Los hermanos Jonathan Simón y Emmanuel Kovalivker, presidente y vicepresidente de la droguería Suizo Argentina, fueron indagados este miércoles en la causa ANDIS. Ambos se negaron a responder preguntas del fiscal Franco Picardi y dieron su versión de los hechos a través de descargos escritos que presentó su abogado, Martín Magram.

Primero se presentó Jonathan, que está imputado como jefe de la presunta asociación ilícita que habría “cooptado”, según la acusación, la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión de Diego Spagnuolo. Emmanuel, en tanto, fue señalado como miembro de la supuesta organización.

Las indagatorias se llevaron adelante en el Juzgado Federal N° 11, subrogado por el juez Ariel Lijo. A partir de ahora, el magistrado deberá decidir si los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito.

Según pudo saber Infobae de fuentes allegadas a la causa, en sus escritos los empresarios negaron haber integrado o dirigido una asociación ilícita, así como haber intervenido en maniobras defraudatorias contra la administración pública o en negociaciones incompatibles con funcionarios de la ANDIS.

La defensa argumentó que la fiscalía les atribuye responsabilidad penal solamente por sus cargos como máximas autoridades de la compañía, lo que a su criterio vulnera el principio de culpabilidad y de derecho penal de acto, ya que la acusación “no describe ningún acto personal, orden, firma, comunicación o reunión suya vinculada con los hechos”.

Los dueños de la Suizo Argentina explicaron que la facturación con la ANDIS representó “un porcentaje marginal” de sus ventas totales: 2,14% en 2023; 4,22% en 2024 y 3,14% entre enero y octubre de 2025, según se desprende de los escritos.

Los pedidos de la defensa

La defensa de los Kovalivker volvió a plantear el cierre de la causa por considerar que los hechos ya se habían investigado en otra causa que tramitó ante el Juzgado Federal N° 7 de Sebastián Casanello, y que fue archivada por inexistencia de delito.

También pidieron la nulidad de la investigación por haberse originado a partir de los audios atribuidos a Spagnuolo, que están siendo peritados por Gendarmería, y que a criterio de los acusados son “de origen ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición”.

Finalmente, solicitaron que se deje sin efecto la inhibición general de bienes que ordenó el juez Lijo al llamarlos a indagatoria.

En su acusación, la fiscalía había hecho énfasis en que la compañía farmacéutica fue la principal proveedora de medicamentos de alto costo de la agencia estatal entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Durante ese lapso, le facturó al organismo $124.652.174.118, de acuerdo con los registros de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

En suma, los hermanos Kovalivker plantearon ante el juez Lijo que, del análisis de los teléfonos, cuadernos, registros de ingresos a barrios privados y documentación contable secuestrados en la causa, “la fiscalía no encontró ninguna comunicación, mención o instrucción atribuible” a los dueños de la droguería.

“Las visitas registradas en su domicilio corresponden a empresarios del mismo rubro o vínculos sociales, sin que ello implique participación delictiva”, justificaron desde el entorno de la Suizo Argentina.

La acusación fiscal

En su último dictamen, el fiscal Picardi planteó que la ANDIS funcionó como una ventanilla de pagos discrecionales administrada por la Suizo Argentina.

Los investigadores señalaron que la droguería “cooptó” la estructura de la ANDIS mediante acuerdos espurios con funcionarios de alta jerarquía, entre los que se encuentran el exdirector ejecutivo Diego Orlando Spagnuolo y el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud Daniel María Garbellini. La fiscalía sostiene que la empresa logró controlar y administrar las compulsas de precios del sistema informático SIIPFIS, el cual se utilizaba para adjudicar las compras estatales.

La acusación describe que el sistema de selección de proveedores fue reemplazado por un esquema de cartelización integrado por 14 droguerías “amigas”. A través de planillas de cálculo encontradas en los dispositivos tecnológicos secuestrados, los directivos de Suizo Argentina S.A. presuntamente definían con antelación qué firma ganaría cada compulsa, qué descuentos simularían las competidoras y cuáles se abstendrían de cotizar.

Siguiendo el razonamiento de la acusación, este mecanismo eliminó la competencia real y generó que el Estado pagara valores excesivos por los fármacos destinados a los beneficiarios del Programa Federal Incluir Salud. La fiscalía detectó diferencias de precios de hasta el 1000% entre las licitaciones generales y las compulsas reducidas o acotadas.

Emmanuel Kovalivker aseguró que “jamás intervino en la fijación de precios, cotizaciones, ventas a privados u operaciones con organismos públicos”. Según su versión, sus tareas como vicepresidente se limitaron a la dirección de procesos productivos, logística, automatización de plantas (Tucumán, Junín, Ramos Mejía, Villa Lugano) y mejoras tecnológicas. Dijo que renunció el 30 de noviembre de 2025, con la causa ya iniciada.

Por último, este empresario sostuvo en su escrito que las conversaciones que se le imputan son “esporádicas, atemporales y fuera del objeto procesal”. Su defensa resaltó que los chats surgidos de su teléfono corresponden al período que va de julio a diciembre de 2023, previo a la gestión libertaria, y correspondían a “un proyecto logístico privado con laboratorios de antibióticos hospitalarios, el cual no prosperó” y sería ajeno a la ANDIS.

La Justicia Federal dispuso una medida cautelar contra el juez del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, Jorge Gamal Abdel Chamía, quien en los últimos días protagonizó un escándalo al designar como jefa de despacho a la hija del magistrado que debía investigarlo por una denuncia de acoso sexual y violencia de género formulada por una empleada judicial.

El Juzgado Federal N° 1 de Córdoba, que recientemente recibió el expediente, le prohibió a Chamía mantener cualquier tipo de comunicación con la denunciante, María Emilia Galván. Asimismo, la orden firmada por el magistrado Carlos Arturo Ochoa le impidió intervenir o adoptar decisiones administrativas que afecten la situación personal o de trabajo de la mujer.

La decisión se tomó a partir de una presentación realizada por el representante de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Juan Pablo Tripputi. El gremio solicitó el apartamiento del camarista para resolver cuestiones de superintendencia que involucren a la presunta víctima luego de una entrevista que brindó el juez Chamía a un medio provincial.

Durante el reportaje, el magistrado riojano reveló la identidad de la denunciante y expuso detalles de su entorno familiar y de su vida privada, según resolvió el Juzgado Federal cordobés. Estas declaraciones configuraron una revictimización que vulneró la Ley de Protección Integral a las Mujeres y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Inicialmente, la denuncia radicada por María Emilia Galván, hija del exsenador radical Raúl Alfredo Galván, tramitó en el Juzgado Federal de La Rioja, a cargo de Daniel Herrera Piedrabuena, quien delegó la investigación en el fiscal Rafael Alberto Vehils Ruiz. La causa estuvo dos meses paralizada -hasta que el caso tomó estado público- y en el medio el Tribunal Oral Federal que integra Chamía designó a Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe en el cargo de jefa de Despacho.

La decisión contó con el aval del camarista Mario Eduardo Martínez y la disidencia del tercer integrante del TOF, José Quiroga Uriburu, quien rechazó la incorporación de una “persona ajena” a la planta activa del tribunal. La funcionaria aún permanece en el cargo.

Cuando la denuncia por violencia y acoso tomó impulso, el juez riojano Herrera Piedrabuena se excusó, y así el expediente terminó en jurisdicción cordobesa.

El origen del conflicto

La situación comenzó a visibilizarse en abril de este año, cuando Galván, quien se desempeña como oficial en el tribunal riojano, presentó denuncias en sede administrativa y penal. La empleada relató que el detonante para romper el silencio fue la notificación del Acuerdo N° 7/2026, mediante el cual el tribunal le aplicó una suspensión de 20 días sin goce de sueldo por inasistencias injustificadas.

La mujer sufrió en 2024 un accidente cerebrovascular (ACV) que le dejó secuelas físicas y psiquiátricas permanentes, requiriendo medicación diaria y controles constantes.

Según su presentación, el tribunal rechazó las licencias médicas presentadas -a fines de diciembre de 2025, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen de alta médica laboral- y le exigió reiteradamente el retorno presencial a sus tareas en La Rioja, lo que agravó su cuadro clínico.

En su acusación penal por violencia de género, la oficial describió diversos episodios de acoso que atribuyó a Chamía. Relató comentarios inapropiados sobre su cuerpo en eventos sociales, insinuaciones de índole sexual en el despacho del tribunal y descalificaciones constantes hacia su desempeño profesional. Ante el temor que le provocó la convivencia laboral con el magistrado, la agente se trasladó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde realiza tareas bajo la modalidad de trabajo remoto.

El Tribunal Oral Federal de La Rioja tiene pendiente de resolución un recurso de reconsideración sobre la designación de la hija del juez Herrera Piedrabuena.

La flamante jefa de despacho emitió un comunicado el último fin de semana para defenderse de los señalamientos, y apuntó contra el gremialista Triputti. “Ser hija de un juez no es un mérito ni una falta: es un dato, y no reemplaza una trayectoria construida con trabajo propio”, se defendió Herrera Piedrabuena.

Sin mencionar el conflicto de intereses por la denuncia contra Chamía, destacó que su designación “está respaldada por el artículo 15 del Reglamento para la Justicia Nacional el que establece cómo se cubren estos cargos”. Este punto “manda valorar la aptitud y el título para la función, la idoneidad y la conducta demostradas en los cargos ocupados, debidamente registradas y calificadas, y por último, la antigüedad”, refirió.

Y completó: “Las mujeres dedicamos años de esfuerzo al estudio, al trabajo y a la capacitación para acceder también a puestos de mayor responsabilidad. Ese esfuerzo debe tener un reconocimiento real cuando se evalúa nuestra idoneidad. No pido un trato preferencial por ser mujer: pido que mis antecedentes tengan el peso que merecen y que mi identidad profesional no quede reducida a ser ‘la hija de’”.

La jueza Sandra Arroyo Salgado, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de San Isidro, denegó la probation solicitada por la defensa de Claudio Ariel De Vincentis, excomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) y actual jefe de seguridad de Nordelta. Está acusado de haber alertado a uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan Kovalivker, de que estaba a punto de ser allanado por la causa ANDIS. El empresario logró evadir la requisa.

La magistrada rechazó la suspensión del juicio a prueba al considerar que De Vicentis incurrió en el delito de encubrimiento doblemente agravado por la magnitud del delito precedente y la condición de funcionario público.

En su fallo, Arroyo Salgado introdujo una lectura novedosa: aunque se trata de un comisario retirado, el acusado sigue siendo policía. La ley prevé que los funcionarios públicos no pueden acceder al beneficio de la probation.

Es así que la jueza se declaró incompetente para continuar con el trámite correccional -hasta el procesamiento era solo por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple- y dispuso remitir el expediente a los Tribunales Orales Federales de San Martín, donde el jefe de seguridad de Nordelta podría ser juzgado y condenado a un máximo de seis años de prisión.

El caso

Los hechos que originaron esta causa ocurrieron entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de agosto de 2025. Una comitiva de la Policía de la Ciudad, bajo las directivas del juez federal Sebastián Casanello, había llegado al barrio “La Isla”, dentro del complejo Nordelta, en el partido de Tigre. El objetivo del procedimiento consistía en cumplir órdenes de presentación, allanamiento, registro domiciliario y requisa personal sobre -entre otros- Jonathan Simón Kovalivker, directivo de la firma Suizo Argentina S.A., quien se encontraba bajo investigación por presuntos desvíos de fondos públicos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Al comenzar el operativo, el comisario Lucas Alberetti, jefe de la División Conductas Tecnológicas Ilícitas y encargado de coordinar las tareas de preservación de pruebas, ordenó a los vigiladores de la garita de acceso que se abstuvieran de realizar llamadas telefónicas para evitar filtraciones que pusieran en riesgo el éxito de la medida. Sin embargo, la disposición policial enfrentó severos obstáculos, según la reconstrucción que consta en la causa.

De acuerdo con las constancias judiciales, el personal de la guardia privada comenzó a recibir insistentes comunicaciones de su supervisor, Claudio Ariel De Vincentis, quien pretendía conocer los motivos exactos de la presencia policial y el sector específico hacia donde se dirigían. Ante la insistencia, el propio comisario Alberetti atendió una de las llamadas para notificar la vigencia de una orden de presentación general y cortó la comunicación.

Posteriormente, a las 00:42 del 22 de agosto, el vigilador Hugo Martín Bogarín atendió un nuevo llamado de su jefe. Durante esa conversación, el empleado de seguridad privada le reveló a De Vincentis que los efectivos buscaban a Jonathan y a su hermano Emmanuel Kovalivker. Al advertir la situación, los policías interrumpieron la comunicación y retiraron el aparato telefónico. Apenas tres minutos después, a las 00:45 horas, Jonathan Kovalivker salió del barrio privado a bordo de un Audi S3, logrando eludir la requisa personal dispuesta en su contra.

En simultáneo, arribaron al acceso de Nordelta cuatro patrulleros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Los uniformados bonaerenses acudieron al lugar tras recibir una denuncia efectuada por el área de seguridad del country, la cual alertaba sobre la presencia de “personas no identificadas que pretendían realizar un procedimiento sin orden judicial”.

Una vez que se constató la legalidad de las órdenes de allanamiento, los móviles provinciales se retiraron. El posterior registro de la vivienda de Kovalivker evidenció, a criterio de la jueza Arroyo Salgado, que los dueños de la Suizo Argentina habían sido alertados previamente.

Los empresarios se presentaron días más tarde en Comodoro Py para entregar sus celulares.

La denegación de la probation

La defensa de De Vincentis pretendió suspender el proceso penal a cambio de la realización de tareas comunitarias y una reparación económica. No obstante, la jueza Arroyo Salgado rechazó la solicitud al aplicar la exclusión prevista en el artículo 76 bis del Código Penal, que impide otorgar este beneficio a los funcionarios públicos que participen en un delito en el ejercicio de sus funciones.

La resolución judicial determinó que el imputado conserva el carácter de funcionario público a pesar de encontrarse en situación de retiro de la PFA. Conforme a la ley orgánica de dicha institución (N° 21.965), el estado policial no se extingue con el retiro, sino únicamente mediante la baja. El personal retirado mantiene la obligación legal de concurrir al mantenimiento del orden público y a la prevención y represión de conductas delictivas, considerándose sus actos como si fuesen realizados por efectivos en actividad, interpretó la jueza.

A su vez, el fallo remarcó que la normativa de seguridad privada de la provincia de Buenos Aires (Ley N° 12.297) impone a los jefes de seguridad el deber de cooperar activamente con las autoridades públicas. Por lo tanto, la magistrada concluyó que De Vincentis no actuó como un ciudadano común, sino que utilizó su posición de control territorial y su condición policial para obstruir el accionar de la justicia.

El caso De Vincentis podría sentar un precedente relevante para un fenómeno cada vez más común en barrios privados: personas con poder que son advertidas por agentes de las empresas de seguridad contratadas minutos antes de ser allanadas y usan el tiempo a favor para ocultar pruebas o deshacerse de sus celulares y computadoras.

Así, en más de un caso, se vio comprometida la capacidad de los tribunales para llegar en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos. Una frase atribuida a De Vincentis mientras el operativo estaba frenado en el acceso a La Isla ilustra la cuestión: “Creen estar en Fuerte Apache o algún otro lugar parecido, se confunden”, les dijo a sus subordinados en un grupo de WhatsApp, sobre el accionar de la Policía de la Ciudad.

Camino a juicio oral

La defensa del jefe de seguridad de Nordelta podrá apelar la resolución de Arroyo Salgado ante la Cámara Federal de Casación Penal. Al tratarse de un caso novedoso, el máximo tribunal penal del país deberá revisar el criterio de la jueza sobre la condición de funcionario público que reviste el policía retirado.

Originalmente, el juez Sebastián Casanello procesó a De Vincentis por desobediencia, estorbo de un acto funcional y encubrimiento simple, calificación que fue confirmada por la Cámara Federal de San Martín en febrero de 2026. Como la sumatoria de estos delitos preveía una pena máxima de tres años de prisión, el caso se elevó para ser juzgado mediante un juicio correccional ante Arroyo Salgado como magistrada unipersonal.

Sin embargo, la jueza modificó el encuadre legal al considerar que se configura la figura de encubrimiento doblemente agravado.

El hecho principal que se investiga en la causa ANDIS consiste en una presunta asociación ilícita destinada a cometer fraudes contra la administración pública, mediante la cartelización de empresas, sobreprecios en medicamentos y coimas a funcionarios públicos. Al tratarse de maniobras que afectan directamente fondos del Estado y a personas de sectores vulnerables, la magistrada aplicó los estándares internacionales de las convenciones contra la corrupción de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, que exigen un mayor rigor en la persecución de estas conductas.

Con la nueva calificación penal, la expectativa de pena para De Vincentis se elevó a un rango de entre uno y seis años de prisión. Al superar el límite de la competencia correccional, la jueza declinó el conocimiento del caso y ordenó remitir las actuaciones para que un Tribunal Oral Federal de San Martín, mediante sorteo, lleve adelante el juicio público, si eventualmente la Casación confirma el nuevo rumbo del caso.

Los hermanos Kovalivker serán indagados en la causa ANDIS este miércoles por el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi.

El director de Asuntos Corporativos de la droguería Suizo Argentina, Sebastián Nuner Uner, prestó declaración indagatoria este martes en los tribunales federales de Comodoro Py. Sin responder preguntas de los investigadores, el ejecutivo presentó un escrito en el que negó haber participado en cualquier maniobra de corrupción y pidió la nulidad de todas las pruebas que lo involucran, a partir del cuestionado origen de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo.

El fiscal federal Franco Picardi imputó a Nuner Uner -que además de directivo es accionista de la firma- como jefe de la presunta asociación ilícita.

Testigos que declararon en la causa lo señalaron como el “nexo de la droguería con el Estado”, una de las mayores figuras de poder por debajo de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería.

Según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente, Nuner Uner negó “categóricamente” haber integrado una asociación ilícita, así como haber “intervenido en maniobras defraudatorias contra la Administración Pública o en negociaciones incompatibles con la función pública”.

Su declaración ocurrió en el Juzgado Federal N° 11, que subroga Ariel Lijo.

La versión del directivo, representado por el abogado Martín Magram, apuntó a que el fiscal lo acusó solo por “responsabilidad por el cargo”, que a criterio de la defensa está vedada por la jurisprudencia y vulnera el principio de inocencia.

El escrito resaltó que la investigación no encontró ninguna decisión, acta, instrucción, firma, reunión o pago de Nuner Uner vinculado con la ANDIS, ni tampoco con firmas proveedoras o compulsas de precios durante el período analizado, que va de mayo de 2024 a agosto de 2025.

En la misma línea, el directivo negó haber participado en la carga o decisión de precios en el sistema SIIPFIS ni en la gestión de ventas de medicamentos a la ANDIS, tal como le imputó el fiscal.

Y destacó que en los teléfonos de los principales implicados no hay comunicaciones, mensajes, chats ni registros que lo vinculen con maniobras ilícitas. “Toda la acusación descansa en un apodo de uso común (“Seba”) en conversaciones entre terceros, el cual el fiscal le atribuye de forma prejuiciosa sin aportar elementos objetivos ni verificar si correspondía a otra persona”, planteó la defensa de Nuner Uner.

El director de la Suizo Argentina le pidió al juez Lijo que lo sobresea y que deje sin efecto la inhibición general de bienes que le dictó al llamarlo a indagatoria, “por haberse dictado de forma general para 36 personas, sin motivación particularizada sobre su persona, sin peligro en la demora y conculcando el carácter excepcional y subsidiario de este tipo de medidas cautelares previas al procesamiento”.

Subsidiariamente, su defensa pidió la sustitución de esa medida cautelar por un embargo “de monto razonable”.

La acusación

Según el fiscal Picardi, Nuner Uner tenía un control directo sobre la ANDIS durante la gestión libertaria.

El lobista Pablo Atchabahian, otro de los supuestos jefes de la organización criminal, habría coordinado con él la orden de despedir a la directora de Presupuesto y Contabilidad de la ANDIS, Mercedes Soledad Capandegui. Asimismo, el ingreso de personal clave en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, como Matías Palotti, dependía de su aprobación, siempre de acuerdo a la acusación.

Para la fiscalía, el imputado intervino en el control y la administración de las compulsas de precios de medicamentos de alto costo. A través de mensajes recuperados por los investigadores, Nuner Uner habría dado directivas sobre los valores que debían cotizar otras firmas, como Droguería Génesis S.A., la cual serviría de “pantalla” para elevar los precios de venta al Estado y simular competencia.

La Suizo Argentina le vendía a Génesis y esta luego los revendía a la ANDIS con incrementos de precio “injustificados”, a criterio del fiscal.

El dictamen acusador reveló que el Nuner Uner mantuvo contactos frecuentes con directivos de otras compañías del sector para coordinar la cartelización del mercado de insumos médicos. Tras conocerse la denuncia de forma pública, el directivo configuró su aplicación de mensajería para eliminar conversaciones de manera automática y evitar el rastreo de los mensajes. Durante un allanamiento posterior en la sede de la empresa, los investigadores no pudieron acceder a su computadora corporativa debido a que el disco rígido se encontraba encriptado y los responsables se negaron a facilitar las claves de acceso.

Para este martes también estaba previsto que declaren Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Domínguez, gerente y coordinador de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina, respectivamente. Sus indagatorias se postergaron para la semana que viene, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

El miércoles están citadas las máximas autoridades de la droguería que, según el fiscal, “cooptaron” la ANDIS: Jonathan y Emmanuel Kovalivker.

El fiscal Picardi había pedido ampliar la declaración de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y exabogado de Javier Milei; el entonces número 2 del organismo, Daniel María Garbellini; y los exfuncionarios Matías Palotti Bertola y Diego Martín D’Giano. El juez Lijo dejó de lado a estos acusados y no los citó, al menos por ahora. “Serán llamados más adelante, después de escuchar a todos los del sector privado”, pronosticó una fuente del caso.

Este martes comenzó una nueva ronda de declaraciones en la causa ANDIS. Esta etapa del proceso está enfocada en cómo un grupo de empresas, con la droguería Suizo Argentina a la cabeza, habría tomado el control de la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria, según estableció el fiscal Franco Picardi en su acusación.

El juez federal Ariel Lijo citó en primer lugar a los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker —presidente y vicepresidente de la distribuidora farmacéutica, respectivamente—, y luego a Diego Gerardo Viner, quien se desempeñaba como director de Compras de la compañía. Sus comparecencias estaban previstas para el jueves pasado, pero se postergaron para el miércoles, a pedido de las defensas.

Este martes indagaron a Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de la Suizo Argentina. Se presentó en el Juzgado Federal N° 11, ubicado en el cuarto piso de los tribunales federales de Retiro, pasadas las 9.30.

Nuner Uner se negó a declarar y se limitó a presentar un escrito, que fue entregado por Martín Magram, abogado de la Suizo Argentina.

Para este martes también estaban previstas las indagatorias de Gonzalo Damián Zarbo y Fernando Domínguez, directivos de la droguería, pero sus citaciones se postergaron a último momento y fueron reprogramadas para la semana que viene.

Las declaraciones de los imputados continuarán hasta fines de noviembre, según el cronograma vigente.

Con nuevas pruebas en su haber, el fiscal Picardi había pedido ampliar la declaración de Diego Spagnuolo, exdirector de ANDIS y exabogado de Javier Milei; el entonces número 2 del organismo, Daniel María Garbellini; y los exfuncionarios Matías Palotti Bertola y Diego Martín D’Giano. El juez Lijo dejó de lado a estos acusados y no los citó. “Serán llamados más adelante, después de escuchar a todos los del sector privado”, pronosticó una fuente con acceso al expediente.

La cooptación de la ANDIS

Las presuntas maniobras de corrupción tenían su núcleo en el Programa Federal Incluir Salud, encargado de brindar cobertura médica a sectores vulnerables, tales como personas con discapacidad, enfermos graves y familias en condiciones de extrema pobreza. De acuerdo con el dictamen de los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, un grupo de empresarios y funcionarios públicos coordinó acciones para desviar fondos públicos mediante la simulación de competencia y la aplicación de sobreprecios.

Los investigadores señalaron, en un dictamen de 305 páginas, que la empresa Suizo Argentina no operó como un simple proveedor, sino que ejerció un control directo sobre la ANDIS y las compañías que vendían medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

La droguería de la familia Kovalivker habría accedido a información confidencial de manera anticipada, administraba las compulsas de precios, decidía qué laboratorios debían resultar ganadores y definía los montos de venta al Estado, siempre de acuerdo a las pruebas recabadas por la fiscalía.

Durante el período investigado, que para la Suizo Argentina abarcó desde mayo de 2024 hasta agosto de 2025, la compañía llegó a facturar un total de $124.652.174.118,59 a la ANDIS, consolidándose como la principal vendedora de medicamentos de alto costo del organismo.

El “soldado” de la Suizo

Para ejecutar el plan en el terreno político y administrativo, la firma utilizó los servicios de Pablo Atchabahian, quien actuó como lobista de la empresa. Antes fue director de Acceso a los Servicios de Salud en la ANDIS entre 2018 y 2019 y funcionario del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque Atchabahian no tenía un contrato formal con la empresa, la fiscalía acreditó el vínculo mediante el secuestro de planillas de viáticos y pasajes aéreos a su nombre costeados por Suizo Argentina.

En las conversaciones recuperadas por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), Atchabahian se definió ante Emmanuel Kovalivker como un “soldado” de la droguería. El operador coordinaba las acciones con Daniel María Garbellini, último director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

Según el fiscal, ambos planificaron al menos desde 2022 su desembarco en la ANDIS para desarrollar negocios millonarios con el Estado.

Garbellini, máxima autoridad del organismo después de Spagnuolo, llegó a manifestar que la Agencia debía llevar “la bandera” de Suizo Argentina, según se desprende del expediente.

Sobreprecios del 4000%

Uno de los puntos clave que los imputados deberán responder se vincula con la utilización de la firma Droguería Génesis como una empresa “pantalla”.

Según la investigación, Suizo Argentina vendía los medicamentos a Génesis, y esta última los revendía a la ANDIS con incrementos de precio injustificados. El cotejo de la documentación secuestrada en los allanamientos reveló que se aplicó un recargo promedio del 44% sobre el costo original en diversas órdenes de compra.

Genesis pasó de ser una firma prácticamente sin actividad en 2023 a estar dentro de las 10 firmas que más pagos recibieron por parte del Estado en 2024 y 2025. Su facturación superó los 34.000 millones de pesos.

El caso más extremo es el de la droga cladribina, utilizada para tratamientos de esclerosis múltiple. El gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina, Gonzalo Zarbo, ordenó a su equipo cotizar la versión comercial “Eurit” del Laboratorio Richmond -adquirida a $92.000- al valor que quisieran para “ganar plata”. La droga se vendió finalmente a la ANDIS a un precio promedio de $3.967.000 por unidad, lo que representó un sobreprecio del 4106%.

“Muchas veces se sostiene que los hechos de corrupción no tienen una víctima concreta identificada. Sino que difusamente la víctima es la sociedad en general. Sin embargo, este es uno de los casos de corrupción que mayor aversión genera, ya que las víctimas son las personas con discapacidad y sus familias. Y dentro de ese colectivo, los que menos recursos tienen. Los pobres. Los más vulnerables. Los que necesitan del Estado para obtener una medicación sin la cual la vida puede presentarse más cruel de lo que ya es para ellos”, reflexionaron los fiscales Picardi y Rodríguez en su dictamen.

Y concluyeron: “Las víctimas observan cómo funcionarios públicos y empresarios inescrupulosos, ‘los reyes de la mentira’, se apoderan del dinero que les pertenece. Lo que se traduce sin solución de continuidad en que ellos no puedan contar con las terapias o medicamentos que necesitan para tener una calidad de vida un poco mejor de la que tienen”.

Quiénes son los primeros indagados

Sebastián Nuner Uner es accionista y director de Asuntos Corporativos de la droguería Suizo Argentina. La fiscalía lo considera una pieza fundamental del esquema de presunta corrupción, al punto que lo señaló como uno de los jefes de la asociación ilícita.

Fue descrito por testigos como el “nexo con el Estado de la droguería” y una figura sumamente poderosa dentro de la empresa.

La investigación constató que tenía un control directo sobre decisiones internas de la Agencia. Por ejemplo, el lobista Pablo Atchabahian consensuó con él la orden de despedir a la directora de Presupuesto y Contabilidad de la ANDIS, Mercedes Soledad Capandegui. Asimismo, el ingreso de personal clave en la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud, como Matías Palotti, dependía de su aprobación, según la acusación.

Nuner Uner era la persona a la que el presidente de la droguería Génesis, Andrés Arnaudo, consultaba directamente para fijar los precios que se cotizarían ante la ANDIS, utilizando a Génesis como “pantalla” para sobredimensionar los valores de los medicamentos.

Una vez que el caso tomó estado público en agosto de 2025, Nuner Uner configuró su WhatsApp para que los mensajes con Arnaudo se eliminaran automáticamente, impidiendo la recuperación de las conversaciones. Además, se negó a aportar las claves de su computadora (que está encriptada) durante los allanamientos.

Gonzalo Damián Zarbo, gerente de la División Tratamientos Especiales de Suizo Argentina, fue ungido como apoderado de la droguería para participar en las compulsas y licitaciones en el rubro de “Medicación de Alto Costo” (PACBI).

Se lo acusa de ordenar a su equipo comercial que pusieran “el precio que quisieran” a los medicamentos de alto costo para maximizar ganancias a costa del Estado. Fue él quien ordenó que rotaran el antes mencionado medicamento Eurit con la instrucción: “Lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata”.

La fiscalía sostuvo que mantenía una línea directa con funcionarios públicos de ANDIS. El director Daniel María Garbellini le enviaba información anticipada sobre reuniones con laboratorios. Además, participó en almuerzos no registrados oficialmente con funcionarios de la ANDIS en restaurantes como El Imparcial, fuera de las oficinas públicas y violando las normas de transparencia.

Por último, Fernando Domínguez, coordinador de Tratamientos Especiales de la Suizo, era el usuario habilitado para presentar las cotizaciones en el sistema de licitaciones de la ANDIS.

En su celular se secuestraron planillas de Excel creadas antes del cierre de las compulsas. En estos archivos se definía de antemano qué droguería ganaría cada licitación, qué marcas ofrecerían, qué descuentos mínimos debían presentar las demás firmas para simular competencia y cuáles debían abstenerse de cotizar.

También -siempre según la fiscalía- era el encargado de coordinar directamente las operaciones con la Droguería Génesis. Creó el grupo de WhatsApp “Génesis_pedidos” para coordinar las cotizaciones y entregas de medicamentos de alto costo facturados de Suizo Argentina a la empresa pantalla, y luego revendidos a la ANDIS con sobreprecios.

El juicio por la causa Hotesur - Los Sauces continuó este lunes con la lectura formal de los cargos y las elevaciones a juicio de los 19 acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y su hijo Máximo Kirchner.

Dada la extensión del requerimiento fiscal, el presidente del Tribunal Oral Federal N° 5, José Michilini, anticipó que esta etapa inicial del debate se extenderá aproximadamente diez días hábiles.

De momento solo se escuchará la acusación del tramo “Los Sauces”, ya que las defensas solicitaron, a partir de la reciente unificación ordenada por Casación, que se les permita contar con los 10 días hábiles que exige la ley para preparar su intervención en el expediente “Hotesur”.

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner siguen audiencias a través de Zoom, al igual que la mayoría de los acusados. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.

Terminó la audiencia

Luego de repasar en detalle las contrataciones de las empresas Kank y Costilla S.A. que constan en el dictamen de la fiscalía, el Tribunal Oral Federal N° 5 interrumpió la lectura y dictó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 2 de noviembre.

Alquilar para lavar

Tras comprar propiedades, hoteles y terrenos a través de Los Sauces, la familia Kirchner “los integró inmediatamente a la maniobra de lavado de dinero con el propósito de que, a partir del mes de enero de 2009 y hasta el mes de marzo de 2016, el alquiler de aquellos fuera la causa jurídica que permitiera transferir con ropaje de legitimidad una parte del dinero de procedencia ilícita”, acusaron los fiscales.

La inmobiliaria facturó a las distintas empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo por alquiler de propiedades y hoteles un total de $25.968.042,30 entre 2009 y 2016, “lo que muestra que esta firma funcionó verdaderamente como un mecanismo permanente destinado al reciclaje de activos”.

“Estas cifras surgen de la reconstrucción del flujo de fondos de la empresa Los Sauces, que fue realizada por los peritos contadores y que permitió, a partir de la documentación contable —cuando fue hallada— y bancaria —para cuando aquello no fue posible—, develar la ruta del dinero que recibió la sociedad perteneciente a los expresidentes y su núcleo familiar desde los ‘empresarios amigos’”, continuó la acusación.

Báez y el Grupo Indalo representaban el 88% de los negocios de la inmobiliaria, por lo que “en el proceso de reciclaje se incorporaban más fondos ilícitos que fondos legítimos generados por la propia actividad inmobiliaria, lo que da un importante indicador de que el papel de la firma Los Sauces era el de recibir fondos ilícitos desde las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo en concepto de alquileres, con el propósito de legitimar su incorporación al patrimonio de la sociedad de la familia Kirchner”.

San José 1111 y Florencia Kirchner

La adquisición del departamento ubicado en la calle San José 1111, piso 2D, donde actualmente la expresidenta cumple prisión domiciliaria, se concretó el 11 de junio de 2015 a través de Los Sauces. La operación fue realizada por Romina de los Ángeles Mercado, en su carácter de presidente de la sociedad, quien le compró la propiedad de 236,6 m² a Jorge Edmundo Coscia por un valor de USD 370.000.

Según la fiscalía, el objetivo de esta transacción fue que el departamento sirviera como vivienda particular de Florencia Kirchner, accionista y por entonces vicepresidente de la firma, sin que ella abonara ningún tipo de canon o contraprestación a la sociedad.

Para financiar la compra, se estructuró una maniobra de inyección de fondos desde el exterior de la empresa. El 5 de mayo de 2015, el directorio de Los Sauces —integrado por Mercado y Florencia Kirchner— aprobó un aporte irrevocable de $4.000.000 proveniente de la sucesión de Néstor Kirchner. Al día siguiente, Cristina Fernández de Kirchner extrajo dicha suma de una cuenta personal y la depositó en la cuenta de la sociedad. Posteriormente, se utilizaron estos fondos para adquirir cuatro Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES) a nombre de terceras personas y firmas, los cuales fueron endosados por el contador Víctor Manzanares y entregados al vendedor para cancelar el precio total.

Al analizar la operación, la acusación señala graves irregularidades y la opacidad con la que se manejaron las transacciones bancarias previas. Para realizar el movimiento de los $4.000.000, la sociedad contó con la connivencia de directivos y empleados de la sucursal Río Gallegos del Banco Nación, entre ellos Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna, Mónica Romero y Rolando D’Avena. Estos funcionarios registraron el ingreso del dinero como un “depósito en efectivo” —ocultando que provenía de una caja de ahorros de la familia Kirchner— y omitieron deliberadamente asentar la identidad de la persona que realizó u ordenó la transacción.

Sospechas sobre el chalet de Cristina

La adquisición de la casa ubicada en la calle Mascarello 441, Río Gallegos, se concretó formalmente el 22 de noviembre de 2012 a través de la inmobiliaria Los Sauces. Es la vivienda personal de la exmandataria.

La operación, instrumentada por Máximo Kirchner en representación de la sociedad y Osvaldo Sanfelice como vendedor y presidente de la empresa Negocios Patagónicos S.A., se pactó por un valor de USD 250.000.

Las sospechas sobre esta compra radican, en primer lugar, en la detección de maniobras financieras altamente sospechosas y precios simulados entre personas del mismo círculo de confianza. Apenas tres años antes, el 14 de agosto de 2009, la Sanfelice había comprado ese mismo inmueble a un particular por solo $200.000. Al venderla a los Kirchner, el valor de la propiedad se había prácticamente quintuplicado en solo doce meses sin ninguna justificación aparente.

“Se advierte claramente en esta operación la presencia de tres irregularidades graves: a) no se escrituró en el plazo máximo de 180 días establecido por las partes en el boleto de compraventa de fecha 14/08/2009; b) se formalizó la escritura con un poder vencido, que había expirado dos meses atrás; y c) se presentó en el registro de la propiedad inmueble un año después de la instrumentación de la escritura pública”, resaltó la acusación.

Este caso ilustra de manera clara cómo la familia presidencial se beneficiaba a través de una inmobiliaria que se nutría de fondos millonarios provenientes de los alquileres pagados por los empresarios beneficiados por el Estado.

La Aldea del Chaltén, el cuarto hotel de los Kirchner

A principios del año 2009, la familia Kirchner decidió adquirir el Hotel La Aldea del Chaltén, que se convirtió en el cuarto complejo de su cadena hotelera. La operación fue realizada a través de Los Sauces, nuevamente con los servicios del escribano Ricardo Albornoz.

La adquisición de este hotel es de suma importancia debido a la enorme disparidad entre el precio declarado y su valor real, lo que a criterio de la fiscalía evidencia la inverosimilitud del negocio. Mientras que en la escritura se asentó un valor de $200.000, el Tribunal de Tasaciones de la Nación determinó que el valor real del complejo hotelero ascendía a $2.890.000 en esa fecha. Esto significa que la familia presidencial adquirió el inmueble por un monto más de trece veces menor a su valor real de mercado.

Asimismo, el hotel cobró relevancia al convertirse en un engranaje clave para el lavado de activos. Los Kirchner “cedieron inmediatamente el fondo de comercio a la empresa Valle Mitre, de Lázaro Báez, para que por esta vía también funcionara el mecanismo permanente de reciclaje de ganancias ilícitas”, indica la hipótesis de la acusación.

Bajo contratos de locación simulados, esta firma canalizó $2.836.724 hacia Los Sauces entre 2009 y 2013. El canon mensual pactado era tan elevado que permitió a los Kirchner recuperar el valor total de la compra del hotel en apenas cinco meses de concesión.

En 2013, debido a la repercusión mediática del vínculo comercial entre los Kirchner y Lázaro Báez, la firma VALLE MITRE fue reemplazada por la empresa IDEA S.A., de Osvaldo Sanfelice.

Terrenos cedidos y alquileres simulados

El 25 de noviembre de 2008, Cristina Fernández y Néstor Kirchner cedieron en concepto de “aportes irrevocables” dos terrenos de su propiedad a la firma Los Sauces. Cristina Fernández transfirió un lote ubicado en la calle Alvear 391 de Río Gallegos, valuado por los aportantes en $13.500, a pesar de que el Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó su valor real en $821.320. Por su parte, Néstor Kirchner cedió un terreno en la calle Moreno 882 de la misma ciudad, también valuado en $13.500, cuyo valor real según la tasación oficial ascendía a $752.700.

Ambas operaciones fueron instrumentadas por Máximo Kirchner ante el escribano de confianza Ricardo Albornoz.

La importancia de estos terrenos radica en que, de manera paralela a la cesión y mientras Cristina Fernández ejercía la presidencia de la Nación, la constructora Loscalzo y Del Curto —propiedad del socio comercial de la familia, Lázaro Báez— ya se encontraba edificando en ellos. Al momento de formalizarse el traspaso a Los Sauces, las obras de construcción de un complejo de cuatro departamentos en cada lote presentaban un avance estimado del 60%, según la fiscalía. Báez culminó las obras y facturó a la sociedad un total de $4.185.683,65 por los trabajos.

Estas edificaciones se convirtieron en un engranaje clave para la maniobra de lavado de activos investigada. Una vez terminados los complejos habitacionales, e incluso antes de que la familia presidencial pagara por la construcción, las propias empresas del Grupo Báez alquilaron la totalidad de los departamentos. El edificio de la calle Alvear fue locado a la firma Kank y Costilla, mientras que el de la calle Moreno fue alquilado inicialmente a Loscalzo y Del Curto, y luego a Austral Construcciones.

A través de estos contratos de locación presuntamente simulados, las empresas de Lázaro Báez canalizaron sumas millonarias de origen ilícito hacia Los Sauces.

Específicamente, se blanquearon $1.999.431,18 por medio de Kank y Costilla, $1.691.580 a través de Loscalzo y Del Curto, y $323.915,79 mediante Austral Construcciones, completando así el circuito de retorno del dinero público hacia los expresidentes y sus hijos.

Cuarto intermedio

El Tribunal Oral Federal N° 5, integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, dispuso un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego continuará la lectura del requerimiento fiscal.

Sin sede social ni empleados

Otro eje de la acusación se basa en que, además de “no tener una sede real donde operar”, Los Sauces “no tuvo personal que llevara a cabo la actividad de intermediación inmobiliaria y, cuando lo tuvo, registró a dos empleados”, entre ellos el jardinero personal de Cristina Fernández y a su hija Florencia Kirchner, “cuyas funciones en la empresa se desconocen hasta el momento”.

“En efecto, según se pudo establecer, la firma Los Sauces no registró empleados hasta abril de 2010; registró únicamente un solo empleado a partir de mayo de 2010 y durante los años 2011, 2012, 2013, 2014 y los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015″.

El jardinero Ramón Ángel Díaz Díaz declaró que “trabaja para la familia Kirchner desde hace 18 o 19 años; que lo contrató Cristina Fernández; que su labor es cortar el pasto y arreglar el jardín en la casa de la expresidenta; y que desconoce dónde queda la administración de la empresa”, según recordó la fiscalía.

La inmobiliaria que “no existía”

La fiscalía tomó como prueba las inconsistencias sobre el lugar “donde supuestamente funcionó la empresa”.

“La firma Los Sauces no tuvo sede social donde desarrollar las reuniones de directorio y asamblea, donde llevar adelante la marcha de su negocio y donde poder ser localizada por los organismos de control”, se leyó en la audiencia.

En la documentación que consta en el expediente, la inmobiliaria consignó tres direcciones: Alcorta 76, 9 de Julio 161 y Monte Aymond 96, todos en la ciudad de Río Gallegos. “Lo cierto es que son falsos, en tanto en ellos nunca funcionó verdaderamente la sede social”, sostuvo la acusación.

En las calles Alcorta y 9 de Julio había dos estudios contables, de los profesionales Néstor Pombo y Víctor Manzanares. La tercera dirección corresponde al domicilio personal de Máximo Kirchner.

“Como se ve, pese a registrar distintos domicilios en la ciudad de Río Gallegos, en ninguno de ellos se pudo demostrar el funcionamiento de Los Sauces como empresa inmobiliaria ni tampoco la existencia de infraestructura administrativa acorde con la actividad a la que se dedicaba, lo que constituye un indicador sólido e irrefutable sobre la ilicitud de la actividad desarrollada por la sociedad de los expresidentes y sus hijos”, estableció la fiscalía.

La sobrina de Néstor y Cristina

La acusación ubicó en un rol preponderante a Romina de los Ángeles Mercado, sobrina de los expresidentes y acusada en el juicio.

Fue presidenta de la empresa Los Sauces “a partir del año 2015 —siendo que también desde el año 2013 era presidente de Hotesur— y fue escoltada por Florencia Kirchner como vicepresidente y Máximo Kirchner como director suplente”, se desprende del requerimiento fiscal.

Así, “desde la cúpula del directorio, primero Máximo y luego Florencia Kirchner y Mercado, fueron quienes se encargaron de aprobar la compra de las propiedades con las que se instrumentó el lavado de dinero, de aceptar aportes irrevocables de los accionistas, de suscribir los contratos de locación y de recibir y manejar el flujo de dinero proveniente de las empresas de Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa, Lázaro Báez y Osvaldo José Sanfelice”.

La sobrina de los Kirchner no solo ocupó un cargo jerárquico en Los Sauces. Además, “desde la empresa Inversora M&S —de la que fue empleada desde el 02/2012 al 03/2016, es decir, simultáneamente a todo el período en que la sociedad de los ‘empresarios amigos’ y la familia Kirchner desarrollaron la maniobra de lavado de activos—, le permitía encontrarse tanto en la empresa pantalla como en aquella que canalizaba los fondos que luego eran sometidos al proceso de blanqueo”.

La canalización de fondos a través de Indalo

Cristóbal López y Fabián De Sousa, dueños del Grupo Indalo, recibieron del Gobierno kirchnerista “contratos de obra pública, concesiones y beneficios impositivos indebidos” que habían permitido “el crecimiento patrimonial de los empresarios”.

El origen de los fondos

La mayor parte de la facturación de la inmobiliaria Los Sauces “correspondía a dinero que provenía de empresas del Grupo Indalo —65%— y del Grupo Báez —23%—”, acusó la fiscalía.

Esto, siguiendo ese criterio, “exhibe que los fondos que ingresaban a la empresa provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal López y Carlos Fabián De Sousa desde diferentes organismos estatales encargados del control y de la autorización de aquellos”.

El “amigo de la familia presidencial” Lázaro Báez y sus empresas, luego de ser “beneficiadas con un flujo de fondos sistemático y constante como consecuencia de las obras públicas viales que le eran adjudicadas irregularmente en claro detrimento del erario público”, reciclaban los fondos para que llegaran “a manos de los expresidentes y sus hijos a través del negocio hotelero e inmobiliario desplegado por la firma Los Sauces, bajo la apariencia de legitimidad que le garantizaba el flujo de fondos mediante la fachada de una actividad lícita, lo que les aseguraba poder declarar dichos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco ocultando su verdadero origen”.

El rol de Máximo Kirchner

La participación del diputado nacional “no se circunscribió a su rol en la firma Los Sauces”, señaló la acusación.

Máximo “resultó accionista de la firma Hotesur, vendió propiedades de sus padres a la empresa Austral Construcciones con las que fondearían la adquisición de dicha sociedad, firmó los contratos de alquiler de los hoteles y retiró fondos de aquella sociedad”.

Aunque Florencia Kirchner fue sobreseída antes de llegar a juicio, la fiscalía postuló que ella “se incorporó a la asociación criminal tras el fallecimiento de su padre en octubre de 2010. A partir de allí brindaría su aval y aprobación a la operatoria ilegal que venían desarrollando sus padres y su hermano a través de la sociedad Los Sauces”.

A partir del 2012, Florencia fue vicepresidenta y empleada de Los Sauces y, “al igual que Máximo, también participaría del esquema de blanqueo que en simultáneo se desarrolló a través de la empresa Hotesur, lo que expone el rol fundamental de la nombrada y el beneficio económico que aquella obtuvo de ambas maniobras de lavado”.

“Néstor Kirchner y Cristina Fernández controlaban la organización criminal”

La segunda jornada de juicio comenzó con la lectura de la valoración probatoria de la fiscalía.

“Los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una matriz de corrupción en distintas áreas del Estado que, como se ha dicho, se instrumentó mediante distintos mecanismos de reciclaje de dinero a través de la actividad inmobiliaria y hotelera”, sostiene la acusación.

Para sostener la mecánica de la corrupción durante 12 años, intervinieron “funcionarios públicos de distintos organismos del Estado, los hijos del matrimonio presidencial Máximo y Florencia, los empresarios beneficiados” y “profesionales contadores y escribanos, Manzanares, Albornoz y Ludueña”, entre otros.

Todos ellos “ocuparían diferentes roles tanto en las empresas de los expresidentes como en los conglomerados societarios de los referidos empresarios”, mientras que los expresidentes, que “dirigían y controlaban la organización criminal”, se posicionarían de ambos lados del mostrador, “valiéndose de su rol y jerarquía como presidentes de la república para beneficiar ilegítimamente a los empresarios mencionados y recibiendo ya desde el lado privado una porción de lo sustraído a través de las maniobras de lavado de activos investigadas”.

/judiciales/2026/10/23/hotesur-y-los-sauces-comenzo-el-juicio-oral-a-cristina-y-maximo-kirchner/

Este lunes continuó el juicio por la causa Hotesur - Los Sauces. En la tercera audiencia, concluyó la lectura de los cargos contra los acusados, entre ellos la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, y su hijo Máximo Kirchner, por el lavado de dinero proveniente de la corrupción que habrían ejecutado a través de su inmobiliaria en la ciudad de Río Gallegos.

Ambos siguen el debate oral a través de Zoom. Deberán asistir a los tribunales de Comodoro Py cuando comience la etapa de declaraciones indagatorias.

Además del lavado, la exmandataria y su hijo, actual diputado nacional, están acusados por los delitos de asociación ilícita, como jefa y organizador, respectivamente.

El juicio continuará el viernes de esta semana con la lectura de la acusación que formuló la Unidad de Información Financiera (UIF) en su carácter de querellante.

Terminó la audiencia

Concluyó la lectura del caso “Los Sauces”, que se resumió en un dictamen fiscal de 368 páginas.

El TOF N° 5 dictó un cuarto intermedio hasta el viernes 6 de noviembre. El debate seguirá con la lectura del requerimiento de elevación a juicio elaborado por la querella que representa la Unidad de Información Financiera (UIF)

San José 1111: simulación u omisión de operaciones financieras

Estos cargos consisten en insertar datos falsos, mencionar hechos inexistentes que no se ajusten a la realidad o naturaleza de la transacción, u omitir documentar o dejar debida constancia de una operación crediticia (activa o pasiva) o de negociación de valores.

Bajo este marco, la fiscalía vincula directamente la conducta de los empleados del Banco de la Nación Argentina (BNA) —Mónica Romero, Raúl Avarese, Lisandro Gauna, Rolando D’Avena y Marcelo Mazú— con la maniobra de lavado de activos de la firma Los Sauces. Específicamente, se les acusa de haber intervenido en las operaciones bancarias del 6 de mayo de 2015 destinadas a la compra del departamento de la calle San José 1111, donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria.

Ese día, registraron un ingreso de $4.000.000 en la cuenta de la sociedad bajo el rótulo de “depósito en efectivo”, omitiendo deliberadamente -según la fiscalía- asentar que los fondos provenían de una caja de ahorros de Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner, y ocultando la identidad de quien ordenó la transacción.

Asimismo, los acusados registraron la transferencia posterior de $3.959.000 hacia una cuenta en la sucursal Plaza de Mayo como si fuera un “cheque de servicio”, cuando en realidad se trató de una transferencia electrónica a favor de la firma Pilisar S.A., sin dejar antecedentes ni identificar al ordenante.

Los cargos por lavado de dinero

La fiscalía sostiene que las conductas investigadas constituyen un caso de “delito continuado”, caracterizado por una pluralidad de acciones homogéneas y sucesivas que responden a un plan común. Dado que las maniobras de blanqueo se habrían dado de manera ininterrumpida entre los años 2009 y 2016, y en 2011 cambió la ley para perseguir este delito, se determina que resulta aplicable la normativa más gravosa (la ley 26.683) para todo el hecho. La única excepción rige para aquellos imputados que participaron en los delitos precedentes antes de junio de 2011, a quienes no se les puede atribuir penalmente el lavado de esos fondos específicos.

En cuanto a los requisitos del tipo penal, la fiscalía acreditó la existencia de los “bienes provenientes de un delito”. Por un lado, los fondos inyectados por las empresas de Lázaro Báez provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz. Por el otro, el dinero canalizado por el Grupo Indalo tenía su origen en el ofrecimiento de dádivas y en la defraudación fiscal a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos. La acusación enfatiza que el hecho de que parte del dinero proviniera de pagos del Estado no impide la configuración del lavado, pues la maniobra consistió precisamente en “justificar” y dar apariencia lícita a activos de origen espurio.

Finalmente, el dictamen aborda el aspecto subjetivo del delito, centrado en el conocimiento del origen ilícito de los fondos. La fiscalía adopta la postura que establece que no se requiere un conocimiento preciso y acabado del delito previo, sino que basta con que los sujetos activos sospechen o perciban dicha procedencia ilegal. En este caso, para la acusación, la prueba es concluyente: una parte de los acusados participó directamente en los ilícitos precedentes, mientras que el resto de los implicados —unidos por estrechos vínculos de confianza familiar, comercial o laboral— conocía perfectamente el origen espurio de los fondos que eran canalizados hacia Los Sauces para el beneficio final de la familia Kirchner.

Ofrecimiento y recepción de dádivas

El artículo 259 del Código Penal sanciona al funcionario público que admita dádivas entregadas en consideración a su oficio, así como al particular que las presente u ofrezca.

Bajo este marco legal, la acusación sostiene que el Grupo Indalo, tras recibir diversos contratos, licencias y concesiones del Estado Nacional durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, ofreció dádivas que fueron canalizadas mediante pagos a la inmobiliaria Los Sauces, simulados bajo contratos de alquiler de propiedades que resultaban innecesarios o con precios por encima de los valores de mercado.

Por su parte, Cristina Fernández aceptó estas dádivas, las cuales se incorporaron efectivamente a su patrimonio a través de la sociedad familiar que integraba junto a su esposo e hijos. Este ofrecimiento y posterior aceptación de fondos ilícitos se diseñó de manera previa a la maniobra de lavado de activos, sirviendo como el delito precedente necesario para el posterior reciclaje del dinero.

Finalmente, el dictamen fiscal acredita la participación de Osvaldo Sanfelice y Alberto Leiva como partícipes necesarios en el delito de aceptación de dádivas, al no poseer la condición de funcionarios públicos requerida para ser autores. Ambos imputados, pertenecientes al círculo íntimo de los exmandatarios, intervinieron activamente en la maniobra depositando los cheques de las firmas Álcalis de la Patagonia e Inversora M&S en las cuentas de Los Sauces, mientras se desempeñaban simultáneamente como empleados de las empresas que resultaban beneficiadas por el Estado.

De este modo, la fiscalía encuadra la conducta de Cristina Fernández, Sanfelice y Leiva en la aceptación de dádivas, sin perjuicio de que en el debate oral puedan aplicarse figuras penales más graves.

Una misma asociación ilícita para múltiples delitos

Al analizar los cargos por asociación ilícita, la fiscalía consideró demostrada la existencia de un acuerdo de voluntades entre los expresidentes, sus hijos, exfuncionarios y empresarios de confianza para instaurar una organización destinada a enriquecerse ilícitamente a costa del Estado.

Los fines de la asociación eran indeterminados, ya que no existía un “catálogo preciso” de las obras viales a ejecutar ni de los medios específicos para justificar las ganancias, sino un pacto general para realizar cualquier conducta que contribuyera al objetivo final. Aunque la organización delictiva se inició en mayo de 2003 con la creación de Austral Construcciones, siempre según la acusación, con el tiempo se incorporaron nuevos integrantes en la faz pública y privada para intervenir en los sucesivos planes de sustracción y reciclaje de activos.

La cúspide de este esquema que plantean los fiscales estuvo ocupada por Néstor y Cristina Kirchner, quienes, como jefes de la organización, dirigieron los hilos del Estado para beneficiar a los empresarios afines y, en la faz privada, controlaron la estructura para recibir los fondos ilícitos a través de maniobras de lavado. Como jefes, tomaban decisiones y daban órdenes sin requerir autorización ni rendir cuentas.

Por debajo de la jefatura se ubicaron los organizadores, quienes cumplieron funciones gerenciales preponderantes en el ordenamiento de la banda. En este rol se destaca a Máximo Kirchner, encargado de ejecutar los actos cotidianos en la faz privada (cobro de cheques, firma de contratos y compra de propiedades), junto con Lázaro Báez, Cristóbal López, Carlos De Sousa, Víctor Manzanares y Osvaldo Sanfelice en la conducción de los planes de fraude y lavado.

Finalmente, la estructura se completaba con miembros simples y profesionales de confianza. Entre ellos se encontraban Florencia Kirchner, Romina Mercado, Martín Báez, Emilio Martín y Carlos Sancho, quienes actuaban a requerimiento de los jefes para instrumentar los contratos, emitir cheques y administrar las sociedades. Asimismo, los escribanos Albornoz y Ludueña aportaron su rol notarial para diseñar el andamiaje societario y las transferencias de dominio necesarias para la organización.

Cómo habría llegado el dinero al patrimonio de los Kirchner

Para la fiscalía, esta fue la tercera y última etapa del proceso de lavado de activos, cuyo objetivo fue integrar los fondos de origen ilícito —previamente blanqueados bajo el ropaje de legitimidad de la actividad inmobiliaria y hotelera de Los Sauces S.A.— directamente al patrimonio de Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo y Florencia Kirchner. Esta fase completó el circuito de reciclaje, permitiendo que los exmandatarios y sus hijos dispusieran de manera segura y gozaran libremente de los rendimientos generados por los alquileres abonados por los empresarios, siempre de acuerdo a la hipótesis de la acusación.

Como consecuencia de la inyección constante de casi 26 millones de pesos -a valor de la época- por parte de las empresas de los grupos Báez e Indalo y la firma Idea S.A., Los Sauces experimentó un crecimiento patrimonial superior al 12.000%. Para canalizar estos fondos hacia los miembros de la familia Kirchner, se utilizó una ingeniería financiera basada en “préstamos” o mutuos que los propios socios le otorgaban a la sociedad para la compra de propiedades.

Posteriormente, la empresa les “devolvía” ese dinero en efectivo bajo el concepto de “devolución de créditos”, lo que facilitó la extracción de más de 10 millones de pesos sin cumplir con las formalidades y tiempos legales para la distribución de ganancias.

A través de las cuentas particulares registradas en los libros contables, se materializaron los retiros individuales de fondos limpios. Inicialmente, se utilizó la cuenta de Néstor Kirchner, la cual, tras su fallecimiento, continuó siendo operada por sus herederos hasta que en 2012 el saldo a favor de $4.816.661,43 se dividió: la mitad para Cristina Fernández ($2.408.330,73) y la otra mitad en partes iguales para Máximo y Florencia Kirchner ($1.204.165,35 cada uno). A partir de allí, Cristina Fernández retiró para uso personal $2.095.426,67 (realizando el 99,20% de estos movimientos tras la tipificación del autolavado), Máximo Kirchner extrajo $2.492.415,69 (que incluyeron retiros directos, pago de gastos y supuestos honorarios como director), y Florencia Kirchner retiró $883.293,07 por su cuenta particular.

Además de los retiros directos de efectivo, la organización utilizó otros mecanismos para beneficiar a los miembros de la familia presidencial, sostuvo la fiscalía. Florencia Kirchner fue incorporada como empleada de Los Sauces S.A. entre junio de 2015 y abril de 2016, percibiendo una remuneración total de $874.871,12, a pesar de que ya era accionista y vicepresidenta, y de que se desconocía qué función específica cumplía en la inmobiliaria.

Finalmente, el esquema incluyó la entrega gratuita y el uso personal de dos inmuebles adquiridos con fondos de la sociedad: la casa de la calle Mascarello 441 en Río Gallegos para Cristina Fernández y el departamento de la calle San José 1111 en Buenos Aires para Florencia Kirchner, lo que evidenció una “confusión entre la persona jurídica y las personas físicas” de la familia presidencial.

Cuarto intermedio

Los jueces José Antonio Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni convocaron a un cuarto intermedio de 20 minutos. Luego continuará la lectura del requerimiento de elevación a juicio.

El enroque entre Idea y Valle Mitre

La firma Idea S.A. fue constituida el 7 de septiembre de 2011 por el exgobernador de la provincia de Santa Cruz, Carlos Alberto Sancho, y su esposa, María José Fernández Clark, ante el escribano Jorge Marcelo Ludueña. Aunque su objeto social original abarcaba actividades inmobiliarias, agropecuarias, financieras y comerciales, la hotelería se convirtió en su rubro principal tras asumir la administración de los hoteles de los expresidentes, a pesar de no estar explícitamente contemplada en sus estatutos. Un año después de su creación, en noviembre de 2012, los fundadores transfirieron la totalidad del paquete accionario por $30.000 a Osvaldo José Sanfelice (91,67%) y a su esposa Marta Alcira Leiva (8,33%).

Durante sus primeros dos años, la empresa funcionó como una “shelf company” o sociedad de estantería, manteniéndose completamente inactiva, sin empleados, operaciones comerciales ni movimientos económicos. Su activación repentina se produjo en agosto de 2013, motivada por la repercusión pública del informe periodístico conocido como “La Ruta del dinero K”, el cual expuso el vínculo comercial entre Lázaro Báez y la familia Kirchner.

Ante este escenario, dijo la fiscalía, Cristina, Máximo y Florencia Kirchner decidieron desplazar de inmediato a la firma Valle Mitre (de Báez) de la explotación de sus hoteles y colocar en su reemplazo a Idea S.A. para continuar con la maniobra de reciclaje de fondos.

De esta manera, Idea S.A. asumió la administración y explotación de la Hostería Las Dunas, el Hotel Alto Calafate y el Hotel La Aldea del Chaltén, actuando como una persona interpuesta entre la sociedad familiar Los Sauces S.A. y los fondos provenientes del Grupo Indalo. Para instrumentar el esquema, el 29 de agosto de 2013, Máximo Kirchner (por Los Sauces) y Osvaldo Sanfelice (por Idea S.A.) firmaron un contrato de locación por el Hotel La Aldea del Chaltén por un plazo de tres años. El precio pactado fue de $20.000 mensuales más IVA, sumado a un 10% sobre la utilidad neta mensual final, estableciéndose además noventa días de gracia para el inicio de los pagos.

A través de este mecanismo, Idea S.A. canalizó un total de $561.665,56 en favor de Los Sauces S.A. entre enero de 2014 y marzo de 2016. Al menos $396.750,39 de esa suma se transfirieron de manera “limpia” mediante dieciocho operaciones bancarias periódicas realizadas desde la cuenta corriente de Idea S.A. en el Banco Patagonia (Sucursal El Calafate) hacia las cuentas de Los Sauces S.A. en el Banco Nación y el Banco Santa Cruz. El éxito de la operatoria estuvo respaldado por personas del círculo de extrema confianza de los expresidentes, destacando a Osvaldo Sanfelice, quien actuaba simultáneamente como presidente de Idea S.A. y apoderado de Los Sauces S.A., situándose nuevamente de “los dos lados del mostrador”, de acuerdo a la acusación.

El caso Alcalis y el rol de Sanfelice

La firma Álcalis de la Patagonia S.A.I.C. fue constituida en agosto de 1970 con un objeto social enfocado en la fabricación de productos químicos. A lo largo de los años, su participación accionaria estuvo repartida entre más de un centenar de socios, pero su principal tenedora de acciones fue la firma South Mineral S.A.. En junio de 2010, el 100% del paquete accionario de South Mineral S.A. fue adquirido por Inversora M&S.

En este esquema, se destaca la inserción de Osvaldo José Sanfelice, socio y persona de extrema confianza de la familia Kirchner, quien formó parte de la nómina de empleados de Álcalis de la Patagonia desde 2006 hasta 2016. La permanencia de Sanfelice en la firma química no fue casual, sino que resultó esencial para el proceso de reciclaje de activos, según la versión acusadora. En su rol de apoderado de la firma Los Sauces, Sanfelice se encargaba de cobrar y depositar en la cuenta bancaria de la sociedad presidencial los cheques que transfería su propia empleadora, Álcalis de la Patagonia, actuando simultáneamente “de los dos lados del mostrador” para canalizar los fondos ilícitos.

Como contraprestación por diversos beneficios impositivos y prebendas recibidos del Estado Nacional, Álcalis de la Patagonia -parte del Grupo Indalo- inyectó fondos en Los Sauces entre abril de 2009 y marzo de 2016. Durante este período, la sociedad de la familia Kirchner le facturó a la empresa química un total de $4.658.053.

Para justificar legalmente este flujo constante de dinero, los acusados recurrieron a la formalización de un vínculo contractual ficticio consistente en el alquiler de un departamento en el Edificio Madero Center.

Valle Mitre, la empresa pantalla

Constituida en 2004 por el escribano Ricardo Leandro Albornoz y su socio Máximo Carlos Maratta con un capital de 12.000 pesos, la sociedad mantuvo una larga etapa de pasividad, sin libros contables ni empleados, funcionando como una “shelf company”. Su propósito real no era la actividad comercial inmediata, sino estar disponible para ser implantada rápidamente en un negocio posterior, comenzando a recibir fondos de Lázaro Báez a través de Austral Construcciones para “darle movimiento” antes de pasar a administrar los hoteles de la familia Kirchner, según la fiscalía.

A pesar de su falta de experiencia y capacidad financiera, Valle Mitre fue colocada como la administradora de tres hoteles presidenciales: la Hostería Las Dunas, el Hotel Alto Calafate y el Hotel La Aldea del Chaltén. En 2009, la firma se transformó en sociedad anónima y se produjo la aparición formal de Lázaro Báez y su hijo Martín como accionistas mayoritarios (con el 46% cada uno). La integración de esta sociedad pantalla se realizó “en espejo” con el órgano de administración de Hotesur, involucrando a personas del círculo de extrema confianza tanto de los expresidentes como de Báez.

La función estratégica de Valle Mitre consistió en operar como nexo o intermediaria para canalizar fondos de origen ilícito provenientes de las empresas del Grupo Báez hacia los hoteles de la familia Kirchner. Para capitalizar y sostener a la empresa pantalla, se utilizaron diversos mecanismos simulados y falsas contrataciones, tales como el alquiler ficticio de habitaciones en el Hotel Alto Calafate para personal de obras ubicadas a más de 400 kilómetros de distancia, la supuesta contratación de salones para promociones petroleras de YPF, y contratos millonarios de asesoramiento en marketing y construcción de complejos turísticos.

