El juez federal Sebastián Ramos ordenó el secuestro de computadoras y otros dispositivos resguardados en el edificio Libertad, la sede de la Armada Argentina, para avanzar con la investigación del supuesto desvío de unos 1.000 millones de pesos en sobresueldos dentro de la fuerza.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el operativo en las oficinas de la Armada se dispuso luego de las declaraciones testimoniales de dos militares que aportaron nueva información a la causa.

Mediante una orden de presentación, personal de la Prefectura Naval se acercó al tercer piso del edificio Libertad, ubicado en la avenida Comodoro Py 2055 —frente a los tribunales federales porteños—, para solicitar la entrega de las computadoras y dispositivos de Vanesa Juárez, una de las civiles imputadas que trabajaba en el Departamento de Revista, área donde se liquidan los sueldos de unos 24.500 agentes. Los elementos buscados estaban bajo resguardo en una caja fuerte.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia penal presentada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio. La presentación judicial detalló que, entre julio de 2022 y enero de 2026, se realizaron 645 acreditaciones bancarias indebidas a favor de 23 beneficiarios.

El monto total del perjuicio al Estado ascendió a $981.148.567,88, aunque luego de algunas devoluciones parciales efectuadas por los involucrados, la cifra neta del desfalco se ubicó en $938.574.300,25, según se determinó en una auditoría interna de la Armada.

No obstante, no se descarta que el fraude pueda ser mucho mayor, dado que restan investigarse meses anteriores al período delimitado por la inspección administrativa.

Las declaraciones

Para conocer precisiones sobre esa auditoría, el juez Ramos le tomó declaración a Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria. Es uno de los funcionarios que integró la comisión interdisciplinaria que detectó las inconsistencias en las cuentas de la fuerza.

Su testimonio había sido solicitado, junto a otra serie de medidas, por el fiscal federal Ramiro González.

En la misma línea, también declaró en las últimas horas Jonathan Fernando Romano, jefe de la División Sistemas de la Armada Argentina.

El magistrado también ordenó al Banco de la Nación Argentina que remita las constancias de todas las acreditaciones efectuadas, entre julio de 2022 y enero de 2026, en las cuentas bancarias de los 24 imputados. El informe debe incluir detalles de fecha, importe, CBU y titularidad de la cuenta receptora.

El juez Ramos quiere tener además los legajos personales de todos los involucrados. Solicitó esa información a la Armada -que está colaborando activamente con todo lo requerido-, junto con la nómina del personal que prestó funciones en el Departamento Revista en el período investigado y el organigrama correspondiente al área en la que funcionaba dicho departamento.

La idea es poder armar un mapa de actores en el que se puedan observar claramente las relaciones y funciones internas, indicaron las fuentes consultadas.

La Armada Argentina también deberá enviar a los tribunales de Comodoro Py copias certificadas de la instrucción disciplinaria que destapó el caso. El juez ordenó tener “especial atención” al cuidado de la cadena de custodia de todos los elementos que nutrirán la investigación.

Por último, el Juzgado Federal N° 2 a cargo de Ramos giró oficios al Renaper y a ANSES para que, respectivamente, informen los últimos domicilios registrados y aportes devengados de María del Carmen Prieto, Amalia Cristina Díaz, Natalia Carolina Yahia y Damián Andrés Santana, las cuatro personas que recibieron pagos de la Armada sin cumplir ninguna función en la fuerza.

Según la denuncia, María del Carmen Prieto recibió más dinero que nadie, exactamente $152.259.495. Es la esposa del principal sospechoso, Ariel Baltasar Atanasoff, ex jefe del Departamento Revista.

En ese sector es donde los archivos generados de forma automática por el Sistema de Haberes de la Armada eran modificados manualmente antes de ser enviados al Banco Nación.

Según la investigación, los autores de la maniobra incrementaban de forma transitoria los montos de dinero destinados a ciertas personas. Una vez que el banco procesaba los pagos y transfería los fondos, los registros informáticos internos de la Armada eran restituidos a sus valores originales. De esta manera, los sobresueldos no quedaban registrados en los recibos de sueldo que los agentes visualizaban en la plataforma web de la institución.

La maniobra se descubrió en febrero de 2026, cuando una auditoría de rutina sobre la liquidación de enero detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos salariales sin justificación. Aunque estos funcionarios devolvieron el dinero, la Jefatura de Administración Financiera profundizó los controles hacia atrás y descubrió que la operatoria ilegal se venía repitiendo sistemáticamente desde julio de 2022.

Atanasoff fue confrontado durante la auditoría y confesó en ese ámbito administrativo que él fue el responsable de los incrementos salariales y de los desvíos a personas ajenas a la Armada.

La causa avanzará ahora sobre la reconstrucción de toda la maniobra. El juez Ramos tiene bajo estudio otras medidas que propuso el fiscal González, como la realización de una pericia informática sobre las computadoras que la Armada resguardó de manera preventiva.

Este peritaje técnico podría identificar qué usuarios accedieron a las terminales, qué archivos se crearon o modificaron y cuáles fueron transmitidos al banco. El análisis informático intentará determinar con exactitud qué datos e importes se alteraron, a qué beneficiarios correspondían y las fechas y horarios en que se concretaron las modificaciones manuales.

La titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3 de la Ciudad, Laura Beatriz De Marinis, declaró la inconstitucionalidad de la nueva Ley Penal Juvenil para un caso particular. Así, la magistrada dictó el sobreseimiento de un adolescente de 14 años, identificado bajo las iniciales M.I.A., quien enfrentaba cargos por tentativa de robo.

La resolución, firmada este lunes, determinó que la baja de la edad de punibilidad establecida en la normativa resulta regresiva y vulnera tratados internacionales con jerarquía constitucional. Sin embargo, su fallo no suspende la ley como había ocurrido con el amparo dictado en la provincia de Buenos Aires por la jueza de Lomas de Zamora, Marta Pascual.

Las repercusiones políticas no tardaron en llegar. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, repudió el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Lo propio hizo la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas. Es muy difícil construir un país normal así. Estos jueces garantistas solo construyen impunidad”.

Ante la consulta de Infobae, fuentes de la justicia porteña advirtieron una “casi segura revocación” del fallo de la jueza De Marinis, a partir de la línea jurisprudencial que mantiene la Cámara del fuero.

El caso

El expediente judicial se abrió a raíz de un episodio ocurrido el 10 de septiembre, aproximadamente a las seis de la mañana. Un ciudadano de 47 años caminaba por la vía pública cuando cinco jóvenes intentaron robarle. La víctima logró escapar corriendo y pidió auxilio a un agente policial que patrullaba la zona, lo que derivó en la aprehensión de los presuntos involucrados, entre los cuales se hallaba el menor imputado. La fiscalía calificó provisionalmente el suceso como robo simple en grado de tentativa.

Ante esta situación, el Ministerio Público de la Defensa solicitó la inconstitucionalidad del artículo 1 del nuevo Régimen Penal Juvenil.

A partir de ese planteo, la jueza De Marinis evaluó el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos. “No existe legislación, ni doctrina, ni jurisprudencia que avale el derecho a la impunidad. Lo que se cuestiona es si la norma resulta regresiva respecto a esos derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño”, dictó en su resolución.

La defensa argumentó que someter a proceso penal a personas menores de 16 años constituye un retroceso respecto al estándar previo fijado por la derogada Ley 22.278. La magistrada coincidió con esta postura al señalar que el Estado tiene la obligación de ampliar las garantías de las infancias y abstenerse de adoptar medidas que restrinjan las conquistas ya consolidadas. En su fundamentación, recordó que la Constitución Nacional y diversos tratados internacionales prohíben la adopción de políticas públicas regresivas sin una justificación adecuada.

En un lenguaje llano, la jueza plasmó en su resolución: “Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables”. Y siguió: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.

En su fallo, la magistrada porteña subrayó las directrices del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, considerado el máximo intérprete de la convención específica sobre la materia. Este organismo internacional recomendó expresamente a la República Argentina, en 2018 y 2024, que mantuviera la edad mínima de responsabilidad penal en 16 años y evitara cualquier intento de reducirla. De Marinis enfatizó que los descubrimientos científicos en neurociencia demuestran que el desarrollo de la corteza cerebral en etapas adolescentes limita la capacidad de comprender plenamente las consecuencias de las acciones y los procedimientos judiciales.

Para este caso particular, la jueza analizó la gravedad del hecho y determinó que la conducta del adolescente imputado consistió en una tentativa “burda y torpe” que no consumó el desapoderamiento de bienes ni generó lesiones físicas en la víctima. Por tal motivo, consideró desproporcionado aplicar una sanción de carácter punitivo en lugar de activar los mecanismos de protección social previstos para la niñez.

Un informe socioambiental elaborado por el Centro de Admisión y Derivación reveló la profunda vulnerabilidad en la que vive el chico: reside con su madre, quien padece de epilepsia, y un hermano de 19 años que perdió recientemente su empleo para poder asistirla en sus crisis de salud. El grupo familiar carece de conexión a la red de gas natural, se calefacciona con garrafas y depende de la entrega esporádica de bolsones de alimentos para subsistir. Asimismo, el menor interrumpió su escolaridad tras mudarse de localidad, aunque expresó su deseo de retomar los estudios y practicar boxeo, actividad que no puede costear, según el documento que consta en la causa.

En lugar de avanzar con la imputación, la jueza ordenó dar intervención inmediata al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para que diseñe un plan de acompañamiento familiar, garantice la reinserción escolar del joven y facilite su acceso a actividades recreativas.

A más de un mes de ser requerido formalmente, Manuel Adorni, ex jefe de Gabinete de Ministros, presentó su justificación patrimonial y fundamentó el grueso de su fortuna en USD 591.544,61 que generó invirtiendo en Bitcoin, según la versión que ofreció su defensa en los tribunales federales de Comodoro Py. Las criptomonedas pasaron por billeteras virtuales a las que tendría acceso, aunque no están a su nombre.

Luego de mantener casi intactos esos supuestos ahorros por más de cinco años y medio, el exfuncionario brindó una explicación detallada de cómo gastó ese medio millón de dólares desde que llegó al poder en diciembre de 2023 en propiedades, vehículos y viajes, entre otros ítems.

Para fines de 2025 le quedó un resto de USD 209.961,52, de acuerdo al escrito presentado por su abogado. El documento, al que accedió Infobae, cuenta con 78 páginas y tres anexos.

El fiscal Gerardo Pollicita detectó una diferencia de $43.068.549 en moneda nacional y un flujo de USD 402.578,12 sin correlato directo con los ingresos lícitos declarados por el grupo familiar. A partir de la respuesta que dio el exfuncionario libertario este lunes, el acusador está en condiciones de pedir su declaración indagatoria, si entiende que aún persisten las sospechas de enriquecimiento ilícito.

La ruta de las cripto

El pilar central de la justificación de Adorni consistió en la revelación de una fortuna en criptoactivos construida, según alegó, mucho antes de su ingreso a la función pública. Además, el exvocero y su esposa, Bettina Angeletti, admitieron haber acumulado ahorros en negro mediante el ejercicio de sus profesiones como contador y licenciada en administración, respectivamente.

“Al contraer matrimonio unificaron sus ahorros personales, entre los que se encontraba parte del dinero que, junto a su hermano, había recibido tras el fallecimiento de su padre en el año 2002, y que fue ese ahorro conjunto, sostenido durante más de una década de actividad profesional privada, el que les permitió reunir, hacia 2014 y, principalmente, hacia 2017, el capital destinado a la adquisición de Bitcoin”, argumentó el abogado de Adorni, Matías Ledesma, en el escrito de 78 páginas presentado este lunes.

Mantuvieron sus ahorros “por fuera del circuito bancario y financiero formal”, para “sostener una capacidad de ahorro sensiblemente mayor” a la que hubiesen tenido si pagaban impuestos.

La defensa detalló además que toda la operatoria cripto se realizó de manera informal debido a la falta de plataformas reguladas en el país durante aquellos años.

Adorni dijo que compraba bitcoin en encuentros presenciales con los vendedores, siempre en espacios públicos. Él llevaba dólares en efectivo a cambio de las transferencias de activos virtuales, bajo un estricto anonimato, siempre de acuerdo a la versión que plasmó su defensa en la justificación patrimonial.

El grueso de la inversión se concentró en 2017, cuando el matrimonio destinó USD 199.883,20 a la compra de criptomonedas, lo que representó más del 99% del capital total invertido. Antes de dar ese salto financiero, en 2014 habrían probado con los primeros USD 1.897,20.

Con la fuerte revalorización del activo a fines de 2017, el exfuncionario decidió desarmar sus posiciones para “garantizar, a mediano plazo, la educación y el futuro de sus hijos”, expuso su defensa. Casi no tocó esas ganancias hasta diciembre de 2023. “Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”, justificó la defensa.

La liquidación se concretó bajo la misma modalidad: reuniones físicas donde Adorni transfirió los Bitcoin y recibió dólares en efectivo, siempre en negro. El escrito identificó ocho direcciones de billeteras virtuales que registraron actividad exclusivamente entre 2014 y 2018, las cuales quedaron totalmente vacías tras las operaciones. El total obtenido por estas ventas ascendió a USD 591.544,61.

Este capital en efectivo, siguió la defensa del ex ministro coordinador, nunca pasó por un banco y siempre se resguardó en el domicilio del matrimonio.

Para intentar demostrar que son suyas las billeteras virtuales por las que pasó el dinero —que en rigor no tienen datos del titular—, Adorni certificó ante un escribano que tiene las contraseñas (claves privadas) necesarias para operar esas cuentas. Verificar esto será uno de los puntos clave para lo que viene en la investigación.

Sucede que las cuentas informadas son las denominadas “billeteras de autocustodia”, un tipo de cartera que no pertenece a plataformas o exchanges centralizados y regulados. Por ende, no cuentan con datos de titularidad, registro de identidad ni un nombre y apellido asociado.

Para la defensa, la sola posesión de las claves privadas “acredita fehacientemente la titularidad” de las billeteras virtuales. Restará saber si el fiscal y el juez comparten el mismo criterio.

“El señor Adorni me entregó las claves privadas de cada una de estas en un sobre cerrado y lacrado que solo podrá ser abierto si se requiriera en el marco de esta investigación”, propuso en esa línea el abogado Ledesma.

Con ese medio millón de dólares, que recién habrían empezado a gastar cuando Adorni llegó al poder, costearon sus viajes, las adquisiciones inmobiliarias y las lujosas compras y refacciones que llamaron la atención de los investigadores. Entre estos gastos se encontraron la compra del lote 380 en el country Indio Cuá, su posterior remodelación y la adquisición de un departamento en la calle Miró al 550, en el barrio porteño de Caballito.

Deudas que “desaparecieron”

Otro de los puntos críticos del requerimiento fiscal apuntó a la cancelación de pasivos financieros. La fiscalía intimó a Adorni a explicar el destino y la forma de pago de dos deudas informadas por el propio Adorni en su declaración jurada de 2023: una personal por $6.429.000 y otra de su cónyuge por $3.903.000, ambas contraídas con el Banco de Galicia, que dejaron de figurar en los ejercicios siguientes.

Los investigadores sospechan que esos pasivos se pagaron, y por ende integran la lista de “gastos” de la familia.

La respuesta de la defensa ante este requerimiento resultó llamativa. El escrito sostuvo que tales deudas eran “inexistentes” y que nunca se declararon ante el organismo recaudador en las presentaciones impositivas ordinarias. El abogado defensor atribuyó la inclusión de estos pasivos millonarios en la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción a un mero “error material” de carga.

Para subsanar esta y otras inconsistencias, Adorni presentó una serie de declaraciones rectificativas el 10 de junio de 2026. La defensa argumentó que la rectificación es un derecho amparado por la Ley de Procedimiento Tributario, la cual exime de sanciones a quienes regularicen su situación de manera espontánea antes de recibir una notificación formal de inspección.

Bajo esta premisa, el descargo rechazó cualquier acusación de “omisión maliciosa”, señalando que el exfuncionario corrigió los datos por iniciativa propia y abonó los impuestos correspondientes antes de ser notificado del requerimiento judicial, aunque lo hizo cuando la causa por enriquecimiento ilícito ya estaba avanzada.

El fiscal Pollicita también exigió acreditar la existencia, la entrega efectiva de los fondos y la evolución de los contratos de mutuo celebrados con dos familiares directas: Silvia Pais (madre de Adorni) y Norma Zuccolo. Estos préstamos privados fueron utilizados por el exfuncionario como fuentes de financiamiento en sus declaraciones patrimoniales.

La defensa admitió que no existen documentos escritos, transferencias bancarias ni registros de fecha cierta que prueben la entrega del dinero. El descargo argumentó que el Código Civil y Comercial de la Nación no impone formalidades solemnes para la validez de los contratos de mutuo entre particulares.

Adorni alegó que se trató de un préstamo “entre madre e hijo”, vínculo en el que “la ausencia de formalidades documentales adicionales no es indicio de irregularidad sino la práctica habitual entre familiares directos”.

Como único elemento de prueba, la defensa remitió a las propias declaraciones juradas impositivas de Adorni, donde se asentaron dichos pasivos.

Ahora la justificación patrimonial que el ex jefe de Gabinete desarrolló a lo largo de 78 páginas -además de tres anexos- quedará bajo estudio del fiscal Gerardo Pollicita, quien debe evaluarla antes de decidir si pide al juez Ariel Lijo la indagatoria del exfuncionario.

En una extensa resolución de 648 páginas, el juez federal Daniel Rafecas dictó el procesamiento de ocho iraníes y libaneses por sus respectivas participaciones en el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). El ataque terrorista, perpetrado el 18 de julio de 1994, provocó la muerte de 85 personas y dejó 151 heridos. El magistrado determinó además un embargo de 500 millones de dólares para cada uno de los imputados.

Este avance en la investigación se concretó mediante la aplicación de la Ley N° 27.784, que regula el régimen de juicio en ausencia. Dicha herramienta procesal posibilita que la causa continúe su curso a pesar de que los sospechosos se encuentran prófugos de la justicia en el exterior, garantizando de igual modo su derecho a la defensa técnica a través de un representante oficial.

Rafecas firmó los procesamientos como subrogante del Juzgado Federal N° 6, cargo que dejará el próximo mes de octubre.

En base a las pruebas recopiladas por la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, el magistrado determinó que la planificación del atentado comenzó en agosto de 1993.

La cúpula del régimen de Irán tomó la decisión política de ejecutar la agresión y delegó la parte operativa en Hezbollah, la organización armada proiraní asentada en el Líbano. Para llevar a cabo la misión, esta agrupación estructuró una red de asistencia local y regional que operó desde la zona de la Triple Frontera, que abarca las localidades de Puerto Iguazú en Argentina, Foz de Iguazú en Brasil y Ciudad del Este en Paraguay.

La investigación judicial detalló de manera precisa la cronología de los días previos a la explosión. El domingo 10 de julio de 1994, los ejecutores adquirieron una camioneta utilitaria Renault Trafic. Cinco días más tarde, el viernes 15 de julio a las 18, el vehículo ya se encontraba acondicionado y cargado con una combinación de 300 kilogramos de amonal y TNT.

Los encargados de la logística estacionaron la camioneta en un garaje público ubicado a cuatro cuadras de la mutual judía, donde permaneció hasta la mañana del lunes 18 de julio, momento elegido para detonarlo y causar el mayor daño posible, debido al elevado flujo de personas que concurrían al edificio en ese momento.

Quiénes son los procesados

El juez Rafecas encuadró las conductas imputadas bajo las figuras de homicidios y lesiones reiteradas, agravadas por haber sido cometidas por odio racial o religioso, mediante el empleo de un elemento idóneo para generar un peligro común, sumado al delito de daño agravado por motivos discriminatorios. Asimismo, el magistrado encuadró el ataque como un crimen de lesa humanidad y bajo la figura internacional de genocidio.

La resolución judicial diferenció los roles de los acusados según su nivel de participación en la estructura delictiva:

Se procesó como “autores mediatos” a cuatro exfuncionarios que, desde sus posiciones de poder en el Estado iraní, tomaron las decisiones y facilitaron la logística para que los ejecutores materiales actuaran en el terreno:

• Alí Fallahijan, quien se desempeñaba como Ministro de Inteligencia de Irán.
• Alí Velayati, entonces Ministro de Relaciones Exteriores de dicho país.
• Mohsen Rezai, excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní.
• Ahmad Vahidi, quien lideraba la fuerza Al Quds, cuerpo de élite de la mencionada Guardia Revolucionaria.

Y, como cómplices necesarios, el juez ubicó a tres individuos que aportaron un soporte indispensable para el desarrollo del plan criminal desde los canales diplomáticos y la estructura operativa local:

• Hadi Soleimanpour, exembajador de la República Islámica de Irán en territorio argentino.
• Mohsen Rabbani, referente religioso fundamentalista instalado en Buenos Aires desde el año 1983, quien ejercía como consejero cultural de la embajada iraní.
• Ahmad Asghari, sindicado como agente de inteligencia perteneciente a la Guardia Revolucionaria.

Por último está Salman Raouf Salman (conocido también como Samuel El Reda), un miembro de nacionalidad libanesa perteneciente a Hezbollah, a quien se le atribuye la coordinación operativa de la fase final del atentado en Buenos Aires.

Por otra parte, el juzgado dictó la falta de mérito para los imputados Abdallah Salman y Hussein Mouzannar. En relación con el líder supremo de Irán, Alí Khamenei, el jefe militar de Hezbollah, Imad Mughniyeh, y el ciudadano libanés Alí Hussein Abdallah, Rafecas no se pronunció sobre sus situaciones procesales debido a que fallecieron en los años 2026, 2008 y 2020, respectivamente.

La semana pasada, Rafecas había incluido entre los imputados pasibles de ser juzgados en ausencia al jerarca iraní Alí Asghar Hejazi, mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Hejazi fue imputado y llamado a indagatoria en abril, desde cuando también rige una orden de captura internacional contra él.

La conexión internacional y los próximos pasos

La resolución judicial también dio por probado que el ataque a la AMIA estuvo coordinado con un segundo atentado perpetrado al día siguiente en Panamá. En ese hecho, un terrorista suicida hizo estallar una aeronave comercial, lo que provocó el fallecimiento de tres tripulantes y 17 pasajeros, entre los cuales se encontraban 12 integrantes de la comunidad judía panameña.

Ambos episodios fueron adjudicados de forma conjunta cuatro días después por Hezbollah desde el Líbano, utilizando el nombre de cobertura “Ansar Allah”. Actualmente, la justicia panameña mantiene una investigación abierta por este suceso y realiza intercambios de información con los tribunales argentinos.

En el plano local, el juez Rafecas resolvió dar intervención a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para evaluar la posible vinculación de este expediente con la causa que investiga el atentado a la Embajada de Israel ocurrido en 1992. Esta medida se fundamentó en un dictamen del fiscal Sebastián Basso, que sostiene que ambos ataques terroristas en territorio argentino fueron ejecutados por la organización Hezbollah.

La resolución de procesamiento y embargo podrá ser apelada por el defensor oficial, Hernán Silva.

En caso de que los tribunales superiores confirmen el fallo, el Juzgado estará en condiciones de requerir la opinión de la fiscalía, las querellas y la defensa para disponer la elevación de la causa a juicio oral y público ante un Tribunal Oral en lo Criminal Federal, cumpliendo así con el propósito de la legislación de juicio en ausencia.

En paralelo, la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente de resolución un reclamo sobre la validez constitucional del juicio en ausencia. Hubo una audiencia el 10 de septiembre para escuchar a las partes antes de dictar el fallo.

Un golpe de timón de los peritos oficiales de la Gendarmería Nacional generó una fuerte controversia en el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los especialistas de esa fuerza de seguridad suspendieron el punto de pericia que apunta a cotejar las grabaciones con una muestra de voz del exfuncionario libertario procesado por corrupción, al considerar que los archivos analizados no son aptos para su comparación.

A esa conclusión arribaron los peritos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería este miércoles, según pudo saber Infobae de fuentes con acceso al expediente. Lo llamativo es que apenas unos días atrás habían establecido exactamente lo opuesto.

La controversia gira en torno a un audio de 3 minutos y 11 segundos de duración, uno de los más largos entre los 58 archivos que están incorporados a la causa. Es una escucha en la que quien sería Spagnuolo refiere: “Realmente no lo entiendo. Así, a tan poco tiempo que hayan... No es que dijeron: ‘Bueno, muchachos, vía libre, arranquen’. No, toda para ellos. Toda para ellos con la firma de ustedes. Es tremendo”. Aunque lo sugiere, no precisa quiénes son “ellos”.

En otro pasaje habla de las internas en Casa Rosada, menciona a la ministra Sandra Pettovello, el vínculo entre “Lule” Menem y Karina Milei, y las diferencias con la vicepresidenta Victoria Villarruel: “El daño que puede hacer Victoria si se para en la vereda de enfrente, o si se para en una vereda distinta, no en la de enfrente. No entiendo cómo no lo están ponderando eso”, se escucha en la grabación.

Este audio de poco más de tres minutos se analizó durante las últimas semanas para saber si es apto para el cotejo con una muestra indubitable de la voz de Spagnuolo, algo que ordenó el juez Ariel Lijo. Es un punto clave para esclarecer, con rigor científico, si quien habla es efectivamente el exfuncionario.

El 2 de septiembre último, los peritos oficiales de Gendarmería habían concluido que el archivo era apto. Pero en la reunión del miércoles pasado cambiaron de parecer y catalogaron el material como “no apto” para el cotejo, luego de un nuevo análisis de integridad.

Según coincidieron distintas fuentes consultadas por este medio, la Gendarmería usa un sistema de comparación forense de voces para tareas como esta. Los peritos oficiales se rigen por los lineamientos establecidos en la Resolución 526/2024 del Ministerio de Seguridad Nacional, que tiene un protocolo específico para actuar en estos casos.

Amparados en ese marco de acción, los expertos de la Gendarmería decidieron suspender el cotejo de voz, al menos hasta que encuentren algún audio útil para la comparación. No obstante, sugieren las fuentes consultadas, si esto no se puede hacer con la grabación más larga, tampoco se podría con las de menor duración.

El giro de los peritos oficiales provocó un tenso cortocircuito en el laboratorio del edificio Centinela. Los especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), designados por el fiscal de la causa, Franco Picardi, manifestaron su oposición sobre la no aptitud del archivo.

Los forenses del Ministerio Público Fiscal aseguraron allí que el material está en condiciones de ser cotejado. Según pudo reconstruir Infobae, hasta llegaron a advertir que ese punto de la pericia se podría hacer en las oficinas de la DATIP, ya que sus protocolos y herramientas sí permitirían avanzar.

Rápidamente salieron al cruce los peritos de parte de las defensas, que desalentaron el ofrecimiento. Participan especialistas designados por Diego Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina.

El cotejo

Tal como viene contando Infobae, el juez Ariel Lijo había ordenado citar a Spagnuolo para que hable ante un micrófono en los laboratorios del edificio Centinela. El exdirector de la ANDIS se negó desde un principio e intentó anular el peritaje, bajo el argumento de que la colaboración exigida viola su derecho a no autoincriminarse.

El magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 11 rechazó el planteo de nulidad y el tema ahora está en la Cámara Federal de Apelaciones porteña.

De cualquier forma, el acusado no está obligado a comparecer. Como segunda opción, el fiscal Picardi ofreció tomar las muestras de voz necesarias de cuatro entrevistas que Diego Spagnuolo dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

No obstante, con esta última decisión de Gendarmería, el cotejo parece haberse empantanado.

Además de intentar esclarecer el origen y la veracidad de los audios, la pericia buscará detectar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

La estrategia de algunos de los principales acusados apunta a aplicar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, bajo el argumento de que, si se demuestra la invalidez o la procedencia ilegal de los audios, toda la investigación y las pruebas derivadas que se sucedieron con posterioridad también deben caer por estar contaminadas de nulidad.

La justicia federal comenzó formalmente la investigación sobre una maniobra de corrupción con el pago de sueldos dentro de la Armada Argentina. El fiscal Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1, impulsó la acción penal y solicitó este viernes una serie de medidas de prueba clave para determinar cómo se ejecutaron cientos de transferencias bancarias irregulares mediante las cuales se habrían desviado casi mil millones de pesos.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez federal Sebastián Ramos recibió en las últimas horas un dictamen de la fiscalía en el que se requirió un peritaje informático, la declaración de un testigo, copia de los legajos personales de los militares involucrados y documentación al Banco de la Nación Argentina.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia penal presentada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio. La presentación judicial detalló que, entre julio de 2022 y enero de 2026, se realizaron 645 transferencias bancarias indebidas a favor de 23 personas, cuatro de ellas ajenas a la Armada.

El monto total del entramado ascendió a $981.148.567,88, aunque luego de algunas devoluciones parciales efectuadas por algunos involucrados, la cifra neta del presunto desfalco se ubicó en $938.574.300,25.

El requerimiento de instrucción presentado por el fiscal González ante el Juzgado Federal N° 2 -que de momento no delegó la investigación- se estructuró sobre cuatro ejes.

En primer lugar, la fiscalía solicitó formalmente a la Armada Argentina la remisión de copias de los legajos personales de todos los imputados en la causa. Esta medida busca precisar los cargos, destinos, funciones y los períodos exactos en los que se desempeñó cada uno de los sospechosos. Asimismo, requirió la nómina completa del personal que cumplió funciones en el Departamento Revista -donde se liquidan los sueldos- durante el período bajo sospecha, junto con el organigrama de la estructura administrativa y la normativa interna que regulaba el circuito de liquidación de sueldos. Con esto, la fiscalía pretende identificar con precisión qué agentes poseían permisos de acceso para manipular los archivos de acreditación bancaria.

En segundo término, el fiscal propuso la declaración testimonial de Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria. Borda integró la comisión interdisciplinaria que detectó las inconsistencias en las cuentas de la fuerza. Su testimonio resultará clave para que explique ante la justicia la metodología de análisis utilizada, las fuentes de información cotejadas y los hallazgos iniciales que dieron origen a la denuncia.

Como tercera medida, el Ministerio Público pidió librar un oficio al Banco Nación. La fiscalía demandó que la entidad bancaria estatal aporte las constancias de todas las transferencias realizadas a las cuentas de las 23 personas investigadas. El requerimiento exige el detalle de las fechas, los montos, CBU y la titularidad de las cuentas receptoras. Además, el banco deberá entregar los registros de las órdenes de pago enviadas por la Armada para identificar el lote específico de origen de cada transacción.

Finalmente, el fiscal dispuso la realización de una pericia informática sobre las computadoras que la Armada resguardó de manera preventiva. Este peritaje técnico buscará identificar qué usuarios accedieron a las terminales, qué archivos se crearon o modificaron y cuáles fueron transmitidos al banco. El análisis informático intentará determinar con exactitud qué datos e importes se alteraron, a qué beneficiarios correspondían y las fechas y horarios en que se concretaron las modificaciones manuales.

El mecanismo del fraude

Según la denuncia, los archivos generados de forma automática por el Sistema de Haberes de la Armada eran modificados manualmente antes de ser enviados al Banco Nación.

Los autores de la maniobra incrementaban de forma transitoria los montos de dinero destinados a las personas beneficiadas. Una vez que el banco procesaba los pagos y transfería los fondos, los registros informáticos internos de la Armada eran restituidos a sus valores originales. De esta manera, las modificaciones no quedaban registradas en los recibos de sueldo que los agentes visualizaban en la plataforma web de la institución.

La maniobra se descubrió en febrero de 2026, cuando una auditoría de rutina sobre la liquidación de enero detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos salariales sin justificación. Aunque estos funcionarios devolvieron el dinero, la Jefatura de Administración Financiera profundizó los controles hacia atrás y descubrió que la operatoria ilegal se venía repitiendo sistemáticamente desde julio de 2022.

La fiscalía imputó inicialmente a un grupo de militares, personal civil y personas particulares. El principal sospechoso es el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Era el funcionario a cargo del área donde se liquidaban los sueldos y viáticos. Lo separaron una vez que se radicó la denuncia.

Atanasoff confesó ante sus superiores de la Armada que repartió dinero por fuera de lo permitido y con el fin de beneficiar económicamente a los destinatarios. También aseguró haber actuado solo, según se desprende del expediente.

La sospecha sobre Atanasoff se consolidó cuando los auditores descubrieron que la mayor beneficiaria del esquema era su propia esposa, María del Carmen Prieto, una persona totalmente ajena a la fuerza. Prieto percibió 46 acreditaciones bancarias por un total de $152.259.495,86.

Junto a ella, otras tres personas sin vinculación laboral ni funcional con la institución militar recibieron sumas millonarias. En total, estos cuatro sospechosos ajenos a la fuerza concentraron el 44,25% de los fondos desviados.

La justicia también investiga a otros oficiales y agentes civiles de la Armada. Entre ellos, se analiza la situación del capitán de corbeta Roberto Eduardo Castro, quien cobró sueldos en el país de forma simultánea a los haberes que percibía mientras estaba destinado en el exterior, y de su esposa, Luana Magalí Piedigrossi, quien cobraba mientras se encontraba de licencia sin goce de sueldo.

Este jueves, una decena de militares fueron apartados de sus funciones por la trama de corrupción. Aún está abierto un sumario interno que podría derivar en la destitución de los responsables.

En la causa penal, el próximo paso deberá darlo el juez Ramos, quien debe decidir qué medidas de prueba ordena a partir del dictamen del fiscal.

La fiscal porteña Celsa Ramírez le tomó declaración indagatoria este jueves a los influencers libertarios Daniel “Gordo Dan” Parisini y Mariano Pérez, en el marco de una causa por amenazas, incitación a la violencia y discriminación que inició el diputado nacional Esteban Paulón. Otros tres comunicadores oficialistas están citados mañana. Los investigan por acusar al legislador de narco y pedófilo, en una presunta campaña sostenida de agresiones, acusaciones falsas y expresiones intimidatorias vertidas en redes sociales.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Parisini y Pérez se negaron a declarar. Representados por el mismo abogado defensor, los imputados se limitaron a presentar un escrito. Tuvieron que pasar por el registro de antecedentes penales y les tomaron muestras de sus huellas dactilares.

La fiscal especializada en Investigaciones Complejas impuso una orden de alejamiento recíproca, tanto virtual como física. No puede haber contacto personal ni digital entre denunciante y denunciados hasta que concluya el proceso penal.

Este viernes deberá comparecer el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, quien tiene varias causas abiertas, una de ellas en los tribunales de Comodoro Py a partir de que propuso bombardear y esterilizar ciudadanos en el conurbano bonaerense. En agosto había acordado una donación económica a un hospital para cerrar otro expediente por discriminación a la comunidad islámica.

Sarubbi Benítez, además, denunció a la fiscal que lo investiga y pidió su recusación.

Detrás de la indagatoria de Sarubbi Benítez seguirán Pablo Sebastián Pazos, compañero del Gordo Dan en el streaming Carajo, y Nicolás Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei.

Consultado por Infobae, Dan respondió irónico a la citación: “Espero que no sea una persecución a los artistas”, dijo, en referencia al show que dará próximamente en el Teatro Gran Rex.

La causa

El caso se originó a partir de una denuncia efectuada por Paulón, quien además de diputado es activista y referente de organizaciones que defienden los derechos de la diversidad sexual.

Según la presentación, tras asumir su banca legislativa y manifestar su oposición política a la gestión de gobierno actual, comenzó a recibir un volumen inusual de agresiones digitales.

El punto de inflexión ocurrió a mediados de 2025, cuando las descalificaciones se trasladaron desde perfiles anónimos hacia cuentas verificadas con un alcance masivo de usuarios. El 24 de junio de ese año, Pablo Sebastián Pazos publicó en la red social “X” un mensaje que asociaba de forma directa al diputado con la pedofilia, acompañado de la frase “SIDA PARA VOS” y capturas de pantalla sobre el activismo del legislador.

Ante la falta de respuesta a una intimación por carta documento, Paulón expuso públicamente la situación en una sesión de la Cámara de Diputados el 2 de julio último.

Esa misma noche, durante la emisión del programa de streaming “La Misa”, transmitido por el canal Carajo y conducido por Daniel Parisini, los integrantes de la mesa hicieron una reacción en vivo al discurso del diputado.

En dicho espacio, según la denuncia, se reiteraron las acusaciones de pedofilia y se calificó como “abuso infantil” a las políticas públicas de acompañamiento a las infancias trans en las que Paulón participó durante su gestión pública en la provincia de Santa Fe.

La fiscalía de Celsa Ramírez le dio intervención a la Unidad de Cibercrimen del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que a partir de una reconstrucción en redes sociales destacó cuatro publicaciones del Gordo Dan en la plataforma X:

• El 12 de enero de 2024, Parisini comentó una publicación de Paulón con la frase “Vas a correr”.
• El 10 de febrero de 2024, publicó un mensaje sugiriendo de manera pública que el diputado y la legisladora Mónica Fein poseían vínculos con el narcotráfico.
• El 27 de noviembre de 2024, aludió de forma irónica a las denuncias penales en su contra, expresando su voluntad de ir a prisión por unos días.
• El 5 de julio de 2025, emitió un comentario dirigido a una cuenta institucional de diversidad sexual donde asoció la promoción de las identidades trans con la pedofilia y el abuso infantil.

La hipótesis fiscal apunta a que estas expresiones no constituyeron críticas aisladas, sino un ataque coordinado y diseñado para generar el escarnio público de la víctima. La acusación ubicó a los imputados utilizando de forma deliberada estereotipos históricos de estigmatización contra los varones homosexuales, vinculando su orientación sexual con delitos graves y enfermedades de transmisión sexual.

Nicolás Márquez, por ejemplo, posteó a fines del año pasado: “La Diputada @EstebanPaulon siempre publicitando conductas que contagian el VIH”.

El propio Paulón declaró ante la justicia que estas acciones le provocaron un profundo temor por su integridad física y su vida. El legislador explicó que la difusión de estos mensajes ante audiencias que superan los cientos de miles de seguidores estimula a terceras personas a cometer agresiones físicas en la vía pública, bajo la premisa de que se combate a un “ser aberrante”.

De hecho, la causa incorporó como prueba comentarios de usuarios comunes que, en respuesta a los posteos de los denunciados, reclamaban torturas y muertes contra los referentes de la comunidad LGBT.

Informes técnicos

Durante la instrucción de la causa, la fiscalía solicitó la intervención de organismos especializados para evaluar el impacto de la violencia digital en minorías sexuales. La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) presentó un dictamen técnico en el que concluyó que los imputados no reprodujeron prejuicios de forma pasiva, sino que los seleccionaron y amplificaron para construir un “blanco de hostilidad pública” debido a la actividad política del denunciante.

Por su parte, Amnistía Internacional Argentina aportó su perspectiva y recordó que el Estado tiene una obligación reforzada de investigar y proteger a los defensores de derechos humanos cuando son objeto de ataques que buscan inhibir su participación en el debate democrático.

Asimismo, la Fundación Huésped fue admitida en el expediente bajo la figura de amicus curiae (amigo del Tribunal) para exponer sobre el daño que causan los discursos estigmatizantes vinculados al VIH y al sida en la salud pública.

Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner anunciaron que buscarán revisar la condena de la causa Vialidad a partir de nuevas pruebas que, según su criterio, demostrarían que la expresidenta no benefició de manera indebida a Lázaro Báez y el Grupo Austral. De esta manera construirán una estrategia para intentar suspender, al menos momentáneamente, la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El defensor Carlos Alberto Beraldi brindó una conferencia de prensa acompañado de sus pares, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego, quienes además trabajan en el tratamiento del caso ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Durante la conferencia, el equipo legal mostró un informe técnico elaborado por Specs Consultoría. El estudio concluyó que el Grupo Austral recibió apenas el 0,85% de los fondos asignados a un fideicomiso administrado por la Dirección Nacional de Vialidad, establecido por el decreto 54/2009 que firmó la entonces presidenta. Los desembolsos superan los 18.6 millones de dólares.

“El Tribunal Oral Federal que dicta la condena la centra exclusivamente sobre estos fondos, que se llaman fondos del fideicomiso de transportes o SISVIAL, a partir de un decreto que Cristina Kirchner firma (el decreto 54/2009). Y dice el tribunal que ese decreto había sido emitido de forma totalmente irregular y con el exclusivo propósito de proveer de fondos a las obras que habían sido asignadas a Lázaro Báez”, relató el abogado Beraldi.

Los defensores de la exmandataria resaltaron que “el principal destinatario” de esos fondos entre 2009 y 2015 fue IECSA S.A., que “es una empresa del primo del expresidente Mauricio Macri”, el empresario Ángelo Calcaterra.

“A Lázaro Báez se le asignó menos del 1%; es sorprendente para nosotros. (El decreto) Es una norma general que de ninguna manera tenía carácter delictivo. Esto demuestra con un elemento concreto que lo que se había dicho en la sentencia era falso, que se lo quería beneficiar a Báez”, continuó Beraldi.

Según adelantaron los letrados, hay más “pruebas nuevas” sobre las que aún están trabajando, y no develarán por ahora. Todo se presentará ante la ONU, en el plano internacional, y la Cámara Federal de Casación Penal, en los tribunales locales.

Ante el máximo tribunal penal federal tramitará el recurso de revisión, la “prioridad” de los abogados de Fernández de Kirchner, tal como reconocieron. Es que por esa vía es que la expresidenta buscará que suspendan los efectos de su condena, que incluye su privación de la libertad y la inhabilitación política y electoral.

Carlos Beraldi aseguró que “con la mera interposición del recurso de revisión se puede pedir la suspensión de la sentencia. Estamos en condiciones de que un tribunal avance en el análisis de lo que planteamos e incluso pueda suspender los efectos de la condena”.

El objetivo, reconoció el abogado, es “que esta condena caiga, que Cristina recupere la libertad y que reanude su actividad política”.

Tras el anuncio, un magistrado de los tribunales federales de Comodoro Py que intervino en la causa Vialidad señaló a Infobae que esta cuestión no es nueva, sino que ya fue “tratada y rechazada varias veces”. Además, subrayó que el informe se basa en datos nacionales, mientras que en el juicio se debatió solamente la corrupción de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, donde Lázaro Báez se quedó con “cerca del 85% de las obras”.

El origen de las nuevas pruebas

Según relató el equipo que defiende a la expresidenta, empezaron a investigar el porcentaje de fondos que recibió el Grupo Austral a partir de la declaración testimonial de un funcionario de Vialidad propuesto por la fiscalía en el juicio de los cuadernos de las coimas.

El testigo brindó “una explicación sobre una base de datos incorporada a la causa”, para precisar cómo se habían gastado los fondos del fideicomiso entre 2009 y 2018.

“Cuando vimos eso, pedimos esa información ahora explicada públicamente y aclarada por quien la había realizado, e iniciamos una investigación”, contó Beraldi.

Y siguió: “Encontramos que, cuando se hablaba de la utilización de los fondos que se le habían dado a la Dirección Nacional de Vialidad entre 2009 y 2015, por lo que se la había condenado a Cristina, la inversión era enorme, más de 2.000 millones de dólares. Y a Lázaro Báez se le asignó menos del 1%”.

Según el defensor, en su momento habían propuesto hacer una pericia contable para demostrar cómo se habían usado los fondos y determinar si hubo beneficiados, pero el ofrecimiento fue rechazado en todas las instancias, incluida la Corte Suprema de Justicia.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó la medida cautelar que había suspendido durante 60 días la aplicación de la ley nacional 27.801 en la provincia de Buenos Aires, al considerar que un juez no puede dejar sin efecto de manera general una norma sancionada por el Congreso mediante una decisión provisoria.

La resolución dio marcha atrás con la orden de la jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil 2, Marta Pascual, que había dictado en el marco de una acción de hábeas corpus preventivo y colectivo promovida por la Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La cautelar se había limitado a los adolescentes que ya se encontraban privados de libertad en territorio bonaerense. Sin embargo, la presentación también incluía a jóvenes que pudieran ser aprehendidos, sometidos a proceso judicial y eventualmente detenidos bajo el nuevo marco legal.

Los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi sostuvieron que las leyes aprobadas por los mecanismos constitucionales tienen presunción de legitimidad y solo pueden ser neutralizadas mediante una declaración de inconstitucionalidad o de inconvencionalidad en un caso concreto.

Además, ordenaron que la jueza Pascual revise con urgencia su competencia para continuar interviniendo en el hábeas corpus.

El fallo

Según los integrantes de la Sala 1 de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, el control judicial no habilita a suspender preventivamente una ley nacional para todas las personas comprendidas en su alcance.

Afirmaron que la política criminal integra la esfera de reserva del Poder Legislativo. Por ese motivo, los tribunales no pueden examinar la conveniencia o el acierto de las normas aprobadas por el Congreso ni prescindir de su aplicación por considerar que podrían generar resultados injustos o inapropiados.

Asimismo, citaron la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la división de poderes. Señalaron que en fallo “Thomas, Enrique c/ E.N.A. s/ amparo”, vinculado con la ley de medios, el máximo tribunal había advertido que ningún juez argentino posee facultades para suspender una ley con efectos generales, ni siquiera como medida cautelar.

La Cámara entendió que esa clase de decisiones altera el modelo de control de constitucionalidad vigente en Argentina, que opera sobre casos determinados. Una cautelar de alcance general, afirmó, supone atribuirse la potestad de dictar una sentencia definitiva con idénticos efectos, una competencia que la Constitución Nacional no concede a ningún juez o tribunal.

No obstante, aclaró que su decisión no minimiza la situación de los jóvenes detenidos en procesos judiciales bonaerenses. Si una situación concreta agravara sus condiciones de encierro, el juez a cuya disposición se encuentre el adolescente deberá ordenar medidas urgentes dentro del marco legal vigente y requerir a la administración los recursos necesarios para cumplir los estándares constitucionales y convencionales.

La resolución de la Cámara surgió ante la apelación que presentó el Ministerio Público Fiscal, que cuestionó que la suspensión se apoyara en hipótesis sobre eventuales consecuencias futuras de la implementación de la norma, sin acreditar una afectación ilegal o arbitraria concreta respecto de un adolescente determinado.

La polémica por la medida cautelar

La jueza Pascual había fundamentado su decisión en las condiciones materiales, institucionales y profesionales de los dispositivos bonaerenses de privación de libertad.

Consideró que la ley 27.801 amplía el universo de adolescentes punibles al incorporar a jóvenes de 14 y 15 años, eliminar la exclusión de delitos menores y suprimir la aplicación de escalas penales atenuadas.

La magistrada advirtió que el aumento potencial de personas detenidas podía producir una lesión grave e inminente de derechos fundamentales si no existían recursos suficientes para recibirlas.

También sostuvo que no era necesario esperar a que la vulneración se concretara para adoptar una medida de protección.

La decisión de la jueza Pascual había desatado una fuerte polémica, que derivó en una denuncia de la asociación civil Usina de Justicia contra la magistrada por los presuntos delitos de usurpación funcional y abuso de autoridad.

La entidad considera que la suspensión de una ley penal sancionada por el Congreso podría exceder las atribuciones del tribunal y afectar la división de poderes.

Por otro lado, se formalizaron varios pedidos de juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios para procurar su destitución por mal desempeño y abuso de autoridad.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este martes el sobreseimiento de Flavio Luis Nicolás Caputo, Hugo Luis Pascual Caputo y Rosana Pía Caputo, hermanos del ministro de Economía, quien nunca estuvo involucrado en el caso. Los tres estaban imputados en la causa que investigó el presunto financiamiento ilegal a Revolución Federal, la agrupación extremista que protagonizó actos de violencia política poco antes del intento de asesinato de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En una segunda resolución, el mismo magistrado elevó a juicio a Jonathan Ezequiel Morel, Nilda Sabrina Basile, Gastón Ezequiel Ángel Guerra, Leonardo Franco Sosa y Lidia Margarita Casciano, integrantes del grupo antikirchnerista.

Según plasmó Martínez De Giorgi en un fallo de 168 páginas, al que accedió Infobae, la investigación descartó que los pagos realizados por los fideicomisos bajo administración de la firma Caputo Hermanos S.A. hacia el carpintero Jonathan Morel —líder de Revolución Federal— constituyeran una “pantalla” para subvencionar actividades políticas violentas.

En el expediente constan análisis de llamados y mensajes telefónicos, peritajes contables, registros de transporte y la constatación física de las obras. El juez concluyó que los desembolsos correspondieron a transacciones comerciales reales para adquirir muebles que luego se usaron en departamentos en Vaca Muerta, Neuquén, y un salón de usos múltiples en San Vicente, Buenos Aires.

Los primeros encargos

La vinculación entre la familia Caputo y Jonathan Morel comenzó a finales de 2021. Según el expediente, Rosana Caputo, decoradora de interiores y hermana mayor de “Toto”, observó tablones de madera maciza expuestos en la vía pública frente al local de Morel en Boulogne. Al ingresar al comercio, que operaba bajo el nombre de “Dogo Carpintería”, pidió un presupuesto para confeccionar una barra de bar y mesas ratonas destinadas al salón de usos múltiples (SUM) del barrio cerrado Santa Clara al Sur, ubicado en Canning.

La defensa de Flavio Caputo argumentó que recurrieron a Morel porque los proveedores habituales de la empresa constructora manejaban valores muy elevados para ese tipo de trabajos rústicos. Esta versión coincidió con el descargo del propio carpintero en su declaración indagatoria, donde manifestó que abrió su negocio a mediados de 2021 tras aprender el oficio mediante tutoriales en YouTube.

La policía constató la veracidad de esta primera aproximación al hallar en el taller de Boulogne carpetas con órdenes de trabajo manuscritas. En uno de los anotadores confiscados figuró un registro del 17 de diciembre de 2021 a nombre de “Rossana Mendez” —apellido de casada de la decoradora— que detallaba el diseño a mano alzada de una mesa ratona por un valor de 29.000 pesos. Pocos días después, el 28 de diciembre, Morel emitió seis facturas consecutivas al Fideicomiso Santa Clara al Sur por montos de entre 26.000 y 30.000 pesos, sumando un total de 176.000 pesos que coincidieron con los registros de pago de la constructora.

El proyecto “Espacio Añelo” en Vaca Muerta

El núcleo de la sospecha de la querella, representada por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, se centró en el segundo y más voluminoso contrato: el amoblamiento del edificio “Espacio Añelo”. Se trata de un complejo de 60 departamentos modulares construido con el sistema industrializado Steel Frame por la empresa Idero SRL en su planta de Moreno, Buenos Aires, y ensamblado posteriormente en la provincia de Neuquén para albergar a operarios de la industria petrolera.

Los abogados de la expresidenta calificaron como “inverosímil” y una “coartada” que una de las desarrolladoras inmobiliarias más importantes del país contratara a un taller pequeño, sin capacidad industrial y ubicado a más de 1.200 kilómetros de la obra, para fabricar 144 mesas de luz, 144 respaldos de cama, 60 mesas ratonas, cajoneras y barras desayunadoras.

Sin embargo, el juez Martínez De Giorgi verificó que el edificio existe y se encuentra completamente equipado con ese mobiliario.

El 11 de noviembre de 2022, la Policía de Seguridad Aeroportuaria realizó una inspección ocular en Añelo y constató que las unidades funcionales poseían los muebles detallados en los remitos de entrega. El arquitecto Emanuel Dahir, jefe de obra de Idero SRL y ajeno a las firmas investigadas, declaró que recibió los camiones con los muebles provenientes de Buenos Aires y coordinó con Morel y tres colaboradores la instalación y el montaje en los departamentos durante una semana de trabajo en agosto de 2022.

Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que la carpintería de Morel era una “pantalla comercial” para justificar su financiamiento. Ahora la Justicia desestimó esa hipótesis.

La querella vinculó cronológicamente los desembolsos de dinero con las manifestaciones de Revolución Federal en la vía pública. Y destacó que los pagos cesaron de manera inmediata una vez que la agrupación dejó de actuar y se disolvió, puntualmente tras el intento de magnicidio, según insistieron los abogados de CFK.

En cambio, el juez Martínez De Giorgi entendió que los pagos coinciden con el avance lógico de la obra. Las tratativas comerciales y la búsqueda de presupuestos por parte de la constructora comenzaron en abril de 2022, justo antes de que la agrupación política fuera creada formalmente en las redes sociales el 11 de mayo de ese año.

La resolución remarcó que no se hallaron mensajes, testimonios ni documentos que demuestren que los hermanos Caputo conocieran la militancia de Morel antes de contratarlo, ni que el destino de las ganancias comerciales del carpintero fuera coordinado por la empresa desarrolladora. Al no comprobarse un nexo causal entre los pagos por los muebles y las acciones delictivas por las que la agrupación irá a juicio, el magistrado se volcó por el sobreseimiento de los hermanos Caputo.

