Las temperaturas elevadas y la prolongación de los días de calor reconfiguraron hábitos de consumo en Perú. El efecto se percibió en rubros de alta rotación como cerveza y equipos de climatización, pero también alcanzó a un segmento menos visible: las piscinas y albercas para viviendas, condominios y proyectos inmobiliarios.

La mayor frecuencia de uso de estos espacios impulsa la demanda de instalación, equipos de filtrado, bombas de calor, limpieza y mantenimiento. A la vez, las piscinas dejaron de estar asociadas solo a viviendas de alto costo y comenzaron a incorporarse como un atributo en proyectos residenciales, donde pueden aportar diferenciación y valor percibido a la oferta inmobiliaria. No obstante, la importación de instrumentos aún representa un revés.

La otra industria del calor: la oferta inmobiliaria con piscinas crece

La presión se concentra en una cadena que parte de fabricantes ubicados, sobre todo, en China y Brasil, continúa con el transporte marítimo y la distribución local, y termina en la instalación y el servicio posventa.

Nicolás Bonnett, portavoz de Hidrocentro Lima, afirmó que el costo de transportar un contenedor pasó de alrededor de USD 1.500 a entre USD 8.700 y USD 8.900 durante el periodo analizado.

El aumento de los fletes obligó a los importadores a anticipar pedidos y elevar sus inventarios para reducir la volatilidad de los precios. En el caso de Hidrocentro Lima, Bonnett calcula que el efecto final sobre el valor de los productos se ubicó entre 5% y 10%.

“No podemos trasladar toda la volatilidad de los precios al cliente”, dijo. Según el vocero, la compra por contenedor, la negociación previa con proveedores y la disponibilidad de stock permiten moderar parte del impacto logístico.

Más uso, más mantenimiento y faltantes de equipos

Con todo, el calor sostenido eleva la frecuencia de uso de las piscinas y, con ello, la necesidad de limpieza, tratamiento químico del agua, revisión de filtros y mantenimiento de bombas. Bonnet estima que los pedidos de mantenimiento crecieron al menos 50% frente al año anterior, una cifra que corresponde a la operación de la empresa.

“Los pedidos de mantenimiento son directamente proporcionales al uso”, recalcó. Esta actividad contempla controles de cloro y pH, limpieza y revisión de los sistemas de recirculación, que mantienen el agua en condiciones adecuadas durante periodos prolongados.

La mayor demanda también tensionó el abastecimiento. La compañía proyectaba un crecimiento de 30% en ventas brutas, pero algunos productos se agotaron antes de lo previsto. Entre ellos figuraron las bombas de calor y los motores de menor potencia, equipos vinculados con la climatización y la circulación del agua.

Bonnett estimó que las instalaciones nuevas crecieron alrededor de 20% en la empresa. A diferencia de los servicios de mantenimiento, que dependen de la frecuencia de uso, el cambio de equipos suele tener ciclos más largos. Algunos clientes reemplazan bombas, filtros y otros componentes después de cerca de 10 años, según indicó.

Una piscina pequeña puede costar menos de S/50.000

La expansión del segmento residencial se apoya en una oferta de equipos de menor costo que la disponible años atrás. Para una piscina doméstica pequeña, existen paquetes de equipamiento importado desde alrededor de USD 1.200, con bomba, filtro y elementos de recirculación.

Esa cifra no incluye la construcción de la estructura, las tuberías, los acabados ni la mano de obra. Para una piscina de hasta 3 metros por 6 metros, Bonnett estima que el proyecto completo puede ejecutarse por menos de S/50.000 (unos USD 15.000).

¿Cómo se distribuye? La estructura básica puede costar alrededor de S/35.000, mientras que una piscina lista para conectar los equipos puede ascender a cerca de S/40.000. El presupuesto final depende del tipo de terreno, la profundidad, el sistema de iluminación, la calefacción y los materiales elegidos.

Además, los acabados introducen diferencias relevantes. La empresa señaló que hay revestimientos desde USD 9 por metro cuadrado, mientras que opciones como el mármol pueden llegar a USD 130 por metro cuadrado. Los sistemas de automatización, las cascadas, la iluminación y los equipos de calefacción también elevan el valor final.

En instalaciones de clubes, restaurantes, condominios o centros de natación, el equipamiento y la instalación pueden superar los USD 25.000 e incluso los USD 30.000. En esos proyectos inciden la capacidad de filtrado, el volumen de agua, la cantidad de usuarios y las exigencias técnicas.

Importación y adaptación técnica para el mercado local

Perú no cuenta con una industria de fabricación de equipos para piscinas a gran escala, aunque existen talleres locales que producen piezas específicas y soluciones a medida. Por tal motivo, la compatibilidad de tuberías, conexiones y accesorios representa otro desafío.

Algunas piezas importadas no coinciden con las medidas utilizadas en obras peruanas, por lo que los distribuidores deben enviar parámetros técnicos a los fabricantes antes de realizar los pedidos.

Además de piscinas domésticas, el consumidor residencial demanda cada vez más productos para cascadas, fuentes, piletas ornamentales y efectos de agua en jardines, condominios y espacios públicos, según Hidrocentro Lima.

Así, el mayor uso de piscinas y la necesidad de mantenimiento abren espacio para una cadena que involucra importadores, distribuidores, constructoras, técnicos e instaladores.

El ritmo de expansión dependerá, entre otros factores, de la continuidad de las temperaturas elevadas, la disponibilidad de equipos y la evolución de los costos logísticos, sentencia Bonnet.

La industria de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, conocida como HVACR, proyecta que el mercado peruano pasará de USD 950 millones en 2026 a USD 1.010 millones en 2027, impulsado por la construcción, la agroexportación, la cadena de frío y la mayor demanda de climatización en las ciudades.

La proyección apunta a que la actividad superará los USD 1.220 millones hacia 2030, con una expansión anual de entre 5% y 7%. Los cálculos fueron divulgados en el marco de la octava edición del Congreso Peruano de Aire Acondicionado y Refrigeración - Copeaire 2026, programado para el 15 y 16 de octubre en Lima.

Construcción y proyectos de salud elevan demanda de climatización

El crecimiento de centros comerciales, hoteles, clínicas, hospitales y edificios corporativos ha incrementado la demanda de sistemas de aire acondicionado centralizado, equipos de flujo variable de refrigerante, conocidos como VRF, y enfriadoras de agua o chillers.

Los sistemas VRF permiten conectar varias unidades interiores a un circuito de refrigeración y regular de forma independiente la temperatura de distintos espacios. Esta tecnología se emplea en edificios con múltiples oficinas, habitaciones o zonas de uso diferenciado.

El Departamento de Energía de Estados Unidos define los VRF como sistemas con compresores de velocidad variable y varias unidades interiores controladas por separado.

Los chillers, en cambio, producen agua fría que se distribuye por tuberías hacia equipos ubicados en diferentes ambientes. Su uso es frecuente en instalaciones de mayor tamaño, como hospitales, centros comerciales, plantas industriales y edificios corporativos.

La industria sostiene que la expansión inmobiliaria coincide con un aumento de las temperaturas en zonas urbanas, lo que amplía la necesidad de equipos que reduzcan el consumo eléctrico y permitan un control más preciso de la climatización.

La cadena de frío crecería hasta USD 648 millones en 2031

La agroexportación aparece como otro motor para el sector, aunque no es el único. Productos como arándanos, uvas, paltas y alimentos hidrobiológicos (pota, camarones) requieren procesos de refrigeración desde la cosecha o captura hasta el almacenamiento, el transporte y la entrega al comprador.

De acuerdo con la proyección, el segmento de cadena de frío pasaría de USD 531 millones en 2026 a USD 648 millones en 2031. La cifra incluye la refrigeración industrial vinculada con alimentos congelados, pesca, farmacéutica y operadores logísticos.

La cadena de frío busca mantener productos a temperaturas controladas para preservar su calidad y reducir pérdidas. En el caso de la agroexportación, una falla durante el transporte o almacenamiento puede afectar la condición comercial de la mercancía antes de que llegue a los mercados de destino.

Los principales sistemas que se usan en climatización y refrigeración

El mercado HVACR reúne equipos para usos domésticos, comerciales e industriales. Entre los sistemas más frecuentes figuran:

• Aire acondicionado tipo split: consta de una unidad interior y otra exterior. Es habitual en viviendas, pequeños comercios y oficinas.
• Sistemas VRF: conectan varias unidades interiores con una o más unidades exteriores y permiten ajustar la temperatura por zonas.
• Chillers o enfriadoras: generan agua fría para edificios o instalaciones de gran tamaño.
• Refrigeración industrial: se utiliza en plantas de alimentos, cámaras frigoríficas, pesquería, laboratorios y centros logísticos.
• Cámaras de conservación y congelado: mantienen productos frescos o congelados dentro de un rango de temperatura definido.
• Sistemas de ventilación: renuevan el aire de espacios cerrados y pueden incluir filtración, control de humedad y automatización.

El sector apunta a equipos con menor consumo y nuevos refrigerantes

Las empresas del rubro prevén una mayor adopción de compresores con tecnología Inverter, que ajustan su funcionamiento según la necesidad de enfriamiento o calefacción. También esperan que crezca el uso de sistemas conectados a plataformas de automatización e internet de las cosas, conocido como IoT.

Otro cambio se relaciona con los refrigerantes. La industria avanza hacia alternativas con menor potencial de calentamiento global, un indicador que mide el efecto de estos gases sobre el calentamiento de la atmósfera.

Copeaire 2026 reunirá a fabricantes, distribuidores, técnicos, usuarios y empresas del rubro para discutir eficiencia energética, refrigeración industrial, automatización y sostenibilidad.

Entre las entidades participantes estará la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), según la organización del encuentro.

La Municipalidad Provincial de Urubamba conformó un comité de cinco integrantes para preparar una nueva licitación del servicio de buses turísticos en la ruta Hiram Bingham, la carretera que une Machupicchu Pueblo con la ciudadela inca de Machu Picchu. El grupo iniciará sus labores con la elaboración de un cronograma y nuevas bases para el concurso.

El alcalde provincial, Ronald Pera Gallegos, informó a RPP Noticias que el proceso tiene un plazo estimado de 45 días hábiles para definir reglas y fechas. La autoridad advirtió que la licitación puede enfrentar nuevos cuestionamientos legales, como ocurrió con el concurso anterior.

Más de 40 empresas observaron las primeras bases del concurso

La convocatoria previa quedó sin efecto luego de que más de 40 empresas presentaran observaciones a las bases. La municipalidad buscará incorporar esas objeciones y medidas correctivas en el nuevo expediente para reducir el riesgo de nuevas impugnaciones.

Una vez aprobado el cronograma, la comuna deberá publicar la convocatoria en medios de alcance regional y nacional. El proceso busca definir a la empresa que operará el traslado de turistas por la vía Hiram Bingham, uno de los accesos más utilizados por los visitantes que llegan a Machu Picchu.

Pera Gallegos consideró que conseguir la convocatoria y la firma de un contrato durante su gestión sería un avance para la provincia. No obstante, reconoció que las controversias judiciales pueden retrasar la adjudicación e incluso impedir que la licitación concluya en el actual período municipal.

El alcalde afirma que enfrenta 35 denuncias por la disputa en la ruta

El alcalde señaló que afronta 35 denuncias penales interpuestas por la empresa Consettur, vinculadas con el proceso de licitación y el plan de contingencia aplicado en la ruta. La autoridad sostuvo que estos recursos forman parte de las dificultades que han impedido resolver de manera definitiva la concesión.

Mientras se prepara la nueva convocatoria, Consettur y la empresa San Antonio de Torontoy continúan con el traslado de pasajeros. Según la posición expuesta por la Municipalidad Provincial de Urubamba, ambas compañías operan bajo una situación que requiere una definición de las entidades competentes.

La comuna pidió mayor participación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), el Ministerio de Cultura, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y el Ministerio Público para reforzar la fiscalización del servicio y establecer reglas claras para los operadores.

El debate sobre el transporte en la ruta Hiram Bingham se mantiene desde el vencimiento de la concesión que tenía Consettur. La falta de una adjudicación definitiva provocó reclamos de empresas y comunidades, además de planes temporales para evitar la interrupción del traslado de turistas hacia la llaqta inca.

Cultura prueba un nuevo sistema de venta directa de entradas

En paralelo, el Ministerio de Cultura inició el 22 de septiembre una marcha blanca de 30 días para su nuevo sistema de venta directa de boletos a Machu Picchu y la Red de Caminos Inca. La plataforma elimina la reserva previa de tres horas y fija un plazo de 15 minutos para completar el pago.

Si el usuario no concreta la operación dentro de ese tiempo, el cupo queda liberado para otro visitante. Durante el período de prueba, el ministerio evaluará si ese plazo debe mantenerse, ampliarse o reducirse.

El cambio no modifica la capacidad diaria durante la temporada baja. La Red de Caminos Inca conserva un aforo de 750 visitantes al día, mientras que Machu Picchu mantiene un máximo de 5.600 personas por jornada en temporada alta y de 4.500 en temporada baja.

La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (ASIET) pidió al próximo gobierno peruano destrabar la renovación de concesiones de telecomunicaciones, al advertir que la demora en estos trámites mantiene a los operadores sin certeza sobre la vigencia de sus permisos y condiciona las inversiones de largo plazo en redes de fibra óptica, telefonía móvil y 5G.

El pedido forma parte de la Agenda Digital Perú 2026-2031, difundida este mes por el gremio que agrupa a empresas del sector en América Latina.

Aunque el documento incluye propuestas sobre regulación ambiental, fiscalización, espectro radioeléctrico y piratería audiovisual, la renovación de concesiones aparece como la prioridad inmediata para las compañías.

El nuevo régimen de renovación sigue pendiente desde junio

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó en febrero el proyecto del nuevo Régimen General de Renovación de Concesiones de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones, mediante la Resolución Ministerial N.° 063-2026-MTC/01.03.

La propuesta recibió comentarios durante una consulta pública y fue remitida en junio a la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de la Presidencia del Consejo de Ministros. Desde entonces, el gremio sostiene que no se ha aprobado una norma definitiva.

ASIET cuestiona que el actual sistema vincule la duración de la renovación con las sanciones administrativas acumuladas por cada empresa. Según su posición, una operadora puede recibir una multa por una infracción y luego afrontar una reducción en el período de renovación de su concesión, lo que califica como una doble consecuencia regulatoria.

La asociación plantea que el nuevo régimen establezca criterios objetivos, previsibles y proporcionales. También pide resolver con rapidez los expedientes pendientes y evitar que el debate sobre las reglas se reinicie con el cambio de gobierno.

Dos contratos históricos vencen en noviembre de 2027

El debate tiene un plazo concreto: dos contratos de concesión de telefonía fija local y larga distancia suscritos en 1994 con Telefónica del Perú vencerán el 27 de noviembre de 2027. El MTC decidió en 2018 no renovarlos, aunque aclaró que la empresa contaba con otros títulos habilitantes para seguir prestando servicios de telecomunicaciones.

Las concesiones no vencen en una sola fecha para todo el sector. Cada empresa tiene contratos distintos, según el servicio, la banda de espectro y el momento en que obtuvo o renovó sus permisos.

Las concesiones únicas pueden otorgarse por períodos de hasta 20 años, mientras varios contratos de telefonía móvil, transmisión de datos e internet tienen plazos que llegan a las décadas de 2030 y 2040.

La demanda de datos crece mientras el sector reclama previsibilidad

ASIET sostiene que la demora regulatoria ocurre en un contexto de mayor demanda de conectividad. Según las cifras incluidas en su documento, el 96% de los hogares peruanos tenía acceso a internet fijo o móvil al cierre de 2025 y el 99,8% utilizaba al menos un servicio de telecomunicaciones.

El país superó los 4,3 millones de conexiones de internet fijo, con la fibra óptica por encima del 82% del total. Además, más de 33 millones de teléfonos móviles accedieron a internet. El consumo mensual promedio de datos por dispositivo pasó de 5,67 GB en 2019 a 23,51 GB en 2025.

Las compañías usan esas cifras para sostener que necesitan seguridad jurídica antes de comprometer inversiones de largo plazo. El argumento empresarial se concentra en que la renovación de las concesiones debe darles horizontes suficientes para recuperar los recursos destinados a redes y servicios.

El gremio también pide revisar multas y reglas ambientales

La agenda propone que, en algunos casos, las multas regulatorias puedan ser reemplazadas por compromisos verificables de inversión en cobertura, fibra óptica o calidad del servicio. ASIET cita modelos aplicados en Brasil, Australia y Reino Unido.

El documento también cuestiona el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector Telecomunicaciones, publicado en diciembre de 2024. El gremio considera que la norma impone exigencias retroactivas sobre infraestructura ya instalada y reclama que se apruebe su modificación.

Las propuestas de ASIET no son vinculantes. Corresponderá al próximo gobierno definir si acelera el nuevo régimen de renovaciones y bajo qué condiciones, en un sector donde las decisiones regulatorias afectan tanto a las empresas como a millones de usuarios conectados.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) rechazó haber autorizado el reinicio de los recorridos de vehículos tubulares en Huacachina, luego de que en las últimas horas se difundiera una versión sobre una supuesta habilitación tras las reuniones entre operadores y autoridades.

A través de un comunicado, el ministerio afirmó que las unidades deben cumplir las condiciones técnicas y de seguridad previstas en el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

El sector precisó que la reunión con la Asociación Peruana de Empresas Turísticas (Apetur) trató las exigencias aplicables a los vehículos empleados para transportar turistas en las dunas de Ica. Sin embargo, aclaró que ese encuentro no implicó una autorización para que los servicios vuelvan a funcionar.

Los recorridos permanecien paralizados desde el 11 de septiembre, tras una intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito y la PNP. Las autoridades observaron que algunas unidades operaban con modificaciones o sin homologación técnica, situación que podía poner en riesgo a pasajeros, conductores y otras personas en la zona.

MTC exige cumplir las reglas vigentes para el transporte turístico

El ministerio señaló que las condiciones incluidas en el RNAT continúan vigentes y son obligatorias para la prestación regular del servicio. Las reglas abarcan aspectos relacionados con la configuración de las unidades, sus componentes mecánicos y los sistemas destinados a proteger a los ocupantes.

La normativa exige, entre otros requisitos, que los vehículos tubulares mantengan elementos originales como el chasis y el motor, además de condiciones de seguridad para circular en terrenos de arena. También contempla cinturones de seguridad de cuatro puntos para cada pasajero y asientos con cabezales.

El MTC sostuvo que los interesados pueden presentar propuestas normativas para regular de forma específica esta actividad. Esas iniciativas serán evaluadas dentro de las competencias del sector, pero no reemplazan los requisitos actualmente establecidos.

Los operadores retomaron los recorridos el 22 de septiembre, después de más de una semana de paralización. El gremio informó entonces que mantendría conversaciones con las autoridades sobre la antigüedad de los vehículos, sus modificaciones, los mecanismos de fiscalización y las medidas de seguridad.

Una serie de accidentes puso bajo revisión a los vehículos tubulares

La situación de los tubulares en Huacachina quedó bajo mayor escrutinio tras accidentes ocurridos en 2025 y 2026. El 18 de julio, una unidad volcó durante un paseo turístico en las dunas. Una turista estadounidense sufrió la amputación del brazo derecho y otras 10 personas resultaron heridas.

Las primeras diligencias policiales plantearon una posible falla en el sistema de dirección del vehículo. La Policía intervino al conductor y el Ministerio Público abrió actuaciones para determinar las responsabilidades del caso.

En agosto, el Indecopi exhortó al Gobierno Regional de Ica a evaluar la suspensión de los servicios turísticos en tubulares que no acreditaran medidas adecuadas de seguridad.

La entidad señaló que el pedido respondía a los accidentes registrados en las dunas y a la necesidad de proteger a visitantes nacionales y extranjeros. La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Ica también había advertido que parte de estas operaciones no cumplía las exigencias de seguridad.

Indecopi multó a dos agencias por la muerte de una turista en 2025

El 20 de julio, Indecopi sancionó en primera instancia con 900 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a S/ 4,95 millones, a las empresas Aventura Sin Fronteras E.I.R.L. y Lima Experience S.A.C. por un accidente ocurrido en mayo de 2025, que provocó la muerte de una turista extranjera.

Cada compañía recibió una multa de 450 UIT. Según la resolución, la empresa que ejecutó el paseo permitió que el servicio se realizara en una unidad que no reunía condiciones adecuadas de seguridad. La agencia que vendió el paquete turístico tampoco verificó las condiciones del operador contratado.

La decisión puede ser apelada ante la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi. Mientras tanto, el MTC reiteró que la operación de los tubulares en Huacachina debe ajustarse a la normativa vigente.

Moody’s Ratings afirmó la calificación crediticia de Perú en Baa1, con perspectiva estable, al considerar que una menor incertidumbre política puede favorecer la inversión y la aplicación de políticas públicas.

La agencia también destacó la baja deuda pública, la capacidad de pago y los colchones fiscales del país, aunque advirtió sobre riesgos vinculados al gasto permanente, la fragmentación partidaria y las dificultades para ejecutar proyectos.

Moody’s espera que la estabilidad política reduzca las disrupciones

La decisión se conoció tras la reunión del comité de clasificación del 17 de septiembre de 2026. Moody’s sostuvo que el escenario surgido de las elecciones de junio reduce la posibilidad de que cambios frecuentes de autoridades y gabinetes afecten la actividad económica o interrumpan las decisiones fiscales.

Para la calificadora, una relación más equilibrada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso puede dar a la nueva administración mejores condiciones para avanzar con sus prioridades durante todo el mandato presidencial. Aun así, remarcó que no existen pruebas de una mejora estructural en la calidad institucional.

Los partidos conservan una presencia débil y el gobierno no cuenta con mayoría propia en el Congreso. Por ese motivo, la continuidad de las reformas dependerá de acuerdos políticos y de avances concretos en productividad, formalización laboral, calidad del gasto público e inclusión financiera.

Minería e infraestructura sostendrían crecimiento hasta 2031

Perú cuenta con una cartera de inversiones mineras que, según Moody’s, puede impulsar la construcción, ampliar la capacidad productiva, elevar las exportaciones y reforzar los ingresos públicos. La agencia sumó a ese escenario los proyectos de infraestructura y las asociaciones público-privadas en energía y transporte.

La proyección base contempla que el producto bruto interno crezca entre 3% y 3,5% en 2026 y 2027. El cálculo incorpora los efectos temporales de El Niño sobre la agricultura, la pesca, el transporte y otras obras de infraestructura.

Moody’s prevé que la magnitud del impacto dependerá de los daños, del ritmo de la reconstrucción y de la preservación de la inversión privada. La agencia consideró que los recursos fiscales disponibles reducen la posibilidad de una contracción prolongada.

Entre 2028 y 2031, la entidad estima un crecimiento promedio cercano al 3,5%, apoyado en la ejecución de inversiones en minería e infraestructura. Sin embargo, señaló que persisten obstáculos como las demoras en permisos, los conflictos sociales, la minería ilegal y las limitaciones del Estado para implementar políticas.

La deuda pública seguiría cerca del 30% del PIB pese a El Niño

La calificadora destacó que la deuda del sector público peruano se encuentra entre las más bajas de los países con nota Baa. Bajo su escenario central, el indicador se mantendría en torno al 30% del producto bruto interno en el mediano plazo, incluso si el gasto por El Niño retrasa la consolidación fiscal.

La posición fiscal se apoya también en el acceso a financiamiento local e internacional y en la capacidad de afrontar obligaciones. En 2025, el balance financiero del gobierno general fue equivalente al -2,4% del PIB, mientras que la deuda externa representó el 29%.

No obstante, Moody’s alertó que los aumentos en salarios y prestaciones del sector público, aprobados en los últimos años sin ingresos compensatorios, pueden limitar el margen para inversiones y medidas anticíclicas. También advirtió que el uso de ingresos temporales de materias primas para cubrir gastos permanentes deterioraría la trayectoria fiscal.

Moody’s: perspectiva refleja riesgo equilibrado para nota soberana

La perspectiva estable combina la expectativa de mayor crecimiento e inversión con los riesgos de ejecución y las presiones fiscales. La agencia considera que la baja deuda permitirá financiar la reconstrucción tras El Niño, siempre que los efectos climáticos sean transitorios y los nuevos compromisos de gasto permanezcan contenidos.

Moody’s identificó posibles factores para una mejora de la nota, como un fortalecimiento del sistema judicial, mayor control de la corrupción, una administración pública más eficiente y avances en recaudación tributaria. Una nueva crisis política o un deterioro sostenido de las cuentas públicas podría provocar una baja de la clasificación.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) fijó en 58 mil toneladas la cuota de pesca de perico para la temporada 2026-2027, luego de que en agosto autorizara adelantar un mes el inicio de las faenas por la llegada de El Niño Costero y la posible mayor disponibilidad del recurso en aguas peruanas.

La medida excepcional se aprobó luego de una recomendación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe). El organismo señaló que las condiciones oceanográficas podían incrementar la disponibilidad de perico en las aguas jurisdiccionales peruanas durante los meses siguientes.

El inicio anticipado busca habilitar la extracción artesanal y, a la vez, obtener información sobre la distribución, disponibilidad, composición poblacional y condiciones biológicas de la especie. Esos datos permitirán ajustar las decisiones de manejo de la pesquería en función de la evolución ambiental.

Para septiembre, el Ministerio de la Producción había autorizado un límite inicial de 7.375 toneladas, que en adelante quedará incluida dentro de la cuota global ahora fijada para toda la temporada.

La mayor cuota estará disponible entre diciembre y febrero

El volumen autorizado se dividirá en tres períodos. Entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre, las embarcaciones podrán extraer hasta 12.760 toneladas. El segundo tramo, entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero de 2027, concentrará la mayor asignación, con 42.340 toneladas. En estos meses, la oferta será más amplia.

Para el último período, que irá del 1 de marzo al 30 de abril, se autorizó una cuota de 2.900 toneladas. Los saldos que no se desembarquen en el primer o el segundo tramo podrán trasladarse al período siguiente.

La distribución también diferencia los límites por capacidad de bodega y por zonas de operación. La Zona Norte-Centro comprende el ámbito marítimo desde el extremo norte del país hasta los 16 grados de latitud sur. Desde ese punto hasta el límite meridional del dominio marítimo se ubica la Zona Sur.

Las embarcaciones con bodegas de entre 20 y 32,6 metros cúbicos tendrán una cuota total de 28.245 toneladas. Aquellas con capacidad inferior a 20 metros cúbicos dispondrán de 29.755 toneladas durante la campaña.

Imarpe indicó que la población se mantiene fuera de sobrepesca

El límite se sustentó en una evaluación de Imarpe sobre el desarrollo de la pesquería durante la campaña 2025-2026 y las perspectivas para el nuevo período.

El informe concluyó que la biomasa de perico se encuentra por encima del nivel de referencia y que la mortalidad por pesca permanece por debajo del umbral establecido para el recurso.

De acuerdo con el organismo, la población de perico se ubica en una zona de sostenibilidad y sin indicios de sobrepesca. La entidad recomendó una tasa de explotación precautoria de entre 0,188 y 0,219 anual, junto con un monitoreo permanente de las condiciones biológicas, pesqueras y ambientales.

El Ministerio de la Producción podrá modificar la cuota si Imarpe remite nueva información técnica que justifique cambios por factores biológicos, ambientales o vinculados a la pesca.

Las embarcaciones pequeñas tendrán más tiempo para instalar SISESAT

La resolución también modificó los plazos para la implementación del Sistema de Seguimiento Satelital (SISESAT) en las embarcaciones dedicadas a la captura de perico.

Los titulares de permisos de pesca con naves de hasta 10 metros cúbicos de bodega, así como aquellos con embarcaciones de más de 10 y hasta 20 metros cúbicos, deberán instalar y mantener operativos estos equipos antes del 30 de abril de 2027.

El sistema debe quedar registrado en el centro de control del Ministerio de la Producción. La medida busca reforzar el monitoreo de una pesquería considerada altamente migratoria y facilitar el control del cumplimiento de las cuotas, las zonas autorizadas y las condiciones de operación durante la temporada.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) autorizó el pago de aportes previsionales mediante billeteras digitales, aplicativos móviles, agentes bancarios y otros mecanismos dentro del Sistema Privado de Pensiones (SPP). La medida entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano.

La Resolución SBS N.° 02326-2026 modifica las reglas de afiliación y aportes del SPP para incorporar estos canales de pago. La norma alcanza a empleadores, trabajadores dependientes e independientes, además de terceros e instituciones que participen en el proceso de recaudación.

Las entidades deberán asegurar que el aporte llegue completo al fondo

La disposición permite que las entidades administradoras de fondos (EAF) ofrezcan pagos a través de billeteras digitales y aplicativos (como Yape o Plin, los más conocidos del mercado). También podrán suscribir convenios con empresas de servicios de pago supervisadas por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), entidades financieras y compañías habilitadas para brindar servicios complementarios.

Los convenios con estas instituciones intermediarias deberán remitirse a la SBS dentro de los tres días posteriores a su firma. Además, deberán establecer las condiciones de ejecución, los plazos, las responsabilidades y los canales para responder ante fallas tecnológicas u operativas.

La norma exige que las instituciones intermediarias transfieran el dinero recaudado a las cuentas correspondientes a más tardar el segundo día hábil posterior al cobro. Si se aplica algún cargo durante ese proceso, la EAF deberá compensarlo para garantizar que el afiliado reciba el íntegro del monto aportado.

Los aportes podrán hacerse desde aplicaciones y cajeros corresponsales

La resolución incorpora de forma expresa a las billeteras digitales, otros aplicativos y los cajeros corresponsales como medios permitidos para el pago de aportes previsionales. La modificación responde a lo dispuesto por la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

El objetivo de la norma es facilitar el uso de herramientas digitales para que los afiliados y empleadores realicen aportes al sistema. La regulación también permite que terceros efectúen pagos, siempre que se cumplan las condiciones y controles establecidos por la Superintendencia.

En el caso de las instituciones recaudadoras, como bancos y financieras, el dinero deberá ser abonado el mismo día en las cuentas del fondo o de la EAF. Los recursos en efectivo deberán estar disponibles de forma inmediata para la administradora, sin importar el canal que se haya utilizado para el pago.

La SBS exigirá controles frente a riesgos tecnológicos y fraudes

Las EAF deberán identificar y gestionar los riesgos operativos, tecnológicos y de ciberseguridad relacionados con los nuevos medios de pago. También tendrán que establecer controles para asegurar la recepción, validación, transmisión, acreditación y registro correcto de cada aporte.

Las entidades deberán contar con mecanismos de conciliación, trazabilidad, reverso y regularización de operaciones. La resolución contempla procedimientos para atender problemas que afecten la continuidad del servicio o el registro de los aportes de los afiliados.

La inclusión de intermediarios será considerada un cambio importante dentro de la gestión de riesgo operacional de las administradoras. Por ello, las EAF deberán elaborar y remitir a la SBS los informes de riesgos que correspondan.

Los datos de los afiliados no podrán usarse sin autorización

Los acuerdos con entidades recaudadoras e instituciones intermediarias deberán prohibir el uso de los datos personales de los afiliados sin una autorización expresa, salvo en los casos previstos por la normativa. Si existe consentimiento, la información solo podrá utilizarse para el propósito autorizado.

La protección de los datos deberá ajustarse a la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, y sus disposiciones complementarias. La norma también prohíbe tratos preferenciales o discriminatorios entre afiliados y empleadores durante la recaudación.

Los empleadores deberán declarar la planilla y pagar los aportes obligatorios dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al que se devengaron. Los pagos fuera de ese plazo generarán intereses moratorios conforme al Código Tributario.

Las Casitas, a Belmond Hotel, obtuvo por segundo año consecutivo las Tres Llaves Michelin, la máxima categoría de la guía hotelera francesa. El establecimiento ubicado en el valle del Colca, en la región de Arequipa, se mantuvo como el único hotel de Perú con esa distinción.

La segunda edición global de la clasificación reunió a alojamientos de más de 100 países. Michelin concede las Tres Llaves a propiedades que alcanzan sus mayores estándares en experiencia, arquitectura, diseño, servicio y personalidad.

El gerente general del hotel, Tilak Valdivia, señaló que el reconocimiento responde a una propuesta centrada en la gastronomía y experiencias vinculadas con tradiciones andinas. Belmond comunicó la distinción el 18 de septiembre.

Cuatro hoteles en Perú recibieron una Llave Michelin

Otros cuatro establecimientos de la cadena en el país obtuvieron Una Llave Michelin: Monasterio, a Belmond Hotel, y Palacio Nazarenas, a Belmond Hotel, en Cusco; Rio Sagrado, a Belmond Hotel, en el Valle Sagrado; y Miraflores Park, a Belmond Hotel, en Lima.

El sistema de llaves hoteleras fue incorporado por Michelin como una clasificación para alojamientos, en paralelo a sus conocidas estrellas para restaurantes.

Belmond forma parte de LVMH desde 2019, cuando el conglomerado adquirió la empresa por USD 3.200 millones. El grupo tiene presencia en los sectores de moda, joyería, vinos, bebidas y hotelería.

El conglomerado francés cuenta con 44 propiedades en 25 países y territorios, entre hoteles, trenes y cruceros fluviales. En la región, tiene una fuerte presencia en Brasil.

Lima albergará The World’s 50 Best Restaurants 2026

El reconocimiento a Las Casitas coincidió con la confirmación de que Lima recibirá la edición global de The World’s 50 Best Restaurants 2026 entre el 2 y el 4 de noviembre.

Será la primera vez que el evento, reconocido como uno de los más importantes del mundo en su tipo, se realice en América Latina. La organización prevé la participación de cerca de 1.200 chefs, periodistas especializados, representantes de la industria y creadores de contenido de más de 34 países.

La agenda comenzará el 2 de noviembre con un almuerzo de bienvenida. El 3 de noviembre se realizará 50 Best Talks, una jornada de intercambio sobre tendencias del sector. La ceremonia de premiación será el 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima, donde se conocerá la lista anual y se entregarán premios especiales.

El cañón del Colca es uno de los principales destinos de Arequipa

El cañón del Colca está situado en la provincia de Caylloma, en los Andes peruanos, a unas horas por carretera de la ciudad de Arequipa. El destino reúne paisajes de montaña, pueblos tradicionales, aguas termales y miradores desde los que se observa el vuelo del cóndor andino.

Entre los puntos más visitados figura la Cruz del Cóndor, mientras que localidades como Chivay, Yanque y Maca conservan tradiciones de los pueblos collaguas y cabanas.

El valle también ofrece circuitos de senderismo, ciclismo de montaña y visitas a baños termales, entre ellos los de La Calera, cerca de Chivay. La actividad turística convive con la agricultura en andenes y con comunidades que mantienen prácticas vinculadas a la crianza de camélidos y al cultivo de productos de altura.

La empresa alemana FlixBus ingresará al mercado peruano mediante un modelo asset-light, una estructura sin buses propios en la que la tecnología, la venta digital y la gestión comercial quedan a cargo de la plataforma, mientras una empresa local asume la operación.

En este caso, Pominpro, compañía del Grupo Polo, operará desde este viernes 25 de septiembre la ruta Lima–Chimbote–Trujillo con sus permisos, unidades y conductores. De acuerdo con la información difundida durante el lanzamiento, el servicio partirá desde el Terminal Terrestre Plaza Los Olivos, en Lima, y comenzará con dos buses.

Los pasajes estarán disponibles en el sitio web y la aplicación de FlixBus, con una tarifa promocional desde S/ 5 para compras realizadas hasta el 8 de octubre y viajes hasta el 16 de octubre. Luego, el precio partirá de S/ 30.

Pominpro operará la ruta y FlixBus administrará la plataforma digital

En diálogo con Infobae Perú, Pablo Pastega, vicepresidente de FlixBus para Iberia y Sudamérica, explicó que los ingresos por los viajes corresponderán a Pominpro, aunque la compañía alemana recibirá una retribución por los servicios que ofrece dentro de la alianza.

