La causa quedó radicada por sorteo en el Juzgado Federal N.° 12, interinamente a cargo de Julián Ercolini, y contará con la instrucción del fiscal Eduardo Taiano, quien debe decidir si desestima el caso o abre la investigación.

En tanto, Infobae pudo saber que el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, está trabajando en una segunda denuncia contra Sarubbi Benítez que presentaría la semana que viene.

El lunes último, durante la transmisión del ciclo La Trinchera, el abogado mileísta -que en redes se identifica como “Gordo Leyes”- desglosó tres propuestas para el conurbano, donde “no hay retorno, gane quien gane”, según su visión.

La primera alternativa planteada junto a una panelista, Kalina Ann, fue el control de la natalidad de manera forzosa: la esterilización.

Como segunda opción, Sarubbi Benítez sugirió el aislamiento geográfico y militar de la población. Su plan consistió en: “Cercar el conurbano bonaerense y levantar un muro de 15 metros de altura con snipers (francotiradores) arriba”.

Ante la consulta de sus compañeros de mesa sobre cómo se regularía el tránsito de personas en ese perímetro, el abogado aclaró que el ingreso y egreso se determinaría por “portación de cara”, bajo un criterio “totalmente arbitrario”.

Finalmente, el abogado cercano al Gordo Dan (Daniel Parisini, referente comunicacional del Gobierno) sugirió que la opción más barata sería bombardear con napalm sobre los bonaerenses.

Los dichos generaron fuerte polémica en redes sociales. No obstante, Sarubbi Benítez permanece al frente de su programa. En un intento por recular sobre sus palabras, en los últimos días hizo posteos en los que aclaró que sus ideas eran solo para “los delincuentes”.

La presentación judicial que ahora está bajo estudio del fiscal Taiano fue realizada por el abogado Emiliano Gareca, quien solicitó que se investigue al abogado, a su coconductora Kalina Ann y a la empresa Cale Group Media S.A., grupo propietario del canal de streaming.

Según el escrito, los hechos encuadran en los delitos de incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos, apología del delito y propaganda basada en ideas de superioridad con incitación al odio.

“Los hechos denunciados no constituyen un exabrupto aislado, sino la conducta reiterada y sistemática de un medio de comunicación”, detalló Gareca en el texto de la denuncia.

Asimismo, el denunciante remarcó el peligro que representa la difusión de estas ideas en plataformas masivas: “El tenor jocoso con que se profirieron dichas expresiones constituye un factor agravante en cuanto naturaliza y banaliza, ante una audiencia masiva, un discurso de exterminio”.

Sarubbi Benítez, sancionado

Sarubbi Benítez tiene antecedentes de sanciones en el ámbito profesional por su comportamiento. El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sancionó en junio de este año al letrado libertario por dirigir insultos y expresiones de odio a través de sus redes sociales, donde injurió a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado también había difundido en sus redes datos personales de un ciudadano, quien luego lo denunció ante el Colegio Público. Publicó fotos suyas, el frente de su domicilio, su nombre y apellido, y detalles de su situación crediticia y bancaria. Estas publicaciones estuvieron acompañadas de expresiones discriminatorias y burlas como “lloralo, kuka con sida”.

En su defensa, Sarubbi Benítez argumentó que sus publicaciones constituían opiniones políticas de carácter personal amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y que no fueron vertidas en el marco del ejercicio de su profesión. Asimismo, alegó que el Colegio de Abogados no debía regular la vida privada de los matriculados.

Sin embargo, el Tribunal determinó que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y que las manifestaciones del letrado constituyeron “un exceso en el uso de la figura abogadil”. En este expediente le aplicaron apenas una advertencia.

Por otra denuncia iniciada por un forista de las redes, ya le habían aplicado una multa de un millón de pesos. Sarubbi apeló ambas sanciones en la Justicia, ante el fuero contencioso administrativo.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el sobreseimiento de los cuatro ingenieros que intervinieron como peritos en la investigación de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. La Justicia no encontró pruebas para sostener que los especialistas hayan incurrido en el delito de falso testimonio a partir de las declaraciones e informes técnicos que elaboraron para el juicio, que se celebró hace más de diez años.

En esta causa -que se desprendió de aquel debate oral-, se investigó si los técnicos a cargo de la pericia habían tenido una intención deliberada de mentir o de desviar la responsabilidad del hecho únicamente hacia el conductor del tren. Entre los acusados también hubo empresarios y exfuncionarios tales como Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, quienes fueron secretarios de Transporte del kirchnerismo.

Al dictar sentencia en diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó abrir una investigación penal sobre los peritos Raúl Díaz (Corte Suprema de Justicia), Horacio Faggiani (Comisión Nacional del Transporte), Alejandro Leonetti (Secretaría de Transporte) y Julio Pastine (Trenes de Buenos Aires).

El origen de la sospecha radicó en las diferencias entre sus conclusiones técnicas y otras pruebas del expediente. Para los jueces, existían indicios de una supuesta coordinación entre los peritos para señalar al motorman, Marcos Córdoba, como el único culpable del choque, a partir de la conclusión de que los frenos de la formación funcionaban correctamente.

A lo largo de un extenso proceso de instrucción que pasó por diversas instancias de apelación, la causa analizó tres ejes técnicos fundamentales: la velocidad a la que impactó el tren, el estado de conservación de la carrocería y el funcionamiento de los paragolpes ubicados en el andén número dos de la terminal de Once.

En un principio, los peritos llegaron a ser procesados, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó esa medida en 2018 al señalar que no existían pruebas de dolo, un requisito indispensable para configurar el delito de falso testimonio, el cual exige la voluntad consciente de alterar la verdad.

Tras aquella revocación, el Juzgado Federal N° 11 -hoy subrogado por Ariel Lijo- profundizó la investigación mediante la recolección de nuevos elementos probatorios.

Se incorporaron al expediente informes técnicos detallados sobre los márgenes de error de los dispositivos de posicionamiento global (GPS), reportes de inspección del material rodante y declaraciones de otros especialistas del sector. Toda esta documentación permitió reconstruir el proceso de trabajo de los acusados. Además, se analizaron los correos electrónicos que intercambiaron durante los días posteriores al siniestro.

A partir de estas nuevas evidencias, los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico concluyeron que el dictamen de los peritos ingenieros se encuadró dentro de los márgenes de interpretación que permitía la complejidad técnica del caso.

El tribunal explicó en su fallo, al que tuvo acceso Infobae, que las variaciones o modificaciones en las conclusiones iniciales de los expertos se debieron al propio avance de la investigación y al debate interno del cuerpo pericial, a medida que se incorporaban nuevos datos sobre el estado de la formación ferroviaria.

“Las discrepancias, reticencias o inconsistencias, si bien fueron suficientes para el inicio de esta investigación, no alcanzan para sostener por sí solas que fueron producto de la motivación ilícita a la que se refiere el artículo 275 del Código Penal”, concluyó la Sala II.

Durante el primer juicio por la tragedia de Once, el TOF N° 2 decidió no basarse en las conclusiones de estos cuatro ingenieros y se apartó de sus informes para dictar la sentencia. La Cámara aclaró que el hecho de que los jueces hayan descartado o rechazado esos peritajes no significa, de manera automática, que los profesionales hayan declarado con la intención deliberada de mentir.

El juez federal Ariel Lijo dispuso que el próximo 26 de agosto comience el postergado peritaje acústico sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los principales acusados en la causa que investiga maniobras de corrupción dentro del organismo.

La medida, a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, busca determinar el origen y la veracidad de las grabaciones en las que se habla de sobornos y sobreprecios, y que sirvieron para destapar el caso.

La Justicia citó a Spagnuolo para que se presente a dar una muestra de voz -para cotejarla con los audios- en los laboratorios de la Gendarmería, pero el exfuncionario mileísta se niega a colaborar porque, según su criterio, se estaría autoincriminando.

Según pudo saber Infobae de su entorno, Spagnuolo sostendrá ante la Cámara Federal de Apelaciones su planteo de nulidad para que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva si la citación vulnera su garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.

En cualquier caso, el exdirector de ANDIS podría limitarse a presentar un escrito para avisar que no asistirá, ya que no está obligado a hacerlo. Pero eso no está en sus planes, al menos de momento.

El juez Lijo decidió avanzar con el estudio forense con o sin la colaboración de Spagnuolo. El fiscal de la causa, Franco Picardi, sugirió tomar la muestra de voz del exfuncionario de cuatro entrevistas que brindó en Neura, La Nación+, Border y El Observador mientras integraba el Gobierno de Javier Milei.

El peritaje debió comenzar originalmente el pasado 22 de julio. El fiscal Picardi solicitó una postergación debido a que los peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia por el receso judicial de invierno.

El objetivo central de los expertos consistirá en verificar la veracidad de los archivos y detectar si existieron manipulaciones, cortes o ediciones posteriores a la grabación original. Asimismo, los técnicos buscarán identificar si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, tales como sistemas de clonación de voz o síntesis automática, para falsear las palabras de Spagnuolo.

Otro punto a tener en cuenta es el presunto origen ilícito de los audios, que fue enunciado por distintas defensas a lo largo de la causa.

La estrategia de algunos de los principales acusados apunta a aplicar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, bajo el argumento de que, si se demuestra la invalidez o la procedencia ilegal de los audios, toda la investigación y las pruebas derivadas que se sucedieron con posterioridad también deben caer por estar contaminadas de nulidad.

Para que esto sea así, debería tenerse por cierto que las grabaciones dieron inicio a la causa, algo que el fiscal Picardi ya rebatió en distintas instancias. De hecho, la fiscalía no utilizó los archivos a la hora de construir su acusación y pedir el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 integrantes de la presunta asociación ilícita.

Mientras avanza el peritaje, el juez Lijo tiene por delante resolver la situación procesal de los últimos 30 imputados -funcionarios, empleados públicos, empresarios e intermediarios- que ya pasaron por declaración indagatoria. El fiscal busca sumarlos a la lista de procesados que tiene el expediente.

En tanto, el primer grupo de acusados aguarda a que la Cámara Federal porteña resuelva la apelación de sus procesamientos. La Sala II quedó desintegrada luego de la salida del juez Martín Irurzun, cuestión que podría demorar el fallo.

Los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002 regresaron a la actividad este lunes tras la feria judicial de invierno, con lo que se reactivaron las causas judiciales de mayor trascendencia, entre ellas la investigación sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Horas antes de comenzar el receso invernal, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que señaló inconsistencias entre los ingresos y los gastos del ex vocero presidencial y su esposa, Bettina Angeletti.

Poco se sabe del contenido de ese documento, que es una bisagra del caso. Infobae pudo corroborar con fuentes judiciales que la DAFI le puso número a todas las irregularidades detectadas, que están segmentadas año por año.

A partir de ese informe, el fiscal Pollicita retomó este lunes la confección de un requerimiento de justificación patrimonial, que se basará en las inconsistencias detectadas por la DAFI. El equipo de investigadores que trabaja en el caso avanzó sobre el tema incluso durante la feria.

Aun sin fecha definida, la fiscalía pedirá al juez Ariel Lijo que le ordene a Manuel Adorni responder el requerimiento para dar -por primera vez en los tribunales- explicaciones sobre su fortuna.

El exvocero tendrá así la oportunidad de justificar formalmente todos los grises y huecos que hay en su patrimonio. Públicamente, antes de renunciar, reveló que invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin en 2014, y que esa prematura apuesta por las criptomonedas le dejó en el bolsillo medio millón de dólares que nunca declaró ni empezó a gastar hasta convertirse en funcionario público.

Si la versión que vuelque ante la Justicia no desarma las sospechas de enriquecimiento ilícito, entonces el fiscal podría dar un paso más y pedir que Adorni sea llamado a declaración indagatoria, el escalón previo a un eventual procesamiento.

Al rectificar sus declaraciones juradas y presentar la última, correspondiente al 2025, Adorni exhibió una tenencia de USD 565.000 por una “venta de activos”, de la cual no se conocen mayores detalles. La Justicia busca saber si ese punto refiere al cambio de criptomonedas a dólares.

Precisamente a partir de la presentación de sus DDJJ, el entonces ministro coordinador del Gabinete recibió una nueva ola de denuncias en Comodoro Py.

Lo denunciaron por presunta falsedad ideológica los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; el abogado de la Fundación Apolo, José Magioncalda; y Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz.

Entre esas denuncias se advirtió una intención deliberada de Adorni de ocultar su patrimonio para no pagar impuestos y, al mismo tiempo, eludir los controles a los que debería haberse sometido al convertirse en funcionario.

El delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 293 del Código Penal, castiga con hasta seis años de prisión a quien inserte declaraciones falsas en un documento público.

Las denuncias habían recaído por sorteo de la Cámara Federal en distintos juzgados y fiscalías de Comodoro Py. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, todos los expedientes se unificaron con la causa madre que llevan adelante Lijo y Pollicita.

Al observar las nuevas denuncias, los funcionarios a cargo del caso consideraron que se trata del “mismo objeto procesal con diferente encuadre jurídico”. Así, en adelante, las sospechas de falsedad ideológica se investigarán a la par del enriquecimiento ilícito.

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, suspendido de su cargo y encaminado hacia un juicio político que podría derivar en su destitución, fue imputado en las últimas horas en una nueva causa, donde está acusado de haber ofrecido protección judicial a Carlos Vaudagna, exdirector regional de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe, a cambio de una coima de 100.000 dólares.

Vaudagna se convirtió el año pasado en imputado colaborador de la Justicia, y desde entonces admitió múltiples hechos de corrupción que involucran a Salmain y a Marcelo Bailaque, extitular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, quien renunció al verse acorralado por las investigaciones en su contra.

Ante el juez federal de garantías Román Lanzón, el fiscal rosarino Federico Reynares Solari formalizó la nueva acusación contra Salmain y pidió que se le dicte la prisión preventiva, lo que fue rechazado durante la audiencia. Sucede que el acusado, aunque está suspendido de su cargo, mantiene los fueros que impiden que sea detenido.

Salmain y Vaudagna se conocen al menos desde fines de 2018. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, este juez rosarino le ofreció al exfuncionario de la entonces AFIP direccionar y dictar resoluciones favorables en los expedientes en los que estaba acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de secretos. La gestión se habría hecho a través del abogado Diego Fesser.

Durante la audiencia, Salmain tomó la palabra y negó las acusaciones: “Nunca pedí, exigí ni recibí dinero de Carlos Vaudagna; nunca encomendé a Diego Fesser que actuara como intermediario y nunca dicté una resolución a cambio de beneficio alguno”, sintetizó en un descargo breve que hizo de forma virtual.

El fiscal Reynares Solari repasó los movimientos sospechosos del titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Sostuvo que Salmain ocultó de manera deliberada que mantenía una relación con Vaudagna y que se habían hecho favores mutuos. Esto fue así mientras el juez intentó quedarse con los expedientes que involucraban al entonces funcionario de AFIP, pero la maniobra no prosperó debido a la recusación que impulsaron distintos fiscales.

Es por esto, siempre según la hipótesis de la acusación, que el pago del soborno de 100.000 dólares nunca se habría materializado.

Para probar este vínculo preexistente, la fiscalía presentó una serie de mensajes de texto y audios recuperados del celular del exAFIP mediante un peritaje.

En esas comunicaciones, que datan de los años 2018 y 2019, se constataron encuentros personales en Buenos Aires y Rosario, así como gestiones del contador para conseguirle un empleo y definir la remuneración de la novia de Salmain en el fisco.

El fiscal Reynares Solari también exhibió registros de geolocalización y antenas telefónicas que ubicaron al abogado Fesser y al magistrado en las mismas coordenadas geográficas y horarios, tanto en la zona de la Plaza San Martín en Buenos Aires como en las inmediaciones del Jockey Club de Rosario.

Asimismo, se incorporaron filmaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la vía pública que registraron un presunto encuentro entre el intermediario de la coima y Salmain en agosto de 2025, en un edificio de la calle Corrientes, en Rosario.

Durante su declaración, el juez suspendido elevó el tono para responderle a la fiscalía sobre estas pruebas exhibidas: “En la filmación no se nos ve juntos ni ingresando o saliendo al mismo tiempo. Además, esas imágenes revelan algo gravísimo: fui seguido y se reconstruyó mi recorrido mediante una maniobra que considero de inteligencia ilegal. El lugar en el que fui filmado es el domicilio profesional de mi defensor, el Dr. Gustavo Feldman. Se siguió a una persona investigada mientras concurría al estudio de su abogado, afectando directamente la confidencialidad y el libre ejercicio del derecho de defensa”, sostuvo Salmain.

Y agregó: “No tengo dudas de que esa persecución guarda relación con una investigación que tramita en Comodoro Py y que involucraría al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; a su secretario, Silvio Robles; y a fiscales de la jurisdicción de Rosario presuntamente vinculados con ellos”.

La línea de defensa de Salmain se erige en una supuesta confabulación en su contra que atraviesa a todo el Poder Judicial. Por eso ya adelantó que pedirá citar como testigo a Rosatti para que declare en el marco de su juicio político, y lo mismo hará en esta nueva causa penal con el ministro Ricardo Lorenzetti.

Finalmente, el juez de garantías Román Lanzón resolvió dar por cumplida la formalización de los cargos contra Salmain por los delitos de cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la causa “Attila”, en la cual Salmain está procesado y tiene dictada la prisión preventiva, los investigadores detectaron otro caso de coimas por 200.000 dólares.

El Consejo de la Magistratura tiene previsto avanzar este año con el juicio político en su contra, a partir de esta acusación y de un antecedente administrativo: Salmain ocultó en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer un soborno para direccionar un expediente.

Si resulta destituido, quien debe dar la orden de ejecutar la detención es el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

La causa ANDIS, uno de los casos judiciales que más preocupa al Gobierno de Javier Milei, se reactivará este lunes -tras la feria judicial de invierno- con varios frentes abiertos: el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, la apelación de los procesamientos de los principales acusados y la resolución del juez Ariel Lijo sobre una segunda tanda de 30 imputados que ya fueron indagados.

El fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, pidió avanzar con el procesamiento de todos los empresarios, representantes de compañías proveedoras de insumos, intermediarios, funcionarios y empleados públicos que desfilaron por los tribunales de Comodoro Py entre fines de abril y mediados de junio.

En este segundo capítulo de la causa, el fiscal encontró nuevas evidencias de manipulación y direccionamiento de contrataciones públicas. Aparecieron más “empresas amigas” que habrían pagado coimas para que la ANDIS les compre medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en categorías como amputaciones, audífonos, cardiología, neurología, sillas, andadores y traumatología, entre otras.

Y, además, Picardi profundizó sobre la etapa del lavado de dinero, el último paso del circuito de corrupción con el que esta presunta asociación ilícita habría buscado disimular el origen de los fondos desviados de la ANDIS. El dinero público que debía destinarse a personas vulnerables o con discapacidad terminaba en criptomonedas y facturaciones simuladas.

Sobre esta treintena de imputados a los que acusó el fiscal, el juez Lijo debe decidir en las próximas semanas si con las pruebas que hay en el expediente los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito. En caso de formalizar la acusación contra todos, la causa pasaría a tener 49 procesados en total.

En tanto, las 19 personas que ya habían sido procesadas en febrero -entre ellos los señalados como jefes de la asociación ilícita, los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y los lobistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian- aguardan por el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal porteña sobre la apelación de sus procesamientos.

El trámite se demoró durante todo el primer semestre porque el Juzgado Federal N° 11 habría mandado a cuentagotas las cajas con las pruebas del expediente al segundo piso de Comodoro Py, donde está el tribunal de alzada. Tal fue la demora que un día antes de la feria los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah intimaron a Lijo para que apure el envío de toda la documentación que deben estudiar antes de fallar, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

En el medio, la Sala II se quedó sin un juez. Irurzun -quien en esta causa venía resolviendo en sintonía con Boico- cumplió 75 años, no consiguió acuerdo para ejercer por otros cinco más y el Gobierno ya activó el trámite para concursar su vacante.

Aunque la Sala puede funcionar con dos jueces, si se mantiene la tendencia disidente entre Boico y Farah, será necesario llamar a un tercer juez o esperar hasta que se concrete una subrogancia para alcanzar una mayoría. Si los jueces que quedaron tras la salida de Irurzun no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con los procesamientos, el fallo de la Cámara podría demorarse, coinciden distintas voces consultadas.

En lo inmediato se esperan movimientos en otro frente de la causa: el peritaje de los audios atribuidos a Spagnuolo.

El estudio forense, que está a cargo de la Gendarmería Nacional, tenía que empezar este 22 de julio, pero fue postergado a pedido del fiscal Picardi, dado que los peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se tomaron licencia durante la feria.

El juez Lijo le ordenó a la Gendarmería que fije nueva fecha de inicio, lo que ocurrirá en los próximos días.

La pericia acústica sobre las grabaciones, donde la supuesta voz de Spagnuolo habla de coimas del 3% para la cúpula del Gobierno, intentará esclarecer el origen y la veracidad de los audios, además de identificar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

Si se comprueba una procedencia ilegal de los archivos o su falsedad, algunas defensas tienen preparada la carta de la nulidad de la causa. Buscarán que se aplique la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, por la cual, si la prueba inicial es ilícita, todo lo que le sigue debe caer.

Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y otrora amigo y abogado del presidente Milei, está jugando su propia pulseada en lo que refiere al peritaje.

Es que el juez Lijo lo citó para que se presente ante la Gendarmería Nacional y hable ante un micrófono. Esperaban cotejar esa muestra de su voz con las grabaciones que le atribuyen. Pero el exfuncionario acusado se niega, por temor a “autoincriminarse”, según alegó su defensa.

Los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, pidieron la nulidad de la citación y que se suspenda el inicio del peritaje hasta que se resuelva el asunto. Ariel Lijo rechazó el planteo luego de un contundente dictamen del fiscal Picardi y decidió avanzar con o sin la colaboración del acusado. Antes de entrar en feria, la cuestión se elevó a la Cámara de Apelaciones. Otro llamado más para la desmembrada Sala II.

El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín condenó a Gabriel Oscar Dib, un trabajador del Senado de la Nación que montó un esquema de defraudación dentro del Congreso. Junto a tres cómplices, este empleado público tramitaba pensiones graciables a personas de bajos recursos de la localidad bonaerense de Navarro, para luego quedarse con la mayor parte del dinero que cobraban del Estado.

El caso, que salió a la luz tras una denuncia del propio Senado, culminó mediante un acuerdo de juicio abreviado en el cual los acusados reconocieron su culpabilidad. A la fecha, Dib figura activo en la nómina de empleados de planta permanente de la Cámara alta.

En octubre de 2024 estuvo a punto de ser trasladado a la Dirección de Auditoría Interna del Senado, pero las autoridades a cargo del área lo rechazaron.

La investigación judicial, impulsada por la Fiscalía Federal de Mercedes, determinó que la organización delictiva operó al menos entre enero de 2011 y junio de 2012.

Captaban a personas en situación de vulnerabilidad social y les ofrecían gestionar un ingreso no contributivo ante el Congreso Nacional. El plan ilícito era posible gracias a que Dib trabajaba en la Oficina de Pensiones Graciables del Senado, actuando como nexo directo entre los despachos de los legisladores y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Las pensiones graciables, cabe resaltar, son beneficios vitalicios que pueden entregar diputados y senadores a personas sumidas en la pobreza, afectadas por cuestiones humanitarias, o hasta a quienes lo necesiten por méritos artísticos o científicos, por ejemplo.

Dib gestionó los planes a través de tres senadores: Eduardo Torres, Fabio Biancalani y Jorge Banicevich, todos del Frente para la Victoria. Ellos pusieron la firma para girar las solicitudes de la banda delictiva al Poder Ejecutivo, pero la Justicia no les atribuyó complicidad o participación alguna en la maniobra.

Una vez que el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aprobaba y liquidaba la asignación, los involucrados controlaban el momento del cobro en las sucursales bancarias para obligar a los beneficiarios a entregarles los montos acumulados apenas salían del cajero.

Gabriel Oscar Dib, quien fue empleado administrativo de planta permanente desde 1990 en el Senado, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos como autor del delito de concusión.

La Justicia comprobó que Dib aprovechó su posición institucional y sus conocimientos sobre el circuito de las pensiones asistenciales para liderar la operatoria. Además, el auto que utilizaba el grupo para trasladarse y presionar a los damnificados estaba registrado a su nombre, según se desprende del fallo condenatorio al que accedió Infobae.

Por su parte, Miguel Horacio Basualdo, Gloria Beatriz Moreno y Adrián Rubén Minutillo resultaron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional en calidad de partícipes necesarios.

De acuerdo con las pruebas recolectadas, Basualdo funcionó como el nexo local en Navarro, encargado de seleccionar a los potenciales beneficiarios, completar los formularios y coordinar los viajes hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Moreno, en tanto, se ocupaba de presentarse en los bancos, entregar las credenciales de cobro a las víctimas y retirar los sobres con el dinero en la vía pública o en confiterías cercanas.

Minutillo aportó el respaldo operativo en el territorio. El día en que se descubrió la maniobra, la policía lo identificó en la zona bancaria de Navarro junto a Basualdo. En esa oportunidad, intentó engañar a los agentes policiales al manifestar que trabajaba como asesor legislativo, una afirmación que los informes oficiales del Congreso desmintieron posteriormente.

El TOF N° 4 de San Martín acreditó con certeza la exigencia y el retorno del dinero en los casos de tres víctimas, quienes describieron de manera idéntica cómo les quitaron sumas que rondaban los $20.000 -hoy serían entre 9 y 10 millones de pesos- bajo la falsa premisa de que ese pago era un requisito obligatorio del trámite.

Los testimonios de otros damnificados sirvieron para confirmar el funcionamiento general de la red, aunque en algunos casos no se pudo constatar una entrega efectiva de dinero debido al temor de los afectados a sufrir represalias.

El juez Esteban Carlos Rodríguez Eggers convalidó las penas acordadas entre los acusados y la fiscalía y dispuso que los cuatro condenados cumplan reglas de conducta por el término de dos años, que incluyen fijar un domicilio residencial y someterse al control del Patronato de Liberados.

En el marco de la causa ANDIS, el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo debía comenzar este miércoles, pero la Justicia postergó el inicio del estudio forense que buscará determinar el origen y la veracidad de las grabaciones que destaparon la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

A partir de un pedido del fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, el juez federal Ariel Lijo decidió reprogramar el lanzamiento de la pericia y solicitó a la Gendarmería Nacional que fije una nueva fecha, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza federal estará a cargo del peritaje, del que participarán peritos de parte -designados por los acusados- y la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo del Ministerio Público Fiscal.

Los especialistas propuestos por el fiscal Picardi para tomar parte en el estudio están de licencia por la feria judicial de invierno, y es por eso que la fiscalía solicitó posponer el comienzo del peritaje, explicó a este medio una fuente con acceso al expediente.

Además de intentar esclarecer el origen y la veracidad de las grabaciones, el análisis forense buscará detectar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

Los especialistas de la Gendarmería buscarán “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

También se intentará hacer una “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”, de acuerdo a lo ordenado por el juez que subroga el Juzgado Federal N° 11.

Ariel Lijo también le encomendó a la Gendarmería que cite al extitular de la ANDIS “a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. La intención de la Justicia es que Spagnuolo aporte una muestra de su voz para compararla con los audios en los que habla de un esquema de sobornos para funcionarios del gobierno libertario.

Pero Spagnuolo no quiere colaborar. Asegura que si se somete a lo que pretende el juez podría autoincriminarse, ya que estaría generando una prueba que eventualmente podría resultar perjudicial para su situación procesal.

Es por eso que su defensa pidió la nulidad del punto de pericia en el que ordenan su citación, a la vez que solicitó la suspensión del estudio forense hasta tanto se resuelva la discusión sobre si Spagnuolo debe comparecer o no ante la Gendarmería.

Lijo rechazó el planteo de los abogados del exfuncionario, al que calificó de contradictorio, ya que la propia defensa había cuestionado la autenticidad de las grabaciones e incluso propuso un perito de parte para el peritaje. Ahora la cuestión llegó con una apelación a la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py.

De cualquier forma, el peritaje avanzará con o sin la colaboración de Spagnuolo, confiaron a este medio fuentes del caso. En un dictamen reciente, el fiscal Picardi le sugirió al juez que la Gendarmería obtenga el material necesario para el peritaje de cuatro entrevistas que el extitular de ANDIS dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

La modelo Sofía Clerici se presentará ante la Justicia luego de la feria de invierno para solicitar su sobreseimiento en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Así lo anticipó su defensa a Infobae luego de que trascendieran las conclusiones del peritaje elaborado por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual no halló pruebas que la vinculen financieramente con el exjefe de Gabinete bonaerense.

El estudio contable, que demandó meses de análisis sobre los documentos secuestrados y la información provista por los organismos recaudadores, llegó este viernes al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez Luis Armella. El informe consta de 618 carillas y, entre sus principales conclusiones, señaló inconsistencias en el patrimonio del ex intendente de Lomas de Zamora.

De acuerdo con el peritaje, al que tuvo acceso este medio, los expertos no detectaron ninguna constancia documental que demuestre transferencias o entregas de dinero por parte de Insaurralde hacia Clerici, descartando de este modo la sospecha inicial sobre un presunto pago de 569.911 dólares o de importes menores que conformaran esa cifra.

Esa es la suma que la Justicia le había incautado a la modelo cuando allanó su casa en Nordelta, durante el año 2023, cuando la causa recién se iniciaba.

La investigación judicial sobre la modelo se inició en septiembre de ese año, a partir de la difusión de imágenes de un viaje que ambos compartieron en la ciudad española de Marbella. En aquel momento, la exhibición de un estilo de vida lleno de lujos motivó la apertura de la causa penal para determinar el origen de los fondos utilizados.

Sin embargo, el peritaje oficial determinó que tampoco existen registros, facturas o comprobantes que asocien a Insaurralde con la adquisición de las carteras, relojes y joyas de alta gama que las fuerzas de seguridad le secuestraron a Clerici durante los procedimientos ordenados en su domicilio.

Con respecto a las erogaciones de aquella estadía en Europa, el informe de los peritos de la Corte detalló de manera precisa cómo se canalizaron los pagos de los servicios turísticos.

Los especialistas identificaron que el alquiler del yate “El Bandido”, utilizado por Insaurralde y la modelo el 19 de septiembre de 2023, fue facturado a nombre de Clerici, pero el desembolso lo efectuó la firma de viajes Forest Travel Agency.

Esa misma agencia de turismo internacional asumió los costos del alojamiento de la pareja en el exclusivo Marbella Club Hotel, donde permanecieron hospedados entre el 16 y el 21 de septiembre de aquel año.

Por otra parte, del informe se desprende que la permanencia de la modelo junto a su hermana en el Nobu Hotel, ocurrida previamente entre el 8 y el 20 de ese mismo mes, fue financiada en su totalidad por la compañía comercial MTC Group SA.

Ante la ausencia de elementos que acrediten que los bienes o el dinero bajo sospecha provinieron de las arcas públicas o de la actividad de Insaurralde, la defensa de Clerici, que encabeza el abogado Mauricio D’Alessandro, considera que no existen motivos jurídicos para mantenerla bajo proceso.

El equipo de defensores prepara un escrito que presentarán ante el juez Armella, donde señalarán la inexistencia de un flujo financiero ilícito entre los imputados, lo que a su criterio debilita la hipótesis de la fiscalía sobre una supuesta complicidad en maniobras de lavado de activos.

La presentación del pedido de sobreseimiento se formalizará en los próximos días, cuando termine el receso judicial de invierno.

Cabe resaltar que la causa cambiará de manos en el corto plazo. Es que el juez Armella subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, y la semana pasada el Senado aprobó el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, funcionario a cargo de la DAJuDeCO y exsecretario del juez Ariel Lijo, para ser designado como magistrado titular en ese despacho. Solo resta que su nombramiento sea formalizado por el Poder Ejecutivo.

La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, acudió a la Cámara Federal de Apelaciones porteña con el objetivo de detener el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario libertario. El estudio forense fue ordenado por el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa que investiga un entramado de corrupción entre el organismo y empresas proveedoras del sector de salud.

Sucede que uno de los puntos de la pericia incluye una citación a Spagnuolo para que hable ante un micrófono y así cotejar esa muestra de su voz con las grabaciones que destaparon el escándalo. El acusado está negado a colaborar por temor a “autoincriminarse” y por eso su defensa pidió la nulidad de esa convocatoria.

El abogado de Spagnuolo, Pablo Parera, también había solicitado al juez Lijo que suspenda el inicio del peritaje hasta tanto no se dirima si el extitular de ANDIS debe ser citado o no.

El magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 11 rechazó todo lo que había pedido la defensa, por lo que ahora recurrieron a la Cámara de Apelaciones. El caso tramita ante la Sala II, que desde este viernes tiene un juez menos: Martín Irurzun, quien cumplió 75 años.

Irurzun y su par Roberto Boico integraron el voto mayoritario que había ordenado peritar los audios, en febrero de este año. En disidencia se pronunció el tercer juez del tribunal, Eduardo Farah. Restará ver si la reconfiguración de la Sala tiene algún impacto en el curso de la causa.

La apelación de Spagnuolo

Ante la Cámara, la defensa del exdirector de la ANDIS argumentó que aportar una muestra de voz equivale a obligar al acusado a declarar contra sí mismo, un principio prohibido por la Constitución Nacional.

Al rechazar el planteo en primera instancia, el juez Ariel Lijo explicó que la garantía constitucional protege las declaraciones de carácter “intelectual o testimonial”, pero no impide la recolección de elementos materiales como las huellas dactilares, el ADN, la escritura o la voz, los cuales sirven para identificar a un individuo.

En cambio, la defensa contestó ahora que la voz no puede equipararse a una prueba física estática, como una huella o una muestra de ADN, debido a que requiere una acción voluntaria y consciente del individuo al momento de hablar. En su presentación, el abogado Pablo Parera sostuvo que el imputado no puede ser utilizado como un sujeto activo para generar una prueba que eventualmente resulte perjudicial para su situación procesal, especialmente si no brinda su consentimiento expreso para ello.

Cabe resaltar que Spagnuolo no está obligado a presentarse ante la Gendarmería Nacional -que está a cargo del peritaje-, y bien puede presentar un escrito para notificar su decisión. No obstante, la defensa buscó la vía de nulidad, que fue duramente cuestionada por el fiscal del caso, Franco Picardi.

El fiscal calificó la maniobra de Spagnuolo como un intento de demorar y entorpecer el proceso y se refirió al planteo de la defensa como “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”.

Para destrabar la discusión y evitar que la investigación se detenga, Picardi propuso prescindir de la colaboración de Spagnuolo y le sugirió al juez obtener el material necesario para el peritaje de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

El origen de las grabaciones

La defensa de Spagnuolo también sostiene que existe una falta de certezas sobre la autenticidad de los audios, que en su momento fueron aportados a la Justicia por el periodista Mauro Federico. A su criterio, los registros presentan indicios de manipulación, cortes, ediciones y posibles alteraciones realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La defensa criticó que el juez Lijo avanzara con el peritaje sin resolver de manera definitiva un planteo de nulidad previo, presentado a fines de 2025, que cuestionaba la incorporación misma de esas grabaciones al expediente y denunciaba la ruptura de la cadena de custodia. Para los representantes de Spagnuolo, resulta contradictorio realizar un estudio comparativo sobre un material cuya validez legal y técnica todavía se encuentra bajo sospecha.

En su última resolución, Lijo señaló que la propia defensa de Spagnuolo impulsó inicialmente la realización de peritajes para verificar la veracidad de los audios, propuso un perito de parte y sugirió puntos de análisis complementarios.

Por este motivo, el juez calificó la postura de la defensa como contradictoria: “Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento”, resolvió Lijo.

Ante este reproche, Parera aclaró en su apelación que la designación de un perito técnico propio y la propuesta de puntos de examen no significaron un impulso a la medida, sino el ejercicio obligatorio del derecho de defensa para no perder el control de una prueba impuesta por la Justicia. La defensa ampliará sus argumentos ante la Cámara al regreso de la feria judicial de invierno.

El Gobierno dio por jubilado a Martín Irurzun, juez de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, quien el último sábado cumplió 75 años. El Ministerio de Justicia de la Nación envió este lunes una nota al Consejo de la Magistratura para que active un concurso para cubrir la vacante que deja en la Sala II del tribunal por donde pasan todas las causas de corrupción y otros delitos complejos.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la petición del Ejecutivo ya tomó curso y el trámite pasó a la Comisión de Selección de Magistrados.

Sin el respaldo del Ejecutivo para pedirle una extensión de otros cinco años en el cargo al Senado, Irurzun fue a la Corte Suprema de Justicia para reclamar su permanencia, pero el máximo tribunal no se pronunció antes de la fecha límite que fija la Constitución Nacional.

El camarista incluso pidió habilitar la feria para tratar su reclamo. Según esgrimió, la Convención Constituyente de 1994 se excedió de las facultades otorgadas por el Congreso al incorporar el límite de edad, cláusula que, según su visión, afecta la garantía de inamovilidad judicial.

El procurador Eduardo Casal dictaminó en contra de Irurzun, aunque su opinión no es vinculante. La Corte Suprema notificó el viernes que “la causa se encuentra a estudio y consideración del Tribunal”, según se desprende del expediente.

Sin otras novedades en el terreno judicial, el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somaglia, envió este lunes una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti -también titular de la Corte-, para “arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente” para cubrir la vacante que deja Irurzun.

Para el Gobierno, pese a que el recurso de la Corte aún está en tratativas, el sábado se produjo “la vacante definitiva” en esa vocalía de la Sala II de la Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py.

“Atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al Honorable Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Ministerio de Justicia para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen los 75 años de edad”, plasmó el Ministerio de Justicia en su escrito.

El ministro Juan Bautista Mahiques está impulsando una reestructuración de la Cámara Federal porteña. El Gobierno envió al Senado los pliegos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para que sean designados en la Sala I del tribunal de apelaciones. Necesitan la aprobación de la Cámara alta para asumir, y en el oficialismo descuentan que tienen los votos necesarios.

Yadarola es juez en el fuero Penal Económico y asumirá en lugar de Leopoldo Bruglia. Bertuzzi concursó para reemplazarse a sí mismo en el cargo. Había llegado a la Cámara por traslado durante el macrismo -al igual que Bruglia-, y su posición en la Sala I era provisoria.

La Sala I revisa, entre otros expedientes, las resoluciones del juez Marcelo Martínez De Giorgi en la causa $LIBRA, tal vez el caso judicial que más preocupa al Gobierno. En la Sala II, en tanto, está la causa ANDIS, hoy a cargo del juez Ariel Lijo.

La duración de un concurso en el Consejo de la Magistratura y luego en el Poder Ejecutivo está condicionada por los tiempos de la política. En muchos casos, los plazos se vencen y el avance del trámite se estanca en distintas instancias.

En lo que dure la búsqueda de un candidato para cubrir la vacante de Irurzun, la Cámara Federal porteña deberá designar por sorteo un juez subrogante entre los magistrados de la Sala I, que hoy son Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens.

Morán había pedido licencia con goce de sueldo, pero no pidió autorización para salir del país. También faltó a su trabajo cinco días en los que debía estar operativo.

El caso comenzó a salir a la luz el miércoles 24 de junio de 2026. En esa jornada, el fiscal federal Luis Roberto Benítez se comunicó con la presidenta de la Cámara para informarle que le resultaba imposible contactar al juez Morán.

El fiscal detalló que necesitaba realizar de manera urgente una audiencia presencial en la que era necesaria la asistencia del juez de garantías, ya que en esa jurisdicción rige el sistema acusatorio. En esa misma conversación, el fiscal transmitió un dato clave: según “información informal”, el magistrado formoseño no se encontraba en la Argentina.

Ante la gravedad de la advertencia, las autoridades de la Cámara de Resistencia iniciaron una verificación inmediata sobre la situación laboral del denunciado. El área de Recursos Humanos confirmó que Morán disponía de una serie de licencias aprobadas con goce de sueldo para fechas específicas: el 22 y 26 de junio, y el 3, 6 y 7 de julio de 2026.

Estos permisos contemplaban la autorización para alejarse de su jurisdicción habitual, pero únicamente durante esos días puntuales. Para cubrir sus ausencias programadas, la Cámara designó como subrogante a la jueza María Belén López Macé.

Sin embargo, las fechas no coincidían con la ausencia detectada. El miércoles 24 de junio, día en que el fiscal intentó ubicarlo, Morán debía estar en funciones. De hecho, esa misma mañana el magistrado coordinó una audiencia virtual a través de la plataforma Zoom, pero no se presentó en su oficina física, según consta en la denuncia remitida por la Cámara al Consejo de la Magistratura.

Para esclarecer la situación, funcionarios del tribunal superior de Resistencia se trasladaron en un vehículo oficial hasta la sede del juzgado federal de Formosa. Al arribar al edificio el jueves 25 de junio a las 11:15 horas, los funcionarios requirieron la presencia del magistrado. El personal de la secretaría privada confirmó que el juez no estaba en el lugar. Tras esperar media hora en las instalaciones sin obtener respuestas, se labró un acta oficial para dejar constancia de la inasistencia.

Ese mismo jueves, mientras los inspectores constataban su ausencia en Formosa, Morán ingresó una nueva solicitud digital para obtener otra licencia correspondiente a los días 29 y 30 de junio, la cual fue concedida bajo el esquema de reemplazos habitual.

La confirmación definitiva del viaje irregular ocurrió el viernes 26 de junio al mediodía. La camarista Rocío Alcalá logró comunicarse directamente con Morán mediante una llamada telefónica por WhatsApp. Al ser interrogado sobre su ubicación actual, el magistrado admitió que se encontraba fuera de la Argentina desde hacía varios días.

La declaración telefónica expuso la infracción reglamentaria. Si bien el juez contaba con permisos para ausentarse de su jurisdicción durante los días de licencia autorizados, carecía de una habilitación para irse a otro país. Además, las averiguaciones administrativas determinaron que durante los días 23, 24 y 25 de junio, así como el 1 y 2 de julio, el funcionario no se encontraba bajo ningún régimen de licencia ni poseía autorización alguna para abandonar su puesto de trabajo o el territorio nacional.

Ante la gravedad de los hechos y la falta de justificación del magistrado, la presidenta del tribunal de alzada remitió todo el expediente con las pruebas recolectadas al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

La documentación ingresó formalmente a la Secretaría General del organismo el 3 de julio de 2026, iniciándose de este modo el proceso disciplinario correspondiente para evaluar la conducta del juez formoseño. El caso puede ir a la Comisión de Disciplina (faltas leves) o a la Comisión de Acusación, donde se analizan las irregularidades más graves que pueden llegar hasta un pedido de remoción del magistrado señalado.

López, suspendido de su cargo en el Juzgado Federal N° 4 de la ciudad balnearia, enfrenta un jury de enjuiciamiento por antisemitismo, a partir de una serie de posteos en la red social X. Le imputan una discriminación sistemática al pueblo judío y al Estado de Israel.

Este lunes se llevó adelante la cuarta jornada de audiencias, donde ya se escucharon los alegatos de la acusación y de la defensa del magistrado.

En su alegato, el senador Luis Juez pidió la destitución de López y entonces empezó a crecer la tensión dentro de la sala. Luego de algunos comentarios desde el público, el consejero respondió a quienes lo interrumpían y refirió: “Esto es lo que generan los discursos de odio”.

Entonces la audiencia se desmadró, y los comentarios pasaron a ser gritos. Fuentes judiciales que estuvieron en el lugar aseguraron a Infobae que muchas de las personas que apoyaban al juez López hicieron expresiones antisemitas.

“Argentina no es Palestina” y “Si pudieran, volverían al pasado para hacer abortar a la Virgen María”, fueron algunas de las frases que se escucharon entre los gritos, según pudo reconstruir este medio.

El presidente del jury, Marcelo Bartumeu Romero -juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25- ordenó la evacuación de la sala y la presencia policial para que el juicio político continúe únicamente con asesores y funcionarios que participan del proceso.

Parte del grupo que irrumpió en la audiencia respondería al dirigente peronista Raúl Padró, según indicaron fuentes judiciales.

Luego de ser desalojados, continuaron manifestándose frente al Consejo de la Magistratura, sobre la calle Libertad. “Estaban completamente exacerbados en la puerta del organismo, propiciando gritos antisemitas y homofóbicos contra todo el Poder Judicial”, graficaron las fuentes consultadas.

Algunas horas más tarde, sobre el cierre de la audiencia, más personas volvieron a irrumpir en la sala y, una vez más, hubo gritos e improperios.

Este escándalo, sin precedentes en el último tiempo, ocurre en un panorama excepcional para el Consejo de la Magistratura, que avanzó con tres juicios políticos al mismo tiempo: además de López, en los próximos días se debatirá la remoción del juez federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava -por amenazas y violencia- y el juez federal de Rosario Gastón Salmain -acusado por corrupción-.

El juicio contra el suspendido juez López tuvo su origen en una serie de denuncias promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

En su descargo, López rechazó haber actuado con mala fe o ánimo de ofender y sostuvo que sus opiniones no constituyen ataques personales. Su defensa habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión y en la “independencia judicial”.

En su alegato pidió rechazar la acusación en su contra y que archiven el expediente. El veredicto se conocerá dentro de los próximos 20 días hábiles.

El jurado de enjuiciamiento que definirá si la conducta de López le permite o no seguir siendo juez está conformado por el magistrado Marcelo Gastón Bartumeu Romero; el camarista federal de San Martín Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA) y Christian Alejandro Zulli (UP) y la abogada de la matrícula federal Ana Beatríz Fernández.

El juez federal Luis Armella resolvió este lunes mantener al fiscal Sergio Mola al frente de la investigación contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, caso en el que está involucrado junto a su exesposa, la modelo Jesica Cirio. El exintendente de Lomas de Zamora había solicitado el apartamiento del representante del Ministerio Público tras la reactivación del expediente, a partir de la difusión del video de los millones de dólares en un vestidor.

La solicitud de recusación presentada por los abogados de Insaurralde se fundamentó en lo que consideraron un accionar desmedido y hostil por parte de la fiscalía. Señalaron a Mola por una supuesta pérdida de objetividad.

Entre los principales argumentos, la defensa cuestionó el pedido de detención firmado por el fiscal que alcanzó a Cirio e Insaurralde, aunque la medida fue desestimada por el juez Armella, que subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Según los defensores, dicha medida resultó desmesurada e inoportuna, especialmente porque se encuentra en desarrollo una pericia contable sobre la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. El estudio está en manos de peritos de la Corte Suprema de Justicia.

A través de sus abogados, Insaurralde también trajo a colación una resolución previa del propio juez Armella en la que hizo reparos sobre el accionar de la fiscalía y la supuesta divulgación de información que contiene el expediente, como por ejemplo el pedido de detención.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola rechazó de manera categórica las acusaciones y solicitó que se desestimara el planteo, en un dictamen de 24 páginas.

Mola sostuvo que las críticas de la defensa constituyen un intento de condicionar la labor del Ministerio Público en un caso de corrupción pública de alta relevancia. Argumentó que la acumulación de medidas de prueba y de coerción solicitadas no responde a un encono personal, sino a la gravedad de los hechos investigados y a la aparición de los videos que, a su criterio, comprometieron la situación de Cirio e Insaurralde.

Además, el fiscal Mola remarcó que la recolección de pruebas en el expediente fue consecuencia directa del impulso de la fiscalía ante la actividad “prácticamente nula” del juzgado.

En su resolución, el juez Armella determinó que los argumentos expuestos por la defensa de Martín Insaurralde no alcanzaron el estándar requerido para desplazar a un fiscal de su cargo. Y, aunque reconoció diferencias con Mola, el magistrado subrayó: “Más de 30 años en la función me permiten diferenciar cuestiones personales y funcionales”.

El magistrado aclaró que las observaciones realizadas en resoluciones anteriores sobre la publicidad de las medidas “responden exclusivamente a la necesidad de preservar” el correcto desarrollo del proceso y no representaron una descalificación al trabajo de la fiscalía.

En su resolución, Armella destacó “el compromiso y la dedicación” con que el fiscal Mola intervino desde el inicio de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba.

Explicó también que las diferencias de criterio metodológico o jurídico entre el juez y el fiscal son propias de los roles diferenciados que cada uno ocupa en el proceso penal, y que estas discrepancias no demuestran una falta de objetividad ni un obrar arbitrario por parte del acusador público.

De este modo, la resolución del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora dejó en claro que el proceso continuará bajo las mismas condiciones de trabajo, desestimando las acusaciones de ensañamiento procesal y hostilidad que habían sido presentadas por los representantes legales del exintendente.

Por estas horas, los investigadores buscan esclarecer la ubicación del vestidor donde Jesica Cirio se filmó rodeada de miles y miles de dólares. Hubo inspecciones oculares en el departamento de la modelo en el barrio porteño de Palermo y en la casa que compartió con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, para comparar ambos lugares con las imágenes difundidas por La Nación.