Denuncia ante el ARCA

El análisis de los celulares secuestrados aportó claridad sobre la modalidad de facturación y la tercerización de las tareas. Morel admitió en su indagatoria que, debido a la envergadura del encargo, no podía hacerlo solo y, por eso, actuó como un “coordinador comercial”. Subcontrató la herrería de las patas de las mesas, las banquetas y la fabricación de los muebles de melamina a distintos proveedores.

Los mensajes de WhatsApp revelaron que Morel y su entorno diseñaron una estrategia para evitar superar los límites de facturación del régimen simplificado de pequeños contribuyentes y no pasar a la categoría de Responsable Inscripto ante la entonces AFIP. Su contadora le advirtió por chat que tenía un tope de acumulación anual para no perder el monotributo.

Para sortear este obstáculo impositivo, Morel solicitó a su socia Ailen Vallero y a su expareja Evelyn Balboa que se inscribieran de forma exprés en el monotributo en mayo y junio de 2022. De este modo, cada una emitió una factura de 2.500.000 pesos a nombre del Fideicomiso Espacio Añelo por supuestos servicios de carpintería, dividiendo el cobro de los fondos que en realidad gestionaba el líder de Revolución Federal.

En una escucha telefónica del 13 de octubre de 2022, Morel le explicó a una allegada que utilizó las cuentas de sus conocidas “por un tema impositivo” porque no quería facturar todo bajo su nombre.

Otro de los cuestionamientos de la querella apuntó a que el traslado de los muebles se realizó de manera informal para no dejar registros en la empresa de transporte habitual del Grupo Caputo. No obstante, los testimonios de los transportistas aclararon la situación. El carpintero Javier Aris declaró que él mismo le recomendó a Rosana Caputo contratar un flete con furgón cerrado y caja térmica porque las piezas de melamina son delicadas y “si llovía durante el viaje, podría deteriorarse la mercadería”.

Por tal motivo, Morel contrató de forma particular a una firma radicada en Boulogne, que cobró 467.060 pesos mediante una transferencia bancaria directa del Fideicomiso Espacio Añelo. En paralelo, una empresa de logística realizó otro viaje para trasladar 144 colchones y sommiers de una firma también subcontratada por el líder de Revolución Federal.

Aunque el juez Martínez De Giorgi descartó la existencia de un delito penal de financiamiento ilegal, la investigación expuso una presunta evasión tributaria. El cruce de datos reveló que el edificio de Añelo recibió 144 juegos de sommiers y colchones de Dormipol, pero la fábrica solo facturó formalmente 44 unidades por un total de 1.869.611 pesos.

La diferencia de más de 3.3 millones de pesos no declarada coincidió de manera casi exacta con dos facturas emitidas por María Isabel Said por un total de 3.450.393 pesos en concepto de sommiers, banquetas y sillas. Las tareas de campo de la policía determinaron que Said no posee una fábrica de muebles, sino que es titular de un pequeño kiosco habilitado en Boulogne, a una cuadra de la carpintería de Morel, y mantiene un vínculo de amistad en redes sociales con las monotributistas del entorno del carpintero.

La resolución judicial concluyó que Said facilitó su CUIT a Morel para ocultar el verdadero volumen de ventas de Dormipol y evitar que el joven perdiera su categoría fiscal. Ante la presunción de una maniobra de evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el magistrado ordenó extraer testimonios del expediente y remitirlos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para que inicie el correspondiente proceso de fiscalización y determinación de deuda impositiva sobre Morel, Said y la firma Dormipol SA.

El choque de peritajes sobre los precios de mercado

La fiscalía intentó determinar si existieron sobreprecios en la contratación de Morel a través de un estudio comparativo. El Tribunal de Tasaciones de la Nación estimó que el valor de mercado de los bienes instalados en Añelo oscilaba entre un mínimo de 11.798.146 pesos (sin IVA) y un máximo de 15.511.174 pesos (con IVA).

Frente a esto, el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales dictaminó que el informe del Tribunal de Tasaciones no resultaba adecuado para establecer una comparación válida con el trabajo de Morel.

Los peritos contables argumentaron que el tribunal tasó productos terminados adquiridos al contado en comercios con stock disponible, mientras que la operación investigada consistió en una fabricación artesanal a medida que demandó más de un año de desarrollo, incluyendo acopio de materia prima, embalaje, traslado e instalación en obra.

El informe pericial concluyó que, debido a las variables macroeconómicas, la inflación y la fluctuación de los costos de los insumos, es técnicamente imposible realizar una reconstrucción objetiva de los valores de aquella época, por lo que cualquier tasación actual resulta “meramente conjetural”.

La voz atribuida a Diego Spagnuolo no es la única que aparece en los 58 audios que está peritando la Gendarmería Nacional, en el marco de la causa ANDIS. En algunos fragmentos se escucha a otras personas, que podrían ser los interlocutores en las conversaciones donde el exfuncionario libertario habría confesado que le estaban “desfalcando la Agencia” y que existiría un circuito de coimas entre droguerías, proveedores y el Gobierno.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, los peritos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería examinaron apenas ocho archivos del total almacenado en el pendrive Kingston DataTraveler G4 que entregó a la Justicia el periodista Mauro Federico, quien los sacó a la luz. Son aquellos de mayor duración temporal.

Las defensas de Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina tienen a sus propios peritos de parte participando del peritaje. Lo mismo ocurre con el fiscal Franco Picardi, quien designó a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Con los avances de las últimas semanas en el peritaje, los forenses detectaron cortes sobre algunos audios, orientados a eliminar al interlocutor de la charla y dejar solamente la voz de quien sería Spagnuolo. Pero parte de archivos no se “limpiaron” minuciosamente al editarlos y hay fragmentos con otras voces que no son la del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, según coinciden distintas fuentes consultadas por este medio.

El hallazgo es de carácter preliminar, y puede ser controvertido por la opinión que tengan los distintos peritos. No se trata de conclusiones cerradas ni plasmadas en algún dictamen oficial que se haya incorporado al expediente.

De hecho, los forenses de Gendarmería aún transitan la primera etapa del estudio, que se enfoca en determinar si es posible cotejar las grabaciones con una muestra indubitable de la voz de Diego Spagnuolo.

Luego pasarán a analizar los metadatos de los archivos y en una tercera fase llegará el análisis científico del contenido. Recién entonces se dedicarán a constatar posibles interlocutores o potenciales recreaciones con inteligencia artificial.

No obstante, a partir de este dato ya se abrieron nuevos interrogantes. ¿Hay más grabaciones con otras voces? ¿Puede el peritaje identificar a él o los confidentes de Diego Spagnuolo? Una respuesta afirmativa a esas preguntas —que ya se hace más de uno en los tribunales de Comodoro Py— podría tener repercusiones hasta ahora insospechadas para el caso.

Tal vez tenga algo para decir al respecto en su declaración testimonial la abogada boliviana Nadia Beller, sobreviviente al intento de asesinato por encargo por el que está preso el consultor Fernando Cerimedo, su expareja, quien ya declaró como testigo en la causa ANDIS. El asesor en comunicación, por entonces allegado al ecosistema libertario, dijo bajo juramento en aquella oportunidad que había escuchado de parte de Spagnuolo lo mismo que se conoció a partir de los audios.

Ahora será Beller la que declarará como testigo. Lo ordenó el juez a pedido de Picardi, quien solicitó que comparezca por medios digitales, con colaboración de los fiscales del país vecino. La mujer afirmó tener información sobre la filtración de los audios y la corrupción en el área de Discapacidad.

La Fiscalía General de Bolivia propuso que la citación se lleve adelante el 23 de septiembre. Todo indica que esa será la fecha en la que cuente ante los tribunales argentinos lo que sabe.

Más hallazgos

El cotejo de los audios será determinante para esclarecer si el que habla es realmente Diego Spagnuolo. Pero el exfuncionario libertario está negado a colaborar —en rigor, tampoco está obligado—, aunque así lo dispuso el juez Ariel Lijo. A través de su defensa, planteó que esto podría violar su derecho a no autoincriminarse. Esto lo llevó a pedir la nulidad de la pericia. Intentó suspender el estudio dos veces, por ahora sin éxito.

Otro indicio preliminar que surgió del laboratorio de Gendarmería apunta a que algunos archivos podrían ser “varios recortes de distintas conversaciones”. Algo así como un rompecabezas de escuchas con piezas unidas “para que parezca una sola frase”, según indicó una fuente del caso.

De verificarse la falsedad u origen clandestino de los audios —por ejemplo, que sean escuchas ilegales—, las defensas buscarán hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita. Así lo reclamaron antes del peritaje en distintas instancias.

La fiscalía no usó las grabaciones de Spagnuolo como prueba para acusar a las 19 personas que hoy están procesadas. En cambio, el fiscal Picardi se apoyó en “pruebas independientes e incluso anteriores” a los audios, según consta en el expediente. En contrapartida, los principales acusados sostienen que son la piedra angular del caso.

La justicia federal se hará cargo de la causa contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular del CEAMSE, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente, que se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, quedó radicado en el Juzgado Federal N° 4, a cargo del magistrado Ariel Lijo, luego de que se resolviera un conflicto de competencia entre los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires y Comodoro Py.

La denuncia data del 7 de abril de 2026 y señala al dirigente deportivo por un supuesto incremento patrimonial injustificado del 1000% en ocho años. En aquella fecha, Tofoni presentó una de las tantas denuncias que impulsó contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que su empresa, World Eleven, perdiera el contrato que tenía la entidad deportiva para organizar y comercializar los partidos amistosos de la Selección Argentina.

Inicialmente, las actuaciones recayeron en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 de la Ciudad. El denunciante argumentó que ese fuero era el adecuado porque el dirigente desempeñó gran parte de sus funciones públicas bajo la órbita de la administración porteña.

Sucede que Tapia llegó al directorio del CEAMSE como vicepresidente en el año 2015, por impulso del Gobierno porteño. Recién en 2024, bajo el ala del gobernador Axel Kicillof, asumió como titular de la empresa pública que gestiona los residuos del AMBA.

No obstante, el Juzgado N° 28 porteño se declaró incompetente y remitió el expediente a los tribunales federales de Comodoro Py.

La causa fue asignada al Juzgado Federal N° 4. En un primer momento, el fiscal Gerardo Pollicita se opuso a recibir el caso y solicitó que las actuaciones regresaran a la justicia local. Pese a este planteo, el juez Lijo aceptó la competencia.

La Fiscalía General, a cargo de José Luis Agüero Iturbe, desistió del recurso de apelación contra esa última decisión al considerar que los hechos investigados exceden “la esfera de la administración pública local”, lo que requirió la intervención de la justicia federal. La Sala II de la Cámara Federal porteña, con la firma del juez Eduardo Farah, convalidó este desistimiento este martes y dejó firme la intervención del juzgado de Lijo.

La causa

La denuncia por enriquecimiento ilícito se vincula directamente con el rol de Tapia como funcionario público, y no por su cargo en la AFA.

Tras conocer la novedad sobre el destino de la causa, desde el entorno del “Chiqui” aseguraron que “todo lo que indica la denuncia es falso”. Además, indicaron que “Tofoni es un denunciador serial que ha perdido todas y cada una de las causas que ha iniciado. Es falso, no hay delito y la causa será archivada. Habrá una nueva acción civil por daño al honor y penal por falsa denuncia”.

El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional que gestiona los residuos sólidos urbanos del AMBA y administra el peaje del Camino del Buen Ayre. Según consta en la denuncia del empresario Tofoni, “Chiqui” Tapia declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144, con una dedicación de 15 horas semanales.

La denuncia penal se basó en un análisis comparativo de las declaraciones juradas presentadas por el dirigente entre los años 2017 y 2025. De acuerdo con la presentación de Tofoni, el patrimonio de Tapia experimentó una evolución que no se condice con sus ingresos registrados.

En 2017, el presidente de la AFA declaró un patrimonio compuesto por cuatro propiedades con una valuación fiscal total de $17 millones, un solo vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones (equivalentes a unos 43.000 dólares de la época).

El primer incremento significativo ocurrió en 2019, año en el que incorporó cuatro inmuebles en zonas de alta valuación: una casa de 315 metros cuadrados en Beccar (San Isidro), un departamento de 291 metros cuadrados en Caballito (CABA), una propiedad en Cardales (Ingeniero Maschwitz) y un terreno de 2.430 metros cuadrados en Campana.

Para el año 2024, la declaración jurada de Tapia reflejó depósitos bancarios por más de $1.002 millones, dinero en efectivo por $39 millones y 246.206 dólares en cajas de ahorro, totalizando una liquidez cercana al millón de dólares, siempre según la denuncia. Este crecimiento representa un aumento real del 1.000% en comparación con 2017, cifra que superaría los índices inflacionarios y los ingresos declarados.

Tofoni señaló en un párrafo aparte la declaración jurada presentada el 10 de julio de 2025. En ese documento, Tapia consignó tener “cero pesos” en efectivo y “cero depósitos” bancarios. Sin embargo, en la misma presentación reportó haber percibido $130 millones en concepto de rendimientos financieros, tales como intereses de plazos fijos y diferencias de cambio, lo que a criterio del denunciante denota la existencia de un capital previo que no fue detallado.

En cuanto a sus ingresos, el dirigente declaró tres fuentes principales en 2025:

• CEAMSE: $100.233.144 anuales.
• CONMEBOL: $718.536.500 anuales (unos $60 millones mensuales) en su carácter de vicepresidente segundo.
• AFA: Desempeño ad honorem (sin remuneración) por 15 horas semanales.

El total de ingresos declarados superaría así los $818 millones al año, a los que se sumaron $44 millones por la venta de un vehículo, $30 millones en viáticos de la AFA y los $130 millones de intereses financieros. La denuncia señala que los honorarios de la CONMEBOL no estaban acreditados como ingresos estables antes de 2025, por lo que no justificarían las adquisiciones inmobiliarias de 2019.

La presentación judicial también advierte sobre presuntas falsedades en los valores fiscales de los inmuebles declarados. Por ejemplo, la casa de Beccar figura con una valuación fiscal de $15 millones, cuando su valor de mercado rondaría el millón de dólares.

Asimismo, se detectaron discrepancias físicas y registrales. Una propiedad en Exaltación de la Cruz, declarada originalmente en 2006 con una superficie de 230 metros cuadrados, figura en los registros catastrales de la Provincia de Buenos Aires con una extensión de 6.100 metros cuadrados, incluyendo una piscina y una cancha de fútbol. Por otra parte, dos inmuebles ubicados en la provincia de San Juan registraron una disminución en sus valores fiscales en lugar de actualizarse, y pasaron de ser declarados como “bienes propios” a “bienes gananciales” en la última presentación.

La denuncia sugiere además la existencia de bienes no declarados, tales como propiedades en Miami, vehículos, relojes de lujo y el uso de embarcaciones y aeronaves privadas a través de diversas sociedades extranjeras.

La militante kirchnerista María Soledad Calle reconoció este martes en los tribunales que compró el departamento vecino al de Cristina Fernández de Kirchner, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. En un escrito presentado ante el juez federal Julián Ercolini, la exempleada de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) explicó cómo y para qué adquirió la propiedad ubicada en San José 1111, además de aportar otras precisiones para defenderse en la causa por presunta administración fraudulenta de fondos del sindicato.

A través de una presentación judicial de carácter aclaratorio firmada por su abogado, Pablo Slonimsqui, Calle dio su versión sobre la compra de autos, los viajes al exterior que hizo en los últimos años y la constitución de la sociedad Grupo Vértice Global S.A.

La militante de La Cámpora había negado públicamente la compra. “No compré nada. Es una disputa sindical y de poder. No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM. Me eligieron como blanco y me están haciendo pedazos la vida”, le dijo a La Nación, diario que reveló las gestiones inmobiliarias.

De acuerdo con el documento presentado en el expediente, Calle aclaró que la adquisición del primer piso de San José 1111 fue “realizada con recursos propios y tuvo como proyecto su afectación a un espacio destinado a una fundación de estudios para el desarrollo argentino”.

La compra se concretó por unos USD 189.000 el 20 de agosto de 2025, según se desprede de distintos registros.

Sin embargo, ahora la defensa argumentó que la transacción se habría realizado antes de la constitución de USEM S.A. -empresa creada por la militante- y de la firma del contrato de locación de servicios entre esa compañía y la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA), es decir previo al 27 de febrero de 2023.

La aclaración busca desvincular esa parte de su patrimonio de los fondos derivados del convenio suscripto entre el sindicato metalúrgico y la sociedad anónima.

Precisamente, la investigación que lleva adelante el juez Ercolini apunta a esclarecer si ese contrato generó un perjuicio para la institución, su obra social OSUOMRA y sus afiliados al ceder el control financiero y la administración de los aportes de los trabajadores a USEM S.A., que percibía una comisión del 0,5% en concepto de honorarios. Esto equivaldría a unos 100 millones de pesos, según la denuncia iniciada por un sector opositor del gremio encabezado por Ángel Derosso.

Abel Furlán, extitular del sindicato, también se presentó en las últimas horas en el Juzgado Federal N° 12 para solicitar su sobreseimiento. Tanto su defensa como la de Calle sostienen que no existió una cesión del control de los fondos sindicales a USEM, sino “solo la gestión bancaria” de los mismos.

Los planteos defensivos apuntan a que el servicio contratado fue efectivamente prestado y que las decisiones fueron tomadas por los órganos internos de la UOM, como el Consejo Directivo, el Secretariado Nacional y el Congreso Nacional de Delegados.

A María Soledad Calle se la señaló, en particular, por desempeñarse en simultáneo como empleada en relación de dependencia de la UOM —en el área de relaciones internacionales— y, al mismo tiempo, tener una participación societaria como directora de USEM S.A., la firma contratada por el sindicato. Su defensa niega que haya existido una “autocontratación”. A eso se suman las presuntas irregularidades patrimoniales.

Vehículos y sociedades bajo la lupa

En su defensa, la militante y empresaria aclaró en su escrito que su vehículo personal es una camioneta Peugeot 3008, adquirida en 2023. Para concretar esa compra, alegó haber vendido dos autos que ya formaban parte de su patrimonio: una Nissan Kicks y un Toyota Etios.

Respecto del BMW M135 xDrive que aparece a su nombre, aclaró que no lo compró ella, sino su pareja, quien compartió con ella la titularidad registral.

“Esta modalidad se corresponde con la organización habitual de la familia, dentro de la cual ambos se encuentran autorizados a conducir los vehículos familiares”, planteó el abogado de Calle, quien remarcó la necesidad de despejar “cualquier insinuación sobre un incremento patrimonial carente de explicación”.

Asimismo, el descargo de María Soledad Calle sumó información sobre la constitución de Grupo Vértice Global S.A., creada el 14 de julio de 2025 por Calle y su pareja.

La defensa definió a esta empresa como un proyecto estrictamente familiar y privado, ajeno a la actividad de la UOM y de USEM. El escrito puntualizó que el capital inicial se integró con ahorros personales y que la firma no registró movimientos comerciales, facturación ni actividad efectiva desde su fundación, lo cual consta en sus balances y declaraciones impositivas. De esta manera, la defensa buscó desvincular a esta sociedad de recursos provenientes del sindicato o de la contratación cuestionada.

Calle y la UOM

En la causa se denunciaron 114 viajes internacionales que habría realizado María Soledad Calle entre 2010 y 2026. La investigación apunta a determinar cuáles se realizaron por motivos laborales y cuáles con fines personales.

La militante ingresó a trabajar en el sindicato en abril de 2021. Sus tareas se concentraron en el área de relaciones internacionales, representando a la entidad en IndustriALL Global Union, una federación sindical internacional con sede en Ginebra. En ese ámbito, relató su abogado, resultó electa miembro del Comité Ejecutivo para América Latina y el Caribe y asumió la presidencia del Comité Global de Empresas Multinacionales.

“La enumeración mediática de una cantidad falsa y descontextualizada de viajes corresponde a los desplazamientos internacionales vinculados con congresos, reuniones y actividades de IndustriALL Global Union en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades”, sostuvo el defensor Pablo Slonimsqui en su escrito.

Finalmente, la presentación negó que su desvinculación laboral de la UOM -fue despedida en junio de este año- se hubiera producido por una supuesta incompatibilidad de funciones detectada por el interventor del sindicato, Alberto Biglieri. La defensa aseguró que se trató de un despido sin causa, como el de otros empleados, y que incluso se concretó la indemnización correspondiente.

El juez Ercolini, con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, trabaja sobre una batería de medidas ordenadas a fines de la semana pasada.

El magistrado, que subroga el Juzgado Federal N° 12, pidió informes al Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires sobre el departamento del primer piso de San José 1111.

También requirió a ARCA que informe si Calle trabaja o trabajó en relación de dependencia para UOMRA y que detalle sus remuneraciones y declaraciones juradas, en caso de que las haya presentado.

La investigación también avanzará sobre declaraciones juradas, actividades, domicilios, facturación, compras y ventas de USEM S.A.

El juez requirió además detalles sobre la propiedad del Peugeot 3008 y el BMW M135 xDrive, así como los datos migratorios de Calle desde 2022.

La trama detrás de las inconsistencias en los registros de los tribunales federales de Rosario dio un giro en las últimas horas, a partir de una auditoría ordenada por la Cámara Federal de esa jurisdicción para saber por qué dos juzgados de la ciudad santafesina reportaban 8.502 causas abiertas, mientras que los fiscales apenas contaban 1.180 expedientes en trámite. La discrepancia abrió sospechas que oscilan entre irregularidades administrativas y “cajoneo” de casos que se empezaron a investigar hasta seis años después de que fuera radicada la denuncia.

Con los primeros avances de la auditoría, la discrepancia entre los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 de Rosario y el Ministerio Público ahora se redujo de más de 7.000 a 1.266, según supo Infobae de fuentes judiciales. Todas son causas del sistema residual, previas a la implementación del código acusatorio.

Este lunes, la Cámara dictó la Acordada N° 138/2026 para profundizar las averiguaciones internas y se está preparando la conformación de un equipo que revisará una por una todas las causas. Ambos juzgados auditados están a cargo del juez Carlos Vera Barros, quien subroga el segundo de estos asientos desde que renunció Marcelo Bailaque, acusado por múltiples delitos de corrupción.

Las estadísticas de los expedientes son responsabilidad de los secretarios judiciales, “jefes administrativos” de cada dependencia y segundos funcionarios en la línea de mando detrás del juez.

A partir de la auditoría iniciada por la Cámara de Rosario el miércoles, tal como anticipó Infobae, los cinco secretarios que tienen estos dos juzgados corrigieron las cifras elevadas al tribunal superior e indicaron que tienen 2.360 expedientes abiertos, y no más de 8.500, como habían informado en sus reportes semestrales.

“Se sinceraron”, le explicó a este medio una fuente judicial que participa de la auditoría. El miércoles les habían dado 48 horas para revisar sus números.

En los tribunales rosarinos advertían que las secretarías de los juzgados habrían “inflado” el volumen de causas para mostrar un ritmo de trabajo mayor al que realmente tienen. El objetivo: no perder recursos ni empleados a partir de la implementación del sistema acusatorio, que reduce sus tareas.

Para justificar semejante corrección, los secretarios alegaron diversos fallos de registro en el sistema informático Lex 100, con el que trabaja todo el Poder Judicial. Explicaron que existían expedientes archivados, sobreseídos, elevados a juicio oral o derivados por incompetencia que continuaban figurando erróneamente como activos.

Por su parte, el Ministerio Público -con intervención de la Procuración General- actualizó su cifra final a 1.094 causas en trámite, menos de un centenar por debajo de lo advertido inicialmente. Esto quiere decir que persiste una diferencia de 1.266 casos que están en los juzgados, pero no aparecen en el sistema que usan los fiscales.

En el marco de la auditoría, los secretarios judiciales señalaron que la diferencia remanente con el Ministerio Público Fiscal se debe a que el organismo acusador no interviene en ciertos procesos, tales como demandas contenciosas, exhortos, hábeas corpus o expedientes de la ley penal cambiaria. Esa versión será verificada por la Cámara.

La controversia comenzó a gestarse a fines de julio último, cuando el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pineda, inició conversaciones con el fiscal general coordinador del Distrito Rosario, Matías Felipe Scilabra, para cotejar la información del primer semestre.

De ese intercambio preliminar surgieron las primeras discrepancias, confirmadas luego por otros fiscales rosarinos que se negaron a recibir en pleno 2026 casos cuyas denuncias se habían radicado hace tres, cuatro y hasta seis años.

En los Juzgados N° 3 y N° 4 sostienen que, si se “cajonearon” o paralizaron algunas causas —las razones serán motivo de investigación—, estas son una porción minoritaria de las 1.266 controvertidas con los fiscales.

“Las causas que no estaban registradas y no se movieron durante años no deben llegar a 100, pero no son menos de 10”, estimó un funcionario judicial consultado por el posible congelamiento de denuncias. La misma fuente admitió que hay casos de trata de personas y narcotráfico a mediana escala que estuvieron frenados y recién ahora se reactivaron.

“Las diferencias siguen siendo grandes. Se va a hacer un cotejo una por una de todas las causas, las que están vigentes y las que ‘se dieron de baja’, para ver si efectivamente son causas que estaban terminadas y que las habían asentado incorrectamente como causas en trámite”, le adelantó a Infobae un alto funcionario que interviene en la auditoría de la Cámara Federal de Rosario.

A partir de hoy, el tribunal superior ordenó a los secretarios de los Juzgados N° 3 y N° 4 remitir, en un plazo de 72 horas, un listado detallado en formato Excel con cada causa activa, su número de registro y su estado procesal. Asimismo, les otorgó un plazo de diez días hábiles para entregar el detalle de todos los expedientes que fueron regularizados y eliminados de las estadísticas vigentes.

Una vez recibida esta documentación, un equipo de la Cámara Federal llevará a cabo un cotejo individualizado de cada caso frente a los registros de las fiscalías.

La acordada de este lunes lleva la firma de las juezas Silvina María Andalaf Casiello y Élida Isabel Vidal. El magistrado Aníbal Pineda también prestó acuerdo, aunque no signó la resolución por encontrarse fuera de la provincia.

Lo apodaron “El Señor de los Anillos” por sus manos cargadas de adornos e Infobae contó, días atrás, su exoneración del Senado por suplantar la identidad del ex legislador kirchnerista Marcelo Fuentes para reclamar favores. Ahora, este medio corroboró un historial aún más frondoso: el expulsado Alejandro Actis traicionó la confianza de un trabajador con discapacidad para pedirse un préstamo por casi cuatro millones de pesos e, incluso, se hizo pasar por el asesor presidencial Eduardo “Lule” Menem para reclamar la categoría A-1, la más alta del Congreso.

“Tenía fantasías en, al menos, tres o cuatro dedos de cada mano. Así nació la fama de ‘señor de los anillos’”, relataron a Infobae desde la Cámara alta. Otra persona sumó: “Aparecía como seguridad en un despacho y después lo rajaron de ahí. Como ahora ya no se puede más estar en la categoría ‘sin destino’, terminó en ordenanza. Empezó a ser cafetero en el turno mañana y cumplía horario. Parecía afable”.

La interacción por diversos pasillos llevó a Actis a entablar diálogo con diferentes colegas, hasta que se le ocurrió la peor idea: convenció a una persona con discapacidad -ya van varias administraciones que cumplen con la ley 22.431, de protección integral- para utilizar su celular, según confiaron fuentes al tanto de lo ocurrido, e ingresó en la aplicación del Banco Nación para activar un préstamo por $3.900.000. Al involucrado no le dio para tanto: los cuantiosos pesos fueron direccionados hacia una cuenta personal. Con intereses, ahora debe cerca de cinco millones de pesos. Más las respectivas respuestas a la víctima y a la Justicia.

Por otra parte, la ambición descontrolada y el cinismo de Actis produjeron una penosa situación que empujó, junto a la anterior, el fin de su estadía en el Senado, al comunicarse de manera directa con el entonces secretario administrativo -quien maneja la caja- Emilio Viramonte Olmos, que estuvo nada menos que 15 días en dicho cargo, para solicitar la categoría A-1. Lo hizo nada menos que en nombre de Menem, subsecretario de Gestión Institucional del Ejecutivo y mano derecha de Karina Milei, conocido de la “Casa” por ser agente de la misma antes de aterrizar en Balcarce 50.

Suplantación de identidad

El ocaso definitivo de Actis en la Cámara alta comenzó cuando Fuentes (Neuquén) se enteró de que alguien estaba haciéndose pasar por él para pedir favores. No fue difícil señalar al sospechoso: los beneficios requeridos a distintos legisladores -y sus respectivos jefes de oficinas- siempre eran para el “señor de los anillos”.

Fuentes denunció ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Senado que sus entonces colegas Fernando Aldo Salino (San Luis), Jesús Fernando Rejal (La Rioja), Lucila Crexell (Neuquén), Carolina Losada (Santa Fe) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) habían sido contactados por un impostor. Luego, aparecieron más situaciones similares: Carmen Álvarez Rivero (Córdoba) y la jefa de despacho de Mariano Recalde (Ciudad de Buenos Aires) también advirtieron haber recibido mensajes y llamados de alguien que dijo ser Fuentes y pretendía guiños varios para Actis.

Tras ordenar un sumario administrativo “a efectos de investigar los hechos denunciados y deslindar las eventuales responsabilidades administrativas en torno a los mismos”, el Senado fue contra Actis y activó un proceso en los tribunales federales de Retiro.

Su causa tramita ante el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, quien delegó la pesquisa en el fiscal Gerardo Pollicita. Infobae supo de fuentes judiciales que la fiscalía tiene en marcha una serie de medidas de prueba. Les están tomando declaración testimonial a todos los senadores involucrados. Por su condición de legisladores, tienen la posibilidad de responder las preguntas de la Justicia por escrito.

La Gendarmería Nacional avanzó en los últimos días con el peritaje de los audios atribuidos al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se menciona un presunto circuito de coimas entre el organismo, las droguerías y la cúpula de la Casa Rosada. Al menos uno de los archivos analizados tiene cortes y ediciones, según se desprende de un hallazgo preliminar al que arribaron los especialistas, indicaron a Infobae fuentes con acceso a los pormenores del estudio.

Los peritos oficiales son expertos de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería. Las defensas de Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina designaron sus propios peritos de parte. Lo propio hizo el fiscal Franco Picardi, quien convocó a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

En los laboratorios del edificio Centinela, el pasado 26 de agosto comenzó el análisis de 58 archivos de audio almacenados en un pendrive Kingston DataTraveler G4. El dispositivo fue aportado por el periodista Mauro Federico cuando declaró como testigo, luego de revelar las grabaciones reputadas al entonces director de la ANDIS en su programa de streaming.

De esas 58 grabaciones, la gran mayoría aún no pasó por el lente de los especialistas. Los peritos se reúnen semanalmente todos los miércoles, por lo que de momento avanzaron sobre un puñado de los audios cuyo origen y veracidad busca esclarecer la pericia.

Fuentes con conocimiento de lo que pasa dentro del laboratorio confirmaron a este medio que uno de los archivos “de mayor duración temporal” que hay en el pendrive tiene signos de “cortes y ediciones”. La conclusión aún no está plasmada en un dictamen o informe oficial, dado el estado embrionario del estudio forense.

Esto era algo que podía inferirse a partir del contenido difundido. En los audios no se escucha otra voz que la de Spagnuolo. Sugieren ser conversaciones recortadas adrede para no exponer a los interlocutores de quien sería el entonces funcionario libertario. Lo que sí se oye, en algunos fragmentos, son sonidos de vajilla y otras charlas ininteligibles a lo lejos, como si el intercambio estuviera ocurriendo en algún establecimiento gastronómico.

En el expediente hay un informe privado que presentó en diciembre la defensa de Diego Spagnuolo, en el que una empresa española especializada en la materia detectó 18 microcortes de audio y arrojó una estimación de probabilidad del 65% sobre la existencia de voz creada con inteligencia artificial.

A diferencia de la fiscalía, que no usó los audios para acusar a las 19 personas que hoy están procesadas, las defensas sostienen que este material dio inicio al caso. De verificarse su origen clandestino -por ejemplo, que sean escuchas ilegales-, buscarán hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

El fiscal Picardi defendió en distintas instancias que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a los audios, razonamiento con el que hasta ahora mantuvo a salvo la investigación.

Spagnuolo pidió suspender el peritaje

Esta semana, el exdirector de ANDIS presentó un escrito en el que pidió que se suspenda el peritaje. Es la segunda vez que hace un planteo del estilo.

A través de sus abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, Spagnuolo alegó que los archivos del pendrive “no fueron entregados a las defensas” y que “su contenido no se encuentra incluido en el expediente y/o en sus legajos/incidentes”. El acusado esperaba que se perite lo que se emitió por YouTube en el canal de streaming del periodista Mauro Federico, y no el material en crudo.

La defensa enfatizó que “no existe constancia alguna” de que las grabaciones publicadas en los medios coincidan con el bloque de 58 archivos hallados en el dispositivo bajo análisis.

Al cierre de este artículo, el juez federal Ariel Lijo no había resuelto el planteo de Spagnuolo.

Antes, el exfuncionario ya había reclamado frenar la pericia hasta tanto se defina si la Justicia podía citarlo o no para que aporte una muestra de su voz, para cotejarla con los audios. Según planteó, su colaboración podría ser autoincriminante.

Esa avanzada contra el peritaje fue rechazada por Lijo, pero fue apelada ante la Cámara Federal porteña. La Sala II del tribunal superior tiene bajo estudio este incidente y, en paralelo, está revisando los procesamientos de Spagnuolo y sus presuntos cómplices.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que la causa por el supuesto falso testimonio del financista Fernando Whpei, quien incriminó al juez Gastón Salmain cuando declaró como arrepentido, se investigue en los tribunales federales de Rosario. De esta manera, el máximo tribunal penal del país revocó una decisión previa de la Cámara Federal porteña, que pretendía mantener el expediente en Comodoro Py.

Salmain es titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, pero fue suspendido y enviado a juicio político por el Consejo de la Magistratura. Así lo decidió el organismo a partir del procesamiento que pesa sobre él por vender fallos a cambio de coimas en la causa “Attila”.

Según la acusación, a fines de 2023 Salmain firmó una resolución para facilitarle a Whpei el acceso a 10.000.000 de dólares a valor oficial, cuando había brecha y cepo cambiario.

Whpei hizo un acuerdo con la Justicia para ser imputado colaborador y contó su versión sobre el plan criminal que habrían desplegado con el juez rosarino el 2 de octubre de 2025 ante la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Salmain sostiene que miente para perjudicarlo, y por eso lo denunció en Comodoro Py. La causa había entrado por sorteo al Juzgado Federal N° 1 de María Romilda Servini.

A poco de recibir el caso, la jueza Servini aceptó el planteo del fiscal Carlos Rívolo y declinó su competencia. La magistrada consideró que, aunque la declaración del arrepentido se firmó en Buenos Aires, el testimonio estaba directamente vinculado con la causa “Attila” y por eso debía investigarse en Santa Fe.

Sin embargo, Salmain apeló esa resolución. El juez Eduardo Farah, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, revocó lo dispuesto por Servini y ordenó que la pesquisa continuara en los tribunales de Retiro. Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación para revertir la medida y lograr que se mantenga la decisión de Servini.

El fallo de Casación

La Sala III de la Cámara de Casación, integrada por los jueces Carlos Mahiques, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, analizó los planteos de las partes. Por mayoría, los magistrados determinaron que la postura de la Cámara de Apelaciones resultó arbitraria debido a que realizó un análisis parcial y fragmentado de la situación.

En su voto, Mahiques explicó que, si bien el delito de falso testimonio suele consumarse en el espacio físico donde se realiza la declaración, esta regla no puede “considerarse aisladamente y de manera absoluta” cuando se trata de un imputado colaborador.

El fallo destacó que las manifestaciones de Whpei no representaron un hecho aislado, sino que formaron parte de un acuerdo de cooperación diseñado para aportar datos útiles a la causa “Attila”, que se instruye en Rosario.

Además, los jueces concluyeron que tramitar los expedientes por separado en distintas ciudades obligaría a duplicar medidas de prueba, solicitar constantes envíos de documentación y realizar valoraciones paralelas sobre los mismos acontecimientos. Esta dispersión generaría un riesgo concreto de que se dicten sentencias contradictorias.

Por el contrario, unificar todo en un solo juzgado garantiza la coherencia de las decisiones judiciales, respeta la economía procesal y asegura una mayor celeridad en el esclarecimiento de la verdad, según estableció Mahiques en su voto, al que adhirieron Petrone y Carbajo, este último limitando su acuerdo al envío de la causa a la jurisdicción de Rosario.

Asimismo, el fallo recordó que la ley de imputado colaborador otorga a los fiscales un plazo de un año para verificar la veracidad y la utilidad de los datos aportados. Como la declaración se prestó en octubre de 2025, ese período se encuentra vigente. Permitir que otro juzgado evalúe la falsedad de los dichos de manera paralela anularía la facultad exclusiva que la normativa les concede a los investigadores de Rosario.

Por estas razones, la Casación hizo lugar al recurso de la fiscalía y anuló la resolución de la Cámara Federal porteña. El tribunal ordenó remitir el legajo al Juzgado Federal N° 4 de Rosario, que subroga el juez Carlos Vera Barros.

Salmain está cerca de enfrentar un juicio político que podría derivar en su destitución. El Consejo de la Magistratura ya le pidió al Jurado de Enjuiciamiento que fije fecha para el inicio del debate, que se llevará adelante este mismo año.

El Jurado de Enjuiciamiento mantuvo en su cargo este miércoles al juez Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, La Pampa, sobre quien pesaba un pedido de destitución por mal desempeño de sus funciones. Había recibido múltiples denuncias por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género de parte de los empleados judiciales que trabajaban con él.

El veredicto concluyó que el juicio político fue “un desenlace desproporcionado que de ningún modo puede justificar la destitución de un magistrado cuya honorabilidad e idoneidad técnica permanecen indemnes”.

El jury entendió que los hechos denunciados existieron, pero “no alcanzan a revestir la entidad, lesividad ni gravedad cualificada exigidas para tener por configurados los graves desórdenes de conducta previstos en el artículo 25, inciso 5, de la ley 24.937″, donde están previstas las causales de remoción, que es la sanción más grave.

Además, advirtieron que no funcionaron los resortes administrativas dentro del tribunal para dar una solución temprana al conflicto. “La decisión de ignorar los carriles específicos previstos al respecto en favor de una inmediata incriminación penal no puede ser subsanada mediante la sanción más drástica”, dice la sentencia.

Díaz Lacava había sido suspendido de sus funciones por el Consejo de la Magistratura el 15 de abril último, aunque hace tres años y medio que no puede entrar a los tribunales pampeanos porque pesa sobre él una orden de alejamiento de al menos 300 metros de las víctimas. Trabajó de manera remota hasta que lo suspendieron. Ahora volverá a su cargo en estas condiciones.

Además del juicio político que culminó este miércoles, el magistrado será juzgado en sede penal. Está procesado por amenazas, lesiones -leves y graves en un contexto de violencia de género-, maltrato laboral, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, desobediencia judicial y retardo malicioso de justicia.

Ante el jury, quienes pidieron la remoción de Díaz Lacava fueron los miembros del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña -presidente de la Cámara Federal de Casación Penal- y Álvaro González -diputado nacional del PRO-. Lo responsabilizaron por episodios sistemáticos de violencia en el tribunal: “Incurrió en desórdenes de conducta que afectaron el servicio de justicia”, alegaron los acusadores.

El juez Barroetaveña describió escenas de “gritos, golpes, explosiones de furia” por “teorías conspirativas y de traición del juez” o “rondas de enojo, interrogatorios y ofuscamiento por cuestiones triviales que él transformó en graves e intolerables”, como la ubicación de un matafuego o un crucifijo en la sala.

Durante el debate se ventilaron situaciones tales como insultos y comentarios inapropiados sobre el cuerpo de los funcionarios; un piedrazo que el magistrado arrojó desde la vereda hacia una ventana en la que estaban los denunciantes; o haber encerrado a los empleados en una oficina para gritarles e interrogarlos.

En su defensa, Díaz Lacava se apoyó en un dictamen del Cuerpo Médico Forense, que entrevistó a todos los denunciantes y no detectó lesiones físicas, según expuso su abogado, Andrés Gil Domínguez.

También justificó su vehemencia en la autoexigencia que intentaba imprimirle a la labor judicial. “Durante la pandemia y poco después, Díaz Lacava estaba molesto, no se sentía satisfecho con el funcionamiento del Tribunal en varios aspectos, dentro de los cánones de autoexigencia que él tiene”, argumentó la defensa.

Otros incidentes, como el piedrazo, fueron justificados por el juez como “una broma de mal gusto”.

El Jurado de Enjuiciamiento que confirmó en el cargo a Díaz Lacava está presidido por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 de la Capital Federal, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, y conformado por el camarista de San Martín, Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (LLA - Tierra del Fuego) y María Florencia López (UxP - La Rioja); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA - Santa Fe), Christian Alejandro Zulli (UxP - Corrientes) y la abogada de la matrícula federal, Ana Beatriz Fernández.

“El juicio político no fue concebido para suplir las falencias del gobierno interno del Tribunal, ni para transformar desajustes de gestión y convivencia en causas constitucionales de remoción”, concluyó este jurado.

Díaz Lacava es el tercer juez federal sometido a jury en menos de un año, y ya hay un cuarto camino a juicio.

En diciembre del año pasado fue destituido Martín Poderti, de un tribunal oral de Mar del Plata, acusado de robar monedas de oro secuestradas cuando era secretario en San Isidro.

El 18 de agosto pasado fue removido de su cargo el juez federal marplatense Alfredo López, acusado de publicar mensajes discriminatorios contra la comunidad judía en su cuenta de la red social X.

En tanto, el juez federal de Rosario Gastón Salmain, procesado y con prisión preventiva por corrupción -no está detenido porque mantiene los fueros-, también espera ser juzgado, acusado de ocultar en su currículum que había sido echado del Poder Judicial y de pedir coimas a cambio de fallos.

A partir del hallazgo de más de 7.000 causas que estarían paralizadas, la Cámara Federal de Rosario inició una auditoría interna y ordenó este martes a los Juzgados Federales N° 3 y N° 4 de esa ciudad que, en un plazo de 48 horas, den a conocer las estadísticas de los expedientes que tienen en trámite. Ambos están a cargo del juez Carlos Vera Barros, que es titular del primero y subroga el segundo desde que, a mediados del año pasado, renunció el magistrado Marcelo Bailaque, acorralado por escándalos de corrupción.

En los últimos días, los fiscales federales de Rosario recibieron desde estos juzgados causas que se habían radicado hace tres, cuatro y hasta seis años, pero recién ahora estaban siendo notificados por primera vez, según pudo reconstruir Infobae de fuentes judiciales. Los acusadores alertaron de la situación a la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal.

Esto derivó en un relevamiento del sistema del Ministerio Público, donde hay 1180 causas abiertas que corresponden a los Juzgados Federales N° 3 y N° 4. En el sistema Lex 100, del Poder Judicial, los casos son más de 8000.

La auditoría apunta a esclarecer las razones de esa discrepancia. Todas son causas del sistema residual, previas a la implementación del código acusatorio.

Este martes hubo un acuerdo entre todos los jueces del tribunal superior y, con la firma del presidente de la Cámara, Aníbal Pineda, resolvieron exigirles a los secretarios de cada juzgado -responsables de las estadísticas- que reporten “los criterios de elaboración utilizados” y “revisar dichas estadísticas conforme las pautas establecidas en la normativa de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura”.

Una vez concluidas esas 48 horas, la Cámara cotejará los números con otros registros existentes para determinar si hubo irregularidades. Se revisarán uno por uno todos los expedientes, aseguró una fuente que trabaja en la auditoría.

En la Cámara de Rosario toman con pinzas todas las explicaciones informales —y no tanto— que ya empezaron a dar los funcionarios responsables de los números. Descartan que exista un “cajoneo masivo” en ambos juzgados, aunque prevén encontrarse con delitos que deberían haberse investigado y, por algún motivo, nunca tuvieron avances.

“Las causas que no estaban registradas y no se movieron durante años no deben llegar a 100, pero no son menos de 10″, reconoció un funcionario judicial consultado por el posible congelamiento de denuncias. También admitió que, aunque no son mayoría, hay casos de trata de personas y narcotráfico a mediana escala que estuvieron paralizados y recién ahora se reactivaron.

El Ministerio Público Fiscal recibió estas causas delegadas para que los fiscales investiguen, pero se negaron a partir de la inusual demora.

Las primeras explicaciones

Las teorías sobre dónde radica el problema de la discrepancia entre la cantidad de causas son varias. En los tribunales rosarinos sospechan que los secretarios de los juzgados pueden haber “inflado” el volumen de expedientes que tienen a cargo para no perder empleados ni recursos.

Sucede que, con el avance del sistema acusatorio, los jueces de primera instancia y sus secretarios pasaron a tener menos responsabilidades. Entonces cabe la hipótesis de que aún conservan causas del viejo sistema que ya deberían estar archivadas para mostrar un ritmo de trabajo que no sería tal.

Por eso es que en la Cámara de Rosario ven el plazo de 48 horas que le dieron a los juzgados como una oportunidad de “sinceramiento”.

Otra versión: años atrás, el narcomenudeo era un delito federal en Rosario, y “cabe la posibilidad de que haya habido un subregistro del Poder Judicial por el cúmulo de tareas”, arriesgó una fuente. También habría delitos menores que nunca se registraron, como denuncias por violación de la cuarentena, o reportes que carecen de un piso mínimo de datos para avanzar con la investigación.

Puertas adentro de los juzgados también detectaron que en sus registros hay causas del régimen penal cambiario y temas en lo contencioso administrativo, así como habeas corpus y exhortos, que pasan por fuera del radar de los fiscales. Eso explicaría también parte de la discrepancia.

Y, por último, se está revisando si el Ministerio Público Fiscal sacó de su sistema unas mil causas que ya fueron archivadas, pero el juzgado aún conserva para terminar con la destrucción de material secuestrado -como armas y drogas- o la devolución de los efectos incautados a sus dueños, según corresponda.

Todo esto ocurre luego de que entre los cuatro juzgados federales que tiene Rosario se descubriera que dos de sus jueces, Marcelo Bailaque y Gastón Salmain, estaban implicados en múltiples casos de corrupción judicial. El primero renunció para evitar la destitución y el segundo está suspendido, a punto de enfrentar un juicio político en el que el Consejo de la Magistratura buscará removerlo de sus funciones.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, lanzó un segundo intento por suspender el peritaje de los audios de la causa en la que está procesado por corrupción. Ahora, a través de un escrito presentado por su defensa ante el juez Ariel Lijo, denunció que los especialistas de la Gendarmería Nacional están analizando 58 archivos que no están incluidos en el expediente.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la pericia tendrá avances semanales, con reuniones todos los miércoles entre los peritos oficiales y de parte, estos últimos designados por las defensas y la fiscalía. Las estimaciones indican que el estudio podría estar listo a fin de año o para principios de 2027, si todo marcha de acuerdo al plan de trabajo establecido.

La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza inició la pericia el pasado miércoles. Aquel día, el perito de parte designado por Spagnuolo, Marcelo Torok, advirtió que el estudio se realizaría sobre las grabaciones que aportó en un pendrive Kingston DataTraveler G4 el periodista Mauro Federico, quien reveló las escuchas atribuidas al entonces funcionario libertario.

El comunicador entregó los archivos en los tribunales de Comodoro Py un año atrás, cuando declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi y el juez que en ese momento estaba al frente del caso, Sebastián Casanello.

La defensa de Spagnuolo, a cargo de los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sostuvo que esos archivos “no fueron entregados a las defensas” y que “su contenido no se encuentra incluido en el expediente y/o en sus legajos/incidentes”.

“Nada consta en el acta donde surge la recepción de aquel pendrive respecto de su contenido; como así tampoco surge en el expediente principal y/o legajo de investigación Nº1 el detalle de los archivos que contendría”, se quejaron sus defensores en el escrito presentado este lunes. También reclamaron que no se realizó un inventario, resguardo o código de seguridad (hash) que garantizara la integridad de la prueba.

Los defensores agregaron que la Cámara Federal porteña, cuando le ordenó a Casanello verificar el origen y la veracidad de los audios, señaló que el material cuestionado era aquel que se había dado a conocer en los medios, y no los archivos del pendrive.

En otras palabras, Spagnuolo prefiere que se perite lo que salió por YouTube en el canal de streaming del periodista Mauro Federico, no los archivos crudos.

Los abogados enfatizaron que “no existe constancia alguna” de que las grabaciones publicadas en los medios coincidan con el bloque de 58 archivos hallados en el dispositivo bajo análisis.

Para reforzar su razonamiento, la defensa alegó que la fiscalía se refirió periódicamente en sus dictámenes a los audios “de las notas periodísticas” y que el pendrive “no tuvo relevancia alguna en la investigación” ni fue mencionado en la acusación contra Spagnuolo y sus presuntos cómplices.

La presentación judicial también destacó que se vulneró el derecho de defensa en el proceso de control de la prueba. Es que el perito Torok solicitó una copia forense del pendrive para conocer su contenido antes de que iniciara el peritaje, pero el juzgado denegó ese requerimiento, siempre según la defensa.

Ante este escenario, los representantes legales de Spagnuolo solicitaron formalmente al juez Lijo que ordene la suspensión inmediata de la pericia encomendada a la Gendarmería Nacional.

Asimismo, requirieron que se excluya el pendrive del estudio técnico y que la pericia se concentre de manera exclusiva en las grabaciones obtenidas de los medios periodísticos.

Cabe recordar que el extitular de ANDIS aún tiene en curso un primer intento por suspender el peritaje. El juez Ariel Lijo lo citó para que se presente a dar una muestra de voz ante un micrófono en los laboratorios de Gendarmería, para cotejarla con las grabaciones.

El acusado se negó por temor a “autoincriminarse” y presentó un planteo de nulidad que fue rechazado por el magistrado, decisión que fue apelada ante la Sala II de la Cámara Federal. El tribunal superior aún tiene bajo estudio el tema.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dispuso la inmediata detención de Pablo Carlos Molina, exsecretario del Juzgado Federal N° 1 de esa provincia, con el objetivo de que comience a cumplir de manera efectiva la pena de cuatro años de prisión que se le impuso por haber ordenado el espionaje ilegal de los teléfonos de su esposa y del exnovio de la mujer.

La medida judicial se dictó este lunes, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimara el último recurso de la defensa, lo que otorgó firmeza definitiva a la sentencia condenatoria.

Según se desprende de la resolución, a la que accedió Infobae, el tribunal correntino encomendó la captura de Molina a la Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad que deberá localizar al condenado en su último domicilio registrado en la provincia del Chaco.

Según lo dispuesto por los magistrados Ruben David Osca Quiñones, Fabián Gustavo Cardozo y Jorge Gallino, el ex funcionario judicial permanecerá alojado de forma provisoria en una dependencia de Gendarmería hasta que se concrete su posterior traslado a una cárcel común del Servicio Penitenciario Federal.

La causa penal contra el exsecretario se inició a partir de un hallazgo fortuito ocurrido el 15 de marzo de 2019. Para ese momento, Molina ya había dejado la secretaría y estaba detenido por otra causa, en la que se investigó su participación en una asociación ilícita que operaba dentro del Juzgado Federal N° 1 de Corrientes, junto al exjuez Carlos Vicente Soto Dávila, destinada a favorecer a narcotraficantes.

Es así que en 2019 se realizó un relevamiento de expedientes y efectos secuestrados. Un empleado del juzgado entregó a la secretaria subrogante 28 discos que contenían grabaciones de comunicaciones telefónicas interceptadas. Estos soportes digitales se encontraban guardados en el despacho que había ocupado Molina antes de ser apartado de sus funciones.

Al analizar los discos, detectaron que llevaban un rótulo con el número de oficio 178/13, correspondiente a una causa por narcotráfico del año 2013. Sin embargo, al cotejar los registros, se constató que las líneas telefónicas grabadas no pertenecían a los sospechosos de ese expediente, sino a Carolina Etel Codutti, esposa de Molina, y a Norberto Fabián Sucatzky, un allegado de la mujer y exnovio de la adolescencia.

Pablo Molina sospechaba que su pareja le estaba siendo infiel.

Ante la evidente discrepancia, el juez subrogante Juan Carlos Vallejos ordenó labrar un acta y delegó la investigación en el Ministerio Público Fiscal.

Celos y espionaje

La investigación determinó que las intervenciones telefónicas se realizaron entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. Para concretar la maniobra, Molina confeccionó el oficio N° 3369 utilizando el formato, los sellos y la estructura del juzgado, e insertó los números de su esposa y de Sucatzky como si fueran objetivos de una investigación real por tráfico de estupefacientes que tramitaba en su despacho.

