En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, se conocieron las primeras imágenes de cómo quedó la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, luego de las refacciones que costaron 245.000 dólares.

Infobae accedió en exclusiva a una serie de fotos tomadas antes, durante y después de la remodelación que comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni era apenas vocero presidencial. Hasta ahora se habían conocido registros del proceso de la obra -que estuvo a cargo del contratista que declaró como testigo en Comodoro Py, Matías Tabar-, pero no el resultado final.

Las imágenes de la reforma terminada -obtenidas por el periodista de Infobae, Manuel Jove- evidencian lo mismo que los papeles que presentó el constructor ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo: la casa se hizo prácticamente a nuevo.

Según declaró Tabar bajo juramento, en una primera etapa el ministro coordinador le había encargado la remodelación de la entrada y el garage, tirar abajo la galería del patio trasero y construir una nueva -como se puede ver en la comparación de las imágenes-, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puertas, revestimiento y mejoras en escalera, una nueva parrilla, renovación de la cocina —mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

La pileta, además, se climatizó y fue rellenada para hacerla menos profunda, y para esto se usó revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. También se le agregó una cascada en uno de sus laterales, por lo que el entonces vocero pagó 3.500 dólares.

El contratista Tabar presentó detalladamente cuánto le salió cada elemento que compró para modernizar la propiedad, y también aportó un listado segmentado de lo que le cobró a Adorni.

Por la parrilla, por ejemplo, el jefe de Gabinete pagó 13.800 dólares, entre materia prima y mano de obra. También desembolsó otros 2.000 por un horno que estaría instalado en la galería.

También hay registrados cinco pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por 8.000 dólares, otro del 20 de diciembre por 6.400 dólares, otro del 3 de abril por 19.000 dólares, un cuarto el 26 de junio por 7.500 y el último el 1 de julio por 3.300 dólares.

Tabar explicó en Comodoro Py que, a medida que pasaban los meses, Adorni y su esposa Bettina Angeletti le pidieron agregar “refacciones extra” que se fueron “mezclando” con el presupuesto original. El funcionario le delegó al contratista la coordinación con proveedores de todos los rubros, por lo que pasó a ser un administrador general de la obra: pedía presupuestos, se los transmitía a Adorni, recibía el dinero en efectivo y luego pagaba las compras.

Siempre en negro y en efectivo, Manuel Adorni le entregó al contratista 55.000 dólares a fines de 2024 y el resto de los 245.000 lo pagó al año siguiente, en cuotas de distintos montos: 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae a partir de los datos que se desprenden de la causa judicial, el jefe de Gabinete gastó en dos años al menos 365.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.

En paralelo, tiene deudas inmobiliarias por 335.000 dólares. Debe pagar 270.000 antes de noviembre de este año.

Precisamente, la investigación del fiscal Pollicita apunta a saber si el jefe de Gabinete puede justificar el crecimiento de su nivel de vida con sus ingresos y ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción.

Según dejaron trascender fuentes allegadas a Adorni, el jefe de Gabinete presentaría su declaración jurada correspondiente al ciclo 2025 en los próximos 30 días.

La Justicia detectó una nueva inversión de Manuel Adorni en una de sus propiedades: gastó 14 millones de pesos para renovar los muebles del departamento del barrio porteño de Caballito, donde vive junto a su familia. Así se desprende de las averiguaciones realizadas tras la declaración de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de Indio Cuá.

La causa por enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, avanzó además este miércoles con la testimonial de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete.

Miano también es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora, y gestor de la compraventa del semipiso de la calle Miró al 500, en la firma de desarrollos urbanos TSJ Group. El testigo llegó a Comodoro Py antes de las 9, y dos horas más tarde se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, en la testimonial ratificó la deuda que mantiene Adorni por los 65.000 dólares que invirtieron con Feijoo para modernizar el departamento de Caballito, antes de que las jubiladas se lo vendieran por 230.000 dólares. También afirmó que quien “se encargó de todo” fue su socio, Feijoo.

El jefe de Gabinete acordó regresar esos 65.000 dólares sin plazo ni interés, de palabra y sin ninguna documentación de por medio, siempre de acuerdo a lo dicho por los testigos.

La renovación del semipiso no terminó ahí. El contratista Matías Tabar, quien bajo juramento reveló haberle cobrado 245.000 dólares a Adorni y su esposa Bettina Angeletti por refaccionar su casa del country, trabajó por segunda vez para el matrimonio en Caballito.

El constructor aclaró que no intervino en la obra general que se había hecho a mediados de 2025, sino que le encargaron coordinar trabajos de carpintería, algo que ya había hecho en el barrio privado.

Según declaró Tabar, Adorni y Angeletti le pidieron que contactara al mismo carpintero que hizo los muebles de Indio Cuá.

En diciembre encargaron una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un mueble de rack para TV, una mesa consola y un espejo, entre otros pedidos, recordó el contratista.

De acuerdo a su versión, esos trabajos se habrían completado o abonado entre enero y febrero de este año. La modalidad de pago de los $14 millones habría sido también en efectivo y sin factura.

El juez Lijo ordenó peritar el celular del contratista, donde se buscarán las conversaciones con Adorni, Angeletti y todos los proveedores con los que trabajó, para constatar las cifras informadas.

Los $14 millones en muebles se suman a los 365.000 dólares que el matrimonio Adorni gastó en los últimos dos años y medio, solamente en propiedades, según los números que recabó este medio. En el segmento de las deudas, el ministro coordinador tiene compromisos por más de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre.

La investigación apunta a esclarecer si el jefe de Gabinete y su esposa tienen cómo justificar estas erogaciones. Sus declaraciones juradas correspondientes al año 2025 aún no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, ya que tienen plazo hasta el 31 de julio próximo.

Como medida más reciente, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y Angeletti ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires.

El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar las llamadas de Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública y amigo de Manuel Adorni que viajó en avión privado junto al jefe de Gabinete a Punta del Este. La medida judicial se da en el marco de la causa por posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

El magistrado a cargo del expediente le encomendó la tarea a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), y también alcanzará a Horacio Silva, presidente de ImHouse, la productora de Grandio que logró contratos con el Estado en la gestión libertaria.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la DAJuDeCo -un organismo de la Corte Suprema- revisará todas las comunicaciones de Grandio y Silva desde enero de 2023, con la misión de detectar si hay interlocutores frecuentes que puedan ser de relevancia para la causa.

En el Juzgado Federal N° 4 y en la Fiscalía de Gerardo Pollicita ya hay un listado con todas las llamadas entrantes y salientes de las autoridades de la productora, y en base a ese material es que trabajará la DAJuDeCo.

Esos datos serán cruzados con fechas relevantes en la cronología de los hechos, como aquellas en las que se firmaron los contratos entre ImHouse y el Estado. La pregunta que subyace es si Manuel Adorni u otros funcionarios tuvieron alguna influencia irregular sobre estas contrataciones.

La productora consiguió seis acuerdos de coproducción con RTA: cinco con la TV Pública y uno con Radio Nacional. Las propuestas audiovisuales incluyeron ciclos de entrevistas conducidos por Grandio, programas de streaming y radio.

El primer proyecto acordado fue el radial, que se firmó cuatro meses después de la llegada de Adorni al poder. Se trató de un programa emitido por AM 870 y repetidoras de FM.

El 27 de agosto de 2024 se firmó el segundo contrato, para poner al aire el ciclo “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, por diez capítulos. El costo total de producción fue fijado en $5.883.995 más IVA. ImHouse percibiría los ingresos publicitarios hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, el resto se repartiría en partes iguales con RTA.

En marzo de 2025 se extendió el ciclo por otros diez episodios más, a razón de $900.000 más IVA por capítulo; y en septiembre renovaron el contrato para tener otras 16 emisiones, bajo las mismas condiciones contractuales, por $1.097.500 más IVA por capítulo.

El quinto contrato bajo investigación consistió en la producción del programa de streaming “Enredados”, por 20 capítulos, a emitirse en las plataformas digitales de la TV Pública —Twitch, YouTube, Facebook e Instagram—, también con un costo de $900.000 más IVA por capítulo y siempre bajo el mismo cuadro de reparto publicitario.

El sexto contrato data del 13 de octubre último, para lanzar el programa de streaming “La Sala”, con 50 capítulos. El costo de producción se fijó en $950.000 más IVA por programa.

La empresa de medios estatales tenía a cargo la puesta en el aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, equipo de producción, personal técnico y seguridad, mientras que ImHouse asumió la organización integral de los contenidos, el equipamiento técnico, el personal, los aranceles a entidades como Argentores, SADAIC y SADEM, y eventuales costos derivados de reclamos judiciales o extrajudiciales, según consta en la causa.

Detrás de las averiguaciones sobre los contratos entre ImHouse y el Estado hay un posible delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto, por el viaje entre Grandio y la familia Adorni a Punta del Este para el último feriado de Carnaval, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que puede haber sido una dádiva.

Cabe recordar que, según la documentación que aportaron distintos testigos en Comodoro Py, se pagaron 4.830 dólares por la ida -facturada a ImHouse- y otros 3.000 dólares por el regreso -pago en efectivo por Grandio- en avión privado.

Fuentes en tribunales confirmaron a Infobae que, a la fecha, el jefe de Gabinete no presentó ningún comprobante para demostrar que pagó su parte de los vuelos.

La cantidad de dinero que debe justificar Manuel Adorni crece a medida que avanza la investigación por enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py. Entre gastos y deudas, el jefe de Gabinete ya acumula compromisos por más de USD 725 mil dólares, según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales.

El último hallazgo ocurrió este lunes con la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien reveló que le cobró USD 245 mil al funcionario por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá.

Mientras tenía la propiedad en obra, la familia Adorni alquiló otro inmueble en el mismo barrio privado de Exaltación de la Cruz, para lo que destinaron otros 13.000 dólares, según se desprende de la causa judicial.

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, ya había detectado otros gastos en las últimas semanas: 30.000 dólares que le pagó a dos jubiladas por el departamento Caballito; otros 30.000 como cancelación de una parte del préstamo que le hicieron dos policías a cambio de la hipoteca de su inmueble de Parque Chacabuco, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares más por la compra de la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

Así, solamente en el segmento de propiedades, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desembolsaron al menos 365.000 dólares. Todo ocurrió desde la llegada del ministro coordinador al poder, y mientras cobraba un sueldo de unos $3.500.000 hasta enero de este año, cuando se lo duplicaron.

Otro dato que surge del expediente es que el jefe de Gabinete compró la casa de Indio Cuá y el semipiso de Caballito sin vender los departamentos que ya poseía en La Plata y en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos inmuebles están a la venta.

La casa del country se escrituró el mismo día en el que el jefe de Gabinete recibió un préstamo no bancario de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024, del cual ya devolvió el 30 por ciento. El entonces vocero presidencial hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

Ese movimiento inaugura la página de las deudas del ministro coordinador: antes de noviembre de este año tiene que devolverles 70.000 dólares -más intereses- a las agentes de la Policía Federal Argentina, quienes declararon como testigos en la causa.

La segunda deuda grande de Adorni es la que le permitió comprar el semipiso de la calle Miró. Dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, le financiaron 200.000 dólares a pagar en un año sin interés. También tiene que devolverlos en seis meses o menos.

En Caballito también se modernizó completamente el lugar antes de la mudanza. En Miró, las obras costaron 65.000 dólares que el jefe de Gabinete aún no pagó. Quien se hizo cargo de esas refacciones fue Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni, hijo de una de las jubiladas acreedoras y gestor de la compraventa del departamento.

El jefe de Gabinete se comprometió de palabra a devolverle ese dinero a Feijoo -en negro- una vez que venda su departamento de Parque Chacabuco.

Las deudas conocidas hasta ahora totalizan 335.000 dólares.

Aviones y hoteles

La causa que tramita ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo tiene registrados 18 viajes que hicieron, juntos o por separado, Adorni y Angeletti. Aún no se tiene dimensión de cuánto gastó el matrimonio entre todas esas excursiones por el país y el mundo.

Infobae computó, a partir de fuentes del caso, más de 25.000 dólares solamente en pasajes y estadías de un puñado de esos viajes.

Para irse a Punta del Este en avión privado junto al periodista y amigo Marcelo Grandío, se pagaron 4.830 dólares por la ida y otros 3.000 dólares por el regreso, en febrero de este año. Aún no se sabe si Adorni y el conductor de la TV Pública abonaron cada uno su parte, si se trató de una invitación para el funcionario o si, en cambio, todo estuvo a cargo del jefe de Gabinete.

Para recibir el Año Nuevo de 2025 en Aruba, la familia Adorni pagó 8.874 dólares en hotel y 5.762 dólares en pasajes. En sus tarjetas de crédito, según indicaron fuentes judiciales, no habría erogaciones compatibles con gastos corrientes. Todo, una vez más, se abonó en efectivo.

La polémica en torno a los viajes de Adorni y su esposa tuvo su origen en el viaje de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a Nueva York para la Argentina Week. La mujer pagó su propio vuelo de regreso, en primera clase, y costó 5.154 dólares.

Los números relevados hasta este punto superan los 25.000 dólares, pero hay más. El diario Clarín reveló este fin de semana que la familia Adorni viajó a Bariloche y se hospedó cinco noches en el Hotel Llao Llao. La escapada costó más de 9 millones de pesos, que el jefe de Gabinete no pagó, al menos, inmediatamente. Todo se canceló tres meses más tarde desde una cuenta bancaria cuya titularidad aún se desconoce.

La declaración jurada

La última declaración jurada del jefe de Gabinete que tiene la Oficina Anticorrupción corresponde al ciclo 2024. La del año pasado puede ser presentada hasta el 31 de julio. Adorni prometió en conferencia de prensa que la remitirá al organismo “en tiempo y forma”.

En el último documento disponible, el entonces vocero informó que tenía -al cierre del ciclo- una caja de ahorro con 2.455.000 pesos, otros 2.000.000 de un crédito, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y 42.500 dólares “debajo del colchón”.

Aunque compró la casa de Indio Cuá en noviembre de 2024, la propiedad no está incluida en su declaración de ese año.

La suma y resta definitiva sobre el patrimonio de Manuel Adorni está a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable de la Procuración General.

La Justicia busca saber si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción, y para esto le encomendó a la DAFI que analice al detalle todos los movimientos financieros del matrimonio y, en caso de haberlas, señale posibles inconsistencias.

En ese estudio entrarán en juego gastos corrientes como expensas, impuestos, mantención de la familia y más cifras que quedan por fuera de los gastos “grandes” detectados entre viajes y propiedades.

El contratista Matías Tabar, quien declaró este lunes en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, aportó a la Justicia un listado en el que registró, una por una, todas las refacciones que hizo en la casa del country Indio Cuá, una de las propiedades que el jefe de Gabinete sumó a su patrimonio durante los últimos dos años. La remodelación le costó al funcionario 245.929 dólares, según el testigo.

El documento que entregó el testigo al fiscal federal Gerardo Pollicita muestra esa cifra y revela, además, que el entonces vocero presidencial pagó adelantos de 35.000 y 20.000 dólares, en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente. Lo hizo en Indio Cuá personalmente, con dólares en efectivo y en negro, sin facturación, siempre de acuerdo a lo que se desprende de la testimonial.

Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

La contratación de Adorni a Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, se habría acordado el 14 de septiembre de 2024. Según recordó el testigo, hubo un presupuesto inicial de 94.000 dólares, al que luego se le fueron agregando “extras”.

Los trabajos inicialmente pactados incluían la remodelación de la entrada y pérgola, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puerta de entrada, revestimiento y mejoras en escalera, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cabezales para un jacuzzi, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

También se modificó la pileta para que tenga menos profundidad, y se la renovó con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Otro gusto que se dio el jefe de Gabinete fue la colocación de una cascada, por la cual pagó 3.500 dólares.

Matías Tabar se describió como una suerte de coordinador general de toda la remodelación. Contó que Adorni le pidió encargarse de contactar carpinteros y proveedores de otros rubros para hacer una renovación integral.

Es así que el testigo pasó a oficiar de intermediario: pedía presupuestos, se los pasaba a Adorni, recibía dinero en efectivo y luego pagaba los servicios tercerizados.

En el listado figuran compras de racks de TV, muebles de baños, mesas de luz, muebles de living, comedor y mobiliario en general para equipar todo un hogar.

Hay registrados cinco pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por 8.000 dólares, otro del 20 de diciembre por 6.400 dólares, otro del 3 de abril por 19.000 dólares, un cuarto el 26 de junio por 7.500 y el último el 1 de julio por 3.300 dólares.

El contratista Tabar aportó fotos y videos -que incluyen vistas de la pileta, galería, parrilla, interiores, muebles, aberturas, iluminación y terminaciones-, renders, presupuestos, remitos, comprobantes de compras, póliza de seguro y carpetas digitales vinculadas con la obra encargada por Adorni.

El jefe de Gabinete volvió a contratar al mismo hombre para los trabajos de carpintería en el departamento de Caballito, ubicado sobre la calle Miró.

Según declaró, le pidió que contactara al mismo carpintero que había trabajado en la casa del country para renovar los muebles del semipiso que le compró a dos jubiladas.

Adorni incorporó a esa propiedad una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, otra mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un rack para TV, una mesa consola y un espejo.

Esos trabajos hechos a medida, de acuerdo a la versión del testigo, se habrían pedido hacia diciembre de 2025 y se pagaron y entregaron entre enero y febrero de este año. Una vez más, todo se hizo en efectivo y en dólares.

El contratista Matías Tabar declaró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó USD 245 mil en efectivo por la refacción de su casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La cifra se suma a los más de USD 100.000 que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

El testigo se presentó ayer antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

El funcionario desembolsó 55 mil dólares a fines de 2024 y el resto lo pagó al año siguiente.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

El testigo llevó ante el fiscal Gerardo Pollicita toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y después.

Cada papel fue revisado también por el abogado defensor del ministro coordinador, Matías Ledesma, quien participó de la testimonial.

Cabe recordar que, mientras se hacían estas obras, Adorni y su familia fueron inquilinos de otra casa en el mismo barrio privado. Pagaron en total 13 mil dólares de alquiler, según pudo saber Infobae.

Por último, el contratista testigo reveló que Adorni lo contactó antes de la declaración y le dijo que necesitaba hablar con él.

Según afirmó bajo juramento, el jefe de Gabinete le ofreció “ayuda” o la posibilidad de que su equipo “lo contactara”, pero finalmente rechazó el contacto luego de asesorarse por su cuenta.

Los gastos de Adorni

Los 245.000 dólares que el funcionario pagó para renovar su casa de Exaltación de la Cruz y los 13.000 dólares que pagó de alquiler en Indio Cuá -estima la Justicia, por 10 meses-, se suman a un largo listado de erogaciones realizadas desde 2024.

En materia de propiedades, en las últimas semanas se supo que la familia Adorni gastó: 30.000 dólares de adelanto por su nuevo departamento en Caballito; otros 30.000 como devolución de un préstamo a dos policías acreedoras, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares por la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

La suma de todos estos gastos supera un presupuesto de más de 360.000 dólares que el jefe de Gabinete ya destinó a sus propiedades.

Luego están las deudas: antes de noviembre, Adorni debe devolverle 200.000 dólares a dos jubiladas, 65.000 dólares al hijo de una de ellas por las refacciones del departamento de Caballito y 70.000 a las dos policías acreedoras. Es decir, 335.000 dólares en total.

En materia de vuelos y hospedajes, Infobae pudo reconstruir gastos por más de 25.000 dólares en apenas un puñado de los 18 viajes que hizo la familia -juntos o por separado- desde 2022.

Préstamo y escritura

La casa que compró el matrimonio Adorni se escrituró el mismo día en el que el jefe de Gabinete recibió un préstamo de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024. La propiedad no está incluida en su declaración jurada al cierre de ese año.

El vocero presidencial hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, Adorni ya devolvió 30.000.

Como tasa de ingreso en Indió Cuá, el jefe de Gabinete tuvo que pagar otros 5.000 dólares, además de los 120.000 que costó la casa en sí.

Mientras avanza la investigación judicial para saber si Manuel Adorni puede justificar el crecimiento en su nivel de vida, el funcionario brindó declaraciones públicas, primero ante la Cámara de Diputados, luego en una entrevista y finalmente esta mañana en conferencia de prensa.

En todos los casos, el jefe de Gabinete evitó aclarar las dudas sobre su evolución patrimonial: “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados, el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, dijo en la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada.

En rigor, en el Congreso sostuvo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia”, y aseguró que nunca ocultó su patrimonio.

La investigación sobre el patrimonio de Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, avanza también con el análisis de los más de 18 viajes -por Argentina y el mundo- que hizo la familia Adorni desde 2022 a la fecha.

Para hacer las sumas y restas de los gastos, ingresos y deudas del funcionario y su esposa, el fiscal le dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo de la Procuración General.

Con esa evaluación, los investigadores apuntan a tener un panorama más claro de cuánto y cómo gastó Adorni cada año. Según supo Infobae de fuentes judiciales, la tarea empezará con las pruebas ya acumuladas al expediente y se irá completando a medida que se sigan sumando evidencias. No se trata de una pericia, sino de una colaboración de un organismo técnico contable.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó una serie de peritajes contables y tasaciones de bienes en el marco de la investigación que busca determinar si se desviaron fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para comprar una mansión en Pilar y otros activos. Todas las operaciones financieras de la entidad deportiva, desde el año 2019, serán analizadas por peritos de la Corte Suprema de Justicia.

La propiedad en cuestión está registrada a nombre de la empresa Real Central SRL, del dirigente deportivo Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados en la causa como presuntos testaferros del tesorero Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Cabe recordar que el próximo lunes habrá una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal para definir la competencia del expediente, que puede permanecer en Campana o bien volver a Comodoro Py o al fuero Penal Económico.

A partir de las pruebas que hay en la causa, el juez González Charvay dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la entidad, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, incluyendo la obtenida en la sede de la AFA a fines de marzo.

El peritaje contable estará a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando esta misma causa tramitaba en Comodoro Py, el juez federal Daniel Rafecas ordenó una tasación que reveló que la mansión, con los vehículos de lujo incluidos, valía más de 20 millones de dólares. Ahora el magistrado de Campana no solo quiere tener esa “foto actual” de la propiedad, sino remontarse a reconstruir todo desde un comienzo.

Entre los puntos clave que deberán dilucidar los peritos se encuentra la revisión de todas las operaciones realizadas con una tarjeta corporativa American Express de la AFA, emitida a nombre de Luciano Nicolás Pantano, con el objetivo de identificar a qué correspondieron los gastos, quién los abonó y si se reflejaron adecuadamente en los estados contables de la Asociación.

Otro eje del peritaje es la relación de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, del exdiputado provincial Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Es la firma que intermediaba en los contratos de la entidad en el exterior y cobraba comisiones del 30%.

El juez González Charvay encargó determinar si la contratación de esta compañía cumplió con el estatuto de la AFA, cómo fue el proceso interno que llevó a su contratación (licitación, oferta, negociaciones) y la pertinencia, legalidad y conveniencia de dicho acuerdo.

Los peritos también deberán establecer los montos que TourProdEnter LLC percibió como contraprestación y los ingresos que la AFA obtuvo a raíz de los contratos y adendas celebrados con su intervención, detallando la forma de ingreso al patrimonio y su reflejo en los estados contables.

Particularmente, se analizará si el porcentaje del 30% acordado como comisión para TourProdEnter LLC se encuentra dentro de los valores de mercado usuales para este tipo de servicios. Además, se compararán las condiciones acordadas en contratos históricos de la AFA con otras personas o agentes de cobro y pago.

La Justicia también tiene en carpeta la relación comercial entre la AFA y Real Central SRL (anteriormente Central Park Drinks SRL), la empresa detrás de la mansión de Pilar a la que la Asociación le transfirió millones de pesos durante los últimos cuatro años.

Se investigará si las transferencias de dinero de la AFA a esta empresa tuvieron respaldo contractual y, de no ser así, si existe documentación que justifique los pagos. Se evaluará si la contratación fue o no irregular y si efectivamente existió algún servicio por el cual se realizaron los pagos. Finalmente, el juez pidió verificar si estas transacciones constan en los estados contables de la AFA.

En un sentido más amplio, el peritaje contable deberá informar si los montos efectivamente ingresados a las arcas de la AFA desde 2019 se corresponden con lo recaudado por la totalidad de los contratos celebrados, y si las ganancias obtenidas desde entonces se encuentran acreditadas y reflejadas en sus estados contables y balances.

Nuevas tasaciones

Paralelamente a los peritajes contables, el Juzgado Federal de Campana ordenó la tasación de diversos bienes: dos propiedades del “Chiqui” Tapia en un country de Campana; dos propiedades en el Barrio Privado Ayres Plaza; dos inmuebles en Pilar y otros tres ubicados en CABA, todos estos últimos escriturados a nombre de Real Central.

El Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte será el encargado de determinar el valor de mercado de estos activos en las fechas de sus respectivas operaciones de compraventa.

También se volverá a tasar la colección de vehículos de lujo y clásicos que había en la mansión de Pilar, con autos y motos de alta gama de marcas como Porsche, Audi, BMW, Mercedes Benz, Ferrari, Volkswagen, Harley Davidson, Honda, Kawasaki y Triumph, entre otras tantas. Ahora, para cada uno de estos vehículos, se deberá determinar su valor de mercado en la fecha de su adquisición por parte de Central Park Drinks SRL o Real Central SRL.

El juez Charvay solicitó una valuación pecuniaria de pinturas y esculturas que no habían sido revisadas en el primer estudio.

El juzgado también requirió información a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre el pago del Impuesto Patente Automotor de las personas físicas y jurídicas vinculadas a la investigación, incluyendo detalles como dominio, marca, modelo, domicilios, base imponible anual, impuesto anual y método de pago.

Esta batería de medidas judiciales apunta a reconstruir el circuito completo de los fondos vinculados a la AFA, con el objetivo de precisar su origen y destino y establecer si se registraron irregularidades en la adquisición de bienes por parte de las personas y empresas bajo investigación. En ese marco, la hipótesis central de la pesquisa sostiene que, ante un eventual desvío de dinero de las arcas del fútbol, esos fondos habrían sido canalizados con la finalidad de otorgarles apariencia de legalidad mediante la compra de propiedades, vehículos y otros lujos.

El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves peritar los audios de Diego Spagnuolo que destaparon el presunto entramado de corrupción detrás de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de un giro inesperado en la causa, dado que hasta ahora la Justicia había mantenido al margen las grabaciones.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 11 le encomendó a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional la elaboración de un estudio pericial tendiente a corroborar el origen y la veracidad de los audios, tal como había dictado anteriormente la Cámara Federal porteña.

Lijo pidió “arbitrar los medios necesarios para establecer si los audios fueron objeto de algún tipo de adulteración y/o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar”.

Las defensas de Spagnuolo y la droguería Suizo Argentina reclamaron en distintas oportunidades la nulidad de la causa, a partir del presunto origen clandestino de los archivos.

El planteo no prosperó en ese sentido, pero sí logró un fallo favorable de la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. El 4 de diciembre pasado, ese tribunal le ordenó al juez Sebastián Casanello -que por entonces subrogaba el Juzgado N° 11- que verifique el origen y la veracidad de los audios atribuidos a Spagnuolo.

La respuesta de ese magistrado llegó el 9 de febrero, con una resolución en la que sostuvo que las averiguaciones sobre los audios del exdirector de ANDIS ya estaban a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini, en una causa paralela que se abrió por una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, por supuesto espionaje ilegal a Spagnuolo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tan solo 24 horas más tarde, la Sala II emitió un nuevo fallo, en un incidente paralelo, donde dejó entrever que la solución que encontró el juez Casanello no era la adecuada: “No se cumplió con ello”, sintetizó, en apenas una línea, la mayoría integrada por Irurzun y Boico, al recordar la orden que habían dado al juez de grado.

Sucede que tanto el juez Casanello como el fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación de la corrupción de la ANDIS, evitaron usar como prueba las grabaciones, al punto que no fueron mencionadas ni una sola vez en las 307 páginas en las que se desarrollan los procesamientos de los primeros 19 acusados.

Es la estrategia que eligieron para que, en caso de que los audios se descubran clandestinos, falsos o adulterados, no entre en juego la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Las defensas volvieron a llevar el tema ante la Cámara en las últimas semanas, donde se discutió nuevamente el planteo de nulidad por los audios y, también, se llevaron adelante las audiencias por la apelación de los procesamientos.

El juez Lijo ahora se anticipó a un nuevo pronunciamiento de la Cámara Federal y, por cuenta propia, decidió correrse del criterio que había tenido Casanello durante toda la investigación y ordenar el peritaje.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que la causa cuenta con pruebas independientes e incluso anteriores a las grabaciones.

Cabe recordar que la defensa del ex titular de ANDIS, a cargo de Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó el año pasado un informe técnico de parte que detectó un 65% de probabilidades de que la voz de Spagnuolo haya sido modificada con inteligencia artificial.

La orden de peritar los audios se da en medio de una nueva tanda de indagatorias a las máximas autoridades de la Agencia durante la gestión libertaria, así como a empresarios y presuntos partícipes de la asociación ilícita que se habría montado al interior del organismo para direccionar contratos millonarios con el Estado y, a cambio, cobrar coimas de entre el 12 y el 20 por ciento de las sumas adjudicadas.

El gendarme Nahuel Gallo declaró este jueves como testigo en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En una audiencia virtual que duró más de tres horas, Gallo contó por primera vez los tormentos sufridos mientras estaba detenido ilegalmente en el país venezolano. Si bien había adelantado públicamente que había sufrido torturas, nunca especificó qué le había ocurrido.

Además, aportó nueva información para el caso que llevan adelante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli.

Gallo va camino a convertirse en querellante. Lo solicitó formalmente en el Juzgado hace dos semanas y, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, su declaración dejó claro su condición de víctima y damnificado de los crímenes que se investigan en el expediente.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer este medio, el gendarme hizo un repaso detallado desde el momento en el que fue capturado hasta su liberación, el pasado 1 de marzo.

Contó que, cuando lo retuvieron, las autoridades venezolanas revisaron su celular y encontraron en un chat con su pareja un mensaje en el que criticaba a Maduro. Desde entonces pasó 448 días detenido.

Consultado por los funcionarios judiciales, Nahuel Gallo describió cómo fueron las torturas físicas y psicológicas que enfrentó en la cárcel de El Rodeo I. El llanto lo interrumpió varias veces, pero el gendarme mantuvo la compostura para poder avanzar con su testimonio, indicaron a Infobae fuentes del caso.

Según recordó, estuvo siempre con los presos extranjeros que las autoridades venezolanas “tenían como moneda de cambio”. Además, dijo que el día que lo liberaron pensó que lo iban a trasladar a otro centro de detención, y que se enteró de que regresaba al país recién cuando se encontró con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lo acompañaron en el avión.

Además, el gendarme explicó ante el juez Ramos y el fiscal Stornelli que su liberación de El Rodeo se justificó con un amparo, mediante el que también le impusieron la obligación de presentarse en el juzgado venezolano que llevaba su caso para mantenerse a derecho.

Como no volvió —por obvias razones—, estaría vigente un pedido de captura en su contra.

Además, las fuentes consultadas indicaron que en las últimas horas hubo movimientos de parte de la defensa de uno de los prófugos, Justo José Noguera Pietri, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros altos cargos que ostentó.

Su abogado Fernando Sicilia -que no pudo participar de la audiencia de hoy, dada la condición de prófugo- le reclamó al juez Sebastián Ramos que pida el expediente abierto contra Gallo en Venezuela y las copias espejo de su celular.

De la declaración testimonial también participó la querella patrocinada por el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER).

La violación sistemática de los derechos humanos que se perpetró por parte del régimen de Nicolás Maduro desde 2014 se investiga en Comodoro Py bajo el principio de “justicia universal”, que permite juzgar este tipo de crímenes independientemente de dónde hayan ocurrido.

Cabe recordar que el juez Ramos pidió a Estados Unidos la extradición del ex dictador para poder indagarlo en Buenos Aires.

Tras declarar, el gendarme posteó en sus redes sociales: “Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando”.

“El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido. Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia”, completó Gallo.

Causas unificadas

Previo a la declaración de Nahuel Gallo, este jueves la Cámara Federal porteña ordenó acumular a la causa de Comodoro Py otro expediente de la Justicia Federal de Mendoza que trataba la desaparición forzada del gendarme, a partir de un habeas corpus que se había presentado apenas fue detenido.

El fallo de la Sala I del tribunal de apelaciones, firmado por el camarista Mariano Llorens, estableció que la captura de Gallo —ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio de Táchira, cuando el suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) intentó ingresar a Venezuela desde Colombia— debe ser investigada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Ramos.

“Hoy di un paso que me costó mucho”

El gendarme Nahuel Gallo publicó en sus redes sociales un descargo en el que reveló que por primera vez se animó a contar lo que ocurrió en los más de 400 días que estuvo detenido en la cárcel clandestina conocida como “El Rodeo I”.

“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando. El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, afirmó.

Y completó: “Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio. Porque mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando. Justicia y Libertad”.

Luego de descubrir que el jefe de Gabinete Manuel Adorni tiene deudas por 335.000 dólares y gastó más de 100.000 dólares en menos de un año, solamente en propiedades, la Justicia empezó a hacer cuentas. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por enriquecimiento ilícito, le encargó un análisis pormenorizado sobre el patrimonio del funcionario a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Tal como anticipó Infobae el fin de semana, en la causa ya hay una reconstrucción avanzada del mapa de gastos, deudas e ingresos del ministro coordinador y su esposa, Bettina Angeletti.

El fiscal Pollicita busca saber si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción, y para esto le encomendó a la DAFI -un organismo de la Procuración General de la Nación- que analice al detalle todos los movimientos financieros del matrimonio y, en caso de haberlas, señale posibles inconsistencias, según plasmó en un decreto.

Con esa evaluación, los investigadores apuntan a tener un panorama más claro de cuánto y cómo gastó Adorni cada año. Según supo Infobae de fuentes judiciales, la tarea empezará con las pruebas ya acumuladas al expediente y se irá completando a medida que se sigan sumando evidencias. No se trata de una pericia, sino de una colaboración de un organismo técnico contable.

La última declaración jurada que presentó el ministro coordinador ante la OA corresponde al ciclo 2024. El organismo prorrogó el plazo para entregar la del año pasado y ahora Adorni tendrá tiempo para actualizar el informe sobre su evolución patrimonial hasta el 31 de julio.

Ante la Cámara de Diputados, en su primer informe de gestión de este miércoles, el jefe de Gabinete aseguró que “será en ese momento en que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”. En el último documento disponible no figura, por ejemplo, la casa del barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2024.

En un anexo reservado confidencial, solamente conocido por la Oficina Anticorrupción, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el ministro coordinador informó los bienes, deudas e ingresos de su esposa Bettina Angeletti.

En su declaración jurada, Adorni informó que tenía -al cierre del ciclo- una caja de ahorro con 2.455.000 pesos, otros 2.000.000 de un crédito, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y 42.500 dólares “debajo del colchón”. Su sueldo rondó todo ese año y el siguiente los 3.500.000 pesos.

En materia de propiedades, gastó: 30.000 dólares de adelanto por su nuevo departamento en Caballito; otros 30.000 como devolución de un préstamo a dos policías acreedoras, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares por la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

La suma de esas cifras supera los 100.000 dólares, más del doble de lo que el jefe de Gabinete tenía declarado a fines de 2024. Por entonces, su sueldo oscilaba los 3.500.000 pesos.

El capítulo de los viajes por el país y el mundo de la familia Adorni también será parte del dictamen de la DAFI, a pedido del fiscal Pollicita. Se conocieron gastos por más de 25.000 dólares en pasajes y estadías en Aruba, Punta del Este, Nueva York, Madrid y Brasil; pero la cifra no es definitiva, ya que los investigadores tienen varias excursiones más en carpeta y, además, no trascendieron precisiones de los gastos corrientes que exceden a los vuelos y hoteles.

Y, por último, están las deudas. Por el departamento de Caballito, en la calle Miró al 500, Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares en octubre de 2025 y los 200.000 dólares restantes se los financiaron a un año sin intereses las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

El hijo de esta última, Pablo Feijoo, amigo de Adorni, es quien gestionó la compraventa de la propiedad. En medio, hizo refacciones para renovar integralmente el departamento que le costaron 65.000 dólares. Según declaró ante el fiscal cuando lo citaron como testigo, la devolución de ese dinero la acordó “por afuera” con el jefe de ministros; en negro y en efectivo.

La casa Indio Cuá, en tanto, se escrituró el mismo día en el que Adorni recibió un préstamo de las dos mujeres policías, por 100.000 dólares, en noviembre de 2024.

Para obtener ese dinero, el funcionario hipotecó su departamento de Parque Chacabuco, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11%.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, el matrimonio Adorni ya devolvió 30.000.

El empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como “jefe paraestatal” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó a declarar este miércoles en el marco de la causa de corrupción donde se investiga el desvío de 75 mil millones de pesos durante la primera gestión libertaria del organismo.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Calvete se conectó por Zoom a una audiencia virtual para cumplir con lo ordenado por el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardi.

Su comparecencia fue remota debido a que está preso en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, con algunos problemas de salud. Calvete estuvo acompañado por su abogado Juan Ignacio Pascual, quien tampoco presentó algún descargo escrito.

La Justicia también citó hoy a otro empresario, Andrés Horacio Arnaudo, vinculado a Droguería Génesis, una de las más beneficiadas por la ANDIS. Se negó a declarar y a responder preguntas, indicaron a este medio fuentes del caso.

Estas declaraciones se dan en el marco de una nueva tanda de indagatorias en la causa, a partir de nuevos hechos de corrupción detectados por la investigación del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

El martes, los primeros en presentarse fueron Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia, y su segundo, Daniel María Garbellini. Ambos guardaron silencio ante el juez y el fiscal. Todos están procesados, a partir del capítulo inicial de la causa.

El rol de Calvete

Antes de verse cercado por la Justicia, Miguel Ángel Calvete gozó de cierta exposición a partir de los distintos cargos que ocupó: concejal de Cambiemos en La Matanza, vocero de una agrupación de supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, entre otros.

Al menos desde fines de 2023, según consta en la causa, el empresario se convirtió en la puerta de entrada a la ANDIS para aquellas droguerías y proveedoras que querían venderle al Estado.

A cambio de garantizar esos contratos millonarios a “empresas amigas”, Miguel Ángel Calvete les habría cobrado a cada una entre un 12% y 20% de las sumas adjudicadas, de acuerdo a la acusación fiscal.

Es por esto que el fiscal Picardi lo ubica como uno de los líderes de la asociación ilícita, al entender que habría direccionado las adjudicaciones de la ANDIS y se benefició de coimas derivadas de las contrataciones, impartiendo órdenes directas para orientar decisiones y administrando recursos del Estado sin tener cargo alguno.

Esta presunta manipulación de procesos de contratación pública ocurrió puntualmente con medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Las irregularidades aparecen en compras de las categorías: amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Desde que estalló el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el lobista permanece detenido por una condena anterior, por proxenetismo. Tiene en trámite un pedido para que le otorguen la prisión domiciliaria. Además, cabe recordar que es el padre de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, también procesada.

En total, 35 imputados desfilarán por Comodoro Py durante este mes y el siguiente para ser indagados en el segundo tramo de la causa.

El exfuncionario y exabogado del presidente Javier Milei se presentó minutos antes de las 9 ante el fiscal Franco Picardi y funcionarios del Juzgado Federal N° 11.

A la salida, una hora más tarde, intentó sin éxito evitar a la prensa. Aunque guardó silencio ante las preguntas, se limitó a decir que esta “no es la única oportunidad” que tendrá para declarar.

A continuación se presentó a declarar Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud que administraba el Programa Incluir Salud, y que en los hechos era el “número dos” de la ANDIS. Tanto él como Spagnuolo están procesados en este expediente, decisión que se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal porteña.

Garbellini llegó al juzgado minutos después de las 11, y también se negó a declarar. Las defensas preparan descargos escritos que serán incorporados a la causa en los próximos días.

A pedido del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo ordenó la ampliación de las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Estos últimos tres son empresarios que tenían injerencia en la ANDIS.

Calvete es el lobista principal de la trama, y hoy se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena por proxenetismo. Está citado a declarar el miércoles, pero según pudo saber Infobae de fuentes judiciales lo hará por Zoom y no asistirá a tribunales. Esto se debe a su condición de salud: su estado se deterioró en los últimos meses y actualmente está alojado en el pabellón psiquiátrico PRISMA.

En total, 35 imputados desfilarán por Comodoro Py durante este mes y el siguiente para ser indagados.

La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.

Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Según los fiscales, la organización utilizó un sistema irregular de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.

Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias.

Para tomar como ejemplo, en el rubro de medicamentos se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” al que solo fueron invitadas un grupo reducido de firmas: Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA.

Dos de estas empresas habrían actuado como competidores simulados, distribuyéndose de antemano las asignaciones y simulando una competencia inexistente. Esto llevó a la obtención de 21 licitaciones “acotadas” por un total de $30.337.220.919,77, principalmente adjudicadas a Profarma S.A. y Génesis S.A., que recibieron el 93,11% de estos procesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, New Farma S.A. y Floresta S.A. obtuvieron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre y diciembre de 2024, sumando un total de $9.514.743.020, según consta en la causa.

La maniobra descripta por la acusación se completó con coimas a funcionarios de ANDIS a cambio de permitir las contrataciones en favor de intereses particulares y la garantía de agilidad y prioridad en los cobros.

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, visitará por segunda vez este martes el edificio de Comodoro Py 2002, para participar de un evento sobre la lucha contra la corrupción. Su desembarco en los tribunales de Retiro se da en medio del avance de las investigaciones contra el Gobierno, y coincide con el inicio de una nueva tanda de indagatorias a los imputados por corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Con un auditorio de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, Mahiques será una de las figuras principales de la charla de “sensibilización” sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El evento, programado para las 14:30, es organizado por la Oficina Anticorrupción en el marco de las actividades de cooperación impulsadas por el Programa “El PACCTO 2.0”, una iniciativa de la Unión Europea orientada a fortalecer los sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe.

A la par del ministro de Justicia estará el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña.

Al girar las invitaciones a todos los despachos de Comodoro Py, el Ministerio anunció que la charla contará con las exposiciones de Giovanni Tartaglia Polcini, consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y director adjunto de “El PACCTO”; Giuseppe Busia, presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción italiana (ANAC); y Flavia Guarnaccia, una experta en la materia.

Los disertantes “compartirán experiencias comparadas y buenas prácticas” en la lucha contra la corrupción, anunció la organización.

A principios de abril, el ministro de Justicia había hecho -junto a su secretario Santiago Viola-, una visita institucional a los tribunales de Comodoro Py, en la que concretó una reunión con todos los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.

En ese mítin, el foco estuvo puesto en la necesidad de cubrir las vacantes judiciales y en la implementación del sistema acusatorio, que ya se postergó para 2027. En cuanto a los despachos sin funcionarios titulares, desde que es ministro Mahiques envió al Senado 103 pedidos de acuerdo para designar jueces, fiscales y defensores.

Según indicaron fuentes tribunalicias a Infobae, el titular de Justicia también se interesó constantemente durante todo el último mes por el avance de la causa por enriquecimiento ilícito que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El caso está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

El acusador público pasó las últimas dos semanas escuchando a testigos y recabando documentación relevante para reconstruir el crecimiento en el nivel de vida del ministro coordinador, y saber si se corresponde con sus ingresos y bienes declarados legalmente.

El expediente que involucra a Adorni no es el único caso sensible para el Gobierno que se encuentra en pleno avance en los tribunales de Retiro. Apenas unas horas antes del evento anticorrupción, pasarán por Comodoro Py quienes fueron las dos máximas autoridades de la ANDIS, Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini.

Los dos exfuncionarios de la gestión libertaria deberán presentarse en el cuarto piso, ante el Juzgado Federal N° 11 que subroga el juez Lijo, para ampliar su declaración indagatoria.

Es que el fiscal Franco Picardi los acusó junto a otros 33 imputados por el desvío de más de 75 mil millones de pesos, a través del direccionamiento de compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que empresas amigas resultaran adjudicatarias de los fondos públicos previstos para las personas con discapacidad, a cambio de retornos y dádivas.

El juez Lijo tiene una tercera causa que ocupa la atención del Ejecutivo: los llamados “créditos VIP” del Banco Nación.

La semana pasada, el magistrado ordenó medidas de prueba y una auditoría a la AGN para saber si hubo beneficios indebidos en los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios, legisladores y personas con vínculos políticos.

Las medidas incluyen la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar la investigación.

A un mes de haber comenzado a investigar su patrimonio, la Justicia ya tiene sobre la mesa una reconstrucción -aún incompleta- de los gastos, deudas e ingresos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien tuvo un crecimiento sustancial en su nivel de vida desde que es funcionario público. La causa que tramita en Comodoro Py busca saber si esto se puede justificar con su sueldo y sus ahorros.

La última declaración jurada que presentó el ministro coordinador ante la Oficina Anticorrupción corresponde al ciclo 2024. Ese organismo acaba de prorrogar el plazo para entregar la del año pasado, y ahora Adorni tendrá tiempo para actualizar el informe sobre su evolución patrimonial hasta el 31 de julio.

En el último documento disponible, el jefe de Gabinete informó que tenía -al cierre del ciclo- una caja de ahorro con 2.455.000 pesos, otros 2.000.000 de un crédito, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y 42.500 dólares “debajo del colchón”. Su sueldo rondó todo ese año y el siguiente los 3.500.000 pesos.

Adorni está casado con Bettina Angeletti, quien se dedica al coaching ontológico. Su declaración jurada debía estar adjunta en un anexo reservado, siempre ante la OA, pero el funcionario incluyó ese documento recién una vez que comenzó la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. La Justicia tiene a disposición esos números, pero no han trascendido públicamente.

Las cuentas de Adorni y Angeletti se entrelazan constantemente. Según fuentes judiciales, las explicaciones que el jefe de Gabinete aún mantiene bajo reserva podrían apelar a los ingresos y patrimonio de su esposa.

Muchos de los viajes por el mundo que están bajo investigación se hicieron en familia, igual que la compra de propiedades y de una camioneta. Además, según consta en la causa judicial, se repite un patrón claro: en su mayoría, los pagos “grandes” se hicieron en efectivo y en dólares.

Así puede verse en las vacaciones de la familia. Para irse a Punta del Este en avión privado junto al periodista y amigo Marcelo Grandío, se pagaron 4.830 dólares por la ida y otros 3.000 dólares por el regreso, en febrero de este año. Aún no se sabe si Adorni y el conductor de la TV Pública abonaron cada uno su parte, si se trató de una invitación para el funcionario o si, en cambio, todo estuvo a cargo del jefe de Gabinete.

Grandío, dueño de la productora ImHouse -contratista del Estado-, ya había compartido en esa ciudad uruguaya con Adorni en 2022. Entre diciembre de ese año y fines de 2023, su empresa le hizo diez transferencias al hoy ministro coordinador por 1.670.900 pesos en total, según pudo relevar la Justicia.

Los gastos en viajes siguen. Para recibir el Año Nuevo de 2025 en Aruba, la familia Adorni pagó 8.874 dólares en hotel y 5.762 dólares en pasajes. En sus tarjetas de crédito, según indicaron fuentes judiciales, no aparecen erogaciones compatibles con gastos corrientes. Todo, una vez más, se abonó en efectivo.

La polémica en torno a los viajes de Adorni y su esposa tuvo su origen en el viaje de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a Nueva York para la Argentina Week. La semana pasada, el juez Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete de Ministros. La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano.

Esa breve investigación, no obstante, dejó un dato relevante que compete a la causa por enriquecimiento ilícito contra el ministro coordinador y vocero: Angeletti pagó su propio vuelo de regreso, en primera clase, y costó 5.154 dólares. Otro gasto importante que se sumó a la lista que confecciona el fiscal Pollicita.

Hay más viajes bajo la lupa de la justicia. Los investigadores aún trabajan en reconstruir al detalle todas las excursiones que hizo el matrimonio, ya sea juntos o por separado, y tanto en el interior del país como alrededor del mundo, desde 2022 a la fecha. Por ende, se descarta que próximamente se ensanchará este pilar del caso.

Las propiedades

En un segundo capítulo aparecen las propiedades. En su última declaración jurada, Manuel Adorni informó a la OA que tiene un inmueble en La Plata, del cual es propietario en un 100%, y la mitad del departamento de Parque Chacabuco, ubicado en la calle Asamblea. Ambos están en venta en este momento, por 95.000 y 285.000 respectivamente.

Sin haberse desprendido de sus posesiones, entre fines de 2024 y 2025 el jefe de Gabinete compró un semipiso en Caballito y una casa en el barrio privado Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz. Aquí es donde aparecen las deudas que abren otro gran interrogante del caso: ¿cómo hará el funcionario para pagar semejante suma?

Por el departamento de Caballito, en la calle Miró al 500, Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares en octubre de 2025 -otro “gasto grande”, siempre en efectivo-. El resto, unos 200.000 dólares, se lo financiaron a un año sin intereses las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

El hijo de esta última, Pablo Feijoo, amigo de Adorni, es quien gestionó la compraventa de la propiedad. En medio hizo refacciones para renovar integralmente el departamento que le costaron 65.000 dólares. Según declaró ante el fiscal cuando lo citaron como testigo, la devolución de ese dinero la acordó “por afuera” con el jefe de ministros; en negro y en efectivo.

La Justicia también sabe que, para equipar su nueva casa, el jefe de Gabinete compró electrodomésticos y muebles nuevos. Ahora buscan precisar cuánto gastó en esto.

La casa Indio Cuá, en tanto, se escrituró el mismo día en el que Adorni recibió un préstamo de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024. La operación fue la siguiente: el funcionario hipotecó el departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, el matrimonio Adorni ya devolvió 30.000.

Como tasa de ingreso, en Indió Cuá, el jefe de Gabinete tuvo que pagar otros 5.000 dólares, además de los 120.000 que costó la casa en sí. Y se conoció que en esa propiedad también hubo obras, cuyo monto aún no trascendió.

De esta manera, Manuel Adorni tiene que conseguir para noviembre 270.000 dólares que debe de sus operaciones inmobiliarias, más los 65.000 que le tiene que pagar a Feijoo por las refacciones de Caballito.

El último gasto importante que se conoció fueron los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko: otros 10.000 dólares que salieron de los bolsillos del jefe de Gabinete, por las operaciones de Caballito y Exaltación de la Cruz, según reveló A24.

La suma de todo lo que Adorni ya pagó en el segmento de las propiedades supera los 100.000 dólares, teniendo en cuenta también las cuotas de los intereses que le pagó a las policías acreedoras. Es el doble de lo que declaró ante la OA que tenía al cierre del 2024.

Más gastos

Según los registros del Banco Galicia a los que pudo acceder Infobae, Manuel Adorni y Bettina Angeletti mantuvieron altos gastos con tarjeta de crédito, con los picos más altos a fines de 2025. Recién en enero de 2026 su sueldo -y el del resto de los ministros- se descongeló y subió a más de 7.000.000 de pesos.

Estos podrían corresponderse con gastos corrientes de la familia, ya que la mayoría de los pagos grandes aparecen en efectivo. Resta saber en cuál de esas dos listas se ubican erogaciones fijas como expensas, seguros y más. Se trata de otro rincón del caso sobre el que el fiscal Pollicita busca echar más luz.

Para eso la Justicia pidió cuentas, historiales de transacciones, saldos e inversiones a numerosas billeteras virtuales, plataformas de pago y exchanges de criptomonedas (como Mercado Pago, Brubank, Lemon, Binance, entre muchas otras), tanto de Adorni como de Angeletti.

Además, solicitó los registros de acceso y titularidad de cajas de seguridad en el Banco Galicia y en empresas privadas de custodia de valores, y requirió documentación exhaustiva a aerolíneas y agencias de turismo sobre los itinerarios y métodos de pago utilizados para diversos viajes de la familia.

Finalmente, la fiscalía pidió al Banco Central de la República Argentina los datos sobre operaciones de compraventa de dólares, y ordenó averiguar el estado del proceso sucesorio de Jorge Adorni, el padre fallecido del jefe de Gabinete.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal despejó este jueves los obstáculos que faltaban para definir qué juez se queda con la investigación sobre la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y escriturada a nombre de una empresa de Luciano Pantano y Ana Conte, presuntos testaferros.

El expediente está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pero podría volver al fuero Penal Económico o bien a Comodoro Py, donde todo empezó.

La Casación recibirá a todas las partes involucradas el 11 de mayo en el primer piso de los tribunales federales de Retiro. Pueden presentar notas escritas o bien exponer sus argumentos oralmente.

La audiencia debía celebrarse el pasado 30 de marzo, pero se postergó por el pedido de recusación de la jueza Ángela Ledesma, quien integra el tribunal. Ese planteo ya fue descartado, y ahora se resolvió un nuevo intento por correr a un magistrado.

Es que este jueves la Cámara también descartó la recusación contra el fiscal general Mario A. Villar, que había presentado la defensa de los supuestos testaferros.

El fiscal Villar ya dictaminó que, a su entender, el expediente debería volver al Juzgado Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

Para pedir a la Casación que se revoque la decisión de la Cámara Federal de San Martín que le entregó el caso al Juzgado de Campana, el fiscal enumeró irregularidades sobre cómo se habría iniciado el expediente en el despacho de González Charvay.

Según Villar, el abogado Mariano Morán envió un correo electrónico al Juzgado, en el que pidió que el caso pase a Campana. Y desde entonces no se le habría dado el trámite correspondiente a las actuaciones, de acuerdo al fiscal general.

“La solución de enviar la causa al Juzgado de Campana no sólo es equivocada sino que sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad”, deslizó Villar en su dictamen.

Las valoraciones que hizo en ese documento le valieron un planteo de la defensa de Pantano y Conte, madre e hijos que figuran en los papeles como dueños de la mansión a través de la firma Real Central SRL.

Alegaron que el fiscal “manipuló maliciosamente” las constancias del legajo, lo que demostraría a su criterio una pérdida total de objetividad. Sostuvieron que el fiscal omitió deliberadamente información, afirmó circunstancias falsas y distorsionó el sentido del intercambio de los correos electrónicos.

La defensa consideró que esta actuación era dolosa, buscando favorecer una competencia que no correspondía, descalificar al Juzgado Federal de Campana y prejuzgar sobre la responsabilidad de sus defendidos y la actuación del defensor.

Además, la defensa argumentó una supuesta filtración del dictamen antes de su presentación oficial.

El 14 de abril, el fiscal Mario Villar solicitó que la recusación fuera rechazada, argumentando que era extemporánea e infundada.

Respecto al contenido del dictamen, el fiscal respondió que todo lo consignado tenía respaldo comprobable en el expediente, negó que hubiera manipulación de información y desmintió la filtración del dictamen.

El fiscal Villar sostuvo que no existía un relato incriminador sin sustento material, sino un relato pormenorizado de las hipótesis investigativas para dilucidar el juez competente.

Luego de escuchar a ambas partes, el camarista Javier Carbajo, en su voto, adelantó que correspondía rechazar la recusación, ya que no se configuraba ninguno de los supuestos previstos para apartar a un magistrado.

La jueza Angela Ledesma adhirió a la solución propuesta por el juez Carbajo. Señaló que la recusación era extemporánea, ya que el planteo se basaba en el dictamen del 30 de marzo, pero la presentación se formuló el 8 de abril, fuera del plazo de 48 horas previsto.

El juez Mariano Borinsky también compartió la posición de sus colegas, agregando que no se percibía una pérdida de objetividad que justificara la solicitud.

En consecuencia, la Sala I resolvió rechazar la recusación planteada contra el fiscal general Mario Villar.

El mismo Tribunal también emitió otro fallo respecto de esta causa, este mismo miércoles. Es que la defensa de Pantano y Conte había intentado, recurso extraordinario federal mediante, suspender la audiencia fijada para discutir a dónde tiene que radicarse la causa.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el planteo y confirmó su decisión de convocar a audiencia para darle un cierre al tema.

Una de las declaraciones testimoniales más esperadas en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni reveló que el jefe de Gabinete debe otros 65.000 dólares que no están documentados. Así lo contó su amigo Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras y gestor de la compraventa del departamento de Caballito.

Feijoo declaró este miércoles durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene a cargo el expediente junto al juez federal Ariel Lijo. Entró y salió de Comodoro Py bajo una fuerte custodia de la Policía Federal Argentina y evitó a toda costa cruzarse con la prensa.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, uno de los ejes de su declaración estuvo centrado en las refacciones que hubo en el departamento de la calle Miró al 500 antes de pasar a manos de Adorni.