En tanto, peritos de Gendarmería Nacional abrieron el celular de Cirio y realizaron una extracción forense de su contenido para encontrar las grabaciones originales y cualquier otro archivo de interés para la causa.

El juez federal Ariel Lijo rechazó el intento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) procesado como jefe de una asociación ilícita, para suspender el peritaje de los audios que destaparon la corrupción en el organismo. La medida avanzará a pesar de que el exfuncionario libertario no quiere aportar una muestra de su voz para compararla con las grabaciones.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez Lijo ratificó la realización del estudio forense y la citación al acusado, aunque aún no se pronunció sobre cómo se hará el cotejo de voz si este no se presenta. El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, propuso el mes pasado usar las últimas entrevistas que brindó Spagnuolo en radios y canales de streaming.

Lijo, como subrogante del Juzgado Federal N° 11, le encomendó a la Gendarmería Nacional que cite al extitular de la ANDIS “a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. Es decir, que comparezca para grabar su voz y así los especialistas puedan compararla con los archivos entregados por el periodista Mauro Federico, quien los sacó a la luz en Carnaval.

Ante esta decisión, el abogado Pablo Parera solicitó la nulidad de la convocatoria. Tal como reveló Infobae, la defensa argumentó que Spagnuolo se estaría autoincriminando al aportar la muestra pretendida por el juez.

Según la postura de la defensa, requerir la colaboración activa del imputado para obtener una prueba que podría ser incriminatoria equivale a utilizarlo como un “objeto de prueba” sin su consentimiento.

Por último, Diego Spagnuolo volvió a cuestionar la validez de los audios: sus abogados sostienen que las grabaciones tienen alteraciones técnicas, cortes, signos de edición y posibles manipulaciones con inteligencia artificial. Por este motivo, postularon que no era posible avanzar con un peritaje sobre un material cuya autenticidad y origen se encontraban bajo sospecha en una causa paralela, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, por presunto espionaje.

Por su parte, el fiscal Picardi dictaminó en contra del reclamo de la defensa y explicó que la citación a Spagnuolo no vulnera ninguna garantía constitucional, ya que tiene el derecho de negarse a realizar la muestra de voz, sin la necesidad de suspender el peritaje.

En ese dictamen, al que accedió este medio, Picardi le sugirió al juez obtener el “material indubitado” necesario para la pericia de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

Al momento de resolver, el juez Lijo explicó que las nulidades son medidas excepcionales que solo proceden cuando se demuestra un perjuicio real y concreto para el acusado, situación que no ocurrió en este caso. La defensa “construye su agravio sobre una serie de consecuencias futuras, eventuales e hipotéticas que, según afirma, podrían derivarse de la ejecución de la medida”, sostuvo el magistrado en su fallo.

Lijo además distinguió entre la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí misma y la obtención de datos físicos o biométricos. Precisó que la garantía constitucional protege las declaraciones de carácter “intelectual o testimonial”, pero no impide la recolección de elementos materiales como las huellas dactilares, el ADN, la escritura o la voz, los cuales sirven para identificar a un individuo.

El magistrado recordó que fue la Sala II de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py la que ordenó previamente que se determine “el origen y la veracidad” de las grabaciones. En ese sentido, consideró que suspender el peritaje impediría cumplir con la directiva del tribunal de apelaciones y postergaría el esclarecimiento de las dudas que la propia defensa planteó desde el comienzo del proceso.

“Fue precisamente esa parte quien promovió la apertura de esta incidencia, acompañó un informe pericial privado elaborado a su instancia y sostuvo reiteradamente la necesidad de profundizar el análisis técnico de dicho material”, dictó el juez, quien advirtió “contradicciones” en el planteo de Spagnuolo.

“Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento”, resolvió Lijo.

El fallo firmado por el magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 11 es apelable ante la Cámara Federal, aunque sin perjuicio de esto avanzará el trámite necesario para llevar adelante el peritaje de los audios, que está a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.

Además de intentar esclarecer el origen y la veracidad de las grabaciones, la pericia buscará detectar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

Aunque no logró anular la causa por violencia de género hacia Fabiola Yañez, como pretendía, el expresidente de la Nación Alberto Fernández consiguió que la Cámara Federal le ordenara al juez Daniel Rafecas que produzca una serie de medidas de prueba que había pedido la defensa y que, hasta ahora, le fueron negadas.

Se trata de declaraciones, peritajes y análisis que podrían dar vuelta el procesamiento del exmandatario o demorar la eventual elevación a juicio de la investigación, que para el fiscal Ramiro González está concluida hace ya un año.

Según plasmó en su fallo de esta semana el camarista Roberto Boico, “la instrucción -en un principio a cargo del juez Julián Ercolini- omitió producir importantes diligencias probatorias para tener por acreditado aquello en que fundó el procesamiento del imputado”.

Es por eso que la Cámara, con los votos de Boico y su par Eduardo Farah, le encomendaron a Rafecas avanzar con las medidas que pide la defensa de Alberto Fernández y que “con su resultado reevalúe la situación del imputado”. Esto implica revisar el procesamiento del expresidente y, en caso de ser necesario, modificarlo o revocarlo “de oficio” en primera instancia.

A través de sus abogados, Alberto Fernández sostuvo que las pruebas que reclama son “indispensables para refutar la acusación” que enfrenta por amenazas y violencia física y psicológica.

Nuevas medidas

El juez Daniel Rafecas recibirá de parte de la defensa del exjefe de Estado -a cargo de los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi- un listado de medidas de prueba que ya habían sido ofrecidas en el expediente pero nunca se aceptaron. El titular del Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py evaluará la pertinencia de cada punto antes de ordenar su ejecución.

Cabe recordar que, en instancias anteriores, el fiscal González calificó de “absurdas” y “dilatorias” estas medidas pretendidas, bajo el criterio de que Fernández busca demorar la llegada del caso a juicio.

En primer lugar, la defensa propuso más declaraciones testimoniales. Alberto Fernández quiere que se cite a las personas que viajaron con Fabiola Yáñez a Misiones el 23 de junio de 2021, apenas unas horas después de haber sufrido un golpe en el ojo, según denunció.

Desde el entorno del expresidente indicaron que estos testigos pueden precisar si vieron una lesión, cómo era, si tenía inflamación, dolor o alguna marca visible, y qué explicación dio Yañez en ese momento.

La defensa también quiere volver a interrogar a los médicos que revisaron a la ex primera dama el 30 de junio de 2021. Walter Saavedra y Leandro Alem, quienes trabajaban en la Unidad Médica Presidencial, declararon haber visto la lesión, pero los abogados de Alberto Fernández quieren citarlos una vez más para que aclaren si podía deberse a un golpe accidental, a un golpe de puño o a un tratamiento estético.

Además, buscan que haya una pericia médica sobre el origen de la lesión ocular que sufrió Yañez. Este estudio pretendido por la defensa apunta a saber si el hematoma era compatible con un golpe, con plasma rico en plaquetas, inyecciones de peptonas u otro procedimiento estético, y si las fotos permiten determinar cuándo y cómo se produjo.

El expresidente también reclamó que declaren las psicólogas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), María Laura Yacobino y María Virginia Salguero, quienes elaboraron un informe utilizado en la causa. También pidió citar a la psiquiatra Blanca Huggelmann, quien elaboró otro informe para la querella.

Por último, los abogados del exmandatario solicitaron una segunda pericia para obtener y analizar los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez desde los teléfonos originales. Sucede que parte de los mensajes incorporados se obtuvieron desde archivos guardados en una computadora, no mediante una extracción directa de los celulares.

Ese peritaje, a criterio de la defensa, podría comprobar si los chats son auténticos, si están completos, cuándo fueron enviados, si hubo ediciones o eliminaciones y cuál era el contexto íntegro de las conversaciones.

El fiscal Ramiro González dio por acreditados en agosto de 2025 -cuando formuló su requerimiento de elevación a juicio- dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Entre el 21 y 22 de junio de 2021, en la habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yáñez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la zamarreó provocándole lesiones en el brazo, según la acusación fiscal.

Asimismo, se le imputan maltratos sistemáticos entre 2016 y agosto de 2024, generándole daño psíquico. Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España. El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

Los inversores que denunciaron haber sido estafados por el desplome de la criptomoneda $LIBRA apelaron la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que los apartó del rol de querellantes, por el cual pudieron darle a la causa un impulso independiente al del Ministerio Público Fiscal. Ahora la discusión pasó a manos de la Cámara Federal porteña.

La controversia se originó a partir de una presentación de la defensa de Mauricio Gaspar Novelli, empresario cripto, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.

Martínez De Giorgi hizo lugar a su planteo y ordenó desplazar a los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. El argumento judicial para dejar el caso sin querellantes se centró en que las pérdidas económicas ocurrieron en un mercado de alta volatilidad y riesgo, propio de las denominadas “memecoins”, y en la dificultad para acreditar de manera fehaciente la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para adquirir los activos.

Además, a criterio del juez, la causa $LIBRA busca determinar -en parte- si desde la Secretaría General de la Presidencia facilitaron reuniones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos con los desarrolladores de $LIBRA a cambio de dádivas o sobornos. Estos son delitos que afectan a la administración pública, pero no generan un perjuicio directo, especial o singular sobre el patrimonio de los inversores, resolvió Martínez De Giorgi.

Frente a este escenario, los afectados presentaron sus recursos de apelación para revertir la medida. Marchetto, Vega, Paris y Quintero están representados por el equipo legal del diputado nacional Juan Grabois, a cargo del abogado Nicolás Rechanik. El inversor Martín Romeo, en tanto, presentó su propio recurso a través de su letrado, Nicolás Oszust.

El primer grupo sostuvo que su legitimación como querellante ya había sido reconocida previamente por la justicia -incluso, con un fallo de la Corte Suprema- y que la decisión de apartarlo prejuzga sobre el fondo del delito de estafa, que a criterio de los apelantes quedó virtualmente descartado.

Según su presentación, las pruebas reunidas en la causa, que incluyen peritajes oficiales e informes de organismos especializados en cibercrimen, documentan una maniobra coordinada que excede por completo la fluctuación normal de un activo financiero.

Los inversores representados por Rechanik expusieron que existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto, a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei.

Por su parte, Martín Romeo calificó la resolución del juez como “arbitraria” y contraria a las constancias del expediente. Este inversor enfatizó que aportó actas notariales donde una escribana pública certificó la titularidad de su teléfono celular, el acceso a sus billeteras virtuales y las operaciones de compra y venta del criptoactivo. De este modo, rechazó la afirmación de Martínez De Giorgi respecto a que los damnificados solo presentaron enlaces de internet para justificar su condición de víctimas.

También echó por tierra la idea de que las pérdidas de los fondos respondan a la volatilidad del mercado: “El Magistrado confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado” mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV)” y la “instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza (‘lavado de prestigio’)”, planteó el damnificado en su escrito.

Romeo también cuestionó con dureza que el juez les exija demostrar el origen de los fondos invertidos en $LIBRA para poder ser aceptado como querellante. Afirmó que el ordenamiento legal no impone a las víctimas de un delito contra la propiedad la obligación de auditar su propio patrimonio como requisito previo para acceder a la justicia. Añadió que la tecnología blockchain ofrece una trazabilidad matemática exacta que, combinada con las certificaciones notariales, despeja cualquier duda sobre la identidad de los operadores.

Por otra parte, los apelantes resaltaron ante la Cámara Federal que su participación en el caso resultó fundamental para el avance de la investigación. Señalaron que, gracias a sus presentaciones, el tribunal de alzada corrigió anteriormente el criterio para calcular los embargos sobre los imputados, ordenando que se contemplara al universo total de damnificados y no solo a quienes ya se encontraban presentados en el expediente.

En ese sentido, advirtieron que excluirlos dejaría el control de la causa bajo la única órbita del fiscal federal Eduardo Taiano, cuya labor en la pesquisa calificaron como “cuanto menos pasiva” durante los tramos más relevantes del proceso.

En este contexto es que tendrá que pronunciarse la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Este último magistrado concursó para quedarse en ese cargo, al que llegó por traslado, y actualmente es uno de los tres candidatos que el Consejo de la Magistratura envió al Gobierno para concretar una designación definitiva, junto a la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio. El Poder Ejecutivo debe elegir entre uno de esos tres ternados y enviar su pliego al Senado de la Nación.

El fiscal federal Gerardo Pollicita descartó que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, haya gastado 12.000 dólares para mudar a su madre al barrio privado Fincas de Iraola II, donde la mujer vive en una casa alquilada. Era una de las últimas incógnitas pendientes que la Justicia debía resolver antes de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria.

El mes pasado, tal como dio a conocer Infobae, los investigadores habían puesto la lupa sobre Silvia Pais, la madre del exfuncionario libertario, al enterarse de que dejó de vivir en un departamento de La Plata y se mudó a ese country de Berazategui.

Es así que, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo ordenó a la administración de Fincas de Iraola II que informe todos los detalles que pudieran ser de interés para la causa: fecha de mudanza y lote, si la mujer es propietaria, locataria, comodataria u ocupante autorizada; tipo de contrato y montos, modalidad de pago, entre otros puntos.

A su vez, la Justicia le pidió al barrio privado que aporte liquidaciones, resúmenes de cuenta, recibos y constancias de pago correspondientes a las expensas ordinarias y extraordinarias devengadas desde la fecha en que la madre de Adorni ocupó el inmueble.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, los documentos que la administración envió a los tribunales federales de Comodoro Py revelaron que Silvia Pais alquilaba una propiedad, y que había hecho un pago adelantado de 12.000 dólares para cubrir el primer año de residencia en ese lugar. Para el segundo año se había acordado un valor por encima de los 14.000 dólares, a abonarse en 2027. Las expensas, en tanto, rondan los 500.000 pesos mensuales.

Sin embargo, nada conectaba hasta este punto a Manuel Adorni con el dinero ni con las gestiones inmobiliarias. Es por esto que el fiscal Pollicita pidió que declare como testigo la propietaria de la casa que alquila la madre del exvocero presidencial.

La mujer se presentó este lunes en Comodoro Py. Con su testimonio confirmó las condiciones contractuales referidas anteriormente y descartó cualquier contacto con Manuel Adorni. “No participó él ni su hermano Francisco”, contó a este medio una fuente judicial con acceso al expediente.

Según el relato de la testigo, quien pagó los 12.000 dólares fue un tío de Manuel Adorni -hermano de su madre-, quien alquiló la propiedad a través de una inmobiliaria. “El día de la firma del contrato firmamos, pagó y se fue”, sintetizó la propietaria en su declaración.

Con las pruebas recabadas, los investigadores tomaron la decisión de no profundizar más sobre la familia de Adorni. En Comodoro Py consideran que no hay razones para atribuirle este gasto.

Justificación patrimonial

La investigación sobre el patrimonio del exministro coordinador está en la última milla. El fiscal Pollicita aguarda los últimos reportes que pidió a billeteras virtuales y al country Indio Cuá para acumular al expediente, además del informe contable de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Ese informe es clave. Será el que finalmente le pondrá una cifra al presunto enriquecimiento ilícito que persigue la Justicia.

Si las conclusiones que arroje el estudio son desfavorables para Adorni, el fiscal estará en condiciones de pedirle al juez Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial.

Al responder ese requerimiento, el exjefe de Gabinete tendrá la oportunidad de demostrar ante la Justicia que el origen de su fortuna es legal, algo que sostuvo públicamente desde que se desató el escándalo.

Su versión -aún no comprobada en Tribunales- señaló que entre 2013 y 2014 invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin. Las criptomonedas le dejaron más de 500.000 dólares que mantuvo en negro y prácticamente no tocó hasta llegar al poder.

Si sus explicaciones formales no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. Manuel Adorni tendría que presentarse en los tribunales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.

La Cámara Federal de Casación Penal le concedió la prisión domiciliaria a Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el kirchnerismo y uno de los arrepentidos de la causa Cuadernos. El exfuncionario había denunciado haber recibido amenazas a partir de su rol como imputado colaborador en el debate donde juzgan a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, junto a otras 85 personas.

Sin responder preguntas, en su indagatoria Uberti declaró: “No soy traidor, pero tampoco me considero un valiente. No soy indemne y estoy sometido a una gran angustia. Me interesa decir que un arrepentido no es un traidor”.

También se había comprometido a ampliar su declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 7 una vez que le autoricen la prisión domiciliaria.

A partir de las amenazas a él y su familia y, además, por problemas de salud, Uberti terminará de cumplir su condena a cuatro años de prisión por el intento de contrabando de 800.000 dólares en la valija que trajo al país el venezolano Guido Antonini Wilson, en 2007. Lo trasladarán desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza tan pronto como le asignen una tobillera electrónica.

La decisión de la Sala II del máximo tribunal penal federal, firmada este martes, revirtió la resolución de la jueza de ejecución Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, que en mayo de este año había rechazado el pedido de arresto domiciliario.

Contra esa primera negativa, los abogados de Uberti, Silvana Stochetti y Guillermo Oscar Armani, presentaron un recurso de casación donde argumentaron que el encierro agravó de forma progresiva el estado de su defendido, que tiene 68 años.

El extitular del OCCOVI padece múltiples afecciones crónicas, como hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, temblor esencial y lumbociatalgia. Asimismo, revelaron que durante el tiempo de detención desarrolló un cuadro de hiperglucemia compatible con parámetros de diabetes, enfermedad que no presentaba antes de ingresar a prisión. La defensa también acompañó informes médicos y psicológicos que dieron cuenta de un severo deterioro psíquico caracterizado por angustia, pesadillas, insomnio y un estado de terror constante, según se desprende del fallo al que accedió Infobae.

Según los peritajes del Cuerpo Médico Forense, el rol de arrepentido que adoptó Uberti le generó un cuadro de estrés e hipervigilancia extrema debido al temor por su seguridad personal.

Los abogados argumentaron que las medidas de resguardo especial aplicadas por el Servicio Penitenciario Federal se tradujeron en un aislamiento casi absoluto durante las 24 horas del día, sin acceso a luz natural, salidas al aire libre ni actividades educativas o recreativas, lo que terminó por perjudicar aún más su salud.

El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, dictaminó a favor de otorgar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Villar remarcó que el TOPE N° 1 rechazó el beneficio a pesar de que todavía estaban pendientes estudios cardiológicos indispensables para evaluar la gravedad real de la condición de salud del condenado.

Los jueces de la Sala II, Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, entendieron que, al existir un consenso entre la defensa y la fiscalía, el tribunal debe respetar ese límite y no puede decidir en contra de lo dictaminado por el fiscal, siempre que la postura no sea arbitraria o ilegal.

El voto mayoritario -Yacobucci y Ledesma- dispuso que la medida se haga efectiva una vez que la jueza Namer verifique la correcta colocación de la tobillera provista por la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Slokar, en cambio, propuso remitir las actuaciones a su origen para que el TOPE N° 1 se pronunciara nuevamente.

Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente será investigado en Comodoro Py por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González, en una causa por malversación de fondos en derredor del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades tales como la entrega de un préstamo de 40.000 millones de pesos.

La diputada nacional Marcela Pagano había denunciado a Adorni a partir de su rol como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), cargo que ocupó dentro del Ministerio de Defensa.

La legisladora le atribuyó responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación de aquel préstamo millonario que el IAF le otorgó a la obra social de las fuerzas armadas, que atravesó una severa crisis financiera que derivó en su posterior disolución. La acusación también se extendió al exministro de Defensa, Luis Petri.

Ese expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mángano, que advirtió que existía una causa previa en la que se analizaban hechos análogos.

En ese proceso que ya estaba en marcha en el Juzgado Federal N° 9 -que subroga el juez Ramos- se investigan diversas anomalías en el IOSFA, tales como la compra directa de armamento y medicamentos por 25.000 millones de pesos cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a afrontar la crisis financiera de la obra social y también la solicitud del préstamo de 40.000 millones de pesos al IAF.

Por este motivo, el juez Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía para enviarle el caso al juez Ramos y así acumular ambas investigaciones por conexidad, al entender que compartían los mismos hechos y protagonistas.

Sin embargo, el Juzgado Federal N° 9 rechazó la competencia, con el aval del fiscal González. El juez Ramos argumentó que existía una diferencia temporal importante, dado que el crédito original se gestionó en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni se incorporó al IAF recién en junio de ese año.

Ramos sostuvo que el funcionamiento interno del IAF excedía el objeto procesal de la primera causa y consideró prematura la unión de los expedientes porque aún no se habían realizado medidas de prueba ni la ratificación de la denuncia. Ante esta negativa, Rafecas trabó una contienda de competencia que finalmente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones.

La Sala I de la Cámara, integrada de forma unipersonal por el juez Leopoldo Bruglia, determinó en las últimas horas que las causas se acumulen al entender que comparten un mismo contexto fáctico e institucional que vincula al Ministerio de Defensa con los entes descentralizados bajo un mismo período de gestión.

“Por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, corresponde que sea el juez subrogante Sebastián Ramos quien conduzca una única investigación, estableció el tribunal de alzada en un fallo al que tuvo acceso Infobae.

Todo esto “sin perjuicio de que el avance de la investigación habilite un replanteo de la cuestión”, a partir de eventuales pruebas que ameriten separar los casos.

El juez Daniel Rafecas tiene en su despacho otro expediente que preocupa al hermano del exjefe de Gabinete. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, en la que Francisco Adorni tiene un pedido de indagatoria firmado por el fiscal Guillermo Marijuán.

Ese caso tramita en el Juzgado Federal N° 6, que Rafecas subrogará hasta octubre de este año, en paralelo a la investigación de la fortuna de Manuel Adorni. El magistrado debe definir si ordena o no la indagatoria del legislador provincial libertario.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni no puede irse del país sin pasar antes por la Justicia. Así lo dispuso en las últimas horas el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a cargo el expediente por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario libertario. Además, en los tribunales federales de Comodoro Py echaron por tierra otro intento de los denunciantes para avanzar con su detención.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, este viernes el fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio de Adorni, emitió un dictamen en el que, si bien descartó peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, pidió que el exvocero notifique previamente cualquier salida del país, para que la Justicia “evalúe la pertinencia y razonabilidad” de cada viaje.

El juez Lijo ordenó lo solicitado por el fiscal y tomó así la primera medida restrictiva para Adorni desde que se abrió la causa. Esto solamente lo alcanza a él y no a su esposa, Bettina Angeletti, también bajo investigación judicial.

Previo a esta resolución, Manuel Adorni -a través de un escrito presentado por su abogado Matías Ledesma- hizo saber a la Justicia que se encuentra actualmente en el país y no tiene intenciones de cruzar las fronteras en el futuro cercano.

Tras su renuncia a la coordinación del Gabinete de ministros del presidente Javier Milei, surgieron versiones periodísticas de que Adorni había deslizado a su entorno intenciones de irse a vivir a Uruguay.

La detención, descartada

El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes del exvocero presidencial, habían pedido en los últimos días la detención de Manuel Adorni, o en subsidio, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. El fiscal y el juez descartaron ambos planteos.

Para rechazar esas propuestas, el fiscal Pollicita consideró que Adorni no opuso “reparos innecesarios” o “dilaciones” que afecten el trámite de la causa.

En particular, el representante del Ministerio Público opinó que ni siquiera las conversaciones que el exjefe de Gabinete mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de su declaración como testigo fueron un entorpecimiento.

Basó su criterio en que precisamente fue ese testigo el que más lo complicó, y por ende Adorni no influyó en su declaración o logró hacerlo sentir hostigado o amenazado.

Tabar es el contratista que remodeló la casa del exfuncionario en el country Indio Cuá, propiedad en la que Manuel Adorni gastó al menos 245.000 dólares para modernizarla y equiparla.

Para desestimar la detención del exvocero, el fiscal también tuvo en cuenta que este no tiene antecedentes penales, que posee bienes en el país y un lugar de residencia habitual donde está su núcleo familiar, lo que disipa el peligro de fuga alegado por los denunciantes.

La causa

En las próximas semanas, el exjefe de ministros deberá dar sus primeras explicaciones formales en Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita prepara un requerimiento de justificación patrimonial que estará basado en un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que revelará, precisamente, si el patrimonio de Adorni tiene inconsistencias, y de qué magnitud.

Las voces más optimistas en tribunales apuntan a que ese estudio contable estaría listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza en menos de tres semanas.

Ese requerimiento de justificación funcionará como una primera oportunidad que tendrá el investigado para explicar que su fortuna tiene un origen legal. Públicamente, Adorni contó que tenía en negro 500.000 dólares que alguna vez fueron criptomonedas. Su versión aún no fue comprobada en la Justicia.

Si la respuesta al requerimiento no logra desarmar las sospechas del fiscal, entonces la próxima instancia será un llamado a declaración indagatoria.

Esta semana declararon los últimos testigos antes de que la causa avance a esta próxima etapa. Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma son tres empleados y funcionarios de la Vocería Presidencial que reconocieron en sede judicial haberle prestado su nombre o sus tarjetas de crédito a Adorni para que haga compras millonarias sin dejar rastros.

Se sospecha que era una forma de esconder gastos que no podría justificar con sus ingresos legales.

Gisela Kocsis, quien se desempeñó como secretaria privada de Manuel Adorni mientras fue vocero presidencial, declaró este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py y admitió haber hecho más compras millonarias para el exjefe de Gabinete, que está bajo investigación por enriquecimiento ilícito.

La Justicia detectó que Adorni pedía prestadas tarjetas de crédito a empleados y funcionarios públicos que le respondían para que hagan compras por él, y luego les devolvía el dinero en efectivo. Se sospecha que era una forma de esconder gastos que no podría justificar con sus ingresos legales.

El exvocero del presidente Javier Milei le encargó a su secretaria una compra de almohadas por $400.000 en junio de 2025. El mes anterior ya había puesto su nombre para adquirir un lavavajillas y un lavarropas Whirpool que costó $3.100.000, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la testigo también confirmó el gasto de $8.183.303,25 en Rosen The Store, donde Adorni compró -siempre a través de su secretaria y sin dejar su nombre en ningún lado- sábanas y artículos de blanquería, que fueron para equipar su casa de fin de semana en el country Indio Cuá.

En todos los casos Kocsis pagó y el ex jefe de ministros le devolvió el dinero en efectivo. No obstante, cuando hicieron la compra más grande, la testigo relató que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, “se presentó en la sucursal con el dinero en efectivo para pagar la operación”. La factura se hizo a nombre de la secretaria.

Kocsis se comprometió a entregar en tribunales la documentación necesaria para respaldar sus dichos.

“Yo me encargaba de las gestiones personales de Adorni”, contestó la secretaria cuando los funcionarios judiciales le preguntaron por las compras.

Este miércoles también declaró como testigo Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace, cargo que ocupa dentro de la Dirección de Planificación y Seguimiento de Campañas que, a su vez, funciona bajo la órbita de la subsecretaría de Vocería y Comunicación.

Este funcionario le prestó al exjefe de Gabinete dos tarjetas de crédito para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno. Los productos se entregaron en el departamento que Adorni tiene en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

“Somos amigos de toda la vida”, indicó Alujú sobre su vínculo con Adorni. Para graficar la confianza entre ellos, hizo saber que hace 11 años tiene una extensión de una tarjeta de crédito que sería del recién salido del Gobierno, según dejó trascender una fuente al tanto de la declaración.

Esta línea de investigación surgió a partir del peritaje del celular de Matías Tabar, el contratista que se encargó de la remodelación de la casa de Indio Cuá. Adorni gastó 245.000 dólares para modernizar esa propiedad.

En el teléfono del constructor los peritos encontraron una factura a nombre de Gisela Kocsis, correspondiente a la compra de blanquería.

Fue entonces que los investigadores revisaron los registros que tenían del usuario de Mercado Libre de Manuel Adorni y allí aparecieron las tarjetas de crédito de otros dos empleados de la Vocería Presidencial: Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales en la cartera que lleva la comunicación gubernamental.

Schiuma declaró el lunes en Comodoro Py y reconoció la operación con la que Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca. Costó $2.185.000.

Esta testigo también agregó que, cuando revisó los movimientos de la tarjeta Mastercard que le había prestado a su jefe, detectó gastos que desconocía y que habían sido rechazados por el banco, entre ellos un intento de compra de un Smart TV.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Laura Schiuma contó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde ofrecían planes de ahorro.

Cuando fue designado vocero, la convocó para trabajar en Casa Rosada, reconoció la testigo. Buscaba “gente de confianza” para sumar a su equipo, declaró Schiuma.

En Comodoro Py estiman que estos serán los últimos gastos que se le conocerán al exjefe de Gabinete, al menos en esta etapa de la investigación. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo aguardan por un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que revelará si el patrimonio de Adorni tiene inconsistencias, y de qué magnitud.

Las voces más optimistas en tribunales apuntan a que ese estudio contable estaría listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza en tres semanas.

Una vez que el fiscal y el juez tengan en sus manos ese informe, estarán en condiciones de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.

La primera en presentarse minutos antes de las 10 fue Kocsis, quien se desempeña como secretaria privada en la Vocería. Se retiró una hora más tarde sin responder preguntas de este medio.

Para las 11 ya estaba en la fiscalía de Pollicita Luis Enrique Aluju, que es coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace, cargo que ocupa dentro de la Dirección de Planificación y Seguimiento de Campañas que, a su vez, funciona bajo la órbita de la subsecretaría de Vocería y Comunicación.

El lunes había declarado Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la subsecretaría de Vocería, quien admitió en los tribunales de Comodoro Py haberle prestado su tarjeta de crédito a Adorni para comprar un monitor gamer por $2.185.000.

Los investigadores buscan saber si Manuel Adorni tenía el hábito de pasar gastos millonarios a nombre de terceros, en línea con la hipótesis de que el exvocero llevaba un nivel de vida mucho mayor al que podía justificar con sus ingresos legales.

Gisela Kocsis fue secretaria privada de Adorni cuando este era el portavoz del Gobierno. Trabaja en el área de Medios y Comunicación desde 2011.

La secretaria facturó a su nombre el 2 de junio de 2025 una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store. El fiscal Pollicita tiene confirmado que el destinatario final de esos productos fue Manuel Adorni, y que los mismos se entregaron en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

Aluju, por su parte, le habría prestado a Adorni dos tarjetas de crédito para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno. Esas transacciones se hicieron con una semana de diferencia a las compras con la tarjeta de Laura Schiuma.

La declaración de Schiuma

La directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería reconoció haberle prestado la tarjeta a Adorni y sugirió que el ex ministro coordinador habría intentado hacer más de una compra, pero el banco se las rechazó.

Identificó gastos rechazados que no reconoció como propios, entre ellos uno por un Smart TV.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Laura Schiuma contó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde ofrecían planes de ahorro.

Cuando fue designado vocero, la convocó para trabajar en Casa Rosada, reconoció la testigo. Buscaba “gente de confianza” para sumar a su equipo.

En agosto de 2025, el entonces jefe de la comunicación presidencial le pidió prestada su tarjeta Mastercard, pero no le dijo qué iba a comprar, de acuerdo a la versión vertida en la testimonial.

Los funcionarios judiciales le exhibieron a la testigo la documentación con la que detectaron la irregularidad. Entonces Schiuma reconoció la operación con la que Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca.

La funcionaria de la Vocería también precisó que, cuando le llegó el resumen de la tarjeta, Adorni le reintegró personalmente “la totalidad del importe en dinero en efectivo”.

“No precisó de dónde provenían esos fondos ni aportó comprobantes, transferencias o mensajes vinculados con la devolución”, aclaró a este medio una fuente con acceso al expediente.

Laura Daniela Schiuma, la directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería señalada como una de las funcionarias públicas que habría utilizado Manuel Adorni para ocultar gastos millonarios, declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete.

El testimonio de Schiuma confirmó las sospechas de los investigadores: Adorni le pidió prestada la tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer por $2.185.000, cuando su sueldo no superaba los $3.500.000.

Pero eso no habría sido lo único que intentó comprar: la funcionaria también detectó gastos rechazados por el banco que desconoció como propios. La sospecha en Tribunales es que Adorni agotó el límite de la tarjeta.

Los investigadores buscan saber si este era un modus operandi del entonces vocero del presidente Javier Milei.

Tienen identificados dos episodios similares entre junio y agosto de 2025: una compra de proyectores que se hizo a nombre del coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública, Luis Enrique Aluju; y otra adquisición en una blanquería que facturó Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería.

Aluju habría prestado dos plásticos para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno. Esas transacciones se hicieron con una semana de diferencia a las compras con la tarjeta de Laura Schiuma.

La secretaria Kocsis, por su parte, facturó a su nombre el 2 de junio de 2025 una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store. El fiscal Pollicita tiene confirmado que el destinatario final de esos productos fue Manuel Adorni, y que los mismos se entregaron en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

“Gente de confianza”

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Laura Schiuma se limitó a hablar de su caso y no señaló nuevos “prestanombres” alrededor del exvocero. Contó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde ofrecían planes de ahorro.

Cuando Manuel Adorni fue designado vocero, la convocó para trabajar en Casa Rosada, reconoció la testigo. Buscaba “gente de confianza” para sumar a su equipo.

En agosto de 2025, el entonces jefe de la comunicación presidencial le pidió prestada su tarjeta Mastercard, pero no le dijo qué iba a comprar, de acuerdo a la versión vertida en la testimonial.

Los funcionarios judiciales le exhibieron a la testigo la documentación con la que detectaron la irregularidad. Entonces Schiuma reconoció la operación con la que Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca.

La funcionaria de la Vocería también precisó que, cuando le llegó el resumen de la tarjeta, Adorni le reintegró personalmente “la totalidad del importe en dinero en efectivo”.

“No precisó de dónde provenían esos fondos ni aportó comprobantes, transferencias o mensajes vinculados con la devolución”, aclaró a este medio una fuente con acceso al expediente.

En los papeles que tiene la fiscalía hay otros intentos de compra asociados a la tarjeta de Schiuma, entre ellos un Smart TV que la directora de Asuntos Presidenciales desconoció y no supo precisar si son compras fallidas de Adorni.

La funcionaria aseguró también que esta fue la única vez en que le prestó una tarjeta a Adorni. No recordó si le dio el plástico para que saque una foto o si él anotó los números en algún lado. También dijo no tener conversaciones sobre el tema porque elimina habitualmente sus chats y no usa copias de seguridad en WhatsApp.

Según pudo reconstruir Infobae, los investigadores le preguntaron a Schiuma por la situación patrimonial de Adorni, al enterarse de que se conocen hace 16 años.

La testigo afirmó no estar al tanto de sus supuestas inversiones en criptomonedas, del dinero heredado de su padre ni de otras propiedades distintas del departamento de la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Recordó que la sucesión de su padre había sido “un trámite prolongado”, pero aclaró que “nunca hablaron” sobre bienes o dinero recibidos por herencia. También manifestó que nunca lo vio manejar sumas relevantes de dólares o pesos en efectivo, más allá de gastos cotidianos.

La causa por enriquecimiento ilícito se acerca a un punto culminante. El fiscal Pollicita espera un informe de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que promete revelar la magnitud de las inconsistencias en el patrimonio de Adorni.

Con esa información, el Ministerio Público Fiscal le pedirá al juez Ariel Lijo que ordene un requerimiento de justificación patrimonial, con el que el exfuncionario podrá explicar el origen legal de su fortuna.

Si sus explicaciones no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. El jefe de Gabinete tendría que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, atraviesa horas decisivas en cuanto a su futuro en el Gobierno, pero también en su panorama judicial. En la causa donde el fiscal federal Gerardo Pollicita lo investiga por enriquecimiento ilícito, un equipo de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) está elaborando un informe contable que revelará si hay inconsistencias en el patrimonio del funcionario; si “le cierra el blanco”, como se volvió habitual escuchar en la discusión pública sobre el escándalo.

Ese informe es clave para el caso. Si las conclusiones que arroje el estudio son desfavorables para Adorni, el fiscal estará en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial. Esa será la primera oportunidad que tendrá el ministro coordinador para demostrar, por escrito, el origen legal de su fortuna.

Si sus explicaciones no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. El jefe de Gabinete tendría que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.

En los últimos dos meses, la investigación del fiscal Pollicita detectó compras y renovaciones de propiedades, gastos millonarios en viajes y adquisiciones lujosas como la ropa blanca por ocho millones de pesos, una cascada para la pileta y una parrilla de 14.000 dólares, entre otras tantas.

Cada hallazgo sirvió para construir una hipótesis: desde que llegó a la función pública en diciembre de 2023, Manuel Adorni empezó a vivir muy por encima del estándar al que estaba acostumbrado antes de ser designado como vocero presidencial de Javier Milei, a pesar de que su sueldo fue de poco más de tres millones de pesos por mes hasta enero de este año.

“Se le dio todo junto”, ensayó en defensa del jefe de Gabinete la escribana Adriana Nechevenko cuando fue consultada por Infobae En Vivo, tras declarar como testigo en Comodoro Py.

Sin decirlo con estas palabras, Manuel Adorni explicó en su última entrevista que, efectivamente, empezó a gastar “todo junto” el medio millón de dólares que tenía ahorrado y jamás declaró hasta hace dos semanas, cuando actualizó sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Su defensa pública -que deberá revalidar en Tribunales- apuntó a que, entre 2013 y 2014, invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin. Las criptomonedas le dejaron más de 500.000 dólares que mantuvo en negro y prácticamente no tocó hasta llegar al poder.

En ese escenario es que la DAFI, un organismo de la Procuración General, empezó a hacer cuentas y estudiar los números y datos que se reunieron durante la pesquisa. El informe que entregarán los contadores al fiscal mostrará la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, entre diciembre de 2023 y el presente.

Ese análisis revisará cada peso del patrimonio del jefe de Gabinete. Con el trazo grueso que ya hicieron en la fiscalía, los investigadores mantienen una convicción: “Hay números que no cierran”.

Es por eso que confían con seguridad, antes de recibir el estudio de la DAFI, que el requerimiento de justificación patrimonial es un hecho. Solo falta saber la magnitud del presunto enriquecimiento que le imputan a Adorni.

Con ese fin, el fiscal Pollicita le encargó a la Dirección que tenga en cuenta “de manera integral” todas las pruebas incorporadas a la causa, “efectuando los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos, pasivos y gastos”.

Si detecta inconsistencias, la DAFI deberá distinguir “las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que aparezcan parcialmente respaldadas, no puedan ser conciliadas o requieran una explicación adicional”.

“El análisis deberá presentarse tanto de manera individual respecto de cada una de las personas examinadas como en forma consolidada respecto del grupo familiar”, dispuso además el fiscal.

El trabajo de la DAFI se dividirá en siete ejes, según pudo corroborar este medio.

• Panorama financiero. El organismo establecerá la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada año investigado y respecto de cada una de las personas involucradas.
• Ingresos y ahorros. El fiscal pidió identificar fuentes de fondos que cuenten con causa y respaldo, diferenciándolos de las transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros. Las acreditaciones cuya causa no surja de la documentación deberán exponerse por separado con una breve explicación acerca de qué trata la misma.
• Entradas y salidas de dinero. La DAFI reconstruirá todos estos movimientos e integrará en una misma secuencia las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o moneda extranjera y las cancelaciones de deudas. Dentro de esa reconstrucción deberá conciliarse, por año, la evolución de las disponibilidades en efectivo y moneda extranjera, confrontando las tenencias iniciales y finales con los ingresos, adquisiciones, retiros, depósitos, conversiones y erogaciones verificadas.
• Declaraciones juradas. El informe contrastará las DDJJ y rectificaciones presentadas. Señalará los cambios introducidos en la composición y valuación de los activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución patrimonial, además de contrastar esto con la prueba reunida. Por separado, deberá indicarse los bienes incorporados mediante rectificaciones cuya existencia, origen o efectiva disponibilidad no resulten objetivamente corroborados.
• Criptomonedas. La DAFI integrará la operatoria informada por las plataformas y billeteras virtuales, distinguiendo los depósitos, retiros, compras, ventas, permutas o swaps y transferencias internas o externas. Además, reconstruirán los saldos y circuitos entre cuentas, y contrastarán sus resultados con las declaraciones juradas patrimoniales, los antecedentes bancarios y fiscales, los datos de identificación y perfil económico informados por las plataformas y los restantes informes disponibles.
• Gastos y deudas. El informe buscará determinar el costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas, confrontando la documentación aportada y las declaraciones testimoniales con los registros bancarios, patrimoniales, fiscales, bursátiles de Adorni. Respecto de los préstamos, mutuos u otras fuentes de financiación, deberá examinarse la capacidad económica. A su vez, deberán señalarse las diferencias cuantitativas o cronológicas que pudieran surgir entre los instrumentos, declaraciones juradas, escrituras, registros, documentación respaldatoria y testimonios incorporados a la causa.
• La cuenta final. Por último, la DAFI tiene que elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual de Adorni y Angeletti como consolidada respecto del grupo familiar, que confronte los ingresos lícitos y disponibilidades iniciales acreditados con las incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos. Deberán individualizarse y cuantificarse las partidas u operaciones que no guarden correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditados, que presenten respaldo incompleto, que hayan variado de explicación entre distintas declaraciones o constancias, o que no puedan ser conciliadas.

Esta semana llegarían a Comodoro Py informes de las billeteras virtuales Lemon y Binance, el country Indio Cuá, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), con respuestas a los últimos oficios que pidió el fiscal y ordenó el juez Lijo.

Todos estos papeles terminarán de cerrar el círculo sobre la investigación del patrimonio del jefe de Gabinete. Sin mucho más que revisar, la Justicia se apresta a pedir explicaciones formales.

La Justicia avanzó este jueves sobre la última batería de medidas de prueba antes de intimar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que dé explicaciones sobre su fortuna en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, prepara un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el fiscal le solicitó en las últimas horas al juez Ariel Lijo que ordene una serie de informes a billeteras virtuales, al country Indio Cuá, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y a la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Con la investigación sobre el patrimonio de Adorni casi agotada, las respuestas de esas entidades son lo único que le falta al fiscal para avanzar con el requerimiento de justificación.

El ministro coordinador ofreció explicaciones públicas sobre el crecimiento de su nivel de vida. Dijo que antes de llegar a la función pública tenía medio millón de dólares que alguna vez fueron criptomonedas, pero que jamás los había declarado. El 11 de junio presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada del 2025 y la rectificación de los dos años anteriores, donde incluyó ese dinero en efectivo proveniente de “venta de activos”.

Así y todo, “hay períodos donde los números no cierran”, le indicó a Infobae una fuente con acceso al expediente, que además adelantó que “una vez que estos organismos respondan, se terminará el requerimiento de justificación patrimonial”.

La DAFI prepara un informe clave

El fiscal Pollicita le encargó a la DAFI, un organismo contable del Ministerio Público Fiscal, un informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad.

Ese análisis se hará a partir de todas las pruebas que se reunieron durante la investigación. Se contrastarán todas las fuentes de ingresos económicos acreditadas que haya tenido el matrimonio, además de la evolución de sus bienes, disponibilidades, inversiones, créditos, deudas y los gastos detectados.

Cabe recordar que, desde que llegó al poder, Manuel Adorni y su pareja compraron un semipiso en Caballito, una casa de fin de semana en un barrio privado de Exaltación de la Cruz -que se remodeló a nuevo-, cambiaron el auto y realizaron una veintena de viajes por el país y por el mundo, todo sin vender los dos departamentos que el jefe de Gabinete tiene en La Plata y Parque Chacabuco, según pudo reconstruir este medio. Estos solo son los “gastos grandes” que se le conocieron al ex vocero presidencial.

Es así que el fiscal le solicitó a la DAFI un informe con siete puntos clave, cuyas conclusiones deberán “individualizar y cuantificar, con sustento en la documentación examinada, las inconsistencias que puedan advertirse” en el patrimonio del jefe de los ministros.

El estudio deberá señalar, asimismo, “los extremos concretos que resulten necesarios esclarecer para determinar si existe un desbalance patrimonial apreciable y contar con elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial”.

Más medidas

Por último, en Comodoro Py aguardan información solicitada a las billeteras virtuales Lemon Cash y Binance, por movimientos de criptoactivos de Manuel Adorni que datan de 2020 y 2021. También investigan transferencias entre el funcionario y la empresa DLP Capital Partners, que ofrece servicios financieros e inmobiliarios.

Además, el fiscal Pollicita envió otro oficio al barrio privado Indio Cuá, para que informe si la casa del lote 380 fue alquilada -a quién y por cuánto- antes de que el jefe de Gabinete la comprara en noviembre de 2024.

Con las medidas dispuestas este jueves, el ARCA deberá informar a la Justicia si Adorni presentó, en el transcurso de este año, declaraciones juradas rectificativas sobre periodos anteriores al 2023.

El fiscal también reorientó una consulta para saber si Manuel Adorni y Bettina Angeletti trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. El jefe de Gabinete habría cumplido funciones en esa entidad -vinculada a la Universidad Abierta Interamericana- entre 2017 y 2023, mientras que su pareja lo habría hecho desde 2018 y hasta el mismo año, según sospechan en Comodoro Py.

La UAI deberá responder qué cargos ocuparon, si cobraron sueldos -y cuántos ingresos percibieron-, y si presentaron declaraciones juradas durante esos períodos.

El ex diputado nacional José Luis Espert fue llamado a indagatoria por el presunto lavado de 200.000 dólares que recibió de parte del empresario Fred Machado, recientemente extraditado desde la provincia de Río Negro a los Estados Unidos en el marco de una investigación por narcotráfico y fraude financiero. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, lo citó para el 30 de junio.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la orden del magistrado también alcanzó al contador del ex diputado de La Libertad Avanza, Mariano Alejandro Cosentino, y la empresa Varianza SA, que pertenece al economista y a su esposa, María de las Mercedes González.

De acuerdo con la investigación del fiscal federal Fernando Domínguez, el 22 de enero de 2020 una cuenta bancaria a nombre de Espert en los Estados Unidos recibió una transferencia de 200.000 dólares provenientes de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las corporaciones utilizadas por la red delictiva que lideraba Fred Machado.

Para la fiscalía, el origen de este dinero es ilícito y el ex legislador intentó disimular la procedencia de los fondos a través de la firma de un contrato de locación de servicios con la minera Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. Dicho acuerdo estipulaba un pago total de un millón de dólares por “asesorías financieras”.

Sin embargo, los investigadores comprobaron que Espert no registró viajes a Guatemala ni antes ni después de la rúbrica del documento, y que tampoco existen constancias de que hubiese visitado la explotación minera o contratado profesionales idóneos para realizar las tareas acordadas. Además, el fiscal remarcó que Minas del Pueblo carecía de actividad real en ese momento.

Para el fiscal Domínguez, la contratación de Espert no habría sido más que una pantalla para blanquear los dólares.

El caso forzó al economista a bajarse de su última candidatura en 2025. Encabezaba la lista libertaria de diputados nacionales por al provincia de Buenos Aires.

Parte de los 200.000 dólares que recibió el ex candidato a presidente ingresaron luego a la economía argentina. Según consta en el expediente, hizo dos transferencias de 50.000 dólares cada una hacia su cuenta local del banco BBVA en 2020.

Esos fondos se destinaron, entre otras cosas, a la compra -en efectivo- de un BMW M240i por un valor de 47.800 dólares. Posteriormente, ese vehículo fue vendido para adquirir una camioneta Lexus de alta gama por casi 130.000 dólares.

La situación judicial de Fred Machado, detenido en abril de 2021 y con domiciliaria en Viedma, desató la alarma en el entorno del economista. El empresario fue extraditado a pedido de la Justicia estadounidense en noviembre último, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El análisis de los teléfonos secuestrados a los asesores de Espert reveló que se organizaron múltiples reuniones de urgencia para evaluar el impacto penal y tributario de la noticia.

En esos encuentros, según dictaminó el fiscal Domínguez, se diseñaron diversas estrategias para evitar que se detectaran los 118.271 dólares que aún estaban depositados en la cuenta del ex legislador en Estados Unidos, radicada en el banco Morgan Stanley.

Finalmente, el fiscal de San Isidro detectó que Espert omitió estos activos en sus declaraciones juradas presentadas en julio de 2021.

En los documentos digitales incautados al contador Cosentino, el equipo de Espert justificó esta decisión bajo el argumento de evitar un “pánico impositivo” y resguardar la carrera política del entonces candidato a diputado, ante posibles filtraciones desde organismos estatales.

En los papeles de trabajo de los imputados se dejó por escrito que el objetivo de la omisión era impedir que el kirchnerismo -por entonces en el Gobierno- accediera a esos datos y “den a conocer hechos de una forma distorsionada”, ya que tener que dar explicaciones públicas sobre esa transferencia y el contrato con la minera guatemalteca en plena campaña electoral de 2021 “significaría que JLE quedara afuera de su carrera política” (SIC).

