Emanuel Ginóbili acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén para impugnar la decisión de la Cámara de Apelaciones que anuló la sentencia que había ordenado a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao restituirle un predio ubicado en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura.

El ex jugador de la NBA está representado por el abogado José Mena, quien presentó los recursos para que el máximo tribunal de la provincia petrolera revise la resolución de la Sala A de la Cámara de Apelaciones y avance hacia la restitución del inmueble, donde Ginóbili proyecta un emprendimiento turístico.

“Manu” mantiene un litigio con la comunidad Paichil Antriao desde hace casi dos décadas. La comunidad, que también participa en otros conflictos territoriales de la región, sostiene un reclamo de ocupación ancestral sobre el predio.

El ex alero de San Antonio Spurs adquirió el terreno en enero de 2004. Años después, integrantes de la comunidad se instalaron en el lugar en el marco de su reclamo territorial.

Según los antecedentes catastrales, las 13 hectáreas en disputa figuran vinculadas a antepasados de las familias que hoy integran la comunidad. No obstante, también existen registros de operaciones inmobiliarias posteriores, incluida la compraventa mediante la cual Ginóbili adquirió el lote.

José María Paisil e Ignacio Antriao, antepasados de integrantes de la comunidad, recibieron las tierras del Estado nacional en 1902 y en 1915 gestionaron el título de propiedad. Con el tiempo, el predio fue subdividido y vendido a distintos compradores, entre ellos Ginóbili.

Los ocupantes desconocen la validez de esas operaciones y sostienen que las tierras siguen perteneciendo a sus familias.

En octubre de 2025, el juez civil y comercial de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, ordenó a la comunidad restituir la posesión del predio a Ginóbili en un plazo de 30 días. La defensa de la comunidad, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, apeló la resolución.

La sentencia de primera instancia buscaba cerrar dos causas acumuladas: una acción declarativa iniciada por Ginóbili en 2007 para que se reconociera la validez de su título, y una acción reivindicatoria presentada en 2019 para recuperar la posesión del lote.

Sin embargo, el 7 de octubre de 2026 la Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial —integrada por Pablo Furlotti, Manuel Castañón López y Nancy Vielma— resolvió por mayoría anular la sentencia. El tribunal no analizó el fondo del conflicto ni definió quién tiene mejor derecho sobre el terreno; consideró que la resolución de primera instancia presentaba deficiencias que impedían sostenerla como válida y dispuso que el expediente vuelva a primera instancia para un nuevo fallo.

La decisión fue adoptada por dos votos a favor de la nulidad y uno en disidencia. Castañón López consideró, en cambio, que correspondía reconocer el título de propiedad de Ginóbili y mantener la restitución.

El abogado del ex deportista pidió al TSJ que revoque la nulidad dispuesta por la Cámara, conserve los aspectos válidos de la sentencia y resuelva las cuestiones pendientes, incluido el derecho a la restitución del inmueble.

Mena también cuestionó que el expediente haya vuelto a primera instancia. Solicitó que, si corresponde resolver el fondo en alzada, lo haga otra sala de la Cámara de Apelaciones, para evitar un nuevo juicio desde el inicio.

En su presentación, el letrado alegó “arbitrariedad” y “falta de fundamentación” en la decisión que anuló la sentencia original. Criticó que se haya dejado sin efecto una resolución favorable “sin resolver los agravios sustanciales” y que ello prolongue “innecesariamente un proceso iniciado en 2007”.

Durante años, el monumento al expresidente Julio Argentino Roca en el Centro Cívico de Bariloche fue objeto de posturas enfrentadas entre quienes defendían su permanencia y quienes reclamaban su traslado. Tras una gestión del Instituto Rocaniano, la escultura será protegida y restaurada en la postal más emblemática de la ciudad.

La instalación de la estructura metálica permanente abrió un nuevo capítulo en una controversia que se prolonga desde hace décadas sobre esa figura en el lugar más emblemático de la ciudad.

El enrejado, instalado este martes a la mañana, protegerá la escultura de nuevos episodios de vandalismo y permitirá avanzar con tareas de restauración. La iniciativa surgió del Instituto Rocaniano, que gestionó los permisos ante organismos locales y nacionales para concretar la obra.

El debate en torno al monumento combina disputas históricas sobre la Campaña del Desierto, reclamos de comunidades mapuches, cuestiones de protección patrimonial y reivindicaciones del rol de Roca en la historia argentina.

La nueva estructura cierra, por ahora, una parte de la discusión: el monumento se queda en su emplazamiento original. Sin embargo, la decisión vuelve a abrir cruces sobre si Roca debe seguir ocupando ese espacio central o si corresponde reivindicar allí a otra figura.

La gestión del Instituto Rocaniano

El cerramiento fue impulsado por el Instituto Rocaniano, con el aval del municipio de Bariloche. Para poder realizarlo, la entidad debió gestionar permisos ante organismos nacionales y locales, ya que el monumento se ubica en la plaza Expedicionarios del Desierto, un conjunto protegido como patrimonio arquitectónico nacional.

Esa protección impide modificar libremente la estructura original del Centro Cívico, por lo que la instalación del vallado requirió una autorización específica.

Hasta ahora, ante cada acto conmemorativo, el municipio y las fuerzas de seguridad habían utilizado vallados provisorios para intentar evitar daños a la escultura. La nueva estructura, en cambio, permanecerá instalada de manera continua.

Vandalismo y episodios de violencia

La escultura fue objeto de pintadas, intervenciones y daños en distintas oportunidades. En fechas conmemorativas, como el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, el 12 de octubre, o el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, integrantes de comunidades mapuches llegaron a cubrir la estatua con un kultrún gigante, instrumento ceremonial mapuche.

En octubre de 2012, integrantes de la cooperativa “1° de Mayo”, que realizaban reclamos laborales, intentaron derribar el monumento con cables de acero, sierras y otras herramientas. Dañaron las patas del caballo, aunque la intervención de la Policía de Río Negro impidió que la estructura cayera y derivó en un enfrentamiento violento.

En 2023, integrantes de comunidades mapuches intentaron cortar las patas del caballo con amoladoras a batería durante la madrugada. El operativo fue abortado tras la intervención de Gendarmería Nacional.

Restauración del monumento

El presidente del Instituto Rocaniano, José Martiniano Duarte, coronel retirado del Ejército Argentino, explicó que el proyecto demandó más de cuatro años de gestiones ante distintos organismos. Según indicó, la propuesta contempla tanto la protección física del monumento como su restauración.

Duarte aseguró que la obra se financió con donaciones particulares y estimó que el costo total superará los 50 millones de pesos. También afirmó que la iniciativa cuenta con el respaldo del intendente Wálter Cortés y de la Presidencia de la Nación.

La instalación del vallado permitirá avanzar con trabajos de restauración sobre la escultura. Entre las intervenciones previstas figuran la reparación de las patas del caballo, que presentan cortes realizados hace aproximadamente dos décadas, y la reposición de una rienda originalmente confeccionada en bronce.

Las tareas estarán a cargo del artista barilochense Daniel De Gaetano, que ya participó en restauraciones anteriores del monumento.

Una polémica de larga data

La permanencia de la estatua de Roca en el Centro Cívico generó sucesivas controversias. El debate adquirió especial intensidad en 2023, cuando el entonces intendente Gustavo Gennuso impulsó un proyecto para desplazar el monumento hacia otro sector del complejo arquitectónico.

La propuesta dividió opiniones. Mientras algunos sectores respaldaban la reubicación y cuestionaban la reivindicación pública de Roca por su papel en la Campaña del Desierto, otros defendían la permanencia de la escultura como parte del patrimonio histórico y simbólico de la ciudad.

El proyecto llegó incluso a la Justicia. En agosto de 2023, una medida cautelar frenó cualquier modificación de la ubicación del monumento. Sin embargo, en octubre de ese año, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro revocó esa resolución y habilitó al municipio a avanzar con la iniciativa.

Finalmente, el traslado no se concretó y el monumento permaneció en su emplazamiento original.

La discusión que sigue abierta

Con el vallado, el Instituto Rocaniano busca evitar nuevos daños a una obra que fue blanco de pintadas, intervenciones y distintos episodios de vandalismo.

Duarte justificó la medida por el deterioro acumulado del monumento. “Es una obra de arte, aparte de un monumento que recuerda a un dos veces presidente de la Nación”, expresó.

Al explicar los motivos de la iniciativa, distinguió entre dos tipos de vandalismo. “Hay un vandalismo del odio y un vandalismo del hambre. El vandalismo del hambre se cura con alimentos, con comida y con asistencia al que tiene hambre”, sostuvo.

La imagen del monumento rodeado por rejas vuelve a poner en escena una discusión que excede la conservación de una obra de arte: qué figuras integran la memoria pública, cómo deben representarse y qué lugar deben ocupar en los espacios compartidos.

Por ahora, al menos en términos materiales, la estatua de Julio Argentino Roca seguirá en el centro del Centro Cívico de Bariloche.

La investigación federal que tiene como principal imputado al ciudadano ruso Konstantin Rudnev, acusado de liderar una presunta secta rusa que se dedicaba a la trata de personas en Bariloche, atraviesa dos frentes que condicionan su avance. Por un lado, la delicada situación de salud del acusado abrió una prolongada controversia judicial sobre dónde debe permanecer detenido y recibir atención médica. Por otro, los investigadores todavía no lograron acceder al contenido de un disco rígido externo protegido por un sistema de cifrado que podría aportar información relevante sobre la estructura investigada.

El último episodio se produjo el 30 de octubre, cuando Rudnev debió ser trasladado de urgencia a una clínica privada de Monte Grande, en la provincia de Buenos Aires, luego de sufrir una crisis hipertensiva. Según trascendió, registró una presión arterial de 210/120 y quedó internado en el sector de cardiología.

El traslado se concretó después de varias semanas de controversias entre la defensa y el juzgado federal por el establecimiento sanitario en el que debía recibir atención. El Cuerpo Médico Forense había recomendado su internación en un centro de alta complejidad, con medidas de seguridad reforzadas, al considerar que no estaba en condiciones de permanecer en una unidad penitenciaria ni de continuar su recuperación en un domicilio particular.

Mientras se sucedían las presentaciones judiciales por las condiciones de alojamiento, otro interrogante permanecía sin respuesta: qué información contiene el dispositivo electrónico secuestrado durante los allanamientos y por qué la Fiscalía considera que podría resultar determinante para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización.

Una investigación que comenzó en un hospital

La causa tomó estado público en marzo de 2025, cuando profesionales del Hospital Zonal de Bariloche advirtieron una situación irregular vinculada al nacimiento de un bebé.

Según la hipótesis de la Fiscalía Federal, integrantes de la presunta organización intentaron inscribir al niño como hijo de Rudnev, pese a que el ciudadano ruso no se encontraba presente. Ante la negativa de los profesionales de la salud, habrían modificado un formulario oficial para concretar la maniobra.

Ese episodio abrió una investigación que derivó en un amplio operativo y en la detención de Rudnev el 28 de marzo de 2025, cuando intentaba abandonar el país desde el aeropuerto de Bariloche. De acuerdo con la acusación, al ser interceptado se provocó una herida en el cuello con una hoja de afeitar.

La Fiscalía sostiene que el ciudadano ruso encabezaba una estructura que operaba bajo la fachada de un espacio dedicado al yoga y la meditación. La hipótesis contempla la captación de personas en situación de vulnerabilidad, la reducción a la servidumbre y una maniobra destinada a alterar la filiación de un recién nacido.

La defensa, en cambio, rechaza esa interpretación y sostiene que la principal denunciante, Elena Makarova, no fue víctima de una estructura de explotación, sino una colaboradora voluntaria que participaba de las actividades del grupo.

La mujer es considerada por los investigadores una de las personas captadas en Rusia en condiciones de vulnerabilidad.

El misterio del disco cifrado

Entre los elementos secuestrados durante los allanamientos hay un dispositivo de almacenamiento externo cuyo contenido todavía no pudo ser analizado en su totalidad. Se trata de un disco rígido de gran capacidad protegido por un sistema de encriptación que, según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, presenta dificultades técnicas para los peritos.

La Fiscalía considera que su contenido podría aportar información sobre la estructura y el funcionamiento de la presunta organización. La imposibilidad de acceder a esos archivos se convirtió en uno de los obstáculos de la pesquisa.

El interés de los investigadores también se concentra en un sector de la propiedad que alquilaba Rudnev. Durante los procedimientos detectaron un quincho circular, con estanterías y conexiones eléctricas, cuya disposición despertó sospechas sobre un posible sistema de vigilancia.

Una de las hipótesis que se analiza es que ese espacio podría haber sido acondicionado para instalar cámaras y registrar a personas de alto poder adquisitivo, con la eventual finalidad de obtener material para extorsionarlas.

Sin embargo, esa interpretación forma parte de las líneas investigativas y no constituye un hecho judicialmente probado. La eventual información almacenada en los dispositivos electrónicos podría resultar relevante para determinar si existió ese mecanismo y cuál habría sido su alcance.

La salud de Rudnev

Desde su detención, la situación física del imputado se convirtió en uno de los principales argumentos de su defensa. Rudnev permaneció alojado en la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal, en Rawson, donde sus abogados denunciaron un marcado deterioro de su salud y una pérdida de peso cercana a los 50 kilos. Allí compartió pabellones con el líder de la RAM, Facundo Jones Huala.

En 2026 obtuvo el beneficio del arresto domiciliario, una modalidad que luego fue objeto de sucesivas revisiones judiciales. En junio, la Cámara Federal de Casación Penal revocó la decisión que había permitido esa modalidad de detención y ordenó realizar nuevos estudios para determinar si podía regresar a una unidad penitenciaria.

La discusión volvió a intensificarse en octubre, cuando el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema examinó al imputado en su domicilio de San Vicente, provincia de Buenos Aires. El informe detectó un deterioro funcional y un posible compromiso cardiorrespiratorio. Los especialistas concluyeron que no reunía condiciones físicas para permanecer en una cárcel, pero tampoco consideraron adecuado que continuara en una vivienda particular. Por ese motivo recomendaron su internación en un centro sanitario con capacidad para brindarle atención especializada y garantizar medidas de seguridad.

La Justicia Federal ordenó inicialmente su traslado al Hospital Fernández, en la Ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, dispuso su internación en el Hospital Regional Cuenca Alta Néstor Kirchner, en Cañuelas. La defensa cuestionó esas decisiones y reclamó que Rudnev fuera atendido en una clínica privada de Monte Grande, donde ya había recibido asistencia médica. El conflicto se prolongó hasta que, tras sufrir la crisis hipertensiva del 30 de octubre, fue trasladado de urgencia a ese establecimiento. La evolución médica del imputado y las decisiones judiciales sobre sus condiciones de detención marcarán los próximos pasos del expediente. Al mismo tiempo, la posibilidad de descifrar el disco rígido podría aportar elementos para corroborar —o descartar— algunas de las hipótesis centrales de la Fiscalía.

La sociedad política que conformaron el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), y el intendente de Bariloche, Wálter Cortés (Partido Unión y Libertad), tuvo un debut victorioso en las urnas al imponerse sobre el peronismo y La Libertad Avanza (LLA) en una elección de alcance municipal, para elegir a los 15 convencionales que revisarán y reformarán la Carta Orgánica local, en un proceso que funciona como ensayo político para 2027.

Según los últimos datos oficiales, el oficialismo se encaminaba a conseguir ocho de las 15 bancas en juego; tres quedarían para el peronismo y dos para LLA. Los otros dos lugares se repartirían entre la izquierda y el partido local Seamos Futuro.

La coalición ofialista Haciendo Bariloche duplicaba en votos a la propuesta del peronismo y triplicaba al candidato libertario, con lo que lograría una mayoría propia en la Convención que actualizará la Carta Orgánica de la ciudad cordillerana.

El comicio despertó el interés de los principales armadores políticos de la provincia, no sólo por tratarse de la ciudad con mayor caudal de votantes de Río Negro, sino porque representa un laboratorio para los próximos compromisos electorales.

El resultado también fue leído como un fuerte revés para la estrategia política de Martín y Eduardo “Lule” Menem, que apostaron a competir con un armado propio en el principal distrito electoral de Río Negro y perdieron holgadamente.

Weretilneck y Cortés estrenaron el pacto electoral, que podría continuar el año próximo tanto en la elección municipal de Bariloche como en el comicio para la gobernación, instancias en las que ambos buscarán su reelección.

En el resultado provisorio, con el 88% de las mesas contabilizadas, la candidata oficialista Yanina Sánchez sumaba 17.407 sufragios (34,73%), contra 8.153 del peronismo (16,27%) y 5.870 de Martín Govetto, el candidato libertario, que alcanzaba el 11,71% de los votos.

El gobernador y el mandatario local se mostraron juntos durante los festejos y ambos hicieron foco en el próximo año electoral. “Es una victoria del oficialismo, que tenía enfrente a los grandes partidos como el peronismo y LLA”, admitieron desde el entorno de Weretilneck.

El jefe comunal dijo que “hay que terminar con la burocracia, implementar la obra pública para que la ciudad crezca” y avaló la posibilidad de continuar con la sociedad política que acordó con Weretilneck.

El gobernador consideró que el resultado expresa el reconocimiento de los vecinos al trabajo que viene realizando el intendente Cortés, así como a las obras y acciones desarrolladas en conjunto entre el Gobierno Municipal y el Gobierno Provincial. “La gente respaldó el rumbo que estamos llevando, y lo dejó muy en claro con su voto”, sintetizó.

Weretilneck recordó que durante la campaña electoral uno de los principales ejes de la propuesta fue la continuidad del trabajo de la gestión municipal y la necesidad de avanzar en una nueva Carta Orgánica que brinde mayores herramientas para mejorar el funcionamiento del Municipio.

El mandatario también analizó el resultado desde una perspectiva provincial y destacó la importancia de la victoria de la alianza entre Juntos Somos Río Negro y el PUL frente a las fuerzas políticas nacionales.

“Para Juntos Somos Río Negro significa un gran triunfo. Seguramente los referentes de otros partidos a nivel provincial también mirarán este resultado, porque que los dos partidos nacionales, La Libertad Avanza y el peronismo, no nos hayan alcanzado en votos habla claramente de que lo local y lo provincial se imponen sobre lo nacional”, expresó.

El senador Enzo Fullone, principal referente de la Casa Rosada en Bariloche y potencial candidato a gobernador, fue el primero en admitir el revés en las urnas, aunque se mostró satisfecho con el resultado, que le permitiría a LLA contar con representación en la reforma de la Carta Orgánica local.

El parlamentario tuvo una participación activa en la campaña y en la configuración del armado libertario, que reeditó la coalición junto al PRO y sumó a otras fuerzas políticas.

El peronismo celebró el segundo lugar en el comicio y sus dirigentes afirmaron: “Estamos conformes con ser la primera oposición, pero principalmente contentos de haberle ganado a LLA”.

La elección dejó una primera señal sobre el escenario político rionegrino de cara a 2027. Weretilneck y Cortés consiguieron mostrar capacidad de articulación entre el poder provincial y el municipal, mientras que el peronismo conservó el lugar de principal fuerza opositora y los libertarios quedaron relegados al tercer puesto. El resultado abre un nuevo capítulo en las negociaciones por los armados electorales del próximo año.

Una apuesta de Los Menem que fracasó

La elección representaba una prueba para el armado territorial de La Libertad Avanza. El espacio que responde a los Menem había logrado conformar una alianza con el PRO, el partido CREO Río Negro y sectores vecinalistas, con el objetivo de construir una alternativa competitiva frente al oficialismo provincial y municipal.

Sin embargo, la amplitud del acuerdo no se tradujo en votos. La lista encabezada por Martín Govetto quedó relegada al tercer lugar, incluso por detrás de un peronismo que llegó fragmentado a las urnas.

El resultado adquiere especial relevancia por las diferencias que atraviesan a la mesa política del Gobierno nacional respecto de la estrategia electoral para 2027.

Los Menem se encuentran entre los dirigentes más reticentes a cerrar acuerdos amplios con los gobernadores aliados y dialoguistas. Su posición apunta a fortalecer la estructura territorial de La Libertad Avanza y preservar la posibilidad de presentar candidatos propios en la mayor cantidad de provincias, bajo la premisa de que la marca libertaria puede competir con posibilidades de triunfo frente a los oficialismos locales.

Del otro lado, dirigentes de peso dentro de la mesa política, como el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el asesor presidencial Santiago Caputo y la senadora Patricia Bullrich, se inclinan por acelerar las negociaciones con los gobernadores aliados y dialoguistas para construir acuerdos políticos y electorales de cara a 2027. Sin embargo, Karina Milei, no termina de fijar una posición clara sobre la estrategia y quedan poco más de un mes para que finalicen las sesiones ordinarias en el Congreso.

Las intensas lluvias que afectan a Neuquén pusieron en jaque la infraestructura vial, aislaron a poblaciones rurales y complicaron la logística de la actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta. Ante la magnitud de la contingencia y el pronóstico de nuevas precipitaciones, el gobernador Rolando Figueroa anunció que la provincia declarará la emergencia meteorológica por seis meses.

La emergencia obligó a desplegar un operativo de asistencia por aire y tierra para llegar a familias que quedaron aisladas por el desborde de ríos y arroyos, los caminos anegados y la imposibilidad de trasladarse por sus propios medios. Entre las prioridades estuvieron las personas que requerían atención médica, el abastecimiento de medicamentos y la asistencia a los habitantes de parajes rurales.

El gobierno neuquino puso a disposición tres aeronaves para atender las situaciones más urgentes. Un helicóptero provincial y otro perteneciente al Plan Nacional de Manejo del Fuego realizaron sobrevuelos en los sectores más afectados, mientras que un avión fue destinado al traslado de personas, víveres e insumos sanitarios.

La intervención alcanzó zonas rurales cercanas a Piedra del Águila, donde personal del hospital local acompañó a los equipos de rescate para brindar asistencia y contención a las familias afectadas. Las precipitaciones también provocaron daños en caminos y viviendas, mientras que algunos pobladores enfrentaron dificultades para reponer sus alimentos y otros productos esenciales.

Las tareas debieron reprogramarse por la persistencia de las lluvias. Sin embargo, una ventana de mejores condiciones meteorológicas permitió avanzar con los casos más urgentes. La estrategia de la administración provincial apunta ahora a reforzar la presencia de equipos en el territorio, identificar a las poblaciones vulnerables y anticiparse a nuevas contingencias.

Asistencia aérea para garantizar la atención sanitaria

Uno de los puntos críticos fue Rincón de los Sauces, donde las dificultades para circular por tierra amenazaban con comprometer el abastecimiento de insumos médicos. El operativo incluyó un vuelo para transportar materiales que necesitaba el hospital local, entre ellos reactivos y otros elementos básicos para sostener la atención sanitaria.

Para aprovechar la capacidad de carga del avión provincial, fue necesario reorganizar el espacio interior y retirar algunos asientos, con el objetivo de trasladar las cajas con los suministros requeridos por el centro de salud.

La operación también permitió concretar el traslado sanitario de un paciente que llevaba meses internado en el hospital Castro Rendón, en Neuquén capital, a raíz de una fractura de pelvis. El hombre necesitaba regresar a su lugar de origen y pudo hacerlo mediante un vuelo, en un contexto en el que las dificultades para circular por las rutas complicaban los desplazamientos terrestres.

La asistencia aérea se convirtió así en una herramienta clave para llegar a sectores de difícil acceso y sostener prestaciones esenciales mientras persistían las consecuencias del temporal.

Rutas afectadas y complicaciones para Vaca Muerta

El impacto de las lluvias también alcanzó a la infraestructura que conecta las localidades neuquinas con el principal polo hidrocarburífero del país. La acumulación de agua, barro y sedimentos obligó a interrumpir la circulación en distintos corredores viales y generó dificultades para el transporte de cargas y el desplazamiento de trabajadores.

Entre los tramos afectados estuvo la ruta nacional 40, en el corredor entre Chos Malal y Las Lajas. Los inconvenientes en la red vial complicaron las conexiones regionales y la logística vinculada con la actividad energética.

La situación también dejó camiones cisterna que transportaban combustibles y otros productos inflamables atrapados en sectores cubiertos de barro, una muestra de las dificultades que enfrentaron los transportistas para atravesar los caminos deteriorados por las precipitaciones.

Pese a las complicaciones, las estimaciones vinculadas con el abastecimiento de los yacimientos apuntaban a que las demoras logísticas no necesariamente se traducirían en una caída inmediata de la producción. Para sostener esa previsión, se mencionó la utilización de cuadrillas y mecanismos de contingencia destinados a mantener el suministro durante las próximas semanas. El alcance efectivo de esas medidas, sin embargo, depende de la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de las rutas.

Los daños en los caminos y las dificultades para acceder a las zonas productivas también reavivaron las críticas por la infraestructura vial en los alrededores de Vaca Muerta, donde la continuidad de las operaciones depende, entre otros factores, de la disponibilidad de corredores seguros para el transporte de insumos y combustibles.

Emergencia meteorológica por seis meses

En medio de la contingencia, Figueroa anunció que Neuquén declarará la emergencia meteorológica por un período de seis meses. La medida busca reforzar la capacidad de respuesta del Estado provincial ante las precipitaciones extraordinarias, con recursos para obras pluviales y aluvionales, asistencia a las poblaciones expuestas y acciones preventivas.

“Se están llenando cañadones que hace 70 años que no recibían semejante cantidad de agua”, advirtió el gobernador al describir la magnitud del fenómeno. También sostuvo que la infraestructura existente queda desbordada ante episodios de esa intensidad.

El mandatario señaló que la provincia conformó un comité de trabajo para coordinar la respuesta y anticiparse a nuevos eventos. El objetivo es fortalecer la prevención en las localidades más vulnerables y avanzar con obras destinadas a reducir el impacto de las crecidas y los escurrimientos.

Figueroa también planteó la necesidad de evaluar una represa de gran envergadura sobre el río Neuquén, aunque reconoció que se trataría de una obra costosa y de ejecución prolongada.

La declaración de emergencia, que al momento del anuncio todavía debía formalizarse mediante un decreto, se enmarca en un escenario de preocupación por la evolución de las precipitaciones durante los próximos meses y por la capacidad de la infraestructura para responder a episodios extremos.

La elección de convencionales para reformar la Carta Orgánica de Bariloche trascendió los límites de la ciudad patagónica. La convocatoria pondrá a prueba nuevas alianzas, medirá el posicionamiento de dirigentes con aspiraciones provinciales y permitirá observar el desempeño de candidatos que debutan en las urnas. En el escenario político local, el domingo funcionará como un primer ensayo de cara a 2027.

El 1 de noviembre, los barilochenses elegirán a los 15 convencionales que tendrán a su cargo la revisión de la norma institucional que regula el funcionamiento del municipio. Aunque se trata de una elección circunscripta al ámbito local, la competencia despertó el interés de las principales fuerzas políticas de Río Negro y también de referentes nacionales.

Dentro de la provincia, el gobernador Alberto Weretilneck apuesta fuerte al comicio. El mandatario estrenó una alianza electoral con el intendente Walter Cortés y participa activamente de la campaña, en una señal de acercamiento entre dos dirigentes que buscan consolidar un espacio común.

Instalados en Bariloche durante la campaña, Weretilneck y Cortés se muestran juntos en actividades proselitistas con el objetivo de sumar adhesiones a su lista. La propuesta lleva los colores que identifican a la gestión municipal y tiene como primera candidata a una dirigente del entorno del jefe comunal.

La lista de la coalición Estamos Haciendo Bariloche estará encabezada por Yanina Sánchez, asesora letrada de la actual gestión municipal. La acompañan Alberto Arabarco, del Sindicato de Empleados de Comercio; Julia Fernández, presidenta del Parque Industrial de Bariloche, y el abogado Leandro Lescano.

El resultado permitirá medir el alcance de este entendimiento político y aportará elementos para evaluar si la alianza se proyecta hacia las elecciones provinciales de 2027, cuando Weretilneck buscará la reelección. En el oficialismo rionegrino, además, deberán definirse los tiempos y las condiciones de una eventual convocatoria electoral, que podría concretarse antes de los comicios nacionales.

La Libertad Avanza y la mirada de la Casa Rosada

La Libertad Avanza competirá con una lista propia que incorpora referentes del PRO y de otras fuerzas políticas. El primer candidato será Martín Govetto, exfiscal de Río Negro y actual abogado del foro local, quien se presenta como extrapartidario.

El armado cuenta con el respaldo de la conducción nacional libertaria y con la coordinación del senador Enzo Fullone, uno de los principales referentes de la Casa Rosada en la provincia. En sus redes sociales, el legislador relegó parte de su actividad habitual para concentrarse en la campaña barilochense.

La apuesta tiene una dimensión que excede la elección municipal. Un buen resultado podría fortalecer el posicionamiento de Fullone dentro de La Libertad Avanza y alimentar sus aspiraciones de competir por la gobernación en 2027. Sin embargo, ese objetivo convive con las ambiciones del diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien también manifestó su intención de disputar el Ejecutivo provincial.

La definición de las candidaturas libertarias, de todos modos, permanece sujeta a la estrategia que establezca la conducción nacional del espacio. La disputa de Bariloche será una de las variables que los dirigentes podrán observar para medir el despliegue territorial de la fuerza y el peso de sus referentes en Río Negro.

Un peronismo dividido y el desafío de la oposición

El peronismo buscará posicionar a sus candidatos desde un rol opositor tanto al gobierno provincial de Weretilneck como a la gestión municipal de Cortés. Con una participación más acotada de dirigentes de peso en la campaña local, el armado concentró buena parte de sus esfuerzos en las redes sociales, con críticas a ambas administraciones.

La médica Andrea Galaverna encabezará la lista de Fuerza Bariloche, acompañada por dirigentes barriales y referentes sociales.

En contraste con la participación activa de otros sectores, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, una de las principales referentes del peronismo rionegrino, tuvo una presencia más discreta en la campaña. Su participación se limitó a encuentros con representantes de organizaciones vecinales y del sector empresario de la ciudad turística.

Soria también aparece entre los nombres que podrían disputar la gobernación en 2027. En ese contexto, el desempeño electoral de Bariloche será una referencia para medir el posicionamiento del peronismo en una ciudad clave de la provincia, aunque el resultado local no necesariamente se trasladará a una competencia provincial.

El radicalismo vuelve a la competencia

La Unión Cívica Radical buscará recuperar protagonismo en la política barilochense mediante una alianza con la Coalición Cívica-ARI. El espacio impulsará la candidatura del exintendente Marcelo Cascón, en una apuesta por reconstruir su presencia electoral en la ciudad.

La oferta también incluye a dirigentes con trayectoria en distintos espacios políticos. Entre ellos figuran el exlegislador y referente del Frente Renovador Alejo Ramos Mejía, el exconcejal Pablo Chamatrópulos y el exdiputado nacional peronista Osvaldo Nemirovsci, que forman parte de otras listas.

La multiplicidad de candidaturas y la presencia de dirigentes provenientes de distintas tradiciones partidarias exponen un escenario fragmentado, en el que los acuerdos y las estrategias electorales de cada espacio podrían anticipar futuros entendimientos para 2027.

Una boleta única con 13 opciones electorales

La elección del domingo 1 de noviembre se realizará mediante el sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que reúne en una sola papeleta a las 13 listas oficializadas para competir por un lugar en la Convención Municipal Constituyente Actualizadora.

El instrumento incluye el número y el nombre de cada agrupación, su símbolo, la fotografía de quien encabeza la lista y las nóminas de candidatos titulares y suplentes. La ubicación de las fuerzas fue definida mediante un sorteo de la Junta Electoral Municipal.

Para votar, los electores deberán marcar una sola opción en el casillero correspondiente a la lista elegida y doblar la boleta antes de depositarla en la urna. A diferencia del sistema tradicional de boletas partidarias, todas las alternativas estarán reunidas en un mismo instrumento, lo que permitirá visualizar la oferta electoral completa al momento de emitir el sufragio.

Qué se elige y qué función tendrán los convencionales

Los ciudadanos elegirán 15 convencionales constituyentes titulares y sus respectivos suplentes. Los representantes electos tendrán a su cargo la revisión de la Carta Orgánica Municipal, la norma institucional que establece la organización del gobierno local, las atribuciones de sus organismos y los principios que regulan el funcionamiento de la ciudad.

El alcance de esa tarea convierte a la elección en una instancia que excede la competencia por cargos políticos. El resultado definirá quiénes participarán de la discusión sobre las reglas institucionales de Bariloche y qué representación tendrá cada fuerza en ese proceso.

Una revisión integral cada 20 años

La convocatoria responde a una disposición de la propia Carta Orgánica, que establece que debe ser revisada integralmente cada 20 años. La norma original fue sancionada en 1986 y tuvo su primera actualización en 2006, cuyo tratamiento concluyó a comienzos de enero de 2007. La elección de noviembre pondrá en marcha el segundo proceso de revisión integral de la historia institucional de Bariloche.

El calendario también impone plazos acotados: una vez proclamados los convencionales electos, la Convención deberá constituirse y contará con 60 días para completar su tarea. El cronograma previsto apunta a que la nueva Carta Orgánica entre en vigencia en enero de 2027, cuando vence el período de vigencia de la normativa actual.

Más de 115.000 electores habilitados

El operativo electoral involucrará a un padrón de aproximadamente 115.378 personas, incluidos 1.724 residentes extranjeros que realizaron el trámite de empadronamiento para participar en los comicios municipales.

Para la jornada se prevé habilitar más de 300 mesas y convocar a alrededor de 630 autoridades electorales, entre presidentes y vicepresidentes. La magnitud del padrón y la cantidad de listas convierten a la convocatoria en una instancia relevante para medir la implantación territorial de las fuerzas políticas y observar cómo se distribuyen los apoyos en la principal ciudad turística de Río Negro.

Más allá de la tarea institucional que deberán desarrollar los convencionales, la elección dejará una primera fotografía de los acuerdos, las disputas y los liderazgos que buscarán proyectarse hacia 2027. Con Weretilneck y Cortés asociados, La Libertad Avanza bajo la mirada de su conducción nacional y un peronismo que busca reorganizarse, Bariloche se convierte en un escenario de prueba para las estrategias políticas que comenzarán a definirse en los próximos meses.

El municipio de Villa La Angostura acelera la recuperación del camping Quila Hue, ubicado sobre la costa del lago Correntoso y usurpado por la comunidad mapuche Paichil Antriao desde 2011. Para ello, pedirá a la Justicia que ejecute la sentencia firme que ordena la restitución del predio y, si no hay un retiro voluntario, disponga el desalojo de los ocupantes.

La comunidad mapuche Paichil Antriao agotó las instancias recursivas para mantener el control del espacio. Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el municipio busca retomar la administración del predio y acondicionarlo para la próxima temporada de verano.

El conflicto se originó en 2011, cuando integrantes de la comunidad Paichil Antriao se instalaron en el camping luego de que venciera la concesión municipal del predio. En 2012, la Municipalidad inició una demanda civil para recuperarlo. En diciembre de 2019, la Justicia de primera instancia ordenó la restitución del inmueble y en abril de 2024 el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén confirmó esa decisión al rechazar el planteo de ancestralidad de la comunidad.

Tras sucesivos recursos, la Corte Suprema dejó firme en agosto de 2026 la sentencia que obliga a devolver el camping al municipio, habilitando la etapa de ejecución y, de no mediar un retiro voluntario, un eventual desalojo.

Según publicó La Angostura Digital, el municipio solicitará al juez civil y comercial Francisco Astoul Bonorino que ejecute la sentencia. La comunidad, en cambio, anticipó que no abandonará el predio y que resistirá un eventual operativo de desalojo.

La posición del municipio

El intendente Javier Murer anticipó que el municipio trabajará con el juez para pedir la restitución y un plazo para una devolución pacífica del predio.

“Seguramente esto se va a trabajar con el juez para pedir la restitución del lugar y se les otorgue un plazo para la restitución del lugar en forma pacífica”, indicó Murer tras la confirmación del fallo. El intendente sostuvo que el municipio buscará evitar un desalojo por la fuerza, aunque remarcó que el predio deberá volver a la administración comunal.

En el gobierno comunal coinciden en que la instancia de negociación está cerrada y que la solución definitiva al conflicto pasa por la recuperación del control del camping.

Juan Pablo Naretti, jefe de Gabinete municipal, afirmó que el Ejecutivo “aguarda que el expediente regrese al fuero local”. El último intento para revertir el desalojo fue presentado el 5 de octubre, aunque el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó el recurso extraordinario presentado por la defensa de la comunidad.

El reclamo de la comunidad

Para los demandados, integrantes de la comunidad Paichil Antriao, no se trata de una usurpación. Las dos personas mencionadas en el expediente fueron concesionarias del camping y, al vencer el contrato, decidieron permanecer en el lugar en lugar de restituirlo al municipio.

La comunidad sostiene que el predio forma parte de un territorio ancestral y cuestiona que no se haya completado el relevamiento territorial del INAI. La Justicia, en cambio, entendió que no se acreditó esa ocupación ancestral y reconoció el derecho del municipio a recuperar el espacio.

El municipio alega la titularidad del inmueble, la caducidad de la concesión y el cumplimiento de una sentencia firme. Por eso busca retomar la administración del camping o volver a concesionarlo.

Las dos principales figuras de La Libertad Avanza (LLA) en Tierra del Fuego, Agustín Coto y Santiago Pauli, comenzaron a medir fuerzas en el territorio con la mirada puesta en la gobernación. Ambos comparten la aspiración de suceder a Gustavo Melella al frente del Ejecutivo provincial, pero, por ahora, evitan exponer sus diferencias y concentran sus esfuerzos en consolidar sus respectivos espacios políticos.

En el horizonte no aparece, al menos por el momento, la posibilidad de dirimir la disputa en una interna partidaria. La decisión sobre quién representará al espacio libertario en la contienda provincial quedaría en manos de la conducción nacional, con la Casa Rosada como principal instancia de definición.

Frente a ese escenario, tanto el senador Coto como el diputado Pauli buscan llegar fortalecidos a la instancia decisiva. La estrategia pasa por ampliar sus bases de apoyo, consolidar vínculos territoriales y demostrar capacidad de construcción política en un distrito donde el sello nacional de LLA deberá traducirse en una estructura electoral competitiva.

Pauli fue el primero en exteriorizar sus aspiraciones de conducir la provincia. Sin embargo, esa anticipación no implica necesariamente una ventaja en la carrera sucesoria ni supone que la conducción nacional haya establecido un orden de prioridades. En un espacio con fuerte centralidad de las decisiones nacionales, el posicionamiento de ambos dirigentes dependerá también de las señales que emita el núcleo de poder libertario.

El vínculo de Melella con Milei y el reordenamiento político provincial

La disputa libertaria se desarrolla en un escenario atravesado por las dificultades fiscales de Tierra del Fuego, las tensiones entre el gobierno provincial y la administración nacional y los movimientos políticos que podrían alterar el mapa de alianzas de cara a las próximas elecciones.

Melella atraviesa una etapa compleja en materia política y de gestión. En las últimas semanas trascendió un acercamiento con el gobierno de Javier Milei, canalizado a través del jefe de Gabinete, Diego Santilli, que abrió una nueva instancia de diálogo entre ambas administraciones.

Ese entendimiento tuvo una expresión concreta en el plano financiero: la provincia obtuvo un incremento de los anticipos de fondos, que pasaron de $27.000 millones a $45.000 millones, en un contexto de dificultades fiscales. El movimiento reforzó las expectativas sobre un cambio en la relación entre la Casa Rosada y el Ejecutivo fueguino, aunque sus alcances políticos todavía están sujetos a evolución.

Otro episodio que alimentó las interpretaciones sobre un eventual entendimiento se produjo en el Congreso. El diputado nacional Agustín Tita, referente de Melella y dirigente vinculado al oficialismo provincial, estuvo ausente en la sesión especial convocada para debatir la derogación del DNU 70/2023, impulsado por Milei. Su ausencia contribuyó a que la oposición no reuniera el quórum necesario para abrir el debate.

En paralelo, el gobernador respaldó públicamente el cambio de postura de Milei respecto de la cuestión Malvinas y destacó los avances para reactivar el proyecto de la Base Naval Integrada y el Polo Logístico Antártico en Ushuaia. Melella justificó la apertura del diálogo con el Gobierno nacional bajo el argumento de que existen “causas que están por encima de cualquier diferencia política”.

El acercamiento, sin embargo, abrió nuevos frentes de conflicto dentro del arco opositor y de los espacios políticos que integran el escenario provincial. Sectores vinculados al intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, y a dirigentes municipales de Río Grande cuestionaron el giro del gobernador y lo interpretaron como un entendimiento con Milei que contradice los compromisos políticos asumidos y tensiona la relación con Unión por la Patria.

Para LLA, ese reordenamiento representa una variable relevante en la construcción de una alternativa provincial. No obstante, el oficialismo fueguino conserva capacidad de influencia territorial y política, por lo que la eventual fragmentación de sus adversarios no garantiza por sí sola una victoria libertaria.

Ushuaia y Río Grande, los territorios en disputa

La competencia entre Coto y Pauli también se expresa en la distribución de apoyos en las principales ciudades de la provincia. En Ushuaia, el senador cuenta con una posición más consolidada, mientras que el diputado busca hacer valer su inserción política en Río Grande.

Esa distribución territorial puede convertirse en un factor determinante cuando la conducción nacional evalúe quién ofrece mejores condiciones para encabezar la fórmula provincial. La capacidad de movilización, el vínculo con los referentes locales y la posibilidad de ampliar la base electoral serán variables centrales en una definición que excede la exposición pública de las aspiraciones personales.

La situación institucional de Melella también forma parte de los cálculos electorales. El gobernador no podría buscar un nuevo mandato bajo las actuales restricciones constitucionales, luego de que fracasara el intento de reformar la Carta Magna provincial para habilitar la reelección indefinida. Ese escenario abre la competencia por la sucesión, aunque no despeja las incógnitas sobre el peso que conservará el oficialismo en la próxima contienda.

En las elecciones legislativas de octubre de 2025, LLA obtuvo un resultado que reforzó sus expectativas de crecimiento en Tierra del Fuego y superó al oficialismo provincial por cerca de diez puntos, según los datos consignados en el escenario electoral. Ese antecedente constituye un activo para el espacio libertario, pero trasladar el respaldo nacional a una elección ejecutiva requiere una construcción política propia y una propuesta capaz de competir más allá de la marca partidaria.

En ese contexto, Coto aparece mejor posicionado en términos institucionales por su condición de senador y por su cercanía con la conducción nacional. Esos atributos podrían favorecerlo en una eventual búsqueda de consenso, aunque no alcanzan para dar por definida la candidatura.

Pauli, por su parte, conserva margen para fortalecer su armado territorial y disputar el lugar de representante libertario en la provincia. La ausencia de una confrontación abierta entre ambos permite que la competencia continúe sin erosionar, al menos públicamente, la cohesión del espacio.

La incógnita sigue abierta: ninguno de los dos tiene asegurada la candidatura a gobernador. En una fuerza política donde las decisiones estratégicas mantienen una fuerte centralización, la disputa se resolverá tanto por la capacidad de construcción territorial de los aspirantes como por la evaluación que haga la conducción nacional en Balcarce 50.

La crisis política e institucional de Allen, en Río Negro, tendrá un nuevo capítulo el próximo 8 de noviembre, cuando los vecinos de la ciudad acudan a las urnas para definir la continuidad del intendente Marcelo Román. El jefe comunal, que se reivindicaba como el único mandatario municipal de La Libertad Avanza en la provincia, está imputado en una causa penal por presunta administración fraudulenta y peculado y quedó distanciado de la estructura partidaria libertaria.

El referéndum popular fue aprobado por el Concejo Deliberante, que habilitó así la instancia decisiva de un proceso de revocatoria impulsado por un sector de vecinos. La iniciativa avanzó luego de que se verificaran 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral municipal, un volumen que permitió alcanzar el umbral previsto en la Carta Orgánica para convocar a la consulta.

La votación trasladará a los ciudadanos la definición sobre la continuidad del mandato de Román, en medio de una disputa que enfrentó al Ejecutivo municipal con el cuerpo legislativo y que tuvo derivaciones judiciales. En julio, los concejales habían dispuesto la suspensión preventiva del intendente, pero el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro anuló esa decisión en agosto, al considerar que el órgano legislativo no tenía competencia para adoptar esa medida en las condiciones en que lo había hecho.

Una disputa institucional que llegó a la Justicia

El 8 de julio, el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 044/2026, que dispuso la suspensión preventiva de Román mientras avanzaba la investigación penal. La medida obtuvo seis votos afirmativos y tres negativos, y estableció que el intendente dejara de percibir su dieta o remuneración. Durante su apartamiento, la conducción interina del municipio quedó en manos del presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa.

La decisión se produjo semanas después de que la jueza de Garantías Natalia González formulara cargos contra el jefe comunal y el empresario Sebastián Ocampo, señalado por la Fiscalía como presunto partícipe necesario en los hechos investigados.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025, el municipio habría adquirido un teléfono celular por $479.999 mediante un plan corporativo. El abono mensual, pagado con fondos públicos, habría elevado el desembolso total a $596.812,38. Según la acusación, el aparato habría sido entregado a una persona ajena a la administración municipal.

La suspensión fue fundamentada por los concejales en el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que contempla esa posibilidad cuando un funcionario municipal es procesado. Los ediles interpretaron que la formulación de cargos del sistema procesal penal vigente podía equipararse conceptualmente al antiguo procesamiento.

Román rechazó esa interpretación y calificó la medida como un “golpe institucional”, además de considerarla “avasalladora, ilegal e inconstitucional”. También anunció que recurriría a la Justicia para cuestionar la decisión del cuerpo legislativo.

El 28 de agosto de 2026, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar al planteo del intendente y anuló las ordenanzas 044/2026 y 045/2026, junto con los actos administrativos derivados de ellas.

El máximo tribunal provincial entendió que el Concejo Deliberante carecía de competencia para disponer la suspensión en esas circunstancias. Según el criterio adoptado, la Carta Orgánica exige que exista una imputación y que el tribunal competente resuelva procesar al funcionario, condiciones que no pueden interpretarse como alternativas.

El fallo dejó sin efecto la suspensión dispuesta por los concejales, pero no resolvió el fondo de la investigación penal contra Román. La causa por presunta administración fraudulenta y peculado siguió un carril judicial distinto del procedimiento de revocatoria del mandato.

Las firmas que habilitaron el referéndum

En paralelo con la disputa institucional, la iniciativa de revocatoria comenzó a tomar forma a partir de una campaña de recolección de adhesiones impulsada por Silvina Cantero, quien en mayo de 2026 presentó más de 3.000 firmas para promover el mecanismo previsto en el artículo 98 de la Carta Orgánica municipal.

El proceso continuó con la habilitación de cinco libros para reunir adhesiones y el posterior control de las firmas. El informe de la Secretaría del Concejo Deliberante comunicó la finalización de esa verificación y registró un total de 4.771 firmas correspondientes al padrón electoral de Allen, incluidas las adhesiones de electores extranjeros empadronados.

Con ese resultado, la iniciativa alcanzó el segundo umbral previsto por la normativa local: el equivalente al 20% del padrón electoral de 2023, requisito establecido para avanzar hacia el referéndum popular.

La convocatoria fue tratada durante la sesión ordinaria de este jueves, mediante un proyecto de resolución presentado por el presidente y el vicepresidente del Concejo Deliberante. La propuesta recibió seis votos a favor y tres en contra.

Respaldaron la convocatoria los concejales de UCR Auténtica, bloque presidido por Fabián Figueroa; de Alianza Juntos Somos Río Negro (JSRN), representada por Guillermo Pennesi, María Aburto, Gustavo Addamo y Agustina Sánchez; y de Alianza Nos Une Río Negro, encabezada por Marta Crespo.

