Integrantes de una comunidad mapuche de Neuquén fueron imputados por bloquear el acceso a una cantera en la zona de Añelo, en Vaca Muerta, y la Justicia les prohibió acercarse a la zona de conflicto.

El hecho ocurrió a principios de 2026 cuando integrantes de la comunidad Campo Maripe bloquearon el acceso a una cantera e intimidaron a trabajadores petroleros.

El propietario del predio radicó la denuncia ante la Justicia Neuquina, que ordenó medidas de coerción, entre las que le impide a la comunidad regresar a la zona de conflicto.

Los mapuches ingresaron a la cantera y bloquearon el acceso y amenazaron a los trabajadores con incendiar los vehículos en los que se movilizaban.

Los integrantes de la comunidad fueron imputados por el delito de turbación de la posesión, bajo la figura de coautores. La medida fue dispuesta por la jueza de Garantías Carina Álvarez, por pedido de la fiscalía, representada por Pablo Vignaroli. La magistrada dispuso cuatro meses de investigación.

Durante la audiencia de este miércoles, la fiscalía de Delitos Económicos responsabilizó a la comunidad mapuche por haber ingresado de forma intempestiva al predio e impedir el ingreso a los trabajadores, para realizar sus labores cotidianas.

En la exposición de la parte acusadora, el fiscal mencionó que la ocupación se mantuvo desde fines de enero hasta el 5 de marzo, tiempo en el que los usurpadores permanecieron en el terreno y sostuvieron el bloqueo.

En el lugar construyeron viviendas precarias, mientras custodiaban el ingreso no sólo de los trabajadores, sino también de los propietarios, quienes, al radicar la denuncia, exhibieron la documentación que avala la titularidad de las tierras.

El bloqueo generó cuantiosas pérdidas económicas para el dueño del lugar, debido a que durante el tiempo que se extendió no pudieron realizar la explotación de la cantera ubicada dentro del predio.

Durante la exposición acusatoria, la fiscalía presentó denuncias, testimonios y actas elaboradas por la Policía neuquina, además de otras pruebas como documentación sobre la titularidad de las tierras y material audiovisual para certificar la acusación.

La jueza dio curso a las medidas de coerción solicitadas por la fiscalía y ordenó a los imputados abstenerse de realizar cualquier acto de turbación o bloqueo a los accesos al predio, además de prohibirles mantener cualquier contacto con el denunciante, su familia y los trabajadores.

Álvarez también rechazó un pedido de la defensa para la devolución de un vehículo secuestrado. Lo mismo hizo con un segundo requerimiento, esta vez, para dejar sin efecto las órdenes de secuestro sobre otros rodados, al considerar que podrían ser objeto de decomiso en caso de una eventual condena.

Los efectivos de la Policía de Río Negro podrían utilizar en un futuro cercano armas no letales como herramienta de intervención, luego de la aprobación en primera vuelta de la iniciativa que les otorga facultades a los uniformados para poder utilizarlas.

El proyecto debe sortear la segunda vuelta de votación en el parlamento rionegrino. En la primera, el peronismo se opuso a la iniciativa, argumentando que “existen otros métodos para prevenir el delito”.

El proyecto surgió del partido provincial Primero Río Negro, que comulga con las ideas libertarias y respalda la gestión del presidente Javier Milei.

El objetivo del proyecto es autorizar a la fuerza para el uso de armamento tipo Taser y otros mecanismos no letales para “prevenir, detectar y neutralizar situaciones delictivas sin tener que recurrir al uso de armas de fuego”.

En la primera sesión ordinaria de 2026, el proyecto cosechó 28 votos positivos y 9 negativos, entre los que figuran los del PJ y los de la bancada de Vamos con Todos, también vinculada al justicialismo y otras estructuras aliadas.

La normativa autoriza a los efectivos de la Policía provincial al uso de dispositivos como pistolas Taser, aerosoles irritantes, proyectiles de impacto controlado como balas de goma, y sistemas de disuasión acústica y luminosa.

La autora del proyecto, Yolanda Mansilla, aseguró que la iniciativa busca actualizar el marco legal y adecuarlo a estándares internacionales que promueven el uso progresivo de la fuerza. Señaló que en muchos casos el uso de armas letales resulta desproporcionado y que estas alternativas permiten intervenir sin generar consecuencias irreversibles.

La ley fija condiciones estrictas. Solo podrán utilizarlas efectivos con capacitación certificada y cada intervención deberá ser registrada en audio y video. Además, se establece que su uso estará limitado a situaciones de peligro inminente, defensa propia o de terceros, o para impedir delitos cuando otros medios resulten insuficientes.

El proyecto tuvo la aprobación de los legisladores del PRO y del partido del que forma parte el gobernador Alberto Weretilneck, Juntos Somos Río Negro.

El proyecto aprobado establece que se consideran armas no letales a aquellas diseñadas para incapacitar, disuadir o controlar a una persona, reduciendo significativamente la probabilidad de producir lesiones graves o muerte.

Entre los ejes centrales del proyecto, se establecen dos artículos regulatorios orientados a las limitaciones de las fuerzas policiales. Por un lado, se exige la capacitación específica de los miembros conforme a protocolos de entrenamiento técnico y operativo, los cuales además deberán quedar asentados en un registro actualizado del personal habilitado, consignando instructor y fecha de certificación.

Otro artículo obliga a los oficiales a dejar constancia de todo el procedimiento mediante audio y video con el fin de transparentar la legalidad del procedimiento. “Siempre se ha discutido si hubo un exceso de la policía o no, pero de esta forma, con un video, audio, filmación, vamos a poder controlarlo administrativa o judicialmente”, explicó la autora.

El armamento podría ser entregado a efectivos que cumplen labores en la Brigada Motorizada o en el COER, la fuerza de choque que posee la fuerza rionegrina.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, cumple una semana en huelga de hambre líquida y es sometido a chequeos médicos periódicos, luego de registrar las primeras consecuencias clínicas por la falta de alimentos.

El detenido permanece desde hace 11 meses en la Unidad Penitenciaria Nº 6 de Rawson (Chubut), de máxima seguridad, bajo prisión preventiva en el marco de una causa que el Ministerio Público Fiscal calificó como “compleja”.

Jones Huala reclama su traslado a la Unidad 14 de Esquel, con el objetivo de estar más cerca de su familia, que reside en Bariloche. Según su defensa, también exige “juicio justo, debido proceso, el cese de la persecución política y el desprocesamiento de los luchadores mapuches”.

Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, afirmó que “la principal motivación de Facundo es que autoricen su traslado a Esquel para poder recibir visitas de sus familiares y allegados”.

El dirigente mapuche inició la medida de fuerza el último lunes de abril. “Se trata de la tercera huelga de hambre que realiza desde su detención.”

Antes de comenzar la protesta, Jones Huala aseguró haber presentado un pedido formal de traslado ante el juez federal de Bariloche, Gustavo Zapata. Sin embargo, el magistrado indicó que nunca recibió la solicitud.

A partir de esa situación, Zapata ordenó al Ministerio Público Fiscal investigar si el Servicio Penitenciario Federal pudo haber obstaculizado el envío de la documentación. La defensa calificó el hecho como “una interferencia inaceptable”.

En relación con el traslado, el mismo juez había ordenado en octubre de 2025 —tras una medida de fuerza similar— el alojamiento de Jones Huala en Esquel y solicitó a la Dirección Correccional la asignación de un cupo. No obstante, el organismo rechazó el pedido al considerar que la unidad no reúne las condiciones de seguridad necesarias.

En contraste, autoridades de la Unidad 14 habían elaborado previamente un informe en el que calificaron con la máxima puntuación la conducta del detenido durante una estadía anterior, cuando aguardaba procesos de extradición a Chile, país donde fue condenado.

Jones Huala está acusado de asociación ilícita agravada, en una causa que busca determinar su presunta participación en hechos violentos atribuidos a la RAM en la Patagonia.

Uno de los elementos incorporados a la investigación es una exposición pública realizada durante la presentación de su libro Entre rejas, antipoesía incendiaria, en la que el dirigente reivindicó la lucha armada. La intervención fue grabada y difundida en redes sociales.

En ese contexto, el Ministerio de Seguridad de la Nación —entonces a cargo de Patricia Bullrich— impulsó una denuncia por presunta asociación ilícita calificada.

La fiscalía federal de Bariloche reconoció en audiencias recientes dificultades para avanzar en la investigación sobre ataques incendiarios atribuidos a la RAM. La fiscal Ángela Pagano Mata señaló que la complejidad del caso radica en la extensión territorial donde habría operado la organización.

En junio próximo, el juez, la fiscalía y las partes volverán a reunirse en audiencia para definir la situación procesal de Jones Huala y evaluar la continuidad de la prisión preventiva.

Desde Bariloche - La reina Máxima de los Países Bajos disertó ante más de 100 empresarios, alguno de ellos están entre los más ricos del país, y emprendedores que participan de una nueva edición del Foro Llao Llao. Los alentó a generar medidas para garantizar la salud financiera de sus trabajadores, a partir del impulso de métodos de capacitación para mejorar las economías domésticas.

La principal invitada de la cumbre empresaria dialogó con Federico Braun, presidente del consejo de administración de la cadena de supermercados La Anónima, quien además es cofundador del Foro.

La esposa del rey Guillermo Alejandro es asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA).

Máxima expuso durante más de una hora y media, en la que desarrolló métodos que pueden adoptar los trabajadores para lograr una resiliencia financiera, como el ahorro y el acceso a créditos accesibles.

Además impulsó a los empresarios y emprendedores a involucrarse en la realidad financiera de sus empleados, a través del impulso de cursos de presupuesto y programas para fomentar el ahorro en las familias.

Máxima aterrizó en el aeropuerto de Bariloche este miércoles y se trasladó por tierra hasta el emblemático hotel, en una caravana modesta que incluyó la presencia de asesores y miembros de su seguridad privada.

Luego de su arribo recorrió las instalaciones del hotel, donde ocupó la suite presidencial, dialogó con empresarios y emprendedores en los espacios comunes del hotel.

Fuentes de la organización admitieron que no está descartada la presencia del presidente Javier Milei para brindar un discurso de despedida de la cumbre, el viernes.

Días atrás, en comunicado, la Casa Real informó que Máxima tendrá “varias conversaciones bilaterales con altos representantes de bancos, el sector fintech y agrícola, empresas y plataformas tecnológicas de Argentina y el Cono Sur de Sudamérica. Abordará con ellos el papel que pueden desempeñar para mejorar la salud financiera de los hogares”.

También detallaron adelantaron su charla de hoy: “una charla informal sobre salud financiera, junto con el presidente del consejo de administración de La Anónima [Federico Braun], una de las cadenas de supermercados más grandes de Argentina, cofundador del Foro Llao Llao. Entre los temas a tratar se incluyen la resiliencia financiera de los hogares, que puede fortalecerse mediante el ahorro y los seguros, los préstamos accesibles que permiten invertir en un futuro mejor y el papel que pueden desempeñar los empleadores en la salud financiera de sus empleados".

Paneles y hermetismo

El evento, restringido para la prensa, prevé exposiciones de nuevos emprendedores, como Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot) y Tomás Mindlin (tapi).

Este año la organización extendió invitaciones a referentes del deporte, entre quienes están el célebre ajedrecista Faustino Oro, David Nalbandian, Felipe Contempomi y Juan Martín Hernández, y al músico Charly Alberti, quien tiene arraigo con la ciudad patagónica, donde tiene una residencia en la zona de Villa Mascardi.

Uno de los atractivos del encuentro está relacionado al desarrollo de la ciencia y al impuso de nuevas tecnologías de exploración, con la presentación de Daniel Lauretta – investigador del Conicet- quien estuvo a cargo del relevamiento del lecho marino argentino, cuyas imágenes recorrieron los principales sitios de investigación científica del mundo.

El encuentro se desarrolla con estricto hermetismo. Empresas de seguridad privada y fuerzas de seguridad custodian de forma celosa el ingreso al hotel.

La actividad, que se extenderá hasta este viernes, contemplaba opciones de esparcimiento para los invitados como excursiones lacustres y rondas de golf en las canchas del hotel, aunque la inclemencia climática frustró los planes y varios asistentes optaron por el uso de las piletas y el spa para disfrutar de los espacios sin actividad.

Desde Bariloche. Desde este miércoles al mediodía, la actividad en la estación aeroportuaria de Bariloche, Río Negro, se alteró por el arribo de las primeras aeronaves privadas que trasladan a los asistentes del Foro Llao Llao, que tendrá como principal figura a la Reina Máxima de los Países Bajos.

El aeropuerto internacional Teniente Luis Candelaria tuvo una jornada de intensa actividad en la plataforma auxiliar de vuelos privados, con el arribo de las primeras aeronaves que trasladan a los empresarios e invitados que participan de la 11° edición del Foro Llao Llao. Llegarían un total de 15 aviones particulares para el encuentro en el exclusivo hotel.

Por el intenso movimiento, las autoridades aeroportuarias debieron realizar modificaciones en ese sector, destinado exclusivamente a los vuelos privados, para no afectar la actividad habitual de las operaciones de cabotaje.

Fuentes de la estación aérea confirmaron que la plataforma auxiliar fue dividida en dos sectores – A y B- para garantizar los movimientos de estas aeronaves. La plataforma auxiliar funciona desde 2023 y fue construida por Aeropuertos Argentina, concesionaria de la estación aérea, para organizar la estadía de las aviones privadas. Está ubicada en un sector apartado de la pista principal, conectada con el acceso por vía terrestre de vehículos de seguridad.

Las condiciones climáticas que predominaron este miércoles en la localidad lacustre alteraron el aterrizaje de distintos vuelos – privados y de cabotaje- producto de vientos constantes y ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora.

Primeros arribos y operativo de seguridad

Sin embargo una de las primeras aeronaves que aterrizó sin dificultad en Bariloche fue la que trasladó a la Reina Máxima de los Países Bajos, la invitada principal al cónclave en su calidad de asesora Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Salud Financiera (UNSGSA), quien piso suelo patagónico a las 12.30 del mediodía. Con una fuerte custodia de seguridad, transitó más de 40 kilómetros por tierra hasta el hotel que es sede del encuentro.

En la ruta provincial 80, que conecta la estación aérea con la Avenida Bustillo –que transita desde el centro de Bariloche hasta el hotel Llao Llao- la Policía de Río Negro implementó distintos operativos para garantizar la seguridad de los asistentes al Foro, la mayoría de los cuales se moviliza de forma terrestre desde el aeropuerto hasta el hotel.

Esa fuerza, además, custodiará la seguridad en el perímetro del establecimiento hotelero, junto a reparticiones federales que fueron convocadas para custodiar y restringir el ingreso al hotel. Personal de Gendarmería Nacional se ubicó frente al Puerto Pañuelo, en el acceso principal al hotel, aunque sólo tuvo actividad presencial y no realizó controles ni identificó personas.

El histórico hotel barilochense puso a disposición vehículos propios para trasladar a algunos invitados desde el aeropuerto hasta el hotel, los cuales realizarán al menos cinco viajes entre ambos puntos.

“Esta edición reunirá a más de 150 participantes de distintas generaciones, sectores y disciplinas que comparten una misma visión: la de una Argentina productiva, competitiva y global, capaz de generar prosperidad para millones de argentinos a través del desarrollo de su sector privado”, remarcaron los organizadores. El evento se extenderá hasta el viernes al mediodía.

Los asistentes

La organización el Foro, a cargo de Ezequiel Herszage de IRSA, contará con la presencia de referentes de distintos campos. Entre los confirmados figuran emprendedores convocados a través de Endeavor Argentina: Nicolás Benenzon (Humand), Alejandro Zecler (Mendel), Bruno Ruyu (Teramot) y Tomás Mindlin (tapi).

El mundo del deporte tendrá representación con David Nalbandian, Felipe Contepomi y Juan Martín Hernández, más el joven ajedrecista Faustino Oro. Por la cultura y la música, estará Charly Alberti.

La ciencia aportará la presencia de Daniel Lauretta, investigador del Conicet a cargo del relevamiento del lecho marino argentino. Y entre los argentinos con proyección internacional se destaca Victoria Alonso, ex vicepresidenta de Marvel Studios y una de las figuras más influyentes de la industria audiovisual global.

La región también tendrá peso en el encuentro. Adriana Cisneros, CEO del Grupo Cisneros (Venezuela), uno de los principales conglomerados de medios y entretenimiento de América Latina; Andrónico Luksic, presidente del Grupo Quiñenco (Chile), holding con presencia en banca, energía, minería e industria; y Manfred Paulmann, integrante de la familia fundadora de Cencosud (Chile), el gigante del retail latinoamericano.

El hotel

Sin acceso a la prensa y bajo la reserva que caracteriza al evento, el lobby del Llao Llao se transformó en escenario de reuniones de negocios, anécdotas y reencuentros de varios protagonistas que se encontraron, luego de haber coincidido en 2025 en el mismo espacio. Los primeros en llegar se reunieron en ese lugar común, ubicado frente al acceso principal al hotel.

El salón Llao Llao donde se realizarán las disertaciones, uno de los principales del hotel, fue ordenado con formato de auditorio, con una presentación similar a la de los últimos años.

Mientras tanto, a pocos metros de allí, el equipo de cocina del emblemático hotel, que coordina el chef ejecutivo Ariel Pérez, ajusta detalles para la primera cena, que se realizará en el salón Bustillo.

En el convite, predominarán los platos con sabores patagónicos como goulash de ciervo y empanadas de trucha y elaboraciones con hongos de la zona.

El Foro está integrado más de 100 empresarios, referentes y especialistas de distintos sectores y generaciones. Su Consejo de Fundación está integrado por Federico Braun, Gustavo D’Alessandro, Eduardo Elsztain, Guibert Englebienne, Marcos Galperin, Martín Migoya, Carlos Miguens, Luciano Nicora, Agustín Otero Monsegur y Karina Roman.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala inició la tercera huelga de hambre desde que está detenido en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Chubut, para exigir su traslado a la unidad penitenciaria de Esquel y mejores condiciones de detención.

El mapuche está alojado desde junio de 2025 en esa unidad penitenciaria federal, bajo la figura de prisión preventiva, imputado en una causa por presunta asociación ilícita.

En octubre del año pasado inició una medida de fuerza similar, con los mismos planteos, aunque la abandonó poco después, como gesto de acompañamiento a Juan Pablo Colhuan, otro dirigente mapuche que fue detenido tras permanecer prófugo durante cinco años y fue alojado junto a Jones Huala, en la misma dependencia carcelaria.

En marzo de este año Colhuan, líder de la comunidad Lafken Winkul Mapu- que usurpó tierras públicas y privadas en Villa Mascardi hasta 2022- recuperó la libertad tras recibir una condena en suspenso de 2 años y medio por los delitos de usurpación e irrupción en un predio mediante el uso de un arma de fuego.

Tras su liberación, Jones Huala decidió retomar su reclamo para exigir su traslado a la U14 de Esquel, una cárcel de seguridad media que está a 250 kilómetros de Bariloche, donde reside su familia.

En octubre de 2025, cuando inició la última medida de fuerza similar, el juez Federal Gustavo Zapata le concedió esa derivación y solicitó al Ministerio de Seguridad de la Nación que gestione un cupo para alojarlo en ese centro penitenciario. Sin embargo, funcionarios nacionales de esa cartera, que cumplen funciones en la Dirección General de Régimen Correccional - confrontaron al magistrado y rechazaron su traslado, atribuyendo razones de seguridad. El juez no insistió y la derivación quedó trunca.

El listado de planteos que elevó el mapuche contempla “condiciones laborales dignas, juicio justo y debido proceso y cese de la persecución política y desprocesamiento de todos los luchadores mapuches”.

Solicitó también eliminar del listado de organizaciones terroristas que confeccionó el gobierno central a todas las lof y organizaciones mapuches.

Jones Huala denunció que sufre “pésimas condiciones de detención” y que las nuevas autoridades de ese centro penitenciario le impiden realizar sus prácticas y ceremonias tradicionales.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que ejerce la defensa del mapuche en el proceso actual, denunció que desde que “desde que inició la medida de fuerza, el Ministerio de Seguridad, a través del Servicio Penitenciario Federal (SPF), comenzó a hostigarlo”.

“Es una medida de fuerza para reclamar por las distintas injusticias y vulneraciones de sus derechos que viene sufriendo de parte del Poder Judicial y del Gobierno Argentino”, denunciaron los letrados.

El escrito del mapuche, que fue elevado al Juzgado Federal de Bariloche para argumentar su decisión, “fue retenido por las autoridades de la Unidad 6, en acto claramente ilegal”.

“Ni falta nos hace explicar que las comunicaciones de un detenido con un juzgado (particularmente aquel que lleva la causa por la que está detenido) son inviolables y su interferencia supone una grave violación del derecho de defensa en juicio”, denunciaron.

En junio, la Justicia Federal convocará a Jones Huala a una nueva audiencia para determinar si continúa detenido bajo el régimen de prisión preventiva o si le otorga libertad condicional, tal como solicitó su defensa en reiteradas ocasiones.

En las últimas audiencias trimestrales, la Fiscalía Federal rechazó que el mapuche sea liberado. En la parte inicial del proceso pidió encuadrar el caso como investigación compleja, por la que podría permanecer hasta 2 años detenido con preventiva, logrando el aval de Zapata.

La representante del Ministerio Público Fiscal admitió que la investigación para incriminar al mapuche tiene pocos avances y la recopilación de pruebas en su contra “es una tarea compleja”.

El PRO de Río Negro ingresó en un terreno de disputas internas en el trayecto a las elecciones partidarias internas, con la aparición de una lista alternativa que pretende disputar la conducción amarilla en la provincia y anticipa un escenario complejo en el bloque legislativo provincial.

El expresidente Mauricio Macri respaldó la continuidad del legislador Juan Martín como presidente de la fuerza, a quien incluso le encomendó el resurgimiento de la Liga de Legisladores del PRO a nivel nacional para “recuperar la articulación entre dirigentes de distintas provincias”.

La actual conducción pretendía impulsar una lista de unidad para evitar interna y la degradación de la fuerza de cara a futuras contiendas electorales, aunque el surgimiento de una segunda lista sorprendió al oficialismo partidario.

La legisladora provincial Martina Lacour quiere arrebatarle la conducción a Martín, quien obtuvo el espaldarazo de Macri para retener la presidencia.

Las elecciones serán el próximo 17 de mayo. La compulsa interna podría resquebrajar el bloque legislativo en el parlamento rionegrino, anticipando un escenario complejo de cara a las elecciones de 2027.

Martín consideró que el partido “debe tener un rol activo en el proceso político actual, acompañando los cambios que impulsa el gobierno de Javier Milei”.

En esa línea, indicó que el desafío es “blindar el cambio positivo” y fortalecer una propuesta política con presencia territorial y proyección federal.

Lacour trabaja a cuenta reloj para completar los avales que necesita para presentar la lista que encabeza para la compulsa interna. Cuenta con respaldo del diputado libertario Aníbal Tortoriello, ex presidente del PRO en la provincia patagónica, quien aportó avales para cumplir con la exigencia electoral de su anterior partido. “El diputado ofreció avales y acompañamiento a la segunda lista, porque le interesa convulsionar el bloque del PRO en la legislatura provincial”, dijeron fuentes partidarias a Infobae.

El vínculo del diputado con el partido que lo llevó a su primera gestión en la cámara baja está dañado. De hecho el cipoleño aspira a la gobernación provincial por la Libertad Avanza y los violetas comulgan con esa idea.

La lista oficialista que propone a Martín para retener la presidencia cuenta con respaldo de varios copartidarios, entre quienes está el diputado Sergio Capozzi, los legisladores provinciales Ofelia Stupenengo, María Laura Frey y Juan Ignacio Murillo y el secretario de Seguridad de la Nación durante la gestión Macri, Eugenio Burzaco.

Frei aseguró que “la actual conducción reúne condiciones para sostener el rumbo del partido, al destacar la experiencia, el compromiso y la capacidad de articulación de Martin con distintos sectores tanto a nivel provincial como nacional. En ese sentido, consideró que su continuidad permitiría consolidar el trabajo político desarrollado en los últimos años”.

Advirtió sobre los riesgos de volver a un escenario de disputa interna, al sostener que “volver a una elección interna sería perjudicial y solo contribuiría a desgastar al partido”, especialmente en un contexto donde —remarcó— resulta clave fortalecer la cohesión.

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro endureció las negociaciones con el gobierno provincial que encabeza Alberto Weretilneck y anunció nuevas medidas de fuerza. El sindicato reclama la suspensión de descuentos por ausentismo, rechaza las auditorías médicas para justificar faltas y exige un piso salarial de $2 millones para los docentes.

Todo comenzó luego de que, en 2024, el gobierno provincial implementó un nuevo mecanismo de fiscalización que obliga a los docentes a fundamentar sus pedidos de licencias médicas y a completar formularios para justificar sus solicitudes ante el área de Recursos Humanos del Ministerio de Educación. Desde su puesta en vigencia, disminuyó un 40% la cantidad de pedidos de licencias médicas. Pese a ello, la conducción de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro expresó su rechazo y sumó la objeción a la lista de reclamos que motivan las nuevas protestas.

En este contexto, el gremio resolvió intensificar las medidas y anunció un paro de 48 horas para mayo, con la posibilidad de repetir la medida otros dos días en caso de no obtener respuestas a sus demandas.

El Congreso Extraordinario de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro, reunido en Fernández Oro, definió continuar el diálogo con el Ejecutivo provincial, pero ratificó la realización de las protestas. En las medidas de fuerza más recientes, el gobierno no dio el brazo a torcer y aplicó fuertes descuentos a los docentes que se acoplaron a los paros.

La secretaria general del sindicato, Laura Ortiz López, admitió que el objetivo del paro es doblegar al gobierno para que los convoque a una audiencia conciliatoria.

Ortiz López remarcó que el sindicato insistirá en la actualización salarial atada al índice de inflación y en la continuidad del aumento por IPC, rechazando la incorporación de sumas no remunerativas. Además, el congreso gremial definió varios reclamos que amplían el conflicto: exigió la reapertura de las mesas de trabajo acordadas en marzo, cuestionó la implementación del presentismo —al que calificó como “ilegal”.— y denunció incumplimientos en el pago de exámenes preocupacionales.

El gremio también reiteró el pedido de un salario mínimo docente de $2 millones y la incorporación progresiva de sumas al básico en busca de una recomposición que impacte en los haberes remunerativos. Otro de los puntos centrales es la continuidad de la actualización por inflación. Tras las dudas expresadas por el gobernador Weretilneck, el sindicato pidió sostener el esquema y agregar un índice patagónico para contemplar las diferencias regionales.

Entre otras exigencias, el gremio reclama la derogación de las auditorías médicas, la actualización de la movilidad y la eliminación de topes en distintos ítems salariales. Anticipó, además, que avanzará con la judicialización de los descuentos que considera “indiscriminados”, buscando su devolución.

Ortiz López explicó que la fecha límite de los reclamos obedece a la urgencia del sector y que no aceptarán que las negociaciones se dilaten más allá de abril. Por último, el sindicato convocó a otros sindicatos estatales a un encuentro este viernes en General Roca con el propósito de coordinar acciones conjuntas.

En el marco del proceso de mejoramiento que se lleva a cabo en el centro de esquí Chapelco en la localidad de San Martín de los Andes, las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca plantearon objeciones a la ejecución de obras de infraestructura impulsadas por el gobierno de Neuquén. Ambos grupos participaron previamente en instancias del proceso oficial, expresando ahora reparos principalmente por el impacto ambiental de algunos trabajos previstos.

En la elaboración del pliego licitatorio, que desembocó en la adjudicación al grupo empresarial Vía Bariloche, una de las principales compañías de transporte y turismo de la región, la gestión del ex gobernador Omar Gutiérrez incluyó la consulta a estos actores. Posteriormente, el actual mandatario provincial, Rolando Figueroa, ratificó el acuerdo. Cada comunidad recibió un monto cercano a los $198 millones en concepto de canon, reconociendo su preexistencia en el territorio.

Sin embargo, surgieron diferencias recientes entre las comunidades y la empresa concesionaria Don Otto, perteneciente al grupo empresarial mencionado anteriormente, respecto a obras proyectadas de cara a la temporada invernal. Entre los puntos de conflicto está la construcción de un estacionamiento en la base del cerro y la pavimentación de la Ruta Provincial 19, que enlaza con la Ruta Nacional 40 y constituye el principal acceso al centro de esquí.

Desde el gobierno provincial señalaron que la obra vial es “clave para optimizar la circulación, reducir riesgos y acompañar el crecimiento turístico” del destino. Las comunidades, en cambio, sostienen que los trabajos comenzaron sin la debida consulta y manifestaron preocupación por los posibles efectos ambientales.

La lonko del lof Curruhuinca, Virginia Colipán, informó que encargaron un estudio de impacto ambiental. A la vez, la empresa concesionaria solicitó un informe similar a otra consultora especializada en gestión ambiental. Ante este escenario, el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, dispuso la suspensión temporal de los movimientos de suelo hasta que se concluyan y analicen ambos informes.

Desde las comunidades también advirtieron sobre posibles afectaciones en la calidad del agua utilizada por unas 300 familias, quienes reportaron episodios de turbidez tras el inicio de las obras y la presunta detección de una bacteria por parte del personal del hospital Ramón Carrillo. De acuerdo con referentes comunitarios, la presencia bacteriana podría estar vinculada al movimiento de suelos y alteraciones hidrológicas provocadas por la obra.

Además, solicitaron la conformación de una mesa ambiental para evaluar el impacto de las obras y definir los pasos a seguir.

Desde la concesión obtenida por la familia Trappa, la empresa inició el proceso de renovación de medios de elevación e infraestructura en el centro invernal, que es el tercero en la Patagonia, junto al Catedral de Bariloche y La Hoya en Esquel. Sin embargo, este plan ha enfrentado retrasos y controversias a raíz de las objeciones y demandas de intervención por parte de las comunidades mapuche asentadas en la región.

Advierten sobre conflictos territoriales mapuches sin resolver en la Patagonia y el surgimiento de nuevas disputas

La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.

La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.

El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.

“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos”, advirtió Trebino.

Varias semanas más tarde del desalojo frustrado de una propiedad particular que dos comunidades mapuches usurpan desde 2011, el gobierno neuquino desacreditó las críticas por no aportar efectivos para ejecutar la medida y aseguró que no estaban las garantías necesarias para ejecutar la medida.

El allanamiento fue planificado en febrero e iba a ejecutarse el 30 de marzo. La Justicia envió una comitiva de oficiales desde la capital provincial más numerosa que la cantidad de policías para concretar el desalojo.

Autoridades de la policía provincial dijeron que desconocían la orden judicial y que el gobierno que conduce Rolando Figueroa envió el grueso de efectivos policiales a Centenario, donde se realizó la segunda fecha del calendario anual del turismo de carretera.

Los oficiales de Justicia, instalados en la villa turística, recorrieron 35 kilómetros en dirección a Bariloche para acompañar a los representantes de la querella en una constatación. Si los usurpadores no estaban, tomarían posesión de la propiedad y la restituirían a la denunciante.

Al arribar al predio en litigio fueron recibidos por Lucas Melo, líder de una de las dos comunidades que se instaló en el lugar, quien ya estaba al tanto de la orden de desalojo. “Sabía que no se iba a realizar, me lo informó el viernes el gobernador”, dijo el mapuche, confiado en que la comitiva judicial no estaba allí para concretar el desalojo.

Ahora el gobierno neuquino salió a desligar responsabilidad en el fracaso de la diligencia. Desmintió que quitó apoyo de la fuerza provincial y atribuyó el obstáculo a la falta de garantías para cumplimentar la medida. Para la Justicia, en cambio, estaban las condiciones dadas para ejecutarlo.

El conflicto comenzó a fines de 2011 y fue denunciado en el inicio del año siguiente. La propietaria del campo denunció que una comunidad mapuche – a la que luego se acopló otra– ingresó a su propiedad, cambió los candados en la tranquera de acceso y tomó posesión del predio de 600 hectáreas, en una zona conocida como El Pedregoso.

Los intrusos fundamentaron la irrupción en una supuesta reivindicación territorial, aunque en más de 14 años de recorrido judicial, no pudieron documentar la presunta preexistencia allí.

Fallaron, en distintos tribunales, más de 15 jueces que certificaron el ingreso mapuche a la propiedad de María Broers, la dueña quien sí exhibió la documentación que demuestra ser la propietaria de las tierras.

En 2016 un juzgado de primera instancia confirmó el delito de usurpación, fue ratificado en instancias apelativas y en 2018 el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén terminó por confirmarlo.

Días atrás la asociación civil Consenso Patagonia mencionó el caso como uno de los más graves en materia de usurpaciones. Su director ejecutivo, Juan Trebino, aseguró que la provincia petrolera es la que más conflictos similares arrastra, por falta de resolución de los conflictos territoriales. “Están los fallos, pero no se ejecuta lo que ordenan” aseguró.

El ejecutivo provincial desacreditó la acusación de los demandantes y mencionó que “faltaban elementos para activar el protocolo de desalojos, previsto en la normativa provincial”.

Voceros del gobierno mencionaron a distintos organismos que deberían haber sido convocados para poder ejecutar el desalojo, entre los que figuran autoridades de minoridad, bomberos, ambulancia y migraciones, entre otros.“Cuando se ordena el operativo, la Policía consideró que no estaban dadas las condiciones en función de ese protocolo” aseguraron fuentes del poder político neuquino.

En Villa la Angostura existen otros conflictos similares, que tienen sentencia firme aunque no se concretan, como la usurpación del camping Correntoso y el asentamiento ilegal que entorpece la ejecución de la ruta de Circunvalación, entre otros.

La mayoría de los conflictos territoriales con comunidades mapuches en la Patagonia se mantienen activos e incluso denuncian el surgimiento de nuevos episodios, a partir del “oportunismo” de quienes, bajo el argumento de falsas reivindicaciones territoriales ancestrales, se apropian de valiosas propiedades.

La Asociación Civil Consenso Patagonia advierte que en los últimos años no sólo no se resolvieron los conflictos que estaban activos, sino que además surgieron nuevos casos y los que estaban siguen convulsionados.

El director ejecutivo de la entidad, Juan Trebino, aseguró que en la provincia de Neuquén existen varias causas judiciales con sentencia firme de desalojo pero el gobierno ignora las mandas judiciales. En Villa la Angostura, varios magistrados comprobaron la permanencia ilegal de mapuches en distintos territorios y ordenaron la restitución a sus propietarios, tanto privados como estatales, aunque el gobierno de Rolando Figueroa ignora los fallos judiciales.

“Siempre hay una excusa para no aportar personal policial, pero en realidad hay una decisión política de no pagar el costo y evitar involucrarse en esos conflictos” advirtió Trebino.

En ese sentido, en Villa la Angostura, la construcción de una ruta nacional se vio afectada por la instalación de una conflictiva comunidad mapuche, que incluso –años atrás– se adjudicó la vandalización de las máquinas viales que utilizaban para su ejecución. Vecinos de la localidad turística aseguran que “la comunidad Paicil Antriao se instaló en la traza de la ruta, cuando se enteró por dónde iba a pasar el recorrido. A partir de ahí dice que estuvo toda la vida y reclama resarcimientos económicos, lotes y otros beneficios inmobiliarios y económicos”.

En la misma provincia existen nuevos conflictos territoriales con mapuches, a partir de la expansión de Vaca Muerta. En ese caso, el director ejecutivo planteó que “hay oportunismo, extorsión, especulación inmobiliaria y económica. Lo que no hay es preexistencia ancestral”.

Los cruces entre empresas que brindan servicios petroleros son constantes y regularmente comunidades evitan el paso de camiones, afectando así la producción hidrocarburífera.

La situación es similar entre Río Negro, Chubut y Neuquén, aunque es en esta última provincia donde los conflictos reciben el peor tratamiento. El gobierno provincial desafía a la Justicia e incluso, poco antes de concretar un allanamiento, convoca a quienes deberían ser expulsados de territorios usurpados para garantizar su permanencia en predios ajenos.

Trebino aseguró que desde la asunción del gobierno de Javier Milei “hubo un cambio actitudinal positivo, aunque los conflictos no cesaron, sino que recrudecieron y surgieron nuevas situaciones”.

En Río Negro no se registraron nuevos casos, en territorio provincial, mientras que dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi aún existen secuelas de la usurpación masiva de Villa Mascardi.

Los predios públicos y privados usurpados en el paraje, que está a 35 kilómetros de Bariloche, fueron desalojados en octubre de 2022 aunque aún Parques Nacionales no puede recuperar el control de las tierras.

Incluso, denunció Trebino, aún se erige la estructura de madera que instaló la comunidad Lafkwn Winkul Mapu durante la usurpación de tierras fiscales, la cual se conserva por decisión de la Justicia Federal.

Dos comunidades mapuches asentadas en una propiedad privada cerca de Villa la Angostura, en Neuquén, advierten que van a resistir cuando la Justicia intente desalojarlos del predio, ya que no tienen otro lugar donde ir.

Se trata del caso en el que más de 15 jueces de la provincia avalaron el desalojo del lugar, al constatar que están asentados de manera irregular en un predio que pertenece a una mujer, quien se constituyó como querellante para recuperar su lugar.

Las comunidades condenadas por usurpación son Melo y Kinxikew.

El juez Francisco Astoul Bonorino ordenó el desalojo semanas atrás, una vez que el caso tuvo sentencia firma. Sin embargo, la diligencia no se pudo concretar debido a que el gobierno neuquino no aportó la fuerza provincial para concretarla.

La Justicia envió a la localidad turística una comitiva de funcionarios y oficiales de Justicia para garantizar el desarrollo del operativo. Viajaron más de 400 kilómetros, desde la capital neuquina hasta Villa la Angostura, aunque la Policía –por disposición del ejecutivo provincial- no envió los refuerzos para garantizar la seguridad durante el operativo.

Voceros de una de las comunidades interpretaron que la suspensión del desalojo no ocurrió por la ausencia de la Policía neuquina, sino por “irregularidades procesales denunciadas” y que “las resoluciones que ordenan el desalojo no se encuentran firmes”. Descartaron así que “el escollo sea sólo la omisión del Estado provincial”.

Sin embargo, saben que la medida podría ejecutarse en cualquier momento y por ello difundieron en las redes sociales que “el desalojo es inminente”.

El caso transitó numerosos despachos judiciales y tribunales de la provincia, y en todos la comunidad mapuche obtuvo fallos adversos.

Más allá de que aseguran haber ocupado esas tierras ancestralmente, no hay documentación que avale sus dichos mientras que la propietaria del lugar, querellante en la causa, cuenta con el aval documental para defender la titularidad dominial.

A pesar de la participación de distintos magistrados –más de 15 en todo el proceso-, los mapuches acusan a Astoul Bonorino de defender intereses inmobiliarios y lo responsabilizan por las “consecuencias” que pueda dejar el operativo para desalojarlos.

Luego del desalojo frustrado, voceros de las comunidades se declararon “en resguardo permanente” y afirmaron: “Estuvimos siempre en los territorios”.

La causa comenzó en 2011, cuando la propietaria de uno de los predios denunció el ingreso intempestivo de varias personas referenciadas con las comunidades mencionadas, quienes retiraron candados y se instalaron en el lugar, impidiendo a la damnificada la posibilidad de volver a ingresar.

Lucas Melo, vocero de la comunidad que lleva su apellido, aseveró: “Tenemos la carpeta otorgada por provincia y por Nación, y tenemos pruebas de preexistencia en estos territorios documentadas”.

El mapuche cuestionó los fallos judiciales adversos y apeló a la finalización del relevamiento territorial, para poder demostrar la preexistencia en la zona.

“Desde el territorio, le decimos al juez Bonorino que recapacite, porque nosotros vamos a resistir, nosotros no tenemos otro lugar para ir y vamos a resistir, porque es lo único que nos queda. Él será el responsable de lo que suceda”, advirtió.

La Justicia de Río Negro sobreseyó a una mujer mapuche, vocera de la comunidad Cayunao, a quien acusaban de usurpar una fracción de tierras privadas en el paraje Alto Río Chubut.

El magistrado interpretó que no se pudo probar el despojo de las tierras en conflicto y valoró la falta de señalización para delimitar la parcela donde la comunidad instaló un campamento.

En el fallo, el juez Marcelo Mellinger consideró el testimonio de los peones que se desempeñan laboralmente para la estancia que denunció a la comunidad, quienes coincidieron en afirmar que los límites de la propiedad privada no son claros.

El episodio ocurrió a principio de 2023, cuando integrantes de la lof Cayunao instalaron un campamento en el paraje Alto Río Chubut, al advertir la presencia de alambradores que pretendían delimitar el perímetro del campo.

Para “proteger la veranada y cuidar las nacientes del río Chubut” los mapuches, que habían constatado la presencia de los peones de la estancia, instalaron un campamento en el lugar, ocasión en la que se produjo cruces con los trabajadores de la firma privada.

Fueron ellos, algunos de los cuales fueron citados como testigos, quienes mantuvieron cruces con los mapuches y les informaron que el sitio donde habían instalado el campamento, pertenecía a la instancia particular.

El dueño del campo es el ex polista Hugo Alberto Barabucci, quien admitió haber adquirido la propiedad de 14 mil hectáreas gracias a una donación del gobierno de Emiratos Árabes, que en 2017 le otorgó 2 millones de dólares para concretar esa operación inmobiliaria.

Los mapuches, en la instancia previa al juicio, opinaron que las tierras pertenecen a empresarios con base en Qatar e incluso la defensa de Soledad Cayunao, la única imputada, dicha operación inmobiliaria ameritaría una investigación por parte del Ministerio Público Fiscal.

El magistrado, en el fallo que emitió este viernes, consideró que “no se puede acreditar la autoría y responsabilidad de Ingrid Soledad Cayunao en función del principio de la presunción de inocencia, así como por el beneficio de la duda (in dubio pro reo), por lo que corresponde dictar respecto de la misma un veredicto de no culpabilidad”.

En la argumentación Alvarez Mellinger consideró los testimonios de los testigos que declararon durante el proceso judicial, en los que los peones de Barabucci admitieron dificultad para establecer los límites de la propiedad privada.

El denunciante denunció a cinco integrantes de la comunidad, aunque sólo Soledad Cayunao fue juzgada debido a que los demás optaron por soluciones alternativas al conflicto y asumieron pautas de cumplimiento para no ser juzgados.

Los trabajadores que declararon como testigos de la querella, su empleador, dijeron que los integrantes de la comunidad habían instalado un campamento dentro del predio de Barabucci aunque al pedirles que se retiren, dejaron sus pertenencias y se alejaron del lugar.

Mencionaron que retiraron esos elementos y las ubicaron en un depósito de la estancia, a disposición de la Justicia.

Para la Justicia la instalación del campamento mapuche improvisado “no aparece que hubiera generado el despojo” que la querella denunció. “De lo probado en juicio, el episodio se presenta más como un reclamo, toda vez que al día siguiente ya no estaban allí”, aseguró el magistrado, al hacer referencia que nadie vio a los integrantes de la comunidad en la zona de conflicto.

Advirtió además que “si la instalación de ese campamento improvisado hubiese constituido el despojo que la figura requiere, habría implicado que hubieran desplazado de la posesión con el mismo a Barabucci”, algo que no ocurrió “porque ese campamento improvisado en el que no hubo una ocupación no constituyó el despojo requerido por la figura penal”.

Desde este martes las autoridades de una comunidad mapuche de Río Negro serán juzgados por la presunta usurpación de un campo en la naciente del río Chubut, al que ingresaron “para cuidar la veranada”.

Se trata de la Lof Cayunao, una comunidad conformada por pocos integrantes, que reside en la zona desde hace varios años.

El conflicto es con latifundio cercano cuya superficie, de acuerdo a la denuncia que radicaron, abarca la zona donde reside la comunidad mapuche.

La querella es representada por el ex polista Hugo Alberto Barabucci, vinculado al empresario qatarí Matar Suhail Ali Al Yabhouni Al Dhaheri, presidente del consejo directivo de la firma Emirates Stallions Group (ESG).

Al Dhaheri es el principal inversor del fideicomiso Amaike, un grupo de empresas vinculadas a inversiones y desarrollos inmobiliarios, donde Barabucci se desempeña como integrante del directorio.

La firma, con sede en Abu Dhabi, desarrolló un coto de caza en la naciente del Alto Río Chubut, zona que los mapuches utilizan como veranada para trasladar a sus animales.

El ex polista denunció a cinco integrantes de la Lof Cayunao por la usurpación de una fracción de tierras, dentro de las 14 mil hectáreas que en la Justicia rionegrina figuran a nombre de Barabucci.

Desde el comienzo del conflicto, las partes transitaron los Tribunales rionegrinos en la búsqueda de un acercamiento, que no ocurrió.

Desde 2020 en adelante hubo diferentes cruces entre empleados de la estancia que opera Barabucci y mapuches, en las que incluso hubo personas lesionadas.

El privado radicó una denuncia por usurpación y hurto, mientras que los integrantes de la comunidad denunciaron amenazas, hostigamiento y la sustracción de sus pertenencias.

Con el paso de los años, la disputa territorial incrementó el nivel de conflictividad. Desde 2023, la lof decidió instalarse en la zona de conflicto e inició “un proceso de resistencia mucho más intenso” con intercambios constantes entre los peones de la estancia y los mapuches.

El primer expediente judicial fue notificado a fines de septiembre de 2023 ese año, cuando el empresario que representa a los dueños del campo denunció judicialmente a la comunidad por la presunta usurpación de las tierras.

La vocera de la comunidad asegura que “el objetivo es proteger la naciente del río Chubut ante un posible desastre ambiental, teniendo en cuenta la riqueza de ese curso de agua, que es el más extenso de la Patagonia”.