Bajo juramento, Feijoo dijo que él se hizo cargo de todas las obras y que le costaron, en total, 65.000 dólares. Esa parte del presupuesto, declaró el testigo, acordó recuperarla “por afuera” con el jefe de Gabinete, cuando éste pudiera vender su departamento ubicado en avenida Asamblea, barrio porteño de Parque Chacabuco.

Para entender la maniobra investigada, es necesario volver al inicio de la operación inmobiliaria. El exfutbolista Hugo Morales era dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, fue quien señó el departamento en la inmobiliaria, negoció el valor del mismo con Morales y, luego, lo puso a la venta para sacarle una diferencia. El testigo es dueño de TSJ Group, una empresa de desarrollos urbanos que se dedica a proyectos de ese tipo.

Adorni y Feijoo compartieron grupo de padres por el colegio de sus hijos, indicaron las fuentes consultadas. De ahí empezaron a construir una relación de confianza.

Según la reconstrucción de los hechos que consta en la causa judicial, el jefe de Gabinete habría acudido a Feijoo cuando decidió mudarse de Parque Chacabuco. Fue a ver el inmueble de la calle Miró y el empresario le pidió 300.000 dólares.

El 22 de octubre de 2025, Pablo Feijoo visitó a Manuel Adorni en Casa Rosada. Aquel día se habría acordado el precio final por el departamento de Caballito: 230.000 dólares. El ministro coordinador pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses.

Feijoo llevó los hilos del negocio, pero su socio Leandro Miano, hijo de la jubilada Sbabo, habría colaborado palmo a palmo con él.

Para octubre, la remodelación integral del departamento ya estaba avanzada. Según dijo el testigo ante el fiscal Pollicita, por su posición en el rubro consiguió a buen precio los materiales y la mano de obra. Su idea inicial era vender la propiedad a 345.000 dólares, en línea con lo que declararon el lunes la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi.

Entonces, ¿por qué Feijoo le vendió el departamento casi al costo a Adorni? El testigo explicó ante la Justicia que le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. De cualquier forma, las ganancias o pérdidas del desarrollador no son el objeto de la causa; sino que la investigación busca desentramar si el crecimiento en el nivel de vida del jefe de Gabinete es compatible con sus ingresos formales.

Las fuentes consultadas indicaron que Adorni todavía no le devolvió esos 65.000 dólares de las refacciones a Feijoo. En noviembre, el ministro coordinador debe pagarle a Sbabo y Viegas los 200.000 dólares que le financiaron para que pueda mudarse a Caballito.

El mismo mes, Adorni tiene otro compromiso importante: otros 70.000 dólares más intereses -11% anual- que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, a cambio de una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. A las agentes ya les devolvió 30.000.

El dinero que ya pagó el jefe de ministros a sus acreedores -más lo que les debe- se suma a una lista de gastos a nombre del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Pollicita investiga, principalmente, una serie de viajes por el mundo: Estados Unidos, Aruba, Punta del Este y otros destinos son los que están bajo la lupa de la Justicia.

Un dato que se desprende de las averiguaciones es que el matrimonio habría hecho la enorme mayoría de los pagos en efectivo, ya que no aparecen en los gastos de sus tarjetas de crédito ni en sus movimientos bancarios registrados hasta ahora.

Para avanzar en este sentido, el fiscal dictó el martes una serie de medidas para investigar más en profundidad las operaciones financieras, patrimoniales y cambiarias de Manuel Adorni y Bettina Angeletti, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.

Específicamente, requirió informes detallados sobre cuentas, historiales de transacciones, saldos e inversiones a numerosas billeteras virtuales, plataformas de pago y exchanges de criptomonedas (como Mercado Pago, Brubank, Lemon, Binance, entre muchas otras). Además, solicitó los registros de acceso y titularidad de cajas de seguridad en el Banco Galicia y en empresas privadas de custodia de valores, y requirió documentación exhaustiva a aerolíneas y agencias de turismo sobre los itinerarios y métodos de pago utilizados para diversos viajes de la familia.

Finalmente, la fiscalía pidió al Banco Central de la República Argentina los datos sobre operaciones de compraventa de dólares, y ordenó averiguar el estado del proceso sucesorio de Jorge Adorni, el padre fallecido del jefe de Gabinete.

Por último, este miércoles también declararon Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió a Adorni la casa del country Indio Cuá, y el encargado del edificio de Caballito, de nombre Juan, quien dijo no recordar mayores detalles, excepto que vio ingresar electrodomésticos y muebles luego de la mudanza.

Cosentino se remitió a describir cómo fueron los detalles de la operación en Exaltación de la Cruz, y confirmó que la venta de esa propiedad fue por 120.000 dólares, que ya fueron abonados. El jefe de Gabinete usó los 100.000 dólares que le prestaron las policías para cubrir la mayor parte de ese gasto, según se desprende de la causa.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dictó este martes una medida cautelar que ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones económicas del programa “Volver al Trabajo”. La decisión responde a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores beneficiarios, quienes cuestionaron la finalización de esta asistencia sin la implementación de un mecanismo sustitutivo adecuado.

Los actores, trabajadores de la economía popular sin inserción en el mercado formal de trabajo, argumentaron que la interrupción del programa representaba una omisión ilegítima y una acción arbitraria por parte del Estado Nacional. Solicitaron que se garantizara la continuidad de los derechos económicos, sociales y culturales de carácter alimentario y de inclusión sociolaboral para los beneficiarios, especialmente en un contexto de crisis socioeconómica que agrava su vulnerabilidad.

El plan “Volver al Trabajo” fue creado por el Decreto 198/2024 del Poder Ejecutivo Nacional -firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello-, y sustituyó al “Potenciar Trabajo” de la gestión anterior con el fin de fomentar la inserción laboral mediante la capacitación sociolaboral.

Mediante una resolución firmada en abril de 2024, el Ministerio de Capital Humano había establecido una vigencia de 24 meses, sujeta a la disponibilidad presupuestaria. También se definió una asignación mensual no remunerativa de $78.000.

Según los demandantes, el Ministerio de Capital Humano anunció la finalización del programa “Volver al Trabajo” el 7 de abril de 2026, con efectos a partir del 9 de abril del mismo año. Se informó que se realizaría un último pago correspondiente a ese mes y que el esquema sería reemplazado por un sistema de “vouchers para capacitación”. Sin embargo, este nuevo sistema “carecía de precisiones sobre su alcance, cobertura y criterios de acceso”, dijeron los trabajadores.

Los beneficiarios que presentaron el amparo colectivo describieron su situación personal, destacando que el programa “Volver al Trabajo” representaba su “principal o único ingreso”.

Al analizar los hechos, el juez federal de Campana consideró que la finalización abrupta de una prestación de carácter alimentario, sin un mecanismo sustitutivo previo y de alcance equivalente, comprometía derechos constitucionales y convencionales.

Cabe recordar que el magistrado González Charvay es el mismo que le ordenó al Gobierno que implemente plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei. También es el juez que investiga a las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

En la resolución de 20 páginas con la que hizo lugar a la medida cautelar, documento al que tuvo acceso este medio, el juez federal de Campana hizo hincapié en el derecho a condiciones dignas de labor, la seguridad social, un nivel de vida adecuado y el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

El fallo destacó además que los propios fundamentos del Decreto 198/2024 reconocían la finalidad social del programa y el deber estatal de proteger a los grupos más vulnerables.

La Justicia además determinó que la interrupción inminente de la prestación de $78.000 afectaba necesidades básicas de los trabajadores, lo que justificó un pronunciamiento urgente del magistrado.

Por todo ello, el juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del plan “Volver al Trabajo” en un plazo de tres días, medida que se mantendrá hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.

La cartera que conduce la ministra Pettovello deberá presentar las constancias de cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de retraso.

El juez federal Daniel Rafecas confimó la validez de la causa por violencia de género que enfrenta el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, denunciado por la madre de su hijo, Fabiola Yañez. El caso está cerca de ser elevado a juicio oral y público.

El exmandatario había pedido la nulidad de todas las resoluciones, actos procesales, diligencias y medidas dictadas o ejecutadas por el juez Julián Ercolini, quien llevó adelante el expediente hasta ser apartado por la Cámara Federal de Casación Penal el último octubre. La jugada planteada por la defensa pretendía volver a empezar todo desde cero.

En su fallo, la Sala II del máximo tribunal penal se anticipó a la controversia que traería el apartamento de Ercolini y aclaró que la decisión de cambiar de juez debía cumplirse “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

A esa interpretación se aferró ahora Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3, en una resolución de 30 páginas. Esta decisión será revisada por la Cámara Federal y, en caso de confirmarse, al juez de grado no le quedará más que abrir el plazo de seis días durante el cual la defensa puede hacer planteos nuevos y presentar sus últimos argumentos para oponerse a la elevación a juicio, como lo prevé el artículo 349 del Código Procesal Penal.

El expresidente Alberto Fernández podría sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Los golpes que se dieron por probados en la investigación, en tanto, habrían ocurrido en la noche del 21 de junio de 2021 y el 12 de agosto de 2021, o pocos días antes.

El delito de amenazas coactivas corresponde a que Alberto Fernández habría presionado a la víctima para que no haga la denuncia a cambio de asegurar el futuro económico de su hijo.

Recusación y nulidad

La defensa de Alberto Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, mencionó en su planteo que la obtención y análisis de los chats que dieron origen a esta investigación -entre Fabiola y María Cantero, secretaria del presidente- provino de un peritaje a un celular secuestrado en otra causa, sin una delimitación judicial previa del objeto de búsqueda.

La defensa sostuvo que se trató de una descarga indiscriminada de información digital, y que al no fijar límites temáticos o temporales, el juez Ercolini habría incurrido en una “expedición de pesca”.

En adelante, la abogada del ex jefe de Estado enumeró todas las resoluciones impugnadas y sus argumentos por los que deberían haber sido declaradas nulas.

Tanto Fabiola Yañez, en su calidad de querellante, como el fiscal federal Ramiro González se habían opuesto a la jugada de Fernández para declarar la nulidad del caso.

A través de sus abogados, la ex primera dama advirtió que “retrotraer el proceso a sus inicios es sin duda revictimizar a la víctima” y que Alberto Fernández, “en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas”.

Con esto coincidió el juez Rafecas en su fallo, al entender que los tratados internacionales a los que adhiere la Argentina contemplan “el compromiso de evitar la revictimización de aquellas personas que habrían sufrido violencia de género”, situación a la cual “podría verse expuesta la parte querellante en caso de retrotraer las actuaciones a su inicio, luego de haberse transitado más de un año y medio de trámite”.

“En este sentido, es importante destacar que la decisión de apartar a un juez con el objeto de alejar temores de parcialidad, no acarrea, de forma automática, la declaración de nulidad por parte del nuevo juez, de todos aquellos actos llevados a cabo por el Magistrado anterior”, continuó Rafecas.

Y concluyó: “El apartamiento, tampoco implica que, para un adecuado restablecimiento del orden jurídico, necesariamente debe retrotraerse toda la investigación llevada adelante, a un estado embrionario de las actuaciones. Ello, supondría un desgaste jurisdiccional innecesario, contrario al principio de celeridad y a las buenas prácticas procesales”.

Los dueños de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que tuvo en venta el departamento de Caballito en el que hoy vive Manuel Adorni junto a su familia, declararon este miércoles en Comodoro Py, por la causa de enriquecimiento ilícito en la que es investigado el jefe de Gabinete. Los testigos, Natalia Rucci y su marido Marcelo Trimarchi, confirmaron que quien estuvo detrás de la operación fue Pablo Martín Feijoo, y dijeron que el inmueble fue refaccionado a nuevo y se podría haber vendido en 345.000 dólares.

Feijoo, según anticipó Infobae en una entrevista con la martillera, fue quien pagó la seña para comprarle el inmueble al exfutbolista Hugo Morales. Esa primera operación es en la que intervino Rucci Propiedades.

Antes, Feijoo negoció el precio de la propiedad -que inicialmente se había ofrecido a 340.000 dólares- tras visitarla con una arquitecta. El día de la escritura apareció junto a su madre, Beatriz Viegas, y Claudia Sbabo, madre del socio de Feijoo, Leandro Miano.

El departamento se escrituró en partes iguales a nombre de esas dos mujeres, jubiladas de la mínima, quienes al declarar como testigos afirmaron ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que usaron dinero de sus ahorros para adquirirlo en 200.000 dólares.

El 8 de abril, por orden del juez Ariel Lijo, la Policía Federal Argentina (PFA) se presentó en Rucci Propiedades para pedir toda la documentación referida a la venta del departamento. Con esos papeles empezó a quedar claro el rol protagónico que tuvo Feijoo, quien es amigo de Adorni y lo visitó en Casa Rosada el último 22 de octubre, un mes antes de la compraventa final del departamento.

Feijoo y Miano “dijeron que se dedicaban a esto, a comprar, reciclar y vender, lo que hoy se llama flipping”, le había dicho Natalia Rucci a Infobae semanas atrás. Hoy, bajo juramento, la martillera reconoció que, luego de cerrar la venta del departamento en mayo de 2025, la inmobiliaria mantuvo conversaciones informales con Feijoo.

Posiblemente interesados por participar de la reventa, la empresa recibió fotos de las refacciones integrales que se hicieron, supuestamente, bajo las órdenes de Pablo Feijoo, según indicaron fuentes judiciales a este medio.

“Ya tengo un comprador”, avisó el hijo de una de las jubiladas acreedoras de Adorni para cerrar la puerta al potencial negocio, tal como observó la Justicia en uno de los chats que obtuvo. El matrimonio testigo negó estar al tanto de que el interesado era el jefe de Gabinete.

Rucci y Trimarchi fueron consultados en la fiscalía, en base a esas imágenes y sin haber visitado el lugar luego de la remodelación, a cuánto se podría haber vendido el departamento de Miró al 500: “345.000 dólares”, contestaron.

Lo cierto es que Adorni compró la propiedad a las madres de Miano y Feijoo en noviembre pasado a 230.000 dólares, con un anticipo de 30.000 en efectivo y el restante financiado a un año sin intereses.

Al ser un acuerdo entre privados, la investigación judicial no apunta a saber si el ministro coordinador adquirió la propiedad por encima o por debajo del precio promedio del mercado, sino que se enfoca en establecer si este y todos los demás gastos que tuvo desde 2023 son compatibles con sus ingresos y patrimonio declarado.

Aún no se tomó total dimensión de cuánto creció el nivel de vida de Adorni y su familia. Solo en lo que respecta a propiedades, la Justicia corroboró que compró el departamento de Caballito y la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin desprenderse de los inmuebles que ya tenía en Parque Chacabuco y La Plata.

En paralelo, el fiscal Pollicita está reconstruyendo los viajes por el mundo que hicieron Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, juntos o por separado, desde diciembre de 2023. El último que se confirmó fue el de Aruba, unas vacaciones en familia para celebrar el Año Nuevo de 2024 que incluyeron pasajes de avión por 5.800 dólares en total, más hospedaje y otros gastos corrientes.

En las últimas horas, el medio El Destape reveló otro viaje de ocio a Bariloche del entonces vocero presidencial, con presuntos gastos millonarios, pero el mismo aún no forma parte del expediente que tramita en Comodoro Py, según pudo saber Infobae de fuentes en tribunales.

La mayor parte de los gastos “grandes” que hizo el jefe de Gabinete en el período investigado fueron hechos en efectivo, siempre de acuerdo a lo que se desprende de la causa.

La ronda de declaraciones testimoniales continuará este miércoles. Deberán presentarse ante el fiscal Gerardo Pollicita el hombre detrás de la compraventa del departamento de Miró, Pablo Feijoo, y el encargado del edificio.

El viernes, por último, fue convocado el contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien tuvo a cargo las obras en otra propiedad comprada por Adorni en el lote 380 del country Indio Cuá, casa que figura a nombre de Bettina Angeletti.

La investigación del fiscal federal Franco Picardi continúa revelando presuntos circuitos de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la participación de droguerías, otras empresas proveedoras y lobistas que conectaban al sector privado con el organismo estatal. Uno de ellos habría sido Miguel Ángel Calvete, supuesto “jefe en las sombras” de la Agencia.

En el segunto tramo del caso que tramita en el Juzgado Federal N° 11, a cargo del juez subrogante Ariel Lijo, aparecen 14 firmas vinculadas directa o indirectamente a Calvete que participaron de un complejo entramado que converge en procesos de contratación pública que habrían sido manipulados.

A aquellas compañías que querían acceder a contratos millonarios con la ANDIS, Miguel Ángel Calvete les habría cobrado entre un 12% y 20% de las sumas adjudicadas, según consta en la causa.

Desde que estalló el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el lobista permanece preso -por una condena anterior, por proxenetismo- y hoy se encuentra alojado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, supo Infobae de fuentes judiciales. Es padre de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, y era conocido por aparecer en medios de comunicación por su rol como vocero de los supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo.

Miguel Ángel Calvete, que está procesado como uno de los líderes de la asociación ilícita, habría direccionado las adjudicaciones de la ANDIS y se benefició de coimas derivadas de las contrataciones, impartiendo órdenes directas para orientar decisiones y administrando recursos.

El organismo representó para la organización una caja de más de 75 mil millones de pesos, según la fiscalía.

Las empresas de Calvete

El rol del lobista, siempre según la reconstrucción del fiscal Picardi, tiene un punto de partida en su propia empresa: Indecomm SRL, proveedora de ANDIS.

Esta firma fue invitada a participar y presentó cotización en todas las compulsas de precios del segmento de amputaciones, obteniendo adjudicaciones en numerosas ocasiones.

Además, Indecomm emitió facturas a nombre de otras proveedoras de ANDIS, incluyendo Probock SRL, Laboratorio Ortopédico Sagues SRL, Ortopedia Bernat SRL, Prolite Orthopedics SRL, Sistemas Médicos Globales SRL, Droguería Boedo SA, Meridius SA y Resposane Salud SA.

La hipótesis de la investigación apunta a que estas habrían sido facturaciones simuladas entre empresas para otorgar apariencia de legalidad a transferencias que, en realidad, eran las coimas que se pagaban a cambio de las adjudicaciones direccionadas.

Bymax Medical SRL, otra de las empresas con vinculación directa a Calvete, también aparece mencionada en la causa.

Esta firma tuvo un crecimiento exponencial en su capital social -que pasó de $100.000 a $300.000.000 en 2025- y estructura accionaria, y está integrada por personas del círculo investigado. El gerente es Patricio Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, la exfuncionaria procesada que respondía a Calvete.

Acosta aparece como accionista de la Droguería Profarma, una de las cuatro grandes beneficiadas por la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo a través de licitaciones “acotadas” de medicamentos de alto costo.

Calvete, Acosta, Eduardo “Pino” González -con doble rol de empresario y funcionario- y Pablo Antonini administraron Profarma, intercambiando la documentación necesaria para presentarse en procesos de contratación, dictaminó la fiscalía.

Otro sospechoso citado a indagatoria es Matías Palotti Bertola, hombre de confianza de Daniel María Garbellini -ex número dos en ANDIS-, también habría jugado de los dos lados del mostrador, en Profarma y el organismo a la vez.

La lista de empresas que orbitan a Calvete sigue con Resposane Salud SA, vinculada a Federico Maximiliano Santich, accionista mayoritario y gerente de Profusión SRL, otra de las cuatro “droguerías amigas”.

Resposane Salud fue invitada a participar en las compulsas de amputaciones, pero solo presentó cotización en dos ocasiones, limitándose a un “rol formal”, sin una intención real de competir por la adjudicación para simular competencia entre oferentes.

Lobby y coimas

La investigación también reveló una serie de empresas con las que Miguel Ángel Calvete mantenía una vinculación informal. Estas, según la acusación, se beneficiaron del esquema y, a cambio de acceder a los negocios con el Estado, pagaron retornos.

ExpoTrauma SA, Artrobone Ortopedia SA y Cirugía y Ortopedia Imnova SA. Estas empresas, junto a Cirugía Alemana Insumos Médicos, obtuvieron adjudicaciones significativas en los segmentos de “sillas y andadores” y “traumatología”. Evangelina García (Artrobone Ortopedia SA), Emilio Cesar Olguin (Expo Trauma SA) y Martim Goncalo Armella (Cirugía y Ortopedia Imnova) habrían participado del direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos para funcionarios públicos y pagos a Calvete, aprovechando los vínculos que Evangelina García tenía con Miguel Ángel Calvete para contar con información privilegiada. Todos serán indagados en Comodor Py.

Cirugía Alemana Insumos Médicos. Los empresarios Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami, representantes de esta empresa, habrían participado en el direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos y pagos a Calvete. Kahn y Calvete habrían mantenido comunicaciones constantes y directas para percibir sumas de dinero derivadas de las contrataciones con ANDIS, según se desprende de la causa.

Farma Salud SRL. Esta empresa, perteneciente a Osmar Mariano Caballi, quien tiene vínculos directos con Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Patricio Rama, se benefició de la exclusión de Droguería Boedo SA de las compulsas en el segmento de cardiología, lo que llevó a un aumento en sus adjudicaciones.

MED-EL Latinoamérica SRL. El gerente titular Humberto Gabriel Maone habría formado parte de la organización criminal, participando en el direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos para funcionarios públicos y pagos a Calvete, aprovechando los vínculos que tenía con Calvete para contar con información privilegiada.

Neurosalud SA. Su presidente, Fabián Piedimonte, junto a Miguel Ángel Calvete, habrían gestionado el direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos y pagos para este último. Los cuadernos secuestrados a Calvete mencionan a Neurosalud con cifras millonarias que representarían pagos del Estado y porcentajes repartidos entre funcionarios y empresarios.

Sistemas Médicos Globales SRL y Meridius SA. Estas empresas, vinculadas a Patricio Omar Acosta y Nicolás Luna respectivamente, realizaron pagos a Indecomm SRL -de Calvete- por el concepto de “camas ortopédicas reacondicionadas”. Son parte de las facturaciones simuladas que investiga la Justicia.

Megastática. Calvete constituyó esta firma en 2018 con Sergio Mastropietro. La sede social de Megastática coincide con la de Indecomm SRL.

Mastropietro, a su vez, es el empresario detrás de Baires Fly S.A., una aerolínea de vuelos privados. Esta empresa jugó un papel central en el entramado al recibir fondos de empresas proveedoras de la ANDIS, de acuerdo a lo que se desprende de la causa, para blanquearlo y disimular su origen ilícito. Esto se lograba a partir de la emisión de facturación por supuestos servicios, como “kilómetros de vuelo”, en operaciones intermediadas por Miguel Ángel Calvete.

Todas estas personas mencionadas están llamadas a prestar declaración indagatoria ante el fiscal Picardi y el juez Lijo. Las citaciones comenzarán el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini, y se extenderán hasta el 26 de mayo.

Calvete, procesado

Este jueves el empresario, a través de su defensa, defendió la apelación de su procesamiento, dictado por el juez Sebastián Casanello antes de finalizar la subrogancia del Juzgado Federal N° 11.

Su abogado, Juan Ignacio Pascual -quien también representa a la pareja de Calvete, Guadalupe Muñoz-, se presentó ante la Sala II de la Cámara Federal y evitó debatir la valoración de la prueba o los hechos descriptos en la causa. En cambio, postuló que existe una nulidad en el origen de la investigación.

La defensa de Calvete cuestionó que la primera orden de allanamiento a 16 objetivos se haya firmado apenas un día después de la denuncia con la que se abrió la causa, ya que para entonces, según su criterio, no había “presunciones objetivas” que justificaran la irrupción en los domicilios y oficinas que se requisaron.

Pascual retomó luego el reclamo que impulsan varias defensas por los audios de Spagnuolo. El letrado argumentó -en contra de lo que sostuvieron la fiscalía y el juzgado en distintas resoluciones y dictámenes- que las grabaciones son la génesis de la causa, y que su eventual falsedad y obtención por espionaje ilegal invalidan el resto del caso.

“La Cámara ordenó expresamente determinar el origen de esta divulgación y la veracidad de su contenido. Para sorpresa de esta defensa, el juez de grado, haciendo caso omiso a la orden impartida, no solo volvió a rechazar el planteo, sino que también ese día dictó los procesamientos”, argumentó el abogado en la audiencia, a la que accedió este medio.

En suma, el defensor Juan Ignacio Pascual resaltó que durante la investigación propuso diez medidas de prueba que no fueron evacuadas por los magistrados, y dijo que recién pudo acceder a la totalidad de las pruebas que hay en el expediente esta semana, situaciones que enumeró como “afectaciones a los estándares del derecho a la defensa”.

En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó un Año Nuevo junto a su familia en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe. Viajó en clase Premium Economy con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos.

Esa empresa de aviación, a pedido de la Fiscalía, aportó la información sobre los vuelos de Adorni. Partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, y regresó el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú, de acuerdo a la reconstrucción que hay en la causa.

En una primera instancia, había trascendido desde los tribunales que el jefe de Gabinete había viajado en primera clase. Sin embargo, esa aerolínea no comercializa esa categoría para ese destino. La butaca más cara es premium economy y se corresponde con el valor pagado por el jefe de Gabinete.

El fiscal, que investiga toda la evolución patrimonial del ministro coordinador, también consiguió saber cuánto costaron los viajes y confirmó que el pago se hizo en efectivo.

Cada pasaje salió 1450 dólares, lo que arrojaría un total de 5800 dólares entre toda la familia. Como intermediaria aparece una agencia de viajes que habría percibido una comisión.

Por estas horas, indicaron fuentes del caso, se busca esclarecer en qué hotel se quedó la familia Adorni y cuánto pagaron por el alojamiento.

El jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. De esa manera la Justicia podrá acceder a todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito que hicieron durante el viaje a Aruba y en el resto del período investigado.

La cifra que arroje el total de las vacaciones del vocero y jefe de Gabinete se acumulará con sus demás gastos, otros viajes por el mundo e inversiones en propiedades. La investigación del fiscal Pollicita busca esclarecer de dónde sacó todo ese dinero Adorni, y si es compatible con sus ingresos declarados.

Más viajes

El escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete se disparó a partir de una foto que le tomaron con su pareja, quien lo acompañó en la comitiva oficial que participó de la “Argentina Week 2026”, en Nueva York.

El pasaje del funcionario se facturó en 4.910 dólares, mientras que el de Angeletti costó 5.154 dólares. La parte de Adorni la costeó una agencia que paga los vuelos de los servidores públicos, pero aún no está claro quién pagó el de la esposa.

Ambos figuran como pasajeros en el mismo vuelo físico JFK-EZE, DL 115, fechado el 14 de marzo de 2026. Partieron a las 22:25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo, sin escalas intermedias.

En la misma causa se investiga también el vuelo en avión privado que Adorni y su familia hicieron a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandío, contratista del Estado a través de la Televisión Pública. Pasaron juntos el último fin de semana largo de Carnaval.

La TV estatal entregó los expedientes completos de los contratos que se firmaron con ImHouse, la productora del amigo del jefe de Gabinete.

En la causa figuran más de 15 viajes por el mundo que habrían hecho, desde diciembre de 2023, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, ya sea juntos o por separado.

Respecto a las propiedades del ministro coordinador, este miércoles declararon en calidad de testigo y bajo juramento de decir la verdad las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes le vendieron el departamento de Caballito.

Se desligaron de la operación inmobiliaria y señalaron a sus hijos, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo. Este último, quien a priori parece haber gestionado el negocio y sería amigo de Adorni, está citado a dar declaración testimonial el 22 de abril.

Adorni y Angeletti pudieron adquirir el departamento de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin vender las propiedades que ya tenían en el barrio porteño de Parque Chacabuco y en la localidad de La Plata.

El juez federal Ariel Lijo llamó a indagatoria al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 34 personas involucradas en presuntas maniobras de corrupción en el organismo. Se trata de un nuevo tramo de la causa por la que varios acusados ya fueron procesados en febrero.

El fiscal federal Franco Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, descubrieron en los últimos meses un segundo entramado dentro de la ANDIS que involucra 75.478.149.019 de pesos devengados “en favor de un reducido grupo empresarial”, según dictaminaron.

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, esta presunta asociación ilícita integrada por funcionarios, lobistas, empresarios y empleados habría direccionado de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que “amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole”, sostuvo la acusación al pedir las indagatorias.

Es así que este miércoles el juez Lijo, interinamente a cargo del Juzgado Federal N° 11, ordenó la ampliación de las declaraciones indagatorias de Diego Spagnuolo, su ex número dos Daniel María Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Todos ellos ya estaban involucrados en la primera parte de la causa.

Las indagatorias comenzarán el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini, quienes fueron las máximas autoridades del organismo durante la gestión libertaria, y se extenderán hasta el 26 de mayo.

Los nuevos sospechosos a indagar son: Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.

También se fijaron fechas de indagatoria para Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

Qué investiga la Justicia

El mecanismo detectado por los fiscales en este nuevo episodio de la corrupción en la ANDIS es el mismo que ya se detectó en la maniobra anterior: la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud.

La hipótesis de la acusación sostiene que se simuló la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.

Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos PACBI en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

La organización habría usado un “sistema irregular” de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de los procesos de compra en beneficio de determinadas droguerías y firmas proveedoras, además de la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.

En el expediente hay un cúmulo de pruebas que sugieren que había personas ajenas a la Agencia que se encargaban de la toma y ejecución de decisiones: el exfuncionario Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, preso por una causa de proxenetismo y conocido por dar entrevistas en los medios como vocero de los supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo.

La investigación del fiscal Picardi tiene documentados dos episodios que, según entiende, funcionaron como coimas de Calvete hacia Spagnuolo: la entrega de $5.000.000 en efectivo en junio de 2025 y el saldo de deudas que tenía el extitular de la ANDIS con una mueblería por un total de $9.970.500, que se abonaron a través de la cuenta bancaria de Indecomm SRL.

Para asegurar la eventual recuperación de activos y evitar el desprendimiento de bienes que podrían ser objeto de decomiso, el juez Ariel Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre todas las personas y empresas involucradas.

En cuanto a los procesamientos ya dictados -que estuvieron a cargo del juez Sebastián Casanello- las defensas se encuentran argumentando sus apelaciones ante la Cámara Federal. Este jueves será el turno del abogado de Calvete, Juan Ignacio Pascual, quien también representa a la pareja del empresario, Guadalupe Muñoz.

Las dos jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, declararon este miércoles en Comodoro Py que desconocen los detalles de la venta del departamento de Caballito, una de las propiedades investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito.

Según aseguraron, quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Las mujeres eran dueñas en partes iguales del semipiso ubicado en la calle Miró al 500.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Sbabo aclaró que el dinero que usó para comprar la mitad de la propiedad en mayo de 2025 era suyo. También dijo que percibe $350.000 de jubilación. Viegas tiene los mismos haberes previsionales, y contaba con 115 mil dólares para invertir luego de desprenderse de bienes anteriores.

La oportunidad inmobiliaria, según la versión que aportó bajo juramento la primera acreedora en testificar, llegó de parte de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni. Más tarde Viegas coincidió con esa afirmación.

Viegas y Sbabo fueron las propietarias del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, en el que hoy viven el ministro coordinador y su familia. Se lo vendieron en noviembre de 2025 a cambio de un adelanto de 30.000 dólares y el compromiso de pagar otros 200.000 dólares -el 87% del total- a un año, sin intereses.

Pablo Martín Feijoo y Leandro Miano, en tanto, son socios en la constructora TJS Group y otros emprendimientos de desarrollo urbano.

“Un pasamanos”

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae de fuentes del caso, las jubiladas le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales para hacer una inversión, siempre bajo la coordinación de Feijoo y Miano.

“Era para hacer un pasamanos”, explicó en su declaración testimonial Beatriz Viegas. Y aseguró que “no aparecían compradores”, y por eso empezó un proceso de refacción del lugar, que también estuvo a cargo de Feijoo.

El fiscal Pollicita le mostró fotos del “antes y después” del departamento, que fue totalmente renovado antes de vendérselo a Adorni. La testigo dijo que no recordaba detalles de las obras.

Esta parte abrió un interrogante en la investigación: si las jubiladas y sus hijos compraron el inmueble a 200.000 dólares, pagaron un 4% de comisión a la inmobiliaria, y además hicieron obras de refacción, ¿cómo se explica que luego lo hayan vendido en 230.000 dólares financiado a un año sin intereses?

Para explicar esto, Pablo Martín Feijoo está citado a declarar como testigo el 22 de abril. Deberá presentarse, a pedido del fiscal, con su celular y los comprobantes de todas las compras que hizo para arreglar el departamento.

Según reveló Infobae, fue él quien pagó la seña y gestionó la compra anterior del departamento de Caballito, que inicialmente se publicó a la venta a USD 340.000 y terminó por adquirirse a casi la mitad de ese precio.

Feijoo fue a ver a Adorni a Casa Rosada el 22 de octubre de 2025 -así consta en los registros oficiales-, un mes antes de venderle el semipiso de cuatro ambientes y 150 metros cuadrados cubiertos, con cochera, patio y balcón terraza, ubicado en el primer piso del edificio.

“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó la escribana Adriana Nechevenko en diálogo con Infobae, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

Por último, según se desprende de las últimas pruebas incorporadas al expediente, Manuel Adorni habría acordado con Pablo Martín Feijoo que él se encargue de vender el departamento que el jefe de Gabinete tiene en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco. Con esa venta tiene pensado cubrir -al menos una parte- de los 200.000 dólares que les debe a las jubiladas.

Esa deuda vence en noviembre. Ese mismo mes, el ministro coordinador asumió el compromiso de reintegrar otros 70.000 dólares que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes declararon el lunes en Comodoro Py.

Ellas son las prestamistas que, a cambio de una hipoteca sobre su departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, le entregaron 100.000 dólares a devolver en dos años, con un interés anual del 11%.

Los intereses se fueron devengando mensualmente con cuotas que empezaron en 900 dólares, y ahora se redujeron a mensualidades de 600 dólares luego de que el jefe de Gabinete cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares, según se desprende de la declaración testimonial de las agentes prestamistas.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes.

Para esclarecer las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, el fiscal Pollicita ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de él, su esposa y el resto de los involucrados.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional del jerarca iraní Alí Asghar Hejazi por su presunta participación en el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Se trata del último acusado en sumarse a la cadena de mando terrorista que reveló la investigación que hoy conduce el fiscal Sebastián Basso.

Para disponer el arresto de Hejazi, con el objetivo de someterlo a declaración indagatoria, el magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 6 pidió a la Interpol activar una alerta roja. También giró un pedido de cooperación internacional a la República Islámica de Irán con el mismo objetivo, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

El último acusado que tiene la causa fue la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel.

Según la reconstrucción de la UFI-AMIA, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

No fue la única decisión que tomó el juez Rafecas durante las últimas horas. Fuentes con acceso al expediente confirmaron que también rechazó el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente.

La decisión se debe principalmente a que aún se espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados.

Imputación ampliada

También a pedido del fiscal Basso, el Juzgado Federal N° 6 reconfiguró parcialmente y amplió las imputaciones contra Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

Sucede que la UFI-AMIA dictaminó que Hezbollah fue una creación de Irán que ocurrió entre fines de los ’70 y principios de los ’80, con el fin inequívoco de cometer atentados terroristas a lo largo del mundo -entre ellos los de la AMIA y la Embajada de Israel-, lo que constituye un delito en sí mismo: asociación ilícita.

Esto, eventualmente, podría derivar en condenas más graves. Cabe destacar que la medida no implica la incorporación de hechos nuevos, sino que es una forma novedosa de analizar elementos que ya estaban en el expediente. Desde ahora, un tramo independiente de la investigación se concentrará en la integración de la organización terrorista.

En lo que respecta a las consecuencias de la voladura de la mutual judía, los acusados se encaminan a ser juzgados por los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común, a raíz de las 85 víctimas fatales, en concurso ideal con las lesiones (leves, graves y gravísimas) sufridas por al menos 151 personas y los múltiples daños materiales ocasionados por la explosión.

Desclasifican informes secretos

En otra decisión relevante para la causa, el juez federal Daniel Rafecas reconoció el carácter público de cuatro informes hasta ahora secretos, elaborados por el Área de Análisis de la UFI-AMIA, cuya divulgación había sido solicitada por las querellas.

La decisión judicial responde a un incumplimiento de parte del Gobierno, que había dispuesto en 2020 mecanismos para la difusión de documentación desclasificada de la SIDE, a través de una “mesa de diálogo” que nunca funcionó correctamente.

Antes de la publicación de los informes, el Ministerio Público Fiscal deberá expedirse sobre posibles afectaciones a la investigación en curso, y la Secretaría de Inteligencia de Estado deberá revisar los documentos para identificar fragmentos que sea necesario mantener en secreto.

También resta delimitar si el hecho de que los documentos tomen estado “público” implica habilitar la difusión sin restricciones de los mismos, ya que podría levantarse la confidencialidad en el marco de la causa más no permitirse la divulgación del material.

Además, el juez Rafecas requirió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que elabore y presente un informe sobre las medidas adoptadas para la implementación de los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada.

Las querellas viene reclamando periódicamente por el carácter restringido de elementos probatorios que consideran importantes para la causa, especialmente la documentación aportada por organismos de inteligencia.

Esta situación, según el planteo, no solo limita el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público, sino que también condiciona la participación de los damnificados en el caso. Las querellas, a pesar de tener acceso a la información, no pueden divulgarla o referirse a ella sin exponerse a posibles consecuencias legales.

“Frente a este escenario, no resulta razonable ni jurídicamente admisible continuar postergando indefinidamente la publicidad de la información, a la espera de una instancia -la mesa de diálogo- que, hasta el momento, no ha cumplido con la función que le fue asignada. Mantener esa espera implicaría, en los hechos, vaciar de contenido la decisión de desclasificación adoptada por el propio Poder Ejecutivo y frustrar los principios de transparencia que la motivaron y restringir a las partes el pleno ejercicio del derecho de defensa”, resolvió el juez Rafecas, en un fallo al que accedió Infobae.

Las dos mujeres policías acreedoras de Manuel Adorni confirmaron este lunes en su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año.

A las 8:20 llegaron a los tribunales de Comodoro Py Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes evitaron hacer declaraciones a la prensa. Casi tres horas después, a las 11:30, salieron de la Fiscalía Federal N° 11 luego de aportar su testimonio, chats y documentación.

Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares del jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Molina es una comisario retirada y aportó 85.000 dólares. Su hija, que es contadora pero no ejerce porque se encuentra en actividad dentro de la fuerza, prestó los 15.000 restantes. El ministro coordinador se comprometió a devolver el dinero en dos años, con un interés anual del 11%.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, las policías acreedoras contaron ante el fiscal que Adorni empezó pagando cuotas -por esos intereses- de 900 dólares, gasto con el que cargó desde noviembre de 2024.

Ahora el pago mensual se redujo a 600 dólares, luego de que Adorni cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares. Así, la deuda remanente del jefe de Gabinete es de 70.000 dólares, y vence en noviembre de 2026.

El “préstamo” de los 100.000 dólares que hicieron Graciela Molina y Victoria Cancio se hizo en efectivo. Aquel día las policías conocieron personalmente a Manuel Adorni en la escribanía de Adriana Nechevenko, cuando el funcionario aún era apenas vocero presidencial.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes del caso, precisamente fue la escribana quien “consiguió” el negocio, ya que conocía personalmente a las policías. De hecho, la comisario retirada Molina recibió esta mañana un mensaje de WhatsApp de Nechevenko, con un emoji para enviarle fuerzas durante su paso por Comodoro Py.

Ese mensaje y todo el chat entre la escribana y las acreedoras quedaron incorporados a la causa.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes. De hecho, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, habría llevado directamente el efectivo a una sucursal del Banco Galicia para depositarlo y luego transferirlo a Juan Ernesto Cosentino, vendedor de la propiedad en el country de Exaltación de la Cruz.

El origen del dinero

El fiscal Pollicita dictó medidas para esclarecer de dónde sacaron el dinero todos los involucrados en la trama, ya sean sospechosos o testigos. Para reconstruir la ruta de los fondos, el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido de la fiscalía y levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las acreedoras.

Se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.

Además, la fiscalía busca obtener “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni.

Las policías Molina y Cancio se anticiparon al análisis de esa documentación y dieron explicaciones de cómo obtuvieron el dinero que le prestaron a Adorni.

Además de ahorros, explicaron que recibieron fondos por un juicio sucesorio y otra demanda por diferencia salarial, luego del fallecimiento del esposo de la comisario retirada.

El miércoles les tocará a otras dos testigos. Se trata de las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito, sobre la calle Miró. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

En esa operación intervino, sin firmar la escritura, el hijo de Viegas, Pablo Feijoo, quien también deberá presentarse en Comodoro Py el 22 de abril.

Natalia Rucci recibió a Infobae en su oficina apenas unas horas después de haber sido citada como testigo en la causa que investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito. El miércoles, un día antes, la Policía Federal Argentina y funcionarios de la Fiscalía Federal N° 11 se habían presentado en su inmobiliaria para llevarse información sobre el departamento de la calle Miró al 500 donde vive el jefe de Gabinete.

Rucci Propiedades es una empresa familiar, con 50 años de trayectoria. El padre de Natalia la fundó y se la heredó a sus hijos, y a la vez a sus nietos, algunos de los cuales ya hacen sus primeros pasos en el mundo del real estate desde las sedes de Liniers, Villa del Parque y Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa última sucursal ocurrió en mayo del año pasado la compraventa -entre sus anteriores dueños- del departamento que hoy está en manos de Adorni y su familia. Si hay algo ilegal detrás de la adquisición, ese podría haber sido el origen de la maniobra, sospechan los investigadores judiciales que por estas horas analizan al detalle el patrimonio del ministro coordinador.

El inmueble perteneció desde la década del ’90 al entonces futbolista Hugo Morales, figura en Lanús y Huracán, y con un paso por la selección argentina. “Huguito” compartió vestuario en El Granate con Marcelo Trimarchi, esposo de Natalia Rucci. Él también está citado a declarar como testigo.

En 2024, Morales se decidió a vender el departamento, ubicado en una de las zonas mejor cotizadas del barrio porteño de Caballito. Llamó a su excompañero y empezaron el trámite.

La martillera Natalia Rucci confirmó en esta entrevista que el valor inicial al que se había publicado la propiedad fue de 340.000 dólares. Luego de algunas rebajas, las jubiladas que se lo vendieron siete meses después a Adorni -sin inmobiliaria de por medio- lo compraron a 200.000 dólares.

A ese precio se quedaron con un semipiso de cuatro ambientes y 150 metros cuadrados cubiertos, con cochera, patio y balcón terraza, ubicado en el primer piso del edificio.

Pero, ¿y si estas dos mujeres, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, fueran apenas los nombres y la firma que aparecen en la escritura? Ante esta duda, motivada por la información que se desprende de la causa y los testimonios recabados por este medio, es que aparece el nombre de otro involucrado próximo a declarar: Pablo Martín Feijoo, amigo de Manuel Adorni e hijo de Viegas.

Según reveló elDiarioAR, Feijoo visitó al jefe de Gabinete en Casa Rosada el 22 de octubre del 2025. Un mes más tarde sellarían la venta del departamento en 230.000 dólares, con un adelanto de 30.000 dólares y el 87% del valor restante a pagar en un año, sin intereses.

- ¿Cómo resultó el operativo de esta semana? ¿Pudieron aportar toda la información que buscaban?

- Pidieron toda la información que tengamos sobre la operación del departamento de Miró. Se les ha dado toda la información, fue una operación de Hugo Morales con unos particulares que compraban ese departamento con una escribana, que no es la escribana que sale hoy en la televisión. Es otra escribana particular que pusieron los compradores. Y después de ahí no sé qué hicieron.

- ¿Cómo y cuándo llega la propiedad de Miró a esta inmobiliaria?

- El señor Hugo Morales nos llama porque es conocido de mi marido y nos dice que, como él vive en Corrientes, si le podemos llevar a cabo la venta del inmueble. Le dijimos que sí, con mucho gusto, que no había ningún problema. Lo fuimos a tasar. Lo fue a visitar mucha gente. Empezó con un valor en el 2024 del mercado, se publicó en 340.000 dólares. Después, a medida que iba pasando el tiempo y no había intención de compra, obviamente en conjunto con el propietario, se fue bajando hasta llegar al valor de 295.000, que fue la última publicación que tenemos.

- ¿Ese precio negociaron con los compradores?

- De ahí surge la oferta de esta gente que se presenta. Ellos fueron con una arquitecta, arrojan que había que hacerle un montón de obra, un montón de cosas, que habían sacado presupuestos y demás. Hacen una propuesta en base a eso, la cual fue charlada con el propietario. Nosotros hicimos una pequeña negociación y finalmente el propietario termina aceptando el valor de los 200.000 dólares.

- ¿Ese valor está por debajo del precio promedio del mercado?

- La oferta y la demanda las deciden los propietarios y el comprador. Nosotros somos intermediarios entre las partes, no somos los que decidimos la oferta. Solamente le trasladamos la oferta al propietario y es él quien decide, depende de la situación económica, financiera, del momento o proyectos que tenga cada uno.

- ¿Cuándo se entera usted de que Manuel Adorni tenía algo que ver con esta propiedad?

- Por la televisión.

- Me había dicho que en la operación participó otra escribana. ¿Adriana Nechevenko no tuvo ninguna intervención, o estuvo en otra operación?

- No, no la conozco. Solo la vi por la televisión.

- Sabemos que quien reservó el departamento para comprárselo a Morales fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas, ¿él no mencionó a Adorni en ningún momento?

- Nada. De parte de él tampoco. Acá vino un muchacho que dijo que iba a comprar el inmueble. Después, finalmente, cuando llega el momento de la escritura, dijo que lo iba a poner a nombre de la mamá de él y la otra parte, el otro 50%, a nombre de la mamá del amigo (NdeR: se refiere a Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo). Fueron dos muchachos e hicieron eso, lo pusieron a nombre de las mamás, entregaron la plata a Hugo Morales adelante de la escribana, se contabilizó, hubo acuerdo y se firmó la escritura.

- Entonces todo el trámite lo hizo Pablo Feijoo, no las mujeres a las que finalmente quedó a nombre la propiedad.

- Él hizo todo el trámite, pero después firmaron la escritura las dos señoras.

- ¿Quién compró el departamento? ¿Es dinero de ellas? ¿Es dinero de él?

- De esos montos yo no tengo prueba. La escribana le pregunta si es un dinero lícito, y ellos dijeron que se dedicaban a esto, a comprar, reciclar y vender, lo que hoy se llama flipping. Es normal que la gente pueda comprar algún departamento, algún negocio, lo recicle y lo vuelva a vender. Hay gente que se dedica a eso, me pareció normal.

- Para que quede claro, ¿usted cuándo trató a las compradoras?

- El día de la escritura estuvieron presentes y firmaron ellas. Y eso ya está en manos de la escribanía. Es la escribana la que coteja y deja asentado quién firma y quién no firma.

- Entonces, en los papeles figuran ellas, pero podemos entender que el verdadero comprador es él.

- Lo que ves en la escritura es quién es el verdadero comprador. Vos podés mandar a un amigo a hacer una reserva y decirle: “Mirá, me señás este departamento antes de que me lo saquen, que yo estoy trabajando, o estoy enfermo, y no puedo ir”.

- Claro, pero en este caso quien se encargó de ir a verlo, de llevar a la arquitecta, de negociar y de todo lo otro no fueron las señoras, sino el hijo.

- El hijo, sí.

- Pasando en limpio, con todo lo que conoce usted de la operación, ¿hubo algo que le llamó la atención?

- Nada, nada. Se pactó una venta, el propietario estuvo de acuerdo, se llegó al número, vino la escribana, se hizo la escritura, se pagó lo que se había acordado y se terminó. Una operación normal, totalmente. En la televisión estuvieron diciendo que nosotros le vendimos a Adorni, que vendíamos departamentos muy baratos, y la verdad es que no es así. Nosotros trabajamos con el valor del mercado, por los metros cuadrados del inmueble, por dónde está ubicado, cómo es el edificio, las expensas que tiene, son un montón de cosas. Nosotros hicimos una venta normal y lo que pasó después, si la otra gente que compró lo vendió, si son amigos de Adorni o no, la verdad no tengo ni idea, ni me interesa porque nosotros no estamos involucrados en la siguiente operación.

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a cinco nuevos testigos en la causa donde se investiga el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Entre ellos está Pablo Martín Feijoo, amigo del funcionario e hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.

El nombre de Feijoo surgió este miércoles, cuando la Policía Federal Argentina allanó la inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad de la calle Miró al 500 cuando las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se la compraron al exfutbolista Hugo Morales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, habría reservado el inmueble que luego compraría su madre. Deberá presentarse en Comodoro Py el 22 de abril, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. La investigación busca desentramar cómo funcionó la operación inmobiliaria desde su origen, para esclarecer cómo llegó a manos de Adorni.

Según declaró este miércoles bajo juramento Adriana Nechevenko, escribana del jefe de Gabinete, Adorni y su esposa Bettina Angeletti se hicieron con el departamento de Caballito pagando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados un año, sin interés.

“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó la escribana en diálogo con Infobae, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

El fiscal Pollicita también convocó a declarar a los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi. Ambos deberán presentarse el 20 de abril.

Luego, el 22 de abril, declarará el encargado del edificio de la calle Miró, cuyo nombre de pila es Juan, según indicaron fuentes judiciales.

La lista termina con Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá. Esa audiencia se fijó para el 27 de abril.

Los investigadores buscan incorporar al expediente los chats y llamados entre todos los involucrados. No lo lograron con la escribana Nechevenko: el miércoles no lo llevó a los tribunales de Retiro y hoy, cuando volvió a Comodoro Py para aportar más documentación, aseguró haberlo olvidado en su auto.

La escribana contó que conoce al jefe de Gabinete hace más de 25 años. Aunque reconoció que recién empezó a acumular propiedades cuando se convirtió en funcionario público, sostuvo que “no me pareció sospechosa nunca” la compra del departamento de Caballito”.

“Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago. Yo personalmente no le pedí nada -que justifique el origen de los fondos- porque sabía que Adorni iba a pagar”, continuó Nechevenko.

Para el departamento de Parque Chacabuco, Adorni accedió a una hipoteca y obtuvo un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó a dos años, con un interés del 11% y pagos mensuales, según indicó la escribana a la Justicia.

El fiscal Gerardo Pollicita busca contrastar el patrimonio real de Adorni -y los compromisos de deuda que mantiene- con sus declaraciones juradas y las de su esposa, material que ya entregó a la Justicia la Oficina Anticorrupción. Además, pedirá levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete.

Además de las propiedades, el cuadro se completa con el viaje del ministro coordinador y su familia en jet privado a Punta del Este, junto con el periodista, contratista del Estado y amigo de Adorni, Marcelo Grandío. También están bajo la lupa otra decena de vuelos al exterior durante los últimos años.

En la denuncia que originó la causa, la diputada nacional Marcela Pagano -que llegó a su banca de la mano de La Libertad Avanza- advirtió un “desproporcional incremento patrimonial” por parte de Adorni.

“Se advierten severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los dieciséis millones de pesos ($16.000.000) declarados al inicio de su gestión”, dice el escrito que presentó la legisladora.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 a pagar en un año, sin interés.

Ese es el acuerdo al que llegaron con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes estaban citadas a prestar declaración testimonial el jueves como ex propietarias de la unidad ubicada en la calle Miró al 500.

Las audiencias se suspendieron hoy a pedido del defensor de Adorni, Matías Ledesma.

Infobae pudo saber de fuentes judiciales que la escribana afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las tres viviendas en las que ella intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Además, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea. Y en esa transacción volvió a repetirse una operatoria similar, según reconoció la testigo.

En ese caso, Adorni accedió a una hipoteca y obtuvo un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó a dos años, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia.

Esa operación se realizó en noviembre de 2024, lo que coincide con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial hizo junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Al salir de la Fiscalía, la escribana Nechevenko aclaró a la prensa que la esperó en Comodoro Py que “no hubo ningún préstamo de dinero” a Adorni, y dijo que en rigor lo que existieron fueron “compraventas con hipotecas por saldo de precio”.

Sobre el origen de los fondos, se desligó y refirió que “hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”.

Ahora la investigación que conduce el fiscal Pollicita avanzará hacia la determinación de cuánto dinero tenían comprometido Adorni y su esposa mensualmente con sus acreedoras y el resto de sus deudas. El dato deberá contrastarse con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

Allanamientos en una inmobiliaria

El juez federal Ariel Lijo ordenó allanar tres sedes de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que comercializó el departamento del matrimonio Adorni en Caballito.

Infobae pudo saber de fuentes del caso que la Justicia federal dispuso este miércoles una serie de órdenes de presentación con allanamiento en subsidio, en las sedes que la empresa tiene en Liniers, Mataderos y Villa del Parque.

Los investigadores buscan “la totalidad de la documentación, constancias, registros y soportes físicos o digitales vinculados con la comercialización y escrituración del inmueble de la calle Miró 550″.

El operativo, que fue revelado por el periodista Omar Lavieri en Infobae al Mediodía, ocurrió después de la declaración testimonial del exfutbolista Hugo Alberto Morales, primer dueño del departamento, y quien en mayo de 2025 se lo vendió a las jubiladas Sbabo y Viegas.

Morales se presentó como testigo el martes y mencionó que esas dos mujeres hicieron la operación con dos hombres que aún no están identificados. Uno de ellos se llamaría “Pablo”.

Los investigadores creen que podrían dar con esta persona mediante los papeles que hay en la inmobiliaria, a la que le requirieron su nombre y apellido completos, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico, su vínculo con la empresa y el rol que desempeñó en la compraventa.

El juez Lijo también solicitó avisos, fotografías, descripciones comerciales, tasaciones y valuaciones del inmueble. Además, se requirió toda la documentación previa a la escritura, como la reserva de compra, la seña, el boleto de compraventa, recibos y constancias de pago.

El fiscal Pollicita también quiere tener las comunicaciones entre los involucrados. Se pidieron correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, registros de contacto, planillas y archivos digitales, así como cualquier otra constancia de comunicación mantenida con el vendedor, el escribano, los compradores o terceros vinculados a la operación.

Mientras aguarda que la Cámara Federal porteña confirme o revoque su procesamiento, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, pidió ser querellante en la causa donde se investiga la filtración de los audios que destaparon la corrupción en la ANDIS y las grabaciones privadas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Quien está a cargo de investigar si Spagnuolo y la hermana del presidente fueron víctimas de espionaje ilegal es el fiscal Carlos Stornelli, que ordenó varias medidas de prueba. Hasta el momento no hay imputados en ese expediente, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

En las escuchas, quien sería Karina Milei dice, en dos audios distintos: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, y “en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

El contenido no mostraría nada revelador, pero alcanzó para coronar una crisis en Casa Rosada. Se trata de una filtración que se dio a conocer justo después de que salieran a la luz los audios atribuidos a Spagnuolo -donde hablaba del 3% y manejos corruptos en la ANDIS- y apenas diez días antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En un escrito presentado ante el juez de la causa, Julián Ercolini, el exfuncionario procesado reconoció que la voz de los audios “pareciera ser” la suya, “luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada”.

Como querellante y damnificado, Spagnuolo podría tener acceso al expediente, proponer medidas de prueba y, llegado el caso, apelar las decisiones de los magistrados.

El peritaje de los audios

La defensa de Diego Spagnuolo y las de otros procesados en la causa ANDIS vienen insistiendo con la necesidad de peritar los audios hace tiempo. No lo lograron mientras el expediente estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello, quien en febrero le cedió la subrogación del Juzgado Federal N° 11 a Ariel Lijo.

La discusión llegó mediante un incidente de nulidad a la Sala II de la Cámara Federal. Según fuentes judiciales, la deliberación entre los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah está avanzada.

Se espera que resuelvan entre ordenar al juez Lijo que haga un peritaje, como piden las defensas, o bien avalar lo dicho por Casanello anteriormente: que la investigación del origen y la veracidad de los audios ya está en manos del fiscal Stornelli.

Es en este contexto que la defensa de Spagnuolo, que llevan adelante los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, le propuso a Stornelli una serie de aspectos a tener en cuenta si pide un peritaje.

Sugirieron que se revise la integridad y continuidad del audio, la autenticidad y originalidad del archivo, los contextos comunicativos y la coherencia acústica, y si se detecta el uso de inteligencia artificial.

Un tercer y último movimiento que jugó el ex titular de la ANDIS fue un cuestionamiento a la denuncia que dio origen a la investigación del supuesto esquema de corrupción entre los funcionarios del organismo, lobistas y droguerías.

Spagnuolo notificó sobre un cruce en la red social X entre el abogado denunciante Gregorio Dalbón, que tiene entre sus clientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En ese ida y vuelta, el letrado escribió “(...) después de facilitarnos los audios de Spagnuolo y los datos de Libra a los que somos opositores (...)”, una suerte de chicana en referencia a la responsabilidad que según Dalbón habría tenido la SIDE sobre la difusión de los mismos.