En contra votaron los tres integrantes del bloque UCR: Antonio Sepúlveda, Valeria Bezic y Analía Martínez.

El resultado de la votación habilitó el avance formal hacia la consulta popular, que tendrá lugar el 8 de noviembre. Ese día, los ciudadanos incluidos en el padrón municipal deberán pronunciarse sobre la continuidad de Román al frente del Ejecutivo local.

El aislamiento político del intendente libertario

El conflicto también tuvo consecuencias en el plano partidario. Román se había presentado como el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro e incluso había ocupado cargos en la conducción provincial del espacio. Sin embargo, tras el inicio de la investigación penal, renunció a su función como vicepresidente provincial y perdió el respaldo de las autoridades partidarias, que sostuvieron que ya no pertenecía a la fuerza.

La disputa dejó al jefe comunal expuesto a dos procesos diferentes: uno judicial, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal, y otro político-institucional, en el que los vecinos definirán si debe completar su mandato.

El referéndum del 8 de noviembre será el punto de inflexión de esa segunda instancia. La decisión quedará en manos del electorado de Allen, en un escenario atravesado por el enfrentamiento entre el intendente y el Concejo Deliberante, la controversia sobre los alcances de la Carta Orgánica y el distanciamiento de Román respecto de la estructura libertaria.

“No hay duda, voy a ser el candidato a gobernador de Río Negro por La Libertad Avanza”. Con esa declaración, el diputado nacional Aníbal Tortoriello explicitó su intención de competir por la gobernación en 2027 y suceder a Alberto Weretilneck. Sin embargo, su anticipada postulación chocó con la cautela de la conducción partidaria provincial, que buscó poner límites a las proclamaciones individuales y dejó en claro que la decisión final dependerá de la estrategia política nacional.

El vicepresidente y apoderado de La Libertad Avanza en Río Negro, Damián Torres, relativizó el anuncio y lo definió como “una expresión de deseo”. Aunque reconoció las credenciales políticas del ex intendente de Cipolletti, aclaró que todavía no existe una candidatura formalmente definida.

“Entendemos que puede ser un muy buen candidato a gobernador, por toda su experiencia y trayectoria”, concedió Torres. Sin embargo, enseguida marcó los límites de cualquier anticipación: “Todavía no hay ninguna definición de candidatura establecida, porque eso se va a definir en la época electoral, cuando arranque el cronograma, y en función del trabajo que venimos haciendo con la mesa política nacional, donde el primer objetivo es la reelección del presidente, Javier Milei”.

El mensaje tiene una lectura política concreta: la dirigencia provincial puede ordenar la estructura partidaria y promover dirigentes, pero la definición de las candidaturas estará subordinada a las prioridades electorales de la conducción nacional. En ese esquema, la reelección de Milei aparece como el principal objetivo y condicionante del armado libertario en las provincias.

La disputa entre Tortoriello y Fullone

En esa carrera también aparece el senador nacional Enzo Fullone, quien se consolidó como uno de los principales articuladores políticos de La Libertad Avanza en Río Negro. A diferencia de Tortoriello, optó por no explicitar sus aspiraciones y mantener un perfil más cauteloso, mientras construye vínculos con la conducción nacional.

Fullone tuvo un papel central en la incorporación de Tortoriello al partido. Ambos compartieron una fotografía cuando el diputado formalizó su afiliación a la fuerza que conduce el presidente Javier Milei, en un movimiento impulsado por el senador, que también intervino en la incorporación de otros dirigentes al espacio libertario.

Por ahora, la conducción provincial intenta ordenar la tropa y evitar que las aspiraciones individuales condicionen la estrategia electoral. “Candidato no es; podría llegar a serlo si así lo deciden en Buenos Aires”, resumen desde las filas libertarias, en referencia a la situación de Tortoriello.

En ese escenario, Fullone apuesta a capitalizar su relación con la mesa nacional. Desde su llegada al Senado, construyó vínculos con la conducción central del espacio y mantuvo un alineamiento político con los Milei. Ese posicionamiento lo proyecta como una alternativa para disputar la candidatura a gobernador, aunque todavía no haya hecho pública una aspiración en ese sentido.

Tortoriello, en cambio, cuenta con una ventaja vinculada a su trayectoria ejecutiva: fue intendente de Cipolletti y tiene mayor nivel de conocimiento público. Además, según sondeos preliminares que circulan en el espacio, partiría con mejores niveles de intención de voto, aunque también registraría un componente de imagen negativa que podría condicionar su proyección electoral.

“Tortoriello está mejor en las encuestas, pero también acumula imagen negativa. Fullone, en cambio, lo que suma es desconocimiento y ese factor es factible de revertir”, sostienen en el ámbito libertario.

La evaluación refleja dos estrategias diferentes: Tortoriello apuesta a capitalizar su instalación pública y su experiencia de gestión, mientras Fullone prioriza la construcción territorial, los vínculos con la conducción nacional y un perfil de menor exposición, a la espera de que se abra formalmente la competencia por la candidatura.

Villaverde, fuera del centro de la escena

Fuera de esa disputa quedó, al menos por ahora, la diputada nacional Lorena Villaverde, quien conserva formalmente la presidencia de La Libertad Avanza en Río Negro, aunque su protagonismo político se vio reducido tras los últimos escándalos que la involucraron.

Su situación también forma parte del reordenamiento interno del espacio, en un contexto en el que la conducción nacional busca preservar el control sobre el armado provincial y evitar que las tensiones entre sus referentes se traduzcan en una disputa prematura por las candidaturas.

No es la primera vez que Tortoriello anticipa su intención de competir por la gobernación. Los primeros cortocircuitos se produjeron en 2025, cuando, fortalecido por el resultado de las elecciones legislativas, anunció que buscaría disputar el Ejecutivo provincial en 2027.

Apenas habían compartido la boleta libertaria cuando sus declaraciones provocaron cuestionamientos dentro del propio espacio. Algunos dirigentes que habían participado de la estrategia electoral salieron a marcar distancia y objetaron que el exintendente no pertenecía formalmente a La Libertad Avanza.

Casi un año después, Tortoriello saldó ese cuestionamiento al formalizar su afiliación partidaria. Sin embargo, su incorporación no resolvió la discusión de fondo: quién tendrá la última palabra sobre la candidatura y qué perfil elegirá el oficialismo libertario para competir por el gobierno provincial.

La última palabra, en Buenos Aires

Para explicar por qué ningún dirigente puede proclamarse candidato por anticipado, Torres apeló a la estructura institucional del partido. “Tenemos un orden dentro del partido, donde tenemos una estructura: el Consejo y el Congreso, que son parte de las decisiones que tomamos”, señaló.

Antes de discutir nombres, agregó, será necesario conocer el calendario electoral. “Primero, es necesario saber cuándo serán las fechas de elecciones, porque ahí se establece el cronograma interno, para que todos tengan posibilidad de participar”.

La aclaración busca encauzar las aspiraciones individuales dentro de los mecanismos partidarios, aunque el peso de la conducción nacional aparece como un factor determinante en la definición política.

Fullone, por el momento, evita la confrontación directa y deja que las declaraciones de Torres funcionen como una advertencia para quienes buscan anticiparse a los tiempos electorales. No descarta disputar la conducción provincial, pero prefiere una estrategia de mesura y construcción política antes que una proclamación pública que pueda generar nuevos cortocircuitos internos.

La disputa por la candidatura libertaria en Río Negro ya comenzó, aunque la conducción partidaria insista en que todavía no es tiempo de definiciones. Entre la instalación electoral de Tortoriello, el armado político de Fullone y la gravitación de la Casa Rosada, el interrogante central es quién logrará reunir los respaldos necesarios para convertirse en el candidato de Milei en la provincia.

La Cámara de Apelaciones de Neuquén anuló la sentencia que ordenaba a la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao restituirle a Emanuel “Manu” Ginóbili la posesión de un terreno ubicado en el cerro Belvedere, en Villa La Angostura.

Los camaristas detectaron defectos sustanciales en la resolución de primera instancia y dispusieron que el expediente vuelva al juzgado de origen para que otro magistrado dicte un nuevo fallo.

La decisión fue adoptada por mayoría el 7 de octubre por la Sala A de la Cámara de Apelaciones 2, integrada por Pablo Furlotti, Manuel Castañón López y Nancy Vielma. El tribunal no se pronunció sobre el fondo de la disputa territorial ni determinó quién tiene mejor derecho sobre el predio.

Uno de los principales cuestionamientos fue que el juez de primera instancia analizó en los fundamentos si Ginóbili contaba con un título de propiedad válido, pero omitió plasmar una decisión expresa sobre esa cuestión en la parte resolutiva. Esa falencia, sumada a otras inconsistencias, llevó a la Cámara a declarar la nulidad de la sentencia.

El fallo tampoco implica un reconocimiento de derechos territoriales a favor de la comunidad mapuche ni modifica por sí mismo la titularidad registral del inmueble. Los camaristas consideraron que la resolución, tal como había sido dictada, no reunía las condiciones necesarias para ser considerada un acto jurisdiccional válido.

El expediente reúne dos demandas promovidas por el exbasquetbolista: una acción declarativa de certeza iniciada en 2007, con la que buscó que se reconociera la validez de su título, y una acción reivindicatoria presentada en 2019 para recuperar la posesión del terreno.

Los defectos que llevaron a anular la sentencia

En su voto, el camarista Pablo Furlotti calificó como “el vicio más grave” la omisión de resolver la acción declarativa de certeza. Según señaló, el juez había adelantado en los fundamentos cuál sería su criterio sobre esa pretensión, pero no incluyó una decisión expresa en la parte dispositiva.

Furlotti también cuestionó que la sentencia no hubiera analizado si esa vía judicial era admisible, al considerar que la cuestión debió abordarse al comienzo del proceso.

Otro de los puntos señalados fue una contradicción entre los argumentos utilizados para resolver las dos demandas. En la acción declarativa, el magistrado sostuvo que no podía determinar si la comunidad tenía un mejor derecho sobre las tierras.

Sin embargo, al analizar la acción reivindicatoria, concluyó que ese derecho no había sido acreditado porque no se probó la ocupación ancestral del territorio. “Ninguna decisión jurisdiccional puede preciarse de válida si se apoya en argumentos que se excluyen entre sí”, escribió el camarista.

La resolución también cuestionó que se hubiera ordenado restituir el predio a los “demás ocupantes”, pese a que Ginóbili había desistido de demandarlos antes de que quedara trabada la controversia jurídica.

Además, quedaron sin resolver adecuadamente las situaciones de cuatro personas —Ernesto Antriao, Amandina Pérez de Chavol, Elma Quiroga y Hugo Muñoz Namuncurá— que se habían presentado como autoridades de la comunidad sin acreditar esa condición.

Furlotti también observó inconsistencias en la imposición de las costas judiciales. Según explicó, el fallo aludía a la parte “vencida” sin precisar de manera clara a quién correspondía esa condición.

El juez que votó en disidencia

El camarista Manuel Castañón López votó en contra de la nulidad y propuso que la propia Cámara resolviera el fondo de la controversia.

Su postura consistía en confirmar la orden de restitución del terreno respecto de la comunidad mapuche, revocar la condena contra los “demás ocupantes” y declarar que el título de compraventa de Ginóbili constituía “un título perfecto”.

Para Castañón López, la comunidad no había acreditado la ocupación tradicional que invocaba sobre el predio. También sostuvo que el exbasquetbolista había adquirido un inmueble que pasó por manos de particulares, entre ellos su vendedor, José Salamida, mediante actos regidos por el derecho privado.

Sin embargo, esa posición no prevaleció. Por mayoría, la Cámara resolvió anular la sentencia y ordenar que otro magistrado dicte una nueva resolución.

La historia del terreno en disputa

La comunidad Lof Paichil Antriao sostiene que el predio integra su territorio ancestral. Según los antecedentes del peritaje reseñados en el fallo, el Estado nacional concedió el lote a José María Paisil e Ignacio Antriao mediante un decreto de 1902 y les otorgó el título de propiedad en 1915.

Con el paso de los años, el terreno fue subdividido y vendido a distintos particulares. Ginóbili lo adquirió el 15 de enero de 2004. De acuerdo con el relato del empresario incorporado al expediente, el 13 de junio de 2018 un grupo de personas ingresó intempestivamente al predio.

A partir de entonces, la disputa por la posesión del inmueble se convirtió en un conflicto judicial.

El exbasquetbolista proyecta desarrollar un emprendimiento turístico en el lugar, aunque la controversia con la comunidad mapuche ha obstaculizado el avance de la iniciativa.

El conflicto se inscribe en una serie de disputas territoriales que involucran a la comunidad en Villa La Angostura, tanto con propietarios privados como con organismos públicos. Entre ellas figura una controversia con el municipio por la propiedad de un camping ubicado sobre la costa del lago Correntoso.

Un concejal peronista de Bariloche renunció este jueves a la banca que ocupa desde 2023, luego de protagonizar un episodio de violencia de género contra su expareja, durante una discusión ocurrida este miércoles al mediodía en el interior de un edificio de la ciudad.

Se trata de Leandro Costa Brutten, quien anunció su dimisión a través de las redes sociales y asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido. Según relató el propio edil, durante la discusión persiguió a su expareja y le quitó por la fuerza el teléfono celular con el que ella lo estaba filmando.

“Quiero informar de mi total responsabilidad y culpa por una situación condenable de la que soy absolutamente responsable”, admitió.

El concejal reconoció que protagonizó un “forcejeo violento” luego de que su expareja intentara filmarlo, una conducta que, según admitió, ella tenía “todo el derecho” de realizar. “Mi ex pareja me intentó filmar, le quité el teléfono con violencia”, señaló. Y agregó: “Actué mal con alguien a quien amo, la madre de mis hijos”.

Costa Brutten sostuvo que no encuentra una explicación para su comportamiento y rechazó atribuir responsabilidades a terceros. “No le echo la culpa a nadie, la culpa es totalmente mía. Nadie tiene la culpa, menos mi familia”, afirmó.

También señaló que nunca había atravesado una situación similar y sostuvo que era la primera vez que reaccionaba de esa manera ante un intento de ser filmado.

En su publicación, el dirigente peronista aseguró que se presentará ante la Justicia para afrontar las consecuencias legales que pudieran corresponder por el episodio. “Voy a asumir mi culpa total por mi repudiable actitud y mi comportamiento ilegal, contrario a lo que corresponde como hombre y ser humano, que siempre debe respetar a toda mujer y convivir con respeto de la ley en nuestra sociedad”, sostuvo.

La renuncia y el impacto político

Este jueves, Costa Brutten formalizó su renuncia a la banca de concejal, una decisión que tiene impacto no sólo institucional sino también en el escenario político local y provincial.

El edil se había consolidado desde su llegada al Concejo Deliberante como uno de los principales referentes de la oposición a la gestión del intendente Wálter Cortés, con un fuerte nivel de confrontación política con el oficialismo municipal.

Su salida modifica, además, el escenario dentro del peronismo barilochense, ya que Costa Brutten había adquirido protagonismo en la discusión política provincial y su nombre había comenzado a ser mencionado como un eventual integrante de un armado electoral del peronismo rionegrino para las elecciones de 2027.

En ese contexto, había trascendido la posibilidad de que pudiera acompañar en una fórmula a María Emilia Soria, mencionada como una de las figuras del peronismo con proyección para disputar la gobernación de Río Negro en 2027.

El propio Costa Brutten explicó que decidió dejar su banca porque considera que ya no reúne las condiciones personales que, a su criterio, son necesarias para ejercer la representación política. “Renuncio por carecer de aptitud moral y legal para representar a los barilochenses en el importante ámbito del Concejo Deliberante de San Carlos de Bariloche”, explicó.

En esa línea, sostuvo que no tiene “capacidad moral ni ética” para continuar en el cargo. “¿Cómo voy a legislar o plantear una lucha para alguien si no puedo con mi alma?”, se preguntó. Y agregó en su descargo: “Uno no representa a nadie si no se maneja bien en la vida”, agregó, al sostener que existe una relación directa entre las conductas en el ámbito privado y el ejercicio de una función pública.

El dirigente también explicó que decidió hacer público lo ocurrido porque considera que forma parte de las responsabilidades inherentes a su exposición política. “Es un requisito de la vida pública dar la cara”, afirmó.

Por su parte, el intendente Wálter Cortés reconoció que la renuncia de Costa Brutten representa un “sacudón político” para la escena local, teniendo en cuenta el rol que el concejal había asumido como uno de los principales opositores de su gestión.

Sin embargo, el jefe comunal evitó realizar una valoración política sobre el episodio y sostuvo que se trata de una situación perteneciente al ámbito privado.

“En los infortunios de la vida de las personas, no me meto”, afirmó Cortés al ser consultado por la dimisión del edil. El intendente agregó que observa el episodio desde una perspectiva humana y señaló que se trata de “un momento de tristeza tanto para quien sufre una agresión como para quien la comete”.

La Justicia de Villa La Angostura intimó a la comunidad mapuche Lof Melo a desocupar el predio que ocupa en el paraje El Pedregoso. El plazo vence este viernes y, en caso de que no se produzca el retiro voluntario, la representación legal de la propietaria del inmueble solicitará al juez Francisco Astoul Bonorino que establezca una fecha para llevar adelante el desalojo.

Tras tomar conocimiento de la intimación, la comunidad convocó a otras organizaciones y comunidades de la zona para organizar una concentración en el lugar y resistir la medida. La convocatoria fue realizada para el mismo día en que vence el plazo judicial, mientras que referentes mapuches anticiparon que no acatarán la disposición.

Una vez vencido el plazo, la defensa de María Cristina Broers podrá solicitar al magistrado que fije la fecha para concretar el operativo.

A mediados de agosto se realizó un desalojo parcial del lote pastoril 42, ocupado por la Lof Kinxikew, integrada mayoritariamente por miembros de la familia Quintriqueo. Sin embargo, el procedimiento no pudo completarse debido a la presencia de menores en el sector restante y a la necesidad de intervención de organismos competentes en esas circunstancias.

Poco después, el mismo magistrado libró un nuevo mandamiento para avanzar con la medida y, en ese contexto, intimó a la comunidad a retirarse voluntariamente del predio.

Lejos de acatar la orden judicial, la comunidad convocó a otras organizaciones para concentrarse en el lugar ante la posibilidad de que se concrete el operativo.

El conflicto se remonta a 2011, cuando integrantes de la comunidad ingresaron al predio perteneciente a Broers y comenzaron a residir allí. La propietaria realizó la denuncia a comienzos de 2012 y, desde entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales. Según la querella, más de 15 magistrados intervinientes coincidieron en la existencia del delito investigado.

Mientras tanto, la propietaria continuó afrontando regularmente los tributos correspondientes al inmueble, pese a no poder disponer del predio.

Semanas atrás, la Lof Melo obtuvo la personería jurídica otorgada por el gobierno de Neuquén. Si bien ese reconocimiento administrativo no interrumpe el avance del proceso judicial, su otorgamiento generó cuestionamientos debido a la simultaneidad entre la inscripción de la comunidad y el trámite judicial que tiene como eje la ocupación del inmueble.

“No es casual que la Lof Melo sea reconocida cuando existe una sentencia firme para su desalojo. No afecta el desenlace, que debería ser el desalojo, pero no se trata de una medida inocente”, señalaron fuentes vinculadas a la querella.

La Lof Melo convocó para este viernes a otras comunidades, sindicatos, referentes políticos y miembros de la sociedad civil a una concentración en el predio. En paralelo, en la ciudad de Neuquén, autoridades de la Confederación Mapuche de Neuquén anunciaron una convocatoria similar.

Los referentes de la comunidad sostienen que el objetivo de la concentración será resistir la ejecución del desalojo, aunque anticiparon que, una vez que se establezca la fecha del operativo, la protesta tendrá carácter “pacífico”.

En las últimas semanas, la Justicia rechazó distintos planteos de la defensa de la comunidad mapuche que buscaban evitar o suspender el desalojo. De esta manera, la ejecución de la medida quedó sujeta a que el magistrado establezca la fecha del operativo.

El juez Francisco Astoul Bonorino, a cargo del juzgado de Villa La Angostura, rechazó in limine el pedido de intervención voluntaria de la Comunidad Mapuche Lof Melo y de José Lucas Melo en el juicio que la Comunidad Mapuche Lof Kinxikew inició contra María Cristina Broers, propietaria de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de esa localidad neuquina, donde ambas comunidades mantienen un prolongado litigio territorial.

La comunidad Lof Quintriqueo, identificada como Kinxikew, promovió una acción reivindicatoria con el objetivo de recuperar un espacio del que había sido desalojada en el marco de un proceso judicial por usurpación.

En ese expediente, la comunidad integrada por miembros de la familia Melo intentó incorporarse a la demanda civil con una pretensión que, según expuso, estaba vinculada con la ocupación y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de esas tierras. Sin embargo, el magistrado rechazó la presentación, realizada a través del abogado Luis Virgilio Sánchez.

Una adhesión sin pretensión propia

En su resolución, el juez señaló que el Lof Melo se presentó como “legitimado activo necesario”, es decir, como litisconsorte necesario de la parte actora, bajo el argumento de que el predio está ocupado por la comunidad y constituye “tierras indígenas”.

No obstante, advirtió que, en el objeto de su presentación, la comunidad se limitó a manifestar su adhesión a la demanda, sin formular una pretensión procesal propia.

Para Astoul Bonorino, esa adhesión no configura un litisconsorcio ni modifica la composición de las partes del proceso. Se trata, según explicó, de personas que comparecen para expresar su acuerdo con lo solicitado por la parte actora, sin que se advierta “la utilidad o el sentido de su admisión como partes”.

El magistrado también señaló una contradicción en el planteo. Si la intención del Lof Melo hubiera sido reclamar para sí el mismo derecho que invoca el Lof Kinxikew, la presentación resultaría “a todas luces contradictoria”.

El motivo es que la propia demanda describe la convivencia de ambas comunidades en el territorio y reconoce expresamente la posesión y la propiedad comunitaria del Lof Kinxikew.

Una presentación “rayana a la mala fe procesal”

Más allá de los aspectos formales, el juez cuestionó el momento en que se produjo la intervención del Lof Melo y consideró que su actuación “luce rayana a la mala fe procesal”.

En ese sentido, observó que la comunidad había sido mencionada desde el inicio de la demanda, aunque nunca fue citada formalmente al proceso. Sin embargo, se presentó espontáneamente después de que se rechazara la recusación con causa promovida por la actora original, una decisión que fue confirmada por la Cámara de Apelaciones el 13 de junio de 2025.

Una vez incorporada al expediente, la comunidad intentó recusar al magistrado sin expresión de causa, sin aportar nuevos hechos o argumentos y sin explicar los motivos de esa presentación fuera de la oportunidad procesal correspondiente.

Astoul Bonorino calificó de “peculiar y poco frecuente” la presentación escalonada de supuestos litisconsortes de una misma parte, especialmente cuando se trata de comunidades que, según sus propios argumentos, conviven de manera pacífica y coordinada en el territorio.

A partir de esa secuencia, concluyó que el planteo “parece acercarse más a una maniobra procesal” destinada a sortear el rechazo de la recusación con causa presentada originalmente.

De todos modos, el fallo no impuso sanciones ni declaró formalmente la existencia de mala fe procesal. La expresión utilizada por el juez se enmarca en la valoración que realizó sobre las circunstancias y los tiempos de la presentación.

La contradicción sobre la titularidad de las tierras

Otro de los puntos centrales de la resolución fue la incompatibilidad que el magistrado advirtió entre la postura del Lof Melo y los términos de la demanda a la que pretendía adherirse.

El juez sostuvo que no resulta coherente reclamar para sí un territorio y, al mismo tiempo, respaldar una acción judicial que reconoce la posesión y la propiedad comunitaria de otra comunidad sobre ese mismo espacio.

En el escrito presentado, el Lof Melo no incorporó hechos nuevos ni desarrolló una pretensión independiente. Por el contrario, adhirió a una demanda que describe su presencia en el inmueble, pero que reconoce expresamente los derechos invocados por el Lof Kinxikew.

“Nos encontramos ante una situación que no puede tener efecto alguno en la constitución o modificación de las partes procesales. Se trata simplemente de personas que comparecen al proceso a manifestar que están de acuerdo con lo solicitado por la actora en su demanda”, sostuvo Astoul Bonorino.

De ese modo, el magistrado concluyó que la presentación no reunía las condiciones necesarias para justificar la intervención de la comunidad como parte en el expediente.

Un conflicto territorial con más de una década de litigios

El conflicto por esas tierras se tramita en la Justicia neuquina y se remonta a 2011, cuando se produjo la ocupación del predio. La propietaria documentó sus derechos sobre el inmueble y, a lo largo de los años, distintos jueces dictaron resoluciones favorables a su posición e incluso ordenaron el desalojo de las tierras.

En agosto pasado se concretó el desalojo de una de las fracciones ocupadas, mientras que la ejecución de la medida en el sector restante quedó inconclusa.

Semanas después, el magistrado ordenó completar el procedimiento y libró un nuevo mandamiento judicial para ejecutar el desalojo en la superficie que todavía permanece ocupada.

La resolución que rechazó la intervención del Lof Melo se inscribe en ese extenso proceso judicial, en el que continúan en disputa los derechos sobre el territorio y las condiciones para hacer efectiva la restitución del inmueble.

Luego de la intervención del Ministerio Público Fiscal, la Justicia Federal ordenó al municipio de El Chaltén, en la provincia de Santa Cruz, restringir las actividades en un centro de acopio de residuos ante la presunta contaminación del río Fitz Roy, ubicado a pocos metros del predio.

La Justicia Federal de Río Grande hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el fiscal de la jurisdicción, luego de que durante una inspección se detectaran sustancias contaminantes en el predio del Centro de Acopio de Residuos Reciclables Inorgánicos (CARRI), situado a escasa distancia del curso de agua.

La disposición no implica la paralización integral del establecimiento, aunque establece que durante 90 días no podrá realizar actividades que excedan el acopio, la selección, la compactación y la transferencia de residuos inorgánicos recuperables, limpios y secos.

En ese contexto, el concejal opositor al gobierno municipal Ignacio Moreno Hueyo denunció que, en la víspera de la presencia del gobernador Claudio Vidal en la localidad, en 2025, empleados municipales habrían soterrado residuos en el predio. Según la denuncia, el espacio no está habilitado para la disposición final de residuos, sino únicamente para su tratamiento y almacenamiento temporal.

La medida judicial también prohíbe el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales para su disposición o permanencia sobre suelo natural.

Allanamiento

El 26 de mayo pasado, durante un allanamiento solicitado por la Unidad Fiscal, personal de la Prefectura Naval Argentina inspeccionó el predio del CARRI y tomó muestras del suelo. En el lugar fueron encontrados recipientes volcados que contenían aceite o una sustancia de componente graso.

El peritaje posterior detectó la presencia de grasas y aceites tanto en muestras sólidas como líquidas, además de hidrocarburos en las muestras sólidas. De acuerdo con la investigación, los recipientes se encontraban sobre suelo natural, sin una superficie impermeabilizada, por lo que su contenido podía filtrarse y posteriormente llegar al río, con el consiguiente riesgo de afectar el curso de agua.

La resolución de la jueza Mariel Borruto se enmarca en una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, a cargo del fiscal federal interino Julio Zárate, por la presunta infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos en el funcionamiento del CARRI, ubicado en la costanera norte de la localidad santacruceña.

Medidas

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, además de limitar las actividades del centro, la magistrada dispuso el cese inmediato de cualquier forma de disposición final de residuos en el lugar, ya sea mediante enterramiento, cobertura con tierra, quema, abandono, descarga, vuelco o dispersión.

También prohibió el ingreso de residuos orgánicos, peligrosos o especiales de generación universal para su disposición o permanencia sobre suelo natural.

A pedido del fiscal, quedaron suspendidas las tareas de lavado de camiones, mantenimiento mecánico, cambio de aceites o combustibles y cualquier otra actividad que pueda generar la liberación de hidrocarburos, grasas o efluentes sobre superficies que no cuenten con impermeabilización ni sistemas de recolección y contención.

En un plazo de 48 horas deberán quedar aislados físicamente y señalizados los sectores donde fueron encontrados recipientes con combustibles, aceites y sustancias grasas, así como las áreas con derrames, los puntos vinculados con las muestras y las zonas próximas a la vera del río Fitz Roy.

Borruto también prohibió remover, rellenar, excavar, trasladar o alterar el suelo y los residuos ubicados en las áreas investigadas, salvo para ejecutar las acciones urgentes de contención o retiro previstas en la propia medida.

Cualquier intervención deberá ser documentada y coordinada previamente con la Unidad Fiscal, “a fin de compatibilizar la prevención ambiental con la preservación de la prueba”, según establece la resolución.

El 10 de septiembre, luego de realizado el peritaje, la fiscalía solicitó la medida cautelar para evitar una eventual extensión de la contaminación sin paralizar por completo el funcionamiento del centro.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, firmaron un convenio para que la provincia gestione más de 165 kilómetros de las rutas nacionales 40, 231 y 242, y para avanzar en la finalización de la Circunvalación de Villa La Angostura. Mientras tanto, un conflicto mapuche sigue abierto y complica el inicio de las obras.

En un segundo acuerdo, ambas partes se comprometieron a gestionar lo necesario para terminar las tareas pendientes de la avenida sobre la Ruta 40. El compromiso se instrumentará mediante convenios tripartitos entre Vialidad Nacional, la Provincia y la empresa contratista, que fijarán las condiciones de la cesión de la posición contractual a Neuquén, el régimen de financiamiento y las responsabilidades de cada parte.

Según el intendente Javier Murer, la obra registra cerca de un 82% de avance, aunque restan trabajos para completar y habilitar la nueva traza. La construcción está parada desde 2023. El proyecto, de 6,1 kilómetros, busca desviar el tránsito pesado del casco urbano, mejorar la seguridad vial y ordenar la circulación en una localidad turística con fuerte tránsito de cargas hacia el paso Cardenal Samoré.

El conflicto territorial que frenó la obra

El traspaso no resuelve el principal motivo de la paralización. En 2015, familias que dijeron pertenecer a la comunidad Paichil Antriao se instalaron en un sector de la traza y lo plantearon como un acto de recuperación territorial. En 2017, Vialidad Nacional demandó su desalojo en el Juzgado Federal de Zapala. Cuando los trabajos comenzaron, en marzo de 2017, en la zona residían siete familias.

La comunidad reclamó que Vialidad cumpla con la consulta previa que prevé la normativa vigente. Su werken, Lorenzo Loncón, cuestionó además que el Estado no haya concluido el relevamiento territorial indígena. En enero de 2023, la comunidad bloqueó la salida de máquinas para exigir al INAI que completara ese relevamiento.

En diciembre de 2025, el Juzgado Federal de Zapala dio por cerrada la etapa de prueba, tras una inspección ocular de Gendarmería en la zona de El Álamo, y quedó en condiciones de dictar sentencia. La inspección constató más de veinte viviendas en el sector. La comunidad rechazó el desalojo y sostuvo que las familias ocupan un territorio ancestral con posesión efectiva y derechos amparados por la Constitución y los tratados internacionales. A la fecha, el fallo no fue dictado.

Fuentes del caso confirmaron que hay un posible entendimiento para relocalizar a diecisiete familias que residen en la traza.

Vecinos de la localidad aseguran que las familias se instalaron cuando se enteraron de que pasaría la ruta, para generar un conflicto y ser resarcidas. El proyecto para la ejecución de la obra comenzó a fines de 2008 y el Ministerio de Planificación la licitó en 2012. Sin embargo, la idea inicial de su concreción data de 1978.

La comunidad sostuvo que Vialidad no cumplió con la consulta previa obligatoria y un amparo presentado ante la Justicia Federal ordenó frenar el desalojo.

La disputa con la comunidad mapuche tuvo además episodios de violencia. En octubre de 2022, dos encapuchados armados amenazaron al sereno del obrador de la UTE Codi-Conevial e incendiaron cuatro máquinas viales a la altura del segundo puente de la traza. En el lugar se hallaron folletos con el logo de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que se adjudicó el ataque.

Las interrupciones fueron reiteradas y paralizaron la obra durante varios años.

Otros conflictos de la comunidad en Villa La Angostura

La misma comunidad mantiene otros conflictos territoriales en la misma localidad cordillerana, algunos con privados y otros con el Estado, como la usurpación del camping El Correntoso –propiedad del municipio local– que aún no fue resuelto.

Otro de los conflictos lo mantiene con el ex jugador de la NBA Manu Ginóbili, quien en 2004 adquirió una fracción para la construcción de un complejo turístico en el cerro Belvedere. En octubre de 2025, la justicia civil de Villa La Angostura reconoció como titular registral de un lote de 13 hectáreas sobre el cerro Belvedere y ordenó a la comunidad restituirlo. La comunidad cuestionó la sentencia y sostiene que se trata de territorio ancestral, aunque el caso por ahora tampoco tuvo resolución definitiva.

En Chubut, el tablero electoral de 2027 comenzó a ordenarse alrededor de una negociación que podría modificar la competencia por la gobernación: La Libertad Avanza analiza la posibilidad de resignar una candidatura propia y acoplarse al proyecto de reelección de Ignacio “Nacho” Torres.

El movimiento implicaría que el espacio libertario desista de presentar un postulante propio para la gobernación y se incorpore al armado que conduce el mandatario provincial. La definición forma parte de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con el oficialismo chubutense y se inscribe en una estrategia más amplia del Gobierno nacional para cerrar acuerdos electorales con dirigentes provinciales.

Torres, en diálogo con Infobae, reconoció la posibilidad de un acercamiento electoral con la Casa Rosada, aunque remarcó que todavía “faltan definiciones”.

La eventual candidatura de César Treffinger es uno de los puntos centrales de esa negociación. El diputado nacional de LLA había expresado su intención de competir por la gobernación, pero su postulación todavía no cuenta con una definición política de la conducción nacional del espacio.

En ese contexto, una alternativa que comenzó a tomar forma es que Treffinger deponga su aspiración provincial y sea considerado para una candidatura al Senado. Para la conducción libertaria, esa opción permitiría preservar a un dirigente propio dentro del armado electoral y, al mismo tiempo, avanzar en un acuerdo con Torres.

El propio Treffinger admitió ante su entorno la posibilidad de alcanzar un entendimiento con el gobernador y resignar su candidatura a la gobernación. La decisión, en ese caso, quedaría supeditada a la estrategia que definan los principales armadores nacionales de La Libertad Avanza.

La negociación tiene una lógica estrictamente electoral: si LLA finalmente retira a su candidato, Torres ampliaría su base de sustentación y evitaría una competencia libertaria que podría fragmentar el electorado no peronista. Del otro lado, la Casa Rosada obtendría una vía para mantener presencia política en Chubut a través de un acuerdo con el oficialismo provincial.

El escenario también está condicionado por la posición del peronismo, que todavía no logró ordenar su oferta electoral. Juan Pablo Luque y Dante Bowen mantienen sus aspiraciones y disputan espacios de poder dentro del armado opositor. Esa interna constituye, por ahora, uno de los principales obstáculos para consolidar una candidatura competitiva frente a Torres.

Torres amplía su base política

Mientras LLA define qué hará, Torres avanza en la consolidación de una construcción política de alcance provincial. El gobernador busca ampliar su coalición y preservar una lógica de armado transversal, que reúne a sectores del PRO, radicales, peronistas disidentes y dirigentes libertarios.

En agosto, Torres respaldó el acercamiento entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque planteó que cualquier entendimiento debía construirse sobre una agenda común de gestión y desarrollo, y no limitarse a una alianza electoral.

“Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”, sostuvo el mandatario.

La definición expone una de las claves de la estrategia del gobernador: ampliar su base electoral sin perder autonomía política frente a la Casa Rosada.

En Chubut, Torres ya gobierna con una coalición que excede al PRO y que incorporó dirigentes provenientes de distintos espacios políticos. La eventual incorporación formal de LLA significaría un nuevo salto en esa construcción y le permitiría llegar a 2027 con un frente electoral todavía más amplio.

La reciente interna radical también fortaleció el esquema del gobernador. La victoria de Gerardo Merino en Esquel fue interpretada dentro del oficialismo provincial como un respaldo al alineamiento de la UCR con Torres y a la continuidad de esa sociedad política.

El peronismo intenta ordenar su interna

Del otro lado del tablero, el peronismo chubutense comenzó a mover sus piezas, aunque todavía enfrenta dificultades para definir una conducción electoral común.

El principal nombre opositor es Juan Pablo Luque, quien fue derrotado por Torres en las elecciones de 2023, cuando puso fin a dos décadas de gobiernos peronistas en la provincia.

Pero Luque no es el único dirigente que pretende disputar el liderazgo del espacio. Dante Bowen, intendente de Dolavon, mantiene firme su intención de competir por la gobernación.

Bowen sostuvo que su carrera política solamente tendría continuidad si logra ser candidato a gobernador y descartó, al menos públicamente, la posibilidad de ocupar otro cargo dentro de un eventual armado peronista.

“Soy candidato a gobernador o me voy a mi casa”, resumió durante una entrevista televisiva.

La definición profundiza la tensión interna del peronismo, que deberá resolver primero su mecanismo de selección de candidaturas antes de intentar construir una estrategia común para enfrentar a Torres.

Una de las alternativas que circuló para ordenar el tablero consiste en que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, cargo que ocupó entre 2019 y 2023, y deje despejado el camino provincial para Bowen.

Sin embargo, esa posibilidad todavía no forma parte de un acuerdo político consolidado.

“La razón por la que quiero ser gobernador es porque me preparé toda la vida para esto”, sostuvo Bowen, al explicar que su recorrido político estuvo orientado hacia ese objetivo.

La disputa entre ambos dirigentes se desarrolla mientras distintos sectores del peronismo buscan reconstruir una estructura capaz de competir por el poder provincial. La foto de unidad entre Luque y otros referentes, el diálogo con José Glinski y la construcción de Chubut Futuro, alineada con el Movimiento Derecho al Futuro que impulsa Axel Kicillof, forman parte de ese proceso de reconfiguración.

Por ahora, ninguna de las principales fuerzas terminó de cerrar sus candidaturas. Torres trabaja en ampliar su base política; el peronismo intenta resolver su disputa interna y La Libertad Avanza debe definir si competirá con una candidatura propia o si resignará esa postulación para integrarse al armado del gobernador.

La negociación entre la Casa Rosada y Torres puede convertirse, así, en una de las definiciones centrales del tablero electoral chubutense de cara a 2027.

Mientras las distintas fuerzas políticas comienzan a ordenar sus estructuras y a delinear alianzas de cara a las elecciones de 2027, el histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN) confirmó que, por primera vez en más de seis décadas, no presentará un candidato propio para disputar la gobernación.

La decisión representa un punto de inflexión para el partido que gobernó Neuquén durante décadas y que construyó alrededor de su estructura territorial una de las identidades políticas más fuertes del país. El anuncio generó malestar entre dirigentes y afiliados, algunos de los cuales cuestionaron públicamente la estrategia de la conducción e incluso anticiparon la posibilidad de competir por fuera de la estructura partidaria.

El escenario abre, además, una discusión sobre el futuro del MPN y su rol dentro del nuevo mapa político neuquino, marcado por la aparición de nuevos espacios y por el liderazgo del gobernador Rolando Figueroa.

Figueroa, fundador de Comunidad y principal referente de la coalición La Neuquinidad, buscará un segundo mandato al frente de la provincia. El mandatario confía en sumar el acompañamiento de sectores del MPN, partido al que perteneció hasta el lanzamiento de su propia estructura política.

Las autoridades partidarias anticiparon que el MPN no presentará un candidato a gobernador, aunque la oficialización formal de esa decisión fue postergada para fin de año. La fuerza, de todos modos, podría participar de otros desafíos electorales durante 2027.

A principios de septiembre, Gabriel Álamo, recientemente asumido como presidente del MPN, planteó públicamente que el partido no está en condiciones de presentar un candidato con posibilidades competitivas para la gobernación. En ese contexto, sostuvo que la estrategia podría pasar por evitar una nueva fragmentación del voto y sumarse al espacio político que conduce Figueroa.

La definición expone el proceso de reconfiguración que atraviesa el histórico partido provincial desde la derrota electoral de abril de 2023. Después de aquel resultado, la estructura partidaria dejó de funcionar de manera orgánica, aunque hasta la llegada de Álamo a la conducción había quedado en manos de los ex gobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez, titulares de la Convención y de la Junta de Gobierno, respectivamente.

El dato adquiere una dimensión política particular por el peso histórico del MPN. Desde su debut electoral, en 1962, la fuerza neuquina se impuso en 13 de las 14 elecciones provinciales en las que presentó candidatos. La derrota de 2023, cuando Figueroa llegó a la gobernación, marcó el primer quiebre de esa hegemonía electoral.

En aquella elección, Figueroa obtuvo el 35,6% de los votos y derrotó al candidato del MPN, Marcos Koopmann, que alcanzó el 33,5%. Detrás quedaron Ramón Rioseco, del Frente de Todos; Carlos Eguía, de La Libertad Avanza; y Pablo Cervi, entonces candidato de Juntos por el Cambio.

La elección de 2023 no sólo significó el final de una larga sucesión de gobiernos del MPN, sino también la ruptura entre Figueroa y la estructura partidaria que lo había llevado a ocupar distintos cargos institucionales. Desde entonces, el gobernador construyó su propia identidad política y consolidó una coalición que busca ocupar el centro del escenario provincial.

La disputa libertaria

En paralelo, La Libertad Avanza comenzó a ordenar su propio armado para la próxima elección provincial. En ese espacio aparece como potencial candidata a gobernadora la pastora Nadia Márquez, quien cuenta con el respaldo de sectores de la Casa Rosada para disputar el Ejecutivo neuquino.

Sin embargo, el escenario libertario todavía presenta una definición pendiente. En Neuquén sostienen que Márquez podría eventualmente integrar una fórmula presidencial junto a Javier Milei, en caso de que el Presidente avance con su proyecto de reelección.

La dirigente mantiene un vínculo político estrecho con Karina Milei y aparece mencionada entre los nombres que podrían ocupar un lugar relevante en el armado nacional de La Libertad Avanza. Por ahora, no obstante, mantiene abierta su aspiración de competir por la gobernación neuquina.

Consultada públicamente sobre la posibilidad de integrar una eventual fórmula presidencial, Márquez manifestó sentirse “honrada” por el solo hecho de que su nombre sea considerado.

La dirigente también tiene un fuerte anclaje en el ámbito evangélico. Es pastora de la Iglesia Bautista Jesús es Rey, donde fue consagrada en agosto de 2022 junto con su esposo. Además, ocupa la vicepresidencia de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), organización que preside Cristian Hooft.

De esta manera, el escenario electoral neuquino comienza a mostrar un proceso de reconfiguración de las fuerzas que históricamente disputaron el poder provincial. El MPN, que durante décadas funcionó como eje ordenador de la política neuquina, evalúa ahora si acompañará al oficialismo provincial, mientras Figueroa busca consolidar su propia construcción política y La Libertad Avanza intenta ampliar su representación en la provincia petrolera.

Las familias que integraban la lof Melo, desalojada el 19 de agosto del predio que ocupaba en El Pedregoso, entre Bariloche y Villa La Angostura, contaban con energía eléctrica, conectividad y otros recursos provistos por organismos estatales, tanto de la provincia de Neuquén como del gobierno nacional, a través de Parques Nacionales.

La comunidad mantenía un prolongado litigio judicial por las tierras que ocupaba. La propietaria del predio, María Cristina Broers, inició en 2012 una causa por desahucio y, luego de años de proceso judicial, logró recuperar una fracción de las hectáreas ubicadas en ese paraje.

Broers es titular de 624 hectáreas que, según las resoluciones judiciales vinculadas al caso, eran ocupadas por la lof Melo y la lof Kinxikew, integrada por miembros de la familia Quintriqueo. A pesar de la disputa territorial, la propietaria continuó pagando regularmente los impuestos correspondientes al inmueble.

El desalojo ejecutado en agosto alcanzó únicamente la fracción en la que residía la lof Melo, por lo que Broers recuperó el control de ese sector. En tanto, el juez Francisco Astoul Bonorino libró un nuevo mandamiento para completar la medida judicial en el espacio donde permanece la otra comunidad.

Paneles solares y baterías

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), organismo que depende del Poder Ejecutivo provincial, había instalado en el predio varios paneles solares destinados a proporcionar energía eléctrica a las familias de la comunidad.

Luego de que se concretara el desalojo, operarios del organismo regresaron al lugar para retirar los equipos, debido a que la comunidad ya no residía allí. Antes de hacerlo, solicitaron autorización a Broers, propietaria del predio.

De acuerdo con información a la que accedió Infobae, la mujer planteó que los equipos permanecieran instalados y manifestó su disposición a asumir los costos operativos vinculados con su funcionamiento. Sin embargo, desde el organismo rechazaron la propuesta y argumentaron que los equipos habían sido colocados exclusivamente para beneficiar a la comunidad mapuche.

El sistema no estaba compuesto únicamente por los paneles solares. El EPEN también había instalado baterías para almacenar la energía, que eran renovadas periódicamente por el organismo.

Fuentes del organismo confirmaron que los equipos de generación de energía alternativa forman parte de un programa impulsado por el Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos de Neuquén para asistir a comunidades mapuches, independientemente de la situación dominial de los terrenos en los que se encuentren.

Además de los sistemas de energía, distintos organismos estatales otorgan a comunidades recursos como redes de agua, financiamiento no reintegrable y otros elementos destinados a garantizar las condiciones de residencia.

“Lo grave no es que el Estado, provincial o nacional, acompañe a las comunidades mapuches, sino que lo haga sabiendo que residen en tierras que son objeto de un litigio por ocupación, como ocurrió con la lof Melo o con la Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi”, señalaron a Infobae fuentes vinculadas al conflicto territorial.

La conectividad, a cargo de Parques Nacionales

La asistencia estatal no se limitaba a la provisión de energía. Parques Nacionales también había garantizado la conectividad de la comunidad mediante conexiones satelitales y había puesto a disposición distintos elementos para el abastecimiento de agua, entre ellos tanques, mangueras y bombas.

De esta manera, mientras avanzaba el proceso judicial iniciado por la propietaria del predio, las familias que residían en el lugar contaban con infraestructura y recursos aportados por organismos públicos.

La personería jurídica, en medio del conflicto territorial

A este esquema de asistencia se sumó otra decisión del gobierno neuquino. El gobernador Rolando Figueroa otorgó personería jurídica a la lof Melo mediante el Decreto 1402, firmado también por Jorge Tobares, ministro de Gobierno de la provincia.

El reconocimiento administrativo se produjo pocos días después de la ejecución del desalojo parcial y mientras continúa el conflicto judicial por las tierras.

Desde el gobierno neuquino defendieron la decisión y señalaron que se trata de un trámite que corresponde ante el cumplimiento de los requisitos establecidos. El pedido de reconocimiento, según consta en los antecedentes del caso, llevaba 14 años en trámite.

La resolución, sin embargo, se produjo durante la gestión de Figueroa, quien asumió la gobernación en diciembre de 2023, y en un contexto marcado por la disputa judicial por el territorio.

El reconocimiento de la comunidad se suma así a una serie de decisiones administrativas y de asistencia estatal que alcanzaron a la lof Melo mientras se desarrollaba el litigio por la ocupación del predio.

El activista Facundo Jones Huala, líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), sería condenado a 5 años y 2 meses de prisión por haber conducido esa organización e impuesto sus ideas mediante la violencia o la intimidación, según el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre la fiscalía, la querella y la defensa.

El entendimiento sería homologado esta semana por el juez federal de Bariloche, Leandro Gómez Constenla, y contempla una pena de cumplimiento efectivo. De acuerdo a la información a la que accedió Infobae, Jones Huala admitió haber liderado la RAM, organización que desde febrero de 2025 figura en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), creado por iniciativa del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Si el acuerdo es homologado en los términos pactados, el dirigente mapuche podría permanecer detenido hasta agosto de 2030, tomando como punto de partida su aprehensión en junio de 2025. Se cree que el cómputo de la prisión preventiva deberá ser tenido en cuenta para determinar el vencimiento de la pena.