El curso de agua tiene su origen en las laderas del cerro Carreras y desemboca en el océano Atlántico, luego de atravesar territorio rionegrino como de Chubut.

Los acusados denuncian el desvío de cauces naturales y lagunas, como también la afectación de las veranadas donde “históricamente pastaron los animales de la comunidad, desde hace muchos años atrás”.

Este martes comienza una nueva etapa del proceso en los Tribunales de Bariloche, en el que los querellantes buscan culpar a los mapuches por la usurpación de las tierras para luego solicitar su expulsión del sitio de conflicto.

Un joven de 24 años sufrió heridas al tratar de rescatar de entre las llamas seis autos propios, de alta gama, que habrían sido incendiados por su ex pareja, con quien mantuvo una discusión por una supuesta infidelidad. El episodio ocurrió durante la madrugada frente al edificio de la Legislatura de Neuquén, sobre la calle Leloir, donde los vehículos fueron prendidos fuego presuntamente de forma intencional y sufrieron daños totales.

De acuerdo al reporte policial, los rodados afectados fueron un Audi A3, una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Vento, un Volkswagen Sirocco, un Audi 2.9 T y un Volkswagen Gol.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los vehículos estaban estacionados. Las sospechas recayeron sobre la ex pareja de uno de los dueños de los rodados, quien es además titular de una agencia de compra y venta de automóviles.

La víctima, identificada como Matías Fernández, de 24 años, resultó con heridas al intentar rescatar los vehículos, aunque el avance de las llamas fue incontenible y provocó daños severos en los rodados.

Los vecinos de la zona expresaron su preocupación por el siniestro y por el potencial avance sobre las viviendas aledañas.

En declaraciones mediáticas, el coordinador Operativo de la Dirección Seguridad Confluencia, comisario inspector Marcos Mazzone, relató que, al advertir al hecho, los Bomberos se hicieron presentes en el lugar y sofocaron el incendio, que de todos modos causó daños totales en los vehículos.

Fernández vinculó el episodio a una discusión que mantuvo con su pareja por una supuesta infidelidad. Sin embargo, los investigadores creen que la mujer podría haber actuado en complicidad con otros sujetos, que están siendo investigados.

El denunciante aseguró que conoció a la presunta incendiaria hace 40 días a través de la red social Instagram y antes del episodio ígneo recibió amenazas que anticipaban lo que finalmente ocurrió.

Fernández, además de comercializar vehículos en la capital neuquina y en localidades aledañas, dedica tiempo a la producción de materiales en las redes sociales, donde reúne más de 10 mil seguidores.

De acuerdo a la investigación, personas del entorno de la mujer sospechosa habrían participado del atentado e incluso registros fílmicos recopilados por los investigadores dan cuenta de la presencia de otras dos personas en inmediaciones de la flota afectada.

“Hay videos de dos chicos que pueden ser familiares de la chica. Si pasa algo, los hacemos responsables a ellos. Ellos venden otros tipo de camiones y son muy conocidos acá en Neuquén”, afirmó el damnificado.

El joven refirió que el pasado lunes se reunió con la chica, con quien mantenía un vínculo sentimental pero no una relación de pareja. “Me revisó el celular y me vio mensajes con otras chicas. Se enojó y me dijo ‘vos no sabés quién soy yo y quién es mi familia’”, relató. E indicó: “Tengo cámaras adentro de mi casa, tengo filmaciones de cuando me hizo la escena”.

El desalojo de una comunidad mapuche que ocupa una propiedad privada en inmediaciones de Villa la Angostura quedó trunco, debido a que el gobierno de Neuquén no aportó el personal policial para ejecutar la medida, a pesar de haberlo acordado con la Justicia.

A fines de 2025, el juez Francisco Astoul Bonorino definió que el desalojo debía concretarse el lunes 30 de marzo.

Para ello, solicitó al gobierno de Rolando Figueroa la participación de la fuerza provincial para concretarla y coordinó con la querella el aporte logístico para implementarlo.

La Justicia envió desde Neuquén a varios oficiales que participarían del operativo, para garantizar el cumplimiento de las garantías procesales. Sin embargo, cuando iban a trasladarse al predio para concretarla, la Policía de Neuquén informó que sólo contaba con unos pocos efectivos.

El líder de la comunidad acusada de usurpación, Lucas Melo, reconoció que estuvo reunido con el gobernador Figueroa días atrás, quien le anticipó que el desalojo no se iba a concretar.

El conflicto comenzó en 2011, cuando una comunidad mapuche ingresó a la propiedad ubicada en el paraje El Pedregoso y tomó posesión de las tierras y de edificaciones. Lo hizo escudada bajo una supuesta reivindicación territorial.

Desde ese momento hasta la actualidad, más de 15 jueces confirmaron la irrupción ilegal de la comunidad y avalaron el desalojo. El gobierno provincial, en cambio, desatendió la manda judicial y quitó la colaboración de la fuerza pública para llevarlo a cabo.

El caso agotó todas las instancias posibles. La propietaria del inmueble aún no logra recuperar la posesión de las tierras, ubicadas a 35 kilómetros de Villa la Angostura.

María Cristina Broers es dueña legítima del lote pastoril desde 1973 y, hasta el momento de la usurpación, edificó propiedades e incluso un muelle sobre la costa del lago Nahuel Huapi.

Sin embargo, el 27 de diciembre de 2011, integrantes de la familia Melo de Villa la Angostura irrumpieron en la propiedad, argumentando pertenecer a una comunidad mapuche que nunca fue reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Luego se acoplaron integrantes de otra comunidad, la lof Quintriqueo.

La damnificada, acompañada por un escribano, elaboró un acta para dejar constancia del ingreso de los intrusos, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.

Las familias Melo y Quintriqueo defienden la reivindicación territorial argumentando la preexistencia de sus familiares en esas tierras desde 1928, aunque el dato nunca pudo ser documentado.

Dijeron que el lote pastoril “nunca fue ocupado y nosotros, siendo descendientes de una familia pionera, estamos cansados de andar con nuestros animales de un lado a otro por no tener un lugar fijo donde tenerlos, además creemos tener el suficiente derecho ganado por nuestros mayores”.

La defensa de la propietaria asegura que “la ocupación de parte de los despojantes es absolutamente ilícita y contraria a derecho” y sostiene que “aún en el hipotético caso de que los hechos hubieran acontecido tal como lo indica la comunidad, eso no habilita a sus descendientes ni a ninguna otra persona a sortear todos los recaudos legales y avanzar en una ocupación absolutamente ilícita”.

“Papelón histórico”

La defensa de la damnificada consideró que el desalojo frustrado “es un papelón histórico”. Cuando los oficiales de justicia, la damnificada y la defensa acudieron al predio, acompañados por unos pocos polícias, Melo reconoció que se reunió el viernes pasado con el gobernador Figueroa quien le confirmó que el desalojo no se iba a concretar.

Su declaración quedó reflejada en un acta, que lleva la rúbrica de los ocho oficiales de Justicia que viajaron desde Neuquén para concretar el desalojo, el abogado de la querella Ignacio Gigena y otros actores.

“Es una clara intromisión del poder ejecutivo sobre una manda judicial firme desde hace un año, y que tenía fecha confirmada para ejecutarla desde hace cuatro meses”, reclamaron desde la querella.

Otros casos

No es el único caso que tiene sentencia firme de desalojo. El conflicto que protagoniza la comunidad Paicil Antriao, también de Villa la Angostura, tiene sentencia de desalojo y una orden judicial para ejecutarlo aunque el municipio de la localidad – querellante en ese expediente- no logra acompañamiento policial para llevarlo a cabo.

Se trata de la usurpación de un camping que está ubicado en la costa del lago Correntoso, a pocos kilómetros de la villa turística. Como ese existen otros expedientes similares, en los que el gobierno provincial garantiza la permanencia de los intrusos y dilata la expulsión de los usurpadores, como el que involucra al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili.

Dos integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, vinculados a la ocupación de lotes públicos y privados en Villa Mascardi, serán sometidos a distintos procesos judiciales tras ser capturados luego del desalojo que ordenó la Justicia Federal en octubre de 2022.

Uno de ellos permanece detenido desde octubre de 2025 en el Penal 6 de Rawson, en Chubut, donde comparte ceremonias ancestrales con el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, quien permanece detenido bajo el régimen de prisión preventiva desde junio del año pasado. El otro fue capturado en el barrio Virgen Misionera de Bariloche, en el marco de un control de prevención encabezado por la Policía de Río Negro.

Se trata de Juan Pablo Colhuan y Luca Dade Vera, ambos relacionados con la comunidad Lafken Winkul Mapu. Colhuan estuvo prófugo de la Justicia hasta octubre del año pasado, cuando la Policía de Chubut lo identificó cerca de Cushamen y constató que registraba un pedido de captura emitido en octubre de 2022. En ese momento, pesaban sobre él un requerimiento emitido por la Oficina Judicial de la III Circunscripción Judicial de Río Negro y un segundo emitido por el tribunal oral federal de General Roca, confeccionado en 2024.

Justamente, una de las causas que involucraba a Colhuan, que estaba relacionada con la usurpación de un predio de Parques Nacionales, prescribió. Sin embargo, el tribunal oral federal de General Roca deberá resolver otro expediente, en el que lo acusan de amenazar con armas de fuego —junto a otros dos cómplices— al cuidador de un predio perteneciente a la mutual de empleados superiores de Gas del Estado, también en Villa Mascardi. Ese hecho ocurrió el 21 de mayo de 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, ocasión en la que Colhuan habría irrumpido en la propiedad armado con un arma larga, con la que intimidó al cuidador.

La víctima sostuvo que reconoció a Colhuan al bajarse el tapaboca con el que ocultaba su rostro.

En la instancia de alegatos realizada este miércoles, el fiscal Fernando Arrigo enumeró el material probatorio: la declaración de la víctima, testimonios y documentos, y solicitó tres años y siete meses de prisión para el detenido. Desde que fue recapturado, Colhuan fue alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, desde donde, a través de su defensa, pidió el traslado a una unidad carcelaria de seguridad media.

Colhuan es hermano de la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu, la “machi” Betiana Colhuan, condenada por la usurpación de lotes públicos y privados en Villa Mascardi. Colhuan atravesó parte del proceso judicial en condición de prófugo e incluso, al ser recapturado, uno de los expedientes ya habría prescripto. Sin embargo, debe responder ante otros legajos por los que permanece detenido.

En 2022 debía enfrentar dos audiencias judiciales, aunque se ausentó en ambas. La primera era un juicio oral y público por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, atribuidos por la fiscalía, cometidos contra un policía al que habría agredido el 6 de febrero de 2020, cerca del predio de Parques Nacionales ocupado por miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

La segunda audiencia, de formulación de cargos, estaba relacionada con una agresión a Diego Frutos, vecino y ex presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, a quien Colhuan, junto a cómplices, agredió al reconocerlo durante un corte de la ruta 40.

Días atrás, la Policía de Río Negro detuvo a Luca Dade Vera en Bariloche, también vinculado a la comunidad Lafken Winkul Mapu. Durante los allanamientos realizados en octubre de 2022, los investigadores hallaron el documento de identidad de Dade Vera. Sin embargo, la defensa sostiene que él no tiene relación con la comunidad responsable de las usurpaciones, sino que se encontraba allí porque era paciente de la “machi”.

Uno de los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, responsable de las usurpaciones en Villa Mascardi desde 2017 hasta 2022, fue condenado por la Justicia Federal a la pena de prisión en suspenso durante 2 años y seis meses, al encontrarlo responsable de la irrupción en un predio situado dentro del mismo paraje turístico, mediante el uso de un arma de fuego.

Juan Pablo Colhuan estuvo prófugo hasta octubre de 2025, cuando personal de la Policía de Chubut lo identificó en inmediaciones del paraje Cushamen, en esa provincia, cuando transitaba una ruta provincial a pie, con síntomas de deshidratación.

Colhuan está involucrado en distintos expedientes que tramita la Justicia Federal y el fuero de la provincia de Río Negro.

El titular del Tribunal Oral Federal de General Roca, Alejandro Silva, lo condenó este jueves a la pena de 2 años y seis meses de prisión en suspenso, al encontrarlo responsable de la irrupción en un predio perteneciente al personal jerárquico de la ex Gas del Estado, donde mediante el uso de armas de fuego y en complicidad con otros tres individuos, amenazó al cuidador y lo obligó a retirarse, para tomar el control del predio.

El hecho ocurrió el 21 de mayo de 2020 entre las 16.30 y las 20 horas cuando Colhuan, cubriendo su rostro con un tapabocas, amenazó al cuidador con un arma de fuego y lo obligó a retirarse.

Cuando se iba le arrojó piedras y provocó el estallido de un vidrio del vehículo que conducía la víctima. En declaraciones posteriores, el afectado aseguró haber reconocido al mapuche cuando, por un descuido, el tapaboca se cayó y le permitió identificar sus facciones.

Durante la instancia de alegatos, el fiscal federal Fernando Arrigo consideró probada la participación de Colhuan en el atentado y pidió una pena de 3 años y siete meses de prisión.

“Los hechos enrostrados fueron probados. Colhuan junto a otras tres personas usurparon la propiedad que custodiaba Fernando Uribe Oyarzo, donde irrumpió junto a otros sujetos portando un arma larga”, aseguró el representante del Ministerio Público este miércoles, durante su alegato.

Uribe Oyarzo denunció que escuchó piedras golpeando el techo y poco después fue sorprendido por los cuatro encapuchados que lo amenazaron con un arma larga, otra corta, cuchillos y boleadoras.

Colhuan, puntualmente, era quien portaba el arma larga.

La víctima tuvo que huir para no resultar herido y minutos más tarde los intrusos provocaron un incendio intencional para destruir la propiedad.

Durante el proceso declararon efectivos de la Policía de Río Negro, quienes coincidieron en el testimonio y afirmaron haber identificado a Colhuan cuando se alejaba del lugar. Dijeron que conducía un vehículo Chevrolet Aveo, aunque el acusado se defendió asegurando que no sabe manejar ni cuenta con registro para hacerlo.

“La carga probatoria es indiscutible”, sostuvo Arrigo durante su presentación.

Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, en ejercicio de la defensa de Colhuan, desacreditó los testimonios y aseguró que no existían elementos para confirmar la presencia de Colhuan en el lugar.

Habló de persecución política al pueblo mapuche y pidió la falta de mérito, haciendo eje en la escasa contundencia de las pruebas presentadas.

Los cargos que le atribuyó Silva al mapuche son por despojo agravado por ser cometido mediante el empleo de un arma de fuego y le impuso reglas de conducta que deberá cumplir durante el tiempo que se extienda la condena.

Además, dispuso la libertad del detenido, quien permanecía alojado en la unidad penitenciaria 6 de la localidad chubutense de Rawson.

Colhuan es uno de los hermanos de la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu, la “machi” Betiana Colhuan, condenada tiempo atrás por la usurpación de lotes públicos y privados en Villa Mascardi.

Cursó todo el proceso judicial prófugo de la Justicia e incluso cuando fue recapturado, uno de los expedientes habría prescripto. Sin embargo, adeudaba otros legajos por los que permanecía detenido.

En 2022 debía enfrentar dos audiencias judiciales aunque decidió ausentarse a ambas. La primera de ellas en el marco de un juicio oral y público por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, que le atribuyó la fiscalía, cometidas contra un policía al que habría agredido el 6 de febrero de 2020, en cercanías del predio de Parques Nacionales ocupado por miembros de la autodenominada comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

La segunda, una audiencia de formulación de cargos por una agresión a Diego Frutos, vecino y ex presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, a quien Colhuan junto a cómplices agredió al reconocerlo durante un corte de la ruta 40.

El gobierno provincial, a través de la Dirección de Vialidad, aclaró que la mujer actuó a derecho, debido a que la traza atraviesa un campo privado, propiedad de Luciana Zárate y su pareja. La obra quedó trunca y el gobierno suspendió el trámite para expropiar el tramo que ingresa al predio particular.

En diálogo con Infobae, Zárate explicó que antes de colocar el portal metálico tuvo el aval de Vialidad Provincial e incluso la Policía de Chubut tomó conocimiento de la medida. Nadie objetó la decisión, ya que el tramo es de su propiedad y no de uso público.

Sin embargo, el caso tiene un trasfondo aún más grave. Uno de los argumentos para la instalación de la estructura es evitar la sustracción de ganado en pie y la circulación de integrantes de una comunidad mapuche que reside en la zona, a quienes acusa de hostigamiento y amenazas.

El caso tomó estado público cuando un integrante de una comunidad mapuche, de apellido Millán, registró en videos cuando instalaban el pórtico y denunció que un terrateniente estadounidense compró el campo y ordenó la colocación de una tranquera para cortar el tránsito en la ruta provincial 12.

Zárate desmintió la versión. “Soy Luciana Zárate, argentina y dueña de las tierras, no hay ningún estadounidense acá, soy yo y mi pareja”, aseguró en diálogo con Infobae.

El origen del conflicto es una disputa anterior con integrantes de una comunidad mapuche que residen en un predio fiscal de las inmediaciones, quienes utilizaban el tramo de pavimento de la ruta provincial 12 –que en realidad pertenece a Zárate- para transitar hacia su territorio.

La tranquera, además del robo de ganado, tenía como objetivo evitar que circulen por allí. “Fui víctima de amenazas de muerte y de otros hechos graves”, expuso la mujer.

Relató un caso en el que integrantes de esa autoproclamada comunidad intentaron enterrarla viva cuando construía una fosa para colocar un guardaganado.

“Se presentaron los mapuches y pretendían tapar la fosa conmigo adentro, cuando paleaba para construirla”, dijo la mujer, en un relato que grafica la grave confrontación que mantiene con quienes aseguran tener derechos ancestrales sobre las tierras.

Aseguró: “Lo único que quieren es que yo me vaya de acá para apropiarse de todo, pero no lo van a conseguir. Este es mi lugar, vivo en una cabaña de adobe y este es mi lugar, y será el de mis hijos”.

“Se ajusta a derecho”

La dirección de Vialidad Provincial defendió la colocación del pórtico metálico sobre el tramo de la ruta, debido a que la traza se encuentra dentro de una propiedad privada.

Zárate aseguró que el pórtico “se va a quedar donde está”. “Es mi propiedad”, insistió. Y aseguró que “la tranquera está abierta y es posible circular”.

El organismo provincial aclaró que la mujer instaló el pórtico en pleno “ejercicio de un derecho de propiedad, sobre un proyecto vial que nunca se consolidó legalmente”.

La carpeta asfáltica que atraviesa el campo privado corresponde a un proyecto vial inconcluso, ejecutado entre los años 2005 y 2009. La obra fue materializada físicamente, aunque el proceso de adquisición de tierras y transferencia a favor del Estado (expropiación) nunca se cristalizó.

El sector afectado, según Vialidad Provincial, pertenece legalmente al predio “La Cancha”, aquirido por Zárate a su titular original, Emilia Méndez de Medina, quien colaboró con Vialidad Nacional permitiendo la instalación de los obradores y la ejecución de la cinta asfáltica.

Cuando se concretó la obra, existió un proyecto de convenio para realizar obras de cerramiento por parte de Vialidad Provincial, aunque el mismo nunca fue firmado. Al no formalizarse la cesión, la tierra mantuvo su carácter de propiedad privada.

Vialidad autorizó a Zárate a colocar el pórtico, para evitar la confusión de automovilistas en un desvío, impidiendo además el ingreso de particulares al terreno de la mujer,

“El pórtico de hierro no constituye una invasión de hecho sobre el patrimonio público, sino la delimitación de una propiedad privada legítima” concluyó Vialidad Provincial, y agregó que, ante esa situación “el Estado no posee derechos de jurisdicción al haber quedado la obra y su proceso expropiatorio inconclusos”.

La fractura partidaria tras el escándalo que obligó a Lorena Villaverde a resignar su banca en el Senado dejó secuelas. La dirigente retiene la conducción, pero sin control absoluto ni poder de decisión. Mientras tanto, La Libertad Avanza (LLA) organiza filas internas y posiciona al senador Enzo Fullone en la cabeza de la conducción política.

El estallido libertario de fin de año, que obligó a la diputada a descartar su ascenso hacia la Cámara Alta, dejó esquirlas en LLA, aunque los armadores políticos reorganizaron la tropa y abrieron el juego a otras figuras para garantizar la construcción.

La parlamentaria se abroqueló en la presidencia del partido, aunque con un poder menguado por la pérdida de alfiles en el Congreso partidario y la fricción que provoca su figura. Está, pero no decide.

Villaverde estuvo en boca de todos a fin de año, cuando propios y ajenos empapelaron cada rincón con el antecedente de su detención en Estados Unidos por narcotráfico. Sin causas vigentes, la condena social la obligó a dar un paso al costado.

Sostiene la conducción libertaria con alfileres, a partir de una estrategia que a sus copartidarios les queda cómoda: bajo perfil y silencio de radio.

Hasta enero pasado, los constructores libertarios pedían a la diputada que abandonara la presidencia partidaria. “Villaverde no puede seguir estando en la conducción del partido, porque lesiona el sello”, aseguraban en aquel entonces. Pero ahora morigeraron el discurso y ya no evalúan su rol como presidenta, pero la ignoran.

No hay razones, en términos de conducta, para desplazarla y por eso esperan la decantación natural. De hecho, una movida similar se reflejó esta semana, luego de que terminaran de conformarse las comisiones en la Cámara Baja.

Hasta el año pasado, Villaverde estuvo al frente de la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles, pero este año los votos de sus integrantes migraron hacia su par libertario Facundo Correa Llano (Mendoza). Así, la diputada quedó relegada al rol de vocal tanto en esta como en las de Legislación del Trabajo, Legislación General y Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.

El apoderado y vicepresidente de LLA en Río Negro, Damián Torres, aseguró que la fuerza “dejó de tener una conducción verticalista, para abrir los frentes y permitir un armado amplio, con apertura y lugar para nuevos cuadros”.

“Ya no es uno el que manda, sino que todos buscamos llevar las ideas libertarias a cada rincón de la provincia”, aseguró. Con la tropa ordenada, los violetas buscan bajar el discurso presidencial en pueblos chicos y grandes urbes. “Estamos llevando el mensaje del presidente a todos los rincones de la provincia”, ratificó Torres.

Más allá de los papeles, es el senador Enzo Fullone quien conduce a los libertarios en el terreno. “Es nuestro conductor político, y quien encabeza la estrategia partidaria en la provincia, a partir de su representación en la Cámara de Senadores y de su trayectoria dentro de La Libertad Avanza”, sostuvo.

Fullone, principal impulsor del recambio, promueve “avanzar en la apertura de LLA en la provincia y cambiar la forma de conducción centralizada” que caracterizó al mandato de Villaverde y Julián Goinhex, su principal alfil que fue desplazado de la conducción del Congreso.

En términos electorales, Torres aseguró que “no es un año de elecciones, por lo que la prioridad es el trabajo en el territorio”. Por este motivo, consideró que “cuando sea el momento de hablar de candidaturas, serán nuestros conductores nacionales, Karina Milei y Martín Menem, quienes elegirán a los mejores representantes para cada espacio, pero es una discusión para más adelante”.

Bajo su punto de vista, el dirigente apuntó que “es momento de dar la discusión de lo que queremos para la provincia, para cada ciudad”. Incluso, por su parte, admitió que tenía la intención de aspirar a competir por la intendencia de Viedma, la capital provincial.

El tránsito a través de un tramo de la ruta provincial 12 en Chubut, cerca de la localidad de Gualjaina y a 60 kilómetros de Esquel, quedó restringido debido a que lugareños colocaron una especie de tranquera de hierro para impedir la circulación de vehículos, en el marco de una disputa territorial en la que plantean que la traza fue construida dentro de un territorio privado.

La particular medida provocó que un grupo de familias que reside en la zona quede aislada y no pueda utilizar el trayecto para movilizarse hacia localidades cercanas.

Los primeros testimonios recabados en la zona señalan a un poblador norteamericano que habría adquirido tierras a un particular y habría ordenado restringir el paso de vehículos por un sitio de circulación libre.

Sin embargo, una de las pobladoras que está detrás de la medida descartó la existencia de un inversor privado y asumió la responsabilidad de haber colocado el umbral en el lugar, aunque aclaró que el tránsito vehicular “está permitido”.

Luciana Zárate, propietaria de un campo ubicado en ambas márgenes del trazado provincial, aseguró que el tránsito en la ruta provincial 12 “nunca se cortó” y rechazó las versiones que apuntan a un ciudadano norteamericano de haber colocado el portal de acceso.

“No sé de dónde sacan que hay un terrateniente norteamericano, somos los dueños de los campos, gente trabajadora, y el trazado atraviesa nuestro campo” aseguró a través de las redes sociales. Fuentes del gobierno chubutense confirmaron la versión de que la traza atraviesa predios particulares.

Las imágenes del portal inundaron los portales de noticias de la Patagonia. Vecinos de la zona denunciaron la existencia de la estructura metálica que atraviesa el trazado y acusaron a “matones” de impedir el paso de vehículos.

Dijeron que “no sólo se colocó un portal, sino también un portón que permanece cerrado e impide la circulación de autos”. Zárate desmintió, en parte, la información y aseguró que “el portón está sin candado, se puede pasar y no está impedido el paso”.

La pobladora aseguró que “el asfalto está en nuestro campo y para poder utilizarlo, el gobierno de Chubut tendrá que expropiarlo. Llegaremos a un acuerdo para el uso público, pero mientras eso no ocurra, la tranquera permanecerá donde está”.

Además argumentó que la decisión de interrumpir la circulación vehicular es para prevenir hechos delictivos, ya que en los últimos meses les sustrajeron “más de 30 animales”.

El conflicto no sólo confronta a los pobladores con el gobierno de Chubut, sino también con una de las familias que quedó aislada por la interrupción del trazado.

“Se trata de una situación grave, ya que la instalación de una tranquera en una ruta pública implicaría restringir el acceso a un camino que debería ser de libre circulación” denunciaron los pobladores en las redes sociales, aunque el caso aún no tuvo repercusión en estamentos judiciales.

El conflicto generó un enorme impacto en los portales informativos de la región. Quienes se hicieron eco de la medida fueron voceros de comunidades mapuches que se sorprendieron con el corte de la ruta y denunciaron: “Si hubiésemos sido las comunidades las que cortábamos la ruta, ya nos hubiesen desalojado”.

En ese contexto, cuestionaron la “lenta intervención provincial para dirimir el conflicto”.

Fuentes gubernamentales, en diálogo con Infobae, confirmaron la existencia de un litigio “que aún no fue resuelto” relacionado a la regularización administrativa de las tierras.

“La ruta provincial 12 atraviesa tierras privadas y nunca se cumplimentó el trámite judicial para su expropiación debido a que la construcción de la ruta quedó trunca, por lo que los pobladores tienen derechos sobre el trazado”, indicaron. Es decir que quienes interrumpieron el paso de vehículos “habrían actuado bajo derecho”.

Un grupo de legisladores peronistas presentó un proyecto para pensionar a travestis y personas trans (transgénero y transexuales) mayores de 50 años, como compensación por haber padecido exclusión social, negación de su identidad y violación de sus derechos humanos durante gran parte de su vida.

La iniciativa, que ingresó esta semana en el parlamento rionegrino, generó la inmediata reacción de partidos opositores, quienes consideraron la iniciativa como una “verdadera locura”.

El proyecto, que lleva la rúbrica entre otros del legislador José Luis Berros y la ex titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda, busca generar un proceso de reparación “hacia la comunidad de personas trans y travestis de Río Negro”.

Propone una asignación económica mensual, de carácter reparatorio a todas las personas mayores de 50 años, debido a que fue el sector “más excluido, estigmatizado y desprotegido, siendo sus derechos vulnerados históricamente”.

El legislador Juan Martín, presidente y principal referente del Pro en Río Negro, salió al cruce de la iniciativa y la consideró “una verdadera locura, alejada de la agenda que reclaman los rionegrinos”.

Dijo además que “lo que se propone es que el dinero de los contribuyentes vaya a pagarle un sueldo, o un subsidio, a un pequeñísimo número de personas por el simple hecho de que pertenecen a un grupo ideológicamente afín al kirchnerismo”.

En la iniciativa, que rubrican también los legisladores peronistas Daniel Belloso, Alejandra Mas, Ayelén Spósito, Leandro García, Fabián Pilquinao, Luis Ivancich y Luciano Delgado, ponderan la gestión de la expresidenta Cristina Fernández en materia de reconocimiento a la comunidad trans, cuando se aprobaron dos leyes que “han dado significativos avances y ubicaron a nuestro país a la vanguardia en el reconocimiento de la dignidad, las libertades y proyectos de vida colectivos”.

Mencionaron, en ese contexto, la Ley 216618 –que crea el Matrimonio Igualitario- y la Ley de Identidad de Género que “significó un gran avance en materia de derechos para todo el colectivo de diversidad sexual pero especialmente en la población trans permitió por un lado, el acceso al cambio registral, pudiendo llevar sus verdaderos nombres en sus documentos de identidad y por otro las reasignaciones sexuales en los hospitales públicos accediendo al sistema formal de salud”.

Martín, por su parte, aseguró que el proyecto “no sólo busca dilapidar los recursos públicos, sino que también va en contra del principio de igualdad ante la ley, que debería ser lo más importante en una democracia”.

Los impulsores del proyecto creen que, a pesar de las iniciativas aprobadas durante la gestión K, los derechos de la población trans “continúan siendo vulnerados por no cumplir con mandatos sociales heteronormativos, lo cual nos exige continuar generando políticas públicas y promoviendo normativa que contribuya al pleno ejercicio de derechos".

En la fundamentación del proyecto, consignan que la expectativa de vida de las personas travestis y trans es entre 35 y 40 años de edad, y los circuitos de supervivencia más comunes siguen siendo actualmente el trabajo informal y la prostitución.

En 2024, la actual senadora Ana Marks -en aquel momento como legisladora- impulsó un proyecto similar con el objeto de reconocer “la deuda histórica del Estado con la comunidad travesti trans y a promover herramientas concretas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida” aunque la iniciativa no tuvo avances en su tratamiento parlamentario, lo que motivó la nueva presentación.

El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén deberá decidir si acepta el pedido de la comunidad mapuche Paicil Antriao de elevar un recurso en queja ante la Corte Suprema de Justicia para frenar una orden de desalojo del camping que usurpa desde hace 10 años.

Tanto el municipio de Villa La Angostura como la Fiscalía de Estado de la provincia petrolera solicitaron al máximo órgano judicial de Neuquén que rechace el pedido de la comunidad mapuche para elevar un recurso extraordinario ante la Corte.

Se trata del extenso litigio que el Ejecutivo angosturense sostiene con los intrusos, quienes deben restituir un predio que explotan comercialmente, ubicado en la costa del lago Correntoso.

A lo largo del periplo judicial, la defensa de la comunidad no pudo revertir la orden de desalojo que fijó la Justicia, a pesar de los múltiples artilugios judiciales que elevaron para frenar la medida.

Luego del último fallo a favor de la restitución del predio al municipio local, el abogado que defiende a la comunidad anunció la presentación de un recurso en queja ante la Corte Suprema, a pesar de lo cual la orden de desalojo sigue vigente.

Poco después del último dictamen, que ordena la devolución de las tierras al municipio, los mapuches apuntaron contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y su titular, Claudio Avruk, a quien cuestionaron por “persecución y racismo”.

Le solicitaron al organismo nacional que avance con el relevamiento territorial y la elaboración de la carpeta técnica, para determinar la superficie que –en teoría- le corresponde a la comunidad.

Ahora, la Fiscalía de Estado de Neuquén y el municipio coincidieron en solicitarle al STJ que rechace el planteo mapuche de elevar el recurso ante la Corte. Sin embargo, saben que dicho planteo no es vinculante con la orden de desalojo que ordenó el Juez Francisco Astoul Bonorino, que está firme y mantiene vigencia.

Luego de cada dictamen desfavorable, los voceros de la comunidad Paicil Antriao desafiaron a la Justicia y anunciaron que no se moverán del lugar que ocupan, ya que esas tierras pertenecían a sus ancestros.

La disputa por el complejo recreativo lleva más de una década en los tribunales. En 2019, la Justicia dictó una sentencia que reconoció la titularidad del terreno a favor del municipio de Villa La Angostura y ordenó su restitución. Ese fallo fue apelado en 2021 y finalmente ratificado en 2024 por el máximo tribunal provincial, por lo que actualmente se encuentra firme y a la espera de su ejecución, que podría incluir el desalojo.

El nuevo planteo de la comunidad surgió tras una decisión del juez civil de Junín de los Andes, Santiago Montórfano, quien a fines de 2024 se declaró incompetente para continuar con el trámite y dispuso que el expediente sea remitido a los tribunales de Villa La Angostura.

La medida fue cuestionada por la comunidad Paicil Antriao, que apeló la decisión primero ante la Cámara Provincial y luego ante el Tribunal Superior, sin obtener resultados favorables. Ante ese escenario, presentó un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la causa llegue al máximo tribunal del país.

En su respuesta, la Fiscalía de Estado —representada por el apoderado Gustavo Kohon, en nombre del organismo que conduce Raúl Gaitán— consideró que el planteo carece de fundamentos suficientes. En el escrito se sostiene que la resolución cuestionada no tiene carácter definitivo ni provoca un perjuicio irreparable que justifique la intervención de la Corte Suprema.

El documento también señala que la presentación de la comunidad ofrece un relato “parcial” de los antecedentes del proceso y que no logra demostrar una violación concreta de garantías constitucionales, como el principio del juez natural invocado en el recurso.

En paralelo, la municipalidad de Villa La Angostura, a través de su apoderado legal Adolfo Hugo Burgenik, presentó un planteo similar. El abogado afirmó que la resolución judicial en discusión se limita a una cuestión procesal —la determinación del juzgado competente— y que no impide la continuidad del expediente ni afecta derechos de las partes.

Desde el municipio sostuvieron además que el intento de llevar el caso a la Corte Suprema constituye una maniobra dilatoria dentro de un proceso que ya cuenta con una sentencia firme sobre la propiedad del terreno.

La decisión final sobre la admisibilidad del recurso extraordinario federal quedará ahora en manos del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, que deberá determinar si el planteo reúne los requisitos legales para habilitar la intervención del máximo tribunal del país.

La Justicia ordinaria de Chubut y la Federal avanzan en dos investigaciones paralelas relacionadas a los incendios que arrasaron con miles de hectáreas en la provincia patagónica.

El fuego, que comenzó el 5 de enero cerca de Puerto Patriada, en jurisdicción provincial, fue provocado intencionalmente.

En el marco de la investigación que inició el Ministerio Público Fiscal de la provincia, se realizó un allanamiento en la comunidad mapuche Pulgar, donde la fuerza policial secuestró al menos seis dispositivos móviles de sus integrantes.

Además, peritos de Bomberos detectaron fragmentos de tierra con combustible u otro líquido acelerante, que podría haber sido utilizado para provocar el incendio de manera intencional.

Los Equipos Técnicos Multidisciplinarios (ETM) de Chubut, dependientes del Ministerio Público Fiscal, peritan esos dispositivos móviles para determinar si existen indicios que permitan responsabilizar a la comunidad por el inicio de las llamas.

El fiscal Carlos Díaz Mayer, a cargo de la investigación, confirmó a Infobae que “el informe permitirá establecer si alguno de los integrantes de la comunidad Pulgar tuvo vinculación con el comienzo del siniestro”.

Además, ratificó que está en proceso de estudio un fragmento de tierra en el que se encontró líquido acelerante.

El gobierno nacional responsabilizó a mapuches por la presunta autoría de los focos iniciales, aunque hizo hincapié en la controvertida Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), cuyo líder, Facundo Jones Huala, está preso desde junio de 2025.

Sin embargo, existen dudas sobre la existencia de esa agrupación, ya que solo Jones Huala dijo pertenecer a la misma. Además, nadie se adjudicó la autoría de los primeros focos, tal como ocurrió en años anteriores, con otros incendios forestales.

La lof Pulgar está asentada en la zona de Puerto Patriada. En el último incendio, las familias que la integran perdieron viviendas, animales y vehículos por el paso del fuego, además de sitios sagrados que eran utilizados para la práctica de ceremonias ancestrales.

La Justicia, con la colaboración de la Policía provincial, allanó el asentamiento y secuestró los elementos que están en análisis. Luego de la diligencia, los mapuches denunciaron persecución y estigmatización por parte del gobierno provincial.

Díaz Mayer aguarda el informe de los peritos para avanzar con la investigación, tanto de los dispositivos móviles como del fragmento de tierra.

El fuego arrasó con miles de hectáreas en la zona de Puerto Patriada y Epuyén, y tuvo en vilo a la localidad de Cholila.

Causa federal

En paralelo, la Justicia Federal avanza con otra investigación relacionada al incendio en el Parque Nacional Los Alerces. La pesquisa no intenta establecer cómo comenzó, debido a que está acreditado que lo originó un rayo durante una tormenta eléctrica desatada en el mes de diciembre.

El fuego, en primera instancia, fue contenido, aunque luego se reactivó con más fuerza. El objetivo de los investigadores es determinar si quienes coordinaron el operativo de control, lo hicieron de forma negligente.

La Administración de Parques Nacionales dispuso la suspensión del intendente del Parque, Danilo Hernández Otaño, e intervino la conducción de esa seccional, designando a Ariel Rodríguez en su lugar.

El guardaparque desplazado no hizo declaraciones luego de su corrimiento, aunque empresarios y prestadores del Parque Nacional lo acusaron de haber actuado de forma equívoca en el control de las llamas.

“El fuego estuvo contenido, pero no se realizó el control de los puntos calientes ni tampoco hubo guardias de cenizas. Hay una clara negligencia de Hernández Otaño y de su equipo de trabajo”, denuncian referentes turísticos del Parque Nacional.

Sin embargo, la Justicia Federal tiene en carpeta otra investigación, relacionada al incendio más reciente desatado semanas atrás en La Tapera, cerca del paraje Los Cipreses.

Fuentes de Parques Nacionales confirmaron que el fuego comenzó de forma intencional, por la dispersión de los focos y la simultaneidad de los mismos.

La presentación fue realizada por Rodríguez, el interventor del Parque, tras confirmar que el fuego comenzó, sin dudas, de forma intencional.

La comunidad mapuche Paicil Antriao presentó un recurso de amparo para exigir al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), organismo estatal responsable de coordinar y ejecutar las políticas relacionadas con los pueblos originarios, la culminación del relevamiento territorial y lo responsabiliza por no finalizar este proceso. El amparo fue elevado en medio de una causa judicial que podría derivar en el desalojo del grupo de un camping en la costa del lago Correntoso, dentro de un expediente iniciado por el municipio de Villa la Angostura hace más de diez años.

La medida judicial fue anunciada luego de trascender un nuevo revés judicial, cuando la comunidad quedó a un paso de ser desalojada, según la sentencia existente en una causa iniciada por el municipio. En su presentación, acusan al INAI de falta de acompañamiento y respuesta institucional para las comunidades mapuches.

La comunidad Paicil Antriao enfrenta al menos diez conflictos territoriales en esta localidad turística al sur de Neuquén, tanto con el municipio local como con particulares, de acuerdo a lo que consta en los registros judiciales y municipales. Esta cifra refleja la alta recurrencia de disputas sobre la posesión de tierras, originadas por reclamos de reivindicación territorial por parte de la comunidad, quienes han tomado posesión de diversas propiedades mientras demandan la acreditación formal de ocupación ancestral.

En la acción de amparo, presentada en el Juzgado Federal de Zapala, con competencia en causas territoriales en Neuquén, se imputa al organismo dirigido por Ariel Avruj la falta de respuesta ante la finalización de un procedimiento técnico considerado por la comunidad como crucial para respaldar su permanencia en el territorio.

Uno de los focos de disputa enfrenta a los integrantes de la comunidad con el gobierno nacional, ya que han instalado viviendas sobre la traza donde se proyecta la construcción de la Ruta de Circunvalación. Fuentes del gobierno de Neuquén declararon a Infobae: “No son reivindicaciones territoriales, son acciones vinculadas a intereses inmobiliarios”.

Por su parte, los representantes mapuches criticaron públicamente al funcionario nacional por lo que consideran “falta de decisión política en la finalización del relevamiento territorial” y lo acusaron de mantener un comportamiento “racista”. Expresaron en un comunicado: “Realizar este Relevamiento llevó muchos años de tiempo y fue realizado a través de tareas de campo científica, que realizaron antropólogos, agrimensores de Provincia delimitando lo que constituye la ocupación tradicional y ancestral de este territorio”.

En el conflicto que involucra el camping Quilla Hue, existe sentencia firme para el desalojo luego de que se certificara que la presencia mapuche en el predio municipal “es ilegal”. El juez local Francisco Astoul Bonorino ordenó meses atrás el retiro forzoso de la comunidad. A pesar de ello, la defensa recurrió de inmediato en queja a la Corte Suprema en un intento por frenar la ejecución de la medida, aunque se reconoce internamente que tal recurso no impedirá la intervención de la Policía neuquina.

El accionar reiterado de la comunidad derivó en reacciones por parte de la comunidad angosturense, cuyas voces públicas cuestionan la legitimidad de las demandas territoriales. Un referente local expresó semanas atrás: “Es imposible que sean titulares de ‘miles de hectáreas’, en simultáneo; deberían ser cientos de mapuches distribuidos por toda la localidad, pero son sólo unas pocas familias las que impulsan los conflictos”.

Con el argumento de “resguardo territorial”, la comunidad Paicil Antriao reconoció su ocupación de los campings Quilla Hue, Rincón de los Amigos y Arrayanes del Correntoso.

La comunidad también cuestionó al poder político local por no acceder al diálogo, a pesar de los reiterados pedidos de audiencia con el intendente de Villa la Angostura para abordar distintos temas de interés colectivo.

Para los angosturenses, Paicil Antriao es sinónimo de conflictos y usurpaciones. Es la comunidad mapuche que protagoniza numerosos conflictos territoriales en Villa la Angostura, provincia de Neuquén, y forma parte de diversos expedientes judiciales, algunos de los cuales tienen sentencia firme para el desalojo de tierras que ocupó.

Uno de esos conflictos lo tiene con el municipio de Villa la Angostura, que busca recuperar el control de un camping estatal que tuvo como administrador a un integrante de la Paicil Antriao. Cuando expiró el contrato de locación, se atrincheró en el espacio y adujo que sus ancestros eran los titulares de las tierras donde se ubica, en la costa del lago Correntoso.

El municipio se constituyó en querellante para recuperar el control, aunque tras 10 años de litigio, aún no lo consigue.

La comunidad mapuche elevó innumerables recursos para seguir en el camping, aunque la mayoría de las presentaciones tuvieron fallos adversos. Incluso rige una orden de desalojo con sentencia firme que podría derivar en la expulsión de los intrusos.

La defensa de la comunidad elevó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para revertir la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Neuquén, que avaló el regreso del expediente al juzgado que ordenó el desalojo, luego de transitar por despachos de otros juzgados neuquinos.

El conflicto tiene más de una década y al menos una sentencia firme que ordena la restitución de las tierras al ejecutivo angosturense. La Justicia neuquina rechazó el pedido de elevación de un recurso extraordinario a la Corte Suprema, razón por la que la defensa mapuche acudió en queja al máximo tribunal del país.

“No es otra cosa que una maniobra para dilatar el desalojo. Así estamos desde hace 10 años, con idas y vueltas, recorriendo despachos y acumulando sentencias que coinciden en que las tierras son del municipio, y que los mapuches deben retirarse” dijeron fuentes del municipio local a Infobae.

Por otro lado, Virgilio Sánchez, abogado de la comunidad mapuche, explicó que “el recurso extraordinario lo desecharon formalmente y eso me obligó a ir en queja ante la Corte, que ya está circulando, está en la vocalía N°1”, explicó.

El letrado reconoció que el proceso “lleva tiempo” y coincidió en ese punto con lo afirmado por funcionarios locales: “Buscan ganar tiempo, aunque el recurso no debería modificar la orden firme de desalojo”.

Requisitos para la ejecución de la medida

El gobierno local debería contar con el acompañamiento de la Policía de Neuquén, lo que resulta “un escollo” para poder hacerlo. “Apelamos a que la comunidad se retire por voluntad propia, sabemos que difícilmente el ejecutivo provincial ponga a disposición a la Policía para llevarlo a cabo” dijeron desde el edificio comunal.

El gobierno neuquino, en los últimos meses, desoyó los desalojos que decidió la Justicia en otros conflictos y apeló a “mecanismos de diálogo”. “El ejecutivo provincial no quiere exponer a la Policía, porque sabe que no van a ser desalojos pacíficos, y no quiere pagar ningún costo” dijeron a este medio fuentes del gabinete local, quienes incluso cuestionaron “los mecanismos de diálogo que propuso: siempre favorecieron a los usurpadores”.

Mientras tanto, el municipio de Villa la Angostura buscó alternativas para que la comunidad Paicil Antriao administre el camping que debe abandonar, como supuesto “pacto de paz”. Sin embargo, durante el proceso, el mismo ejecutivo clausuró el predio en reiteradas ocasiones por irregularidades comerciales. Desafiantes, los mapuches retiraron las fajas y siguieron explotando comercialmente el sitio.

La Justicia Federal de Bariloche decidió este miércoles que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, siga detenido otros tres meses en una cárcel de máxima seguridad de Rawson, Chubut, en el marco de una causa que investiga la fiscalía por presunta asociación ilícita calificada.

Con la nueva prórroga, el lonko cumplirá un año en prisión, ya que fue detenido el 6 de junio de 2025 en el marco de un controvertido operativo que ejecutó la Policía Federal Argentina (PFA).

La detención del activista está relacionada a una denuncia que presentó el Ministerio de Seguridad de la Nación a principios del año pasado, luego de que Jones Huala justificara atentados incendiarios y sabotajes durante la presentación de un libro que escribió mientras permanecía detenido en Chile.