A través de este esquema, Valle Mitre recibió millonarias sumas de diversas firmas del Grupo Báez (como Austral Construcciones, Kank y Costilla, y Loscalzo y Del Curto) y, a su vez, la firma Los Sauces le facturó un total de $2.836.724 por la explotación del Hotel La Aldea del Chaltén entre 2009 y 2013. Para justificar estos flujos, se suscribieron contratos de locación y prórrogas sin exigencia de garantías o fiadores. La relación comercial cesó en mayo de 2013 debido a la repercusión pública del vínculo entre Báez y los expresidentes, momento en el cual Valle Mitre entró en declive y fue abandonada, siendo reemplazada por la firma Idea S.A. de Osvaldo Sanfelice.

Austral Construcciones continuó la transferencia de fondos

“Una vez que la firma Loscalzo y Del Curto culminó su vínculo contractual con Los Sauces en diciembre de 2014, Lázaro Báez cambió la empresa desde la que canalizaría los fondos a favor de Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, utilizando a la firma Austral Construcciones, que desde el mes de enero de 2015 y hasta el mes de octubre de ese mismo año, se encargó de hacer llegar el dinero ilícito que era defraudado en forma simultánea al Estado Nacional”, estableció la fiscalía.

Cabe recordar que Austral Construcciones recibió entre 2003 y 2015 más de 6 mil millones de pesos del Estado por las obras públicas viales “irregularmente asignadas” en la provincia de Santa Cruz, “luego de ser creada en mayo de 2003 con el capital mínimo de $12.000″, apuntó la acusación.

La empresa de Báez “participó de este mecanismo permanente para el lavado de activos, aplicando fondos ilícitos provenientes de la obra pública vial para que la familia presidencial pudiera aumentar notablemente su patrimonio”. En los 10 meses que duró el vínculo comercial, Austral Construcciones transfirió $323.915,79 a favor de Los Sauces.

Para justificar el flujo de fondos, Máximo Kirchner, como titular de Los Sauces, y Martín Báez, en representación de la empresa Austral Construcciones, “habrían celebrado un contrato de locación en enero de 2015 a través del cual se habría instrumentado el alquiler del edificio de la calle Moreno N° 882 de la ciudad de Río Gallegos”.

Cuando el kirchnerismo perdió las elecciones de 2015, “Los Sauces también decidió romper su relación con la empresa Austral Construcciones, al igual que hizo con la sociedad Kank y Costilla, y que le permitió legitimar desde la principal contratista de obra pública beneficiada por el Estado la suma de $323.915,79″.

Según la acusación, Los Sauces alquiló luego las mismas propiedades a personas ajenas al circuito corrupto, con condiciones muy diferentes. De la investigación surgió que lo cobrado a Austral Construcciones conllevaría sobreprecios del 41%.

Loscalzo y Del Curto Construcciones

Esta empresa del Grupo Báez “formó parte de este esquema de blanqueo de activos”. Según la fiscalía, le adjudicaron una de las obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz que forma parte de la causa Vialidad y “resultó subcontratista de Austral Construcciones en otras obras públicas que también se encuentran dentro de la investigación que se lleva a cabo en la causa mencionada”.

Loscalzo y Del Curto fue señalada por inyectar ese dinero proveniente de la corrupción a la firma Los Sauces desde enero de 2009 y hasta diciembre de 2014 con el fin de aplicarlos a la actividad inmobiliaria.

“A su vez, no debe soslayarse que la firma Loscalzo y Del Curto también participó en el reciclaje de fondos ilícitos de la obra pública vial a través de la actividad hotelera, para lo cual, a través de la suscripción de contratos por servicios simulados en el Hotel Alto Calafate, se encargó de canalizar dinero ilícito proveniente de la defraudación al Estado Nacional a la firma Valle Mitre, para que esta luego lo aplicara a la actividad hotelera en beneficio de la firma Hotesur, propiedad de la familia Kirchner”, continuó la acusación.

Luego de “una relación comercial de 6 años”, Loscalzo y Del Curto transfirió un total de $1.691.580 “a favor de la empresa de los ex presidentes y su familia”.

La empresa “decidió alquilar un edificio completo que ella misma había construido y que un mes antes se encontraba con un 60% de avance, y “gastó en alquilar 6 años la propiedad por una suma superior a la que supuestamente demandó su construcción”.

Comenzó la audiencia

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El juez federal Carlos Vera Barros ordenó la inmediata detención de Gastón Salmain, el extitular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, quien este jueves por la mañana fue removido de su cargo en un juicio político. El exmagistrado será privado de su libertad, con prisión domiciliaria, en el marco de la causa Attila, por la que está procesado.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la captura de Salmain se ordenó inmediatamente después de su destitución, a pedido de los fiscales Federico Reynares Solari y Matías Felipe Scilabra.

El juez Vera Barros, a cargo del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, le encomendó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que arreste a Gastón Salmain, lo que no había ocurrido al cierre de esta nota. La captura se haría efectiva en su departamento del barrio porteño de Belgrano, donde permanecerá detenido con tobillera electrónica.

La medida se dispuso luego de que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación resolviera, por decisión unánime, removerlo de su cargo de juez federal. Al perder sus funciones, el Salmain dejó de contar con la inmunidad de arresto que le otorgaba la ley 25.320, lo que habilitó la ejecución de una prisión preventiva que pesaba en su contra.

El Jurado que juzgó políticamente a Salmain basó su veredicto de remoción en el ocultamiento de sus antecedentes laborales y disciplinarios al momento de postularse para el cargo. El tribunal acreditó que el exjuez omitió declarar en 33 concursos que había sido echado del Poder Judicial en el año 2002.

Aquel apartamiento ocurrió cuando Salmain se desempeñaba como empleado administrativo en el fuero de la Seguridad Social. En esa oportunidad, le propuso a una compañera de la mesa de entradas alterar el sistema informático de sorteos para direccionar expedientes hacia el juzgado donde él cumplía funciones. El objetivo de la maniobra consistía en favorecer a un estudio jurídico para el cual trabajaba en paralelo.

La empleada denunció la situación ante sus superiores, lo que derivó en una investigación penal y en su posterior cesantía dispuesta por la Corte Suprema de Justicia. En el ámbito penal, el caso se resolvió mediante una suspensión del juicio a prueba (probation), que Salmain cumplió realizando tareas comunitarias en el Jardín Botánico de la Ciudad de Buenos Aires.

Salmain “decidió qué declarar y qué callar”, indicó el Jurado de Enjuiciamiento en el veredicto que se dio a conocer este jueves. “Esa conducta sostenida durante ocho años sustrajo al orden constitucional de selección una causal de inadmisibilidad y un dato esencial para la evaluación de su idoneidad, y quebrantó el deber de veracidad sobre el que descansa el sistema de concursos”, concluyó la sentencia.

La causa Attila

En este expediente, Gastón Salmain está procesado por los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario.

Según la hipótesis de los fiscales, entre septiembre de 2023 y abril de 2024, el entonces magistrado manipuló un expediente judicial para beneficiar al fideicomiso “Attila”. Cuando empezó a articularse el plan, Salmain recién llevaba cinco meses al frente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

A través de una medida cautelar, Salmain autorizó a dicha firma a comprarle al Banco Central 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial, mientras había cepo y brecha cambiaria, y girar esos fondos a cuentas en el exterior. Esta resolución se habría dictado a cambio de la promesa de un soborno de 200.000 dólares.

El beneficiado por esta maniobra, el financista Fernando Whpei, se convirtió en imputado colaborador de la Justicia y, al confesar los hechos, incriminó al exjuez Salmain. El empresario detalló cómo se pactó el acuerdo y también confirmó la participación del operador Santiago Busaniche.

Busaniche habría actuado como intermediario, ayudando a Whpei a reunirse con Salmain. El juez y el escribano, a cambio de destrabarle los 10 millones de dólares, le habrían solicitado al financista una coima del 10% de la diferencia cambiaria entre el oficial y el blue, una suma que ascendía aproximadamente a 200.000 dólares.

La operación ocurrió justo durante el cambio de gobierno, en diciembre de 2023, y se vio afectada por la devaluación que hizo el presidente Javier Milei, lo que pulverizó la brecha cambiaria.

En su defensa, Salmain negó cualquier irregularidad en los fallos que dictó y desmintió haber recibido a Whpei en su despacho.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación destituyó al titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, Gastón Salmain, por mal desempeño de sus funciones. Desestimaron la acusación por “vender” fallos a cambio de coimas, pero su suerte quedó sellada por el segundo cargo que enfrentaba: mentir en el currículum que presentó en el concurso para convertirse en magistrado.

Salmain tiene un procesamiento confirmado en la causa “Attila”, que además de otras restricciones incluye la prisión preventiva con arresto domiciliario. La detención podrá hacerse efectiva ahora que perdió sus fueros.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez federal Carlos Vera Barros ordenará la detención en las próximas horas.

El ahora exjuez Salmain no asistió al edificio del Consejo de la Magistratura para escuchar el veredicto. Así se lo aconsejó su defensa a partir del operativo ocurrido este jueves, en el que la Justicia allanó las cajas de seguridad de su exesposa. Incautaron 59.000 dólares en el marco de una investigación por lavado de dinero.

La destitución

La decisión del Jurado sobre la destitución de Gastón Salmain fue unánime. Integraron el jury los magistrados Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

La acusación, sostenida por los consejeros Luis Juez, Diego Barroetaveña y Jimena de la Torre, estructuró el pedido de remoción sobre dos cargos independientes.

En primer lugar, a Salmain se lo acusó de pactar una coima con el financista Fernando Whpei, con el operador judicial Santiago Busaniche como intermediario, para dictar fallos a favor del fideicomiso Attila.

Según se sospecha, dictó una medida cautelar que autorizó la salida de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior al tipo de cambio oficial, mientras había cepo y brecha cambiaria, presuntamente a cambio de un soborno de 200 mil dólares.

La acusación remarcó que el juez violó la normativa específica de amparos contra el Estado al otorgar la medida sin competencia territorial, sin exigir una contracautela real y negando el efecto suspensivo de la apelación presentada por el Banco Central.

En su veredicto, el jury concluyó que el arreglo de la coima “no se presentó como una conducta establecida, sino como la conclusión provisoria” del procesamiento, en una causa que aún se encuentra en instrucción.

Remover a un juez por la hipótesis de una investigación en curso “exigiría tomar como propia la valoración del juez penal”, fundamentó el jurado para desestimar los cargos por el caso Attila.

El segundo cargo apuntó al proceso de selección que le permitió acceder a la magistratura en mayo de 2023. Los acusadores señalaron que Salmain omitió declarar en sus antecedentes que había trabajado previamente en el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 y, fundamentalmente, que la Corte Suprema de Justicia lo cesanteó en el año 2002.

Aquella decisión ocurrió luego de que una empleada judicial lo denunciara por proponerle alterar los sorteos de expedientes para beneficiar a un estudio jurídico privado con el que él colaboraba. Salmain ofreció una coima para ello. Para la acusación, ocultar este hecho impidió que el Consejo de la Magistratura y el Senado evaluaran adecuadamente su idoneidad moral para el cargo.

La defensa del magistrado, ejercida por los abogados José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi, rechazó de manera tajante ambas imputaciones y aseguró que la acusación carece de sustento probatorio.

Respecto al caso “Attila”, Salmain declaró que no tuvo intervención directa en la confección del expediente, tarea que delegó en la secretaría del juzgado. Explicó que la resolución se redactó tomando como modelo un fallo previo de la Cámara Federal de Rosario en una causa similar denominada “Comunicación III”.

Asimismo, los abogados atacaron la credibilidad del empresario Fernando Whpei, el financista que declaró como arrepentido en la causa penal e incriminó al juez. Destacaron que no existen registros telefónicos, mensajes ni filmaciones que demuestren reuniones entre Salmain y Whpei.

Para sostener esta postura, presentaron testimonios de empleados del juzgado que afirmaron no haber visto nunca al empresario en las oficinas judiciales y exhibieron los registros de la Prefectura Naval Argentina, donde no figura el ingreso del financista al Juzgado de Rosario.

Sobre la omisión de sus antecedentes, la defensa alegó que el reglamento de los concursos solo exige declarar las sanciones aplicadas en los últimos diez años, por lo que una cesantía ocurrida hace más de dos décadas no debía consignarse obligatoriamente. Salmain también aclaró que su breve paso como auxiliar de mesa de entradas no le “sumaba puntos” para el concurso, motivo por el cual no lo incluyó en su currículum.

Las explicaciones de la defensa fueron desestimadas por el Jurado de Enjuiciamiento. “Entre 2016 y 2024 se inscribió en 33 concursos para la designación de magistrados ante el Consejo de la Magistratura”, recordó el veredicto, “y en ninguno de ellos declaró aquel empleo, su terminación ni la sanción”.

El reglamento “le exigía declarar ese empleo, certificar su fecha de egreso e indicar la causa del cese con independencia del puntaje y sin límite temporal”, continuó la sentencia.

Aquella omisión en su CV “fue consciente”, dijo el Jurado. Salmain “decidió qué declarar y qué callar”.

“Esa conducta sostenida durante ocho años sustrajo al orden constitucional de selección una causal de inadmisibilidad y un dato esencial para la evaluación de su idoneidad, y quebrantó el deber de veracidad sobre el que descansa el sistema de concursos”, determinó el jury.

El Ministerio Público Fiscal pidió el sobreseimiento de los jueces Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi. Ambos magistrados, integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, enfrentaban una investigación penal por la presunta admisión de dádivas. Los fiscales federales Pablo Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián consideraron que el viaje que hicieron en avión privado a Punta del Este no encuadra en una figura delictiva, debido a que el traslado y la estadía bajo sospecha ocurrieron en el contexto de una relación de amistad de larga data.

La causa penal comenzó a partir de una denuncia que cuestionó un traslado aéreo con destino a Uruguay. En el inicio de la investigación, la fiscalía no logró identificar a la persona física que pagó el viaje. No obstante, las primeras averiguaciones detectaron que la aeronave poseía vinculaciones con firmas comerciales que tenían intereses económicos en expedientes donde intervenían ambos magistrados.

Con el avance de la causa, el panorama procesal se modificó a partir de diversas pruebas y presentaciones espontáneas. Por un lado, el empresario José Antonio Porta demostró con documentos que su familia se desvinculó de la firma propietaria del avión, Airjet S.A., en agosto de 2021, mucho antes de que dicha empresa adquiriera la aeronave utilizada para el traslado en noviembre de 2023.

Por otra parte, los propios imputados y los particulares involucrados declararon para esclarecer las circunstancias del viaje.

Durante su declaración, la jueza Montesi afirmó que el traslado y el alojamiento en Punta del Este respondieron a una invitación de María Pía Astori, con quien mantiene un vínculo afectivo desde hace muchos años. En sintonía, la defensa del camarista Sánchez Torres ratificó la existencia de ese lazo amistoso.

Los organizadores del convite, Astori y Guillermo Assales, confirmaron de manera voluntaria ante la justicia que ellos ofrecieron el traslado en el avión privado y la estadía en su vivienda particular de Uruguay.

La fiscalía constató la realización del vuelo mediante informes de la Dirección Nacional de Migraciones, que registraron la salida de los cuatro pasajeros desde el aeropuerto de Córdoba el 29 de marzo de 2024 y el regreso el 2 de abril del mismo año. Asimismo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria aportó documentación que corroboró que los magistrados y la pareja anfitriona compartieron el trayecto.

Para certificar la veracidad de la amistad alegada, los investigadores analizaron las comunicaciones telefónicas de los implicados. Los registros de mensajería expusieron conversaciones cotidianas, saludos de cumpleaños, condolencias familiares y felicitaciones por nacimientos ocurridos entre los años 2019 y 2026. Según el dictamen fiscal, al que accedió Infobae, estos elementos permiten demostrar que se trató de un viaje de amigos y no de un caso de corrupción.

A partir de estas evidencias, los fiscales determinaron que el Código Penal no sanciona la recepción de obsequios motivados por lazos de afecto. El artículo 259 exige que la dádiva sea aceptada en consideración al cargo público que ejerce el beneficiario. Al comprobarse que el motivo del viaje fue la relación personal preexistente, la conducta quedó excluida del tipo penal.

De forma complementaria, el Ministerio Público Fiscal indagó si los camaristas omitieron alguna obligación administrativa de declarar el beneficio recibido. Para ello, consultó al Consejo de la Magistratura de la Nación sobre la vigencia de normativas de registro de viajes financiados por terceros para los miembros del Poder Judicial.

El organismo respondió que los jueces nacionales no están alcanzados por el decreto reglamentario de la Ley de Ética Pública que rige para el Poder Ejecutivo. La contestación oficial detalló que la Corte Suprema de Justicia es la autoridad de aplicación en su ámbito y que el Consejo de la Magistratura no posee una reglamentación específica sobre la declaración de traslados onerosos costeados por particulares. Esta respuesta técnica descartó la comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público u omisión del oficio.

A pesar de descartar el delito penal, los fiscales advirtieron sobre la posible existencia de una falta ética o disciplinaria. El dictamen señaló que Sánchez Torres y Montesi dictaron resoluciones en un expediente civil donde la parte actora es el “Fideicomiso Barrio Ampliación Palmar”. Este fideicomiso fue constituido por la firma “Astori Estructuras S.A.” para escriturar terrenos de su propiedad. Dicha empresa pertenece al grupo económico liderado por María Pía Astori y estuvo presidida por Guillermo Assales, los mismos particulares que invitaron a los jueces al viaje.

Por este motivo, la fiscalía solicitó al juez federal de la causa que, junto con el sobreseimiento definitivo de los imputados, remita una copia de todo lo actuado al Consejo de la Magistratura para que evalúe la conducta de los magistrados bajo los estándares del Reglamento para la Justicia Nacional y las directrices internacionales de ética judicial.

Cabe recordar que el juez Abel Guillermo Sánchez Torres fue procesado el mes pasado en otra causa por abuso de autoridad y lesiones graves calificadas por mediar violencia de género, a partir de una denuncia iniciada por la secretaria judicial Celina Laje Anaya.

El pedido de sobreseimiento por el viaje a Punta del Este está en manos del magistrado Alejandro Sánchez Freytes, el mismo que dictó el procesamiento en el caso de las agresiones.

Denuncias en el Consejo

En el plano disciplinario, el panorama para los camaristas cordobeses continúa en desarrollo. La Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analizó las denuncias en su última sesión de este año. El expediente principal, que agrupa cinco acusaciones por supuesta violencia laboral, falsedad ideológica, anomalías en concursos universitarios y el mencionado viaje a Uruguay, no fue desestimado.

Durante el debate en comisión, se presentaron posturas divergentes. El senador Luis Juez propuso enviar las actuaciones de Sánchez Torres a la Comisión de Acusación para iniciar el camino hacia un eventual juicio político, mientras que el consejero Hugo Galderisi sugirió desestimar una parte de los cargos y continuar la investigación de los restantes en el área de Disciplina, donde se tratan los casos menos graves. También recomendó desestimar los cargos contra Montesi.

Finalmente, ante la complejidad del escenario, la Comisión de Disciplina resolvió postergar el tratamiento de los expedientes por una votación de cinco votos contra cuatro. Los consejeros César Grau, Eduardo Vischi, Mariano Recalde, Hugo Galderisi y Alberto Lugones votaron a favor de mantener las causas donde están para seguir recolectando pruebas. En tanto, Agustina Díaz Cordero, Diego Barroetaveña, Luis Juez y Alejandra Provítola votaron en contra de la postergación, al considerar que correspondía avanzar de inmediato con el trámite de acusación.

Con esta decisión, los expedientes administrativos contra los magistrados continuarán abiertos, pero entrarán en una meseta, al menos por un tiempo. En noviembre hay recambio en el Consejo y deberán asumir los nuevos legisladores, jueces, abogados y académicos designados para el ciclo 2026-2030.

El dictamen del senador Luis Juez apuntó contra el juez Sánchez Torres por siete hechos:

• Irregularidades en la integración de las Salas del Tribunal: Se le acusa de haber manipulado y alterado de manera arbitraria e infundada el régimen legal de subrogancias y las pautas del Acuerdo N.° 316/2023 de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. Específicamente, en la causa “Humanes” (por presunta evasión tributaria de la cerealera Bunge), ordenó integrar la Sala con la jueza Graciela Montesi con el presunto fin de asegurar una mayoría favorable, desoyendo las advertencias de ilegalidad de la secretaria de Cámara.
• Violencia laboral y de género: Se le atribuye haber abusado sistemáticamente de su autoridad y posición asimétrica de poder para desplegar actos de maltrato, humillación, gritos, descalificaciones públicas, quita de funciones y sobrecarga de tareas contra la secretaria de Cámara, en represalia por haberse negado a confeccionar el certificado de integración irregular.
• Coacción para la permuta de cargo: Se le acusa de ejercer presiones y amedrentamiento para forzar a la misma secretaria a aceptar una “permuta” de funciones que implicaba un descenso en su carrera judicial y una disminución salarial.
• Amedrentamiento y presiones a testigos: Se investigan las presiones, amedrentamientos e injerencias indebidas ejercidas por el Dr. Sánchez Torres sobre el Secretario Penal de la Cámara, Francisco Juárez Rouviere, con el fin de obligarlo a declarar en contra de la denunciante, instigarlo a emitir certificaciones falsas y manipular el sorteo de los jueces que debían intervenir en la causa penal en su contra.
• Presunto enriquecimiento ilícito: A raíz de denuncias sobre gastos presuntamente injustificados y erogaciones incompatibles con sus ingresos de magistrado, tales como la adquisición de un terreno de gran valor en el barrio “El Terrón”, una casa valuada en un millón de dólares en “Altos del Chateau” y una camioneta Ford Raptor.
• Admisión de dádivas: Es la causa del viaje en un avión privado a Punta del Este, Uruguay, junto con su alojamiento, invitado por los empresarios de las firmas Astori y Porta.
• Evasión de control policial y siniestro vial: Se denunció que el magistrado volcó su camioneta en la Avenida Circunvalación de Córdoba tras asistir a una cata de vinos, huyendo del lugar con ayuda de un tercero y logrando que la Jefatura de Policía evitara confeccionar los registros del siniestro para eludir el test de alcoholemia.

Inversores de $LIBRA se presentaron en los tribunales federales de Comodoro Py para intentar revertir el sobreseimiento del presidente Javier Milei, su hermana Karina y el resto de los implicados en la operación cripto. Se trata de los exquerellantes de la causa, que tienen un planteo pendiente de resolución en la Cámara Federal de Casación Penal para recuperar su estatus de damnificados.

El pasado viernes, el Juzgado Federal N° 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, dictó el sobreseimiento de los 11 imputados en la causa, a pedido del fiscal Eduardo Taiano, quien condujo la investigación.

La resolución dispuso la clausura definitiva del expediente al considerar que los hechos denunciados no encuadraban en ninguna figura penal.

En primer lugar, el pretenso querellante Juan Patricio Marchetto, representado legalmente por el diputado nacional Juan Grabois y el abogado Nicolás Rechanik, apeló la decisión de Martínez De Giorgi. Luego hicieron lo propio el especialista en cripto Martín Romeo y dos inversores bielorrusos que alegan haber perdido 2 millones de dólares, todos ellos con el patrocinio de Nicolas Oszust.

El Juzgado debe decidir si concede los recursos y los eleva a la Sala I de la Cámara Federal porteña.

En un escrito de apelación que se extiende a lo largo de 40 páginas, el primer damnificado sostuvo que la resolución judicial le ocasionó un “gravamen irreparable” al cerrar el proceso mediante una fundamentación que, a su criterio, “no constituye una derivación razonada de las constancias incorporadas al expediente”. El inversor argumentó que el magistrado incurrió en contradicciones al confundir la “insuficiencia probatoria” con la “atipicidad” de los hechos.

Según el recurso, “una cosa es sostener que los elementos reunidos hasta determinado momento no permiten tener por acreditada una hipótesis delictiva y otra, sustancialmente distinta, afirmar que los hechos investigados resultan penalmente atípicos”.

En paralelo, los inversores representados por Oszust solicitaron la nulidad absoluta tanto del dictamen del fiscal Taiano como del sobreseimiento dictado por el juez.

Su argumento se basa en que se ignoró un derecho fundamental que tienen las víctimas: el de pedir que un fiscal de Cámara revise la decisión de no seguir investigando y de cerrar la causa. Este mecanismo está contemplado en el artículo 80, inciso j, del Código Procesal Penal Federal, el cual prevé que la víctima puede solicitar la revisión incluso sin ser querellante.

Para sostener la validez de este reclamo, el recurso aclara que, aunque la causa se esté tramitando bajo el código procesal anterior, este derecho específico de las víctimas ya se encuentra plenamente vigente y es obligatorio en todo el país por decisión de la Comisión Bicameral del Congreso desde finales de 2019. Al no habérseles notificado el dictamen del fiscal ni haberles dado la oportunidad de exigir esa revisión jerárquica, los inversores afirmaron que se violó el debido proceso, lo que invalida por completo el cierre de la causa.

El escrito presentado por Grabois y Rechanik destacó una serie de elementos que, según la parte recurrente, justificaban profundizar la investigación en lugar de archivarla. Entre ellos, mencionó la existencia del documento denominado “Kelsier Group LATAM Agreement”, que contemplaba pagos millonarios y mencionaba la intención de lograr una “asociación indirecta con el gobierno argentino”.

Asimismo, el apelante subrayó la existencia de registros de comunicaciones telefónicas entre el trader y lobista Mauricio Novelli, uno de los principales investigados, y el Presidente de la Nación durante los minutos previos y posteriores al lanzamiento del activo digital.

Sobre este punto, el recurso enfatizó: “Existen registros objetivos de comunicaciones entre uno de los principales organizadores investigados y el Presidente de la Nación durante los minutos inmediatamente anteriores al lanzamiento; existen operaciones realizadas instantes antes de que la información se hiciera pública; y existe, finalmente, la publicación presidencial que permitió que el público general conociera el contrato e ingresara al activo”. Para el apelante, esta concatenación de eventos no podía ser descartada sin antes escuchar las explicaciones de los involucrados.

En efecto, el fiscal Taiano no solicitó ninguna declaración indagatoria durante el desarrollo de la causa.

Otro de los puntos cuestionados por la querella fue la valoración de la prueba pericial. A través de sus abogados, Marchetto criticó que el juez restara valor a los informes de la DATIP basándose en un sumario administrativo por una supuesta filtración de información. Al respecto, el escrito señaló: “No se encuentra siquiera controvertido que el motivo del sumario es un ingreso indebido a informes de la DATIP y no algo que podría haber alterado la cadena de custodia de dicho informe ya que como bien sabemos el mismo se encontraba hace aproximadamente dos meses en poder de la Fiscalía Criminal y Correccional Federal N° 8”.

Sobre este punto, el inversor Martín Romeo señaló que la postura del juez coincide de manera “llamativa” con las declaraciones públicas que había realizado el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, en marzo de este año, apenas asumió.

En aquel momento, Mahiques sugirió públicamente que esas supuestas filtraciones debían ser utilizadas como una razón para anular o cuestionar las pericias que comprometían al Gobierno. En este punto señalaron una contradicción, al recordar que el propio fiscal Taiano había rechazado en su momento el planteo del ministro mediante un comunicado de prensa, pero que finalmente la justicia terminó adoptando exactamente el mismo criterio que había anticipado el funcionario del Ejecutivo, según su criterio.

El recurso de Grabois y Rechanik también hizo hincapié en la magnitud del perjuicio económico detectado. Recordaron que la investigación logró identificar y congelar más de 44,5 millones de dólares en una billetera digital vinculada a la operatoria. “La cifra merece ser dimensionada adecuadamente. No estamos frente a una estimación abstracta de pérdidas derivada de comparar el precio máximo y mínimo de un activo, sino ante más de cuarenta y cuatro millones y medio de dólares digitales efectivamente individualizados y concentrados en una dirección determinada”, afirmó el escrito.

Finalmente, Marchetto denunció que el sobreseimiento se dictó mientras aún existían medidas de prueba en curso, como la ampliación de pericias sobre dispositivos electrónicos de otros imputados.

En su petitorio, este inversor solicitó que se revoque la resolución, se ordene la continuación de la investigación y se convoque a prestar declaración indagatoria a los imputados, bajo el argumento de que “el sobreseimiento no puede convertirse en el mecanismo mediante el cual se declare irrelevante aquello que la propia investigación todavía no terminó de investigar”.

El futuro de la causa, que involucra a funcionarios de alto rango y a empresarios extranjeros, se encamina a ser definido por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, de la Sala I de la Cámara de Apelaciones. Antes de analizar los fundamentos sobre el cierre del caso, tendrá que evaluarse si los inversores están o no en condiciones de apelar, dado que ya no son querellantes.

Para defender su potestad de apelar, el recurso citó el fallo plenario de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa “Zichy Thyssen, Federico”, del año 2006, el cual establece como doctrina obligatoria que “el pretenso querellante se encuentra legitimado para interponer los recursos de competencia de esta Cámara”, sobre todo cuando se trata de resoluciones que pongan “fin al proceso” y causen un “gravamen de imposible reparación ulterior”.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dará a conocer este jueves a las 9:30 el veredicto del juicio político contra el suspendido titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, Gastón Salmain. El tribunal resolverá si hace lugar al pedido de destitución por mal desempeño formulado por el Consejo de la Magistratura. En ese caso, perderá sus fueros y quedará en condiciones de ser detenido: tiene un pedido de prisión preventiva por su participación en la causa Attila.

La decisión final se encuentra bajo la responsabilidad de un jury integrado por siete miembros: los magistrados Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández. Para que se concrete la remoción del imputado, se requiere una mayoría de cinco votos.

El proceso de juicio político se estructuró sobre la base de dos cargos independientes. El primero de ellos se concentró en el ejercicio de su función como juez, específicamente en la tramitación de una causa iniciada por el fideicomiso “Attila” contra el Banco Central de la República Argentina. Según la hipótesis de los consejeros acusadores —el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena de la Torre—, Salmain pactó un soborno de 200.000 dólares a cambio de favorecer a dicha empresa del financista Fernando Whpei, hoy imputado colaborador de la Justicia.

La maniobra consistió en el dictado de una medida cautelar que autorizó a la empresa a adquirir 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial cuando aún había cepo y brecha cambiaria, para luego transferir esos fondos al exterior.

La acusación sostuvo que el magistrado adoptó una serie de determinaciones contrarias a la normativa vigente. Entre las irregularidades señaladas, se destacó que resolvió la medida de urgencia sin contar con el dictamen previo de la fiscal federal Adriana Saccone sobre la competencia territorial. Asimismo, se le cuestionó haber aceptado una caución juratoria en lugar de una real, y haber concedido la apelación del Estado con efecto devolutivo, lo que permitió la salida de las divisas antes de una sentencia definitiva.

Por estos mismos hechos, Salmain fue procesado en el fuero penal de Rosario por los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Dicha resolución cuenta con la confirmación de la Cámara Federal de Rosario y de la Cámara Federal de Casación Penal. Aunque la justicia penal ordenó su prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario, la detención no se ejecutó debido a la inmunidad que posee por su cargo.

Cabe destacar que en el juicio político no se evalúa si el juez es culpable o inocente, sino que se pone bajo la lupa si conserva la idoneidad necesaria para continuar en su función pública.

Omisión de antecedentes

La segunda acusación apuntó al proceso de selección mediante el cual Salmain accedió a la magistratura en mayo de 2023. El Consejo de la Magistratura constató que el postulante omitió declarar en sus presentaciones, las cuales revisten carácter de declaración jurada, un antecedente de relevancia institucional.

En el año 2002, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso la cesantía de Salmain, quien se desempeñaba como empleado en el fuero de la Seguridad Social.

La investigación determinó que Salmain intentó sobornar a una empleada de la mesa de entradas para alterar el sistema informático de sorteos, con el propósito de desviar expedientes hacia el juzgado donde trabajaba y beneficiar de forma paralela a un estudio jurídico privado.

A raíz de este episodio, se inició una causa penal en la que el exauxiliar resultó procesado en 2004 por falsedad ideológica, expediente que se resolvió mediante la concesión de una suspensión del juicio a prueba (probation) que incluyó tareas comunitarias en el Jardín Botánico de Palermo.

“Yo me caí, pero me levanté y camino”

Durante las audiencias del debate, los abogados defensores Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira rechazaron de manera tajante las imputaciones.

Respecto al primer cargo, afirmaron que no existieron pruebas directas que vincularan a Salmain con el empresario Fernando Whpei, quien declaró como arrepentido e incriminó al juez.

La defensa argumentó que los registros de ingreso al Juzgado de la Prefectura Naval Argentina demostraron que el financista nunca ingresó a su despacho, y que las localizaciones de las antenas telefónicas solo indicaban zonas generales compatibles, pero no una reunión en la oficina de Salmain.

En relación con el currículum, los letrados explicaron que Salmain no tenía la obligación reglamentaria de informar una sanción ocurrida hace más de dos décadas, dado que las normas del Consejo de la Magistratura solo exigen declarar los antecedentes de los últimos diez años. Asimismo, exhibieron un registro audiovisual de la entrevista pública en el Senado de la Nación, donde el entonces candidato mencionó ante una pregunta del diputado Rodolfo Tailhade que se desempeñó en el Poder Judicial en el pasado en calidad de auxiliar.

En sus últimas palabras ante el Jurado de Enjuiciamiento, el suspendido magistrado defendió su gestión al frente del juzgado rosarino y solicitó que se le permita continuar en sus funciones. Salmain manifestó que concursó con la convicción de estar capacitado para el cargo y que intentó realizar la mejor labor posible. “Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí, pero me levanté y camino. Y lo único que les pido es que me dejen seguir caminando”, concluyó ante el tribunal.

En caso de ser destituido, el futuro de Salmain quedará en manos del juez Carlos Vera Barros, quien tiene a cargo la causa Attila. Su excompañero de los tribunales federales de Rosario es quien deberá dar la orden de detenerlo.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja quedó envuelto en un escándalo a partir de la designación de una nueva funcionaria en un puesto clave. El nombramiento despertó sospechas de favores políticos y nepotismo y reavivó una denuncia por violencia de género y acoso sexual contra el juez Jorge Gamal Abdel Chamía, el apuntado principal en esta trama que puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia.

El 15 de octubre, el tribunal a cargo de los juicios y la ejecución de las penas en La Rioja dictó el Acuerdo N° 18/2026. Mediante esta decisión administrativa, los magistrados Mario Eduardo Martínez y Jorge Gamal Abdel Chamía nombraron de forma interina a Daniela Belén Herrera Piedrabuena Iturbe en el cargo de jefa de Despacho. La decisión contó con la disidencia del tercer integrante del TOF, José Quiroga Uriburu, quien rechazó la incorporación de una “persona ajena” a la planta activa del tribunal.

La polémica alrededor del nombramiento está a la vista: la abogada designada es hija de Daniel Herrera Piedrabuena, titular del Juzgado Federal de La Rioja, quien tiene a cargo la causa penal contra el juez Chamía por presunta violencia laboral y acoso sexual, tras la denuncia presentada por la oficial judicial María Emilia Galván.

La denunciante, a su vez, es hija del exsenador radical Raúl Alfredo Galván, quien ocupó una banca en el Congreso Nacional entre 1995 y 2001 y fue subsecretario del Interior durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Hace años está alejado de la función pública.

Si bien Herrera Piedrabuena delegó la investigación en la fiscalía que subroga Rafael Alberto Vehils Ruiz, como magistrado instructor lleva los tiempos y toma las decisiones sobre el expediente. Sin su firma no puede avanzar el caso. Chamía designó a su hija apenas dos meses después de que el caso se radicara en La Rioja, ya que la denuncia se había hecho inicialmente en abril, en los tribunales porteños de la avenida Comodoro Py 2002.

Infobae contactó al juez Jorge Chamía para consultarlo sobre la designación impugnada y la denuncia de acoso. No ofreció ninguna respuesta. Su abogado defensor atendió a este medio y sostuvo que se trata de una “falsa denuncia”.

La causa penal está paralizada, según confirmaron fuentes judiciales. El fiscal Vehils Ruiz aún no decidió si presenta un requerimiento de instrucción para empezar a investigar o, en su lugar, desestima la denuncia.

Desde el Juzgado Federal de La Rioja adelantaron a Infobae que el juez Herrera Piedrabuena se apartaría del caso si la fiscalía decide abrir la pesquisa.

Este magistrado —el único con competencia electoral en la provincia— ya había sido señalado en una investigación por nepotismo en el Poder Judicial, que data de 2024. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) reveló que Herrera Piedrabuena puso a trabajar en su propio juzgado al menos a una cuñada, un concuñado, dos yernos y un primo, una práctica compartida por otros 45 jueces, según el informe. A la fecha, dos de ellos habrían renunciado.

Ascensos y conflicto

La vacante en la Jefatura de Despacho se produjo de manera indirecta. En primer lugar, el tribunal promovió a Alejandra del Carmen Grimaux para ocupar la Secretaría de Cámara. Esta decisión dejó libre el puesto de prosecretaria administrativa. Para cubrir dicho espacio, los tres jueces coincidieron en ascender a Ana Agustina Aguilar, una contadora con dos décadas de experiencia en el Poder Judicial.

Así, el ascenso de Aguilar liberó la Jefatura de Despacho, un rol de alta relevancia que asiste directamente a los magistrados en la redacción de proyectos y sentencias. Distintas fuentes judiciales consultadas concuerdan en que este cargo es una posición “en la que muchos se retiran, aspiran toda la vida a llegar ahí”, con un salario que no baja de los 5.000.000 de pesos, dependiendo de la antigüedad.

Fue en este punto donde se quebró el consenso de los tres jueces del TOF riojano.

Para justificar la elección de la hija del juez Herrera Piedrabuena, según se desprende de la acordada a la que accedió Infobae, Martínez y Chamía destacaron sus antecedentes académicos, su formación en perspectiva de género y su paso previo por el tribunal como escribiente —tres escalones por debajo del cargo que asumió recientemente— entre 2019 y 2023. Los últimos años trabajó en el Ministerio Público Fiscal.

El juez Quiroga Uriburu votó en contra de esta designación. Este magistrado argumentó que, según el reglamento de ascensos vigente, se debe priorizar a los trabajadores de la categoría inmediata inferior que no registren sanciones en los últimos 12 meses. Explicó que la oficial María Emilia Galván era la primera en la línea de promoción por rango, pero se encontraba impedida de ascender debido a las sanciones disciplinarias que el TOF le aplicó este año por faltar al trabajo. La mujer se mudó a Buenos Aires junto a sus hijos y dejó de ir presencialmente.

Ante este impedimento, Quiroga Uriburu propuso para el cargo al escribiente Nicolás Rolando Alvares, quien trabaja en el tribunal desde 2007. Este empleado judicial, según indicaron las fuentes consultadas, obtuvo al menos 18 ascensos interinos durante su carrera. “Lo subieron y bajaron a medida que necesitaban cubrir una silla vacía, pero nunca de forma definitiva”, explicó un funcionario que sigue de cerca el detrás de escena del Tribunal.

El tema no solo generó la división de los jueces, sino que provocó una reacción legal. El escribiente Alvares interpuso un recurso de reconsideración para exigir la nulidad del nombramiento. En su presentación, el empleado afirmó que la designación de una persona externa vulnera su derecho constitucional a la estabilidad y a la carrera administrativa. Sostuvo que el escalafón debe funcionar como un límite objetivo a la discrecionalidad de las autoridades y que su postergación, tras 19 años de servicio, carece de fundamentos válidos.

La presentación judicial recibió el respaldo sindical de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). El secretario general de la Regional 9, Juan Pablo Tripputi, firmó un documento de apoyo donde criticó la incorporación de personas ajenas al Poder Judicial en cargos jerárquicos, práctica a la que denominó como el ingreso de “paracaidistas”.

De no prosperar la reconsideración planteada al Tribunal, el sindicato de los judiciales se prepara para llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

El caso Galván

La situación de María Emilia Galván, la oficial que no pudo acceder al cargo vacante por la sanción previa, es el trasfondo de toda la disputa. Según consta en su denuncia presentada este año, los episodios de violencia y acoso que le atribuye al juez Chamía habrían ocurrido en 2023. El magistrado había asumido el cargo un año antes, tras obtener acuerdo del Senado.

En marzo de 2024, la mujer sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) que requirió una intervención quirúrgica y un prolongado tratamiento neurológico y psiquiátrico.

A fines de diciembre de 2025, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia emitió un dictamen de alta médica laboral. En consecuencia, el tribunal -en pleno- dictó el Acuerdo N° 13/2025, mediante el cual dejó sin efecto su convocatoria para la feria judicial de enero de 2026 y la intimó a reintegrarse a sus funciones el primer día hábil de febrero de ese año.

Galván no se presentó a trabajar presencialmente —ofreció hacerlo de forma virtual— y solicitó nuevas evaluaciones médicas, argumentando que padece secuelas graves, como aneurismas en la carótida izquierda y un cuadro psiquiátrico complejo. Por entonces aún no se había animado a denunciar el presunto acoso de su jefe.

Sin embargo, el tribunal rechazó sus peticiones basándose en informes de la junta médica oficial que ratificaron su aptitud para el servicio sin recomendaciones de reducción horaria o cambio de tareas.

Ante la prolongada ausencia de la agente, los jueces Martínez, Quiroga Uriburu y Chamía firmaron el Acuerdo N° 7/2026 el 13 de abril. En dicha resolución, declararon injustificadas las inasistencias de la oficial desde el 7 de marzo de 2026, ordenaron el descuento salarial correspondiente por los días no trabajados y le aplicaron una sanción de suspensión por veinte días.

Esa medida disciplinaria desencadenó la denuncia de Galván. Se presentó en los tribunales de Comodoro Py para denunciar a Chamía. La causa recayó en el Juzgado Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien se declaró incompetente y envió las actuaciones a La Rioja, donde habrían ocurrido los hechos de violencia de género y psicológica en el ámbito laboral.

En su relato, María Emilia Galvan describió diversos episodios de hostigamiento que habrían comenzado en 2023. Detalló que, en una oportunidad, mientras compartían un ascensor, Chamía se ofreció a llevarla a su casa en su auto. Al rechazar la propuesta explicando que residía temporalmente con su padre, el juez se habría burlado manifestando que era “una vergüenza” que una mujer de su edad no viviera sola. Según la denunciante, el magistrado realizó este comentario sabiendo que ella había sido víctima de un delito contra la integridad sexual en 2022.

Asimismo, Galván denunció conductas de acoso sexual. Afirmó que, al presentarle proyectos de resolución en su despacho, el juez le preguntó si había sido secretaria privada de otros magistrados y le comentó que él también elegiría como asistente a “la mujer más linda que tiene plantel”, realizando gestos de índole sexual con sus manos sobre sus genitales.

En otra ocasión, durante un casamiento al que ambos fueron invitados, Chamía, acompañado por su pareja, le habría dicho que “tiene un hermoso escote”. La denunciante dijo que el juez estaba “obsesionado” con ella.

La empleada también describió situaciones de maltrato profesional. Aseguró que Chamía descalificaba sistemáticamente sus proyectos de despacho, obligándola a confeccionar listas de palabras prohibidas para los escritos y rehaciendo las resoluciones de manera incorrecta, incorporando normativa de la justicia provincial —donde antes trabajaba Chamía— que no correspondía al fuero federal.

A su vez, Galván resaltó en su presentación que el magistrado cuenta con antecedentes por violencia laboral en la justicia de la provincia de La Rioja, presentados por su anterior secretaria, Florencia Fernández Valdez, así como supuestas situaciones de acoso denunciadas por estudiantes de la Universidad Nacional de La Rioja. Estas causas no avanzaron y Chamía aún sigue dando clases como titular de cátedra en esa casa de estudios.

El abogado defensor del magistrado, Emilio Roberto Pagotto, definió la acusación de Galván como “una maniobra tendiente a obtener una medida prohibición de acercamiento entre ella y el juez denunciado, con el objetivo de justificar de ese modo su inasistencia o, de algún modo, obtener la posibilidad de trabajar virtual, aspecto que nunca fue autorizado por el tribunal”. Sostiene que es un caso “típico” de falsa denuncia.

Paralelamente, Galván inició una acción de amparo contra el tribunal oral y logró el dictado de una medida cautelar que le permite continuar prestando servicios bajo la modalidad de teletrabajo desde su actual residencia en la Ciudad de Buenos Aires. Quien tomó esa decisión es, precisamente, el juez Daniel Herrera Piedrabuena.

El pasado 20 de agosto, los jueces Martínez y Quiroga Uriburu ratificaron la validez de todas las sanciones aplicadas previamente a la oficial Galván. Jorge Chamía se inhibió de participar, a partir de la denuncia en su contra.

No obstante, debido a la vigencia de la medida cautelar y la causa penal por violencia de género, los magistrados resolvieron suspender de manera provisoria cualquier nueva medida administrativa o disciplinaria sobre la situación de la empleada hasta que la justicia esclarezca los hechos. También giraron el caso a la Corte Suprema para que tome una decisión definitiva sobre el futuro laboral de Galván.

La Justicia Federal de San Isidro procesó este jueves al ex diputado nacional José Luis Espert por lavado de dinero. Lo acusaron por la recepción de 200.000 dólares de parte del empresario Federico “Fred” Machado, extraditado y condenado en los Estados Unidos, a través de un contrato de consultoría presuntamente falso con la compañía guatemalteca Minas del Pueblo.

El juez federal Lino Mirabelli ordenó la prohibición de salida del país para el exfuncionario libertario. También le impuso un embargo de 1.000 millones de pesos.

El contador de Espert, Mariano Alejandro Cosentino, también fue procesado y embargado por 700 millones de pesos, al igual que la empresa Varianza SA, que enfrenta un embargo de 500 millones, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, la génesis del caso data del 22 de enero de 2020. En aquella fecha, una cuenta bancaria radicada en el exterior a nombre de Espert recibió una transferencia de 200.000 dólares. El dinero provino de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las corporaciones utilizadas por la organización delictiva liderada por “Fred” Machado.

El empresario venía de financiar la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.

Para justificar el ingreso de los 200.000 dólares, Espert suscribió un convenio de prestación de servicios con la firma Minas del Pueblo, una minera radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. El contrato se fechó el 7 de junio de 2019 y estipuló honorarios totales por 1.000.000 de dólares a cambio de asesoramiento financiero y planes de crecimiento empresarial.

Sin embargo, la fiscalía reunió pruebas que contradicen la veracidad de este vínculo comercial. Los registros de la Dirección Nacional de Migraciones revelaron que Espert nunca viajó a Guatemala para la firma del acuerdo ni para inspeccionar los yacimientos. Además, Machado estuvo en Argentina durante los días en que supuestamente se rubricó el papel en el país centroamericano.

Asimismo, los investigadores señalaron que el legislador carecía de antecedentes y de equipos profesionales para realizar tareas de ingeniería y geología minera, disciplinas ajenas a su especialidad en macroeconomía.

La fiscalía reconstruyó el circuito del dinero a través de los documentos digitales secuestrados en los dispositivos del contador Cosentino y de otros asesores. Tras recibir los fondos en una cuenta no declarada del banco Morgan Stanley, Espert ordenó dos transferencias de 50.000 dólares cada una hacia su cuenta local del banco BBVA.

Una parte se destinó a la adquisición de un BMW M240i. Posteriormente, en 2024, el imputado vendió dicho vehículo y adquirió una camioneta Lexus de alta gama por un valor de casi 130.000 dólares. Para esta última operación, se realizó un depósito en efectivo de 88 millones de pesos en una sucursal bancaria de Martínez, según lo que se desprende del expediente.

La detención de Machado en abril de 2021 precipitó una serie de encuentros entre Espert y sus asesores contables, de acuerdo a lo establecido por la fiscalía. Los chats de WhatsApp y los archivos hallados en las computadoras evidenciaron que el equipo de Espert analizó diversas alternativas para afrontar el vencimiento de las declaraciones juradas impositivas.

Entre las opciones evaluadas, analizaron justificar los fondos como una indemnización por rescisión contractual o, finalmente, la decisión de “no mostrar nada” ante la entonces AFIP para evitar el impacto político en la campaña electoral de aquel año.

La acusación del fiscal Domínguez remarcó que Espert omitió declarar la cuenta del Morgan Stanley y el saldo remanente de más de 118.000 dólares ante el fisco. En su lugar, los acusados habrían utilizado a la firma Varianza S.A. como una estructura inactiva para simular ingresos profesionales legítimos y justificar el nivel de consumo del economista. La sociedad, constituida por el exdiputado y su cónyuge, solo emitió tres facturas en toda su existencia, de las cuales una fue dirigida al propio Espert.

Respecto al contador Cosentino, el fiscal consideró que su participación resultó indispensable para la etapa de integración de los activos: confeccionó las certificaciones de origen de fondos necesarias para las compras de los vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario en 2025, consolidando de este modo la circulación de los recursos bajo sospecha en el mercado formal.

A fines de la semana pasada, la Cámara Federal de San Martín convalidó la investigación y rechazó un planteo de la defensa de Espert para recusar al fiscal Domínguez. La Sala II de ese tribunal revisará el procesamiento del exlegislador, que podrá apelarlo en los próximos días.

En agosto, José Luis Espert había presentado un escrito de 65 páginas para pedir su sobreseimiento. Alegó que el propio dictamen del fiscal Domínguez utiliza el término “presuntamente” para referirse al origen de los 200.000 dólares, por lo que concluyó que “sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero”.

Por otro lado, Espert rechazó la idea de que supiera con quién trataba cuando cobró el dinero. Su respuesta fue que en 2019 y 2020 “no lo sabía nadie”, porque en ese momento no existía “una sola alerta, causa o reporte” sobre Machado.

En cuanto al empresario, cabe recordar que permanece detenido en Texas, luego de declararse culpable ante el Tribunal Federal en el Distrito Este por los delitos de conspiración para lavar dinero y fraude electrónico. Acordó con la Justicia una condena por esos delitos a cambio de que le retiren los cargos por narcotráfico.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, denunció ante la Justicia Federal al presidente de la Nación, Javier Milei, y al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el presunto desvío sistemático de los recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (FFIH) para “sostener la situación ficcional de déficit fiscal cero”, mientras el país atraviesa el fenómeno climático de El Niño.

El expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N° 1 de San Martín, a cargo del juez Emiliano Ramón Canicoba. Se trata de un caso similar a la causa SISVIAL, impulsada por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Esta nueva denuncia también alcanzó al secretario de Finanzas, Federico Furiase, al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y a los directivos del Banco de la Nación Argentina en su rol de administradores fiduciarios.

Katopodis —que pidió constituirse como querellante— señaló en su escrito la presunta comisión de múltiples delitos federales, tales como la malversación de caudales públicos, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, la administración fraudulenta y el retardo injustificado de pagos.

El Fondo Hídrico, creado originalmente en el año 2001 y ratificado por ley en 2006, se financia de manera directa con el 4,31% de la recaudación del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural. De acuerdo con la normativa vigente, estos fondos poseen una afectación única e irrevocable: debe destinarse exclusivamente a la planificación, construcción y mantenimiento de obras de infraestructura hídrica, saneamiento, cloacas y provisión de agua potable.

¿A dónde van los fondos?

Según la documentación oficial aportada en la denuncia, a la que accedió Infobae, el Poder Ejecutivo modificó drásticamente el patrón de uso de estos fondos a partir del año 2024.

Mientras que durante los períodos de 2022 y 2023 el fondo pagó obras por montos que superaron su recaudación anual (alcanzando un 229% y un 289% respectivamente), la ejecución se desplomó al 12,3% en 2024 y al 23,5% en 2025.

En términos nominales, de los $375.422 millones recaudados entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Estado solo destinó $115.990 millones al pago de obras, lo que dejó un remanente de $259.431 millones. Incluso, durante 2024, los gastos administrativos y operativos del propio fondo superaron el dinero invertido en infraestructura, de acuerdo a la denuncia del ministro del gobierno de Axel Kicillof.

En lugar de conservar estos recursos como reserva líquida para el avance de los proyectos, las autoridades nacionales invirtieron el dinero en Letras del Tesoro Nacional Capitalizables en Pesos (LECAP). Al 1 de junio de 2026, el 85,5% de los activos del fondo fiduciario se encontraba generando rendimientos a través de estos instrumentos de deuda pública.

Posteriormente, en septiembre de 2026, un informe oficial de acceso a la información pública reveló que el saldo en Letras ascendió a $303.370 millones, frente a apenas $47,2 millones depositados en plazos fijos de reserva de liquidez.

Gabriel Katopodis denunció que esta maniobra financiera constituyó un mecanismo de autofinanciamiento para la caja del Tesoro Nacional, con el presunto objetivo de sostener de forma artificial la meta macroeconómica de equilibrio fiscal.

El impacto de El Niño

“La inmovilización de los fondos y el abandono de las obras habrán de tener consecuencias fácticas ruinosas para la provincia y su población, ante la inminente ocurrencia del escenario hidrológico más exigente en décadas”, postuló Katopodis en su escrito, al referirse al fenómeno de El Niño.

La Subsecretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires ya catalogó el riesgo de saturación de inundaciones como “alto” en 48 de sus municipios, previendo un 81% de probabilidades de que el fenómeno alcance una intensidad “muy fuerte”. Ante este escenario de vulnerabilidad climática, la denuncia remarcó la gravedad de mantener más de $340.000 millones del Fondo Hídrico inmovilizados en títulos de deuda pública en lugar de aplicarlos a las defensas y desagües de las localidades afectadas.

La denuncia rebatió de forma anticipada una eventual defensa del Gobierno basada en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 425/2025, el cual obliga a los organismos públicos a invertir sus excedentes transitorios de liquidez en letras del Tesoro. Katopodis argumentó que dicha norma no posee carácter retroactivo frente a las colocaciones previas a junio de 2025. Además, sostuvo que no se puede catalogar como “excedente” a un dinero que quedó ocioso debido a la propia decisión gubernamental de no ejecutar las obras públicas.

El ministro de Infraestructura bonaerense adjudicó a la falta de financiamiento nacional la paralización casi total de las obras hídricas en la provincia. De un total de 59 obras registradas bajo la órbita del fondo a nivel país, 32 se encuentran actualmente neutralizadas o con sus convenios rescindidos. En la provincia de Buenos Aires, la situación afectó al 63% de los proyectos planificados (17 de 27 obras), lo que representó un monto contractual paralizado de $37.158 millones.

La denuncia detalló que se interrumpieron trabajos con un estado avanzado. Entre ellos, se mencionaron el saneamiento del arroyo Bedoya en Escobar (con un 96% de ejecución), las obras de captación del arroyo Torres en Merlo (87%), los desagües de la cuenca Alto Perú en San Isidro (78,2%) y los desagües de la zona noroeste en Colón (68%).

Estas obras civiles, que incluyen estaciones de bombeo y canalizaciones en municipios como Lomas de Zamora, La Matanza, Florencio Varela y San Martín, tenían como propósito mitigar las inundaciones urbanas. Asimismo, la ampliación del Río Salado (Tramo IV), la obra de mayor envergadura financiada por el fondo en la provincia, sufrió severas demoras y parálisis desde principios de 2025 debido a la interrupción de las partidas nacionales, insistió Katopodis.

Esta desinversión coincidió con la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) y la cancelación o rescisión de 1.683 obras públicas sobre un portafolio nacional de 2.339 proyectos.

En este marco, el denunciante solicitó al juez Canicoba la adopción de medidas de prueba urgentes. Entre ellas, requirió la preservación inmediata de toda la documentación contable del fideicomiso, los extractos bancarios del Banco Nación y los expedientes de rescisión de las obras. También solicitó la realización de peritajes contables e hidráulicos para determinar el perjuicio patrimonial y el riesgo al que quedó expuesta la población.

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una serie de medidas de prueba preliminares para determinar si impulsa una investigación o desestima la denuncia contra el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, y otros funcionarios del gobierno nacional por la administración de las reservas de oro.

El caso apunta a esclarecer si existió algún delito alrededor de los contratos de derivados de oro realizados por el BCRA durante 2025. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, a partir del informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que concluyó que la autoridad monetaria especuló con el precio internacional del metal, “erró el cálculo” y generó una pérdida de 1.023 millones de dólares.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el fiscal Pollicita requirió al juez federal Ariel Lijo la producción de una serie de “medidas previas” de carácter documental.

En primer lugar, la fiscalía solicitó a la AGN, que preside Juan Manuel Olmos, una copia íntegra del informe de auditoría sobre los estados contables del Banco Central, sus papeles de trabajo de respaldo y las disidencias internas que se hubieran presentado entre los auditores. También pidió conocer las respuestas y descargos formales que la conducción del Banco Central remitió al organismo de control tras las observaciones.

En segundo lugar, Pollicita demandó al BCRA “el marco normativo aplicable a la adopción de decisiones vinculadas con la administración, disposición y eventual contratación de operaciones relativas a las reservas del oro”, según plasmó en un dictamen. La fiscalía busca identificar con precisión qué áreas técnicas y funcionarios tienen el poder de autorizar estos contratos, qué procedimientos de control interno se aplicaron y si existieron directivas o comunicaciones institucionales coordinadas con el Ministerio de Economía de la Nación entre 2025 y la actualidad.

Una vez que el Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py reciba y procese toda la documentación requerida, la fiscalía analizará si impulsa formalmente la investigación penal o si desestima la denuncia por inexistencia de delito.

El contrato con Deutsche Bank

En su denuncia, el abogado Gregorio Dalbón —quien representó en distintas causas a la ex presidenta Cristina Kirchner— pidió imputar y eventualmente indagar al ministro de Economía, Luis Caputo; al presidente del BCRA, Santiago Bausili; al superintendente de Entidades Financieras, Juan Ernesto Curutchet; y al subsuperintendente de la misma área, Nicolás Marcelo Ferro.

Los presuntos delitos señalados en la presentación abarcan la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y la asociación ilícita.

Al revisar los estados contables del BCRA correspondientes al año pasado, la AGN emitió un dictamen favorable sin salvedades, pero incluyó un apartado específico de advertencia denominado “Operaciones de opciones con subyacente oro”.

De acuerdo con los registros contables oficiales de la entidad monetaria expuestos por la auditoría, estas transacciones de cobertura financiera generaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares. El informe detalló que el saldo adverso se estructuró por dos vías: un rojo de 960,2 millones de dólares bajo el concepto de “resultado negativo por opciones” y otros 62,8 millones de dólares destinados al pago de primas.

La controversia radica en que, según la auditoría, este perjuicio se pagó con dólares líquidos de las reservas internacionales del país. En contraste, siempre durante el ciclo 2025, las operaciones con oro del Banco Central generaron ganancias por más de 8 billones de pesos debido al incremento del valor internacional del metal, que subió casi un 65%.

La denuncia judicial sostiene que las autoridades del Banco Central implementaron una estrategia financiera conocida en el mercado como “collar”. Este mecanismo consiste adquirir un seguro contra la caída del precio del oro (opción de venta o put) que se financió simultáneamente con la venta a las contrapartes del derecho a comprar el oro (opción de compra o call) a un precio fijado en algo más de 3.000 dólares por onza.

Al subir el valor del oro por encima del techo pautado —4.000 dólares por onza—, el BCRA se vio obligado a pagar la diferencia a sus contrapartes en el exterior. El denunciante argumentó que la entidad resignó ganancias genuinas y comprometió reservas líquidas para cubrir los lingotes de oro, un activo que casi nunca se enajena.

Por su parte, el Banco Central defendió la legalidad de las operaciones argumentando que se trataron de coberturas de seguro válidas y que el resultado neto de la administración de los activos fue positivo.

Una de las contrapartes que se habría quedado con dólares de las reservas argentinas a partir de estos movimientos es el Deutsche Bank, donde Caputo y Bausili trabajaron en cargos jerárquicos antes de llegar al Gobierno.

Publicaciones periodísticas indicaron que este banco internacional pudo haber participado en los contratos que fijaron el derecho de compra de oro a un valor cercano a los 3.000 dólares por onza, en momentos donde la cotización de mercado superaba los 4.000 dólares.

A este panorama se sumó la sospecha sobre los costos asociados a la intermediación financiera. Las versiones públicas señaladas en la denuncia —que deben ser corroboradas formalmente— mencionaron que las comisiones, honorarios y márgenes globales derivados de estas transacciones superaron los 60 millones de dólares.

Ante este escenario, la denuncia solicitó investigar cómo se seleccionó a las contrapartes, si existieron intermediarios y si se pagaron comisiones o márgenes indebidos.

La polémica en torno a la administración de las reservas de oro sumó ahora una presentación por un posible conflicto de intereses. El abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia en los tribunales de Comodoro Py y pidió investigar la participación y elección del Deutsche Bank como contraparte clave en los contratos de derivados financieros concertados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante 2025.

La presentación judicial, que tramita ante el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo, apuntó contra el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Ernesto Curutchet. Ahora Dalbón sumó a la lista de denunciados a Nicolás Marcelo Ferro, quien se desempeña como subsuperintendente de la mencionada área e integra el Directorio del BCRA.

El escrito puso de relieve que Caputo y Bausili tuvieron cargos jerárquicos en el Deutsche Bank antes de desembarcar en el Gobierno. El banco alemán se vio beneficiado en la operatoria a partir de la suba de la cotización internacional del oro, que superó los 4.000 dólares por onza. Así, el BCRA se vio obligado a pagar una diferencia en dólares.

La investigación penal se originó a partir de los hallazgos consignados en el informe de auditoría de los estados contables del Banco Central correspondientes al año 2025, aprobado por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Aunque el dictamen general de los auditores resultó favorable y no señaló inconsistencias técnicas ni patrimoniales, el organismo de control a cargo de Juan Manuel Olmos incluyó un apartado específico denominado “Operaciones de opciones con subyacente oro” para advertir sobre la naturaleza de estas transacciones.

De acuerdo con los registros contables del BCRA analizados por la AGN, estas operaciones con instrumentos derivados —que teóricamente se diseñaron con fines de cobertura— arrojaron una pérdida neta de 1.023 millones de dólares. El informe detalló que este saldo negativo se compuso de dos elementos principales: por un lado, 960,2 millones de dólares anotados bajo el concepto de “Resultado negativo por opciones” y, por el otro, 62,8 millones de dólares destinados al pago de primas de opciones.

Esta salida de dólares de las reservas se produjo en un contexto donde la tenencia física de oro del propio Banco Central experimentó una revalorización positiva de 8 billones de pesos debido al incremento del 64,9% en la cotización internacional del metal durante el año pasado.

La posible conexión con el Deutsche Bank

La nueva ampliación de la denuncia penal se focalizó en la aparición del Deutsche Bank como la entidad financiera internacional que habría actuado como contraparte en estas operaciones. Según diversas publicaciones periodísticas citadas en el expediente, el negocio consistió en la estructuración de una estrategia financiera conocida en el mercado como “collar”.

Esta modalidad implicó la adquisición de un seguro contra la caída del precio del oro (opción de venta o put) que se financió simultáneamente con la venta a las contrapartes del derecho a comprar el oro (opción de compra o call) a un precio fijado en algo más de 3.000 dólares por onza.

El punto de quiebre que señaló la denuncia apareció cuando la cotización internacional del oro superó la barrera de los 4.000 dólares por onza. Al rebasar el techo establecido en el contrato, el Banco Central se vio obligado a pagar la diferencia en dólares a sus contrapartes extranjeras, resignando de este modo una porción sustancial de la ganancia obtenida por la valorización de sus activos.

A este panorama se sumó la sospecha sobre los costos asociados a la intermediación financiera. Las versiones públicas señaladas en la denuncia —que deben ser corroboradas formalmente— mencionaron que las comisiones, honorarios y márgenes globales derivados de estas transacciones superaron los 60 millones de dólares.

No obstante, las condiciones precisas de contratación y la identidad de los beneficiarios de dichos pagos permanecen bajo estricto secreto, dado que las autoridades del Banco Central se negaron a entregar copias de los contratos a los auditores de la AGN.

Así, el denunciante Gregorio Dalbón -abogado de Cristina Fernández de Kirchner, entre otros- pidió investigar a los funcionarios por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

Con el objetivo de esclarecer la maniobra, la ampliación de la denuncia propuso una serie de medidas de prueba.

Ante el riesgo de que la información digital sea alterada o borrada, el denunciante solicitó que se ordene el allanamiento de la sede del Banco Central y el secuestro o copia forense de los servidores y casillas de correo electrónico institucional de la Presidencia, el Directorio y las áreas de mercados, reservas y asuntos jurídicos correspondientes a los últimos dos años.

Además, propuso requerir al Banco Central la remisión de todas las actas de Directorio, los informes técnicos de riesgo, las valuaciones de las operaciones y las comunicaciones mantenidas con el Ministerio de Economía. Asimismo, recomendó citar a declarar como testigo al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, y a los auditores que intervinieron en la confección del informe contable.