“Aquella manifestación pública no puede ser pasada por alto dado que el denunciante parecería reconocer que los audios en cuestión le fueron proveídos; siendo que en su denuncia, por el contrario, manifestó “…que han trascendido públicamente en diversos medios periodísticos audios vinculados a Diego Spagnuolo…”, planteó la defensa.

Esto, según plasmó el ex director de la ANDIS en un escrito, refuerza “la manipulación que habrían soportado los audios” y “coincide parcialmente con el suceso investigado” por Stornelli.

Es por eso que Spagnuolo, a través de sus abogados, le pidió al juez Ariel Lijo que cite a Dalbón a declaración testimonial para que aclare lo ocurrido.

La Cámara Federal de San Martín revocó los procesamientos de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, y sus presuntos cómplices en el ataque con materia fecal a la casa del entonces diputado José Luis Espert, los militantes Alesia Abaigar e Iván Nicolás Díaz Bianchi.

La Sala II, integrada por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, determinó la falta de mérito para procesar o sobreseer a los acusados, lo que implica que la investigación continuará en el Juzgado de Sandra Arroyo Salgado.

Al momento de los hechos, Mieri era concejal de Quilmes y mano derecha de la intendenta Mayra Mendoza, quien le cedió el cargo al tomarse licencia para asumir como diputada provincial. Abaigar, por su parte, era directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer bonaerense. Díaz Bianchi es militante y empleado público.

El escrache al exlegislador libertario ocurrió el pasado 17 de junio, cuando un grupo de personas arrojaron excremento animal a la fachada de su casa y colgaron un pasacalles que decía: “Acá vive la mierda de Espert”.

Alesia Abaigar había sido procesada como coautora del delito de atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, y autora de falsificación o supresión de la numeración de un bien registrado, ya que la patente de la camioneta en la que llegaron a la casa de Espert en la localidad de Beccar estaba alterada.

La intendenta Eva Mieri enfrenta los mismos cargos, además del delito de malversación de caudales públicos, precisamente por el uso de esa camioneta Chevrolet S10 que pertenece al Municipio.

Como dato de color en el fallo, al que accedió Infobae, la Cámara de San Martín le recriminó a la jueza Arroyo Salgado no haber investigado a la jefa comunal interina por la marihuana que encontraron en su casa cuando la allanaron.

La policía encontró 11 frascos de vidrio, una bolsa ziploc, dos envoltorios y restos sueltos de “una sustancia vegetal de color verde amarronado, con olor y textura similar a la marihuana”, pero la magistrada ordenó que “no se tome temperamento alguno” respecto a los estupefacientes.

Mieri y Abaigar pasaron poco más de dos semanas detenidas tras el ataque a Espert.

El escrache, una “forma de protesta”

La defensa de Alesia Abaigar argumentó que los hechos imputados fueron “una forma de protesta”. Sus abogados cuestionaron la afirmación de que el suceso constituyó un “ataque” a Espert y su familia, señalando que la protesta es una manifestación pública.

Los defensores también criticaron la vinculación de los hechos con un “clima de sedición” generado por la sentencia del caso “Vialidad”, según expuso la jueza Arroyo Salgado en el procesamiento.

La defensa, además, sostuvo que no se probó que Mieri y Abaigar fueran organizadoras de una asociación para condicionar a quienes no compartieran sus ideas políticas, y que convocar a “compañeros” a un acto de protesta no era reclutar personas para un ataque coordinado. También le reclamaron al diputado una falta de tolerancia a la crítica popular.

En la misma línea, Eva Mieri -a través de sus abogados- sostuvo que el Poder Judicial no debe proteger el contrato social ni actuar como garante del equilibrio político, sino controlar la legalidad.

Negó que haya existido una agrupación “cuasisediciosa” y sostuvo que la figura del artículo 213 bis del Código Penal -organizaciones que busquen imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor- fue pensada para combatir grupos armados o terroristas, “no para criminalizar a militantes barriales”.

El fallo de la Cámara

La Cámara Federal, antes de resolver sobre el fondo de la cuestión, realizó señalamientos a la jueza de San Isidro.

Los jueces ordenaron que la investigación debe ceñirse estrictamente a los hechos delictivos y que no se pueden ponderar circunstancias que no forman parte del mismo, especialmente cuando no hay una vinculación concreta y procesalmente verificable entre los acusados y los episodios invocados como parte de un “clima generalizado de hostilidad”.

En cuanto a los delitos imputados, la Sala II consideró que los eventos no podían computarse, por el momento y con el caudal probatorio actual, como típicos de las figuras de atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, falsificación de patentes y malversación de caudales públicos.

Para la Cámara de San Martín, el Código Penal sanciona conductas que traducen graves formas de intolerancia ideológica que afectan la tranquilidad y seguridad, y que el caso “no puede quedar reducido a meros insultos o conductas intrascendentes”.

La Sala concluyó que el escrache a Espert no resultó suficiente para poner en peligro la estabilidad constitucional ni afectar la tranquilidad social. Además, no se logró determinar la existencia de una agrupación transitoria o permanente con fines ilícitos, ni se estableció cuáles serían las ideas que pretendieron imponer, dijeron los camaristas Lugones y Barral.

En relación con la incitación a la persecución u odio, el fallo de Cámara consideró que las expresiones en el pasacalle y los panfletos que arrojaron los militantes kirchneristas no implicaban una conducta alentadora e incitativa a la persecución con base en ideas políticas, y que no revistieron la aptitud exigida para configurar el tipo penal.

También les dieron la razón a las defensas sobre la necesidad de revertir los procesamientos por amenazas coactivas agravadas y alteración de las chapas patentes.

Finalmente, respecto al delito de malversación de caudales públicos atribuido a la intendenta Mieri, la Sala concluyó que los elementos de prueba no eran suficientes para procesarla. A criterio del tribunal de apelaciones, Mieri no tenía bajo su administración el vehículo y, al momento del evento, ya no ocupaba el cargo municipal desde el cual se le atribuía el poder de disposición sobre la camioneta. Además, no se acreditó que fuera ella quien retiró el rodado de la municipalidad.

La investigación sobre la compra de propiedades que llevó adelante en los últimos años el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este martes su primer testigo: Hugo Alberto Morales, exfutbolista profesional que llegó a jugar en la selección argentina. La Justicia lo citó porque fue propietario del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

La declaración testimonial estuvo a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y se desarrolló vía Zoom, ya que el exdeportista se encontraba en la provincia de Corrientes. De la audiencia también participó Matías Ledesma, el abogado defensor del jefe de los ministros.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el testigo confirmó haberle vendido el departamento a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en mayo de 2024, por 200.000 dólares.

En noviembre de ese mismo año, estas dos mujeres le vendieron la unidad a Adorni y a su esposa Bettina Angeletti, financiada mediante un crédito hipotecario del cual son acreedoras en partes iguales. La transacción se hizo por 230.000 dólares.

“Huguito” Morales, figura en Lanús y Huracán en la década del 90, dijo en su declaración que inicialmente pretendía vender la propiedad “por 250.000 dólares”, y recordó que junto a las jubiladas “había dos hombres más” que participaron de la adquisición, aunque no recordó sus nombres ni si figuraban en algún papel.

A pedido del fiscal Pollicita, el exfutbolista también accedió a entregar información de su celular que podría ser de interés para la causa.

Más declaraciones y medidas

Este miércoles deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Nechevenko, quien realizó las escrituraciones del departamento de la calle Miró y de la casa del barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Está obligada a decir la verdad.

Según la denuncia que hizo la diputada nacional Marcela Pagano, Adorni habría comprado ambos bienes sin desprenderse de las dos propiedades que ya tenía: un departamento en Parque Chacabuco y una casa en La Plata.

La causa a cargo del fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo busca determinar si el jefe de Gabinete tuvo un crecimiento patrimonial injustificable. El panorama se complementa con los vuelos en jet privado a Punta del Este y otros viajes al exterior, que investigan los mismos magistrados.

Infobae pudo saber de fuentes judiciales que la Fiscalía ya recibió un documento altamente relevante: el anexo reservado de la declaración jurada de Manuel Adorni, que contiene los bienes y posesiones declarados por su esposa. La Oficina Anticorrupción envió los detalles correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Luego de tomarle declaración a la escribana Nechevenko, el fiscal Pollicita prepara una nueva tanda de citaciones.

Citó para este jueves a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo -que dijeron no conocer a Adorni- y para el lunes a Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, otras dos mujeres que le “prestaron” dinero al jefe de ministros.

Es que, según se conoció en las últimas horas, Adorni había hipotecado su departamento de Parque Chacabuco, obteniendo así un préstamo de 100.000 dólares el 15 de noviembre de 2024, exactamente la misma fecha en la que compró la casa del country Indio Cuá.

Graciela Isabel Molina, comisario retirada de la policía, figura como principal acreedora por 85.000 dólares. Su hija Victoria Cancio, también uniformada, habría aportado 15.000 dólares.

Las deudas con ambas acreedoras ya figuraban en la declaración jurada que Adorni presentó a la Oficina Anticorrupción (OA), pero no se habían divulgado los detalles de los créditos. Esta operación también fue certificada por la escribana Adriana Nechevenko.

Este domingo, la querella que impulsan el damnificado Martín Romeo y el abogado Nicolás Oszust pidieron llamar a indagatoria al presidente de la Nación, Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otras 14 personas, entre ellas la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, señaladas en la causa $LIBRA. El planteo está en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

La otra parte querellante que integra el expediente, encabezada por el diputado nacional Juan Grabois, ya había reclamado la citación de los Milei y otros sospechosos la semana pasada. Aún no hubo un pronunciamiento al respecto del Juzgado, ni tampoco del fiscal Eduardo Taiano.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que este domingo ingresó a Comodoro Py un escrito de 204 páginas en el que la acusación privada del damnificado Romeo, quien invertió en $LIBRA, expuso sus argumentos para pedir las indagatorias.

La solicitud al juez se basó en el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación y en la propia investigación de la querella.

Los 16 señalados son: Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Demian Reidel, Mauricio Novelli, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy, Chyi Haur Peh (Julián Peh), María Pía Novelli, Hayden Davis, Bartosz Lipinski, María Alicia Rafaele, Favio Camilo Rodríguez Blanco, Orlando Rodolfo Mellino, Roberto E. Silva y Matías Mario Mudry.

$LIBRA, según la querella

La investigación detalló un esquema que comenzó en 2018, cuando el lobista Mauricio Novelli y su equipo fundaron N&W Professional Traders, la academia en la que Milei dio clases y charlas.

Desde entonces y hasta mediados de 2024 se construyeron “los cimientos del engaño”, según definió la querella en su escrito. Novelli y su círculo más cercano habrían adquirido en esta etapa conocimientos en manipulación de mercados, evasión fiscal y uso de paraísos fiscales, siempre de acuerdo a lo expuesto por la acusación privada.

Los chats entre Novelli y su hermana María Pía revelaron que la academia mostraba a figuras como Javier Milei y Agustín Laje como capacitadores, pero su objetivo real habría sido captar ahorristas para “venderlos” a plataformas internacionales como BingX, IronFX y Hapi.

El círculo más cercano de Novelli se completa con su madre, María Alicia Rafaele, quien se encargaría de mover el dinero en efectivo, y su principal socio, Manuel Terrones Godoy.

Entre las pruebas destacadas por los querellantes aparece un documento revelado por Infobae, en el que el empresario Julián Peh y Hayden Davis, de Kelsier Group, firmaron un acuerdo de confidencialidad para lanzar un token llamado “$ARG”, que posteriormente se convirtió en “$LIBRA”.

El 1 de agosto de 2024, Hayden Davis y Bartosz Lipinski, CUBE Group, visitaron el Banco Central de la República Argentina (BCRA) junto a Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales.

Esta reunión, documentada con fotografías y registros de geolocalización, marcó para la querella el inicio de la infiltración estatal, que está reconstruida paso a paso en el escrito al que accedió este medio.

En septiembre de 2024, la organización creó “la fachada del Tech Forum”, según calificaron al evento cripto y de IA. Ese mismo mes se concretó el ingreso de Sergio Morales a la CNV como asesor.

Un día después del desembarco de Morales, el 16 de septiembre, se firmó el “Kelsier Group LATAM Agreement”, un contrato de presuntos sobornos por 1.550.000 dólares para el lobista y sus socios. A través de ese pacto, Novelli le garantizaría a Davis llegada exclusiva a los Milei, ya que pretendía “asesorar” a la Argentina en materia de Web3, y a su vez influir en la creación de las leyes sobre esta tecnología.

Entre el 16 y el 19 de octubre de 2024, Julián Peh, Hayden Davis y Tom Davis llegaron a Buenos Aires y se alojaron en el Hotel Libertador, donde se realizó el “Tech Forum”, con la presencia de funcionarios del gobierno, como el presidente de la Nación y el entonces vocero Manuel Adorni.

Adorni, para esta parte acusadora, aportó con su participación un manto de legitimidad estatal y prestigio a la organización de Novelli, validación indispensable para “convencer a los financistas extranjeros y, posteriormente, a los ahorristas”, sin la cual la estafa no habría sido posible.

La querella también ubicó en su reconstrucción que en noviembre de 2024, Novelli, Morales y Terrones viajaron en secreto a Paraguay para reunirse con Hayden Davis, quien llegó en jet privado.

Al regresar a Buenos Aires, formalizaron la “Oferta Irrevocable” por 1.550.000 dólares y comisiones del 35% que se mencionaron en el acuerdo de asesoría exclusiva.

Durante esos días, según consta en el expediente, Novelli y Morales comenzaron a recibir transferencias en dólares desde la “bóveda” de Kelsier.

El exfuncionario de la CNV recibió 26.397 dólares en su cuenta el 22 de noviembre, un mes después de asumir en el organismo.

El 10 de diciembre de 2024, se lanzó el token $KIP, que el presidente Milei también promocionó. Terrones Godoy vació su liquidez y transfirió 152.000 dólares a Novelli. Este evento, a criterio de la querella, sirvió como un “banco de pruebas” para el grupo, aplicando el mismo modus operandi que luego usarían con $LIBRA.

El 5 de enero de 2025, María Pía Novelli emitió una factura por 250.000 dólares a Kelsier Holdings, lo que para esta acusación es el pago mensual por el lobby pactado.

El 30 de enero ocurrió la célebre reunión entre Hayden Davis y Javier Milei en la Casa Rosada, inmortalizada con una de las típicas selfies que ofrece el mandatario con sus pulgares arriba. En esas mismas horas, Kelsier transfirió más de 1 millón de dólares a presuntos testaferros de la banda, como el jubilado Orlando Rodolfo Mellino.

Para la querella, la reunión Milei-Davis habría sido entonces la consumación del presunto acuerdo espurio, y a su vez el gesto que terminó de destrabar el pago millonario.

El lanzamiento de $LIBRA

El 13 de febrero de 2025, Novelli viajó a Dallas, Texas, sede de la empresa de Bartosz Lipinski, para armar lo que la querella describió como una “Sala de Guerra”.

En el hotel The Ritz-Carlton, Novelli y Terrones Godoy “montaron la central operativa para monitorear la estafa en tiempo real”, aseguraron. Ya durante el 14 de febrero, día del estallido, empezaron los cruces eufóricos de llamados.

A las 19:01:22, se publicó el tuit desde la cuenta del jefe de Estado y, “en cuestión de milisegundos, los bots de los insiders (Peh y Lipinski)” ejecutaron compras masivas de $LIBRA.

De acuerdo a la reconstrucción de la querella, en la madrugada del 15 de febrero, dos billeteras virtuales controladas por la organización detrás de $LIBRA ejecutaron una maniobra de “rug pull”, liquidando masivamente los tokens adquiridos en el “minuto cero”. Con la venta, se llevaron 44.593.888 dólares en un click.

Novelli cruzó más de 30 llamadas con Julián Peh para “coordinar la extracción técnica del botín” —siempre según la querella— justo “horas antes de abordar el vuelo de regreso a Buenos Aires para iniciar el encubrimiento y el lavado” del dinero.

Ya con el escándalo en marcha, el 17 de febrero, la madre y hermana de Novelli vaciaron sus cajas de seguridad del Banco Galicia. Terrones borró sus videos de YouTube, y Milei dio una entrevista en el canal TN, donde explicó el acceso de Davis a la Casa Rosada y atribuyó el fenómeno a un colapso natural del mercado.

La Comisión Investigadora del Congreso refutó las declaraciones del presidente y detectó que que 1.329 ciudadanos argentinos operaron el token $LIBRA, mientras que a lo largo del mundo 114.410 billeteras sufrieron pérdidas totales.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien está a cargo de la investigación del patrimonio de Manuel Adorni, prepara para los próximos días nuevas medidas tendientes a esclarecer cómo hizo el jefe de Gabinete para adquirir las propiedades que compró el año pasado junto a su esposa Bettina Angeletti: un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El miércoles de la semana que viene será un día clave. Durante la mañana deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó la compra de la unidad que adquirió Adorni en un edificio de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

Como cualquier testigo, se sentará frente al fiscal y al juez Ariel Lijo sin sus abogados, y en todo momento estará obligada a decir la verdad.

Nechevenko deberá explicar los pormenores de la operación. Hasta ahora se conoció que dos jubiladas, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64), le vendieron en noviembre de 2025 el departamento de 199 metros cuadrados al matrimonio, con ciertas facilidades. Fue mediante un crédito hipotecario de 200 mil dólares, del cual ambas son acreedoras en partes iguales.

El diario La Nación contactó a ambas mujeres. Una de ellas dijo no conocer a Adorni y la otra no contestó.

Con el crédito, el jefe de Gabinete habría cubierto el 87% del valor del piso en Miró. No obstante, el fiscal Pollicita buscará saber a ciencia cierta cuánto vale la propiedad, y por eso trabaja en el requerimiento de una tasación del departamento, según adelantaron fuentes judiciales.

Otra línea de investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal N° 11 es la que corresponde a la casa de Indio Cuá. Es que en las últimas horas, a partir de documentación que enviaron a la Justicia el Municipio de Exaltación de la Cruz y la administración del barrio privado, se confirmó que esta propiedad figuraba a nombre de Juan Ernesto Cosentino, un operador bursátil que, hasta ahora, no fue llamado como testigo.

Otros documentos, como las expensas de la propiedad, aparecen bajo la titularidad de Angeletti, la esposa de Adorni. Según la denuncia que originó el caso, los precios de las casas en ese barrio privado “oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000, dependiendo de la superficie y ubicación del lote”.

Aunque el análisis está en pleno desarrollo, las fuentes consultadas no descartan que la irregularidad en la escritura se deba a una demora en el papeleo.

Esto, claro está, no resuelve la duda central, que es cómo hizo el matrimonio Adorni-Angeletti para comprar casi al mismo tiempo, en noviembre pasado, el departamento de Caballito y la casa en Exaltación de la Cruz. Todo esto sin desprenderse de las propiedades que ya tenían en Parque Chacabuco y La Plata.

También están en trámite informes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, para saber cuántos vehículos tiene la pareja, y la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por Adorni, incluyendo los anexos reservados, de los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

En su denuncia, la diputada nacional Marcela Pagano -que llegó a su banca de la mano de La Libertad Avanza- advirtió un “desproporcional incremento patrimonial” por parte de Adorni, a partir de que la casa de Indio Cuá no fue declarada en su declaración jurada.

“Se advierten severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los dieciséis millones de pesos ($16.000.000) declarados al inicio de su gestión”, dice el escrito que presentó la legisladora.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, llevará adelante la causa en la que se investiga el vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que se llevaba un 40% de comisión por las gestiones comerciales de la entidad deportiva en el exterior.

Así quedó definido este miércoles, luego de que el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibiera de seguir a cargo de un expediente que también estaba detrás del presunto desvío de más de 300 millones de dólares.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 a cargo de Paula Petazzi, una tercera magistrada que también seguía el caso, ya había tomado la misma decisión el martes pasado, al entender que existía una “conexidad” en los objetos procesales.

El juez González Charvay también está a cargo de la causa por la mansión de Pilar que habría sido comprada mediante testaferros y que se les atribuye a los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Esa investigación también se encuentra en disputa. Esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal suspendió la audiencia en la que se iba a definir quién se queda con el caso, que puede seguir en Campana o bien regresar al fuero Penal Económico o a Comodoro Py, donde se había iniciado la instrucción.

El caso TourProdEnter

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora investigaba a la empresa de Faroni y Gillette que está radicada en los Estados Unidos como una ramificación del caso “Sur Finanzas”, por el que el juez Armella viene de ordenar una serie de medidas y llamados a indagatorias.

Sucede que TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina.

Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.

La empresa del exdiputado provincial y su esposa se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. La investigación apunta a esclarecer si ese dinero terminaba en “sociedades fantasmas” constituidas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marnasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, de las cuales algunas estarían vinculadas al tesorero de la AFA.

Al pedir la inhibición de los jueces Armella y Petazzi, el Juzgado Federal de Campana remarcó que “surge que el delito de administración fraudulenta investigado habría afectado intereses federales, en particular, se desprende la posible afectación al sistema tributario argentino”.

En su fallo de este miércoles, el juez de Lomas de Zamora también se desprendió de las averiguaciones secundarias que mantenía sobre los involucrados en torno a la mansión de Pilar.

Se inhibió de investigar “los hechos pesquisados sobre los presuntos pagos realizados por la AFA a Real Central S.R.L. y el entramado empresarial en el que intervendrían los directivos de esa empresa, Luciano Nicolás Pantano, Ana María Conte y personas jurídicas y físicas vinculadas, y finalmente a las presuntas operatorias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con las firmas Soma S.R.L., Malte S.R.L y Nuevo Holding, Bilbao S.A.”, según plasmó en la resolución a la que accedió Infobae.

El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó este lunes por retención indebida de aportes a las máximas autoridades del la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y en su resolución de 140 páginas realizó un exhaustivo análisis de los movimientos financieros de la organización, que revelaron una holgada capacidad económica para cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales.

Según acusó el juez, la entidad comandada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino habría incumplido deliberadamente con los pagos al fisco, además de acceder a planes de facilidades de pago no por una necesidad financiera genuina, sino como un “mecanismo de refinanciamiento” para postergar el ingreso de tributos y disponer de fondos públicos.

La evidencia muestra incluso que solamente con los intereses que percibían por plazos fijos, en determinados períodos podrían haber saldado el total de las deudas con el ARCA.

El juez Amarante expuso en su fallo cómo la AFA gestionó sumas multimillonarias a través de transferencias entre sus propias cuentas, ingresos del exterior, operaciones de compra y venta de dólar MEP y la recepción de créditos.

Todo esto, para la Justicia, exhibe un marco en el que la Asociación contaba con una “sobrada capacidad” económica para cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales, además de una holgada liquidez que contradice cualquier argumento de imposibilidad de pago.

Operaciones en la Argentina y el exterior

El Juzgado en lo Penal Económico N° 5 identificó cuentas bancarias en al menos cuatro entidades financieras, con un flujo de activos significativo. Las cuentas del Banco Credicoop, en particular la N° 191.218.000001.6 y N° 191.218.004435.7, fueron señaladas como las de mayor volumen de operaciones y utilizadas para el cumplimiento de obligaciones.

La AFA realizó operaciones de compra y venta de dólar MEP y títulos valores, generando ingresos millonarios. Por ejemplo, el 30 de abril de 2024, se registró un crédito de más de $1.443 millones en una cuenta del Banco de Servicios y Transacciones (BST), proveniente de la comercialización de instrumentos financieros radicados en el exterior. Este movimiento, que incluyó el cobro de una comisión por comercio exterior, cubrió un saldo negativo superior a $500 millones.

El 2 de mayo de 2024, un nuevo crédito por el mismo concepto sumó más de $975 millones. En la misma fecha, se realizaron dos débitos por $1.400 millones y $950 millones, respectivamente, que correspondían a transferencias a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop, mediante operaciones con dólar MEP.

Esta operatoria de fondeo de cuentas a través de activos del exterior se repitió al menos 13 veces en mayo de 2024, sumando un total de $12.374 millones, según estableció el juez Amarante.

En septiembre de 2024, se registraron otros tres créditos en el Banco de Servicios y Transacciones por más de $902 millones, $852 millones y $480 millones, también por comercialización de instrumentos financieros. Estos ingresos cubrieron un saldo negativo superior a $1.500 millones.

Simultáneamente, hubo otras cuatro recepciones de transferencias mediante operaciones con dólar MEP por más de $2.582 millones, siempre a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop. Esta operatoria se corroboró al menos cinco veces en septiembre de 2024, sumando $2.893 millones.

En junio de 2025, se observaron ocho créditos consecutivos por un total de $4.165 millones en el Banco de Servicios y Transacciones, provenientes de la venta de divisas radicadas en el extranjero. Estos fondos cubrieron un saldo negativo superior a $700 millones. Un débito de más de $4.093 millones se registró el mismo día, correspondiente a una transferencia a otra cuenta de la AFA en el Banco Credicoop. Esta operatoria se repitió en otras cuatro ocasiones durante el mismo mes, por un total de $5.880 millones.

En septiembre de 2025, se registraron seis créditos consecutivos por un total de $6.890 millones en el BST, nuevamente provenientes de la venta de divisas del exterior, que cubrieron un saldo negativo superior a $400 millones. Dos débitos por más de $5.709 millones y $1.013 millones se registraron el mismo día, otra vez correspondientes a transferencias a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop.

Esta modalidad se reiteró otras cuatro veces en septiembre, sumando $10.435 millones.

“Tales extremos evidencian, una vez más, la magnitud del flujo de fondos administrado por la Asociación del Fútbol Argentino durante el período bajo análisis. En ese contexto, los valores consignados permiten concluir que la entidad contaba con una capacidad económica suficiente y sostenida para afrontar en tiempo y forma las obligaciones tributarias aquí imputadas”, determinó el juez.

Los pagos a los clubes

La AFA realizó erogaciones significativas a clubes afiliados. En abril de 2025, la cuenta N° 191.218.000001.6 del Banco Credicoop registró ingresos por más de $65.205 millones, principalmente de dos transferencias del Banco Comafi por más de $17.816 millones y $17.592 millones.

El 5 de mayo de 2025, la AFA transfirió $1.000 millones a 23 clubes de primera división. Un día después realizó transferencias por $21.875.000 a 26 equipos de la B Nacional, $6.640.625 a otros 17 clubes, y $3.515.625 a otros 57 clubes del ascenso.

También se registró una transferencia de $1.050 millones a una cuenta propia de la AFA y aparte figuran otras tres transferencias de $1.000 millones a Talleres, Gimnasia y Esgrima La Plata y Belgrano.

Ingresos por patrocinios

La AFA recibió ingresos sustanciales de distintos acuerdos comerciales.

La firma The Walt Disney Company Argentina S.A. transfirió más de $25.831 millones entre marzo de 2024 y noviembre de 2025 a la cuenta N° 191.218.008653.1 del Banco Credicoop. En agosto de 2024, hubo otra por $1.034 millones, y operaciones similares se verificaron en febrero, marzo, mayo y junio de 2025.

YPF transfirió un total de $2.345 millones a la AFA entre noviembre y diciembre de 2024, y abril, junio, julio y agosto de 2025.

Adidas Argentina S.A. efectuó pagos por un total de $14.035 millones en noviembre y diciembre de 2024, y marzo y mayo de 2025.

A modo ilustrativo, el juez Amarante resaltó en su fallo que solamente en mayo de 2025 la AFA percibió más de $1.376 millones de parte de Adidas y Disney, mientras que sus obligaciones tributarias vencidas con el ARCA en ese período sumaban $529 millones.

Plazos fijos

La AFA mantuvo una gran suma de dinero invertida en 24 plazos fijos con el Banco Credicoop.

En pesos argentinos, se depositaron más de $31.999 millones, generando intereses por más de $5.638 millones entre abril de 2024 y julio de 2025.

En dólares estadounidenses, las colocaciones alcanzaron los U$S 7.400.000, generando intereses por U$S 48.835,57 entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025.

En algunos casos, los intereses generados por los plazos fijos habrían sido suficientes para cubrir las obligaciones tributarias adeudadas. Por ejemplo, en marzo de 2024, los intereses devengados por un plazo fijo superaron en un 14,71% la deuda total imputada por el organismo recaudador, según consta en el procesamiento.

El fallo del juez Amarante será apelado ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico por las defensas de Tapia, Toviggino y el resto de los imputados: Cristian Ariel Malaspina, secretario general de AFA y presidente de Argentinos Juniors; Víctor Blanco, ex secretario general de la entidad y ex presidente de Racing Club; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la entidad deportiva.

A todos les atribuyen los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y reiterado, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la prohibición de salida del país para los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino, en el marco de una causa en la que esta semana fueron procesados por retención indebida de aportes.

La medida, ordenada en febrero por el juez Diego Amarante y ratificada ahora por la Sala A del tribunal, consideró que la restricción es razonable para asegurar la sujeción de los imputados al proceso judicial.

El fallo podría ser un obstáculo para la presencia de Tapia y Toviggino en el Mundial de Fútbol 2026, que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Si la prohibición se mantiene hasta entonces, el presidente y el tesorero de la AFA dependerán de la autorización del juez Amarante para viajar.

Una prohibición “no absoluta”

Las defensas de Tapia y Toviggino argumentaron que la prohibición que les impuso el juez Amarante carecía de fundamentación y era arbitraria.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Cámara en lo Penal Económico, concluyeron tras analizar las apelaciones que la decisión de primera instancia se apoya en razones válidas y no tiene contradicciones con el estado de la causa.

Las defensas plantearon una mera “discrepancia con los criterios” del juez de grado, resolvieron los camaristas.

Un aspecto relevante en la consideración de la Cámara fue, precisamente, el procesamiento sin prisión preventiva a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, que Amarante firmó el último lunes.

El presidente y el tesorero de la AFA fueron acusados como presuntos coautores penalmente responsables de apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 ocasiones, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades.

La Cámara en lo Penal Económico, sin emitir una opinión sobre el fondo de la decisión de procesamiento -que aún no está firme y será objeto de una apelación paralela-, evaluó la situación procesal actual de Tapia y Toviggino y concluyó que la medida de prohibición de salida del país, en las condiciones particulares del caso, es razonable para garantizar que los imputados permanezcan a disposición del proceso judicial.

El tribunal aclaró que esta medida no constituye una prohibición absoluta de salida del país. Lo que implica es que los imputados deben solicitar autorizaciones específicas al Juzgado en lo Penal Económico N° 5 para ausentarse del territorio nacional, una disposición que busca asegurar la comparecencia de los imputados cuando su presencia sea requerida por el juez.

Noticia en desarrollo

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Luis Armella, citó a declaración indagatoria a Maximiliano Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, y a otros 13 presuntos cómplices que integraban la estructura acusada de haber montado una asociación ilícita destinada a lavar dinero proveniente de los clubes del fútbol argentino.

La investigación que lleva adelante la fiscal federal Cecilia Incardona, con colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) que dirige el fiscal Diego Velasco, sostiene que Sur Finanzas habría operado un sistema financiero ilegal, captando fondos, otorgando préstamos y administrando capitales al margen de la normativa vigente.

Se presume que obtenían beneficios económicos mediante el cobro de intereses abusivos y otras prácticas prohibidas, generando activos ilícitos que luego eran gestionados a través de una estructura empresarial compleja para darles apariencia de legalidad.

Las audiencias de declaración indagatoria se programaron entre el 5 de mayo y el 30 de junio del corriente año. Vallejo es el primero que deberá presentarse en los Tribunales de Lomas de Zamora.

El caso

En diciembre del año pasado, el juez Armella ordenó una ola de allanamientos a la Asociación del Fútbol Argentino, sedes de distintos clubes y domicilios vinculados a Sur Finanzas. Todo surgió a partir de una denuncia por estafa y lavado de Auriga League S.A., una empresa que le habría otorgado a Banfield un préstamo de dos millones de euros que supuestamente no fue devuelto.

Entonces comenzó a desentramarse el vínculo entre Sur Finanzas, Banfield y el resto de los clubes con los que se detectaron vínculos sospechosos: San Lorenzo de Almagro, Argentinos Juniors, Estrella del Sur de San Vicente y el Club Atlético Temperley, entre otros.

La investigación de la fiscal Incardona detalla que la financiera habría generado ganancias ilícitas a costa de los clubes mediante un conjunto de prácticas financieras abusivas y fraudulentas, que se detallan a continuación.

• Condiciones financieras abusivas en operaciones de descuento de cheques: Sur Finanzas habría aplicado tasas y términos excesivos al descontar cheques de los clubes, aprovechándose de su necesidad de liquidez. Esto generaba un perjuicio económico para las entidades deportivas y un beneficio desproporcionado para Sur Finanzas.
• Suscripción de mutuos usurarios: Se habrían celebrado contratos de préstamo con los clubes bajo condiciones de usura, es decir, con intereses extremadamente altos que superaban los límites legales o éticos. Esto resultaría en una carga financiera insostenible para los clubes y un enriquecimiento ilícito para la organización.
• Obligación de utilizar el medio de pago provisto por la firma: Los clubes habrían sido forzados a emplear un sistema de pago específico ofrecido por Sur Finanzas.
• Contratos de sponsorización simulados o carentes de ejecución real: Se habrían firmado acuerdos de patrocinio con los clubes que, en realidad, no tenían una contraprestación efectiva o eran meras fachadas para transferir fondos. Estos contratos simulados permitirían justificar movimientos de dinero que, en esencia, eran parte de la obtención de ganancias ilícitas, dándoles una apariencia de legalidad.

La supuesta asociación ilícita liderada por Ariel Vallejo habría operado desde el 21 de septiembre de 2020 hasta el 1 de diciembre de 2025, época en la que el empresario fue construyendo su influencia dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, de la mano de su presidente Claudio “Chiqui” Tapia.

Entre los ilícitos detectados por la fiscal Incardona también se encuentra la retención indebida de aportes a la Seguridad Social por parte de Sur Finanzas Group S.A., que habría retenido y no depositado más de 46 millones de pesos en impuestos.

En cuanto al lavado de activos, la acusadora pública ubicó el negocio en un monto superior a 108 millones de dólares.

Esos fondos tendrían su origen en infracciones al Régimen Penal Cambiario y operaciones de intermediación financiera no autorizada, a través de Centro de Inversiones Concordia S.R.L., donde Vallejo, su madre y su exsuegra actuaron como socios gerentes.

Además, este capital ilícito habría servido para la posterior constitución de otras sociedades que conformaron el holding Sur Finanzas.

La lista de imputados y más medidas

Maximiliano Vallejo fue citado por asociación ilícita y lavado de activos agravado. Su madre Graciela Vallejo, Silvia Torrado, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Sena Argis y Maite Lorenzo -pareja de Vallejo- también fueron convocadas por los mismos delitos, en calidad de miembros y coautoras de lavado de activos.

Gerardo Carrozza enfrentará cargos por asociación ilícita como miembro y lavado de activos como partícipe primario. Juan Ramón Cervín, Sergio Da Silveira, Rolando Soloaga y Daniela Sánchez fueron citados por asociación ilícita y lavado de activos como partícipes secundarios.

Finalmente, las empleadas Micaela Sánchez, Susana Hoffmann y Nahiara Gamarra fueron llamadas a indagatoria por asociación ilícita.

Además de las personas físicas, los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia S.R.L. deberán presentarse a declarar por lavado de activos.

Como parte de las medidas cautelares, se impusieron a los imputados la obligación de presentarse mensualmente ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, la prohibición de salir del país sin autorización previa y la prohibición de contactarse con otros investigados en la causa, salvo familiares.

En el ámbito patrimonial, el juez Armella ordenó el secuestro de diez vehículos, en su mayoría de alta gama. Entre ellos, un Audi Q2 a nombre de Ariel Vallejo; un Mercedes Benz GLC 300 Coupe AMG-LINE y un Alfa Romeo Stelvio Veloce, ambos registrados a nombre de Graciela Beatriz Vallejo.

Los siete vehículos restantes, que incluyen modelos Toyota SW4, Citroën C3, Volkswagen Vento, Peugeot 208 y BMW 320 I, figuran a nombre de Sur Finanzas Group.

Asimismo, se decretó la inhibición general de bienes para las 15 personas involucradas y para 16 empresas vinculadas al grupo Sur Finanzas.

La Justicia Federal de Lomas de Zamora dispuso también la prohibición de innovar y la inmovilización de cuentas bancarias y billeteras virtuales para los principales imputados, así como el levantamiento del secreto bancario, financiero, fiscal, bursátil y de la Unidad de Información Financiera.

Esta medida busca profundizar el análisis de su situación tributaria, patrimonial y financiera desde 2022 hasta la fecha, incluyendo datos del ARCA, ARBA, AGIP, la CNV y una larga lista de registros y bases de datos públicas y privadas.

Finalmente, se encomendó a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO) la elaboración de un informe patrimonial exhaustivo sobre las personas a indagar, para graficar sus posibles vínculos con las ganancias ilícitas del holding Sur Finanzas y analizar la justificación de su evolución patrimonial.

Más causas

En paralelo, también está en curso una segunda causa -iniciada por una denuncia de ARCA- a cargo de Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora.

En esa investigación se detectó una evasión del Impuesto a los Débitos y Créditos estimada en $3.327 millones y un volumen total de operaciones sospechadas de $818.000 millones.

La acusación sostiene que Sur Finanzas habría hecho operar en el mercado a personas sin capacidad económica real -monotributistas de bajo perfil, no inscriptos y contribuyentes apócrifos- para ingresar al sistema financiero fondos de origen ilícito.

La fiscal Incardona impulsó, hasta ahora sin éxito, el traslado de ese expediente al Juzgado que subroga Armella. La cuestión se definirá en la Cámara Federal de Casación Penal, que ayer habilitó la discusión sobre el recurso del Ministerio Público.

La ex primera dama Fabiola Yañez está citada este martes en los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para someterse a una pericia psiquiátrica y psicológica, a pedido del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, quien la denunció por amenazas y obstrucción de contacto con su hijo.

La causa tramita ante el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 porteño, y es un caso paralelo al de violencia de género en el que el exmandatario está procesado y cerca de ser elevado a juicio oral y público.

El punto central del peritaje que se le practicará a Yañez apunta a establecer si, al momento de los hechos denunciados por Alberto Fernández, “se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones”.

Fabiola puede no presentarse al estudio. En ese caso, la pericia se llevará adelante de cualquier forma a partir de sus historias clínicas, que están incorporadas al expediente.

La decisión de realizar esta evaluación surgió a partir de lo dispuesto por la Cámara de Casación y Apelaciones del fuero, el pasado 27 de octubre. Ese tribunal es el que estableció los puntos específicos que los profesionales deberán abordar durante la pericia.

La pericia buscará concluir: cuál era el estado de las facultades mentales de Fabiola Yáñez; si padecía una “alteración morbosa de sus facultades” o un “estado de inconsciencia” por el consumo de alcohol o psicofármacos; si esa supuesta alteración le habría “impedido a la imputada comprender la criminalidad de los hechos atribuidos”; y si esa condición “le habría impedido dirigir sus acciones conforme a esa comprensión”.

El juez que ordenó la pericia, Christian Brandoni Nonell, en línea con lo ordenado por la Cámara de Casación, decidió no incluir un punto propuesto por Alberto Fernández que buscaba determinar si las conductas de impedimento de contacto y amenazas investigadas podrían ser consideradas un síntoma o manifestación de la patología de base que tendría Yañez, y si esta condición podría interferir en su capacidad para reconocer y priorizar las necesidades afectivas y el derecho del niño a mantener un vínculo con ambos progenitores.

Esta exclusión se fundamentó, esencialmente, en que esa conclusión se corre de lo que interesa a la investigación penal en curso, y parten de la premisa de que las imputaciones ya se tienen por probadas.

Otro punto saliente es el que solicitaba informar si Yañez, en su estado actual, implica un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, y si se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal. Solo se llevará adelante si la ex primera dama se presenta en los tribunales.

Alberto Fernández designó a un perito de parte de renombre y prestigio. Se trata de Rafael Herrera Milano, médico especialista en Psiquiatría y Medicina Legal.

Herrera Milano viene de trabajar en otras causas de resonancia pública: trató a la actriz Julieta Prandi y participó del juicio por abuso sexual, dictaminó que el empresario Enrique Pescarmona no estaba en condiciones de ser juzgado en la Causa Cuadernos -fue sobreseído un día antes del debate-, y también firmó la pericia con la que condenaron al femicida Fernando Farré.

A las 19:01 del 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei hizo un posteo en Twitter en el que difundió el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA. Allí publicó un código alfanumérico de 44 caracteres necesario para operar el token. Cómo consiguió esa información sigue siendo una de las grandes incógnitas en el expediente que instruye el fiscal Eduardo Taiano, aunque las pruebas obtenidas del peritaje al celular del lobista Mauricio Novelli son sugerentes: además de los llamados frenéticos durante el lanzamiento que ya se habían conocido, ahora se suman nuevos audios que dan cuenta de la influencia que tenía el empresario sobre el jefe de Estado y sus redes sociales.

Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum Argentina y presunto nexo entre la Casa Rosada y Hayden Davis -quien lanzó $LIBRA a través de su empresa Kelsier Ventures-, tenía en su iPhone 16 exactamente 4771 archivos que fueron recuperados por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en su WhatsApp.

Infobae tuvo acceso a todas esas grabaciones y sus respectivas transcripciones. Muchas están contrastadas con la conversación completa que mantenía Mauricio Novelli con su interlocutor, mientras que otros audios están “sueltos” y, al menos por la información que pudo cotejar este medio, no se tiene precisión exacta sobre la fecha en la que fueron enviados ni el remitente.

No obstante, tan solo el contenido de cada audio que acompaña este artículo es revelador por sí mismo. Novelli repite una y otra vez que le envía contenido a Milei para que lo publique en sus redes sociales, e incluso llega a mostrarse cansado de tener que hacerlo tan seguido.

“Genial, ahí seguro sube Milei. Ese es un tema, ¿viste?, de romperle las bolas todos los días para que suba el chabón. Pero bueno, nada, la vida. Es decir, no puedo dejar completamente de laburar, ¿entendés? Yo lo que hago, si no, a veces, ponele el viernes, es laburar menos. Pero siempre estoy, ¿entendés? Si no, viste cómo es el tema del circo, ¿no? No gira”, le dice Novelli a alguien de N&W Professional Traders.

Por aquellos años, ya siendo diputado nacional, Javier Milei promocionaba seminarios y cursos de la academia, donde también dio clases virtuales.

En otro audio a una colaboradora, Novelli expresó precisiones sobre qué haría Milei, casi como si le hubiera dado órdenes: “Ya le hablé a Milei. Hay que ver si publica o no. Ya le dije que si no publica a las once, que lo publique mañana”.

De otra grabación se desprende lo siguiente: “Necesito que hables ya con Mija (Mijail Popov, un analista cercano a Novelli) para coordinar lo del seminario. Decile eso, porque le tengo que decir a Milei que suba. Y si no llega a estar subida la historia con que ‘se anoten al seminario’, vamos a perder todo el tráfico”, pide Novelli, y aclara: “Todavía no, porque todavía no publica Milei, pero ya tener todo el link armado, cosa que yo te diga: ‘Che, publica Milei ahora’”.

Los audios permiten presumir que existía una mecánica habitual entre Novelli y el presidente para coordinar publicaciones en sus redes sociales con las que se promocionaban los negocios de sus empresas.

Luego del escándalo, Javier Milei brindó una entrevista al periodista Jonatan Viale, en el canal TN, donde afirmó que se había encontrado casualmente con el proyecto mientras navegaba por internet: “Es una información que apareció. Cuando se hizo público, por mi fanatismo por la cuestión tecnológica, difundí. Pero difundí como difundí cientos de cosas, que cuando las veo, digo, yo tuiteo. Dije: ‘Ah, apareció, vamos, vamos, porque esto ayuda a los emprendedores”.

Esta información debe ser entendida junto al resto de la prueba que aportó el análisis forense al celular del lobista, que contradice esa versión oficial.

Es que, según el análisis de la DATIP, entre los días 14, 15 y 16 de febrero del año 2025, Novelli se comunicó 38 veces con Javier Milei, su hermana Karina y el asesor Santiago Caputo.

Solamente el día del lanzamiento de $LIBRA, los cruces de llamadas fueron incesantes desde las 17:53 -una hora y diez minutos antes del posteo- y hasta la medianoche, cuando el token ya había colapsado: hubo 19 comunicaciones entre el lobista y lo que por entonces se conocía como el Triángulo de Hierro.

Se espera que durante los próximos días haya definiciones en la causa $LIBRA. Mauricio Novelli pidió la nulidad del peritaje a su celular por supuestas filtraciones desde la DATIP, además de otras irregularidades que reprochó a través de su defensa.

En paralelo, la querella que impulsan el diputado Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik pidió la indagatoria de Novelli, los hermanos Milei, Manuel Terrones Godoy, socio y organizador del evento Tech Forum, Sergio Morales, funcionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV), y otros involucrados.

Quien deberá decidir sobre estos planteos es el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, a partir de esta testimonial y de documentación recientemente incorporada a la causa, se constató que quien gestionó y pagó los pasajes fue Marcelo Grandío, amigo de Adorni y periodista de la TV Pública, quien además tiene otros vínculos comerciales con el canal estatal a través de su productora ImHouse.

El testigo compareció durante casi cuatro horas en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del juez federal Ariel Lijo.

En su declaración explicó que tiene una empresa familiar llamada “Jag Executive Aviation”, con la que adquiere vuelos en aviones privados al por mayor a operadores aéreos.

Issin, como bróker, facturó los pasajes de Adorni y su familia para volver desde Punta del Este, Uruguay, al aeropuerto de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires.

El testigo ratificó que quien pagó, tanto la ida como la vuelta, fue Marcelo Grandío, quien pasó el fin de semana largo de carnaval con el jefe de Gabinete, sus dos hijos y su esposa.

Issin había dicho al diario La Nación y repitió ahora ante la Justicia que adquirió un paquete de 10 vuelos -que incluyen ida y vuelta- por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri.

No obstante, la facturación que consta en el expediente se hizo por separado para el periodista amigo de Adorni. La ida se la cobró Alpha Centauri a la productora ImHouse, y la vuelta la facturó el bróker directamente a Grandío.

La factura del viaje de regreso a Buenos Aires se emitió el 9 de marzo -tres semanas después del vuelo- y fue por un valor de 3.000 dólares.

Una novedad que surgió de la declaración del piloto es que Marcelo Grandío pagó en efectivo e hizo llegar los billetes a través de un tal “Horacio”, según confiaron a Infobae fuentes del caso.

En la testimonial, además, el bróker Issin fue consultado sobre por qué vendió el vuelo a 3.000 dólares, ya que no cerraría con el “precio mayorista” que él pagó por el paquete, y a qué se debe la facturación tardía.

El intermediario entre los clientes exclusivos y esta compañía de aviación privada explicó sobre este punto que “si el cliente necesita bajar los costos por un determinado motivo, es usual utilizar la ‘pata vacía’ –empty leg, como se le llama en el rubro- para vendérsela a otros clientes”.

Y agregó que “puede pasar que el cliente quiera partir del destino B hacia el destino A, por lo que el avión, que está en el destino A, tiene que movilizarse hacia B. Ese tramo (de A hacia B) queda vacío y el cliente puede pedir que se utilice ese espacio para otro pasajero y así aminorar el costo”.

Tal fue el caso de Adorni y Grandio, según el piloto: pudieron ubicar en el viaje de ida a otros dos pasajeros y en la vuelta a uno en asientos libres, lo que generó un descuento en el precio.

El testigo había sido consultado por la prensa respecto de más precisiones sobre esto cuando salió del Juzgado Federal N° 4, pero prefirió guardar silencio: “No quiero hablar al respecto, pero está aclarado ese punto. También aclaré quién pagó”, dijo.

El miércoles, en conferencia de prensa, Manuel Adorni había declarado: “El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado el viaje”.

Esa misma noche hubo un operativo en las oficinas que Alpha Centauri tiene en el aeropuerto de San Fernando. Un abogado de la firma asistió este jueves a Comodoro Py para aportar una carpeta con más información.

El juez Lijo requirió también documentación de los viajes a los organismos públicos que operan en San Fernando, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

El bróker aeronáutico y piloto, además, aportó conversaciones que mantuvo con Marcelo Grandio desde el celular comercial de su empresa para gestionar la contratación de los vuelos.

“Hay un sector de la aviación ejecutiva que mueve personalidades; después si son políticos, cantantes o turistas, para nosotros es secundario”, agregó el piloto Issin en diálogo con los medios que lo aguardaron en los pasillos de Comodoro Py.

Por último, aseguró que “no conocía a Grandío ni a Adorni” antes de venderles el vuelo.

En la última conferencia de prensa, el jefe de Gabinete negó las acusaciones e intentó explicar cómo costeó tanto los viajes como las propiedades que posee junto a su esposa en Indio Cua, un country en Exaltación de la Cruz, además de un departamento en la calle Miró, barrio porteño de Caballito.

“Trabajé 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno”, se defendió Adorni.

Sobre otra casa le adjudican al jefe de ministros en la localidad bonaerense de Martínez, afirmó que “es parte de toda la operación política y mediática que se armó para dañar al Gobierno. No es contra mí, es contra el Gobierno”.

El empresario cripto y lobista Mauricio Novelli pidió la nulidad del peritaje que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizó sobre sus dispositivos, en el marco de la causa $Libra.

La petición ingresó por escrito este jueves al Juzgado Federal N° 8, cuyo titular es el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

La defensa de Novelli planteó que hubo un acceso indebido y filtración de datos por parte de funcionarios de la DATIP sin autorización, lo que comprometería la integridad de la cadena de custodia.

Asimismo, se advirtió que el análisis técnico excedió los límites que había solicitado el fiscal federal Eduardo Taiano al recolectar miles de archivos privados y comunicaciones protegidas por el secreto profesional, por ejemplo entre Novelli y su abogado.

Ante este escenario, mediante un escrito de 38 páginas al que accedió Infobae, la defensa exigió la exclusión de la prueba y solicitó una auditoría independiente que evalúe la fiabilidad del material procesado, o bien un contraperitaje a cargo de otro organismo que no sea la DATIP.

El celular de Novelli resultó ser una verdadera caja de Pandora con 812,72 gigabytes de información. Allí se encontraron, entre otras pruebas, los chats y cruces de llamadas que mantuvo con el presidente Javier Milei y su hermana Karina durante el lanzamiento del token $Libra.

Entre sus archivos también había contratos, entre ellos uno con el que pretendía convertir a Hayden Davis y su empresa Kelsier Ventures en asesores en materia de criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial.

La filtración

El procurador interino Eduardo Casal radicó una denuncia por la posible filtración del peritaje, que tramita ante el Juzgado Federal N° 10.

Según consta en ese expediente, la DATIP remitió un informe preliminar de la pericia en noviembre y la versión definitiva fue entregada en enero. Las copias habrían ocurrido recién en marzo.

Una investigadora del organismo, sin vínculo administrativo ni autorización, habría accedido a documentos, los copió y almacenó localmente. A partir de ese hallazgo se inició un sumario administrativo interno.

“Existe una constatación institucional, proveniente del propio órgano jerárquico de DATIP, de que personal de la dependencia accedió indebidamente a documentación vinculada al peritaje”, sostuvo la defensa del lobista.

En caso de que el juez Martínez De Giorgi entienda que no existió una irregularidad en la cadena de custodia -y que por ende no declare la “nulidad total” de la prueba- el abogado de Novelli, Daniel Rubinovich, pidió subsidiariamente que se dicte la nulidad de todo segmento que no se ajustara a los parámetros fijados, que estuviera fuera de los márgenes temporales o subjetivos habilitados, o que estuviera alcanzado por el secreto profesional o la intimidad.

Además, la defensa pidió la suspensión de cualquier otra medida de prueba o trámite que haya surgido a partir del informe cuestionado hasta que se resuelva este planteo.

Finalmente, Novelli reclamó la aplicación de la teoría del fruto del árbol envenenado, que lleva a la descalificación de toda prueba que haya surgido a partir del peritaje, si es que se lo considera inválido.

$LIBRA no era el único token que estaba en los planes de los empresarios cripto que rodearon al presidente Javier Milei hasta el 14 de febrero del año pasado, cuando estalló el escándalo: también existió $ARG, otro activo detrás del que estuvieron el lobista Mauricio Novelli, el CEO de Kip Protocol Julian Peh y Hayden Davis, de Kelsier Group.

Este segundo token ya estaba en el radar del caso, pero ahora apareció un acuerdo de confidencialidad y exclusividad celebrado entre Peh y Davis que entregó novedades sobre la criptomoneda y cómo operaron los involucrados en el presunto caso de corrupción que sacude al gobierno libertario.

El documento fue hallado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) en uno de los dispositivos secuestrados a Novelli, quien lo tenía almacenado entre sus archivos. Forman parte de la causa que instruye el fiscal federal Eduardo Taiano.

El acuerdo

El pacto de confidencialidad lo firmaron Julian Peh -cuyo verdadero nombre es Peh Chyi Haur- y Kelsier Holdings Limited, la empresa offshore que Hayden Davis constituyó en las Islas Vírgenes Británicas.

Peh es un empresario tecnológico singapurense, con cierta trayectoria. A Davis, oriundo de los Estados Unidos, no se lo conocía más que por el lanzamiento de la memecoin $Melania, en alusión a la esposa de Donald Trump.

Ambos se reunieron con Javier Milei en Casa Rosada. Desde el 30 de enero de 2025, cuando Hayden Davis visitó Balcarce 50, en la comunidad cripto llovieron las especulaciones sobre la creación de un token libertario.

El 13 de febrero de 2025, un día antes del lanzamiento de $LIBRA, Julian Peh acordó por escrito -y bajo estricto secreto- “trabajar juntos para lanzar el Token $ARG” con Kelsier Holdings Limited.

Se sospecha que Novelli estuvo ahí para la firma. La geolocalización lo ubicó aquel día en Dallas, Estados Unidos, junto a su socio para el Tech Forum Argentina, Manuel Terrones Godoy. Hay fotos de ambos en eventos deportivos y el diario Clarín publicó una imagen de un partido de la NBA en el que los empresarios argentinos investigados comparten la tribuna con el padre y el hermano del creador de $LIBRA.

En el acuerdo de confidencialidad que se le encontró a Mauricio Novelli hay un artículo en el que dejaron asentada la jerarquía y los roles de cada parte: “Peh acepta llevar a cabo todas las actividades de cara al público previas y posteriores al lanzamiento del Token. Al realizar estas actividades, Peh acepta actuar únicamente bajo instrucciones directas de Kelsier”.

Es decir, Davis daría las órdenes y Peh sería la cara visible del proyecto.

En el tercer punto del anexo del contrato, las partes aceptan y reconocen que “todas las discusiones relativas a los honorarios de Peh sobre este entendimiento fueron acordadas verbalmente”.

El ingeniero especializado en cripto Fernando Molina había revelado en marzo del año pasado varios puntos de contacto entre $LIBRA y $ARG que permitían inferir que habían sido impulsadas por el mismo grupo.

Entre la información que divulgó están los metadatos de $ARG, cuya descripción fue: “Como símbolo de este movimiento y en honor a las ideas libertarias de Javier Milei, el token $ARG está diseñado para fortalecer la economía argentina desde la base, apoyando el emprendimiento y la innovación”.

El lanzamiento fue el mismo 14 de febrero en el que $LIBRA voló y se desplomó en cuestión de minutos.

Cabe destacar que en el teléfono de Novelli no hay menciones a $LIBRA antes del escándalo. Recién aparece en los comunicados y mensajes privados posteriores al colapso.

Aquel día de los enamorados, según se desprende del cruce de llamados que encontró la DATIP en el iPhone de Novelli, el lobista tuvo comunicaciones frenéticas con Milei mientras se ponían en marcha las cuentas de $ARG y $LIBRA.

El lobista y cofundador de la academia N&W Professional Traders, donde el jefe de Estado daba clases, lo llamó a las 18:44, pero no recibió respuesta. Según reconstruyó Fernando Molina, exactamente en ese momento se fondeó la cuenta que creó el token $ARG tres minutos más tarde.

Milei y Novelli hacen otras tres llamadas apenas después, a las 18:54, 18:56 y 18:58. A las 19:01 el presidente posteó en su cuenta de Twitter el enlace para operar la criptomoneda que movió millones de dólares. $ARG, en cambio, no tuvo promoción alguna tras su lanzamiento al mercado.

Media hora antes del posteo del mandatario, el mismo grupo habría creado otro token llamado $MILEI, que tampoco tuvo difusión u operaciones relevantes, ni aparece entre la documentación que tenía Novelli en sus dispositivos.