“La ruta es de Pominpro y ellos son quienes emiten el billete. Los ingresos son suyos, pero utilizan los canales digitales y los sistemas de pago de FlixBus”, señaló el directivo.

Pastega indicó que los pasajeros podrán adquirir y modificar sus boletos mediante la plataforma, acceder a información sobre el recorrido y utilizar herramientas como el seguimiento del trayecto y la conexión wifi. La primera fase tendrá dos unidades, aunque las empresas anticiparon una expansión progresiva de la operación.

El vocero no precisó si quedó cerrado el proceso administrativo que FlixBus mantuvo anteriormente con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para iniciar operaciones bajo otro esquema. Sí confirmó que la empresa mantiene coordinaciones con las autoridades.

“FlixBus está centrado en esta operación junto al Grupo Polo. Queremos colaborar con el MTC y con todas las autoridades para mejorar el transporte interprovincial”, afirmó.

El manejo del equipaje quedará bajo responsabilidad del operador local

La seguridad y la custodia de los equipajes figura entre los puntos que han generado cuestionamientos al modelo de plataformas de transporte. La discusión se concentra en quién responde frente a pérdidas, daños o extravíos cuando una empresa comercializa el pasaje bajo su marca y otra realiza materialmente el traslado.

Consultado por Infobae Perú sobre ese aspecto, Pastega señaló que Pominpro tendrá la responsabilidad operativa sobre los buses, los conductores y los incidentes que ocurran durante el viaje. FlixBus, añadió, pondrá a disposición sus canales de atención al cliente para atender consultas y reclamos.

“Si hay algún problema con el equipaje, por supuesto, ayudaremos a encontrarlo y a resolverlo”, dijo. Luego precisó que el operador local será quien asuma la gestión del servicio, aunque contará con las herramientas de atención de la plataforma.

Consultado sobre si las extorsiones al transporte interprovincial podían desalentar la inversión en Perú, Pastega reconoció que el tamaño del mercado fue determinante en la decisión de la compañía de ingresar al país. “FlixBus ya está presente en México, Chile y Brasil, y confiamos en que nuestra propuesta también encontrará espacio en Perú”, dijo.

Grupo Polo afirma que ampliará la flota después del lanzamiento

Por su parte, Polo Pérez, presidente de Grupo Polo, afirmó que Pominpro asumirá la totalidad de la operación de la nueva ruta. Eso incluye la administración de los buses, los conductores, el mantenimiento, el equipaje y las incidencias que se registren durante el trayecto.

“Pominpro es el responsable de la operación de la ruta: choferes, buses y mecánicos. La operación en sí es de Pominpro”, declaró.

El ejecutivo sostuvo que Grupo Polo cuenta con más de 600 unidades propias y que la empresa tiene experiencia en el traslado privado de trabajadores, entre ellos personal de compañías mineras. Esta será, sin embargo, su primera operación de transporte interprovincial regular para pasajeros.

Pérez indicó que los dos buses anunciados corresponden a la fase inicial y que la compañía ya trabaja en la incorporación de más unidades. No detalló cuántos vehículos entrarán en servicio hacia fin de año, aunque aseguró que la flota superará ampliamente la oferta actual.

Los gremios pidieron definir quién responde ante los pasajeros

La llegada de FlixBus a Perú ocurre después de los cuestionamientos de la Confederación de Transporte Terrestre Interprovincial de Pasajeros del Perú (Cotrap-Apoip), que solicitó al Congreso evaluar el modelo de la firma alemana y aclarar las obligaciones frente a los usuarios.

El gremio pidió que se determine quién celebra el contrato con el pasajero, qué empresa cuenta con la autorización de la ruta y cuál responde ante accidentes, pérdida de equipaje, retrasos, cancelaciones, devoluciones de dinero y reclamos.

También solicitó al MTC información sobre el procedimiento de autorización aplicable a FlixBus y una opinión técnica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sobre la información que debe recibir el consumidor cuando quien vende el viaje no coincide con la empresa que realiza el traslado.

Las compras externas de energizantes y cerveza sin alcohol retrocedieron en los primeros ocho meses de 2026 en Perú, después de los fuertes incrementos registrados durante 2025. El descenso alcanzó los dos dígitos tanto en volumen como en valor, según datos del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El cambio se produjo en un escenario de mayor oferta local y de modificaciones en el origen de los productos importados. En los energizantes, Estados Unidos conservó una posición predominante; en la cerveza sin alcohol, México perdió participación frente a Países Bajos y España.

Los energizantes bajaron 23,9% en volumen hasta agosto

Entre enero y agosto, las importaciones de energizantes sumaron 1,62 millones de litros, una caída de 23,9% frente al mismo período de 2025. El valor CIF se redujo 22,5% y quedó en USD 1,83 millones.

La baja llegó después de un año de crecimiento. En 2025, el volumen importado aumentó 15,3% respecto de 2024 y alcanzó los 3,89 millones de litros. El valor de esas compras pasó a USD 4,27 millones, con una variación de apenas 0,7%.

La diferencia entre ambas mediciones se explicó por la disminución del valor promedio por litro, que pasó de unos USD 1,25 en 2024 a USD 1,10 en 2025. Para Óscar Quiñones, jefe del Idexcam, esta evolución no implica de forma directa una reducción de los precios al consumidor, ya que puede responder a cambios en la composición de las compras, condiciones de abastecimiento o una mayor presencia de productos de menor valor unitario.

Estados Unidos concentró cerca del 96% del volumen de energizantes importados en 2025, por encima del 90% que había registrado un año antes. Su participación en valor también avanzó, desde 71% hasta 85%, mientras que Suiza redujo su presencia a alrededor de 3,5%.

Durante los primeros ocho meses de 2026, los envíos estadounidenses cayeron cerca de 24,5% en volumen. Las importaciones desde Suiza, en tanto, disminuyeron 21,2%.

Las ventas minoristas mantuvieron su avance pese a la baja importadora

La caída de las compras externas no necesariamente refleja una contracción del consumo. Datos de Euromonitor señalan que las ventas minoristas de energizantes en Perú llegaron a 53,2 millones de litros en 2025, con un crecimiento de 4,1%, aunque a un ritmo inferior al de años anteriores.

Quiñones indicó que las variantes con menos azúcar o sin azúcar ganan espacio dentro de la categoría. Estas alternativas responden a consumidores que buscan productos estimulantes con formulaciones percibidas como más ligeras.

La cerveza sin alcohol había triplicado sus importaciones en 2025

La cerveza sin alcohol mostró una expansión más pronunciada el año pasado. Las importaciones subieron desde 481 mil litros, por USD 678 mil en 2024, hasta 1,77 millones de litros, por USD 2,27 millones en 2025.

El salto representó un alza de 267,9% en volumen y de 235,1% en valor. México lideró ese incremento: su participación pasó de cerca del 60% al 85% del volumen importado. También aumentaron las compras desde Países Bajos, mientras que España y Alemania perdieron participación relativa.

México cedió terreno entre los proveedores de cerveza sin alcohol

Entre enero y agosto de 2026, las compras externas de cerveza sin alcohol sumaron 796 mil litros, 37,9% menos que en igual período de 2025. El valor importado pasó de USD 1,62 millones a USD 1,12 millones, una baja de 30,9%.

México redujo su participación en el volumen importado de 88,4% a 63,7%. Países Bajos, en cambio, avanzó de 5,5% a 25,4%, y España pasó de 2,9% a 9,8%. Según el Idexcam, el retroceso puede vincularse con una mayor presencia de productos elaborados y comercializados en el mercado local, además de una oferta más diversificada de proveedores.

La industria manufacturera peruana aporta cerca del 12% del producto bruto interno (PBI) y sostiene más de 1,5 millones de empleos. Pese a ese peso en la economía, su producción avanzó apenas 2,5% entre 2013 y 2025, un período en el que las importaciones de bienes de consumo y de capital ampliaron su presencia en el mercado local.

Los datos de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) muestran que el índice de producción manufacturera pasó de 100 puntos en 2007 a 134,3 en 2025. El aumento acumulado fue de 34,3% durante esos 18 años.

El desempeño quedó por debajo de la expansión de la economía peruana en su conjunto. En el mismo período, el índice del PBI total llegó a 189,5 puntos, una diferencia que expone la menor velocidad de crecimiento de la actividad industrial.

La distancia se profundizó desde 2013. A partir de ese año, la producción de manufacturas registró un avance acumulado de solo 2,5% hasta 2025, según el gremio empresarial. La evolución también redujo el peso relativo del sector dentro de la economía nacional.

En 2007, la manufactura representaba alrededor del 17% del PBI. Para 2025, esa participación había descendido a cerca de 12%, una caída de cinco puntos porcentuales en menos de dos décadas.

Las compras externas de consumo y capital multiplicaron su valor

Mientras la producción local perdió dinamismo, las importaciones crecieron con fuerza. Las compras de bienes de consumo pasaron de USD 3.297 millones en 2007 a USD 13.867 millones en 2025, lo que equivale a una expansión de 4,2 veces.

Las importaciones de bienes de capital también aumentaron en ese lapso. Subieron desde USD 6.241 millones hasta USD 17.475 millones, casi el triple. Ambas categorías marcaron en 2025 el nivel más alto de la serie analizada.

Para la SNI, el crecimiento de las compras externas plantea un desafío cuando reemplaza producción que podría realizarse dentro del país. El efecto, según la organización, trasciende a las fábricas y alcanza a empresas proveedoras, transportistas, distribuidores, talleres, firmas de mantenimiento y otros servicios asociados a la actividad industrial.

“Cuando una industria reduce su producción, el efecto no termina en la puerta de la fábrica. Se extiende a toda una cadena de empleo, proveedores y servicios”, afirmó Felipe James, presidente de la SNI.

El empleo industrial creció menos que el empleo total

La diferencia también aparece en el mercado laboral. Entre 2007 y 2025, el índice de empleo manufacturero pasó de 100 a 107,1 puntos. El crecimiento acumulado fue de 7,1% en 18 años.

El empleo total, en cambio, aumentó 27,9% durante el mismo período y alcanzó un índice de 127,9 puntos. La distancia entre ambos indicadores refleja la limitada capacidad de la manufactura para crear puestos de trabajo al ritmo del resto de la economía.

James sostuvo que el objetivo no debe ser restringir el comercio exterior, sino asegurar condiciones de competencia para los productores locales. “No se trata de frenar las importaciones, sino de garantizar que la producción nacional compita sobre la base de eficiencia, innovación y productividad”, señaló.

La SNI pide que la productividad industrial entre en la agenda económica

El gremio remarcó que fortalecer la manufactura permitiría ampliar el empleo formal y preservar conocimientos técnicos que requieren años de formación. A su juicio, el reemplazo de bienes nacionales por importaciones puede sostener parte de la actividad comercial, aunque no asegura el mismo volumen ni la misma calidad de puestos de trabajo dentro del país.

La discusión, según la SNI, debería incorporar medidas que mejoren la productividad, impulsen la inversión y reduzcan las distorsiones que afectan a los productores nacionales. La evolución de la industria será determinante para la capacidad del Perú de generar valor agregado, empleo formal y producción local en los próximos años.

El 86% de los trabajadores en Perú afirma sentirse feliz en su empleo, una cifra que supera en cuatro puntos el promedio regional. El dato, sin embargo, convive con una señal opuesta dentro de las organizaciones: la confianza y las relaciones sanas cayeron 11,6 puntos entre 2023 y 2026, según el Estudio de Felicidad Organizacional 2026 de Buk.

La investigación recogió respuestas de 21.385 colaboradores de 225 empresas peruanas. El resultado local se mantuvo alto, aunque sin una tendencia sostenida: fue de 86% en 2023, bajó a 84% en 2024, alcanzó 87% en 2025 y volvió a 86% este año.

El indicador general muestra una percepción favorable de los trabajadores sobre su experiencia laboral, pero la evolución de algunas dimensiones abre alertas para las empresas. La caída en confianza y relaciones sanas fue el retroceso más pronunciado del período analizado. El apoyo y la colaboración entre equipos también descendieron 3,2 puntos.

“Si bien las fluctuaciones en el indicador para Perú no tienen trayectorias muy cambiantes, nos dice que la felicidad organizacional no es un estado que se alcanza y se mantiene, sino algo que hay que sostener activamente”, señaló Romina Barrantes, Head de Customer Happiness de Buk.

Los trabajadores jóvenes registran los menores niveles de felicidad

Las diferencias por edad aparecen como otro de los hallazgos del informe. La Generación Z y los millennials alcanzaron un nivel de felicidad laboral de 84%, por debajo del 89% de la Generación X y del 91% de los baby boomers.

La brecha se amplía al revisar la permanencia en una misma empresa. Entre los trabajadores de la Generación Z que llevan menos de un año en la organización, el 87% se declara feliz. La proporción cae a 82% en el tramo de uno a tres años y llega a 78% entre quienes tienen de tres a cinco años de antigüedad. Luego se recupera a 86% entre quienes llevan cinco años o más.

En el caso de los millennials, el indicador baja de 87% durante el primer año a 82% entre quienes acumulan entre tres y cinco años en la organización. La Generación X y los baby boomers, en cambio, mantienen resultados superiores en casi todos los tramos de antigüedad.

El estudio no identifica las causas de esas variaciones. Los datos permiten advertir que las empresas enfrentan mayores dificultades para sostener la experiencia laboral de los grupos más jóvenes durante sus primeros años de permanencia.

Perú también superó el promedio regional en los cinco pilares evaluados por Buk: bienestar, compromiso, valoración, sostenibilidad y liderazgo. Su NHS Global, una escala que resume la evaluación de distintas dimensiones del trabajo, llegó a 76,7 puntos, frente a 71,9 puntos del promedio regional.

La comunicación oportuna fue una de las fortalezas relativas del país, con 67,8 puntos y una diferencia de 9,8 puntos frente a la región. También destacaron la percepción de que la opinión de cada trabajador importa y la existencia de una cultura positiva y optimista.

Colombia lidera y Chile registra una caída sostenida

El estudio incluyó a 156.247 colaboradores de 1.211 empresas de Chile, Colombia, Perú y México. En el conjunto de los cuatro países, el 82% de los trabajadores se declaró feliz en su lugar de trabajo, un nivel que se ha mantenido casi sin cambios durante los últimos seis años.

Colombia encabezó la medición con 87% de felicidad laboral en 2026, luego de alcanzar 89% en 2024 y 2025. Chile mostró la trayectoria contraria: pasó de 82% en 2021 a 79%, nivel que mantiene desde 2024. México, incorporado a la medición en 2025, retrocedió de 84% a 80% en un año.

A nivel sectorial, salud registró la mayor recuperación entre 2023 y 2026, al pasar de 78% a 84%. Consultoría y educación fueron los únicos rubros que mostraron descensos durante el mismo período.

Perú quedó en el puesto 87 de 177 países en el Índice de Desempeño Ambiental (EPI) 2026, con 41,01 puntos sobre 100. El resultado lo ubicó en la mitad baja de la clasificación mundial y por detrás de varios países de América Latina, pese a que concentra parte de la Amazonía, glaciares tropicales y ecosistemas marino-costeros ligados a la corriente de Humboldt.

El EPI es una medición comparativa elaborada por centros de investigación de las universidades de Yale y Columbia. El índice evalúa la cercanía de los países a metas ambientales mediante variables sobre salud ambiental, protección de ecosistemas y cambio climático. Por eso, no mide solo la disponibilidad de recursos, sino también la capacidad de los Estados para protegerlos, reducir daños y aplicar políticas con resultados verificables.

La distancia de Perú con los referentes regionales es amplia. Chile, que encabezó América Latina y el Caribe, obtuvo 50,95 puntos y alcanzó el puesto 41 global. Costa Rica llegó a 49,28 puntos; Colombia, a 48,83; Brasil, a 48,27; México, a 46,10, y Argentina, a 46,07.

La brecha peruana con Chile fue de 9,94 puntos. Frente a Colombia, la diferencia alcanzó 7,82 puntos, mientras que Brasil superó a Perú por 7,26. Ecuador y Panamá también quedaron por encima, con 45,46 y 45,14 puntos, respectivamente.

Perú quedó por detrás de sus vecinos amazónicos y andinos

La comparación resulta relevante porque Colombia, Brasil y Ecuador enfrentan desafíos similares: presión sobre la Amazonía, expansión agrícola, extracción de recursos naturales y dificultades para vigilar territorios extensos. Los tres registraron mejores resultados que Perú en la clasificación.

El índice no premia la existencia de bosques, ríos, montañas o especies por sí sola. Un país con alta biodiversidad puede obtener una calificación limitada si no controla la deforestación, la contaminación, las emisiones, la degradación de cuencas o la exposición de la población a aire contaminado.

En el caso peruano, el resultado contrasta con la extensión de su patrimonio natural. El país reúne áreas amazónicas, bosques secos, ecosistemas altoandinos, glaciares tropicales y una franja marina de alta productividad. Sin embargo, enfrenta problemas persistentes de deforestación, minería ilegal, contaminación por mercurio, deterioro de ríos y una capacidad desigual de fiscalización en zonas alejadas.

La gestión ambiental urbana también forma parte del desafío. Lima, Callao y otras ciudades deben responder a problemas de calidad del aire, transporte, residuos, expansión informal y déficits de saneamiento. Las emergencias vinculadas con lluvias, huaicos, sequías e inundaciones exponen, además, la vulnerabilidad del país ante el cambio climático.

El ranking mide resultados y no solo recursos disponibles

Perú superó a Bolivia, Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Guatemala y Haití, entre otros países latinoamericanos. A escala mundial, quedó cerca de Túnez, Santo Tomé y Príncipe, Mauricio y Rusia, cuyas puntuaciones se ubicaron alrededor de los 41 puntos.

Estonia lideró el EPI 2026 con 74,79 puntos, seguida por Luxemburgo, con 74,24, y el Reino Unido, con 71,51. La distancia entre Perú y Estonia fue de 33,78 puntos. España ocupó el puesto 11, mientras que Estados Unidos, Australia, Japón y Canadá quedaron fuera de los primeros lugares, aunque conservaron calificaciones superiores a la peruana.

El informe también identificó una correlación de 0,69 entre las puntuaciones ambientales y el producto interno bruto per cápita. Los países con más ingresos suelen contar con mayor capacidad para financiar infraestructura sanitaria, tratamiento de residuos, monitoreo, transición energética y control de emisiones.

Esa relación no determina por completo el resultado. El EPI señala que algunos países superan a otros con niveles de ingreso similares. La posición de Perú, por lo tanto, debe analizarse frente a sus pares latinoamericanos y a otras economías dependientes de actividades extractivas.

El EPI evaluó 47 indicadores en 12 categorías

La edición 2026 del Índice de Desempeño Ambiental analizó 47 indicadores agrupados en 12 categorías temáticas y tres objetivos políticos: salud ambiental, vitalidad de los ecosistemas y cambio climático. El estudio cuenta con apoyo de la Fundación McCall MacBain.

La metodología permite observar la posición general de cada país y revisar sus resultados por áreas. El puesto 87 no identifica por sí solo qué variable explica más el desempeño de Perú, pero plantea una brecha entre su riqueza natural y su capacidad de traducirla en protección ambiental, prevención de daños y mejores condiciones para la población.

La caída de las capturas en Perú y Chile ya se trasladó al mercado internacional de ingredientes para la alimentación animal. Entre enero y julio de 2026, la producción acumulada de harina de pescado en ambos países retrocedió 49% frente al mismo período del año anterior, según la Organización de Ingredientes Marinos (IFFO). La elaboración de aceite de pescado bajó 30%.

La menor oferta elevó las cotizaciones. A inicios de septiembre, el precio internacional de la harina de pescado llegó a USD 2.500 por tonelada FOB, desde niveles cercanos a USD 1.620 por tonelada.

La suba respondió a la baja captura de anchoveta en Perú, las anomalías cálidas en el mar y la reducción de inventarios en puertos de China, principal destino de las exportaciones.

La primera temporada norte-centro de anchoveta en Perú cerró luego de que la flota industrial capturara cerca de una cuarta parte de la cuota establecida. El cierre coincidió con el período de desove del recurso, la materia prima principal para la elaboración de harina y aceite de pescado.

Perú y Chile concentran una parte central de la oferta mundial

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) de Perú estima que Perú y Chile representan entre el 40% y el 60% de la oferta y exportación mundial de harina de pescado.

Perú, sostenido por la disponibilidad de anchoveta (Engraulis ringens) en la Corriente de Humboldt, aporta entre el 20% y el 30% de la producción global en años de condiciones normales.

Esa concentración convierte a las temporadas pesqueras sudamericanas en un factor relevante para la industria de alimentos balanceados.

IFFO señaló que una mayor actividad pesquera en China, India y Omán durante el último trimestre podría compensar parte de la reducción, aunque el resultado dependerá de las capturas y de la evolución de las condiciones oceanográficas.

La acuicultura absorbe cerca del 70% de la harina de pescado

La acuicultura concentra cerca del 70% del uso mundial de harina de pescado. El producto se incorpora a las dietas de salmón, trucha, camarón, tilapia y lubina por su aporte de proteínas, minerales y ácidos grasos omega-3.

También se utiliza en menor escala en la producción de cerdos, pollos, gallinas ponedoras y ganado. En la porcicultura se emplea durante las primeras etapas de crecimiento; en la avicultura forma parte de ciertas raciones para mejorar el aporte proteico. La ganadería puede recurrir a este ingrediente en cantidades limitadas, según el sistema productivo.

La harina de pescado contiene entre 60% y 72% de proteína y presenta altos niveles de digestibilidad. Además, tiene calcio y fósforo, dos componentes utilizados en la formulación de alimentos para animales. Una parte menor de la producción se destina a fertilizantes orgánicos por su contenido de nutrientes.

Los fabricantes buscan sustitutos ante el alza del insumo

La escasez obliga a los fabricantes de alimentos balanceados a revisar sus fórmulas. Los concentrados de soya son uno de los reemplazos más utilizados, junto con gluten de maíz, gluten de trigo, arvejas y lupino. Estas opciones suelen requerir complementos para alcanzar los perfiles de aminoácidos que aporta la harina de pescado.

La industria también evalúa el uso de harina de insectos, en especial de mosca soldado negra, y proteínas unicelulares producidas a partir de microalgas, bacterias y levaduras. En los países donde las normas lo permiten, algunas dietas incorporan subproductos avícolas, harina de sangre o harinas de carne y hueso.

El aumento del costo de las raciones puede impactar en la producción de pescado de criadero, camarón, pollo, huevos y carne de cerdo. La evolución de las próximas temporadas de anchoveta en Perú y Chile, junto con la oferta asiática, definirá si la presión sobre los precios se extiende durante los primeros meses de 2027.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) activó los concursos públicos para elegir nuevos integrantes de los consejos directivos de Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass. Para ello, conformó los comités que evaluarán a los postulantes, según la Resolución Ministerial N° 331-2026-PCM.

El procedimiento se rige por el Decreto Supremo N° 116-2023-PCM, norma que establece las reglas para seleccionar a los presidentes y directivos de los organismos reguladores de la inversión privada en los servicios públicos. Se trata de un proceso de trámite, pues las actuales encargaturas culminan en febrero de 2027.

Nuevos directorios para Osiptel, Sunass, Osinergmin y Ositrán

Los comités estarán integrados por dos representantes permanentes de la PCM, uno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y otro del sector relacionado con cada entidad. También contarán con miembros suplentes.

La abogada Lourdes Katushka Tapia Solari presidirá los cuatro grupos y tendrá voto dirimente. Enrique Martín Vásquez Chumbiauca será el segundo representante titular de la PCM en los procesos.

En los concursos para Osiptel y Ositran, el representante sectorial será designado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Para el Osinergmin, el delegado no permanente corresponderá al Ministerio de Energía y Minas (MINEM). En el caso de la Sunass, participará un representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La resolución no designa a los nuevos integrantes de los consejos ni precisa el número de plazas que serán sometidas a concurso. Solo formaliza la composición de los grupos que conducirán la evaluación y selección de los candidatos.

La norma se publica cuatro meses después de un proceso similar

La medida aparece casi cuatro meses después de la Resolución Ministerial N° 193-2026-PCM, emitida el 31 de mayo, que también conformó comités de selección para los cuatro organismos reguladores.

Ese proceso, durante el gobierno del expresidente José María Balcázar, generó cuestionamientos de ComexPerú y de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN).

Las organizaciones pidieron que se deje sin efecto la resolución, al considerar que un gobierno de transición no debía avanzar con nombramientos cuyos efectos se extenderían durante cinco años.

La OCDE identifica riesgos para la independencia de los reguladores

El proceso ocurre después de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtiera que Osiptel, Osinergmin, Ositran y Sunass enfrentan presiones susceptibles de socavar su independencia.

El informe Política regulatoria en el Perú 2026 señala que los cuatro organismos tienen estructuras de gobernanza alineadas con los principios de la OCDE y aplican herramientas regulatorias con mayor desarrollo que otras entidades públicas.

Sin embargo, identifica iniciativas políticas que pueden afectar la independencia de los consejos directivos, en particular aquellas vinculadas con los mecanismos de nombramiento y destitución de sus integrantes.

Un antecedente reciente es el caso de Rafael Muente Schwarz, presidente ejecutivo de Osiptel. Muente, reelegido en 2022 para un periodo de 5 años que debía concluir en febrero de 2027, fue suspendido y destituido por la PCM -bajo las gestiones de Alberto Otárola y Gustavo Adrianzén- tras un procedimiento administrativo disciplinario.

El 14 de agosto de 2026, la Primera Sala del Tribunal del Servicio Civil dejó sin efecto la destitución al considerar que la sanción era desproporcionada. Seis días después, Osiptel informó que el funcionario retomó sus funciones.

El documento también menciona presiones administrativas. Los organismos requieren autorizaciones de la PCM o del MEF para asuntos vinculados al presupuesto, el planeamiento institucional, la estructura organizativa y los viajes del personal.

En el caso de Sunass, la OCDE observó que la ampliación de sus funciones aumentó su dependencia de los recursos públicos. Esa situación, según el informe, puede poner en riesgo su independencia financiera en un contexto de consolidación fiscal.

El Gobierno peruano aprobó un régimen que permitirá que las municipalidades y otras entidades públicas inicien inversiones de emergencia antes de que estas sean registradas en la cartera del Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La medida busca reducir los plazos de respuesta en distritos declarados en Estado de Emergencia por lluvias intensas, desastres naturales u otros riesgos, como El Niño.

El Decreto Supremo N° 199-2026-EF modifica el reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, que regula el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

La modificación se aplica a las intervenciones que se desarrollen en zonas alcanzadas por una declaratoria de emergencia conforme al artículo 137 de la Constitución.

La norma establece que las inversiones destinadas a esos ámbitos podrán atenderse mediante Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR), cuando corresponda.

A diferencia de los proyectos de inversión tradicionales, estas intervenciones permiten reparar, reponer, ampliar parcialmente u optimizar infraestructura y equipamiento público existente.

Las inversiones se registrarán durante la fase de ejecución

El principal cambio está en el momento del registro. Hasta ahora, una inversión debía incorporarse a la cartera del PMI antes de avanzar en su ejecución. Con el nuevo decreto, las IOARR vinculadas a una emergencia podrán registrarse durante la fase de Ejecución.

Esto permitirá que las entidades públicas actúen antes de que se complete ese trámite administrativo. La disposición no implica que las inversiones queden exoneradas de registro ni habilita la ejecución de cualquier tipo de obra sin requisitos previos.

La medida está limitada a intervenciones desarrolladas en zonas bajo Estado de Emergencia y a las IOARR que correspondan según las características de cada caso.

Además, la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas deberá emitir las reglas para implementar el nuevo mecanismo.

¿Qué es una IOARR?

Las IOARR se utilizan para atender necesidades específicas en activos públicos. Una municipalidad, por ejemplo, podría emplear este instrumento para rehabilitar una vía dañada por lluvias, reponer maquinaria destinada a limpieza y descolmatación, recuperar un puente afectado o ampliar de manera puntual la capacidad de un sistema de drenaje.

No se trata de una vía para construir grandes proyectos desde cero. Las IOARR se orientan a intervenciones sobre infraestructura, equipamiento o activos existentes, con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios públicos.

La norma responde a la alerta por El Niño 2026-2027

El decreto se sustenta en el escenario de riesgo por el fenómeno de El Niño y las precipitaciones previstas para los próximos meses. El texto menciona el Comunicado Oficial ENFEN N° 16-2026, emitido el 14 de setiembre, que mantuvo la alerta de El Niño Costero.

Según ese pronunciamiento, el evento podría mantenerse hasta mediados del otoño de 2027. El organismo estimó que el fenómeno tendría mayor probabilidad de alcanzar una magnitud extraordinaria entre setiembre de 2026 y enero de 2027.

El decreto también toma en cuenta la declaración de Estado de Emergencia en 893 distritos del país, aprobada mediante el Decreto Supremo N° 124-2026-PCM. Esa medida se dictó por el peligro inminente asociado a lluvias intensas vinculadas al fenómeno de El Niño 2026-2027.

La flexibilización busca que las entidades puedan responder ante posibles daños en carreteras, puentes, sistemas de agua, centros de salud, colegios y otras instalaciones públicas. El objetivo es atender riesgos que puedan afectar a la población, la infraestructura y las actividades productivas.

La Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) autorizó a Corporación Coril S.A.C. y Corporación Geco S.A.C. a organizar Integrados Empresa Administradora de Fondos Colectivos S.A., una firma que buscará ingresar al negocio de adquisición de bienes mediante aportes periódicos de grupos de clientes.

La resolución N.º 142-2026-SMV/10.2, emitida el 16 de septiembre, representa una autorización inicial. La nueva empresa aún no puede captar asociados, administrar fondos ni comercializar contratos. Antes deberá constituirse formalmente y obtener una autorización de funcionamiento de la SMV.

El permiso otorgado por el regulador tiene una vigencia de un año y no puede prorrogarse. Durante ese período, los organizadores deberán completar los procedimientos societarios y regulatorios pendientes para que Integrados EAFC pueda iniciar operaciones.

La futura administradora tendrá una estructura accionaria concentrada: Corporación Coril contará con el 99,9% de las acciones y Corporación Geco tendrá el 0,1%. La SMV indicó que, tras revisar el expediente, determinó que los organizadores cumplieron los requisitos establecidos para recibir la autorización de organización.

Geco controla a Coril y el grupo ya opera en banca y mercado de capitales

Corporación Coril y Corporación Geco forman parte de la misma estructura empresarial. Corporación Geco S.A.C. controla a Corporación Coril S.A.C., que opera como holding de los negocios financieros del conglomerado.

A través de sus empresas vinculadas, el grupo participa en intermediación bursátil, administración de fondos de inversión, fideicomisos, titulización de activos y banca.

Entre sus compañías figuran Grupo Coril Sociedad Agente de Bolsa, Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos, Grupo Coril Sociedad Titulizadora, Corfid Corporación Fiduciaria y Alfin Banco.

La memoria anual de Corfid Corporación Fiduciaria muestra que, al cierre de 2024, Corporación Coril tenía el 99,857% de la fiduciaria, mientras que Corporación Geco concentraba el 0,143%. Corfid se dedica a la gestión de fideicomisos de titulización de activos por oferta pública y privada.

La fiduciaria registró una utilidad neta de S/6,3 millones en 2024. Esa cifra corresponde a Corfid y no a Corporación Coril o Corporación Geco, pero permite dimensionar una de las compañías vinculadas al grupo.

El conglomerado también incrementó su presencia en el sistema financiero. Corporación Coril elevó su participación en Alfin Banco hasta 98,92% en marzo de 2026, según información divulgada por la entidad. La participación la posicionó como principal accionista del banco.

Por su parte, Grupo Coril Sociedad Administradora de Fondos aumentó su capital social de S/3,143 millones a S/4,143 millones en 2025, luego de capitalizar resultados acumulados de 2023 y 2024. La firma administra fondos de inversión públicos y privados.

¿Qué son los fondos colectivos?

Los fondos colectivos son programas en los que un grupo de personas naturales o empresas realiza aportes periódicos para acceder a bienes o servicios. El sistema puede aplicarse a vehículos, inmuebles, motocicletas, maquinaria, equipos u otros productos que cuenten con autorización.

Cada asociado paga una cuota capital, que integra el fondo común, y una cuota de administración por el servicio que brinda la empresa administradora. No equivale a un crédito bancario: el participante no recibe el bien al momento de suscribir el contrato.

La adjudicación puede ocurrir por sorteo, remate, adjudicación anticipada u otros mecanismos aprobados en el programa. En los remates, los asociados adelantan cuotas para mejorar sus posibilidades de obtener el bien. Una vez adjudicado, el cliente mantiene el compromiso de pago hasta cumplir las condiciones y el plazo previstos en su contrato.

En Perú, los fideicomisos todavía se asocian con grandes corporaciones y desarrollos inmobiliarios, aunque también pueden utilizarse para respaldar créditos, ordenar flujos de dinero, proteger activos y fijar condiciones para el uso de recursos en operaciones de menor escala.

El mercado fiduciario peruano se ha extendido hacia nuevos segmentos empresariales, según TMF Group. La expansión responde a un mayor conocimiento de estas estructuras y a la búsqueda de mecanismos que otorguen independencia, trazabilidad y reglas claras para la gestión de bienes o recursos.

El tamaño de la empresa no define la necesidad de un fideicomiso

Para Geraldo Arosemena, managing director de TMF Group para Perú y Bolivia, la decisión no debe depender únicamente de la dimensión de una compañía. “El tamaño de una empresa no debería ser el primer criterio para determinar si necesita o no un fideicomiso”, afirmó.

El especialista sostuvo que la evaluación debe centrarse en la operación concreta, sus riesgos, los participantes y la conveniencia de que determinados activos sean administrados bajo condiciones previamente acordadas. En ese sentido, los fideicomisos pueden adaptarse a distintos montos, tipos de financiamiento y clases de bienes.

La garantía es una función, pero no la única

Uno de los mitos más extendidos indica que estas figuras se usan solo cuando una empresa acumula deudas o atraviesa dificultades financieras. Los fideicomisos de garantía, en efecto, son una de las modalidades más conocidas y permiten respaldar obligaciones frente a acreedores.

TMF Group señaló que esa modalidad tuvo demanda vinculada al refinanciamiento de pasivos. Sin embargo, el fideicomiso puede cumplir otras funciones: administrar los fondos de un proyecto, canalizar ingresos determinados, respaldar obligaciones futuras o establecer requisitos para liberar recursos.

La estructura permite separar un conjunto de activos o derechos para cumplir un propósito específico. Así, las partes pueden definir desde el inicio bajo qué condiciones se realizan pagos, desembolsos o transferencias.

El costo debe compararse con los riesgos de la operación

La percepción sobre los costos de constitución y administración representa otra barrera para su uso. Arosemena planteó que el análisis no debería limitarse al gasto directo que supone implementar la estructura, sino incluir el costo potencial de los problemas que se buscan prevenir.

“También debemos preguntarnos cuánto podría costar un incumplimiento, una controversia entre las partes o una garantía difícil de ejecutar”, explicó. A ello sumó el riesgo de que recursos destinados a un proyecto se utilicen para una finalidad distinta.

La utilidad económica de un fideicomiso depende, por tanto, de las características de cada operación. Su uso puede justificarse cuando las partes necesitan establecer controles sobre activos, pagos o ingresos que estarán sujetos a condiciones específicas.

Las reglas pueden dar previsibilidad a todas las partes

Otro prejuicio es que el fideicomiso beneficia exclusivamente a bancos o acreedores. Estas estructuras constituyen un patrimonio autónomo y establecen un objetivo definido, con reglas para administrar y liberar los recursos.

Ese diseño puede aportar certidumbre a los participantes. El acreedor conoce los términos de la garantía; quien entrega fondos puede identificar el destino previsto de esos recursos; y los beneficiarios saben qué requisitos deben cumplirse para recibir desembolsos o transferencias.

“El fideicomiso no tiene que ser la solución para todas las operaciones”, señaló Arosemena. La herramienta debe evaluarse según la necesidad puntual de cada empresa y las condiciones del acuerdo.