En uno de los documentos hallados por el fiscal, se ensayó la explicación de que la titular de la AFIP en ese momento, Mercedes Marcó del Pont, era una funcionaria alineada políticamente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bajo esta premisa, los asesores de Espert sostenían que el Gobierno de turno “no respetaba la reserva de las instituciones” y temían que se filtrara la información de sus activos en el exterior.

La fiscalía calificó la conducta de Espert bajo el delito de lavado de activos y rechazó los argumentos de la defensa que apuntaban el ex legislador libertario no sabía de los negocios de Machado, quien además financió sus aspiraciones electorales.

“La estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”, dictaminó el fiscal de San Isidro.

En cuanto al rol de los colaboradores, la acusación ubicó al contador Cosentino como partícipe necesario de la maniobra, ya que confeccionó certificaciones de origen de fondos falsas para canalizar las compras de los vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.

Por su parte, la sociedad Varianza SA, constituida por el matrimonio poco antes de recibir la transferencia bajo sospecha, habría funcionado como una estructura inactiva creada con el único propósito de “justificar los ingresos personales de Espert para disimular así el uso de fondos de origen ilícito”.

A 24 horas de que la Gendarmería Nacional allanara su departamento en el barrio porteño de Palermo, la modelo Jesica Cirio se prepara para entregar su celular a la Justicia, que busca dar con los videos originales en los que se la ve rodeada de miles de dólares en un vestidor que sería de Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex marido de la mediática.

Desde el entorno de Cirio aseguraron a Infobae que ella está en el país, luego de las dudas que se generaron en torno a su paradero debido a que las autoridades judiciales no la encontraron en su casa, ubicada en Ortega y Gasset y avenida del Libertador.

También dejaron trascender que se presentará junto a su defensa en los tribunales de Lomas de Zamora “entre esta tarde y mañana a primera hora” y aportará su teléfono con su contraseña.

Este lunes el juez federal que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito, Luis Armella, intimó a la modelo para que entregue su celular en 24 horas.

En los allanamientos de este domingo también se buscaron notebooks, tarjetas de memoria y cualquier dispositivo donde pudieran llegar a estar los videos almacenados.

El fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde a partir del “yate gate”, busca incorporar a la causa los videos originales que difundió La Nación para peritarlos. Con ese fin es que el juez Armella ordenó allanar a Cirio y a su último esposo, el financista Elías Piccirillo, quien supuestamente tenía en su poder el material.

Los allanamientos no arrojaron resultados positivos. Cirio no estaba en su departamento y Piccirillo, detenido con prisión preventiva por plantarle un arma y droga a un exsocio, no tenía almacenado en sus dispositivos ningún archivo de interés para la investigación, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

En el departamento de Palermo la Gendarmería incautó 19.000 dólares y armas registradas a nombre de la actual pareja de la modelo, el empresario Nicolás Trombino, con quien espera un hijo. “Las dos cosas son de él”, le dijo a Infobae un allegado a la conductora de TV que está al tanto de los procedimientos judiciales.

El peritaje que tiene en carpeta la Justicia -aún fue no solicitado formalmente- buscará corroborar el contenido de los videos y responder los interrogantes que los rodean; principalmente cuándo y dónde se filmaron.

Según se sospecha, las imágenes habrían sido tomadas entre 2022 y 2023, en la casa donde vivían Cirio e Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces el dirigente peronista era jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

La acumulación de todo ese efectivo se convirtió en un dato relevante para la causa por enriquecimiento por la que Cirio, Insaurralde y la modelo Sofía Clerici enfrentan una inhibición general de bienes.

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco (PROCELAC) pidieron en octubre de 2024 la indagatoria del exfuncionario, que hasta ahora no se ordenó. En ese requerimiento el Ministerio Público no avanzó sobre las parejas de Insaurralde, aunque permanecen imputadas.

La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen de los fiscales, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

En su acusación, el Ministerio Público señaló que el patrimonio de Insaurralde no puede justificarse con sus ingresos de funcionario público: dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta de 73,40 metros cuadrados; una casa en Lomas de Zamora; dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuales solo uno fue oficial, son algunos de los movimientos financieros más grandes que reseñó la fiscalía.

El descargo de Cirio

La conductora emitió un comunicado tras la difusión de los videos y advirtió un intento de extorsión sostenido desde hace más de un año. Ahora tiene pensado ampliar esa denuncia, que tramita en la Justicia porteña, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58.

“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó a través de una carta.

En ese descargo Cirio también sostuvo que en los videos “se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

“Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no quiere que graben su voz para cotejarla con los audios que revelaron un entramado de corrupción en el organismo que dirigió cuando llegó al poder de la mano del gobierno libertario. Ahora, el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, encontró una alternativa para avanzar con el peritaje: propuso tomar muestras de entrevistas periodísticas que haya dado en los últimos años.

La disputa por los audios en los que la voz atribuida a Spagnuolo habla de coimas viene arrastrándose desde el inicio del caso. El 30 de abril, a poco de asumir la conducción del expediente, el juez Ariel Lijo ordenó peritar las grabaciones para esclarecer su origen y veracidad, tal como reclamaban las defensas del exfuncionario, la droguería Suizo Argentina y el lobista Miguel Ángel Calvete.

En esta línea, el fiscal Picardi propuso que los audios pasen por un “análisis comparativo con material indubitado”. El juez lo aceptó y ordenó que el exdirector de la ANDIS se presente ante la Gendarmería Nacional -que estará a cargo del estudio- para aportar una muestra de su voz.

Pero Spagnuolo se niega a que lo graben. Su abogado defensor, Pablo Parera, planteó que esto vulneraría su derecho a no autoincriminarse. Por esa razón pidió la nulidad de este punto de pericia y, a la vez, que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva la discusión.

La maniobra generó primero sorpresa y, después, algo de bronca en Comodoro Py. “Spagnuolo puede presentar un escrito y oponerse a dar su voz, ni siquiera es necesario que se presente ante Gendarmería”, explicó a Infobae una fuente con acceso al expediente.

En un dictamen de 27 páginas al que tuvo acceso Infobae, el fiscal de la causa le solicitó este viernes al juez Lijo que desestime el planteo, con fuertes críticas hacia la defensa.

Picardi calificó la maniobra de Spagnuolo como un intento de demorar y entorpecer el proceso, y señaló “contradicciones insalvables”, dado que el propio perito de la defensa, Marcelo Torok, había solicitado puntos de pericia para identificar si la voz correspondía al exdirector de la ANDIS.

En esa línea, en su dictamen el fiscal se refirió al planteo de la defensa como “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”. Sucede que, dentro de sus fundamentos, los representantes del exdirector de la ANDIS también reflotaron otro planteo de nulidad de toda la causa, que en su momento fue rechazado in límine por el juez Sebastián Casanello.

Para destrabar la discusión y evitar que la investigación se detenga, la fiscalía propuso prescindir de la colaboración de Spagnuolo y le sugirió al juez obtener el “material indubitado” necesario para el peritaje de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

En otro pasaje del dictamen, el fiscal Picardi también cruzó a la defensa por sostener que los audios son falsos o manipulados antes de que se realice el peritaje que, precisamente, debe corroborarlo: “Incurre así en una falacia lógica -petición de principio-, ya que anticipa la conclusión que le conviene ahora, respecto de aquello que hoy se desconoce, para impugnar una diligencia técnica que podría confirmarla o descartarla”.

Los abogados de Spagnuolo -al igual que los de otros acusados- también afirman que los audios son la prueba que dio origen a la causa judicial. Así, su eventual origen clandestino podría poner en peligro el caso y hacer que se caiga toda la investigación.

El fiscal Picardi confrontó esa idea y remarcó que no utilizó ni valoró dichos audios como evidencia para fundar la acusación por la que hoy están señaladas más de 40 personas y 20 empresas, en un entramado que habría desviado miles de millones de pesos del Estado.

Ahora el juez Ariel Lijo deberá evaluar las posturas de todas las partes antes de tomar una decisión sobre qué ocurrirá con el peritaje. Los acusados designaron peritos de parte y la fiscalía puso a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por la corrupción en la Agencia de Discapacidad. Ya pasó por Comodoro Py una segunda tanda de indagados sobre los cuales debe dictarse su sobreseimiento o procesamiento.

Según la acusación, desde que el presidente Javier Milei llegó al poder, en la ANDIS se habría montado una asociación ilícita dedicada a defraudar a la administración pública. Es el primer caso de corrupción que estalló en la gestión libertaria.

El desvío de fondos para personas con discapacidad se habría logrado mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según la fiscalía.

Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a “empresas amigas” previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de coimas a funcionarios.

El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa $LIBRA, tiene bajo estudio un pedido de la defensa del trader y lobista Mauricio Novelli para excluir de la causa a cinco inversores damnificados que actúan como querellantes. Son quienes impulsan la acusación privada -paralela a la del Ministerio Público Fiscal- contra Javier Milei y el resto de los sospechados en el caso de la criptomoneda promocionada por el presidente de la Nación.

El planteo de Novelli, presunto intermediario entre la Casa Rosada y empresarios del mundo cripto, se basa en que estos compradores de $LIBRA no sufrieron una estafa, sino que asumieron los riesgos propios de un mercado financiero altamente volátil y no regulado. Por ende, según su criterio, no deberían ser considerados damnificados.

El lobista, a través de su abogado Daniel Rubinovich, presentó el escrito ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya le corrió vista al fiscal para que se pronuncie al respecto, según supo Infobae de fuentes judiciales.

La querella que intenta desplazar Novelli es la integrada por los inversores Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, este último un especialista en cripto que expuso en el Congreso Nacional en representación de “más de 200 damnificados” ante la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, en junio del año pasado. Cuentan con la representación legal del abogado Nicolás Oszust.

Los querellantes mantuvieron una intensa actividad proponiendo pruebas e incluso pidieron la indagatoria del presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otras 13 personas, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La solicitud finalmente no avanzó.

Para Novelli -fundador de la academia N&W Professional Traders donde Milei dio clases, y organizador del Tech Forum-, la investigación a cargo de Taiano demostró la “inexistencia” de un engaño penalmente relevante.

“El derecho penal argentino no sanciona pérdidas especulativas, malas decisiones financieras o fenómenos de volatilidad de mercado, menos aún si se trata de activos no regulados”, razonó el abogado del lobista en un escrito de 46 páginas, al que accedió Infobae.

El defensor Daniel Rubinovich argumentó que los inversores damnificados demostraron “conocimientos avanzados” en el manejo de billeteras virtuales descentralizadas y plataformas de intercambio complejas.

Para la defensa, la causa judicial se desvirtuó con el paso del tiempo, definiendo la situación actual como “un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”.

Novelli esgrimió que la querella dejó de lado el reclamo sobre el perjuicio patrimonial para enfocar sus acusaciones en supuestos delitos contra la administración pública, como negociaciones incompatibles.

Para la defensa, esta postura es una muestra de que ya no existe una hipótesis de estafa que justifique la participación de particulares en el expediente.

El caso tuvo su origen el 14 de febrero de 2025, cuando una publicación en las redes sociales del presidente de la Nación promocionó el denominado Viva La Libertad Project. El posteo de X incluyó el contrato inteligente para adquirir $LIBRA a través de la red Solana, con el supuesto fin de financiar PyMES y emprendimientos locales.

Tras la difusión de Milei, la cotización de la cripto pasó de un centavo de dólar a casi cinco dólares en pocas horas. Sin embargo, su valor se desplomó rápidamente debido a ventas masivas que, según se sospecha, realizaron los creadores del activo y otros operadores con información privilegiada, maniobra que se conoce como un “rug pull”.

En su escrito, la defensa técnica de Novelli dedicó algunos párrafos a justificar el posteo del jefe de Estado: “Todo lo que dijo el Presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”, y “quien dice la verdad no puede ser responsable de un engaño”.

El lobista, a la par de su socio Manuel Terrones Godoy -también imputado-, ya había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia en un primer intento por debilitar a la querella liderada por Martín Romeo. En diciembre, el máximo tribunal validó a tres de los damnificados que ahora vuelven a ser cuestionados como tales.

Mientras preparan una respuesta formal para presentar ante el juez, desde la querella deslizaron a Infobae que este nuevo planteo de Novelli no debería avanzar, ante la debilidad técnica y jurídica que perciben del mismo. “No cambiaron los hechos fácticos por los cuales nos aceptaron como querellantes, una decisión que está firme”, sintentizaron.

En el expediente hay otro grupo de inversores que perdieron dinero, y están representados por el diputado nacional Juan Grabois y su equipo legal.

El peritaje al celular del contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, condujo a los investigadores a una sospecha inesperada: una empleada de la Vocería Presidencial habría prestado su nombre para la facturación de una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store.

La trabajadora estatal señalada es Gisela Kocsis, quien cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011. Según pudo corroborar Infobae en documentos oficiales, en marzo de 2025 se desempeñaba como secretaria privada en la vocería a cargo de Adorni.

El fiscal que investiga al jefe de los ministros por enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, encontró en el celular de Tabar una factura a nombre de Kocsis emitida el 2 de junio de 2025.

Para entonces, Adorni y su familia estaban terminando de refaccionar la casa que compraron en Exaltación de la Cruz, y aún faltaban cuatro meses para formalizar la adquisición de un semipiso en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró.

En su declaración testimonial, el contratista reconoció que su vínculo con Adorni trascendió lo estrictamente relacionado con la construcción en la casa de Indio Cua. Se convirtió en una suerte de gestor: todo lo que necesitara el entonces vocero para sus nuevas propiedades se lo encargaba a Tabar, que hacía de intermediario entre los proveedores y el cliente a cambio de un porcentaje.

Ahora los investigadores se preguntan si este también fue el caso con la factura a nombre de Kocsis que encontraron en el iPhone 15 del contratista. La adquisición se hizo en “Rosen The Store”, que según indicaron fuentes del caso es “una de las tiendas más caras” que hay en el rubro y ofrece sábanas, acolchados y otros artículos de alta calidad. Rosen es el nombre comercial de la sociedad anónima “Industria Argentina del Descanso”.

El fiscal pidió este miércoles a la empresa que aporte, en un plazo de 72 horas, toda la información que tenga vinculada a la operación, pago y entrega de los productos, para esclarecer quién fue el destinatario final de la compra.

Por orden del juez de la causa, Ariel Lijo, la empresa deberá precisar “el medio de pago utilizado, fecha y modalidad de cancelación, identidad de la persona que efectuó el pago”, además de “domicilio de entrega, persona que recibió o retiró los productos, por cuenta de quién se habría realizado la adquisición y cualquier otro dato obrante en sus registros”, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

El fiscal Pollicita también requirió comprobantes de pago, constancias de acreditación, remitos, comunicaciones comerciales y toda otra documentación relacionada con la factura de los ocho millones de pesos.

El nombre de Kocsis ya había surgido durante la investigación, aunque pasó desapercibido. Figuraba entre las visitas que recibió Adorni en Casa Rosada el 22 de octubre del 2025, misma fecha en la que el jefe de Gabinete se reunió con su amigo Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras del funcionario y gestor de la compraventa del departamento de Caballito.

Ese mismo día también pasó por Balcarce 50 Bettina Angeletti, la esposa del ministro coordinador.

La investigación por enriquecimiento ilícito avanza a paso firme después de las explicaciones públicas que brindó Adorni, quien justificó el crecimiento de su nivel de vida a partir de 500.000 dólares en ahorros nunca declarados que habría empezado a usar recién cuando llegó al poder.

El fiscal Pollicita pidió este miércoles una batería de medidas de prueba para verificar la coartada del funcionario y su supuesta incursión en el mundo de las criptomonedas desde 2013.

La Justicia ordenó este miércoles una nueva batería de medidas orientadas a comprobar la coartada cripto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a ampliar el alcance de la investigación por enriquecimiento ilícito, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que el jefe de los ministros empezara a incursionar en la compra y venta de Bitcoin, según él mismo dio a conocer la semana pasada.

El fiscal quiere saber qué entidades operaban en ese mercado incipiente por aquellos años donde el jefe de Gabinete dijo haber invertido 200.000 dólares, con los que ganó otros 300.000.

Una reconstrucción realizada por el ingeniero y especialista en blockchain Fernando Molina ayuda a tomar dimensión y contexto de esa cifra. Según su relevamiento, para el año 2014 apenas el 0,48% de las más de 3 millones de wallets que tenían Bitcoin en todo el mundo habían invertido 56.000 dólares o más.

El fiscal Pollicita -que trabaja en su equipo con un experto en cripto- también pidió los antecedentes regulatorios disponibles en materia de activos virtuales, y solicitó a la CNV que aclare si desde 2012 existía o no un “registro formal de prestadores” de estos servicios cripto, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

En línea con las averiguaciones que surgieron a partir de las últimas explicaciones del jefe de Gabinete, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -un organismo del Ministerio Público- ya trabaja en la confección de un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin, desde el año 2013 hasta la actualidad, a partir de fuentes abiertas.

Profundizan la investigación patrimonial

Según indicaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py, el fiscal también solicitó los registros de entradas y salidas al lote 380 del country Indio Cuá, donde el jefe de Gabinete compró y remodeló una casa de fin de semana.

Con esa información, la pesquisa busca “reconstruir aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas” que se hicieron en ese domicilio, y “no se requirió información sobre visitas personales, reuniones o movimientos ajenos a esa finalidad”, precisaron las fuentes consultadas.

Quien estuvo a cargo de la remodelación de la casa fue el contratista Matías Tabar, quien declaró haberle cobrado 245.000 dólares al jefe de Gabinete. También dijo que ofició de intermediario en otras compras que hizo Adorni. Él recibía el dinero en efectivo y se encargaba de hacerle llegar al funcionario lo que necesite.

Un peritaje al celular del contratista reveló ahora que gestionó una compra de ropa de cama y blanquería por $8.183.303. “Fue en el lugar más caro posible”, describió una fuente al tanto de las averiguaciones. La factura aparece a nombre de una tercera persona y fue emitida el 2 de junio de 2025.

Infobae pudo comprobar con documentos oficiales que se trata de Gisela Kocsis, secretaria privada en la Vocería Presidencial.

Para evacuar la sospecha de que Adorni podría estar detrás de esa adquisición, el fiscal envió un oficio a la empresa para que aporte toda la información que permita identificar al destinatario final.

Además, los investigadores intentan corroborar la versión que indica que la madre de Adorni, Silvia Pais, se mudó al barrio privado Fincas de Iraola, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui.

De ser así, la administración del country tiene 72 horas para informar a la Justicia desde cuándo vive en ese lugar, si es propietaria o inquilina, y cuánto está pagando de expensas y alquiler, si ese fuera el caso.

En paralelo, el fiscal Pollicita pidió certificar la causa en la que investigan, también por enriquecimiento ilícito, al hermano del jefe de los ministros y diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni. Quienes deben responder al trámite son el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas.

Pollicita requirió que le informen cualquier referencia vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo, la sucesión de su padre, Jorge Adorni, o cualquier otro aspecto del caso que pudiera vincularse al presunto enriquecimiento ilegal del jefe de Gabinete.

Antecedentes laborales

Otra de las medidas que activó este miércoles el fiscal apunta a saber si Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para aclarar este punto, el representante del Ministerio Público pidió informes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El jefe de Gabinete habría cumplido funciones en esa entidad -vinculada a la Universidad Abierta Interamericana- entre 2017 y 2023, mientras que su pareja lo habría hecho desde 2018 y hasta el mismo año, según sospechan en Comodoro Py.

En este sentido, el fiscal quiere conocer qué cargos ocuparon, si cobraron sueldos -y cuántos ingresos percibieron-, y si presentaron declaraciones juradas durante esos períodos.

Hace dos años, aun siendo vocero presidencial y sin estar sospechado de haber cometido ningún delito, Manuel Adorni le entregó a la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente al 2023. Según informó por entonces, para principios de ese año su patrimonio era de apenas $11.608.804. Ahora, con la nueva documentación que presentó, admitió bienes por $944.575.052 para fines de 2025: una diferencia del 8467%, que se explica en gran parte por el crecimiento y ocultamiento del patrimonio del jefe de Gabinete y, en menor medida, por el aumento nominal del valor de sus posesiones, como consecuencia de la inflación.

Para tomar dimensión de cuánto habría escondido exactamente el jefe de Gabinete, es necesario comparar la rectificación de sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024 con las versiones originales que había presentado anteriormente. Lo que dijo que tenía versus lo que ahora afirma que siempre tuvo, pero mantuvo oculto porque, según sus propias palabras, “todos los argentinos ahorran en negro”.

El 2023 de Adorni

Manuel Adorni había declarado ante la OA que cerró el 2023 con bienes, depósitos y dinero por un total de $61.018.251. Esta semana rectificó esa cifra. En realidad, según su nueva versión, cuando asumió como vocero y secretario de Comunicación y Medios tenía un patrimonio de $515.479.434.

El dato es central para la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Con esta rectificación, Adorni intenta demostrar que lo que tiene lo ganó antes de su llegada a la función pública, para desvirtuar así la acusación de que se hizo rico recién cuando fue funcionario.

El grueso de su fortuna, sostiene el jefe de Gabinete, se explica por haber invertido en criptomonedas entre 2013 y 2018. Lo reveló por primera vez -dos meses después de que lo empezaran a investigar- en la entrevista que brindó el miércoles a La Nación +. Los activos digitales, efectivamente, aparecieron en su declaración jurada rectificada.

En la nueva versión del documento presentado ante la OA, Adorni declaró al inicio del 2023 que obtuvo 565.000 dólares por “venta de activos”, algo que no estaba en el informe original. En los papeles que tiene ese organismo y la Justicia no aclara si esos activos son las cripto, aunque se presume que este es el caso.

También reportó tenencia de Bitcoin por un valor equivalente a 3.500 dólares. A fin de año terminó con 14.700 dólares en criptomonedas, en tres billeteras virtuales.

No es lo único que corrigió. En su primer año en el poder, Adorni también ocultó inversiones en fondos comunes de inversión por más de 800.000 pesos. Y revalorizó sus dos propiedades: a fines de 2023, un departamento en Parque Chacabuco pasó de tener un importe de $8.2 millones a $21.3 millones; mientras que otro, ubicado en La Plata, subió de $3.6 millones a $33.8 millones.

2024: año nuevo, casa nueva

El jefe de Gabinete dijo que no declaró el medio millón de dólares que alguna vez tuvo en criptomonedas porque “ahorra en negro” y desconfiaba de la política. Cabría preguntarle por qué también mantuvo oculta en su declaración jurada de 2024 la casa que compró en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

Según se desprende de la causa judicial que tramita en Comodoro Py, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, pagaron 120.000 dólares para comprar esa propiedad, 245.000 dólares para refaccionarla y modernizarla y 5.000 dólares como tasa de ingreso al barrio privado.

El ministro coordinador sugirió que el inmueble siempre estuvo consignado en el anexo reservado de la declaración jurada de su esposa, que es solamente conocido por la Justicia y la Oficina Anticorrupción.

En definitiva, ahora Adorni admitió en la rectificación del 2024 que posee el 50% de esa casa, cuyo valor declarado es de 88.5 millones de pesos, para fines de ese año.

Otro ítem desconocido hasta ahora son los 3.2 millones de pesos que el jefe de Gabinete percibió al cierre del 2024 como saldo a favor por percepciones del impuesto a las ganancias. Todo suma.

Así, Manuel Adorni declaró haber cerrado su segundo ciclo en el poder con un patrimonio de $662.646.891, que incluyen dos departamentos, una casa, un auto y una camioneta. En la primera versión de su declaración jurada, había reconocido apenas $107.894.833.

Del medio millón de dólares que tenía al terminar el año anterior, le quedaron 388.000 dólares en efectivo.

La causa

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, al cierre de este artículo el jefe de Gabinete no había presentado ante la Oficina Anticorrupción los anexos reservados que debe incluir anualmente.

Esa documentación es decisiva. El patrimonio de Adorni se está escrutando a la par del de su esposa, como si fuera uno solo.

La Justicia aguarda por los anexos mientras analiza los nuevos números que dio a conocer el jefe de los ministros. Todo lo referido a las criptomonedas está bajo la lupa en una nueva línea de investigación que el fiscal Pollicita encargó seguir a su equipo. Buscarán establecer el origen de los ahorros de Adorni y la trazabilidad de los movimientos en la blockchain.

Todos los números pasarán a manos de los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Este organismo del Ministerio Público Fiscal prepara un informe contable que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Y, en caso de encontrar irregularidades, también podrá señalar el monto del presunto enriquecimiento ilícito.

Se esperaba que para mediados del mes próximo ese diagnóstico ya estuviera listo. Ahora en Comodoro Py son más cautos con los plazos, y prevén que el informe de la DAFI se demore un poco más.

Ese estudio es determinante para que el fiscal Pollicita le pida al jefe de Gabinete un requerimiento de justificación patrimonial. Es la primera instancia que tendrá Adorni para dar explicaciones ante la Justicia. Con su respuesta debería llenar los “huecos” donde sus gastos superan sus ingresos, o bien probar el origen de determinados fondos.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso sería citarlo para que preste declaración indagatoria.

Después de la reaparición pública de Manuel Adorni con una entrevista en la que reveló haber ganado 300.000 dólares invirtiendo en criptomonedas, la Justicia pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que entregue las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.

Según anunció el ministro coordinador en el canal LN+, anoche rectificó la documentación correspondiente a los años 2023 y 2024, y presentó su declaración del 2025. Lo mismo habría hecho con el anexo reservado en el que su cónyuge también está obligada a informar sus bienes.

Además, habría corregido las presentaciones impositivas que hizo ante el fisco desde 2020.

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó esta mañana, con carácter urgente, una solicitud para que el juez Ariel Lijo ordene la obtención de las declaraciones juradas. El trámite no demoraría y los papeles estarán en lo inmediato en poder de la Justicia, según adelantaron fuentes judiciales a Infobae.

Lo informado por Adorni en la documentación que entregó a la Oficina Anticorrupción será cotejado con los gastos, deudas e ingresos que está contabilizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Este organismo del Ministerio Público Fiscal prepara un informe contable que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Y, en caso de encontrar irregularidades, también podrá señalar el monto del presunto enriquecimiento ilícito.

Anoche, Manuel Adorni reveló que empezó a incursionar en el mundo del Bitcoin en 2013, y que al año siguiente ya invirtió más fuerte. Puso 200.000 dólares que tenía en ahorros “después de trabajar 25 años” y terminó con 500.000 dólares en criptomonedas que mantuvo fuera del sistema formal en todo momento, siempre según su versión.

Estas afirmaciones darán lugar a una nueva línea de investigación, adelantaron a este medio fuentes del caso.

Los investigadores quieren evaluar la capacidad de ahorro e inversión de Adorni y su esposa, además de buscar la trazabilidad de ese medio millón de dólares, para verificar si lo que contó tiene asidero alguno. Pero de momento mantienen las sospechas que tenían antes de escuchar sus explicaciones públicas: “Hay períodos donde los números no cierran”.

El jefe de Gabinete agregó otro dato relevante. Aseguró que Bettina Angeletti ocupó durante 15 años cargos gerenciales en una empresa privada, lo que le generó ingresos en relación de dependencia. Desmintió que solamente fuera monotributista de la categoría más baja hasta hace algunos años, cuando se lanzó con su propia consultora.

Además, en su declaración jurada actualizada, Adorni habría sumado a su patrimonio unos 57.000 dólares que obtuvo de la venta de una propiedad en La Plata que heredó de su padre fallecido.

También habría declarado un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux, que formaba parte de la misma sucesión. Ese terreno fue vendido y le habría generado al funcionario un ingreso cercano a los 22.000 dólares.

Todo esto se contradice con lo que el jefe de Gabinete había afirmado en el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril, durante su primer informe de gestión.

“En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, le había dicho a los legisladores en una encendida sesión, ya con las investigaciones judiciales en marcha.

Luego, en conferencia de prensa, Adorni reiteró: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

Ahora admitió tener una fortuna en negro. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, se excusó el funcionario, quien a su vez defendió su inocencia: “No soy un chorro”.

Una vez que el fiscal Pollicita reciba el informe contable de la DAFI, estará en condiciones de pedir un requerimiento de justificación patrimonial. Es la primera instancia que tendrá Adorni para dar explicaciones a la Justicia.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

Manuel Adorni tiene deudas por 335.000 dólares, que en su mayoría vencen antes de noviembre.

Desde 2022 hasta hoy cambió de auto, hizo una veintena de viajes por la Argentina y el mundo, se hospedó en hoteles del más alto nivel y all inclusive, y compró un semipiso en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, la cual remodeló por 245.000 dólares, según declaró bajo juramento el contratista que hizo la obra. Todo esto sin haber vendido los departamentos que ya tenía en La Plata y Parque Chacabuco.

El juez Ariel Lijo también investiga a Adorni y Angeletti en otras dos causas. Una es por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública que desembarcó en los medios públicos a partir de la gestión libertaria.

El otro expediente puso la lupa sobre los clientes de MásBe, la consultora de coaching ontológico de la esposa del jefe de Gabinete, que presta servicios a tres empresas: Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group. Todas esas compañías son contratistas del Estado, por lo que se sospecha que podría haber algún tipo de retorno en los pagos que efectuaron a Angeletti.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles un pedido de José López, ex secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, para reducir su condena a prisión luego de aprobar dos cursos de marketing.

El ex funcionario cumple una pena unificada de 13 años de cárcel por la causa “Vialidad” y por el caso de los bolsos que arrojó a un convento de General Rodríguez en 2016. Luego del escándalo, fue hallado culpable por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil.

La Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa pública de José López contra la resolución del Tribunal Oral Federal N° 2, que en abril ya había rechazado el pedido de reducción de plazos por estímulo educativo.

López cursó y aprobó dos cursos de formación profesional, y recibió diplomas como “Auxiliar en marketing de Productos” y “Auxiliar en marketing de Servicio”, según consta en el fallo al que tuvo acceso Infobae.

Su defensa sostuvo que correspondía computar dos meses de reducción por cada uno de esos cursos.

El ex funcionario ya había solicitado ante el juez a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 la misma reducción de cuatro meses en el avance del régimen de progresividad penitenciaria, invocando el mecanismo de “estímulo educativo” previsto en el artículo 140, inciso b, de la Ley 24.660.

El TOF N° 2 rechazó el planteo, en línea con lo que había dictaminado el Ministerio Público Fiscal, al considerar que los conocimientos adquiridos por López mediante esa actividad no resultaban suficientes para tener por demostrado que el condenado “se haya capacitado como técnico en un área ocupacional determinada”.

A la hora de determinar si los cursos podían equipararse a una formación profesional anual, la Justicia concluyó que las 80 horas que demandó cada curso resultaban “manifiestamente insuficientes para satisfacer el estándar objetivo requerido a los fines de su equiparación con un curso anual”.

Al resolver el recurso de casación, el juez Borinsky consideró que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ya que se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre la cuestión, sin desarrollar una crítica concreta de los argumentos del TOF N° 2. El juez Barroetaveña adhirió a ese voto.

En disidencia, el juez Hornos votó por declarar admisible el recurso y abrir la discusión sobre el tema.

En consecuencia, el tribunal por mayoría confirmó el rechazo de la petición de López.

El exsecretario de Obras Públicas se encuentra actualmente cumpliendo condena en la cárcel de Ezeiza, a partir de la causa conocida como “Vialidad”, en la que fue condenado junto a otros acusados —entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— por el direccionamiento irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio de empresas del empresario Lázaro Báez.

Su condena en esa causa, de seis años de prisión por administración fraudulenta, quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora está entre los acusados del juicio por los cuadernos de las coimas, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Es uno de los arrepentidos que tiene la causa.

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, fue suspendido este miércoles por el Consejo de la Magistratura y perdió los fueros que, hasta ahora, le habían permitido evitar la prisión preventiva que le dictó la Justicia cuando lo procesó por un caso de corrupción. Además, el Plenario del organismo decidió por unanimidad enviarlo a juicio político para debatir su destitución.

Salmain podría quedar detenido en las próximas horas, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. Quien debe dar la orden de ejecutar la preventiva es el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

El magistrado acusado de “vender” fallos a cambio de coimas tiene en trámite una apelación de su orden de detención, y anteriormente ya había conseguido que, si lo capturan, le permitan cumplir su arresto en prisión domiciliaria. En ese caso pasaría sus días monitoreado con una tobillera electrónica.

El Consejo de la Magistratura le imputó a Salmain un “mal desempeño en sus funciones” por dos hechos separados.

Por un lado está la causa Attila -por la que quedaría detenido-, donde el juez suspendido está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. A cambio de una coima de 200.000 dólares, habría firmado un fallo a pedido de un financista para permitirle el acceso a 10 millones de dólares a valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria.

El segundo cargo contra Gastón Salmain es por haber ocultado en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para direccionar un expediente.

Los consejeros kirchneristas hicieron reparos sobre este punto. El diputado nacional Rodolfo Tailhade advirtió que no estaban de acuerdo con acusarlo por esa irregularidad durante el concurso para convertirse en juez porque el reglamento solo exige informar sanciones en los últimos diez años, y su cesantía había ocurrido antes de ese período.

Al ser inescindible una acusación de la otra, los consejeros peronistas dejaron a la vista sus diferencias con el dictamen del senador Luis Juez, pero acompañaron con su voto afirmativo.

Por su parte, el consejero y abogado César Grau pidió que Salmain siga cobrando su sueldo mientras esté suspendido: “Tiene familia, tiene que mantener su sustento, y un juez está inhabilitado para volver a la profesión o ejercer el comercio”, alegó.

En la Comisión de Acusación, el senador Juez estuvo a cargo del dictamen con el que Salmain enfrentará a un Jurado de Enjuiciamiento. Ante el jury compartirá la acusación con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena De La Torre.

Está previsto que el juicio político se lleve adelante este mismo año.

“Tengo una idea de lo que debe ser un juez federal y él está bastante lejos de ese ideal”, había dicho Luis Juez sobre el magistrado rosarino antes de que se apruebe su dictamen.

Y agregó: “Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado. Nos quiso hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario, los fiscales, las camaristas, el juez, todo el mundo se puso de acuerdo para ponerlo en este apriete”.

Sucede que Salmain sostiene en su defensa que el financista con el que se habría complotado, Fernando Whpei, mintió al delatarlo cuando declaró como imputado colaborador. Su abogado, Yamil Castro Bianchi, también postuló que el caso es consecuencia de una férrea interna en el Poder Judicial, por la cual tiene previsto pedir que se cite como testigos para el juicio político a altos funcionarios judiciales, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, según le anticipó el letrado a Infobae.

Diego Spagnuolo ahora quiere suspender el peritaje de los audios que destaparon el escándalo de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una medida que él mismo había pedido. El exdirector del organismo se niega a aportar su voz para que la comparen con las grabaciones que hay en el expediente y, a partir de esto, le pidió al juez federal Ariel Lijo que no se inicie el estudio forense hasta tanto se resuelva esta nueva discusión.

La defensa del exfuncionario libertario -que fue abogado del presidente Javier Milei- presentó en las últimas horas un escrito en los tribunales de Comodoro Py para solicitar la nulidad del punto de pericia en el que el juez Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó un “análisis comparativo con material indubitado”.

Para ello, dictó el magistrado, la Gendarmería Nacional -a cargo del peritaje- “deberá convocar a Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”.

En su presentación, el abogado defensor Pablo Parera planteó como argumento central que esto vulneraría el derecho de Spagnuolo a no autoincriminarse.

En paralelo, reflotó un pedido de nulidad de toda la causa, que en su momento fue rechazado in límine por el juez Sebastián Casanello. Y solicitó excluir los audios del expediente al entender que su origen es “incierto” y su contenido fue “manipulado”.

Los audios atribuidos al exdirector de ANDIS y difundidos por el streaming Carnaval en agosto de 2025 hablan de que el porcentaje de coimas “ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8”, y “lo tenés que traer a la Suizo, y nosotros lo subimos a Presidencia”.

“Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina” y “me están desfalcando la Agencia” son otros de los pasajes que resaltaron en las grabaciones. En la causa, Spagnuolo aseguró no haber pronunciado muchas de las palabras que se le atribuyen, por lo que sospecha que su voz podría haber sido manipulada con inteligencia artificial. Esta es una de las principales dudas que buscará evacuar el peritaje.

A criterio de la defensa, la cuestionada orden del juez convierte al acusado en “sujeto de prueba” sin su consentimiento, lo cual choca contra la garantía constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y, más aún, que el aporte de la voz para un cotejo requiere una participación activa y voluntaria del imputado, y que “no resulta legalmente posible ejercer coerción” para obtenerla.

En esa línea, la defensa del exdirector de la ANDIS también reprochó que no se le haya consultado previamente al acusado sobre su disposición para colaborar.

La legitimidad del archivo

Más allá de la autoincriminación, el escrito también puso en duda la legitimidad de los audios que se ordenaron peritar.

Sucede que en el laboratorio de la Gendarmería no se analizarán los archivos originales, sino aquello que emitió en su transmisión de YouTube el medio que hizo la revelación.

Cabe recordar que los audios son un “monólogo” de Spagnuolo. Si bien el contenido exhibe lo que sería una conversación entre dos o más personas, en los archivos nunca se escucha otra voz que no sea la atribuida al exfuncionario. Para eso es necesario que hayan pasado por algún tipo de edición.

Lo que planteó la defensa es que la eliminación de los interlocutores no es un hecho menor y podría sugerir una manipulación para ocultar una “provocación o incitación” al hablante.

Finalmente, el escrito de la defensa de Spagnuolo citó un precedente de la Corte Suprema de Justicia en el que se estableció que “las grabaciones de voz son pruebas de carácter indiciario y deben complementarse con otras diligencias”.

El abogado Pablo Parera argumentó que, en este caso, los audios fueron tratados como un elemento de prueba desde el inicio y que el peritaje consolida aún más su peso como material probatorio, lo que iría en contra del criterio del máximo tribunal. A contramano, el fiscal Picardi sostuvo en distintas instancias que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a la incorporación de las grabaciones al expediente.

Spagnuolo, procesado junto a otros 18 acusados por las maniobras de corrupción, designó al perito de parte Marcelo Torok para que participe del estudio forense. El especialista también ofreció sus propios puntos de pericia.

Lo propio hicieron los abogados de la droguería Suizo Argentina y del lobista Miguel Ángel Calvete. Por el lado de la fiscalía trabajarán cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La Dirección de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) le entregó al fiscal Eduardo Taiano un informe de 11 páginas en el que constan las primeras conclusiones del estudio técnico con el que buscan reconstruir quién está detrás de las billeteras virtuales que crearon y adquirieron la criptomoneda $LIBRA antes del posteo con el que el presidente, Javier Milei, difundió el contrato mediante el cual los usuarios accedieron a la presunta estafa.

El estudio indagó sobre el “proceso de creación y lanzamiento del criptoactivo” y “las alternativas disponibles para su adquisición”, tal como se desprende del documento, al que tuvo acceso Infobae.

En su análisis preliminar, los especialistas de la PFA no encontraron rastros de que $LIBRA se pudiera comprar en exchanges centralizados -las plataformas donde se compran, venden y almacenan las cripto- antes de las 21:40 del 14 de febrero de 2025, momento en el que fue lanzada al mercado por la app Ripio.

De esta manera, el informe de Cibercrimen consignó que los inversores, para el acceso inicial, dependían “de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución”.

El presidente de la Nación había compartido en sus redes sociales los 44 caracteres de la dirección del contrato inteligente a las 19:01; casi tres horas antes del lanzamiento en la primera app.

Un creador anónimo

El fiscal Taiano busca establecer la identidad detrás de la wallet que creó $LIBRA y las 74 billeteras virtuales que compraron el criptoactivo segundos antes del posteo de Milei. Por ahora, los especialistas de la PFA no lograron revertir el carácter anónimo de las cuentas.

La Justicia sabe que el activo digital fue lanzado por la compañía Kelsier Ventures, de Hayden Davis. El fiscal tiene identificadas cuentas ligadas al empresario y pidió medidas para analizar una serie de transferencias que habría hecho por casi 5 millones de dólares, justo después de visitar la Casa Rosada el 30 de enero de 2025.

$LIBRA, según el informe de la Policía Federal, surgió a través de un proceso de “coin generation” en la blockchain de Solana. En su origen tuvo “un control primario absoluto por parte de una entidad o actor que no se encuentra identificado”, estableció la PFA.

Este dato llevó a las querellas, que representan a inversores damnificados, al siguiente razonamiento: si la dirección donde estaban alojados los tokens no la tenía nadie más que el creador, solo este pudo habérselo compartido a Javier Milei para que lo promocione en sus redes sociales.

Tras el escándalo, el mandatario había dicho públicamente que encontró la información por su cuenta en internet.

En este punto es necesario recordar que el lobista Mauricio Novelli, presunto intermediario entre la Casa Rosada y el empresario Hayden Davis, mantuvo una veintena de llamados con Javier y Karina Milei durante las horas previas y posteriores al lanzamiento y la difusión de $LIBRA, según reveló el peritaje del celular del empresario cripto.

En el expediente judicial también consta que durante ese ida y vuelta de llamados, Novelli estaba en Estados Unidos junto a Davis. El contenido de las conversaciones se desconoce.

Todos estos indicios abonan la hipótesis acusatoria que apunta a que detrás de $LIBRA existió una coordinación entre el jefe de Estado, su hermana, Novelli y Davis, entre otros.

Más medidas

Los investigadores de la PFA también buscaron en la página web “vivalalibertadproject.com”, difundida en ese mismo posteo de Milei.

Según consta en el informe que se incorporó al expediente, el 14 de febrero de 2025 ese sitio ofrecía un enlace a un formulario de Google para “solicitar financiación”, ya que el proyecto se promocionó con el fin de “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando a pequeñas empresas”.

Al día siguiente, la web incorporó la dirección del token y un gráfico de distribución de la cartera.

En paralelo, según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el fiscal Taiano pidió a la DATIP que informe cuándo estará listo el análisis de las conversaciones entre Mauricio Novelli, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. Estos dos últimos son receptores de transferencias millonarias y estarían vinculados a cuevas financieras.

La Fiscalía Federal N° 8 quiere tener lista esa información mientras la PFA avanza con las averiguaciones para determinar el recorrido y destino de los criptoactivos involucrados, de los que se sabrá más cuando el área de Cibercrimen confeccione su informe final.

La Justicia ya tiene un disco rígido con todo el contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos que más complicó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

La extracción forense de la información se completó exitosamente en las últimas horas, y ya comenzó a ser analizada por los investigadores, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

El contenido del teléfono se estudiará tanto en la fiscalía de Gerardo Pollicita como en el Centro de Investigaciones Judiciales, donde se hizo la extracción con la participación de un perito de parte designado por Adorni, cuya defensa está a cargo del abogado Matías Ledesma.

Tabar le entregó su iPhone 15 a la Justicia cuando declaró como testigo el último 5 de mayo. Lo hizo para que las autoridades corroboren todo lo que contó oralmente: desde los 245.000 dólares que le cobró a Adorni para remodelar su casa del country Indio Cuá hasta los chats y llamadas que mantuvo con el ministro coordinador días antes de que se presente en Comodoro Py para “ayudarlo” con su testimonial, algo a lo que finalmente no accedió.

Desde el entorno del jefe de Gabinete habían cuestionado la veracidad de las declaraciones del testigo. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo tienen en el expediente todos los comprobantes y facturas de los servicios de obra que proveyó Tabar, y hasta este punto consideran que todo lo que declaró bajo juramento tiene respaldo.

Cómo sigue la causa

Mientras desde el Gobierno deslizan que el jefe de Gabinete presentaría esta misma semana su declaración jurada correspondiente al ciclo 2025, en los tribunales federales de Comodoro Py se preparan para pedirle explicaciones a Adorni.

El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial para que el jefe de los ministros tenga la oportunidad de aclarar los números de su patrimonio que no cierran.

La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo de la Procuración, prepara un informe que dirá si Adorni gastó más de lo que ganó con sus ingresos. Ese análisis contable también precisará la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito, en caso de verificarse las irregularidades.

La inspección de todos los movimientos financieros estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio, estimaron fuentes del caso ante la consulta de Infobae.

Si con su respuesta al requerimiento el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso de la Justicia sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

En paralelo, el juez Lijo aguarda por otro informe clave. Se trata del análisis de las comunicaciones que está haciendo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), en el marco del expediente por negociaciones incompatibles y dádivas.

En esa causa se investiga la relación entre Manuel Adorni y su amigo Marcelo Grandio, quien condujo programas en la TV Pública y, con la gestión libertaria, ganó seis contratos con los medios públicos a través de la productora ImHouse, que administra junto a su socio Horacio Silva.

Las llamadas que hicieron Grandio y Silva a distintos actores involucrados en la trama se cruzarán con la cronología de la investigación. La pregunta que subyace es si Manuel Adorni tuvo alguna influencia irregular sobre estas contrataciones para beneficiar a su amigo.

Con esa medida de prueba, el juez Lijo podría quedar en condiciones de verificar sus sospechas y llamar a indagatoria a Adorni y sus presuntos cómplices.

Cabe recordar que, para el último feriado de Carnaval, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos viajaron juntos a Punta del Este, Uruguay. Entre ida y vuelta, los boletos costaron 7.830 dólares.

El jefe de Gabinete dijo públicamente haber pagado su parte, pero hasta ahora no apareció algún comprobante que lo demuestre.

Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal N° 7 -que tiene a cargo el juicio de los cuadernos de las coimas-, le envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para que detenga dos concursos que buscan reemplazar a tres jueces trasladados: el propio Castelli, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, estos últimos de la Cámara Federal porteña.

El conflicto que involucra a estos tres magistrados es de larga data y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el reclamo de los jueces para defender la estabilidad en sus cargos. El Consejo de la Magistratura tiene previsto avanzar este miércoles con el concurso para reemplazar a los dos camaristas.

En 2018, Germán Castelli fue trasladado desde un tribunal oral de San Martín al TOF N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi pasaron del Tribunal Oral Federal N° 4 a la Sala I de la Cámara de Apelaciones que revisa los fallos de instrucción en las causas que tramitan en Comodoro Py.

Estos movimientos se hicieron por decisión del Poder Ejecutivo, sin el concurso previsto para cubrir una vacante judicial.

El reclamo que ahora Castelli le hizo llegar al presidente del Consejo de la Magistratura está basado en las condiciones en las que el Senado prestó acuerdo para que Carlos “Coco” Mahiques, tras cumplir 75 años, continúe durante cinco años más como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Sucede que este magistrado, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llegó al máximo tribunal penal del país también trasladado desde la Casación porteña en 2018.

La controversia se centra en la aplicación del fallo “Bertuzzi” de 2020, emitido por la Corte Suprema de Justicia, y su impacto en la situación de los jueces que fueron trasladados de sus cargos. En ese precedente, los ministros del máximo tribunal establecieron que los traslados son provisorios, pero los magistrados reubicados por el Ejecutivo pueden permanecer en sus cargos hasta que esas vacantes se completen con concursos regulares.

En su escrito, al que tuvo acceso Infobae, el juez Castelli argumentó que el Senado decidió, en la sesión por el pliego de Mahiques, que el fallo “Bertuzzi” emitido por la Corte en 2020 no es aplicable retroactivamente a un traslado ocurrido en 2018, sino que solo opera “a futuro”.

Esta nueva interpretación, a juicio de Castelli, debería extenderse a todos los casos de traslados, especialmente a él, a Bruglia y a Bertuzzi.

“Solicito se formalice de manera urgente esa decisión, ya adoptada institucionalmente”, le planteó el magistrado a Rosatti. La consecuencia directa sería la nulidad de los concursos N° 461 -dos vacantes en la Sala I de la Cámara- y N° 479 -una vacante en el TOF N° 7-.

En su escrito, el juez del TOF N° 7 dejó a la vista duros cuestionamientos hacia el Consejo de la Magistratura por cómo trataron su caso en comparación con el de Mahiques, cuyo asiento aún no tiene un concurso iniciado para designar a un magistrado como lo prevé la ley.

“Se trata de una fatal contradicción en perjuicio del sistema republicano, traducida en discriminación y persecución con afectación de la seguridad jurídica, la igualdad, y que impacta en la estabilidad como garantía de la independencia de la magistratura”, sentenció Castelli al respecto.

En este contexto, Castelli volvió a pedir que el Consejo de la Magistratura haga un “mea culpa institucional” por haberlo removido del cargo -junto a Bruglia y Bertuzzi- entre septiembre y noviembre de 2020, algo que el juez definió como una “destitución ilegal temporaria”.

Y habló de “sombras que emanan” del Consejo de la Magistratura “en perjuicio de la república democrática”, antes de lamentarse por la designación para el ciclo 2026-2030 del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, quien representará al estamento académico.

“Con su voto decisivo en 2020, colocó la piedra basal para destituir ilegalmente a tres jueces federales, generando conmoción institucional, gente en las calles y que derivó en el primer per saltum exitoso en años en la Corte, además de los rebotes internacionales vigentes como el del relator de la ONU antes mencionado y las denuncias internacionales en trámite”, recordó Castelli.