El acuerdo judicial representa el cierre de una investigación que, en su etapa inicial, contempló acusaciones más graves. Jones Huala había sido detenido en junio de 2025, en el marco de una denuncia por presunta asociación ilícita, apología del crimen y atentados contra el orden público.

Sin embargo, el entendimiento alcanzado entre las partes contempla únicamente la acusación de imponer ideas mediante la fuerza o la intimidación, sin que se configure el delito de asociación ilícita.

El acuerdo y el cambio en la acusación

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, las partes debatieron durante varias jornadas los alcances del acuerdo para definir la pena y el encuadre jurídico de la conducta atribuida a Jones Huala.

La acusación había buscado inicialmente aplicar el artículo 210 bis del Código Penal, una figura que contempla la organización de estructuras destinadas a cometer delitos contra el orden constitucional, con una estructura de tipo militar. Ese encuadre, de mayor gravedad, finalmente no fue el elegido para el acuerdo.

El líder de la RAM será condenado, en cambio, por el artículo 213 bis del Código Penal, que sanciona a quienes organizan o toman parte en agrupaciones destinadas a imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor.

La pena prevista para ese delito es de 3 a 8 años de prisión. El acuerdo fija para Jones Huala una condena de 5 años y 2 meses, que deberá ser homologada por el juez federal.

Voceros de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa de Jones Huala, confirmaron el avance del acuerdo entre las partes, aunque anticiparon que sus alcances serán informados una vez que el magistrado lo homologue.

La investigación federal

Jones Huala fue detenido el 6 de junio de 2025 en El Bolsón, luego de la presentación de su libro en una biblioteca de Bariloche. La imputación original incluyó intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.

Desde el inicio de la investigación, la fiscalía buscó encuadrar su rol como líder de la RAM en el artículo 213 bis del Código Penal, por integrar una organización destinada a imponer o combatir ideas mediante la fuerza o el temor. El Ministerio Público Fiscal también impulsó la investigación de figuras penales de mayor gravedad.

El expediente fue declarado de investigación compleja durante las audiencias iniciales. Esa decisión permitió extender el plazo de prisión preventiva de Jones Huala, quien permaneció detenido mientras avanzaban las medidas de prueba y se definía el alcance de la acusación.

La prisión preventiva fue prorrogada trimestralmente. La última extensión se produjo a fines de agosto, cuando el juez federal Leandro Gómez Constenla, en su primera audiencia al frente del caso, autorizó la continuidad de la medida hasta noviembre próximo.

En las audiencias anteriores, la fiscalía había insistido en la complejidad de la investigación, mientras que la defensa procuraba concretar el traslado de Jones Huala desde la Unidad 6 de Rawson hacia la Unidad 14 de Esquel, donde permanece alojado actualmente.

Casi un año después de la detención, la fiscalía de Bariloche profundizó la acusación. Le atribuyó a Jones Huala haber integrado la RAM desde 2011, con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza y aterrorizar a la población local. Esa conducta fue encuadrada en el artículo 213 bis.

Además, sumó la acusación de integrar una asociación ilícita destinada a cometer delitos contra el orden constitucional, bajo una estructura de tipo militar, en los términos del artículo 210 bis. En esa línea, el Ministerio Público Fiscal señaló presuntas conexiones con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), organización que actúa en Chile.

El acuerdo alcanzado ahora entre las partes deja fuera esa acusación más grave y concentra la responsabilidad penal en la conducción de la RAM y la imposición de ideas mediante la fuerza o la intimidación.

Seguirá preso hasta 2030

La defensa de Jones Huala ya realiza el cómputo del tiempo que su asistido podría permanecer tras las rejas. Si se contabiliza la prisión preventiva desde su aprehensión en junio de 2025, la pena de 5 años y 2 meses se agotaría en agosto de 2030, según el cálculo que surge del acuerdo.

La condena será de cumplimiento efectivo. La situación procesal del dirigente mapuche también está condicionada por su condición de reincidente, que le impediría acceder a la libertad condicional.

El antecedente que pesa en su contra es la condena que le impuso el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia, en Chile, en diciembre de 2018, por el incendio de una propiedad en el fundo Pisu Pisué y por tenencia ilegal de armas.

La reincidencia, sumada a la pena acordada en la causa federal de Bariloche, determina que Jones Huala deba cumplir la totalidad de la condena en prisión, sin acceso a los beneficios que había obtenido —y luego perdido— durante su detención en Chile.

La homologación del acuerdo por parte del juez federal será el próximo paso procesal. Una vez que se concrete, quedará formalizada la condena y comenzará a regir el cómputo definitivo de la pena.

La Justicia Federal procesó por falso testimonio al mapuche Matías Santana, integrante de distintas comunidades mapuches de la Patagonia, por haber declarado que observó con binoculares cómo efectivos de Gendarmería Nacional subían a una camioneta al activista Santiago Maldonado.

La decisión judicial llegó nueve años después de aquella declaración, que instaló la etiqueta de “mapuche de los binoculares” con la que incluso es identificado en distintos expedientes judiciales en los que aparece.

Santana aseguró haber visto a uniformados cuando golpeaban al activista y lo subían a una camioneta. Según su relato, utilizó binoculares para observar la escena y afirmó que Maldonado vestía una campera celeste que él mismo le había prestado la noche anterior.

En aquel momento, a mediados de 2017, Santana formaba parte de la comunidad Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut. Tiempo después se incorporó a otro grupo mapuche, la Lafken Winkul Mapu, que protagonizó numerosos incidentes en Villa Mascardi y por los que también fue procesado.

El testimonio que le valió el apodo fue denunciado ante la Justicia. La declaración, según la acusación, entorpeció el operativo de búsqueda de Maldonado y contribuyó a que los efectivos que participaban del procedimiento fueran señalados por ese supuesto accionar.

Poco después, Santana abandonó la comunidad mapuche de Chubut y se incorporó a la Lafken Winkul Mapu, que entre noviembre de 2017 y octubre de 2022 protagonizó usurpaciones y otros conflictos territoriales en Villa Mascardi. Allí entabló un vínculo sentimental con la “machi” Betiana Colhuan, máxima autoridad espiritual de ese grupo, con quien tuvo dos hijos.

Cuando se realizó el desalojo integral de los lotes ocupados en Villa Mascardi, en octubre de 2022, Santana huyó junto con los demás hombres de la comunidad. En el predio quedaron siete mujeres, que fueron demoradas, entre ellas la machi.

Horas más tarde, Santana visitó a Colhuan en el lugar donde permanecían detenidas las mujeres. Al enterarse de que la Justicia había dispuesto una orden de captura en su contra, huyó y se mantuvo en la clandestinidad durante poco menos de un año y medio.

Antecedentes judiciales

A comienzos de 2018, Santana fue procesado por la usurpación de dos predios pertenecientes a Parques Nacionales y por participar en el avance sobre otras dos propiedades particulares.

También fue condenado por daños en el edificio judicial de Bariloche y por lesionar a siete efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria durante el primer juicio de extradición de Facundo Jones Huala.

El listado de antecedentes incluye, además, la responsabilidad que le atribuyó la Justicia Federal por el incendio de una casilla de Gendarmería ocurrido en 2020, en Villa Mascardi. Ese hecho figura entre los motivos que sustentan su orden de captura, dispuesta por el magistrado que intervino en aquella causa.

Cuando se ejecutó el desalojo integral de los lotes, Santana no se encontraba en el predio. Los efectivos federales hallaron, sin embargo, un elemento que consideraron clave para la investigación: documentación personal en el interior de la vivienda principal de la comunidad.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, otorgaron personería jurídica a una comunidad mapuche que atraviesa un severo conflicto judicial por la ocupación de las tierras donde reside.

La decisión administrativa se produjo mientras avanza el litigio por un predio ubicado en el paraje El Pedregoso que se encuentra ubicado en la zona de Paso Coihue, a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. En la resolución, los funcionarios mencionaron como domicilio legal de la Lof Melo —la comunidad beneficiada— las tierras que son objeto de la disputa judicial y cuya ocupación fue considerada ilegal por distintos tribunales.

El decreto firmado por Figueroa y Tobares señala que el reconocimiento se ajusta a lo establecido en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras normativas. Además, avala el estatuto comunitario y sostiene que “no existen impedimentos” para otorgar la personería jurídica.

La decisión del Ejecutivo neuquino genera interrogantes entre las partes del litigio territorial y también dentro del ámbito mapuche. El principal punto de discusión es qué posición adoptará el Gobierno provincial si la Justicia convoca a la Policía de Neuquén —fuerza que depende del Poder Ejecutivo— para ejecutar el desalojo de las tierras ocupadas por la comunidad.

Un reconocimiento en medio de una orden de desalojo

La Lof Melo comparte territorio con la lof Kinxikew, integrada por la familia Quintriqueo. En relación con esta última comunidad, el juez de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, libró la semana pasada una orden para ejecutar el desalojo, según surge del expediente judicial.

La medida tiene en cuenta que la residencia de ambas comunidades en el lugar fue considerada ilegal por magistrados de distintos tribunales. La instancia judicial se encontraría agotada y el desalojo podría concretarse próximamente.

En ese contexto, el otorgamiento de personería jurídica a la Lof Melo podría introducir un nuevo elemento en la causa, aunque su incidencia concreta dependerá de las decisiones que adopten los tribunales. El reconocimiento no implica, por sí mismo, la validación de la ocupación territorial ni la suspensión de una orden de desalojo.

La personería jurídica permite a la comunidad ser reconocida como sujeto colectivo ante la Justicia y la administración pública. También le otorga herramientas para ejercer derechos procesales y sustantivos, como intervenir en un juicio, solicitar medidas cautelares y plantear cuestiones vinculadas con el relevamiento territorial y la consulta previa, en los términos que correspondan.

La decisión política resulta llamativa por el momento en que se produjo: mientras transcurre un litigio judicial en el que está en juego la permanencia de la comunidad en el territorio.

Fuentes con acceso al expediente calificaron el acto del Ejecutivo neuquino como “un verdadero delirio”.

La reacción de la Confederación Mapuche

La Confederación Mapuche de Neuquén también puso en duda el alcance de la medida y se preguntó si el reconocimiento constituye un verdadero acto administrativo de reconocimiento o una maniobra de distracción.

A través de las redes sociales, la organización consideró que la decisión “es tardía”, debido a que se trata de un planteo que la comunidad arrastra desde hace años.

En ese marco, planteó dos escenarios posibles: el primero contempla que, luego del reconocimiento, el Ejecutivo neuquino ponga a disposición las fuerzas policiales para ejecutar el desalojo del territorio. En ese caso, la Confederación sostuvo que la personería jurídica sería “un premio consuelo hipócrita”.

El segundo escenario supone que el objetivo del Gobierno sea “ajustarse a la ley y a la Constitución”. En ese caso, la organización consideró que la Provincia debería intervenir ante el juez que ordenó el desalojo y actuar como garante del derecho territorial de la Lof Melo.

“En cualquiera de los escenarios”, planteó la Confederación, el decreto genera confusión entre las partes, que buscan interpretar el objetivo de la decisión del Ejecutivo provincial.

El antecedente de otras dos comunidades

En julio de 2026, Figueroa y Tobares rechazaron el otorgamiento de personería jurídica a otras dos comunidades mapuche, luego de argumentar que no reunían los requisitos necesarios para obtener ese reconocimiento.

Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, cuyos integrantes realizaron distintas manifestaciones para expresar su rechazo a la decisión.

Fuentes del Gobierno neuquino señalaron que el rechazo se fundamentó en la falta de acreditación de exigencias previstas en el Decreto N.º 2462/13, relacionado con el convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Entre otras cuestiones, según las mismas fuentes, no se habían verificado una organización comunitaria autónoma, el desarrollo de una economía comunitaria, el ejercicio de prácticas culturales y espirituales ni una convivencia permanente.

El contraste entre ambos casos abre un interrogante político: qué criterios utilizó el Ejecutivo neuquino para reconocer a la Lof Melo mientras rechazó, meses atrás, las solicitudes de otras dos comunidades mapuche.

La Justicia de Neuquén ordenó completar el desalojo de un predio ubicado a unos 35 kilómetros de Villa La Angostura, donde permanece un grupo de integrantes de una comunidad mapuche. La medida había comenzado a ejecutarse el 19 de agosto, pero quedó inconclusa luego de que la Policía desalojara una parte del terreno y suspendiera el operativo antes de avanzar sobre otro sector en el que se encontraban menores.

El juez Francisco Astoul Bonorino libró ahora un nuevo mandamiento de desalojo para completar la diligencia, aunque no estableció una fecha para su ejecución.

El conflicto judicial se inició en 2011, cuando integrantes de la lof Melo ingresaron sin autorización a un predio y, según la denuncia de la propietaria, impidieron su ingreso al lugar. A comienzos de 2012, María Cristina Broers denunció la usurpación de las tierras, un lote pastoril de aproximadamente 625 hectáreas.

Con el paso del tiempo, integrantes de la familia Quintriqueo se sumaron a la ocupación y conformaron la comunidad identificada como Lof Kinxikew. A partir de entonces, el expediente atravesó distintas instancias judiciales, en las que los planteos de la defensa fueron rechazados y se mantuvo la orden de restitución del inmueble.

El operativo iniciado en agosto permitió desalojar a integrantes de la Lof Melo de uno de los sectores del predio. Cuando las fuerzas de seguridad se disponían a avanzar sobre el resto de las tierras, la presencia de menores y la ausencia de funcionarios vinculados a organismos de minoridad llevaron a interrumpir la diligencia.

El nuevo mandamiento judicial apunta precisamente al sector en el que permanecen integrantes de la Lof Kinxikew.

Un predio atravesado por la Ruta 40

Las tierras en conflicto se encuentran entre Bariloche y Villa La Angostura y son atravesadas por la Ruta Nacional 40. La Lof Melo ocupaba un sector del perilago, sobre la costa del lago Nahuel Huapi. La nueva etapa del operativo se concentrará en el sector opuesto del predio.

Después del desalojo parcial del 19 de agosto, una numerosa caravana de vehículos llegó hasta el lugar en señal de acompañamiento a los integrantes de la comunidad que permanecían en las tierras.

Broers sostiene que es propietaria del inmueble desde 1969 y cuenta con documentación que acredita la titularidad registral. Su reclamo atravesó distintas instancias judiciales hasta obtener resoluciones favorables que dejaron firme la orden de restitución.

Un expediente que lleva más de una década

La causa tuvo distintos capítulos antes de llegar a la instancia de ejecución. En marzo de este año, una comitiva integrada por alrededor de una decena de funcionarios judiciales de Neuquén se trasladó hasta la zona para avanzar con el desalojo. Sin embargo, el operativo no pudo concretarse por la falta de efectivos de la Policía provincial destinados a cumplir la medida.

En ese momento, fuentes vinculadas a la parte denunciante atribuyeron la ausencia de efectivos a una eventual decisión política del gobierno neuquino para evitar el costo que podía generar un operativo de estas características. Esa interpretación no fue confirmada oficialmente.

En abril de 2025, la Justicia había reiterado la orden de efectivizar el desalojo. “El proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo”, señalaron entonces a Infobae fuentes cercanas a los denunciantes.

La situación procesal quedó consolidada luego de que la Cámara de Apelaciones rechazara, en julio de 2023, un recurso presentado por la comunidad contra la sentencia que había ordenado el desalojo. Esa decisión confirmó el fallo de primera instancia y dejó habilitada la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia.

En octubre de 2024, el TSJ de Neuquén declaró inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante contra la sentencia. De ese modo, quedó firme la orden de restitución del inmueble y expedita su ejecución.

El conflicto por la ocupación

Broers sostiene que los integrantes de la familia Melo ingresaron al inmueble alegando una preexistencia ancestral sobre las tierras. Según la documentación invocada por la propietaria, los ocupantes tampoco cuentan con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Posteriormente, integrantes de la familia Quintriqueo se incorporaron a la ocupación y comenzaron a identificarse como Lof Kinxikew.

Desde el sector denunciante sostienen que, una vez agotadas las instancias judiciales, la discusión dejó de estar centrada en la validez de la orden de desalojo y pasó a concentrarse en su ejecución.

La respuesta de la Confederación Mapuche

Luego del operativo del 19 de agosto, la Confederación Mapuche de Neuquén difundió un comunicado en el que denunció un “violento despojo” de las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo y cuestionó el despliegue de fuerzas de seguridad provinciales.

La organización acusó al Gobierno neuquino de haber intervenido directamente en el operativo y cuestionó las decisiones que derivaron en el desalojo.

Desde la otra parte del conflicto remarcaron que el procedimiento policial respondió a una orden judicial y que las fuerzas de seguridad actuaron para cumplir una medida dispuesta por la Justicia.

La Confederación Mapuche también cuestionó al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, a quien acusó de haber mantenido conversaciones con integrantes de las comunidades mientras se preparaba el operativo.

Por ahora, la Justicia no fijó una fecha para completar el desalojo. La parte denunciante evalúa gestionar nuevamente el acompañamiento necesario para garantizar la ejecución de la medida, mientras en el predio todavía permanece el grupo de ocupantes alcanzado por la orden judicial.

Los barilochenses volverán a las urnas antes de fin de año para elegir a los 15 convencionales que durante 60 días tendrán la responsabilidad de revisar y, eventualmente, modificar la Carta Orgánica de la ciudad. Se trata de un proceso institucional previsto cada 20 años que, esta vez, quedó atravesado por la política y por las estrategias que los principales espacios ya diseñan con vistas a 2027.

La elección es estrictamente municipal, pero su impacto político excede los límites de la ciudad. Los partidos mayoritarios decidieron involucrarse en la contienda, cerraron acuerdos, armaron coaliciones y pusieron nombres propios sobre la mesa. El objetivo inmediato es conseguir representación en la Convención, pero la disputa también será leída como una primera fotografía del escenario electoral que viene.

Bariloche concentra el padrón más numeroso de Río Negro, con unos 110.000 ciudadanos habilitados para votar. Los 13 armados que competirán anticipan una elección fragmentada, en la que cada espacio buscará capitalizar el resultado para fortalecer su posición en la negociación política que se abrirá de cara al año próximo.

Más allá de la relevancia institucional de la reforma de la Carta Orgánica, la elección puede convertirse en un test electoral de cara a 2027. Ese año se pondrán en juego la Gobernación de Río Negro y el poder municipal, aunque todavía resta definir el calendario de los comicios provinciales.

LLA y el PRO: una alianza con fecha de vencimiento

Con esa mirada, La Libertad Avanza y el PRO, junto con otras dos fuerzas, resolvieron competir con una lista de unidad. El candidato que encabezará la propuesta será Martín Govetto, ex fiscal de Río Negro y abogado del foro local, acompañado por dirigentes y extrapartidarios con distintos niveles de inserción territorial.

El armado tuvo como principal articulador al senador Enzo Fullone, uno de los principales referentes de la Casa Rosada en Río Negro y mencionado como eventual candidato a gobernador en 2027.

Sin embargo, la sociedad entre libertarios y macristas aparece, al menos por ahora, como una alianza electoral de alcance limitado. El acuerdo tiene fecha de vencimiento y no necesariamente se trasladará a las elecciones del próximo año. El antecedente inmediato es la relación entre ambos espacios durante las últimas elecciones de medio término, cuando un entendimiento inicial terminó derivando en una ruptura.

La elección de Bariloche funcionará así como una primera prueba de convivencia entre dos sectores que comparten parte del electorado y que, al mismo tiempo, podrían terminar enfrentados por el liderazgo de la oposición al oficialismo provincial.

Cortés-Weretilneck: el oficialismo busca capitalizar el poder territorial

El oficialismo municipal, representado por el intendente Walter Cortés, selló un acuerdo con el gobernador , de Juntos Somos Río Negro, y presentó la lista Estamos Haciendo Bariloche.

El entendimiento reúne a referentes sociales y dirigentes políticos vinculados a ambos sectores y constituye, además, una señal del vínculo entre el poder municipal y el provincial.

Cortés atraviesa el proceso con una posición privilegiada: gobierna la ciudad con respaldo mayoritario de los locales y buscará trasladar su nivel de respaldo a una lista que combina dirigentes propios con nombres cercanos al mandatario provincial.

La jugada tiene una lectura que excede la reforma de la Carta Orgánica. Weretilneck buscará en 2027 la reelección y necesita preservar el despliegue territorial de Juntos Somos Río Negro. Bariloche, por su peso electoral, aparece como una pieza central de esa estrategia.

Para Cortés, en tanto, la elección puede servir para consolidar su liderazgo local y convertirse en un punto de partida para una eventual proyección política más allá de su actual mandato.

El peronismo llega dividido

El peronismo, reunido detrás de la coalición Fuerza Bariloche, intentó alcanzar una lista de unidad, pero el armado terminó exhibiendo fisuras. Dirigentes con peso propio decidieron competir por afuera, una fragmentación que podría tener impacto directo en el reparto de bancas.

La disputa también expone las dificultades del peronismo rionegrino para ordenar sus diferentes sectores detrás de una estrategia común de cara a 2027.

La intendenta de General Roca y anunciada candidata a la gobernación, Emilia Soria, decidió no involucrarse de manera directa en la elección barilochense y por ahora mantiene distancia del armado. En el sector confían, sin embargo, en que podría expresar su respaldo en las semanas previas a los comicios.

Su posicionamiento será seguido de cerca: Bariloche constituye uno de los principales territorios electorales de la provincia y cualquier dirigente con aspiraciones a la gobernación necesita construir allí volumen político.

El Frente Renovador y la UCR también buscan posicionarse

El Frente Renovador llevará como candidato al ex legislador y concejal Alejandro Ramos Mejía, quien compartirá la lista con referentes de partidos locales y contará con el respaldo del sindicalista de ATE Rodolfo Aguiar.

El radicalismo, por su parte, competirá acompañado por una fracción del ARI y llevará al ex intendente Marcelo Cascón como cabeza de lista de la Coalición Cívica por Bariloche.

A ellos se sumarán distintas propuestas de izquierda y sectores socialistas, que buscarán mejorar la performance obtenida en las últimas elecciones y aprovechar la dispersión del voto para conseguir representación en la Convención.

En un escenario de alta fragmentación, incluso espacios con menor caudal electoral pueden terminar siendo determinantes para la conformación de la Convención.

Una reforma que puede modificar las reglas del poder

La elección tendrá un costo estimado de $120 millones y se realizará mediante el sistema de Boleta Única de Papel. Estarán en juego 15 bancas titulares y otras tantas suplentes, que se distribuirán mediante el sistema D’Hondt, con un piso del 5%.

La Convención deberá comenzar sus sesiones antes del 1 de enero de 2027 y tendrá 60 días para trabajar sobre la Carta Orgánica municipal.

Entre los temas que podrían quedar bajo discusión aparecen cuestiones centrales para el funcionamiento político de la ciudad: la posibilidad de reelección del intendente, la cantidad de concejales y distintos mecanismos de participación ciudadana.

Por eso, aunque formalmente se trata de una elección municipal y de una reforma institucional que ocurre cada dos décadas, la campaña ya está atravesada por la política de 2027.

Los resultados permitirán medir el peso territorial de los principales espacios, exhibirán quiénes llegan con mayor capacidad de armado y, sobre todo, empezarán a delinear las alianzas y rupturas que podrían marcar la próxima disputa por el poder en Río Negro.

En Bariloche, la elección de convencionales será también la primera gran prueba del tablero político que viene.

La Justicia reconoció el derecho de propiedad registral de una familia sobre un terreno de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, pero rechazó el pedido de desalojo de una comunidad mapuche que ocupa esas tierras desde hace décadas.

La resolución fue dictada por el juez en lo Civil y Comercial de Villa La Angostura, Francisco Astoul Bonorino, en el marco de una acción reivindicatoria iniciada por los herederos de Natalio Burd, quienes reclamaban la restitución del inmueble.

El magistrado consideró acreditado que los demandantes son titulares registrales de las tierras. Sin embargo, determinó que actualmente no ejercen la posesión del inmueble y que esa situación se encuentra en manos de la comunidad Paicil Antriao.

El expediente atravesó más de dos décadas de conflicto judicial. Durante ese período, los herederos de Burd intentaron obtener la restitución del predio a partir de los derechos que surgen de la documentación registral.

Pero el análisis de la prueba llevó al juez a una conclusión diferente respecto de la situación posesoria. Según el fallo, la documentación histórica y los demás elementos incorporados al expediente permitieron acreditar que la comunidad ejerce desde hace años una ocupación que presenta características de posesión tradicional.

De esta manera, la sentencia estableció una diferencia entre la titularidad registral del inmueble y la situación posesoria existente en la actualidad. Los herederos de Burd aparecen como titulares registrales, pero no ejercen actualmente el poder de hecho sobre las tierras, que se encuentran bajo el control de otras personas.

Ese punto resultó determinante para rechazar la acción reivindicatoria y, con ella, el pedido de restitución formulado por los demandantes.

La resolución también incorpora un análisis específico sobre los derechos reconocidos a los pueblos indígenas. Astoul Bonorino tuvo en cuenta las normas constitucionales vinculadas con las comunidades originarias, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y distintos antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El magistrado sostuvo, además, que la eventual existencia de un derecho de propiedad comunitaria indígena sobre las tierras no podía ser resuelta en este expediente. Esa cuestión, planteada por la comunidad durante el proceso, deberá ser analizada en la vía judicial o administrativa que corresponda.

Por eso, el fallo no implica el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la comunidad Paicil Antriao sobre el inmueble. Lo que hace es rechazar la restitución pretendida por los titulares registrales a partir de la situación posesoria acreditada durante el proceso.

El caso tiene además una dimensión institucional. En distintos pasajes de la resolución, el juez cuestionó la falta de avance del Estado nacional y provincial en el relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160, destinado a determinar las tierras ocupadas por comunidades indígenas.

Para Astoul Bonorino, la falta de una definición administrativa contribuyó a prolongar durante años una controversia que terminó trasladándose al ámbito judicial. El relevamiento inconcluso, según el razonamiento expuesto en la sentencia, dejó pendiente una cuestión territorial que excede el conflicto particular entre la comunidad y los propietarios registrales.

La decisión, por lo tanto, no clausura la disputa sobre el inmueble. Los herederos de Burd mantienen el reconocimiento de su titularidad registral, pero no podrán obtener en este expediente la restitución que pretendían. En paralelo, la eventual discusión sobre la propiedad comunitaria indígena deberá continuar por la vía correspondiente.

La comunidad Paicil Antriao, en tanto, vuelve a quedar en el centro de una disputa territorial que lleva décadas y que se suma a otros conflictos registrados en Villa La Angostura.

De acuerdo con distintos relevamientos y antecedentes judiciales, la comunidad aparece vinculada a al menos 14 conflictos territoriales en la localidad, tanto con propietarios privados como con organismos estatales, entre ellos el municipio.

Tras conocerse la resolución, distintos sectores de Villa La Angostura cuestionaron el criterio adoptado por el magistrado y pusieron el foco en la cantidad de conflictos territoriales que involucran a la comunidad.

“Es imposible que la Paicil Antriao tenga control de todos los sitios que reclama, son meros especuladores inmobiliarios”, aseguraron históricos pobladores de la localidad a Infobae.

Desde la comunidad, en cambio, reivindicaron la antigüedad de su presencia en esas tierras y aseguraron contar con documentación que, según sostienen, acredita su permanencia desde 1902.

“Nunca nos fuimos”, señalaron las autoridades de la comunidad, que sostienen que poseen los documentos más antiguos vinculados con esas tierras.

El dirigente mapuche Lorenzo Loncón afirmó, en diálogo con diario Andino, que “el fallo representa un reconocimiento a la posición histórica de la comunidad” y cuestionó al Estado nacional y provincial por no haber completado el relevamiento territorial previsto por la Ley 26.160.

“La verdad histórica que venimos diciendo las distintas comisiones directivas de la comunidad siempre ha sido la misma. La comunidad tiene el papel más viejo, el papel de 1902 que entregó el mismo presidente Roca”, sostuvo Loncón.

Y agregó: “La familia compró un papel con indígenas adentro. Compraron un papel, pero nunca hicieron posesión. Tenemos la posesión y nunca abandonamos ese lote pastoril”.

La Justicia de Río Negro autorizó un nuevo embargo preventivo, por casi US$30.000, contra la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, en el marco de un reclamo relacionado con la comercialización de terrenos en el emprendimiento inmobiliario Tajamar, ubicado en Las Grutas.

La medida fue dispuesta por el juez Cristian Tau Anzoeategui, de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial de Río Negro, quien ordenó la traba del embargo por US$29.970, de acuerdo con lo planteado en el expediente.

El reclamo se originó a partir de un presunto incumplimiento relacionado con la entrega de un lote adquirido en el desarrollo inmobiliario. Ante la presentación judicial, el magistrado hizo lugar a la medida cautelar y dispuso el embargo preventivo por el monto reclamado.

La resolución se suma a una serie de reclamos judiciales que en los últimos años pusieron bajo la lupa la operatoria vinculada con la comercialización de terrenos en Tajamar. Los planteos incluyen demandas civiles y una denuncia penal, aunque hasta el momento se trata de procesos y medidas cautelares y no existe una condena contra Villaverde por estos hechos.

Una serie de reclamos por el loteo

Los antecedentes se remontan, al menos, a 2024, cuando trascendió la existencia de cuatro presentaciones judiciales vinculadas con el emprendimiento: tres demandas civiles por daños y perjuicios y una denuncia penal relacionada con una rifa vinculada al loteo.

Los compradores plantearon, según cada expediente, distintos inconvenientes vinculados con la entrega de los terrenos, la escrituración y la provisión de infraestructura básica.

Uno de esos procesos habría derivado en un acuerdo económico, mientras que otros continúan en trámite o sujetos a posibles acuerdos entre las partes.

El conflicto también derivó en distintas medidas cautelares. Durante 2025 se conocieron embargos preventivos por montos cercanos a los 50 millones de pesos y, en diciembre de ese año, otro expediente derivó en una medida sobre la dieta y el aguinaldo de la legisladora, por aproximadamente $40,5 millones.

En marzo de 2026, además, trascendió otro embargo preventivo por una suma superior a los $31 millones.

El nuevo embargo, esta vez por casi 30 mil dólares, vuelve a poner el foco sobre la situación judicial de la diputada y sobre la operatoria comercial del emprendimiento inmobiliario de Las Grutas.

El frente político de Villaverde

El nuevo capítulo judicial se conoce mientras Villaverde mantiene un perfil público más bajo y atraviesa una etapa de menor exposición dentro de la estructura libertaria rionegrina.

La diputada continúa al frente de La Libertad Avanza en Río Negro, aunque su protagonismo político se redujo en los últimos meses, mientras que Enzo Fullone ganó espacio como uno de los principales operadores del espacio en la provincia y mantiene vínculos directos con la Casa Rosada. Además, él aparece como uno de los nombres que podrían disputar la candidatura de LLA a la gobernación de Río Negro en 2027.

Villaverde, por su parte, redujo sus apariciones públicas, aunque mantiene activa su presencia en redes sociales, donde continúa defendiendo la gestión del presidente Javier Milei.

El nuevo reclamo judicial vuelve así a cruzar las dos dimensiones que rodean a la dirigente libertaria: los procesos vinculados con el emprendimiento inmobiliario Tajamar y su futuro dentro del armado de La Libertad Avanza en Río Negro.

El peronismo chubutense comenzó a mover sus fichas con un objetivo concreto: recuperar el poder provincial. El problema es que, antes de intentar desbancar a Ignacio “Nacho” Torres, deberá resolver una disputa interna que amenaza con convertirse en el principal condicionante de su estrategia electoral.

Dos sectores se disputan el liderazgo del espacio y, detrás de esa discusión, aparece la pelea por definir quién tendrá el capital político suficiente para encabezar una eventual candidatura a la gobernación.

Uno de los nombres que ya está en carrera es el del diputado nacional Juan Pablo Luque, quien fue derrotado por Torres en la última elección provincial y pretende volver a ocupar el centro de la escena. Enfrente aparece Dante Bowen, intendente de Dolavon, que también busca posicionarse dentro del armado peronista y disputar la candidatura.

Por ahora, la rosca interna no encuentra un punto de equilibrio. Los dirigentes comparten actos, fotos y algunas actividades, pero ese acercamiento no se traduce necesariamente en una negociación que permita ordenar el tablero.

La posibilidad de una lista de unidad todavía no está formalmente descartada, aunque en el peronismo provincial son cada vez más quienes descuentan que la interna será el mecanismo para dirimir la candidatura.

“No descartamos una lista de unidad, pero todo indica que iremos a internas”, aseguró un dirigente del espacio, que reconoce las dificultades para alcanzar un acuerdo.

La discusión, además, incorpora un elemento que genera ruido puertas adentro: el antecedente electoral de Luque. “Un proceso de internas resolvería la postulación, aunque también hay que poner sobre la mesa que Luque ya fue candidato y perdió. Tal vez debería darle una posibilidad a Bowen de intentarlo”, sostuvo la misma fuente.

Pero no todos dentro del peronismo creen que una interna sea el mejor camino. Otro sector advierte que una disputa abierta podría profundizar la fragmentación y debilitar la estructura partidaria de cara a la elección general. “El que pierde, no acompaña. Y así el peronismo pierde fuerza”, resumen en el PJ.

En medio de esa discusión comenzó a circular una alternativa destinada a destrabar la pelea: que Luque vuelva a competir por la intendencia de Comodoro Rivadavia, cargo que ocupó entre 2019 y 2023, y deje despejado el camino para que Bowen dispute la gobernación.

El problema es que quienes conocen al diputado no ven esa posibilidad como viable. Luque pretende conservar su lugar en la discusión provincial y difícilmente acepte retroceder posiciones en el tablero político. “¿De diputado a intendente, otra vez? No hay forma”, sostienen cerca del dirigente.

Torres consolida su armado

Mientras el peronismo busca ordenar sus piezas, Torres avanza en la construcción de su propio esquema electoral.

Aunque todavía no formalizó su intención, en el oficialismo dan por descontado que el gobernador buscará la reelección. El mandatario trabaja en ampliar su base de sustentación y sumar dirigentes por fuera de su espacio, con una lógica de construcción transversal que le permita llegar fortalecido a 2027.

En ese proceso, la reciente interna de la Unión Cívica Radical tuvo una importancia particular.

El resultado electoral en Esquel terminó favoreciendo a Gerardo Merino, un dirigente alineado con Torres y defensor del acuerdo entre el radicalismo y el gobernador. El intendente se impuso con 40 de los 65 votos de los delegados que participaron del plenario.

La elección interna tuvo una lectura que excedió las fronteras partidarias. Para el oficialismo provincial, el triunfo de Merino representa un respaldo al esquema de alianzas que Torres viene construyendo. Para sus adversarios internos, en cambio, la derrota supone un retroceso en el intento de modificar esa sociedad.

El propio gobernador se encargó de marcar la cancha: “La UCR es oficialismo”. Merino, tras la victoria, ratificó el alineamiento: “Tenemos que seguir acompañando al gobernador”.

El resultado, en definitiva, fortaleció la sociedad política entre Torres y el radicalismo y le permitió al gobernador sumar una cuota adicional de músculo territorial en su estrategia de reelección.

La Libertad Avanza espera definiciones

El otro actor que puede modificar el tablero es La Libertad Avanza.

La posibilidad de un acuerdo entre el espacio libertario y Torres todavía está en etapa de negociación. La definición, en buena medida, depende de las señales que lleguen desde la Casa Rosada y de cómo los armadores nacionales decidan ordenar el mapa electoral en Chubut.

Torres ya dejó en claro que no rechaza una eventual alianza, aunque puso condiciones y buscó diferenciarse de una eventual construcción exclusivamente electoral.

En un evento de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el gobernador sostuvo que los acuerdos deben tener un sentido político y de gestión.

“Los acuerdos tienen que venir de la mano de para qué nos juntamos. El rejunte no tiene ningún tipo de sentido si es solamente para ganar una elección”, afirmó.

La frase no fue inocua. Torres busca preservar margen de maniobra y evitar que una eventual alianza con el espacio libertario termine condicionando su propio armado político.

Si finalmente no hay acuerdo, el diputado nacional César Treffinger aparece como una de las alternativas de LLA para disputar la gobernación. Por ahora, sin embargo, nadie mueve todas sus fichas.

El peronismo necesita ordenar su interna. Torres trabaja para ampliar su base política. Y La Libertad Avanza espera definiciones nacionales. El tablero de 2027 ya comenzó a moverse, aunque todavía quedan varias piezas por acomodar.

Los traslados y relevos anuales dentro del Ejército Argentino forman parte de los procedimientos habituales de la fuerza, pero el desplazamiento de Gonzalo Domine, segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3 de Esquel, previsto para fin de año, generó suspicacias porque el oficial llevaba apenas un año en ese destino.

En la localidad cordillerana, ubicada en el noroeste de Chubut, algunas fuentes vinculan la decisión con un episodio ocurrido en enero de este año, durante la visita de la vicepresidenta Victoria Villarruel a la región, afectada por los incendios forestales.

El mayor Domine habría tenido participación en la gestión de una aeronave del Ejército que permitió a Villarruel realizar un sobrevuelo sobre la zona afectada por el fuego. Sin embargo, fuentes de la propia fuerza consultadas para esta nota negaron que el militar haya intervenido en ese operativo y señalaron que la aeronave estaba asignada a otra repartición.

La visita de Villarruel al Parque Nacional Los Alerces se produjo el 12 de enero pasado. Durante su estadía, la vicepresidenta recorrió parte de la zona afectada, dialogó con brigadistas y responsables del operativo de combate contra los incendios y realizó un sobrevuelo.

De acuerdo con los registros periodísticos de ese momento, Villarruel había solicitado al Ministerio de Seguridad una aeronave para recorrer el área afectada, pero el pedido habría sido rechazado por el Gobierno. Posteriormente, la vicepresidenta habría recurrido a autoridades del Ejército para concretar el sobrevuelo.

“No hay un tiempo mínimo para los relevos”

Desde el Ejército minimizaron el desplazamiento de Domine y descartaron que exista un trasfondo político detrás de la decisión. Fuentes de la institución señalaron que se trata de “un proceso normal, previsto al finalizar el año calendario”.

Además, explicaron que no existe un período mínimo de permanencia en un destino para los oficiales y que los cambios se determinan en función de las necesidades de la fuerza.

“La asignación de destinos dentro de la fuerza responde a las necesidades orgánicas de personal en toda la estructura, tanto en los nombramientos como en las asignaciones de pases generales”, indicaron desde la institución.

Según precisaron, el proceso se define a principios de año, en el marco del Programa Anual de Personal, y la notificación a los oficiales alcanzados se realiza con anticipación para efectivizar los traslados, en la mayoría de los casos, a fin de año.

Para definir los nuevos destinos interviene una junta que analiza los perfiles de cada oficial y su competencia para las funciones que deberá desempeñar.

En Esquel, sin embargo, la explicación oficial no disipó las sospechas. Fuentes locales sostienen que el relevo de Domine podría estar relacionado con su presunto vínculo con Villarruel y consideran llamativo que haya permanecido apenas un año como segundo jefe del Regimiento de Caballería de Exploración 3.

La visita de Villarruel y el helicóptero

Durante aquella visita a Chubut, Villarruel publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó la situación de los incendios forestales en la Patagonia.

“Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques Nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita”, escribió la vicepresidenta junto a una imagen de Epuyén, una de las localidades afectadas.

El supuesto papel de Domine en la gestión del sobrevuelo es uno de los elementos que alimentó las versiones sobre las razones de su relevo. Sin embargo, fuentes castrenses consultadas para esta nota desvincularon al oficial de esa gestión y remarcaron que el helicóptero utilizado durante el recorrido dependía de otra repartición.

El reemplazo

Más allá de la controversia, fuentes vinculadas al caso confirmaron que Domine será reemplazado por Mateo Zabala, un mayor que actualmente cumple funciones en Casa Militar y que, según fuentes del caso, mantiene cercanía con el entorno de Karina Milei por su rol en un área dependiente de la Secretaría General de la Presidencia.

El movimiento se produce en un contexto de fuerte tensión entre la vicepresidenta y la Casa Rosada, por lo que en Esquel algunos sectores interpretan el relevo en esa clave. El Ejército, en cambio, sostiene que la decisión responde exclusivamente a su planificación interna de personal.

La larga disputa entre Villarruel y los Milei

La confrontación entre Villarruel y los hermanos Milei comenzó poco después de la asunción del Gobierno, en diciembre de 2023. La vicepresidenta esperaba tener influencia en las áreas de Defensa y Seguridad, pero Javier Milei decidió asignar esas carteras a otros sectores políticos. Desde entonces, la relación atravesó sucesivos cortocircuitos públicos y políticos.

Uno de los primeros quiebres se produjo en marzo de 2024, cuando Villarruel convocó a una sesión para tratar el DNU 70/2023, pese a que la Casa Rosada buscaba postergar el debate. Más adelante llegaron otros cruces por su rol institucional, su vínculo con el Senado y distintas diferencias con el Ejecutivo.

Durante 2025 y este año, la tensión se profundizó con nuevos enfrentamientos públicos y cuestionamientos cruzados entre la vicepresidenta y el entorno presidencial.

En ese contexto, el relevo de un oficial del Ejército en Esquel, a pocos meses de haber asumido su cargo y luego del episodio que lo habría vinculado con la vicepresidenta, vuelve a quedar atravesado por dos lecturas: la de un movimiento rutinario dentro de la estructura militar o la de una decisión impactada por la disputa política entre Villarruel y el Gobierno.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro hizo lugar a un planteo del intendente libertario Marcelo Román, suspendido preventivamente por el Concejo Deliberante mientras es investigado por supuesta administración fraudulenta, y anuló el apartamiento del cargo.

El máximo órgano judicial de la provincia patagónica anuló las ordenanzas mediante las cuales el Concejo Deliberante había dispuesto su suspensión.

El punto central del fallo fue el alcance del artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal y una pregunta concreta: si la actual formulación de cargos penales puede equipararse al procesamiento que exigía esa norma para habilitar una suspensión.

El conflicto se originó cuando el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza 044/2026 y suspendió al intendente en sus funciones, sin percepción de dieta o remuneración, hasta que existiera una sentencia definitiva en la causa penal en la que se habían formulado cargos en su contra.

Para adoptar esa decisión, el cuerpo legislativo consideró que existía una “equivalencia conceptual y teleológica” entre el antiguo procesamiento penal y la actual formulación de cargos. El intendente cuestionó esa interpretación y sostuvo que el Concejo había excedido sus competencias.

El STJ le dio la razón y declaró que el Concejo Deliberante era incompetente para disponer la suspensión en los términos del artículo 109 de la Carta Orgánica. También declaró la nulidad de las ordenanzas 044/2026 y 045/2026 y de los actos administrativos dictados como consecuencia de ellas.

Para llegar a esa conclusión, el Superior Tribunal analizó primero el texto de la Carta Orgánica. El artículo 109 establece que, si se imputa un delito a una autoridad, funcionario o empleado municipal “y el Tribunal competente resolviera procesar”, el Concejo debe decidir si corresponde o no la suspensión. Para el STJ, esas condiciones no pueden ser tomadas como alternativas. La sentencia señala que la conjunción “y” une dos presupuestos y que la norma no habilita a elegir entre una persona “procesada o imputada” para aplicar la suspensión.

El fallo profundizó luego en las diferencias entre el antiguo Código Procesal Penal y el sistema acusatorio vigente en Río Negro. Explicó que la Ley 5020 instauró “un sistema diverso, de naturaleza acusatoria, adversarial y esencialmente oral, estructurado sobre un paradigma sustancialmente distinto”. Por esa razón, sostuvo que el régimen actual no constituye una simple continuidad o actualización del anterior y que no corresponde trasladar automáticamente las categorías de un sistema al otro.

El jefe comunal debió dejar su cargo en julio pasado luego de la resolución del cuerpo legislativo local y en su lugar asumió la conducción de manera interina Fabián Figueroa, ex titular del Concejo Deliberante allense.

A pesar de que no cuenta con respaldo libertario, Román se presentaba como “el único intendente de La Libertad Avanza en la provincia”.

Sin embargo, desde que surgieron críticas a su gestión y la sospecha de presuntos delitos en su administración, perdió respaldo político y fue apartado incluso de los cargos dirigenciales que ocupaba hasta el momento.

El jefe comunal está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque el caso aún no tiene veredicto. Fue procesado por un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra a un empresario de medios, Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.

Luego del desalojo parcial de dos predios ubicados en cercanías de Villa La Angostura, la semana pasada, la defensa de las comunidades acusadas de usurpar los predios afirmó que tras la ejecución frustrada quedó suspendido el desalojo, aunque fuentes con acceso al expediente confirmaron que el operativo podrá concretarse próximamente.

A través de las redes sociales, las comunidades difundieron imágenes celebrando la supuesta suspensión de la medida.

“Orden de desalojo suspendida, más no anulada. Momentos para festejar y descansar” [sic], difundieron las comunidades a través de las redes.

El abogado de la comunidad, Luis Virgilio Sánchez, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, aseguró en diálogo con medios locales que “la Justicia suspendió el desalojo” del predio que ocupa la comunidad Quintriqueo (también identificada como Kinxikew).

Según explicó el letrado, el desalojo no puede considerarse concretado parcialmente. Por el contrario, al no haberse podido completar la diligencia, “el procedimiento quedó frustrado y deberá analizarse cómo continuar”.

Sin embargo, luego de sus declaraciones, fuentes vinculadas a la defensa de los querellantes confirmaron a Infobae que “la medida no se suspende, sino que se debe librar un nuevo mandamiento”.

El operativo se realizó a mediados de la semana pasada, cuando efectivos de la Policía de Neuquén, funcionarios judiciales y representantes de distintos organismos ingresaron a un predio ocupado por la lof Melo, con el objetivo de desalojar a las comunidades que residían allí, efectivizando una orden dispuesta por el juez Francisco Astoul Bonorino.

La medida se cumplimentó en uno de los lotes usurpados, situado en la costa del lago Nahuel Huapi.

Sin embargo, cuando debían avanzar sobre otra fracción del predio en conflicto —ubicada frente al sitio recuperado—, los oficiales de Justicia no lograron avanzar, debido a la ausencia de funcionarios de minoridad.

Sánchez hizo referencia a la Guía de Intervención en Desalojos, Desahucios y Mandamientos, aprobada mediante el Acuerdo 5843, y aseguró que “si el desalojo no puede concretarse, corresponde dar por frustrada la diligencia y solicitar un nuevo mandamiento, en caso de que se pretenda avanzar nuevamente con la medida”.

Interpretó entonces que el desalojo fue suspendido y afirmó que el proceso actual “no define la situación de las tierras”, aunque consideró posible la instauración de un espacio de diálogo para avanzar en la resolución del conflicto.

Para la contraparte, la medida sigue vigente y solo deberá emitirse un nuevo mandamiento. Fuentes vinculadas a la defensa de los querellantes contrastaron la interpretación del abogado de las comunidades y afirmaron que “la resolución no suspendió el desalojo, sino que dispone un nuevo paso procesal para poder continuar con la ejecución de la misma”.

De acuerdo con esa explicación, el juez Francisco Astoul Bonorino resolvió que, al no haberse podido completar el procedimiento en algunos sectores del predio, corresponde emitir un nuevo mandamiento de desalojo.

Conflicto histórico

El litigio territorial es histórico. El conflicto entre las comunidades Melo y Quintriqueo y la propietaria del predio privado de 624 hectáreas en Bahía Huemul, cerca de Villa La Angostura, comenzó a fines de 2011, cuando integrantes de la familia Melo ocuparon el lugar y luego se sumó la comunidad Quintriqueo.