En el plano internacional, el escrito demandó que se libre un exhorto de cooperación jurídica a la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. El propósito de esta medida es que el organismo regulador norteamericano informe si el Deutsche Bank registró reportes, consultas o investigaciones vinculadas con el pago de comisiones o beneficios a intermediarios o funcionarios públicos argentinos en relación con los contratos de oro firmados durante 2024 y 2025.

Aunque no podrán buscar la reapertura directa de la investigación, dos fiscales pidieron revertir el sobreseimiento del entorno de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, en una de las causas por el presunto manejo ilícito del dinero de la Asociación del Fútbol Argentino. En los últimos días, el Juzgado Federal de Campana desvinculó del caso a seis empresas y 13 familiares y allegados del dirigente deportivo.

La Fiscalía Federal de Campana, a cargo de Sebastián Bringas, en un trabajo conjunto con Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), llevó el caso ante la Cámara Federal de San Martín cuestionando el sobreseimiento dictado por el juez Adrián González Charvay.

A criterio del Ministerio Público, el cierre del caso para el entorno de Toviggino opera en la práctica como un “blindaje” o una “absolución” con valor de cosa juzgada, lo que impediría investigar a los involucrados en otro expediente conexo, o en caso de que aparezcan nuevos elementos de prueba que motiven la apertura de la causa. Por eso la fiscalía reclama que el caso vuelva un paso hacia atrás, cuando solamente había sido desestimado el requerimiento de instrucción fiscal.

Es un tecnicismo que marca la diferencia entre si la Justicia queda o no en condición de investigar a los denunciados por estos hechos.

Para entender esta discusión técnica es necesario remontarse al origen del caso, que comenzó en Santiago del Estero tras una denuncia por presunto lavado de activos y asociación ilícita.

El Juzgado Federal N° 2 de esa provincia, a cargo de Sebastián Argibay, desestimó el requerimiento de instrucción para dar inicio a la pesquisa y se declaró incompetente territorialmente, enviando las actuaciones a Campana por registrarse allí el domicilio legal de la AFA, que tiene nueva sede en Pilar. El fiscal que había pedido avanzar con la investigación es Pedro Simón. En el mismo dictamen, el acusador solicitó la indagatoria y la detención de Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia.

La negativa a investigar la denuncia fue confirmada luego por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Así, la decisión de desestimar el caso adquirió firmeza y llegó en esas condiciones a Buenos Aires.

Ya con el expediente en el Juzgado Federal de Campana, la defensa de los implicados solicitó el sobreseimiento definitivo, petición que el juez González Charvay convalidó el pasado 7 de octubre.

Con la desestimación de la instrucción confirmada por la Cámara de Tucumán, “no hay acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”, resolvió el Juzgado de Campana.

Para los fiscales Bringas y Velasco, la decisión del magistrado resultó apresurada y técnicamente incorrecta. La desestimación se fundamentó en que el requerimiento de instrucción no reunía los requisitos mínimos para abrir un proceso penal en ese momento, pero -a criterio de la fiscalía- dicha resolución no impide que los hechos puedan ser revisados en el futuro ante la aparición de nuevas evidencias.

Por el contrario, el sobreseimiento cierra de manera definitiva la posibilidad de investigar a los sospechosos, otorgándoles un estatus de cosa juzgada que los acusadores consideraron improcedente. La decisión podría proyectarse a otras investigaciones que orbitan alrededor de la AFA, que no son pocas.

Si la Cámara Federal de San Martín falla a favor de los fiscales y revoca el sobreseimiento, esto no implicaría que el entorno de Toviggino empiece a ser investigado, indicaron fuentes judiciales. La causa no está delegada y quien lleva las riendas del expediente es el juez González Charvay, que ya decidió excluirlos de este proceso penal.

El caso

La hipótesis que impulsó el fiscal federal Pedro Simón en su requerimiento original describe una presunta organización criminal coordinada para ejecutar una defraudación sistemática contra el patrimonio de la AFA. También expuso sospechas de evasión impositiva mediante facturación falsa y maniobras cambiarias informales.

La cúpula de la Asociación habría operado desde 2018 hasta 2026 en conjunto con un entramado de empresas satélites manejadas por personas de extrema confianza de Toviggino, según lo advertido por el fiscal santiagueño.

Entre los beneficiados por el sobreseimiento que la fiscalía intenta revocar se encuentran Darío Fabián Toviggino (hermano del tesorero), sus hijos Máximo Augusto y María Valentina, y su expareja María Julia del Castillo Orellana. También figuran colaboradores estrechos como María Florencia Sartirana, exencargada de finanzas de la AFA y actual pareja del tesorero, junto a las firmas HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L., DCT S.R.L., Wicca SAS y Vandap SAS.

La acusación fiscal detalló que la AFA transfirió sumas millonarias a las cuentas bancarias de estas sociedades. Solo entre los años 2022 y 2025, las firmas SOMA, Malte, Segon, Servicios Lindor y Servicios Neurus recibieron transferencias de la entidad del fútbol por “un monto mínimo comprobado” de $4.961.280.195. Los investigadores detectaron un patrón de “barrido de cuentas”, donde los fondos recibidos eran retirados o derivados a otras empresas del mismo grupo en un plazo menor a 48 horas, presuntamente para dificultar su trazabilidad.

Para justificar estos movimientos financieros, las empresas emitieron facturas electrónicas a la AFA bajo el régimen de MiPyME por servicios que, según la fiscalía, nunca se prestaron. Ninguna de las firmas investigadas cumplía con los requisitos para calificar como pequeña o mediana empresa, y varias de ellas fueron incluidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en su base de contribuyentes apócrifos por carecer de capacidad económica real para operar.

El destino final de los fondos habría sido la compra de una flota de vehículos de alta gama, numerosos inmuebles en Santiago del Estero y viajes en aviones privados.

Asimismo, la fiscalía había pedido investigar la colocación de excedentes financieros en plazos fijos bancarios por miles de millones de pesos y millones de dólares para generar rendimientos dentro del circuito legal.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a cargo del juez Martín Cormick, suspendió la aplicación de dos artículos de la reforma laboral que modificó la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744. El magistrado hizo lugar a una medida cautelar impulsada por 32 colegios de abogados de todo el país, entre ellos el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).

La decisión judicial paraliza por un plazo máximo de tres meses -o hasta que se dicte una sentencia definitiva- estas reformas que establecían la responsabilidad solidaria de los letrados ante reclamos laborales considerados excesivos y la posibilidad de que las empresas abonen las sentencias condenatorias en cuotas, lo que afectaba los honorarios profesionales de los abogados. La cautelar dictada este jueves no resolvió el planteo de inconstitucionalidad que pretenden los demandantes.

La controversia comenzó tras la sanción de la reforma -Ley N° 27.802-, un proyecto impulsado desde el Ejecutivo por el presidente Javier Milei. Se envió al Congreso Nacional en diciembre de 2025. Luego de debates parlamentarios y modificaciones en ambas cámaras, la ley se aprobó a fines de febrero de este año y entró en vigencia en marzo.

Ante este nuevo escenario, el Colegio de Abogados porteño interpuso una acción de amparo. Lo propio hicieron una treintena de entidades de todo el país, con impulso de Itatí Demarchi Arballo, presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Todos los reclamos se acumularon en la misma causa.

Las entidades argumentaron que las modificaciones vulneraban garantías fundamentales consagradas en la Constitución Nacional, tales como el derecho a trabajar, ejercer toda industria lícita, la propiedad y la igualdad ante la ley. Según la demanda, las nuevas reglas representaban un cercenamiento ilegítimo para el libre ejercicio de la abogacía y limitaban el acceso a la justicia de los ciudadanos.

El juez Cormick es el mismo magistrado que este mes ordenó al Gobierno aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto que la frenaba. A horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, también le impuso una multa diaria al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por incumplir con la normativa.

Costas solidarias

El primer punto de conflicto se centró en el artículo 10 de la Ley 27.802, el cual modificó el artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo. Históricamente, este apartado garantizó la gratuidad de los procedimientos judiciales y administrativos para los trabajadores. Sin embargo, la reforma incorporó un criterio objetivo para los casos de “pluspetición imperdonable”. La norma dispuso que, si existía una exageración de los montos reclamados por el trabajador, las costas procesales debían ser afrontadas de manera solidaria entre el empleado y su abogado.

El CPACF alegó que esta modificación funcionaba como una “espada de Damocles” sobre los profesionales. Explicó que la regla prescindía de evaluar si existía una conducta temeraria o maliciosa (responsabilidad subjetiva) y aplicaba una sanción automática por el mero rechazo cuantitativo de algún rubro, ignorando que muchas veces las diferencias de cálculo obedecen a discrepancias de interpretación entre los propios jueces.

Por su parte, los representantes del Estado Nacional defendieron la constitucionalidad de la norma. Sostuvieron que la medida buscaba desalentar abusos procesales y pretensiones desmedidas que desnaturalizan el beneficio de la gratuidad, sin que esto impidiera formular reclamos basados en pautas fácticas y jurídicas razonables.

Al analizar este punto, Martín Cormick consideró que la redacción introducida carecía de claridad y generaba una profunda incertidumbre en los profesionales sobre cómo encauzar sus demandas. El juez remarcó que la única manera de evaluar una “petición imperdonable” es mediante el análisis de la conducta subjetiva de los litigantes por parte del juez de la causa. Por tal motivo, decretó la suspensión de este artículo y ordenó mantener la vigencia de la redacción anterior de la ley laboral.

Sentencias en cuotas y honorarios

El segundo eje de la disputa giró en torno al artículo 56 de la reforma laboral, que sustituyó el artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta disposición facultaba a las grandes empresas a cancelar las sentencias judiciales condenatorias en un máximo de seis cuotas mensuales consecutivas, beneficio que se extendía hasta doce cuotas en el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).

La parte demandante denunció que esta facilidad de pago afectaba de forma directa el derecho de propiedad de los abogados, ya que permitía el fraccionamiento de sus honorarios profesionales, los cuales tienen carácter alimentario y están protegidos por la Ley de Aranceles (N° 27423). Asimismo, advirtió que la medida perjudicaba la aplicación de los pactos de cuota litis —convenios donde el letrado percibe un porcentaje del resultado del pleito—, dado que los profesionales no podrían cobrar sus servicios en un único pago sin incurrir en faltas éticas frente a sus clientes.

El Gobierno argumentó que el fraccionamiento no implicaba una pérdida patrimonial, ya que las cuotas debían actualizarse según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) más una tasa de interés anual del 3%. Según el Estado, la nueva ley busca un equilibrio entre la satisfacción del crédito del trabajador y la preservación de las unidades productivas y los puestos de trabajo.

En su resolución, el juez Cormick determinó que autorizar a las empresas a acogerse de manera unilateral a un plan de pagos en cuotas, sin dar intervención ni participación al titular del crédito, constituía una aparente vulneración al derecho de propiedad. El magistrado señaló que, si bien los honorarios no son el capital de condena, integran las costas del proceso y se fijan en la sentencia, por lo que la falta de distinción en la ley generaba una evidente inseguridad jurídica.

Es así que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 dispuso suspender los efectos de los artículos 10 y 56 de la Ley 27.802 por el término de tres meses o hasta que se dicte la sentencia definitiva sobre el fondo del amparo.

Como consecuencia de esta decisión, durante este período se restableció la vigencia del artículo 20 de la Ley de Contrato de Trabajo en su redacción previa a la reforma. Para el cobro y percepción de los honorarios profesionales regulados en la justicia, se ordenó aplicar de manera directa las disposiciones de la Ley de Aranceles N° 27.423, la cual establece que los pagos deben abonarse dentro de los diez días de quedar firme la resolución judicial.

Finalmente, en lo que respecta a los pactos de cuota litis, se dispuso la aplicación del artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo según el texto ordenado por el Decreto 390/76.

Tras conocerse la resolución del juez Cormick, la presidenta del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Alejandra García, celebró el fallo en un comunicado y lo calificó como “una decisión en defensa de la abogacía”.

“Desde el Colegio Público de la Abogacía continuaremos impulsando esta acción. Tenemos el deber de defender el ejercicio libre de la profesión y el derecho a percibir una retribución justa por nuestro trabajo. Cumplir esa responsabilidad es también proteger a quienes nos confían la defensa de sus derechos”, refirió García.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles el cierre definitivo de una denuncia penal dirigida contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.

En consecuencia, la Justicia ratificó que la aplicación del artículo 280, mediante el cual el máximo tribunal puede desestimar recursos o quejas sin fundamentar su decisión, no puede configurar ningún tipo de delito.

El fallo, al que accedió Infobae, fue emitido por la Sala IV de la Casación, integrada por los magistrados Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky.

El caso penal tuvo su origen en la presentación efectuada por el abogado Marcos Aníbal Rougés, cuyo hijo falleció en la provincia de Tucumán el 20 de agosto de 2019.

El denunciante sostuvo que la muerte del chico no se trató de un suicidio, sino que consistió en un homicidio perpetrado por agentes de la Policía de la provincia de Tucumán.

Según Rougés, la justicia provincial clausuró la investigación de manera prematura. Ante ese escenario, el letrado recurrió en queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organismo que desestimó su planteo mediante el artículo 280, sin otorgarle una audiencia personal que había solicitado previamente.

Frente a la desestimación de su reclamo por parte del máximo tribunal, el denunciante promovió una acción penal contra los magistrados de la Corte. Los denunció por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, prevaricato y encubrimiento agravado.

No obstante, el Juzgado Federal N° 11 de Comodoro Py, hoy subrogado por Ariel Lijo, dispuso archivar el expediente tras concluir que no existía ningún delito en el accionar de los jueces.

Esta decisión resultó confirmada el 30 de junio de 2026 por la Sala II de la Cámara Federal porteña. Posteriormente, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación interpuesto por el pretenso querellante.

Ante este último revés, el abogado interpuso un recurso extraordinario federal para intentar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara la decisión de la Cámara de Casación. Esto último fue lo que se rechazó este miércoles.

En su resolución, los jueces de la Sala IV explicaron que la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación —herramienta que faculta a la Corte Suprema a rechazar recursos sin expresar fundamentos— se encuadra en un procedimiento formal y escrito que no contempla la realización de audiencias. Por tal motivo, determinaron que la utilización de este mecanismo legal por parte de los ministros del tribunal supremo no puede configurar una conducta delictiva ni un incumplimiento de sus obligaciones legales.

Asimismo, los camaristas señalaron que el recurrente no logró demostrar que el derecho a ser oído, consagrado en la ley de víctimas, deba aplicarse de manera obligatoria en la instancia extraordinaria ante la Corte.

La Sala IV remarcó que el mero trámite procesal asignado a un expediente judicial no permite deducir la existencia de un comportamiento ilícito, a menos que se aporten elementos de prueba adicionales que den sustento a dicha hipótesis.

En el análisis formal del recurso extraordinario, los magistrados Carbajo, Hornos y Borinsky indicaron que la presentación no cumplió con los requisitos técnicos necesarios para habilitar la intervención de la Corte Suprema.

Los jueces añadieron que las críticas del abogado Rougés respecto a la interpretación de los tipos penales, la caracterización del delito de abuso de autoridad y la valoración de las pruebas no constituyeron una refutación de los fundamentos de las sentencias previas, sino una reiteración de posturas ya analizadas y resueltas en las instancias anteriores. Por ello, descartaron la existencia de arbitrariedad en el pronunciamiento recurrido.

Por otra parte, el tribunal de casación desestimó el planteo de gravedad institucional alegado por la querella, tras precisar que esta invocación no suple la falta de una cuestión federal concreta, dado que la trascendencia de un asunto no autoriza de modo automático la intervención del máximo tribunal del país.

Finalmente, la Sala IV ratificó la vigencia de la medida que ordena la extracción de testimonios para que se investiguen de forma independiente las presuntas irregularidades denunciadas por el recurrente en relación con la investigación original sobre la muerte de su hijo en la provincia de Tucumán.

La enfermera Gabriela Vanesa Torres, acusada de robar vacunas contra el COVID-19 para inocular a sindicalistas de Camioneros, volverá a ser juzgada. Así quedó establecido este miércoles, a partir de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó los planteos de su defensa.

La mujer se desempeñaba en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. De allí sustrajo, según la imputación, un lote con 30 dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus entre el 29 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2021, cuando apenas habían llegado las primeras vacunas al país.

En aquel momento, el país atravesaba la parte más severa de la emergencia sanitaria y los cargamentos que arribaban al territorio nacional estaban reservados de forma exclusiva para el personal de salud y los sectores de mayor riesgo ante la enfermedad.

De acuerdo con la investigación penal, las vacunas sustraídas terminaron aplicándose a 21 personas vinculadas al Sindicato de Camioneros en Chubut que no integraban los grupos prioritarios, presuntamente a cambio de una coima.

Las idas y vueltas del proceso

Durante la etapa de instrucción, la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio De Seleme, procesó a Torres por encubrimiento.

Sin embargo, al momento de realizarse el debate oral, el Ministerio Público Fiscal modificó la calificación legal y la acusó formalmente por el delito de hurto.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia absolvió a la enfermera al considerar que esa variación vulneró el principio de congruencia y afectó de manera directa su derecho de defensa en juicio. Bajo esa premisa, los magistrados de primera instancia anularon el alegato de la fiscalía y dictaron el sobreseimiento de la imputada.

Ante este escenario, la fiscalía apeló la resolución y el caso llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. En una decisión dividida, la Sala III del máximo tribunal penal revocó la absolución de Torres. Los magistrados Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques votaron a favor de hacer lugar al reclamo de la fiscalía, mientras que Juan Carlos Gemignani se pronunció por confirmar la absolución.

La mayoría de la Cámara de Casación determinó que la plataforma fáctica de la acusación se mantuvo idéntica desde la declaración indagatoria hasta el alegato final.

Según explicaron los jueces en su fallo, la descripción de los hechos históricos imputados a Torres no sufrió alteraciones sustanciales, por lo que el cambio de encuadre jurídico de encubrimiento a hurto no representó una “sorpresa” que impidiera defenderse adecuadamente. Asimismo, señalaron que la pena requerida bajo la nueva figura resultaba incluso más beneficiosa para la enfermera.

La defensa de Gabriela Vanesa Torres, disconforme con la decisión de la Cámara de Casación, interpuso un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación revisara el fallo. Al ser denegada esa vía, acudieron de manera directa ante el máximo tribunal mediante un recurso de queja.

Finalmente, la Corte Suprema desestimó la presentación de la imputada. Los ministros del tribunal declararon inadmisible el agravio referido a la supuesta violación de la garantía del ne bis in idem, que prohíbe el doble juzgamiento de una persona por el mismo hecho. Con respecto al cuestionamiento sobre la alteración del principio de congruencia, los jueces determinaron que la resolución apelada no constituía una sentencia definitiva ni una equiparable a tal, requisito indispensable para habilitar la intervención de la máxima instancia judicial del país.

La causa principal ya cuenta con personas condenadas y otros implicados que esperan definiciones procesales. Marcos Eugenio Paura, colaborador de la obra social del sindicato de Camioneros, recibió una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso tras ser hallado culpable del delito de cohecho activo.

La justicia comprobó que Paura entregó una suma de dinero para que la enfermera Analía Muñoz —quien también fue condenada en este expediente, a tres años de prisión— facilitara las dosis de Sputnik V de manera clandestina.

La investigación determinó que el 12 de febrero de 2021 la cuenta bancaria de Muñoz recibió una transferencia de 30.000 pesos realizada desde la cuenta oficial de la Obra Social del sindicato. Las vacunas se aplicaron el 29 de enero de 2021 en un consultorio de la entidad gremial, un sitio que carecía de habilitación oficial para funcionar como vacunatorio contra el coronavirus.

Por otra parte, la situación de los afiliados que recibieron las dosis de forma irregular también sufrió modificaciones. En un primer momento, la justicia federal de Comodoro Rivadavia concedió la suspensión del juicio a prueba a la veintena de beneficiarios a cambio de una reparación económica y pautas de conducta. No obstante, la Cámara Federal de Casación Penal revocó ese beneficio y ordenó que todos los involucrados sean sometidos a un juicio oral y público, una medida que alcanza al ex secretario general del gremio en Comodoro Rivadavia y ex diputado nacional, Jorge Taboada.

“Gastón Salmain no puede seguir siendo juez de la Nación”, planteó este miércoles el Consejo de la Magistratura en el juicio político contra el suspendido titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

La acusación presentó su alegato y pidió la remoción por mal desempeño de sus funciones, al considerar probado que dictó fallos a favor de un fideicomiso a cambio de una coima y que, al concursar para el cargo, omitió informar que en el año 2002 había sido cesanteado del Poder Judicial, nuevamente, a partir del ofrecimiento de un soborno.

Luego de escuchar los alegatos de la defensa y la acusación, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados tendrá 20 días para dictar su veredicto. Si resulta destituido, Salmain perderá sus fueros y quedará detenido. Está procesado con prisión preventiva en la causa Attila, acusado por los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A fines de 2023 —había asumido el cargo en mayo de ese año—, el juez Salmain habría pactado un soborno de 200.000 dólares a cambio de dictar una medida cautelar para que el fideicomiso “Attila” adquiriera 10 millones de dólares al valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria.

La acusación contra el magistrado fue defendida por el senador Luis Juez; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; y la abogada Jimena de la Torre, todos ellos miembros del Consejo. Gastón Salmain estuvo presente en la audiencia junto a sus abogados.

El alegato acusador lo abrió el legislador nacional, quien se enfocó en la polémica por el currículum vitae de Salmain. “Ante la magnitud de la acusación penal que viene de Rosario, confirmada por la Cámara con pedido de prisión preventiva, esto parecía una cuestión nimia”, se introdujo Juez. Pero, para el Consejo de la Magistratura, “es mucho más importante el cargo 2 (la omisión en el CV) que el cargo 1, porque pretendemos para futuros postulantes que vengan a ocupar el lugar de magistrados, el máximo lugar que prevé nuestra Constitución Nacional, que la vara esté lo más alta que se pueda”, continuó el senador.

Luis Juez hizo un repaso cronológico de los hechos. Recordó que Salmain se desempeñaba como empleado administrativo en el fuero de la Seguridad Social y fue exonerado tras una investigación de la Corte Suprema de Justicia por haber ofrecido una coima para alterar el sorteo de las causas. Pretendía beneficiar a un estudio jurídico en el que trabajaba al mismo tiempo que en los tribunales.

Para direccionar los expedientes, intentó corromper a otra empleada que, en lugar de seguirle el juego, lo delató. En la pesquisa, que estuvo a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, los investigadores le colocaron un micrófono oculto a la denunciante para grabar sus conversaciones con Salmain, según ventiló el consejero acusador.

Ya fuera del Poder Judicial -Salmain renunció y luego la Corte lo censanteó-, en 2004 fue procesado y más tarde accedió a una probation. Cumplió sus horas de servicio comunitario en el Jardín Botánico. Nada de esto fue consignado en la declaración jurada que presentan todos los aspirantes a jueces ante el Consejo de la Magistratura para que evalúen sus antecedentes.

“No lo supimos porque era una obligación de él, no nuestra. Él tenía que decir la verdad, él tenía que contar su historia, él tenía que ir al Consejo de la Magistratura y decir: ‘Miren, la verdad, muchachos, ¿saben qué? Perdónenme la expresión, cometí una macana, la verdad, un estúpido’”, continuó Juez.

Y siguió: “En Rosario teníamos un problema increíble y nosotros les mandábamos a los Salmain para combatir el narcotráfico; la verdad, no lo puedo creer”.

A continuación, Barroetaveña alegó sobre la causa Attila. Empezó con una recorrida por las decisiones que tomó Salmain en el expediente que llegó a su despacho, presuntamente, luego de haber acordado los pormenores del negocio con el financista Fernando Whpei -hoy imputado colaborador de la Justicia- y el escribano y operador judicial Santiago Busaniche.

“Todo lo que hizo el juez fue en contra de lo que dice la ley”, resumió el consejero.

En primer lugar, Salmain dictó la medida cautelar sin que la fiscal Adriana Teresa Saccone hubiera dictaminado sobre la competencia territorial de la causa. “Como diría el doctor Juez, la durmieron a la fiscal Saccone”, ilustró Barroetaveña.

Luego señaló objeciones del Banco Central a la habilitación del acceso al mercado de cambios para Attila que fueron desoídas; deficiencias en la demostración de la verosimilitud del derecho y peligro de demora; el otorgamiento de una caución juratoria “pese a que se requería otro tipo de caución”; y finalmente, la decisión de Salmain de mantener la cautelar al conceder la apelación con efecto devolutivo, cuando “debería haber sido con efecto suspensivo”.

Barroetaveña también ahondó en la declaración como arrepentido del financista Whpei, quien incriminó a Salmain en la causa penal. El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal dijo que “quedó vintage” la discusión sobre el instituto del imputado colaborador. Esto a partir de que la defensa, a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Yamil Castro Bianchi, sostiene que el empresario mintió para beneficiarse. Incluso lo denunciaron por falso testimonio.

Para la acusación, las revelaciones de Whpei, la reconstrucción del expediente y el resto de las pruebas demostraron que “la connivencia atribuida y las decisiones jurisdiccionales fueron orientadas a favorecer ilegítimamente a Attila ante la promesa de percibir un retorno económico”. El accionar de Salmain “permitió que esa empresa adquiriera nada más y nada menos que 10 millones de dólares que salieron del Banco Central en un momento en el que los ciudadanos tenían severamente restringido el acceso al mercado de cambios”.

La decisión sobre el futuro del juez rosarino está en manos del jury integrado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero y Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli y la abogada Ana Beatriz Fernández. Hacen falta cinco de los siete votos para que el magistrado sea removido.

“Intenté ser el mejor juez que pude”

Tras el alegato de su defensa, Salmain hizo uso de sus últimas palabras: “Yo cuando concursé, lo hice obviamente con el convencimiento de que podía desempeñar el cargo”, comenzó.

“Intenté ser el mejor juez que pude ser. Lo que dicen mis empleados y funcionarios del juzgado, eso soy yo, no lo que dice la acusación”, continuó, en alusión a los testimonios escuchados durante el debate que refirieron que el Juzgado funcionó mejor desde que llegó Salmain.

“Dicen que el que se cae y se levanta es más fuerte que el que nunca se cayó. Yo me caí, pero me levanté y camino. Y lo único que les pido es que me dejen seguir caminando”, le suplicó al Jurado.

La defensa del juez suspendido pidió la absolución y fundamentó su alegato en que Salmain no estaba obligado a informar sus antecedentes porque habían ocurrido hacía más de dos décadas. El reglamento del Consejo de la Magistratura exige acreditar solo lo ocurrido hace diez años o menos.

Los abogados Ubeira y Castro Bianchi también defendieron la actuación de Salmain en el expediente que favoreció al fideicomiso Attila y acusaron de mentiroso al arrepentido Whpei.

“¿Qué tendríamos que probar? Que se conocían Salmain y Whpei, que existió una reunión, que se entregó un borrador y que hubo un pacto. Eso no se pudo probar, no hay ningún testigo, no hay ninguna antena, no hay nada. Hay una conjetura, hay una hipótesis, porque tampoco podemos negar que hay un proceso penal”, comenzó en su alocución el defensor Yamil Castro Bianchi.

Y siguió con una sugerencia: “Acá hubo una aceleración poco común. En menos de seis meses nos encontramos ante este Jurado de Enjuiciamiento. Algún interés podrían llegar a tener algunos en ese juzgado, ese cargo o esa localidad”.

El abogado atacó una de las principales pruebas de la acusación: el impacto de los dispositivos de Salmain y Whpei en antenas telefónicas que sugieren que se reunieron el 2 de octubre de 2023 en el Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Según la defensa, los registros muestran solamente zonas compatibles y Salmain pidió profundizar la investigación para que se precise si estuvieron juntos, en el mismo edificio.

Para negarlo, usaron los registros de ingreso de la Prefectura Naval Argentina, donde no aparece el nombre del financista, y las testimoniales de los empleados que aseguran nunca haber visto a Whpei.

“Generalmente, el imputado siempre trata de demorar. Este tipo quiere ir a juicio. Podría haber renunciado y está sentado acá”, sostuvo Castro Bianchi.

Sobre el segundo cargo, la defensa mostró un video de la sesión en el Senado Nacional donde se vota por unanimidad el pliego de Salmain. El último legislador en aportar su voto afirmativo es, precisamente, Luis Juez.

“Si vos fuiste senador y le votaste, mínimo preocupate. Todos sabemos cómo se hace un hijo. Si después lo desconocés... Lo hiciste vos, levantaste la mano, ¿qué responsabilidad tenés? Lo tuviste dos veces sentado en el Senado, ¿votás sin saber?”, cuestionó Yamil Castro Bianchi.

A continuación, el defensor exhibió otro video de la entrevista personal que brindó Salmain durante el concurso para el cargo. Allí, ante una pregunta del consejero y diputado Rodolfo Tailhade, el entonces aspirante a juez había dicho que trabajó en el Poder Judicial “hace muchos años, pero como auxiliar”.

“Con tal de generarles a ustedes un falso humo, están construyendo un fantasma, un monstruo”, concluyó el abogado.

Juan Jesús Fernández, alias “El Gitano”, agotó esta semana las posibilidades de defender su inocencia ante los tribunales. Por eso ahora buscó, por primera vez, un micrófono. El condenado a prisión perpetua por el doble crimen del diputado nacional Héctor Olivares (UCR - La Rioja) y su asesor Miguel Yadón, que sacudió a la política argentina en mayo de 2019, habló con Infobae desde la cárcel de Ezeiza: “Me gustaría haber evitado todo porque no se merecían morir”, se sinceró.

Primero el Tribunal Oral Criminal N° 9 y luego la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dieron por probada su culpabilidad como partícipe necesario de ambos homicidios, agravados por alevosía. La defensa presentó recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y la Corte Suprema de Justicia, pero ambos fueron desestimados. Así el proceso judicial quedó concluido, y la sentencia adquirió firmeza.

Aquella madrugada trágica, Fernández había estacionado su Volkswagen Vento sobre la Avenida de Mayo, a metros del Congreso de la Nación, justo frente al monumento a Mariano Moreno. En el asiento del acompañante estaba su primo, Juan José Navarro Cádiz, confeso autor material de los cinco disparos fatales. Usó una pistola semiautomática calibre .40 S&W, marca Bersa, modelo Thunder 40, con numeración visible y un sistema de mira láser.

El tirador murió en el Complejo Penitenciario Federal de Marcos Paz en 2023, dos años después de ser condenado a 45 años de prisión por los asesinatos. Se llevó a la tumba un secreto: por qué disparó, qué lo motivó a apretar el gatillo.

Durante la investigación se descartaron motivos políticos o personales. El Tribunal Oral Criminal N° 9 desestimó la coartada del asesino, que en el juicio dijo que quería tirarle a un ombú de la plaza y no vio pasar a las víctimas. Tampoco se comprobó la versión de la fiscalía, que sostuvo que el ataque se produjo por el “placer” de experimentar satisfacción o una diversión perversa al utilizar armas y causar daño, y que Olivares y Yandón fueron dos personas inocentes elegidas al azar como “blanco” para probar la pistola y su mira láser.

Otro punto clave que desechó el TOC N° 9 fue el fragmento de la declaración de Navarro Cádiz en el que aseguró que su primo no tenía nada que ver. Afirmó ante los jueces que Juan Jesús Fernández no sabía de la existencia del arma y dijo que aprovechó un momento en el que este se agachó para, disimuladamente, darle un trago a una petaca de whisky. No le creyeron. Para el Tribunal, esta fue una explicación de conveniencia acomodada para diluir responsabilidades.

Desde la cárcel, “El Gitano” recordó aquella noche como una de las tantas en las que se emborrachaba con amigos de la colectividad. Eran habitués de dos bares del centro porteño y de las inmediaciones de la Plaza del Congreso, donde siempre estacionaban sus autos. Allí, una y otra vez, consumían whisky y cocaína hasta enajenarse.

“Yo era una persona que salía muchas veces. Salía un día sí, un día no. O salíamos todos los viernes. Ese día estuvimos juntos más o menos desde las 21:30 hasta las 3. Los monté a todos en el auto, salimos del bar y nos fuimos a la Avenida de Mayo. Navarro nunca estuvo en nuestras reuniones”, empezó Juan Jesús Fernández en su relato desde el pabellón.

No es que se llevaran mal. En la comunidad gitana existe una costumbre casi inquebrantable: “Los niños con los niños y los grandes con los grandes”. Navarro Cádiz en ese entonces tenía 24 años, dos décadas más joven que su primo. Con otros del grupo, la diferencia de edad era aún mayor.

- ¿Cómo llega a su auto Navarro Cádiz?

- Yo me ponía a tomar cocaína dentro de mi auto y me ponía a beber. Terminé de hacer eso, doy la vuelta y me encuentro a Navarro Cádiz. Él me pregunta: “¿Me puedes acompañar a la farmacia, que tengo a mi hija enferma, a comprarle algo para la fiebre?”. Fui y lo acompañé. Se compró las cosas y lo llevé a su casa y volví de vuelta al mismo lugar, a la Avenida de Mayo. Estaba con un amigo mío, que se llama Luis. Es un hombre mayor que tendrá ahora como 75 años. Él me dice: “¿Me acompañas a mi casa, que voy a buscar plata?”. Lo acompañé, que quedaba por la calle Rivadavia, pasando Montevideo, y me aparco en doble fila. Él se baja a su edificio y yo estoy esperando ahí con las balizas puestas. Y en unos segundos escucho la puerta de atrás. Cuando miro, era Navarro Cádiz, que estaba otra vez ahí.

Tanto “El Gitano” como su primo relataron durante el juicio que el haberse encontrado aquella noche fue una coincidencia. Lo cierto es que ambos volvieron a estacionarse al pie de la plaza, en Avenida de Mayo, para seguir consumiendo. Así hasta las 6:50, cuando se escucharon los disparos.

- ¿Usted sabía que él estaba armado? ¿Cuándo vio el arma por primera vez?

- En ningún momento. Ni me había percatado de que él llevaba un arma, ni sabía sus intenciones, porque él vino normal, muy calmado. Y después de que estuvimos hablando, ahí se empezó, pues, a alterar un poco, por problemas con su mujer y con su suegro.

En un momento él perdió la noción y mató a estas dos personas. Yo quise sacarle el arma, por eso aparece mi ADN (N. de R.: también encontraron rastros genéticos en un proyectil). Hice un forcejeo, pero no se dejó. Entonces, como estaba perdido, yo temía por mi vida, creía que también me iba a matar a mí.

Yo me bajo, veo al hombre tirado en el piso y al otro (el diputado Olivares) encorvado, sentado en la calzada. Yo, como no escuchaba porque el disparo me dejó sordo, le decía: “Ya viene la ayuda”. El hombre respondió con todas sus dolencias y con todo lo que tenía que le habían disparado desde el auto.

- En las cámaras de seguridad se ve que usted sale del auto, algo le dice a las víctimas, luego abre la puerta trasera izquierda y mete el cuerpo en el coche. ¿Qué es lo que hace en ese momento?

- Yo me fui para atrás porque Navarro se fue a la parte de atrás y abrió la ventana. Como yo vi la ventana, me percaté de que a lo mejor quería accionar de vuelta el arma o algo de eso. Entonces abrí la puerta de atrás y ahí empezamos otro forcejeo. Le tiré ahí adentro un par de piñas y luego lo bajé del auto.

Entonces, bueno, yo estaba en estado de shock, ¿bien? Por lo que había sucedido. Para mí no era tan fácil como te lo estoy contando ahora. Pasaron casi ocho años.

Entonces yo salí tranquilamente, esperé el semáforo en la esquina y después doblé para ir a buscar a los padres de Navarro. Pero no hubo abandono de persona, porque ya estaban la policía y un ciclista.

Yo me puse a revelar toda la verdad y a disposición de toda la justicia. Le di mi clave del teléfono del iPhone, del iCloud, para que ellos abrieran el teléfono y no encontraron absolutamente nada, ninguna conexión con estas dos personas. Yo no las conocía.

- En el juicio se determinó que usted bajó la ventanilla del lado del conductor y corrió su cuerpo de forma tal que permitió disparar a Navarro Cádiz.

- Yo fumaba en aquella época. El cristal lo tenía siempre abierto. Únicamente el cristal estaba cerrado cuando me iba a drogar, para que la gente del parque no me viera que yo estaba tomando. El cristal yo nunca lo bajé, la ventana siempre estuvo abierta. Cuando salen todas las cámaras, se ve que la ventana del auto está abierta. Lo que pasa es que, como usted sabe, siempre hacen croquis de las cosas y recopilan lo que ellos quieren y lo otro lo guardan.

- ¿Por qué disparó Navarro?

Hasta hoy en día yo me lo pregunto y no, no lo sé. Está comprobado que no fue premeditado. Lo mismo si hubieran pasado dos personas que tres o que cuatro, igual las hubieran matado. Yo que me encuentro aquí hace ocho años y hasta hoy me pregunto por qué lo hizo, cuál fue su intención. Yo lo único que te puedo decir es que cuando estaba en el auto, yo solamente lo notaba a él, que solamente hablaba de su esposa y hablaba de su suegro. Y que tenía un resentimiento con ellos. Pero ya después, en unos segundos, se quedó ciego y sucedió lo que tuvo que suceder.

Hoy Navarro está muerto y cae todo sobre mí. Eso también es mi preocupación. Él dijo en el juicio que fue él quien mató, pidió perdón a los familiares. Y dijo estas palabras: “Le pido perdón a los familiares porque lo que hice no tengo años con qué pagarlo”. Y también: “Mi primo estuvo ahí conmigo, pero él no tenía nada que ver. Él bebió y todo, pero él no sabía que yo llevaba un arma y tampoco sabía lo que iba a hacer”.

- ¿Cómo se tomó la noticia de que falleció en la cárcel?

- No me lo tomé ni bien ni mal. Me lo tomé como algo, como una justicia. Porque hay algo arriba que lo equilibra todo. Le hizo esto a esta familia, pues bueno, yo creo que hubo justicia en eso, la verdad, porque destrozó tres familias. Me destrozó a mí, a mi familia, destrozó la vida de Yandón y Olivares y a sus familias. Y bueno, para mí se lo merecía. Yo siempre oré por él, siempre lo tuve en mis oraciones porque soy un buen creyente.

- Viendo todo en retrospectiva, ¿haría algo distinto de cómo actuó? Tal vez su conducta después del crimen, porque usted fue detenido en Entre Ríos.

- Es que las cosas fueron tan rápidas y yo no sabía nada. Fueron cinco segundos los que tardó en disparar. Sabiéndolo hoy en día, pues totalmente lo hubiera evitado. Me gustaría haber evitado todo, porque no se merecían morir. Si yo hubiera sabido en ese momento que tenía un arma encima, se la hubiera sacado. Pero solo vi el arma cuando ya estaba disparando.

Me llevaron engañado a una cabaña en Entre Ríos y me secuestraron. Ahí me dejaron encerrado y la señora de la cabaña llamó a la policía, por eso nos encontraron.

- ¿En algún momento habló con las familias de las víctimas? ¿Siente la necesidad de pedirles perdón?

- Si pudiera decirle algo a la familia de Olivares y de Yandón, es que si yo hubiera sabido que él tenía un arma, se la hubiera quitado para que no sucediera nada. Hubiese prevenido en todo momento las cosas. Mi vida no es así. Yo también sé del dolor de la familia y sé lo que siente, pero yo no soy el culpable de esas muertes. Yo no tengo antecedentes, nunca pisé una comisaría.

-¿Cómo pasa sus días en la cárcel?

- Pues, mis días en la cárcel son malos. No tengo ningún día bueno. Todos son malos. Mucha tristeza, mucho dolor. Sobrevivo porque soy fuerte de mente. Y por el apoyo de mi familia, de mi esposa, mi hijo y mi hija, mi nieto y mis hermanas y todos mis primos y tíos del extranjero, que me apoyan mucho, que me llaman y, bueno, me dan fuerza para seguir adelante, bíblica y espiritual.

Te puedo decir que aquí en la cárcel todos los días para mí son un martirio.

Ocho testigos declararon esta semana ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados en el juicio político a Gastón Salmain, el juez federal de Rosario acusado de vender fallos a cambio de coimas y de ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial cuando daba sus primeros pasos en tribunales. El debate concluirá este miércoles, luego de los alegatos de la defensa y la acusación.

Salmain está procesado con prisión preventiva en la causa Attila, uno de los tantos casos de corrupción judicial en los que es investigado. Si el jury lo destituye, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario perderá los fueros y será detenido.

Entre las audiencias del martes y miércoles declararon bajo juramento seis funcionarios y empleados del Juzgado, además de la exfiscal rosarina Adriana Teresa Saccone y el ingeniero en telecomunicaciones Miguel Ángel Staiano.

Según pudo saber Infobae, el juez Salmain comentó a distintos interlocutores que “le fue bárbaro” en las audiencias. Pero “no necesariamente es optimista; es un juicio político, no solo un juicio técnico”, indicó una fuente cercana al magistrado.

La acusación del Consejo de la Magistratura, impulsada por el juez Diego Barroetaveña, el senador Luis Juez y la abogada Jimena de la Torre, ya prepara su alegato. Además de las pruebas ya conocidas y las testimoniales del juicio, sustentarán el pedido de remoción en lo que consideran una serie de “contradicciones” y “hechos fácticos que Salmain no puede explicar”.

El magistrado, quien asumió su cargo en abril de 2023, se encuentra actualmente procesado por los delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La acusación penal sostiene que el juez habría pactado un soborno de 200.000 dólares a cambio de facilitar que el fideicomiso “Attila” adquiriera 10 millones de dólares a la valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria.

Detrás de ese fideicomiso estaba el financista Fernando Whpei, hoy imputado colaborador de la Justicia. El empresario incriminó al juez cuando declaró y admitió que había acordado sobornarlo. A último momento, el Jurado dio marcha atrás con su testimonial en el juicio político.

El segundo cargo que enfrenta Salmain se vincula con el proceso de selección que le permitió acceder al cargo de juez federal. La acusación sostiene que el magistrado falseó su currículum vitae, el cual tenía carácter de declaración jurada, al omitir deliberadamente que en el año 2002 fue cesanteado del Poder Judicial de la Nación.

En aquel entonces, Salmain se desempeñaba como empleado administrativo en el fuero de la Seguridad Social y fue exonerado tras una investigación de la Corte Suprema de Justicia por haber ofrecido una coima para alterar el sorteo de las causas.

Qué declararon los testigos

Las testimoniales se centraron en el caso “Attila”. María Cecilia Maldován, a cargo de la Secretaría “A” del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, brindó una declaración clave. Esta funcionaria manejó personalmente el expediente desde el inicio.

Maldován relató que la demanda del fideicomiso ingresó por sorteo ordinario y que presentaba severas deficiencias de redacción, lo que la obligó a ordenar aclaraciones previas en dos oportunidades antes de que llegara al juez. Según la testigo, Salmain únicamente intervino para indicarle que redactara el proyecto de la medida cautelar tomando como modelo una resolución similar previa del propio juzgado, denominada “Comunicación 3”, asegurando que jamás recibió directivas del magistrado para favorecer o perjudicar a las partes.

En sintonía con esto, la prosecretaria Georgina Mascetti enfatizó que el juez nunca le transmitió una instrucción que resultara anormal o ajena al correcto ejercicio de la función judicial.

Por su parte, la exfiscal federal Adriana Teresa Saccone —se jubiló en marzo de este año— aseguró que fue algo “inusual” cómo se tramitó el expediente que favoreció al fideicomiso Attila.

“Doctora, ¿qué cuestión concreta fue sometida a su intervención en esta causa?”, le preguntó Barroetaveña, consejero y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal.

Saccone contestó: “La cuestión de competencia, pero no inicialmente, no al inicio, a la interposición de la demanda, sino una vez que ya habían sido despachadas las medidas cautelares y la Cámara las había revocado. Y ahí es cuando (Salmain) dispone la remisión por la presunta comisión del delito de estafa procesal”.

La testigo profundizó sobre este punto. “En realidad, el juez efectiviza una vista que fue apenas interpuesta la demanda, que era lo usual y habitual. Se interponía una demanda y se corría vista por competencia o habilitación de instancia. En este caso, esa vista no fue corrida en ese momento, sino mucho después, cuando el juez ya había dispuesto las medidas cautelares”, agregó la exfiscal.

Según consta en la causa penal, Salmain habría denunciado a Whpei porque se cayó el presunto arreglo espurio. Sucede que todo ocurrió en diciembre de 2023, justo cuando asumió la presidencia Javier Milei. Con la devaluación que inauguró la gestión libertaria, la brecha se pulverizó, el negocio quedó trunco y la coima de 200.000 dólares, finalmente, nunca se habría pagado.

Otro de los ejes del debate son las sospechas de reuniones entre el magistrado y el financista arrepentido. Para intentar esclarecer este aspecto, se escuchó el testimonio del ingeniero Miguel Ángel Staiano, quien realizó —a pedido de la defensa, a cargo de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira— un informe sobre el impacto de antenas de telefonía celular.

Este perito de parte determinó que las celdas de cobertura analizadas son sumamente amplias y pueden solaparse. Por tal motivo, Staiano concluyó que es técnicamente imposible probar o descartar de manera concluyente si existió o no un encuentro físico entre Salmain y Whpei basándose únicamente en esos registros telefónicos.

La sospecha apunta a que el juez recibió al financista en su despacho el 2 de octubre de 2023, para planificar la supuesta venta de los fallos y las coimas. Sus abogados dijeron en el juicio que Whpei bien podría haber estado “tomando un café” a la vuelta de la esquina. E insistieron en que el nombre del empresario no está registrado en las planillas de la Prefectura Naval, que custodia el edificio, ni tampoco fue reconocido por empleados o funcionarios del Juzgado.

En esta línea, el empleado administrativo Federico Lorenzini relató que, a pedido de Salmain, fue a una escribanía a firmar un acta declarando que no conocía y nunca había visto a Whpei.

Interrogado por los acusadores, Lorenzini aclaró que el magistrado no lo presionó ni le indicó qué debía responder. Las respuestas no conformaron a los consejeros, que deslizaron que esto fue una jugada de Salmain para fortalecer su coartada.

Asimismo, la prosecretaria Ana Clara Döhle y la secretaria previsional Cecilia Beatriz Spagnolo coincidieron en que la gestión de Salmain mejoró notablemente la eficiencia del Juzgado, poniéndola “al día” de manera muy organizada.

Por último, en una brevísima declaración, la prosecretaria Georgina Rocca dijo que nunca tuvo una “relación fluida con el doctor Salmain dentro de las cuestiones relativas a los expedientes”.

Cabe recordar que el juicio político no apunta a establecer si el magistrado es culpable o inocente, sino a evaluar si conserva la idoneidad, la imparcialidad y el decoro indispensables para continuar ejerciendo el cargo.

La defensa de Salmain centró su estrategia en desacreditar la validez de la causa penal y en denunciar una supuesta persecución política y judicial contra su cliente.

El abogado José Manuel Ubeira argumentó que la acusación se estructuró sobre el testimonio de un “falso arrepentido”, en alusión al empresario Whpei, a quien acusó de mentir para obtener beneficios procesales en otras investigaciones penales que afronta en Rosario.

Según la defensa, no existen registros objetivos que demuestren que Whpei ingresó alguna vez al despacho del juez, y destacaron que el propio Salmain fue quien denunció inicialmente las presuntas irregularidades ante la justicia penal al extraer testimonios tras la revocación de la medida cautelar por parte de la Cámara de Apelaciones.

En cuanto a la omisión en su CV, al declarar ante el Jurado, el propio Salmain minimizó la relevancia de este antecedente y argumentó que no tenía la obligación reglamentaria de consignarlo. Explicó que el reglamento de los concursos solo exige declarar las sanciones aplicadas en los últimos diez años, por lo que un hecho ocurrido hace más de dos décadas quedaba fuera de ese requisito. Asimismo, señaló que la cesantía dictada por la Corte Suprema fue irregular porque se emitió meses después de que él hubiera presentado su renuncia al cargo. “No se me pasó por la cabeza, era algo que no me sumaba puntos”, afirmó el magistrado suspendido para justificarse.

Con la finalización de las declaraciones testimoniales y la incorporación de la prueba documental, al Jurado de Enjuiciamiento solo le resta escuchar los alegatos.

Desde las 9.30 del miércoles, la acusación ratificará el pedido de remoción del magistrado y la defensa solicitará su absolución y restitución en el cargo.

La decisión final quedará en manos de los integrantes del Jurado, quienes deberán determinar si las pruebas reunidas son suficientes para decretar la destitución de Gastón Salmain. Tienen 20 días para dar a conocer el veredicto.

El jury es presidido por el juez Marcelo Bartumeu Romero, y lo completan el camarista Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó este jueves el proceso de decomiso en la causa “Vialidad” y autorizó a avanzar sobre los bienes de Máximo y Florencia Kirchner y las empresas Hotesur y Los Sauces, ante el intento de la defensa por suspender el trámite. Los hijos de la ex presidenta de la Nación Cristina Fernández no fueron condenados junto a ella en el juicio, pero sus posesiones provienen de un origen ilícito, según determinó la Justicia.

Por decisión unánime, el tribunal de alzada respaldó las medidas cautelares que lleva adelante el Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la ejecución patrimonial con la que se deberán recuperar 685.000 millones de pesos de la corrupción con la obra pública.

El fallo de la Sala IV, al que accedió Infobae, lleva las firmas de los magistrados Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

Los jueces analizaron las impugnaciones contra un fallo previo del TOF N° 2, dictado el 14 de septiembre de 2026. En aquella oportunidad, los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso rechazaron los recursos que pretendían frenar las actuaciones patrimoniales y objetaban el diferimiento de la participación societaria en el expediente.

El abogado Luis Joel Goldin, en representación de los hijos de la exmandataria, apeló ante la Casación aquella decisión del tribunal oral. La defensa cuestionó que el TOF N° 2 postergara el tratamiento de su solicitud para suspender el incidente de ejecución y las medidas cautelares vigentes. Sucede que actualmente se encuentra pendiente de resolución un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculado a la procedencia del decomiso de los bienes.

De acuerdo con la postura de la defensa, avanzar con la ejecución de las medidas patrimoniales mientras la Corte Suprema no se pronuncie de forma definitiva podría frustrar la jurisdicción del máximo tribunal y tornar ilusorio cualquier fallo favorable posterior.

Asimismo, Goldin argumentó que la continuidad de estas acciones afecta garantías constitucionales como el debido proceso, la defensa en juicio y el derecho de propiedad. También invocó el principio de trascendencia de la pena, bajo el argumento de que los efectos económicos del decomiso se proyectarían sobre el patrimonio de personas que no resultaron condenadas en el juicio de Vialidad.

Hotesur y Los Sauces

Por otra parte, Sebastián José Sánchez, en su carácter de director titular de las firmas Hotesur S.A. y Los Sauces S.A., presentó su propio recurso de casación, patrocinado por el mismo abogado de los hermanos Kirchner. Máximo y Florencia son accionistas mayoritarios de esas empresas.

Las firmas comerciales alegaron que el mantenimiento de embargos sobre 13 inmuebles de su propiedad, en paralelo a la postergación de su derecho a defenderse en el expediente, resulta contradictorio y perjudicial.

El directivo societario sostuvo que las medidas cautelares producen un congelamiento de los activos más valiosos de las empresas, lo que paraliza en la práctica su funcionamiento comercial. En su presentación, remarcó que las sociedades poseen una personería jurídica y un patrimonio diferenciados de los socios individuales.

Por tal motivo, argumentó que la Justicia no tiene derecho a embargarles sus propiedades sin antes hacer un juicio o debate previo donde las empresas puedan defenderse y explicar por qué no se deben decomisar sus bienes.

El fallo de la Cámara de Casación

Al evaluar la admisibilidad de los recursos, los magistrados de la Sala IV determinaron que las presentaciones no cumplían con los requisitos formales para habilitar la intervención de Cámara Federal de Casación Penal. El juez Gustavo Hornos precisó en su voto que la resolución del tribunal oral que rechazó las reposiciones no constituye una sentencia definitiva ni una decisión equiparable a ella, según las exigencias del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación. Explicó que el fallo cuestionado no pone fin al proceso, no extingue la pena ni impide que continúen las actuaciones judiciales.

La Cámara de Casación subrayó que el tribunal de origen no rechazó de manera permanente las peticiones de las partes, sino que simplemente postergó su tratamiento. En ese sentido, los jueces señalaron que las defensas no lograron demostrar la existencia de un perjuicio concreto, actual y de imposible reparación posterior.

Con respecto a los embargos, el tribunal recordó que estas medidas poseen un carácter estrictamente preventivo, por lo que no alteran la titularidad registral de los inmuebles ni anticipan una definición sobre el destino final de los bienes afectados.

En relación con el trámite de ejecución, el fallo recordó que el proceso tiene como finalidad ejecutar una sanción penal impuesta mediante una sentencia firme. La existencia de una queja en trámite ante la Corte Suprema de Justicia no suspende la potestad del tribunal oral para realizar actos preparatorios o trabar las medidas cautelares necesarias para asegurar la eficacia del decomiso.

Respecto a la situación de Hotesur y Los Sauces, la resolución judicial aclaró que el requerimiento del Ministerio Público Fiscal sobre los bienes de estas firmas aún no fue objeto de traslado ni de debate entre las partes. El tribunal oral difirió la participación de las empresas hasta el momento en que se sustancie formalmente dicha solicitud fiscal.

Los camaristas concluyeron que esta postergación no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que las empresas de la familia Kirchner tendrán la oportunidad de formular todos sus planteos y defensas cuando se discuta específicamente la afectación de sus bienes.

Por su parte, el juez Mariano Borinsky adhirió al rechazo de los recursos y recordó que la Sala IV ya había convalidado anteriormente los parámetros para llevar adelante el trámite ejecutivo del decomiso. En aquellas actuaciones, se delegó en los representantes del Ministerio Público Fiscal la tarea de identificar los bienes a decomisar y proponer las medidas necesarias para dar cumplimiento a la pena pecuniaria impuesta. El magistrado Diego Barroetaveña coincidió en lo sustancial con los votos de sus colegas, lo que consolidó la unanimidad del pronunciamiento.

La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ordenó suspender toda acción de cobro y débitos automáticos que un banco estaba ejecutando sobre un jubilado sobreendeudado. El deudor, de 76 años, tenía comprometidos todos sus ingresos previsionales y cayó en un estado de vulnerabilidad extremo que lo obligó a depender de comedores y centros comunitarios para alimentarse.

Se trata de una medida cautelar que benefició a M.A.D., quien demandó al banco y fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de las Relaciones de Consumo N° 27, a cargo del juez Patricio Cánepa.

El jubilado percibe la mínima otorgada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Ante los tribunales, describió el severo escenario de vulnerabilidad social, económica y habitacional que atraviesa. Según relató en su presentación judicial, reside en una vivienda compartida para poder afrontar los gastos cotidianos de subsistencia y asiste de manera regular a centros de día comunitarios de la Capital Federal para cubrir sus necesidades básicas.

Esa situación de fragilidad económica, sumada a la imposibilidad de reinsertarse en el mercado laboral activo y al incremento constante del costo de vida, empujó al hombre a recurrir de manera sistemática al financiamiento bancario.

El jubilado demostró que se endeudó para comprar comida y medicamentos esenciales y pagar servicios básicos.

Entre los años 2020 y 2025, el banco -a través de la cual el jubilado cobraba originalmente sus haberes— le otorgó un total de 14 préstamos personales.

De acuerdo con el detalle de la demanda, siete de estas operaciones se realizaron mediante un sistema de refinanciación encadenada y precancelación. Bajo esta modalidad, el banco absorbía los saldos pendientes de los créditos anteriores e incorporaba el capital remanente en un nuevo préstamo, lo que a criterio del juez generó un incremento desmedido de la deuda por la acumulación de recargos e intereses compensatorios.

Posteriormente, el banco aplicó débitos automáticos sobre la cuenta sueldo del cliente. Esto absorbió de manera total o sustancial sus ingresos mensuales en distintas oportunidades, lo que colocó al adulto mayor en un estado de “desamparo absoluto”, según alegó en su demanda. Ante esta situación, el afectado decidió trasladar el cobro de su jubilación hacia otro banco.

El demandante aseveró que la entidad bancaria omitió proporcionar información clara, precisa y de fácil comprensión respecto a la composición de las tasas de interés y al funcionamiento de las refinanciaciones sucesivas.

Por tal motivo, calificó el accionar de la empresa como una práctica abusiva de financiación imprudente hacia un consumidor hipervulnerable. Tras concluir sin éxito la etapa de conciliación prejudicial obligatoria, el damnificado inició la acción judicial por daños y perjuicios, solicitando además la aplicación de una multa por daño punitivo y el dictado de una medida de protección urgente.

La resolución del tribunal

El juez Patricio Cánepa consideró acreditada la verosimilitud del derecho invocado por el reclamante a partir de las pruebas presentadas en el expediente. Entre estos elementos se destacaron recibos de haberes de la ANSES, los legajos de contratación de los créditos, un informe socioambiental elaborado por el Ministerio Público de la Defensa y el reporte de la Central de Deudores del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En su análisis preliminar, el magistrado advirtió una evidente “distorsión” entre la capacidad real de pago del usuario, el carácter alimentario que poseen las jubilaciones y la cantidad de préstamos otorgados por la entidad financiera.

Asimismo, el Juzgado remarcó que la ley otorga una tutela diferenciada y de especial rigurosidad a los consumidores hipervulnerables, categoría en la que encuadra el demandante debido a su avanzada edad, de acuerdo con los parámetros de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El fallo judicial también dio por probado el peligro en la demora, al entender que no dictar una medida cautelar causaría la frustración de los derechos del jubilado durante el tiempo que demande la tramitación del juicio principal.

La sentencia ordenó al banco demandado a cumplir con las siguientes disposiciones en un plazo improrrogable de tres días a partir de su notificación:

• Suspender de forma inmediata cualquier gestión de cobro judicial o extrajudicial, ya sea que la realice de manera directa o por medio de terceras empresas.
• Cesar de forma completa la aplicación de débitos automáticos y la capitalización de intereses vinculados a las deudas bajo litigio.
• Abstenerse de informar al cliente como deudor ante el Banco Central de la República Argentina y bases de datos privadas, o proceder a la rectificación provisoria de su calificación crediticia en caso de que ya hubiese sido reportado.

Estas medidas de protección se mantendrán vigentes de manera ininterrumpida hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo del reclamo por daños y perjuicios.

El Juzgado Federal de Campana sobreseyó a las personas físicas y jurídicas allegadas al tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, en una causa donde se investiga un presunto desvío de fondos de la entidad deportiva. Es el caso que se había iniciado en Santiago del Estero, por el cual el fiscal Pedro Simón había pedido la detención de Claudio “Chiqui” Tapia en abril de este año.

El sobreseimiento firmado este miércoles por el juez federal Adrián González Charvay, al que accedió Infobae, se sostuvo a partir de que la acusación sobre seis empresas y 13 familiares y allegados de Toviggino no cuenta con “una acción penal legalmente promovida” en su contra. En la lista de involucrados aparecen su hermano, sus hijos, parejas actuales y pasadas, entre otros.

El expediente se abrió originalmente en la provincia de Santiago del Estero, a raíz de una denuncia presentada en diciembre de 2025. Se reportaron presuntas irregularidades en el manejo de fondos de la AFA y sospechas sobre el patrimonio del tesorero.

Ante esto, la fiscalía federal de Santiago del Estero impulsó una investigación preliminar por supuestas maniobras de defraudación, lavado de activos y asociación ilícita.

El fiscal les imputó haber obtenido dinero espurio a través de una presunta defraudación sistemática y prolongada en perjuicio de la Asociación del Fútbol Argentino. Esto se realizaba, según su dictamen, mediante la emisión de facturas falsas por servicios inexistentes que las empresas del grupo cobraban de la AFA, con la supuesta venia de “Chiqui” Tapia.

Sin embargo, el Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero rechazó el requerimiento de instrucción, que incluía las indagatorias y las detenciones de Tapia y Toviggino. En esa misma resolución, el magistrado se declaró incompetente territorialmente para continuar con el trámite respecto a la presunta sustracción de fondos de la AFA.

La declaración de incompetencia se fundamentó en que la entidad rectora del fútbol argentino posee su domicilio legal en la localidad de Pilar, territorio bajo la jurisdicción del Juzgado Federal de Campana.

Aunque la desestimación del requerimiento fiscal fue apelada, el Fiscal General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán desistió del recurso. Por este motivo, el rechazo de la acción penal adquirió firmeza y dejó sin sustento la acusación.

El expediente en Campana

Tras la radicación del expediente en la provincia de Buenos Aires, los defensores de los implicados solicitaron formalmente los sobreseimientos. El abogado Álvaro Aitor Irazusta, representante de la familia Toviggino y de las firmas HT S.R.L., Barwa S.R.L., Bori S.R.L. y DCT S.R.L., argumentó que la fiscalía formuló hipótesis sumamente graves basándose únicamente en un informe periodístico emitido por televisión.

Irazusta expuso que la amplia investigación patrimonial, fiscal y bancaria realizada por el Ministerio Público Fiscal no arrojó ningún elemento que vinculara las operaciones de sus defendidos con activos de origen delictivo. Asimismo, calificó como desmedido y arbitrario el pedido de detención que el fiscal Simón había formulado en su requerimiento.

Por otra parte, los defensores de María Florencia Sartirana -actual pareja de Toviggino y empleada de la AFA- y de las firmas Vandap SAS y Wicca SAS requirieron también el sobreseimiento.

Los abogados Lucas Occhiuzzi y Agostina Orozco sostuvieron que las pruebas reunidas desmintieron las premisas de la acusación. Afirmaron que las pesquisas tributarias y societarias demostraron que ninguna de las dos empresas figuró como receptora directa de transferencias de la AFA por los supuestos “servicios inexistentes”, ni se detectaron facturas ficticias emitidas a la asociación. También señalaron que los movimientos financieros de Sartirana correspondieron a actos registrados y trazables, sin operaciones simuladas.

Al momento de resolver, el juez federal de Campana hizo pie en la desestimación del requerimiento de instrucción en Santiago del Estero, que adquirió firmeza en la Cámara Federal de Tucumán. “Ello así, no hay acción habilitada contra las personas físicas ni jurídicas señaladas, ni tampoco se han ordenado medidas cautelares respecto de las mismas”, resolvió el magistrado González Charvay.

Sobreseídos

El juez González Charvay sobreseyó a 13 personas y seis empresas, todas vinculadas al tesorero de la AFA.

• Darío Fabián Toviggino: Hermano de Pablo Toviggino.
• Máximo Augusto Toviggino: Hijo de Pablo Toviggino.
• María Valentina Toviggino: Hija de Pablo Toviggino.
• María Julia del Castillo Orellana: Expareja de Pablo Toviggino y madre de sus hijos.
• Julia Argentina Orellana: Madre de María Julia del Castillo Orellana (exsuegra de Pablo Toviggino).
• Manuel Hernán del Castillo Orellana: Hermano de María Julia del Castillo Orellana (excuñado de Pablo Toviggino).
• María Florencia Sartirana: Pareja actual de Pablo Toviggino.
• Rosalía Argañaraz: Pareja de Darío Fabián Toviggino (cuñada de Pablo Toviggino).
• Guillermo Luis Santillán: Persona de confianza y socio comercial. Constituyó la firma Norte Argentino S.R.L. junto con Pablo Toviggino y comparte la gerencia de HT S.R.L. con el hijo de este, Máximo.
• Gabriel Leonardo Gorosito: Persona de confianza y socio comercial. Adquirió cuotas de la firma Soma S.R.L. que le pertenecían a Pablo Toviggino y constituyó domicilio social de otra firma (Bori S.R.L.) en la calle Soler Nº38, que sería el domicilio real de Pablo Toviggino.
• Gladys Mirta Aranda: Persona de confianza que actuaba en el entramado societario como “socia constituyente” o “puente” para luego ceder sus cuotas a los Toviggino o a sus empresas controladas, según el fiscal.
• Gabriela Verónica Coronel Peña: Persona de confianza que también operaría como “socio constituyente” o “puente” para transferir luego sus participaciones societarias a los Toviggino o a la firma Soma S.R.L.
• Rosa Elizabeth del Valle Cianferoni: Persona de confianza que actuaba como ejecutora de actos de las empresas, alternando gerencias con Darío Toviggino en firmas del grupo como Barwa S.R.L.* y Bori S.R.L.

El empresario y piloto aeronáutico Leonardo Luis Barone, quien estuvo a cargo de la flota aérea presidencial durante la presidencia de Alberto Fernández, apeló la condena de tres años de prisión en suspenso que recibió en agosto de este año. Sus abogados defensores buscan que la Cámara Federal de Casación Penal anule la sentencia y declare la extinción de la acción penal por prescripción.

La máxima instancia penal del país revisará la legalidad de la condena dictada por el Tribunal Oral Federal N° 2 y del rechazo al planteo de prescripción, resuelto este miércoles por el juez Néstor Costabel.