En una de las causas judiciales donde se investiga la compra irregular de millones de dólares a valor oficial durante el gobierno anterior, mientras había cepo y brecha cambiaria, la jueza federal María Eugenia Capuchetti mantiene cerradas y bajo custodia policial unas 200 cajas de seguridad de la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Con el correr de los meses, los ahorristas empezaron a alzar la voz para recuperar su dinero.

Las cajas de seguridad están en la sede principal de la financiera, en la localidad bonaerense de Adrogué. El lugar fue allanado más de una vez, en el marco de los expedientes por maniobras de “rulo financiero” y el escándalo que involucra a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clubes que tienen vínculos comerciales con Sur Finanzas.

La jueza Capuchetti está a cargo de una causa iniciada en 2021 e investiga a casas de cambio que accedían al dólar oficial presentando documentación supuestamente apócrifa, con movimientos por al menos 21 millones de dólares. En ese marco es que dictó una medida cautelar contra Sur Finanzas para que nada entre ni salga de las cajas de seguridad de los clientes.

Con sus bienes cautivos desde principio de año, los ahorristas llamaron primero a la financiera y luego confrontaron directamente a Ariel Vallejo, según supo Infobae del entorno del financista. El empresario les dijo que el tema lo excedía y que debían reclamar en Comodoro Py. Varios lo hicieron.

Es así que la titular del Juzgado Federal N° 5 abrió un incidente de devolución para resolver los pedidos de autorización para acceder a las cajas de seguridad y retirar sus pertenencias. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la instrucción, la semana pasada dictaminó a favor de los clientes.

“Entiendo que no resultan ser parte del objeto procesal de la presente investigación y en tanto vuestra señoría considere que no resultan de interés probatorio, esta fiscalía no opone reparo alguno para que se autorice a los titulares de las cajas de seguridad mencionadas a acceder y retirar sus pertenencias de las mismas”, pronunció Taiano en su dictamen, al que tuvo acceso Infobae.

Mientras resuelve si libera o no las cajas de seguridad, la jueza Capuchetti les tomó declaración testimonial a los ahorristas.

Una mujer, costurera y comerciante hace 17 años en Adrogué, fue al Juzgado para reclamar por sus ahorros y terminó reconociendo -ante la pregunta de los funcionarios judiciales- que tenía “lingotes” de oro, según declaró. Aunque, al parecer, los “lingotes” serían piezas de pocos gramos.

“¿Qué tipo de bienes guarda?”, le preguntaron a la señora, según reconstruyó Infobae a partir de fuentes judiciales.

“Ahorro en dólares, 10.000 o 15.000 USD y tres o cuatro lingotes de oro. Estaban encerraditos, como los había comprado”, contó la testigo, que dijo compartir la caja con un amigo de confianza.

Ante la insistencia del interrogatorio, la costurera aclaró: “No sé si serán lingotes, lo digo porque es una cosa chiquitita y cuadradita” que “tenía un ahorrito, y los compré en el banco Supervielle”.

En Comodoro Py anticipan que habrá novedades respecto de las cajas de seguridad de Sur Finanzas. No solo está en pugna el problema de los clientes: la defensa de Vallejo reclamó además por la virtual “clausura” de la financiera, que dejó de operar y tiene en un limbo a unos 200 empleados.

Para sanear esto, los abogados de Vallejo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, ya habían pedido que se levanten las medidas cautelares sobre Sur Finanzas, algo que la jueza Capuchetti rechazó.

El financista llevó el caso ante la Cámara Federal porteña, tribunal que aún no se pronunció sobre si mantiene o levanta la consigna policial, aunque abrió el recurso de queja de la defensa para tratar el tema.

El juez federal Néstor Costabel, a cargo de la ejecución de la pena que purga el empresario Lázaro Báez por las causas “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, visitó este sábado en la cárcel de Ezeiza al dueño de Austral Construcciones, luego de que sufriera una descompensación que lo obligó a atenderse de urgencia en el hospital penitenciario. Esta semana se volverá a discutir si le conceden el beneficio de la prisión domiciliaria.

El magistrado, que preside el Tribunal Oral Federal N° 4, decidió acercarse personalmente a la cárcel porque desde la defensa del empresario santacruceño cuestionan los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que “no reflejarían la verdadera situación” sanitaria del detenido, según denunciaron.

Báez, que ya cumplió los 70 años, ingresó a la guardia del Hospital Penitenciario Central el viernes con un cuadro de neumonía. Volvió a su celda esa misma noche.

“Al examen físico se encuentra afebril, lúcido, orientado en persona, tiempo y espacio. Deambula por sus propios medios, moviliza cuatro miembros”, consignó una médica de guardia del SPF en un informe al que tuvo acceso Infobae. Le recetaron un tratamiento con antihistamínicos y corticoides a bajas dosis por tres días.

Otro documento del SPF, firmado por la jefatura del complejo, describió la descompensación de Lázaro Báez como “cuadro gripal” y plasmó que el interno “manifestó sentirse mejor de su estado de salud” una vez que había regresado a la celda.

Según indicaron fuentes judiciales, el juez Costabel pudo verificar con su visita que la situación de salud de Báez hoy es estable, y que sus principales problemas no pasan por lo pulmonar, que es por lo que recibió atención en las últimas horas.

Sucede que al empresario patagónico le extrajeron un pólipo en el colon el último noviembre, y desde entonces registró episodios de sangrado intestinal.

Según el SPF, al momento no hay “sangrado activo ni síntomas digestivos”. En cambio, su defensa sostiene que pasó los últimos ocho meses sin controles médicos por este problema, y que los sangrados persisten. Báez tendrá una cita con un gastroenterólogo el próximo 19 de junio.

Prisión domiciliaria

La defensa de Báez, a cargo de los abogados Yanina y Lucas Nicoletti, insistió con un nuevo planteo para que la Justicia conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. Lo hicieron ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que programó una audiencia para el 10 de junio.

Además de sus problemas intestinales, el empresario condenado tiene hipertensión arterial, dislipemia, diabetes tipo II, asma bronquial, obesidad leve y arritmia; todo con tratamiento crónico.

La defensa pide acceder a la domiciliaria ante “la imposibilidad práctica -de parte del SPF- de garantizar, bajo las condiciones actuales, el esquema de seguimiento médico considerado necesario”, según plasmaron en un escrito. El empresario quiere volver a Santa Cruz.

Una de las irregularidades que puntualizaron desde la defensa es que, en la cárcel, Lázaro Báez no tiene a disposición tiras reactivas para medirse la diabetes.

El último informe que elaboró el Cuerpo Médico Forense sobre Báez -con el que le rechazaron la salida de la cárcel anteriormente- estableció que “la privación de la libertad en el establecimiento carcelario no le impide recuperarse o tratar adecuadamente sus dolencias”.

No se descarta que en las próximas horas, previo a la audiencia en Casación, pueda firmarse alguna resolución en el Tribunal Oral Federal N° 4 -a partir de la visita del juez Costabel al centro penitenciario- tendiente a regularizar los estudios médicos pendientes.

Ya es un hecho. En las próximas semanas, Manuel Adorni deberá dar explicaciones en los tribunales federales de Comodoro Py. La Justicia está ultimando detalles para convocarlo por dos causas: la que investiga el crecimiento de su patrimonio y la que escarba sobre su vínculo con su amigo periodista Marcelo Grandio, quien ganó contratos con el Estado y le pagó al jefe de Gabinete y su familia un viaje en jet privado a Punta del Este.

A pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) prepara un informe que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Ese análisis contable también precisará la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito, en caso de verificarse las irregularidades.

Para lograr esto, los especialistas de la DAFI están cruzando toda la información obtenida durante la pesquisa, desde los ingresos de dinero, deudas y los pagos más grandes para comprar propiedades hasta los gastos corrientes del día a día.

La inspección de todos los movimientos financieros estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio, estimaron fuentes del caso ante la consulta de Infobae.

Cuando la DAFI le ponga una cifra al supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, el fiscal Pollicita estará en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que haga un requerimiento de justificación patrimonial.

En Comodoro Py dan por hecho que el requerimiento se firmará. Lo único que resta saber es cuándo. “Hay períodos en los que no cierran los números de ninguna manera”, resumió ante este medio un investigador al tanto de las cuentas que hacen en la Justicia.

La declaración jurada correspondiente al ciclo 2025 que Manuel Adorni debe presentar ante la Oficina Anticorrupción tampoco parece poder ayudarlo a evitar que le pidan explicaciones en lo inmediato.

Al responder el eventual requerimiento de justificación patrimonial, el jefe de Gabinete tendrá la oportunidad de defenderse de las sospechas y contar cómo compró y remodeló dos propiedades -un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz- sin vender las posesiones que ya tenía antes de ser funcionario. También podrá explicar de dónde sacó el dinero para viajar por el país y el mundo, además de comprar una nueva camioneta, y cómo pensaba pagar antes de noviembre los 335.000 dólares que adeuda a distintos acreedores.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso de la Justicia sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

Mientras termina de delinearse el análisis patrimonial, los investigadores buscan echar luz sobre un último rincón de la causa: las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Manuel Adorni. Pero sospechan que puede haber más, y no descartan que haya activos digitales que pertenezcan al jefe de Gabinete, pero no estén a su nombre. Las averiguaciones están en pleno desarrollo.

Grandio y Punta del Este

Las averiguaciones en torno a Adorni, el periodista de la TV Pública Marcelo Grandio y el viaje que hicieron juntos a Punta del Este en febrero de este año también están prácticamente agotadas. Esta causa es por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que está analizando las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, quien ocupa el cargo de presidente de la productora ImHouse, empresa que logró seis contratos con la TV Pública y Radio Nacional en la gestión libertaria.

La pregunta que subyace es si Manuel Adorni tuvo alguna influencia irregular sobre estas contrataciones para beneficiar a su amigo Grandio y a su productora.

Para el último feriado de Carnaval, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos viajaron juntos a Punta del Este, Uruguay. Entre ida y vuelta, los boletos costaron 7.830 dólares.

El jefe de Gabinete dijo públicamente haber pagado su parte, pero hasta ahora no apareció algún comprobante que lo demuestre.

¿Pudo el viaje a Punta del Este haber sido un retorno a Manuel Adorni por los contratos con el Estado que ganó Imhouse? Para responder esa pregunta es que el juez Lijo podría llamar a indagatoria al jefe de Gabinete.

La citación aún no está firmada ni tiene fecha, pero también aparece casi como un hecho en el panorama judicial del jefe de los ministros.

Fuentes judiciales indicaron que el llamado a declarar ocurriría en las próximas semanas, pero recién cuando llegue el informe de la DAJuDeCO y luego de que el mismo sea estudiado por los investigadores. Ese organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia está a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo.

El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, insistió con el pedido para que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, sea citado como testigo por su participación en la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme que pasó 448 días secuestrado en Venezuela.

El juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, había descartado el mes pasado la propuesta para que Tapia se presente en Comodoro Py, y esa decisión fue apelada ahora ante la Sala I del tribunal superior.

Quien requirió el testimonio del presidente de la AFA fue el fiscal Carlos Stornelli. Según argumentó en su momento, Tapia podría clarificar “las circunstancias en que se logró la liberación y traslado” de Nahuel Gallo hacia la Argentina.

Una de las querellas que participa de la causa, representada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), apoyó el pedido y sostuvo que la máxima autoridad del fútbol argentino podría aportar los nombres de los funcionarios del régimen chavista que ordenaron detener y mantener cautivo al gendarme.

El juez Ramos no compartió ese criterio y resolvió: “Respecto a la medida sugerida por el Sr. Fiscal, considerando que -por el momento- no resulta pertinente dicha declaración con el objeto procesal delimitado en esta investigación, téngase presente la diligencia sugerida para su eventual oportunidad”.

Aunque rechazó la testimonial, el titular del Juzgado Federal N° 2 dejó la puerta abierta para convocarlo en un futuro.

Ahora el fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, presentó un memorial para que el tribunal de apelaciones revoque esa decisión. Deberá defender sus argumentos -que van en línea con los de Stornelli- en una audiencia oral la semana que viene.

El rescate de Gallo

A fines de febrero, Claudio Tapia intentó sin éxito viajar a Venezuela, justo para la fecha en la que Nahuel Gallo salió de la cárcel de El Rodeo.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante le prohibió salir del país cuando lo procesó por retención indebida de aportes. El magistrado levantó esa cautelar varias veces a pedido de la defensa -para ir al Mundial, por ejemplo-, pero se negó a hacer una excepción a esa medida cuando Tapia pidió permiso para volar hacia Caracas.

Así, el gendarme argentino regresó el pasado 1 de marzo en un avión privado acompañado por dos pilotos y por los dirigentes Luciano Nakis, prosecretario general de la AFA y quien le “secó la nuca” a Tapia en aquel video viral, y Fernando Isla Casares, encargado de Ceremonial y Protocolo de la Asociación.

Hasta hoy no se conocen oficialmente los pormenores de la negociación que permitió el rescate de Nahuel Gallo.

El gendarme es querellante en la causa que tramita en Comodoro Py y, a fines de abril, declaró como testigo ante el juez Ramos y el fiscal Stornelli. Allí contó por primera vez los tormentos sufridos durante su captura y relató cómo vivió su liberación.

La violación sistemática de los derechos humanos que se perpetró por parte del régimen de Nicolás Maduro desde 2014 se investiga en Comodoro Py bajo el principio de “justicia universal”, que permite investigar y juzgar este tipo de crímenes independientemente de dónde hayan ocurrido.

Por orden de la Cámara Federal, el juez Ramos pidió a Estados Unidos la extradición del exdictador para poder indagarlo en Buenos Aires.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, busca que el juez federal Ariel Lijo dé marcha atrás con la orden de que aporte una muestra de su voz para compararla con los audios que destaparon una presunta red de corrupción al interior del organismo. Las grabaciones serán peritadas por la Gendarmería Nacional para aclarar su origen y veracidad, tal como había dictado la Cámara Federal porteña.

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, propuso que en el peritaje se haga -entre otros puntos- un “análisis comparativo con material indubitado”, algo que el juez Lijo concedió la semana pasada.

Para ello, la Gendarmería “deberá convocar a Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”, resolvió el magistrado. Es decir, que lo citen para grabar su voz.

La defensa del exfuncionario libertario, a cargo de Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, se opuso tajantemente. Preparan un planteo que presentarán en el Juzgado Federal N° 11 en el que alegarán que lo solicitado por el fiscal “atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación”, según pudo saber Infobae.

En paralelo, la defensa de Spagnuolo ya designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien presentó sus propios puntos de pericia para incluir en el estudio técnico. Lo propio hicieron los abogados de la droguería Suizo Argentina y del lobista Miguel Ángel Calvete.

El juez Lijo ya ordenó, además del cotejo de voz, que se detecten ediciones o modificaciones hechas con inteligencia artificial.

Los especialistas de la Gendarmería buscarán “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

En paralelo, también se buscará hacer una “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”.

Ariel Lijo mandó a peritar los audios luego de una orden de la Cámara Federal que había sido dejada en suspenso por el juez anterior de la causa, Sebastián Casanello, quien subrogó el Juzgado Federal N° 11 hasta febrero.

Varias defensas pedían avanzar con el estudio acústico, ante la hipótesis de que podrían tener un origen clandestino, como por ejemplo, escuchas ilegales. Si así fuera, los audios podrían hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

En lo que va de la causa, el fiscal Picardi y el juez Casanello desestimaron los audios como prueba. Incluso sostuvieron que en el expediente hay material probatorio independiente y anterior a las grabaciones atribuidas al exfuncionario. Resta saber si Lijo mantiene ese mismo criterio.

Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por la corrupción en la Agencia de Discapacidad.

Puntos de pericia

El perito de parte de Spagnuolo, Marcelo Torok, presentó sus propios puntos de pericia, que deben ser aprobados por el juez. Pidió verificar la cadena de custodia, “correspondiente a la evidencia aportada y si la misma guarda perfecta continuidad con el devenir de los tiempos, sin interrupciones, o si existen periodos y desplazamientos sin acreditar debidamente”, según consta en un escrito al que accedió este medio.

También requirió que Google LLC y la plataforma YouTube aporten “la totalidad de la información disponible” sobre el link de video perteneciente al canal de streaming Carnaval donde están alojados los audios.

El perito de parte sugirió que se establezca si “del análisis del archivo surge lugar y fecha de las grabaciones auditadas”, “que los peritos indiquen si en forma indubitable se trata de un archivo original, con integridad en la continuidad de todo su contenido”, y si “se observan interrupciones o saltos en el transcurso del audio”.

Por último, requirió que se haga “un filtrado entre el sonido del frente y del fondo”, con una serie de disposiciones técnicas, y que se determine “si con los elementos obrantes en el archivo analizado, puede identificarse en la grabación al Sr. Spagnuolo”.

La detención de Facundo Leal, expresidente de ARSAT y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), por el hallazgo de múltiples drogas, unos 2.5 millones de dólares y más dinero en diversas monedas, destapó una red de presunta corrupción que se gestó en la empresa estatal de telecomunicaciones. Lo que comenzó como una investigación por el robo de equipamiento de alto valor en un depósito de San Fernando, rápidamente escaló para revelar un esquema de posibles direccionamiento de contratos, sobreprecios y pagos de coimas que involucra a una decena de personas y a la empresa Argentina Logistic Services (ALS).

La trama se inició a raíz de un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito de la localidad de San Fernando, operado por ALS, donde se resguardaba material sensible de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT. Encontraron 15 containers saqueados.

La investigación de ese hecho quedó a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, en la Justicia Federal de San Isidro. La pesquisa escarbó sobre la contratación de ALS al detectarse que las cámaras de seguridad del depósito no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.

Ante las sospechas en torno a la contratación de Argentina Logistic Services por el servicio de depósito, el fiscal ordenó las primeras medidas de prueba y secuestró celulares.

El análisis de los teléfonos incautados reveló el presunto pago de coimas y manejos espurios entre ARSAT y ALS. El 29 de junio de 2021, Juan Andrés Navarro, gerente comercial de ARSAT e integrante de “la banda de los mendocinos” -como se conocía a un grupo de funcionarios oriundos de esa provincia-, firmó un memorándum que proponía cambiar el depósito de los bienes de la empresa, señalando a ALS como la firma indicada y solicitando avanzar por contratación directa.

Tres meses más tarde, ARSAT llamó a cotizar. Las ofertas de los tres supuestos competidores, ALS, Transportes Padilla y Tradelog, llegaron el 10 de septiembre con minutos de diferencia, según estableció la Justicia, con colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Las oferentes que no se quedaron con el negocio tienen vínculos con Argentina Logistic Services, por lo que se sospecha que se presentaron para darle una apariencia de legalidad al trámite.

Diego Padilla, vicepresidente de ALS, es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla. Además, Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS, también formaría parte del mismo clan familiar. Por otra parte, la gerenta general de la empresa, Sofía Varela Vizgarra, trabajaría actualmente en Tradelog.

El cuarto y último involucrado en la causa por el lado de la empresa logística es Fernando Diego Paredes, presidente de la compañía, de quien se encontraron mensajes que harían referencia a las coimas para los funcionarios.

“La banda de los mendocinos”

Algunos de los exfuncionarios que podrían ser llamados a indagatoria en las próximas horas integraban “la banda de los mendocinos”, como se los conocía en la empresa. A la cabeza del grupo estaba Facundo Leal, quien presidió ARSAT entre 2022 y 2024 y fue designado al frente del ORSNA en 2025.

Leal, considerado una figura influyente en la Secretaría de Transporte, fue detenido en su departamento de Palermo, donde se encontraron cerca de 650.000 dólares en efectivo, pesos argentinos, y divisas de otros seis países, además de ketamina, MDMA y cocaína. En su casa de Mendoza, se hallaron otros 1.7 millones de dólares, organizados en fajos termosellados.

Otro actor central en esta red es el mendocino Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión anterior, expresidente de Trenes Argentinos Operaciones en el gobierno libertario y actual gerente de Administración, según el último organigrama disponible de la empresa pública de soluciones satelitales.

Boschin habría sido la puerta de entrada de ALS para ganar el contrato, a cambio de coimas. Según se desprende de la causa, filtró el estado interno del expediente a los empresarios y firmó órdenes de compra por un total de 1.930.861 dólares y 40.300.000 pesos en contrataciones directas entre 2021 y 2024, por servicios de depósito, gruas, transporte, entre otros segmentos.

Entre Boschin y las autoridades de ALS, la Justicia señaló a un presunto intermediario, Santiago Pando, quien también aparece mencionado en las comunicaciones que constan en el expediente.

Pablo Gastón Pagani, exsubgerente de Finanzas de ARSAT, no viene de Mendoza, pero es muy cercano a Leal. Sería el esposo de su hermana, según revelaron fuentes consultadas por Infobae. En la causa se le atribuye haber firmado la prórroga del contrato de ALS sin la intervención del Directorio.

Por último aparece involucrado Juan Antonio Álvarez, quien según su perfil de LinkedIn se desempeña como jefe de compras y contrataciones en ARSAT.

Sobre todos ellos, el fiscal Domínguez pidió que sean citados a indagatoria para avanzar con la acusación. Aún resta la definición del juez Mirabelli. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.

La “banda de los mendocinos” también está integrada por otros funcionarios que no están bajo el radar de la Justicia. Entre ellos figuran Leonardo Comperatore, ex ministro de Seguridad de Mendoza y actual jefe de Relaciones Institucionales de ARSAT, y Ramiro Canet, quien fue abogado de la empresa pública y hoy es director de Gestión de Bienes Registrables, en el Ministerio de Gobierno de la provincia andina.

De la mano de Gerardo Boschin, Comperatore también tuvo un paso por el mundo ferroviario durante la gestión actual. Presidió Trenes Argentinos Infraestructura desde mayo de 2025 hasta enero de este año, cuando ambos dejaron sus cargos a partir de la renuncia del secretario de Transporte, Luis Pierrini, otro mendocino más. Su salida del Gabinete también obligó a Leal a retirarse del ORSNA.

El juez federal Ariel Lijo puso en marcha el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien fue director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el inicio de la gestión libertaria hasta que se conocieron las grabaciones que revelaron el desfalco del organismo. Ya hay peritos designados y, además, se confirmó que el exfuncionario será citado para tomar una muestra de voz, tal como anticipó Infobae el mes pasado.

El estudio pericial busca esclarecer el origen y la veracidad de los audios. Se intentará detectar, entre otros puntos, ediciones o modificaciones hechas con inteligencia artificial.

La controversia en torno a las grabaciones es la mejor carta que tienen para jugar las defensas de los acusados, coinciden distintas fuentes del caso consultadas por este medio. Es que, de verificarse su origen clandestino -por ejemplo, escuchas ilegales-, los audios podrían hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

Para proceder de esta manera, la Justicia debería entender que esos archivos fueron el puntapié del caso, que es precisamente lo contrario a lo que sostiene el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación. El acusador alegó en reiteradas oportunidades que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a la incorporación de los audios.

El peritaje

Lijo le encomendó el peritaje a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Ante esa fuerza deberá presentarse Spagnuolo, con fecha aún a confirmar, para aportar “material indubitado” con el que se pueda comparar su voz con la que se escucha en los audios. Lo harán hablar para grabarlo y tener un registro fidedigno.

El fiscal Picardi designó a cinco especialistas que trabajan en los laboratorios de Multimedia Forense y Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para participar de la pericia, según supo Infobae de fuentes judiciales.

Mientras las defensas de Diego Spagnuolo, la droguería Suizo Argentina y el lobista Miguel Ángel Calvete pusieron sus respectivos peritos de parte.

El estudio tiene, de momento, diez puntos de pericia: seis ofrecidos por la fiscalía y cuatro por Martín Magram, abogado de la Suizo.

Buena parte del trabajo estará enfocada en el posible uso de inteligencia artificial. El juez ordenó buscar “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

Además, en otro punto, requirió que se detecte si existió algún tipo de “edición mediante IA o herramientas de síntesis digital” con la que se haya manipulado la voz de Spagnuolo.

En paralelo, también se buscará hacer una “comparación de parámetros acústico-fonéticos” entre la voz del exfuncionario y la que se escucha en los audios; “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”.

La causa

Mientras se desarrolla el peritaje, el fiscal Picardi y el juez Lijo avanzan con una nueva tanda de indagatorias, que se extenderá hasta el 12 de junio.

Por ahora nadie habla: ya se negaron a declarar Spagnuolo, Calvete, exfuncionarios, empresarios y empleados del sector público y privado.

Según la acusación, desde que el presidente Javier Milei llegó al poder, en la ANDIS se habría montado una asociación ilícita dedicada a defraudar a la administración pública. Es el primer caso de corrupción que estalló en la gestión libertaria.

El desvío de fondos para personas con discapacidad se habría logrado mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según la fiscalía.

Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de coimas a funcionarios.

Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024.

A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias de las arcas públicas, de acuerdo a la acusación.

El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a la exdirectora del PAMI, Luana Volnovich, y a una serie de funcionarios y empresarios que estaban involucrados en una causa por presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos oncológicos. El expediente se archivó y no habrá apelación ante la Cámara Federal porteña, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

El caso se había iniciado a principios de 2025 a partir de una denuncia de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.

A partir de pedidos de acceso a la información pública, se detectaron “diferencias sustanciales” entre los precios abonados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) durante el año 2023 y los valores de mercado de ocho medicamentos específicos.

Se trataba de medicaciones compuestas por principios activos como anastrozol, ciclofosfamida, letrozol, docetaxel, bevacizumab, rituximab, enzalutamida y erlotinib, destinadas al tratamiento de enfermedades oncológicas.

Así, el fiscal federal Ramiro González inició una investigación sobre Volnovich, los funcionarios responsables de la Agrupación de Colaboración Empresaria para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncológica) y los responsables de los laboratorios Elea Phoenix SA, GP Pharm SA, Kemex SA, Biosidus SAU y Raffo SA.

ACE Oncológica tiene a cargo la coordinación de la entrega de medicamentos entre droguerías y farmacias, recolectar recetas y remitos, monitorear el stock y coordinar contratos adjudicados, entre otras funciones. El procedimiento de adquisición de los medicamentos se realiza mediante cheque o transferencia del PAMI a ACE, que luego distribuye los montos y debe entregar los comprobantes correspondientes.

Durante el año 2023, el PAMI adquirió 211.966.441 unidades de medicamentos ambulatorios por un total de $421.608.229.276 a través del sistema de convenio marco. Además, se obtuvieron 1.178.974 unidades de tratamientos especiales por un total de $112.079.605.049.

En cuanto a las licitaciones públicas gestionadas en 2022 para medicamentos abonados en 2023, se adquirieron 986.116 medicamentos por $12.274.411.280.

En su denuncia, Elisa Carrió señaló inconsistencias en los desembolsos al entender que, contrariamente a la lógica económica que indicaría precios más bajos por convenio marco, los resultados de las adquisiciones de 2023 mostraban lo opuesto.

Presentaron ejemplos de situaciones en las que el PAMI habría pagado precios muy superiores a los del mercado. Por ejemplo, el laboratorio GP Pharm colocó 1098 unidades de anastrozol de 1 mg en el cuarto trimestre de 2023 a $13.192 la unidad por convenio marco, mientras que el mismo producto se adquirió a $924 la unidad mediante licitación pública. Situaciones similares se observaron con ciclofosfamida y letrozol.

Para profundizar la investigación, el fiscal González solicitó información a la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria (DINADIC) y al PAMI sobre las adquisiciones cuestionadas.

Luego de más de un año de averiguaciones, a principios de este mes el acusador público pidió el sobreseimiento de los imputados y el archivo de la causa.

El fiscal sostuvo que no se verificaron las irregularidades descriptas en la denuncia. En su dictamen, explicó que el PAMI utiliza dos modalidades de contratación para medicamentos oncológicos: el Reglamento de Compras y Contrataciones (licitaciones públicas) y el Convenio Marco de Adhesión.

Esa segunda opción, según dictaminó González, está prevista para “situaciones tales como falta o demora prolongada” en la entrega de los medicamentos, cuando se torna imperativo “no frustrar la continuidad del tratamiento del afiliado a efectos de garantizar su derecho a la salud”.

Además, el representante fiscal indicó que las condiciones comerciales, altas de productos, actualizaciones de precios y descuentos aplicables a las drogas adquiridas por convenio se fijan “ex ante”, lo que impide que el precio se establezca de manera discrecional en cada operación.

“No ha existido ningún tipo de ardid o engaño por parte de los laboratorios aquí denunciados”, tampoco “se advierte alguna conducta defraudatoria por parte de los administradores” de ACE Oncológica, ni se pudo probar que Luana Volnovich “haya incumplido sus deberes de funcionaria pública al momento de llevarse a cabo las contrataciones cuestionadas”, dictaminó el fiscal González.

Caída la acusación del Ministerio Público, el juez Ramos no tuvo más que sobreseer a los imputados y archivar la causa. Con esta postura del fiscal, el caso tampoco llegará en apelación a la Cámara Federal y, por ende, los sobreseimientos quedarán firmes.

Gastón Salmain, juez federal de Rosario, quedó este jueves un paso más cerca de la destitución.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el dictamen que propone enviarlo a juicio político por un caso de corrupción en el que está procesado con prisión preventiva, y por haber ocultado en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para direccionar un expediente.

Ese dictamen acusatorio fue elaborado por el senador Luis Juez, quien encabezó la investigación disciplinaria en el Consejo. A último momento, el magistrado sospechado lo recusó sin éxito. Ahora el caso pasará al Plenario y allí se definirá si Salmain enfrenta o no un jury.

El kirchnerismo acompañó la propuesta para avanzar con la acusación del juez, pero hizo salvedades.

El consejero y diputado Rodolfo Tailhade -que hizo parte de su opinión a su par Vanesa Siley- consideró antes de votar que debería dejarse de lado la imputación a Salmain por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación.

Tailhade adhirió a la explicación que había dado el magistrado al defenderse, cuando argumentó que el reglamento solo exige informar sanciones en los últimos diez años y su cesantía había ocurrido antes de ese período. Además, Salmain dijo que “nadie le preguntó” por ese episodio mientras tramitaba su pliego para asumir en el Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

Al ser inescindible una acusación de la otra, los legisladores peronistas dejaron a la vista sus diferencias con el dictamen de Luis Juez antes de acompañar con su voto afirmativo. Y, por último, pidieron que se incorporen como prueba en el eventual jury las dos valijas de documentación que Salmain llevó al Consejo la semana pasada.

La recusación

A último momento, a través de su abogado Yamil Castro Bianchi, el juez Salmain recusó al consejero Luis Juez, para intentar que se aparte del expediente disciplinario, no pueda votar y, en consecuencia, todo el proceso se declare nulo. Ningún consejero acompañó el reclamo, por lo que nada de esto ocurrió finalmente.

Salmain señaló a Juez por una supuesta “pérdida de la imparcialidad”, a partir de una entrevista que brindó en los últimos días, donde sostuvo que el magistrado debía ser sancionado.

“Quien va a tener que votar en este expediente ya tiene resuelto, en sede pública y mediática, que la conducta del magistrado está acreditada, ella merece sanción, y esa sanción disciplinaria le ‘corresponde’, aunque es insuficiente. Todo ello antes de que se haya producido prueba, antes del descargo y antes de cualquier deliberación institucional. No hay margen para otra lectura razonable: se trata de un juicio anticipado sobre el fondo”, planteó Salmain en un escrito al que tuvo acceso Infobae.

También cuestionó que el dictamen acusatorio en su contra se haya elevado apenas 48 horas después de su “indagatoria” ante el Consejo de la Magistratura.

“No lo conozco al Dr. Salmain, no tengo para con él ninguna cuestión personal. Tengo una idea de lo que debe ser un juez federal y él está bastante lejos de ese ideal, pero eso no implica ninguna animosidad; yo me manejo con la prueba y no con chimentos”, respondió el senador Juez al defender su posición en la audiencia de hoy.

Por último, el consejero criticó a Salmain por estar “más preocupado por su salario que por defender su honor”.

“Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado. Nos quiso hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario, los fiscales, las camaristas, el juez, todo el mundo se puso de acuerdo para ponerlo en este apriete”, remató.

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario está procesado con prisión preventiva -no está detenido porque tiene inmunidad de arresto- como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de la causa Attila.

A cambio de una coima de 200.000 dólares, Salmain habría firmado un fallo a pedido de un financista para permitirle el acceso a 10 millones de dólares a valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria, a fines de 2023.

La Justicia alcanzó un acuerdo de colaboración con otro actor clave en el entramado de corrupción que anidó en los tribunales federales de Rosario. El nuevo arrepentido es Gabriel Mizzau, un contador público que trabajó al mismo tiempo para el entonces juez Marcelo Bailaque y el capo narco Esteban Lindor Alvarado.

El hallazgo de esa conexión entre investigador e investigado fue, hace ya casi dos años, el puntapié para develar presuntos manejos corruptos en los juzgados federales N° 4 -a cargo de Bailaque hasta su renuncia a fines del año pasado- y en el N° 1, cuyo titular es el juez Gastón Salmain.

Marcelo Bailaque se encuentra detenido con prisión domiciliaria, mientras que Salmain está procesado y también se dictó su captura, pero sigue libre gracias a la inmunidad que le otorga su cargo.

Salmain y Bailaque fueron delatados por los otros dos “arrepentidos” que tienen los distintos expedientes que investigan la corrupción judicial en Rosario: el financista Fernando Whpei y Carlos Vaudagna, exdirector regional del ARCA en Santa Fe, ambos involucrados en múltiples delitos que habrían cometido en connivencia con los magistrados.

El giro de Mizzau como tercer imputado colaborador se conoció en una audiencia celebrada ante la Cámara Federal de Rosario, horas antes de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura vote si pide el juicio político al juez federal Gastón Salmain.

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario se defendió de las acusaciones la semana pasada. Lo investigan por su conducta en dos episodios: la causa Attila, donde está procesado por firmar fallos a cambio de coimas, y por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación, ya que omitió declarar que había sido echado del Poder Judicial en 2002, por haberle ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la Seguridad Social.

La suerte de Salmain está en manos de la Comisión de Acusación, que es presidida por el consejero Alberto Maques y está compuesta por sus pares Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. Si aprueban el dictamen acusatorio, este se elevará a consideración del Plenario del Consejo.

La confesión del contador

Presidida por el camarista Aníbal Pineda, la audiencia de este miércoles en la Cámara Federal de Rosario tenía como fin definir si el exjuez Bailaque era enviado a juicio oral y público. Pero la revelación del fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, corrió el eje de la jornada.

Iglesias anunció el acuerdo de colaboración alcanzado ayer con el contador Mizzau, con el que -con la aprobación del juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz- el acusado admitió los hechos, consiguió una reducción de su eventual condena y, además, aportó nuevas revelaciones para la causa.

Según indicaron fuentes judiciales, Mizzau reveló a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque y su correlación directa con el narcotráfico que debía investigar, además de reconocer que lavó dinero para las empresas armadas por el líder narco.

El contador y el magistrado eran amigos desde la escuela. Por ese vínculo de confianza, reconoció ahora el arrepentido, es que Bailaque lo habría acercado a Alvarado para que le lleve los números.

Cabe recordar que, a mediados de 2024, el escándalo estalló cuando se descubrió que el hijo del contador de Lindor Alvarado trabajaba en el juzgado de Bailaque. Esto era así mientras el magistrado tenía causas abiertas contra uno de los jefes del crimen organizado en Rosario.

Luego se descubriría que la relación no terminaba allí: el contador trabajaba a la vez para el narco y para el juez. En 2019, Bailaque ya había sido denunciado por obstruir la investigación contra Alvarado.

Al declarar como arrepentido, Gabriel Mizzau reconoció haber prestado asesoramiento contable entre 2014 y 2018 a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, que pertenecían al clan Alvarado, para lavar dinero obtenido de la venta de droga. También admitió haber manipulado los estados financieros para evitar ser descubierto.

A partir del acuerdo de colaboración, el Ministerio Público Fiscal pediría una pena de tres años de prisión condicional para el contador.

Bailaque, cada vez más complicado, está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.

No se conectó por Zoom a la audiencia donde se definiría su elevación a juicio. Los fiscales que lo investigan ya adelantaron que pedirán una condena de diez años de cárcel.

Acorralado por las denuncias y su inminente destitución, Bailaque renunció el año pasado para evitar el juicio político y cobrar su jubilación de privilegio, dimisión que fue aceptada por el presidente Javier Milei. Al perder los fueros, permanece en prisión preventiva.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla levantó este martes la medida cautelar con la que había ordenado al Gobierno garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo fundamental en la restitución de identidades en causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El Poder Ejecutivo destinó $590.000.000 de presupuesto y así quedó subsanado el riesgo de inminente paralización de las actividades, según plasmó el magistrado en un fallo al que tuvo acceso Infobae.

Los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la fiscalía especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE), habían solicitado la medida a partir de distintos informes de BNDG, en el marco de una causa por una posible supresión de identidad.

En estos documentos se advirtieron limitaciones en recursos humanos y materiales, que impactaron en los tiempos de entrega de resultados de los análisis de ADN y en la capacidad de cumplir con los requerimientos de la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad (CONADI) y los juzgados federales.

Un punto crítico fue la afectación del pago a proveedores de servicios esenciales, como seguridad, mantenimiento informático y las condiciones ambientales necesarias para la preservación del material genético. Las autoridades del Banco advirtieron que, si bien se priorizó la operatividad, la creciente fragilidad y la falta de recursos ponían en riesgo la continuidad de estos servicios.

La situación presupuestaria se tornó aún más compleja al revelarse que, si bien se había formulado un presupuesto considerando el ejercicio anterior, la Ley de Presupuesto Nacional aprobó solo el 55,96% del monto requerido, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades durante el 2026.

Esto generó una situación de “extrema criticidad” que puso en riesgo la operación de los laboratorios y podría afectar la cadena de custodia de las muestras y la preservación de la documentación.

Abuelas de Plaza de Mayo se sumó a la presentación de los fiscales, expresando su profunda preocupación por la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

La organización, querellante en la causa de supresión de identidad, solicitó medidas urgentes para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo y preservar las muestras biológicas y genéticas que integran el Archivo Nacional de Datos Genéticos.

Con la firma de su presidenta, Estela De Carlotto, Abuelas enfatizó el “carácter irremplazable” de estos elementos probatorios para las investigaciones en curso sobre la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, y recordó el “rol fundamental” del BNDG en la restitución de identidades.

Ante este panorama, el juez Ramos Padilla dictó hace dos semanas una medida cautelar interina en la que requirió al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, que dispusiera de manera inmediata “las medidas administrativas y asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento” del Banco.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete presentó un informe en el que argumentó que los requerimientos presupuestarios del BNDG habían sido tramitados y que la falta de operatividad se debía a una gestión ineficiente de los recursos disponibles y a la falta de impulso de los procesos administrativos.

Sin embargo, en el mismo informe, se reconoció la necesidad de una compensación de crédito por $590.000.000 para garantizar la continuidad operativa del BNDG, y se comprometieron a tramitarla. A partir de esto, el Ejecutivo pidió que la cautelar fuera dejada sin efecto.

Una vez destrabado el presupuesto, el Juzgado Federal N° 1 de La Plata dio por cumplida la finalidad de la medida cautelar interina, aunque se dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos.

“Se concluye que el Banco Nacional de Datos Genéticos reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados, en tanto constituye el perito oficial exclusivo previsto por la Ley 26.548 para la obtención, almacenamiento y análisis de información genética necesaria en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central —y en numerosos casos, la única prueba científicamente idónea— para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad, posibilitando la reconstrucción de vínculos familiares, el restablecimiento del derecho a la identidad y el avance de los procesos judiciales correspondientes”, resolvió el juez Ramos Padilla en su fallo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita entró este viernes en período de licencia y durante la próxima semana será su colega Franco Picardi quien asuma la conducción de la causa por enriquecimiento ilícito en la que está investigado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Picardi, titular de la Fiscalía Federal N° 5 de Comodoro Py, es el fiscal que lleva adelante otros expedientes de peso como la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno actual y el entramado detrás del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en la gestión de Alberto Fernández.

Llegó a ser fiscal con apenas 35 años, y antes de su designación fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En el quinto piso de Comodoro Py, donde funcionan las doce fiscalías de instrucción porteñas, anticiparon que no habría movimientos bruscos durante la semana en la que el caso Adorni esté en manos de otro fiscal. Como subrogante, Picardi mantendrá la línea que viene trabajando Pollicita junto a su equipo en la Fiscalía Federal N° 11, indicaron las fuentes consultadas.

Cerrada -al menos de momento- la etapa de declaraciones testimoniales, ahora la pesquisa avanza en dos frentes.

Por un lado, en la Fiscalía los investigadores siguen recabando información sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. Se está completando la reconstrucción de todas las cuentas bancarias, de inversión y en billeteras virtuales que tenga el matrimonio, con sus respectivos movimientos financieros.

Además, en los próximos días se terminarán de incorporar al expediente distintos informes solicitados para saber cuánto dinero destinó la familia Adorni a propiedades, viajes y gastos corrientes, desde 2022 a la fecha.

En el segundo frente, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) ya empezó a hacer las cuentas necesarias para saber si hay irregularidades en los números del ministro coordinador.

Este organismo contable de la Procuración empezó a recibir todas las cifras surgidas de las pruebas que se fueron reuniendo en los últimos dos meses.

Infobae pudo hacer una reconstrucción parcial de las erogaciones bajo investigación, de las que surgen gastos por 41.000 dólares entre alojamientos y vuelos a Madrid, Nueva York, Bariloche, Punta del Este, Gualeguaychú y Aruba -se investigan 21 viajes-; cerca de 400.000 dólares en el segmento de las propiedades; y 335.000 dólares en deudas que, en su mayoría, el funcionario se comprometió a pagar antes de noviembre.

Otro dato de relevancia que surge de la investigación es que Adorni pagó, casi siempre, en dólares y en efectivo.

La totalidad de los gastos que pueda computar la DAFI se contrastará con los ahorros e ingresos de dinero declarados por el jefe de Gabinete y su esposa. Se sabe que el sueldo del funcionario estuvo congelado en torno a los $3.500.000 hasta enero de este año, cuando se lo duplicaron.

Y aún resta conocer la evolución patrimonial que Manuel Adorni revelará cuando presente su declaración jurada correspondiente al 2025. Fuentes cercanas al jefe de ministros indicaron que llevarán el documento ante la Oficina Anticorrupción (OA) antes de que comience el Mundial de Fútbol.

Algunos funcionarios judiciales de Comodoro Py se preguntaron esta semana si Adorni, tal como ocurrió con su hermano Francisco -investigado por enriquecimiento ilícito en otra causa-, dará a conocer que tiene una herencia que había mantenido en secreto hasta ahora, o cuál será el factor que le permita dar una explicación de su crecimiento patrimonial en los últimos años.

En cualquier caso, la declaración jurada no serviría en sí misma y de forma automática como un salvoconducto, indican las fuentes consultadas. Es que, con la causa penal ya en trámite, el jefe de Gabinete no solo deberá informar cuánto dinero tiene; además tendrá que explicar el origen de esos fondos.

Si los números no cierran, el fiscal Pollicita y el juez Ariel Lijo avanzarán con un requerimiento de justificación de bienes con el que Manuel Adorni tendrá una última posibilidad de fundamentar su crecimiento patrimonial, antes de una eventual citación a indagatoria.

La jueza federal María Romilda Servini denunció a su par de Lomas de Zamora, Federico Villena, por una supuesta serie de amenazas que habría recibido la semana pasada en su celular. También relató haber sufrido un inusual episodio en su domicilio particular. El hecho se investigará en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.

Fuentes judiciales revelaron a Infobae que este martes al mediodía la titular del Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py envió una nota al presidente de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en la que expuso los hechos denunciados.

Este medio se comunicó con Villena antes de publicar esta nota. El juez negó las amenazas y dio su versión de los hechos.

Servini describió como “mensajes amenazantes e intimidatorios” las últimas comunicaciones que recibió de parte del magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

“Si bien desconozco el motivo de tal afrenta siento el deber de denunciarlas ya que en forma reiterada durante los días 11 y 12 del corriente mes de mayo, me he sentido atemorizada y acosada, no solo por los mensajes sino además por los incesantes llamados”, indicó la jueza en su escrito.

Y siguió: “De la misma manera, el día 13 del corriente mes de mayo, aproximadamente a las 07.00 horas, han tocado en forma incesante e insistente el portero eléctrico de mi casa, sumando esto un nuevo agravio a mi tranquilidad”.

Al denunciarse por secretaría de la Cámara, el caso pasó a sorteo y el expediente recayó en el despacho de Lijo.

En la causa están presentadas todas las comunicaciones referidas por la magistrada, que previamente fueron certificadas por escribano público. Este medio pudo ver parte de esos mensajes y una serie de llamadas perdidas.

El contenido de los chats refleja un desencuentro de índole personal, en el que -al menos por el fragmento al que accedió Infobae- las comunicaciones son unilaterales, siempre de Villena hacia Servini.

La respuesta de Villena

En diálogo con Infobae, el juez federal Villena negó haber amenazado a Servini y, aún más tajantemente, afirmó que de ninguna manera podría haberle ido a tocar el timbre de su domicilio personal.

Si bien descartó el supuesto acoso virtual, reconoció la existencia de las comunicaciones: “Me enteré de que habló mal de mí, me puse mal y le llamé y le escribí”, le dijo el magistrado a este medio.

“La quiero como a una abuela. Hace 20 años la conozco, antes de ser juez”, agregó, y aseguró que todos los mensajes que le escribió tienen “un tono familiar y afectivo”.

Servini, la jueza de instrucción de más larga trayectoria en Comodoro Py, sugirió en su denuncia “acreditar una posible conexidad” con una causa que está radicada en el Juzgado Federal N° 8 de Marcelo Martínez De Giorgi, en la que Villena aparecía como imputado al menos hasta 2023. Lo mismo pidió para otros dos expedientes que tramitan en Lomas de Zamora.

El juez Lijo le dio curso a estas medidas y ahora aguarda por la certificación de las causas.

Al cierre de este artículo, el caso aún no había llegado al Consejo de la Magistratura. Las fuentes consultadas estiman que también se hará una presentación ante ese organismo en las próximas horas.

Cabe recordar que Villena subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, y que para ocupar ese cargo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la semana pasada activó el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, funcionario a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y exsecretario de Ariel Lijo.

Tal como anticipó Infobae este lunes, el diputado provincial Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada luego de que le abrieran una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahora informó que tiene 21 millones de pesos de una herencia que no había dado a conocer anteriormente ante la Oficina Anticorrupción.

También modificó los datos sobre la valuación de su casa en City Bell y un crédito hipotecario que contrajo con el Banco Provincia, que se convirtió en uno de los principales vectores de las sospechas en torno al patrimonio del legislador bonaerense y exfuncionario del Ministerio de Defensa.

Francisco Adorni está imputado en una causa a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, que ya ordenó, entre otras tantas medidas, el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Se trata de un expediente que corre por una vía separada al caso de Manuel Adorni, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

La herencia ahora revelada por el diputado Adorni figura en la declaración jurada más reciente como “dinero efectivo en el país”, y no precisa su origen.

Infobae consultó al entorno del funcionario para saber si corresponde a lo que recibió luego del fallecimiento de su padre, Jorge Adorni -murió en 2002-, pero al cierre de este artículo no obtuvo respuestas.

El silencio se repite alrededor del jefe de Gabinete, desde donde por ahora evitan adelantar si, como su hermano, también tiene parte de una herencia que no declaró. Manuel Adorni aún no presentó su declaración jurada correspondiente al año 2025, y tiene tiempo hasta el 31 de julio para hacerlo.

Tras la rectificación de sus papeles, Francisco Adorni informó a la OA que su casa de City Bell -un dúplex de 162 metros cuadrados del que posee el 50%- ahora vale 67.500.000 pesos. En cambio, en 2024 había declarado una valuación de 38.790.000 pesos.

Cabe recordar que entró a la función pública en la gestión libertaria como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, y luego fue promovido, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Adorni también actualizó los números del crédito que mantiene con el Banco Provincia. La denuncia en su contra, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, advirtió que el legislador habría cancelado en 12 cuotas un crédito hipotecario por un valor de 60 millones de pesos, valor que no podría justificar con sus ingresos.

En la actualización de su declaración, el imputado notificó que todavía debe 57 millones de pesos, y que al inicio del 2025 debía 45 millones.

La Justicia aún espera un informe del Banco Provincia con “detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento; detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026; eventuales operaciones de refinanciación, novación o subrogación; y toda documentación de respaldo aportada por el tomador para acreditar el origen de los fondos”, tal como pidió el fiscal Marijuán.

