero menos plataformas

MiCA nace con una promesa: dar seguridad jurídica a un mercado que durante años ha crecido con reglas fragmentadas, poca supervisión homogénea y una exposición elevada a fraudes. La regulación exige identificación de clientes, controles contra el blanqueo, transparencia corporativa, resiliencia operativa, requisitos de liquidez y estructuras internas más parecidas a las del sector financiero tradicional.

Para Restrepo, la regulación es necesaria “para poder dar protección jurídica en una situación en la que mucha gente está invirtiendo y no sabe o no conoce bien dónde está invirtiendo”, defiende. Una de las ventajas, apunta, es que el usuario puede consultar las listas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para comprobar si un proveedor está autorizado antes de confiarle sus activos.

Para los operadores que han conseguido licencia, el momento también abre una ventana comercial clara. Restrepo lo califica como “una oportunidad única para las plataformas que sí tienen licencia”. Y ahí aparece la otra cara de la nueva norma: el mercado europeo queda más ordenado, pero también más concentrado.

Según Restrepo, antes de MiCA se hablaba de entre más de 1.200 y más de 2.800 proveedores de servicios; ahora hay algo más de 280 registrados en Europa. “Estamos hablando de miles de proveedores de servicios a cientos de proveedores de servicios. Eso concentra el mercado”, reconoce.

La concentración, además, no se limita al número de empresas. No todos los proveedores autorizados pueden prestar todos los servicios. Algunos pueden tener licencia para varias actividades, pero no para todas. El resultado será un sector cripto europeo con menos plataformas disponibles, menos productos y una oferta diferente a la que tengan los usuarios en otros mercados.

La crítica del sector: burocracia y oligopolio

Hernández interpreta esa concentración como el principal problema. Para él, MiCA no solo protege al consumidor, sino que levanta una barrera de entrada al mercado: “Son muy pocas las empresas que pueden asumir el costo y los tiempos que conlleva adaptarse a una normativa tan restrictiva”, sostiene.

Su crítica va más allá del caso Binance. A su juicio, la Unión Europea está imponiendo demasiadas restricciones a un sector tecnológico todavía en desarrollo. “Europa está ahogando la innovación y la tecnología, porque las criptomonedas no dejan de ser innovación y tecnología”, afirma. Y resume su visión con una frase especialmente categórica: “Binance simboliza la innovación que Europa necesita y la ley MiCA simboliza el exceso de burocracia que vivimos en Europa”.

Desde su prisma, el riesgo es que la UE reduzca competencia interna y deje el desarrollo tecnológico en manos de otros mercados: “Europa lo que hace es restringir, el resto del mundo fabricar”, denuncia. También advierte de un efecto de oligopolio: menos empresas, más poder para las que sobreviven y mayor capacidad para imponer condiciones o comisiones a los usuarios.

Restrepo admite que el mercado queda más concentrado, pero sostiene que ese ajuste viene acompañado de más garantías para el usuario. “Las opciones siguen existiendo, ahora son más seguras, aunque sean más concentradas”, resume la experta.

MiCA ha cambiado las reglas del juego. A partir de ahora, operar en el mercado europeo exige licencia, estructura y supervisión. El usuario gana seguridad y claridad para saber dónde está entrando, pero pierde parte de la oferta y flexibilidad que caracterizaba al ecosistema cripto.

Castilla-La Mancha continúa entre las comunidades más asequibles de España para comprar una casa, pero también se ha visto afectada por la subida generalizada de los precios. Un piso de 90 metros cuadrados cuesta actualmente unos 95.850 euros de media, alrededor de 11.000 euros más que hace un año, según un cálculo realizado a partir del Informe de Vivienda de Gesvalt correspondiente al segundo trimestre de 2026.

El precio medio de venta en la región alcanza los 1.065 euros por metro cuadrado, un 13% más que en el mismo periodo de 2025. Al aplicar esa variación, una vivienda de 90 metros rondaba entonces los 84.823 euros. La diferencia asciende a unos 11.027 euros en solo doce meses.

Aunque Castilla-La Mancha sigue siendo mucho más económica que Madrid, Baleares o Euskadi, su encarecimiento supera ligeramente la media nacional, situada en el 12,4%. El dato muestra que la escalada ya no se limita a los grandes mercados urbanos, turísticos o costeros, sino que también alcanza a territorios donde comprar continúa siendo comparativamente más barato.

Extremadura, la más asequible

Solo hay una comunidad autónoma más barata que Castilla-La Mancha, según el estudio de Gesvalt: Extremadura, donde el metro cuadrado se sitúa en 950 euros. Aun así, la vivienda castellanomanchega se ha encarecido más que el conjunto del país.

La diferencia con los mercados más caros sigue siendo muy amplia. Una casa de 90 metros cuadrados cuesta de media unos 299.970 euros en la Comunidad de Madrid y 310.950 euros en Baleares, las dos regiones con los valores más elevados.

En el conjunto de España, el precio medio alcanza los 2.041 euros por metro cuadrado. Eso sitúa el coste de una vivienda estándar de 90 metros en 183.690 euros, unos 20.250 euros más que hace un año, cuando rondaba los 163.440 euros.

Castilla-La Mancha mantiene, por tanto, una ventaja importante en términos de precio. Pero esa distancia no impide que comprar sea cada vez más caro también en uno de los territorios tradicionalmente considerados más accesibles para la mayoría de la población.

La vivienda sube en todas las comunidades

El encarecimiento se ha extendido a todo el país. Ninguna comunidad autónoma registra descensos interanuales durante el segundo trimestre de 2026, según el informe.

La Región de Murcia encabeza las subidas, con un aumento del 18,2%. Le siguen Cantabria, con un 14,7%; la Comunidad Valenciana, con un 13,7%; Asturias, con un 13,2%, y Castilla-La Mancha, con un 13%.

En el extremo contrario aparecen La Rioja, con un avance del 5,7%; Baleares, con un 7,5%; Extremadura, con un 7,8%, y Canarias, con un 7,9%. Son incrementos más moderados, pero también confirman que la vivienda sigue subiendo en todo el territorio nacional.

En Extremadura, la comunidad más barata de España, una vivienda de 90 metros costaría unos 85.500 euros. A partir de la subida anual del 7,8%, su precio hace un año rondaría los 79.300 euros, por lo que también se habría encarecido en unos 6.200 euros.

Los precios se moderan, pero no bajan

Gesvalt señala que el ritmo de crecimiento comienza a moderarse tras los fuertes incrementos registrados durante 2025. El precio medio nacional avanzó un 1,4% respecto al trimestre anterior, una subida más contenida que la variación interanual del 12,4%.

Esa moderación no significa que las viviendas se estén abaratando. Los precios siguen creciendo, aunque lo hacen a menor velocidad frente a los primeros meses del año. La comparación con 2025 continúa mostrando incrementos de dos dígitos.

El informe también recoge que las compraventas descendieron un 2,6% durante el primer trimestre de 2026, hasta las 178.473 operaciones. Sin embargo, la menor actividad todavía no se ha traducido en una caída real de precios.

Al mismo tiempo, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 9,7% interanual, hasta alcanzar las 131.554 operaciones. La financiación gana así peso en un mercado donde los compradores necesitan afrontar precios cada vez más elevados.

Se empiezan más viviendas de las que se terminan

La actividad promotora mantiene una evolución positiva. Los visados para iniciar nuevas obras aumentaron un 9,3% durante los dos primeros meses de 2026, hasta las 24.991 unidades.

Sin embargo, en ese mismo periodo solo se registraron 13.802 certificados de final de obra. El dato muestra que se ponen en marcha más proyectos, pero la incorporación de nuevas viviendas terminadas tarda en llegar al mercado.

El responsable de una pequeña sucursal bancaria de Corea del Sur aprovechó su puesto para llevarse 70 millones de wones en efectivo, alrededor de 40.000 euros, y trató de ocultar el robo sustituyendo el dinero por billetes de juguete comprados en internet.

Los hechos ocurrieron el pasado enero en una oficina de Saemaul Geumgo situada en Gyeongju, en la provincia surcoreana de Gyeongsang del Norte, según ha informado la cadena SBS, que cita a la Policía local. El presunto responsable era el encargado de dirigir la sucursal y de gestionar el establecimiento.

La oficina tenía una plantilla especialmente reducida: allí solo trabajaban el responsable y un jefe de sección. El hombre habría aprovechado esa falta de personal y los escasos controles internos para retirar el efectivo de la caja fuerte sin ser descubierto inmediatamente.

Sustituyó el efectivo por billetes de juguete

Para cubrir el hueco dejado por el dinero sustraído, el empleado colocó en la caja fuerte imitaciones de billetes de 50.000 wones que había comprado a través de internet, de acuerdo con la información publicada en el diario surcoreano Seoul Economic Daily.

Las falsificaciones no eran especialmente sofisticadas. Podían distinguirse a simple vista de los billetes auténticos y algunas llevaban incluso personajes de dibujos animados.

Pese a ello, la maniobra pasó inadvertida durante un tiempo debido al reducido tamaño de la oficina y a la poca eficiencia de los controles. El engaño terminó descubriéndose cuando el otro trabajador de la sucursal detectó algo extraño e informó de lo sucedido.

La comprobación posterior permitió descubrir que habían desaparecido 70 millones de wones y que el dinero había sido reemplazado por las imitaciones adquiridas online.

El banco no informó inmediatamente a la Policía

Saemaul Geumgo abrió primero una investigación interna y despidió al responsable tras conocer los hechos. La entidad aseguró posteriormente que el trabajador había devuelto íntegramente el dinero y que el asunto se consideraba cerrado dentro de la organización.

Sin embargo, el caso no terminó con el despido. Según Seoul Economic Daily, que cita a la comisaría de Gyeongju, el banco no comunicó inmediatamente lo ocurrido a las autoridades, lo que generó sospechas de que había intentado rebajar la gravedad del caso o resolverlo únicamente por la vía interna.

El antiguo responsable de la sucursal acabó entregándose voluntariamente a la Policía unos 15 días después de que se descubrieran los hechos. Los agentes abrieron entonces una investigación por la sustracción del efectivo.

La Fiscalía ha solicitado que sea sancionado mediante un procedimiento sumario, una vía utilizada en Corea del Sur para reclamar una multa a partir de la documentación del caso, sin celebrar inicialmente un juicio ordinario.

“Fue despedido inmediatamente después de que se conociera lo ocurrido y la cantidad sustraída fue devuelta íntegramente, por lo que el asunto se cerró internamente”, señaló un representante del banco Saemaul Geumgo, según recogió SBS.

Este particular episodio ha destapado los fallos en los sistemas de vigilancia de las sucursales pequeñas, donde tener una plantilla especialmente reducida puede dejar el acceso al efectivo y su supervisión en manos de muy pocas personas.

El economista Daniel Vila ha defendido la intervención del Estado en el mercado de la vivienda y ha rechazado que el debate pueda reducirse a una elección teórica entre regulación y libre mercado. Durante una intervención en laSexta Xplica, ha sostenido que la experiencia de la crisis inmobiliaria demuestra que dejar este ámbito únicamente en manos del mercado y de la financiación hipotecaria también genera graves problemas.

“En España el mercado y la hipoteca nos colocó la crisis del ladrillo del 2014. Ellos solitos montan un lío de tres pares de narices”, ha afirmado el economista. A partir de ese diagnóstico, Vila ha reclamado una mayor presencia de los poderes públicos: “Hace falta el Estado regulando, hace falta el Estado planificando”.

Sus declaraciones se han producido al abordar el decreto que, según ha explicado, prepara el Gobierno para recuperar medidas relacionadas con la prórroga de los contratos de alquiler. Vila considera que esta iniciativa está justificada, aunque sus efectos sean temporales y no resuelva por sí sola los problemas estructurales del acceso a la vivienda.

“A ninguna familia con riesgo de exclusión la echen de su casa”

“¿Qué va a hacer el Gobierno este mes? Va a presentar un decreto, lo sabemos todos por la prensa, donde vuelve con el tema de la prórroga de alquileres”, ha señalado. El economista ha defendido que la aplicación anterior de esta medida no provocó las graves consecuencias económicas que, en su opinión, algunos sectores habían pronosticado.

“No ha sido una bomba atómica explotando en la economía española”, ha asegurado. Según Vila, durante el periodo en el que estuvo vigente, permitió que numerosos hogares ganaran tiempo para afrontar situaciones de vulnerabilidad: “Decenas de miles de familias tuvieron la opción de resolver transitoriamente su problema”.

Su argumento no se centra en presentar la prórroga como una solución definitiva, sino como un instrumento de protección inmediata para personas con dificultades para mantener su vivienda.

En este sentido, Vila ha situado la protección de las familias en riesgo de exclusión en el centro de la discusión y ha defendido que las administraciones deben intervenir para evitar que pierdan su hogar. “Yo quiero vivir en un país donde a ninguna familia con riesgo de exclusión la echen de su casa”, ha señalado, “y habrá que hacer lo que sea para que eso funcione”, ha añadido con convicción.

“Aquí regula y planifica todo quisqui”

Vila también ha rechazado que la planificación de la vivienda sea una política exclusiva de los gobiernos de izquierdas. Para sostenerlo, ha recurrido al ejemplo de la Comunidad de Madrid, donde el Ejecutivo autonómico desarrolla programas públicos destinados a ampliar la oferta de alquiler.

“En Madrid tenemos el Plan Vive y el Plan Reside, que no es una cosa ni de los socialistas ni de los progresistas, es de un gobierno de derecha”, ha señalado. Con esta referencia, el economista ha defendido que la intervención pública ya forma parte de las políticas de vivienda de administraciones de distinto signo político.

El Plan Vive se basa en la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible sobre suelo público, mientras que el Plan Reside pretende movilizar parcelas para levantar nuevos inmuebles protegidos. Aunque ambos modelos recurren a la colaboración con empresas privadas, parten de una decisión de la Administración sobre dónde, cómo y con qué condiciones se construye.

Para Vila, estos programas muestran que el debate no consiste realmente en elegir entre un mercado libre y otro controlado por el Estado. “Aquí regula y planifica todo quisqui”, ha destacado, y ha añadido contundente: “Con lo cual, planificar es imprescindible”.

Una escapada de fin de semana, o incluso una semana en la playa, se queda muy corta si el objetivo es desconectar realmente del trabajo. Los trabajadores españoles necesitan una media de 27,1 días de vacaciones para lograr una desconexión real de sus obligaciones laborales, prácticamente un mes entero de descanso. Así lo recoge un estudio de SD Worx, compañía especializada en servicios de recursos humanos, que sitúa a España a la cabeza de Europa entre los países donde los empleados necesitan más tiempo para recargar energías.