Leonardo Barone fue el piloto que, en mayo de 2023, trajo a la Argentina el nuevo Tango 01 que se incorporó a la flota nacional. Aquel arribo quedó marcado por una peligrosa maniobra a metros de la pista del Aeroparque Jorge Newbery: un vuelo rasante con el avión de costado. Tuvo que renunciar por el escándalo y los cuestionamientos de especialistas aeronáuticos.

La causa judicial contra el expiloto presidencial se inició a partir de una denuncia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) por irregularidades en la Licitación Pública 4/2013. Dicha contratación estatal tenía como propósito la adquisición de diez aeronaves de instrucción básica para pilotos, que eran fabricadas por la firma Proyecto Petrel S.A. La empresa adjudicataria del contrato fue Global Jet Aviation S.A., de la que Barone era apoderado.

De acuerdo con la investigación judicial, Leonardo Luis Barone presentó ante la ANAC cuatro pólizas de seguro de caución falsas que simulaban pertenecer a la firma Zurich Argentina Compañía de Seguros. Estos documentos se entregaron en distintas etapas del proceso entre febrero de 2014 y agosto de 2015 para garantizar el cumplimiento del contrato, respaldar un anticipo financiero del 30 % y cubrir deficiencias técnicas detectadas en las cuatro aeronaves que llegaron a entregarse de forma provisoria. El valor nominal conjunto de estas cauciones ascendió a $5.580.442,14.

La maniobra quedó al descubierto a fines de 2017, cuando las autoridades de la ANAC intentaron verificar las cauciones ante reiterados incumplimientos en la entrega de los seis aviones restantes.

Cuando las autoridades consultaron a la aseguradora, los directivos de Zurich confirmaron que las pólizas no figuraban en sus registros, que los números no coincidían con su sistema y que Global Jet Aviation no era cliente de la aseguradora. Asimismo, la empleada a quien se le atribuían las firmas de los documentos desconoció las rúbricas, lo cual ratificó posteriormente una pericia caligráfica oficial.

La condena

El pasado 10 de agosto, el juez Néstor Costabel condenó a Barone a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional. El magistrado lo consideró autor de los delitos de uso de documento privado falso en concurso ideal con defraudación en perjuicio de la administración pública.

Durante el debate, el imputado se negó a declarar, aunque en sus últimas palabras y en indagatorias previas durante la instrucción sostuvo que desconocía la falsedad de las pólizas. Barone le echó la culpa a un fallecido. El piloto atribuyó la gestión de las garantías a Raúl Eduardo Larumbe, director de la firma, quien murió en febrero de 2015. La justicia rechazó este descargo debido a que una de las pólizas apócrifas se presentó seis meses después del deceso de Larumbe.

La defensa del piloto argumentó en su apelación que no existió un perjuicio patrimonial real y efectivo para el Estado, ya que las cauciones representaban un daño meramente potencial y no se tradujeron en un desembolso de dinero público. También señaló que Barone no tenía la obligación legal de verificar la autenticidad de los instrumentos y que la ANAC rescindió el contrato recién en 2023, y que las pólizas cuestionadas habían sido reemplazadas por otras de la firma Galeno en diciembre de 2021.

Ahora, el eje central de la estrategia de la defensa es lograr que se declare la prescripción de la acción penal. Los letrados explicaron que el delito de uso de documento privado falso prevé una pena máxima de dos años, por lo que el plazo para perseguir el hecho venció en agosto de 2017, si se toma como punto de partida la presentación de la última póliza trucha, el 3 de agosto de 2015.

Respecto a la defraudación agravada, que contempla un tope de seis años de prisión, la defensa alegó que las presentaciones de pólizas de 2014 y de abril de 2015 prescribieron en 2020 y 2021, respectivamente.

Según el razonamiento de los abogados de Barone, el llamado a indagatoria del 16 de julio de 2021 ocurrió cuando los plazos de las primeras maniobras ya habían expirado.

El TOF N° 2 rechazó este miércoles el planteo de prescripción. El juez Costabel determinó que la presentación de las cuatro pólizas apócrifas formó parte de una única maniobra delictiva. Al tratarse de delitos en concurso ideal, el magistrado aplicó el plazo de prescripción de seis años correspondiente al delito mayor (defraudación agravada) para la totalidad del hecho.

Bajo este criterio, el llamado a indagatoria interrumpió válidamente el plazo cuando habían transcurrido cinco años, once meses y trece días desde el último suceso, evitando así la extinción de la causa por una diferencia de apenas dos semanas. Ahora, la Cámara Federal de Casación Penal tendrá la responsabilidad de definir si confirma la condena del expiloto o si hace lugar a los reclamos de la defensa.

El juez federal Martín Cormick hizo lugar a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires contra el Estado nacional y declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 que suspendió la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario. En consecuencia, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó al Poder Ejecutivo poner en marcha de inmediato la normativa.

La resolución cuestionó la frase “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley 24.629” de Administración Financiera, incluida en el decreto con el que el Gobierno promulgó la ley 27.795. Ese punto había condicionado la aplicación de la norma a que el Congreso definiera las fuentes de recursos con las que se financiaría e incorporara las partidas correspondientes al presupuesto nacional.

El magistrado sostuvo que el decreto funcionó, en los hechos, como una herramienta para detener la vigencia efectiva de una ley que el Congreso había ratificado tras rechazar un veto presidencial. El fallo dispuso que el Ejecutivo deberá dictar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la norma.

La decisión judicial unificó dos expedientes que tramitaban por separado. Por un lado, la acción de amparo colectiva iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a docentes y diversas instituciones académicas del país. Por el otro, la demanda promovida de forma individual por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que describió un escenario de asfixia financiera en sus facultades, colegios preuniversitarios y centros de salud.

El conflicto comenzó a gestarse a mediados de 2025. En el mes de agosto de ese año, el Congreso de la Nación sancionó el proyecto de ley 27.795, cuyo propósito central consistía en asegurar la protección y el sostenimiento del financiamiento de la educación superior en todo el territorio argentino.

El Poder Ejecutivo vetó la ley mediante el Decreto 647/2025. Sin embargo, ambas cámaras del Poder Legislativo rechazaron el revés presidencial y ratificaron el texto original con las mayorías agravadas de dos tercios que exige la Constitución Nacional.

Ante este escenario de insistencia parlamentaria, el presidente Javier Milei se vio obligado a promulgar la ley. No obstante, al redactar el Decreto de promulgación 759/2025, el Ejecutivo incorporó una salvedad: determinó que la norma se promulgaba formalmente, pero que su ejecución material quedaba suspendida “sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629”.

Dicho artículo de la Ley de Administración Financiera establece que toda norma que autorice gastos debe prever de manera expresa su fuente de financiamiento, bajo apercibimiento de suspender su aplicación hasta que el Congreso incorpore las partidas en el presupuesto general.

Los argumentos de las universidades y del Gobierno

Durante el transcurso del proceso judicial, las universidades denunciaron que la estrategia oficial representó un “fraude constitucional” y un “re-veto” encubierto que vulneró la división de poderes.

La UBA expuso que la falta de actualización presupuestaria durante los ejercicios 2024 y 2025 —períodos en los cuales el Gobierno prorrogó el presupuesto del año 2023— provocó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, además de comprometer seriamente el funcionamiento de sus hospitales universitarios.

Por su parte, los representantes legales del Ministerio de Capital Humano y de la Secretaría de Educación defendieron la legalidad del decreto presidencial. Argumentaron que el Poder Ejecutivo no suspendió la ley por voluntad propia, sino que aplicó de forma automática las limitaciones que el propio Congreso fijó en leyes de presupuesto anteriores.

Asimismo, la representación estatal sostuvo que la implementación de la Ley de Financiamiento Universitario demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos, lo que equivalía a más del 90% de los créditos disponibles del Estado, poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera y el equilibrio fiscal de la administración pública.

Los fundamentos del juez

Al analizar la controversia, el juez Martín Cormick desestimó los planteos del Estado Nacional. En su fallo, al que accedió Infobae, el magistrado recordó que el control judicial sobre decisiones con impacto presupuestario es una atribución legítima de los tribunales cuando se encuentra en juego la vulneración de derechos fundamentales.

La resolución judicial determinó que la suspensión de la ley mediante un decreto de promulgación constituyó un mecanismo extraconstitucional que funcionó, en la práctica, como una instancia de veto no contemplada en la Constitución.

Cormick subrayó que, una vez que el Congreso insiste con los dos tercios de los votos tras un veto presidencial, no existe otro camino para el presidente que la promulgación irrestricta de la ley.

El magistrado también evaluó que la Ley de Financiamiento Universitario sí contemplaba pautas de financiamiento en su artículo 9°, al facultar al Jefe de Gabinete a reasignar partidas presupuestarias y al prever que los gastos se costearan con los incrementos de la recaudación corriente por encima de lo estimado.

En este sentido, el juez consideró irrazonable que el Ejecutivo pretendiera otorgar mayor jerarquía a limitaciones de leyes generales del pasado por sobre una ley especial y posterior dictada por el Congreso. “El Poder Legislativo no se halla vinculado indefectiblemente hacia el futuro por sus propias autorrestricciones”, señaló la sentencia.

Finalmente, el fallo remarcó la contradicción del argumento estatal en un contexto donde el propio presupuesto nacional fue modificado por el Poder Ejecutivo mediante decretos y decisiones administrativas en seis oportunidades distintas a lo largo del año 2025.

Otro elemento clave que incorporó la sentencia fue la homologación de una serie de acuerdos paritarios firmados el 10 de junio pasado entre la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y los gremios docentes y no docentes.

Las partes consensuaron una actualización salarial del 24,33% distribuida en dos tramos (un 21,33% en junio y un 3% en octubre). Este incremento contempló la recomposición por la inflación acumulada y un porcentaje a cuenta de la pérdida del poder adquisitivo sufrida en 2024.

Asimismo, el acta estableció una recomposición del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades a partir de junio de 2026, una partida especial de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios y un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano.

A pesar de estos avances paritarios sectoriales, el juzgado federal consideró necesario dictar una sentencia definitiva sobre la cuestión de fondo para remover el obstáculo legal que representaba el decreto presidencial.

Con esta resolución, la justicia federal ratificó la plena vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo Nacional dictar todas las normas reglamentarias y de ejecución que resulten necesarias para asegurar el flujo de fondos hacia las universidades públicas de todo el país.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados inauguró este martes el juicio político contra Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. El juez, que está suspendido de su cargo, fue procesado con prisión preventiva en una causa por coimas y corrupción judicial. Si lo destituyen, quedará en condiciones de ser detenido.

Salmain llegó puntual al tercer piso del edificio del Consejo de la Magistratura, escoltado por sus abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira. La audiencia comenzó minutos después de las 9.

Los consejeros acusadores son el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre.

Pedirán la remoción de Salmain por mal desempeño en sus funciones. Al magistrado se lo acusa de haber pactado el cobro de un soborno de 200.000 dólares a cambio de manipular un expediente judicial. Es la célebre causa “Attila”, uno de los múltiples casos en su contra que tramitan en los tribunales federales de Rosario.

El objetivo de esta maniobra era favorecer a un fideicomiso para facilitar la compra de 10 millones de dólares a valor oficial cuando había cepo y permitir la salida de los fondos hacia cuentas en el exterior, un hecho que habría ocurrido entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

Por este caso, Salmain está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El consejero Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, adelantó que la acusación demostrará una “secuencia de actos funcionales que, apreciados armoniosamente, mostrarán que actuó en connivencia con terceros ajenos a la magistratura, con el propósito de favorecer ilegítimamente los intereses de la parte actora ante la promesa de percibir un retorno económico”.

Además, a Salmain se le imputa haber ocultado un grave antecedente cuando se postuló para ser juez (fue designado en abril de 2023). Omitió informar en su currículum que en el año 2002 había sido echado del Poder Judicial, donde trabajaba como empleado en el fuero de la Seguridad Social.

El motivo de aquel despido de hace dos décadas fue, precisamente, haber ofrecido una coima para intentar manipular un sorteo de causas. Al ser cuestionado por esto, el magistrado se excusó diciendo que no lo mencionó porque “no le preguntaron” y porque era un hecho viejo y no tenía obligación de informarlo.

El CV de Salmain tenía “carácter de declaración jurada”, apuntó Barroetaveña, y agregó que la cesantía que lo apartó de los tribunales “no constituyó un antecedente aislado” en su historial.

“Acá no se lo acusa por lo que pasó allá lejos y hace tiempo. De lo que se lo acusa es de haber callado ante quienes debíamos evaluar su idoneidad. ¿Hubieran puesto en terna a una persona que haya sido declarada cesante, más allá de que tal vez no tenía la obligación de informar? De conocerse ese antecedente, ¿se hubiera ternado a un postulante con estas características? ¿El Senado le hubiera dado acuerdo? Parece que no”, completó la consejera De La Torre.

“Esto es una obvia persecusión”

El magistrado declaró este martes ante el Jurado para brindar su versión sobre la causa Attila y el presunto ocultamiento de sus antecedentes. Definió los procesos penales y políticos como “una obvia persecución contra mi persona”.

Barroetaveña le repreguntó si tenía al menos alguna sospecha de quién lo estaba persiguiendo y por qué. Salmain dijo que no.

También le consultó si se acordaba por qué lo habían cesanteado en 2002: “¿Fue por robar un sachet de leche?”, insistió Barroetaveña. “No recuerdo”, respondió el juez.

Entre otras cuestiones, Salmain le achacó al Consejo de la Magistratura que no le permitieron producir prueba de descargo durante la investigación. También subrayó que él llegó al jury en apenas seis meses, cuando el resto de los casos del último tiempo demoraron entre uno y cuatro años.

Sobre la causa Attila, refirió que la resolución que habilitó al fideicomiso del hoy imputado arrepentido Fernando Whpei fue casi “una copia” de un expediente anterior, conocido como “Comunicación III”. Justificó que esto es algo habitual, a partir del cúmulo de casos que tiene su Juzgado.

El magistrado suspendido también afirmó que no fue él quien manejó directamente la causa: “Vamos a probar, a través de la declaración de la secretaria del Juzgado, que no intervine en ninguno de los pasos del expediente”, indicó.

Por otro lado, negó que Whpei lo haya visitado dos veces en su despacho antes de dictar la cautelar que benefició al fideicomiso Attila, tal como declaró el financista. Y acusó a los fiscales de Rosario de ocultar el registro de ingresos de los tribunales, en donde no aparecería el nombre del empresario.

En cuanto a la controversia sobre su currículum, Gastón Salmain acotó que “no se me pasó por la cabeza, era algo que no me sumaba puntos”.

“Aun así, el sistema no permite consignarlo. Renuncié el 1 de febrero de 2002. La Corte dicta una cesantía cuatro meses más tarde sin potestad, se extralimitó en sus facultades porque el vínculo estaba extinguido. Y el reglamento habla de consignar sanciones en los últimos diez años, con lo cual tampoco correspondía”, se defendió el juez.

Polémica por un testigo

Este lunes, tal como reveló Infobae, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación anuló la citación del financista arrepentido Fernando Elías Whpei para declarar en el juicio.

La defensa de Salmain planteó la nulidad de esa decisión en la apertura del juicio. Subsidiariamente, solicitaron que se excluya del debate toda la prueba que tenga que ver con el empresario. Luego de un cuarto intermedio, ambas solicitudes fueron rechazadas.

La semana pasada, el Jurado había aceptado un pedido de la defensa del juez Salmain para interrogar a Whpei como testigo.

El financista incriminó al juez en su declaración en la causa penal, y en cambio Salmain sostiene no saber quién es. “No lo conoce, no lo vio en su vida a Whpei”, afirmó el defensor Ubeira.

Para viabilizar este testimonio, el tribunal había diseñado un formato inédito: Whpei comparecería sin la obligación de decir la verdad, asistido de forma permanente por su abogado defensor y con la potestad de elegir qué preguntas contestar para no perjudicar su situación procesal en la justicia penal.

Esta modalidad excepcional provocó el inmediato rechazo de los consejeros acusadores, quienes presentaron un recurso de reposición para revocar la medida.

En su presentación, argumentaron que el Jurado carecía de facultades legales para eximir a un testigo del juramento de verdad y advirtieron que la creación de esta categoría intermedia de declarante representaba una indebida arrogación de competencias.

Los acusadores señalaron además que la intervención de Whpei bajo esas condiciones carecía de utilidad, ya que sus eventuales aportes se pueden revisar en la grabación de su declaración como imputado colaborador en el fuero penal. Ese material ya fue incorporado como prueba al debate.

En paralelo, Whpei presentó un escrito en el cual adelantó que podría no responder preguntas.

Ante la presentación del financista y el recurso de los acusadores, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Marcelo Bartumeu Romero, se apoyó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que entre otros puntos garantiza el derecho a no declarar contra sí mismo.

El tribunal entendió que no correspondía obligar al empresario a comparecer para pronunciarse sobre los mismos sucesos por los que se encuentra investigado en sede penal. Bajo esa premisa, concluyó que insistir con la citación carecía de sentido práctico y resolvió anular la convocatoria, lo que tornó abstracto el tratamiento del recurso de reposición de la acusación.

La decisión contó con el voto coincidente de los restantes integrantes del jurado: el juez Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Este martes está previsto que declaren tres testigos; y el miércoles harán lo propio otros seis.

El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 de la Ciudad de Buenos Aires desestimó una solicitud que buscaba suspender de forma inmediata la derogación de la Ley de Tierras Rurales, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que volvió a poner en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023. La presentación judicial la habían realizado los diputados Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.

Dicha normativa, dictada por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023, eliminó la Ley 26.737, la cual limitaba la adquisición de tierras por parte de personas o empresas extranjeras.

El magistrado que desestimó la medida interina pretendida por los legisladores es Enrique Alonso Regueira. En su decisión, el juez determinó que los demandantes no probaron la existencia de “circunstancias graves y objetivamente impostergables” que justificaran otorgar una cautelar interina antes de escuchar la postura del Estado Nacional.

De este modo, la vigencia de la desregulación territorial se mantiene plenamente operativa en todo el país. En adelante, el Juzgado le dio cinco días al Gobierno para que presente un informe -mediante la Procuración del Tesoro- para luego pronunciarse definitivamente sobre la procedencia de la medida cautelar.

La presentación de Pichetto y Massot ocurrió luego de que la Corte Suprema de Justicia revocara, el pasado 29 de septiembre, un fallo de la Cámara Federal de La Plata. Aquella sentencia previa había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras en una causa iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Sin embargo, el máximo tribunal del país rechazó esa demanda por entender que la agrupación carecía de legitimación activa para litigar, sin emitir opinión sobre la validez constitucional del decreto presidencial.

Ante ese escenario, los diputados argumentaron que la caída de la Ley 26.737 habilitó de inmediato la compra de campos, estancias y terrenos con fuentes de agua permanentes por parte de extranjeros, sin ningún tipo de tope geográfico, porcentual o de nacionalidad. En su escrito, señalaron que cada día que transcurre sin regulación permite consolidar operaciones inmobiliarias irreversibles que luego se invocarán como derechos adquiridos, incluso si el Congreso de la Nación decide rechazar el DNU en el futuro.

Los peticionantes estructuraron su reclamo bajo la figura de una medida cautelar autónoma, previa a la interposición de una demanda principal. Expusieron que la tierra rural y los recursos hídricos constituyen un bien colectivo escaso y no renovable que pertenece a toda la sociedad argentina. Por tal motivo, afirmaron que la decisión de modificar el régimen de dominio nacional debe ser debatida y resuelta por el Poder Legislativo, y no mediante una disposición unilateral del Poder Ejecutivo.

Como alternativa a la suspensión total del artículo 154, Pichetto y Massot propusieron medidas conservatorias subsidiarias. Entre ellas, solicitaron que se ordene al Ministerio de Justicia preservar la base de datos del Registro Nacional de Tierras Rurales, que se informe mensualmente al juzgado sobre las operaciones inmobiliarias con extranjeros y que se publique un aviso en el Boletín Oficial para advertir a los eventuales compradores sobre el litigio en curso.

El juez Alonso Regueira rechazó la medida interina de urgencia extrema, pero dio curso al proceso judicial correspondiente. Previo a resolver sobre la medida cautelar de fondo, el magistrado corrió traslado al Poder Ejecutivo Nacional para que elabore un informe detallado en el que explique el interés público comprometido en la causa, otorgándole para ello un plazo de cinco días hábiles. Miguel Ángel Pichetto pidió reducir a dos días ese período.

“Mientras la Justicia demora, se pueden concretar esas ventas, con grave riesgo para el patrimonio nacional. Esta decisión permite que esa situación continúe. Incluso una negativa rápida permitiría acudir a las instancias superiores. Estamos frente a una situación de gravedad institucional, el rechazo de la cautelar preventiva es un indicio de la suerte que puede correr nuestra presentación”, posteó en la red social X el líder de Encuentro Republicano Federal.

Antes de dictar esta resolución, el tribunal requirió la opinión de la Fiscalía en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 8, a cargo de Fabián Omar Canda. El dictamen fiscal, emitido este mismo lunes, aconsejó habilitar la instancia judicial y ratificó la competencia del fuero contencioso administrativo federal para entender en el caso.

La resolución judicial se conoció en un contexto de fuerte debate político. Diputados de diversas bancadas solicitaron formalmente una sesión especial en la Cámara Baja para el 15 de octubre, con el objetivo de derogar todo el DNU 70/2023 y revertir así la derogación de la Ley de Tierras, entre otras desregulaciones.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación dejó sin efecto la citación del financista arrepentido Fernando Elías Whpei para declarar en el juicio político contra el suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain. La resolución desactivó una fuerte controversia que amenazaba con entorpecer el debate, que comenzará este martes.

La decisión del tribunal ocurrió luego de que el empresario presentara un escrito en el cual adelantó que podría no responder preguntas. El escenario es absolutamente atípico: si bien en el jury declararía como testigo, se estipuló que Whpei cuente con asistencia de su abogado y resguarde su derecho a no responder preguntas, lo que está previsto solamente para los imputados.

El empresario invocó su derecho constitucional a evitar la autoincriminación, debido a la acusación que enfrenta en la causa Attila, en la que está procesado junto a Salmain. A cambio de una coima, el juez federal de Rosario le habría “vendido” resoluciones favorables al financista para destrabarle la compra de 10 millones de dólares a precio oficial cuando había cepo y brecha cambiaria.

Whpei se convirtió en arrepentido, colaboró con la investigación de los fiscales rosarinos e incriminó a Salmain.

El conflicto en torno a la testimonial comenzó cuando el Jurado de Enjuiciamiento aceptó un pedido de la defensa del juez —a cargo de los abogados Yamil Castro Bianchi y José Manuel Ubeira— para interrogar a Whpei en el juicio.

Para viabilizar este testimonio, el tribunal diseñó un formato inédito: el financista comparecería sin la obligación de decir la verdad, asistido de forma permanente por su abogado defensor y con la potestad de elegir qué preguntas contestar para no perjudicar su situación procesal en la justicia penal.

Esta modalidad excepcional provocó el inmediato rechazo de los consejeros acusadores, el senador Luis Juez, el juez Diego Barroetaveña y la abogada Jimena De la Torre.

Los representantes del Consejo de la Magistratura interpusieron un recurso de reposición para revocar la medida. En su presentación, argumentaron que el Jurado carecía de facultades legales para eximir a un testigo del juramento de verdad y advirtieron que la creación de esta categoría intermedia de declarante representaba una indebida arrogación de competencias.

Los acusadores señalaron además que la intervención de Whpei bajo esas condiciones carecía de utilidad, ya que sus eventuales aportes se pueden revisar en la grabación de su declaración como imputado colaborador en el fuero penal. Ese material ya fue incorporado como prueba al debate.

Asimismo, los consejeros alertaron sobre el riesgo de que una nueva exposición interfiriera negativamente en las investigaciones judiciales en curso.

Ante la presentación del financista y el recurso de los acusadores, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Marcelo Bartumeu Romero, se apoyó en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que entre otros puntos garantiza el derecho a no declarar contra sí mismo.

El tribunal entendió que no correspondía obligar al empresario a comparecer para pronunciarse sobre los mismos sucesos por los que se encuentra investigado en sede penal. Bajo esa premisa, concluyó que insistir con la citación carecía de sentido práctico y resolvió anular la convocatoria, lo que tornó abstracto el tratamiento del recurso de reposición de la acusación.

La decisión contó con el voto coincidente de los restantes integrantes del jurado: el juez Néstor Barral, las senadoras María Belén Monte de Oca y María Florencia López, los diputados Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli, y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Coimas y ocultamiento

Gastón Salmain, quien se desempeñaba al frente del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, afronta este juicio político bajo cargos de mal desempeño en sus funciones. En el ámbito penal, el magistrado fue procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La investigación judicial le atribuye haber pactado el cobro de una dádiva de 200.000 dólares a cambio de destrabar de manera irregular un expediente para beneficiar a un fideicomiso con la transferencia de 10 millones de dólares hacia cuentas en el exterior, maniobra ocurrida entre septiembre de 2023 y abril de 2024.

Por este caso, la justicia le dictó prisión preventiva, medida que no se efectivizó debido a sus fueros de inmunidad de arresto, pero que fue confirmada por la Cámara Federal de Rosario y la Cámara Federal de Casación Penal. Si lo destituyen, Salmain será detenido.

De forma paralela, el Consejo de la Magistratura lo acusó de falsear su currículum durante el concurso de designación. El juez suspendido omitió declarar que en el 2002 lo echaron del Poder Judicial de la Nación, donde ejercía como empleado de la Seguridad Social, tras haber ofrecido dinero para alterar un sorteo de causas.

En su descargo, Salmain argumentó que no mencionó dicho antecedente porque no se lo preguntaron y porque había pasado hace más de 20 años.

Con la anulación de la controvertida audiencia testimonial de Whpei, el Jurado de Enjuiciamiento despejó el camino para el inicio del debate oral, donde se determinará la responsabilidad política del magistrado y su eventual destitución.

En la primera jornada declararán tres testigos. El miércoles, en tanto, está previsto escuchar la declaración de otras seis personas.

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó la exención de prisión de Sean Lawrence Sullivan, un desarrollador inmobiliario estadounidense imputado en una causa que se desprende del caso Cuadernos por supuestas maniobras de lavado de activos, que permitieron el enriquecimiento del fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz. Además, la Justicia elevó la caución contra el empresario a $985 millones.

Sullivan reapareció luego de permanecer prófugo por más de siete años, desde que se libró la orden de detención el 11 de febrero de 2019. Este año cambió de abogados y se puso a derecho ante los tribunales federales de Comodoro Py. Lo indagaron el mes pasado, por videoconferencia. Dio su versión de los hechos y, a través de su abogado Juan Ignacio Pascual, ofreció medidas de prueba.

Los investigadores sospechan que colaboró con Muñoz para llevar adelante una inversión hotelera de USD 30 millones en las paradisíacas islas Turks and Caicos, con fondos que provenían de la corrupción en la obra pública. El archipiélago está ubicado cerca del Caribe, a unos 600 kilómetros de la costa de Cuba.

El tribunal consideró que se redujeron los riesgos procesales tras presentarse a declarar en indagatoria y fijar residencia en Park City, Utah, con el compromiso de someterse al proceso y presentarse cada 45 días ante el Consulado argentino en Miami.

Además, modificó parcialmente una resolución del Juzgado Federal N° 11 -hoy subrogado por Ariel Lijo- que le había concedido el beneficio bajo una caución real de $100 millones. Según indicó el fallo, la suma creció casi un 900% para reforzar la sujeción del imputado al expediente, dado que los actos procesales que cumplió se realizaron fuera de la Argentina.

Los jueces Pablo Daniel Bertuzzi y Pablo Yadarola entendieron que cambió el escenario tras la comparecencia virtual de Sullivan.

En cuanto a la situación internacional del empresario, las autoridades del Departamento de Estado de Estados Unidos comunicaron que no avanzarían con su detención provisional porque no está acusado de un delito extraditable.

El fiscal Carlos Stornelli había apelado la medida al sostener que persistían los peligros de fuga y de entorpecimiento. A su vez, cuestionó que la voluntad de declarar en indagatoria de Sullivan pudiera tomarse como un motivo suficiente para cambiar el criterio de rechazar sus antiguos planteos de exención de prisión, que los tribunales habían mantenido durante años.

Cabe recordar que la mayor parte de la investigación por presunto lavado de dinero ligado a Daniel Muñoz fue elevada a juicio oral. El Tribunal Oral Federal 7 fijó el inicio del debate para el 9 de abril de 2027 contra Carolina Pochetti y otros 32 acusados.

El único actor de la trama que no había podido ser desvinculado del caso o elevado a juicio era precisamente Sean Lawrence Sullivan, a partir de su condición de prófugo.

El caso

La investigación que conducen el fiscal Stornelli y el juez Lijo apunta a esclarecer a dónde fue a parar el dinero de las coimas que se quedaba el exsecretario de Néstor Kirchner. Según se desprende de la causa Cuadernos, Muñoz era el principal receptor de los bolsos repletos de efectivo que entregaban distintos empresarios.

La Justicia argentina dispuso el decomiso definitivo en forma anticipada de cuatro parcelas en las que Sullivan iba a desarrollar un complejo hotelero en la isla Providenciales del archipiélago, con fondos que Muñoz canalizó primero a través de la compra de distintas propiedades en Miami y Nueva York.

Los investigadores sospechan que esos terrenos en las islas paradisíacas son de Daniel Muñoz -por eso los decomisaron-, pero el empresario norteamericano lo negó en su reciente declaración ante el juez Lijo. Aseguró que son suyos y que los compró mucho antes de emprender el negocio con el exsecretario presidencial y su esposa, Carolina Pochetti. También sostuvo que el proyecto hotelero nunca se inició y jamás se levantó un ladrillo en las tierras en cuestión, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

La inversión de Muñoz y Pochetti llegó a oídos de Sullivan a través del abogado canadiense Peter Michael Karam. El empresario argumentó que no conocía el origen del dinero negro y que, hasta donde sabía, la propuesta no conllevaba ninguna irregularidad.

Además, el desarrollador respaldó su versión de los hechos mostrando que todos los pasos de la inversión quedaron documentados en entidades bancarias y con la firma de escribanos.

Pochetti, viuda del exsecretario de Néstor Kirchner, declaró como arrepentida en 2019 ante los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo. Allí reconoció que el destino final del dinero de las coimas era el emprendimiento en las islas.

La inversión fue hecha a través de dos sociedades llamadas Marble Hill y Wood Haven, que están a nombre de un ciudadano mexicano.

Luego de pasar un año y cuatro meses tras las rejas, el Tribunal Oral Federal N° 4 le otorgó la prisión domiciliaria a Fabián Rossi, exfinancista y apoderado de “La Rosadita”, condenado en la causa “Ruta del Dinero K”. La Justicia ordenó que continúe purgando el resto de la pena fuera de la cárcel a partir de sus problemas de salud.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el empresario fue trasladado a una casa en Rincón de Milberg, en las islas del Delta de Tigre. Le colocaron una tobillera electrónica para monitorearlo. Su egreso del penal de Marcos Paz ocurrió hace algunos días, pero no había trascendido hasta ahora.

El 16 de septiembre, la Cámara Federal de Casación Penal le había sugerido al juez Néstor Costabel, a cargo de la ejecución de la pena, que revise la situación de Rossi. El TOF N° 4 lo sentenció a cuatro años y seis meses de prisión por lavado de activos agravado, condena que quedó firme a mediados de 2025 tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia.

El juez Costabel venía negando el arresto domiciliario, pero el tribunal superior anuló su última resolución en ese sentido y le encomendó dictar un nuevo fallo, evaluando de manera integral el estado de salud del exfinancista. Finalmente, quien firmó la domiciliaria fue Valeria Alejandra Rico, quien juró y asumió el cargo hace un mes.

La defensa de Rossi fundamentó su reclamo en un “severo” deterioro físico y psicológico del empresario, quien actualmente tiene 62 años de edad. Detallaron que padece múltiples enfermedades crónicas, entre las que se destacan diabetes tipo II, hipertensión arterial, antecedentes de cáncer de piel con intervenciones quirúrgicas, esofagitis erosiva, úlceras gástricas, diverticulosis sigmoidea y trastornos de ansiedad y depresión.

Fabián Rossi perdió 20 kilos de peso desde su ingreso al Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz en junio de 2025. La defensa argumentó que este adelgazamiento no representó una evolución favorable, sino que derivó de la imposibilidad del detenido de ingerir la comida provista por el penal, la cual resulta incompatible con la dieta estricta que requiere su patología gastroenterológica.

Asimismo, se denunció la falta de especialistas médicos dentro de la cárcel para tratar un cuadro de sangrado intestinal detectado en abril de 2026.

En el aspecto traumatológico, los abogados de Rossi expusieron que sufre de una atrofia muscular severa en su pierna izquierda tras una antigua operación del tendón de Aquiles. Afirmaron que el entorno carcelario impide realizar la rehabilitación kinesiológica necesaria por la falta de espacio físico, la superpoblación del pabellón y la carencia de equipamiento básico. Como consecuencia de esta inestabilidad física, Rossi sufrió una caída el 9 de febrero último, por la que se produjo una herida cortante en la cabeza.

Finalmente, la defensa sumó una complicación oftalmológica por un quiste con conjuntivitis en el ojo izquierdo que demandaría una intervención quirúrgica de extracción. Según los abogados, los traslados hacia centros médicos externos bajo medidas de seguridad carcelaria le generan picos de alta presión y ponen en riesgo su integridad física.

Al realizar un análisis integral del caso, que incluyó dictámenes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, la jueza Rico entendió que “fuera de toda duda” una “evaluación conglobada de la situación de salud de Rossi demuestra un claro desmejoramiento desde su ingreso a la unidad carcelaria, como así también, una falta de abordaje multidisciplinaria por parte del Servicio Penitenciario Federal”.

Así, la domiciliaria es “una respuesta efectiva que impida la continuación del deterioro del cuadro de salud del condenado”, resolvió la flamante magistrada del TOF N° 4.

En la “Ruta del Dinero K” se demostró la intervención de Fabián Rossi en la estructura financiera utilizada para canalizar fondos vinculados con el empresario Lázaro Báez y lavar más de 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.

Como administrador de SGI, Rossi fue uno de los condenados por las maniobras de lavado investigadas en una causa que también alcanzó, entre otros, a Martín Báez, Jorge Chueco, Rodolfo Pérez Gadín y Leonardo Fariña.

Desde “La Rosadita” se realizaron transferencias al exterior del dinero que obtuvo el Grupo Austral, a través de la obra pública, para luego blanquearlo adquiriendo bonos.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el último intento del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, por anular la causa que le inició Fabiola Yañez por violencia de género. Con el argumento de que había instruido el expediente el juez Julián Ercolini, que fue apartado por la Sala II del máximo tribunal penal, la defensa pretendía que la investigación volviera a empezar de cero. La discusión en torno a este punto demoró un año entero la elevación del caso a juicio.

Ahora la causa está en manos del juez Daniel Rafecas, quien a fines de agosto ordenó -a pedido de la Cámara Federal porteña- una serie de medidas de prueba que venía reclamando el exmandatario. Con sus respectivos resultados, el tribunal superior le indicó al titular del Juzgado Federal N° 3 que “reevalúe la situación del imputado”. Esto es: si merece seguir procesado y enfrentar el debate oral y público, o bien le cabe la falta de mérito o el sobreseimiento.

El fiscal federal Ramiro González, quien encabezó la investigación, dio por concluidas las averiguaciones y pidió sentar a Alberto Fernández en el banquillo de los acusados en agosto del año pasado.

Por lo pronto, el fallo de Casación, dictado por mayoría con los votos de los magistrados Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, y la disidencia de Alejandro Slokar, cerró el camino para que el expresidente logre la anulación del proceso.

Los jueces consideraron que la presentación de la defensa, liderada por la abogada Silvina Carreira, se limitó a expresar meras discrepancias con las decisiones anteriores y no logró fundamentar una cuestión federal que habilitara la intervención de esa instancia intermedia.

Alberto Fernández logró abrir la discusión cuando la misma Sala II de la Casación le concedió el apartamiento del juez Ercolini, al entender que entre ellos existía una relación de enemistad manifiesta que afectaba su imparcialidad.

A partir de ese desplazamiento, la defensa del expresidente articuló un planteo de nulidad absoluta. Sostuvo que, al haberse acreditado la pérdida de imparcialidad del juez natural, todas las medidas, resoluciones, allanamientos y secuestros ordenados por Ercolini debían declararse nulos. Según la interpretación de Fernández, el proceso debía retrotraerse casi por completo, preservando únicamente aquellas diligencias donde hubiera participado de forma directa la ex primera dama, para evitar su revictimización.

Sin embargo, el propio tribunal de Casación, al momento de apartar a Ercolini, incluyó una salvedad determinante: dispuso que la medida se adoptaba “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. Esto dejó a salvo el expediente, pero le permitió ganar tiempo al expresidente.

Antes de llegar a la última instancia de Casación, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña confirmó que la investigación conservaba su plena validez.

Ante este escenario, la defensa del ex jefe de Estado interpuso un recurso de casación. Al analizar la admisibilidad del planteo, los camaristas Yacobucci y Ledesma remarcaron que en el caso existía una “doble conformidad judicial”, dado que tanto el juez de primera instancia como la Cámara Federal habían coincidido en rechazar la nulidad planteada. Al no haberse demostrado de manera adecuada una vulneración constitucional o federal directa, la mayoría de la Sala II de Casación declaró inadmisible la presentación.

Con este último pronunciamiento, la Justicia ratificó de forma definitiva la legalidad de la investigación penal contra el expresidente, ordenando que el expediente continúe su curso bajo la dirección del juez Rafecas y con la obligación de producir las pruebas de descargo pendientes.

Alberto Fernández está procesado por dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Según la acusación del fiscal, entre el 21 y 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yañez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la habría zamarreado provocándole lesiones en el brazo.

Asimismo, se le imputan “maltratos sistemáticos” entre 2016 y agosto de 2024, que le habrían generado a la víctima un daño psíquico.

Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España, tras dejar el poder. El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

La denuncia del diputado nacional Esteban Paulón contra un grupo de influencers libertarios por supuestas amenazas, incitación a la violencia y discriminación en redes sociales fue archivada parcialmente este miércoles. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la fiscal Celsa Ramírez entendió que no hubo delito alguno en los posteos de Daniel “Gordo Dan” Parisini, Mariano Pérez y Pablo Sebastián Pazos, tres de los cinco imputados que tiene la causa.

Luego de tomar esa decisión, la fiscal porteña fue apartada del expediente y asumió la conducción de la investigación su par Hernán Biglino.

Celsa Ramírez fue recusada por el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, otro conductor del canal de streaming Carajo, quien tomó cierta notoriedad en el último tiempo luego de protagonizar episodios de discriminación. Junto a él, el biógrafo del presidente de la Nación, Nicolás Márquez, completa la lista de denunciados por Paulón.

Márquez aún no fue indagado y será citado en los próximos días. La causa contra él y Sarubbi Benítez sigue en pie. Como querellante, el legislador nacional también puede insistir para que la acusación vuelva a alcanzar a todos los comunicadores oficialistas.

Inexistencia de delito

Según relató Esteban Paulón en su denuncia, desde que asumió su banca en el Congreso Nacional fue blanco de una campaña de acoso coordinada en redes sociales, especialmente en la plataforma X y en canales de streaming afines al Gobierno.

El diputado llevó a los tribunales porteños posteos que van desde advertencias como “vas a correr” hasta acusarlo “sistemáticamente y sin pruebas” de ser “pedófilo” o de “promover el abuso infantil”.

Estas expresiones se desataron a raíz de su orientación sexual —está casado con un hombre— y por haber impulsado políticas públicas de acompañamiento a las infancias trans cuando fue funcionario en la provincia de Santa Fe, señaló Paulón.

Además, el escritor Nicolás Márquez se refirió a él de manera despectiva en un tweet como “La Diputada @EstebanPaulon” y lo acusó de estar “siempre publicitando conductas que contagian el VIH”.

Entre los comunicadores libertarios también lo acusaron públicamente de tener vínculos con el narcotráfico.

Paulón argumentó que no se trata de simples opiniones o discrepancias políticas, sino de un ataque organizado y sostenido que busca disciplinarlo y silenciarlo por su histórico activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBTQ+.

El diputado manifestó ante la Justicia sentir un profundo temor por su integridad física, su vida y la seguridad de su entorno familiar, advirtiendo que estas acusaciones en el entorno digital actúan como una incitación para que otras personas lo agredan físicamente en la vía pública.

La fiscal Celsa Ramírez indagó a todos los imputados, excepto a Márquez, a quien la Policía de la Ciudad no lograba notificar formalmente. Dan, Pérez, Pazos y Sarubbi Benítez se negaron a declarar y presentaron descargos escritos.

Al analizar las explicaciones individuales de cada influencer, la fiscalía entendió que la conducta de Dan, Pérez y Pazos resulta “atípica”. Es decir, que sus posteos no encuadran en la descripción de los delitos de amenazas, incitación a la violencia y discriminación.

Distinto fue el temperamento que tomó con Sarubbi Benítez, autor de la mayor parte de los posteos que acusan a Paulón de pedófilo.

Luego del archivo parcial de las actuaciones, la fiscal Ramírez fue apartada por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 19 de la Ciudad.

El abogado Sarubbi Benítez la denunció y pidió su recusación en esta y otras causas en las que fue denunciado. La decisión será revisada por instancias superiores.

Tras presentarse a indagatoria, el imputado aseguró que la fiscal “tiene un problema personal” con él y violó “sistemáticamente” sus derechos y garantías.

Daniel María Garbellini fue director nacional de Acceso a los Servicios de Salud y hoy está acusado de haber sido uno de los jefes de la asociación ilícita que habría operado en la Agencia Nacional de Discapacidad durante la gestión libertaria. Él lo negó rotundamente en un descargo escrito que presentó recientemente en los tribunales de Comodoro Py.

En ese documento, además, apeló a la religión para explicar por qué trataba como “hermano” a un lobista acusado de corrupción y le informaba las “ofrendas de esta semana” a otro beneficiario de los desvíos millonarios que investiga el fiscal Franco Picardi.

Esas palabras comprometedoras aparecieron en el celular de Garbellini, más precisamente en sus chats con Pablo Atchabahian, exsecretario de Salud del Municipio de Pilar y exdirector de ANDIS entre 2018 y 2019; y Miguel Ángel Calvete, empresario señalado como principal articulador del circuito. Junto a estos tres, Diego Spagnuolo completa la mesa de los cuatro presuntos líderes de la banda que señala la fiscalía en su acusación.

Según plasmó el fiscal Picardi en un dictamen de 228 páginas al ampliar las indagatorias, la palabra “ofrendas” aludía de forma inequívoca a retornos de dinero o dádivas derivadas de las adjudicaciones direccionadas en el sistema de compras SIIPFIS.

Sin embargo, Garbellini rechazó esta interpretación y argumentó que el vocabulario empleado responde a un contexto estrictamente religioso que compartiría con Atchabahian y Calvete.

Según detalló, conoce a Atchabahian desde el año 2010 a través del Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI). El exfuncionario explicó que en ese ámbito espiritual es común el uso del “parentesco ritual”, un giro lingüístico por el cual personas sin lazo biológico se tratan de “hermanos” o “familia” para consolidar la confianza mutua.

“Mi trato con él no es íntimo. Pero acaso hemos tenido intercambios donde nos prodigamos el trato de ‘hermanos’, ya que en la fe, todos somos hijos de un mismo Dios”, se defendió el exfuncionario, que cuenta con la representación de los abogados Agustín Biancardi y Martín Olari Ugrotte.

Bajo esa misma lógica espiritual, Garbellini sostuvo que el término “ofrenda” constituía un lenguaje simbólico propio de la comunidad religiosa y no una referencia a coimas.

Sucede que en el celular del acusado, el fiscal encontró una conversación en la que el entonces funcionario le enviaba a Calvete un cuadro con nombres de empresas proveedoras de insumos con montos “a cobrar”, según surge del dictamen.

Para la fiscalía, Garbellini le estaba rindiendo cuentas al principal acusado de mover los hilos de la corrupción en la ANDIS, con un listado que muestra “dinero que empresas propias y ajenas debían cobrar, respecto de las cuales Miguel Ángel Calvete obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular en el SIIPFIS, que luego también implicaba retornos a funcionarios públicos”.

Daniel María Garbellini afirmó que le envió la imagen del listado a Calvete ante sus insistentes reclamos telefónicos por deudas que el organismo mantenía con sus empresas. Según su versión, los proveedores solían presionar con discursos moralistas y “sermones cargados de retórica pesada” sobre la necesidad de cobrar para no interrumpir las entregas de insumos vitales, por lo que él simplemente remitió la foto para confirmar que el pago estatal ya se había acreditado en las cuentas bancarias.

Según el fiscal Picardi, Garbellini suministró a Calvete “flujos de información privilegiada de los procesos de compra y de pago de la ANDIS para garantizar un resultado previamente acordado, que no es otro que el obtener ganancias extraordinarias en detrimento del erario público”. Todo esto a cambio de coimas.

“Esto no es así. No sucedió. Nunca sucedió. Y a lo largo de todo el dictamen no se ha hecho referencia alguna a probanza que permita sustentar tales aseveraciones”, refutó el acusado.

Hechos difíciles de explicar

El descargo de Garbellini se estructuró sobre una serie de desmentidas a los pilares de la acusación fiscal. En primer lugar, el exdirector cuestionó que lo señalen como jefe de una banda criminal que operó desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2025. Argumentó que existe una imposibilidad temporal insalvable para imputarle dicho rol, dado que él asumió su cargo en la ANDIS recién en junio de 2024, siete meses después del inicio de la supuesta organización.

Según el fiscal, su desembarco en el organismo sucedió gracias a Atchabahian, que estaba buscando volver a hacer pie dentro de la ANDIS al menos desde 2022.

Atchabahian fue jefe de Garbellini en dos oportunidades: en 2015 en el Ministerio de Salud bonaerense, y entre 2018 y 2019 en la ANDIS. Compartieron el grupo de WhatsApp “Grupo Museo” junto a otros imputados en la causa.

De allí la influencia que el fiscal le atribuye a Atchabahian sobre Garbellini, quien habría recibido órdenes de este que impactaron en la gestión de la Agencia.

“Atchabahian es un ‘mandado’, ‘un librepensador’ que opinaba unilateralmente, y que, al haber sido en otras oportunidades superior jerárquico, pudo creer -erróneamente- estar ayudando con sus consejos o comentarios”, se defendió el segundo de Spagnuolo.

Respecto a la supuesta manipulación de los procesos de compra, Garbellini defendió la legalidad de las denominadas “compulsas especiales” o abreviadas. Explicó que la utilización de la contratación directa por urgencia está plenamente respaldada por los decretos 1023/2001 y 1030/2016. Según el acusado, el entonces director ejecutivo de la ANDIS, Diego Spagnuolo, estaba preocupado por la acumulación de amparos judiciales y embargos contra las cuentas del organismo debido a demoras en la entrega de prestaciones críticas. Por ello, se recurría a este mecanismo rápido para garantizar la cobertura inmediata a pacientes vulnerables, de acuerdo a su versión.

A contramano, el fiscal incorporó pruebas al expediente para afirmar que esas compulsas abreviadas fueron “un verdadero catalizador de gestiones direccionadas” para simular competencias inexistentes entre un reducido grupo de proveedores “amigos”. Al eliminar la competencia real, se facilitaba el terreno para los sobreprecios que, según una auditoría interna del Ministerio de Salud, en algunos casos eran de más de 4000%.

En cualquier caso, Daniel María Garbellini negó de forma tajante haber participado en la selección de qué empresas participaban en las cotizaciones. Sostuvo que el sistema SIIPFIS invitaba de manera automática a los proveedores registrados que cumplían con los requisitos estatales.

También desmintió la afirmación del fiscal de que él “firmaba las órdenes de pago”. Garbellini detalló que, bajo la Ley de Administración Financiera, las órdenes de pago son resorte exclusivo de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto, y que las firmas autorizadas correspondían a Spagnuolo y sus dependientes directos, aclarando que él ni siquiera poseía un usuario o firma digital en el sistema para ejecutar tales actos administrativos.

Finalmente, el exfuncionario calificó de “irreales” y producto de un “error de tipeo” los informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que le atribuyen a su esposa, Romina Peloni, consumos por más de 9.000 millones de pesos en 2024 y más de 4.000 millones en 2025.

Aseguró que sus ingresos y los de su cónyuge provienen de sus sueldos legítimos, de su actividad profesional privada y del alquiler de diversos inmuebles familiares en Avellaneda y Mar del Plata, todos debidamente declarados ante la Oficina Anticorrupción y el fisco.

De hecho, presentó un listado de nueve propiedades que tiene en alquiler y le generarían ingresos mensuales.

A pesar de las explicaciones y desmentidas de Garbellini, en la causa hay una serie de pruebas contundentes que aún no encuentran justificación.

El análisis de la fiscalía sobre las bases de datos del sistema SIIPFIS revela un patrón sistemático de simulación de competencia. En los segmentos de insumos analizados (como cardiología, traumatología, audífonos y amputaciones), los investigadores demostraron que, de manera consistente, la gran mayoría de las empresas invitadas se abstenían de cotizar o presentaban ofertas con precios irrisorios.

Por ejemplo, en el rubro cardiológico, la firma Farma Salud S.R.L. (perteneciente a Osmar Mariano Caballi, integrante del “Grupo Museo” junto a Garbellini y Atchabahian) resultó adjudicataria de más del 90% de las órdenes de compra por un monto superior a los 13.700 millones de pesos en tan solo diez meses.

El descargo de Garbellini no logra desvirtuar esta concentración extrema de adjudicaciones en favor de su allegado, y se limita a señalar que el mercado está atomizado.

Otro caso: en los teléfonos secuestrados a Miguel Ángel Calvete se hallaron chats con Fabián Piedimonte (presidente de Neurosalud S.A.), donde este último se quejaba de la competencia de la firma Boedo. Calvete le respondió que esa sería “la última que hace Boedo” y ordenó el cese de sus cotizaciones.

Pocos días después de ese chat, Garbellini le dio la orden directa a un subalterno, Diego D’Giano, de que “con Boedo S.A. no se trabajaría más”, lo cual se tradujo de inmediato en el sistema SIIPFIS, donde la empresa dejó de ser invitada. En su descargo, Garbellini admite haber discontinuado el trabajo con Boedo S.A., intentando justificarlo en supuestos incumplimientos administrativos y falta de respaldo financiero de la firma, pero no logra explicar la exacta coincidencia temporal y de contenido entre la orden que dio y las directivas previas que Calvete y Piedimonte habían pactado en sus chats privados, siempre según lo delimitado por la acusación.

Garbellini, Spagnuolo, Atchabahian, Calvete y otras 15 personas tienen un procesamiento confirmado en segunda instancia por los delitos de asociación ilícita, defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles. El juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 11, tiene pendiente de resolución la ampliación de la acusación que impulsó el fiscal.

El abogado Gregorio Dalbón solicitó este lunes al juez federal Ariel Lijo la inmediata detención de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El reclamo es a partir de la confirmación del procesamiento del exfuncionario libertario y de la revelación de una auditoría del propio Gobierno que concluyó que hubo “desvíos que resultan técnicamente indefendibles”.

Dalbón, quien representó en varias causas a Cristina Fernández de Kirchner, es el denunciante del caso ANDIS. Aunque su presentación puede ser tenida en cuenta por el Juzgado Federal N° 11, esto es poco probable dado que no es querellante y no forma parte del expediente.

En noviembre de 2025, a poco de comenzada la investigación, el fiscal Franco Picardi ya había pedido la detención de Spagnuolo. El planteo fue rechazado por el juez Sebastián Casanello.

En los últimos días, el diario La Nación reveló los resultados de una auditoría que condujo el ahora exsecretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien renunció la semana pasada. También se había desempeñado como interventor de la Agencia de Discapacidad. La inspección interna en la ANDIS detectó sobreprecios, simulación de competencia entre empresas y desvíos hacia proveedores elegidos a dedo, entre otras irregularidades.

Entre los hallazgos más significativos, se detectó que, mientras Spagnuolo dirigía el organismo, el Estado abonó 425 millones de pesos por un sistema de válvulas bicaval transcatéter. El PAMI había adquirido el mismo producto poco tiempo antes por 124,2 millones de pesos.

En el rubro de ortopedia, se registraron sobreprecios que alcanzaron el 4239% respecto a los precios de referencia, además de la entrega de andadores de menores prestaciones que los adjudicados, cobrándose de todas formas el importe del artículo más costoso. Tan solo son algunos ejemplos de las irregularidades detectadas.

El documento firmado por Vilches asegura que se trata de “desvíos que resultan técnicamente indefendibles” e “inauditos”. A su vez, identificó a nueve proveedores de insumos médicos y ortopédicos que facturaron a través de la ANDIS más de $25.661 millones.

Los resultados de la auditoría fueron remitidos por el entonces interventor de la Agencia al Juzgado Federal N° 11 que subroga Lijo y al fiscal Picardi, a cargo de la investigación.

El pedido de detención

En su escrito, Dalbón argumentó que la permanencia en libertad de Spagnuolo representa un riesgo concreto para el éxito de la investigación. El denunciante sostuvo que, al haber ocupado la máxima posición ejecutiva en ANDIS, el imputado posee un conocimiento detallado de la estructura administrativa, de los empleados que intervinieron en los expedientes y de los proveedores involucrados.

Esta situación, según la presentación, le otorga una capacidad de influencia que podría derivar en la ocultación o destrucción de elementos probatorios clave que aún deben producirse.

Dalbón resaltó que, entre las medidas pendientes de producción, se encuentra el peritaje de los audios para determinar científicamente si la voz de las grabaciones filtradas es la de Spagnuolo. La Cámara Federal porteña validó en los últimos días el estudio forense, ante un reclamo de la defensa del exfuncionario.

Por otra parte, el pedido de detención hizo hincapié en el peligro de fuga. El abogado recordó que Spagnuolo ya cuenta con una prohibición para salir del país desde el inicio de la causa. Además, señaló como antecedente que, durante los procedimientos de allanamiento ordenados en la causa, el exfuncionario no fue hallado en los domicilios declarados, sino que las fuerzas de seguridad lo localizaron posteriormente mientras circulaba en un vehículo dentro de un barrio privado de la localidad de Pilar.

Finalmente, la presentación del denunciante remarcó que la enorme dimensión económica de la maniobra investigada y la gravedad de las calificaciones penales —que contemplan penas de prisión de cumplimiento efectivo— incrementan la posibilidad de que el imputado intente eludir la acción de la justicia utilizando recursos económicos propios.

La Sala II de la Cámara, integrada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmó el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 acusados, entre los que se encuentran exfuncionarios públicos, intermediarios y empresarios del sector farmacéutico.

La investigación del fiscal Picardi encontró pruebas para afirmar que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se estructuró una asociación ilícita que manipuló el Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS). Este programa informático, que no contaba con la aprobación de la Oficina Nacional de Contrataciones, se utilizó de forma manual para invitar a cotizar únicamente a un grupo cerrado de droguerías vinculadas con los miembros de la organización.

Mediante la presentación de oferentes “pantalla” que cotizaban con valor cero o montos coordinados, simulaban una competencia para cartelizar las adjudicaciones de medicamentos de alto costo y baja incidencia (PACBI).

El fallo judicial detalló que Spagnuolo mantuvo encuentros frecuentes con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, titular de varias de las firmas beneficiadas, como Indecomm SRL y Droguería Profarma SA. Las pruebas incorporadas al expediente demostraron que la empresa Indecomm transfirió $5.000.000 a Spagnuolo y costeó la compra de muebles para su vivienda particular en un barrio cerrado, registrando los pagos bajo conceptos comerciales ficticios.

La Cámara Federal también ratificó los procesamientos de Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud, y de otros intermediarios y colaboradores de la estructura.

El juez federal Daniel Rafecas procesó esta semana a ocho iraníes y libaneses que serán juzgados en ausencia por el atentado a la AMIA, y en su resolución reconstruyó con precisión la secuencia cronológica del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, el cual provocó 85 muertes y más de 150 heridos. La investigación, hoy a cargo del fiscal Sebastián Basso, determinó que el atentado no fue un hecho aislado, sino el resultado de una compleja operación internacional coordinada entre la República Islámica de Irán y la organización libanesa Hezbollah.

El procesamiento de los acusados establece como punto de partida el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en marzo de 1992. Una copia del fallo, que lleva las firmas de Rafecas y Fernando Pojaghi, a cargo de la Secretaría Especial para la causa AMIA del Juzgado Federal N° 6 de Comodoro Py, fue remitida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que el máximo tribunal evalúe la conexidad de ambos hechos.

Luego del primer atentado terrorista, Teherán comenzó a evaluar la posibilidad de perpetrar una nueva agresión en territorio argentino. El régimen consideró que la capital del país demostró ser un escenario viable para las operaciones, debido a la facilidad para actuar lejos de Medio Oriente y la presencia de una numerosa comunidad judía en la Argentina, según estableció la Justicia argentina.

Durante años, el activista religioso Mohsen Rabbani operó en Buenos Aires tejiendo contactos y recopilando información estratégica sobre los movimientos de la colectividad local. A fines de marzo de 1993, el agente de inteligencia iraní Ali Asghar Hejazi viajó a la Argentina para realizar una inspección directa sobre el terreno y reunirse con Rabbani.

La decisión final se consolidó a mediados de 1993. El 18 de junio de ese año, Rabbani viajó a Irán, y tres días después lo hizo Ahmad Asghari, tercer secretario de la embajada iraní que utilizaba su cargo diplomático como cobertura de inteligencia. Ambos aportaron datos precisos sobre el edificio de la calle Pasteur 633, donde funcionaban la AMIA y la DAIA.

El 12 de agosto de 1993, el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, se reunió en Irán con el líder supremo de ese país, Alí Khamenei, para definir el brazo operativo del ataque. Dos días más tarde, el 14 de agosto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán aprobó formalmente la realización del atentado. La orden criminal se transmitió a la Fuerza Al Quds y, a través de esta, a Imad Mughniyeh, jefe de la estructura clandestina de Hezbollah para operaciones en el exterior.

Para reconstruir el funcionamiento interno del régimen iraní, sus mecanismos de toma de decisiones y el uso de coberturas para ejecutar operaciones terroristas en el exterior, fueron fundamentales una serie de declaraciones testimoniales que logró la Justicia argentina. Infobae reveló en diciembre que disidentes y exfuncionarios aportaron información desde París, Francia, al fiscal Sebastián Basso.

La activación de la red regional

A partir de la decisión en las cúpulas de Hezbollah e Irán, se activó la red operativa en la Triple Frontera, zona compartida por Argentina, Brasil y Paraguay. El agente libanés de Hezbollah, Salman Raouf Salman, asumió la tarea de preparar el terreno. Para facilitar sus desplazamientos, Salman obtuvo un certificado de trabajo falso en julio de 1993 que le permitió avanzar en su naturalización paraguaya.

A comienzos de 1994, la operación entró en su fase de aceleración, siempre de acuerdo a la reconstrucción que consta en el expediente. En marzo, Rabbani regresó de Irán con el cargo formal de consejero cultural de la embajada, obteniendo inmunidad diplomática. Paralelamente, el flujo de fondos manejado por el activista religioso aumentó de manera considerable. El 22 de abril de 1994, la familia de Asghari abandonó definitivamente la Argentina, marcando un patrón de repliegue de los entornos cercanos de los agentes involucrados.

El 26 de mayo de 1994, se registró una llamada telefónica desde el domicilio de Salman en Foz de Iguazú hacia la mezquita At-Tahuid en el barrio porteño de Floresta, donde oficiaba Rabbani. Pocos días después, el Ministro de Relaciones Exteriores iraní, Alí Velayati, se reunió en Siria con Hassan Nasrallah para terminar de habilitar la ejecución del ataque.

Tras ese encuentro, la diplomacia iraní inició movimientos de cobertura. El 5 de junio, la embajada presentó una nota comunicando que el embajador Hadi Soleimanpour iniciaría vacaciones el 2 de julio, aunque este abandonó efectivamente el país el 30 de junio. Entre el 11 y el 14 de junio, varios diplomáticos iraníes ingresaron a la Argentina y se retiraron de forma conjunta el 15 de junio. El 18 de junio, Salman viajó a Italia para poner a resguardo a su familia antes de retornar al teatro de operaciones.

La etapa final de ejecución comenzó el 1 de julio de 1994. Ese día, Salman concurrió al Aeropuerto Internacional de Ezeiza para recibir a un miembro del grupo operativo de Hezbollah que ingresó con un pasaporte paraguayo falso a nombre de “Hassan Bailoun”. Desde la terminal aérea, Salman se comunicó con un teléfono celular en Foz de Iguazú utilizado por el coordinador regional de la operación, apodado “André Marqués”. Esta línea telefónica solo registró actividad en Argentina entre el 1 y el 18 de julio.

Tras salir de Ezeiza, Salman se trasladó al centro porteño y utilizó un locutorio ubicado en la Avenida Corrientes 707 para reportar las novedades a la Triple Frontera y al Líbano. El 2 de julio, repitió las llamadas a “André Marqués” desde el mismo locutorio y luego se trasladó a otro local telefónico en la calle Pasteur 731, a solo una cuadra del objetivo, para continuar las comunicaciones. Todo está minuciosamente registrado entre las pruebas del expediente.

El 3 de julio, el tercer secretario de la embajada, Ahmad Reza Asghari, también utilizó el locutorio de Corrientes casi esquina Maipú, a tres cuadras del Obelisco, para realizar una llamada hacia Irán. De este modo, el mismo comercio del microcentro conectó de forma simultánea la línea diplomática iraní y la red operativa de Hezbollah.

El lunes 4 de julio, la agencia “Alejandro Automotores” entregó una camioneta Renault Trafic usada a Carlos Telleldín. El domingo 10 de julio, tras publicarse avisos clasificados en los diarios, un integrante del grupo operativo que se identificó falsamente como “Ramón Martínez” adquirió el vehículo en el domicilio de Telleldín.

La Trafic estaba equipada con un motor perteneciente a otra camioneta incendiada meses antes.

Entre el 11 y el 15 de julio, los terroristas acondicionaron el vehículo y lo cargaron con una mezcla de amonal y TNT. El lunes 11, Salman llamó desde un locutorio cercano a la AMIA al comercio de fertilizantes “Super Agro”, presuntamente para coordinar la adquisición del nitrato de amonio.

Ese mismo día, realizó llamadas a la ciudad de Colón, en Panamá. La investigación judicial determinó que estas comunicaciones sirvieron para coordinar un segundo atentado de Hezbollah que se ejecutó al día siguiente del ataque a la AMIA, mediante un terrorista suicida que hizo estallar un avión de la aerolínea “Alas Chiricanas” tras despegar de Colón. La mayoría de los pasajeros eran judíos.

El desenlace de la operación

El viernes 15 de julio a las 18:02, la camioneta Renault Trafic, ya cargada con los explosivos, ingresó al estacionamiento “Jet Parking”, ubicado en la calle Azcuénaga 959, a cuatro cuadras de la AMIA. Veinte minutos después, se registró una llamada desde el celular de Mohsen Rabbani hacia la mezquita At-Tahuid para confirmar que el coche bomba estaba posicionado. A las 19:18 se realizaron nuevas llamadas desde un locutorio en Floresta hacia el coordinador en Foz de Iguazú para ratificar el éxito de la maniobra.

Durante el sábado 16 y el domingo 17 de julio, la organización no registró movimientos, decidiendo aguardar al inicio de la semana hábil para maximizar el impacto del ataque.

El lunes 18 de julio a las 7:41 horas, Salman realizó una última comunicación desde el Aeroparque Jorge Newbery hacia la Triple Frontera, antes de abordar un vuelo de cabotaje hacia Puerto Iguazú para abandonar el país.

Finalmente, entre las 9:45 y las 9:50 horas de ese lunes, un conductor suicida no identificado retiró la camioneta del estacionamiento “Jet Parking” y la condujo hasta la sede de la AMIA en Pasteur 633. El terrorista accionó el detonador frente al edificio, haciendo estallar una carga de entre 300 y 400 kilogramos de explosivos. La detonación consumó el peor atentado terrorista registrado en la historia de la República Argentina.

Cinco días más tarde, el periódico libanés An-Nahar publicó una nota dando cuenta de un comunicado mecanografiado. La existencia de esta publicación fue corroborada por la justicia mediante un exhorto a la Fiscalía General de Casación del Líbano.

El comunicado fue suscrito por una agrupación autodenominada “Ansar Allah”. La investigación determinó que este era un nombre de cobertura utilizado por Hezbollah para adjudicarse atentados de manera indirecta, reduciendo la exposición de la organización y del Estado iraní ante posibles represalias internacionales.

En el documento, la organización se adjudicó de manera conjunta los ataques en Buenos Aires y Panamá. Ambas operaciones fueron reivindicadas como parte de un enfrentamiento contra “el sionismo en cualquier parte del mundo”.

El juez Daniel Rafecas le otorgó una alta relevancia probatoria a este comunicado conjunto.