Transferir un activo no equivale a ceder su manejo sin límites

Colocar bienes o derechos en un fideicomiso tampoco significa perder el control de manera absoluta. La administración queda sujeta al propósito que las partes establecieron y a las condiciones incluidas en el contrato.

En los últimos años, la agroindustria, la obra pública y el sector inmobiliario impulsaron la demanda de soluciones fiduciarias en el país. El desafío, según el ejecutivo, pasa por ampliar la información disponible para que empresas y personas determinen cuándo esta herramienta puede ayudar a administrar riesgos y recursos.

El mercado peruano de vehículos de dos y tres ruedas mantiene una expansión sostenida. Entre enero y agosto de este año se vendieron más de 385 mil motocicletas y trimotos, un aumento superior al 40% frente al mismo período de 2025, según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). La proyección del sector apunta a que las ventas podrían acercarse a las 600 mil unidades al cierre de 2026.

La congestión vehicular, el crecimiento de los servicios de entrega y el menor costo de compra y uso frente a un automóvil explican parte del avance del mercado. La motocicleta se consolidó como una alternativa para trasladarse en ciudades con alto tránsito, pero también como una herramienta para generar ingresos.

El tráfico y el delivery empujan la demanda de motos y trimotos

El gerente de Operaciones y Analítica de la AAP, Alberto Morisaki, expuso esas cifras durante la Asamblea General de la Alianza Latinoamericana de Asociaciones del Sector de la Motocicleta, MotoLatam, que se realizó en Cuenca, Ecuador. El encuentro reunió a representantes de nueve países de la región vinculados con esta industria.

Morisaki sostuvo que el crecimiento refleja una transformación en el uso de estos vehículos. “La motocicleta dejó de ser únicamente un vehículo de transporte. Hoy también es una herramienta de movilidad, trabajo, inclusión económica y productividad para millones de personas”, afirmó.

Las motos ya representan más de la mitad del parque automotor peruano

Las motocicletas y trimotos concentran alrededor del 56% del parque automotor de Perú, de acuerdo con la AAP. La presencia de estos vehículos también se extiende a los hogares: la motocicleta está presente en el 17% de las viviendas del país y supera el 20% entre los hogares de menores recursos.

El uso se expandió en actividades relacionadas con el delivery, el comercio, los servicios técnicos, el transporte local y distintos emprendimientos. También gana espacio en ciudades intermedias, zonas rurales y áreas amazónicas, donde la oferta de transporte público suele ser más limitada.

Para muchas familias, la moto permite reducir los tiempos de viaje y los gastos vinculados al traslado. En sectores dedicados a la distribución de productos, la demanda de repartidores impulsó la incorporación de unidades para el trabajo diario.

El crecimiento del sector abre desafíos de seguridad y formalización

La expansión de las ventas plantea exigencias para las autoridades, fabricantes, importadores y conductores. Morisaki indicó que el mercado debe avanzar en seguridad vial, capacitación, aseguramiento, formalización y estándares de calidad para que el crecimiento no implique mayores riesgos en las calles y carreteras.

“El reto ya no es solamente impulsar el crecimiento del mercado de motocicletas. El verdadero desafío es lograr que ese crecimiento sea más seguro, más formal y sostenible”, señaló el representante de la AAP.

El sector también enfrenta un problema temporal vinculado con la inmatriculación de nuevas unidades. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones postergó hasta el 30 de noviembre de 2026 la obligatoriedad de las placas con chip de identificación por radiofrecuencia, conocidas como RFID, para motocicletas y vehículos menores de la categoría L.

La suspensión de la exigencia sorprendió al sector y generó dificultades para emitir placas, lo que dejó unidades nuevas sin posibilidad de circular mientras se ajustaba el sistema. Como medida de contingencia, se habilitó la emisión de placas tradicionales actualizadas, de seis caracteres, sin costos adicionales para los usuarios.

Perú recibirá a MotoLatam en 2027

MotoLatam busca coordinar una agenda regional para impulsar una movilidad en motocicleta con mayores niveles de seguridad, sostenibilidad e inclusión. La alianza reúne a México, Ecuador, Chile, Venezuela, Argentina, Uruguay, Colombia, Perú y Guatemala, país que se incorporó recientemente.

Perú será sede de MotoLatam en 2027, según se anunció durante la asamblea en Ecuador. El encuentro permitirá abordar la evolución del mercado, las condiciones de circulación, la capacitación de conductores y las políticas necesarias para acompañar una flota que crece con rapidez en América Latina.

La empresa peruana Pialze Oriente S.A.C. obtuvo una Viabilidad Técnica Temporal de la Autoridad Portuaria Nacional (APN) para desarrollar el Terminal Portuario Pialze Oriente (TPPO) en Loreto.

El proyecto apunta a crear una alternativa logística para vincular parte de la producción de la Amazonía brasileña con los puertos peruanos del Pacífico y, desde allí, con los mercados asiáticos.

La iniciativa se ubicará en las cercanías de Iquitos y busca captar flujos de carga procedentes de los estados brasileños de Roraima, Mato Grosso y Rondônia. La propuesta contempla una ruta que conecte esas zonas productivas con el sistema fluvial amazónico, el territorio peruano y los corredores hacia la costa del Pacífico.

Según informó la Sociedad Nacional de Industrias, de la cual Pialze Oriente es asociada, la Viabilidad Técnica Temporal representa una etapa previa dentro del desarrollo portuario y habilita la evaluación de las condiciones técnicas de la propuesta.

Una operación piloto movilizó 2.000 toneladas de torta de soya

El planteamiento se apoya en una experiencia de transporte de carga realizada este año entre Brasil y Perú. De acuerdo con la información difundida por la empresa, una operación piloto trasladó 2.000 toneladas de torta de soya desde Roraima hasta territorio peruano mediante el eje fluvial Manaos-Iquitos.

Ese movimiento permitió probar la posibilidad de utilizar los ríos amazónicos para trasladar productos brasileños hacia Perú. El terminal busca que ese tipo de operaciones pueda convertirse en parte de un corredor comercial de mayor escala.

La empresa sostiene que la ruta tendría un funcionamiento bidireccional. Entre los bienes identificados figura la producción de fosfatos (operados por estadounidense Mosaic y la japonesa Mitsui & Co. en el norte de Perú, antes en manos de la brasileña Vale), que ya tiene como destino a Brasil.

El proyecto se dirige a mercados vinculados con granos, soya, proteína animal e insumos para la actividad agroindustrial. La compañía plantea que la infraestructura puede atender parte de esos flujos y ampliar las alternativas de transporte para las regiones productoras brasileñas cercanas a la Amazonía.

El terminal se proyecta en un terreno de 50 hectáreas cerca de Iquitos

El Terminal Portuario Pialze Oriente se plantea sobre un terreno de 50 hectáreas, aguas abajo de Sinchicuy. Según Pialze Oriente, la ubicación tendría acceso directo al sistema fluvial amazónico y una profundidad natural aproximada de nueve metros durante el período de vaciante.

La zona también permitiría proyectar conexiones con Ecuador a través del río Napo. Ese factor forma parte de la propuesta para convertir a Iquitos en un punto de intercambio de carga entre Perú, Brasil y otros mercados de la cuenca amazónica.

El diseño contempla servicios de recepción, almacenamiento y transferencia de mercancías, además de instalaciones de apoyo a embarcaciones. Pialze Oriente indicó que cuenta con una licencia para operar un astillero y varadero, por lo que el proyecto incluiría servicios de mantenimiento y atención naval.

La empresa plantea que la infraestructura reúna actividades portuarias, logísticas y navales en un mismo espacio. La posibilidad de concentrar esas operaciones busca reducir etapas en el manejo de carga y atender las necesidades de las embarcaciones que recorren el sistema fluvial.

La propuesta apunta a sumar una salida hacia Asia por el Pacífico

La iniciativa plantea una alternativa a las rutas que trasladan producción brasileña por el océano Atlántico. La carga procedente de determinados puntos de la Amazonía brasileña podría salir hacia mercados asiáticos a través de los puertos peruanos del Pacífico.

Ello, siempre que el proyecto avance en sus siguientes etapas y se concreten las conexiones logísticas previstas. Con la viabilidad otorgada por la APN, Pialze Oriente podrá continuar con las evaluaciones requeridas para definir el desarrollo del terminal en Loreto, precisó la firma.

La visita programada del 11 al 16 de noviembre del papa León XIV ha generado expectativa entre los fieles y las autoridades, pero también entre los negocios vinculados con el turismo, el transporte, el hospedaje, la gastronomía y el comercio.

Tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) como los gremios empresariales y los gobiernos regionales han elaborado proyecciones sobre el movimiento de visitantes y el impacto que dejaría la gira, que podría superar ampliamente la dimensión económica de las visitas de Juan Pablo II y Francisco al país.

León XIV generará más de S/300 millones en su visita al Perú

Las estimaciones preliminares del Mincetur sitúan en más de S/ 300 millones (USD 85,7 millones) el gasto turístico de la visita del papa León XIV. El cálculo considera el gasto en alojamiento, restaurantes, transporte de pasajeros, agencias de viajes, comercio y otros servicios turísticos, según información compartida con Infobae Perú.

La cartera proyecta que la gira movilizará a 3,1 millones de personas en todo el país, con cerca de la mitad de la afluencia prevista en Lima. Además de la capital, León XIV visitará Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

Dentro de ese total, 815 mil turistas nacionales e internacionales se desplazarían entre las ciudades incluidas en el recorrido del pontífice. Para la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas, se prevé una asistencia superior a 1 millón de personas. El impacto económico será notable.

Las proyecciones de los gremios plantean cifras adicionales. La Cámara Nacional de Turismo del Perú (Canatur) estima que la visita movilizará a 1,5 millones de viajeros, entre ellos 400 mil extranjeros y 1,1 millones nacionales. El gremio calcula un retorno de entre USD 80 millones y USD 100 millones, a partir de experiencias papales anteriores.

Las regiones también anticipan una mayor demanda. En Pucallpa, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo proyecta un movimiento económico de S/ 24,4 millones, impulsado por 43.900 visitantes. En Lambayeque, la Cámara de Comercio y Producción estimó hasta 1,5 millones de personas y un impacto de hasta S/ 750 millones.

Además, existe una región no incluida en el itinerario que podría verse favorecida por el incremento del flujo turístico hacia Perú: Arequipa. Mincetur considera que, junto con Cusco y Lima, cuenta con infraestructura turística y capacidad hotelera para recibir a viajeros que extiendan su estadía antes o después de la visita papal.

Precisamente, la cadena Costa del Sol Wyndham prevé que la ocupación hotelera en la capital peruana supere el 80% durante los días centrales de la visita y anticipa alta demanda en Chiclayo entre el 12 y el 14 de noviembre.

Más allá de la visita: la Ruta de León

No obstante, Mincetur diferencia el impacto puntual de la llegada de León XIV de la denominada Ruta de León, una estrategia orientada a sostener el turismo religioso después de noviembre y generar recursos adicionales en los lugares vinculados con el trabajo pastoral de Prevost.

Lanzada a mediados de 2025, la ruta tiene como eje Lambayeque, región donde León XIV fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023. El circuito también incluye La Libertad, Piura y la Provincia Constitucional del Callao, con una oferta que combina lugares religiosos, cultura, historia y gastronomía.

Según Promperú, Lambayeque recibió más de 1 millón de visitantes y generó S/450 millones solo durante el primer año de implementación de la iniciativa. La entidad considera que la ruta puede ampliar el flujo de viajeros más allá de los días de la visita papal y consolidar nuevos circuitos en el norte del país.

Una visita mayor a las de Juan Pablo II y Francisco

La llegada de León XIV perfila una movilización superior a la registrada durante las visitas de los dos pontífices que llegaron antes a Perú. Juan Pablo II estuvo en el país en febrero de 1985, durante cinco días, y recorrió ocho ciudades: Lima, Callao, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Piura, Trujillo e Iquitos.

Su paso congregó a millones de personas, con una asistencia de más de un millón de fieles en Villa El Salvador, pero no existen cálculos oficiales consolidados sobre el dinero que generó en turismo, transporte o comercio. Regresó en mayo de 1988 para participar en el Congreso Eucarístico Mariano Bolivariano.

La visita de Francisco, realizada entre el 18 y el 21 de enero de 2018, ofrece el antecedente económico más cercano. El pontífice recorrió Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. Antes de la gira, el Mincetur proyectó la llegada de 816 mil visitantes, entre turistas y excursionistas, y un impacto económico superior a USD 88 millones.

Tras el evento, el entonces coordinador general de la visita, Alfonso Grados, señaló que los ingresos alcanzaron USD 80 millones y que alrededor de 40 mil turistas extranjeros llegaron al país para seguir las actividades del papa. Así, las estimaciones disponibles sitúan el movimiento económico de aquella visita entre USD 80 millones y USD 90 millones.

El turismo religioso representa el segundo principal motivo de viaje en el mundo y moviliza a 1 de cada 5 viajeros, según la cartera. Con la Ruta de León, Perú se suma a Polonia y Argentina como el tercer destino que promueve un circuito vinculado con la formación, la fe y las obras de los últimos pontífices peregrinos.

Las empresas en Perú podrían estar utilizando rieles de pago que, aunque parecen convenientes por su comisión, generan costos adicionales por los plazos de liquidación, la intervención de varios actores y las tareas administrativas posteriores.

La elección del mecanismo para recibir una venta puede afectar la liquidez, el capital de trabajo y la velocidad con la que un negocio paga a sus proveedores.

De acuerdo con un reciente análisis de LigoPay, una empresa puede ahorrar hasta 50% en el costo de cobro si elige el riel de pago según su modelo de negocio, el volumen de sus operaciones y sus necesidades de disponibilidad de fondos.

¿El cobro inmediato cambia el ritmo de las operaciones?

LigoPay calcula que los pagos inmediatos pueden reducir hasta 30% el periodo medio de pago a proveedores. Pero antes hay que entender que el costo de una operación no termina cuando se aprueba una transacción.

Después intervienen procesos de validación, procesamiento, liquidación y conciliación. Cada uno puede demandar tiempo, recursos y seguimiento del área financiera, incluso cuando el cobro ya fue realizado frente al cliente.

La comisión suele ser el principal factor de comparación entre las empresas. Sin embargo, el tiempo que pasa hasta que el dinero llega a la cuenta también tiene incidencia en la operación.

Una venta cobrada hoy, pero acreditada varios días después, limita la posibilidad de usar esos recursos para cubrir compromisos inmediatos, explica la firma.

“Cuando una empresa evalúa sus medios de pago, no debería tener en cuenta solamente cuánto paga por cada transacción. También tiene que considerar qué ocurre con esa operación después; cuántos participantes intervienen, cómo se procesa, cuándo se liquidan los fondos y cómo se concilia. Todos estos factores forman parte del costo real de cobrar”, afirmó Sergio Giannotti, director comercial de LigoPay.

El plazo de liquidación puede modificar el costo de una venta

En los modelos tradicionales de adquirencia, el abono de una venta puede concretarse entre 3 y 5 días hábiles después de la transacción. Durante ese lapso, la empresa ya concretó la operación comercial, pero todavía no dispone del dinero en su cuenta para utilizarlo.

Los pagos de cuenta a cuenta ofrecen otra alternativa. En estos casos, los fondos pueden acreditarse de manera inmediata, lo cual permite que el negocio tenga acceso a los recursos el mismo día de la venta.

La diferencia entre cobrar y poder usar el dinero puede determinar la capacidad de una empresa para atender gastos operativos. Según LigoPay, este riel puede ser hasta 50% más económico que un adquirente.

La estimación contempla las comisiones y los costos vinculados con la gestión de cada operación, entre ellos la conciliación de ingresos, el seguimiento de depósitos y la revisión de pagos pendientes.

“El costo de cobrar no depende únicamente de la comisión. También importa cuánto tiempo pasa hasta que la empresa puede disponer de sus fondos y utilizarlos en su operación. Esa velocidad puede generar eficiencias que se reflejan en la gestión financiera del negocio”, sostuvo Giannotti.

Los fondos disponibles el mismo día pueden acelerar pagos

El acceso inmediato a los ingresos permite que una empresa programe pagos a proveedores con menos demora, reponga mercadería o compre insumos para sostener sus ventas, afirma LigoPay.

Esta variable adquiere mayor peso en los sectores que requieren una rotación frecuente de inventario o cuentan con necesidades permanentes de capital de trabajo.

La plataforma estima que la disponibilidad inmediata del dinero puede reducir hasta 30% el periodo medio de pago a proveedores. El resultado depende de la estructura financiera y operativa de cada negocio, pero apunta a acortar el tiempo entre el cobro de una venta y el uso de esos recursos.

La trazabilidad de las operaciones digitales también puede aliviar tareas administrativas. La identificación de cada pago facilita el control de ingresos y reduce el trabajo manual que suele demandar la conciliación entre ventas, comprobantes y depósitos bancarios.

Las billeteras digitales amplían los rieles de pago disponibles

Finalmente, el análisis destaca que las alternativas de cobro en Perú se ampliaron con el avance de las billeteras digitales, la banca móvil, las transferencias y los códigos QR interoperables.

Para las empresas, esta expansión implica una oportunidad para adaptarse a las preferencias de los clientes y revisar la forma en que administran los fondos obtenidos por sus ventas.

“Los pagos digitales están haciendo que las empresas miren no solo cómo cobran, sino también qué sucede con el dinero una vez realizada la operación. Contar con fondos disponibles de inmediato permite tomar decisiones con mayor rapidez y hacer más eficiente el capital de trabajo”, concluyó Giannotti.

Desde LigoPay señalaron que la tendencia apunta a reunir distintas alternativas en una misma infraestructura. De esa manera, las compañías pueden seleccionar el riel de pago que mejor se ajuste a sus ventas, sus obligaciones financieras y sus plazos de cobro.

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación (SINATBAN) anunció que iniciará una huelga nacional indefinida el próximo 9 de octubre, luego de que la etapa de conciliación por el Pliego de Reclamos 2026 terminara sin acuerdo ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

La organización sindical informó que convocará protestas en distintas regiones del país y cuestionó la falta de avances en las negociaciones laborales con la administración de la entidad estatal.

La medida podría afectar la atención en agencias y operaciones presenciales, aunque hasta el momento el Banco de la Nación no ha detallado qué servicios mantendría activos ni qué plan de contingencia aplicaría durante una eventual paralización.

El secretario general del gremio, Jorge Calderón Toro, sostuvo que la conciliación no permitió alcanzar una respuesta satisfactoria al pliego de reclamos. “Ante esta situación, nuestra organización sindical iniciará las acciones de lucha que correspondan, mediante protestas pacíficas y democráticas en las calles”, señaló en un comunicado.

Sindicato reclama aumento salarial y respeto a negociación colectiva

Uno de los puntos centrales del conflicto es la demanda por mejoras salariales. En agosto, SINATBAN rechazó una propuesta de aumento de S/10 y denunció que una nueva escala remunerativa dejaría fuera a cerca de 40% de los trabajadores, según informó el gremio.

El sindicato sostiene que existe una diferencia entre los ingresos de funcionarios y el personal que atiende en ventanillas y agencias. Calderón afirmó en anteriores protestas que parte de los trabajadores recibe alrededor de S/1.800 mensuales, mientras que los gerentes percibirían entre S/11.000 y S/15.000. Estas cifras corresponden a la posición del sindicato y requieren una respuesta oficial de la entidad.

La organización también cuestionó los bonos de productividad asignados a determinados funcionarios. Según sus denuncias, algunos pagos podrían alcanzar entre S/40.000 y S/50.000, mientras el personal de base recibe montos menores. El Banco de la Nación no ha emitido, hasta ahora, un pronunciamiento público sobre esos cuestionamientos.

Los nombramientos antes de un cambio de gestión abren otro frente

El anuncio de huelga no se limita a las demandas remunerativas. SINATBAN rechazó lo que denomina “nombramientos a dedo” de funcionarios intermedios antes de un cambio de administración en el banco.

“El gremio rechaza la incrementación de la planilla por nombramientos de última hora”, expresó Calderón. El sindicato pidió transparencia sobre las decisiones de contratación y cuestionó que se incorporen funcionarios mientras persisten reclamos por falta de personal en agencias y áreas operativas.

El Banco de la Nación tuvo cambios en su plana gerencial durante 2026. En febrero, el directorio encargó la Gerencia General a Betty Sotelo Bazán, luego de un encargo temporal a Juan Carlos Bustamante Gonzales. Germán Boza Pró ocupa la Presidencia Ejecutiva de la institución.

Para SINATBAN, las modificaciones administrativas deben realizarse con criterios técnicos y sin afectar la negociación colectiva ni la estabilidad de los trabajadores.

Atención a usuarios y pagos podrían quedar bajo observación

El sindicato también vinculó sus reclamos con problemas que, según afirma, afectan directamente a los usuarios: caídas de los sistemas, colas en agencias, falta de personal y condiciones de seguridad en algunos locales.

La organización sostiene que una cobertura insuficiente obliga a los trabajadores a atender una mayor demanda y deteriora la calidad del servicio. Además, cuestionó que no se realice una convocatoria externa para cubrir plazas necesarias en diversas oficinas.

La posible huelga genera dudas para pensionistas, trabajadores del sector público y usuarios que realizan pagos o trámites en las agencias del banco. La entidad concentra operaciones vinculadas al cobro de pensiones, remuneraciones estatales, transferencias, pagos de programas sociales y atención en zonas donde la oferta financiera privada es limitada.

El alcance real de la medida dependerá de la participación de los trabajadores, de la respuesta del banco y de las disposiciones que adopte el Ministerio de Trabajo. A 18 días de la fecha anunciada, SINATBAN mantiene su convocatoria y exige una nueva propuesta para resolver el conflicto.

Las embarcaciones que llevan turistas a observar ballenas en el norte peruano se acercan a un nuevo escenario regulatorio. Piura se encuentra en el periodo final de adecuación para aplicar controles, fiscalizaciones y sanciones al transporte turístico acuático, una actividad que concentra salidas hacia zonas de avistamiento de cetáceos en localidades como Los Órganos y Canoas de Punta Sal.

La Ordenanza Regional n.º 545-2026/GRP-CR, publicada el 31 de mayo, aprobó el reglamento que regula los procedimientos de fiscalización y sanción para este tipo de transporte en la región. La norma otorgó a la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones de Piura competencias para supervisar a los operadores y aplicar las medidas previstas en una tabla de infracciones y sanciones.

El reglamento estableció un periodo de adecuación de 180 días calendario, contado desde el 1 de junio. En septiembre, ese plazo sigue vigente y las autoridades tienen poco más de dos meses para culminar la difusión de las obligaciones, brindar asistencia técnica a los operadores y preparar la ejecución de las fiscalizaciones.

Para quienes planean una salida de avistamiento, los cambios apuntan a que el servicio se preste con embarcaciones autorizadas, seguros vigentes, implementos de seguridad y respeto de la capacidad máxima de pasajeros. La normativa regional busca ordenar una actividad turística que creció en la costa norte y que requiere coordinación entre operadores, guías, capitanes y entidades públicas.

Las distancias y los límites durante el encuentro con cetáceos

El avistamiento de ballenas implica decisiones que se toman en el mar. La proximidad de una embarcación, el número de naves alrededor de un mismo grupo y la presencia de madres con crías pueden alterar el desplazamiento de los animales.

Entre las pautas difundidas para las operaciones de observación figura un límite de tres embarcaciones por avistamiento. Las naves deben aproximarse por los costados y conservar una distancia mínima de 100 metros respecto de los cetáceos.

Las recomendaciones también establecen que no se debe dirigir una embarcación de forma deliberada hacia madres con crías o grupos donde haya crías. Si el encuentro ocurre de manera imprevista, el operador debe retirarse de forma gradual hasta alcanzar, como mínimo, los 300 metros de distancia.

Ese mismo margen se aplica a las embarcaciones que utilizan dos motores con una potencia superior a 100 HP. Las reglas buscan reducir las perturbaciones sobre la fauna y evitar maniobras que puedan poner en riesgo tanto a los animales como a los pasajeros.

El cumplimiento de estas disposiciones dependerá, en buena medida, de la conducta de quienes dirigen las naves y de la información que reciben los visitantes antes de salir al mar. Un turista que pide acercarse más para tomar una fotografía puede presionar una decisión que contradiga los protocolos de seguridad y conservación.

Los operadores deberán prepararse antes de que venza el plazo

La ordenanza no se limita a regular el comportamiento de las embarcaciones durante el avistamiento. También incorpora mecanismos de fiscalización para el transporte turístico acuático en toda la región de Piura, con responsabilidades para las empresas y los prestadores del servicio.

La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones será la entidad encargada de determinar si se cometieron infracciones administrativas y, de corresponder, imponer sanciones. La aplicación plena del reglamento llegará al finalizar el periodo de adecuación establecido por la norma, hacia fines de noviembre.

El proceso abre interrogantes para el sector turístico: cuántas embarcaciones cuentan con los permisos requeridos, cómo se realizarán los controles en el mar y qué medidas tomarán las autoridades frente a operadores que incumplan las reglas.

La preparación de los operadores fue parte del taller “Turismo azul en acción: lecciones aprendidas y preparación de una temporada de avistamiento de cetáceos”, realizado entre el 15 y el 17 de septiembre en Los Órganos, Piura, y Canoas de Punta Sal, Tumbes.

La actividad reunió a operadores turísticos, capitanes y guías para revisar situaciones habituales durante una travesía: la presencia de otras naves, la insistencia de pasajeros por acercarse a los animales y la necesidad de retirarse a tiempo. Save the Blue Five, WWF Perú, Proyecto Cetáceos Perú, autoridades regionales y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado participaron en la iniciativa.

Una empresa puede pagar más por su planilla aunque no incorpore personal. La falta de planificación de turnos puede elevar hasta 30% los costos laborales, según una estimación de GeoVictoria Perú, cuando la distribución de jornadas no responde a los momentos de mayor y menor demanda de una operación.

El impacto suele aparecer en gastos que, revisados de forma aislada, pueden parecer habituales: horas extras, cambios de turno, reemplazos urgentes o personal asignado a períodos con poca actividad. El problema surge cuando esas situaciones dejan de ser excepcionales y se vuelven parte de la rutina.

En Perú, las dos primeras horas de sobretiempo tienen una sobretasa mínima de 25% sobre el valor de la hora ordinaria. A partir de la tercera, el recargo mínimo sube a 35%. La normativa establece que el trabajo adicional es voluntario, salvo situaciones de fuerza mayor o peligro para las personas, los bienes o la continuidad de la actividad.

Las horas extras dejan de ser una excepción y se convierten en un gasto fijo

Las horas extras pueden ser necesarias ante una campaña comercial, un aumento temporal de pedidos, una emergencia o una ausencia inesperada. El riesgo aparece si la empresa recurre a ellas de forma constante para cubrir puestos, completar turnos o responder a una demanda que ya conoce.

“El problema no está en tener horas extras, porque pueden ser necesarias ante un pico de demanda o una situación excepcional. La alerta aparece cuando se convierten en la solución habitual para cubrir determinadas posiciones”, señaló Jorge Delgado, country manager de GeoVictoria Perú.

Si el sobretiempo se concentra de manera persistente en una misma área, puede revelar que el turno asignado resulta insuficiente o que la distribución del personal no coincide con las necesidades reales de la operación. El gasto no solo afecta el pago mensual, pues la recurrencia de las horas extras puede tener efectos sobre los beneficios laborales.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recuerda que, si los pagos por sobretiempo se perciben al menos durante tres meses dentro de un periodo de seis, se incorporan al cálculo de beneficios como gratificaciones, Compensación por Tiempo de Servicios y vacaciones.

Los turnos que cambian a último minuto revelan una falta de cobertura

Otro indicador aparece cuando los horarios se modifican con frecuencia. Un cambio aislado puede responder a una necesidad puntual, pero una práctica repetida dificulta la organización interna y afecta a quienes deben ajustar su vida personal a nuevas jornadas.

Las ausencias también exponen brechas en la planificación. Si la falta de un trabajador deriva de forma reiterada en llamadas urgentes, extensiones de jornada o reasignaciones improvisadas, la empresa asume un costo que pudo prever con protocolos de reemplazo o una mejor asignación de turnos.

El desajuste puede producirse en dos direcciones. Una dotación superior a la necesaria durante horas de baja demanda implica pagar tiempo que no se aprovecha plenamente. Una cobertura insuficiente en los picos de trabajo obliga a extender jornadas o redistribuir tareas bajo presión.

Esto resulta relevante en sectores con operaciones continuas o con cambios marcados de demanda, como comercio, logística, salud, seguridad, transporte, manufactura y hotelería.

El monto de la planilla no explica por sí solo dónde se origina el sobrecosto

Revisar únicamente el total pagado al cierre del mes puede ocultar el origen del problema. Una empresa puede saber cuánto destinó a horas extras, pero no identificar qué sede, equipo, horario o ausencia generó ese gasto.

“Una empresa puede saber cuánto pagó en horas extras, pero eso no necesariamente explica por qué las está pagando”, sostuvo Delgado. Para el ejecutivo, el primer paso consiste en comparar los turnos programados con las horas que efectivamente se trabajaron.

Esa revisión permite detectar patrones: áreas que concentran el sobretiempo, franjas horarias con falta de cobertura, equipos con ausencias frecuentes o períodos en los que se asigna más personal del necesario. La información sobre asistencia, tardanzas, permisos y cumplimiento de jornada permite anticipar esas desviaciones antes de que se acumulen en la planilla.

Ajustar horarios no supone eliminar el sobretiempo

La gestión de turnos no implica eliminar por completo las horas extras. El objetivo es que se utilicen ante circunstancias puntuales y no como una fórmula permanente para sostener la operación.

Para ello, las empresas deben revisar la demanda por horarios, definir coberturas para ausencias previsibles y establecer mecanismos que permitan conocer, con rapidez, si una jornada se aleja de lo programado. La diferencia entre un gasto excepcional y un sobrecosto recurrente suele estar en la capacidad de anticipar dónde faltará personal y cuándo habrá una mayor carga de trabajo.

La llegada más rápida de una carga a un puerto no asegura que la mercadería llegue antes a su destino final. Las demoras en el recojo, la nacionalización o la devolución de contenedores pueden generar penalidades y elevar los costos del comercio exterior, un reto que toma fuerza ante la nueva dinámica que plantea el puerto de Chancay.

“Que llegue el contenedor o la mercancía más rápido resuelve un problema del mar y de infraestructura, pero las empresas internamente siguen trabajando con hojas de cálculo, con Excel y con correo electrónico”, sostiene Valentina Jordan, CEO y cofundadora de Nauta.

La ejecutiva consideró que la reducción de tiempos en la ruta marítima debe ir acompañada de una modernización interna de importadores, exportadores y operadores logísticos.

Después de que la carga llega al terminal, aún quedan procesos como la revisión de documentos, los trámites aduaneros, el retiro del contenedor y el traslado hacia almacenes o centros de distribución, explicó para Infobae Perú.

Los días de demora pueden convertirse en una penalidad

Uno de los mayores riesgos aparece cuando una empresa no controla los plazos para retirar la carga o devolver el contenedor vacío. Las navieras y los terminales establecen periodos para realizar esas operaciones. Si se exceden, pueden aplicarse cargos por demora o permanencia.

En ese escenario, plataformas de inteligencia artificial para logística pueden ordenar la información de cada embarque y emitir alertas sobre fechas próximas a vencer, documentos pendientes o diferencias entre tarifas y contratos. Jordan indicó que una herramienta de este tipo permitió evitar USD 3 millones en penalidades en menos de un año en uno de los casos con los que trabajó la compañía.

“Digitalizando todo el proceso de recogida, de descarga y de retorno del vacío de regreso a terminal”, explicó al referirse a la reducción de esos costos.

La información necesaria para prevenir esos gastos suele estar repartida entre correos electrónicos, facturas, conocimientos de embarque, órdenes de compra y distintos sistemas de gestión.

Integrarla permite identificar a tiempo un documento incompleto, una carga pendiente de retiro o un cobro que no coincide con las condiciones pactadas.

La carga pasa por varios actores y sistemas desconectados

Jordan identificó tres dificultades habituales en la logística de la región. La primera es que muchas empresas pagan por sistemas tecnológicos, aunque mantienen una parte relevante de sus operaciones en forma manual. La segunda es la falta de una fuente única de información. La tercera es que procedimientos clave permanecen en la experiencia de empleados concretos.

“Un agente de carga tiene su sistema, un agente aduanal tiene su sistema, un importador tiene su sistema y una empresa de camiones tiene su sistema. Esos sistemas no se hablan los unos con los otros”, señaló.

Según la CEO de Nauta, una operación de comercio exterior puede involucrar a cerca de una docena actores, entre navieras, terminales, agentes de carga, agentes de aduana, transportistas, importadores y otros participantes. Cada uno maneja datos sobre la carga, los pagos o los documentos, lo que puede dificultar el seguimiento de una operación:

• Documentos incompletos que retrasan la nacionalización de la mercadería.
• Falta de control sobre los días que un contenedor permanece en el terminal.
• Demoras en la devolución de equipos vacíos a las navieras.
• Diferencias entre los contratos de flete, las facturas y las órdenes de compra.
• Falta de datos actualizados sobre el inventario y el estado de la carga.

Chancay plantea un desafío más allá de la infraestructura

Para Jordan, la nueva dinámica entre Chancay y el Callao puede acelerar la adopción de herramientas digitales en las empresas peruanas. Ambos puertos concentran una parte clave del movimiento de carga del país y su interconexión puede ampliar las opciones logísticas para importadores, exportadores y operadores.

La infraestructura tiene el potencial de reducir los tiempos de tránsito marítimo y ampliar la conexión con otros mercados, aunque sus beneficios dependerán también de la capacidad de cada compañía para gestionar con rapidez los procesos posteriores al arribo de la carga.

La ejecutiva señaló que el reto no termina cuando el buque llega al puerto. Importadores y operadores deben contar con información actualizada sobre los documentos, los trámites de nacionalización, la disponibilidad de transporte, los plazos de retiro y la devolución de contenedores. Una falla en cualquiera de esas etapas puede retrasar la entrega final y generar costos adicionales.

“Tenemos que invertir de manera interna en las empresas para poder ver el beneficio de esa infraestructura desde el lado digital”, sentenció la especialista.

Lima será sede de The 50 Best Restaurants 2026, cuya edición global se realizará por primera vez en América Latina. Entre el 2 y el 4 de noviembre, la capital peruana recibirá a unos 1.200 chefs, periodistas especializados, empresarios, creadores de contenido y representantes de la industria gastronómica de más de 34 países.

La organización estima que el encuentro generará un movimiento económico cercano a USD 2 millones en actividades vinculadas con el turismo, la producción de eventos, el transporte, la hotelería, la alimentación y el entretenimiento. La cita también buscará ampliar la visibilidad internacional del Perú como destino gastronómico.

La programación fue presentada este lunes con la participación de la presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ), Teresa Mera Gómez; los chefs Virgilio Martínez y Mitsuharu “Micha” Tsumura; y representantes de la industria nacional de alimentos y bebidas. La directora general de Eventos de The 50 Best Restaurants, Rikki Tidball, envió un mensaje en video.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, sostuvo que la designación de Lima abre una instancia de contacto entre la gastronomía local, inversionistas y actores de la industria internacional. Según indicó, la llegada del evento puede impulsar actividades económicas asociadas al turismo y reforzar la presencia de la ciudad en el circuito gastronómico global.

La ceremonia de premiación se realizará el 4 de noviembre en el Teatro Municipal

Las actividades comenzarán el 2 de noviembre con un almuerzo de bienvenida para invitados internacionales y figuras del sector. La propuesta tendrá como objetivo presentar productos, cocinas y experiencias culinarias peruanas en un espacio de intercambio entre profesionales.

El 3 de noviembre se llevará a cabo 50 Best Talks, una jornada centrada en debates sobre tendencias, negocios, hospitalidad y desafíos de la gastronomía mundial. La agenda reunirá a cocineros, especialistas y empresarios de distintos países.

El programa cerrará el 4 de noviembre con la recepción y la ceremonia de premiación de The 50 Best Restaurants 2026 en el Teatro Municipal de Lima. Durante esa gala se difundirá la lista anual de restaurantes seleccionados por la plataforma.