El documento contó con la aprobación del entonces juez Soto Dávila, quien posteriormente declaró que firmó el escrito sin leer con atención, amparado en la confianza que le tenía a su secretario.

Los investigadores comprobaron que las líneas intervenidas pertenecían a la provincia del Chaco y que no tenían ninguna vinculación con la causa de narcotráfico, cuyos sospechosos operaban en Buenos Aires y Mendoza.

Al escuchar el contenido de los audios, se constató que las grabaciones registraban diálogos de carácter estrictamente privado y familiar. En muchas de esas conversaciones, el acusado se dirigía a su esposa mediante agresiones verbales y amenazas.

En el juicio oral, los miembros de Gendarmería Nacional que intervinieron en la causa original de narcotráfico confirmaron que ellos nunca solicitaron la intervención de abonados con característica telefónica del Chaco. Un oficial declaró bajo juramento que recibió un llamado directo de Molina, quien le anticipó la medida y le ordenó expresamente que los discos con las grabaciones debían ser remitidos cerrados al juzgado, sin ser escuchados ni desgrabados por el personal de la fuerza de seguridad.

Asimismo, el empleado judicial que encontró los dispositivos testificó que, tras el traslado de Molina a otra secretaría, el acusado lo llamó por teléfono para preguntarle específicamente por el destino de los discos.

El Tribunal Oral Federal de Corrientes dictó la sentencia condenatoria el 29 de julio de 2025, e impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo por los delitos de abuso de autoridad y falsedad ideológica en concurso real.

La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la resolución en abril de 2026. Finalmente, este viernes los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, desestimaron el recurso de queja de la defensa por considerarlo inadmisible, lo que clausuró la vía recursiva y motivó la orden de detención del exfuncionario.

El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba y aceptó como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en la causa “SisVial”. El magistrado investiga el manejo del fondo fiduciario Sistema Vial Integrado, que se nutre del impuesto a los combustibles para financiar obras públicas en rutas nacionales.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la investigación avanzará sobre la reconstrucción de la ruta del dinero del SisVial y el estado actual de obras viales que fueron denunciadas como “paralizadas”.

Una investigación de La Nación reveló que el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1.5 billones en este fideicomiso, pero ejecutó apenas un cuarto para construir y arreglar las rutas. Más de un billón de pesos permanecía a fines de mayo generando rendimientos en instrumentos financieros como plazos fijos o títulos públicos.

Los decretos 976/2001 y 1377/2001 que crearon el SisVial establecen que el destino de sus fondos debe ser únicamente para financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas. De igual manera, la Ley N° 23.966 regula el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), fijando un porcentaje que debe asignarse directamente a este fideicomiso vial.

La revelación sobre el manejo de los fondos llevó a que se realizaran denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py. El Juzgado Federal N° 11 —subrogado por Lijo— y el fiscal federal Carlos Stornelli llevan adelante la pesquisa.

Victoria Tolosa Paz hizo la primera presentación y pidió ser querellante para participar activamente en el expediente, aportar pruebas e impulsar medidas. Luego la siguió Ricardo Quintela. Ambos alegaron haberse visto damnificados —en su calidad de representantes— por la supuesta paralización de obras en las provincias de Buenos Aires y La Rioja, que ahora investiga la Justicia.

Además, el juez Lijo incluyó en la querella riojana al fiscal de Estado provincial, Segundo Emilio Rodríguez, y el fiscal adjunto, Gustavo Roque Ibarra.

En su resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el juzgado aplicó un criterio amplio respecto a la legitimación procesal de los denunciantes, al recordar que la jurisprudencia no exige una certeza absoluta sobre la calidad de ofendido directo en el inicio de la investigación, sino que basta con la hipótesis de un perjuicio real y concreto derivado de los hechos denunciados para autorizar su participación como querellantes.

Ordenaron medidas

El juez Ariel Lijo ordenó una serie de requerimientos de información de carácter urgente dirigidos a diversos organismos. Las medidas apuntan a esclarecer la ruta del dinero del SisVial y a determinar el estado de múltiples obras viales estratégicas en diferentes puntos del territorio argentino, con especial foco en las provincias de Buenos Aires y La Rioja.

La documentación incorporada al expediente judicial por los denunciantes identificó tres obras de Vialidad Nacional en las rutas nacionales 3 y 5 que contaban con partidas asignadas en la planificación plurianual y que actualmente se encuentran paralizadas:

• Autopista Mercedes - inicio Variante Suipacha, sobre la Ruta Nacional 5, con un presupuesto de referencia original de 9.240 millones de pesos.
• Autopista fin Variante San Miguel del Monte - acceso Gorchs, sobre la Ruta Nacional 3, con un monto de referencia de 10.309,2 millones de pesos.
• Travesía Urbana de Mercedes, también sobre la Ruta Nacional 5, con un monto original asignado de 3.531,6 millones de pesos.

En conjunto, estas tres obras representan una inversión de más de 23.000 millones de pesos que, según la denuncia, quedaron sin ejecutar. Tolosa Paz vinculó además estos proyectos a un financiamiento de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por un total de 100 millones de dólares.

Tras conocerse la resolución del juzgado, la diputada nacional expresó su conformidad con la medida judicial y ratificó los términos de su presentación: “Fui aceptada como querellante en la denuncia que le hice al ministro de Economía, Toto Caputo, por el manejo del dinero del SisVial, por el dinero que se cobra con el impuesto al combustible y que, según denunciamos, es desviado a la timba financiera”.

Asimismo, la legisladora subrayó el impacto que tiene la paralización de los trabajos en los corredores viales de su provincia. “Son dos arterias importantísimas para el desarrollo productivo de la provincia de Buenos Aires que fueron abandonadas mientras se armaba una mesa de dinero”, manifestó, al tiempo que agregó que su rol en la causa le servirá para “seguir impulsando la investigación, aportando prueba y mostrando todo el desmanejo que hubo durante estos tres años y medio de abandono de las rutas nacionales”.

Por su parte, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, reclama por la paralización total y el abandono de las obras viales en la Ruta Nacional 76 (en el tramo de Pircas Negras), la Ruta Nacional 73 y la Ruta Nacional 75. También se incluyeron reclamos por el estado de la licitación pública LP 0014/2026, denominada “Malla 304”, que prevé la reparación de otras arterias.

Con el objetivo de recolectar elementos de prueba que permitan verificar las denuncias de los querellantes, el juez Ariel Lijo ordenó al Ministerio de Economía de la Nación el envío inmediato de los expedientes y actos administrativos que dieron origen a las instrucciones impartidas al Banco de la Nación Argentina en relación con la administración del fideicomiso SisVial, desde el 1 de enero de 2024 hasta la actualidad.

También requirió el detalle de las colocaciones financieras realizadas con los fondos de la cuenta SisVial, un desglose por provincia y por obra de la aplicación de dichos recursos, y la ejecución presupuestaria de las tres obras públicas presuntamente paralizadas en la provincia de Buenos Aires, discriminada por fuente de financiamiento.

A la Dirección Nacional de Vialidad, el juez le solicitó copia de los expedientes de obra de los tres proyectos de la provincia de Buenos Aires, detallando los certificados de avance emitidos, aprobados y que se encuentren impagos, así como las modificaciones en los planes de trabajo.

Asimismo, solicitó un informe pormenorizado sobre las obras en las rutas nacionales de La Rioja desde el 10 de diciembre de 2023, que incluya contratos, contratistas, avances físicos y financieros, y los actos administrativos que determinaron la neutralización o paralización de las tareas en las rutas 73, 75 y 76.

Vialidad Nacional deberá informar también sobre el convenio de Transferencia de Funciones Operativas (TFO) de la Ruta Nacional 76 firmado con la Administración Provincial de Vialidad de La Rioja, detallando los motivos por los cuales no se renovó, las deudas por tareas de mantenimiento ejecutadas por la provincia y el estado de conservación de las bases imprimadas que quedaron sin carpeta asfáltica.

Lijo también requirió informes a la Jefatura de Gabinete de Ministros con antecedentes administrativos vinculados a obras viales a las que se hizo referencia en el Informe de Gestión N° 145 presentado ante el Congreso de la Nación.

Y, por último, se libraron oficios a la Sindicatura General de la Nación y a la Auditoría General de la Nación para que informen si realizaron auditorías, observaciones o actuaciones de control sobre el fideicomiso y la cuenta especial SisVial desde el año 2024 hasta la fecha.

En el marco de la misma causa judicial, el abogado Nicolás Oszust amplió la denuncia penal contra el ministro de Economía y los funcionarios responsables del Banco Nación en su rol de fiduciario. El escrito del abogado sostiene que el Ministerio de Economía subejecutó de manera sistemática los fondos del SisVial para “desviarlos hacia la especulación financiera estatal” con el fin de exhibir un equilibrio fiscal.

Oszust, quien representa a inversores damnificados de la criptomoneda $LIBRA, también denunció un presunto uso discrecional y político de los fondos ejecutados durante el año 2025, señalando coincidencias temporales entre la liberación de partidas para las provincias y votaciones clave en el Congreso de la Nación.

Durante los últimos meses del año pasado, al menos seis senadores nacionales recibieron misteriosos llamados o mensajes de WhatsApp. “Hola, soy el senador Marcelo Fuentes”, se presentaba el interesado, que sin demorar la conversación iba al punto y, de alguna u otra manera, terminaba pidiendo un favor para Alejandro Actis, un empleado público del Congreso. Pero esta no es una historia de beneficios indebidos ni privilegios: es un caso de suplantación de identidad, según determinó una investigación interna del Senado, que ya se encuentra en los tribunales federales de Comodoro Py.

En los últimos días, la presidenta del Senado de la Nación, Victoria Villarruel, firmó el decreto con el que exoneró a Actis y lo desplazó de sus funciones.

Lo echó casi al mismo tiempo que a Gabriel Oscar Dib, otro empleado de la Cámara que fue condenado a tres años de prisión condicional luego de admitir que montó su propio negocio de corrupción dentro del Congreso. Entre 2011 y 2012 tramitó pensiones graciables para personas vulnerables y luego se quedaba con el dinero. Infobae dio a conocer su caso y así se activó el trámite para removerlo.

Con Alejandro Actis todo escaló mucho más rápido. Según determinó una investigación interna del Senado, cuyos detalles conoció este medio por documentos oficiales, este trabajador legislativo contactó a senadores y jefes de despacho haciéndose pasar por el exsenador peronista Marcelo Fuentes, quien ocupó una banca desde 2007 hasta 2019.

Quien sacó todo a la luz fue el propio Fuentes, que se enteró de lo que estaba pasando y lo denunció ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos. Dijo que alguien había llamado a los senadores Fernando Aldo Salino, Jesús Fernando Rejal, Lucila Crexell, Carolina Losada y Alicia Kirchner y en esas comunicaciones usó su nombre para “obtener beneficios personales”.

Las sospechas empezaron a comentarse entre los despachos y aparecieron más víctimas: la senadora Cármen Álvarez Rivero y la jefa de despacho del senador Mariano Recalde también reportaron haber sido contactadas por alguien que dijo ser Fuentes y pedía favores para Actis.

Entonces, la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas abrió un sumario administrativo, “a efectos de investigar los hechos denunciados y deslindar las eventuales responsabilidades administrativas en torno a los mismos”.

En el expediente interno se incluyeron capturas de pantalla de los mensajes de WhatsApp que dan cuenta de las conversaciones entre el contacto sospechoso y los senadores.

Al parecer, el empleado Alejandro Actis habría estado cerca de lograr su cometido en uno de sus intentos. Es que cuando contactó los días 18 y 19 de noviembre de 2025 al senador Rejal, lo habría convencido de que este le envíe una nota a Victoria Villarruel recomendando su traslado a la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.

La jefa de despacho del senador riojano aportó una copia de esa nota y más capturas de WhatsApp.

Con estas pruebas, el Senado denunció a Actis en Comodoro Py. Su causa tramita ante el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación en el fiscal Gerardo Pollicita.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la fiscalía ya puso en marcha una serie de medidas de prueba que incluyen las declaraciones testimoniales de todos los senadores involucrados. Por su condición de legisladores, tienen la posibilidad de responder las preguntas de la Justicia por escrito. Aún no se avanzó con el pedido de indagatoria del empleado sospechado.

Mientras se desarrollaba el sumario, Actis negó haber tomado la identidad del exsenador Fuentes para beneficiarse y dijo que una tercera persona habría usado su nombre; que si existía un suplantador, él también era víctima.

El informe final de la investigación interna concluyo que la conducta del empleado no puede ser considerada una mera irregularidad.

“Las pruebas reunidas permiten afirmar que el accionar desplegado por el sumariado importó una grave transgresión a los deberes de conducta, lealtad, buena fe, probidad y decoro exigibles a todo agente del Honorable Senado de la Nación, configurando una falta de entidad suficiente para tornar incompatible su permanencia en la función pública”, dice el documento.

El trabajador presentó su descargo, pero “no logró desvirtuar la prueba incorporada”, según determinó el área competente.

De esta manera, la vicepresidenta Villarruel decretó su exoneración y lo echó del Congreso. Actis aún está en plazo para impugnar la resolución.

El senador Luis Juez y el camarista Diego Barroetaveña le pidieron al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados del Consejo de la Magistratura, Marcelo Bartumeu Romero, que fije la fecha para la audiencia de apertura del jury contra el suspendido juez federal de Rosario Gastón Salmain.

En su carácter de miembros designados para la acusación, Juez y Barroetaveña firmaron una nota donde solicitaron que el inicio del debate “se programe para la primera o, a más tardar, la segunda semana de septiembre”. La tercera integrante del grupo acusador es la consejera Jimena de la Torre.

Salmain afrontará el jury por el supuesto dictado de resoluciones judiciales a cambio de coimas y el presunto ocultamiento, al momento de concursar para acceder al cargo, de que había sido expulsado del Poder Judicial hace más de dos décadas.

Los consejeros acusadores fundamentaron su requerimiento “en la cantidad y complejidad del material probatorio reunido y en el que habrá de incorporarse en la causa”.

En ese sentido, señalaron que “la pronta determinación de la fecha permitirá organizar las etapas subsiguientes, asegurar la disponibilidad de las partes y de los demás intervinientes y garantizar el desarrollo regular del proceso dentro de los plazos aplicables”.

Por otra parte, advirtieron que sus mandatos están próximos a vencer (el 18 de noviembre), por lo que solicitaron que se adopten las medidas necesarias para la pronta designación del día que convocarán a la audiencia de apertura.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación es el órgano encargado de llevar adelante el proceso de enjuiciamiento de los magistrados cuando corresponde evaluar su eventual remoción del cargo.

Está conformado por Bartumeu Romero, que es juez por la ciudad de Buenos Aires, el juez de jurisdicción provincial Néstor Pablo Barral; los senadores nacionales María Belén Monte de Oca y María Florencia López; los diputados nacionales Nicolás Mayoraz y Christian Alejandro Zulli; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

Las causas penales

Gastón Salmain está imputado en los tribunales federales de Rosario por los presuntos delitos de cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor y en concurso real.

La fiscalía le atribuyó haber solicitado 100 mil dólares a cambio de favorecer al exdirector de la ex-AFIP Santa Fe, Carlos Vaudagna, en los expedientes penales que se seguían en su contra por presuntos hechos de corrupción.

La maniobra no se habría concretado debido a las recusaciones promovidas por el Ministerio Público Fiscal. No obstante, Salmain dictó diversas resoluciones contrarias a derecho.

Según esta hipótesis, “el objetivo del magistrado era atraer esos expedientes a su juzgado, pese a mantener con el exfuncionario un vínculo personal previo que omitió informar”.

En otro caso, fue imputado por la presunta manipulación de un expediente judicial para favorecer a un fideicomiso mediante la transferencia de 10 millones de dólares a cuentas del exterior.

Además, se le inició otra causa por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, por haber utilizado su investidura y librado distintas órdenes para conocer el estado de la investigación en la que se encontraba acusado.

El magistrado Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7 que juzga la causa Cuadernos, presentó una acción declarativa de certeza acompañada de un pedido de medida cautelar urgente para evitar que lo remuevan de su cargo y, a la vez, frenar la votación en el Senado de la Nación de los pliegos de Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi, los elegidos por el presidente Javier Milei para completar la Sala I de la Cámara Federal porteña. El oficialismo busca aprobar mañana esas designaciones en el recinto.

Por sorteo, la acción judicial quedó radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo N° 11, a cargo de Martín Cormick.

Este es un capítulo más del conflicto por el traslado de jueces, que llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La controversia judicial se originó a partir de las diferentes interpretaciones y aplicaciones de la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Bertuzzi” del año 2020.

En aquella resolución, el máximo tribunal determinó que los traslados de jueces no equivalen a nombramientos definitivos y que los magistrados en esa situación deben atravesar el procedimiento constitucional prestablecido, que incluye el concurso público, la selección del Poder Ejecutivo y el acuerdo de la Cámara Alta.

Sin embargo, Castelli denuncia que el Estado incurrió en un comportamiento contradictorio y discriminatorio al aplicar este criterio de manera selectiva.

El detonante que cambió el panorama, según el juez Castelli, ocurrió hace pocos meses con la situación de Carlos Mahiques, quien integra la Cámara Federal de Casación Penal y es padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El Senado otorgó a “Coco” Mahiques un nuevo acuerdo por cinco años para desempeñarse en la Casación Federal -tribunal al que llegó mediante un traslado en 2018- después de haber cumplido 75 años.

Durante el debate legislativo, los senadores oficialistas Juan Carlos Pagotto y Nadia Márquez argumentaron que la doctrina “Bertuzzi” no podía aplicarse de forma retroactiva a traslados dispuestos con anterioridad a la emisión de dicha sentencia.

El juez Castelli tomó esas palabras de los legisladores para sostener que el Senado sentó así un precedente que debe extenderse a su propia situación y a la del colectivo de jueces trasladados antes de 2020.

El tema se desarrolla a contrarreloj, ya que la Cámara de Senadores sesionará este jueves. La Libertad Avanza buscará aprobar las designaciones de Bertuzzi y Yadarola para la Cámara Federal porteña, entre otros pliegos judiciales.

Ambas vocalías de la Sala I de la Cámara Federal porteña -por donde pasan los casos de corrupción de la administración nacional- habían sido cubiertas por traslado en 2018. Pablo Bertuzzi concursó para reemplazarse a sí mismo, mientras que Yadarola apunta a quedarse con el lugar de Leopoldo Bruglia.

En su presentación ante el fuero Contencioso Administrativo, Germán Castelli solicitó suspender los efectos del trámite parlamentario correspondiente al Concurso Nº 461. Esta petición busca frenar de manera directa el tratamiento y la votación en el recinto del Senado de los pliegos de Yadarola y Bertuzzi, quienes ya obtuvieron dictamen favorable en la Comisión de Acuerdos.

Siguiendo el razonamiento del peticionante, al ser análogos los casos de Castelli, Bruglia y Bertuzzi, si el Concurso Nº 461 avanza cumpliendo con la doctrina del fallo “Bertuzzi”, el Consejo de la Magistratura y el Poder Ejecutivo seguirán el mismo camino con el Concurso Nº 479, que es el que corresponde al cargo que él ocupa actualmente en el TOF Nº 7.

Castelli justificó la cautelar en la necesidad de evitar que se consumen hechos irreversibles -como la designación definitiva de otros magistrados en los cargos en disputa- antes de que la justicia resuelva la cuestión de fondo.

Es por esto que también requirió que se ordene al Consejo de la Magistratura de la Nación abstenerse de realizar cualquier acto que permita avanzar con el trámite del Concurso Nº 479. Esta solicitud abarca tanto la finalización del proceso como las etapas intermedias de entrevistas e impugnaciones.

En segundo término, demandó que se prohíba al Poder Ejecutivo Nacional dictar decretos o enviar pliegos al Senado tendientes a designar a un nuevo titular en el TOF N° 7.

La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional comenzó este miércoles con el peritaje de los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se habla de coimas y corrupción entre el organismo y el sector privado.

El juez federal Ariel Lijo ordenó la pericia para esclarecer el origen y la veracidad de las grabaciones en las que se menciona que el porcentaje de sobornos “ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8”, y que “le debe llegar el 3 a Karina”, entre otras referencias a maniobras espurias.

Luego de una reprogramación, el estudio se inició esta mañana en los laboratorios del edificio Centinela.

Según indicaron fuentes de la fuerza, a primera hora se abrió el sobre lacrado y sellado en el que llegó el pendrive entregado por el periodista Mauro Federico, quien sacó a la luz los audios en el streaming Carnaval y luego los entregó a la Justicia. Se analizarán más de 50 archivos.

Cada paso que dan los especialistas de Gendarmería es secundado por los peritos de parte que designaron las defensas de Spagnuolo, el lobista Miguel Ángel Calvete y la droguería Suizo Argentina. El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación, también convocó a cinco expertos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para trabajar en el peritaje.

A diferencia de la fiscalía, que no usó los audios para acusar a las 19 personas que hoy están procesadas, las defensas sostienen que este material dio inicio al caso. De verificarse su origen clandestino -por ejemplo, que sean escuchas ilegales-, buscarán hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

El fiscal Picardi asegura que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a los audios.

El peritaje

La Gendarmería Nacional debe citar a Spagnuolo para que se presente a dar una muestra de su voz, tal como ordenó el juez Lijo.

El exabogado del presidente Javier Milei se negó a cumplir con ese punto de pericia, pidió su nulidad y reclamó que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva si se estaría “autoincriminando” al colaborar con la Justicia, tal como alegaron sus abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera.

El juez Lijo no hizo lugar a este planteo de Spagnuolo y el tema pasó a la Sala II de la Cámara Federal porteña. El tribunal de apelaciones no se pronunció al respecto, aunque podría hacerlo mientras se desarrolla la pericia.

De cualquier forma, Diego Spagnuolo no está obligado a prestar colaboración.

Los peritos necesitan un “material indubitado” -que no haya dudas de que quien habla sea Spagnuolo- para cotejarlo con las grabaciones que destaparon el escándalo.

Ante la negativa del exfuncionario, el fiscal Picardi propuso usar cuatro entrevistas que dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

Buena parte del trabajo de la Gendarmería estará enfocada en el posible uso de inteligencia artificial. El juez ordenó buscar “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

Además, en otro punto, requirió que se detecte si existió algún tipo de “edición mediante IA o herramientas de síntesis digital” con la que se haya manipulado la voz de Spagnuolo.

También se intentará hacer una “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”, de acuerdo a lo ordenado por el juez que subroga el Juzgado Federal N° 11.

Mientras avanza el peritaje, Ariel Lijo tiene por delante resolver la situación procesal de los últimos 30 imputados -funcionarios, empleados públicos, empresarios e intermediarios- que ya pasaron por declaración indagatoria. El fiscal busca sumarlos a la lista de procesados que tiene el expediente.

En tanto, el primer grupo de acusados aguarda a que la Cámara Federal porteña resuelva la apelación de sus procesamientos. La Sala II quedó desintegrada luego de la salida del juez Martín Irurzun, pero el fallo puede salir solo con las firmas de los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico, en caso de que lleguen a un acuerdo.

El juez federal Daniel Rafecas ordenó una serie de medidas de prueba con las que reevaluará la acusación contra Alberto Fernández por violencia de género. La causa que inició la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex presidente de la Nación ya cuenta con un pedido de elevación a juicio de parte del fiscal.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, en los últimos días el juez solicitó a la Policía Federal Argentina (PFA) una serie de informes sobre cuatro agentes que custodiaron a la pareja presidencial.

Los custodios fueron citados por el magistrado para que declaren como testigos en los tribunales federales de Comodoro Py.

Además, Rafecas pidió al sanatorio Otamendi que entregue una copia de la historia clínica de Fabiola Yañez, con todo su historial médico desde 2018 hasta 2024. En esa época habrían ocurrido los golpes y maltratos denunciados.

La ampliación del plexo probatorio en la que trabaja el juez fue dispuesta en julio por el tribunal superior, la Sala II de la Cámara Federal porteña. En ese fallo, los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico negaron anular la causa como pretendía Fernández, pero accedieron a producir más pruebas tal como pedía la defensa.

“La instrucción omitió producir importantes diligencias probatorias para tener por acreditado aquello en que fundó el procesamiento del imputado”, concluyó la Cámara.

En ese fallo, la Sala II ordenó a Rafecas que, una vez que tenga el resultado de las nuevas pruebas, “reevalúe la situación del imputado”. Esto es: si merece seguir procesado y ser llevado a juicio, o bien le cabe la falta de mérito o el sobreseimiento.

El fiscal de la causa, Ramiro González, dictaminó hace ya un año que el expresidente debe ser juzgado por dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Cabe recordar que, en instancias anteriores, la fiscalía calificó de “absurdas” y “dilatorias” estas medidas que logró la defensa -a cargo de los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi-, bajo el criterio de que Fernández busca demorar la llegada del caso a debate oral y público.

Según la acusación del fiscal, entre el 21 y 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yañez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la zamarreó provocándole lesiones en el brazo, de acuerdo a la acusación fiscal.

Asimismo, se le imputan “maltratos sistemáticos” entre 2016 y agosto de 2024, que le habrían generado a la víctima un daño psíquico. Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España, tras dejar el poder.

El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

Mientras las nuevas pruebas avanzan en el Juzgado Federal N° 3 de Rafecas, Alberto Fernández no abandona el intento por declarar la nulidad de la causa. La Cámara Federal porteña le concedió un recurso para que reclame en la Cámara Federal de Casación Penal.

En los tribunales de Comodoro Py consideran muy poco probable que esto avance favorablemente para el expresidente. Al apartar al anterior juez de la causa, Julián Ercolini, la Casación ya declaró que el cambio de magistrado debía producirse “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”.

El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió una prórroga a la Justicia para responder más adelante el requerimiento de justificación patrimonial que elaboró el fiscal Gerardo Pollicita, quien lo investiga por supuesto enriquecimiento ilícito. El plazo previsto originalmente se vence este miércoles.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la defensa de Adorni presentó un escrito ante el juez Ariel Lijo argumentando que necesitan acceder a un conjunto de pruebas que aún no pudieron revisar. Son archivos y conversaciones citadas por el fiscal en el requerimiento.

Esta etapa de la causa es la primera instancia que tiene el ex funcionario libertario para justificar el origen de su patrimonio. Si no logra despejar las 20 inconsistencias que detectaron los investigadores, entonces el fiscal estará en condiciones de dar un paso más y pedir que el juez lo cite a declaración indagatoria.

Ahora el titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py puede escuchar la opinión de la fiscalía antes de resolver si prorroga o no el plazo de la justificación patrimonial. La defensa, a cargo del abogado Matías Ledesma, sugirió extenderlo otros 15 días más.

Las 20 inconsistencias

El requerimiento del fiscal se firmó el pasado 10 de agosto. En un dictamen de 207 páginas, Pollicita enumeró una veintena de interrogantes sobre los bienes del ex funcionario. La investigación abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 —fecha en la que ingresó a la función pública nacional como vocero de Javier Milei— y el 27 de junio de 2026, día en que formalizó su renuncia al cargo.

De acuerdo con la investigación que llevó a cabo el fiscal, el matrimonio tuvo ingresos por $229.752.283,20 en concepto de haberes del exfuncionario y de su esposa.

Sin embargo, los gastos registrados en moneda nacional —que incluyeron expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros automotores, electrodomésticos y tarjetas de crédito— habrían ascendido a $272.820.832,20, siempre según el dictamen del fiscal. Esta diferencia generó un saldo de $43.068.549 que aún está pendiente de explicación.

Asimismo, Pollicita detectó gastos en moneda extranjera por un valor de USD 402.578,12, supuestamente destinadas a la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento en la calle Miró 550, el mobiliario de estas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.

Entre los veinte puntos que Adorni deberá aclarar, se destaca el origen de los dólares en efectivo declarados bajo el rubro “venta de activos”, detallando qué bienes enajenó, a qué compradores y con qué respaldo documental. Ese dato coincide con la explicación pública del ex ministro coordinador que reveló que desde hace una década tenía medio millón de dólares en criptomonedas que nunca declaró ni gastó hasta que llegó al poder.

También se le solicitó acreditar la existencia real de préstamos familiares otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo, la procedencia de los fondos para adquirir un vehículo Jeep y las razones por las cuales el lote del Country Indio Cuá figura exclusivamente a nombre de su cónyuge. En esta última propiedad, la fiscalía exigió justificar los USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por la remodelación de la vivienda.

El requerimiento judicial también exige explicaciones sobre la operatoria con criptoactivos del ex jefe de Gabinete.

La fiscalía detectó fondos en una billetera virtual que Adorni validó con su identidad, pero omitió declarar ante la Oficina Anticorrupción, además de inconsistencias en las declaraciones rectificativas del ejercicio 2023.

Por último, Adorni tendrá que aclarar el uso de terceras personas para realizar pagos y consumos con tarjetas de crédito ajenas, la cancelación de deudas con el Banco Galicia y el origen de acreditaciones no salariales en su cuenta sueldo del Banco de la Nación Argentina.

En base al resultado de esta justificación patrimonial, cuando finalmente se realice, el juez Lijo deberá decidir si acepta estas explicaciones o lo convoca a indagatoria.

Dos aspirantes a reelegir en el Consejo de la Magistratura dieron marcha atrás y desistieron de las acciones judiciales que habían presentado para definir si estaban habilitados o no para ir por otros cuatro años en el Consejo de la Magistratura, el organismo que sanciona y selecciona a los jueces federales y nacionales. Se trata de Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y la abogada Jimena de la Torre.

Barrotaveña fue punta de lanza. En junio había promovido una acción declarativa de certeza y consiguió una medida cautelar a favor que lo habilitó a competir para volver a representar a los magistrados en el Consejo. Pero luego la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió el efecto de esa resolución hasta tanto se resuelva el fondo del asunto.

Detrás de Barroetaveña presentaron planteos similares las abogadas Jimena de la Torre y Fernanda Vázquez. Esta última consejera aún no se bajó de la contienda judicial, indicaron a Infobae fuentes con acceso al expediente. También fueron a los tribunales los legisladores del peronismo.

La pretensión principal consiste en obtener un aval judicial que les permitiera postularse nuevamente para el período 2026-2030.

El juez Barroetaveña argumentaba que, tras los fallos de la Corte Suprema de Justicia que en 2021 modificaron la estructura del Consejo, debía aplicarse el texto original de la ley orgánica de 1997, el cual permitía una reelección consecutiva.

En cambio, según la postura del Consejo de la Magistratura de la Nación, la norma que se encuentra vigente y rige en materia de reelección es el artículo 3º de la Ley N° 24.937, bajo el texto establecido por la Ley N° 26.855, sancionada en 2013. Esta establece expresamente que los consejeros pueden ser reelegidos, pero con un intervalo de un período de por medio.

La interpretación de Barroetaveña y quienes lo siguieron encendió una fuerte polémica dentro del Consejo y, a la vez, disparó una interna en la lista Bordó, agrupación oficialista de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN), presidida por el juez Andrés Basso.

“Necesitamos reglas claras”

La consejera de la Magistratura por los abogados, Jimena de la Torre, desistió este lunes a primera hora de la acción declarativa de certeza que había iniciado junto a su colega Fernanda Vázquez.

“La presente decisión responde a circunstancias sobrevinientes vinculadas con la estrategia institucional y electoral del espacio que integro, que tornan innecesario para esta parte mantener la pretensión deducida en autos. Aclaro, además, que este desistimiento no importa renuncia a derecho alguno”, plasmó la letrada en su escrito, según pudo corroborar Infobae.

De la Torre, quien fue electa en 2022, sostuvo en un comunicado que tomó la decisión “con la tranquilidad de saber que Abogados en Acción tiene la fuerza, los equipos y los liderazgos necesarios para garantizar la continuidad de un proyecto que trasciende los nombres y los cargos”.

“Necesitamos reglas claras, previsibles y parejas para todos los estamentos. Es una condición indispensable para garantizar la confianza de los electores y la legitimidad de sus representantes”, reclamó también la consejera.

La decisión de los dos consejeros de abandonar la vía judicial descomprimió, al menos temporalmente, la presión sobre el cronograma electoral.

Los abogados elegirán a sus representantes para el Consejo el próximo 20 de octubre, y ya están en marcha los plazos para la presentación de listas y la oficialización de candidaturas.

Algo similar ocurría con los jueces, que votan el 8 de octubre y deben tener las listas definidas para el 4 de septiembre.

La incertidumbre que rodeaba a estas postulaciones había generado inquietud en diversos sectores, ya que se temía que una resolución judicial tardía pudiera afectar la legitimidad del proceso o la conformación de las nóminas de candidatos.

El suspendido juez federal Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, escuchó este martes el pedido de destitución que formuló en su contra la acusación en el juicio político por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

Quienes pidieron la remoción del magistrado fueron los miembros del Consejo de la Magistratura Diego Barroetaveña -presidente de la Cámara Federal de Casación Penal- y Álvaro González -diputado nacional del PRO-. Fundaron la acusación en la causal de mal desempeño de sus funciones.

La defensa de Díaz Lacava, en cambio, reclamó la absolución. “Es un buen juez. Se equivocó, tuvo inconvenientes, no midió los efectos que en todos nosotros produjo la pandemia, pero es un buen juez”, dijo el abogado Andrés Gil Domínguez, cuando le tocó exponer sus alegatos.

El magistrado suspendido también tomó la palabra y le habló al Jurado de Enjuiciamiento que definirá si lo destituye o le permite seguir siendo juez: “Quiero pedir mis disculpas sinceras por lo que esta situación le pudo haber generado a todas las personas vinculadas, a los denunciantes y a mi familia. Mis hijos y mi esposa están sufriendo esta situación hace tres años y medio”.

Entre lágrimas, igual de compungido que se lo vio en audiencias pasadas, reflexionó: “Mi esposa y yo sufrimos cirugías, intervenciones de urgencias médicas y mis tres hijos estuvieron con asistencia psicológica desde que llegó la denuncia. No repetiría nada de lo que ocurrió. Hubiera pedido inmediatas disculpas y rectificado de la mejor manera posible si otras personas me hubiesen señalado estos hechos en su momento”.

La acusación del Consejo de la Magistratura le achacó a Díaz Lacava episodios sistemáticos de violencia. “No fue una discusión de un mal día, dos, tres, cuatro, que cualquiera lo puede tener y después se pide disculpas”, repasó Barroetaveña en su alegato.

Las denuncias contra el juez federal que tenía a cargo juicios y ejecución de penas en La Pampa empezaron en abril de 2023. Actualmente, tiene una orden de alejamiento sobre las víctimas. En paralelo al juicio político, enfrenta una causa penal por los mismos hechos y será juzgado en un debate oral y público previsto para el próximo mes de septiembre.

“Nuestra conclusión es precisa, el doctor Díaz Lacava incurrió en desórdenes de conducta que afectaron el servicio de justicia y justificaron la causal de mal desempeño establecida”, siguió el consejero acusador, que hizo un repaso por múltiples testimonios de empleados y funcionarios judiciales, incluidos los jueces Marcos Aguerrido y José Tripputi, quienes completan el tribunal pampeano.

Barroetaveña ahondó en episodios de “gritos, golpes, explosiones de furia” por “teorías conspirativas y de traición del juez” o “rondas de enojo, interrogatorios y ofuscamiento por cuestiones triviales que él transformó en graves e intolerables”, como la ubicación de un matafuego o un crucifijo.

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal también habló de “conductas paranóicas”, que derivaron en consecuencias graves como la “prohibición de mantener contacto con el Ministerio Público Fiscal” ordenada por Díaz Lacava a sus subordinados.

“Es una persona que tiene mucho poder. Los empleados primero soportaron; un día dijeron basta y ahí llegaron las denuncias que este Consejo tomó. Díaz Lacava se encerraba, les gritaba a los secretarios. Indican que cuando escuchaban sus llaves, ya se acartonaban y se relajaban un poco cuando se iba. Los enojos eran casi una constante. Era un infierno”, continuó el consejero acusador.

En contraste, la defensa señaló que Díaz era vehemente debido a los altos cánones de autoexigencia que intentaba instalar en su equipo. Del lado del juez reconocieron que “durante la pandemia y poco después estaba molesto, no se sentía satisfecho con el funcionamiento del Tribunal”.

El abogado Gil Domínguez recuperó en su alegato otros testimonios incorporados al expediente que ponderaron al magistrado y recalcó que, a su criterio, está probado que no hubo lesiones físicas ni insultos de parte de Díaz Lacava hacia su equipo.

“Si en algún momento el doctor dijo que tenía los testículos secos, no era para descalificar a alguien personalmente, era para manifestar su malestar porque él creía y consideraba que el Tribunal no estaba funcionando bien, no se hacían los juicios que se tenían que hacer”, apuntó el defensor.

Ahora, el Jurado de Enjuiciamiento pasó a deliberar y dará a conocer su veredicto en los próximos 20 días hábiles.

El jury está presidido por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25 de la Capital Federal, Marcelo Gastón Bartumeu Romero, y conformado por el camarista de San Martín, Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (LLA - Tierra del Fuego) y María Florencia López (UxP - La Rioja); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA - Santa Fe), Christian Alejandro Zulli (UxP - Corrientes) y la abogada de la matrícula federal, Ana Beatríz Fernández.

Este mismo Jurado viene de destituir este mismo martes al ahora ex titular del Juzgado Federal N° 4 de Mar del Plata, Alfredo López, por postear mensajes antisemitas en redes sociales.

Un Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados removió este martes al juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, por sus expresiones en redes sociales. Lo acusaron por antisemitismo a partir de una serie de posteos en su cuenta de X, donde profirió mensajes cargados de una discriminación sistemática al pueblo judío y al Estado de Israel, según determinó el jury.

La acusación contra el ahora exmagistrado fue impulsada por el senador nacional Luis Juez y el abogado Alberto Maques, integrantes del Consejo de la Magistratura.

En su defensa, López había declarado que no actuó con mala fe o ánimo de ofender y sostuvo que sus opiniones no constituyen ataques personales contra los judíos. Habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión.

Ángel Marcelo Bová, secretario general del Jurado, leyó el veredicto del juicio político, a partir del cual se concluyó que el magistrado “atropelló derechos elementales con persistencia y sistematicidad, reiterando insultos y términos peyorativos contra toda una comunidad” e incurrió en la causal de mal desempeño de sus funciones.

Al juez López se lo juzgó por 15 posteos en su cuenta de X, que en su momento le valieron una ola de denuncias impulsadas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

En el debate oral, el jury constató una “falta grave de ética, sustancial para el ejercicio de la judicatura”, además de “graves desórdenes de conducta”, una situación que “dinamitó la confianza de la ciudadanía en orden al mantenimiento de su actitud para administrar justicia de manera imparcial”, según se desprende del veredicto.

El Jurado concluyó que los posteos de López “incitaron a la violencia simbólica, pretensión de sometimiento y, muy especialmente, a la discriminación”.

“Las manifestaciones de discursos de odio quedan excluidas de la protección que brinda el derecho a la libertad de expresión”, se resaltó además en otro pasaje de la sentencia.

El Jurado lo conformaron el magistrado Marcelo Gastón Bartumeu Romero, del Tribunal Oral Criminal N° 25 de CABA; el camarista federal de San Martín Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA) y Christian Alejandro Zulli (UP) y la abogada de la matrícula federal Ana Beatríz Fernández.

Luego del dictamen de la comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura que pidió su juicio político, Alfredo López presentó su renuncia como juez, pero el Poder Ejecutivo no se la aceptó.

Entre los posteos en cuestión hay una encuesta que difundió López sobre “a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria”, el pedido de retuits contra la “judiada (sic) interna y externa”, la invitación a contestar “a estos fariseos” al aludir al Foro Argentino contra el Antisemitismo, o la respuesta a un usuario diciendo “bueno, judío, es Twitter, hay que abreviar”.

En otra publicación compartió una foto del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, y se preguntó: “¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?”.

López insistió durante el juicio político en que sus “opiniones personales” fueron sobre “asuntos públicos”, y resaltó: “Denunciar un genocidio no es un acto de odio, sino un acto de defensa de los derechos humanos”.

“Mis acusadores y los supuestos ofendidos no promovieron ninguna denuncia de carácter civil o penal. Si en 40 años no tuve imputaciones de esta naturaleza, ¿qué ha ocurrido entonces? ¿Me he convertido en un antisemita repentino? ¿O bien ha ocurrido un hecho público y notorio que es el genocidio en Gaza a manos del Estado de Israel?”, expresó el magistrado durante su descargo.

Por unanimidad, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados desestimó la postura de López y lo echó del Poder Judicial. Ahora el Consejo de la Magistratura deberá iniciar un concurso para cubrir la vacante que se producirá en los tribunales de Mar del Plata.

La sentencia no tardó en generar repercusiones en el arco político. El legislador porteño Waldo Wolff, fuertemente identificado con la comunidad judía, celebró la destitución: “En un fallo ejemplar y memorable el Consejo de la Magistratura removió a Alfredo López de su cargo por sus permanentes expresiones antisemitas”, posteó.

Y siguió: “Nuestro país es un ejemplo de convivencia entre quienes profesamos distintos credos; la remoción de un Nazi del cargo de juez federal es una bocanada de aire fresco para seguir sosteniendo aquellos valores que nos dan identidad como tierra plural y de los que tan orgullosos nos sentimos”.

Lo mismo hizo el presidente de la Nación, Javier Milei, al compartir un comunicado del Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) que destacó: “Por primera vez en la historia, en Argentina, un juez federal es desplazado por ataques antisemitas”.

La Justicia comenzó a investigar el accionar de las fuerzas de seguridad durante la movilización del pasado 6 de agosto en las inmediaciones del Congreso de la Nación, cuando se aprobó la Ley de Tierras. Ya está bajo análisis en los tribunales federales de Comodoro Py el caso del comisario inspector de la Policía Federal Argentina (PFA) Gustavo Antonio Gauna, señalado por disparar una escopeta contra los manifestantes mientras iba vestido de civil, sin ninguna identificación visible.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, todas las denuncias que se presentaron a partir de la represión en las afueras del Congreso se acumularon en el Juzgado Federal N° 10, que subroga Julián Ercolini.

El fiscal Franco Picardi requirió abrir la investigación y propuso una serie de medidas de prueba para impulsar la acción penal: pidió informes a distintos organismos públicos, registros de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales.

El juez Ercolini, quien de momento no delegó la investigación en la fiscalía, ya ordenó algunas diligencias y tiene otra batería de medidas bajo análisis, indicaron fuentes con acceso al expediente.

La causa se inició a partir de las denuncias presentadas por las autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Los representantes de esta entidad, Adolfo Pérez Esquivel, Dora Barrancos y Roberto Cipriano García, reportaron “graves abusos de poder, detenciones arbitrarias y un uso desmedido de la fuerza”.

También hubo denuncias de la diputada nacional Marcela Pagano y del abogado Gregorio Dalbón que señalaron -además del comisario Gauna- a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Ambas habían recaído por sorteo en el juzgado de María Servini, pero todo se acumuló con la causa iniciada por la CPM.

Quién es el comisario Gauna

El comisario inspector Gustavo Antonio Gauna se desempeña desde enero de 2025 como jefe de la Dirección General de Organizaciones Criminales de la PFA. Antes había estado a cargo de los departamentos de Investigaciones Nacionales, Trata de Personas y de la división Homicidios.

En 2023, Gauna declaró como testigo en la causa por el crimen de Lucas González (17), el jugador de inferiores de Barracas Central asesinado por agentes de la Policía de la Ciudad. Su testimonio complicó a los acusados, quienes finalmente resultaron condenados.

En redes sociales se difundieron fotos del comisario en la Plaza del Congreso con una escopeta a la altura de la cintura. Lo captaron desde distintos ángulos y en ninguna imagen se percibe con claridad que lleve una identificación.

Luego de identificar a Gauna, desde la oposición reflotaron un viejo posteo de la senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien compartió una foto con el comisario durante un operativo por la desaparición de Loan Peña en Corrientes.

Bullrich negó conocerlo personalmente o tener algún vínculo más allá del que mantuvo en su momento por su responsabilidad como ministra.

La represión de la marcha

Según los informes de monitoreo presentados por esa entidad, que trabajó en conjunto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la intervención policial derivó en una “represión indiscriminada” que afectó a más de 1.500 personas que se movilizaron para protestar contra la ley de inviolabilidad de la propiedad privada.

Los denunciantes relataron que las fuerzas, integradas por un comando unificado de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, recurrieron al uso coordinado de gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y postas de goma.

El operativo dejó al menos 16 heridos, entre los que hubo manifestantes, trabajadores de prensa y miembros de los propios equipos de control de derechos humanos, según consta en la denuncia. También se informó la detención de 29 personas en medio de los incidentes.

Uno de los episodios más graves ocurrió en la esquina de Lima y Avenida de Mayo. En ese punto, la fotoperiodista Patricia Del Valle Cugat sufrió un fuerte traumatismo craneal con sangrado tras caer al suelo en medio de las maniobras de dispersión y los disparos de postas de goma.

Integrantes de la Comisión Provincial por la Memoria y del organismo de asistencia médica CEPA que auxiliaron a la trabajadora de prensa denunciaron una presunta inacción de los efectivos policiales, quienes se habrían limitado a dar aviso por radio antes de retirarse del lugar donde la mujer cayó desvanecida. Posteriormente, una ambulancia del SAME trasladó a la víctima al Hospital Argerich.

La CPM amplió su denuncia en los últimos días y sumó nuevos testimonios de personas lesionadas en diferentes puntos de la Plaza del Congreso.

La presentación judicial también dio cuenta de que el propio secretario ejecutivo de la Comisión, Roberto Cipriano García, recibió un disparo de posta de goma en su brazo derecho mientras supervisaba el operativo.

Ante la magnitud de los gases y las detonaciones, unas 50 personas debieron refugiarse en un puesto sanitario provisorio montado en el Instituto Patria.

Juan Tomás Rodríguez Ponte juró este jueves como juez titular del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora y asumió la conducción de un despacho por el que pasan expedientes judiciales de altísima trascendencia.

La ceremonia se llevó a cabo en el Salón Gorostiaga del Palacio de Justicia, que se vio colmado por más de un centenar de invitados. Varios se vieron obligados a seguir el evento desde afuera de la sala, dada la gran concurrencia.

Rodríguez Ponte se hará cargo de casos tales como el presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en el que están bajo la lupa el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, y su exesposa Jesica Cirio; además de la causa Sur Finanzas, en la que investigan a la financiera ligada a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Los tribunales federales de Lomas de Zamora tienen jurisdicción sobre zonas sensibles como la cárcel de Ezeiza y el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, ubicado en la misma localidad.

Entre los asistentes al acto hubo jueces de instrucción, camaristas, fiscales, funcionarios judiciales, consejeros de la magistratura, abogados, los ministros de la Corte Suprema de Justicia Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, y el titular del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien reactivó su pliego.

En primera fila estuvo la familia del flamante juez, incluida su esposa, la fiscal Alejandra Mángano, titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y subrogante de la Fiscalía Federal N° 12 de los tribunales porteños.

Hubo una altísima concurrencia de los magistrados de Comodoro Py. Fueron casi todos los fiscales de instrucción: Ramiro González, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Carlos Stornelli y Franco Picardi dieron el presente junto a Mángano.

También lo hicieron varios de los jueces del tercer y cuarto piso: Ariel Lijo, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Casanello, Marcelo Martínez De Giorgi y Julián Ercolini. Por la Cámara Federal de Apelaciones asistieron Eduardo Farah, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia; así como Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, de la Cámara Federal de Casación Penal.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Carlos Alberto Vallefín, condujo la ceremonia. Entre otros invitados se destacaron el ministro del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santiago Otamendi; el juez y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, Andrés Basso; el secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, Julio Piumato; Ana María Juan, jueza federal designada en Hurlingham; y los fiscales Diego Iglesias (PROCUNAR) y Diego Velasco (PROCELAC).

El juez Lijo fue escoltado por parte de su equipo y sus dos secretarios, Diego Arce y Martín Canero. Sucede que Tomás Rodríguez Ponte también condujo una secretaría bajo el ala del titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py durante poco más de una década. Allí construyó los cimientos de su carrera y, además, compartió oficina con el ministro Mahiques, cuando ambos recién daban sus primeros pasos en el Poder Judicial.

Luego desembarcó en 2016 al frente de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), el organismo encargado de las escuchas y entrecruzamientos telefónicos.

Como secretario de Ariel Lijo, Rodríguez Ponte encabezó causas de alto impacto. Quienes siguieron su trabajo en Comodoro Py le recuerdan, por ejemplo, su labor en el procesamiento del entonces vicepresidente en ejercicio Amado Boudou, en el caso Ciccone.

Ahora, el mayor desafío que tendrá por delante está en la causa Yategate. El fiscal Sergio Mola, instructor de ese expediente, fue uno de los invitados a la jura.

Junto a otros pares del Ministerio Público Fiscal, Mola viene trabajando para avanzar con la indagatoria de Martín Insaurralde y el resto de los implicados, algo que hasta ahora no ordenó ninguno de los jueces que tuvo el expediente. Rodríguez Ponte deberá decidir también sobre el futuro de los videos en los que se ve a la conductora y modelo Jesica Cirio exhibiendo fajos con miles y miles de dólares.

Un peritaje reciente determinó que esos archivos no tienen valor probatorio, porque no fue posible verificar su origen, su integridad ni su autenticidad. Las defensas buscan que la Justicia los descarte.

Fuentes judiciales consultadas por Infobae adelantaron que no habría novedades sobre estos tópicos en el corto plazo: apenas llegue a su despacho, el juez tendrá que empezar a analizar desde cero el expediente, que viene acumulando pruebas hace tres años.

Antes de dejar Juzgado Federal N° 2, el subrogante Luis Armella dictó la falta de mérito de los directivos del Club Atlético Banfield en la causa Sur Finanzas, mientras que en el Yategate sobreseyó a la modelo Sofía Clerici.

El juez Luis Armella, subrogante del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, sobreseyó a la modelo Sofía Clerici en la causa Yategate, donde era investigada por presunto lavado de dinero. A partir de un peritaje contable, la Justicia determinó que no existen pruebas que conecten el patrimonio de la mujer con las actividades económicas o los fondos del exintendente Martín Insaurralde, con quien realizó el viaje a Marbella, España, en septiembre de 2023.

La causa judicial comenzó luego de que la modelo publicara fotos en redes sociales a bordo del yate “El Bandido”. Clerici fue allanada en su casa del barrio cerrado Los Lagos, en Nordelta, donde le incautaron la suma de 569.911 dólares en efectivo y artículos de lujo.

No obstante, el juez Armella ordenó enviar a los tribunales de San Isidro las actuaciones correspondientes a sus inconsistencias financieras particulares para que se investiguen de forma independiente, en una nueva causa.

La resolución se firmó menos de 24 horas antes de que Armella deje el juzgado. Este jueves juró el nuevo magistrado titular, Juan Tomás Rodríguez Ponte.

Tal como anticipó Infobae, la defensa de la modelo, encabezada por el abogado Martín Larralde, había solicitado el sobreseimiento tras la incorporación de un peritaje contable clave elaborado por una perito oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Dicho informe, presentado a mediados de julio, no encontró ningún documento o registro que diera cuenta de entregas de dinero por parte de Insaurralde hacia Clérici, ni tampoco comprobantes que asociaran al ex jefe de Gabinete bonaerense con la adquisición de las posesiones lujosas que le incautaron a la modelo.

De acuerdo con el documento provisto, a Sofía Clérici se la investigaba por el delito de lavado de activos (previsto y reprimido por el artículo 303 del Código Penal).

La Justicia le imputaba haber puesto en circulación fondos de origen ilícito mediante la compra de pasajes al exterior y el pago de gastos de viaje. Clerici había sido señalada como testaferro en la adquisición de bienes y la contratación de servicios (como pasajes de avión, alojamiento en un hotel de Marbella y el alquiler de un yate) que Martín Insaurralde no podía justificar con sus ingresos declarados, con el fin de que el exfuncionario apareciera como ajeno a esos gastos.

El fiscal Sergio Mola dictaminó en contra del sobreseimiento. La fiscalía argumentó que la falta de registros escritos no descartaba que los pagos o las dádivas entre Insaurralde y Clerici se hubieran efectuado en dinero en efectivo.

Además, Mola enumeró una serie de inconsistencias en los números de Clerici que, según su criterio, requerían mayor investigación. Entre ellas, mencionaron un déficit patrimonial de más de 173 millones de pesos entre 2009 y 2023, la compra de una propiedad en Nordelta por 510.000 dólares a través de una sociedad sin actividad comercial, la adquisición de un automóvil importado valuado en 50.000 dólares y la falta de justificación sobre el origen de los billetes extranjeros hallados en su casa.