Los acusados

Esta semana también, la Cámara Federal de Casación Penal habilitó la realización del juicio en ausencia por el atentado a la AMIA. Será el primer debate oral y público de este estilo en nuestro país. Los acusados estarán representados por el defensor oficial Hernán Silva, quien debe garantizar el derecho a la defensa en juicio.

Entre los procesados por el juez Daniel Rafecas están:

• Alí Fallahijan: Ex ministro de Inteligencia iraní. Participó en la toma de decisiones dentro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional (CSSN) y en el Comité Vijeh. Utilizó las capacidades del Ministerio de Inteligencia para la obtención, análisis y centralización de la información recolectada en Argentina. Es caracterizado en la investigación como el “jefe de la operación” desde Irán, coordinando la fase de ejecución con otros organismos.
• Alí Velayati: Ex ministro de Relaciones Exteriores iraní. Participó en la decisión conjunta de realizar el atentado dentro del CSSN. Utilizó la estructura diplomática bajo su dirección para recibir información de la embajada en Buenos Aires, brindar cobertura a los agentes locales y coordinar medidas diplomáticas y de resguardo para facilitar la operación y reducir la exposición de los implicados. Asimismo, mantuvo el enlace político con el líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah.
• Mohsen Rezai: Ex comandante de la Guardia Revolucionaria iraní para la época. Participó en la aprobación del atentado dentro del CSSN y en la organización de su implementación. Tenía bajo su mando a la Fuerza Al Quds, la estructura especializada en operaciones extraterritoriales que se encargó de la ejecución.
• Ahmad Vahidi: Ex comandante de la Fuerza Al Quds. Aunque no integraba el CSSN, recibió la misión criminal de una instancia superior y dominó de manera autónoma el aparato encargado de ejecutarla. Utilizó la Fuerza Al Quds para impartir directivas a la estructura local en Argentina, evaluar la viabilidad operativa y canalizar la decisión y coordinación del ataque hacia Hezbollah.
• Hadi Soleimanpour: Ex embajador de Irán en Argentina. Dirigió la representación diplomática en Buenos Aires y puso sus capacidades institucionales al servicio de la preparación, implementación y cobertura de la operación. Mantuvo una sede compartimentada con medios de comunicación reservados y facilitó el uso de vehículos, fondos y asistencia de la embajada para los agentes locales. Viajó a Irán en agosto de 1993 para recibir instrucciones tras adoptarse la decisión del ataque.
• Mohsen Rabbani. Activista religioso y Consejero Cultural de la Embajada de Irán. Encargado de desarrollar una actividad permanente de inteligencia en Argentina. Reunió, organizó y transmitió información detallada sobre el escenario local, la comunidad judía y los posibles objetivos (seleccionando finalmente el edificio de la calle Pasteur). Viajó a Irán en 1993 para aportar estos datos en la fase de decisión. Posteriormente, regresó a Buenos Aires con cobertura diplomática de consejero cultural para sostener la estructura local, manejar un flujo incrementado de fondos y mantener los enlaces con la red de Hezbollah.
• Ahmad Reza Asghari. Agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria y tercer secretario de la embajada. Integró la red local de inteligencia y actuó como enlace entre la estructura en Buenos Aires y el aparato de seguridad en Irán. Tenía acceso a los canales reservados de comunicación de la embajada (télex y correo diplomático). Viajó a Irán en junio de 1993 para transmitir información del blanco y regresó inmediatamente después de aprobada la decisión para activar las instrucciones operativas. Abandonó definitivamente Argentina diez días antes del atentado, una vez completadas sus tareas.
• Salman Raouf Salman: También conocido como Samuel El Reda, fue un agente libanés de Hezbollah. Fue el responsable de coordinar la etapa final del atentado en el terreno. Utilizó la base regional de la Triple Frontera y sus conexiones en Buenos Aires para articular la llegada, el desplazamiento y la seguridad del grupo operativo (incluyendo al conductor suicida). Mantuvo abiertos los canales de comunicación con el exterior para reportar los avances del plan y organizó el repliegue y cierre de la estructura una vez asegurada la ejecución de la explosión.

El juez decretó la falta de mérito respecto de Abdallah Salman y Hussein Mouzannar (acusado de facilitar un certificado laboral falso a Salman) al no probarse que tuvieran conocimiento o voluntad dirigida a favorecer el ataque contra la AMIA.

No se trató la situación del líder supremo de Irán, Alí Khamenei (fallecido en 2026), del jefe militar de Hezbollah, Imad Mughniyeh (fallecido en 2008), ni de Alí Hussein Abdallah (fallecido en 2020), debido a la extinción de la acción penal por deceso.

La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña ratificó el avance del peritaje de los audios de la causa ANDIS y la validez de la citación al exfuncionario Diego Orlando Spagnuolo. El juez Ariel Lijo solicitó su colaboración para que aporte una muestra de su voz que pueda ser cotejada con las grabaciones en los laboratorios de la Gendarmería Nacional, donde se desarrolla el estudio forense.

De esta manera, el tribunal de alzada, integrado por los camaristas Roberto Boico y Eduardo Farah, rechazó el planteo de nulidad y el pedido de suspensión de la pericia que había presentado la defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Lijo, como subrogante del Juzgado Federal N° 11, ordenó el peritaje el pasado 28 de mayo. En el punto “V.2” de esa resolución, el magistrado dispuso que la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería citara a Spagnuolo para que entregara muestras de voz indubitadas. Básicamente, que se presente y hable ante un micrófono.

El objetivo de la medida es realizar un análisis comparativo con los audios atribuidos al exdirector de ANDIS, los cuales fueron aportados al expediente por el periodista Mauro Federico. La medida apunta a establecer científicamente si la voz es la de Spagnuolo o no.

Infobae reveló el pasado fin de semana que la Gendarmería Nacional suspendió el cotejo, al menos por ahora. Así lo decidieron los peritos oficiales en un giro inesperado: primero habían dicho que uno de los audios más largos que se analizaron, de 3 minutos y 11 segundos de duración, era apto para la comparación; luego “revisaron” esa decisión y dictaron lo contrario.

Los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), designados como peritos de parte por el fiscal de la causa, Franco Picardi, manifestaron su oposición y sostuvieron que el archivo es apto para el cotejo. Incluso ofrecieron sus oficinas y herramientas para avanzar.

Hasta encontrar un audio que la Gendarmería considere idóneo para compararlo con la voz real de Spagnuolo, este punto clave del peritaje seguirá en pausa. Las fuentes consultadas señalan que, si esto no se puede hacer con la grabación más larga, tampoco se podría con las de menor duración.

Revés para Spagnuolo

El abogado defensor del exfuncionario libertario, Pablo Parera, interpuso un planteo de nulidad contra esa citación. El letrado argumentó que la convocatoria vulneraba el artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Según la defensa, requerir una muestra de voz implica utilizar al imputado como un sujeto de prueba activo sin su consentimiento, exigiéndole una colaboración que podría resultar incriminatoria.

Asimismo, Parera cuestionó la validez de las grabaciones incorporadas a la causa. Afirmó que los audios presentan inconsistencias técnicas, signos de edición, cortes y posibles alteraciones realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial. También señaló que existe una investigación paralela en el Juzgado Federal N° 12 sobre la presunta obtención ilegal de esas comunicaciones privadas, por lo que consideró improcedente avanzar con el peritaje hasta que se aclare su origen.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó el rechazo total del planteo defensivo. El acusador, a cargo de la investigación del caso de corrupción, sostuvo que la nulidad era improcedente porque el acto cuestionado aún no se había ejecutado y, por ende, no existía un perjuicio real o concreto. Explicó que el protocolo vigente contempla la posibilidad de que el imputado se niegue a realizar la prueba, en cuyo caso el juez debe decidir los pasos a seguir.

Lo cierto es que Spagnuolo no está obligado a colaborar. Podría haber presentado un escrito avisando que no asistiría a la cita.

Picardi remarcó una contradicción en la estrategia de la defensa, ya que el propio perito propuesto por Spagnuolo, Marcelo Antonio Torok, había sugerido puntos de pericia orientados a identificar si la voz de las grabaciones correspondía al exfuncionario. Además, el fiscal propuso que, ante una eventual negativa del acusado, los expertos utilicen como material de comparación diversas entrevistas que Spagnuolo brindó a canales de televisión y streaming durante los años 2024 y 2025.

El juez Ariel Lijo rechazó la nulidad y denegó la suspensión de la pericia. El magistrado coincidió con la fiscalía en que la defensa no demostró un perjuicio actual, sino que basó su reclamo en consecuencias futuras e hipotéticas. En sus fundamentos, Lijo diferenció al “sujeto de prueba” del “objeto de prueba”. Explicó que la voz, al igual que las huellas dactilares o el ADN, es un rasgo biométrico que puede ser analizado científicamente sin que esto implique una confesión o una declaración forzada.

Qué dijo la Cámara Federal

Tras la apelación presentada por la defensa, el expediente fue elevado a la Sala II de la Cámara de Apelaciones. Este martes, a la par que confirmaron los procesamientos de Spagnuolo y otros 18 acusados, los jueces Farah y Boico firmaron la resolución que confirmó el fallo de primera instancia.

El tribunal de alzada determinó que los agravios de la defensa no podían ser receptados. Los camaristas señalaron que el juez de grado no obligó ni coaccionó a Spagnuolo a aportar su voz, sino que simplemente le otorgó la oportunidad de hacerlo en el contexto de la pericia ordenada para verificar la autenticidad de los audios.

En su resolución, los magistrados equipararon esta solicitud de colaboración con la que se le requiere a cualquier imputado cuando es convocado a prestar declaración indagatoria o a realizar un cuerpo de escritura para un cotejo caligráfico, actos en los cuales el acusado conserva la libertad de elegir si brinda o no su consentimiento.

El fiscal federal Gerardo Pollicita puso en marcha la verificación de la justificación patrimonial que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ofreció a la Justicia para defenderse de la acusación por enriquecimiento ilícito. Entre las prioridades de los investigadores están las ocho billeteras virtuales por las que pasaron 591.000 dólares en criptomonedas, y que el exfuncionario informó como propias a pesar de que no están a su nombre.

Tal como contó Infobae, ese tipo de cuentas denominadas “billeteras de autocustodia” no están registradas con nombre y apellido. Adorni tiene las claves privadas para acceder a las wallets, y en su presentación adujo que la sola posesión de esas contraseñas “acredita fehacientemente la titularidad”.

No obstante, fuentes judiciales indicaron que será necesario comprobar si Adorni realmente era el dueño de esas billeteras en la fecha que ocurrieron las transacciones, más allá de si hoy tiene acceso o no.

Según el ex vocero presidencial, en 2017 invirtió USD 199.883,20 en bitcoin. Argumentó que eran los ahorros que consiguió juntar junto a su esposa, Bettina Angeletti, a partir de una herencia y de sus respectivos trabajos. La moneda se valorizó y, al vender los activos al año siguiente, se hizo con USD 591.544,61.

La fortuna permaneció casi intacta hasta que Adorni llegó al poder en diciembre de 2023, siempre según su versión. Recién entonces se empezó a percibir el cambio de vida que incluyó la compra de una casa en el country Indio Cuá, un departamento en el barrio porteño de Caballito, múltiples viajes y lujosas remodelaciones de sus propiedades.

“Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”, justificó su defensa.

Con esto busca demostrar que fabricó su fortuna antes de ser funcionario, aunque la empezó a gastar una vez llegado a Casa Rosada. También pretende probar que siempre se manejó por fuera del circuito financiero. Aseguró haber hecho todas las operaciones en negro, incluso el resguardo del medio millón de dólares que habría tenido debajo del colchón durante casi seis años.

Además, Adorni dijo que adquiría las criptomonedas en encuentros presenciales con los vendedores, siempre en espacios públicos. Él llevaba dólares en efectivo a cambio de las transferencias de activos virtuales, bajo un estricto anonimato, según esgrimió su abogado, Matías Ledesma.

El defensor le ofreció a la Justicia las claves privadas de las billeteras virtuales. Están en un sobre cerrado y lacrado que “solo podrá ser abierto si se requiriera en el marco de esta investigación”, según se desprende del escrito.

Las fuentes consultadas por Infobae precisaron que aún no se abrió ese sobre, ni tampoco el anexo de la justificación patrimonial que contiene un acta notarial firmada por un escribano que constató que, actualmente, Adorni tiene acceso a las cuentas.

Los investigadores analizan pedir que el propio abogado asista a la fiscalía para que sea él quien abra las billeteras. De concretarse, el procedimiento se registrará en video, tal como se hizo con todas las declaraciones testimoniales que forman parte del expediente.

Además, el fiscal Pollicita le pidió a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo del Ministerio Público Fiscal, que analice la versión vertida por Adorni en su presentación. Aún no se definió si los especialistas de esa área trabajarán sobre la trazabilidad de los activos.

Cuánto costó Indio Cuá

La Fiscalía Federal N° 11 también tomó nota de una nueva versión introducida por Adorni sobre el costo de las remodelaciones en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. El ex ministro coordinador asegura que pagó 175.000 dólares para modernizar su casa, y no 245.000 como declaró bajo juramento el contratista Matías Tabar.

Para defender esa postura, la defensa presentó un estudio contable que habría analizado el flujo de efectivo del matrimonio, además de un informe técnico elaborado por un perito arquitecto.

El peritaje particular depuró las supuestas irregularidades y errores aritméticos de las planillas de Tabar y determinó que el valor real de mercado de la obra ascendía a USD 174.954,58, una cifra similar a la establecida por el estudio contable.

La fiscalía sostuvo en todo momento la validez y verosimilitud de la declaración del contratista y de todas las pruebas que aportó, entre ellas documentación y chats con Adorni.

La adquisición del lote 380 del Country Indio Cuá tuvo un costo de USD 120.000, más una tasa de ingreso al barrio privado por la que el entonces portavoz del presidente Javier Milei pagó USD 5.000.

De acuerdo a las fuentes consultadas, el fiscal Pollicita solicitará al juez Ariel Lijo nuevas medidas de prueba en los próximos días para agotar todas las verificaciones necesarias respecto de la versión de la defensa. Recién cuando esa etapa de revisión esté concluida, se determinará si persisten las inconsistencias en el patrimonio del ex jefe de Gabinete, y si por ende debe ser citado a indagatoria.

El fiscal federal Franco Picardi le tomó la testimonial de forma virtual, desde la sede de la Procuración General de la Nación. La mujer aportó lo que sabe desde su país -por razones de salud y seguridad-, con colaboración de la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae adelantaron que Beller respondió preguntas durante una hora y habría ofrecido nueva información relevante para el caso. Los detalles no trascendieron, dada la estricta reserva con la que se manejó la declaración.

Al salir de la fiscalía boliviana, Beller habló con la prensa, escoltada por policías y vistiendo un chaleco antibalas: “Todo lo que está en mi celular se ha puesto a disposición del Ministerio Público argentino; ellos ya verán si lo requieren o no”, contó la mujer, al ser consultada por las grabaciones que dijo tener almacenadas.

Y agregó: “Lo que hice fue ratificar lo que ya había dicho a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo acá en Bolivia para que ellos puedan extraer lo que crean pertinente para su causa”.

A último momento, se descartó la presencia de los abogados de los acusados en la audiencia. Las autoridades bolivianas rechazaron la asistencia de los defensores, amparados en su propia legislación, que lo prohíbe.

Este martes, mientras se ultimaban los detalles de la testimonial, la Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, entre otros 18 exfuncionarios, intermediarios y empresarios involucrados. Así, la Justicia los dejó un paso más cerca de ser enviados a juicio oral por direccionamiento de contratos, sobreprecios y coimas.

La convocatoria de la testigo surgió a partir de una serie de manifestaciones públicas que la letrada realizó en diversos medios de comunicación. En esas apariciones, Beller aseveró que poseía evidencias y datos de relevancia para el expediente judicial que se tramita en Buenos Aires. La abogada dijo tener grabaciones de Cerimedo hablando de la corrupción en el Gobierno. Además, señaló a la pareja del consultor en la Argentina y exfuncionaria de la ANDIS, Natalia Basil, como la persona que filtró los audios atribuidos a Spagnuolo que destaparon el escándalo.

Según las declaraciones de la abogada, Cerimedo le confió que la difusión de esos registros de audio fue obra de Basil. Por orden del juez federal Ariel Lijo, quien interviene en la causa, las grabaciones atribuidas a Spagnuolo están siendo sometidas a un peritaje para certificar su origen y veracidad.

En el expediente hay pruebas sobre maniobras supuestamente ilícitas que ahora investiga la justicia, que se habrían ejecutado entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 en el ámbito de la ex ANDIS, entidad que dependía del Ministerio de Salud de la Nación hasta su disolución.

La hipótesis principal sostiene que se estructuró una organización delictiva integrada por funcionarios públicos, lobistas y empresarios.

De acuerdo con la acusación fiscal, los involucrados direccionaron licitaciones y compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia, conocidos como PACBI. Estos insumos médicos eran destinados a pacientes con patologías graves, crónicas o con discapacidad en situación de vulnerabilidad social. El esquema corrupto habría cartelizado las adjudicaciones a favor de un grupo selecto de droguerías vinculadas con los directivos del organismo. Los contratos presuntamente arreglados tenían sobreprecios, de los que luego se descontarían los sobornos.

Hasta el momento, la justicia argentina identificó a 49 personas físicas y a más de 25 sociedades comerciales presuntamente vinculadas a la maniobra.

Entre los señalados como jefes de la asociación ilícita figuran el ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, además de su segundo, Daniel María Garbellini; los lobistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian. Están procesados también por negociaciones incompatibles con la función pública, fraude en perjuicio de la administración estatal, cohecho y lavado de activos.

El juez federal Sebastián Ramos ordenó el secuestro de computadoras y otros dispositivos resguardados en el edificio Libertad, la sede de la Armada Argentina, para avanzar con la investigación del supuesto desvío de unos 1.000 millones de pesos en sobresueldos dentro de la fuerza.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el operativo en las oficinas de la Armada se dispuso luego de las declaraciones testimoniales de dos militares que aportaron nueva información a la causa.

Mediante una orden de presentación, personal de la Prefectura Naval se acercó al tercer piso del edificio Libertad, ubicado en la avenida Comodoro Py 2055 —frente a los tribunales federales porteños—, para solicitar la entrega de las computadoras y dispositivos de Vanesa Juárez, una de las civiles imputadas que trabajaba en el Departamento de Revista, área donde se liquidan los sueldos de unos 24.500 agentes. Los elementos buscados estaban bajo resguardo en una caja fuerte.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia penal presentada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio. La presentación judicial detalló que, entre julio de 2022 y enero de 2026, se realizaron 645 acreditaciones bancarias indebidas a favor de 23 beneficiarios.

El monto total del perjuicio al Estado ascendió a $981.148.567,88, aunque luego de algunas devoluciones parciales efectuadas por los involucrados, la cifra neta del desfalco se ubicó en $938.574.300,25, según se determinó en una auditoría interna de la Armada.

No obstante, no se descarta que el fraude pueda ser mucho mayor, dado que restan investigarse meses anteriores al período delimitado por la inspección administrativa.

Las declaraciones

Para conocer precisiones sobre esa auditoría, el juez Ramos le tomó declaración a Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria. Es uno de los funcionarios que integró la comisión interdisciplinaria que detectó las inconsistencias en las cuentas de la fuerza.

Su testimonio había sido solicitado, junto a otra serie de medidas, por el fiscal federal Ramiro González.

En la misma línea, también declaró en las últimas horas Jonathan Fernando Romano, jefe de la División Sistemas de la Armada Argentina.

El magistrado también ordenó al Banco de la Nación Argentina que remita las constancias de todas las acreditaciones efectuadas, entre julio de 2022 y enero de 2026, en las cuentas bancarias de los 24 imputados. El informe debe incluir detalles de fecha, importe, CBU y titularidad de la cuenta receptora.

El juez Ramos quiere tener además los legajos personales de todos los involucrados. Solicitó esa información a la Armada -que está colaborando activamente con todo lo requerido-, junto con la nómina del personal que prestó funciones en el Departamento Revista en el período investigado y el organigrama correspondiente al área en la que funcionaba dicho departamento.

La idea es poder armar un mapa de actores en el que se puedan observar claramente las relaciones y funciones internas, indicaron las fuentes consultadas.

La Armada Argentina también deberá enviar a los tribunales de Comodoro Py copias certificadas de la instrucción disciplinaria que destapó el caso. El juez ordenó tener “especial atención” al cuidado de la cadena de custodia de todos los elementos que nutrirán la investigación.

Por último, el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Ramos giró oficios al Renaper y a ANSES para que, respectivamente, informen los últimos domicilios registrados y aportes devengados de María del Carmen Prieto, Amalia Cristina Díaz, Natalia Carolina Yahia y Damián Andrés Santana, las cuatro personas que recibieron pagos de la Armada sin cumplir ninguna función en la fuerza.

Según la denuncia, María del Carmen Prieto recibió más dinero que nadie, exactamente $152.259.495. Es la esposa del principal sospechoso, Ariel Baltasar Atanasoff, ex jefe del Departamento Revista.

En ese sector es donde los archivos generados de forma automática por el Sistema de Haberes de la Armada eran modificados manualmente antes de ser enviados al Banco Nación.

Según la investigación, los autores de la maniobra incrementaban de forma transitoria los montos de dinero destinados a ciertas personas. Una vez que el banco procesaba los pagos y transfería los fondos, los registros informáticos internos de la Armada eran restituidos a sus valores originales. De esta manera, los sobresueldos no quedaban registrados en los recibos de sueldo que los agentes visualizaban en la plataforma web de la institución.

La maniobra se descubrió en febrero de 2026, cuando una auditoría de rutina sobre la liquidación de enero detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos salariales sin justificación. Aunque estos funcionarios devolvieron el dinero, la Jefatura de Administración Financiera profundizó los controles hacia atrás y descubrió que la operatoria ilegal se venía repitiendo sistemáticamente desde julio de 2022.

Atanasoff fue confrontado durante la auditoría y confesó en ese ámbito administrativo que él fue el responsable de los incrementos salariales y de los desvíos a personas ajenas a la Armada.

La causa avanzará ahora sobre la reconstrucción de toda la maniobra. El juez Ramos tiene bajo estudio otras medidas que propuso el fiscal González, como la realización de una pericia informática sobre las computadoras que la Armada resguardó de manera preventiva.

Este peritaje técnico podría identificar qué usuarios accedieron a las terminales, qué archivos se crearon o modificaron y cuáles fueron transmitidos al banco. El análisis informático intentará determinar con exactitud qué datos e importes se alteraron, a qué beneficiarios correspondían y las fechas y horarios en que se concretaron las modificaciones manuales.

La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad, Laura Beatriz De Marinis, declaró la inconstitucionalidad de la nueva Ley Penal Juvenil para un caso particular. Así, la magistrada dictó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años, identificado bajo las iniciales M.I.A., quien enfrentaba cargos por tentativa de robo.

La resolución, firmada este lunes, determinó que la baja de la edad de punibilidad establecida en la normativa resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional. Sin embargo, su fallo no suspende la ley como había ocurrido con el amparo dictado en la provincia de Buenos Aires por la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual.

Las repercusiones políticas no tardaron en llegar. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, repudió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Lo propio hizo la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

Ante la consulta de Infobae, fuentes de la justicia porteña advirtieron una “casi segura revocación” del fallo de la jueza De Marinis, a partir de la línea jurisprudencial que mantiene la Cámara del fuero.

El caso

El expediente judicial se abrió a raíz de un episodio ocurrido el 10 de septiembre, aproximadamente a las seis de la mañana. Un ciudadano de 47 años caminaba por la vía pública cuando cinco jóvenes intentaron robarle. La víctima logró escapar corriendo y pidió auxilio a un agente policial que patrullaba la zona, lo que derivó en la aprehensión de los presuntos involucrados, entre los cuales se hallaba el menor imputado. La fiscalía calificó provisionalmente el suceso como robo simple en grado de tentativa.

Ante esta situación, el Ministerio Público de la Defensa solicitó la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil.

A partir de ese planteo, la jueza De Marinis evaluó el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. “No existe legislación, ni doctrina, ni jurisprudencia que avale el derecho a la impunidad. Lo que se cuestiona es si la norma resulta regresiva respecto a esos derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño”, dictó en su resolución.

La defensa argumentó que someter a proceso penal a personas menores de 16 años constituye un retroceso respecto al estándar previo fijado por la derogada Ley 22.278. La magistrada coincidió con esta postura al señalar que el Estado tiene la obligación de ampliar las garantías de las infancias y abstenerse de adoptar medidas que restrinjan las conquistas ya consolidadas. En su fundamentación, recordó que la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales prohíben la adopción de políticas públicas regresivas sin una justificación adecuada.

En un lenguaje llano, la jueza plasmó en su resolución: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”. Y siguió: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.

En su fallo, la magistrada porteña subrayó las directrices del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, considerado el máximo intérprete de la convención específica sobre la materia. Este organismo internacional recomendó expresamente a la República Argentina, en 2018 y 2024, que mantuviera la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y evitara cualquier intento de reducirla. De Marinis enfatizó que los descubrimientos científicos en neurociencia demuestran que el desarrollo de la corteza cerebral en etapas adolescentes limita la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de las acciones y los procedimientos judiciales.

Para este caso particular, la jueza analizó la gravedad del hecho y determinó que la conducta del adolescente imputado consistió en una tentativa “burda y torpe” que no consumó el desapoderamiento de bienes ni generó lesiones físicas en la víctima. Por tal motivo, consideró desproporcionado aplicar una sanción de carácter punitivo en lugar de activar los mecanismos de protección social previstos para la niñez.

Un informe socioambiental elaborado por el Centro de Admisión y Derivación reveló la profunda vulnerabilidad en la que vive el chico: reside con su madre, quien padece de epilepsia, y un hermano de 19 años que perdió recientemente su empleo para poder asistirla en sus crisis de salud. El grupo familiar carece de conexión a la red de gas natural, se calefacciona con garrafas y depende de la entrega esporádica de bolsones de alimentos para subsistir. Asimismo, el menor interrumpió su escolaridad tras mudarse de localidad, aunque expresó su deseo de retomar los estudios y practicar boxeo, actividad que no puede costear, según el documento que consta en la causa.

En lugar de avanzar con la imputación, la jueza ordenó dar intervención inmediata al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para que diseñe un plan de acompañamiento familiar, garantice la reinserción escolar del joven y facilite su acceso a actividades recreativas.

A más de un mes de ser requerido formalmente, Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de Ministros, presentó su justificación patrimonial y fundamentó el grueso de su fortuna en USD 591.544,61 que generó invirtiendo en Bitcoin, según la versión que ofreció su defensa en los tribunales federales de Comodoro Py. Las criptomonedas pasaron por billeteras virtuales a las que tendría acceso, aunque no están a su nombre.

Luego de mantener casi intactos esos supuestos ahorros por más de cinco años y medio, el exfuncionario brindó una explicación detallada de cómo gastó ese medio millón de dólares desde que llegó al poder en diciembre de 2023 en propiedades, vehículos y viajes, entre otros ítems.

Para fines de 2025 le quedó un resto de USD 209.961,52, de acuerdo al escrito presentado por su abogado. El documento, al que accedió Infobae, cuenta con 78 páginas y tres anexos.

El fiscal Gerardo Pollicita detectó una diferencia de $43.068.549 en moneda nacional y un flujo de USD 402.578,12 sin correlato directo con los ingresos lícitos declarados por el grupo familiar. A partir de la respuesta que dio el exfuncionario libertario este lunes, el acusador está en condiciones de pedir su declaración indagatoria, si entiende que aún persisten las sospechas de enriquecimiento ilícito.

La ruta de las cripto

El pilar central de la justificación de Adorni consistió en la revelación de una fortuna en criptoactivos construida, según alegó, mucho antes de su ingreso a la función pública. Además, el exvocero y su esposa, Bettina Angeletti, admitieron haber acumulado ahorros en negro mediante el ejercicio de sus profesiones como contador y licenciada en administración, respectivamente.

“Al contraer matrimonio unificaron sus ahorros personales, entre los que se encontraba parte del dinero que, junto a su hermano, había recibido tras el fallecimiento de su padre en el año 2002, y que fue ese ahorro conjunto, sostenido durante más de una década de actividad profesional privada, el que les permitió reunir, hacia 2014 y, principalmente, hacia 2017, el capital destinado a la adquisición de Bitcoin”, argumentó el abogado de Adorni, Matías Ledesma, en el escrito de 78 páginas presentado este lunes.

Mantuvieron sus ahorros “por fuera del circuito bancario y financiero formal”, para “sostener una capacidad de ahorro sensiblemente mayor” a la que hubiesen tenido si pagaban impuestos.

La defensa detalló además que toda la operatoria cripto se realizó de manera informal debido a la falta de plataformas reguladas en el país durante aquellos años.

Adorni dijo que compraba bitcoin en encuentros presenciales con los vendedores, siempre en espacios públicos. Él llevaba dólares en efectivo a cambio de las transferencias de activos virtuales, bajo un estricto anonimato, siempre de acuerdo a la versión que plasmó su defensa en la justificación patrimonial.

El grueso de la inversión se concentró en 2017, cuando el matrimonio destinó USD 199.883,20 a la compra de criptomonedas, lo que representó más del 99% del capital total invertido. Antes de dar ese salto financiero, en 2014 habrían probado con los primeros USD 1.897,20.

Con la fuerte revalorización del activo a fines de 2017, el exfuncionario decidió desarmar sus posiciones para “garantizar, a mediano plazo, la educación y el futuro de sus hijos”, expuso su defensa. Casi no tocó esas ganancias hasta diciembre de 2023. “Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”, justificó la defensa.

La liquidación se concretó bajo la misma modalidad: reuniones físicas donde Adorni transfirió los Bitcoin y recibió dólares en efectivo, siempre en negro. El escrito identificó ocho direcciones de billeteras virtuales que registraron actividad exclusivamente entre 2014 y 2018, las cuales quedaron totalmente vacías tras las operaciones. El total obtenido por estas ventas ascendió a USD 591.544,61.

Este capital en efectivo, siguió la defensa del ex ministro coordinador, nunca pasó por un banco y siempre se resguardó en el domicilio del matrimonio.

Para intentar demostrar que son suyas las billeteras virtuales por las que pasó el dinero —que en rigor no tienen datos del titular—, Adorni certificó ante un escribano que tiene las contraseñas (claves privadas) necesarias para operar esas cuentas. Verificar esto será uno de los puntos clave para lo que viene en la investigación.

Sucede que las cuentas informadas son las denominadas “billeteras de autocustodia”, un tipo de cartera que no pertenece a plataformas o exchanges centralizados y regulados. Por ende, no cuentan con datos de titularidad, registro de identidad ni un nombre y apellido asociado.

Para la defensa, la sola posesión de las claves privadas “acredita fehacientemente la titularidad” de las billeteras virtuales. Restará saber si el fiscal y el juez comparten el mismo criterio.

“El señor Adorni me entregó las claves privadas de cada una de estas en un sobre cerrado y lacrado que solo podrá ser abierto si se requiriera en el marco de esta investigación”, propuso en esa línea el abogado Ledesma.

Con ese medio millón de dólares, que recién habrían empezado a gastar cuando Adorni llegó al poder, costearon sus viajes, las adquisiciones inmobiliarias y las lujosas compras y refacciones que llamaron la atención de los investigadores. Entre estos gastos se encontraron la compra del lote 380 en el country Indio Cuá, su posterior remodelación y la adquisición de un departamento en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito.

Deudas que “desaparecieron”

Otro de los puntos críticos del requerimiento fiscal apuntó a la cancelación de pasivos financieros. La fiscalía intimó a Adorni a explicar el destino y la forma de pago de dos deudas informadas por el propio Adorni en su declaración jurada de 2023: una personal por $6.429.000 y otra de su cónyuge por $3.903.000, ambas contraídas con el Banco de Galicia, que dejaron de figurar en los ejercicios siguientes.

Los investigadores sospechan que esos pasivos se pagaron, y por ende integran la lista de “gastos” de la familia.

La respuesta de la defensa ante este requerimiento resultó llamativa. El escrito sostuvo que tales deudas eran “inexistentes” y que nunca se declararon ante el organismo recaudador en las presentaciones impositivas ordinarias. El abogado defensor atribuyó la inclusión de estos pasivos millonarios en la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción a un mero “error material” de carga.

Para subsanar esta y otras inconsistencias, Adorni presentó una serie de declaraciones rectificativas el 10 de junio de 2026. La defensa argumentó que la rectificación es un derecho amparado por la Ley de Procedimiento Tributario, la cual exime de sanciones a quienes regularicen su situación de manera espontánea antes de recibir una notificación formal de inspección.

Bajo esta premisa, el descargo rechazó cualquier acusación de “omisión maliciosa”, señalando que el exfuncionario corrigió los datos por iniciativa propia y abonó los impuestos correspondientes antes de ser notificado del requerimiento judicial, aunque lo hizo cuando la causa por enriquecimiento ilícito ya estaba avanzada.

El fiscal Pollicita también exigió acreditar la existencia, la entrega efectiva de los fondos y la evolución de los contratos de mutuo celebrados con dos familiares directas: Silvia Pais (madre de Adorni) y Norma Zuccolo. Estos préstamos privados fueron utilizados por el exfuncionario como fuentes de financiamiento en sus declaraciones patrimoniales.

La defensa admitió que no existen documentos escritos, transferencias bancarias ni registros de fecha cierta que prueben la entrega del dinero. El descargo argumentó que el Código Civil y Comercial de la Nación no impone formalidades solemnes para la validez de los contratos de mutuo entre particulares.

Adorni alegó que se trató de un préstamo “entre madre e hijo”, vínculo en el que “la ausencia de formalidades documentales adicionales no es indicio de irregularidad sino la práctica habitual entre familiares directos”.

Como único elemento de prueba, la defensa remitió a las propias declaraciones juradas impositivas de Adorni, donde se asentaron dichos pasivos.

Ahora la justificación patrimonial que el ex jefe de Gabinete desarrolló a lo largo de 78 páginas -además de tres anexos- quedará bajo estudio del fiscal Gerardo Pollicita, quien debe evaluarla antes de decidir si pide al juez Ariel Lijo la indagatoria del exfuncionario.

En una extensa resolución de 648 páginas, el juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho iraníes y libaneses por sus respectivas participaciones en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El ataque terrorista, perpetrado el 18 de julio de 1994, provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos. El magistrado determinó además un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los imputados.

Este avance en la investigación se concretó mediante la aplicación de la Ley N° 27.784, que regula el régimen de juicio en ausencia. Dicha herramienta procesal posibilita que la causa continúe su curso a pesar de que los sospechosos se encuentran prófugos de la justicia en el exterior, garantizando de igual modo su derecho a la defensa técnica a través de un representante oficial.

Rafecas firmó los procesamientos como subrogante del Juzgado Federal N° 6, cargo que dejará el próximo mes de octubre.

En base a las pruebas recopiladas por la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, el magistrado determinó que la planificación del atentado comenzó en agosto de 1993.

La cúpula del régimen de Irán tomó la decisión política de ejecutar la agresión y delegó la parte operativa en Hezbollah, la organización armada proiraní asentada en el Líbano. Para llevar a cabo la misión, esta agrupación estructuró una red de asistencia local y regional que operó desde la zona de la Triple Frontera, que abarca las localidades de Puerto Iguazú en Argentina, Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay.

La investigación judicial detalló de manera precisa la cronología de los días previos a la explosión. El domingo 10 de julio de 1994, los ejecutores adquirieron una camioneta utilitaria Renault Trafic. Cinco días más tarde, el viernes 15 de julio a las 18, el vehículo ya se encontraba acondicionado y cargado con una combinación de 300 kilogramos de amonal y TNT.

Los encargados de la logística estacionaron la camioneta en un garaje público ubicado a cuatro cuadras de la mutual judía, donde permaneció hasta la mañana del lunes 18 de julio, momento elegido para detonarlo y causar el mayor daño posible, debido al elevado flujo de personas que concurrían al edificio en ese momento.

Quiénes son los procesados

El juez Rafecas encuadró las conductas imputadas bajo las figuras de homicidios y lesiones reiteradas, agravadas por haber sido cometidas por odio racial o religioso, mediante el empleo de un elemento idóneo para generar un peligro común, sumado al delito de daño agravado por motivos discriminatorios. Asimismo, el magistrado encuadró el ataque como un crimen de lesa humanidad y bajo la figura internacional de genocidio.

La resolución judicial diferenció los roles de los acusados según su nivel de participación en la estructura delictiva:

Se procesó como “autores mediatos” a cuatro exfuncionarios que, desde sus posiciones de poder en el Estado iraní, tomaron las decisiones y facilitaron la logística para que los ejecutores materiales actuaran en el terreno:

• Alí Fallahijan, quien se desempeñaba como Ministro de Inteligencia de Irán.
• Alí Velayati, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país.
• Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní.
• Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds, cuerpo de élite de la mencionada Guardia Revolucionaria.

Y, como cómplices necesarios, el juez ubicó a tres individuos que aportaron un soporte indispensable para el desarrollo del plan criminal desde los canales diplomáticos y la estructura operativa local:

• Hadi Soleimanpour, exembajador de la República Islámica de Irán en territorio argentino.
• Mohsen Rabbani, referente religioso fundamentalista instalado en Buenos Aires desde el año 1983, quien ejercía como consejero cultural de la embajada iraní.
• Ahmad Asghari, sindicado como agente de inteligencia perteneciente a la Guardia Revolucionaria.

Por último está Salman Raouf Salman (conocido también como Samuel El Reda), un miembro de nacionalidad libanesa perteneciente a Hezbollah, a quien se le atribuye la coordinación operativa de la fase final del atentado en Buenos Aires.

Por otra parte, el juzgado dictó la falta de mérito para los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. En relación con el líder supremo de Irán, Alí Khamenei, el jefe militar de Hezbollah, Imad Mughniyeh, y el ciudadano libanés Alí Hussein Abdallah, Rafecas no se pronunció sobre sus situaciones procesales debido a que fallecieron en los años 2026, 2008 y 2020, respectivamente.

La semana pasada, Rafecas había incluido entre los imputados pasibles de ser juzgados en ausencia al jerarca iraní Alí Asghar Hejazi, mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Hejazi fue imputado y llamado a indagatoria en abril, desde cuando también rige una orden de captura internacional contra él.

La conexión internacional y los próximos pasos

La resolución judicial también dio por probado que el ataque a la AMIA estuvo coordinado con un segundo atentado perpetrado al día siguiente en Panamá. En ese hecho, un terrorista suicida hizo estallar una aeronave comercial, lo que provocó el fallecimiento de tres tripulantes y 17 pasajeros, entre los cuales se encontraban 12 integrantes de la comunidad judía panameña.

Ambos episodios fueron adjudicados de forma conjunta cuatro días después por Hezbollah desde el Líbano, utilizando el nombre de cobertura “Ansar Allah”. Actualmente, la justicia panameña mantiene una investigación abierta por este suceso y realiza intercambios de información con los tribunales argentinos.

En el plano local, el juez Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar la posible vinculación de este expediente con la causa que investiga el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992. Esta medida se fundamentó en un dictamen del fiscal Sebastián Basso, que sostiene que ambos ataques terroristas en territorio argentino fueron ejecutados por la organización Hezbollah.

La resolución de procesamiento y embargo podrá ser apelada por el defensor oficial, Hernán Silva.

En caso de que los tribunales superiores confirmen el fallo, el Juzgado estará en condiciones de requerir la opinión de la fiscalía, las querellas y la defensa para disponer la elevación de la causa a juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, cumpliendo así con el propósito de la legislación de juicio en ausencia.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente de resolución un reclamo sobre la validez constitucional del juicio en ausencia. Hubo una audiencia el 10 de septiembre para escuchar a las partes antes de dictar el fallo.

Un golpe de timón de los peritos oficiales de la Gendarmería Nacional generó una fuerte controversia en el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los especialistas de esa fuerza de seguridad suspendieron el punto de pericia que apunta a cotejar las grabaciones con una muestra de voz del exfuncionario libertario procesado por corrupción, al considerar que los archivos analizados no son aptos para su comparación.

A esa conclusión arribaron los peritos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería este miércoles, según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente. Lo llamativo es que apenas unos días atrás habían establecido exactamente lo opuesto.

La controversia gira en torno a un audio de 3 minutos y 11 segundos de duración, uno de los más largos entre los 58 archivos que están incorporados a la causa. Es una escucha en la que quien sería Spagnuolo refiere: “Realmente no lo entiendo. Así, a tan poco tiempo que hayan... No es que dijeron: ‘Bueno, muchachos, vía libre, arranquen’. No, toda para ellos. Toda para ellos con la firma de ustedes. Es tremendo”. Aunque lo sugiere, no precisa quiénes son “ellos”.

En otro pasaje habla de las internas en Casa Rosada, menciona a la ministra Sandra Pettovello, el vínculo entre “Lule” Menem y Karina Milei, y las diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel: “El daño que puede hacer Victoria si se para en la vereda de enfrente, o si se para en una vereda distinta, no en la de enfrente. No entiendo cómo no lo están ponderando eso”, se escucha en la grabación.

Este audio de poco más de tres minutos se analizó durante las últimas semanas para saber si es apto para el cotejo con una muestra indubitable de la voz de Spagnuolo, algo que ordenó el juez Ariel Lijo. Es un punto clave para esclarecer, con rigor científico, si quien habla es efectivamente el exfuncionario.

El 2 de septiembre último, los peritos oficiales de Gendarmería habían concluido que el archivo era apto. Pero en la reunión del miércoles pasado cambiaron de parecer y catalogaron el material como “no apto” para el cotejo, luego de un nuevo análisis de integridad.

Según coincidieron distintas fuentes consultadas por este medio, la Gendarmería usa un sistema de comparación forense de voces para tareas como esta. Los peritos oficiales se rigen por los lineamientos establecidos en la Resolución 526/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional, que tiene un protocolo específico para actuar en estos casos.

Amparados en ese marco de acción, los expertos de la Gendarmería decidieron suspender el cotejo de voz, al menos hasta que encuentren algún audio útil para la comparación. No obstante, sugieren las fuentes consultadas, si esto no se puede hacer con la grabación más larga, tampoco se podría con las de menor duración.

El giro de los peritos oficiales provocó un tenso cortocircuito en el laboratorio del edificio Centinela. Los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), designados por el fiscal de la causa, Franco Picardi, manifestaron su oposición sobre la no aptitud del archivo.

Los forenses del Ministerio Público Fiscal aseguraron allí que el material está en condiciones de ser cotejado. Según pudo reconstruir Infobae, hasta llegaron a advertir que ese punto de la pericia se podría hacer en las oficinas de la DATIP, ya que sus protocolos y herramientas sí permitirían avanzar.

Rápidamente salieron al cruce los peritos de parte de las defensas, que desalentaron el ofrecimiento. Participan especialistas designados por Diego Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina.

El cotejo

Tal como viene contando Infobae, el juez Ariel Lijo había ordenado citar a Spagnuolo para que hable ante un micrófono en los laboratorios del edificio Centinela. El exdirector de la ANDIS se negó desde un principio e intentó anular el peritaje, bajo el argumento de que la colaboración exigida viola su derecho a no autoincriminarse.

El magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 11 rechazó el planteo de nulidad y el tema ahora está en la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

De cualquier forma, el acusado no está obligado a comparecer. Como segunda opción, el fiscal Picardi ofreció tomar las muestras de voz necesarias de cuatro entrevistas que Diego Spagnuolo dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

No obstante, con esta última decisión de Gendarmería, el cotejo parece haberse empantanado.

Además de intentar esclarecer el origen y la veracidad de los audios, la pericia buscará detectar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

La estrategia de algunos de los principales acusados apunta a aplicar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, bajo el argumento de que, si se demuestra la invalidez o la procedencia ilegal de los audios, toda la investigación y las pruebas derivadas que se sucedieron con posterioridad también deben caer por estar contaminadas de nulidad.

La justicia federal comenzó formalmente la investigación sobre una maniobra de corrupción con el pago de sueldos dentro de la Armada Argentina. El fiscal Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1, impulsó la acción penal y solicitó este viernes una serie de medidas de prueba clave para determinar cómo se ejecutaron cientos de transferencias bancarias irregulares mediante las cuales se habrían desviado casi mil millones de pesos.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez federal Sebastián Ramos recibió en las últimas horas un dictamen de la fiscalía en el que se requirió un peritaje informático, la declaración de un testigo, copia de los legajos personales de los militares involucrados y documentación al Banco de la Nación Argentina.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia penal presentada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio. La presentación judicial detalló que, entre julio de 2022 y enero de 2026, se realizaron 645 transferencias bancarias indebidas a favor de 23 personas, cuatro de ellas ajenas a la Armada.

El monto total del entramado ascendió a $981.148.567,88, aunque luego de algunas devoluciones parciales efectuadas por algunos involucrados, la cifra neta del presunto desfalco se ubicó en $938.574.300,25.

El requerimiento de instrucción presentado por el fiscal González ante el Juzgado Federal N° 2 -que de momento no delegó la investigación- se estructuró sobre cuatro ejes.

En primer lugar, la fiscalía solicitó formalmente a la Armada Argentina la remisión de copias de los legajos personales de todos los imputados en la causa. Esta medida busca precisar los cargos, destinos, funciones y los períodos exactos en los que se desempeñó cada uno de los sospechosos. Asimismo, requirió la nómina completa del personal que cumplió funciones en el Departamento Revista -donde se liquidan los sueldos- durante el período bajo sospecha, junto con el organigrama de la estructura administrativa y la normativa interna que regulaba el circuito de liquidación de sueldos. Con esto, la fiscalía pretende identificar con precisión qué agentes poseían permisos de acceso para manipular los archivos de acreditación bancaria.

En segundo término, el fiscal propuso la declaración testimonial de Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria. Borda integró la comisión interdisciplinaria que detectó las inconsistencias en las cuentas de la fuerza. Su testimonio resultará clave para que explique ante la justicia la metodología de análisis utilizada, las fuentes de información cotejadas y los hallazgos iniciales que dieron origen a la denuncia.

Como tercera medida, el Ministerio Público pidió librar un oficio al Banco Nación. La fiscalía demandó que la entidad bancaria estatal aporte las constancias de todas las transferencias realizadas a las cuentas de las 23 personas investigadas. El requerimiento exige el detalle de las fechas, los montos, CBU y la titularidad de las cuentas receptoras. Además, el banco deberá entregar los registros de las órdenes de pago enviadas por la Armada para identificar el lote específico de origen de cada transacción.

Finalmente, el fiscal dispuso la realización de una pericia informática sobre las computadoras que la Armada resguardó de manera preventiva. Este peritaje técnico buscará identificar qué usuarios accedieron a las terminales, qué archivos se crearon o modificaron y cuáles fueron transmitidos al banco. El análisis informático intentará determinar con exactitud qué datos e importes se alteraron, a qué beneficiarios correspondían y las fechas y horarios en que se concretaron las modificaciones manuales.

El mecanismo del fraude

Según la denuncia, los archivos generados de forma automática por el Sistema de Haberes de la Armada eran modificados manualmente antes de ser enviados al Banco Nación.

Los autores de la maniobra incrementaban de forma transitoria los montos de dinero destinados a las personas beneficiadas. Una vez que el banco procesaba los pagos y transfería los fondos, los registros informáticos internos de la Armada eran restituidos a sus valores originales. De esta manera, las modificaciones no quedaban registradas en los recibos de sueldo que los agentes visualizaban en la plataforma web de la institución.

La maniobra se descubrió en febrero de 2026, cuando una auditoría de rutina sobre la liquidación de enero detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos salariales sin justificación. Aunque estos funcionarios devolvieron el dinero, la Jefatura de Administración Financiera profundizó los controles hacia atrás y descubrió que la operatoria ilegal se venía repitiendo sistemáticamente desde julio de 2022.

La fiscalía imputó inicialmente a un grupo de militares, personal civil y personas particulares. El principal sospechoso es el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Era el funcionario a cargo del área donde se liquidaban los sueldos y viáticos. Lo separaron una vez que se radicó la denuncia.

Atanasoff confesó ante sus superiores de la Armada que repartió dinero por fuera de lo permitido y con el fin de beneficiar económicamente a los destinatarios. También aseguró haber actuado solo, según se desprende del expediente.

La sospecha sobre Atanasoff se consolidó cuando los auditores descubrieron que la mayor beneficiaria del esquema era su propia esposa, María del Carmen Prieto, una persona totalmente ajena a la fuerza. Prieto percibió 46 acreditaciones bancarias por un total de $152.259.495,86.

Junto a ella, otras tres personas sin vinculación laboral ni funcional con la institución militar recibieron sumas millonarias. En total, estos cuatro sospechosos ajenos a la fuerza concentraron el 44,25% de los fondos desviados.

La justicia también investiga a otros oficiales y agentes civiles de la Armada. Entre ellos, se analiza la situación del capitán de corbeta Roberto Eduardo Castro, quien cobró sueldos en el país de forma simultánea a los haberes que percibía mientras estaba destinado en el exterior, y de su esposa, Luana Magalí Piedigrossi, quien cobraba mientras se encontraba de licencia sin goce de sueldo.

Este jueves, una decena de militares fueron apartados de sus funciones por la trama de corrupción. Aún está abierto un sumario interno que podría derivar en la destitución de los responsables.

En la causa penal, el próximo paso deberá darlo el juez Ramos, quien debe decidir qué medidas de prueba ordena a partir del dictamen del fiscal.

La fiscal porteña Celsa Ramírez le tomó declaración indagatoria este jueves a los influencers libertarios Daniel “Gordo Dan” Parisini y Mariano Pérez, en el marco de una causa por amenazas, incitación a la violencia y discriminación que inició el diputado nacional Esteban Paulón. Otros tres comunicadores oficialistas están citados mañana. Los investigan por acusar al legislador de narco y pedófilo, en una presunta campaña sostenida de agresiones, acusaciones falsas y expresiones intimidatorias vertidas en redes sociales.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Parisini y Pérez se negaron a declarar. Representados por el mismo abogado defensor, los imputados se limitaron a presentar un escrito. Tuvieron que pasar por el registro de antecedentes penales y les tomaron muestras de sus huellas dactilares.

La fiscal especializada en Investigaciones Complejas impuso una orden de alejamiento recíproca, tanto virtual como física. No puede haber contacto personal ni digital entre denunciante y denunciados hasta que concluya el proceso penal.

Este viernes deberá comparecer el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, quien tiene varias causas abiertas, una de ellas en los tribunales de Comodoro Py a partir de que propuso bombardear y esterilizar ciudadanos en el conurbano bonaerense. En agosto había acordado una donación económica a un hospital para cerrar otro expediente por discriminación a la comunidad islámica.

Sarubbi Benítez, además, denunció a la fiscal que lo investiga y pidió su recusación.

Detrás de la indagatoria de Sarubbi Benítez seguirán Pablo Sebastián Pazos, compañero del Gordo Dan en el streaming Carajo, y Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei.

Consultado por Infobae, Dan respondió irónico a la citación: “Espero que no sea una persecución a los artistas”, dijo, en referencia al show que dará próximamente en el Teatro Gran Rex.

La causa

El caso se originó a partir de una denuncia efectuada por Paulón, quien además de diputado es activista y referente de organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual.

Según la presentación, tras asumir su banca legislativa y manifestar su oposición política a la gestión de gobierno actual, comenzó a recibir un volumen inusual de agresiones digitales.

El punto de inflexión ocurrió a mediados de 2025, cuando las descalificaciones se trasladaron desde perfiles anónimos hacia cuentas verificadas con un alcance masivo de usuarios. El 24 de junio de ese año, Pablo Sebastián Pazos publicó en la red social “X” un mensaje que asociaba de forma directa al diputado con la pedofilia, acompañado de la frase “SIDA PARA VOS” y capturas de pantalla sobre el activismo del legislador.

Ante la falta de respuesta a una intimación por carta documento, Paulón expuso públicamente la situación en una sesión de la Cámara de Diputados el 2 de julio último.

Esa misma noche, durante la emisión del programa de streaming “La Misa”, transmitido por el canal Carajo y conducido por Daniel Parisini, los integrantes de la mesa hicieron una reacción en vivo al discurso del diputado.

En dicho espacio, según la denuncia, se reiteraron las acusaciones de pedofilia y se calificó como “abuso infantil” a las políticas públicas de acompañamiento a las infancias trans en las que Paulón participó durante su gestión pública en la provincia de Santa Fe.

La fiscalía de Celsa Ramírez le dio intervención a la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que a partir de una reconstrucción en redes sociales destacó cuatro publicaciones del Gordo Dan en la plataforma X:

• El 12 de enero de 2024, Parisini comentó una publicación de Paulón con la frase “Vas a correr”.
• El 10 de febrero de 2024, publicó un mensaje sugiriendo de manera pública que el diputado y la legisladora Mónica Fein poseían vínculos con el narcotráfico.
• El 27 de noviembre de 2024, aludió de forma irónica a las denuncias penales en su contra, expresando su voluntad de ir a prisión por unos días.
• El 5 de julio de 2025, emitió un comentario dirigido a una cuenta institucional de diversidad sexual donde asoció la promoción de las identidades trans con la pedofilia y el abuso infantil.

La hipótesis fiscal apunta a que estas expresiones no constituyeron críticas aisladas, sino un ataque coordinado y diseñado para generar el escarnio público de la víctima. La acusación ubicó a los imputados utilizando de forma deliberada estereotipos históricos de estigmatización contra los varones homosexuales, vinculando su orientación sexual con delitos graves y enfermedades de transmisión sexual.

Nicolás Márquez, por ejemplo, posteó a fines del año pasado: “La Diputada @EstebanPaulon siempre publicitando conductas que contagian el VIH”.

El propio Paulón declaró ante la justicia que estas acciones le provocaron un profundo temor por su integridad física y su vida. El legislador explicó que la difusión de estos mensajes ante audiencias que superan los cientos de miles de seguidores estimula a terceras personas a cometer agresiones físicas en la vía pública, bajo la premisa de que se combate a un “ser aberrante”.

De hecho, la causa incorporó como prueba comentarios de usuarios comunes que, en respuesta a los posteos de los denunciados, reclamaban torturas y muertes contra los referentes de la comunidad LGBT.

Informes técnicos

Durante la instrucción de la causa, la fiscalía solicitó la intervención de organismos especializados para evaluar el impacto de la violencia digital en minorías sexuales. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) presentó un dictamen técnico en el que concluyó que los imputados no reprodujeron prejuicios de forma pasiva, sino que los seleccionaron y amplificaron para construir un “blanco de hostilidad pública” debido a la actividad política del denunciante.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina aportó su perspectiva y recordó que el Estado tiene una obligación reforzada de investigar y proteger a los defensores de derechos humanos cuando son objeto de ataques que buscan inhibir su participación en el debate democrático.

Asimismo, la Fundación Huésped fue admitida en el expediente bajo la figura de amicus curiae (amigo del Tribunal) para exponer sobre el daño que causan los discursos estigmatizantes vinculados al VIH y al sida en la salud pública.

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron que buscarán revisar la condena de la causa Vialidad a partir de nuevas pruebas que, según su criterio, demostrarían que la expresidenta no benefició de manera indebida a Lázaro Báez y el Grupo Austral. De esta manera construirán una estrategia para intentar suspender, al menos momentáneamente, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El defensor Carlos Alberto Beraldi brindó una conferencia de prensa acompañado de sus pares, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, quienes además trabajan en el tratamiento del caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Durante la conferencia, el equipo legal mostró un informe técnico elaborado por Specs Consultoría. El estudio concluyó que el Grupo Austral recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, establecido por el decreto 54/2009 que firmó la entonces presidenta. Los desembolsos superan los 18.6 millones de dólares.

“El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos, que se llaman fondos del fideicomiso de transportes o SISVIAL, a partir de un decreto que Cristina Kirchner firma (el decreto 54/2009). Y dice el tribunal que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras que habían sido asignadas a Lázaro Báez”, relató el abogado Beraldi.

Los defensores de la exmandataria resaltaron que “el principal destinatario” de esos fondos entre 2009 y 2015 fue IECSA S.A., que “es una empresa del primo del expresidente Mauricio Macri”, el empresario Ángelo Calcaterra.

“A Lázaro Báez se le asignó menos del 1%; es sorprendente para nosotros. (El decreto) Es una norma general que de ninguna manera tenía carácter delictivo. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso, que se lo quería beneficiar a Báez”, continuó Beraldi.

Según adelantaron los letrados, hay más “pruebas nuevas” sobre las que aún están trabajando, y no develarán por ahora. Todo se presentará ante la ONU, en el plano internacional, y la Cámara Federal de Casación Penal, en los tribunales locales.

Ante el máximo tribunal penal federal tramitará el recurso de revisión, la “prioridad” de los abogados de Fernández de Kirchner, tal como reconocieron. Es que por esa vía es que la expresidenta buscará que suspendan los efectos de su condena, que incluye su privación de la libertad y la inhabilitación política y electoral.

Carlos Beraldi aseguró que “con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia. Estamos en condiciones de que un tribunal avance en el análisis de lo que planteamos e incluso pueda suspender los efectos de la condena”.

El objetivo, reconoció el abogado, es “que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política”.

Tras el anuncio, un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa Vialidad señaló a Infobae que esta cuestión no es nueva, sino que ya fue “tratada y rechazada varias veces”. Además, subrayó que el informe se basa en datos nacionales, mientras que en el juicio se debatió solamente la corrupción de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde Lázaro Báez se quedó con “cerca del 85% de las obras”.

El origen de las nuevas pruebas

Según relató el equipo que defiende a la expresidenta, empezaron a investigar el porcentaje de fondos que recibió el Grupo Austral a partir de la declaración testimonial de un funcionario de Vialidad propuesto por la fiscalía en el juicio de los cuadernos de las coimas.

El testigo brindó “una explicación sobre una base de datos incorporada a la causa”, para precisar cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso entre 2009 y 2018.

“Cuando vimos eso, pedimos esa información ahora explicada públicamente y aclarada por quien la había realizado, e iniciamos una investigación”, contó Beraldi.

Y siguió: “Encontramos que, cuando se hablaba de la utilización de los fondos que se le habían dado a la Dirección Nacional de Vialidad entre 2009 y 2015, por lo que se la había condenado a Cristina, la inversión era enorme, más de 2.000 millones de dólares. Y a Lázaro Báez se le asignó menos del 1%”.

Según el defensor, en su momento habían propuesto hacer una pericia contable para demostrar cómo se habían usado los fondos y determinar si hubo beneficiados, pero el ofrecimiento fue rechazado en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación de la ley nacional 27.801 en la provincia de Buenos Aires, al considerar que un juez no puede dejar sin efecto de manera general una norma sancionada por el Congreso mediante una decisión provisoria.

La resolución dio marcha atrás con la orden de la jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2, Marta Pascual, que había dictado en el marco de una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo promovida por la Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La cautelar se había limitado a los adolescentes que ya se encontraban privados de libertad en territorio bonaerense. Sin embargo, la presentación también incluía a jóvenes que pudieran ser aprehendidos, sometidos a proceso judicial y eventualmente detenidos bajo el nuevo marco legal.

Los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi sostuvieron que las leyes aprobadas por los mecanismos constitucionales tienen presunción de legitimidad y solo pueden ser neutralizadas mediante una declaración de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad en un caso concreto.

Además, ordenaron que la jueza Pascual revise con urgencia su competencia para continuar interviniendo en el hábeas corpus.

El fallo

Según los integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, el control judicial no habilita a suspender preventivamente una ley nacional para todas las personas comprendidas en su alcance.

Afirmaron que la política criminal integra la esfera de reserva del Poder Legislativo. Por ese motivo, los tribunales no pueden examinar la conveniencia o el acierto de las normas aprobadas por el Congreso ni prescindir de su aplicación por considerar que podrían generar resultados injustos o inapropiados.

Asimismo, citaron la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la división de poderes. Señalaron que en fallo “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo”, vinculado con la ley de medios, el máximo tribunal había advertido que ningún juez argentino posee facultades para suspender una ley con efectos generales, ni siquiera como medida cautelar.

La Cámara entendió que esa clase de decisiones altera el modelo de control de constitucionalidad vigente en Argentina, que opera sobre casos determinados. Una cautelar de alcance general, afirmó, supone atribuirse la potestad de dictar una sentencia definitiva con idénticos efectos, una competencia que la Constitución Nacional no concede a ningún juez o tribunal.

No obstante, aclaró que su decisión no minimiza la situación de los jóvenes detenidos en procesos judiciales bonaerenses. Si una situación concreta agravara sus condiciones de encierro, el juez a cuya disposición se encuentre el adolescente deberá ordenar medidas urgentes dentro del marco legal vigente y requerir a la administración los recursos necesarios para cumplir los estándares constitucionales y convencionales.

La resolución de la Cámara surgió ante la apelación que presentó el Ministerio Público Fiscal, que cuestionó que la suspensión se apoyara en hipótesis sobre eventuales consecuencias futuras de la implementación de la norma, sin acreditar una afectación ilegal o arbitraria concreta respecto de un adolescente determinado.

La polémica por la medida cautelar

La jueza Pascual había fundamentado su decisión en las condiciones materiales, institucionales y profesionales de los dispositivos bonaerenses de privación de libertad.

Consideró que la ley 27.801 amplía el universo de adolescentes punibles al incorporar a jóvenes de 14 y 15 años, eliminar la exclusión de delitos menores y suprimir la aplicación de escalas penales atenuadas.

La magistrada advirtió que el aumento potencial de personas detenidas podía producir una lesión grave e inminente de derechos fundamentales si no existían recursos suficientes para recibirlas.

También sostuvo que no era necesario esperar a que la vulneración se concretara para adoptar una medida de protección.

La decisión de la jueza Pascual había desatado una fuerte polémica, que derivó en una denuncia de la asociación civil Usina de Justicia contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.

La entidad considera que la suspensión de una ley penal sancionada por el Congreso podría exceder las atribuciones del tribunal y afectar la división de poderes.

Por otro lado, se formalizaron varios pedidos de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para procurar su destitución por mal desempeño y abuso de autoridad.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este martes el sobreseimiento de Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo, hermanos del ministro de Economía, quien nunca estuvo involucrado en el caso. Los tres estaban imputados en la causa que investigó el presunto financiamiento ilegal a Revolución Federal, la agrupación extremista que protagonizó actos de violencia política poco antes del intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una segunda resolución, el mismo magistrado elevó a juicio a Jonathan Ezequiel Morel, Nilda Sabrina Basile, Gastón Ezequiel Ángel Guerra, Leonardo Franco Sosa y Lidia Margarita Casciano, integrantes del grupo antikirchnerista.

Según plasmó Martínez De Giorgi en un fallo de 168 páginas, al que accedió Infobae, la investigación descartó que los pagos realizados por los fideicomisos bajo administración de la firma Caputo Hermanos S.A. hacia el carpintero Jonathan Morel —líder de Revolución Federal— constituyeran una “pantalla” para subvencionar actividades políticas violentas.

En el expediente constan análisis de llamados y mensajes telefónicos, peritajes contables, registros de transporte y la constatación física de las obras. El juez concluyó que los desembolsos correspondieron a transacciones comerciales reales para adquirir muebles que luego se usaron en departamentos en Vaca Muerta, Neuquén, y un salón de usos múltiples en San Vicente, Buenos Aires.

Los primeros encargos

La vinculación entre la familia Caputo y Jonathan Morel comenzó a finales de 2021. Según el expediente, Rosana Caputo, decoradora de interiores y hermana mayor de “Toto”, observó tablones de madera maciza expuestos en la vía pública frente al local de Morel en Boulogne. Al ingresar al comercio, que operaba bajo el nombre de “Dogo Carpintería”, pidió un presupuesto para confeccionar una barra de bar y mesas ratonas destinadas al salón de usos múltiples (SUM) del barrio cerrado Santa Clara al Sur, ubicado en Canning.

La defensa de Flavio Caputo argumentó que recurrieron a Morel porque los proveedores habituales de la empresa constructora manejaban valores muy elevados para ese tipo de trabajos rústicos. Esta versión coincidió con el descargo del propio carpintero en su declaración indagatoria, donde manifestó que abrió su negocio a mediados de 2021 tras aprender el oficio mediante tutoriales en YouTube.

La policía constató la veracidad de esta primera aproximación al hallar en el taller de Boulogne carpetas con órdenes de trabajo manuscritas. En uno de los anotadores confiscados figuró un registro del 17 de diciembre de 2021 a nombre de “Rossana Mendez” —apellido de casada de la decoradora— que detallaba el diseño a mano alzada de una mesa ratona por un valor de 29.000 pesos. Pocos días después, el 28 de diciembre, Morel emitió seis facturas consecutivas al Fideicomiso Santa Clara al Sur por montos de entre 26.000 y 30.000 pesos, sumando un total de 176.000 pesos que coincidieron con los registros de pago de la constructora.

El proyecto “Espacio Añelo” en Vaca Muerta

El núcleo de la sospecha de la querella, representada por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, se centró en el segundo y más voluminoso contrato: el amoblamiento del edificio “Espacio Añelo”. Se trata de un complejo de 60 departamentos modulares construido con el sistema industrializado Steel Frame por la empresa Idero SRL en su planta de Moreno, Buenos Aires, y ensamblado posteriormente en la provincia de Neuquén para albergar a operarios de la industria petrolera.