La agenda incluirá, además, las 50 Signature Sessions, experiencias colaborativas que convocarán a chefs internacionales y cocineros locales. También se entregarán premios como The Sustainable Restaurant Award, destinado a establecimientos con prácticas ambientales y sociales; One to Watch, para proyectos emergentes; y The World’s Best Female Chef, que distingue a una cocinera por su trayectoria y liderazgo.

El encuentro prevé más de 700 pasajes aéreos para asistentes internacionales

Las proyecciones difundidas por PROMPERÚ señalan que los visitantes internacionales comprarían más de 700 pasajes aéreos para asistir al encuentro. El cálculo contempla alrededor de USD 400.000 en ocupación hotelera, más de USD 300.000 en consumo de alimentos y cerca de USD 300.000 en servicios de producción contratados a agencias locales.

El impacto alcanzaría a hoteles, restaurantes, aerolíneas, empresas de transporte, proveedores de alimentos, productoras y otros negocios vinculados con la cadena turística de Lima. La exposición del evento también se apoyará en el alcance digital de The 50 Best, que cuenta con más de cuatro millones de seguidores en redes sociales, 8,8 millones de usuarios anuales en su sitio web y 27 millones de páginas vistas al año.

Uno de cada cinco turistas extranjeros viaja al Perú motivado por su gastronomía

De acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2025 de PROMPERÚ, uno de cada cinco vacacionistas internacionales incluye a la gastronomía entre las principales razones para elegir Perú. Ese grupo permanece, en promedio, 12 noches en el país y registra un gasto de USD 1.647 durante su estadía.

La entidad considera que la realización de The 50 Best Restaurants permitirá visibilizar la cadena productiva detrás de la cocina peruana, desde agricultores, pescadores y ganaderos hasta mercados, productores y restaurantes. El evento se desarrollará en un contexto de crecimiento del turismo culinario, un segmento que proyecta una expansión anual de 9,5% hacia 2030.

La expansión de los vehículos eléctricos en Perú todavía se encuentra limitada por la falta de reglas específicas, alternativas de financiamiento, infraestructura de carga y proyectos de transporte público a gran escala, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico en el Perú (AEDIVE Perú).

Según la organización, la demora en esas definiciones impide que la adopción de esta tecnología gane ritmo en el país, por lo que, sostuvo, se requiere una acción coordinada entre el Estado, los gobiernos locales, las empresas de transporte y el sector privado. Se trata de 12 barreras identificadas.

Perú aún no cuenta con una Ley de Electromovilidad

Entre los principales pendientes, AEDIVE Perú mencionó la falta de una Ley de Electromovilidad. Iniciativas promovidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y asociaciones privadas no llegaron a convertirse en una norma aprobada.

La entidad también cuestionó la influencia que atribuye al sector del gas natural en el debate sobre la transición energética. Según su posición, esa situación impidió que varias propuestas vinculadas a los vehículos eléctricos pasaran de la discusión técnica a su ejecución.

El diagnóstico incluyó la falta de mecanismos financieros para los operadores de transporte público. AEDIVE Perú consideró que las empresas necesitan condiciones que reduzcan el endeudamiento y permitan extender las autorizaciones de ruta, a fin de facilitar el acceso al crédito y recuperar la inversión necesaria para renovar sus flotas.

La asociación planteó revisar el modelo vigente, que contempla una autorización inicial de cinco años y una ampliación posterior de 14 años. Para la entidad, un plazo integrado daría mayor previsibilidad a los proyectos y permitiría cerrar acuerdos financieros.

Los proyectos de buses eléctricos permanecen pendientes

El documento cuestionó que no se hayan convocado licitaciones para incorporar buses eléctricos al transporte público de manera sostenida. AEDIVE Perú sostuvo que la ATU y Promovilidad aún no concretaron varios proyectos anunciados para distintas ciudades.

La asociación mencionó el caso de un bus eléctrico de 12 metros de la marca BYD que operó en el corredor rojo de Lima. De acuerdo con la entidad, la unidad dejó de circular por problemas de mantenimiento. También citó proyectos que no avanzaron para incorporar 54 buses eléctricos en Pucallpa y 76 en Arequipa, una cifra que podía ampliarse a 112.

A ello sumó los planes para las rutas piloto 1001 y 1002, con 89 buses de nueve metros, y una iniciativa para incorporar 150 buses articulados de 18 metros en una extensión del Metropolitano, con respaldo del Banco Mundial.

AEDIVE Perú afirmó que el país acumuló estudios, consultorías y programas piloto, entre ellos NAMAS y E-Mob, sin que esos procesos derivaran en una masificación de las flotas eléctricas. “Han pasado ya casi 9 años, si asumimos el 2018 como el año en el que se asientan de manera inicial la movilidad eléctrica en el Perú“, dijo la asociación.

La red de carga y las normas técnicas concentran otros reclamos

La organización propuso impulsar una red pública de carga rápida en corriente continua desde Tumbes hasta Tacna. Recordó que presentó en 2022 el Plan Nacional de Masificación de Infraestructura de Carga, que contemplaba una red troncal de electrolineras.

También pidió una regulación uniforme sobre la señalización y demarcación de los espacios destinados a la carga eléctrica. Según AEDIVE Perú, las normas vigentes no establecieron esos criterios y ello produjo diferencias entre las estaciones ya instaladas.

El diagnóstico advirtió además sobre cargadores de corriente alterna que, según la asociación, fueron implementados sin una puesta a tierra adecuada. La entidad consideró que esa condición debe exigirse en todos los proyectos por razones de seguridad.

Entre los demás puntos, AEDIVE Perú incluyó la falta de proyectos ejecutados con fondos del FONELEC, la ausencia de iniciativas relevantes de movilidad eléctrica financiadas con bonos de carbono y la falta de un marco para convertir vehículos convencionales en eléctricos.

La asociación cuestionó, además, que el chatarreo voluntario sea considerado la respuesta principal para renovar el parque automotor. A su juicio, ese mecanismo no asegura que los vehículos retirados sean reemplazados por unidades de menores emisiones.

El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de partidas por S/ 31,8 millones para financiar acciones de seguridad, logística, infraestructura y organización vinculadas con la visita del papa León XIV a Perú, prevista entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026.

El dinero saldrá de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y llegará a ocho entidades del Gobierno Nacional. Los recursos deberán cubrir servicios y adquisiciones para las actividades oficiales que se desarrollarán en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La medida fue formalizada a través del Decreto Supremo N° 196-2026-EF, refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza. La norma precisa que los fondos no estuvieron contemplados en los presupuestos institucionales de los organismos beneficiados para el actual año fiscal.

Seguridad, control migratorio y despliegue operativo concentran parte de los fondos

El Ministerio del Interior recibirá recursos para la atención de la visita papal, junto con la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú y la Superintendencia Nacional de Migraciones. El decreto contempla gastos vinculados a la movilización de personal, viáticos y alimentación (rancho) para efectivos policiales.

La Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del MEF determinó el monto máximo para cubrir los viáticos de las comisiones de servicio y el costo estimado para la alimentación del personal policial en actividad.

El Ministerio de Defensa también contará con una partida destinada al mantenimiento de aeronaves, el acondicionamiento de infraestructura operativa y de seguridad, además del soporte logístico en sus sedes. Parte de esos recursos podrá utilizarse para financiar los desplazamientos en comisión de servicio que demande el operativo.

La transferencia incluye fondos para gastos corrientes y de capital. Del total aprobado, S/ 24,3 millones corresponden a bienes y servicios, S/ 6,2 millones a otros gastos y S/ 1,3 millones a la adquisición de activos no financieros.

Baños portátiles y espacios comerciales formarán parte de la preparación

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento utilizará una parte de los fondos para alquilar, instalar, mantener y retirar baños químicos portátiles. Estos servicios estarán disponibles durante las actividades oficiales previstas en la Base Aérea Las Palmas y el Estadio Monumental, ambos escenarios ubicados en Lima.

A su vez, el Ministerio de la Producción financiará la instalación de cuatro espacios comerciales bajo la denominación “Perú Produce”. El decreto no detalla la distribución de estos módulos ni los productos que se ofrecerán durante los eventos relacionados con la visita.

El Ministerio de Cultura recibió recursos para organizar y desarrollar actividades vinculadas con la llegada del pontífice. También se autorizó una asignación para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que deberá financiar gastos de atención durante los siete días de la agenda oficial.

Los ministerios tendrán cinco días para distribuir los recursos

La norma establece que las entidades beneficiadas deberán aprobar la desagregación de los recursos mediante una resolución de sus titulares. El plazo será de cinco días calendario desde la entrada en vigencia del decreto.

Las oficinas de presupuesto de cada pliego deberán solicitar las codificaciones necesarias ante la Dirección General de Presupuesto Público y preparar las modificaciones presupuestarias que correspondan.

El detalle de los montos asignados a cada organismo figura en un anexo publicado en la sede digital del Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con la resolución.

La Caja Metropolitana registró una utilidad neta de S/13,613 millones al 30 de junio de 2026. La entidad adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) anticipa, sin embargo, una competencia más intensa en el sistema financiero ante el avance del open banking, el open finance y las fintech.

Según el reporte financiero B-2, con cifras no auditadas y expresadas en miles de soles, la caja cerró el primer semestre con activos por S/730,841 millones, un margen financiero neto de S/61,431 millones y créditos vigentes por S/584,075 millones.

Los créditos y los depósitos sostuvieron el resultado semestral

La cartera de la entidad estuvo compuesta por S/584,075 millones en créditos vigentes. Además, registró S/4,133 millones en créditos reestructurados, S/15,293 millones en refinanciados y S/11,636 millones en cobranza judicial.

Los ingresos por intereses ascendieron a S/81,883 millones. De ese monto, S/80,567 millones correspondieron a créditos directos. Los gastos por intereses llegaron a S/12,516 millones, principalmente por obligaciones con el público, que totalizaron S/12,352 millones.

Luego de deducir provisiones por créditos directos por S/7,936 millones, la caja alcanzó un margen financiero neto de S/61,431 millones. Los gastos administrativos sumaron S/39,848 millones y las depreciaciones y amortizaciones fueron de S/1,437 millones.

El resultado de operación antes del impuesto a la renta se ubicó en S/19,485 millones. Tras el pago de S/5,872 millones por ese tributo, la utilidad neta del semestre quedó en S/13,613 millones. Las obligaciones con el público incluyeron S/1,084 millones en depósitos a la vista, S/113,614 millones en cuentas de ahorro y S/450,997 millones en depósitos a plazo.

En materia de solvencia, Caja Metropolitana informó un patrimonio efectivo total de S/123,884 millones, frente a un requerimiento patrimonial de S/112,867 millones. El superávit fue de S/11,017 millones y el ratio de capital global alcanzó 14,08%.

La apertura de datos financieros cambiará la disputa por los clientes

El presidente ejecutivo y del directorio de Caja Metropolitana, Carlos Alberto Mujica Castro, afirmó en diálogo con Infobae Perú que los cambios vinculados al open banking y al open finance modificarán la forma en que las entidades compiten por los usuarios.

Mujica señaló que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) ya trabajan en estos cambios, que facilitarían el intercambio de información financiera entre participantes autorizados y permitirían a los clientes comparar ofertas de crédito, ahorro y otros servicios.

“El poder que hasta ahora teníamos los bancos ya no lo vamos a tener, lo va a tener el cliente”, afirmó el directivo.

La estrategia de la entidad, según explicó, apunta a reforzar la relación con familias, comerciantes y pequeños negocios, además de consolidar su presencia en microfinanzas. Mujica sostuvo que las tasas de interés perderán peso como principal herramienta de competencia, en un contexto de mayor presencia de operadores digitales y fintech.

“Por tasa no vamos a poder competir. Tenemos que ser creativos, fidelizar a los clientes y encontrar nichos de mercado”, dijo.

El ejecutivo mencionó que las entidades de mayor tamaño tienen ventajas tecnológicas y de capital, como Revolut y Nubank. Añadió que las cajas mantienen una posición en segmentos con alto uso de efectivo e informalidad, como el comercio minorista y las microfinanzas.

El crédito prendario sobre oro se mantiene como el producto más rentable

Mujica indicó que el crédito prendario respaldado por oro es actualmente el producto más rentable de la entidad. Parte de sus clientes, explicó, recurre a esta modalidad para conseguir liquidez rápida y financiar la reposición de mercadería sin pasar por el proceso usual de evaluación crediticia.

Cuando un usuario no recupera la prenda, la caja puede ofrecerla mediante remates en una galería virtual. Si el bien no se vende, el oro pasa a fundición, de acuerdo con el directivo.

Mujica también planteó la posibilidad de adaptar el modelo prendario a otros bienes con valor de reventa, como vehículos o teléfonos, y evaluar productos con respaldo inmobiliario. La búsqueda de nuevas alternativas forma parte de la estrategia para diferenciarse en un mercado financiero que espera mayor competencia digital.

Perú recibirá el 21 de septiembre, fecha en la que se ha vuelto tradición regalar flores amarillas, con un crecimiento acumulado de 601% en las exportaciones de girasol fresco entre 2020 y 2024.

Los envíos pasaron de US$14,2 mil a US$99,6 mil en ese período y marcaron un récord en 2024, según datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), con información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y ADEX Data Trade.

El aumento fue especialmente marcado el año pasado. Las ventas externas de girasol fresco subieron de US$47,4 mil en 2023 a US$99,6 mil en 2024, lo que representó una expansión de 109,9%. El volumen exportado llegó a 32,6 toneladas métricas.

El producto todavía tiene una participación acotada dentro del comercio peruano de flores frescas, pero su avance fue superior al del conjunto. En 2024, el girasol explicó 0,9% de los US$10,5 millones que Perú exportó en flores frescas.

Estados Unidos concentró cerca del 97% de las compras

Estados Unidos fue el destino central de los girasoles peruanos. Durante 2024, las compras de ese país ascendieron a US$96,4 mil, equivalentes a 96,8% del valor total exportado.

La presencia de ese mercado ya era predominante en 2022, cuando importó US$73,4 mil y concentró 98,4% de los despachos de girasol de Perú. Frente a ese registro, el valor de las compras estadounidenses creció 31,3% hasta 2024.

El resto de los envíos se destinó a mercados de menor tamaño. El informe de CIEN-ADEX no identifica los países receptores en 2024. Dos años antes, Chile había sido el segundo destino, con US$1,1 mil.

La concentración en Estados Unidos también se replica en el conjunto de las flores frescas peruanas. Ese país recibió US$9 millones en 2024, el 85,3% del valor exportado por el sector. América del Norte concentró US$9,1 millones, equivalentes a 86,8% de las ventas.

Ica sostiene la mayor parte de las flores frescas exportadas

El crecimiento del girasol se inserta en una oferta de flores frescas que tiene a Ica como principal región exportadora. El departamento aportó US$10,1 millones en 2024, cifra equivalente al 96% de los envíos nacionales del rubro.

La canasta exportadora peruana está dominada por el wax y los ramos mixtos. El primero generó US$5,2 millones y representó 49,8% de las exportaciones de flores frescas, mientras que los ramos mixtos sumaron US$4,5 millones, con una participación de 42,8%.

Ambos productos reunieron 92,6% del valor exportado. El girasol quedó por fuera de ese núcleo principal, aunque alcanzó su mayor registro anual y elevó su presencia en las ventas externas.

El mercado mundial de flores alcanzó US$10 mil millones

El contexto internacional también acompañó al sector. El comercio mundial de flores frescas alcanzó US$10 mil millones en 2024, 5,3% más que en 2023, de acuerdo con el informe de CIEN-ADEX elaborado con cifras de Trade Map.

Estados Unidos fue el mayor importador global, con US$2,7 mil millones. Alemania y Países Bajos realizaron compras por US$1,2 mil millones cada uno. Países Bajos lideró las exportaciones internacionales, con US$5,1 mil millones y 685 mil toneladas.

Perú ocupó el puesto 28 entre los proveedores mundiales de flores frescas y el sexto en América Latina y el Caribe. Entre enero y septiembre de 2025, las exportaciones peruanas del rubro sumaron US$9,2 millones, 16,3% más que en el mismo período de 2024.

La pitahaya peruana exportó 644,65 toneladas por US$1,25 millones entre enero y junio de 2026, de acuerdo con cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) elaboradas por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

España y Países Bajos concentraron cerca del 87% del valor de los envíos, lo que confirma la relevancia de Europa para un cultivo que busca consolidarse dentro de la agroexportación nacional.

Europa concentra los envíos, pero el sector apunta a diversificar destinos

La pitahaya ya tiene presencia en el comercio exterior peruano, aunque su volumen aún es reducido frente a otros productos de la canasta agroexportadora. El reto para los productores será ampliar la demanda, sostener la calidad de la fruta y abrir mercados que permitan aumentar las ventas sin depender de pocos compradores.

Para Diego Rodríguez, especialista en agroexportación y gestión agrícola, el crecimiento de un cultivo no depende solo de que pueda producirse en distintas zonas del país. También exige conocer qué condiciones imponen los mercados, qué costos implica el transporte y si los exportadores pueden garantizar una oferta continua.

“Tenemos que analizar quién lo va a comprar, qué exige ese mercado y cuánto cuesta llegar a él”, señaló Rodríguez. La concentración actual de las exportaciones en dos destinos europeos plantea la necesidad de identificar nuevos compradores. Una mayor diversificación reduciría la exposición de los productores ante cambios de demanda, precios o requisitos sanitarios en esos países.

Estados Unidos aparece como una opción, aunque requiere apertura comercial

Entre los mercados que podrían ampliar las posibilidades para la pitahaya peruana figura Estados Unidos. Sin embargo, el ingreso del producto dependerá de una eventual apertura sanitaria y comercial, además del cumplimiento de los requisitos que establezcan las autoridades de ese país.

“Estados Unidos puede convertirse en un mercado importante para la pitahaya peruana”, afirmó. Añadió que las empresas del sector necesitan trabajar en trazabilidad, manejo postcosecha, calidad y una estructura logística que permita llegar al consumidor en condiciones adecuadas.

La trazabilidad permite identificar el recorrido de la fruta desde el campo hasta el mercado de destino. Este requisito cobra importancia en la agroexportación porque los compradores y autoridades sanitarias exigen información sobre el origen, manejo y condiciones de producción de los alimentos.

La variedad American Beauty busca ganar espacio en la oferta exportable

La variedad American Beauty aparece como una de las alternativas que podría fortalecer la presencia de la pitahaya peruana en el exterior. Su desarrollo comercial dependerá de atributos como apariencia, calidad, resistencia durante el transporte y vida útil después de la cosecha.

La vida postcosecha resulta determinante para una fruta que debe recorrer largas distancias hasta los mercados internacionales. Si el producto mantiene sus condiciones por más tiempo, los exportadores pueden acceder a opciones logísticas distintas al transporte aéreo.

Actualmente, el transporte por avión permite despachos más rápidos, aunque implica costos más elevados. El traslado marítimo puede reducir el gasto logístico, pero requiere condiciones de conservación que garanticen que la fruta llegue apta para su comercialización. “Mejorar las condiciones de conservación y extender la vida útil” puede abrir la posibilidad de usar rutas marítimas, explicó el especialista.

El Ministerio de la Producción (Produce) modificó las reglas del Sistema de Seguimiento Satelital para Embarcaciones Pesqueras (Sisesat) y permitirá que un grupo de naves artesanales utilice equipos de tipo D, un mecanismo alternativo de control de ubicación.

La Resolución Ministerial Nº 00331-2026-PRODUCE alcanza a embarcaciones con bodega de hasta 10 metros cúbicos que extraen anchoveta y anchoveta blanca para consumo humano directo, así como a otras naves artesanales obligadas a contar con monitoreo que tengan hasta 20 metros cúbicos de capacidad.

Las naves de hasta 10 metros cúbicos pertenecen al segmento más pequeño de la pesca artesanal

La capacidad de bodega mide el volumen disponible para almacenar la captura. Una embarcación de 10 metros cúbicos dispone de un espacio equivalente a unos 10.000 litros, aunque ese dato no se traduce de forma directa en toneladas de pescado, debido al uso de hielo, agua y a las características de cada especie.

Este tamaño está lejos de la escala industrial. Para la extracción de anchoveta, las naves artesanales pueden tener hasta 10 metros cúbicos de bodega, mientras que las embarcaciones de menor escala superan ese límite y pueden llegar a 32,6 metros cúbicos. La pesca de mayor escala, vinculada a la actividad industrial, opera con barcos que exceden ese último volumen.

La medida se concentra, por tanto, en una parte de la flota de menor capacidad, dedicada a la extracción para consumo humano directo. Estas embarcaciones deben cumplir las condiciones de seguridad, permiso y seguimiento que establezca la normativa pesquera para realizar faenas.

El cambio traslada parte de la flota del equipo tipo C al sistema tipo D

Hasta antes de la modificación, las embarcaciones con bodega de hasta 10 metros cúbicos que capturan anchoveta y anchoveta blanca para consumo humano directo estaban comprendidas en el sistema de seguimiento de tipo C. Produce cambió esa clasificación para que puedan usar el equipo de tipo D.

La resolución también amplía el uso del tipo D para embarcaciones artesanales obligadas a contar con el Sisesat mediante una norma específica y que tengan una bodega de hasta 20 metros cúbicos. El tipo C quedará destinado, entre otros grupos, a naves artesanales con una capacidad superior a ese límite que requieran el sistema por disposiciones sectoriales.

“Facilitar la implementación del equipo del Sisesat de tipo D” es una de las finalidades expuestas en el sustento técnico de la medida. Produce indicó que gran parte de las embarcaciones artesanales con más de 20 metros cúbicos de bodega ya cuenta con equipos de tipo C instalados.

La obligación de monitoreo se mantiene para los pescadores artesanales

El cambio no elimina el control sobre las naves. Las embarcaciones comprendidas deberán contar con un sistema operativo que permita reportar su ubicación a las autoridades. La información procedente del Sisesat puede ser utilizada por Produce en procedimientos administrativos y procesos judiciales dentro de sus competencias.

El reglamento del sistema establece exigencias para los proveedores de los equipos, la transmisión y recepción de datos, la seguridad de la información, la instalación a bordo y el mantenimiento. La resolución modifica el ámbito de aplicación de los equipos de tipo C y D, pero no libera a los armadores de la obligación de mantener el sistema activo.

Para los pescadores incluidos, el efecto es una alternativa regulatoria para cumplir con el rastreo exigido. La norma no precisa precios, costos de instalación ni diferencias tecnológicas concretas entre el tipo C y el tipo D. Por ello, no se puede concluir que el nuevo sistema sea más económico o más fácil de adquirir.

Produce busca reforzar el control pesquero durante la emergencia por El Niño

La modificación se aprobó durante la emergencia de los subsectores Pesca y Acuicultura por el Fenómeno El Niño 2026-2027, declarada por 120 días. El plan sectorial de emergencia incluye acciones para fortalecer la fiscalización, emitir reportes de desembarque y dar seguimiento a las cuotas de los recursos de oportunidad.

El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) informó el 14 de septiembre que el Niño Costero podría mantenerse hasta mediados de otoño de 2027. Según su proyección, el evento tendría una mayor probabilidad de alcanzar magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027.

En ese contexto, Produce busca contar con información para supervisar las faenas y aplicar medidas de ordenamiento cuando las condiciones oceanográficas afecten la disponibilidad de recursos. La resolución y su anexo serán publicados en la sede digital del ministerio.

El Gobierno autorizó que el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 opere las entregas económicas para personas afectadas por emergencias en todo el país.

La medida fue aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 005-2026-MIDIS, que amplía las atribuciones del programa social sin modificar su función regular de otorgar subvenciones bimestrales a adultos mayores en situación de extrema pobreza.

El programa asumirá la operación de los pagos extraordinarios

La norma establece que Pensión 65 será la instancia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) responsable de conducir los apoyos monetarios destinados a población impactada por una o más situaciones de emergencia. La disposición se sustenta en el Decreto Legislativo Nº 1654, que regula la adaptación de los servicios públicos de protección social ante estos escenarios.

El decreto define las entregas económicas como transferencias monetarias dirigidas a reducir las consecuencias sobre la seguridad económica de las personas afectadas.

El programa deberá ejecutar esta función bajo los arreglos institucionales, criterios y mecanismos aprobados previamente por el Midis. “Coadyuvar a reducir los efectos negativos sobre la seguridad económica” es el objetivo de estas transferencias, según el texto de la norma.

Los beneficiarios deberán aparecer en un padrón aprobado por Pensión 65

Las ayudas no se otorgarán de forma automática a toda la población de las zonas declaradas en emergencia. Los beneficiarios deberán figurar en un padrón aprobado por Pensión 65, el cual se elaborará de acuerdo con los criterios de elegibilidad, priorización y temporalidad que establezca la norma con rango de ley que autorice cada entrega.

La identificación de los potenciales receptores dependerá del tipo de emergencia. En caso de desastres, se aplicarán los mecanismos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Para emergencias sanitarias, se seguirán las disposiciones que establezca el Ministerio de Salud.

El Decreto Supremo Nº 005-2026-MIDIS señala que las entregas económicas estarán dirigidas a quienes hayan sido “impactados por una o más emergencias”, aunque no fija montos ni precisa qué hechos activarán los pagos. Esos aspectos deberán ser definidos en las normas específicas que autoricen cada transferencia.

Pensión 65 mantendrá el pago bimestral para adultos mayores en extrema pobreza

La nueva función no reemplaza el objetivo central del programa. Pensión 65 seguirá entregando una subvención económica bimestral a personas de 65 años o más que se encuentren en condición de extrema pobreza y cumplan los requisitos establecidos por el Ejecutivo.

Para acceder al programa, los adultos mayores deberán contar con Documento Nacional de Identidad (DNI), tener la clasificación socioeconómica de pobreza extrema otorgada por el Organismo de Focalización e Información Social (OFIS) y no percibir una pensión pública ni privada, incluidas las prestaciones económicas del Seguro Social de Salud (EsSalud).

La afiliación también requerirá una declaración jurada. La incorporación de nuevos usuarios dependerá de un proceso de priorización y de la disponibilidad presupuestaria, mientras que la permanencia estará condicionada al cumplimiento continuo de los criterios exigidos.

El Midis tendrá 90 días hábiles para ajustar las reglas del programa

El Midis deberá adecuar el Manual de Operaciones de Pensión 65 en un plazo máximo de 90 días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del decreto. Esa actualización deberá incorporar los procedimientos vinculados a la operación de los apoyos económicos en emergencias.

Pensión 65 también tendrá que aprobar pautas técnicas, instrumentos de gestión y procedimientos internos e interinstitucionales para ejecutar las transferencias. Estas disposiciones se aprobarán mediante resoluciones de su Dirección Ejecutiva.

La implementación de la norma se financiará con el presupuesto institucional de Pensión 65, “sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”, según el decreto.

El Gobierno aprobó medidas laborales para facilitar la participación de los trabajadores en las Elecciones Regionales y Municipales del domingo 4 de octubre de 2026.

El Decreto Supremo Nº 014-2026-TR establece descansos, permisos y períodos de tolerancia para quienes integren mesas de sufragio, deban viajar a otra localidad para votar o tengan turnos de trabajo durante la jornada electoral. Las disposiciones alcanzan a empleados de los sectores público y privado.

Miembros de mesa tendrán descansos según su forma de designación

Los ciudadanos sorteados como miembros de mesa que completen la capacitación y cumplan efectivamente esa función tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable.

Este beneficio deberá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a los comicios, en una fecha acordada con el empleador. Si no existe consenso, la empresa o entidad pública determinará cuándo se otorgará el descanso.

La medida también contempla a los miembros de mesa que hayan sido sorteados, pero no completaron la capacitación, siempre que desempeñen el cargo el día de las elecciones. En este grupo se incluirá a los electores que sean designados en el propio local de votación ante la ausencia de titulares y suplentes.

“Reciben un día de descanso remunerado compensable”, señala el decreto sobre estos últimos casos. El beneficio se deberá tomar el lunes 5 de octubre, aunque las horas no laboradas deberán recuperarse en los 10 días calendario siguientes o en la fecha que defina el empleador según sus necesidades.

La ONPE entregará el documento para acreditar la función electoral

El Certificado de Participación que otorgue la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) servirá como sustento para que los trabajadores accedan a los descansos previstos por la norma.

De acuerdo con la resolución, el documento antes citado acreditará que el ciudadano cumplió el rol de miembro de mesa durante el proceso electoral.

Las Elecciones Regionales y Municipales definirán a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, además de alcaldes y regidores provinciales y distritales. La jornada se realizará en todo el país, incluida la Provincia Constitucional del Callao.

La norma dispone estas facilidades para asegurar que los trabajadores puedan votar y que las mesas de sufragio cuenten con personal para recibir los votos, efectuar el escrutinio y elaborar las actas electorales.

Quienes trabajen lejos de su local de votación podrán faltar hasta cuatro días

Los empleados de los sectores público y privado que presten servicios en una localidad distinta a aquella donde les corresponde votar podrán no asistir a sus labores entre el viernes 2 y el lunes 5 de octubre. Para acceder a esta facilidad deberán acreditar que ejercieron su derecho al voto.

Los días laborables comprendidos en esta autorización tendrán carácter compensable. En el sector privado, la recuperación se definirá mediante un acuerdo entre trabajador y empleador. Si las partes no llegan a un entendimiento, la empresa decidirá la modalidad de compensación.

En el sector público, cada entidad tendrá que adoptar las medidas necesarias para no afectar la atención de servicios de interés general. Además, deberá establecer la forma en que sus servidores recuperarán las jornadas no trabajadas.

Trabajadores con turno el domingo tendrán tiempo para acudir a votar

Los empleados cuyas jornadas coincidan con el domingo 4 de octubre tendrán derecho a períodos de tolerancia al inicio o durante su horario laboral para acudir a votar. Estas horas también deberán compensarse posteriormente.

El decreto precisa que esta regla se aplica a quienes no estén comprendidos en el supuesto de traslado a otra localidad. Si un trabajador con turno electoral cumple además la función de miembro de mesa, podrá no laborar durante esa jornada, sin perjuicio del descanso adicional que corresponda según su situación.

La norma fue refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Fernando Galarreta Velarde, y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Manuel Kosme Sheput Moore.

La Universidad Peruana de Las Américas distinguió a profesionales vinculados con la función pública, la gestión de emergencias, la actividad académica y el sector empresarial durante una ceremonia realizada en su sede del centro de Lima.

Entre los reconocidos estuvieron José Francisco Aliaga Ramírez, supervisor de Independence Township, en Michigan; el magistrado del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Aarón Oyarce Yuzzelli, y Mario Casaretto La Torre, gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El encuentro se desarrolló después de que la casa de estudios obtuviera un nuevo licenciamiento institucional de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). La medida fue aprobada mediante la Resolución del Consejo Directivo N.° 0022-2026-SUNEDU-CD, emitida el 31 de julio de 2026. La resolución autorizó a la institución a ofrecer el servicio educativo universitario en dos locales de la capital peruana.

José Aliaga fue distinguido por su carrera política en Michigan

Uno de los reconocimientos centrales recayó en José Francisco Aliaga Ramírez, egresado de Derecho dicha universidad y político peruano radicado en Estados Unidos.

Aliaga ejerce como supervisor de Independence Township, localidad situada en el estado de Michigan. En 2024 postuló a la reelección para ese cargo, según el registro de candidatos del condado de Oakland.

Su actividad política en ese estado también incluyó vínculos con organizaciones republicanas. La universidad destacó la proyección internacional de su trayectoria, desarrollada tras su formación profesional en el Perú.

En 2023, Aliaga recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Callao. En esa ocasión, la institución reconoció su trayectoria y su trabajo con las comunidades peruana y latinoamericana en Estados Unidos.

Aarón Oyarce integra el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones

La ceremonia también reconoció a Aarón Oyarce Yuzzelli, quien ocupó el decanato de la Facultad de Derecho y otros cargos académicos en la referida universidad.

Oyarce es miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Los decanos de las facultades de Derecho de universidades privadas lo eligieron para el periodo 2023-2027 y asumió el cargo el 20 de febrero de 2023.

Su labor se mantiene activa durante el proceso electoral de 2026. El organismo registra su participación en sesiones y resoluciones del Pleno vinculadas con las elecciones generales y con los comicios regionales y municipales.

La universidad resaltó el recorrido académico de Oyarce y su posterior incorporación a una función relacionada con la administración de justicia electoral.

Mario Casaretto recibió una distinción por su trabajo en prevención de emergencias

El magíster Mario Carlos Casaretto La Torre, egresado de Administración, fue otro de los homenajeados. Casaretto ocupa la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima desde agosto de 2025, de acuerdo con el registro oficial de funcionarios de la comuna.

Su trayectoria profesional está ligada a la prevención y atención de emergencias, así como a su experiencia en el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú.

La distinción puso el foco en la gestión del riesgo de desastres, un área vinculada con la protección de la población frente a amenazas naturales y urbanas en Lima.

Un ejecutivo del sector logístico recibió la categoría de Visitante Distinguido

La universidad otorgó además la categoría de Visitante Distinguido a Fernandth De Leon, presidente de OPERMEX Supply Chain Services, compañía dedicada a servicios de cadena de suministro con presencia en el área metropolitana de Detroit.

La participación del ejecutivo permitió incorporar el vínculo entre la formación universitaria, las operaciones logísticas y la actividad empresarial internacional.

Durante el acto, la presidenta fundadora de la universidad, Lastenia Fernández Pérez, destacó las trayectorias de los homenajeados ante autoridades y estudiantes. La institución señaló que estas experiencias buscan servir como referencia para sus alumnos y reforzar el vínculo con sus egresados dentro y fuera del país.

El Castillo de Chancay busca ampliar su negocio más allá del turismo recreativo con la realización de un evento TEDx, la expansión de su oferta hotelera y el desarrollo de espacios para reuniones empresariales.

El grupo familiar prevé sumar 40 habitaciones frente al mar y consolidar una línea corporativa que hoy representa cerca del 10% de sus ingresos.

El TEDxChancay 2026 reunirá siete conferencias en el Salón de Versalles

El complejo será este sábado escenario del TEDxChancay 2026, un evento de charlas organizado de forma independiente bajo licencia de TED. La jornada tendrá siete conferencias a cargo de oradores nacionales, bajo el lema “Acciones que transforman vidas”.

La organización prevé una convocatoria total podría situarse entre 170 y 200 personas. El encuentro se realizará en el Salón de Versalles, uno de los ambientes del complejo que ya recibe bodas y reuniones empresariales.

Andrea Barreto Podestá, directora general del Castillo de Chancay, sostuvo que el encuentro representa una oportunidad de exposición para el recinto y para el corredor turístico del Norte Chico. “Queremos consolidarnos como un espacio donde también sucedan cosas importantes”, afirmó.

La ejecutiva señaló que los organizadores buscaban un escenario en el norte de Lima y seleccionaron el castillo tras evaluar sus instalaciones. Parte de los participantes se hospedará en el hotel del complejo durante la actividad.

El TEDx tendrá una escala limitada por su número de asistentes, aunque el grupo espera que funcione como una carta de presentación ante empresas, agencias y potenciales organizadores de convenciones. “Nos permite conectar con nuevos públicos”, dijo Barreto en diálogo con Infobae Perú.

Los eventos corporativos hoy representan el 10% de los ingresos

La realización del encuentro se relaciona con la estrategia de la empresa para desarrollar el segmento MICE —reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones—. Este mercado incluye capacitaciones, convenciones, actividades de integración, lanzamientos y otros eventos corporativos que requieren salones, alojamiento, alimentación y servicios turísticos.

Según Barreto, el turismo y la hotelería aportan alrededor del 90% de los ingresos del grupo. El 10% restante proviene de eventos corporativos, agencias y otros servicios asociados a visitantes empresariales. “El turismo es nuestro público principal”, explicó la directora general.

Aun así, precisó que el plan contempla reforzar la oferta dirigida a empresas mediante nuevos espacios, una mayor capacidad hotelera y servicios para grupos. La compañía informó que el número de turistas creció cerca de 30% durante el año, aunque no detalló el período de comparación ni la cantidad de visitantes.