De la misma manera, en Tribunales aguardan la incorporación formal al expediente de la última versión de la declaración jurada.

Fuentes al tanto de la investigación indicaron a Infobae que, lejos de eximirlo de las sospechas, la corrección que hizo el diputado bonaerense abonaría la hipótesis de las inconsistencias en su patrimonio.

El Juzgado Federal N° 6 que subroga Rafecas hizo lugar a más medidas de prueba solicitadas por el fiscal Marijuán y ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para obtener la documentación relacionada con su ingreso al IAF y sus recibos de sueldo.

También están en proceso informes de Migraciones, el Banco Central, organismos tributarios, la IGJ, la UIF y varias entidades públicas y privadas.

En las últimas horas, sin embargo, la atención de los investigadores quedó captada por información referida a cuentas de inversión en el mercado de capitales, según señalaron las fuentes consultadas. Es una arista del caso que está en pleno desarrollo.

El exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, cambió su defensa en las causas abiertas que enfrenta en Comodoro Py y San Isidro por sus supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, quien acaba de cerrar en Estados Unidos un acuerdo por el que se declaró culpable de lavado de activos y estafa, a la vez que evitó ser condenado por narcotráfico.

Hasta ahora, la representación legal de Espert la habían llevado adelante Alejandro Freeland y Santiago Kent, quienes intentaron sin éxito unificar los expedientes en una sola sede judicial. En adelante, el abogado Claudio Lamela estará a cargo de la defensa del economista.

Desde el entorno de Espert evitaron hacer comentarios sobre si el cambio en su defensa responde a un nuevo enfoque legal o bien si se dio a partir de las novedades con la causa de Machado en Estados Unidos.

El defensor Claudio Lamela es un penalista con trayectoria en la función pública. Hasta el 2008 fue secretario del Juzgado Federal N° 5.

Desde ese lugar investigó las cuentas bancarias atribuidas al expresidente Carlos Menem en Suiza, entre otras causas de relevancia.

Trabajó bajo las órdenes de los jueces Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo.

Tras dejar el Poder Judicial, Lamela fue asesor en el Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Martín Redrado. Llegó a ser gerente de Asuntos Penales de la máxima autoridad monetaria nacional, cargo que ocupó durante cuatro años.

Luego tuvo un paso como asesor del Senado de la Nación, donde trabajó sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y colaboró con la Comisión de Reforma del Código Penal.

Como abogado defensor, Claudio Lamela representó al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quien fue condenado por la tragedia de Once.

También es profesor de grado y posgrado en la Universidad del Salvador, en la Universidad del Museo Social Argentino y en ESEADE, según se desprende de su currículum.

Espert ante la Justicia

En uno de sus ya habituales posteos contra los periodistas, el domingo el presidente de la Nación, Javier Milei, reflotó su defensa hacia José Luis Espert, y aseguró: “Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”.

“Lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME”, posteó Milei -con las mayúsculas incluidas- en su cuenta oficial de X.

Más allá de la apreciación política del jefe de Estado, las investigaciones siguen en etapa de prueba: la Justicia mantiene congelados los bienes del exlegislador, que debe pedir permiso en Tribunales para usar los fondos de sus cuentas.

En San Isidro, el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez investigan si los 200.000 dólares que Espert recibió de Machado -y que no declaró- fue dinero proveniente de actividades ilegales. Se trató de una primera cuota de un contrato firmado en 2019, por 1.000.000 de dólares, para prestar servicios de asesoría a una empresa minera guatemalteca, según explicó Espert.

En paralelo, el juez Marcelo Martínez De Giorgi sigue en Comodoro Py la línea del supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2019, cuando Espert compitió para ser presidente.

Ese expediente está enfocado en los vuelos privados que Fred Machado le proveyó a Espert, además de la entrega de una camioneta blindada.

Ninguno de los dos jueces llamó a indagatoria al imputado. Ambas causas siguen en pleno proceso de instrucción y con medidas de prueba en marcha, según coinciden fuentes judiciales consultadas.

A menos de una semana de que la Justicia abriera una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la defensa del diputado bonaerense Francisco Adorni salió a dar explicaciones sobre su patrimonio y reconoció errores en su declaración jurada. El hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó ante el ARCA y la Oficina Anticorrupción para rectificar los datos sobre sus posesiones.

El último miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuán le dio impulso al caso iniciado a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y pidió una batería de medidas de prueba, entre las que figuró el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni.

Se trata de un expediente que corre por una vía separada al caso del jefe de los ministros, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

La denuncia de Pagano contra Francisco Adorni advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado desde que llegó a la función pública -de la mano de su hermano- como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

En octubre fue electo como diputado bonaerense y actualmente su único ingreso es el que recibe por su tarea legislativa, indicaron desde su entorno.

La denuncia contra Adorni señaló, entre otros puntos, que el funcionario habría cancelado en 12 cuotas un crédito hipotecario por un valor de $60.000.000 en el Banco Provincia, valor que no podría justificar con sus ingresos declarados.

En diálogo con Infobae, el abogado del legislador provincial, Marcelo Peña, desmintió tajantemente esa situación y dijo que, si bien el préstamo existe, el mismo se solicitó en 2016 y Francisco Adorni sigue pagando cuotas hasta el día de hoy.

La Justicia aún espera un informe del Banco Provincia con “detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento; detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026; eventuales operaciones de refinanciación, novación o subrogación; y toda documentación de respaldo aportada por el tomador para acreditar el origen de los fondos”, tal como pidió el fiscal Marijuán.

Ante el avance de la Justicia, Francisco Adorni reconoció que incurrió en una omisión en su última declaración jurada, al haber consignado una valuación menor a la correcta en su casa de City Bell, de la cual posee el 50% del inmueble.

Es un dúplex de 162 metros cuadrados, que en 2024 había sido valuado por $38.790.000.

Este error, para la defensa, “no constituye por sí mismo un delito, pero lo subsanamos ante los organismos correspondientes para corregir la omisión”.

El abogado Marcelo Peña sostuvo que el hermano del jefe de Gabinete tiene todo su patrimonio “bancarizado, registrado y con la respectiva documentación respaldatoria del origen de esos fondos”.

“La denuncia fue una presentación hecha a solo efecto de generar un malestar político”, afirmó el defensor ante este medio.

Y siguió: “Lo que intentó Pagano fue una estrategia, ir con una figura penal ampliada; es una denuncia de un tenor genérico, generalizado. El juez con buen tino analizó la presentación y distinguió que nada tiene que ver con la causa que se está investigando a su hermano, Manuel Adorni”.

El Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, hizo lugar a más medidas de prueba solicitadas por el fiscal Marijuán y ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para obtener la documentación relacionada con su ingreso al IAF y sus recibos de sueldo.

También están en proceso informes de Migraciones, el Banco Central, organismos tributarios, la IGJ, la UIF y varias entidades públicas y privadas.

El juez federal Sebastián Ramos rechazó un pedido del fiscal Carlos Stornelli para citar como testigo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa donde se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen que lideró Nicolás Maduro en Venezuela desde 2014. Uno de los hechos que forman parte del expediente es la detención del gendarme Nahuel Gallo, quien regresó al país junto a dirigentes del fútbol argentino el 1 de marzo, luego de pasar 448 días preso.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Stornelli había solicitado que Tapia se presente en Comodoro Py para que sea consultado, en calidad de testigo, sobre “las circunstancias en que se logró la liberación y traslado” de Gallo.

A fines de abril, el gendarme había prestado declaración testimonial en esta misma causa y, desde el edificio Centinela, contó por primera vez los tormentos sufridos durante su captura. También relató cómo vivió su liberación, que se habría concretado a partir de una negociación impulsada por Claudio Tapia.

Cabe recordar que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino intentó sin éxito viajar a Venezuela para la fecha en la que Nahuel Gallo salió de El Rodeo. El juez en lo Penal Económico que lo procesó por retención indebida de aportes, Diego Amarante, ya le había prohibido abandonar el país y, además, le negó hacer una excepción a esa medida cautelar para volar hacia Caracas.

Así, el gendarme argentino regresó en un avión privado acompañado por dos pilotos y por los dirigentes Luciano Nakis, prosecretario general de la AFA y quien le “secó la nuca” a Tapia en aquel video viral, y Fernando Isla Casares, encargado de Ceremonial y Protocolo de la Asociación.

“Respecto a la medida sugerida por el Sr. Fiscal, considerando que -por el momento- no resulta pertinente dicha declaración con el objeto procesal delimitado en esta investigación, téngase presente la diligencia sugerida para su eventual oportunidad”, resolvió el juez Ramos sobre el pedido para citar a Tapia.

Aunque desestimó la testimonial, el titular del Juzgado Federal N° 2 dejó la puerta abierta para convocarlo en un futuro. Y es por eso que habrá un segundo intento para que declare el presidente de la AFA.

Desde la querella que lidera el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADER) -en representación de los venezolanos que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos- adelantaron a este medio que pedirán formalmente al juez de la causa reconsiderar su decisión, ya que consideran “pertinente” el testimonio de Tapia, y su aporte “responde al objeto procesal” de la investigación.

Para los querellantes, el dirigente podría aportar los nombres de los funcionarios del régimen chavista que ordenaron detener y mantener cautivo a Nahuel Gallo.

Siguiendo el razonamiento que hacen los representantes de las víctimas, esos funcionarios podrían haber sido los interlocutores con los que las autoridades de la AFA habrían negociado la liberación del gendarme.

La semana pasada, el juez Ramos aceptó como querellante a Nahuel Gallo, que cuenta con representación legal de abogados del Ministerio de Seguridad.

La violación sistemática de los derechos humanos que se perpetró por parte del régimen de Nicolás Maduro desde 2014 se investiga en Comodoro Py bajo el principio de “justicia universal”, que permite investigar y juzgar este tipo de crímenes independientemente de dónde hayan ocurrido.

Cabe recordar que el juez Ramos pidió a Estados Unidos la extradición del exdictador para poder indagarlo en Buenos Aires.

La semana pasada, la Justicia detectó nuevos viajes de Manuel Adorni y su familia, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que impulsan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. El jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, acumulan al menos 21 excursiones por el país y el exterior durante los últimos cuatro años, según pudo reconstruir Infobae a partir de los datos que se desprenden del expediente.

Aruba, España, Cancún y Punta del Este son algunos de los destinos que eligió el matrimonio para descansar fuera de la Argentina. Pero también hay escapadas locales: desde Bahía Blanca y Mar del Plata hasta Bariloche, Mendoza, Iguazú y recorridas por varias provincias más.

La investigación apunta a recolectar todos los gastos vinculados a los viajes que hicieron Adorni y Angeletti, ya sea juntos o por separado. El fiscal Pollicita quiere saber cómo evolucionó el patrimonio del jefe de Gabinete desde 2022 hasta hoy, ante la sospecha de que -desde que es funcionario- podría haber tenido un crecimiento injustificado en su nivel de vida.

La lista de viajes por el mundo aún no está cerrada. De hecho, esta semana se confirmaron dos “escapadas” a un all inclusive de la provincia de Entre Ríos que hizo Adorni junto a su mujer e hijos, la primera entre el 6 y el 8 de diciembre del 2024, y la última entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025.

La familia se alojó en el hotel Bolacuá y pagó en total $2.350.000.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae, el matrimonio habría gastado al menos 41.000 dólares solo entre los viajes a Madrid, Nueva York, Bariloche, Punta del Este, Gualeguaychú y Aruba.

Aún hay más dinero por contar y varios interrogantes por responder.

Los investigadores aguardan por una ampliación del informe que recibieron en los últimos días de la aerolínea Iberia, con la que Bettina Angeletti viajó a España entre el 3 y el 14 de septiembre de 2025.

“En el avión la acompañaron tres mujeres”, aseguró a este medio una fuente del caso. La Justicia busca saber con precisión cuánto gastó la esposa del jefe de Gabinete en ese viaje y cómo pagó.

En tanto, el juez Ariel Lijo aún no tiene certificado en el expediente si Manuel Adorni pagó su parte de los pasajes a Punta del Este, donde pasó el último fin de semana largo de carnaval. Así lo aseguró públicamente el ministro coordinador, pero lo cierto es que la facturación de los vuelos se hizo a nombre del periodista de la TV Pública Marcelo Grandío y su empresa, la productora ImHouse.

Esas averiguaciones tramitan en una causa por dádivas, que corre en paralelo a la de enriquecimiento ilícito. Los vuelos en jet privado que tomaron Adorni, su familia y el periodista amigo costaron -ida y vuelta- 7.830 dólares.

Nueva York, Bariloche y Brasil

Entre los viajes detectados por la Justicia aparece uno realizado entre el 12 y el 23 de julio de 2024 a Río de Janeiro, Brasil. En la causa hay datos sobre cuatro pasajes de Aerolíneas Argentinas emitidos a nombre de Manuel Adorni, su esposa y sus hijos.

No obstante, durante esos días el ministro coordinador, que por entonces solamente era vocero presidencial, estuvo en actividad en Buenos Aires y brindó conferencias de prensa en Casa Rosada. La Justicia pidió ampliación de los informes otorgados por distintas empresas y aerolíneas para saber si es que hay errores en los detalles consignados, o bien si, en el caso de Río de Janeiro, los boletos se compraron, pero el funcionario no viajó.

En los últimos días, además, el fiscal Pollicita realizó otro requerimiento a una agencia de viajes para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.

La empresaria, dueña de la agencia de coaching Más Be, pagó 5.154 dólares por el vuelo de regreso en primera clase de la aerolínea Delta.

Otra escapada rodeada de sospechas es la que Adorni y su familia hicieron a Bariloche. Pollicita pidió que el Llao Llao Hotel & Resort explique quién hizo la reserva y cómo se pagó la estadía de cinco noches que disfrutaron a mediados de junio de 2024.

Según reveló el diario Clarín, ese viaje costó unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos, y recién se pagó tres meses después de que el jefe de los ministros hizo el check out. Los investigadores aún buscan confirmar quién pagó esos cinco días de descanso y lujo en la Patagonia.

Una vez que se terminen de conocer todos los movimientos financieros de Adorni y Angeletti, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable de la Procuración General, tendrá que señalar si existen inconsistencias en el patrimonio del jefe de Gabinete.

El organismo no solo contabilizará los miles de dólares que surgen de los viajes y las propiedades, sino también los gastos corrientes como expensas, impuestos, mantención de la familia, entre otros.

Si los números no cierran, el fiscal y el juez avanzarán con un requerimiento de justificación de bienes con el que Manuel Adorni tendrá la posibilidad de explicar su crecimiento patrimonial, antes de una eventual citación a indagatoria.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una nueva serie de medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito en la que se investiga el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Luego de los avances que tuvo el caso en el segmento de las propiedades, donde se revelaron pagos efectuados por 380.000 dólares y deudas por 335.000 dólares, ahora el fiscal busca más información sobre los viajes del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, además de profundizar sobre sus movimientos financieros con billeteras virtuales.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Pollicita le solicitó las medidas al juez federal Ariel Lijo a través de un decreto firmado este jueves.

En primer lugar, hizo un requerimiento a una agencia de viajes para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.

La Justicia ya tiene el dato de que la mujer pagó su propio vuelo de regreso, en primera clase de la aerolínea Delta, y que costó 5.154 dólares. Este evento se investigó en una causa separada, que fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito.

Pollicita también pidió que el Hotel Llao Llao, de Bariloche, explique quién hizo la reserva y cómo se pagó la estadía de cinco noches que disfrutó allí el jefe de Gabinete junto a su pareja y sus dos hijos.

Según reveló el diario Clarín, esa escapada costó unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos. El viaje se hizo a mediados de junio de 2024, pero se habría pagado recién tres meses más tarde. Aún no se sabe si el depósito se hizo desde un cajero o por ventanilla. Este segundo escenario permitiría a los investigadores conocer quién hizo el pago.

El fiscal federal también pidió enviar oficios a diversos bancos para determinar si el matrimonio Adorni registra cuentas bancarias o tarjetas de crédito que aún permanecen fuera del radar de la Justicia.

Lo mismo requirió para una serie de billeteras virtuales y empresas proveedoras de servicios de activos digitales.

Por último, pidió información a empresas de seguros para obtener datos sobre pólizas contratadas por Adorni y Angeletti.

El juez Lijo analizará las medidas pretendidas por el fiscal y, en caso de considerarlas pertinentes, ordenará su ejecución.

La investigación apunta a reunir todos los ingresos y egresos de dinero del matrimonio para saber si el ministro coordinador puede justificar con su sueldo el crecimiento en su nivel de vida. Desde que asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 y hasta el último enero, Adorni tuvo congelado su salario en torno a los 3.500.000 pesos. Recién a principios de este año se lo duplicaron.

Bettina Angeletti, en tanto, fue hasta el año pasado monotributista de una de las categorías más bajas. Hoy está al frente de la empresa Más Be, una consultora especializada en coaching, que también se encuentra bajo investigación del juez Lijo.

Sucede que Más Be tiene como clientes a National Shipping, Grupo Foggia y Grupo Datco, tres empresas con vínculos contractuales con el Estado. La Justicia quiere saber si los servicios de coaching fungieron como una suerte de retorno económico para el jefe de Gabinete y su esposa.

Según pudo saber Infobae, National Shipping presentó su informe en la Justicia y allí explicó que Angeletti efectivamente les facturó tres capacitaciones, pero antes de que Adorni estuviera en YPF. Fueron en septiembre de 2024 (por 1.140.000 pesos), julio de 2025 (por 2.430.000 pesos) y octubre de 2025 (por 2.800.000 pesos).

Cabe recordar, además, que la declaración jurada de Bettina Angeletti es un documento que la Oficina Anticorrupción ya entregó en tribunales, pero dado su carácter reservado no se conocen detalles de sus bienes y deudas.

La suma y resta definitiva sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa está a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable de la Procuración General.

En ese estudio también entrarán en juego gastos corrientes como expensas, impuestos, mantención de la familia y más cifras que quedan por fuera de los gastos “grandes” detectados entre viajes y propiedades.

En marzo, luego de que saliera a la luz el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este en jet privado, el jefe de Gabinete defendió su derecho a irse de vacaciones y declaró: “No tengo ninguna inconsistencia. Creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”. La Justicia investiga una veintena de excursiones locales y al exterior, y en las últimas horas se comprobó una nueva “escapada” del funcionario: visitó dos veces Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se alojó en un hotel de campo all inclusive.

Medios locales habían difundido en los últimos días fotos de Adorni en el buffet del hotel Bolacuá. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió informes a partir del hallazgo, y el juez Ariel Lijo los ordenó para incorporar la información al expediente por enriquecimiento ilícito, donde se busca esclarecer el crecimiento patrimonial del jefe de los ministros.

Así, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, se logró comprobar que Manuel Adorni se hospedó en el all inclusive junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos, entre el 6 y el 8 de diciembre del 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025.

Por la primera escapada pagó $1.350.000, mientras que la segunda le costó $1.000.000. En ambas oportunidades reservaron dos habitaciones dobles.

Los pagos se habrían hecho en efectivo, mediante depósito bancario.

El plan familiar que ofrece el hotel en su sitio web para el próximo fin de semana largo de agosto, que incluye cuatro días y tres noches para cuatro huéspedes, cotiza hoy a $2.730.000, pagando en efectivo.

Investigan más viajes

El fiscal Pollicita pidió este jueves una nueva batería de medidas de prueba para profundizar la investigación sobre los viajes de la familia Adorni.

Según supo Infobae de fuentes de Tribunales, se firmó un requerimiento hacia una agencia de viajes para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.

Angeletti, de acuerdo a lo que se desprende del expediente, pagó su propio vuelo de regreso. Voló con la aerolínea Delta y el pasaje le costó 5.154 dólares. Este evento se investigó en una causa separada, que fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito.

El fiscal Pollicita también busca esclarecer una escapada de la familia a Bariloche a mediados de junio de 2024, cuando se hospedaron durante cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort. Con ese fin, pidió al juez Lijo enviar un oficio al hotel para que precise quién hizo la reserva y cómo se pagó el servicio.

Según reveló el diario Clarín, el viaje a Bariloche le costó a Adorni unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos. El viaje se habría pagado recién tres meses más tarde. Aún no se sabe si el depósito se hizo desde un cajero o por ventanilla. Este segundo escenario permitiría a los investigadores conocer quién hizo el pago.

Además de estas medidas, el fiscal Pollicita solicitó informes a bancos, billeteras virtuales y empresas de seguros.

El fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación e imputó este miércoles a Francisco Adorni, actual diputado provincial, exfuncionario del Ministerio de Defensa de la Nación y hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La causa es por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y recayó por sorteo en el Juzgado Federal N° 6, subrogado por Daniel Rafecas, quien le delegó la investigación al fiscal.

La denuncia advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado por Francisco Adorni, quien llegó a la función pública -de la mano de su hermano- como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

En las últimas elecciones consiguió una banca en la Cámara de Diputados bonaerense e integra el bloque de La Libertad Avanza.

El fiscal Marijuán ya pidió informes a más de 30 organismos o entidades y requirió levantar el secreto fiscal y bancario del funcionario.

En su declaración jurada correspondiente a 2024, el hermano del jefe de Gabinete declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA) las siguientes posesiones:

• 50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell, La Plata, adquirida el 20 de octubre de 2016 mediante un crédito, valuada en $38.790.000.
• 50% de un auto marca Chery Tiggo, modelo 2017, adquirido en octubre de 2023, y con un valor de $5.000.000
• Entre bienes, depósitos y dinero en efectivo, declaró poseer $43.790.000, además de no tener deudas.

En la declaración jurada de 2025, Francisco Adorni declaró un patrimonio neto de $80.500.000, según consta en la causa.

Este incremento patrimonial de un año para otro se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación, en un plazo de doce meses, de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por un monto aproximado de $60.000.000.

En su denuncia, la diputada Pagano expuso que, si bien la adquisición del vehículo podría justificarse con los haberes percibidos como funcionario, su sueldo resultaría insuficiente para explicar el pago de las 12 cuotas del préstamo que canceló en apenas un año.

En un dictamen de 19 páginas, al que tuvo acceso Infobae, el fiscal aclaró que solamente hará averiguaciones sobre el patrimonio de Francisco Adorni, mientras que las menciones hechas por la legisladora sobre el jefe de Gabinete “no serán objeto de esta investigación”, dado que ya está sometido a proceso en una causa que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Medidas de prueba

El fiscal Guillermo Marijuán, en primer lugar, convocó a la diputada Marcela Pagano para que ratifique su denuncia. También resolvió compulsar bases de datos y toda la información disponible sobre Francisco Adorni en los boletines oficiales de Nación, Ciudad y Provincia.

Se requirió informes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desde 2020 a la actualidad, con precisiones sobre declaraciones juradas y pagos, bienes registrables, regímenes de facturación y eventuales sanciones por infracciones aduaneras, entre otros. También se pidió que se precise si el legislador provincial de La Libertad Avanza adhirió a algún sinceramiento fiscal.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) deberán informar sobre la existencia de registros relacionados con el hermano de Adorni, incluyendo impuestos activos, operaciones realizadas y bienes. Respecto a los impuestos asociados a automotores e inmuebles, el fiscal pidió saber quiénes los pagan y si existen deudas.

Marijuán también cursó un oficio a Migraciones para conocer cuántas veces y con qué destino salió del país el imputado, y solicitó que, si hubiera cruces por tierra, se incluya la identidad de sus acompañantes.

Al Banco Central de la República Argentina (BCRA) se le solicitó que, mediante circular reservada, requiera información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio sobre activos a nombre de Francisco Adorni. Esto incluye operaciones pasivas, transferencias, depósitos de cheques, movimientos de efectivo, tarjetas de crédito y débito, plazos fijos, cajas de seguridad, titularidad de fondos comunes de inversión, compra y venta de moneda extranjera y oro, entre otras.

El Banco Provincia, además, deberá corroborar y brindar más precisiones sobre el crédito hipotecario de $60.000.000 advertido en la denuncia, con el cronograma original de amortización, plazos pactados, saldos adeudados, detalle de pagos, eventuales operaciones de refinanciación y toda la documentación de respaldo que exista.

La Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Inmueble (DNRPI) y el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia deberán informar sobre las propiedades registradas a nombre de Francisco Adorni desde 2020, detallando porcentaje de titularidad, forma de adquisición y gravámenes.

La Inspección General de Justicia (IGJ) también fue solicitada para saber si el diputado bonaerense integra o integró alguna sociedad comercial, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá confeccionar un informe de colaboración que incluya información patrimonial, financiera, societaria, comercial y laboral de Adorni, así como eventuales procesos penales o administrativos en su contra.

Finalmente, el Marijuán le pidió al fiscal Pollicita una certificación sobre la causa de enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni, para saber si su hermano está mencionado en esa investigación y en qué carácter.

El fiscal federal Gerardo Pollicita le tomó declaración este miércoles a José Luis Rodríguez, el hombre que le alquiló una casa en el country Indio Cuá al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El testigo reveló nuevos gastos del funcionario, que se encuentra bajo investigación por enriquecimiento ilícito.

La Justicia ya sabía que el ministro coordinador había pagado 13.000 dólares para hospedarse junto a su familia en un inmueble de ese barrio privado mientras, a pocas cuadras, remodelaba íntegramente la casa que había comprado por 120.000 dólares. Ese contrato comprendió un período anual, desde marzo de 2024 al mismo mes del año siguiente.

La obra, a cargo del contratista Matías Tabar, costó 245.00 dólares y se llevó a cabo entre septiembre de 2024 y julio de 2025.

Ahora, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el nuevo testigo reveló que el contrato de alquiler se extendió, de palabra, por tres meses más, dado que se demoró la finalización de la remodelación. Por ese trimestre extra, el jefe de Gabinete pagó otros 2.400 dólares.

Además, José Luis Rodríguez contó que ya le había alquilado su casa a Adorni poco tiempo atrás. Firmaron un contrato temporal en octubre de 2023, cuando aún Javier Milei no había sido electo presidente.

Manuel Adorni pasó enero y febrero de 2024 -ya designado como vocero presidencial- en Indio Cuá, lo que le costó 5.600 dólares. Ese monto se abonó antes de su llegada al poder, indicaron las fuentes consultadas.

Todos los pagos se realizaron en efectivo y en moneda extranjera.

El testigo aportó sus conversaciones de WhatsApp con el jefe de los ministros y dejó copias de los contratos que firmaron durante los últimos dos años.

De esta manera, entre los dos contratos y la extensión trimestral, Adorni y su familia alquilaron en Indio Cuá durante 18 meses, por un total de 21.000 dólares.

A esa cifra hay que sumarle el valor de las expensas de los dos lotes -el alquilado y el propio-, que rondarían los 600.000 pesos cada uno.

La causa judicial, a cargo del fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, busca establecer si el crecimiento patrimonial de Manuel Adorni se corresponde con sus ingresos declarados. El funcionario tuvo congelado su sueldo de aproximadamente 3.500.000 pesos hasta principios de este año, cuando se lo duplicaron.

La Justicia se encuentra en proceso de recolección de los movimientos financieros que hicieron el jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, durante los últimos cuatro años.

A pedido del fiscal Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público Fiscal hará un cálculo entre todos los ingresos y egresos de dinero que constan en la causa para saber si existen inconsistencias.

De acuerdo a la reconstrucción que hizo este medio a partir de los datos que se desprenden del expediente, al funcionario libertario se le conocen erogaciones por al menos 380.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.

En cuanto a sus deudas, Adorni y Angeletti tienen compromisos por más de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre de este año.

Manuel Adorni aún no brindó ninguna explicación sobre su patrimonio en la Justicia, ni tampoco se lo exigieron. La Oficina Anticorrupción extendió hasta el 31 de julio el plazo para que los funcionarios presenten sus declaraciones juradas. “Será en ese momento en que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”, anticipó el jefe de Gabinete en su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, el pasado 29 de abril.

El peritaje sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo empezó a tomar curso la semana pasada con distintos planteos que le hicieron llegar las defensas y la fiscalía al juez federal Ariel Lijo. Entre otros puntos, el fiscal Franco Picardi pidió citar al exfuncionario para hacerlo hablar y comparar su voz con la que se escucha en las grabaciones y así saber si es él quien relata las maniobras de corrupción en el organismo.

La pericia, que estará a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, amenaza con poner en peligro la continuidad del caso: los acusados insisten en que la causa es nula a partir del presunto origen clandestino de los audios.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, el fiscal Picardi ofreció seis puntos de pericia para incorporar al estudio y propuso darle intervención a la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo especializado del Ministerio Público.

En un escrito presentado ante el juez, la fiscalía sugirió “convocar al imputado Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado que se estime pertinente, necesario y útil para realizar la pericia”, lo que implicaría tomar una grabación de su voz para cotejarla con los audios.

El fiscal Picardi también pidió esclarecer si las grabaciones fueron manipuladas con inteligencia artificial, por lo que propuso buscar “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática”.

También se solicitó una caracterización técnica del archivo, una comparación de parámetros acústico-fonéticos y la identificación de “eventuales operaciones de edición” sobre la voz atribuida a Spagnuolo.

Por último, el fiscal pidió alcanzar una conclusión integrada en la que se establezca “si los segmentos atribuidos al imputado son compatibles con voz humana real de origen no sintético; si dichos segmentos son atribuibles a la persona del imputado conforme al material indubitado; las limitaciones metodológicas del análisis y los rangos de confianza en las conclusiones, en caso de ser posible establecerlos”.

El último jueves, las defensas de Diego Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina designaron peritos de parte para auditar el estudio forense. Solamente esta última ofreció sus propios puntos de pericia, mientras que las primeras dos lo harán más adelante, según consta en el expediente.

El juez Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 11, citará a todas las partes a una audiencia en la que se hará una puesta en común de las pretensiones acerca del peritaje, antes de ordenar el inicio del mismo.

La estrategia de los acusados

Las defensas de los principales acusados en la causa buscan que se aplique la doctrina del “fruto del árbol envenenado”. Sostienen que la investigación tuvo su origen en los audios y que estos son ilegales, por ende toda la investigación que surgió de ellos debería ser declarada nula.

El fiscal Picardi, en cambio, afirmó en varias oportunidades tener pruebas independientes e incluso anteriores a las grabaciones. De hecho, a la hora de pedir los procesamientos de los imputados, dejó de lado las escuchas y no las usó para construir su acusación sobre el presunto esquema de corrupción montado en torno a los fondos de la ANDIS.

La discusión sobre si los audios son o no el origen de la causa llegó hasta la Cámara Federal porteña, que ya había ordenado peritarlos para establecer “origen y veracidad” antes de pronunciarse sobre el fondo del tema.

La última defensa que refutó la posición del fiscal ante el tribunal de apelaciones fue la de Miguel Ángel Calvete, a cargo del abogado Juan Ignacio Pascual, quien mencionó en una audiencia que “los famosos audios atribuidos a Spagnuolo constituyen la única génesis de esta investigación”, y reclamó “la nulidad de la causa por estar originada en la hipótesis probable de la obtención ilegal de comunicaciones privadas y prueba falsa”.

“El origen de todo son los audios. No hay otra fuente independiente que hubiera determinado el inicio de este proceso. De allí partió la denuncia que efectuara el denunciante; de allí salieron los allanamientos que instantáneamente ordenó el juez y recién allí se obtuvieron las pruebas que a título de ‘independientes’ utiliza el magistrado de grado para validar su investigación. Señores jueces, sin los audios no hay causa”, argumentó Pascual ante los camaristas Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah.

La misma estrategia adoptaron ante la Sala II de la Cámara los representantes de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, y el equipo de abogados de la Suizo Argentina que lidera el defensor Martín Magram.

Mientras se debate la legalidad del origen del expediente, la investigación continúa a paso firme. A fines de abril comenzó una segunda tanda de indagatorias en la que ya se negaron a declarar Spagnuolo, Calvete, exfuncionarios y empresarios. Hay citaciones previstas para todo el mes en curso.

La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según la fiscalía. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.

Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias de las arcas públicas, de acuerdo a la acusación.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo tres conversaciones con el contratista Matías Tabar desde que fue citado a declarar como testigo en la causa por enriquecimiento ilícito. Intentó “ayudarlo” a preparar la testimonial con un abogado, según consta en la causa. El constructor reveló que le cobró 245.000 dólares al funcionario por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá.

Fueron tres contactos: dos intercambios de mensajes de WhatsApp y una llamada que duró alrededor de tres minutos. El ministro coordinador no tuvo consecuencias por esto, ni las tendrá, según confiaron fuentes judiciales a Infobae.

“En los hechos no entorpeció la causa. El testigo aportó toda la información que tenía, contó todo”, le explicó a este medio un allegado a la causa.

Otra persona con conocimiento del expediente evaluó que la cuestión, en definitiva, quedó saldada por el criterio de Gerardo Pollicita, quien está a cargo de la investigación: “El fiscal bien podría haber tomado algún temperamento. Adorni jugó al límite, pero ese límite no está escrito del todo, lo decide el magistrado”.

La denunciante y diputada nacional Marcela Pagano había presentado un escrito en el que pedía la detención del jefe de Gabinete por haber intentado interferir en la declaración del testigo. En menos de 24 horas, el fiscal lo desestimó.

En la testimonial, cuando a Tabar le pidieron que muestre sus conversaciones con Manuel Adorni, el contratista exhibió el chat y tenía activados los “mensajes temporales”, que se eliminan con el pasar de las horas.

Es por esto que el testigo dejó su dispositivo en Comodoro Py, para que sea peritado. El juez Ariel Lijo ya ordenó un análisis del teléfono.

El canal A24 reveló en las últimas horas la transcripción de los fragmentos centrales de la conversación. “Che, tenía que hablar con vos por el tema de la declaración”, le habría dicho Adorni a su interlocutor.

Luego siguió: “Podés contar conmigo para lo que necesites. Tenés todo mi apoyo. Te van a estar llamando de mi equipo. El abogado”.

“Todo esto es político”, le aclaró el jefe de Gabinete al contratista, a modo de reafirmar su inocencia.

Las conversaciones continuaron más adelante. “Bueno, habíamos quedado que si necesitabas ayuda...”, escribió Adorni.

Tabar terminó por rechazarlo con un mensaje contundente: “Mirá, te quería contar que hablé con gente que me aconsejó que no tenemos que tener ninguna comunicación entre nosotros”.

“Pero...”, contestó Adorni. “Manu, te agradezco. Nosotros vamos a contar toda la verdad”, cerró Tabar.

El contratista le reconoció al fiscal Pollicita que, antes de asesorarse, consideró la propuesta de quien había sido su cliente.

El análisis del teléfono de Tabar fue encomendado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y se intentará recuperar los mensajes temporales o borrados.

Además de los 245.000 dólares que le cobró por la renovación total de la propiedad en Exaltación de la Cruz, Tabar hizo un segundo trabajo para Adorni en su departamento de Caballito.

El constructor aclaró que no intervino en la obra general que se había hecho allí a mediados de 2025, sino que le encargaron coordinar trabajos de carpintería, algo que ya había hecho en el barrio privado.

Según declaró Tabar, Adorni le pidió que contactara al mismo carpintero que hizo los muebles de Indio Cuá.

En diciembre encargaron una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un mueble de rack para TV, una mesa consola y un espejo, entre otros pedidos, recordó el contratista.

De acuerdo a su versión, esos trabajos se habrían completado o abonado entre enero y febrero de este año, por un total de $14 millones, que habrían sido pagados en efectivo y sin factura.

En el marco de la causa por enriquecimiento ilícito, se conocieron las primeras imágenes de cómo quedó la casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá, luego de las refacciones que costaron 245.000 dólares.

Infobae accedió en exclusiva a una serie de fotos tomadas antes, durante y después de la remodelación que comenzó en octubre de 2024 y se extendió hasta julio de 2025, cuando Adorni era apenas vocero presidencial. Hasta ahora se habían conocido registros del proceso de la obra -que estuvo a cargo del contratista que declaró como testigo en Comodoro Py, Matías Tabar-, pero no el resultado final.

Las imágenes de la reforma terminada -obtenidas por el periodista de Infobae, Manuel Jove- evidencian lo mismo que los papeles que presentó el constructor ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo: la casa se hizo prácticamente a nuevo.

Según declaró Tabar bajo juramento, en una primera etapa el ministro coordinador le había encargado la remodelación de la entrada y el garage, tirar abajo la galería del patio trasero y construir una nueva -como se puede ver en la comparación de las imágenes-, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puertas, revestimiento y mejoras en escalera, una nueva parrilla, renovación de la cocina —mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

La pileta, además, se climatizó y fue rellenada para hacerla menos profunda, y para esto se usó revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. También se le agregó una cascada en uno de sus laterales, por lo que el entonces vocero pagó 3.500 dólares.

El contratista Tabar presentó detalladamente cuánto le salió cada elemento que compró para modernizar la propiedad, y también aportó un listado segmentado de lo que le cobró a Adorni.

Por la parrilla, por ejemplo, el jefe de Gabinete pagó 13.800 dólares, entre materia prima y mano de obra. También desembolsó otros 2.000 por un horno que estaría instalado en la galería.

También hay registrados cinco pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por 8.000 dólares, otro del 20 de diciembre por 6.400 dólares, otro del 3 de abril por 19.000 dólares, un cuarto el 26 de junio por 7.500 y el último el 1 de julio por 3.300 dólares.

Tabar explicó en Comodoro Py que, a medida que pasaban los meses, Adorni y su esposa Bettina Angeletti le pidieron agregar “refacciones extra” que se fueron “mezclando” con el presupuesto original. El funcionario le delegó al contratista la coordinación con proveedores de todos los rubros, por lo que pasó a ser un administrador general de la obra: pedía presupuestos, se los transmitía a Adorni, recibía el dinero en efectivo y luego pagaba las compras.

Siempre en negro y en efectivo, Manuel Adorni le entregó al contratista 55.000 dólares a fines de 2024 y el resto de los 245.000 lo pagó al año siguiente, en cuotas de distintos montos: 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae a partir de los datos que se desprenden de la causa judicial, el jefe de Gabinete gastó en dos años al menos 365.000 dólares, solamente en el segmento de las propiedades.

En paralelo, tiene deudas inmobiliarias por 335.000 dólares. Debe pagar 270.000 antes de noviembre de este año.

Precisamente, la investigación del fiscal Pollicita apunta a saber si el jefe de Gabinete puede justificar el crecimiento de su nivel de vida con sus ingresos y ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción.

Según dejaron trascender fuentes allegadas a Adorni, el jefe de Gabinete presentaría su declaración jurada correspondiente al ciclo 2025 en los próximos 30 días.

La Justicia detectó una nueva inversión de Manuel Adorni en una de sus propiedades: gastó 14 millones de pesos para renovar los muebles del departamento del barrio porteño de Caballito, donde vive junto a su familia. Así se desprende de las averiguaciones realizadas tras la declaración de Matías Tabar, el contratista que refaccionó la casa de Indio Cuá.

La causa por enriquecimiento ilícito, a cargo del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, avanzó además este miércoles con la testimonial de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete.

Miano también es socio de Pablo Martín Feijoo, hijo de la segunda jubilada acreedora, y gestor de la compraventa del semipiso de la calle Miró al 500, en la firma de desarrollos urbanos TSJ Group. El testigo llegó a Comodoro Py antes de las 9, y dos horas más tarde se retiró sin brindar declaraciones a la prensa.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, en la testimonial ratificó la deuda que mantiene Adorni por los 65.000 dólares que invirtieron con Feijoo para modernizar el departamento de Caballito, antes de que las jubiladas se lo vendieran por 230.000 dólares. También afirmó que quien “se encargó de todo” fue su socio, Feijoo.

El jefe de Gabinete acordó regresar esos 65.000 dólares sin plazo ni interés, de palabra y sin ninguna documentación de por medio, siempre de acuerdo a lo dicho por los testigos.

La renovación del semipiso no terminó ahí. El contratista Matías Tabar, quien bajo juramento reveló haberle cobrado 245.000 dólares a Adorni y su esposa Bettina Angeletti por refaccionar su casa del country, trabajó por segunda vez para el matrimonio en Caballito.

El constructor aclaró que no intervino en la obra general que se había hecho a mediados de 2025, sino que le encargaron coordinar trabajos de carpintería, algo que ya había hecho en el barrio privado.

Según declaró Tabar, Adorni y Angeletti le pidieron que contactara al mismo carpintero que hizo los muebles de Indio Cuá.

En diciembre encargaron una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un mueble de rack para TV, una mesa consola y un espejo, entre otros pedidos, recordó el contratista.

De acuerdo a su versión, esos trabajos se habrían completado o abonado entre enero y febrero de este año. La modalidad de pago de los $14 millones habría sido también en efectivo y sin factura.

El juez Lijo ordenó peritar el celular del contratista, donde se buscarán las conversaciones con Adorni, Angeletti y todos los proveedores con los que trabajó, para constatar las cifras informadas.

Los $14 millones en muebles se suman a los 365.000 dólares que el matrimonio Adorni gastó en los últimos dos años y medio, solamente en propiedades, según los números que recabó este medio. En el segmento de las deudas, el ministro coordinador tiene compromisos por más de 335.000 dólares, que en su mayoría vencen en noviembre.

La investigación apunta a esclarecer si el jefe de Gabinete y su esposa tienen cómo justificar estas erogaciones. Sus declaraciones juradas correspondientes al año 2025 aún no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, ya que tienen plazo hasta el 31 de julio próximo.

Como medida más reciente, el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal de Adorni y Angeletti ante ARBA, la agencia tributaria de la provincia de Buenos Aires.

El juez federal Ariel Lijo ordenó analizar las llamadas de Marcelo Grandio, el periodista de la TV Pública y amigo de Manuel Adorni que viajó en avión privado junto al jefe de Gabinete a Punta del Este. La medida judicial se da en el marco de la causa por posibles dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

El magistrado a cargo del expediente le encomendó la tarea a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), y también alcanzará a Horacio Silva, presidente de ImHouse, la productora de Grandio que logró contratos con el Estado en la gestión libertaria.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la DAJuDeCo -un organismo de la Corte Suprema- revisará todas las comunicaciones de Grandio y Silva desde enero de 2023, con la misión de detectar si hay interlocutores frecuentes que puedan ser de relevancia para la causa.

En el Juzgado Federal N° 4 y en la Fiscalía de Gerardo Pollicita ya hay un listado con todas las llamadas entrantes y salientes de las autoridades de la productora, y en base a ese material es que trabajará la DAJuDeCo.

Esos datos serán cruzados con fechas relevantes en la cronología de los hechos, como aquellas en las que se firmaron los contratos entre ImHouse y el Estado. La pregunta que subyace es si Manuel Adorni u otros funcionarios tuvieron alguna influencia irregular sobre estas contrataciones.

La productora consiguió seis acuerdos de coproducción con RTA: cinco con la TV Pública y uno con Radio Nacional. Las propuestas audiovisuales incluyeron ciclos de entrevistas conducidos por Grandio, programas de streaming y radio.

El primer proyecto acordado fue el radial, que se firmó cuatro meses después de la llegada de Adorni al poder. Se trató de un programa emitido por AM 870 y repetidoras de FM.

El 27 de agosto de 2024 se firmó el segundo contrato, para poner al aire el ciclo “Giros en Línea Recta”, conducido por Grandio, por diez capítulos. El costo total de producción fue fijado en $5.883.995 más IVA. ImHouse percibiría los ingresos publicitarios hasta cubrir ese monto y, una vez alcanzado, el resto se repartiría en partes iguales con RTA.

En marzo de 2025 se extendió el ciclo por otros diez episodios más, a razón de $900.000 más IVA por capítulo; y en septiembre renovaron el contrato para tener otras 16 emisiones, bajo las mismas condiciones contractuales, por $1.097.500 más IVA por capítulo.

El quinto contrato bajo investigación consistió en la producción del programa de streaming “Enredados”, por 20 capítulos, a emitirse en las plataformas digitales de la TV Pública —Twitch, YouTube, Facebook e Instagram—, también con un costo de $900.000 más IVA por capítulo y siempre bajo el mismo cuadro de reparto publicitario.

El sexto contrato data del 13 de octubre último, para lanzar el programa de streaming “La Sala”, con 50 capítulos. El costo de producción se fijó en $950.000 más IVA por programa.

La empresa de medios estatales tenía a cargo la puesta en el aire, estudios, maquillaje, vestuario, escenografía, equipo de producción, personal técnico y seguridad, mientras que ImHouse asumió la organización integral de los contenidos, el equipamiento técnico, el personal, los aranceles a entidades como Argentores, SADAIC y SADEM, y eventuales costos derivados de reclamos judiciales o extrajudiciales, según consta en la causa.

Detrás de las averiguaciones sobre los contratos entre ImHouse y el Estado hay un posible delito de negociaciones incompatibles con la función pública. En tanto, por el viaje entre Grandio y la familia Adorni a Punta del Este para el último feriado de Carnaval, los investigadores trabajan sobre la hipótesis de que puede haber sido una dádiva.

Cabe recordar que, según la documentación que aportaron distintos testigos en Comodoro Py, se pagaron 4.830 dólares por la ida -facturada a ImHouse- y otros 3.000 dólares por el regreso -pago en efectivo por Grandio- en avión privado.

Fuentes en tribunales confirmaron a Infobae que, a la fecha, el jefe de Gabinete no presentó ningún comprobante para demostrar que pagó su parte de los vuelos.

La cantidad de dinero que debe justificar Manuel Adorni crece a medida que avanza la investigación por enriquecimiento ilícito en los tribunales de Comodoro Py. Entre gastos y deudas, el jefe de Gabinete ya acumula compromisos por más de USD 725 mil dólares, según pudo reconstruir Infobae a partir de fuentes judiciales.

El último hallazgo ocurrió este lunes con la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, quien reveló que le cobró USD 245 mil al funcionario por la remodelación de su casa en el country Indio Cuá.

Mientras tenía la propiedad en obra, la familia Adorni alquiló otro inmueble en el mismo barrio privado de Exaltación de la Cruz, para lo que destinaron otros 13.000 dólares, según se desprende de la causa judicial.

El fiscal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, ya había detectado otros gastos en las últimas semanas: 30.000 dólares que le pagó a dos jubiladas por el departamento Caballito; otros 30.000 como cancelación de una parte del préstamo que le hicieron dos policías a cambio de la hipoteca de su inmueble de Parque Chacabuco, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares más por la compra de la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

Así, solamente en el segmento de propiedades, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti desembolsaron al menos 365.000 dólares. Todo ocurrió desde la llegada del ministro coordinador al poder, y mientras cobraba un sueldo de unos $3.500.000 hasta enero de este año, cuando se lo duplicaron.

Otro dato que surge del expediente es que el jefe de Gabinete compró la casa de Indio Cuá y el semipiso de Caballito sin vender los departamentos que ya poseía en La Plata y en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Ambos inmuebles están a la venta.

La casa del country se escrituró el mismo día en el que el jefe de Gabinete recibió un préstamo no bancario de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024, del cual ya devolvió el 30 por ciento. El entonces vocero presidencial hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

Ese movimiento inaugura la página de las deudas del ministro coordinador: antes de noviembre de este año tiene que devolverles 70.000 dólares -más intereses- a las agentes de la Policía Federal Argentina, quienes declararon como testigos en la causa.

La segunda deuda grande de Adorni es la que le permitió comprar el semipiso de la calle Miró. Dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, le financiaron 200.000 dólares a pagar en un año sin interés. También tiene que devolverlos en seis meses o menos.

En Caballito también se modernizó completamente el lugar antes de la mudanza. En Miró, las obras costaron 65.000 dólares que el jefe de Gabinete aún no pagó. Quien se hizo cargo de esas refacciones fue Pablo Martín Feijoo, amigo de Adorni, hijo de una de las jubiladas acreedoras y gestor de la compraventa del departamento.

El jefe de Gabinete se comprometió de palabra a devolverle ese dinero a Feijoo -en negro- una vez que venda su departamento de Parque Chacabuco.

Las deudas conocidas hasta ahora totalizan 335.000 dólares.

Aviones y hoteles

La causa que tramita ante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo tiene registrados 18 viajes que hicieron, juntos o por separado, Adorni y Angeletti. Aún no se tiene dimensión de cuánto gastó el matrimonio entre todas esas excursiones por el país y el mundo.

Infobae computó, a partir de fuentes del caso, más de 25.000 dólares solamente en pasajes y estadías de un puñado de esos viajes.

Para irse a Punta del Este en avión privado junto al periodista y amigo Marcelo Grandío, se pagaron 4.830 dólares por la ida y otros 3.000 dólares por el regreso, en febrero de este año. Aún no se sabe si Adorni y el conductor de la TV Pública abonaron cada uno su parte, si se trató de una invitación para el funcionario o si, en cambio, todo estuvo a cargo del jefe de Gabinete.

Para recibir el Año Nuevo de 2025 en Aruba, la familia Adorni pagó 8.874 dólares en hotel y 5.762 dólares en pasajes. En sus tarjetas de crédito, según indicaron fuentes judiciales, no habría erogaciones compatibles con gastos corrientes. Todo, una vez más, se abonó en efectivo.