Los abogados de la expresidenta calificaron como “inverosímil” y una “coartada” que una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes del país contratara a un taller pequeño, sin capacidad industrial y ubicado a más de 1.200 kilómetros de la obra, para fabricar 144 mesas de luz, 144 respaldos de cama, 60 mesas ratonas, cajoneras y barras desayunadoras.

Sin embargo, el juez Martínez De Giorgi verificó que el edificio existe y se encuentra completamente equipado con ese mobiliario.

El 11 de noviembre de 2022, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó una inspección ocular en Añelo y constató que las unidades funcionales poseían los muebles detallados en los remitos de entrega. El arquitecto Emanuel Dahir, jefe de obra de Idero SRL y ajeno a las firmas investigadas, declaró que recibió los camiones con los muebles provenientes de Buenos Aires y coordinó con Morel y tres colaboradores la instalación y el montaje en los departamentos durante una semana de trabajo en agosto de 2022.

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la carpintería de Morel era una “pantalla comercial” para justificar su financiamiento. Ahora la Justicia desestimó esa hipótesis.

La querella vinculó cronológicamente los desembolsos de dinero con las manifestaciones de Revolución Federal en la vía pública. Y destacó que los pagos cesaron de manera inmediata una vez que la agrupación dejó de actuar y se disolvió, puntualmente tras el intento de magnicidio, según insistieron los abogados de CFK.

En cambio, el juez Martínez De Giorgi entendió que los pagos coinciden con el avance lógico de la obra. Las tratativas comerciales y la búsqueda de presupuestos por parte de la constructora comenzaron en abril de 2022, justo antes de que la agrupación política fuera creada formalmente en las redes sociales el 11 de mayo de ese año.

La resolución remarcó que no se hallaron mensajes, testimonios ni documentos que demuestren que los hermanos Caputo conocieran la militancia de Morel antes de contratarlo, ni que el destino de las ganancias comerciales del carpintero fuera coordinado por la empresa desarrolladora. Al no comprobarse un nexo causal entre los pagos por los muebles y las acciones delictivas por las que la agrupación irá a juicio, el magistrado se volcó por el sobreseimiento de los hermanos Caputo.

Denuncia ante el ARCA

El análisis de los celulares secuestrados aportó claridad sobre la modalidad de facturación y la tercerización de las tareas. Morel admitió en su indagatoria que, debido a la envergadura del encargo, no podía hacerlo solo y, por eso, actuó como un “coordinador comercial”. Subcontrató la herrería de las patas de las mesas, las banquetas y la fabricación de los muebles de melamina a distintos proveedores.

Los mensajes de WhatsApp revelaron que Morel y su entorno diseñaron una estrategia para evitar superar los límites de facturación del régimen simplificado de pequeños contribuyentes y no pasar a la categoría de Responsable Inscripto ante la entonces AFIP. Su contadora le advirtió por chat que tenía un tope de acumulación anual para no perder el monotributo.

Para sortear este obstáculo impositivo, Morel solicitó a su socia Ailen Vallero y a su expareja Evelyn Balboa que se inscribieran de forma exprés en el monotributo en mayo y junio de 2022. De este modo, cada una emitió una factura de 2.500.000 pesos a nombre del Fideicomiso Espacio Añelo por supuestos servicios de carpintería, dividiendo el cobro de los fondos que en realidad gestionaba el líder de Revolución Federal.

En una escucha telefónica del 13 de octubre de 2022, Morel le explicó a una allegada que utilizó las cuentas de sus conocidas “por un tema impositivo” porque no quería facturar todo bajo su nombre.

Otro de los cuestionamientos de la querella apuntó a que el traslado de los muebles se realizó de manera informal para no dejar registros en la empresa de transporte habitual del Grupo Caputo. No obstante, los testimonios de los transportistas aclararon la situación. El carpintero Javier Aris declaró que él mismo le recomendó a Rosana Caputo contratar un flete con furgón cerrado y caja térmica porque las piezas de melamina son delicadas y “si llovía durante el viaje, podría deteriorarse la mercadería”.

Por tal motivo, Morel contrató de forma particular a una firma radicada en Boulogne, que cobró 467.060 pesos mediante una transferencia bancaria directa del Fideicomiso Espacio Añelo. En paralelo, una empresa de logística realizó otro viaje para trasladar 144 colchones y sommiers de una firma también subcontratada por el líder de Revolución Federal.

Aunque el juez Martínez De Giorgi descartó la existencia de un delito penal de financiamiento ilegal, la investigación expuso una presunta evasión tributaria. El cruce de datos reveló que el edificio de Añelo recibió 144 juegos de sommiers y colchones de Dormipol, pero la fábrica solo facturó formalmente 44 unidades por un total de 1.869.611 pesos.

La diferencia de más de 3.3 millones de pesos no declarada coincidió de manera casi exacta con dos facturas emitidas por María Isabel Said por un total de 3.450.393 pesos en concepto de sommiers, banquetas y sillas. Las tareas de campo de la policía determinaron que Said no posee una fábrica de muebles, sino que es titular de un pequeño kiosco habilitado en Boulogne, a una cuadra de la carpintería de Morel, y mantiene un vínculo de amistad en redes sociales con las monotributistas del entorno del carpintero.

La resolución judicial concluyó que Said facilitó su CUIT a Morel para ocultar el verdadero volumen de ventas de Dormipol y evitar que el joven perdiera su categoría fiscal. Ante la presunción de una maniobra de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el magistrado ordenó extraer testimonios del expediente y remitirlos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que inicie el correspondiente proceso de fiscalización y determinación de deuda impositiva sobre Morel, Said y la firma Dormipol SA.

El choque de peritajes sobre los precios de mercado

La fiscalía intentó determinar si existieron sobreprecios en la contratación de Morel a través de un estudio comparativo. El Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó que el valor de mercado de los bienes instalados en Añelo oscilaba entre un mínimo de 11.798.146 pesos (sin IVA) y un máximo de 15.511.174 pesos (con IVA).

Frente a esto, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales dictaminó que el informe del Tribunal de Tasaciones no resultaba adecuado para establecer una comparación válida con el trabajo de Morel.

Los peritos contables argumentaron que el tribunal tasó productos terminados adquiridos al contado en comercios con stock disponible, mientras que la operación investigada consistió en una fabricación artesanal a medida que demandó más de un año de desarrollo, incluyendo acopio de materia prima, embalaje, traslado e instalación en obra.

El informe pericial concluyó que, debido a las variables macroeconómicas, la inflación y la fluctuación de los costos de los insumos, es técnicamente imposible realizar una reconstrucción objetiva de los valores de aquella época, por lo que cualquier tasación actual resulta “meramente conjetural”.

La voz atribuida a Diego Spagnuolo no es la única que aparece en los 58 audios que está peritando la Gendarmería Nacional, en el marco de la causa ANDIS. En algunos fragmentos se escucha a otras personas, que podrían ser los interlocutores en las conversaciones donde el exfuncionario libertario habría confesado que le estaban “desfalcando la Agencia” y que existiría un circuito de coimas entre droguerías, proveedores y el Gobierno.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, los peritos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería examinaron apenas ocho archivos del total almacenado en el pendrive Kingston DataTraveler G4 que entregó a la Justicia el periodista Mauro Federico, quien los sacó a la luz. Son aquellos de mayor duración temporal.

Las defensas de Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina tienen a sus propios peritos de parte participando del peritaje. Lo mismo ocurre con el fiscal Franco Picardi, quien designó a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Con los avances de las últimas semanas en el peritaje, los forenses detectaron cortes sobre algunos audios, orientados a eliminar al interlocutor de la charla y dejar solamente la voz de quien sería Spagnuolo. Pero parte de archivos no se “limpiaron” minuciosamente al editarlos y hay fragmentos con otras voces que no son la del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, según coinciden distintas fuentes consultadas por este medio.

El hallazgo es de carácter preliminar, y puede ser controvertido por la opinión que tengan los distintos peritos. No se trata de conclusiones cerradas ni plasmadas en algún dictamen oficial que se haya incorporado al expediente.

De hecho, los forenses de Gendarmería aún transitan la primera etapa del estudio, que se enfoca en determinar si es posible cotejar las grabaciones con una muestra indubitable de la voz de Diego Spagnuolo.

Luego pasarán a analizar los metadatos de los archivos y en una tercera fase llegará el análisis científico del contenido. Recién entonces se dedicarán a constatar posibles interlocutores o potenciales recreaciones con inteligencia artificial.

No obstante, a partir de este dato ya se abrieron nuevos interrogantes. ¿Hay más grabaciones con otras voces? ¿Puede el peritaje identificar a él o los confidentes de Diego Spagnuolo? Una respuesta afirmativa a esas preguntas —que ya se hace más de uno en los tribunales de Comodoro Py— podría tener repercusiones hasta ahora insospechadas para el caso.

Tal vez tenga algo para decir al respecto en su declaración testimonial la abogada boliviana Nadia Beller, sobreviviente al intento de asesinato por encargo por el que está preso el consultor Fernando Cerimedo, su expareja, quien ya declaró como testigo en la causa ANDIS. El asesor en comunicación, por entonces allegado al ecosistema libertario, dijo bajo juramento en aquella oportunidad que había escuchado de parte de Spagnuolo lo mismo que se conoció a partir de los audios.

Ahora será Beller la que declarará como testigo. Lo ordenó el juez a pedido de Picardi, quien solicitó que comparezca por medios digitales, con colaboración de los fiscales del país vecino. La mujer afirmó tener información sobre la filtración de los audios y la corrupción en el área de Discapacidad.

La Fiscalía General de Bolivia propuso que la citación se lleve adelante el 23 de septiembre. Todo indica que esa será la fecha en la que cuente ante los tribunales argentinos lo que sabe.

Más hallazgos

El cotejo de los audios será determinante para esclarecer si el que habla es realmente Diego Spagnuolo. Pero el exfuncionario libertario está negado a colaborar —en rigor, tampoco está obligado—, aunque así lo dispuso el juez Ariel Lijo. A través de su defensa, planteó que esto podría violar su derecho a no autoincriminarse. Esto lo llevó a pedir la nulidad de la pericia. Intentó suspender el estudio dos veces, por ahora sin éxito.

Otro indicio preliminar que surgió del laboratorio de Gendarmería apunta a que algunos archivos podrían ser “varios recortes de distintas conversaciones”. Algo así como un rompecabezas de escuchas con piezas unidas “para que parezca una sola frase”, según indicó una fuente del caso.

De verificarse la falsedad u origen clandestino de los audios —por ejemplo, que sean escuchas ilegales—, las defensas buscarán hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita. Así lo reclamaron antes del peritaje en distintas instancias.

La fiscalía no usó las grabaciones de Spagnuolo como prueba para acusar a las 19 personas que hoy están procesadas. En cambio, el fiscal Picardi se apoyó en “pruebas independientes e incluso anteriores” a los audios, según consta en el expediente. En contrapartida, los principales acusados sostienen que son la piedra angular del caso.

La justicia federal se hará cargo de la causa contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, que se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quedó radicado en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo, luego de que se resolviera un conflicto de competencia entre los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y Comodoro Py.

La denuncia data del 7 de abril de 2026 y señala al dirigente deportivo por un supuesto incremento patrimonial injustificado del 1000% en ocho años. En aquella fecha, Tofoni presentó una de las tantas denuncias que impulsó contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdiera el contrato que tenía la entidad deportiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

Inicialmente, las actuaciones recayeron en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de la Ciudad. El denunciante argumentó que ese fuero era el adecuado porque el dirigente desempeñó gran parte de sus funciones públicas bajo la órbita de la administración porteña.

Sucede que Tapia llegó al directorio del CEAMSE como vicepresidente en el año 2015, por impulso del Gobierno porteño. Recién en 2024, bajo el ala del gobernador Axel Kicillof, asumió como titular de la empresa pública que gestiona los residuos del AMBA.

No obstante, el Juzgado N° 28 porteño se declaró incompetente y remitió el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py.

La causa fue asignada al Juzgado Federal N° 4. En un primer momento, el fiscal Gerardo Pollicita se opuso a recibir el caso y solicitó que las actuaciones regresaran a la justicia local. Pese a este planteo, el juez Lijo aceptó la competencia.

La Fiscalía General, a cargo de José Luis Agüero Iturbe, desistió del recurso de apelación contra esa última decisión al considerar que los hechos investigados exceden “la esfera de la administración pública local”, lo que requirió la intervención de la justicia federal. La Sala II de la Cámara Federal porteña, con la firma del juez Eduardo Farah, convalidó este desistimiento este martes y dejó firme la intervención del juzgado de Lijo.

La causa

La denuncia por enriquecimiento ilícito se vincula directamente con el rol de Tapia como funcionario público, y no por su cargo en la AFA.

Tras conocer la novedad sobre el destino de la causa, desde el entorno del “Chiqui” aseguraron que “todo lo que indica la denuncia es falso”. Además, indicaron que “Tofoni es un denunciador serial que ha perdido todas y cada una de las causas que ha iniciado. Es falso, no hay delito y la causa será archivada. Habrá una nueva acción civil por daño al honor y penal por falsa denuncia”.

El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según consta en la denuncia del empresario Tofoni, “Chiqui” Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales.

La denuncia penal se basó en un análisis comparativo de las declaraciones juradas presentadas por el dirigente entre los años 2017 y 2025. De acuerdo con la presentación de Tofoni, el patrimonio de Tapia experimentó una evolución que no se condice con sus ingresos registrados.

En 2017, el presidente de la AFA declaró un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con una valuación fiscal total de $17 millones, un solo vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones (equivalentes a unos 43.000 dólares de la época).

El primer incremento significativo ocurrió en 2019, año en el que incorporó cuatro inmuebles en zonas de alta valuación: una casa de 315 metros cuadrados en Beccar (San Isidro), un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito (CABA), una propiedad en Cardales (Ingeniero Maschwitz) y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana.

Para el año 2024, la declaración jurada de Tapia reflejó depósitos bancarios por más de $1.002 millones, dinero en efectivo por $39 millones y 246.206 dólares en cajas de ahorro, totalizando una liquidez cercana al millón de dólares, siempre según la denuncia. Este crecimiento representa un aumento real del 1.000% en comparación con 2017, cifra que superaría los índices inflacionarios y los ingresos declarados.

Tofoni señaló en un párrafo aparte la declaración jurada presentada el 10 de julio de 2025. En ese documento, Tapia consignó tener “cero pesos” en efectivo y “cero depósitos” bancarios. Sin embargo, en la misma presentación reportó haber percibido $130 millones en concepto de rendimientos financieros, tales como intereses de plazos fijos y diferencias de cambio, lo que a criterio del denunciante denota la existencia de un capital previo que no fue detallado.

En cuanto a sus ingresos, el dirigente declaró tres fuentes principales en 2025:

• CEAMSE: $100.233.144 anuales.
• CONMEBOL: $718.536.500 anuales (unos $60 millones mensuales) en su carácter de vicepresidente segundo.
• AFA: Desempeño ad honorem (sin remuneración) por 15 horas semanales.

El total de ingresos declarados superaría así los $818 millones al año, a los que se sumaron $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos de la AFA y los $130 millones de intereses financieros. La denuncia señala que los honorarios de la CONMEBOL no estaban acreditados como ingresos estables antes de 2025, por lo que no justificarían las adquisiciones inmobiliarias de 2019.

La presentación judicial también advierte sobre presuntas falsedades en los valores fiscales de los inmuebles declarados. Por ejemplo, la casa de Beccar figura con una valuación fiscal de $15 millones, cuando su valor de mercado rondaría el millón de dólares.

Asimismo, se detectaron discrepancias físicas y registrales. Una propiedad en Exaltación de la Cruz, declarada originalmente en 2006 con una superficie de 230 metros cuadrados, figura en los registros catastrales de la Provincia de Buenos Aires con una extensión de 6.100 metros cuadrados, incluyendo una piscina y una cancha de fútbol. Por otra parte, dos inmuebles ubicados en la provincia de San Juan registraron una disminución en sus valores fiscales en lugar de actualizarse, y pasaron de ser declarados como “bienes propios” a “bienes gananciales” en la última presentación.

La denuncia sugiere además la existencia de bienes no declarados, tales como propiedades en Miami, vehículos, relojes de lujo y el uso de embarcaciones y aeronaves privadas a través de diversas sociedades extranjeras.

La militante kirchnerista María Soledad Calle reconoció este martes en los tribunales que compró el departamento vecino al de Cristina Fernández de Kirchner, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. En un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, la exempleada de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) explicó cómo y para qué adquirió la propiedad ubicada en San José 1111, además de aportar otras precisiones para defenderse en la causa por presunta administración fraudulenta de fondos del sindicato.

A través de una presentación judicial de carácter aclaratorio firmada por su abogado, Pablo Slonimsqui, Calle dio su versión sobre la compra de autos, los viajes al exterior que hizo en los últimos años y la constitución de la sociedad Grupo Vértice Global S.A.

La militante de La Cámpora había negado públicamente la compra. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, le dijo a La Nación, diario que reveló las gestiones inmobiliarias.

De acuerdo con el documento presentado en el expediente, Calle aclaró que la adquisición del primer piso de San José 1111 fue “realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

La compra se concretó por unos USD 189.000 el 20 de agosto de 2025, según se desprede de distintos registros.

Sin embargo, ahora la defensa argumentó que la transacción se habría realizado antes de la constitución de USEM S.A. -empresa creada por la militante- y de la firma del contrato de locación de servicios entre esa compañía y la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA), es decir previo al 27 de febrero de 2023.

La aclaración busca desvincular esa parte de su patrimonio de los fondos derivados del convenio suscripto entre el sindicato metalúrgico y la sociedad anónima.

Precisamente, la investigación que lleva adelante el juez Ercolini apunta a esclarecer si ese contrato generó un perjuicio para la institución, su obra social OSUOMRA y sus afiliados al ceder el control financiero y la administración de los aportes de los trabajadores a USEM S.A., que percibía una comisión del 0,5% en concepto de honorarios. Esto equivaldría a unos 100 millones de pesos, según la denuncia iniciada por un sector opositor del gremio encabezado por Ángel Derosso.

Abel Furlán, extitular del sindicato, también se presentó en las últimas horas en el Juzgado Federal N° 12 para solicitar su sobreseimiento. Tanto su defensa como la de Calle sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, sino “solo la gestión bancaria” de los mismos.

Los planteos defensivos apuntan a que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM, como el Consejo Directivo, el Secretariado Nacional y el Congreso Nacional de Delegados.

A María Soledad Calle se la señaló, en particular, por desempeñarse en simultáneo como empleada en relación de dependencia de la UOM —en el área de relaciones internacionales— y, al mismo tiempo, tener una participación societaria como directora de USEM S.A., la firma contratada por el sindicato. Su defensa niega que haya existido una “autocontratación”. A eso se suman las presuntas irregularidades patrimoniales.

Vehículos y sociedades bajo la lupa

En su defensa, la militante y empresaria aclaró en su escrito que su vehículo personal es una camioneta Peugeot 3008, adquirida en 2023. Para concretar esa compra, alegó haber vendido dos autos que ya formaban parte de su patrimonio: una Nissan Kicks y un Toyota Etios.

Respecto del BMW M135 xDrive que aparece a su nombre, aclaró que no lo compró ella, sino su pareja, quien compartió con ella la titularidad registral.

“Esta modalidad se corresponde con la organización habitual de la familia, dentro de la cual ambos se encuentran autorizados a conducir los vehículos familiares”, planteó el abogado de Calle, quien remarcó la necesidad de despejar “cualquier insinuación sobre un incremento patrimonial carente de explicación”.

Asimismo, el descargo de María Soledad Calle sumó información sobre la constitución de Grupo Vértice Global S.A., creada el 14 de julio de 2025 por Calle y su pareja.

La defensa definió a esta empresa como un proyecto estrictamente familiar y privado, ajeno a la actividad de la UOM y de USEM. El escrito puntualizó que el capital inicial se integró con ahorros personales y que la firma no registró movimientos comerciales, facturación ni actividad efectiva desde su fundación, lo cual consta en sus balances y declaraciones impositivas. De esta manera, la defensa buscó desvincular a esta sociedad de recursos provenientes del sindicato o de la contratación cuestionada.

Calle y la UOM

En la causa se denunciaron 114 viajes internacionales que habría realizado María Soledad Calle entre 2010 y 2026. La investigación apunta a determinar cuáles se realizaron por motivos laborales y cuáles con fines personales.

La militante ingresó a trabajar en el sindicato en abril de 2021. Sus tareas se concentraron en el área de relaciones internacionales, representando a la entidad en IndustriALL Global Union, una federación sindical internacional con sede en Ginebra. En ese ámbito, relató su abogado, resultó electa miembro del Comité Ejecutivo para América Latina y el Caribe y asumió la presidencia del Comité Global de Empresas Multinacionales.

“La enumeración mediática de una cantidad falsa y descontextualizada de viajes corresponde a los desplazamientos internacionales vinculados con congresos, reuniones y actividades de IndustriALL Global Union en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades”, sostuvo el defensor Pablo Slonimsqui en su escrito.

Finalmente, la presentación negó que su desvinculación laboral de la UOM -fue despedida en junio de este año- se hubiera producido por una supuesta incompatibilidad de funciones detectada por el interventor del sindicato, Alberto Biglieri. La defensa aseguró que se trató de un despido sin causa, como el de otros empleados, y que incluso se concretó la indemnización correspondiente.

El juez Ercolini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, trabaja sobre una batería de medidas ordenadas a fines de la semana pasada.

El magistrado, que subroga el Juzgado Federal N° 12, pidió informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires sobre el departamento del primer piso de San José 1111.

También requirió a ARCA que informe si Calle trabaja o trabajó en relación de dependencia para UOMRA y que detalle sus remuneraciones y declaraciones juradas, en caso de que las haya presentado.

La investigación también avanzará sobre declaraciones juradas, actividades, domicilios, facturación, compras y ventas de USEM S.A.

El juez requirió además detalles sobre la propiedad del Peugeot 3008 y el BMW M135 xDrive, así como los datos migratorios de Calle desde 2022.

La trama detrás de las inconsistencias en los registros de los tribunales federales de Rosario dio un giro en las últimas horas, a partir de una auditoría ordenada por la Cámara Federal de esa jurisdicción para saber por qué dos juzgados de la ciudad santafesina reportaban 8.502 causas abiertas, mientras que los fiscales apenas contaban 1.180 expedientes en trámite. La discrepancia abrió sospechas que oscilan entre irregularidades administrativas y “cajoneo” de casos que se empezaron a investigar hasta seis años después de que fuera radicada la denuncia.

Con los primeros avances de la auditoría, la discrepancia entre los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 de Rosario y el Ministerio Público ahora se redujo de más de 7.000 a 1.266, según supo Infobae de fuentes judiciales. Todas son causas del sistema residual, previas a la implementación del código acusatorio.

Este lunes, la Cámara dictó la Acordada N° 138/2026 para profundizar las averiguaciones internas y se está preparando la conformación de un equipo que revisará una por una todas las causas. Ambos juzgados auditados están a cargo del juez Carlos Vera Barros, quien subroga el segundo de estos asientos desde que renunció Marcelo Bailaque, acusado por múltiples delitos de corrupción.

Las estadísticas de los expedientes son responsabilidad de los secretarios judiciales, “jefes administrativos” de cada dependencia y segundos funcionarios en la línea de mando detrás del juez.

A partir de la auditoría iniciada por la Cámara de Rosario el miércoles, tal como anticipó Infobae, los cinco secretarios que tienen estos dos juzgados corrigieron las cifras elevadas al tribunal superior e indicaron que tienen 2.360 expedientes abiertos, y no más de 8.500, como habían informado en sus reportes semestrales.

“Se sinceraron”, le explicó a este medio una fuente judicial que participa de la auditoría. El miércoles les habían dado 48 horas para revisar sus números.

En los tribunales rosarinos advertían que las secretarías de los juzgados habrían “inflado” el volumen de causas para mostrar un ritmo de trabajo mayor al que realmente tienen. El objetivo: no perder recursos ni empleados a partir de la implementación del sistema acusatorio, que reduce sus tareas.

Para justificar semejante corrección, los secretarios alegaron diversos fallos de registro en el sistema informático Lex 100, con el que trabaja todo el Poder Judicial. Explicaron que existían expedientes archivados, sobreseídos, elevados a juicio oral o derivados por incompetencia que continuaban figurando erróneamente como activos.

Por su parte, el Ministerio Público -con intervención de la Procuración General- actualizó su cifra final a 1.094 causas en trámite, menos de un centenar por debajo de lo advertido inicialmente. Esto quiere decir que persiste una diferencia de 1.266 casos que están en los juzgados, pero no aparecen en el sistema que usan los fiscales.

En el marco de la auditoría, los secretarios judiciales señalaron que la diferencia remanente con el Ministerio Público Fiscal se debe a que el organismo acusador no interviene en ciertos procesos, tales como demandas contenciosas, exhortos, hábeas corpus o expedientes de la ley penal cambiaria. Esa versión será verificada por la Cámara.

La controversia comenzó a gestarse a fines de julio último, cuando el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, inició conversaciones con el fiscal general coordinador del Distrito Rosario, Matías Felipe Scilabra, para cotejar la información del primer semestre.

De ese intercambio preliminar surgieron las primeras discrepancias, confirmadas luego por otros fiscales rosarinos que se negaron a recibir en pleno 2026 casos cuyas denuncias se habían radicado hace tres, cuatro y hasta seis años.

En los Juzgados N° 3 y N° 4 sostienen que, si se “cajonearon” o paralizaron algunas causas —las razones serán motivo de investigación—, estas son una porción minoritaria de las 1.266 controvertidas con los fiscales.

“Las causas que no estaban registradas y no se movieron durante años no deben llegar a 100, pero no son menos de 10”, estimó un funcionario judicial consultado por el posible congelamiento de denuncias. La misma fuente admitió que hay casos de trata de personas y narcotráfico a mediana escala que estuvieron frenados y recién ahora se reactivaron.

“Las diferencias siguen siendo grandes. Se va a hacer un cotejo una por una de todas las causas, las que están vigentes y las que ‘se dieron de baja’, para ver si efectivamente son causas que estaban terminadas y que las habían asentado incorrectamente como causas en trámite”, le adelantó a Infobae un alto funcionario que interviene en la auditoría de la Cámara Federal de Rosario.

A partir de hoy, el tribunal superior ordenó a los secretarios de los Juzgados N° 3 y N° 4 remitir, en un plazo de 72 horas, un listado detallado en formato Excel con cada causa activa, su número de registro y su estado procesal. Asimismo, les otorgó un plazo de diez días hábiles para entregar el detalle de todos los expedientes que fueron regularizados y eliminados de las estadísticas vigentes.

Una vez recibida esta documentación, un equipo de la Cámara Federal llevará a cabo un cotejo individualizado de cada caso frente a los registros de las fiscalías.

La acordada de este lunes lleva la firma de las juezas Silvina María Andalaf Casiello y Élida Isabel Vidal. El magistrado Aníbal Pineda también prestó acuerdo, aunque no signó la resolución por encontrarse fuera de la provincia.

Lo apodaron “El Señor de los Anillos” por sus manos cargadas de adornos e Infobae contó, días atrás, su exoneración del Senado por suplantar la identidad del ex legislador kirchnerista Marcelo Fuentes para reclamar favores. Ahora, este medio corroboró un historial aún más frondoso: el expulsado Alejandro Actis traicionó la confianza de un trabajador con discapacidad para pedirse un préstamo por casi cuatro millones de pesos e, incluso, se hizo pasar por el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem para reclamar la categoría A-1, la más alta del Congreso.

“Tenía fantasías en, al menos, tres o cuatro dedos de cada mano. Así nació la fama de ‘señor de los anillos’”, relataron a Infobae desde la Cámara alta. Otra persona sumó: “Aparecía como seguridad en un despacho y después lo rajaron de ahí. Como ahora ya no se puede más estar en la categoría ‘sin destino’, terminó en ordenanza. Empezó a ser cafetero en el turno mañana y cumplía horario. Parecía afable”.

La interacción por diversos pasillos llevó a Actis a entablar diálogo con diferentes colegas, hasta que se le ocurrió la peor idea: convenció a una persona con discapacidad -ya van varias administraciones que cumplen con la ley 22.431, de protección integral- para utilizar su celular, según confiaron fuentes al tanto de lo ocurrido, e ingresó en la aplicación del Banco Nación para activar un préstamo por $3.900.000. Al involucrado no le dio para tanto: los cuantiosos pesos fueron direccionados hacia una cuenta personal. Con intereses, ahora debe cerca de cinco millones de pesos. Más las respectivas respuestas a la víctima y a la Justicia.

Por otra parte, la ambición descontrolada y el cinismo de Actis produjeron una penosa situación que empujó, junto a la anterior, el fin de su estadía en el Senado, al comunicarse de manera directa con el entonces secretario administrativo -quien maneja la caja- Emilio Viramonte Olmos, que estuvo nada menos que 15 días en dicho cargo, para solicitar la categoría A-1. Lo hizo nada menos que en nombre de Menem, subsecretario de Gestión Institucional del Ejecutivo y mano derecha de Karina Milei, conocido de la “Casa” por ser agente de la misma antes de aterrizar en Balcarce 50.

Suplantación de identidad

El ocaso definitivo de Actis en la Cámara alta comenzó cuando Fuentes (Neuquén) se enteró de que alguien estaba haciéndose pasar por él para pedir favores. No fue difícil señalar al sospechoso: los beneficios requeridos a distintos legisladores -y sus respectivos jefes de oficinas- siempre eran para el “señor de los anillos”.

Fuentes denunció ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado que sus entonces colegas Fernando Aldo Salino (San Luis), Jesús Fernando Rejal (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén), Carolina Losada (Santa Fe) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) habían sido contactados por un impostor. Luego, aparecieron más situaciones similares: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y la jefa de despacho de Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) también advirtieron haber recibido mensajes y llamados de alguien que dijo ser Fuentes y pretendía guiños varios para Actis.

Tras ordenar un sumario administrativo “a efectos de investigar los hechos denunciados y deslindar las eventuales responsabilidades administrativas en torno a los mismos”, el Senado fue contra Actis y activó un proceso en los tribunales federales de Retiro.

Su causa tramita ante el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, quien delegó la pesquisa en el fiscal Gerardo Pollicita. Infobae supo de fuentes judiciales que la fiscalía tiene en marcha una serie de medidas de prueba. Les están tomando declaración testimonial a todos los senadores involucrados. Por su condición de legisladores, tienen la posibilidad de responder las preguntas de la Justicia por escrito.

La Gendarmería Nacional avanzó en los últimos días con el peritaje de los audios atribuidos al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se menciona un presunto circuito de coimas entre el organismo, las droguerías y la cúpula de la Casa Rosada. Al menos uno de los archivos analizados tiene cortes y ediciones, según se desprende de un hallazgo preliminar al que arribaron los especialistas, indicaron a Infobae fuentes con acceso a los pormenores del estudio.

Los peritos oficiales son expertos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería. Las defensas de Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina designaron sus propios peritos de parte. Lo propio hizo el fiscal Franco Picardi, quien convocó a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

En los laboratorios del edificio Centinela, el pasado 26 de agosto comenzó el análisis de 58 archivos de audio almacenados en un pendrive Kingston DataTraveler G4. El dispositivo fue aportado por el periodista Mauro Federico cuando declaró como testigo, luego de revelar las grabaciones reputadas al entonces director de la ANDIS en su programa de streaming.

De esas 58 grabaciones, la gran mayoría aún no pasó por el lente de los especialistas. Los peritos se reúnen semanalmente todos los miércoles, por lo que de momento avanzaron sobre un puñado de los audios cuyo origen y veracidad busca esclarecer la pericia.

Fuentes con conocimiento de lo que pasa dentro del laboratorio confirmaron a este medio que uno de los archivos “de mayor duración temporal” que hay en el pendrive tiene signos de “cortes y ediciones”. La conclusión aún no está plasmada en un dictamen o informe oficial, dado el estado embrionario del estudio forense.

Esto era algo que podía inferirse a partir del contenido difundido. En los audios no se escucha otra voz que la de Spagnuolo. Sugieren ser conversaciones recortadas adrede para no exponer a los interlocutores de quien sería el entonces funcionario libertario. Lo que sí se oye, en algunos fragmentos, son sonidos de vajilla y otras charlas ininteligibles a lo lejos, como si el intercambio estuviera ocurriendo en algún establecimiento gastronómico.

En el expediente hay un informe privado que presentó en diciembre la defensa de Diego Spagnuolo, en el que una empresa española especializada en la materia detectó 18 microcortes de audio y arrojó una estimación de probabilidad del 65% sobre la existencia de voz creada con inteligencia artificial.

A diferencia de la fiscalía, que no usó los audios para acusar a las 19 personas que hoy están procesadas, las defensas sostienen que este material dio inicio al caso. De verificarse su origen clandestino -por ejemplo, que sean escuchas ilegales-, buscarán hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

El fiscal Picardi defendió en distintas instancias que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a los audios, razonamiento con el que hasta ahora mantuvo a salvo la investigación.

Spagnuolo pidió suspender el peritaje

Esta semana, el exdirector de ANDIS presentó un escrito en el que pidió que se suspenda el peritaje. Es la segunda vez que hace un planteo del estilo.

A través de sus abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, Spagnuolo alegó que los archivos del pendrive “no fueron entregados a las defensas” y que “su contenido no se encuentra incluido en el expediente y/o en sus legajos/incidentes”. El acusado esperaba que se perite lo que se emitió por YouTube en el canal de streaming del periodista Mauro Federico, y no el material en crudo.

La defensa enfatizó que “no existe constancia alguna” de que las grabaciones publicadas en los medios coincidan con el bloque de 58 archivos hallados en el dispositivo bajo análisis.

Al cierre de este artículo, el juez federal Ariel Lijo no había resuelto el planteo de Spagnuolo.

Antes, el exfuncionario ya había reclamado frenar la pericia hasta tanto se defina si la Justicia podía citarlo o no para que aporte una muestra de su voz, para cotejarla con los audios. Según planteó, su colaboración podría ser autoincriminante.

Esa avanzada contra el peritaje fue rechazada por Lijo, pero fue apelada ante la Cámara Federal porteña. La Sala II del tribunal superior tiene bajo estudio este incidente y, en paralelo, está revisando los procesamientos de Spagnuolo y sus presuntos cómplices.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por el supuesto falso testimonio del financista Fernando Whpei, quien incriminó al juez Gastón Salmain cuando declaró como arrepentido, se investigue en los tribunales federales de Rosario. De esta manera, el máximo tribunal penal del país revocó una decisión previa de la Cámara Federal porteña, que pretendía mantener el expediente en Comodoro Py.

Salmain es titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, pero fue suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura. Así lo decidió el organismo a partir del procesamiento que pesa sobre él por vender fallos a cambio de coimas en la causa “Attila”.

Según la acusación, a fines de 2023 Salmain firmó una resolución para facilitarle a Whpei el acceso a 10.000.000 de dólares a valor oficial, cuando había brecha y cepo cambiario.

Whpei hizo un acuerdo con la Justicia para ser imputado colaborador y contó su versión sobre el plan criminal que habrían desplegado con el juez rosarino el 2 de octubre de 2025 ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Salmain sostiene que miente para perjudicarlo, y por eso lo denunció en Comodoro Py. La causa había entrado por sorteo al Juzgado Federal N° 1 de María Romilda Servini.

A poco de recibir el caso, la jueza Servini aceptó el planteo del fiscal Carlos Rívolo y declinó su competencia. La magistrada consideró que, aunque la declaración del arrepentido se firmó en Buenos Aires, el testimonio estaba directamente vinculado con la causa “Attila” y por eso debía investigarse en Santa Fe.

Sin embargo, Salmain apeló esa resolución. El juez Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, revocó lo dispuesto por Servini y ordenó que la pesquisa continuara en los tribunales de Retiro. Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación para revertir la medida y lograr que se mantenga la decisión de Servini.

El fallo de Casación

La Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, analizó los planteos de las partes. Por mayoría, los magistrados determinaron que la postura de la Cámara de Apelaciones resultó arbitraria debido a que realizó un análisis parcial y fragmentado de la situación.

En su voto, Mahiques explicó que, si bien el delito de falso testimonio suele consumarse en el espacio físico donde se realiza la declaración, esta regla no puede “considerarse aisladamente y de manera absoluta” cuando se trata de un imputado colaborador.

El fallo destacó que las manifestaciones de Whpei no representaron un hecho aislado, sino que formaron parte de un acuerdo de cooperación diseñado para aportar datos útiles a la causa “Attila”, que se instruye en Rosario.

Además, los jueces concluyeron que tramitar los expedientes por separado en distintas ciudades obligaría a duplicar medidas de prueba, solicitar constantes envíos de documentación y realizar valoraciones paralelas sobre los mismos acontecimientos. Esta dispersión generaría un riesgo concreto de que se dicten sentencias contradictorias.

Por el contrario, unificar todo en un solo juzgado garantiza la coherencia de las decisiones judiciales, respeta la economía procesal y asegura una mayor celeridad en el esclarecimiento de la verdad, según estableció Mahiques en su voto, al que adhirieron Petrone y Carbajo, este último limitando su acuerdo al envío de la causa a la jurisdicción de Rosario.

Asimismo, el fallo recordó que la ley de imputado colaborador otorga a los fiscales un plazo de un año para verificar la veracidad y la utilidad de los datos aportados. Como la declaración se prestó en octubre de 2025, ese período se encuentra vigente. Permitir que otro juzgado evalúe la falsedad de los dichos de manera paralela anularía la facultad exclusiva que la normativa les concede a los investigadores de Rosario.

Por estas razones, la Casación hizo lugar al recurso de la fiscalía y anuló la resolución de la Cámara Federal porteña. El tribunal ordenó remitir el legajo al Juzgado Federal N° 4 de Rosario, que subroga el juez Carlos Vera Barros.

Salmain está cerca de enfrentar un juicio político que podría derivar en su destitución. El Consejo de la Magistratura ya le pidió al Jurado de Enjuiciamiento que fije fecha para el inicio del debate, que se llevará adelante este mismo año.

El Jurado de Enjuiciamiento mantuvo en su cargo este miércoles al juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa, sobre quien pesaba un pedido de destitución por mal desempeño de sus funciones. Había recibido múltiples denuncias por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género de parte de los empleados judiciales que trabajaban con él.

El veredicto concluyó que el juicio político fue “un desenlace desproporcionado que de ningún modo puede justificar la destitución de un magistrado cuya honorabilidad e idoneidad técnica permanecen indemnes”.

El jury entendió que los hechos denunciados existieron, pero “no alcanzan a revestir la entidad, lesividad ni gravedad cualificada exigidas para tener por configurados los graves desórdenes de conducta previstos en el artículo 25, inciso 5, de la ley 24.937″, donde están previstas las causales de remoción, que es la sanción más grave.

Además, advirtieron que no funcionaron los resortes administrativas dentro del tribunal para dar una solución temprana al conflicto. “La decisión de ignorar los carriles específicos previstos al respecto en favor de una inmediata incriminación penal no puede ser subsanada mediante la sanción más drástica”, dice la sentencia.

Díaz Lacava había sido suspendido de sus funciones por el Consejo de la Magistratura el 15 de abril último, aunque hace tres años y medio que no puede entrar a los tribunales pampeanos porque pesa sobre él una orden de alejamiento de al menos 300 metros de las víctimas. Trabajó de manera remota hasta que lo suspendieron. Ahora volverá a su cargo en estas condiciones.

Además del juicio político que culminó este miércoles, el magistrado será juzgado en sede penal. Está procesado por amenazas, lesiones -leves y graves en un contexto de violencia de género-, maltrato laboral, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial y retardo malicioso de justicia.

Ante el jury, quienes pidieron la remoción de Díaz Lacava fueron los miembros del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña -presidente de la Cámara Federal de Casación Penal- y Álvaro González -diputado nacional del PRO-. Lo responsabilizaron por episodios sistemáticos de violencia en el tribunal: “Incurrió en desórdenes de conducta que afectaron el servicio de justicia”, alegaron los acusadores.

El juez Barroetaveña describió escenas de “gritos, golpes, explosiones de furia” por “teorías conspirativas y de traición del juez” o “rondas de enojo, interrogatorios y ofuscamiento por cuestiones triviales que él transformó en graves e intolerables”, como la ubicación de un matafuego o un crucifijo en la sala.

Durante el debate se ventilaron situaciones tales como insultos y comentarios inapropiados sobre el cuerpo de los funcionarios; un piedrazo que el magistrado arrojó desde la vereda hacia una ventana en la que estaban los denunciantes; o haber encerrado a los empleados en una oficina para gritarles e interrogarlos.

En su defensa, Díaz Lacava se apoyó en un dictamen del Cuerpo Médico Forense, que entrevistó a todos los denunciantes y no detectó lesiones físicas, según expuso su abogado, Andrés Gil Domínguez.

También justificó su vehemencia en la autoexigencia que intentaba imprimirle a la labor judicial. “Durante la pandemia y poco después, Díaz Lacava estaba molesto, no se sentía satisfecho con el funcionamiento del Tribunal en varios aspectos, dentro de los cánones de autoexigencia que él tiene”, argumentó la defensa.

Otros incidentes, como el piedrazo, fueron justificados por el juez como “una broma de mal gusto”.

El Jurado de Enjuiciamiento que confirmó en el cargo a Díaz Lacava está presidido por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 de la Capital Federal, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, y conformado por el camarista de San Martín, Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (LLA - Tierra del Fuego) y María Florencia López (UxP - La Rioja); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA - Santa Fe), Christian Alejandro Zulli (UxP - Corrientes) y la abogada de la matrícula federal, Ana Beatriz Fernández.

“El juicio político no fue concebido para suplir las falencias del gobierno interno del Tribunal, ni para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas constitucionales de remoción”, concluyó este jurado.

Díaz Lacava es el tercer juez federal sometido a jury en menos de un año, y ya hay un cuarto camino a juicio.

En diciembre del año pasado fue destituido Martín Poderti, de un tribunal oral de Mar del Plata, acusado de robar monedas de oro secuestradas cuando era secretario en San Isidro.

El 18 de agosto pasado fue removido de su cargo el juez federal marplatense Alfredo López, acusado de publicar mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.

En tanto, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva por corrupción -no está detenido porque mantiene los fueros-, también espera ser juzgado, acusado de ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos.

A partir del hallazgo de más de 7.000 causas que estarían paralizadas, la Cámara Federal de Rosario inició una auditoría interna y ordenó este martes a los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 de esa ciudad que, en un plazo de 48 horas, den a conocer las estadísticas de los expedientes que tienen en trámite. Ambos están a cargo del juez Carlos Vera Barros, que es titular del primero y subroga el segundo desde que, a mediados del año pasado, renunció el magistrado Marcelo Bailaque, acorralado por escándalos de corrupción.

En los últimos días, los fiscales federales de Rosario recibieron desde estos juzgados causas que se habían radicado hace tres, cuatro y hasta seis años, pero recién ahora estaban siendo notificados por primera vez, según pudo reconstruir Infobae de fuentes judiciales. Los acusadores alertaron de la situación a la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal.

Esto derivó en un relevamiento del sistema del Ministerio Público, donde hay 1180 causas abiertas que corresponden a los Juzgados Federales N° 3 y N° 4. En el sistema Lex 100, del Poder Judicial, los casos son más de 8000.

La auditoría apunta a esclarecer las razones de esa discrepancia. Todas son causas del sistema residual, previas a la implementación del código acusatorio.

Este martes hubo un acuerdo entre todos los jueces del tribunal superior y, con la firma del presidente de la Cámara, Aníbal Pineda, resolvieron exigirles a los secretarios de cada juzgado -responsables de las estadísticas- que reporten “los criterios de elaboración utilizados” y “revisar dichas estadísticas conforme las pautas establecidas en la normativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura”.

Una vez concluidas esas 48 horas, la Cámara cotejará los números con otros registros existentes para determinar si hubo irregularidades. Se revisarán uno por uno todos los expedientes, aseguró una fuente que trabaja en la auditoría.

En la Cámara de Rosario toman con pinzas todas las explicaciones informales —y no tanto— que ya empezaron a dar los funcionarios responsables de los números. Descartan que exista un “cajoneo masivo” en ambos juzgados, aunque prevén encontrarse con delitos que deberían haberse investigado y, por algún motivo, nunca tuvieron avances.

“Las causas que no estaban registradas y no se movieron durante años no deben llegar a 100, pero no son menos de 10″, reconoció un funcionario judicial consultado por el posible congelamiento de denuncias. También admitió que, aunque no son mayoría, hay casos de trata de personas y narcotráfico a mediana escala que estuvieron paralizados y recién ahora se reactivaron.

El Ministerio Público Fiscal recibió estas causas delegadas para que los fiscales investiguen, pero se negaron a partir de la inusual demora.

Las primeras explicaciones

Las teorías sobre dónde radica el problema de la discrepancia entre la cantidad de causas son varias. En los tribunales rosarinos sospechan que los secretarios de los juzgados pueden haber “inflado” el volumen de expedientes que tienen a cargo para no perder empleados ni recursos.

Sucede que, con el avance del sistema acusatorio, los jueces de primera instancia y sus secretarios pasaron a tener menos responsabilidades. Entonces cabe la hipótesis de que aún conservan causas del viejo sistema que ya deberían estar archivadas para mostrar un ritmo de trabajo que no sería tal.

Por eso es que en la Cámara de Rosario ven el plazo de 48 horas que le dieron a los juzgados como una oportunidad de “sinceramiento”.

Otra versión: años atrás, el narcomenudeo era un delito federal en Rosario, y “cabe la posibilidad de que haya habido un subregistro del Poder Judicial por el cúmulo de tareas”, arriesgó una fuente. También habría delitos menores que nunca se registraron, como denuncias por violación de la cuarentena, o reportes que carecen de un piso mínimo de datos para avanzar con la investigación.

Puertas adentro de los juzgados también detectaron que en sus registros hay causas del régimen penal cambiario y temas en lo contencioso administrativo, así como habeas corpus y exhortos, que pasan por fuera del radar de los fiscales. Eso explicaría también parte de la discrepancia.

Y, por último, se está revisando si el Ministerio Público Fiscal sacó de su sistema unas mil causas que ya fueron archivadas, pero el juzgado aún conserva para terminar con la destrucción de material secuestrado -como armas y drogas- o la devolución de los efectos incautados a sus dueños, según corresponda.

Todo esto ocurre luego de que entre los cuatro juzgados federales que tiene Rosario se descubriera que dos de sus jueces, Marcelo Bailaque y Gastón Salmain, estaban implicados en múltiples casos de corrupción judicial. El primero renunció para evitar la destitución y el segundo está suspendido, a punto de enfrentar un juicio político en el que el Consejo de la Magistratura buscará removerlo de sus funciones.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, lanzó un segundo intento por suspender el peritaje de los audios de la causa en la que está procesado por corrupción. Ahora, a través de un escrito presentado por su defensa ante el juez Ariel Lijo, denunció que los especialistas de la Gendarmería Nacional están analizando 58 archivos que no están incluidos en el expediente.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la pericia tendrá avances semanales, con reuniones todos los miércoles entre los peritos oficiales y de parte, estos últimos designados por las defensas y la fiscalía. Las estimaciones indican que el estudio podría estar listo a fin de año o para principios de 2027, si todo marcha de acuerdo al plan de trabajo establecido.

La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza inició la pericia el pasado miércoles. Aquel día, el perito de parte designado por Spagnuolo, Marcelo Torok, advirtió que el estudio se realizaría sobre las grabaciones que aportó en un pendrive Kingston DataTraveler G4 el periodista Mauro Federico, quien reveló las escuchas atribuidas al entonces funcionario libertario.

El comunicador entregó los archivos en los tribunales de Comodoro Py un año atrás, cuando declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi y el juez que en ese momento estaba al frente del caso, Sebastián Casanello.

La defensa de Spagnuolo, a cargo de los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sostuvo que esos archivos “no fueron entregados a las defensas” y que “su contenido no se encuentra incluido en el expediente y/o en sus legajos/incidentes”.

“Nada consta en el acta donde surge la recepción de aquel pendrive respecto de su contenido; como así tampoco surge en el expediente principal y/o legajo de investigación Nº1 el detalle de los archivos que contendría”, se quejaron sus defensores en el escrito presentado este lunes. También reclamaron que no se realizó un inventario, resguardo o código de seguridad (hash) que garantizara la integridad de la prueba.

Los defensores agregaron que la Cámara Federal porteña, cuando le ordenó a Casanello verificar el origen y la veracidad de los audios, señaló que el material cuestionado era aquel que se había dado a conocer en los medios, y no los archivos del pendrive.

En otras palabras, Spagnuolo prefiere que se perite lo que salió por YouTube en el canal de streaming del periodista Mauro Federico, no los archivos crudos.

Los abogados enfatizaron que “no existe constancia alguna” de que las grabaciones publicadas en los medios coincidan con el bloque de 58 archivos hallados en el dispositivo bajo análisis.

Para reforzar su razonamiento, la defensa alegó que la fiscalía se refirió periódicamente en sus dictámenes a los audios “de las notas periodísticas” y que el pendrive “no tuvo relevancia alguna en la investigación” ni fue mencionado en la acusación contra Spagnuolo y sus presuntos cómplices.

La presentación judicial también destacó que se vulneró el derecho de defensa en el proceso de control de la prueba. Es que el perito Torok solicitó una copia forense del pendrive para conocer su contenido antes de que iniciara el peritaje, pero el juzgado denegó ese requerimiento, siempre según la defensa.

Ante este escenario, los representantes legales de Spagnuolo solicitaron formalmente al juez Lijo que ordene la suspensión inmediata de la pericia encomendada a la Gendarmería Nacional.

Asimismo, requirieron que se excluya el pendrive del estudio técnico y que la pericia se concentre de manera exclusiva en las grabaciones obtenidas de los medios periodísticos.

Cabe recordar que el extitular de ANDIS aún tiene en curso un primer intento por suspender el peritaje. El juez Ariel Lijo lo citó para que se presente a dar una muestra de voz ante un micrófono en los laboratorios de Gendarmería, para cotejarla con las grabaciones.

El acusado se negó por temor a “autoincriminarse” y presentó un planteo de nulidad que fue rechazado por el magistrado, decisión que fue apelada ante la Sala II de la Cámara Federal. El tribunal superior aún tiene bajo estudio el tema.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la inmediata detención de Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N° 1 de esa provincia, con el objetivo de que comience a cumplir de manera efectiva la pena de cuatro años de prisión que se le impuso por haber ordenado el espionaje ilegal de los teléfonos de su esposa y del exnovio de la mujer.

La medida judicial se dictó este lunes, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el último recurso de la defensa, lo que otorgó firmeza definitiva a la sentencia condenatoria.

Según se desprende de la resolución, a la que accedió Infobae, el tribunal correntino encomendó la captura de Molina a la Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad que deberá localizar al condenado en su último domicilio registrado en la provincia del Chaco.

Según lo dispuesto por los magistrados Ruben David Osca Quiñones, Fabián Gustavo Cardozo y Jorge Gallino, el ex funcionario judicial permanecerá alojado de forma provisoria en una dependencia de Gendarmería hasta que se concrete su posterior traslado a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.

La causa penal contra el exsecretario se inició a partir de un hallazgo fortuito ocurrido el 15 de marzo de 2019. Para ese momento, Molina ya había dejado la secretaría y estaba detenido por otra causa, en la que se investigó su participación en una asociación ilícita que operaba dentro del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, junto al exjuez Carlos Vicente Soto Dávila, destinada a favorecer a narcotraficantes.

Es así que en 2019 se realizó un relevamiento de expedientes y efectos secuestrados. Un empleado del juzgado entregó a la secretaria subrogante 28 discos que contenían grabaciones de comunicaciones telefónicas interceptadas. Estos soportes digitales se encontraban guardados en el despacho que había ocupado Molina antes de ser apartado de sus funciones.

Al analizar los discos, detectaron que llevaban un rótulo con el número de oficio 178/13, correspondiente a una causa por narcotráfico del año 2013. Sin embargo, al cotejar los registros, se constató que las líneas telefónicas grabadas no pertenecían a los sospechosos de ese expediente, sino a Carolina Etel Codutti, esposa de Molina, y a Norberto Fabián Sucatzky, un allegado de la mujer y exnovio de la adolescencia.

Pablo Molina sospechaba que su pareja le estaba siendo infiel.

Ante la evidente discrepancia, el juez subrogante Juan Carlos Vallejos ordenó labrar un acta y delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal.

Celos y espionaje

La investigación determinó que las intervenciones telefónicas se realizaron entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. Para concretar la maniobra, Molina confeccionó el oficio N° 3369 utilizando el formato, los sellos y la estructura del juzgado, e insertó los números de su esposa y de Sucatzky como si fueran objetivos de una investigación real por tráfico de estupefacientes que tramitaba en su despacho.

El documento contó con la aprobación del entonces juez Soto Dávila, quien posteriormente declaró que firmó el escrito sin leer con atención, amparado en la confianza que le tenía a su secretario.

Los investigadores comprobaron que las líneas intervenidas pertenecían a la provincia del Chaco y que no tenían ninguna vinculación con la causa de narcotráfico, cuyos sospechosos operaban en Buenos Aires y Mendoza.

Al escuchar el contenido de los audios, se constató que las grabaciones registraban diálogos de carácter estrictamente privado y familiar. En muchas de esas conversaciones, el acusado se dirigía a su esposa mediante agresiones verbales y amenazas.

En el juicio oral, los miembros de Gendarmería Nacional que intervinieron en la causa original de narcotráfico confirmaron que ellos nunca solicitaron la intervención de abonados con característica telefónica del Chaco. Un oficial declaró bajo juramento que recibió un llamado directo de Molina, quien le anticipó la medida y le ordenó expresamente que los discos con las grabaciones debían ser remitidos cerrados al juzgado, sin ser escuchados ni desgrabados por el personal de la fuerza de seguridad.

Asimismo, el empleado judicial que encontró los dispositivos testificó que, tras el traslado de Molina a otra secretaría, el acusado lo llamó por teléfono para preguntarle específicamente por el destino de los discos.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó la sentencia condenatoria el 29 de julio de 2025, e impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la resolución en abril de 2026. Finalmente, este viernes los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el recurso de queja de la defensa por considerarlo inadmisible, lo que clausuró la vía recursiva y motivó la orden de detención del exfuncionario.

El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba y aceptó como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la causa “SisVial”. El magistrado investiga el manejo del fondo fiduciario Sistema Vial Integrado, que se nutre del impuesto a los combustibles para financiar obras públicas en rutas nacionales.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la investigación avanzará sobre la reconstrucción de la ruta del dinero del SisVial y el estado actual de obras viales que fueron denunciadas como “paralizadas”.

Una investigación de La Nación reveló que el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1.5 billones en este fideicomiso, pero ejecutó apenas un cuarto para construir y arreglar las rutas. Más de un billón de pesos permanecía a fines de mayo generando rendimientos en instrumentos financieros como plazos fijos o títulos públicos.

Los decretos 976/2001 y 1377/2001 que crearon el SisVial establecen que el destino de sus fondos debe ser únicamente para financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas. De igual manera, la Ley N° 23.966 regula el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), fijando un porcentaje que debe asignarse directamente a este fideicomiso vial.

La revelación sobre el manejo de los fondos llevó a que se realizaran denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py. El Juzgado Federal N° 11 —subrogado por Lijo— y el fiscal federal Carlos Stornelli llevan adelante la pesquisa.

Victoria Tolosa Paz hizo la primera presentación y pidió ser querellante para participar activamente en el expediente, aportar pruebas e impulsar medidas. Luego la siguió Ricardo Quintela. Ambos alegaron haberse visto damnificados —en su calidad de representantes— por la supuesta paralización de obras en las provincias de Buenos Aires y La Rioja, que ahora investiga la Justicia.

Además, el juez Lijo incluyó en la querella riojana al fiscal de Estado provincial, Segundo Emilio Rodríguez, y el fiscal adjunto, Gustavo Roque Ibarra.

En su resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el juzgado aplicó un criterio amplio respecto a la legitimación procesal de los denunciantes, al recordar que la jurisprudencia no exige una certeza absoluta sobre la calidad de ofendido directo en el inicio de la investigación, sino que basta con la hipótesis de un perjuicio real y concreto derivado de los hechos denunciados para autorizar su participación como querellantes.

Ordenaron medidas

El juez Ariel Lijo ordenó una serie de requerimientos de información de carácter urgente dirigidos a diversos organismos. Las medidas apuntan a esclarecer la ruta del dinero del SisVial y a determinar el estado de múltiples obras viales estratégicas en diferentes puntos del territorio argentino, con especial foco en las provincias de Buenos Aires y La Rioja.

La documentación incorporada al expediente judicial por los denunciantes identificó tres obras de Vialidad Nacional en las rutas nacionales 3 y 5 que contaban con partidas asignadas en la planificación plurianual y que actualmente se encuentran paralizadas:

• Autopista Mercedes - inicio Variante Suipacha, sobre la Ruta Nacional 5, con un presupuesto de referencia original de 9.240 millones de pesos.
• Autopista fin Variante San Miguel del Monte - acceso Gorchs, sobre la Ruta Nacional 3, con un monto de referencia de 10.309,2 millones de pesos.
• Travesía Urbana de Mercedes, también sobre la Ruta Nacional 5, con un monto original asignado de 3.531,6 millones de pesos.

En conjunto, estas tres obras representan una inversión de más de 23.000 millones de pesos que, según la denuncia, quedaron sin ejecutar. Tolosa Paz vinculó además estos proyectos a un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de 100 millones de dólares.

Tras conocerse la resolución del juzgado, la diputada nacional expresó su conformidad con la medida judicial y ratificó los términos de su presentación: “Fui aceptada como querellante en la denuncia que le hice al ministro de Economía, Toto Caputo, por el manejo del dinero del SisVial, por el dinero que se cobra con el impuesto al combustible y que, según denunciamos, es desviado a la timba financiera”.

Asimismo, la legisladora subrayó el impacto que tiene la paralización de los trabajos en los corredores viales de su provincia. “Son dos arterias importantísimas para el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires que fueron abandonadas mientras se armaba una mesa de dinero”, manifestó, al tiempo que agregó que su rol en la causa le servirá para “seguir impulsando la investigación, aportando prueba y mostrando todo el desmanejo que hubo durante estos tres años y medio de abandono de las rutas nacionales”.

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reclama por la paralización total y el abandono de las obras viales en la Ruta Nacional 76 (en el tramo de Pircas Negras), la Ruta Nacional 73 y la Ruta Nacional 75. También se incluyeron reclamos por el estado de la licitación pública LP 0014/2026, denominada “Malla 304”, que prevé la reparación de otras arterias.

Con el objetivo de recolectar elementos de prueba que permitan verificar las denuncias de los querellantes, el juez Ariel Lijo ordenó al Ministerio de Economía de la Nación el envío inmediato de los expedientes y actos administrativos que dieron origen a las instrucciones impartidas al Banco de la Nación Argentina en relación con la administración del fideicomiso SisVial, desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.

También requirió el detalle de las colocaciones financieras realizadas con los fondos de la cuenta SisVial, un desglose por provincia y por obra de la aplicación de dichos recursos, y la ejecución presupuestaria de las tres obras públicas presuntamente paralizadas en la provincia de Buenos Aires, discriminada por fuente de financiamiento.

A la Dirección Nacional de Vialidad, el juez le solicitó copia de los expedientes de obra de los tres proyectos de la provincia de Buenos Aires, detallando los certificados de avance emitidos, aprobados y que se encuentren impagos, así como las modificaciones en los planes de trabajo.

Asimismo, solicitó un informe pormenorizado sobre las obras en las rutas nacionales de La Rioja desde el 10 de diciembre de 2023, que incluya contratos, contratistas, avances físicos y financieros, y los actos administrativos que determinaron la neutralización o paralización de las tareas en las rutas 73, 75 y 76.

Vialidad Nacional deberá informar también sobre el convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO) de la Ruta Nacional 76 firmado con la Administración Provincial de Vialidad de La Rioja, detallando los motivos por los cuales no se renovó, las deudas por tareas de mantenimiento ejecutadas por la provincia y el estado de conservación de las bases imprimadas que quedaron sin carpeta asfáltica.

Lijo también requirió informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros con antecedentes administrativos vinculados a obras viales a las que se hizo referencia en el Informe de Gestión N° 145 presentado ante el Congreso de la Nación.

Y, por último, se libraron oficios a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación para que informen si realizaron auditorías, observaciones o actuaciones de control sobre el fideicomiso y la cuenta especial SisVial desde el año 2024 hasta la fecha.

En el marco de la misma causa judicial, el abogado Nicolás Oszust amplió la denuncia penal contra el ministro de Economía y los funcionarios responsables del Banco Nación en su rol de fiduciario. El escrito del abogado sostiene que el Ministerio de Economía subejecutó de manera sistemática los fondos del SisVial para “desviarlos hacia la especulación financiera estatal” con el fin de exhibir un equilibrio fiscal.

Oszust, quien representa a inversores damnificados de la criptomoneda $LIBRA, también denunció un presunto uso discrecional y político de los fondos ejecutados durante el año 2025, señalando coincidencias temporales entre la liberación de partidas para las provincias y votaciones clave en el Congreso de la Nación.

Durante los últimos meses del año pasado, al menos seis senadores nacionales recibieron misteriosos llamados o mensajes de WhatsApp. “Hola, soy el senador Marcelo Fuentes”, se presentaba el interesado, que sin demorar la conversación iba al punto y, de alguna u otra manera, terminaba pidiendo un favor para Alejandro Actis, un empleado público del Congreso. Pero esta no es una historia de beneficios indebidos ni privilegios: es un caso de suplantación de identidad, según determinó una investigación interna del Senado, que ya se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py.

En los últimos días, la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, firmó el decreto con el que exoneró a Actis y lo desplazó de sus funciones.

Lo echó casi al mismo tiempo que a Gabriel Oscar Dib, otro empleado de la Cámara que fue condenado a tres años de prisión condicional luego de admitir que montó su propio negocio de corrupción dentro del Congreso. Entre 2011 y 2012 tramitó pensiones graciables para personas vulnerables y luego se quedaba con el dinero. Infobae dio a conocer su caso y así se activó el trámite para removerlo.

Con Alejandro Actis todo escaló mucho más rápido. Según determinó una investigación interna del Senado, cuyos detalles conoció este medio por documentos oficiales, este trabajador legislativo contactó a senadores y jefes de despacho haciéndose pasar por el exsenador peronista Marcelo Fuentes, quien ocupó una banca desde 2007 hasta 2019.

Quien sacó todo a la luz fue el propio Fuentes, que se enteró de lo que estaba pasando y lo denunció ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dijo que alguien había llamado a los senadores Fernando Aldo Salino, Jesús Fernando Rejal, Lucila Crexell, Carolina Losada y Alicia Kirchner y en esas comunicaciones usó su nombre para “obtener beneficios personales”.

Las sospechas empezaron a comentarse entre los despachos y aparecieron más víctimas: la senadora Cármen Álvarez Rivero y la jefa de despacho del senador Mariano Recalde también reportaron haber sido contactadas por alguien que dijo ser Fuentes y pedía favores para Actis.

Entonces, la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas abrió un sumario administrativo, “a efectos de investigar los hechos denunciados y deslindar las eventuales responsabilidades administrativas en torno a los mismos”.

En el expediente interno se incluyeron capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp que dan cuenta de las conversaciones entre el contacto sospechoso y los senadores.

Al parecer, el empleado Alejandro Actis habría estado cerca de lograr su cometido en uno de sus intentos. Es que cuando contactó los días 18 y 19 de noviembre de 2025 al senador Rejal, lo habría convencido de que este le envíe una nota a Victoria Villarruel recomendando su traslado a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La jefa de despacho del senador riojano aportó una copia de esa nota y más capturas de WhatsApp.

Con estas pruebas, el Senado denunció a Actis en Comodoro Py. Su causa tramita ante el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la fiscalía ya puso en marcha una serie de medidas de prueba que incluyen las declaraciones testimoniales de todos los senadores involucrados. Por su condición de legisladores, tienen la posibilidad de responder las preguntas de la Justicia por escrito. Aún no se avanzó con el pedido de indagatoria del empleado sospechado.

Mientras se desarrollaba el sumario, Actis negó haber tomado la identidad del exsenador Fuentes para beneficiarse y dijo que una tercera persona habría usado su nombre; que si existía un suplantador, él también era víctima.

El informe final de la investigación interna concluyo que la conducta del empleado no puede ser considerada una mera irregularidad.

“Las pruebas reunidas permiten afirmar que el accionar desplegado por el sumariado importó una grave transgresión a los deberes de conducta, lealtad, buena fe, probidad y decoro exigibles a todo agente del Honorable Senado de la Nación, configurando una falta de entidad suficiente para tornar incompatible su permanencia en la función pública”, dice el documento.

El trabajador presentó su descargo, pero “no logró desvirtuar la prueba incorporada”, según determinó el área competente.