Mientras los profesionales españoles necesitan casi todas sus vacaciones para sentir que paran de verdad, en Reino Unido bastan 8,5 días, en Francia 12,9 y en Alemania 14,7. Es decir, los trabajadores en España necesitan más del triple de tiempo que los británicos y más del doble que los franceses para tomar distancia del ritmo laboral acumulado durante el año.

El dato también supera con claridad la media europea, situada en 17,3 días. España está casi diez días por encima de ese promedio, una brecha que convierte el descanso laboral en algo más que una cuestión de calendario.

Casi un mes para dejar atrás el trabajo

El estudio no habla solo de vacaciones, sino de cómo se llega a ellas. Si un trabajador necesita prácticamente un mes para recuperar energía, el problema no empieza necesariamente el primer día de descanso, sino mucho antes. La carga acumulada, la presión antes de irse, las tareas que quedan pendientes y la dificultad para cortar con correos, llamadas o mensajes pueden hacer que los primeros días libres se parezcan más a una transición que a una desconexión real.

En ese contexto, el verano se convierte para muchos trabajadores en el gran momento del año para parar. No solo para viajar o cambiar de rutina, sino para tomar distancia del trabajo después de meses de actividad. El estudio de SD Worx plantea precisamente esa idea: las vacaciones son fundamentales, pero no deberían ser el único mecanismo para recuperar las fuerzas.

El informe defiende que las empresas tienen margen para organizar mejor el descanso de sus plantillas. Eso implica planificar las vacaciones con más antelación, repartir las cargas para que no se concentren justo antes o después del verano y facilitar una vuelta progresiva que no convierta el regreso en una carrera por ponerse al día.

También pasa por reforzar la flexibilidad y la conciliación durante el resto del año, para que las vacaciones no sean el único momento en el que los trabajadores puedan recuperar energía.

No todo se arregla con irse de vacaciones

El verano también pone a prueba a las empresas. Durante estas semanas tienen que mantener la actividad, reorganizar equipos, cubrir ausencias y evitar que el descanso de unos se convierta en una sobrecarga para otros.

La desconexión real pasa también por limitar comunicaciones no urgentes durante los días libres. Responder un correo, mirar una notificación o dejar asuntos abiertos puede parecer inofensivo, pero contribuye a que el descanso no sea completo.

Lo mismo ocurre con la vuelta: si el regreso implica encontrarse de golpe con todas las tareas acumuladas, parte del efecto reparador de las vacaciones se pierde en pocos días.

Si los trabajadores necesitan casi un mes para desconectar, quizá el descanso no debería empezar solo cuando llegan las vacaciones, sino en la forma en que se organiza el trabajo durante todo el año.

Tener un empleo público, con un sueldo asegurado, tampoco parece suficiente para poder cambiar de casa en España. El precio de la vivienda se ha convertido en un obstáculo también para los funcionarios que quieren aceptar una plaza, un ascenso o un traslado fuera de su provincia. Casi la mitad, el 43,5%, solo aceptaría cambiar de destino si el nuevo puesto viniera acompañado de una subida salarial o de un incentivo específico para compensar el coste de vivir en otra ciudad. Esta es una de las conclusiones del estudio Perspectiva y Retos del Empleado Público en España, elaborado por Supera Oposiciones, escuela especializada del grupo educativo thePower Education.

El dato apunta a una consecuencia de la crisis residencial que había pasado inadvertida hasta ahora: el precio de la vivienda no solo condiciona la emancipación o la compra de una casa. También empieza a pesar sobre carreras profesionales que, en principio, se desarrollan dentro de un marco laboral estable. Una mejora de puesto puede dejar de ser atractiva si exige asumir un alquiler más caro, comprar en otra ciudad o afrontar un coste de vida superior.

La encuesta, realizada a 400 empleados públicos en España en mayo de 2026, señala que el 31,5% afirma haber rechazado o pospuesto aceptar una plaza o un ascenso por no poder hacer frente al coste de la vivienda en el destino asignado. La barrera aparece incluso entre quienes sí están dispuestos a moverse, ya que solo el 48,8% asegura que aceptaría mudarse fuera de su provincia para acelerar su carrera profesional.

Cuando ascender implica perder poder adquisitivo

El problema no es solo conseguir una plaza mejor, sino poder vivir donde está esa plaza. En un contexto de precios elevados, un traslado puede implicar una mudanza, gastos iniciales, un nuevo contrato de alquiler o una vivienda más cara que la del lugar de origen. Si la mejora profesional no compensa esa diferencia, el ascenso puede traducirse en una pérdida de poder adquisitivo.

Ese es el punto que diferencia a esta encuesta de otros debates sobre función pública. La estabilidad del empleo público sigue siendo una ventaja frente a otros trabajos, pero no elimina el impacto del mercado inmobiliario. El sueldo puede ser seguro, pero no necesariamente suficiente para asumir cualquier destino.

El estudio también recoge que un 23,8% de los empleados de la Administración afirma que el coste de la vida condiciona totalmente cualquier decisión que implique trasladarse.

La vivienda se convierte así en una variable laboral. No aparece únicamente al final del mes, en forma de cuota o renta, sino antes: en la decisión de presentarse a determinadas plazas, aceptar un cambio de destino o renunciar a una promoción si el traslado no compensa.

Volver a casa y evitar las grandes ciudades

La presión inmobiliaria también cambia las preferencias de destino. Según la encuesta, para el 56% de los empleados públicos, poder regresar a su lugar de origen o trasladarse a provincias medianas o entornos menos masificados es un factor determinante al elegir plaza.

Esta preferencia no responde solo a motivos personales. Las ciudades medianas pueden ofrecer una relación más asumible entre salario, vivienda y calidad de vida, especialmente frente a grandes núcleos urbanos donde el precio de los pisos absorbe una parte importante de los ingresos mensuales.

La elección de ciudades menos masificadas conecta con otro dato del estudio: el 73% de los encuestados apoya la creación de sedes estatales fuera de la capital. Se trata de una medida vinculada a la idea de descentralización administrativa, pero también a una cuestión material: repartir oportunidades laborales en territorios donde vivir puede resultar más accesible.

El teletrabajo como solución parcial

La digitalización y el teletrabajo aparecen como otra posible vía para reducir el peso de los traslados físicos. El 52,5% de los empleados públicos considera que estas herramientas están reduciendo la brecha de oportunidades entre los servicios centrales y las delegaciones provinciales, según la encuesta.

No todas las plazas permiten trabajar a distancia ni todos los organismos tienen el mismo margen para aplicarlo, pero el dato refleja una demanda clara: que progresar dentro de la Administración no obligue siempre a cambiar de ciudad ni a asumir un mercado residencial más caro.

En este contexto, el precio de la vivienda en España ya atraviesa casi todos los aspectos de la vida de la mayoría de la población. No solo expulsa vecinos de sus barrios, ni obstaculiza la creación de hogares, sino que también condiciona hasta dónde se puede avanzar profesionalmente.

Dos días después de que Alberto Núñez Feijóo calificara el absentismo laboral como “un cáncer” y planteara que “una persona que no va a trabajar” no cobre lo mismo que quien sí acude a su puesto, el Consejo General de Graduados Sociales ha presentado un informe que aporta datos al debate y obliga a distinguir entre bajas médicas, permisos y ausencias injustificadas.

El informe Absentismo en España: un desequilibrio entre derechos laborales y productividad confirma que nuestro país registra más bajas médicas que hace dos años, pero también advierte de que bajo la palabra absentismo se agrupan realidades distintas: incapacidad temporal, permisos, licencias y ausencias sin justificación.

El documento sitúa la tasa equivalente de incapacidad temporal en torno al 5,5% en 2025, frente al 5,12% de 2023. También recoge una estimación de absentismo total del 7,1%. La diferencia entre ambas cifras, alrededor de 1,6 puntos, corresponde a ausencias distintas de la baja médica, pero no puede identificarse automáticamente como fraude.

Qué se cuenta cuando se habla de absentismo

El informe parte de una dificultad básica: en España no existe una definición legal única de absentismo laboral. El Estatuto de los Trabajadores regula muchas situaciones en las que una persona puede ausentarse del puesto -bajas médicas, permisos retribuidos, suspensiones contractuales o medidas de conciliación-, pero no establece una categoría cerrada y común para todas ellas.

Esa falta de definición explica buena parte de la confusión. Desde una perspectiva empresarial, el absentismo suele medirse como tiempo de trabajo no prestado respecto al inicialmente previsto, con independencia de la causa. Así, una baja médica, un permiso o una ausencia injustificada pueden tener un mismo efecto organizativo: el puesto queda temporalmente sin cubrir.

La perspectiva sindical es distinta. Las organizaciones de trabajadores rechazan identificar enfermedad con absentismo, porque una persona de baja médica no está incumpliendo una obligación laboral, sino ejerciendo un derecho protegido por la Seguridad Social. Ese fue precisamente el argumento utilizado por UGT tras las declaraciones del líder del PP: estar de baja no es lo mismo que faltar injustificadamente al trabajo.

El informe intenta ordenar la discusión conceptual distinguiendo tres planos. El primero es la ausencia laboral, un hecho descriptivo: la persona no presta servicios durante un periodo determinado. El segundo es el absentismo estadístico, que mide el tiempo de trabajo no realizado según una metodología concreta. El tercero es el absentismo jurídico-disciplinario, que se limita a ausencias injustificadas, culpables e imputables al trabajador.

Solo este último puede tener consecuencias sancionadoras. Una ausencia puede aparecer en una estadística de absentismo y, al mismo tiempo, estar plenamente justificada desde el punto de vista legal. Distinguir esto es clave para interpretar los datos sin convertir toda baja o permiso en una sospecha de fraude.

No obstante, los datos de incapacidad temporal sí muestran una tendencia clara al alza. En 2025, la incidencia media mensual de procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes alcanzó los 40,89 procesos por cada mil trabajadores cubiertos por esta prestación, frente a los 37,37 registrados en 2023.

También aumentaron los procesos iniciados, que pasaron de 809.791 en 2023 a 926.394 en 2025. Al cierre de 2025, estos procesos superaban los 1,24 millones, por encima de los 1,15 millones registrados dos años antes.

Lo que no es una baja laboral tampoco es automáticamente fraude

La parte del absentismo que no corresponde a bajas médicas es la más difícil de interpretar. El informe calcula que alrededor de 1,6 puntos del absentismo total se explican por otras ausencias, pero alerta de que en ese margen pueden mezclarse permisos, licencias, medidas de conciliación y también posibles ausencias no justificadas.

Por eso, el dato no permite concluir que todo lo que queda fuera de la incapacidad temporal sea fraude. Recortar salario durante una baja puede afectar a personas enfermas que están ejerciendo un derecho, mientras que las faltas injustificadas ya tienen su propio tratamiento disciplinario.

El informe no niega el impacto del fenómeno: España registra más bajas médicas y el absentismo estadístico aumenta, lo que implica más dificultades para cubrir puestos, reorganizar plantillas y asumir costes. Pero también deja una advertencia: antes de hablar de fraude o de recortes salariales, conviene precisar qué tipo de ausencia se está examinando. Llamar absentismo a todo por igual puede acabar poniendo en peligro los derechos laborales de los trabajadores, que están reconocidos y protegidos por la ley.

Los ingresos medios de los hogares se quedan cortos frente al precio de la vivienda en una parte cada vez mayor del país. Tres de cada diez habitantes de España viven ya en municipios o códigos postales donde la renta media no alcanza para comprar una casa sin superar el nivel de endeudamiento que se considera razonable para conceder una hipoteca. Así lo recoge la II edición del informe Accesibilidad a la compra de vivienda con hipoteca, elaborado por la Cátedra Grupo Tecnocasa-UPF.

El estudio cruza tres elementos que determinan si una familia puede comprar: el precio de la vivienda, la renta media del hogar y las condiciones de financiación. Para hacerlo, calcula una hipoteca estándar: el 80% del precio de la vivienda, a 25 años, y con una cuota que no debería superar el 30% de los ingresos. Cuando la renta media no llega para asumir esa operación, la zona se considera de accesibilidad limitada.

En 2021, solo el 9% de la población residía en zonas de este tipo. En 2026, ese porcentaje ha subido hasta el 30%. Al mismo tiempo, la población que vive en áreas consideradas “muy accesibles” ha caído del 53% al 22%. En apenas cinco años, el mapa de la compra de vivienda se ha estrechado para millones de hogares.

La compra de vivienda se aleja de los hogares medios

La conclusión del estudio es clara: la vivienda en propiedad se está alejando de los hogares con ingresos medios. Ya no se trata solo de quienes tienen rentas bajas o de quienes intentan comprar en barrios de lujo. El problema aparece ahora en el conjunto de muchas ciudades y no se limita a las zonas más caras.

En 2026, el 22% de los habitantes vive en zonas muy accesibles, el 29% en zonas accesibles, el 19% en áreas de accesibilidad difícil y el 30% en zonas de accesibilidad limitada. En 2021, la situación era casi la contraria: más de la mitad de la población vivía en zonas muy accesibles y menos de una de cada diez personas residía en áreas donde la renta media no alcanzaba para comprar con hipoteca.

La presión actual se concentra sobre todo en grandes ciudades, áreas metropolitanas y zonas turísticas. Son los territorios donde coinciden varios factores: precios altos, oferta insuficiente, demanda sostenida y una población que necesita vivir cerca del empleo, los servicios o las redes familiares.

El resultado es una contradicción cada vez más evidente: las ciudades concentran oportunidades, pero expulsan del mercado inmobiliario a buena parte de quienes viven y trabajan en ellas.

Palma, Madrid y San Sebastián, las ciudades más tensionadas

Entre las 40 mayores poblaciones analizadas con detalle por código postal en el informe, Palma aparece como la ciudad con peor acceso hipotecario. Su ratio media se sitúa en el 151,7%, con un precio medio de vivienda de 495.116 euros y una renta neta media por hogar de 48.390 euros.

Le siguen Madrid, con una ratio del 139,9%, un precio medio de 498.067 euros y una renta neta media de 52.802 euros, y San Sebastián, con una ratio del 139,8%, una vivienda media de 519.153 euros y unos ingresos medios por hogar de 55.077 euros.

Que la ratio supere el 100% significa que la renta media del hogar no basta para comprar una vivienda media con una hipoteca estándar. Es decir, incluso antes de entrar en gastos de entrada, impuestos o ahorro previo, el propio pago mensual ya queda por encima de lo que una entidad financiera suele considerar asumible.

En estas ciudades, así como en Málaga, con una ratio del 117,7%, o Barcelona, con el 115,8%, comprar una vivienda solo será posible con unos ingresos muy por encima de la media, ahorro previo o apoyo familiar. La vivienda deja así de funcionar como una posibilidad ligada al salario y pasa a depender cada vez más de la posición económica de partida.

