Cada vez que un país renueva su liderazgo, emerge una pregunta inevitable: ¿puede la economía sostenerse más allá de los ciclos políticos? Los datos recientes del Perú abren una lectura interesante.

En pleno proceso electoral con opciones políticas opuestas, los principales indicadores financieros como el tipo de cambio, la Bolsa de Valores de Lima y el riesgo país mantuvieron un comportamiento positivo. La moneda peruana apenas varió 3%, la Bolsa continuó siendo la más rentable de la región y el índice del riesgo país (medido por el banco JP Morgan), no cambió. A ello se suman el crecimiento del PBI de 3.5% y el aumento de la inversión privada superior al 13% durante el primer trimestre del año.

Para dimensionar la magnitud de esa señal: si el impacto electoral en los mercados financieros de 2021 equivale a 100, el de estas elecciones no llega a 50. La lectura es clara: la economía peruana ha ganado una solidez propia, capaz de sostenerse más allá de los ciclos políticos. Los mercados no evalúan candidatos; evalúan gobernabilidad.

Esos números no son una coincidencia. Reflejan décadas de construcción institucional, una política monetaria responsable y un sector privado que ha aprendido a proyectarse con horizonte de largo plazo. El Perú ha demostrado que tiene la capacidad de sostener sus fundamentos macroeconómicos incluso en contextos de alta volatilidad, y esa es la fortaleza real sobre la cual el próximo quinquenio puede edificarse.

Y el contexto externo acompaña. El mundo atraviesa una reconfiguración de cadenas productivas globales que favorece a economías con recursos naturales abundantes, marcos regulatorios confiables y capital humano en expansión. El Perú reúne esas condiciones de forma cada vez más consolidada, lo que lo coloca en una posición privilegiada para atraer inversión y escalar en sectores como la minería responsable, la agroindustria y las energías renovables.

Aprovechar esa ventana requiere profundizar en tres frentes que ya muestran avances concretos. El primero es la inversión privada: el crecimiento del 13% registrado es una base sólida, y sostenerla implica seguir fortaleciendo la predictibilidad regulatoria y la certeza jurídica que los proyectos de largo aliento necesitan para materializarse.

El segundo frente es la seguridad ciudadana, entendida también como condición económica. Cada mejora en este ámbito amplía el espacio productivo del país, facilita la movilidad laboral y genera condiciones más favorables para el desarrollo empresarial en todos los territorios.

El tercero es la institucionalidad: un gabinete con solidez técnica, una política fiscal orientada al gasto de mayor impacto y una estrategia clara para los grandes proyectos de infraestructura y energía son los pilares sobre los que se construye la confianza que multiplica el crecimiento.

Ninguna de estas agendas parte de cero. Existen avances regulatorios, consensos técnicos construidos y un sector productivo con capacidad y disposición para crecer. El desafío del próximo gobierno es profundizar con coherencia lo que ya se ha iniciado y sostenerlo con la continuidad que genera resultados concretos.

La economía peruana tiene los fundamentos, los recursos y el momento. La primera gran decisión del nuevo gobierno no se reducirá a una reforma específica: su mayor activo será la confianza que sea capaz de construir desde el primer día.