El hotel registra una ocupación promedio anual próxima al 70% y llega al 100% de capacidad en temporada alta, de lunes a domingo, de acuerdo con la ejecutiva.

La expansión busca captar actividad durante más días de la semana, fuera de las visitas recreativas que predominan durante los fines de semana. Pero el plan también incluye una infraestructura que permita recibir encuentros empresariales de mayor tamaño.

El nuevo hotel frente al mar tendrá 40 habitaciones adicionales

La principal inversión proyectada por el grupo es la construcción de un nuevo hotel frente al océano. El edificio tendrá unas 40 habitaciones adicionales, todas con vista al mar, y elevará la capacidad total del complejo a cerca de 70 habitaciones.

La nueva infraestructura incluirá piscina, spa, gimnasio, salón de juegos, áreas comunes y un salón empresarial. Barreto indicó que la iniciativa apunta a una oferta de cinco estrellas, mientras que el hotel actual opera bajo una categoría de cuatro estrellas.

“Vamos a poder realizar eventos de mayor magnitud”, señaló la heredera familiar. La ampliación se complementaría con otros espacios que el grupo posee frente al castillo.

El terreno, ubicado a una cuadra del complejo, tiene entre siete y ocho hectáreas y funciona en la actualidad como estacionamiento y área para actividades masivas durante festividades.

El grupo evalúa vender lotes para vivienda junto a la carretera

El Castillo de Chancay ocupa unas cinco hectáreas. Además del predio frente al atractivo turístico, la familia propietaria cuenta con otros terrenos ubicados junto a la carretera, todos con extensiones superiores a una hectárea.

Barreto indicó que esos predios podrían destinarse a un proyecto de venta de lotes para primera vivienda. “Estamos pensando diversificar un poco”, afirmó. La empresa aún no informó el área total disponible, el número de lotes, los precios, los permisos, el cronograma ni la inversión requerida para habilitar los terrenos, pero ya lo vilsumbra.

Y es que el megapuerto de Chancay ha impulsado sobre todo la revalorización inmobiliaria de la zona, sostuvo la directora. Según su evaluación, el turismo extranjero todavía no alcanzó las expectativas previas a la puesta en marcha del terminal portuario.

El desafío para el grupo, por ahora, será convertir esa valorización y la mayor visibilidad de Chancay en una oferta concreta: más habitaciones, espacios para empresas, eventos nacionales y proyectos inmobiliarios con plazos definidos.

El TEDxChancay 2026 será una primera muestra de esa estrategia para ampliar un negocio que aún depende principalmente del turismo recreativo.

Solo el 12% de los interesados lograría acceder a un crédito hipotecario. Es justamente esta distancia entre quienes buscan una vivienda y quienes obtienen financiamiento la que limita las ventas del sector y obliga a revisar cómo se conecta a compradores, inmobiliarias y bancos.

El problema empieza antes de la visita a una sala de ventas. Muchas personas eligen un departamento, comparan precios y proyectan una cuota mensual sin saber si una entidad financiera aprobará el préstamo. “Hoy primero buscas la vivienda y después ves la forma de financiarla”, explicó Fabrizio Canoci, cofundador de HipoTech para Infobae Perú.

La evaluación tardía puede terminar en frustración para el comprador y en costos para las inmobiliarias, que destinan recursos a atender consultas sin conocer de antemano la capacidad crediticia de cada persona. En algunos casos, además, los bancos solicitan que el usuario presente una propiedad específica antes de iniciar la evaluación.

Cientos de consultas pueden terminar en una sola venta

La conversión de interesados en compradores es uno de los desafíos del mercado. Según cifras compartidas por Canoci, las inmobiliarias pueden cerrar ventas con apenas entre 0,3% y 0,8% de los contactos que dejan sus datos. En términos prácticos, eso significa que una operación puede requerir entre 100 y 300 personas interesadas.

Esta disyuntiva ha llevado a parte del sector inmobiliario a trasladar la evaluación inicial de los potenciales compradores a canales digitales. El objetivo es reducir el número de consultas que avanzan hacia una visita, una reserva o una solicitud de crédito sin que exista una referencia previa sobre la capacidad de pago.

“Desde el inicio, el usuario debe saber a qué rango de precios puede acceder”, afirmó Canoci. Según explicó, el cambio apunta a modificar una práctica habitual: buscar primero un inmueble y recién después conocer si el financiamiento será viable.

En este esquema, los datos declarados por el interesado y sus antecedentes crediticios disponibles se revisan antes de que las entidades financieras realicen una precalificación. Esto permite que compradores, inmobiliarias y bancos tengan una referencia inicial sobre las posibilidades de concretar la operación.

Las trabas que pueden frenar una compra antes de llegar al banco

La compra de una vivienda depende de varios pasos previos a la firma del contrato. Un problema en la evaluación financiera, la documentación o la coordinación entre las partes puede detener una operación incluso después de una visita al proyecto.

• Elegir sin conocer el monto disponible. El usuario puede interesarse por un departamento cuyo precio o cuota mensual supera el crédito al que podría acceder.
• Ingresos difíciles de demostrar. Trabajadores independientes o informales pueden tener capacidad de pago, pero no siempre cuentan con documentos suficientes para sustentarla ante una entidad financiera.
• Una respuesta no sirve para todos los bancos. La evaluación de un banco no garantiza la aprobación en otra institución, ya que cada una aplica sus propios criterios de riesgo y condiciones.
• Datos que no circulan entre las partes. Bancos, inmobiliarias y compradores suelen manejar información por separado, lo que puede duplicar trámites y retrasar decisiones.
• La cuota final puede cambiar la decisión. Tras conocer el financiamiento disponible, el comprador puede desistir si la inicial, las cuotas mensuales o los gastos asociados exceden su presupuesto.

“Solo el 12% de las personas con ingresos y ahorros que buscan viviendas valorizadas entre USD 60 mil y USD 150 mil logra obtener un crédito hipotecario, según Pedro Sevilla, director de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de ESAN”, recuerda el experto.

Techo Propio, una oportunidad de crecimiento

Canoci también identifica una oportunidad para las proptech en el segmento de Techo Propio, donde el subsidio estatal puede reducir una parte importante del precio de la vivienda, pero no siempre cubre el total de la compra.

En términos simples, una familia recibe el bono y aporta sus ahorros, pero todavía debe conseguir financiamiento para pagar el monto restante. Ahí surge el principal obstáculo: al acudir a un banco, muchas personas no encuentran un crédito hipotecario que cubra esa diferencia, sobre todo cuando se trata de préstamos pequeños y a plazos largos.

“Estas familias conforman la base de la demanda de vivienda y son las que requieren mayor apoyo para completar la compra. Techo Propio permite dar un primer paso, pero aún queda pendiente resolver cómo financiar el saldo. Hoy, en numerosos casos, ese crédito lo termina otorgando la propia inmobiliaria”, revela.

Esa falta de financiamiento abre espacio para que plataformas tecnológicas, cajas municipales, financieras y otras entidades evalúen a familias que hoy quedan fuera de la banca tradicional.

La tecnología, sostuvo Canoci, puede ordenar la información de los solicitantes y facilitar la conexión con alternativas de crédito formal para completar el bono y el ahorro familiar. Al final, todos merecen un hogar, explica.

El dato

• HipoTech invierte el proceso habitual de compra: primero realiza una precalificación financiera del usuario y, después, muestra proyectos inmobiliarios que se ajustan al monto que podría financiar. Así evita que la búsqueda comience por un departamento fuera de su alcance.
• La plataforma reporta una conversión de 2,2% entre sus usuarios, frente al rango de 0,3% a 0,8% que Fabrizio Canoci atribuye al mercado inmobiliario tradicional. En la práctica, equivale a pasar de una venta por cada 100 o 300 interesados a cerca de dos por cada 100.
• La plataforma reúne más de 130 proyectos inmobiliarios en Lima y Callao, trabaja con cinco bancos y evalúa expandirse hacia Arequipa y Trujillo.
• HipoTech fue seleccionada por ProInnóvate, programa estatal que financia iniciativas de innovación, para desarrollar su solución tecnológica de precalificación hipotecaria. La startup inició su piloto en enero de 2025 y proyecta llevar su plataforma a proyectos inmobiliarios fuera de Lima.

Un Niño fuerte puede afectar primero el presupuesto de los hogares que viven del ingreso diario. Las lluvias intensas, los cortes de vías y los problemas en la agricultura, la pesca y las actividades urbanas pueden reducir los ingresos familiares justo cuando sube el costo de los alimentos y crecen los gastos por salud.

“El problema es que estas familias tienen dos características que las exponen mucho durante una temporada de lluvias intensas: sus ingresos dependen del trabajo diario y destinan gran parte de ellos a alimentos”, explicó Germán Vega Acuña, doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Piura (UDEP), en entrevista con Infobae Perú.

Menos ingresos y una mayor parte del presupuesto para comer

Para quienes llegan con lo justo a fin de mes, el impacto no se limita a pagar más por una compra en el mercado. Si las lluvias interrumpen labores agrícolas, pesqueras, comerciales o de transporte, también puede caer el ingreso disponible en el hogar.

Vega Acuña advirtió que, ante ese escenario, las familias deberán usar “una proporción aún mayor de su presupuesto a alimentos”. Eso reduce el margen para cubrir otros gastos básicos, como el transporte, el pago de servicios o una eventual emergencia médica.

El economista alertó sobre el riesgo de una propagación de dengue en zonas expuestas. “Esto deja muy poco espacio para afrontar un eventual gasto en salud”, sostuvo.

Limón, papa y verduras pueden salir de la compra cotidiana

Los precios de alimentos frescos suelen reaccionar con rapidez cuando hay pérdidas de cosechas o dificultades para trasladar productos hacia los mercados. Entre los alimentos más expuestos, el especialista mencionó el limón, la cebolla, el tomate, la papa, las verduras y algunas frutas.

“El transporte es un punto clave. Si se interrumpen las vías de comunicación y a ello se suma un precio ya elevado de los combustibles, también encontraremos mayores precios en otros productos”, afirmó.

En los hogares de menores ingresos, el resultado puede ser una canasta más pequeña y menos diversa. Productos que antes formaban parte de la compra diaria pueden adquirirse en menor cantidad o dejar de comprarse durante semanas.

El punto de quiebre para las familias vulnerables

El riesgo alcanza también a quienes hoy no figuran como pobres, pero tienen ingresos inestables y poco ahorro. Según Vega Acuña, la pobreza en Perú se ubicó en 25,7% en 2025, mientras que 32,8% de la población es vulnerable en términos monetarios.

“Una emergencia como el fenómeno El Niño puede hacer que estas personas caigan en la pobreza debido a la pérdida de empleo, una enfermedad o el aumento de los precios de los productos básicos”, señaló.

Punto a punto: cómo puede afectar El Niño al hogar

Las lluvias pueden impedir que un trabajador llegue a su empleo o que un pequeño negocio abra con normalidad. Los cortes de carreteras elevan el costo de transporte y pueden encarecer alimentos.

La menor actividad en el agro y la pesca reduce ingresos en el norte del país. Una enfermedad, como el dengue, suma gastos médicos y días sin trabajar. La suspensión de clases puede obligar a las familias a reorganizar el cuidado de niños y adolescentes.

El empleo puede desaparecer antes que la vivienda

El especialista ubicó a la pesca y la agricultura entre las actividades que podrían sufrir mayores pérdidas de empleo si El Niño se intensifica. Las regiones del norte concentran una mayor exposición a estos eventos y dependen en buena medida de ambas actividades.

El efecto podría alcanzar a la manufactura primaria. Si los hogares reciben menos ingresos, también se resentirían el comercio y los servicios. “El golpe económico puede extenderse”, advirtió Vega Acuña.

La preocupación, añadió, también abarca a los colegios con infraestructura vulnerable. Para el economista, las autoridades deben acondicionar escuelas y ciudades para garantizar clases seguras durante la temporada de lluvias.

La exportación de oro de origen ilegal superó a la de procedencia legal durante el primer semestre de 2026, según estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE).

La entidad proyectó que este año los envíos irregulares representarían entre 52% y 55% del volumen total exportado y tendrían un valor de al menos USD 16 mil millones.

Los envíos ilegales aventajaron en 8,7 toneladas a los formales

El IPE indicó que las exportaciones de oro de origen ilegal crecieron 19,4% entre enero y junio, mientras que las de origen legal cayeron 5,9% en el mismo período.

Como resultado, el metal procedente de la minería ilegal superó en 8,7 toneladas a las exportaciones formales durante la primera mitad del año. El volumen asociado a esa actividad representó 54% del total de oro enviado al exterior por Perú, de acuerdo con las estimaciones difundidas este 17 de septiembre.

La institución calculó que, al cierre de 2026, las exportaciones ilegales alcanzarían por lo menos 110 toneladas. La cifra incluso podría superar las 120 toneladas, lo que consolidaría su predominio sobre la producción formal dentro del comercio exterior aurífero peruano.

El alza del oro impulsa el valor de los envíos irregulares

El precio internacional del oro promedió USD 4.500 por onza en lo que va de 2026, 44% más que en el mismo tramo de 2025, cuando se ubicó cerca de USD 3.125, según los datos citados por el IPE.

JP Morgan proyectó que el promedio anual llegaría a USD 4.545 por onza. Esa cotización duplicaría el promedio registrado durante los últimos cinco años, de acuerdo con la entidad.

Bajo ese escenario, el valor exportado del oro de origen ilegal llegaría a USD 16 mil millones y podría exceder los USD 18 mil millones. El cálculo mínimo supone un aumento de 39% frente a los USD 11.500 millones estimados para 2025 y equivale a casi nueve veces el monto registrado una década atrás.

El IPE sostuvo que la minería ilegal se consolidó como la actividad ilícita con mayor generación de recursos en el país. Sus ingresos, según sus estimaciones, duplicarían el tamaño conjunto de otras economías criminales.

El Reinfo solo formalizó a 2% de sus inscritos desde 2016

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) fue creado en 2016 como un mecanismo temporal para ordenar la situación de pequeños mineros y mineros artesanales. Sin embargo, el IPE señaló que apenas 2% de los inscritos culminó el proceso de formalización.

El registro fue prorrogado en cinco ocasiones y mantiene vigencia hasta diciembre de 2026. El Ministerio de Energía y Minas no descartó una nueva ampliación, según el comunicado.

La entidad cuestionó que la inscripción en el Reinfo exima de responsabilidad penal a quienes figuran dentro del registro. A su juicio, ese marco facilitó la expansión de operaciones en zonas restringidas, entre ellas áreas naturales protegidas, reservas indígenas y espacios arqueológicos.

La expansión alcanza minas formales y proyectos aún sin ejecutar

El IPE indicó que la minería ilegal también afecta operaciones formales como Poderosa, en La Libertad, y Las Bambas, en Apurímac. Asimismo, la institución advirtió graves riesgos sobre áreas destinadas a proyectos mineros como Conga, Michiquillay, Los Chancas y Haquira.

Esas iniciativas concentran más de USD 12 mil millones en inversiones potenciales. El avance de la actividad ilegal, señaló, puede generar conflictos por el control territorial y limitar el desarrollo de nuevos proyectos extractivos.

El instituto propuso cerrar de manera definitiva el Reinfo y establecer un proceso de formalización con plazos definidos. También planteó fortalecer la trazabilidad del oro, sostener la fiscalización en las zonas afectadas y ampliar la cooperación con otros países para seguir la ruta comercial del mineral.

El patrimonio administrado por los fondos mutuos en Perú alcanzó un récord de S/ 64.769 millones al cierre de agosto de 2026, mientras que el número de partícipes superó los 530 mil inversionistas.

Los datos de la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (FMP) reflejan un crecimiento anual tanto en los recursos gestionados como en la cantidad de personas que mantienen inversiones en estos productos.

El patrimonio avanzó 15,48% en los últimos doce meses

El monto total administrado por la industria llegó a S/ 64.769 millones, lo que implicó un alza de 15,48% frente a agosto de 2025. En comparación con julio, el incremento fue de 0,59%.

La cantidad de partícipes se situó en 530.332. Esa cifra representó una expansión de 14,55% en relación con el mismo mes del año anterior y de 0,69% frente al registro mensual previo.

Según la FMP, durante los primeros ocho meses de 2026 el número de inversionistas creció 8,23%, mientras que el patrimonio administrado aumentó 10,30%. La evolución consolida una mayor presencia de estos instrumentos dentro de las alternativas de ahorro e inversión disponibles en el sistema financiero peruano.

La oferta llegó a 216 alternativas de inversión

Fernando Osorio, secretario general de la FMP, informó que la industria cuenta actualmente con 216 fondos mutuos. Los productos ofrecen distintas estrategias, monedas, plazos y niveles de exposición a instrumentos de deuda, acciones o mercados internacionales.

La asociación indicó que algunas opciones permiten aportes iniciales desde S/ 20 o USD 5. La comercialización se realiza por medio de bancos, entidades financieras y agentes de bolsa autorizados por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Entre las administradoras con productos disponibles figuran BBVA Asset Management SAF, Credicorp Capital SAF, Fondos Sura SAF, Interfondos y Scotia Fondos.

Los fondos de acciones encabezaron la rentabilidad en soles y dólares

El desempeño fue positivo en todas las categorías durante agosto, de acuerdo con el reporte sectorial. Entre los fondos denominados en soles, Sura Acciones registró la mayor rentabilidad acumulada en 2026, con 30,75%, y alcanzó un retorno de 52,01% en los últimos doce meses.

También destacaron Credicorp Capital Crecimiento VCS, con una ganancia de 34,42% en el último año, y BBVA Dinámico Global S/, que obtuvo una rentabilidad de 12,16% en ese período.

En dólares, el mejor resultado correspondió a Van Eck El Dorado Perú ETF, que acumuló una rentabilidad de 34,69% en lo que va de 2026 y de 69,65% en los últimos doce meses.

Dentro de los productos en moneda estadounidense, Credicorp Capital Acciones obtuvo un retorno anual de 60,11%, mientras que Credicorp Capital Acciones Asia alcanzó 41,46%.

El avance de los mercados internacionales favoreció a la industria

La FMP atribuyó parte del resultado mensual a factores externos. Durante agosto, los mercados recibieron señales mixtas sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en un escenario marcado también por la debilidad global del dólar y el avance de los activos de mercados emergentes.

El índice MSCI Emerging Markets subió 3,4% durante agosto y acumuló una ganancia de 24,3% en los primeros ocho meses del año. El MSCI World, que reúne acciones de mercados desarrollados, avanzó 2,6% en el mes y 13,4% desde enero.

En el ámbito local, el sector minero de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) encabezó las ganancias, con un avance cercano a 37% en soles entre enero y agosto, impulsado por la cotización de los metales. El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo su tasa de referencia en 4,25% durante agosto.

La Contraloría General de la República del Perú detectó deterioro y falta de conservación en la nueva Planta de Ventas de Petroperú S.A. en Puerto Maldonado, una obra cuyo presupuesto inicial fue de S/ 18,2 millones y cuyo costo total comprometido llegó a S/ 78.675.666,49.

El Informe de Visita de Control N.° 12067-2026-CG/GRMD-SVC advierte que están en riesgo S/ 67.511.589,42 ya invertidos en el proyecto de Madre de Dios.

La planta fue diseñada para almacenar 50 mil barriles de combustibles

La inspección se realizó entre el 24 y el 26 de agosto de 2026 en la provincia de Tambopata. El proyecto Nueva Planta de Abastecimiento Puerto Maldonado se ubica en el sector El Castañal, en el kilómetro 15 de la carretera Puerto Maldonado-Cusco.

La iniciativa se aprobó en 2012 con la meta de ampliar la participación de la estatal en el mercado local de combustibles y reducir costos de transporte locales. La infraestructura contempla una capacidad de almacenamiento de 50 mil barriles de diésel y gasolinas.

El proyecto incluye tanques, instalaciones administrativas, sistemas de seguridad, redes eléctricas, drenajes, estacionamientos y equipos operativos. Su presupuesto oficial inicial fue de S/ 18,2 millones.

El contrato de 2018 elevó el valor de la obra a más de S/ 65 millones

En 2018, Petroperú contrató a Tecnitanques Ingenieros S.A.S. Sucursal del Perú para ejecutar la obra por S/ 65.245.000, con un plazo de 420 días. El acta de entrega del terreno se suscribió el 14 de octubre de 2019.

Luego de ampliaciones de plazo, adendas contractuales y reconocimientos de gastos, el costo total comprometido alcanzó S/ 78.675.666,49. La cifra representa un aumento de aproximadamente 20,58% frente al monto contratado en 2018 y más de cuatro veces el presupuesto inicial de S/ 18,2 millones.

La construcción quedó virtualmente paralizada el 15 de diciembre de 2021. De acuerdo con los documentos revisados por la Contraloría, el contrato principal alcanzó un avance físico de 84,48%, mientras que la supervisión externa de Cumbra Ingeniería S.A. consignó un avance de 95,78%.

Petroperú planteó rescindir el contrato y la obra sigue sin actividad

En noviembre de 2024, la gerencia técnica de Petroperú recomendó la rescisión del contrato por mutuo disenso, ante la imposibilidad de garantizar la continuidad y rentabilidad del proyecto bajo las condiciones vigentes.

Tecnitanques aceptó la terminación del vínculo contractual el 28 de agosto de 2025. La obra permanece en reevaluación integral y no registra trabajos en curso.

Contraloría halló corrosión, filtraciones y materiales cubiertos por maleza

La entidad constató una falta de conservación y protección de materiales, equipos e infraestructura. Esa situación puede afectar la calidad, funcionalidad y vida útil de los activos, además de comprometer los S/ 67.511.589,42 invertidos:

• Materiales expuestos a humedad y vegetación: placas y columnas apiladas bajo maleza, estructuras metálicas oxidadas, componentes cubiertos y accesos internos invadidos por vegetación.
• Sistemas eléctricos dañados: filtraciones de agua en la subestación eléctrica, puertas afectadas por un incendio cercano y transformadores sin protección aislante adecuada.
• Equipos críticos en riesgo: un generador eléctrico permanecía al aire libre, sin impermeabilización, expuesto a la lluvia y a un eventual deterioro por oxidación.
• Tanques de combustible oxidados: la inspección identificó corrosión en paredes externas, bridas, válvulas, soldaduras, escaleras y tuberías.
• Desprotección en sistemas contra incendios: tuberías y válvulas expuestas, cubiertas por vegetación y con señales de corrosión. El tanque de agua era parcialmente inaccesible por la maleza.
• Mal estado de fosas y drenajes: depósitos para residuos de hidrocarburos con acumulación de agua y drenajes taponados por falta de mantenimiento.

El presidente de Petroperú debía responder en cinco días hábiles

La Contraloría notificó el 7 de septiembre de 2026 a Oliver Thomas Alexander Stark Preuss, presidente de Petroperú, para que informe las acciones preventivas y correctivas adoptadas. El plazo otorgado fue de 5 días hábiles.

El informe recordó que la empresa contratista tenía la obligación de proteger los trabajos, materiales, suministros y equipos incluso durante la paralización.

La falta de medidas de resguardo, según la entidad de control, compromete la futura puesta en operación de una planta proyectada para abastecer de combustibles a Puerto Maldonado y otras zonas de Madre de Dios.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) puso en consulta pública un proyecto que plantea que las entidades financieras ofrezcan una alternativa libre de costo en los planes de servicios sujetos a comisión. La propuesta también exige que los usuarios cuenten con, al menos, un canal gratuito para disponer de efectivo desde productos activos.

El documento, cuya difusión fue autorizada mediante la Resolución SBS N.º 02275-2026, modifica dos normas: el Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero y el Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero. La entidad recibirá comentarios y observaciones hasta el 2 de octubre, dentro de un plazo de 15 días calendario.

Los planes con comisiones deberán incluir una opción sin pago

La propuesta responde a la aparición de planes o esquemas que agrupan servicios financieros y no financieros a cambio de una comisión. En esos paquetes pueden figurar beneficios, seguros, programas de fidelidad u otras prestaciones asociadas a cuentas, tarjetas u otros productos.

La SBS plantea que, cuando una empresa comercialice uno de estos planes, también deba poner a disposición del cliente una alternativa sin costo. La entidad tendría que informar sobre esa opción antes de la contratación y conservar el sustento de que cumplió con ese deber.

El texto también establece que las compañías deberán detallar los servicios financieros incluidos en cada paquete. Cuando corresponda, deberán informar los límites y las condiciones aplicables, como el número de operaciones cubiertas o los cargos que podrían aplicarse una vez superados los topes previstos.

La norma busca evitar que los clientes contraten un plan sin conocer con precisión qué servicios abarca, bajo qué condiciones se prestan y si hay una modalidad gratuita disponible.

La disposición de efectivo deberá tener una vía libre de comisión

Otro punto del proyecto se refiere a la disposición de efectivo, una operación que la SBS considera inherente a los productos activos. La propuesta dispone que las entidades garanticen la existencia de un canal libre de costo para retirar o disponer de dinero, sin importar el medio por el cual el usuario contrató el producto.

La medida no elimina los intereses u otros cargos propios de un crédito. La regla se limita a la comisión por el canal utilizado para efectuar la disposición de efectivo.

Por ejemplo, si una persona requiere retirar dinero desde una línea de crédito, la entidad podría mantener canales que impliquen costos, pero tendría que ofrecer al menos una vía sin comisión. El proyecto no precisa si ese canal deberá ser una agencia, un cajero, una aplicación u otro medio habilitado por la empresa.

La nueva comisión de planes agruparía servicios financieros y beneficios

El texto propone incorporar formalmente la comisión denominada “Plan de servicios” dentro del Reglamento de Comisiones y Gastos del Sistema Financiero. Esta categoría cubriría la gestión de un paquete que incluya servicios financieros contemplados en la norma y otros no financieros, como programas de fidelidad.

La comisión correspondería al plan en su conjunto. Mientras el usuario permanezca dentro de los límites y condiciones fijados, los servicios comprendidos no podrían recibir un cobro individual adicional.

También se actualiza la descripción de la membresía anual de las tarjetas de crédito. Esa comisión puede incluir la gestión de servicios financieros, procesamiento anual de la cuenta, seguros y prestaciones no financieras relacionadas con beneficios o programas de fidelidad.

Las entidades tendrían 180 días para adecuarse si se aprueba la norma

El proyecto se encuentra en consulta pública y todavía no constituye una obligación vigente. Ciudadanos, empresas supervisadas y organizaciones pueden remitir comentarios durante los 15 días calendario establecidos por la resolución publicada el 16 de septiembre.

Si la SBS aprueba la versión definitiva con un plazo similar al propuesto, las entidades financieras contarían con 180 días calendario para adecuar sus contratos, canales de atención y mecanismos de información. El documento no detalla cuántas empresas aplican actualmente estos planes, los montos cobrados ni la cantidad de usuarios alcanzados.

El Gobierno presentó oficialmente PERUMIN 38, la próxima edición de la Convención Minera que se realizará en Arequipa en septiembre de 2027.

Durante el lanzamiento, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, adelantó que su sector busca acelerar permisos y facilitar el avance de inversiones como Zafranal, Galeno y Michiquillay, dentro de una estrategia orientada a elevar el crecimiento de la economía peruana al 6%.

Minem apunta a acelerar permisos para destrabar inversiones mineras

Shinno señaló que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) trabaja para que los proyectos de inversión puedan ingresar con mayor rapidez. El funcionario vinculó el avance de la cartera minera con la meta de crecimiento económico planteada por el Gobierno.

“Nosotros vamos a trabajar porque cada proyecto minero ingrese lo más rápido posible”, afirmó durante la ceremonia de lanzamiento de la convención. También sostuvo que el objetivo de crecer al 6% requiere que las iniciativas privadas avancen sin demoras.

Entre los proyectos mencionados figuran Zafranal, una iniciativa de cobre y oro ubicada en Arequipa; Galeno, proyecto cuprífero situado en Cajamarca; y Michiquillay, también vinculado a la producción de cobre en esa región. El ministro incluyó además la ampliación de Cerro Verde, Tía María, La Granja y el proyecto de plata Corani.

La lista reúne iniciativas que se encuentran en distintas etapas de desarrollo y que requieren permisos, definición de condiciones operativas o avances en sus procesos de inversión. El Minem no detalló qué medidas específicas aplicará a cada uno de los proyectos citados.

Arequipa concentra proyectos y volverá a ser sede de la convención

Durante su intervención, Shinno destacó el potencial minero de Arequipa, donde se desarrollará PERUMIN 38 entre el 20 y el 24 de septiembre de 2027. La sede será el Campo Ferial Cerro Juli y la presidencia del encuentro estará a cargo de Víctor Gobitz.

La convención tendrá como lema “Integración y formalización para el desarrollo regional”. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), organizador del evento, informó que la agenda buscará abordar los retos de la industria, la relación con las regiones, la formalización de pequeños mineros, la infraestructura y la articulación entre el Estado, las empresas y la academia.

PERUMIN es uno de los encuentros mineros más grandes de América Latina. En su edición de 2025, realizada también en Arequipa, reunió a cerca de 65 mil asistentes, más de 1.200 stands y 740 organizaciones públicas y privadas.

La exploración aparece como una prioridad para ampliar la cartera

El titular del Minem remarcó que la exploración resulta necesaria para madurar futuros proyectos de inversión. En ese sentido, anunció que el Ejecutivo prepara iniciativas destinadas a facilitar los permisos para esa fase de la actividad minera.

“Es claro que la exploración es vital para poder conseguir madurar los proyectos de minería”, dijo Shinno. El ministro no precisó la fecha de presentación ni el contenido de las medidas que prepara su cartera.

La exploración permite identificar y evaluar recursos minerales antes de que una iniciativa pase a etapas de ingeniería, construcción y operación. La agilización de permisos figura entre los pedidos recurrentes de empresas y gremios del sector, aunque el desarrollo de cada proyecto depende también de aspectos sociales, ambientales, territoriales y financieros.

El Gobierno también prepara una reforma para hidrocarburos

El ministro adelantó que el Ejecutivo trabaja en una reforma del marco legal aplicable al sector hidrocarburos. El objetivo, según explicó, es elevar la competitividad del país frente a otras naciones de la región y atraer inversiones que permitan incrementar las reservas de petróleo y gas natural.

Shinno también destacó que Estados Unidos será País Aliado de PERUMIN 38. El funcionario consideró que esa participación puede reforzar los vínculos de inversión y cooperación bilateral en minería y energía.

La edición de 2027 incluirá espacios como la Cumbre Minera, la Exhibición Tecnológica Minera (EXTEMIN), el Foro de Tecnología, Innovación y Sostenibilidad, el Encuentro Internacional y PERUMIN Jóvenes. El IIMP también prevé desarrollar actividades previas en distintas regiones mediante la agenda Rumbo a PERUMIN.

Tal como adelantó Infobae Perú, la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ordenó el retiro inmediato de todas las presentaciones y lotes de las aguas de mesa Timonel y Lybre tras detectar la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa. La medida alcanza a productos fabricados en 2026 y se aplica en supermercados, bodegas, mercados y distribuidores de todo el país.

La alerta sanitaria, identificada con el código A005006 y emitida el 17 de septiembre, advierte que el microorganismo hallado en diversos lotes constituye un indicador de contaminación. Según la autoridad sanitaria, puede provocar infecciones y enfermedades, con mayor riesgo para personas que tienen el sistema inmunológico debilitado.

Retiran del mercado las aguas Timonel y Lybre por contaminación bacteriana

La disposición de Digesa comprende toda el agua de mesa sin gas comercializada bajo las marcas Timonel y Lybre. La alerta no precisa el número de unidades involucradas, aunque establece que el retiro debe aplicarse a todos los lotes y presentaciones disponibles en el mercado.

Los comercios y distribuidores deben retirar los productos de exhibición y suspender su venta. Además, tienen que comunicar la medida a las autoridades sanitarias de sus respectivas jurisdicciones, entre ellas las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS), las Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y las Direcciones Regionales de Salud (Diresa).

Digesa exhortó a las entidades sanitarias locales y a los gobiernos municipales a realizar inspecciones para constatar que las botellas hayan sido retiradas. La medida busca evitar que los productos permanezcan disponibles para el público en puntos de venta formales o pequeños comercios.

La bacteria puede afectar con mayor intensidad a personas vulnerables

La presencia de _Pseudomonas aeruginosa_ en agua embotellada supone un riesgo sanitario, en especial para personas con defensas bajas o condiciones médicas previas. La autoridad indicó que el hallazgo confirma contaminación en el producto y fundamenta la aplicación de medidas de seguridad.

La recomendación dirigida a los consumidores es no adquirir ni consumir agua Timonel o Lybre, sin importar el formato de la botella o el lote. Quienes ya tengan unidades en sus domicilios deben evitar beberlas y comunicarse con el proveedor para coordinar las acciones de retiro.

Digesa habilitó el correo electrónico digesaconsul@minsa.gob.pe para recibir consultas y reportes relacionados con la alerta. La entidad señaló que la información sobre el caso puede actualizarse de acuerdo con el avance de las acciones de control sanitario.

Indecopi dio cinco días hábiles a la empresa para informar sus medidas

Tras la alerta de Digesa, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) solicitó información a Innovación y Comercialización Brands Perú S.A.C. (INCO Brands Perú S.A.C.), empresa vinculada a la comercialización de los productos.

El proveedor cuenta con cinco días hábiles, desde el día siguiente de la notificación, para remitir información sobre los lotes y las unidades alcanzadas, las regiones donde se distribuyeron las aguas, las comunicaciones enviadas a consumidores y proveedores, y las medidas previstas para atender los reclamos o devoluciones.

El requerimiento también incluye los canales que la empresa habilitará para los consumidores afectados. Indecopi informó que mantiene el seguimiento del caso dentro de sus atribuciones de protección al consumidor.

La entidad recordó que fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deben informar sobre riesgos asociados a productos puestos en el mercado. Si se comprueba una infracción a las normas del Sistema de Alertas de Consumo, las sanciones pueden llegar a 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de las medidas correctivas que correspondan.

Más de 700 productores de café, cacao y palma aceitera de Ucayali, Junín, Huánuco y Pasco fortalecen sus sistemas de trazabilidad y sus prácticas agrícolas para responder a las exigencias del mercado europeo.

El objetivo es que sus cultivos acrediten que no proceden de áreas deforestadas, una condición que establece el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR).

La ubicación de cada parcela se volvió un requisito comercial

La calidad del café, el cacao o el aceite de palma ya no basta para ingresar a Europa. La normativa europea exige información verificable sobre el origen de las materias primas y la localización de las parcelas donde fueron producidas.

En ese escenario trabaja Amazonía Link, una iniciativa que acompaña a productores y organizaciones agrícolas en el proceso de adaptación a las nuevas reglas comerciales.

El proyecto está a cargo de la Organización Solidaridad junto con el Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Amazonía (IDSA), dentro del componente de apoyo al sector privado del programa AL-INVEST Verde.

La iniciativa utiliza herramientas de información geográfica para revisar si existen registros de pérdida de bosque en las zonas de cultivo. Mediante la plataforma GeoCultivate se analizaron cerca de 60 mil kilómetros cuadrados de territorio, una extensión equivalente a unos 8,4 millones de canchas de fútbol.

A partir de ese trabajo, 737 productores cuentan con sus predios georreferenciados, con datos sobre la ubicación y los límites de cada parcela.

Además, obtuvieron más de 1.700 reportes que certifican ausencia de deforestación en sus campos. Esa información permite a las organizaciones demostrar el origen de sus productos ante compradores y operadores de las cadenas de suministro europeas.

Café, cacao y palma reúnen a miles de familias productoras

La adaptación a la EUDR tiene impacto sobre actividades que concentran una parte relevante de las agroexportaciones peruanas. En 2025, el café, el cacao y la palma aceitera representaron cerca del 25% de las agroexportaciones nacionales e involucraron a más de 380 mil familias, en su mayoría pequeños productores.