Por su parte, la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF) opinó que dictar el sobreseimiento resultaba prematuro. El organismo solicitó postergar la decisión debido a que todavía se encontraba pendiente de resolución el pedido de declaración indagatoria para otros imputados en el expediente, entre los que figuran familiares y allegados comerciales de Insaurralde.

En definitiva, el juez Armella rechazó las posturas de los acusadores y se inclinó por la petición de la defensa.

El magistrado explicó que, tras tres años de investigación, análisis de dispositivos electrónicos y pericias contables, “no ha permitido establecer la existencia de un vínculo de naturaleza económica entre Sofía Clérici y Martín Insaurralde que permita relacionar los fondos secuestrados en el domicilio de aquella con el patrimonio o las actividades económicas de este último o su entorno”.

A criterio del juez, la mera relación afectiva o el hecho de haber compartido un viaje no configuran un delito penal. También aclaró que la hipótesis de una entrega de fondos en efectivo constituye una suposición que no fue corroborada en el expediente, según se desprende del fallo, al que accedió este medio.

Respecto a las dudas sobre el origen de los bienes de la modelo, el juez remarcó que el sobreseimiento dictado no implica convalidar la licitud de su patrimonio ni justificar sus ingresos.

Al tratarse de presuntas irregularidades autónomas que ocurrieron en una jurisdicción diferente, Armella ordenó extraer copias de las pruebas y remitirlas a los tribunales federales de San Isidro, que poseen la competencia territorial sobre el domicilio de Nordelta donde se incautaron los fondos y los objetos de valor, los cuales quedarán ahora a disposición del nuevo juzgado que asuma esa causa.

La Cámara Federal de Apelaciones porteña avanzó con la elevación a juicio en el caso que investiga el desvío de fondos públicos que salieron del Ministerio de Planificación Federal de Julio De Vido, mediante convenios entre el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (ORSEP) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Los principales acusados son Carlos Ruta y Daniel Edgardo Di Gregorio, quienes respectivamente oficiaron como rector y vicerrector de esa casa de estudios.

La Sala II del tribunal confirmó el requerimiento de elevación a juicio que había dictado la jueza María Eugenia Capuchetti, aunque anuló un párrafo de la acusación del fiscal.

Ambos exdirectivos habían cuestionado la validez del requerimiento al argumentar que se modificaron los hechos imputados originalmente y que se omitieron pruebas decisivas para el caso. Sin embargo, los magistrados Eduardo Farah y Roberto Boico desestimaron la mayoría de estos planteos y validaron el camino hacia el juicio.

El conflicto central que derivó en la anulación de una parte del escrito fiscal radicó en un párrafo específico que, según los jueces, excedió la imputación fijada durante la etapa de investigación.

En ese fragmento, la fiscalía atribuyó a Ruta y Di Gregorio tareas de supervisión directa sobre la ejecución de los contratos, la certificación de servicios prestados, la emisión de órdenes de pago, la transferencia de montos y la entrega de cheques.

La Cámara consideró que estas afirmaciones no guardaban coherencia con la plataforma fáctica por la cual los acusados resultaron procesados, por lo que decidió suprimir ese pasaje para evitar futuros planteos que afecten el normal desarrollo del juicio.

A pesar de esta modificación, la Cámara ratificó la acusación general contra las exautoridades de la casa de estudios en calidad de partícipes necesarios del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

El caso

La maniobra investigada consistió en la firma de un convenio marco de cooperación en diciembre de 2012, al que luego se sumaron dos actas específicas firmadas en 2014 y 2015, para obtener asesoramiento técnico en materia hidráulica de los expertos de la universidad.

A través de estos instrumentos, el ORSEP —que tiene la misión de fiscalizar y controlar la seguridad de las presas, embalses y otras obras, y funcionaba bajo la órbita de Planificación Federal— transfirió $8.898.167 entre 2013 y 2016 que habrían sido desviados. Actualizada por inflación, esa cifra hoy superaría los 2.000 millones de pesos.

De acuerdo con las constancias del expediente, los fondos públicos se destinaron a finalidades distintas a las pactadas originalmente, mediante la contratación de servicios que nunca se ejecutaron y la emisión de facturas “truchas”.

La acusación señala que los convenios se firmaron sin cumplir con los procedimientos administrativos internos obligatorios, ya que no contaron con la aprobación del consejo técnico del ente regulador ni del consejo superior de la universidad. Esta omisión impidió que se realizaran los controles necesarios sobre los acuerdos específicos, lo que facilitó el perjuicio patrimonial para el Estado.

La investigación judicial determinó que la falta de intervención de los organismos de control internos permitió la suscripción de contratos de locación de servicios con personas que carecían de la idoneidad y los conocimientos técnicos requeridos.

Entre los contratados por la UNSAM había psicólogos, profesores de educación física y comerciantes del rubro alimenticio, cuyas especialidades no tenían vinculación alguna con las funciones del Organismo Regulador de Seguridad de Presas.

Otros profesionales declararon como testigos y reconocieron que no prestaron los servicios que figuran en los papeles.

Junto a Ruta y Di Gregorio también están procesados otros exdirectivos de menor jerarquía.

El ex rector de la UNSAM Carlos Ruta aparece mencionado en varias causas de corrupción. Hace un año atrás fue absuelto en el caso “Mamá Corazón”, donde compartió el banquillo de los acusados con De Vido y la actriz Andrea Del Boca. El fallo fue apelado por la fiscalía y está bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

Ruta también va camino a juicio en otro expediente por sobreprecios en la compra de equipos tecnológicos para producir contenidos audiovisuales en la universidad. El caso también tiene como epicentro un convenio firmado con el Ministerio de Planificación Federal.

El Tribunal Oral Federal N° 2, a cargo de la causa Vialidad, ordenó embargar un conjunto de propiedades y activos comerciales, entre los que está el departamento de la calle San José 1.111 en el que cumple su prisión domiciliaria la ex presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

La resolución judicial se enmarca en los avances de la Justicia sobre la recuperación de 685.000 millones de pesos fijados como el monto del perjuicio patrimonial al Estado por las maniobras de corrupción con la obra pública.

Cabe resaltar que esta medida no implica un remate inmediato de las propiedades ni altera la titularidad de los bienes, sino que establece su indisponibilidad jurídica para evitar transferencias o gravámenes mientras se define el decomiso final, según remarcó el Tribunal en su resolución.

Los jueces del caso Vialidad ya avanzaron con una primera etapa de decomiso sobre 111 bienes que están siendo tasados. Esta segunda fase en la que ahora se ordenaron los embargos había sido impulsada en febrero por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciani. Todavía no se recuperó ni un solo peso de la corrupción.

Más embargos

El fallo del TOF N°2 también alcanzó a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero que la familia Kirchner posee a través de sociedades comerciales.

En la provincia de Santa Cruz se embargaron múltiples terrenos y edificaciones. Dentro de este listado figura el predio donde se emplaza el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en esa localidad patagónica.

Asimismo, se incluyeron inmuebles en El Calafate y Río Gallegos, entre los que está el chalet de la expresidenta situado en la avenida Costanera Presidente Néstor Kirchner y otras viviendas ubicadas en las calles Alvear, Moreno y 25 de Mayo.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso ratificaron y fundamentaron la extensión de las medidas hacia los bienes de Máximo y Florencia Kirchner, quienes no resultaron condenados en este expediente.

Además, recordaron que en la sentencia de Vialidad se probó que las maniobras defraudatorias generaron beneficios económicos directos para el empresario Lázaro Báez e indirectos para toda la familia Kirchner. El juicio demostró una estrecha relación comercial donde las firmas de Báez alquilaron, construyeron y explotaron los hoteles familiares a través de las sociedades Los Sauces y Hotesur, según se desprende del fallo.

Por otra parte, el Tribunal dispuso medidas sobre bienes pertenecientes a las empresas constructoras vinculadas a la corrupción con la obra pública. Se ordenó el embargo de cuatro inmuebles de la firma Kank y Costilla. De igual modo, se procedió contra una propiedad en Río Gallegos que Lázaro Báez adquirió a finales de 2005 mediante una cesión de derechos ajena a un proceso sucesorio previo.

Los magistrados ordenaron la reinscripción de los embargos sobre varios vehículos particulares de los condenados: un Honda CR-V de Cristina Fernández de Kirchner; un Ford Mondeo, un BMW 630, un Chrysler Coupe y un Torino de Lázaro Báez; un bote y un Chevrolet Meriva de José López; una Land Rover Defender de Mauricio Collareda; una Dodge Journey de José Raúl Santibáñez y un Fiat 600 de Nelson Periotti.

Finalmente, la justicia requirió al Banco Galicia que responda de forma urgente, en un plazo de 24 horas, sobre el estado de una caja de seguridad y dos cuentas de ahorro, una en pesos y otra en dólares, pertenecientes a Florencia Kirchner. Esta solicitud se realizó bajo apercibimiento de ley ante los reiterados incumplimientos previos por parte de la entidad financiera a los pedidos de informes cursados por el TOF N° 2.

Ocurre que el fiscal general Diego Luciani pidió que los 5.656.134 dólares que la hija de la expresidenta tiene embargados en ese banco también integren la lista de bienes a recuperar.

El listado completo

De los 141 bienes identificados por los fiscales en este segundo tramo de la ejecución, estos son los embargos que ordenó el Tribunal:

I. Inmuebles de las firmas Los Sauces S.A. y Hotesur S.A. (cuyas acciones pertenecen a Máximo y Florencia Kirchner)

1. Un departamento en la calle San José 1111, piso 2, depto. D, CABA (Matrícula FRE 12-759/05).

2. Un dúplex en el Complejo Madero Center, CABA (Matrícula 21-86/440).

3. Siete cocheras en el Complejo Madero Center, CABA

4. Un departamento en el Complejo Madero Center, CABA (Matrícula 21-86/126).

5. Una baulera en el Complejo Madero Center, CABA (Unidad complementaria CCCXCIII).

6. Un terreno en Calle 3850, Manzana 670, El Calafate, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3312).

7. Un inmueble en Alvear 395, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 1574).

8. Un inmueble en Moreno 882, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 5026).

9. Un terreno de 1961,80 m² donde se emplaza el Hotel La Aldea Del Chaltén, El Chaltén, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3645).

10. Un inmueble en Av. Costanera Pte. Néstor Kirchner 3233, El Calafate, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 3369).

11. Un inmueble en Calle 25 de Mayo 66, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 6733).

12. Un inmueble en Mascarello 441, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 7071).

13. Tres departamento/unidad en el Departamento III, Lago Argentino, Provincia de Santa Cruz

II. Inmuebles de la firma Kank y Costilla S.A.

- Un inmueble adquirido el 16 de abril de 2005 (Matrícula 83.713).

- Un inmueble en Barrio Humberto Beghin 4383, Menéndez Belarmino, Provincia del Chubut (Matrícula [03-6] 33.169).

- Un inmueble en Manzana 137, Las Heras, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 13.153).

- Un inmueble en Manzana 633 A, Parcela 1, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 29.741).

III. Inmuebles de la firma Loscalzo y Del Curto S.R.L.

- Un inmueble en Manzana 116, Solar A, Parcela 10, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 9.585).

- Un inmueble en Manzana 86, Parcela 14-e, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 28.475).

IV. Propiedades de Lázaro Antonio Báez

- Un inmueble en la calle Asturias 527, Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz (Matrícula 10.248).

- Un inmueble en Lote 20 “f”, Sección G-3, Fracción A, Alto Río Senguer, Provincia del Chubut (Matrícula [05-02] 94.619).

V. Propiedades de José Francisco López

- Un inmueble en Chicligasta, Los Gucheas, Provincia de Tucumán (Matrícula Z-03383).

- Un inmueble en Chicligasta, Concepción, Provincia de Tucumán (Matrícula Z-10848).

VI. Inmuebles de otros imputados

- Un inmueble en Barrio Paso de los Andes, lote 4, manzana 18, Departamento Capital, Provincia de Córdoba (Matrícula 223.361).

- Una cochera en la calle Bolívar 380/384, Barrio Centro, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba (Matrícula 15119/273).

VII. Vehículos y embarcaciones

- Honda CR-V EXL (Dominio IFU 999), de titularidad de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner.

- Ford Mondeo Titanium 2.0L (Dominio LSJ 212), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- BMW 630 CS (Dominio SZN 360), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- Chrysler Coupe GTX (Dominio WJO 725), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- Torino GS (Dominio XIW 830), de titularidad de Lázaro Antonio Báez.

- Chevrolet Meriva GLS 1.8 (Dominio FEI 444), de titularidad de José Francisco López.

- Land Rover Defender 110 (Dominio DDJ 713), de titularidad de Mauricio Collareda.

- Dodge Journey SXT 2.4 (Dominio OLS 772), de titularidad de José Raúl Santibáñez.

- Fiat 600 (Dominio C0591079), de titularidad de Nelson Guillermo Periotti.

- Bote motor “ARAMAR” (Matrícula 050622 REY, motor Yamaha), de titularidad de José Francisco López.

La Cámara Nacional Electoral confirmó este martes el procesamiento del intendente de Maipú en uso de licencia, Matías Rappallini, y de la jefa comunal interina, Lorena Otermín, los principales acusados de haber retenido documentos de vecinos para impedirles votar en las elecciones de 2019, en las que se impusieron por una diferencia de apenas 49 votos.

Los funcionarios y dirigentes radicales del interior de la provincia de Buenos Aires -que por entonces lideraban la coalición local de Junto por el Cambio- quedaron señalados como coautores de los delitos de retención indebida de documentos cívicos de terceros en concurso con la inducción de electores mediante engaños para abstenerse de emitir su voto.

La causa penal comenzó el mismo día de la votación, cuando múltiples ciudadanos acudieron a dependencias policiales y judiciales para denunciar que entregaron sus Documentos Nacionales de Identidad (DNI) a personas vinculadas a la estructura municipal.

El recuento definitivo de votos confirmó que Rapallini consiguió la reelección con 4212 votos contra los 4163 que cosechó Carlos Coudannes, quien fue el candidato del Frente de Todos.

De acuerdo con las declaraciones recolectadas, las entregas de documentos ocurrieron bajo presiones o a cambio de contraprestaciones que incluyeron sumas de dinero, bolsones de alimentos, materiales de construcción, promesas de empleo en la comuna y facilitación de trámites estatales.

El expediente reunió el testimonio de 27 damnificados directos de la localidad, de los cuales 19 efectivamente no lograron sufragar aquel domingo debido a que no recuperaron sus documentos a tiempo. Pero el volumen de la maniobra sería mayor: los denunciantes manifestaron que lo mismo les pasó a otros familiares o allegados, lo que configuró el escenario “masivas retenciones de documentos de identidad”, según se desprende del fallo.

La investigación judicial, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, reconstruyó el circuito de captación de los documentos.

Un policía imputado se quebró y confesó en su declaración indagatoria que le entregó los DNI de forma directa al intendente Rappallini en la vía pública o en el domicilio de una colaboradora, Estela Ciafardo.

Esta versión coincidió con mensajes de voz de WhatsApp analizados por los peritos, donde la funcionaria María Alejandra Fernández -también procesada- le explicaba a una víctima que los documentos no estaban en su poder, sino que permanecían guardados “en el gabinete” municipal.

El fallo de la Cámara Electoral, firmado por los jueces Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas, destacó que las 13 personas procesadas por participar de este circuito son o eran funcionarios de alta jerarquía, empleados de la comuna o militantes directamente identificados con el radicalismo local.

La Cámara consideró inverosímil pensar que las máximas autoridades del municipio desconocían un despliegue de tal magnitud coordinado por sus propios colaboradores directos.

Asimismo, la resolución judicial valoró como prueba que durante el mes de los comicios, el intendente Rappallini -hermano de Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina- autorizó una adquisición extraordinaria y masiva de alimentos por un monto de poco más de $2.000.000 de la época, una cifra que actualizada representaría un desembolso de aproximadamente $115.000.000.

Este movimiento de fondos públicos reforzó la hipótesis sobre el uso de recursos estatales con fines de captación de voluntades.

En paralelo, el tribunal analizó la situación de otros involucrados en la causa. Respecto de Marcelo Osvaldo Condoleo, jefe policial de la localidad en ese momento, los magistrados confirmaron la falta de mérito dictada en primera instancia. Si bien se acreditó que dos suboficiales bajo su mando participaron activamente en las maniobras, el comisario presentó un descargo donde indicó que la máxima autoridad en la dependencia durante la jornada electoral fue un superintendente de mayor jerarquía. La justicia ordenó profundizar la investigación sobre Condoleo para determinar si facilitó el accionar de sus subalternos o si intentó disuadir a los vecinos de radicar las denuncias.

Por otra parte, la Cámara ratificó el sobreseimiento de Federico Rappallini. Tras analizar las pruebas colectadas durante los últimos años, los magistrados concluyeron que no existen elementos de cargo ni testimonios directos que lo vinculen con las maniobras delictivas investigadas.

Finalmente, el tribunal de apelaciones mantuvo los embargos preventivos sobre los bienes de Matías Rappallini y Lorena Otermín por un monto de 30 millones de pesos para cada uno.

Esta medida cautelar busca asegurar el pago de eventuales multas, costas procesales y reparaciones civiles. También continuará vigente la prohibición impuesta a los procesados de mantener cualquier tipo de comunicación, ya sea de forma directa o por terceras personas, con las víctimas y los testigos que brindaron declaración en la causa.

La Cámara Federal de Casación Penal convalidó otra de las causas que enfrenta el suspendido juez federal de Rosario, Gastón Salmain, procesado por hechos de corrupción y señalado en varios episodios por presuntos pedidos de coimas. La investigación ratificada este lunes por el máximo tribunal penal es por abuso de autoridad y se desprendió del caso Attila, donde el magistrado está acusado de haber pedido un soborno a cambio de facilitarle 10 millones de dólares a una financiera mientras había cepo y brecha cambiaria.

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario -que va camino a ser destituido en un juicio político- dictó una medida cautelar que benefició a la firma Attila Fideicomisos SRL, del financista Fernando Whpei, hoy imputado colaborador de la Justicia.

Aquel fallo judicial ordenó al Banco Central de la República Argentina autorizar al fideicomiso el acceso al mercado de cambios para adquirir y transferir 10 millones de dólares a una cuenta en el exterior.

Whpei reconoció la existencia de un pacto en el cual Salmain, con la intermediación del escribano Santiago Busaniche, acordó “vender” los fallos a cambio de una coima de 200.000 dólares; el 10% de la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue.

Según la investigación judicial, el plan se frustró porque coincidió con el cambio de gobierno y la devaluación que impulsó el presidente Javier Milei apenas llegó al poder, lo que pulverizó la brecha y, de forma colateral, arruinó el negocio espurio.

En la causa Attila, Salmain está procesado por cohecho pasivo agravado, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Le dictaron la prisión preventiva, que se hará efectiva solo si pierde sus fueros.

En plena investigación, mientras corría el mes de octubre pasado, hubo un intento fallido por allanar el despacho de Salmain en Rosario. Al mismo tiempo, personal de la Policía de la Ciudad lo interceptó en el barrio porteño de Belgrano y le secuestró su celular.

Aunque la causa estaba bajo secreto de sumario -y con él como principal imputado-, Salmain intentó acceder al expediente y envió un oficio a las autoridades de la PSA y a la Cámara Federal de Rosario, supuestamente para conocer detalles de los procedimientos.

Los escritos se tramitaron con membretes institucionales, firmas y sellos del tribunal, y se remitieron desde el correo electrónico oficial de la dependencia judicial, por lo que la fiscalía sostiene que Salmain utilizó su cargo y la estructura de su juzgado para proceder.

Ante esta imputación, la defensa de Salmain interpuso una excepción de falta de acción, con el argumento de que la conducta del juez no encuadraba en un delito penal.

El juez federal de garantías Román Lanzón rechazó el planteo, decisión que luego confirmó el tribunal de revisión de Rosario. Al llegar el caso a la Casación, los magistrados Mariano Borinsky y Gustavo Hornos ratificaron el rechazo al señalar que la obligación de seguir sometido a un proceso penal no equivale a una sentencia definitiva.

Los camaristas firmaron este lunes dos resoluciones rechazando las quejas de la defensa. El segundo revés para Salmain se produjo en el incidente donde su defensa solicitó la nulidad de las medidas de prueba ordenadas al inicio de la investigación, cuando fue allanado el Juzgado Federal N° 1 de Rosario y -después del primer intento frustrado- se secuestró documentación, computadoras y otros dispositivos.

Los abogados defensores argumentaron que la incautación de los dispositivos electrónicos y el acceso a la información digital vulneraron el derecho a la intimidad, el secreto de las comunicaciones y la confidencialidad de la función judicial.

La Cámara de Casación desestimó la queja y convalidó los procedimientos. Los jueces explicaron que la defensa no rebatió de manera concreta los fundamentos de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad que justificaron las medidas. Asimismo, el tribunal aclaró que el imputado conserva la facultad de discutir la validez de estas pruebas cuando llegue a juicio oral, lo que descarta cualquier situación de indefensión.

Salmain fue imputado hace dos semanas en un nuevo caso de sobornos. Está acusado de haber ofrecido protección judicial a Carlos Vaudagna, exdirector regional de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe, a cambio de una coima de 100.000 dólares.

Vaudagna es otro de los arrepentidos que declaró ante la Justicia, y reconoció los delitos en cuestión. El magistrado, por ahora, negó todas y cada una de las acusaciones en su contra.

Salmain decidió no renunciar y, en cambio, enfrentará un jury en el Consejo de la Magistratura, donde se ventilarán los sucesos vinculados a la causa Attila y un segundo cargo por haber ocultado en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para direccionar un expediente.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación inauguró este lunes el juicio político contra el suspendido juez federal Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa, quien fue denunciado por funcionarios y empleados de su despacho por maltrato laboral, abuso de autoridad, coacción y violencia de género.

El jury podría llevar a la destitución de Díaz Lacava, quien en paralelo enfrenta una causa penal por los mismos hechos y será juzgado en un debate oral y público previsto para el próximo mes de septiembre.

El juicio político comenzó esta mañana en el Consejo de la Magistratura con la presentación de la acusación, que estuvo a cargo de los consejeros Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, y Alberto Maques, abogado, quienes impulsan la remoción por mal desempeño.

Luego fue el turno de la defensa de Díaz Lacava, que está a cargo del abogado Andrés Gil Domínguez. El veredicto del Jurado, según estiman fuentes que participan del proceso, se escuchará entre el 18 y el 25 de agosto.

Las denuncias contra el juez federal que tiene a cargo los juicios y ejecución de las penas en La Pampa empezaron en abril de 2023. Actualmente, tiene una orden de alejamiento sobre las víctimas.

Tres secretarios del Tribunal lo acusaron de generar un clima de “terror manifiesto”, con episodios de humillaciones, hostigamiento, aislamiento de empleados, insultos e intimidación.

Hay episodios donde las damnificadas son empleadas judiciales, cuyas denuncias se encuadraron en un contexto de violencia de género.

El juez Barroetaveña, al presentar la acusación, aseguró que el caso de Díaz Lacava “no es un mero conflicto laboral; si empezamos de esa manera, le erramos”.

“No estamos ante un episodio aislado ni frente a una reacción desmedida ocasional que puede tener cualquiera de nosotros en un mal día”, expuso el consejero acusador, quien señaló al juez suspendido por “transformar el ejercicio de la función judicial en un mecanismo permanente de violencia, intimidación y abuso de poder”.

Barroetaveña también sostuvo que el TOF de La Pampa “dejó de funcionar como tal, en un contexto de trabajo que se fue degradando progresivamente” como consecuencia de la conducta de Díaz Lacava. “Se demoran las audiencias y resoluciones por este conflicto”, manifestó.

La acusación enumeró 15 hechos de violencia, desagregados en un primer bloque donde se denunciaron gritos, descalificaciones y ataques de ira que ocurrían “prácticamente todos los días”.

Y en un segundo grupo se identificaron casos más graves, como cuando Díaz Lacava arrojó una piedra a una oficina donde estaban sus subordinados, o la vez que encerró durante 20 minutos a empleados de su despacho.

“¿Se puede realmente administrar justicia así?”, se preguntó Barroetaveña ante el Jurado, que está compuesto por los jueces Marcelo Gastón Bartumeu Romero y Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Montes de Oca y María Florencia López; los diputados Christian Alejandro Zulli y Nicolás Mayoraz; y la abogada Ana Beatriz Fernández.

El magistrado Pablo Díaz Lacava escuchó desde el banquillo la acusación en su contra y, al terminar esa etapa, se lo vio compungido y al borde de las lágrimas. Su abogado confrontó las imputaciones y pidió su absolución.

“Durante la pandemia y poco después, Díaz Lacava estaba molesto, no se sentía satisfecho con el funcionamiento del Tribunal en varios aspectos, dentro de los cánones de autoexigencia que él tiene”, comenzó en su argumentación el defensor Gil Domínguez.

Al juez, según la versión vertida en la audiencia, le parecía que se estaban haciendo pocos juicios, se custodiaban mal los efectos secuestrados, había una laxitud con las visitas carcelarias y se aprobaban demasiadas licencias al personal judicial.

Todo esto, para la defensa, es una demostración de su “personalidad autoexigente”. “Ese malestar se tradujo en una mayor exigencia a los secretarios y personas de su confianza, que entraron al Tribunal en su gestión”, alegó el abogado del juez.

La defensa expuso episodios que -a su criterio- evidencian que, más allá de los choques laborales, la relación entre denunciantes y denunciado no estaba rota y Díaz Lacava les hizo favores personales y nunca se interpuso para renovar contratos o frenar aspiraciones de ascensos.

También hubo un intento por explicar algunos hechos denunciados, como el del piedrazo: “Tal vez fue una broma de mal gusto que no debió hacer”, respondió Gil Domínguez, quien subrayó que el proyectil no causó ningún daño físico ni material.

La defensa también se apoyó en un dictamen del Cuerpo Médico Forense, que entrevistó a todos los denunciantes y no detectó lesiones físicas. “Tampoco existen indicadores psicológicos específicos que permitan vincularse con una situación de maltrato laboral o algún cuadro psicopatológico en particular, y no se detecta la presencia de indicadores compatibles con un cuadro de trastorno por estrés postraumático vinculado o desencadenado a partir de los hechos denunciados”, resumió el defensor.

“¿Es razonable cargarse a un juez de la Nación a través de un juicio político con este nivel de pruebas inexistentes?”, concluyó el abogado Andrés Gil Domínguez. Díaz Lacava dijo que quiere declarar, pero que lo hará más adelante.

Al cierre de su exposición comenzó la etapa de declaraciones testimoniales. Está previsto que respondan preguntas 32 testigos -entre ellos las víctimas- a lo largo de las audiencias diarias que continuarán durante toda esta semana.

Díaz Lacava es el tercer juez que enfrenta un jury en menos de un año, un ritmo mucho mayor al habitual para el Consejo de la Magistratura.

El año pasado fue destituido Martín Poderti, quien integraba un tribunal oral de Mar del Plata y fue acusado de robar monedas de oro secuestradas en una causa penal. También se espera el veredicto del juicio político a otro juez de la misma ciudad, Alfredo López, denunciado por emitir mensajes de odio antisemitas en redes sociales.

Luego del juez de La Pampa, será el turno del juez de Rosario Gastón Salmain, suspendido y procesado por cobrar coimas a cambio de fallos y haber ocultado en su CV que en 2002 había sido echado del Poder Judicial por intentar manipular el sorteo de un expediente.

El Senado de la Nación desplazó al empleado de planta permanente Gabriel Oscar Dib, quien en las últimas semanas fue condenado por haber montado su propio negocio de corrupción al interior del Congreso. Desde un puesto clave, conseguía firmas de senadores, tramitaba pensiones graciables a personas de bajos recursos y después se quedaba con el dinero. Una versión primitiva del caso “Chocolate” Rigau con la Legislatura bonaerense.

Dib y tres cómplices fueron sentenciados a mediados de julio por el Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín. El trabajador parlamentario reconoció su culpabilidad para acceder a un juicio abreviado y lograr así una pena menor. Le dieron tres años de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos, como autor del delito de concusión.

Este tipo de causas suelen pasar por debajo de los radares. Infobae dio a conocer la historia en exclusiva y, a partir de la publicación de este medio, las autoridades del Senado iniciaron un trámite administrativo para corroborar la sentencia y tomar conocimiento del expediente judicial.

Con la información recibida de la Justicia Federal de San Martín, Gabriel Oscar Dib fue suspendido de su cargo y se le brindó un plazo para presentar documentación o algún descargo en su defensa, en el marco de ese sumario interno.

Fuentes del Senado al tanto de su caso indicaron que el plazo se agotó sin que Dib haya hecho manifestación alguna. De esa manera, su situación se elevó a la Presidencia de la Cámara alta y en los próximos días -de acuerdo a las mismas fuentes- Victoria Villarruel firmará el decreto para formalizar su exoneración, tal como lo prevé la Ley 24.600 de Estatuto y Escalafón para el Personal del Poder Legislativo.

El “Chocolate” del Senado

Según se desprende de la causa judicial, Dib y sus cómplices captaban a personas en situación de vulnerabilidad social y les ofrecían gestionar un ingreso no contributivo ante el Congreso Nacional.

La investigación, impulsada por la Fiscalía Federal de Mercedes, determinó que la organización delictiva operó al menos entre enero de 2011 y junio de 2012. La causa se originó por una denuncia del propio Senado Nacional.

La Justicia acreditó la exigencia y el retorno del dinero solamente en los casos de tres víctimas, quienes describieron cómo les quitaron sumas que rondaban los $20.000 -hoy serían entre 9 y 10 millones de pesos- bajo la falsa premisa de que ese pago era un “requisito obligatorio” del trámite.

Pero se sabe que hubo más personas captadas. Los testimonios de otros damnificados sirvieron para confirmar el funcionamiento general de la red, aunque con varios no se pudo constatar una entrega efectiva de dinero debido al temor de los afectados a sufrir represalias.

El plan ilícito era posible gracias a que Dib trabajaba en la Oficina de Pensiones Graciables del Senado, actuando como nexo directo entre los despachos de los legisladores y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente de lo que entonces era el Ministerio de Desarrollo Social.

Las pensiones graciables, cabe resaltar, son beneficios vitalicios que pueden entregar diputados y senadores a personas sumidas en la pobreza, afectadas por cuestiones humanitarias, o hasta a quienes lo necesiten por méritos artísticos o científicos, por ejemplo.

Dib gestionó los planes a través de tres senadores: Eduardo Torres, Fabio Biancalani y Jorge Banicevich, todos del Frente para la Victoria. Ellos pusieron la firma para girar las solicitudes al Poder Ejecutivo, pero la Justicia no les atribuyó complicidad o participación alguna en la maniobra.

Una vez que Desarrollo Social aprobaba y liquidaba la asignación, los involucrados controlaban el momento del cobro en las sucursales bancarias para obligar a los beneficiarios a entregarles los montos acumulados apenas salían del cajero.

La Justicia dio por probado que Dib aprovechó su posición institucional y sus conocimientos sobre el circuito de las pensiones asistenciales para liderar la operatoria.

La causa quedó radicada por sorteo en el Juzgado Federal N.° 12, interinamente a cargo de Julián Ercolini, y contará con la instrucción del fiscal Eduardo Taiano, quien debe decidir si desestima el caso o abre la investigación.

En tanto, Infobae pudo saber que el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, está trabajando en una segunda denuncia contra Sarubbi Benítez que presentaría la semana que viene.

El lunes último, durante la transmisión del ciclo La Trinchera, el abogado mileísta -que en redes se identifica como “Gordo Leyes”- desglosó tres propuestas para el conurbano, donde “no hay retorno, gane quien gane”, según su visión.

La primera alternativa planteada junto a una panelista, Kalina Ann, fue el control de la natalidad de manera forzosa: la esterilización.

Como segunda opción, Sarubbi Benítez sugirió el aislamiento geográfico y militar de la población. Su plan consistió en: “Cercar el conurbano bonaerense y levantar un muro de 15 metros de altura con snipers (francotiradores) arriba”.

Ante la consulta de sus compañeros de mesa sobre cómo se regularía el tránsito de personas en ese perímetro, el abogado aclaró que el ingreso y egreso se determinaría por “portación de cara”, bajo un criterio “totalmente arbitrario”.

Finalmente, el abogado cercano al Gordo Dan (Daniel Parisini, referente comunicacional del Gobierno) sugirió que la opción más barata sería bombardear con napalm sobre los bonaerenses.

Los dichos generaron fuerte polémica en redes sociales. No obstante, Sarubbi Benítez permanece al frente de su programa. En un intento por recular sobre sus palabras, en los últimos días hizo posteos en los que aclaró que sus ideas eran solo para “los delincuentes”.

La presentación judicial que ahora está bajo estudio del fiscal Taiano fue realizada por el abogado Emiliano Gareca, quien solicitó que se investigue al abogado, a su coconductora Kalina Ann y a la empresa Cale Group Media S.A., grupo propietario del canal de streaming.

Según el escrito, los hechos encuadran en los delitos de incitación a la violencia colectiva, instigación a cometer delitos, apología del delito y propaganda basada en ideas de superioridad con incitación al odio.

“Los hechos denunciados no constituyen un exabrupto aislado, sino la conducta reiterada y sistemática de un medio de comunicación”, detalló Gareca en el texto de la denuncia.

Asimismo, el denunciante remarcó el peligro que representa la difusión de estas ideas en plataformas masivas: “El tenor jocoso con que se profirieron dichas expresiones constituye un factor agravante en cuanto naturaliza y banaliza, ante una audiencia masiva, un discurso de exterminio”.

Sarubbi Benítez, sancionado

Sarubbi Benítez tiene antecedentes de sanciones en el ámbito profesional por su comportamiento. El Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sancionó en junio de este año al letrado libertario por dirigir insultos y expresiones de odio a través de sus redes sociales, donde injurió a los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El abogado también había difundido en sus redes datos personales de un ciudadano, quien luego lo denunció ante el Colegio Público. Publicó fotos suyas, el frente de su domicilio, su nombre y apellido, y detalles de su situación crediticia y bancaria. Estas publicaciones estuvieron acompañadas de expresiones discriminatorias y burlas como “lloralo, kuka con sida”.

En su defensa, Sarubbi Benítez argumentó que sus publicaciones constituían opiniones políticas de carácter personal amparadas por el derecho a la libertad de expresión, y que no fueron vertidas en el marco del ejercicio de su profesión. Asimismo, alegó que el Colegio de Abogados no debía regular la vida privada de los matriculados.

Sin embargo, el Tribunal determinó que el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y que las manifestaciones del letrado constituyeron “un exceso en el uso de la figura abogadil”. En este expediente le aplicaron apenas una advertencia.

Por otra denuncia iniciada por un forista de las redes, ya le habían aplicado una multa de un millón de pesos. Sarubbi apeló ambas sanciones en la Justicia, ante el fuero contencioso administrativo.

La Cámara Federal porteña confirmó este martes el sobreseimiento de los cuatro ingenieros que intervinieron como peritos en la investigación de la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012. La Justicia no encontró pruebas para sostener que los especialistas hayan incurrido en el delito de falso testimonio a partir de las declaraciones e informes técnicos que elaboraron para el juicio, que se celebró hace más de diez años.

En esta causa -que se desprendió de aquel debate oral-, se investigó si los técnicos a cargo de la pericia habían tenido una intención deliberada de mentir o de desviar la responsabilidad del hecho únicamente hacia el conductor del tren. Entre los acusados también hubo empresarios y exfuncionarios tales como Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, quienes fueron secretarios de Transporte del kirchnerismo.

Al dictar sentencia en diciembre de 2015, el Tribunal Oral Federal N° 2 ordenó abrir una investigación penal sobre los peritos Raúl Díaz (Corte Suprema de Justicia), Horacio Faggiani (Comisión Nacional del Transporte), Alejandro Leonetti (Secretaría de Transporte) y Julio Pastine (Trenes de Buenos Aires).

El origen de la sospecha radicó en las diferencias entre sus conclusiones técnicas y otras pruebas del expediente. Para los jueces, existían indicios de una supuesta coordinación entre los peritos para señalar al motorman, Marcos Córdoba, como el único culpable del choque, a partir de la conclusión de que los frenos de la formación funcionaban correctamente.

A lo largo de un extenso proceso de instrucción que pasó por diversas instancias de apelación, la causa analizó tres ejes técnicos fundamentales: la velocidad a la que impactó el tren, el estado de conservación de la carrocería y el funcionamiento de los paragolpes ubicados en el andén número dos de la terminal de Once.

En un principio, los peritos llegaron a ser procesados, pero la Sala II de la Cámara Federal revocó esa medida en 2018 al señalar que no existían pruebas de dolo, un requisito indispensable para configurar el delito de falso testimonio, el cual exige la voluntad consciente de alterar la verdad.

Tras aquella revocación, el Juzgado Federal N° 11 -hoy subrogado por Ariel Lijo- profundizó la investigación mediante la recolección de nuevos elementos probatorios.

Se incorporaron al expediente informes técnicos detallados sobre los márgenes de error de los dispositivos de posicionamiento global (GPS), reportes de inspección del material rodante y declaraciones de otros especialistas del sector. Toda esta documentación permitió reconstruir el proceso de trabajo de los acusados. Además, se analizaron los correos electrónicos que intercambiaron durante los días posteriores al siniestro.

A partir de estas nuevas evidencias, los camaristas Eduardo Farah y Roberto Boico concluyeron que el dictamen de los peritos ingenieros se encuadró dentro de los márgenes de interpretación que permitía la complejidad técnica del caso.

El tribunal explicó en su fallo, al que tuvo acceso Infobae, que las variaciones o modificaciones en las conclusiones iniciales de los expertos se debieron al propio avance de la investigación y al debate interno del cuerpo pericial, a medida que se incorporaban nuevos datos sobre el estado de la formación ferroviaria.

“Las discrepancias, reticencias o inconsistencias, si bien fueron suficientes para el inicio de esta investigación, no alcanzan para sostener por sí solas que fueron producto de la motivación ilícita a la que se refiere el artículo 275 del Código Penal”, concluyó la Sala II.

Durante el primer juicio por la tragedia de Once, el TOF N° 2 decidió no basarse en las conclusiones de estos cuatro ingenieros y se apartó de sus informes para dictar la sentencia. La Cámara aclaró que el hecho de que los jueces hayan descartado o rechazado esos peritajes no significa, de manera automática, que los profesionales hayan declarado con la intención deliberada de mentir.

El juez federal Ariel Lijo dispuso que el próximo 26 de agosto comience el postergado peritaje acústico sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), uno de los principales acusados en la causa que investiga maniobras de corrupción dentro del organismo.

La medida, a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, busca determinar el origen y la veracidad de las grabaciones en las que se habla de sobornos y sobreprecios, y que sirvieron para destapar el caso.

La Justicia citó a Spagnuolo para que se presente a dar una muestra de voz -para cotejarla con los audios- en los laboratorios de la Gendarmería, pero el exfuncionario mileísta se niega a colaborar porque, según su criterio, se estaría autoincriminando.

Según pudo saber Infobae de su entorno, Spagnuolo sostendrá ante la Cámara Federal de Apelaciones su planteo de nulidad para que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva si la citación vulnera su garantía constitucional de no declarar contra sí mismo.

En cualquier caso, el exdirector de ANDIS podría limitarse a presentar un escrito para avisar que no asistirá, ya que no está obligado a hacerlo. Pero eso no está en sus planes, al menos de momento.

El juez Lijo decidió avanzar con el estudio forense con o sin la colaboración de Spagnuolo. El fiscal de la causa, Franco Picardi, sugirió tomar la muestra de voz del exfuncionario de cuatro entrevistas que brindó en Neura, La Nación+, Border y El Observador mientras integraba el Gobierno de Javier Milei.

El peritaje debió comenzar originalmente el pasado 22 de julio. El fiscal Picardi solicitó una postergación debido a que los peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se encontraban de licencia por el receso judicial de invierno.

El objetivo central de los expertos consistirá en verificar la veracidad de los archivos y detectar si existieron manipulaciones, cortes o ediciones posteriores a la grabación original. Asimismo, los técnicos buscarán identificar si se utilizaron herramientas de inteligencia artificial, tales como sistemas de clonación de voz o síntesis automática, para falsear las palabras de Spagnuolo.

Otro punto a tener en cuenta es el presunto origen ilícito de los audios, que fue enunciado por distintas defensas a lo largo de la causa.

La estrategia de algunos de los principales acusados apunta a aplicar la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, bajo el argumento de que, si se demuestra la invalidez o la procedencia ilegal de los audios, toda la investigación y las pruebas derivadas que se sucedieron con posterioridad también deben caer por estar contaminadas de nulidad.

Para que esto sea así, debería tenerse por cierto que las grabaciones dieron inicio a la causa, algo que el fiscal Picardi ya rebatió en distintas instancias. De hecho, la fiscalía no utilizó los archivos a la hora de construir su acusación y pedir el procesamiento de Spagnuolo y otros 18 integrantes de la presunta asociación ilícita.

Mientras avanza el peritaje, el juez Lijo tiene por delante resolver la situación procesal de los últimos 30 imputados -funcionarios, empleados públicos, empresarios e intermediarios- que ya pasaron por declaración indagatoria. El fiscal busca sumarlos a la lista de procesados que tiene el expediente.

En tanto, el primer grupo de acusados aguarda a que la Cámara Federal porteña resuelva la apelación de sus procesamientos. La Sala II quedó desintegrada luego de la salida del juez Martín Irurzun, cuestión que podría demorar el fallo.

Los tribunales federales de la avenida Comodoro Py 2002 regresaron a la actividad este lunes tras la feria judicial de invierno, con lo que se reactivaron las causas judiciales de mayor trascendencia, entre ellas la investigación sobre el patrimonio del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Horas antes de comenzar el receso invernal, el fiscal federal Gerardo Pollicita recibió un informe contable de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que señaló inconsistencias entre los ingresos y los gastos del ex vocero presidencial y su esposa, Bettina Angeletti.

Poco se sabe del contenido de ese documento, que es una bisagra del caso. Infobae pudo corroborar con fuentes judiciales que la DAFI le puso número a todas las irregularidades detectadas, que están segmentadas año por año.

A partir de ese informe, el fiscal Pollicita retomó este lunes la confección de un requerimiento de justificación patrimonial, que se basará en las inconsistencias detectadas por la DAFI. El equipo de investigadores que trabaja en el caso avanzó sobre el tema incluso durante la feria.

Aun sin fecha definida, la fiscalía pedirá al juez Ariel Lijo que le ordene a Manuel Adorni responder el requerimiento para dar -por primera vez en los tribunales- explicaciones sobre su fortuna.

El exvocero tendrá así la oportunidad de justificar formalmente todos los grises y huecos que hay en su patrimonio. Públicamente, antes de renunciar, reveló que invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin en 2014, y que esa prematura apuesta por las criptomonedas le dejó en el bolsillo medio millón de dólares que nunca declaró ni empezó a gastar hasta convertirse en funcionario público.

Si la versión que vuelque ante la Justicia no desarma las sospechas de enriquecimiento ilícito, entonces el fiscal podría dar un paso más y pedir que Adorni sea llamado a declaración indagatoria, el escalón previo a un eventual procesamiento.

Al rectificar sus declaraciones juradas y presentar la última, correspondiente al 2025, Adorni exhibió una tenencia de USD 565.000 por una “venta de activos”, de la cual no se conocen mayores detalles. La Justicia busca saber si ese punto refiere al cambio de criptomonedas a dólares.

Precisamente a partir de la presentación de sus DDJJ, el entonces ministro coordinador del Gabinete recibió una nueva ola de denuncias en Comodoro Py.

Lo denunciaron por presunta falsedad ideológica los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Mónica Frade y Maximiliano Ferraro; el abogado de la Fundación Apolo, José Magioncalda; y Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz.

Entre esas denuncias se advirtió una intención deliberada de Adorni de ocultar su patrimonio para no pagar impuestos y, al mismo tiempo, eludir los controles a los que debería haberse sometido al convertirse en funcionario.

El delito de falsedad ideológica, previsto en el artículo 293 del Código Penal, castiga con hasta seis años de prisión a quien inserte declaraciones falsas en un documento público.

Las denuncias habían recaído por sorteo de la Cámara Federal en distintos juzgados y fiscalías de Comodoro Py. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, todos los expedientes se unificaron con la causa madre que llevan adelante Lijo y Pollicita.

Al observar las nuevas denuncias, los funcionarios a cargo del caso consideraron que se trata del “mismo objeto procesal con diferente encuadre jurídico”. Así, en adelante, las sospechas de falsedad ideológica se investigarán a la par del enriquecimiento ilícito.

El juez federal de Rosario Gastón Salmain, suspendido de su cargo y encaminado hacia un juicio político que podría derivar en su destitución, fue imputado en las últimas horas en una nueva causa, donde está acusado de haber ofrecido protección judicial a Carlos Vaudagna, exdirector regional de la actual Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Santa Fe, a cambio de una coima de 100.000 dólares.

Vaudagna se convirtió el año pasado en imputado colaborador de la Justicia, y desde entonces admitió múltiples hechos de corrupción que involucran a Salmain y a Marcelo Bailaque, extitular del Juzgado Federal N° 4 de Rosario, quien renunció al verse acorralado por las investigaciones en su contra.

Ante el juez federal de garantías Román Lanzón, el fiscal rosarino Federico Reynares Solari formalizó la nueva acusación contra Salmain y pidió que se le dicte la prisión preventiva, lo que fue rechazado durante la audiencia. Sucede que el acusado, aunque está suspendido de su cargo, mantiene los fueros que impiden que sea detenido.

Salmain y Vaudagna se conocen al menos desde fines de 2018. Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, este juez rosarino le ofreció al exfuncionario de la entonces AFIP direccionar y dictar resoluciones favorables en los expedientes en los que estaba acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, asociación ilícita y violación de secretos. La gestión se habría hecho a través del abogado Diego Fesser.

Durante la audiencia, Salmain tomó la palabra y negó las acusaciones: “Nunca pedí, exigí ni recibí dinero de Carlos Vaudagna; nunca encomendé a Diego Fesser que actuara como intermediario y nunca dicté una resolución a cambio de beneficio alguno”, sintetizó en un descargo breve que hizo de forma virtual.

El fiscal Reynares Solari repasó los movimientos sospechosos del titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Sostuvo que Salmain ocultó de manera deliberada que mantenía una relación con Vaudagna y que se habían hecho favores mutuos. Esto fue así mientras el juez intentó quedarse con los expedientes que involucraban al entonces funcionario de AFIP, pero la maniobra no prosperó debido a la recusación que impulsaron distintos fiscales.

Es por esto, siempre según la hipótesis de la acusación, que el pago del soborno de 100.000 dólares nunca se habría materializado.

Para probar este vínculo preexistente, la fiscalía presentó una serie de mensajes de texto y audios recuperados del celular del exAFIP mediante un peritaje.

En esas comunicaciones, que datan de los años 2018 y 2019, se constataron encuentros personales en Buenos Aires y Rosario, así como gestiones del contador para conseguirle un empleo y definir la remuneración de la novia de Salmain en el fisco.

El fiscal Reynares Solari también exhibió registros de geolocalización y antenas telefónicas que ubicaron al abogado Fesser y al magistrado en las mismas coordenadas geográficas y horarios, tanto en la zona de la Plaza San Martín en Buenos Aires como en las inmediaciones del Jockey Club de Rosario.

Asimismo, se incorporaron filmaciones de cámaras de seguridad ubicadas en la vía pública que registraron un presunto encuentro entre el intermediario de la coima y Salmain en agosto de 2025, en un edificio de la calle Corrientes, en Rosario.

Durante su declaración, el juez suspendido elevó el tono para responderle a la fiscalía sobre estas pruebas exhibidas: “En la filmación no se nos ve juntos ni ingresando o saliendo al mismo tiempo. Además, esas imágenes revelan algo gravísimo: fui seguido y se reconstruyó mi recorrido mediante una maniobra que considero de inteligencia ilegal. El lugar en el que fui filmado es el domicilio profesional de mi defensor, el Dr. Gustavo Feldman. Se siguió a una persona investigada mientras concurría al estudio de su abogado, afectando directamente la confidencialidad y el libre ejercicio del derecho de defensa”, sostuvo Salmain.

Y agregó: “No tengo dudas de que esa persecución guarda relación con una investigación que tramita en Comodoro Py y que involucraría al presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti; a su secretario, Silvio Robles; y a fiscales de la jurisdicción de Rosario presuntamente vinculados con ellos”.

La línea de defensa de Salmain se erige en una supuesta confabulación en su contra que atraviesa a todo el Poder Judicial. Por eso ya adelantó que pedirá citar como testigo a Rosatti para que declare en el marco de su juicio político, y lo mismo hará en esta nueva causa penal con el ministro Ricardo Lorenzetti.

Finalmente, el juez de garantías Román Lanzón resolvió dar por cumplida la formalización de los cargos contra Salmain por los delitos de cohecho, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la causa “Attila”, en la cual Salmain está procesado y tiene dictada la prisión preventiva, los investigadores detectaron otro caso de coimas por 200.000 dólares.

El Consejo de la Magistratura tiene previsto avanzar este año con el juicio político en su contra, a partir de esta acusación y de un antecedente administrativo: Salmain ocultó en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer un soborno para direccionar un expediente.

Si resulta destituido, quien debe dar la orden de ejecutar la detención es el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

La causa ANDIS, uno de los casos judiciales que más preocupa al Gobierno de Javier Milei, se reactivará este lunes -tras la feria judicial de invierno- con varios frentes abiertos: el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, la apelación de los procesamientos de los principales acusados y la resolución del juez Ariel Lijo sobre una segunda tanda de 30 imputados que ya fueron indagados.

El fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, pidió avanzar con el procesamiento de todos los empresarios, representantes de compañías proveedoras de insumos, intermediarios, funcionarios y empleados públicos que desfilaron por los tribunales de Comodoro Py entre fines de abril y mediados de junio.

En este segundo capítulo de la causa, el fiscal encontró nuevas evidencias de manipulación y direccionamiento de contrataciones públicas. Aparecieron más “empresas amigas” que habrían pagado coimas para que la ANDIS les compre medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia (PACBI) del Programa Federal Incluir Salud, en categorías como amputaciones, audífonos, cardiología, neurología, sillas, andadores y traumatología, entre otras.

Y, además, Picardi profundizó sobre la etapa del lavado de dinero, el último paso del circuito de corrupción con el que esta presunta asociación ilícita habría buscado disimular el origen de los fondos desviados de la ANDIS. El dinero público que debía destinarse a personas vulnerables o con discapacidad terminaba en criptomonedas y facturaciones simuladas.

Sobre esta treintena de imputados a los que acusó el fiscal, el juez Lijo debe decidir en las próximas semanas si con las pruebas que hay en el expediente los procesa, los sobresee o les dicta la falta de mérito. En caso de formalizar la acusación contra todos, la causa pasaría a tener 49 procesados en total.

En tanto, las 19 personas que ya habían sido procesadas en febrero -entre ellos los señalados como jefes de la asociación ilícita, los exfuncionarios Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini, y los lobistas Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian- aguardan por el pronunciamiento de la Sala II de la Cámara Federal porteña sobre la apelación de sus procesamientos.

El trámite se demoró durante todo el primer semestre porque el Juzgado Federal N° 11 habría mandado a cuentagotas las cajas con las pruebas del expediente al segundo piso de Comodoro Py, donde está el tribunal de alzada. Tal fue la demora que un día antes de la feria los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah intimaron a Lijo para que apure el envío de toda la documentación que deben estudiar antes de fallar, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

En el medio, la Sala II se quedó sin un juez. Irurzun -quien en esta causa venía resolviendo en sintonía con Boico- cumplió 75 años, no consiguió acuerdo para ejercer por otros cinco más y el Gobierno ya activó el trámite para concursar su vacante.

Aunque la Sala puede funcionar con dos jueces, si se mantiene la tendencia disidente entre Boico y Farah, será necesario llamar a un tercer juez o esperar hasta que se concrete una subrogancia para alcanzar una mayoría. Si los jueces que quedaron tras la salida de Irurzun no se ponen de acuerdo sobre qué hacer con los procesamientos, el fallo de la Cámara podría demorarse, coinciden distintas voces consultadas.

En lo inmediato se esperan movimientos en otro frente de la causa: el peritaje de los audios atribuidos a Spagnuolo.

El estudio forense, que está a cargo de la Gendarmería Nacional, tenía que empezar este 22 de julio, pero fue postergado a pedido del fiscal Picardi, dado que los peritos de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) se tomaron licencia durante la feria.