El especialista Fernando Molina, en diálogo con Infobae, analizó los movimientos y brindó una interpretación de todos estos datos: “Para mí, LIBRA fue un nombre de último momento. Algo que pensaron sobre la marcha. Esa es mi teoría desde el día uno. Ya se venía hablando de que el presidente podía sacar un token desde el 30 de enero cuando se juntó con Davis. Creo que la manera de evitar que otros accedieran al token antes que ellos era poniéndole un nombre que no tiene relación con nada. Pero creo que LIBRA fue algo que hasta decidieron el mismo día”.

Si ese fuera el caso, el acuerdo de confidencialidad y exclusividad firmado entre Peh y Davis por $ARG podría ser el documento con el que sellaron su sociedad para lanzar la presunta estafa de $LIBRA.

En adhesión, Molina planteó: “Por la forma en que fue creado el token $MILEI, parecería que fue un token de prueba, o a lo sumo un token mal creado (porque compartían la metadata con LIBRA, tenía su imagen, inclusive antes de que LIBRA fuera creado). $ARG es un token independiente con sus propios datos. O tenían el plan de sacar varios tokens o hubo algún intento de último momento de sacar ARG en vez de LIBRA”.

Sergio Massa declaró este miércoles como testigo en el juicio de “Sueños Compartidos”, que tiene entre los acusados al exministro de Planificación Federal Julio De Vido y a los hermanos Schoklender, quienes fueron apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

Massa respondió preguntas sobre los proyectos de vivienda que se llevaron a cabo en Tigre mientras él era intendente, y reconoció que hubo incumplimientos que obligaron al Municipio a hacerse cargo de las obras que no terminó la Fundación.

El dirigente del Frente Renovador declaró bajo juramento ante el Tribunal Oral Federal N° 5, en Comodoro Py. Llegó minutos antes de las 10:30 y comenzó con su testimonio media hora más tarde.

En Tigre, la Fundación de las Madres ejecutó obras en los barrios Cina Cina, San Pablo y Villa Garrote. El primero se construyó desde cero, mientras que los otros fueron reurbanizaciones de asentamientos precarios, donde miles de familias vivían en estado de vulnerabilidad.

“Se demolían las viviendas del asentamiento y la misma gente del barrio construía las casas”, recordó Massa.

El dirigente tigrense evitó responder algunas consultas de las defensas y la Fiscalía sobre, por ejemplo, adelantos financieros a la Fundación y firma de convenios, ya que entre 2005 y 2011 -el período investigado- alternó en el cargo con el intendente interino Julio Zamora para asumir primero como jefe de Gabinete y luego como diputado nacional.

En su declaración, Massa ponderó la misión social que tenía el proyecto y valoró que “sin dudas tuvo un impacto positivo en la comunidad”, porque muchos vecinos “de vivir en casas de chapa con piso de tierra pasaron a tener un departamento”.

También recordó que Néstor Oyarbide, el fallecido juez que instruyó la causa, inspeccionó las obras en Tigre y estableció que el balance entre certificaciones, pagos y acopio de materiales, para ese momento, “estaba en equilibrio”.

A continuación, la Fiscalía le exhibió al excandidato a presidente un informe de avance de las obras de 2011 elaborado por Malena Galmarini, su esposa y entonces secretaria municipal de Políticas Sanitarias.

Ese documento concluyó, según expuso la acusación, que luego de haberse otorgado 26 certificados el proyecto de viviendas había avanzado apenas un 33.74%.

Fue entonces que Massa advirtió que “hubo incumplimientos” de parte de la Fundación y “a partir de eso fue que el Municipio decidió continuar las obras” con financiamiento propio.

No obstante, el exintendente no fue consultado respecto de qué irregularidades existieron puntualmente.

Massa aclaró que “posterior a mi salida en 2009 del Gobierno nacional”, no volvió a reunirse con funcionarios del Ejecutivo con competencia en el programa Sueños Compartidos, dado que “la relación había quedado muy tensa”.

Por último, admitió haberse reunido dos veces con los hermanos Sergio y Pablo Schoklender. La primera fue para que los hoy acusados le presentaran “lo que estaban haciendo y el trabajo de la Fundación” y la segunda vez “porque habían tenido alguna complicación con la secretaria de Política Sanitaria y Desarrollo Humano”, Malena Galmarini.

La causa

De Vido, los Schoklender, el exsecretario de Obras Públicas José López y otros cinco exfuncionarios están acusados por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales.

Según la acusación, que encabezan los fiscales Diego Velasco y Juan Argibay Molina, a través de Sueños Compartidos existió un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado que debían destinarse a las obras.

Ese monto equivale a un 23% de los 748 millones de pesos que transfirió para las obras la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal.

Además, las obras habrían sido adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El caso tiene como particularidad una lista de testigos entre los que hay dirigentes de peso político. Antes que Massa, la semana pasada había declarado el expresidente Mauricio Macri.

El diputado Miguel Ángel Pichetto y los exgobernadores y actuales senadores Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich también aportarán su versión de los hechos, aunque por escrito.

En la audiencia de este miércoles, luego de Sergio Massa, declararon como testigos los exdiputados Eduardo Amadeo, María Fernanda Reyes y Juan Carlos Morán.

Los peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) encontraron en el celular de Novelli un grupo de WhatsApp llamado “Proj. Argentina”.

Junto al lobista con llegada a los hermanos Milei integraban ese chat Iván Canales Vandewijngaerden, director ejecutivo de la consultora ICV Advisors, y Gregor Beck, quien se presenta en su LinkedIn como board member tanto del Bank von Roll de Suiza como de Degussa Goldhandel, una de las distribuidoras de oro y plata más importantes de Europa.

Las conversaciones entre Canales Vandewijngaerden, Beck y Novelli a las que accedió Infobae permiten reconstruir el paso a paso del negocio. Y, además, los chats se complementan con registros públicos: la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en Casa Rosada a los tres involucrados mientras se craneaba la idea, entre abril y noviembre de 2024.

Todo el material forma parte del expediente del caso $Libra, que está en manos del fiscal federal Eduardo Taiano y el juez Marcelo Martínez De Giorgi.

La planificación

Novelli, Canales y Beck ingresaron a Casa Rosada a las 15:10 del 5 de abril de 2024. A la reunión con la hermana presidencial también asistió August François von Finck, cuarta generación de una familia de banqueros alemanes, vicepresidente del Bank Von Roll y presidente de Degussa, donde trabaja Gregor Beck.

Para entonces, y presumiblemente desde 2023, con Milei recién llegado a la Presidencia, el grupo “Proj. Argentina” ya tenía un bosquejo de lo que sería la moneda del mandatario.

De un lado, el rostro de Milei de perfil y con el mentón en alto, y su cabello entrelazado con la melena de un león que completa el corazón de la moneda. Alrededor, el lema “¡Viva la libertad carajo!” y, en el reverso, un sol radiante.

Aún en octubre de 2024, el equipo no se decidía entre acuñar una moneda o ir por una medalla.

“Yo sigo insistiendo que debe ser moneda, validada por el banco central. Al contrario la venta sería muy menor por tema de impuestos en muchos mercados grandes como Alemania, EEUU etc!!!”, escribió Gregor Beck en el grupo que compartía con Novelli y Canales.

Y siguió: “Después debemos pensar como financiarlo. Hablamos de mucha plata y además debemos hacer un hedging entre la compra y la distribución! No son temas triviales, por eso pido que trabajemos todos juntos y con un plan antes de publicar algo. Lo peor será anunciar algo y después fracasar en la ejecución!”.

Novelli tenía en su celular, desde fines de octubre, un documento “confidencial” de la consultora ICV Advisors que servía de presentación para llevarle la propuesta a los Milei.

Allí apuntaban a potenciales compradores “nacionales e internacionales”, entre los que listaron “empresas, bancos, personas, instituciones, inversores”, entre otros, y destacaron que la moneda o medalla funcionaría para “ahorro y resguardo de valor, por el valor del metal”.

La presentación contiene también una imagen de la primera “prueba de producción” de la moneda, que fue acuñada en junio de 2024 en Alemania, con “calidad World Class”, según se desprende del archivo.

Ya en noviembre, el primero de ese mes, Novelli volvió a Casa Rosada junto al cofundador de su empresa N&W Professional Traders, Jeremías Walsh, para reunirse otra vez con Karina Milei. Es el primer encuentro -que se tenga documentado- donde el lobista le pudo haber mostrado la propuesta formal de las monedas de oro.

Ansioso porque el tema avanzaba más lento de lo esperado, ocho días más tarde Gregor Beck hizo un punteo de “temas pendientes” del proyecto y ofreció flexibilizar las cláusulas ante un eventual contrato con el Gobierno: “En caso que el equipo de JM tiene miedo estar clavado con el proveedor equivocado”, propuso -siempre por WhatsApp- “una cláusula de salida, en caso que no se definió el diseño de los productos dentro de 6 meses después de la firma del contrato” (SIC).

La inquietud de Gregor Beck contrastaba con el semblante de Novelli, quien por entonces era un cripto emprendedor de 29 años en ascenso que, lejos de la mirada pública, se preparaba para avanzar hacia otro “deal tremendo” en una noche de ópera en la Quinta de Olivos.

Novelli fue de los primeros visitantes en llegar aquel domingo. Ingresó, según consta en los registros oficiales, a las 18:38. En la residencia presidencial ya estaba Demian Reidel, y más tarde se sumaría otro exfuncionario: Diego Spagnuolo.

A la noche de ópera también se sumaron el escritor Alejandro Rozitchner, el inversor Claudio Zuchovicki y el economista e íntimo amigo del presidente, Juan Carlos de Pablo.

Con serenidad, tal como se puede escuchar en los audios que encabezan este artículo, Mauricio Novelli avisó en el grupo de las monedas de oro: “Yo hoy me junto. Al parecer hay varios detractores dentro del equipo, mucha gente que está empujando para que no salga. ‘J’ sí quiere que salga, pero bueno, hoy justamente me voy a reunir literalmente con todos, incluido él, así que voy a tener un panorama mucho más claro. Cualquier cosa que tengan que enviarme, el momento es ahora”.

“Él quiere, pero se lo tienen que habilitar”, explicó el lobista investigado en la causa $Libra. No le hizo falta aclarar quién debía dar luz verde.

El consultor Iván Canales Vandewijngaerden respondió: “Ok ojalá valla todo bien. Empujemos moneda y si no tenemos Merchandising” (SIC).

Es que el mismo grupo tenía como “plan B” vender en todo el mundo indumentaria, mochilas, recuerdos, motosierras, básicamente cualquier cosa a la que se le pudiera poner la cara y el nombre de Milei. Pero el gran negocio estaba en los metales preciosos.

Iván Canales tenía en mente vender “fácil” unas 5.000 medallas de oro y otras 20.000 de plata, según se desprende de las conversaciones que forman parte del expediente.

En cambio Beck, desesperado por concretar el lanzamiento antes de que termine el 2024, opinó que “la cantidad mínima son 1000 para que tenga sentido hacer el molde”, de las monedas respaldadas por un Estado.

“Si JM lo quiere lo hacemos evidentemente”, agregó justo antes de aquella reunión en Olivos. Recomendó acuñarlas con la empresa alemana B.H. Mayer’s Kunstprägeanstalt, uno de “los mejores fabricantes del mundo”, según Beck.

Para el día siguiente, el 11 de noviembre de 2024, el grupo empezó a pasar en limpio los números del negocio. “Para 1.000 de Oro. El precio de la de ORO 1 Onz me da US$3.150 y la de Plata 1 Onz me da US$50. Ambas más IVA”, escribió Canales Vandewijngaerden.

Y continuó: “El análisis considera 5% de Beneficencia lo que genera unos US154 k para aportar -supuestamente, para un proyecto de educación-. En el caso de NOS y Ellos, quedan US231K para cada parte. Creo que la de plata puede hacer mucho Vol. Reviso el Excel y lo comparto”.

Esa semana, los “detractores” de los que había hablado Novelli ganaron la pulseada. “Como sabemos el proyecto queda stand by x ahora. En Febrero retomamos”, se lamentó Canales por mensaje el 16 de noviembre.

Apenas dos días antes, Milei había tenido su primera foto con el magnate Elon Musk y el presidente de los Estados Unidos Donald Trump en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se hizo en Mar-a-Lago.

“Con la revolución que generó Javier en EEUU con Trump y Musk hubiéramos vendido cientos de monedas”, se quejó el consultor, aunque no bajó los brazos: “Capaz una moneda libertaria con imágenes de JM, DT y EM”.

Con sus ocasionales socios todavía entusiasmados, Novelli parecería haber pasado rápido de página, hacia un nuevo deal. A la siguiente semana, el 21 de noviembre, el lobista llevó a Casa Rosada al trader estadounidense Hayden Mark Davis, quien menos de tres meses después lanzaría la criptomoneda $Libra.

Las defensas de los 19 involucrados en la causa ANDIS pusieron en marcha sus estrategias para revertir en la Cámara Federal porteña la acusación que los ubica como integrantes de una asociación ilícita que se dedicaba a desviar fondos públicos asignados para las personas con discapacidad. Hay dos frentes abiertos en el tribunal superior: las apelaciones de los procesamientos y un reclamo para peritar los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

El último martes, los jueces de la Sala II Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah recibieron en una audiencia a dos defensas -el resto expuso por escrito- para tratar, por tercera vez, un planteo de nulidad que apunta a tumbar el expediente por la presunta falsedad u origen ilícito de las grabaciones.

La Cámara había ordenado en diciembre investigar el “origen y veracidad” de las escuchas, cuando la causa aún estaba a cargo del juez Sebastián Casanello. El 9 de febrero, este magistrado resolvió que las averiguaciones sobre los audios ya las estaba haciendo el fiscal Carlos Stornelli, en un expediente donde se investiga un supuesto espionaje ilegal a Karina Milei.

Apenas unos días después de que estallara el escándalo de Spagnuolo también se difundieron grabaciones privadas de la secretaria general de la Presidencia. El fiscal Stornelli tiene medidas en curso, aunque no hizo imputaciones.

La forma en la que Casanello acató el pedido de la Cámara Federal no contentó a las defensas, que esperaban peritajes acústicos e informáticos para saber si realmente era el extitular de ANDIS quien hablaba de las coimas y del 3%. Por eso insistieron con el reclamo ante el tribunal de apelaciones para que los camaristas renueven la orden, esta vez con un nuevo subrogante en el Juzgado Federal N° 11: Ariel Lijo.

La Sala II también dejó entrever su molestia. Un día después de esta resolución en la que Casanello se apoyó en la investigación de Stornelli, la mayoría integrada por Irurzun y Boico recordó lo que le habían encomendado al juez de grado: “No se cumplió con ello”, contestaron los camaristas.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el fiscal de la causa Franco Picardi y su par ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe defendieron en la audiencia del martes lo resuelto por Casanello, e insistieron en que el “origen y veracidad” de los audios de Spagnuolo ya se está investigando en la causa de espionaje a la hermana del presidente.

El Ministerio Público Fiscal mantiene su estrategia de evitar los audios tanto como sea posible. De comprobarse nulas, ilegales o creadas con inteligencia artificial, las grabaciones podrían poner en peligro toda la investigación. Por eso ni siquiera fueron mencionadas al dictarse los procesamientos.

Justamente, los acusados buscan imponer que los audios fueron el origen de la causa y que la Justicia estaría ante un “fruto del árbol envenenado”.

Dos dudas subyacen a toda esta discusión tribunalicia sobre las grabaciones. Primero, si la Cámara Federal reclamará al juez Lijo -como pretenden las defensas- que haga un peritaje oficial. Y segundo, ¿podría la Sala II asignarle tal relevancia a los audios como para declarar prematuros los procesamientos? Son incógnitas que se develarán una vez que el tribunal resuelva la batería de apelaciones que continuará escuchando hasta mediados de abril.

El jueves se presentó ante la Sala II Pablo Parera, defensor de Spagnuolo, para explicar por qué los camaristas deberían revertir el procesamiento. También debían hacerlo ese mismo día los abogados del exfuncionario de ANDIS Roger Grant -el único que declaró en la etapa de indagatorias-, pero los letrados faltaron a la audiencia.

“Una cosa así les cae pésimo a los jueces”, comentó ante la consulta de este medio una fuente del caso.

Los camaristas Boico, Irurzun y Farah se reservaron todos los martes y jueves para escuchar apelaciones de la causa ANDIS hasta el 16 de abril. Ese día cierra el presunto jefe para-estatal del organismo, Miguel Ángel Calvete, quien sigue preso por una condena por proxenetismo. Aguarda que le otorguen el beneficio de la prisión domiciliaria.

El arrepentido remisero Oscar Centeno, autor de los “Cuadernos de las coimas”, se negó a declarar este mediodía ante el Tribunal Oral Federal N° 7, a cargo del juicio.

El imputado colaborador, el primero de los arrepentidos de la causa, está bajo un programa de protección y por eso llegó a Comodoro Py 2002 desde un paradero desconocido y bajo custodia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Ya declararon ante los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cantero y Germán Castelli los exfuncionarios kirchneristas Claudio Uberti y Rafael Llorens.

El juicio a Cristina Kirchner y otros 85 acusados entró en fase presencial el martes pasado, con la indagatoria de la ex presidente en los tribunales federales de Retiro.

Se juzga la presunta existencia de una asociación ilícita que durante los gobiernos kirchneristas montó un esquema de cobro de sobornos a empresarios para beneficiarlos con contratos de obra pública.

El Tribunal pasó de la virtualidad a extensas jornadas presenciales que se llevan a cabo los martes y jueves.

Terminó otra jornada de juicio

El Tribunal Oral Federal N° 7 dio por concluida la audiencia tras la declaración de Gutierrez.

El debate se reanudará el jueves 26 de marzo a las 9.

Un imputado dijo que fue preso por no arrepentirse

Gerardo Luis Ferreyra, exvicepresidente de Electroingeniería, describió el episodio que vivió apenas fue aprehendido: “Antes de ver al juez me recibe el fiscal Carlos Stornelli. Yo no conocía la ley del arrepentido”, comenzó.

Según su versión, el fiscal le habría dicho: “Si vos te arrepentís, te vas con tu compañera y tus hijos. Si no te arrepentís, lamentablemente vas a tener que ir a la cárcel”.

“¿Arrepentirme de que?”, contestó Gutierrez. “De haber colaborado estos mugrientos”, aseguró que le respondió Stornelli, señalado la Casa Rosada y en referencia al matrimonio Kirchner.

“Si es por eso yo no tengo nada de lo que arrepentirme porque lo único que hice durante 12 años fue competir, ganar y perder licitaciones”, continuó el exvicepresidente de Electroingeniería

“Ahí terminó el diálogo, me hacen esposar y me llevan a la cárcel de Marcos Paz”.

Declara el exvicepresidente de Electroingeniería

Gerardo Luis Ferreyra hará un descargo oral, pero no responderá preguntas. Empezó recordando que estuvo preso nueve años durante la última dictadura.

El Tribunal rechazó planteos de las defensas y Wagner se negó a declarar

Los jueces del Tribunal Oral Federal 7 rechazaron los planteos de las defensas y ratificaron la incorporación por lectura de las indagatorias que prestaron los imputados colaboradores durante la instrucción, en este caso concreto la de Centeno.

Poco después subió al estrado el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción y también arrepentido en la causa Carlos Wagner, quien se negó a declarar y otra vez dio lugar a planteos de las defensas.

Cuarto intermedio en medio del conflicto por las indagatorias previas de Centeno

El Tribunal entró en un cuarto intermedio luego de escuchar a la fiscal Fabiana León y a la querella de la UIF que piden rechazar los planteos de las defensas y confirmar la decisión de incorporar por lectura las anteriores declaraciones indagatorias del remisero Oscar Centeno.

El arrepentido se negó hoy a declarar en su indagatoria, dijo que lo hará más adelante.

La fiscal León solicitó al Tribunal que mantenga la decisión de incorporar por lectura las declaraciones indagatorias de los imputados colaboradores, en el marco del juicio. Según sostuvo, la cuestión ya fue saldada.

“El Tribunal ya se expidió, pueden patalear, hacer lo que quieran, el Tribunal ya se expidió”, afirmó. En la misma línea, remarcó que “los acuerdos ya están incorporados”.

Las defensas quieren que Centeno hable en la audiencia

Tras la negativa del remisero Centeno a declarar ante el Tribunal, las defensas reclaman que no se incorporen como prueba sus anteriores indagatorias en la investigación del caso y que el autor de los cuadernos hable en el juicio.

“Estamos frente a un juicio de enorme trascendencia pública, estamos frente a un tribunal que ha manifestado en reiteradas oportunidades su apego a las garantías constitucionales”, advirtió el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi.

Las manifestaciones de Centeno fueron obtenidas “durante una etapa instructoria cargada de irregularidades que nos avergüenzan”, según señaló el letrado.

Beraldi, al igual que otros defensores, reclamó que los dichos de Centeno “de ninguna manera sean incorporados” y que “hable en el juicio en presencia de todos y bajo el control de las partes” para que “podamos saber si cada una de las cosas que dijo Centeno tienen lógica, coherencia y sustento probatorio”.

La defensa de Julio De Vido a cargo de Gabriel Palmeiro se sumó a los reclamos y cuestionó que se haya validado la incorporación por lectura de las indagatorias de los arrepentidos. Centeno “se remite a lo declarado en el marco de un legajo como arrepentido”, advirtió.

Se negó a declarar el chofer Oscar Centeno

El exchofer de Roberto Baratta, autor de los cuadernos de las coimas, evitó hacer declaraciones.

Reapareció hoy en Comodoro Py después de años sin ser visto, ya que se encuentra bajo un programa de protección de testigos.

Juan Manuel Abal Medina se negó a declarar

El ex jefe de Gabinete de ministros no hizo ningún descargo ni respondió preguntas.

Su exsecretario Hugo Martín Larraburu se sentó en el banquillo a continuación y también se negó a hacer declaraciones.

Uberti, amenazado: “Vivo en un estado de terror permanente”

El ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) contó que sufrió múltiples amenazas para que deje de ser imputado colaborador, y afirmó que desde hace un mes está aislado en el Hospital Central Penitenciario de la cárcel de Ezeiza.

“Ratifico plenamente mi condición de colaborador arrepentido en este juicio. Hoy no estoy en condiciones de ampliar mi declaración”, comenzó el acusado, ante una sala casi vacía.

En el penal, pasa sus días “sin posibilidad de realizar alguna actividad, con la excepción de 15 minutos para llamar y otros 15 minutos para ducharme”, relató.

“Vivo en un estado de terror permanente. Para muchos soy un buchón y no un imputado colaborador”, siguió Uberti.

Y completó: “No soy un traidor, tampoco me considero un valiente, pero sí me siento indemne y con miedo, estoy cansado y sometido a una gran angustia desde 2007″.

A Calcaterra “lo fui a apretar”, confesó Llorens

El imputado arrepentido relató una reunión ocurrida en el 2016 con el empresario y primo del expresidente Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra: “Él tenía tres o cuatro contratos de sumo interés. El soterramiento del Tren Sarmiento, una central térmica en La Plata, con la que teníamos muchos problemas técnicos, y alguna otra obra más”.

Según Llorens, el Gobierno tenía “un interés y una necesidad práctica de que se ejecutara lo antes posible, porque teníamos problemas de luz y gas”.

Entonces, dijo, lo fue a ver “en un rol político”. Y se sinceró: “Lo fui a apretar”. Sorprendida, la fiscal Fabiana León le pidió que lo repitiera, y Llorens volvió a decirlo con una sonrisa.

“Le fui a decir que necesitábamos que se terminara la obra. Una central térmica implica que mucha gente tenga luz, en el marco de una crisis energética”, completó el exfuncionario.

Rafael Llorens admitió hechos relatados en los cuadernos

Consultado por el juez Germán Castelli, el exencargado de Asuntos Jurídicos de Planificación Federal reconoció que “alguno de los acontecimientos que el señor Centeno señala en los cuadernos efectivamente puede haber sucedido”.

Recordó varios episodios descriptos que se constatan con reuniones y viajes que efectivamente se hicieron, aunque remarcó que puede haber matices: “Él marca dos veces que fui a comer con Otero en Puerto Madero, yo recuerdo una sola”.

También señaló: “Me ha llevado a Olivos, con Baratta, he viajado muchas veces con él”.

“Hay lugares -de los mencionados en los cuadernos- que uno intuye que puede haber estado, pero no puedo aseverarlo”, concluyó Llorenes

“A Centeno lo conocía”, respondió Llorens

El ex funcionario respondió que conocía al arrepentido remisero autor de los cuadernos, Oscar Centeno, quien también está en la sala de audiencias para ser indagado.

“A Centeno lo conocía por el trabajo en el Ministerio, era el chofer de Roberto (Baratta) y en algún momento me ha llevado a mí a algunos lugares”, refirió.

De Vido “nunca” le dio instrucciones contrarias a su función, dijo Llorens

Gabriel Palmeiro, abogado del ex ministro de Planificación Julio De Vido, preguntó a Llorens si su ex jefe alguna vez le pidió algo contrario a sus funciones. “Nunca me lo pidió ni sucedió”, respondió.

“Entre las bondades de haber ocupado el cargo público, tuve la suerte de que De Vido siempre me respetó mucho profesionalmente, nunca me hubiera planteado una cosa así”.

El letrado avanzó entonces sobre un punto central de la acusación y preguntó de manera directa si De Vido lo había instruido para recibir dinero. “No”, respondió Llorens.

Finalmente, ante la consulta sobre si tenía conocimiento de que el ex ministro hubiera percibido dinero, reiteró: “No”.

“No lo conozco ni quiero conocerlo”, dijo Llorens sobre Leonardo Fariña

El acusado admitió que mantuvo reuniones fuera del ámbito formal del Ministerio en el marco de la ejecución de contratos. “¿Es lo ideal? No, pero no cometí ningún delito”, sostuvo. En ese contexto, mencionó un encuentro con Ángelo Calcaterra, al que vinculó con “problemas en la ejecución de los contratos”.

También explicó que, en distintas oportunidades, intervino directamente para destrabar obras públicas. “He ido a apurar a empresarios para que llevaran adelante la obra. Por lo general eran obras absolutamente relevantes para resolver problemas que tenía el Estado en ese momento”, afirmó. En la misma línea, indicó que representó al Ministerio en conciliaciones obligatorias en distintos puntos del país.

“No era mi función, pero lo hice porque había que resolver problemas”.

Ante preguntas de la querella de la Unidad de Información Financiera cuestionó con dureza al financista arrepentido en la causa por la “ruta del dinero K” Leonardo Fariña. “No lo conozco ni quiero conocerlo”, aseguró. Y agregó que lo pidió como testigo en el juicio Cuadernos para “que venga a participar de este proceso” porque lo acusó sin conocerlo.

“Sin haber venido siquiera a mi despacho, me estuvo embadurnando con la comisión de delitos sin conocerme, que es una de las cosas raras de esta causa”.

Llorens habló de sus vínculos con empresarios ante preguntas de la fiscal León

Llorens, ex secretario de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Planificación Federal en el kirchnerismo, respondió preguntas a la fiscal Fabiana León vinculadas a encuentros con empresarios y control de licitaciones.

“He tenido reuniones dentro del Ministerio, fuera del Ministerio, en restaurantes, en oficinas de abogados de las empresas”, sostuvo al ser consultado sobre su vínculo con empresarios.

El ex funcionario explicó que, en el marco de sus funciones, se encargaba de revisar aspectos formales de los procedimientos. “Revisaba pasos de los procesos licitatorios”, indicó.

Ante la mención de los registros del chofer Oscar Centeno, que documentan supuestos encuentros en distintos lugares, Llorens no negó esos contactos y los encuadró en una dinámica habitual de trabajo y relaciones personales.

“En los cuadernos del señor Centeno se mencionan varios lugares donde he ido a comer. Hay infinidad de reuniones que se mencionan, que pueden ser formales e informales. Informales implican ir a comer con una persona con la que uno tiene relación”, afirmó.

Llorens desmintió al remisero Centeno

Rafael Llorens recordó que pasó diez meses preso y negó “rotundamente” lo que consignó en sus escritos el remisero Centeno, en relación a su participación en el presunto cobro de un soborno por parte del empresario Gerardo Ferreyra, también citado para ser indagado este jueves.

“Se me imputa en función de una nota del señor Centeno en la que teóricamente habría concurrido a un domicilio en la calle Lavalle al 400 donde funcionaban teóricamente las oficinas del señor Gerardo Ferreyra”, dijo.

Y cuestionó a Centeno: “Ese hecho que comenta el señor Centeno lo niego rotundamente, nunca estuve en la calle Lavalle al 400 con el señor Ferreyra ni con ninguno de sus empleados ni sus socios”.

También hizo una encendida defensa de la gestión de la que formó parte. “Nunca he visto que a (Norberto) Baratta le hayan dado nada y menos en presencia mía. No me puedo hacer cargo de las anotaciones del señor Centeno que opina de su trabajo y donde se dirige pero en forma alguna participa de esas supuestas entregas de dinero”.

El acusado Rafael Llorens comenzó a declarar

El ex funcionario del kirchnerismo y abogado Rafael Llorens comenzó a prestar declaración indagatoria ante el Tribunal del caso cuadernos. “Estoy orgulloso de haber participado de la gestión del doctor Kirchner y del arquitecto Julio De Vido” en esos períodos.

“De Vido transformó parte de la infraestructura argentina” bajo el gobierno de Néstor Kirchner, remarcó y reivindicó lo hecho durante los doce años del kirchnerismo.

El ex subsecretario legal del ex Ministerio de Planificación Federal dijo estar convencido de que no hizo “nada malo” y negó “haber participado de cualquier asociación ilícita. Nadie me exigió que formara parte de una asociación ilícita, ni De Vido ni Baratta ni nadie”.

En la sala también está presente Juan Manuel Abal Medina, citado para declarar en esta jornada.

Comenzó el juicio con el arrepentido remisero Centeno en la sala

El juicio por los “cuadernos de las coimas” se reanudó este jueves con la presencia del arrepentido remisero y autor de los manuscritos Oscar Centeno en la sala de audiencias, citado a prestar declaración indagatoria.

Centeno es imputado colaborador y está en un programa de protección y se sentó en la primera fila de cara a los jueces, en medio de sus abogados.

Según anticipó su defensa oficial se negaría a hablar ante los jueces. En la sala también están el ex funcionario Claudio Uberti y el financista Ernesto Clarens, también convocados para ser indagados en en esta jornada.

El falso abogado Marcelo D’Alessio, preso en la cárcel de Ezeiza por asociación ilícita, extorsión y varios delitos más, es otro de los tantos beneficiados por la nueva Ley de Inocencia Fiscal. El Tribunal Oral Federal N° 2 de La Plata lo sobreseyó en las últimas horas, en el marco de una causa por evasión de impuestos que estaba en juicio desde febrero.

La nueva normativa, publicada en el Boletín Oficial el 2 de enero de 2026, aumentó los montos mínimos de punibilidad para los evasores. Quienes hayan “simulado dolosamente la cancelación de obligaciones tributarias”, como era el caso de D’Alessio, recién serán perseguidos cuando eludan al fisco por $20.000.000 en cada ejercicio anual, como mínimo.

Así como D’Alessio, también a Lázaro Báez, a su hijo y a una enorme cifra de acusados, de la cual aún no hay precisiones oficiales, se les concedió la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna, un principio constitucional que establece que la ley posterior a la comisión de un hecho debe aplicarse si resulta más favorable para el imputado antes de su condena.

El sobreseimiento del falso abogado -mencionado por Cristina Fernández de Kirchner en su declaración de este martes, en Comodoro Py- fue firmado por el juez Nelson Javier Jarazo, del TOF N° 2 platense.

Una evasión millonaria

Según el requerimiento de elevación a juicio, Marcelo D’Alessio habría simulado adrede la cancelación de obligaciones tributarias en los ejercicios anuales 2014, 2015 y 2017 por sumas de $2.760.303,92, $6.004.077,78 y $611.787,22, respectivamente, y de $6.041.689,73 para el período fiscal 2018.

La conducta fue calificada bajo el artículo 10 del Régimen Penal Tributario, establecido por la ley 27.430, que reprimía con prisión de dos a seis años a quien evadiera impuestos de esta manera por montos superiores a $500.000 por año.

La defensa pública de D’Alessio sostuvo que, con la entrada en vigor de la Ley de Inocencia Fiscal impulsada por el presidente Javier Milei, la conducta atribuida a su defendido dejó de ser típica, es decir, ya no encuadra en el tipo penal por el que lo acusaban.

Los montos que se le imputaron como supuestamente simulados no superan el nuevo umbral establecido por la ley. Por lo tanto, su abogado Sergio Nicolás Jalil solicitó el sobreseimiento por aplicación del principio de la ley penal más benigna.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se había constituido como querellante en el expediente. Como era de esperar, el organismo se pronunció a favor del pedido de D’Alessio. Lo mismo hizo la fiscal general Patricia Luján Cisnero, que compartió la postura del fisco.

El caso Báez

El dueño del grupo Austral, condenado en la causa Vialidad junto a la expresidenta Fernández de Kirchner, recibió su sobreseimiento a un día de que empezara el juicio en su contra.

En su caso, el Ministerio Público Fiscal encontró argumentos para afirmar que el debate debía celebrarse. Según dictaminó el fiscal general Diego Velasco, la Ley 27.799 que elevó los umbrales de punibilidad representa únicamente una actualización de montos para compensar la depreciación de la moneda.

No obstante, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 entendió que correspondía aplicar la ley más benigna.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que este criterio es compartido en todos los tribunales del país, amparados en el Código Penal, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y tratados internacionales. Esta semana hubo una oleada de sobreseimientos por las mismas razones que beneficiaron a D’Alessio y Báez.

Siguen en pie aquellos casos que, por evasión simple, superen los $100.000.000 por tributo y ejercicio, mientras que la evasión agravada recién se persigue de $1.000.000.000 en adelante.

El expresidente se sentó ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que juzga en Comodoro Py al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, a los hermanos Pablo y Sergio Schocklender y a otros exfuncionarios por el presunto delito de administración fraudulenta a través de la construcción de viviendas sociales.

Respondió todas las preguntas que le hicieron bajo juramento de decir la verdad, en una declaración que no duró más de 20 minutos.

“Apenas asumimos -en 2007- recuerdo un llamado de Alberto Fernández intimándome a que paguemos más certificados a Sueños Compartidos”, explicó Macri. En ese momento, su sucesor en el sillón de Rivadavia era el jefe de Gabinete de ministros de Cristina Fernández de Kirchner.

Los certificados a los que hizo referencia son una suerte de comprobantes de avance de obra que deben presentarse antes de aprobar nuevos giros de fondos públicos.

A continuación, el exmandatario agregó: “Bullrich (Esteban, entonces ministro de Acción Social porteño) me dijo que no podíamos seguir pagando porque habían cobrado bastante más del doble de lo que habían ejecutado”.

Macri calificó como “bastante traumático” el trato con la Fundación, porque “siempre había problemas de cumplimientos para terminar los contratos de Sueños Compartidos”.

Recordó que las obras realizadas con el plan Sueños Compartidos se llevaron adelante en un predio lindero al barrio Los Piletones, donde está la Fundación Margarita Barrientos.

El expresidente también rememoró un episodio en el que Hebe de Bonafini y “otras mujeres fueron a la Catedral y armaron un desquicio, llamaron al Obispado diciendo que era un desastre. Finalmente, Bullrich no aceptó pagar y esa discusión continuó con la ministra Vidal (María Eugenia)”.

Tras finalizar su declaración, Mauricio Macri salió de Comodoro Py desde el acceso del subsuelo, donde lo esperaron su camioneta y su custodia. Se retiró sin hacer declaraciones a la prensa; apenas bajó la ventanilla del vehículo para saludar.

La causa

En el juicio de Sueños Compartidos se debate si entre 2005 y 2011 existió un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Ese monto equivale a un 23% de los 748 millones de pesos que transfirió para las obras la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, que estaba a cargo de José López, otro de los principales acusados.

En suma, las obras habrían sido adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, según sostiene la acusación que encabeza el fiscal general Diego Velasco.

Además de los ya mencionados, completan el banquillo el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el expresidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la exfuncionaria provincial de Santiago del Estero Silvia Nasif y los exfuncionarios de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.

Este martes empezó la ronda de testigos. En total, la Fiscalía solicitó la citación de 92 personas: la Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante, convocó a otras 17 y, por parte de las defensas de los Schoklender, pidieron el testimonio de otras 120.

Muchos aportarán su testimonio por escrito: así lo anunciaron, por ejemplo, el diputado Miguel Ángel Pichetto y los exgobernadores y actuales senadores Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich.

Sergio Massa, otro dirigente que declarará sobre su época de intendente de Tigre, está citado a presentarse el 25 de marzo ante los jueces Adriana Palliotti -presidenta del TOF N° 5-, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

Macri llegó puntual, escoltado por su custodia y no hizo declaraciones a la prensa.

A pedido de Sergio Schoklender, uno de los principales acusados, fue citado por el Tribunal Oral Federal N° 5 para que aporte información sobre cómo funcionó el programa en la Ciudad de Buenos Aires. Al momento de los hechos, el exmandatario ocupaba el cargo de jefe de Gobierno porteño.

La convocatoria no es una novedad: el mayor de los hermanos Schoklender ya lo había propuesto como testigo en 2021, durante la etapa de ofrecimiento de pruebas para el debate oral.

Mauricio Macri aceptó ir presencialmente a Comodoro Py, donde podrá responder preguntas de las partes, siempre bajo juramento de decir la verdad.

Según adelantaron fuentes judiciales a Infobae, lo mismo hará el próximo 25 de marzo Sergio Massa, que era intendente de Tigre, localidad en la que la Fundación también hizo obras.

Entre el listado de testigos hay más dirigentes de peso convocados, como el diputado Miguel Ángel Pichetto y los exgobernadores y actuales senadores Gerardo Zamora y Jorge Milton Capitanich. Todos ellos pidieron no ir a tribunales y, en cambio, testificarán por escrito.

Este martes empezó la ronda de testigos. En total, la Fiscalía solicitó la citación de 92 personas: la Unidad de Información Financiera (UIF), como querellante, convocó a otras 17 y, por parte de las defensas de los Schoklender, pidieron el testimonio de otras 120.

La causa

Sergio y Pablo Schoklender, que fueron apoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, comparten el banquillo de los acusados con el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exsubsecretario Abel Fatala, el expresidente del Instituto de la Vivienda de Santiago del Estero Daniel Nasif, la exfuncionaria provincial de Santiago del Estero Silvia Nasif y los exfuncionarios de Planificación Federal Carlos Castellano y Claudio Freidin.

Todos llegaron a juicio por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con distintos grados de participación.

Los jueces que dictarán sentencia son Adriana Palliotti -presidenta del TOF N° 5-, Daniel Obligado y Adrián Grünberg.

La acusación de la fiscal federal Paloma Ochoa, defendida en el debate por su par Diego Velasco, sostiene que entre 2005 y 2011 existió un desvío de más de 206 millones de pesos del Estado que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Además, las obras habrían sido adjudicadas directa e irregularmente a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

La declaración más resonante en lo que va del juicio, que comenzó a principios de marzo, fue la de Sergio Schoklender, quien responsabilizó a Hebe de Bonafini, fallecida en 2022.

“Estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”, aseguró el acusado.

Según Schoklender, la Fundación oficiaba como aparato militante del kirchnerismo por orden de Hebe, y empeñaba los recursos que tenían para movilizar a la gente contratada para las obras hacia distintos actos y eventos políticos: “Esos eran días que no se trabajaban”, recordó.

“Cuando todavía vivía Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”, siguió Schoklender.

“Él (por Néstor) tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo, pero nosotros no le pagamos una coima a nadie”, remató.

Ante el TOF N° 5, Schoklender aseguró que renunció a Madres de Plaza de Mayo por “Hebe y los parásitos, por las demandas politiqueras que caían sobre la fundación”.

Este martes, la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura concluyó que los jueces federales Alfredo López y Pablo Díaz Lacava, de Mar del Plata y La Pampa respectivamente, deben enfrentar un juicio político por las denuncias que pesan en su contra. El Plenario del organismo que controla la conducta de los magistrados, cuyo presidente es el ministro de la Corte Horacio Rosatti, tendrá la palabra final para definir si los envía ante un jury de enjuiciamiento.

Alfredo López es el titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata. Al votar sobre el dictamen acusatorio en su contra, la aprobación del cuerpo fue unánime, con los votos de los consejeros Álvaro González, Luis Juez, Alberto Maques y Gonzalo Roca.

De la sesión no participaron Rodolfo Tailhade y Vanesa Siley, ambos diputados kirchneristas, ni el abogado César Grau.

Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, obtuvo tres votos en contra: los de González, Juez y Maques. El consejero Gonzalo Roca se abstuvo porque había pedido postergar la decisión para analizar mejor las pruebas.

Antisemitismo

Las acusaciones contra el juez Alfredo López se centran en la publicación de mensajes considerados antisemitas en sus redes sociales. Es un magistrado muy activo en X, y también participa de actividades nacionalistas y católicas. Había sido denunciado por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, actualmente en la Libertad Avanza

Según el dictamen acusatorio, las declaraciones que se le endilgan fueron reconocidas por el propio magistrado cuando prestó declaración en el Consejo.

Para el cuerpo, sus expresiones sobre el pueblo judío, la guerra en Medio Oriente y otros temas vinculados a Israel son contrarias a los compromisos asumidos por Argentina en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, específicamente en sus artículos I, III, IV y V.

Además, se consideró que violan principios constitucionales y se enmarcan en la definición de antisemitismo postulada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y adoptada por el Consejo de la Magistratura en su Resolución N° 343/2024.

Estas manifestaciones, de acuerdo a la acusación, reproducen discursos de odio que “históricamente fundamentaron el genocidio del pueblo judío”, lo que implicaría “un desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos y un incumplimiento de los deberes de decoro, igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana inherentes a la función judicial”.

En 2021, el juez López había quedado envuelto en una fuerte polémica luego de hacer lugar a una medida cautelar con la que ordenó suspender la aplicación de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El fallo fue revocado por la Cámara Federal de Mar del Plata.

Al cierre de la audiencia de este martes, el consejero Luis Juez, encargado de impulsar las actuaciones contra el magistrado marplatense, expresó a Infobae: “Claramente, el doctor López ha mantenido expresiones injuriantes y agraviantes imposibles de sostener. Nosotros no nos oponemos a la ideología que pueda tener ni a su derecho a opinar, pero un magistrado no puede sembrar odio, no puede discriminar ni poner en duda la igualdad de los ciudadanos o erosionar la confianza de la Justicia”.

Luego agregó: “Cuando un juez deja de garantizar la imparcialidad, no falla solo a una persona, sino a la institución. Por eso la acusación no es un castigo, es una defensa del Poder Judicial y de la Constitución. No estamos juzgando cómo piensa el Dr. López, estamos juzgando si la Argentina puede confiar en que todos los ciudadanos serán iguales ante su tribunal”.

Violencia y amenazas

Por su parte, el juez Pablo Díaz Lacava enfrenta acusaciones por “graves desórdenes de conducta personal, falta de probidad y decoro”, y por haber ejercido “violencia y acoso laboral, y violencia de género” sobre los empleados de su Tribunal, según se desprende del dictamen.

Los hechos por los que el magistrado quedó a un paso del juicio político también fueron investigados en sede penal, y recientemente su causa fue elevada a instancia de debate oral y público.

Los fiscales Lara Silvestre y Federico Iparraguirre, junto al fiscal general Horacio Azzolin, lo acusaron de haber creado un escenario de “terror manifiesto” donde Díaz Lacava utilizó su jerarquía para cometer delitos de lesiones, amenazas y abuso de autoridad.

Se le imputan actos de humillación, hostigamiento, descalificación, aislamiento, ninguneo, insultos y cosificación.

En el caso de las cuatro mujeres damnificadas, los hechos se agravaron por desarrollarse en un contexto de violencia de género. Entre las prácticas denunciadas se incluyen burlas al personal judicial, el establecimiento de “códigos de imposible comprensión” y violencia física contra objetos, como golpes a muebles o portazos, para amedrentar al equipo.

También se mencionan el bloqueo de iniciativas laborales, amenazas de sumarios administrativos infundados y la táctica de “hacer el vacío” a ciertos empleados. Las conductas imputadas abarcan un período extenso, desde diciembre de 2012 hasta después de la denuncia penal formulada en 2023.

Díaz Lacava también es acusado de desobedecer una orden judicial de abril de 2023 que le prohibía acercarse a menos de 50 metros de las víctimas y del tribunal.

La causa penal se inició el 19 de abril de 2023, a partir de la denuncia de los trabajadores, quienes describieron al juez como una persona de carácter dominante e intempestivo. Sus colegas de tribunal, los jueces Marcos Javier Aguerrido y José Mario Tripputi, respaldaron a las víctimas.

El daño psíquico de los empleados fue corroborado por peritajes del Cuerpo Médico Forense y de la Dirección de Acompañamiento a las Víctimas (DOVIC).

Ahora, las acusaciones contra ambos magistrados pasarán al Plenario del Consejo de la Magistratura. Para que se apruebe el envío a juicio político, se requieren dos tercios de los votos de los 20 consejeros que participan.

Si esto ocurre, López y Díaz Lacava serán suspendidos de sus cargos y pasarán a ser juzgados por mal desempeño ante un jury. Los consejeros Luis Juez y Alberto Maques fueron propuestos como representantes del Cuerpo por la acusación en dicha etapa.

El exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, volvió a pedir este martes que le otorguen la prisión domiciliaria cuando le tocó declarar como acusado en el juicio de los Cuadernos de la Corrupción. “Estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa”, clamó el exfuncionario, que tuvo su turno de hablar luego de la indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner.

La súplica de De Vido ocurrió ante el Tribunal Oral Federal N° 7, que en este debate tiene como magistrado suplente a Néstor Costabel, quien integra el TOF N° 4 que condenó al exministro por la Tragedia de Once.

Por esa sentencia a cuatro años de prisión, el extitular de la cartera de Planificación Federal está detenido en la cárcel de Ezeiza desde noviembre del año pasado.

“Estoy solicitando la prisión domiciliaria por razones de salud. Por lo tanto, después de prestar declaración, le pediría poder retirarme para atenderme”, pidió esta mañana De Vido al juez Enrique Méndez Signori, quien preside el Tribunal que juzga a CFK y otros 86 acusados.

El magistrado le permitió irse de Comodoro Py luego de su declaración, al igual que hizo la expresidenta de la Nación. El viernes el TOF N° 7 le había rechazado la posibilidad de ser indagado virtualmente.

“Soy diabético, los niveles de glucosa suben y bajan, y además me he puesto hipertenso últimamente. Yo también admiro al general Pistarini, estoy preso y enfermo, pero preferiría morirme en mi casa. No tengo más nada que decir”, dijo De Vido al concluir sus palabras.

El exfuncionario se reservó el derecho de prestar declaración en otro momento del juicio, algo que siempre tienen permitido los imputados.

En su breve indagatoria, rechazó “total y categóricamente por falsa e infundada” la acusación del Ministerio Público Fiscal, que fue formulada durante la investigación por Carlos Stornelli y en el debate es defendida por la fiscal general Fabiana León.

De Vido también cuestionó a la Unidad de Información Financiera (UIF), “que personalmente creo que no debería ser parte de este proceso”, según advirtió.

El exministro pidió que se incorpore a su declaración lo que ya había dicho en el pasado cuando lo indagaron durante la instrucción. “También comparto absolutamente lo expresado por los doctores Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro en las cuestiones preliminares”, siguió el acusado.

Desde que fue detenido en noviembre, la defensa de De Vido insistió por todas las vías posibles con que cumpla su condena en su casa.

Por un lado, invocaron la edad del exfuncionario kirchnerista, quien tiene 76 años, lo cual supera el límite de 70 años previsto en la normativa para solicitar el beneficio.

Y en paralelo alegaron problemas de salud, mencionando patologías crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas que, según sus abogados, no podían ser tratadas correctamente dentro del penal. Los letrados sostuvieron que el Servicio Penitenciario no le proveía los medicamentos necesarios, como la insulina, ni una dieta acorde a sus prescripciones médicas.

La cuestión fue rechazada tanto por el juez Ricardo Basílico, a cargo de la ejecución de la pena, como por la Cámara Federal de Casación Penal.

La frialdad entre De Vido y CFK

La expresidenta de la Nación llegó a la sala AMIA junto a su abogado, Carlos Beraldi, y casi inmediatamente se sentó en el banquillo de los acusados.

Apenas alcanzó a saludar a Roberto Baratta, que se paseó por los rincones del lugar antes de comenzar la audiencia y dialogó con varios de los presentes. El exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio que condujo De Vido le extendió la mano a CFK, y ella respondió con un apretón cordial, sin mayor emoción.

Con De Vido fue distinto. El exministro estuvo sentado a su lado, en la misma mesa y apenas a unos metros de distancia. Pero en ningún momento se los vio cruzar palabras o saludos, tampoco alguna mirada breve.

Video: la declaración completa de Cristina Kirchner en el Caso Cuadernos

Cristina Kirchner declaró este martes en el juicio por los Cuadernos de la Corrupción en condición de imputada. Está acusada de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a empresas ligadas a las obras públicas que su gobierno adjudicaba.

La ex jefa de Estado no aceptó preguntas. Durante su exposición criticó duramente a jueces y fiscales, especialmente a Carlos Stornelli, el titular del Ministerio Público Fiscal que estuvo a cargo de la etapa de instrucción.

Durante su discurso, la ex Presidenta dijo que la “mafia” coaccionó a empresarios para que declararan en su contra y la incriminaran. Calificó la investigación como un “disparate” y aseguró que le cuesta creer en las instituciones.

“Con este Poder Judicial me puedo morir presa”, planteó antes de cerrar su alocución. La ex mandataria pidió autorización para irse de la sala una vez finalizada la indagatoria. No se quedó a escuchar las declaraciones de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien la sucedió en el orden de indagatorias.

Cristina Kirchner y De Vido no se saludaron cuando llegaron a la Sala AMIA de Comodoro Py pese a los años que compartieron en el poder y la cercanía que mantuvieron durante años.

La ex jefa de Estado también criticó al gobierno de Javier Milei durante su declaración y planteó que el actual Presidente violó la Constitución Nacional al plantear durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso que Cristina Kirchner continuará presa.

Luego de declarar, regresó a su departamento de la calle San José. Su hijo, Máximo Kirchner, y otros dirigentes de su entorno estuvieron cerca de ella durante toda la jornada. También hubo militantes que fueron a saludarla a la puerta de su casa.

El cierre de la declaración: “Me parece un gran disparate esta causa”

Al final de su declaración, CFK calificó a la causa Cuadernos como un “gran disparate” y dijo que responderá preguntas el día en que se juzgue a muchos de los mencionados por ella como responsables de delitos en la Justicia.

“Quiero decir señores jueces y a todos los que están escuchando que me parece sinceramente un gran disparate esta causa”, concluyó antes de retirarse de la sala de audiencias para volver a San José 1111, donde cumple arresto domiciliario.

Antes de dejarla retirarse, los jueces hicieron una exposición sobre las garantías de imparcialidad que tendrá el juicio.

El cuestionamiento a Milei

“El 1 de marzo en la Asamblea Legislativa el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por esta causa y por el Memorándum con Irán”, recordó la expresidenta.

Y sostuvo: “Yo invito a cualquiera de ustedes a que me traigan alguna manifestación de algún presidente que haya anunciado en una asamblea legislativa que un ciudadano argentino iba a ir preso por causas judiciales en trámite”.

Aplauso cerrado del público

La indagatoria derivó en un breve aplauso cerrado por parte de diputados y otros referentes sociales que presencian el juicio en la planta baja de la sala. Fue cuando CFK dijo que se la condenó por estar vinculada a un empresario, Lázaro Báez, en la causa Vialidad y ahora se la busca condenar porque “tiene negocios con todos los empresarios”, en Cuadernos.

“Vialidad es un poroto al lado de esto”. Cuadernos “ha desalojado del podio a Vialidad”.

“Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”

CFK avanza en su indagatoria en un monólogo con duras críticas a la Justicia y a quienes la investigaron en el caso Cuadernos. “Metían presa gente para que dijeran que yo era la responsable de todo”.

Y en concreto se refirió a las más de 200 acusaciones por presunto cohecho que enfrenta. “¿Cuándo, cómo, quién la recibió?, ¿yo?, ¿de quién?”, se preguntó mirando a los jueces del Tribunal. “Me dieron vuelta mi casa de Río Gallegos, mi departamento de Juncal y Uruguay y me rompieron la casa de Calafate”.

“¿Ustedes saben cómo vivo yo? ¿Cómo viven mis hijos? ¿Qué es esto de que se robó un PBI?“, siguió: “Si me hubiera robado miles de millones, no estaría sentada acá“.

En Cuadernos hubo un “manejo delictivo o criminal”

CFK aludió a un “manejo delictivo o criminal que tuvieron sobre la figura del arrepentido” en el caso Cuadernos con un “manejo mafioso”, mientras se dedicó a cuestionar la investigación, a jueces y fiscales.

“Hay jueces que responden a directivas políticas, económicas, inclinan la cancha a favor o en contra, pero acá estamos ante un estadio superior: no es que condenan sin pruebas, fraguan y construyen las pruebas que no son pruebas y que van a finalmente a condenar a una persona”, siguió exponiendo.

“Mafia pura y dura”, dijo también.

CFK arremetió contra Bonadio y Stornelli

Luego de repasar sus cuestionamientos a la causa Vialidad, la expresidenta afirmó que este expediente “ya no se trata de jueces que no son imparciales, estamos ante una causa donde el juez Bonadio y el fiscal Stornelli son directamente mafiosos”.

“Ya no estamos ante una persecución política, estamos ante prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”, siguió.

Luego se refirió al caso D’Alessio, nombrado así por el falso abogado condenado por el TOF 8.

“En esa asociación ilícita, el vínculo entre Marcelo D’Aessio y Carlos Stornelli era un activo muy importante”, resaltó CFK respecto del fallo condenatorio en esa causa.

La ex presidenta comenzó hablando de su condena en Vialidad

Sostiene que “la condenaron sin pruebas” en el caso Vialidad, con duras críticas a los jueces de ese caso, menciones a partidos de fútbol jugados con el ex presidente Mauricio Macri.

Pero Cuadernos la superó, sostuvo. “Estamos ante una causa donde el juez de instrucción Bonadio y el fiscal de instrucción Stornelli son directamente mafiosos. Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”.

CFK da sus datos personales

La ex presidenta da sus datos personales. “Usted sabe que estoy detenida, he venido en calidad de detenida con prisión domiciliaria, todas estas preguntas son de público y notorio”. En el primer encontronazo con el Tribunal, el juez Méndez Signori le explicó que se trata de un interrogatorio legal.

“La jefa” gritaron desde el fondo cuando se le preguntó si tenía algún apodo. Ella dijo que no y dio su nombre “Cristina”.

También dijo que dirá si contestará o no preguntas al final de su declaración.

Aplauden a Cristina

Cristina Kirchner se sentó en el banquillo de los acusados en medio de aplausos y vítores del publico presente en la planta baja, a quienes saludó con la mano. “Bueno muy buenos días a todos y a todas”, arrancó su declaración indagatoria. Pero el presidente del Tribunal Ernique Méndez Signori la interrumpió para realizarle las preguntas previas de rigor.

Comenzó la audiencia con CFK en la sala

El Tribunal Oral Federal 7 dio comienzo a la audiencia con la ex presidenta Cristina Kirchner sentada en medio de sus abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, en primera fila.

Cristina Kirchner llegó a Comodoro Py

La ex presidenta ingresó a la sala de audiencias AMIA en Comodoro Py, donde será indagada por la causa Cuadernos.

El ex ministro de Planificación, Julio De Vido, también citado para declarar hoy, se encontraba en el interior de la sala, a pocos metros del lugar en donde se sentó CFK. Sin embargo, los dirigentes no se saludaron.

De Vido sí fue trasladado por el Servicio Penitenciario Federal desde la cárcel de Ezeiza y permanecía custodiado. La ex presidenta llegó con su custodia habitual.

También está presente el acusado ex funcionario Roberto Baratta, quien sí intercambió un apretón de manos con la ex presidenta.

CFK se sentó en primera fila entre sus dos abogados, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

El Juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires condenó este lunes a los primeros manifestantes que llegaron a juicio tras ser detenidos mediante el protocolo antipiquetes. La jueza María Julia Correa declaró culpables a cuatro hombres por los incidentes que se produjeron en la noche del 2 de febrero de 2024, mientras el Congreso debatía la Ley Bases.

Astor Valentín Galán Vizgarra, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa fueron sentenciados a seis meses de prisión en suspenso por los delitos de resistencia y atentado a la autoridad. Dado el monto de la pena, no volverán a ser detenidos.

Los fundamentos de la condena se conocerán el próximo 25 de marzo.

Un juicio hermético

La investigación del caso fue llevada adelante por el fiscal Tomás Vacarezza, y en el juicio la acusación la asumió su par Alejandro Miguel Gargano.

De acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público, los manifestantes se encontraban en las inmediaciones de la Plaza del Congreso, donde durante la noche hubo un festival organizado por la agrupación “Unidos por la Cultura”.

Mientras la concentración era dispersada por las fuerzas de seguridad, efectivos de la Policía Federal Argentina capturaron a 14 personas, entre las que estuvieron los acusados en este debate.

Para la acusación, los detenidos “no fueron a manifestarse pacíficamente”, sino que abonaron un contexto de tensión y violencia que derivó en los incidentes posteriores entre la policía y quienes participaban de la protesta.

Según los agentes que declararon como testigos ante la jueza María Julia Correa, los ahora condenados arrojaron, al menos, una piedra u objeto contundente contra los uniformados. Así lo pudo saber Infobae de fuentes con acceso a las audiencias, pese al inusual hermetismo bajo el que se desarrolló todo el proceso.

Este medio solicitó permiso para presenciar el juicio oral y público, pero la Justicia porteña no brindó la autorización. Infobae también se contactó con funcionarios judiciales con llegada al Tribunal, y recibió como respuesta que “va a ser todo cerrado, no se puede ingresar”.

Según indicaron fuentes del caso, también se les negó la presencia a familiares de los acusados, integrantes de organismos de derechos humanos y al público interesado en general.

El Juzgado N° 28 apenas habilitó a presenciar el juicio a la madre del más joven de los acusados y a un abogado de la Asociación Americana de Juristas.

Estas personas, además, tuvieron que entregar sus celulares cuando prestaron declaración testimonial seis agentes de la Policía Federal Argentina. Uno de ellos es un comisario que ofició como nexo entre el operativo y el Ministerio Público Fiscal, y los restantes son agentes que trabajaron en las detenciones de los manifestantes.

Antes de que empezaran las declaraciones de los uniformados, el público presente tuvo que entregar sus celulares, que quedaron bajo resguardo judicial. Así lo decidió la jueza Correa para que “no se afecte el normal desenvolvimiento de la audiencia”. En cambio, no pidió lo mismo cuando fue el turno de las indagatorias o del resto de los testigos.

Las defensas de los condenados, entre las que están los abogados Alexis Penella, Marcela Dal Santo y Martín Alderete, adelantaron que apelarán el fallo. En sus alegatos habían pedido la absolución de los acusados, a partir de la escasez de pruebas en su contra y las “contradicciones” en las que incurrió el personal policial, según su visión.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se constituyó como amicus curiae, también había pedido el sobreseimiento de los manifestantes y calificó la causa como “un proceso de criminalización de la protesta social caracterizado por un uso abusivo del derecho penal”.

El expresidente de la Nación, Alberto Fernández, sufrió este lunes un nuevo revés en Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas rechazó un pedido para enviar la causa por violencia de género, que tiene como víctima a Fabiola Yañez, a la Justicia porteña.

El exmandatario está cerca de ir a juicio. Su defensa pidió rehacer desde cero toda la investigación por los presuntos maltratos en la Quinta de Olivos, algo que ya cuestionaron tanto la querella como el fiscal Ramiro González.

Tras descartar la inhibitoria, las fuentes consultadas por Infobae indicaron que el juez Rafecas ahora se abocará a estudiar las opiniones de las partes sobre este tema. Una vez que eso se resuelva, el magistrado tendrá el camino allanado para decidir si envía a Fernández al banquillo de los acusados en un debate oral y público.

La contracausa

El 27 de febrero de este año, el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 de la Ciudad de Buenos Aires envió un oficio al juez Rafecas solicitando que se inhibiera de seguir interviniendo en la causa que inició Yañez y que remitiera las actuaciones a su jurisdicción.

Sucede que en ese Juzgado del fuero local tramita un expediente que se originó a partir de una denuncia de Alberto Fernández contra la ex primera dama, por presuntas amenazas simples y obstrucción de contacto con su hijo Francisco.

Inicialmente, el juez porteño Christian Federico Brandoni Nonell rechazó el planteo de inhibición que había hecho la defensa del ex jefe de Estado. Argumentó que la cuestión de competencia ya había sido resuelta por la Sala II de la Cámara Federal. Sin embargo, Alberto Fernández apeló y obtuvo el visto bueno de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal del fuero porteño, que ordenó avanzar con la unificación de las denuncias entre la ex pareja presidencial.

La Sala I de esta Cámara consideró que se trataba de un conflicto intrafamiliar complejo que requería un abordaje desde dos perspectivas: la de niñez en el fuero local y la de género en el fuero federal. Subrayaron que el interés superior del menor debía prevalecer en toda decisión judicial que lo involucrara.

Fabiola Yañez, como parte querellante, pidió que la investigación contra el expresidente continúe en los tribunales de Comodoro Py. De la misma forma se pronunció el fiscal González, que llevó adelante la investigación del caso y pidió la elevación a juicio en agosto del año pasado.

El juez Rafecas, a través de una resolución de 15 páginas firmada este martes, rechazó la solicitud de inhibición al entender que la competencia federal de la causa ya había sido refrendada por la Cámara Federal en dos fallos, firmados el 2 de septiembre y 26 de diciembre de 2024, respectivamente.

Rafecas valoró que parte de los hechos habrían sido ejecutados por quien, en ese momento, era presidente de la Nación, y que esta condición habría incidido en el contexto de violencia de género.

También consideró que algunos hechos se habrían desarrollado en la Quinta de Olivos, un lugar de exclusiva jurisdicción federal. El titular del Juzgado Federal N° 3 mencionó que la Cámara no desconoció que la imputación abarcaba conductas anteriores y posteriores a su ejercicio presidencial, y en diferentes lugares, pero consideró que, por economía procesal, la investigación debía realizarse en Comodoro Py.

Finalmente, el juez Rafecas hizo referencia al artículo 45 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que quien opta por un medio para promover la cuestión de competencia no puede recurrir al otro. Precisamente, Alberto Fernández había planteado la incompetencia ante el tribunal federal y, posteriormente, solicitó la inhibición al juzgado local.

Ahora el juez Brandoni Nonell tiene dos caminos: reconocer la competencia de Comodoro Py o insistir con su planteo y recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La jueza María Julia Correa, a cargo del Juzgado N° 28 en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires, dará a conocer este lunes la sentencia contra cinco manifestantes detenidos el 2 de febrero de 2024, en las inmediaciones del Congreso Nacional, mientras se debatía la Ley Bases. Es el primer debate oral y público en el que se juzga a personas aprehendidas en el marco del protocolo antipiquetes.

El juicio se desarrolla bajo un hermetismo inusual. Previo a que se diera inicio al proceso, Infobae solicitó formalmente al Tribunal acceder a las audiencias, algo que la Justicia porteña no autorizó. Este medio también se contactó con funcionarios judiciales con llegada a la magistrada a cargo, y recibió como respuesta que “va a ser todo cerrado, no se puede ingresar”.

Según indicaron fuentes del caso, también se les negó la presencia a familiares de los acusados, integrantes de organismos de derechos humanos y al público interesado en general.

Sin contar a las partes involucradas directamente en el expediente, tan solo pudieron presenciar el juicio la madre del más joven de los acusados y un abogado de la Asociación Americana de Juristas.

“La sala es chica, entran diez personas en el público como máximo, pero siempre hubo lugares libres”, explicó a Infobae alguien que asistió a las audiencias.

Otro episodio llamativo ocurrió el martes, durante el primer día del proceso, cuando prestaron declaración testimonial seis agentes de la Policía Federal Argentina. Uno de ellos es un comisario que ofició como nexo entre el operativo y el Ministerio Público Fiscal, y los restantes son agentes que trabajaron en las detenciones de los manifestantes.

Antes de que empezaran las declaraciones de los uniformados, por orden de la jueza María Julia Correa, el público presente tuvo que entregar sus celulares, que quedaron bajo resguardo. Así lo decidió para que “no se afecte el normal desenvolvimiento de la audiencia”. En cambio, no pidió lo mismo cuando fue el turno de las indagatorias o del resto de los testigos.

Los manifestantes que llegaron a juicio son Astor Valentín Galán Vizgarra, Joaquín Ignacio Gould, Pedro Esquivel, Juan Carlos Denuble y Nelson Joaquín Arrúa, quienes enfrentan cargos por resistencia y atentado a la autoridad. La noche de los hechos, otras nueve personas fueron capturadas junto a ellos, pero se ahorraron el juicio porque sus casos fueron archivados.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se constituyó como amicus curiae, calificó la causa como “un proceso de criminalización de la protesta social caracterizado por un uso abusivo del derecho penal”.

El debate

Según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes del caso, los policías que se presentaron como testigos coincidieron en que todos los acusados arrojaron al menos una vez piedras u objetos contundentes contra las fuerzas.

Describieron el contexto general en la Plaza del Congreso, donde en ese momento había un festival organizado por la agrupación “Unidos por la Cultura”. La música siguió sonando hasta las 21, aproximadamente una hora después de que empezaran los primeros incidentes, situación por la que el evento tuvo que interrumpirse antes de lo previsto.

Las grabaciones de los medios de comunicación son una prueba clave para esclarecer el accionar de los participantes de la protesta. La jueza Correa tiene en su poder varias horas de material.

Pedro Esquivel, un productor musical que está en el banquillo de los acusados, había asistido al festival antes de ser detenido. Había llevado una flauta melódica para tocar.

En los registros del canal A24 se lo puede ver tocando su instrumento detrás de un camión hidrante, exactamente a las 22:23, cuando la policía ya estaba desconcentrando la zona. Apenas un momento después de ser captado por las cámaras, el flautista es reducido por un grupo de agentes.

Su defensa expuso el material fílmico para sostener que es imposible que en ese momento haya tirado piedras contra la policía, y que las afirmaciones de los efectivos no se condicen con lo que se ve en los videos.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Tomás Vacarezza. En el juicio, la acusación es impulsada por su par Alejandro Miguel Gargano.

El acusador público, de acuerdo a las fuentes consultadas, ya anticipó que retirará los cargos contra Joaquín Gould, ya que las declaraciones de los testigos en su contra no habrían superado el umbral necesario para pedir que lo condenen.

Para los demás, la Fiscalía sostiene que los testimonios de la policía son concisos y dan cuenta de acciones violentas de parte de los manifestantes, quienes “no fueron a manifestarse pacíficamente”.

El lunes, la jornada de juicio comenzará con los alegatos de las defensas, entre las que están los abogados Alexis Penella, Marcela Dal Santo y Martín Alderete. Luego será turno del Ministerio Público Fiscal.

A continuación se dará lugar a las últimas palabras de los acusados y, ese mismo día, está previsto que la jueza dé a conocer la sentencia.

La actriz Andrea Del Boca, el exministro Julio De Vido y el resto de los involucrados en la causa “Mamá Corazón” se preparan para defender su absolución ante la Cámara Federal de Casación Penal. En la otra vereda, el fiscal general Raúl Pleé fundamentó la apelación del fallo y dictaminó que la sentencia debe ser revertida.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el acusador público presentó en los últimos días ante la Sala II del máximo tribunal penal un documento de ocho páginas en el que pugnó por la condena de quienes fueron a juicio, “con los alcances expresados por la Fiscalía” durante el debate que llevó adelante el Tribunal Oral Federal N° 7.

La pretensión es de tres años y medio de cárcel para del Boca y cuatro años y medio para De Vido, de acuerdo a lo que alegó la fiscal Fabiana León en el juicio.

Además, el fiscal Pleé pidió la restitución de los 3.126.000 dólares que, según el Ministerio Público, fueron desviados de los fondos estatales mediante la producción de una novela que nunca llegó a emitirse, y que además había logrado la exclusividad para comercializar la serie en el extranjero.

Andrea del Boca entró en el reality de Gran Hermano el pasado 23 de febrero. Su abogado, Juan Pablo Fioribello, explicó cómo llevarán adelante la defensa sin comunicarse, ya que por contrato no puede tener contacto con el exterior: “Esto estaba absolutamente previsto, son las condiciones normales de un proceso judicial, y ella depositó su absoluta confianza en nuestra defensa, en la que me acompañan los doctores Federico Schumacher y Diego Onorati”.

La apelación

Según el dictamen fiscal, el TOF N° 7 evaluó las pruebas “de forma parcializada, para concluir en la aplicación del principio de la duda”, que benefició a los acusados.

El fiscal de Cámara también sostuvo que la hipótesis de la acusación “no consistía en acreditar el incumplimiento o irregularidades” en el marco administrativo, sino que justamente esto fue lo que le habría dado un “ropaje jurídico” a la maniobra, “para orientar la contratación en beneficio de la propuesta de Mamá Corazón, sin proceso competitivo y con cláusulas que generarían un lucro indebido para sus intervinientes”.

La Fiscalía cuestionó, por otra parte, que la contratación se haya triangulado con la Universidad Nacional de San Martín, la cual se quedó con casi $4.400.000 -a valores de esa época-, un 10% del total invertido solo por “gastos administrativos” o supervisión. Lo más transparente, para la acusación, habría sido darle intervención al INCAA, que no le habría cobrado ese costo extra al Estado.

“Todo lo que plantea la Fiscalía se ha zanjado durante el proceso”, resaltó el abogado Juan Pablo Fioribello, ante la consulta de Infobae. “Quedó plenamente demostrado a dónde fueron los fondos por peritos de la Corte Suprema de Justicia, que auditaron la totalidad de los fondos de las cuentas, tanto de Andrea, de su familia y su productora. No hubo un solo hecho irregular en cuanto a la rendición de cuentas”, siguió.

“La contratación fue hecha de buena fe. Esto no escapa a mi visión de que durante gran parte del gobierno kirchnerista se ha montado en organismos públicos una matriz de corrupción muy importante, que ha sido grotesco y asqueroso cómo se han manejado, pero no por eso vamos a decir que todo es lo mismo. Acá la Justicia llegó a la conclusión de que no hubo ningún tipo de delito”, sostuvo el defensor.

Respecto de la polémica acerca de que la novela Mamá Corazón nunca se emitió, Fioribello respondió: “No vio la luz por la sencilla razón de que a Andrea no le correspondía exhibirla, sino realizarla. La novela está hoy en manos de la Secretaría de Cultura de la Nación; ellos tienen la facultad de exhibirla o no”.

Junto a Del Boca y De Vido, se sentaron en el banquillo de los acusados Carlos Ruta, ex rector de la UNSAM, los exfuncionarios Luis Vitullo, Alberto García, Nahuel Billoni Ahumada, María Lucrecia Cardoso y Liliana Mazure, además de Hugo Nielson y Maximiliano Schwerdtfeger, ambos empleados de la universidad.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal deberá ahora fijar fecha de audiencia para que las defensas y la fiscalía expongan sus argumentos antes de revisar el fallo de los jueces del TOF N° 7.

Sergio Schoklender, quien fue apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, fue indagado este miércoles ante el Tribunal Oral Federal N° 5 en el juicio por “Sueños Compartidos”. Durante casi dos horas dio su versión de los hechos y respondió preguntas de los fiscales.

Junto al mayor de los Schoklender y su hermano Pablo también están en el banquillo de los acusados el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exsubsecretario Abel Fatala, quienes no salieron bien parados después de la declaración del acusado, que hizo múltiples referencias a manejos corruptos durante el kirchnerismo.

Todos llegaron a juicio por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, con distintos grados de participación.

Más temprano en la mañana también fueron indagados Carlos Castellano y Daniel Freidin, presuntos partícipes secundarios de la maniobra.

“Cuando murió Néstor se desmadró todo”

Sergio Schoklender definió como “un curro” a la obra pública, aunque rescató que Sueños Compartidos “no era solo para construir viviendas, jamás lo fue. Era construir ciudadanía”.

Enumeró distintos proyectos del kirchnerismo en los que las obras se pagaban y no se terminaban de ejecutar, y hasta hizo alusión a la corrupción en las obras viales: “Lázaro Báez cobraba y no hacía nada. La Fundación hacía y hacía de más”, afirmó.

Por primera vez ante el Tribunal que dirá si es culpable o inocente, Schoklender cargó las tintas contra Hebe de Bonafini y su vínculo con el poder: “Estaba extremadamente cooptada por Cristina (Kirchner), Parrilli (Oscar, por entonces secretario general de la Presidencia), Zannini (Carlos, ex secretario Legal y Técnico) y toda esa runfla. Venían las demandas insólitas, delirantes”, aseguró el acusado.

Según el exapoderado de la fundación, el kirchnerismo ordenaba movilizar a la gente contratada para las obras a distintos actos y eventos políticos, para que oficiaran de militantes: “Esos eran días que no se trabajaban”, recordó.

Y siguió: “Mientras hacíamos todo esto, los amigos de Planificación Federal nos ahogaban financieramente porque retrasaban los pagos. Teníamos una deuda de cargas sociales, debíamos 70 millones, que actualizados son los 200 millones de los que hablan”.

Precisamente, la acusación de la fiscal federal Paloma Ochoa, defendida en el juicio por el fiscal Diego Velasco, refiere a un desvío de más de 200 millones de pesos que debían destinarse a la construcción de viviendas sociales.

Según Sergio Schoklender, la deuda del Ministerio que conducía De Vido con la fundación ascendía a más de 140 millones de pesos. Entonces, dijo, se reunió con el entonces ministro de Economía Amado Boudou para regularizar la situación con un plan de facilidades que, posteriormente, se habría dado de baja por orden de Hebe de Bonafini.

“Cuando todavía vivía Néstor Kirchner, vaya uno a saber si por convencimiento o por qué motivo, apoyaba este programa. Entonces nadie se animaba a demorar pagos ni a pedir coimas; ya después de que él se murió, la cosa se desbandó”, siguió Schoklender.

“Él (por Néstor) tenía una lógica: todos roban, él robaba, él hacía robar, pero tenía límites, no se metía con los guardapolvos ni los comedores ni la fundación. Después de que él se murió, se desmadró todo, pero nosotros no le pagamos una coima a nadie”, remató.

Ante el TOF N° 5, Schoklender aseguró que renunció a Madres de Plaza de Mayo por “Hebe y los parásitos, por las demandas politiqueras que caían sobre la fundación”.

Obras sin licitación

Al ser consultado por el Ministerio Público Fiscal, el mayor de los hermanos acusados defendió que se les hayan adjudicado obras sin licitación.

“La licitación es una de las formas de obra pública. No se puede hacer una licitación cuando hay un único oferente que puede aportar los elementos necesarios. Entre los requisitos estaba todo el abordaje social, que implicaba contratar a la gente del lugar y capacitarla, ocuparse de la escolaridad de los chicos del barrio; eso no se le puede exigir a las constructoras”, argumentó.

Para Schoklender, “construir viviendas era la excusa para intervenir realmente en el barrio, resolvíamos problemas”, entre los que enumeró alfabetizar a la población y ayudar a personas con adicciones.

De cualquier forma, según afirmó, en aquella época “las licitaciones no garantizaban honestidad, equidad ni ahorro para el Estado nacional”.

Aunque las maniobras de lavado de dinero que habrían existido luego del desvío de dinero se juzgarán en un segundo debate, para defenderse Sergio Schoklender sostuvo que nunca tuvo “cuentas en el exterior” o “lingotes de oro”.

“No me robé un mango. Cuando camino por los barrios donde trabajamos, la gente me abraza”, concluyó.

La presidenta del TOF N° 5, Adriana Palliotti, que está acompañada por los jueces Horacio Obligado y Adrián Grunberg en el estrado, anunció que el juicio continuará el próximo martes.

En la próxima audiencia empezarán a declarar los testigos. La Fiscalía solicitó la citación de 92 personas, la Unidad de Información Financiera, como querellante, convocó a otras 17 y, por parte de las defensas de los Schoklender, pidieron el testimonio de otras 120.

La Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE), que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional, le otorgó la condición de refugiado a Joel Borges Correa, uno de los simpatizantes de Jair Bolsonaro condenado en su país por el intento de golpe de Estado a Lula Da Silva, que tuvo lugar el 8 de enero de 2023.

La decisión del Gobierno argentino, formalizada mediante una resolución a la que tuvo acceso Infobae, se basó en un “temor fundado de persecución política” alegado por Borges Correa. De esta manera podrá permanecer en el país y evitar la extradición que había ordenado el juez federal Daniel Rafecas, para hacer cumplir la condena de 13 años y medio de cárcel que pesa sobre él.

Junto a este militante también están sometidos a proceso otros cuatro bolsonaristas: Joelton Gusmao de Olveira, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza. Todos habían recibido prisión domiciliaria en enero, a la espera de que se resuelvan sus pedidos de asilo político. Borges Correa es el único que lo obtuvo, al menos por ahora.

El caso

La llegada a la Argentina de bolsonaristas que escaparon de su país se enmarca en un contexto de alta tensión política en Brasil, tras las elecciones presidenciales de octubre de 2022 en las que Luiz Inácio Lula da Silva resultó ganador.

A partir de ese momento, se registraron diversas manifestaciones en el país, algunas de las cuales cuestionaban el resultado electoral y las políticas del nuevo gobierno.

Ante la CONARE, Borges Correa declaró haber ingresado a territorio argentino el 13 de abril de 2024 por el paso Bernardo de Irigoyen -en Misiones-, sin someterse a control migratorio, por temor a ser detenido. En su relato, mencionó que vivía en Tubarão, Santa Catarina, con su esposa y dos hijos, y trabajaba como camionero. Aunque no tenía una participación política activa, “simpatizaba con las ideas más de derecha”, explicó a quienes lo entrevistaron.

Aquel caótico 8 de enero de 2023, Borges Correa viajó a Brasilia en micro con otras 50 personas de su ciudad para participar en una movilización. Afirmó que quería protestar contra proyectos de Lula relacionados con la despenalización del aborto y la legalización de drogas.

Al llegar a la Plaza de los Tres Poderes, aseguró que ya se habían producido los destrozos causados por un grupo de personas “vestidas de negro”. Por la represión policial, según su versión, decidió refugiarse en la sede gubernamental de Planalto.

Dentro del edificio, Borges Correa fue esposado y trasladado a una delegación policial, donde, según denunció, lo habrían presionado para declarar que había participado en un intento de golpe de Estado. Posteriormente, dijo el bolsonarista ante la CONARE, fue llevado a prisión sin que se le informaran los delitos de los que se le acusaba.

El organismo también le consultó sobre las condiciones en las que permaneció detenido en Brasil: fueron siete meses en los que compartió con 16 personas en una celda para ocho, recibió comida en mal estado y perdió 33 kilos de peso. Para agosto de 2023 obtuvo la prisión domiciliaria, con tobillera electrónica.

El juicio en su contra comenzó en marzo de 2024. La Justicia del país vecino lo condenó a 13 años y medio de prisión por delitos como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, daño calificado, deterioro del patrimonio protegido y asociación criminal armada. Su sentencia fue confirmada por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Luego de ser declarado culpable, Borges Correa cortó su tobillera electrónica y huyó a Argentina con otras tres personas, también condenadas. Lo atraparon poco tiempo después de profugarse, y estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza.

En un dictamen de 18 páginas firmado el 4 de marzo, al que tuvo acceso este medio, la CONARE evaluó la credibilidad del relato de Borges Correa y lo consideró detallado y consistente. Se aceptaron como verdaderos los hechos relevantes, aplicando el beneficio de la duda sobre la información no verificada.

El informe técnico de la CONARE analizó la situación en Brasil y destacó que “millones de bolsonaristas” creían estar frente a un fraude electoral, narrativa que impulsó el expresidente Jair Bolsonaro.

Además, la Comisión para los Refugiados cuestionó la competencia del Superior Tribunal de Justicia, que lo juzgó a pesar de no entrar en las categorías previstas por la ley de Brasil, de acuerdo al criterio plasmado en el dictamen.

El organismo concluyó que la persecución que teme Borges Correa está directamente relacionada con la atribución de una opinión política, deducida de su presencia en la marcha del 8 de enero, y que “el Estado brasileño actuó como agente persecutor”.

Como la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado N° 26.165 impide -salvo excepciones- devolver a su país a los ciudadanos protegidos, la defensa a cargo del abogado Pedro Gradin ya comenzó a tramitar en Comodoro Py la suspensión del proceso judicial de extradición, derivaría en la liberación de Borges Correa.

En un expediente que se desprende de la causa ANDIS, el fiscal federal Carlos Rívolo pidió citar a declaración indagatoria a Hernán Daniel Díaz, jefe de Sistemas de la droguería Suizo Argentina, por una presunta obstrucción de la investigación judicial en la que está bajo la lupa el desfalco de la Agencia de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo.

A Díaz le imputan haber impedido el acceso a los correos electrónicos de los directivos de la empresa, algo que el juez Sebastián Casanello había pedido en una orden de allanamiento que se ejecutó el 29 de agosto de 2025, en los albores de la investigación.

Casanello extrajo testimonios y denunció el hecho, que recayó por sorteo en la Fiscalía Federal Nº 6 y en el Juzgado Federal Nº 12, que subroga Julián Ercolini. Es ese magistrado el que tomará la decisión de indagar o no al empleado de la droguería propiedad de la familia Kovalivker.

Operativo frustrado

A pedido del fiscal Franco Picardi, el Juzgado que ahora tiene como juez sustituto a Ariel Lijo le encomendó a la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad allanar las oficinas que la Suizo Argentina tiene en Monroe 801, en el barrio porteño de Belgrano.

La Justicia buscaba secuestrar el servidor de la droguería para acceder, entre otra información, a los correos electrónicos de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker y del “Helvético” Santiago Nuner Uner, un alto ejecutivo de la empresa.

Aunque no fue llamado a indagatoria, Nuner Uner es señalado en la causa ANDIS como uno de los hombres del sector privado que “habría tenido una fuerte incidencia a la hora de determinar cargos” dentro del organismo, según consta en el expediente.

En esas primeras horas de investigación, apenas unos días después de la difusión de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, Casanello y Picardi buscaban saber -a través de los mails institucionales y el secuestro de sus celulares- con quiénes tenían diálogo los directivos de la Suizo Argentina y de qué hablaban.

En la orden de allanamiento, el juez había convocado a Hernán Daniel Díaz para que colabore con la Justicia y permita el acceso a los correos electrónicos. “Yo no tengo las contraseñas”, respondió el jefe de Sistemas cuando la Policía de la Ciudad le mostró la manda judicial, según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes del caso.

En el lugar estaba presente el comisario Lucas Alberetti, de la Superintendencia de Cibercrimen de la fuerza porteña. Ante un experto en el tema, al empleado no le quedó más que admitir que la única posibilidad era “blanquear” las claves, es decir anular las vigentes y poner una nueva con la que se pudiera acceder a las cuentas.

Sin embargo, Díaz se escudó en que no tenía autorización de sus superiores, y mantuvo así oculto el contenido de los mails. De esa manera la orden de allanamiento quedó frustrada parcialmente.

Como medida alternativa, la Policía de la Ciudad secuestró los CPU de todos los directivos a los que el juez había pedido obtener una copia de sus conversaciones. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que no se logró obtener acceso a los correos.

Así las cosas, durante los últimos meses el fiscal Rívolo tomó testimoniales y ordenó otras medidas para esclarecer lo sucedido. El acusador público encontró pruebas suficientes para pedir la indagatoria del jefe de Sistemas por el delito de desobediencia, que prevé penas de 15 días a un año de prisión.

Para el fiscal, la única vía posible para llegar a la información que ordenó obtener el juez Casanello era mediante la colaboración del ahora imputado, ya que no existen otros medios técnicos para lograrlo.

Hernán Díaz designó a dos abogadas defensoras para representarlo ante los tribunales de Comodoro Py.

El antecedente en Nordelta

El responsable del área de Sistemas de la Suizo Argentina no es el primer sospechado de haber colaborado con los Kovalivker a eludir a la Justicia.

Así como esta persona habría hecho su parte para mantener a resguardo los correos electrónicos, el jefe de Seguridad de Nordelta, Claudio Ariel De Vincentis, habría tenido un rol similar cuando la Justicia fue a buscar los celulares de los empresarios al barrio “La Isla”.

De Vincentis fue procesado -decisión que confirmó la Cámara Federal de San Martín- por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento.

Según la acusación en su contra, demoró el ingreso de la Policía de la Ciudad al complejo y entorpeció el allanamiento en curso. Jonathan Kovalivker logró abandonar Nordelta en su Audi S3 mientras guardias y uniformados discutían en el ingreso.

La Cámara de San Martín valoró una serie de mensajes de WhatsApp que complicaron la situación procesal de De Vincentis. Al día siguiente del incidente, el jefe de seguridad envió instrucciones al grupo de “Supervisores AVN”. En ese chat, ordenó que ningún empleado facilitara información a las fuerzas de seguridad sin la autorización previa del área legal.

“El imputado calificó el accionar de la fiscalía y la policía de forma despectiva, sugiriendo que ‘creían estar en Fuerte Apache’”, dijeron los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral en su fallo, firmado a principios de febrero.

Además, el acusado instruyó a su equipo para que, en el futuro, derivaran cualquier requerimiento a los abogados de la empresa para verificar la documentación, con el objetivo explícito de no “facilitarle el camino a ninguno”.

Los Kovalivker se pusieron a disposición de la Justicia días después y entregaron sus celulares en Comodoro Py. Hasta el momento no se conoció que de allí haya surgido información relevante para la causa.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pidió unificar en su juzgado las causas en las que se investiga el contrato entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette a cargo de las gestiones comerciales de la entidad deportiva en el exterior.

González Charvay también es el magistrado que está al frente del expediente por la quinta de Pilar valuada en 17 millones de dólares que, presuntamente, dirigentes de la AFA habrían adquirido a través de testaferros. En las últimas horas se completó la Sala de la Cámara Federal de Casación Penal que decidirá si el caso permanece en Campana o vuelve al fuero Penal Económico, como pidió el Ministerio Público Fiscal.

La AFA y TourProdEnter

TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina. Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.

La firma se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. Según la denuncia presentada por los dirigentes de la Coalición Cívica Facundo Del Gaiso y Matías Yofe en Campana, existiría una red internacional de intermediarios financieros que, entre 2021 y 2025, habría canalizado por fuera del circuito bancario argentino más de 300 millones de dólares.

En la documentación bancaria aportada por la Justicia de los Estados Unidos también hay indicios de que existieron transferencias de dinero hacia sociedades vinculadas a Pablo Toviggino, el tesorero de la AFA.

Por el presunto desvío de dinero se abrieron varias causas. El hecho se investiga en Campana, también en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga Luis Armella, y en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, a cargo de la jueza Paula Petazzi.

A criterio del juez González Charvay, corresponde unificar las pesquisas para evitar investigaciones duplicadas o fallos contradictorios.

La causa de TourProdEnter en Campana se acumuló a la que existía previamente por la mansión de Villa Rosa. Como en febrero la Cámara Federal de San Martín le otorgó competencia a ese juzgado, el magistrado entendió que el criterio debe ser el mismo para el capítulo del presunto desvío a “sociedades fantasmas” constituidas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marnasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC.

El dinero, según estableció el juez Armella en los tribunales de Lomas de Zamora, terminaba en empresas cuyos titulares tienen “perfiles de insolvencia” que coincidirían “con el patrón de ‘prestanombres’ detectado por ARCA en la operatoria local que se investiga habría realizado Sur Finanzas”.

En la Justicia Nacional, quien denunció el caso fue Guillermo Tofoni, dueño de la agencia organizadora de eventos World Eleven, que tenía contrato con la AFA antes del desembarco de TourProdEnter. Advirtió una supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la asociación.

Según el denunciante, “las maniobras que integraron la administración infiel fueron en principio ejecutadas por el presidente de la entidad Claudio Fabián Tapia y su tesorero Pablo Ariel Toviggino”, en complicidad con Erica Gilette, presidenta de la empresa, y su esposo y exdiputado provincial Javier Faroni.

La jueza Paula Petazzi ya había declarado su incompetencia para investigar la causa, pero la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional revocó esa decisión y le ordenó que conserve el expediente. A criterio de esa magistrada, el caso debía pasar al juzgado que subroga Armella en Lomas de Zamora.

Sin perjuicio de lo dictado en ese fallo, “surge que el delito de administración fraudulenta investigado habría afectado intereses federales, en particular, se desprende la posible afectación al sistema tributario argentino”, valoró ahora el juez federal de Campana, entre sus argumentos para solicitar la inhibición de esa causa.

Con nuevas pruebas incorporadas al expediente, la Fiscalía que investiga el atentado a la AMIA pudo constatar la hipótesis que años atrás comenzó a construir el fiscal Alberto Nisman, a partir de informes de inteligencia: la voladura de la mutual judía se planificó y financió desde Irán, y fue ejecutada por la organización libanesa Hezbollah.

El equipo de investigadores que hoy encabeza el fiscal federal Sebastián Basso buscó probar por vías independientes la mayor cantidad posible de datos que entregó en su momento la Secretaría de Inteligencia (SIDE).

En el expediente hay más de 50 declaraciones y entrevistas a testigos, 30 informes oficiales elaborados por dependencias estatales y fuerzas de seguridad, una veintena de registros y soportes de telecomunicaciones, fichas y constancias de movimientos migratorios, decenas de documentos y pasaportes falsos, cables diplomáticos y exhortos internacionales, registros bancarios, informes periciales y un amplísimo archivo de imágenes y documentación histórica.

El último caudal de información lo aportaron cuatro iraníes disidentes que declararon como testigos en Francia, durante el pasado diciembre. Son exiliados y opositores al régimen que conocerían desde adentro cómo se gestó el atentado terrorista.

Además de responder las preguntas que llevó el fiscal Basso, también entregaron documentación que confirmó la participación del acusado número 11: Alí Asghar Hejazi, mano derecha del recientemente asesinado líder supremo Alí Khamenei.

Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, una porción de las pruebas que la acusación quiere llevar al juicio en ausencia quedarán limitadas a lo obtenido a partir del trabajo de la SIDE. Esto ocurre, por ejemplo, con el entrecruzamiento de llamadas y la identificación de abonados telefónicos en El Líbano, datos cruciales para entender la coordinación del atentado desde Buenos Aires. La cooperación de ese país con la Justicia argentina fue “históricamente limitada, escasa y tardía”, dictaminó la UFI AMIA.

El fiscal Basso le pidió el miércoles al juez Daniel Rafecas, subrogante del Juzgado Federal N° 6, que ordene la captura internacional de Alí Asghar Hejazi y procese a los diez acusados que ya figuraban en el expediente.

Para consolidar la acusación contra esa decena de iraníes y libaneses, el fiscal expuso las pruebas que tiene en su contra en un documento de 201 páginas, al que accedió este medio. Allí ratificó la mecánica del ataque a la mutual judía: un conductor suicida inmoló su vida tras detonar al menos 300 kilogramos de explosivos escondidos en una camioneta Renault Trafic frente al edificio ubicado en calle Pasteur, el 18 de julio de 1994.

El vehículo funcionó como coche bomba, metodología que es considerada por los investigadores como un rasgo inconfundible de Hezbollah. “La materialidad del atentado terrorista se encuentra fuera de discusión”, sostuvo el fiscal, apoyado en las pruebas producidas y analizadas durante los dos juicios orales que se desarrollaron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3.

La ejecución del plan

Un personaje ya conocido en la historia, Salman Raouf Salman -alias Samuel El Reda-, es señalado como el coordinador operativo de Hezbollah. Vivió junto a su esposa e hijos en el lado brasilero de la Triple Frontera, e ingresó clandestinamente a la Argentina pocos días antes de concretarse tal masacre terrorista. Justo entonces mandó a su familia de regreso a El Líbano.

Para moverse sin despertar sospechas, Salman usaba documentos falsos que lo presentaban como ciudadano colombiano o paraguayo. Desde la Triple Frontera diagramó toda la logística necesaria para el atentado.

El coordinador del atentado dejó sus huellas en los locutorios de la Ciudad de Buenos Aires. Pasó una y otra vez por cabinas de las avenidas Corrientes y Santa Fe, y las calles Pasteur, Lavalle, Tucumán y Nazca, según se desprende de las pruebas de la UFI AMIA.

Desde esos teléfonos se comunicó de manera reiterada con un celular prepago radicado en Foz de Iguazú, Brasil, utilizado por una persona que los servicios de inteligencia denominaron bajo el nombre de “André Marques”. Además, Salman El Reda hizo múltiples llamadas hacia centrales de comunicación de Hezbolá instaladas en El Líbano, así como a otros abonados en Colombia y Panamá.

Este patrón de contactos significó para la acusación una sincronización estricta que le permitió impartir directivas y coordinar la fase final del atentado terrorista, mientras intentaba mantenerse en la clandestinidad.

Mediante el análisis de las llamadas, por ejemplo, se comprobó que el 1 de julio de 1994 aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza un terrorista utilizando un pasaporte paraguayo falso a nombre de Hassan Bailoun. Las pericias demostraron que, instantes previos y posteriores a la llegada de aquel vuelo de Air France proveniente de San Pablo, Salman Raouf Salman hizo llamadas a Brasil desde un teléfono público de la terminal aérea.

Tras la destrucción de la mutual judía, el supuesto “Bailoun” logró abandonar la Argentina sin dejar rastros migratorios oficiales y el 20 de ese mismo mes abordó un avión en territorio brasileño con destino final hacia París.

El financiamiento

El financiamiento de la estructura operativa contó con la participación de Abdallah Salman, hermano del coordinador del ataque. En noviembre de 1992, este acusado fue detenido en la ciudad de Rosario cuando intentaba cambiar dólares falsificados en una sucursal del Banco Nación.

Los peritajes confirmaron que esos billetes eran “superdólares”, una falsificación de alta calidad distribuida internacionalmente por Hezbollah para solventar actividades terroristas. Tras recuperar su libertad mediante una fianza de 20.000 dólares abonada por su propio hermano, Abdallah continuó operando en la región de la Triple Frontera. Allí administró cientos de miles de dólares y realizó múltiples transferencias internacionales sin tener ninguna actividad laboral lícita comprobable que justificara el origen de los fondos, dictaminó el fiscal Basso.

Otro de los actores de Hezbollah que operó en la Triple Frontera es Hussein Mounir Mouzannar, empresario radicado en Ciudad del Este. Ayudó a Salman El Reda a conseguir sus documentos apócrifos en Paraguay.

Al tomar conocimiento de las imputaciones dictadas en su contra, Mouzannar abandonó intempestivamente sus empresas y huyó hacia territorio libanés.

Los investigadores encontraron más conexiones al dar con Farouk Abdul Hay Omairi, un referente de Hezbollah y dueño de la agencia Piloto Turismo en Foz de Iguazú, que habría funcionado como fachada para proveer documentación falsa a personas de origen árabe recién llegadas a la Triple Frontera.

Los cruces de comunicaciones demostraron que, en los meses previos al ataque, desde los teléfonos fijos de esa agencia se realizaron llamadas a la residencia de Salman y al celular a nombre de “André Marques”, línea utilizada para dirigir la fase final del atentado. La investigación contra este libanés se tramita en la Justicia de Brasil.

La planificación

La fiscalía sostuvo que los ejecutores actuaron bajo las órdenes de las máximas autoridades de la República Islámica de Irán. La cúpula del régimen aprobó el ataque durante una reunión del Consejo Supremo de Seguridad Nacional celebrada el 14 de agosto de 1993, a partir de una propuesta elaborada previamente por el Comité Vijeh, según se desprende del dictamen de Basso.

La reconstrucción de esas decisiones se logró, entre otras pruebas, a partir de declaraciones testimoniales -entre ellas una del expresidente iraní Abolhassan Bani Sadr- y del caso “Mykonos”, en el que el Tribunal Superior de Berlín, que juzgó el asesinato de disidentes kurdos en Alemania, probó que el comité clandestino funcionaba dentro de las oficinas del líder supremo para tratar asuntos de terrorismo que no podían ser institucionalizados.

En este entramado, la delegación diplomática iraní en Buenos Aires habría funcionado como una red de espionaje donde el consejero cultural Mohsen Rabbani y el tercer secretario Ahmad Reza Asghari recolectaron información sobre el blanco elegido y brindaron asistencia operativa.

Para resguardar a sus funcionarios ante la inminente explosión, el embajador Hadi Soleimanpour abandonó la Argentina el 30 de junio de 1994 tras adelantar inusualmente sus vacaciones, mientras que Asghari partió de manera definitiva el 8 de julio. Todos integran la lista de acusados.

Dado que los imputados se encuentran prófugos en el exterior, el fiscal de la causa AMIA requirió avanzar hacia la etapa de debate oral aplicando la nueva modalidad de juicio en ausencia, algo que deberá decidir el Juzgado Federal N° 6.

La jueza María Romilda Servini envió a los tribunales de Rosario la denuncia que presentó en Comodoro Py Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad procesado por corrupción, contra Fernando Elías Whpei, el financista arrepentido que declaró en su contra.

Salmain denunció a Whpei en los tribunales porteños por, supuestamente, aportar información falsa durante su indagatoria como imputado colaborador en la causa “Attila”, donde se busca esclarecer si el juez rosarino manipuló resoluciones judiciales a cambio de coimas.

El beneficiado de la maniobra investigada, que consistió en habilitar la compra de 10 millones de dólares a valor oficial en diciembre de 2023, cuando había cepo cambiario, habría sido precisamente el financista arrepentido.

El fiscal federal Carlos Rívolo ya había dictaminado en contra de tramitar la denuncia del juez presuntamente corrupto en Comodoro Py. Argumentó, entre otras cosas, que los hechos referidos por Salmain están vinculados directamente con la investigación en curso en Rosario.

Infobae pudo saber de fuentes judiciales que la jueza Servini, en un fallo firmado este miércoles, compartió la postura de la Fiscalía.

“Habré de acompañar las consideraciones del acusador público, disponiendo la remisión de la causa al órgano jurisdiccional federal rosarino que se encuentra interviniendo en el proceso seguido contra el aquí denunciante Gastón Salmain, por entender que la acusación que aquí presenta no es más que su defensa respecto de un elemento probatorio reunido en su contra en aquellas actuaciones”, resolvió Servini.

Además, consideró que abrir otra investigación en Comodoro Py resultaría “contrario a los principios de economía procesal y de mejor administración de justicia”, por lo que remitió las actuaciones a su par del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, Carlos Vera Barros, magistrado subrogante que tiene a cargo la causa “Attila”.

Además, la jueza Servini rechazó el pedido formulado por Salmain para constituirse como querellante. Esa pretensión, según plasmó en el fallo, resulta incompatible con su condición de principal de imputado.

Según Salmain, Whpei mintió para perjudicarlo cuando declaró como imputado colaborador ante la PROCUNAR el pasado 2 de octubre. Esa audiencia ocurrió en Buenos Aires, otro argumento que usó el juez federal de Rosario para intentar que investiguen a su delator en Comodoro Py.

Salmain denunció que el financista habría incurrido en “un largo listado de inconsistencias, incompatibilidades, contradicciones y manifiestas falsedades”, de las que advirtió una “evidente malicia” en su contra y “el propósito deliberado de obtener beneficios procesales indebidos en violación al régimen legal del imputado colaborador”.

Sucede además que la ley prevé un plazo máximo de un año para que el juez o la Fiscalía corroboren la veracidad y utilidad de las declaraciones aportadas por los imputados arrepentidos. Ese tiempo no se venció en el caso del financista.

“Dado que la declaración de Whpei habría tenido lugar en octubre de 2025, el plazo legal para corroborar la información aún está vigente en la causa de Rosario. Por ello, cualquier análisis sobre la falsedad o inexactitud de los dichos del imputado colaborador debe realizarse en ese expediente, no en un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires”, completó la jueza Servini.

La causa Attila

La acusación contra el magistrado versa sobre una resolución que firmó en diciembre de 2023, con la que autorizó a la empresa Attila Fideicomisos S.R.L. a comprar dólar oficial por un monto de 10 millones en moneda extranjera, supuestamente para girar los fondos al exterior.

Detrás de esa firma estaba el financista Fernando Whpei, quien admitió la maniobra fraudulenta al declarar como arrepentido. Es el mismo imputado colaborador que admitió pagar coimas y planificar extorsiones con otro juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, detenido con domiciliaria luego de renunciar a su cargo.

Según la sospecha de los investigadores, Salmain y su presunto cómplice, el escribano Santiago Busaniche -también imputado-, pidieron una coima del “10% de la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el dólar blue”, lo que representaría un soborno de 200.000 dólares.

Toda la maniobra se habría pergeñado justo en el cambio de gobierno. La devaluación con la que inició la gestión de Javier Milei, que prácticamente pulverizó la brecha cambiaria, habría frustrado el plan criminal.

“Cuando llegan los fondos, Milei devalúa y eso significó solo 19.000 dólares -de margen de ganancia-; Busaniche me saca cagando y después me exigió la diferencia, amenazando con denunciar si no se pagaba”, declaró en su momento Whpei.

Salmain está procesado por incumplimiento de deberes de funcionario público, prevaricato y cohecho pasivo agravado. El juez Carlos Vera Barros también le dictó la prisión preventiva, pero no puede ser detenido por la inmunidad que le otorga su cargo.

En el Consejo de la Magistratura lo están investigando para determinar si, a partir de su conducta, debe ser sancionado o destituido. La Comisión de Acusación está revisando todas las causas en contra del titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

El cuerpo se reuniría la semana próxima para avanzar con el proceso disciplinario del juez. La jueza Servini remitió una copia de su fallo al Consejo, que pondrá sobre la mesa por primera vez esta última jugada de Salmain contra su delator.

El fiscal federal Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, solicitó el procesamiento de diez iraníes y libaneses acusados en la causa por el atentado a la mutual judía del 18 de julio de 1994. En una serie de dictámenes firmados este miércoles, también imputó y pidió la captura internacional de Alí Asghar Hejazi, uno de los jerarcas del régimen.

El nuevo involucrado en el expediente oficiaba como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Según la reconstrucción de la Fiscalía, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

De acuerdo a las pruebas recabadas por los investigadores, una vez aprobado el plan criminal por los más altos mandos del régimen, Asghar Hejazi tuvo a su cargo la implementación y coordinación general para llevarlo a cabo.

Esto terminó de comprobarse luego de que, tal como reveló Infobae en diciembre, cuatro iraníes disidentes declararan como testigos en Francia ante el fiscal Basso. Apoyado en las pruebas que aportaron, el acusador requirió indagar al nuevo imputado, disponer su captura internacional y declararlo en rebeldía.

La solicitud del Ministerio Público ya está en el despacho del Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas.

Los procesamientos

Los diez iraníes y libaneses que pidió procesar el fiscal son los mismos sobre los que el juez Rafecas ya había resuelto aplicar el juicio en ausencia. Están prófugos de la Justicia argentina y con alertas rojas de Interpol vigentes desde 2006.

Los acusados son: Alí Fallahian, antiguo ministro de Inteligencia; Alí Akbar Velayati, titular de Asuntos Exteriores durante esa época; Mohsen Rezai, excomandante en jefe de la Guardia Revolucionaria; y Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds y la semana pasada fue designado como nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria.

Todos ellos integraron el Consejo Supremo de Seguridad Nacional, entidad gubernamental que autorizó la realización del ataque terrorista mediante una reunión reservada celebrada a mediados de agosto de 1993, momento que coincidió con avances en procesos de paz en Medio Oriente.

La lista de eventuales procesados sigue con exdiplomáticos en Buenos Aires: Hadi Soleimanpour, embajador de Irán; Mohsen Rabbani, consejero cultural; y Ahmad Reza Asghari, tercer secretario de la embajada.

La investigación de la UFI AMIA señala que este grupo conformó una red de espionaje encubierta bajo fachadas oficiales. Su labor fue vital para compilar datos sobre el blanco elegido, brindar apoyo logístico a los ejecutores materiales e incluso facilitar el ocultamiento posterior a la explosión, aprovechando su inmunidad diplomática para moverse sin despertar sospechas.

La lista de acusados se completa con los miembros de la organización armada libanesa Hezbolá. El principal es Salman Raouf Salman, terrorista que dirigió las acciones finales en nuestro país. Este hombre ingresó clandestinamente a la Argentina para organizar la llegada, el alojamiento y la huida del escuadrón ejecutor, según se desprende del dictamen fiscal.

Habría operado junto a su hermano Abdallah Salman, responsable de manejar grandes sumas de dólares destinados a financiar actos ilícitos. Por último, Hussein Mounir Mouzannar, un comerciante libanés asentado en Paraguay, entregó certificados laborales apócrifos para que Salman Raouf Salman obtuviera una ciudadanía ficticia.

En su dictamen de 201 páginas, el fiscal Basso detalló que, en calidad de autores o partícipes, los iraníes y libaneses de Hezbolá incurrieron en los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común, a raíz de las 85 víctimas fatales, en concurso ideal con las lesiones (leves, graves y gravísimas) sufridas por al menos 141 personas y los múltiples daños materiales ocasionados por la explosión.

Adicionalmente, se los acusó por el patrocinio, pertenencia y/o colaboración con una banda armada, figura penal que también incluye el agravante por fines discriminatorios.

El dictamen detalla cómo la cúpula del régimen islámico diseñó una estrategia bélica global con el “indudable propósito de denigrar y agredir violentamente” a la comunidad judía.

Para el fiscal, está probado que las directivas, el dinero y la protección emanaron directamente desde Teherán. Mientras tanto, los comandos subordinados de la milicia concretaron la fase material del asesinato masivo, burlando los diferentes controles migratorios sudamericanos mediante el uso de pasaportes falsos.

Como medida cautelar patrimonial, Basso pidió actualizar los montos de los embargos preventivos dictados sobre los bienes de cada uno de los responsables. La cifra requerida superó los $741 mil millones. Asimismo, se sugirió emplear vías diplomáticas y redes sociales oficiales para notificar fehacientemente a los prófugos sobre las decisiones dictadas en su contra.

Es un paso que exige la ley para avanzar hacia la etapa de debate oral y público, que en este caso será un juicio en ausencia.

La defensa pública de los acusados planteó ante la Cámara Federal de Casación Penal la inconstitucionalidad de la Ley 27.784, que establece las condiciones en las que se puede juzgar a un prófugo. Es algo que ya rechazaron el juez Rafecas en primera instancia y luego la Cámara Federal porteña. Definirá la Sala II del máximo tribunal penal.

La Justicia Federal de Rosario citó nuevamente a indagatoria a la ex interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF) María Laura Garrigós, quien está imputada en la causa donde se investiga si durante su gestión existió una complicidad de las autoridades del organismo que les permitió a los presos usar celulares dentro de las cárceles.

La ex jueza y ex funcionaria del gobierno de Alberto Fernández iba a declarar en agosto del año pasado, pero presentó un recurso para apartar al equipo de fiscales que la investiga. Este martes, tal como reveló Infobae, la Cámara Federal de Rosario ratificó a los agentes del Ministerio Público impugnados por Garrigós y así quedó allanado el camino para que el caso se reactive.

Fuentes judiciales consultadas por este medio precisaron que el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, citó a la ex directora del SPF para el próximo 17 de marzo. Luego deberán comparecer en tribunales el resto de los imputados: Sonia Mariela Álvarez, subdirectora del SPF, lo hará el 18; y Diego Alberto García, director de Seguridad Penitenciaria, fue convocado para el 19 del mismo mes.

Está previsto que las indagatorias sean presenciales, aunque las defensas pueden pedir que las audiencias sean virtuales.

El expediente tenía un cuarto funcionario involucrado, Guillermo Eduardo Migueles, ex director Principal de Seguridad, quien falleció.

El caso

Los fiscales que investigan a la cúpula del SPF durante la gestión anterior son Claudio Kishimoto y Matías Scilabra, Unidad Fiscal Rosario; Diego Iglesias y Martín Uriona, de la PROCUNAR; y Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

Al pedir que los corrieran del caso, Garrigós advirtió una “manifiesta falta de objetividad” de los acusadores. Lo entendió así porque acotaron sus averiguaciones solamente al período transcurrido entre junio de 2020 y diciembre de 2021.

La defensa se quejó de que la investigación no contemplara a otras gestiones previas o posteriores, teniendo en cuenta que la normativa para colocar inhibidores de señales que bloqueen llamadas en las cárceles está vigente desde mediados del 2017.

Aunque mantuvo a los fiscales de la causa, la Cámara Federal de Rosario entendió que el planteo de la ex funcionaria tiene sentido. Por eso, el fallo del camarista Aníbal Pineda encomendó que la cronología del caso se extienda desde julio de 2017 hasta la actualidad, para revisar si existieron irregularidades también en esos meses.

Durante el gobierno de Cambiemos, quien estuvo a cargo del SPF fue Emiliano Blanco -había sido designado en enero de 2014- y actualmente encabeza la cúpula del organismo el inspector Fernando Julián Martínez.

La causa por la que Garrigós será indagada se disparó a principios de 2022, cuando agentes penitenciarios requisaron la celda de Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”, en el Complejo Federal II de Marcos Paz. El capo narco tenía escondido dentro de un televisor un celular gris marca LG, junto con su batería y un cable para cargarlo.

Desde entonces se empezó a investigar la “complicidad estructural de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal”, según dictaminó la Fiscalía, no solo por la falta de colocación de inhibidores de señal -como lo exige la ley-, sino por el permanente ingreso de teléfonos dentro de los pabellones.

Las máximas autoridades del SPF “no dieron cumplimiento con la normativa específica que debían implementar para impedir las comunicaciones no autorizadas de internos alojados en dependencias de ese organismo, vinculadas con la planificación y la realización de maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban, ya sea mediante el uso de dispositivos de telefonía celular u otros medios de comunicación ingresados en violación a la normativa penitenciaria”, sostuvo el Ministerio Público Fiscal al pedir las indagatorias.

Después de seis meses de deliberación, la Cámara Federal de Rosario destrabó este martes la causa contra las autoridades del Servicio Penitenciario Federal (SPF) de la última gestión kirchnerista, por la presunta omisión de controles tendientes a evitar que los presos usen celulares en las cárceles para seguir cometiendo delitos.

En agosto del año pasado, el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, subrogado por el juez Carlos Vera Barros, había llamado a indagatoria a María Laura Garrigós, exinterventora de dicho organismo. La declaración nunca ocurrió porque la exfuncionaria intentó apartar a los fiscales que la investigan, lo que ahora descartó el Tribunal de Apelaciones.

Fuentes judiciales al tanto del expediente indicaron a Infobae que la nueva fecha de indagatoria de Garrigós se definiría en las próximas horas. Junto a ella también están imputados Sonia Mariela Álvarez, subdirectora del SPF; Diego Alberto García, director de Seguridad Penitenciaria; y Guillermo Eduardo Migueles, director Principal de Seguridad.

Los fiscales, ratificados

De forma unipersonal, el camarista Aníbal Pineda rechazó el pedido formulado por la defensa de María Laura Garrigós para apartar definitivamente del caso a los fiscales Claudio Kishimoto, Matías Scilabra, Diego Iglesias, Martín Uriona y Andrea Garmendia Orueta.

El equipo del Ministerio Público está integrado por investigadores de la Unidad Fiscal Rosario, la PROCUNAR y la PIA.

La exinterventora argumentó una “manifiesta falta de objetividad” de los acusadores, ya que las imputaciones formuladas abarcaron solamente el período transcurrido entre junio de 2020 y diciembre de 2021. La defensa se quejó de que la investigación no contemple a otras gestiones previas o posteriores, teniendo en cuenta que la normativa para colocar inhibidores de señales que bloqueen llamadas en las cárceles está vigente desde mediados del 2017.

Cabe recordar que la causa se originó a principios de 2022, cuando agentes penitenciarios requisaron la celda del capo narco Ariel Máximo “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”, en el Complejo Federal II de Marcos Paz.

Cantero tenía escondido dentro de un televisor un celular gris marca LG, junto con su batería y un cable para cargarlo.

Desde entonces se empezó a investigar la “complicidad estructural de las autoridades del Servicio Penitenciario Federal”, no solo por la nula colocación de inhibidores de señal, sino por el permanente ingreso de teléfonos dentro de los pabellones.

Según dictaminaron los fiscales, hay pruebas para indagar a María Laura Garrigós y Sonia Mariela Alvarez, máximas autoridades del SPF, porque “no dieron cumplimiento con la normativa específica que debían implementar para impedir las comunicaciones no autorizadas de internos alojados en dependencias de ese organismo, vinculadas con la planificación y la realización de maniobras destinadas a mantener extra muros la vigencia de las organizaciones delictivas que lideraban”.

Ordenan ampliar la investigación

La Cámara Federal de Rosario, aunque ratificó a los fiscales, le dio la razón parcialmente a la exinterventora Garrigós: ordenó ampliar el escrutinio temporal para incluir etapas previas y posteriores a la gestión kirchnerista, retrotrayéndose para ello hasta julio de 2017, fecha en la que se impuso por ley la colocación de inhibidores, hasta la actualidad.

Durante la gestión del gobierno de Cambiemos, quien estuvo a cargo del SPF fue Emiliano Blanco -había sido designado en enero de 2014, y se mantuvo en ese puesto-, y actualmente encabeza la cúpula del organismo el inspector Fernando Julián Martínez.