En el caso del café y el cacao, cerca del 40% de la producción se dirige al mercado europeo, de acuerdo con estimaciones de Solidaridad elaboradas a partir de datos oficiales. La posibilidad de cumplir con los criterios de trazabilidad y libre deforestación resulta determinante para sostener esas exportaciones.

El programa también incorpora Cultivate, una plataforma digital que ofrece microcursos a través de WhatsApp. La herramienta se complementa con talleres presenciales bajo la modalidad “Formando formadores”, destinados a técnicos y productores que luego transmiten los conocimientos dentro de sus cooperativas y comunidades.

“Los talleres involucran a toda la familia productora. Participan esposas, hijos e hijas, incluso los más pequeños, quienes también aprenden y empiezan a incorporar estas herramientas”, afirmó Keila Capcha Cisneros, gestora de Cultivate en Ucayali.

Las cooperativas aplican cambios en sus fincas

En Junín, 200 caficultores de las cooperativas Valle Ubiriki y ACPC Pichanaki reciben asistencia técnica en producción sin deforestación, compostaje y manejo de sombra. En Ucayali, 258 productores de cacao de la Cooperativa Colpa de Loros participan en el proyecto y 250 ya implementan composteras para aprovechar la materia orgánica.

La iniciativa también trabaja con más de 200 productores de palma aceitera vinculados a APROMAN, ASPASH, Innovapalma y el Programa Palma Orgánica. Entre las prácticas promovidas figuran el uso de biofertilizantes líquidos y pruebas de sistemas agroforestales.

“Demostrar dónde y cómo se produce será cada vez más importante para participar en cadenas de suministro internacionales”, señaló Bryan Vela, analista técnico de cacao de Solidaridad.

La inteligencia artificial ya puede convertir una reunión en una transcripción, un resumen y una lista de tareas en pocos minutos. Pero ese mismo proceso transforma conversaciones internas en archivos que pueden contener datos de clientes, precios, decisiones comerciales y referencias a trabajadores.

En este sentido, el desafío hoy para las empresas es aprovechar esas herramientas sin perder control sobre información sensible, según un análisis de la plataforma peruana Grabar IA. ¿Qué escenarios se abren?

Cuando una reunión deja de ser privada y pasa a ser un archivo

Juan Luis Auccatoma, creador de Whaticket y fundador de Grabar IA, señala que la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en reuniones laborales exige revisar las prácticas de privacidad y protección de datos.

El punto central, según plantea, es que una conversación interna puede pasar a convertirse en un archivo que concentra información de valor para la compañía y sus trabajadores.

Las grabaciones pueden incluir precios, estrategias comerciales, información financiera, datos personales, evaluaciones laborales y conversaciones con clientes.

A diferencia de una minuta, que suele condensar acuerdos y decisiones, el registro completo conserva intervenciones, contexto y referencias que no necesariamente deberían estar disponibles para todos los miembros de una organización.

“La tecnología no reemplaza las obligaciones de la organización que decide grabar. Cada empresa debe establecer sus políticas internas y revisar legalmente sus casos de uso”, señaló Auccatoma.

Datos, accesos y plazos: las reglas que deben fijarse antes de usar IA

De acuerdo con el experto, una empresa que incorpore una herramienta de este tipo debería evaluar, como mínimo, los siguientes aspectos:

• Aviso previo a los participantes: informar antes de la reunión que la conversación será grabada y analizada mediante una herramienta automatizada.
• Finalidad del registro: explicar para qué se utilizará la información, ya sea para elaborar una minuta, documentar acuerdos, ordenar pendientes o asignar tareas.
• Datos que se conservarán: precisar qué contenido quedará almacenado y por cuánto tiempo, incluidos el audio, la transcripción, los resúmenes y los compromisos detectados.
• Personas autorizadas: definir quiénes podrán acceder a las grabaciones, transcripciones o resúmenes y restringir la consulta a quienes tengan una necesidad vinculada con el trabajo.
• Información sensible: considerar que ciertas reuniones pueden contener datos personales, precios, estrategias comerciales, información financiera, evaluaciones laborales o conversaciones con clientes.
• Uso posterior del contenido: evitar que una grabación autorizada para elaborar un resumen se use luego para una finalidad distinta de la que se informó a los participantes.
• Medidas de seguridad: revisar permisos de acceso, cifrado, almacenamiento, eliminación de archivos y protocolos ante posibles incidentes.

El fundador de Grabar IA también señaló que las empresas deben comunicar cómo los participantes pueden ejercer sus derechos y, cuando corresponda, solicitar el consentimiento.

Así, la compañía deberá revisar además si existen transferencias internacionales de datos, en especial cuando el procesamiento o almacenamiento se realiza mediante proveedores tecnológicos ubicados fuera del Perú.

De la minuta al registro completo de una conversación laboral

Con todo, Auccatoma destaca que estas herramientas pueden reducir el tiempo que los equipos destinan a tomar apuntes, redactar minutas, revisar grabaciones y rastrear compromisos repartidos entre correos, chats y documentos.

“También pueden ayudar a evitar reuniones repetidas o retrasos derivados de tareas que quedaron sin un responsable o una fecha definidos”, explicó.

Como referencia, planteó el caso de un trabajador que dedica 15 minutos a ordenar la minuta y los pendientes de cada reunión. Si participa en cuatro encuentros semanales, podría recuperar cerca de una hora por semana, o unas cuatro horas al mes, dijo.

Para calcular el posible impacto económico en una organización, propuso multiplicar las horas recuperadas por el costo por hora de los trabajadores involucrados. Eso ya depende de cada firma.

El fundador señaló, además, que el beneficio no se limita al tiempo administrativo. Cuando los acuerdos quedan dispersos, una empresa puede perder información relevante para ventas, soporte, desarrollo de productos o coordinación interna.

“La posibilidad de volver a una conversación y ubicar el origen de una decisión, una objeción comercial o una tarea pendiente puede reducir errores de ejecución y facilitar el seguimiento de compromisos”, sentenció.

El dato

• Grabar IA, creada por el emprendedor peruano Juan Luis Auccatoma, graba y transcribe reuniones para identificar acuerdos, responsables, plazos y tareas pendientes.
• La plataforma busca ordenar decisiones que suelen quedar dispersas entre correos, chats, notas y grabaciones, con el fin de facilitar el seguimiento de compromisos dentro de los equipos.
• Funciona en Windows y macOS, puede utilizarse en reuniones virtuales o presenciales y está disponible en Perú, Colombia y México.

Un proyecto del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) habilita descuentos de hasta 32% en acuerdos por cárteles y permite cerrar otros procedimientos con remedios, aportes económicos y, en determinados supuestos, sin admisión de responsabilidad.

La propuesta ordena los criterios para aplicar los compromisos de cese, un mecanismo que permite concluir de manera anticipada investigaciones por conductas que restringen la competencia. El documento busca ofrecer una alternativa a los procedimientos sancionadores que, según su exposición de motivos, suelen ser complejos, costosos y extensos.

La medida no implica que los acuerdos de precios, los abusos de posición dominante o las restricciones verticales dejen de estar prohibidos. La autoridad conservará la facultad de rechazar los compromisos cuando considere que las medidas ofrecidas no corrigen los efectos de la conducta o no garantizan una reparación suficiente.

Los cárteles requerirán reconocimiento y un aporte económico

El proyecto establece dos modalidades. Los compromisos Tipo A estarán dirigidos a cárteles, como la fijación de precios, el reparto de clientes, territorios o cantidades, y la coordinación en licitaciones.

Las empresas o personas investigadas bajo esta figura deberán reconocer su participación en los hechos imputados. Además, tendrán que ofrecer medidas correctivas y un aporte económico asociado al propósito de enmienda. En casos que involucren bienes o servicios esenciales, el acuerdo podrá incluir compensaciones directas para consumidores.

El descuento sobre ese aporte podrá llegar a 32%, de acuerdo con las circunstancias del expediente. El monto se calculará con parámetros similares a los usados para establecer multas, aunque no tendrá formalmente esa naturaleza.

La propuesta busca que el incentivo sea mayor al disponible para quien reconoce los cargos y paga pronto una multa, pero menor que los beneficios previstos por el Programa de Clemencia. De ese modo, Indecopi intenta preservar el atractivo de la colaboración de empresas o personas que entregan información para detectar un cártel.

En abusos de dominio no será obligatorio admitir responsabilidad

Los compromisos Tipo B se aplicarán a casos de abuso de posición dominante, prácticas colusorias verticales y determinadas conductas horizontales sujetas a una evaluación de sus efectos en el mercado.

En esta vía, el investigado podrá plantear una solución sin reconocer de manera formal su responsabilidad. A cambio, deberá presentar remedios capaces de restablecer las condiciones de competencia, como cambios contractuales, eliminación de cláusulas restrictivas, acceso a información, programas de cumplimiento o monitoreo de sus operaciones.

La exposición de motivos advierte que esta modalidad debe utilizarse de manera selectiva. El texto señala que un uso excesivo de compromisos sin medidas suficientes podría reducir la capacidad de disuasión frente a futuras infracciones y limitar la creación de precedentes públicos sobre las conductas permitidas y prohibidas.

Las compensaciones podrán llegar antes a los afectados

El documento incorpora de forma expresa la posibilidad de que las empresas ofrezcan resarcimientos directos a consumidores, instituciones públicas o entidades sociales. El objetivo es reducir la espera de los afectados hasta la conclusión de procesos administrativos y judiciales.

Como antecedente, el proyecto menciona un caso en Madre de Dios por una presunta concertación de precios de agua en bidones. Las compañías investigadas ofrecieron la entrega de 1.583 bidones de 20 litros, valorizados en S/ 10 cada uno, a usuarios e instituciones de la región.

Las medidas también podrán incluir el cese inmediato de la práctica, la venta de activos, la modificación de contratos, capacitaciones y fondos administrados mediante fideicomisos para investigación y promoción de la competencia.

El procedimiento tendrá plazos y reserva de la información

Los investigados podrán realizar consultas dentro de los 45 días posteriores a la notificación de cargos. La negociación formal tendrá un plazo de hasta 60 días hábiles, con una extensión excepcional de 20 días.

Los aportes económicos podrán pagarse entre 12 y 60 cuotas mensuales o entre dos y seis cuotas anuales. El trámite será confidencial hasta la decisión final, aunque Indecopi podrá someter algunos acuerdos a consulta pública cuando tengan impacto amplio en el mercado.

El Gobierno peruano dispuso que el Sistema de Gestión de Notificaciones y Alertas de Inocuidad Alimentaria (SIGESNOT) se integre a la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE).

La medida busca centralizar el intercambio de información entre las autoridades sanitarias ante riesgos detectados en alimentos, bebidas, piensos y productos vinculados con el comercio exterior.

Alertas por alimentos contaminados y plagas circulaban por vías separadas en Perú

El decreto modifica el Reglamento de la Ley N° 30860, que regula el fortalecimiento de la VUCE. A partir de esta modificación, el SIGESNOT pasa a ser uno de los servicios de esa plataforma estatal, que ya permite tramitar documentación e intercambiar información sobre el ingreso, salida o tránsito internacional de mercancías.

El sistema permitirá que las autoridades sanitarias registren alertas y notificaciones procedentes de fuentes nacionales e internacionales.

También podrá conectarse con otras plataformas para compartir datos, elaborar informes y producir estadísticas sobre los riesgos identificados.

La norma apunta a ordenar el flujo de información cuando surge una advertencia vinculada con la inocuidad de un producto. Puede tratarse de una alerta por contaminación, por la presencia de sustancias no autorizadas, por un problema sanitario en alimentos para animales o por una plaga que pueda afectar cultivos.

Digesa, Senasa y Sanipes coordinarán la respuesta ante riesgos sanitarios

Las principales entidades involucradas son la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) y el Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipes).

Digesa interviene en asuntos relacionados con la salud pública y los alimentos destinados al consumo humano. Senasa tiene competencias sobre sanidad agraria, salud animal y protección vegetal. Sanipes se ocupa de la sanidad e inocuidad de productos pesqueros y acuícolas.

Cada institución mantendrá sus atribuciones, pero el SIGESNOT funcionará como un espacio de coordinación. De este modo, una alerta recibida por una de las autoridades podrá llegar con mayor rapidez a las otras entidades que requieran intervenir.

El objetivo incluye la aplicación de controles e inspecciones reforzadas cuando exista un riesgo que justifique revisar determinados productos antes de su ingreso al mercado nacional.

Una alerta sobre semillas o frutas podría activar controles de Senasa

El sistema también tendrá impacto en el sector agropecuario. Por ejemplo, una empresa puede importar semillas de tomate, frutas frescas, plantas ornamentales, granos o alimentos para animales.

Por ejemplo, si una autoridad internacional informa que un lote del mismo proveedor estuvo relacionado con una plaga, una enfermedad animal o un riesgo sanitario, Senasa podrá registrar la notificación y revisar los embarques asociados.

La entidad podría ordenar una inspección fitosanitaria o sanitaria más estricta en un puerto, aeropuerto o puesto fronterizo. Si identifica una plaga o un incumplimiento, tendrá la facultad de aplicar las medidas previstas por la normativa, entre ellas la retención, devolución o destrucción de la mercancía, según el caso.

En el caso de productos pesqueros, una advertencia sobre conservas, mariscos o pescado importado podría ser evaluada por Sanipes. Si la alerta involucra alimentos de consumo humano, Digesa también podría participar.

El decreto apunta a evitar demoras y reforzar la prevención

La incorporación del SIGESNOT responde a compromisos del Perú en materia de facilitación del comercio y transparencia sanitaria. El texto menciona el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio, que permite a los Estados establecer mecanismos de notificación para reforzar controles sobre alimentos, bebidas y piensos.

La diferencia es que las entidades no dependen de comunicaciones aisladas, correos o registros separados: comparten la información en un mismo sistema. Esto puede acelerar la respuesta ante una alerta y evitar que un alimento potencialmente riesgoso llegue a los consumidores o que una plaga o enfermedad afecte la producción local.

La implementación se financiará con los presupuestos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y de las autoridades sanitarias competentes, sin recursos adicionales del Tesoro Público.

El Gobierno autorizó una transferencia de partidas por S/205,3 millones a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para financiar acciones de preparación y respuesta frente al peligro de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Los recursos provendrán de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y deberán destinarse exclusivamente a intervenciones en infraestructura de transporte.

Los recursos se dividirán entre servicios y adquisición de activos

El Decreto Supremo N° 191-2026-EF establece que la transferencia asciende a S/205.263.400. Del total, S/135.455.000 serán destinados a bienes y servicios, mientras que otros S/69.808.400 financiarán la adquisición de activos no financieros.

La medida busca cubrir gastos que no estaban incluidos en el presupuesto institucional del MTC para el año fiscal 2026. El decreto señala que las intervenciones estarán orientadas a atender el peligro inminente de precipitaciones intensas vinculadas con el próximo ciclo de El Niño.

El financiamiento será transferido desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una partida presupuestaria prevista para gastos que no pueden anticiparse por su naturaleza o por la coyuntura. La norma fue refrendada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza.

El MTC tendrá cinco días para desagregar el presupuesto

La urgencia es clave. El dispositivo ordena que el titular del pliego apruebe la desagregación programática de los recursos dentro de los 5 días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la norma. Esa resolución deberá remitirse a los organismos correspondientes del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

El decreto incluye una limitación expresa: los recursos no podrán utilizarse para propósitos distintos de aquellos definidos en la transferencia. La disposición atribuye responsabilidad a los funcionarios que incumplan esa restricción.

El detalle de las partidas y de las intervenciones previstas figura en un anexo que será publicado en las plataformas digitales del MEF y del MTC.

Provías Nacional ya había identificado 80 puentes en riesgo

La transferencia se produce en un escenario de prevención ante posibles afectaciones en la red vial nacional. En agosto, Provías Nacional informó que identificó 80 puentes que requieren mantenimiento por emergencia ante eventos asociados al Fenómeno El Niño. De ese grupo, 22 ya recibían atención durante 2026.

El director de Gestión Vial de la entidad, Estuardo Tello Pereyra, indicó entonces que las labores incluían tanto puentes como tramos de carreteras bajo responsabilidad del sector. Los trabajos buscaban preservar la transitabilidad y reducir el impacto de lluvias, derrumbes, caída de piedras y acumulación de lodo.

Entre las zonas afectadas se encuentra un tramo de unos 60 kilómetros de la ruta Canta-Ático, donde las precipitaciones provocaron deslizamientos y obligaron a interrumpir temporalmente el tránsito para realizar tareas de limpieza.

La Carretera Central figura entre los puntos bajo alerta

Las autoridades locales de Lurigancho-Chosica y Huarochirí también advirtieron sobre riesgos en la Carretera Central ante un eventual incremento del caudal del río Rímac. En el sector de Yanacoto, a la altura del kilómetro 29,5, la erosión ha afectado la base del talud cercano a la vía.

La Municipalidad de Lurigancho-Chosica reportó 32 puntos críticos en su jurisdicción y alertó sobre riesgos en 21 quebradas. Un eventual cierre de la Carretera Central podría obligar a desviar el tránsito hacia la ruta Canta-Cerro de Pasco, con impacto en el transporte de pasajeros y mercancías.

En este marco, el MTC también había movilizado ya puentes modulares hacia regiones como Piura y Moquegua para responder ante posibles emergencias.

El número de micro y pequeñas empresas formales en Perú se redujo en 179.223 unidades frente a 2019, mientras que la informalidad alcanzó el 86,5% en 2025, según un análisis de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú).

El sector concentró el 99,5% del universo empresarial del país, aunque perdió participación en la economía y mantiene limitaciones de infraestructura, empleo y acceso financiero.

Las micro y pequeñas empresas, conocidas como mypes, alcanzaron ventas por S/164.010 millones en 2025, equivalentes al 13,7% del producto bruto interno (PBI). La proporción fue menor que el 14,1% de 2024 y estuvo por debajo del 19,5% registrado antes de la emergencia sanitaria.

Las mypes sostienen casi todo el tejido empresarial, pero su aporte al PBI bajó

La cantidad de empresas de este segmento se mantuvo estable en términos de participación: en 2019, las mypes reunían el 99,6% de los negocios del país. Seis años después, representan el 99,5%.

El retroceso se concentra en las unidades formales, de acuerdo con ComexPerú. La tasa de informalidad cayó levemente frente al 86,8% de 2024, pero todavía supera el 83,8% que se observaba en 2019.

La situación cambia según la actividad económica. El comercio agrupó 871.079 mypes, 49.205 más que antes de la pandemia. Las ventas de ese rubro sumaron S/20.071 millones, S/1.753 millones por encima del nivel de 2019, mientras que la informalidad fue de 84%.

En los servicios, el número de empresas llegó a 2 millones, aunque se redujo en 103.477 frente a 2019. La informalidad en ese sector alcanzó el 85,6% y las ventas ascendieron a S/74.694 millones, S/593 millones menos que en el período prepandemia.

Producción concentró 3,3 millones de negocios y la mayor informalidad sectorial

El sector productivo reunió 3,3 millones de mypes en 2025. Sus ventas llegaron a S/75.022 millones, un aumento de S/11.070 millones en comparación con 2019. A la vez, el número de compañías cayó en 78.770 unidades.

El 88,3% de las mypes de producción operó en la informalidad, el mayor nivel entre los tres sectores analizados. El indicador aumentó 2,7 puntos porcentuales respecto de 2019.

ComexPerú también identificó dificultades en las condiciones de operación. El 48,9% de las mypes contaba con local propio en 2025. Entre esas empresas, el 60,4% tenía electricidad, el 21,3% disponía de agua y el 11,1% accedía a desagüe.

La falta de estos servicios limita la operación de los negocios. La cobertura eléctrica incide en la incorporación de herramientas tecnológicas, mientras que la ausencia de agua y desagüe afecta las condiciones básicas de funcionamiento en distintas actividades.

Nueve de cada 10 trabajadores de mypes no tienen un sueldo fijo

El informe señaló que el 92,1% de los trabajadores de las mypes no percibía un sueldo fijo. La proporción llegó a 95,5% en comercio, a 90,2% en servicios y a 75,7% en producción.

La variación de las ventas determina los ingresos de gran parte del personal, según el análisis. Esa condición restringe la incorporación de trabajadores a planillas electrónicas y dificulta la formalización laboral.

Solo el 22,9% de las mypes llevaba algún tipo de registro contable en 2025 y el 22,1% tenía al menos un producto financiero formal. ComexPerú indicó que el uso de estos servicios creció en los últimos años, aunque la cobertura todavía resulta limitada.

El Índice de Capacidad Formal (ICF), elaborado por la organización para medir la gestión empresarial, el acceso a locales y servicios, y las condiciones laborales, alcanzó 24,8 puntos en 2025. El resultado fue casi igual al de 2021, cuando marcó 24,7 puntos.

Diecinueve regiones siguen por debajo de los niveles de 2019

Diecinueve de las 25 regiones de Perú permanecieron por debajo de sus niveles prepandemia en capacidad formal. Ica obtuvo el resultado más alto, con 28,7 puntos, apenas menos que los 28,8 puntos de 2019. La informalidad regional, sin embargo, pasó de 81,3% a 87,4%.

Madre de Dios y Moquegua registraron las mayores caídas del ICF, con descensos de 3,8 y 2,7 puntos, respectivamente. Tumbes permaneció en el último lugar, con 20,5 puntos.

ComexPerú propuso adecuar las obligaciones laborales a la realidad de los negocios pequeños, aplicar fiscalización preventiva para establecimientos de bajo riesgo y ampliar el acompañamiento técnico.

El gremio empresarial también planteó una vigencia de los certificados de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) según el nivel de riesgo y cambios en el límite de ventas del Régimen Único Simplificado (RUS).

La pesca, el agro y la industria textil ya atraviesan una recesión por los efectos del Fenómeno El Niño, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, quien anticipó que el evento climático impedirá que Perú alcance un crecimiento superior al 4% durante 2026.

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostuvo que la intensidad del fenómeno ya tiene consecuencias en las actividades productivas más expuestas. Pese a ese escenario, mantuvo la proyección oficial de un crecimiento de 3,4% para este año y para 2027.

La pesca acumuló una caída de 31% durante el primer semestre

“No va a ser posible pasar a 4% este año, porque tenemos un Fenómeno El Niño de una magnitud no vista, tal vez, en 50 años”, señaló Cuba ante la Comisión de Economía del Senado. El ministro afirmó que el impacto ya se percibe en la pesca, la agricultura y el rubro de confecciones.

Los indicadores sectoriales muestran el deterioro de esas actividades. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) citadas por el medio, la pesca acumuló una contracción de 31% en los primeros seis meses del año. El sector presentó resultados negativos en cinco de ese período y registró su mayor caída en junio, con 73%.

La actividad agropecuaria cayó 8% en junio, aunque acumuló un crecimiento de 0,6% durante el primer semestre. En tanto, la fabricación de prendas de vestir registró una reducción mensual de hasta 20%. “La pesca, el agro y textil ya están en recesión ahora”, dijo.

El MEF evalúa declarar en emergencia al sector textil

Cuba indicó que el Gobierno evalúa extender al sector textil las facilidades financieras que ya se prevén para las actividades pesquera y agropecuaria. La medida permitiría que las empresas del rubro accedan a reprogramaciones de créditos bajo esquemas autorizados por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS).

“El objetivo es que la SBS pueda incorporar en los planes de los bancos un mejor manejo de la deuda para ese sector”, explicó el ministro. Añadió que sostuvo conversaciones con el titular del Ministerio de la Producción para impulsar una declaratoria de emergencia que incluya a la industria textil.

La propuesta apunta a flexibilizar las condiciones de pago de las deudas de las empresas afectadas por el fenómeno climático. El Gobierno ya ha aplicado mecanismos similares para facilitar la reprogramación de créditos en sectores que enfrentan una caída de ingresos por eventos naturales.

Industria y construcción podrían compensar parte de la menor actividad

El ministro señaló que la debilidad de la pesca, el agro y el textil podría ser compensada parcialmente por el desempeño de otras actividades. Mencionó a la industria y a la construcción como los sectores que ayudan a sostener la expansión de la economía.

El MEF proyecta un crecimiento de 3,4% para 2026, una estimación superior al 3,2% que manejaba en abril. Cuba indicó que el escenario base contempla una expansión de hasta 4% en los próximos años, aunque remarcó que esa posibilidad depende de la evolución de los riesgos internos y externos.

Un agravamiento del Fenómeno El Niño podría reducir el crecimiento durante el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027, advirtió el ministro. El impacto dependerá de la magnitud que alcance el evento y de su efecto sobre la producción, el transporte y los precios.

El petróleo y las tasas internacionales figuran entre los riesgos externos

Cuba también mencionó factores internacionales que podrían afectar la evolución de la economía peruana. Entre ellos, citó un posible aumento del precio del petróleo hasta los USD 100 por barril, el encarecimiento de los combustibles y modificaciones en las tasas de interés de los principales bancos centrales.

El titular del MEF señaló que esos elementos obligan a mantener cautela sobre las proyecciones. La evolución del fenómeno climático será uno de los principales factores para determinar el resultado económico del país durante los próximos meses.

La maternidad adolescente generó en Perú un costo de oportunidad de S/1.159,5 millones en 2019, una cifra equivalente a la recaudación interna anual del Impuesto General a las Ventas (IGV) del sector minero en ese período, según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El monto, presentado durante la Semana de la Prevención del Embarazo en Adolescentes, refleja las consecuencias que los embarazos tempranos tienen sobre la educación, el empleo y los ingresos de las adolescentes.

Los datos muestran una baja del indicador nacional en 2025, aunque persisten diferencias marcadas entre las adolescentes que viven en zonas urbanas, rurales y de la selva. Cerca de tres de cada cuatro embarazos entre jóvenes de 15 a 19 años no fueron intencionales.

El costo de oportunidad mide los estudios y empleos que quedan postergados

El representante de UNFPA en Perú, Gregor von Medeazza, explicó a Infobae Perú que la estimación reúne las oportunidades educativas, laborales y económicas que se reducen cuando una adolescente asume la crianza antes de completar su formación.

“Cada embarazo temprano puede limitar el desarrollo de las adolescentes, al dificultar la continuidad de sus estudios y reducir sus posibilidades de acceder a un empleo e ingresos propios”, afirmó. También contempla las responsabilidades de cuidado que surgen con la maternidad y que pueden profundizar las barreras para retomar esas trayectorias.

La comparación con el IGV del sector minero busca dimensionar el impacto económico de este tipo de maternidad. Según explicó, los S/1.159,5 millones equivalían a unos USD 329,4 millones y superaban los S/1.125 millones de recaudación interna por ese impuesto en la actividad minera durante 2019.

La prevención puede devolver hasta USD 40 por cada dólar destinado

El informe regional de UNFPA estimó que, por cada dólar invertido en prevención del embarazo adolescente, los países de América Latina y el Caribe analizados —entre ellos Perú— pueden obtener entre USD 15 y USD 40 en retornos sociales y económicos.

Von Medeazza sostuvo que la prevención requiere presencia sostenida del Estado en los sectores de salud, educación, justicia y protección. El representante mencionó la importancia de que el tema tenga lugar en las políticas públicas, los presupuestos y las normas de alcance nacional y local.

La prevalencia nacional descendió en 2025. El 7,4% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez, de acuerdo con información de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) difundida por UNFPA.

El funcionario señaló que la reducción representa un avance respecto de los niveles superiores al 8% de años previos. “Es un progreso”, afirmó, aunque remarcó que la meta planteada por el organismo es que ninguna niña o adolescente enfrente un embarazo.

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú

Cinco niñas de 10 a 14 años dan a luz cada día en Perú, según las estimaciones difundidas durante la presentación. Los embarazos en ese grupo de edad están asociados a violencia sexual y requieren intervención de los sistemas de salud, protección, justicia y reparación.

El informe señaló que el 15,3% de las muertes maternas registradas en 2025 correspondió a menores de 20 años. En 2019, ese grupo representaba el 10,9% del total.

Entre 2020 y 2024, la tasa de mortalidad materna en niñas de 10 a 14 años alcanzó 84 por cada 100.000 nacidos vivos. UNFPA planteó que esos casos exponen fallas en la prevención de la violencia sexual y en la respuesta institucional ante sus consecuencias.

Las adolescentes rurales registran una prevalencia superior al doble del promedio

La disminución nacional no tuvo el mismo alcance en todos los territorios. En las áreas rurales, el 16,3% de las adolescentes de 15 a 19 años había estado embarazada alguna vez. La proporción rural fue más de dos veces mayor que el promedio nacional.

La prevalencia llegó a 14,6% en la selva, mientras que en las zonas urbanas fue de 5,4%. UNFPA asoció esas diferencias con las brechas de acceso a información, servicios de salud sexual y reproductiva, métodos anticonceptivos y mecanismos de protección.

Los indicadores también reflejan esa desigualdad en la tasa de nacimientos. En 2025, el promedio nacional de nacimientos entre niñas y adolescentes fue de 16,7 por cada 1.000. En Lima, la cifra descendió a 9,2 por cada 1.000.

En Ayacucho, la tasa de nacimientos en niñas y adolescentes pasó de 33,2 por cada 1.000 en 2019 a 16,3 en 2025. La reducción se acercó al 50%, según el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea del Ministerio de Salud y estimaciones de población.

UNFPA vinculó el resultado con un Plan Regional de Prevención, la asignación presupuestaria y la coordinación entre salud, educación, protección, justicia, gobiernos locales, organizaciones sociales y adolescentes.

Cada vez más micro y pequeñas empresas (MYPE) impulsan la demanda de oficinas privadas para equipos completos en Perú, de acuerdo con un reciente análisis de Growyard.

Según la compañía, el tipo de consulta más frecuente ya no se refiere a escritorios individuales, sino a espacios que permitan el trabajo colaborativo de grupos, reflejando una transformación en las prioridades del segmento emprendedor.

Las MYPE buscan espacios que acompañen su crecimiento

La demanda creciente por oficinas flexibles responde a la necesidad de las empresas de adaptar su infraestructura al ritmo de sus negocios. Javier Merino, gerente general de Growyard, explica que “las startups y empresas necesitan infraestructura que crezca al mismo ritmo que su negocio”.

En su análisis, la flexibilidad “dejó de ser un beneficio adicional para convertirse en una ventaja competitiva”, ya que permite a las compañías ampliar equipos, acceder a servicios compartidos y responder con rapidez a los cambios del mercado sin quedar atadas a contratos extensos ni enfrentar costos elevados.

Para Growyard, el cambio en el patrón de consultas evidencia una nueva etapa en la evolución de las MYPE peruanas. Las solicitudes superan ampliamente a las de escritorios individuales, lo que indica que muchas empresas están utilizando el espacio físico como una extensión de su estructura organizativa y no solo como un lugar de trabajo temporal.

Ventajas de la oficina flexible frente a modelos tradicionales

El atractivo de las oficinas flexibles radica en su capacidad para ajustarse a ciclos de expansión o contracción sin la necesidad de mudanzas ni renegociaciones contractuales.

Este modelo permite a las empresas aumentar o reducir el número de posiciones según las necesidades del momento, y elimina el gasto inicial en mobiliario, adecuaciones o mantenimiento. Para las MYPE, esta opción se traduce en un control más eficiente de los recursos y una mejor gestión operativa.

Según el reporte de Growyard, la posibilidad de contar con espacios adaptables facilita que las empresas puedan duplicar su plantilla en poco tiempo sin comprometer su liquidez ni asumir riesgos asociados a contratos de largo plazo.

Además, el acceso a servicios complementarios como salas de reuniones, Internet de alta velocidad y áreas comunes permite optimizar la experiencia laboral y fomentar la colaboración entre equipos.

Un fenómeno asociado al dinamismo del ecosistema emprendedor

El auge de las oficinas flexibles se entiende a partir del contexto en el que operan las MYPE peruanas. De acuerdo con el Ministerio de la Producción, más del 99% de las empresas formales del país son micro o pequeñas, lo que equivale a más de 2,4 millones de negocios.

Este segmento genera más de 10,3 millones de empleos y representa el 20,6% del Producto Bruto Interno (PBI). Solo en los dos primeros meses de 2026, se registraron más de 45.000 nuevas empresas formales en Perú, y Lima concentra el 42,2% de ese total, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Este entorno de crecimiento acelerado explica por qué las MYPE buscan soluciones inmobiliarias que les permitan adaptarse a sus ciclos de expansión y mantenerse competitivas.

Para Growyard, la preferencia por oficinas privadas para equipos completos constituye la señal más clara de cómo el segmento está redefiniendo su relación con el espacio laboral.

El Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite una demanda contra la quinta prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y las normas que, según el Colegio de Abogados de Loreto, permiten un régimen de inmunidad para actividades vinculadas con la minería ilegal.

La acción cuestiona la Ley 32537, que extendió la vigencia del proceso hasta el 31 de diciembre de 2026, y modificaciones al Código Penal introducidas por el Decreto Legislativo 1695.

Loreto cuestiona una formalización que se prolonga desde hace más de 24 años

La demanda fue presentada el 30 de junio por el Colegio de Abogados de Loreto, bajo el expediente 0009-2026-PI/TC. El 11 de septiembre, el Tribunal publicó la resolución que admite el proceso y notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que formulen sus descargos.

El principal cuestionamiento se dirige contra el artículo único de la Ley 32537, que prorrogó por quinta vez el proceso de formalización minera integral.

Para el gremio, un mecanismo creado con carácter transitorio se convirtió en una vía de permanencia para personas que realizan extracción minera sin contar con autorización.

La institución también impugna el artículo 3 del Decreto Legislativo 1695, que modificó los artículos 307-A y 307-F del Código Penal, referidos al delito de minería ilegal. Según la demanda, esos cambios sostienen un sistema que evita la aplicación de responsabilidades civiles, administrativas y penales a inscritos en el Reinfo.

¿El registro funciona como una protección frente a sanciones?

El Colegio de Abogados sostiene que permanecer en el registro puede impedir que quienes desarrollan actividad minera fuera de la legalidad enfrenten consecuencias penales.

Su planteamiento apunta a que el Reinfo establece un tratamiento distinto frente al resto de personas y empresas obligadas a cumplir exigencias ambientales, administrativas y judiciales.

En el comunicado difundido por la institución, se afirma que las normas cuestionadas consolidaron un “régimen paralelo” al margen de las bases de un Estado constitucional. El gremio considera que esa situación vulnera el derecho a vivir en un ambiente equilibrado, la salud, la igualdad ante la ley y el acceso a la justicia ambiental.

Además de pedir que se declare inconstitucional la última prórroga, el recurso solicita que el TC establezca que el proceso de formalización ya no se encuentra vigente. También busca que se eliminen las supuestas inmunidades asociadas al régimen y que otras normas conexas sean invalidadas.

El río Nanay concentra las alertas por el abastecimiento de agua en Iquitos

La demanda pone especial atención en el avance de actividades extractivas en Loreto, sobre todo en la cuenca del río Nanay, fuente de agua para la población de Iquitos. El Colegio de Abogados advierte que la minería ilegal se incrementó en distintas zonas de la región y que la extracción de oro representa un riesgo para el ambiente y la salud pública.

El gremio sostiene que la falta de fiscalización ambiental y de tecnologías limpias facilita la contaminación de los ríos amazónicos. También vincula esta actividad con una mayor deforestación y con efectos sobre comunidades en situación de vulnerabilidad.

“El Estado no debe avalar a la minería ilegal”, señaló el decano del Colegio de Abogados de Loreto, Erick Salas Barrera, en la nota institucional emitida el 12 de septiembre. El comunicado alerta, además, sobre anuncios que plantean nuevas ampliaciones del Reinfo después de su vencimiento previsto para fines de este año.

Un fallo anterior exhortó a cambiar el régimen de formalización minera

El actual expediente tiene como antecedente la demanda 0017-2023-PI/TC, presentada por el mismo gremio contra una prórroga anterior. En abril de 2025, cuatro magistrados consideraron que correspondía declarar improcedente el caso por sustracción de la materia.

En minoría, Luz Pacheco Zerga, Helder Domínguez Haro y Manuel Monteagudo Valdez votaron para declarar fundada esa demanda. La resolución incluyó una exhortación al Congreso y al Ejecutivo para aprobar un marco normativo que no contemple exenciones de responsabilidades civiles, administrativas o penales dentro de la formalización minera.