Las comunidades reivindican el territorio como ancestral y sostienen que sus familias tenían presencia allí desde 1928, mientras que la propietaria presentó documentación registral y obtuvo fallos judiciales favorables.

La Justicia ordenó el desalojo en 2016 y la sentencia quedó firme tras sucesivas apelaciones, pero su ejecución se demoró hasta agosto de 2026, cuando se recuperó parcialmente una fracción del predio. El caso reavivó la tensión entre las comunidades mapuches y el Gobierno de Neuquén, que sostiene que se trata de un conflicto entre privados y que actuó únicamente en cumplimiento de una orden judicial.

El vínculo entre las comunidades mapuches de Villa La Angostura y el Gobierno neuquino se resquebrajó en las últimas jornadas, luego del allanamiento parcial en el que la comunidad Lof Quintriqueo fue desalojada de un lote particular en El Pedregoso, entre Bariloche y la localidad neuquina, en el marco de una diligencia ordenada por la Justicia local.

Las familias que residían en el lote pastoril, reclamado por una mujer desde principios de 2012, apuntaron contra el gobernador neuquino, Rolando Figueroa, a quien acusan de “persecución” contra el “Pueblo Mapuche”.

Sin embargo, el litigio escapa al ámbito de acción del Ejecutivo provincial, que no tuvo participación en el conflicto territorial por tratarse de un litigio “entre privados”.

Figueroa reafirmó ese concepto al hablar con medios de prensa durante la presentación de Neuquén Day en Buenos Aires, una actividad promocional organizada por la provincia patagónica para exhibir su potencial en materia de gas e hidrocarburos.

“Es un conflicto entre privados, el Gobierno neuquino no tuvo ni tiene injerencia en ese caso puntual”, dijo el mandatario ante la consulta de los medios. Es que referentes de la comunidad mapuche Quintriqueo asistieron al Centro de Convenciones de Buenos Aires, donde se realizaba la presentación institucional, para entrevistarse con Figueroa.

La lonko (autoridad al frente de una comunidad mapuche) de la comunidad Kinxikew, Amancay Quintriqueo, viajó a la capital nacional para interpelar al mandatario provincial sobre la causa mapuche, aunque el gobernador se limitó a señalar que se trata de un conflicto entre particulares.

Idéntica fue la respuesta días atrás en Villa La Angostura, cuando encabezó una agenda de actividades institucionales en la localidad turística. Sin embargo, el mandatario buscó poner paños fríos a la situación al afirmar: “Yo no tengo problema, siempre hablo con las comunidades”.

El desalojo mapuche tuvo amplia repercusión, a pesar de que se cumplimentó de manera parcial y los denunciantes tomaron el control del lugar solo parcialmente. La presencia de menores y, paradójicamente, la ausencia de funcionarios de Minoridad durante el allanamiento frustraron la ejecución completa de la medida judicial, ordenada por el juez Francisco Astoul Bonorino.

En el prolongado recorrido judicial de la causa, no solo Astoul Bonorino confirmó la presencia ilegal de las comunidades en el predio en conflicto, sino que otros magistrados también confirmaron la irregularidad del reclamo mapuche.

Es que durante el extenso proceso, que comenzó en 2012, las comunidades no lograron documentar la supuesta existencia ancestral en el territorio, mientras que la denunciante exhibió la documentación catastral correspondiente a los dos predios en litigio, la cual avaló su planteo.

El litigio comenzó a fines de 2011, cuando integrantes de la lof Melo ingresaron a un predio sin autorización e impidieron el ingreso a su propietaria, quien a principios de 2012 denunció la usurpación del lote.

Agentes de la Policía de Neuquén junto a funcionarios judiciales, bomberos, médicos del nosocomio local y otros organismos participaron del desalojo de una franja del predio usurpado, que está ubicado sobre la costa del lago Nahuel Huapi.

Al lote lo atraviesa la ruta 40, entre Bariloche y Villa la Angostura. Se cree que la fuerza de seguridad podría regresar este jueves al lugar y completar el operativo de desalojo, esta vez en el sector donde se encuentran las viviendas de las lof Melo y Quintriqueo.

Fuentes del caso indicaron que en el operativo no hubo personas lesionadas, ya que los uniformados junto a los oficiales de Justicia trabajaron en la fracción que está sobre el lago, donde no hay viviendas.

Sin embargo la medida podría extenderse este jueves, con el ingreso de las fuerzas al sector poblado de la propiedad.

En marzo de este año, una decena de funcionarios judiciales de Neuquén viajó hasta la localidad turística para ejecutar el desalojo aunque la ausencia de efectivos policiales de la provincia petrolera, frustró el operativo.

Las tierras pertenecen a María Cristina Broers, quien cuenta con el aval documental sobre 624 hectáreas en el lugar.

A fines de 2011, integrantes de la familia Melo –apellido que identifica a una de las comunidades que reside en la zona– ingresaron de forma intempestiva a la propiedad, impidiendo a la propietaria ingresar al lugar.

A principio de 2012 comenzó el proceso judicial, en el que la comunidad no logró convencer a los magistrados sobre su presencia ancestral en el lugar. Por eso hubo numerosas órdenes de desalojo que nunca se cumplieron, hasta este miércoles cuando efectivos de la policía neuquina irrumpieron en el predio.

Durante el allanamiento, la Confederación Mapuche de la provincia emitió un comunicado en el que denunció “un violento despojo” a las comunidades mapuche.

El organismo denunció que se concretaron los operativos en las comunidades Lof Kinxikew y Lof Melo y acusó al Gobierno provincial de haber desplegado las fuerzas especiales.

Sin embargo el accionar policial responde a una manda judicial, y no a una decisión gubernamental.

La Confederación sostuvo que el operativo se concretó con participación de fuerzas de seguridad provinciales y cuestionó las decisiones que derivaron en el desalojo.

Uno de los principales cuestionamientos del comunicado estuvo dirigido al ministro de Gobierno de Neuquén, Jorge Tobares, a quien la organización acusó de haber mantenido conversaciones con integrantes de las comunidades mientras se preparaba el operativo.

“Mientras se mantenía esa charla telefónica, las fuerzas de GEOP (Grupo Especial de Operaciones Policiales) ingresaron cortando cadenas y golpeando a las familias que se mantenían pacíficamente en resguardo de sus casas y territorio”, denunciaron los mapuches, dato que fue desmentido por fuentes del gobierno neuquino.

El caso

Los denunciantes son dueños de las tierras desde 1969 y cuentan con la documentación que avala la titularidad registral.

Los intrusos, integrantes de la familia Melo, ingresaron a la propiedad argumentando preexistencia de sus ancestros, aunque ni siquiera cuentan con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A la usurpación inicial se acoplaron luego integrantes de otra comunidad mapuche, la lof Quintriqueo.

Los propietarios elaboraron un acta para dejar constancia del ingreso mapuche, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.

En la etapa más reciente de la trama judicial, la Justicia confirmó el desalojo y ordenó al gobierno neuquino su ejecución, cuando ya estaban agotadas todas las instancias. En ese contexto, la Cámara de Apelaciones rechazó – en julio de 2023- un recurso de apelación presentado por la comunidad sobre la sentencia de desalojo.

Dicho rechazo confirmó la sentencia de primera instancia y la vía para intentar el Recurso de Casación, sosteniendo la orden de restitución del inmueble a sus legítimos dueños.

En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén dictó una resolución clave declarando inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante contra la sentencia a ejecutar. Con esa decisión confirma que la sentencia de desalojo se encuentra firme y quedó expedita para su ejecución.

En abril de 2025, se reiteró la orden de efectivizarla. “El proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo” informaron a Infobae fuentes cercanas a los denunciantes.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo saber al canciller Pablo Quirno que avanza con la denuncia presentada hace más de una década y media por la comunidad mapuche Lof Paichil Antriao contra el Estado argentino.

En una nota diplomática fechada el 13 de agosto y dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, el organismo trasladó las observaciones sobre el fondo del asunto presentadas por la parte peticionaria y fijó un plazo de cuatro meses —hasta el 13 de diciembre, prorrogable hasta un máximo improrrogable de seis meses (13 de febrero de 2027)— para que el Gobierno responda.

De no haber respuesta en ese plazo, la CIDH advirtió que igual podrá pronunciarse sobre el caso con la información que ya tiene en el expediente.

Un conflicto con más de 15 años de historia

La comunidad Paichil Antriao ocupa distintos predios públicos y privados en la zona de Villa La Angostura, a orillas del lago Correntoso y en las inmediaciones del cerro Belvedere.

Sus integrantes sostienen que un lote pastoril de 625 hectáreas —entregado en 1902 durante la presidencia de Julio Argentino Roca— fue progresivamente absorbido por el crecimiento de la ciudad, al punto de que hoy la comunidad conserva apenas una fracción de ese territorio original.

El eje central del reclamo es la paralización del relevamiento territorial previsto en la Ley 26.160, que debería derivar en la entrega de un título de propiedad comunitaria. Según sus representantes, los estudios técnicos —trabajos de campo, informes antropológicos y planimetría— ya están terminados, pero la resolución administrativa sigue trabada en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

La comunidad mantiene en paralelo al menos diez disputas de tierras en la zona, tanto con el municipio de Villa La Angostura como con privados. El caso más conocido es el del camping del Lago Correntoso, ocupado desde 2011.

El 7 de agosto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la comunidad, recurriendo al artículo 280 del Código Procesal —una vía que permite desestimar un caso sin fundamentar la decisión en profundidad—. El abogado de la comunidad, Virgilio Sánchez, cuestionó ese mecanismo y adelantó en ese momento que la disputa continuaría “en el plano internacional”.

La nota de la CIDH a Cancillería llega en ese contexto. El organismo interamericano había reactivado el expediente en abril, advirtiendo que podía archivarlo si no recibía respuesta, y en mayo decidió resolver de manera conjunta la admisibilidad y el fondo del caso —una decisión poco frecuente que, según los abogados de la comunidad, podría anticipar un pronunciamiento desfavorable para el Estado argentino.

Si la CIDH concluye que hubo violaciones a los derechos humanos, el organismo emite un Informe de Fondo con recomendaciones al Estado. El paso previo habitual es explorar una solución amistosa entre las partes, algo que el municipio y la comunidad ya intentaron en el pasado sin éxito.

El abogado insistió en la creación de una instancia de diálogo entre las partes, aunque el municipio cree que la misma podría fracasar nuevamente, debido a que existen otros antecedentes inmediatos que no tuvieron resultados.

Como antesala de las elecciones generales de 2027, los partidos nacionales y el oficialismo rionegrino medirán fuerzas para el próximo año, con la presentación de candidatos para una elección de alcance local, en la que se elegirá a los convencionales para revisar y reformar la carta orgánica de Bariloche.

A pesar de que se trata de una contienda circunscripta a los límites de la localidad cordillerana, las distintas estructuras partidarias utilizarán a esa elección como una entrada en calor para las elecciones del año próximo, en la que tendrán protagonismo en las distintas disputas electorales.

El oficialismo rionegrino, representado por Juntos Somos Río Negro, rubricó un acuerdo con el Partido Unión y Libertad (PUL), fuerza a la que pertenece el jefe comunal barilochense, Walter Cortés, a quien las encuestas le dan números en alza.

El flamante presidente de Juntos Somos Río Negro e intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, rubricó un acuerdo con el PUL, con la conformación de la coalición Estamos Haciendo Bariloche. El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, se mueve en tándem con el barilochense, con quien podría pactar futuros acuerdos de tinte electoral en 2027.

La Libertad Avanza, con el senador Enzo Fullone como principal estratega, aglutinó a otras estructuras partidarias –entre las que se encuentra el PRO- para disputar la elección de convencionales, contienda en la que pondrá a rodar el sello amarillo en el territorio rionegrino.

Fullone anunció días atrás el acompañamiento del PRO y de CREO, partido al que pertenece el diputado nacional y potencial candidato a la gobernación Aníbal Tortoriello, junto a otros partidos minoritarios de alcance doméstico.

El acuerdo entre el PRO y LLA tiene antecedentes de corto alcance en la provincia. En las elecciones de medio término de 2025, los representantes de ambas fuerzas habían anunciado un acuerdo para diputar los cargos electivos en juego en la provincia, aunque el pacto quedó trunco cuando fue el momento de elegir los nombres que representarían a esa supuesta lista de unidad.

De cara a 2027, el anuncio reciente de hermandad podría tener fecha de vencimiento, ya que el PRO volvió a reiterar las condiciones del año pasado para compartir el color violeta. “Si el candidato es Tortoriello, vamos con lista propia”, aseguró semanas atrás Juan Martín, presidente del PRO en la provincia.

El peronismo se unificó bajo el paraguas de Fuerza Bariloche, una alianza que involucra al Partido Justicialista, Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad, Frente Grande, Comunidad Organizada, Incluyendo Bariloche y Tres Banderas Bariloche.

La precandidata a la gobernación por el sector, la intendente roquense María Emilia Soria, podría involucrarse en la elección barilochense para darle impulso a su aspiración provincial. Soria es la única precandidata expresa en carrera para suceder a Weretilneck en el sillón del ejecutivo rionegrino.

El “massismo” también tendrá participación en el comicio barilochense, representada por su armador local y ex legislador rionegrino Alejo Ramos Mejía, quien teje alianzas con partidos locales para protagonizar la elección.

La Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, que mantienen una alianza con el oficialismo provincial en la Legislatura, decidieron concurrir con un frente propio. La alianza se inscribió como Acuerdo Cívico por Bariloche.

El campo de la izquierda concurrirá fragmentada en dos espacios. Por un lado, Izquierda Socialista y el Partido Obrero formaron una alianza, mientras que el Partido de los Trabajadores Socialistas se presentará junto al Movimiento Socialista de los Trabajadores.

La elección de tinte local servirá para elegir a 30 representantes –15 titulares y 15 suplentes– que tendrán como función revisar y renovar la Carta Orgánica Municipal.

El último proceso de actualización se realizó en 2006, cuando se impuso en las elecciones Arabela Carreras –entonces funcionaria local-, quien luego, impulsada por Weretilneck, llegó a la gobernación rionegrina.

“Es una elección de doméstica, pero de mucho peso para las elecciones municipales y provinciales. Es un trampolín para todas las compulsas de 2027” arriesgan en la ciudad turística.

El diputado nacional de La Libertad Avanza Jairo Guzmán trabaja para convertirse en el candidato del oficialismo nacional a la gobernación de Santa Cruz en las elecciones de 2027, en las que podría enfrentar al actual mandatario provincial, Claudio Vidal, quien no descarta competir por un segundo mandato.

Con ese objetivo, Guzmán intensificó sus recorridas por distintos puntos de la provincia para fortalecer el armado político del espacio y ampliar su base de apoyo. En paralelo, endureció su discurso contra la administración provincial y también contra el intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso.

Las críticas del legislador apuntan tanto a Vidal como al jefe comunal de la capital santacruceña. Mientras cuestiona la gestión del gobernador, también dirige sus cuestionamientos hacia Grasso, uno de los principales referentes del kirchnerismo en la provincia.

Vidal llegó a la gobernación liderando el frente Somos Energía para Renovar Santa Cruz (SER) y puso fin a más de tres décadas de gobiernos kirchneristas. Su campaña estuvo centrada en confrontar con ese espacio político, mientras que Grasso continúa identificado con el peronismo provincial.

Guzmán sostiene un discurso crítico hacia el kirchnerismo, aunque en los últimos meses también concentró sus cuestionamientos en la gestión de Vidal, quien enfrenta dificultades económicas y financieras en la provincia.

El legislador, que consolidó su vínculo político con Karina Milei, aspira a obtener el respaldo de la conducción nacional de La Libertad Avanza para encabezar la boleta provincial.

“Gobernar no es para cualquiera. Hoy padecemos una crisis económica y política en nuestra provincia”, afirmó Guzmán.

Y agregó: “Somos una alternativa y trabajamos para que Santa Cruz se convierta en una potencia de la Patagonia”.

El diputado también cuestionó la relación entre el gobernador y el intendente de Río Gallegos. “Si queremos terminar con la pobreza, primero hay que crear fuentes de trabajo privado. Mientras el gobernador Claudio Vidal y el intendente Pablo Grasso se pelean por el protagonismo en las redes sociales, nadie gobierna”, sostuvo a través de sus redes sociales.

Dentro de la estructura provincial de La Libertad Avanza consideran que Guzmán es, por el momento, el dirigente con mayores posibilidades de encabezar la candidatura a gobernador. “No hay duda de que Jairo será el candidato”, aseguran dirigentes del espacio, aunque evitan hacer referencia a sondeos de opinión.

En su camino político, sin embargo, el diputado también enfrentó episodios que generaron cuestionamientos. Uno de ellos ocurrió tras realizar declaraciones sobre el autismo que despertaron críticas de dirigentes opositores y organizaciones vinculadas al Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La polémica escaló rápidamente en redes sociales y llevó al legislador a pedir disculpas públicas. Guzmán sostuvo entonces que nunca había tenido la intención de estigmatizar a las personas con esa condición.

Actualmente es el único diputado nacional de La Libertad Avanza por Santa Cruz y desde esa posición busca fortalecer la presencia del partido en la provincia con vistas a las elecciones de 2027.

En las últimas semanas profundizó sus recorridas por distintos municipios para ampliar la estructura partidaria y sumar dirigentes. En ese terreno, Vidal conserva una ventaja derivada de su condición de gobernador y de la construcción política desarrollada durante sus años al frente del Ejecutivo provincial.

“La gestión de Vidal es muy mala. El endeudamiento que quiere realizar va atado a la obra pública y eso es igual a corrupción en Santa Cruz”, afirmó Guzmán, quien mantiene un discurso crítico hacia la dirigencia política tradicional.

Chubut, Neuquén y Río Negro volvieron a mostrarse unidos. La firma de un convenio de gas entre Alberto Weretilneck y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, funcionó como excusa para una postal que resucita, aunque sea por un momento, el viejo armado federal patagónico: Weretilneck fue el anfitrión en Bariloche, mientras que Rolando Figueroa (Neuquén) e Ignacio Torres (Chubut) se sumaron de modo virtual.

El encuentro tuvo como excusa formal la ampliación de la red de gas en seis barrios barilochenses que beneficiará a más de 1.600 vecinos, aunque la inmediata lectura política fue otra: un trabajo conjunto entre las tres provincias que viene de antes.

Weretilneck resumió el espíritu del encuentro con una frase que apunta directo al vínculo regional: "Sabemos que no hay nada mejor para un patagónico que otro patagónico“.

Torres, por su parte, conectó la obra puntual con una lectura política más amplia sobre el vínculo entre las tres provincias, al calificar la ampliación de la red como una expresión de federalismo y anticipar que seguirán las iniciativas conjuntas con Río Negro y Neuquén.

El trabajo tripartito no es reciente. Los mismos tres mandatarios ya habían escenificado la unidad regional un mes atrás, cuando Torres y Weretilneck cerraron en El Bolsón un litigio judicial de más de 25 años entre Chubut y Río Negro, con un acuerdo de obra eléctrica por $17.000 millones para la Comarca Andina. En esa oportunidad, Torres había anticipado que la sintonía entre las tres provincias seguiría dando frutos en obras conjuntas, y Weretilneck había apelado a la identidad patagónica compartida por encima de los límites provinciales.

A eso se suma la conexión, meses antes, entre el gasoducto San Martín y el Gasoducto Cordillerano, otra obra tripartita que permitió dar factibilidad de gas a más de 12.000 familias de la región.

Aunque desde el entorno de los mandatarios son más escépticos sobre la “foto” y arriesgan que son “cuestiones de gestión”, el rebranding del antiguo grito federal no pasó desapercibido en la gélida región patagónica.

Como dato accesorio, las tres provincias decidieron afrontar erogaciones millonarias para compensar la retracción del Estado Nacional en materia de obra pública.

En el caso de Río Negro, con fondos del erario provincial el gobierno afrontó la culminación de obras en una sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Bariloche y la finalización de la construcción de la terminal de ómnibus de la misma localidad cordillerana, entre otras obras.

“Nación abandonó absolutamente el interior del país en todo lo que son obras y acciones” dijo Weretilneck, y ejemplificó con “rutas abandonadas, universidades abandonadas y en todo tipo de acción federal en las provincias”.

Mencionó además que “las provincias encaramos acciones para no fallarle a nuestra gente en la resolución de temas”. Aseguró que debido a la falta de compromiso del gobierno nacional en la ampliación del gasoducto, localidades entre Esquel y Junín de los Andes, incluyendo las de Río Negro, no podían lograr conexiones por falta de disponibilidad”.

“Los tres gobernadores, principalmente Chubut y Neuquén, afrontaron el costo a través de sus bancos para culminar esas obras” dijo el mandatario, y agregó que “la foto de hoy (entre los tres mandatarios), es la unidad de las provincias patagónicas, a sabiendas de que no podemos contar con el apoyo federal”.

Figueroa, por su parte, mencionó que la cooperación entre las provincias “permitió avanzar en soluciones concretas para los vecinos y aseguró que el próximo desafío será continuar ampliando la infraestructura energética para garantizar un abastecimiento seguro y suficiente en toda la región cordillerana”.

En términos políticos, los tres gobernadores están enfrentados al gobierno nacional y disputarán sus espacios con candidatos libertarios.

En el caso de Figueroa y Weretilneck, representan a partidos provinciales y Torres aún integra el PRO.

En las tres provincias, los armadores de Casa Rosada barajan nombres para disputar las conducciones provinciales y deberán compulsar con los mandatarios actuales quienes, a pesar de que aún no arriesgan confirmaciones, irán por sus reelecciones.

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Río Negro hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la Provincia contra la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, que había demandado la inconstitucionalidad de la Ley 5755 y su decreto reglamentario, la norma que regula el procedimiento de consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.

La sentencia, rubricada esta semana, fue firmada sin disidencias por los jueces María Cecilia Criado, Sergio Ceci, Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Ricardo Apcarian.

El fallo no analizó si la ley es o no constitucional. El Tribunal resolvió exclusivamente que la organización demandante no estaba habilitada para litigar por esta vía, al no haber acreditado un perjuicio concreto derivado de la norma.

La causa se había iniciado el 26 de diciembre de 2025, cuando Carlos Hugo Aranea y Mirta Graciela Ñancunao, en su carácter de werken (voceros) de la Coordinadora, presentaron la acción contra el Gobierno de Río Negro. Sostuvieron que la Ley 5755 y el Decreto 226/25 habían sido dictados sin la participación adecuada de las comunidades indígenas, en contradicción con el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional y la Constitución provincial.

La Fiscalía de Estado, representada por Luciano Minetti Kern e Ignacio Racca, contestó la demanda en mayo y opuso la excepción de falta de legitimación activa: argumentó que no existía “caso, controversia ni derecho concreto” afectado por la sola sanción de la ley, ya que no se había identificado ningún proyecto o medida estatal puntual que impactara sobre alguna comunidad.

Un dato que agrega tensión al desenlace: la Procuración General había dictaminado en sentido contrario. Su titular subrogante, Fabricio Brogna López, había opinado que correspondía rechazar la excepción provincial y dejar que el proceso avanzara. El STJ no siguió ese criterio.

El argumento

El fallo se apoya en dos argumentos centrales. El primero es la falta de un “caso concreto”: según la doctrina que el propio STJ una acción de inconstitucionalidad no puede plantearse en abstracto. Quien demanda debe mostrar que sufrió, o va a sufrir de manera inminente, un daño real y directo —no una mera posibilidad—.

Quien demanda debe mostrar que sufrió, o va a sufrir de manera inminente, un daño real y directo —no una mera posibilidad—.

Los jueces remarcaron que la Ley 5755 es una norma de carácter instrumental: no dispone nada por sí misma sobre territorios o recursos naturales, sino que fija un procedimiento que recién se activa cuando el Estado impulsa una medida concreta que pueda afectar a una comunidad. Mientras no exista esa medida puntual, sostuvo el Tribunal, cualquier cuestionamiento a la ley es prematuro.

El segundo argumento, más específico, tiene que ver con el tipo de acción elegido. La Coordinadora había invocado el precedente "Halabi" de la Corte Suprema —que amplió la legitimación para reclamar por derechos de incidencia colectiva— para sostener que estaba habilitada a actuar en representación de las comunidades. El STJ rechazó esa lectura: explicó que, al haberse planteado una acción de inconstitucionalidad y no un proceso colectivo, no corresponde aplicar el criterio amplio de legitimación propio de las causas colectivas.

El Tribunal ya había aplicado el mismo criterio meses antes en esta causa, cuando excluyó por el mismo motivo a la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, que litigaba junto a la Coordinadora.

Los jueces añadieron que la personería de la Coordinadora como organización representativa del pueblo mapuche-tehuelche no está en discusión, pero que esa representativida

Los partidos mayoritarios de Río Negro comenzaron a delinear sus estrategias de cara a las elecciones provinciales del próximo año y solo el peronismo anunció que la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, será quien disputará el sillón del ejecutivo rionegrino.

En el oficialismo que representa Juntos Somos Río Negro y en La Libertad Avanza aún no hay definiciones.

El gobernador Alberto Weretilneck aún no arriesga definiciones sobre candidaturas. Sin embargo, en el seno del gabinete rionegrino se cree que el actual mandatario iría por la reelección, más allá de que en la estructura partidaria aparecen nuevas figuras de peso que podrían aspirar a la conducción rionegrina. Uno de ellos es Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti, a quien Weretilneck designó meses atrás como presidente del partido oficialista a nivel provincial.

Sin embargo, la designación no representaría más que un cambio generacional en la conducción de la fuerza, sin que ello signifique una posible aspiración a la gobernación, al menos por ahora.

En caso de que el mandatario intente su reelección, el vicegobernador Pedro Pesatti —compañero de fórmula de Weretilneck en las últimas elecciones— ya no será parte de la propuesta oficialista, teniendo en cuenta que están distanciados tras haber sido excluido él como candidato a senador en las últimas elecciones de medio término.

Para la militancia, Weretilneck “es el candidato natural de Juntos Somos Río Negro para un nuevo mandato”. Sin embargo, para el mandamás del ejecutivo rionegrino, “no es tiempo de hablar candidaturas, sino de gestionar”.

En el último año, el ejecutivo rionegrino aplicó un cambio rotundo a su estrategia de gobierno, en la que ganó espacio una política vinculada a la explotación energética y carburífera, a través del éxito de Vaca Muerta, que se transformó en el principal motor energético y económico del país.

En la vereda opuesta se proyecta LLA, con la aparición del senador Enzo Fullone no solo como el principal armador territorial y referente de Casa Rosada en la provincia, sino también como uno de los posibles candidatos violetas para la gobernación.

“No lo descarto”, responde Fullone ante la consulta de si será el candidato a la gobernación, aunque asegura que la decisión está sujeta “a la mirada nacional” del partido.

Sin embargo, en la misma línea aparece el diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien hace pocas semanas firmó su afiliación a LLA, partido al que representó en las últimas elecciones legislativas, en las que tuvo un buen desempeño.

Tortoriello ya fue candidato a gobernador por su antigua fuerza, el PRO, aunque meses atrás anticipó que pretendía ser el candidato libertario para el Ejecutivo rionegrino. Fuentes cercanas a Casa Rosada dieron por hecho que “Fullone será el candidato, Tortoriello vice”, aunque difícilmente el ex jefe comunal cipoleño se conforme con el segundo lugar de la fórmula.

Si no hay acuerdo, Tortoriello podría reintentar la gobernación con su partido CREO, que esta semana obtuvo aval de la Justicia Electoral para participar de comicios provinciales.

La única candidata definida es la peronista María Emilia Soria, jefa comunal de General Roca, quien el próximo 8 de agosto reunirá a la militancia para “delinear el trabajo político de cara a las próximas elecciones provinciales”.

Al menos por ahora, Soria aparece con el camino despejado para ir por esa disputa, la misma que intentó su hermano Martín en las elecciones provinciales de 2019, derrotado por la entonces oficialista Arabela Carreras, y por su papá Carlos Soria, quien resultó electo en 2011.

La roquense anunció que su compañero de fórmula será de Bariloche, la ciudad de mayor densidad poblacional de la provincia, aunque su nombre aún es desconocido.

El PRO de Río Negro, que aspira a contar con asistencia de referentes nacionales en la inminente asunción de autoridades partidarias, aguarda expectante las definiciones de su líder político, Mauricio Macri.

Con claras diferencias con la conducción provincial y objeciones a la gestión de Javier Milei, los amarillos se inclinan a LLA aunque la reciente afiliación de Tortoriello los espanta.

“Con Fullone hay entendimiento, diálogo y formas parecidas de pensar”, aseguran desde el sector, por lo que más allá de las diferencias entre Macri y Milei, ese podría ser el rumbo. Sin embargo, no descartan la posibilidad de presentar un candidato propio, si “Tortoriello llega a ser el candidato libertario”.

Dos comunidades mapuches de Neuquén endurecieron su reclamo luego de que el Gobierno provincial rechazara otorgarles la personería jurídica, una decisión que les impide acceder al reconocimiento legal necesario para gestionar la propiedad comunitaria de los territorios que habitan y participar en instancias de consulta previa sobre proyectos que puedan afectar sus derechos.

Se trata de las comunidades Raliñanco Cárdenas y Kelv Kura, las mismas que durante 2025 mantuvieron un acampe frente a la Casa de Gobierno neuquina para exigir su reconocimiento formal.

La decisión del Ejecutivo, que conduce Rolando Figueroa, trascendió a partir de una protesta realizada por integrantes de ambas comunidades en la Exposición Rural de Palermo, donde se manifestaron frente al stand institucional de la provincia con banderas y pancartas para expresar su rechazo. Posteriormente realizaron una protesta similar frente a la sede del Gobierno provincial en la ciudad de Neuquén.

La resolución fue firmada por el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, y rechaza el pedido de reconocimiento legal presentado por ambas comunidades, trámite indispensable para obtener la personería jurídica y avanzar en gestiones administrativas vinculadas a su organización y representación.

Fuentes del gobierno neuquino dijeron que el rechazo se argumenta en la falta de acreditación de exigencias previstas en el Decreto N° 2462/13, relacionado al Convenio entre el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Gobierno de la Provincia del Neuquén.

Entre otras cuestiones, no se verificaron una organización comunitaria autónoma, el desarrollo de una economía comunitarias, el ejercicio de prácticas culturales y espirituales, ni una convivencia permanente.

Considerando los antecedentes, la información e informes técnicos incorporados a las tramitaciones de los grupos mencionados, el gobierno concluyó que no cumplen con las condiciones exigidas por la normativa vigente para el reconocimiento de su personería jurídica.

Desde las comunidades cuestionaron con dureza la medida y afirmaron que nunca padecieron “una política tan violenta y negadora como la actual”. Además, anticiparon que continuarán con las acciones de protesta.

“No vamos a renunciar jamás a nuestros derechos. No es un funcionario quien va a decidir si somos mapuches o no”, expresaron.

El lonko Nelson Cárdenas, autoridad de la comunidad Rañileo-Cárdenas, sostuvo durante la protesta en La Rural que la personería jurídica representa “el documento de identidad” de las comunidades indígenas.

“Somos la clara muestra de la resiliencia del pueblo mapuche. No lograron hacernos desaparecer hace 150 años ni lo van a lograr ahora, a pesar de todas las maniobras que están inventando para no otorgarnos nuestra personería”, afirmó.

Las comunidades también denunciaron que “el Gobierno neuquino se niega a aplicar la legislación nacional y la Constitución de Neuquén en lo que respecta al reconocimiento de las comunidades indígenas”.

Las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica y sin incidentes. Sin embargo, generaron malestar dentro del Ejecutivo provincial, que hasta el momento no emitió declaraciones públicas sobre la decisión.

La personería jurídica es el mecanismo mediante el cual el Estado reconoce formalmente la existencia y organización de una comunidad indígena. Ese reconocimiento constituye un requisito para ejercer distintos derechos colectivos y territoriales contemplados por la Constitución Nacional, la Constitución de Neuquén y la normativa vigente.

Según denunciaron las comunidades y la Confederación Mapuche de Neuquén, la negativa forma parte de una serie de decisiones adoptadas por el Ejecutivo provincial que restringen el reconocimiento legal de otras comunidades indígenas.

El conflicto tiene un antecedente reciente. En 2025, integrantes de ambas comunidades acamparon durante varios días frente a la Casa de Gobierno para reclamar el otorgamiento de la personería jurídica. La protesta concluyó con un operativo de desalojo llevado adelante por la Policía de Neuquén, que profundizó la tensión entre el Gobierno provincial y las organizaciones mapuches.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cruzó a la Unión de Trabajadores de la Educación de la provincia (UNTER), el sindicato que representa a los docentes, tras anunciar un paro para lunes y martes de la semana próxima, cuando deberían reanudarse las clases luego del receso invernal. Por el caso, el gobierno local anticipó que le descontará los días no trabajados a quienes adhieran a la medida.

El paro se sustenta en un reclamo por mejoras salariales aunque el mandatario relativizó el planteo y aseguró que “los docentes rionegrinos están entre los que mejor cobran a nivel nacional, siendo la tercera provincia con mejores salarios”.

La estrategia de la conducción sindical es recurrente, ante cada inicio del período escolar. La agrupación sindical anunció la medida de fuerza para intentar forzar al gobierno a aplicar un ajuste en la escala salarial.

Sin embargo, para camuflar el discurso, esgrimieron razones edilicias en los establecimientos educativos para suspender el reinicio de las clases. “Mientras no llegan respuestas del Gobierno provincial, las escuelas siguen enfrentando problemas que no pueden esperar. Los edificios se deterioran”, denuncian.

Sostuvieron que los edificios escolares “necesitan mantenimiento” y manifestaron que hay “cargos que desaparecen, sobrecarga laboral, salarios que siguen perdiendo frente al costo de vida”.

Weretilneck dijo que “Río Negro es de las pocas provincias que incrementa los sueldos por inflación, hemos pagado sueldo y aguinaldo en un solo día, y el primer día hábil del próximo mes los trabajadores provinciales tendrán sus salarios depositados”.

Aseguró que “todas las acciones sobre los trabajadores de la educación son de respeto, intentando sostener por todos los medios el poder adquisitivo de los salarios”. El gremio, sostuvo, “decidió esta medida de fuerza, a pesar de que la provincia no va a dar más allá de lo que indican los índices de inflación”.

“Lamentablemente los niños no tendrán clases lunes y martes por esta actitud del sindicato docente, tampoco su comedor ni el refrigerio, por lo tanto no hay otra respuesta que el descuento de los días no trabajados” anunció el mandatario rionegrino.

El sindicato rechazó la oferta oficial relacionada a incrementos fijados a partir del índice inflacionario.

“No hay motivos para ir al paro, no es justo” dijo el mandatario y agregó que “más de que lo estamos haciendo no podemos hacer”.

Se trata de la tercera medida de fuerza, por motivos similares, que el sindicato provincial realiza en 2026.

La primera de ellas fue en febrero, a pocos días del inicio de clases, cuando no solo se limitó al clásico cese de actividades, sino que además realizó una medida de fuerza con una protesta en la ruta nacional 23.

En abril, la protesta tuvo cortes intermitentes y permanencia sobre la Ruta Nacional 151, con fuerte visibilización territorial del conflicto. Hubo paro los días 16 y 17 de ese mes.

En mayo, el gremio anunció un paro provincial de 48 horas con actividad central en Cipolletti y acciones en todas las seccionales al día siguiente, lo que muestra una estrategia de combinación entre acto focalizado y despliegue provincial.

En esa ocasión, los afiliados incluso reprocharon a la conducción la forma de encarar el conflicto y solicitaron otros métodos de reclamo.

En años anteriores, la UNTER puso en práctica otras medidas de fuerza similares. En julio de 2025 el sindicato resolvió un paro de 48 horas para el reinicio de clases, luego del receso invernal, por conflicto salarial y por el pago no realizado de un bono.

En octubre de ese año el congreso de esa agrupación sindical rechazó una instancia de paritaria y también dejó a los estudiantes sin clases durante dos jornadas.

La Libertad Avanza (LLA) de Río Negro obtuvo el reconocimiento de la Justicia Electoral como partido político de distrito y se perfila para participar con sello propio en las elecciones provinciales de 2027, además de otras contiendas previstas en el calendario electoral local.

Si bien el principal objetivo es disputar la gobernación, los armadores libertarios anticiparon que también buscarán competir en instancias previas, entre ellas la elección de convencionales constituyentes de Bariloche, prevista para el 1 de noviembre, en la que se reformará la Carta Orgánica municipal.

El senador Enzo Fullone encabeza el armado político de la fuerza y aparece como uno de los principales nombres para la contienda para suceder a Alberto Weretilneck al frente del Ejecutivo provincial.

En el mismo espacio también se encuentra el diputado nacional Aníbal Tortoriello, quien se afilió a La Libertad Avanza hace pocas semanas. El legislador ya había manifestado en 2025 su intención de competir por la gobernación, aunque dentro del espacio no descartan que pueda integrar una fórmula como candidato a vicegobernador.

La fuerza que lidera Javier Milei desde la Casa Rosada celebró el reconocimiento oficial, que le permitirá competir con sello propio sin necesidad de integrar alianzas o frentes electorales.

Con este aval, además de proyectarse para la elección provincial de 2027, La Libertad Avanza podrá presentar candidatos en los comicios para convencionales constituyentes de Bariloche, convocados para revisar y modificar la Carta Orgánica de la ciudad más poblada de Río Negro.

La resolución fue firmada a principios de este mes por el juez electoral Carlos Da Silva, quien otorgó el reconocimiento y la personería jurídico-política a la fuerza para actuar tanto en el ámbito provincial como en el municipal.

El partido podrá utilizar oficialmente los tradicionales colores violeta y negro y contará con autorización para emplear distintos emblemas partidarios, entre ellos la “peluca” alusiva al presidente Javier Milei, diversas representaciones de un león, además del contorno de un águila y una serpiente.

En su resolución, el magistrado tuvo en cuenta que La Libertad Avanza posee reconocimiento definitivo como partido de distrito a nivel nacional, bajo el registro 174, con autoridades proclamadas y mandato vigente hasta marzo de 2029. La diputada nacional Lorena Villaverde figura como presidenta; el apoderado partidario, Damián Torres, como vicepresidente; y el senador Enzo Fullone, como tesorero.

Más allá de la estructura formal, Fullone es quien conduce el proceso de consolidación y expansión territorial del espacio. “Es el responsable del armado partidario en toda la provincia”, sostienen desde el sector, aunque aclaran que todavía no existe una definición respecto de una eventual candidatura a gobernador.

Si bien Villaverde continúa siendo la presidenta del partido, en el espacio reconocen que, desde la difusión de denuncias vinculadas a presuntas causas por narcotráfico en Estados Unidos, dejó de ejercer la conducción política. De hecho, tampoco participó de la celebración por la obtención del reconocimiento partidario.

Con esta resolución, La Libertad Avanza completó el último requisito legal que le restaba para competir con sello propio en las próximas elecciones de Río Negro.

Según datos oficiales, el partido que a nivel nacional lidera el presidente Javier Milei cuenta con 2.395 afiliados en la provincia y ya tiene aprobada su Carta Orgánica Partidaria.

La Sala II de la Cámara de Casación anuló la condena impuesta por la Justicia Federal a Ernesto Cruz Cárdenas y su pareja, Belén Salinas, por el delito de usurpación de una fracción de tierras del Parque Nacional Los Alerces.

No obstante, el tribunal mantuvo vigentes las restantes acusaciones vinculadas con agresiones a funcionarios de la Administración de Parques Nacionales y daños ocasionados a bienes del organismo.

El fallo desató polémica en la Patagonia, donde distintos sectores consideran que la resolución podría derivar en nuevas disputas por tierras públicas y privadas. La Asociación Civil Consenso Patagonia fue una de las que se hizo eco de los fallos, advirtiendo “los riesgos” que podrían generar ambos sobreseimientos.

En agosto de 2025, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, presidido por el juez Enrique Baronetto, había condenado a Cruz Cárdenas a tres años de prisión en suspenso y a Salinas a un año y seis meses de prisión en suspenso por la usurpación de tierras públicas dentro del Parque Nacional Los Alerces.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina apeló aquella sentencia y la Cámara de Casación resolvió ahora revocar las condenas y sobreseer a ambos por el delito de usurpación.

La causa se inició en 2020, cuando integrantes de la comunidad ocuparon la seccional de guardaparques El Maitenal y difundieron en redes sociales una reivindicación territorial sobre el predio.

Posteriormente, se registraron daños en instalaciones públicas y en un puente de la zona. Durante el juicio, los imputados sostuvieron que su reclamo se fundamentaba en un arraigo ancestral y cuestionaron el accionar de la Administración de Parques Nacionales. En ese sentido, hicieron hincapié en la preexistencia de sus familias en el territorio y denunciaron una política de “hostigamiento” por parte del organismo.

La identificación de Cruz Cárdenas con el pueblo mapuche es relativamente reciente. Antes de integrarse a la comunidad, trabajó como brigadista de incendios forestales contratado por la Administración de Parques Nacionales, institución de la que luego se desvinculó, según declaró, por razones ideológicas.

La familia de Salinas reside en tierras públicas. Sin embargo, según la acusación fiscal, tanto ella como Cruz Cárdenas avanzaron sobre una superficie mayor, donde incluso ocuparon una seccional de guardaparques.

La Fiscalía Federal, a cargo de Mariano Sánchez, centró la acusación en cuatro hechos atribuidos a Cruz Cárdenas, dos de los cuales también involucraban a Salinas.

La comunidad permanecía en un predio perteneciente a la Administración de Parques Nacionales, organismo que actuó como querellante durante el proceso.

En el verano de 2025, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezaron un operativo de desalojo en el lugar. Sin embargo, cuando las fuerzas llegaron al predio, los integrantes de la comunidad ya lo habían abandonado.

Al fundamentar su decisión, la Cámara sostuvo que el accionar de los imputados debía analizarse a la luz de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado respecto de los pueblos originarios, que reconocen la preexistencia del pueblo mapuche y su derecho a reclamar las tierras que consideran ancestrales.

Desde la Gremial de Abogados, los letrados Gustavo Franquet y Luis Soares afirmaron que “esta sentencia vuelve a restablecer la justicia en relación con el reconocimiento de los derechos de las comunidades mapuche, que fueron llevadas al fuero penal en violación de la normativa nacional e internacional vigente”.

Además, destacaron la actuación de la Sala II y cuestionaron el fallo de primera instancia, al señalar que el juez Baronetto “desechó toda la prueba presentada por la defensa y aceptó la totalidad de la ofrecida por la Fiscalía y la Administración de Parques Nacionales”.

Preocupación por el antecedente

El sobreseimiento despertó preocupación en distintos sectores políticos de la Patagonia, donde consideran que la decisión podría convertirse en un antecedente para futuras ocupaciones de tierras públicas y privadas.

Se trata del segundo fallo de características similares dictado recientemente por la Cámara de Casación. Días atrás, el mismo tribunal absolvió a integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, quienes habían sido condenados por usurpaciones ocurridas entre 2017 y 2022 en Villa Mascardi.

En ese caso, los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci revocaron la sentencia dictada por el juez federal Alejandro Silva. Los magistrados entendieron que el fallo presentaba vicios de arbitrariedad y que no se había acreditado con certeza la autoría material de los hechos atribuidos a los acusados.

En mayo de 2025, Silva había impuesto distintas penas de prisión en suspenso. Matías Daniel Santana y Yéssica Fernanda Bonnefoi habían sido condenados a dos años y seis meses; Martha Luciana Jaramillo y Romina Rosas, a dos años y cuatro meses; Betiana Ayelén Colhuan, machi de la comunidad, a dos años y dos meses; y María Celeste Ardaiz Guenumil, a un año de prisión en suspenso por un hecho de usurpación.

En ese fallo, la Cámara sostuvo que el tribunal de origen incurrió en un error jurídico al considerar la usurpación por despojo como un delito permanente. Según la resolución, tanto la doctrina como la jurisprudencia entienden que se trata de un delito instantáneo con efectos permanentes, por lo que el hecho se consuma en el momento en que se produce el despojo de la posesión.

Además, denunciaron al Municipio de General Roca por haber autorizado el evento. Según pudo saber Infobae, la presentación incluye los presuntos delitos de turbación de la posesión, destrucción de sitios arqueológicos e incumplimiento del derecho a la consulta previa.

La denuncia fue radicada en la Fiscalía Nº 1 de General Roca. En el escrito, la comunidad responsabiliza a autoridades políticas por “violaciones sistemáticas a un territorio comunitario indígena”, aunque no hace referencia a la agresión ocurrida durante la competencia.

Desde el Municipio de General Roca rechazaron esa interpretación y aseguraron que el circuito se desarrolló en un sector de acceso público, ubicado dentro de un Área Protegida Municipal (APM).

"Es un área de uso recreativo a la que pueden asistir libremente no sólo deportistas, sino también familias y vecinos para realizar actividades al aire libre", explicó la secretaria de Producción del municipio, Florencia Ghirardelli.

La funcionaria indicó que el organizador presentó previamente el croquis del recorrido, que fue evaluado y autorizado por guardias ambientales y otras áreas municipales. También señaló que participaron organismos provinciales en la coordinación del operativo.

El ataque a los corredores

La agresión ocurrió el domingo al mediodía, cuando un grupo de jinetes interceptó a los competidores y los atacó con rebenques y boleadoras. Varios corredores sufrieron golpes y algunos no pudieron completar la prueba.

“Me pegaron con boleadoras en la cabeza y me rompieron la remera”, relató uno de los participantes.

Fernando Castro, otro de los corredores, aseguró que “es una situación de violencia que se viene dando desde hace mucho tiempo”.

El repudio de la organización

Tras los incidentes registrados durante la 17ª edición de la Doble Apolo, la organización repudió lo sucedido y afirmó que la competencia contaba con todas las autorizaciones necesarias.

En un comunicado, la organización señaló que presentó el recorrido ante la Municipalidad de General Roca, abonó los cánones correspondientes, obtuvo los permisos de Vialidad Rionegrina para los cortes parciales sobre la Ruta 6 y también la autorización del propietario del campo lindero al predio municipal.

Asimismo, explicó que, como ocurre habitualmente, colaboradores recorrieron el circuito media hora antes de la largada y detectaron la remoción de algunas marcas de señalización. Según precisaron, en ese momento no había personas en el lugar y la cartelería fue reinstalada minutos antes del inicio de la competencia.

“Esperamos que la Justicia y las autoridades tomen intervención para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse”, expresaron.

La postura de la comunidad

En un comunicado, la Lof Leufuche sostuvo que desde hace 18 años la competencia afecta a las siete familias que integran la comunidad.

“Se nos ha cerrado el ingreso a nuestros puestos, se pasa por el frente de nuestras rucas, han atropellado animales y utilizan las únicas bajadas que tienen las vacas para llegar al río. Hemos sufrido importantes pérdidas porque los animales se espantan y caen por las bardas”, señalaron.

También afirmaron que el día previo a la carrera la vocera de la comunidad solicitó reunirse con los organizadores para expresar su desacuerdo con el recorrido, aunque sostuvieron que ese pedido no fue atendido.

Finalmente, cuestionaron el desarrollo de distintos proyectos y actividades que, según aseguran, se realizan dentro del territorio comunitario sin el consentimiento de la comunidad.

El activista Facundo Jones Huala demandó al Fisco de Chile por más de 100 millones de pesos chilenos por haberlo mantenido en prisión más tiempo del que establecía la condena de seis años y un día que le impuso la Justicia de ese país, al encontrarlo responsable del incendio de un fundo y la portación de un arma casera en el año 2013.

El líder de la RAM, con el patrocinio de los abogados Samuel Alarcón Velásquez y María Rivera Iribarren, le exige al fisco del país vecino una indemnización por “daño moral”, luego de que se le negara la libertad a pesar de haber vencido el plazo previsto en la condena que le impuso la Justicia de ese país.