Madrid y Barcelona: solo el 5% vive en zonas accesibles

El informe permite ver el problema dentro de las grandes ciudades. En Madrid, el 62% de la población vive en zonas de accesibilidad limitada. En Barcelona, el porcentaje sube al 65%. Además, en ambas ciudades solo el 5% de los vecinos reside en áreas accesibles o muy accesibles para comprar una vivienda media con hipoteca.

El estudio traduce esa brecha en dinero. Un hogar promedio de Madrid necesitaría 21.058 euros netos anuales adicionales para poder acceder a una vivienda media. En Barcelona, harían falta 7.405 euros netos anuales más.

El código postal también marca quién puede comprar

Uno de los principales aportes del informe es que baja al detalle de código postal en las mayores poblaciones del país. Esto permite ver que en una misma ciudad pueden convivir zonas donde la compra todavía es posible para una renta media y otras donde queda completamente fuera de su alcance.

El caso más extremo es Son Rapinya, en Palma, con una ratio de acceso hipotecario del 478,9%. Le siguen otras zonas de Madrid como Castellana, con el 304,5%; Salamanca-Goya, con el 272,2%; Retiro, con el 255%; e Ibiza-Niño Jesús, con el 235,5%.

También aparecen entre los códigos postales más tensionados Vallvidrera-Tibidabo i Les Planes, en Barcelona, con una ratio del 230,7%; Chamartín, en Madrid, con el 229,4%; Passeig de Gràcia-Rambla de Catalunya, en Barcelona, con el 226,6%; Aravaca, en Madrid, con el 223%; y Erdialdea-Parte Zaharra, en San Sebastián, con el 220,4%.

Las zonas más caras suelen estar en barrios céntricos, bien comunicados, cerca de oficinas, comercios y servicios, o en áreas residenciales donde los precios están muy por encima de la media. Pero el informe advierte de que el problema ya no se limita a esos puntos. En Madrid y Barcelona, la accesibilidad limitada afecta a la mayoría de la población.

Finalmente, el estudio vincula esta pérdida de acceso al encarecimiento sostenido de la vivienda, la escasez de oferta, la concentración de demanda en grandes áreas urbanas y turísticas y unas condiciones financieras que vuelven a presionar a los hogares tras el repunte del euríbor.

Mudarse a otra ciudad por trabajo no se vive igual a los 25 que a los 35 años. La generación Z y los millennials españoles llegan con presupuestos, preferencias y soluciones de vivienda distintas. Los más jóvenes se trasladan más, pagan menos y comparten piso con más frecuencia, mientras que los perfiles de entre 30 y 45 años asumen alquileres más altos y optan por apartamentos completos.

Según el Informe sobre el talento español en Europa de Spotahome, basado en más de 1.000 mudanzas de españoles en 55 ciudades de 15 países europeos durante 2025 y 2026, los menores de 29 años representan el 64% de los profesionales analizados. Pagan una media de 795 euros al mes de alquiler y permanecen unos 120 días en la primera vivienda que alquilan al llegar.

La diferencia con los millennials es evidente. Este grupo, de entre 30 y 45 años, representa el 28% de los desplazamientos analizados y paga una media de 1.150 euros mensuales, 355 euros más al mes que la generación Z. Además, el 43% prefiere alquilar un apartamento entero, frente al mayor peso de la vivienda compartida entre los más jóvenes.

En el conjunto de las mudanzas analizadas, compartir vivienda también aparece como una solución habitual: el 49% de los profesionales empieza alquilando una habitación en un piso compartido. La proporción sube al 61% entre la generación Z, lo que marca una de las principales diferencias con los perfiles de más edad. El informe no mide el conjunto de la emigración española, sino las mudanzas profesionales cerradas a través de la plataforma.

Bruselas, Bolonia y Milán atraen a los más jóvenes

Por ciudades, Bolonia es la que concentra mayor peso de perfiles jóvenes, con un 80% de generación Z. Le siguen Dublín, con el 69%; Milán, con el 68%; y Bruselas y Lisboa, con el 67% en ambos casos. París es la única ciudad analizada con una distribución prácticamente equilibrada entre generaciones.

La edad media también varía según el destino. Lisboa aparece como la ciudad con el talento español más joven, con una media de 28,3 años. Después se sitúan Dublín, con 29 años; Berlín, con 29,1; Bruselas, con 29,7; y Milán, con 30,2. En el extremo opuesto, Oporto recibe al perfil más senior, con una media de 34,1 años, seguida de París, con 33,1; Roma, con 31,7; y Londres, con 30,8.

El tiempo de primera estancia también cambia. Bruselas registra el aterrizaje más largo, con 152 días de media, seguida de Berlín, con 138; Lisboa, con 113; París, con 107; y Dublín, con 96. Londres baja hasta 59 días, mientras que Bolonia, Oporto, Milán y Roma se sitúan entre 73 y 91 días.

El coste de vivir cambia mucho según la ciudad

La presión del alquiler no se explica solo por cuánto cuesta una habitación, sino por cuánto sueldo deja disponible después de pagarla. Según Spotahome, una habitación en Madrid supone el 30% del salario neto medio, por encima de varias capitales europeas que suelen percibirse como más caras.

En Viena, el alquiler representa el 17% del sueldo neto medio; en Berlín, el 19%; en Bruselas y Dublín, el 22%; en París, el 23%; y en Londres, el 24%. En todos esos casos, el esfuerzo sobre los ingresos queda por debajo del registrado en Madrid.

Sin embargo, en otros destinos el porcentaje es mayor: Lisboa aparece como la ciudad con peor ratio entre alquiler y sueldo, con un 35,7%. También superan a Madrid o se sitúan muy cerca de ciudades como Milán, donde la vivienda absorbe el 33% del salario neto medio; Roma, con el 31,1%; Oporto, con el 31,9%; o Florencia, con el 32%.

Cada sector tiene su capital

El informe también dibuja un mapa laboral muy claro: Bruselas concentra el 28,7% de los traslados profesionales registrados, más del doble que Roma y Dublín, que atraen un 12,1% cada una. Por detrás aparecen Milán, con el 8,3%, y Berlín y Lisboa, con el 7,5% en ambos casos.

La capital belga destaca especialmente entre quienes trabajan en instituciones europeas, ya que concentra el 90% de estos perfiles. También lidera entre los profesionales de consultoría, con el 43% de los traslados analizados en ese sector.

Roma aparece como principal destino para investigadores, doctorandos y posdoctorados, con el 24%. Londres concentra el 22% de los perfiles sanitarios; Lisboa lidera en banca y finanzas, con el 20%; y Milán mantiene su peso en arte, moda y cultura, con el 24%.

Más españoles que emigran, pero con matices

El fenómeno se produce en un contexto de aumento de la población española residente en el extranjero. Según el Padrón de Españoles Residentes en el Extranjero del INE, a 1 de enero de 2026 había 3.202.002 ciudadanos españoles viviendo fuera del país, un 5,1% más que un año antes.

Ese dato sirve como marco general, aunque no equivale por sí solo a una medición de la fuga de talento. El registro incluye a ciudadanos españoles nacidos fuera de España, por lo que el informe de Spotahome acota una realidad más concreta: profesionales españoles que se trasladan por trabajo a ciudades europeas y contratan una primera vivienda temporal al llegar.

Santi Marín tiene 22 años y ha logrado algo poco habitual en plena crisis de acceso a la vivienda: comprarse una casa en España sin recurrir a una hipoteca. La vivienda está en Fuensanta, un pequeño municipio de Albacete situado a unos 20 minutos en coche de la capital provincial, y le costó menos de 40.000 euros, según ha explicado a Idealista.

Su historia se ha hecho viral en TikTok, donde publica bajo el usuario @nosoysanti_1 y muestra el proceso de reforma de la casa. En uno de sus vídeos, el propio joven resume el motivo del interés que ha despertado su historia: “Me he comprado una casa con 22 años y eso es noticia”.

El caso contrasta con la situación de buena parte de los jóvenes en España, donde emanciparse antes de los 30 años sigue siendo difícil por la combinación de salarios bajos, alquileres elevados y precios de compra inasumibles en muchas ciudades. Santi, sin embargo, encontró una oportunidad en un mercado mucho más barato que el de las grandes capitales.

El joven que reformó su propia casa y acabó en televisión

En un vídeo publicado en TikTok tras grabar con Antena 3 un breve reportaje, Santi reflexiona sobre el problema de acceso a la vivienda: “Lo jodido es que comprarte una casa sea noticia, porque realmente tendría que estar a la orden del día”, afirma.

El joven defiende que emanciparse no debería ser algo excepcional. En sus palabras, “todo el mundo”, aunque no necesariamente con 22 años, sí debería poder independizarse “con 30 años, con 25” y no tener que depender de nadie para vivir.

Una vivienda barata y sin hipoteca

Según ha contado al portal inmobiliario,del total que pagó, algo menos de la mitad salió de sus ahorros y financió el resto mediante un préstamo personal. No pidió una hipoteca porque, en su caso, consideró que no le compensaba para una operación de importe reducido.

“No era porque no me dieran una hipoteca, sino porque realmente no hacía falta. Tienes que pagar más, tienes más intereses, más cosas. Con un préstamo personal voy a pagar unos 3.000 o 4.000 euros más de lo que realmente pedí”, explicó.

La elección también le permitió evitar avales. “No me hace falta que me avale nadie. Como no me voy a comprar una mansión de 100.000 euros o un casoplón de 200.000 euros, que ahí sí tienes que pedir hipoteca, preferí tirar por esa rama”, señaló.

Reformar solo para abaratar costes

La casa no estaba lista para entrar a vivir. Llevaba cuatro o cinco años cerrada y pertenecía al banco tras un embargo al anterior propietario. Santi conocía el inmueble porque es del pueblo y sabía de su existencia desde hacía tiempo. El contexto también jugó a su favor: poca demanda, margen de negociación y un precio que fue bajando con el paso del tiempo.

La vivienda tiene entre 100 y 110 metros cuadrados construidos, además de un patio de entre 60 y 80 metros cuadrados. También cuenta con margen para ampliarse, ya que, según el joven, se podría construir una segunda planta.

Actualmente, ya vive allí, aunque en condiciones provisionales. Tiene una habitación preparada, cama, lavadora y lo imprescindible para dormir, mientras continúa con la reforma. Su previsión es tardar alrededor de un año en dejar la vivienda terminada. Calcula que la obra le costará menos de 15.000 euros porque realiza gran parte de los trabajos por su cuenta.

Ahí está una de las claves de su historia: Santi ha trabajado en albañilería, soldadura y labores del campo, por lo que puede asumir tareas que a otras personas les obligarían a contratar profesionales. Su filosofía pasa por reformar poco a poco, reutilizar materiales y evitar gastos innecesarios.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha respondido este miércoles a Alberto Núñez Feijóo después de que el líder del PP calificara el aumento del absentismo laboral como un “cáncer que no podemos pagar” y cuestionara que los convenios colectivos permitan a algunos trabajadores cobrar lo mismo durante una baja médica que cuando acuden a su puesto. “Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra”, ha afirmado Álvarez en una entrevista en Mañaneros, en TVE.

Feijóo abrió este debate el martes durante un acto con el Círculo de Empresarios Vascos en Bilbao, donde defendió que España debe abordar el absentismo laboral “con o sin acuerdo” con patronal y sindicatos. El presidente del PP sostuvo que este fenómeno supone un coste de más de 30.000 millones de euros al año y lo vinculó con el déficit de la Seguridad Social. “Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, ¿qué quieren que les diga?”, planteó.

La respuesta de Álvarez ha sido contundente. El dirigente sindical ha calificado las palabras de Feijóo de “lamentable” y “penoso”, y ha acusado al líder popular de abordar “de una manera tan simple” un asunto que afecta a “la vida” y “la salud” de los trabajadores. A su juicio, Feijóo ha construido su discurso con “un cúmulo importante de medias verdades, incluso alguna falsedad”.

“Nadie en este país quiere estar de baja”

El secretario general de UGT ha rechazado que se equipare una baja médica con una ausencia injustificada al trabajo. “Nadie en este país quiere estar de baja. Las bajas médicas son una cosa y el absentismo es otra. El absentismo es aquella persona que no va a trabajar porque no quiere ir a trabajar”, ha señalado.

Álvarez ha insistido en que las bajas laborales no dependen de la voluntad del trabajador, sino que “cuentan con el respaldo de un profesional”. También ha criticado que se ponga bajo sospecha el criterio de los médicos: “He visto que hay muy poco respeto para los profesionales de la medicina, cuando no solo se duda de si dan o no las bajas médicas por razones, sino que incluso se dice que entre ellos se las deben dar de cualquier manera”.

El líder sindical también ha vinculado parte del problema con el funcionamiento del sistema sanitario. Según ha defendido, muchas personas permanecen de baja porque están pendientes de pruebas médicas. “El señor Feijóo, que es el presidente del partido que gobierna más comunidades autónomas, seguramente tenía que acordarse de los miles y miles, millones de personas que en este momento nos están escuchando y están esperando que les hagan una prueba médica, y es por esa razón por la que están de baja”, ha afirmado.

Los convenios que complementan la baja “no llegan al 20%”

Álvarez también ha cuestionado la lectura de Feijóo sobre los convenios colectivos, después de que el líder del PP pusiera el foco en los acuerdos que permiten complementar el salario durante una baja médica. Según ha explicado, los convenios que recogen cláusulas de este tipo “no llegan al 20% del total de los convenios colectivos” y no todos garantizan el 100% del salario desde el primer día. “Hay diferentes casuísticas”, ha apuntado.

En su intervención, el secretario general de UGT ha recordado que los trabajadores no empiezan a cobrar la baja hasta el cuarto día. Hasta el día 20, ha señalado, el salario es del 60%, y solo a partir del día 21 alcanza el 75%. También ha sostenido que las empresas con convenios que incluyen algún tipo de protección suelen ser compañías de mayor tamaño y con mejores condiciones laborales, donde se producen menos bajas médicas.

“Ha hecho un cóctel todo en la misma olla”, ha resumido Álvarez sobre el planteamiento de Feijóo. A su juicio, el discurso del líder del PP coincide con el objetivo que atribuye a la patronal en los últimos tiempos: “Desprestigiar a nuestro sistema de salud y desprestigiar a los trabajadores y a las trabajadoras que tienen una situación de enfermedad”.

“Es el discurso del bulo, de la media verdad”

El secretario general de UGT ha defendido que el debate debe abordarse desde la salud laboral, las condiciones de trabajo y los servicios públicos, y no desde la sospecha generalizada sobre los trabajadores. En ese sentido, ha pedido reforzar los servicios de salud y ha planteado que la Inspección de Trabajo pueda vigilar los centros donde se concentran más bajas para comprobar si están relacionadas con las condiciones laborales, el estrés o determinadas actividades.