El juez Lijo le ordenó a la Gendarmería que fije nueva fecha de inicio, lo que ocurrirá en los próximos días.

La pericia acústica sobre las grabaciones, donde la supuesta voz de Spagnuolo habla de coimas del 3% para la cúpula del Gobierno, intentará esclarecer el origen y la veracidad de los audios, además de identificar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

Si se comprueba una procedencia ilegal de los archivos o su falsedad, algunas defensas tienen preparada la carta de la nulidad de la causa. Buscarán que se aplique la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, por la cual, si la prueba inicial es ilícita, todo lo que le sigue debe caer.

Spagnuolo, exdirector de la ANDIS y otrora amigo y abogado del presidente Milei, está jugando su propia pulseada en lo que refiere al peritaje.

Es que el juez Lijo lo citó para que se presente ante la Gendarmería Nacional y hable ante un micrófono. Esperaban cotejar esa muestra de su voz con las grabaciones que le atribuyen. Pero el exfuncionario acusado se niega, por temor a “autoincriminarse”, según alegó su defensa.

Los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, pidieron la nulidad de la citación y que se suspenda el inicio del peritaje hasta que se resuelva el asunto. Ariel Lijo rechazó el planteo luego de un contundente dictamen del fiscal Picardi y decidió avanzar con o sin la colaboración del acusado. Antes de entrar en feria, la cuestión se elevó a la Cámara de Apelaciones. Otro llamado más para la desmembrada Sala II.

El Tribunal Oral Federal N° 4 de San Martín condenó a Gabriel Oscar Dib, un trabajador del Senado de la Nación que montó un esquema de defraudación dentro del Congreso. Junto a tres cómplices, este empleado público tramitaba pensiones graciables a personas de bajos recursos de la localidad bonaerense de Navarro, para luego quedarse con la mayor parte del dinero que cobraban del Estado.

El caso, que salió a la luz tras una denuncia del propio Senado, culminó mediante un acuerdo de juicio abreviado en el cual los acusados reconocieron su culpabilidad. A la fecha, Dib figura activo en la nómina de empleados de planta permanente de la Cámara alta.

En octubre de 2024 estuvo a punto de ser trasladado a la Dirección de Auditoría Interna del Senado, pero las autoridades a cargo del área lo rechazaron.

La investigación judicial, impulsada por la Fiscalía Federal de Mercedes, determinó que la organización delictiva operó al menos entre enero de 2011 y junio de 2012.

Captaban a personas en situación de vulnerabilidad social y les ofrecían gestionar un ingreso no contributivo ante el Congreso Nacional. El plan ilícito era posible gracias a que Dib trabajaba en la Oficina de Pensiones Graciables del Senado, actuando como nexo directo entre los despachos de los legisladores y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Las pensiones graciables, cabe resaltar, son beneficios vitalicios que pueden entregar diputados y senadores a personas sumidas en la pobreza, afectadas por cuestiones humanitarias, o hasta a quienes lo necesiten por méritos artísticos o científicos, por ejemplo.

Dib gestionó los planes a través de tres senadores: Eduardo Torres, Fabio Biancalani y Jorge Banicevich, todos del Frente para la Victoria. Ellos pusieron la firma para girar las solicitudes de la banda delictiva al Poder Ejecutivo, pero la Justicia no les atribuyó complicidad o participación alguna en la maniobra.

Una vez que el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación aprobaba y liquidaba la asignación, los involucrados controlaban el momento del cobro en las sucursales bancarias para obligar a los beneficiarios a entregarles los montos acumulados apenas salían del cajero.

Gabriel Oscar Dib, quien fue empleado administrativo de planta permanente desde 1990 en el Senado, recibió una pena de tres años de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos como autor del delito de concusión.

La Justicia comprobó que Dib aprovechó su posición institucional y sus conocimientos sobre el circuito de las pensiones asistenciales para liderar la operatoria. Además, el auto que utilizaba el grupo para trasladarse y presionar a los damnificados estaba registrado a su nombre, según se desprende del fallo condenatorio al que accedió Infobae.

Por su parte, Miguel Horacio Basualdo, Gloria Beatriz Moreno y Adrián Rubén Minutillo resultaron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional en calidad de partícipes necesarios.

De acuerdo con las pruebas recolectadas, Basualdo funcionó como el nexo local en Navarro, encargado de seleccionar a los potenciales beneficiarios, completar los formularios y coordinar los viajes hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Moreno, en tanto, se ocupaba de presentarse en los bancos, entregar las credenciales de cobro a las víctimas y retirar los sobres con el dinero en la vía pública o en confiterías cercanas.

Minutillo aportó el respaldo operativo en el territorio. El día en que se descubrió la maniobra, la policía lo identificó en la zona bancaria de Navarro junto a Basualdo. En esa oportunidad, intentó engañar a los agentes policiales al manifestar que trabajaba como asesor legislativo, una afirmación que los informes oficiales del Congreso desmintieron posteriormente.

El TOF N° 4 de San Martín acreditó con certeza la exigencia y el retorno del dinero en los casos de tres víctimas, quienes describieron de manera idéntica cómo les quitaron sumas que rondaban los $20.000 -hoy serían entre 9 y 10 millones de pesos- bajo la falsa premisa de que ese pago era un requisito obligatorio del trámite.

Los testimonios de otros damnificados sirvieron para confirmar el funcionamiento general de la red, aunque en algunos casos no se pudo constatar una entrega efectiva de dinero debido al temor de los afectados a sufrir represalias.

El juez Esteban Carlos Rodríguez Eggers convalidó las penas acordadas entre los acusados y la fiscalía y dispuso que los cuatro condenados cumplan reglas de conducta por el término de dos años, que incluyen fijar un domicilio residencial y someterse al control del Patronato de Liberados.

En el marco de la causa ANDIS, el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo debía comenzar este miércoles, pero la Justicia postergó el inicio del estudio forense que buscará determinar el origen y la veracidad de las grabaciones que destaparon la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

A partir de un pedido del fiscal a cargo de la investigación, Franco Picardi, el juez federal Ariel Lijo decidió reprogramar el lanzamiento de la pericia y solicitó a la Gendarmería Nacional que fije una nueva fecha, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

La Dirección Criminalística y Estudios Forenses de esa fuerza federal estará a cargo del peritaje, del que participarán peritos de parte -designados por los acusados- y la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), un organismo del Ministerio Público Fiscal.

Los especialistas propuestos por el fiscal Picardi para tomar parte en el estudio están de licencia por la feria judicial de invierno, y es por eso que la fiscalía solicitó posponer el comienzo del peritaje, explicó a este medio una fuente con acceso al expediente.

Además de intentar esclarecer el origen y la veracidad de las grabaciones, el análisis forense buscará detectar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

Los especialistas de la Gendarmería buscarán “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

También se intentará hacer una “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”, de acuerdo a lo ordenado por el juez que subroga el Juzgado Federal N° 11.

Ariel Lijo también le encomendó a la Gendarmería que cite al extitular de la ANDIS “a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. La intención de la Justicia es que Spagnuolo aporte una muestra de su voz para compararla con los audios en los que habla de un esquema de sobornos para funcionarios del gobierno libertario.

Pero Spagnuolo no quiere colaborar. Asegura que si se somete a lo que pretende el juez podría autoincriminarse, ya que estaría generando una prueba que eventualmente podría resultar perjudicial para su situación procesal.

Es por eso que su defensa pidió la nulidad del punto de pericia en el que ordenan su citación, a la vez que solicitó la suspensión del estudio forense hasta tanto se resuelva la discusión sobre si Spagnuolo debe comparecer o no ante la Gendarmería.

Lijo rechazó el planteo de los abogados del exfuncionario, al que calificó de contradictorio, ya que la propia defensa había cuestionado la autenticidad de las grabaciones e incluso propuso un perito de parte para el peritaje. Ahora la cuestión llegó con una apelación a la Sala II de la Cámara Federal de Comodoro Py.

De cualquier forma, el peritaje avanzará con o sin la colaboración de Spagnuolo, confiaron a este medio fuentes del caso. En un dictamen reciente, el fiscal Picardi le sugirió al juez que la Gendarmería obtenga el material necesario para el peritaje de cuatro entrevistas que el extitular de ANDIS dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

La modelo Sofía Clerici se presentará ante la Justicia luego de la feria de invierno para solicitar su sobreseimiento en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Así lo anticipó su defensa a Infobae luego de que trascendieran las conclusiones del peritaje elaborado por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual no halló pruebas que la vinculen financieramente con el exjefe de Gabinete bonaerense.

El estudio contable, que demandó meses de análisis sobre los documentos secuestrados y la información provista por los organismos recaudadores, llegó este viernes al Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, que subroga el juez Luis Armella. El informe consta de 618 carillas y, entre sus principales conclusiones, señaló inconsistencias en el patrimonio del ex intendente de Lomas de Zamora.

De acuerdo con el peritaje, al que tuvo acceso este medio, los expertos no detectaron ninguna constancia documental que demuestre transferencias o entregas de dinero por parte de Insaurralde hacia Clerici, descartando de este modo la sospecha inicial sobre un presunto pago de 569.911 dólares o de importes menores que conformaran esa cifra.

Esa es la suma que la Justicia le había incautado a la modelo cuando allanó su casa en Nordelta, durante el año 2023, cuando la causa recién se iniciaba.

La investigación judicial sobre la modelo se inició en septiembre de ese año, a partir de la difusión de imágenes de un viaje que ambos compartieron en la ciudad española de Marbella. En aquel momento, la exhibición de un estilo de vida lleno de lujos motivó la apertura de la causa penal para determinar el origen de los fondos utilizados.

Sin embargo, el peritaje oficial determinó que tampoco existen registros, facturas o comprobantes que asocien a Insaurralde con la adquisición de las carteras, relojes y joyas de alta gama que las fuerzas de seguridad le secuestraron a Clerici durante los procedimientos ordenados en su domicilio.

Con respecto a las erogaciones de aquella estadía en Europa, el informe de los peritos de la Corte detalló de manera precisa cómo se canalizaron los pagos de los servicios turísticos.

Los especialistas identificaron que el alquiler del yate “El Bandido”, utilizado por Insaurralde y la modelo el 19 de septiembre de 2023, fue facturado a nombre de Clerici, pero el desembolso lo efectuó la firma de viajes Forest Travel Agency.

Esa misma agencia de turismo internacional asumió los costos del alojamiento de la pareja en el exclusivo Marbella Club Hotel, donde permanecieron hospedados entre el 16 y el 21 de septiembre de aquel año.

Por otra parte, del informe se desprende que la permanencia de la modelo junto a su hermana en el Nobu Hotel, ocurrida previamente entre el 8 y el 20 de ese mismo mes, fue financiada en su totalidad por la compañía comercial MTC Group SA.

Ante la ausencia de elementos que acrediten que los bienes o el dinero bajo sospecha provinieron de las arcas públicas o de la actividad de Insaurralde, la defensa de Clerici, que encabeza el abogado Mauricio D’Alessandro, considera que no existen motivos jurídicos para mantenerla bajo proceso.

El equipo de defensores prepara un escrito que presentarán ante el juez Armella, donde señalarán la inexistencia de un flujo financiero ilícito entre los imputados, lo que a su criterio debilita la hipótesis de la fiscalía sobre una supuesta complicidad en maniobras de lavado de activos.

La presentación del pedido de sobreseimiento se formalizará en los próximos días, cuando termine el receso judicial de invierno.

Cabe resaltar que la causa cambiará de manos en el corto plazo. Es que el juez Armella subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, y la semana pasada el Senado aprobó el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, funcionario a cargo de la DAJuDeCO y exsecretario del juez Ariel Lijo, para ser designado como magistrado titular en ese despacho. Solo resta que su nombramiento sea formalizado por el Poder Ejecutivo.

La defensa del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, acudió a la Cámara Federal de Apelaciones porteña con el objetivo de detener el peritaje de los audios atribuidos al exfuncionario libertario. El estudio forense fue ordenado por el juez Ariel Lijo, a cargo de la causa que investiga un entramado de corrupción entre el organismo y empresas proveedoras del sector de salud.

Sucede que uno de los puntos de la pericia incluye una citación a Spagnuolo para que hable ante un micrófono y así cotejar esa muestra de su voz con las grabaciones que destaparon el escándalo. El acusado está negado a colaborar por temor a “autoincriminarse” y por eso su defensa pidió la nulidad de esa convocatoria.

El abogado de Spagnuolo, Pablo Parera, también había solicitado al juez Lijo que suspenda el inicio del peritaje hasta tanto no se dirima si el extitular de ANDIS debe ser citado o no.

El magistrado que subroga el Juzgado Federal N° 11 rechazó todo lo que había pedido la defensa, por lo que ahora recurrieron a la Cámara de Apelaciones. El caso tramita ante la Sala II, que desde este viernes tiene un juez menos: Martín Irurzun, quien cumplió 75 años.

Irurzun y su par Roberto Boico integraron el voto mayoritario que había ordenado peritar los audios, en febrero de este año. En disidencia se pronunció el tercer juez del tribunal, Eduardo Farah. Restará ver si la reconfiguración de la Sala tiene algún impacto en el curso de la causa.

La apelación de Spagnuolo

Ante la Cámara, la defensa del exdirector de la ANDIS argumentó que aportar una muestra de voz equivale a obligar al acusado a declarar contra sí mismo, un principio prohibido por la Constitución Nacional.

Al rechazar el planteo en primera instancia, el juez Ariel Lijo explicó que la garantía constitucional protege las declaraciones de carácter “intelectual o testimonial”, pero no impide la recolección de elementos materiales como las huellas dactilares, el ADN, la escritura o la voz, los cuales sirven para identificar a un individuo.

En cambio, la defensa contestó ahora que la voz no puede equipararse a una prueba física estática, como una huella o una muestra de ADN, debido a que requiere una acción voluntaria y consciente del individuo al momento de hablar. En su presentación, el abogado Pablo Parera sostuvo que el imputado no puede ser utilizado como un sujeto activo para generar una prueba que eventualmente resulte perjudicial para su situación procesal, especialmente si no brinda su consentimiento expreso para ello.

Cabe resaltar que Spagnuolo no está obligado a presentarse ante la Gendarmería Nacional -que está a cargo del peritaje-, y bien puede presentar un escrito para notificar su decisión. No obstante, la defensa buscó la vía de nulidad, que fue duramente cuestionada por el fiscal del caso, Franco Picardi.

El fiscal calificó la maniobra de Spagnuolo como un intento de demorar y entorpecer el proceso y se refirió al planteo de la defensa como “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”.

Para destrabar la discusión y evitar que la investigación se detenga, Picardi propuso prescindir de la colaboración de Spagnuolo y le sugirió al juez obtener el material necesario para el peritaje de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

El origen de las grabaciones

La defensa de Spagnuolo también sostiene que existe una falta de certezas sobre la autenticidad de los audios, que en su momento fueron aportados a la Justicia por el periodista Mauro Federico. A su criterio, los registros presentan indicios de manipulación, cortes, ediciones y posibles alteraciones realizadas mediante herramientas de inteligencia artificial.

La defensa criticó que el juez Lijo avanzara con el peritaje sin resolver de manera definitiva un planteo de nulidad previo, presentado a fines de 2025, que cuestionaba la incorporación misma de esas grabaciones al expediente y denunciaba la ruptura de la cadena de custodia. Para los representantes de Spagnuolo, resulta contradictorio realizar un estudio comparativo sobre un material cuya validez legal y técnica todavía se encuentra bajo sospecha.

En su última resolución, Lijo señaló que la propia defensa de Spagnuolo impulsó inicialmente la realización de peritajes para verificar la veracidad de los audios, propuso un perito de parte y sugirió puntos de análisis complementarios.

Por este motivo, el juez calificó la postura de la defensa como contradictoria: “Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento”, resolvió Lijo.

Ante este reproche, Parera aclaró en su apelación que la designación de un perito técnico propio y la propuesta de puntos de examen no significaron un impulso a la medida, sino el ejercicio obligatorio del derecho de defensa para no perder el control de una prueba impuesta por la Justicia. La defensa ampliará sus argumentos ante la Cámara al regreso de la feria judicial de invierno.

El Gobierno dio por jubilado a Martín Irurzun, juez de la Cámara Federal de Apelaciones porteña, quien el último sábado cumplió 75 años. El Ministerio de Justicia de la Nación envió este lunes una nota al Consejo de la Magistratura para que active un concurso para cubrir la vacante que deja en la Sala II del tribunal por donde pasan todas las causas de corrupción y otros delitos complejos.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la petición del Ejecutivo ya tomó curso y el trámite pasó a la Comisión de Selección de Magistrados.

Sin el respaldo del Ejecutivo para pedirle una extensión de otros cinco años en el cargo al Senado, Irurzun fue a la Corte Suprema de Justicia para reclamar su permanencia, pero el máximo tribunal no se pronunció antes de la fecha límite que fija la Constitución Nacional.

El camarista incluso pidió habilitar la feria para tratar su reclamo. Según esgrimió, la Convención Constituyente de 1994 se excedió de las facultades otorgadas por el Congreso al incorporar el límite de edad, cláusula que, según su visión, afecta la garantía de inamovilidad judicial.

El procurador Eduardo Casal dictaminó en contra de Irurzun, aunque su opinión no es vinculante. La Corte Suprema notificó el viernes que “la causa se encuentra a estudio y consideración del Tribunal”, según se desprende del expediente.

Sin otras novedades en el terreno judicial, el director de Relaciones con el Poder Judicial, Lucas Somaglia, envió este lunes una nota al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti -también titular de la Corte-, para “arbitrar lo conducente a fin de que se sustancie el concurso correspondiente” para cubrir la vacante que deja Irurzun.

Para el Gobierno, pese a que el recurso de la Corte aún está en tratativas, el sábado se produjo “la vacante definitiva” en esa vocalía de la Sala II de la Cámara Federal de los tribunales de Comodoro Py.

“Atento que el magistrado alcanzó la edad de setenta y cinco (75) años el pasado 18 de julio y que el Poder Ejecutivo Nacional no ha elevado la propuesta de su nuevo nombramiento al Honorable Senado de la Nación, cumplo en informarle dicha circunstancia en el marco de lo dispuesto por el artículo 5° del Reglamento del Ministerio de Justicia para el trámite del nuevo nombramiento de jueces y magistrados del Ministerio Público que alcancen los 75 años de edad”, plasmó el Ministerio de Justicia en su escrito.

El ministro Juan Bautista Mahiques está impulsando una reestructuración de la Cámara Federal porteña. El Gobierno envió al Senado los pliegos de los jueces Pablo Yadarola y Pablo Bertuzzi para que sean designados en la Sala I del tribunal de apelaciones. Necesitan la aprobación de la Cámara alta para asumir, y en el oficialismo descuentan que tienen los votos necesarios.

Yadarola es juez en el fuero Penal Económico y asumirá en lugar de Leopoldo Bruglia. Bertuzzi concursó para reemplazarse a sí mismo en el cargo. Había llegado a la Cámara por traslado durante el macrismo -al igual que Bruglia-, y su posición en la Sala I era provisoria.

La Sala I revisa, entre otros expedientes, las resoluciones del juez Marcelo Martínez De Giorgi en la causa $LIBRA, tal vez el caso judicial que más preocupa al Gobierno. En la Sala II, en tanto, está la causa ANDIS, hoy a cargo del juez Ariel Lijo.

La duración de un concurso en el Consejo de la Magistratura y luego en el Poder Ejecutivo está condicionada por los tiempos de la política. En muchos casos, los plazos se vencen y el avance del trámite se estanca en distintas instancias.

En lo que dure la búsqueda de un candidato para cubrir la vacante de Irurzun, la Cámara Federal porteña deberá designar por sorteo un juez subrogante entre los magistrados de la Sala I, que hoy son Bruglia, Bertuzzi y Mariano Llorens.

Morán había pedido licencia con goce de sueldo, pero no pidió autorización para salir del país. También faltó a su trabajo cinco días en los que debía estar operativo.

El caso comenzó a salir a la luz el miércoles 24 de junio de 2026. En esa jornada, el fiscal federal Luis Roberto Benítez se comunicó con la presidenta de la Cámara para informarle que le resultaba imposible contactar al juez Morán.

El fiscal detalló que necesitaba realizar de manera urgente una audiencia presencial en la que era necesaria la asistencia del juez de garantías, ya que en esa jurisdicción rige el sistema acusatorio. En esa misma conversación, el fiscal transmitió un dato clave: según “información informal”, el magistrado formoseño no se encontraba en la Argentina.

Ante la gravedad de la advertencia, las autoridades de la Cámara de Resistencia iniciaron una verificación inmediata sobre la situación laboral del denunciado. El área de Recursos Humanos confirmó que Morán disponía de una serie de licencias aprobadas con goce de sueldo para fechas específicas: el 22 y 26 de junio, y el 3, 6 y 7 de julio de 2026.

Estos permisos contemplaban la autorización para alejarse de su jurisdicción habitual, pero únicamente durante esos días puntuales. Para cubrir sus ausencias programadas, la Cámara designó como subrogante a la jueza María Belén López Macé.

Sin embargo, las fechas no coincidían con la ausencia detectada. El miércoles 24 de junio, día en que el fiscal intentó ubicarlo, Morán debía estar en funciones. De hecho, esa misma mañana el magistrado coordinó una audiencia virtual a través de la plataforma Zoom, pero no se presentó en su oficina física, según consta en la denuncia remitida por la Cámara al Consejo de la Magistratura.

Para esclarecer la situación, funcionarios del tribunal superior de Resistencia se trasladaron en un vehículo oficial hasta la sede del juzgado federal de Formosa. Al arribar al edificio el jueves 25 de junio a las 11:15 horas, los funcionarios requirieron la presencia del magistrado. El personal de la secretaría privada confirmó que el juez no estaba en el lugar. Tras esperar media hora en las instalaciones sin obtener respuestas, se labró un acta oficial para dejar constancia de la inasistencia.

Ese mismo jueves, mientras los inspectores constataban su ausencia en Formosa, Morán ingresó una nueva solicitud digital para obtener otra licencia correspondiente a los días 29 y 30 de junio, la cual fue concedida bajo el esquema de reemplazos habitual.

La confirmación definitiva del viaje irregular ocurrió el viernes 26 de junio al mediodía. La camarista Rocío Alcalá logró comunicarse directamente con Morán mediante una llamada telefónica por WhatsApp. Al ser interrogado sobre su ubicación actual, el magistrado admitió que se encontraba fuera de la Argentina desde hacía varios días.

La declaración telefónica expuso la infracción reglamentaria. Si bien el juez contaba con permisos para ausentarse de su jurisdicción durante los días de licencia autorizados, carecía de una habilitación para irse a otro país. Además, las averiguaciones administrativas determinaron que durante los días 23, 24 y 25 de junio, así como el 1 y 2 de julio, el funcionario no se encontraba bajo ningún régimen de licencia ni poseía autorización alguna para abandonar su puesto de trabajo o el territorio nacional.

Ante la gravedad de los hechos y la falta de justificación del magistrado, la presidenta del tribunal de alzada remitió todo el expediente con las pruebas recolectadas al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

La documentación ingresó formalmente a la Secretaría General del organismo el 3 de julio de 2026, iniciándose de este modo el proceso disciplinario correspondiente para evaluar la conducta del juez formoseño. El caso puede ir a la Comisión de Disciplina (faltas leves) o a la Comisión de Acusación, donde se analizan las irregularidades más graves que pueden llegar hasta un pedido de remoción del magistrado señalado.

López, suspendido de su cargo en el Juzgado Federal N° 4 de la ciudad balnearia, enfrenta un jury de enjuiciamiento por antisemitismo, a partir de una serie de posteos en la red social X. Le imputan una discriminación sistemática al pueblo judío y al Estado de Israel.

Este lunes se llevó adelante la cuarta jornada de audiencias, donde ya se escucharon los alegatos de la acusación y de la defensa del magistrado.

En su alegato, el senador Luis Juez pidió la destitución de López y entonces empezó a crecer la tensión dentro de la sala. Luego de algunos comentarios desde el público, el consejero respondió a quienes lo interrumpían y refirió: “Esto es lo que generan los discursos de odio”.

Entonces la audiencia se desmadró, y los comentarios pasaron a ser gritos. Fuentes judiciales que estuvieron en el lugar aseguraron a Infobae que muchas de las personas que apoyaban al juez López hicieron expresiones antisemitas.

“Argentina no es Palestina” y “Si pudieran, volverían al pasado para hacer abortar a la Virgen María”, fueron algunas de las frases que se escucharon entre los gritos, según pudo reconstruir este medio.

El presidente del jury, Marcelo Bartumeu Romero -juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 25- ordenó la evacuación de la sala y la presencia policial para que el juicio político continúe únicamente con asesores y funcionarios que participan del proceso.

Parte del grupo que irrumpió en la audiencia respondería al dirigente peronista Raúl Padró, según indicaron fuentes judiciales.

Luego de ser desalojados, continuaron manifestándose frente al Consejo de la Magistratura, sobre la calle Libertad. “Estaban completamente exacerbados en la puerta del organismo, propiciando gritos antisemitas y homofóbicos contra todo el Poder Judicial”, graficaron las fuentes consultadas.

Algunas horas más tarde, sobre el cierre de la audiencia, más personas volvieron a irrumpir en la sala y, una vez más, hubo gritos e improperios.

Este escándalo, sin precedentes en el último tiempo, ocurre en un panorama excepcional para el Consejo de la Magistratura, que avanzó con tres juicios políticos al mismo tiempo: además de López, en los próximos días se debatirá la remoción del juez federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava -por amenazas y violencia- y el juez federal de Rosario Gastón Salmain -acusado por corrupción-.

El juicio contra el suspendido juez López tuvo su origen en una serie de denuncias promovidas por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA); por la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y por los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

En su descargo, López rechazó haber actuado con mala fe o ánimo de ofender y sostuvo que sus opiniones no constituyen ataques personales. Su defensa habló de una “persecución ideológica” y se amparó en la libertad de expresión y en la “independencia judicial”.

En su alegato pidió rechazar la acusación en su contra y que archiven el expediente. El veredicto se conocerá dentro de los próximos 20 días hábiles.

El jurado de enjuiciamiento que definirá si la conducta de López le permite o no seguir siendo juez está conformado por el magistrado Marcelo Gastón Bartumeu Romero; el camarista federal de San Martín Néstor Pablo Barral; las senadoras nacionales María Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria); los diputados nacionales Nicolás Mayoraz (LLA) y Christian Alejandro Zulli (UP) y la abogada de la matrícula federal Ana Beatríz Fernández.

El juez federal Luis Armella resolvió este lunes mantener al fiscal Sergio Mola al frente de la investigación contra Martín Insaurralde por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, caso en el que está involucrado junto a su exesposa, la modelo Jesica Cirio. El exintendente de Lomas de Zamora había solicitado el apartamiento del representante del Ministerio Público tras la reactivación del expediente, a partir de la difusión del video de los millones de dólares en un vestidor.

La solicitud de recusación presentada por los abogados de Insaurralde se fundamentó en lo que consideraron un accionar desmedido y hostil por parte de la fiscalía. Señalaron a Mola por una supuesta pérdida de objetividad.

Entre los principales argumentos, la defensa cuestionó el pedido de detención firmado por el fiscal que alcanzó a Cirio e Insaurralde, aunque la medida fue desestimada por el juez Armella, que subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

Según los defensores, dicha medida resultó desmesurada e inoportuna, especialmente porque se encuentra en desarrollo una pericia contable sobre la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete de Axel Kicillof. El estudio está en manos de peritos de la Corte Suprema de Justicia.

A través de sus abogados, Insaurralde también trajo a colación una resolución previa del propio juez Armella en la que hizo reparos sobre el accionar de la fiscalía y la supuesta divulgación de información que contiene el expediente, como por ejemplo el pedido de detención.

Por su parte, el fiscal Sergio Mola rechazó de manera categórica las acusaciones y solicitó que se desestimara el planteo, en un dictamen de 24 páginas.

Mola sostuvo que las críticas de la defensa constituyen un intento de condicionar la labor del Ministerio Público en un caso de corrupción pública de alta relevancia. Argumentó que la acumulación de medidas de prueba y de coerción solicitadas no responde a un encono personal, sino a la gravedad de los hechos investigados y a la aparición de los videos que, a su criterio, comprometieron la situación de Cirio e Insaurralde.

Además, el fiscal Mola remarcó que la recolección de pruebas en el expediente fue consecuencia directa del impulso de la fiscalía ante la actividad “prácticamente nula” del juzgado.

En su resolución, el juez Armella determinó que los argumentos expuestos por la defensa de Martín Insaurralde no alcanzaron el estándar requerido para desplazar a un fiscal de su cargo. Y, aunque reconoció diferencias con Mola, el magistrado subrayó: “Más de 30 años en la función me permiten diferenciar cuestiones personales y funcionales”.

El magistrado aclaró que las observaciones realizadas en resoluciones anteriores sobre la publicidad de las medidas “responden exclusivamente a la necesidad de preservar” el correcto desarrollo del proceso y no representaron una descalificación al trabajo de la fiscalía.

En su resolución, Armella destacó “el compromiso y la dedicación” con que el fiscal Mola intervino desde el inicio de la pesquisa, impulsando numerosas medidas de prueba.

Explicó también que las diferencias de criterio metodológico o jurídico entre el juez y el fiscal son propias de los roles diferenciados que cada uno ocupa en el proceso penal, y que estas discrepancias no demuestran una falta de objetividad ni un obrar arbitrario por parte del acusador público.

De este modo, la resolución del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora dejó en claro que el proceso continuará bajo las mismas condiciones de trabajo, desestimando las acusaciones de ensañamiento procesal y hostilidad que habían sido presentadas por los representantes legales del exintendente.

Por estas horas, los investigadores buscan esclarecer la ubicación del vestidor donde Jesica Cirio se filmó rodeada de miles y miles de dólares. Hubo inspecciones oculares en el departamento de la modelo en el barrio porteño de Palermo y en la casa que compartió con Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, para comparar ambos lugares con las imágenes difundidas por La Nación.

En tanto, peritos de Gendarmería Nacional abrieron el celular de Cirio y realizaron una extracción forense de su contenido para encontrar las grabaciones originales y cualquier otro archivo de interés para la causa.

El juez federal Ariel Lijo rechazó el intento de Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) procesado como jefe de una asociación ilícita, para suspender el peritaje de los audios que destaparon la corrupción en el organismo. La medida avanzará a pesar de que el exfuncionario libertario no quiere aportar una muestra de su voz para compararla con las grabaciones.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez Lijo ratificó la realización del estudio forense y la citación al acusado, aunque aún no se pronunció sobre cómo se hará el cotejo de voz si este no se presenta. El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, propuso el mes pasado usar las últimas entrevistas que brindó Spagnuolo en radios y canales de streaming.

Lijo, como subrogante del Juzgado Federal N° 11, le encomendó a la Gendarmería Nacional que cite al extitular de la ANDIS “a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. Es decir, que comparezca para grabar su voz y así los especialistas puedan compararla con los archivos entregados por el periodista Mauro Federico, quien los sacó a la luz en Carnaval.

Ante esta decisión, el abogado Pablo Parera solicitó la nulidad de la convocatoria. Tal como reveló Infobae, la defensa argumentó que Spagnuolo se estaría autoincriminando al aportar la muestra pretendida por el juez.

Según la postura de la defensa, requerir la colaboración activa del imputado para obtener una prueba que podría ser incriminatoria equivale a utilizarlo como un “objeto de prueba” sin su consentimiento.

Por último, Diego Spagnuolo volvió a cuestionar la validez de los audios: sus abogados sostienen que las grabaciones tienen alteraciones técnicas, cortes, signos de edición y posibles manipulaciones con inteligencia artificial. Por este motivo, postularon que no era posible avanzar con un peritaje sobre un material cuya autenticidad y origen se encontraban bajo sospecha en una causa paralela, a cargo del fiscal Carlos Stornelli, por presunto espionaje.

Por su parte, el fiscal Picardi dictaminó en contra del reclamo de la defensa y explicó que la citación a Spagnuolo no vulnera ninguna garantía constitucional, ya que tiene el derecho de negarse a realizar la muestra de voz, sin la necesidad de suspender el peritaje.

En ese dictamen, al que accedió este medio, Picardi le sugirió al juez obtener el “material indubitado” necesario para la pericia de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

Al momento de resolver, el juez Lijo explicó que las nulidades son medidas excepcionales que solo proceden cuando se demuestra un perjuicio real y concreto para el acusado, situación que no ocurrió en este caso. La defensa “construye su agravio sobre una serie de consecuencias futuras, eventuales e hipotéticas que, según afirma, podrían derivarse de la ejecución de la medida”, sostuvo el magistrado en su fallo.

Lijo además distinguió entre la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí misma y la obtención de datos físicos o biométricos. Precisó que la garantía constitucional protege las declaraciones de carácter “intelectual o testimonial”, pero no impide la recolección de elementos materiales como las huellas dactilares, el ADN, la escritura o la voz, los cuales sirven para identificar a un individuo.

El magistrado recordó que fue la Sala II de la Cámara Federal porteña de Comodoro Py la que ordenó previamente que se determine “el origen y la veracidad” de las grabaciones. En ese sentido, consideró que suspender el peritaje impediría cumplir con la directiva del tribunal de apelaciones y postergaría el esclarecimiento de las dudas que la propia defensa planteó desde el comienzo del proceso.

“Fue precisamente esa parte quien promovió la apertura de esta incidencia, acompañó un informe pericial privado elaborado a su instancia y sostuvo reiteradamente la necesidad de profundizar el análisis técnico de dicho material”, dictó el juez, quien advirtió “contradicciones” en el planteo de Spagnuolo.

“Resulta objetivamente incompatible cuestionar la autenticidad de los registros sonoros, sostener la necesidad de profundizar su examen técnico mediante la incorporación de nuevos puntos de pericia y, simultáneamente, pretender impedir o paralizar la realización de la propia medida destinada a producir ese esclarecimiento”, resolvió Lijo.

El fallo firmado por el magistrado subrogante del Juzgado Federal N° 11 es apelable ante la Cámara Federal, aunque sin perjuicio de esto avanzará el trámite necesario para llevar adelante el peritaje de los audios, que está a cargo de la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional.

Además de intentar esclarecer el origen y la veracidad de las grabaciones, la pericia buscará detectar ediciones o adulteraciones mediante inteligencia artificial o métodos similares, entre otros puntos.

Aunque no logró anular la causa por violencia de género hacia Fabiola Yañez, como pretendía, el expresidente de la Nación Alberto Fernández consiguió que la Cámara Federal le ordenara al juez Daniel Rafecas que produzca una serie de medidas de prueba que había pedido la defensa y que, hasta ahora, le fueron negadas.

Se trata de declaraciones, peritajes y análisis que podrían dar vuelta el procesamiento del exmandatario o demorar la eventual elevación a juicio de la investigación, que para el fiscal Ramiro González está concluida hace ya un año.

Según plasmó en su fallo de esta semana el camarista Roberto Boico, “la instrucción -en un principio a cargo del juez Julián Ercolini- omitió producir importantes diligencias probatorias para tener por acreditado aquello en que fundó el procesamiento del imputado”.

Es por eso que la Cámara, con los votos de Boico y su par Eduardo Farah, le encomendaron a Rafecas avanzar con las medidas que pide la defensa de Alberto Fernández y que “con su resultado reevalúe la situación del imputado”. Esto implica revisar el procesamiento del expresidente y, en caso de ser necesario, modificarlo o revocarlo “de oficio” en primera instancia.

A través de sus abogados, Alberto Fernández sostuvo que las pruebas que reclama son “indispensables para refutar la acusación” que enfrenta por amenazas y violencia física y psicológica.

Nuevas medidas

El juez Daniel Rafecas recibirá de parte de la defensa del exjefe de Estado -a cargo de los abogados Silvina Carreira y Yamil Castro Bianchi- un listado de medidas de prueba que ya habían sido ofrecidas en el expediente pero nunca se aceptaron. El titular del Juzgado Federal N° 3 de Comodoro Py evaluará la pertinencia de cada punto antes de ordenar su ejecución.

Cabe recordar que, en instancias anteriores, el fiscal González calificó de “absurdas” y “dilatorias” estas medidas pretendidas, bajo el criterio de que Fernández busca demorar la llegada del caso a juicio.

En primer lugar, la defensa propuso más declaraciones testimoniales. Alberto Fernández quiere que se cite a las personas que viajaron con Fabiola Yáñez a Misiones el 23 de junio de 2021, apenas unas horas después de haber sufrido un golpe en el ojo, según denunció.

Desde el entorno del expresidente indicaron que estos testigos pueden precisar si vieron una lesión, cómo era, si tenía inflamación, dolor o alguna marca visible, y qué explicación dio Yañez en ese momento.

La defensa también quiere volver a interrogar a los médicos que revisaron a la ex primera dama el 30 de junio de 2021. Walter Saavedra y Leandro Alem, quienes trabajaban en la Unidad Médica Presidencial, declararon haber visto la lesión, pero los abogados de Alberto Fernández quieren citarlos una vez más para que aclaren si podía deberse a un golpe accidental, a un golpe de puño o a un tratamiento estético.

Además, buscan que haya una pericia médica sobre el origen de la lesión ocular que sufrió Yañez. Este estudio pretendido por la defensa apunta a saber si el hematoma era compatible con un golpe, con plasma rico en plaquetas, inyecciones de peptonas u otro procedimiento estético, y si las fotos permiten determinar cuándo y cómo se produjo.

El expresidente también reclamó que declaren las psicólogas de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), María Laura Yacobino y María Virginia Salguero, quienes elaboraron un informe utilizado en la causa. También pidió citar a la psiquiatra Blanca Huggelmann, quien elaboró otro informe para la querella.

Por último, los abogados del exmandatario solicitaron una segunda pericia para obtener y analizar los chats entre Alberto Fernández y Fabiola Yañez desde los teléfonos originales. Sucede que parte de los mensajes incorporados se obtuvieron desde archivos guardados en una computadora, no mediante una extracción directa de los celulares.

Ese peritaje, a criterio de la defensa, podría comprobar si los chats son auténticos, si están completos, cuándo fueron enviados, si hubo ediciones o eliminaciones y cuál era el contexto íntegro de las conversaciones.

El fiscal Ramiro González dio por acreditados en agosto de 2025 -cuando formuló su requerimiento de elevación a juicio- dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Entre el 21 y 22 de junio de 2021, en la habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yáñez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la zamarreó provocándole lesiones en el brazo, según la acusación fiscal.

Asimismo, se le imputan maltratos sistemáticos entre 2016 y agosto de 2024, generándole daño psíquico. Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España. El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

Los inversores que denunciaron haber sido estafados por el desplome de la criptomoneda $LIBRA apelaron la resolución del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi que los apartó del rol de querellantes, por el cual pudieron darle a la causa un impulso independiente al del Ministerio Público Fiscal. Ahora la discusión pasó a manos de la Cámara Federal porteña.

La controversia se originó a partir de una presentación de la defensa de Mauricio Gaspar Novelli, empresario cripto, lobista con llegada a Javier y Karina Milei y uno de los principales investigados en la causa.

Martínez De Giorgi hizo lugar a su planteo y ordenó desplazar a los damnificados Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo. El argumento judicial para dejar el caso sin querellantes se centró en que las pérdidas económicas ocurrieron en un mercado de alta volatilidad y riesgo, propio de las denominadas “memecoins”, y en la dificultad para acreditar de manera fehaciente la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para adquirir los activos.

Además, a criterio del juez, la causa $LIBRA busca determinar -en parte- si desde la Secretaría General de la Presidencia facilitaron reuniones en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos con los desarrolladores de $LIBRA a cambio de dádivas o sobornos. Estos son delitos que afectan a la administración pública, pero no generan un perjuicio directo, especial o singular sobre el patrimonio de los inversores, resolvió Martínez De Giorgi.

Frente a este escenario, los afectados presentaron sus recursos de apelación para revertir la medida. Marchetto, Vega, Paris y Quintero están representados por el equipo legal del diputado nacional Juan Grabois, a cargo del abogado Nicolás Rechanik. El inversor Martín Romeo, en tanto, presentó su propio recurso a través de su letrado, Nicolás Oszust.

El primer grupo sostuvo que su legitimación como querellante ya había sido reconocida previamente por la justicia -incluso, con un fallo de la Corte Suprema- y que la decisión de apartarlo prejuzga sobre el fondo del delito de estafa, que a criterio de los apelantes quedó virtualmente descartado.

Según su presentación, las pruebas reunidas en la causa, que incluyen peritajes oficiales e informes de organismos especializados en cibercrimen, documentan una maniobra coordinada que excede por completo la fluctuación normal de un activo financiero.

Los inversores representados por Rechanik expusieron que existió un acceso privilegiado a información reservada sobre el lanzamiento del token, lo que permitió a un grupo de billeteras virtuales realizar transacciones millonarias segundos antes de la difusión pública del proyecto, a través de la cuenta de X del presidente Javier Milei.

Por su parte, Martín Romeo calificó la resolución del juez como “arbitraria” y contraria a las constancias del expediente. Este inversor enfatizó que aportó actas notariales donde una escribana pública certificó la titularidad de su teléfono celular, el acceso a sus billeteras virtuales y las operaciones de compra y venta del criptoactivo. De este modo, rechazó la afirmación de Martínez De Giorgi respecto a que los damnificados solo presentaron enlaces de internet para justificar su condición de víctimas.

También echó por tierra la idea de que las pérdidas de los fondos respondan a la volatilidad del mercado: “El Magistrado confunde deliberadamente el riesgo orgánico de una inversión con un plan criminal milimétricamente orquestado” mediante “el tráfico de influencias, la infiltración de la Comisión Nacional de Valores (CNV)” y la “instrumentación de la figura del Presidente de la Nación como garante máximo de confianza (‘lavado de prestigio’)”, planteó el damnificado en su escrito.

Romeo también cuestionó con dureza que el juez les exija demostrar el origen de los fondos invertidos en $LIBRA para poder ser aceptado como querellante. Afirmó que el ordenamiento legal no impone a las víctimas de un delito contra la propiedad la obligación de auditar su propio patrimonio como requisito previo para acceder a la justicia. Añadió que la tecnología blockchain ofrece una trazabilidad matemática exacta que, combinada con las certificaciones notariales, despeja cualquier duda sobre la identidad de los operadores.

Por otra parte, los apelantes resaltaron ante la Cámara Federal que su participación en el caso resultó fundamental para el avance de la investigación. Señalaron que, gracias a sus presentaciones, el tribunal de alzada corrigió anteriormente el criterio para calcular los embargos sobre los imputados, ordenando que se contemplara al universo total de damnificados y no solo a quienes ya se encontraban presentados en el expediente.

En ese sentido, advirtieron que excluirlos dejaría el control de la causa bajo la única órbita del fiscal federal Eduardo Taiano, cuya labor en la pesquisa calificaron como “cuanto menos pasiva” durante los tramos más relevantes del proceso.

En este contexto es que tendrá que pronunciarse la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Este último magistrado concursó para quedarse en ese cargo, al que llegó por traslado, y actualmente es uno de los tres candidatos que el Consejo de la Magistratura envió al Gobierno para concretar una designación definitiva, junto a la fiscal Cecilia Incardona y el juez Julio César Di Giorgio. El Poder Ejecutivo debe elegir entre uno de esos tres ternados y enviar su pliego al Senado de la Nación.

El fiscal federal Gerardo Pollicita descartó que el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, haya gastado 12.000 dólares para mudar a su madre al barrio privado Fincas de Iraola II, donde la mujer vive en una casa alquilada. Era una de las últimas incógnitas pendientes que la Justicia debía resolver antes de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria.

El mes pasado, tal como dio a conocer Infobae, los investigadores habían puesto la lupa sobre Silvia Pais, la madre del exfuncionario libertario, al enterarse de que dejó de vivir en un departamento de La Plata y se mudó a ese country de Berazategui.

Es así que, a pedido del fiscal, el juez Ariel Lijo ordenó a la administración de Fincas de Iraola II que informe todos los detalles que pudieran ser de interés para la causa: fecha de mudanza y lote, si la mujer es propietaria, locataria, comodataria u ocupante autorizada; tipo de contrato y montos, modalidad de pago, entre otros puntos.

A su vez, la Justicia le pidió al barrio privado que aporte liquidaciones, resúmenes de cuenta, recibos y constancias de pago correspondientes a las expensas ordinarias y extraordinarias devengadas desde la fecha en que la madre de Adorni ocupó el inmueble.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, los documentos que la administración envió a los tribunales federales de Comodoro Py revelaron que Silvia Pais alquilaba una propiedad, y que había hecho un pago adelantado de 12.000 dólares para cubrir el primer año de residencia en ese lugar. Para el segundo año se había acordado un valor por encima de los 14.000 dólares, a abonarse en 2027. Las expensas, en tanto, rondan los 500.000 pesos mensuales.

Sin embargo, nada conectaba hasta este punto a Manuel Adorni con el dinero ni con las gestiones inmobiliarias. Es por esto que el fiscal Pollicita pidió que declare como testigo la propietaria de la casa que alquila la madre del exvocero presidencial.

La mujer se presentó este lunes en Comodoro Py. Con su testimonio confirmó las condiciones contractuales referidas anteriormente y descartó cualquier contacto con Manuel Adorni. “No participó él ni su hermano Francisco”, contó a este medio una fuente judicial con acceso al expediente.

Según el relato de la testigo, quien pagó los 12.000 dólares fue un tío de Manuel Adorni -hermano de su madre-, quien alquiló la propiedad a través de una inmobiliaria. “El día de la firma del contrato firmamos, pagó y se fue”, sintetizó la propietaria en su declaración.

Con las pruebas recabadas, los investigadores tomaron la decisión de no profundizar más sobre la familia de Adorni. En Comodoro Py consideran que no hay razones para atribuirle este gasto.

Justificación patrimonial

La investigación sobre el patrimonio del exministro coordinador está en la última milla. El fiscal Pollicita aguarda los últimos reportes que pidió a billeteras virtuales y al country Indio Cuá para acumular al expediente, además del informe contable de la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Ese informe es clave. Será el que finalmente le pondrá una cifra al presunto enriquecimiento ilícito que persigue la Justicia.

Si las conclusiones que arroje el estudio son desfavorables para Adorni, el fiscal estará en condiciones de pedirle al juez Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial.

Al responder ese requerimiento, el exjefe de Gabinete tendrá la oportunidad de demostrar ante la Justicia que el origen de su fortuna es legal, algo que sostuvo públicamente desde que se desató el escándalo.

Su versión -aún no comprobada en Tribunales- señaló que entre 2013 y 2014 invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin. Las criptomonedas le dejaron más de 500.000 dólares que mantuvo en negro y prácticamente no tocó hasta llegar al poder.

Si sus explicaciones formales no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. Manuel Adorni tendría que presentarse en los tribunales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.

La Cámara Federal de Casación Penal le concedió la prisión domiciliaria a Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) durante el kirchnerismo y uno de los arrepentidos de la causa Cuadernos. El exfuncionario había denunciado haber recibido amenazas a partir de su rol como imputado colaborador en el debate donde juzgan a la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández, junto a otras 85 personas.

Sin responder preguntas, en su indagatoria Uberti declaró: “No soy traidor, pero tampoco me considero un valiente. No soy indemne y estoy sometido a una gran angustia. Me interesa decir que un arrepentido no es un traidor”.

También se había comprometido a ampliar su declaración ante el Tribunal Oral Federal N° 7 una vez que le autoricen la prisión domiciliaria.

A partir de las amenazas a él y su familia y, además, por problemas de salud, Uberti terminará de cumplir su condena a cuatro años de prisión por el intento de contrabando de 800.000 dólares en la valija que trajo al país el venezolano Guido Antonini Wilson, en 2007. Lo trasladarán desde el Hospital Penitenciario de Ezeiza tan pronto como le asignen una tobillera electrónica.

La decisión de la Sala II del máximo tribunal penal federal, firmada este martes, revirtió la resolución de la jueza de ejecución Sabrina Namer, del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, que en mayo de este año había rechazado el pedido de arresto domiciliario.

Contra esa primera negativa, los abogados de Uberti, Silvana Stochetti y Guillermo Oscar Armani, presentaron un recurso de casación donde argumentaron que el encierro agravó de forma progresiva el estado de su defendido, que tiene 68 años.

El extitular del OCCOVI padece múltiples afecciones crónicas, como hipertensión arterial, cardiopatía hipertensiva, temblor esencial y lumbociatalgia. Asimismo, revelaron que durante el tiempo de detención desarrolló un cuadro de hiperglucemia compatible con parámetros de diabetes, enfermedad que no presentaba antes de ingresar a prisión. La defensa también acompañó informes médicos y psicológicos que dieron cuenta de un severo deterioro psíquico caracterizado por angustia, pesadillas, insomnio y un estado de terror constante, según se desprende del fallo al que accedió Infobae.

Según los peritajes del Cuerpo Médico Forense, el rol de arrepentido que adoptó Uberti le generó un cuadro de estrés e hipervigilancia extrema debido al temor por su seguridad personal.

Los abogados argumentaron que las medidas de resguardo especial aplicadas por el Servicio Penitenciario Federal se tradujeron en un aislamiento casi absoluto durante las 24 horas del día, sin acceso a luz natural, salidas al aire libre ni actividades educativas o recreativas, lo que terminó por perjudicar aún más su salud.

El fiscal general ante la Cámara de Casación, Mario Villar, dictaminó a favor de otorgar la prisión domiciliaria con tobillera electrónica.

Villar remarcó que el TOPE N° 1 rechazó el beneficio a pesar de que todavía estaban pendientes estudios cardiológicos indispensables para evaluar la gravedad real de la condición de salud del condenado.

Los jueces de la Sala II, Guillermo J. Yacobucci, Angela E. Ledesma y Alejandro W. Slokar, entendieron que, al existir un consenso entre la defensa y la fiscalía, el tribunal debe respetar ese límite y no puede decidir en contra de lo dictaminado por el fiscal, siempre que la postura no sea arbitraria o ilegal.

El voto mayoritario -Yacobucci y Ledesma- dispuso que la medida se haga efectiva una vez que la jueza Namer verifique la correcta colocación de la tobillera provista por la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica. Slokar, en cambio, propuso remitir las actuaciones a su origen para que el TOPE N° 1 se pronunciara nuevamente.

Francisco Adorni, diputado bonaerense y hermano del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, finalmente será investigado en Comodoro Py por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Ramiro González, en una causa por malversación de fondos en derredor del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y presuntas irregularidades tales como la entrega de un préstamo de 40.000 millones de pesos.

La diputada nacional Marcela Pagano había denunciado a Adorni a partir de su rol como presidente del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), cargo que ocupó dentro del Ministerio de Defensa.

La legisladora le atribuyó responsabilidades en el seguimiento, control y eventual renegociación de aquel préstamo millonario que el IAF le otorgó a la obra social de las fuerzas armadas, que atravesó una severa crisis financiera que derivó en su posterior disolución. La acusación también se extendió al exministro de Defensa, Luis Petri.

Ese expediente quedó a cargo del juez Daniel Rafecas y la fiscal Alejandra Mángano, que advirtió que existía una causa previa en la que se analizaban hechos análogos.

En ese proceso que ya estaba en marcha en el Juzgado Federal N° 9 -que subroga el juez Ramos- se investigan diversas anomalías en el IOSFA, tales como la compra directa de armamento y medicamentos por 25.000 millones de pesos cada una, un convenio para destinar el 2% de los salarios militares a afrontar la crisis financiera de la obra social y también la solicitud del préstamo de 40.000 millones de pesos al IAF.

Por este motivo, el juez Rafecas aceptó el pedido de la fiscalía para enviarle el caso al juez Ramos y así acumular ambas investigaciones por conexidad, al entender que compartían los mismos hechos y protagonistas.

Sin embargo, el Juzgado Federal N° 9 rechazó la competencia, con el aval del fiscal González. El juez Ramos argumentó que existía una diferencia temporal importante, dado que el crédito original se gestionó en enero de 2025, mientras que Francisco Adorni se incorporó al IAF recién en junio de ese año.

Ramos sostuvo que el funcionamiento interno del IAF excedía el objeto procesal de la primera causa y consideró prematura la unión de los expedientes porque aún no se habían realizado medidas de prueba ni la ratificación de la denuncia. Ante esta negativa, Rafecas trabó una contienda de competencia que finalmente llegó a la Cámara Federal de Apelaciones.

La Sala I de la Cámara, integrada de forma unipersonal por el juez Leopoldo Bruglia, determinó en las últimas horas que las causas se acumulen al entender que comparten un mismo contexto fáctico e institucional que vincula al Ministerio de Defensa con los entes descentralizados bajo un mismo período de gestión.