La polémica en torno a los viajes de Adorni y su esposa tuvo su origen en el viaje de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a Nueva York para la Argentina Week. La mujer pagó su propio vuelo de regreso, en primera clase, y costó 5.154 dólares.

Los números relevados hasta este punto superan los 25.000 dólares, pero hay más. El diario Clarín reveló este fin de semana que la familia Adorni viajó a Bariloche y se hospedó cinco noches en el Hotel Llao Llao. La escapada costó más de 9 millones de pesos, que el jefe de Gabinete no pagó, al menos, inmediatamente. Todo se canceló tres meses más tarde desde una cuenta bancaria cuya titularidad aún se desconoce.

La declaración jurada

La última declaración jurada del jefe de Gabinete que tiene la Oficina Anticorrupción corresponde al ciclo 2024. La del año pasado puede ser presentada hasta el 31 de julio. Adorni prometió en conferencia de prensa que la remitirá al organismo “en tiempo y forma”.

En el último documento disponible, el entonces vocero informó que tenía -al cierre del ciclo- una caja de ahorro con 2.455.000 pesos, otros 2.000.000 de un crédito, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y 42.500 dólares “debajo del colchón”.

Aunque compró la casa de Indio Cuá en noviembre de 2024, la propiedad no está incluida en su declaración de ese año.

La suma y resta definitiva sobre el patrimonio de Manuel Adorni está a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable de la Procuración General.

La Justicia busca saber si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción, y para esto le encomendó a la DAFI que analice al detalle todos los movimientos financieros del matrimonio y, en caso de haberlas, señale posibles inconsistencias.

En ese estudio entrarán en juego gastos corrientes como expensas, impuestos, mantención de la familia y más cifras que quedan por fuera de los gastos “grandes” detectados entre viajes y propiedades.

El contratista Matías Tabar, quien declaró este lunes en la causa que investiga por enriquecimiento ilícito a Manuel Adorni, aportó a la Justicia un listado en el que registró, una por una, todas las refacciones que hizo en la casa del country Indio Cuá, una de las propiedades que el jefe de Gabinete sumó a su patrimonio durante los últimos dos años. La remodelación le costó al funcionario 245.929 dólares, según el testigo.

El documento que entregó el testigo al fiscal federal Gerardo Pollicita muestra esa cifra y revela, además, que el entonces vocero presidencial pagó adelantos de 35.000 y 20.000 dólares, en noviembre y diciembre de 2024, respectivamente. Lo hizo en Indio Cuá personalmente, con dólares en efectivo y en negro, sin facturación, siempre de acuerdo a lo que se desprende de la testimonial.

Ya con la obra comenzada, entregó 30.000 dólares en abril, 100.000 en mayo, 30.000 en junio, 50.000 en julio y quedó debiendo 20.929 para cuando terminaron las refacciones. Según el testigo, Adorni se puso al día poco después, siempre con la misma modalidad de pago.

La contratación de Adorni a Tabar, socio del grupo Alta Arquitectura, se habría acordado el 14 de septiembre de 2024. Según recordó el testigo, hubo un presupuesto inicial de 94.000 dólares, al que luego se le fueron agregando “extras”.

Los trabajos inicialmente pactados incluían la remodelación de la entrada y pérgola, la construcción o modificación de la galería, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini o similar, cambio de puerta de entrada, revestimiento y mejoras en escalera, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cabezales para un jacuzzi, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

También se modificó la pileta para que tenga menos profundidad, y se la renovó con revestimiento de piedra en el interior y mármol travertino en el exterior. Otro gusto que se dio el jefe de Gabinete fue la colocación de una cascada, por la cual pagó 3.500 dólares.

Matías Tabar se describió como una suerte de coordinador general de toda la remodelación. Contó que Adorni le pidió encargarse de contactar carpinteros y proveedores de otros rubros para hacer una renovación integral.

Es así que el testigo pasó a oficiar de intermediario: pedía presupuestos, se los pasaba a Adorni, recibía dinero en efectivo y luego pagaba los servicios tercerizados.

En el listado figuran compras de racks de TV, muebles de baños, mesas de luz, muebles de living, comedor y mobiliario en general para equipar todo un hogar.

Hay registrados cinco pedidos de carpintería: uno del 14 de diciembre por 8.000 dólares, otro del 20 de diciembre por 6.400 dólares, otro del 3 de abril por 19.000 dólares, un cuarto el 26 de junio por 7.500 y el último el 1 de julio por 3.300 dólares.

El contratista Tabar aportó fotos y videos -que incluyen vistas de la pileta, galería, parrilla, interiores, muebles, aberturas, iluminación y terminaciones-, renders, presupuestos, remitos, comprobantes de compras, póliza de seguro y carpetas digitales vinculadas con la obra encargada por Adorni.

El jefe de Gabinete volvió a contratar al mismo hombre para los trabajos de carpintería en el departamento de Caballito, ubicado sobre la calle Miró.

Según declaró, le pidió que contactara al mismo carpintero que había trabajado en la casa del country para renovar los muebles del semipiso que le compró a dos jubiladas.

Adorni incorporó a esa propiedad una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, otra mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un rack para TV, una mesa consola y un espejo.

Esos trabajos hechos a medida, de acuerdo a la versión del testigo, se habrían pedido hacia diciembre de 2025 y se pagaron y entregaron entre enero y febrero de este año. Una vez más, todo se hizo en efectivo y en dólares.

El contratista Matías Tabar declaró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, le pagó USD 245 mil en efectivo por la refacción de su casa en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz.

La cifra se suma a los más de USD 100.000 que gastó en un año junto a su esposa, Bettina Angeletti, y las deudas por 335.000 dólares que debe pagar, en su mayoría, antes de noviembre, todo incluido solamente en el segmento de propiedades.

El testigo se presentó ayer antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py, con documentación de relevancia para la causa por presunto enriquecimiento ilícito. También aportó su celular, para permitir que se haga una copia de su conversación con el jefe de Gabinete. Dejó el dispositivo porque borró mensajes, por lo que lo peritarán para recuperar la información.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, recordó Tabar en diálogo con Infobae al salir de la fiscalía, unas tres horas después de su arribo. Confirmó además que el entonces vocero fue quien le pagó por sus servicios, siempre en efectivo y en negro, sin recibos.

El funcionario desembolsó 55 mil dólares a fines de 2024 y el resto lo pagó al año siguiente.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, ubicó el período de trabajo entre octubre de 2024 y julio de 2025, y aclaró que no solo se dedicó a las refacciones de obra, sino también a la renovación de otros aspectos del hogar, como los muebles.

En la casa, de unos 400 m², se remodelaron los siguientes espacios: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, enduido y reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos de cocina —especialmente mesadas, isla y desayunador—, ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

El testigo llevó ante el fiscal Gerardo Pollicita toda la documentación referida a las compras que hizo para la obra el jefe de Gabinete, y aportó todos y cada uno de los ítems que hicieron a la renovación del hogar. También dejó fotos y videos del antes y después.

Cada papel fue revisado también por el abogado defensor del ministro coordinador, Matías Ledesma, quien participó de la testimonial.

Cabe recordar que, mientras se hacían estas obras, Adorni y su familia fueron inquilinos de otra casa en el mismo barrio privado. Pagaron en total 13 mil dólares de alquiler, según pudo saber Infobae.

Por último, el contratista testigo reveló que Adorni lo contactó antes de la declaración y le dijo que necesitaba hablar con él.

Según afirmó bajo juramento, el jefe de Gabinete le ofreció “ayuda” o la posibilidad de que su equipo “lo contactara”, pero finalmente rechazó el contacto luego de asesorarse por su cuenta.

Los gastos de Adorni

Los 245.000 dólares que el funcionario pagó para renovar su casa de Exaltación de la Cruz y los 13.000 dólares que pagó de alquiler en Indio Cuá -estima la Justicia, por 10 meses-, se suman a un largo listado de erogaciones realizadas desde 2024.

En materia de propiedades, en las últimas semanas se supo que la familia Adorni gastó: 30.000 dólares de adelanto por su nuevo departamento en Caballito; otros 30.000 como devolución de un préstamo a dos policías acreedoras, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares por la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

La suma de todos estos gastos supera un presupuesto de más de 360.000 dólares que el jefe de Gabinete ya destinó a sus propiedades.

Luego están las deudas: antes de noviembre, Adorni debe devolverle 200.000 dólares a dos jubiladas, 65.000 dólares al hijo de una de ellas por las refacciones del departamento de Caballito y 70.000 a las dos policías acreedoras. Es decir, 335.000 dólares en total.

En materia de vuelos y hospedajes, Infobae pudo reconstruir gastos por más de 25.000 dólares en apenas un puñado de los 18 viajes que hizo la familia -juntos o por separado- desde 2022.

Préstamo y escritura

La casa que compró el matrimonio Adorni se escrituró el mismo día en el que el jefe de Gabinete recibió un préstamo de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024. La propiedad no está incluida en su declaración jurada al cierre de ese año.

El vocero presidencial hipotecó su departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, Adorni ya devolvió 30.000.

Como tasa de ingreso en Indió Cuá, el jefe de Gabinete tuvo que pagar otros 5.000 dólares, además de los 120.000 que costó la casa en sí.

Mientras avanza la investigación judicial para saber si Manuel Adorni puede justificar el crecimiento en su nivel de vida, el funcionario brindó declaraciones públicas, primero ante la Cámara de Diputados, luego en una entrevista y finalmente esta mañana en conferencia de prensa.

En todos los casos, el jefe de Gabinete evitó aclarar las dudas sobre su evolución patrimonial: “Ya di las explicaciones que tengo que dar ante la sociedad y la Cámara de Diputados, el miércoles pasado. Si tuviera que dar más explicaciones, las daré en el ámbito competente, que es la Justicia”, dijo en la reapertura de la sala de prensa de la Casa Rosada.

En rigor, en el Congreso sostuvo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la justicia”, y aseguró que nunca ocultó su patrimonio.

La investigación sobre el patrimonio de Adorni, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita y el juez federal Ariel Lijo, avanza también con el análisis de los más de 18 viajes -por Argentina y el mundo- que hizo la familia Adorni desde 2022 a la fecha.

Para hacer las sumas y restas de los gastos, ingresos y deudas del funcionario y su esposa, el fiscal le dio intervención a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo de la Procuración General.

Con esa evaluación, los investigadores apuntan a tener un panorama más claro de cuánto y cómo gastó Adorni cada año. Según supo Infobae de fuentes judiciales, la tarea empezará con las pruebas ya acumuladas al expediente y se irá completando a medida que se sigan sumando evidencias. No se trata de una pericia, sino de una colaboración de un organismo técnico contable.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó una serie de peritajes contables y tasaciones de bienes en el marco de la investigación que busca determinar si se desviaron fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para comprar una mansión en Pilar y otros activos. Todas las operaciones financieras de la entidad deportiva, desde el año 2019, serán analizadas por peritos de la Corte Suprema de Justicia.

La propiedad en cuestión está registrada a nombre de la empresa Real Central SRL, del dirigente deportivo Luciano Pantano y su madre Ana Conte, señalados en la causa como presuntos testaferros del tesorero Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Cabe recordar que el próximo lunes habrá una audiencia en la Cámara Federal de Casación Penal para definir la competencia del expediente, que puede permanecer en Campana o bien volver a Comodoro Py o al fuero Penal Económico.

A partir de las pruebas que hay en la causa, el juez González Charvay dispuso un exhaustivo análisis de todos los giros de dinero de la entidad, así como de la documentación secuestrada en allanamientos, incluyendo la obtenida en la sede de la AFA a fines de marzo.

El peritaje contable estará a cargo del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Cuando esta misma causa tramitaba en Comodoro Py, el juez federal Daniel Rafecas ordenó una tasación que reveló que la mansión, con los vehículos de lujo incluidos, valía más de 20 millones de dólares. Ahora el magistrado de Campana no solo quiere tener esa “foto actual” de la propiedad, sino remontarse a reconstruir todo desde un comienzo.

Entre los puntos clave que deberán dilucidar los peritos se encuentra la revisión de todas las operaciones realizadas con una tarjeta corporativa American Express de la AFA, emitida a nombre de Luciano Nicolás Pantano, con el objetivo de identificar a qué correspondieron los gastos, quién los abonó y si se reflejaron adecuadamente en los estados contables de la Asociación.

Otro eje del peritaje es la relación de la AFA con la empresa TourProdEnter LLC, del exdiputado provincial Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette. Es la firma que intermediaba en los contratos de la entidad en el exterior y cobraba comisiones del 30%.

El juez González Charvay encargó determinar si la contratación de esta compañía cumplió con el estatuto de la AFA, cómo fue el proceso interno que llevó a su contratación (licitación, oferta, negociaciones) y la pertinencia, legalidad y conveniencia de dicho acuerdo.

Los peritos también deberán establecer los montos que TourProdEnter LLC percibió como contraprestación y los ingresos que la AFA obtuvo a raíz de los contratos y adendas celebrados con su intervención, detallando la forma de ingreso al patrimonio y su reflejo en los estados contables.

Particularmente, se analizará si el porcentaje del 30% acordado como comisión para TourProdEnter LLC se encuentra dentro de los valores de mercado usuales para este tipo de servicios. Además, se compararán las condiciones acordadas en contratos históricos de la AFA con otras personas o agentes de cobro y pago.

La Justicia también tiene en carpeta la relación comercial entre la AFA y Real Central SRL (anteriormente Central Park Drinks SRL), la empresa detrás de la mansión de Pilar a la que la Asociación le transfirió millones de pesos durante los últimos cuatro años.

Se investigará si las transferencias de dinero de la AFA a esta empresa tuvieron respaldo contractual y, de no ser así, si existe documentación que justifique los pagos. Se evaluará si la contratación fue o no irregular y si efectivamente existió algún servicio por el cual se realizaron los pagos. Finalmente, el juez pidió verificar si estas transacciones constan en los estados contables de la AFA.

En un sentido más amplio, el peritaje contable deberá informar si los montos efectivamente ingresados a las arcas de la AFA desde 2019 se corresponden con lo recaudado por la totalidad de los contratos celebrados, y si las ganancias obtenidas desde entonces se encuentran acreditadas y reflejadas en sus estados contables y balances.

Nuevas tasaciones

Paralelamente a los peritajes contables, el Juzgado Federal de Campana ordenó la tasación de diversos bienes: dos propiedades del “Chiqui” Tapia en un country de Campana; dos propiedades en el Barrio Privado Ayres Plaza; dos inmuebles en Pilar y otros tres ubicados en CABA, todos estos últimos escriturados a nombre de Real Central.

El Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte será el encargado de determinar el valor de mercado de estos activos en las fechas de sus respectivas operaciones de compraventa.

También se volverá a tasar la colección de vehículos de lujo y clásicos que había en la mansión de Pilar, con autos y motos de alta gama de marcas como Porsche, Audi, BMW, Mercedes Benz, Ferrari, Volkswagen, Harley Davidson, Honda, Kawasaki y Triumph, entre otras tantas. Ahora, para cada uno de estos vehículos, se deberá determinar su valor de mercado en la fecha de su adquisición por parte de Central Park Drinks SRL o Real Central SRL.

El juez Charvay solicitó una valuación pecuniaria de pinturas y esculturas que no habían sido revisadas en el primer estudio.

El juzgado también requirió información a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y a la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) sobre el pago del Impuesto Patente Automotor de las personas físicas y jurídicas vinculadas a la investigación, incluyendo detalles como dominio, marca, modelo, domicilios, base imponible anual, impuesto anual y método de pago.

Esta batería de medidas judiciales apunta a reconstruir el circuito completo de los fondos vinculados a la AFA, con el objetivo de precisar su origen y destino y establecer si se registraron irregularidades en la adquisición de bienes por parte de las personas y empresas bajo investigación. En ese marco, la hipótesis central de la pesquisa sostiene que, ante un eventual desvío de dinero de las arcas del fútbol, esos fondos habrían sido canalizados con la finalidad de otorgarles apariencia de legalidad mediante la compra de propiedades, vehículos y otros lujos.

El juez federal Ariel Lijo ordenó este jueves peritar los audios de Diego Spagnuolo que destaparon el presunto entramado de corrupción detrás de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se trata de un giro inesperado en la causa, dado que hasta ahora la Justicia había mantenido al margen las grabaciones.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 11 le encomendó a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional la elaboración de un estudio pericial tendiente a corroborar el origen y la veracidad de los audios, tal como había dictado anteriormente la Cámara Federal porteña.

Lijo pidió “arbitrar los medios necesarios para establecer si los audios fueron objeto de algún tipo de adulteración y/o edición por medio de inteligencia artificial o cualquier otro método similar”.

Las defensas de Spagnuolo y la droguería Suizo Argentina reclamaron en distintas oportunidades la nulidad de la causa, a partir del presunto origen clandestino de los archivos.

El planteo no prosperó en ese sentido, pero sí logró un fallo favorable de la Sala II de la Cámara Federal, integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah. El 4 de diciembre pasado, ese tribunal le ordenó al juez Sebastián Casanello -que por entonces subrogaba el Juzgado N° 11- que verifique el origen y la veracidad de los audios atribuidos a Spagnuolo.

La respuesta de ese magistrado llegó el 9 de febrero, con una resolución en la que sostuvo que las averiguaciones sobre los audios del exdirector de ANDIS ya estaban a cargo del fiscal Carlos Stornelli y el juez Julián Ercolini, en una causa paralela que se abrió por una denuncia del Ministerio de Seguridad de la Nación, por supuesto espionaje ilegal a Spagnuolo y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tan solo 24 horas más tarde, la Sala II emitió un nuevo fallo, en un incidente paralelo, donde dejó entrever que la solución que encontró el juez Casanello no era la adecuada: “No se cumplió con ello”, sintetizó, en apenas una línea, la mayoría integrada por Irurzun y Boico, al recordar la orden que habían dado al juez de grado.

Sucede que tanto el juez Casanello como el fiscal federal Franco Picardi, quien tiene delegada la investigación de la corrupción de la ANDIS, evitaron usar como prueba las grabaciones, al punto que no fueron mencionadas ni una sola vez en las 307 páginas en las que se desarrollan los procesamientos de los primeros 19 acusados.

Es la estrategia que eligieron para que, en caso de que los audios se descubran clandestinos, falsos o adulterados, no entre en juego la doctrina del “fruto del árbol envenenado”.

Las defensas volvieron a llevar el tema ante la Cámara en las últimas semanas, donde se discutió nuevamente el planteo de nulidad por los audios y, también, se llevaron adelante las audiencias por la apelación de los procesamientos.

El juez Lijo ahora se anticipó a un nuevo pronunciamiento de la Cámara Federal y, por cuenta propia, decidió correrse del criterio que había tenido Casanello durante toda la investigación y ordenar el peritaje.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que la causa cuenta con pruebas independientes e incluso anteriores a las grabaciones.

Cabe recordar que la defensa del ex titular de ANDIS, a cargo de Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó el año pasado un informe técnico de parte que detectó un 65% de probabilidades de que la voz de Spagnuolo haya sido modificada con inteligencia artificial.

La orden de peritar los audios se da en medio de una nueva tanda de indagatorias a las máximas autoridades de la Agencia durante la gestión libertaria, así como a empresarios y presuntos partícipes de la asociación ilícita que se habría montado al interior del organismo para direccionar contratos millonarios con el Estado y, a cambio, cobrar coimas de entre el 12 y el 20 por ciento de las sumas adjudicadas.

El gendarme Nahuel Gallo declaró este jueves como testigo en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En una audiencia virtual que duró más de tres horas, Gallo contó por primera vez los tormentos sufridos mientras estaba detenido ilegalmente en el país venezolano. Si bien había adelantado públicamente que había sufrido torturas, nunca especificó qué le había ocurrido.

Además, aportó nueva información para el caso que llevan adelante el juez federal Sebastián Ramos y el fiscal Carlos Stornelli.

Gallo va camino a convertirse en querellante. Lo solicitó formalmente en el Juzgado hace dos semanas y, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, su declaración dejó claro su condición de víctima y damnificado de los crímenes que se investigan en el expediente.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer este medio, el gendarme hizo un repaso detallado desde el momento en el que fue capturado hasta su liberación, el pasado 1 de marzo.

Contó que, cuando lo retuvieron, las autoridades venezolanas revisaron su celular y encontraron en un chat con su pareja un mensaje en el que criticaba a Maduro. Desde entonces pasó 448 días detenido.

Consultado por los funcionarios judiciales, Nahuel Gallo describió cómo fueron las torturas físicas y psicológicas que enfrentó en la cárcel de El Rodeo I. El llanto lo interrumpió varias veces, pero el gendarme mantuvo la compostura para poder avanzar con su testimonio, indicaron a Infobae fuentes del caso.

Según recordó, estuvo siempre con los presos extranjeros que las autoridades venezolanas “tenían como moneda de cambio”. Además, dijo que el día que lo liberaron pensó que lo iban a trasladar a otro centro de detención, y que se enteró de que regresaba al país recién cuando se encontró con los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que lo acompañaron en el avión.

Además, el gendarme explicó ante el juez Ramos y el fiscal Stornelli que su liberación de El Rodeo se justificó con un amparo, mediante el que también le impusieron la obligación de presentarse en el juzgado venezolano que llevaba su caso para mantenerse a derecho.

Como no volvió —por obvias razones—, estaría vigente un pedido de captura en su contra.

Además, las fuentes consultadas indicaron que en las últimas horas hubo movimientos de parte de la defensa de uno de los prófugos, Justo José Noguera Pietri, ex comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, entre otros altos cargos que ostentó.

Su abogado Fernando Sicilia -que no pudo participar de la audiencia de hoy, dada la condición de prófugo- le reclamó al juez Sebastián Ramos que pida el expediente abierto contra Gallo en Venezuela y las copias espejo de su celular.

De la declaración testimonial también participó la querella patrocinada por el abogado Tomás Farini Duggan, en representación del Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER).

La violación sistemática de los derechos humanos que se perpetró por parte del régimen de Nicolás Maduro desde 2014 se investiga en Comodoro Py bajo el principio de “justicia universal”, que permite juzgar este tipo de crímenes independientemente de dónde hayan ocurrido.

Cabe recordar que el juez Ramos pidió a Estados Unidos la extradición del ex dictador para poder indagarlo en Buenos Aires.

Tras declarar, el gendarme posteó en sus redes sociales: “Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando”.

“El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido. Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia”, completó Gallo.

Causas unificadas

Previo a la declaración de Nahuel Gallo, este jueves la Cámara Federal porteña ordenó acumular a la causa de Comodoro Py otro expediente de la Justicia Federal de Mendoza que trataba la desaparición forzada del gendarme, a partir de un habeas corpus que se había presentado apenas fue detenido.

El fallo de la Sala I del tribunal de apelaciones, firmado por el camarista Mariano Llorens, estableció que la captura de Gallo —ocurrida el 8 de diciembre de 2024 en San Antonio de Táchira, cuando el suboficial de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) intentó ingresar a Venezuela desde Colombia— debe ser investigada en el Juzgado Federal N° 2, a cargo del juez Ramos.

“Hoy di un paso que me costó mucho”

El gendarme Nahuel Gallo publicó en sus redes sociales un descargo en el que reveló que por primera vez se animó a contar lo que ocurrió en los más de 400 días que estuvo detenido en la cárcel clandestina conocida como “El Rodeo I”.

“Hoy di un paso que me costó mucho: por primera vez conté lo que viví en Venezuela desde el 08 de diciembre de 2024. Volver a esos momentos duele. Revivirlos no es fácil. Pero hay algo más fuerte que el miedo: la verdad. Y la verdad es que esto no puede seguir pasando. El régimen venezolano sí tortura, y lo sigue haciendo. No es un discurso, es una realidad que muchos hemos vivido”, afirmó.

Y completó: “Hoy, con la frente en alto, lo digo sin miedo: soy inocente, siempre lo fui. Y este es mi momento de exigir justicia. Por mí. Por mi familia. Por todos los extranjeros que atravesamos ese infierno. Y por cada venezolano que aún sigue sufriendo en silencio. Porque mientras muchos callan, otros siguen presos, siguen siendo víctimas, siguen esperando. Justicia y Libertad”.

Luego de descubrir que el jefe de Gabinete Manuel Adorni tiene deudas por 335.000 dólares y gastó más de 100.000 dólares en menos de un año, solamente en propiedades, la Justicia empezó a hacer cuentas. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación por enriquecimiento ilícito, le encargó un análisis pormenorizado sobre el patrimonio del funcionario a la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Tal como anticipó Infobae el fin de semana, en la causa ya hay una reconstrucción avanzada del mapa de gastos, deudas e ingresos del ministro coordinador y su esposa, Bettina Angeletti.

El fiscal Pollicita busca saber si el crecimiento en el nivel de vida de Adorni se puede justificar con su sueldo y sus ahorros declarados ante la Oficina Anticorrupción, y para esto le encomendó a la DAFI -un organismo de la Procuración General de la Nación- que analice al detalle todos los movimientos financieros del matrimonio y, en caso de haberlas, señale posibles inconsistencias, según plasmó en un decreto.

Con esa evaluación, los investigadores apuntan a tener un panorama más claro de cuánto y cómo gastó Adorni cada año. Según supo Infobae de fuentes judiciales, la tarea empezará con las pruebas ya acumuladas al expediente y se irá completando a medida que se sigan sumando evidencias. No se trata de una pericia, sino de una colaboración de un organismo técnico contable.

La última declaración jurada que presentó el ministro coordinador ante la OA corresponde al ciclo 2024. El organismo prorrogó el plazo para entregar la del año pasado y ahora Adorni tendrá tiempo para actualizar el informe sobre su evolución patrimonial hasta el 31 de julio.

Ante la Cámara de Diputados, en su primer informe de gestión de este miércoles, el jefe de Gabinete aseguró que “será en ese momento en que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”. En el último documento disponible no figura, por ejemplo, la casa del barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2024.

En un anexo reservado confidencial, solamente conocido por la Oficina Anticorrupción, el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, el ministro coordinador informó los bienes, deudas e ingresos de su esposa Bettina Angeletti.

En su declaración jurada, Adorni informó que tenía -al cierre del ciclo- una caja de ahorro con 2.455.000 pesos, otros 2.000.000 de un crédito, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y 42.500 dólares “debajo del colchón”. Su sueldo rondó todo ese año y el siguiente los 3.500.000 pesos.

En materia de propiedades, gastó: 30.000 dólares de adelanto por su nuevo departamento en Caballito; otros 30.000 como devolución de un préstamo a dos policías acreedoras, a quienes también abona intereses mensuales de entre 900 y 600 dólares desde noviembre de 2024; 25.000 dólares por la casa de Indio Cuá -el resto lo cubrió con el préstamo recién mencionado-; y 10.000 dólares de honorarios para la escribana Adriana Nechevenko.

La suma de esas cifras supera los 100.000 dólares, más del doble de lo que el jefe de Gabinete tenía declarado a fines de 2024. Por entonces, su sueldo oscilaba los 3.500.000 pesos.

El capítulo de los viajes por el país y el mundo de la familia Adorni también será parte del dictamen de la DAFI, a pedido del fiscal Pollicita. Se conocieron gastos por más de 25.000 dólares en pasajes y estadías en Aruba, Punta del Este, Nueva York, Madrid y Brasil; pero la cifra no es definitiva, ya que los investigadores tienen varias excursiones más en carpeta y, además, no trascendieron precisiones de los gastos corrientes que exceden a los vuelos y hoteles.

Y, por último, están las deudas. Por el departamento de Caballito, en la calle Miró al 500, Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares en octubre de 2025 y los 200.000 dólares restantes se los financiaron a un año sin intereses las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

El hijo de esta última, Pablo Feijoo, amigo de Adorni, es quien gestionó la compraventa de la propiedad. En medio, hizo refacciones para renovar integralmente el departamento que le costaron 65.000 dólares. Según declaró ante el fiscal cuando lo citaron como testigo, la devolución de ese dinero la acordó “por afuera” con el jefe de ministros; en negro y en efectivo.

La casa Indio Cuá, en tanto, se escrituró el mismo día en el que Adorni recibió un préstamo de las dos mujeres policías, por 100.000 dólares, en noviembre de 2024.

Para obtener ese dinero, el funcionario hipotecó su departamento de Parque Chacabuco, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11%.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, el matrimonio Adorni ya devolvió 30.000.

El empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como “jefe paraestatal” de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se negó a declarar este miércoles en el marco de la causa de corrupción donde se investiga el desvío de 75 mil millones de pesos durante la primera gestión libertaria del organismo.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Calvete se conectó por Zoom a una audiencia virtual para cumplir con lo ordenado por el juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardi.

Su comparecencia fue remota debido a que está preso en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, con algunos problemas de salud. Calvete estuvo acompañado por su abogado Juan Ignacio Pascual, quien tampoco presentó algún descargo escrito.

La Justicia también citó hoy a otro empresario, Andrés Horacio Arnaudo, vinculado a Droguería Génesis, una de las más beneficiadas por la ANDIS. Se negó a declarar y a responder preguntas, indicaron a este medio fuentes del caso.

Estas declaraciones se dan en el marco de una nueva tanda de indagatorias en la causa, a partir de nuevos hechos de corrupción detectados por la investigación del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.

El martes, los primeros en presentarse fueron Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia, y su segundo, Daniel María Garbellini. Ambos guardaron silencio ante el juez y el fiscal. Todos están procesados, a partir del capítulo inicial de la causa.

El rol de Calvete

Antes de verse cercado por la Justicia, Miguel Ángel Calvete gozó de cierta exposición a partir de los distintos cargos que ocupó: concejal de Cambiemos en La Matanza, vocero de una agrupación de supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo, entre otros.

Al menos desde fines de 2023, según consta en la causa, el empresario se convirtió en la puerta de entrada a la ANDIS para aquellas droguerías y proveedoras que querían venderle al Estado.

A cambio de garantizar esos contratos millonarios a “empresas amigas”, Miguel Ángel Calvete les habría cobrado a cada una entre un 12% y 20% de las sumas adjudicadas, de acuerdo a la acusación fiscal.

Es por esto que el fiscal Picardi lo ubica como uno de los líderes de la asociación ilícita, al entender que habría direccionado las adjudicaciones de la ANDIS y se benefició de coimas derivadas de las contrataciones, impartiendo órdenes directas para orientar decisiones y administrando recursos del Estado sin tener cargo alguno.

Esta presunta manipulación de procesos de contratación pública ocurrió puntualmente con medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Las irregularidades aparecen en compras de las categorías: amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Desde que estalló el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el lobista permanece detenido por una condena anterior, por proxenetismo. Tiene en trámite un pedido para que le otorguen la prisión domiciliaria. Además, cabe recordar que es el padre de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, también procesada.

En total, 35 imputados desfilarán por Comodoro Py durante este mes y el siguiente para ser indagados en el segundo tramo de la causa.

El exfuncionario y exabogado del presidente Javier Milei se presentó minutos antes de las 9 ante el fiscal Franco Picardi y funcionarios del Juzgado Federal N° 11.

A la salida, una hora más tarde, intentó sin éxito evitar a la prensa. Aunque guardó silencio ante las preguntas, se limitó a decir que esta “no es la única oportunidad” que tendrá para declarar.

A continuación se presentó a declarar Daniel María Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud que administraba el Programa Incluir Salud, y que en los hechos era el “número dos” de la ANDIS. Tanto él como Spagnuolo están procesados en este expediente, decisión que se encuentra bajo revisión de la Cámara Federal porteña.

Garbellini llegó al juzgado minutos después de las 11, y también se negó a declarar. Las defensas preparan descargos escritos que serán incorporados a la causa en los próximos días.

A pedido del fiscal Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, el juez Ariel Lijo ordenó la ampliación de las indagatorias de Spagnuolo, Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Estos últimos tres son empresarios que tenían injerencia en la ANDIS.

Calvete es el lobista principal de la trama, y hoy se encuentra preso en la cárcel de Ezeiza, donde cumple una condena por proxenetismo. Está citado a declarar el miércoles, pero según pudo saber Infobae de fuentes judiciales lo hará por Zoom y no asistirá a tribunales. Esto se debe a su condición de salud: su estado se deterioró en los últimos meses y actualmente está alojado en el pabellón psiquiátrico PRISMA.

En total, 35 imputados desfilarán por Comodoro Py durante este mes y el siguiente para ser indagados.

La acusación principal es haber formado parte de una asociación ilícita dedicada a cometer ilícitos en detrimento de la administración pública. Esto se logró mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según dictaminó el fiscal Picardi junto a la PIA. Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.

Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

Según los fiscales, la organización utilizó un sistema irregular de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de los procesos de compra, la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.

Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024. A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias.

Para tomar como ejemplo, en el rubro de medicamentos se implementó un sistema de compulsas de precios “especial” al que solo fueron invitadas un grupo reducido de firmas: Profarma SA, Génesis SA, Floresta SA y New Farma SA.

Dos de estas empresas habrían actuado como competidores simulados, distribuyéndose de antemano las asignaciones y simulando una competencia inexistente. Esto llevó a la obtención de 21 licitaciones “acotadas” por un total de $30.337.220.919,77, principalmente adjudicadas a Profarma S.A. y Génesis S.A., que recibieron el 93,11% de estos procesos entre julio de 2024 y agosto de 2025.

En el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados, New Farma S.A. y Floresta S.A. obtuvieron el 51,67% de los $13.328.004.541 adjudicados en 2025 (hasta agosto) y el 50,36% de los $5.117.817.946 adjudicados entre septiembre y diciembre de 2024, sumando un total de $9.514.743.020, según consta en la causa.

La maniobra descripta por la acusación se completó con coimas a funcionarios de ANDIS a cambio de permitir las contrataciones en favor de intereses particulares y la garantía de agilidad y prioridad en los cobros.

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, visitará por segunda vez este martes el edificio de Comodoro Py 2002, para participar de un evento sobre la lucha contra la corrupción. Su desembarco en los tribunales de Retiro se da en medio del avance de las investigaciones contra el Gobierno, y coincide con el inicio de una nueva tanda de indagatorias a los imputados por corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Con un auditorio de jueces, fiscales y funcionarios judiciales, Mahiques será una de las figuras principales de la charla de “sensibilización” sobre la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. El evento, programado para las 14:30, es organizado por la Oficina Anticorrupción en el marco de las actividades de cooperación impulsadas por el Programa “El PACCTO 2.0”, una iniciativa de la Unión Europea orientada a fortalecer los sistemas de justicia penal en América Latina y el Caribe.

A la par del ministro de Justicia estará el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña.

Al girar las invitaciones a todos los despachos de Comodoro Py, el Ministerio anunció que la charla contará con las exposiciones de Giovanni Tartaglia Polcini, consejero del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y director adjunto de “El PACCTO”; Giuseppe Busia, presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción italiana (ANAC); y Flavia Guarnaccia, una experta en la materia.

Los disertantes “compartirán experiencias comparadas y buenas prácticas” en la lucha contra la corrupción, anunció la organización.

A principios de abril, el ministro de Justicia había hecho -junto a su secretario Santiago Viola-, una visita institucional a los tribunales de Comodoro Py, en la que concretó una reunión con todos los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal.

En ese mítin, el foco estuvo puesto en la necesidad de cubrir las vacantes judiciales y en la implementación del sistema acusatorio, que ya se postergó para 2027. En cuanto a los despachos sin funcionarios titulares, desde que es ministro Mahiques envió al Senado 103 pedidos de acuerdo para designar jueces, fiscales y defensores.

Según indicaron fuentes tribunalicias a Infobae, el titular de Justicia también se interesó constantemente durante todo el último mes por el avance de la causa por enriquecimiento ilícito que tiene bajo la lupa al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El caso está en manos del juez Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.

El acusador público pasó las últimas dos semanas escuchando a testigos y recabando documentación relevante para reconstruir el crecimiento en el nivel de vida del ministro coordinador, y saber si se corresponde con sus ingresos y bienes declarados legalmente.

El expediente que involucra a Adorni no es el único caso sensible para el Gobierno que se encuentra en pleno avance en los tribunales de Retiro. Apenas unas horas antes del evento anticorrupción, pasarán por Comodoro Py quienes fueron las dos máximas autoridades de la ANDIS, Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini.

Los dos exfuncionarios de la gestión libertaria deberán presentarse en el cuarto piso, ante el Juzgado Federal N° 11 que subroga el juez Lijo, para ampliar su declaración indagatoria.

Es que el fiscal Franco Picardi los acusó junto a otros 33 imputados por el desvío de más de 75 mil millones de pesos, a través del direccionamiento de compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que empresas amigas resultaran adjudicatarias de los fondos públicos previstos para las personas con discapacidad, a cambio de retornos y dádivas.

El juez Lijo tiene una tercera causa que ocupa la atención del Ejecutivo: los llamados “créditos VIP” del Banco Nación.

La semana pasada, el magistrado ordenó medidas de prueba y una auditoría a la AGN para saber si hubo beneficios indebidos en los créditos hipotecarios otorgados a funcionarios, legisladores y personas con vínculos políticos.

Las medidas incluyen la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar la investigación.

A un mes de haber comenzado a investigar su patrimonio, la Justicia ya tiene sobre la mesa una reconstrucción -aún incompleta- de los gastos, deudas e ingresos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien tuvo un crecimiento sustancial en su nivel de vida desde que es funcionario público. La causa que tramita en Comodoro Py busca saber si esto se puede justificar con su sueldo y sus ahorros.

La última declaración jurada que presentó el ministro coordinador ante la Oficina Anticorrupción corresponde al ciclo 2024. Ese organismo acaba de prorrogar el plazo para entregar la del año pasado, y ahora Adorni tendrá tiempo para actualizar el informe sobre su evolución patrimonial hasta el 31 de julio.

En el último documento disponible, el jefe de Gabinete informó que tenía -al cierre del ciclo- una caja de ahorro con 2.455.000 pesos, otros 2.000.000 de un crédito, 6.220 dólares en una cuenta en Estados Unidos y 42.500 dólares “debajo del colchón”. Su sueldo rondó todo ese año y el siguiente los 3.500.000 pesos.

Adorni está casado con Bettina Angeletti, quien se dedica al coaching ontológico. Su declaración jurada debía estar adjunta en un anexo reservado, siempre ante la OA, pero el funcionario incluyó ese documento recién una vez que comenzó la investigación del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. La Justicia tiene a disposición esos números, pero no han trascendido públicamente.

Las cuentas de Adorni y Angeletti se entrelazan constantemente. Según fuentes judiciales, las explicaciones que el jefe de Gabinete aún mantiene bajo reserva podrían apelar a los ingresos y patrimonio de su esposa.

Muchos de los viajes por el mundo que están bajo investigación se hicieron en familia, igual que la compra de propiedades y de una camioneta. Además, según consta en la causa judicial, se repite un patrón claro: en su mayoría, los pagos “grandes” se hicieron en efectivo y en dólares.

Así puede verse en las vacaciones de la familia. Para irse a Punta del Este en avión privado junto al periodista y amigo Marcelo Grandío, se pagaron 4.830 dólares por la ida y otros 3.000 dólares por el regreso, en febrero de este año. Aún no se sabe si Adorni y el conductor de la TV Pública abonaron cada uno su parte, si se trató de una invitación para el funcionario o si, en cambio, todo estuvo a cargo del jefe de Gabinete.

Grandío, dueño de la productora ImHouse -contratista del Estado-, ya había compartido en esa ciudad uruguaya con Adorni en 2022. Entre diciembre de ese año y fines de 2023, su empresa le hizo diez transferencias al hoy ministro coordinador por 1.670.900 pesos en total, según pudo relevar la Justicia.

Los gastos en viajes siguen. Para recibir el Año Nuevo de 2025 en Aruba, la familia Adorni pagó 8.874 dólares en hotel y 5.762 dólares en pasajes. En sus tarjetas de crédito, según indicaron fuentes judiciales, no aparecen erogaciones compatibles con gastos corrientes. Todo, una vez más, se abonó en efectivo.

La polémica en torno a los viajes de Adorni y su esposa tuvo su origen en el viaje de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial a Nueva York para la Argentina Week. La semana pasada, el juez Daniel Rafecas resolvió archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete de Ministros. La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada tras el dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano.

Esa breve investigación, no obstante, dejó un dato relevante que compete a la causa por enriquecimiento ilícito contra el ministro coordinador y vocero: Angeletti pagó su propio vuelo de regreso, en primera clase, y costó 5.154 dólares. Otro gasto importante que se sumó a la lista que confecciona el fiscal Pollicita.

Hay más viajes bajo la lupa de la justicia. Los investigadores aún trabajan en reconstruir al detalle todas las excursiones que hizo el matrimonio, ya sea juntos o por separado, y tanto en el interior del país como alrededor del mundo, desde 2022 a la fecha. Por ende, se descarta que próximamente se ensanchará este pilar del caso.

Las propiedades

En un segundo capítulo aparecen las propiedades. En su última declaración jurada, Manuel Adorni informó a la OA que tiene un inmueble en La Plata, del cual es propietario en un 100%, y la mitad del departamento de Parque Chacabuco, ubicado en la calle Asamblea. Ambos están en venta en este momento, por 95.000 y 285.000 respectivamente.

Sin haberse desprendido de sus posesiones, entre fines de 2024 y 2025 el jefe de Gabinete compró un semipiso en Caballito y una casa en el barrio privado Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz. Aquí es donde aparecen las deudas que abren otro gran interrogante del caso: ¿cómo hará el funcionario para pagar semejante suma?

Por el departamento de Caballito, en la calle Miró al 500, Adorni pagó un adelanto de 30.000 dólares en octubre de 2025 -otro “gasto grande”, siempre en efectivo-. El resto, unos 200.000 dólares, se lo financiaron a un año sin intereses las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

El hijo de esta última, Pablo Feijoo, amigo de Adorni, es quien gestionó la compraventa de la propiedad. En medio hizo refacciones para renovar integralmente el departamento que le costaron 65.000 dólares. Según declaró ante el fiscal cuando lo citaron como testigo, la devolución de ese dinero la acordó “por afuera” con el jefe de ministros; en negro y en efectivo.

La Justicia también sabe que, para equipar su nueva casa, el jefe de Gabinete compró electrodomésticos y muebles nuevos. Ahora buscan precisar cuánto gastó en esto.

La casa Indio Cuá, en tanto, se escrituró el mismo día en el que Adorni recibió un préstamo de dos mujeres policías por 100.000 dólares, en noviembre de 2024. La operación fue la siguiente: el funcionario hipotecó el departamento de Parque Chacabuco a cambio de ese dinero, con la promesa de devolverlo en dos años, con un interés anual del 11% que se fue devengando en cuotas mensuales de entre 900 y 600 dólares.

De esos 100.000 dólares que le dieron las agentes de la Policía Federal Argentina, el matrimonio Adorni ya devolvió 30.000.

Como tasa de ingreso, en Indió Cuá, el jefe de Gabinete tuvo que pagar otros 5.000 dólares, además de los 120.000 que costó la casa en sí. Y se conoció que en esa propiedad también hubo obras, cuyo monto aún no trascendió.

De esta manera, Manuel Adorni tiene que conseguir para noviembre 270.000 dólares que debe de sus operaciones inmobiliarias, más los 65.000 que le tiene que pagar a Feijoo por las refacciones de Caballito.

El último gasto importante que se conoció fueron los honorarios de la escribana Adriana Nechevenko: otros 10.000 dólares que salieron de los bolsillos del jefe de Gabinete, por las operaciones de Caballito y Exaltación de la Cruz, según reveló A24.

La suma de todo lo que Adorni ya pagó en el segmento de las propiedades supera los 100.000 dólares, teniendo en cuenta también las cuotas de los intereses que le pagó a las policías acreedoras. Es el doble de lo que declaró ante la OA que tenía al cierre del 2024.

Más gastos

Según los registros del Banco Galicia a los que pudo acceder Infobae, Manuel Adorni y Bettina Angeletti mantuvieron altos gastos con tarjeta de crédito, con los picos más altos a fines de 2025. Recién en enero de 2026 su sueldo -y el del resto de los ministros- se descongeló y subió a más de 7.000.000 de pesos.

Estos podrían corresponderse con gastos corrientes de la familia, ya que la mayoría de los pagos grandes aparecen en efectivo. Resta saber en cuál de esas dos listas se ubican erogaciones fijas como expensas, seguros y más. Se trata de otro rincón del caso sobre el que el fiscal Pollicita busca echar más luz.

Para eso la Justicia pidió cuentas, historiales de transacciones, saldos e inversiones a numerosas billeteras virtuales, plataformas de pago y exchanges de criptomonedas (como Mercado Pago, Brubank, Lemon, Binance, entre muchas otras), tanto de Adorni como de Angeletti.

Además, solicitó los registros de acceso y titularidad de cajas de seguridad en el Banco Galicia y en empresas privadas de custodia de valores, y requirió documentación exhaustiva a aerolíneas y agencias de turismo sobre los itinerarios y métodos de pago utilizados para diversos viajes de la familia.

Finalmente, la fiscalía pidió al Banco Central de la República Argentina los datos sobre operaciones de compraventa de dólares, y ordenó averiguar el estado del proceso sucesorio de Jorge Adorni, el padre fallecido del jefe de Gabinete.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal despejó este jueves los obstáculos que faltaban para definir qué juez se queda con la investigación sobre la mansión de Pilar valuada en 17 millones de dólares, atribuida a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y escriturada a nombre de una empresa de Luciano Pantano y Ana Conte, presuntos testaferros.

El expediente está a cargo del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, pero podría volver al fuero Penal Económico o bien a Comodoro Py, donde todo empezó.

La Casación recibirá a todas las partes involucradas el 11 de mayo en el primer piso de los tribunales federales de Retiro. Pueden presentar notas escritas o bien exponer sus argumentos oralmente.

La audiencia debía celebrarse el pasado 30 de marzo, pero se postergó por el pedido de recusación de la jueza Ángela Ledesma, quien integra el tribunal. Ese planteo ya fue descartado, y ahora se resolvió un nuevo intento por correr a un magistrado.

Es que este jueves la Cámara también descartó la recusación contra el fiscal general Mario A. Villar, que había presentado la defensa de los supuestos testaferros.

El fiscal Villar ya dictaminó que, a su entender, el expediente debería volver al Juzgado Federal N° 3, de Daniel Rafecas.

Para pedir a la Casación que se revoque la decisión de la Cámara Federal de San Martín que le entregó el caso al Juzgado de Campana, el fiscal enumeró irregularidades sobre cómo se habría iniciado el expediente en el despacho de González Charvay.

Según Villar, el abogado Mariano Morán envió un correo electrónico al Juzgado, en el que pidió que el caso pase a Campana. Y desde entonces no se le habría dado el trámite correspondiente a las actuaciones, de acuerdo al fiscal general.

“La solución de enviar la causa al Juzgado de Campana no sólo es equivocada sino que sembraría la duda acerca de la transparencia e imparcialidad”, deslizó Villar en su dictamen.

Las valoraciones que hizo en ese documento le valieron un planteo de la defensa de Pantano y Conte, madre e hijos que figuran en los papeles como dueños de la mansión a través de la firma Real Central SRL.

Alegaron que el fiscal “manipuló maliciosamente” las constancias del legajo, lo que demostraría a su criterio una pérdida total de objetividad. Sostuvieron que el fiscal omitió deliberadamente información, afirmó circunstancias falsas y distorsionó el sentido del intercambio de los correos electrónicos.

La defensa consideró que esta actuación era dolosa, buscando favorecer una competencia que no correspondía, descalificar al Juzgado Federal de Campana y prejuzgar sobre la responsabilidad de sus defendidos y la actuación del defensor.

Además, la defensa argumentó una supuesta filtración del dictamen antes de su presentación oficial.

El 14 de abril, el fiscal Mario Villar solicitó que la recusación fuera rechazada, argumentando que era extemporánea e infundada.

Respecto al contenido del dictamen, el fiscal respondió que todo lo consignado tenía respaldo comprobable en el expediente, negó que hubiera manipulación de información y desmintió la filtración del dictamen.

El fiscal Villar sostuvo que no existía un relato incriminador sin sustento material, sino un relato pormenorizado de las hipótesis investigativas para dilucidar el juez competente.

Luego de escuchar a ambas partes, el camarista Javier Carbajo, en su voto, adelantó que correspondía rechazar la recusación, ya que no se configuraba ninguno de los supuestos previstos para apartar a un magistrado.

La jueza Angela Ledesma adhirió a la solución propuesta por el juez Carbajo. Señaló que la recusación era extemporánea, ya que el planteo se basaba en el dictamen del 30 de marzo, pero la presentación se formuló el 8 de abril, fuera del plazo de 48 horas previsto.

El juez Mariano Borinsky también compartió la posición de sus colegas, agregando que no se percibía una pérdida de objetividad que justificara la solicitud.