En la parte final de la entrevista, Álvarez ha endurecido el tono contra la política laboral que, a su juicio, anticipan las palabras de Feijóo. “Me parece un desastre. Es el discurso del bulo, de la media verdad, de seguir el discurso de la extrema derecha”, ha afirmado. También ha recordado la reforma laboral de 2012, aprobada durante el Gobierno de Mariano Rajoy, y ha advertido de que entonces se permitió el despido de trabajadores que acumulaban varias bajas médicas en un año, una medida que después fue derogada.

Para Álvarez, la propuesta de Feijóo supone “un mal principio” para cualquier negociación. “Si yo me tengo que sentar en una mesa sabiendo lo que usted opina y sabiendo cuáles son los condicionantes, pues ocurrirá lo mismo que ocurrió con Rajoy”, ha concluido, en alusión al rechazo de los sindicatos a la reforma laboral de 2012.

Vivir con una pensión como único ingreso no es igual en todas las ciudades. El alquiler, los gastos del día a día, la cercanía de los servicios y hasta las opciones para pasear o hacer planes sin gastar demasiado pueden marcar la diferencia entre una jubilación ajustada y una etapa final de la vida más desahogada económicamente. Por eso, cada vez más personas miran más allá de las grandes capitales cuando piensan dónde vivir después de retirarse.

En ese mapa aparece Lugo. La revista Viajar ha señalado esta ciudad gallega como una de las opciones más baratas de España para vivir como jubilado, hasta el punto de presentarla como un lugar donde se puede tener “una vida de lujo” sin asumir los precios de otras zonas del país. La clave está en una combinación que no siempre es fácil encontrar: alquileres bajos, tranquilidad, patrimonio histórico, naturaleza cerca y un coste de vida más asumible.

Según la revista de viajes, vivir en Lugo puede resultar hasta un 14% más barato que en otros puntos de España. Para quienes dependen principalmente de una pensión, esa diferencia no es menor. Puede significar tener algo más de margen para los gastos cotidianos y no vivir con la calculadora siempre encima.

Alquileres desde 300 euros: el gran atractivo de Lugo

El dato que más llama la atención está en el mercado inmobiliario. Tal y como recoge Viajar, en Lugo pueden encontrarse alquileres en torno a los 300 euros mensuales, una cifra difícil de ver en muchas capitales de provincia y casi impensable en las grandes ciudades.

Para una persona jubilada, pagar menos por la vivienda puede cambiar por completo el presupuesto mensual. No se trata solo de ahorrar, sino de liberar dinero para otras necesidades: alimentación, salud, ocio, transporte, viajes o imprevistos. En un momento en el que el alquiler se ha convertido en uno de los principales problemas para muchos hogares, vivir en una ciudad donde la renta mensual pesa menos puede ser, precisamente, el verdadero lujo.

Además, Lugo tiene una ventaja añadida: no obliga a renunciar a la vida urbana. No es un pueblo aislado ni un destino pensado solo para desconectar. Es una capital de provincia, con servicios, comercios, vida en la calle y una escala mucho más manejable que la de Madrid, Barcelona, Valencia o Málaga.

Una ciudad tranquila donde la pensión puede dar más de sí

La ciudad de Lugo se presenta como un lugar con un coste de vida más bajo, algo especialmente importante cuando los ingresos son fijos y dependen de una pensión mensual.

Además, la vida diaria puede ser más sencilla en una ciudad de tamaño medio. Hay menos distancias, menos tráfico, menos aglomeraciones y una mayor sensación de proximidad. Para muchas personas mayores, esto puede pesar tanto como el precio de la vivienda. Tener comercios, centros de salud, espacios públicos y zonas de paseo relativamente cerca facilita la autonomía y hace más cómoda la rutina.

También influye el ritmo. Lugo ofrece una vida más pausada que la de las grandes capitales, pero sin quedarse sin planes. Esa mezcla entre tranquilidad y servicios es uno de los factores que explica que Viajar la presente como un destino atractivo para la jubilación.

Una muralla romana única para pasear cada día

Lugo también tiene un patrimonio difícil de igualar. Su gran símbolo es la muralla romana, reconocida como Patrimonio Mundial por la Unesco y considerada la única muralla romana del mundo que se conserva íntegra. Pasear por sus más de dos kilómetros es uno de los planes imprescindibles de la ciudad y, además, no cuesta nada.

A ese recorrido se suman la catedral y la plaza de Santa María, el puente romano, las esculturas vinculadas a la historia de la ciudad y distintos murales urbanos, como el de Julio César o el de la Castrexa. En Lugo, buena parte del atractivo está precisamente en que la historia forma parte del paseo diario.

Naturaleza, gastronomía y vida de barrio

Otro punto a favor es el entorno. Lugo permite combinar la vida en una ciudad tranquila con zonas verdes, rutas de senderismo, paisajes de interior y escapadas a la costa gallega. Para quienes buscan una jubilación activa, esta mezcla entre ciudad, naturaleza y mar suma muchos puntos.

La gastronomía completa el círculo. La cocina gallega, el producto local, los bares y la vida de barrio ayudan a construir esa idea de calidad de vida sin grandes excesos. No se trata de vivir rodeado de lujos caros, sino de poder disfrutar del día a día con menos presión económica.

Por todo esto, Lugo puede ser una alternativa para quienes buscan una jubilación tranquila, asequible y con servicios.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a más hogares que hace un año, pero el dinero medio que representa la prestación es menor. En junio de 2026, la ayuda alcanzó a 2.627.344 personas que viven en 860.458 hogares, según la última estadística publicada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, la cuantía media por beneficiario se situó en 166,04 euros al mes, frente a los 170,77 euros de junio de 2025.

La diferencia equivale a 4,73 euros menos al mes por persona beneficiaria. El IMV no se cobra como una paga individual para cada miembro de la familia, sino que se concede por hogar o unidad de convivencia. Por eso, los 166,04 euros no son una cantidad que cobre directamente cada persona, sino el resultado de dividir el importe medio de la prestación entre todas las personas beneficiarias. Ese cálculo permite medir cuánto apoyo económico supone la ayuda dentro de cada hogar.

La caída se explica porque el número de personas cubiertas ha crecido más rápido que la nómina mensual. En junio había 373.943 beneficiarios más que un año antes, un 16,6% más. En cambio, el importe bruto de la nómina pasó de 429,8 a 465,7 millones de euros, un aumento del 8,35%.

Más beneficiarios que hace un año, pero una cuantía media más baja

El descenso también se observa al mirar la prestación por hogar. La cuantía media mensual fue de 506,99 euros en junio de 2026, frente a los 522,24 euros registrados en el mismo mes del año anterior. Son 15,24 euros menos al mes por unidad de convivencia, una bajada del 2,9%.

Esto no significa que todos los hogares beneficiarios cobren menos que hace un año ni que se haya aplicado una rebaja general de la prestación. La cuantía del IMV depende de la renta, el patrimonio y la composición de cada unidad de convivencia. Lo que muestran los datos del ministerio es que, al comparar el conjunto de prestaciones activas, el importe medio por hogar y por beneficiario es inferior al de junio de 2025.

Al mismo tiempo, la cobertura ha seguido aumentando. El número de prestaciones activas pasó de 736.867 en junio de 2025 a 860.458 en junio de 2026. Son 123.591 más, un incremento del 16,8%.

Siete de cada diez hogares beneficiarios tienen menores

El IMV mantiene un peso importante entre los hogares con niños, niñas y adolescentes. En junio, 591.436 hogares beneficiarios tenían menores a cargo, cerca del 70% del total. En ellos vivían 1.070.918 menores, que representan casi el 41% de todas las personas cubiertas por la prestación.

Además, 600.076 hogares recibieron el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una ayuda adicional vinculada al IMV. La cuantía media de este complemento fue de 122,3 euros por hogar con menores y de 67,1 euros por menor.

Este complemento varía según la edad de los hijos. La ayuda es de 115 euros al mes para menores de 3 años, de 80,5 euros entre 3 y 6 años y de 57,5 euros entre 6 y 18 años.

La mayoría de beneficiarias son mujeres

El perfil de la prestación también tiene una clara dimensión de género. En junio, el 68% de los titulares del IMV eran mujeres: 585.180 frente a 275.278 hombres. Entre el conjunto de beneficiarios, las mujeres también eran mayoría, con 1.403.964 personas, el 53,4% del total.

Los datos del ministerio recogen además 144.960 hogares monoparentales beneficiarios. En estos casos, la prestación actúa como apoyo para unidades familiares especialmente expuestas a la precariedad, donde una sola persona sostiene los ingresos y los cuidados del hogar.

Casi uno de cada tres hogares no tiene menores

Aunque el ministerio subraya el papel del IMV en la protección de la infancia, la prestación no se limita a familias con hijos. En junio había 269.022 hogares beneficiarios sin menores, el 31,3% del total.

El grupo más numeroso por tipo de hogar era el formado por un adulto solo, con 189.925 prestaciones activas. Esto supone el 22,1% de todos los hogares beneficiarios y muestra que el IMV también funciona como red de protección para personas solas en situación de vulnerabilidad económica.

Desde su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital ha llegado a más de 1,2 millones de hogares y ha beneficiado a más de 3,7 millones de personas, según los datos acumulados del Ministerio de Inclusión.

Salir ya no significa necesariamente volver a casa de madrugada, pedir varias copas y mirar la cuenta con cierto miedo al final de la noche. Cada vez más españoles parecen preferir planes más cortos, más diurnos y también más baratos: siete de cada diez declaran gastar menos de 40 euros cuando salen de fiesta, según un estudio sobre hábitos de ocio impulsado por fritz-kola.

El cambio no va solo de dinero. También afecta a los horarios, a las bebidas y a la propia idea de lo que significa “salir”. La tarde-noche se ha convertido en la franja favorita para socializar: el 51% de los encuestados la elige para cenar o tomar algo. En cambio, salir de fiesta por la noche queda en último lugar, con un 16% en el conjunto de la población. Y aunque el alcohol sigue presente en muchos planes, un 27% asegura no beber nunca o casi nunca cuando sale.

La tendencia encaja con el cambio detectado por el Ministerio de Sanidad en su último informe monográfico sobre consumo de alcohol, basado en la Encuesta de Salud de España 2023. Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el consumo habitual ha pasado del 43,8% en 2006 al 17,9% en 2023, una caída cercana al 60% en dos décadas.

Salir sin dejarse medio sueldo

El presupuesto es una de las claves de esta nueva forma de ocio. Según la encuesta, un 25% de los españoles gasta menos de 20 euros cuando sale de fiesta y otro 46% se mueve entre los 20 y los 40 euros. Solo un 8% declara superar los 60 euros por salida.

La foto que dejan esos datos no es la de una sociedad que haya dejado de salir, sino la de planes más contenidos y flexibles. Quedar a tomar algo por la tarde, cenar pronto, ir de vermut o alargar un afterwork empieza a encajar mejor que una noche larga a base de copas, entrada, taxi y susto final en la aplicación del banco.

También ayuda el contexto de precios. El Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025 señalaba que en los últimos cinco años los precios del sector han subido entre un 20% y un 30%, un factor que ha condicionado tanto la fabricación como las decisiones de consumo.

El tardeo convence más

Los horarios también se están moviendo. La tarde-noche es la opción preferida para el 51% de los encuestados, mientras que los planes de tarde alcanzan el 43% y el vermut antes de comer llega al 31%. Entre las mujeres, los planes de día, como el tardeo o el brunch, suben hasta el 52%.

La noche no desaparece, pero ya no parece la única forma legítima de pasarlo bien. Entre la generación Z es más popular: tres de cada diez jóvenes la siguen prefiriendo. El porcentaje baja al 13% entre los millennials y al 9% entre la generación X.

De hecho, salir de fiesta sigue siendo habitual: el 22% de los españoles afirma hacerlo al menos una vez por semana. Lo que cambia es el formato del plan, más repartido entre distintos momentos del día y menos atado a la idea de aguantar hasta que cierre el local.

Pedir un refresco sin dar explicaciones

El alcohol continúa muy presente en las salidas. El 73% de los encuestados afirma consumirlo cuando sale, aunque solo el 24% dice hacerlo siempre. Frente a ello, un 27% asegura no beber nunca o casi nunca en sus planes de ocio.

En paralelo, tres de cada cinco españoles consideran que pedir refrescos en bares, discotecas u otros contextos de ocio está más normalizado que hace unos años. La percepción es especialmente fuerte entre los jóvenes: lo afirma el 67% de la generación Z, el 62% de los millennials y el 53% de la generación X.

Los refrescos aparecen ya entre las bebidas más elegidas en contextos de ocio para el 40% de los encuestados. La cerveza sigue por delante, con un 59,5%, mientras que el vino y las copas se sitúan en torno al 33%.

El mercado también está notando el cambio

El giro también se observa en el mercado de bebidas. El Informe Socioeconómico del Sector de Bebidas Espirituosas 2025 ya apuntaba a un consumidor que bebe menos veces y desplaza parte del consumo hacia momentos más diurnos, como el aperitivo, el brunch o el afterwork.

Sanidad, sin embargo, introduce un matiz importante: beber con menos frecuencia no significa que desaparezcan los riesgos. Su informe advierte de que la ingesta se concentra cada vez más en fines de semana, donde triplica la de los días laborables, y de que los episodios de consumo intensivo se han duplicado en la última década.

Comprar una segunda residencia en España es una operación al alcance de perfiles muy concretos. El comprador tipo que solicita hipoteca para este fin ingresa 5.356 euros mensuales y solo destina el 11% de esa renta a pagar la cuota, según un análisis de Gibobs.com correspondiente al primer semestre de 2026.

Ese porcentaje equivale a unos 589 euros al mes, de acuerdo con el cálculo realizado a partir de los datos de la compañía. La cifra queda por debajo de la cuota hipotecaria media registrada en el mercado general, que en 2025 fue de 769 euros mensuales y absorbió el 32,67% del coste salarial, según el Colegio de Registradores.

La comparación no es exacta, porque enfrenta solicitudes de financiación para segunda residencia con el conjunto del mercado hipotecario. Aun así, ayuda a situar el perfil de estos compradores: llegan a la operación con una renta elevada, margen para asumir otra cuota y un ahorro previo que no está al alcance de la mayoría de hogares españoles que intentan acceder a su primera vivienda.

Cuánto dinero hace falta para comprar una segunda residencia

La vivienda media para la que se solicita financiación tiene un valor de 177.731 euros, mientras que el préstamo medio asciende a 128.971 euros, según Gibobs.com. Esto implica que el comprador de segunda residencia debe aportar 48.760 euros de entrada.