De esta manera, la vicepresidenta Villarruel decretó su exoneración y lo echó del Congreso. Actis aún está en plazo para impugnar la resolución.

El senador Luis Juez y el camarista Diego Barroetaveña le pidieron al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura, Marcelo Bartumeu Romero, que fije la fecha para la audiencia de apertura del jury contra el suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain.

En su carácter de miembros designados para la acusación, Juez y Barroetaveña firmaron una nota donde solicitaron que el inicio del debate “se programe para la primera o, a más tardar, la segunda semana de septiembre”. La tercera integrante del grupo acusador es la consejera Jimena de la Torre.

Salmain afrontará el jury por el supuesto dictado de resoluciones judiciales a cambio de coimas y el presunto ocultamiento, al momento de concursar para acceder al cargo, de que había sido expulsado del Poder Judicial hace más de dos décadas.

Los consejeros acusadores fundamentaron su requerimiento “en la cantidad y complejidad del material probatorio reunido y en el que habrá de incorporarse en la causa”.

En ese sentido, señalaron que “la pronta determinación de la fecha permitirá organizar las etapas subsiguientes, asegurar la disponibilidad de las partes y de los demás intervinientes y garantizar el desarrollo regular del proceso dentro de los plazos aplicables”.

Por otra parte, advirtieron que sus mandatos están próximos a vencer (el 18 de noviembre), por lo que solicitaron que se adopten las medidas necesarias para la pronta designación del día que convocarán a la audiencia de apertura.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación es el órgano encargado de llevar adelante el proceso de enjuiciamiento de los magistrados cuando corresponde evaluar su eventual remoción del cargo.

Está conformado por Bartumeu Romero, que es juez por la ciudad de Buenos Aires, el juez de jurisdicción provincial Néstor Pablo Barral; los senadores nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Las causas penales

Gastón Salmain está imputado en los tribunales federales de Rosario por los presuntos delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y en concurso real.

La fiscalía le atribuyó haber solicitado 100 mil dólares a cambio de favorecer al exdirector de la ex-AFIP Santa Fe, Carlos Vaudagna, en los expedientes penales que se seguían en su contra por presuntos hechos de corrupción.

La maniobra no se habría concretado debido a las recusaciones promovidas por el Ministerio Público Fiscal. No obstante, Salmain dictó diversas resoluciones contrarias a derecho.

Según esta hipótesis, “el objetivo del magistrado era atraer esos expedientes a su juzgado, pese a mantener con el exfuncionario un vínculo personal previo que omitió informar”.

En otro caso, fue imputado por la presunta manipulación de un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso mediante la transferencia de 10 millones de dólares a cuentas del exterior.

Además, se le inició otra causa por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber utilizado su investidura y librado distintas órdenes para conocer el estado de la investigación en la que se encontraba acusado.

El magistrado Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 que juzga la causa Cuadernos, presentó una acción declarativa de certeza acompañada de un pedido de medida cautelar urgente para evitar que lo remuevan de su cargo y, a la vez, frenar la votación en el Senado de la Nación de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, los elegidos por el presidente Javier Milei para completar la Sala I de la Cámara Federal porteña. El oficialismo busca aprobar mañana esas designaciones en el recinto.

Por sorteo, la acción judicial quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11, a cargo de Martín Cormick.

Este es un capítulo más del conflicto por el traslado de jueces, que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La controversia judicial se originó a partir de las diferentes interpretaciones y aplicaciones de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Bertuzzi” del año 2020.

En aquella resolución, el máximo tribunal determinó que los traslados de jueces no equivalen a nombramientos definitivos y que los magistrados en esa situación deben atravesar el procedimiento constitucional prestablecido, que incluye el concurso público, la selección del Poder Ejecutivo y el acuerdo de la Cámara Alta.

Sin embargo, Castelli denuncia que el Estado incurrió en un comportamiento contradictorio y discriminatorio al aplicar este criterio de manera selectiva.

El detonante que cambió el panorama, según el juez Castelli, ocurrió hace pocos meses con la situación de Carlos Mahiques, quien integra la Cámara Federal de Casación Penal y es padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El Senado otorgó a “Coco” Mahiques un nuevo acuerdo por cinco años para desempeñarse en la Casación Federal -tribunal al que llegó mediante un traslado en 2018- después de haber cumplido 75 años.

Durante el debate legislativo, los senadores oficialistas Juan Carlos Pagotto y Nadia Márquez argumentaron que la doctrina “Bertuzzi” no podía aplicarse de forma retroactiva a traslados dispuestos con anterioridad a la emisión de dicha sentencia.

El juez Castelli tomó esas palabras de los legisladores para sostener que el Senado sentó así un precedente que debe extenderse a su propia situación y a la del colectivo de jueces trasladados antes de 2020.

El tema se desarrolla a contrarreloj, ya que la Cámara de Senadores sesionará este jueves. La Libertad Avanza buscará aprobar las designaciones de Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal porteña, entre otros pliegos judiciales.

Ambas vocalías de la Sala I de la Cámara Federal porteña -por donde pasan los casos de corrupción de la administración nacional- habían sido cubiertas por traslado en 2018. Pablo Bertuzzi concursó para reemplazarse a sí mismo, mientras que Yadarola apunta a quedarse con el lugar de Leopoldo Bruglia.

En su presentación ante el fuero Contencioso Administrativo, Germán Castelli solicitó suspender los efectos del trámite parlamentario correspondiente al Concurso Nº 461. Esta petición busca frenar de manera directa el tratamiento y la votación en el recinto del Senado de los pliegos de Yadarola y Bertuzzi, quienes ya obtuvieron dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos.

Siguiendo el razonamiento del peticionante, al ser análogos los casos de Castelli, Bruglia y Bertuzzi, si el Concurso Nº 461 avanza cumpliendo con la doctrina del fallo “Bertuzzi”, el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo seguirán el mismo camino con el Concurso Nº 479, que es el que corresponde al cargo que él ocupa actualmente en el TOF Nº 7.

Castelli justificó la cautelar en la necesidad de evitar que se consumen hechos irreversibles -como la designación definitiva de otros magistrados en los cargos en disputa- antes de que la justicia resuelva la cuestión de fondo.

Es por esto que también requirió que se ordene al Consejo de la Magistratura de la Nación abstenerse de realizar cualquier acto que permita avanzar con el trámite del Concurso Nº 479. Esta solicitud abarca tanto la finalización del proceso como las etapas intermedias de entrevistas e impugnaciones.

En segundo término, demandó que se prohíba al Poder Ejecutivo Nacional dictar decretos o enviar pliegos al Senado tendientes a designar a un nuevo titular en el TOF N° 7.

La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional comenzó este miércoles con el peritaje de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se habla de coimas y corrupción entre el organismo y el sector privado.

El juez federal Ariel Lijo ordenó la pericia para esclarecer el origen y la veracidad de las grabaciones en las que se menciona que el porcentaje de sobornos “ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8”, y que “le debe llegar el 3 a Karina”, entre otras referencias a maniobras espurias.

Luego de una reprogramación, el estudio se inició esta mañana en los laboratorios del edificio Centinela.

Según indicaron fuentes de la fuerza, a primera hora se abrió el sobre lacrado y sellado en el que llegó el pendrive entregado por el periodista Mauro Federico, quien sacó a la luz los audios en el streaming Carnaval y luego los entregó a la Justicia. Se analizarán más de 50 archivos.

Cada paso que dan los especialistas de Gendarmería es secundado por los peritos de parte que designaron las defensas de Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina. El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, también convocó a cinco expertos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para trabajar en el peritaje.

A diferencia de la fiscalía, que no usó los audios para acusar a las 19 personas que hoy están procesadas, las defensas sostienen que este material dio inicio al caso. De verificarse su origen clandestino -por ejemplo, que sean escuchas ilegales-, buscarán hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

El fiscal Picardi asegura que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a los audios.

El peritaje

La Gendarmería Nacional debe citar a Spagnuolo para que se presente a dar una muestra de su voz, tal como ordenó el juez Lijo.

El exabogado del presidente Javier Milei se negó a cumplir con ese punto de pericia, pidió su nulidad y reclamó que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva si se estaría “autoincriminando” al colaborar con la Justicia, tal como alegaron sus abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera.

El juez Lijo no hizo lugar a este planteo de Spagnuolo y el tema pasó a la Sala II de la Cámara Federal porteña. El tribunal de apelaciones no se pronunció al respecto, aunque podría hacerlo mientras se desarrolla la pericia.

De cualquier forma, Diego Spagnuolo no está obligado a prestar colaboración.

Los peritos necesitan un “material indubitado” -que no haya dudas de que quien habla sea Spagnuolo- para cotejarlo con las grabaciones que destaparon el escándalo.

Ante la negativa del exfuncionario, el fiscal Picardi propuso usar cuatro entrevistas que dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

Buena parte del trabajo de la Gendarmería estará enfocada en el posible uso de inteligencia artificial. El juez ordenó buscar “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

Además, en otro punto, requirió que se detecte si existió algún tipo de “edición mediante IA o herramientas de síntesis digital” con la que se haya manipulado la voz de Spagnuolo.

También se intentará hacer una “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”, de acuerdo a lo ordenado por el juez que subroga el Juzgado Federal N° 11.

Mientras avanza el peritaje, Ariel Lijo tiene por delante resolver la situación procesal de los últimos 30 imputados -funcionarios, empleados públicos, empresarios e intermediarios- que ya pasaron por declaración indagatoria. El fiscal busca sumarlos a la lista de procesados que tiene el expediente.

En tanto, el primer grupo de acusados aguarda a que la Cámara Federal porteña resuelva la apelación de sus procesamientos. La Sala II quedó desintegrada luego de la salida del juez Martín Irurzun, pero el fallo puede salir solo con las firmas de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, en caso de que lleguen a un acuerdo.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó una serie de medidas de prueba con las que reevaluará la acusación contra Alberto Fernández por violencia de género. La causa que inició la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente de la Nación ya cuenta con un pedido de elevación a juicio de parte del fiscal.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, en los últimos días el juez solicitó a la Policía Federal Argentina (PFA) una serie de informes sobre cuatro agentes que custodiaron a la pareja presidencial.

Los custodios fueron citados por el magistrado para que declaren como testigos en los tribunales federales de Comodoro Py.

Además, Rafecas pidió al sanatorio Otamendi que entregue una copia de la historia clínica de Fabiola Yañez, con todo su historial médico desde 2018 hasta 2024. En esa época habrían ocurrido los golpes y maltratos denunciados.

La ampliación del plexo probatorio en la que trabaja el juez fue dispuesta en julio por el tribunal superior, la Sala II de la Cámara Federal porteña. En ese fallo, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico negaron anular la causa como pretendía Fernández, pero accedieron a producir más pruebas tal como pedía la defensa.

“La instrucción omitió producir importantes diligencias probatorias para tener por acreditado aquello en que fundó el procesamiento del imputado”, concluyó la Cámara.

En ese fallo, la Sala II ordenó a Rafecas que, una vez que tenga el resultado de las nuevas pruebas, “reevalúe la situación del imputado”. Esto es: si merece seguir procesado y ser llevado a juicio, o bien le cabe la falta de mérito o el sobreseimiento.

El fiscal de la causa, Ramiro González, dictaminó hace ya un año que el expresidente debe ser juzgado por dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Cabe recordar que, en instancias anteriores, la fiscalía calificó de “absurdas” y “dilatorias” estas medidas que logró la defensa -a cargo de los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi-, bajo el criterio de que Fernández busca demorar la llegada del caso a debate oral y público.

Según la acusación del fiscal, entre el 21 y 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yañez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la zamarreó provocándole lesiones en el brazo, de acuerdo a la acusación fiscal.

Asimismo, se le imputan “maltratos sistemáticos” entre 2016 y agosto de 2024, que le habrían generado a la víctima un daño psíquico. Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España, tras dejar el poder.

El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

Mientras las nuevas pruebas avanzan en el Juzgado Federal N° 3 de Rafecas, Alberto Fernández no abandona el intento por declarar la nulidad de la causa. La Cámara Federal porteña le concedió un recurso para que reclame en la Cámara Federal de Casación Penal.

En los tribunales de Comodoro Py consideran muy poco probable que esto avance favorablemente para el expresidente. Al apartar al anterior juez de la causa, Julián Ercolini, la Casación ya declaró que el cambio de magistrado debía producirse “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió una prórroga a la Justicia para responder más adelante el requerimiento de justificación patrimonial que elaboró el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo previsto originalmente se vence este miércoles.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la defensa de Adorni presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo argumentando que necesitan acceder a un conjunto de pruebas que aún no pudieron revisar. Son archivos y conversaciones citadas por el fiscal en el requerimiento.

Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el ex funcionario libertario para justificar el origen de su patrimonio. Si no logra despejar las 20 inconsistencias que detectaron los investigadores, entonces el fiscal estará en condiciones de dar un paso más y pedir que el juez lo cite a declaración indagatoria.

Ahora el titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py puede escuchar la opinión de la fiscalía antes de resolver si prorroga o no el plazo de la justificación patrimonial. La defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, sugirió extenderlo otros 15 días más.

Las 20 inconsistencias

El requerimiento del fiscal se firmó el pasado 10 de agosto. En un dictamen de 207 páginas, Pollicita enumeró una veintena de interrogantes sobre los bienes del ex funcionario. La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo.

De acuerdo con la investigación que llevó a cabo el fiscal, el matrimonio tuvo ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes del exfuncionario y de su esposa.

Sin embargo, los gastos registrados en moneda nacional —que incluyeron expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros automotores, electrodomésticos y tarjetas de crédito— habrían ascendido a $272.820.832,20, siempre según el dictamen del fiscal. Esta diferencia generó un saldo de $43.068.549 que aún está pendiente de explicación.

Asimismo, Pollicita detectó gastos en moneda extranjera por un valor de USD 402.578,12, supuestamente destinadas a la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento en la calle Miró 550, el mobiliario de estas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.

Entre los veinte puntos que Adorni deberá aclarar, se destaca el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos”, detallando qué bienes enajenó, a qué compradores y con qué respaldo documental. Ese dato coincide con la explicación pública del ex ministro coordinador que reveló que desde hace una década tenía medio millón de dólares en criptomonedas que nunca declaró ni gastó hasta que llegó al poder.

También se le solicitó acreditar la existencia real de préstamos familiares otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, la procedencia de los fondos para adquirir un vehículo Jeep y las razones por las cuales el lote del Country Indio Cuá figura exclusivamente a nombre de su cónyuge. En esta última propiedad, la fiscalía exigió justificar los USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda.

El requerimiento judicial también exige explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos del ex jefe de Gabinete.

La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.

Por último, Adorni tendrá que aclarar el uso de terceras personas para realizar pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina.

En base al resultado de esta justificación patrimonial, cuando finalmente se realice, el juez Lijo deberá decidir si acepta estas explicaciones o lo convoca a indagatoria.

Dos aspirantes a reelegir en el Consejo de la Magistratura dieron marcha atrás y desistieron de las acciones judiciales que habían presentado para definir si estaban habilitados o no para ir por otros cuatro años en el Consejo de la Magistratura, el organismo que sanciona y selecciona a los jueces federales y nacionales. Se trata de Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y la abogada Jimena de la Torre.

Barrotaveña fue punta de lanza. En junio había promovido una acción declarativa de certeza y consiguió una medida cautelar a favor que lo habilitó a competir para volver a representar a los magistrados en el Consejo. Pero luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió el efecto de esa resolución hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

Detrás de Barroetaveña presentaron planteos similares las abogadas Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez. Esta última consejera aún no se bajó de la contienda judicial, indicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente. También fueron a los tribunales los legisladores del peronismo.

La pretensión principal consiste en obtener un aval judicial que les permitiera postularse nuevamente para el período 2026-2030.

El juez Barroetaveña argumentaba que, tras los fallos de la Corte Suprema de Justicia que en 2021 modificaron la estructura del Consejo, debía aplicarse el texto original de la ley orgánica de 1997, el cual permitía una reelección consecutiva.

En cambio, según la postura del Consejo de la Magistratura de la Nación, la norma que se encuentra vigente y rige en materia de reelección es el artículo 3º de la Ley N° 24.937, bajo el texto establecido por la Ley N° 26.855, sancionada en 2013. Esta establece expresamente que los consejeros pueden ser reelegidos, pero con un intervalo de un período de por medio.

La interpretación de Barroetaveña y quienes lo siguieron encendió una fuerte polémica dentro del Consejo y, a la vez, disparó una interna en la lista Bordó, agrupación oficialista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), presidida por el juez Andrés Basso.

“Necesitamos reglas claras”

La consejera de la Magistratura por los abogados, Jimena de la Torre, desistió este lunes a primera hora de la acción declarativa de certeza que había iniciado junto a su colega Fernanda Vázquez.

“La presente decisión responde a circunstancias sobrevinientes vinculadas con la estrategia institucional y electoral del espacio que integro, que tornan innecesario para esta parte mantener la pretensión deducida en autos. Aclaro, además, que este desistimiento no importa renuncia a derecho alguno”, plasmó la letrada en su escrito, según pudo corroborar Infobae.

De la Torre, quien fue electa en 2022, sostuvo en un comunicado que tomó la decisión “con la tranquilidad de saber que Abogados en Acción tiene la fuerza, los equipos y los liderazgos necesarios para garantizar la continuidad de un proyecto que trasciende los nombres y los cargos”.

“Necesitamos reglas claras, previsibles y parejas para todos los estamentos. Es una condición indispensable para garantizar la confianza de los electores y la legitimidad de sus representantes”, reclamó también la consejera.

La decisión de los dos consejeros de abandonar la vía judicial descomprimió, al menos temporalmente, la presión sobre el cronograma electoral.

Los abogados elegirán a sus representantes para el Consejo el próximo 20 de octubre, y ya están en marcha los plazos para la presentación de listas y la oficialización de candidaturas.

Algo similar ocurría con los jueces, que votan el 8 de octubre y deben tener las listas definidas para el 4 de septiembre.

La incertidumbre que rodeaba a estas postulaciones había generado inquietud en diversos sectores, ya que se temía que una resolución judicial tardía pudiera afectar la legitimidad del proceso o la conformación de las nóminas de candidatos.

El suspendido juez federal Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, escuchó este martes el pedido de destitución que formuló en su contra la acusación en el juicio político por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

Quienes pidieron la remoción del magistrado fueron los miembros del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña -presidente de la Cámara Federal de Casación Penal- y Álvaro González -diputado nacional del PRO-. Fundaron la acusación en la causal de mal desempeño de sus funciones.

La defensa de Díaz Lacava, en cambio, reclamó la absolución. “Es un buen juez. Se equivocó, tuvo inconvenientes, no midió los efectos que en todos nosotros produjo la pandemia, pero es un buen juez”, dijo el abogado Andrés Gil Domínguez, cuando le tocó exponer sus alegatos.

El magistrado suspendido también tomó la palabra y le habló al Jurado de Enjuiciamiento que definirá si lo destituye o le permite seguir siendo juez: “Quiero pedir mis disculpas sinceras por lo que esta situación le pudo haber generado a todas las personas vinculadas, a los denunciantes y a mi familia. Mis hijos y mi esposa están sufriendo esta situación hace tres años y medio”.

Entre lágrimas, igual de compungido que se lo vio en audiencias pasadas, reflexionó: “Mi esposa y yo sufrimos cirugías, intervenciones de urgencias médicas y mis tres hijos estuvieron con asistencia psicológica desde que llegó la denuncia. No repetiría nada de lo que ocurrió. Hubiera pedido inmediatas disculpas y rectificado de la mejor manera posible si otras personas me hubiesen señalado estos hechos en su momento”.

La acusación del Consejo de la Magistratura le achacó a Díaz Lacava episodios sistemáticos de violencia. “No fue una discusión de un mal día, dos, tres, cuatro, que cualquiera lo puede tener y después se pide disculpas”, repasó Barroetaveña en su alegato.

Las denuncias contra el juez federal que tenía a cargo juicios y ejecución de penas en La Pampa empezaron en abril de 2023. Actualmente, tiene una orden de alejamiento sobre las víctimas. En paralelo al juicio político, enfrenta una causa penal por los mismos hechos y será juzgado en un debate oral y público previsto para el próximo mes de septiembre.

“Nuestra conclusión es precisa, el doctor Díaz Lacava incurrió en desórdenes de conducta que afectaron el servicio de justicia y justificaron la causal de mal desempeño establecida”, siguió el consejero acusador, que hizo un repaso por múltiples testimonios de empleados y funcionarios judiciales, incluidos los jueces Marcos Aguerrido y José Tripputi, quienes completan el tribunal pampeano.

Barroetaveña ahondó en episodios de “gritos, golpes, explosiones de furia” por “teorías conspirativas y de traición del juez” o “rondas de enojo, interrogatorios y ofuscamiento por cuestiones triviales que él transformó en graves e intolerables”, como la ubicación de un matafuego o un crucifijo.

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal también habló de “conductas paranóicas”, que derivaron en consecuencias graves como la “prohibición de mantener contacto con el Ministerio Público Fiscal” ordenada por Díaz Lacava a sus subordinados.

“Es una persona que tiene mucho poder. Los empleados primero soportaron; un día dijeron basta y ahí llegaron las denuncias que este Consejo tomó. Díaz Lacava se encerraba, les gritaba a los secretarios. Indican que cuando escuchaban sus llaves, ya se acartonaban y se relajaban un poco cuando se iba. Los enojos eran casi una constante. Era un infierno”, continuó el consejero acusador.

En contraste, la defensa señaló que Díaz era vehemente debido a los altos cánones de autoexigencia que intentaba instalar en su equipo. Del lado del juez reconocieron que “durante la pandemia y poco después estaba molesto, no se sentía satisfecho con el funcionamiento del Tribunal”.

El abogado Gil Domínguez recuperó en su alegato otros testimonios incorporados al expediente que ponderaron al magistrado y recalcó que, a su criterio, está probado que no hubo lesiones físicas ni insultos de parte de Díaz Lacava hacia su equipo.

“Si en algún momento el doctor dijo que tenía los testículos secos, no era para descalificar a alguien personalmente, era para manifestar su malestar porque él creía y consideraba que el Tribunal no estaba funcionando bien, no se hacían los juicios que se tenían que hacer”, apuntó el defensor.

Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento pasó a deliberar y dará a conocer su veredicto en los próximos 20 días hábiles.

El jury está presidido por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 de la Capital Federal, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, y conformado por el camarista de San Martín, Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (LLA - Tierra del Fuego) y María Florencia López (UxP - La Rioja); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA - Santa Fe), Christian Alejandro Zulli (UxP - Corrientes) y la abogada de la matrícula federal, Ana Beatríz Fernández.

Este mismo Jurado viene de destituir este mismo martes al ahora ex titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo López, por postear mensajes antisemitas en redes sociales.

Un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados removió este martes al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, por sus expresiones en redes sociales. Lo acusaron por antisemitismo a partir de una serie de posteos en su cuenta de X, donde profirió mensajes cargados de una discriminación sistemática al pueblo judío y al Estado de Israel, según determinó el jury.

La acusación contra el ahora exmagistrado fue impulsada por el senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques, integrantes del Consejo de la Magistratura.

En su defensa, López había declarado que no actuó con mala fe o ánimo de ofender y sostuvo que sus opiniones no constituyen ataques personales contra los judíos. Habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión.

Ángel Marcelo Bová, secretario general del Jurado, leyó el veredicto del juicio político, a partir del cual se concluyó que el magistrado “atropelló derechos elementales con persistencia y sistematicidad, reiterando insultos y términos peyorativos contra toda una comunidad” e incurrió en la causal de mal desempeño de sus funciones.

Al juez López se lo juzgó por 15 posteos en su cuenta de X, que en su momento le valieron una ola de denuncias impulsadas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

En el debate oral, el jury constató una “falta grave de ética, sustancial para el ejercicio de la judicatura”, además de “graves desórdenes de conducta”, una situación que “dinamitó la confianza de la ciudadanía en orden al mantenimiento de su actitud para administrar justicia de manera imparcial”, según se desprende del veredicto.

El Jurado concluyó que los posteos de López “incitaron a la violencia simbólica, pretensión de sometimiento y, muy especialmente, a la discriminación”.

“Las manifestaciones de discursos de odio quedan excluidas de la protección que brinda el derecho a la libertad de expresión”, se resaltó además en otro pasaje de la sentencia.

El Jurado lo conformaron el magistrado Marcelo Gastón Bartumeu Romero, del Tribunal Oral Criminal N° 25 de CABA; el camarista federal de San Martín Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA) y Christian Alejandro Zulli (UP) y la abogada de la matrícula federal Ana Beatríz Fernández.

Luego del dictamen de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que pidió su juicio político, Alfredo López presentó su renuncia como juez, pero el Poder Ejecutivo no se la aceptó.

Entre los posteos en cuestión hay una encuesta que difundió López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

En otra publicación compartió una foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, y se preguntó: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

López insistió durante el juicio político en que sus “opiniones personales” fueron sobre “asuntos públicos”, y resaltó: “Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”.

“Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?”, expresó el magistrado durante su descargo.

Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desestimó la postura de López y lo echó del Poder Judicial. Ahora el Consejo de la Magistratura deberá iniciar un concurso para cubrir la vacante que se producirá en los tribunales de Mar del Plata.

La sentencia no tardó en generar repercusiones en el arco político. El legislador porteño Waldo Wolff, fuertemente identificado con la comunidad judía, celebró la destitución: “En un fallo ejemplar y memorable el Consejo de la Magistratura removió a Alfredo López de su cargo por sus permanentes expresiones antisemitas”, posteó.

Y siguió: “Nuestro país es un ejemplo de convivencia entre quienes profesamos distintos credos; la remoción de un Nazi del cargo de juez federal es una bocanada de aire fresco para seguir sosteniendo aquellos valores que nos dan identidad como tierra plural y de los que tan orgullosos nos sentimos”.

Lo mismo hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, al compartir un comunicado del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) que destacó: “Por primera vez en la historia, en Argentina, un juez federal es desplazado por ataques antisemitas”.

La Justicia comenzó a investigar el accionar de las fuerzas de seguridad durante la movilización del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando se aprobó la Ley de Tierras. Ya está bajo análisis en los tribunales federales de Comodoro Py el caso del comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Gustavo Antonio Gauna, señalado por disparar una escopeta contra los manifestantes mientras iba vestido de civil, sin ninguna identificación visible.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, todas las denuncias que se presentaron a partir de la represión en las afueras del Congreso se acumularon en el Juzgado Federal N° 10, que subroga Julián Ercolini.

El fiscal Franco Picardi requirió abrir la investigación y propuso una serie de medidas de prueba para impulsar la acción penal: pidió informes a distintos organismos públicos, registros de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales.

El juez Ercolini, quien de momento no delegó la investigación en la fiscalía, ya ordenó algunas diligencias y tiene otra batería de medidas bajo análisis, indicaron fuentes con acceso al expediente.

La causa se inició a partir de las denuncias presentadas por las autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Los representantes de esta entidad, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, reportaron “graves abusos de poder, detenciones arbitrarias y un uso desmedido de la fuerza”.

También hubo denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano y del abogado Gregorio Dalbón que señalaron -además del comisario Gauna- a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ambas habían recaído por sorteo en el juzgado de María Servini, pero todo se acumuló con la causa iniciada por la CPM.

Quién es el comisario Gauna

El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna se desempeña desde enero de 2025 como jefe de la Dirección General de Organizaciones Criminales de la PFA. Antes había estado a cargo de los departamentos de Investigaciones Nacionales, Trata de Personas y de la división Homicidios.

En 2023, Gauna declaró como testigo en la causa por el crimen de Lucas González (17), el jugador de inferiores de Barracas Central asesinado por agentes de la Policía de la Ciudad. Su testimonio complicó a los acusados, quienes finalmente resultaron condenados.

En redes sociales se difundieron fotos del comisario en la Plaza del Congreso con una escopeta a la altura de la cintura. Lo captaron desde distintos ángulos y en ninguna imagen se percibe con claridad que lleve una identificación.

Luego de identificar a Gauna, desde la oposición reflotaron un viejo posteo de la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien compartió una foto con el comisario durante un operativo por la desaparición de Loan Peña en Corrientes.

Bullrich negó conocerlo personalmente o tener algún vínculo más allá del que mantuvo en su momento por su responsabilidad como ministra.

La represión de la marcha

Según los informes de monitoreo presentados por esa entidad, que trabajó en conjunto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la intervención policial derivó en una “represión indiscriminada” que afectó a más de 1.500 personas que se movilizaron para protestar contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Los denunciantes relataron que las fuerzas, integradas por un comando unificado de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, recurrieron al uso coordinado de gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y postas de goma.

El operativo dejó al menos 16 heridos, entre los que hubo manifestantes, trabajadores de prensa y miembros de los propios equipos de control de derechos humanos, según consta en la denuncia. También se informó la detención de 29 personas en medio de los incidentes.

Uno de los episodios más graves ocurrió en la esquina de Lima y Avenida de Mayo. En ese punto, la fotoperiodista Patricia Del Valle Cugat sufrió un fuerte traumatismo craneal con sangrado tras caer al suelo en medio de las maniobras de dispersión y los disparos de postas de goma.

Integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria y del organismo de asistencia médica CEPA que auxiliaron a la trabajadora de prensa denunciaron una presunta inacción de los efectivos policiales, quienes se habrían limitado a dar aviso por radio antes de retirarse del lugar donde la mujer cayó desvanecida. Posteriormente, una ambulancia del SAME trasladó a la víctima al Hospital Argerich.

La CPM amplió su denuncia en los últimos días y sumó nuevos testimonios de personas lesionadas en diferentes puntos de la Plaza del Congreso.

La presentación judicial también dio cuenta de que el propio secretario ejecutivo de la Comisión, Roberto Cipriano García, recibió un disparo de posta de goma en su brazo derecho mientras supervisaba el operativo.

Ante la magnitud de los gases y las detonaciones, unas 50 personas debieron refugiarse en un puesto sanitario provisorio montado en el Instituto Patria.

Juan Tomás Rodríguez Ponte juró este jueves como juez titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y asumió la conducción de un despacho por el que pasan expedientes judiciales de altísima trascendencia.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia, que se vio colmado por más de un centenar de invitados. Varios se vieron obligados a seguir el evento desde afuera de la sala, dada la gran concurrencia.

Rodríguez Ponte se hará cargo de casos tales como el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el que están bajo la lupa el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa Jesica Cirio; además de la causa Sur Finanzas, en la que investigan a la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los tribunales federales de Lomas de Zamora tienen jurisdicción sobre zonas sensibles como la cárcel de Ezeiza y el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, ubicado en la misma localidad.

Entre los asistentes al acto hubo jueces de instrucción, camaristas, fiscales, funcionarios judiciales, consejeros de la magistratura, abogados, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y el titular del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien reactivó su pliego.

En primera fila estuvo la familia del flamante juez, incluida su esposa, la fiscal Alejandra Mángano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y subrogante de la Fiscalía Federal N° 12 de los tribunales porteños.

Hubo una altísima concurrencia de los magistrados de Comodoro Py. Fueron casi todos los fiscales de instrucción: Ramiro González, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Carlos Stornelli y Franco Picardi dieron el presente junto a Mángano.

También lo hicieron varios de los jueces del tercer y cuarto piso: Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez De Giorgi y Julián Ercolini. Por la Cámara Federal de Apelaciones asistieron Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia; así como Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Alberto Vallefín, condujo la ceremonia. Entre otros invitados se destacaron el ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Otamendi; el juez y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato; Ana María Juan, jueza federal designada en Hurlingham; y los fiscales Diego Iglesias (PROCUNAR) y Diego Velasco (PROCELAC).

El juez Lijo fue escoltado por parte de su equipo y sus dos secretarios, Diego Arce y Martín Canero. Sucede que Tomás Rodríguez Ponte también condujo una secretaría bajo el ala del titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py durante poco más de una década. Allí construyó los cimientos de su carrera y, además, compartió oficina con el ministro Mahiques, cuando ambos recién daban sus primeros pasos en el Poder Judicial.

Luego desembarcó en 2016 al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas y entrecruzamientos telefónicos.

Como secretario de Ariel Lijo, Rodríguez Ponte encabezó causas de alto impacto. Quienes siguieron su trabajo en Comodoro Py le recuerdan, por ejemplo, su labor en el procesamiento del entonces vicepresidente en ejercicio Amado Boudou, en el caso Ciccone.

Ahora, el mayor desafío que tendrá por delante está en la causa Yategate. El fiscal Sergio Mola, instructor de ese expediente, fue uno de los invitados a la jura.

Junto a otros pares del Ministerio Público Fiscal, Mola viene trabajando para avanzar con la indagatoria de Martín Insaurralde y el resto de los implicados, algo que hasta ahora no ordenó ninguno de los jueces que tuvo el expediente. Rodríguez Ponte deberá decidir también sobre el futuro de los videos en los que se ve a la conductora y modelo Jesica Cirio exhibiendo fajos con miles y miles de dólares.

Un peritaje reciente determinó que esos archivos no tienen valor probatorio, porque no fue posible verificar su origen, su integridad ni su autenticidad. Las defensas buscan que la Justicia los descarte.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae adelantaron que no habría novedades sobre estos tópicos en el corto plazo: apenas llegue a su despacho, el juez tendrá que empezar a analizar desde cero el expediente, que viene acumulando pruebas hace tres años.

Antes de dejar Juzgado Federal N° 2, el subrogante Luis Armella dictó la falta de mérito de los directivos del Club Atlético Banfield en la causa Sur Finanzas, mientras que en el Yategate sobreseyó a la modelo Sofía Clerici.

El juez Luis Armella, subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, sobreseyó a la modelo Sofía Clerici en la causa Yategate, donde era investigada por presunto lavado de dinero. A partir de un peritaje contable, la Justicia determinó que no existen pruebas que conecten el patrimonio de la mujer con las actividades económicas o los fondos del exintendente Martín Insaurralde, con quien realizó el viaje a Marbella, España, en septiembre de 2023.

La causa judicial comenzó luego de que la modelo publicara fotos en redes sociales a bordo del yate “El Bandido”. Clerici fue allanada en su casa del barrio cerrado Los Lagos, en Nordelta, donde le incautaron la suma de 569.911 dólares en efectivo y artículos de lujo.

No obstante, el juez Armella ordenó enviar a los tribunales de San Isidro las actuaciones correspondientes a sus inconsistencias financieras particulares para que se investiguen de forma independiente, en una nueva causa.

La resolución se firmó menos de 24 horas antes de que Armella deje el juzgado. Este jueves juró el nuevo magistrado titular, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Tal como anticipó Infobae, la defensa de la modelo, encabezada por el abogado Martín Larralde, había solicitado el sobreseimiento tras la incorporación de un peritaje contable clave elaborado por una perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dicho informe, presentado a mediados de julio, no encontró ningún documento o registro que diera cuenta de entregas de dinero por parte de Insaurralde hacia Clérici, ni tampoco comprobantes que asociaran al ex jefe de Gabinete bonaerense con la adquisición de las posesiones lujosas que le incautaron a la modelo.

De acuerdo con el documento provisto, a Sofía Clérici se la investigaba por el delito de lavado de activos (previsto y reprimido por el artículo 303 del Código Penal).

La Justicia le imputaba haber puesto en circulación fondos de origen ilícito mediante la compra de pasajes al exterior y el pago de gastos de viaje. Clerici había sido señalada como testaferro en la adquisición de bienes y la contratación de servicios (como pasajes de avión, alojamiento en un hotel de Marbella y el alquiler de un yate) que Martín Insaurralde no podía justificar con sus ingresos declarados, con el fin de que el exfuncionario apareciera como ajeno a esos gastos.

El fiscal Sergio Mola dictaminó en contra del sobreseimiento. La fiscalía argumentó que la falta de registros escritos no descartaba que los pagos o las dádivas entre Insaurralde y Clerici se hubieran efectuado en dinero en efectivo.

Además, Mola enumeró una serie de inconsistencias en los números de Clerici que, según su criterio, requerían mayor investigación. Entre ellas, mencionaron un déficit patrimonial de más de 173 millones de pesos entre 2009 y 2023, la compra de una propiedad en Nordelta por 510.000 dólares a través de una sociedad sin actividad comercial, la adquisición de un automóvil importado valuado en 50.000 dólares y la falta de justificación sobre el origen de los billetes extranjeros hallados en su casa.

Por su parte, la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) opinó que dictar el sobreseimiento resultaba prematuro. El organismo solicitó postergar la decisión debido a que todavía se encontraba pendiente de resolución el pedido de declaración indagatoria para otros imputados en el expediente, entre los que figuran familiares y allegados comerciales de Insaurralde.

En definitiva, el juez Armella rechazó las posturas de los acusadores y se inclinó por la petición de la defensa.

El magistrado explicó que, tras tres años de investigación, análisis de dispositivos electrónicos y pericias contables, “no ha permitido establecer la existencia de un vínculo de naturaleza económica entre Sofía Clérici y Martín Insaurralde que permita relacionar los fondos secuestrados en el domicilio de aquella con el patrimonio o las actividades económicas de este último o su entorno”.

A criterio del juez, la mera relación afectiva o el hecho de haber compartido un viaje no configuran un delito penal. También aclaró que la hipótesis de una entrega de fondos en efectivo constituye una suposición que no fue corroborada en el expediente, según se desprende del fallo, al que accedió este medio.

Respecto a las dudas sobre el origen de los bienes de la modelo, el juez remarcó que el sobreseimiento dictado no implica convalidar la licitud de su patrimonio ni justificar sus ingresos.

Al tratarse de presuntas irregularidades autónomas que ocurrieron en una jurisdicción diferente, Armella ordenó extraer copias de las pruebas y remitirlas a los tribunales federales de San Isidro, que poseen la competencia territorial sobre el domicilio de Nordelta donde se incautaron los fondos y los objetos de valor, los cuales quedarán ahora a disposición del nuevo juzgado que asuma esa causa.

La Cámara Federal de Apelaciones porteña avanzó con la elevación a juicio en el caso que investiga el desvío de fondos públicos que salieron del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, mediante convenios entre el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Los principales acusados son Carlos Ruta y Daniel Edgardo Di Gregorio, quienes respectivamente oficiaron como rector y vicerrector de esa casa de estudios.

La Sala II del tribunal confirmó el requerimiento de elevación a juicio que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti, aunque anuló un párrafo de la acusación del fiscal.

Ambos exdirectivos habían cuestionado la validez del requerimiento al argumentar que se modificaron los hechos imputados originalmente y que se omitieron pruebas decisivas para el caso. Sin embargo, los magistrados Eduardo Farah y Roberto Boico desestimaron la mayoría de estos planteos y validaron el camino hacia el juicio.

El conflicto central que derivó en la anulación de una parte del escrito fiscal radicó en un párrafo específico que, según los jueces, excedió la imputación fijada durante la etapa de investigación.

En ese fragmento, la fiscalía atribuyó a Ruta y Di Gregorio tareas de supervisión directa sobre la ejecución de los contratos, la certificación de servicios prestados, la emisión de órdenes de pago, la transferencia de montos y la entrega de cheques.

La Cámara consideró que estas afirmaciones no guardaban coherencia con la plataforma fáctica por la cual los acusados resultaron procesados, por lo que decidió suprimir ese pasaje para evitar futuros planteos que afecten el normal desarrollo del juicio.

A pesar de esta modificación, la Cámara ratificó la acusación general contra las exautoridades de la casa de estudios en calidad de partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El caso

La maniobra investigada consistió en la firma de un convenio marco de cooperación en diciembre de 2012, al que luego se sumaron dos actas específicas firmadas en 2014 y 2015, para obtener asesoramiento técnico en materia hidráulica de los expertos de la universidad.

A través de estos instrumentos, el ORSEP —que tiene la misión de fiscalizar y controlar la seguridad de las presas, embalses y otras obras, y funcionaba bajo la órbita de Planificación Federal— transfirió $8.898.167 entre 2013 y 2016 que habrían sido desviados. Actualizada por inflación, esa cifra hoy superaría los 2.000 millones de pesos.

De acuerdo con las constancias del expediente, los fondos públicos se destinaron a finalidades distintas a las pactadas originalmente, mediante la contratación de servicios que nunca se ejecutaron y la emisión de facturas “truchas”.

La acusación señala que los convenios se firmaron sin cumplir con los procedimientos administrativos internos obligatorios, ya que no contaron con la aprobación del consejo técnico del ente regulador ni del consejo superior de la universidad. Esta omisión impidió que se realizaran los controles necesarios sobre los acuerdos específicos, lo que facilitó el perjuicio patrimonial para el Estado.

La investigación judicial determinó que la falta de intervención de los organismos de control internos permitió la suscripción de contratos de locación de servicios con personas que carecían de la idoneidad y los conocimientos técnicos requeridos.

Entre los contratados por la UNSAM había psicólogos, profesores de educación física y comerciantes del rubro alimenticio, cuyas especialidades no tenían vinculación alguna con las funciones del Organismo Regulador de Seguridad de Presas.

Otros profesionales declararon como testigos y reconocieron que no prestaron los servicios que figuran en los papeles.

Junto a Ruta y Di Gregorio también están procesados otros exdirectivos de menor jerarquía.

El ex rector de la UNSAM Carlos Ruta aparece mencionado en varias causas de corrupción. Hace un año atrás fue absuelto en el caso “Mamá Corazón”, donde compartió el banquillo de los acusados con De Vido y la actriz Andrea Del Boca. El fallo fue apelado por la fiscalía y está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Ruta también va camino a juicio en otro expediente por sobreprecios en la compra de equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales en la universidad. El caso también tiene como epicentro un convenio firmado con el Ministerio de Planificación Federal.

El Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la causa Vialidad, ordenó embargar un conjunto de propiedades y activos comerciales, entre los que está el departamento de la calle San José 1.111 en el que cumple su prisión domiciliaria la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución judicial se enmarca en los avances de la Justicia sobre la recuperación de 685.000 millones de pesos fijados como el monto del perjuicio patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción con la obra pública.

Cabe resaltar que esta medida no implica un remate inmediato de las propiedades ni altera la titularidad de los bienes, sino que establece su indisponibilidad jurídica para evitar transferencias o gravámenes mientras se define el decomiso final, según remarcó el Tribunal en su resolución.

Los jueces del caso Vialidad ya avanzaron con una primera etapa de decomiso sobre 111 bienes que están siendo tasados. Esta segunda fase en la que ahora se ordenaron los embargos había sido impulsada en febrero por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. Todavía no se recuperó ni un solo peso de la corrupción.

Más embargos

El fallo del TOF N°2 también alcanzó a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero que la familia Kirchner posee a través de sociedades comerciales.

En la provincia de Santa Cruz se embargaron múltiples terrenos y edificaciones. Dentro de este listado figura el predio donde se emplaza el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en esa localidad patagónica.

Asimismo, se incluyeron inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, entre los que está el chalet de la expresidenta situado en la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ratificaron y fundamentaron la extensión de las medidas hacia los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no resultaron condenados en este expediente.

Además, recordaron que en la sentencia de Vialidad se probó que las maniobras defraudatorias generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para toda la familia Kirchner. El juicio demostró una estrecha relación comercial donde las firmas de Báez alquilaron, construyeron y explotaron los hoteles familiares a través de las sociedades Los Sauces y Hotesur, según se desprende del fallo.

Por otra parte, el Tribunal dispuso medidas sobre bienes pertenecientes a las empresas constructoras vinculadas a la corrupción con la obra pública. Se ordenó el embargo de cuatro inmuebles de la firma Kank y Costilla. De igual modo, se procedió contra una propiedad en Río Gallegos que Lázaro Báez adquirió a finales de 2005 mediante una cesión de derechos ajena a un proceso sucesorio previo.

Los magistrados ordenaron la reinscripción de los embargos sobre varios vehículos particulares de los condenados: un Honda CR-V de Cristina Fernández de Kirchner; un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino de Lázaro Báez; un bote y un Chevrolet Meriva de José López; una Land Rover Defender de Mauricio Collareda; una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez y un Fiat 600 de Nelson Periotti.

Finalmente, la justicia requirió al Banco Galicia que responda de forma urgente, en un plazo de 24 horas, sobre el estado de una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro, una en pesos y otra en dólares, pertenecientes a Florencia Kirchner. Esta solicitud se realizó bajo apercibimiento de ley ante los reiterados incumplimientos previos por parte de la entidad financiera a los pedidos de informes cursados por el TOF N° 2.

Ocurre que el fiscal general Diego Luciani pidió que los 5.656.134 dólares que la hija de la expresidenta tiene embargados en ese banco también integren la lista de bienes a recuperar.

El listado completo

De los 141 bienes identificados por los fiscales en este segundo tramo de la ejecución, estos son los embargos que ordenó el Tribunal:

I. Inmuebles de las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. (cuyas acciones pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner)

1. Un departamento en la calle San José 1111, piso 2, depto. D, CABA (Matrícula FRE 12-759/05).

2. Un dúplex en el Complejo Madero Center, CABA (Matrícula 21-86/440).

3. Siete cocheras en el Complejo Madero Center, CABA

4. Un departamento en el Complejo Madero Center, CABA (Matrícula 21-86/126).

5. Una baulera en el Complejo Madero Center, CABA (Unidad complementaria CCCXCIII).

6. Un terreno en Calle 3850, Manzana 670, El Calafate, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3312).

7. Un inmueble en Alvear 395, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 1574).

8. Un inmueble en Moreno 882, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 5026).

9. Un terreno de 1961,80 m² donde se emplaza el Hotel La Aldea Del Chaltén, El Chaltén, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3645).

10. Un inmueble en Av. Costanera Pte. Néstor Kirchner 3233, El Calafate, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3369).

11. Un inmueble en Calle 25 de Mayo 66, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 6733).

12. Un inmueble en Mascarello 441, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 7071).

13. Tres departamento/unidad en el Departamento III, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz

II. Inmuebles de la firma Kank y Costilla S.A.

- Un inmueble adquirido el 16 de abril de 2005 (Matrícula 83.713).

- Un inmueble en Barrio Humberto Beghin 4383, Menéndez Belarmino, Provincia del Chubut (Matrícula [03-6] 33.169).

- Un inmueble en Manzana 137, Las Heras, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 13.153).

- Un inmueble en Manzana 633 A, Parcela 1, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 29.741).

III. Inmuebles de la firma Loscalzo y Del Curto S.R.L.

- Un inmueble en Manzana 116, Solar A, Parcela 10, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 9.585).

- Un inmueble en Manzana 86, Parcela 14-e, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 28.475).

IV. Propiedades de Lázaro Antonio Báez

- Un inmueble en la calle Asturias 527, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 10.248).

- Un inmueble en Lote 20 “f”, Sección G-3, Fracción A, Alto Río Senguer, Provincia del Chubut (Matrícula [05-02] 94.619).

V. Propiedades de José Francisco López

- Un inmueble en Chicligasta, Los Gucheas, Provincia de Tucumán (Matrícula Z-03383).

- Un inmueble en Chicligasta, Concepción, Provincia de Tucumán (Matrícula Z-10848).

VI. Inmuebles de otros imputados

- Un inmueble en Barrio Paso de los Andes, lote 4, manzana 18, Departamento Capital, Provincia de Córdoba (Matrícula 223.361).

- Una cochera en la calle Bolívar 380/384, Barrio Centro, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba (Matrícula 15119/273).

VII. Vehículos y embarcaciones

- Honda CR-V EXL (Dominio IFU 999), de titularidad de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

- Ford Mondeo Titanium 2.0L (Dominio LSJ 212), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- BMW 630 CS (Dominio SZN 360), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- Chrysler Coupe GTX (Dominio WJO 725), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- Torino GS (Dominio XIW 830), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- Chevrolet Meriva GLS 1.8 (Dominio FEI 444), de titularidad de José Francisco López.

- Land Rover Defender 110 (Dominio DDJ 713), de titularidad de Mauricio Collareda.

- Dodge Journey SXT 2.4 (Dominio OLS 772), de titularidad de José Raúl Santibáñez.

- Fiat 600 (Dominio C0591079), de titularidad de Nelson Guillermo Periotti.

- Bote motor “ARAMAR” (Matrícula 050622 REY, motor Yamaha), de titularidad de José Francisco López.

La Cámara Nacional Electoral confirmó este martes el procesamiento del intendente de Maipú en uso de licencia, Matías Rappallini, y de la jefa comunal interina, Lorena Otermín, los principales acusados de haber retenido documentos de vecinos para impedirles votar en las elecciones de 2019, en las que se impusieron por una diferencia de apenas 49 votos.

Los funcionarios y dirigentes radicales del interior de la provincia de Buenos Aires -que por entonces lideraban la coalición local de Junto por el Cambio- quedaron señalados como coautores de los delitos de retención indebida de documentos cívicos de terceros en concurso con la inducción de electores mediante engaños para abstenerse de emitir su voto.

La causa penal comenzó el mismo día de la votación, cuando múltiples ciudadanos acudieron a dependencias policiales y judiciales para denunciar que entregaron sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) a personas vinculadas a la estructura municipal.

El recuento definitivo de votos confirmó que Rapallini consiguió la reelección con 4212 votos contra los 4163 que cosechó Carlos Coudannes, quien fue el candidato del Frente de Todos.

De acuerdo con las declaraciones recolectadas, las entregas de documentos ocurrieron bajo presiones o a cambio de contraprestaciones que incluyeron sumas de dinero, bolsones de alimentos, materiales de construcción, promesas de empleo en la comuna y facilitación de trámites estatales.

El expediente reunió el testimonio de 27 damnificados directos de la localidad, de los cuales 19 efectivamente no lograron sufragar aquel domingo debido a que no recuperaron sus documentos a tiempo. Pero el volumen de la maniobra sería mayor: los denunciantes manifestaron que lo mismo les pasó a otros familiares o allegados, lo que configuró el escenario “masivas retenciones de documentos de identidad”, según se desprende del fallo.

La investigación judicial, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, reconstruyó el circuito de captación de los documentos.

Un policía imputado se quebró y confesó en su declaración indagatoria que le entregó los DNI de forma directa al intendente Rappallini en la vía pública o en el domicilio de una colaboradora, Estela Ciafardo.

Esta versión coincidió con mensajes de voz de WhatsApp analizados por los peritos, donde la funcionaria María Alejandra Fernández -también procesada- le explicaba a una víctima que los documentos no estaban en su poder, sino que permanecían guardados “en el gabinete” municipal.

El fallo de la Cámara Electoral, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, destacó que las 13 personas procesadas por participar de este circuito son o eran funcionarios de alta jerarquía, empleados de la comuna o militantes directamente identificados con el radicalismo local.

La Cámara consideró inverosímil pensar que las máximas autoridades del municipio desconocían un despliegue de tal magnitud coordinado por sus propios colaboradores directos.

Asimismo, la resolución judicial valoró como prueba que durante el mes de los comicios, el intendente Rappallini -hermano de Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina- autorizó una adquisición extraordinaria y masiva de alimentos por un monto de poco más de $2.000.000 de la época, una cifra que actualizada representaría un desembolso de aproximadamente $115.000.000.

Este movimiento de fondos públicos reforzó la hipótesis sobre el uso de recursos estatales con fines de captación de voluntades.

En paralelo, el tribunal analizó la situación de otros involucrados en la causa. Respecto de Marcelo Osvaldo Condoleo, jefe policial de la localidad en ese momento, los magistrados confirmaron la falta de mérito dictada en primera instancia. Si bien se acreditó que dos suboficiales bajo su mando participaron activamente en las maniobras, el comisario presentó un descargo donde indicó que la máxima autoridad en la dependencia durante la jornada electoral fue un superintendente de mayor jerarquía. La justicia ordenó profundizar la investigación sobre Condoleo para determinar si facilitó el accionar de sus subalternos o si intentó disuadir a los vecinos de radicar las denuncias.

Por otra parte, la Cámara ratificó el sobreseimiento de Federico Rappallini. Tras analizar las pruebas colectadas durante los últimos años, los magistrados concluyeron que no existen elementos de cargo ni testimonios directos que lo vinculen con las maniobras delictivas investigadas.

Finalmente, el tribunal de apelaciones mantuvo los embargos preventivos sobre los bienes de Matías Rappallini y Lorena Otermín por un monto de 30 millones de pesos para cada uno.

Esta medida cautelar busca asegurar el pago de eventuales multas, costas procesales y reparaciones civiles. También continuará vigente la prohibición impuesta a los procesados de mantener cualquier tipo de comunicación, ya sea de forma directa o por terceras personas, con las víctimas y los testigos que brindaron declaración en la causa.

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó otra de las causas que enfrenta el suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain, procesado por hechos de corrupción y señalado en varios episodios por presuntos pedidos de coimas. La investigación ratificada este lunes por el máximo tribunal penal es por abuso de autoridad y se desprendió del caso Attila, donde el magistrado está acusado de haber pedido un soborno a cambio de facilitarle 10 millones de dólares a una financiera mientras había cepo y brecha cambiaria.

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario -que va camino a ser destituido en un juicio político- dictó una medida cautelar que benefició a la firma Attila Fideicomisos SRL, del financista Fernando Whpei, hoy imputado colaborador de la Justicia.

Aquel fallo judicial ordenó al Banco Central de la República Argentina autorizar al fideicomiso el acceso al mercado de cambios para adquirir y transferir 10 millones de dólares a una cuenta en el exterior.

Whpei reconoció la existencia de un pacto en el cual Salmain, con la intermediación del escribano Santiago Busaniche, acordó “vender” los fallos a cambio de una coima de 200.000 dólares; el 10% de la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.

Según la investigación judicial, el plan se frustró porque coincidió con el cambio de gobierno y la devaluación que impulsó el presidente Javier Milei apenas llegó al poder, lo que pulverizó la brecha y, de forma colateral, arruinó el negocio espurio.

En la causa Attila, Salmain está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le dictaron la prisión preventiva, que se hará efectiva solo si pierde sus fueros.

En plena investigación, mientras corría el mes de octubre pasado, hubo un intento fallido por allanar el despacho de Salmain en Rosario. Al mismo tiempo, personal de la Policía de la Ciudad lo interceptó en el barrio porteño de Belgrano y le secuestró su celular.

Aunque la causa estaba bajo secreto de sumario -y con él como principal imputado-, Salmain intentó acceder al expediente y envió un oficio a las autoridades de la PSA y a la Cámara Federal de Rosario, supuestamente para conocer detalles de los procedimientos.

Los escritos se tramitaron con membretes institucionales, firmas y sellos del tribunal, y se remitieron desde el correo electrónico oficial de la dependencia judicial, por lo que la fiscalía sostiene que Salmain utilizó su cargo y la estructura de su juzgado para proceder.

Ante esta imputación, la defensa de Salmain interpuso una excepción de falta de acción, con el argumento de que la conducta del juez no encuadraba en un delito penal.

El juez federal de garantías Román Lanzón rechazó el planteo, decisión que luego confirmó el tribunal de revisión de Rosario. Al llegar el caso a la Casación, los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos ratificaron el rechazo al señalar que la obligación de seguir sometido a un proceso penal no equivale a una sentencia definitiva.

Los camaristas firmaron este lunes dos resoluciones rechazando las quejas de la defensa. El segundo revés para Salmain se produjo en el incidente donde su defensa solicitó la nulidad de las medidas de prueba ordenadas al inicio de la investigación, cuando fue allanado el Juzgado Federal N° 1 de Rosario y -después del primer intento frustrado- se secuestró documentación, computadoras y otros dispositivos.

Los abogados defensores argumentaron que la incautación de los dispositivos electrónicos y el acceso a la información digital vulneraron el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la confidencialidad de la función judicial.

La Cámara de Casación desestimó la queja y convalidó los procedimientos. Los jueces explicaron que la defensa no rebatió de manera concreta los fundamentos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que justificaron las medidas. Asimismo, el tribunal aclaró que el imputado conserva la facultad de discutir la validez de estas pruebas cuando llegue a juicio oral, lo que descarta cualquier situación de indefensión.

Salmain fue imputado hace dos semanas en un nuevo caso de sobornos. Está acusado de haber ofrecido protección judicial a Carlos Vaudagna, exdirector regional de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe, a cambio de una coima de 100.000 dólares.

Vaudagna es otro de los arrepentidos que declaró ante la Justicia, y reconoció los delitos en cuestión. El magistrado, por ahora, negó todas y cada una de las acusaciones en su contra.

Salmain decidió no renunciar y, en cambio, enfrentará un jury en el Consejo de la Magistratura, donde se ventilarán los sucesos vinculados a la causa Attila y un segundo cargo por haber ocultado en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para direccionar un expediente.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación inauguró este lunes el juicio político contra el suspendido juez federal Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, quien fue denunciado por funcionarios y empleados de su despacho por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

El jury podría llevar a la destitución de Díaz Lacava, quien en paralelo enfrenta una causa penal por los mismos hechos y será juzgado en un debate oral y público previsto para el próximo mes de septiembre.

El juicio político comenzó esta mañana en el Consejo de la Magistratura con la presentación de la acusación, que estuvo a cargo de los consejeros Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Alberto Maques, abogado, quienes impulsan la remoción por mal desempeño.

Luego fue el turno de la defensa de Díaz Lacava, que está a cargo del abogado Andrés Gil Domínguez. El veredicto del Jurado, según estiman fuentes que participan del proceso, se escuchará entre el 18 y el 25 de agosto.

Las denuncias contra el juez federal que tiene a cargo los juicios y ejecución de las penas en La Pampa empezaron en abril de 2023. Actualmente, tiene una orden de alejamiento sobre las víctimas.

Tres secretarios del Tribunal lo acusaron de generar un clima de “terror manifiesto”, con episodios de humillaciones, hostigamiento, aislamiento de empleados, insultos e intimidación.

Hay episodios donde las damnificadas son empleadas judiciales, cuyas denuncias se encuadraron en un contexto de violencia de género.

El juez Barroetaveña, al presentar la acusación, aseguró que el caso de Díaz Lacava “no es un mero conflicto laboral; si empezamos de esa manera, le erramos”.

“No estamos ante un episodio aislado ni frente a una reacción desmedida ocasional que puede tener cualquiera de nosotros en un mal día”, expuso el consejero acusador, quien señaló al juez suspendido por “transformar el ejercicio de la función judicial en un mecanismo permanente de violencia, intimidación y abuso de poder”.

Barroetaveña también sostuvo que el TOF de La Pampa “dejó de funcionar como tal, en un contexto de trabajo que se fue degradando progresivamente” como consecuencia de la conducta de Díaz Lacava. “Se demoran las audiencias y resoluciones por este conflicto”, manifestó.

La acusación enumeró 15 hechos de violencia, desagregados en un primer bloque donde se denunciaron gritos, descalificaciones y ataques de ira que ocurrían “prácticamente todos los días”.

Y en un segundo grupo se identificaron casos más graves, como cuando Díaz Lacava arrojó una piedra a una oficina donde estaban sus subordinados, o la vez que encerró durante 20 minutos a empleados de su despacho.

“¿Se puede realmente administrar justicia así?”, se preguntó Barroetaveña ante el Jurado, que está compuesto por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Christian Alejandro Zulli y Nicolás Mayoraz; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

El magistrado Pablo Díaz Lacava escuchó desde el banquillo la acusación en su contra y, al terminar esa etapa, se lo vio compungido y al borde de las lágrimas. Su abogado confrontó las imputaciones y pidió su absolución.

“Durante la pandemia y poco después, Díaz Lacava estaba molesto, no se sentía satisfecho con el funcionamiento del Tribunal en varios aspectos, dentro de los cánones de autoexigencia que él tiene”, comenzó en su argumentación el defensor Gil Domínguez.

Al juez, según la versión vertida en la audiencia, le parecía que se estaban haciendo pocos juicios, se custodiaban mal los efectos secuestrados, había una laxitud con las visitas carcelarias y se aprobaban demasiadas licencias al personal judicial.

Todo esto, para la defensa, es una demostración de su “personalidad autoexigente”. “Ese malestar se tradujo en una mayor exigencia a los secretarios y personas de su confianza, que entraron al Tribunal en su gestión”, alegó el abogado del juez.

La defensa expuso episodios que -a su criterio- evidencian que, más allá de los choques laborales, la relación entre denunciantes y denunciado no estaba rota y Díaz Lacava les hizo favores personales y nunca se interpuso para renovar contratos o frenar aspiraciones de ascensos.

También hubo un intento por explicar algunos hechos denunciados, como el del piedrazo: “Tal vez fue una broma de mal gusto que no debió hacer”, respondió Gil Domínguez, quien subrayó que el proyectil no causó ningún daño físico ni material.

La defensa también se apoyó en un dictamen del Cuerpo Médico Forense, que entrevistó a todos los denunciantes y no detectó lesiones físicas. “Tampoco existen indicadores psicológicos específicos que permitan vincularse con una situación de maltrato laboral o algún cuadro psicopatológico en particular, y no se detecta la presencia de indicadores compatibles con un cuadro de trastorno por estrés postraumático vinculado o desencadenado a partir de los hechos denunciados”, resumió el defensor.

“¿Es razonable cargarse a un juez de la Nación a través de un juicio político con este nivel de pruebas inexistentes?”, concluyó el abogado Andrés Gil Domínguez. Díaz Lacava dijo que quiere declarar, pero que lo hará más adelante.

Al cierre de su exposición comenzó la etapa de declaraciones testimoniales. Está previsto que respondan preguntas 32 testigos -entre ellos las víctimas- a lo largo de las audiencias diarias que continuarán durante toda esta semana.

Díaz Lacava es el tercer juez que enfrenta un jury en menos de un año, un ritmo mucho mayor al habitual para el Consejo de la Magistratura.

El año pasado fue destituido Martín Poderti, quien integraba un tribunal oral de Mar del Plata y fue acusado de robar monedas de oro secuestradas en una causa penal. También se espera el veredicto del juicio político a otro juez de la misma ciudad, Alfredo López, denunciado por emitir mensajes de odio antisemitas en redes sociales.

Luego del juez de La Pampa, será el turno del juez de Rosario Gastón Salmain, suspendido y procesado por cobrar coimas a cambio de fallos y haber ocultado en su CV que en 2002 había sido echado del Poder Judicial por intentar manipular el sorteo de un expediente.

El Senado de la Nación desplazó al empleado de planta permanente Gabriel Oscar Dib, quien en las últimas semanas fue condenado por haber montado su propio negocio de corrupción al interior del Congreso. Desde un puesto clave, conseguía firmas de senadores, tramitaba pensiones graciables a personas de bajos recursos y después se quedaba con el dinero. Una versión primitiva del caso “Chocolate” Rigau con la Legislatura bonaerense.

Dib y tres cómplices fueron sentenciados a mediados de julio por el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín. El trabajador parlamentario reconoció su culpabilidad para acceder a un juicio abreviado y lograr así una pena menor. Le dieron tres años de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, como autor del delito de concusión.

Este tipo de causas suelen pasar por debajo de los radares. Infobae dio a conocer la historia en exclusiva y, a partir de la publicación de este medio, las autoridades del Senado iniciaron un trámite administrativo para corroborar la sentencia y tomar conocimiento del expediente judicial.

Con la información recibida de la Justicia Federal de San Martín, Gabriel Oscar Dib fue suspendido de su cargo y se le brindó un plazo para presentar documentación o algún descargo en su defensa, en el marco de ese sumario interno.

Fuentes del Senado al tanto de su caso indicaron que el plazo se agotó sin que Dib haya hecho manifestación alguna. De esa manera, su situación se elevó a la Presidencia de la Cámara alta y en los próximos días -de acuerdo a las mismas fuentes- Victoria Villarruel firmará el decreto para formalizar su exoneración, tal como lo prevé la Ley 24.600 de Estatuto y Escalafón para el Personal del Poder Legislativo.

El “Chocolate” del Senado

Según se desprende de la causa judicial, Dib y sus cómplices captaban a personas en situación de vulnerabilidad social y les ofrecían gestionar un ingreso no contributivo ante el Congreso Nacional.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal de Mercedes, determinó que la organización delictiva operó al menos entre enero de 2011 y junio de 2012. La causa se originó por una denuncia del propio Senado Nacional.

La Justicia acreditó la exigencia y el retorno del dinero solamente en los casos de tres víctimas, quienes describieron cómo les quitaron sumas que rondaban los $20.000 -hoy serían entre 9 y 10 millones de pesos- bajo la falsa premisa de que ese pago era un “requisito obligatorio” del trámite.

Pero se sabe que hubo más personas captadas. Los testimonios de otros damnificados sirvieron para confirmar el funcionamiento general de la red, aunque con varios no se pudo constatar una entrega efectiva de dinero debido al temor de los afectados a sufrir represalias.

El plan ilícito era posible gracias a que Dib trabajaba en la Oficina de Pensiones Graciables del Senado, actuando como nexo directo entre los despachos de los legisladores y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente de lo que entonces era el Ministerio de Desarrollo Social.

Las pensiones graciables, cabe resaltar, son beneficios vitalicios que pueden entregar diputados y senadores a personas sumidas en la pobreza, afectadas por cuestiones humanitarias, o hasta a quienes lo necesiten por méritos artísticos o científicos, por ejemplo.