El Colegio de Abogados afirma que esa recomendación no fue atendida y que la nueva prórroga mantiene los efectos cuestionados. El Congreso y el Ejecutivo tendrán 30 días útiles para responder ante el TC, que luego deberá resolver el fondo de la controversia.

La segunda etapa del proyecto de drenaje pluvial de la microcuenca Cachimayo enfrenta el riesgo de una paralización indefinida, luego de que vecinos rechazaran la construcción de dos tanques de tormenta frente a sus viviendas y el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) denegara una ampliación de plazo recomendada por la supervisión de la obra.

Los tanques de tormenta son reservorios subterráneos que almacenan temporalmente el agua de lluvia durante precipitaciones intensas. Su función es evitar que el caudal sobrecargue los drenajes, genere aniegos o provoque inundaciones; luego liberan el agua de manera controlada hacia la red de desagüe.

El proyecto, que busca reducir el impacto de las lluvias en cuatro distritos de Cusco con una inversión de S/ 200,8 millones, está a cargo del Consorcio Cachimayo y tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Sin embargo, la controversia se ha concentrado en el sistema Casuarinas, donde estaba prevista la construcción de dos reservorios de seis metros de profundidad para almacenar agua de lluvia.

Los tanques de tormenta concentran el 60% del plazo de ejecución

El contrato entre el PNSU y el Consorcio Cachimayo fue suscrito el 4 de diciembre de 2024. La ejecución debía comenzar el 3 de marzo de 2025 y comprendía la construcción de 10,4 kilómetros de colectores, 180 sumideros y dos tanques de almacenamiento.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) informó en diciembre de 2024 que la intervención beneficiaría de forma directa a residentes de los distritos de Cusco, Santiago, Wanchaq y San Sebastián, una población estimada en más de 200 mil personas.

El expediente técnico señala que los tanques de tormenta representan el 36% del valor contractual. A pesar de ese porcentaje, su construcción demandaría el 60% del tiempo total previsto para la ejecución. Por esa razón, una paralización de este frente tendría incidencia directa en el cumplimiento del cronograma general.

Los trabajos en esa zona debían empezar el 14 de abril de 2025. Sin embargo, los vecinos expresaron reparos por la ubicación de los reservorios, que, según indicaron, se levantarían a pocos metros de sus viviendas. Entre sus argumentos figuraron la posible inestabilidad del suelo y la presencia de napa freática.

Los vecinos impidieron los trabajos y alertaron sobre excavaciones abiertas

La tensión aumentó el 28 de abril, cuando pobladores expulsaron a trabajadores que realizaban labores de replanteo, de acuerdo con la documentación revisada por Expreso. Ese hecho impidió que el consorcio iniciara la construcción de los tanques de tormenta del sistema Casuarinas.

La vecina Sthefani Arredondo Champi afirmó al citado medio que los trabajos ya habían dejado excavaciones en la zona. “La época de lluvias ya ha comenzado” y se han formado pozos de agua en los forados realizados, señaló. También advirtió que una eventual resolución del contrato podría dejar la vía con huecos y obras inconclusas.

El conflicto social fue reconocido, según la información proporcionada, en informes del PNSU y de la supervisión identificados como CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0189-2025 y CCM-EHP-GEO-ADM-CAR-0253-2025. Los documentos atribuirían el atraso a la oposición vecinal y no a incumplimientos de la empresa contratista.

La supervisión pidió 158 días adicionales, pero el PNSU rechazó la solicitud

El Consorcio Concremat-Milla, a cargo de la supervisión, recomendó el 24 de julio ampliar el plazo contractual en 158 días, mediante la Carta N.° 0182-2026/CCM-JRMR-RCA. El sustento fue que la paralización obedecía a una causa ajena al contratista.

No obstante, el administrador de contratos del PNSU, Raffo Sotomayor Cabrera, denegó la ampliación el 8 de septiembre a través del Informe Técnico N.° 204-2026/VMCS/PNSU/UGPP-BID-CT-PNSU. La decisión contradijo la recomendación de la supervisión, según la documentación citada.

Sotomayor Cabrera había recomendado antes iniciar la resolución contractual por la vía notarial, al atribuir un supuesto atraso al Consorcio Cachimayo. Ese procedimiento no prosperó luego de que la empresa solicitara una medida cautelar ante el Poder Judicial.

La falta de una ampliación de plazo y el conflicto por la ubicación de los tanques mantienen en suspenso una intervención prevista para mitigar inundaciones en zonas urbanas de Cusco. La definición sobre la continuidad del proyecto dependerá de las decisiones que adopten el PNSU y el Ministerio de Vivienda frente a los reclamos vecinales y el cronograma contractual.

El gasto de las familias en productos de consumo masivo registró un crecimiento de 2,9% en valor y de 1,8% en volumen durante el primer semestre de 2026, frente al mismo periodo del año anterior, según el estudio Consumer Insights Q2 2026 de Worldpanel by Numerator. La evolución ocurrió en un escenario de desaceleración económica y una proyección de inflación anual de 3,8% al cierre del año.

El informe atribuye parte de este desempeño a la recuperación del salario real urbano y al empleo, factores que sostuvieron el presupuesto destinado a alimentos, productos de limpieza, aseo personal y otras categorías de consumo frecuente. A la vez, las familias ajustaron sus elecciones de marcas, presentaciones y canales de compra ante la expectativa de efectos asociados al Fenómeno del Niño.

Perú: 7 de cada 10 hogares prevén medidas ante El Niño

La situación financiera de los hogares mostró cambios frente a 2025, de acuerdo con la clasificación de la consultora. El segmento “Comfortable”, que agrupa a familias sin dificultades económicas inmediatas, pasó de 21% a 24% de los hogares peruanos en un año.

El grupo “Managing”, integrado por quienes logran cubrir sus necesidades con sus ingresos, concentró el 46% de los hogares, tres puntos porcentuales menos que en 2025. Por su parte, el segmento “Struggling”, conformado por familias bajo presión económica porque sus ingresos no alcanzan, se mantuvo en 30%.

Con esa distribución, el estudio estima que siete de cada 10 hogares estarían en condiciones de tomar medidas preventivas ante un evento climático. Entre las opciones consideradas, el 42,9% planea abastecerse con una mayor compra de productos, mientras que el 38% optaría por marcas de menor precio.

El 28,2% prevé adquirir productos en comercios cercanos a su vivienda y el 18,3% buscaría formatos grandes para reducir el gasto por unidad. Estas decisiones reflejan una estrategia de previsión basada en el abastecimiento y el ajuste de precios, sin que ello suponga abandonar por completo las marcas habituales.

Los consumidores alternan productos premium con opciones de menor precio

Worldpanel by Numerator identificó una tendencia de consumo denominada “high & low”. Bajo este patrón, los compradores combinan artículos premium de marcas de preferencia con alternativas más económicas o de bajo costo, según la categoría y la ocasión de consumo.

La conducta se observa en los distintos niveles socioeconómicos, incluidos los segmentos D y E. El traslado de los precios al consumidor mantiene influencia sobre las decisiones de compra, según señaló Mauricio Cheng Matsuno, country manager de la consultora.

“El empaque y el formato de los productos se consolidan hoy como las palancas estratégicas para asegurar la penetración en los puntos de venta”, afirmó Cheng Matsuno. La elección de la presentación se relaciona con el presupuesto disponible, la frecuencia de compra y el tipo de producto que cada hogar necesita reponer.

Los productos esenciales concentran la mitad del gasto de los hogares

Los llamados momentos de consumo esenciales, que incluyen productos de cocina, lácteos, aseo personal y limpieza básica del hogar, concentraron el 50% del gasto en el segundo trimestre. Esa categoría avanzó 0,3% en comparación con igual periodo de 2025.

En esos rubros, las presentaciones de mayor tamaño tienen un mayor peso como mecanismo de ahorro y abastecimiento. El comportamiento contrasta con otras categorías, donde los formatos pequeños y medianos impulsan las compras.

El segmento de indulgencia, que agrupa productos de snacking, repostería, bebidas indulgentes y alcohólicas, representó el 23% del gasto total y tuvo un aumento de 7%. Autocuidado y bienestar reunió el 24% del gasto y se expandió 5,5%.

El informe señala que el 39% de los peruanos adopta de forma activa prácticas vinculadas a un estilo de vida saludable. Este perfil tiene una participación relevante en los niveles socioeconómicos C, D y E, donde los formatos pequeños y medianos operan como una vía de acceso a productos asociados con el bienestar.

Las marcas apuntan a disponibilidad y formatos para sostener el volumen

Para el segundo semestre, la consultora prevé que el consumo de los hogares conserve una trayectoria favorable, respaldada por la recuperación gradual de los ingresos reales.

El escenario también estará condicionado por la preocupación ante el impacto climático y por la búsqueda de una mejor relación entre precio, cantidad y necesidad de reposición.

Cheng Matsuno recomendó priorizar la disponibilidad de productos en los puntos de venta y proteger el volumen de compra antes que trasladar aumentos de precios. La estrategia, sostuvo, debe adaptarse a cada ocasión de consumo, formato y canal, con atención a los comercios de proximidad.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó el viaje de dos funcionarias a Washington D. C., Estados Unidos, para participar en la audiencia del arbitraje internacional iniciado por TV Azteca S.A.B. de C.V. y Azteca Comunicaciones Perú S.A.C. contra el Estado peruano por la concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.

La Resolución Ministerial N.° 410-2026-EF/43, firmada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, autoriza el desplazamiento de Mónica del Pilar Guerrero Acevedo y Michele Aurora Salazar Espinoza desde el 20 hasta el 28 de septiembre.

La salida de Azteca de la Red Dorsal llevó la disputa al CIADI

Guerrero Acevedo preside la Comisión Especial que representa al Estado en Controversias Internacionales de Inversión. Salazar Espinoza trabaja como abogada de la Secretaría Técnica de ese grupo, que depende de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia y Productividad del MEF.

Ambas participarán en la audiencia y en las reuniones preparatorias del caso CIADI N.° ARB/23/37, que se desarrollarán de forma presencial en la sede del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, en Washington D. C.

La resolución señala que la asistencia de las funcionarias permitirá al Estado peruano realizar un seguimiento directo de la estrategia de defensa presentada ante el tribunal. El pedido para su presencia fue formulado el 7 de septiembre por el estudio jurídico Squire Patton Boggs, que representa a Perú en este proceso.

La audiencia ante el CIADI se realizará entre el 21 y el 27 de septiembre

El arbitraje enfrenta al Estado peruano con TV Azteca y su filial Azteca Comunicaciones Perú. La controversia está vinculada con la resolución anticipada del contrato de concesión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, proyecto destinado a ampliar la conectividad digital en el país.

Azteca Comunicaciones asumió en 2014 una concesión por 20 años para diseñar, financiar, desplegar, operar y mantener la red. El contrato comprendía las coberturas universal norte, sur y centro, además de la prestación del servicio portador y otras facilidades vinculadas a la infraestructura.

En julio de 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dio por concluido el contrato por razones de interés público. Entre los argumentos expuestos entonces figuraba la baja utilización de la red: durante 2020 operó con el 3,2% de su capacidad instalada y sus ingresos cubrieron el 7,7% de los costos estatales de cofinanciamiento.

Las empresas iniciaron el procedimiento ante el CIADI el 23 de agosto de 2023. La demanda cuestiona la terminación de la concesión bajo el Acuerdo de Integración Comercial entre Perú y México y el contrato suscrito con el Estado.

El arbitraje entra en una nueva etapa tras los escritos de ambas partes

El MEF aprobó un gasto total de USD 11.903,24 para el viaje de las dos funcionarias. El presupuesto contempla USD 2.431,62 en pasajes aéreos y USD 3.520 en viáticos para cada una.

Los recursos serán cubiertos por la Unidad Ejecutora 001 - Administración General del pliego del Ministerio de Economía y Finanzas. La autorización se sustenta en las normas que regulan los viajes de funcionarios públicos al exterior y en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

El tribunal arbitral está presidido por Valeria Galíndez. Antonio Hierro fue designado por las compañías demandantes y Álvaro Galindo fue nombrado por el Estado peruano. El proceso ya atravesó la etapa de presentación de escritos sobre el fondo del caso y jurisdicción, por lo que la audiencia prevista este mes constituye una fase central de la controversia.

Tras su retorno al país, Guerrero Acevedo y Salazar Espinoza tendrán 15 días calendario para presentar un informe sobre las acciones realizadas, los resultados obtenidos y la rendición de cuentas correspondiente.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dispuso que los espectáculos públicos deportivos y no deportivos que se realicen en el Cercado y el Centro Histórico de Lima deberán terminar, como máximo, a la 01:00.

La medida forma parte de la Ordenanza N.° 2854, publicada este miércoles 16 de septiembre, que además fija multas de hasta 5 UIT y prevé la clausura temporal de predios que permitan actividades fuera del horario autorizado.

La ordenanza entrará en vigencia este jueves 17 de septiembre

La norma modifica el artículo 15 de la Ordenanza N.° 2653, que regula el procedimiento para autorizar espectáculos públicos en Lima Metropolitana y el Cercado de Lima. El nuevo texto establece un límite para eventos deportivos, conciertos, ferias y otras actividades no deportivas que se desarrollen en ambas zonas de la capital peruana.

La disposición contempla una excepción. La MML podrá extender el horario más allá de la 01:00 si evalúa que la naturaleza y el contenido del espectáculo lo justifican. La norma no precisa los criterios que utilizará la comuna para aprobar o rechazar esas solicitudes.

El límite fijado por la ordenanza alcanza al Cercado de Lima y al Centro Histórico. Fuera de esas áreas, las municipalidades distritales mantienen la facultad de establecer los horarios correspondientes dentro de sus jurisdicciones.

La ordenanza fue aprobada por el Concejo Metropolitano de Lima en una sesión ordinaria y promulgada el 10 de septiembre por el alcalde Renzo Reggiardo Barreto. Su vigencia comenzará el jueves 17 de septiembre, un día después de su publicación en el diario oficial El Peruano.

Los organizadores que excedan el horario recibirán una multa de 5 UIT

El texto también modifica el Cuadro de Infracciones y Sanciones Administrativas aprobado mediante la Ordenanza N.° 2200. En particular, actualiza el código 04-0117, referido al incumplimiento del horario autorizado para la realización de un evento, feria o espectáculo público deportivo o no deportivo.

La infracción será sancionada con una multa de 5 UIT (S/27.500 para 2026) y con la cancelación de la autorización otorgada para la actividad. La medida correctiva alcanza a los organizadores que no respeten el horario establecido por la autoridad competente.

La norma no diferencia entre tipos de eventos ni establece escalas de sanción según la cantidad de horas excedidas. El código incorpora una gradualidad identificada con las siglas MG, de acuerdo con el cuadro administrativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La actualización se suma al cambio de horario para los espectáculos en el Centro Histórico y el Cercado. La ordenanza busca regular tanto la autorización previa como las consecuencias administrativas para quienes incumplan las condiciones fijadas por la comuna.

Los dueños de predios podrán recibir 4 UIT y una clausura de 30 días

La Ordenanza N.° 2854 también incorpora el código de infracción 04-0124. La nueva disposición sanciona a los propietarios de inmuebles que permitan la realización de eventos, ferias o espectáculos fuera del horario autorizado.

En estos casos, la multa será de 4 UIT (S/22.000 para 2026). La Municipalidad podrá ordenar, además, la clausura del predio por 30 días y/o la cancelación de la autorización, según el texto publicado. Para aplicar esta infracción, la actividad debe generar afectación al orden público, la tranquilidad o la convivencia vecinal.

La sanción no se dirige únicamente al responsable de la producción del evento. Con la incorporación de este código, la municipalidad incluye a los propietarios de locales, recintos o terrenos donde se desarrollen actividades que excedan el horario permitido.

Indecopi anuló en junio otras restricciones horarias impuestas por la MML

No es la única restricción horaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) que quedó bajo controversia. En junio, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) declaró ilegales varias limitaciones para discotecas, salones de baile y la venta de bebidas alcohólicas que la comuna había establecido mediante las Ordenanzas N.° 235 y N.° 1568.

La resolución, emitida el 12 de junio, anuló la exigencia de que esos locales abrieran desde las 15:00 los sábados, domingos y feriados, y desde las 20:00 el resto de la semana. Indecopi concluyó que la MML no acreditó una problemática concreta que justificara las restricciones. La entidad precisó que las municipalidades pueden regular horarios y el expendio de alcohol, aunque deben respaldar esas decisiones con criterios objetivos y de razonabilidad.

El gremio de transporte interprovincial Cotrap-Apoip solicitó al Congreso de la República que evalúe el modelo de operación de FlixBus y defina quién responderá ante el pasajero por el servicio efectivo de transporte, antes de una eventual autorización para que la compañía alemana opere en Perú.

La organización, que agrupa a empresas formalmente autorizadas para el transporte terrestre interprovincial, informó que remitió comunicaciones a las comisiones competentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

El pedido se concentra en las responsabilidades que podrían surgir de un esquema en el que una empresa administra la comercialización de los boletos, la plataforma digital, las rutas y las frecuencias, mientras compañías asociadas aportan los buses y conductores.

FlixBus y la copropiedad de los buses en la mira

Cotrap-Apoip sostuvo que esa división de funciones exige precisar, antes del inicio de cualquier operación, quién celebra el contrato con el usuario, cuál empresa cuenta con la autorización de la ruta y qué entidad responde frente a accidentes, pérdida de equipaje, demoras, cancelaciones, devoluciones de dinero o reclamos.

“El pasajero tiene derecho a saber, antes de comprar su boleto, quién lo va a transportar y quién responderá por el servicio que está contratando”, señaló el gremio en la nota de prensa.

La organización pidió que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informe sobre el procedimiento de autorización aplicable a FlixBus.

También solicitó una opinión técnica del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) acerca de la información que debe recibir el consumidor cuando quien vende el viaje no es la misma empresa que realiza materialmente el traslado.

El gremio afirmó que no se opone a la inversión extranjera, la competencia ni la digitalización del servicio. Su planteo apunta a que cualquier ajuste normativo tenga alcance general y se aplique en las mismas condiciones para los actuales operadores y para eventuales nuevos competidores.

La ruta Lima-Ica fue el primer intento de FlixBus para operar en Perú

La empresa alemana ya intentó ingresar al mercado peruano. Su primer proyecto fue una ruta regular entre Lima e Ica, para la cual presentó una solicitud ante el MTC el 15 de octubre de 2025, según informó Gestión.

FlixBus proyectaba operar con las firmas locales Transporte AC Verde y Alicar Tours. El modelo contemplaba una participación compartida sobre los vehículos que usarían en la ruta, además de la intervención de FlixBus en la planificación comercial, la venta de pasajes y el control de la operación.

El MTC formuló observaciones iniciales por la falta de poderes de las empresas socias para autorizar el uso de las unidades. Tras la presentación de documentos, el ministerio declaró improcedente el pedido el 24 de noviembre por otro motivo: la copropiedad de los vehículos no resultaba válida para el servicio regular de transporte de pasajeros.

La cartera consideró que esa figura puede utilizarse en el servicio especial de transporte de personas, pero no en servicios regulares. El Reglamento Nacional de Administración de Transporte establece que los vehículos deben pertenecer al transportista autorizado o estar sujetos a modalidades de arrendamiento financiero u operativo.

FlixBus presentó un recurso de reconsideración el 18 de diciembre de 2025, pero el MTC lo rechazó el 13 de enero de 2026. La compañía quedó habilitada para apelar ante otra instancia administrativa.

El modelo de socios operadores concentra cuestionamientos en otros mercados

Las críticas internacionales a FlixBus se concentran en la relación entre la plataforma y los operadores de los viajes. Sindicatos y asociaciones de pasajeros han cuestionado que la subcontratación puede dificultar la identificación de responsabilidades ante incidentes y generar condiciones laborales desiguales entre empresas asociadas.

En Alemania, el accidente de un bus de FlixBus ocurrido el 27 de marzo de 2024 en la autopista A9, cerca de Leipzig, dejó cuatro personas muertas y decenas de heridos.

En 2026, un tribunal condenó al conductor a una pena suspendida por homicidio culposo y lesiones. El caso reabrió el debate sobre los controles en las empresas que operan bajo la marca.

El sindicato Verdi cuestionó la heterogeneidad de las condiciones laborales entre operadores asociados. FlixBus respondió que revisa los tiempos de conducción y descanso, y que aplica sanciones y capacitaciones cuando detecta incumplimientos.

En Estados Unidos, el Departamento de Justicia abrió en agosto de 2025 una investigación contra Flix North America, FlixBus y Greyhound por denuncias de discriminación contra pasajeros con discapacidad.

La inteligencia artificial comienza a ganar espacio en la automatización industrial peruana. Empresas de tecnología, capacitación y servicios de ingeniería buscan aplicarla a tareas como planos eléctricos, presupuestos, informes y soporte técnico.

El avance promete acelerar procesos, aunque mantiene un límite: la supervisión de ingenieros y técnicos sigue siendo necesaria en sectores donde un error puede tener consecuencias operativas y económicas, de acuerdo con un análisis de Escuela Control+.

La IA acelera tareas técnicas y gana terreno en la industria peruana

Suler Altamirano, ingeniero mecatrónico y fundador de Control+, explica que la incorporación de estas herramientas responde a una necesidad concreta de las empresas: reducir el tiempo destinado a tareas repetitivas de ingeniería.

Una cotización técnica puede tomar desde unas horas hasta varios días, debido a que exige revisar requerimientos, calcular materiales, consultar catálogos, preparar planos preliminares y estimar costos. Un informe de cierre de proyecto también puede requerir varios días de trabajo.

La inteligencia artificial busca intervenir en esas etapas. Puede ordenar información, preparar diagramas, generar listas de materiales, estructurar documentos y ofrecer una primera estimación de costos.

El resultado, según sostuvo Altamirano, requiere una revisión posterior de profesionales que conozcan las condiciones de cada operación. “Te entrega una base, pero el profesional tiene que revisar el proyecto”, dijo a Infobae Perú.

La minería conserva un lugar central en la demanda tecnológica

La minería figura entre los sectores con mayor demanda de automatización en Perú. Sus procesos requieren controlar motores, bombas, tableros eléctricos, presión, caudales, temperatura, consumo energético y niveles de líquidos.

Según Altamirano, la digitalización de los procesos permite centralizar esa información y advertir anomalías antes de que se conviertan en fallas operativas.

Altamirano estimó que, en la experiencia de Control+, la minería puede representar entre 30% y 40% de la demanda de soluciones de automatización. Aunque el dato no equivale a una medición de todo el mercado, muestra el peso de este sector para proveedores de sensores, sistemas de control, software y servicios de mantenimiento.

“La minería ya incorpora análisis de datos, monitoreo remoto, control de procesos y mantenimiento predictivo para anticipar fallas y optimizar sus operaciones”, explicó Altamirano.

La agroindustria, la pesca, la manufactura, las cementeras, el sector eléctrico y el petróleo y gas también tienen margen para incorporar estas soluciones. En la agroindustria, por ejemplo, la automatización puede aplicarse al riego, bombeo, refrigeración, clasificación de productos, trazabilidad y control del consumo energético.

La capacitación busca reducir la distancia entre las aulas y las plantas

El avance tecnológico también alcanza a la formación de técnicos e ingenieros. Altamirano considera que existe una brecha entre los contenidos universitarios y las tareas que exige una planta industrial, como elaborar planos, programar controladores lógicos programables (PLC), seleccionar equipos o documentar una intervención técnica.

Bajo esa lógica, las herramientas digitales pueden detectar errores básicos en un plano eléctrico, orientar una secuencia de trabajo o servir de apoyo en una programación inicial.

“Cuando uno sale de la universidad y llega a la industria, encuentra una realidad muy distinta a la que aprendió en las aulas”, afirmó Altamirano.

La Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) advierte que Perú y otras economías emergentes registran una menor adopción de tecnologías de Industria 4.0 frente a los países líderes. Entre las barreras identifica la falta de conocimiento especializado y las dificultades de las pequeñas y medianas empresas para incorporar nuevas soluciones.

El ahorro de tiempo puede mejorar el retorno de inversión

Altamirano calcula que automatizar parte de las cotizaciones, planos e informes puede generar ahorros anuales de entre 24 mil y 30 mil soles por trabajador. Algunas fases de un proyecto podrían pasar a tomar una quinta o una sexta parte del tiempo habitual.

La expansión de estas soluciones también abre una discusión sobre la adopción regional. Un informe basado en una encuesta a 1.107 líderes empresariales señaló que el 82% de las empresas consultadas en EEUU ya usaba inteligencia artificial, frente al 74% en América Latina. La diferencia también aparece en la adopción de computación en la nube, análisis de datos y robótica.

Con todo, las proyecciones globales muestran la magnitud de la apuesta, destaca Control+. El Foro Económico Mundial estimó que la inversión anual en aplicaciones de inteligencia artificial podría alcanzar USD 1,5 billones hacia 2030, impulsada por soluciones específicas para distintos sectores.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sostiene que la adopción de IA suele ser más frecuente en compañías grandes, jóvenes y vinculadas a actividades tecnológicas o profesionales. La infraestructura digital, la capacitación y el uso de otras herramientas tecnológicas condicionan los resultados.

Para Altamirano, la oportunidad para Perú está en ampliar el acceso a estas herramientas sin trasladar decisiones críticas a los algoritmos. En una planta, la inteligencia artificial puede acelerar cálculos y documentos, pero la responsabilidad final sigue en manos de quien conoce el proceso industrial.

El dato

• Escuela Control+ ofrece formación virtual en automatización industrial, con cursos sobre PLC, planos eléctricos, instrumentación, diseño de tableros, domótica e Industria 4.0.
• La empresa crece a tasas anuales de dos dígitos y sus herramientas reducen algunas etapas de un proyecto a una quinta o sexta parte del tiempo habitual.
• Sus contenidos gratuitos alcanzaron a más de 500 mil alumnos interesados en automatización industrial, programación de PLC, diseño eléctrico e incorporación de nuevas tecnologías a procesos productivos.

Perupetro abrió una nueva convocatoria internacional para adjudicar por 30 años la explotación del Lote Z-69, un bloque petrolero ubicado frente a las costas de Talara, Paita y Sechura, en Piura.

El proceso busca captar inversiones para elevar la producción de hidrocarburos, luego de que la licitación anterior fuera declarada desierta en septiembre de 2025 por falta de postores.

La empresa estatal prevé otorgar la buena pro el 8 de febrero de 2027. La firma o consorcio ganador deberá presentar el programa de trabajo con los mayores compromisos para reacondicionar pozos y realizar perforaciones de desarrollo y exploración.

La ausencia de ofertas en 2025 mantuvo el lote en manos de Petroperú

El Lote Z-69 quedó bajo operación temporal de Petróleos del Perú (Petroperú) el 15 de noviembre de 2023, tras el vencimiento del contrato de Savia Perú, que explotó el área durante 30 años. El encargo tenía inicialmente una vigencia de dos años o hasta que se seleccionara a un nuevo operador.

Sin embargo, la convocatoria internacional de 2025 no recibió propuestas. Tras ese resultado, el Gobierno autorizó una extensión de seis meses para la petrolera estatal en noviembre del año pasado. En mayo de 2026, el Ministerio de Energía y Minas aprobó una nueva prórroga de 12 meses.

El contrato vigente de Petroperú vencerá el 15 de mayo de 2027, salvo que un nuevo acuerdo de explotación entre en vigencia antes. Si se cumple el cronograma de la convocatoria actual, la administración temporal de la estatal se prolongará durante tres años y medio, desde noviembre de 2023.

El bloque produjo 3.254 barriles diarios en agosto y podría alcanzar los 5.000

El Lote Z-69 comprende 127.056,123 hectáreas en el zócalo continental de la cuenca Talara. Durante agosto de 2026, la producción promedio fue de 3.254 barriles diarios de petróleo, mientras que el promedio acumulado del año se ubicó en 3.166 barriles por día.

La expectativa de Perupetro es que la entrada de un nuevo operador, con capacidad financiera y un programa de inversión, permita elevar la producción hasta 5.000 barriles diarios. El bloque también produjo 8,59 millones de pies cúbicos diarios de gas natural en diciembre de 2025.

Las bases señalan que el futuro concesionario deberá asumir compromisos adicionales de reacondicionamiento de pozos y perforaciones. Esos trabajos se sumarán al programa base incluido en el Anexo N.° 2 de la convocatoria, que contiene las obligaciones mínimas del contrato.

Los postores deberán acreditar más de US$131,7 millones de patrimonio

Las empresas locales y extranjeras deberán cumplir requisitos legales, técnicos y financieros para participar. Entre las exigencias figura un patrimonio neto residual superior a US$131,7 millones y una garantía de seriedad de oferta por US$80.000.

No podrán presentarse empresas en liquidación, quiebra o reestructuración judicial, ni firmas con menos de un ejercicio fiscal desde su creación. Las bases excluyen además a compañías o directivos con antecedentes por delitos de corrupción, lavado de activos, evasión tributaria, trata de personas o minería ilegal, entre otros.

Cada compañía solo podrá formar parte de un consorcio. Las ofertas se presentarán en dos paquetes: el primero incluirá la documentación de admisibilidad y el segundo contendrá la propuesta técnica.

La evaluación priorizará las inversiones en pozos existentes y nuevas perforaciones

La comisión de Perupetro calificará las propuestas según el número y tipo de actividades que ofrezcan los postores. Los compromisos adicionales podrán incluir reacondicionamientos, pozos de desarrollo y perforaciones exploratorias.

Durante los primeros dos años del programa de desarrollo, las empresas solo podrán ofrecer reacondicionamientos. Entre el tercer y el séptimo año, podrán incorporar pozos de desarrollo. Desde el octavo hasta el décimo año, las propuestas solo admitirán perforaciones de desarrollo.

El programa de exploración tendrá una duración de 20 años. En caso de empate, los participantes podrán mejorar su propuesta mediante la oferta de pozos de desarrollo adicionales para el quinto año del contrato.

Petroperú podrá conservar hasta 25% y venderá activos por US$15,1 millones

Petroperú podrá incorporarse al contrato con una participación de hasta 25%, si obtiene la calificación requerida y firma un acuerdo de asociación conjunta con el postor ganador. Las partes tendrán 10 días hábiles después de la buena pro para cerrar ese compromiso.

El adjudicatario deberá adquirir activos de Petroperú vinculados al bloque por US$15,1 millones, pagaderos en cinco cuotas anuales. Siete activos de la petrolera y uno de Perupetro permanecerán bajo titularidad estatal y se administrarán mediante un esquema de uso compartido.

Las cartas de interés se recibirán hasta el 11 de diciembre de 2026. La presentación de ofertas será el 3 de febrero y la adjudicación está programada para el 8 de febrero de 2027.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que la producción nacional de Perú creció 3,56% en julio de 2026 frente al mismo mes del año anterior.

El resultado respondió al desempeño favorable de comercio, construcción y diversos rubros de servicios, que compensaron las caídas de los sectores agropecuario, pesca y manufactura.

Entre enero y julio, la economía peruana acumuló un crecimiento de 3,13%. En tanto, la variación anualizada, correspondiente al período entre agosto de 2025 y julio de 2026, fue de 3,32%.

Comercio y construcción concentraron el impulso de la actividad

El sector comercio creció 6,79% en julio, impulsado por las ventas al por mayor, al por menor y el comercio automotor. Las ventas mayoristas subieron 4,22%, ante una mayor demanda de combustibles, equipos informáticos, minerales como cobre y oro, y materiales de construcción.

La venta minorista avanzó 6,02%, favorecida por la apertura de nuevos locales, el consumo de combustibles durante los feriados y las ventas de productos farmacéuticos y cosméticos. El comercio automotor registró el mayor incremento, con 28,77%, por la realización de ferias y una mayor demanda de repuestos y servicios de mantenimiento.

La construcción aumentó 9,85%, con un alza de 10,17% en el consumo interno de cemento y de 9,51% en el avance físico de obras públicas. El crecimiento se vinculó con proyectos privados de infraestructura, plantas industriales, telecomunicaciones, minería, energía y vivienda multifamiliar.

Las obras públicas también mostraron avances en los niveles nacional, regional y local, sobre todo en edificios no residenciales, servicios básicos, infraestructura vial y proyectos de prevención de riesgos.

Los servicios sostuvieron el crecimiento mensual

Los servicios prestados a empresas crecieron 4,07%, por la mayor demanda de publicidad, investigación de mercados, agencias de viaje, operadores turísticos, seguridad, alquiler de maquinaria, telemarketing, limpieza y asesoría técnica.

El sector financiero y seguros avanzó 3,13%, apoyado en un aumento de 3,26% de los créditos y de 6,80% de los depósitos del sistema financiero. Las mayores colocaciones provinieron de las empresas de créditos, las cajas municipales y la banca múltiple.

El transporte, almacenamiento y mensajería creció 2,86%. El transporte terrestre y por tuberías subió 3,6%, mientras que el ferroviario avanzó 9,7%. El transporte aéreo cayó 0,13%, debido a un menor movimiento de pasajeros nacionales e internacionales.

Alojamiento y restaurantes registró una expansión de 3,48%. El subsector alojamiento aumentó 9,69%, mientras que los restaurantes crecieron 3,40%, con aportes de sandwicherías, cevicherías, pollerías, locales de comida rápida y restaurantes turísticos.

Agricultura, pesca y manufactura retrocedieron

El sector agropecuario cayó 1,23%, afectado por una contracción de 2,72% en el subsector agrícola. Disminuyeron la producción de aceituna, arroz cáscara, papa, maíz amarillo duro, palta, maíz amiláceo y caña de azúcar por condiciones climáticas adversas. El subsector pecuario, en cambio, subió 1,45%.

La pesca registró la mayor caída sectorial, con 27,44%. La extracción marítima para consumo humano indirecto se redujo por la suspensión de la pesca de anchoveta en la zona norte-centro. La captura del recurso fue de 2.496 toneladas, frente a las 292.148 toneladas de julio de 2025.

La manufactura retrocedió 1,81%, por las bajas en el subsector fabril primario y no primario. La producción de electricidad, gas y agua creció 7,30%, mientras que minería e hidrocarburos mostró un avance de 0,24%, con un aumento de 3,8% en la producción de cobre.

La demanda mundial de cobre podría superar en 10 millones de toneladas la capacidad de producción disponible hacia 2030, según proyecciones citadas por INDECO by Nexans.

El escenario abre una discusión para Perú, tercer productor mundial y poseedor de la segunda mayor reserva del metal: ampliar la extracción, procesar una mayor proporción dentro del país y recuperar el cobre de productos que llegaron al final de su vida útil.

La producción peruana avanzó 1,9% durante el primer semestre

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que Perú produjo cerca de 1,36 millones de toneladas métricas de cobre entre enero y junio, un aumento de 1,9% frente al mismo período del año anterior. El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) estima que la cartera minera alcanza los US$67.000 millones y que cerca de 70% de ese monto corresponde a proyectos cupríferos.

Ese volumen de inversión podría elevar la participación peruana en el mercado internacional. El desafío, según el planteo de la industria de conductores eléctricos, también pasa por elevar el valor que queda en el país a partir de la transformación del metal en productos industriales.

La electrificación elevará la presión sobre la oferta mundial

INDECO by Nexans calcula que la demanda global podría llegar a 40 millones de toneladas de cobre en 2030, mientras que la capacidad productiva se ubicaría cerca de 33 millones. La diferencia obligaría a sumar en una década un nivel de suministro que, históricamente, requirió unos 25 años de expansión minera.

La proyección adquiere relevancia por el uso del metal en redes eléctricas, energías renovables, vehículos eléctricos, sistemas de transporte y procesos de digitalización industrial. Hacia 2035, la capacidad minera instalada a escala global se acercaría a su límite, de acuerdo con la empresa.

Para las compañías mineras y los proyectos de infraestructura, la disponibilidad de cobre puede pasar a formar parte de la planificación de abastecimiento, junto con los costos, los plazos de entrega y los contratos de provisión.