La detención del mapuche fue difundida por la ex titular de la cartera Patricia Bullrich a través de las redes sociales, incluso antes de que el magistrado de la causa tomara conocimiento de la captura.

Cuatro horas después de la detención, el juez federal subrogante Ezequiel Andreani autorizó el procedimiento, presionado por la viralización de la información.

Este miércoles se realizó una nueva audiencia –está prevista una cada tres meses-, en la que la fiscalía solicitó mantener en prisión al líder de la RAM, mientras intenta recopilar material probatorio para privarlo de libertad.

Desde su detención, los abogados que defienden a Jones Huala elevaron múltiples recursos para solicitar su liberación o, en su defecto, para trasladarlo a una cárcel de seguridad media ubicada en la ciudad de Esquel.

El juez Gustavo Zapata accedió a la solicitud de trasladarlo, aunque funcionarios del Ministerio de Seguridad a cargo de la Dirección Correccional rechazaron el planteo al asegurar que la U14 de Esquel –donde Jones Huala estuvo detenido durante varios años con buena conducta- no cuenta con garantías de seguridad para alojarlo.

En la audiencia de este miércoles, la fiscal Ángela Pagano Mata solicitó que Jones Huala continúe detenido y el planteo fue aceptado por el magistrado Gustavo Zapata.

La fiscalía, en audiencias anteriores, admitió dificultades en la recopilación de material probatorio.

En diálogo con Infobae, Pagano Mata aseguró que se utilizaron los mismos argumentos que en las audiencias anteriores para extender la prisión preventiva.

“Existe riesgo de fuga, en caso de permanecer en libertad, y un posible entorpecimiento de la investigación”, argumentó la fiscal su pedido.

La pesquisa consiste en recopilar documentación y legajos sobre la actuación de la RAM, tanto en Río Negro como en Chubut y Neuquén.

Jones Huala aseveró que es líder de la RAM y militante de la CAM, una violenta agrupación mapuche asentada en el sur de Chile.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, que ejerce la defensa del detenido, cuestionó las prórrogas a las que accedió la Justicia Federal e incluso consideró “vergonzosos” los argumentos que esgrimieron los fiscales para solicitarla.

El caso fue encuadrado como investigación compleja –tanto en primera instancia como también en un fallo posterior de Cámara–, figura que establece que el detenido podría permanecer hasta dos años bajo prisión preventiva, es decir hasta junio de 2027.

“Estaba pactado que había que mantener a Jones Huala tras las rejas”, dijeron fuentes de la Gremial, y atribuyeron la decisión a una orden que surge del poder político nacional.

Dijeron que “no hay dudas de que Facundo (Jones Huala) es un preso político, porque no hay elementos para mantenerlo tras las rejas, y mucho menos cuando la investigación no es hacia su persona, sino que está enfocada en una agrupación que ni siquiera existe”, adujeron, haciendo alusión a la RAM.

Los incendios que azotan bosques y pastizales en el norte de Chubut están contenidos gracias al trabajo de los brigadistas y al ingreso de un frente frío, que incluyó descenso de la temperatura y precipitaciones.

Los equipos de combate continúan trabajando en el Parque Nacional Los Alerces, aunque el cambio en las condiciones climáticas fue fundamental para morigerar la potencia del fuego.

Los incendios en Puerto Café y en La Tapera, ambos en el Parque Nacional, están contenidos. El de Puerto Patriada, en jurisdicción de Chubut, está controlado.

El primero de ellos comenzó en diciembre pasado, producto de una descarga eléctrica durante una tormenta, mientras que el más reciente fue provocado intencionalmente hace dos semanas.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) continúa trabajando en la zona junto a Parques Nacionales y organismos provinciales de lucha contra incendios.

“El clima favoreció para sacarle fuerza a las llamas, lo que nos permitió contener los dos incendios del Parque Nacional”, indicaron a Infobae fuentes de ese organismo.

Los tres incendios arrasaron con más de 60 mil hectáreas de bosques nativos, implantados y vegetación baja.

El fuego en La Tapera es el más reciente y comenzó de manera intencional, de acuerdo a lo que denunciaron las autoridades del Parque Nacional en el Juzgado Federal de Esquel. Cuando comenzaron las llamas, los brigadistas detectaron tres focos simultáneos, alejados entre sí, sin registro de factores naturales como tormentas eléctricas o cableados de energía cerca de sectores arbustivos o boscosos.

En ese siniestro trabajan 24 brigadistas para evitar una posible reactivación, con el aporte de un helicóptero aportado por AFE.

En Puerto Café también opera un helicóptero con una cantidad similar de combatientes de distintos organismos.

En Puerto Patriada, por su parte, ya no quedan brigadistas de refuerzo y solo los de organismos regionales operan en el lugar. El fuego está controlado, pero aún no se declaró su extinción definitiva.

La provincia patagónica concentró la mayor cantidad de incendios durante la temporada de verano, con pérdidas de miles de hectáreas, viviendas particulares y vehículos.

Las imágenes en los alrededores de Epuyén, Puerto Patriada y El Hoyo son dantescas, con bosques milenarios teñidos de negro, animales muertos y escombros en sitios arrasados por las llamas.

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres, durante su exposición en la apertura de sesiones ordinarias, dedicó un extenso y emotivo pasaje de su discurso a reflexionar sobre el drama de los incendios forestales que azotaron la cordillera, pero también apuntó contra la desinformación y reivindicó la figura de los verdaderos héroes anónimos.

El mandatario apuntó contra los políticos que visitaron la zona “para sacarse una foto al lado del fuego o entregando ladrillos a los vecinos que perdieron todo” y los catalogó de “políticos ventajeros”.

A esos dirigentes “el tiempo los va a poner en su lugar y la gente los va a poner en su lugar” dijo.

Pobladores y prestadores turísticos del Parque Nacional Los Alerces trabajan codo a codo con los organismos de combate de incendios forestales en Chubut, tratando de frenar el avance del fuego que permanece activo en distintos sectores.

Los últimos focos, denunciados ante la Justicia por haber comenzado de manera intencional, se mantienen activos y consumen bosques nativos ubicados dentro de la reserva.

Un centenar de brigadistas, que trabajan bajo la coordinación del Comando Unificado que conforman la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Parques Nacionales y el gobierno de Chubut, comparten las actividades con los pobladores, quienes incluso cedieron sus espacios para instalar campamentos y bases operativas.

Así lo reconoció Parques Nacionales en el último reporte del siniestro ígneo. El objetivo de las cuadrillas de combate es evitar el avance del fuego a islas de vegetación que aún no fueron impactadas por el fuego.

Los prestadores de excursiones lacustres, cuya actividad está suspendida por el siniestro, pusieron a disposición sus embarcaciones para el traslado de los brigadistas a los sitios de combate.

Con equipos viales se construyeron cortafuegos y fajas de contención para morigerar el avance de los focos principales.

Los medios aéreos complementan esta dinámica de combate combinado, mediante descargas de agua con los helicópteros y aviones hidrantes.

Fuentes del Comando Unificado destacaron “el apoyo de los pobladores y vecinos del área afectada en ambas costas del Río Grande – Futaleufú en la zona de Los Cipreses, quienes colaboran permanentemente con los equipos de apoyo y combate, aportando los espacios de sus predios privados para el despliegue logístico y sosteniendo la atención permanente al personal destacado en las bases de Puerto Ciprés y Río al Límite”.

La previsión para la jornada establece la operación de los medios aéreos disponibles, que son tres aviones hidrantes y otros dos anfibios –que cargan agua en los espejos de agua del lugar y aceleran la operación-, además de dos helicópteros Bell 407.

Los pronósticos anticipan lluvias

De acuerdo a la previsión de los distintos pronósticos meteorológicos, se esperan varias precipitaciones para los próximos días.

Semanas atrás, cuando el fuego presentaba una actividad intensa en los incendios del Parque Nacional y del territorio chubutense, un descenso de la temperatura contribuyó a la contención de las llamas.

Por eso la previsión meteorológica genera expectativa, tanto en los referentes del Comité Unificado como en los combatientes, quienes creen que la lluvia podría contribuir a frenar el avance del fuego para luego proceder a su control y extinción definitiva.

Los informes satelitales de las distintas plataformas anticipan cuatro jornadas de lluvia y temperaturas medias, que podrían alcanzar los 17 grados.

Los nuevos focos en la zona sur del Parque, en el sector denominado La Tapera, fueron provocados de manera intencional, cuando los equipos de lucha contra el fuego operaban en Puerto Café, el siniestro que comenzó en diciembre producto de una descarga eléctrica de una tormenta.

La simultaneidad de tres nuevos focos de incendio en el Parque Nacional Los Alerces y la dispersión geográfica entre los mismos derivó en una denuncia penal ante la Justicia Federal tras confirmarse que los mismos fueron provocados de manera intencional.

El fuego permanece activo en la parte sur del parque y los brigadistas, con el apoyo de ocho medios aéreos, trabajan para intentar aplacarlo.

El interventor del Parque Nacional, Ariel Rodríguez, radicó una denuncia penal en el fuero federal de Esquel, para juzgar a quienes ocasionaron los nuevos focos de forma intencional.

Ni causas naturales ni negligencia. La hipótesis del organismo estatal es que el fuego fue provocado de forma intencional, aunque no arriesgó el motivo que llevó a los autores a ocasionarlo.

En un comunicado reciente, Parques Nacionales hizo referencia al inicio de los focos en términos categóricos y sin dar lugar a expresiones condicionales: “Fueron intencionales”. La afirmación tiene sustento en la localización de los distintos focos y a la dispersión de los mismos, que luego avanzaron y crecieron por el viento y las condiciones del clima.

El nuevo siniestro que se acercó a 50 metros de una población, en inmediaciones del portal Sur del parque -cerca del límite con Chile- permanece con actividad, aunque por ahora se desconoce la superficie afectada.

La nueva emergencia ígnea se produjo cuando los combatientes culminaban las tareas de control en el incendio anterior, situado en un sector denominado Puerto Café, el cual comenzó en diciembre a partir de una descarga eléctrica durante una tormenta.

El comité de actuación, que confirman distintos organismos nacionales y provinciales, no alcanzó a disolverse cuando tuvo que intervenir nuevamente, a partir de los nuevos focos detectados cerca de La Tapera, en inmediaciones del río Futaleufú.

Los equipos técnicos evalúan con pronósticos satelitales las condiciones meteorológicas, que en las últimas horas permitieron el despliegue de brigadistas al lugar, quienes fueron trasladados en su mayoría a través de embarcaciones de privados, que debieron suspender sus prestaciones por la nueva contingencia.

Son siete los medios aéreos que intervienen y que el martes pudieron operar con normalidad, luego de jornadas donde debieron permanecer en tierra por las condiciones adversas.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE), que integra el comité de instituciones, informó que forman parte del operativo servidores del Servicio Provincial del Plan de Manejo del Fuego de Chubut y Parques Nacionales.

El incendio que comenzó en diciembre pasado está contenido, pero igual requiere despliegue de brigadistas. Según la AFE, participan allí miembros de la Policía Federal, uniformados del Ministerio de Defensa y una multiplicidad de organismos provinciales y de localidades cercanas.

Dos aviones hidrantes realizan descargas tanto en este incendio como en los nuevos focos de La Tapera, junto a dos helicópteros con helibalde que realizan descargas continuas de agua en zonas calientes.

El fuego de Puerto Patriada, por su parte, ubicado en territorio chubutense, está controlado y próximo a su etapa de extinción definitiva.

La Justicia Federal de Esquel tiene dos expedientes en simultáneo, relacionados con los incendios en Chubut. El primero de ellos es por el incendio de Puerto Café para determinar si hubo negligencia de parte del desplazado intendente del Parque, Danilo Hernández Otaño en el control del fuego, que había sido contenido en una primera etapa.

Prestadores privados del Parque Nacional cuestionaron el desempeño de Otaño en el control de los siniestros, para evitar su reactivación, y el funcionario fue desplazado temporalmente por la administración de Parques Nacionales.

El otro expediente es más reciente y tiene que ver con la intencionalidad manifiesta en la provocación de los nuevos focos, aunque, al menos por ahora, no trascendieron avances en la investigación.

Peritos de la Policía Federal realizarán un informe luego de relevar la zona afectada, en el afán de encontrar material probatorio para incriminar a los presuntos autores e identificarlos.

El Parque Nacional Los Alerces sigue bajo fuego, aunque, a diferencia del siniestro que comenzó en diciembre pasado durante una tormenta eléctrica y fue controlado hace pocas semanas, los nuevos focos fueron intencionales y derivaron en una investigación penal que quedó a cargo de la Justicia Federal.

En un comunicado reciente, Parques Nacionales hizo referencia al inicio de los focos en términos categóricos y sin dar lugar a expresiones condicionales: “Fueron intencionales”.

La afirmación tiene sustento en la localización de los distintos focos y a la dispersión de los mismos, que luego avanzaron y crecieron por el viento y las condiciones del clima.

“No hay dudas, ni tampoco factores naturales como para hacer especulaciones y conjeturas. Acá hay una situación clara, aunque desconocemos los motivos”, afirmaron desde el organismo nacional.

Semanas atrás, brigadistas y combatientes pudieron controlar el incendio que comenzó en diciembre, consumió alrededor de 40 mil hectáreas y, en algunos sectores, se fusionó con otro incendio que comenzó en territorio provincial.

Los nuevos focos, detectados en las últimas 72 horas, se registraron en la zona sur del Parque Nacional Los Alerces.

“Tenemos un incendio activo en La Tapera, en la margen norte del río Futaleufú, entre la población Burgos y Toro. Está en la portada sur del parque y en el límite con Chile”, explicó Ariel Rodríguez, interventor del Parque Nacional Los Alerces.

Este lunes se activó un foco secundario de ese incendio que puso en vilo a una población y obligó a la evacuación preventiva de unas 20 personas, ya que el fuego estuvo a pocos metros de las viviendas.

“No podemos hablar de rebrote ni de reactivación. No hay forma de que el fuego haya comenzado de otra forma que no sea intencional”, dijo el funcionario, y descartó incluso la posibilidad de otras causas, como una posible actitud negligente.

En el lugar permanecen los organismos de combate que conformaron el comité para la contingencia anterior, con la participación de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y de Parques, además de referentes provinciales.

“Dado este escenario de intencionalidad manifiesta, que genera un enorme daño tanto al delicado ecosistema de los bosques patagónicos, como a los bienes personales y a la actividad turística regional, se iniciaron las acciones legales correspondientes, convocando a los peritos de la Policía Federal Argentina y nuevos recursos técnico-científicos que sumen información a las investigaciones en curso”, indicó el organismo a través de un comunicado.

Anunciaron, además, que se reforzarán los patrullajes preventivos en distintos sectores del Parque Nacional, como así también se agudizarán las medidas de fiscalización en toda la jurisdicción.

La contingencia tiene siete medios aéreos a disposición para operar durante la jornada, si es que las condiciones climáticas lo permiten y no afectan su tarea como ocurrió el lunes, cuando arreciaron vientos fuertes y constantes.

Con el fuego en calma, los prestadores del norte chubutense vuelven a la normalidad de forma paulatina tras soportar dos incendios voraces que estuvieron vigentes desde el comienzo del verano.

Uno de los focos empezó por causas naturales en diciembre, en el corazón del Parque Nacional Los Alerces, y el otro en enero en Puerto Patriada, en territorio provincial. Ambas contingencias pulverizaron la actividad turística en la región, que ahora comienza un proceso de reactivación.

El fuego y el humo obligaron a cerrar rutas provinciales y nacionales, y los visitantes que veraneaban tuvieron que ser evacuados.

Sin embargo, con el fuego bajo control, reabrieron los portales de ingreso al Parque Nacional y los prestadores retomaron la actividad, con la idea de recuperar las semanas perdidas.

El Comando Unificado que integran distintos organismos nacionales y de Chubut continúa desplegado en el territorio, donde realiza recorridos por distintos sectores para detectar posibles puntos calientes y actuar ante potenciales reactivaciones.

“El incendio está bajo control, pero no fue declarado extinguido aún, eso significa que podríamos tener reactivaciones, por eso los equipos de combate permanecemos en la zona”, dijeron a Infobae integrantes del equipo conformado para el combate.

Los medios aéreos continúan desplegados en el lugar y realizan traslados de brigadistas y combatientes, y efectúan descargas de agua puntuales en sitios donde la temperatura sigue siendo elevada.

“Ya no es una operación continua, sino que se realizan lanzamientos en sitios puntuales, donde es indispensable realizar descargas de enfriamiento” indicaron.

Los responsables del operativo anunciaron, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, nuevas precipitaciones para este martes que “podrían ser útiles para terminar de extinguir los incendios y aplacar los puntos remotos que todavía se mantienen calientes”.

De acuerdo al parte meteorológico, los valores de precipitación acumulada se ubicarían entre 10 y 20 milímetros, aunque podrían ser superados de manera puntual en determinados sectores.

Además, no se descarta la probabilidad de precipitación en forma de nieve en las zonas más elevadas, lo que podría generar condiciones adversas en sectores de montaña y rutas cordilleranas.

De la estrategia integral de combate participan la Agencia Federal de Emergencias (AFE) que pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación, Parques Nacionales y los organismos de lucha contra incendios que tiene el gobierno de Chubut.

“Todos los servicios turísticos de Zona Centro y Zona Sur se encuentran funcionando normalmente y están habilitadas todas las actividades de navegación recreativa en el lago Futalaufquen, mientras que en los ríos Rivadavia y Arrayanes está permitida la navegación de embarcaciones sin motor” indica el último parte emitido por el Parque Nacional.

Los incendios arrasaron con más de 50 mil hectáreas de añosos bosques de especies autóctonas y varias forestaciones implantadas de pino. Arrasó además ejemplares arbustivos bajos y achaparrados, característicos de zonas esteparias.

También destruyó viviendas en Puerto Patriada, una villa turística donde 3 mil visitantes que veraneaban tuvieron que ser evacuados por el siniestro ígneo, y provocó destrozos en establecimientos rurales, galpones y vehículos de la región.

Las temperaturas elevadas y los índices históricos de sequía contribuyeron al avance de las llamas, alimentados por vientos fuertes que en algunas jornadas alcanzaron los 70 kilómetros por hora.

Los combatientes que luchan contra las llamas en la provincia de Chubut lograron contenerlas en uno de los sectores donde el fuego presentaba actividad, mientras que en otros sitios del territorio provincial y dentro del Parque Nacional Los Alerces los focos se mantienen activos y demandan el trabajo de más de 500 brigadistas de todo el país.

El gobierno provincial informó que el fuego en el sector de Puerto Patriada, en las cercanías del Lago Epuyén, está 100 por ciento bajo control, aunque mantiene actividad en inmediaciones del Lago Cholila, también dentro de la misma jurisdicción.

Fuentes del ejecutivo chubutense indicaron que el operativo conjunto que despliegan distintos organismos “es fructífero” y gracias a ello fue posible controlar en su totalidad esa parte del siniestro.

En términos técnicos, el incendio bajo control está relacionado a que no presenta avances ni focos activos significativos y las tareas consisten en detectar posibles puntos calientes, para evitar reactivaciones. En la zona el riesgo de propagación es casi nulo. En la zona donde el fuego está bajo control, el incendio afectó una superficie estimada de 30.677 hectáreas de arbustal y matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Sin embargo en el sector del Cholila y desembocadura del río El Tigre, el siniestro permanece activo y consume vegetación. Allí la superficie afectada estimada de bosque nativo alcanza las 209 hectáreas. Los organismos abocados a esa parte del siniestro realizaron este jueves tareas de observación y análisis del área afectada, sin detectar reactivaciones.

Los organismos de combate reconocieron que las lluvias recientes fueron importantes para morigerar el avance de los focos principales, aunque atribuyen el control en Puerto Patriada a la tarea de los brigadistas.

“Las lluvias y nevadas registradas en las últimas horas mejoraron las condiciones para el combate aunque el fuego fue contenido gracias al despliegue sostenido de brigadistas, maquinaria pesada y medios aéreos, además de la coordinación permanente entre las distintas jurisdicciones” indicaron.

Continúan afectados al operativo numerosos recursos materiales y decenas de brigadistas de distintos puntos de la provincia y el país, mientras que están a disposición dos aviones anfibios (Servicio Nacional del Manejo del Fuego-Agencia Federal de Emergencias), dos aviones hidrantes y tres helicópteros con helibalde.

Ya son más de 55 mil hectáreas arrasadas por el fuego tanto en jurisdicción nacional como en el territorio de Chubut.

Los brigadistas y combatientes que luchan contra las llamas en la cordillera de Chubut son conscientes que la lluvia y las bajas temperatura ayudan, pero no son determinantes, por lo que se preparan para seguir trabajando durante varias semanas hasta lograr contener los incendios que permanecen activos.

Tras dos jornadas de alivio relativo y de reorganización de los equipos, con tareas de monitoreo y relevamiento como prioridad, la zona donde se produce la emergencia ígnea amaneció con cielo despejado y se retomó la tarea en los frentes activos de los incendios vigentes, tanto en territorio provincial como en el Parque Nacional Los Alerces. Sigue el viento fuerte.

Un dato desalentador es que, sin nuevos pronósticos de lluvia hasta la semana próxima, la lucha contra las llamas depende exclusivamente de la tarea de los equipos de combate. “Vemos una garúa prevista para la semana próxima, el martes, pero con escasos milímetros y ya sabemos que con eso no alcanza para apagar los focos principales” indicaron a Infobae desde el gobierno de Chubut.

El dato que no dejan pasar los equipos que atienden la contingencia es la influencia del viento. “Si llueve, pero hay ráfagas superiores a los 50 kilómetros, es la nada misma” sostienen, y reiteraron el concepto de que “el fuego avanza a la velocidad del viento, es imposible detenerlo, por más lluvia que tengamos”.

En el área de Puerto Patriada, en territorio chubutense, el incendio detectado el 5 de enero ya afectó una superficie de 30.677 hectáreas. Actualmente se encuentra contenido, aunque mantiene actividad en distintos sectores de su perímetro. La vegetación dañada incluye arbustales, matorrales, bosques implantados y amplias áreas de bosque nativo.

En el Parque Nacional, que mantiene actividad desde diciembre, arrasó con más de 26 mil hectáreas de vegetación similar.

El operativo entre ambos incendios se sostiene, con más de 550 brigadistas y cerca de 20 medios aéreos que, tras dos jornadas sin operar, podrían realizar descargas este jueves en zonas complejas.

Las aeronaves del Plan Nacional de Manejo del Fuego, Ejército Argentino y de otros organismos están a disposición de esa contingencia, debido a que en la Patagonia no se registran otros incendios forestales de relevancia.

En Río Negro celebran, aunque en voz baja, que no hubo incendios forestales de relevancia en lo que va de la temporada. Atribuyen ese registro a los controles preventivos que se implementaron en zonas complejas como El Bolsón y alrededores.

El ejecutivo de esa provincia, luego de decretar la emergencia ígnea, dispuso severas multas para infractores que enciendan fogatas en sitios no habilitados o incumplan la reglamentación prevista en esa norma.

La emergencia ígnea, en días en los que el riesgo de incendios es extremo, impide incluso encender fuego en asadores hogareños al aire libre, incluso dentro de los radios urbanos.

Esa restricción provocó la saturación de las líneas de emergencia por llamados de vecinos, que buscan autorización para poder hacer asados en parrillas domésticas o chulengos.

“Los llamados no son para denunciar a nadie, sino para pedir autorización para hacer asados, cuando saben que incluso ello está prohibido cuando el riesgo de incendios es alto” dijeron desde Protección Civil de Bariloche. Quienes violan la normativa, pueden ser sancionados con multas millonarias.

La temperatura alcanzó los 10 grados, a diferencia de otras jornadas en las que el termómetro alcanzó los 30.

Pero más allá de que esas condiciones aliviaron a los brigadistas que trabajan en tierra, también se registraron vientos fuertes, con ráfagas superiores a los 50 kilómetros, factor que mantuvo los focos con actividad plena. Con sirenas y luces encendidas, los bomberos celebraron la llegada de las lluvias.

Los coordinadores de los incendios esperaban con optimismo estas condiciones climáticas, que podrían morigerar la intensidad de ambos siniestros, tanto del que afecta territorio fiscal en el Parque Nacional Los Alerces como el que rodea a poblaciones urbanas, en jurisdicción provincial.

El pronóstico para este miércoles repite las condiciones del martes, con lluvia, viento y nevadas en las cotas elevadas aledañas. “Este martes se cumplieron las condiciones que anunciaban los pronósticos, con 33 milímetros de lluvia en algunos sectores, en lo que es la primera precipitación fuerte desde que comenzaron los incendios” dijeron a Infobae fuentes del gobierno chubutense.

La tarea para este miércoles contempla recorridas en distintos sectores para detectar puntos calientes y analizar cómo incidió la precipitación en esos lugares, mientras que los medios aéreos permanecerán aprestos para operar pero en tierra, debido a que por ahora no pueden operar.

“Las dos cabezas del incendio están declaradas activas, sirvió la precipitación teniendo en cuenta que las zonas altas donde había reactivaciones por las fuertes ráfagas de viento quedaron cubiertas de nieve”, afirmaron fuentes del gobierno provincial y destacaron que el rotundo cambio climático “es inédito para la época, teniendo en cuenta que no existen registros históricos de nevadas en pleno verano”.

El Comando Unificado que opera en ambos incendios repetirá este miércoles la estrategia del día anterior, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas serán similares.

El operativo se mantiene con 550 brigadistas para luchar en ambos incendios, con 19 medios aéreos que operan en los dos siniestros ígneos, de acuerdo a si las condiciones meteorológicas son favorables.

Uno de los incendios, el del Parque Nacional Los Alerces, comenzó en el mes de diciembre y se reactivó semanas más tarde, luego de ser contenido por los combatientes. El origen, de acuerdo a la información que aportó Parques Nacionales, fue por motivos naturales a partir de una descarga eléctrica durante una tormenta.

La Justicia avanza en la investigación para determinar si hubo negligencia en la vigilia de la zona afectada por el fuego y si se cumplió con el protocolo para evitar su reactivación. El expediente, al menos por ahora, no arrojó avances aunque sí motivó desplazamientos en la conducción del Parque Nacional y una intervención dispuesta por la conducción nacional del organismo.

El incendio que afecta jurisdicción provincial comenzó los primeros días de enero y arrasó con unas 70 viviendas, tendidos eléctricos y de otros servicios públicos, que están siendo restablecidos por el gobierno que conduce Ignacio Torres.

El clima no da tregua y el fuego avanza en los dos incendios que azotan la provincia de Chubut, donde la superficie afectada alcanza las 50 mil hectáreas de bosques nativos, forestaciones y vegetación achaparrada en sectores esteparios.

Luego del recambio de brigadistas, muchos de los cuales regresaron a sus provincias y fueron reemplazados por nuevos contingentes, continúa el despliegue de combatientes en el terreno y las descargas de agua con la operación de medios aéreos.

El fuego avanzó a sectores de difícil acceso por tierra, por lo que los brigadistas son trasladados en helicópteros del Plan Nacional de Manejo del Fuego y del Ejército hasta la zona caliente.

Dentro del parte, la superficie consumida por el fuego supera las 16 mil hectáreas y las demás están centralizadas en territorio provincial.

Organismos nacionales, provinciales y municipales permanecen desplegados en distintos puntos donde el fuego presenta mayor actividad.

El optimismo en relación a las lluvias que podrían registrarse desde este martes al mediodía se diluye con otro dato meteorológico que genera preocupación, relacionado con el viento fuerte y constante, y las ráfagas que durante la jornada podrían superar los 50 kilómetros por hora.

Los fuertes vientos no solo avivaron las llamas, sino que dispersaron pavesas a larga distancia, generando nuevos incendios en sectores que se creían contenidos. Las autoridades priorizaron la protección de viviendas en las zonas de riesgo, mientras que las densas columnas de humo limitaron en varios momentos el trabajo de los medios aéreos.

“Las ráfagas de 50 kilómetros por hora indican que el fuego avanza a esa velocidad, es imposible alcanzarlo y detenerlo” aseguran los combatientes que trabajan en la logística operacional del siniestro ígneo.

Dijeron incluso que los milímetros de lluvia que podrían caer no alcanzan para detener el avance del fuego, sino sólo para enfriar algunas que aún no fueron afectadas. “Si llueven 30 milímetros, como se había anticipado inicialmente, y el viento está en calma, el panorama sería distinto pero con estas condiciones, anticipamos que el fuego mantendrá su actividad por tiempo indeterminado” afirmaron.

Con ese panorama, el siniestro que parecía estar bajo control, volvió a reactivarse e incluso nuevamente puso en vilo a sectores poblados, cuyos residentes analizan en detalle el avance de los focos principales.

La situación presenta una complejidad aún mayor, debido a que por la intensidad del viento se produjo un efecto de circulación de aire, reducción de visibilidad por humo y neblina en muchos sectores.

Dentro del Parque, el combate se desarrolla principalmente en las zonas Norte y Centro del Parque Nacional, con la participación de más de 200 personas directamente afectadas al operativo. El trabajo es coordinado entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y la Agencia Federal de Emergencias (AFE) del Ministerio de Seguridad de la Nación, en articulación con el Gobierno del Chubut, donde en total trabajan 278 personas.

En territorio provincial, donde otros 300 brigadistas continúan trabajando, el fuego volvió a poner en vilo a distintas poblaciones.

En Villa El Blanco, cerca del lago Cholila, las familias observaron con preocupación el avance del fuego. El sonido de la vegetación consumiéndose aumentó la alarma, llevando a los equipos de emergencia a reforzar los perímetros de seguridad alrededor de las casas.

De manera paralela, la situación se mantuvo compleja en la desembocadura del Río Tigre. El incendio presentaba actividad intensa en sectores de geografía inaccesible, con fuertes pendientes que impedían el trabajo directo de las brigadas en tierra. Para enfrentar este desafío, integrantes de la Brigada Nacional Sur fueron helitransportados para realizar tareas de control y reforzar cortafuegos con herramientas manuales.

Los dos incendios que se mantienen activos en la provincia de Chubut arrasaron con 47 mil hectáreas de vegetación y superaron el récord de 2015, en el que el fuego destrozó 41 mil hectáreas de bosques nativos, implantados y vegetación achaparrada en zonas esteparias.

En aquella ocasión, el fuego se mantuvo vivo durante casi dos meses cerca de donde se ubica ahora y sólo lo detuvo la intensa lluvia otoñal de abril.

Los lugareños de los pueblos que están rodeados por las columnas de humo y se atemorizan al ver las llamas a través de sus ventanas, vaticinan algo similar para los siniestros ígneos de ahora. “Sólo las lluvias del otoño pueden poner freno al fuego, que avanza con tanta fuerza” aseguró Roberto Molina, poblador histórico de uno de los parajes asediados por las llamas.

Reconoció que nunca vio un operativo de semejante magnitud, con tantos medios aéreos y brigadistas en tierra, pero aseguró que “no hay forma de hacer frente al fuego, por más aviones y helicópteros que tiren agua, y por más brigadistas peleando con mangueras”.

El vaticinio del hombre podría fallar ante la probabilidad de lluvias en los próximos días. El pronóstico anticipa precipitaciones fuertes para martes, miércoles y jueves de la semana próxima, con un acumulado estimado en 30 milímetros.

Sin embargo también anticipa viento constante, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. “Esto es minuto a minuto, hay que analizar los datos de manera permanente porque las condiciones pueden cambiar. Esperamos agua y sabemos que también puede haber viento, esa combinación no nos es favorable” aseguran desde el ejecutivo chubutense.

A principios de esta semana se registraron precipitaciones leves, que acumularon apenas 8 milímetros caídos los cuales no incidieron en la situación de la contingencia ígnea. Sí contribuyó, en el marco de esa ventana climática, el descenso de temperatura para el desempeño de los brigadistas y para morigerar la brutalidad de las llamas, pero lejos estuvo de aplacarlo.

“Si llueve poco, se enfría la zona y el fuego pierde fuerza, nos sirve para poder entrar a sitios inaccesibles y para trabajar sobre los frentes, pero no lo apaga” aseguraron desde el Servicio de Lucha contra Incendios Forestales de Chubut.

Fuego en el Parque Nacional

Parques Nacionales informó que, en el siniestro que afecta jurisdicción nacional, se mantiene la estrategia entre las distintas instituciones y se refuerzan los ataques sobre las llamas.

Funcionarios nacionales se reunieron este miércoles con representantes de la provincia para elaborar estrategias en común para el combate de ambos incendios, que se fusionan en territorio compartido.

Mientras tanto en jurisdicción de El Hoyo y Epuyén, el gobierno local avanza en la reconstrucción de los tendidos eléctricos que quedaron destruidos, para reestablecer el servicio en los próximos días.

El panorama en los sitios donde cruzaron las llamas es dantesco, con animales muertos, viviendas arruinadas por el fuego y vehículos carbonizados.

“Es una postal que lamentamos, y sabemos que se podrán reconstruir las viviendas pero el impacto natural sobre los bosques autóctonos, es irreparable” dijeron los pobladores, poco antes de una reunión con autoridades para definir el proceso de edificación de las nuevas casas.

A pesar de que se registraron tres jornadas consecutivas con precipitaciones leves, poco viento y temperaturas moderadas, el fuego no de tregua en los dos incendios que se ubican en la provincia de Chubut, que ya arrasó con 47 mil hectáreas y avanza sin freno.

Los últimos reportes emitidos por los organismos que coordinan el operativo coinciden en que las condiciones de las últimas jornadas fueron favorables para el trabajo en tierra y la operación de medios aéreos, que pudieron realizar descargas sin limitaciones.

La lluvia que se registró en las últimas dos jornadas ralentizó la voracidad de las llamas, pero los focos principales mantienen actividad y avanzan, alejados de las poblaciones.

La tarea de los combatientes se fortalece con equipos viales pesados en tierra, que se ocupan de construir cortafuegos para entorpecer el avance de los focos principales.

Los organismos de lucha analizan en detalle las condiciones meteorológicas previstas para las próximas jornadas, las cuales anticipan días de temperaturas elevadas y aumento del viento.

Sin embargo hay un dato sobre el que se detienen, en el que se prevén varios días de lluvia e incluso nieve en sectores altos, estipulado para la semana próxima. “Mientras trabajamos intensamente con estas condiciones, vemos que desde el lunes próximo y durante cinco días se prevén lluvias intensas e incluso nieve en sectores altos. Ello, sin duda, traerá un descenso de la temperatura que podría caer hasta los 8 grados” aseguran desde el Sistema de Lucha contra Incendios de Chubut. “Creemos que ese podía ser el factor que nos hace falta para extinguirlo por completo” aseguran con optimismo.

Los principales focos de incendio

El fuego está dividido en dos siniestros ígneos, que se unificaron hace algunos días y rodearon la localidad de Cholila, la más comprometida por la cercanía de los focos principales.

En jurisdicción de Parques Nacionales, el fuego mantiene mayor actividad en los lagos Hito y Menéndez, Punta Mattos-Bahía Rosales y Bahía Toro, en el sector norte del lago Futalaufquen.

En territorio provincial, las tareas son llevadas adelante en la zona conocida como “Primera Cantera” en Puerto Patriada y en el sector de Villa Lago Rivadavia - Lago Rivadavia. En ambos frentes se combate el fuego con importante cantidad de recursos materiales como medios aéreos (aviones hidrantes y anfibios, y helicópteros con helibalde); maquinaria pesada (motoniveladoras, topadoras y cargadoras); autobombas, camiones cisterna y camionetas, entre otros para tratar de controlar los focos.

Según lo informado por el Comando Unificado, en la zona de la Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand durante la jornada de ayer no se registraron reactivaciones.

En tanto, en Pinar de Geréz y Cañadón de Eco Aldea, el personal ingresó en un sector con presencia de viviendas para detectar y trabajar sobre puntos calientes, contenidos con líneas con herramientas manuales y equipos de agua. Al final del día no se observaron puntos calientes en cercanías de las infraestructuras.

Además, en el sector de Piedras Bayas se trabajó con camiones cisterna para realizar enfriamientos en la cola del incendio y liquidación de puntos calientes, y se hicieron recorridos sobre el área afectada y el perímetro.

En las zonas de Pampa de Sarsa y Villarino también se trabajó con herramientas manuales y se operó con helicóptero con helibalde para sostener con enfriamientos los trabajos.

El incendio que afecta jurisdicción provincial cumple este jueves 30 días de lucha continua. Comenzó el 5 de enero en Puerto Patriada, una villa turística situada en jurisdicción de El Hoyo, donde arrasó con 70 viviendas y obligó a la evacuación de los veraneantes y pobladores.

Tras el paso del fuego, Puerto Patriada recuperó la actividad turística e incluso el gobierno de Chubut comenzó con la reconstrucción de las casas que resultaron dañadas.

El fuego cruzó varias veces la ruta 40 y otros trazados provinciales, obligando a su interrupción temporal. Sin embargo la situación se regularizó gracias al trabajo de los brigadistas.

Fuentes oficiales confirmaron que el despliegue de los equipos que trabajan en el lugar se mantiene con más de 550 personas, la mayoría de las cuales está diseminada en los distintos puntos de mayor actividad de los focos ígneos y otros realizan tareas de logística y coordinación.

En las últimas horas se realizó el relevo de combatientes provenientes de distintos puntos del país, muchos de los cuales regresaron a sus localidades de origen y fueron reemplazados por otros contingentes.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) continúa con la coordinación de las tareas junto a organismos provinciales y Parques Nacionales.

Una franja de la provincia de Chubut permanece bajo fuego aunque una ventana climática favorece las tareas de combate por tierra y aire. Viento suave y una temperatura moderada contribuirán al trabajo de los combatientes. El fuego arrasó con unas 47 mil hectáreas.

A casi un mes del comienzo del incendio en Puerto Patriada y a poco menos de dos del que afecta el Parque Nacional Los Alerces, los brigadistas siguen trabajado en la provincia de Chubut para intentar detener ambos incendios que en conjunto arrasaron con 47 mil hectáreas de vegetación.

Las precipitaciones del martes, al igual que las del lunes, no detuvieron el avance del fuego aunque si apaciguaron su poder destructor. La humedad también contribuyó.

De acuerdo con la información del Comando Unificado, durante la jornada de ayer se registró un acumulado promedio de alrededor de 5 milímetros de lluvia en la zona del parque. Si bien se trata de un volumen acotado, el aporte de humedad, combinado con temperaturas moderadas y valores de humedad mínima cercanos al 45%, genera un escenario algo más favorable para las tareas de contención, aunque sin descartar reactivaciones puntuales.

El viento en calma y la temperatura en descenso favorecieron el trabajo de los brigadistas, quienes esperan otras tres jornadas con características similares. Para el fin de semana se esperan valores térmicos elevados, nuevamente.

Este jueves se cumplen 30 días del inicio del incendio en Puerto Patriada y el próximo lunes dos meses del que comenzó en el Parque Nacional Los Alerces.

El gobierno de Chubut comenzó la reconstrucción de las viviendas que fueron arrasadas el 5 de enero pasado en inmediaciones de la villa turística donde comenzó el fuego que afecta jurisdicción provincial.

El mandatario provincial Ignacio Torres recorrió la zona afectada, donde se construyen las plateas para levantar las 70 viviendas que fueron devoradas por el fuego en las localidades de El Hoyo y Epuyén. En Cholila se construirán otras cuatro, aunque la presencia de fuego aún activo en las inmediaciones obligó a postergar la reconstrucción.

Es que las llamas avanzan en sentido contrario pero permanecen en la periferia de Cholila, localidad que semanas atrás quedó rodeada por ambas contingencias ígneas y los pobladores quedaron prácticamente aislados.

Los lugareños mantienen contacto visual con las columnas de humo desde sus casas y saben que un cambio en la dirección del viento podría tenerlos en vilo nuevamente.

De acuerdo a la información que aportaron los coordinadores de la contingencia ígnea, siguen siendo más de 550 los brigadistas que trabajan en ambos incendios, tanto en tareas de campo como en labores de logística y coordinación.

La superficie afectada supera las 47 mil hectáreas entre ambos incendios, con pérdidas de añosos ejemplares arbóreos autóctonos y vegetación achaparrada en sectores, e innumerables forestaciones de pinos.

La ventana climática permitió la operación de medios aéreos de forma condicional, los cuales realizaron descargas dentro del Parque Nacional como también en cercanías de Cholila.

Fuentes del gobierno de Chubut mencionaron que “el operativo de combate del fuego es inédito, con un número récord de brigadistas, vehículos en tierra y alrededor de 20 medios aéreos, que operan tanto en el incendio de Los Alerces como el que está en territorio provincial”.

Fueron optimistas en cuanto a las condiciones climáticas, que de mantenerse, facilitarían la tarea que los brigadistas realizan desde hace varias semanas, sin descanso.

El operativo para hacer frente al voraz incendio que arrasa con bosques nativos e implantados en el norte de la provincia de Chubut es sostenido, más allá de los factores climáticos que alteran las condiciones del operativo, que nuclea a más de 550 brigadistas de distintos organismos.

La contracara a la expectativa por el anuncio de lluvias fue el viento, que durante toda la jornada tuvo más fuerza que la precipitación y mantuvo las condiciones complejas para el combate del fuego.

Los responsables del operativo son optimistas sobre las condiciones que anticipan los pronósticos para este martes, con un anuncio de lluvia que podría mantener el descenso de la temperatura. Sin embargo, los meteorológicos coinciden en que también se prevén fuertes ráfagas de viento.

Ese factor obstaculizó este lunes la operación de los 20 medios aéreos que están a disposición para realizar descargas de agua en la zona afectada.

“El viento de hasta 25 kilómetros y algunas lluvias es alentador para poder desplegar la estrategia en el terreno, pero las ráfagas que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora echan por tierra el optimismo que tenemos”, indicaron a Infobae fuentes del Sistema Provincial de Incendios de Chubut.

El secretario de Medio Ambiente de la provincia, Juan José Rivera, explicó que “la precipitación que se registró a última hora del lunes fue insuficiente, sobre todo por que se mantuvo el viento fuerte.

El descenso de la temperatura permite a los brigadistas ingresar a las zonas calientes. El domingo pasado la tarea fue compleja, debido a que las ráfagas obligaron a los brigadistas a replegarse e incluso las llamas obligaron la interrupción del tránsito en las rutas del lugar.

Son más de 550 los brigadistas que continúan trabajando tanto en el Parque Nacional Los Alerces como en territorio provincial. “Tenemos brigadistas de todo el país, coordinados con el sistema provincial de incendios y la Agencia Federal de Emergencias. Es un operativo descomunal, que tiene como objetivo detener el avance del fuego” aseguró el funcionario.

Un dato alentador es que el incendio avanza a zonas despobladas, por lo que no hay bienes particulares en riesgo.

Ambos incendios arrasaron con más de 47 mil hectáreas de vegetación diversa. Destruyeron galpones y viviendas, vehículos y causaron pérdidas millonarias en sectores productivos.

“Perdí todo lo que tenía, los pocos animales que pastaban en el campo familiar de 2 hectáreas e incluso el vehículo con el que realizábamos trabajos en la zona”, aseguró Aníbal Huentecura, poblador de Cholila, quien decidió refugiarse en la vivienda de familiares que residen en Esquel “hasta que la situación se normalice”. “No tengo nada que hacer en el lugar, es todo desolación, tizne y carbón, restos de lo que hasta ahora era mi forma de vivir”, se lamentó.

El Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que continúa activo el incendio en jurisdicción provincial en el sector Villa Lago Rivadavia, dentro del área de influencia del Parque Nacional Los Alerces.

El personal trabajó con equipos de agua y herramientas manuales, aprovechando que no se registraba propagación aérea, lo que facilitó las tareas de combate. En esa zona, brigadistas y bomberos voluntarios concentraron esfuerzos en la defensa de dos viviendas de la Eco Aldea, logrando evitar que fueran alcanzadas por el fuego.

En tanto, en la zona de Villa Lago Rivadavia y Simón Marchand no se registraron reactivaciones, mientras que en el sector Villarino tampoco se reportaron focos de magnitud.

En el área del morro se construyeron líneas cortafuegos con herramientas manuales, desde la parte alta hacia la base, y se realizaron enfriamientos con autobombas de Bomberos Voluntarios de Esquel y un camión Unimog de particulares. Además, una cargadora trabajó en la apertura de fajas para rodear y contener puntos calientes.

El esfuerzo de los brigadistas, medios aéreos y distintos organismos de combate en tierra parece insignificante ante la voracidad del fuego que durante el fin de semana avanzó sin freno, alimentado por fuertes ráfagas de viento que incluso obligaron a suspender la lucha. Este lunes retomaron el combate, tras suspenderlo por el avance sin control de las llamas, que incluso obligó a cortar dos rutas. El fuego arrasó con 50 mil hectáreas, entre los dos siniestros.

En varios sitios los combatientes debieron replegarse para estar a salvo de la voracidad del incendio, que se acercó a las rutas provinciales 71 – cerca del cruce con la 40- y la 15, y obligó a su cierre preventivo. Este lunes el tránsito en ambas fue reestablecido.

El optimismo de quienes están en el frente de combate es la ventana climática que anticipan los pronósticos, con dos días en los que la temperatura descenderá y se registrarán algunas lluvias aisladas.

“Menos de 4 milímetros de agua no ayuda, pero sí que baje la temperatura y que el viento esté en calma. Si llueve pero hay viento, es lo mismo que nada porque el fuego va a avanzar como hasta ahora”, explicó uno de los brigadistas que el gobierno de Río Negro envió a Chubut para colaborar con el combate.

El fuego arrasó con 50 mil hectáreas, sumando el siniestro que comenzó en Puerto Patriada hace casi un mes y el del Parque Nacional Los Alerces, que tuvo su origen en diciembre pasado.