Ahora el líder mapuche está detenido en Argentina desde junio de 2025, en el marco de una causa que investiga la fiscalía federal por conducir una agrupación, la RAM, que durante varios años intentó imponer ideas o combatir las ajenas a través del ejercicio de violencia.

El 21 de diciembre de 2018 la Primera Sala del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia condenó al “lonko” a seis años y un día de prisión por los delitos de incendio del fundo Pisu Pisué, en la comuna de Río Bueno, y la portación ilegal de un arma casera.

Estuvo detenido hasta mediados de enero de 2022 cuando obtuvo el permiso de libertad vigilada, aunque esa autorización fue revocada unos días más tarde. Sin embargo, mientras estuvo libre, escapó de Chile y cruzó a la Argentina a través de un paso fronterizo no habilitado.

Fue recapturado el 3 de enero de 2023, casi un año más tarde, en El Bolsón, momento en el que comenzó el proceso judicial para extraditarlo nuevamente a Chile para que agote la pena que le había impuesto la Justicia trasandina.

El 27 de febrero de 2023, la Oficina de Cooperación Internacional en Materia Penal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación comunicó que el gobierno de Chile solicitó la extradición del mapuche, debido a que aún no había agotado la condena que le impusieron en Valdivia.

El fiscal adjunto de Río Bueno, Sergio Fuentes Paredes, solicitó la extradición de Jones Huala para cumplir “un saldo de pena de 1 año, 4 meses y 17 días” en relación a los delitos por los cuales fue condenado.

El 4 de enero de 2024, el mapuche regresó a Chile, donde quedó detenido. De acuerdo al cómputo que realizó su defensa, Jones Huala debía quedar en libertad el 26 de junio de ese año, teniendo en cuenta el plazo que faltaba para agotar la condena.

Sin embargo, Gendarmería de Chile rechazó su libertad, esgrimiendo distintos argumentos, y lo mantuvo detenido hasta agosto.

La Corte ordenó la libertad del mapuche

La Corte Suprema de Chile revocó un fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco y ordenó la libertad inmediata de Jones Huala, al hacer lugar a un recurso de amparo presentado por su defensa. El máximo tribunal determinó que el líder mapuche había cumplido su condena el 14 de junio de 2024 y que permanecía privado de su libertad de manera ilegal desde esa fecha, producto de un error en el cómputo del saldo de condena que debía cumplir tras su extradición desde la Argentina.

Según constató la Corte, la información remitida en su momento por Gendarmería de Chile fue errónea: el saldo real de condena al momento de revocarse la libertad condicional no era de 503 días, sino de 887. Al descontar el tiempo que Jones Huala permaneció privado de libertad en la Argentina durante el trámite de extradición, la propia autoridad chilena recalculó un saldo final de 522 días.

En consecuencia, la Corte resolvió que Jones Huala se encontraba detenido de manera ilegal desde esa fecha y ordenó su libertad inmediata, invocando el artículo 21 de la Constitución chilena, que regula el recurso de amparo ante privaciones de libertad sin fundamento legal.

Ese cálculo erróneo fue considerado por los abogados que patrocinan ahora a Jones Huala en Chile, quienes demandaron al Fisco del país vecino por 100 millones de pesos chilenos, es decir algo más de USD 100 mil.

Cambio en su fisonomía

Desde hace pocos días Jones Huala permanece detenido en la unidad penitenciaria de Esquel, tras una disposición judicial que autorizó su derivación desde la cárcel federal de Rawson, donde estuvo detenido desde junio de 2025.

En las últimas audiencias de las que participó, sorprendió un cambio de imagen rotundo del líder mapuche, quien dejó de lado la vestimenta mapuche y luce el rostro rasurado.

Sin embargo, desde su entorno explicaron que “parte de esos cambios no fueron por decisión personal, sino por una exigencia de la unidad penitenciaria donde estuvo detenido hasta hace pocos días”.

El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) decidió reabrir el trámite administrativo vinculado al relevamiento territorial de la comunidad Mapuche Tehuelche Lof Familia Catrimán Colihueque, radicada en Futaleufú, Chubut.

La medida quedó formalizada a través de la disposición que rubricó Claudio Avruj, actual presidente del INAI, la cual pone nuevamente en discusión el reconocimiento de ocupación tradicional que el propio organismo había otorgado en 2023.

Varios pobladores de esa zona aseguran ser titulares dominiales y registrales de una porción de tierra que forma parte del relevamiento mapuche.

A través de un recurso de reconsideración, plantearon que la Resolución 354/2023 —la que había reconocido la ocupación indígena— se dictó sin respetar el debido proceso ni su derecho de defensa.

Afirmaron, además, que los fundamentos de esa resolución eran “manifiestamente ficticios e inexistentes” y remarcaron que nunca fueron convocados a participar del procedimiento.

Frente a ese planteo, el INAI dispuso abrir una etapa probatoria y reabrir el expediente que se había tramitado en el marco de la Ley 26.160, la normativa que regula el relevamiento de tierras de comunidades indígenas en todo el país.

El objetivo declarado “es revisar los antecedentes que llevaron a reconocer, en 2023, la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad, y determinar si en ese proceso se vulneraron derechos de los propietarios registrales”.

En relación con la medida, Avruj aseguró a través de las redes sociales que “continuamos trabajando en pos de la transparencia del INAI. Pusimos todo en revisión desde el primer día de gestión” y acompañó el texto con una captura de la reciente disposición.

La Asociación Civil Consenso Patagonia destacó la iniciativa de la conducción actual del INAI debido a que “la revisión administrativa ordenada contribuye a otorgar mayores garantías tanto a las comunidades indígenas como a los particulares alcanzados por el procedimiento”.

La medida, dijeron, “constituye una manifestación del funcionamiento de las instituciones republicanas, donde las decisiones administrativas pueden ser revisadas conforme a los procedimientos legales establecidos, fortaleciendo la confianza pública en los organismos del Estado”.

En los considerandos de la disposición, el INAI recordó que el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas busca identificar y delimitar los territorios que ocupan las comunidades originarias, y aclaró que, por diseño, ese procedimiento no prevé la participación de terceros ajenos a las partes durante sus distintas etapas.

Pese a eso, el organismo entendió que corresponde revisar lo actuado porque podrían haberse pasado por alto circunstancias objetivas que, de haber sido tenidas en cuenta, habrían evitado que se relevara y georreferenciara parte del inmueble reclamado por los denunciantes.

La disposición ordena notificar de la reapertura a la comunidad Lof Familia Catrimán Colihueque, al representante del Consejo de Participación Indígena, al Gobierno de Chubut y al Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural de la provincia, organismos que ahora podrán acercar documentación e informes que se sumarán al expediente en revisión.

El caso se suma a una serie de conflictos territoriales entre comunidades mapuche y propietarios privados que se vienen registrando en distintos puntos de la Patagonia, y que en los últimos años han derivado en sucesivos cuestionamientos judiciales y administrativos a los relevamientos realizados bajo la Ley 26.160.

El intendente de la ciudad rionegrina de Allen, Marcelo Román fue suspendido de sus funciones como jefe comunal mientras la Justicia lo investiga por presunto peculado y administración fraudulenta de fondos públicos.

El titular del municipio calificó la decisión de los ediles como un “acto avasallador, ilegal e inconstitucional” y anticipó que inició acciones legales para anular la ordenanza que lo alejó del cargo.

Está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque el caso aún no tiene veredicto.

Fue procesado por un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra a un empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.

Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.

Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.

El suspendido intendente denuncia que ediles opositores se confabularon en una maniobra para intentar arrebatarle el cargo sin haber ganado en las urnas, según sus propias expresiones.

Con el argumento de que el poder legislativo avanza sobre facultades que corresponden a la Justicia, tres ediles que responden a Román se esforzaron para revertir la decisión de los bloques opositores, quienes finalmente lograron las mayorías necesarias para imponer la suspensión.

Los impulsores de la medida rechazaron la idea de que se trate de un castigo anticipado y la medida se encuadra dentro de lo establecido en la Carta Orgánica Municipal.

El expediente que puso en jaque al primer intendente libertario de Río Negro tuvo un giro decisivo el 18 de junio pasado, cuando la jueza de Garantías Natalia González formalizó cargos contra Román y el empresario Sebastián Ocampo. La investigación apunta a la compra de un teléfono celular con dinero del municipio y su posterior entrega a un tercero.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, entre marzo de 2024 y julio de 2025 el Ejecutivo local habría adquirido un equipo valuado en 479.999 pesos a través de un plan corporativo contratado por la comuna. La línea asociada al dispositivo se pagó con fondos públicos, lo que elevó el gasto total a 596.812,38 pesos.

La magistrada dispuso un plazo de dos meses para profundizar la pesquisa y ordenó producir nuevas pruebas. Ese punto fue clave para el dictamen que terminó recomendando el apartamiento preventivo del intendente, al entender que aún faltan testimonios y pericias relevantes.

Junta de firmas

En paralelo, sigue sin resolverse la iniciativa impulsada por Silvina Susana Cantero, una docente jubilada que impulsó de manera independiente —según su propio relato— una campaña de recolección de firmas para pedir la revocatoria del mandato.

El pedido ingresó formalmente al Concejo Deliberante invocando el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, que habilita este mecanismo cuando el reclamo cuenta con el respaldo de al menos el 10% del padrón electoral.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, fue trasladado a la unidad penitenciaria de Esquel, en Chubut, tras permanecer detenido durante más de un año en una cárcel de máxima seguridad e iniciar una huelga de hambre extrema para lograr su derivación.

Desde que fue detenido en junio de 2025, la defensa de Jones Huala pide que lo trasladen a Esquel para que su familia, que vive en Bariloche, pueda visitarlo. La Fiscalía Federal se opuso a cada solicitud.

El juez federal subrogante Gustavo Zapata, en una de las audiencias que presidió, autorizó la derivación del “lonko” a Esquel, aunque el Ministerio de Seguridad objetó la decisión judicial y se opuso al traslado.

Funcionarios de esa cartera esgrimieron razones de seguridad. La U14 es una unidad penitenciaria que se encuentra en pleno centro de Esquel, en el norte de Chubut, sobre la avenida principal.

El mapuche conoce de memoria los pasillos de la cárcel. Allí estuvo alojado en dos ocasiones, en la instancia previa a los dos juicios de extradición a los que fue sometido, para ser juzgado en Chile por delitos que cometió en ese país.

El primer juicio de extradición se realizó en Bariloche en agosto de 2018, ocasión en la que el mapuche fue trasladado desde la cárcel de Esquel en helicóptero. La Justicia chilena solicitaba su extradición para juzgarlo por el incendio de una propiedad privada y la portación ilegal de un arma de fuego. Tras ser extraditado, fue condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia a nueve años de prisión por la acumulación de ambos delitos. Parte de la condena la cumplió alojado en Esquel.

La Justicia trasandina le otorgó el beneficio de libertad condicional y cuando se lo revocó, el paradero de Jones Huala ya era incierto. El 30 de enero de 2023 fue recapturado por la Policía de Río Negro en El Bolsón: estaba vestido de mujer y alcoholizado.

Desde ese momento volvió a la cárcel de Esquel hasta principios de 2024, cuando fue extraditado nuevamente para agotar la pena que le había impuesto la Justicia del país vecino. El juicio de extradición se había realizado en junio de 2023.

Durante todos esos meses, el mapuche construyó vínculos intracarcelarios y, de acuerdo con los registros que constan en la Justicia Federal, tuvo la máxima puntuación en conducta.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina celebró el traslado del activista y denunció que funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) ignoraron la orden del juez Zapata de concretar el traslado.

“El juez de garantías intimó una y otra vez al SPF sin obtener ni siquiera respuesta. Tuvo que amenazar a los funcionarios para que acaten la orden judicial y dio un plazo de 12 horas al director de la institución para informar el estado del trámite”, indicaron los abogados de la Gremial.

El mapuche podría seguir preso hasta junio de 2027, debido a que la causa que lo mantiene tras las rejas fue configurada como “investigación compleja”.

El Ministerio Público Fiscal busca pruebas para demostrar el accionar delictivo de la RAM en tres provincias patagónicas, donde —según la acusación— “Jones Huala intentó interponer sus ideas a través del ejercicio de la violencia, cometiendo atentados y hechos vandálicos”.

En junio pasado el juez extendió la prisión preventiva hasta septiembre cuando, se cree, volvería a extenderse la detención por otros tres meses.

Mientras que la cuenta regresiva para los comicios provinciales en Tierra del Fuego está en proceso, La Libertad Avanza aspira a disputar el sillón de la gobernación a un oficialismo fragmentado aunque antes deberá dirimir entre las dos espadas que aguardan la bendición de Balcarce 50 para lucir el traje de candidato libertario.

Tras aventajar al oficialismo fueguino con una diferencia cercana a los diez puntos en las elecciones de octubre pasado, los libertarios se ilusionan con suceder a Gustavo Melella en la conducción provincial.

El senador Agustín Coto y el diputado Santiago Pauli pujan por esa postulación. La disputa sucede con designaciones propias en distintos espacios de conducción, que son celebrados como victorias en esa carrera preelectoral.

Coto elige no hablar de candidaturas aunque está dispuesto a ser el candidato libertario si los armadores nacionales se inclinen por él. “Es el candidato natural” sostienen los violetas de la tierra austral. Pauli no oculta su pretensión de suceder a Melella y anticipa codazos para tratar de quedarse con la representación libertaria.

Respaldos preelectorales

El senador es hoy la figura con mayor densidad institucional del armado libertario fueguino. En apenas cuatro años pasó de convencional constituyente en Ushuaia a legislador provincial y luego a senador nacional, y ocupa un lugar estratégico como secretario parlamentario del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta y segundo en la mesa de conducción que encabeza Patricia Bullrich. Ese rol técnico-político lo posicionó como el articulador del espacio a nivel provincial y lo puso en el radar directo de la Casa Rosada.

Para pelear por el espacio, Pauli lanzó Fundación Patria Libre con la que plantó bandera para ir por la gobernación. Días atrás presentó, como muestra de músculo político, la designación de Alberto Belmar como director regional del PAMI. El funcionario, familiar directo de Pauli, se desempañaba como jefe de la agencia PAMi en Río Grande. “Fue un corrimiento de cargos, influenciado por su parentesco, más que una demostración de poder político” dijeron sus detractores.

Coto sostiene buen vínculo con Javier y Karina Milei e incluso con Patricia Bullrich, además de sumar adhesiones internas dentro de la conformación libertaria nacional, mientras que Pauli siente el espaldarazo de Eduardo y Martín Menem.

Las señales de disputa están en juego aunque ambos saben que la decisión llegará de Casa Rosada, por eso el objetivo de ganar terreno antes de que llegue esa bendición.

La actualidad del oficialismo fueguino

Mientras los libertarios avanzan en un camino estrecho, del otro lado del tablero el oficialismo de Melella trata de apuntalar la gestión sorteando obstáculos financieros agudos.

Conduce la provincia desde 2019 y fue reelecto para seguir en el cargo hasta 2027 bajo el sello FORJA, en alianza con el peronismo y el kirchnerismo, y tampoco escapa a las disputas internas. La principal grieta corre entre el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, más cercano a La Cámpora, y el de Río Grande, Martín Pérez, con su espacio propio Provincia Grande.

Esa disputa, que ya había costado caro en la conformación de listas legislativas, es la que el peronismo deberá resolver antes de encarar la disputa por la gobernación en 2027.

Un dato adicional presiona el calendario: Melella impulsó a fines de 2023 una reforma constitucional que, de concretarse mediante una convención de constituyentes, podría allanarle el camino para presentarse a un nuevo mandato. Si eso no ocurre, el oficialismo fueguino deberá resolver una sucesión sin candidato claro, en momentos en que la fragmentación interna del peronismo le da oxígeno al avance libertario en la provincia.

La conducción de La Libertad Avanza (LLA) en Río Negro fortalece su armado interno con nuevas incorporaciones de dirigentes que adhieren al proyecto político del presidente Javier Milei.

Con la diputada nacional Lorena Villaverde desplazada de la toma de decisiones, aunque todavía al frente de la presidencia partidaria, la fuerza comenzó a delinear su estrategia para los próximos comicios provinciales, en los que buscará competir con un candidato propio.

El senador nacional Enzo Fullone, vicepresidente del partido y principal armador libertario en la provincia, mantiene una línea directa con la Casa Rosada. Esta semana anunció la afiliación del diputado nacional Aníbal Tortoriello, ex dirigente del PRO que ya se había alineado con la conducción nacional libertaria, aunque hasta ahora no contaba con ficha de afiliación.

Fullone celebró la incorporación del exintendente de Cipolletti. Tortoriello fue candidato a gobernador por el PRO y, tras renovar su banca en la Cámara de Diputados, ya había anticipado su intención de volver a competir por la Gobernación bajo el sello de La Libertad Avanza.

El anuncio había generado resistencias dentro del espacio, donde algunos dirigentes cuestionaban una eventual candidatura de Tortoriello por no integrar formalmente el partido. Sin embargo, su reciente afiliación despejó ese obstáculo y abre la posibilidad de una competencia interna de cara a la definición de las candidaturas para 2027.

Fullone, quien asumió su banca en el Senado tras la salida de Villaverde hacia la Cámara de Diputados, tampoco descarta disputar esa postulación.

“La Libertad Avanza continúa consolidando su estructura política en Río Negro con nuevas incorporaciones que fortalecen el crecimiento del espacio en toda la provincia”, señaló el comunicado difundido para anunciar la afiliación de Tortoriello.

El objetivo, agregó el texto, es “consolidar una estructura política sólida, ampliar su presencia territorial e incorporar nuevos dirigentes comprometidos con las ideas de la libertad”.

En los últimos meses también se sumaron al espacio los legisladores provinciales Martina Lacour y Claudio Doctorovich, entre otros dirigentes que decidieron incorporarse al proyecto político encabezado por Javier Milei.

“Cada incorporación fortalece un proyecto que trasciende los nombres propios. Estamos construyendo un espacio con dirigentes comprometidos con las ideas de la libertad y con la transformación que impulsa el presidente Javier Milei. Río Negro tiene un enorme potencial y queremos que esas ideas lleguen a cada ciudad y a cada vecino de la provincia”, afirmó Fullone.

El senador también sostuvo que la incorporación de Tortoriello representa “un paso importante” para consolidar el partido en Río Negro. “Aporta experiencia, gestión y un fuerte compromiso con el cambio que eligieron los argentinos. Su decisión de sumarse demuestra que cada vez son más quienes entienden que este es el camino para transformar definitivamente a Río Negro y al país”, afirmó.

Sin mencionar nombres, Fullone anticipó que La Libertad Avanza presentará un candidato propio en las elecciones provinciales de 2027 para disputar la Gobernación al oficialismo de Juntos Somos Río Negro, que lidera Alberto Weretilneck.

Más allá de su afiliación al espacio libertario, Tortoriello mantiene el armado de Creo Río Negro, el partido que fundó antes de incorporarse a LLA y que cuenta con representación en distintos ámbitos legislativos de la provincia.

“Ese partido es y seguirá siendo una herramienta que mantenemos disponible y que estará a disposición de La Libertad Avanza”, aseguró.

El abogado local Leandro Gómez Constenla asumirá la titularidad del Juzgado Federal de Bariloche, luego del nombramiento rubricado por el presidente Javier Milei, y deberá resolver causas vinculadas a litigios con comunidades mapuches y la detención del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, entre otros expedientes.

El juzgado funcionó con designaciones temporales y reemplazos desde 2014. Allí se resolvieron causas vinculadas a litigios territoriales complejos con comunidades mapuches, como el de Villa Mascardi, que se extendió desde 2017 hasta 2022.

Gómez Constenla deberá resolver la situación del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien está detenido desde junio de 2025 en el marco de una causa que investiga la Fiscalía federal de la ciudad patagónica por presunta asociación ilícita calificada.

El nuevo magistrado asumirá las próximas semanas al frente del juzgado. En su escritorio tendrá además situaciones vinculadas al Aeropuerto Internacional de Bariloche y a la investigación por supuesta trata de personas de la secta rusa que operaba en Bariloche, cuyo líder permanece detenido y a disposición de esa institución.

El histórico titular del juzgado fue el juez Leónidas Moldes, quien en septiembre de 2014 fue proclamado miembro electo titular del Consejo de la Magistratura de la Nación.

La designación se formalizó tras la elección del 23 de septiembre de ese año, donde resultó electo para integrar el órgano encargado de la selección y remoción de magistrados por el período 2014-2018.

El entonces secretario Penal Wálter López Da Silva asumió la primera subrogancia hasta noviembre de 2015, cuando la Corte Suprema impulsó el fallo “Uriarte”, a partir del cual prohibió las subrogancias de los secretarios que no tuvieran acuerdo del Senado.

La medida derivó en la designación interina de Gustavo Villanueva, quien ejercía como titular del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Neuquén y ocupó el cargo hasta febrero de 2019, cuando Moldes finalizó su mandato como consejero de la Magistratura y retomó funciones en Bariloche.

El 1 de agosto de ese año, Moldes se jubiló y el cargo nuevamente quedó acéfalo. El secretario civil del juzgado, Gustavo Zapata, asumió la subrogancia luego de obtener el aval del Senado de la Nación, y se desempeñó en el cargo hasta agosto de 2021.

Zapata fue reemplazado por María Silvina Domínguez —por entonces jueza federal de Zapala—, quien se jubiló en febrero de 2023. Villanueva volvió a asumir la conducción interina de Bariloche hasta febrero de 2025, cuando expiró el plazo autorizado para subrogar el cargo.

Desde ese momento y hasta la actualidad, Zapata se hizo cargo nuevamente del juzgado barilochense.

Durante el ejercicio de las distintas subrogancias, el juzgado atravesó momentos de convulsión a partir de diversos conflictos con comunidades mapuches. Uno de los más resonantes fue la ocupación de predios públicos y privados en Villa Mascardi, impulsada por la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Domínguez estaba al frente de la institución en octubre de 2022, cuando se realizó el desalojo de los predios ocupados. En coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo en ese momento de Aníbal Fernández, se desplegó un amplio operativo que culminó con la detención de siete mujeres que estaban en los predios ocupados. Los varones que formaban parte de la comunidad huyeron y evitaron ser detenidos; algunos de ellos permanecieron en la clandestinidad hasta hace pocos meses.

Tras el nombramiento por parte del presidente, a Gómez Constenla solo le falta el acto protocolar de la jura para asumir al frente del Juzgado Federal de Bariloche, que funciona en la avenida San Martín al 400 de esa ciudad.

El nuevo juez nació en Bariloche, es padre de tres hijos y hasta ahora se desempeñaba como secretario del Consejo de la Magistratura de la Nación. Será su primera experiencia al frente de un juzgado federal, con todo lo que ello implica desde la organización interna administrativa hasta la atención de la demanda de los justiciables.

“Si ustedes brindan el acuerdo para que yo sea juez de allá, estoy convencido que lo voy a ejercer con responsabilidad, con equilibrio, con mesura y con respeto por la Constitución Nacional argentina”, se comprometió Gómez Constenla ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, cuando fue entrevistado el 15 de mayo pasado.

A Gómez Constenla lo esperan expedientes con demandas previsionales, posiblemente amparos y las causas penales que no se investigan en la justicia ordinaria provincial. Ante los senadores contó que trabajó en un Juzgado de Instrucción Federal, en un Juzgado de Instrucción Nacional y en una Cámara Federal de Apelaciones. También ejerció como secretario de Ejecución Penal.

La cooperativa que provee el suministro eléctrico en la ciudad de Neuquén le cortó la luz a la Brigada de Montaña VI del Ejército Argentino por una deuda millonaria y el organismo oficial prometió regularizar los pagos.

La decisión que tomó la Cooperativa Provincial de Servicios Públicos y Comunitarios de Neuquén Limitada (CALF) el lunes pasado tuvo efectos suspensivos a partir de un compromiso de pago de la institución.

La deuda que contrajo el organismo público ronda los $65 millones por falta de pago durante tres meses. El Ejército Argentino concentra más de 13 bocas de suministro con CALF y en la mayoría registra deuda, lo que provocó el crecimiento de la mora.

Sin embargo, la cooperativa neuquina decidió interrumpir el suministro solo en una de esas dependencias públicas. La medida fue postergada luego de un compromiso de pago del Ejército, aunque aún no se efectuaron pagos para reducir el pasivo.

El corte del servicio, que se produjo el lunes pasado y se mantuvo durante pocas horas, se concretó luego de varios avisos de deuda e intimaciones que fueron ignoradas por el organismo nacional.

Tanto fuentes del organismo neuquino como del Ejército informaron que el conflicto está “en vías de solución”.

En la capital de la provincia petrolera existen otros organismos nacionales que mantienen deuda con el proveedor del servicio eléctrico, aunque por montos menores y no tan prolongados.

La deuda que registra el Ejército tuvo efecto acumulativo por falta de pago en diez de las trece bocas que el organismo tiene habilitadas ante el mismo proveedor.

Desde CALF informaron que el procedimiento no tuvo carácter excepcional y que la interrupción del servicio responde a “la falta de pago acumulada en varias bocas del mismo usuario y la falta de respuesta a las múltiples intimaciones que fueron enviadas”.

La medida afectó una de las instalaciones de la institución castrense donde funciona la Brigada de Montaña VI, una de las sedes con mayor actividad en la capital neuquina, donde se desarrollan tareas de entrenamiento.

Fuentes del organismo nacional indicaron que el conflicto surgió por “diferencias administrativas”, debido a que la fuerza solo maneja efectivo para sus gastos corrientes, mientras que la cooperativa no acepta ese medio de pago para cancelar el servicio.

Durante años, el Ejército canceló sus obligaciones a través de un esquema de créditos, a partir de un acuerdo con las autoridades de CALF, aunque el mecanismo dejó de funcionar y afectó el nivel de tolerancia del proveedor del servicio eléctrico.

La sede que sufrió la interrupción del servicio es la que más deuda acumula, con un pasivo aproximado de $45 millones, mientras que la segunda en nivel de morosidad registra facturas impagas por más de $16 millones.

Fuentes de la cooperativa neuquina confirmaron que el servicio podría ser interrumpido nuevamente si el organismo nacional no regulariza la situación.

Los letrados que patrocinan al mapuche Facundo Jones Huala, quien permanece detenido desde hace más de un año en la unidad penitenciaria federal de Rawson, denunciaron que su asistido fue obligado a permanecer a la intemperie durante cuatro horas, lo que podría haber atentado contra su vida.

La presentación por la presunta comisión del delito de acción pública fue radicada este martes ante la Justicia Federal.

El mapuche está detenido desde junio de 2025, en el marco de una investigación configurada como compleja, por los supuestos delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen.

Los patrocinantes Gustavo Franquet y Gustavo Soares, integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, denunciaron que Jones Huala fue obligado a permanecer al aire libre durante cuatro horas, sin contemplar que desde el 27 de abril sostiene una huelga de hambre, medida que posteriormente endureció con la interrupción de la ingesta de líquidos, lo que afectó de forma notoria su estado de salud.

En diálogo con Infobae, los abogados manifestaron su malestar con el proceder de los empleados del Servicio Penitenciario Federal, quienes actuaron de igual manera con otros internos que comparten pabellón con su cliente.

El mapuche inició la medida para exigir su traslado a la cárcel federal de Esquel, con el objetivo de acortar la distancia entre esa unidad penitenciaria y la residencia de su familia, con domicilio en Bariloche.

La falta de nutrientes y líquidos afectó el estado de salud de Jones Huala, quien el domingo pasado tuvo que recibir asistencia en el centro médico Santa Teresita, de la ciudad de Rawson.

“La acción de someterlo al rigor de la temperatura ambiente durante cuatro horas en las condiciones físicas en las que se encontraba evidenciada una intención clara de que resultara víctima de cualquier tipo de enfermedad pulmonar o respiratoria, lo que podría haber atentado contra su vida”, denunciaron los abogados.

A partir de esa denuncia, Franquet y Soares solicitaron una investigación para determinar si los empleados penitenciarios y sus superiores actuaron de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, aunque aseguran que deben ser investigados “como comisivos del delito tipificado en el artículo 80, inciso 9°, del Código Penal, bajo el supuesto contemplado en el artículo 42 del mismo cuerpo legal”.

Pidieron además investigar “la cadena de mando que ordenó mantener a Jones Huala al aire libre, desde el Ministerio de Seguridad hasta el personal de la unidad penitenciaria”. Mencionaron como testigos a los demás internos del pabellón 5 de la Unidad Penitenciaria.

Confirman traslado a Esquel

El juez federal Ezequiel Andreani, semanas atrás, autorizó el traslado del detenido a la Unidad 14 de Esquel, aunque la derivación quedó en suspenso a partir de una presentación de la Fiscalía descentralizada de Bariloche, a cargo del fiscal Fernando Arrigo.

A pesar de la postergación del traslado, el Colegio de Jueces de Revisión de General Roca declaró mal concedida la impugnación de los fiscales y dejó sin efecto la presentación que realizó para evitar el traslado del activista.

A partir de esa resolución, el traslado de Jones Huala a la cárcel federal de Esquel podría concretarse en las próximas horas. Cuando ocurra, abandonará la huelga de hambre que inició a fines de abril.

El MPF se opuso al traslado argumentando razones de seguridad carcelaria y el perfil criminológico del imputado, respaldándose en un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación que desaconsejó su alojamiento en la cárcel de Esquel por tratarse de una dependencia de seguridad media.

El Colegio, con la firma de los magistrados Fernando Gallego y Mariano Roberto Lozano, rechazó ese planteo con sustento en su propia jurisprudencia y declaró mal concedida la impugnación.

Dos ex funcionarios provinciales del radicalismo de Río Negro fueron detenidos y alojados en una dependencia penitenciaria regional tras ser condenados por cobrar sobresueldos entre los años 2004 y 2010, mientras que a otros ex integrantes del mismo gabinete les impusieron penas en suspenso. Todos cumplieron funciones durante la gestión del gobernador Miguel Saiz.

Los ex ministros de Educación y Coordinación, César Barbeito y Francisco González, fueron alojados en una dependencia penitenciaria de la localidad de Pomona, luego del fallo confirmatorio de la Corte Suprema de Justicia, con la imposición de penas de cumplimiento efectivo para ambos funcionarios.

Barbeito fue interceptado el domingo a media tarde en el aeropuerto internacional de Bariloche por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuando regresaba de vacacionar en Brasil junto a su familia. De inmediato fue abordado a un móvil de la Policía rionegrina, que lo trasladó la unidad carcelaria donde cumplirá la condena. González, por su parte, se entregó de forma voluntaria tras conocer el revés judicial dispuesto por la Corte.

Ambos deberán cumplir 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que otros cinco integrantes del gabinete fueron condenados a penas de 2 años y seis meses. Entre ellos están el ex titular de la cartera de Turismo, Omar Contreras, Cristina Uría (Salud), Juan Accatino (Producción), Alfredo Pega (Desarrollo Social) y Diego Larreguy (Gobierno). La medida de la Corte también alcanza al extesorero provincial José Ongaro.

La investigación determinó que, entre los años 2004 y 2010, se montó un sistema para utilizar fondos públicos en el pago de adicionales salariales a funcionarios. Estos recursos se distribuían de manera discrecional, sin criterios transparentes de asignación y utilizando un mecanismo que operaba por fuera de los circuitos administrativos y de controles habituales del Estado.

En 2018, la Cámara Criminal de Viedma condenó a los implicados por el delito de peculado y las penas fueron confirmadas dos años más tarde por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Ahora fue la Corte Suprema la que confirmó las condenas, luego de rechazar los recursos apelativos que presentó la defensa.

La investigación surgió a partir de una investigación periodística que describía el desvío sistemático de fondos públicos a los funcionarios condenados. “Mes a mes y desde hace siete años, el secretario General de la Gobernación y los ministros del gobierno de Miguel Saiz vienen percibiendo un sobresueldo por encima de los haberes que les han sido estipulados. Lo hacen ilegalmente —aunque bajo una apariencia reglamentaria—, burlando los órganos de control y a espaldas de los rionegrinos”, advertía la nota que dio pie a la denuncia judicial.

A partir de esa publicación se abrió una investigación que terminó por reconstruir un sistema de pagos adicionales destinado a funcionarios de primera línea durante los dos mandatos de Saiz. Según la acusación, los fondos eran retirados mediante cheques emitidos a nombre de funcionarios y cobrados por ventanilla bancaria, un mecanismo que permitía eludir los controles habituales aplicados a la liquidación de haberes.

La Corte Suprema demoró seis años en resolver el expediente, al que acudió la defensa para intentar revertir lo que había dispuesto la Justicia rionegrina.

Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal rechazó los recursos extraordinarios presentados por las defensas al considerar que no lograban desvirtuar los fundamentos de las sentencias previas. De esta manera, quedaron firmes las condenas que habían sido ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020.

La Justicia rionegrina confirmó los cargos contra el ex presidente del Concejo Deliberante de Catriel, quien en 2025 amenazó con un arma de fuego a la intendenta de la ciudad e intimidó a funcionarios y trabajadores municipales mediante mensajes de texto.

El acusado, Alberto Alfredo Ariaudo, intentó impugnar el proceso judicial y, además, retrotraer la renuncia que presentó a su cargo tras el episodio. Sin embargo, el Tribunal de Impugnación ratificó la validez de las actuaciones y rechazó los planteos de la defensa.

Además, los magistrados descartaron la posibilidad de revertir la renuncia de Ariaudo y recordaron que la dimisión fue expresada ante una jueza y con la asistencia de sus abogados defensores.

Según señalaron, la decisión fue manifestada durante una audiencia judicial y con asesoramiento profesional, por lo que no encontraron elementos que permitieran sostener la existencia de algún tipo de coacción o presión indebida.

El hecho que originó la causa ocurrió en marzo de 2025, cuando el entonces presidente del Concejo Deliberante, perteneciente al mismo espacio político que la intendenta Daniela Salzotto, ingresó al edificio municipal portando un arma de fuego que exhibió ante las cámaras de seguridad. Para la acusación, se trató de una clara maniobra de amedrentamiento agravada por el uso del arma.

De acuerdo con la investigación, el ex edil manifestó de manera violenta su desacuerdo con la conducción política de Salzotto y exigió participar en las decisiones que adoptaba el Ejecutivo municipal.

La amenaza con el arma no fue el único episodio atribuido al acusado. Horas después de los hechos, Ariaudo se presentó en una dependencia policial, donde quedó detenido.

La escalada de violencia tuvo su punto máximo luego de que la jefa comunal anunciara la presentación de un proyecto para someter a los funcionarios municipales a controles periódicos de consumo de sustancias, según informó posteriormente el secretario de Gobierno, Daniel Delgado.

En la reciente presentación rechazada por el Tribunal de Impugnación, la defensa sostuvo que Ariaudo no podía haber sido detenido sin un desafuero previo debido a su condición de presidente del Concejo Deliberante. Sin embargo, la mayoría de los jueces concluyó que esa interpretación carece de sustento constitucional.

Según el fallo, la inmunidad de los concejales alcanza únicamente a las opiniones y votos emitidos en el ejercicio de sus funciones, pero no los exime de ser investigados por delitos comunes.

De esta manera, la resolución dejó firme tanto la formulación de cargos como las medidas probatorias obtenidas durante la investigación.

Durante la audiencia de formulación de cargos realizada en 2025, la fiscalía describió seis episodios violentos ocurridos entre el 8 y el 15 de marzo de ese año.

El primero se registró cuando Ariaudo envió un mensaje de WhatsApp al asesor técnico del municipio con el objetivo de obligarlo a renunciar. Posteriormente amenazó a la intendenta por la misma vía y también se presentó en la sede del Concejo Deliberante con un revólver, situación que quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Además, amenazó al secretario de Prensa e intentó agredirlo físicamente. Finalmente, fue acusado de portar un arma de fuego en el patio frontal del edificio municipal frente a dos personas.

Entre los mensajes atribuidos al ex concejal y expuestos por la fiscalía figuran frases como: “Te voy a entregar a tus funcionarios en una bolsita”, “Ese va a ser boleta” y “Conmigo no te hagás el poronga porque te limpio”.

Por estos hechos, Ariaudo fue imputado por los delitos de coacción agravada, amenazas reiteradas y portación ilegal reiterada de arma de fuego de uso civil, todo ello en concurso real.

La situación edilicia del Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré, el principal corredor internacional de la Patagonia -con un flujo anual que supera los 1.100.000 cruces de personas- y el deterioro de la Ruta Nacional 231, que une Villa La Angostura con el límite con Chile, volvieron a quedar en el centro de las críticas.

Además del mal estado de la ruta, que presenta baches y daños estructurales en distintos tramos, las mayores quejas apuntan a las condiciones del edificio fronterizo, especialmente de los sanitarios, varios de los cuales permanecen clausurados debido a su deterioro.

Aunque los problemas son de larga data, autoridades locales aseguran que en los últimos años se agravaron y reclaman una intervención urgente del Gobierno nacional. Uno de los principales impulsores del reclamo es el intendente de Bariloche, Walter Cortés, quien incluso ofreció a la Casa Rosada realizar las obras con recursos municipales, pese a que el complejo fronterizo se encuentra en territorio neuquino y depende de la administración nacional.

En ese contexto, el Concejo Municipal de Bariloche aprobó recientemente una comunicación en la que expresa su preocupación por la situación y solicita al Gobierno nacional una intervención inmediata para refaccionar las instalaciones.

El concejal Juan Pablo Ferrari, autor de la iniciativa, sostuvo que “se necesita una intervención urgente para garantizar el normal funcionamiento de los servicios” en uno de los principales pasos fronterizos del país.

Cortés, por su parte, reiteró en varias oportunidades sus reclamos ante las autoridades nacionales. Esta semana volvió a insistir con la necesidad de ejecutar obras y ofreció la colaboración del municipio para avanzar con las reparaciones.

“Es una vergüenza no solo el estado de la ruta, sino también la pésima situación del complejo edilicio. Es una de las entradas turísticas más importantes de la Patagonia, pero la primera impresión que se llevan quienes ingresan al país es muy negativa”, afirmó el jefe comunal.

Durante la presentación de la temporada turística de Bariloche en Buenos Aires, Cortés trasladó la preocupación al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, quien le informó que se encuentra en marcha un proceso licitatorio destinado a la reparación tanto de la ruta como de las instalaciones fronterizas. “Hacemos todo lo posible para que el turismo venga y se vaya contento. No podemos tener esa Aduana en el estado en el que está”, señaló el intendente.

Cómo es el Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré

Del lado argentino está conectado por la Ruta Nacional 231 y, del lado chileno, por la Ruta CH-215. Mientras Argentina continúa reclamando inversiones para mejorar la infraestructura, Chile avanzó en la reparación de su trazado vial, afectado por el intenso tránsito de camiones y las condiciones climáticas de la zona. Además, anunció la construcción de una doble vía para agilizar la circulación entre ambos países.

En el complejo fronterizo operan organismos nacionales como Migraciones, Aduana, Gendarmería Nacional y SENASA, encargados de los controles para el tránsito turístico y el transporte internacional de cargas.

“Es la puerta de entrada a paisajes de enorme valor ambiental y turístico, como el Parque Nacional Nahuel Huapi y la Ruta de los Siete Lagos. Además, cumple un rol estratégico dentro del Corredor Bioceánico y en la integración entre Argentina y Chile”, destacó Ferrari en los fundamentos de su proyecto.

La Justicia Federal autorizó el traslado del líder mapuche Facundo Jones Huala a una cárcel más cercana a su familia, aunque la Fiscalía apeló la decisión y la medida quedó en suspenso. De este modo, el traslado desde el penal de Rawson a la unidad penitenciaria de Esquel permanece a la espera de una definición judicial.

Además, el tribunal revisor rechazó un planteo de la defensa y confirmó que Jones Huala continuará detenido bajo prisión preventiva por otros tres meses.

La Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche objetó la resolución que habilitaba al referente de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) a cumplir la prisión preventiva en el Penal Federal de Esquel. Como consecuencia, el traslado quedó frenado hasta que se resuelva la apelación.

El lonko permanece alojado en la Unidad Penitenciaria Federal de Rawson desde junio de 2025, en el marco de una investigación por asociación ilícita calificada que fue declarada como causa compleja.

Desde su ingreso al penal, solicitó ser trasladado a Esquel para facilitar las visitas de sus familiares, que residen en Bariloche, debido a la cercanía entre ambas ciudades.

El viernes pasado, el juez federal subrogante Ezequiel Andreani hizo lugar al pedido luego de varias audiencias centradas en esa cuestión y ordenó el traslado a Esquel.

Sin embargo, cuando estaba por vencer el plazo para recurrir la decisión, el fiscal Fernando Arrigo, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Bariloche, presentó una apelación que dejó en suspenso la medida.

Jones Huala mantiene desde hace aproximadamente un mes una huelga de hambre en reclamo de su traslado. Según personas de su entorno, en las últimas semanas endureció la protesta al reducir también la ingesta de líquidos.

“Ni siquiera está pidiendo que lo dejen en libertad, a pesar de estar detenido injustamente. Está pidiendo que le permitan seguir detenido, pero más cerca de su familia, que está en Bariloche”, señalaron allegados al dirigente mapuche.

La defensa, encabezada por Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, presentó múltiples recursos para solicitar el traslado de su asistido.

Los planteos fueron realizados tanto en las audiencias periódicas destinadas a revisar la prisión preventiva, como mediante presentaciones ante los distintos magistrados que intervinieron en la causa.

Andreani, quien subroga el juzgado federal de Bariloche, consideró que no existían elementos suficientes para rechazar el pedido y autorizó el traslado. Con anterioridad, el juez Gustavo Zapata había adoptado una decisión similar, aunque la oposición del Ministerio de Seguridad de la Nación impidió que se concretara.

Tanto la unidad penitenciaria de Rawson como la de Esquel dependen del Servicio Penitenciario Federal.

“Entre Bariloche y Rawson hay cerca de 900 kilómetros de distancia, mientras que Esquel se encuentra a menos de 300 kilómetros. El planteo apunta a que la familia pueda visitarlo con mayor frecuencia”, explicaron voceros de la defensa.

La Unidad 6 de Rawson es un establecimiento de máxima seguridad, mientras que la Unidad 14 de Esquel es de seguridad media. Esa diferencia fue uno de los argumentos utilizados por el Ministerio de Seguridad para oponerse al traslado, pese a que Jones Huala ya había estado alojado en esa dependencia antes de ser extraditado a Chile para enfrentar un proceso judicial.

El dirigente mapuche fue detenido en junio de 2025 en el marco de una investigación por asociación ilícita calificada. Según la acusación, promovió acciones violentas vinculadas a la causa mapuche e intentó difundir sus postulados mediante el uso de la violencia.

Mientras tanto, sus familiares manifestaron preocupación por el deterioro de su estado de salud como consecuencia de la prolongada huelga de hambre.

Un pasajero que estaba por abordar un vuelo hacia Buenos Aires, respondió en tono de broma sobre la existencia de un artefacto explosivo en su equipaje y afectó el funcionamiento de la estación aérea de Bariloche, a partir de la activación de un protocolo antiexplosivos que finalmente fue negativo.

El pasajero se encontraba en el primer piso del Aeropuerto Internacional de Bariloche, provincia de Río Negro, a punto de abordar una aeronave para regresar a Buenos Aires, cuando anunció que tenía una bomba en su equipaje.

Cuando le consultaron si transportaba elementos prohibidos, como objetos cortantes, baterías o explosivos, dijo que tenía una bomba. A pesar del tono jocoso de la respuesta, su testimonio derivó en la activación de un protocolo antiexplosivos, que estuvo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

La “broma” afectó el funcionamiento de la estación aérea, hasta tanto los uniformados – vistiendo trajes para manipular elementos de alto riesgo- confirmaron que se trataba de una falsa alarma.

El responsable del episodio no pudo abordar la aeronave y fue detenido por efectivos de esa fuerza federal, que inició acciones judiciales por el delito de intimidación pública.

Fuentes del caso confirmaron a Infobae que “el hecho es grave, más allá de si fue una broma o no, y dio inicio a una causa que tiene al hombre como principal sospechoso”.

Personal de la unidad especial Gedex revisó el equipaje del hombre y analizó el área de pre embarque del aeropuerto internacional, causando temor en la estación aérea.

Otro caso en Chubut

En diciembre de 2025 ocurrió una situación similar en el Aeropuerto de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, donde una mujer aseguró que trasladaba una bomba entre sus pertenencias.

De inmediato la Policía de Seguridad Aeroportuaria aplicó el protocolo correspondiente para estos casos y los pasajeros de la terminal que estaban en la zona de pre embarque fueron evacuados.

El hecho fue protagonizado por una mujer, que planeaba viajar junto a su hija con destino Buenos Aires. En ese caso, las pasajeras no habían despachado equipaje, por lo que el protocolo dio resultados negativos.

Debido a esto, los vuelos y el movimiento del aeropuerto se vieron completamente interrumpidos, ya que tanto personal como las personas que están por abordar algún avión debieron retirarse del edificio principal y aguardar la finalización del operativo en una zona segura.

Una aeronave procedente de la ciudad de Córdoba aterrizó en el aeropuerto aunque los pasajeros debieron aguardar a bordo hasta que finalizó la inspección.

Ante una amenaza, la PSA realiza un procedimiento especial de control similar a los casos de las valijas olvidadas y se ordena la inmediata evacuación para evitar que haya una posible tragedia.

Dijo “bomba” y fue condenado

En otro episodio similar, un hombre fue detenido luego de mencionar la palabra “bomba” cuando se registraba en el mostrador de check-in de Aeroparque y fue procesado por supuesta “intimidación pública”.

El caso derivó en una causa judicial, que concluyó con un embargo al sujeto por un millón de pesos. Ocurrió en mayo de 2025 y tuvo la intervención de la Cámara Federal de Buenos Aires, que dispuso además profundizar la pesquisa para determinar de manera más exacta en qué términos y contexto se refirió a un artefacto explosivo.

Es que testigos hicieron mención a frases distintas como “voy a poner una bomba para poder tomar el avión” o “parece que tengo que colocar una bomba para que me atiendan”. Y una empleada dijo que el pasajero estaba angustiado porque su vuelo se había cancelado varias veces.

Todo comenzó una tarde de mayo pasado cuando un agente de tráfico de la empresa aérea se presentó en la guardia de prevención del “Aeroparque Jorge Newbery” y refirió que cuando efectuaba el “check-in” de un vuelo con destino a la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, un pasajero le dijo: “Voy a poner una bomba para poder tomar el avión”.

De inmediato se fijó un perímetro en el lugar, se identificó al pasajero y se despejó la zona como medida preventiva, además de convocar al Agrupamiento Especial GEDEX, bomberos y dar aviso a la jefatura del aeropuerto.

La Justicia Federal autorizó el traslado del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala al establecimiento penitenciario de Esquel, donde permanecerá detenido bajo la figura de prisión preventiva, mientras es investigado por presunta asociación ilícita calificada. Estaba en huelga de hambre desde hace tres semanas para exigir su derivación.

Jones Huala está detenido desde junio de 2025 en la penitenciaría de Rawson, en Chubut, tras ser capturado en el marco de un controvertido operativo de la Policía Federal Argentina que se llevó a cabo sin una orden judicial vigente.

Tres semanas atrás, el dirigente inició una huelga de hambre para exigir a la Justicia su traslado a la U14 de Esquel, con el argumento de poder permanecer cerca de su familia, que reside en Bariloche, a 250 kilómetros de distancia.

Finalmente, el juez subrogante Ezequiel Andreani, en el marco de una audiencia celebrada este viernes, dispuso el traslado del mapuche a esa dependencia federal, donde continuará detenido bajo el mismo régimen de prisión preventiva.