En la práctica, el colchón necesario puede ser mayor. Si se suman los impuestos y los gastos de notaría, registro, gestoría y otros costes habituales, la cantidad previa a la firma puede acercarse más a los 65.000 o 70.000 euros, aunque dependerá de la comunidad autónoma y de las condiciones concretas de cada compraventa. Ese desembolso inicial también permite dibujar el perfil de renta alta que predomina en este mercado.

Así es el comprador tipo de segunda vivienda en España

El solicitante medio tiene 42,7 años. Por franjas de edad, el grupo de 35 a 45 años concentra el 43% de las solicitudes, seguido del tramo de 45 a 55 años, con el 30%. Los menores de 35 años apenas representan el 16%, lo que muestra que la segunda residencia se concentra en etapas de mayor estabilidad económica.

El perfil también está masculinizado: el 65% de las solicitudes fueron realizadas por hombres, frente al 28% de mujeres y un 7% que se identificó con otro género, según los datos de Gibobs.com.

La brecha con quienes intentan acceder a la vivienda

Se entiende mejor el contraste entre quienes pueden permitirse comprar una segunda casa y quienes aspiran a poder pagar la primera si miramos otros datos del mercado inmobiliario: según Idealista, comprar una vivienda exigía en el primer trimestre de 2026 el 25% de los ingresos netos de una familia media, sin contar el ahorro previo necesario para obtener financiación.

La situación del mercado hipotecario tampoco facilita el acceso a la población general. El INE situó en abril de 2026 el importe medio de las hipotecas sobre vivienda en 173.331 euros, con un tipo de interés medio del 2,90%. En este escenario, comprar una casa depende cada vez menos del salario mensual y más del ahorro previo o del apoyo familiar disponible.

El esfuerzo que hacen los compradores de segunda residencia para asumir la cuota mensual muestra su posición económica de partida, muy distinta a la de quienes todavía intentan acceder a su primera casa. Para ellos, la vivienda no es el espacio necesario para crear un hogar, sino una forma de ampliar patrimonio.

Dónde se compran las segundas residencias

La mayoría de estas operaciones se dirige a vivienda usada. El 92% de las solicitudes de hipoteca para segunda residencia tramitadas por Gibobs.com corresponde a inmuebles de segunda mano, frente al 8% de obra nueva. La compañía lo atribuye a la escasez de promoción nueva en las zonas más demandadas y al menor precio relativo de este tipo de vivienda.

El mapa de solicitudes también muestra hacia dónde se orienta este mercado. La Comunidad Valenciana concentra el 23% del total, Andalucía el 20% y Cataluña el 12%, por lo que estas tres comunidades suman más de la mitad de las operaciones analizadas. Por detrás aparecen Castilla y León, con el 7%, y Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia, con el 6% en cada caso.

La distribución confirma que la segunda residencia se concentra en zonas costeras o de fuerte atractivo residencial, pero también en territorios del interior donde el precio puede resultar más atractivo para este perfil.

Este tipo de operaciones queda lejos de quienes buscan resolver una necesidad habitacional inmediata. Aquí la compra se plantea desde una posición económica ya consolidada, con capacidad para elegir ubicación, aportar ahorro previo y asumir otra cuota hipotecaria.

El campo español compite con ventaja frente a Europa, pero parte de esa fortaleza se apoya en unos costes laborales mucho más bajos. El sector primario español es un 55% más competitivo que la media de la UE-27, según el Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2025, elaborado por Cajamar e Ivie. Sin embargo, el mismo estudio señala que los costes laborales medios en la agricultura y la pesca están un 31% por debajo de la media comunitaria.

La diferencia no se limita al conjunto de la Unión Europea. Cuando la comparación se hace con la UE-14, el grupo de países comunitarios más cercano a España por nivel de desarrollo, los costes laborales medios del sector primario español son un 36% inferiores. En ese caso, la productividad apenas es un 0,2% superior, por lo que la ventaja competitiva se explica sobre todo por el menor coste laboral.

El informe introduce una conclusión poco habitual en los análisis de competitividad: “Parece que hay margen de maniobra para subir los salarios en el sector primario español”. El apunte llega después de comparar productividad y costes laborales, y rebaja una lectura puramente triunfalista: el campo español es fuerte en términos económicos, pero mantiene remuneraciones por debajo de las de sus competidores europeos.

La competitividad se calcula a través del coste laboral por unidad de valor añadido, un indicador que relaciona el gasto en trabajo con la riqueza que genera cada sector. Frente a la UE-27, la ventaja española combina una productividad más alta y menores costes laborales. Frente a la UE-14, en cambio, la productividad prácticamente se iguala, así que la ventaja española se explica sobre todo porque el coste del trabajo es menor.

Un sector fuerte, pero con margen de subida salarial

La fortaleza del campo se enmarca en un sector agroalimentario que mantiene un peso importante en la economía española. La cadena agroalimentaria generó en 2025 un valor añadido bruto de 137.387 millones de euros, equivalente al 9% del total de la economía. En este sentido, España está más especializada en este sector que la media de la UE-27, donde representa el 6,2%.

También es un sector relevante en empleo. El agroalimentario generó 2.604.225 puestos de trabajo en 2025, un 2% más que el año anterior, y representa el 11,5% del empleo total de la economía española. Dentro de esa cadena, la agricultura y la pesca concentran el 30,1% del empleo agroalimentario, mientras que la comercialización supone casi la mitad.

Pese a esa fortaleza, el informe identifica varios retos estructurales para el sector primario, entre ellos el envejecimiento de la mano de obra, la falta de relevo generacional y la dificultad para atraer trabajadores. En sus conclusiones, el documento señala que mejorar las condiciones de vida en el campo exige también una mejor remuneración de la mano de obra acorde con su nivel de productividad.

El agro español también supera a Europa en el conjunto del sector

La ventaja competitiva no se limita al campo, aunque es ahí donde resulta más acusada. El conjunto del sector agroalimentario español es un 18% más competitivo que la media de la UE-27 y un 17% más competitivo que la UE-14. En la industria de alimentación, bebidas y tabaco, España también presenta una ventaja del 22% frente al conjunto comunitario.

La excepción está en la comercialización de productos agroalimentarios, que el informe sitúa como un 23% menos competitiva que la media europea. Este eslabón, que incluye la distribución y la venta mayorista y minorista, pesa especialmente en España, pues aporta el 40,8% del valor añadido de toda la cadena agroalimentaria y casi la mitad del empleo del sector.

La Seguridad Social también cerró junio con un nuevo máximo de afiliación. El sistema sumó 128.533 ocupados medios en el mes y alcanzó los 22.466.339 afiliados, de acuerdo con los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el último año, la afiliación ha aumentado en 605.244 personas, un 2,8% más.

El dato de junio, sin embargo, está muy condicionado por la temporada turística y el inicio del verano. Corregido el efecto del calendario y la estacionalidad, el paro registrado apenas bajó en 185 personas. En cambio, la afiliación desestacionalizada sí mostró un avance más intenso, con 92.531 ocupados más y un total de 22.208.553 afiliados.

El verano empuja el empleo, pero el paro baja menos que en otros años

Junio suele ser un mes favorable para el mercado laboral por el tirón de la hostelería, el comercio, el turismo y otros servicios vinculados al verano. Este año, la bajada del paro ha sido menor que en otros junios recientes: en junio de 2025 el desempleo descendió en 48.920 personas; en 2024, en 46.783; y en 2023, en 50.268.

En términos interanuales, el paro registrado se ha reducido en 113.981 personas, un 4,74% menos que en junio de 2025. El descenso mantiene la tendencia de reducción del desempleo, aunque con una intensidad inferior a la de hace un año, cuando la caída interanual era del 6,06%.

La afiliación ofrece una lectura más sólida. En los seis primeros meses del año, la Seguridad Social ha ganado 621.925 afiliados medios. Además, los registros diarios se mantuvieron durante varios días por encima de los 22,5 millones de trabajadores en alta. El máximo se alcanzó el 18 de junio, con 22.566.248 afiliados.

Por sectores, el aumento mensual de afiliados se concentró en actividades muy ligadas al verano. Comercio sumó 40.208 ocupados; hostelería, 39.631; actividades administrativas y servicios auxiliares, 30.637; y actividades sanitarias y de servicios sociales, 23.134. En el lado contrario, educación perdió 59.472 afiliados por el final del curso.

El paro sube entre quienes buscan su primer empleo

La caída del desempleo se concentró casi por completo en los servicios, donde el paro bajó en 28.498 personas respecto a mayo. También descendió en industria, con 2.829 parados menos; en construcción, con 1.326 menos; y en agricultura, con una reducción de 384 personas.

El único grupo en el que aumentó el desempleo fue el colectivo sin empleo anterior, que sumó 4.298 parados más, hasta alcanzar los 226.489. Este apartado agrupa principalmente a personas que buscan su primer trabajo o que se reincorporan al mercado laboral tras un periodo sin empleo registrado.

Por sexo, el paro femenino bajó en 15.801 mujeres en junio y se situó en 1.388.309 desempleadas. No caía por debajo de 1,4 millones desde agosto de 2008. El desempleo masculino descendió en 12.938 personas, hasta los 903.673 hombres parados.

Entre los menores de 25 años, el paro bajó en 5.155 personas, un 3,13% menos que en mayo. El total de jóvenes en desempleo quedó en 159.800, la cifra más baja de la serie histórica. En el resto de edades, el descenso fue de 23.584 personas.

Por comunidades autónomas, el paro registrado bajó en 11 territorios. Las mayores caídas en términos absolutos se produjeron en Andalucía, con 11.597 parados menos; Galicia, con 3.587 menos; y Castilla y León, con 2.895 menos. En cambio, subió en seis comunidades, encabezadas por Murcia, con 739 parados más; País Vasco, con 479 más; y Baleares, con 100 más.

Más contratos, pero los temporales siguen siendo mayoría

En junio se registraron 1.649.394 contratos, 152.721 más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 683.861 fueron indefinidos, lo que supone el 41,46% del total. En comparación con junio de 2025, la contratación indefinida aumentó en 96.163 contratos, un 16,36%.

Dentro de los indefinidos, 266.028 fueron a tiempo completo, 158.889 a tiempo parcial y 258.899 fijos discontinuos. Esta última modalidad mantiene un peso relevante dentro de la contratación estable, especialmente en actividades con fuerte componente estacional.

Los contratos temporales siguieron siendo mayoría en el mes de junio. Se firmaron 965.578 contratos de duración determinada, el 58,54% del total. Son 56.558 más que en junio del año pasado, un incremento del 6,22%.

La afiliación de trabajadores extranjeros también marcó un nuevo máximo, con 3.446.178 afiliados medios, 86.630 más que en mayo y 350.163 más que hace un año. Representan ya el 15,3% del total de trabajadores en alta en la Seguridad Social.

La historia empezó el pasado sábado en el centro de Sevilla, cuando una familia dejó durante unos minutos un cuadro atribuido a Joaquín Sorolla en una acera mientras cargaba el coche para irse de vacaciones. Al volver a por él, la obra ya no estaba. Sus propietarios denunciaron la desaparición y colocaron carteles por la zona para intentar recuperarla.

El cuadro apareció después a más de 500 kilómetros, en Murcia. Hurtado, que estaba de vacaciones en Sevilla, explicó que lo vio en la calle, pensó que estaba abandonado y decidió llevárselo por el marco. Lo subió primero a su habitación de hotel y después se lo llevó a casa. Más tarde, al sospechar que podía ser una obra valiosa y comprobar que sus dueños la estaban buscando, avisó a la Policía.

Qué dice la ley cuando alguien encuentra un objeto perdido

El artículo 615 del Código Civil establece que quien encuentre una cosa mueble, como puede ser un cuadro, debe devolverla a su anterior poseedor. Si no sabe quién es el dueño, debe entregarla “inmediatamente” a la autoridad correspondiente.

La ley también contempla qué pasaría si nadie reclamara el objeto. En ese caso, la autoridad debe anunciar el hallazgo durante dos domingos seguidos. Si pasan dos años desde el segundo anuncio y el dueño no aparece, quien lo encontró puede quedarse con el objeto o con su valor. No es lo que ha ocurrido en este caso: la familia denunció la desaparición y el cuadro ya ha sido localizado.

El artículo 616 añade una parte clave para Andrés: si el propietario aparece a tiempo, debe pagar un premio a quien encontró el objeto. La fórmula, todavía expresada en pesetas, fija un 10% sobre las primeras 2.000 pesetas, equivalentes a 12,02 euros, y un 5% sobre el resto del valor.

Cuánto podría cobrar Andrés por devolver el Sorolla

La cantidad depende de cuánto valga realmente el cuadro. Por ahora no consta una tasación oficial de la obra, así que el cálculo cambia según la referencia que se tome.

Las primeras estimaciones de fuentes artísticas consultadas por EFE, situaban el posible valor del cuadro entre 30.000 y 60.000 euros, si se confirma que pertenece a las llamadas “notas de color” de Sorolla. Con esa horquilla, la recompensa legal sería de entre 1.500,60 y 3.000,60 euros.

Después apareció una segunda referencia más alta. Hurtado aseguró a EFE que había contactado con una sala de subastas y que, según su versión, el valor podía oscilar entre 40.000 y 150.000 euros. Con esa cifra máxima, el premio alcanzaría los 7.500,60 euros.

Por qué el pago puede complicarse

El derecho al premio existe en el Código Civil, pero eso no significa que el cobro esté garantizado sin discusión. El punto delicado está en la secuencia de los hechos: Andrés no entregó el cuadro en el momento del hallazgo, sino que lo llevó al hotel, después a Murcia y solo avisó a la Policía cuando supo que la familia lo estaba buscando.

Esa actuación no elimina necesariamente su derecho a reclamar una recompensa, pero sí puede abrir dudas si los propietarios se niegan a pagarla. En ese caso, la cuestión podría depender de cómo se valore su buena fe y de si cumplió o no con la obligación de poner el objeto hallado en manos de la autoridad de forma inmediata.

A favor de Andrés juega que finalmente avisó a la Policía y que, según su versión, pensó al principio que el cuadro estaba abandonado y no sabía que era un Sorolla. En contra, puede pesar que llegara a consultar su valor e incluso, según relató, contactara con una sala de subastas antes de comunicar el hallazgo.

Según la tasación que se tome como referencia, Andrés podría reclamar entre 1.500 y 7.500 euros, aunque todo dependerá de si los propietarios aceptan pagar y de cómo se valore toda la historia.

“No aman de igual forma los ricos y los pobres. Los pobres aman con las manos”, escribía Gata Cattana, evocando cómo las condiciones materiales nos atraviesan hasta los recovecos más profundos de nuestra intimidad. En aquellos lugares se esconde el deseo de amar y ser amado, de crear un proyecto de vida, de formar un hogar. Una aspiración inocente y tan básica —porque somos seres sociales— que se ve muchas veces truncada por la omnipresente precariedad que campa a sus anchas a lo largo y ancho de nuestra sociedad.