De acuerdo a la información que aportó la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el fuego en el incendio que está en jurisdicción provincial está contenido, aunque el avance se registra en el siniestro que afecta el Parque Nacional, donde ya arrasó con 24 mil hectáreas de vegetación autóctona, pinares y pastizales bajos.

Hay poblaciones que siguen bajo riesgo por la presencia de focos de grandes dimensiones en los alrededores. Los pobladores de Cholila están rodeados por las llamas, pero el comportamiento de los distintos focos les permite permanecer en el lugar, sin ser evacuados.

La diversificación de los focos obliga a los equipos a implementar estrategias de distribución de recursos en los distintos frentes, para tratar de circunscribir el fuego en una zona limitada y evitar su expansión.

Sin embargo durante el fin de semana esa planificación quedó obsoleta por la voracidad del fuego, alimentado por las fuertes ráfagas de viento que incluso complicaron la tarea de los medios aéreos.

Las provincias de la Patagonia se mantienen bajo emergencia ígnea y por ello fortalecieron los controles y la fiscalización en sitios sensibles. Dicha labor no sólo provocó una disminución en los focos registrados, sino que además el ataque rápido permitió desactivarlos antes de su propagación.

A fin de la semana pasada, luego de jornadas de calor extremo – con temperaturas superiores a los 32 grados- se registraron tormentas eléctricas que provocaron incendios forestales.

Uno de esos episodios ocurrió en inmediaciones de la ruta 40, entre Bariloche y Villa la Angostura, aunque los brigadistas lograron neutralizar el fuego en minutos y evitaron su propagación.

“Hubo varios focos provocados por descargas durante la tormenta eléctrica, aunque todos fueron neutralizados”, informó el Parque Nacional Nahuel Huapi.

El ataque rápido, en esos casos, es esencial. El incendio del Parque Nacional Los Alerces comenzó durante una tormenta eléctrica y los voluntarios actuaron durante varios días hasta que lograron contener el fuego.

Sin embargo, por motivos que la Justicia Federal investiga, la zona afectada quedó sin control y por el viento volvió a reactivarse. El caso dio origen a una causa penal que tramita el fuero federal en la localidad de Esquel.

El fuego que desde hace días consume miles de hectáreas en el sur argentino sigue activo y preocupa. La expansión de los focos obliga a que los brigadistas estén distribuidos en los distintos frentes, con el objetivo de proteger recursos naturales y bienes personales, tanto en el incendio del Parque Nacional Los Alerces, como el que está situado en jurisdicción provincial.

Se trata del mayor incendio registrado en la provincia patagónica, tanto por la dimensión de la superficie afectada – que entre ambos supera las 45 mil hectáreas- como por el tiempo que lleva en actividad.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) conformó un comando unificado, junto a Parques Nacionales y el Servicio Provincial de Lucha contra el Fuego, del que participan distintas fuerzas de seguridad y organismos que dependen del Estado Nacional y provincial.

Uno de los focos comenzó en diciembre pasado en jurisdicción del Parque y se reactivó luego de estar contenido algunas jornadas.

Desde el organismo que coordina el combate de ese incendio aseguran que fueron los factores climáticos los que incidieron para su reactivación. Los pobladores, sin embargo, cargan responsabilidades en la planificación para su extinción completa.

En ese sentido, la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva del Parque Nacional Los Alerces impulsó una denuncia penal contra las autoridades del área protegida, por una presunta negligencia en el abordaje inicial del incendio que arrasó miles de hectáreas de bosque nativo en la Patagonia.

De acuerdo a lo manifestado por el presidente de la entidad, Juan Zuoza, el avance del fuego se habría visto favorecido por la falta de activación oportuna de los recursos disponibles, lo que impidió un ataque temprano y coordinado que, según sostuvo, podría haber limitado la magnitud del siniestro.

Mientras tanto el gobierno nacional decretó la emergencia ígnea en esa y otras provincias del país. El gobernador chubutense Ignacio Torres impulsó el reclamo ante la Casa Rosada para lograr el decreto, con el acompañamiento de los mandatarios de Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, La Pampa y Tierra del Fuego.

En Río Negro no se registraron focos de magnitud en lo que va de la temporada. El gobernador Alberto Weretilneck ordenó a funcionarios de su gabinete que se trasladen a la zona cordillerana para impulsar un fuerte operativo de prevención y control en zonas rurales. Dotó a los combatientes de equipos para optimizar el ataque rápido e incluso contrato un Helicóptero Sikorsky, de grandes dimensiones, para destinarla a tal fin.

“No se puede festejar, sobre todo cuando las condiciones climáticas aún son favorables para la propagación de incendios, pero se está realizando un fuerte trabajo de prevención, con buenos resultados por el momento” afirmaron desde el gobierno rionegrino.

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) informó este viernes que son 518 los combatientes que se encuentran operando en Chubut, tanto en la línea del fuego como realizando tareas de logística y operativas. Personal que depende del organismo trabajan tanto en el incendio de Puerto Patriada, en jurisdicción provincial, como en el que está activo en el Parque Nacional.

El organismo, a través de un comunicado, reportó la operación de helicópteros, hidroaviones, anfibios y aeronaves de observación, meteorólogos y vehículos terrestres.

Para el combate del fuego se conformó el Comando Unificado y participan brigadas de la AFE, Policía Federal, SPLIF (Río Negro), brigadistas de distintas provincias, Gendarmería Nacional, Ejército, Vialidad Nacional y federaciones de bomberos de distintas localidades aledañas.

Chubut estuvo todo el mes de enero bajo fuego. Los dos incendios que afectan territorio provincial y el Parque Nacional Los Alerces avanzan sin control en dirección a poblaciones y zonas rurales, luego de arrasar con toda la vegetación que por delante. Tras una ventana climática incipiente y una precipitación irrelevante, se esperan días con temperaturas por encima de los 30 grados.

Los dos incendios arrasaron con unas 45 mil hectáreas. “Termina enero y estuvimos todo el mes bajo fuego”, se lamenta Luciana Estevez, una pobladora de la zona afectada, quien pudo resguardar su vivienda pero perdió gran parte de sus animales.

La tregua climática de comienzos de semana ralentizó el avance del fuego pero los escasos milímetros de lluvia no fueron suficientes para apaciguar la voracidad de las llamas.

El panorama es incierto. “Si no llueve pronto, difícilmente podamos detener los incendios”, dijeron a Infobae desde el Servicio Provincial de Incendios de Chubut.

Los pronósticos meteorológicos coinciden en que se esperan varias jornadas de temperaturas elevadas, con registros superiores a los 30 grados y viento constante.

Este miércoles los medios aéreos no pudieron operar de forma completa por las condiciones del ambiente, como la escasa visibilidad.

El objetivo de los brigadistas es resguardar espacios productivos, viviendas particulares y ganado en pie.

En Cholila, la Fundación Cruzada Patagónica tiene con una escuela agrotécnica y lanzó una campaña para dotar de equipamiento útil para resguardarla. El fuego permanece cerca del edificio educativo, por lo que el riesgo es alto.

Directivos y docentes trabajan en tareas preventivas, con el humedecimiento del perímetro, tanto del área escolar como de los sectores productivos. El cuerpo directivo además colabora con otros establecimientos educativos de la zona, como las escuelas 80 y 727 que también están en riesgo.

En algunos sectores donde el fuego arrasó, las autoridades comenzaron con la reconstrucción de viviendas y servicios, que fueron devastados por el fuego.

Hernán Tórtola, secretario de Infraestructura, Energía y Planificación del gobierno de Chubut, dijo que la provincia “comenzó la reconstrucción del sistema energético que fue arrasado por las llamas, para reestablecer los tendidos y el servicio”.

Además comenzó el relevamiento para construir viviendas. En ese sentido, el gobernador Ignacio Torres anunció la construcción de 73 viviendas afectadas por los incendios en El Hoyo, Epuyén y Cholila.

Las unidades que se construyen en las tres localidades representan una inversión provincial superior a los $3.500 millones.

Son más de 500 los brigadistas que luchan en los distintos frentes, tanto en el incendio que comenzó en jurisdicción provincial como el foco que tuvo su origen el 9 de diciembre pasado y se reactivó luego de haber sido contenido.

Viento, sequía y forestaciones, los principales escollos

Las condiciones meteorológicas son cruciales para la lucha contra el fuego. La región afectada por el fuego se caracteriza por vientos fuentes y constantes, con ráfagas que alcanzan y superan – en ocasiones- los 50 kilómetros por hora.

La sequía registra índices históricos, tanto por lluvias escasas como por la ausencia de nevadas en invierno. “La tierra es un polvorín, cuando algo arde es casi imposible detenerlo”, sostienen los especialistas.

Los bosques implantados por productores forestales son otro factor determinante. “Existen algunos tipos de pino que alimentan el fuego de manera sorprendente”, aseguran. Mencionaron incluso que las piñas de los pinos actúan como agentes aceleradores, aumentando la severidad del fuego y facilitando su propagación.

Al calentarse, las piñas pueden estallar y dispersar semillas a grandes distancias. Además, los pinos exóticos generan más combustible y, tras el fuego, sus semillas germinan con éxito del 90%, creciendo cuatro veces más rápido que las especies nativas, lo que perpetúa un ciclo de incendios más voraces.

Un leve descenso de la temperatura y una garúa suave, registrados este martes a la tarde y miércoles a la mañana, ralentizaron el avance del fuego, que se mantiene activo y con múltiples frentes, mientras los combatientes trabajan para tratar de detener el avance.

Los lugareños son escépticos con la ventana climática y creen que “sólo las lluvias que se esperan para abril podrán detener el avance del fuego”.

La especulación sirve para dimensionar el desastre ambiental, que afecta territorio provincial y bosques situados dentro del Parque Nacional Los Alerces.

El último de ellos, que comenzó el 9 de diciembre pasado, atravesó la jurisdicción federal e ingresó a tierras chubutenses, donde cobró fuerza al unirse con el otro incendio que comenzó en Puerto Patriada.

Mientras el fuego arrasa con vegetación autóctona y bosques implantados, la Justicia Federal inició una investigación para determinar si el desempeño de quienes coordinan el operativo de lucha contra las llamas fue el adecuado para frenar el avance de los focos ígneos.

La investigación está enfocada en el incendio que comenzó el 9 de diciembre pasado en inmediaciones del lago Menéndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, y avanzó luego a territorio provincial, donde se unió a otro incendio desatado dentro de jurisdicción chubutense.

El fiscal federal Santiago Roldán comanda la pesquisa, que tiene como finalidad determinar la actuación y posible responsabilidad penal de los funcionarios competentes en el manejo del fuego en el siniestro que continúa activo.

El fuego comenzó por una descarga eléctrica y fue controlado. Sin embargo por las temperaturas elevadas y las fuertes ráfagas de viento, se reactivó y avanzó aún con más fuerza, afectando una superficie superior a la que había consumido en la primera etapa.

Como parte de la investigación, la fiscalía descentralizada solicitó informes a la Administración de Parques Nacionales y al Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

“No hay dudas sobre cómo comenzaron las llamas, pero sí acerca de si el operativo implementado para combatirlo fue el adecuado o hubo negligencias” indicaron fuentes judiciales a Infobae.

Un leve descenso de la temperatura y una tenue llovizna registrada este martes mejoró las condiciones del combate, aunque el fuego permanece activo y fuera de control.

Las llamas consumieron unas 40 mil hectáreas, sumando el siniestro que comenzó en el Parque Nacional como el que tuvo su origen en Puerto Patriada, una villa turística ubicada en el norte de la provincia patagónica. Arrasó con cientos de animales, galpones y viviendas. “Esto es dramático, perdimos todo y lo que era un paraíso, hoy está teñido de grises”, se lamentan los pobladores de Cholila, otra localidad turística que estuvo en vilo al quedar sitiada por el fuego.

Son más de 500 los combatientes que luchan en los distintos frentes, más una decena de medios aéreos que opera cada vez que las condiciones meteorológicas lo permiten.

La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que continúa trabajando en el terreno junto a la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut.

El descenso de la temperatura de este miércoles, con máximas que rondan los 15 grados, desaceleró el avance del fuego aunque el viento previsto para las jornadas siguientes mantiene el alerta máxima.

“Se esperan lluvias aisladas hasta el mediodía con montos estimados menores a 1 mm sobre las zonas Este del incendio, mientras que hacia el Oeste podrían registrarse acumulados más significativos, entre 1 y 2 mm acumulados en 24 horas”, indicó el organismo nacional.

Además de la lucha diurna, los organismos que combaten el fuego mantienen guardias nocturnas de prevención y enfriamiento de puntos calientes para evitar rebrotes.

El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, explicó que “se registra una lluvia desde la madrugada, poca cantidad pero con continuidad”, y señaló que se intenta determinar con precisión la cantidad de milímetros caídos. Según indicó, el Servicio Meteorológico Nacional prevé que las precipitaciones podrían repetirse en los próximos días, lo que genera expectativas de alivio en una región duramente castigada por el fuego.

Si bien aclaró que este tipo de lluvias no apagan un incendio de gran magnitud, remarcó que su incidencia es clave para frenar el avance del fuego. “Todo sirve para empezar a controlar el incendio: cortar el avance, trabajar sobre los puntos calientes y evitar que se propague, incluso en la cola del incendio”, sostuvo.

Oliva también puso el foco en el desgaste del personal que combate las llamas. “Los bomberos están cansados. Son alrededor de 20 días de trabajo con guardias permanentes y rotaciones constantes. Hubo un agotamiento físico y también moral, porque muchas veces el trabajo realizado se veía anulado rápidamente por el viento”, describió.

Este lunes arribaron varios contingentes de brigadistas provenientes de distintas provincias del país y también de Chile, que envió cuadrillas para contribuir al combate por tierra.

Mientras tanto los medios aéreos operan de forma esporádica, según las condiciones climáticas y la visibilidad, que por momentos es nula por efecto del humo.

Con maquinaria pesada para la apertura de cortafuegos y autobombas los brigadistas hace casi 50 días que no descansan. De hecho, en la tarde del lunes 26 mientras los medios aéreos aún podían seguir trabajando incansablemente en las ventanas de “buena meteorología”, el grupo de brigadistas en tierra tuvo que replegarse por las condiciones muy adversas.

“Dejamos de tratar de frenar el incendio y nos tuvimos que enfocar en la protección de las poblaciones cercanas, ese objetivo lo logramos pero el fuego avanza sin control” dijeron desde la Agencia Federal de Emergencias (AFE), e hicieron hincapié en que “la protección del ecosistema también forma parte de la lista de prioridades.

El fuego está ubicado en el brazo sur del Lago Menéndez y en los alrededores de los lagos Verde y Rivadavia. Por la situación climática, los dos incendios activos avanzaron hacia los alrededores de Cholila, una villa turística ubicada en el perímetro del lago homónimo, y amenazaron con avanzar hacia Esquel.

Uno de los incendios, el que se desató en el Parque Nacional Los Alerces, comenzó a principio de diciembre por razones naturales, durante una tormenta eléctrica. El fuego fue contenido en una primera instancia pero por las altas temperaturas y la falta de vigilancia, se reactivó con mayor intensidad.

Los lugareños trabajan día y noche movilizando sus animales a sitios seguros. “No tenemos opción, perdimos mucho ganado y tratamos de rescatar lo poco que nos queda”, sostuvo Hugo Huenelaf, quien aseguró que está enfocado en esa labor desde hace una semana.

El último reporte que emitió Parques Nacionales señala que “la ventana de ventilación permitió las operaciones con medios aéreos desde la mañana sobre los sectores de Lago Menéndez, Pasarella Arrayanes - Bahía Rosales, Laguna Froilán y Población Neira – Portada Norte”. El informe reconoce que durante la tarde del lunes, el fuego incrementó su actividad.

Los lugareños creen que “no hay forma de detener las llamas, sólo varios días de lluvia podrían aplacar su voracidad y contener el avance”.

Las ráfagas de viento, en las últimas horas, alcanzaron los 50 kilómetros por hora, con una temperatura cercana a los 28 grados. Esos factores provocaron un comportamiento extremo de los focos principales y su reactivación.

Los pobladores confían en que un descenso de la temperatura y una precipitación tenue, previstos para este martes, podría contribuir al combate del fuego. Sin embargo, el extendido anticipa jornadas calurosas para miércoles y jueves, con temperaturas que podrían superar los 30 grados.

La crítica situación es monitoreada minuto a minuto por los organismos que combaten el fuego. Se trata del incendio que se originó en la zona norte del Parque Nacional Los Alerces y del siniestro que comenzó el 5 de enero pasado en Epuyén. Por efecto del viento, el calor y la sequía, las llamas avanzan hacia Cholila, una villa turística elegida por cientos de visitantes, muchos de ellos amantes de la pesca.

“Cholila está sitiada” aseguran los lugareños, quienes están listos para dejar sus emprendimientos y viviendas, ya que la evacuación es inminente. Hay diez medios aéreos disponibles para pelear contra el fuego, pero el viento – durante la tarde del domingo- impidió la actividad aérea. De acuerdo a lo que aseguran los especialistas, el fuego podría avanzar hacia Esquel. La situación es crítica. Las autoridades de Chubut sostienen que la situación llegó a un punto “de gravedad extrema”.

Cholila se encuentra actualmente en una situación de “pinza” por la convergencia de los dos incendios hacia la zona poblada.

El fuego avanza sin control. La combinación de una sequía histórica y vientos erráticos ha generado un escenario de incertidumbre total para los pobladores, quienes describen un panorama dantesco donde el fuego parece devorarlo todo a su paso. Durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes, los pobladores registraron en fotos imágenes inéditas, con el cielo enrojecido por el avance descontrolado del fuego.

La coordinadora del Comité de Emergencia de Chubut, Laura Migrantes confirmó que el incendio de Puerto Patriada, que se consideraba contenido en un 85%, ha vuelto a estar totalmente activo y fuera de control.

Otra población cercana ubicada sobre el lago Rivadavia, donde residen unas 130 personas, fue evacuada en las últimas horas. Uno de los frentes del fuego superó barreras naturales tras atravesar el Cañadón de los Ariscos.

Actualmente, las llamas se ubican detrás del cordón montañoso del Blanco con una trayectoria directa hacia el campo de Daher, lo que representa una amenaza para la conectividad de la Ruta Provincial 71 y la seguridad de las estancias y parajes de Villa Lago Rivadavia.

La mayor urgencia ayer se registró en el sector de Villa Lago Rivadavia, donde las condiciones climáticas complicaron la situación, con una temperatura de 30° y vientos de 50 km/h, el incendio logró sortear las líneas de defensa y se posicionó a escasos metros de las viviendas.

Ante la inminencia del peligro y la densidad del humo, las autoridades procedieron a realizar evacuaciones preventivas de varias familias para salvaguardar la vida de los pobladores. En el área, equipos de brigadistas trabajan para contener focos que se reactivan de manera constante.

Las tareas de control se ven dificultadas por una humedad relativa muy baja y temperaturas que oscilan entre los 23 y 30°C, factores que, según fuentes del operativo, anulan gran parte de los esfuerzos de enfriamiento realizados durante las horas de la madrugada.

Este incendio se suma a otros focos registrados en las últimas semanas. El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que algunos siniestros fueron provocados de manera intencional y que se está investigando para identificar a los responsables. Las condiciones climáticas adversas han dificultado las labores de extinción y favorecido la propagación de las llamas.

Las autoridades han calificado esta temporada de incendios como la peor tragedia ambiental en 20 años.

“Es la peor tragedia ambiental en 20 años” aseguró Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut.

La situación se focaliza únicamente en la provincia de Chubut, mientras que en Bariloche y El Bolsón – dentro del territorio rionegrino – no se registran incendios y la temporada de verano se realiza con normalidad.

El incendio, que comenzó el 5 de enero pasado, consume cientos de hectáreas de vegetación autóctona, bosques implantados y vegetación baja. Este jueves, las autoridades cortaron la circulación de vehículos en la ruta 40 debido a que uno de los flancos cruzó la traza entre las localidades de Epuyén y El Hoyo, y ordenaron la evacuación de la primera de esas localidades.

A las 8 de este viernes, la ruta fue habilitada para el tránsito vehicular. El fuego comenzó cerca de una ruta provincial, en inmediaciones de Puerto Patriada, una villa turística situada en una de las márgenes del lago Epuyén.

En ese lugar, diez viviendas fueron arrasadas por el fuego y el pueblo fue evacuado por prevención. Entre todas las poblaciones, hubo más de 3 mil evacuados en pocos días.

La fiscal general a cargo de la investigación, Débora Barrionuevo, aseguró que existen múltiples indicios que permiten presumir que el foco ígneo fue intencional.

La funcionaria judicial explicó que el perito de incendios trabajó en el lugar el martes 6 de enero, un día después del inicio del siniestro. “El inicio del incendio fue aproximadamente a 300 metros del camino, sobre una loma, en un bosque, no fue sobre la ruta ni en un lugar cercano a viviendas”, especificó, y aclaró que trabajan para determinar qué tipo de combustible se utilizó para iniciarlo.

Además, Barrionuevo confirmó que en ese sector “el perito pudo ubicar el foco inicial y con su instrumental detectó la presencia de combustible”, aunque aclaró que aún resta determinar de qué tipo se trata. “Vamos a establecer si es nafta, gasoil, aceite u otro líquido acelerante, una vez que estén los resultados de las pericias y de las muestras de suelo tomadas”, señaló.

El gobierno nacional atribuye el desastre ambiental a la existencia de grupos radicalizados identificados como comunidades autoproclamadas como mapuches.

Durante la madrugada de este viernes, el municipio de El Maitén, otra localidad ubicada a 15 kilómetros en línea recta del lugar donde está la cabeza del incendio, aconsejó a los pobladores que estén preparados para una posible evacuación.

Las poblaciones de El Coihue y Buenos Aires Chico están en alerta por el avance del fuego. El gobierno local puso a disposición un gimnasio municipal para recibir a los potenciales evacuados, aunque por ahora la medida “es preventiva”.

Los siete medios aéreos que están a disposición del combate no pudieron operar el miércoles, mientras que el jueves sólo lo hicieron durante un lapso breve porque por una inversión térmica, la columna de humo quedó suspendida sobre el incendio y dificultó la visibilidad.

El Boeing 737 Fireliner del gobierno de Santiago del Estero, con capacidad de descarga de 15 mil litros, realizó un lanzamiento en la zona de Epuyén aunque no pudo seguir operando por ese factor climático.

Los coordinadores del siniestro confían en que hoy las condiciones serán mejores para garantizar su operación y la de otros medios aéreos de menor capacidad.

Incendio en Los Alerces

En paralelo, otro siniestro similar pone en vilo a poblaciones del Parque Nacional Los Alerces. Se trata de otro incendio que afecta una zona de reserva en el extremo norte de Chubut.

El fuego comenzó en diciembre pasado, fue contenido pero se reactivó por la sequía y las temperaturas elevadas.

Parques Nacionales informó que el objetivo de los brigadistas ya no es tratar de detenerlo, sino que se enfocan en la preservación de poblaciones ubicadas dentro de la jurisdicción federal.

“Los trabajos planificados se mantienen enfocados en proteger la vida y los bienes de las personas, con una estrategia interjurisdiccional en coordinación permanente con la Agencia Federal de Emergencias (AFE) y la Provincia del Chubut” informó Parques Nacionales, a través de un comunicado.

En ese incendio trabajan combatientes del Parque Los Alerces y también combatientes de los Parques Nacionales Lago Puelo, Nahuel Huapi y Lanín, y de la Federación de Bomberos Voluntarios del Chubut.

La temperatura en la región rondó los 29 grados, con una humedad mínima y fuertes ráfagas de viento. Esas condiciones podrían extenderse hasta mediados de la semana próxima, cuando se estima una precipitación de lluvia que podría contribuir para aplacar la voracidad del fuego.

En estas condiciones extremas, el operativo se enfocará durante las próximas jornadas en la protección de viviendas de los pobladores, la infraestructura de los prestadores turísticos y las estructuras operativas del Parque Nacional Los Alerces.

Fuego en El Chaltén, provincia de Santa Cruz

Otro incendio forestal activo está ubicado en el cerro El Huemul, en cercanías de El Chaltén, donde medios aéreos y combatientes en tierra trabajan desde hace varios días para controlar el avance ígneo.

Tanto en ese sitio como en los otros siniestros, el Ministerio de Defensa y Las Fuerzas Armadas colaboran con el aporte de medios aéreos y personal en tierra, en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias (AFE).

La intervención se orienta a brindar ayuda humanitaria, apoyo logístico y fortalecer las capacidades operativas para contribuir a la protección de los recursos naturales, la vida y la propiedad de los argentinos.

El Ministerio de Seguridad de la Nación hizo referencia a la existencia de “grupos terroristas”, identificados como comunidades mapuches, “con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental”.

La mención figura en un comunicado oficial que compartió la titular de la cartera, Alejandra Monteoliva, y coincide con la afirmación del gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien mencionó la existencia de “violentos, con delirios revolucionarios y anarquistas que cometen estos delitos para repeler el turismo, generar caos y sembrar miedo en la comunidad”.

El gobierno provincial anunció una recompensa de $50 millones para quien aporte datos certeros sobre la autoría del incendio en Puerto Patriada, en el extremo norte del territorio, luego de confirmar que el fuego fue provocado intencionalmente.

La investigación oficial, que encabeza de oficio la justicia ordinaria chubutense, incorpora documentación probatoria para dar con los autores. Sin embargo, Héctor Iturrioz, ministro de Seguridad del gobierno de Torres, relacionó los incendios con el misterioso hallazgo de explosivos en sitios inhóspitos, que fueron secuestrados por la Policía local.

Durante los incendios de 2025, el ejecutivo patagónico relacionó los incendios con la usurpación de tierras fiscales en el Parque Nacional Los Alerces y mencionó al mapuche Ernesto Cruz Cárdenas como presunto responsable de los atentados incendiarios. La acusación pública despertó múltiples cuestionamientos de parte de comunidades mapuches, aunque la investigación no prosperó.

Cruz Cárdenas está en libertad, luego de ser condenado por la usurpación de un predio perteneciente a Parques Nacionales en El Maitenal, una seccional de Parques Nacionales ubicada en Los Alerces.

Estuvo prófugo y fue capturado y juzgado, pero desde agosto de 2025 no realizó apariciones públicas ni declaraciones mediáticas. “Difícilmente tenga algo que ver con el incendio de Puerto Patriada”, arriesgaron los investigadores.

Horas antes del foco inicial, el lunes pasado hubo amenazas telefónicas en las que anunciaban incendios en la jurisdicción. Las comunicaciones, efectuadas a una central de brigadistas forestales, forman parte de la investigación.

Torres, antes de mencionar la existencia de grupos violentos, aclaró que con la mayoría de las comunidades mapuches de la región “existe buena convivencia”. Dijo que “son gente de bien y de trabajo, y pertenecen a comunidades legalmente inscriptas”.

El ministerio que conduce Monteoliva mencionó que el organismo colabora de manera activa con la lucha contra el fuego. “La Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera de manera plena, permanente y coordinada en todo el territorio nacional, y en particular en la provincia de Chubut para combatir los incendios forestales, mediante el despliegue de aviones hidrantes y helicópteros, brigadistas, bomberos de fuerzas federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia”, menciona el comunicado.

Además, el escrito describió que el 95 por ciento de los incendios forestales tienen origen humano. “En la zona no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, aseguró el organismo.

Más de 200 brigadistas y combatientes trabajando en tierra, seis medios aéreos y un centenar de trabajadores en labores de logística buscan frenar el avance del fuego en el norte de Chubut, que ya arrasó con 2000 hectáreas de vegetación autóctona y bosque implantados, y obligó la evacuación de dos villas turísticas situadas en la periferia del lago Epuyén.

El fuego avanza sin control y afecta tanto a Puerto Patriada como a Epuyén, dos localidades cercanas que rodean el lago homónimo, en el extremo norte de la provincia patagónica.

El ministro del Interior Diego Santilli se reúne hoy en Esquel con el gobernador Ignacio Torres, como parte de la gira que el funcionario nacional comienza por el país para negociar con los gobernadores el acompañamiento a la reforma laboral. Sin embargo, la contingencia por el incendio podría ocupar parte del cónclave.

Sofía Cerela, presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo, fue tajante sobre el estado de situación en la zona del devastador siniestro: “El incendio continúa activo y por el momento está lejos de ser controlado. Toda la capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos”.

Torres remarcó que la prioridad absoluta es controlar el fuego y garantizar la seguridad de vecinos y turistas. En ese sentido, destacó el trabajo coordinado entre brigadistas provinciales, nacionales y equipos enviados desde otras provincias, y subrayó que “no hay distintas jurisdicciones cuando se trata de combatir el fuego”.

Según lo que declaró Torres -en base a las investigaciones preliminares- el origen de las llamas fue intencional. Por su parte, el ministro de Seguridad de la provincia patagónica, Héctor Iturrioz, confirmó que “hay una investigación de oficio, en la que se reúne todo el material probatorio posible”.

Días atrás se encontraron artefactos explosivos en sitios recónditos de Epuyén, lo que podría ser considerado una evidencia para la investigación en curso sobre la presunta intencionalidad. Además hubo comunicaciones telefónicas que anticipaban un incendio de magnitud en la región.

“Hubo una llamada, concretamente a la Brigada provincial, amenazando con prender fuego nuevamente este lugar, que es una base que reconstruimos porque en su momento se había abandonado, y hoy funciona de manera interjurisdiccional con las provincias de Río Negro y Neuquén”, y agregó que “el ministro de Seguridad, junto con la Fiscalía y la Procuración, están llevando adelante las investigaciones correspondientes”.

Por otro lado, las condiciones climáticas son adversas –con temperaturas elevadas y sequía extrema- y un pronóstico que no anticipa precipitaciones para los próximos ocho días.

Además, los recursos puestos a disposición resultan insuficientes para contener el fuego, motivo por el que los brigadistas priorizan la conservación de estructuras edilicias.

Proyecto para declarar la emergencia

El flamante senador por Río Negro, Martín Soria, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia ambiental, económica y habitacional en las provincias de Río Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y lanzó críticas al gobierno central, al que acusó de debilitar el sistema de combate contra las llamas.

“Mientras Milei recorta el 69% del presupuesto del Programa de Manejo del Fuego, nuestros bosques patagónicos están en llamas”, denunció en su cuenta de X al anunciar la presentación del proyecto.

El proyecto establece la declaración de emergencia en los territorios afectados y habilita al Poder Ejecutivo a destinar fondos extraordinarios, reforzar los recursos para el combate del fuego y coordinar acciones entre Nación, provincias y municipios.

Soria enmarcó la iniciativa en una fuerte crítica al Gobierno de Javier Milei, al que acusa de haber debilitado la capacidad de respuesta del Estado por los recortes en el Programa Nacional de Manejo del Fuego.

Según el senador, la reducción presupuestaria agravó el impacto de los incendios y dejó a las provincias patagónicas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a una catástrofe ambiental que ya tiene consecuencias sociales y económicas.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, reestructura su equipo de trabajo luego de la dimisión de los integrantes más importantes de su equipo económico y de otros funcionarios de su gabinete como consecuencia de la severa crisis financiera que atraviesa el territorio austral.

Es la crisis más profunda que enfrenta el mandatario peronista, quien transcurre su segundo mandato al frente del Ejecutivo provincial.

La temperatura del desorden fueguino llegó a Casa Rosada, que no dejó pasar la chance para lanzar dardos al mandatario patagónico. El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a través de su cuenta de X, espetó: “Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va”, en un reposteo de una publicación en la que informaban sobre la dimisión masiva.

Melella fue reelegido en 2023 con el sello de la coalición Forja y contó con el respaldo del entonces presidente de la Nación, Alberto Fernández; su vice, Cristina Kirchner; y La Cámpora, entre otros dirigentes peronistas.

La confrontación entre el patagónico y el gobierno central lleva varios capítulos. A las críticas a la administración fueguina “kirchnerista” responden con acusaciones por exceso de “centralismo y abandono” al interior más profundo. La discrepancia entre las administraciones quedó al desnudo cuando Javier Milei dejó afuera a Melella de la reunión con gobernadores, luego de las elecciones de término medio.

“No es casual que sea Tierra del Fuego la única provincia que no recibió un solo peso de ATN”, denuncian desde el sur.

Pero ahora el mandatario patagónico no solo se inquieta por lo que digan desde Casa Rosada. El 2025 concluyó con la dimisión de su equipo económico completo, que había anticipado la decisión varias semanas antes y se concretó una vez que se efectivizó el pago de sueldos de diciembre y aguinaldos, y una previsión para los compromisos salariales de enero.

El gobernador anunció que Francisco Devita, quien administró las finanzas hasta el 30 de diciembre, fue reemplazado por el contador público Alejandro Barroso Marte, alguien “con mucha experiencia en las finanzas públicas”.

En un mensaje que publicó en sus redes sociales, el mandatario aclaró que la “salida” de Devita fue consensuada hace dos meses “por un pedido personal”, buscando restar dramatismo a los cambios en el gabinete. “¿Cimbronazo? De ninguna manera, son cambios que ya estaban hablados”, intentaron aclarar allegados al gobernador. “No hay crisis, no hay fisuras, son cambios naturales que había que darlos, y no son los únicos”, agregaron.

“Nuestra provincia, a diferencia de otras, pudo pagar salarios de diciembre en tiempo y forma, pagamos aguinaldos en tiempo y forma, y vamos a pagar sueldos de enero de la misma manera, recurriendo a herramientas que siempre son necesarias, como puede ser el adelanto de copartipación”, dijo el gobernador en el preámbulo a un nuevo capítulo de críticas a Nación.

Allí, mencionó que el gobierno fueguino afrontó con recursos propios programas que abandonó el gobierno nacional.

“Son tiempos complejos, donde faltan los recursos, donde nuestra provincia se tuvo que hacer cargo de programas nacionales que la Nación abandonó”, aseguró el dirigente.

Junto a Devita, dejaron sus cargos el secretario de Finanzas, Eduardo Ignacio Almirón Denis, y la directora provincial de Hacienda, María de los Ángeles Vásquez. Renunció además Adriana Chapperón, quien estuvo al frente del Ministerio de Bienestar Humano.

Alfiles libertarios utilizaron sus redes sociales para inundar las plataformas con la noticia del desmembramiento del gabinete “kirchnerista” de Tierra del Fuego.

“Ya lo habíamos anticipado, Tierra del Fuego está quebrada. Tormenta de renuncias en el Ministerio de Economía y la realidad queda cada vez más a la vista: Melella no tiene rumbo. Es momento de que la libertad avance en Tierra del Fuego”, posteó el diputado libertario Santiago Pauli, quien hizo alusión a una publicación del 20 de diciembre en la que denunció al gobernador por pedir “adelantos a empresas para conseguir $20.000 porque no puede pagar aguinaldos”.

En la estructura oficialista del sur, la acusación a Casa Rosada es directa. “La apertura de importaciones puso en jaque la industria nacional y, principalmente, a la fueguina. Quieren quebrar al gobierno provincial. Es una maniobra adrede, porque buscan captar el territorio” denunciaron desde el ejecutivo provincial.

El gobierno nacional quiere que el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, siga detenido en una cárcel de máxima seguridad. La Justicia Federal, con dificultad, busca elementos para incriminar a la RAM en atentados e incendios.

La existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) parece debatirse entre la construcción discursiva de Facundo Jones Huala y su verdadera dimensión en los hechos.

El mapuche está preso desde junio pasado, denunciado por su relato durante la presentación de un libro que escribió desde la cárcel. El gobierno nacional y luego el de Río Negro lo denunciaron por incitar a la violencia colectiva y presunta asociación ilícita.

Cuando socializó el escrito, al que bautizó “Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria”, brigadistas y combatientes luchaban contra las llamas en distintos puntos de la Patagonia. Jones Huala justificó los atentados incendiarios y celebró la lucha anticapitalista a través de “cualquier método”. Incluso incendios.

El video que grabó su mamá Isabel Huala y subió a las redes, lo llevó a prisión hasta la actualidad. Está alojado en la cárcel de máxima seguridad de Rawson, en Trelew, a pesar de la insistencia de sus abogados de que quede libre o, en el peor de los casos, que sea alojado en una cárcel de seguridad media, en Esquel.

Jones Huala sostiene la existencia de la RAM pero sus abogados lo contradicen y sostienen que no es real. El convicto es el único que admite su pertenencia a esa organización e incluso es el único detenido en el marco de la investigación que impulsa la Justicia Federal.

El gobierno nacional rechazó el pedido judicial de trasladarlo a la unidad penitenciaria de Esquel, a pesar de la decisión del magistrado Gustavo Zapata de gestionar un cupo en esa dependencia.

Adujo razones de seguridad aunque en los últimos informes oficiales sobre su estadía en esa cárcel, obtuvo calificaciones positivas por su buena conducta.

“Es una clara demostración de que el Gobierno lo quiere preso, en una cárcel de máxima seguridad y donde no se cumplen en absoluto sus derechos ancestrales. No hay elementos para que siga detenido e incluso contradice lo que ordena la Justicia” aseguran desde su entorno.

La causa por la que permanece detenido fue configurada como investigación compleja, por lo que podría permanecer detenido hasta mediados de 2027.

La Fiscalía Federal, a cargo de Angela Pagano Mata, admitió en las últimas audiencias que trabaja a ritmo lento en la recopilación de pruebas y aseguró que “el objetivo es incriminar a la RAM en distintos atentados y hechos vandálicos”.

La principal dificultad investigativa es que Jones Huala no fue detenido durante la comisión de esos hechos, sino que en algunos atentados incendiarios aparecieron leyendas en las que la RAM se adjudicó esos episodios.

Para la defensa del mapuche, esos escritos “son insuficientes” para incriminar a Jones Huala e insistieron en que la existencia de la RAM “es ficticia”.

Durante su reclusión en Rawson, el activista hizo declaraciones aunque – a diferencia de otras apariciones públicas en prisión– no hizo alusiones violentas ni llamamientos a cometer delitos.

“Nosotros defendemos nuestra tierra mapuche. Por eso hoy nos ayudamos, nos respaldamos. Soñamos con trabajar en defender nuestra tierra, nuestro trabajo mapuche, nuestro conocimiento, buscamos un camino correcto y una palabra correcta. No escuchen a los mentirosos y malvados. Tengan fuerza, hay fuerza en nuestros territorios, a esa fuerza pídanle” dijo desde prisión.

La preventiva del “lonko” se extenderá hasta marzo, luego de prorrogarse a mediados de diciembre por 90 días. En la audiencia prevista para los primeros días de ese mes, los abogados insistirán en la libertad de su defendido y la Fiscalía, se cree, volverá a pedir la prórroga por otros tres meses más.

La simultaneidad de focos generó especulaciones sobre la presunta intencionalidad del siniestro, aunque los organismos oficiales aún no confirmaron las que los originaron.

La sequía extrema, la ausencia de precipitaciones y el viento constante dificultan el combate de las llamas, que avanzan sin control.

Puerto Patriada está ubicado en jurisdicción de El Hoyo, localidad que se encuentra en el límite con Río Negro. El intendente de esa ciudad, César Salamín, confirmó la pérdida de al menos diez viviendas y cuatro vehículos.

El jefe comunal confirmó la evacuación de unas 700 personas, entre pobladores y turistas que veraneaban en el lugar, donde funcionan varios camping y establecimientos alojativos.

“Gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Seguridad, Defensa Civil, Bomberos y todas las instituciones, la gente pudo ser evacuada de manera ordenada y sin mayores consecuencias”, sostuvo Salamín.

De acuerdo con la explicación que brindó el dirigente, “las casas que se quemaron eran prácticamente imposibles de defender por el bosque, la sequía y la cantidad de frentes activos”, y agregó que el incendio “no dio tregua en toda la noche, con viento y temperaturas altas”.

Este martes continúan los trabajos con máquinas viales, cortafuegos y brigadistas del Plan Nacional de Manejo del Fuego.

Seis medios aéreos pertenecientes al Plan Nacional de Manejo del Fuego y del gobierno de Chubut trabajan en el lugar, junto a más de 120 brigadistas en tierra.

La complejidad en la lucha contra el fuego no solo la brinda la adversidad climática, sino también la accesibilidad al sitio de combate, debido a que la villa turística cuenta con un único ingreso, a través de la ruta provincial 33.

El presidente de la Federación Chubutense de Bomberos, Rubén Oliva, explicó que trabajan en el lugar brigadistas y voluntarios de localidades aledañas.

“La cordillera completa es un lugar complicado en este momento por la sequía y la temperatura. Se desplazan móviles, pero no se pueden descuidar las localidades donde están cada uno de los cuarteles”, advirtió.

Uno de los principales desafíos del operativo es la geografía del lugar. “Puerto Patriada tiene un solo ingreso. Eso complica mucho, sobre todo cuando a través de la Policía se estaba sacando a la gente que permanecía en el lugar, tanto vecinos como la gran cantidad de personas que había a orillas del lago”, explicó, y agregó que “hay muchas viviendas dentro de la zona, con mucha vegetación alrededor”.

Respecto al tipo de vegetación, Oliva indicó que se trata de “vegetación implantada, típica de la zona, muy cercana a las viviendas”, lo que dificulta las tareas defensivas de las casas.

“Siempre se prioriza la vida de las personas y del personal interviniente, pero se trabaja para evitar la pérdida material”, sostuvo.

Por el momento, los organismos que trabajan en el incendio no aportaron datos sobre la superficie afectada.

Antecedente lamentable

En enero de 2025, otra localidad del norte de Chubut sufrió un incendio dantesco que arrasó con 70 viviendas particulares y consumió más de 3500 hectáreas de bosque nativo, vegetación achaparrada y plantaciones de especies exóticas (pinares).

En aquel momento, las condiciones climáticas eran similares a las actuales: registros históricos de sequía, vientos fuertes y temperaturas elevadas.

El fuego, que comenzó el 15 de enero, fue controlado tres semanas más tarde, con pérdidas cuantiosas en recursos naturales y estructuras edilicias.

Fue uno de los incendios más severos del norte de Chubut de los últimos años, luego de otro siniestro similar ocurrido en 2021, en el que las pérdidas también fueron cuantiosas.

La comunidad mapuche Paicil Antriao podría ser desalojada de un sector cercano a Villa la Angostura, debido a que el asentamiento obstaculiza el avance de la obra vial más relevante de la localidad neuquina, cuya ejecución está paralizada por el litigio territorial. Se trata de una ruta de 6,1 kilómetros de extensión, en cuatro carriles, que fue planificada para evitar la circulación de camiones de gran porte por el centro de la localidad turística.

Los vehículos de carga que utilizan el paso fronterizo Cardenal Samoré para cruzar la frontera entre ambos países, transitan por el casco urbano de la “Villa”. La ejecución de la obra presenta un avance importante, aunque en el tramo conocido como “Los Álamos” se mantiene un litigio territorial por la existencia de una comunidad mapuche, que mantiene otra docena de conflictos similares. Los mapuches defienden su preexistencia en el tramo por donde avanzará la ruta. Los lugareños, en cambio, sostienen que se instalaron allí cuando conocieron el recorrido que planificaron los ingenieros de Vialidad Nacional, como parte de una clara especulación inmobiliaria.

El caso está en manos de la Justicia Federal, con sede en Zapala. La misma comunidad sostiene otros conflictos similares, en los que defiende su presunta preexistencia ancestral y defiende su ubicación con ese argumento. “Es una clara maniobra de expansión intencionada, que no tiene otra finalidad con una especulación inmobiliaria y económica” aseguraron a Infobae fuentes con acceso al expediente.

El litigio comenzó antes de 2017, año en el que comenzaron los trabajos. La misma comunidad se adjudicó ataques vandálicos a la empresa que ganó el proceso licitatorio para ejecutar la obra. En octubre de 2022, dos hombres encapuchados emboscaron al cuidador del campamento vial y bajo amenaza lo obligaron a retirarse de allí. Incluso, según el relato de la víctima, gatillaron en reiteradas oportunidades, pero no lo lesionaron.

Momentos más tarde, varias máquinas pesadas que eran utilizadas para la construcción, fueron incendiadas. En el lugar aparecieron escritos en los que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudicaron el atentado. El atentado se produjo horas después del desalojo masivo de Villa Mascardi, en el que siete mujeres de la agrupación Lafken Winkul Mapu fueron detenidas durante el operativo que comandó la Policía Federal.

En uno de los escritos, los autores pedían por la liberación de las mujeres e hicieron alusión a otros conflictos territoriales de la Patagonia. “Fuera winka (hombre blanco) capitalista”, decía el texto antes de enumerar la constructora IRSA y empresarios con negocios en la zona como el británico Joe Lewis y las familias Benetton, Roemmers y el basquetbolista Manu Ginóbili, entre otros. “Nawel Wapi es territorio de la nación mapuche”, afirmaba el documento bajo el logo de la RAM.

Desalojo inminente Los lugareños confían en que la Justicia Federal ordenará el desalojo mapuche. La causa se instruyó por la presentación que realizó Vialidad Nacional para solicitar la liberación del recorrido. El magistrado Ezequiel Andreani cuenta en su escritorio con un informe que elaboró Gendarmería Nacional, en el que la fuerza brinda información sobre la conformación del asentamiento.

Andreani dio por concluida la etapa probatoria y quedó habilitado para dictar sentencia, una resolución que podría destrabar o redefinir el proyecto de infraestructura más importante de la localidad en los últimos años. El informe de Gendarmería incluye un relevamiento territorial, registros audiovisuales, identificación de habitantes, mediciones con GPS y vuelos con drones.

Según el informe, en el lugar se constataron más de 20 viviendas, muchas de carácter precario, ocupadas por familias completas, con niños y adolescentes. Cuando Vialidad Nacional solicitó el desalojo mapuche, la comunidad utilizó la misma estrategia de siempre como argumento e hizo alusión a su preexistencia en el territorio.