El juez Aníbal Pineda consideró metodológicamente adecuado indagar esta grave falencia estatal en todas las cárceles, evitando tratarla como un suceso puntual circunscrito a una sola unidad penitenciaria.

Por último, concluyó que las críticas de la defensa de María Laura Garrigós reflejaron simplemente cierta disconformidad estratégica respecto al avance de la investigación en general, sin demostrar una “manifiesta falta de objetividad”, como había alegado en su apelación.

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz inauguró este martes el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan contra cuatro altos mandos de la Armada Argentina. A la espera de que se levante el secreto militar -que mantiene bajo reserva pruebas que se pretenden ventilar durante el debate- los fiscales, las defensas y las querellas empezarán a negociar por los 120 testigos que declararán durante los próximos meses.

Como es habitual, en la primera audiencia el Tribunal dio lectura del requerimiento de elevación a juicio, que contiene la acusación formulada por el fiscal federal de Caleta Olivia Lucas Alberto Colla y su par María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría Investigaciones Administrativas (PIA).

En el banquillo de los acusados están Luis Enrique López Mazzeo, ex titular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento de la Armada; Claudio Javier Villamide, quien fue Comandante de la Fuerza de Submarinos; Héctor Aníbal Alonso, ex Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, quien ocupaba simultáneamente la jefatura del Departamento de Operaciones, la División Operaciones y la Central de Comunicaciones de Submarinos.

Durante la audiencia, el TOF integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez confirmó que aún aguardan respuesta del ministro de Defensa, Carlos Presti, respecto del levantamiento del secreto militar. Es un paso necesario para que se puedan mostrar públicamente planos y fotos del ARA San Juan, que guardan detalles técnicos del submarino.

Por otra parte, los magistrados le dieron el resto de la semana a las partes para que lleguen a un acuerdo sobre el orden en el que serán citados a declarar los 120 testigos previstos para el juicio oral. De no haber consenso, lo decidirán los jueces.

El TOF de Santa Cruz espera escuchar entre seis y ocho personas por día, para no extender durante más de cinco semanas la etapa de testimoniales. Según el cronograma pautado, el veredicto se leería a mediados de julio.

El juicio continuará este miércoles, con planteos preliminares. Luego comenzarán las indagatorias de los acusados, a quienes les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado. Habrá audiencias de lunes a jueves, semana por medio.

Las alertas ignoradas

La acusación llegó al juicio con una serie de advertencias que existían sobre la falta de mantenimiento o mal funcionamiento del ARA San Juan y que, a criterio de la Fiscalía, volvían previsible el desenlace trágico del submarino, que implosionó en noviembre de 2017 y fue hallado un año después.

Se trata de informes y alertas internas que se dispararon a lo largo de los años, que ayudarían a establecer responsabilidades en la cadena de mando. Todo será debatido por las partes durante los próximos meses.

• Acta de cambio de dependencia. En septiembre de 2015, tras finalizar la reparación de “media vida” -un proceso que se hace luego de 15 años de navegación-, se documentó que quedaban pendientes 33 tareas de mantenimiento correctivo y pruebas críticas de seguridad, entre ellas la prueba de máxima velocidad, la prueba de máxima profundidad y la prueba hidráulica del sistema de refrigeración a 62,5 bares.
• Informe de auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). En mayo de 2016, este organismo advirtió que el submarino registraba emanaciones de fluidos desde sus baterías, una situación que implicaba riesgos significativos para la salud y la vida de los tripulantes.
• Auditoría de la Inspección General de la Armada. Ya en diciembre de 2016, este informe concluyó que las deficiencias en el equipamiento operativo dificultaban el cumplimiento de los planes en vigor, advirtiendo sobre el incumplimiento de los mantenimientos previstos en dique seco y la falta de certificación de las escotillas para rescate.
• Solicitud de entrada a dique seco. En marzo de 2017, el entonces comandante de la unidad, Pedro Fernández, elevó un pedido “imperioso” advirtiendo que el buque llevaba 37 meses en el agua -el máximo recomendado es un año y medio-, excediendo los límites reglamentarios para el mantenimiento en tierra. Alertó que el periscopio de observación estaba fuera de servicio y el de ataque tenía defectos, que existía un fuerte ruido en la línea de eje y que, por una pinchadura previa en una tubería, la nave tenía prohibido sumergirse a más de 100 metros de profundidad.
• Consejo Asesor del Arma Submarina. En una reunión de los mandos superiores, celebrada en abril de 2017, se advirtió nuevamente la necesidad urgente de ingresar el submarino a dique seco a más tardar en 2018, debido a que en ese momento ya acumulaba 39 meses sin el mantenimiento adecuado.
• Informe de actividades de la navegación. Luego de un patrullaje previo, el comandante del submarino reportó en agosto de 2017 fallas sumamente graves: el buque había zarpado con un solo periscopio operativo (que luego falló), se produjeron errores y detenciones totales en el sistema de propulsión, había una pérdida de 50 litros diarios de aceite hidráulico y se reportó el ingreso de agua de mar al ventilador de la batería de proa presumiblemente por una falla en la válvula E19. También advirtió que gran parte de los cartuchos de cal soda (usados para purificar el aire) estaban vencidos desde 2014 y 2015.
• Índices de Calificación del Estado del Material y planillas de obras. En los reportes previos a la última navegación, se informó la falta de estanqueidad en varias válvulas de casco (H1, H16, H2, H15), lo que implicaba que no cerrarían adecuadamente ante una emergencia. También se listaron pérdidas de gas freón en el aire acondicionado (que es nocivo para la salud) y problemas en interruptores del tablero de baterías, considerados críticos por el propio fabricante.
• Advertencias internas de la tripulación. Según los testimonios recolectados en la causa, existía un malestar generalizado y miedo entre los tripulantes respecto al estado de la nave. Algunos marinos expresaron abiertamente que el submarino “no andaba” y que no estaba en condiciones de navegar, llegando incluso a manifestar su deseo de pedir el desembarco por la inseguridad que sentían.

Luego de su regreso a la Argentina, el gendarme Nahuel Gallo fue propuesto como testigo en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, y que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.

La querella que representa a las víctimas de la dictadura chavista, integrada por la Fundación de Ayuda a las Democracias en Riesgo (FADER) y el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADD), lo solicitó formalmente en las últimas horas al juez Sebastián Ramos, quien tiene a cargo el expediente.

A principios de febrero, este magistrado había pedido la extradición de Maduro, detenido en los Estados Unidos, para que sea indagado en suelo argentino. En la causa también figuran entre los acusados Diosdado Cabello y otros dirigentes del régimen venezolano.

El testimonio de Nahuel Gallo

El escrito presentado por la querella, firmado por el abogado Tomás Farini Duggan y el legislador porteño Waldo Wolff, citó un comunicado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el que “consideró la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo como ‘un crimen de lesa humanidad’”.

El caso, según entiende la querella, encuadra precisamente con el objeto de la causa que tiene a cargo el juez Ramos e instruye el fiscal Carlos Stornelli.

Nahuel Gallo estuvo detenido 448 días en la cárcel El Rodeo 1 y en el Helicoide. Regresó al país en la madrugada del lunes. Nada se sabe aún de los vejámenes que padeció durante ese período, ya que estuvo incomunicado en todo momento.

Cuando lo capturaron en Venezuela, “tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello lo acusaron públicamente de espionaje y dispusieron su traslado a los centros clandestinos de detención”, recordó la querella para fundamentar su pedido.

En las cárceles venezolanas, “las personas privadas de su libertad son sometidas a torturas, amenazas y traslados recurrentes para quebrar su voluntad, sin proceso formal ni asistencia legal propia ni consular”, continuó el documento.

A menos de un mes de su detención, el gendarme fue procesado por una presunta “actividad terrorista” contra el régimen, hipótesis que fue difundida públicamente por el ex fiscal general Tarek William Saab.

Incluso, el dictador Nicolás Maduro lo acusó personalmente: “El gendarme planeaba asesinar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez”, dijo, y afirmó que “el gobierno argentino está involucrado en los planes violentos de atentar contra la paz de Venezuela”.

Antes de tomar una decisión, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 puede pedir la opinión de Stornelli. El fiscal ya se había pronunciado favorablemente sobre la extradición de Maduro a Buenos Aires.

La causa

Maduro, Diosdado Cabello -ex vicepresidente, actual ministro- y otros 14 militares y policías venezolanos están sometidos a proceso en la Argentina bajo el principio de Jurisdicción Universal, derivado del artículo 118 de la Constitución Nacional, el cual permite juzgar crímenes de esta índole independientemente del lugar donde se cometieron.

En el caso de Venezuela, la Justicia argentina determinó que existen indicios de que el Poder Judicial de ese país actúa bajo las órdenes del Ejecutivo, lo que asegura la impunidad del régimen.

La Cámara Federal porteña validó el curso de la causa: “Los hechos denunciados revisten características de extrema gravedad que generarían lesiones a derechos humanos fundamentales y, por tanto, habilitarían su protección universal sin dilación”, ratificaron los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi en un fallo firmado en enero.

En el expediente se busca establecer las responsabilidades por los ataques sistemáticos y generalizados contra la población venezolana desde 2014, luego de que Maduro asumiera el poder.

Sobre los imputados pesan pedidos de captura internacional que fueron tramitados a través de la Interpol.

La tragedia del submarino ARA San Juan, en el que murieron 44 tripulantes, llegará a juicio este martes. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz llevará adelante el debate, que tendrá sentados en el banquillo de los acusados a Luis Enrique López Mazzeo, Claudio Javier Villamide, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, cuatro altos mandos de la Armada Argentina.

El proceso se desarrollará virtualmente y las familias, repartidas a lo largo y ancho del país, en su mayoría seguirán las audiencias desde sus hogares. Se estima que esta misma semana finalizará la lectura del requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Luis Alberto Colla, que subroga la Fiscalía de Caleta Olivia, y María Andrea Garmendia Orueta, de la Procuraduría Investigaciones Administrativas.

Luego se dará lugar a las declaraciones de los acusados. Fuentes del caso adelantaron a Infobae que los jefes militares responderán preguntas para defender su inocencia. Les imputan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado.

En el estrado del TOF con asiento en Río Gallegos estarán sentados los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto y Luis Alberto Giménez. Según prevén los magistrados, el veredicto llegaría a mediados de julio de este año.

Los familiares de los 44 tripulantes se reparten entre dos querellas, una representada por la abogada Valeria Carreras y otra por Luis Tagliapietra, letrado y padre de Alejandro, una de las víctimas.

Las acusaciones particulares llegan al juicio con expectativas dispares. El primer grupo de damnificados mantiene un buen semblante antes del inicio del debate oral, y creen que el proceso le dará un cierre a la tragedia que estas familias lloran hace más de ocho años.

En cambio, los representados por Tagliapietra no comparten esa visión. En primer lugar, no consideran que esté probado acabadamente por qué se hundió el submarino. Y, en paralelo, pretendían que el caso se juzgue en Mar del Plata. Temen que por estas inconsistencias que señalan los acusados terminen absueltos, ya sea en Río Gallegos o en instancias superiores.

El hundimiento

El ARA San Juan partió desde la Base Naval Mar del Plata el 25 de octubre de 2017 rumbo hacia Ushuaia. Tras unos días allí, la nave emprendió su última travesía el 8 de noviembre para patrullar las profundidades del mar argentino.

Según la reconstrucción que llevó adelante el Ministerio Público Fiscal, días después el submarino comunicó un ingreso de agua a través de conductos de ventilación. El líquido llegó hasta el tanque de baterías número tres, lo cual ocasionó un cortocircuito inicial seguido por un principio de incendio.

De acuerdo a los registros oficiales, el 15 de noviembre ocurrió una “pérdida repentina de plano” (el descenso descontrolado hacia las profundidades) que desencadenó la implosión del submarino, cuya estructura no podía soportar la presión a más de 600 metros debajo de la superficie.

Múltiples documentos recopilados durante la investigación revelaron que el navío tenía deficiencias operativas antes de partir. Desde que finalizó su reparación integral previa, distintos capitanes informaron desperfectos continuos.

Al zarpar, el ARA San Juan llevaba 26 meses de retraso respecto al intervalo reglamentario exigido para “ingresar a dique seco”, lo que implica sacar al submarino del agua para poder inspeccionar, limpiar y reparar su casco y sus sistemas externos de forma integral.

Dicha falta de mantenimiento programado generó serias restricciones de navegación: la Armada había prohibido que descienda a más de 100 metros.

Para la acusación, a pesar de todas las alarmas que se habían encendido, las autoridades responsables omitieron ordenar arreglos inmediatos o suspender las expediciones del submarino.

Los peritajes técnicos concluyeron que la catástrofe derivó de una cadena de sucesos originada por la filtración de agua mencionada.

El agua de mar sobre las baterías provocó un cortocircuito y un principio de incendio, lo que a su vez generó una reacción química que liberó hidrógeno, un gas altamente explosivo que se acumuló dentro del submarino.

Tras varias horas de acumulación, el hidrógeno alcanzó un nivel crítico y produjo una explosión interna. Los peritos concluyeron que este estallido neutralizó o incapacitó a gran parte de la tripulación, impidiéndoles realizar las maniobras de emergencia necesarias para salir a la superficie.

En consecuencia, la nave se hundió sin control hasta implosionar por la inmensa presión externa.

El rol de los jefes militares

El fiscal federal Luis Alberto Colla fundamentó su acusación basándose en responsabilidades inherentes a cada cargo militar específico. López Mazzeo se desempeñaba como titular del Comando de Adiestramiento, parte de la cúpula de la fuerza. Según el Ministerio Público, este alto mando no supervisó normativas relacionadas con el resguardo del ARA San Juan.

Por su parte, Villamide era el Comandante de la Fuerza de Submarinos (COFS). Él conocía el vencimiento de garantías preventivas y había recibido un pedido expreso para enviar la nave a reparaciones urgentes, de acuerdo a la acusación.

En cuanto a los demás procesados, Alonso ejercía como Jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y, además, actuaba como el reemplazo natural de Villamide. Fue quien firmó la orden operativa que envió al submarino hacia el sur, reemplazando temporalmente a su superior directo. La Fiscalía dio por probado que él sabía sobre las limitaciones de inmersión y los problemas previos de la unidad.

Finalmente, Correa actuaba como director operativo de comunicaciones. Se le recrimina su participación activa al diagramar el ejercicio naval ignorando el estado defectuoso del equipamiento. Además, no habría garantizado un servicio radioeléctrico rápido ni seguro entre el barco y tierra firme.

El Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, a cargo del juez Santiago Inchausti, otorgó otros cuatro meses al fiscal Carlos Martínez para que complete la investigación sobre el “Retrato de una dama”, la obra de arte hallada en la ciudad balnearia que fue robada por el nazismo y luego trasladada a la Argentina.

Este martes se vencían los 180 días que el Ministerio Público Fiscal tenía para resolver el caso. Aún hay medidas de prueba en curso por las que la Justicia postergó ese límite.

Patricia Kadgien, hija del jerarca nazi Friedrich Kadgien, es quien tenía la obra en su casa de Mar del Plata. Está imputada por el presunto encubrimiento de la apropiación del cuadro, delito que también le atribuyen a su marido, Juan Carlos Cortegoso.

Se trata de una calificación preliminar, ya que el caso podría ramificarse por lavado de activos, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales al tanto del expediente.

El juez Inchausti también ordenó que durante los próximos cuatro meses el matrimonio siga sometido a las medidas cautelares vigentes, que incluyen no ausentarse de su domicilio por más de 24 horas, la prohibición de salida del país, el congelamiento de sus cajas de seguridad y la inhibición de sus bienes.

Medidas en curso

En una audiencia que se llevó adelante este lunes en los tribunales de Mar del Plata, el fiscal Carlos Martínez pidió la prórroga de la investigación dado que aún espera los resultados de medidas “que son de importancia y requieren tiempo, no solo por la cuestión histórica, sino por el contexto internacional, que dificulta la obtención de informes y documentación”, según expuso el investigador.

Por ejemplo, el Ministerio Público Fiscal ya mandó a peritar otras obras que fueron secuestradas en la casa de Patricia Kadgien, ante la sospecha de que también sean de procedencia ilícita.

En esas gestiones también participan la Subsecretaría de Patrimonio Cultural de la Nación y la Interpol, según expuso el fiscal Martínez en la audiencia.

Además, la Fiscalía marplatense ya cuenta con la colaboración de la PROCELAC, a cargo del fiscal Diego Velasco, que busca dilucidar si las obras de arte fueron un medio para lavar dinero.

En tanto, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), constituida en este expediente como amicus curiae, prepara un informe técnico-histórico que detallará cómo funcionó en otros países la restitución de bienes culturales robados por el nazismo.

El fiscal también les encomendó una reseña de prácticas de debida diligencia en trazabilidad y procedencia de las obras de arte, contextualizar la apropiación de la colección de arte de la familia Goudstikker -propietaria del “Retrato de una dama”- y las dinámicas de dispersión de obras en Europa y América, y exponer criterios orientadores de buenas prácticas de procesos de restitución de los cuadros.

Por último, aún está pendiente una solicitud de colaboración cursada a Alemania. El fiscal del caso pidió saber cuáles fueron exactamente las funciones que cumplió Frederick Kadgien entre 1933 y 1945.

¿Juicio o acuerdo?

En Mar del Plata rige el sistema acusatorio y, una vez concluida la investigación, la fiscalía puede avanzar directamente hacia el juicio oral en caso de encontrar pruebas contra los acusados. No obstante, hay más espacio para alcanzar acuerdos.

En la audiencia de este lunes hubo referencias al “inicio de conversaciones en la búsqueda de una solución alternativa”. El fiscal Martínez indicó entre sus argumentos que “el nuevo plazo también va a servir para ver si podemos avanzar en ese sentido”.

El matrimonio imputado no solo enfrenta la acusación pública, sino también la querella que tiene como damnificada a Marei von Saher, nuera y única heredera de Jacques Goudstikker, coleccionista saqueado durante la ocupación alemana en los Países Bajos.

Por estos días se están terminando los últimos trámites en Estados Unidos para que la mujer demuestre formalmente su parentesco. Es un documento clave para avanzar con su reclamo de restitución de la pintura.

Goudstikker, un importante comerciante de arte judío, huyó de los Países Bajos en mayo de 1940 ante la invasión nazi y murió durante la travesía. Su colección quedó en Ámsterdam y fue apropiada por el régimen.

El comandante en jefe de la fuerza aérea de la Alemania nazi Hermann Göring se interesó personalmente en el acervo artístico y trasladó cientos de obras a Alemania. Se quedó al menos con 300 ejemplares, según se reconstruyó en la causa que tramita en Mar del Plata.

Los registros hallados muestran que el “Retrato de una dama” viajó a Berlín en julio de 1940 y regresó a Ámsterdam un año después, para ser vendido finalmente a Friedrich Kadgien.

Expertos del Museo de Bellas Artes que peritaron la obra -que permanece bajo resguardo de la Corte Suprema de Justicia- calcularon su valor en 250.000 euros.

Esta semana Diego Spagnuolo se convirtió en el primer funcionario del gobierno de Javier Milei procesado por corrupción, aunque para hacerlo la Justicia dejó de lado los audios que destaparon el escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Paradójicamente, las grabaciones pasaron de ser el disparador que sentó al exdirector del organismo en tribunales a convertirse en su mejor -y tal vez único- recurso para intentar que la causa se caiga antes de llegar a juicio.

La discusión sobre los audios se viene arrastrando desde los albores del caso y parece haber llegado a un punto de inflexión. Hasta ahora, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi prescindieron todo lo posible de los archivos que reveló el streaming Carnaval, ante la chance de que sean escuchas clandestinas, falsas o adulteradas y que, por consiguiente, pusieran en peligro la investigación.

Pero ahora la causa ANDIS tiene nuevo magistrado a cargo. El miércoles, Ariel Lijo fue sorteado para subrogar el Juzgado Federal N° 11, vacante desde el fallecimiento de Claudio Bonadio. Pronto se sabrá si mantiene el criterio de su antecesor sobre qué hacer con los audios.

“El devenir de este expediente en ningún momento se sustentó en el contenido de aquellos audios”, sostuvo el juez Casanello en una de las últimas resoluciones que firmó antes de dejar el caso. Tanto el Juzgado como la Fiscalía defienden que hay pruebas independientes e incluso anteriores a las grabaciones.

Con ese documento, al que Infobae tuvo acceso, fue rechazado un planteo de nulidad que impulsaron Spagnuolo y la familia Kovalivker, propietaria de la droguería Suizo Argentina, justamente por el presunto origen ilegal de los archivos.

En ese fallo Casanello no solo descartó la caída del caso, también respondió a una orden que había bajado desde la Sala II de la Cámara Federal porteña. Los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico, a principios de diciembre, habían encomendado “establecer origen y veracidad” del material.

Spagnuolo y los Kovalivker esperaban peritajes acústicos e informáticos que finalmente nunca ocurrieron. En su resolución del 9 de febrero, Sebastián Casanello entendió que las averiguaciones sobre los audios del exdirector de ANDIS ya están a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini, en una causa paralela que se abrió por una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La pesquisa que comanda Stornelli apunta a esclarecer “las presuntas acciones delictivas llevadas adelante por una organización criminal, mediante el desarrollo de actividades prohibidas y penadas por la Ley Nacional de Inteligencia (Ley 25.520) y de otras posibles conductas ilícitas a establecer, las que habrían consistido en la captación y obtención ilegal de supuestos audios de conversaciones y/o comunicaciones privadas”, entre las que se escucharon las voces de Spagnuolo y de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El fiscal tiene medidas en curso y, al menos hasta la feria de enero, no había imputado a nadie.

Dura respuesta de la Cámara

Un día después de esta resolución en la que Casanello se apoyó en la investigación que conduce Stornelli, la Cámara Federal de Apelaciones volvió a pronunciarse sobre los audios, aunque por un incidente paralelo. Nuevamente, la mayoría integrada por Irurzun y Boico recordó que había ordenado “establecer origen y veracidad” de los audios: “No se cumplió con ello”, escribieron los camaristas.

El pronunciamiento de la Sala II no solo volvió a poner los audios sobre la mesa, a contramano de lo que decidieron el juez y el fiscal, sino que ratificó la intención de los jueces revisores de que se esclarezca si son legítimos antes de avanzar con el caso. Fue un doble punto con el que festejaron las defensas, que ahora se entusiasman, al menos, con dar vuelta los procesamientos.

“A la Cámara no le queda otra que repetir lo que dijeron en el incidente de nulidad, que primero falta saber si los audios son truchos y después explicar cómo se hizo la investigación sin que los audios hayan influido. Van a revocar por prematuros los procesamientos”, pronosticó el abogado de uno de los acusados, que interrumpió la redacción de la apelación del procesamiento para dialogar con Infobae.

Los recursos de las defensas se presentaron en el Juzgado Federal N° 11 entre la tarde del jueves y las primeras horas del viernes, y serán elevados por el juez Lijo a la Sala II.

Lo que se viene

¿Qué reflotó la estrategia de Diego Spagnuolo y la Suizo Argentina? La Cámara observó fallas en un rechazo in límine -sin darle trámite- del juez Casanello a otro pedido de nulidad de la causa que había hecho en diciembre la defensa del ex titular de ANDIS, a cargo de Mauricio D’Alessandro, en base a un informe técnico de parte que detectó un 65% de probabilidades de que la voz del exfuncionario haya sido modificada con inteligencia artificial.

El entonces juez de la causa desestimó el nuevo planteo de nulidad sin ver los argumentos porque estaba pendiente de resolución en la Cámara la primera discusión sobre la legalidad de los audios, donde Spagnuolo se defendió a la par de los Kovalivker.

Y aquí el ribete jurídico que favoreció a los acusados: la presentación de la defensa de Spagnuolo que contenía el informe técnico había sido enviada por Casanello a la Sala II, para adjuntarla al legajo ya existente. No obstante, el tribunal se lo devolvió con la orden de tratarlo por separado y “sustanciar el planteo de nulidad adjuntado”.

En cambio, el juez dictó el rechazo in límine, sin darle cauce a la discusión sobre si todo debe anularse por las sospechas sobre el origen de los audios. Esa decisión es la que el martes revocó la Cámara Federal porteña, y será uno de los primeros pasos que dará Ariel Lijo como nuevo subrogante del Juzgado.

El otrora candidato del Gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia pedirá primero la opinión de las partes sobre este tema y luego le tocará pronunciarse. Acorralados por las pruebas que recabó el fiscal Franco Picardi durante el último semestre, Diego Spagnuolo y varios de sus presuntos cómplices confían en que el nuevo juez del caso mandará a peritar los audios, como pretenden sus superiores.

“Lijo tiene que hacer la pericia, pero mientras tanto la Cámara va a tener que revocar los procesamientos hasta tanto se termine ese estudio”, opinó ante este medio otro defensor con acceso al expediente que trabaja hace décadas en Comodoro Py. Según su experiencia y sus expectativas, “ese peritaje puede durar uno o dos años...”.

La causa por violencia de género contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, transita horas decisivas para saber si será elevada a juicio oral y público. Fabiola Yañez, quien lo denunció por golpes y maltratos antes y durante su paso por la Quinta de Olivos, rechazó un intento de la defensa por rehacer desde cero la investigación y reclamó que no se dilate más el avance de la causa.

A través de sus abogadas, la ex primera dama se presentó este jueves ante el juez federal Daniel Rafecas, con un escrito de seis páginas al que accedió Infobae. La opinión de la querella era lo último que necesitaba el magistrado antes de pronunciarse sobre cómo continuará el expediente, que está a un paso del debate oral y público.

Alberto Fernández pretende que la causa vuelva a foja cero porque casi toda la instrucción estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, a quien la Cámara Federal de Casación Penal apartó del caso por una aparente enemistad con el exmandatario. Sin embargo, en ese fallo los jueces resaltaron que la recusación se otorgaba “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

El fiscal federal Ramiro González, quien lideró la investigación, ya se manifestó en contra del planteo de la defensa, con un dictamen contundente: “Parece un recurso habitual por parte del imputado, en un afán de protagonismo y centralidad, ubicarse como víctima de un proceso en el que Fernández es quien atormentó, golpeó, lastimó y amenazó a una mujer, su por entonces pareja, Fabiola Yáñez”.

La respuesta de Fabiola

Representada por sus abogadas Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, la periodista y actriz calificó el planteo del expresidente como “otro burdo intento de eludir la justicia”, y advirtió que el proceso tiene “altas chances de terminar en condena”.

La querella agregó que “retrotraer el proceso a sus inicios es sin duda revictimizar a la víctima” y que Alberto Fernández, “en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas”.

El documento presentado ante el juez Rafecas también abordó la teoría de la defensa sobre una supuesta manipulación de la voluntad de Yañez al momento de denunciar.

Frente a esto, la querella respondió que esa sugerencia constituye en sí misma un nuevo acto de violencia psicológica, ya que subestima la capacidad de decisión de la mujer y asume que no puede actuar por determinación propia.

En cuanto a los cuestionamientos técnicos, la presentación desestimó las críticas sobre el origen de la prueba. El expresidente cuestionó reiteradas veces la obtención de los chats del teléfono de María Cantero, quien fue su secretaria privada. Los mensajes con Fabiola que dispararon las sospechas de violencia de género se encontraron cuando el celular fue peritado en la causa Seguros.

A criterio de la querella, si existieron irregularidades en aquel expediente, los planteos debieron hacerse allí y no en este proceso.

“A juicio de lo expresado en el escrito de la defensa, el poder judicial únicamente actúa conforme a derecho cuando le da la razón. De lo contrario, es un poder judicial corporativo al servicio de intereses inconfesables (es increíble que esto sea dicho por quien fue el máximo responsable del gobierno y poco y nada hizo para cambiar estas instituciones que, según él, estarían viciadas)”, remató la representación de Yañez.

Alberto Fernández está procesado por supuestas amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género. Tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal ya pidieron su elevación a juicio.

La causa judicial que investiga al ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada por la presunta creación de una usina de fake news financiada con fondos del Congreso Nacional dejará de tramitar en Salta y pasará a los tribunales federales de la avenida Comodoro Py.

La Cámara Federal porteña, a través de una resolución firmada por el juez Roberto Boico, determinó que el expediente debe continuar en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. La investigación está delegada en el fiscal Guillermo Marijuán, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Tras cumplir su mandato en diciembre, la jueza federal de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Giménez, imputó a Estrada por abuso de autoridad y peculado de servicios. El exlegislador había esquivado el llamado de la Justicia gracias a la inmunidad que le otorgaban los fueros.

Hoy, fuera de la función pública, el dirigente salteño se reperfiló como uno de los economistas consultados por Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, fue uno de los nueve profesionales que la visitó en San José 1111, reunión que le valió a la expresidenta un endurecimiento en las condiciones de su prisión domiciliaria.

La causa, a Comodoro Py

El fallo de la Cámara Federal porteña fundamentó el traslado en el origen de los fondos públicos involucrados y el lugar donde se habría montado la usina de desinformación, que serían las oficinas de Estrada en Diputados.

El juez Boico explicó que, dado que Estrada ejercía como legislador nacional y que los sueldos de los asesores que habrían ejecutado las fake news provenían del presupuesto del Congreso, corresponde que intervenga el fuero federal porteño.

El origen de la investigación se remonta al 16 de enero de 2025, cuando se presentó una denuncia formal contra el legislador por la provincia de Salta. La acusación central sostuvo que el funcionario empleó fondos estatales para financiar la creación de cuentas anónimas en redes sociales, específicamente en la plataforma TikTok. Según el texto de la denuncia, estas maniobras tuvieron como objetivo realizar “operaciones difamatorias” mediante la publicación de información falsa dirigida contra funcionarios, empresarios y periodistas.

El contenido, principalmente, vinculaba al gobierno salteño con el narcotráfico. La Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Carlos Amad, sostuvo que esta maniobra buscó intimidar a la población o manipular la opinión pública, lo que el dirigente kirchnerista habría usado para su beneficio político.

Según la acusación, el uso de dinero público para financiar campañas de desprestigio constituye una violación flagrante de la Ley de Ética Pública.

Un elemento determinante en el expediente fue la confesión de dos colaboradores directos del exdiputado. Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, quienes figuraban como asesores contratados por la Cámara de Diputados, admitieron ante la justicia provincial haber gestionado las cuentas desde donde se viralizaron los ataques.

Ambos reconocieron haber ejecutado las órdenes de Estrada para acceder a un juicio abreviado en los tribunales locales salteños.

Al recibir la denuncia en Comodoro Py, el fiscal Marijuán intentó derivar el caso para que se investigue en Salta. Sin embargo, el juez Casanello rechazó esa maniobra y ordenó profundizar la pesquisa en sede federal.

El conflicto sobre quién debía juzgar los hechos se agudizó cuando se constató que existían dos investigaciones sobre los mismos hechos. Por un lado, la justicia de Salta analizaba la creación de las cuentas en redes sociales por parte de los empleados legislativos. Por otro, se intentaba determinar la responsabilidad del diputado en la gestión de los recursos estatales que financiaron esas actividades.

Ante este escenario, el fiscal federal porteño solicitó que todos los expedientes se remitieran a Buenos Aires para evitar decisiones contradictorias y garantizar una visión integral del caso.

Casanello coincidió con este criterio y pidió a la jueza federal de Salta que se inhibiera de seguir actuando. Argumentó que existía una identidad absoluta entre los hechos investigados en ambas jurisdicciones: el uso que un diputado nacional hizo de los trabajos y servicios de sus asesores para una actividad impropia.

La jueza Mariela Giménez rechazó el pedido en una audiencia oral realizada en junio, sosteniendo que los sucesos ocurrieron bajo su territorio y que su investigación se había iniciado primero. Y, además, envió la disputada de competencias a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que también puja por el caso el magistrado provincial que condenó a los asesores.

Así llegó la disputa entre juzgados federales a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py. Con la determinación del juez Boico, la jueza de Salta se vio obligada a remitir de inmediato la carpeta judicial, que se unificará con el caso a cargo de Casanello y Marijuán.

Con la causa estancada en la puerta de la elevación a juicio oral, el fiscal federal Ramiro González se pronunció en contra de un intento de la defensa de Alberto Fernández para declarar la nulidad de la investigación por violencia de género contra Fabiola Yañez. El reclamo del expresidente ahora está en manos del juez Daniel Rafecas, que definirá el futuro del caso.

Los abogados del exmandatario habían pedido la anulación de todo lo actuado en el expediente, principalmente, porque estuvo a cargo del juez Julián Ercolini, a quien apartaron -ya con la investigación terminada- por sus diferencias personales con Fernández.

En un dictamen de 17 páginas al que accedió Infobae, el fiscal González refutó punto por punto esta estrategia de la defensa y pidió avanzar hacia el juicio oral.

La Fiscalía recordó que, al correr del caso a Ercolini, la Cámara Federal de Casación Penal aclaró en su fallo que la decisión se tomaba para descartar cualquier “temor de parcialidad”, pero “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

Por lo tanto, el fiscal González consideró que las declaraciones testimoniales, los allanamientos y el procesamiento dictado mantienen plena vigencia legal, ya que no se demostró un perjuicio concreto derivado de una conducta impropia del juez original.

Luego del apartamiento de Ercolini, Fabiola Yañez cambió de abogados -antes la representaba Mauricio D’Alessandro, ahora lo hace Marcela De Leonardis- y, al parecer, también de estrategia.

Aunque no desistió de la querella contra el padre de su hijo, desde el entorno de Fernández y Yáñez dejaron trascender que en los últimos meses mejoró el diálogo entre ambos, y no cierran la puerta a un acuerdo. Esto, según indicaron fuentes judiciales, no elimina la posibilidad de que el exmandatario llegue a juicio, aunque sea solamente con impulso de la acusación pública.

Kafka y El Proceso

Alberto Fernández pidió que la causa vuelva a foja cero en octubre del año pasado, con un documento de 187 páginas. Abrió su planteo con una carta al juez Rafecas en la que comparó su situación procesal con la de Josef K., personaje de la novela a El Proceso de Franz Kafka.

“Ahora me toca a mí. Al igual que en la novela, otro “K.” que soporta cargos por hechos que jamás ha cometido y cuyo derecho a defenderse le ha sido hasta aquí sistemáticamente negado”, escribió.

El fiscal González le dedicó algunos párrafos a la referencia del expresidente: “Pese a los esfuerzos “literarios”, muestra una seria desconexión con la realidad”, cuestionó el funcionario del Ministerio Público.

Y siguió: “Parece un recurso habitual por parte del imputado, en un afán de protagonismo y centralidad, ubicarse como víctima de un proceso en el que Fernández es quien atormentó, golpeó, lastimó y amenazó a una mujer, su por entonces pareja, Fabiola Yáñez”.

Los chats y las fotos

Otro cuestionamiento de la defensa de Alberto Fernández, a cargo de la letrada Silvina Carreira, es el origen de las pruebas en su contra.

El presidente cuestionó reiteradas veces la obtención de los chats del teléfono de María Cantero, quien fue su secretaria privada. Es que los mensajes con Fabiola que dispararon las sopechas de violencia de género se encontraron cuando el celular fue peritado en otra investigación, conocida como la causa Seguros.

Ese expediente, por entonces, también estaba a cargo del juez Ercolini, quien a criterio de la defensa “omitió establecer límites a la búsqueda de información en el celular de Cantero”, lo que “configura una violación grave y frontal a las garantías constitucionales esenciales, como el debido proceso, la intimidad, la legalidad y el control judicial efectivo”.

La defensa calificó ese procedimiento como una “excursión de pesca” y solicitó excluir cualquier evidencia derivada de allí, bajo la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Ante esto, el fiscal del caso respondió que el juez Rafecas carece de competencia para revisar medidas ordenadas por otro Juzgado en un expediente diferente. Argumentó que si la defensa pretendía cuestionar la legalidad de la pericia sobre el teléfono de la secretaria de Alberto Fernández, debió hacerlo ante Ercolini y no en este incidente.

Por último, la Fiscalía sostuvo que anular todo el proceso y volver a empezar de cero implicaría una revictimización “inaceptable” para la denunciante y contravendría el deber de garantizar un acceso rápido y eficaz a la justicia.

Con estos fundamentos, solicitó al juez Rafecas que se rechace el planteo. Alberto Fernández está procesado por amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Junto a su padre y otros 17 acusados, Ornella Calvete fue procesada este lunes en la causa ANDIS como partícipe necesaria de la corrupción que habría existido en el organismo desde diciembre de 2023. Aunque no quedará detenida, la hija del operador Miguel Ángel Calvete y ex directora nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio no podrá recuperar de momento los 695.457 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros que la Policía Federal Argentina secuestró en su departamento.

En la mañana del último 9 de octubre, el juez federal Sebastián Casanello había ordenado una ola de allanamientos a pedido del fiscal Franco Picardi. Uno de ellos fue en un piso 34 de una lujosa torre de Puerto Madero, donde vivía la entonces funcionaria del Ministerio de Economía. Renunció pocos días después.

Los sabuesos de la PFA revisaron todo: muebles, cajones, cada rincón de la casa. Oculto entre cajas de relojes TAG Heuer, habanos Partagas y perchas con ropa, apareció el efectivo. Una millonada de la que Calvete hija, según afirmó ante Justicia, “nunca tuvo su disposición ni administración”.

Ornella Calvete y la causa ANDIS

Según las pruebas recolectadas en el expediente, Ornella Calvete funcionó como una pieza operativa clave para la expansión y el resguardo de los intereses económicos del grupo. Su pareja, Javier Cardini, era el subsecretario de Gestión Productiva del Ministerio que conduce Luis “Toto” Caputo, y también tuvo que renunciar tras el escándalo. No obstante, no está involucrado directamente en la causa penal.

Para el fiscal Picardi, que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, la funcionaria de Economía utilizaba su posición en el Estado para obtener información privilegiada. Desde su cargo como directora de Desarrollo Regional y Sectorial, realizó averiguaciones sobre la estructura interna de la ANDIS incluso antes de que se consolidara la maniobra delictiva.

Entre enero de 2024 y septiembre del mismo año, cabe recordar, había ostentado el cargo de directora de Análisis de Cadenas de Valor. Pero su injerencia ya se veía desde algún tiempo atrás.

Antes de ser designada oficialmente y tras la asunción del presidente Javier Milei, Ornella Calvete averiguó, a pedido de su padre, quiénes manejaban distintas áreas de la ANDIS, particularmente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud y del programa Incluir Salud.

“¿Qué hacés Pa?”, contestó Ornella, “estaba medio picante porque entre Pazo y Posse se estaban disputando a ver a quién ponían”. Nicolás Posse fue el primer jefe de Gabinete de Ministros de Milei; mientras que el segundo nombre respondería a Juan Pazo, quien por entonces era funcionario del Ministerio de Economía y luego se hizo cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Renunció en diciembre pasado y dejó el Gobierno.

Luego, ya en el cargo, Ornella Calvete habría aprovechado su acceso a bases de datos secretas para proveer listados de empresas importadoras y potenciales clientes para los “negocios” de su padre.

Específicamente, el fiscal Picardi contrastó una maniobra de este estilo con información sobre importaciones de urea, un fertilizante químico.

El 12 de mayo de 2025, Calvete padre le pidió por WhatsApp “el listado de las empresas compradoras en argentina (potenciales clientes)”. En respuesta, Ornella le envió un archivo adjunto con información detallada extraída de registros oficiales.

Esta información, creen los investigadores, no estaba relacionada con los medicamentos de la ANDIS, sino con otras líneas de negocio de Miguel Ángel Calvete. La información privilegiada le habría servido para que las empresas de Calvete pudieran identificar cómo hacer lobby en el mercado de agroquímicos y fertilizantes.

La justicia determinó que existía una “mancomunión” entre padre e hija para gestionar ganancias a partir de diversas actividades, no solo la salud.

Además de este caso puntual, Ornella ya había demostrado esta conducta apenas asumió su cargo. En diciembre de 2023, según se desprendió del análisis de su teléfono, le envió a un asesor del Senado -la Justicia mantuvo en resguardo de qué legislador- una presentación comercial de Droguería Profarma, una de las mayores beneficiadas por la corrupción en ANDIS y, supuestamente, empresa de la que Calvete es dueño en las sombras.

La propuesta ofrecía prótesis al PAMI, garantizando la confiabilidad de la empresa porque “es de mi viejo”. Otras conversaciones revelaron que también le pidió a la secretaria de su padre, Patricia Canavesio, un listado de “todo lo que tenga papá para ofrecer en el ámbito de la salud” porque había conseguido un “interesado grande” en el Estado.

Las comunicaciones analizadas, entendió el juez Casanello, representan prueba suficiente para sostener que la imputada tenía pleno conocimiento de la ilegalidad de las operaciones.

En otro chat recuperado por los peritos informáticos de la DATIP, Ornella discutió con su padre la necesidad de utilizar “nombres de fantasía” para las empresas, argumentando explícitamente que no podían revelar que ellos eran los verdaderos dueños detrás del negocio.

Ya con el escándalo en todos los medios, en septiembre de 2025, la funcionaria de Economía alertó a Miguel Ángel Calvete que había “15 policías” en la planta baja de su edificio. “No sé si es por el cabeza de rodilla o qué”, escribió Ornella, en referencia a Diego Spagnuolo.

“Hacete la gila”, contestó Calvete. Ninguno sabía si la PFA los estaba yendo a buscar.

Ante el temor de que la allanen, fue entonces que le preguntó a su padre si había forma de justificar la millonada que tenía escondida: “Indecomm -empresa de Calvete- tiene cash blanco? Por si entran acá y me ven con mossssca. O digo que me lo prestó alguien olvidate”.

Más conexiones

La investigación del fiscal Picardi también detectó que Ornella Calvete habría facilitado la inserción de otros miembros de la banda en contratos estatales. Se sospecha que tuvo injerencia en la contratación de Patricia Canavesio y Ruth Lozano, colaboradoras directas de su padre y presuntas testaferros, quienes entre febrero y octubre de 2025 facturaron unos 45 millones de pesos al Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina.

Estas maniobras habrían permitido al grupo diversificar sus fuentes de ingresos a costa del erario público -sostuvo la acusación- utilizando la influencia de la funcionaria para asegurar pagos y designaciones.

En un descargo escrito, presentado en diciembre, Ornella Calvete negó haber “integrado sociedades, gestionado contrataciones públicas o privadas, o mantenido vínculos comerciales con personas o empresas mencionadas en la causa”, y que los chats hallados por la Justicia “fueron erróneamente interpretados” y “no guardan relación alguna con maniobras delictivas ni con el esquema investigado”.

Como consecuencia de su presunta participación activa en la estructura criminal, el juez Casanello dictó su procesamiento sin prisión preventiva y ordenó un embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de 94.288.025.418 pesos.

La compleja trama de corrupción que habría operado dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entre finales de 2023 y octubre de 2025 se robó de las arcas del Estado, al menos, unos 6.000 millones de pesos. Así lo reflejó este lunes el juez federal Sebastián Casanello, al procesar al ex director del organismo, Diego Spagnuolo, junto a otros 18 acusados.

La cifra es el piso del dinero que se habría llevado la asociación ilícita que investiga el fiscal Franco Picardi mediante el direccionamiento de compras millonarias de medicamentos e insumos. Son exactamente $5.984.594.394 que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) detectó en sobreprecios, apenas en una muestra de 11 fármacos analizados.

“Si bien a lo largo de la presente se relevó una porción nítida de la operatoria, se sospecha que la magnitud ha sido mayor”, sostuvo Casanello en su resolución, a la que tuvo acceso Infobae.

La asociación ilícita

La investigación del fiscal Picardi reveló la existencia de una organización criminal mixta, presuntamente liderada por los más altos funcionarios del organismo y lobistas del sector de la salud, quienes montaron una estructura paralela para direccionar compras millonarias de medicamentos.

El mecanismo principal consistió en la implementación de un sistema de “compulsas especiales”. A diferencia de las licitaciones abiertas y transparentes, estas contrataciones se caracterizaron por invitar a un grupo cerrado de empresas preseleccionadas.

Las firmas beneficiadas, principalmente Droguería Profarma S.A., Droguería Génesis S.A., Droguería New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A., simulaban competir entre ellas cuando, en realidad, coordinaban sus ofertas para alternarse las adjudicaciones.

El volumen total de dinero público que direccionó esta estructura asciende a 30.337 millones de pesos. El dato se desprende de las órdenes de compra correspondientes a 21 procesos licitatorios supuestamente manipulados.

Al analizar el reparto de estos fondos millonarios, los investigadores observaron que las firmas Profarma y Génesis acapararon la mayor parte del negocio, quedándose con contratos por más de 16.500 millones y 11.700 millones de pesos respectivamente, enfocados principalmente en medicamentos de alto costo.

Por su parte, las droguerías New Farma y Floresta se concentraron en el suministro de insumos específicos como implantes auditivos y audífonos, facturando el resto del monto total investigado. Para la acusación, toda esta masa de dinero representa el beneficio indebido que obtuvo el grupo criminal gracias a la eliminación de la competencia real.

Spagnuolo y su segundo, Daniel Garbellini, validaron estas operaciones sabiendo que los precios ofertados superaban ampliamente los valores de mercado, y habrían recibido coimas a cambio del desfalco de los fondos de Discapacidad.

Según consta en la causa, el ex director de ANDIS recibió dinero en efectivo y otros beneficios económicos por parte del empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como el organizador de la asociación ilícita, nexo entre el Estado y el sector privado, y supuesto dueño en las sombras de Droguería Profarma, una de las grandes beneficiadas.

Ya se conocía que Calvete le había entregado a Spagnuolo cinco millones de pesos en junio de 2025. Ahora se supo que los sobornos también se habrían canalizado mediante el pago de gastos personales. El fiscal Picardi detectó transferencias desde la empresa Indecomm S.R.L., propiedad de Calvete, hacia una mueblería para adquirir equipamiento destinado a la vivienda particular de Spagnuolo en el barrio cerrado “Altos de Campo Grande”.

Tal como reveló Infobae, también se verificó que el entonces funcionario hizo una remodelación millonaria de la propiedad, y pagó con dólares en efectivo cuyo origen no pudo justificar con sus ingresos formales. En su caja de seguridad se hallaron 82.000 dólares y cerca de 3.000 euros no declarados ante el fisco ni ante la Oficina Anticorrupción. Su defensa insiste en que los tiene desde antes de llegar al Estado, de la mano del presidente Javier Milei.

A través de Profarma, Calvete no solamente habría conseguido negocios con sobreprecios: también se sospecha que usó la empresa para disimular el pago de coimas a los funcionarios y mover el dinero para “lavarlo”, mediante otras firmas y actores involucrados.

El resto de los acusados

El esquema de cohecho se extendió a otros integrantes de la cúpula de la ANDIS. Daniel Garbellini, quien supervisaba el circuito administrativo, recibió lo que en las conversaciones internas denominaban “ofrendas”. Su incremento patrimonial, según la investigación judicial, se materializó en costosas obras en su casa del “El Pato Country Club”, donde construyó un quincho y ampliaciones por las que pagó multas millonarias al consorcio.

Junto a Spagnuolo, Calvete y Garbellini, el cuarto “jefe” de la asociación ilícita que señaló la Justicia es el empresario Pablo Atchabahian, quien dirigía “de facto” la ANDIS. Aprovechando su experiencia previa como ex funcionario del organismo -fue director de Acceso a los Servicios de Salud en la gestión de Cambiemos- daba órdenes directas a las autoridades formales sobre qué empresas contratar y a cuáles beneficiar.

Por su parte, Eduardo “Pino” González, otro director nombrado bajo la influencia de Calvete, cobró miles de dólares en billetes y cheques a los pocos días de asumir su cargo.

Un rol clave en esta estructura lo ocupó Lorena Di Giorno, quien funcionó como una “doble agente”. Mientras ocupaba un cargo público en la Agencia, trabajaba simultáneamente para las empresas favorecidas. La investigación encontró pruebas de que Di Giorno facturó millones de pesos a las droguerías de Calvete en concepto de “honorarios” y recibió transferencias bancarias directas mientras facilitaba los trámites internos para asegurar los pagos del Estado a esas mismas compañías. Su actuación permitió a los empresarios tener acceso privilegiado a información interna y manipular los expedientes administrativos.

La connivencia entre lo público y lo privado llegó al punto de que las decisiones sobre qué comprar y a quién adjudicar se tomaban a través de servicios de mensajería como WhatsApp y Telegram, muchas veces utilizando seudónimos para ocultar las identidades. Luego, estas decisiones se volcaban en el sistema informático oficial para darles apariencia de legalidad.

Los empresarios, como Pablo Atchabahian y Andrés Arnaudo, tenían injerencia directa en la designación de personal dentro del organismo y en la remoción de aquellos empleados que obstaculizaban sus negocios.

La lista de procesados se completa con Diego Martín D’Giano, ex Director de Prestaciones Médicas; Roger Edgar Grant, empleado de la ANDIS; Luciana Ferrari ex empleada del laboratorio Roche; Silvana Vanina Escudero, de Droguería New Farma S.A.; Alejandro Gastón Fuentes Acosta, de Droguería Floresta S.A.; Patricio Gustavo Rama, funcionario y vinculado a New Farma S.A.; Federico Maximiliano Santich, socio de Calvete; Guadalupe Ariana Muñoz, pareja de Calvete; Patricia Canavesio, colaboradora de Calvete; Ornella Calvete, hija del empresario y ex funcionaria del Ministerio de Economía; Ruth Noemí Lozano, prestanombre en Profarma; y Julio César Viera, chofer y colaborador.

Además de estos procesamientos, el juez Casanello ordenó citar a declaración indagatoria a otras seis personas: Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta. También a las cuatro droguerías involucradas: Profarma, Génesis, New Farma y Floresta.

Tras el receso de verano, el Consejo de la Magistratura de la Nación se prepara para un año de alta intensidad política y judicial. Según confirmaron fuentes del organismo a Infobae, el objetivo es reactivar el funcionamiento de las comisiones durante las próximas semanas de febrero para llegar a marzo con el primer Plenario del año, donde se buscará aprobar los dictámenes de concursos pendientes y avanzar en expedientes disciplinarios sensibles.

La urgencia por poner en marcha la maquinaria responde a una necesidad estadística y política. La Comisión de Selección, presidida por María Fernanda Vazquez, tiene 78 concursos en trámite y el desafío de avanzar en la conformación de las ternas de candidatos para cubrir 157 vacantes en todo el país.

2025, el año del freno de mano

La reactivación busca revertir la parálisis que caracterizó al último ejercicio. Los datos oficiales del Consejo, a los que accedió Infobae, confirman que el sistema de selección tuvo en 2025 el año menos productivo desde 2022.

El organismo encargado de administrar el Poder Judicial envió apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo durante todo el año pasado. La cifra representa un desplome vertical si se la compara con el desempeño de 2024, cuando se habían aprobado y elevado 96 expedientes. Para encontrar un nivel de actividad tan bajo hay que remontarse a los años 2012 o 2013, momentos de altísima tensión política institucional que trabaron el funcionamiento del cuerpo. Con este antecedente, la actividad de las próximas semanas resulta crucial para descongestionar el sistema.

La batalla por Comodoro Py y el interior

El foco político de la reactivación estará puesto, como es habitual, en los tribunales federales de Retiro. El Consejo debe definir las ternas para cubrir lugares estratégicos en Comodoro Py: los Juzgados Criminales y Correccionales Federales Nº 6, 9, 11 y 12; cuatro vocalías en los Tribunales Orales Federales (TOCF Nº 2, 4, 5 y 6); y vacantes en la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte.

Pero la urgencia también se traslada al interior, especialmente a zonas calientes como Rosario, donde se deben cubrir los Juzgados Federales N° 2 y N° 4. La lista de prioridades para conformar las ternas incluye también al Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, el N° 1 de Mendoza, el N° 1 de Córdoba y el de Concepción del Uruguay. Además, se buscará completar las Cámaras Federales de Apelaciones de La Plata, Córdoba, Comodoro Rivadavia y Posadas.

Para acelerar los tiempos, la Comisión de Selección ya fijó un calendario de exámenes para marzo de 2026:

• 7 de marzo: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.
• 18 de marzo: Cámara Federal de la Seguridad Social.
• 19 de marzo: Tribunal Oral de Menores.
• 20 de marzo: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital.

Acusación: Maraniello y Salmain en la mira

La Comisión de Acusación, presidida por Alberto Maques, tiene en carpeta definiciones inminentes sobre la conducta de magistrados.

El caso más avanzado es el de Patricio Maraniello, juez civil y comercial federal acusado de acoso y abuso sexual. Se espera que durante febrero la Comisión tome y concluya las declaraciones testimoniales pendientes. Una vez cerrado ese paso, los consejeros estarán en condiciones de dictaminar si envían al magistrado a Jury de Enjuiciamiento.

Otro expediente que se sigue con atención es el del juez federal de Rosario, Gastón Salmain. Si bien la investigación en el Consejo está muy avanzada, el organismo aguarda una definición procesal clave: la confirmación de su procesamiento penal por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario. Este tribunal, clave para el futuro de Salmain, está presidido este año por el juez Aníbal Pineda e integrado por las juezas Silvina Andalaf y Elena Vidal.

En paralelo, también avanzan las denuncias contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López.

El “reloj” de la disciplina

La Comisión de Disciplina, encabezada por Cesar Grau, enfrenta una carrera contra el tiempo. Según la información pública, hay 144 jueces denunciados y alrededor de 170 expedientes en trámite. El dato que preocupa es la caducidad: cerca de 30 de estas denuncias vencerán este año si no son tratadas a tiempo. No obstante, fuentes del organismo aclaran que un gran porcentaje de estas presentaciones suelen desestimarse in limine por tratarse de meras disconformidades con el contenido de las sentencias, algo que no constituye causal de mal desempeño.

Obras y modernización

Más allá de la “rosca” por los cargos y las sanciones, la Comisión de Administración —a cargo de Sebastián Amerio, representante del Poder Ejecutivo— también busca mostrar gestión. Se está planificando la ejecución de obras de infraestructura en el Polo de Retiro (los edificios de Comodoro Py e Inmigrantes), así como en tribunales de Tierra del Fuego, Mendoza, Corrientes y Santa Fe.

Asimismo, el Consejo continúa con el plan de modernización de sistemas, poniendo el foco en la optimización del expediente electrónico, el sistema de gestión de concursos y la transparencia en las estadísticas judiciales.

La grilla de autoridades de las comisiones se completa con Alberto Lugones, quien está al frente de la Comisión de Reglamentación.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, fue aceptado como querellante este jueves en la causa que investiga a dirigentes de la Coalición Cívica por presuntas extorsiones mediante denuncias judiciales. Así lo decidió el juez de Garantías Walter Saettone, a cargo del expediente.

La decisión fue tomada luego de que Tapia ratificara el miércoles su denuncia contra el legislador porteño Facundo Del Gaiso y el asesor Matías Yofe, quienes son justamente los denunciantes en el caso de la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, supuestamente adquirida por autoridades del fútbol argentino a través de testaferros.

Los dirigentes del partido que lidera Elisa Carrió, según la denuncia de Tapia, habrían actuado en connivencia con el empresario Leandro Camani.

Ahora el presidente de la AFA pasó de ser denunciante a acusador particular contra Del Gaiso, Yofe y Camani. La resolución judicial le permite a Tapia y a su abogado, Gregorio Dalbón, tener acceso al expediente, solicitar medidas de prueba y colaborar activamente en la investigación.

El juez Saettone consideró que existen elementos suficientes para declarar a Tapia como damnificado.

El contraataque de Tapia

El “Chiqui”, además de ser el presidente de la AFA, también es el titular del CEAMSE, organismo encargado de la gestión de residuos en el AMBA. De acuerdo a la versión que aportó a la Justicia, todo comenzó con la instalación irregular de cámaras de control vehicular en el Camino del Buen Ayre, corredor vial administrado justamente por esa entidad.

Según declaró el propio Tapia en una audiencia virtual este miércoles, su administración detectó que los equipos de fotomultas colocadas en esta autopista no contaban con licitación ni autorización legal por parte del CEAMSE.

Al notar esta irregularidad, ordenó cortar el suministro eléctrico de las cámaras, lo que habría generado una reacción inmediata de los empresarios afectados.

El principal apuntado en la declaración del presidente de la AFA es Leandro Camani, titular de la empresa Secutrans, dedicada a la provisión, instalación y explotación comercial de las fotomultas. De acuerdo con el testimonio brindado ante la fiscalía, Camani habría exigido mediante intermediarios que se restableciera la energía a los equipos de fiscalización.

Ante la negativa, Tapia relató que comenzaron las amenazas: fue entonces cuando le habrían hecho saber que iniciarían contra él una ofensiva en la Justicia. Toda la secuencia que reconstruyó el presidente de la AFA habría ocurrido entre agosto y septiembre del año pasado.