En consecuencia, la Sala I resolvió rechazar la recusación planteada contra el fiscal general Mario Villar.

El mismo Tribunal también emitió otro fallo respecto de esta causa, este mismo miércoles. Es que la defensa de Pantano y Conte había intentado, recurso extraordinario federal mediante, suspender la audiencia fijada para discutir a dónde tiene que radicarse la causa.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el planteo y confirmó su decisión de convocar a audiencia para darle un cierre al tema.

Una de las declaraciones testimoniales más esperadas en la causa por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni reveló que el jefe de Gabinete debe otros 65.000 dólares que no están documentados. Así lo contó su amigo Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras y gestor de la compraventa del departamento de Caballito.

Feijoo declaró este miércoles durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene a cargo el expediente junto al juez federal Ariel Lijo. Entró y salió de Comodoro Py bajo una fuerte custodia de la Policía Federal Argentina y evitó a toda costa cruzarse con la prensa.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, uno de los ejes de su declaración estuvo centrado en las refacciones que hubo en el departamento de la calle Miró al 500 antes de pasar a manos de Adorni.

Bajo juramento, Feijoo dijo que él se hizo cargo de todas las obras y que le costaron, en total, 65.000 dólares. Esa parte del presupuesto, declaró el testigo, acordó recuperarla “por afuera” con el jefe de Gabinete, cuando éste pudiera vender su departamento ubicado en avenida Asamblea, barrio porteño de Parque Chacabuco.

Para entender la maniobra investigada, es necesario volver al inicio de la operación inmobiliaria. El exfutbolista Hugo Morales era dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, fue quien señó el departamento en la inmobiliaria, negoció el valor del mismo con Morales y, luego, lo puso a la venta para sacarle una diferencia. El testigo es dueño de TSJ Group, una empresa de desarrollos urbanos que se dedica a proyectos de ese tipo.

Adorni y Feijoo compartieron grupo de padres por el colegio de sus hijos, indicaron las fuentes consultadas. De ahí empezaron a construir una relación de confianza.

Según la reconstrucción de los hechos que consta en la causa judicial, el jefe de Gabinete habría acudido a Feijoo cuando decidió mudarse de Parque Chacabuco. Fue a ver el inmueble de la calle Miró y el empresario le pidió 300.000 dólares.

El 22 de octubre de 2025, Pablo Feijoo visitó a Manuel Adorni en Casa Rosada. Aquel día se habría acordado el precio final por el departamento de Caballito: 230.000 dólares. El ministro coordinador pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses.

Feijoo llevó los hilos del negocio, pero su socio Leandro Miano, hijo de la jubilada Sbabo, habría colaborado palmo a palmo con él.

Para octubre, la remodelación integral del departamento ya estaba avanzada. Según dijo el testigo ante el fiscal Pollicita, por su posición en el rubro consiguió a buen precio los materiales y la mano de obra. Su idea inicial era vender la propiedad a 345.000 dólares, en línea con lo que declararon el lunes la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi.

Entonces, ¿por qué Feijoo le vendió el departamento casi al costo a Adorni? El testigo explicó ante la Justicia que le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”. De cualquier forma, las ganancias o pérdidas del desarrollador no son el objeto de la causa; sino que la investigación busca desentramar si el crecimiento en el nivel de vida del jefe de Gabinete es compatible con sus ingresos formales.

Las fuentes consultadas indicaron que Adorni todavía no le devolvió esos 65.000 dólares de las refacciones a Feijoo. En noviembre, el ministro coordinador debe pagarle a Sbabo y Viegas los 200.000 dólares que le financiaron para que pueda mudarse a Caballito.

El mismo mes, Adorni tiene otro compromiso importante: otros 70.000 dólares más intereses -11% anual- que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, a cambio de una hipoteca sobre el departamento de Asamblea. A las agentes ya les devolvió 30.000.

El dinero que ya pagó el jefe de ministros a sus acreedores -más lo que les debe- se suma a una lista de gastos a nombre del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti. El fiscal Pollicita investiga, principalmente, una serie de viajes por el mundo: Estados Unidos, Aruba, Punta del Este y otros destinos son los que están bajo la lupa de la Justicia.

Un dato que se desprende de las averiguaciones es que el matrimonio habría hecho la enorme mayoría de los pagos en efectivo, ya que no aparecen en los gastos de sus tarjetas de crédito ni en sus movimientos bancarios registrados hasta ahora.

Para avanzar en este sentido, el fiscal dictó el martes una serie de medidas para investigar más en profundidad las operaciones financieras, patrimoniales y cambiarias de Manuel Adorni y Bettina Angeletti, desde el 1 de enero de 2022 hasta la actualidad.

Específicamente, requirió informes detallados sobre cuentas, historiales de transacciones, saldos e inversiones a numerosas billeteras virtuales, plataformas de pago y exchanges de criptomonedas (como Mercado Pago, Brubank, Lemon, Binance, entre muchas otras). Además, solicitó los registros de acceso y titularidad de cajas de seguridad en el Banco Galicia y en empresas privadas de custodia de valores, y requirió documentación exhaustiva a aerolíneas y agencias de turismo sobre los itinerarios y métodos de pago utilizados para diversos viajes de la familia.

Finalmente, la fiscalía pidió al Banco Central de la República Argentina los datos sobre operaciones de compraventa de dólares, y ordenó averiguar el estado del proceso sucesorio de Jorge Adorni, el padre fallecido del jefe de Gabinete.

Por último, este miércoles también declararon Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió a Adorni la casa del country Indio Cuá, y el encargado del edificio de Caballito, de nombre Juan, quien dijo no recordar mayores detalles, excepto que vio ingresar electrodomésticos y muebles luego de la mudanza.

Cosentino se remitió a describir cómo fueron los detalles de la operación en Exaltación de la Cruz, y confirmó que la venta de esa propiedad fue por 120.000 dólares, que ya fueron abonados. El jefe de Gabinete usó los 100.000 dólares que le prestaron las policías para cubrir la mayor parte de ese gasto, según se desprende de la causa.

El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dictó este martes una medida cautelar que ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones económicas del programa “Volver al Trabajo”. La decisión responde a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores beneficiarios, quienes cuestionaron la finalización de esta asistencia sin la implementación de un mecanismo sustitutivo adecuado.

Los actores, trabajadores de la economía popular sin inserción en el mercado formal de trabajo, argumentaron que la interrupción del programa representaba una omisión ilegítima y una acción arbitraria por parte del Estado Nacional. Solicitaron que se garantizara la continuidad de los derechos económicos, sociales y culturales de carácter alimentario y de inclusión sociolaboral para los beneficiarios, especialmente en un contexto de crisis socioeconómica que agrava su vulnerabilidad.

El plan “Volver al Trabajo” fue creado por el Decreto 198/2024 del Poder Ejecutivo Nacional -firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello-, y sustituyó al “Potenciar Trabajo” de la gestión anterior con el fin de fomentar la inserción laboral mediante la capacitación sociolaboral.

Mediante una resolución firmada en abril de 2024, el Ministerio de Capital Humano había establecido una vigencia de 24 meses, sujeta a la disponibilidad presupuestaria. También se definió una asignación mensual no remunerativa de $78.000.

Según los demandantes, el Ministerio de Capital Humano anunció la finalización del programa “Volver al Trabajo” el 7 de abril de 2026, con efectos a partir del 9 de abril del mismo año. Se informó que se realizaría un último pago correspondiente a ese mes y que el esquema sería reemplazado por un sistema de “vouchers para capacitación”. Sin embargo, este nuevo sistema “carecía de precisiones sobre su alcance, cobertura y criterios de acceso”, dijeron los trabajadores.

Los beneficiarios que presentaron el amparo colectivo describieron su situación personal, destacando que el programa “Volver al Trabajo” representaba su “principal o único ingreso”.

Al analizar los hechos, el juez federal de Campana consideró que la finalización abrupta de una prestación de carácter alimentario, sin un mecanismo sustitutivo previo y de alcance equivalente, comprometía derechos constitucionales y convencionales.

Cabe recordar que el magistrado González Charvay es el mismo que le ordenó al Gobierno que implemente plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei. También es el juez que investiga a las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

En la resolución de 20 páginas con la que hizo lugar a la medida cautelar, documento al que tuvo acceso este medio, el juez federal de Campana hizo hincapié en el derecho a condiciones dignas de labor, la seguridad social, un nivel de vida adecuado y el principio de progresividad y no regresión en materia de derechos económicos, sociales y culturales.

El fallo destacó además que los propios fundamentos del Decreto 198/2024 reconocían la finalidad social del programa y el deber estatal de proteger a los grupos más vulnerables.

La Justicia además determinó que la interrupción inminente de la prestación de $78.000 afectaba necesidades básicas de los trabajadores, lo que justificó un pronunciamiento urgente del magistrado.

Por todo ello, el juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar solicitada. Ordenó al Ministerio de Capital Humano que mantuviera la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del plan “Volver al Trabajo” en un plazo de tres días, medida que se mantendrá hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa.

La cartera que conduce la ministra Pettovello deberá presentar las constancias de cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de retraso.

El juez federal Daniel Rafecas confimó la validez de la causa por violencia de género que enfrenta el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, denunciado por la madre de su hijo, Fabiola Yañez. El caso está cerca de ser elevado a juicio oral y público.

El exmandatario había pedido la nulidad de todas las resoluciones, actos procesales, diligencias y medidas dictadas o ejecutadas por el juez Julián Ercolini, quien llevó adelante el expediente hasta ser apartado por la Cámara Federal de Casación Penal el último octubre. La jugada planteada por la defensa pretendía volver a empezar todo desde cero.

En su fallo, la Sala II del máximo tribunal penal se anticipó a la controversia que traería el apartamento de Ercolini y aclaró que la decisión de cambiar de juez debía cumplirse “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

A esa interpretación se aferró ahora Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3, en una resolución de 30 páginas. Esta decisión será revisada por la Cámara Federal y, en caso de confirmarse, al juez de grado no le quedará más que abrir el plazo de seis días durante el cual la defensa puede hacer planteos nuevos y presentar sus últimos argumentos para oponerse a la elevación a juicio, como lo prevé el artículo 349 del Código Procesal Penal.

El expresidente Alberto Fernández podría sentarse en el banquillo de los acusados por los delitos de amenazas coactivas, lesiones leves y graves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género.

Los golpes que se dieron por probados en la investigación, en tanto, habrían ocurrido en la noche del 21 de junio de 2021 y el 12 de agosto de 2021, o pocos días antes.

El delito de amenazas coactivas corresponde a que Alberto Fernández habría presionado a la víctima para que no haga la denuncia a cambio de asegurar el futuro económico de su hijo.

Recusación y nulidad

La defensa de Alberto Fernández, encabezada por la abogada Silvina Carreira, mencionó en su planteo que la obtención y análisis de los chats que dieron origen a esta investigación -entre Fabiola y María Cantero, secretaria del presidente- provino de un peritaje a un celular secuestrado en otra causa, sin una delimitación judicial previa del objeto de búsqueda.

La defensa sostuvo que se trató de una descarga indiscriminada de información digital, y que al no fijar límites temáticos o temporales, el juez Ercolini habría incurrido en una “expedición de pesca”.

En adelante, la abogada del ex jefe de Estado enumeró todas las resoluciones impugnadas y sus argumentos por los que deberían haber sido declaradas nulas.

Tanto Fabiola Yañez, en su calidad de querellante, como el fiscal federal Ramiro González se habían opuesto a la jugada de Fernández para declarar la nulidad del caso.

A través de sus abogados, la ex primera dama advirtió que “retrotraer el proceso a sus inicios es sin duda revictimizar a la víctima” y que Alberto Fernández, “en su consciente ceguera frente a los hechos, omite advertir que este proceso ha sido examinado jurídicamente por distintos representantes del Ministerio Público Fiscal y ha atravesado diversas instancias revisoras, en todas las cuales se confirmó la legalidad del trámite llevado adelante, así como la necesidad de investigar las conductas denunciadas”.

Con esto coincidió el juez Rafecas en su fallo, al entender que los tratados internacionales a los que adhiere la Argentina contemplan “el compromiso de evitar la revictimización de aquellas personas que habrían sufrido violencia de género”, situación a la cual “podría verse expuesta la parte querellante en caso de retrotraer las actuaciones a su inicio, luego de haberse transitado más de un año y medio de trámite”.

“En este sentido, es importante destacar que la decisión de apartar a un juez con el objeto de alejar temores de parcialidad, no acarrea, de forma automática, la declaración de nulidad por parte del nuevo juez, de todos aquellos actos llevados a cabo por el Magistrado anterior”, continuó Rafecas.

Y concluyó: “El apartamiento, tampoco implica que, para un adecuado restablecimiento del orden jurídico, necesariamente debe retrotraerse toda la investigación llevada adelante, a un estado embrionario de las actuaciones. Ello, supondría un desgaste jurisdiccional innecesario, contrario al principio de celeridad y a las buenas prácticas procesales”.

Los dueños de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que tuvo en venta el departamento de Caballito en el que hoy vive Manuel Adorni junto a su familia, declararon este miércoles en Comodoro Py, por la causa de enriquecimiento ilícito en la que es investigado el jefe de Gabinete. Los testigos, Natalia Rucci y su marido Marcelo Trimarchi, confirmaron que quien estuvo detrás de la operación fue Pablo Martín Feijoo, y dijeron que el inmueble fue refaccionado a nuevo y se podría haber vendido en 345.000 dólares.

Feijoo, según anticipó Infobae en una entrevista con la martillera, fue quien pagó la seña para comprarle el inmueble al exfutbolista Hugo Morales. Esa primera operación es en la que intervino Rucci Propiedades.

Antes, Feijoo negoció el precio de la propiedad -que inicialmente se había ofrecido a 340.000 dólares- tras visitarla con una arquitecta. El día de la escritura apareció junto a su madre, Beatriz Viegas, y Claudia Sbabo, madre del socio de Feijoo, Leandro Miano.

El departamento se escrituró en partes iguales a nombre de esas dos mujeres, jubiladas de la mínima, quienes al declarar como testigos afirmaron ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que usaron dinero de sus ahorros para adquirirlo en 200.000 dólares.

El 8 de abril, por orden del juez Ariel Lijo, la Policía Federal Argentina (PFA) se presentó en Rucci Propiedades para pedir toda la documentación referida a la venta del departamento. Con esos papeles empezó a quedar claro el rol protagónico que tuvo Feijoo, quien es amigo de Adorni y lo visitó en Casa Rosada el último 22 de octubre, un mes antes de la compraventa final del departamento.

Feijoo y Miano “dijeron que se dedicaban a esto, a comprar, reciclar y vender, lo que hoy se llama flipping”, le había dicho Natalia Rucci a Infobae semanas atrás. Hoy, bajo juramento, la martillera reconoció que, luego de cerrar la venta del departamento en mayo de 2025, la inmobiliaria mantuvo conversaciones informales con Feijoo.

Posiblemente interesados por participar de la reventa, la empresa recibió fotos de las refacciones integrales que se hicieron, supuestamente, bajo las órdenes de Pablo Feijoo, según indicaron fuentes judiciales a este medio.

“Ya tengo un comprador”, avisó el hijo de una de las jubiladas acreedoras de Adorni para cerrar la puerta al potencial negocio, tal como observó la Justicia en uno de los chats que obtuvo. El matrimonio testigo negó estar al tanto de que el interesado era el jefe de Gabinete.

Rucci y Trimarchi fueron consultados en la fiscalía, en base a esas imágenes y sin haber visitado el lugar luego de la remodelación, a cuánto se podría haber vendido el departamento de Miró al 500: “345.000 dólares”, contestaron.

Lo cierto es que Adorni compró la propiedad a las madres de Miano y Feijoo en noviembre pasado a 230.000 dólares, con un anticipo de 30.000 en efectivo y el restante financiado a un año sin intereses.

Al ser un acuerdo entre privados, la investigación judicial no apunta a saber si el ministro coordinador adquirió la propiedad por encima o por debajo del precio promedio del mercado, sino que se enfoca en establecer si este y todos los demás gastos que tuvo desde 2023 son compatibles con sus ingresos y patrimonio declarado.

Aún no se tomó total dimensión de cuánto creció el nivel de vida de Adorni y su familia. Solo en lo que respecta a propiedades, la Justicia corroboró que compró el departamento de Caballito y la casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin desprenderse de los inmuebles que ya tenía en Parque Chacabuco y La Plata.

En paralelo, el fiscal Pollicita está reconstruyendo los viajes por el mundo que hicieron Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, juntos o por separado, desde diciembre de 2023. El último que se confirmó fue el de Aruba, unas vacaciones en familia para celebrar el Año Nuevo de 2024 que incluyeron pasajes de avión por 5.800 dólares en total, más hospedaje y otros gastos corrientes.

En las últimas horas, el medio El Destape reveló otro viaje de ocio a Bariloche del entonces vocero presidencial, con presuntos gastos millonarios, pero el mismo aún no forma parte del expediente que tramita en Comodoro Py, según pudo saber Infobae de fuentes en tribunales.

La mayor parte de los gastos “grandes” que hizo el jefe de Gabinete en el período investigado fueron hechos en efectivo, siempre de acuerdo a lo que se desprende de la causa.

La ronda de declaraciones testimoniales continuará este miércoles. Deberán presentarse ante el fiscal Gerardo Pollicita el hombre detrás de la compraventa del departamento de Miró, Pablo Feijoo, y el encargado del edificio.

El viernes, por último, fue convocado el contratista Matías Tabar, de la empresa Grupo AA, quien tuvo a cargo las obras en otra propiedad comprada por Adorni en el lote 380 del country Indio Cuá, casa que figura a nombre de Bettina Angeletti.

La investigación del fiscal federal Franco Picardi continúa revelando presuntos circuitos de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con la participación de droguerías, otras empresas proveedoras y lobistas que conectaban al sector privado con el organismo estatal. Uno de ellos habría sido Miguel Ángel Calvete, supuesto “jefe en las sombras” de la Agencia.

En el segunto tramo del caso que tramita en el Juzgado Federal N° 11, a cargo del juez subrogante Ariel Lijo, aparecen 14 firmas vinculadas directa o indirectamente a Calvete que participaron de un complejo entramado que converge en procesos de contratación pública que habrían sido manipulados.

A aquellas compañías que querían acceder a contratos millonarios con la ANDIS, Miguel Ángel Calvete les habría cobrado entre un 12% y 20% de las sumas adjudicadas, según consta en la causa.

Desde que estalló el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el lobista permanece preso -por una condena anterior, por proxenetismo- y hoy se encuentra alojado en el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, supo Infobae de fuentes judiciales. Es padre de Ornella Calvete, exfuncionaria del Ministerio de Economía, y era conocido por aparecer en medios de comunicación por su rol como vocero de los supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo.

Miguel Ángel Calvete, que está procesado como uno de los líderes de la asociación ilícita, habría direccionado las adjudicaciones de la ANDIS y se benefició de coimas derivadas de las contrataciones, impartiendo órdenes directas para orientar decisiones y administrando recursos.

El organismo representó para la organización una caja de más de 75 mil millones de pesos, según la fiscalía.

Las empresas de Calvete

El rol del lobista, siempre según la reconstrucción del fiscal Picardi, tiene un punto de partida en su propia empresa: Indecomm SRL, proveedora de ANDIS.

Esta firma fue invitada a participar y presentó cotización en todas las compulsas de precios del segmento de amputaciones, obteniendo adjudicaciones en numerosas ocasiones.

Además, Indecomm emitió facturas a nombre de otras proveedoras de ANDIS, incluyendo Probock SRL, Laboratorio Ortopédico Sagues SRL, Ortopedia Bernat SRL, Prolite Orthopedics SRL, Sistemas Médicos Globales SRL, Droguería Boedo SA, Meridius SA y Resposane Salud SA.

La hipótesis de la investigación apunta a que estas habrían sido facturaciones simuladas entre empresas para otorgar apariencia de legalidad a transferencias que, en realidad, eran las coimas que se pagaban a cambio de las adjudicaciones direccionadas.

Bymax Medical SRL, otra de las empresas con vinculación directa a Calvete, también aparece mencionada en la causa.

Esta firma tuvo un crecimiento exponencial en su capital social -que pasó de $100.000 a $300.000.000 en 2025- y estructura accionaria, y está integrada por personas del círculo investigado. El gerente es Patricio Acosta, pareja de Lorena Di Giorno, la exfuncionaria procesada que respondía a Calvete.

Acosta aparece como accionista de la Droguería Profarma, una de las cuatro grandes beneficiadas por la ANDIS durante la gestión de Spagnuolo a través de licitaciones “acotadas” de medicamentos de alto costo.

Calvete, Acosta, Eduardo “Pino” González -con doble rol de empresario y funcionario- y Pablo Antonini administraron Profarma, intercambiando la documentación necesaria para presentarse en procesos de contratación, dictaminó la fiscalía.

Otro sospechoso citado a indagatoria es Matías Palotti Bertola, hombre de confianza de Daniel María Garbellini -ex número dos en ANDIS-, también habría jugado de los dos lados del mostrador, en Profarma y el organismo a la vez.

La lista de empresas que orbitan a Calvete sigue con Resposane Salud SA, vinculada a Federico Maximiliano Santich, accionista mayoritario y gerente de Profusión SRL, otra de las cuatro “droguerías amigas”.

Resposane Salud fue invitada a participar en las compulsas de amputaciones, pero solo presentó cotización en dos ocasiones, limitándose a un “rol formal”, sin una intención real de competir por la adjudicación para simular competencia entre oferentes.

Lobby y coimas

La investigación también reveló una serie de empresas con las que Miguel Ángel Calvete mantenía una vinculación informal. Estas, según la acusación, se beneficiaron del esquema y, a cambio de acceder a los negocios con el Estado, pagaron retornos.

ExpoTrauma SA, Artrobone Ortopedia SA y Cirugía y Ortopedia Imnova SA. Estas empresas, junto a Cirugía Alemana Insumos Médicos, obtuvieron adjudicaciones significativas en los segmentos de “sillas y andadores” y “traumatología”. Evangelina García (Artrobone Ortopedia SA), Emilio Cesar Olguin (Expo Trauma SA) y Martim Goncalo Armella (Cirugía y Ortopedia Imnova) habrían participado del direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos para funcionarios públicos y pagos a Calvete, aprovechando los vínculos que Evangelina García tenía con Miguel Ángel Calvete para contar con información privilegiada. Todos serán indagados en Comodor Py.

Cirugía Alemana Insumos Médicos. Los empresarios Claudio Alejandro Kahn y Gerardo Raúl Angarami, representantes de esta empresa, habrían participado en el direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos y pagos a Calvete. Kahn y Calvete habrían mantenido comunicaciones constantes y directas para percibir sumas de dinero derivadas de las contrataciones con ANDIS, según se desprende de la causa.

Farma Salud SRL. Esta empresa, perteneciente a Osmar Mariano Caballi, quien tiene vínculos directos con Daniel María Garbellini, Pablo Atchabahian, Miguel Ángel Calvete y Patricio Rama, se benefició de la exclusión de Droguería Boedo SA de las compulsas en el segmento de cardiología, lo que llevó a un aumento en sus adjudicaciones.

MED-EL Latinoamérica SRL. El gerente titular Humberto Gabriel Maone habría formado parte de la organización criminal, participando en el direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos para funcionarios públicos y pagos a Calvete, aprovechando los vínculos que tenía con Calvete para contar con información privilegiada.

Neurosalud SA. Su presidente, Fabián Piedimonte, junto a Miguel Ángel Calvete, habrían gestionado el direccionamiento de adjudicaciones a cambio de retornos y pagos para este último. Los cuadernos secuestrados a Calvete mencionan a Neurosalud con cifras millonarias que representarían pagos del Estado y porcentajes repartidos entre funcionarios y empresarios.

Sistemas Médicos Globales SRL y Meridius SA. Estas empresas, vinculadas a Patricio Omar Acosta y Nicolás Luna respectivamente, realizaron pagos a Indecomm SRL -de Calvete- por el concepto de “camas ortopédicas reacondicionadas”. Son parte de las facturaciones simuladas que investiga la Justicia.

Megastática. Calvete constituyó esta firma en 2018 con Sergio Mastropietro. La sede social de Megastática coincide con la de Indecomm SRL.

Mastropietro, a su vez, es el empresario detrás de Baires Fly S.A., una aerolínea de vuelos privados. Esta empresa jugó un papel central en el entramado al recibir fondos de empresas proveedoras de la ANDIS, de acuerdo a lo que se desprende de la causa, para blanquearlo y disimular su origen ilícito. Esto se lograba a partir de la emisión de facturación por supuestos servicios, como “kilómetros de vuelo”, en operaciones intermediadas por Miguel Ángel Calvete.

Todas estas personas mencionadas están llamadas a prestar declaración indagatoria ante el fiscal Picardi y el juez Lijo. Las citaciones comenzarán el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini, y se extenderán hasta el 26 de mayo.

Calvete, procesado

Este jueves el empresario, a través de su defensa, defendió la apelación de su procesamiento, dictado por el juez Sebastián Casanello antes de finalizar la subrogancia del Juzgado Federal N° 11.

Su abogado, Juan Ignacio Pascual -quien también representa a la pareja de Calvete, Guadalupe Muñoz-, se presentó ante la Sala II de la Cámara Federal y evitó debatir la valoración de la prueba o los hechos descriptos en la causa. En cambio, postuló que existe una nulidad en el origen de la investigación.

La defensa de Calvete cuestionó que la primera orden de allanamiento a 16 objetivos se haya firmado apenas un día después de la denuncia con la que se abrió la causa, ya que para entonces, según su criterio, no había “presunciones objetivas” que justificaran la irrupción en los domicilios y oficinas que se requisaron.

Pascual retomó luego el reclamo que impulsan varias defensas por los audios de Spagnuolo. El letrado argumentó -en contra de lo que sostuvieron la fiscalía y el juzgado en distintas resoluciones y dictámenes- que las grabaciones son la génesis de la causa, y que su eventual falsedad y obtención por espionaje ilegal invalidan el resto del caso.

“La Cámara ordenó expresamente determinar el origen de esta divulgación y la veracidad de su contenido. Para sorpresa de esta defensa, el juez de grado, haciendo caso omiso a la orden impartida, no solo volvió a rechazar el planteo, sino que también ese día dictó los procesamientos”, argumentó el abogado en la audiencia, a la que accedió este medio.

En suma, el defensor Juan Ignacio Pascual resaltó que durante la investigación propuso diez medidas de prueba que no fueron evacuadas por los magistrados, y dijo que recién pudo acceder a la totalidad de las pruebas que hay en el expediente esta semana, situaciones que enumeró como “afectaciones a los estándares del derecho a la defensa”.

En el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito, el fiscal federal Gerardo Pollicita corroboró que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pasó un Año Nuevo junto a su familia en Aruba, una paradisíaca isla del Caribe. Viajó en clase Premium Economy con la aerolínea Latam, acompañado por su esposa y sus dos hijos.

Esa empresa de aviación, a pedido de la Fiscalía, aportó la información sobre los vuelos de Adorni. Partió desde Argentina el 29 de diciembre de 2024, y regresó el 10 de enero de 2025, con escalas en Perú, de acuerdo a la reconstrucción que hay en la causa.

En una primera instancia, había trascendido desde los tribunales que el jefe de Gabinete había viajado en primera clase. Sin embargo, esa aerolínea no comercializa esa categoría para ese destino. La butaca más cara es premium economy y se corresponde con el valor pagado por el jefe de Gabinete.

El fiscal, que investiga toda la evolución patrimonial del ministro coordinador, también consiguió saber cuánto costaron los viajes y confirmó que el pago se hizo en efectivo.

Cada pasaje salió 1450 dólares, lo que arrojaría un total de 5800 dólares entre toda la familia. Como intermediaria aparece una agencia de viajes que habría percibido una comisión.

Por estas horas, indicaron fuentes del caso, se busca esclarecer en qué hotel se quedó la familia Adorni y cuánto pagaron por el alojamiento.

El jueves pasado, a pedido de Pollicita, el juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario del funcionario y su esposa Bettina Angeletti. De esa manera la Justicia podrá acceder a todos los detalles de los pagos con tarjeta de crédito que hicieron durante el viaje a Aruba y en el resto del período investigado.

La cifra que arroje el total de las vacaciones del vocero y jefe de Gabinete se acumulará con sus demás gastos, otros viajes por el mundo e inversiones en propiedades. La investigación del fiscal Pollicita busca esclarecer de dónde sacó todo ese dinero Adorni, y si es compatible con sus ingresos declarados.

Más viajes

El escándalo en torno al patrimonio del jefe de Gabinete se disparó a partir de una foto que le tomaron con su pareja, quien lo acompañó en la comitiva oficial que participó de la “Argentina Week 2026”, en Nueva York.

El pasaje del funcionario se facturó en 4.910 dólares, mientras que el de Angeletti costó 5.154 dólares. La parte de Adorni la costeó una agencia que paga los vuelos de los servidores públicos, pero aún no está claro quién pagó el de la esposa.

Ambos figuran como pasajeros en el mismo vuelo físico JFK-EZE, DL 115, fechado el 14 de marzo de 2026. Partieron a las 22:25 desde Estados Unidos y arribaron a Ezeiza a las 10:15 del día siguiente. El servicio fue directo, sin escalas intermedias.

En la misma causa se investiga también el vuelo en avión privado que Adorni y su familia hicieron a Punta del Este con el periodista Marcelo Grandío, contratista del Estado a través de la Televisión Pública. Pasaron juntos el último fin de semana largo de Carnaval.

La TV estatal entregó los expedientes completos de los contratos que se firmaron con ImHouse, la productora del amigo del jefe de Gabinete.

En la causa figuran más de 15 viajes por el mundo que habrían hecho, desde diciembre de 2023, Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, ya sea juntos o por separado.

Respecto a las propiedades del ministro coordinador, este miércoles declararon en calidad de testigo y bajo juramento de decir la verdad las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes le vendieron el departamento de Caballito.

Se desligaron de la operación inmobiliaria y señalaron a sus hijos, Leandro Miano y Pablo Martín Feijoo. Este último, quien a priori parece haber gestionado el negocio y sería amigo de Adorni, está citado a dar declaración testimonial el 22 de abril.

Adorni y Angeletti pudieron adquirir el departamento de Caballito y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, sin vender las propiedades que ya tenían en el barrio porteño de Parque Chacabuco y en la localidad de La Plata.

El juez federal Ariel Lijo llamó a indagatoria al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otras 34 personas involucradas en presuntas maniobras de corrupción en el organismo. Se trata de un nuevo tramo de la causa por la que varios acusados ya fueron procesados en febrero.

El fiscal federal Franco Picardi y su par de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, descubrieron en los últimos meses un segundo entramado dentro de la ANDIS que involucra 75.478.149.019 de pesos devengados “en favor de un reducido grupo empresarial”, según dictaminaron.

Entre diciembre de 2023 y octubre de 2025, esta presunta asociación ilícita integrada por funcionarios, lobistas, empresarios y empleados habría direccionado de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que “amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole”, sostuvo la acusación al pedir las indagatorias.

Es así que este miércoles el juez Lijo, interinamente a cargo del Juzgado Federal N° 11, ordenó la ampliación de las declaraciones indagatorias de Diego Spagnuolo, su ex número dos Daniel María Garbellini, el lobista Miguel Ángel Calvete, y los empresarios Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich. Todos ellos ya estaban involucrados en la primera parte de la causa.

Las indagatorias comenzarán el 28 de abril con Spagnuolo y Garbellini, quienes fueron las máximas autoridades del organismo durante la gestión libertaria, y se extenderán hasta el 26 de mayo.

Los nuevos sospechosos a indagar son: Emilio Olguín, Evangelina García, Claudio Kahn, Gerardo Angarami, Oscar Capello, Guido Capello, Pablo Rivero, Martim Armella, Hernán Rasmussen, Máximo Perdiechizi, Osmar Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Maone, Javier Bernat, Fernando Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.

También se fijaron fechas de indagatoria para Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola, Patricio Denholm, Alan Poccovi, Sergio Daniel Mastropietro y Patricio Oscar Acosta.

Qué investiga la Justicia

El mecanismo detectado por los fiscales en este nuevo episodio de la corrupción en la ANDIS es el mismo que ya se detectó en la maniobra anterior: la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud.

La hipótesis de la acusación sostiene que se simuló la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de dádivas a funcionarios.

Las contrataciones fraudulentas se vincularon con la adquisición de medicamentos e insumos PACBI en diversas categorías, como amputaciones, audífonos, cardiología, implantes auditivos, neurología, sillas/andadores y traumatología.

Estos productos se caracterizan por su elevado costo o por requerir tratamientos prolongados, como cirugías de alta complejidad o medicamentos biológicos para enfermedades raras y crónicas. La provisión de estas prestaciones estaba a cargo del Programa Incluir Salud de la ANDIS y estaba destinada a beneficiarios de pensiones no contributivas sin otra cobertura de salud, especialmente a personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad.

La organización habría usado un “sistema irregular” de contratación que contravenía la normativa vigente, permitiendo el direccionamiento de los procesos de compra en beneficio de determinadas droguerías y firmas proveedoras, además de la cartelización, la discrecionalidad en la distribución de pagos y la violación de principios legales como la publicidad, la transparencia y la concurrencia de oferentes.

En el expediente hay un cúmulo de pruebas que sugieren que había personas ajenas a la Agencia que se encargaban de la toma y ejecución de decisiones: el exfuncionario Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, preso por una causa de proxenetismo y conocido por dar entrevistas en los medios como vocero de los supermercados chinos y presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo.

La investigación del fiscal Picardi tiene documentados dos episodios que, según entiende, funcionaron como coimas de Calvete hacia Spagnuolo: la entrega de $5.000.000 en efectivo en junio de 2025 y el saldo de deudas que tenía el extitular de la ANDIS con una mueblería por un total de $9.970.500, que se abonaron a través de la cuenta bancaria de Indecomm SRL.

Para asegurar la eventual recuperación de activos y evitar el desprendimiento de bienes que podrían ser objeto de decomiso, el juez Ariel Lijo ordenó la inhibición general de bienes sobre todas las personas y empresas involucradas.

En cuanto a los procesamientos ya dictados -que estuvieron a cargo del juez Sebastián Casanello- las defensas se encuentran argumentando sus apelaciones ante la Cámara Federal. Este jueves será el turno del abogado de Calvete, Juan Ignacio Pascual, quien también representa a la pareja del empresario, Guadalupe Muñoz.

Las dos jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, declararon este miércoles en Comodoro Py que desconocen los detalles de la venta del departamento de Caballito, una de las propiedades investigadas en la causa por enriquecimiento ilícito.

Según aseguraron, quienes se encargaron de la operación inmobiliaria fueron Leandro Miano, hijastro de Sbabo, y Pablo Martín Feijoo, hijo de Viegas. Las mujeres eran dueñas en partes iguales del semipiso ubicado en la calle Miró al 500.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Sbabo aclaró que el dinero que usó para comprar la mitad de la propiedad en mayo de 2025 era suyo. También dijo que percibe $350.000 de jubilación. Viegas tiene los mismos haberes previsionales, y contaba con 115 mil dólares para invertir luego de desprenderse de bienes anteriores.

La oportunidad inmobiliaria, según la versión que aportó bajo juramento la primera acreedora en testificar, llegó de parte de Pablo Feijoo, señalado como amigo de Adorni. Más tarde Viegas coincidió con esa afirmación.

Viegas y Sbabo fueron las propietarias del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito, en el que hoy viven el ministro coordinador y su familia. Se lo vendieron en noviembre de 2025 a cambio de un adelanto de 30.000 dólares y el compromiso de pagar otros 200.000 dólares -el 87% del total- a un año, sin intereses.

Pablo Martín Feijoo y Leandro Miano, en tanto, son socios en la constructora TJS Group y otros emprendimientos de desarrollo urbano.

“Un pasamanos”

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae de fuentes del caso, las jubiladas le compraron el departamento al exfutbolista Hugo Morales para hacer una inversión, siempre bajo la coordinación de Feijoo y Miano.

“Era para hacer un pasamanos”, explicó en su declaración testimonial Beatriz Viegas. Y aseguró que “no aparecían compradores”, y por eso empezó un proceso de refacción del lugar, que también estuvo a cargo de Feijoo.

El fiscal Pollicita le mostró fotos del “antes y después” del departamento, que fue totalmente renovado antes de vendérselo a Adorni. La testigo dijo que no recordaba detalles de las obras.

Esta parte abrió un interrogante en la investigación: si las jubiladas y sus hijos compraron el inmueble a 200.000 dólares, pagaron un 4% de comisión a la inmobiliaria, y además hicieron obras de refacción, ¿cómo se explica que luego lo hayan vendido en 230.000 dólares financiado a un año sin intereses?

Para explicar esto, Pablo Martín Feijoo está citado a declarar como testigo el 22 de abril. Deberá presentarse, a pedido del fiscal, con su celular y los comprobantes de todas las compras que hizo para arreglar el departamento.

Según reveló Infobae, fue él quien pagó la seña y gestionó la compra anterior del departamento de Caballito, que inicialmente se publicó a la venta a USD 340.000 y terminó por adquirirse a casi la mitad de ese precio.

Feijoo fue a ver a Adorni a Casa Rosada el 22 de octubre de 2025 -así consta en los registros oficiales-, un mes antes de venderle el semipiso de cuatro ambientes y 150 metros cuadrados cubiertos, con cochera, patio y balcón terraza, ubicado en el primer piso del edificio.

“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó la escribana Adriana Nechevenko en diálogo con Infobae, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

Por último, según se desprende de las últimas pruebas incorporadas al expediente, Manuel Adorni habría acordado con Pablo Martín Feijoo que él se encargue de vender el departamento que el jefe de Gabinete tiene en la avenida Asamblea, en Parque Chacabuco. Con esa venta tiene pensado cubrir -al menos una parte- de los 200.000 dólares que les debe a las jubiladas.

Esa deuda vence en noviembre. Ese mismo mes, el ministro coordinador asumió el compromiso de reintegrar otros 70.000 dólares que le prestaron las policías Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes declararon el lunes en Comodoro Py.

Ellas son las prestamistas que, a cambio de una hipoteca sobre su departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco, le entregaron 100.000 dólares a devolver en dos años, con un interés anual del 11%.

Los intereses se fueron devengando mensualmente con cuotas que empezaron en 900 dólares, y ahora se redujeron a mensualidades de 600 dólares luego de que el jefe de Gabinete cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares, según se desprende de la declaración testimonial de las agentes prestamistas.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes.

Para esclarecer las dudas sobre el patrimonio del jefe de Gabinete, el fiscal Pollicita ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de él, su esposa y el resto de los involucrados.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional del jerarca iraní Alí Asghar Hejazi por su presunta participación en el atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Se trata del último acusado en sumarse a la cadena de mando terrorista que reveló la investigación que hoy conduce el fiscal Sebastián Basso.

Para disponer el arresto de Hejazi, con el objetivo de someterlo a declaración indagatoria, el magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 6 pidió a la Interpol activar una alerta roja. También giró un pedido de cooperación internacional a la República Islámica de Irán con el mismo objetivo, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

El último acusado que tiene la causa fue la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en el ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel.

Según la reconstrucción de la UFI-AMIA, este dirigente presidía el denominado Comité Vijeh, organismo estatal donde se recogió información, se analizó el objetivo y se elaboró la propuesta para destruir la AMIA.

No fue la única decisión que tomó el juez Rafecas durante las últimas horas. Fuentes con acceso al expediente confirmaron que también rechazó el pedido del fiscal para procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados anteriormente.

La decisión se debe principalmente a que aún se espera un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, con la que se pretende juzgar a los acusados.

Imputación ampliada

También a pedido del fiscal Basso, el Juzgado Federal N° 6 reconfiguró parcialmente y amplió las imputaciones contra Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

Sucede que la UFI-AMIA dictaminó que Hezbollah fue una creación de Irán que ocurrió entre fines de los ’70 y principios de los ’80, con el fin inequívoco de cometer atentados terroristas a lo largo del mundo -entre ellos los de la AMIA y la Embajada de Israel-, lo que constituye un delito en sí mismo: asociación ilícita.

Esto, eventualmente, podría derivar en condenas más graves. Cabe destacar que la medida no implica la incorporación de hechos nuevos, sino que es una forma novedosa de analizar elementos que ya estaban en el expediente. Desde ahora, un tramo independiente de la investigación se concentrará en la integración de la organización terrorista.

En lo que respecta a las consecuencias de la voladura de la mutual judía, los acusados se encaminan a ser juzgados por los delitos de homicidio calificado por odio racial o religioso y por haber sido cometido mediante un medio idóneo para causar peligro común, a raíz de las 85 víctimas fatales, en concurso ideal con las lesiones (leves, graves y gravísimas) sufridas por al menos 151 personas y los múltiples daños materiales ocasionados por la explosión.

Desclasifican informes secretos

En otra decisión relevante para la causa, el juez federal Daniel Rafecas reconoció el carácter público de cuatro informes hasta ahora secretos, elaborados por el Área de Análisis de la UFI-AMIA, cuya divulgación había sido solicitada por las querellas.

La decisión judicial responde a un incumplimiento de parte del Gobierno, que había dispuesto en 2020 mecanismos para la difusión de documentación desclasificada de la SIDE, a través de una “mesa de diálogo” que nunca funcionó correctamente.

Antes de la publicación de los informes, el Ministerio Público Fiscal deberá expedirse sobre posibles afectaciones a la investigación en curso, y la Secretaría de Inteligencia de Estado deberá revisar los documentos para identificar fragmentos que sea necesario mantener en secreto.

También resta delimitar si el hecho de que los documentos tomen estado “público” implica habilitar la difusión sin restricciones de los mismos, ya que podría levantarse la confidencialidad en el marco de la causa más no permitirse la divulgación del material.

Además, el juez Rafecas requirió al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que elabore y presente un informe sobre las medidas adoptadas para la implementación de los mecanismos de acceso y publicidad de la documentación desclasificada.

Las querellas viene reclamando periódicamente por el carácter restringido de elementos probatorios que consideran importantes para la causa, especialmente la documentación aportada por organismos de inteligencia.

Esta situación, según el planteo, no solo limita el derecho de la sociedad a acceder a información de interés público, sino que también condiciona la participación de los damnificados en el caso. Las querellas, a pesar de tener acceso a la información, no pueden divulgarla o referirse a ella sin exponerse a posibles consecuencias legales.

“Frente a este escenario, no resulta razonable ni jurídicamente admisible continuar postergando indefinidamente la publicidad de la información, a la espera de una instancia -la mesa de diálogo- que, hasta el momento, no ha cumplido con la función que le fue asignada. Mantener esa espera implicaría, en los hechos, vaciar de contenido la decisión de desclasificación adoptada por el propio Poder Ejecutivo y frustrar los principios de transparencia que la motivaron y restringir a las partes el pleno ejercicio del derecho de defensa”, resolvió el juez Rafecas, en un fallo al que accedió Infobae.

Las dos mujeres policías acreedoras de Manuel Adorni confirmaron este lunes en su declaración ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete les debe 70 mil dólares más intereses, y que la deuda debe ser cancelada para noviembre de este año.

A las 8:20 llegaron a los tribunales de Comodoro Py Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes evitaron hacer declaraciones a la prensa. Casi tres horas después, a las 11:30, salieron de la Fiscalía Federal N° 11 luego de aportar su testimonio, chats y documentación.

Son madre e hija y figuran como prestamistas de 100.000 dólares del jefe de Gabinete, quien puso como garantía una hipoteca sobre su primer departamento en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Molina es una comisario retirada y aportó 85.000 dólares. Su hija, que es contadora pero no ejerce porque se encuentra en actividad dentro de la fuerza, prestó los 15.000 restantes. El ministro coordinador se comprometió a devolver el dinero en dos años, con un interés anual del 11%.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, las policías acreedoras contaron ante el fiscal que Adorni empezó pagando cuotas -por esos intereses- de 900 dólares, gasto con el que cargó desde noviembre de 2024.

Ahora el pago mensual se redujo a 600 dólares, luego de que Adorni cancelara una parte del capital total con un pago directo de 30.000 dólares. Así, la deuda remanente del jefe de Gabinete es de 70.000 dólares, y vence en noviembre de 2026.

El “préstamo” de los 100.000 dólares que hicieron Graciela Molina y Victoria Cancio se hizo en efectivo. Aquel día las policías conocieron personalmente a Manuel Adorni en la escribanía de Adriana Nechevenko, cuando el funcionario aún era apenas vocero presidencial.

Según pudo reconstruir Infobae de fuentes del caso, precisamente fue la escribana quien “consiguió” el negocio, ya que conocía personalmente a las policías. De hecho, la comisario retirada Molina recibió esta mañana un mensaje de WhatsApp de Nechevenko, con un emoji para enviarle fuerzas durante su paso por Comodoro Py.

Ese mensaje y todo el chat entre la escribana y las acreedoras quedaron incorporados a la causa.

De acuerdo a lo que se desprende del expediente, Adorni usó los 100.000 dólares que le dieron las policías para comprar la casa de Indio Cuá, operación que se dio ese mismo mes. De hecho, la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, habría llevado directamente el efectivo a una sucursal del Banco Galicia para depositarlo y luego transferirlo a Juan Ernesto Cosentino, vendedor de la propiedad en el country de Exaltación de la Cruz.

El origen del dinero

El fiscal Pollicita dictó medidas para esclarecer de dónde sacaron el dinero todos los involucrados en la trama, ya sean sospechosos o testigos. Para reconstruir la ruta de los fondos, el juez Ariel Lijo hizo lugar a un pedido de la fiscalía y levantó el secreto fiscal y bancario de Adorni, su esposa y las acreedoras.

Se pidió información fiscal, patrimonial y económica a ARCA para establecer si tenían capacidad económica para justificar los “mutuos, créditos y/o garantías hipotecarias que surgen de la documentación reunida” en la causa.

Además, la fiscalía busca obtener “toda otra constancia útil para verificar la efectiva existencia, magnitud y sustento económico de las acreencias y financiamientos vinculados, entre otros, con las operaciones relativas a los inmuebles” de Adorni.

Las policías Molina y Cancio se anticiparon al análisis de esa documentación y dieron explicaciones de cómo obtuvieron el dinero que le prestaron a Adorni.

Además de ahorros, explicaron que recibieron fondos por un juicio sucesorio y otra demanda por diferencia salarial, luego del fallecimiento del esposo de la comisario retirada.

El miércoles les tocará a otras dos testigos. Se trata de las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes le vendieron a Adorni su nuevo departamento en Caballito, sobre la calle Miró. El funcionario escrituró con hipoteca entre privados, les pagó 30.000 dólares y quedó debiendo 200.000 a saldar en noviembre próximo, sin intereses.

En esa operación intervino, sin firmar la escritura, el hijo de Viegas, Pablo Feijoo, quien también deberá presentarse en Comodoro Py el 22 de abril.

Natalia Rucci recibió a Infobae en su oficina apenas unas horas después de haber sido citada como testigo en la causa que investiga a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito. El miércoles, un día antes, la Policía Federal Argentina y funcionarios de la Fiscalía Federal N° 11 se habían presentado en su inmobiliaria para llevarse información sobre el departamento de la calle Miró al 500 donde vive el jefe de Gabinete.

Rucci Propiedades es una empresa familiar, con 50 años de trayectoria. El padre de Natalia la fundó y se la heredó a sus hijos, y a la vez a sus nietos, algunos de los cuales ya hacen sus primeros pasos en el mundo del real estate desde las sedes de Liniers, Villa del Parque y Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires.

En esa última sucursal ocurrió en mayo del año pasado la compraventa -entre sus anteriores dueños- del departamento que hoy está en manos de Adorni y su familia. Si hay algo ilegal detrás de la adquisición, ese podría haber sido el origen de la maniobra, sospechan los investigadores judiciales que por estas horas analizan al detalle el patrimonio del ministro coordinador.

El inmueble perteneció desde la década del ’90 al entonces futbolista Hugo Morales, figura en Lanús y Huracán, y con un paso por la selección argentina. “Huguito” compartió vestuario en El Granate con Marcelo Trimarchi, esposo de Natalia Rucci. Él también está citado a declarar como testigo.

En 2024, Morales se decidió a vender el departamento, ubicado en una de las zonas mejor cotizadas del barrio porteño de Caballito. Llamó a su excompañero y empezaron el trámite.

La martillera Natalia Rucci confirmó en esta entrevista que el valor inicial al que se había publicado la propiedad fue de 340.000 dólares. Luego de algunas rebajas, las jubiladas que se lo vendieron siete meses después a Adorni -sin inmobiliaria de por medio- lo compraron a 200.000 dólares.

A ese precio se quedaron con un semipiso de cuatro ambientes y 150 metros cuadrados cubiertos, con cochera, patio y balcón terraza, ubicado en el primer piso del edificio.