La misma comunidad tiene una orden de desalojo vigente en un predio perteneciente al municipio de Villa la Angostura, en la costa del lago Correntoso, y otros reclamos similares, la mayoría de los cuales tienen sentencia firme de desalojo.

El Tribunal Federal de Impugnación avaló la decisión del juez de garantías Gustavo Zapata de mantener en prisión al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, mientras la Fiscalía de Estado avanza en la investigación por los delitos que le endilgan.

Los abogados del activista cuestionaron la decisión que el magistrado adoptó a principio de diciembre, aunque el Tribunal avaló la medida y confirmó la decisión de mantenerlo tras las rejas durante otros tres meses.

Gustavo Franquet, miembro de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, insistió en la liberación de Jones Huala mientras se extiende la etapa investigativa e hizo foco en que el mapuche tiene arraigo en la región.

Está detenido por el delito de asociación ilícita, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva y apología del crimen, luego de sus dichos durante la presentación de un libro de autoría del mapuche, titulado “Entre Rejas. Antipoesía Incendiaria”.

Cuando socializó el escrito, Jones Huala dijo: “Soy un militante de la causa mapuche, soy revolucionario, anticapitalista, antisistema. Reivindico los sabotajes, las acciones de resistencia, de autodefensa, la rebelión frente a la opresión de la que siempre hemos sido objeto”.

Por esos dichos, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno rionegrino denunciaron a Jones Huala por los supuestos delitos mencionados.

Jones Huala fue detenido en junio y, desde entonces, está alojado en la Unidad Penitenciaria 6 de Rawson, una dependencia de máxima seguridad, que dependen de la Dirección Correccional de la Nación.

La fiscal Angela Pagano Mata y su auxiliar Juan Cruz Ohet solicitaron, el 5 de diciembre pasado, que Jones Huala continúe detenido. Dijeron que no buscan comprobar la autoría ni participación de Jones Huala en atentados o ataques incendiarios, sino “de la organización que lidera” el mapuche.

Para las últimas audiencias, los fiscales no lograron recolectar las suficientes pruebas para argumentar el pedido, pese a la solicitud del Tribunal. Sin embargo, atribuyeron la dificultad para acceder a material que sostenga la medida a la extensión geográfica donde habría actuado la RAM, aunque sus abogados respondieron afirmando que dicha agrupación es inexistente.

En la Audiencia de Revisión de la prisión preventiva, el Tribunal confirmó la decisión de Zapata y avaló que Jones Huala continúe detenido hasta marzo de 2026. Incluso, al ser configurada como una investigación compleja, el “lonko” podría permanecer preso hasta 2027.

Desde su captura, los abogados que lo defienden insisten en que no es indispensable que Jones Huala permanezca detenido y en caso de que no se revierta la decisión, solicitaron su traslado a la U14 de Esquel para estar cerca de sus familiares, que residen en Bariloche.

La Asociación de Guías de Montaña (AAGM) aclaró que el chef Christian Petersen no experimentó problemas de salud durante el tramo del recorrido que completó, aunque sí mencionaron que tuvo un cambio de actitud, motivo por el que los acompañantes del grupo convocaron a Gendarmería Nacional.

El chef permanece internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes producto de una falla multiorgánica durante una excursión de ascenso al volcán Lanín, de acuerdo al único comunicado que emitió el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén.

Sin embargo, luego de esa comunicación oficial, no hubo nuevos partes médicos para conocer su evolución médica. Autoridades del organismo neuquino atribuyeron la falta de información a un pedido especial de la familia.

El incidente que derivó en la internación de Petersen ocurrió el viernes 12 de diciembre durante una expedición al volcán Lanín, en la Patagonia argentina. El chef formaba parte de un grupo de excursionistas cuando el guía de la expedición notó un cambio de actitud en Petersen, quien decidió suspender el ascenso y regresar a la base.

La AAGM emitió un parte en el que explicó que Petersen completó un tramo de la travesía sin dificultad, aunque antes de iniciar el fallido ascenso solicitó algunos requerimientos especiales, como realizar el recorrido en silencio.

Ante esa solicitud, los guías decidieron apartarlo del grupo y acompañarlo durante el recorrido, siempre bajo supervisión de los especialistas.

Al arribar al refugio, Petersen compartió un momento con el resto del grupo, disfrutó del lugar y se mostró conforme por haber alcanzado ese punto del recorrido.

Según la información que aportó la institución, tras la charla técnica previa al inicio del segundo día de actividad, y en acuerdo con Petersen, se decidió que permaneciera en el refugio y no continuara con el ascenso.

Ese mismo día, dijeron los guías, experimentó un cambio de comportamiento y su actitud molestó a los demás expedicionarios, quienes mencionaron gritos y ruidos molestos durante la hora de descanso.

Por esa situación, los guías dialogaron con el chef y decidieron que iniciarían el descenso a la base de la montaña. La caminata se realizó sin dificultad durante un lapso de dos horas, en la que estuvo acompañado por un integrante del grupo.

Los experimentados acompañantes notificaron a Parques Nacionales sobre el regreso a la base aunque también fue necesario convocar a Gendarmería Nacional, ya que Petersen habría adoptado un trato hostil con el guía que lo acompañaba.

“Aproximadamente dos horas más tarde, Petersen adoptó una actitud prepotente hacia uno de los miembros del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional” citaron.

Desde la AAGM aclararon que Christian Petersen descendió los 2 mil metros en buenas condiciones generales y no presentó problemas físicos, arritmias ni cuadros compatibles con un accidente cerebrovascular, tal como lo mencionaban algunos medios de comunicación sobre lo que el personal que participó del operativo.

Los problemas de salud se habrían detectado poco después, cuando sufrió una descompensación, motivo por el que fue derivado al hospital de Junín de los Andes. Allí, los médicos diagnosticaron una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca peligrosa, y un brote. Una vez estabilizado, los profesionales resolvieron su traslado al Hospital Dr. Ramón Carrillo en San Martín de los Andes, donde ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva con un cuadro de falla multiorgánica.

El Ministerio de Salud de Neuquén emitió un solo parte médico sobre el estado de salud de Petersen, en el que confirmó el diagnóstico de falla multiorgánica, aunque no volvió a informar sobre el estado de salud actual.

Fuentes de ese organismo dijeron que el hermetismo está relacionado a un pedido de la familia, que habría solicitado limitar la información a los medios de comunicación.

Trascendió, sin embargo, que habría experimentado una evolución favorable en su estado de salud y le habrían retirado la asistencia respiratoria mecánica.

Los facultativos que lo asisten analizan el estado clínico para decidir su derivación en avión sanitario a un centro asistencial porteño, donde continuará bajo estricta supervisión médica.

Un juez civil de Bariloche ordenó el embargo preventivo del sueldo y medio aguinaldo de la diputada libertaria Lorena Villaverde, en el marco de una causa por daños y perjuicios en el que la parlamentaria fue acusada de no entregar un lote que vendió en el balneario Las Grutas.

La decisión fue tomada por el magistrado Santiago Morán, de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Bariloche, quien trabó un embargo sobre la dieta de la diputada hasta cubrir los $40,5 millones que reclamó el damnificado.

A pesar de la decisión, el litigio continuará su tratamiento en los tribunales rionegrinos. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, el demandante sostiene haber adquirido un terreno mediante un boleto de compraventa con firmas certificadas, sin haber recibido la posesión del inmueble. En ese marco, promovió una acción principal por daños y perjuicios derivados del presunto incumplimiento contractual, así como por el cobro de un canon locativo.

En su resolución, el magistrado sostuvo que, en esta etapa inicial del proceso, están acreditadas las condiciones legales para ordenar la medida cautelar, al considerar probado el derecho reclamado y el riesgo que implicaría la demora.

Villaverde, que tuvo que renunciar a su banca como senadora por una causa vinculada al narcotráfico que enfrentó en Estados Unidos, no hizo declaraciones en relación al fallo.

En la misma sentencia, el magistrado remite su resolución a la Cámara de Diputados con advertencias, indicando que la medida se debe mantener “hasta que las retenciones cubran íntegramente los montos indicados”. Ordenó además que las sumas retenidas se depositen en una cuenta judicial del Banco Patagonia y que se debe cumplir “bajo apercibimiento”.

En los otros expedientes similares, Villaverde como desarrolladora del loteo alegó demoras propias del período de pandemia que extendieron los plazos de entrega de las tierras con la infraestructura comprometida.

El demandante ofreció testigos que acreditan conocer que compró un lote e incluso una persona que fue la intermediaria para realizar el pago de las cuotas en efectivo.

No se trata de la única causa de Villaverde vinculada a irregularidades en la venta de lotes. En los tribunales de San Antonio Oeste existe otro expediente en el que otro damnificado solicitó un resarcimiento por la misma situación. El magistrado de esa causa todavía no ordenó el embargo preventivo, aunque se cree que podría hacerlo a principio de 2026.

En ese caso, el pedido de embargo es para cubrir un monto de 31 millones de pesos. Pero la demanda es por un total de 100 millones de pesos por el daño moral y los punitivos.

La demanda hace mención al emprendimiento “Tajamar”, ubicado en Las Grutas, donde el demandante adquirió un lote de una superficie de 465,80 m², en 2020 por un valor de $1.650.000, abonado parcialmente mediante entrega inicial y financiado el saldo en 120 cuotas mensuales.

“A pesar del tiempo transcurrido y de los pagos efectuados, la demandada jamás cumplió con sus obligaciones contractuales. No ejecutó las obras comprometidas, ni inició ningún proceso de escrituración del lote», describe la demanda.

La comunidad mapuche Paichil Antriao quiere evitar el desalojo de un camping que usurpa desde hace más de una década y propone administrarlo a cambio de abandonar el reclamo de las tierras y reconocer la titularidad del municipio sobre las mismas.

Todo esto se llevó a cabo ante el inminente desalojo del sitio, ubicado en la costa del Lago Correntoso, a pocos kilómetros de Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén. Allí, los mapuches elevaron una propuesta al Poder Ejecutivo local para quedarse con la administración del lugar.

A cambio, los intrusos prometieron abandonar el reclamo de la titularidad del camping y reconocer que ese predio pertenece al municipio local.

La propuesta, que analiza el municipio local, generó malestar en la comunidad angosturense, que reclama la expulsión de estas comunidades de un sitio “que pertenece a los vecinos, y no a los mapuches”.

La cronología judicial acumula cientos de fojas y más de 10 años de idas y vueltas en distintos tribunales locales y de la provincia de Neuquén.

Hasta 2020, miembros de la Paichil Antriao contaban con la concesión municipal para explotar comercialmente el espacio turístico y la proveeduría. Cuando expiró la concesión, decidieron quedarse en el camping aduciendo que las tierras pertenecían a la comunidad y no al municipio.

Para hacerlo, elevaron numerosos planteos en la Justicia en los que adujeron su preexistencia en las tierras, que incluso las consideran sagradas.

En ese marco, la Justicia rechazó esos recursos y ordenó en tres oportunidades el desalojo del lugar y la restitución al municipio de Villa La Angostura.

Agotadas las chances mediante esa vía, desde el Poder Judicial volvieron a disponer el desalojo. Sin embargo, para evitarlo, la comunidad Paichil Antriao se jugó una última carta, que es motivo de análisis en el ejecutivo local.

En la propuesta, los mapuches se comprometen a abandonar el reclamo de la titularidad de las tierras – algo que la Justicia ya definió– a cambio de quedarse en el camping para explotarlo comercialmente.

Así, el municipio local no descartó la opción y estudia un posible acuerdo con los intrusos, situación que generó controversia en la comunidad angosturense, que objetó la permanencia mapuche en las tierras fiscales.

Los mapuches pidieron además autorización para realizar sus actividades culturales y espirituales, efectuar instancias interculturales y explotar las bocas de venta, confitería y venta de artesanías en el lugar.

El municipio, en caso de avanzar el acuerdo, podría tener otras explotaciones comerciales en el lugar, aunque para poder hacerlo debería contar con el acuerdo de los mapuches.

Este entendimiento, que aún conserva la figura de borrador, generó críticas en distintos sectores de la sociedad, que consideraron el posible acuerdo como “algo paradójico”.

“Le estaríamos dejando a los usurpadores, la posibilidad de administrar un predio que pertenece al municipio, es decir, a todos los vecinos. Es absurdo”, dijo uno de los opositores a Infobae.

No se trata del único conflicto que la comunidad mantiene por usurpar espacios públicos y privados, ya que acumula otras siete causas con sentencia de desalojo y otras que recorren pasillos judiciales, en distintos estamentos judiciales.

A pesar del alto nivel de conflictividad que protagoniza la comunidad, el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel expresó su respaldo a la comunidad Paichil Antriao y cuestionó los fallos judiciales que ordenan los desalojos. Dijo que estas prácticas “sólo generan más violencia y odio racial”.

El referente de derechos humanos también cuestionó al presidente del INAI, Claudio Avruj, por retener documentación pública fundamental, como la Carpeta Técnica, que debe ser entregada de manera urgente a la comunidad. En ese sentido, remarcó que el derecho indígena es constitucional y debe respetarse, independientemente del signo político de los gobiernos.

La Justicia de Neuquén, con el aval de más de 15 jueces en todo el proceso, ordenó el desalojo de un predio privado usurpado por mapuches hace 14 años en Villa la Angostura pero el gobierno neuquino, que debería ejecutar la medida judicial, demora su concreción.

La usurpación se concretó el 27 de diciembre de 2011 y fue denunciada poco después, en el inicio de 2012. Desde entonces la denuncia por la irrupción ilegal mapuche recorrió múltiples despachos judiciales, en los que los intrusos no lograron fallos a favor.

Los denunciantes son dueños de las tierras desde 1969 y cuentan con la documentación que avala la titularidad registral. Se trata de 624 hectáreas de un lote pastoril ubicado a 35 kilómetros de Villa la Angostura, sobre la costa del lago Nahuel Huapi, en un sitio denominado El Pedregoso. La comunidad mapuche todavía reside en la propiedad.

Los intrusos, integrantes de la familia Melo, ingresaron a la propiedad argumentando preexistencia de sus ancestros, aunque ni siquiera cuenta con reconocimiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). A la usurpación inicial se acoplaron luego integrantes de otra comunidad mapuche, la lof Quintriqueo.

Los propietarios elaboraron un acta para dejar constancia del ingreso mapuche, la destrucción del candado que estaba colocado en el acceso y el inicio de una construcción precaria a cargo de los usurpadores. Allí se produjo el primer encuentro entre la dueña y uno de los ocupantes quien, machete en mano, le informó que se trataba de la recuperación territorial de todo el lote pastoril.

Desde que comenzó el proceso hubo al menos cinco órdenes de desalojo y la actual está firme.

En la etapa más reciente de la trama judicial, la Justicia confirmó el desalojo y ordenó al gobierno neuquino su ejecución, cuando ya estaban agotadas todas las instancias. En ese contexto, la Cámara de Apelaciones rechazó – en julio de 2023- un recurso de apelación presentado por la comunidad sobre la sentencia de desalojo.

Dicho rechazo confirmó la sentencia de primera instancia y la vía para intentar el Recurso de Casación, sosteniendo la orden de restitución del inmueble a sus legítimos dueños.

En octubre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Neuquén dictó una resolución clave declarando inadmisible el recurso presentado por la parte ocupante contra la sentencia a ejecutar. Con esa decisión confirma que la sentencia de desalojo se encuentra firme y quedó expedita para su ejecución.

En abril de 2025, se reiteró la orden de efectivizarla aunque, por ahora, el gobierno provincial no la concreta.

“El proceso judicial está cumplido en un 100 por ciento, no hay instancias por delante, sólo queda ejecutar el desalojo, pero es el gobierno provincial el que no dispone los recursos logísticos para concretarlo” informaron a Infobae fuentes cercanas a los denunciantes.

Vecinos piden que se cumplan los desalojos

Un grupo de vecinos de Villa la Angostura emitió una comunicación en la que expresa su preocupación por el avance mapuche y la falta de decisiones políticas para concretar los desalojos.

En la localidad neuquina existen varios asentamientos ilegales, perpetrados en su mayoría por la autoproclamada comunidad Paicil Antriao, que mantiene conflictos judiciales no sólo con privados sino también con organismos públicos, como el municipio local que intenta recuperar la posesión de un camping usurpado por mapuches.

Los vecinos destacaron el accionar de la Justicia que avaló los distintos planteos y, en ninguno de los casos, hizo lugar al reclamo mapuche.

Cuestionó las declaraciones de los voceros de la comunidad que, bajo el argumento de supuestas reivindicaciones territoriales, avanzaron sobre tierras públicas y privadas de forma deliberada. “La Justicia ha fallado con base en el derecho vigente y en los hechos acreditados, y esas decisiones deben ser acatadas” sostienen los vecinos.

“creemos fundamental reafirmar que el Poder Judicial ha actuado dentro de sus competencias, conforme a derecho y con apego estricto a las garantías constitucionales. El descrédito hacia la Justicia, hacia las instituciones y hacia los vecinos afectados no contribuye al diálogo ni a la paz social, sino que profundiza el conflicto e intenta legitimar situaciones que jamás deberían ser admitidas ni toleradas” sostuvieron y mencionaron que a través de procedimientos exhaustivos la Justicia ha arribado a decisiones firmes que esclarecen los hechos y descartan atribuciones identitarias carentes de sustento.

“Estas sentencias, fundadas en derecho y en el marco de nuestra legislación vigente, no solo reconocen los derechos de quienes fuimos afectados por las intrusiones ilegales, sino que también ponen fin a una prolongada situación de incertidumbre social y jurídica” denunciaron.

Solicitaron entonces la ejecución de los mandamientos judiciales y la restitución de las tierras a los legítimos propietarios.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, continuará detenido por otros 90 días, luego de la prórroga que autorizó la Justicia Federal por pedido de fiscalía, que trabaja en la recopilación de pruebas en el marco de la causa que denunció el Ministerio de Seguridad de la Nación por asociación ilícita.

El caso fue encuadrado como investigación compleja, por lo que las prórrogas podrán extenderse de forma paulatina hasta 2027.

Está detenido en la U6 de Rawson, una cárcel de máxima seguridad que depende del Servicio Penitenciario Federal. Pidió su derivación a Esquel, aunque el gobierno rechazó el planteo por razones de “seguridad”.

Cuando en la Patagonia se registraban múltiples incendios forestales, varios de ellos iniciados de forma intencional, Jones Huala presentó su libro “Entre Rejas, Antipoesía incendiaria”. Durante la socialización del escrito, avaló los atentados incendiarios y los sabotajes como método de confrontación contra el capitalismo.

Su testimonio fue recabado por el gobierno central que, a instancias del Ministerio de Seguridad de la Nación, lo denunció por presunta asociación ilícita.

La fiscalía federal, en las audiencias que se realizaron desde su detención, pidió prórrogas para seguir investigando la causa. Admitió dificultades para reunir material probatorio por la amplia extensión geográfica donde sucedieron los atentados que, de manera supuesta, habría provocado la RAM.

Para la defensa del mapuche, la decisión judicial de prorrogar la preventiva, es “vergonzosa” y apoyó su cuestionamiento en que el magistrado aceptó el pedido de la fiscalía en menos de un minuto, sin lugar a debate.

“Estaba pactado que había que mantener a Jones Huala tras las rejas”, dijeron fuentes de la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina y atribuyeron la decisión a una orden que surge del poder político nacional.

Para los abogados que ejercen la defensa del “lonko”, la audiencia de la semana pasada tenía como objetivo analizar la prórroga de la preventiva o bien morigerarla en cuanto a sus condiciones.

“Que siga preso mientras investigan, pero en la cárcel de Esquel, cerca de su familia” era la opción que planificó la Gremial de Abogados. Sin embargo la decisión contundente no dio lugar al debate de esa alternativa.

“La fiscalía fue un robot, solo leyó un texto donde repitieron cada cosa que ya dijeron en las dos audiencias anteriores” se quejaron desde la Gremial.

Jones Huala seguirá detenido hasta marzo de 2026, momento en el que habrá una nueva audiencia para definir si sigue privado de libertad. Existe, en este lapso, una alternativa – con escasa probabilidad- para su derivación a Esquel, la cual depende de la Dirección Correccional del Ministerio de Seguridad de la Nación.

El gobierno se opone a mover a Jones Huala. Cree que en Esquel, donde ya estuvo detenido en varias ocasiones, no están dadas las condiciones para su estadía, a pesar de que mientras estuvo allí registró el máximo porcentaje en materia de conducta.

En la audiencia inicial realizada luego de la detención de Juan Pablo Colhuan, quien estuvo prófugo durante tres años, la Justicia acordó llevarlo a juicio en marzo de 2026 y accedió al planteo de trasladarlo desde la cárcel de máxima seguridad de Rawson a otra dependencia penitenciaria de Esquel, de seguridad media. Colhuan fue detenido por la Policía de Chubut en Cushamen, cuando recorría a pie los caminos de la zona, en dirección a un asentamiento mapuche donde está su familia.

Estuvo prófugo desde octubre de 2022, cuando escapó del cinematográfico desalojo que ejecutó la Policía Federal, por orden de la Justicia Federal. Logró mantenerse en la clandestinidad hasta octubre pasado, cuando fue capturado.

El juez federal Gustavo Zapata ordenó su traslado a la U14 de Esquel, pero Gendarmería Nacional –cumpliendo órdenes del Ministerio de Seguridad de la Nación– lo llevó finalmente a la U6 de Rawson, donde también está detenido el líder de la RAM, Facundo Jones Huala.

En la primera audiencia tras su captura, el magistrado accedió al planteo de la defensa de trasladarlo a Esquel, con el argumento de que cumpla el período de prisión preventiva en una dependencia cercana a su familia. Para ello remitió la solicitud al Servicio Penitenciario Federal, que por ahora no respondió.

El organismo que condujo Patricia Bullrich hasta hace pocos días podría rechazar el pedido, tal como lo hizo con la solicitud de gestionar una vacante en la cárcel de Esquel para Jones Huala. La negativa surgió bajo el argumento de que esa unidad carcelaria carece de medidas de seguridad para alojar al mapuche. “Si el Servicio Penitenciario rechaza el pedido de trasladar a Colhuan a Esquel, van a tener que justificar la medida” relataron a Infobae voceros de la defensa, de acuerdo a lo que dijo durante la audiencia el magistrado.

Colhuan está imputado en una causa por usurpación. Lideró la comunidad Lafken Winkul Mapu, que mantuvo el control de tierras públicas y fiscales desde noviembre de 2017 hasta octubre de 2022, cuando se concretó el desalojo integral de toda la franja de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.

Hasta el momento del juicio, que tendrá lugar en marzo –de acuerdo a lo resuelto en esa primera audiencia– permanecerá detenido, bajo la figura de prisión preventiva. Los defensores saben que la Justicia rechazaría cualquier planteo de dejarlo en libertad, por el antecedente de haber permanecido prófugo durante tres años.

Sin embargo, sí hicieron foco en la posibilidad de trasladarlo a Esquel. Colhuan es hermano de la líder espiritual de la misma comunidad, Betiana Colhuan –la machi– y cuñado del mapuche de los binoculares, Matías Santana, identificado así por su declaración durante la búsqueda del activista fallecido Santiago Maldonado. Colhuan es considerado terrorista por el gobierno nacional, aunque su nombre aún no figura en el listado confeccionado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Soy un perseguido político”

Colhuan, desde la cárcel, dijo que permanece detenido porque “es un perseguido político” por el gobierno nacional. “Quiero recalcar que la causa que pesa sobre mí es usurpación, una causa excarcelable, por lo que podría esperar el juicio en libertad” dijo, aunque no hizo mención a que permaneció prófugo de la Justicia durante tres años e ignoró las citaciones que le enviaron a distintos domicilios que había registrado. Denunció además que en la cárcel no le permiten visitas ni tampoco el ingreso de artículos de primera necesidad. Pidió su libertad inmediata o, en su defecto, el traslado a la cárcel de Esquel.

Luego de un extenso periplo judicial, un magistrado neuquino ordenó el desalojo de un predio usurpado por mapuches en la costa del Lago Correntoso, pero las autoridades de la comunidad aseguran que no van a abandonar el territorio.

A fines de noviembre, el juez Francisco Astoul Bonorino ordenó el desalojo del camping situado a pocos kilómetros de Villa La Angostura.

La decisión judicial incomodó a los mapuches que, de inmediato, emitieron un comunicado en el que anunciaron que van a permanecer en el lugar. “Estamos abiertos al diálogo, pero no nos vamos a ir”, dijeron.

La conflictiva comunidad, que mantiene múltiples conflictos territoriales de la villa turística, permanece en el predio desde hace más de una década.

Durante el proceso, pudo comprobar la preexistencia de sus ancestros en esas tierras, aunque la manera intempestiva de permanecer en el lugar entorpeció el plan de permanecer allí.

De acuerdo a lo que dijeron sus representantes, la comunidad está preparada para resistir el desalojo y responsabilizan al gobernador neuquino Rolando Figueroa de las consecuencias que pueda acarrear la ejecución de la medida.

En su crítica al magistrado que ordenó el desalojo, afirmaron que la sentencia “vulnera derechos ancestrales y favorece a desarrolladores inmobiliarios, que ni siquiera tienen domicilio fijo en la zona”.

Más allá de la amenaza de permanecer en el territorio, la comunidad Paicil Antriao insiste en recurrir a una nueva instancia de diálogo, aunque los intentos anteriores fracasaron.

Damián Olivero, vocero de la comunidad, aseguró que en la orden de desalojo, el juez “no contempla el trabajo realizado durante los últimos años con el relevamiento territorial”, un proceso que sigue inconcluso y que ha sido motivo de reiteradas tensiones.

“La justicia y el gobierno no están resolviendo nada. Vamos a resguardar el lugar como hacemos siempre”, afirmó el lonko durante una entrevista radial, publicada por Diario Andino.

La orden establece un plazo de cinco días para abandonar el predio, lo que mantiene en vilo a la comunidad. Para Olivero, el escenario es “inminente” y podría desembocar en una acción policial que, según recordó, ya ha tenido antecedentes “muy violentos” en Villa La Angostura.

En 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén (TSJ) falló en contra de la comunidad al rechazar el planteo de ancestralidad y ordenó la restitución del predio al municipio local, querellante en la causa.

El camping estuvo administrado por integrantes de la misma comunidad, aunque vencido el plazo de la concesión, la comuna intentó recuperar la administración y explotarlo comercialmente o volver a concesionarlo. Sin embargo, los mapuches rechazaron el planteo y decidieron permanecer allí, mientras avanzaba el expediente, de un juzgado a otro, con intervención del Superior Tribunal y múltiples estrategias judiciales en juego.

En la última etapa del proceso, las maniobras legales que intentó la comunidad Paicil Antriao fracasaron, quedando firme la decisión de que abandonen el lugar.

El mismo grupo protagoniza múltiples conflictos territoriales en Villa La Angostura. Protagonizó bloqueos a la obra de ejecución de la ruta de Circunvalación, financiada con recursos nacionales, y enfrentó al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili en la disputa por un predio en la ladera del cerro Belvedere.

Ante la reciente notificación —que exige abandonar el predio en un plazo de cinco días— la comunidad advierte que no lo hará. Invocan su dignidad, sus lazos con la tierra ancestral, y responsabilizan al Estado provincial y al gobierno local por lo que definen como “un atropello”.

Un grupo mapuche desalojado en Villa Mascardi mantiene sus rituales en tierras fiscales

la conflictiva comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu mantiene en la zona de Villa Mascardi una suerte de rituales religiosos que hace que puedan volver a ese lugar tras los desalojos ocurridos en 2022.

La Justicia permitió que en el lugar permanezca una escultura de madera denominada rewe, que fue instalada por la comunidad como símbolo sagrado. Esto habilitó a que las comunidades puedan regresar al territorio, cada vez que quieran, para realizar sus ceremonias.

La decisión judicial de mantener la estructura de madera obliga al gobierno nacional a sostener un inusual despliegue de fuerzas de seguridad en los predios desalojados.

El regreso constante de los miembros de la comunidad al sitio de donde fueron expulsados “genera un riesgo latente de que vuelvan a instalarse” dijeron a Infobae residentes de la villa turística, ubicada a 35 kilómetros de Bariloche.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, podría seguir detenido hasta junio de 2027, aunque a principio de diciembre se realizará una nueva audiencia en la que su defensa solicitará autorización para que cumpla prisión domiciliaria mientras avanza la investigación.

El 6 de diciembre expira el plazo de la prisión preventiva que dispuso la Justicia Federal, por pedido del Ministerio Público Fiscal, en paralelo al progreso de la causa por el delito de asociación ilícita.

En las primeras audiencias, la fiscalía admitió dificultades para avanzar en la investigación argumentando la extensión territorial donde la RAM habría cometido hechos vandálicos y atentados.

Basa el trabajo en los episodios en los que los autores reivindicaron los hechos con leyendas de la RAM. Sin embargo, se desconoce si Jones Huala estuvo detrás de los mismos o si las leyendas fueron implantadas por otras comunidades mapuches.

La Resistencia Ancestral Mapuche se identifica como el brazo político militar del Movimiento Mapuche Autónomo del Puel Mapu, con fuerte arraigo en Chile. Integra el listado que confeccionó el Gobierno Nacional como organización vinculada al terrorismo.

Pero el único que admite formar parte de esa agrupación es Jones Huala. Varios de los atentados que investiga la Justicia ocurrieron mientras su líder estaba detenido en Chile, cumpliendo una condena por un atentado incendiario, o en Esquel, en la etapa previa al juicio de extradición.

El Ministerio de Seguridad de la Nación lo denunció por asociación ilícita, cuando reivindicó los sabotajes y ataques incendiarios, durante la presentación de un libro de su autoría que, paradójicamente, llamó Entre rejas, antipoesía incendiaria.

Por esa causa está detenido desde junio en la cárcel de máxima seguridad de Rawson. Sus abogados solicitaron su traslado a Esquel, otra unidad penitenciaria que depende del Ministerio de Seguridad, aunque de menor seguridad que la anterior. El pedido fue autorizado por la Justicia aunque luego se retractó cuando el gobierno nacional objetó su derivación, argumentando razones de seguridad.

Los abogados que lo defienden sostienen que la negativa es una “clara decisión política” que no tiene justificación, ya que cuando Jones Huala estuvo detenido, tuvo puntaje 10 sobre 10 por su conducta durante la reclusión.

El pedido depende ahora de una decisión administrativa, a cargo de la Dirección de Régimen Correccional, que dilata la respuesta aunque, por lógica, será rechazado.

El encuadre como investigación compleja podría mantener a Jones Huala detenido durante un período de dos años, es decir, hasta junio de 2027.

La defensa, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, diseña su estrategia para la audiencia de diciembre.

En primer término solicitará autorización para agotar ese lapso de investigación bajo el régimen de reclusión domiciliaria “para estar cerca de su familia”. En caso de negativa, insistirá ante el juez Gustavo Zapata su derivación a la U14 de Esquel, con el mismo argumento, aunque el magistrado podría atribuir la negativa a la dilatada respuesta de la Dirección de Régimen Correccional.

“Es un disparate y una decisión muy pobre de justificación” sostienen los allegados a Jones Huala, quienes cuestionan el pedido de la fiscalía de prolongar la domiciliaria en una cárcel de seguridad extrema.

Aseguran que “la única argumentación es la falta de arraigo de Facundo (Jones Huala), debido a que por sus ocupaciones, suele recorrer distintos domicilios, pero no significa que no pueda ser ubicado”.

La respuesta judicial es el antecedente de que el “lonko”, cuando logró el beneficio de libertad condicional en Chile – que luego revirtió la Corte Suprema de ese país – se dio a la fuga y estuvo durante más de un año en clandestinidad.

Logró cruzar la Cordillera de los Andes a través de un paso no habilitado y fue detenido a los 12 meses en El Bolsón, vestido de mujer, en el galpón de una vivienda particular.

Para exigir su traslado a Esquel, el mapuche inició una huelga de hambre que abandonó cuando obtuvo el aval judicial para concretarlo. Zapata solicitó un cupo en la U14 para su traslado pero luego se retrotrajo cuando el Ministerio de Seguridad de la Nación objetó la derivación.

Retomó la medida de fuerza pero la volvió a abandonar “en acompañamiento” a Juan Pablo Colhuan, autoridad de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, que fue detenido tras permanecer prófugo durante tres años.

Ambos comparten celda en la U6 de Rawson, donde aguardan flexibilidad judicial para ser trasladados a Esquel o, en el mejor de los casos, obtener el permiso de libertad condicional.

La calma regresó a Villa Mascardi el 4 de octubre de 2022, cuando la Justicia Federal ordenó el desalojo integral de los predios públicos y privados que ocupó la conflictiva comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu desde 2017, aunque los intrusos tienen autorización para regresar al lugar a realizar sus rituales y prácticas de sanación.

En todos los procesos judiciales en los que fueron juzgados y condenados los integrantes de esa comunidad, los querellantes – entre ellos Parques Nacionales – exigieron el retiro de una escultura de madera denominada rewe, que fue instalada por la comunidad como símbolo sagrado.

Está situada en uno de los dos predios de Parques Nacionales que fueron usurpados en noviembre de 2017. Los ocupantes de la Lafken Winkul Mapu fueron condenados por la irrupción en tierras ajenas e incluso también por protagonizar atentados vandálicos e incendios.

Sin embargo, la Justicia rechazó los planteos y ordenó que la estructura amorfa permanezca en el lugar y autorizó a los mapuches a regresar al territorio, cada vez que quieran, para realizar sus ceremonias.

El rewe es una estructura vertical de madera, tallada a mano, que es utilizada por la máxima autoridad espiritual de la comunidad, la machi Betiana Colhuan, para realizar ceremonias de sanación. Sirve como pilar sagrado y lugar de conexión espiritual.

Sirve como pilar sagrado y lugar de conexión espiritual.

Al ser escalonado, la machi lo escala durante las ceremonias para entrar en trance y comunicarse con ancestros y deidades.

La ex jueza federal Silvina Domínguez fue la primera en aceptar el pedido mapuche de mantener la estructura en su lugar. Lo hizo en paralelo con una orden de desalojo en la que dispuso la expulsión de los integrantes de la comunidad.

Su decisión se basó en un acuerdo rubricado en 2023 a instancias del Poder Ejecutivo, durante la gestión del ex presidente Alberto Fernández, y reconoció al “como sitio sagrado para el pueblo mapuche” a los fines de que la machi Betiana Colhuan Nahuel pueda “ejercer sus tareas espirituales y medicinales”. Para ello se dispuso el “permiso del uso del terreno”.

El ex presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, en febrero de este año, señaló que existen argumentos que “imponen necesariamente la remoción de aquel espacio y la puesta a disposición de los objetos que lo componen a favor de los imputados”.

Mencionó una “talla de madera” que se encuentra en un “terreno privado de propiedad de Parques Nacionales” y pide que el organismo ejerza el “pleno uso y goce del inmueble de su propiedad” porque en ese predio pretende construir la Escuela de Guardaparques.

La respuesta mapuche al ex funcionario es que fueron expresiones “racistas y de mentalidad de colonizadores”.

Seguridad forzosa

La decisión judicial de mantener la estructura de madera obliga al gobierno nacional a sostener un inusual despliegue de fuerzas de seguridad en los predios desalojados.

La decisión judicial de mantener la estructura de madera obliga al gobierno nacional a sostener un inusual despliegue de fuerzas de seguridad.

El regreso constante de los miembros de la comunidad al sitio de donde fueron expulsados “genera un riesgo latente de que vuelvan a instalarse” dijeron a Infobae residentes de la villa turística, ubicada a 35 kilómetros de Bariloche.

De hecho, confirmaron que la presencia de los condenados “es constante”. El Ministerio de Seguridad de la Nación, al mando de Aníbal Fernández, diseñó un plan de seguridad para ejecutar el allanamiento de desalojo que se concretó el 4 de octubre de 2022.

El Comando Operativo de Fuerzas, tal como se lo denominó, tenía como finalidad ejecutar la medida y disolverse, como ocurrió con otras situaciones conflictivas en distintos puntos del país.

Sin embargo, el regreso constante de los mapuches al lugar, obligó a sostenerlo hasta la actualidad. Efectivos de Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura y Policía Federal conviven en las ruinas de los edificios que fueron vandalizados por mapuches, para cumplir con la orden administrativa de mantener el Comando.

Para justificar su presencia, realizan controles vehiculares y de personas, recorren un balneario cercano y garantizan la seguridad de turistas y residentes. Pero están en el lugar para evitar el regreso mapuche, sin más.

Parques Nacionales, en uno de sus reclamos para el retiro de la escultura, consideró un “dispendio de recursos de seguridad” para custodiar ese predio y afirmó que “al día de la fecha no existen motivos válidos para que dicha situación perdure en el tiempo”.

Larsen, su ex titular, dijo que “la mera mención de espíritus ancestrales que se representan y brindan indicaciones de cómo aquellos presuntos miembros de comunidades originarias deben proceder, ningún tipo de prueba ni fundamentación en el campo objetivo ha sido acreditada por quienes pretenden hacer valer sus derechos y preservar aquel lugar como sagrado, por lo que se impone necesariamente la remoción y puesta a disposición para los fines que entiendan adecuados”.

La playa ubicada frente a la franja de predios tomados mapuches, sobre la costa del lago Mascardi, recuperó el movimiento habitual que se había perdido por la presencia cercana de la comunidad Lafken Winkul Mapu.

Durante su permanencia en el lugar, hubo robos, atentados vandálicos a los acampantes y agresiones múltiples.

Los mapuches, incluso, comercializaron leña nativa que ellos mismos talaban, cobraron peaje a los navegantes que intentaban descargar sus embarcaciones en un muelle público del paraje y afectaron el funcionamiento habitual de un sitio que, en la actualidad, volvió a la calma.

El gobernador Alberto Weretilneck visitó la Casa Rosada. Allí mantuvo el primer encuentro con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, ante quienes renovó el reclamo por el mantenimiento de algunas de las rutas nacionales de la jurisdicción y la necesidad de culminar tramos inconclusos de varios trazados.

El ejecutivo rionegrino celebró la apertura al diálogo con Casa Rosada, en el encuentro inaugural ante la nueva estructura ministerial del gobierno central.

Weretilneck mencionó que planteó a los funcionarios la necesidad de definiciones en materia de obra pública, haciendo foco en rutas nacionales que se encuentran en la provincia.

Durante la última campaña electoral, esa temática configuró el eje discursivo de los candidatos oficialistas.

Incluso el ejecutivo rionegrino mantiene una pulseada con el gobierno nacional para la reparación de tramos deteriorados de distintas rutas, en la que incluso judicializó algunos de los casos.

Días atrás la Justicia Federal condenó a Vialidad Nacional a reparar tramos intransitables de la ruta 40, entre El Bolsón y Bariloche. La acción de amparo colectivo fue impulsada en 2023 por Weretilneck, cuando cumplía funciones como Senador, antes de asumir el mandato actual al frente del Ejecutivo.

En julio de 2024, el fallo original del Juzgado Federal de Bariloche ordenó la reparación urgente y completa del tramo de la ruta nacional 40 que une Bariloche con El Bolsón. El juez Gustavo Villanueva determinó que la Dirección Nacional de Vialidad incumplió su obligación de mantener la ruta en condiciones seguras y ordenó la ejecución inmediata de reparaciones urgentes en los puntos más críticos de la ruta, la señalización adecuada y la implementación de medidas de seguridad vial.

Durante el encuentro con Adorni y Santilli, Weretilneck llevó a la mesa el fallo reciente y también el mantenimiento de la ruta 151, que también fue judicializada. En primera instancia, la Justicia avaló el planteo de Río Negro aunque Casa Rosada apeló el fallo. La inconclusa ruta nacional 23, cruza de la provincia desde la Cordillera hasta la costa atlántica, y el mantenimiento de la 40 fueron temas de la conversación.

El mandatario patagónico, en el mismo contexto, avanzó sobre el uso de vías del Alto Valle para poner en marcha el Tren del Valle, un proyecto que “puede transformar la conectividad en toda la región”.

“Transmitimos nuestra voluntad de trabajar en mejorar la conectividad para nuestra gente, para nuestros vecinos”, sintetizó Weretilneck.

El rionegrino solicitó acompañamiento para culminar obras públicas en universidades nacionales que están en la región, como la Universidad del Comahue y la de Río Negro, que cuenta en Bariloche con un moderno campus aunque aún no fue inaugurado por el desfinanciamiento nacional para la culminación de los trabajos.

Con críticas al gobierno nacional, la provincia anunció que licitará la obra de nexo de gas para el Campus de esa casa de estudios, con una inversión provincial que supera los $342 millones. “Esta licitación se enmarca en la decisión del Gobierno Provincial de retomar y finalizar con fondos rionegrinos las obras de infraestructura que Nación dejó inconclusas” anunció el gobierno, días atrás.

Otro de los temas analizados en conjunto fue el impacto estratégico para la provincia del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur, los proyectos de GNL, el desarrollo minero y la incorporación de nuevas áreas bajo riego, indispensables para aumentar la capacidad productiva provincial. Todos ellos proyectos que necesitan de inversión pública que apalanque el esfuerzo privado.

Weretilneck destacó el valor del encuentro: “Me permitió transmitir en primera persona cuáles son las necesidades y las prioridades de los rionegrinos. Es fundamental que exista apertura por parte del Gobierno Nacional y que podamos avanzar en una agenda común que concrete las acciones necesarias para que nuestra gente viva cada vez mejor”.

El activista Facundo Jones Huala decidió suspender la huelga de hambre que mantenía desde hace 13 días como muestra de acompañamiento a Juan Pablo Colhuan, integrante de la agrupación autoproclamada mapuche Lafken Winkul Mapu, que fue detenido días atrás y alojado en la misma dependencia de máxima seguridad de Rawson.

Jones Huala sostenía el reclamo para exigir su traslado a la U14 de Esquel, con el objetivo de estar cerca de su familia. La Justicia Federal avaló el trasladó y líder de la RAM suspendió la huelga de hambre, aunque luego revirtió el permiso ante la intromisión del Ministerio de Seguridad que se opuso al traslado, y decidió retomarla nuevamente hasta este jueves.

Las huelgas de hambre son un recurso habitual de Jones Huala, que las puso en práctica en distintas instancias de detención, aunque en ninguno de los intentos logró torcer las decisiones judiciales, por lo que tuvo que abandonarlas.

En la última huelga debió ser hospitalizado y asistido por médicos del Hospital de Esquel, tras experimentar un descenso de peso de casi 20 kilos.

Esta vez la suspensión de la medida de reclamo está relacionada a la detención de Juan Pablo Colhuan, integrante de la conflictiva Lafken Winkul Mapu, que usurpó tierras públicas y privadas en Villa Mascardi hasta octubre de 2022.

Colhuan estuvo prófugo desde el 4 de octubre de ese año, cuando se ejecutó el desalojo integral de todos los lotes, y fue recapturado la semana pasada en Cushamen, cuando caminaba por la ruta 40.

De acuerdo a la información que adelantó en exclusiva Infobae, Colhuan – que es cuñado del mapuche de los binoculares Matías Santana y hermano de la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu, Betiana Colhuan- fue capturado por personal de la Policía de Chubut, cuando caminaba cerca de un asentamiento mapuche, del que Jones Huala es “lonko”.

Los uniformados lo trasladaron a un centro sanitario, debido a que estaba deshidratado y presentaba problemas de salud, y luego a una dependencia policial de El Maitén, en la misma provincia, donde confirmaron que regía un pedido de captura en vigencia, emitido por la Justicia Federal.

Tras los trámites judiciales de rutina, fue trasladado a la U6 de Rawson, la misma unidad penitenciaria donde Jones Huala cumple prisión preventiva desde hace cinco meses, en el marco de una causa en la que se lo investiga por presunta asociación ilícita calificada.

Jones Huala y Colhuan acordaron luchar juntos, desde la cárcel, ya que comparten ideología y pensamientos. El recién llegado se sumará al planteo del líder de la RAM para ser alojado en la U14 de Esquel, para acortar distancia con las familias que residen en Bariloche.

Ambos comparten la jerarquía de “lonko”, es decir que son las máximas autoridades de las comunidades de Cushamen y Lafken Winkul Mapu, en Chubut y en Villa Mascardi.

“La huelga de hambre queda suspendida momentáneamente para que ambos lonkos puedan fortalecerse y luchar por sus reivindicaciones, acompañándose y haciéndole frente a la prisión política de forma conjunta” dijeron sus allegados.

Colhuan está imputado en tres causas por usurpación, todas en Villa Mascardi, ocurridas en el ex hotel Villa Mascardi, el predio particular La Escondida y otro perteneciente a la Unión Personal de Gas del Estado.

Figura además en la investigación por el atentado incendiario en la residencia privada Los Radales, en la que una estructura edilicia fue vandalizada y un casilla perteneciente a Gendarmería Nacional fue baleada e incendiada.

La coalición con la que La Libertad Avanza (LLA) obtuvo dos bancas en el Congreso en las elecciones de octubre -una por cámara- se evaporó cuando el diputado electo Aníbal Tortoriello anunció que peleará por la gobernación de Río Negro en 2027.

Con el envión de la buena performance que tuvo en el último comicio, el ex intendente de Cipolletti se envalentonó y dijo que irá por la conducción provincial en la próxima elección a gobernador.

El anuncio generó críticas de parte de los dirigentes libertarios, quienes anunciaron el fin de la alianza con CREO, la fuerza que conduce Tortoriello: “No es de la LLA” dijeron, a días de haber compartido la boleta violeta en las elecciones de término medio.