Lo que la poeta y rapera intuía, Funcas lo plasma en cifras: existe en España una relación clara entre vivir en pareja y el empleo inestable. Según su último estudio, las mujeres son las más perjudicadas cuando el trabajo es precario. De hecho, independientemente de su nivel de estudios, si el empleo no acompaña, sus posibilidades para formar un hogar con su pareja se reducen considerablemente.

Las universitarias con una situación laboral inestable tienen un 32% menos de probabilidad de convivir en pareja que las universitarias con empleo estable, mientras que entre las mujeres sin estudios universitarios la reducción alcanza el 29%. No son solo números: son las condiciones que permiten, o impiden, convertir el amor en una vida compartida.

Las condiciones materiales del amor

Aunque ellas sufren más la desventaja, ellos también enfrentan dificultades para convivir con su pareja. En concreto, cuando se unen dos factores: empleo precario y bajo nivel educativo. Los hombres sin estudios universitarios y con inestabilidad laboral tienen un 23% menos de probabilidad de pasar a convivir en pareja que los hombres con trabajo estable y estudios universitarios, según Funcas.

Vivir en pareja implica pagar un alquiler o una hipoteca, asumir los gastos de los suministros, amueblar, pagar una fianza, hacer la compra, coordinar el transporte y una cierta previsión de futuro. En un mercado laboral marcado por la temporalidad, los salarios bajos y la incertidumbre, sobre todo entre los jóvenes, formar un hogar es casi exclusivamente un reto económico.

El estudio utiliza datos del CIS de enero de 2025 y distingue entre población laboralmente estable e inestable. En el primer grupo incluye a asalariados fijos, autónomos y empleadores; en el segundo, a temporales, desempleados y personas dedicadas a labores del hogar. A partir de esa clasificación, Funcas analiza cómo la posición laboral y el nivel educativo condicionan la transición a la convivencia en pareja.

La conclusión que se obtiene es descorazonadora: las desigualdades económicas no se quedan en la nómina. También atraviesan los proyectos de vida: quién puede irse de casa, quién puede compartir gastos, quién puede sostener una convivencia y quién queda atrapado en una espera indefinida.

No, la precariedad no le roba a los trabajadores su capacidad de enamorarse, pero sí les complica que una relación se convierta en hogar.

La treintena como momento clave

Aunque la precariedad pesa a cualquier edad, la carga se duplica al sumar la presión social de formar una familia. Funcas sitúa la treintena como una etapa decisiva. Es el momento en el que suelen consolidarse los proyectos de vida, cuando el nivel de ‘adulto funcional’ que seas empieza a medirse en si tienes casa, pareja, estabilidad y futuro. Sin embargo, es también la etapa en la que las diferencias laborales y educativas se vuelven más evidentes.

Entre los 30 y los 44 años, el 70% de los hombres universitarios con empleo estable convive en pareja, frente al 52% de los hombres sin estudios universitarios y con empleo inestable. En las mujeres de esa misma franja de edad, la probabilidad estimada de convivir en pareja alcanza el 75% entre las universitarias con empleo estable, baja al 64% entre las universitarias con empleo inestable y se sitúa en el 71% entre las mujeres sin estudios universitarios y con una situación laboral precaria.

En la práctica, el estudio muestra dos dinámicas distintas. Para ellos, el principal obstáculo aparece cuando se acumulan precariedad y bajo nivel educativo. Para ellas, la inestabilidad laboral pesa de manera más transversal: afecta tanto a universitarias como a quienes no tienen estudios superiores.

El amor también necesita una casa donde habitar

Al bloqueo laboral se suma, además, la crisis de vivienda. Sin un lugar donde habitarlo, el amor puede no completar nunca su metamorfosis: pasar de vínculo afectivo a hogar compartido. En nuestro país, esa transformación sigue fuera del alcance de muchos jóvenes.

Los datos oficiales ayudan a entender por qué. Además de tarde y de forma inestable, el empleo juvenil suele llegar acompañado de sueldos muy ajustados. Los menores de 25 años cobraron de media 1.372,8 euros brutos al mes en 2024, 14,6 euros menos que el año anterior, según el decil de salarios del empleo principal del INE. Fue la primera caída salarial de este grupo de edad en una década y el único retroceso entre todas las franjas analizadas.

Y con ese sueldo hay que pagar la vida: los gastos básicos y, si se puede, una casa en la que empezar. Pero la vivienda se resiste: el Índice de Precios de Vivienda del INE muestra que los precios subieron un 12,7% de media en 2025, el mayor aumento anual desde 2007. La vivienda nueva se encareció un 11,3% y la de segunda mano un 12,9%.

Así, cuando los ingresos no alcanzan para seguir esos precios, muchas relaciones se quedan en crisálida: existen, laten, pero no encuentran un lugar donde desplegar las alas y echar a volar.

Comprar por internet, más aún en plenas rebajas, tiene algo de búsqueda del tesoro: a veces aparece una ganga y otras, una sorpresa bastante divertida. Entre descuentos llamativos, cuentas atrás y promesas de chollo, el usuario se deja llevar y no es capaz de discernir con total claridad si aquello que brilla en la pantalla reluce porque es oro.

Según un estudio de Klarna sobre fraude digital, elaborado junto a Appinio entre 1.000 adultos residentes en España, el 19% de los españoles afirma haber recibido productos falsificados al comprar online. Es decir, uno de cada cinco consumidores se ha encontrado alguna vez con que lo que llegó a casa no era exactamente lo que creía estar comprando.

El problema, sin embargo, no se limita a las falsificaciones. El mismo informe señala que el 64% de los españoles asegura haberse encontrado con ofertas que considera falsas o engañosas al comprar online, una situación especialmente sensible en periodos como las rebajas, cuando el precio se convierte en el principal reclamo.

Productos peores, descuentos dudosos y costes ocultos

La mala experiencia más habitual entre los consumidores españoles es recibir productos con una calidad inferior a la anunciada, algo que declara el 43% de los encuestados. Le siguen los artículos que no coinciden con la descripción original, con un 36%, y las ofertas falsas o descuentos engañosos, mencionados por el 35%.

También hay otras razones que pueden convertir una compra aparentemente sencilla en un pequeño disgusto. Un 34% de los consumidores afirma haberse encontrado con reseñas falsas, mientras que un 25% ha detectado costes ocultos en el momento del pago. Es el clásico producto que parecía barato hasta que, justo antes de confirmar la compra, aparecen gastos de envío, cargos añadidos o condiciones que no estaban tan claras.

Además, un 23% reconoce haber tenido dificultades para devolver productos y un 21% asegura haberse encontrado con métodos de pago que no le generaban confianza. Otro 19% afirma no haber recibido algún paquete tras realizar una compra online. Solo el 12% de los encuestados dice no haber vivido ninguna de las situaciones planteadas.

Para estar protegido ante estas situaciones, hay que dejar de fijarse solo en el bajo precio y el ahorro que supondrá, y empezar a comprobar si el descuento es real, si la tienda es fiable y si el producto que se está comprando coincide con lo prometido.

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido en distintas campañas de la existencia de falsas rebajas y recuerda que, cuando se anuncia una reducción de precio, el precio anterior debe ser el más bajo aplicado en los 30 días previos.

Cómo saber si una oferta ‘online’ es fiable

Klarna recomienda desconfiar de las ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad, comprobar que la dirección web coincide con el dominio oficial de la marca y revisar las políticas de devolución antes de completar la compra. También aconseja consultar reseñas verificadas y evitar valoraciones excesivamente positivas, genéricas o poco detalladas.

Otra recomendación básica es no hacer clic en enlaces recibidos por correo electrónico o SMS cuando generen dudas. En esos casos, lo más seguro es acudir directamente a la web o aplicación oficial de la marca. Las páginas que solo aceptan transferencias bancarias por adelantado y no ofrecen garantías para el comprador son, según la compañía, una señal clara de alerta.

Lo que miran los consumidores para confiar en una tienda ‘online’

Una rebaja puede servir para llamar la atención, pero no basta para que el consumidor se fíe de la tienda. Según el estudio de Klarna, las opciones de pago seguras son el elemento que más confianza genera, citado por el 43% de los encuestados, por delante de las garantías de protección al comprador (41%) y de unas políticas de devolución claras (39%).

También influyen las reseñas verificadas de otros clientes, mencionadas por el 37%, y la transparencia sobre los gastos de envío o posibles aranceles, con un 34%. Sorprendentemente, las recomendaciones de influencers tienen mucho menos peso: solo un 9% de los encuestados las considera un factor que aumente su confianza al comprar online.

Fotografiar, escanear o fotocopiar el DNI no está prohibido en todos los casos, pero puede ser sancionable cuando una empresa pide o conserva una copia completa sin que sea necesaria para el trámite o sin una justificación suficiente. Es entonces cuando esa imagen puede convertirse en una copia indebida, al incluir más datos personales de los que hacen falta para verificar la identidad. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) insiste en que cualquier uso de datos personales debe limitarse a la información imprescindible para cada finalidad.

El DNI sirve para acreditar la identidad, pero contiene más datos de los que muchas veces hacen falta para verificar quién es una persona. Por eso, pedir una imagen del documento por ambas caras puede vulnerar el principio de minimización de datos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que obliga a recoger solo información adecuada, pertinente y limitada a lo necesario.

La clave está en diferenciar entre enseñar el documento y permitir que un tercero se quede con una copia completa. Esa distinción afecta a trámites con empresas, entregas de paquetes, reservas en alojamientos o solicitudes de derechos ante compañías.

Cuándo pueden pedirte el DNI y cuándo no deberían copiarlo

El Documento Nacional de Identidad es obligatorio a partir de los 14 años, según la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Las personas obligadas a tenerlo deben exhibirlo cuando lo requiera la autoridad o sus agentes en los supuestos previstos por la ley.

En el ámbito privado, sin embargo, una empresa puede necesitar comprobar la identidad de un cliente, pero eso no significa automáticamente que pueda quedarse con una fotocopia, una imagen o un escaneo completo del documento. Antes debe valorar si existe una forma menos invasiva de hacer esa comprobación.

La AEPD explica, por ejemplo, que para ejercer derechos de protección de datos, como acceso, rectificación, supresión u oposición, por regla general no es necesario facilitar una copia del DNI. Solo si el responsable tiene dudas razonables sobre la identidad de quien hace la solicitud puede pedir información adicional para confirmarla.

También en una contratación, la Agencia señala que normalmente no hace falta aportar una copia del DNI, ya que la identidad puede verificarse por otros medios, como la firma electrónica. Hay excepciones cuando una normativa sectorial exige expresamente conservar copia del documento, como ocurre en determinados supuestos vinculados a la prevención del blanqueo de capitales.

La sanción a Orange por fotografiar el documento

Uno de los casos más conocidos es el de Orange. La AEPD sancionó a la compañía con 100.000 euros porque sus mensajeros fotografiaban el DNI por ambas caras para entregar paquetes. El organismo consideró que esa práctica suponía recoger más datos personales de los necesarios para acreditar la identidad del destinatario.

La sanción fue después revisada por la Audiencia Nacional, que en abril de 2026 redujo la cuantía a 40.000 euros. Aun así, el criterio se mantiene: fotografiar el documento completo para una entrega puede ser una medida desproporcionada si existen otras formas de comprobar la identidad.

Hoteles y apartamentos: registrar datos no es copiar el DNI

Uno de los supuestos que más dudas genera es el de los alojamientos turísticos. El Real Decreto 933/2021 obliga a hoteles, apartamentos turísticos y otros establecimientos de hospedaje a recoger determinados datos de los viajeros y comunicarlos a las autoridades. Sin embargo, esa obligación no autoriza a pedir una copia del DNI o del pasaporte.

La AEPD aclaró en 2025 que solicitar una copia del documento de identidad en hospedajes vulnera el principio de minimización de datos, porque el DNI contiene información adicional que no exige la norma, como la fotografía, la fecha de caducidad o determinados códigos del documento.

Para cumplir con la obligación legal, los alojamientos deben recoger los datos requeridos mediante un formulario presencial u online. Si la identificación se hace en persona, bastaría con una comprobación visual del documento. En procesos online, la Agencia recomienda mecanismos como certificados digitales, comprobaciones asociadas al método de pago o códigos enviados al teléfono o al correo electrónico del cliente.

Qué hacer si te piden una foto del DNI

Si una empresa, alojamiento o repartidor pide una foto del DNI, el ciudadano puede preguntar para qué se necesita esa copia, cuánto tiempo se conservará y si existe otra forma de verificar la identidad. Cuando no sea estrictamente necesario aportar una copia íntegra, la AEPD recomienda ocultar o proteger los datos que no hagan falta para la identificación.

También conviene evitar el envío por canales poco seguros, como correos electrónicos ordinarios o aplicaciones de mensajería, si el responsable no proporciona garantías suficientes. Siempre que existan alternativas menos invasivas, pedir una foto del DNI puede ser un tratamiento excesivo de datos personales y convertir esa copia en indebida a efectos de protección de datos.

Inditex ha aportado tres millones de euros a Cruz Roja Española para apoyar a la población afectada por los terremotos de Venezuela, según ha informado la organización humanitaria. La ayuda de la compañía fundada por Amancio Ortega se destinará al despliegue de una clínica móvil con capacidad para atender a 100 pacientes ambulatorios al día y al envío de artículos de primera necesidad a las zonas más golpeadas por la emergencia.

La intervención se canalizará a través de Cruz Roja Española y Cruz Roja Venezolana, en coordinación con la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). El objetivo es reforzar la respuesta humanitaria en la fase inicial de la emergencia, marcada por las necesidades sanitarias, la atención a personas desplazadas y la distribución de suministros básicos.

Los terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio con apenas 39 segundos de diferencia, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Naciones Unidas eleva ya el balance a más de 1.700 fallecidos, unos 5.000 heridos y alrededor de 12.000 desplazados, aunque las cifras pueden cambiar conforme avancen las labores de evaluación y rescate.

Qué financiará la donación de Inditex

La principal partida de la aportación se destinará al despliegue de una clínica móvil para reforzar la capacidad asistencial en las zonas más afectadas, según detalla Cruz Roja Española. Este dispositivo prestará atención sanitaria de urgencia, incluyendo triaje, estabilización de pacientes, primeros auxilios, atención de traumatismos y derivación de los casos que requieran asistencia hospitalaria.

La clínica estará atendida por personal sanitario especializado, en colaboración con profesionales locales, y podrá asistir a un centenar de pacientes ambulatorios al día. Su despliegue permitirá atender casos urgentes sobre el terreno y derivar a los hospitales a los pacientes que necesiten una asistencia más compleja.