Tiempo después estalló el escándalo, con múltiples causas judiciales que se activaron contra la Asociación y sus directivos. “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”, afirmó Tapia por primera vez este miércoles, en sede judicial y bajo juramento.

Según la querella, Yofe y Del Gaiso cumplieron un rol de ejecutores en la presunta operación de Camani, encargándose de presentar denuncias penales contra Tapia y de amplificar la información negativa en redes sociales justo en el momento en que se disputaba el control del negocio de las infracciones de tránsito.

La versión del empresario es diametralmente opuesta: “No he mantenido jamás relación personal, institucional, económica ni comunicacional alguna con el Sr. Tapia, ni de manera directa ni a través de intermediarios”, se defendió en un escrito presentado al juez Saettone.

La denuncia contra los dirigentes de la Coalición Cívica se incorporó a un expediente que ya estaba en trámite, donde puntualmente se lo había señalado a Yofe por otro caso de extorsiones. En la causa, cuya investigación está a cargo del fiscal Germán Camafreita, el empresario Camani ya había sido mencionado como quien financiaba al denunciante de la mansión de Pilar.

El dirigente pilarense está bajo sospecha tras haber sido denunciado por un ex chofer de Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense también denunciado por Yofe.

Según este empleado, Yofe lo habría amenazado para forzarlo a declarar contra su exjefe en el marco de la causa por el fraude con las fotomultas en la que D’Onofrio está procesado en la Justicia Federal de Zárate-Campana.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular del CEAMSE, Claudio “Chiquita” Tapia, ratificó este miércoles su denuncia contra dirigentes de la Coalición Cívica que impulsan las causas judiciales en su contra y, al declarar bajo juramento, se desligó por primera vez de una de las principales acusaciones: “Yo no tengo nada que ver con la casa de Pilar”.

Tapia se refirió a la mansión ubicada en la localidad de Villa Rosa, valuada en 17 millones de dólares, sin contar la colección de 54 vehículos de colección y alta gama que la Justicia encontró en la propiedad. Como titulares de la misma figuran los presuntos testaferros Ana Conte y Luciano Pantano, quienes adquirieron el terreno a través de la firma Real Central SRL.

La investigación sobre la casa de Pilar está a cargo del juez federal de Campana Adrián González Charvay. Antes pasó por otros despachos en el fuero Penal Económico y en Comodoro Py, pero ningún magistrado imputó formalmente a Tapia u otro dirigente de la AFA en este expediente.

Según el presidente de la AFA, la causa es parte de un apriete contra él, pero no por ser la máxima autoridad del fútbol argentino, sino por su cargo en el CEAMSE.

El “Chiqui” denunció por extorsión a los dirigentes de la Coalición Cívica -y sus denunciantes- Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes según advirtió habrían actuado en connivencia con el empresario Leandro Camani.

En un escrito de 20 páginas, Tapia expuso que las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA son una represalia por haber impedido un negocio millonario relacionado con las fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.

Este expediente en el que Tapia denunció las presiones es una investigación que ya se estaba tramitando contra Yofe por otro caso de extorsión. En la causa, el empresario Camani ya había sido mencionado como quien financiaba al referente de la CC.

La declaración de Tapia

Este miércoles, ante la UFI N° 3 de Pilar, interrogaron al presidente del fútbol argentino como testigo del presunto delito que denunció. Tapia relató que las tensiones comenzaron cuando el CEAMSE detectó la presencia de fotomultas en la autopista Camino del Buen Ayre que no contaban con la debida autorización legal ni respaldo contractual vigente por parte del organismo que él preside.

Según sus palabras, el directorio anterior dejó un acta que mencionaba la colocación de estos dispositivos en el tramo que conecta Panamericana con el Acceso Oeste, pero las nuevas autoridades nunca validaron dicho permiso ni encontraron documentos que avalaran su funcionamiento.

Al verificar la inexistencia de una licitación adjudicada para ese servicio, tomó la determinación de interrumpir el suministro eléctrico de las cámaras. Tapia detalló que ordenó cortar la luz de los aparatos situados en la traza mencionada con el objetivo de que las empresas responsables se presentaran con la documentación correspondiente para justificar su actividad, algo que, según afirmó, nunca sucedió.

Aclaró además que dicha autopista es propiedad del CEAMSE y no una concesión tradicional, por lo cual cualquier instalación requiere una aprobación directa de la entidad, la cual no existía en los registros del departamento legal.

A raíz de esta decisión administrativa, continuó el presidente de AFA en su relato, apareció el hostigamiento: Tapia identificó a Leandro Camani, titular a la firma “Secutrans”, como la persona que ejerció presión para que se reestableciera la energía a los equipos de fotomultas.

Bajo juramento, sostuvo que Camani amenazó con “salir en todos los medios” si no accedían a sus demandas. Las intimidaciones incluían la promesa de exponer datos sobre la vivienda particular del presidente de la AFA en el partido de Pilar.

En su relato, el titular del CEAMSE vinculó estas amenazas con una campaña mediática en su contra. Expresó que Camani adquirió derechos relacionados con los premios Martín Fierro, por lo que le atribuyó una verdadera influencia.

Tapia agregó que la empresa Secutrans participó de una licitación en el año 2023 que finalmente se dio de baja y que, tras perder un amparo judicial, Camani recurrió nuevamente a amenazas públicas para forzar la operación de su negocio.

La defensa del presidente de la AFA

Tapia respondió a las denuncias en su contra a la par de su defensor Gregorio Dalbón, letrado que tiene entre su cartera de clientes a la expresidenta Cristina Kirchner. El abogado de la AFA habló tras la ratificación de la denuncia en Pilar y sostuvo que existe “un esquema de presiones ilegítimas, amenazas coactivas y maniobras extorsivas orientadas a condicionar decisiones institucionales, con un claro trasfondo económico y un negocio multimillonario en juego”.

Es así que Dalbón no solo pidió investigar al empresario y a los dirigentes de la Coalición Cívica por extorsiones, sino también por amenazas coactivas, defraudación, administración fraudulenta y la eventual configuración de una asociación ilícita.

“Lo que hoy quedó incorporado al expediente no es una controversia mediática ni una disputa de versiones, sino una denuncia penal seria, ratificada bajo juramento, que describe un mecanismo extorsivo organizado. A partir de ahora, cada conducta, cada vínculo y cada circuito económico quedarán bajo análisis judicial, con las responsabilidades penales que correspondan”, sintetizó el defensor de Tapia en diálogo con Infobae.

El supuesto “jefe paraestatal” de la ANDIS, Miguel Ángel Calvete, continuará detenido por la causa de explotación de la prostitución ajena en la que fue condenado. La Cámara Nacional de Casación rechazó todos sus intentos para ser excarcelado, y este miércoles clausuró definitivamente la posibilidad de que recupere su libertad en esta instancia del proceso.

El empresario y ex representante de los supermercados chinos está entre los principales acusados en el expediente que investiga la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Diego Spagnuolo, Daniel María Garbellini y Pablo Atchabahian. De todos, es el único que está en prisión.

En Comodoro Py, el juez federal Sebastián Casanello ya indagó a todas las personas que figuran -de momento- en la lista de imputados y está en condiciones de definir sus procesamientos o sobreseimientos.

En paralelo, el magistrado tiene pendiente ordenar el peritaje de los audios de Spagnuolo, algo que exigió la Cámara Federal porteña para “establecer su origen y veracidad”.

Calvete y la cárcel

Los jueces Gustavo Bruzzone y Daniel Morin, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, desestimaron el planteo que presentaron los abogados de Calvete para sacarlo de prisión, algo que viene siendo rechazado desde primera instancia.

El Tribunal Oral Criminal N° 8, que en 2019 lo condenó a cuatro años de prisión por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena, ordenó la detención cuando Calvete fue allanado por la causa ANDIS.

Luego ese mismo Tribunal rechazó la excarcelación, decisión que fue apelada por la defensa ante la Casación Nacional. Quien lo representa legalmente y llevó adelante estos trámites es Ernesto Camilo Cordero Fabbri, quien por entonces era el funcionario de la Oficina Anticorrupción encargado del área de Admisión y Derivación de Denuncias. Renunció al cargo ante la evidente incompatibilidad de sus tareas.

La Sala de Turno declaró inadmisible el recurso de casación que presentó la defensa de Calvete, a lo que los abogados respondieron con un recurso de inconstitucionalidad.

Esa última apelación es la que ahora los jueces Bruzzone y Morin declararon abstracta. Para comprender la decisión actual, hay que observar lo ocurrido el 4 de diciembre en la Corte Suprema de Justicia, que intervino sobre la condena de Calvete y sus cómplices.

El máximo tribunal desestimó los recursos de hecho presentados por las defensas técnicas. Estas apelaciones directas buscaban atacar la sentencia condenatoria dictada contra el acusado. Así, el fallo que lo declaró culpable quedó firme, y por ende también la decisión de que cumpla la pena en la cárcel.

Como la discusión sobre la culpabilidad y la condena se cerró definitivamente, el argumento de que existían procesos en trámite ante la Corte desapareció. Esa cuestión era el pilar que sostenía la estrategia de la defensa para pedir la libertad.

Su rol en la causa ANDIS

Calvete era un hombre que frecuentaba los medios de comunicación: durante años fue vocero de la Federación de Supermercados y Asociaciones Chinas, presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo y también concejal de Cambiemos en La Matanza, entre 2015 y 2019.

Soterradamente, Calvete habría sido el lobista que manejaba los hilos de la corrupción en la ANDIS. Así lo sostiene el fiscal federal Franco Picardo, a cargo de la investigación.

La investigación judicial lo ubicó como el “jefe para-estatal” del organismo que, sin tener un cargo público designado, montó una estructura paralela para direccionar compras millonarias de medicamentos y prestaciones, garantizando negocios para sus propias empresas y las de sus socios, a cambio de retornos económicos ilegales.

Para la acusación, Calvete era un articulador entre el sector privado y los funcionarios públicos. Tenía influencia directa sobre las máximas autoridades de la Agencia, incluyendo al entonces Director Ejecutivo, Diego Spagnuolo, y al encargado de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini.

Las pruebas recabadas por el fiscal Picardi sugieren que daba instrucciones sobre qué expedientes debían avanzar, a qué droguerías se debía pagar y cuáles debían ser postergadas. Las reuniones para definir estos movimientos no ocurrían en oficinas oficiales, sino en su domicilio particular de la calle Defensa o en bares de la zona sur de la ciudad.

La ANDIS habría operado con un esquema de “cartelización”, en el que Calvete decidía los ganadores de las compulsas de precios, muchas veces simulando competencia entre empresas amigas o controladas por el mismo grupo. En los allanamientos realizados en su vivienda, la Justicia secuestró cuadernos con anotaciones manuscritas que detallaban porcentajes, repartos de dinero y listas de personas bajo el rótulo de “Círculo Tuco”, lo que evidenciaría la contabilidad paralela de la organización.

Para asegurar el control dentro del organismo estatal, Calvete habría puesto a personas de su extrema confianza en puestos clave. Dos nombres resuenan en el expediente: Eduardo Nelio González, conocido como “Pino”, y Lorena Di Giorno. Estos agentes -que están imputados y fueron indagados- habrían operado como sus alfiles dentro de la ANDIS.

El entramado familiar también alcanza a su hija, Ornella Calvete, quien se desempeñaba como funcionaria en el Ministerio de Economía. Le secuestraron 700.000 dólares en efectivo cuando allanaron su departamento.

La Justicia de La Plata dictó la prisión preventiva de Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, la pareja de dirigentes kirchneristas detenidos por los abusos sexuales de militantes y empleadas del Senado bonaerense. Serán trasladados a una cárcel común, mientras avanza la investigación sobre ellos y la secta que habrían montado para mantener sometidas a las denunciantes.

El juez de garantías Juan Pablo Masi escuchó la semana pasada a todas las partes que intervienen en el expediente. Y, en particular, les dio un espacio a las víctimas para pronunciarse.

En base a lo que escuchó de las dos damnificadas -otros dos casos tramitan en una causa paralela-, el magistrado amplió la acusación contra Rodríguez y Silva Muñoz: abuso sexual con acceso carnal agravado por haber causado un grave daño en la salud mental de la víctima, por el empleo de arma y por haber sido cometido por dos personas, en cuatro hechos distintos.

El agravante del daño a la salud mental no había sido solicitado por la fiscal de la causa, Betina Lacki. Fuentes judiciales al tanto del expediente indicaron que no lo hizo porque aún no están los resultados de las pericias psiquiátricas. A criterio del juez Masi, alcanzó tan solo con escuchar lo que las mujeres tenían para expresar para incluir esta calificación.

Para decidirse por el encierro de los imputados, el magistrado consideró acreditada la gravedad de los delitos que se les atribuyen y el riesgo de que, en libertad, Rodríguez y Silva Muñoz pudieran entorpecer la investigación o afectar a las víctimas.

De esta manera, la Justicia ordenó el traslado de los referentes de la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana desde la Alcaidía Departamental de La Plata “Roberto Pettinato” hacia una Unidad Penitenciaria que cuente con cupos disponibles.

Además, se ordenó la formación de un incidente de morigeración para evaluar alternativas a la detención, aunque el Juzgado de Garantías N°4 de La Plata subrayó la necesidad de mantener la prisión preventiva mientras se desarrolla la instrucción.

Avanza la investigación

Según la investigación que lleva adelante la fiscal Lacki, titular de la UFI N° 2 de La Plata, Rodríguez fue autor material de los abusos sexuales y Silva Muñoz actuó como partícipe necesaria, una figura legal que implica haber contribuido de forma indispensable.

Las primeras denuncias contra ellos se radicaron en 2019, en una causa a cargo de la misma fiscal y del juez Pablo Raele. No había avanzado hasta el año pasado, cuando más mujeres se animaron a contar que también fueron víctimas. Los abusos habrían ocurrido desde 2015 hasta 2023.

El juez Masi, en su fallo, valoró especialmente la coherencia de los relatos de las denunciantes y el contexto de manipulación psicológica en el que se habrían dado los abusos. No solo eran sus referentes políticos y ejercían una superioridad dentro de la estructura del Senado bonaerense, sino que también las sometían con métodos esotéricos, a través de la secta “La Orden de la Luz”.

Tal como reveló Infobae, el modus operandi de los acusados incluía manipulaciones tales como afirmar que Nicolás Rodríguez era sobrino de Cristina Fernández de Kirchner, algo que no se comprobó más allá de sus dichos.

Las víctimas relataron que la relación con los referentes políticos se basó en la confianza y la admiración por su liderazgo, pero que lentamente se transformó en dependencia emocional y aislamiento. La investigación señaló que la estructura del grupo facilitó la comisión de los hechos y que el rol de Silva Muñoz resultó clave para que los abusos continuaran en el tiempo.

La defensa de los imputados, a cargo del abogado Gastón Nicocia, pidió la nulidad de la causa por supuestas irregularidades en la obtención de los testimonios. El juez Masi lo desestimó.

Según resolvió el juez Masi, “Nicolás Rodríguez captaba a chicas jóvenes -de 18 años de edad- les enviaba mensajes, fotos desnudas y videos masturbándose a todas las personas de sexo femenino que empezaban a formar parte de su agrupación; les insinuaba haber tenido sexo con todas y, hacia notar, que las que no habían tenido sexo con él eran obligadas a ello; siempre las víctimas eran encerradas evitando que puedan escapar de la situación y así poder abusarlas, siendo que en los hechos de acceso carnal no utilizaba preservativo y luego de ello, comenzaba a acosarlas y perseguirlas, no dejando que se vinculen con otras personas del sexo masculino, apareciéndose en los lugares donde estaban y hasta en sus domicilios, advirtiendo en la conducta del imputado el mismo modus operandi para ultrajar a sus víctimas”.

Al definir el accionar de Daniela Silva Muñoz, el magistrado resaltó que “era la referente de género de todas las femeninas de la agrupación”. “Sin embargo, en vez de cuidarlas, en clara oposición a las funciones que debería llevar a cabo, esto es, la implementación de la perspectiva de género en políticas y programas, la promoción de la equidad, la erradicación de la violencia de género, el diseño e implementación de campañas de sensibilización y promover el liderazgo y el empoderamiento de las mujeres y asegurar que los datos se analicen con esta perspectiva, persuadía a las integrantes de su agrupación a presentarse en su domicilio o en la propia oficina del Senado, dejándolas encerradas con Nicolás para que éste abusara de ellas, siendo que en otras oportunidades, hasta participaba de los abusos”.

Nicolás Rodríguez, el dirigente kirchnerista detenido junto a su novia Daniela Silva Muñoz por el escándalo de abusos sexuales que sacudió al Senado bonaerense, decía ser familiar de la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Era una carta que usaba para mostrarse “poderoso” o “intocable” dentro de la militancia y el Estado, según entienden fuentes con acceso a la investigación que revelaron el dato a Infobae.

El parentesco entre el presunto depredador sexual -también señalado por las mujeres denunciantes como líder de una secta llamada “La Orden de la Luz”- y la exmandataria no sería más que un invento suyo, o al menos no está acreditado en la causa judicial que tramita en La Plata.

Nicolás Rodríguez fue hasta su caída uno de los referentes del Movimiento Ciudadano La Capitana, agrupación militante que hasta 2021 integró Giselle Fernández, hermana de Cristina.

Pero Rodríguez decía tener llegada directa a su máxima líder política. En sus declaraciones, de hecho, las víctimas contaron que mientras ocurrían los hechos lo percibían como “un todo poderoso”, “que tenía estudiados sus movimientos, que sabía todos sus secretos y lugares habituales”.

Una testigo de identidad reservada, funcionaria del Municipio de La Plata -donde trabajó con el acusado- y confidente de una víctima, que al denunciar su caso reactivó la causa judicial, fue quien reveló la novedad a la fiscal de La Plata Betina Lacki, encargada de la investigación.

En su declaración, a la que tuvo acceso Infobae, relató: “Nicolás me pidió ir a mi casa, una noche en la que no esté mi hija, y esté sola, ya que me tenía que contar algo muy importante para la política. Yo evadí esas propuestas, ya que me parecía que estaba insinuando algo más, y cuando él se dio cuenta, me dijo que para que no me sienta incómoda, él podía ir con alguna de las chicas de su organizacion, pero no sucedió, ya que me incomodaba”.

La funcionaria platense siguió su relato, con más detalles: “Cuando pasaron algunos días de esa propuesta, Nicolás me dice que lo que me quería comentar es que él tenia vínculos familiares con Cristina Fernández de Kirchner, y que me dejó de insistir porque se dio cuenta de que yo me lo había tomando mal, que había pensado cualquier cosa, cuando él solo quería confiarme algo muy importante políticamente”.

Los investigadores consideran que no se trata de algo aislado: mostrarse como un “peso pesado” dentro del kirchnerismo era parte de su estrategia para mantenerse impune de los delitos que le atribuyen.

Una de las denunciantes coincidió con el relato de la testigo: tanto Rodríguez como su pareja y supuesta cómplice, Silva Muñoz, le contaron que él era sobrino de la expresidenta.

El caso que se investiga

El juez de garantías Juan Pablo Masi resolverá en las próximas horas el pedido de prisión preventiva para ambos imputados que formuló la fiscal Lacki. Rodríguez y Silva Muñoz no solo están bajo investigación por los delitos sexuales, sino también por privación ilegítima de la libertad y amenazas.

El contexto en el que ocurrieron estos hechos combinó la militancia, el trabajo en la Cámara de Senadores bonaerense y prácticas esotéricas.

Los acusados lideraban lo que denominaron “La Orden de la Luz”, una secta donde él se autoproclamaba como un ser superior o “Dios en la tierra”, al que llamaban “Kiei”. Bajo esta fachada, convencieron a las víctimas de que su propósito existencial radicaba en satisfacer los deseos del líder y de su compañera, Silva Muñoz, a quien definían como una maestra espiritual o “sensei”.

La manipulación ejercida, según coinciden denuncias, incluyó la promesa de pasantías y puestos laborales en el Senado. Sin embargo, las becas que percibían las damnificadas muchas veces eran financiadas por el propio Rodríguez para generar una deuda económica y moral. Una vez establecido el vínculo de confianza y subordinación comenzaban los ataques sexuales, que incluyeron acceso carnal violento y el uso de armas blancas para amenazar a las mujeres.

Durante los encuentros en los domicilios de los imputados, se exhibían cuchillos y katanas, elementos que el agresor utilizaba para amedrentar. Varios de estos fueron secuestrados en los allanamientos.

Las denunciantes describieron situaciones de extrema violencia física, como mordeduras y quemaduras en el cuerpo, y asfixias hasta el desmayo.

El rol de Silva Muñoz resultó determinante en la ejecución de los delitos. Lejos de proteger a sus compañeras de militancia, la mujer actuó como partícipe necesaria, facilitando los encuentros y presenciando los abusos, dictaminó la fiscalía.

La detenida, referente en materia de género dentro de La Capitana y otros espacios políticos, persuadió a las jóvenes para que aceptaran las condiciones impuestas por el “líder”, bajo la premisa de que debían “domar su fuego” interno y obedecer las órdenes superiores.

Las pericias y testimonios indicaron que el hostigamiento continuó incluso cuando las víctimas intentaron abandonar la organización. Recibieron correos electrónicos intimidatorios desde una cuenta denominada “Hiraki Seiton”, con mensajes que alertaban sobre peligros sobrenaturales o amenazas directas de muerte hacia sus familiares si decidían romper el pacto de silencio.

Stella Maris Martínez dejó de ser la Defensora General de la Nación este domingo, al cumplir 75 años y no contar con la validación del Gobierno para renovar su pliego en el Senado. Desde ahora, el jefe de los defensores públicos será Julián Langevín, quien ejerce esa función ante la Corte Suprema de Justicia. Ocupará interinamente la cabeza del Ministerio Público de la Defensa a la espera de que haya una designación por las vías formales, algo que depende del Ejecutivo y el Congreso.

El tiempo que pueda pasar entre que se abre un concurso para designar un magistrado y el momento en el que jura para asumir es incierto. Para muestra basta observar lo que ocurre en el Ministerio Público Fiscal, donde el Procurador General, Eduardo Casal, lleva ocho años como interino.

Con acuerdo del Senado, Stella Maris Martínez había asumido la titularidad del MPD en 2006. Tenía intenciones de permanecer en el cargo después de la edad prevista por la ley, y recibió el respaldo de organizaciones como el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales, que pidieron públicamente a la Casa Rosada que envíe su pliego a la Cámara de Senadores para extender su mandato otros cinco años.

En octubre de 2024, Martínez le había comunicado al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que pretendía continuar. La respuesta del Ejecutivo fue que no iban a solicitar un nuevo acuerdo parlamentario para que los senadores definan su futuro.

Sin el aval del Gobierno, la ahora ex Defensora General emitió el viernes una resolución en la que formalizó el cese de sus funciones a partir del 1 de febrero y confirmó a Julián Langevín como su sucesor provisorio.

“Es una persona de la casa, el traspaso está siendo muy ordenado y no va a haber grandes cambios”, anticipó ante la consulta de Infobae una fuente del Ministerio Público de la Defensa. De hecho, el cargo tampoco le es ajeno a Langevín: como Defensor General adjunto, cada vez que Stella Maris Martínez pidió licencia en los últimos años fue él quien subrogó su despacho.

Desde 2008, el flamante Defensor General de la Nación interino ejerce como defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia. Su rol es representar a los acusados o demandados sin abogados particulares en la última instancia de la pirámide judicial. Seguirá al frente de esa tarea mientras conduce el organismo.

Quién es Julián Langevín, nuevo Defensor General de la Nación

Porteño, de 64 años y graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1985, Langevín trabajó durante toda su carrera dentro del sistema judicial y, en paralelo, se dedicó a la docencia y la investigación jurídica.

Según plasmó en su currículum cuando concursó para el cargo ante la Corte, entró al Poder Judicial cuando todavía era un estudiante, en 1983, con el cargo de auxiliar para el Juzgado Federal N° 3 porteño. Luego fue traspasado a la Fiscalía N° 2 ante la Cámara Federal, en el mismo escalafón. Luego de dos años llegó a ser secretario del fiscal.

Más tarde, Langevín fue nombrado secretario de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 porteño, su último trabajo antes de pasar a la vereda de la defensa.

En 1993 lo designaron como defensor oficial ante los Tribunales Orales Federales porteños. Fue durante una década y media el titular de la Defensoría N° 7. Luego llegó a la representación del Ministerio Público de la Defensa ante la CSJN.

En el plano académico, Langevín se especializó en derecho penal, dirigió el equipo de investigación independiente “Defender” y ejerció la docencia en la UBA y en instituciones privadas como la Universidad de Belgrano y la Universidad del Salvador.

Dio clases a la par de juristas de renombre como Guillermo J. Ouviña, Eugenio Zaffaroni y Lucila Larrandart, entre otros.

La investigación por el origen de los fondos para la compra de una quinta en Pilar, valuada en 17 millones de dólares, avanzó este martes con diversas medidas solicitadas por Adrián González Charvay, titular del Juzgado Federal de Campana, quien recibió la causa la semana pasada.

Se trata del primer movimiento en el expediente que investiga a los presuntos testaferros de la AFA Luciano Pantano y Ana Conte desde que Charvay heredó el caso, de manos del juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky, tras una definición de la Cámara Federal de San Martín.

Este miércoles, el juez de Campana emitió cuatro oficios y 30 órdenes de presentación con diferentes requerimientos a distintas entidades públicas y privadas, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Al mismo tiempo, el magistrado solicitó tres estudios periciales a otras entidades y organismos especializados.

Por último, dio intervención a ocho dependencias policiales en la investigación.

La causa

El juez de Campana recibió el caso durante la feria judicial y ya empezó a ordenar medidas tendientes a continuar las averiguaciones que recibió de los jueces Marcelo Aguinsky y Daniel Rafecas, quienes habían investigado primero.

Por cuestiones de jurisdicción territorial, el juez de feria de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, entendió que era el Juzgado de Campana al que le correspondía intervenir, por lo que la causa dejó de tramitar en la Ciudad de Buenos Aires.

El caso se originó con una denuncia de la Coalición Cívica por la mansión de Villa Rosa, ante las sospechas de que pertenecería a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, aunque en los papeles está a nombre de la firma Real Central, propiedad de Conte y Pantano, una jubilada y su hijo monotributista que no tendrían cómo justificar de dónde sacaron el dinero para comprar todos los bienes que dicen tener.

Con el avance de las averiguaciones, el juez Aguinsky también puso la lupa sobre una supuesta estructura financiera internacional utilizada para desviar y ocultar fondos vinculados a la AFA, a partir de una ampliación de la denuncia del espacio de Elisa Carrió.

En ese capítulo entró en juego la empresa TourProdEnter LLC, del exdiputado provincial Javier Faroni, quien tenía el manejo exclusivo de los contratos de la AFA en el exterior y se llevaba un 30% de comisión por cada transacción.

Sobre esto también hay otra pulseada entre jueces. Es que las maniobras que involucran a Faroni y su esposa Erica Gillete, presidenta de TourProdEnter, también se están investigando en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora que subroga Luis Armella.

Mientras tanto, el Juzgado Federal de Campana continúa en una etapa de análisis de las pruebas recabadas en los despachos de Comodoro Py y el fuero Penal Económico. Hay informes, pericias, tasaciones y declaraciones testimoniales que permiten reconstruir lo ocurrido.

El predio de Pilar cuenta, entre otros lujos, con autos y motos de alta gama y de colección, un haras dedicado a la cría de caballos árabes y pura sangre de carrera, helipuerto, entre otras commodities.

La hipótesis principal sostuvo, hasta ahora, que se ingresaron fondos de origen ilícito al circuito legal mediante la compra de la quinta de los 20 millones de dólares. Para concretar estos movimientos patrimoniales, se sospecha sobre el uso de la sociedad comercial Real Pilar, que habría funcionado como pantalla para ocultar a los verdaderos dueños de los bienes.

De forma paralela, existe otro expediente contra la AFA y sus autoridades por presuntos delitos tributarios. En esa causa, a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, se investiga a la entidad deportiva por la retención indebida de impuestos y aportes a la seguridad social, mediante la cual se habrían apropiado de más de 19.000 millones de pesos.

Ese caso tiene la particularidad de que el Gobierno se constituyó como querellante, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por lo que tiene acceso al expediente y puede apelar y proponer medidas.

El contraataque de “Chiqui” Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, denunció ante la Justicia bonaerense que fue extorsionado por el empresario Leandro Camani y dos dirigentes de la Coalición Cívica (CC), Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes dieron a conocer las sospechas sobre la quinta de Villar Rosa.

En un escrito de 20 páginas, Tapia expuso que las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA no surgieron de manera espontánea, sino que respondieron a una represalia por haber impedido un negocio millonario relacionado con las fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.

El denunciante, a través de su abogado Gregorio Dalbón, relató ante el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que el conflicto se originó por su rol como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).

Camani, a través de la firma Secutrans S.A., -según la versión de Tapia- buscaba instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por el CEAMSE, para ampliar su negocio con las infracciones viales.

Según la denuncia, ante la negativa del titular de la AFA, Camani habría amenazado -a través de intermediarios- con que si no se aprobaba su pedido, se lanzarían falsas denuncias penales en su contra.

“El contenido del mensaje no dejaba margen de duda, estableciendo una alternativa extorsiva clara: o se habilitaba el negocio solicitado, o se iniciaría una ofensiva judicial”, continuó Tapia.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, se presentó ante la Justicia bonaerense para denunciar que fue extorsionado por el empresario Leandro Camani y dos dirigentes de la Coalición Cívica (CC), Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes impulsan las investigaciones contra las autoridades de la entidad deportiva.

En un escrito de 20 páginas, Tapia expuso que las acusaciones recientes sobre su patrimonio y su gestión de la AFA no surgieron de manera espontánea, sino que respondieron a una represalia por haber impedido un negocio millonario relacionado con las fotomultas, entre agosto y septiembre del año pasado.

El denunciante, a través de su abogado Gregorio Dalbón, relató ante el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro que el conflicto se originó por su rol como director de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana (CEAMSE).

El documento presentado explicó que Leandro Camani, a través de la firma Secutrans S.A., buscaba ampliar su dominio en el sistema de recaudación por infracciones viales en la provincia de Buenos Aires.

Según el escrito, Camani había requerido oficialmente que se le permitiera instalar y renovar cámaras de fotomultas en rutas y predios administrados por el CEAMSE. Para Tapia, autorizar el negocio significaba manejar un flujo de fondos estatal de alto impacto. Frente a este pedido, respondió con una negativa total. “Me negué de manera expresa y categórica a autorizar tanto la instalación de nuevas cámaras como el recambio de las existentes, manteniendo una decisión firme”, planteó Tapia en la presentación.

A partir de entonces, las gestiones presuntamente legítimas fueron reemplazadas por presiones y mensajes intimidatorios, continuó el presidente de la AFA en su relato. Según la denuncia, Camani habría amenazado -a través de intermediarios- con que si no se aprobaba el negocio, se lanzarían falsas denuncias penales en su contra.

“El contenido del mensaje no dejaba margen de duda, estableciendo una alternativa extorsiva clara: o se habilitaba el negocio solicitado, o se iniciaría una ofensiva judicial”, continuó Tapia.

Esa represalia en tribunales que menciona la máxima autoridad del fútbol argentino son las causas que aparecieron en su contra en los últimos meses, y que tuvieron su origen con la denuncia de los dirigentes de la Coalición Cívica Matías Yofe y Facundo Del Gaiso, quienes develaron las sospechas sobre una mansión en Pilar que, presuntamente, fue comprada por dos testaferros.

Precisamente, este expediente en el que Tapia denunció las presiones espurias es una investigación paralela contra Yofe por otro caso de extorsión. En esta causa, el empresario Camani ya había sido mencionado como quien financiaba al referente de la CC.

Tapia señaló a Yofe y Del Gaiso como ejecutores instrumentales de una estrategia diseñada por Camani, a quien mencionó como el organizador y potencial beneficiario económico de la maniobra.

“Lo que se denunció no es un hecho aislado ni una reacción circunstancial. Estamos frente a una maniobra de extorsión estructurada, con una secuencia clara: un pedido económico concreto, una negativa legítima y, como represalia, la activación coordinada de denuncias penales y una operación mediática destinada a presionar y condicionar decisiones institucionales”, explicó tras la denuncia Gregorio Dalbón, en diálogo con Infobae.

Además, el presidente de la AFA destacó la gravedad de ciertas prácticas utilizadas contra él, como la grabación de domicilios particulares mediante el uso de drones y la exhibición de esas imágenes en televisión. Consideró que estas acciones invadieron su privacidad y expusieron a su grupo familiar con el objetivo de generar temor y desgaste institucional.

Como parte de su presentación, “Chiqui” Tapia solicitó una serie de medidas de prueba para corroborar sus dichos: pidió allanar los domicilios y oficinas de Camani, Yofe y Del Gaiso, para secuestrar celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos que permitan reconstruir las comunicaciones y la planificación de la presunta extorsión.

Asimismo, requirió pericias informáticas sobre los equipos que se incauten para analizar mensajes, correos electrónicos y registros de ubicación.

Tapia ofreció el testimonio de dos personas que habrían presenciado las amenazas o actuado como intermediarios de los mensajes intimidatorios. Solicitó que estos testigos declaren bajo identidad reservada debido al temor a represalias por la gravedad de los sucesos.

“Cuando el sistema penal y la exposición pública se utilizan como herramientas de presión, deja de ser un conflicto político o mediático y pasa a ser un problema jurídico grave. Por eso decidimos llevar todo al ámbito que corresponde: la Justicia, donde cada conducta deberá ser analizada y cada responsabilidad, determinada”, concluyó Dalbón.

El avance de la investigación sobre la presunta secta integrada por dos militantes kirchneristas acusados de haber abusado sexualmente de varias mujeres en la ciudad de La Plata –incluso, dentro del Senado bonaerense– revela una verdad incómoda: todo lo que ocurría allí era desde hace años un secreto a voces entre los pasillos del Estado y las agrupaciones políticas. Sin embargo, una pregunta aún sobrevuela el expediente: por qué se tardó una década en accionar contra los sospechosos, que mientras tanto fueron ganando terreno y peso político dentro de ese universo.

Según pudo reconstruir Infobae, la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, llegó a su cargo en diciembre de 2019 sabiendo de las acusaciones que pesaban sobre Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, la pareja que lideraba la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana.

Para entonces, Rodríguez y Silva Muñoz acumulaban denuncias de 2014 y ese mismo 2019. Ninguna con avances significativos. En ese lapso, el letargo judicial fue tal que una de las damnificadas decidió abandonar la ciudad e instalarse en otra, a más de 300 kilómetros.

Más de cinco años después, la fiscal Betina Lacki, titular de la Unidad Fiscal de Investigación N° 2 de La Plata, reactivó ese último expediente tras la aparición de nuevas víctimas. Y en paralelo, se abrió otro con más casos a mediados de 2025.

Este medio se comunicó con la ministra Estela Díaz, quien no supo precisar desde cuándo sabe que los dirigentes Rodríguez y Silva Muñoz podrían ser depredadores sexuales, pero no desmintió la fecha que se le señaló. Para cuando el gobernador Axel Kicillof creó la cartera y la designó como titular, dijo, “eso circulaba como rumor”. No obstante, planteó: “Es muy delicado decidir qué actuación se toma cuando hay rumores y no hay causas que avancen”.

Cabe recordar que los abusos sexuales son delitos de instancia privada, y en estos casos los funcionarios públicos no tienen la obligación de denunciar —siempre que se trate de mayores de edad—, ya que deben respetar los tiempos y la autonomía de la víctima.

La intervención del Ministerio

Formalmente, el Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense tomó intervención recién en octubre de 2024, cuando pidió auxilio una empleada de la Cámara de Senadores. El Equipo Interdisciplinario de la Legislatura elaboró un informe del caso y lo elevó a la Dirección de Situaciones de Alto Riesgo y Casos Críticos, que depende de la ministra.

La directora de esa dependencia, Valeria Monetta, recibió a la empleada legislativa y escuchó su testimonio junto a la directora de Abordaje de Violencias Diferenciadas y Casos Críticos, Sonia Sánchez. Para ese momento, esta víctima todavía no había hecho la denuncia penal.

Desde la cartera de Género le indicaron a la mujer que llevar el caso a la Justicia era un paso necesario para poder ayudarla con medidas de protección, como un botón antipánico. Esa política de denunciar primero y auxiliar después es cuestionada desde distintos espacios del feminismo: “Fue mandarlas a una vía muerta, porque vos cuando intervenís no pedís denuncia, ayudás a que la denuncia se haga, es al revés. Y mientras tanto garantizás la prevención”, explicó una fuente que asistió de cerca a algunas denunciantes por fuera de los organismos estatales.

La víctima terminó denunciando a mediados de 2025. Para entonces, los referentes de La Capitana ya tenían dictada una orden de alejamiento por otra denunciante, que entró en vigencia en diciembre de 2024. Desde esa fecha, el secretario administrativo del Senado, Roberto Feletti —ex secretario de Comercio Interior—, los apartó de sus cargos y no volvieron al recinto, aunque siguieron cobrando sus sueldos hasta el mes pasado, cuando los detuvieron.

Estela Díaz, La Capitana y la militancia

En agosto de 2025, la ministra Estela Díaz abrió su propia unidad básica en Ringuelet: la “Casa del Movimiento Derecho al Futuro”, base territorial del espacio político del gobernador Kicillof en esa localidad platense.

Dos fuentes que militan en el peronismo local señalaron a Infobae que el Movimiento Ciudadano La Capitana fue invitado a participar de actividades alrededor del nuevo armado de la titular de Género. Precisaron que sería uno de los “subcomandos” con los que la agrupación trabajaba en cuestiones partidarias.

De mínima, hay registros fotográficos que comprueban que la agrupación de Rodríguez y Silva Muñoz asistió a la inauguración de la unidad básica de la ministra.

Ante la consulta de este medio, Estela Díaz negó tajantemente que trabajen juntos: “De ninguna manera. Es más, quisieron hacer un acto conjunto a fin de año, y nos negamos a que participaran”. “No hay ningún vínculo entre el MDF y La Capitana”, insistió, aunque reconoció que los acusados “iban a espacios del Movimiento Derecho al Futuro, aparecían y trataban de sacarse fotos con todo el mundo”.

En distintos perfiles de redes sociales, entre 2020 y 2025, se publicaron al menos tres imágenes de la ministra con los involucrados: una con Daniela Silva Muñoz, en un acto feminista, y otras dos con Nicolás Rodríguez, en las que también posan otros dirigentes platenses. “Era un mecanismo de ellos para buscar protegerse, y cuando uno está en actos públicos, hay gente que se te arrima”, explicó Díaz.

La aparición de estos personajes se repitió en 2025 con toda la plana mayor de la dirigencia peronista de La Plata. Hubo al menos cuatro actos en los que los acusados compartieron espacio con las víctimas, a pesar de las restricciones vigentes: durante la vigilia del 2 de abril en la Plaza Islas Malvinas, en la misa de despedida al Papa Francisco en la Catedral, en la movilización por la Noche de los Lápices y en un debate en el Teatro Argentino. Según testigos, cada una de esas veces hubo que sacarlos con la policía.

La “falsa abogada”: el muro de contención

Para que esta maquinaria de abuso funcionara durante años bajo las narices del Estado, fue necesaria una pieza clave de encubrimiento: Melina Gaudino. Conocida hoy como la “falsa abogada”, Gaudino cumplió un rol fundamental para evitar que los rumores pasaran a mayores: engañar a las víctimas haciéndoles creer que estaban siendo representadas legalmente.

El abogado Claudio Yacoy, quien trabajó con Gaudino en una organización de Derechos Humanos, expuso ante este medio la perversa metodología de la mujer. Según su testimonio, Gaudino le mentía a las víctimas asegurándoles que Yacoy estaba presentando escritos y pruebas en la causa, cuando el letrado ni siquiera estaba designado. “Jamás comuniqué gestiones a las víctimas, fue ella quien inventó intervenciones que nunca ocurrieron”, aseguró Yacoy.

La crueldad del engaño incluyó situaciones límites. Yacoy relató que, cuando intentó confrontar a Gaudino y citarla en un bar, ella no asistió alegando una enfermedad terminal. “Me dijo que estaba muy enferma, yo creí que era verdad. Pero a los pocos días la vi en un acto en Chascomús, muy activa y sacando fotos”, detalló el abogado.

Un raid de impunidad

La permanencia de Gaudino en la función pública expone una cadena de fallas de control sistémicas. Su carrera comenzó en el Ministerio de Seguridad (2020-2023), donde en menos de dos años pasó de ser asesora en la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal a Directora de Coordinación en La Plata.

Según pudo reconstruir Infobae, Gaudino validaba su posición invocando una herencia política y judicial que resultó ser otra fachada. Hijastra del fallecido militante Luis Cañeque, se jactaba de tener llegada a la Cámara de Casación bonaerense a través de su padre biológico, el empleado judicial Alejandro Gaudino, y a la Fiscalía de Estado mediante su ex pareja, Emanuel Desojo, abogado con paso por esa institución y ex presidente de la asociación AJUS – La Plata, Berisso y Ensenada -.

A fines de 2023 fue echada por el entonces subsecretario de Fiscalización y Control Policial AMBA y Capital, Leonardo Martínez Herrero, tras una serie de incumplimientos y la confirmación de que no poseía el título de abogada. Su cesantía quedó sellada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 3106/2023, firmada por el ex ministro Sergio Berni.

Pero lejos de quedar marginada, Gaudino logró reciclarse. El 14 de febrero de 2024 desembarcó en la Municipalidad de La Plata como Directora General de Acceso a la Justicia, fruto de un acuerdo político entre el intendente Julio Alak y el espacio de Gastón Castagneto, que venía de perder la interna con el mandamás platense en las PASO de 2023. Dentro del armado de Castagneto estaba La Capitana, que contaba con el “madrinazgo” de Giselle Fernández, hermana de la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Giselle es una buena mujer y la usaron”, se limitaron a decir fuentes del justicialismo platense para intentar separarla del escándalo.

Como sea, en la Municipalidad, Gaudino trabajó en tándem con el detenido Nicolás Rodríguez, quien fue designado “ad honorem” pues cobraba sueldo del Senado provincial. Ese paso también terminó en despido: el 1º de noviembre de 2024, la falsa abogada fue dada de baja y el área que encabezaba fue suprimida.

Su última reinvención fue en marzo de 2025 como responsable de la Unidad de Género de la UTN La Plata, donde nuevamente fue presentada en documentos oficiales como “abogada”. Este medio intentó contactarse con sus superiores, pero no obtuvo respuesta. Hoy, mientras la ministra Díaz explica por qué el Estado tardó tanto en actuar, la Justicia investiga si Gaudino fue solo una simuladora compulsiva o el engranaje necesario para garantizar la impunidad de la presunta secta.

El miércoles, la fiscal Lacki formalizó el pedido para unificar todas las causas que involucran a la cúpula de La Capitana. La competencia del caso se definirá entre los jueces de garantías Juan Pablo Masi y Pablo Nicolás Raelle.

Mientras siguen detenidos a la espera de que se resuelva su situación procesal, los dirigentes del kirchnerismo y empleados del Senado bonaerense Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz están cada vez más complicados. En las últimas horas los imputaron por otros cinco episodios de abuso sexual, entre los que hay dos nuevas víctimas incorporadas a la causa.

Rodríguez y Silva Muñoz son pareja y lideraron la agrupación Movimiento Ciudadano La Capitana hasta que fueron detenidos el 30 de diciembre último. Habían sido denunciados por primera vez en 2019.

Aunque desde hace años orbitan sospechas a su alrededor, nada les impidió ganar espacios políticos ni consolidarse dentro de la Legislatura de la provincia. Él, además, siguió ejerciendo como docente y ella fue precandidata a concejala en 2021, por el Frente de Todos.

Una rama de la investigación que lleva adelante la fiscal bonaerense Betina Lacki, de hecho, apunta a esclarecer si hubo funcionarios que sabían de los abusos sexuales y miraron para otro lado. O peor aún: si ayudaron a ocultarlos activamente.

Nuevos casos

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente, las nuevas denunciantes son dos mujeres que compartieron militancia con los detenidos. Los abusos sexuales que describieron habrían ocurrido en 2015, y serían los primeros en la línea de tiempo que va tomando forma en la investigación.

Sus testimonios se incorporaron a la causa abierta en 2019, que no había tenido avances significativos hasta ahora. En este expediente, la fiscal Lacki consiguió en las últimas horas que la Justicia ordene la detención de Rodríguez y Silva Muñoz.

Además de ser una formalidad -dado que ya estaban bajo arresto por la causa más reciente, de julio de 2025- ese fallo extendió el plazo para reunir más pruebas antes de definir si se avanza con la prisión preventiva de los detenidos.

Hoy la pareja de dirigentes kirchneristas platenses tenía programada su citación a indagatoria, pero al cierre de este artículo aún no se habían sentado ante la fiscal.

Las nuevas víctimas no hablaron de la secta que sí mencionaron otras mujeres, que coincidieron en que Nicolás Rodríguez decía ser un “Dios Kiei” y Daniela Silva Muñoz la “sensei” de “La Orden de la Luz”, una organización mística de la cual, al menos por ahora, no se conocen más participantes que los imputados y las denunciantes.

En cambio, relataron múltiples hechos de abusos que se originaron a partir de sus vínculos en la militancia, y remarcaron la relación de poder que había entre ellas y sus referentes políticos.

Entre los cinco hechos, la fiscal Lacki identificó los siguientes delitos: abuso sexual con acceso carnal agravado por haber resultado un grave daño en la salud mental de la víctima, privación ilegal de la libertad y violación de domicilio.

Tal como ya habían dicho otras mujeres, Rodríguez habría entrado a las casas de las víctimas para abusar de ellas. Formalmente, hay dos damnificadas reconocidas en la causa de 2019 y otras dos en la de 2025, pero se conoce que hay más denunciantes que habrían sufrido los ataques sexuales.

Las denuncias

Los empleados del Senado, que cumplían funciones bajo el ala de la Presidencia de la Cámara, tenían un modus operandi: buscaban adolescentes, o chicas apenas egresadas de la secundaria. A algunas les ofrecían pasantías laborales en el Estado o becas financiadas, supuestamente, por el palacio legislativo. A otras llegaban solo gracias a su posición en la militancia.

Una de ellas relató que en 2016 -mientras era menor- conoció a la pareja de dirigentes, con quienes compartió el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario, durante el mes de octubre. Desde entonces empezó su calvario.

A su regreso de Santa Fe, Rodríguez la presionó para volver a verse. Se encontraron en un departamento de La Plata y, de acuerdo a la reconstrucción de la denunciante, la forzó a practicarle sexo oral: “Agarró dos cuchillos y una navaja, se acercó a mí y hacía malabares, diciendo que sabía usarlos y que tenía muchos más”, precisó en su declaración.

Este tipo de amenazas con armas blancas fue una constante en los relatos aportados ante la Justicia.

Uno de los casos denunciados, incluso, describió episodios de abuso sexual dentro del Senado bonaerense.

Una vez que convencían a las jóvenes por el lado laboral, militante o educativo, entraba en juego lo místico.

En su rol de “sensei” o maestra espiritual, Silva Muñoz -según dijeron las denunciantes- era quien coordinaba los encuentros sexuales y quien las convencía de que debían satisfacer los deseos del líder para alcanzar un propósito superior. Habría facilitado el acceso de su pareja a las víctimas e incluso habría sido testigo presencial de algunos hechos de abuso.

La dirigente kirchnerista está imputada como partícipe necesaria de los abusos sexuales agravados.

Al dictar la primera orden de detención, en diciembre, el juez de Garantías Juan Pablo Masi consideró que hay pruebas suficientes para afirmar que “las víctimas eran encerradas evitando que puedan escapar de la situación y así poder abusarlas, siendo que en los hechos de acceso carnal (Rodríguez) no utilizaba preservativo y luego de ello, comenzaba a acosarlas y perseguirlas”.

Mientras que Daniela Silva Muñoz, según resolvió el magistrado, “era la referente de género de todas las femeninas de la agrupación. Sin embargo, en vez de cuidarlas, en clara oposición a las funciones que debería llevar a cabo”, como la erradicación de la violencia contra las mujeres, “persuadía a las integrantes de su agrupación a presentarse en su domicilio o en la propia oficina del Senado, dejándolas encerradas con Nicolás para que éste abusara de ellas, siendo que en otras oportunidades, hasta participaba de los abusos”.

En Comodoro Py, donde tramita la causa $LIBRA, están bajo estudio los casos de Krasutskaya Sviatlana Vitalievna y Lapchenko Vladislav Andreevich, dos experimentados inversores bielorrusos que pretenden incorporarse al expediente como damnificados. Son, por lejos, los que más dinero dicen haber perdido con la criptomoneda: 2.008.127 dólares. Infobae accedió en exclusiva a la reconstrucción que ambos hicieron de la inversión y de la supuesta estafa que denuncian ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

La semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, contempló los reclamos de Krasutskaya y Lapchenko para ordenarle al magistrado de instrucción que adecúe los embargos a los imputados, que ascendían a poco más de 25.000 dólares. En el mismo fallo, el tribunal superior advirtió que no debe demorarse el avance de la investigación.

Krasutskaya Sviatlana

Esta inversora bielorrusa presentó un escrito ante el Juzgado Federal N° 8 de Comodoro Py en el que detalló todas las transacciones que hizo con la criptomoneda $LIBRA, creada por Hayden Davies: 12 compras desde seis billeteras virtuales, siete transferencias entre distintas wallets y dos ventas.

El monto que denunció haber perdido cuando se desplomó el valor del token es de 1.768.079 dólares. No se conoce otro caso más voluminoso que el suyo. Todo ocurrió entre las 22 horas (UTC) del 14 de febrero de 2025 y las 3 de la madrugada siguiente.

“Por primera vez supe sobre LIBRA el 14 de febrero de 2025, a partir de una publicación del presidente de la República Argentina, Javier Milei en X (Twitter). Antes de ese día, ocasionalmente leía sus publicaciones en X”, describió la pretensa damnificada, que cuenta con la representación legal de los abogados Nicolas Oszust, Fernando Burlando y el querellante y especialista en cripto Martín Romeo.

Según manifestó Sviatlana, Milei “describió el proyecto como una iniciativa destinada a apoyar el crecimiento de la economía argentina mediante la financiación de pequeñas y medianas empresas”.

“Confié en este proyecto porque fue públicamente respaldado por el presidente en funciones, lo cual generó una impresión de legitimidad y seriedad respecto a la oportunidad de inversión”, siguió.

En el escrito, al que tuvo acceso este medio, la inversora bielorrusa también planteó que “con el pasar de los minutos y viendo las acciones que el equipo realizaba en la blockchain, empezó a quedarme claro que se trataba de una estafa, que terminó por explotar cuando el presidente Milei eliminó su posteo de redes sociales”.

Lapchenko Vladislav

Este ciudadano bielorruso también dio a conocer su caso en Comodoro Py. Contabilizó pérdidas por 240.048 dólares luego del presunto pump and dump de $LIBRA.

Hizo 21 compras de la criptomoneda por 286.786 dólares, y apenas tres ventas. La franja horaria de las operaciones es idéntica al caso anterior.

“Yo seguía esporádicamente las publicaciones en X del presidente Javier Milei, confiando, como muchos, en la palabra y la imagen del presidente. Cuando vi que anunciaba un token con su apoyo total, no dudé: pensé que un presidente jamás jugaría con algo así, que no se arriesgaría a manchar su investidura con un proyecto que él mismo respalda públicamente”, expresó el pretenso querellante.

Los denunciantes dieron su versión de los hechos en ruso, y sus palabras fueron luego traducidas y certificadas en el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Pablo Quirno.

Así siguió la reconstrucción del inversor: “Jamás imaginé que todo sería borrado en cuestión de minutos, dejando a miles de personas atrapadas. Nunca pensé que detrás de esa publicación podía esconderse una maniobra fraudulenta de proporciones gigantescas como esta, que ese supuesto respaldo presidencial podría convertirse en el detonante de una de las estafas más grandes que haya visto. Así fue como terminé comprando LIBRA: confiando en una autoridad máxima y cayendo en un engaño que explotó esa confianza para vaciar los ahorros de miles de ciudadanos de todo el mundo”.

Más damnificados

De momento, la causa $LIBRA tiene cinco damnificados incorporados al expediente: el querellante Martín Romeo, que había comprado personalmente el token, y otros cuatro inversores que representa la querella que impulsan Juan Grabois, Nicolás Rechanik y Carolina Palacio Roitbarg.

Según pudo saber Infobae, hay varios grupos de damnificados que aún no se presentaron ante los tribunales federales de Retiro, pero tienen en carpeta hacerlo al regreso de la feria judicial.

La querella que representa el experto en cripto lleva 30 casos de ciudadanos de todo el mundo que, cada uno, aseguró haber perdido 30 mil dólares o más con $LIBRA. También hay un fondo de inversión árabe que vio desaparecer el equivalente a 1.6 millones de dólares.

Y en paralelo llevan a otros 80 casos con damnificados que denunciaron montos más chicos, entre los cuales hay cinco argentinos.

Por su parte, la querella de Grabois tiene más de una decena de inversores que aún no presentó ante el juez Martínez De Giorgi. Entre los que ya fueron aceptados, el caso de mayor envergadura económica apenas supera los 9.000 dólares, lo que demuestra el peso que tendrá para la causa una eventual incorporación al expediente de los bielorrusos Vladislav Lapchenko y Krasutskaya Sviatlana.

El Juzgado Federal de Campana le puso fecha al Gobierno para que la Ley de Emergencia en Discapacidad esté en plena vigencia: el 4 de febrero. En esa sede judicial tramita un proceso colectivo que iniciaron dos padres y luego se amplió hasta tener alcance nacional.

Este martes, el juez Adrián González Charvay resolvió que el Poder Ejecutivo debe tener todos los procesos administrativos listos para cumplir con la normativa sancionada por el Congreso, incluso cuando no se haya pronunciado la Cámara Federal de San Martín, que tiene en trámite una apelación del caso.

A principios de enero, la Procuración del Tesoro notificó a la Justicia que había iniciado las gestiones para poner en marcha la Ley N° 27.793. Y advirtieron que la cuestión no era inmediata, sino que acarreaba todo un proceso para adecuar los engranajes del Estado.

¿Por qué el 4 de febrero? La decisión del juez federal de Campana se basó en los tiempos previstos en la propia ley, que fijó 30 días hábiles para la reglamentación. El cálculo se tomó a partir del 18 de diciembre de 2025, fecha en que González Charvay concedió la apelación presentada por el Estado, pero con la obligación de cumplir la sentencia mientras se tramita la revisión en instancias superiores.

Además, en su fallo de este martes, el juez González Charvay otorgó un plazo de cinco días para que el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad acrediten “el avance de los trámites tendientes al cumplimiento de la sentencia dictada”.

Y requirió que se especifique la información que requirieron los demandantes, la Asociación Civil por la Igualdad en la Justicia y la Asesora de Menores, todas partes intervinientes en el expediente.

La puja por la Ley de Discapacidad

El conflicto se originó tras la sanción de la ley por parte del Congreso en julio de 2025 y su posterior veto presidencial, el cual fue rechazado por el Poder Legislativo.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo promulgó la norma, pero mediante un artículo del Decreto 681/2025 suspendió la aplicación de la norma, bajo el argumento de que los legisladores no habían especificado las fuentes de financiamiento para los nuevos gastos previstos.

Esta maniobra derivó en una demanda colectiva impulsada por padres de dos niños con discapacidad, a la que se sumaron otros damnificados, diversas organizaciones civiles y prestadores de servicios.

La sentencia definitiva, que ahora se encuentra en etapa de ejecución, declaró la invalidez de aquella suspensión decretada por la Casa Rosada. El juez González Charvay consideró que la decisión del Gobierno constituyó una invasión a las facultades del Congreso y violó el principio de supremacía constitucional.

En su sentencia, el magistrado calificó como falaz el argumento económico esgrimido por la administración nacional, ya que la propia ley facultaba al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias para cubrir los gastos necesarios.

La apelación del Estado

El jefe de los abogados del Estado, Santiago Castro Videla, impulsó un recurso ante la Sala II de la Cámara Federal de San Martín para dar vuelta la “implementación inmediata” que ordenó González Charvay el 12 de diciembre. Esto aún está pendiente de resolución.

La situación económica del sector fue un elemento central en el análisis judicial. Durante el proceso, se presentaron datos que evidenciaron un desfasaje significativo entre la inflación y los aranceles que perciben los prestadores.