Tortoriello ocupa una banca en la cámara baja tras haber obtenido el segundo lugar en las elecciones de 2021 por el PRO, y ahora renovará el mandato por LLA tras ser el más votado en la última contienda. Ese resultado lo entusiasmó para anunciar su postulación para el sillón del ejecutivo rionegrino.

Es que, de acuerdo al escrutinio definitivo, en el tramo a Diputados la boleta violeta se impuso en la provincia patagónica, a diferencia de lo que ocurrió para Senadores, en la que los libertarios quedaron en segundo lugar detrás de Fuerza Patria, que retuvo dos bancas en la Cámara Alta.

Tortoriello obtuvo 131.557 votos contra 113.311 de Fuerza Patria, que también consiguió una banca. En tanto, Lorena Villaverde fue electa senadora por la boleta violeta, con 121.974 votos, mientras que Fuerza Patria obtuvo dos bancas, para Martín Soria y Ana Marks, quienes cosecharon 123.233 sufragios.

Con el anuncio del cipoleño, el pacto libertario quedó sepultado. En ese marco, Villaverde no tardó en responder: relativizó el impacto y dijo que si quiere ser candidato a gobernador deberá pujar por el lugar con su sello partidario y no con LLA.

Concretamente, Villaverde bajó el precio al triunfo de Tortoriello: dijo que su partido “solo aportó el 4% de los votos”. Y sobre la proyección a gobernador del cipoleño, indicó: “Lo que haga el diputado nacional es una decisión del partido CREO, él no es de La Libertad Avanza”.

Si bien el parlamentario se despegó de la fuerza, confirmó su fidelidad con el presidente Javier Milei y aseguró que desde su banca acompañará las iniciativas propuestas por Casa Rosada.

Sin embargo la candidatura de Tortoriello aún tiene tela por cortar. Es que el ex jefe comunal de Cipolletti está imputado en la causa Techo Digno y si es condenado, la candidatura quedaría vedada por la vigencia de la ley de Ficha Limpia, aprobada por la legislatura rionegrina en 2024.

Tanto Tortoriello como otro ex jefe comunal, Abel Baratti (PJ), pidieron el sobreseimiento por prescripción de la acción penal en la causa por el plan de viviendas Techo Digno, en la que están imputados por fraude a la administración pública y peculado.

“La falsedad y la manipulación de la Justicia, en este caso para para ensuciar mi figura y la de otros intendentes, es lamentable” dijo Tortoriello, en relación a su imputación

“Es muy triste ver cómo (el Gobierno) utiliza a la Justicia para evitar competir con alguien que, evidentemente, les resulta una amenaza. Pero evidentemente eso no llegará a ningún puerto, porque no hay ningún elemento que demuestre lo que intentan endilgarme. Lamentablemente, una Justicia que se presta para esto, son cosas que hay que corregir en este país y esta provincia, porque la Justicia deber ser independiente”, sentenció.

No se trata de la primera ruptura de LLA en la provincia. En la previa a la presentación de listas para las elecciones de octubre, la fuerza acordó la presentación de una lista unificada con el PRO aunque, tras la elección de los postulantes, el volátil acuerdo quedó trunco.

Juan Martín, presidente del PRO, celebró el acuerdo con la LLA aunque días más tarde anunció el fin del acuerdo, cuando los armadores libertarios se inclinaron por Villaverde como primera candidata al Senado.

Juan Pablo Colhuan, uno de los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, responsable de la usurpación de tierras en Villa Mascardi desde 2017, fue detenido este jueves en la localidad chubutense de Chushamen, luego de permanecer prófugo desde octubre de 2022.

La Justicia lo declaró en rebeldía, luego de escapar del cinematográfico operativo que realizó la Policía Federal en 2022 y no poder ubicarlo en los domicilios que tenía registrado.

Colhuan es hermano de la “machi” Betiana Colhuan, la líder espiritual de la comunidad, cuyos integrantes fueron condenados por usurpar en tierras públicas y privadas en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche.

El mapuche fue detenido este jueves en el marco de un operativo que realizó una comisaría de la Policía de Chubut, dependiente de la Unidad Regional de Esquel.

Durante tareas de prevención en la ruta 40, personal de esa fuerza identificó a un sujeto que aportó distintas identidades y exhibió problemas de salud.

Los uniformados decidieron su traslado a un centro asistencial, debido a que presentaba síntomas de deshidratación, y en paralelo avanzaron con la identificación correspondiente. Al constatar sus datos, confirmaron que se trataba de Colhuan, quien cuenta con distintos requerimientos judiciales por causas vinculadas a su presunta participación en distintos hechos delictivos en territorio rionegrino.

El detenido tenía un pedido de captura vigente emitido por la Oficina Judicial de la III Circunscripción Judicial de Río Negro y un segundo requerimiento judicial emitido por el Tribunal Oral Federal de General Roca, emitido en 2024.

Debido a los problemas de salud, quedó bajo custodia policial y luego será trasladado a una dependencia policial, para ser sometido a una audiencia de control de detención.

Colhuan no sólo está involucrado, junto a otros miembros de la comunidad, en la causa por la usurpación de tierras públicas y privadas en Villa Mascardi, desde 2017 en adelante, sino que además fue imputado por distintos hechos de violencia, cometidos durante ese mismo lapso.

En 2022 debía enfrentar dos audiencias judiciales aunque decidió ausentarse a ambas. La primera de ellas en el marco de un juicio oral y público por los delitos de resistencia a la autoridad y lesiones leves, que le atribuyó la fiscalía, cometidas contra un policía al que habría agredido el 6 de febrero de 2020, en cercanías del predio de Parques Nacionales ocupado por miembros de la autodenominada comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

La segunda, una audiencia de formulación de cargos por una agresión a Diego Frutos, vecino y ex presidente de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, a quien Colhuan junto a cómplices agredió al reconocerlo durante un corte de la ruta 40.

Fue imputado en la misma causa que su hermana y otros integrantes de la misma comunidad mapuche, aunque al estar prófugo no pudo ser juzgado.

Se cree que Colhuan, al escapar de Villa Mascardi, se refugió en un asentamiento mapuche de la provincia de Chubut, cerca de Esquel, donde fue detenido.

En ese lugar, un grupo de comunidades –autodenominado Movimiento de la Comunidad del Puelmapu- mantiene la ocupación de una fracción de tierras, en un sitio que fue bautizado Pu Lof de Resistencia del Departamento de Cushamen.

El “lonko” de ese asentamiento es Facundo Jones Huala, único integrante expreso de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM). Las tierras fueron recuperadas invocando una presencia ancestral en el territorio y están ubicadas en el kilómetro 1848 de la ruta 40.

Jones Huala y la huelga de hambre

El líder de la RAM regresó a la huelga de hambre, luego de que el Ministerio de Seguridad de la Nación se opusiera al traslado que había solicitado desde la cárcel de máxima seguridad, donde permanece detenido, a la de Esquel, con el argumento de estar cerca de su familia.

El organismo nacional rechazó la decisión del juez de garantías Gustavo Zapata, argumentando que es un detenido de extrema peligrosidad y la unidad 14 de Esquel, donde pretende ser trasladado, carece de las medidas necesarias para alojarlo.

Sin embargo, el último informe emitido por las autoridades penitenciarias de Esquel menciona que el activista tuvo un comportamiento ejemplar durante su reclusión, en 2023, en la previa a su extradición a Chile, para agotar la condena que le impuso la justicia trasandina por el incendio a un fundo y la portación ilegal de un arma artesanal.

En ese escrito, al que accedió Infobae, la puntuación de la conducta de Jones Huala durante su prisión es de 10 puntos, y la califica como “ejemplar”.

Menciona además que Jones Huala “no cuenta con sanciones disciplinarias en el período evaluado”, por lo que dicho informe se contradice con el argumento establecido por las autoridades de la Dirección Correccional de la Nación.

Los gobernadores patagónicos acudieron a una estrategia de campaña similar para intentar imponer sus candidatos en la contienda electoral del domingo, basada en la confrontación con el gobierno nacional, pero ninguno de ellos obtuvo resultados para festejar.

Apelaron incluso a avisos proselitistas en conjunto para dar muestras de unidad ante una administración central que, dijeron, prioriza el centralismo y posterga al interior. Varios acudieron a la misma estrategia de 2022, aunque esta vez no pudieron convencer a los electores.

El neuquino Rolando Figueroa se impuso, en la última elección de medio término, y obtuvo su banca en la Cámara baja, a la que renunció para asumir la gobernación.

En aquella ocasión, en tándem con el rionegrino Alberto Weretilneck, propuso una estructura soldada de la norpatagonia para defender los intereses en común y el resultado fue favorable.

Apeló ahora al mismo recurso. La coalición que lidera, La Neuquinidad, se ubicó en el segundo lugar, detrás de los candidatos de La Libertad Avanza. Consiguió dos bancas en el Congreso, una en cada cámara, aunque aspiraba a un resultado mejor.

“Nuestros candidatos sólo responden a la voz de los neuquinos y no a las órdenes de Buenos Aires”, espetó en uno de sus últimos posteos antes de la contienda.

En el tramo para Diputados obtuvo el 31,55% de los votos (120.772 sufragios), lo que le permitió acceder a una banca; por su parte, LLA alcanzó el 33,36% y se quedó con dos escaños.

En Senadores la performance fue algo inferior, con el 29,52% de los sufragios (una banca) contra el 35,63% de LLA, que obtuvo dos bancas.

El oficialismo rionegrino perdió los dos espacios que tenía en el parlamento nacional, ubicándose en tercer lugar, detrás de Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Los primeros candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados hicieron foco en la desinversión nacional en obras y a la defensa de los recursos propios. Juntos Defendemos Río Negro, la coalición que se conformó para las legislativas, exhibió imágenes de la inconclusa ruta nacional 23 y del pésimo estado de la 151 en el afán de mostrar a los electores la falta de atención de la Casa Rosada a las inversiones en el territorio. La estrategia, tampoco resultó.

Junto al gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y con Figueroa, encabezaron actos en conjunto en los que intentaron fortalecer la crítica por el descuido nacional. Con el eslogan “Juntos, los patagónicos hacemos lo que el gobierno nacional no hace”, buscaron sin éxito despegarse del presidente Javier Milei.

Torres tampoco tuvo festejo: Despierta Chubut, la coalición que dirige, quedó sin bancas en la Cámara baja, ubicándose en tercer lugar, a 7 puntos del peronismo representado por Frente Unidos Podemos, que quedó segundo y logró una de las bancas en juego.

El festejo se tiñó de violeta: LLA obtuvo 89.070 votos, superando por algo más de 26 mil votos a la fuerza oficialista.

Otro de los gobernadores patagónicos que perdió representación legislativa es el santacruceño Claudio Vidal, quien también – al igual que Weretilneck y Torres- quedó en tercer lugar, detrás de Fuerza Santacruceña y La Libertad Avanza.

Vidal propuso a su jefe de gabinete como cabeza de lista para la Cámara baja, con quien pretendía retener una de las bancas, en el marco de un plan de proyección nacional. Manos vacías para el santacruceño, que anunció cambios en su gabinete como señal de autocrítica y de necesidad de oxigenación de su espacio.

La Libertad Avanza también se impuso en Tierra del Fuego y dejó caras largas en el oficialismo que conduce Gustavo Melella.

En el análisis de la derrota, el gobernador insistió con críticas al gobierno nacional, que “amenaza puestos de trabajo y la industria provincial”, eje que sostuvo desde el inicio de la campaña.

El oficialismo nacional se quedó con una banca en la cámara baja para Miguel Rodríguez y Fuerza Patria obtuvo la otra que ocupará Agustín Tita.

En el Senado, dos representantes serán libertarios: Agustín Coto y Belén Monte de Oca; mientras que la tercera será de Cristina López, de Fuerza Patria.

El resultado de estas elecciones es un golpe al poder provincial, estructurado en la alianza Fuerza Patria entre el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, que no pudieron retener la mayoría por las bancas en las cámaras nacionales.

La reforma constitucional que propuso el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, para eliminar fueros a la clase política, magistrados y dirigentes sindicales, se impuso este domingo con el 63.61 por ciento de los votos.

Los chubutenses acudieron a las urnas para elegir a los dos representantes de la cámara baja que asumirán en diciembre. Y también para decidir el acompañamiento a la reforma constitucional que propuso el mandatario provincial.

En la primera, el oficialismo chubutense sufrió un traspié con la victoria de la libertaria Maira Frías y del peronista Juan Pablo Luque, quien obtuvo la segunda banca en juego por Unidos Podemos. La candidata de Despierta Chubut, la coalición que lidera Torres, se ubicó en tercer lugar, con el 20 por ciento de los votos.

Tras asumir la derrota de la aspirante oficialista Ana Clara Romero, quien no pudo renovar su banca en la cámara baja, el gobernador hizo foco en la victoria del “Sí” de la contienda paralela.

“Los chubutenses decidieron un antes y un después y, más allá de la ideología, el resultado es que no queremos más privilegios; la eliminación de los fueros fue una respuesta contundente del pueblo”, afirmó Torres. Y dijo que “podemos estar orgullosos que vamos a ser la primera provincia de la Argentina donde somos todos iguales ante la ley”.

El Sí cosechó 183.832 votos afirmativos, alcanzando el 63.61 % de los sufragios, contra el 36.39 % del No, con 105.169 votos. Participaron del referéndum más de 280 mil votantes en toda la provincia, según consta en el sitio oficial del gobierno de Chubut.

El plebiscito vinculante fue convocado para que los ciudadanos decidieran si se mantenían o no los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial, que establecían inmunidades judiciales y de arresto para diversos cargos públicos. El texto aprobado elimina esos artículos y dispone que ningún funcionario, legislador, magistrado o dirigente sindical goce de fueros especiales de arresto, allanamiento o proceso penal, con la excepción del “fuero de opinión”, que protege la libertad de expresión de los representantes electos.

En la etapa previa, quienes presentaron la mayor oposición a la reforma fueron los magistrados de la provincia, quienes plantearon resistencia y elevaron múltiples recursos para tratar de voltear la iniciativa. Los críticos sostuvieron que los fueros no constituyen privilegios personales, sino garantías funcionales destinadas a preservar la independencia de los poderes y evitar presiones políticas.

Uno de los jueces que encabezó la oposición fue el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la provincia, Claudio Petris, quien objetó la iniciativa y presentó una medida cautelar para tratar de bloquearla.

Los recursos que intentaron voltear la propuesta llegaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que finalmente habilitó la consulta popular al notar que la misma se ajustaba a la normativa vigente en la provincia patagónica.

De acuerdo a la información oficial que distribuyó el gobierno, los departamentos del Valle Inferior del Río Chubut y la Zona Costera son las que más adhirieron a la propuesta, incluyendo las ciudades más importantes de la provincia como Rawson, Trelew y Comodoro Rivadavia. La reforma constitucional entra automáticamente en vigencia una vez proclamado el escrutinio definitivo por el Tribunal Electoral Provincial.

El gobierno de Neuquén lamentó el violento robo que sufrió el diputado y candidato a senador por La Libertad Avanza, Pablo Cervi, en la capital de la provincia petrolera, aseguró que se trató de un hecho fortuito y descartó incidencias políticas en el hecho.

Fuentes del gobierno dijeron a Infobae que el hecho ocurrió en un quincho que pertenece a la mamá del candidato, donde Cervi se encontraba reunido con amigos y allegados.

“Las personas ingresaron por error al lugar, al parecer buscando otra locación vinculada a otra persona”, afirmaron fuentes gubernamentales, rechazando cualquier incidencia política en el atraco.

El robo ocurrió a pocas horas del inicio del acto comicial del domingo, en el que Cervi aspira a quedarse con una de las bancas en la cámara alta.

Cervi fue agredido por los delincuentes, quienes se retiraron con un magro botín. “Al advertir el error, los delincuentes se retiraron rápidamente”, dijeron fuentes del ejecutivo neuquino.

La Policía del Neuquén, a través de la Comisaría 19 y del Departamento Delitos contra la Propiedad, actuó en el lugar y llevó adelante tareas de relevamiento y recolección de pruebas, incluyendo entrevistas, registros fílmicos y el secuestro de elementos útiles para la investigación.

El Fiscal Jefe, Dr. Mauricio Zabala, tomó intervención en el caso, y las diligencias continúan para identificar a los responsables y confirmar las circunstancias del ingreso.

De acuerdo con la información oficial, se trató de un hecho fortuito, sin relación alguna con la actividad política del legislador ni con el proceso electoral. "Cervi y su familia se encuentran en buen estado”, precisaron.

Fuentes cercanas a Cervi dijeron que los agresores no sólo golpearon a Cervi, sino que también accionaron el gatillo de un arma en varias ocasiones, sin que el disparo se concretara. “Le gatillaron varias veces, aunque afortunadamente el arma no se disparó”, según relataron fuentes cercanas al entorno del diputado. Tanto Cervi como su familia lograron salir físicamente indemnes.

Este domingo por la mañana se acercó a cumplir a con su voto y ante los medios, contó cómo fue el brutal episodio, además reveló que se comunicó con el presidente Javier Milei y la ministra Patricia Bullrich.

Cervi aseguró que el hecho ocurrió en su vivienda, en el barrio Jardines del Rey, cuando un grupo de delincuentes ingresó a las instalaciones tras violentar la puerta de acceso.

Dijo que lo maniataron y golpearon con la culata del arma en la cabeza. En diálogo con medios neuquinos, aseguró que “fue una situación compleja y no se la deseo a ningún neuquino”.

Referentes de LLA denunciaron zona liberada en el sitio donde ocurrió el ilícito e intentaron relacionar el caso con la candidatura de Cervi. A diferencia de la versión oficial, mencionaron que la Policía demoró cerca de 30 minutos en acudir a los llamados e hicieron referencia a que el número de emergencias está fuera de funcionamiento.

El candidato dijo que los delincuentes se identificaron como Policías de Delitos Económicos y que estaban allí para cumplimentar una supuesta diligencia judicial.

Mencionó que recibió una comunicación telefónica del presidente Javier Milei y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien encomendó a la Policía Federal intervenir en la investigación, junto a la policía neuquina.

A diferencia de sus copartidarios, rechazó cualquier vinculación con su candidatura y denunció que “se trata de un hecho más de inseguridad en Neuquén”.

La Justicia Federal retrotrajo la autorización que le había otorgado al líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala a una cárcel de seguridad media y ahora le negó el traslado, a partir de la oposición que planteó el Ministerio de Seguridad de la Nación a la derivación.

El magistrado había autorizado que Jones Huala sea trasladado de la cárcel de Rawson – donde está detenido desde junio- a la de Esquel, solicitada para acortar distancias con Bariloche, donde reside la familia del convicto.

En la misma decisión ordenó a las autoridades penitenciarias, con carácter de “urgente”, gestionar el cupo para alojarlo en la U14, que a diferencia de la anterior es de seguridad media.

La manda generó la suspensión, por parte del convicto, de abandonar la huelga de hambre líquida que había iniciado como método de reclamo para obtener su traslado.

Sin embargo el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección Correccional, se opuso al traslado, argumentando que la dependencia de Esquel no cuenta con las medidas de seguridad necesarias para alojar al líder de la RAM, a quien consideran un detenido “peligroso”.

Esa sugerencia oficial alteró la decisión del juez Gustavo Zapata, quien cambió de opinión y rechazó el traslado, afirmando que la opinión del Consejo Correccional – que evalúa la conducta de los internos - es prioritaria.

A partir del cambio, Jones Huala retomó la huelga de hambre (sólo ingiere líquidos) y a través de su defensa aseguró que la va a sostener por tiempo indefinido, hasta obtener la autorización a su traslado.

El mapuche está detenido de forma preventiva desde junio pasado, luego de ser denunciado por supuesta Asociación ilícita calificada, luego de justificar el uso de métodos violentos para la defensa de la causa mapuche, durante la presentación de su libro “Entre Rejas Antipoesía incendiaria”.

El expediente, encuadrado bajo la figura de delito complejo, podría extender la preventiva hasta 2 años, aunque por ahora la Justicia ordenó que permanezca detenido hasta el 6 de diciembre.

El director del Régimen Correccional de la Nación, Gabriel Aquino, fue quien oficializó el rechazo del Ministerio de Seguridad al traslado de Jones Huala.

Detalló los antecedentes del mapuche, en los que mencionó la condena que cumplió en Chile por el incendio de una propiedad privada y la portación de un arma de elaboración casera.

Mencionó que se convirtió en líder y creador de la RAM, no cuenta con domicilio fijo y alterna su residencia entre distintas ciudades de la Patagonia.

Sin mencionar delitos cometidos en el país, el funcionario argumentó que los establecimientos penitenciarios son diferenciados por categorías, siendo la de Rawson – donde está alojado actualmente el mapuche- de máxima seguridad, y la de Esquel, donde pretende ir, es de seguridad media y no cuenta con las medidas para alojarlo.

La defensa del mapuche, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, cuestionó el rechazo judicial al traslado. “El Juez ahora deniega el traslado de Facundo (Jones Huala), por el momento, hasta que se expida el Consejo Correccional. Un papelón” aseguraron los defensores.

Insistieron en que el traslado le permitiría a la familia del líder de la RAM estar cerca del detenido. Esquel está a 400 kilómetros de Bariloche y Rawson, donde se encuentra alojado actualmente, a más de 900.

“El juez se desentiende de sus obligaciones con la Constitución y los tratados internacionales y pone por encima de ellos un reglamento administrativo, lo que es claramente absurdo” sentenciaron.

Dijeron que la defensa “hará todos los trámites engorrosos y burocráticos que ahora han servido de excusa para resolver algo distinto a lo decidido antes”.

Plantearon además que el Consejo Correccional de la Unidad 6 demorará en emitir su dictamen y vaticinaron que su opinión será adversa, bajo el argumento de que Jones Huala “es terrorista, peligroso y que no aconsejan el traslado”.

Los oficialismos de Río Negro y Neuquén calcaron sus propuestas electorales e hicieron foco en el “olvido” presidencial a las provincias del interior. “Defender lo de acá” fue el foco proselitista de la campaña, que contó – en ambas provincias- con activa participación de los gobernadores Alberto Weretilneck y Rolando Figueroa.

El escándalo del ex candidato José Luis Espert por su vínculo con el empresario Fred Machado, próximo a ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos, cambió el esquema electoral en Río Negro, provincia donde el convicto cumplía prisión preventiva.

La relación de la candidata libertaria a la cámara alta Lorena Villaverde, a partir de su relación sentimental con el primo de Machado, Claudio Ciccarelli, también alteró la estrategia electoral.

Villaverde, quien también está vinculada a causas de narcotráfico en Estados Unidos, sostuvo su andamiaje proselitista de forma rasposa, ignorando los múltiples pedidos para que decline su postulación.

Así lo propuso el PRO, que lleva a su presidente en Río Negro Juan Martín como aspirante al Senado y a Martina Lacourt encabezando la lista a la cámara baja: “Si se bajó Espert, Villaverde debe hacer lo mismo” aseguró el dirigente. Nada pasó.

El escándalo dejó a Villaverde sin respaldo explícito. Respetaron su candidatura pero desaparecieron los espaldarazos.

El presidente Javier Milei, en Neuquén, acompañó a través de sus redes los mensajes y publicaciones de los candidatos libertarios de la provincia petrolera, Nadia Márquez y Pablo Cervi. Para Río Negro, el acompañamiento a sus candidatos fue inexistente.

Mientras tanto, Weretilneck y Figueroa pactaron una agenda conjunta para el Congreso, tal como lo hicieron en 2021. Sus campañas hicieron foco en el abandono de Milei a ambas provincias, a pesar de la proyección que tienen con el impulso de Vaca Muerta y el desarrollo energético en pleno auge.

En el tramo final de la campaña, analizaron posibles estrategias para impulsar desde ambas cámaras, desde el 10 de diciembre. En la foto aparecieron los candidatos a senadores y diputados por La Neuquinidad, Julieta Corroza, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset, Karina Maureira y Joaquín Perren; y sus pares de Juntos Defendemos Río Negro: Facundo López, Andrea Confini y Juan Pablo Muena.

“Para la Argentina que viene, es fundamental que Río Negro y Neuquén aporten lo que el país necesita: producción, desarrollo y divisas”, destacó Figueroa, subrayando que ambos distritos deben ocupar el lugar que merecen en el nuevo diseño federal. Su par rionegrino dijo que ambas provincias “comparten una idea y un destino de desarrollo, de energía, de producción y de trabajo genuino”.

En Fuerza Patria, el discurso no fue otro. “El domingo tenemos la tarea histórica de frenar el ajuste, defender la patria y cuidar a Río Negro con nuestro voto” publicó Soria, quien ocupa una banca en Diputados, fue intendente de General Roca y cumplió funciones en el gabinete de Alberto Fernández. Ahora aspira a un espacio en el Senado.

El peronismo en Río Negro usufructuó el escándalo Espert para redirigir la campaña y avanzó en la misma línea hasta el tramo final: fin a la motosierra y las sospechas de vínculos entre la política y el narcotráfico, apoyo a los jubilados y las universidades los pilares de su discurso.

El PJ es el que más arriesga en la contienda de término medio, ya que arriesga dos de las tres bancas en disputa, las de Martín Doñate y Silvina García Larraburu. El tercer espacio está en manos del oficialismo de rionegrino y pertenece a Mónica Silva, quien reemplazó al gobernador Weretilneck cuando renunció a su escaño para asumir la conducción provincial.

La designación de Soria tuvo influencia de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien se inclinó por el roquense y ordenó a todos los sectores que se encolumnen detrás de su candidatura. El mandato se cumplió con fórceps.

En Tierra del Fuego, el peronismo también arriesga dos lugares claves en la cámara alta: el de María Eugenia Duré y Cristina López, quien intentará repetir mandato.

La Libertad Avanza incorporó al PRO, Republicanos y el Partido Libertario, y unió fuerzas en torno a la figura de Agustín Coto, presidente de la Legislatura Provincial y presidente de los libertarios en la provincia austral.

El mandatario nacional viajó a Tierra del Fuego para apoyar a sus candidatos. Visitó empresas locales e hizo foco en el rumbo económico del país. Sin embargo cosechó críticas de parte del empresariado local, a partir de la política de apertura de las importaciones. Debió suspender una caminata proselitista por las calles fueguinas.

Tras su regreso, la Libertad Avanza sumó otro conflicto, con la denuncia que involucra al diputado Santiago Pauli, acusado de exigir aportes obligatorios a sus asesores para financiar al partido.

El escándalo agitó la base libertaria fueguina, situación que signó el último tramo de la campaña de cara al domingo 26.

La Dirección de Régimen Correccional del Ministerio de Seguridad de la Nación se opuso al traslado del líder de la RAM a un establecimiento penitenciario de menor seguridad, en discrepancia con lo que dispuso la Justicia. La defensa del activista insistirá con su traslado a Esquel.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, abandonó la huelga de hambre líquida al conseguir el aval judicial para su traslado a la unidad carcelaria de Esquel, para estar más cerca de su familia, aunque el Ministerio de Seguridad de la Nación objetó el planteo y rechazó la derivación del activista por razones de seguridad.

El mapuche está detenido en la unidad de máxima seguridad de Rawson, en Chubut, y pidió su derivación a la U14 de Esquel, con el argumento de que la misma se encuentra a pocos kilómetros de Bariloche, donde reside su familia.

Para exigir la derivación inició una huelga de hambre líquida y de esa forma obtuvo el aval judicial para su traslado. El juez Gustavo Zapata solicitó una vacante en la dependencia de seguridad media de Esquel para concretar su traslado aunque el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de la Dirección de Régimen Correccional, objetó el planteo argumentando razones de seguridad.

El rechazo al traslado generó críticas en la defensa del mapuche, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y consideró que se trata de una decisión “de clara persecución política”.

“El Ministerio de Seguridad insiste en la decisión política de mantener (a Jones Huala) en el más duro régimen penitenciario”, aseguraron voceros de la defensa, quienes cuestionaron la intromisión política en una decisión judicial ya adoptada.

Jones Huala está detenido desde junio en Rawson, en el marco de una causa por supuesta asociación ilícita, tras revindicar el uso de métodos violentos para defender la causa mapuche, durante la presentación de un libro de autoría propia.

La investigación fue encuadrada como delito complejo, por lo que podría permanecer detenido hasta dos años. Sin embargo la fiscalía federal admitió, en la audiencia en la que extendieron la prisión preventiva hasta diciembre, las dificultades que tiene para reunir material probatorio en contra del recluso.

Días atrás inició una huelga de hambre para exigir, entre otros puntos, su traslado al Penal de Esquel, para estar cerca de su familia. La abandonó cuando logró la autorización judicial para ser derivado a esa localidad chubutense.

Pero horas después de la audiencia en la que la Justicia Federal autorizó el traslado, el director de Régimen Correccional de la Nación, Gabriel Aquino, informó su disconformidad con esa decisión.

El argumento oficial

En el rechazo oficial al traslado de Jones Huala, el funcionario detalló los antecedentes del mapuche, en los que mencionó la condena que cumplió en Chile por el incendio de una propiedad privada y la portación de un arma de elaboración casera.

Mencionó que se convirtió en líder y creador de la RAM, no cuenta con domicilio fijo y alterna su residencia entre distintas ciudades de la Patagonia.

Sin mencionar delitos cometidos en el país, el funcionario argumentó que los establecimientos penitenciarios son diferenciados por categorías, siendo la de Rawson – donde está alojado actualmente el mapuche- de máxima seguridad.

Para decidir en qué establecimiento debe estar detenido cada recluso, se toma en cuenta el perfil del detenido y el nivel de seguridad del Penal donde se aloja y la unidad a la que pretende ser trasladado Jones Huala, no reúne las condiciones de seguridad para su alojamiento.

Sin embargo, el funcionario omitió mencionar que el líder de la RAM estuvo detenido en esa misma dependencia carcelaria en al menos dos ocasiones, antes de ser extraditado a Chile para ser juzgado – en el primer caso- y para agotar el cumplimiento de la condena.

“El perfil del mencionado detenido, por su alto nivel de exposición pública, antecedentes y riesgo para la seguridad institucional, resulta incompatible con las características de esa Unidad. Permitir el ingreso de esta persona como residente afectaría la seguridad general y el régimen progresivo que debe imperar” describió Aquino.

Argumentó además que “se trata de una persona con evidentes grados de influencia en esta zona, lo que implica según la praxis penitenciaria hipotetizar en posibles planificaciones o intentos de fuga y/o evasión con apoyo externo o en eventuales intenciones que desde el medio exterior se atente contra él”.

En concreto, argumentó que “tras la evaluación correspondiente, se determina que dicho establecimiento (U.14), no reúne las condiciones de seguridad ni el régimen adecuado para alojar al detenido Francisco Facundo Jones Huala” y consideró “no viable” el traslado del lonko a la unidad de Esquel.

El caso se dirimirá este jueves 23, en el marco de una audiencia en la que la Gremial de Abogados insistirá con la derivación y el juez podría sostener la decisión de trasladarlo a la unidad carcelaria de seguridad media, más allá de la objeción política.

El mapuche Facundo Jones Huala levantó la huelga de hambre líquida que mantuvo durante ocho días, tras acceder a distintos planteos que elevó a la Justicia. Dejará la cárcel de máxima seguridad de Rawson y será trasladado a otra dependencia carcelaria, más cerca de su familia.

La Justicia Federal accedió a varios planteos que presentó el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala, quien como “muestra de buena voluntad” suspendió la huelga de hambre líquida que mantuvo durante ocho días.

El activista comenzó la medida de fuerza para exigir su traslado a la unidad carcelaria de Esquel, en Chubut, como también el permiso para realizar las ceremonias mapuche dentro de la dependencia penitenciaria donde se aloja desde junio pasado.

El permiso judicial fue celebrado como una “victoria” por la defensa del lonko, ejercida por la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.

Jones Huala dejó de ingerir alimentos sólidos para llamar la atención de la Justicia y exigir que acceda a sus planteos. A diferencia de otros reclamos similares, esta vez los jueces atendieron el reclamo y accedieron a varios de sus pedidos.

Está detenido desde junio en la cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Rawson, imputado en una supuesta asociación ilícita, a partir de la denuncia que radicó el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Entre otros puntos, la defensa solicitó el traslado del lonko a la U14 de Esquel para estar cerca de su familia, que reside en Bariloche, a unos 200 kilómetros de esa ciudad chubutense.

El juez federal de Primera Instancia de Rawson, Guillermo Gustavo Lleral, ordenó a la Dirección de la Unidad 6 de Rawson que autorice las peticiones de Jones Huala y le permita al detenido poner en práctica sus rituales mapuches, con la participación incluso de su mamá, María Isabel Huala como también de otros miembros de la comunidad.

Sin embargo, el magistrado no se expidió sobre el traslado a la unidad carcelaria de Esquel, de mediana seguridad, y trasladó la decisión al juez de garantías de Bariloche, quien finalmente accedió a ese requerimiento.

“No existen motivos para que esté detenido en una cárcel de máxima seguridad, el planteo es justo y razonable”, dijo la defensa. Será trasladado a Esquel, un establecimiento “más cercano a su entorno familiar y comunitario”.

El juez dio instrucciones para gestionar el traslado, de forma urgente, del detenido. Solicitó a la Dirección de Judiciales del Servicio Penitenciario Federal que otorgue un cupo de alojamiento en la U14 “Subalcaide Abel Rosario Muñoz” de Esquel.

La defensa del mapuche denunció que la U6 de Rawson cumple directivas que imparte el Ministerio de Seguridad de la Nación, cuando en realidad “es la Justicia quien debe darlas”.

“A Facundo (Jones Huala) lo vienen verdugueando mal desde su arbitraria detención. Se la hacen muy difícil a él, a su familia y a la gente de las comunidades mapuche. Los penitenciarios le dicen expresamente que ellos no reciben órdenes de los jueces, sino del Ministerio de Seguridad”, denunció la Gremial de Abogados.

El “lonko” fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación por asociación ilícita calificada, luego de la presentación del libro que escribió mientras permanecía detenido en Valdivia, Chile.

Durante la socialización del escrito, Jones Huala insistió con el uso de métodos violentos para defender los derechos mapuche.

La causa por la que permanece detenido el activista sigue encuadrada como “investigación compleja”, por lo que Jones Huala podría permanecer detenido hasta 2027.

La Justicia ordenó su prisión preventiva hasta diciembre, sin acusación formal. “Está cumpliendo una pena sin haber pasado por juicio y sin pruebas, incluso ha sido detenido de forma ilegal sin orden de detención”, aseguró la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro rechazó un recurso extraordinario que elevó la defensa de la comunidad mapuche Buenuleo de Bariloche para que la Corte Suprema revise la sentencia condenatoria para sus integrantes, por la usurpación de un predio particular situado cerca de la localidad cordillerana.

Cinco mapuches fueron encontrados responsables por la irrupción en un predio particular, al que ingresaron en 2019. Con el rechazo al recurso presentado, la comunidad agotó las alternativas posibles para revertir el fallo.

En mayo de 2024, el Tribunal de Juicio de Bariloche condenó a 15 meses de prisión en suspenso a cinco integrantes de la autoproclamada comunidad Buenuleo por el delito de usurpación y ordenó el desalojo de las 92 hectáreas que ocupan ilegalmente desde 2019. Otros tres integrantes de la misma agrupación fueron absueltos.

El predio en conflicto está ubicado al pie del cerro Ventana, a pocos kilómetros del centro de la ciudad. El caso se hizo conocido cuando funcionarios del gobierno que condujo Alberto Fernández se presentaron en el territorio para expresar su acompañamiento a los usurpadores.

En septiembre de 2019, los integrantes de la lof Buenuleo irrumpieron de forma intempestiva en el lote pastoril 172 y tomaron posesión de 92 hectáreas. Lo hicieron, según la justicia, “con violencia y clandestinidad”.

Antiguamente, las tierras pertenecían a Antonio Buenuleo, aunque con el correr de los años el extinto poblador las comercializó de forma paulatina a distintos compradores. Sus descendientes desconocieron esas operaciones y decidieron ocuparlas bajo la figura de “recuperación ancestral”. Según lo que determinó la justicia, cuando las comercializó no existía la comunidad a la que dicen pertenecer los condenados.

En el mismo veredicto, los jueces condenaron a dos personas por “perturbación del ejercicio de funciones públicas”, ya que se probó que hicieron una amenaza de bomba en el edificio de Tribunales para suspender una audiencia en la causa. En este punto, el Tribunal desestimó la acusación de intimidación pública. Impuso por este ítem una pena de tres meses en suspenso y una reparación económica que será destinada a la Biblioteca del Poder Judicial, para la compra de material de estudio.

La condena fue apelada y el Tribunal de Impugnación confirmó el veredicto de primera instancia. Pero, no conformes con el nuevo revés judicial, la comunidad presentó un nuevo recurso para intentar llegar a la Corte Suprema, aunque ahora el STJ rechazó el planteo y puso fin al recorrido judicial en el fuero provincial al caso.

La defensa mapuche argumentó en el fallo condenatorio violó garantías constitucionales, desconoció el derecho al juez imparcial y omitió aplicar normativa sobre derechos de pueblos originarios. Alegó también arbitrariedad en la valoración de la prueba y en la imposición de medidas restrictivas.

El STJ no hizo un análisis de la sentencia, aunque rechazó el recurso por razones de forma. Consideró que no se habían cumplido los requisitos establecidos para habilitar la vía federal y que los argumentos esgrimidos fueron insuficientes. Señaló que la presentación no desarrolló con claridad la relación entre las normas invocadas y los hechos resueltos en la sentencia.

Además, el máximo tribunal de la provincia remarcó que la defensa no ofreció una crítica concreta a los fundamentos del fallo condenatorio y que se limitaron a repetir planteos ya tratados en otras instancias.

Los jueces y jueza del tribunal penal descartaron ese encuadre y resolvieron que no se acreditó un derecho legítimo sobre el inmueble por parte de los imputados.

La sentencia también impuso medidas cautelares que impiden a los condenados acercarse al predio ni tener contacto con los denunciantes. Esas restricciones fueron apeladas por la defensa en distintas etapas, sin obtener modificaciones. En todos los casos se consideró que la medida era razonable frente a los hechos probados.

Integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que usurpó tierras en Villa Mascardi hasta octubre de 2022, fueron incluidos en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo.

La decisión provocó el rechazo del grupo, porque a sus integrantes esto les genera múltiples perjuicios; entre ellos, el cobro de Asignaciones Familiares, el uso de cuentas bancarias y billeteras virtuales y la percepción por discapacidad del hijo de uno de los afectados.

En ese marco, sus abogados patrocinantes realizarán este viernes una declaración pública para denunciar “persecución” a las comunidades mapuches.

Los integrantes de Lafken Winkul Mapu fueron incorporados al registro en septiembre pasado, aunque el mismo ya contaba con otras agrupaciones de la región, como la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que dirige el detenido Facundo Jones Huala, quien también aparece en la grilla.

Los mapuches que fueron incluidos recientemente integran la agrupación que entre 2017 y 2022 usurpó predios públicos y privados en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche. Algunos de sus integrantes permanecen prófugos y otros fueron condenados por la Justicia Federal, tanto por ingresar a predios fiscales como también a propiedades particulares.

Entre los integrantes considerados terroristas está Matías Santana, conocido como el “mapuche de los binoculares” por el testimonio irreal que brindó durante la desaparición del activista fallecido Santiago Maldonado (dijo que con sus binoculares había visto cómo Gendarmería trasladaba al activista). El apodo, incluso, está contemplado en el registro oficial.

En el mismo registro también fueron incluidos Luciana Jaramillo, Joana Colhuan, Jessica Bonefoi, María Nahuel, entre otros integrantes de la misma comunidad.

En mayo pasado, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a varios de ellos con penas en suspenso, como responsables de los delitos de usurpación por despojo.

La comunidad Lafken Winkul Mapu ingresó, en noviembre de 2017, a dos predios pertenecientes a Parques Nacionales, desde los cuales avanzó a otras propiedades estatales y privadas, todas ubicadas en el mismo paraje turístico.

Avanzaron con el débil argumento de preexistencia ancestral en esas tierras, lo que nunca pudo ser documentado.

Durante su permanencia en el lugar, hasta octubre de 2022, protagonizaron distintos hechos vandálicos contra los inmuebles e incluso contra turistas y automovilistas.

En la denuncia pública que formalizará la comunidad este viernes, harán referencia a la inclusión en el listado de terroristas provocó el cierre y cancelación de cuentas bancarias, inaccesibilidad a billeteras virtuales y la imposibilidad de percibir asignaciones universales de sus hijos.

“Se inició una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser ‘terroristas’”, denunciaron sus defensores.

El objetivo de la presentación pública es “poner en conocimiento de una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios, que prácticamente no registra antecedentes en este período democrático”.

El líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, volvió a iniciar una huelga de hambre por “tiempo indefinido”. No es la primera vez que el mapuche recurre a un reclamo similar: cuando estuvo detenido en la U14 de Esquel, en Chubut, tomó la misma medida para tratar de evitar su extradición a Chile.

En aquel entonces, en noviembre de 2023, tuvo que ser hospitalizado en estado crítico de salud, producto de la falta de ingesta de alimentos líquidos y sólidos. A pesar de ello, fue extraditado una vez que se recuperó.

El “lonko” está detenido desde junio, imputado por asociación ilícita calificada, luego de la presentación de su libro Entre rejas, Antipoesía incendiaria.

Ahora, el abogado defensor del convicto, Gustavo Franquet, enumeró los pedidos de Jones Huala: reclama un “juicio justo” y solicitó su traslado a la U14 de Esquel para estar cerca de su familia, que reside en Bariloche, a unos 200 kilómetros de esa ciudad chubutense.

El listado continúa con el pedido de “desprocesamiento de todos los comuneros por conflictos políticos territoriales” y el “reconocimiento de parte del Estado del conflicto político histórico y solución política acorde, no represiva ni judicial”.

En la misma línea, Jones Huala pide “la devolución del territorio mapuche histórico ocupado por terratenientes y trasnacionales”, y exige “respeto y aplicación íntegra y acorde de pautas culturales para prisioneros políticos y comunes de origen mapuche”.

Franquet informó que en la causa que lo mantiene privado de su libertad “no hay avances”. En la última audiencia que se realizó, la Justicia rechazó la excarcelación de Jones Huala y extendió la prisión preventiva, en principio hasta diciembre.

La decisión estuvo a cargo del Tribunal de Impugnaciones de la Justicia Federal, con asiento en General Roca, que avaló la decisión del juez federal subrogante Gustavo Zapata, por pedido de la fiscalía federal.

El magistrado accedió al planteo de la fiscal Angela Pagano Matta para extender la preventiva hasta diciembre.

El “lonko” fue denunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación por asociación ilícita calificada, luego de la presentación del libro que escribió mientras permanecía detenido en Valdivia, Chile.

Durante la socialización del escrito, Jones Huala insistió con el uso de métodos violentos para defender los derechos mapuche.

La causa por la que permanece detenido el activista sigue encuadrada como “investigación compleja”, por lo que Jones Huala podría permanecer detenido hasta 2027.

Los defensores del mapuche cuestionaron aquel planteo de la fiscal y la decisión posterior de Zapata, e hicieron lo propio con el fallo del Tribunal de Impugnación, que avaló la medida.

Pagano Matta, durante la audiencia en la que solicitó extender la preventiva de Jones Huala, admitió dificultades en la etapa de recopilación de pruebas. Argumentó la lentitud del proceso en la extensión geográfica donde habría actuado la RAM en los últimos años, con registros en Neuquén, Río Negro y Chubut, aunque para la defensa “no es más que una excusa, que demuestra que la investigación está en pañales”.

El listado de planteos que fundamentan la huelga de hambre líquida continúa con el “cese de la persecución política y judicial a los luchadores de la causa mapuche, la aplicación del Convenio 169 OIT y todos los tratados internacionales sobre pueblos indígenas, aplicación íntegra y reglamentación del Artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, intervención de Organismos Internacionales y de DDHH para la resolución del conflicto” y un pedido de “Territorio y Autonomía a la Nación Mapuche y a todos los pueblos que así lo precisen”.

Una comunidad mapuche de Neuquén decidió impedir el paso de algunos vehículos petroleros – no de todos– como parte de una “medida de seguridad” que afecta la operación de YPF en la zona de los lagos Mari Menuco y Los Barreales.

La medida fue adoptada por la comunidad Kaxipayiñ, que decidió sostenerla hasta que no se realice la consulta “previa” de los operadores petroleros para poder circular por “tierras ancestrales”.

“Es una medida de seguridad, cerramos la puerta de casa” aseguran los voceros de la comunidad, y sostienen que “no se trata de un bloqueo, no es el único camino que existe, sino que es una vía más corta, que es utilizada por conveniencia”.

Gabriel Cherqui, uno de los líderes de la comunidad, dijo que “acá no hay dudas sobre la titularidad de las tierras, porque el relevamiento está finalizado y validado por Nación y provincia”. Sin embargo, “la provincia aún no cumple con el compromiso de entregar la escritura a nombre de la comunidad, algo que debería haber concretado en 2019”.

La tranquera cerrada está sobre la ruta 51, que conecta el territorio mapuche con los lagos Mari Menuco y Los Barreales. El trazado es utilizado a diario por gran cantidad de vehículos dedicados a la actividad hidrocarburífera e incluso también por particulares, que acceden a una villa residencial ubicada en la periferia de esos espejos de agua.

El trayecto está ubicado dentro del territorio asignado a la comunidad mapuche pero, según Cherqui, no es el único por el que YPF puede llegar al desarrollo no convencional, en el área La Angostura Sur II.

El Ministerio Público Fiscal informó que la comunidad fue intimada a permitir el acceso a través de esa ruta, aunque los mapuches niegan haber recibido dicha notificación.