“Por razones de economía procesal, de mejor administración de justicia y de prevención de decisiones eventualmente contradictorias”, corresponde que sea el juez subrogante Sebastián Ramos quien conduzca una única investigación, estableció el tribunal de alzada en un fallo al que tuvo acceso Infobae.

Todo esto “sin perjuicio de que el avance de la investigación habilite un replanteo de la cuestión”, a partir de eventuales pruebas que ameriten separar los casos.

El juez Daniel Rafecas tiene en su despacho otro expediente que preocupa al hermano del exjefe de Gabinete. Se trata de la causa por enriquecimiento ilícito y omisión maliciosa en declaraciones juradas, en la que Francisco Adorni tiene un pedido de indagatoria firmado por el fiscal Guillermo Marijuán.

Ese caso tramita en el Juzgado Federal N° 6, que Rafecas subrogará hasta octubre de este año, en paralelo a la investigación de la fortuna de Manuel Adorni. El magistrado debe definir si ordena o no la indagatoria del legislador provincial libertario.

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni no puede irse del país sin pasar antes por la Justicia. Así lo dispuso en las últimas horas el juez federal Ariel Lijo, quien tiene a cargo el expediente por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario libertario. Además, en los tribunales federales de Comodoro Py echaron por tierra otro intento de los denunciantes para avanzar con su detención.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, este viernes el fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio de Adorni, emitió un dictamen en el que, si bien descartó peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, pidió que el exvocero notifique previamente cualquier salida del país, para que la Justicia “evalúe la pertinencia y razonabilidad” de cada viaje.

El juez Lijo ordenó lo solicitado por el fiscal y tomó así la primera medida restrictiva para Adorni desde que se abrió la causa. Esto solamente lo alcanza a él y no a su esposa, Bettina Angeletti, también bajo investigación judicial.

Previo a esta resolución, Manuel Adorni -a través de un escrito presentado por su abogado Matías Ledesma- hizo saber a la Justicia que se encuentra actualmente en el país y no tiene intenciones de cruzar las fronteras en el futuro cercano.

Tras su renuncia a la coordinación del Gabinete de ministros del presidente Javier Milei, surgieron versiones periodísticas de que Adorni había deslizado a su entorno intenciones de irse a vivir a Uruguay.

La detención, descartada

El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes del exvocero presidencial, habían pedido en los últimos días la detención de Manuel Adorni, o en subsidio, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. El fiscal y el juez descartaron ambos planteos.

Para rechazar esas propuestas, el fiscal Pollicita consideró que Adorni no opuso “reparos innecesarios” o “dilaciones” que afecten el trámite de la causa.

En particular, el representante del Ministerio Público opinó que ni siquiera las conversaciones que el exjefe de Gabinete mantuvo con el contratista Matías Tabar antes de su declaración como testigo fueron un entorpecimiento.

Basó su criterio en que precisamente fue ese testigo el que más lo complicó, y por ende Adorni no influyó en su declaración o logró hacerlo sentir hostigado o amenazado.

Tabar es el contratista que remodeló la casa del exfuncionario en el country Indio Cuá, propiedad en la que Manuel Adorni gastó al menos 245.000 dólares para modernizarla y equiparla.

Para desestimar la detención del exvocero, el fiscal también tuvo en cuenta que este no tiene antecedentes penales, que posee bienes en el país y un lugar de residencia habitual donde está su núcleo familiar, lo que disipa el peligro de fuga alegado por los denunciantes.

La causa

En las próximas semanas, el exjefe de ministros deberá dar sus primeras explicaciones formales en Comodoro Py.

El fiscal Gerardo Pollicita prepara un requerimiento de justificación patrimonial que estará basado en un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que revelará, precisamente, si el patrimonio de Adorni tiene inconsistencias, y de qué magnitud.

Las voces más optimistas en tribunales apuntan a que ese estudio contable estaría listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza en menos de tres semanas.

Ese requerimiento de justificación funcionará como una primera oportunidad que tendrá el investigado para explicar que su fortuna tiene un origen legal. Públicamente, Adorni contó que tenía en negro 500.000 dólares que alguna vez fueron criptomonedas. Su versión aún no fue comprobada en la Justicia.

Si la respuesta al requerimiento no logra desarmar las sospechas del fiscal, entonces la próxima instancia será un llamado a declaración indagatoria.

Esta semana declararon los últimos testigos antes de que la causa avance a esta próxima etapa. Gisela Kocsis, Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma son tres empleados y funcionarios de la Vocería Presidencial que reconocieron en sede judicial haberle prestado su nombre o sus tarjetas de crédito a Adorni para que haga compras millonarias sin dejar rastros.

Se sospecha que era una forma de esconder gastos que no podría justificar con sus ingresos legales.

Gisela Kocsis, quien se desempeñó como secretaria privada de Manuel Adorni mientras fue vocero presidencial, declaró este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py y admitió haber hecho más compras millonarias para el exjefe de Gabinete, que está bajo investigación por enriquecimiento ilícito.

La Justicia detectó que Adorni pedía prestadas tarjetas de crédito a empleados y funcionarios públicos que le respondían para que hagan compras por él, y luego les devolvía el dinero en efectivo. Se sospecha que era una forma de esconder gastos que no podría justificar con sus ingresos legales.

El exvocero del presidente Javier Milei le encargó a su secretaria una compra de almohadas por $400.000 en junio de 2025. El mes anterior ya había puesto su nombre para adquirir un lavavajillas y un lavarropas Whirpool que costó $3.100.000, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, la testigo también confirmó el gasto de $8.183.303,25 en Rosen The Store, donde Adorni compró -siempre a través de su secretaria y sin dejar su nombre en ningún lado- sábanas y artículos de blanquería, que fueron para equipar su casa de fin de semana en el country Indio Cuá.

En todos los casos Kocsis pagó y el ex jefe de ministros le devolvió el dinero en efectivo. No obstante, cuando hicieron la compra más grande, la testigo relató que Bettina Angeletti, esposa de Adorni, “se presentó en la sucursal con el dinero en efectivo para pagar la operación”. La factura se hizo a nombre de la secretaria.

Kocsis se comprometió a entregar en tribunales la documentación necesaria para respaldar sus dichos.

“Yo me encargaba de las gestiones personales de Adorni”, contestó la secretaria cuando los funcionarios judiciales le preguntaron por las compras.

Este miércoles también declaró como testigo Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace, cargo que ocupa dentro de la Dirección de Planificación y Seguimiento de Campañas que, a su vez, funciona bajo la órbita de la subsecretaría de Vocería y Comunicación.

Este funcionario le prestó al exjefe de Gabinete dos tarjetas de crédito para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno. Los productos se entregaron en el departamento que Adorni tiene en la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

“Somos amigos de toda la vida”, indicó Alujú sobre su vínculo con Adorni. Para graficar la confianza entre ellos, hizo saber que hace 11 años tiene una extensión de una tarjeta de crédito que sería del recién salido del Gobierno, según dejó trascender una fuente al tanto de la declaración.

Esta línea de investigación surgió a partir del peritaje del celular de Matías Tabar, el contratista que se encargó de la remodelación de la casa de Indio Cuá. Adorni gastó 245.000 dólares para modernizar esa propiedad.

En el teléfono del constructor los peritos encontraron una factura a nombre de Gisela Kocsis, correspondiente a la compra de blanquería.

Fue entonces que los investigadores revisaron los registros que tenían del usuario de Mercado Libre de Manuel Adorni y allí aparecieron las tarjetas de crédito de otros dos empleados de la Vocería Presidencial: Luis Enrique Alujú y Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales en la cartera que lleva la comunicación gubernamental.

Schiuma declaró el lunes en Comodoro Py y reconoció la operación con la que Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca. Costó $2.185.000.

Esta testigo también agregó que, cuando revisó los movimientos de la tarjeta Mastercard que le había prestado a su jefe, detectó gastos que desconocía y que habían sido rechazados por el banco, entre ellos un intento de compra de un Smart TV.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Laura Schiuma contó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde ofrecían planes de ahorro.

Cuando fue designado vocero, la convocó para trabajar en Casa Rosada, reconoció la testigo. Buscaba “gente de confianza” para sumar a su equipo, declaró Schiuma.

En Comodoro Py estiman que estos serán los últimos gastos que se le conocerán al exjefe de Gabinete, al menos en esta etapa de la investigación. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo aguardan por un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que revelará si el patrimonio de Adorni tiene inconsistencias, y de qué magnitud.

Las voces más optimistas en tribunales apuntan a que ese estudio contable estaría listo antes de la feria judicial de invierno, que comienza en tres semanas.

Una vez que el fiscal y el juez tengan en sus manos ese informe, estarán en condiciones de avanzar con un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.

La primera en presentarse minutos antes de las 10 fue Kocsis, quien se desempeña como secretaria privada en la Vocería. Se retiró una hora más tarde sin responder preguntas de este medio.

Para las 11 ya estaba en la fiscalía de Pollicita Luis Enrique Aluju, que es coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace, cargo que ocupa dentro de la Dirección de Planificación y Seguimiento de Campañas que, a su vez, funciona bajo la órbita de la subsecretaría de Vocería y Comunicación.

El lunes había declarado Laura Daniela Schiuma, directora general de Actividades Presidenciales de la subsecretaría de Vocería, quien admitió en los tribunales de Comodoro Py haberle prestado su tarjeta de crédito a Adorni para comprar un monitor gamer por $2.185.000.

Los investigadores buscan saber si Manuel Adorni tenía el hábito de pasar gastos millonarios a nombre de terceros, en línea con la hipótesis de que el exvocero llevaba un nivel de vida mucho mayor al que podía justificar con sus ingresos legales.

Gisela Kocsis fue secretaria privada de Adorni cuando este era el portavoz del Gobierno. Trabaja en el área de Medios y Comunicación desde 2011.

La secretaria facturó a su nombre el 2 de junio de 2025 una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store. El fiscal Pollicita tiene confirmado que el destinatario final de esos productos fue Manuel Adorni, y que los mismos se entregaron en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

Aluju, por su parte, le habría prestado a Adorni dos tarjetas de crédito para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno. Esas transacciones se hicieron con una semana de diferencia a las compras con la tarjeta de Laura Schiuma.

La declaración de Schiuma

La directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería reconoció haberle prestado la tarjeta a Adorni y sugirió que el ex ministro coordinador habría intentado hacer más de una compra, pero el banco se las rechazó.

Identificó gastos rechazados que no reconoció como propios, entre ellos uno por un Smart TV.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Laura Schiuma contó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde ofrecían planes de ahorro.

Cuando fue designado vocero, la convocó para trabajar en Casa Rosada, reconoció la testigo. Buscaba “gente de confianza” para sumar a su equipo.

En agosto de 2025, el entonces jefe de la comunicación presidencial le pidió prestada su tarjeta Mastercard, pero no le dijo qué iba a comprar, de acuerdo a la versión vertida en la testimonial.

Los funcionarios judiciales le exhibieron a la testigo la documentación con la que detectaron la irregularidad. Entonces Schiuma reconoció la operación con la que Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca.

La funcionaria de la Vocería también precisó que, cuando le llegó el resumen de la tarjeta, Adorni le reintegró personalmente “la totalidad del importe en dinero en efectivo”.

“No precisó de dónde provenían esos fondos ni aportó comprobantes, transferencias o mensajes vinculados con la devolución”, aclaró a este medio una fuente con acceso al expediente.

Laura Daniela Schiuma, la directora general de Actividades Presidenciales de la Vocería señalada como una de las funcionarias públicas que habría utilizado Manuel Adorni para ocultar gastos millonarios, declaró este lunes ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete.

El testimonio de Schiuma confirmó las sospechas de los investigadores: Adorni le pidió prestada la tarjeta de crédito para comprar un monitor gamer por $2.185.000, cuando su sueldo no superaba los $3.500.000.

Pero eso no habría sido lo único que intentó comprar: la funcionaria también detectó gastos rechazados por el banco que desconoció como propios. La sospecha en Tribunales es que Adorni agotó el límite de la tarjeta.

Los investigadores buscan saber si este era un modus operandi del entonces vocero del presidente Javier Milei.

Tienen identificados dos episodios similares entre junio y agosto de 2025: una compra de proyectores que se hizo a nombre del coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública, Luis Enrique Aluju; y otra adquisición en una blanquería que facturó Gisela Kocsis, secretaria de la Vocería.

Aluju habría prestado dos plásticos para la compra de un par de proyectores marca Epson para videojuegos, modelo Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, que costaron $1.831.795 cada uno. Esas transacciones se hicieron con una semana de diferencia a las compras con la tarjeta de Laura Schiuma.

La secretaria Kocsis, por su parte, facturó a su nombre el 2 de junio de 2025 una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store. El fiscal Pollicita tiene confirmado que el destinatario final de esos productos fue Manuel Adorni, y que los mismos se entregaron en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

“Gente de confianza”

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Laura Schiuma se limitó a hablar de su caso y no señaló nuevos “prestanombres” alrededor del exvocero. Contó que conoce a Adorni desde hace 16 años, cuando ambos trabajaban en una concesionaria de Renault, donde ofrecían planes de ahorro.

Cuando Manuel Adorni fue designado vocero, la convocó para trabajar en Casa Rosada, reconoció la testigo. Buscaba “gente de confianza” para sumar a su equipo.

En agosto de 2025, el entonces jefe de la comunicación presidencial le pidió prestada su tarjeta Mastercard, pero no le dijo qué iba a comprar, de acuerdo a la versión vertida en la testimonial.

Los funcionarios judiciales le exhibieron a la testigo la documentación con la que detectaron la irregularidad. Entonces Schiuma reconoció la operación con la que Adorni compró un monitor gamer Samsung Odyssey Oled G8, que tiene una calidad de 4K y es una de las opciones de más alta gama que ofrece esa marca.

La funcionaria de la Vocería también precisó que, cuando le llegó el resumen de la tarjeta, Adorni le reintegró personalmente “la totalidad del importe en dinero en efectivo”.

“No precisó de dónde provenían esos fondos ni aportó comprobantes, transferencias o mensajes vinculados con la devolución”, aclaró a este medio una fuente con acceso al expediente.

En los papeles que tiene la fiscalía hay otros intentos de compra asociados a la tarjeta de Schiuma, entre ellos un Smart TV que la directora de Asuntos Presidenciales desconoció y no supo precisar si son compras fallidas de Adorni.

La funcionaria aseguró también que esta fue la única vez en que le prestó una tarjeta a Adorni. No recordó si le dio el plástico para que saque una foto o si él anotó los números en algún lado. También dijo no tener conversaciones sobre el tema porque elimina habitualmente sus chats y no usa copias de seguridad en WhatsApp.

Según pudo reconstruir Infobae, los investigadores le preguntaron a Schiuma por la situación patrimonial de Adorni, al enterarse de que se conocen hace 16 años.

La testigo afirmó no estar al tanto de sus supuestas inversiones en criptomonedas, del dinero heredado de su padre ni de otras propiedades distintas del departamento de la avenida Asamblea, en el barrio porteño de Parque Chacabuco.

Recordó que la sucesión de su padre había sido “un trámite prolongado”, pero aclaró que “nunca hablaron” sobre bienes o dinero recibidos por herencia. También manifestó que nunca lo vio manejar sumas relevantes de dólares o pesos en efectivo, más allá de gastos cotidianos.

La causa por enriquecimiento ilícito se acerca a un punto culminante. El fiscal Pollicita espera un informe de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) que promete revelar la magnitud de las inconsistencias en el patrimonio de Adorni.

Con esa información, el Ministerio Público Fiscal le pedirá al juez Ariel Lijo que ordene un requerimiento de justificación patrimonial, con el que el exfuncionario podrá explicar el origen legal de su fortuna.

Si sus explicaciones no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. El jefe de Gabinete tendría que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.

El jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, atraviesa horas decisivas en cuanto a su futuro en el Gobierno, pero también en su panorama judicial. En la causa donde el fiscal federal Gerardo Pollicita lo investiga por enriquecimiento ilícito, un equipo de la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) está elaborando un informe contable que revelará si hay inconsistencias en el patrimonio del funcionario; si “le cierra el blanco”, como se volvió habitual escuchar en la discusión pública sobre el escándalo.

Ese informe es clave para el caso. Si las conclusiones que arroje el estudio son desfavorables para Adorni, el fiscal estará en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que firme un requerimiento de justificación patrimonial. Esa será la primera oportunidad que tendrá el ministro coordinador para demostrar, por escrito, el origen legal de su fortuna.

Si sus explicaciones no disipan las sospechas, entonces la Justicia daría un paso más y lo citaría a indagatoria. El jefe de Gabinete tendría que presentarse en los tribunales federales de Comodoro Py para defenderse así de una acusación formal por corrupción.

En los últimos dos meses, la investigación del fiscal Pollicita detectó compras y renovaciones de propiedades, gastos millonarios en viajes y adquisiciones lujosas como la ropa blanca por ocho millones de pesos, una cascada para la pileta y una parrilla de 14.000 dólares, entre otras tantas.

Cada hallazgo sirvió para construir una hipótesis: desde que llegó a la función pública en diciembre de 2023, Manuel Adorni empezó a vivir muy por encima del estándar al que estaba acostumbrado antes de ser designado como vocero presidencial de Javier Milei, a pesar de que su sueldo fue de poco más de tres millones de pesos por mes hasta enero de este año.

“Se le dio todo junto”, ensayó en defensa del jefe de Gabinete la escribana Adriana Nechevenko cuando fue consultada por Infobae En Vivo, tras declarar como testigo en Comodoro Py.

Sin decirlo con estas palabras, Manuel Adorni explicó en su última entrevista que, efectivamente, empezó a gastar “todo junto” el medio millón de dólares que tenía ahorrado y jamás declaró hasta hace dos semanas, cuando actualizó sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Su defensa pública -que deberá revalidar en Tribunales- apuntó a que, entre 2013 y 2014, invirtió 200.000 dólares de ahorros en Bitcoin. Las criptomonedas le dejaron más de 500.000 dólares que mantuvo en negro y prácticamente no tocó hasta llegar al poder.

En ese escenario es que la DAFI, un organismo de la Procuración General, empezó a hacer cuentas y estudiar los números y datos que se reunieron durante la pesquisa. El informe que entregarán los contadores al fiscal mostrará la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, entre diciembre de 2023 y el presente.

Ese análisis revisará cada peso del patrimonio del jefe de Gabinete. Con el trazo grueso que ya hicieron en la fiscalía, los investigadores mantienen una convicción: “Hay números que no cierran”.

Es por eso que confían con seguridad, antes de recibir el estudio de la DAFI, que el requerimiento de justificación patrimonial es un hecho. Solo falta saber la magnitud del presunto enriquecimiento que le imputan a Adorni.

Con ese fin, el fiscal Pollicita le encargó a la Dirección que tenga en cuenta “de manera integral” todas las pruebas incorporadas a la causa, “efectuando los cruces necesarios entre las fuentes de ingresos acreditadas, la evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos, pasivos y gastos”.

Si detecta inconsistencias, la DAFI deberá distinguir “las partidas que cuenten con respaldo suficiente de aquellas que aparezcan parcialmente respaldadas, no puedan ser conciliadas o requieran una explicación adicional”.

“El análisis deberá presentarse tanto de manera individual respecto de cada una de las personas examinadas como en forma consolidada respecto del grupo familiar”, dispuso además el fiscal.

El trabajo de la DAFI se dividirá en siete ejes, según pudo corroborar este medio.

• Panorama financiero. El organismo establecerá la composición y evolución de los bienes, disponibilidades, inversiones, créditos y deudas existentes al inicio y al cierre de cada año investigado y respecto de cada una de las personas involucradas.
• Ingresos y ahorros. El fiscal pidió identificar fuentes de fondos que cuenten con causa y respaldo, diferenciándolos de las transferencias entre cuentas propias o de integrantes del grupo familiar, movimientos internos, rescates de inversiones, devoluciones, reintegros, préstamos, ventas de activos, conversiones de moneda y acreditaciones provenientes de terceros. Las acreditaciones cuya causa no surja de la documentación deberán exponerse por separado con una breve explicación acerca de qué trata la misma.
• Entradas y salidas de dinero. La DAFI reconstruirá todos estos movimientos e integrará en una misma secuencia las adquisiciones de bienes, los gastos corrientes y extraordinarios, los consumos, los pagos efectuados en efectivo o moneda extranjera y las cancelaciones de deudas. Dentro de esa reconstrucción deberá conciliarse, por año, la evolución de las disponibilidades en efectivo y moneda extranjera, confrontando las tenencias iniciales y finales con los ingresos, adquisiciones, retiros, depósitos, conversiones y erogaciones verificadas.
• Declaraciones juradas. El informe contrastará las DDJJ y rectificaciones presentadas. Señalará los cambios introducidos en la composición y valuación de los activos y pasivos, el origen atribuido a cada variación y su impacto cuantitativo sobre la evolución patrimonial, además de contrastar esto con la prueba reunida. Por separado, deberá indicarse los bienes incorporados mediante rectificaciones cuya existencia, origen o efectiva disponibilidad no resulten objetivamente corroborados.
• Criptomonedas. La DAFI integrará la operatoria informada por las plataformas y billeteras virtuales, distinguiendo los depósitos, retiros, compras, ventas, permutas o swaps y transferencias internas o externas. Además, reconstruirán los saldos y circuitos entre cuentas, y contrastarán sus resultados con las declaraciones juradas patrimoniales, los antecedentes bancarios y fiscales, los datos de identificación y perfil económico informados por las plataformas y los restantes informes disponibles.
• Gastos y deudas. El informe buscará determinar el costo, la fecha, la forma de pago y la fuente de financiamiento de los bienes incorporados, las erogaciones y las obligaciones invocadas, confrontando la documentación aportada y las declaraciones testimoniales con los registros bancarios, patrimoniales, fiscales, bursátiles de Adorni. Respecto de los préstamos, mutuos u otras fuentes de financiación, deberá examinarse la capacidad económica. A su vez, deberán señalarse las diferencias cuantitativas o cronológicas que pudieran surgir entre los instrumentos, declaraciones juradas, escrituras, registros, documentación respaldatoria y testimonios incorporados a la causa.
• La cuenta final. Por último, la DAFI tiene que elaborar una ecuación patrimonial anual y acumulada, tanto individual de Adorni y Angeletti como consolidada respecto del grupo familiar, que confronte los ingresos lícitos y disponibilidades iniciales acreditados con las incorporaciones de bienes, gastos, consumos y cancelaciones de pasivos. Deberán individualizarse y cuantificarse las partidas u operaciones que no guarden correspondencia con los ingresos y disponibilidades acreditados, que presenten respaldo incompleto, que hayan variado de explicación entre distintas declaraciones o constancias, o que no puedan ser conciliadas.

Esta semana llegarían a Comodoro Py informes de las billeteras virtuales Lemon y Binance, el country Indio Cuá, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Universidad Abierta Interamericana (UAI), con respuestas a los últimos oficios que pidió el fiscal y ordenó el juez Lijo.

Todos estos papeles terminarán de cerrar el círculo sobre la investigación del patrimonio del jefe de Gabinete. Sin mucho más que revisar, la Justicia se apresta a pedir explicaciones formales.

La Justicia avanzó este jueves sobre la última batería de medidas de prueba antes de intimar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que dé explicaciones sobre su fortuna en los tribunales federales de Comodoro Py. El fiscal federal Gerardo Pollicita, a cargo de la investigación, prepara un requerimiento de justificación patrimonial, el paso previo a una eventual citación a indagatoria por enriquecimiento ilícito.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el fiscal le solicitó en las últimas horas al juez Ariel Lijo que ordene una serie de informes a billeteras virtuales, al country Indio Cuá, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y a la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Con la investigación sobre el patrimonio de Adorni casi agotada, las respuestas de esas entidades son lo único que le falta al fiscal para avanzar con el requerimiento de justificación.

El ministro coordinador ofreció explicaciones públicas sobre el crecimiento de su nivel de vida. Dijo que antes de llegar a la función pública tenía medio millón de dólares que alguna vez fueron criptomonedas, pero que jamás los había declarado. El 11 de junio presentó ante la Oficina Anticorrupción su declaración jurada del 2025 y la rectificación de los dos años anteriores, donde incluyó ese dinero en efectivo proveniente de “venta de activos”.

Así y todo, “hay períodos donde los números no cierran”, le indicó a Infobae una fuente con acceso al expediente, que además adelantó que “una vez que estos organismos respondan, se terminará el requerimiento de justificación patrimonial”.

La DAFI prepara un informe clave

El fiscal Pollicita le encargó a la DAFI, un organismo contable del Ministerio Público Fiscal, un informe sobre la evolución patrimonial y financiera de Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y la actualidad.

Ese análisis se hará a partir de todas las pruebas que se reunieron durante la investigación. Se contrastarán todas las fuentes de ingresos económicos acreditadas que haya tenido el matrimonio, además de la evolución de sus bienes, disponibilidades, inversiones, créditos, deudas y los gastos detectados.

Cabe recordar que, desde que llegó al poder, Manuel Adorni y su pareja compraron un semipiso en Caballito, una casa de fin de semana en un barrio privado de Exaltación de la Cruz -que se remodeló a nuevo-, cambiaron el auto y realizaron una veintena de viajes por el país y por el mundo, todo sin vender los dos departamentos que el jefe de Gabinete tiene en La Plata y Parque Chacabuco, según pudo reconstruir este medio. Estos solo son los “gastos grandes” que se le conocieron al ex vocero presidencial.

Es así que el fiscal le solicitó a la DAFI un informe con siete puntos clave, cuyas conclusiones deberán “individualizar y cuantificar, con sustento en la documentación examinada, las inconsistencias que puedan advertirse” en el patrimonio del jefe de los ministros.

El estudio deberá señalar, asimismo, “los extremos concretos que resulten necesarios esclarecer para determinar si existe un desbalance patrimonial apreciable y contar con elementos suficientes para evaluar la eventual formulación de un requerimiento de justificación patrimonial”.

Más medidas

Por último, en Comodoro Py aguardan información solicitada a las billeteras virtuales Lemon Cash y Binance, por movimientos de criptoactivos de Manuel Adorni que datan de 2020 y 2021. También investigan transferencias entre el funcionario y la empresa DLP Capital Partners, que ofrece servicios financieros e inmobiliarios.

Además, el fiscal Pollicita envió otro oficio al barrio privado Indio Cuá, para que informe si la casa del lote 380 fue alquilada -a quién y por cuánto- antes de que el jefe de Gabinete la comprara en noviembre de 2024.

Con las medidas dispuestas este jueves, el ARCA deberá informar a la Justicia si Adorni presentó, en el transcurso de este año, declaraciones juradas rectificativas sobre periodos anteriores al 2023.

El fiscal también reorientó una consulta para saber si Manuel Adorni y Bettina Angeletti trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. El jefe de Gabinete habría cumplido funciones en esa entidad -vinculada a la Universidad Abierta Interamericana- entre 2017 y 2023, mientras que su pareja lo habría hecho desde 2018 y hasta el mismo año, según sospechan en Comodoro Py.

La UAI deberá responder qué cargos ocuparon, si cobraron sueldos -y cuántos ingresos percibieron-, y si presentaron declaraciones juradas durante esos períodos.

El ex diputado nacional José Luis Espert fue llamado a indagatoria por el presunto lavado de 200.000 dólares que recibió de parte del empresario Fred Machado, recientemente extraditado desde la provincia de Río Negro a los Estados Unidos en el marco de una investigación por narcotráfico y fraude financiero. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, lo citó para el 30 de junio.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la orden del magistrado también alcanzó al contador del ex diputado de La Libertad Avanza, Mariano Alejandro Cosentino, y la empresa Varianza SA, que pertenece al economista y a su esposa, María de las Mercedes González.

De acuerdo con la investigación del fiscal federal Fernando Domínguez, el 22 de enero de 2020 una cuenta bancaria a nombre de Espert en los Estados Unidos recibió una transferencia de 200.000 dólares provenientes de la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las corporaciones utilizadas por la red delictiva que lideraba Fred Machado.

Para la fiscalía, el origen de este dinero es ilícito y el ex legislador intentó disimular la procedencia de los fondos a través de la firma de un contrato de locación de servicios con la minera Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por el propio Machado. Dicho acuerdo estipulaba un pago total de un millón de dólares por “asesorías financieras”.

Sin embargo, los investigadores comprobaron que Espert no registró viajes a Guatemala ni antes ni después de la rúbrica del documento, y que tampoco existen constancias de que hubiese visitado la explotación minera o contratado profesionales idóneos para realizar las tareas acordadas. Además, el fiscal remarcó que Minas del Pueblo carecía de actividad real en ese momento.

Para el fiscal Domínguez, la contratación de Espert no habría sido más que una pantalla para blanquear los dólares.

El caso forzó al economista a bajarse de su última candidatura en 2025. Encabezaba la lista libertaria de diputados nacionales por al provincia de Buenos Aires.

Parte de los 200.000 dólares que recibió el ex candidato a presidente ingresaron luego a la economía argentina. Según consta en el expediente, hizo dos transferencias de 50.000 dólares cada una hacia su cuenta local del banco BBVA en 2020.

Esos fondos se destinaron, entre otras cosas, a la compra -en efectivo- de un BMW M240i por un valor de 47.800 dólares. Posteriormente, ese vehículo fue vendido para adquirir una camioneta Lexus de alta gama por casi 130.000 dólares.

La situación judicial de Fred Machado, detenido en abril de 2021 y con domiciliaria en Viedma, desató la alarma en el entorno del economista. El empresario fue extraditado a pedido de la Justicia estadounidense en noviembre último, tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El análisis de los teléfonos secuestrados a los asesores de Espert reveló que se organizaron múltiples reuniones de urgencia para evaluar el impacto penal y tributario de la noticia.

En esos encuentros, según dictaminó el fiscal Domínguez, se diseñaron diversas estrategias para evitar que se detectaran los 118.271 dólares que aún estaban depositados en la cuenta del ex legislador en Estados Unidos, radicada en el banco Morgan Stanley.

Finalmente, el fiscal de San Isidro detectó que Espert omitió estos activos en sus declaraciones juradas presentadas en julio de 2021.

En los documentos digitales incautados al contador Cosentino, el equipo de Espert justificó esta decisión bajo el argumento de evitar un “pánico impositivo” y resguardar la carrera política del entonces candidato a diputado, ante posibles filtraciones desde organismos estatales.

En los papeles de trabajo de los imputados se dejó por escrito que el objetivo de la omisión era impedir que el kirchnerismo -por entonces en el Gobierno- accediera a esos datos y “den a conocer hechos de una forma distorsionada”, ya que tener que dar explicaciones públicas sobre esa transferencia y el contrato con la minera guatemalteca en plena campaña electoral de 2021 “significaría que JLE quedara afuera de su carrera política” (SIC).

En uno de los documentos hallados por el fiscal, se ensayó la explicación de que la titular de la AFIP en ese momento, Mercedes Marcó del Pont, era una funcionaria alineada políticamente con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bajo esta premisa, los asesores de Espert sostenían que el Gobierno de turno “no respetaba la reserva de las instituciones” y temían que se filtrara la información de sus activos en el exterior.

La fiscalía calificó la conducta de Espert bajo el delito de lavado de activos y rechazó los argumentos de la defensa que apuntaban el ex legislador libertario no sabía de los negocios de Machado, quien además financió sus aspiraciones electorales.

“La estratagema de la ignorancia ensayada por el imputado en sus distintas defensas de ninguna manera puede configurar un blindaje para obtener impunidad”, dictaminó el fiscal de San Isidro.

En cuanto al rol de los colaboradores, la acusación ubicó al contador Cosentino como partícipe necesario de la maniobra, ya que confeccionó certificaciones de origen de fondos falsas para canalizar las compras de los vehículos y la adhesión de la esposa de Espert a un fideicomiso inmobiliario.

Por su parte, la sociedad Varianza SA, constituida por el matrimonio poco antes de recibir la transferencia bajo sospecha, habría funcionado como una estructura inactiva creada con el único propósito de “justificar los ingresos personales de Espert para disimular así el uso de fondos de origen ilícito”.

A 24 horas de que la Gendarmería Nacional allanara su departamento en el barrio porteño de Palermo, la modelo Jesica Cirio se prepara para entregar su celular a la Justicia, que busca dar con los videos originales en los que se la ve rodeada de miles de dólares en un vestidor que sería de Martín Insaurralde, ex intendente de Lomas de Zamora y ex marido de la mediática.

Desde el entorno de Cirio aseguraron a Infobae que ella está en el país, luego de las dudas que se generaron en torno a su paradero debido a que las autoridades judiciales no la encontraron en su casa, ubicada en Ortega y Gasset y avenida del Libertador.

También dejaron trascender que se presentará junto a su defensa en los tribunales de Lomas de Zamora “entre esta tarde y mañana a primera hora” y aportará su teléfono con su contraseña.

Este lunes el juez federal que investiga a Insaurralde por enriquecimiento ilícito, Luis Armella, intimó a la modelo para que entregue su celular en 24 horas.

En los allanamientos de este domingo también se buscaron notebooks, tarjetas de memoria y cualquier dispositivo donde pudieran llegar a estar los videos almacenados.

El fiscal federal Sergio Mola, que investiga a Insaurralde a partir del “yate gate”, busca incorporar a la causa los videos originales que difundió La Nación para peritarlos. Con ese fin es que el juez Armella ordenó allanar a Cirio y a su último esposo, el financista Elías Piccirillo, quien supuestamente tenía en su poder el material.

Los allanamientos no arrojaron resultados positivos. Cirio no estaba en su departamento y Piccirillo, detenido con prisión preventiva por plantarle un arma y droga a un exsocio, no tenía almacenado en sus dispositivos ningún archivo de interés para la investigación, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

En el departamento de Palermo la Gendarmería incautó 19.000 dólares y armas registradas a nombre de la actual pareja de la modelo, el empresario Nicolás Trombino, con quien espera un hijo. “Las dos cosas son de él”, le dijo a Infobae un allegado a la conductora de TV que está al tanto de los procedimientos judiciales.

El peritaje que tiene en carpeta la Justicia -aún fue no solicitado formalmente- buscará corroborar el contenido de los videos y responder los interrogantes que los rodean; principalmente cuándo y dónde se filmaron.

Según se sospecha, las imágenes habrían sido tomadas entre 2022 y 2023, en la casa donde vivían Cirio e Insaurralde en el country Fincas de San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires. En aquel entonces el dirigente peronista era jefe de Gabinete de Axel Kicillof.

La acumulación de todo ese efectivo se convirtió en un dato relevante para la causa por enriquecimiento por la que Cirio, Insaurralde y la modelo Sofía Clerici enfrentan una inhibición general de bienes.

Los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco (PROCELAC) pidieron en octubre de 2024 la indagatoria del exfuncionario, que hasta ahora no se ordenó. En ese requerimiento el Ministerio Público no avanzó sobre las parejas de Insaurralde, aunque permanecen imputadas.

La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. De las fotos que se conocieron se los ve en la embarcación tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje, según reveló un dictamen de los fiscales, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares.

En su acusación, el Ministerio Público señaló que el patrimonio de Insaurralde no puede justificarse con sus ingresos de funcionario público: dos lotes en el barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras con la construcción de una vivienda de 841,76 metros de superficie cubierta y semicubierta y una pileta de 73,40 metros cuadrados; una casa en Lomas de Zamora; dos autos de alta gama; una cuenta bancaria de 8.620.967 pesos entre 2011 y 2021; los gastos del viaje a Marbella; y 75 viajes al exterior por 71.280,40 dólares, de los cuales solo uno fue oficial, son algunos de los movimientos financieros más grandes que reseñó la fiscalía.

El descargo de Cirio

La conductora emitió un comunicado tras la difusión de los videos y advirtió un intento de extorsión sostenido desde hace más de un año. Ahora tiene pensado ampliar esa denuncia, que tramita en la Justicia porteña, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional N° 58.

“Evidentemente, se produjo una vulneración sin mi consentimiento a mis distintos soportes de archivos audiovisuales. Mediante esa vía, se me ha intentado extorsionar desde hace más de un año, inclusive con anuncios de difusión de imágenes de contenido íntimo y privado”, explicó a través de una carta.

En ese descargo Cirio también sostuvo que en los videos “se detectan manipulaciones digitales en su contenido ya que, como se ve, son secuencias distintas, con variados y sucesivos cortes”.

“Como siempre lo dije, trabajo desde los 18 años en la actividad privada y todos mis ingresos se encuentran declarados ante el organismo de recaudación impositiva, el cual jamás me formuló intimaciones a rectificaciones por inconsistencias en las mismas”.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, no quiere que graben su voz para cotejarla con los audios que revelaron un entramado de corrupción en el organismo que dirigió cuando llegó al poder de la mano del gobierno libertario. Ahora, el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, encontró una alternativa para avanzar con el peritaje: propuso tomar muestras de entrevistas periodísticas que haya dado en los últimos años.

La disputa por los audios en los que la voz atribuida a Spagnuolo habla de coimas viene arrastrándose desde el inicio del caso. El 30 de abril, a poco de asumir la conducción del expediente, el juez Ariel Lijo ordenó peritar las grabaciones para esclarecer su origen y veracidad, tal como reclamaban las defensas del exfuncionario, la droguería Suizo Argentina y el lobista Miguel Ángel Calvete.

En esta línea, el fiscal Picardi propuso que los audios pasen por un “análisis comparativo con material indubitado”. El juez lo aceptó y ordenó que el exdirector de la ANDIS se presente ante la Gendarmería Nacional -que estará a cargo del estudio- para aportar una muestra de su voz.

Pero Spagnuolo se niega a que lo graben. Su abogado defensor, Pablo Parera, planteó que esto vulneraría su derecho a no autoincriminarse. Por esa razón pidió la nulidad de este punto de pericia y, a la vez, que se suspenda el peritaje hasta tanto se resuelva la discusión.

La maniobra generó primero sorpresa y, después, algo de bronca en Comodoro Py. “Spagnuolo puede presentar un escrito y oponerse a dar su voz, ni siquiera es necesario que se presente ante Gendarmería”, explicó a Infobae una fuente con acceso al expediente.

En un dictamen de 27 páginas al que tuvo acceso Infobae, el fiscal de la causa le solicitó este viernes al juez Lijo que desestime el planteo, con fuertes críticas hacia la defensa.

Picardi calificó la maniobra de Spagnuolo como un intento de demorar y entorpecer el proceso, y señaló “contradicciones insalvables”, dado que el propio perito de la defensa, Marcelo Torok, había solicitado puntos de pericia para identificar si la voz correspondía al exdirector de la ANDIS.

En esa línea, en su dictamen el fiscal se refirió al planteo de la defensa como “la vieja escuela de la nulidad por la nulidad misma”. Sucede que, dentro de sus fundamentos, los representantes del exdirector de la ANDIS también reflotaron otro planteo de nulidad de toda la causa, que en su momento fue rechazado in límine por el juez Sebastián Casanello.

Para destrabar la discusión y evitar que la investigación se detenga, la fiscalía propuso prescindir de la colaboración de Spagnuolo y le sugirió al juez obtener el “material indubitado” necesario para el peritaje de cuatro entrevistas que el exfuncionario dio en Neura, La Nación +, Border y El Observador.

En otro pasaje del dictamen, el fiscal Picardi también cruzó a la defensa por sostener que los audios son falsos o manipulados antes de que se realice el peritaje que, precisamente, debe corroborarlo: “Incurre así en una falacia lógica -petición de principio-, ya que anticipa la conclusión que le conviene ahora, respecto de aquello que hoy se desconoce, para impugnar una diligencia técnica que podría confirmarla o descartarla”.

Los abogados de Spagnuolo -al igual que los de otros acusados- también afirman que los audios son la prueba que dio origen a la causa judicial. Así, su eventual origen clandestino podría poner en peligro el caso y hacer que se caiga toda la investigación.

El fiscal Picardi confrontó esa idea y remarcó que no utilizó ni valoró dichos audios como evidencia para fundar la acusación por la que hoy están señaladas más de 40 personas y 20 empresas, en un entramado que habría desviado miles de millones de pesos del Estado.

Ahora el juez Ariel Lijo deberá evaluar las posturas de todas las partes antes de tomar una decisión sobre qué ocurrirá con el peritaje. Los acusados designaron peritos de parte y la fiscalía puso a cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por la corrupción en la Agencia de Discapacidad. Ya pasó por Comodoro Py una segunda tanda de indagados sobre los cuales debe dictarse su sobreseimiento o procesamiento.

Según la acusación, desde que el presidente Javier Milei llegó al poder, en la ANDIS se habría montado una asociación ilícita dedicada a defraudar a la administración pública. Es el primer caso de corrupción que estalló en la gestión libertaria.

El desvío de fondos para personas con discapacidad se habría logrado mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según la fiscalía.

Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a “empresas amigas” previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de coimas a funcionarios.

El fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa $LIBRA, tiene bajo estudio un pedido de la defensa del trader y lobista Mauricio Novelli para excluir de la causa a cinco inversores damnificados que actúan como querellantes. Son quienes impulsan la acusación privada -paralela a la del Ministerio Público Fiscal- contra Javier Milei y el resto de los sospechados en el caso de la criptomoneda promocionada por el presidente de la Nación.

El planteo de Novelli, presunto intermediario entre la Casa Rosada y empresarios del mundo cripto, se basa en que estos compradores de $LIBRA no sufrieron una estafa, sino que asumieron los riesgos propios de un mercado financiero altamente volátil y no regulado. Por ende, según su criterio, no deberían ser considerados damnificados.

El lobista, a través de su abogado Daniel Rubinovich, presentó el escrito ante el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, quien ya le corrió vista al fiscal para que se pronuncie al respecto, según supo Infobae de fuentes judiciales.

La querella que intenta desplazar Novelli es la integrada por los inversores Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo, este último un especialista en cripto que expuso en el Congreso Nacional en representación de “más de 200 damnificados” ante la Comisión Investigadora sobre la Criptomoneda $LIBRA, en junio del año pasado. Cuentan con la representación legal del abogado Nicolás Oszust.

Los querellantes mantuvieron una intensa actividad proponiendo pruebas e incluso pidieron la indagatoria del presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y otras 13 personas, entre ellas la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La solicitud finalmente no avanzó.

Para Novelli -fundador de la academia N&W Professional Traders donde Milei dio clases, y organizador del Tech Forum-, la investigación a cargo de Taiano demostró la “inexistencia” de un engaño penalmente relevante.

“El derecho penal argentino no sanciona pérdidas especulativas, malas decisiones financieras o fenómenos de volatilidad de mercado, menos aún si se trata de activos no regulados”, razonó el abogado del lobista en un escrito de 46 páginas, al que accedió Infobae.

El defensor Daniel Rubinovich argumentó que los inversores damnificados demostraron “conocimientos avanzados” en el manejo de billeteras virtuales descentralizadas y plataformas de intercambio complejas.

Para la defensa, la causa judicial se desvirtuó con el paso del tiempo, definiendo la situación actual como “un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria, sin identificar una falsedad concreta, un error típico o una víctima afectada patrimonialmente mediante engaño”.

Novelli esgrimió que la querella dejó de lado el reclamo sobre el perjuicio patrimonial para enfocar sus acusaciones en supuestos delitos contra la administración pública, como negociaciones incompatibles.

Para la defensa, esta postura es una muestra de que ya no existe una hipótesis de estafa que justifique la participación de particulares en el expediente.

El caso tuvo su origen el 14 de febrero de 2025, cuando una publicación en las redes sociales del presidente de la Nación promocionó el denominado Viva La Libertad Project. El posteo de X incluyó el contrato inteligente para adquirir $LIBRA a través de la red Solana, con el supuesto fin de financiar PyMES y emprendimientos locales.

Tras la difusión de Milei, la cotización de la cripto pasó de un centavo de dólar a casi cinco dólares en pocas horas. Sin embargo, su valor se desplomó rápidamente debido a ventas masivas que, según se sospecha, realizaron los creadores del activo y otros operadores con información privilegiada, maniobra que se conoce como un “rug pull”.

En su escrito, la defensa técnica de Novelli dedicó algunos párrafos a justificar el posteo del jefe de Estado: “Todo lo que dijo el Presidente en relación con el tema era absolutamente cierto”, y “quien dice la verdad no puede ser responsable de un engaño”.

El lobista, a la par de su socio Manuel Terrones Godoy -también imputado-, ya había llegado hasta la Corte Suprema de Justicia en un primer intento por debilitar a la querella liderada por Martín Romeo. En diciembre, el máximo tribunal validó a tres de los damnificados que ahora vuelven a ser cuestionados como tales.

Mientras preparan una respuesta formal para presentar ante el juez, desde la querella deslizaron a Infobae que este nuevo planteo de Novelli no debería avanzar, ante la debilidad técnica y jurídica que perciben del mismo. “No cambiaron los hechos fácticos por los cuales nos aceptaron como querellantes, una decisión que está firme”, sintentizaron.

En el expediente hay otro grupo de inversores que perdieron dinero, y están representados por el diputado nacional Juan Grabois y su equipo legal.

El peritaje al celular del contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa del jefe de Gabinete Manuel Adorni en el country Indio Cuá, condujo a los investigadores a una sospecha inesperada: una empleada de la Vocería Presidencial habría prestado su nombre para la facturación de una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería, en la tienda Rosen The Store.

La trabajadora estatal señalada es Gisela Kocsis, quien cumple funciones en la cartera de Medios y Comunicación desde 2011. Según pudo corroborar Infobae en documentos oficiales, en marzo de 2025 se desempeñaba como secretaria privada en la vocería a cargo de Adorni.

El fiscal que investiga al jefe de los ministros por enriquecimiento ilícito, Gerardo Pollicita, encontró en el celular de Tabar una factura a nombre de Kocsis emitida el 2 de junio de 2025.

Para entonces, Adorni y su familia estaban terminando de refaccionar la casa que compraron en Exaltación de la Cruz, y aún faltaban cuatro meses para formalizar la adquisición de un semipiso en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró.

En su declaración testimonial, el contratista reconoció que su vínculo con Adorni trascendió lo estrictamente relacionado con la construcción en la casa de Indio Cua. Se convirtió en una suerte de gestor: todo lo que necesitara el entonces vocero para sus nuevas propiedades se lo encargaba a Tabar, que hacía de intermediario entre los proveedores y el cliente a cambio de un porcentaje.

Ahora los investigadores se preguntan si este también fue el caso con la factura a nombre de Kocsis que encontraron en el iPhone 15 del contratista. La adquisición se hizo en “Rosen The Store”, que según indicaron fuentes del caso es “una de las tiendas más caras” que hay en el rubro y ofrece sábanas, acolchados y otros artículos de alta calidad. Rosen es el nombre comercial de la sociedad anónima “Industria Argentina del Descanso”.

El fiscal pidió este miércoles a la empresa que aporte, en un plazo de 72 horas, toda la información que tenga vinculada a la operación, pago y entrega de los productos, para esclarecer quién fue el destinatario final de la compra.

Por orden del juez de la causa, Ariel Lijo, la empresa deberá precisar “el medio de pago utilizado, fecha y modalidad de cancelación, identidad de la persona que efectuó el pago”, además de “domicilio de entrega, persona que recibió o retiró los productos, por cuenta de quién se habría realizado la adquisición y cualquier otro dato obrante en sus registros”, según pudo saber este medio de fuentes judiciales.

El fiscal Pollicita también requirió comprobantes de pago, constancias de acreditación, remitos, comunicaciones comerciales y toda otra documentación relacionada con la factura de los ocho millones de pesos.

El nombre de Kocsis ya había surgido durante la investigación, aunque pasó desapercibido. Figuraba entre las visitas que recibió Adorni en Casa Rosada el 22 de octubre del 2025, misma fecha en la que el jefe de Gabinete se reunió con su amigo Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas acreedoras del funcionario y gestor de la compraventa del departamento de Caballito.

Ese mismo día también pasó por Balcarce 50 Bettina Angeletti, la esposa del ministro coordinador.

La investigación por enriquecimiento ilícito avanza a paso firme después de las explicaciones públicas que brindó Adorni, quien justificó el crecimiento de su nivel de vida a partir de 500.000 dólares en ahorros nunca declarados que habría empezado a usar recién cuando llegó al poder.

El fiscal Pollicita pidió este miércoles una batería de medidas de prueba para verificar la coartada del funcionario y su supuesta incursión en el mundo de las criptomonedas desde 2013.

La Justicia ordenó este miércoles una nueva batería de medidas orientadas a comprobar la coartada cripto del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a ampliar el alcance de la investigación por enriquecimiento ilícito, que tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió un informe a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el que se detallen todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales o intermediarios de otro tipo que hayan operado en el país desde 2012, un año antes de que el jefe de los ministros empezara a incursionar en la compra y venta de Bitcoin, según él mismo dio a conocer la semana pasada.

El fiscal quiere saber qué entidades operaban en ese mercado incipiente por aquellos años donde el jefe de Gabinete dijo haber invertido 200.000 dólares, con los que ganó otros 300.000.

Una reconstrucción realizada por el ingeniero y especialista en blockchain Fernando Molina ayuda a tomar dimensión y contexto de esa cifra. Según su relevamiento, para el año 2014 apenas el 0,48% de las más de 3 millones de wallets que tenían Bitcoin en todo el mundo habían invertido 56.000 dólares o más.

El fiscal Pollicita -que trabaja en su equipo con un experto en cripto- también pidió los antecedentes regulatorios disponibles en materia de activos virtuales, y solicitó a la CNV que aclare si desde 2012 existía o no un “registro formal de prestadores” de estos servicios cripto, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

En línea con las averiguaciones que surgieron a partir de las últimas explicaciones del jefe de Gabinete, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) -un organismo del Ministerio Público- ya trabaja en la confección de un cuadro técnico con la evolución histórica del precio del Bitcoin, desde el año 2013 hasta la actualidad, a partir de fuentes abiertas.

Profundizan la investigación patrimonial

Según indicaron fuentes de los tribunales federales de Comodoro Py, el fiscal también solicitó los registros de entradas y salidas al lote 380 del country Indio Cuá, donde el jefe de Gabinete compró y remodeló una casa de fin de semana.

Con esa información, la pesquisa busca “reconstruir aspectos estrictamente patrimoniales vinculados con las reformas” que se hicieron en ese domicilio, y “no se requirió información sobre visitas personales, reuniones o movimientos ajenos a esa finalidad”, precisaron las fuentes consultadas.

Quien estuvo a cargo de la remodelación de la casa fue el contratista Matías Tabar, quien declaró haberle cobrado 245.000 dólares al jefe de Gabinete. También dijo que ofició de intermediario en otras compras que hizo Adorni. Él recibía el dinero en efectivo y se encargaba de hacerle llegar al funcionario lo que necesite.

Un peritaje al celular del contratista reveló ahora que gestionó una compra de ropa de cama y blanquería por $8.183.303. “Fue en el lugar más caro posible”, describió una fuente al tanto de las averiguaciones. La factura aparece a nombre de una tercera persona y fue emitida el 2 de junio de 2025.

Infobae pudo comprobar con documentos oficiales que se trata de Gisela Kocsis, secretaria privada en la Vocería Presidencial.

Para evacuar la sospecha de que Adorni podría estar detrás de esa adquisición, el fiscal envió un oficio a la empresa para que aporte toda la información que permita identificar al destinatario final.

Además, los investigadores intentan corroborar la versión que indica que la madre de Adorni, Silvia Pais, se mudó al barrio privado Fincas de Iraola, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui.

De ser así, la administración del country tiene 72 horas para informar a la Justicia desde cuándo vive en ese lugar, si es propietaria o inquilina, y cuánto está pagando de expensas y alquiler, si ese fuera el caso.

En paralelo, el fiscal Pollicita pidió certificar la causa en la que investigan, también por enriquecimiento ilícito, al hermano del jefe de los ministros y diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Francisco Adorni. Quienes deben responder al trámite son el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas.

Pollicita requirió que le informen cualquier referencia vinculada con bienes de origen familiar, dinero en efectivo, la sucesión de su padre, Jorge Adorni, o cualquier otro aspecto del caso que pudiera vincularse al presunto enriquecimiento ilegal del jefe de Gabinete.

Antecedentes laborales

Otra de las medidas que activó este miércoles el fiscal apunta a saber si Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, trabajaron para la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores. Para aclarar este punto, el representante del Ministerio Público pidió informes al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El jefe de Gabinete habría cumplido funciones en esa entidad -vinculada a la Universidad Abierta Interamericana- entre 2017 y 2023, mientras que su pareja lo habría hecho desde 2018 y hasta el mismo año, según sospechan en Comodoro Py.

En este sentido, el fiscal quiere conocer qué cargos ocuparon, si cobraron sueldos -y cuántos ingresos percibieron-, y si presentaron declaraciones juradas durante esos períodos.