En las últimas horas, Jones Huala fue derivado a un centro médico de Rawson debido a las consecuencias físicas de la huelga, que en sus últimos días incluyó la interrupción de la ingesta de líquidos además de sólidos. La medida de fuerza —la tercera desde que está detenido— forzó a la Justicia a autorizar dicha derivación.

La defensa del activista, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y representada por Gustavo Franquet, solicitó en reiteradas ocasiones el traslado a la cárcel de Esquel. En un primer momento, el juez federal Gustavo Zapata había accedido al planteo y ordenado su traslado; sin embargo, por intromisión del Ejecutivo Nacional, la medida no se concretó: funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación desaconsejaron el traslado aduciendo razones de seguridad.

Traslado en suspenso

Más allá de la nueva disposición judicial, el Ministerio Público podría apelar la decisión, por lo que el traslado no se efectivizará hasta que quede firme, lo que podría ocurrir en el transcurso de la semana próxima.

Una vez confirmada la disposición de Andreani, el Servicio Penitenciario Federal deberá otorgar un cupo para alojar a Jones Huala en la U14 de Esquel, trámite que también podría demorar la derivación.

Cabe recordar que en octubre de 2025 la Dirección de Régimen Correccional del Ministerio de Seguridad de la Nación ya se había opuesto al traslado, en discrepancia con lo dispuesto por la Justicia. El argumento utilizado fue que la cárcel de Esquel carece de las medidas de seguridad necesarias para alojar al detenido, a quien consideran un “preso peligroso”. Sin embargo, con la nueva disposición judicial, el organismo deberá otorgar el espacio para alojarlo en esa dependencia del norte chubutense.

Esa caracterización se contrapone con lo señalado por las autoridades de la U14, quienes destacaron la buena conducta que tuvo Jones Huala durante las distintas instancias en las que estuvo alojado allí, previas a los dos juicios de extradición a los que fue sometido antes de ser trasladado a Chile, donde fue juzgado y condenado.

La detención de Jones Huala está relacionada con una investigación que encabeza el Ministerio Público Fiscal por supuesta asociación ilícita calificada, luego de que el dirigente instara a los pueblos originarios a combatir el régimen capitalista y confrontar —incluso a través de la violencia— a terratenientes. La causa fue encuadrada como investigación compleja —una figura que habilita plazos procesales extendidos— a pedido de los fiscales, quienes atribuyen a la RAM distintos atentados y hechos vandálicos en al menos tres provincias patagónicas.

Una jueza rionegrina ordenó a una comunidad mapuche la entrega voluntaria de dos parcelas que ocupa en el paraje Mallín Ahogado, a pocos kilómetros de El Bolsón, Río Negro, luego de un proceso judicial en el que validó la documentación presentada por los demandantes para exigir la restitución de los lotes.

La magistrada multifueros de El Bolsón, Paola Bernardini, titular del Juzgado Civil N° 11, otorgó a la lof Inalef un plazo de 30 días para que haga abandono voluntario de las tierras, ubicadas en un sector que históricamente lleva el nombre de la comunidad.

La primera sentencia de desalojo fue notificada a mediados de mayo y la segunda a fines del mismo mes. Ambas resoluciones están vinculadas a denuncias en las que los demandantes sostienen que la comunidad ocupa de manera irregular los terrenos en cuestión.

Uno de los denunciantes es el ex intendente de El Bolsón Félix Argentino Merino, histórico docente de la localidad, quien en 1997 intentó desalojar a los mapuches del lugar, aunque aquella iniciativa no prosperó.

Los Inalef aseguran que su permanencia en el sector “es histórica” y sostienen que quienes impulsan las acciones judiciales “especulan con negocios inmobiliarios”.

Orlando Carriqueo, referente de la Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche de Río Negro, afirmó que “la presencia de la familia Inalef en el lugar es histórica, al punto que el sector es conocido como Rinconada Inalef”.

El dirigente admitió que la comunidad no cuenta con documentación que acredite formalmente su preexistencia territorial. Según explicó, ello se debe a que “en el pasado, los mapuches desconocían la normativa; muchos no sabían leer ni escribir y, por ende, nunca tramitaron la documentación correspondiente”.

También aseguró que los denunciantes “tampoco cuentan con escrituras, sino únicamente con boletos de compraventa”.

A través de un comunicado, la comunidad Inalef sostuvo que Merino “impulsa el desalojo con el único objetivo de vender estas tierras y obtener ganancias personales, sin importarle su valor espiritual, cultural ni familiar”.

“Estas tierras no son bienes negociables: son una reserva invaluable que nos dejaron nuestros abuelos, un legado sagrado destinado a nuestro sustento, protección y continuidad como pueblo. Es nuestra identidad, nuestra vida y el único espacio donde nuestras nuevas generaciones pueden crecer con dignidad y arraigo”, expresó.

En el segundo expediente por el que Bernardini ordenó el desalojo figura como demandante Juan Lux Auroux, un hombre con quien integrantes de la familia Inalef mantuvieron numerosos conflictos, no sólo vinculados a la titularidad de las tierras, sino también a cuestiones contractuales y de convivencia.

La lof Inalef exige la suspensión de las sentencias y el reconocimiento pleno de sus “derechos ancestrales, históricos y legítimos” sobre el territorio. Además, advirtió: “Nuestra postura es clara e innegociable: no nos iremos. Aquí están nuestras raíces, aquí está nuestra historia y aquí permaneceremos”.

La familia, que mantiene otros conflictos territoriales en la zona, sostuvo que desde 2012 busca concluir el relevamiento territorial para acreditar su preexistencia en el lugar, aunque el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) abandonó ese proceso.

Los demandantes no realizaron declaraciones públicas sobre las resoluciones judiciales. Sin embargo, confían en la ejecución de las sentencias, aunque todavía existen instancias recursivas que podrían ser utilizadas para intentar frenar los desalojos.

El kirchnerismo neuquino le arrebató la conducción del peronismo a las actuales autoridades partidarias, que habían diseñado el encuentro confiadas en poder sostener a sus propios alfiles en espacios clave para la estrategia electoral de 2027.

No se trata solo de un proceso interno. El gobernador Rolando Figueroa descontaba el acompañamiento del peronismo para una eventual reelección en 2027, aunque ahora sabe que el kirchnerismo se ubicará en la vereda opuesta y sin margen para un acercamiento.

El congreso se realizó en Vista Alegre y fue convocado por su intendente, José Asaad, en su carácter de presidente del Consejo Partidario.

Los anfitriones, que proyectaban retener la conducción partidaria, perdieron terreno al no poder imponer sus figuras por encima de las que propuso el exsenador Oscar Parrilli, principal armador del sector opositor.

El desarrollo del proceso interno, fiscalizado por veedores de la Justicia Electoral, modifica el panorama de cara a los comicios provinciales de 2027, en los que el mandatario neuquino aspira a permanecer al frente del Poder Ejecutivo.

Hasta ahora, Figueroa contaba con el acompañamiento del sector peronista derrotado, del que incluso forman parte algunos funcionarios de su gabinete. Sin embargo, sabe que con el kirchnerismo no existen posibilidades de entendimiento.

Tras la victoria, los dirigentes alineados con Parrilli afirmaron que el resultado reivindica el “liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner” y fortalece la bandera del peronismo en la carrera por la Gobernación de 2027.

Con el nuevo esquema interno, el exdiputado provincial Luis Sagaseta habló de la necesidad de reconstruir la unidad del peronismo luego de una disputa que dejó sectores relegados y encendió señales de alerta en el oficialismo provincial.

Con el peronismo prácticamente descartado como aliado, el oficialismo neuquino amplía su búsqueda de apoyos para sostener el proyecto con el que pretende retener la Gobernación.

En ese radar aparece el histórico Movimiento Popular Neuquino (MPN), fuerza que condujo los destinos de la provincia petrolera durante más de seis décadas y que cobijó políticamente a Figueroa antes de la conformación de La Neuquinidad, el frente con el que logró desplazar al partido del poder.

Dentro del MPN, que renovará autoridades en los próximos tres meses, existen voces favorables a respaldar una eventual candidatura de Figueroa para un nuevo mandato. Para ello, sin embargo, deberán evitar una interna y alcanzar una lista de unidad.

El respaldo al mandatario es explícito, aunque también existen planteos que el partido pretende poner sobre la mesa para negociar un eventual acompañamiento en 2027. Los armadores del MPN aseguran que la fuerza conserva el “músculo político” que la convirtió en un actor dominante de la política neuquina y destacan que cuenta con cerca de 90.000 afiliados, cuatro veces más que el peronismo y bastante más que la Unión Cívica Radical.

Con esos números, los referentes partidarios avanzan en acuerdos internos y observan con entusiasmo el escenario que comenzará a definirse el próximo año.

“El objetivo es que el Movimiento Popular Neuquino renueve sus autoridades y siga acompañando el proyecto que encabeza el gobernador Figueroa”, afirmó Gabriel Álamo, presidente del bloque del MPN en la Legislatura provincial y uno de los principales armadores del partido.

Al igual que ocurre con el sector derrotado del peronismo, varios dirigentes históricos del MPN fueron incorporados al Ejecutivo provincial. En ese contexto, se especula con que sean ellos quienes integren una lista de unidad para respaldar a Figueroa, quien incluso mantiene su afiliación al histórico partido provincial.

La tensión en el oficialismo también está vinculada al crecimiento del espacio libertario, que impulsa a la senadora Nadia Márquez como potencial candidata a la Gobernación, una postulación que contaría con el visto bueno de la Casa Rosada.

“Voy a ser la primera gobernadora mujer”, anticipa Márquez, aunque aclara que esa candidatura podría concretarse en 2027 o en 2031. La senadora y pastora evangélica fue la primera dirigente libertaria en lanzarse a la carrera por la Gobernación, y los respaldos dentro del espacio no tardaron en llegar.

A pocos días de que la Justicia decidiera endurecer los cargos contra el mapuche Facundo Jones Huala, líder expreso de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), ahora decidió extender por otros tres meses la prisión preventiva por la que permanece desde hace casi un año alojado en una cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut.

Tanto el planteo para endurecer los cargos contra el mapuche como la extensión de la prisión preventiva fueron solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y avaladas por el Juez Federal Gustavo Zapata.

Días atrás, el MPF informó que había solicitado agravar los cargos por los que permanece detenido, afirmando que el accionar por el que se lo investiga había comenzado antes de lo que se creía inicialmente.

Con el argumento de que la investigación se encuentra en pleno proceso y su liberación podría entorpecer la pesquisa, los fiscales solicitaron al juez extender otros tres meses la permanencia de Jones Huala tras las rejas.

La Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) fue considerada una organización criminal. Jones Huala es su único integrante expreso, aunque el MPF asegura que hay otros integrantes, quienes aún no fueron identificados.

Lo investigan por presunta asociación ilícita calificada y le endilgan múltiples atentados, amenazas y sabotajes bajo la figura de la RAM que, a su vez tiene vinculación con la CAM, una violenta corriente mapuche con sede en Chile.

A partir de la prórroga de la preventiva, Jones Huala, quien se encuentra en huelga de hambre de sólidos desde hace tres semanas, anunció que también dejará de ingerir líquidos, por lo que su estado de salud podría agravarse.

La decisión de endurecer la medida de fuerza no solo tiene relación con la prórroga de la preventiva, sino también por el rechazo del magistrado de autorizar su traslado a una cárcel de seguridad media ubicada en Esquel, también en Chubut.

“Facundo dejará de ingerir líquidos, ante la nueva negativa de la Justicia de autorizar su traslado a Esquel”, anunciaron sus abogados, integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.

La audiencia oral se realizó este viernes de manera virtual. Para la defensa de Jones Huala, la de hoy fue “una verdadera declaración de guerra tanto a Facundo, a su defensa, y nos animamos a decir que se extiende a cualquier comunidad de Pueblos Originarios”.

Jones Huala comenzó la huelga de hambre líquida hace tres semanas para intentar torcer el brazo de la Justicia y lograr que sea derivado a Esquel para “permanecer cerca de su familia”, que reside en Bariloche.

Zapata, cuando se realizó por primera vez ese planteo -en 2025-, autorizó la derivación y solicitó al Servicio Penitenciario Federal que le otorgue un cupo en la U14 de Esquel, aunque por decisión política la solicitud fue rechazada por la misma institución, que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La defensa entiende que esa cartera nacional se involucra en cuestiones que “deberían resolverse en el ámbito de la Justicia” y sostiene que “son decisiones políticas que se toman en los despachos del Ministerio de Seguridad” de la Nación. Acusó además a los jueces y fiscales de acatar las decisiones de la Casa Rosada. “Solo acatan y dibujan resoluciones sin argumentos ni fundamentos”, apuntaron.

La semana pasada, el Ministerio Público Fiscal federal formalizó la ampliación de la imputación del líder de la RAM al asegurar que el activista actuó desde 2011, tiempo desde el que habría realizado “diversos eventos de sabotaje y agresión”.

Fernando Arrigo, titular de la sede fiscal descentralizada de la ciudad cordillerana, aseguró que el mapuche integra esa organización desde, al menos, el 16 de noviembre de 2011 hasta la actualidad, junto a otras personas que no fueron identificadas.

Denunció que su objetivo es la imposición de ideas por la fuerza para aterrorizar a la población e incluso sostuvo que las acciones de amedrentamiento ocurrieron no solo contra ciudadanos y vecinos en general, sino también contra integrantes de otras comunidades mapuches que no comulgan con su ideología.

Arrigo aseguró que el ámbito de actuación de la RAM alcanza a tres provincias patagónicas: Neuquén, Río Negro y Chubut, aunque por la inmensa extensión territorial “la investigación es compleja y necesita tiempo, con Jones Huala detenido, para reunir toda la información vinculada al caso”.

A partir de justificar la causa como compleja, el detenido podría permanecer otro año más en prisión, es decir hasta junio de 2027.

La localidad rionegrina de Allen está convulsionada por la presentación de firmas vecinales para pedir la revocatoria del mandato del intendente Marcelo Román, quien en paralelo afronta una causa judicial por presunta malversación de fondos públicos y peculado.

Una mujer jubilada de la localidad y una ex empleada municipal, despedida durante la gestión del jefe comunal, tomaron la iniciativa de reunir las firmas para elevar el petitorio al Concejo Municipal.

Argumentan una “grave negligencia” en la prestación de los servicios públicos esenciales de la comuna, como eje principal de la presentación.

Román, hasta septiembre de 2025, era el único jefe comunal libertario de la provincia e incluso llegó a ejercer el rol de vicepresidente de LLA en la provincia patagónica. Sin embargo, a partir de las sospechas que surgieron por la supuesta administración fraudulenta, tuvo que dar un paso al costado y renunciar a esa representación partidaria.

Hasta allí se escudaba en el paraguas político de la diputada Lorena Villaverde, quien aún ostenta el cargo de presidenta del partido, aunque con funciones disminuidas y “silenciada” a partir del escándalo que la involucra por una causa de narcotráfico en Estados Unidos, por la cual incluso debió renunciar a su banca en el Senado de la Nación.

Román aún se muestra como el único intendente libertario de la provincia, aunque sin respaldo político expreso: desde esa estructura política aseguran que “está solo, los armadores libertarios le soltaron la mano”.

A partir de la causa judicial que lo involucra, la gestión de Román al frente del ejecutivo de Allen ingresó en zona de turbulencias, aunque la reciente presentación de firmas para desplazarlo del cargo agudizó la crisis institucional en la ciudad frutícola.

Silvina Cantero es una docente jubilada, ex afiliada al gremio docente de la provincia, quien asumió la iniciativa de colectar firmas para desplazar al intendente. Desde fines de 2025 hasta la actualidad acumuló más de 3.000 rúbricas, que fueron elevadas al legislativo local para iniciar el proceso de revocatoria de mandato, tal como lo establece la Carta Orgánica local.

Tras la presentación, aseguró que no hubo representaciones políticas detrás de la campaña contra Román y que la misma responde a “una convicción propia”.

En la nota que acompañó las firmas, la mujer detalló que la administración municipal evidencia una profunda ineptitud en la prestación de los servicios básicos, denunciando un estado de abandono progresivo que afecta directamente la calidad de vida en los diferentes barrios de la localidad.

El documento, que ingresó con sello oficial de la casa legislativa amparándose en el artículo 98 de la Carta Orgánica Municipal, expone severas deficiencias en áreas clave del mantenimiento urbano cotidiano. Entre los principales reclamos que motivaron el acompañamiento masivo de la ciudadanía se destacan el desinterés en la limpieza de las calles, las fallas crónicas en el sistema de recolección de residuos domiciliarios y la alarmante falta de alumbrado público.

Cantero argumentó que la parálisis de la comuna responde no solo a una falta de gestión, sino a una preocupante carencia de mantenimiento de los insumos, herramientas, maquinarias y del propio capital humano e infraestructura de proveedores necesarios para atender las demandas del ejido urbano. La docente aclaró expresamente que actuó a título personal, desvinculando el reclamo de cualquier patrocinio o encomienda por parte de agrupaciones políticas, civiles o religiosas.

Causa judicial

Román está sospechado de administrar de forma fraudulenta las finanzas comunales, aunque la causa judicial es independiente de la campaña de firmas.

El mandatario fue procesado por la Justicia y enfrenta una causa penal de gravedad institucional por presunta administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. La investigación judicial apunta a un supuesto desvío de fondos estatales que también involucra al empresario de medios Sebastián Ocampo, señalado por los fiscales como partícipe necesario en las maniobras delictivas destinadas a damnificar las arcas de la comuna.

Este entramado de sospechas económicas tendrá su capítulo definitivo en el corto plazo, ya que las autoridades judiciales fijaron la audiencia de formulación de cargos para el próximo 8 de junio. La proximidad de la cita en los tribunales añade una fuerte presión al escenario de la revocatoria, debilitando el respaldo político de Román mientras el Concejo Deliberante evalúa los pasos legales a seguir con las firmas entregadas por la comunidad.

El Ministerio Público Fiscal federal (MPF) formalizó la ampliación de la imputación del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala quien permanece detenido desde hace casi un año en la U6 de Rawson, acusado de asociación ilícita agravada.

El mapuche está bajo el régimen de prisión preventiva en el marco de una investigación compleja, por lo que podría permanecer otro año tras las rejas, hasta 2027.

La Fiscalía Federal de Bariloche aseguró que Jones Huala lidera la RAM desde noviembre de 2011, estructura desde la que habría realizado “diversos eventos de sabotaje y agresión”.

Fernando Arrigo, titular de la sede descentralizada de la ciudad cordillerana, aseguró que el mapuche integra esa organización desde, al menos, el 16 de noviembre de 2011 hasta la actualidad junto a otras personas que no fueron identificadas.

Denunció que su objetivo es la imposición de ideas por la fuerza para aterrorizar a la población e incluso sostuvo que las acciones de amedrentamiento ocurrieron no sólo contra ciudadanos y vecinos en general, sino también contra integrantes de otras comunidades mapuches que no comulgan con su ideología.

En la audiencia ante el juez de Garantías Gustavo Zapata, afirmó que la RAM tiene antecedentes vandálicos en Neuquén, Río Negro y Chubut y la ampliación de la formulación tiene relación a que “el tiempo de actuación en el territorio fue más extenso que el señalado en la primera audiencia de formalización de la investigación”.

Jones Huala permanece hace dos semanas en huelga de hambre, intentando que la Justicia autorice su derivación a una unidad penitenciaria de Esquel, para permanecer más cerca de su familia que reside en Bariloche.

Su madre, Isabel Huala, denunció esta semana que la salud de su hijo “se deteriora con el paso de los días” y solicitó a la Justicia que “atienda el reclamo, que es sensato, sincero y tiene una justificación clara”.

En el marco de la audiencia por la ampliación de la imputación, la fiscalía consideró que, para sumar integrantes a la organización criminal, Jones Huala habría realizado “distintos tipos de reivindicaciones de hechos de sabotaje incendiario”, con la intención de que sus actos fueran emulados por otras personas.

La ex Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció en junio de 2025 que Jones Huala había sido detenido en El Bolsón. El juez Federal Ezequiel Andreani no supo del procedimiento hasta el posteo de la ex funcionaria, debido a que hasta ese momento no existía orden judicial para detenerlo.

Sin embargo, ante esa situación, apuró una orden para autorizar la detención, forzado también por el Ministerio Público Fiscal. El argumento de la detención fue la exposición del mapuche durante la presentación de su libro “Entre Rejas Antipoesía Incendiaria” en una biblioteca de Bariloche, en la que —para el Ministerio Público— “se habrían llevado adelante una serie de conductas compatibles con la apología del delito, prevista en el artículo 213 del Código Penal”.

Además, el MPF le atribuyó a Jones Huala haber formado parte de una asociación ilícita destinada a cometer delitos que ponen en peligro la vigencia de la Constitución Nacional y que tendría una organización tipo militar, conducta que encuadraría en las previsiones del artículo 210 bis del Código Penal. “La organización operaría en Río Negro, Neuquén y Chubut, y a su vez, tendría conexiones con la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), una organización de similar estructura en la República de Chile”, denunció Arrigo, en coincidencia con la acusación de la fiscal Angela Pagano Mata en audiencias anteriores.

La fiscalía resaltó que “las conductas atribuidas a la RAM se habrían dado en horas nocturnas y de descanso, lo que habría generado en la ciudadanía el ‘abandono precipitado’ de sus viviendas ante las explosiones (con la posterior propagación del fuego) promovidas desde la organización”.

Durante la audiencia, el MPF hizo hincapié en que “se reunió prueba suficiente para considerar que el accionar violento desarrollado por la RAM también era dirigido contra integrantes de la comunidad mapuche que no concordaban con su metodología de actuación”.

A principios de junio el mismo magistrado presidirá la audiencia en la que el Ministerio Público solicitará prorrogar la preventiva del detenido, mientras que su defensa solicitará que le otorguen el beneficio de prisión domiciliaria o en su defecto que sea trasladado a la cárcel de Esquel.

El oficialismo de Río Negro busca piezas para completar el rompecabezas con el que intentará retener la gobernación, mientras que el peronismo ya eligió candidata y la Libertad Avanza no descarta disputar la conducción provincial con un ex referente del PRO.

El armado es prematuro, aunque ya tuvo avances. La provincia es gobernada por Juntos Somos Río Negro, una fuerza de alcance provincial que hasta hace poco presidió el propio Alberto Weretilneck, quien ahora delegó la conducción partidaria en Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

Weretilneck esquiva la pregunta sobre su posible reelección. En su estructura partidaria aseguran que es el candidato natural, aunque para el anuncio, falta.

Para la oposición, el dato es clave. Si el mandatario actual encabeza la lista, habrá lugar para posibles alianzas. Si no lo es, los partidos mayoritarios podrían arriesgar listas independientes.

En el peronismo, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, anticipó su intención de ser candidata, aunque no descartó posibles acuerdos con otras fuerzas para disputarle el sillón a Weretilneck.

Está en carrera, aún sin aval de otros sectores internos. En ese contexto comenzó la rivalidad mediática con Weretilneck, pactó encuentros políticos con fragmentos del radicalismo e incluso con ex aliados del gobernador. “Pienso reunirme y hablar con todos”, dijo, y reafirmó su intención de “llegar a la capital provincial”.

En ese sentido, aseguró que se reunirá con el vicegobernador Pedro Pesatti, de corte peronista y ex aliado del mandatario rionegrino, con quien se distanció luego de que Weretilneck lo excluyera de la carrera a la Cámara alta en las elecciones de término medio.

En la otra vereda, referentes de La Libertad Avanza no descartan pelear por la gobernación con el empresario Aníbal Tortoriello, ex referente del PRO en la provincia y actual diputado libertario.

En 2023, el cipoleño fue derrotado por Weretilneck cuando peleó por la gobernación y luego dio el salto a LLA, fuerza con la que renovó su banca en la Cámara baja, tras un buen desempeño en esa compulsa.

Sin embargo, a días de la elección de octubre de 2025, anunció que pretendía volver a candidatearse para gobernador, esta vez con el sello libertario, provocando la inmediata reacción de los violetas.

La presidenta de esa fuerza en Río Negro, Lorena Villaverde, fue la primera en fustigar las declaraciones de Tortoriello y anticipó que “si quiere ser candidato, deberá ir con su partido, pero no con La Libertad Avanza”.

Fue una de las últimas apariciones públicas de Villaverde, luego del escándalo que la obligó a dimitir en la banca que había logrado en el Senado por su vinculación a una causa por narcotráfico en Estados unidos.

Desde entonces, sostiene la conducción partidaria aunque muteada, por decisión de los armadores de Casa Rosada. Es decir que lo que decida Villaverde carece de peso específico.

Damián Torres, apoderado libertario en Río Negro y Neuquén, admitió semanas atrás que “la figura de Tortoriello” genera entusiasmo en el sector para llevarlo como candidato a la gobernación.

El PRO enfrenta grietas internas, con la renuncia al bloque de una legisladora propia que inició conversaciones con un fragmento libertario porteño.

Sin figuras candidateables, coquequetea con el oficialismo para llegar a un posible acuerdo, teniendo en cuenta que su base electoral podría restarle votos a la potencial postulación de Tortoriello.

El peronismo de Chubut arrastra diferencias históricas que parecen insalvables y muchos de sus referentes decidieron acoplarse al frente oficialista que encabeza el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, quien además suma a sectores del radicalismo, algunos libertarios, fuerzas vecinalistas y el PRO.

La coalición Despierta Chubut, que podría mutar de identidad a principios de 2027, aglutina a sectores de diferentes partidos, mientras que las gestiones conciliatorias del peronismo resultan, una vez más, infructíferas.

El diputado Juan Pablo Luque, quien perdió con Torres la puja por la gobernación, protagoniza capítulos de la confrontación interna peronista y no solo se esmera en criticar a propios y ajenos.

Por lógica, critica a Torres y su gestión. Pero también lanza críticas al intendente peronista de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, quien días atrás confirmó su participación en Despierta Chubut, la coalición oficialista.

El parlamentario le endilga a Sastre, sin tapujos, que es responsable de las derrotas del peronismo en la provincia. La evidencia del fuego amigo molesta a los copartidarios, algunos de los cuales le hicieron saber a Luque su malestar por los reproches internos. “No construye, sigue destruyendo”, aseguran.

La implosión partidaria no hizo más que engrosar la coalición oficialista, que podría llevar a Torres a renovar su mandato en el Ejecutivo chubutense, aunque la postulación del mandatario aún no tiene validación.

Referentes de esa estructura multipartidaria aseguran que la definición podría darse después del Mundial de fútbol 2026, es decir en la segunda mitad del año. Sin embargo, especulan con esa idea porque los sondeos son favorables para el mandatario.

Torres, en diálogo con Infobae, coincidió con la idea. “Todavía falta, estamos ocupados en gobernar y eso es lo que nos desvela. Para hablar de candidaturas, hay tiempo”.

En la misma coalición oficialista figuran referentes de un sector libertario identificado como “violeta claro” —en contraposición a los libertarios más tradicionales, que responden a Casa Rosada—, quienes aún no arriesgan definiciones.

En esa línea está César Treffinger, diputado por La Libertad Avanza, quien se anota en la carrera a la gobernación. Aún sin el visto bueno de Casa Rosada, se desespera por cruzar a Torres cada vez que el mandatario lanza dardos al gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, el vínculo entre la provincia patagónica y el jefe de Estado se muestra razonable, con críticas aunque también con halagos. “Tenemos una buena relación en términos institucionales. Cuando hay que criticar, lo hacemos; cuando hay que aplaudir, también”, dijo Torres.

Y agregó: “Cuando hubo que pelear por los intereses de Chubut, nos plantamos y tuvimos resultados. Pero cuando hubo que destacar una gestión nacional, no nos pusimos colorados y también lo hicimos. Es coherente”.

Los libertarios comulgan con la idea de impulsar a Treffinger. Armadores de varios puntos cardinales salieron en coro a respaldar al diputado en su aspiración para desbancar a Torres. Así lo hizo, entre otros, el titular de la delegación de ANSES en Trelew, Manuel Pagliaroni, quien agotó el vocabulario de adjetivos para destacar las cualidades del diputado para conducir los destinos de la provincia patagónica.

La gélida temperatura otoñal de la Patagonia profunda se entibia con la ebullición de los partidos principales, que lejos de conciliar, echan sal a las heridas.

El PRO rionegrino agudiza el ingenio para no perder poder electoral, luego de padecer un nuevo desmembramiento interno en la provincia patagónica, con la renuncia de una legisladora propia que intentó disputar la presidencia partidaria y quedó excluida por no alcanzar la exigencia obligatoria para poder participar de un proceso interno.

La legisladora en cuestión es Martina Lacour, que intentó disputar la conducción partidaria con la presentación de una lista propia durante el proceso de renovación de autoridades. Sin embargo, la Justicia Electoral rechazó la lista por incongruencias, aunque su postulación dejó fisuras insalvables en la conformación del bloque parlamentario, tal como lo había anticipado Infobae.

La fallida presentación incluía nombres vinculados a Aníbal Tortoriello, quien disputó la gobernación provincial con la coalición Cambia Río Negro y es actual diputado nacional por La Libertad Avanza.

A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en Río Negro el vínculo entre el PRO y los libertarios está dañado.

Todo se remonta al cierre previo a las elecciones legislativas del año pasado. Allí, ambas fuerzas pactaron transitar en tándem con una lista compartida, aunque la figura de Lorena Villaverde- quien aún conduce a los libertarios en el terruño patagónico- hizo que ambas estructuras pujen por separado en esa contienda, en la que el peronismo sacó ventaja e impuso a sus candidatos.

La dimisión de Lacour en el bloque del PRO aumenta la disgregación del PRO en la provincia, con el alejamiento de varios alfiles en el parlamento provincial.

Trascendidos recientes indican que Lacour mantiene contactos con referentes de LLA para sumarse a esas filas, aunque tras su renuncia pidió la conformación de un bloque unipersonal en la legislatura provincial.

Con ese panorama, el PRO ya no sólo testea la vereda contraria para analizar rivalidades, sino que también lo hace puertas adentro.

El alejamiento de la legisladora dejó al partido al borde de perder la representación como primera minoría en el parlamento, en el Consejo de la Magistratura, organismo que tiene incidencia directa en la selección y eventual sanción de jueces. Sin embargo, aún no hubo definiciones al respecto.

En las filas libertarias, por su parte, celebran la incorporación de un ex PRO al armado violeta. El legislador Claudio Doctorovich logró su banca por Cambia Río Negro, la coalición con la que Tortoriello disputó la gobernación, y ahora dio el salto para sumarse a la estructura que digita la Casa Rosada.

Doctorovich vistió la casaca amarilla hasta hace un tiempo, cuando optó por dejar al PRO y sumarse a Cambia Río Negro, como una señal difusa de un posible acercamiento a LLA. El encargado de hacer el anuncio fue el senador Enzo Fullone, quien asumió el armado libertario rionegrino desde su figura como vicepresidente del partido, producto del silencio obligado de Villaverde como presidenta.

“El objetivo es continuar sumando dirigentes que compartan la visión del presidente (Javier Milei), con el propósito de conformar un equipo de trabajo orientado a la integración política de la provincia y a la implementación de las ideas de la libertad en Río Negro”, dijo Fullone en un comunicado de prensa.

El senador destacó la incorporación del legislador y anticipó que podrían sumarse nuevas adhesiones en el corto plazo. En el mensaje no la mencionan, aunque Lacour podría ser parte de la próxima incorporación de extrapartidarios a las filas de LLA en Río Negro.

El municipio de Villa La Angostura fue denunciado por haber ingresado con maquinaria y trabajadores a lotes privados, sin autorización de sus propietarios, para instalar una cisterna de agua destinada a abastecer a una comunidad mapuche asentada en el lugar.

Propietarios de varios terrenos denunciaron que el Ejecutivo local ingresó a predios particulares para ejecutar una obra de infraestructura que beneficiará a la comunidad Paicil Antriao, involucrada en distintos conflictos territoriales en la zona.

El hecho ocurrió el viernes pasado y derivó en presentaciones ante la Fiscalía local, la Auditoría municipal y la Defensoría. Los denunciantes acusaron al municipio de haber ingresado de manera ilegítima a sus lotes para avanzar con la obra.

Según indicaron, los trabajadores municipales dañaron candados y forzaron accesos para ingresar sin autorización a las propiedades privadas.

De acuerdo con la presentación judicial, la maquinaria municipal transformó un sendero de montaña en un camino vehicular para permitir el paso de equipos pesados que trasladaron una cisterna destinada al abastecimiento de agua del asentamiento.

Con el patrocinio de un abogado local, los propietarios denunciaron daños materiales, violación de la propiedad privada y un presunto uso arbitrario de maquinaria municipal. También señalaron la apertura de una calle en un sector no autorizado y mencionaron posibles delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, evitó profundizar sobre la polémica y señaló, en diálogo con Infobae, que el caso “ya está en poder de los letrados” y que “no hay mucho para decir”.

Desde la comunidad Paicil Antriao rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los denunciantes actúan “de mala fe”.

Lorenzo Loncón defendió la postura de la comunidad y cuestionó a los particulares que realizaron la denuncia. Afirmó que no se trata de una usurpación, sino de una recuperación territorial ancestral, y señaló que cuentan con representación legal en el marco de esa disputa.

En declaraciones al Diario Andino, Loncón sostuvo que la comunidad siempre actuó por vías legales y acusó a distintos gobiernos de ejercer “violencia institucional”.

Además, explicó que la intervención municipal buscaba garantizar el acceso al agua y prevenir incendios forestales. “Estas obras son legales”, afirmó, y negó que se haya abierto una calle nueva, al señalar que ya existía una huella en el lugar.

El vocero también indicó que iniciaron acciones legales para exigir infraestructura de servicios básicos, tanto de agua como de electricidad.

La comunidad Paicil Antriao mantiene desde hace años distintos conflictos territoriales en la provincia de Neuquén. Algunas de las ocupaciones que protagoniza cuentan incluso con fallos judiciales firmes de desalojo aún pendientes de ejecución.

El werken de la comunidad reclamó además al gobierno provincial el otorgamiento de la carpeta técnica necesaria para obtener el reconocimiento formal como comunidad, trámite que permitiría avanzar en conexiones de servicios y procesos de regularización territorial.

Sin embargo, todavía existen litigios judiciales en curso vinculados a la ocupación de tierras, en los que distintos propietarios exigen el abandono de los predios.

En el mismo cerro, la comunidad mantiene una disputa con Emanuel Ginóbili y también enfrenta conflictos con el municipio local por la ocupación de un camping ubicado sobre la costa del lago Correntoso.

Además, familias vinculadas a la comunidad se instalaron sobre el trazado proyectado de una ruta nacional destinada a desviar el tránsito pesado que atraviesa el centro de Villa La Angostura, lo que provocó demoras y bloqueos en el avance de las obras.

El activista mapuche Facundo Jones Huala, que en junio próximo cumplirá un año de prisión preventiva en la cárcel de Rawson, lleva dos semanas de huelga de hambre líquida como medida de fuerza para exigir su traslado a la unidad penitenciaria de Esquel, con el objeto de estar más cerca de su familia.

Su mamá, Isabel Huala, anunció en un mensaje grabado que se acoplará a esa medida de fuerza en los próximos días con el mismo objetivo.

La mujer, que vive en Bariloche, afirmó que no pudo acompañar a su hijo Facundo en su cumpleaños número 40, debido a la distancia entre la ciudad donde reside y Rawson, donde el mapuche permanece detenido desde hace 11 meses, bajo el régimen de prisión preventiva.

“Cada día me preocupa más la situación, y la huelga de hambre que lleva adelante, porque su salud se deteriora”, declaró. Y en el mismo mensaje anunció que iniciará una medida de fuerza similar.

A su vez, denunció que las condiciones de detención son penosas y pidió a la Justicia Federal que autorice a su hijo a cumplir con reclusión domiciliaria en su casa de Bariloche, mientras se extienda la investigación por el supuesto delito de asociación ilícita calificada por la que permanece detenido.

Isabel Huala señaló que el juez Gustavo Zapata “se burla de lo que sucede” con su hijo Facundo. Y acusó a la fiscal Angela Pagano Mata de no lograr avances en la investigación”.

“Es una realidad que cansa y duele”, criticó la mujer, quien pidió apoyo de la ciudadanía porque “la lucha de Facundo no es personal, es por el pueblo mapuche, por los antepasados y por toda la gente que está entre nosotros”.

Este lunes, el activista llegó a la segunda semana sin ingerir alimentos sólidos. Días atrás, denunció que su medida de fuerza fue notificada por escrito al Juzgado Federal, aunque la nota no llegó al magistrado que interviene en su causa.

A partir de ese reclamo y del planteo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que lo defiende, Zapata ordenó una investigación para determinar si las autoridades penitenciarias incurrieron en el presunto delito de incumplimiento de deberes como funcionarios públicos.

La investigación recayó en la Fiscalía Federal con asiento en Rawson aunque, por el momento, no hubo avances en el expediente.

La madre denunció que su hijo es “víctima de persecución política, y no sólo él, sino todo el pueblo mapuche”. A través de las redes sociales, la mujer, conmovida, pidió ayuda a la sociedad para poder costear el viaje que la trasladará a Rawson, donde planifica permanecer algunos días para estar cerca del “lonko”.

Jones Huala y la organización que conduce son investigados por presunta asociación ilícita calificada. En este sentido, fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la fiscalía de Estado de Río Negro, luego de arengar al pueblo mapuche a cometer sabotajes y ataques incendiarios “para defender lo que nos pertenece”.

En junio de 2025, fue capturado cuando se trasladaba en colectivo desde Bariloche hacia el sur. Sin embargo, la captura fue blanco de críticas debido a que cuando se concretó no había orden para detenerlo.

La autorización del juez fue rubricada cuando el mapuche ya estaba detenido e incluso su captura fue anunciada a través de las redes sociales por la senadora Patricia Bullrich, cuando comandaba la cartera de seguridad nacional.

Una legisladora de Río Negro presentó un proyecto para eliminar los cotos de caza en la provincia patagónica y propone que los animales sean tratados como “seres sintientes”.

La propuesta fue presentada en la Legislatura de Río Negro y entidades vinculadas a la actividad deportiva salieron al cruce de lo que propone. Le sugirieron a la autora que, en la misma línea, los vegetales sean incluídos en la misma lista de seres vivos “sintientes”.

El proyecto fue elaborado por la ex senadora nacional Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas durante la gestión del presidente Alberto Fernández, quien ocupa una banca en el parlamento rionegrino por Vamos con Todos.

La primera reacción al proyecto fue directa: “La caza cumple un rol indispensable en el control de especies exóticas, cuya reproducción afecta de forma directa a otras autóctonas, algunas de las cuales están en peligro de extinción”.

La parlamentaria asegura en el escrito que “la tortura no es arte ni cultura”. Propone la eliminación de los establecimientos habilitados para la caza deportiva y describió a la actividad como “una matanza silvestre para obtener trofeos por cifras exorbitantes”.

“El proyecto evidencia un enfoque totalmente sesgado, equivocado y tendencioso, dando por sentado que los cazadores disfrutamos con el sufrimiento del animal de caza”, se defendieron los seguidores de la actividad.

El presidente de la Subcomisión de Caza de la Asociación de Pesca y Caza Nahuel Huapi, Clodomiro Ferreira, aseguró que la iniciativa surge desde “el desconocimiento”.

En diálogo con Infobae, aseguró que la presentación de este tipo de iniciativas “puede resultar hasta peligroso” y mencionó el caso de la “caza de control”, una medida de manejo poblacional que tiene como objetivo reducir el impacto de especies silvestres, exóticas o invasoras que causan desequilibrios ecológicos y daños económicos.

En los cotos de caza está permitida la captura de especies introducidas, aunque para Ferreira el proyecto de Odarda está cargado de “sentimentalismo” y carece de “argumentos técnicos estrictamente necesarios”.

Auguró que la iniciativa “no tienen ninguna posibilidad de ser viable ni aprobada” y mencionó que el proyecto “confronta reglamentaciones al control de especies exóticas, y para ello existen los cotos de caza”.

En la fundamentación del proyecto, Odarda aseguró que “la fauna silvestre constituye un bien natural y pertenece a toda la sociedad” y mencionó que “es una medida razonable y necesaria para garantizar la protección integral de la biodiversidad y fomentar la cultura de la paz”.

“Matar por diversión y premiar con la cabeza de un animal no humano fomenta un patrón de violencia incompatible con la sociedad actual”, profundizó.

Los detractores mencionaron que “la caza per se no es para nada una actividad inmoral ni nada que se le parezca” y afirmaron que “la principal amenaza en la actualidad para la vida silvestre nativa, son estas reglamentaciones prohibitivas por desconocimiento o por fundamentos ideológicos o pseudo morales, y la modificación y/o destrucción de los hábitats naturales”.

Concluyeron afirmando que el proyecto “tan a contramano va contra la realidad que se choca con las últimas disposiciones que tratan de fomentar la caza, todo el año y con límites grandes, de estas especies exóticas”.

Integrantes de una comunidad mapuche de Neuquén fueron imputados por bloquear el acceso a una cantera en la zona de Añelo, en Vaca Muerta, y la Justicia les prohibió acercarse a la zona de conflicto.

El hecho ocurrió a principios de 2026 cuando integrantes de la comunidad Campo Maripe bloquearon el acceso a una cantera e intimidaron a trabajadores petroleros.

El propietario del predio radicó la denuncia ante la Justicia Neuquina, que ordenó medidas de coerción, entre las que le impide a la comunidad regresar a la zona de conflicto.

Los mapuches ingresaron a la cantera y bloquearon el acceso y amenazaron a los trabajadores con incendiar los vehículos en los que se movilizaban.

Los integrantes de la comunidad fueron imputados por el delito de turbación de la posesión, bajo la figura de coautores. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Carina Álvarez, por pedido de la fiscalía, representada por Pablo Vignaroli. La magistrada dispuso cuatro meses de investigación.

Durante la audiencia de este miércoles, la fiscalía de Delitos Económicos responsabilizó a la comunidad mapuche por haber ingresado de forma intempestiva al predio e impedir el ingreso a los trabajadores, para realizar sus labores cotidianas.

En la exposición de la parte acusadora, el fiscal mencionó que la ocupación se mantuvo desde fines de enero hasta el 5 de marzo, tiempo en el que los usurpadores permanecieron en el terreno y sostuvieron el bloqueo.

En el lugar construyeron viviendas precarias, mientras custodiaban el ingreso no sólo de los trabajadores, sino también de los propietarios, quienes, al radicar la denuncia, exhibieron la documentación que avala la titularidad de las tierras.

El bloqueo generó cuantiosas pérdidas económicas para el dueño del lugar, debido a que durante el tiempo que se extendió no pudieron realizar la explotación de la cantera ubicada dentro del predio.

Durante la exposición acusatoria, la fiscalía presentó denuncias, testimonios y actas elaboradas por la Policía neuquina, además de otras pruebas como documentación sobre la titularidad de las tierras y material audiovisual para certificar la acusación.

La jueza dio curso a las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía y ordenó a los imputados abstenerse de realizar cualquier acto de turbación o bloqueo a los accesos al predio, además de prohibirles mantener cualquier contacto con el denunciante, su familia y los trabajadores.

Álvarez también rechazó un pedido de la defensa para la devolución de un vehículo secuestrado. Lo mismo hizo con un segundo requerimiento, esta vez, para dejar sin efecto las órdenes de secuestro sobre otros rodados, al considerar que podrían ser objeto de decomiso en caso de una eventual condena.

Los efectivos de la Policía de Río Negro podrían utilizar en un futuro cercano armas no letales como herramienta de intervención, luego de la aprobación en primera vuelta de la iniciativa que les otorga facultades a los uniformados para poder utilizarlas.

El proyecto debe sortear la segunda vuelta de votación en el parlamento rionegrino. En la primera, el peronismo se opuso a la iniciativa, argumentando que “existen otros métodos para prevenir el delito”.

El proyecto surgió del partido provincial Primero Río Negro, que comulga con las ideas libertarias y respalda la gestión del presidente Javier Milei.

El objetivo del proyecto es autorizar a la fuerza para el uso de armamento tipo Taser y otros mecanismos no letales para “prevenir, detectar y neutralizar situaciones delictivas sin tener que recurrir al uso de armas de fuego”.

En la primera sesión ordinaria de 2026, el proyecto cosechó 28 votos positivos y 9 negativos, entre los que figuran los del PJ y los de la bancada de Vamos con Todos, también vinculada al justicialismo y otras estructuras aliadas.

La normativa autoriza a los efectivos de la Policía provincial al uso de dispositivos como pistolas Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado como balas de goma, y sistemas de disuasión acústica y luminosa.

La autora del proyecto, Yolanda Mansilla, aseguró que la iniciativa busca actualizar el marco legal y adecuarlo a estándares internacionales que promueven el uso progresivo de la fuerza. Señaló que en muchos casos el uso de armas letales resulta desproporcionado y que estas alternativas permiten intervenir sin generar consecuencias irreversibles.

La ley fija condiciones estrictas. Solo podrán utilizarlas efectivos con capacitación certificada y cada intervención deberá ser registrada en audio y video. Además, se establece que su uso estará limitado a situaciones de peligro inminente, defensa propia o de terceros, o para impedir delitos cuando otros medios resulten insuficientes.

El proyecto tuvo la aprobación de los legisladores del PRO y del partido del que forma parte el gobernador Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro.

El proyecto aprobado establece que se consideran armas no letales a aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona, reduciendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o muerte.

Entre los ejes centrales del proyecto, se establecen dos artículos regulatorios orientados a las limitaciones de las fuerzas policiales. Por un lado, se exige la capacitación específica de los miembros conforme a protocolos de entrenamiento técnico y operativo, los cuales además deberán quedar asentados en un registro actualizado del personal habilitado, consignando instructor y fecha de certificación.

Otro artículo obliga a los oficiales a dejar constancia de todo el procedimiento mediante audio y video con el fin de transparentar la legalidad del procedimiento. “Siempre se ha discutido si hubo un exceso de la policía o no, pero de esta forma, con un video, audio, filmación, vamos a poder controlarlo administrativa o judicialmente”, explicó la autora.

El armamento podría ser entregado a efectivos que cumplen labores en la Brigada Motorizada o en el COER, la fuerza de choque que posee la fuerza rionegrina.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, cumple una semana en huelga de hambre líquida y es sometido a chequeos médicos periódicos, luego de registrar las primeras consecuencias clínicas por la falta de alimentos.

El detenido permanece desde hace 11 meses en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson (Chubut), de máxima seguridad, bajo prisión preventiva en el marco de una causa que el Ministerio Público Fiscal calificó como “compleja”.

Jones Huala reclama su traslado a la Unidad 14 de Esquel, con el objetivo de estar más cerca de su familia, que reside en Bariloche. Según su defensa, también exige “juicio justo, debido proceso, el cese de la persecución política y el desprocesamiento de los luchadores mapuches”.

Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, afirmó que “la principal motivación de Facundo es que autoricen su traslado a Esquel para poder recibir visitas de sus familiares y allegados”.

El dirigente mapuche inició la medida de fuerza el último lunes de abril. “Se trata de la tercera huelga de hambre que realiza desde su detención.”

Antes de comenzar la protesta, Jones Huala aseguró haber presentado un pedido formal de traslado ante el juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata. Sin embargo, el magistrado indicó que nunca recibió la solicitud.

A partir de esa situación, Zapata ordenó al Ministerio Público Fiscal investigar si el Servicio Penitenciario Federal pudo haber obstaculizado el envío de la documentación. La defensa calificó el hecho como “una interferencia inaceptable”.

En relación con el traslado, el mismo juez había ordenado en octubre de 2025 —tras una medida de fuerza similar— el alojamiento de Jones Huala en Esquel y solicitó a la Dirección Correccional la asignación de un cupo. No obstante, el organismo rechazó el pedido al considerar que la unidad no reúne las condiciones de seguridad necesarias.