La medida afecta exclusivamente a YPF aunque permite el paso a otras operadoras que trabajan en Loma La Lata e incluso a los particulares que transitan hacia la villa turística.

“Para acceder a ese yacimiento tienen que hacer al menos 50 kilómetros de tierra, por otro camino interno, sin pasar por el ‘territorio mapuche’ de los Kaxipayiñ” asegura Cherqui.

A pesar de la intimación de la fiscalía, la medida se mantiene. “Vamos a sostenerla hasta que no exista una consulta previa de la petrolera con la comunidad, que tiene el derecho de mantenerla porque es su territorio” aseguran.

“Acá no existen bloqueos. La palabra bloqueo no existe porque estamos dentro de nuestra casa. En este caso, lo que sí, se han cerrado las tranqueras de los caminos internos de nuestro territorio, de nuestra casa”, afirmó Cherqui en declaraciones mediáticas.

“Esto es un cierre de tranqueras como cuando vos cerrás la puerta de tu casa. Vos tenés la propiedad, entraste y cerraste porque hay delincuentes o gente que no querés que entre. Nosotros hicimos varias denuncias porque nos empezaron a robar los animales, además los camiones generan polvillo en suspensión y basura” denuncian.

Por ahora, la medida solo impide el ingreso de camionetas que pretendan atravesar el territorio Kaxipayiñ hacia el bloque La Angostura Sur II, donde YPF proyecta nuevas perforaciones no convencionales. Pero no para los demás proyectos convencionales y para los socios de los clubes (en este caso el Yacht).

“No pedimos nada, simplemente no queremos que entren. Si quieren pasar, deberían pedir permiso, como corresponde”, concluyó.

El mandatario se mantenía al margen del escándalo entre el diputado José Luis Espert y su cercanía con Machado, y sobre la relación conyugal del primo del empresario, Claudio Ciccarelli, con la diputada libertaria Lorena Villaverde.

Sin embargo, a partir de la vinculación que realizó el ex ministro de Justicia durante la presidencia de Alberto Fernández entre Ciccarelli y el oficialismo provincial, el gobernador se despegó de la acusación y apuntó contra el ex intendente roquense y candidato a senador por Fuerza Patria: “Esa es la verdadera vinculación de la política con el narcotráfico”.

El clan Montecino es una conocida organización criminal de la provincia de Río Negro, con base principal en la ciudad de Cipolletti, cuyos integrantes están vinculados al ambiente delictivo, principalmente en narcotráfico y estafas.

Se cree que la familia homónima lidera una de las bandas narco más poderosas de la Patagonia. De hecho, integrantes de esa familia enfrentaron numerosos procesos judiciales en los últimos años, varios están presos y otros con libertad vigilada.

En contacto con medios rionegrinos, Weretilneck desacreditó los dichos de Soria, vinculó al diputado con la familia Montecino y exhibió fotografías en la que aparece el ex intendente roquense junto al cabecilla de la banda.

Preparado para la ocasión, el mandatario buscó en sus bolsillos las dos imágenes y las mostró a cámaras. “Se habló mucho de la política y el narcotráfico. Esta -mostrando las imágenes- es la verdadera vinculación de la política y el narcotráfico en Río Negro, la relación de la familia Soria con la familia Montecino”. “Este es Soria, y este Montecino” dijo, señalando las muestras gráficas.

En cuanto a la relación con Machado y Ciccarelli, el gobernador mencionó una reunión que mantuvo hace “8 o 10 años atrás” por temas estrictamente deportivos, cuando el último formaba parte de Deportivo Viedma y negó aportes del empresario a la campaña de Juntos Somos Río Negro, la fuerza que fundó y conduce.

Dijo que existen, en la administración provincial, permisos otorgados a Ciccarelli para la explotación de canteras de arena para su uso en explotaciones petrolíferas, y otras autorizaciones que están en trámite.

Reconoció que durante esa reunión, en la que Machado gestionó sponsoreo estatal para la entidad deportiva, el empresario mencionó su intención de invertir en la provincia, aunque “fue el único contacto y la única conversación que hubo”.

Negó también cualquier vínculo “personal o político” con el hombre que tiene pedido de extradición para ser juzgado en Estados Unidos.

Soria vinculó al oficialismo rionegrino con Ciccarelli y puso en duda los permisos que recibió el primo de Machado para esa explotación minera. “El primo de Fred Machado, ñoqui del gobierno provincial, tiene casi 40 por ciento de las arenas silíceas que se usan en Vaca Muerta”, denunció Soria, apuntando contra la gestión de la ex secretaria de Energía de la provincia, Andrea Confini, quien es candidata a senadora por el oficialismo rionegrino.

Weretilneck, en relación a la acusación, dijo que “tiene permisos de tres canteras y dos en trámite” y aclaró que “los permisos que están en el marco del Código de Procedimiento Minero. Tiene que cumplir esos requerimientos del código como el resto de los empresarios” y enumeró los requisitos. Dijo, a diferencia del número que arrojó Soria, que tiene “menos del 1 por ciento de las arenas de Río Negro”.

La defensa de los integrantes de la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa la Angostura apelará el fallo que ordena la restitución en 30 días de un predio de 13 hectáreas al ex basquetbolista Emanuel Ginóbili y cuestionó la resolución del juez Francisco Astoul Bonorino.

La misma comunidad tiene una docena de conflictos territoriales abiertos en la villa turística. El argumento que utiliza en todos los casos es la preexistencia de sus ancestros en los espacios en disputa, aunque en varios terrenos se instalaron con la excusa de supuestas reivindicaciones territoriales.

El ex NBA adquirió, en 2004, un predio de 124.687,10 metros cuadrados en uno de los faldeos del cerro Belvedere, con la idea de desarrollar un proyecto inmobiliario y subdividirlo en 24 parcelas.

Luego de la operación, y a pesar de contar con el título de propiedad correspondiente, la comunidad ingresó al lugar y tomó posesión del mismo, bajo una supuesta recuperación de tierras que pertenecían a sus ancestros.

Sin embargo, su preexistencia allí es sólo anecdótica, carente de documentación y el mismo argumento es utilizado en otros conflictos territoriales.

Virgilio Sánchez, abogado defensor de la comunidad, cuestionó el fallo del magistrado y aseguró que en el mismo omitió prueba documental, motivo por el que proyecta apelarlo. Para el defensor, el título de propiedad que tiene Ginóbili “es irrelevante”. Sin embargo, la Justicia reafirma el derecho de propiedad del ex basquetbolista sobre el terreno en disputa y fija un plazo concreto para la restitución.

Si la resolución queda firme, los intrusos deberán abandonar el predio del litigio en un plazo de 30 días, aunque la posible apelación dilataría el proceso. Mientras tanto, integrantes de la comunidad aseguran que permanecerán en el lugar, incluso si existe una orden de desalojo vigente.

Sánchez hizo foco en la evidencia probatoria que consideró el juez para ordenar la restitución al ex NBA y aseguró que el fallo “no se condice con el trabajo probatorio que se desarrolló en la causa”.

“Yo creo que el fallo no va a resistir las instancias superiores. Lo veo flojo, no se condice con el trabajo probatorio que se desarrolló en la causa” aseguró, en diálogo con la emisora local.

El abogado destacó que durante el juicio se presentaron testimonios de miembros de la comunidad y dictámenes firmados por antropólogos, que fueron descartados por el juez.

Para Sánchez, el juez “cita de manera parcial” la prueba y “desechó testimonios de personas mayores de la comunidad, incluso de algunos que ya no están con vida” y sostuvo que “el fallo es dogmático, con citas dogmáticas, y no refleja absolutamente nada de la actividad probatoria que se desarrolló en el expediente”.

En un comunicado difundido por la comunidad Paichil Antriao, sus integrantes aseguran que van a resistir en el territorio y, una vez más, cuestionaron la prueba que recolectó el magistrado para ordenar la restitución al ex deportista.

Dijeron además que el juez “es discriminatorio y racista” porque hace mención a la “autoproclamada comunidad Paichil Antriao”, cuando en realidad, la misma cuenta con personería jurídica otorgada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Otros 12 conflictos

La comunidad Paichil Antriao protagoniza otros 12 conflictos similares, en los que hace referencia a la preexistencia ancestral de sus familiares en distintos puntos de Villa la Angostura.

Así, con esa metodología, interrumpió la construcción de una ruta nacional, avanzó sobre predios públicos y privados, y protagonizó múltiples conflictos con distintos sectores.

En su carta de presentación, asegura que en 1902 el grupo contaba con 625 hectáreas de tierras, de las que– en el año 2000- conservaba 125.

Los integrantes de la conflictiva comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura deberán desalojar un predio de 13 hectáreas que ocupan desde 2018, en el marco de una supuesta reivindicación ancestral.

El ex alero de San Antonio Spurs adquirió el predio en 2004, con el objeto de subdividirlo e impulsar un desarrollo inmobiliario. Varios años después, integrantes de la comunidad mapuche Paichil Antriao se instalaron en el lugar, aduciendo una supuesta reivindicación territorial e impidiendo el avance del proyecto.

A través de sus abogados, Ginóbili denunció a siete integrantes de esa comunidad por usurpación y amenazas, aunque la justicia desestimó la acusación. Sin embargo, ahora el juez Francisco Astul Bonorino falló a favor del ex basquetbolista en una causa por reivindicación de dominio, por lo que los intrusos deberán desalojar el predio en un lapso de 30 días.

La comunidad mantiene conflictos territoriales con privados de Villa La Angostura, está en juicio con el municipio local e incluso bloqueó la construcción de la ruta de Circunvalación, que fue ideada para evitar la circulación de camiones chilenos por el casco urbano de la localidad turística.

Además mantiene un litigio con el municipio local y avanzó sobre otras propiedades privadas. Uno de los propietarios afectados por el avance mapuche, incluso, optó por cerrar un complejo en el que brindaba alojamiento por los conflictos que durante años mantuvo con los mapuches.

El lote del deportista ex estrella de la NBA tiene 13 hectáreas, está ubicado en inmediaciones del lago Correntoso, sobre una de las laderas del cerro Belvedere y fue adquirido para lotearlo en 24 parcelas. Sin embargo, la irrupción de los “encapuchados” se produjo luego de esa compra y entorpeció el proyecto inmobiliario.

La sentencia establece que la comunidad demandada deberá devolver la posesión del inmueble en un plazo de 30 días, bajo apercibimiento de librarse mandamiento de desahucio en caso de incumplimiento.

En cuanto a las costas procesales, el magistrado impuso el cargo a la comunidad Paichil Antriao, al considerarla parte vencida en la acción declarativa y reivindicatoria.

Para los mapuches, Manu Ginóbili no es propietario y jamás fue poseedor de las tierras en litigio, de modo que “carece de legitimación sustancial para promover el juicio de reivindicación” y refieren que son ellos los legítimos propietarios del lugar por aplicación directa y operativa de las normas de la Constitución Nacional, del Convenio 169 de la O.I.T, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados e instrumentos internacionales, e incluso por aplicación del art. 53 de la Constitución de la Provincia del Neuquén.

A pesar de que al momento de concretar la operación, en enero de 2004, la comunidad permanecía en el lugar, dato que fue contrastado durante el proceso judicial.

Con esta resolución, la Justicia reafirma el derecho de propiedad del ex basquetbolista sobre el terreno en disputa y fija un plazo concreto para la restitución.

En 2019, poco después de la irrupción del grupo en las tierras del conflicto, el fiscal general de Neuquén, José Gerez, se trasladó a Villa La Angostura con el objetivo de facilitar un proceso de mediación y conciliación entre los miembros de la comunidad mapuche y Ginóbili, respaldado por la Confederación Mapuche. Sin embargo, el intento de mediación no prosperó, lo que llevó a la suspensión provisional del juicio, originalmente programado para febrero de 2020.

El abogado defensor de la comunidad, Virgilio Sánchez, presentó distintos recursos judiciales para evitar el desalojo de sus defendidos y logró la dilación del expediente.

Los mapuches aducen que su presencia en el territorio data de cientos de años, aunque al momento de concretar la operación no se registró su presencia en el territorio.

La provincia de Río Negro ocupará un espacio en la mesa de conducción de YPF, a partir de la designación en el directorio de Andrea Confini, secretaria de Energía y Ambiente.

Para el gobierno central, el nombramiento forma parte del acercamiento de la Casa Rosada con provincias opositoras en el marco de un plan para recomponer la gobernabilidad, aunque en tierras patagónicas lo niegan y aseguran que la designación está prevista por ley y encuadrada en la reglamentación de funcionamiento de la petrolera.

La incorporación de Confini a la mesa de conducción de YPF ocurre en un contexto en el que la provincia apunta a diversificar su matriz productiva, exaltando su potencial exportador a través del avance del oleoducto que llegará a Punta Colorada.

La empresa -que preside Horacio Marín– informó el cambio en el directorio a la Comisión Nacional de Valores, a Bolsas y Mercados Argentinos S.A y A3 Mercados S.A, en cumplimiento de las normas de las entidades.

La ex funcionaria del gobernador Alberto Weretilneck había anunciado su dimisión al cargo para dedicarse a la campaña electoral, en la que aparece como segunda candidata a Senadora por el oficialismo rionegrino, aunque la designación postergó los planes electorales.

Referentes de Fuerza Patria intentaron fortalecer la idea del acercamiento entre el gobernador rionegrino y el presidente Javier Milei, aunque allegados al mandatario provincial descartaron la idea. “De acercamiento, nada. Es un lugar que corresponde” sintetizaron.

De hecho, la campaña política de Weretilneck se focaliza en cuestionamientos al gobierno central, por lo que un acercamiento no forma parte de la estrategia electoral.

Confini ya forma parte del directorio titular por la clase D de acciones, en reemplazo de Ignacio Ezequiel Bruera, que había asumido en el cargo en noviembre de 2024 y renunció el 12 de junio pasado.

El mandato de Confini es “hasta la elección de nuevos directores por la asamblea de accionistas”.

La formalización de la titular de Energía en el directorio de YPF llegó en la semana en la que el Gobierno exaltó el potencial exportador de la provincia, con la llegada del primer buque proveniente de China con 8.000 toneladas de acero para la construcción de los tanques de la planta de almacenamiento del VMOS en Punta Colorada.

“La Patagonia empieza a ser valorada como corresponde, como productora energética capaz de generar divisas similares a las del campo”, dijo días atrás Confini. “El VMOS viene a dar respuesta a un reclamo histórico: Vaca Muerta tiene sentido si se puede evacuar su producción. Este oleoducto permitirá monetizar los recursos, generar divisas para el país y riqueza para las provincias patagónicas”, apuntó.

Las provincias que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) tienen cuatro lugares permanentes (Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Mendoza) en el directorio de YPF, por las acciones Clase D, y las seis restantes tienen una banca rotativa que cambia cada seis meses. Sin embargo, el desembarco de la titular de Energía provincial no sería parte de esa rotación entre estados productores.

Meses atrás, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, realizó un cambio en el representante de esa provincia en el directorio de YPF que quedó en manos del ministro de Economía, Guillermo Koening, de manera “temporal”, según indicó, tras pedir la renuncia al exgobernador Omar Gutiérrez que estaba en el cargo por un acuerdo político desde diciembre de 2023.

Cinco integrantes de una autoproclamada comunidad mapuche, sin personería jurídica ni reconocimiento, sufrieron el revés de la Justicia Neuquina en un planteo por la titularidad de una porción de tierras en Vaca Muerta y ahora analizan recurrir en queja a la Corte Suprema de Justicia.

Se trata de la comunidad Fvta Wayen, que disputa tierras a una familia que acreditó la titularidad del predio, en el paraje Tratayén, dentro de Vaca Muerta.

El mismo grupo, en 2022, denunció a YPF por la supuesta irrupción de la petrolera en la que consideraban tierras ancestrales. En ese reclamo, incluso, bloquearon el acceso al predio de la compañía y fueron denunciados.

En el marco del reclamo por la supuesta titularidad del lugar, cinco integrantes de esa comunidad iniciaron una acción judicial que fue desestimada por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia petrolera, que consideró “inadmisible” el recurso extraordinario federal que presentaron.

Los impulsores del reclamo son Diego Martín Rosales y Liliana Romero, quienes se presentan como autoridades de la comunidad, junto a Martín Mardones, Luis Giliberto González y Horacio Romero.

El grupo fue desalojado semanas atrás, en la capital neuquina, del asentamiento que habían instalado frente a la Casa de Gobierno de Neuquén.

Los jueces, en el fallo del 19 de septiembre, señalaron que falta acreditación formal de la personería de los representantes de la comunidad, la ausencia de fundamentación autónoma y suficiente y la omisión de una crítica concreta a los fundamentos de la resolución anterior, por lo que consideraron que el recurso carecía de sustento.

En el marco del mismo pleito, la comunidad fue denunciada por la irrupción en una propiedad privada de la familia Galván, con la que sostienen la disputa actual.

En aquel entonces y para evitar ser condenados por usurpación, reconocieron que las tierras pertenecían a esa familia, aunque decidieron avanzar con el embate judicial —y los trámites administrativos— para intentar forzar el reconocimiento ancestral del lugar.

Las tierras de Tratayén fueron adquiridas en 1977 por Félix Galván y heredadas por sus hijos Carolina y Fernando, a quienes los mapuches disputan la titularidad del lugar.

La familia tiene título de propiedad registrado, pero la comunidad mapuche Fvta Xayen asegura que mantiene vínculos históricos y espirituales con esas tierras. En su argumentación utilizaron como argumento legislación antigua, con la que intentaron obtener dicho reconocimiento y evitar en simultáneo ser expulsados del lugar.

Se ampararon en la controvertida Ley 26.160 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aunque ninguno de los argumentos fue tenido en cuenta durante el proceso.

El TSJ neuquino ya había resuelto en fallos previos que la comunidad no puede intervenir en el proceso como “sujeto colectivo” porque carece de personería jurídica. Precisamente estas decisiones implicaron que los reclamos de posesión indígena, ceremonias tradicionales y ocupaciones fueran considerados únicamente como actos individuales. Es decir, sin reconocimiento como derecho comunitario.

Corte Suprema

Ante la nueva negativa, los mapuches decidieron acudir en queja a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo reciente, aunque con la misma fragilidad administrativa en su documentación.

El conflicto, más allá del supuesto valor ancestral que aducen los reclamantes, tiene una finalidad económica, ya que la zona de litigio se encuentra en un sitio clave de explotación petrolera.

En efecto, el yacimiento de hidrocarburos Vaca Muerta, se ubica en la localidad de Anelo, en el interior de la provincia de Neuquén, en plena Patagonia argentina. Como consecuencia de los recursos petroleros detectados allí, la zona ha sido punto de inversiones de la empresa petrolera estatal YPF y sus proveedores, en una industria que podría generar un flujo de ingresos para el país que podría convertirlo en uno de los principales exportadores de energía.

La Legislatura de Chubut aprobó por unanimidad en marzo una enmienda constitucional sancionada para la eliminación de los fueros especiales de autoridades de los tres poderes del Estado y sindicalistas, y formalizó el llamado a un referéndum el 26 de octubre para que sus habitantes aprueben o rechacen la iniciativa del gobernador Ignacio Torres.

Desde entonces, la norma ya superó recursos judiciales en contra de magistrados y funcionarios judiciales, a los que sumaron sus objeciones los sindicatos, y espera una última definición de la Corte Suprema de la Nación.

De forma sorpresiva, fueron los jueces provinciales quienes plantearon la mayor resistencia a la iniciativa. Intentaron voltear el plebiscito a través de la presentación de múltiples recursos. Esta semana debería expedirse la Corte Suprema y, de acuerdo a lo que plantearon dirigentes políticos de distintos partidos, si hace lugar a la medida cautelar que elevaron los magistrados, el caso podría ser “escandaloso”.

Torres, en diálogo con Infobae, aseguró: “Chubut fue siempre un paradigma de la corrupción. La enmienda no es un planteo político, sino que es una demanda de los chubutenses, por eso creemos que el resultado del plebiscito será contundente a favor del sí”.

La Legislatura ya formalizó y presentó la boleta que se usará para el referéndum, que consiste en un texto para votar por “SÍ” o por “NO” en las mismas mesas de las elecciones nacionales y por los mismos ciudadanos habilitados en los padrones.

“¿Aprueba la modificación de la Constitución provincial sobre los fueros incorporada por la Ley V N° 201?”, dice en mayúsculas el encabezado de la boleta del referéndum, y al pie incluye dos casilleros para tildar la respuesta del votante, por el SÍ o el NO.

La misma boleta consigna los artículos reformados 247 (para los Ejecutivos provincial y municipales completos) y 248 (para legisladores, magistrados, funcionarios judiciales y sindicalistas) de la Constitución provincial que, de imponerse el voto por el SÍ, quedarán textualmente de esta manera: “Artículo 247: Supresión de la inmunidad de proceso y ejecución de sentencia condenatoria. El Gobernador, el Vicegobernador y los integrantes de los tribunales electorales provincial y municipales están sujetos a la acción penal sin privilegio. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no está sujeta a intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno, así como tampoco requiere proceso legislativo de desafuero”.

“Artículo 248: Supresión de la inmunidad de ejecución de sentencia condenatoria. La promoción de causa penal, su tramitación y el enjuiciamiento penal por delitos comunes o en ejercicio de la función contra legisladores, magistrados del Poder Judicial, Procurador General, Defensor General, fiscales, defensores, ministros del Poder Ejecutivo, miembros electivos de los municipios, dirigentes y representantes de sindicatos y organizaciones gremiales legítimamente constituidos, no requiere intervención ni autorización previa de ningún otro poder del Estado ni de estamento alguno. La ejecución y cumplimiento de una sentencia penal condenatoria que resulte confirmada por un tribunal de alzada, aunque tenga pendientes recursos o impugnaciones extraordinarias, no requiere proceso legislativo o judicial de desafuero, ni ante el Tribunal de Enjuiciamiento o del Cuerpo Deliberativo municipal, según el caso”, prosigue.

Esta boleta fue aprobada oficialmente tras una audiencia encabezada por el secretario electoral permanente, Alejandro Tullio, y los apoderados de seis fuerzas políticas. En la misma audiencia aprobaron dos modelos de Boleta Única que debutarán en estas elecciones para diputados (Chubut no renueva senadores), para usar en la circunscripción de Esquel y en la de Trelew, en las que estarán divididas las votaciones de octubre.

Como sucedió en la sesión legislativa que aprobó por unanimidad la enmienda constitucional, la formalización de las boletas fue por consenso de todos los referentes partidarios presentes para validarlos: Luis Maglio (Unidos Podemos, alianza del PJ); Gisselle Cabrera Quattrocchi (Despierta Chubut, oficialismo provincial); Pamela Yudith Canuyán (La Fuerza del Trabajo Chubutense); Cinthia Natalia Seibert (Frente de Izquierda); Vanesa Nievas y Carlos Rinaldi (La Libertad Avanza); Stella Maris Sierra (PICH); y Eduardo González (GEN).

Declaraciones

El gobernador Torres cuestionó a los jueces de su provincia que intentaron frenar el plebiscito que se llevará a cabo en octubre y que busca eliminar los fueros para representantes de los tres poderes. Lo hizo luego de que el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut, Claudio Petris, presentara una medida cautelar para bloquear la iniciativa.

“Lo que este juez quiere hacer es impedir que el pueblo chubutense vote. Y habría que preguntarle a qué le tiene miedo”, dijo.

Torres incluso recibió un apoyo explícito del juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, quien en la presentación de la flamante Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, sostuvo: “Estamos ante un fenómeno global, la gente percibe que la democracia dejó de ser para el pueblo. Tenemos que tomar la iniciativa desde el Poder Judicial, porque somos el rostro más directo frente a los ciudadanos. Creemos en la democracia, en la división de poderes y en los valores republicanos y constitucionales”.

Ese acto resultó un fuerte espaldarazo para Torres, ya que también contó con la presencia del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Jujuy, Carlos Sadir, ambos del PRO, partido originario del gobernador de Chubut.

Denuncia de corrupción

De acuerdo a analistas políticos y periodísticos, la provincia patagónica (que pone en juego dos bancas en la Cámara baja) marcha hacia una casi segura polarización entre LLA y el PJ, sin opción al ingreso de una tercera fuerza al Congreso. Por ello, el gobernador Torres confía que el referéndum quebrará ese escenario en desmedro del PJ, cuyo primer candidato a diputado, el ex intendente kirchnerista de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque, enfrenta denuncias por corrupción en los tribunales chubutenses.

Incluso, en agosto pasado, el fiscal Jefe Cristian Olazábal ordenó múltiples allanamientos en el marco de la causa “Emergencia Climática II”, que apunta a exfuncionarios de la gestión municipal de Luque. La causa investiga supuestas irregularidades relacionadas con el uso de fondos de emergencia tras un temporal en 2017. Además de Luque, los funcionarios judiciales allanaron las viviendas del ex secretario de Economía municipal, Germán Issa Pfister.

Este caso es una derivación de la primera investigación, “Emergencia Climática I”, que culminó en 2024 con la condena de ex secretarios y empresarios por maniobras de fraude, falsificación y cobros por obras no realizadas. La sentencia inicial de la primera causa fue apelada y está en revisión.

Los abogados defensores del líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), Facundo Jones Huala, no lograron revertir la decisión del juez federal subrogante Gustavo Zapata y el Tribunal de Impugnaciones, con asiento en General Roca (Río Negro), rechazó la excarcelación y avaló la prórroga de la prisión preventiva hasta el mes de diciembre.

La causa por la que permanece detenido el activista sigue encuadrada como “investigación compleja”, por lo que Jones Huala podría permanecer detenido hasta 2027.

Zapata accedió al planteo de la fiscal Angela Pagano Matta y prorrogó la detención de Jones Huala hasta diciembre. El lonko fue imputado por asociación ilícita calificada y, de acuerdo a la disposición del magistrado Ezequiel Andreani, debía quedar en libertad el lunes 8 de este mes.

Sin embargo, la fiscalía solicitó la prórroga de la prisión, debido a que su libertad podría entorpecer la investigación. Incluso mencionó antecedentes de fuga del líder de la RAM y la ausencia de arraigo de Jones Huala, quien no cuenta con un domicilio permanente.

Los defensores del mapuche cuestionaron aquel planteo de la fiscal y la decisión posterior de Zapata, e hicieron lo propio con el fallo del Tribunal de Impugnación, que avaló la medida.

“Lo de Fiscalía fue verdaderamente penoso”, dijeron los defensores, que integran la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, y aseguraron que sus argumentos “imprecisos” son aceptados por los jueces, sin hacer lugar a los planteos defensivos.

Pagano Matta, durante la audiencia en la que solicitó extender la preventiva de Jones Huala, admitió dificultades en la etapa de recopilación de pruebas. Argumentó la lentitud del proceso en la extensión geográfica donde habría actuado la RAM en los últimos años, con registros en Neuquén, Río Negro y Chubut, aunque para la defensa “no es más que una excusa, que demuestra que la investigación está en pañales”.

El “lonko” está preso desde junio pasado, cuando fue capturado por la Policía Federal de forma sorpresiva, sin orden judicial para hacerlo. El entonces magistrado subrogante de Bariloche, Ezequiel Andreani, improvisó una orden, ante la difusión de la detención a través de las redes sociales, luego de un posteo que realizó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Ese fue el primer argumento de los defensores, quienes cuestionaron el procedimiento. El activista permanece detenido en una dependencia carcelaria de Comodoro Rivadavia. Está imputado por sus declaraciones durante la presentación del libro Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria, en febrero pasado, en la que defendió los atentados incendiarios y los sabotajes como método de lucha “contra el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”.

Para los letrados de Jones Huala, “está claro que pretenden armar una mega causa RAM utilizando como argumento insostenible la causa contra Facundo (Jones Huala) en Chile que ya fue juzgada y terminada”.

Los defensores pusieron en duda la existencia de la RAM como grupo violento. “En ninguna de las causas abiertas se pudo concluir la existencia como estructura, más allá de la aparición en ciertos casos de volantes o pintadas que le atribuyen determinados hechos” dijeron, luego de la audiencia del lunes pasado.

Quién sostiene su existencia, a pesar de que no se conocen a otros integrantes de la RAM, es el propio Jones Huala. “No se probó, por ejemplo, que no sea simplemente un nombre que distintas personas o grupos utilizan para darle identidad o trascendencia política a distintas acciones independientes. No se imputó nunca a nadie”, aseguraron sus abogados.

“La construcción del fantasma del “terrorismo internacional” es una herramienta para abrir la puerta a intervenciones incluso militares por parte de quienes siempre están buscando excusas para el intervencionismo en nuestros países del sur global y debe encender las alarmas de quienes todavía creen en conceptos como soberanía o independencia nacional” denuncian sus abogados.

Consideran además que se trata de una “causa armada” y aseguran que el proceso judicial no es más que “una persecución contra Facundo Jones Huala”.

La provincia de Río Negro busca diversificar su matriz económica a partir de la exportación a Europa y Asia de gas natural licuado (GNL). En ese marco, como parte del proyecto, que podría comenzar a operar recién en 2028, debió sortear dos audiencias públicas, en las que logró respaldo mayoritario entre cientos de expositores.

El encuentro, que se realizó en la localidad costera de San Antonio Oeste, una localidad a poco más de 180 kilómetros de Viedma y que se encuentra sobre el Mar Argentino, fue convocado por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, para analizar el estudio de impacto ambiental del segundo buque de GNL propuesta por Southern Energy.

Se trata del buque MK II, la segunda unidad de licuefacción prevista por ese consorcio para exportar gas natural licuado (GNL) desde el Golfo San Matías.

El proyecto traza una cadena que conecta Vaca Muerta, infraestructuras específicas y la operación internacional de barcos, cuya adquisición ya se negocia con proveedores internacionales.

La iniciativa logró consenso mayoritario a favor del proyecto. La Secretaria de Energía y Ambiente de la provincia, Andrea Confini, remarcó que la audiencia forma parte de un proceso administrativo transparente: “Hace cuatro años trabajamos para que Río Negro se convierta en polo energético. Este proyecto no es solo una obra, es una oportunidad de 20 años de desarrollo que involucra a nuestras futuras generaciones”.

Confini subrayó, además, que la Provincia busca consolidarse como socio estratégico en la exportación de gas y petróleo al mundo, apostando a la formación de trabajadores locales para acompañar el cambio de matriz productiva.

El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, calificó a la audiencia como un “acto de democracia y consenso social” y resaltó que “durante años hemos dialogado con todos los sectores y hoy sabemos que existe un amplio consenso para avanzar. Estas inversiones no reemplazan nuestras economías tradicionales; Río Negro seguirá siendo frutícola, ganadera, pesquera y turística”.

En tanto, Casadei remarcó que el proyecto permitirá generar puestos de trabajo digno para los vecinos y fortalecer el desarrollo local: “Lo que temen algunos es que nuestros trabajadores, a través de la dignidad del trabajo, puedan dar a sus hijos un futuro con más oportunidades”.

El legislador de Juntos Defendemos Río Negro, Facundo López, remarcó que el desarrollo del GNL en el Golfo San Matías será una oportunidad histórica para la provincia. En la audiencia pública por el buque MK II, destacó que con el impulso político del gobernador Alberto Weretilneck el proyecto combinará inversión, empleo local y reglas claras para que los beneficios queden en manos de los rionegrinos.

Entre las voces que discrepan con la iniciativa, expuso el abogado Gonzalo Vergez, de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, quien aseguró que el gobierno nacional “viene promoviendo estas políticas a contramano de lo que dice la comunidad científica y jurídica. Y eso, por lo menos, amerita un análisis de los impactos climáticos con mucha mayor profundidad de la que se está llevando adelante en este estudio de impacto ambiental”.

Y completó: "Hay una necesidad de analizar los efectos de la liberación de esas enormes cantidades de metano al ambiente y donde va a terminar todo ese gas que nosotros desde Vaca Muerta vamos a liberar al mundo, en el marco de una crisis climática”.

Por otro lado, según informó Infobae, desde YPF apuntan a que este tipo de iniciativas sea destinada a transformar el panorama energético del país y abrir oportunidades de negocio a nivel global. El proyecto traza una cadena que conecta Vaca Muerta, infraestructuras específicas y la operación internacional de barcos cuya adquisición ya se negocia con proveedores de Asia y Europa

Las dos estructuras políticas acompañan al presidente Javier Milei en la provincia de Chubut y comparten la ideología libertaria, tuvieron la misma coincidencia cromática para la impresión de sus boletas, lo que provocó un conflicto que deberá esperar a la Justicia para su resolución.

Se trata de La Libertad Avanza y el Partido Libertario. Las coincidencias están a la vista, no solo en la ideología, sino también en la identificación con la que se inscribieron ante la Justicia Electoral.

El tironeo entre ambas fuerzas surgió durante el registro de la paleta de colores elegida para la impresión de las boletas. Ambas son violetas y la similitud de tonalidades obligó a los apoderados partidarios a elevar la puja en la Justicia.

El eslogan que eligió LLA para captar seguidores, aumenta la confusión: “Chubut se pinta de violeta”. El caso fue dictaminado por la Justicia Federal en la provincia patagónica y ahora es la Cámara Nacional Electoral la que deberá decidir si hace lugar al planteo.

El planteo fue elevado por el apoderado de LLA, Matías Schweizer, quien defiende la impronta cromática del partido, que la representa en todo el país y por ese motivo objetó la resolución que autoriza al Partido Libertario al uso de una tonalidad similar en la boleta única, debido a que podría generar confusión en el elector.

“La similitud cromática podría ser engañosa para el elector, ya que podría incidir en la identificación del partido al momento de emitir el sufragio”, señalaron a Infobae desde el partido demandante.

El fiscal federal en Chubut, Ramiro González, coincidió con el planteo de LLA y aseguró que la similitud “podría generar confusión”.

“Los símbolos, emblemas y colores partidarios tienen como fin garantizar una identificación clara de cada fuerza política y evitar cualquier posibilidad de confusión doctrinaria, material o ideológica”, expresó al respecto el fiscal.

Según comentó el funcionario, la similitud no solo se da en el aspecto del color, sino también en la denominación de ambas fuerzas: “La Libertad Avanza” y “Partido Libertario”, lo que refuerza el riesgo de que los electores confundan las boletas.

Además, recordó que el color violeta ya fue adjudicado a La Libertad Avanza en todo el país, por lo que consideró que permitir al Partido Libertario usar un tono casi idéntico violaría la normativa.

A partir de dicha argumentación, recomendó a la Cámara Nacional Electoral hacer lugar al reclamo presentado por La Libertad Avanza y revocar la autorización al Partido Libertario chubutense.

La discusión se enmarca en la ley 26.571, que establece que el juzgado federal con competencia electoral en la Capital Federal asigna los colores de las agrupaciones nacionales y comunica esa información a los distritos. A su vez, el decreto 443/11 prohíbe a los juzgados distritales otorgar a otras agrupaciones colores que ya estén reservados a nivel nacional.

A pesar de la coincidencia política, ambos partidos decidieron llevar candidatos propios en la próxima contienda, cuando la provincia patagónica deberá elegir a dos representantes para la Cámara de Diputados.

Se trata de las bancas que dejarán la peronista Eugenia Anianello (PJ) y Ana Clara Romero (PRO). La Libertad Avanza postuló a Diputados a Maira Frías, de Comodoro Rivadavia, y Julián Moreira, de Trelew, mientras que Ariana Mellao encabezará la lista del Partido Libertario, en el debut de esa estructura en un comicio nacional. Irá acompañada por Carlos Botazzi.

Más allá de la disputa cromática con la que pretende identificarse, Mellao asegura que coincide ideológicamente con el mandatario nacional, aunque cuestiona decisiones recientes de los armadores de Casa Rosada.

“Últimamente, estuvieron un poco soberbios”, remarcó, y se diferenció con los candidatos de LLA en la provincia: “Nosotros somos un partido independiente, que sigue la corriente ideológica del presidente, pero nada tiene que ver con su partido, que es La Libertad Avanza, nosotros trabajamos de otra manera”.

La rivalidad está planteada. Atrás quedaron los rostros sonrientes de la foto en la que referentes del PRO y de La Libertad Avanza anunciaban una lista de unidad. El acuerdo se mantuvo hasta que los armadores violetas eligieron a quiénes encabezarían la lista oficial en la provincia de Río Negro.

Con el reciente resultado de las urnas en la provincia de Buenos Aires, los amarillos volvieron al ataque, esta vez para sugerirle a Casa Rosada la dimisión en las próximas legislativas de octubre en la provincia y evite participar de la contienda.

El que alzó la voz en ese sentido fue el presidente de la fuerza en la provincia patagónica, Juan Martín, quien definió a la lista libertaria como “un rejunte de impresentables”.

“Si la idea es ayudar al gobierno, deberían bajarse”, propuso el legislador provincial, quien encabeza la lista amarilla por una banca en el Senado.

A Martín lo sedujo la idea de encabezar la boleta violeta y para ello acordó con LLA. En ese sentido, los armadores eligieron a Lorena Villaverde para el primer lugar de la lista y el líder del PRO rionegrino pegó el portazo.

“Lamentablemente, vemos que a nivel local insisten con lo que los llevó a la derrota en Buenos Aires, porque lo único que hicieron fue responder con agresiones, insultos y amenazas, que es aquello a lo que la gente le dio la espalda” sostuvo el dirigente, en diálogo con Infobae.

Con las urnas del domingo pasado abiertas, el legislador opinó que “el resultado obliga a que el gobierno tome decisiones fuertes”.

“Si uno analiza el resultado, ve que el kirchnerismo no sacó más votos de los que suele sacar. Incluso, sacó bastantes menos que en 2023”, aseguró Martín y agregó que “algunas sumas terminaron restando y quedó claro que a los K no se le gana solamente con el color violeta, si la lista es un rejunte de impresentables puestos por capricho”.

A través de las redes, LLA le respondió a Martín e hizo alusión al volátil acuerdo que rubricaron ambas fuerzas, semanas atrás. “Hace apenas unas semanas él mismo estaba convencido de que el camino era una alianza contra el kirchnerismo, con acuerdos firmados, listas cerradas y hasta fotos sonrientes al lado de Lorena Villaverde”, posteó la cuenta oficial de la fuerza violeta, y Villaverde compartió.

El presidente del PRO hizo referencia a causas judiciales en las que Villaverde está involucrada y aseguró que el oficialismo nacional “puso a una candidata con problemas en la Justicia”.

Días atrás, el partido amarillo intentó despegarse de la lista violeta, al asegurar que el partido acompaña la política económica del presidente Javier Milei, aunque no comulga con los candidatos que eligió para encabezar su boleta.

Pero Villaverde no sólo está en el blanco del PRO, sino también de un fragmento libertario que irá con lista propia en las elecciones de octubre.

El titular del sello Primero Río Negro, Ariel Rivero, dijo que “el Presidente está mal asesorado y mal rodeado, y eso explica la decisión de llevar a Lorena Villaverde como candidata. Eso es una clara muestra de lo que es la gente que está cerca en su gobierno, porque Villaverde tiene causas penales”.

La confrontación entre Rivero y Villaverde tiene historia. La diputada quiso evitar el uso del león en la imagen de Primero Río Negro, aunque la justicia rechazó su planteo y habilitó a la fuerza de Rivero al uso del emblema libertario.

La decisión del juez Gustavo Villanueva reforzó la estrategia de Rivero de cara a octubre, con un discurso alineado ideológicamente al oficialismo nacional, pero autónomo de la estructura partidaria libertaria. Sin embargo, en las últimas semanas Rivero redirigió la campaña al espetar críticas a la conducción nacional y al entorno del mandatario nacional.

“A la gestión hay que valorarle la baja de inflación y que se terminó con los gerentes de la pobreza, pero hay cosas que están mal y la gente no llega a fin de mes”, remarcó.

La Justicia Federal ordenó mantener en prisión al líder de la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala y encuadró la investigación como “caso complejo”, por lo que podría seguir tras las rejas hasta el año 2027.

Jones Huala fue imputado por asociación ilícita calificada. Este lunes se cumplieron los 90 días de prisión preventiva que ordenó el juez subrogante de Bariloche Ezequiel Andreani, tras ser detenido en junio pasado por Policía Federal. Cuando fue capturado no había orden para hacerlo, aunque el magistrado improvisó en pocas horas la documentación para avalar el procedimiento.

En el marco de una audiencia que encabezó el juez subrogante Gustavo Zapata, la fiscal coadyuvante de Bariloche, Angela Pagano Mata, solicitó extender la prisión hasta diciembre.

La decisión provocó rechazo de la defensa, que atribuyó la decisión a la presión política de Casa Rosada sobre los jueces. “Los fiscales y jueces obedecen sin chistar las órdenes y recomendaciones del poder político y del ministerio de Seguridad” afirmaron, al cuestionar el desarrollo de la audiencia.

El activista está imputado por sus declaraciones durante la presentación del libro Entre Rejas, Antipoesía Incendiaria, en febrero pasado, en la que defendió los atentados incendiarios y los sabotajes como método de lucha “contra el sistema capitalista, las transnacionales y los terratenientes”.

Para sus abogados, el “lonko” dio apreciaciones ideológicas, opiniones sobre métodos de lucha, vertió reivindicaciones de acciones y exaltó hechos. “Todas fueron expresiones políticas” afirmaron.

La denuncia fue presentada por el Ministerio de Seguridad de la Nación. “Hoy Facundo se arriesga a una muy larga condena a partir de sus dichos en la presentación de su libro de poesías” asegura la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, a cargo de la defensa de Jones Huala.

Pagano Mata, que catalogó a la RAM como una “organización criminal”, admitió “dificultades” en la recopilación de evidencia para dicha investigación y lo atribuyó a la ubicación geográfica donde tuvo actuación la agrupación que lidera el mapuche, en las provincias Neuquén, Río Negro y Chubut. “La dificultad probatoria es realmente importante” reconoció.

Dijo que buscan pruebas para demostrar que la agrupación existe desde 2014, a partir de distintas reivindicaciones posteriores a atentados y hechos vandálicos.

Hizo foco en la presentación del libro de Jones Huala y a material probatorio recuperado del celular del mapuche, donde confirma que pertenece “a una organización de índole militar con disciplina y estructura militar”.

Los defensores pusieron en duda la existencia de la RAM como grupo violento. “En ninguna de las causas abiertas se pudo concluir la existencia como estructura, más allá de la aparición en ciertos casos de volantes o pintadas que le atribuyen determinados hechos” dijeron, luego de la audiencia del lunes pasado.

Quién sostiene su existencia, a pesar de que no se conocen a otros integrantes de la RAM, es el propio Jones Huala. “No se probó, por ejemplo, que no sea simplemente un nombre que distintas personas o grupos utilizan para darle identidad o trascendencia política a distintas acciones independientes. No se imputó nunca a nadie”, aseguraron sus abogados.

Durante la audiencia, la Fiscalía Federal no sólo solicitó la prórroga de la prisión preventiva, sino que solicitó además encuadrar al proceso como “caso complejo”, lo que podría extender la investigación hasta 2027, mientras que el proceso podría llegar hasta los seis.

“Facundo (Jones Huala) seguirá detenido por más tiempo, su causa es declarada “delito complejo” y la idea abierta y alevosa del Ministerio de Seguridad y de los funcionarios judiciales es llevarlo a juicio en estas condiciones e intentar condenarlo” se quejan sus abogados.

Sin embargo anticiparon que apelarán la decisión. Cuando el magistrado ordenó la preventiva, los abogados utilizaron ese recurso para gestionar su libertad mientras se extiende la etapa de investigación. Por su parte, el Tribunal Federal de Revisión de General Roca rechazó el planteó y avaló la decisión de Andreani.

La defensa argumentó que la detención del mapuche fue ilegal, debido a que se ejecutó sin una orden previa y de manera irregular, según su criterio.

Planteó además que no era indispensable la prisión preventiva para llevar a cabo la investigación por los cargos que le endilgan y que su defendido podría permanecer en libertad durante el tiempo que se prolongue la investigación. Sin embargo, ninguno de los argumentos fue aceptado por el Tribunal.

“¿Cuál es el nivel de mileísmo que llevan en sangre?”. La pregunta inicial para romper el hielo de la exposición en Bariloche de los gobernadores Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca), en la segunda jornada de la 46° convención anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), extendió el preámbulo de la disertación.

Risas incómodas y miradas cómplices. Ninguno de los mandatarios respondió el interrogante. “¿Podemos empezar de vuelta?”, preguntó el rionegrino Weretilneck, quien atribuyó el silencio, sin nombrarlos, a las presencias en el salón del ministro de Modernización, Federico Sturzenegger; y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

El panel, denominado “Federalismo competitivo: el rol de las provincias en la transformación del país”, estuvo conformado además por Figueroa y Jalil.

Los mandatarios, convocados para disertar en la jornada final del cónclave que se realizó hasta este viernes en el emblemático hotel Llao Llao, exigieron al presidente Javier Milei una apertura en el diálogo.

“Existe una mirada miope desde el Obelisco hacia las provincias”, aseguró Figueroa, quien comulga con su par rionegrino sobre el “destrato” de Nación a las provincias, a las que ven como “productoras y generadoras de recursos y empleo”.

Con la presentación, respondieron la pregunta inicial: poco o nulo nivel de mileísmo en sangre.  Jalil fue el más moderado al hablar de su vínculo con Casa Rosada. “La provincia mejoró mucho desde este Gobierno”, consideró, aunque también renegó de la falta de diálogo.

Los mandatarios desacreditaron la acusación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien en la jornada inaugural de la convención pidió a las provincias “más compromiso” para reducir el gasto público.

La funcionaria explicó que al asumir Milei el gasto en relación al Producto Bruto Interno (PBI) era del 40 por ciento y que, de ese total, el 21 % correspondía a Nación, 15 % a las provincias y 4 % a los municipios. “La Nación bajó el gasto del 21 al 16 % del PBI, pero las provincias y los municipios se mantienen en los mismos porcentajes” aseguró.