Además de la asistencia médica, parte de los fondos se destinará al envío de material básico para las personas afectadas. Entre los artículos previstos figuran bidones de agua, mantas y sábanas, lonas y tiendas de campaña, kits de cocina, kits de descanso y kits de higiene, destinados a cubrir necesidades básicas durante los primeros días de la emergencia.

Asimismo, Inditex ha habilitado un canal interno para que sus empleados en España puedan realizar contribuciones monetarias adicionales a la respuesta humanitaria.

La emergencia tras los terremotos de Venezuela

La IFRC ha abierto una petición de fondos de 50 millones de francos suizos para sostener la respuesta humanitaria y asistir a 300.000 personas afectadas por los seísmos, según informó la propia federación. La respuesta inicial se concentra en La Guaira y la Gran Caracas, dos de las zonas donde la destrucción ha sido más grave, aunque los temblores se sintieron también en otros estados del país.

La OPS/OMS señala que unos 3,9 millones de personas estuvieron expuestas a sacudidas severas y que más de 700.000 residen en municipios sometidos a una intensidad especialmente elevada. Las organizaciones humanitarias advierten de que la respuesta no se limita a la atención inmediata a los heridos, sino que incluye también agua, refugio, saneamiento, suministros médicos y apoyo a la población desplazada.

En la carrera de fondo que supone comprar una vivienda en España, no todas las regiones exigen estar durante años ahorrando para poder pagar la entrada. Frente a los más de 124.000 euros que un comprador necesita de media en Madrid para cubrir la parte del precio que no financia la hipoteca, en Extremadura esa entrada baja hasta unos 17.100 euros. Y en Castilla-La Mancha y la Región de Murcia la cifra se sitúa en torno a los 34.000 euros, según cálculos propios a partir de la estadística inmobiliaria de abril del Consejo General del Notariado.

Esa entrada no es el único dinero que necesita el comprador para llegar a la firma, pero sí supone, para muchos ciudadanos, una de las principales barreras de acceso a la vivienda. De hecho, en el conjunto de España, esta parte del precio que no se financia es de unos 69.200 euros de media.

Para hacer el cálculo, se ha tomado la hipoteca media concedida en cada comunidad y el porcentaje del precio que cubre ese préstamo. A partir de ahí, se estima cuánto dinero queda fuera de la financiación y debe aportar el comprador con sus propios ahorros. Una cifra que no incluye los gastos en registro, notaría, gestoría ni impuestos.

Las regiones donde la entrada es más baja

Extremadura aparece como la comunidad donde menos entrada se necesita para comprar una vivienda con hipoteca. La hipoteca media para adquisición se situó en abril en 106.606 euros y cubrió el 86,2% del precio, el porcentaje más alto de España. Con esos datos, la parte no financiada queda en unos 17.100 euros.

Después aparecen Castilla-La Mancha, con una entrada aproximada de 33.800 euros, y la Región de Murcia, con unos 34.300 euros. En ambos casos, el préstamo cubre cerca del 80% del precio de la vivienda: un 79,1% en Castilla-La Mancha y un 78,2% en Murcia.

También quedan claramente por debajo de la media nacional La Rioja y Castilla y León, donde la entrada estimada ronda los 41.700 y 42.200 euros, respectivamente. Son cantidades todavía elevadas para muchos hogares, pero suponen un ahorro previo más asumible para la población.

El grupo de regiones con entradas por debajo de los 50.000 euros se completa con Asturias, Aragón y Galicia. En Asturias, la parte no cubierta por la hipoteca se sitúa en unos 47.300 euros; en Aragón, en torno a 48.800 euros; y en Galicia, muy cerca, con unos 48.900 euros.

Aún por debajo de la media nacional se encuentran comunidades con mercados inmobiliarios más tensionados como Andalucía, donde de media se necesitan 53.500 euros de entrada; Canarias, con una cifra muy similar: 53.300 euros; la Comunidad Valenciana, con unos 55.000 euros; Cantabria, con 63.400 euros; y Navarra, con 66.600 euros.

70.000 euros que tienen que salir del bolsillo

En el conjunto de España, la hipoteca media para comprar vivienda alcanzó en abril los 181.533 euros. Ese préstamo cubrió de media el 72,4% del precio de la operación, según el Consejo General del Notariado. Con esos datos, el precio estimado de una vivienda financiada con hipoteca ronda los 250.800 euros y la parte no cubierta por el préstamo se sitúa en unos 69.200 euros. Esa cantidad es la entrada aproximada que un comprador medio en España debe aportar de su bolsillo.

Y todavía quedan gastos por sumar. Esos 69.200 euros son solo la parte del precio que no cubre la hipoteca. Después llegan los impuestos, la notaría, el registro, la gestoría y el resto de gastos asociados a la operación. Así que, incluso en las comunidades donde la entrada es más baja, el comprador necesita más dinero en el banco antes de sentarse a firmar.

Una diferencia con las comunidades más caras

Es evidente el contraste cuando se comparan las cifras con los territorios donde la parte no financiada es más alta. En Cataluña, la entrada aproximada ya queda por encima de la media nacional y ronda los 73.000 euros. En el País Vasco sube hasta unos 88.500 euros.

La distancia se dispara en Madrid y Baleares. En la Comunidad de Madrid, la parte no financiada supera los 125.000 euros, más de siete veces la entrada estimada en Extremadura. En Baleares, la cifra alcanza unos 153.100 euros, casi nueve veces más que en la comunidad extremeña.

La diferencia entre ambos extremos supera los 136.000 euros solo en la cantidad que el comprador debe aportar de sus ahorros, sin contar otros gastos o impuestos.

Dentro del listado, 1.111 son personas físicas, con una deuda conjunta de 1.680 millones de euros. Entre ellas, los mayores importes corresponden a Agustín Olivares Garrigós y Ramón Olivares Garrigós, dos hermanos empresarios vinculados a la construcción y la promoción inmobiliaria, que encabezan el ranking con 36,8 millones de euros cada uno.

La lista solo incluye deudas y sanciones tributarias que superan los 600.000 euros, que no han sido pagadas en periodo voluntario, que seguían pendientes a 31 de diciembre de 2025 y que no estaban aplazadas ni suspendidas. Además, tras la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Hacienda exige que las deudas sean firmes para poder incluirlas en la publicación.

Quiénes son las personas físicas que más deben a Hacienda

Los hermanos Agustín y Ramón Olivares Garrigós ocupan los dos primeros puestos de la lista de personas físicas. Ambos han desarrollado su trayectoria empresarial en el sector de la construcción y la promoción inmobiliaria, principalmente en Ciudad Real y también en Panamá, y ya habían aparecido en ejercicios anteriores entre los mayores morosos con la Agencia Tributaria.

Tras ellos figura Diana Grapin Stavinschi, con una deuda de 30,5 millones de euros. Su nombre aparece en el listado publicado por la Agencia Tributaria como persona física, aunque no cuenta con un perfil público tan conocido como otros deudores incluidos en el ranking.

El cuarto puesto corresponde a Addy Núñez Beltre, con 23,8 millones de euros pendientes. Se trata de un empresario de origen dominicano afincado en España desde hace más de dos décadas, vinculado a distintas sociedades y que ya había figurado en ediciones anteriores del listado.

También aparecen Teresa Maldonado Taillefer y Jesús Ruiz Casado, con 15,6 y 15,5 millones de euros, respectivamente. Ambos están vinculados a Aifos, una promotora inmobiliaria que llegó a tener un peso relevante durante el boom del ladrillo y que acabó afectada por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Entre los mayores deudores figura además Agapito García Sánchez, con 14,9 millones de euros. Es otro nombre habitual en la lista de morosos y su trayectoria empresarial ha estado vinculada al sector inmobiliario, aunque también ha ocupado cargos en sociedades de otros ámbitos.

La lista de los 15 mayores deudores persona física

1. Agustín Olivares Garrigós: 36.832.485,60 euros
2. Ramón Olivares Garrigós: 36.832.485,60 euros
3. Diana Grapin Stavinschi: 30.514.632,15 euros
4. Addy Núñez Beltre: 23.825.115,31 euros
5. Teresa Maldonado Taillefer: 15.642.422,61 euros
6. Jesús Ruiz Casado: 15.561.766,74 euros
7. Agapito García Sánchez: 14.930.205,25 euros
8. Philippe Sermay: 14.671.139,82 euros
9. Francisco Bejarano Zafra: 14.203.681,82 euros
10. Juana Borja Serrano: 12.172.957,05 euros
11. Manuel Valiente Serviole: 11.559.956,15 euros
12. Ángel de Cabo Sanz: 10.735.464,16 euros
13. Yolanda García Sánchez: 9.887.020,03 euros
14. Lakh Ndieme: 9.333.612,12 euros
15. Kirsten Erna Johanna Altmann: 8.160.280,64 euros

Francisco Bejarano Zafra, que adeuda 14,2 millones, ha estado vinculado al sector de la alimentación y la distribución de pescado. Juana Borja Serrano, con 12,2 millones, aparece relacionada con actividades empresariales del mundo del motor y la intermediación de vehículos. Manuel Valiente Serviole, con 11,6 millones, ha estado vinculado a Desarrollos Empresariales Petrel SL.

Otro de los nombres más conocidos es Ángel de Cabo Sanz, empresario valenciano conocido como “el liquidador”, que debe 10,7 millones de euros. Su figura ganó notoriedad por la adquisición de empresas en dificultades, entre ellas Marsans o Nueva Rumasa, operaciones que también derivaron en problemas judiciales.

Por último, Yolanda García Sánchez, Lakh Ndieme y Kirsten Erna Johanna Altmann completan la lista de los 15 mayores deudores persona física, con 9,8 millones de euros, 9,3 millones de euros y 8,1 millones de euros, respectivamente. Sus nombres figuran en el listado, pero no cuentan con un perfil público ni con información empresarial relevante fácilmente identificable.

La deuda total baja, pero sube entre las personas físicas

La nueva lista de morosos recoge menos contribuyentes que la publicada el año pasado. En total, aparecen 5.853 deudores, un 2,4% menos, y la deuda global baja hasta los 15.432 millones de euros. Sin duplicidades, ya que algunos importes corresponden tanto a deudores principales como a responsables solidarios, el importe se sitúa en 15.364 millones.

La evolución es distinta según el tipo de contribuyente. Las personas físicas aumentan de 1.077 a 1.111 y su deuda conjunta sube de 1.579 a 1.680 millones de euros. En cambio, las personas jurídicas bajan de 4.920 a 4.742 y el importe asociado desciende de 14.558 a 13.752 millones.

Hacienda también detalla que 879 deudores han salido del listado respecto al año anterior, con una deuda asociada de 1.729 millones de euros, mientras que 735 entran por primera vez o vuelven a aparecer, con un importe conjunto de 1.083 millones. La salida puede deberse al pago total o parcial de la deuda, a la obtención de un aplazamiento o suspensión, o a la falta de firmeza de las cantidades pendientes.

Los hogares españoles tuvieron más ingresos en el primer trimestre de 2026, pero no más margen para ahorrar. La renta disponible bruta aumentó un 5,1% interanual, hasta los 254.710 millones de euros, mientras que el gasto en consumo final creció todavía más, un 6,1%, hasta los 244.292 millones, según las Cuentas Trimestrales no Financieras de los Sectores Institucionales publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La consecuencia directa fue una caída del ahorro familiar. Entre enero y marzo, los hogares ahorraron 10.477 millones de euros, un 11,5% menos que en el mismo periodo del año anterior. La tasa de ahorro, una vez eliminados los efectos estacionales y de calendario, se situó en el 11,3% de la renta disponible bruta, un punto menos que un año antes y seis décimas por debajo del cuarto trimestre de 2025.

Aterrizando todos estos datos, la lectura es que los hogares no están ingresando menos, sino que la mejora de su renta no basta para aumentar el ahorro. El dinero disponible crece, pero el gasto lo hace a mayor ritmo, de forma que el margen entre lo que entra en casa y lo que se consume durante el trimestre se estrecha. Por eso, pese al aumento de la renta disponible, las familias terminaron ahorrando menos que hace un año.

Mejoran los salarios, pero se diluyen en el gasto cotidiano

La caída del ahorro se produce, paradójicamente, en un contexto en el que las rentas laborales están avanzando. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE, el coste salarial aumentó un 4,9% interanual en el primer trimestre, hasta los 2.403,80 euros por trabajador y mes. Es decir, los ingresos laborales mejoran, pero esa subida no está siendo suficiente para asegurar la capacidad de ahorro de los hogares.

El problema no está solo en cuánto dinero entra, sino en cuánto queda después de pagar los gastos del día a día. Aunque los ingresos crecen, una parte cada vez mayor se va en consumo, de modo que queda menos dinero para ahorrar, afrontar un imprevisto o tomar decisiones que exigen un colchón previo, como comprar una vivienda, cambiar de alquiler o asumir una reforma.

La economía española puede seguir apoyándose en el gasto de los hogares, pero para muchas familias eso se traduce en un presupuesto cada vez más ajustado: entra más dinero, sí, pero no necesariamente queda más al final del mes.

Comprar casa exige más ahorro justo cuando el colchón familiar se reduce

La falta de margen también se nota cuando los hogares tienen que afrontar grandes gastos o inversiones. En el primer trimestre, la inversión de las familias aumentó un 7,4% interanual, hasta los 19.734 millones de euros. Pero el ahorro generado entre enero y marzo no fue suficiente para cubrir ese importe, por lo que los hogares registraron una necesidad de financiación de 9.905 millones de euros.

Esa cifra supone un aumento del 41,4% respecto al mismo periodo de 2025. En la práctica, significa que las familias necesitaron recurrir a más financiación para cubrir inversiones que no podían asumir solo con el ahorro generado en el trimestre.

Aunque el dato de inversión de los hogares no se puede atribuir por completo a la compra de vivienda, sí llega en un momento en el que el mercado residencial se ha encarecido con fuerza. Según el Índice de Precios de Vivienda del INE, los precios subieron un 12,9% interanual en el primer trimestre de 2026. La vivienda usada, la más habitual en las compraventas, se encareció un 13,5%, mientras que la nueva avanzó un 9,1%. Ese aumento está obligando a muchas familias a necesitar más financiación y más ahorro previo para comprar casa, justo cuando su colchón se está reduciendo.

La economía española mantiene saldo positivo

Cuando se mira al total de la economía española, la imagen es distinta. En el primer trimestre, España registró una capacidad de financiación frente al resto del mundo de 11.374 millones de euros, una cifra equivalente al 2,7% del PIB. Esto significa que, en conjunto, la economía generó más recursos de los que necesitó financiar fuera.