En contraste, autoridades de la Unidad 14 habían elaborado previamente un informe en el que calificaron con la máxima puntuación la conducta del detenido durante una estadía anterior, cuando aguardaba procesos de extradición a Chile, país donde fue condenado.

Jones Huala está acusado de asociación ilícita agravada, en una causa que busca determinar su presunta participación en hechos violentos atribuidos a la RAM en la Patagonia.

Uno de los elementos incorporados a la investigación es una exposición pública realizada durante la presentación de su libro Entre rejas, antipoesía incendiaria, en la que el dirigente reivindicó la lucha armada. La intervención fue grabada y difundida en redes sociales.

En ese contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación —entonces a cargo de Patricia Bullrich— impulsó una denuncia por presunta asociación ilícita calificada.

La fiscalía federal de Bariloche reconoció en audiencias recientes dificultades para avanzar en la investigación sobre ataques incendiarios atribuidos a la RAM. La fiscal Ángela Pagano Mata señaló que la complejidad del caso radica en la extensión territorial donde habría operado la organización.

En junio próximo, el juez, la fiscalía y las partes volverán a reunirse en audiencia para definir la situación procesal de Jones Huala y evaluar la continuidad de la prisión preventiva.

Desde Bariloche - La reina Máxima de los Países Bajos disertó ante más de 100 empresarios, alguno de ellos están entre los más ricos del país, y emprendedores que participan de una nueva edición del Foro Llao Llao. Los alentó a generar medidas para garantizar la salud financiera de sus trabajadores, a partir del impulso de métodos de capacitación para mejorar las economías domésticas.

La principal invitada de la cumbre empresaria dialogó con Federico Braun, presidente del consejo de administración de la cadena de supermercados La Anónima, quien además es cofundador del Foro.

La esposa del rey Guillermo Alejandro es asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA).

Máxima expuso durante más de una hora y media, en la que desarrolló métodos que pueden adoptar los trabajadores para lograr una resiliencia financiera, como el ahorro y el acceso a créditos accesibles.

Además impulsó a los empresarios y emprendedores a involucrarse en la realidad financiera de sus empleados, a través del impulso de cursos de presupuesto y programas para fomentar el ahorro en las familias.

Máxima aterrizó en el aeropuerto de Bariloche este miércoles y se trasladó por tierra hasta el emblemático hotel, en una caravana modesta que incluyó la presencia de asesores y miembros de su seguridad privada.

Luego de su arribo recorrió las instalaciones del hotel, donde ocupó la suite presidencial, dialogó con empresarios y emprendedores en los espacios comunes del hotel.

Fuentes de la organización admitieron que no está descartada la presencia del presidente Javier Milei para brindar un discurso de despedida de la cumbre, el viernes.

Días atrás, en comunicado, la Casa Real informó que Máxima tendrá “varias conversaciones bilaterales con altos representantes de bancos, el sector fintech y agrícola, empresas y plataformas tecnológicas de Argentina y el Cono Sur de Sudamérica. Abordará con ellos el papel que pueden desempeñar para mejorar la salud financiera de los hogares”.

También detallaron adelantaron su charla de hoy: “una charla informal sobre salud financiera, junto con el presidente del consejo de administración de La Anónima [Federico Braun], una de las cadenas de supermercados más grandes de Argentina, cofundador del Foro Llao Llao. Entre los temas a tratar se incluyen la resiliencia financiera de los hogares, que puede fortalecerse mediante el ahorro y los seguros, los préstamos accesibles que permiten invertir en un futuro mejor y el papel que pueden desempeñar los empleadores en la salud financiera de sus empleados".

Paneles y hermetismo

El evento, restringido para la prensa, prevé exposiciones de nuevos emprendedores, como Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot) y Tomás Mindlin (tapi).

Este año la organización extendió invitaciones a referentes del deporte, entre quienes están el célebre ajedrecista Faustino Oro, David Nalbandian, Felipe Contempomi y Juan Martín Hernández, y al músico Charly Alberti, quien tiene arraigo con la ciudad patagónica, donde tiene una residencia en la zona de Villa Mascardi.

Uno de los atractivos del encuentro está relacionado al desarrollo de la ciencia y al impuso de nuevas tecnologías de exploración, con la presentación de Daniel Lauretta – investigador del Conicet- quien estuvo a cargo del relevamiento del lecho marino argentino, cuyas imágenes recorrieron los principales sitios de investigación científica del mundo.

El encuentro se desarrolla con estricto hermetismo. Empresas de seguridad privada y fuerzas de seguridad custodian de forma celosa el ingreso al hotel.

La actividad, que se extenderá hasta este viernes, contemplaba opciones de esparcimiento para los invitados como excursiones lacustres y rondas de golf en las canchas del hotel, aunque la inclemencia climática frustró los planes y varios asistentes optaron por el uso de las piletas y el spa para disfrutar de los espacios sin actividad.

Desde Bariloche. Desde este miércoles al mediodía, la actividad en la estación aeroportuaria de Bariloche, Río Negro, se alteró por el arribo de las primeras aeronaves privadas que trasladan a los asistentes del Foro Llao Llao, que tendrá como principal figura a la Reina Máxima de los Países Bajos.

El aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria tuvo una jornada de intensa actividad en la plataforma auxiliar de vuelos privados, con el arribo de las primeras aeronaves que trasladan a los empresarios e invitados que participan de la 11° edición del Foro Llao Llao. Llegarían un total de 15 aviones particulares para el encuentro en el exclusivo hotel.

Por el intenso movimiento, las autoridades aeroportuarias debieron realizar modificaciones en ese sector, destinado exclusivamente a los vuelos privados, para no afectar la actividad habitual de las operaciones de cabotaje.

Fuentes de la estación aérea confirmaron que la plataforma auxiliar fue dividida en dos sectores – A y B- para garantizar los movimientos de estas aeronaves. La plataforma auxiliar funciona desde 2023 y fue construida por Aeropuertos Argentina, concesionaria de la estación aérea, para organizar la estadía de las aviones privadas. Está ubicada en un sector apartado de la pista principal, conectada con el acceso por vía terrestre de vehículos de seguridad.

Las condiciones climáticas que predominaron este miércoles en la localidad lacustre alteraron el aterrizaje de distintos vuelos – privados y de cabotaje- producto de vientos constantes y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Primeros arribos y operativo de seguridad

Sin embargo una de las primeras aeronaves que aterrizó sin dificultad en Bariloche fue la que trasladó a la Reina Máxima de los Países Bajos, la invitada principal al cónclave en su calidad de asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA), quien piso suelo patagónico a las 12.30 del mediodía. Con una fuerte custodia de seguridad, transitó más de 40 kilómetros por tierra hasta el hotel que es sede del encuentro.

En la ruta provincial 80, que conecta la estación aérea con la Avenida Bustillo –que transita desde el centro de Bariloche hasta el hotel Llao Llao- la Policía de Río Negro implementó distintos operativos para garantizar la seguridad de los asistentes al Foro, la mayoría de los cuales se moviliza de forma terrestre desde el aeropuerto hasta el hotel.

Esa fuerza, además, custodiará la seguridad en el perímetro del establecimiento hotelero, junto a reparticiones federales que fueron convocadas para custodiar y restringir el ingreso al hotel. Personal de Gendarmería Nacional se ubicó frente al Puerto Pañuelo, en el acceso principal al hotel, aunque sólo tuvo actividad presencial y no realizó controles ni identificó personas.

El histórico hotel barilochense puso a disposición vehículos propios para trasladar a algunos invitados desde el aeropuerto hasta el hotel, los cuales realizarán al menos cinco viajes entre ambos puntos.

“Esta edición reunirá a más de 150 participantes de distintas generaciones, sectores y disciplinas que comparten una misma visión: la de una Argentina productiva, competitiva y global, capaz de generar prosperidad para millones de argentinos a través del desarrollo de su sector privado”, remarcaron los organizadores. El evento se extenderá hasta el viernes al mediodía.

Los asistentes

La organización el Foro, a cargo de Ezequiel Herszage de IRSA, contará con la presencia de referentes de distintos campos. Entre los confirmados figuran emprendedores convocados a través de Endeavor Argentina: Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot) y Tomás Mindlin (tapi).

El mundo del deporte tendrá representación con David Nalbandian, Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández, más el joven ajedrecista Faustino Oro. Por la cultura y la música, estará Charly Alberti.

La ciencia aportará la presencia de Daniel Lauretta, investigador del Conicet a cargo del relevamiento del lecho marino argentino. Y entre los argentinos con proyección internacional se destaca Victoria Alonso, ex vicepresidenta de Marvel Studios y una de las figuras más influyentes de la industria audiovisual global.

La región también tendrá peso en el encuentro. Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros (Venezuela), uno de los principales conglomerados de medios y entretenimiento de América Latina; Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco (Chile), holding con presencia en banca, energía, minería e industria; y Manfred Paulmann, integrante de la familia fundadora de Cencosud (Chile), el gigante del retail latinoamericano.

El hotel

Sin acceso a la prensa y bajo la reserva que caracteriza al evento, el lobby del Llao Llao se transformó en escenario de reuniones de negocios, anécdotas y reencuentros de varios protagonistas que se encontraron, luego de haber coincidido en 2025 en el mismo espacio. Los primeros en llegar se reunieron en ese lugar común, ubicado frente al acceso principal al hotel.

El salón Llao Llao donde se realizarán las disertaciones, uno de los principales del hotel, fue ordenado con formato de auditorio, con una presentación similar a la de los últimos años.

Mientras tanto, a pocos metros de allí, el equipo de cocina del emblemático hotel, que coordina el chef ejecutivo Ariel Pérez, ajusta detalles para la primera cena, que se realizará en el salón Bustillo.

En el convite, predominarán los platos con sabores patagónicos como goulash de ciervo y empanadas de trucha y elaboraciones con hongos de la zona.

El Foro está integrado más de 100 empresarios, referentes y especialistas de distintos sectores y generaciones. Su Consejo de Fundación está integrado por Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Eduardo Elsztain, Guibert Englebienne, Marcos Galperin, Martín Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala inició la tercera huelga de hambre desde que está detenido en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut, para exigir su traslado a la unidad penitenciaria de Esquel y mejores condiciones de detención.

El mapuche está alojado desde junio de 2025 en esa unidad penitenciaria federal, bajo la figura de prisión preventiva, imputado en una causa por presunta asociación ilícita.

En octubre del año pasado inició una medida de fuerza similar, con los mismos planteos, aunque la abandonó poco después, como gesto de acompañamiento a Juan Pablo Colhuan, otro dirigente mapuche que fue detenido tras permanecer prófugo durante cinco años y fue alojado junto a Jones Huala, en la misma dependencia carcelaria.

En marzo de este año Colhuan, líder de la comunidad Lafken Winkul Mapu- que usurpó tierras públicas y privadas en Villa Mascardi hasta 2022- recuperó la libertad tras recibir una condena en suspenso de 2 años y medio por los delitos de usurpación e irrupción en un predio mediante el uso de un arma de fuego.

Tras su liberación, Jones Huala decidió retomar su reclamo para exigir su traslado a la U14 de Esquel, una cárcel de seguridad media que está a 250 kilómetros de Bariloche, donde reside su familia.

En octubre de 2025, cuando inició la última medida de fuerza similar, el juez Federal Gustavo Zapata le concedió esa derivación y solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que gestione un cupo para alojarlo en ese centro penitenciario. Sin embargo, funcionarios nacionales de esa cartera, que cumplen funciones en la Dirección General de Régimen Correccional - confrontaron al magistrado y rechazaron su traslado, atribuyendo razones de seguridad. El juez no insistió y la derivación quedó trunca.

El listado de planteos que elevó el mapuche contempla “condiciones laborales dignas, juicio justo y debido proceso y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuches”.

Solicitó también eliminar del listado de organizaciones terroristas que confeccionó el gobierno central a todas las lof y organizaciones mapuches.

Jones Huala denunció que sufre “pésimas condiciones de detención” y que las nuevas autoridades de ese centro penitenciario le impiden realizar sus prácticas y ceremonias tradicionales.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que ejerce la defensa del mapuche en el proceso actual, denunció que desde que “desde que inició la medida de fuerza, el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), comenzó a hostigarlo”.

“Es una medida de fuerza para reclamar por las distintas injusticias y vulneraciones de sus derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno Argentino”, denunciaron los letrados.

El escrito del mapuche, que fue elevado al Juzgado Federal de Bariloche para argumentar su decisión, “fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal”.

“Ni falta nos hace explicar que las comunicaciones de un detenido con un juzgado (particularmente aquel que lleva la causa por la que está detenido) son inviolables y su interferencia supone una grave violación del derecho de defensa en juicio”, denunciaron.

En junio, la Justicia Federal convocará a Jones Huala a una nueva audiencia para determinar si continúa detenido bajo el régimen de prisión preventiva o si le otorga libertad condicional, tal como solicitó su defensa en reiteradas ocasiones.

En las últimas audiencias trimestrales, la Fiscalía Federal rechazó que el mapuche sea liberado. En la parte inicial del proceso pidió encuadrar el caso como investigación compleja, por la que podría permanecer hasta 2 años detenido con preventiva, logrando el aval de Zapata.

La representante del Ministerio Público Fiscal admitió que la investigación para incriminar al mapuche tiene pocos avances y la recopilación de pruebas en su contra “es una tarea compleja”.

El PRO de Río Negro ingresó en un terreno de disputas internas en el trayecto a las elecciones partidarias internas, con la aparición de una lista alternativa que pretende disputar la conducción amarilla en la provincia y anticipa un escenario complejo en el bloque legislativo provincial.

El expresidente Mauricio Macri respaldó la continuidad del legislador Juan Martín como presidente de la fuerza, a quien incluso le encomendó el resurgimiento de la Liga de Legisladores del PRO a nivel nacional para “recuperar la articulación entre dirigentes de distintas provincias”.

La actual conducción pretendía impulsar una lista de unidad para evitar interna y la degradación de la fuerza de cara a futuras contiendas electorales, aunque el surgimiento de una segunda lista sorprendió al oficialismo partidario.

La legisladora provincial Martina Lacour quiere arrebatarle la conducción a Martín, quien obtuvo el espaldarazo de Macri para retener la presidencia.

Las elecciones serán el próximo 17 de mayo. La compulsa interna podría resquebrajar el bloque legislativo en el parlamento rionegrino, anticipando un escenario complejo de cara a las elecciones de 2027.

Martín consideró que el partido “debe tener un rol activo en el proceso político actual, acompañando los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei”.

En esa línea, indicó que el desafío es “blindar el cambio positivo” y fortalecer una propuesta política con presencia territorial y proyección federal.

Lacour trabaja a cuenta reloj para completar los avales que necesita para presentar la lista que encabeza para la compulsa interna. Cuenta con respaldo del diputado libertario Aníbal Tortoriello, ex presidente del PRO en la provincia patagónica, quien aportó avales para cumplir con la exigencia electoral de su anterior partido. “El diputado ofreció avales y acompañamiento a la segunda lista, porque le interesa convulsionar el bloque del PRO en la legislatura provincial”, dijeron fuentes partidarias a Infobae.

El vínculo del diputado con el partido que lo llevó a su primera gestión en la cámara baja está dañado. De hecho el cipoleño aspira a la gobernación provincial por la Libertad Avanza y los violetas comulgan con esa idea.

La lista oficialista que propone a Martín para retener la presidencia cuenta con respaldo de varios copartidarios, entre quienes está el diputado Sergio Capozzi, los legisladores provinciales Ofelia Stupenengo, María Laura Frey y Juan Ignacio Murillo y el secretario de Seguridad de la Nación durante la gestión Macri, Eugenio Burzaco.

Frei aseguró que “la actual conducción reúne condiciones para sostener el rumbo del partido, al destacar la experiencia, el compromiso y la capacidad de articulación de Martin con distintos sectores tanto a nivel provincial como nacional. En ese sentido, consideró que su continuidad permitiría consolidar el trabajo político desarrollado en los últimos años”.

Advirtió sobre los riesgos de volver a un escenario de disputa interna, al sostener que “volver a una elección interna sería perjudicial y solo contribuiría a desgastar al partido”, especialmente en un contexto donde —remarcó— resulta clave fortalecer la cohesión.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro endureció las negociaciones con el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck y anunció nuevas medidas de fuerza. El sindicato reclama la suspensión de descuentos por ausentismo, rechaza las auditorías médicas para justificar faltas y exige un piso salarial de $2 millones para los docentes.

Todo comenzó luego de que, en 2024, el gobierno provincial implementó un nuevo mecanismo de fiscalización que obliga a los docentes a fundamentar sus pedidos de licencias médicas y a completar formularios para justificar sus solicitudes ante el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Desde su puesta en vigencia, disminuyó un 40% la cantidad de pedidos de licencias médicas. Pese a ello, la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro expresó su rechazo y sumó la objeción a la lista de reclamos que motivan las nuevas protestas.

En este contexto, el gremio resolvió intensificar las medidas y anunció un paro de 48 horas para mayo, con la posibilidad de repetir la medida otros dos días en caso de no obtener respuestas a sus demandas.

El Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, reunido en Fernández Oro, definió continuar el diálogo con el Ejecutivo provincial, pero ratificó la realización de las protestas. En las medidas de fuerza más recientes, el gobierno no dio el brazo a torcer y aplicó fuertes descuentos a los docentes que se acoplaron a los paros.

La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López, admitió que el objetivo del paro es doblegar al gobierno para que los convoque a una audiencia conciliatoria.

Ortiz López remarcó que el sindicato insistirá en la actualización salarial atada al índice de inflación y en la continuidad del aumento por IPC, rechazando la incorporación de sumas no remunerativas. Además, el congreso gremial definió varios reclamos que amplían el conflicto: exigió la reapertura de las mesas de trabajo acordadas en marzo, cuestionó la implementación del presentismo —al que calificó como “ilegal”.— y denunció incumplimientos en el pago de exámenes preocupacionales.

El gremio también reiteró el pedido de un salario mínimo docente de $2 millones y la incorporación progresiva de sumas al básico en busca de una recomposición que impacte en los haberes remunerativos. Otro de los puntos centrales es la continuidad de la actualización por inflación. Tras las dudas expresadas por el gobernador Weretilneck, el sindicato pidió sostener el esquema y agregar un índice patagónico para contemplar las diferencias regionales.

Entre otras exigencias, el gremio reclama la derogación de las auditorías médicas, la actualización de la movilidad y la eliminación de topes en distintos ítems salariales. Anticipó, además, que avanzará con la judicialización de los descuentos que considera “indiscriminados”, buscando su devolución.

Ortiz López explicó que la fecha límite de los reclamos obedece a la urgencia del sector y que no aceptarán que las negociaciones se dilaten más allá de abril. Por último, el sindicato convocó a otros sindicatos estatales a un encuentro este viernes en General Roca con el propósito de coordinar acciones conjuntas.

En el marco del proceso de mejoramiento que se lleva a cabo en el centro de esquí Chapelco en la localidad de San Martín de los Andes, las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca plantearon objeciones a la ejecución de obras de infraestructura impulsadas por el gobierno de Neuquén. Ambos grupos participaron previamente en instancias del proceso oficial, expresando ahora reparos principalmente por el impacto ambiental de algunos trabajos previstos.

En la elaboración del pliego licitatorio, que desembocó en la adjudicación al grupo empresarial Vía Bariloche, una de las principales compañías de transporte y turismo de la región, la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez incluyó la consulta a estos actores. Posteriormente, el actual mandatario provincial, Rolando Figueroa, ratificó el acuerdo. Cada comunidad recibió un monto cercano a los $198 millones en concepto de canon, reconociendo su preexistencia en el territorio.

Sin embargo, surgieron diferencias recientes entre las comunidades y la empresa concesionaria Don Otto, perteneciente al grupo empresarial mencionado anteriormente, respecto a obras proyectadas de cara a la temporada invernal. Entre los puntos de conflicto está la construcción de un estacionamiento en la base del cerro y la pavimentación de la Ruta Provincial 19, que enlaza con la Ruta Nacional 40 y constituye el principal acceso al centro de esquí.

Desde el gobierno provincial señalaron que la obra vial es “clave para optimizar la circulación, reducir riesgos y acompañar el crecimiento turístico” del destino. Las comunidades, en cambio, sostienen que los trabajos comenzaron sin la debida consulta y manifestaron preocupación por los posibles efectos ambientales.

La lonko del lof Curruhuinca, Virginia Colipán, informó que encargaron un estudio de impacto ambiental. A la vez, la empresa concesionaria solicitó un informe similar a otra consultora especializada en gestión ambiental. Ante este escenario, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, dispuso la suspensión temporal de los movimientos de suelo hasta que se concluyan y analicen ambos informes.

Desde las comunidades también advirtieron sobre posibles afectaciones en la calidad del agua utilizada por unas 300 familias, quienes reportaron episodios de turbidez tras el inicio de las obras y la presunta detección de una bacteria por parte del personal del hospital Ramón Carrillo. De acuerdo con referentes comunitarios, la presencia bacteriana podría estar vinculada al movimiento de suelos y alteraciones hidrológicas provocadas por la obra.

Además, solicitaron la conformación de una mesa ambiental para evaluar el impacto de las obras y definir los pasos a seguir.

Desde la concesión obtenida por la familia Trappa, la empresa inició el proceso de renovación de medios de elevación e infraestructura en el centro invernal, que es el tercero en la Patagonia, junto al Catedral de Bariloche y La Hoya en Esquel. Sin embargo, este plan ha enfrentado retrasos y controversias a raíz de las objeciones y demandas de intervención por parte de las comunidades mapuche asentadas en la región.

Advierten sobre conflictos territoriales mapuches sin resolver en la Patagonia y el surgimiento de nuevas disputas

La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.

La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.

El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.

“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos”, advirtió Trebino.

Varias semanas más tarde del desalojo frustrado de una propiedad particular que dos comunidades mapuches usurpan desde 2011, el gobierno neuquino desacreditó las críticas por no aportar efectivos para ejecutar la medida y aseguró que no estaban las garantías necesarias para ejecutar la medida.

El allanamiento fue planificado en febrero e iba a ejecutarse el 30 de marzo. La Justicia envió una comitiva de oficiales desde la capital provincial más numerosa que la cantidad de policías para concretar el desalojo.

Autoridades de la policía provincial dijeron que desconocían la orden judicial y que el gobierno que conduce Rolando Figueroa envió el grueso de efectivos policiales a Centenario, donde se realizó la segunda fecha del calendario anual del turismo de carretera.

Los oficiales de Justicia, instalados en la villa turística, recorrieron 35 kilómetros en dirección a Bariloche para acompañar a los representantes de la querella en una constatación. Si los usurpadores no estaban, tomarían posesión de la propiedad y la restituirían a la denunciante.

Al arribar al predio en litigio fueron recibidos por Lucas Melo, líder de una de las dos comunidades que se instaló en el lugar, quien ya estaba al tanto de la orden de desalojo. “Sabía que no se iba a realizar, me lo informó el viernes el gobernador”, dijo el mapuche, confiado en que la comitiva judicial no estaba allí para concretar el desalojo.

Ahora el gobierno neuquino salió a desligar responsabilidad en el fracaso de la diligencia. Desmintió que quitó apoyo de la fuerza provincial y atribuyó el obstáculo a la falta de garantías para cumplimentar la medida. Para la Justicia, en cambio, estaban las condiciones dadas para ejecutarlo.

El conflicto comenzó a fines de 2011 y fue denunciado en el inicio del año siguiente. La propietaria del campo denunció que una comunidad mapuche – a la que luego se acopló otra– ingresó a su propiedad, cambió los candados en la tranquera de acceso y tomó posesión del predio de 600 hectáreas, en una zona conocida como El Pedregoso.

Los intrusos fundamentaron la irrupción en una supuesta reivindicación territorial, aunque en más de 14 años de recorrido judicial, no pudieron documentar la presunta preexistencia allí.

Fallaron, en distintos tribunales, más de 15 jueces que certificaron el ingreso mapuche a la propiedad de María Broers, la dueña quien sí exhibió la documentación que demuestra ser la propietaria de las tierras.

En 2016 un juzgado de primera instancia confirmó el delito de usurpación, fue ratificado en instancias apelativas y en 2018 el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén terminó por confirmarlo.

Días atrás la asociación civil Consenso Patagonia mencionó el caso como uno de los más graves en materia de usurpaciones. Su director ejecutivo, Juan Trebino, aseguró que la provincia petrolera es la que más conflictos similares arrastra, por falta de resolución de los conflictos territoriales. “Están los fallos, pero no se ejecuta lo que ordenan” aseguró.

El ejecutivo provincial desacreditó la acusación de los demandantes y mencionó que “faltaban elementos para activar el protocolo de desalojos, previsto en la normativa provincial”.

Voceros del gobierno mencionaron a distintos organismos que deberían haber sido convocados para poder ejecutar el desalojo, entre los que figuran autoridades de minoridad, bomberos, ambulancia y migraciones, entre otros.“Cuando se ordena el operativo, la Policía consideró que no estaban dadas las condiciones en función de ese protocolo” aseguraron fuentes del poder político neuquino.

En Villa la Angostura existen otros conflictos similares, que tienen sentencia firme aunque no se concretan, como la usurpación del camping Correntoso y el asentamiento ilegal que entorpece la ejecución de la ruta de Circunvalación, entre otros.

La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.

La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.

El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.

“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos” advirtió Trebino.

En ese sentido, en Villa la Angostura, la construcción de una ruta nacional se vio afectada por la instalación de una conflictiva comunidad mapuche, que incluso –años atrás– se adjudicó la vandalización de las máquinas viales que utilizaban para su ejecución. Vecinos de la localidad turística aseguran que “la comunidad Paicil Antriao se instaló en la traza de la ruta, cuando se enteró por dónde iba a pasar el recorrido. A partir de ahí dice que estuvo toda la vida y reclama resarcimientos económicos, lotes y otros beneficios inmobiliarios y económicos”.

En la misma provincia existen nuevos conflictos territoriales con mapuches, a partir de la expansión de Vaca Muerta. En ese caso, el director ejecutivo planteó que “hay oportunismo, extorsión, especulación inmobiliaria y económica. Lo que no hay es preexistencia ancestral”.

Los cruces entre empresas que brindan servicios petroleros son constantes y regularmente comunidades evitan el paso de camiones, afectando así la producción hidrocarburífera.

La situación es similar entre Río Negro, Chubut y Neuquén, aunque es en esta última provincia donde los conflictos reciben el peor tratamiento. El gobierno provincial desafía a la Justicia e incluso, poco antes de concretar un allanamiento, convoca a quienes deberían ser expulsados de territorios usurpados para garantizar su permanencia en predios ajenos.

Trebino aseguró que desde la asunción del gobierno de Javier Milei “hubo un cambio actitudinal positivo, aunque los conflictos no cesaron, sino que recrudecieron y surgieron nuevas situaciones”.

En Río Negro no se registraron nuevos casos, en territorio provincial, mientras que dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi aún existen secuelas de la usurpación masiva de Villa Mascardi.

Los predios públicos y privados usurpados en el paraje, que está a 35 kilómetros de Bariloche, fueron desalojados en octubre de 2022 aunque aún Parques Nacionales no puede recuperar el control de las tierras.

Incluso, denunció Trebino, aún se erige la estructura de madera que instaló la comunidad Lafkwn Winkul Mapu durante la usurpación de tierras fiscales, la cual se conserva por decisión de la Justicia Federal.

Dos comunidades mapuches asentadas en una propiedad privada cerca de Villa la Angostura, en Neuquén, advierten que van a resistir cuando la Justicia intente desalojarlos del predio, ya que no tienen otro lugar donde ir.

Se trata del caso en el que más de 15 jueces de la provincia avalaron el desalojo del lugar, al constatar que están asentados de manera irregular en un predio que pertenece a una mujer, quien se constituyó como querellante para recuperar su lugar.

Las comunidades condenadas por usurpación son Melo y Kinxikew.

El juez Francisco Astoul Bonorino ordenó el desalojo semanas atrás, una vez que el caso tuvo sentencia firma. Sin embargo, la diligencia no se pudo concretar debido a que el gobierno neuquino no aportó la fuerza provincial para concretarla.

La Justicia envió a la localidad turística una comitiva de funcionarios y oficiales de Justicia para garantizar el desarrollo del operativo. Viajaron más de 400 kilómetros, desde la capital neuquina hasta Villa la Angostura, aunque la Policía –por disposición del ejecutivo provincial- no envió los refuerzos para garantizar la seguridad durante el operativo.

Voceros de una de las comunidades interpretaron que la suspensión del desalojo no ocurrió por la ausencia de la Policía neuquina, sino por “irregularidades procesales denunciadas” y que “las resoluciones que ordenan el desalojo no se encuentran firmes”. Descartaron así que “el escollo sea sólo la omisión del Estado provincial”.

Sin embargo, saben que la medida podría ejecutarse en cualquier momento y por ello difundieron en las redes sociales que “el desalojo es inminente”.

El caso transitó numerosos despachos judiciales y tribunales de la provincia, y en todos la comunidad mapuche obtuvo fallos adversos.

Más allá de que aseguran haber ocupado esas tierras ancestralmente, no hay documentación que avale sus dichos mientras que la propietaria del lugar, querellante en la causa, cuenta con el aval documental para defender la titularidad dominial.

A pesar de la participación de distintos magistrados –más de 15 en todo el proceso-, los mapuches acusan a Astoul Bonorino de defender intereses inmobiliarios y lo responsabilizan por las “consecuencias” que pueda dejar el operativo para desalojarlos.

Luego del desalojo frustrado, voceros de las comunidades se declararon “en resguardo permanente” y afirmaron: “Estuvimos siempre en los territorios”.

La causa comenzó en 2011, cuando la propietaria de uno de los predios denunció el ingreso intempestivo de varias personas referenciadas con las comunidades mencionadas, quienes retiraron candados y se instalaron en el lugar, impidiendo a la damnificada la posibilidad de volver a ingresar.

Lucas Melo, vocero de la comunidad que lleva su apellido, aseveró: “Tenemos la carpeta otorgada por provincia y por Nación, y tenemos pruebas de preexistencia en estos territorios documentadas”.

El mapuche cuestionó los fallos judiciales adversos y apeló a la finalización del relevamiento territorial, para poder demostrar la preexistencia en la zona.

“Desde el territorio, le decimos al juez Bonorino que recapacite, porque nosotros vamos a resistir, nosotros no tenemos otro lugar para ir y vamos a resistir, porque es lo único que nos queda. Él será el responsable de lo que suceda”, advirtió.

La Justicia de Río Negro sobreseyó a una mujer mapuche, vocera de la comunidad Cayunao, a quien acusaban de usurpar una fracción de tierras privadas en el paraje Alto Río Chubut.

El magistrado interpretó que no se pudo probar el despojo de las tierras en conflicto y valoró la falta de señalización para delimitar la parcela donde la comunidad instaló un campamento.

En el fallo, el juez Marcelo Mellinger consideró el testimonio de los peones que se desempeñan laboralmente para la estancia que denunció a la comunidad, quienes coincidieron en afirmar que los límites de la propiedad privada no son claros.

El episodio ocurrió a principio de 2023, cuando integrantes de la lof Cayunao instalaron un campamento en el paraje Alto Río Chubut, al advertir la presencia de alambradores que pretendían delimitar el perímetro del campo.

Para “proteger la veranada y cuidar las nacientes del río Chubut” los mapuches, que habían constatado la presencia de los peones de la estancia, instalaron un campamento en el lugar, ocasión en la que se produjo cruces con los trabajadores de la firma privada.

Fueron ellos, algunos de los cuales fueron citados como testigos, quienes mantuvieron cruces con los mapuches y les informaron que el sitio donde habían instalado el campamento, pertenecía a la instancia particular.

El dueño del campo es el ex polista Hugo Alberto Barabucci, quien admitió haber adquirido la propiedad de 14 mil hectáreas gracias a una donación del gobierno de Emiratos Árabes, que en 2017 le otorgó 2 millones de dólares para concretar esa operación inmobiliaria.

Los mapuches, en la instancia previa al juicio, opinaron que las tierras pertenecen a empresarios con base en Qatar e incluso la defensa de Soledad Cayunao, la única imputada, dicha operación inmobiliaria ameritaría una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.

El magistrado, en el fallo que emitió este viernes, consideró que “no se puede acreditar la autoría y responsabilidad de Ingrid Soledad Cayunao en función del principio de la presunción de inocencia, así como por el beneficio de la duda (in dubio pro reo), por lo que corresponde dictar respecto de la misma un veredicto de no culpabilidad”.

En la argumentación Alvarez Mellinger consideró los testimonios de los testigos que declararon durante el proceso judicial, en los que los peones de Barabucci admitieron dificultad para establecer los límites de la propiedad privada.

El denunciante denunció a cinco integrantes de la comunidad, aunque sólo Soledad Cayunao fue juzgada debido a que los demás optaron por soluciones alternativas al conflicto y asumieron pautas de cumplimiento para no ser juzgados.

Los trabajadores que declararon como testigos de la querella, su empleador, dijeron que los integrantes de la comunidad habían instalado un campamento dentro del predio de Barabucci aunque al pedirles que se retiren, dejaron sus pertenencias y se alejaron del lugar.

Mencionaron que retiraron esos elementos y las ubicaron en un depósito de la estancia, a disposición de la Justicia.

Para la Justicia la instalación del campamento mapuche improvisado “no aparece que hubiera generado el despojo” que la querella denunció. “De lo probado en juicio, el episodio se presenta más como un reclamo, toda vez que al día siguiente ya no estaban allí”, aseguró el magistrado, al hacer referencia que nadie vio a los integrantes de la comunidad en la zona de conflicto.

Advirtió además que “si la instalación de ese campamento improvisado hubiese constituido el despojo que la figura requiere, habría implicado que hubieran desplazado de la posesión con el mismo a Barabucci”, algo que no ocurrió “porque ese campamento improvisado en el que no hubo una ocupación no constituyó el despojo requerido por la figura penal”.

Desde este martes las autoridades de una comunidad mapuche de Río Negro serán juzgados por la presunta usurpación de un campo en la naciente del río Chubut, al que ingresaron “para cuidar la veranada”.

Se trata de la Lof Cayunao, una comunidad conformada por pocos integrantes, que reside en la zona desde hace varios años.

El conflicto es con latifundio cercano cuya superficie, de acuerdo a la denuncia que radicaron, abarca la zona donde reside la comunidad mapuche.

La querella es representada por el ex polista Hugo Alberto Barabucci, vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de la firma Emirates Stallions Group (ESG).

Al Dhaheri es el principal inversor del fideicomiso Amaike, un grupo de empresas vinculadas a inversiones y desarrollos inmobiliarios, donde Barabucci se desempeña como integrante del directorio.

La firma, con sede en Abu Dhabi, desarrolló un coto de caza en la naciente del Alto Río Chubut, zona que los mapuches utilizan como veranada para trasladar a sus animales.

El ex polista denunció a cinco integrantes de la Lof Cayunao por la usurpación de una fracción de tierras, dentro de las 14 mil hectáreas que en la Justicia rionegrina figuran a nombre de Barabucci.

Desde el comienzo del conflicto, las partes transitaron los Tribunales rionegrinos en la búsqueda de un acercamiento, que no ocurrió.

Desde 2020 en adelante hubo diferentes cruces entre empleados de la estancia que opera Barabucci y mapuches, en las que incluso hubo personas lesionadas.

El privado radicó una denuncia por usurpación y hurto, mientras que los integrantes de la comunidad denunciaron amenazas, hostigamiento y la sustracción de sus pertenencias.

Con el paso de los años, la disputa territorial incrementó el nivel de conflictividad. Desde 2023, la lof decidió instalarse en la zona de conflicto e inició “un proceso de resistencia mucho más intenso” con intercambios constantes entre los peones de la estancia y los mapuches.

El primer expediente judicial fue notificado a fines de septiembre de 2023 ese año, cuando el empresario que representa a los dueños del campo denunció judicialmente a la comunidad por la presunta usurpación de las tierras.

La vocera de la comunidad asegura que “el objetivo es proteger la naciente del río Chubut ante un posible desastre ambiental, teniendo en cuenta la riqueza de ese curso de agua, que es el más extenso de la Patagonia”.

El curso de agua tiene su origen en las laderas del cerro Carreras y desemboca en el océano Atlántico, luego de atravesar territorio rionegrino como de Chubut.

Los acusados denuncian el desvío de cauces naturales y lagunas, como también la afectación de las veranadas donde “históricamente pastaron los animales de la comunidad, desde hace muchos años atrás”.

Este martes comienza una nueva etapa del proceso en los Tribunales de Bariloche, en el que los querellantes buscan culpar a los mapuches por la usurpación de las tierras para luego solicitar su expulsión del sitio de conflicto.

Un joven de 24 años sufrió heridas al tratar de rescatar de entre las llamas seis autos propios, de alta gama, que habrían sido incendiados por su ex pareja, con quien mantuvo una discusión por una supuesta infidelidad. El episodio ocurrió durante la madrugada frente al edificio de la Legislatura de Neuquén, sobre la calle Leloir, donde los vehículos fueron prendidos fuego presuntamente de forma intencional y sufrieron daños totales.

De acuerdo al reporte policial, los rodados afectados fueron un Audi A3, una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Vento, un Volkswagen Sirocco, un Audi 2.9 T y un Volkswagen Gol.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los vehículos estaban estacionados. Las sospechas recayeron sobre la ex pareja de uno de los dueños de los rodados, quien es además titular de una agencia de compra y venta de automóviles.

La víctima, identificada como Matías Fernández, de 24 años, resultó con heridas al intentar rescatar los vehículos, aunque el avance de las llamas fue incontenible y provocó daños severos en los rodados.

Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por el siniestro y por el potencial avance sobre las viviendas aledañas.

En declaraciones mediáticas, el coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, comisario inspector Marcos Mazzone, relató que, al advertir al hecho, los Bomberos se hicieron presentes en el lugar y sofocaron el incendio, que de todos modos causó daños totales en los vehículos.

Fernández vinculó el episodio a una discusión que mantuvo con su pareja por una supuesta infidelidad. Sin embargo, los investigadores creen que la mujer podría haber actuado en complicidad con otros sujetos, que están siendo investigados.

El denunciante aseguró que conoció a la presunta incendiaria hace 40 días a través de la red social Instagram y antes del episodio ígneo recibió amenazas que anticipaban lo que finalmente ocurrió.

Fernández, además de comercializar vehículos en la capital neuquina y en localidades aledañas, dedica tiempo a la producción de materiales en las redes sociales, donde reúne más de 10 mil seguidores.

De acuerdo a la investigación, personas del entorno de la mujer sospechosa habrían participado del atentado e incluso registros fílmicos recopilados por los investigadores dan cuenta de la presencia de otras dos personas en inmediaciones de la flota afectada.

“Hay videos de dos chicos que pueden ser familiares de la chica. Si pasa algo, los hacemos responsables a ellos. Ellos venden otros tipo de camiones y son muy conocidos acá en Neuquén”, afirmó el damnificado.

El joven refirió que el pasado lunes se reunió con la chica, con quien mantenía un vínculo sentimental pero no una relación de pareja. “Me revisó el celular y me vio mensajes con otras chicas. Se enojó y me dijo ‘vos no sabés quién soy yo y quién es mi familia’”, relató. E indicó: “Tengo cámaras adentro de mi casa, tengo filmaciones de cuando me hizo la escena”.

El desalojo de una comunidad mapuche que ocupa una propiedad privada en inmediaciones de Villa la Angostura quedó trunco, debido a que el gobierno de Neuquén no aportó el personal policial para ejecutar la medida, a pesar de haberlo acordado con la Justicia.

A fines de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino definió que el desalojo debía concretarse el lunes 30 de marzo.

Para ello, solicitó al gobierno de Rolando Figueroa la participación de la fuerza provincial para concretarla y coordinó con la querella el aporte logístico para implementarlo.

La Justicia envió desde Neuquén a varios oficiales que participarían del operativo, para garantizar el cumplimiento de las garantías procesales. Sin embargo, cuando iban a trasladarse al predio para concretarla, la Policía de Neuquén informó que sólo contaba con unos pocos efectivos.

El líder de la comunidad acusada de usurpación, Lucas Melo, reconoció que estuvo reunido con el gobernador Figueroa días atrás, quien le anticipó que el desalojo no se iba a concretar.

El conflicto comenzó en 2011, cuando una comunidad mapuche ingresó a la propiedad ubicada en el paraje El Pedregoso y tomó posesión de las tierras y de edificaciones. Lo hizo escudada bajo una supuesta reivindicación territorial.

Desde ese momento hasta la actualidad, más de 15 jueces confirmaron la irrupción ilegal de la comunidad y avalaron el desalojo. El gobierno provincial, en cambio, desatendió la manda judicial y quitó la colaboración de la fuerza pública para llevarlo a cabo.

El caso agotó todas las instancias posibles. La propietaria del inmueble aún no logra recuperar la posesión de las tierras, ubicadas a 35 kilómetros de Villa la Angostura.

María Cristina Broers es dueña legítima del lote pastoril desde 1973 y, hasta el momento de la usurpación, edificó propiedades e incluso un muelle sobre la costa del lago Nahuel Huapi.

Sin embargo, el 27 de diciembre de 2011, integrantes de la familia Melo de Villa la Angostura irrumpieron en la propiedad, argumentando pertenecer a una comunidad mapuche que nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Luego se acoplaron integrantes de otra comunidad, la lof Quintriqueo.

La damnificada, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.

Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.

Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros, siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.

La defensa de la propietaria asegura que “la ocupación de parte de los despojantes es absolutamente ilícita y contraria a derecho” y sostiene que “aún en el hipotético caso de que los hechos hubieran acontecido tal como lo indica la comunidad, eso no habilita a sus descendientes ni a ninguna otra persona a sortear todos los recaudos legales y avanzar en una ocupación absolutamente ilícita”.

“Papelón histórico”

La defensa de la damnificada consideró que el desalojo frustrado “es un papelón histórico”. Cuando los oficiales de justicia, la damnificada y la defensa acudieron al predio, acompañados por unos pocos polícias, Melo reconoció que se reunió el viernes pasado con el gobernador Figueroa quien le confirmó que el desalojo no se iba a concretar.

Su declaración quedó reflejada en un acta, que lleva la rúbrica de los ocho oficiales de Justicia que viajaron desde Neuquén para concretar el desalojo, el abogado de la querella Ignacio Gigena y otros actores.

“Es una clara intromisión del poder ejecutivo sobre una manda judicial firme desde hace un año, y que tenía fecha confirmada para ejecutarla desde hace cuatro meses”, reclamaron desde la querella.

Otros casos

No es el único caso que tiene sentencia firme de desalojo. El conflicto que protagoniza la comunidad Paicil Antriao, también de Villa la Angostura, tiene sentencia de desalojo y una orden judicial para ejecutarlo aunque el municipio de la localidad – querellante en ese expediente- no logra acompañamiento policial para llevarlo a cabo.

Se trata de la usurpación de un camping que está ubicado en la costa del lago Correntoso, a pocos kilómetros de la villa turística. Como ese existen otros expedientes similares, en los que el gobierno provincial garantiza la permanencia de los intrusos y dilata la expulsión de los usurpadores, como el que involucra al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili.

Dos integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, vinculados a la ocupación de lotes públicos y privados en Villa Mascardi, serán sometidos a distintos procesos judiciales tras ser capturados luego del desalojo que ordenó la Justicia Federal en octubre de 2022.

Uno de ellos permanece detenido desde octubre de 2025 en el Penal 6 de Rawson, en Chubut, donde comparte ceremonias ancestrales con el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien permanece detenido bajo el régimen de prisión preventiva desde junio del año pasado. El otro fue capturado en el barrio Virgen Misionera de Bariloche, en el marco de un control de prevención encabezado por la Policía de Río Negro.

Se trata de Juan Pablo Colhuan y Luca Dade Vera, ambos relacionados con la comunidad Lafken Winkul Mapu. Colhuan estuvo prófugo de la Justicia hasta octubre del año pasado, cuando la Policía de Chubut lo identificó cerca de Cushamen y constató que registraba un pedido de captura emitido en octubre de 2022. En ese momento, pesaban sobre él un requerimiento emitido por la Oficina Judicial de la III Circunscripción Judicial de Río Negro y un segundo emitido por el tribunal oral federal de General Roca, confeccionado en 2024.

Justamente, una de las causas que involucraba a Colhuan, que estaba relacionada con la usurpación de un predio de Parques Nacionales, prescribió. Sin embargo, el tribunal oral federal de General Roca deberá resolver otro expediente, en el que lo acusan de amenazar con armas de fuego —junto a otros dos cómplices— al cuidador de un predio perteneciente a la mutual de empleados superiores de Gas del Estado, también en Villa Mascardi. Ese hecho ocurrió el 21 de mayo de 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, ocasión en la que Colhuan habría irrumpido en la propiedad armado con un arma larga, con la que intimidó al cuidador.

La víctima sostuvo que reconoció a Colhuan al bajarse el tapaboca con el que ocultaba su rostro.

En la instancia de alegatos realizada este miércoles, el fiscal Fernando Arrigo enumeró el material probatorio: la declaración de la víctima, testimonios y documentos, y solicitó tres años y siete meses de prisión para el detenido. Desde que fue recapturado, Colhuan fue alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, desde donde, a través de su defensa, pidió el traslado a una unidad carcelaria de seguridad media.

Colhuan es hermano de la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu, la “machi” Betiana Colhuan, condenada por la usurpación de lotes públicos y privados en Villa Mascardi. Colhuan atravesó parte del proceso judicial en condición de prófugo e incluso, al ser recapturado, uno de los expedientes ya habría prescripto. Sin embargo, debe responder ante otros legajos por los que permanece detenido.

En 2022 debía enfrentar dos audiencias judiciales, aunque se ausentó en ambas. La primera era un juicio oral y público por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, atribuidos por la fiscalía, cometidos contra un policía al que habría agredido el 6 de febrero de 2020, cerca del predio de Parques Nacionales ocupado por miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

La segunda audiencia, de formulación de cargos, estaba relacionada con una agresión a Diego Frutos, vecino y ex presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, a quien Colhuan, junto a cómplices, agredió al reconocerlo durante un corte de la ruta 40.

Días atrás, la Policía de Río Negro detuvo a Luca Dade Vera en Bariloche, también vinculado a la comunidad Lafken Winkul Mapu. Durante los allanamientos realizados en octubre de 2022, los investigadores hallaron el documento de identidad de Dade Vera. Sin embargo, la defensa sostiene que él no tiene relación con la comunidad responsable de las usurpaciones, sino que se encontraba allí porque era paciente de la “machi”.

Uno de los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, responsable de las usurpaciones en Villa Mascardi desde 2017 hasta 2022, fue condenado por la Justicia Federal a la pena de prisión en suspenso durante 2 años y seis meses, al encontrarlo responsable de la irrupción en un predio situado dentro del mismo paraje turístico, mediante el uso de un arma de fuego.

Juan Pablo Colhuan estuvo prófugo hasta octubre de 2025, cuando personal de la Policía de Chubut lo identificó en inmediaciones del paraje Cushamen, en esa provincia, cuando transitaba una ruta provincial a pie, con síntomas de deshidratación.

Colhuan está involucrado en distintos expedientes que tramita la Justicia Federal y el fuero de la provincia de Río Negro.

El titular del Tribunal Oral Federal de General Roca, Alejandro Silva, lo condenó este jueves a la pena de 2 años y seis meses de prisión en suspenso, al encontrarlo responsable de la irrupción en un predio perteneciente al personal jerárquico de la ex Gas del Estado, donde mediante el uso de armas de fuego y en complicidad con otros tres individuos, amenazó al cuidador y lo obligó a retirarse, para tomar el control del predio.

El hecho ocurrió el 21 de mayo de 2020 entre las 16.30 y las 20 horas cuando Colhuan, cubriendo su rostro con un tapabocas, amenazó al cuidador con un arma de fuego y lo obligó a retirarse.