Weretilneck respondió a la funcionaria, sin hacer alusión a la acusación, y aseguró: “Las provincias no somos responsables de la deuda externa que tiene el país ni tampoco de la inflación, porque no hay emisión de moneda”. Además, aseguró que el 85 % de los impuestos vigentes son nacionales.

“Las provincias no somos responsables de la situación fiscal del Estado Nacional ni del desorden macro”, sentenció.

En cambio, planteó que el gobierno central no puede funcionar sin presupuesto. “Es básico, elemental y le ahorraría muchos dolores de cabeza a los argentinos saber en qué se va a gastar y de dónde van a salir los fondos”, sostuvo.

Los patagónicos hicieron foco en la conversión de la matriz productiva que experimentan Río Negro y Neuquén, con inversiones en el ámbito de los hidrocarburos y una proyección optimista para el futuro, con la exportación de petróleo y GNL.

Confiaron en que tras el paso de las elecciones de término medio, el gobierno central abrirá el diálogo sobre la ley de coparticipación, que quedó “obsoleta e injusta”.

Figueroa, en ese sentido, aseguró que su provincia “aporta, en términos de PBI, mucho más de lo que recibe”, e hizo extensiva la comparación a lo que sucede con otras provincias patagónicas.

Para Menem el Gobierno “reaccionó rápidamente” en la polémica por los audios

Tras la presentación de los gobernadores, fue el turno del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien defendió al gobierno nacional en el debate por los audios y las denuncias por presunta corrupción en el manejo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), afirmando que “aún no se sabe nada sobre la autenticidad de las grabaciones” y que “su contenido es absolutamente falso”.

“El Gobierno reaccionó rápidamente. En menos de 48 horas, el presidente Javier Milei decidió apartar al funcionario, intervino el organismo y ordenó auditar, y también intervino la Justicia, que enseguida generó allanamientos y secuestro de pruebas, e incluso un fiscal ordenó declaraciones en el Congreso”, sostuvo el diputado.

También respondió al moderador sobre la repentina resonancia del “apellido Menem” ligado a supuestos casos de corrupción, y aseguró que “la fama del apellido no es por eso, sino por la serie Menem, que es muy mala, no refleja lo que sucedió en esa época”.

“Tengo 50 años y el cuero duro. Tengo claro que la mejor lucha contra la corrupción es achicar el Estado, como lo está haciendo el Gobierno. Siempre debe intervenir la Justicia, pero achicar el Estado es lo que le quita margen de maniobra a la corrupción. Tras la crisis del 2001, volvieron los políticos del Estado grande y prebendario, que reacciona ahora cuando se les quitan esos beneficios”, señaló.

Afirmó que los pilares de la gestión de Milei son el superávit fiscal, la seguridad en las calles y la transparencia. “Y es justamente ahí donde pegan. Quieren de vuelta la inestabilidad, atacan la gobernabilidad, y ahora justo la transparencia, no es casualidad”, agregó.

Menem restó importancia al “grupito de rebeldes del espacio violeta” y dijo que si en 2023 no iban en la lista de Milei, “jamás hubiesen accedido a la banca”, y atribuyó la virulencia en la discusión al proceso de armado de listas: “En la ciudad de La Rioja hay 100 postulantes para cuatro bancas a lo sumo, y eso significa que quedarán 96 heridos. Son las reglas del juego”, dijo.

Sobre las peleas encendidas afuera de La Libertad Avanza, Menem consideró que se trata de “insultos y papelones” contra el oficialismo minoritario en el Congreso, y recordó que desde el 10 de diciembre se renuevan más de 120 bancas. “Estamos jubilando a toda una casta, que se aferra a este juego político perverso en el que no vamos a caer. El equilibrio fiscal no está en discusión. Nos atacan por la marcha del Gobierno”, sostuvo.

“Lo que sucedió ayer en el Congreso lo demuestra, buscan desestabilizar al gobierno con leyes impagables. Una de esas implica un costo del 3% del PBI, es un disparate. Le quitan la herramienta del DNU a este Gobierno, cuando el kirchnerismo lo usó en todos sus períodos completos. No les interesa Argentina, solo quieren destruir para volver”, expresó.

Consideró que “el kirchnerismo es una fuerza en retirada”, que está dando “sus últimos manotazos de ahogado” y que en las elecciones del domingo, “una elección de concejales”, al poner en juego “poder territorial”, “queman todas las naves”.

Agregó que en octubre la lista del PJ es encabezada por Jorge Taiana, “quien no es de Cristina, ni de Kicilof ni de Massa. Un neutral para culpar de una posible derrota”.

La ruta de Circunvalación de Villa la Angostura proyectada para evitar la circulación de camiones chilenos por el centro de esa localidad turística, está congelada y las autoridades locales y provinciales piden a Nación que destine fondos para poder concluirla. Solo restan completar 800 metros de asfalto.

La obra fue adjudicada en 2012, pero los trabajos comenzaron cinco años más tarde. En el medio, hubo juicios de expropiación y reclamos mapuches que entorpecieron el avance de las tareas.

La obra fue proyectada para evitar el paso de camiones de gran porte por el centro de la localidad turística.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, se sumó al reclamo del intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, y exigió al gobierno nacional la finalización de la obra.

La provincia petrolera pidió a Casa Rosada afrontar la conclusión de la obra, de la que solo resta un tramo de pavimentación, aunque la respuesta fue negativa: la obra no se reactivó e incluso tampoco hay fondos asignados para concluirla.

Su conclusión fue tema de discusión en distintos encuentros entre el mandatario neuquino y representantes del gobierno nacional.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció durante la reciente interpelación en el Congreso otras obras para la misma provincia, como la conclusión en octubre del puente en La Rinconada, sobre el río Collón Cura, en la ruta nacional 40.

Sin embargo, en su exposición no aportó detalles sobre la Circunvalación. El jefe comunal angosturense, en diálogo con Infobae, aseguró: “Es un reclamo que llevamos junto a los vecinos de Villa la Angostura y el gobernador (Rolando) Figueroa. Es momento de tomar la decisión, por parte del gobierno nacional, para su conclusión”.

La obra tiene un avance del 82 por ciento. Dijo que la falta de avances responde únicamente a factores presupuestarios.

Sin embargo, los obstáculos que atravesó la obra desde que comenzó a construirse, fueron diversos.

La comunidad mapuche Paichil Antriao realizó varios reclamos sobre esa traza. En 2023 instaló un campamento para evitar el avance de la obra y negociar con Nación tierras para la reubicación de 18 familias que, dijeron, residían en la zona donde se construía la ruta.

La versión de los mapuches fue contrarrestada por los lugareños, quienes dijeron que se instalaron allí “cuando tomaron conocimiento de la zona por donde avanzaría la obra”. “Una maniobra especulativa, con claros intereses inmobiliarios”, denunciaron.

Un año antes, en 2022, el campamento vial que instaló la empresa constructora de la ruta fue vandalizado e incendiado intencionalmente. La Justicia allanó un predio perteneciente a la comunidad mapuche.

El fuego provocó daños irreparables en equipos viales, entre los cuales también se hallaron escritos en los que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudicó el ataque.

Murer aseguró que “los 800 metros que faltan son urgentes”.

“Es una ruta internacional y es peligrosa. La caravana interminable de camiones es un peligro latente para nuestros vecinos y para los turistas que nos visitan”, resaltó el intendente.

La comunidad mapuche permanece en un sector de la traza y presiona para obtener nuevas tierras donde ubicar a varias familias.

Por la localidad turística circulan más de 100 camiones chilenos y argentinos, ya que es paso obligado para el tránsito pesado que une a Chile y Argentina a través del Paso Internacional Cardenal Samoré.

Una estructura de madera que se erige en un predio perteneciente a Parques Nacionales en Villa Mascardi, donde permaneció hasta octubre de 2022 la comunidad Lafken Winkul Mapu, fue nuevamente vandalizada por desconocidos, quienes la pintaron con aerosol y colocaron una bandera con la leyenda “Aguante Kristina” en la cúspide.

La escultura fue motivo de discusión durante el enjuiciamiento a los integrantes de esa comunidad, quienes cruzaron el planteo de Parques de retirarlo del lugar. Ocurrió en 2017, cuando el grupo de encapuchados ingresó a los lotes de Parques Nacionales durante una supuesta reivindicación territorial, instaló esa estructura amorfa que aún hoy es motivo de discusión.

Durante la gestión del expresidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, se solicitó a la Justicia autorización para retirarlo. Sin embargo ese y otros reclamos fueron denegados y se ordenó su permanencia allí.

Días atrás, vecinos del paraje turístico, ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, mencionaron que la estructura fue vandalizada nuevamente, luego de otros sucesos similares en los que la estructura fue grafiteada.

En esta ocasión, las imágenes que circularon confirman que fue pintada una vez más. Los autores, que no fueron identificados, colocaron en la cúspide una bandera con la leyenda “Aguante Kristina”, en referencia a la ex presidenta de la Nación, Cristina Kirchner.

La Justicia no sólo confirmó su permanencia en las tierras que fueron ocupadas por mapuches, sino que además autorizó a la autoridad espiritual de la comunidad Lafken Winkul Mapu a realizar ceremonias esporádicas, previa notificación a las fuerzas de seguridad que desde 2022 custodian esas tierras, hoy desocupadas.

Pobladores de Villa Mascardi expresaron su rechazo a la permanencia de la estructura en las tierras públicas e incluso también a la autorización que otorgó la Justicia a la práctica de los rituales mapuche.

La exjueza Silvina Domínguez -que subrogó el juzgado federal de Bariloche e instrumentó el desalojo de los integrantes de la comunidad Lafken Winkul Mapu en octubre de 2022- convalidó a mediados de 2023 un acuerdo impulsado por el Poder Ejecutivo, durante la gestión de Alberto Fernández,

Allí se dispuso “reconocer al rewe como sitio sagrado para el pueblo mapuche” a los fines de que la machi Betiana Colhuan Nahuel pueda “ejercer sus tareas espirituales y medicinales”. Para ello se dispuso el “permiso del uso del terreno” donde se encuentra este lugar sagrado donde se preveía además la construcción de viviendas.

Larsen, en su presentación fechada el martes 25 de febrero, señaló que existen argumentos que “imponen necesariamente la remoción de aquel espacio y la puesta a disposición de los objetos que lo componen a favor de los imputados”, es decir de los integrantes de la lof Lafken Winkul Mapu que levantaron ese espacio con una figura de madera tallada en el centro y que actualmente transitan un segundo juicio por delitos de usurpación de otros predios de la zona, entre ellos el desmantelamiento del exhotel IOS y dos propiedades privadas.

El ex funcionario mencionó una “talla de madera” que se encuentra en un “terreno privado de propiedad de Parques Nacionales” y pide que el organismo ejerza el “pleno uso y goce del inmueble de su propiedad” porque en ese predio pretende construir la Escuela de Guardaparques.

Para referentes mapuches y la Gremial de Abogados, que ejerció la defensa de los integrantes de la lof en los ditintos procesos judiciales, “son expresiones «racistas y de mentalidad de colonizadores”.

Desde el desalojo masivo de las tierras públicas y privadas, Villa Mascardi cuenta con seguridad permanente, ejercido por un comando unificado de fuerzas, que conforma la Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura, con la asistencia sobre la ruta de Gendarmería Nacional.

Larsen, cuando pidió la remoción de la escultura, también cuestionó el “dispendio de recursos de seguridad” para custodiar ese predio y afirmó que “al día de la fecha no existen motivos válidos para que dicha situación perdure en el tiempo”.

El líder de la comunidad mapuche lof Pailako, Ernesto Cruz Cárdenas, y su pareja, Belén Salinas, fueron condenados a 3 años y 1 año y medio de prisión en suspenso, respectivamente, por la usurpación de tierras públicas en el Parque Nacional Los Alerces.

La Justicia Federal encontró responsables a ambos de la irrupción violenta en tierras públicas y la destrucción de infraestructura perteneciente al Estado nacional.

La defensa anticipó que apelará las condenas y solicitará la liberación de Cruz Cárdenas, quien permanece detenido tras entregarse a las autoridades luego de permanecer un tiempo en la clandestinidad. Salinas, por su parte, seguirá libre.

El caso llegó a la Justicia a partir de la denuncia que realizó la Administración de Parques Nacionales, que presentó pruebas para acreditar la irrupción violenta de los integrantes de esa comunidad.

La Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, luego de la lectura del veredicto, aseguró que “si hay algo que queda claro a partir del fallo, es la subordinación de los jueces y fiscales al Poder político, a los poderosos, y en especial a los grandes latifundios”.

La causa comenzó en 2020 cuando los integrantes de la agrupación tomaron el control de la seccional de guardaparques El Maitenal y se adjudicaron a través de las redes sociales la supuesta “reivindicación territorial”.

En lo sucesivo provocaron daños en instalaciones públicas y dañaron un puente. El juicio fue encabezado por el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia, presidido por el juez Enrique Baronetto.

Durante el juicio, los imputados defendieron su arraigo ancestral y cuestionaron la metodología de Parques Nacionales. Hicieron foco en la preexistencia de sus familias en las tierras y criticaron la política de “hostigamiento” que impulsó Parques Nacionales desde su fundación.

La convicción mapuche de Cruz Cárdenas es reciente. Antes de acoplarse a una comunidad, se desempeñó como brigadista de incendios forestales, contratado por la misma administración a la que hoy cuestiona. Se alejó de la institución, dijo, por razones ideológicas.

La familia de Salinas reside en territorio público, aunque ella, como Cruz Cárdenas, avanzaron sobre una fracción mayor, en la que incluso tomaron el control de una seccional construida para Guardaparques.

La Fiscalía Federal, a cargo de Mariano Sánchez, hizo foco en cuatro hechos que la parte acusadora le endilga a Cruz Cárdenas, en dos de los cuales habría participado también su pareja Belén Salinas.

El primero de ellos es el despojo de la seccional de guardaparques El Maitenal, ocurrido el 22 de enero de 2020. La querella mencionó que para impedir el paso de los guardaparques, integrantes de la Lof Paillako – que luego se adjudicaron el caso- talaron árboles y con ellos bloquearon los caminos de acceso al lugar. Además, arrojaron piedras a los vehículos oficiales que se acercaban al retén improvisado.

El segundo hecho, atribuido únicamente a Cárdenas y a otros sujetos no identificados, es el intento de lesionar a una funcionaria de la misma jurisdicción y provocar daños en un vehículo perteneciente al organismo. Ocurrió, de acuerdo a la descripción del Ministerio Público, el 9 de septiembre del mismo año. En la lectura mencionó que los atacantes actuaron con los rostros cubiertos, arrojaron piedras y otros elementos contundentes, e impidieron la presencia en el lugar de los empleados estatales

El tercer episodio, en el que figura tanto Cruz Cárdenas como María Belén Salinas, ocurrió en junio de 2021 y fue el incendio de un puente de madera construido sobre el arroyo Cascada, provocando la inutilización del mismo durante varios meses.

Y el último hecho acusatorio ocurrió el mismo mes, cuando una guardaparque fue agredida por los encapuchados cuando se acercó al mismo puente, para constatar su estado. Los agresores intentaron lesionarla y ahora forma parte de la parte acusadora.

La defensa de ambos anticipó que gestionará la libertad de su defendido y apelará la sentencia. Mencionaron irregularidades durante el juicio, como el rechazo de las pruebas elevadas para su consideración.

Con Milei sí, pero no con sus candidatos. El PRO rionegrino, pero anticipa una confrontación a dientes apretados con los candidatos que irán con la boleta violeta en la próxima contienda electoral de octubre.

El presidente del partido en la provincia patagónica, Juan Martín, ratificó que la postura de la estructura que conduce es acompañar la gestión del presidente aunque la guerra está planteada con los candidatos que eligió Casa Rosada para octubre.

En la Patagonia, LLA solo en Tierra del Fuego logró incorporar al PRO en su coalición. En Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz ambas fuerzas irán con candidatos propios.

En Río Negro el pacto fue volátil. El acuerdo entre ambas fuerzas duró solo unos días, hasta que Casa Rosada eligió a la diputada nacional Lorena Villaverde para encabezar la boleta violeta al Senado de la Nación. Martín, que aspiraba a encabezar esa lista, anunció el fin de la unidad y la presentación por separado en la próxima contienda.

La estrategia amarilla para las próximas elecciones está definida: respaldar el modelo económico del presidente Milei pero batallar contra los representantes que el oficialismo eligió en la provincia.

El líder rionegrino del PRO, en sus redes sociales, anticipó el eje de la campaña que proyecta la estructura, que por lógica tendrá puntos coincidentes con la estrategia oficialista. Los dardos irán entonces a Villaverde y a Aníbal Tortoriello, su ex copartidario, quien intentará sostener la banca en la cámara baja, a la que llegó con el sello amarillo, en la última elección de término medio.

En el checklist de puntos débiles, el equipo del PRO agendó los constantes cambios de partido del empresario cipoleño y los contratiempos de Villaverde en la Justicia por la supuesta gestión fraudulenta de proyectos inmobiliarios en la costa rionegrina.

Qué ocurre en Santa Cruz

En Santa Cruz, hay similitudes. El extrapartidario y ex libertario Sergio Torres –primer candidato a diputado por el PRO- apuntará los dardos con Jairo Guzmán, candidato del oficialismo nacional que se desempeña como gerente operativo del PAMI en la provincia sureña.

La rivalidad entre Torres y Guzmán tiene arrastre. En 2024, el primero denunció a Guzmán por “corrupción y tentativa de extorsión”, en lo que fue la avant-premiere de una historia que tendrá continuidad durante el camino a las urnas.

Hasta que fue desplazado, Torres formó parte del mismo organismo nacional, aunque como delegado en Caleta Olivia. Tras quedar desafectado, el ahora candidato por el PRO hizo pública la presentación ante la Justicia por supuestas irregularidades en el manejo de fondos del organismo que conduce Guzmán.

La denuncia fue desestimada por “no constituir un delito”, de acuerdo al pedido del Fiscal Alexis Quintana, sino una falla “administrativa”. Un sumario interno también fue desestimado.

A pesar de esa decisión, Torres vaticina que la campaña contra la estructura libertaria incluirá esa y otras acusaciones por supuestos “desmanejos” en el organismo que conduce Guzmán.

Según la acusación que hizo Torres, Guzmán exigió a los empleados del organismo que aporten un porcentaje de su sueldo para financiar la actividad política de La Libertad Avanza.

El candidato del PRO sostiene la acusación y no duda en que sea parte de su estrategia principal para intentar imponerse en los comicios de octubre.

La Justicia rechazó un planteo de nulidad que elevó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) para evitar el cierre del museo homenaje al Che Guevara en San Martín de los Andes y Parques Nacionales avanza con la decisión de recuperar el edificio para destinarlo a otros fines turísticos.

La decisión del Juzgado Contencioso Administrativo Federal avala el procedimiento administrativo que inició la administración de Parques Nacionales durante la gestión del exfuncionario Cristian Larsen.

En mayo pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que la Casa Rosada revocó el contrato que mantenía el organismo de conservación con ATE desde 2008 para administrar el edificio La Pastera, argumentando que el edificio era utilizado con fines ideológicos.

Poco después del anuncio, Larsen se sumó al anuncio y a través de sus redes sociales aseguró que “el Che Guevara nunca fue un modelo a seguir, sino más bien un ejemplo de cómo detrás de fines loables se cometen atrocidades”. Luego, agregó: “Recuperar estas tierras es un acto de defensa de la soberanía y de los valores que nos unen como Nación. Es un rechazo rotundo a aquellos que siguen manipulando la historia y la justicia para sus propios fines”.

El anuncio oficial fue respondido por el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, quien desafió al gobierno y aseguró que no dejarían que lo cierren.

De inmediato, la organización sindical elevó una medida cautelar para intentar declarar la nulidad de esa resolución, la cual ahora fue rechazada.

La Pastera es un antiguo galpón en el que el Che Guevara y Alberto Granado se alojaron durante su viaje en moto por América Latina.

Entre otras actividades, en el museo se exhiben objetos, fotografías y documentos relacionados con su vida y se divulgaban materiales audiovisuales sobre el Che Guevara.

El edificio fue inaugurado en 2008, en el marco del 80° aniversario del nacimiento del Che Guevara, ocurrido en junio de 1928.

En uno de los salones se exhiben en fotos y cuadros los ejes de la vida y el pensamiento del histórico revolucionario, y mapas en los que figuraban los recorridos que realizó durante los viajes por América Latina y África.

En la planta alta se puede visitar la habitación que ocuparon Guevara y Granados durante su breve paso por San Martín de los Andes, como así también cuadros explicativos sobre esa visita. Además, se venden distintos artículos relacionados con el médico argentino que coprotagonizó la revolución cubana y se realizaban visitas guiadas por el edificio.

“La Pastera museo del Che es una alternativa distinta para conocer la vida y el pensamiento de este mítico personaje. El edificio del museo es una pieza de colección en sí misma que data de 1946. Íntegramente construido en madera”, reza la presentación del lugar en las redes sociales.

La presentación decía: “No es un museo más. Es un refugio para la historia, el análisis y la reflexión sobre uno de los personajes más emblemáticos de la historia”.

Fuente del organismo nacional confirmaron a Infobae que el proceso para recuperar el control sobre el edificio “sigue su curso”, a pesar de la renuncia de Larsen como presidente de la entidad.

La restitución del mismo debía ejecutarse en 30 días, aunque el recurso planteado por ATE ralentizó el procedimiento.

En caso de que la organización sindical intente permanecer en el edificio, fuentes de Casa Rosada confirmaron: “Si no acceden a retirarse de manera voluntaria, serán desalojados a través del uso de la fuerza pública”.

En la primera vista oficial luego del cierre de listas del domingo pasado de cara a octubre, la vicepresidenta Victoria Villarruel participará el viernes próximo en Río Mayo, Chubut, del acto por los 90 años de la localidad donde vivió junto a su familia cuando tenía 12 años.

La titular del Senado será recibida por el gobernador chubutense Ignacio Torres, encargado de anunciar la visita oficial, y por el intendente local Gustavo Loyaute. Juntos participarán del tradicional desfile por las calles céntricas, la inauguración de nuevas luminarias y un centro de monitoreo y el descubrimiento de una placa en homenaje a una ex funcionaria de turismo fallecida recientemente.

Mientras el gobierno local ajusta detalles del cronograma oficial por el aniversario, fuentes oficiales confirmaron que Villarruel visitará las instalaciones del Regimiento de Infantería 31 del Ejército Argentino donde vivió en 1987, cuando su padre se desempeñaba como segundo jefe.

Visitará además la Escuela N° 148, una institución educativa estatal de nivel primario donde la vicepresidenta cursó el séptimo grado.

“Chubut es mi provincia en el mundo”, dijo Villarruel tiempo atrás. Desde su asunción en el cargo anunció, en al menos dos ocasiones, visitar la provincia aunque por razones de agenda primero y los devastadores incendios que azotaron la región después, debió cancelar los viajes.

El arribo está previsto para el viernes a la mañana al aeropuerto de Comodoro Rivadavia, donde será recibida por Torres, y desde allí recorrerá 7 kilómetros por tierra hasta la localidad del aniversario.

Tiempo para política

La provincia le sienta bien a Villarruel. Más allá de su arraigo, la presidenta del Senado también comulga con el posicionamiento político del mandatario provincial: lejos del presidente Javier Milei y más aún del kirchnerismo.

Por eso nadie descarta que la agenda reserva espacios para charlas sobre política. Torres es miembro del frente Provincias unidas junto a los mandatarios de Córdoba Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro de Santa Fé, Carlos Sadir de Jujuy y el patagónico Claudio Vidal, de Santa Cruz.

La estrategia de marcar distancia de la Casa Rosada y de los K entusiasma a la titular del Senado.

El último viaje oficial de Villarruel ocurrió a principios de agosto, cuando participó en Corrientes del acto de traslado de los restos del sargento Juan Bautista Cabral, muerto en el Combate de San Lorenzo.

Fue recibida por el gobernador Gustavo Valdés, mandatario que también formará parte del frente Provincias Unidas, luego de la contienda electoral de octubre.

La comitiva chubutense que formará parte de la recepción contará además con la presencia del vice de Torres, Gustavo Menna, segundo en la lista de diputados en las próximas elecciones de octubre, donde la provincia se juega dos bancas en la Cámara baja.

Allegados al gobernador insistieron en aclarar que Menna será parte de los actos oficiales. El funcionario intentará una de las bancas por Despierta Chubut, el frente que lidera el mandatario y que está conformado por sectores del PRO, fragmentos del radicalismo y otras estructuras políticas, algunas conformadas semanas atrás.

Chubut es una de las provincias donde La Libertad Avanza presentó listas por separado con el PRO. El gobernador, incluso, renegó de esa fusión entre libertarios y amarillos, y aseguró que “no nos vamos a amontonar por un escaño más o menos”.

El mapa nacional de las elecciones de octubre en la Patagonia se presenta muy reñido para las principales fuerzas nacionales, en especial para el presidente Javier Milei en su necesidad por sumar bancas. Las fuerzas provinciales consolidadas son un duro escollo para foráneos. El peronismo busca detener su caída, luego de reinar por décadas en el sur del país.

En el Senado se ponen en juego 9 nueve escaños en Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego, mientras que son 12 las bancas que se disputarán en la región con las provincias de Chubut y Santa Cruz, que no eligen legisladores para la cámara alta.

El cierre de listas de este domingo presentó en la Patagonia una compleja trama de nuevas alianzas y rupturas, en las que fue central el dedo de Cristina Fernández de Kirchner en un PJ con serias divisiones, los gobernadores forjados en la pelea sin tregua con la motosierra libertaria, y el oficialismo nacional combatiendo con fuerzas para sumar en el Congreso.

Candidatos al Senado

En Neuquén, terminan sus mandatos en la cámara alta Oscar Parrilli y Silvia Sapag (PJ kirchnerista) y Lucila Crexell (Juntos por el Cambio - MPN). El gobernador Rolando Figueroa es el protagonista principal desde que en 2023 desbancó al MPN hegemónico por 60 años. Hace más de un mes presentó sus candidatos de la alianza La Neuquinidad, sumando al PRO, peronistas, radicales, provinciales y hasta libertarios.

Para el Senado, Figueroa apostó por dos incondicionales de la primera hora, como Julieta Corroza, ministra Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, y Juan Luis Ousset, jefe de Gabinete en el gobierno provincial.

La Libertad Avanza no logró acordar con el PRO, y presentará al Senado una nómina diagramada por Karina Milei, basándonos en dos figuras extrapartidarias de Diputados que fueron claves en las sesiones más importantes para los libertarios.

En primer lugar, irá la diputada Nadia Márquez, quien fue electa en 2023 por la fuerza provincial Neuquén Avanza y se acercó al oficialismo nacional. Es una pastora evangélica de la iglesia Jesús es Rey, vinculada a la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina, con veloz crecimiento en la política. La acompañará el diputado Pablo Cervi (UCR), uno de los “radicales con peluca”.

El peronismo neuquino es un reflejo fiel de la discusión nacional, y salió al ruedo electoral con la bandera de “Fuerza Patria Unida”. Pero al día siguiente renunció el presidente del PJ neuquino, Darío Martínez, desencantado con la lapicera de Cristina, que terminó designando como primera postulante al Senado a la actual senadora del MPN Silvia Sapag, junto a Sebastián Villegas, dirigente kirchnerista de Chos Malal, una localidad del norte neuquino.

En la provincia de Río Negro la disputa por el Senado se mueve al ritmo que impone el gobernador Alberto Weretilneck y su partido Juntos Somos Río Negro. Al igual que su aliado Figueroa, con quien hace causa común en las negociaciones con Milei, se anticipó a las fuerzas nacionales en la definición de candidatos.

El PJ es el que arriesga más en estas elecciones, ya que pone en juego dos de tres bancas, las de Martín Doñate y Silvina García Larraburu (kirchneristas de Unión por la Patria). Completa la representación Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro).

Weretilneck se inclinó por incondicionales y dispuso que a la cámara alta vaya el legislador Facundo López, jefe de bloque de JSRN en la Legislatura, decisión que dejó en el camino al vicegobernador Pedro Pesatti (PJ), quien demuestra su lealtad por el jefe pero una acérrima oposición a Milei.

Lejos de las bases, que quedaron en el llano pidiendo apertura democrática en el partido, Cristina dispuso que en Río Negro el primero en la lista sea el diputado y ex intendente de General Roca, Martín Soria, y ex ministro de Justicia del presidente Alberto Fernández. Irá acompañado por la legisladora provincial barilochense Ana Marks.

El PRO, segunda fuerza provincial en Río Negro desde 2023, rompió con estruendo esta semana su acuerdo con La Libertad Avanza. Llevará al Senado a su presidente, Juan Martín, junto a la escritora, traductora y docente Claudia Bertora, de San Carlos de Bariloche.

La diputada Lorena Villaverde consolidó su liderazgo en La Libertad Avanza y ganó el apoyo de Karina Milei y Lule Menem para su primera candidatura al Senado, acompañada por el jefe del Distrito 20 Río Negro de Vialidad Nacional, Enzo Fullone.

A su vez, Tierra del Fuego disputa tres bancas en el Senado, de las que el PJ arriesga dos: María Eugenia Duré y Cristina López, de Unión Ciudadana. Completa la representación Pablo Daniel Blanco, de la UCR, quien irá por su reelección ahora por el frente Provincias Unidas.

La Libertad Avanza logró incorporar al PRO, Republicanos y el Partido Libertario, y unió fuerzas en torno a la figura propia de Agustín Coto, presidente de la Legislatura provincial y presidente de los libertarios en la provincia, quien encabezará la nómina. Lo acompañará la concejal de Ushuaia, Belén Monte de Oca.

En 2023, el gobernador Gustavo Melella le arrebató al PJ la provincia más austral y la mitad del partido, y con su espacio FORJA, integra ahora con el PJ el frente de Fuerza Patria.

Ahora la coalición kirchnerista irá con Cristina López en su intento de reelección y el concejal de Río Grande Federico Runín como candidatos a senadores.

Candidatos patagónicos a Diputados

Las candidaturas a Diputados en la Patagonia presentan una diversidad muy amplia, ya que hay alianzas diferentes por provincias y el juego de los gobernadores, que no coinciden en ningún espacio, es determinante.

En Neuquén, se compulsa por las tres bancas de los diputados que terminan su mandato Tanya Bertoldi (PJ), Osvaldo Llancafilo (MPN) y Pablo Cervi (UCR).

El oficialismo del gobernador Rolando Figueroa (partido provincial La Neuquinidad y aliados) sorprendió al lanzar a la cámara baja a la conductora televisiva y cantante Karina Moureiro, acompañada por el titular del Conicet y profesor de Historia, Joaquín Perret.

La Libertad Avanza también sorprendió por el bajo conocimiento de sus candidatos e irá en solitario con el martillero y corredor público Gastón Riesco y la dirigente de Rincón de los Sauces, Soledad Mondaca.

Fuerza Patria postuló a Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue en primer lugar, junto al referente de Centenario Fernando Pieroni.

En Río Negro, se ponen en juego dos bancas, de Agustín Domingo (JSRN) y Aníbal Tortoriello (PRO).

El gobernador Weretilneck (JSRN) se inclinó por su ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, el barilochense Juan Pablo Muena en primer lugar, y María Eugenia Paillapi, concejal de Villa Regina de CC-ARI.

La Libertad Avanza promueve a Aníbal Tortoriello (ex PRO, ahora el provincial CREO) y Ailén Costa, del sector joven libertario.

Fuerza Patria inscribió a Diputados a dos peronistas barilochenses: la expresidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, Adriana Serquis, en primer lugar, secundada por el concejal Leandro Costa Brutten.

El PRO, con peso específico en la Legislatura provincial, promueve a la legisladora Martina Lacour en primer lugar y Gastón Varela, profesional empresario de Cipolletti.

Mientras tanto, en Chubut se renuevan dos bancas, de Eugenia Anianello (PJ) y Ana Clara Romero (PRO).

El gobernador Ignacio Torres (PRO Despierta Chubut) confirmó en primer lugar a Ana Clara Romero por la reelección junto a su vicegobernador, Gustavo Menna.

La Libertad Avanza postuló a Diputados a Maira Frías, de Comodoro Rivadavia, y Julián Moreira, de Trelew.

El PJ en el frente Unidos Podemos, tendrá como primer candidato a Juan Pablo Luque, secundado por Lorena Elisaincin.

En Santa Cruz, por otro lado, se disputarán tres bancas, que dejan Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), Gustavo González (PJ), Roxana Reyes (UCR).

El gobernador Claudio Vidal (Por Santa Cruz) promovió como primer candidato su jefe de Gabinete de Ministros, José Daniel Álvarez.

La Libertad Avanza irá con el jefe de la gerencia operativa del PAMI en la provincia, Jairo Guzmán, mientras que el PRO definió al extrapartidario Sergio Torres, como primer candidato.

Fuerza Santacruceña, alianza que incluye a un sector del PJ, contará con el sacerdote católico Juan Carlos Molina (del círculo íntimo del fallecido papa Francisco) como primer candidato.

Por último, Tierra del Fuego se renuevan las bancas de Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Carolina Yutrovic (Unión por la Patria).

La Libertad Avanza irá con Miguel Rodríguez y Analía Fernández; en tanto que Fuerza Patria con el gobernador Gustavo Mellela al jefe de Gabinete provincial Agustín Tita.

La provincia de Neuquén irá a las urnas el 26 de octubre con más de 560.000 electores habilitados para decidir qué candidatos ocuparán las seis bancas que renovará el distrito en el Congreso de la Nación, con tres senadores y tres diputados. El gobernador, Rolando Figueroa, es la figura central de la disputa, ya que no cuenta con legisladores nacionales propios y lograrlos es su objetivo principal. Enfrente están La Libertad Avanza, que crece sin pausa, y la alianza kirchnerista Fuerza Patria, que, para variar, tiene una interna feroz.

“Cuando hay que producir, nos piden más, y cuando hay que ajustar, nos sueltan la mano”, manifestó Figueroa al poner al gobierno nacional y a la figura de Milei como sus principales contendientes, contraponiendo su Estado eficiente y presente a la motosierra libertaria. Se jacta de no haber frenado las obras públicas en marcha y, a pesar de ello, contar con equilibrio y superávit fiscal.

Figueroa, junto al intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido (Neuquén Avanza, libertarios con buen perfil electoral), sorprendió a todos al anunciar como cabeza de lista a diputados a Karina Moureira, periodista, popular conductora televisiva y cantante exitosa. No tiene militancia partidaria, pero sí trabajo comunitario a través de entidades privadas. Un modelo antipolítico ideal, outsider por antonomasia, paladar Milei.

Junto a la conductora, irá el titular del Conicet en Neuquén, Joaquín Perret, profesor de Historia. A poco de andar la fórmula, criticó fuerte la decisión del gobernador de desalojar un campamento mapuche de la gobernación y ganó miradas recelosas. También Figueroa confirmó a dos incondicionales: Julieta Corroza, ministra de Desarrollo Humano, como primera al Senado, acompañada por José Luis Ousset, su jefe de Gabinete.

Figueroa combina en su relación con Milei un discurso directamente hostil con una posición dura, pero considerada, cuando necesita sumar recursos. Un ejemplo de ello se dio con represas hidroeléctricas, donde aliado con su vecino Alberto Weretilneck logró sacar una buena tajada, o en la discusión a futuro por la nueva coparticipación.

El león, al acecho

Con resultados sorprendentes y como sucede en todo el país, La Libertad Avanza busca dar en Neuquén un batacazo. Los libertarios quieren vencer a quien doblegó al Movimiento Popular Neuquino, al que cuenta con muchos más recursos que otras provincias (no solo hidrocarburíferos, sino también provenientes del turismo, la energía, el comercio, la minería, la producción agropecuaria y otros), al aliado con otros distritos clave en la discusión económica actual. La idea es restarle uno o dos legisladores a un adversario difícil en el Congreso.

Es un desafío especial, porque LLA no logró absorber al PRO, que entre otras cosas obtuvo la intendencia de la capital con el fallecido ex radical Horacio Quiroga.

En mayo, antes del derrumbe de los amarillos, el PRO neuquino eligió autoridades internas, decidió no presentarse en elecciones e integrarse a La Neuquinidad.

Los armadores en Neuquén formalizaron y fortalecieron al partido en la provincia, y trabajaron sobre la dirigencia y militancia más fiel. Idearon fórmulas electorales que recién darán a conocer este viernes, pero que para todos ya están definidas, y que con el arrastre nacional -si es positivo- podrían paladear una sorpresa anunciada.

Tendrá a la diputada nacional Nadia Márquez, proveniente de Neuquén Avanza, que en 2023 la llevó al Congreso. Pastora evangélica, construyó una rápida carrera política con buena respuesta electoral.

El primero de Diputados también es un dirigente con peso político, el “radical con peluca de la primera hora” Pablo Cervi, diputado con un pie afuera de la UCR.

Hace cuatro días, la Quinta de Olivos abrió sus puertas a Márquez y Cervi como diputados para trabajar con Milei y su equipo sobre los vetos a las iniciativas presidenciales.

La presencia de Cervi en la boleta no estaba tan firme, pero se desmarcó de sus colegas del bloque Liga del Interior (radicales pro Milei) y fue al cónclave en la residencia presidencial para trabajar en el blindaje de los vetos contra las jubilaciones y la emergencia en discapacidad. ¡Adentro!

La tercera fuerza en disputa es Fuerza Patria, impulsada por un acuerdo de las principales figuras del peronismo nacional, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, cuyo armado recayó como siempre en su fiel ladero Oscar Parrilli. La integran el PJ, Libres del Sur, El Frente y la Participación Neuquina y el Partido Solidario. La alianza nació, como en todo el país, proclamando una unidad poderosa, pero se diluyó al día siguiente de haber sido pronunciada.

El propio presidente del PJ Neuquén, Darío Martínez (legislador, ex diputado nacional, ex secretario de Economía de Martín Guzmán), renunció al partido y dejó atónita a la dirigencia. El kirchnerismo neuquino recibió así otro de los muchos golpes sufridos en los últimos años.

El PJ renueva dos bancas clave en el Senado, la de Parrilli y la de Silvia Sapag, más la de la diputada Tanya Bertoldi en Diputados, y es el que más arriesga en octubre.

Recién este miércoles definieron a la primera candidata a Diputados: la rectora de la Universidad del Comahue, Beatriz Gentile. Parrilli lucha por incluir a su hila Lorena en algún casillero.

La temperatura electoral en Río Negro se acerca al punto de ebullición con tres sectores mayoritarios en carrera para lograr representación en los cinco espacios legislativos en juego, tres de ellos en la cámara alta.

Juntos Somos Río Negro, el partido provincial que encabeza el gobernador Alberto Weretilneck proyecta, de mínima, retener las bancadas que liberan la senadora Mónica Silva y el diputado Agustín Domingo.

Postuló para el primero de los espacios a Facundo López, un hombre de su extrema confianza que lidera el bloque “albertista” en la legislatura rionegrina. La decisión causó estrías en el oficialismo por el disgusto del vicegobernador Pedro Pesatti, quien estaba postulado para encabezar la lista a la cámara alta.

El gobierno provincial desempolvó el “Gran Acuerdo”, una estrategia electoral que fue útil para recuperar el sillón de la gobernación, con la inclusión de distintas fuerzas a la lista de Juntos Somos Río Negro. La nueva coalición es Juntos Defendemos Río Negro y cuenta con adhesiones del radicalismo, Coalición Cívica-Ari y jefes comunales, como el de Bariloche, Walter Cortés, distrito que congrega la mayor cantidad de electores.

El peronismo logró una unidad con fórceps. En la conformación de la versión rionegrina de Fuerza Patria, el PJ selló alianza con el Frente Renovador y otros partidos como Kolina y el Frente Grande.

El diputado Martín Soria encabezará la lista de candidatos para el Senado, mientras que aún hay dudas sobre el primer escaño para la cámara baja, por el que puja el massismo.

Dos de los mandatos que expiran en diciembre pertenecen al sector. El de Silvina García Larraburu, quien codea para adueñarse de un espacio en la lista e intentar repetir, y el de Martín Doñate.

El estallido

Este miércoles, una reunión de LLA con el PRO terminó de la peor manera. En pleno carteo de candidatos, luego la foto del anuncio de unidad entre ellos, Republicanos Unidos y Creo Río Negro, los buenos deseos desaparecieron de la imagen al no poder acordarlos nombres para la boleta violeta. La diputada Lorena Villaverde se autoproclamó candidata natural en la lista de senadores del sector y postulación no provocó reacciones en la Rosada.

Juan Martín, líder del PRO en la provincia patagónica y cercano a la ministra Patricia Bullrich, se había aprontado para ir en diputados. Y de hecho hacía buena letra: tras una intervención en la legislatura provincial, Martín fustigó al kirchnerismo y el presidente celebró el discurso del parlamentario. En la red social Instagram, el mandatario nacional posteó la frase del rionegrino, en una publicación compartida con el periodista Alejandro Fantino, en la que también destaca la gestión del economista.

“Ningún país salió adelante con inflación o déficit fiscal. Milei nos salvó del desastre que dejó el kirchnerismo y nos devolvió la esperanza” dijo el diputado provincial. La frase con la imagen del líder del PRO rionegrino ocupa un sitio privilegiado en la red social de Jefe de Estado.

Juan Martín, ilusionado con la palmada de Milei, vio que se acercaba a su primera candidatura al Senado. Pero Villaverde se negó a ceder, apoyó Casa Rosada, y quedó el camino despejado el diputado Anibal Tortoriello (ex intendente de Cipolletti dos veces derrotado por JSRN), cuyo mandato en la cámara baja también está en juego y apuesta a renovar. El empresario cipolleño logró su banca de la mano del PRO, creó su sello Creo Río Negro, y pasó luego a las filas libertarias. Según él, las mediciones le sonríen y será el 1 de Diputados. Así lo pidió Villaverde y logró la venia de Karina.

Es lo peor que podía oír Juan Martín. “Bancamos a Milei, pero no nos vamos a juntar con delincuentes, vagos ni paracaidistas”, expresó el presidente del PRO, quien venció a Tortoriello con comodidad, pero debió soportar operaciones y hostilidades insidiosas. No obstante, El Jefe y el mago de la Casa Rosada lo vieron más potable.

La estructura partidaria que estrena el gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres parece ser el objetivo a vencer por La Libertad Avanza y el peronismo, que no logran desempolvar el agrietado recorrido que transitan para poder definir sus candidaturas. El peronismo tuvo que resolver postulaciones con una interna, en la que se proclamó el ex candidato a la gobernación provincial y ex intendente de Comodoro Rivadavia Juan Pablo Luque. Más allá de las manos levantadas, los derrotados quedaron heridos y anticipan una fragmentación que favorece a los opositores.

Más de 480 mil chubutenses deberán acudir a las urnas en octubre para definir a los dos representantes que ocuparán bancas desde diciembre en la cámara baja. No hay senadurías en juego en la provincia de las ballenas. Torres, candidato del PRO para imponerse en las últimas elecciones provinciales, estrena en las urnas Despierta Chubut, una coalición de la que forman parte copartidarios amarillos, fragmentos del radicalismo, PACH y el flamante Familia Chubutense, entre otros.

El mandatario tiene buena imagen y entiende que su el aval popular podría ser trasladable a los candidatos de su sector. Reniega de la fusión de libertarios con amarillos. “No nos vamos a amontonar por un escaño más o menos” anticipó esta semana. Los dardos apuntaron hacia las filas del PRO, ya que considera un error estratégico aliarse con LLA. Defendió que el espacio que integra representa una alternativa genuina donde los votantes podrán elegir “un espacio republicano y federal para salir de esa lógica pendular” que oscila entre el kirchnerismo y el actual gobierno nacional.

Junto a Claudio Vidal, su par santacruceño, y a Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) y Carlos Sadir (Jujuy) integra la coalición Provincias Unidas, a la que definió como una propuesta “republicana, federal y con agenda de desarrollo», diferenciada tanto del oficialismo nacional como del kirchnerismo”. El peronismo no logró ponerse de acuerdo y dirimió postulaciones en una interna, en la que se impuso Luque, ex rival de Torres en la contienda para llegar a la gobernación. Los cánticos de celebración estuvieron dirigidos al mandatario y no al gobierno nacional, lo que anticipa la búsqueda de un resultado favorable para “plebiscitar la gestión chubutense”.

Sin embargo, a pesar de ese paso previo, los peronistas tampoco lograron paz. Mientras Luque festejaba, Dante Bowen – jefe comunal de la localidad de Davon– espetaba que el resultado había sido empate. Con el conteo fino, Luque buscará en octubre una banca para diputado. El triunfador encabezó la boleta de Unidos Podemos, que integró al Frente Renovador, Chubut Somos Todos, el Partido de los Trabajadores del Pueblo, Unidad Socialista y el Partido de la Victoria. Lo secundó como candidata a diputada Lorena Elisaincin.

El peronismo resolvió así la candidatura después de más de 20 años sin acudir a esa instancia interna. En el seno La situación en La Libertad Avanza, los acuerdos escasean. El diputado César Treffinger, con mandato vigente hasta 2027, denunció al periodista y precandidato a la diputación por LLA Ricardo Bustos, por amenazas.

El hecho, que fue retuiteado por Milei, ocurrió días atrás cuando Bustos asistió a un acto libertario. Treffinger, leal a Casa Rosada, maneja los hilos violetas en la provincia patagónica aunque no logra ordenar la tropa para tratar de sumar un escaño libertario en la cámara baja. La fragmentación libertaria tiene aún más fojas, en las que se destacan denuncias, renuncias y acusaciones por doquier. Mientras el fuego amigo abunda, los nombres de quienes irán con el sello violeta aún son un misterio.