Entre diciembre de 2023 y mayo de 2025, los precios acumularon un alza superior al 114%, mientras que los valores de los servicios solo se actualizaron un 42,6%. Esta brecha provocó una pérdida de poder adquisitivo superior al 51%, lo que derivó en el cierre de instituciones y la interrupción de tratamientos esenciales para personas vulnerables.

La ley de emergencia, precisamente, mejora los mecanismos de financiamiento para sostener el Sistema de Prestaciones Básicas, que incluye las pensiones a los beneficiarios y los aranceles de los prestadores de servicios.

Los Pereira permanecen detenidos desde fines de 2024. Cristian Fabián no había estado preso antes; es empleado del Ministerio de Desarrollo Social misionero y cursó la carrera de Derecho. A lo largo de los últimos meses, grabó los videos que encabezan esta nota, en los que afirma estar preso por “una causa armada”.

Hay algo que no dice en esas grabaciones, pero así lo testificaron bajo juramento sus familiares: quien tiene antecedentes y estaba metido en más de un problema es su padre, Benito, con quien además no tenía una buena relación.

Benito Pereira sí conoce la cárcel. Una década atrás lo condenaron por encubrimiento de contrabando de mercadería importada -pasar cigarrillos por la frontera- y en 2018 su pareja, con quien tuvo una hija, ya había dicho ser víctima de abuso sexual durante los últimos seis años, mientras convivían en la Ciudad de Buenos Aires.

En rigor, quien denunció a Pereira padre fue el hermano de la joven. Por esa primera causa de abuso estuvo detenido seis meses en el Escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional, en Posadas. Le dieron arresto domiciliario en abril de 2019.

Los problemas siguieron: en 2022 se abrió otra causa en Comodoro Py, que tramita en el Juzgado Federal N° 3 de Daniel Rafecas, por trata de personas. Benito Pereira y otro familiar están investigados, y se cree que llevaban y traían mujeres de Misiones a Buenos Aires para prostituirlas.

Según confirmó la Cámara Federal de Posadas, hay pruebas para sostener que Pereira hijo asumía las tareas delictivas mientras su papá estaba preso.

En este caso puntual, coordinó el regreso de la denunciante desde la Ciudad hacia el norte del país. Para concretar el viaje, el acusado utilizó a una tía política, a quien envió para buscar a la joven bajo engaños, determinaron los jueces Fabián Cardozo, Enrique Bosch y Erika Plessen.

La pareja de Benito dijo que le habían prometido regresarla con su familia en Misiones, pero el objetivo real resultó ser otro.

Al llegar a una estación de servicio sobre la avenida Uruguay, en Posadas, Cristian -que estuvo acompañado de su madre- la trasladó a una vivienda ubicada en la calle Tomás Guido. En ese lugar le sacaron a la denunciante el teléfono, los documentos y su dinero.

La joven permaneció encerrada bajo llave y vigilada constantemente, de acuerdo a la versión que aportó a la Justicia. Sus captores le habrían impuesto un régimen de servidumbre: tenía que encargarse de todas las tareas del hogar, durante todo el día y sin poder abandonar la casa. Tampoco se le permitía usar el baño, y aseguró que hacía sus necesidades en un balde y la maltrataban con tirones de pelo y duchas de agua helada.

También se le imputa a Pereira hijo haberse encargado de conseguir “clientes” para tener encuentros sexuales con la víctima en la sala de la casa.

La declaración de la víctima

En Cámara Gesell, la víctima afirmó que le hicieron saber “que ahora iba a tener que trabajar para pagar al abogado, porque por mi culpa supuestamente el papá de Cristian estaba preso”. Además de esa explotación de su cuerpo, la joven denunció que el empleado del Ministerio de Desarrollo Social la atacó sexualmente de forma directa en reiteradas oportunidades.

Benito Pereira retomó el control directo de la víctima cuando obtuvo la prisión domiciliaria en 2019. Desde ese momento y hasta el 1 de mayo de 2024, cuando lo volvió a denunciar, la mujer continuó sometida en diferentes domicilios alquilados en Posadas.

Entre todos los episodios que describió hay recuerdos desgarradores y extremos. Llegó a contar que la prostituyeron mientras estaba embarazada e incluso poco después del parto. También que la forzaron a tener contactos sexuales con animales.

Esto fue evaluado en el expediente judicial por especialistas del “Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas”, que calificaron los hechos como “una violación extrema a su dignidad” y dictaminaron a favor de la veracidad de los dichos de la mujer.

Los peritajes psicológicos realizados en octubre de 2024 y junio de 2025 también confirmaron el daño sufrido por la denunciante. Los profesionales forenses describieron un cuadro de agotamiento psicofísico severo y una anulación de su voluntad propia.

Así, los expertos concluyeron que los acusados “se aprovecharon sistemáticamente de su vulnerabilidad social y económica”.

Un escándalo de denuncias por abuso sexual y sometimientos a una secta estalló en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires, donde habrían ocurrido parte de los delitos investigados. Cinco víctimas acusaron a Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, dos empleados legislativos y dirigentes políticos, quienes están detenidos. La investigación, aún en pleno desarrollo, podría extenderse hacia funcionarios cómplices que habrían ocultado los casos.

Rodríguez y Silva Muñoz fueron detenidos el 30 de diciembre, cuando allanaron su domicilio en La Plata. Son pareja y conducen el Movimiento Ciudadano La Capitana, una agrupación política del kirchnerismo. Él además es docente y ella fue referente feminista de la agrupación y precandidata a concejala platense en 2021.

Según las denunciantes, además, los dos se presentaban como líderes de una secta llamada “La Orden de la Luz”. Esa organización y sus vínculos laborales en el Estado habrían sido los mecanismos que usaron los imputados para mantener sometidas a las mujeres, al menos entre 2015 y 2023. Los espacios de participación política y la escuela, en tanto, fueron los escenarios donde las captaban.

En las últimas horas la fiscal que lleva la causa, Betina Lacki, solicitó al juez de Garantías Juan Pablo Masi que ambos permanezcan detenidos otros 15 días, a la espera de obtener resultados de distintas medidas de prueba que están en curso, como declaraciones testimoniales, peritajes a computadoras y celulares secuestrados y oficios que se solicitaron al Senado bonaerense.

La Justicia aún no recibió, por ejemplo, un informe de la Cámara que confirme dónde, desde cuándo y en qué condiciones estaban contratados los acusados. Se cree que cumplían funciones en una oficina de la Presidencia del cuerpo, y que llevarían más de una década en sus puestos.

El caso está lejos de haberse develado por completo. Aunque de momento la autoría material de los hechos se le atribuye exclusivamente a Rodríguez y Silva Muñoz, Infobae pudo saber de fuentes judiciales que está bajo investigación la conducta de funcionarios del Ministerio de Seguridad y del área de Género de la Cámara alta.

La pregunta que subyace es si hubo quienes supieron de los abusos y los ocultaron.

Los relatos de las cinco víctimas se reparten en dos causas judiciales que, por la compatibilidad de las denuncias, se encaminan a unificarse en una sola, siempre dentro del Poder Judicial bonaerense.

La política y los abusos

Según coinciden los relatos de las denunciantes -cuyos nombres se mantienen bajo resguardo-, Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz tenían un modus operandi: buscaban adolescentes, o chicas apenas egresadas de la secundaria, a quienes les ofrecían pasantías laborales en el Estado o becas financiadas, supuestamente, por el palacio legislativo.

Una de ellas relató que en 2016 -mientras era menor- conoció a la pareja de dirigentes, con quienes compartió el Encuentro Nacional de Mujeres que se realizó en Rosario, durante el mes de octubre. Desde entonces empezó su calvario.

A su regreso de Santa Fe, Rodríguez la presionó para volver a verse. Se encontraron en un departamento de La Plata y, de acuerdo a la reconstrucción de la denunciante, la forzó a practicarle sexo oral: “Agarró dos cuchillos y una navaja, se acercó a mí y hacía malabares, diciendo que sabía usarlos y que tenía muchos más”, precisó en su declaración.

Este tipo de amenazas con armas blancas fue una constante en los relatos aportados ante la Justicia.

Entre fines de 2023 y principios de 2024 empezaron a conocerse los testimonios que señalaban a los hoy detenidos. Una víctima testificó que luego de hablar con otras mujeres -denunciantes de la primera causa- decidió contar su caso en octubre de 2024.

Lo hizo ante una abogada del área de Género de la Cámara de Senadores. Le contó de los abusos y también de los hostigamientos posteriores que habría sufrido de parte de la pareja, que por entonces seguían ostentando sus roles políticos.

Tras escuchar el testimonio, esa funcionaria habría elaborado un informe que remitió posteriormente al Ministerio de las Mujeres, a cargo de Estela Díaz, para iniciar el acompañamiento correspondiente.

Ya en enero de 2025, la víctima se contactó con otra ex funcionaria del Ministerio de Seguridad bonaerense, Melina Gaudino, que tuvo cargo de directora de Coordinación Municipal, a quien dijo conocer de sus días en la militancia.

La exfuncionaria intermedió -de acuerdo a la declaración- para que esta y otras dos víctimas fueran representadas por el abogado Claudio Yacoy. Ambos les habrían dicho a las mujeres que la investigación estaba avanzando, que los dirigentes ya estaban imputados por múltiples delitos y que los habían llamado a indagatoria.

En rigor nada de eso estaba pasando. La falta de resultados concretos en ocho meses y las respuestas evasivas despertaron sospechas en las denunciantes. Ante la incertidumbre, fueron personalmente en agosto pasado a los tribunales para averiguar qué estaba ocurriendo, y se encontraron con el engaño: Gaudino y Yacoy nunca se presentaron como sus abogados, ni mucho menos ofrecieron las pruebas que tenían en su poder.

“La Orden de la Luz”

Una vez que convencían a las jóvenes por el lado laboral, militante o educativo, entraba en juego lo místico. “La Orden de la Luz”, siempre según lo aportado por las víctimas, era una suerte de religión en la que Rodríguez se ubicaba como un “Dios Kiei”.

Silva Muñoz era la “sensei” o maestra espiritual, y las mujeres la señalaron por haberlas persuadido de que ellas debían satisfacer los deseos del líder para alcanzar un propósito superior.

La dirigente kirchnerista está imputada como partícipe necesaria de los abusos sexuales agravados, una calificación primaria a la luz de las pruebas incorporadas hasta ahora en la causa.

Según se desprende del expediente, ella coordinó encuentros en su residencia personal y en la oficina que tenía en el Senado. Habría facilitado el acceso de su pareja a las víctimas e incluso habría sido testigo presencial de algunos hechos de abuso.

Todo esto habría ocurrido a lo largo de los años de forma reiterada, bajo la premisa de que estaban siendo sometidas a un “reentrenamiento espiritual obligatorio”.

Las denuncias no solo restringen la manipulación a lo sexual. Algunas mujeres dijeron que los dirigentes se hacían cargo de sus gastos de la universidad como “una especie de pago y pertenencia” de la agrupación militante. Lo político y lo místico, para la pareja detenida, confluía permanentemente.

¿Qué pruebas hay sobre la existencia de la secta? Además de sus relatos, las denunciantes aportaron copias de correos electrónicos que hablan de batallas contra demonios o desastres naturales inminentes. Aún no se halló simbología u otros elementos similares.

En esos mensajes, se les prohibía tener contacto con otros varones y les ordenaban esperar en la vía pública “misiones secretas” que nunca se concretaban. La Justicia ya trabaja en determinar quiénes son los remitentes detrás de esas cuentas y verificar si encuentran lo mismo o más material en los dispositivos incautados.

La secta habría tenido también episodios de violencia física extrema. Una mujer reveló que la desafiaron a intentar apagar fuego con la mente y, ante el fracaso del experimento, debió extinguir las llamas con la palma de las manos, como castigo.

Las víctimas indicaron que Rodríguez solía aparecerse en sus hogares con la cara pintada de negro y portando catanas para demostrar su supuesta esencia de guerrero antiguo.

Así, el juez de Garantías Juan Pablo Masi consideró que hay pruebas suficientes para afirmar que “las víctimas eran encerradas evitando que puedan escapar de la situación y así poder abusarlas, siendo que en los hechos de acceso carnal (Rodríguez) no utilizaba preservativo y luego de ello, comenzaba a acosarlas y perseguirlas”.

Mientras que Daniela Silva Muñoz, según resolvió el magistrado al ordenar las detenciones, “era la referente de género de todas las femeninas de la agrupación. Sin embargo, en vez de cuidarlas, en clara oposición a las funciones que debería llevar a cabo”, como la erradicación de la violencia contra las mujeres, “persuadía a las integrantes de su agrupación a presentarse en su domicilio o en la propia oficina del Senado, dejándolas encerradas con Nicolás para que éste abusara de ellas, siendo que en otras oportunidades, hasta participaba de los abusos”.

La Cámara Criminal y Correccional Federal porteña instó al titular del Juzgado Federal N° 8, Marcelo Martínez De Giorgi, a que no se demore en el avance de la causa $LIBRA, y que haga lo necesario para producir las pruebas que permitan esclarecer la situación de las personas investigadas. Además, se pronunció este jueves sobre el congelamiento de fondos y bienes de los imputados, y le encomendó al juez federal que eleve el monto de embargo que se había fijado inicialmente en $36.875.000.

Martínez De Giorgi emitió una resolución el 28 de noviembre en la que descongeló los bienes de Hayden Davis, creador de la criptomoneda, y reemplazó esa medida por el embargo que rondó los 25.000 dólares.

También fueron embargados por el mismo monto Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, María Alicia Rafaele, María Pía Novelli, Favio Rodríguez Blanco de Orlando y Rodolfo Mellino.

El monto del embargo

La Cámara Federal porteña analizó si las restricciones financieras debieron mantenerse o modificarse, ante las apelaciones que presentaron la querella y las defensas.

En primer lugar, se tuvo en cuenta que los $36.875.000 que fijó Martínez De Giorgi surgieron de una estimación inicial del perjuicio económico denunciado, que rondó -según calculó el juez de la causa- los 12.000 dólares.

El magistrado consideró que ese monto alcanzaba para cubrir las responsabilidades que pudieran surgir durante el trámite del expediente.

El querellante y damnificado Braian Emanuel Quintero manifestó su disconformidad con este criterio y argumentó que resultaba insuficiente para proteger los intereses de las víctimas. Los 12.000 dólares estimados por el juez, dijeron, no contempló la magnitud de la operación sospechosa ni la posibilidad de que existieran más perjudicados.

Además, sostuvo que levantar la restricción total sobre el patrimonio de los investigados generó un riesgo de pérdida definitiva de los recursos.

Durante el trámite de la apelación, surgió información sobre la intención de dos nuevos presuntos damnificados que denuncian haber sufrido pérdidas que alcanzaron, en conjunto, los dos millones de dólares.

Por otro lado, los defensores de Hayde Davis, Marcos G. Salt y Natalia Sergi, pidieron que se confirmara el levantamiento de la prohibición general. Aseguraron que el valor del embargo ya determinado cubrió los reclamos iniciales y que conservar una inhibición sobre todo el patrimonio representó una carga excesiva para el creador de la cripto.

También consideran que, al día de hoy, en la causa no hay pruebas suficientes para sostener medidas tan severas.

Los argumentos de la Cámara

Los camaristas de la Sala I, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, evaluaron los fundamentos de ambas posiciones para llegar a un veredicto. Explicaron que las herramientas cautelares en el ámbito penal buscan asegurar que se paguen futuras multas o indemnizaciones. Sin embargo, aclararon que tales limitaciones no deben funcionar como una condena anticipada para los sospechosos antes de un juicio oral.

La Cámara consideró que, aunque al principio fue útil congelar todas las cuentas para entender la extensión del caso y recabar pruebas, esa situación no se puede mantener por tiempo indeterminado, lo que afectaría su libertad económica.

Por ello, los jueces aceptaron el cambio hacia un embargo específico, pero condicionaron su validez a un análisis más profundo sobre la cantidad de dinero necesaria.

El fallo de la Sala I, al que accedió Infobae, ordenó así que el juez Martínez De Giorgi redefina el embargo a los imputados. Le encomendaron calcular un valor más acorde a la realidad actual de la instrucción, tomando en cuenta a las víctimas recientemente identificadas.

Finalmente, la Cámara instó a acelerar la producción de pruebas para definir la situación de los implicados. Aún no hubo llamados a indagatoria.

Los jueces advirtieron que, si la instrucción no progresa de manera simultánea a la vigencia de las medidas cautelares, se terminaría por desvirtuar la naturaleza de las restricciones.

Por este motivo, el tribunal también dispuso que el juez realice una nueva evaluación sobre la necesidad de las prórrogas de las medidas patrimoniales al vencimiento de los plazos, considerando siempre el estado real de las actuaciones en ese momento.

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, pasará el verano en la Argentina y no en Europa, como pretendía hasta este jueves, pese a estar procesado y con orden de detención por la causa Attila. En la misma se investiga si, a cambio de una coima, firmó una resolución que le facilitó 10 millones de dólares a valor oficial a una financiera, cuando había brecha con el blue.

Salmain agotó todas las instancias posibles para irse de vacaciones a España e Italia junto a su familia. Al ordenar su procesamiento, el juez Carlos Vera Barros le prohibió salir del país. Esa decisión fue ratificada luego por la Cámara Federal de Rosario y ahora confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal.

El juez de Rosario apeló con el argumento de que la restricción nacional afectaba el vínculo con sus hijos y la inmunidad de arresto que le otorga la magistratura. La Sala de Feria del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Carlos Javier Carbajo, rechazó de forma unánime el planteo y validó el fallo previo que advirtió un riesgo procesal de obstrucción a la investigación, además de reafirmar que las cuestiones personales del viaje no justificaban levantar la medida.

El itinerario planificado por Salmain comenzaba el 26 de diciembre de 2025 y finalizaba el 18 de enero de 2026. Según explicó su defensa, compró los pasajes con mucha anterioridad para compartir las vacaciones familiares junto a sus dos hijos de 14 y 16 años.

El juez procesado por cohecho y prevaricato sostuvo que la prohibición afectaba los derechos de los adolescentes y el mantenimiento del vínculo padre-hijo durante su tiempo de descanso, ya que los chicos ya estaban en Europa.

Además, ofreció que le impongan una fianza como garantía de su regreso al suelo argentino en la fecha estipulada. También propuso informar cada domicilio donde se alojaría en España e Italia, y prometió presentarse en tribunales apenas aterrizara de vuelta.

Para fundamentar su fallo, los jueces de Casación analizaron minuciosamente la cronología de hechos. El sistema informático judicial registró que Salmain recibió la notificación oficial sobre el rechazo a su salida del país el 26 de diciembre de 2025 a las 16:56.

A pesar de conocer este impedimento legal, sus hijos abordaron un vuelo hacia el exterior ese mismo día a las 23:55. De esta manera, el traslado de los menores al continente europeo respondió a una elección voluntaria del entorno familiar, tomada aun sabiendo que el padre no tenía autorización para acompañarlos.

Los argumentos de las partes

Durante el trámite, el Ministerio Público Fiscal manifestó una oposición terminante a la entrega de cualquier permiso de circulación transfronteriza.

A lo largo de todas las instancias distintos fiscales remarcaron que el comportamiento previo de Salmain demostró una intención de obstaculizar el progreso de las investigaciones en su contra, por lo que no descartaron que viajar a Europa fuera una chance para fugarse.

Argumentaron que la gravedad de los hechos y los compromisos internacionales asumidos por el Estado contra la corrupción exigían mantener las cautelares vigentes. Para los acusadores, el riesgo de que el juez procesado eludiera la acción de la justicia en el extranjero resultó un peligro latente y real.

Salmain, a su vez, cuestionó la interpretación de la ley de inmunidades que hizo la Cámara Federal de Rosario. Para el juez, la prohibición de salir del país funciona en los hechos como una detención encubierta.

La Cámara Federal de Casación Penal dejó en claro que las protecciones que tienen los jueces sirven para cuidar la función pública, pero no otorgan fueros personales que permitan evadir restricciones procesales comunes.

Los camaristas destacaron que el viaje pretendido no guardaba relación con ninguna tarea oficial ni con una urgencia médica impostergable. Subrayaron, además, que la posibilidad de reprogramar las vacaciones familiares era un camino factible que no dañaba de forma irreparable el bienestar de los jóvenes involucrados.

Al no acreditarse una violación a los derechos constitucionales de Salmain, la Casación optó por no intervenir en la cuestión de fondo y dejar firme el impedimento de salida.

El juez federal Ariel Lijo citó a indagatoria a Baratta en diciembre de 2021. Pasaron más de cuatro años y esa declaración todavía no se llevó adelante, porque una pericia contable, cuyo resultado llegaría el próximo febrero, demoró la causa.

Una propiedad y plazos fijos

El reclamo de la familia de Baratta llegó a la Sala I de la Cámara Federal porteña. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi mantuvieron el congelamiento de diversos activos que figuran a nombre de sus padres, Marta Rosa Girola y Palmino Baratta, y de su fallecida hermana Paula Baratta.

Los bienes que piden que sean devueltos incluyen la casa construida en 2012 -con pileta, solarium privado, entre otras comodidades- sobre un terreno de 801 m², y los fondos depositados en dos plazos fijos que están bloqueados por orden judicial.

La investigación sobre Baratta y su entorno familiar se inició en diciembre de 2017. Por entonces el juez de la causa era Sergio Torres, hoy vicepresidente de la Suprema Corte bonaerense. La fiscal Alejandra Mángano está a cargo de la instrucción.

La hipótesis de los investigadores sostuvo que el ex funcionario K utilizó a sus familiares como testaferros para ocultar un incremento patrimonial que no podía justificar con sus ingresos legales.

Lo mismo habría hecho con dos exparejas, que aparecen como titulares de otras propiedades y vehículos.

Bajo esta sospecha, la justicia dispuso en 2018 la inhibición general de bienes del imputado y extendió embargos preventivos sobre las propiedades de sus padres y su hermana.

Sin embargo, la situación procesal de la familia cambió a fines de 2025. La defensa solicitó la extinción de la acción penal debido al paso del tiempo, en el caso de ambos padres. El juez Lijo dictó el sobreseimiento de Marta Girola y Palmino Baratta el 27 de noviembre de 2025 por prescripción.

Por otro lado, la persecución penal contra la hermana del principal acusado ya se había retirado a principios de ese mismo mes debido a su fallecimiento.

Ante este nuevo escenario, los abogados de la familia Baratta argumentaron que, al no existir ya una acusación vigente contra ellos, correspondía levantar inmediatamente las medidas cautelares que pesaban sobre sus activos.

El reclamo exigía el desbloqueo de los fondos bancarios y la liberación del lote en el barrio cerrado de la zona norte bonaerense. Para sustentar su pedido, presentaron documentación que, según su criterio, demostraba que el dinero utilizado para esas compras provenía de fuentes legítimas y ahorros de toda la vida.

Específicamente, la defensa expuso que el padre de Roberto Baratta trabajó tres décadas en Edenor y recibió una importante liquidación tras su desvinculación de la empresa. Según esta versión, el matrimonio contaba con el capital suficiente para adquirir el terreno y construir la vivienda con ayuda de sus hijos, sin necesidad de recurrir a dinero proveniente de la corrupción.

La fiscal Mángano, en contraposición, se opuso al pedido al entender que hay sospechas fundadas de que el dinero y la casa del barrio privado se obtuvieron de manera ilegal. En primera instancia, el juez Lijo ya había rechazado devolverle los bienes a la familia.

Ahora la Cámara Federal confirmó esa decisión.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi resolvieron que, aunque la causa penal contra los familiares terminó, los bienes siguen bajo sospecha de ser “producto o provecho del delito” del enriquecimiento ilícito atribuido a Roberto Baratta, cuya investigación continúa abierta.

La justicia evaluó que la documentación aportada por la defensa no logró probar de manera contundente la capacidad económica de los padres para realizar esas inversiones.

Es que hay una inconsistencia temporal en los movimientos de dinero. Según la documentación aportada, Baratta padre cobró una indemnización de poco más de 183.000 pesos en mayo de 2011 y retiró un plazo fijo en dólares en octubre de 2010.

Sin embargo, la compra del lote en el Country Club Mapuche y la obra se concretó aproximadamente dos años después de esos ingresos. Para la Cámara, el lapso transcurrido impide corroborar que esos fondos alegados fueran los que se destinaron a la adquisición de la propiedad.

El fallo subrayó que, en casos de decomiso de bienes vinculados a la corrupción, quien reclama la titularidad debe demostrar que adquirió los activos de buena fe y con dinero propio, una carga probatoria que la familia no satisfizo.

Finalmente, la resolución destacó la necesidad de preservar estos activos para asegurar el resultado del proceso judicial en curso, que podría derivar en su decomiso.

La Cámara, además, instó al juez de la causa a que “adopte las medidas que estime pertinentes para imprimir celeridad” a la producción del informe pericial contable que, se espera, arrojará más luz sobre la evolución patrimonial investigada.

También reclamaron acelerar la citación a indagatoria, para definir la situación procesal de Baratta en un plazo razonable.

Esta causa por enriquecimiento ilícito está abierta desde 2017, cuando declaró como testigo Hilda Horovitz, pareja del chofer de Baratta Oscar Centeno, que escribió los cuadernos de las coimas.

La mujer compareció por entonces ante el juez Claudio Bonadio apenas unos días después de que este ordenara la detención de Baratta por la causa Gas Natural Licuado, en la que fue condenado en septiembre de 2025.

En su declaración, Horovitz incriminó al exfuncionario y reveló lo que sabía sobre el manejo del dinero negro, cuando todavía no se habían hecho públicos los cuadernos de la corrupción.

El ex subsecretario que respondía a De Vido es uno de los acusados que está transitando el juicio por la causa Cuadernos. Le atribuyen ser uno de los recaudadores de las coimas, encargado de exigirle plata a empresarios de distintas industrias y de transportar los sobornos, que según la acusación terminaban en manos del matrimonio Kirchner.

La Cámara Federal porteña dejó sin efecto el traslado urgente de personas detenidas en comisarías de la Policía de la Ciudad a la cárcel de Devoto. En este sentido había fallado la jueza de CABA María Mercedes Maiorano -quien además dispuso multas económicas para los funcionarios intervinientes si no cumplían la orden judicial-, y luego fue acompañada por el juez federal Daniel Rafecas.

El fallo original se firmó a fines de diciembre en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 3, del fuero penal de la Ciudad.

La resolución de la justicia local porteña ordenó al Servicio Penitenciario Federal (SPF) que recibiera de manera inmediata a mujeres y personas del colectivo trans con situación procesal resuelta, así como a todos los condenados que permanecían en alcaidías y comisarías.

La jueza Maiorano buscó así descomprimir la superpoblación en las celdas de la Policía de la Ciudad y encomendó un plan de trabajo para aumentar los cupos de ingreso al sistema federal, con un cupo mínimo de 130 traslados por semana y un plazo máximo de cuatro meses desde su inicio para resolver la problemática en las comisarías.

De no cumplirse lo resuelto, la magistrada había fijado una multa de 200.000 pesos por cada día de demora que el subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Marcelo Curi, y el director del Servicio Penitenciario Federal, Fernando Martínez, deberían pagar de su bolsillo.

Frente a este escenario, el juez federal Daniel Rafecas, que lleva adelante un habeas corpus colectivo sobre la situación en la cárcel de Villa Devoto, acompañó con una resolución propia y llamó a priorizar el alojamiento de los presos de la Ciudad en ese complejo penitenciario, para dar una “respuesta coordinada y coherente” a la problemática.

El 23 de diciembre, Rafecas dispuso que, para colaborar con la crisis de los detenidos en dependencias de la Ciudad, el SPF debía admitir a los presos provenientes de la fuerza policial porteña.

Además, ordenó que se trasladara a otros penales a quienes ya tenían condena firme y estaban alojados en Devoto, con el fin de liberar plazas para los nuevos ingresos y “no superar la cantidad actual de alojados”.

Las autoridades del Servicio Penitenciario apelaron la decisión de Rafecas ante la Cámara. El organismo expuso que la medida invadía sus funciones exclusivas, ya que la organización y clasificación de los internos según su riesgo y necesidades corresponde a la administración carcelaria y no a los jueces.

La apelación

En los fundamentos de la apelación, el SPF señaló que imponer un ingreso masivo y excluyente vulneraba su capacidad técnica para gestionar la seguridad dentro de los penales.

A su vez, el organismo penitenciario advirtió que se encontraba en una situación de imposible cumplimiento. Sucede que reciben órdenes simultáneas de múltiples juzgados nacionales, federales y provinciales, todos con mandatos de igual jerarquía que exigen alojar detenidos.

Según el planteo, acatar la prioridad exigida para los presos de la Ciudad los obligaría a desobedecer otros requerimientos judiciales vigentes. También recordaron que la Cámara de Casación Penal había instado a ubicar a los detenidos en cárceles adecuadas, pero sin establecer preferencias por una fuerza de seguridad específica ni designar un penal en particular.

Al analizar el caso, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, consideró que la decisión del juez Rafecas excedió el objetivo original de la causa, que buscaba justamente limitar la cantidad de internos en la cárcel de Devoto para evitar el hacinamiento.

Por lo tanto, habilitar el ingreso de un número indeterminado de personas iba en contra de los intereses que se intentaban proteger en ese mismo legajo, dijeron los camaristas. Y además, de acuerdo a la interpretación adoptada, el fallo transformó un recurso de habeas corpus, destinado a la tutela urgente de derechos, en una herramienta de planificación estructural del sistema penitenciario.

Aunque revocó la resolución de Rafecas, la Cámara reconoció la gravedad de la problemática de las comisarías porteñas y la necesidad de buscar soluciones coordinadas para la superpoblación carcelaria.

Al regreso de la feria judicial de enero, el Consejo de la Magistratura avanzará con un largo listado de denuncias que, de prosperar, podrían llevar a la destitución de dos jueces federales. Se trata de Patricio Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, y Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Ambos se reparten acusaciones que van desde el maltrato laboral y presunto abuso sexual, en el primer caso, hasta la ocultación de antecedentes disciplinarios graves y delitos de corrupción, en el caso del segundo magistrado.

El organismo que revisa la conducta de los jueces -y llegado el caso los sanciona- habilitó el receso de verano para tratar sus causas en la comisión de Acusación. También tienen otros expedientes en curso en el área de Disciplina.

Según dijeron a Infobae fuentes que trabajan en ambos casos, esta decisión principalmente permitió que sigan corriendo los plazos del proceso disciplinario durante enero y, así, evitar que las investigaciones se dilaten mucho más.

Algunas de las voces consultadas estiman que si los casos prosperan como hasta ahora y se verifican las sospechas sobre los jueces, ambos podrían ser citados a declarar antes de que termine el semestre.

Superada esa etapa, lo que sigue es la elaboración de un dictamen que ponga a consideración del Plenario del Consejo la desestimación de la denuncia, una sanción o el juicio político.

Por lo pronto, las comisiones recién se volverán a reunir en febrero y allí se resolverán los pasos a seguir. Mientras tanto, se están produciendo medidas de prueba como citaciones de testigos y producción y análisis de informes o documentación.

Al regreso de la feria, el 10 de febrero, otro juez será indagado por las denuncias de lesiones y amenazas contra seis empleados judiciales: Pablo Díaz Lacava, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa.

La producción de prueba sobre su caso ya fue concluida y ahora resta escuchar su defensa.

El caso Maraniello

El juez Maraniello tiene 12 expedientes abiertos en la comisión de Acusación y otras dos denuncias que tramitan en Disciplina, donde van los reportes menos graves.

En su defensa, el titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 presentó una serie de recursos: prórrogas, planteos de nulidad, pase de expedientes, archivos y más. Todo esto debería ser tratado en las próximas reuniones de labor de cada comisión.

El sindicato de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (UEJN) formalizó imputaciones por acoso sexual, violencia de género y maltrato laboral, episodios que habrían sufrido los trabajadores de su Juzgado. A esto se sumó el testimonio de una persona de identidad reservada, quien relató hechos que podrían constituir delitos contra la integridad sexual.

Los denunciantes describieron un ambiente de trabajo hostil. Empleados aseguraron que sufrieron amenazas y hostigamientos y señalaron un manejo irregular de los fondos destinados a gastos corrientes, lo que provocó la falta de insumos básicos para las tareas diarias, según estas versiones. Las declaraciones apuntaron también a una secretaria del Juzgado, quien presuntamente mantuvo un vínculo cercano con el magistrado y replicó sus conductas abusivas hacia los subordinados.

La comisión de acusación citó a 14 testigos, entre los que hay empleados y presuntas víctimas. Sus declaraciones serán la prueba central del caso.

Estas acusaciones ya se conocían para septiembre de 2025, cuando el juez Maraniello saltó a la primera plana de la discusión política nacional con un fallo que involucró a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Legisladores de la Coalición Cívica, organizaciones civiles y abogados independientes lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura por la supuesta censura previa a la prensa, luego de que Maraniello prohibiera la difusión de audios atribuidos a la hermana del presidente Javier Milei.

Todo ocurrió justo después de que se develaran las escuchas que destaparon la causa ANDIS. El magistrado fundamentó el otorgamiento de la cautelar para “impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”.

Otra denuncia contra Maraniello refiere a retrasos y supuesta arbitrariedad. Un abogado reportó que un amparo de salud por un colchón para prevenir úlceras demoró más de ocho meses sin resolución, Y en otro episodio, una escribiente auxiliar acusó al juez de finalizar su interinato de manera “caprichosa” para intentar nombrar a personas vinculadas a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, una entidad que el juez Maraniello preside.

Por último, la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuarios denunció que el magistrado dictó una sentencia contraria a la ley con el objetivo de favorecer al PAMI en un litigio. Según la presentación, el juez aceptó un planteo de competencia para quitarle una causa al Juzgado Federal de Mendoza y llevarla a su propio tribunal en Buenos Aires.

La defensa del juez

Sobre este caso Maraniello pidió el archivo de la causa. Explicó que el tema ya se analizó en sede penal y la acusación contra él fue descartada.

A las denuncias de abuso de poder, acoso laboral, maltrato y manejo inadecuado de recursos públicos también respondió de la misma manera. De acuerdo a la defensa del juez, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 ya declaró abstracta una causa que contenía varias de esas denuncias en julio del año pasado.

Las que no están incluidas en ese expediente, dijo Maraniello, deberían declararse nulas por distintas irregularidades que observó a lo largo del proceso disciplinario.

No obstante estos planteos, el Consejo de la Magistratura aguarda el descargo formal que debe presentar el magistrado para defenderse de las denuncias. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, ya solicitó una prórroga del plazo para exponer su versión de los hechos, que aún no fue concedida.

“Se trata de un legajo de extrema complejidad, que reúne acusaciones heterogéneas, pedidos probatorios diversos y cuestiones de distinta naturaleza, lo que impide un análisis serio, ordenado y responsable dentro del plazo otorgado”, postuló.

En cuanto al análisis de su conducta en el caso de los audios de Karina Milei, Maraniello solicitó que el tema no se trate en la comisión de acusación, sino en disciplina.

Salmain, acusado por corrupción

El juez de Rosario -que también subroga el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe- arrastra sospechas de corrupción desde los inicios de su carrera en tribunales.

La Dirección de Sumarios de la Corte Suprema de Justicia informó que en 2001 se instruyó un sumario contra él cuando se desempeñaba como auxiliar. Aquella investigación concluyó con su cesantía en 2002, motivada por la sospecha de que intentó sobornar a una empleada para manipular el sistema informático y direccionar expedientes previsionales.

Ahora en el Consejo de la Magistratura lo que se está analizando es si Salmain intencionalmente omitió incluir en su declaración jurada esa expulsión al momento de concursar para su cargo como juez, al que finalmente accedió en 2023.

Las sospechas de corrupción siguen con un listado de acusaciones que están bajo investigación en sede penal. El magistrado acaba de ser procesado y se ordenó su detención, que no puede materializarse por la inmunidad de arresto que le otorga su función judicial.

Esto ocurrió por la causa Attila, donde se busca esclarecer si el juez de Rosario -a cambio de una coima- firmó una resolución que habilitó a una financiera a comprar 10 millones de dólares a valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria, en diciembre de 2023. De acuerdo a la reconstrucción fiscal, el objetivo criminal era desviar luego ese dinero a cuentas en el exterior.

Por este caso Salmain fue allanado en octubre. Durante esos operativos dio un paso en falso que mereció la apertura de una nueva causa contra él, por abuso de autoridad, que también será analizada en el Consejo de la Magistratura.

Hubo un primer intento fallido por requisar el despacho del juez rosarino -la orden judicial se filtró-, mientras la causa se encontraba bajo secreto de sumario. Salmain, según la imputación en su contra, intentó acceder al expediente y envió un oficio a las autoridades de la PSA para que le informaran detalles de los procedimientos y nombres de los agentes que intervinieron.

Anteriormente, en la causa Bailaque -otro ex juez de Rosario preso y acusado de múltiples delitos-, se encontraron conversaciones entre Salmain y Carlos Vaudagna, ex titular de AFIP en Santa Fe y actual imputado “arrepentido”. Los mensajes entre ellos dan cuenta de favores recíprocos.

Precisamente, Salmain era quien investigaba a Vaudagna y otros presuntos cómplices en distintas causas. Luego del hallazgo lo apartaron.

Mientras corren los plazos de los procesos en contra de ambos jueces, el Consejo de la Magistratura aguarda por la presentación de sus descargos y los resultados de diversas medidas de prueba solicitadas, que incluyen pedidos de informes a la AFIP, Migraciones y profesionales de la salud, así como auditorías sobre los gastos de funcionamiento de los juzgados bajo revisión.

El juez federal de Rosario Gastón Salmain no da el brazo a torcer con sus vacaciones en Europa. Después de varios rechazos en distintas instancias, hará un último intento para que le permitan salir del país ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Mientras litiga por su descanso veraniego en España, en los tribunales federales de Santa Fe avanza la investigación penal del caso Attila, que lo tiene procesado, embargado y con orden de detención. Lo acusan de haberle “vendido” a un financista -a cambio de una coima- una resolución judicial que le permitió acceder a 10 millones de dólares a cotización oficial mientras había restricciones cambiarias, en diciembre de 2023.

Ese financista se llama Fernando Whpei y hoy es uno de los imputados colaboradores de la Justicia que develó cómo habría operado la corrupción judicial en Rosario.

Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, además tiene varios expedientes abiertos en el Consejo de la Magistratura que podrían llevar a su destitución.

Las vacaciones del juez Salmain

Este sábado, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ratificó la decisión de impedir el viaje a España que el juez tenía programado junto a su familia.

La Sala B analizó el reclamo presentado por la defensa del funcionario, que buscaba revertir una negativa previa dictada por el juez Carlos Vera Barros, quien lleva la causa Attila.

Según se desprende de las resoluciones judiciales a las que accedió Infobae, el itinerario de Salmain estaba programado para comenzar el 26 de diciembre de 2025 y finalizar el 18 de enero de 2026.

La fecha de partida coincidió con el día en el que lo procesaron y le prohibieron salir del país.

Ante esta situación, los abogados defensores interpusieron un recurso de apelación, argumentando que la medida resultaba “arbitraria y violatoria de las garantías” que protegen la función judicial.

Durante la audiencia celebrada para tratar el asunto, los letrados Gustavo Feldman e Ignacio Carbone expusieron sus quejas.

Sostuvieron que no permitir el viaje generaba un daño institucional irreparable y afectaba la independencia del juez que, pese a las sospechas que pesan sobre él, está en pleno ejercicio de su cargo.

Alegaron que la prohibición funcionaba en la práctica como una “sanción anticipada” y que tensionaba el régimen de inmunidad de arresto previsto por la ley, razón por la cual Salmain hoy no está preso.

Según la postura del magistrado, la restricción de la libertad ambulatoria no había sido dictada cuando compró los pasajes y planificó las vacaciones, por lo que le correspondería acceder a la excepción.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal opinó que no correspondía otorgar el permiso, dada la gravedad institucional de los hechos investigados y en los compromisos internacionales asumidos por Argentina en materia de persecución de delitos de corrupción.

La Fiscalía también señaló la existencia de riesgos procesales que justificaban asegurar la presencia del imputado en el territorio nacional mientras avanza la investigación. Es decir, no descartan que el viaje sea una chance de Salmain para fugarse.

Al momento de resolver, los camaristas Silvina María Andalaf Casiello, Ricardo Moisés Vásquez y Elida Isabel Vidal evaluaron los argumentos de ambas partes y concluyeron que negarle las vacaciones a Europa al juez no vulneraba sus fueros.

En su fallo, explicaron que la Ley 25.320 otorga inmunidad específicamente contra el arresto o la detención, pero no impide la aplicación de otras medidas cautelares, como la prohibición de salir del país.

“La inmunidad contra proceso o arresto no es un privilegio que contemple a las personas, sino a las instituciones y al libre ejercicio de sus poderes”, resaltó la Cámara Federal de Rosario.

Otro aspecto relevante del fallo giró en torno a la situación familiar planteada por la defensa. Los abogados de Salmain indicaron que los hijos menores del juez ya se encontraban en el extranjero esperando a su padre.

Para el Tribunal, la decisión de que los jóvenes viajaran se tomó con conocimiento previo de que el permiso había sido denegado.

Aunque falta poco para el 18 de enero, fecha en la que Salmain anticipó que sería su regreso, el juez optó por llevar su reclamo hasta la última instancia posible.

La defensa presentó un nuevo recurso de casación para llevar el caso a Comodoro Py. Allí, el viernes, se tomó la decisión de que la Cámara Federal de Rosario habilite la feria para tratar el tema. Es la única buena noticia que, al menos por ahora, recibió el magistrado acusado de corrupto.

La Cámara rosarina concedió esta apelación, permitiendo que la Casación revise su pronunciamiento. Los jueces entendieron que, aunque no se trataba de una sentencia definitiva tradicional, el paso del tiempo tornaría abstracta la cuestión, cerrando definitivamente la posibilidad de realizar el traslado en los plazos previstos.

La Cámara Federal de Casación Penal definió este jueves que el ex ministro de Planificación Federal Julio Miguel De Vido deberá continuar cumpliendo su condena por la tragedia de Once en la cárcel de Ezeiza, tras rechazar el pedido de su defensa para acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

La decisión fue tomada por la Sala de Feria del máximo tribunal penal, que intervino durante el receso judicial debido a la naturaleza urgente del reclamo, vinculado a cuestiones de salud y privación de libertad.

El fallo contó con los votos de los jueces Javier Carbajo, Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky. La resolución fue dividida, ya que este último magistrado entendió que existían razones para habilitar el arresto de De Vido en su chacra de Zárate, provincia de Buenos Aires.

De Vido y la cárcel

De Vido fue preso luego de que la condena a cuatro años de prisión por administración fraudulenta contra el Estado quedara firme en la Corte Suprema de Justicia, en noviembre de 2025.

Tras esa confirmación, el Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó la detención inmediata del exministro, quien se presentó en Comodoro Py el 13 de noviembre. Desde entonces, De Vido permanece alojado en la Unidad 19 del Servicio Penitenciario Federal, conocida como la Colonia Penal de Ezeiza.

La defensa del condenado, que llevan adelante los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, impulsó el reclamo de la domiciliaria basándose principalmente en dos argumentos legales.

Por un lado, invocaron la edad del ex funcionario kirchnerista, quien tiene 76 años, lo cual supera el límite de 70 años previsto en la normativa para solicitar cumplir la pena en el hogar.

Por otro lado, alegaron problemas de salud, mencionando patologías crónicas como diabetes, hipertensión y afecciones cardíacas que, según sus abogados, no podían ser tratadas correctamente dentro del penal. Los letrados sostuvieron que el Servicio Penitenciario no le proveía los medicamentos necesarios, como la insulina, ni una dieta acorde a sus prescripciones médicas.

Ante este planteo, el juez Javier Carbajo lideró la postura mayoritaria que denegó la solicitud. En su argumentación, el magistrado explicó que alcanzar la edad de 70 años no activa de manera automática el beneficio de la prisión domiciliaria. Para que este se concrete, debe demostrarse que el encierro pone en riesgo la vida o la dignidad de la persona, o que el sistema no puede atender sus afecciones.

Para fundamentar su rechazo, Carbajo se basó en los informes del Cuerpo Médico Forense y de las autoridades penitenciarias. Los expertos evaluaron al detenido en diciembre de 2025 y concluyeron que el paciente se encontraba “compensado” físicamente al momento del examen.

Si bien los médicos aconsejaron mantener la medicación habitual y realizar controles periódicos de cardiología y clínica médica, el juez consideró que el Servicio Penitenciario Federal demostró tener la capacidad para cumplir con esos requerimientos.

El voto mayoritario de la Cámara de Casación destacó que la cárcel de Ezeiza cuenta con profesionales de la salud disponibles las 24 horas y posee la infraestructura para derivar al interno a un centro de mayor complejidad en caso de una urgencia.

Se detalló que el Hospital Penitenciario Central se ubica a pocos minutos de su celda, lo que garantiza una atención rápida ante cualquier eventualidad. En cambio, el domicilio propuesto por la defensa en el barrio Puerto Panal Farm Club se ubica a más de 11 kilómetros del centro de salud zonal más cercano.

A esta posición adhirió el juez Guillermo Yacobucci, quien señaló que no existían motivos para considerar arbitraria la decisión previa del TOF N° 4 que ya había denegado el pedido en diciembre.

El juez Mariano Borinsky mantuvo una opinión disidente. Su postura se centró en la vulnerabilidad del grupo etario al que pertenece De Vido y en las advertencias del Cuerpo Médico Forense.

El magistrado remarcó que los peritos habían establecido una serie de condiciones estrictas, como dietas específicas y administración precisa de remedios, advirtiendo que si estas no se cumplían, el lugar de detención pasaría a ser inadecuado.

Borinsky sostuvo que, dadas las múltiples afecciones crónicas y la edad avanzada del imputado, la medida más razonable para asegurar su derecho a la salud era permitirle cumplir la pena en su casa bajo monitoreo electrónico.

Aunque se mantendrá la cárcel común para De Vido, el fallo de la Casación exhortó a las autoridades del penal a que cumplan estrictamente con todos los controles médicos y tratamientos indicados por los profesionales para resguardar la integridad física del interno.

La defensa dejó planteada la reserva para intentar llevar el caso ante la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Lázaro Báez continuará su detención en la cárcel y rechazó el pedido de prisión domiciliaria que presentó su defensa. Purga una pena de 15 años por “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”.

La decisión se tomó con el voto mayoritario de los jueces Javier Carbajo y Ángela Ledesma, mientras que el camarista Mariano Borinsky se pronunció en disidencia, a favor de otorgar el beneficio.

Con este fallo, se confirmó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 4 de retirarlo del Hospital Central Penitenciario para ser alojado en el pabellón “K” del penal de Ezeiza.

El empresario patagónico condenado por lavado de dinero, a través de sus abogados, argumentó que el establecimiento penitenciario no contaba con los recursos necesarios para tratar sus múltiples problemas de salud y que su presencia en su casa resultaba indispensable para el cuidado de su pareja y sus hijos.

La defensa fundamentó el reclamo en la edad del condenado, quien tiene 69 años y está próximo a cumplir 70, así como en un cuadro clínico que incluye diabetes tipo II, hipertensión arterial, asma y antecedentes cardíacos.

Además, indicaron que su estadía en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza agravó sus patologías debido a supuestas deficiencias de higiene y falta de atención médica especializada. Y alegaron que la distancia de más de 2.700 kilómetros respecto a su domicilio familiar en Santa Cruz impedía el contacto fluido con sus seres queridos.

Según la defensa, la pareja de Báez padece una enfermedad oncológica y, por esta razón, el dueño del grupo Austral cumplía un rol fundamental en la crianza de los dos hijos menores de ella, de 12 y 14 años. De acuerdo a este planteo, la ausencia del empresario generó un deterioro emocional en los niños y una sobrecarga para la madre, quien debe afrontar su tratamiento médico.

El fallo de Casación

El voto mayoritario desestimó estos argumentos y ratificó que el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza está en condiciones de alojar detenidos con problemas de salud como los de Báez.

El juez Carbajo destacó que los estudios realizados por especialistas en neumonología, cardiología y oftalmología del Cuerpo Médico Forense y el SPF concluyeron que el paciente se encontraba hemodinámicamente estable y compensado.

Los peritos oficiales indicaron que las dolencias podían tratarse adecuadamente dentro de la unidad carcelaria, siempre que se cumplieran las indicaciones farmacológicas y los controles periódicos.

El fallo remarcó que el Servicio Penitenciario Federal informó contar con la infraestructura, el personal y el equipamiento necesarios para atender las necesidades sanitarias del interno, incluyendo guardia médica permanente y ambulancia para traslados de urgencia.

Para los magistrados que lideraron la votación, la defensa no logró probar que la permanencia en prisión implicara un riesgo cierto para la vida de Báez ni que existiera una falta de atención por parte del Estado.

En cuanto a la situación de los menores, los jueces Carbajo y Ledesma consideraron que no se verificó un estado de desamparo que justificara la excepción al régimen de ejecución de la pena.

Evaluaron que los niños conviven con su madre, quien recibe ayuda de otros familiares, y que sus derechos a la educación y la salud se encuentran resguardados. Además, señalaron que la mujer cuenta con medios económicos para la subsistencia del grupo familiar.

Por el contrario, el juez Borinsky votó en soledad por conceder el arresto domiciliario. En su disidencia, valoró que el acusado estaba próximo a cumplir la edad que la ley contempla para este beneficio y que sus patologías crónicas mostraban un agravamiento progresivo. También ponderó el interés superior de los niños y la conformación de una familia ensamblada, coincidiendo con el dictamen de la unidad funcional especializada en menores, la cual había apoyado la solicitud.

Finalmente, la resolución judicial dispuso que las autoridades carcelarias garanticen la comunicación de Báez con sus familiares según la normativa vigente. Asimismo, el tribunal autorizó que el condenado sea trasladado a un pabellón común -denominado con la letra “K”- dentro del penal de Ezeiza para iniciar su tratamiento penitenciario, dado que los médicos informaron que ya no requería internación continua en el área hospitalaria.

Con el trámite frenado para recibir asilo político, los cinco bolsonaristas condenados por el último intento de golpe de Estado en Brasil y que escaparon hacia la Argentina, salieron de la cárcel y empezaron a gozar del beneficio de la prisión domiciliaria.

El juez federal Daniel Rafecas había ordenado extraditarlos, pero el regreso a su país se mantiene demorado a la espera de que la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE) resuelva el estatus de los detenidos.

Se trata de Joelton Gusmao de Olveira, Joel Borges Correa, Rodrigo de Freitas Moro, Wellington Firmino y Ana Paula de Souza, todos ellos con condenas de entre 13 y 17 años de cárcel confirmadas por el Supremo Tribunal Federal de Brasil.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, la morigeración de las condiciones de detención de los brasileños se concedió en los últimos días de diciembre.

Este miércoles el juez Sebastián Casanello -que subroga el Juzgado Federal N° 3, mientras Rafecas está de licencia- ordenó el traslado inmediato de los presos a sus domicilios, previa colocación de tobilleras electrónicas para monitorearlos.

¿Refugiados o prófugos?

El juez Rafecas dictó sentencia el pasado 9 de diciembre y dispuso la extradición de los cinco involucrados. La justicia brasileña los acusó de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, daño agravado, deterioro de bienes protegidos y asociación delictiva armada.

Sin embargo, la entrega efectiva de los detenidos al país vecino quedó en suspenso. Y, de hecho, ahora se abrió una ventana para anular todo: las defensas apelaron ante la Corte Suprema de Justicia la orden de extradición.

Es que aún no se resolvió si los bolsonaristas son aceptados como refugiados. Para recibir ese estatus debería considerarse que abandonaron su país por ser perseguidos por su opinión política, por ejemplo. En los tribunales argentinos se dio por probado que escaparon para no enfrentar a la Justicia de Brasil.

La decisión sobre este aspecto depende del Poder Ejecutivo y de la CONARE. El trámite de asilo lleva más de un año y medio en proceso, aunque el organismo no tiene un plazo establecido para expedirse.

El fiscal de la causa, Carlos Rívolo, entendió que en estas condiciones mantener la cárcel común podría derivar en una detención de duración incierta y desproporcionada. Así dictaminó luego de un pedido de las defensas que, inicialmente, pretendía la libertad de los involucrados.

“Se trata entonces de encontrar una solución equilibrada entre garantizar su sujeción al proceso hasta que finalice el trámite de extradición sin incurrir en un menoscabo de sus garantías”, dijo el fiscal.

Además de la tobillera electrónica, los brasileños debieron entregar sus pasaportes a las autoridades judiciales y tienen prohibido salir del territorio nacional sin autorización expresa.

Los abogados que representan en la causa a la República Federativa de Brasil habían pedido que se rechace el beneficio: “Su libertad, a esta altura del proceso, pone en serios riesgos la ejecución de lo dispuesto por Vuestra Señoría, en especial, si nos atenemos a los antecedentes”, postularon. Se referían al riesgo de fuga y al hecho de que ya habían eludido a la Justicia de su país.

Los detenidos en la Argentina participaron activamente de los incidentes del 8 de enero de 2023, cuando miles de opositores a Lula Da Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), asaltaron las sedes de los tres poderes del Estado.

Militantes y simpatizantes del ex presidente Jair Bolsonaro atacaron los edificios del Palacio de Planalto, el Congreso y STF para intentar frenar la asunción del actual mandatario.

La Cancillería argentina recibió al menos 63 solicitudes formales para capturar a brasileros prófugos que habrían escapado hacia este lado de la frontera luego de los disturbios.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le negó un insólito pedido al juez federal de Rosario Gastón Salmain, que pretendía irse de vacaciones a Europa mientras pesan sobre él múltiples acusaciones de corrupción, además de una orden de detención que no se ejecutó -de momento- gracias a la inmunidad de arresto que le otorga su cargo.

Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, está procesado y tiene prohibido salir del país. Lo investigan por haber firmado una resolución con la que le habría facilitado a una financiera el acceso a 10 millones de dólares a valor oficial mientras había brecha y cepo cambiario, a fines de 2023, todo a cambio de una coima.

Además, está imputado en otras causas conexas a este caso y tiene denuncias en el Consejo de la Magistratura de la Nación que, de avanzar, podrían derivar en su destitución.

La polémica por las vacaciones comenzó el 26 de diciembre. Aquel día el juez subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, Carlos Vera Barros, lo procesó por el caso de los USD 10 millones, ordenó su prisión preventiva y dispuso la prohibición de cruzar las fronteras nacionales.

Ese mismo día, la defensa de Salmain presentó una solicitud urgente para que se le permitiera viajar. Los abogados Gustavo Feldman e Ignacio Carbone explicaron que su cliente tenía contratado un paquete turístico con destino a España desde julio de 2025.

El itinerario incluía una escala en Italia y el regreso estaba programado para el 18 de enero de 2026. La premura con la que se movió Salmain por sus vacaciones radicó en que el vuelo de ida despegaba apenas unas horas después de que se notificara el procesamiento, específicamente a las 23:55 del 26 de diciembre.

El juez Vera Barros cumplió en pedir la opinión del Ministerio Público Fiscal sobre la solicitud del magistrado procesado. Los fiscales se pronunciaron en contra de autorizar la salida. Así, se denegó el permiso ese mismo día.

La defensa de Salmain apeló el rechazo ante la Cámara Federal de Rosario, pero otro planteo demoró el pronunciamiento sobre sus vacaciones.

Salmain recusó a las camaristas Elida Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello, integrantes de la Sala B del tribunal, por una presunta falta de imparcialidad y “enemistad manifiesta” entre ellos. También perdió esa pulseada y las juezas seguirán tratando su caso.

Aunque perdió el vuelo de ida, el juez Salmain no desistió con el viaje. El 2 de enero pidió que se habilitara la feria judicial para tratar el levantamiento de la prohibición de salir del país. Su defensa también solicitó la designación de jueces especiales para resolver el asunto.

El planteo recibió un rechazo mediante una providencia simple, bajo el argumento de que el tema no justificaba la interrupción del receso judicial de enero.

Salmain insistió nuevamente, esta vez con un recurso de casación. Alegó que la decisión de no tratar el tema durante enero le generaba “un perjuicio irreparable”; ya que perdería la posibilidad de recorrer Europa al menos una semana.

Para la defensa, negarle las vacaciones al juez presuntamente corrupto es una restricción “ilegítima” de su libertad ambulatoria y le produce una “afectación directa de los derechos de sus hijos menores de edad”, a los que se los estaría “privando de gozar de sus vacaciones en el exterior del país junto a su progenitor”, según postularon.

Este miércoles, las juezas Vidal y Andalaf Casiello -las que había intentado apartar Salmain- rechazaron la admisibilidad formal del recurso de casación, al entender que esta es una herramienta reservada para impugnar sentencias definitivas o resoluciones equiparables que ponen fin a un proceso.

De esta manera la Cámara Federal de Rosario mantuvo firme la restricción que impide al juez procesado salir del país mientras avanza la investigación en su contra.