Cuando se iba le arrojó piedras y provocó el estallido de un vidrio del vehículo que conducía la víctima. En declaraciones posteriores, el afectado aseguró haber reconocido al mapuche cuando, por un descuido, el tapaboca se cayó y le permitió identificar sus facciones.

Durante la instancia de alegatos, el fiscal federal Fernando Arrigo consideró probada la participación de Colhuan en el atentado y pidió una pena de 3 años y siete meses de prisión.

“Los hechos enrostrados fueron probados. Colhuan junto a otras tres personas usurparon la propiedad que custodiaba Fernando Uribe Oyarzo, donde irrumpió junto a otros sujetos portando un arma larga”, aseguró el representante del Ministerio Público este miércoles, durante su alegato.

Uribe Oyarzo denunció que escuchó piedras golpeando el techo y poco después fue sorprendido por los cuatro encapuchados que lo amenazaron con un arma larga, otra corta, cuchillos y boleadoras.

Colhuan, puntualmente, era quien portaba el arma larga.

La víctima tuvo que huir para no resultar herido y minutos más tarde los intrusos provocaron un incendio intencional para destruir la propiedad.

Durante el proceso declararon efectivos de la Policía de Río Negro, quienes coincidieron en el testimonio y afirmaron haber identificado a Colhuan cuando se alejaba del lugar. Dijeron que conducía un vehículo Chevrolet Aveo, aunque el acusado se defendió asegurando que no sabe manejar ni cuenta con registro para hacerlo.

“La carga probatoria es indiscutible”, sostuvo Arrigo durante su presentación.

Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, en ejercicio de la defensa de Colhuan, desacreditó los testimonios y aseguró que no existían elementos para confirmar la presencia de Colhuan en el lugar.

Habló de persecución política al pueblo mapuche y pidió la falta de mérito, haciendo eje en la escasa contundencia de las pruebas presentadas.

Los cargos que le atribuyó Silva al mapuche son por despojo agravado por ser cometido mediante el empleo de un arma de fuego y le impuso reglas de conducta que deberá cumplir durante el tiempo que se extienda la condena.

Además, dispuso la libertad del detenido, quien permanecía alojado en la unidad penitenciaria 6 de la localidad chubutense de Rawson.

Colhuan es uno de los hermanos de la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu, la “machi” Betiana Colhuan, condenada tiempo atrás por la usurpación de lotes públicos y privados en Villa Mascardi.

Cursó todo el proceso judicial prófugo de la Justicia e incluso cuando fue recapturado, uno de los expedientes habría prescripto. Sin embargo, adeudaba otros legajos por los que permanecía detenido.

En 2022 debía enfrentar dos audiencias judiciales aunque decidió ausentarse a ambas. La primera de ellas en el marco de un juicio oral y público por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, que le atribuyó la fiscalía, cometidas contra un policía al que habría agredido el 6 de febrero de 2020, en cercanías del predio de Parques Nacionales ocupado por miembros de la autodenominada comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

La segunda, una audiencia de formulación de cargos por una agresión a Diego Frutos, vecino y ex presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, a quien Colhuan junto a cómplices agredió al reconocerlo durante un corte de la ruta 40.

El gobierno provincial, a través de la Dirección de Vialidad, aclaró que la mujer actuó a derecho, debido a que la traza atraviesa un campo privado, propiedad de Luciana Zárate y su pareja. La obra quedó trunca y el gobierno suspendió el trámite para expropiar el tramo que ingresa al predio particular.

En diálogo con Infobae, Zárate explicó que antes de colocar el portal metálico tuvo el aval de Vialidad Provincial e incluso la Policía de Chubut tomó conocimiento de la medida. Nadie objetó la decisión, ya que el tramo es de su propiedad y no de uso público.

Sin embargo, el caso tiene un trasfondo aún más grave. Uno de los argumentos para la instalación de la estructura es evitar la sustracción de ganado en pie y la circulación de integrantes de una comunidad mapuche que reside en la zona, a quienes acusa de hostigamiento y amenazas.

El caso tomó estado público cuando un integrante de una comunidad mapuche, de apellido Millán, registró en videos cuando instalaban el pórtico y denunció que un terrateniente estadounidense compró el campo y ordenó la colocación de una tranquera para cortar el tránsito en la ruta provincial 12.

Zárate desmintió la versión. “Soy Luciana Zárate, argentina y dueña de las tierras, no hay ningún estadounidense acá, soy yo y mi pareja”, aseguró en diálogo con Infobae.

El origen del conflicto es una disputa anterior con integrantes de una comunidad mapuche que residen en un predio fiscal de las inmediaciones, quienes utilizaban el tramo de pavimento de la ruta provincial 12 –que en realidad pertenece a Zárate- para transitar hacia su territorio.

La tranquera, además del robo de ganado, tenía como objetivo evitar que circulen por allí. “Fui víctima de amenazas de muerte y de otros hechos graves”, expuso la mujer.

Relató un caso en el que integrantes de esa autoproclamada comunidad intentaron enterrarla viva cuando construía una fosa para colocar un guardaganado.

“Se presentaron los mapuches y pretendían tapar la fosa conmigo adentro, cuando paleaba para construirla”, dijo la mujer, en un relato que grafica la grave confrontación que mantiene con quienes aseguran tener derechos ancestrales sobre las tierras.

Aseguró: “Lo único que quieren es que yo me vaya de acá para apropiarse de todo, pero no lo van a conseguir. Este es mi lugar, vivo en una cabaña de adobe y este es mi lugar, y será el de mis hijos”.

“Se ajusta a derecho”

La dirección de Vialidad Provincial defendió la colocación del pórtico metálico sobre el tramo de la ruta, debido a que la traza se encuentra dentro de una propiedad privada.

Zárate aseguró que el pórtico “se va a quedar donde está”. “Es mi propiedad”, insistió. Y aseguró que “la tranquera está abierta y es posible circular”.

El organismo provincial aclaró que la mujer instaló el pórtico en pleno “ejercicio de un derecho de propiedad, sobre un proyecto vial que nunca se consolidó legalmente”.

La carpeta asfáltica que atraviesa el campo privado corresponde a un proyecto vial inconcluso, ejecutado entre los años 2005 y 2009. La obra fue materializada físicamente, aunque el proceso de adquisición de tierras y transferencia a favor del Estado (expropiación) nunca se cristalizó.

El sector afectado, según Vialidad Provincial, pertenece legalmente al predio “La Cancha”, aquirido por Zárate a su titular original, Emilia Méndez de Medina, quien colaboró con Vialidad Nacional permitiendo la instalación de los obradores y la ejecución de la cinta asfáltica.

Cuando se concretó la obra, existió un proyecto de convenio para realizar obras de cerramiento por parte de Vialidad Provincial, aunque el mismo nunca fue firmado. Al no formalizarse la cesión, la tierra mantuvo su carácter de propiedad privada.

Vialidad autorizó a Zárate a colocar el pórtico, para evitar la confusión de automovilistas en un desvío, impidiendo además el ingreso de particulares al terreno de la mujer,

“El pórtico de hierro no constituye una invasión de hecho sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima” concluyó Vialidad Provincial, y agregó que, ante esa situación “el Estado no posee derechos de jurisdicción al haber quedado la obra y su proceso expropiatorio inconclusos”.

La fractura partidaria tras el escándalo que obligó a Lorena Villaverde a resignar su banca en el Senado dejó secuelas. La dirigente retiene la conducción, pero sin control absoluto ni poder de decisión. Mientras tanto, La Libertad Avanza (LLA) organiza filas internas y posiciona al senador Enzo Fullone en la cabeza de la conducción política.

El estallido libertario de fin de año, que obligó a la diputada a descartar su ascenso hacia la Cámara Alta, dejó esquirlas en LLA, aunque los armadores políticos reorganizaron la tropa y abrieron el juego a otras figuras para garantizar la construcción.

La parlamentaria se abroqueló en la presidencia del partido, aunque con un poder menguado por la pérdida de alfiles en el Congreso partidario y la fricción que provoca su figura. Está, pero no decide.

Villaverde estuvo en boca de todos a fin de año, cuando propios y ajenos empapelaron cada rincón con el antecedente de su detención en Estados Unidos por narcotráfico. Sin causas vigentes, la condena social la obligó a dar un paso al costado.

Sostiene la conducción libertaria con alfileres, a partir de una estrategia que a sus copartidarios les queda cómoda: bajo perfil y silencio de radio.

Hasta enero pasado, los constructores libertarios pedían a la diputada que abandonara la presidencia partidaria. “Villaverde no puede seguir estando en la conducción del partido, porque lesiona el sello”, aseguraban en aquel entonces. Pero ahora morigeraron el discurso y ya no evalúan su rol como presidenta, pero la ignoran.

No hay razones, en términos de conducta, para desplazarla y por eso esperan la decantación natural. De hecho, una movida similar se reflejó esta semana, luego de que terminaran de conformarse las comisiones en la Cámara Baja.

Hasta el año pasado, Villaverde estuvo al frente de la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles, pero este año los votos de sus integrantes migraron hacia su par libertario Facundo Correa Llano (Mendoza). Así, la diputada quedó relegada al rol de vocal tanto en esta como en las de Legislación del Trabajo, Legislación General y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

El apoderado y vicepresidente de LLA en Río Negro, Damián Torres, aseguró que la fuerza “dejó de tener una conducción verticalista, para abrir los frentes y permitir un armado amplio, con apertura y lugar para nuevos cuadros”.

“Ya no es uno el que manda, sino que todos buscamos llevar las ideas libertarias a cada rincón de la provincia”, aseguró. Con la tropa ordenada, los violetas buscan bajar el discurso presidencial en pueblos chicos y grandes urbes. “Estamos llevando el mensaje del presidente a todos los rincones de la provincia”, ratificó Torres.

Más allá de los papeles, es el senador Enzo Fullone quien conduce a los libertarios en el terreno. “Es nuestro conductor político, y quien encabeza la estrategia partidaria en la provincia, a partir de su representación en la Cámara de Senadores y de su trayectoria dentro de La Libertad Avanza”, sostuvo.

Fullone, principal impulsor del recambio, promueve “avanzar en la apertura de LLA en la provincia y cambiar la forma de conducción centralizada” que caracterizó al mandato de Villaverde y Julián Goinhex, su principal alfil que fue desplazado de la conducción del Congreso.

En términos electorales, Torres aseguró que “no es un año de elecciones, por lo que la prioridad es el trabajo en el territorio”. Por este motivo, consideró que “cuando sea el momento de hablar de candidaturas, serán nuestros conductores nacionales, Karina Milei y Martín Menem, quienes elegirán a los mejores representantes para cada espacio, pero es una discusión para más adelante”.

Bajo su punto de vista, el dirigente apuntó que “es momento de dar la discusión de lo que queremos para la provincia, para cada ciudad”. Incluso, por su parte, admitió que tenía la intención de aspirar a competir por la intendencia de Viedma, la capital provincial.

El tránsito a través de un tramo de la ruta provincial 12 en Chubut, cerca de la localidad de Gualjaina y a 60 kilómetros de Esquel, quedó restringido debido a que lugareños colocaron una especie de tranquera de hierro para impedir la circulación de vehículos, en el marco de una disputa territorial en la que plantean que la traza fue construida dentro de un territorio privado.

La particular medida provocó que un grupo de familias que reside en la zona quede aislada y no pueda utilizar el trayecto para movilizarse hacia localidades cercanas.

Los primeros testimonios recabados en la zona señalan a un poblador norteamericano que habría adquirido tierras a un particular y habría ordenado restringir el paso de vehículos por un sitio de circulación libre.

Sin embargo, una de las pobladoras que está detrás de la medida descartó la existencia de un inversor privado y asumió la responsabilidad de haber colocado el umbral en el lugar, aunque aclaró que el tránsito vehicular “está permitido”.

Luciana Zárate, propietaria de un campo ubicado en ambas márgenes del trazado provincial, aseguró que el tránsito en la ruta provincial 12 “nunca se cortó” y rechazó las versiones que apuntan a un ciudadano norteamericano de haber colocado el portal de acceso.

“No sé de dónde sacan que hay un terrateniente norteamericano, somos los dueños de los campos, gente trabajadora, y el trazado atraviesa nuestro campo” aseguró a través de las redes sociales. Fuentes del gobierno chubutense confirmaron la versión de que la traza atraviesa predios particulares.

Las imágenes del portal inundaron los portales de noticias de la Patagonia. Vecinos de la zona denunciaron la existencia de la estructura metálica que atraviesa el trazado y acusaron a “matones” de impedir el paso de vehículos.

Dijeron que “no sólo se colocó un portal, sino también un portón que permanece cerrado e impide la circulación de autos”. Zárate desmintió, en parte, la información y aseguró que “el portón está sin candado, se puede pasar y no está impedido el paso”.

La pobladora aseguró que “el asfalto está en nuestro campo y para poder utilizarlo, el gobierno de Chubut tendrá que expropiarlo. Llegaremos a un acuerdo para el uso público, pero mientras eso no ocurra, la tranquera permanecerá donde está”.

Además argumentó que la decisión de interrumpir la circulación vehicular es para prevenir hechos delictivos, ya que en los últimos meses les sustrajeron “más de 30 animales”.

El conflicto no sólo confronta a los pobladores con el gobierno de Chubut, sino también con una de las familias que quedó aislada por la interrupción del trazado.

“Se trata de una situación grave, ya que la instalación de una tranquera en una ruta pública implicaría restringir el acceso a un camino que debería ser de libre circulación” denunciaron los pobladores en las redes sociales, aunque el caso aún no tuvo repercusión en estamentos judiciales.

El conflicto generó un enorme impacto en los portales informativos de la región. Quienes se hicieron eco de la medida fueron voceros de comunidades mapuches que se sorprendieron con el corte de la ruta y denunciaron: “Si hubiésemos sido las comunidades las que cortábamos la ruta, ya nos hubiesen desalojado”.

En ese contexto, cuestionaron la “lenta intervención provincial para dirimir el conflicto”.

Fuentes gubernamentales, en diálogo con Infobae, confirmaron la existencia de un litigio “que aún no fue resuelto” relacionado a la regularización administrativa de las tierras.

“La ruta provincial 12 atraviesa tierras privadas y nunca se cumplimentó el trámite judicial para su expropiación debido a que la construcción de la ruta quedó trunca, por lo que los pobladores tienen derechos sobre el trazado”, indicaron. Es decir que quienes interrumpieron el paso de vehículos “habrían actuado bajo derecho”.

Un grupo de legisladores peronistas presentó un proyecto para pensionar a travestis y personas trans (transgénero y transexuales) mayores de 50 años, como compensación por haber padecido exclusión social, negación de su identidad y violación de sus derechos humanos durante gran parte de su vida.

La iniciativa, que ingresó esta semana en el parlamento rionegrino, generó la inmediata reacción de partidos opositores, quienes consideraron la iniciativa como una “verdadera locura”.

El proyecto, que lleva la rúbrica entre otros del legislador José Luis Berros y la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, busca generar un proceso de reparación “hacia la comunidad de personas trans y travestis de Río Negro”.

Propone una asignación económica mensual, de carácter reparatorio a todas las personas mayores de 50 años, debido a que fue el sector “más excluido, estigmatizado y desprotegido, siendo sus derechos vulnerados históricamente”.

El legislador Juan Martín, presidente y principal referente del Pro en Río Negro, salió al cruce de la iniciativa y la consideró “una verdadera locura, alejada de la agenda que reclaman los rionegrinos”.

Dijo además que “lo que se propone es que el dinero de los contribuyentes vaya a pagarle un sueldo, o un subsidio, a un pequeñísimo número de personas por el simple hecho de que pertenecen a un grupo ideológicamente afín al kirchnerismo”.

En la iniciativa, que rubrican también los legisladores peronistas Daniel Belloso, Alejandra Mas, Ayelén Spósito, Leandro García, Fabián Pilquinao, Luis Ivancich y Luciano Delgado, ponderan la gestión de la expresidenta Cristina Fernández en materia de reconocimiento a la comunidad trans, cuando se aprobaron dos leyes que “han dado significativos avances y ubicaron a nuestro país a la vanguardia en el reconocimiento de la dignidad, las libertades y proyectos de vida colectivos”.

Mencionaron, en ese contexto, la Ley 216618 –que crea el Matrimonio Igualitario- y la Ley de Identidad de Género que “significó un gran avance en materia de derechos para todo el colectivo de diversidad sexual pero especialmente en la población trans permitió por un lado, el acceso al cambio registral, pudiendo llevar sus verdaderos nombres en sus documentos de identidad y por otro las reasignaciones sexuales en los hospitales públicos accediendo al sistema formal de salud”.

Martín, por su parte, aseguró que el proyecto “no sólo busca dilapidar los recursos públicos, sino que también va en contra del principio de igualdad ante la ley, que debería ser lo más importante en una democracia”.

Los impulsores del proyecto creen que, a pesar de las iniciativas aprobadas durante la gestión K, los derechos de la población trans “continúan siendo vulnerados por no cumplir con mandatos sociales heteronormativos, lo cual nos exige continuar generando políticas públicas y promoviendo normativa que contribuya al pleno ejercicio de derechos".

En la fundamentación del proyecto, consignan que la expectativa de vida de las personas travestis y trans es entre 35 y 40 años de edad, y los circuitos de supervivencia más comunes siguen siendo actualmente el trabajo informal y la prostitución.

En 2024, la actual senadora Ana Marks -en aquel momento como legisladora- impulsó un proyecto similar con el objeto de reconocer “la deuda histórica del Estado con la comunidad travesti trans y a promover herramientas concretas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida” aunque la iniciativa no tuvo avances en su tratamiento parlamentario, lo que motivó la nueva presentación.

El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén deberá decidir si acepta el pedido de la comunidad mapuche Paicil Antriao de elevar un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia para frenar una orden de desalojo del camping que usurpa desde hace 10 años.

Tanto el municipio de Villa La Angostura como la Fiscalía de Estado de la provincia petrolera solicitaron al máximo órgano judicial de Neuquén que rechace el pedido de la comunidad mapuche para elevar un recurso extraordinario ante la Corte.

Se trata del extenso litigio que el Ejecutivo angosturense sostiene con los intrusos, quienes deben restituir un predio que explotan comercialmente, ubicado en la costa del lago Correntoso.

A lo largo del periplo judicial, la defensa de la comunidad no pudo revertir la orden de desalojo que fijó la Justicia, a pesar de los múltiples artilugios judiciales que elevaron para frenar la medida.

Luego del último fallo a favor de la restitución del predio al municipio local, el abogado que defiende a la comunidad anunció la presentación de un recurso en queja ante la Corte Suprema, a pesar de lo cual la orden de desalojo sigue vigente.

Poco después del último dictamen, que ordena la devolución de las tierras al municipio, los mapuches apuntaron contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y su titular, Claudio Avruk, a quien cuestionaron por “persecución y racismo”.

Le solicitaron al organismo nacional que avance con el relevamiento territorial y la elaboración de la carpeta técnica, para determinar la superficie que –en teoría- le corresponde a la comunidad.

Ahora, la Fiscalía de Estado de Neuquén y el municipio coincidieron en solicitarle al STJ que rechace el planteo mapuche de elevar el recurso ante la Corte. Sin embargo, saben que dicho planteo no es vinculante con la orden de desalojo que ordenó el Juez Francisco Astoul Bonorino, que está firme y mantiene vigencia.

Luego de cada dictamen desfavorable, los voceros de la comunidad Paicil Antriao desafiaron a la Justicia y anunciaron que no se moverán del lugar que ocupan, ya que esas tierras pertenecían a sus ancestros.

La disputa por el complejo recreativo lleva más de una década en los tribunales. En 2019, la Justicia dictó una sentencia que reconoció la titularidad del terreno a favor del municipio de Villa La Angostura y ordenó su restitución. Ese fallo fue apelado en 2021 y finalmente ratificado en 2024 por el máximo tribunal provincial, por lo que actualmente se encuentra firme y a la espera de su ejecución, que podría incluir el desalojo.

El nuevo planteo de la comunidad surgió tras una decisión del juez civil de Junín de los Andes, Santiago Montórfano, quien a fines de 2024 se declaró incompetente para continuar con el trámite y dispuso que el expediente sea remitido a los tribunales de Villa La Angostura.

La medida fue cuestionada por la comunidad Paicil Antriao, que apeló la decisión primero ante la Cámara Provincial y luego ante el Tribunal Superior, sin obtener resultados favorables. Ante ese escenario, presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la causa llegue al máximo tribunal del país.

En su respuesta, la Fiscalía de Estado —representada por el apoderado Gustavo Kohon, en nombre del organismo que conduce Raúl Gaitán— consideró que el planteo carece de fundamentos suficientes. En el escrito se sostiene que la resolución cuestionada no tiene carácter definitivo ni provoca un perjuicio irreparable que justifique la intervención de la Corte Suprema.

El documento también señala que la presentación de la comunidad ofrece un relato “parcial” de los antecedentes del proceso y que no logra demostrar una violación concreta de garantías constitucionales, como el principio del juez natural invocado en el recurso.

En paralelo, la municipalidad de Villa La Angostura, a través de su apoderado legal Adolfo Hugo Burgenik, presentó un planteo similar. El abogado afirmó que la resolución judicial en discusión se limita a una cuestión procesal —la determinación del juzgado competente— y que no impide la continuidad del expediente ni afecta derechos de las partes.

Desde el municipio sostuvieron además que el intento de llevar el caso a la Corte Suprema constituye una maniobra dilatoria dentro de un proceso que ya cuenta con una sentencia firme sobre la propiedad del terreno.

La decisión final sobre la admisibilidad del recurso extraordinario federal quedará ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, que deberá determinar si el planteo reúne los requisitos legales para habilitar la intervención del máximo tribunal del país.

La Justicia ordinaria de Chubut y la Federal avanzan en dos investigaciones paralelas relacionadas a los incendios que arrasaron con miles de hectáreas en la provincia patagónica.

El fuego, que comenzó el 5 de enero cerca de Puerto Patriada, en jurisdicción provincial, fue provocado intencionalmente.

En el marco de la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal de la provincia, se realizó un allanamiento en la comunidad mapuche Pulgar, donde la fuerza policial secuestró al menos seis dispositivos móviles de sus integrantes.

Además, peritos de Bomberos detectaron fragmentos de tierra con combustible u otro líquido acelerante, que podría haber sido utilizado para provocar el incendio de manera intencional.

Los Equipos Técnicos Multidisciplinarios (ETM) de Chubut, dependientes del Ministerio Público Fiscal, peritan esos dispositivos móviles para determinar si existen indicios que permitan responsabilizar a la comunidad por el inicio de las llamas.

El fiscal Carlos Díaz Mayer, a cargo de la investigación, confirmó a Infobae que “el informe permitirá establecer si alguno de los integrantes de la comunidad Pulgar tuvo vinculación con el comienzo del siniestro”.

Además, ratificó que está en proceso de estudio un fragmento de tierra en el que se encontró líquido acelerante.

El gobierno nacional responsabilizó a mapuches por la presunta autoría de los focos iniciales, aunque hizo hincapié en la controvertida Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuyo líder, Facundo Jones Huala, está preso desde junio de 2025.

Sin embargo, existen dudas sobre la existencia de esa agrupación, ya que solo Jones Huala dijo pertenecer a la misma. Además, nadie se adjudicó la autoría de los primeros focos, tal como ocurrió en años anteriores, con otros incendios forestales.

La lof Pulgar está asentada en la zona de Puerto Patriada. En el último incendio, las familias que la integran perdieron viviendas, animales y vehículos por el paso del fuego, además de sitios sagrados que eran utilizados para la práctica de ceremonias ancestrales.

La Justicia, con la colaboración de la Policía provincial, allanó el asentamiento y secuestró los elementos que están en análisis. Luego de la diligencia, los mapuches denunciaron persecución y estigmatización por parte del gobierno provincial.

Díaz Mayer aguarda el informe de los peritos para avanzar con la investigación, tanto de los dispositivos móviles como del fragmento de tierra.

El fuego arrasó con miles de hectáreas en la zona de Puerto Patriada y Epuyén, y tuvo en vilo a la localidad de Cholila.

Causa federal

En paralelo, la Justicia Federal avanza con otra investigación relacionada al incendio en el Parque Nacional Los Alerces. La pesquisa no intenta establecer cómo comenzó, debido a que está acreditado que lo originó un rayo durante una tormenta eléctrica desatada en el mes de diciembre.

El fuego, en primera instancia, fue contenido, aunque luego se reactivó con más fuerza. El objetivo de los investigadores es determinar si quienes coordinaron el operativo de control, lo hicieron de forma negligente.

La Administración de Parques Nacionales dispuso la suspensión del intendente del Parque, Danilo Hernández Otaño, e intervino la conducción de esa seccional, designando a Ariel Rodríguez en su lugar.

El guardaparque desplazado no hizo declaraciones luego de su corrimiento, aunque empresarios y prestadores del Parque Nacional lo acusaron de haber actuado de forma equívoca en el control de las llamas.

“El fuego estuvo contenido, pero no se realizó el control de los puntos calientes ni tampoco hubo guardias de cenizas. Hay una clara negligencia de Hernández Otaño y de su equipo de trabajo”, denuncian referentes turísticos del Parque Nacional.

Sin embargo, la Justicia Federal tiene en carpeta otra investigación, relacionada al incendio más reciente desatado semanas atrás en La Tapera, cerca del paraje Los Cipreses.

Fuentes de Parques Nacionales confirmaron que el fuego comenzó de forma intencional, por la dispersión de los focos y la simultaneidad de los mismos.

La presentación fue realizada por Rodríguez, el interventor del Parque, tras confirmar que el fuego comenzó, sin dudas, de forma intencional.

La comunidad mapuche Paicil Antriao presentó un recurso de amparo para exigir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo estatal responsable de coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con los pueblos originarios, la culminación del relevamiento territorial y lo responsabiliza por no finalizar este proceso. El amparo fue elevado en medio de una causa judicial que podría derivar en el desalojo del grupo de un camping en la costa del lago Correntoso, dentro de un expediente iniciado por el municipio de Villa la Angostura hace más de diez años.

La medida judicial fue anunciada luego de trascender un nuevo revés judicial, cuando la comunidad quedó a un paso de ser desalojada, según la sentencia existente en una causa iniciada por el municipio. En su presentación, acusan al INAI de falta de acompañamiento y respuesta institucional para las comunidades mapuches.

La comunidad Paicil Antriao enfrenta al menos diez conflictos territoriales en esta localidad turística al sur de Neuquén, tanto con el municipio local como con particulares, de acuerdo a lo que consta en los registros judiciales y municipales. Esta cifra refleja la alta recurrencia de disputas sobre la posesión de tierras, originadas por reclamos de reivindicación territorial por parte de la comunidad, quienes han tomado posesión de diversas propiedades mientras demandan la acreditación formal de ocupación ancestral.

En la acción de amparo, presentada en el Juzgado Federal de Zapala, con competencia en causas territoriales en Neuquén, se imputa al organismo dirigido por Ariel Avruj la falta de respuesta ante la finalización de un procedimiento técnico considerado por la comunidad como crucial para respaldar su permanencia en el territorio.

Uno de los focos de disputa enfrenta a los integrantes de la comunidad con el gobierno nacional, ya que han instalado viviendas sobre la traza donde se proyecta la construcción de la Ruta de Circunvalación. Fuentes del gobierno de Neuquén declararon a Infobae: “No son reivindicaciones territoriales, son acciones vinculadas a intereses inmobiliarios”.

Por su parte, los representantes mapuches criticaron públicamente al funcionario nacional por lo que consideran “falta de decisión política en la finalización del relevamiento territorial” y lo acusaron de mantener un comportamiento “racista”. Expresaron en un comunicado: “Realizar este Relevamiento llevó muchos años de tiempo y fue realizado a través de tareas de campo científica, que realizaron antropólogos, agrimensores de Provincia delimitando lo que constituye la ocupación tradicional y ancestral de este territorio”.

En el conflicto que involucra el camping Quilla Hue, existe sentencia firme para el desalojo luego de que se certificara que la presencia mapuche en el predio municipal “es ilegal”. El juez local Francisco Astoul Bonorino ordenó meses atrás el retiro forzoso de la comunidad. A pesar de ello, la defensa recurrió de inmediato en queja a la Corte Suprema en un intento por frenar la ejecución de la medida, aunque se reconoce internamente que tal recurso no impedirá la intervención de la Policía neuquina.

El accionar reiterado de la comunidad derivó en reacciones por parte de la comunidad angosturense, cuyas voces públicas cuestionan la legitimidad de las demandas territoriales. Un referente local expresó semanas atrás: “Es imposible que sean titulares de ‘miles de hectáreas’, en simultáneo; deberían ser cientos de mapuches distribuidos por toda la localidad, pero son sólo unas pocas familias las que impulsan los conflictos”.

Con el argumento de “resguardo territorial”, la comunidad Paicil Antriao reconoció su ocupación de los campings Quilla Hue, Rincón de los Amigos y Arrayanes del Correntoso.

La comunidad también cuestionó al poder político local por no acceder al diálogo, a pesar de los reiterados pedidos de audiencia con el intendente de Villa la Angostura para abordar distintos temas de interés colectivo.

Para los angosturenses, Paicil Antriao es sinónimo de conflictos y usurpaciones. Es la comunidad mapuche que protagoniza numerosos conflictos territoriales en Villa la Angostura, provincia de Neuquén, y forma parte de diversos expedientes judiciales, algunos de los cuales tienen sentencia firme para el desalojo de tierras que ocupó.

Uno de esos conflictos lo tiene con el municipio de Villa la Angostura, que busca recuperar el control de un camping estatal que tuvo como administrador a un integrante de la Paicil Antriao. Cuando expiró el contrato de locación, se atrincheró en el espacio y adujo que sus ancestros eran los titulares de las tierras donde se ubica, en la costa del lago Correntoso.

El municipio se constituyó en querellante para recuperar el control, aunque tras 10 años de litigio, aún no lo consigue.

La comunidad mapuche elevó innumerables recursos para seguir en el camping, aunque la mayoría de las presentaciones tuvieron fallos adversos. Incluso rige una orden de desalojo con sentencia firme que podría derivar en la expulsión de los intrusos.

La defensa de la comunidad elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que avaló el regreso del expediente al juzgado que ordenó el desalojo, luego de transitar por despachos de otros juzgados neuquinos.

El conflicto tiene más de una década y al menos una sentencia firme que ordena la restitución de las tierras al ejecutivo angosturense. La Justicia neuquina rechazó el pedido de elevación de un recurso extraordinario a la Corte Suprema, razón por la que la defensa mapuche acudió en queja al máximo tribunal del país.

“No es otra cosa que una maniobra para dilatar el desalojo. Así estamos desde hace 10 años, con idas y vueltas, recorriendo despachos y acumulando sentencias que coinciden en que las tierras son del municipio, y que los mapuches deben retirarse” dijeron fuentes del municipio local a Infobae.

Por otro lado, Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad mapuche, explicó que “el recurso extraordinario lo desecharon formalmente y eso me obligó a ir en queja ante la Corte, que ya está circulando, está en la vocalía N°1”, explicó.

El letrado reconoció que el proceso “lleva tiempo” y coincidió en ese punto con lo afirmado por funcionarios locales: “Buscan ganar tiempo, aunque el recurso no debería modificar la orden firme de desalojo”.

Requisitos para la ejecución de la medida

El gobierno local debería contar con el acompañamiento de la Policía de Neuquén, lo que resulta “un escollo” para poder hacerlo. “Apelamos a que la comunidad se retire por voluntad propia, sabemos que difícilmente el ejecutivo provincial ponga a disposición a la Policía para llevarlo a cabo” dijeron desde el edificio comunal.

El gobierno neuquino, en los últimos meses, desoyó los desalojos que decidió la Justicia en otros conflictos y apeló a “mecanismos de diálogo”. “El ejecutivo provincial no quiere exponer a la Policía, porque sabe que no van a ser desalojos pacíficos, y no quiere pagar ningún costo” dijeron a este medio fuentes del gabinete local, quienes incluso cuestionaron “los mecanismos de diálogo que propuso: siempre favorecieron a los usurpadores”.

Mientras tanto, el municipio de Villa la Angostura buscó alternativas para que la comunidad Paicil Antriao administre el camping que debe abandonar, como supuesto “pacto de paz”. Sin embargo, durante el proceso, el mismo ejecutivo clausuró el predio en reiteradas ocasiones por irregularidades comerciales. Desafiantes, los mapuches retiraron las fajas y siguieron explotando comercialmente el sitio.

La Justicia Federal de Bariloche decidió este miércoles que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, siga detenido otros tres meses en una cárcel de máxima seguridad de Rawson, Chubut, en el marco de una causa que investiga la fiscalía por presunta asociación ilícita calificada.

Con la nueva prórroga, el lonko cumplirá un año en prisión, ya que fue detenido el 6 de junio de 2025 en el marco de un controvertido operativo que ejecutó la Policía Federal Argentina (PFA).

La detención del activista está relacionada a una denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación a principios del año pasado, luego de que Jones Huala justificara atentados incendiarios y sabotajes durante la presentación de un libro que escribió mientras permanecía detenido en Chile.

La detención del mapuche fue difundida por la ex titular de la cartera Patricia Bullrich a través de las redes sociales, incluso antes de que el magistrado de la causa tomara conocimiento de la captura.

Cuatro horas después de la detención, el juez federal subrogante Ezequiel Andreani autorizó el procedimiento, presionado por la viralización de la información.

Este miércoles se realizó una nueva audiencia –está prevista una cada tres meses-, en la que la fiscalía solicitó mantener en prisión al líder de la RAM, mientras intenta recopilar material probatorio para privarlo de libertad.

Desde su detención, los abogados que defienden a Jones Huala elevaron múltiples recursos para solicitar su liberación o, en su defecto, para trasladarlo a una cárcel de seguridad media ubicada en la ciudad de Esquel.

El juez Gustavo Zapata accedió a la solicitud de trasladarlo, aunque funcionarios del Ministerio de Seguridad a cargo de la Dirección Correccional rechazaron el planteo al asegurar que la U14 de Esquel –donde Jones Huala estuvo detenido durante varios años con buena conducta- no cuenta con garantías de seguridad para alojarlo.

En la audiencia de este miércoles, la fiscal Ángela Pagano Mata solicitó que Jones Huala continúe detenido y el planteo fue aceptado por el magistrado Gustavo Zapata.

La fiscalía, en audiencias anteriores, admitió dificultades en la recopilación de material probatorio.

En diálogo con Infobae, Pagano Mata aseguró que se utilizaron los mismos argumentos que en las audiencias anteriores para extender la prisión preventiva.

“Existe riesgo de fuga, en caso de permanecer en libertad, y un posible entorpecimiento de la investigación”, argumentó la fiscal su pedido.

La pesquisa consiste en recopilar documentación y legajos sobre la actuación de la RAM, tanto en Río Negro como en Chubut y Neuquén.

Jones Huala aseveró que es líder de la RAM y militante de la CAM, una violenta agrupación mapuche asentada en el sur de Chile.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que ejerce la defensa del detenido, cuestionó las prórrogas a las que accedió la Justicia Federal e incluso consideró “vergonzosos” los argumentos que esgrimieron los fiscales para solicitarla.

El caso fue encuadrado como investigación compleja –tanto en primera instancia como también en un fallo posterior de Cámara–, figura que establece que el detenido podría permanecer hasta dos años bajo prisión preventiva, es decir hasta junio de 2027.

“Estaba pactado que había que mantener a Jones Huala tras las rejas”, dijeron fuentes de la Gremial, y atribuyeron la decisión a una orden que surge del poder político nacional.

Dijeron que “no hay dudas de que Facundo (Jones Huala) es un preso político, porque no hay elementos para mantenerlo tras las rejas, y mucho menos cuando la investigación no es hacia su persona, sino que está enfocada en una agrupación que ni siquiera existe”, adujeron, haciendo alusión a la RAM.

Los incendios que azotan bosques y pastizales en el norte de Chubut están contenidos gracias al trabajo de los brigadistas y al ingreso de un frente frío, que incluyó descenso de la temperatura y precipitaciones.

Los equipos de combate continúan trabajando en el Parque Nacional Los Alerces, aunque el cambio en las condiciones climáticas fue fundamental para morigerar la potencia del fuego.

Los incendios en Puerto Café y en La Tapera, ambos en el Parque Nacional, están contenidos. El de Puerto Patriada, en jurisdicción de Chubut, está controlado.

El primero de ellos comenzó en diciembre pasado, producto de una descarga eléctrica durante una tormenta, mientras que el más reciente fue provocado intencionalmente hace dos semanas.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) continúa trabajando en la zona junto a Parques Nacionales y organismos provinciales de lucha contra incendios.

“El clima favoreció para sacarle fuerza a las llamas, lo que nos permitió contener los dos incendios del Parque Nacional”, indicaron a Infobae fuentes de ese organismo.

Los tres incendios arrasaron con más de 60 mil hectáreas de bosques nativos, implantados y vegetación baja.

El fuego en La Tapera es el más reciente y comenzó de manera intencional, de acuerdo a lo que denunciaron las autoridades del Parque Nacional en el Juzgado Federal de Esquel. Cuando comenzaron las llamas, los brigadistas detectaron tres focos simultáneos, alejados entre sí, sin registro de factores naturales como tormentas eléctricas o cableados de energía cerca de sectores arbustivos o boscosos.

En ese siniestro trabajan 24 brigadistas para evitar una posible reactivación, con el aporte de un helicóptero aportado por AFE.

En Puerto Café también opera un helicóptero con una cantidad similar de combatientes de distintos organismos.

En Puerto Patriada, por su parte, ya no quedan brigadistas de refuerzo y solo los de organismos regionales operan en el lugar. El fuego está controlado, pero aún no se declaró su extinción definitiva.

La provincia patagónica concentró la mayor cantidad de incendios durante la temporada de verano, con pérdidas de miles de hectáreas, viviendas particulares y vehículos.

Las imágenes en los alrededores de Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo son dantescas, con bosques milenarios teñidos de negro, animales muertos y escombros en sitios arrasados por las llamas.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres, durante su exposición en la apertura de sesiones ordinarias, dedicó un extenso y emotivo pasaje de su discurso a reflexionar sobre el drama de los incendios forestales que azotaron la cordillera, pero también apuntó contra la desinformación y reivindicó la figura de los verdaderos héroes anónimos.

El mandatario apuntó contra los políticos que visitaron la zona “para sacarse una foto al lado del fuego o entregando ladrillos a los vecinos que perdieron todo” y los catalogó de “políticos ventajeros”.

A esos dirigentes “el tiempo los va a poner en su lugar y la gente los va a poner en su lugar” dijo.

Pobladores y prestadores turísticos del Parque Nacional Los Alerces trabajan codo a codo con los organismos de combate de incendios forestales en Chubut, tratando de frenar el avance del fuego que permanece activo en distintos sectores.

Los últimos focos, denunciados ante la Justicia por haber comenzado de manera intencional, se mantienen activos y consumen bosques nativos ubicados dentro de la reserva.

Un centenar de brigadistas, que trabajan bajo la coordinación del Comando Unificado que conforman la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Parques Nacionales y el gobierno de Chubut, comparten las actividades con los pobladores, quienes incluso cedieron sus espacios para instalar campamentos y bases operativas.

Así lo reconoció Parques Nacionales en el último reporte del siniestro ígneo. El objetivo de las cuadrillas de combate es evitar el avance del fuego a islas de vegetación que aún no fueron impactadas por el fuego.

Los prestadores de excursiones lacustres, cuya actividad está suspendida por el siniestro, pusieron a disposición sus embarcaciones para el traslado de los brigadistas a los sitios de combate.

Con equipos viales se construyeron cortafuegos y fajas de contención para morigerar el avance de los focos principales.

Los medios aéreos complementan esta dinámica de combate combinado, mediante descargas de agua con los helicópteros y aviones hidrantes.

Fuentes del Comando Unificado destacaron “el apoyo de los pobladores y vecinos del área afectada en ambas costas del Río Grande – Futaleufú en la zona de Los Cipreses, quienes colaboran permanentemente con los equipos de apoyo y combate, aportando los espacios de sus predios privados para el despliegue logístico y sosteniendo la atención permanente al personal destacado en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite”.

La previsión para la jornada establece la operación de los medios aéreos disponibles, que son tres aviones hidrantes y otros dos anfibios –que cargan agua en los espejos de agua del lugar y aceleran la operación-, además de dos helicópteros Bell 407.

Los pronósticos anticipan lluvias

De acuerdo a la previsión de los distintos pronósticos meteorológicos, se esperan varias precipitaciones para los próximos días.

Semanas atrás, cuando el fuego presentaba una actividad intensa en los incendios del Parque Nacional y del territorio chubutense, un descenso de la temperatura contribuyó a la contención de las llamas.

Por eso la previsión meteorológica genera expectativa, tanto en los referentes del Comité Unificado como en los combatientes, quienes creen que la lluvia podría contribuir a frenar el avance del fuego para luego proceder a su control y extinción definitiva.

Los informes satelitales de las distintas plataformas anticipan cuatro jornadas de lluvia y temperaturas medias, que podrían alcanzar los 17 grados.

Los nuevos focos en la zona sur del Parque, en el sector denominado La Tapera, fueron provocados de manera intencional, cuando los equipos de lucha contra el fuego operaban en Puerto Café, el siniestro que comenzó en diciembre producto de una descarga eléctrica de una tormenta.

La simultaneidad de tres nuevos focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces y la dispersión geográfica entre los mismos derivó en una denuncia penal ante la Justicia Federal tras confirmarse que los mismos fueron provocados de manera intencional.

El fuego permanece activo en la parte sur del parque y los brigadistas, con el apoyo de ocho medios aéreos, trabajan para intentar aplacarlo.

El interventor del Parque Nacional, Ariel Rodríguez, radicó una denuncia penal en el fuero federal de Esquel, para juzgar a quienes ocasionaron los nuevos focos de forma intencional.

Ni causas naturales ni negligencia. La hipótesis del organismo estatal es que el fuego fue provocado de forma intencional, aunque no arriesgó el motivo que llevó a los autores a ocasionarlo.

En un comunicado reciente, Parques Nacionales hizo referencia al inicio de los focos en términos categóricos y sin dar lugar a expresiones condicionales: “Fueron intencionales”. La afirmación tiene sustento en la localización de los distintos focos y a la dispersión de los mismos, que luego avanzaron y crecieron por el viento y las condiciones del clima.

El nuevo siniestro que se acercó a 50 metros de una población, en inmediaciones del portal Sur del parque -cerca del límite con Chile- permanece con actividad, aunque por ahora se desconoce la superficie afectada.

La nueva emergencia ígnea se produjo cuando los combatientes culminaban las tareas de control en el incendio anterior, situado en un sector denominado Puerto Café, el cual comenzó en diciembre a partir de una descarga eléctrica durante una tormenta.

El comité de actuación, que confirman distintos organismos nacionales y provinciales, no alcanzó a disolverse cuando tuvo que intervenir nuevamente, a partir de los nuevos focos detectados cerca de La Tapera, en inmediaciones del río Futaleufú.

Los equipos técnicos evalúan con pronósticos satelitales las condiciones meteorológicas, que en las últimas horas permitieron el despliegue de brigadistas al lugar, quienes fueron trasladados en su mayoría a través de embarcaciones de privados, que debieron suspender sus prestaciones por la nueva contingencia.

Son siete los medios aéreos que intervienen y que el martes pudieron operar con normalidad, luego de jornadas donde debieron permanecer en tierra por las condiciones adversas.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), que integra el comité de instituciones, informó que forman parte del operativo servidores del Servicio Provincial del Plan de Manejo del Fuego de Chubut y Parques Nacionales.

El incendio que comenzó en diciembre pasado está contenido, pero igual requiere despliegue de brigadistas. Según la AFE, participan allí miembros de la Policía Federal, uniformados del Ministerio de Defensa y una multiplicidad de organismos provinciales y de localidades cercanas.

Dos aviones hidrantes realizan descargas tanto en este incendio como en los nuevos focos de La Tapera, junto a dos helicópteros con helibalde que realizan descargas continuas de agua en zonas calientes.

El fuego de Puerto Patriada, por su parte, ubicado en territorio chubutense, está controlado y próximo a su etapa de extinción definitiva.

La Justicia Federal de Esquel tiene dos expedientes en simultáneo, relacionados con los incendios en Chubut. El primero de ellos es por el incendio de Puerto Café para determinar si hubo negligencia de parte del desplazado intendente del Parque, Danilo Hernández Otaño en el control del fuego, que había sido contenido en una primera etapa.

Prestadores privados del Parque Nacional cuestionaron el desempeño de Otaño en el control de los siniestros, para evitar su reactivación, y el funcionario fue desplazado temporalmente por la administración de Parques Nacionales.

El otro expediente es más reciente y tiene que ver con la intencionalidad manifiesta en la provocación de los nuevos focos, aunque, al menos por ahora, no trascendieron avances en la investigación.

Peritos de la Policía Federal realizarán un informe luego de relevar la zona afectada, en el afán de encontrar material probatorio para incriminar a los presuntos autores e identificarlos.

El Parque Nacional Los Alerces sigue bajo fuego, aunque, a diferencia del siniestro que comenzó en diciembre pasado durante una tormenta eléctrica y fue controlado hace pocas semanas, los nuevos focos fueron intencionales y derivaron en una investigación penal que quedó a cargo de la Justicia Federal.

En un comunicado reciente, Parques Nacionales hizo referencia al inicio de los focos en términos categóricos y sin dar lugar a expresiones condicionales: “Fueron intencionales”.

La afirmación tiene sustento en la localización de los distintos focos y a la dispersión de los mismos, que luego avanzaron y crecieron por el viento y las condiciones del clima.

“No hay dudas, ni tampoco factores naturales como para hacer especulaciones y conjeturas. Acá hay una situación clara, aunque desconocemos los motivos”, afirmaron desde el organismo nacional.

Semanas atrás, brigadistas y combatientes pudieron controlar el incendio que comenzó en diciembre, consumió alrededor de 40 mil hectáreas y, en algunos sectores, se fusionó con otro incendio que comenzó en territorio provincial.

Los nuevos focos, detectados en las últimas 72 horas, se registraron en la zona sur del Parque Nacional Los Alerces.

“Tenemos un incendio activo en La Tapera, en la margen norte del río Futaleufú, entre la población Burgos y Toro. Está en la portada sur del parque y en el límite con Chile”, explicó Ariel Rodríguez, interventor del Parque Nacional Los Alerces.

Este lunes se activó un foco secundario de ese incendio que puso en vilo a una población y obligó a la evacuación preventiva de unas 20 personas, ya que el fuego estuvo a pocos metros de las viviendas.

“No podemos hablar de rebrote ni de reactivación. No hay forma de que el fuego haya comenzado de otra forma que no sea intencional”, dijo el funcionario, y descartó incluso la posibilidad de otras causas, como una posible actitud negligente.

En el lugar permanecen los organismos de combate que conformaron el comité para la contingencia anterior, con la participación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y de Parques, además de referentes provinciales.

“Dado este escenario de intencionalidad manifiesta, que genera un enorme daño tanto al delicado ecosistema de los bosques patagónicos, como a los bienes personales y a la actividad turística regional, se iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando a los peritos de la Policía Federal Argentina y nuevos recursos técnico-científicos que sumen información a las investigaciones en curso”, indicó el organismo a través de un comunicado.

Anunciaron, además, que se reforzarán los patrullajes preventivos en distintos sectores del Parque Nacional, como así también se agudizarán las medidas de fiscalización en toda la jurisdicción.

La contingencia tiene siete medios aéreos a disposición para operar durante la jornada, si es que las condiciones climáticas lo permiten y no afectan su tarea como ocurrió el lunes, cuando arreciaron vientos fuertes y constantes.