Pero, ¿y si estas dos mujeres, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, fueran apenas los nombres y la firma que aparecen en la escritura? Ante esta duda, motivada por la información que se desprende de la causa y los testimonios recabados por este medio, es que aparece el nombre de otro involucrado próximo a declarar: Pablo Martín Feijoo, amigo de Manuel Adorni e hijo de Viegas.

Según reveló elDiarioAR, Feijoo visitó al jefe de Gabinete en Casa Rosada el 22 de octubre del 2025. Un mes más tarde sellarían la venta del departamento en 230.000 dólares, con un adelanto de 30.000 dólares y el 87% del valor restante a pagar en un año, sin intereses.

- ¿Cómo resultó el operativo de esta semana? ¿Pudieron aportar toda la información que buscaban?

- Pidieron toda la información que tengamos sobre la operación del departamento de Miró. Se les ha dado toda la información, fue una operación de Hugo Morales con unos particulares que compraban ese departamento con una escribana, que no es la escribana que sale hoy en la televisión. Es otra escribana particular que pusieron los compradores. Y después de ahí no sé qué hicieron.

- ¿Cómo y cuándo llega la propiedad de Miró a esta inmobiliaria?

- El señor Hugo Morales nos llama porque es conocido de mi marido y nos dice que, como él vive en Corrientes, si le podemos llevar a cabo la venta del inmueble. Le dijimos que sí, con mucho gusto, que no había ningún problema. Lo fuimos a tasar. Lo fue a visitar mucha gente. Empezó con un valor en el 2024 del mercado, se publicó en 340.000 dólares. Después, a medida que iba pasando el tiempo y no había intención de compra, obviamente en conjunto con el propietario, se fue bajando hasta llegar al valor de 295.000, que fue la última publicación que tenemos.

- ¿Ese precio negociaron con los compradores?

- De ahí surge la oferta de esta gente que se presenta. Ellos fueron con una arquitecta, arrojan que había que hacerle un montón de obra, un montón de cosas, que habían sacado presupuestos y demás. Hacen una propuesta en base a eso, la cual fue charlada con el propietario. Nosotros hicimos una pequeña negociación y finalmente el propietario termina aceptando el valor de los 200.000 dólares.

- ¿Ese valor está por debajo del precio promedio del mercado?

- La oferta y la demanda las deciden los propietarios y el comprador. Nosotros somos intermediarios entre las partes, no somos los que decidimos la oferta. Solamente le trasladamos la oferta al propietario y es él quien decide, depende de la situación económica, financiera, del momento o proyectos que tenga cada uno.

- ¿Cuándo se entera usted de que Manuel Adorni tenía algo que ver con esta propiedad?

- Por la televisión.

- Me había dicho que en la operación participó otra escribana. ¿Adriana Nechevenko no tuvo ninguna intervención, o estuvo en otra operación?

- No, no la conozco. Solo la vi por la televisión.

- Sabemos que quien reservó el departamento para comprárselo a Morales fue Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas, ¿él no mencionó a Adorni en ningún momento?

- Nada. De parte de él tampoco. Acá vino un muchacho que dijo que iba a comprar el inmueble. Después, finalmente, cuando llega el momento de la escritura, dijo que lo iba a poner a nombre de la mamá de él y la otra parte, el otro 50%, a nombre de la mamá del amigo (NdeR: se refiere a Leandro Miano, hijo de Claudia Sbabo). Fueron dos muchachos e hicieron eso, lo pusieron a nombre de las mamás, entregaron la plata a Hugo Morales adelante de la escribana, se contabilizó, hubo acuerdo y se firmó la escritura.

- Entonces todo el trámite lo hizo Pablo Feijoo, no las mujeres a las que finalmente quedó a nombre la propiedad.

- Él hizo todo el trámite, pero después firmaron la escritura las dos señoras.

- ¿Quién compró el departamento? ¿Es dinero de ellas? ¿Es dinero de él?

- De esos montos yo no tengo prueba. La escribana le pregunta si es un dinero lícito, y ellos dijeron que se dedicaban a esto, a comprar, reciclar y vender, lo que hoy se llama flipping. Es normal que la gente pueda comprar algún departamento, algún negocio, lo recicle y lo vuelva a vender. Hay gente que se dedica a eso, me pareció normal.

- Para que quede claro, ¿usted cuándo trató a las compradoras?

- El día de la escritura estuvieron presentes y firmaron ellas. Y eso ya está en manos de la escribanía. Es la escribana la que coteja y deja asentado quién firma y quién no firma.

- Entonces, en los papeles figuran ellas, pero podemos entender que el verdadero comprador es él.

- Lo que ves en la escritura es quién es el verdadero comprador. Vos podés mandar a un amigo a hacer una reserva y decirle: “Mirá, me señás este departamento antes de que me lo saquen, que yo estoy trabajando, o estoy enfermo, y no puedo ir”.

- Claro, pero en este caso quien se encargó de ir a verlo, de llevar a la arquitecta, de negociar y de todo lo otro no fueron las señoras, sino el hijo.

- El hijo, sí.

- Pasando en limpio, con todo lo que conoce usted de la operación, ¿hubo algo que le llamó la atención?

- Nada, nada. Se pactó una venta, el propietario estuvo de acuerdo, se llegó al número, vino la escribana, se hizo la escritura, se pagó lo que se había acordado y se terminó. Una operación normal, totalmente. En la televisión estuvieron diciendo que nosotros le vendimos a Adorni, que vendíamos departamentos muy baratos, y la verdad es que no es así. Nosotros trabajamos con el valor del mercado, por los metros cuadrados del inmueble, por dónde está ubicado, cómo es el edificio, las expensas que tiene, son un montón de cosas. Nosotros hicimos una venta normal y lo que pasó después, si la otra gente que compró lo vendió, si son amigos de Adorni o no, la verdad no tengo ni idea, ni me interesa porque nosotros no estamos involucrados en la siguiente operación.

El fiscal federal Gerardo Pollicita citó a cinco nuevos testigos en la causa donde se investiga el patrimonio del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Entre ellos está Pablo Martín Feijoo, amigo del funcionario e hijo de una de las jubiladas que vendió el departamento del barrio porteño de Caballito.

El nombre de Feijoo surgió este miércoles, cuando la Policía Federal Argentina allanó la inmobiliaria Rucci, que comercializó la propiedad de la calle Miró al 500 cuando las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo se la compraron al exfutbolista Hugo Morales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, habría reservado el inmueble que luego compraría su madre. Deberá presentarse en Comodoro Py el 22 de abril, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales. La investigación busca desentramar cómo funcionó la operación inmobiliaria desde su origen, para esclarecer cómo llegó a manos de Adorni.

Según declaró este miércoles bajo juramento Adriana Nechevenko, escribana del jefe de Gabinete, Adorni y su esposa Bettina Angeletti se hicieron con el departamento de Caballito pagando un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 financiados un año, sin interés.

“El hijo de una de las vendedoras es amigo de Adorni, porque los chicos van al mismo colegio”, explicó la escribana en diálogo con Infobae, y justificó el crédito sin intereses a un año por “la confianza” que hay entre las partes.

El fiscal Pollicita también convocó a declarar a los dueños de la inmobiliaria, la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi. Ambos deberán presentarse el 20 de abril.

Luego, el 22 de abril, declarará el encargado del edificio de la calle Miró, cuyo nombre de pila es Juan, según indicaron fuentes judiciales.

La lista termina con Juan Ernesto Cosentino, quien le vendió al matrimonio Adorni la casa de Exaltación de la Cruz, en el country Indio Cuá. Esa audiencia se fijó para el 27 de abril.

Los investigadores buscan incorporar al expediente los chats y llamados entre todos los involucrados. No lo lograron con la escribana Nechevenko: el miércoles no lo llevó a los tribunales de Retiro y hoy, cuando volvió a Comodoro Py para aportar más documentación, aseguró haberlo olvidado en su auto.

La escribana contó que conoce al jefe de Gabinete hace más de 25 años. Aunque reconoció que recién empezó a acumular propiedades cuando se convirtió en funcionario público, sostuvo que “no me pareció sospechosa nunca” la compra del departamento de Caballito”.

“Si a mí una operación me resulta sospechosa, no la hago. Yo personalmente no le pedí nada -que justifique el origen de los fondos- porque sabía que Adorni iba a pagar”, continuó Nechevenko.

Para el departamento de Parque Chacabuco, Adorni accedió a una hipoteca y obtuvo un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó a dos años, con un interés del 11% y pagos mensuales, según indicó la escribana a la Justicia.

El fiscal Gerardo Pollicita busca contrastar el patrimonio real de Adorni -y los compromisos de deuda que mantiene- con sus declaraciones juradas y las de su esposa, material que ya entregó a la Justicia la Oficina Anticorrupción. Además, pedirá levantar el secreto fiscal y bancario del jefe de Gabinete.

Además de las propiedades, el cuadro se completa con el viaje del ministro coordinador y su familia en jet privado a Punta del Este, junto con el periodista, contratista del Estado y amigo de Adorni, Marcelo Grandío. También están bajo la lupa otra decena de vuelos al exterior durante los últimos años.

En la denuncia que originó la causa, la diputada nacional Marcela Pagano -que llegó a su banca de la mano de La Libertad Avanza- advirtió un “desproporcional incremento patrimonial” por parte de Adorni.

“Se advierten severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los dieciséis millones de pesos ($16.000.000) declarados al inicio de su gestión”, dice el escrito que presentó la legisladora.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró como testigo este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y reveló que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, compró su departamento del barrio porteño de Caballito con un adelanto de 30.000 dólares y otros 200.000 a pagar en un año, sin interés.

Ese es el acuerdo al que llegaron con las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes estaban citadas a prestar declaración testimonial el jueves como ex propietarias de la unidad ubicada en la calle Miró al 500.

Las audiencias se suspendieron hoy a pedido del defensor de Adorni, Matías Ledesma.

Infobae pudo saber de fuentes judiciales que la escribana afirmó no tener detalles del origen de los fondos con los que Adorni compró las tres viviendas en las que ella intervino: la de Caballito, otro departamento en Parque Chacabuco y una casa en el barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Además, el fiscal Pollicita le pidió acceder a conversaciones de su celular que pudieran ser de interés para la causa. La escribana dijo que no lo tenía.

Nechevenko también escrituró el departamento que el jefe de Gabinete tiene sobre la calle Asamblea. Y en esa transacción volvió a repetirse una operatoria similar, según reconoció la testigo.

En ese caso, Adorni accedió a una hipoteca y obtuvo un financiamiento de 100.000 dólares de parte de la comisario retirada de la policía Graciela Isabel Molina y de su hija, también uniformada, Victoria Cancio.

Molina es acreedora del 85% del crédito y Cancio del 15%. La devolución se pactó a dos años, con un interés del 11%, según indicó la escribana a la Justicia.

Esa operación se realizó en noviembre de 2024, lo que coincide con la compra de la casa en Indio Cuá que el vocero presidencial hizo junto a su esposa, Bettina Angeletti.

Al salir de la Fiscalía, la escribana Nechevenko aclaró a la prensa que la esperó en Comodoro Py que “no hubo ningún préstamo de dinero” a Adorni, y dijo que en rigor lo que existieron fueron “compraventas con hipotecas por saldo de precio”.

Sobre el origen de los fondos, se desligó y refirió que “hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”.

Ahora la investigación que conduce el fiscal Pollicita avanzará hacia la determinación de cuánto dinero tenían comprometido Adorni y su esposa mensualmente con sus acreedoras y el resto de sus deudas. El dato deberá contrastarse con los ingresos declarados por el jefe de Gabinete.

Allanamientos en una inmobiliaria

El juez federal Ariel Lijo ordenó allanar tres sedes de Rucci Propiedades, la inmobiliaria que comercializó el departamento del matrimonio Adorni en Caballito.

Infobae pudo saber de fuentes del caso que la Justicia federal dispuso este miércoles una serie de órdenes de presentación con allanamiento en subsidio, en las sedes que la empresa tiene en Liniers, Mataderos y Villa del Parque.

Los investigadores buscan “la totalidad de la documentación, constancias, registros y soportes físicos o digitales vinculados con la comercialización y escrituración del inmueble de la calle Miró 550″.

El operativo, que fue revelado por el periodista Omar Lavieri en Infobae al Mediodía, ocurrió después de la declaración testimonial del exfutbolista Hugo Alberto Morales, primer dueño del departamento, y quien en mayo de 2025 se lo vendió a las jubiladas Sbabo y Viegas.

Morales se presentó como testigo el martes y mencionó que esas dos mujeres hicieron la operación con dos hombres que aún no están identificados. Uno de ellos se llamaría “Pablo”.

Los investigadores creen que podrían dar con esta persona mediante los papeles que hay en la inmobiliaria, a la que le requirieron su nombre y apellido completos, DNI, domicilio, teléfono, correo electrónico, su vínculo con la empresa y el rol que desempeñó en la compraventa.

El juez Lijo también solicitó avisos, fotografías, descripciones comerciales, tasaciones y valuaciones del inmueble. Además, se requirió toda la documentación previa a la escritura, como la reserva de compra, la seña, el boleto de compraventa, recibos y constancias de pago.

El fiscal Pollicita también quiere tener las comunicaciones entre los involucrados. Se pidieron correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, registros de contacto, planillas y archivos digitales, así como cualquier otra constancia de comunicación mantenida con el vendedor, el escribano, los compradores o terceros vinculados a la operación.

Mientras aguarda que la Cámara Federal porteña confirme o revoque su procesamiento, el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, pidió ser querellante en la causa donde se investiga la filtración de los audios que destaparon la corrupción en la ANDIS y las grabaciones privadas atribuidas a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Quien está a cargo de investigar si Spagnuolo y la hermana del presidente fueron víctimas de espionaje ilegal es el fiscal Carlos Stornelli, que ordenó varias medidas de prueba. Hasta el momento no hay imputados en ese expediente, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.

En las escuchas, quien sería Karina Milei dice, en dos audios distintos: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros. Nosotros tenemos que estar unidos, imaginate”, y “en verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Porque yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada”.

El contenido no mostraría nada revelador, pero alcanzó para coronar una crisis en Casa Rosada. Se trata de una filtración que se dio a conocer justo después de que salieran a la luz los audios atribuidos a Spagnuolo -donde hablaba del 3% y manejos corruptos en la ANDIS- y apenas diez días antes de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.

En un escrito presentado ante el juez de la causa, Julián Ercolini, el exfuncionario procesado reconoció que la voz de los audios “pareciera ser” la suya, “luciendo evidente que soy el sujeto que habría sido víctima de la maniobra de espionaje aquí investigada”.

Como querellante y damnificado, Spagnuolo podría tener acceso al expediente, proponer medidas de prueba y, llegado el caso, apelar las decisiones de los magistrados.

El peritaje de los audios

La defensa de Diego Spagnuolo y las de otros procesados en la causa ANDIS vienen insistiendo con la necesidad de peritar los audios hace tiempo. No lo lograron mientras el expediente estuvo a cargo del juez Sebastián Casanello, quien en febrero le cedió la subrogación del Juzgado Federal N° 11 a Ariel Lijo.

La discusión llegó mediante un incidente de nulidad a la Sala II de la Cámara Federal. Según fuentes judiciales, la deliberación entre los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah está avanzada.

Se espera que resuelvan entre ordenar al juez Lijo que haga un peritaje, como piden las defensas, o bien avalar lo dicho por Casanello anteriormente: que la investigación del origen y la veracidad de los audios ya está en manos del fiscal Stornelli.

Es en este contexto que la defensa de Spagnuolo, que llevan adelante los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, le propuso a Stornelli una serie de aspectos a tener en cuenta si pide un peritaje.

Sugirieron que se revise la integridad y continuidad del audio, la autenticidad y originalidad del archivo, los contextos comunicativos y la coherencia acústica, y si se detecta el uso de inteligencia artificial.

Un tercer y último movimiento que jugó el ex titular de la ANDIS fue un cuestionamiento a la denuncia que dio origen a la investigación del supuesto esquema de corrupción entre los funcionarios del organismo, lobistas y droguerías.

Spagnuolo notificó sobre un cruce en la red social X entre el abogado denunciante Gregorio Dalbón, que tiene entre sus clientes a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

En ese ida y vuelta, el letrado escribió “(...) después de facilitarnos los audios de Spagnuolo y los datos de Libra a los que somos opositores (...)”, una suerte de chicana en referencia a la responsabilidad que según Dalbón habría tenido la SIDE sobre la difusión de los mismos.

“Aquella manifestación pública no puede ser pasada por alto dado que el denunciante parecería reconocer que los audios en cuestión le fueron proveídos; siendo que en su denuncia, por el contrario, manifestó “…que han trascendido públicamente en diversos medios periodísticos audios vinculados a Diego Spagnuolo…”, planteó la defensa.

Esto, según plasmó el ex director de la ANDIS en un escrito, refuerza “la manipulación que habrían soportado los audios” y “coincide parcialmente con el suceso investigado” por Stornelli.

Es por eso que Spagnuolo, a través de sus abogados, le pidió al juez Ariel Lijo que cite a Dalbón a declaración testimonial para que aclare lo ocurrido.

La Cámara Federal de San Martín revocó los procesamientos de la intendenta interina de Quilmes, Eva Mieri, y sus presuntos cómplices en el ataque con materia fecal a la casa del entonces diputado José Luis Espert, los militantes Alesia Abaigar e Iván Nicolás Díaz Bianchi.

La Sala II, integrada por los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones, determinó la falta de mérito para procesar o sobreseer a los acusados, lo que implica que la investigación continuará en el Juzgado de Sandra Arroyo Salgado.

Al momento de los hechos, Mieri era concejal de Quilmes y mano derecha de la intendenta Mayra Mendoza, quien le cedió el cargo al tomarse licencia para asumir como diputada provincial. Abaigar, por su parte, era directora de Sensibilización y Promoción de Derechos del Ministerio de la Mujer bonaerense. Díaz Bianchi es militante y empleado público.

El escrache al exlegislador libertario ocurrió el pasado 17 de junio, cuando un grupo de personas arrojaron excremento animal a la fachada de su casa y colgaron un pasacalles que decía: “Acá vive la mierda de Espert”.

Alesia Abaigar había sido procesada como coautora del delito de atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, y autora de falsificación o supresión de la numeración de un bien registrado, ya que la patente de la camioneta en la que llegaron a la casa de Espert en la localidad de Beccar estaba alterada.

La intendenta Eva Mieri enfrenta los mismos cargos, además del delito de malversación de caudales públicos, precisamente por el uso de esa camioneta Chevrolet S10 que pertenece al Municipio.

Como dato de color en el fallo, al que accedió Infobae, la Cámara de San Martín le recriminó a la jueza Arroyo Salgado no haber investigado a la jefa comunal interina por la marihuana que encontraron en su casa cuando la allanaron.

La policía encontró 11 frascos de vidrio, una bolsa ziploc, dos envoltorios y restos sueltos de “una sustancia vegetal de color verde amarronado, con olor y textura similar a la marihuana”, pero la magistrada ordenó que “no se tome temperamento alguno” respecto a los estupefacientes.

Mieri y Abaigar pasaron poco más de dos semanas detenidas tras el ataque a Espert.

El escrache, una “forma de protesta”

La defensa de Alesia Abaigar argumentó que los hechos imputados fueron “una forma de protesta”. Sus abogados cuestionaron la afirmación de que el suceso constituyó un “ataque” a Espert y su familia, señalando que la protesta es una manifestación pública.

Los defensores también criticaron la vinculación de los hechos con un “clima de sedición” generado por la sentencia del caso “Vialidad”, según expuso la jueza Arroyo Salgado en el procesamiento.

La defensa, además, sostuvo que no se probó que Mieri y Abaigar fueran organizadoras de una asociación para condicionar a quienes no compartieran sus ideas políticas, y que convocar a “compañeros” a un acto de protesta no era reclutar personas para un ataque coordinado. También le reclamaron al diputado una falta de tolerancia a la crítica popular.

En la misma línea, Eva Mieri -a través de sus abogados- sostuvo que el Poder Judicial no debe proteger el contrato social ni actuar como garante del equilibrio político, sino controlar la legalidad.

Negó que haya existido una agrupación “cuasisediciosa” y sostuvo que la figura del artículo 213 bis del Código Penal -organizaciones que busquen imponer ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor- fue pensada para combatir grupos armados o terroristas, “no para criminalizar a militantes barriales”.

El fallo de la Cámara

La Cámara Federal, antes de resolver sobre el fondo de la cuestión, realizó señalamientos a la jueza de San Isidro.

Los jueces ordenaron que la investigación debe ceñirse estrictamente a los hechos delictivos y que no se pueden ponderar circunstancias que no forman parte del mismo, especialmente cuando no hay una vinculación concreta y procesalmente verificable entre los acusados y los episodios invocados como parte de un “clima generalizado de hostilidad”.

En cuanto a los delitos imputados, la Sala II consideró que los eventos no podían computarse, por el momento y con el caudal probatorio actual, como típicos de las figuras de atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, falsificación de patentes y malversación de caudales públicos.

Para la Cámara de San Martín, el Código Penal sanciona conductas que traducen graves formas de intolerancia ideológica que afectan la tranquilidad y seguridad, y que el caso “no puede quedar reducido a meros insultos o conductas intrascendentes”.

La Sala concluyó que el escrache a Espert no resultó suficiente para poner en peligro la estabilidad constitucional ni afectar la tranquilidad social. Además, no se logró determinar la existencia de una agrupación transitoria o permanente con fines ilícitos, ni se estableció cuáles serían las ideas que pretendieron imponer, dijeron los camaristas Lugones y Barral.

En relación con la incitación a la persecución u odio, el fallo de Cámara consideró que las expresiones en el pasacalle y los panfletos que arrojaron los militantes kirchneristas no implicaban una conducta alentadora e incitativa a la persecución con base en ideas políticas, y que no revistieron la aptitud exigida para configurar el tipo penal.

También les dieron la razón a las defensas sobre la necesidad de revertir los procesamientos por amenazas coactivas agravadas y alteración de las chapas patentes.

Finalmente, respecto al delito de malversación de caudales públicos atribuido a la intendenta Mieri, la Sala concluyó que los elementos de prueba no eran suficientes para procesarla. A criterio del tribunal de apelaciones, Mieri no tenía bajo su administración el vehículo y, al momento del evento, ya no ocupaba el cargo municipal desde el cual se le atribuía el poder de disposición sobre la camioneta. Además, no se acreditó que fuera ella quien retiró el rodado de la municipalidad.

La investigación sobre la compra de propiedades que llevó adelante en los últimos años el jefe de Gabinete Manuel Adorni sumó este martes su primer testigo: Hugo Alberto Morales, exfutbolista profesional que llegó a jugar en la selección argentina. La Justicia lo citó porque fue propietario del departamento de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

La declaración testimonial estuvo a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y se desarrolló vía Zoom, ya que el exdeportista se encontraba en la provincia de Corrientes. De la audiencia también participó Matías Ledesma, el abogado defensor del jefe de los ministros.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que el testigo confirmó haberle vendido el departamento a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo en mayo de 2024, por 200.000 dólares.

En noviembre de ese mismo año, estas dos mujeres le vendieron la unidad a Adorni y a su esposa Bettina Angeletti, financiada mediante un crédito hipotecario del cual son acreedoras en partes iguales. La transacción se hizo por 230.000 dólares.

“Huguito” Morales, figura en Lanús y Huracán en la década del 90, dijo en su declaración que inicialmente pretendía vender la propiedad “por 250.000 dólares”, y recordó que junto a las jubiladas “había dos hombres más” que participaron de la adquisición, aunque no recordó sus nombres ni si figuraban en algún papel.

A pedido del fiscal Pollicita, el exfutbolista también accedió a entregar información de su celular que podría ser de interés para la causa.

Más declaraciones y medidas

Este miércoles deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Nechevenko, quien realizó las escrituraciones del departamento de la calle Miró y de la casa del barrio privado Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Está obligada a decir la verdad.

Según la denuncia que hizo la diputada nacional Marcela Pagano, Adorni habría comprado ambos bienes sin desprenderse de las dos propiedades que ya tenía: un departamento en Parque Chacabuco y una casa en La Plata.

La causa a cargo del fiscal Pollicita y el juez federal Ariel Lijo busca determinar si el jefe de Gabinete tuvo un crecimiento patrimonial injustificable. El panorama se complementa con los vuelos en jet privado a Punta del Este y otros viajes al exterior, que investigan los mismos magistrados.

Infobae pudo saber de fuentes judiciales que la Fiscalía ya recibió un documento altamente relevante: el anexo reservado de la declaración jurada de Manuel Adorni, que contiene los bienes y posesiones declarados por su esposa. La Oficina Anticorrupción envió los detalles correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

Luego de tomarle declaración a la escribana Nechevenko, el fiscal Pollicita prepara una nueva tanda de citaciones.

Citó para este jueves a las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Sbabo -que dijeron no conocer a Adorni- y para el lunes a Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, otras dos mujeres que le “prestaron” dinero al jefe de ministros.

Es que, según se conoció en las últimas horas, Adorni había hipotecado su departamento de Parque Chacabuco, obteniendo así un préstamo de 100.000 dólares el 15 de noviembre de 2024, exactamente la misma fecha en la que compró la casa del country Indio Cuá.

Graciela Isabel Molina, comisario retirada de la policía, figura como principal acreedora por 85.000 dólares. Su hija Victoria Cancio, también uniformada, habría aportado 15.000 dólares.

Las deudas con ambas acreedoras ya figuraban en la declaración jurada que Adorni presentó a la Oficina Anticorrupción (OA), pero no se habían divulgado los detalles de los créditos. Esta operación también fue certificada por la escribana Adriana Nechevenko.

Este domingo, la querella que impulsan el damnificado Martín Romeo y el abogado Nicolás Oszust pidieron llamar a indagatoria al presidente de la Nación, Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otras 14 personas, entre ellas la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, señaladas en la causa $LIBRA. El planteo está en manos del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

La otra parte querellante que integra el expediente, encabezada por el diputado nacional Juan Grabois, ya había reclamado la citación de los Milei y otros sospechosos la semana pasada. Aún no hubo un pronunciamiento al respecto del Juzgado, ni tampoco del fiscal Eduardo Taiano.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que este domingo ingresó a Comodoro Py un escrito de 204 páginas en el que la acusación privada del damnificado Romeo, quien invertió en $LIBRA, expuso sus argumentos para pedir las indagatorias.

La solicitud al juez se basó en el informe de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de la Nación y en la propia investigación de la querella.

Los 16 señalados son: Javier Milei, Karina Milei, Manuel Adorni, Demian Reidel, Mauricio Novelli, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy, Chyi Haur Peh (Julián Peh), María Pía Novelli, Hayden Davis, Bartosz Lipinski, María Alicia Rafaele, Favio Camilo Rodríguez Blanco, Orlando Rodolfo Mellino, Roberto E. Silva y Matías Mario Mudry.

$LIBRA, según la querella

La investigación detalló un esquema que comenzó en 2018, cuando el lobista Mauricio Novelli y su equipo fundaron N&W Professional Traders, la academia en la que Milei dio clases y charlas.

Desde entonces y hasta mediados de 2024 se construyeron “los cimientos del engaño”, según definió la querella en su escrito. Novelli y su círculo más cercano habrían adquirido en esta etapa conocimientos en manipulación de mercados, evasión fiscal y uso de paraísos fiscales, siempre de acuerdo a lo expuesto por la acusación privada.

Los chats entre Novelli y su hermana María Pía revelaron que la academia mostraba a figuras como Javier Milei y Agustín Laje como capacitadores, pero su objetivo real habría sido captar ahorristas para “venderlos” a plataformas internacionales como BingX, IronFX y Hapi.

El círculo más cercano de Novelli se completa con su madre, María Alicia Rafaele, quien se encargaría de mover el dinero en efectivo, y su principal socio, Manuel Terrones Godoy.

Entre las pruebas destacadas por los querellantes aparece un documento revelado por Infobae, en el que el empresario Julián Peh y Hayden Davis, de Kelsier Group, firmaron un acuerdo de confidencialidad para lanzar un token llamado “$ARG”, que posteriormente se convirtió en “$LIBRA”.

El 1 de agosto de 2024, Hayden Davis y Bartosz Lipinski, CUBE Group, visitaron el Banco Central de la República Argentina (BCRA) junto a Novelli, su socio Manuel Terrones Godoy y el exfuncionario de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales.

Esta reunión, documentada con fotografías y registros de geolocalización, marcó para la querella el inicio de la infiltración estatal, que está reconstruida paso a paso en el escrito al que accedió este medio.

En septiembre de 2024, la organización creó “la fachada del Tech Forum”, según calificaron al evento cripto y de IA. Ese mismo mes se concretó el ingreso de Sergio Morales a la CNV como asesor.

Un día después del desembarco de Morales, el 16 de septiembre, se firmó el “Kelsier Group LATAM Agreement”, un contrato de presuntos sobornos por 1.550.000 dólares para el lobista y sus socios. A través de ese pacto, Novelli le garantizaría a Davis llegada exclusiva a los Milei, ya que pretendía “asesorar” a la Argentina en materia de Web3, y a su vez influir en la creación de las leyes sobre esta tecnología.

Entre el 16 y el 19 de octubre de 2024, Julián Peh, Hayden Davis y Tom Davis llegaron a Buenos Aires y se alojaron en el Hotel Libertador, donde se realizó el “Tech Forum”, con la presencia de funcionarios del gobierno, como el presidente de la Nación y el entonces vocero Manuel Adorni.

Adorni, para esta parte acusadora, aportó con su participación un manto de legitimidad estatal y prestigio a la organización de Novelli, validación indispensable para “convencer a los financistas extranjeros y, posteriormente, a los ahorristas”, sin la cual la estafa no habría sido posible.

La querella también ubicó en su reconstrucción que en noviembre de 2024, Novelli, Morales y Terrones viajaron en secreto a Paraguay para reunirse con Hayden Davis, quien llegó en jet privado.

Al regresar a Buenos Aires, formalizaron la “Oferta Irrevocable” por 1.550.000 dólares y comisiones del 35% que se mencionaron en el acuerdo de asesoría exclusiva.

Durante esos días, según consta en el expediente, Novelli y Morales comenzaron a recibir transferencias en dólares desde la “bóveda” de Kelsier.

El exfuncionario de la CNV recibió 26.397 dólares en su cuenta el 22 de noviembre, un mes después de asumir en el organismo.

El 10 de diciembre de 2024, se lanzó el token $KIP, que el presidente Milei también promocionó. Terrones Godoy vació su liquidez y transfirió 152.000 dólares a Novelli. Este evento, a criterio de la querella, sirvió como un “banco de pruebas” para el grupo, aplicando el mismo modus operandi que luego usarían con $LIBRA.

El 5 de enero de 2025, María Pía Novelli emitió una factura por 250.000 dólares a Kelsier Holdings, lo que para esta acusación es el pago mensual por el lobby pactado.

El 30 de enero ocurrió la célebre reunión entre Hayden Davis y Javier Milei en la Casa Rosada, inmortalizada con una de las típicas selfies que ofrece el mandatario con sus pulgares arriba. En esas mismas horas, Kelsier transfirió más de 1 millón de dólares a presuntos testaferros de la banda, como el jubilado Orlando Rodolfo Mellino.

Para la querella, la reunión Milei-Davis habría sido entonces la consumación del presunto acuerdo espurio, y a su vez el gesto que terminó de destrabar el pago millonario.

El lanzamiento de $LIBRA

El 13 de febrero de 2025, Novelli viajó a Dallas, Texas, sede de la empresa de Bartosz Lipinski, para armar lo que la querella describió como una “Sala de Guerra”.

En el hotel The Ritz-Carlton, Novelli y Terrones Godoy “montaron la central operativa para monitorear la estafa en tiempo real”, aseguraron. Ya durante el 14 de febrero, día del estallido, empezaron los cruces eufóricos de llamados.

A las 19:01:22, se publicó el tuit desde la cuenta del jefe de Estado y, “en cuestión de milisegundos, los bots de los insiders (Peh y Lipinski)” ejecutaron compras masivas de $LIBRA.

De acuerdo a la reconstrucción de la querella, en la madrugada del 15 de febrero, dos billeteras virtuales controladas por la organización detrás de $LIBRA ejecutaron una maniobra de “rug pull”, liquidando masivamente los tokens adquiridos en el “minuto cero”. Con la venta, se llevaron 44.593.888 dólares en un click.

Novelli cruzó más de 30 llamadas con Julián Peh para “coordinar la extracción técnica del botín” —siempre según la querella— justo “horas antes de abordar el vuelo de regreso a Buenos Aires para iniciar el encubrimiento y el lavado” del dinero.

Ya con el escándalo en marcha, el 17 de febrero, la madre y hermana de Novelli vaciaron sus cajas de seguridad del Banco Galicia. Terrones borró sus videos de YouTube, y Milei dio una entrevista en el canal TN, donde explicó el acceso de Davis a la Casa Rosada y atribuyó el fenómeno a un colapso natural del mercado.

La Comisión Investigadora del Congreso refutó las declaraciones del presidente y detectó que que 1.329 ciudadanos argentinos operaron el token $LIBRA, mientras que a lo largo del mundo 114.410 billeteras sufrieron pérdidas totales.

El fiscal federal Gerardo Pollicita, quien está a cargo de la investigación del patrimonio de Manuel Adorni, prepara para los próximos días nuevas medidas tendientes a esclarecer cómo hizo el jefe de Gabinete para adquirir las propiedades que compró el año pasado junto a su esposa Bettina Angeletti: un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

El miércoles de la semana que viene será un día clave. Durante la mañana deberá presentarse en Comodoro Py la escribana Adriana Mónica Nechevenko, quien certificó la compra de la unidad que adquirió Adorni en un edificio de la calle Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

Como cualquier testigo, se sentará frente al fiscal y al juez Ariel Lijo sin sus abogados, y en todo momento estará obligada a decir la verdad.

Nechevenko deberá explicar los pormenores de la operación. Hasta ahora se conoció que dos jubiladas, Beatriz Viegas (72 años) y Claudia Sbabo (64), le vendieron en noviembre de 2025 el departamento de 199 metros cuadrados al matrimonio, con ciertas facilidades. Fue mediante un crédito hipotecario de 200 mil dólares, del cual ambas son acreedoras en partes iguales.

El diario La Nación contactó a ambas mujeres. Una de ellas dijo no conocer a Adorni y la otra no contestó.

Con el crédito, el jefe de Gabinete habría cubierto el 87% del valor del piso en Miró. No obstante, el fiscal Pollicita buscará saber a ciencia cierta cuánto vale la propiedad, y por eso trabaja en el requerimiento de una tasación del departamento, según adelantaron fuentes judiciales.

Otra línea de investigación que lleva adelante la Fiscalía Federal N° 11 es la que corresponde a la casa de Indio Cuá. Es que en las últimas horas, a partir de documentación que enviaron a la Justicia el Municipio de Exaltación de la Cruz y la administración del barrio privado, se confirmó que esta propiedad figuraba a nombre de Juan Ernesto Cosentino, un operador bursátil que, hasta ahora, no fue llamado como testigo.

Otros documentos, como las expensas de la propiedad, aparecen bajo la titularidad de Angeletti, la esposa de Adorni. Según la denuncia que originó el caso, los precios de las casas en ese barrio privado “oscilan entre USD 129.000 y USD 249.000, dependiendo de la superficie y ubicación del lote”.

Aunque el análisis está en pleno desarrollo, las fuentes consultadas no descartan que la irregularidad en la escritura se deba a una demora en el papeleo.

Esto, claro está, no resuelve la duda central, que es cómo hizo el matrimonio Adorni-Angeletti para comprar casi al mismo tiempo, en noviembre pasado, el departamento de Caballito y la casa en Exaltación de la Cruz. Todo esto sin desprenderse de las propiedades que ya tenían en Parque Chacabuco y La Plata.

También están en trámite informes de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, para saber cuántos vehículos tiene la pareja, y la totalidad de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas por Adorni, incluyendo los anexos reservados, de los años 2022, 2023, 2024 y 2025.

En su denuncia, la diputada nacional Marcela Pagano -que llegó a su banca de la mano de La Libertad Avanza- advirtió un “desproporcional incremento patrimonial” por parte de Adorni, a partir de que la casa de Indio Cuá no fue declarada en su declaración jurada.

“Se advierten severas discrepancias entre la declaración jurada inicial y la anual, verificándose la omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por sumas superiores a los dieciséis millones de pesos ($16.000.000) declarados al inicio de su gestión”, dice el escrito que presentó la legisladora.

El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, llevará adelante la causa en la que se investiga el vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que se llevaba un 40% de comisión por las gestiones comerciales de la entidad deportiva en el exterior.

Así quedó definido este miércoles, luego de que el juez de Lomas de Zamora, Luis Armella, se inhibiera de seguir a cargo de un expediente que también estaba detrás del presunto desvío de más de 300 millones de dólares.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11 a cargo de Paula Petazzi, una tercera magistrada que también seguía el caso, ya había tomado la misma decisión el martes pasado, al entender que existía una “conexidad” en los objetos procesales.

El juez González Charvay también está a cargo de la causa por la mansión de Pilar que habría sido comprada mediante testaferros y que se les atribuye a los dirigentes Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Esa investigación también se encuentra en disputa. Esta semana, la Cámara Federal de Casación Penal suspendió la audiencia en la que se iba a definir quién se queda con el caso, que puede seguir en Campana o bien regresar al fuero Penal Económico o a Comodoro Py, donde se había iniciado la instrucción.

El caso TourProdEnter

El Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora investigaba a la empresa de Faroni y Gillette que está radicada en los Estados Unidos como una ramificación del caso “Sur Finanzas”, por el que el juez Armella viene de ordenar una serie de medidas y llamados a indagatorias.

Sucede que TourProdEnter funcionó como agente exclusivo de cobro de los contratos internacionales de la AFA, en cualquier parte del mundo excepto Argentina.

Tenían a cargo “la representación comercial para promover acuerdos de esponsoreo, concertación de eventos deportivos y/o comerciales en los que participe AFA y/o sus Selecciones Nacionales, tareas de logística y, de manera exclusiva, el cobro en contratos de esponsoreo y/o patrocinio que celebre AFA en el exterior”, según consta en la causa.

La empresa del exdiputado provincial y su esposa se llevaba un 30% de comisión más otro 10% por tareas logísticas. La investigación apunta a esclarecer si ese dinero terminaba en “sociedades fantasmas” constituidas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marnasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC, de las cuales algunas estarían vinculadas al tesorero de la AFA.

Al pedir la inhibición de los jueces Armella y Petazzi, el Juzgado Federal de Campana remarcó que “surge que el delito de administración fraudulenta investigado habría afectado intereses federales, en particular, se desprende la posible afectación al sistema tributario argentino”.

En su fallo de este miércoles, el juez de Lomas de Zamora también se desprendió de las averiguaciones secundarias que mantenía sobre los involucrados en torno a la mansión de Pilar.

Se inhibió de investigar “los hechos pesquisados sobre los presuntos pagos realizados por la AFA a Real Central S.R.L. y el entramado empresarial en el que intervendrían los directivos de esa empresa, Luciano Nicolás Pantano, Ana María Conte y personas jurídicas y físicas vinculadas, y finalmente a las presuntas operatorias de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con las firmas Soma S.R.L., Malte S.R.L y Nuevo Holding, Bilbao S.A.”, según plasmó en la resolución a la que accedió Infobae.

El juez en lo penal económico Diego Amarante procesó este lunes por retención indebida de aportes a las máximas autoridades del la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y en su resolución de 140 páginas realizó un exhaustivo análisis de los movimientos financieros de la organización, que revelaron una holgada capacidad económica para cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales.

Según acusó el juez, la entidad comandada por el presidente Claudio “Chiqui” Tapia y el tesorero Pablo Toviggino habría incumplido deliberadamente con los pagos al fisco, además de acceder a planes de facilidades de pago no por una necesidad financiera genuina, sino como un “mecanismo de refinanciamiento” para postergar el ingreso de tributos y disponer de fondos públicos.

La evidencia muestra incluso que solamente con los intereses que percibían por plazos fijos, en determinados períodos podrían haber saldado el total de las deudas con el ARCA.

El juez Amarante expuso en su fallo cómo la AFA gestionó sumas multimillonarias a través de transferencias entre sus propias cuentas, ingresos del exterior, operaciones de compra y venta de dólar MEP y la recepción de créditos.

Todo esto, para la Justicia, exhibe un marco en el que la Asociación contaba con una “sobrada capacidad” económica para cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales, además de una holgada liquidez que contradice cualquier argumento de imposibilidad de pago.

Operaciones en la Argentina y el exterior

El Juzgado en lo Penal Económico N° 5 identificó cuentas bancarias en al menos cuatro entidades financieras, con un flujo de activos significativo. Las cuentas del Banco Credicoop, en particular la N° 191.218.000001.6 y N° 191.218.004435.7, fueron señaladas como las de mayor volumen de operaciones y utilizadas para el cumplimiento de obligaciones.

La AFA realizó operaciones de compra y venta de dólar MEP y títulos valores, generando ingresos millonarios. Por ejemplo, el 30 de abril de 2024, se registró un crédito de más de $1.443 millones en una cuenta del Banco de Servicios y Transacciones (BST), proveniente de la comercialización de instrumentos financieros radicados en el exterior. Este movimiento, que incluyó el cobro de una comisión por comercio exterior, cubrió un saldo negativo superior a $500 millones.

El 2 de mayo de 2024, un nuevo crédito por el mismo concepto sumó más de $975 millones. En la misma fecha, se realizaron dos débitos por $1.400 millones y $950 millones, respectivamente, que correspondían a transferencias a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop, mediante operaciones con dólar MEP.

Esta operatoria de fondeo de cuentas a través de activos del exterior se repitió al menos 13 veces en mayo de 2024, sumando un total de $12.374 millones, según estableció el juez Amarante.

En septiembre de 2024, se registraron otros tres créditos en el Banco de Servicios y Transacciones por más de $902 millones, $852 millones y $480 millones, también por comercialización de instrumentos financieros. Estos ingresos cubrieron un saldo negativo superior a $1.500 millones.

Simultáneamente, hubo otras cuatro recepciones de transferencias mediante operaciones con dólar MEP por más de $2.582 millones, siempre a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop. Esta operatoria se corroboró al menos cinco veces en septiembre de 2024, sumando $2.893 millones.

En junio de 2025, se observaron ocho créditos consecutivos por un total de $4.165 millones en el Banco de Servicios y Transacciones, provenientes de la venta de divisas radicadas en el extranjero. Estos fondos cubrieron un saldo negativo superior a $700 millones. Un débito de más de $4.093 millones se registró el mismo día, correspondiente a una transferencia a otra cuenta de la AFA en el Banco Credicoop. Esta operatoria se repitió en otras cuatro ocasiones durante el mismo mes, por un total de $5.880 millones.

En septiembre de 2025, se registraron seis créditos consecutivos por un total de $6.890 millones en el BST, nuevamente provenientes de la venta de divisas del exterior, que cubrieron un saldo negativo superior a $400 millones. Dos débitos por más de $5.709 millones y $1.013 millones se registraron el mismo día, otra vez correspondientes a transferencias a cuentas de la AFA en el Banco Credicoop.

Esta modalidad se reiteró otras cuatro veces en septiembre, sumando $10.435 millones.

“Tales extremos evidencian, una vez más, la magnitud del flujo de fondos administrado por la Asociación del Fútbol Argentino durante el período bajo análisis. En ese contexto, los valores consignados permiten concluir que la entidad contaba con una capacidad económica suficiente y sostenida para afrontar en tiempo y forma las obligaciones tributarias aquí imputadas”, determinó el juez.

Los pagos a los clubes

La AFA realizó erogaciones significativas a clubes afiliados. En abril de 2025, la cuenta N° 191.218.000001.6 del Banco Credicoop registró ingresos por más de $65.205 millones, principalmente de dos transferencias del Banco Comafi por más de $17.816 millones y $17.592 millones.

El 5 de mayo de 2025, la AFA transfirió $1.000 millones a 23 clubes de primera división. Un día después realizó transferencias por $21.875.000 a 26 equipos de la B Nacional, $6.640.625 a otros 17 clubes, y $3.515.625 a otros 57 clubes del ascenso.

También se registró una transferencia de $1.050 millones a una cuenta propia de la AFA y aparte figuran otras tres transferencias de $1.000 millones a Talleres, Gimnasia y Esgrima La Plata y Belgrano.

Ingresos por patrocinios

La AFA recibió ingresos sustanciales de distintos acuerdos comerciales.

La firma The Walt Disney Company Argentina S.A. transfirió más de $25.831 millones entre marzo de 2024 y noviembre de 2025 a la cuenta N° 191.218.008653.1 del Banco Credicoop. En agosto de 2024, hubo otra por $1.034 millones, y operaciones similares se verificaron en febrero, marzo, mayo y junio de 2025.

YPF transfirió un total de $2.345 millones a la AFA entre noviembre y diciembre de 2024, y abril, junio, julio y agosto de 2025.

Adidas Argentina S.A. efectuó pagos por un total de $14.035 millones en noviembre y diciembre de 2024, y marzo y mayo de 2025.

A modo ilustrativo, el juez Amarante resaltó en su fallo que solamente en mayo de 2025 la AFA percibió más de $1.376 millones de parte de Adidas y Disney, mientras que sus obligaciones tributarias vencidas con el ARCA en ese período sumaban $529 millones.

Plazos fijos

La AFA mantuvo una gran suma de dinero invertida en 24 plazos fijos con el Banco Credicoop.

En pesos argentinos, se depositaron más de $31.999 millones, generando intereses por más de $5.638 millones entre abril de 2024 y julio de 2025.

En dólares estadounidenses, las colocaciones alcanzaron los U$S 7.400.000, generando intereses por U$S 48.835,57 entre noviembre de 2024 y septiembre de 2025.

En algunos casos, los intereses generados por los plazos fijos habrían sido suficientes para cubrir las obligaciones tributarias adeudadas. Por ejemplo, en marzo de 2024, los intereses devengados por un plazo fijo superaron en un 14,71% la deuda total imputada por el organismo recaudador, según consta en el procesamiento.

El fallo del juez Amarante será apelado ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico por las defensas de Tapia, Toviggino y el resto de los imputados: Cristian Ariel Malaspina, secretario general de AFA y presidente de Argentinos Juniors; Víctor Blanco, ex secretario general de la entidad y ex presidente de Racing Club; y Gustavo Roberto Lorenzo, director general de la entidad deportiva.

A todos les atribuyen los delitos de apropiación indebida de tributos agravado y reiterado, en concurso real con el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social.

La Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó la prohibición de salida del país para los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Ariel Toviggino, en el marco de una causa en la que esta semana fueron procesados por retención indebida de aportes.

La medida, ordenada en febrero por el juez Diego Amarante y ratificada ahora por la Sala A del tribunal, consideró que la restricción es razonable para asegurar la sujeción de los imputados al proceso judicial.

El fallo podría ser un obstáculo para la presencia de Tapia y Toviggino en el Mundial de Fútbol 2026, que comenzará el 11 de junio y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Si la prohibición se mantiene hasta entonces, el presidente y el tesorero de la AFA dependerán de la autorización del juez Amarante para viajar.

Una prohibición “no absoluta”

Las defensas de Tapia y Toviggino argumentaron que la prohibición que les impuso el juez Amarante carecía de fundamentación y era arbitraria.

Los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, de la Cámara en lo Penal Económico, concluyeron tras analizar las apelaciones que la decisión de primera instancia se apoya en razones válidas y no tiene contradicciones con el estado de la causa.

Las defensas plantearon una mera “discrepancia con los criterios” del juez de grado, resolvieron los camaristas.

Un aspecto relevante en la consideración de la Cámara fue, precisamente, el procesamiento sin prisión preventiva a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, que Amarante firmó el último lunes.

El presidente y el tesorero de la AFA fueron acusados como presuntos coautores penalmente responsables de apropiación indebida de tributos agravada, reiterada en 34 ocasiones, y de apropiación indebida de recursos de la seguridad social agravada, reiterada en 17 oportunidades.

La Cámara en lo Penal Económico, sin emitir una opinión sobre el fondo de la decisión de procesamiento -que aún no está firme y será objeto de una apelación paralela-, evaluó la situación procesal actual de Tapia y Toviggino y concluyó que la medida de prohibición de salida del país, en las condiciones particulares del caso, es razonable para garantizar que los imputados permanezcan a disposición del proceso judicial.

El tribunal aclaró que esta medida no constituye una prohibición absoluta de salida del país. Lo que implica es que los imputados deben solicitar autorizaciones específicas al Juzgado en lo Penal Económico N° 5 para ausentarse del territorio nacional, una disposición que busca asegurar la comparecencia de los imputados cuando su presencia sea requerida por el juez.

Noticia en desarrollo