Hace dos años, aun siendo vocero presidencial y sin estar sospechado de haber cometido ningún delito, Manuel Adorni le entregó a la Oficina Anticorrupción su declaración jurada correspondiente al 2023. Según informó por entonces, para principios de ese año su patrimonio era de apenas $11.608.804. Ahora, con la nueva documentación que presentó, admitió bienes por $944.575.052 para fines de 2025: una diferencia del 8467%, que se explica en gran parte por el crecimiento y ocultamiento del patrimonio del jefe de Gabinete y, en menor medida, por el aumento nominal del valor de sus posesiones, como consecuencia de la inflación.

Para tomar dimensión de cuánto habría escondido exactamente el jefe de Gabinete, es necesario comparar la rectificación de sus declaraciones juradas correspondientes a 2023 y 2024 con las versiones originales que había presentado anteriormente. Lo que dijo que tenía versus lo que ahora afirma que siempre tuvo, pero mantuvo oculto porque, según sus propias palabras, “todos los argentinos ahorran en negro”.

El 2023 de Adorni

Manuel Adorni había declarado ante la OA que cerró el 2023 con bienes, depósitos y dinero por un total de $61.018.251. Esta semana rectificó esa cifra. En realidad, según su nueva versión, cuando asumió como vocero y secretario de Comunicación y Medios tenía un patrimonio de $515.479.434.

El dato es central para la causa por enriquecimiento ilícito que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Con esta rectificación, Adorni intenta demostrar que lo que tiene lo ganó antes de su llegada a la función pública, para desvirtuar así la acusación de que se hizo rico recién cuando fue funcionario.

El grueso de su fortuna, sostiene el jefe de Gabinete, se explica por haber invertido en criptomonedas entre 2013 y 2018. Lo reveló por primera vez -dos meses después de que lo empezaran a investigar- en la entrevista que brindó el miércoles a La Nación +. Los activos digitales, efectivamente, aparecieron en su declaración jurada rectificada.

En la nueva versión del documento presentado ante la OA, Adorni declaró al inicio del 2023 que obtuvo 565.000 dólares por “venta de activos”, algo que no estaba en el informe original. En los papeles que tiene ese organismo y la Justicia no aclara si esos activos son las cripto, aunque se presume que este es el caso.

También reportó tenencia de Bitcoin por un valor equivalente a 3.500 dólares. A fin de año terminó con 14.700 dólares en criptomonedas, en tres billeteras virtuales.

No es lo único que corrigió. En su primer año en el poder, Adorni también ocultó inversiones en fondos comunes de inversión por más de 800.000 pesos. Y revalorizó sus dos propiedades: a fines de 2023, un departamento en Parque Chacabuco pasó de tener un importe de $8.2 millones a $21.3 millones; mientras que otro, ubicado en La Plata, subió de $3.6 millones a $33.8 millones.

2024: año nuevo, casa nueva

El jefe de Gabinete dijo que no declaró el medio millón de dólares que alguna vez tuvo en criptomonedas porque “ahorra en negro” y desconfiaba de la política. Cabría preguntarle por qué también mantuvo oculta en su declaración jurada de 2024 la casa que compró en el country Indio Cuá, de Exaltación de la Cruz.

Según se desprende de la causa judicial que tramita en Comodoro Py, Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, pagaron 120.000 dólares para comprar esa propiedad, 245.000 dólares para refaccionarla y modernizarla y 5.000 dólares como tasa de ingreso al barrio privado.

El ministro coordinador sugirió que el inmueble siempre estuvo consignado en el anexo reservado de la declaración jurada de su esposa, que es solamente conocido por la Justicia y la Oficina Anticorrupción.

En definitiva, ahora Adorni admitió en la rectificación del 2024 que posee el 50% de esa casa, cuyo valor declarado es de 88.5 millones de pesos, para fines de ese año.

Otro ítem desconocido hasta ahora son los 3.2 millones de pesos que el jefe de Gabinete percibió al cierre del 2024 como saldo a favor por percepciones del impuesto a las ganancias. Todo suma.

Así, Manuel Adorni declaró haber cerrado su segundo ciclo en el poder con un patrimonio de $662.646.891, que incluyen dos departamentos, una casa, un auto y una camioneta. En la primera versión de su declaración jurada, había reconocido apenas $107.894.833.

Del medio millón de dólares que tenía al terminar el año anterior, le quedaron 388.000 dólares en efectivo.

La causa

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, al cierre de este artículo el jefe de Gabinete no había presentado ante la Oficina Anticorrupción los anexos reservados que debe incluir anualmente.

Esa documentación es decisiva. El patrimonio de Adorni se está escrutando a la par del de su esposa, como si fuera uno solo.

La Justicia aguarda por los anexos mientras analiza los nuevos números que dio a conocer el jefe de los ministros. Todo lo referido a las criptomonedas está bajo la lupa en una nueva línea de investigación que el fiscal Pollicita encargó seguir a su equipo. Buscarán establecer el origen de los ahorros de Adorni y la trazabilidad de los movimientos en la blockchain.

Todos los números pasarán a manos de los contadores de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Este organismo del Ministerio Público Fiscal prepara un informe contable que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Y, en caso de encontrar irregularidades, también podrá señalar el monto del presunto enriquecimiento ilícito.

Se esperaba que para mediados del mes próximo ese diagnóstico ya estuviera listo. Ahora en Comodoro Py son más cautos con los plazos, y prevén que el informe de la DAFI se demore un poco más.

Ese estudio es determinante para que el fiscal Pollicita le pida al jefe de Gabinete un requerimiento de justificación patrimonial. Es la primera instancia que tendrá Adorni para dar explicaciones ante la Justicia. Con su respuesta debería llenar los “huecos” donde sus gastos superan sus ingresos, o bien probar el origen de determinados fondos.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso sería citarlo para que preste declaración indagatoria.

Después de la reaparición pública de Manuel Adorni con una entrevista en la que reveló haber ganado 300.000 dólares invirtiendo en criptomonedas, la Justicia pidió a la Oficina Anticorrupción (OA) que entregue las declaraciones juradas del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti.

Según anunció el ministro coordinador en el canal LN+, anoche rectificó la documentación correspondiente a los años 2023 y 2024, y presentó su declaración del 2025. Lo mismo habría hecho con el anexo reservado en el que su cónyuge también está obligada a informar sus bienes.

Además, habría corregido las presentaciones impositivas que hizo ante el fisco desde 2020.

El fiscal federal Gerardo Pollicita firmó esta mañana, con carácter urgente, una solicitud para que el juez Ariel Lijo ordene la obtención de las declaraciones juradas. El trámite no demoraría y los papeles estarán en lo inmediato en poder de la Justicia, según adelantaron fuentes judiciales a Infobae.

Lo informado por Adorni en la documentación que entregó a la Oficina Anticorrupción será cotejado con los gastos, deudas e ingresos que está contabilizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

Este organismo del Ministerio Público Fiscal prepara un informe contable que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Y, en caso de encontrar irregularidades, también podrá señalar el monto del presunto enriquecimiento ilícito.

Anoche, Manuel Adorni reveló que empezó a incursionar en el mundo del Bitcoin en 2013, y que al año siguiente ya invirtió más fuerte. Puso 200.000 dólares que tenía en ahorros “después de trabajar 25 años” y terminó con 500.000 dólares en criptomonedas que mantuvo fuera del sistema formal en todo momento, siempre según su versión.

Estas afirmaciones darán lugar a una nueva línea de investigación, adelantaron a este medio fuentes del caso.

Los investigadores quieren evaluar la capacidad de ahorro e inversión de Adorni y su esposa, además de buscar la trazabilidad de ese medio millón de dólares, para verificar si lo que contó tiene asidero alguno. Pero de momento mantienen las sospechas que tenían antes de escuchar sus explicaciones públicas: “Hay períodos donde los números no cierran”.

El jefe de Gabinete agregó otro dato relevante. Aseguró que Bettina Angeletti ocupó durante 15 años cargos gerenciales en una empresa privada, lo que le generó ingresos en relación de dependencia. Desmintió que solamente fuera monotributista de la categoría más baja hasta hace algunos años, cuando se lanzó con su propia consultora.

Además, en su declaración jurada actualizada, Adorni habría sumado a su patrimonio unos 57.000 dólares que obtuvo de la venta de una propiedad en La Plata que heredó de su padre fallecido.

También habría declarado un lote ubicado en el partido bonaerense de Daireaux, que formaba parte de la misma sucesión. Ese terreno fue vendido y le habría generado al funcionario un ingreso cercano a los 22.000 dólares.

Todo esto se contradice con lo que el jefe de Gabinete había afirmado en el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril, durante su primer informe de gestión.

“En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna”, le había dicho a los legisladores en una encendida sesión, ya con las investigaciones judiciales en marcha.

Luego, en conferencia de prensa, Adorni reiteró: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

Ahora admitió tener una fortuna en negro. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, se excusó el funcionario, quien a su vez defendió su inocencia: “No soy un chorro”.

Una vez que el fiscal Pollicita reciba el informe contable de la DAFI, estará en condiciones de pedir un requerimiento de justificación patrimonial. Es la primera instancia que tendrá Adorni para dar explicaciones a la Justicia.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

Manuel Adorni tiene deudas por 335.000 dólares, que en su mayoría vencen antes de noviembre.

Desde 2022 hasta hoy cambió de auto, hizo una veintena de viajes por la Argentina y el mundo, se hospedó en hoteles del más alto nivel y all inclusive, y compró un semipiso en Caballito y una casa en el country Indio Cuá, la cual remodeló por 245.000 dólares, según declaró bajo juramento el contratista que hizo la obra. Todo esto sin haber vendido los departamentos que ya tenía en La Plata y Parque Chacabuco.

El juez Ariel Lijo también investiga a Adorni y Angeletti en otras dos causas. Una es por su vínculo con su amigo Marcelo Grandío, periodista de la TV Pública que desembarcó en los medios públicos a partir de la gestión libertaria.

El otro expediente puso la lupa sobre los clientes de MásBe, la consultora de coaching ontológico de la esposa del jefe de Gabinete, que presta servicios a tres empresas: Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group. Todas esas compañías son contratistas del Estado, por lo que se sospecha que podría haber algún tipo de retorno en los pagos que efectuaron a Angeletti.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este miércoles un pedido de José López, ex secretario de Obras Públicas durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, para reducir su condena a prisión luego de aprobar dos cursos de marketing.

El ex funcionario cumple una pena unificada de 13 años de cárcel por la causa “Vialidad” y por el caso de los bolsos que arrojó a un convento de General Rodríguez en 2016. Luego del escándalo, fue hallado culpable por enriquecimiento ilícito y tenencia ilegal de arma de uso civil.

La Sala IV de la Casación Federal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró inadmisible, por mayoría, el recurso de casación interpuesto por la defensa pública de José López contra la resolución del Tribunal Oral Federal N° 2, que en abril ya había rechazado el pedido de reducción de plazos por estímulo educativo.

López cursó y aprobó dos cursos de formación profesional, y recibió diplomas como “Auxiliar en marketing de Productos” y “Auxiliar en marketing de Servicio”, según consta en el fallo al que tuvo acceso Infobae.

Su defensa sostuvo que correspondía computar dos meses de reducción por cada uno de esos cursos.

El ex funcionario ya había solicitado ante el juez a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 la misma reducción de cuatro meses en el avance del régimen de progresividad penitenciaria, invocando el mecanismo de “estímulo educativo” previsto en el artículo 140, inciso b, de la Ley 24.660.

El TOF N° 2 rechazó el planteo, en línea con lo que había dictaminado el Ministerio Público Fiscal, al considerar que los conocimientos adquiridos por López mediante esa actividad no resultaban suficientes para tener por demostrado que el condenado “se haya capacitado como técnico en un área ocupacional determinada”.

A la hora de determinar si los cursos podían equipararse a una formación profesional anual, la Justicia concluyó que las 80 horas que demandó cada curso resultaban “manifiestamente insuficientes para satisfacer el estándar objetivo requerido a los fines de su equiparación con un curso anual”.

Al resolver el recurso de casación, el juez Borinsky consideró que la defensa no logró demostrar la existencia de un agravio federal debidamente fundado, ya que se limitó a reiterar su propia perspectiva sobre la cuestión, sin desarrollar una crítica concreta de los argumentos del TOF N° 2. El juez Barroetaveña adhirió a ese voto.

En disidencia, el juez Hornos votó por declarar admisible el recurso y abrir la discusión sobre el tema.

En consecuencia, el tribunal por mayoría confirmó el rechazo de la petición de López.

El exsecretario de Obras Públicas se encuentra actualmente cumpliendo condena en la cárcel de Ezeiza, a partir de la causa conocida como “Vialidad”, en la que fue condenado junto a otros acusados —entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner— por el direccionamiento irregular de obra pública en la provincia de Santa Cruz en beneficio de empresas del empresario Lázaro Báez.

Su condena en esa causa, de seis años de prisión por administración fraudulenta, quedó firme en junio de 2025 tras el rechazo de los recursos extraordinarios por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ahora está entre los acusados del juicio por los cuadernos de las coimas, que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 7. Es uno de los arrepentidos que tiene la causa.

El juez federal de Rosario, Gastón Salmain, fue suspendido este miércoles por el Consejo de la Magistratura y perdió los fueros que, hasta ahora, le habían permitido evitar la prisión preventiva que le dictó la Justicia cuando lo procesó por un caso de corrupción. Además, el Plenario del organismo decidió por unanimidad enviarlo a juicio político para debatir su destitución.

Salmain podría quedar detenido en las próximas horas, según indicaron a Infobae fuentes judiciales. Quien debe dar la orden de ejecutar la preventiva es el juez Carlos Vera Barros, subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario.

El magistrado acusado de “vender” fallos a cambio de coimas tiene en trámite una apelación de su orden de detención, y anteriormente ya había conseguido que, si lo capturan, le permitan cumplir su arresto en prisión domiciliaria. En ese caso pasaría sus días monitoreado con una tobillera electrónica.

El Consejo de la Magistratura le imputó a Salmain un “mal desempeño en sus funciones” por dos hechos separados.

Por un lado está la causa Attila -por la que quedaría detenido-, donde el juez suspendido está acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. A cambio de una coima de 200.000 dólares, habría firmado un fallo a pedido de un financista para permitirle el acceso a 10 millones de dólares a valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria.

El segundo cargo contra Gastón Salmain es por haber ocultado en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para direccionar un expediente.

Los consejeros kirchneristas hicieron reparos sobre este punto. El diputado nacional Rodolfo Tailhade advirtió que no estaban de acuerdo con acusarlo por esa irregularidad durante el concurso para convertirse en juez porque el reglamento solo exige informar sanciones en los últimos diez años, y su cesantía había ocurrido antes de ese período.

Al ser inescindible una acusación de la otra, los consejeros peronistas dejaron a la vista sus diferencias con el dictamen del senador Luis Juez, pero acompañaron con su voto afirmativo.

Por su parte, el consejero y abogado César Grau pidió que Salmain siga cobrando su sueldo mientras esté suspendido: “Tiene familia, tiene que mantener su sustento, y un juez está inhabilitado para volver a la profesión o ejercer el comercio”, alegó.

En la Comisión de Acusación, el senador Juez estuvo a cargo del dictamen con el que Salmain enfrentará a un Jurado de Enjuiciamiento. Ante el jury compartirá la acusación con los consejeros Diego Barroetaveña y Jimena De La Torre.

Está previsto que el juicio político se lleve adelante este mismo año.

“Tengo una idea de lo que debe ser un juez federal y él está bastante lejos de ese ideal”, había dicho Luis Juez sobre el magistrado rosarino antes de que se apruebe su dictamen.

Y agregó: “Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado. Nos quiso hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario, los fiscales, las camaristas, el juez, todo el mundo se puso de acuerdo para ponerlo en este apriete”.

Sucede que Salmain sostiene en su defensa que el financista con el que se habría complotado, Fernando Whpei, mintió al delatarlo cuando declaró como imputado colaborador. Su abogado, Yamil Castro Bianchi, también postuló que el caso es consecuencia de una férrea interna en el Poder Judicial, por la cual tiene previsto pedir que se cite como testigos para el juicio político a altos funcionarios judiciales, incluido el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, según le anticipó el letrado a Infobae.

Diego Spagnuolo ahora quiere suspender el peritaje de los audios que destaparon el escándalo de corrupción de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), una medida que él mismo había pedido. El exdirector del organismo se niega a aportar su voz para que la comparen con las grabaciones que hay en el expediente y, a partir de esto, le pidió al juez federal Ariel Lijo que no se inicie el estudio forense hasta tanto se resuelva esta nueva discusión.

La defensa del exfuncionario libertario -que fue abogado del presidente Javier Milei- presentó en las últimas horas un escrito en los tribunales de Comodoro Py para solicitar la nulidad del punto de pericia en el que el juez Lijo, a pedido del fiscal Franco Picardi, ordenó un “análisis comparativo con material indubitado”.

Para ello, dictó el magistrado, la Gendarmería Nacional -a cargo del peritaje- “deberá convocar a Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”.

En su presentación, el abogado defensor Pablo Parera planteó como argumento central que esto vulneraría el derecho de Spagnuolo a no autoincriminarse.

En paralelo, reflotó un pedido de nulidad de toda la causa, que en su momento fue rechazado in límine por el juez Sebastián Casanello. Y solicitó excluir los audios del expediente al entender que su origen es “incierto” y su contenido fue “manipulado”.

Los audios atribuidos al exdirector de ANDIS y difundidos por el streaming Carnaval en agosto de 2025 hablan de que el porcentaje de coimas “ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8”, y “lo tenés que traer a la Suizo, y nosotros lo subimos a Presidencia”.

“Yo calculo que le debe llegar el 3 a Karina” y “me están desfalcando la Agencia” son otros de los pasajes que resaltaron en las grabaciones. En la causa, Spagnuolo aseguró no haber pronunciado muchas de las palabras que se le atribuyen, por lo que sospecha que su voz podría haber sido manipulada con inteligencia artificial. Esta es una de las principales dudas que buscará evacuar el peritaje.

A criterio de la defensa, la cuestionada orden del juez convierte al acusado en “sujeto de prueba” sin su consentimiento, lo cual choca contra la garantía constitucional que establece que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y, más aún, que el aporte de la voz para un cotejo requiere una participación activa y voluntaria del imputado, y que “no resulta legalmente posible ejercer coerción” para obtenerla.

En esa línea, la defensa del exdirector de la ANDIS también reprochó que no se le haya consultado previamente al acusado sobre su disposición para colaborar.

La legitimidad del archivo

Más allá de la autoincriminación, el escrito también puso en duda la legitimidad de los audios que se ordenaron peritar.

Sucede que en el laboratorio de la Gendarmería no se analizarán los archivos originales, sino aquello que emitió en su transmisión de YouTube el medio que hizo la revelación.

Cabe recordar que los audios son un “monólogo” de Spagnuolo. Si bien el contenido exhibe lo que sería una conversación entre dos o más personas, en los archivos nunca se escucha otra voz que no sea la atribuida al exfuncionario. Para eso es necesario que hayan pasado por algún tipo de edición.

Lo que planteó la defensa es que la eliminación de los interlocutores no es un hecho menor y podría sugerir una manipulación para ocultar una “provocación o incitación” al hablante.

Finalmente, el escrito de la defensa de Spagnuolo citó un precedente de la Corte Suprema de Justicia en el que se estableció que “las grabaciones de voz son pruebas de carácter indiciario y deben complementarse con otras diligencias”.

El abogado Pablo Parera argumentó que, en este caso, los audios fueron tratados como un elemento de prueba desde el inicio y que el peritaje consolida aún más su peso como material probatorio, lo que iría en contra del criterio del máximo tribunal. A contramano, el fiscal Picardi sostuvo en distintas instancias que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a la incorporación de las grabaciones al expediente.

Spagnuolo, procesado junto a otros 18 acusados por las maniobras de corrupción, designó al perito de parte Marcelo Torok para que participe del estudio forense. El especialista también ofreció sus propios puntos de pericia.

Lo propio hicieron los abogados de la droguería Suizo Argentina y del lobista Miguel Ángel Calvete. Por el lado de la fiscalía trabajarán cinco especialistas de la Dirección General de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).

La Dirección de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA) le entregó al fiscal Eduardo Taiano un informe de 11 páginas en el que constan las primeras conclusiones del estudio técnico con el que buscan reconstruir quién está detrás de las billeteras virtuales que crearon y adquirieron la criptomoneda $LIBRA antes del posteo con el que el presidente, Javier Milei, difundió el contrato mediante el cual los usuarios accedieron a la presunta estafa.

El estudio indagó sobre el “proceso de creación y lanzamiento del criptoactivo” y “las alternativas disponibles para su adquisición”, tal como se desprende del documento, al que tuvo acceso Infobae.

En su análisis preliminar, los especialistas de la PFA no encontraron rastros de que $LIBRA se pudiera comprar en exchanges centralizados -las plataformas donde se compran, venden y almacenan las cripto- antes de las 21:40 del 14 de febrero de 2025, momento en el que fue lanzada al mercado por la app Ripio.

De esta manera, el informe de Cibercrimen consignó que los inversores, para el acceso inicial, dependían “de la información lanzada del proyecto, o bien del envío desde la dirección inicial que posee los tokens disponibles para su distribución”.

El presidente de la Nación había compartido en sus redes sociales los 44 caracteres de la dirección del contrato inteligente a las 19:01; casi tres horas antes del lanzamiento en la primera app.

Un creador anónimo

El fiscal Taiano busca establecer la identidad detrás de la wallet que creó $LIBRA y las 74 billeteras virtuales que compraron el criptoactivo segundos antes del posteo de Milei. Por ahora, los especialistas de la PFA no lograron revertir el carácter anónimo de las cuentas.

La Justicia sabe que el activo digital fue lanzado por la compañía Kelsier Ventures, de Hayden Davis. El fiscal tiene identificadas cuentas ligadas al empresario y pidió medidas para analizar una serie de transferencias que habría hecho por casi 5 millones de dólares, justo después de visitar la Casa Rosada el 30 de enero de 2025.

$LIBRA, según el informe de la Policía Federal, surgió a través de un proceso de “coin generation” en la blockchain de Solana. En su origen tuvo “un control primario absoluto por parte de una entidad o actor que no se encuentra identificado”, estableció la PFA.

Este dato llevó a las querellas, que representan a inversores damnificados, al siguiente razonamiento: si la dirección donde estaban alojados los tokens no la tenía nadie más que el creador, solo este pudo habérselo compartido a Javier Milei para que lo promocione en sus redes sociales.

Tras el escándalo, el mandatario había dicho públicamente que encontró la información por su cuenta en internet.

En este punto es necesario recordar que el lobista Mauricio Novelli, presunto intermediario entre la Casa Rosada y el empresario Hayden Davis, mantuvo una veintena de llamados con Javier y Karina Milei durante las horas previas y posteriores al lanzamiento y la difusión de $LIBRA, según reveló el peritaje del celular del empresario cripto.

En el expediente judicial también consta que durante ese ida y vuelta de llamados, Novelli estaba en Estados Unidos junto a Davis. El contenido de las conversaciones se desconoce.

Todos estos indicios abonan la hipótesis acusatoria que apunta a que detrás de $LIBRA existió una coordinación entre el jefe de Estado, su hermana, Novelli y Davis, entre otros.

Más medidas

Los investigadores de la PFA también buscaron en la página web “vivalalibertadproject.com”, difundida en ese mismo posteo de Milei.

Según consta en el informe que se incorporó al expediente, el 14 de febrero de 2025 ese sitio ofrecía un enlace a un formulario de Google para “solicitar financiación”, ya que el proyecto se promocionó con el fin de “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando a pequeñas empresas”.

Al día siguiente, la web incorporó la dirección del token y un gráfico de distribución de la cartera.

En paralelo, según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el fiscal Taiano pidió a la DATIP que informe cuándo estará listo el análisis de las conversaciones entre Mauricio Novelli, Favio Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Rodolfo Mellino. Estos dos últimos son receptores de transferencias millonarias y estarían vinculados a cuevas financieras.

La Fiscalía Federal N° 8 quiere tener lista esa información mientras la PFA avanza con las averiguaciones para determinar el recorrido y destino de los criptoactivos involucrados, de los que se sabrá más cuando el área de Cibercrimen confeccione su informe final.

La Justicia ya tiene un disco rígido con todo el contenido del celular del contratista Matías Tabar, uno de los testigos que más complicó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la causa donde se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

La extracción forense de la información se completó exitosamente en las últimas horas, y ya comenzó a ser analizada por los investigadores, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales.

El contenido del teléfono se estudiará tanto en la fiscalía de Gerardo Pollicita como en el Centro de Investigaciones Judiciales, donde se hizo la extracción con la participación de un perito de parte designado por Adorni, cuya defensa está a cargo del abogado Matías Ledesma.

Tabar le entregó su iPhone 15 a la Justicia cuando declaró como testigo el último 5 de mayo. Lo hizo para que las autoridades corroboren todo lo que contó oralmente: desde los 245.000 dólares que le cobró a Adorni para remodelar su casa del country Indio Cuá hasta los chats y llamadas que mantuvo con el ministro coordinador días antes de que se presente en Comodoro Py para “ayudarlo” con su testimonial, algo a lo que finalmente no accedió.

Desde el entorno del jefe de Gabinete habían cuestionado la veracidad de las declaraciones del testigo. El fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo tienen en el expediente todos los comprobantes y facturas de los servicios de obra que proveyó Tabar, y hasta este punto consideran que todo lo que declaró bajo juramento tiene respaldo.

Cómo sigue la causa

Mientras desde el Gobierno deslizan que el jefe de Gabinete presentaría esta misma semana su declaración jurada correspondiente al ciclo 2025, en los tribunales federales de Comodoro Py se preparan para pedirle explicaciones a Adorni.

El fiscal federal Gerardo Pollicita trabaja en un requerimiento de justificación patrimonial para que el jefe de los ministros tenga la oportunidad de aclarar los números de su patrimonio que no cierran.

La Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo de la Procuración, prepara un informe que dirá si Adorni gastó más de lo que ganó con sus ingresos. Ese análisis contable también precisará la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito, en caso de verificarse las irregularidades.

La inspección de todos los movimientos financieros estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio, estimaron fuentes del caso ante la consulta de Infobae.

Si con su respuesta al requerimiento el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso de la Justicia sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

En paralelo, el juez Lijo aguarda por otro informe clave. Se trata del análisis de las comunicaciones que está haciendo la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), en el marco del expediente por negociaciones incompatibles y dádivas.

En esa causa se investiga la relación entre Manuel Adorni y su amigo Marcelo Grandio, quien condujo programas en la TV Pública y, con la gestión libertaria, ganó seis contratos con los medios públicos a través de la productora ImHouse, que administra junto a su socio Horacio Silva.

Las llamadas que hicieron Grandio y Silva a distintos actores involucrados en la trama se cruzarán con la cronología de la investigación. La pregunta que subyace es si Manuel Adorni tuvo alguna influencia irregular sobre estas contrataciones para beneficiar a su amigo.

Con esa medida de prueba, el juez Lijo podría quedar en condiciones de verificar sus sospechas y llamar a indagatoria a Adorni y sus presuntos cómplices.

Cabe recordar que, para el último feriado de Carnaval, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos viajaron juntos a Punta del Este, Uruguay. Entre ida y vuelta, los boletos costaron 7.830 dólares.

El jefe de Gabinete dijo públicamente haber pagado su parte, pero hasta ahora no apareció algún comprobante que lo demuestre.

Germán Castelli, integrante del Tribunal Oral Federal N° 7 -que tiene a cargo el juicio de los cuadernos de las coimas-, le envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, para que detenga dos concursos que buscan reemplazar a tres jueces trasladados: el propio Castelli, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, estos últimos de la Cámara Federal porteña.

El conflicto que involucra a estos tres magistrados es de larga data y llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el reclamo de los jueces para defender la estabilidad en sus cargos. El Consejo de la Magistratura tiene previsto avanzar este miércoles con el concurso para reemplazar a los dos camaristas.

En 2018, Germán Castelli fue trasladado desde un tribunal oral de San Martín al TOF N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi pasaron del Tribunal Oral Federal N° 4 a la Sala I de la Cámara de Apelaciones que revisa los fallos de instrucción en las causas que tramitan en Comodoro Py.

Estos movimientos se hicieron por decisión del Poder Ejecutivo, sin el concurso previsto para cubrir una vacante judicial.

El reclamo que ahora Castelli le hizo llegar al presidente del Consejo de la Magistratura está basado en las condiciones en las que el Senado prestó acuerdo para que Carlos “Coco” Mahiques, tras cumplir 75 años, continúe durante cinco años más como juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

Sucede que este magistrado, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, llegó al máximo tribunal penal del país también trasladado desde la Casación porteña en 2018.

La controversia se centra en la aplicación del fallo “Bertuzzi” de 2020, emitido por la Corte Suprema de Justicia, y su impacto en la situación de los jueces que fueron trasladados de sus cargos. En ese precedente, los ministros del máximo tribunal establecieron que los traslados son provisorios, pero los magistrados reubicados por el Ejecutivo pueden permanecer en sus cargos hasta que esas vacantes se completen con concursos regulares.

En su escrito, al que tuvo acceso Infobae, el juez Castelli argumentó que el Senado decidió, en la sesión por el pliego de Mahiques, que el fallo “Bertuzzi” emitido por la Corte en 2020 no es aplicable retroactivamente a un traslado ocurrido en 2018, sino que solo opera “a futuro”.

Esta nueva interpretación, a juicio de Castelli, debería extenderse a todos los casos de traslados, especialmente a él, a Bruglia y a Bertuzzi.

“Solicito se formalice de manera urgente esa decisión, ya adoptada institucionalmente”, le planteó el magistrado a Rosatti. La consecuencia directa sería la nulidad de los concursos N° 461 -dos vacantes en la Sala I de la Cámara- y N° 479 -una vacante en el TOF N° 7-.

En su escrito, el juez del TOF N° 7 dejó a la vista duros cuestionamientos hacia el Consejo de la Magistratura por cómo trataron su caso en comparación con el de Mahiques, cuyo asiento aún no tiene un concurso iniciado para designar a un magistrado como lo prevé la ley.

“Se trata de una fatal contradicción en perjuicio del sistema republicano, traducida en discriminación y persecución con afectación de la seguridad jurídica, la igualdad, y que impacta en la estabilidad como garantía de la independencia de la magistratura”, sentenció Castelli al respecto.

En este contexto, Castelli volvió a pedir que el Consejo de la Magistratura haga un “mea culpa institucional” por haberlo removido del cargo -junto a Bruglia y Bertuzzi- entre septiembre y noviembre de 2020, algo que el juez definió como una “destitución ilegal temporaria”.

Y habló de “sombras que emanan” del Consejo de la Magistratura “en perjuicio de la república democrática”, antes de lamentarse por la designación para el ciclo 2026-2030 del rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea, quien representará al estamento académico.

“Con su voto decisivo en 2020, colocó la piedra basal para destituir ilegalmente a tres jueces federales, generando conmoción institucional, gente en las calles y que derivó en el primer per saltum exitoso en años en la Corte, además de los rebotes internacionales vigentes como el del relator de la ONU antes mencionado y las denuncias internacionales en trámite”, recordó Castelli.

En una de las causas judiciales donde se investiga la compra irregular de millones de dólares a valor oficial durante el gobierno anterior, mientras había cepo y brecha cambiaria, la jueza federal María Eugenia Capuchetti mantiene cerradas y bajo custodia policial unas 200 cajas de seguridad de la financiera Sur Finanzas, de Ariel Vallejo. Con el correr de los meses, los ahorristas empezaron a alzar la voz para recuperar su dinero.

Las cajas de seguridad están en la sede principal de la financiera, en la localidad bonaerense de Adrogué. El lugar fue allanado más de una vez, en el marco de los expedientes por maniobras de “rulo financiero” y el escándalo que involucra a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y clubes que tienen vínculos comerciales con Sur Finanzas.

La jueza Capuchetti está a cargo de una causa iniciada en 2021 e investiga a casas de cambio que accedían al dólar oficial presentando documentación supuestamente apócrifa, con movimientos por al menos 21 millones de dólares. En ese marco es que dictó una medida cautelar contra Sur Finanzas para que nada entre ni salga de las cajas de seguridad de los clientes.

Con sus bienes cautivos desde principio de año, los ahorristas llamaron primero a la financiera y luego confrontaron directamente a Ariel Vallejo, según supo Infobae del entorno del financista. El empresario les dijo que el tema lo excedía y que debían reclamar en Comodoro Py. Varios lo hicieron.

Es así que la titular del Juzgado Federal N° 5 abrió un incidente de devolución para resolver los pedidos de autorización para acceder a las cajas de seguridad y retirar sus pertenencias. El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la instrucción, la semana pasada dictaminó a favor de los clientes.

“Entiendo que no resultan ser parte del objeto procesal de la presente investigación y en tanto vuestra señoría considere que no resultan de interés probatorio, esta fiscalía no opone reparo alguno para que se autorice a los titulares de las cajas de seguridad mencionadas a acceder y retirar sus pertenencias de las mismas”, pronunció Taiano en su dictamen, al que tuvo acceso Infobae.

Mientras resuelve si libera o no las cajas de seguridad, la jueza Capuchetti les tomó declaración testimonial a los ahorristas.

Una mujer, costurera y comerciante hace 17 años en Adrogué, fue al Juzgado para reclamar por sus ahorros y terminó reconociendo -ante la pregunta de los funcionarios judiciales- que tenía “lingotes” de oro, según declaró. Aunque, al parecer, los “lingotes” serían piezas de pocos gramos.

“¿Qué tipo de bienes guarda?”, le preguntaron a la señora, según reconstruyó Infobae a partir de fuentes judiciales.

“Ahorro en dólares, 10.000 o 15.000 USD y tres o cuatro lingotes de oro. Estaban encerraditos, como los había comprado”, contó la testigo, que dijo compartir la caja con un amigo de confianza.

Ante la insistencia del interrogatorio, la costurera aclaró: “No sé si serán lingotes, lo digo porque es una cosa chiquitita y cuadradita” que “tenía un ahorrito, y los compré en el banco Supervielle”.

En Comodoro Py anticipan que habrá novedades respecto de las cajas de seguridad de Sur Finanzas. No solo está en pugna el problema de los clientes: la defensa de Vallejo reclamó además por la virtual “clausura” de la financiera, que dejó de operar y tiene en un limbo a unos 200 empleados.

Para sanear esto, los abogados de Vallejo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, ya habían pedido que se levanten las medidas cautelares sobre Sur Finanzas, algo que la jueza Capuchetti rechazó.

El financista llevó el caso ante la Cámara Federal porteña, tribunal que aún no se pronunció sobre si mantiene o levanta la consigna policial, aunque abrió el recurso de queja de la defensa para tratar el tema.

El juez federal Néstor Costabel, a cargo de la ejecución de la pena que purga el empresario Lázaro Báez por las causas “Ruta del Dinero K” y “Vialidad”, visitó este sábado en la cárcel de Ezeiza al dueño de Austral Construcciones, luego de que sufriera una descompensación que lo obligó a atenderse de urgencia en el hospital penitenciario. Esta semana se volverá a discutir si le conceden el beneficio de la prisión domiciliaria.

El magistrado, que preside el Tribunal Oral Federal N° 4, decidió acercarse personalmente a la cárcel porque desde la defensa del empresario santacruceño cuestionan los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que “no reflejarían la verdadera situación” sanitaria del detenido, según denunciaron.

Báez, que ya cumplió los 70 años, ingresó a la guardia del Hospital Penitenciario Central el viernes con un cuadro de neumonía. Volvió a su celda esa misma noche.

“Al examen físico se encuentra afebril, lúcido, orientado en persona, tiempo y espacio. Deambula por sus propios medios, moviliza cuatro miembros”, consignó una médica de guardia del SPF en un informe al que tuvo acceso Infobae. Le recetaron un tratamiento con antihistamínicos y corticoides a bajas dosis por tres días.

Otro documento del SPF, firmado por la jefatura del complejo, describió la descompensación de Lázaro Báez como “cuadro gripal” y plasmó que el interno “manifestó sentirse mejor de su estado de salud” una vez que había regresado a la celda.

Según indicaron fuentes judiciales, el juez Costabel pudo verificar con su visita que la situación de salud de Báez hoy es estable, y que sus principales problemas no pasan por lo pulmonar, que es por lo que recibió atención en las últimas horas.

Sucede que al empresario patagónico le extrajeron un pólipo en el colon el último noviembre, y desde entonces registró episodios de sangrado intestinal.

Según el SPF, al momento no hay “sangrado activo ni síntomas digestivos”. En cambio, su defensa sostiene que pasó los últimos ocho meses sin controles médicos por este problema, y que los sangrados persisten. Báez tendrá una cita con un gastroenterólogo el próximo 19 de junio.

Prisión domiciliaria

La defensa de Báez, a cargo de los abogados Yanina y Lucas Nicoletti, insistió con un nuevo planteo para que la Justicia conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. Lo hicieron ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que programó una audiencia para el 10 de junio.

Además de sus problemas intestinales, el empresario condenado tiene hipertensión arterial, dislipemia, diabetes tipo II, asma bronquial, obesidad leve y arritmia; todo con tratamiento crónico.

La defensa pide acceder a la domiciliaria ante “la imposibilidad práctica -de parte del SPF- de garantizar, bajo las condiciones actuales, el esquema de seguimiento médico considerado necesario”, según plasmaron en un escrito. El empresario quiere volver a Santa Cruz.

Una de las irregularidades que puntualizaron desde la defensa es que, en la cárcel, Lázaro Báez no tiene a disposición tiras reactivas para medirse la diabetes.

El último informe que elaboró el Cuerpo Médico Forense sobre Báez -con el que le rechazaron la salida de la cárcel anteriormente- estableció que “la privación de la libertad en el establecimiento carcelario no le impide recuperarse o tratar adecuadamente sus dolencias”.

No se descarta que en las próximas horas, previo a la audiencia en Casación, pueda firmarse alguna resolución en el Tribunal Oral Federal N° 4 -a partir de la visita del juez Costabel al centro penitenciario- tendiente a regularizar los estudios médicos pendientes.

Ya es un hecho. En las próximas semanas, Manuel Adorni deberá dar explicaciones en los tribunales federales de Comodoro Py. La Justicia está ultimando detalles para convocarlo por dos causas: la que investiga el crecimiento de su patrimonio y la que escarba sobre su vínculo con su amigo periodista Marcelo Grandio, quien ganó contratos con el Estado y le pagó al jefe de Gabinete y su familia un viaje en jet privado a Punta del Este.

A pedido del fiscal federal Gerardo Pollicita, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) prepara un informe que dirá si las cuentas del ministro coordinador cierran o no. Ese análisis contable también precisará la magnitud del presunto enriquecimiento ilícito, en caso de verificarse las irregularidades.

Para lograr esto, los especialistas de la DAFI están cruzando toda la información obtenida durante la pesquisa, desde los ingresos de dinero, deudas y los pagos más grandes para comprar propiedades hasta los gastos corrientes del día a día.

La inspección de todos los movimientos financieros estaría terminada entre los últimos días de este mes y las primeras semanas de julio, estimaron fuentes del caso ante la consulta de Infobae.

Cuando la DAFI le ponga una cifra al supuesto enriquecimiento ilícito de Adorni, el fiscal Pollicita estará en condiciones de pedirle al juez Ariel Lijo que haga un requerimiento de justificación patrimonial.

En Comodoro Py dan por hecho que el requerimiento se firmará. Lo único que resta saber es cuándo. “Hay períodos en los que no cierran los números de ninguna manera”, resumió ante este medio un investigador al tanto de las cuentas que hacen en la Justicia.

La declaración jurada correspondiente al ciclo 2025 que Manuel Adorni debe presentar ante la Oficina Anticorrupción tampoco parece poder ayudarlo a evitar que le pidan explicaciones en lo inmediato.

Al responder el eventual requerimiento de justificación patrimonial, el jefe de Gabinete tendrá la oportunidad de defenderse de las sospechas y contar cómo compró y remodeló dos propiedades -un semipiso en Caballito y una casa de country en Exaltación de la Cruz- sin vender las posesiones que ya tenía antes de ser funcionario. También podrá explicar de dónde sacó el dinero para viajar por el país y el mundo, además de comprar una nueva camioneta, y cómo pensaba pagar antes de noviembre los 335.000 dólares que adeuda a distintos acreedores.

Si con su respuesta el ministro coordinador no despeja la hipótesis delictiva que persigue el fiscal, entonces el próximo paso de la Justicia sería citarlo en los tribunales federales de Retiro para que preste declaración indagatoria.

Mientras termina de delinearse el análisis patrimonial, los investigadores buscan echar luz sobre un último rincón de la causa: las criptomonedas. La Justicia ya tiene acreditados movimientos, fondos y billeteras virtuales de Manuel Adorni. Pero sospechan que puede haber más, y no descartan que haya activos digitales que pertenezcan al jefe de Gabinete, pero no estén a su nombre. Las averiguaciones están en pleno desarrollo.

Grandio y Punta del Este

Las averiguaciones en torno a Adorni, el periodista de la TV Pública Marcelo Grandio y el viaje que hicieron juntos a Punta del Este en febrero de este año también están prácticamente agotadas. Esta causa es por presuntas dádivas y negociaciones incompatibles con la función pública.

El juez Lijo espera un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), que está analizando las llamadas de Grandio y de Horacio Silva, quien ocupa el cargo de presidente de la productora ImHouse, empresa que logró seis contratos con la TV Pública y Radio Nacional en la gestión libertaria.

La pregunta que subyace es si Manuel Adorni tuvo alguna influencia irregular sobre estas contrataciones para beneficiar a su amigo Grandio y a su productora.

Para el último feriado de Carnaval, Grandio e ImHouse pagaron los pasajes en avión privado con los que el periodista, Adorni, su esposa Bettina Angeletti y sus dos hijos viajaron juntos a Punta del Este, Uruguay. Entre ida y vuelta, los boletos costaron 7.830 dólares.

El jefe de Gabinete dijo públicamente haber pagado su parte, pero hasta ahora no apareció algún comprobante que lo demuestre.

¿Pudo el viaje a Punta del Este haber sido un retorno a Manuel Adorni por los contratos con el Estado que ganó Imhouse? Para responder esa pregunta es que el juez Lijo podría llamar a indagatoria al jefe de Gabinete.

La citación aún no está firmada ni tiene fecha, pero también aparece casi como un hecho en el panorama judicial del jefe de los ministros.

Fuentes judiciales indicaron que el llamado a declarar ocurriría en las próximas semanas, pero recién cuando llegue el informe de la DAJuDeCO y luego de que el mismo sea estudiado por los investigadores. Ese organismo dependiente de la Corte Suprema de Justicia está a cargo de Juan Tomás Rodríguez Ponte, exsecretario de Lijo.

El fiscal general ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, insistió con el pedido para que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, sea citado como testigo por su participación en la liberación de Nahuel Gallo, el gendarme que pasó 448 días secuestrado en Venezuela.

El juez federal Sebastián Ramos, a cargo de la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, había descartado el mes pasado la propuesta para que Tapia se presente en Comodoro Py, y esa decisión fue apelada ahora ante la Sala I del tribunal superior.

Quien requirió el testimonio del presidente de la AFA fue el fiscal Carlos Stornelli. Según argumentó en su momento, Tapia podría clarificar “las circunstancias en que se logró la liberación y traslado” de Nahuel Gallo hacia la Argentina.

Una de las querellas que participa de la causa, representada por el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER), apoyó el pedido y sostuvo que la máxima autoridad del fútbol argentino podría aportar los nombres de los funcionarios del régimen chavista que ordenaron detener y mantener cautivo al gendarme.

El juez Ramos no compartió ese criterio y resolvió: “Respecto a la medida sugerida por el Sr. Fiscal, considerando que -por el momento- no resulta pertinente dicha declaración con el objeto procesal delimitado en esta investigación, téngase presente la diligencia sugerida para su eventual oportunidad”.

Aunque rechazó la testimonial, el titular del Juzgado Federal N° 2 dejó la puerta abierta para convocarlo en un futuro.

Ahora el fiscal ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, presentó un memorial para que el tribunal de apelaciones revoque esa decisión. Deberá defender sus argumentos -que van en línea con los de Stornelli- en una audiencia oral la semana que viene.

El rescate de Gallo

A fines de febrero, Claudio Tapia intentó sin éxito viajar a Venezuela, justo para la fecha en la que Nahuel Gallo salió de la cárcel de El Rodeo.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante le prohibió salir del país cuando lo procesó por retención indebida de aportes. El magistrado levantó esa cautelar varias veces a pedido de la defensa -para ir al Mundial, por ejemplo-, pero se negó a hacer una excepción a esa medida cuando Tapia pidió permiso para volar hacia Caracas.

Así, el gendarme argentino regresó el pasado 1 de marzo en un avión privado acompañado por dos pilotos y por los dirigentes Luciano Nakis, prosecretario general de la AFA y quien le “secó la nuca” a Tapia en aquel video viral, y Fernando Isla Casares, encargado de Ceremonial y Protocolo de la Asociación.

Hasta hoy no se conocen oficialmente los pormenores de la negociación que permitió el rescate de Nahuel Gallo.

El gendarme es querellante en la causa que tramita en Comodoro Py y, a fines de abril, declaró como testigo ante el juez Ramos y el fiscal Stornelli. Allí contó por primera vez los tormentos sufridos durante su captura y relató cómo vivió su liberación.

La violación sistemática de los derechos humanos que se perpetró por parte del régimen de Nicolás Maduro desde 2014 se investiga en Comodoro Py bajo el principio de “justicia universal”, que permite investigar y juzgar este tipo de crímenes independientemente de dónde hayan ocurrido.

Por orden de la Cámara Federal, el juez Ramos pidió a Estados Unidos la extradición del exdictador para poder indagarlo en Buenos Aires.

El exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, busca que el juez federal Ariel Lijo dé marcha atrás con la orden de que aporte una muestra de su voz para compararla con los audios que destaparon una presunta red de corrupción al interior del organismo. Las grabaciones serán peritadas por la Gendarmería Nacional para aclarar su origen y veracidad, tal como había dictado la Cámara Federal porteña.

El fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación, propuso que en el peritaje se haga -entre otros puntos- un “análisis comparativo con material indubitado”, algo que el juez Lijo concedió la semana pasada.

Para ello, la Gendarmería “deberá convocar a Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”, resolvió el magistrado. Es decir, que lo citen para grabar su voz.

La defensa del exfuncionario libertario, a cargo de Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, se opuso tajantemente. Preparan un planteo que presentarán en el Juzgado Federal N° 11 en el que alegarán que lo solicitado por el fiscal “atenta directamente contra la garantía que protege la autoincriminación”, según pudo saber Infobae.

En paralelo, la defensa de Spagnuolo ya designó como perito de parte al ingeniero en informática Marcelo Antonio Torok, quien presentó sus propios puntos de pericia para incluir en el estudio técnico. Lo propio hicieron los abogados de la droguería Suizo Argentina y del lobista Miguel Ángel Calvete.

El juez Lijo ya ordenó, además del cotejo de voz, que se detecten ediciones o modificaciones hechas con inteligencia artificial.

Los especialistas de la Gendarmería buscarán “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

En paralelo, también se buscará hacer una “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”.

Ariel Lijo mandó a peritar los audios luego de una orden de la Cámara Federal que había sido dejada en suspenso por el juez anterior de la causa, Sebastián Casanello, quien subrogó el Juzgado Federal N° 11 hasta febrero.

Varias defensas pedían avanzar con el estudio acústico, ante la hipótesis de que podrían tener un origen clandestino, como por ejemplo, escuchas ilegales. Si así fuera, los audios podrían hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

En lo que va de la causa, el fiscal Picardi y el juez Casanello desestimaron los audios como prueba. Incluso sostuvieron que en el expediente hay material probatorio independiente y anterior a las grabaciones atribuidas al exfuncionario. Resta saber si Lijo mantiene ese mismo criterio.

Spagnuolo y otras 18 personas -entre ellas exfuncionarios de ANDIS, empresarios e intermediarios- están procesadas y embargadas por la corrupción en la Agencia de Discapacidad.

Puntos de pericia

El perito de parte de Spagnuolo, Marcelo Torok, presentó sus propios puntos de pericia, que deben ser aprobados por el juez. Pidió verificar la cadena de custodia, “correspondiente a la evidencia aportada y si la misma guarda perfecta continuidad con el devenir de los tiempos, sin interrupciones, o si existen periodos y desplazamientos sin acreditar debidamente”, según consta en un escrito al que accedió este medio.

También requirió que Google LLC y la plataforma YouTube aporten “la totalidad de la información disponible” sobre el link de video perteneciente al canal de streaming Carnaval donde están alojados los audios.

El perito de parte sugirió que se establezca si “del análisis del archivo surge lugar y fecha de las grabaciones auditadas”, “que los peritos indiquen si en forma indubitable se trata de un archivo original, con integridad en la continuidad de todo su contenido”, y si “se observan interrupciones o saltos en el transcurso del audio”.

Por último, requirió que se haga “un filtrado entre el sonido del frente y del fondo”, con una serie de disposiciones técnicas, y que se determine “si con los elementos obrantes en el archivo analizado, puede identificarse en la grabación al Sr. Spagnuolo”.

La detención de Facundo Leal, expresidente de ARSAT y el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), por el hallazgo de múltiples drogas, unos 2.5 millones de dólares y más dinero en diversas monedas, destapó una red de presunta corrupción que se gestó en la empresa estatal de telecomunicaciones. Lo que comenzó como una investigación por el robo de equipamiento de alto valor en un depósito de San Fernando, rápidamente escaló para revelar un esquema de posibles direccionamiento de contratos, sobreprecios y pagos de coimas que involucra a una decena de personas y a la empresa Argentina Logistic Services (ALS).

La trama se inició a raíz de un robo ocurrido en enero de 2024 en un depósito de la localidad de San Fernando, operado por ALS, donde se resguardaba material sensible de la Red Federal de Fibra Óptica de ARSAT. Encontraron 15 containers saqueados.

La investigación de ese hecho quedó a cargo del juez Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez, en la Justicia Federal de San Isidro. La pesquisa escarbó sobre la contratación de ALS al detectarse que las cámaras de seguridad del depósito no funcionaban y el cerco eléctrico perimetral estaba cortado.

Ante las sospechas en torno a la contratación de Argentina Logistic Services por el servicio de depósito, el fiscal ordenó las primeras medidas de prueba y secuestró celulares.

El análisis de los teléfonos incautados reveló el presunto pago de coimas y manejos espurios entre ARSAT y ALS. El 29 de junio de 2021, Juan Andrés Navarro, gerente comercial de ARSAT e integrante de “la banda de los mendocinos” -como se conocía a un grupo de funcionarios oriundos de esa provincia-, firmó un memorándum que proponía cambiar el depósito de los bienes de la empresa, señalando a ALS como la firma indicada y solicitando avanzar por contratación directa.

Tres meses más tarde, ARSAT llamó a cotizar. Las ofertas de los tres supuestos competidores, ALS, Transportes Padilla y Tradelog, llegaron el 10 de septiembre con minutos de diferencia, según estableció la Justicia, con colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Las oferentes que no se quedaron con el negocio tienen vínculos con Argentina Logistic Services, por lo que se sospecha que se presentaron para darle una apariencia de legalidad al trámite.

Diego Padilla, vicepresidente de ALS, es hijo del vicepresidente de Transportes Padilla. Además, Gastón Walter Padilla, director suplente de ALS, también formaría parte del mismo clan familiar. Por otra parte, la gerenta general de la empresa, Sofía Varela Vizgarra, trabajaría actualmente en Tradelog.

El cuarto y último involucrado en la causa por el lado de la empresa logística es Fernando Diego Paredes, presidente de la compañía, de quien se encontraron mensajes que harían referencia a las coimas para los funcionarios.

“La banda de los mendocinos”

Algunos de los exfuncionarios que podrían ser llamados a indagatoria en las próximas horas integraban “la banda de los mendocinos”, como se los conocía en la empresa. A la cabeza del grupo estaba Facundo Leal, quien presidió ARSAT entre 2022 y 2024 y fue designado al frente del ORSNA en 2025.

Leal, considerado una figura influyente en la Secretaría de Transporte, fue detenido en su departamento de Palermo, donde se encontraron cerca de 650.000 dólares en efectivo, pesos argentinos, y divisas de otros seis países, además de ketamina, MDMA y cocaína. En su casa de Mendoza, se hallaron otros 1.7 millones de dólares, organizados en fajos termosellados.