Ese saldo positivo se explica, sobre todo, por las empresas y las entidades financieras. Las sociedades no financieras registraron una capacidad de financiación de 12.248 millones de euros y las instituciones financieras, de 15.461 millones. Es decir, estos sectores sí tuvieron excedente durante el trimestre.

La situación fue distinta para las administraciones públicas, que registraron una necesidad de financiación de 6.430 millones, ligeramente superior a la del mismo periodo del año anterior.

Para comprar una vivienda en Madrid necesitas ahorrar una entrada que en otras comunidades autónomas te permitiría pagar una casa completa. La parte no financiada por la hipoteca supera los 124.000 euros de media, una cantidad equivalente al precio medio de una vivienda en Castilla-La Mancha y superior al de Extremadura, según cálculos propios a partir de la estadística inmobiliaria de abril del Consejo General del Notariado.

El precio medio de la vivienda en la Comunidad de Madrid se situó en abril en 3.870,6 euros por metro cuadrado, mientras que la superficie media de las operaciones fue de 104 metros cuadrados. Con esos datos, el precio medio estimado de una vivienda transmitida en la región supera los 402.000 euros.

Por su parte, la hipoteca media para comprar vivienda en Madrid fue de 278.224 euros y cubrió, también de media, el 69% del precio. Así, la parte no financiada, lo que se conoce como la entrada, se sitúa en más de 124.000 euros. Una cifra que ni siquiera incluye impuestos, notaría, registro, gestoría ni otros gastos asociados a la compraventa.

Una entrada que da para una vivienda completa

Al comparar la entrada necesaria para adquirir una vivienda en Madrid con otros territorios de España, encontramos que en Castilla-La Mancha el precio medio de una casa entera ronda los 123.100 euros, según los mismos datos del Consejo General del Notariado. La diferencia es aún mayor en Extremadura, donde el precio medio estimado de una vivienda se sitúa en unos 96.200 euros.

La cifra también se queda muy cerca del precio medio de una vivienda en Castilla y León, donde se acerca a los 136.700 euros. También en la Región de Murcia, donde se sitúa en unos 146.300 euros, apenas 20.000 euros más por una casa completa.

Ni con hipoteca basta

Madrid es la comunidad donde más compradores recurren a una hipoteca para comprar vivienda. En abril, el 85,3% de las compraventas en la región se hicieron con préstamo hipotecario, el porcentaje más alto de España, según el Consejo General del Notariado.

Pero eso no significa que el acceso sea más fácil. Aunque la mayoría de las operaciones se financian, la hipoteca media solo cubre el 69% del precio, de modo que el comprador tiene que aportar el 31% con sus propios ahorros.

La diferencia con el conjunto del país es amplia: en España, el 55,6% de las compraventas se hicieron con hipoteca y el préstamo medio para adquirir vivienda fue de 181.533 euros, casi 97.000 euros menos que en Madrid.

Se venden menos casas, y no precisamente más baratas

En la Comunidad de Madrid se están firmando menos operaciones, pero eso no ha rebajado los precios. En abril se registraron unas 6.401 compraventas de vivienda, un 11,3% menos que en el mismo mes del año anterior, según los datos del Consejo General del Notariado.

Al mismo tiempo, el precio medio por metro cuadrado subió un 10,4% interanual en la región, por encima del avance medio nacional, que fue del 9,4%. La superficie media de las viviendas transmitidas también bajó un 5,2%.

Es decir, se compran menos viviendas, son algo más pequeñas de media y el metro cuadrado es más caro. Una combinación que mantiene alto el precio final de la operación y obliga al comprador a llegar a la firma con más ahorro previo.

La hipoteca media también sube

El número de hipotecas para comprar vivienda también bajó en Madrid, aunque menos que las compraventas. En abril se redujeron un 5,7% interanual, mientras que el importe medio del préstamo subió un 1,9%.

En este sentido, quienes consiguen comprar necesitan financiar cantidades cada vez más altas. En la Comunidad de Madrid, la hipoteca media para adquirir vivienda alcanzó los 278.224 euros, frente a los 181.533 euros de media nacional. Y a esa cantidad se suma todo lo que queda fuera de la financiación.

Cada vez más marcas ajenas a las telecomunicaciones quieren entrar en el mercado del móvil. Famosos, clubes deportivos, supermercados o empresas de otros sectores presentan sus propias operadoras como una forma de llegar directamente a sus comunidades de clientes. Pero tener una marca de telefonía no siempre significa tener una red propia: muchas funcionan como operadores virtuales y usan infraestructuras alquiladas a grandes telecos.

El gancho puede ser una cara conocida, una bandera, un escudo de fútbol o una causa social. La promesa es sencilla: contratar la línea con una marca con la que el cliente ya tiene afinidad. Sin embargo, en muchos casos la realidad es que detrás de estas compañías no hay antenas propias, sino grandes acuerdos con operadores que sí tienen red.

Este fenómeno ha ganado visibilidad recientemente con casos como Española de Telefonía, vinculada a Bertín Osborne, o Barça Mobile, impulsada por el F.C. Barcelona junto a New Era Visionary Group. A ellos se suman otros proyectos en preparación, como el operador de fibra y móvil que Lidl prevé lanzar en España, según publicó Cinco Días.

Ahora bien, para el consumidor, el nombre que aparece en la publicidad no debería ser lo decisivo. Aunque la tarifa llegue de la mano de una celebridad o de una marca favorita, lo importante es saber qué se está contratando: qué red sostiene la cobertura, qué condiciones se firman, qué derechos tiene el cliente y cómo responde la empresa si hay problemas.

Qué hay detrás de una operadora sin red propia

Los operadores móviles virtuales, conocidos como OMV, venden servicios de telefonía móvil -y en algunos casos fibra- sin desplegar una red propia de antenas o infraestructuras físicas. Para prestar el servicio, alquilan el acceso a redes de otros operadores mediante acuerdos mayoristas.

Ese modelo facilita que una marca lance una oferta comercial sin construir desde cero una red de telecomunicaciones, pero también limita el negocio: si depende de la infraestructura de otra compañía, debe pagar por ese acceso y tiene menos margen para competir solo por precio.

La propia Española de Telefonía aclara que opera con red de Movistar. Rubén Sánchez, secretario general de Facua, explica a Infobae que esa información debe estar clara para el consumidor: “Efectivamente debe aclararlo”, señala sobre el uso de la red real que sostiene el servicio.

La diferencia importa porque el usuario puede contratar atraído por una persona concreta, pero la cobertura final no depende de esa marca en abstracto, sino de la red sobre la que opere. Por eso, antes de cambiar de compañía, conviene comprobar qué infraestructura utiliza, qué empresa está detrás del contrato, si existen permanencias, cuál será el precio después de las promociones y qué canales de atención y reclamación ofrece.

Por qué una marca quiere vender una línea móvil

La telefonía tiene algo muy valioso para cualquier marca: una relación mensual con el cliente. No es una compra puntual, como llenar la cesta del supermercado o adquirir una entrada para un partido, sino un servicio recurrente que se paga todos los meses y que forma parte de la vida cotidiana.

Ahí está buena parte del atractivo: vender una línea móvil puede servir para fidelizar clientes, ofrecer descuentos cruzados, reforzar una comunidad o ampliar la presencia de una marca en el día a día del consumidor. No se trata solo de vender gigas, llamadas o fibra, sino de convertir la tarifa en una extensión de una identidad comercial.

En el caso de Barça Mobile, el club anunció en 2024 el lanzamiento de una marca propia de telefonía junto a New Era Visionary Group y Orange, dentro de un acuerdo que también incluía conectividad para el futuro Spotify Camp Nou. La propuesta se dirige de forma natural a socios y aficionados, una comunidad que ya mantiene una relación emocional y comercial con el club.

Lidl, por su parte, prepara su entrada en España replicando modelos ya desarrollados en otros países europeos, según publicó Cinco Días. La lógica es distinta, pero el fondo se parece: aprovechar una base amplia de clientes, una aplicación de fidelización y una red de tiendas para ofrecer servicios adicionales vinculados al ahorro.

El famoso no es el problema

El uso de caras conocidas en campañas de telecomunicaciones no es nuevo. Facua matiza que la presencia de famosos no supone por sí misma una señal de alerta. Sánchez recuerda ejemplos anteriores como Antonio Resines en MásMóvil o Ernesto Sevilla en Lowi. “Usar famosos es habitual”, resume.

El foco, según la organización, no está en que una empresa recurra a un rostro popular, sino en si cumple con sus obligaciones y si la información que recibe el usuario es clara. En el caso de Española de Telefonía, Facua ha denunciado a la compañía por un conjunto de presuntas irregularidades que, según la asociación, afectan a ámbitos como la publicidad, la información contractual, la protección de datos y la atención al cliente.

Sánchez sostiene que lo detectado en esta compañía es excepcional dentro del sector. “El cúmulo de irregularidades que hemos visto en este caso no nos lo hemos encontrado nunca”, afirma. Según explica, las operadoras presentes en el mercado suelen incluir información sobre política de privacidad, datos de la empresa responsable e información precontractual, aunque luego puedan cometer otro tipo de irregularidades en materia de calidad o publicidad.

Facua también ha llevado a la Fiscalía uno de los elementos de la campaña de Española de Telefonía por posibles delitos de publicidad engañosa y estafa. Se trata, según la asociación, de un test de velocidad que no mediría la conexión real del usuario, sino que ofrecería un resultado aleatorio para hacerle creer que navegaba más lento de lo que realmente navegaba.

La compañía ya había sido denunciada por Facua ante distintos organismos públicos por vulnerar, presuntamente, varias normas de consumo, competencia, protección de datos y servicios digitales.

Ese es el punto clave para el consumidor: una cara amiga transmite confianza, pero no sustituye a la letra pequeña. Contratar una línea móvil implica ceder datos personales, portar un número y aceptar unas condiciones de servicio, así que no es una decisión que convenga tomar solo por afinidad.

Un mercado dominado por las grandes redes

La aparición de nuevas marcas no significa que el mercado esté fragmentado en la misma medida. Los últimos datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) muestran que las líneas móviles rozaron los 63 millones en España en mayo de 2026. Movistar, Vodafone y MasOrange concentraban el 85,6% de las líneas móviles, según la CNMC.

La concentración también es elevada en banda ancha fija. Los tres grandes grupos reunían el 80% de las líneas y, si se añade Digi, el porcentaje ascendía al 94,4%. Es decir, aunque el escaparate comercial se llene de nuevas marcas, buena parte del mercado sigue apoyándose en las grandes infraestructuras y en operadores con mucha escala.

Ese dominio de las grandes redes marca el límite de muchas telecos de nicho. Una marca puede tener tirón, comunidad o notoriedad, pero después tiene que competir en precio, cobertura y atención al cliente. Por eso, la nueva moda de las operadoras “propias” tiene dos caras: a las empresas les abre una vía para fidelizar clientes en un servicio que se paga cada mes; pero al usuario le obliga a estar más atento, comprobar qué red sostiene la línea, qué condiciones acepta y quién responde si algo sale mal.

Los bares y restaurantes no tienen que cerrar automáticamente sus terrazas cada vez que se activa una alerta roja por calor, pero tampoco pueden mantener el servicio exterior como si no pasara nada. La normativa laboral obliga a las empresas a proteger a sus trabajadores frente a las temperaturas extremas y a adaptar la actividad cuando las medidas preventivas no sean suficientes.

La clave está en la prevención de riesgos laborales. El Real Decreto-ley 4/2023, que modificó las condiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, establece que las empresas con actividad al aire libre deben adoptar medidas adecuadas frente a fenómenos meteorológicos adversos, incluidas las temperaturas extremas. Estas medidas deben partir de una evaluación de riesgos y tener en cuenta tanto la tarea que se realiza como las características de la persona trabajadora.

En el caso de la hostelería, esta obligación afecta especialmente a camareros y personal que atiende terrazas durante episodios de calor intenso. La actualización del Acuerdo Laboral Estatal de Hostelería, firmada en abril por patronales y sindicatos, incorpora los riesgos climáticos al marco laboral del sector, pero no supone una prohibición general de abrir terrazas en verano.

Cuándo puede limitarse el trabajo en una terraza por calor

La alerta roja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) no implica por sí sola el cierre automático de todas las terrazas. Lo que activa es la obligación de revisar si el trabajo al aire libre puede desarrollarse con seguridad. Si las medidas preventivas no garantizan la protección de la plantilla, la empresa debe adaptar las condiciones de trabajo.

Esa adaptación puede incluir cambios de horario, reducción de la exposición directa al sol, reorganización de turnos, pausas más frecuentes o suspensión de determinadas tareas durante las horas de mayor riesgo. La norma también contempla la modificación o reducción de la jornada cuando exista un aviso naranja o rojo y las medidas aplicadas no sean suficientes para evitar el peligro.

Por tanto, el cierre de una terraza puede llegar a producirse si no hay forma de proteger adecuadamente a los trabajadores, pero no funciona como una orden automática aplicable a todos los locales por igual. La situación dependerá de las condiciones concretas del establecimiento, la intensidad del episodio de calor, la organización del trabajo y las medidas disponibles.

Qué medidas deben adoptar bares y restaurantes

Los negocios tienen que contar con medidas preventivas frente al estrés térmico. Entre ellas pueden estar el acceso continuo a agua, zonas de sombra, pausas durante la jornada, reducción del tiempo de exposición, información a la plantilla sobre los síntomas de un golpe de calor y protocolos para actuar si un trabajador empieza a encontrarse mal.

También pueden reorganizar el servicio para evitar las horas centrales del día, reforzar los turnos de interior o concentrar parte de la actividad en franjas con temperaturas más bajas. En cualquier caso, los sistemas para refrescar el ambiente, como ventiladores o nebulizadores, no sustituyen por sí solos la obligación de evaluar el riesgo y garantizar condiciones seguras.

La protección debe ser mayor cuando haya trabajadores especialmente vulnerables, por edad, estado de salud o condiciones personales conocidas por la empresa. La normativa exige que la evaluación tenga en cuenta estos factores, no solo la temperatura prevista.

Las multas no son por abrir, sino por incumplir la prevención

Las multas no se imponen por el simple hecho de tener una terraza abierta durante una alerta por calor, sino por incumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Si la Inspección de Trabajo considera que una empresa ha mantenido a sus trabajadores expuestos a un riesgo sin medidas suficientes, puede levantar acta de infracción.

La cuantía dependerá de la gravedad. Según la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, las infracciones leves en prevención de riesgos laborales se sancionan con multas de 45 a 2.450 euros; las graves, de 2.451 a 49.180 euros; y las muy graves, de 49.181 a 983.736 euros.

La vigilancia sobre los riesgos asociados al calor se ha intensificado en los últimos años, en un contexto de veranos cada vez más extremos y episodios más frecuentes de altas temperaturas.