Dib gestionó los planes a través de tres senadores: Eduardo Torres, Fabio Biancalani y Jorge Banicevich, todos del Frente para la Victoria. Ellos pusieron la firma para girar las solicitudes al Poder Ejecutivo, pero la Justicia no les atribuyó complicidad o participación alguna en la maniobra.

Una vez que Desarrollo Social aprobaba y liquidaba la asignación, los involucrados controlaban el momento del cobro en las sucursales bancarias para obligar a los beneficiarios a entregarles los montos acumulados apenas salían del cajero.

La Justicia dio por probado que Dib aprovechó su posición institucional y sus conocimientos sobre el circuito de las pensiones asistenciales para liderar la operatoria.

La causa quedó radicada por sorteo en el Juzgado Federal N.° 12, interinamente a cargo de Julián Ercolini, y contará con la instrucción del fiscal Eduardo Taiano, quien debe decidir si desestima el caso o abre la investigación.

En tanto, Infobae pudo saber que el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, está trabajando en una segunda denuncia contra Sarubbi Benítez que presentaría la semana que viene.

El lunes último, durante la transmisión del ciclo La Trinchera, el abogado mileísta -que en redes se identifica como “Gordo Leyes”- desglosó tres propuestas para el conurbano, donde “no hay retorno, gane quien gane”, según su visión.

La primera alternativa planteada junto a una panelista, Kalina Ann, fue el control de la natalidad de manera forzosa: la esterilización.

Como segunda opción, Sarubbi Benítez sugirió el aislamiento geográfico y militar de la población. Su plan consistió en: “Cercar el conurbano bonaerense y levantar un muro de 15 metros de altura con snipers (francotiradores) arriba”.

Ante la consulta de sus compañeros de mesa sobre cómo se regularía el tránsito de personas en ese perímetro, el abogado aclaró que el ingreso y egreso se determinaría por “portación de cara”, bajo un criterio “totalmente arbitrario”.

Finalmente, el abogado cercano al Gordo Dan (Daniel Parisini, referente comunicacional del Gobierno) sugirió que la opción más barata sería bombardear con napalm sobre los bonaerenses.

Los dichos generaron fuerte polémica en redes sociales. No obstante, Sarubbi Benítez permanece al frente de su programa. En un intento por recular sobre sus palabras, en los últimos días hizo posteos en los que aclaró que sus ideas eran solo para “los delincuentes”.

La presentación judicial que ahora está bajo estudio del fiscal Taiano fue realizada por el abogado Emiliano Gareca, quien solicitó que se investigue al abogado, a su coconductora Kalina Ann y a la empresa Cale Group Media S.A., grupo propietario del canal de streaming.

Según el escrito, los hechos encuadran en los delitos de incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos, apología del delito y propaganda basada en ideas de superioridad con incitación al odio.

“Los hechos denunciados no constituyen un exabrupto aislado, sino la conducta reiterada y sistemática de un medio de comunicación”, detalló Gareca en el texto de la denuncia.

Asimismo, el denunciante remarcó el peligro que representa la difusión de estas ideas en plataformas masivas: “El tenor jocoso con que se profirieron dichas expresiones constituye un factor agravante en cuanto naturaliza y banaliza, ante una audiencia masiva, un discurso de exterminio”.

Sarubbi Benítez, sancionado

Sarubbi Benítez tiene antecedentes de sanciones en el ámbito profesional por su comportamiento. El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sancionó en junio de este año al letrado libertario por dirigir insultos y expresiones de odio a través de sus redes sociales, donde injurió a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado también había difundido en sus redes datos personales de un ciudadano, quien luego lo denunció ante el Colegio Público. Publicó fotos suyas, el frente de su domicilio, su nombre y apellido, y detalles de su situación crediticia y bancaria. Estas publicaciones estuvieron acompañadas de expresiones discriminatorias y burlas como “lloralo, kuka con sida”.

En su defensa, Sarubbi Benítez argumentó que sus publicaciones constituían opiniones políticas de carácter personal amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y que no fueron vertidas en el marco del ejercicio de su profesión. Asimismo, alegó que el Colegio de Abogados no debía regular la vida privada de los matriculados.

Sin embargo, el Tribunal determinó que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y que las manifestaciones del letrado constituyeron “un exceso en el uso de la figura abogadil”. En este expediente le aplicaron apenas una advertencia.

Por otra denuncia iniciada por un forista de las redes, ya le habían aplicado una multa de un millón de pesos. Sarubbi apeló ambas sanciones en la Justicia, ante el fuero contencioso administrativo.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el sobreseimiento de los cuatro ingenieros que intervinieron como peritos en la investigación de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. La Justicia no encontró pruebas para sostener que los especialistas hayan incurrido en el delito de falso testimonio a partir de las declaraciones e informes técnicos que elaboraron para el juicio, que se celebró hace más de diez años.

En esta causa -que se desprendió de aquel debate oral-, se investigó si los técnicos a cargo de la pericia habían tenido una intención deliberada de mentir o de desviar la responsabilidad del hecho únicamente hacia el conductor del tren. Entre los acusados también hubo empresarios y exfuncionarios tales como Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, quienes fueron secretarios de Transporte del kirchnerismo.

Al dictar sentencia en diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó abrir una investigación penal sobre los peritos Raúl Díaz (Corte Suprema de Justicia), Horacio Faggiani (Comisión Nacional del Transporte), Alejandro Leonetti (Secretaría de Transporte) y Julio Pastine (Trenes de Buenos Aires).

El origen de la sospecha radicó en las diferencias entre sus conclusiones técnicas y otras pruebas del expediente. Para los jueces, existían indicios de una supuesta coordinación entre los peritos para señalar al motorman, Marcos Córdoba, como el único culpable del choque, a partir de la conclusión de que los frenos de la formación funcionaban correctamente.

A lo largo de un extenso proceso de instrucción que pasó por diversas instancias de apelación, la causa analizó tres ejes técnicos fundamentales: la velocidad a la que impactó el tren, el estado de conservación de la carrocería y el funcionamiento de los paragolpes ubicados en el andén número dos de la terminal de Once.

En un principio, los peritos llegaron a ser procesados, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó esa medida en 2018 al señalar que no existían pruebas de dolo, un requisito indispensable para configurar el delito de falso testimonio, el cual exige la voluntad consciente de alterar la verdad.

Tras aquella revocación, el Juzgado Federal N° 11 -hoy subrogado por Ariel Lijo- profundizó la investigación mediante la recolección de nuevos elementos probatorios.

Se incorporaron al expediente informes técnicos detallados sobre los márgenes de error de los dispositivos de posicionamiento global (GPS), reportes de inspección del material rodante y declaraciones de otros especialistas del sector. Toda esta documentación permitió reconstruir el proceso de trabajo de los acusados. Además, se analizaron los correos electrónicos que intercambiaron durante los días posteriores al siniestro.

A partir de estas nuevas evidencias, los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico concluyeron que el dictamen de los peritos ingenieros se encuadró dentro de los márgenes de interpretación que permitía la complejidad técnica del caso.

El tribunal explicó en su fallo, al que tuvo acceso Infobae, que las variaciones o modificaciones en las conclusiones iniciales de los expertos se debieron al propio avance de la investigación y al debate interno del cuerpo pericial, a medida que se incorporaban nuevos datos sobre el estado de la formación ferroviaria.

“Las discrepancias, reticencias o inconsistencias, si bien fueron suficientes para el inicio de esta investigación, no alcanzan para sostener por sí solas que fueron producto de la motivación ilícita a la que se refiere el artículo 275 del Código Penal”, concluyó la Sala II.

Durante el primer juicio por la tragedia de Once, el TOF N° 2 decidió no basarse en las conclusiones de estos cuatro ingenieros y se apartó de sus informes para dictar la sentencia. La Cámara aclaró que el hecho de que los jueces hayan descartado o rechazado esos peritajes no significa, de manera automática, que los profesionales hayan declarado con la intención deliberada de mentir.

El juez federal Ariel Lijo dispuso que el próximo 26 de agosto comience el postergado peritaje acústico sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los principales acusados en la causa que investiga maniobras de corrupción dentro del organismo.

La medida, a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, busca determinar el origen y la veracidad de las grabaciones en las que se habla de sobornos y sobreprecios, y que sirvieron para destapar el caso.

La Justicia citó a Spagnuolo para que se presente a dar una muestra de voz -para cotejarla con los audios- en los laboratorios de la Gendarmería, pero el exfuncionario mileísta se niega a colaborar porque, según su criterio, se estaría autoincriminando.

Según pudo saber Infobae de su entorno, Spagnuolo sostendrá ante la Cámara Federal de Apelaciones su planteo de nulidad para que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva si la citación vulnera su garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.

En cualquier caso, el exdirector de ANDIS podría limitarse a presentar un escrito para avisar que no asistirá, ya que no está obligado a hacerlo. Pero eso no está en sus planes, al menos de momento.

El juez Lijo decidió avanzar con el estudio forense con o sin la colaboración de Spagnuolo. El fiscal de la causa, Franco Picardi, sugirió tomar la muestra de voz del exfuncionario de cuatro entrevistas que brindó en Neura, La Nación+, Border y El Observador mientras integraba el Gobierno de Javier Milei.

El peritaje debió comenzar originalmente el pasado 22 de julio. El fiscal Picardi solicitó una postergación debido a que los peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia por el receso judicial de invierno.

El objetivo central de los expertos consistirá en verificar la veracidad de los archivos y detectar si existieron manipulaciones, cortes o ediciones posteriores a la grabación original. Asimismo, los técnicos buscarán identificar si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, tales como sistemas de clonación de voz o síntesis automática, para falsear las palabras de Spagnuolo.

Otro punto a tener en cuenta es el presunto origen ilícito de los audios, que fue enunciado por distintas defensas a lo largo de la causa.

La estrategia de algunos de los principales acusados apunta a aplicar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, bajo el argumento de que, si se demuestra la invalidez o la procedencia ilegal de los audios, toda la investigación y las pruebas derivadas que se sucedieron con posterioridad también deben caer por estar contaminadas de nulidad.

Para que esto sea así, debería tenerse por cierto que las grabaciones dieron inicio a la causa, algo que el fiscal Picardi ya rebatió en distintas instancias. De hecho, la fiscalía no utilizó los archivos a la hora de construir su acusación y pedir el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 integrantes de la presunta asociación ilícita.

Mientras avanza el peritaje, el juez Lijo tiene por delante resolver la situación procesal de los últimos 30 imputados -funcionarios, empleados públicos, empresarios e intermediarios- que ya pasaron por declaración indagatoria. El fiscal busca sumarlos a la lista de procesados que tiene el expediente.

En tanto, el primer grupo de acusados aguarda a que la Cámara Federal porteña resuelva la apelación de sus procesamientos. La Sala II quedó desintegrada luego de la salida del juez Martín Irurzun, cuestión que podría demorar el fallo.

Los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002 regresaron a la actividad este lunes tras la feria judicial de invierno, con lo que se reactivaron las causas judiciales de mayor trascendencia, entre ellas la investigación sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Horas antes de comenzar el receso invernal, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que señaló inconsistencias entre los ingresos y los gastos del ex vocero presidencial y su esposa, Bettina Angeletti.

Poco se sabe del contenido de ese documento, que es una bisagra del caso. Infobae pudo corroborar con fuentes judiciales que la DAFI le puso número a todas las irregularidades detectadas, que están segmentadas año por año.

A partir de ese informe, el fiscal Pollicita retomó este lunes la confección de un requerimiento de justificación patrimonial, que se basará en las inconsistencias detectadas por la DAFI. El equipo de investigadores que trabaja en el caso avanzó sobre el tema incluso durante la feria.

Aun sin fecha definida, la fiscalía pedirá al juez Ariel Lijo que le ordene a Manuel Adorni responder el requerimiento para dar -por primera vez en los tribunales- explicaciones sobre su fortuna.

El exvocero tendrá así la oportunidad de justificar formalmente todos los grises y huecos que hay en su patrimonio. Públicamente, antes de renunciar, reveló que invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin en 2014, y que esa prematura apuesta por las criptomonedas le dejó en el bolsillo medio millón de dólares que nunca declaró ni empezó a gastar hasta convertirse en funcionario público.

Si la versión que vuelque ante la Justicia no desarma las sospechas de enriquecimiento ilícito, entonces el fiscal podría dar un paso más y pedir que Adorni sea llamado a declaración indagatoria, el escalón previo a un eventual procesamiento.

Al rectificar sus declaraciones juradas y presentar la última, correspondiente al 2025, Adorni exhibió una tenencia de USD 565.000 por una “venta de activos”, de la cual no se conocen mayores detalles. La Justicia busca saber si ese punto refiere al cambio de criptomonedas a dólares.

Precisamente a partir de la presentación de sus DDJJ, el entonces ministro coordinador del Gabinete recibió una nueva ola de denuncias en Comodoro Py.

Lo denunciaron por presunta falsedad ideológica los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; el abogado de la Fundación Apolo, José Magioncalda; y Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz.

Entre esas denuncias se advirtió una intención deliberada de Adorni de ocultar su patrimonio para no pagar impuestos y, al mismo tiempo, eludir los controles a los que debería haberse sometido al convertirse en funcionario.

El delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 293 del Código Penal, castiga con hasta seis años de prisión a quien inserte declaraciones falsas en un documento público.

Las denuncias habían recaído por sorteo de la Cámara Federal en distintos juzgados y fiscalías de Comodoro Py. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, todos los expedientes se unificaron con la causa madre que llevan adelante Lijo y Pollicita.

Al observar las nuevas denuncias, los funcionarios a cargo del caso consideraron que se trata del “mismo objeto procesal con diferente encuadre jurídico”. Así, en adelante, las sospechas de falsedad ideológica se investigarán a la par del enriquecimiento ilícito.

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, suspendido de su cargo y encaminado hacia un juicio político que podría derivar en su destitución, fue imputado en las últimas horas en una nueva causa, donde está acusado de haber ofrecido protección judicial a Carlos Vaudagna, exdirector regional de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe, a cambio de una coima de 100.000 dólares.

Vaudagna se convirtió el año pasado en imputado colaborador de la Justicia, y desde entonces admitió múltiples hechos de corrupción que involucran a Salmain y a Marcelo Bailaque, extitular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, quien renunció al verse acorralado por las investigaciones en su contra.

Ante el juez federal de garantías Román Lanzón, el fiscal rosarino Federico Reynares Solari formalizó la nueva acusación contra Salmain y pidió que se le dicte la prisión preventiva, lo que fue rechazado durante la audiencia. Sucede que el acusado, aunque está suspendido de su cargo, mantiene los fueros que impiden que sea detenido.

Salmain y Vaudagna se conocen al menos desde fines de 2018. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, este juez rosarino le ofreció al exfuncionario de la entonces AFIP direccionar y dictar resoluciones favorables en los expedientes en los que estaba acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de secretos. La gestión se habría hecho a través del abogado Diego Fesser.

Durante la audiencia, Salmain tomó la palabra y negó las acusaciones: “Nunca pedí, exigí ni recibí dinero de Carlos Vaudagna; nunca encomendé a Diego Fesser que actuara como intermediario y nunca dicté una resolución a cambio de beneficio alguno”, sintetizó en un descargo breve que hizo de forma virtual.

El fiscal Reynares Solari repasó los movimientos sospechosos del titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Sostuvo que Salmain ocultó de manera deliberada que mantenía una relación con Vaudagna y que se habían hecho favores mutuos. Esto fue así mientras el juez intentó quedarse con los expedientes que involucraban al entonces funcionario de AFIP, pero la maniobra no prosperó debido a la recusación que impulsaron distintos fiscales.

Es por esto, siempre según la hipótesis de la acusación, que el pago del soborno de 100.000 dólares nunca se habría materializado.

Para probar este vínculo preexistente, la fiscalía presentó una serie de mensajes de texto y audios recuperados del celular del exAFIP mediante un peritaje.

En esas comunicaciones, que datan de los años 2018 y 2019, se constataron encuentros personales en Buenos Aires y Rosario, así como gestiones del contador para conseguirle un empleo y definir la remuneración de la novia de Salmain en el fisco.

El fiscal Reynares Solari también exhibió registros de geolocalización y antenas telefónicas que ubicaron al abogado Fesser y al magistrado en las mismas coordenadas geográficas y horarios, tanto en la zona de la Plaza San Martín en Buenos Aires como en las inmediaciones del Jockey Club de Rosario.

Asimismo, se incorporaron filmaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la vía pública que registraron un presunto encuentro entre el intermediario de la coima y Salmain en agosto de 2025, en un edificio de la calle Corrientes, en Rosario.

Durante su declaración, el juez suspendido elevó el tono para responderle a la fiscalía sobre estas pruebas exhibidas: “En la filmación no se nos ve juntos ni ingresando o saliendo al mismo tiempo. Además, esas imágenes revelan algo gravísimo: fui seguido y se reconstruyó mi recorrido mediante una maniobra que considero de inteligencia ilegal. El lugar en el que fui filmado es el domicilio profesional de mi defensor, el Dr. Gustavo Feldman. Se siguió a una persona investigada mientras concurría al estudio de su abogado, afectando directamente la confidencialidad y el libre ejercicio del derecho de defensa”, sostuvo Salmain.

Y agregó: “No tengo dudas de que esa persecución guarda relación con una investigación que tramita en Comodoro Py y que involucraría al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; a su secretario, Silvio Robles; y a fiscales de la jurisdicción de Rosario presuntamente vinculados con ellos”.

La línea de defensa de Salmain se erige en una supuesta confabulación en su contra que atraviesa a todo el Poder Judicial. Por eso ya adelantó que pedirá citar como testigo a Rosatti para que declare en el marco de su juicio político, y lo mismo hará en esta nueva causa penal con el ministro Ricardo Lorenzetti.

Finalmente, el juez de garantías Román Lanzón resolvió dar por cumplida la formalización de los cargos contra Salmain por los delitos de cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la causa “Attila”, en la cual Salmain está procesado y tiene dictada la prisión preventiva, los investigadores detectaron otro caso de coimas por 200.000 dólares.

El Consejo de la Magistratura tiene previsto avanzar este año con el juicio político en su contra, a partir de esta acusación y de un antecedente administrativo: Salmain ocultó en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer un soborno para direccionar un expediente.

Si resulta destituido, quien debe dar la orden de ejecutar la detención es el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

La causa ANDIS, uno de los casos judiciales que más preocupa al Gobierno de Javier Milei, se reactivará este lunes -tras la feria judicial de invierno- con varios frentes abiertos: el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, la apelación de los procesamientos de los principales acusados y la resolución del juez Ariel Lijo sobre una segunda tanda de 30 imputados que ya fueron indagados.

El fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, pidió avanzar con el procesamiento de todos los empresarios, representantes de compañías proveedoras de insumos, intermediarios, funcionarios y empleados públicos que desfilaron por los tribunales de Comodoro Py entre fines de abril y mediados de junio.

En este segundo capítulo de la causa, el fiscal encontró nuevas evidencias de manipulación y direccionamiento de contrataciones públicas. Aparecieron más “empresas amigas” que habrían pagado coimas para que la ANDIS les compre medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en categorías como amputaciones, audífonos, cardiología, neurología, sillas, andadores y traumatología, entre otras.

Y, además, Picardi profundizó sobre la etapa del lavado de dinero, el último paso del circuito de corrupción con el que esta presunta asociación ilícita habría buscado disimular el origen de los fondos desviados de la ANDIS. El dinero público que debía destinarse a personas vulnerables o con discapacidad terminaba en criptomonedas y facturaciones simuladas.

Sobre esta treintena de imputados a los que acusó el fiscal, el juez Lijo debe decidir en las próximas semanas si con las pruebas que hay en el expediente los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito. En caso de formalizar la acusación contra todos, la causa pasaría a tener 49 procesados en total.

En tanto, las 19 personas que ya habían sido procesadas en febrero -entre ellos los señalados como jefes de la asociación ilícita, los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y los lobistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian- aguardan por el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal porteña sobre la apelación de sus procesamientos.

El trámite se demoró durante todo el primer semestre porque el Juzgado Federal N° 11 habría mandado a cuentagotas las cajas con las pruebas del expediente al segundo piso de Comodoro Py, donde está el tribunal de alzada. Tal fue la demora que un día antes de la feria los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah intimaron a Lijo para que apure el envío de toda la documentación que deben estudiar antes de fallar, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

En el medio, la Sala II se quedó sin un juez. Irurzun -quien en esta causa venía resolviendo en sintonía con Boico- cumplió 75 años, no consiguió acuerdo para ejercer por otros cinco más y el Gobierno ya activó el trámite para concursar su vacante.

Aunque la Sala puede funcionar con dos jueces, si se mantiene la tendencia disidente entre Boico y Farah, será necesario llamar a un tercer juez o esperar hasta que se concrete una subrogancia para alcanzar una mayoría. Si los jueces que quedaron tras la salida de Irurzun no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con los procesamientos, el fallo de la Cámara podría demorarse, coinciden distintas voces consultadas.

En lo inmediato se esperan movimientos en otro frente de la causa: el peritaje de los audios atribuidos a Spagnuolo.

El estudio forense, que está a cargo de la Gendarmería Nacional, tenía que empezar este 22 de julio, pero fue postergado a pedido del fiscal Picardi, dado que los peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se tomaron licencia durante la feria.

El juez Lijo le ordenó a la Gendarmería que fije nueva fecha de inicio, lo que ocurrirá en los próximos días.

La pericia acústica sobre las grabaciones, donde la supuesta voz de Spagnuolo habla de coimas del 3% para la cúpula del Gobierno, intentará esclarecer el origen y la veracidad de los audios, además de identificar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

Si se comprueba una procedencia ilegal de los archivos o su falsedad, algunas defensas tienen preparada la carta de la nulidad de la causa. Buscarán que se aplique la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, por la cual, si la prueba inicial es ilícita, todo lo que le sigue debe caer.

Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y otrora amigo y abogado del presidente Milei, está jugando su propia pulseada en lo que refiere al peritaje.

Es que el juez Lijo lo citó para que se presente ante la Gendarmería Nacional y hable ante un micrófono. Esperaban cotejar esa muestra de su voz con las grabaciones que le atribuyen. Pero el exfuncionario acusado se niega, por temor a “autoincriminarse”, según alegó su defensa.

Los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, pidieron la nulidad de la citación y que se suspenda el inicio del peritaje hasta que se resuelva el asunto. Ariel Lijo rechazó el planteo luego de un contundente dictamen del fiscal Picardi y decidió avanzar con o sin la colaboración del acusado. Antes de entrar en feria, la cuestión se elevó a la Cámara de Apelaciones. Otro llamado más para la desmembrada Sala II.

El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín condenó a Gabriel Oscar Dib, un trabajador del Senado de la Nación que montó un esquema de defraudación dentro del Congreso. Junto a tres cómplices, este empleado público tramitaba pensiones graciables a personas de bajos recursos de la localidad bonaerense de Navarro, para luego quedarse con la mayor parte del dinero que cobraban del Estado.

El caso, que salió a la luz tras una denuncia del propio Senado, culminó mediante un acuerdo de juicio abreviado en el cual los acusados reconocieron su culpabilidad. A la fecha, Dib figura activo en la nómina de empleados de planta permanente de la Cámara alta.

En octubre de 2024 estuvo a punto de ser trasladado a la Dirección de Auditoría Interna del Senado, pero las autoridades a cargo del área lo rechazaron.

La investigación judicial, impulsada por la Fiscalía Federal de Mercedes, determinó que la organización delictiva operó al menos entre enero de 2011 y junio de 2012.

Captaban a personas en situación de vulnerabilidad social y les ofrecían gestionar un ingreso no contributivo ante el Congreso Nacional. El plan ilícito era posible gracias a que Dib trabajaba en la Oficina de Pensiones Graciables del Senado, actuando como nexo directo entre los despachos de los legisladores y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Las pensiones graciables, cabe resaltar, son beneficios vitalicios que pueden entregar diputados y senadores a personas sumidas en la pobreza, afectadas por cuestiones humanitarias, o hasta a quienes lo necesiten por méritos artísticos o científicos, por ejemplo.

Dib gestionó los planes a través de tres senadores: Eduardo Torres, Fabio Biancalani y Jorge Banicevich, todos del Frente para la Victoria. Ellos pusieron la firma para girar las solicitudes de la banda delictiva al Poder Ejecutivo, pero la Justicia no les atribuyó complicidad o participación alguna en la maniobra.

Una vez que el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aprobaba y liquidaba la asignación, los involucrados controlaban el momento del cobro en las sucursales bancarias para obligar a los beneficiarios a entregarles los montos acumulados apenas salían del cajero.

Gabriel Oscar Dib, quien fue empleado administrativo de planta permanente desde 1990 en el Senado, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos como autor del delito de concusión.

La Justicia comprobó que Dib aprovechó su posición institucional y sus conocimientos sobre el circuito de las pensiones asistenciales para liderar la operatoria. Además, el auto que utilizaba el grupo para trasladarse y presionar a los damnificados estaba registrado a su nombre, según se desprende del fallo condenatorio al que accedió Infobae.

Por su parte, Miguel Horacio Basualdo, Gloria Beatriz Moreno y Adrián Rubén Minutillo resultaron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional en calidad de partícipes necesarios.

De acuerdo con las pruebas recolectadas, Basualdo funcionó como el nexo local en Navarro, encargado de seleccionar a los potenciales beneficiarios, completar los formularios y coordinar los viajes hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Moreno, en tanto, se ocupaba de presentarse en los bancos, entregar las credenciales de cobro a las víctimas y retirar los sobres con el dinero en la vía pública o en confiterías cercanas.

Minutillo aportó el respaldo operativo en el territorio. El día en que se descubrió la maniobra, la policía lo identificó en la zona bancaria de Navarro junto a Basualdo. En esa oportunidad, intentó engañar a los agentes policiales al manifestar que trabajaba como asesor legislativo, una afirmación que los informes oficiales del Congreso desmintieron posteriormente.

El TOF N° 4 de San Martín acreditó con certeza la exigencia y el retorno del dinero en los casos de tres víctimas, quienes describieron de manera idéntica cómo les quitaron sumas que rondaban los $20.000 -hoy serían entre 9 y 10 millones de pesos- bajo la falsa premisa de que ese pago era un requisito obligatorio del trámite.

Los testimonios de otros damnificados sirvieron para confirmar el funcionamiento general de la red, aunque en algunos casos no se pudo constatar una entrega efectiva de dinero debido al temor de los afectados a sufrir represalias.

El juez Esteban Carlos Rodríguez Eggers convalidó las penas acordadas entre los acusados y la fiscalía y dispuso que los cuatro condenados cumplan reglas de conducta por el término de dos años, que incluyen fijar un domicilio residencial y someterse al control del Patronato de Liberados.

En el marco de la causa ANDIS, el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo debía comenzar este miércoles, pero la Justicia postergó el inicio del estudio forense que buscará determinar el origen y la veracidad de las grabaciones que destaparon la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

A partir de un pedido del fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, el juez federal Ariel Lijo decidió reprogramar el lanzamiento de la pericia y solicitó a la Gendarmería Nacional que fije una nueva fecha, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza federal estará a cargo del peritaje, del que participarán peritos de parte -designados por los acusados- y la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo del Ministerio Público Fiscal.

Los especialistas propuestos por el fiscal Picardi para tomar parte en el estudio están de licencia por la feria judicial de invierno, y es por eso que la fiscalía solicitó posponer el comienzo del peritaje, explicó a este medio una fuente con acceso al expediente.

Además de intentar esclarecer el origen y la veracidad de las grabaciones, el análisis forense buscará detectar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

Los especialistas de la Gendarmería buscarán “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

También se intentará hacer una “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”, de acuerdo a lo ordenado por el juez que subroga el Juzgado Federal N° 11.

Ariel Lijo también le encomendó a la Gendarmería que cite al extitular de la ANDIS “a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. La intención de la Justicia es que Spagnuolo aporte una muestra de su voz para compararla con los audios en los que habla de un esquema de sobornos para funcionarios del gobierno libertario.

Pero Spagnuolo no quiere colaborar. Asegura que si se somete a lo que pretende el juez podría autoincriminarse, ya que estaría generando una prueba que eventualmente podría resultar perjudicial para su situación procesal.

Es por eso que su defensa pidió la nulidad del punto de pericia en el que ordenan su citación, a la vez que solicitó la suspensión del estudio forense hasta tanto se resuelva la discusión sobre si Spagnuolo debe comparecer o no ante la Gendarmería.

Lijo rechazó el planteo de los abogados del exfuncionario, al que calificó de contradictorio, ya que la propia defensa había cuestionado la autenticidad de las grabaciones e incluso propuso un perito de parte para el peritaje. Ahora la cuestión llegó con una apelación a la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py.

De cualquier forma, el peritaje avanzará con o sin la colaboración de Spagnuolo, confiaron a este medio fuentes del caso. En un dictamen reciente, el fiscal Picardi le sugirió al juez que la Gendarmería obtenga el material necesario para el peritaje de cuatro entrevistas que el extitular de ANDIS dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

La modelo Sofía Clerici se presentará ante la Justicia luego de la feria de invierno para solicitar su sobreseimiento en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Así lo anticipó su defensa a Infobae luego de que trascendieran las conclusiones del peritaje elaborado por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual no halló pruebas que la vinculen financieramente con el exjefe de Gabinete bonaerense.

El estudio contable, que demandó meses de análisis sobre los documentos secuestrados y la información provista por los organismos recaudadores, llegó este viernes al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez Luis Armella. El informe consta de 618 carillas y, entre sus principales conclusiones, señaló inconsistencias en el patrimonio del ex intendente de Lomas de Zamora.

De acuerdo con el peritaje, al que tuvo acceso este medio, los expertos no detectaron ninguna constancia documental que demuestre transferencias o entregas de dinero por parte de Insaurralde hacia Clerici, descartando de este modo la sospecha inicial sobre un presunto pago de 569.911 dólares o de importes menores que conformaran esa cifra.

Esa es la suma que la Justicia le había incautado a la modelo cuando allanó su casa en Nordelta, durante el año 2023, cuando la causa recién se iniciaba.

La investigación judicial sobre la modelo se inició en septiembre de ese año, a partir de la difusión de imágenes de un viaje que ambos compartieron en la ciudad española de Marbella. En aquel momento, la exhibición de un estilo de vida lleno de lujos motivó la apertura de la causa penal para determinar el origen de los fondos utilizados.

Sin embargo, el peritaje oficial determinó que tampoco existen registros, facturas o comprobantes que asocien a Insaurralde con la adquisición de las carteras, relojes y joyas de alta gama que las fuerzas de seguridad le secuestraron a Clerici durante los procedimientos ordenados en su domicilio.

Con respecto a las erogaciones de aquella estadía en Europa, el informe de los peritos de la Corte detalló de manera precisa cómo se canalizaron los pagos de los servicios turísticos.

Los especialistas identificaron que el alquiler del yate “El Bandido”, utilizado por Insaurralde y la modelo el 19 de septiembre de 2023, fue facturado a nombre de Clerici, pero el desembolso lo efectuó la firma de viajes Forest Travel Agency.

Esa misma agencia de turismo internacional asumió los costos del alojamiento de la pareja en el exclusivo Marbella Club Hotel, donde permanecieron hospedados entre el 16 y el 21 de septiembre de aquel año.

Por otra parte, del informe se desprende que la permanencia de la modelo junto a su hermana en el Nobu Hotel, ocurrida previamente entre el 8 y el 20 de ese mismo mes, fue financiada en su totalidad por la compañía comercial MTC Group SA.

Ante la ausencia de elementos que acrediten que los bienes o el dinero bajo sospecha provinieron de las arcas públicas o de la actividad de Insaurralde, la defensa de Clerici, que encabeza el abogado Mauricio D’Alessandro, considera que no existen motivos jurídicos para mantenerla bajo proceso.

El equipo de defensores prepara un escrito que presentarán ante el juez Armella, donde señalarán la inexistencia de un flujo financiero ilícito entre los imputados, lo que a su criterio debilita la hipótesis de la fiscalía sobre una supuesta complicidad en maniobras de lavado de activos.

La presentación del pedido de sobreseimiento se formalizará en los próximos días, cuando termine el receso judicial de invierno.

Cabe resaltar que la causa cambiará de manos en el corto plazo. Es que el juez Armella subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, y la semana pasada el Senado aprobó el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, funcionario a cargo de la DAJuDeCO y exsecretario del juez Ariel Lijo, para ser designado como magistrado titular en ese despacho. Solo resta que su nombramiento sea formalizado por el Poder Ejecutivo.

La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, acudió a la Cámara Federal de Apelaciones porteña con el objetivo de detener el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario libertario. El estudio forense fue ordenado por el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa que investiga un entramado de corrupción entre el organismo y empresas proveedoras del sector de salud.

Sucede que uno de los puntos de la pericia incluye una citación a Spagnuolo para que hable ante un micrófono y así cotejar esa muestra de su voz con las grabaciones que destaparon el escándalo. El acusado está negado a colaborar por temor a “autoincriminarse” y por eso su defensa pidió la nulidad de esa convocatoria.

El abogado de Spagnuolo, Pablo Parera, también había solicitado al juez Lijo que suspenda el inicio del peritaje hasta tanto no se dirima si el extitular de ANDIS debe ser citado o no.

El magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 11 rechazó todo lo que había pedido la defensa, por lo que ahora recurrieron a la Cámara de Apelaciones. El caso tramita ante la Sala II, que desde este viernes tiene un juez menos: Martín Irurzun, quien cumplió 75 años.

Irurzun y su par Roberto Boico integraron el voto mayoritario que había ordenado peritar los audios, en febrero de este año. En disidencia se pronunció el tercer juez del tribunal, Eduardo Farah. Restará ver si la reconfiguración de la Sala tiene algún impacto en el curso de la causa.

La apelación de Spagnuolo

Ante la Cámara, la defensa del exdirector de la ANDIS argumentó que aportar una muestra de voz equivale a obligar al acusado a declarar contra sí mismo, un principio prohibido por la Constitución Nacional.

Al rechazar el planteo en primera instancia, el juez Ariel Lijo explicó que la garantía constitucional protege las declaraciones de carácter “intelectual o testimonial”, pero no impide la recolección de elementos materiales como las huellas dactilares, el ADN, la escritura o la voz, los cuales sirven para identificar a un individuo.

En cambio, la defensa contestó ahora que la voz no puede equipararse a una prueba física estática, como una huella o una muestra de ADN, debido a que requiere una acción voluntaria y consciente del individuo al momento de hablar. En su presentación, el abogado Pablo Parera sostuvo que el imputado no puede ser utilizado como un sujeto activo para generar una prueba que eventualmente resulte perjudicial para su situación procesal, especialmente si no brinda su consentimiento expreso para ello.

Cabe resaltar que Spagnuolo no está obligado a presentarse ante la Gendarmería Nacional -que está a cargo del peritaje-, y bien puede presentar un escrito para notificar su decisión. No obstante, la defensa buscó la vía de nulidad, que fue duramente cuestionada por el fiscal del caso, Franco Picardi.

El fiscal calificó la maniobra de Spagnuolo como un intento de demorar y entorpecer el proceso y se refirió al planteo de la defensa como “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”.

Para destrabar la discusión y evitar que la investigación se detenga, Picardi propuso prescindir de la colaboración de Spagnuolo y le sugirió al juez obtener el material necesario para el peritaje de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

El origen de las grabaciones

La defensa de Spagnuolo también sostiene que existe una falta de certezas sobre la autenticidad de los audios, que en su momento fueron aportados a la Justicia por el periodista Mauro Federico. A su criterio, los registros presentan indicios de manipulación, cortes, ediciones y posibles alteraciones realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La defensa criticó que el juez Lijo avanzara con el peritaje sin resolver de manera definitiva un planteo de nulidad previo, presentado a fines de 2025, que cuestionaba la incorporación misma de esas grabaciones al expediente y denunciaba la ruptura de la cadena de custodia. Para los representantes de Spagnuolo, resulta contradictorio realizar un estudio comparativo sobre un material cuya validez legal y técnica todavía se encuentra bajo sospecha.

En su última resolución, Lijo señaló que la propia defensa de Spagnuolo impulsó inicialmente la realización de peritajes para verificar la veracidad de los audios, propuso un perito de parte y sugirió puntos de análisis complementarios.

Por este motivo, el juez calificó la postura de la defensa como contradictoria: “Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento”, resolvió Lijo.

Ante este reproche, Parera aclaró en su apelación que la designación de un perito técnico propio y la propuesta de puntos de examen no significaron un impulso a la medida, sino el ejercicio obligatorio del derecho de defensa para no perder el control de una prueba impuesta por la Justicia. La defensa ampliará sus argumentos ante la Cámara al regreso de la feria judicial de invierno.

El Gobierno dio por jubilado a Martín Irurzun, juez de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, quien el último sábado cumplió 75 años. El Ministerio de Justicia de la Nación envió este lunes una nota al Consejo de la Magistratura para que active un concurso para cubrir la vacante que deja en la Sala II del tribunal por donde pasan todas las causas de corrupción y otros delitos complejos.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la petición del Ejecutivo ya tomó curso y el trámite pasó a la Comisión de Selección de Magistrados.

Sin el respaldo del Ejecutivo para pedirle una extensión de otros cinco años en el cargo al Senado, Irurzun fue a la Corte Suprema de Justicia para reclamar su permanencia, pero el máximo tribunal no se pronunció antes de la fecha límite que fija la Constitución Nacional.

El camarista incluso pidió habilitar la feria para tratar su reclamo. Según esgrimió, la Convención Constituyente de 1994 se excedió de las facultades otorgadas por el Congreso al incorporar el límite de edad, cláusula que, según su visión, afecta la garantía de inamovilidad judicial.

El procurador Eduardo Casal dictaminó en contra de Irurzun, aunque su opinión no es vinculante. La Corte Suprema notificó el viernes que “la causa se encuentra a estudio y consideración del Tribunal”, según se desprende del expediente.

Sin otras novedades en el terreno judicial, el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somaglia, envió este lunes una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti -también titular de la Corte-, para “arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente” para cubrir la vacante que deja Irurzun.

Para el Gobierno, pese a que el recurso de la Corte aún está en tratativas, el sábado se produjo “la vacante definitiva” en esa vocalía de la Sala II de la Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py.

“Atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al Honorable Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Ministerio de Justicia para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen los 75 años de edad”, plasmó el Ministerio de Justicia en su escrito.

El ministro Juan Bautista Mahiques está impulsando una reestructuración de la Cámara Federal porteña. El Gobierno envió al Senado los pliegos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para que sean designados en la Sala I del tribunal de apelaciones. Necesitan la aprobación de la Cámara alta para asumir, y en el oficialismo descuentan que tienen los votos necesarios.

Yadarola es juez en el fuero Penal Económico y asumirá en lugar de Leopoldo Bruglia. Bertuzzi concursó para reemplazarse a sí mismo en el cargo. Había llegado a la Cámara por traslado durante el macrismo -al igual que Bruglia-, y su posición en la Sala I era provisoria.

La Sala I revisa, entre otros expedientes, las resoluciones del juez Marcelo Martínez De Giorgi en la causa $LIBRA, tal vez el caso judicial que más preocupa al Gobierno. En la Sala II, en tanto, está la causa ANDIS, hoy a cargo del juez Ariel Lijo.

La duración de un concurso en el Consejo de la Magistratura y luego en el Poder Ejecutivo está condicionada por los tiempos de la política. En muchos casos, los plazos se vencen y el avance del trámite se estanca en distintas instancias.

En lo que dure la búsqueda de un candidato para cubrir la vacante de Irurzun, la Cámara Federal porteña deberá designar por sorteo un juez subrogante entre los magistrados de la Sala I, que hoy son Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens.

Morán había pedido licencia con goce de sueldo, pero no pidió autorización para salir del país. También faltó a su trabajo cinco días en los que debía estar operativo.

El caso comenzó a salir a la luz el miércoles 24 de junio de 2026. En esa jornada, el fiscal federal Luis Roberto Benítez se comunicó con la presidenta de la Cámara para informarle que le resultaba imposible contactar al juez Morán.

El fiscal detalló que necesitaba realizar de manera urgente una audiencia presencial en la que era necesaria la asistencia del juez de garantías, ya que en esa jurisdicción rige el sistema acusatorio. En esa misma conversación, el fiscal transmitió un dato clave: según “información informal”, el magistrado formoseño no se encontraba en la Argentina.

Ante la gravedad de la advertencia, las autoridades de la Cámara de Resistencia iniciaron una verificación inmediata sobre la situación laboral del denunciado. El área de Recursos Humanos confirmó que Morán disponía de una serie de licencias aprobadas con goce de sueldo para fechas específicas: el 22 y 26 de junio, y el 3, 6 y 7 de julio de 2026.

Estos permisos contemplaban la autorización para alejarse de su jurisdicción habitual, pero únicamente durante esos días puntuales. Para cubrir sus ausencias programadas, la Cámara designó como subrogante a la jueza María Belén López Macé.

Sin embargo, las fechas no coincidían con la ausencia detectada. El miércoles 24 de junio, día en que el fiscal intentó ubicarlo, Morán debía estar en funciones. De hecho, esa misma mañana el magistrado coordinó una audiencia virtual a través de la plataforma Zoom, pero no se presentó en su oficina física, según consta en la denuncia remitida por la Cámara al Consejo de la Magistratura.

Para esclarecer la situación, funcionarios del tribunal superior de Resistencia se trasladaron en un vehículo oficial hasta la sede del juzgado federal de Formosa. Al arribar al edificio el jueves 25 de junio a las 11:15 horas, los funcionarios requirieron la presencia del magistrado. El personal de la secretaría privada confirmó que el juez no estaba en el lugar. Tras esperar media hora en las instalaciones sin obtener respuestas, se labró un acta oficial para dejar constancia de la inasistencia.

Ese mismo jueves, mientras los inspectores constataban su ausencia en Formosa, Morán ingresó una nueva solicitud digital para obtener otra licencia correspondiente a los días 29 y 30 de junio, la cual fue concedida bajo el esquema de reemplazos habitual.

La confirmación definitiva del viaje irregular ocurrió el viernes 26 de junio al mediodía. La camarista Rocío Alcalá logró comunicarse directamente con Morán mediante una llamada telefónica por WhatsApp. Al ser interrogado sobre su ubicación actual, el magistrado admitió que se encontraba fuera de la Argentina desde hacía varios días.

La declaración telefónica expuso la infracción reglamentaria. Si bien el juez contaba con permisos para ausentarse de su jurisdicción durante los días de licencia autorizados, carecía de una habilitación para irse a otro país. Además, las averiguaciones administrativas determinaron que durante los días 23, 24 y 25 de junio, así como el 1 y 2 de julio, el funcionario no se encontraba bajo ningún régimen de licencia ni poseía autorización alguna para abandonar su puesto de trabajo o el territorio nacional.

Ante la gravedad de los hechos y la falta de justificación del magistrado, la presidenta del tribunal de alzada remitió todo el expediente con las pruebas recolectadas al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

La documentación ingresó formalmente a la Secretaría General del organismo el 3 de julio de 2026, iniciándose de este modo el proceso disciplinario correspondiente para evaluar la conducta del juez formoseño. El caso puede ir a la Comisión de Disciplina (faltas leves) o a la Comisión de Acusación, donde se analizan las irregularidades más graves que pueden llegar hasta un pedido de remoción del magistrado señalado.

López, suspendido de su cargo en el Juzgado Federal N° 4 de la ciudad balnearia, enfrenta un jury de enjuiciamiento por antisemitismo, a partir de una serie de posteos en la red social X. Le imputan una discriminación sistemática al pueblo judío y al Estado de Israel.

Este lunes se llevó adelante la cuarta jornada de audiencias, donde ya se escucharon los alegatos de la acusación y de la defensa del magistrado.

En su alegato, el senador Luis Juez pidió la destitución de López y entonces empezó a crecer la tensión dentro de la sala. Luego de algunos comentarios desde el público, el consejero respondió a quienes lo interrumpían y refirió: “Esto es lo que generan los discursos de odio”.

Entonces la audiencia se desmadró, y los comentarios pasaron a ser gritos. Fuentes judiciales que estuvieron en el lugar aseguraron a Infobae que muchas de las personas que apoyaban al juez López hicieron expresiones antisemitas.

“Argentina no es Palestina” y “Si pudieran, volverían al pasado para hacer abortar a la Virgen María”, fueron algunas de las frases que se escucharon entre los gritos, según pudo reconstruir este medio.

El presidente del jury, Marcelo Bartumeu Romero -juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25- ordenó la evacuación de la sala y la presencia policial para que el juicio político continúe únicamente con asesores y funcionarios que participan del proceso.

Parte del grupo que irrumpió en la audiencia respondería al dirigente peronista Raúl Padró, según indicaron fuentes judiciales.

Luego de ser desalojados, continuaron manifestándose frente al Consejo de la Magistratura, sobre la calle Libertad. “Estaban completamente exacerbados en la puerta del organismo, propiciando gritos antisemitas y homofóbicos contra todo el Poder Judicial”, graficaron las fuentes consultadas.

Algunas horas más tarde, sobre el cierre de la audiencia, más personas volvieron a irrumpir en la sala y, una vez más, hubo gritos e improperios.

Este escándalo, sin precedentes en el último tiempo, ocurre en un panorama excepcional para el Consejo de la Magistratura, que avanzó con tres juicios políticos al mismo tiempo: además de López, en los próximos días se debatirá la remoción del juez federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava -por amenazas y violencia- y el juez federal de Rosario Gastón Salmain -acusado por corrupción-.

El juicio contra el suspendido juez López tuvo su origen en una serie de denuncias promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

En su descargo, López rechazó haber actuado con mala fe o ánimo de ofender y sostuvo que sus opiniones no constituyen ataques personales. Su defensa habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión y en la “independencia judicial”.

En su alegato pidió rechazar la acusación en su contra y que archiven el expediente. El veredicto se conocerá dentro de los próximos 20 días hábiles.

El jurado de enjuiciamiento que definirá si la conducta de López le permite o no seguir siendo juez está conformado por el magistrado Marcelo Gastón Bartumeu Romero; el camarista federal de San Martín Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA) y Christian Alejandro Zulli (UP) y la abogada de la matrícula federal Ana Beatríz Fernández.

El juez federal Luis Armella resolvió este lunes mantener al fiscal Sergio Mola al frente de la investigación contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, caso en el que está involucrado junto a su exesposa, la modelo Jesica Cirio. El exintendente de Lomas de Zamora había solicitado el apartamiento del representante del Ministerio Público tras la reactivación del expediente, a partir de la difusión del video de los millones de dólares en un vestidor.

La solicitud de recusación presentada por los abogados de Insaurralde se fundamentó en lo que consideraron un accionar desmedido y hostil por parte de la fiscalía. Señalaron a Mola por una supuesta pérdida de objetividad.

Entre los principales argumentos, la defensa cuestionó el pedido de detención firmado por el fiscal que alcanzó a Cirio e Insaurralde, aunque la medida fue desestimada por el juez Armella, que subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Según los defensores, dicha medida resultó desmesurada e inoportuna, especialmente porque se encuentra en desarrollo una pericia contable sobre la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. El estudio está en manos de peritos de la Corte Suprema de Justicia.

A través de sus abogados, Insaurralde también trajo a colación una resolución previa del propio juez Armella en la que hizo reparos sobre el accionar de la fiscalía y la supuesta divulgación de información que contiene el expediente, como por ejemplo el pedido de detención.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola rechazó de manera categórica las acusaciones y solicitó que se desestimara el planteo, en un dictamen de 24 páginas.

Mola sostuvo que las críticas de la defensa constituyen un intento de condicionar la labor del Ministerio Público en un caso de corrupción pública de alta relevancia. Argumentó que la acumulación de medidas de prueba y de coerción solicitadas no responde a un encono personal, sino a la gravedad de los hechos investigados y a la aparición de los videos que, a su criterio, comprometieron la situación de Cirio e Insaurralde.

Además, el fiscal Mola remarcó que la recolección de pruebas en el expediente fue consecuencia directa del impulso de la fiscalía ante la actividad “prácticamente nula” del juzgado.

En su resolución, el juez Armella determinó que los argumentos expuestos por la defensa de Martín Insaurralde no alcanzaron el estándar requerido para desplazar a un fiscal de su cargo. Y, aunque reconoció diferencias con Mola, el magistrado subrayó: “Más de 30 años en la función me permiten diferenciar cuestiones personales y funcionales”.

El magistrado aclaró que las observaciones realizadas en resoluciones anteriores sobre la publicidad de las medidas “responden exclusivamente a la necesidad de preservar” el correcto desarrollo del proceso y no representaron una descalificación al trabajo de la fiscalía.

En su resolución, Armella destacó “el compromiso y la dedicación” con que el fiscal Mola intervino desde el inicio de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba.

Explicó también que las diferencias de criterio metodológico o jurídico entre el juez y el fiscal son propias de los roles diferenciados que cada uno ocupa en el proceso penal, y que estas discrepancias no demuestran una falta de objetividad ni un obrar arbitrario por parte del acusador público.

De este modo, la resolución del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora dejó en claro que el proceso continuará bajo las mismas condiciones de trabajo, desestimando las acusaciones de ensañamiento procesal y hostilidad que habían sido presentadas por los representantes legales del exintendente.

Por estas horas, los investigadores buscan esclarecer la ubicación del vestidor donde Jesica Cirio se filmó rodeada de miles y miles de dólares. Hubo inspecciones oculares en el departamento de la modelo en el barrio porteño de Palermo y en la casa que compartió con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, para comparar ambos lugares con las imágenes difundidas por La Nación.

En tanto, peritos de Gendarmería Nacional abrieron el celular de Cirio y realizaron una extracción forense de su contenido para encontrar las grabaciones originales y cualquier otro archivo de interés para la causa.

El juez federal Ariel Lijo rechazó el intento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) procesado como jefe de una asociación ilícita, para suspender el peritaje de los audios que destaparon la corrupción en el organismo. La medida avanzará a pesar de que el exfuncionario libertario no quiere aportar una muestra de su voz para compararla con las grabaciones.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez Lijo ratificó la realización del estudio forense y la citación al acusado, aunque aún no se pronunció sobre cómo se hará el cotejo de voz si este no se presenta. El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, propuso el mes pasado usar las últimas entrevistas que brindó Spagnuolo en radios y canales de streaming.

Lijo, como subrogante del Juzgado Federal N° 11, le encomendó a la Gendarmería Nacional que cite al extitular de la ANDIS “a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. Es decir, que comparezca para grabar su voz y así los especialistas puedan compararla con los archivos entregados por el periodista Mauro Federico, quien los sacó a la luz en Carnaval.

Ante esta decisión, el abogado Pablo Parera solicitó la nulidad de la convocatoria. Tal como reveló Infobae, la defensa argumentó que Spagnuolo se estaría autoincriminando al aportar la muestra pretendida por el juez.

Según la postura de la defensa, requerir la colaboración activa del imputado para obtener una prueba que podría ser incriminatoria equivale a utilizarlo como un “objeto de prueba” sin su consentimiento.

Por último, Diego Spagnuolo volvió a cuestionar la validez de los audios: sus abogados sostienen que las grabaciones tienen alteraciones técnicas, cortes, signos de edición y posibles manipulaciones con inteligencia artificial. Por este motivo, postularon que no era posible avanzar con un peritaje sobre un material cuya autenticidad y origen se encontraban bajo sospecha en una causa paralela, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, por presunto espionaje.

Por su parte, el fiscal Picardi dictaminó en contra del reclamo de la defensa y explicó que la citación a Spagnuolo no vulnera ninguna garantía constitucional, ya que tiene el derecho de negarse a realizar la muestra de voz, sin la necesidad de suspender el peritaje.

En ese dictamen, al que accedió este medio, Picardi le sugirió al juez obtener el “material indubitado” necesario para la pericia de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

Al momento de resolver, el juez Lijo explicó que las nulidades son medidas excepcionales que solo proceden cuando se demuestra un perjuicio real y concreto para el acusado, situación que no ocurrió en este caso. La defensa “construye su agravio sobre una serie de consecuencias futuras, eventuales e hipotéticas que, según afirma, podrían derivarse de la ejecución de la medida”, sostuvo el magistrado en su fallo.

Lijo además distinguió entre la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí misma y la obtención de datos físicos o biométricos. Precisó que la garantía constitucional protege las declaraciones de carácter “intelectual o testimonial”, pero no impide la recolección de elementos materiales como las huellas dactilares, el ADN, la escritura o la voz, los cuales sirven para identificar a un individuo.

El magistrado recordó que fue la Sala II de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py la que ordenó previamente que se determine “el origen y la veracidad” de las grabaciones. En ese sentido, consideró que suspender el peritaje impediría cumplir con la directiva del tribunal de apelaciones y postergaría el esclarecimiento de las dudas que la propia defensa planteó desde el comienzo del proceso.

“Fue precisamente esa parte quien promovió la apertura de esta incidencia, acompañó un informe pericial privado elaborado a su instancia y sostuvo reiteradamente la necesidad de profundizar el análisis técnico de dicho material”, dictó el juez, quien advirtió “contradicciones” en el planteo de Spagnuolo.

“Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento”, resolvió Lijo.

El fallo firmado por el magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 11 es apelable ante la Cámara Federal, aunque sin perjuicio de esto avanzará el trámite necesario para llevar adelante el peritaje de los audios, que está a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.

Además de intentar esclarecer el origen y la veracidad de las grabaciones, la pericia buscará detectar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

Aunque no logró anular la causa por violencia de género hacia Fabiola Yañez, como pretendía, el expresidente de la Nación Alberto Fernández consiguió que la Cámara Federal le ordenara al juez Daniel Rafecas que produzca una serie de medidas de prueba que había pedido la defensa y que, hasta ahora, le fueron negadas.

Se trata de declaraciones, peritajes y análisis que podrían dar vuelta el procesamiento del exmandatario o demorar la eventual elevación a juicio de la investigación, que para el fiscal Ramiro González está concluida hace ya un año.

Según plasmó en su fallo de esta semana el camarista Roberto Boico, “la instrucción -en un principio a cargo del juez Julián Ercolini- omitió producir importantes diligencias probatorias para tener por acreditado aquello en que fundó el procesamiento del imputado”.

Es por eso que la Cámara, con los votos de Boico y su par Eduardo Farah, le encomendaron a Rafecas avanzar con las medidas que pide la defensa de Alberto Fernández y que “con su resultado reevalúe la situación del imputado”. Esto implica revisar el procesamiento del expresidente y, en caso de ser necesario, modificarlo o revocarlo “de oficio” en primera instancia.

A través de sus abogados, Alberto Fernández sostuvo que las pruebas que reclama son “indispensables para refutar la acusación” que enfrenta por amenazas y violencia física y psicológica.

Nuevas medidas

El juez Daniel Rafecas recibirá de parte de la defensa del exjefe de Estado -a cargo de los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi- un listado de medidas de prueba que ya habían sido ofrecidas en el expediente pero nunca se aceptaron. El titular del Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py evaluará la pertinencia de cada punto antes de ordenar su ejecución.

Cabe recordar que, en instancias anteriores, el fiscal González calificó de “absurdas” y “dilatorias” estas medidas pretendidas, bajo el criterio de que Fernández busca demorar la llegada del caso a juicio.

En primer lugar, la defensa propuso más declaraciones testimoniales. Alberto Fernández quiere que se cite a las personas que viajaron con Fabiola Yáñez a Misiones el 23 de junio de 2021, apenas unas horas después de haber sufrido un golpe en el ojo, según denunció.

Desde el entorno del expresidente indicaron que estos testigos pueden precisar si vieron una lesión, cómo era, si tenía inflamación, dolor o alguna marca visible, y qué explicación dio Yañez en ese momento.

La defensa también quiere volver a interrogar a los médicos que revisaron a la ex primera dama el 30 de junio de 2021. Walter Saavedra y Leandro Alem, quienes trabajaban en la Unidad Médica Presidencial, declararon haber visto la lesión, pero los abogados de Alberto Fernández quieren citarlos una vez más para que aclaren si podía deberse a un golpe accidental, a un golpe de puño o a un tratamiento estético.

Además, buscan que haya una pericia médica sobre el origen de la lesión ocular que sufrió Yañez. Este estudio pretendido por la defensa apunta a saber si el hematoma era compatible con un golpe, con plasma rico en plaquetas, inyecciones de peptonas u otro procedimiento estético, y si las fotos permiten determinar cuándo y cómo se produjo.

El expresidente también reclamó que declaren las psicólogas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), María Laura Yacobino y María Virginia Salguero, quienes elaboraron un informe utilizado en la causa. También pidió citar a la psiquiatra Blanca Huggelmann, quien elaboró otro informe para la querella.

Por último, los abogados del exmandatario solicitaron una segunda pericia para obtener y analizar los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez desde los teléfonos originales. Sucede que parte de los mensajes incorporados se obtuvieron desde archivos guardados en una computadora, no mediante una extracción directa de los celulares.

Ese peritaje, a criterio de la defensa, podría comprobar si los chats son auténticos, si están completos, cuándo fueron enviados, si hubo ediciones o eliminaciones y cuál era el contexto íntegro de las conversaciones.

El fiscal Ramiro González dio por acreditados en agosto de 2025 -cuando formuló su requerimiento de elevación a juicio- dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Entre el 21 y 22 de junio de 2021, en la habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yáñez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la zamarreó provocándole lesiones en el brazo, según la acusación fiscal.

Asimismo, se le imputan maltratos sistemáticos entre 2016 y agosto de 2024, generándole daño psíquico. Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España. El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

Los inversores que denunciaron haber sido estafados por el desplome de la criptomoneda $LIBRA apelaron la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que los apartó del rol de querellantes, por el cual pudieron darle a la causa un impulso independiente al del Ministerio Público Fiscal. Ahora la discusión pasó a manos de la Cámara Federal porteña.

La controversia se originó a partir de una presentación de la defensa de Mauricio Gaspar Novelli, empresario cripto, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.

Martínez De Giorgi hizo lugar a su planteo y ordenó desplazar a los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. El argumento judicial para dejar el caso sin querellantes se centró en que las pérdidas económicas ocurrieron en un mercado de alta volatilidad y riesgo, propio de las denominadas “memecoins”, y en la dificultad para acreditar de manera fehaciente la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para adquirir los activos.

Además, a criterio del juez, la causa $LIBRA busca determinar -en parte- si desde la Secretaría General de la Presidencia facilitaron reuniones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos con los desarrolladores de $LIBRA a cambio de dádivas o sobornos. Estos son delitos que afectan a la administración pública, pero no generan un perjuicio directo, especial o singular sobre el patrimonio de los inversores, resolvió Martínez De Giorgi.

Frente a este escenario, los afectados presentaron sus recursos de apelación para revertir la medida. Marchetto, Vega, Paris y Quintero están representados por el equipo legal del diputado nacional Juan Grabois, a cargo del abogado Nicolás Rechanik. El inversor Martín Romeo, en tanto, presentó su propio recurso a través de su letrado, Nicolás Oszust.

El primer grupo sostuvo que su legitimación como querellante ya había sido reconocida previamente por la justicia -incluso, con un fallo de la Corte Suprema- y que la decisión de apartarlo prejuzga sobre el fondo del delito de estafa, que a criterio de los apelantes quedó virtualmente descartado.

Según su presentación, las pruebas reunidas en la causa, que incluyen peritajes oficiales e informes de organismos especializados en cibercrimen, documentan una maniobra coordinada que excede por completo la fluctuación normal de un activo financiero.

Los inversores representados por Rechanik expusieron que existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto, a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei.

Por su parte, Martín Romeo calificó la resolución del juez como “arbitraria” y contraria a las constancias del expediente. Este inversor enfatizó que aportó actas notariales donde una escribana pública certificó la titularidad de su teléfono celular, el acceso a sus billeteras virtuales y las operaciones de compra y venta del criptoactivo. De este modo, rechazó la afirmación de Martínez De Giorgi respecto a que los damnificados solo presentaron enlaces de internet para justificar su condición de víctimas.

También echó por tierra la idea de que las pérdidas de los fondos respondan a la volatilidad del mercado: “El Magistrado confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado” mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV)” y la “instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza (‘lavado de prestigio’)”, planteó el damnificado en su escrito.

Romeo también cuestionó con dureza que el juez les exija demostrar el origen de los fondos invertidos en $LIBRA para poder ser aceptado como querellante. Afirmó que el ordenamiento legal no impone a las víctimas de un delito contra la propiedad la obligación de auditar su propio patrimonio como requisito previo para acceder a la justicia. Añadió que la tecnología blockchain ofrece una trazabilidad matemática exacta que, combinada con las certificaciones notariales, despeja cualquier duda sobre la identidad de los operadores.

Por otra parte, los apelantes resaltaron ante la Cámara Federal que su participación en el caso resultó fundamental para el avance de la investigación. Señalaron que, gracias a sus presentaciones, el tribunal de alzada corrigió anteriormente el criterio para calcular los embargos sobre los imputados, ordenando que se contemplara al universo total de damnificados y no solo a quienes ya se encontraban presentados en el expediente.

En ese sentido, advirtieron que excluirlos dejaría el control de la causa bajo la única órbita del fiscal federal Eduardo Taiano, cuya labor en la pesquisa calificaron como “cuanto menos pasiva” durante los tramos más relevantes del proceso.

En este contexto es que tendrá que pronunciarse la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Este último magistrado concursó para quedarse en ese cargo, al que llegó por traslado, y actualmente es uno de los tres candidatos que el Consejo de la Magistratura envió al Gobierno para concretar una designación definitiva, junto a la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio. El Poder Ejecutivo debe elegir entre uno de esos tres ternados y enviar su pliego al Senado de la Nación.

El fiscal federal Gerardo Pollicita descartó que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, haya gastado 12.000 dólares para mudar a su madre al barrio privado Fincas de Iraola II, donde la mujer vive en una casa alquilada. Era una de las últimas incógnitas pendientes que la Justicia debía resolver antes de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria.

El mes pasado, tal como dio a conocer Infobae, los investigadores habían puesto la lupa sobre Silvia Pais, la madre del exfuncionario libertario, al enterarse de que dejó de vivir en un departamento de La Plata y se mudó a ese country de Berazategui.

Es así que, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo ordenó a la administración de Fincas de Iraola II que informe todos los detalles que pudieran ser de interés para la causa: fecha de mudanza y lote, si la mujer es propietaria, locataria, comodataria u ocupante autorizada; tipo de contrato y montos, modalidad de pago, entre otros puntos.

A su vez, la Justicia le pidió al barrio privado que aporte liquidaciones, resúmenes de cuenta, recibos y constancias de pago correspondientes a las expensas ordinarias y extraordinarias devengadas desde la fecha en que la madre de Adorni ocupó el inmueble.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, los documentos que la administración envió a los tribunales federales de Comodoro Py revelaron que Silvia Pais alquilaba una propiedad, y que había hecho un pago adelantado de 12.000 dólares para cubrir el primer año de residencia en ese lugar. Para el segundo año se había acordado un valor por encima de los 14.000 dólares, a abonarse en 2027. Las expensas, en tanto, rondan los 500.000 pesos mensuales.

Sin embargo, nada conectaba hasta este punto a Manuel Adorni con el dinero ni con las gestiones inmobiliarias. Es por esto que el fiscal Pollicita pidió que declare como testigo la propietaria de la casa que alquila la madre del exvocero presidencial.

La mujer se presentó este lunes en Comodoro Py. Con su testimonio confirmó las condiciones contractuales referidas anteriormente y descartó cualquier contacto con Manuel Adorni. “No participó él ni su hermano Francisco”, contó a este medio una fuente judicial con acceso al expediente.

Según el relato de la testigo, quien pagó los 12.000 dólares fue un tío de Manuel Adorni -hermano de su madre-, quien alquiló la propiedad a través de una inmobiliaria. “El día de la firma del contrato firmamos, pagó y se fue”, sintetizó la propietaria en su declaración.

Con las pruebas recabadas, los investigadores tomaron la decisión de no profundizar más sobre la familia de Adorni. En Comodoro Py consideran que no hay razones para atribuirle este gasto.

Justificación patrimonial

La investigación sobre el patrimonio del exministro coordinador está en la última milla. El fiscal Pollicita aguarda los últimos reportes que pidió a billeteras virtuales y al country Indio Cuá para acumular al expediente, además del informe contable de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Ese informe es clave. Será el que finalmente le pondrá una cifra al presunto enriquecimiento ilícito que persigue la Justicia.

Si las conclusiones que arroje el estudio son desfavorables para Adorni, el fiscal estará en condiciones de pedirle al juez Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial.

Al responder ese requerimiento, el exjefe de Gabinete tendrá la oportunidad de demostrar ante la Justicia que el origen de su fortuna es legal, algo que sostuvo públicamente desde que se desató el escándalo.

Su versión -aún no comprobada en Tribunales- señaló que entre 2013 y 2014 invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin. Las criptomonedas le dejaron más de 500.000 dólares que mantuvo en negro y prácticamente no tocó hasta llegar al poder.

Si sus explicaciones formales no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. Manuel Adorni tendría que presentarse en los tribunales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.