Otro actor central en esta red es el mendocino Gerardo Boschin, subgerente de Compras y Contrataciones de ARSAT durante la gestión anterior, expresidente de Trenes Argentinos Operaciones en el gobierno libertario y actual gerente de Administración, según el último organigrama disponible de la empresa pública de soluciones satelitales.

Boschin habría sido la puerta de entrada de ALS para ganar el contrato, a cambio de coimas. Según se desprende de la causa, filtró el estado interno del expediente a los empresarios y firmó órdenes de compra por un total de 1.930.861 dólares y 40.300.000 pesos en contrataciones directas entre 2021 y 2024, por servicios de depósito, gruas, transporte, entre otros segmentos.

Entre Boschin y las autoridades de ALS, la Justicia señaló a un presunto intermediario, Santiago Pando, quien también aparece mencionado en las comunicaciones que constan en el expediente.

Pablo Gastón Pagani, exsubgerente de Finanzas de ARSAT, no viene de Mendoza, pero es muy cercano a Leal. Sería el esposo de su hermana, según revelaron fuentes consultadas por Infobae. En la causa se le atribuye haber firmado la prórroga del contrato de ALS sin la intervención del Directorio.

Por último aparece involucrado Juan Antonio Álvarez, quien según su perfil de LinkedIn se desempeña como jefe de compras y contrataciones en ARSAT.

Sobre todos ellos, el fiscal Domínguez pidió que sean citados a indagatoria para avanzar con la acusación. Aún resta la definición del juez Mirabelli. La causa se encuentra bajo secreto de sumario.

La “banda de los mendocinos” también está integrada por otros funcionarios que no están bajo el radar de la Justicia. Entre ellos figuran Leonardo Comperatore, ex ministro de Seguridad de Mendoza y actual jefe de Relaciones Institucionales de ARSAT, y Ramiro Canet, quien fue abogado de la empresa pública y hoy es director de Gestión de Bienes Registrables, en el Ministerio de Gobierno de la provincia andina.

De la mano de Gerardo Boschin, Comperatore también tuvo un paso por el mundo ferroviario durante la gestión actual. Presidió Trenes Argentinos Infraestructura desde mayo de 2025 hasta enero de este año, cuando ambos dejaron sus cargos a partir de la renuncia del secretario de Transporte, Luis Pierrini, otro mendocino más. Su salida del Gabinete también obligó a Leal a retirarse del ORSNA.

El juez federal Ariel Lijo puso en marcha el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien fue director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el inicio de la gestión libertaria hasta que se conocieron las grabaciones que revelaron el desfalco del organismo. Ya hay peritos designados y, además, se confirmó que el exfuncionario será citado para tomar una muestra de voz, tal como anticipó Infobae el mes pasado.

El estudio pericial busca esclarecer el origen y la veracidad de los audios. Se intentará detectar, entre otros puntos, ediciones o modificaciones hechas con inteligencia artificial.

La controversia en torno a las grabaciones es la mejor carta que tienen para jugar las defensas de los acusados, coinciden distintas fuentes del caso consultadas por este medio. Es que, de verificarse su origen clandestino -por ejemplo, escuchas ilegales-, los audios podrían hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.

Para proceder de esta manera, la Justicia debería entender que esos archivos fueron el puntapié del caso, que es precisamente lo contrario a lo que sostiene el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación. El acusador alegó en reiteradas oportunidades que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a la incorporación de los audios.

El peritaje

Lijo le encomendó el peritaje a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Ante esa fuerza deberá presentarse Spagnuolo, con fecha aún a confirmar, para aportar “material indubitado” con el que se pueda comparar su voz con la que se escucha en los audios. Lo harán hablar para grabarlo y tener un registro fidedigno.

El fiscal Picardi designó a cinco especialistas que trabajan en los laboratorios de Multimedia Forense y Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para participar de la pericia, según supo Infobae de fuentes judiciales.

Mientras las defensas de Diego Spagnuolo, la droguería Suizo Argentina y el lobista Miguel Ángel Calvete pusieron sus respectivos peritos de parte.

El estudio tiene, de momento, diez puntos de pericia: seis ofrecidos por la fiscalía y cuatro por Martín Magram, abogado de la Suizo.

Buena parte del trabajo estará enfocada en el posible uso de inteligencia artificial. El juez ordenó buscar “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.

Además, en otro punto, requirió que se detecte si existió algún tipo de “edición mediante IA o herramientas de síntesis digital” con la que se haya manipulado la voz de Spagnuolo.

En paralelo, también se buscará hacer una “comparación de parámetros acústico-fonéticos” entre la voz del exfuncionario y la que se escucha en los audios; “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”.

La causa

Mientras se desarrolla el peritaje, el fiscal Picardi y el juez Lijo avanzan con una nueva tanda de indagatorias, que se extenderá hasta el 12 de junio.

Por ahora nadie habla: ya se negaron a declarar Spagnuolo, Calvete, exfuncionarios, empresarios y empleados del sector público y privado.

Según la acusación, desde que el presidente Javier Milei llegó al poder, en la ANDIS se habría montado una asociación ilícita dedicada a defraudar a la administración pública. Es el primer caso de corrupción que estalló en la gestión libertaria.

El desvío de fondos para personas con discapacidad se habría logrado mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según la fiscalía.

Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de coimas a funcionarios.

Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024.

A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias de las arcas públicas, de acuerdo a la acusación.

El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a la exdirectora del PAMI, Luana Volnovich, y a una serie de funcionarios y empresarios que estaban involucrados en una causa por presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos oncológicos. El expediente se archivó y no habrá apelación ante la Cámara Federal porteña, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

El caso se había iniciado a principios de 2025 a partir de una denuncia de Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica.

A partir de pedidos de acceso a la información pública, se detectaron “diferencias sustanciales” entre los precios abonados por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) durante el año 2023 y los valores de mercado de ocho medicamentos específicos.

Se trataba de medicaciones compuestas por principios activos como anastrozol, ciclofosfamida, letrozol, docetaxel, bevacizumab, rituximab, enzalutamida y erlotinib, destinadas al tratamiento de enfermedades oncológicas.

Así, el fiscal federal Ramiro González inició una investigación sobre Volnovich, los funcionarios responsables de la Agrupación de Colaboración Empresaria para la Administración de Contratos de Oncología y Tratamientos Especiales (ACE Oncológica) y los responsables de los laboratorios Elea Phoenix SA, GP Pharm SA, Kemex SA, Biosidus SAU y Raffo SA.

ACE Oncológica tiene a cargo la coordinación de la entrega de medicamentos entre droguerías y farmacias, recolectar recetas y remitos, monitorear el stock y coordinar contratos adjudicados, entre otras funciones. El procedimiento de adquisición de los medicamentos se realiza mediante cheque o transferencia del PAMI a ACE, que luego distribuye los montos y debe entregar los comprobantes correspondientes.

Durante el año 2023, el PAMI adquirió 211.966.441 unidades de medicamentos ambulatorios por un total de $421.608.229.276 a través del sistema de convenio marco. Además, se obtuvieron 1.178.974 unidades de tratamientos especiales por un total de $112.079.605.049.

En cuanto a las licitaciones públicas gestionadas en 2022 para medicamentos abonados en 2023, se adquirieron 986.116 medicamentos por $12.274.411.280.

En su denuncia, Elisa Carrió señaló inconsistencias en los desembolsos al entender que, contrariamente a la lógica económica que indicaría precios más bajos por convenio marco, los resultados de las adquisiciones de 2023 mostraban lo opuesto.

Presentaron ejemplos de situaciones en las que el PAMI habría pagado precios muy superiores a los del mercado. Por ejemplo, el laboratorio GP Pharm colocó 1098 unidades de anastrozol de 1 mg en el cuarto trimestre de 2023 a $13.192 la unidad por convenio marco, mientras que el mismo producto se adquirió a $924 la unidad mediante licitación pública. Situaciones similares se observaron con ciclofosfamida y letrozol.

Para profundizar la investigación, el fiscal González solicitó información a la Dirección Nacional de Asistencia Directa Compensatoria (DINADIC) y al PAMI sobre las adquisiciones cuestionadas.

Luego de más de un año de averiguaciones, a principios de este mes el acusador público pidió el sobreseimiento de los imputados y el archivo de la causa.

El fiscal sostuvo que no se verificaron las irregularidades descriptas en la denuncia. En su dictamen, explicó que el PAMI utiliza dos modalidades de contratación para medicamentos oncológicos: el Reglamento de Compras y Contrataciones (licitaciones públicas) y el Convenio Marco de Adhesión.

Esa segunda opción, según dictaminó González, está prevista para “situaciones tales como falta o demora prolongada” en la entrega de los medicamentos, cuando se torna imperativo “no frustrar la continuidad del tratamiento del afiliado a efectos de garantizar su derecho a la salud”.

Además, el representante fiscal indicó que las condiciones comerciales, altas de productos, actualizaciones de precios y descuentos aplicables a las drogas adquiridas por convenio se fijan “ex ante”, lo que impide que el precio se establezca de manera discrecional en cada operación.

“No ha existido ningún tipo de ardid o engaño por parte de los laboratorios aquí denunciados”, tampoco “se advierte alguna conducta defraudatoria por parte de los administradores” de ACE Oncológica, ni se pudo probar que Luana Volnovich “haya incumplido sus deberes de funcionaria pública al momento de llevarse a cabo las contrataciones cuestionadas”, dictaminó el fiscal González.

Caída la acusación del Ministerio Público, el juez Ramos no tuvo más que sobreseer a los imputados y archivar la causa. Con esta postura del fiscal, el caso tampoco llegará en apelación a la Cámara Federal y, por ende, los sobreseimientos quedarán firmes.

Gastón Salmain, juez federal de Rosario, quedó este jueves un paso más cerca de la destitución.

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó por unanimidad el dictamen que propone enviarlo a juicio político por un caso de corrupción en el que está procesado con prisión preventiva, y por haber ocultado en su currículum que lo habían echado del Poder Judicial en 2002 por ofrecer una coima para direccionar un expediente.

Ese dictamen acusatorio fue elaborado por el senador Luis Juez, quien encabezó la investigación disciplinaria en el Consejo. A último momento, el magistrado sospechado lo recusó sin éxito. Ahora el caso pasará al Plenario y allí se definirá si Salmain enfrenta o no un jury.

El kirchnerismo acompañó la propuesta para avanzar con la acusación del juez, pero hizo salvedades.

El consejero y diputado Rodolfo Tailhade -que hizo parte de su opinión a su par Vanesa Siley- consideró antes de votar que debería dejarse de lado la imputación a Salmain por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación.

Tailhade adhirió a la explicación que había dado el magistrado al defenderse, cuando argumentó que el reglamento solo exige informar sanciones en los últimos diez años y su cesantía había ocurrido antes de ese período. Además, Salmain dijo que “nadie le preguntó” por ese episodio mientras tramitaba su pliego para asumir en el Juzgado Federal N° 1 de Rosario.

Al ser inescindible una acusación de la otra, los legisladores peronistas dejaron a la vista sus diferencias con el dictamen de Luis Juez antes de acompañar con su voto afirmativo. Y, por último, pidieron que se incorporen como prueba en el eventual jury las dos valijas de documentación que Salmain llevó al Consejo la semana pasada.

La recusación

A último momento, a través de su abogado Yamil Castro Bianchi, el juez Salmain recusó al consejero Luis Juez, para intentar que se aparte del expediente disciplinario, no pueda votar y, en consecuencia, todo el proceso se declare nulo. Ningún consejero acompañó el reclamo, por lo que nada de esto ocurrió finalmente.

Salmain señaló a Juez por una supuesta “pérdida de la imparcialidad”, a partir de una entrevista que brindó en los últimos días, donde sostuvo que el magistrado debía ser sancionado.

“Quien va a tener que votar en este expediente ya tiene resuelto, en sede pública y mediática, que la conducta del magistrado está acreditada, ella merece sanción, y esa sanción disciplinaria le ‘corresponde’, aunque es insuficiente. Todo ello antes de que se haya producido prueba, antes del descargo y antes de cualquier deliberación institucional. No hay margen para otra lectura razonable: se trata de un juicio anticipado sobre el fondo”, planteó Salmain en un escrito al que tuvo acceso Infobae.

También cuestionó que el dictamen acusatorio en su contra se haya elevado apenas 48 horas después de su “indagatoria” ante el Consejo de la Magistratura.

“No lo conozco al Dr. Salmain, no tengo para con él ninguna cuestión personal. Tengo una idea de lo que debe ser un juez federal y él está bastante lejos de ese ideal, pero eso no implica ninguna animosidad; yo me manejo con la prueba y no con chimentos”, respondió el senador Juez al defender su posición en la audiencia de hoy.

Por último, el consejero criticó a Salmain por estar “más preocupado por su salario que por defender su honor”.

“Estamos hablando de un magistrado enormemente sospechado. Nos quiso hacer creer que se confabuló toda la justicia federal de Rosario, los fiscales, las camaristas, el juez, todo el mundo se puso de acuerdo para ponerlo en este apriete”, remató.

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario está procesado con prisión preventiva -no está detenido porque tiene inmunidad de arresto- como presunto autor de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato, en el marco de la causa Attila.

A cambio de una coima de 200.000 dólares, Salmain habría firmado un fallo a pedido de un financista para permitirle el acceso a 10 millones de dólares a valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria, a fines de 2023.

La Justicia alcanzó un acuerdo de colaboración con otro actor clave en el entramado de corrupción que anidó en los tribunales federales de Rosario. El nuevo arrepentido es Gabriel Mizzau, un contador público que trabajó al mismo tiempo para el entonces juez Marcelo Bailaque y el capo narco Esteban Lindor Alvarado.

El hallazgo de esa conexión entre investigador e investigado fue, hace ya casi dos años, el puntapié para develar presuntos manejos corruptos en los juzgados federales N° 4 -a cargo de Bailaque hasta su renuncia a fines del año pasado- y en el N° 1, cuyo titular es el juez Gastón Salmain.

Marcelo Bailaque se encuentra detenido con prisión domiciliaria, mientras que Salmain está procesado y también se dictó su captura, pero sigue libre gracias a la inmunidad que le otorga su cargo.

Salmain y Bailaque fueron delatados por los otros dos “arrepentidos” que tienen los distintos expedientes que investigan la corrupción judicial en Rosario: el financista Fernando Whpei y Carlos Vaudagna, exdirector regional del ARCA en Santa Fe, ambos involucrados en múltiples delitos que habrían cometido en connivencia con los magistrados.

El giro de Mizzau como tercer imputado colaborador se conoció en una audiencia celebrada ante la Cámara Federal de Rosario, horas antes de que la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura vote si pide el juicio político al juez federal Gastón Salmain.

El titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario se defendió de las acusaciones la semana pasada. Lo investigan por su conducta en dos episodios: la causa Attila, donde está procesado por firmar fallos a cambio de coimas, y por haber mentido en el concurso para ser juez de la Nación, ya que omitió declarar que había sido echado del Poder Judicial en 2002, por haberle ofrecido una coima a una empleada para manipular un sorteo en el fuero de la Seguridad Social.

La suerte de Salmain está en manos de la Comisión de Acusación, que es presidida por el consejero Alberto Maques y está compuesta por sus pares Álvaro González, Gonzalo Roca, César Grau, Luis Juez, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade. Si aprueban el dictamen acusatorio, este se elevará a consideración del Plenario del Consejo.

La confesión del contador

Presidida por el camarista Aníbal Pineda, la audiencia de este miércoles en la Cámara Federal de Rosario tenía como fin definir si el exjuez Bailaque era enviado a juicio oral y público. Pero la revelación del fiscal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Diego Iglesias, corrió el eje de la jornada.

Iglesias anunció el acuerdo de colaboración alcanzado ayer con el contador Mizzau, con el que -con la aprobación del juez federal de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz- el acusado admitió los hechos, consiguió una reducción de su eventual condena y, además, aportó nuevas revelaciones para la causa.

Según indicaron fuentes judiciales, Mizzau reveló a los fiscales detalles sobre el patrimonio de Bailaque y su correlación directa con el narcotráfico que debía investigar, además de reconocer que lavó dinero para las empresas armadas por el líder narco.

El contador y el magistrado eran amigos desde la escuela. Por ese vínculo de confianza, reconoció ahora el arrepentido, es que Bailaque lo habría acercado a Alvarado para que le lleve los números.

Cabe recordar que, a mediados de 2024, el escándalo estalló cuando se descubrió que el hijo del contador de Lindor Alvarado trabajaba en el juzgado de Bailaque. Esto era así mientras el magistrado tenía causas abiertas contra uno de los jefes del crimen organizado en Rosario.

Luego se descubriría que la relación no terminaba allí: el contador trabajaba a la vez para el narco y para el juez. En 2019, Bailaque ya había sido denunciado por obstruir la investigación contra Alvarado.

Al declarar como arrepentido, Gabriel Mizzau reconoció haber prestado asesoramiento contable entre 2014 y 2018 a las firmas Logística Santino SRL y Sagrado Corazón de María SRL, que pertenecían al clan Alvarado, para lavar dinero obtenido de la venta de droga. También admitió haber manipulado los estados financieros para evitar ser descubierto.

A partir del acuerdo de colaboración, el Ministerio Público Fiscal pediría una pena de tres años de prisión condicional para el contador.

Bailaque, cada vez más complicado, está acusado de prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal, falsedad ideológica de documento público, extorsión, recepción de dádivas y lavado, en el marco de una trama de “corrupción estructural en el seno del Poder Judicial”.

No se conectó por Zoom a la audiencia donde se definiría su elevación a juicio. Los fiscales que lo investigan ya adelantaron que pedirán una condena de diez años de cárcel.

Acorralado por las denuncias y su inminente destitución, Bailaque renunció el año pasado para evitar el juicio político y cobrar su jubilación de privilegio, dimisión que fue aceptada por el presidente Javier Milei. Al perder los fueros, permanece en prisión preventiva.

El juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla levantó este martes la medida cautelar con la que había ordenado al Gobierno garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo fundamental en la restitución de identidades en causas de delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

El Poder Ejecutivo destinó $590.000.000 de presupuesto y así quedó subsanado el riesgo de inminente paralización de las actividades, según plasmó el magistrado en un fallo al que tuvo acceso Infobae.

Los fiscales Pablo Parenti y Gonzalo Miranda, a cargo de la fiscalía especializada en casos de apropiación de niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE), habían solicitado la medida a partir de distintos informes de BNDG, en el marco de una causa por una posible supresión de identidad.

En estos documentos se advirtieron limitaciones en recursos humanos y materiales, que impactaron en los tiempos de entrega de resultados de los análisis de ADN y en la capacidad de cumplir con los requerimientos de la Comisión Nacional del Derecho a la Identidad (CONADI) y los juzgados federales.

Un punto crítico fue la afectación del pago a proveedores de servicios esenciales, como seguridad, mantenimiento informático y las condiciones ambientales necesarias para la preservación del material genético. Las autoridades del Banco advirtieron que, si bien se priorizó la operatividad, la creciente fragilidad y la falta de recursos ponían en riesgo la continuidad de estos servicios.

La situación presupuestaria se tornó aún más compleja al revelarse que, si bien se había formulado un presupuesto considerando el ejercicio anterior, la Ley de Presupuesto Nacional aprobó solo el 55,96% del monto requerido, una cifra insuficiente para cubrir las necesidades durante el 2026.

Esto generó una situación de “extrema criticidad” que puso en riesgo la operación de los laboratorios y podría afectar la cadena de custodia de las muestras y la preservación de la documentación.

Abuelas de Plaza de Mayo se sumó a la presentación de los fiscales, expresando su profunda preocupación por la situación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

La organización, querellante en la causa de supresión de identidad, solicitó medidas urgentes para garantizar el adecuado funcionamiento del organismo y preservar las muestras biológicas y genéticas que integran el Archivo Nacional de Datos Genéticos.

Con la firma de su presidenta, Estela De Carlotto, Abuelas enfatizó el “carácter irremplazable” de estos elementos probatorios para las investigaciones en curso sobre la apropiación de niños durante el terrorismo de Estado, y recordó el “rol fundamental” del BNDG en la restitución de identidades.

Ante este panorama, el juez Ramos Padilla dictó hace dos semanas una medida cautelar interina en la que requirió al jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, que dispusiera de manera inmediata “las medidas administrativas y asignaciones presupuestarias necesarias para garantizar el adecuado funcionamiento” del Banco.

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Jefatura de Gabinete presentó un informe en el que argumentó que los requerimientos presupuestarios del BNDG habían sido tramitados y que la falta de operatividad se debía a una gestión ineficiente de los recursos disponibles y a la falta de impulso de los procesos administrativos.

Sin embargo, en el mismo informe, se reconoció la necesidad de una compensación de crédito por $590.000.000 para garantizar la continuidad operativa del BNDG, y se comprometieron a tramitarla. A partir de esto, el Ejecutivo pidió que la cautelar fuera dejada sin efecto.

Una vez destrabado el presupuesto, el Juzgado Federal N° 1 de La Plata dio por cumplida la finalidad de la medida cautelar interina, aunque se dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos.

“Se concluye que el Banco Nacional de Datos Genéticos reviste carácter de organismo técnico esencial e irremplazable para el esclarecimiento de los hechos investigados, en tanto constituye el perito oficial exclusivo previsto por la Ley 26.548 para la obtención, almacenamiento y análisis de información genética necesaria en causas vinculadas a delitos de lesa humanidad. Los peritajes allí producidos han constituido históricamente una herramienta central —y en numerosos casos, la única prueba científicamente idónea— para determinar el verdadero origen biológico de víctimas de apropiación y supresión de identidad, posibilitando la reconstrucción de vínculos familiares, el restablecimiento del derecho a la identidad y el avance de los procesos judiciales correspondientes”, resolvió el juez Ramos Padilla en su fallo.

El fiscal federal Gerardo Pollicita entró este viernes en período de licencia y durante la próxima semana será su colega Franco Picardi quien asuma la conducción de la causa por enriquecimiento ilícito en la que está investigado el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Picardi, titular de la Fiscalía Federal N° 5 de Comodoro Py, es el fiscal que lleva adelante otros expedientes de peso como la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno actual y el entramado detrás del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) en la gestión de Alberto Fernández.

Llegó a ser fiscal con apenas 35 años, y antes de su designación fue subsecretario de Relaciones con el Poder Judicial y Asuntos Penitenciarios durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

En el quinto piso de Comodoro Py, donde funcionan las doce fiscalías de instrucción porteñas, anticiparon que no habría movimientos bruscos durante la semana en la que el caso Adorni esté en manos de otro fiscal. Como subrogante, Picardi mantendrá la línea que viene trabajando Pollicita junto a su equipo en la Fiscalía Federal N° 11, indicaron las fuentes consultadas.

Cerrada -al menos de momento- la etapa de declaraciones testimoniales, ahora la pesquisa avanza en dos frentes.

Por un lado, en la Fiscalía los investigadores siguen recabando información sobre el patrimonio del jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti. Se está completando la reconstrucción de todas las cuentas bancarias, de inversión y en billeteras virtuales que tenga el matrimonio, con sus respectivos movimientos financieros.

Además, en los próximos días se terminarán de incorporar al expediente distintos informes solicitados para saber cuánto dinero destinó la familia Adorni a propiedades, viajes y gastos corrientes, desde 2022 a la fecha.

En el segundo frente, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) ya empezó a hacer las cuentas necesarias para saber si hay irregularidades en los números del ministro coordinador.

Este organismo contable de la Procuración empezó a recibir todas las cifras surgidas de las pruebas que se fueron reuniendo en los últimos dos meses.

Infobae pudo hacer una reconstrucción parcial de las erogaciones bajo investigación, de las que surgen gastos por 41.000 dólares entre alojamientos y vuelos a Madrid, Nueva York, Bariloche, Punta del Este, Gualeguaychú y Aruba -se investigan 21 viajes-; cerca de 400.000 dólares en el segmento de las propiedades; y 335.000 dólares en deudas que, en su mayoría, el funcionario se comprometió a pagar antes de noviembre.

Otro dato de relevancia que surge de la investigación es que Adorni pagó, casi siempre, en dólares y en efectivo.

La totalidad de los gastos que pueda computar la DAFI se contrastará con los ahorros e ingresos de dinero declarados por el jefe de Gabinete y su esposa. Se sabe que el sueldo del funcionario estuvo congelado en torno a los $3.500.000 hasta enero de este año, cuando se lo duplicaron.

Y aún resta conocer la evolución patrimonial que Manuel Adorni revelará cuando presente su declaración jurada correspondiente al 2025. Fuentes cercanas al jefe de ministros indicaron que llevarán el documento ante la Oficina Anticorrupción (OA) antes de que comience el Mundial de Fútbol.

Algunos funcionarios judiciales de Comodoro Py se preguntaron esta semana si Adorni, tal como ocurrió con su hermano Francisco -investigado por enriquecimiento ilícito en otra causa-, dará a conocer que tiene una herencia que había mantenido en secreto hasta ahora, o cuál será el factor que le permita dar una explicación de su crecimiento patrimonial en los últimos años.

En cualquier caso, la declaración jurada no serviría en sí misma y de forma automática como un salvoconducto, indican las fuentes consultadas. Es que, con la causa penal ya en trámite, el jefe de Gabinete no solo deberá informar cuánto dinero tiene; además tendrá que explicar el origen de esos fondos.

Si los números no cierran, el fiscal Pollicita y el juez Ariel Lijo avanzarán con un requerimiento de justificación de bienes con el que Manuel Adorni tendrá una última posibilidad de fundamentar su crecimiento patrimonial, antes de una eventual citación a indagatoria.

La jueza federal María Romilda Servini denunció a su par de Lomas de Zamora, Federico Villena, por una supuesta serie de amenazas que habría recibido la semana pasada en su celular. También relató haber sufrido un inusual episodio en su domicilio particular. El hecho se investigará en el Juzgado Federal N° 4 de Ariel Lijo.

Fuentes judiciales revelaron a Infobae que este martes al mediodía la titular del Juzgado Federal N° 1 de Comodoro Py envió una nota al presidente de la Cámara Federal porteña, Leopoldo Bruglia, en la que expuso los hechos denunciados.

Este medio se comunicó con Villena antes de publicar esta nota. El juez negó las amenazas y dio su versión de los hechos.

Servini describió como “mensajes amenazantes e intimidatorios” las últimas comunicaciones que recibió de parte del magistrado a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.

“Si bien desconozco el motivo de tal afrenta siento el deber de denunciarlas ya que en forma reiterada durante los días 11 y 12 del corriente mes de mayo, me he sentido atemorizada y acosada, no solo por los mensajes sino además por los incesantes llamados”, indicó la jueza en su escrito.

Y siguió: “De la misma manera, el día 13 del corriente mes de mayo, aproximadamente a las 07.00 horas, han tocado en forma incesante e insistente el portero eléctrico de mi casa, sumando esto un nuevo agravio a mi tranquilidad”.

Al denunciarse por secretaría de la Cámara, el caso pasó a sorteo y el expediente recayó en el despacho de Lijo.

En la causa están presentadas todas las comunicaciones referidas por la magistrada, que previamente fueron certificadas por escribano público. Este medio pudo ver parte de esos mensajes y una serie de llamadas perdidas.

El contenido de los chats refleja un desencuentro de índole personal, en el que -al menos por el fragmento al que accedió Infobae- las comunicaciones son unilaterales, siempre de Villena hacia Servini.

La respuesta de Villena

En diálogo con Infobae, el juez federal Villena negó haber amenazado a Servini y, aún más tajantemente, afirmó que de ninguna manera podría haberle ido a tocar el timbre de su domicilio personal.

Si bien descartó el supuesto acoso virtual, reconoció la existencia de las comunicaciones: “Me enteré de que habló mal de mí, me puse mal y le llamé y le escribí”, le dijo el magistrado a este medio.

“La quiero como a una abuela. Hace 20 años la conozco, antes de ser juez”, agregó, y aseguró que todos los mensajes que le escribió tienen “un tono familiar y afectivo”.

Servini, la jueza de instrucción de más larga trayectoria en Comodoro Py, sugirió en su denuncia “acreditar una posible conexidad” con una causa que está radicada en el Juzgado Federal N° 8 de Marcelo Martínez De Giorgi, en la que Villena aparecía como imputado al menos hasta 2023. Lo mismo pidió para otros dos expedientes que tramitan en Lomas de Zamora.

El juez Lijo le dio curso a estas medidas y ahora aguarda por la certificación de las causas.

Al cierre de este artículo, el caso aún no había llegado al Consejo de la Magistratura. Las fuentes consultadas estiman que también se hará una presentación ante ese organismo en las próximas horas.

Cabe recordar que Villena subroga el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, y que para ocupar ese cargo el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, la semana pasada activó el pliego de Tomás Rodríguez Ponte, funcionario a cargo de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) y exsecretario de Ariel Lijo.

Tal como anticipó Infobae este lunes, el diputado provincial Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni, rectificó su declaración jurada luego de que le abrieran una causa judicial por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Ahora informó que tiene 21 millones de pesos de una herencia que no había dado a conocer anteriormente ante la Oficina Anticorrupción.

También modificó los datos sobre la valuación de su casa en City Bell y un crédito hipotecario que contrajo con el Banco Provincia, que se convirtió en uno de los principales vectores de las sospechas en torno al patrimonio del legislador bonaerense y exfuncionario del Ministerio de Defensa.

Francisco Adorni está imputado en una causa a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán y el juez Daniel Rafecas, que ya ordenó, entre otras tantas medidas, el levantamiento del secreto fiscal y bancario. Se trata de un expediente que corre por una vía separada al caso de Manuel Adorni, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

La herencia ahora revelada por el diputado Adorni figura en la declaración jurada más reciente como “dinero efectivo en el país”, y no precisa su origen.

Infobae consultó al entorno del funcionario para saber si corresponde a lo que recibió luego del fallecimiento de su padre, Jorge Adorni -murió en 2002-, pero al cierre de este artículo no obtuvo respuestas.

El silencio se repite alrededor del jefe de Gabinete, desde donde por ahora evitan adelantar si, como su hermano, también tiene parte de una herencia que no declaró. Manuel Adorni aún no presentó su declaración jurada correspondiente al año 2025, y tiene tiempo hasta el 31 de julio para hacerlo.

Tras la rectificación de sus papeles, Francisco Adorni informó a la OA que su casa de City Bell -un dúplex de 162 metros cuadrados del que posee el 50%- ahora vale 67.500.000 pesos. En cambio, en 2024 había declarado una valuación de 38.790.000 pesos.

Cabe recordar que entró a la función pública en la gestión libertaria como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, y luego fue promovido, en junio de 2025, al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

Adorni también actualizó los números del crédito que mantiene con el Banco Provincia. La denuncia en su contra, presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, advirtió que el legislador habría cancelado en 12 cuotas un crédito hipotecario por un valor de 60 millones de pesos, valor que no podría justificar con sus ingresos.

En la actualización de su declaración, el imputado notificó que todavía debe 57 millones de pesos, y que al inicio del 2025 debía 45 millones.

La Justicia aún espera un informe del Banco Provincia con “detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento; detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026; eventuales operaciones de refinanciación, novación o subrogación; y toda documentación de respaldo aportada por el tomador para acreditar el origen de los fondos”, tal como pidió el fiscal Marijuán.

De la misma manera, en Tribunales aguardan la incorporación formal al expediente de la última versión de la declaración jurada.

Fuentes al tanto de la investigación indicaron a Infobae que, lejos de eximirlo de las sospechas, la corrección que hizo el diputado bonaerense abonaría la hipótesis de las inconsistencias en su patrimonio.

El Juzgado Federal N° 6 que subroga Rafecas hizo lugar a más medidas de prueba solicitadas por el fiscal Marijuán y ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para obtener la documentación relacionada con su ingreso al IAF y sus recibos de sueldo.

También están en proceso informes de Migraciones, el Banco Central, organismos tributarios, la IGJ, la UIF y varias entidades públicas y privadas.

En las últimas horas, sin embargo, la atención de los investigadores quedó captada por información referida a cuentas de inversión en el mercado de capitales, según señalaron las fuentes consultadas. Es una arista del caso que está en pleno desarrollo.

El exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, cambió su defensa en las causas abiertas que enfrenta en Comodoro Py y San Isidro por sus supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, quien acaba de cerrar en Estados Unidos un acuerdo por el que se declaró culpable de lavado de activos y estafa, a la vez que evitó ser condenado por narcotráfico.

Hasta ahora, la representación legal de Espert la habían llevado adelante Alejandro Freeland y Santiago Kent, quienes intentaron sin éxito unificar los expedientes en una sola sede judicial. En adelante, el abogado Claudio Lamela estará a cargo de la defensa del economista.

Desde el entorno de Espert evitaron hacer comentarios sobre si el cambio en su defensa responde a un nuevo enfoque legal o bien si se dio a partir de las novedades con la causa de Machado en Estados Unidos.

El defensor Claudio Lamela es un penalista con trayectoria en la función pública. Hasta el 2008 fue secretario del Juzgado Federal N° 5.

Desde ese lugar investigó las cuentas bancarias atribuidas al expresidente Carlos Menem en Suiza, entre otras causas de relevancia.

Trabajó bajo las órdenes de los jueces Norberto Oyarbide y Gabriel Cavallo.

Tras dejar el Poder Judicial, Lamela fue asesor en el Banco Central de la República Argentina durante la gestión de Martín Redrado. Llegó a ser gerente de Asuntos Penales de la máxima autoridad monetaria nacional, cargo que ocupó durante cuatro años.

Luego tuvo un paso como asesor del Senado de la Nación, donde trabajó sobre la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y colaboró con la Comisión de Reforma del Código Penal.

Como abogado defensor, Claudio Lamela representó al exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, quien fue condenado por la tragedia de Once.

También es profesor de grado y posgrado en la Universidad del Salvador, en la Universidad del Museo Social Argentino y en ESEADE, según se desprende de su currículum.

Espert ante la Justicia

En uno de sus ya habituales posteos contra los periodistas, el domingo el presidente de la Nación, Javier Milei, reflotó su defensa hacia José Luis Espert, y aseguró: “Hicieron MIERDA a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba MÁS DE 20 AÑOS defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina”.

“Lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una OPERACIÓN POLÍTICA Y MEDIÁTICA INFAME”, posteó Milei -con las mayúsculas incluidas- en su cuenta oficial de X.

Más allá de la apreciación política del jefe de Estado, las investigaciones siguen en etapa de prueba: la Justicia mantiene congelados los bienes del exlegislador, que debe pedir permiso en Tribunales para usar los fondos de sus cuentas.

En San Isidro, el juez federal Lino Mirabelli y el fiscal Fernando Domínguez investigan si los 200.000 dólares que Espert recibió de Machado -y que no declaró- fue dinero proveniente de actividades ilegales. Se trató de una primera cuota de un contrato firmado en 2019, por 1.000.000 de dólares, para prestar servicios de asesoría a una empresa minera guatemalteca, según explicó Espert.

En paralelo, el juez Marcelo Martínez De Giorgi sigue en Comodoro Py la línea del supuesto financiamiento ilegal de la campaña electoral de 2019, cuando Espert compitió para ser presidente.

Ese expediente está enfocado en los vuelos privados que Fred Machado le proveyó a Espert, además de la entrega de una camioneta blindada.

Ninguno de los dos jueces llamó a indagatoria al imputado. Ambas causas siguen en pleno proceso de instrucción y con medidas de prueba en marcha, según coinciden fuentes judiciales consultadas.

A menos de una semana de que la Justicia abriera una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, la defensa del diputado bonaerense Francisco Adorni salió a dar explicaciones sobre su patrimonio y reconoció errores en su declaración jurada. El hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se presentó ante el ARCA y la Oficina Anticorrupción para rectificar los datos sobre sus posesiones.

El último miércoles, el fiscal federal Guillermo Marijuán le dio impulso al caso iniciado a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y pidió una batería de medidas de prueba, entre las que figuró el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni.

Se trata de un expediente que corre por una vía separada al caso del jefe de los ministros, investigado por el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo.

La denuncia de Pagano contra Francisco Adorni advirtió posibles inconsistencias en el patrimonio declarado desde que llegó a la función pública -de la mano de su hermano- como titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa, antes de ser promovido en junio de 2025 al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF).

En octubre fue electo como diputado bonaerense y actualmente su único ingreso es el que recibe por su tarea legislativa, indicaron desde su entorno.

La denuncia contra Adorni señaló, entre otros puntos, que el funcionario habría cancelado en 12 cuotas un crédito hipotecario por un valor de $60.000.000 en el Banco Provincia, valor que no podría justificar con sus ingresos declarados.

En diálogo con Infobae, el abogado del legislador provincial, Marcelo Peña, desmintió tajantemente esa situación y dijo que, si bien el préstamo existe, el mismo se solicitó en 2016 y Francisco Adorni sigue pagando cuotas hasta el día de hoy.

La Justicia aún espera un informe del Banco Provincia con “detalle completo del cronograma original de amortización, plazos pactados y saldos adeudados a cada vencimiento; detalle pormenorizado de la totalidad de los pagos imputados a la cancelación del referido crédito durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026; eventuales operaciones de refinanciación, novación o subrogación; y toda documentación de respaldo aportada por el tomador para acreditar el origen de los fondos”, tal como pidió el fiscal Marijuán.

Ante el avance de la Justicia, Francisco Adorni reconoció que incurrió en una omisión en su última declaración jurada, al haber consignado una valuación menor a la correcta en su casa de City Bell, de la cual posee el 50% del inmueble.

Es un dúplex de 162 metros cuadrados, que en 2024 había sido valuado por $38.790.000.

Este error, para la defensa, “no constituye por sí mismo un delito, pero lo subsanamos ante los organismos correspondientes para corregir la omisión”.

El abogado Marcelo Peña sostuvo que el hermano del jefe de Gabinete tiene todo su patrimonio “bancarizado, registrado y con la respectiva documentación respaldatoria del origen de esos fondos”.

“La denuncia fue una presentación hecha a solo efecto de generar un malestar político”, afirmó el defensor ante este medio.

Y siguió: “Lo que intentó Pagano fue una estrategia, ir con una figura penal ampliada; es una denuncia de un tenor genérico, generalizado. El juez con buen tino analizó la presentación y distinguió que nada tiene que ver con la causa que se está investigando a su hermano, Manuel Adorni”.

El Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, hizo lugar a más medidas de prueba solicitadas por el fiscal Marijuán y ordenó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para obtener la documentación relacionada con su ingreso al IAF y sus recibos de sueldo.

También están en proceso informes de Migraciones, el Banco Central, organismos tributarios, la IGJ, la UIF y varias entidades públicas y privadas.

El juez federal Sebastián Ramos rechazó un pedido del fiscal Carlos Stornelli para citar como testigo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, en la causa donde se investigan los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen que lideró Nicolás Maduro en Venezuela desde 2014. Uno de los hechos que forman parte del expediente es la detención del gendarme Nahuel Gallo, quien regresó al país junto a dirigentes del fútbol argentino el 1 de marzo, luego de pasar 448 días preso.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, Stornelli había solicitado que Tapia se presente en Comodoro Py para que sea consultado, en calidad de testigo, sobre “las circunstancias en que se logró la liberación y traslado” de Gallo.

A fines de abril, el gendarme había prestado declaración testimonial en esta misma causa y, desde el edificio Centinela, contó por primera vez los tormentos sufridos durante su captura. También relató cómo vivió su liberación, que se habría concretado a partir de una negociación impulsada por Claudio Tapia.

Cabe recordar que el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino intentó sin éxito viajar a Venezuela para la fecha en la que Nahuel Gallo salió de El Rodeo. El juez en lo Penal Económico que lo procesó por retención indebida de aportes, Diego Amarante, ya le había prohibido abandonar el país y, además, le negó hacer una excepción a esa medida cautelar para volar hacia Caracas.

Así, el gendarme argentino regresó en un avión privado acompañado por dos pilotos y por los dirigentes Luciano Nakis, prosecretario general de la AFA y quien le “secó la nuca” a Tapia en aquel video viral, y Fernando Isla Casares, encargado de Ceremonial y Protocolo de la Asociación.

“Respecto a la medida sugerida por el Sr. Fiscal, considerando que -por el momento- no resulta pertinente dicha declaración con el objeto procesal delimitado en esta investigación, téngase presente la diligencia sugerida para su eventual oportunidad”, resolvió el juez Ramos sobre el pedido para citar a Tapia.

Aunque desestimó la testimonial, el titular del Juzgado Federal N° 2 dejó la puerta abierta para convocarlo en un futuro. Y es por eso que habrá un segundo intento para que declare el presidente de la AFA.

Desde la querella que lidera el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADER) -en representación de los venezolanos que fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos- adelantaron a este medio que pedirán formalmente al juez de la causa reconsiderar su decisión, ya que consideran “pertinente” el testimonio de Tapia, y su aporte “responde al objeto procesal” de la investigación.

Para los querellantes, el dirigente podría aportar los nombres de los funcionarios del régimen chavista que ordenaron detener y mantener cautivo a Nahuel Gallo.

Siguiendo el razonamiento que hacen los representantes de las víctimas, esos funcionarios podrían haber sido los interlocutores con los que las autoridades de la AFA habrían negociado la liberación del gendarme.

La semana pasada, el juez Ramos aceptó como querellante a Nahuel Gallo, que cuenta con representación legal de abogados del Ministerio de Seguridad.

La violación sistemática de los derechos humanos que se perpetró por parte del régimen de Nicolás Maduro desde 2014 se investiga en Comodoro Py bajo el principio de “justicia universal”, que permite investigar y juzgar este tipo de crímenes independientemente de dónde hayan ocurrido.

Cabe recordar que el juez Ramos pidió a Estados Unidos la extradición del exdictador para poder indagarlo en Buenos Aires.

La semana pasada, la Justicia detectó nuevos viajes de Manuel Adorni y su familia, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que impulsan el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo. El jefe de Gabinete y su esposa, Bettina Angeletti, acumulan al menos 21 excursiones por el país y el exterior durante los últimos cuatro años, según pudo reconstruir Infobae a partir de los datos que se desprenden del expediente.

Aruba, España, Cancún y Punta del Este son algunos de los destinos que eligió el matrimonio para descansar fuera de la Argentina. Pero también hay escapadas locales: desde Bahía Blanca y Mar del Plata hasta Bariloche, Mendoza, Iguazú y recorridas por varias provincias más.

La investigación apunta a recolectar todos los gastos vinculados a los viajes que hicieron Adorni y Angeletti, ya sea juntos o por separado. El fiscal Pollicita quiere saber cómo evolucionó el patrimonio del jefe de Gabinete desde 2022 hasta hoy, ante la sospecha de que -desde que es funcionario- podría haber tenido un crecimiento injustificado en su nivel de vida.

La lista de viajes por el mundo aún no está cerrada. De hecho, esta semana se confirmaron dos “escapadas” a un all inclusive de la provincia de Entre Ríos que hizo Adorni junto a su mujer e hijos, la primera entre el 6 y el 8 de diciembre del 2024, y la última entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025.

La familia se alojó en el hotel Bolacuá y pagó en total $2.350.000.

De acuerdo a la reconstrucción que pudo hacer Infobae, el matrimonio habría gastado al menos 41.000 dólares solo entre los viajes a Madrid, Nueva York, Bariloche, Punta del Este, Gualeguaychú y Aruba.

Aún hay más dinero por contar y varios interrogantes por responder.

Los investigadores aguardan por una ampliación del informe que recibieron en los últimos días de la aerolínea Iberia, con la que Bettina Angeletti viajó a España entre el 3 y el 14 de septiembre de 2025.

“En el avión la acompañaron tres mujeres”, aseguró a este medio una fuente del caso. La Justicia busca saber con precisión cuánto gastó la esposa del jefe de Gabinete en ese viaje y cómo pagó.

En tanto, el juez Ariel Lijo aún no tiene certificado en el expediente si Manuel Adorni pagó su parte de los pasajes a Punta del Este, donde pasó el último fin de semana largo de carnaval. Así lo aseguró públicamente el ministro coordinador, pero lo cierto es que la facturación de los vuelos se hizo a nombre del periodista de la TV Pública Marcelo Grandío y su empresa, la productora ImHouse.

Esas averiguaciones tramitan en una causa por dádivas, que corre en paralelo a la de enriquecimiento ilícito. Los vuelos en jet privado que tomaron Adorni, su familia y el periodista amigo costaron -ida y vuelta- 7.830 dólares.

Nueva York, Bariloche y Brasil

Entre los viajes detectados por la Justicia aparece uno realizado entre el 12 y el 23 de julio de 2024 a Río de Janeiro, Brasil. En la causa hay datos sobre cuatro pasajes de Aerolíneas Argentinas emitidos a nombre de Manuel Adorni, su esposa y sus hijos.

No obstante, durante esos días el ministro coordinador, que por entonces solamente era vocero presidencial, estuvo en actividad en Buenos Aires y brindó conferencias de prensa en Casa Rosada. La Justicia pidió ampliación de los informes otorgados por distintas empresas y aerolíneas para saber si es que hay errores en los detalles consignados, o bien si, en el caso de Río de Janeiro, los boletos se compraron, pero el funcionario no viajó.

En los últimos días, además, el fiscal Pollicita realizó otro requerimiento a una agencia de viajes para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.

La empresaria, dueña de la agencia de coaching Más Be, pagó 5.154 dólares por el vuelo de regreso en primera clase de la aerolínea Delta.

Otra escapada rodeada de sospechas es la que Adorni y su familia hicieron a Bariloche. Pollicita pidió que el Llao Llao Hotel & Resort explique quién hizo la reserva y cómo se pagó la estadía de cinco noches que disfrutaron a mediados de junio de 2024.

Según reveló el diario Clarín, ese viaje costó unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos, y recién se pagó tres meses después de que el jefe de los ministros hizo el check out. Los investigadores aún buscan confirmar quién pagó esos cinco días de descanso y lujo en la Patagonia.

Una vez que se terminen de conocer todos los movimientos financieros de Adorni y Angeletti, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable de la Procuración General, tendrá que señalar si existen inconsistencias en el patrimonio del jefe de Gabinete.

El organismo no solo contabilizará los miles de dólares que surgen de los viajes y las propiedades, sino también los gastos corrientes como expensas, impuestos, mantención de la familia, entre otros.

Si los números no cierran, el fiscal y el juez avanzarán con un requerimiento de justificación de bienes con el que Manuel Adorni tendrá la posibilidad de explicar su crecimiento patrimonial, antes de una eventual citación a indagatoria.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una nueva serie de medidas de prueba en la causa por enriquecimiento ilícito en la que se investiga el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Luego de los avances que tuvo el caso en el segmento de las propiedades, donde se revelaron pagos efectuados por 380.000 dólares y deudas por 335.000 dólares, ahora el fiscal busca más información sobre los viajes del funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, además de profundizar sobre sus movimientos financieros con billeteras virtuales.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Pollicita le solicitó las medidas al juez federal Ariel Lijo a través de un decreto firmado este jueves.

En primer lugar, hizo un requerimiento a una agencia de viajes para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.

La Justicia ya tiene el dato de que la mujer pagó su propio vuelo de regreso, en primera clase de la aerolínea Delta, y que costó 5.154 dólares. Este evento se investigó en una causa separada, que fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito.

Pollicita también pidió que el Hotel Llao Llao, de Bariloche, explique quién hizo la reserva y cómo se pagó la estadía de cinco noches que disfrutó allí el jefe de Gabinete junto a su pareja y sus dos hijos.

Según reveló el diario Clarín, esa escapada costó unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos. El viaje se hizo a mediados de junio de 2024, pero se habría pagado recién tres meses más tarde. Aún no se sabe si el depósito se hizo desde un cajero o por ventanilla. Este segundo escenario permitiría a los investigadores conocer quién hizo el pago.

El fiscal federal también pidió enviar oficios a diversos bancos para determinar si el matrimonio Adorni registra cuentas bancarias o tarjetas de crédito que aún permanecen fuera del radar de la Justicia.

Lo mismo requirió para una serie de billeteras virtuales y empresas proveedoras de servicios de activos digitales.

Por último, pidió información a empresas de seguros para obtener datos sobre pólizas contratadas por Adorni y Angeletti.

El juez Lijo analizará las medidas pretendidas por el fiscal y, en caso de considerarlas pertinentes, ordenará su ejecución.

La investigación apunta a reunir todos los ingresos y egresos de dinero del matrimonio para saber si el ministro coordinador puede justificar con su sueldo el crecimiento en su nivel de vida. Desde que asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023 y hasta el último enero, Adorni tuvo congelado su salario en torno a los 3.500.000 pesos. Recién a principios de este año se lo duplicaron.

Bettina Angeletti, en tanto, fue hasta el año pasado monotributista de una de las categorías más bajas. Hoy está al frente de la empresa Más Be, una consultora especializada en coaching, que también se encuentra bajo investigación del juez Lijo.

Sucede que Más Be tiene como clientes a National Shipping, Grupo Foggia y Grupo Datco, tres empresas con vínculos contractuales con el Estado. La Justicia quiere saber si los servicios de coaching fungieron como una suerte de retorno económico para el jefe de Gabinete y su esposa.

Según pudo saber Infobae, National Shipping presentó su informe en la Justicia y allí explicó que Angeletti efectivamente les facturó tres capacitaciones, pero antes de que Adorni estuviera en YPF. Fueron en septiembre de 2024 (por 1.140.000 pesos), julio de 2025 (por 2.430.000 pesos) y octubre de 2025 (por 2.800.000 pesos).

Cabe recordar, además, que la declaración jurada de Bettina Angeletti es un documento que la Oficina Anticorrupción ya entregó en tribunales, pero dado su carácter reservado no se conocen detalles de sus bienes y deudas.

La suma y resta definitiva sobre el patrimonio de Manuel Adorni y su esposa está a cargo de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), un organismo contable de la Procuración General.

En ese estudio también entrarán en juego gastos corrientes como expensas, impuestos, mantención de la familia y más cifras que quedan por fuera de los gastos “grandes” detectados entre viajes y propiedades.

En marzo, luego de que saliera a la luz el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este en jet privado, el jefe de Gabinete defendió su derecho a irse de vacaciones y declaró: “No tengo ninguna inconsistencia. Creo que en un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”. La Justicia investiga una veintena de excursiones locales y al exterior, y en las últimas horas se comprobó una nueva “escapada” del funcionario: visitó dos veces Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, y se alojó en un hotel de campo all inclusive.

Medios locales habían difundido en los últimos días fotos de Adorni en el buffet del hotel Bolacuá. El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió informes a partir del hallazgo, y el juez Ariel Lijo los ordenó para incorporar la información al expediente por enriquecimiento ilícito, donde se busca esclarecer el crecimiento patrimonial del jefe de los ministros.

Así, según indicaron fuentes judiciales a Infobae, se logró comprobar que Manuel Adorni se hospedó en el all inclusive junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos, entre el 6 y el 8 de diciembre del 2024, y entre el 28 y el 30 de noviembre del 2025.

Por la primera escapada pagó $1.350.000, mientras que la segunda le costó $1.000.000. En ambas oportunidades reservaron dos habitaciones dobles.

Los pagos se habrían hecho en efectivo, mediante depósito bancario.

El plan familiar que ofrece el hotel en su sitio web para el próximo fin de semana largo de agosto, que incluye cuatro días y tres noches para cuatro huéspedes, cotiza hoy a $2.730.000, pagando en efectivo.

Investigan más viajes

El fiscal Pollicita pidió este jueves una nueva batería de medidas de prueba para profundizar la investigación sobre los viajes de la familia Adorni.

Según supo Infobae de fuentes de Tribunales, se firmó un requerimiento hacia una agencia de viajes para precisar la modalidad de pago del pasaje aéreo con el que Bettina Angeletti volvió desde Nueva York a Buenos Aires, cuando acompañó a la comitiva oficial para la Argentina Week.

Angeletti, de acuerdo a lo que se desprende del expediente, pagó su propio vuelo de regreso. Voló con la aerolínea Delta y el pasaje le costó 5.154 dólares. Este evento se investigó en una causa separada, que fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito.

El fiscal Pollicita también busca esclarecer una escapada de la familia a Bariloche a mediados de junio de 2024, cuando se hospedaron durante cinco noches en el Llao Llao Hotel & Resort. Con ese fin, pidió al juez Lijo enviar un oficio al hotel para que precise quién hizo la reserva y cómo se pagó el servicio.

Según reveló el diario Clarín, el viaje a Bariloche le costó a Adorni unos 9 millones de pesos, entre pasajes, alojamiento y otros gastos. El viaje se habría pagado recién tres meses más tarde. Aún no se sabe si el depósito se hizo desde un cajero o por ventanilla. Este segundo escenario permitiría a los investigadores conocer quién hizo el pago.

Además de estas medidas, el fiscal Pollicita solicitó informes a bancos, billeteras virtuales y empresas de seguros.