Del cátodo al cable, la cadena industrial retiene valor

El cobre extraído en las minas puede salir del país como cátodo o atravesar etapas posteriores de transformación. El proceso incluye la producción de alambrón y, luego, de cables para alimentar maquinaria, correas transportadoras, perforadoras y sistemas de izaje en las propias faenas mineras.

“Las minas producen cátodos y nosotros los convertimos en alambrón y luego en cable. Son dos etapas en las que agregamos valor al cobre dentro del país”, afirmó Fernando Sandoval, gerente de Ventas para Minería de Nexans, según un comunicado de la compañía.

El ejecutivo sostuvo que recuperar el metal al final de la vida útil de los cables constituye una tercera etapa para mantener el recurso dentro del circuito productivo. La firma compra cátodos a productoras locales y les provee conductores para sus operaciones.

El reciclaje puede aliviar la demanda de metal nuevo

La circularidad aparece como una alternativa ante la futura escasez de oferta. Nexans fijó como objetivo que 25% del cobre de sus cables provenga de material reciclado hacia 2028. La empresa indicó que su planta peruana opera con energía de origen renovable.

La recuperación del metal reduce la necesidad de incorporar cobre virgen a la cadena, aunque no elimina la demanda de nueva producción. También puede disminuir la huella de carbono asociada a los materiales utilizados por la minería y las obras de infraestructura.

En un cable eléctrico, los conductores metálicos concentran entre 70% y 90% de la huella de carbono, de acuerdo con los datos presentados por la empresa. Por ese motivo, la trazabilidad del cobre y la información sobre su origen comenzaron a ganar espacio en licitaciones mineras y de infraestructura.

La pureza del cobre incide en el consumo de energía

La calidad del metal también tiene efectos operativos. Un cobre con una pureza de 99,9% ofrece una mayor conductividad, lo que reduce pérdidas eléctricas durante la vida útil de una instalación.

El dato cobra importancia en operaciones ubicadas a más de 4.000 metros de altitud, expuestas a humedad, golpes, arrastre de materiales y otras condiciones que exigen mayor desempeño de los conductores. “Cada tonelada rinda más veces”, planteó Sandoval, al referirse a la necesidad de combinar producción minera, transformación industrial y reciclaje.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) puso en consulta pública un proyecto para modificar el reglamento que regula la compra de participaciones relevantes en entidades bajo su supervisión.

La iniciativa, aprobada para difusión mediante la Resolución SBS N.° 02256-2026, no cambia todavía las reglas: abre un período para recibir comentarios del público.

SBS plantea ampliar la revisión de compras complejas en el sistema

La norma actual exige autorización previa de la SBS cuando una persona o empresa busca adquirir, de forma directa o indirecta, más del 10% del capital social de un banco, una aseguradora, una administradora privada de fondos de pensiones (AFP) u otra entidad supervisada.

Según la resolución, la propuesta apunta sobre todo a aspectos procedimentales. La SBS detectó casos de adquisiciones complejas que demandan una evaluación más extensa, por lo que plantea adecuar los plazos de atención y los requisitos formales de esos trámites.

El proyecto también prevé ajustes en el Procedimiento 43 del Texto Único de Procedimientos Administrativos de la SBS. No propone modificar el umbral del 10% ni eliminar la autorización previa; busca dar a la autoridad más margen para revisar operaciones complejas antes de resolverlas.

El proyecto será publicado en la sede digital de la SBS y las personas, empresas e instituciones interesadas podrán enviar comentarios durante 15 días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución en el diario oficial El Peruano.

Bancos y aseguradoras podrán competir por administrar pensiones

Antes, la SBS puso también en consulta pública una propuesta para que bancos y aseguradoras puedan administrar fondos de pensiones bajo reglas prudenciales y contables específicas. El proyecto establecía exigencias operativas, de control interno, gestión de riesgos y transparencia para las entidades interesadas.

La iniciativa se relaciona con la Ley N.° 32123, que abrió la posibilidad de que nuevos actores ingresen al sistema previsional, además de las AFP. El marco también contempla la participación de cajas municipales, financieras, cooperativas y otras entidades autorizadas.

La norma buscaba preparar a estas empresas para operar como Empresas Administradoras de Fondos de Pensiones (EAF), bajo supervisión de la SBS. La entidad podrá evaluar el cumplimiento de las condiciones y revisar o revocar autorizaciones si las compañías no mantienen los requisitos exigidos.

La comisión por productividad dependerá del desempeño de los fondos

En julio, la SBS publicó otro proyecto para ordenar el paso de la comisión por flujo a la comisión por saldo para los afiliados que todavía permanecen en el primer esquema. La medida forma parte de la reforma previsional y deja al sistema listo para la futura comisión por productividad.

La comisión por flujo descuenta un porcentaje mensual del sueldo, mientras que la comisión por saldo se calcula sobre el fondo acumulado. La comisión por productividad incluiría una parte fija y otra variable, vinculada al rendimiento que obtenga la administradora frente a un punto de referencia del mercado.

Bajo este modelo, las EAF podrían elevar sus ingresos si consiguen una mayor rentabilidad para los afiliados. El cambio también alcanza a los nuevos administradores que ingresen al sistema, como bancos, cajas, financieras y aseguradoras, que deberán cumplir reglas de transparencia y desempeño similares a las de las AFP actuales.

La SBS prevé el ingreso de nuevos jugadores en 2027

La SBS espera que al menos tres grupos financieros locales evaluaban ingresar al negocio previsional en 2027. La posibilidad surgió tras la reforma que habilitó a bancos y compañías de seguros para administrar fondos de jubilación.

Según el titular de la SBS, Sergio Espinosa, el interés de los grupos dependerá de la estabilidad política tras las elecciones y de que no prospere un nuevo retiro extraordinario de los fondos de pensiones. También planteó que algunos conglomerados podrían reorganizarse para prestar el servicio a través de otra empresa del mismo grupo.

Espinosa incluso mencionó la posibilidad de que un banco absorba a una AFP de su propio conglomerado. El regulador también anticipó solicitudes de licencia para bancos completamente digitales, en un contexto en el que la SBS busca ampliar la competencia y adaptar las reglas del sistema financiero a nuevos participantes.

Las llamadas y los mensajes de texto con fines publicitarios deberán provenir de números que comiencen con 500, según una nueva norma aprobada por el Gobierno peruano.

La medida busca que los usuarios reconozcan cuándo una comunicación tiene un propósito comercial (conocido como llamadas ‘spam’) y puedan distinguirla de otros contactos telefónicos.

Empresas tendrán 180 días para adecuarse a la nueva numeración

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó la serie 500 mediante el Decreto Supremo N.° 018-2026-MTC, publicado el 15 de septiembre. Las operadoras de telefonía fija y móvil dispondrán de un plazo máximo de 180 días calendario para adaptar sus redes y aplicar las nuevas reglas.

La numeración tendrá el formato `500 XXX XXX` y será de uso exclusivo para llamadas y mensajes de texto que promocionen productos, servicios, marcas, descuentos, beneficios u ofertas. La medida incluye las comunicaciones enviadas directamente por una empresa y aquellas que terceros realicen por encargo de esta.

El código será no geográfico, por lo que podrá utilizarse en todo el país. Las operadoras deberán asignarlo a los proveedores que necesiten realizar campañas comerciales y no podrán emplear otros números para ese mismo fin.

El número deberá verse completo en cada llamada o SMS

La norma obliga a los operadores a garantizar que el número de la serie 500 aparezca de forma íntegra en la pantalla del usuario que recibe la llamada o el mensaje. También deberán asegurar la correcta identificación, el enrutamiento y la trazabilidad de estas comunicaciones en todos los puntos de interconexión.

Cada número deberá corresponder a un solo proveedor. Las empresas de telefonía tendrán prohibido asignar simultáneamente una misma línea de la serie 500 a dos o más compañías, una regla que apunta a evitar confusiones sobre el origen de las campañas.

La creación de este rango no elimina las llamadas comerciales ni impide que las empresas envíen publicidad. Su objetivo es reducir el anonimato de estas prácticas: cuando el sistema entre en funcionamiento, los consumidores podrán identificar que un contacto que empieza con 500 corresponde a una comunicación comercial o publicitaria.

El MTC publicará un registro con los proveedores asociados

Las operadoras deberán solicitar al MTC la asignación de los números. En una primera etapa, cada empresa podrá recibir hasta cinco bloques de 1.000 líneas, con un máximo inicial de 5.000 números.

Para pedir más bloques, deberán acreditar que ya utilizan al menos el 70% de la numeración asignada previamente. Las compañías también tendrán que presentar reportes mensuales sobre los números entregados a cada proveedor y reportes semestrales sobre el nivel de uso de los bloques.

La Dirección General de Programas y Proyectos de Comunicaciones creará el Registro de Asignación de la Serie de Numeración 500, que será publicado en la sede digital del MTC. La herramienta incluirá información sobre los proveedores vinculados a estos números y su condición de asignación.

Los bloques que permanezcan sin uso durante 12 meses desde su última asignación podrán retornar al Estado. El ministerio también podrá recuperar numeración si la tasa de uso resulta inferior a los parámetros previstos por la norma.

Las infracciones serán consideradas muy graves

El decreto incorpora también nuevas infracciones muy graves al Reglamento General de la Ley de Telecomunicaciones. Entre ellas figuran usar un bloque nuevo sin haber empleado previamente el 70% del anterior, no asegurar la trazabilidad de las llamadas y los SMS, o impedir que el destinatario vea el número completo de la serie 500.

La fiscalización recaerá en la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC. Además, el ministerio y las operadoras deberán difundir el propósito de la nueva numeración durante el trimestre posterior al vencimiento del plazo de adecuación.

La disposición desarrolla la Ley N.° 32323, que ordenó establecer mecanismos para que los consumidores identifiquen comunicaciones comerciales y publicitarias. Dentro de 18 meses, el MTC evaluará el funcionamiento de la serie 500 y podrá modificar sus condiciones o crear nuevos rangos de numeración.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó el funcionamiento de BiPay Empresa Emisora de Dinero Electrónico S.A., una firma organizada por Viettel Perú S.A.C., como empresa de servicios complementarios y conexos dentro del sistema financiero peruano.

La autorización quedó establecida en la Resolución SBS N.° 02248-2026, emitida el 10 de septiembre. El organismo supervisor indicó que BiPay cumplió con los requisitos técnicos y administrativos requeridos para el inicio de sus operaciones como emisora de dinero electrónico.

BiPay recibió primero el permiso para organizarse

La compañía había obtenido en enero de este año la autorización para su organización. Esa etapa permitió constituir la empresa y avanzar con los procedimientos exigidos por la SBS antes de solicitar el permiso definitivo de funcionamiento.

Tras evaluar la documentación presentada, la entidad concluyó que BiPay se encuentra habilitada para operar. La solicitud había sido presentada el 24 de marzo por Viettel Perú S.A.C., a través de su representante, Pham Anh Duc.

Con esta resolución, BiPay ingresa al grupo de empresas autorizadas para emitir dinero electrónico en el país. Estas entidades pueden ofrecer herramientas para almacenar y transferir fondos por medios digitales, dentro de las condiciones y límites que establece la regulación aplicable.

Qué implica ser una emisora de dinero electrónico

El dinero electrónico es un valor monetario que se almacena de forma digital y puede usarse para realizar operaciones de pago o transferencias. A diferencia del dinero físico, no requiere billetes ni monedas para concretar una transacción.

Las empresas emisoras de dinero electrónico operan bajo supervisión de la SBS y deben cumplir exigencias vinculadas con su gestión, seguridad, solvencia y protección de los usuarios.

No obsatnte, la autorización del regulador peruano no precisa los productos que BiPay pondrá a disposición del público ni la fecha en que iniciará la prestación de sus servicios. Esto ya lo determinará la empresa.

La empresa debe publicar su certificado de funcionamiento

La resolución también ordena que la Secretaría General de la SBS entregue a BiPay el certificado de autorización de funcionamiento. La empresa deberá publicar ese documento en dos oportunidades alternadas.

La primera publicación deberá realizarse en el diario oficial El Peruano, dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación del certificado. La segunda deberá aparecer en un diario de circulación nacional, también dentro de los 10 días hábiles posteriores a la primera difusión.

Además, el certificado deberá permanecer disponible de forma permanente para el público. La medida forma parte del procedimiento previsto para las compañías que reciben autorización de funcionamiento de la SBS. La resolución lleva la firma de Sergio Javier Espinosa Chiroque, superintendente de Banca, Seguros y AFP.

Niubiz es la primera entidad autorizada bajo nuevas reglas del BCRP

Días antes, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) autorizó a Niubiz como la primera Entidad de Servicios de Pago bajo el nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos, vigente desde abril de 2026. Con esta habilitación, la empresa podrá participar en TAPP, el sistema de Transferencias Automáticas de Pagos Perú, así como en otros sistemas y acuerdos de pago.

La autorización para Niubiz corresponde a una regulación distinta de la que recibió BiPay por parte de la SBS para emitir dinero electrónico. Ambas decisiones se producen en un contexto de mayor supervisión sobre las empresas que ofrecen pagos digitales, transferencias y otros servicios vinculados al movimiento electrónico de dinero en Perú.

El Ministerio de la Producción (Produce) decidió que la baja captura de anchoveta registrada en la primera temporada de pesca de 2026 en la zona Norte-Centro no perjudique la participación futura de los armadores.

La medida excluye esa campaña del mecanismo que permite reducir la cuota individual de las embarcaciones cuando no alcanzan un nivel mínimo de extracción durante varios períodos consecutivos.

Mediante la Resolución Ministerial N.° 00323-2026-PRODUCE, el sector estableció que esta primera temporada no será considerada para verificar el cumplimiento de la obligación de extraer al menos el 80% del Límite Máximo de Captura por Embarcación (LMCE).

La decisión se publicó el 14 de septiembre, luego de que la campaña cerrara con un avance de 24,61% de la cuota autorizada.

La cuota define cuánto puede pescar cada embarcación

Primero, debemos entender cómo funcionan las cuotas. Estas no configuran una meta obligatoria que cada empresa deba completar para evitar una multa. En su lugar, representan el volumen máximo que cada embarcación tiene permitido extraer durante una temporada.

Ese porcentaje se denomina Porcentaje Máximo de Captura por Embarcación (PMCE) y determina qué parte de la cuota global recibirá cada barco en las campañas posteriores. Por esa razón, aunque no exista una sanción inmediata por dejar parte de la cuota sin pescar, un bajo nivel de extracción puede impactar sobre el volumen asignado en el futuro.

La norma vigente establece que el Ministerio de la Producción puede reducir el PMCE cuando un armador deja sin ejecutar más del 20% de su LMCE durante cuatro temporadas regulares y consecutivas. La reducción se calcula sobre el promedio no extraído en esos períodos y puede distribuirse entre las embarcaciones de un mismo armador.

Y la cuota pendiente tampoco se guarda para la siguiente campaña. Si un barco no logra pescar todo el volumen autorizado, ese saldo no se traslada ni se suma al límite que reciba en la próxima temporada.

La excepción evita que el bajo resultado cuente como antecedente

La resolución aprobada por el Gobierno evita que la primera temporada de 2026 sea contabilizada dentro de esas cuatro campañas que pueden dar lugar a un recálculo de la participación de los armadores.

En términos prácticos, los industriales no recuperarán la anchoveta que dejaron de extraer, pero el resultado de este período tampoco podrá ser usado para reducir sus cuotas futuras.

El ministerio sustentó la excepción en informes del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) sobre las condiciones ambientales y biológicas del recurso. La entidad científica informó que durante 2026 persistió un escenario cálido anómalo frente a la costa peruana, lo que afectó la distribución y el estado de la anchoveta.

Imarpe también advirtió que el recurso presentaba bajos niveles de condición somática y contenido graso. A ello se sumó una actividad reproductiva parcial, por debajo de los patrones históricos esperados para agosto, y una alta presencia de ejemplares juveniles.

Durante la Operación Eureka LXXVIII, realizada entre el 15 y el 18 de agosto, los juveniles representaron 65% de la anchoveta en número y 48% en peso dentro del área evaluada en la región Norte-Centro.

La campaña terminó antes de completar la cuota autorizada

El Ministerio de la Producción concluyó la primera temporada de pesca de anchoveta desde las 00:00 horas del 21 de agosto, tras una recomendación de Imarpe. La cuota global había sido fijada en 1,91 millones de toneladas, pero la extracción alcanzó poco menos de una cuarta parte de ese límite.

El cierre respondió al enfoque precautorio adoptado por las autoridades para proteger el reclutamiento, la renovación del stock Norte-Centro y el proceso de desove. Según la resolución que estableció la excepción, el desempeño de la campaña fue uno de los más bajos del período 2009-2026.

COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, canalizó más de S/ 226 millones a través del sistema financiero en Junín y analiza opciones para ampliar su participación en proyectos de infraestructura, saneamiento, transporte y conectividad en la macrorregión centro.

La entidad realizó en Huancayo su cuarto Directorio Descentralizado, con reuniones con autoridades, empresas, entidades financieras y representantes académicos.

El directorio de COFIDE llevó la discusión financiera a Huancayo

La sesión se llevó a cabo el 9 de setiembre en Huancayo y reunió a los integrantes del Directorio y al equipo técnico de COFIDE con representantes del Gobierno Regional de Junín, la Cámara de Comercio, instituciones microfinancieras, empresarios y universidades. Entre las entidades participantes estuvo la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Huancayo (CMAC Huancayo).

La iniciativa forma parte de una estrategia con la que COFIDE busca trasladar parte de su agenda institucional fuera de Lima. El objetivo es que sus órganos de decisión conozcan las necesidades de cada región, identifiquen sectores que requieran financiamiento y evalúen proyectos en los que pueda intervenir con créditos, garantías, estructuración financiera o movilización de recursos.

El presidente ejecutivo de la entidad, Jorge Velarde, afirmó que la presencia en el territorio permite recoger información de las autoridades y del sector privado antes de definir posibles intervenciones. “El desarrollo del país requiere acercar las decisiones financieras al territorio”, sostuvo durante la actividad.

Velarde indicó que COFIDE pretende elevar su participación en Junín mediante instrumentos que permitan impulsar la competitividad regional y el desarrollo productivo. La entidad precisó que las reuniones no reemplazan los procesos técnicos requeridos para aprobar operaciones de financiamiento.

CMAC Huancayo concentra más de la mitad de los recursos canalizados

Junín figura entre las tres regiones peruanas con mayor volumen de recursos canalizados por COFIDE mediante entidades del sistema financiero. Las colocaciones superan los S/ 226 millones, de acuerdo con los datos difundidos durante el Directorio Descentralizado.

De ese monto, alrededor de S/ 127 millones se distribuyeron a través de CMAC Huancayo. El resto se canalizó mediante operaciones con CMAC Arequipa, Mibanco y BBVA. El esquema permite que COFIDE entregue fondeo e instrumentos financieros a entidades que mantienen un vínculo directo con los negocios y emprendedores de la región.

La entidad señaló que este modelo apunta a ampliar el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas, un sector que suele enfrentar mayores dificultades para conseguir financiamiento en condiciones adecuadas. Las instituciones financieras locales cumplen un papel de intermediación, ya que evalúan y atienden las solicitudes de sus clientes.

La hidroeléctrica RenovAndes H1 recibió un compromiso por US$ 27,4 millones

La actividad de COFIDE en Junín también incluye operaciones ligadas al sector energético. La entidad comprometió US$ 27,4 millones para financiar la Central Hidroeléctrica RenovAndes H1, operada por la Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana.

Además, COFIDE informó que cuenta con inversiones en instrumentos del mercado de capitales vinculados con empresas que desarrollan infraestructura y servicios con presencia o impacto en la región.

Durante la visita a Huancayo, el Directorio revisó iniciativas que podrían tener incidencia en Junín y en la macrorregión centro. Entre ellas figura la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Huancayo, cuyo costo estimado asciende a US$ 466 millones y que podría beneficiar a más de 540 mil habitantes.

La PTAR Huancayo, las vías y el aeropuerto de Jauja están en evaluación preliminar

COFIDE también analizó proyectos para mejorar la conectividad vial y ferroviaria de la zona central del país, así como la modernización del Aeropuerto de Jauja. La entidad considera que esta infraestructura puede incidir en el transporte de pasajeros, el comercio y el turismo de la región.

El banco aclaró que las iniciativas revisadas se encuentran en una fase preliminar. Por ese motivo, el análisis no implica una aprobación ni un compromiso de financiamiento. La eventual intervención de COFIDE dependerá de la estructura de cada proyecto, su viabilidad técnica y financiera, el marco normativo aplicable y las autorizaciones correspondientes.

El modelo de fideicomisos de inversión en bienes raíces, conocidos como FIBRA, ha ganado espacio en Perú como una alternativa para acceder al negocio inmobiliario sin comprar un edificio o local completo.

¿Cómo funciona? Estos vehículos reúnen dinero de varios inversionistas para comprar y alquilar oficinas, centros logísticos y centros comerciales. Luego, distribuyen parte de los ingresos por alquileres entre quienes adquieren sus certificados, los cuales se pueden comprar y vender en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Sin embargo, las barreras regulatorias y fiscales aún limitan la expansión hacia nuevos segmentos. Uno de ellos es el multifamily, un modelo de edificios de vivienda destinados exclusivamente al alquiler, que tiene presencia en mercados como Estados Unidos, pero todavía enfrenta obstáculos en Perú.

FIBRA, un modelo global con límites locales

Ignacio Mariátegui, CEO de Fibra Prime, explicó a Infobae Perú que el modelo existe en 45 países y nació en América del Norte durante la década de 1960. En mercados más desarrollados, estos vehículos concentran activos inmobiliarios que, de forma indirecta, pertenecen a fondos de pensiones, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales.

En Perú, el menor tamaño del mercado llevó a Fibra Prime a formar un portafolio diversificado. La empresa, que inició operaciones en 2018, invierte en tres verticales: oficinas, centros logísticos y centros comerciales.

La firma analiza oportunidades en otras clases de activos, ante el avance de segmentos como los data centers, el senior living, los centros médicos y el multifamily. Justamente, este último enfrenta obstáculos que limitan la inversión.

Mariátegui sostuvo que la legislación local ofrece una mayor protección al inquilino moroso y dificulta la recuperación de una vivienda ante el incumplimiento de un contrato. “El multifamily tendría que ser una clase de activo bastante exitosa en Perú, pero el derecho a la posesión es más fuerte que el derecho contractual”, afirmó.

El ejecutivo comparó esta situación con Estados Unidos, donde los procesos de desalojo pueden resolverse en una o dos semanas. Esa diferencia reduce el riesgo de impago para los propietarios y facilita el desarrollo de edificios destinados al alquiler. “Ese marco reduce tremendamente el riesgo de impago”, agregó.

El IGV y el riesgo de impago, los desafíos para la renta institucional

El segundo obstáculo es tributario. Cuando una empresa alquila una vivienda a una persona natural, el pago mensual debe incluir el IGV, lo que eleva el precio final frente a contratos entre personas naturales. “Se está estudiando que la renta de personas jurídicas a personas naturales no tenga IGV para no encarecerla”, señaló Mariátegui.

El potencial del multifamily se vincula con la demanda de vivienda en Lima. El CEO de Fibra Prime indicó que los proyectos en Lima moderna, con departamentos de uno, dos y hasta tres dormitorios, registran ventas de entre 12 y 20 unidades mensuales. Los precios se ubican entre USD 110.000 y USD 130.000 por departamento.

Con ese ritmo, un proyecto de 200 unidades puede venderse en unos 15 meses. Para Mariátegui, la reducción de la brecha de vivienda requiere más oferta para la venta y también proyectos enfocados en el alquiler.

“Si una persona jurídica alquila a una persona natural, tiene que sumar el IGV, y eso encarece el producto. Pero la brecha de vivienda no se va a solucionar solo con producto para la venta, sino también con producto para la renta”, dijo durante el Wealth Management Perú Summit 2026, organizado por El Dorado Investments.

Bolsa de Valores: Fibra Prime subió más de 15% este año

El certificado de participación de Fibra Prime pasó de USD 6,10 a USD 7,10 en lo que va de 2026, una apreciación superior al 15%, según informó Mariátegui.

La empresa proyecta repartir cerca de USD 0,60 por certificado durante este año. Con una cotización de USD 7,10, el pago equivale a un dividend yield, o retorno por dividendos, de aproximadamente 8,75% en dólares.

Mariátegui espera un buen cierre de año para el mercado de oficinas y mantiene una visión favorable para el sector inmobiliario en los próximos años. La expansión de la cartera hacia nuevos segmentos dependerá de las condiciones de cada mercado y de cambios normativos que reduzcan los riesgos para los inversionistas.

El ejecutivo consideró que el Gobierno ha dado pasos en la dirección correcta con las iniciativas sobre vivienda de alquiler. Aun así, indicó que persisten pendientes en materia contractual y tributaria para impulsar el ingreso de empresas e inversionistas institucionales al mercado de renta residencial.

La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de la Cámara de Diputados postergó para el miércoles 16 de septiembre la votación del informe que recomienda declarar inviable el pedido de facultades legislativas del Poder Ejecutivo en los 16 asuntos examinados por ese grupo de trabajo.

La decisión obedeció al pedido de las bancadas de Gobierno de ampliar el debate frente al rechazo total planteado por la comisión, que se sumaría a las opiniones desfavorables ya emitidas por Energía y Minas; Infraestructura, Vivienda y Transporte; Producción; Trabajo; Ciencia; y Justicia y Derechos Humanos.

Fuerza Popular cuestionó el rechazo a los 16 pedidos del Ejecutivo

Durante la sesión, la diputada de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán, propuso un cuarto intermedio para revisar el informe y debatir las propuestas de manera separada. La solicitud no prosperó, pero el grupo de trabajo reprogramó la votación.

Barbarán cuestionó que la comisión pasara de anunciar una revisión técnica y punto por punto a recibir un documento que recomienda negar todas las facultades bajo su competencia.

“No nos están pidiendo un debate político, sino técnico. Me sorprende que la semana pasada se hablara de la urgencia de esta comisión para debatir punto por punto y que ahora el informe que nos enviaron concluya que no resulta viable otorgar facultades en ninguno de los extremos”, afirmó.

El informe consultivo revisó 16 pedidos vinculados con materias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La recomendación fue emitir una opinión técnica no favorable en todos ellos:

• Formalización de micro y pequeñas empresas y fortalecimiento del factoring.
• Financiamiento del emprendimiento innovador y los bionegocios.
• Transferencias financieras para los Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) públicos.
• Transferencias regionales voluntarias a ProInnóvate.
• Modernización societaria y régimen de sociedades por acciones cerradas simplificadas.
• Títulos de cosecha y financiamiento agrario.
• Mecanización y financiamiento de activos productivos.
• Fondo para el desarrollo de la pesca artesanal.
• Eliminación o modificación del tope a las tasas de interés.
• Finanzas abiertas e inclusión financiera.
• Participación y financiamiento de la remediación ambiental.
• Ejecución de asociaciones público-privadas y proyectos en activos.
• Permisos y exenciones para proyectos de infraestructura.
• Integración de los regímenes tributarios empresariales.
• Modernización aduanera y facilitación del comercio.
• Ampliación y simplificación de obras por impuestos.

El debate por las tasas de interés dividió a la comisión

El pedido para eliminar los topes a las tasas de interés concentró parte de la discusión. El Ejecutivo busca retirar disposiciones incorporadas por la Ley 31143, conocida como ley contra la usura, que fijó límites para los intereses de créditos otorgados por entidades del sistema financiero, como los bancos.

El presidente de la comisión, José Marcelo Salazar, defendió el informe desfavorable y cuestionó uno de los argumentos del Ejecutivo para eliminar el tope a las tasas de interés.

Según la exposición de motivos del MEF, tras la vigencia del límite, los créditos se concentraron cerca del máximo de 114%. Salazar rebatió que las series históricas de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) no confirman esa premisa.

De acuerdo con el diputado, el Ejecutivo solo tomó como referencia los créditos de consumo, microempresa y pequeña empresa, aunque el sistema registra ocho categorías.

Según explicó, las tasas promedio de esos segmentos en bancos, financieras y cajas municipales se mantuvieron “claramente por debajo” del tope vigente, incluso antes de que entrara en vigor la Ley 31143.

Salazar reconoció que en el pasado existieron operaciones con intereses superiores a 114%, e incluso citó programas de crédito del desaparecido Banco Azteca con tasas de hasta 300%. Pero afirmó que esos casos no bastan para justificar una eliminación general del límite.

También atribuyó parte del aumento estadístico de las tasas en el segmento de microempresas al ingreso de Banco Compartamos, una entidad que, según dijo, aplica intereses más altos por asumir una cartera con mayor riesgo.

Salazar indicó que sus colocaciones representan 1,25% del total del sistema y remarcó que el crecimiento de la morosidad obliga a las entidades a realizar provisiones, lo que reduce sus ganancias.

El informe será remitido a Constitución si Economía lo aprueba

Por su parte, la también diputada de Fuerza Popular, Cecilia Chacón, cuestionó que el informe recomendara rechazar el pedido en bloque, sin abrir la discusión de cada propuesta. A su salida del hemiciclo, la abogada incluso cuestionó un presunto bloqueo de las facultades por parte de las “bancadas de izquierda”.

“No vamos a estar de acuerdo con todo, pero el informe demuestra que no ha habido intención de llegar a consensos. Si hubiera existido esa voluntad, habríamos comenzado a votar artículo por artículo, que es lo que el pueblo peruano esperaba”.

A su turno, Barbarán propuso discutir por bloques los asuntos con menos consenso, entre ellos las tasas de interés, la creación de productos financieros y la remediación ambiental. La legisladora sostuvo que esa fórmula permitiría acelerar el análisis y una eventual votación. Finalmente, la sala decidió postergar la votación.

Vale precisar que la opinión de la Comisión de Economía no es vinculante. Si el informe se aprueba el miércoles 16, será enviado a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores, que deberá elaborar un dictamen sobre el pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días. La decisión final corresponderá al pleno de la Cámara de Diputados.

Trascendió que, ante la falta de consenso y el rechazo planteado por la mesa directiva, las bancadas podrían presentar informes en minoría con propuestas alternativas sobre las facultades solicitadas.

La medida fue comunicada por el ministro de Educación, José Antonio Chang, durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026-2031, realizada en la Institución Educativa 1211 José María Arguedas, en el distrito limeño de Santa Anita.

Chang plantea una currícula con menos contenidos y mayor profundidad

El titular del Ministerio de Educación sostuvo que la revisión busca reducir la sobrecarga de conocimientos en las aulas y concentrar la enseñanza en competencias que, según dijo, resultan prioritarias para los estudiantes.

“La currícula está demasiada cargada de conocimientos, pero con muy poca profundidad”, afirmó Chang ante la presidenta Keiko Fujimori, autoridades educativas, docentes y alumnos presentes en el colegio.

El ministro indicó que el rediseño pondrá el foco en el pensamiento crítico, la comprensión lectora, el razonamiento matemático y la formación técnica. Sobre este último aspecto, señaló que la intención es que los alumnos puedan concluir su etapa escolar con herramientas para acceder a un oficio.

Dentro de los nuevos ejes, Chang mencionó la enseñanza de educación cívica, valores e inglés. También incluyó contenidos de educación financiera, aunque no precisó si serán dictados como curso independiente o si formarán parte de materias ya existentes.

“Vamos a pedir que se incorporen temas de educación cívica, temas de valores, el inglés como una forma de comunicación con el mundo, educación financiera”, expresó el funcionario.

La educación financiera apuntará al manejo de la economía familiar y nacional

Chang explicó que la propuesta pretende que los alumnos comprendan la importancia de la administración económica en sus hogares y en el país. “Para que los muchachos entiendan lo importante que es el manejo económico, no solamente familiar, sino nacional”, sostuvo.

El anuncio no incluyó detalles sobre los grados escolares que abarcará la medida, los contenidos específicos que se impartirán, la capacitación que recibirán los docentes ni la fecha de implementación. Tampoco se informó si el Ministerio de Educación elaborará nuevos textos o materiales para las instituciones educativas.

La educación financiera fue presentada como parte de una actualización de la currícula nacional, cuya última evaluación, de acuerdo con Chang, ocurrió después de diez años de vigencia.

El ministro sostuvo que el Gobierno buscará retirar de los programas escolares “todo tipo de ideología”, pero no identificó cuáles contenidos, cursos, materiales o enfoques serán modificados.

“No debe haber una interpretación ideológica de la historia”, declaró Chang. Añadió que el Ejecutivo recurrirá al “rigor de la historia científica” para que los estudiantes desarrollen una opinión propia a partir de su pensamiento crítico.

Los resultados de PISA quedaron como telón de fondo de la reforma

La iniciativa fue anunciada pocos días después de la difusión de los resultados de la evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA).

En la edición de 2025, Perú obtuvo 390 puntos en comprensión lectora, 18 menos que en 2022; 382 en matemática, nueve menos; y 406 en ciencias, dos puntos por debajo de la medición anterior.

La caída en lectura devolvió al país a un nivel inferior al alcanzado en 2015, cuando obtuvo 398 puntos. En matemática, el desempeño también quedó por debajo de los registros de hace una década.

Chang vinculó los resultados con la necesidad de reforzar el acompañamiento familiar. Por eso, anunció que el Gobierno retomará una guía para padres, con sugerencias de temas de conversación de acuerdo con cada grado escolar.

“Tan importante es la presencia del padre como la del maestro”, afirmó. El ministro señaló que los estudiantes permanecen entre seis y siete horas al día en los colegios, mientras que pasan más tiempo en sus hogares.

El 85% de los peruanos ha modificado sus hábitos nocturnos por temor a la delincuencia, según el Séptimo Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia. La encuesta de Ipsos, aplicada entre el 20 y el 23 de agosto de 2026 en zonas urbanas y rurales, estima que cerca de 22 millones de personas restringen sus salidas a partir de determinada hora.

El estudio, impulsado por el Banco de Ideas Credicorp, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Capital Humano y Social S.A., muestra que el temor al delito ya incide en decisiones cotidianas como visitar familiares, ir a restaurantes, hacer compras o utilizar el transporte público durante la noche.

Dejar de salir, pagar taxi y viajar acompañado: así cambió la rutina por la inseguridad

Un 43% de los consultados señaló que procura no salir de su vivienda o de su barrio desde las 20:00, o incluso antes. Otro 42% afirmó que limita sus desplazamientos a partir de las 22:00. Las cifras reflejan que la percepción de inseguridad condiciona los horarios de una amplia mayoría de la población.

La restricción es más marcada en Lima, donde el 90% indicó que deja de salir a alguna hora de la noche por temor a la delincuencia. Casi uno de cada dos habitantes de la capital, el 49%, fija ese límite desde las 22:00, siete puntos porcentuales por encima del promedio nacional.

El impacto también alcanza al consumo. El 58% de los encuestados declaró que sale menos que hace un año debido a la inseguridad, una proporción que equivale a más de 15 millones de personas. En el nivel socioeconómico D, el porcentaje llega a 65%.

Los comercios, restaurantes y negocios de barrio figuran entre los espacios afectados por la reducción de las salidas. En el nivel socioeconómico C, la percepción de un efecto económico adverso pasó de 42% en 2025 a 56% este año, de acuerdo con el reporte.

La adaptación también se observa en el transporte. Entre quienes utilizan transporte público, 26% evita llevar objetos de valor y 24% prefiere viajar acompañado. Además, 16% cambió parte de sus trayectos a taxis o aplicativos, pese al mayor costo, mientras una proporción similar dejó de usar el transporte público por la noche.

La extorsión se extendió a todo el país, mientras los presos por ese delito apenas aumentaron

El informe advierte que la extorsión dejó de concentrarse en la costa norte y pasó a tener presencia en todas las regiones. Frente a esa expansión, los autores cuestionan la respuesta estatal, en particular por la diferencia entre el crecimiento de las denuncias y el número de personas encarceladas por ese delito.

Según datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), los internos por extorsión pasaron de 1.186 en diciembre de 2024 a 1.661 en junio de 2026. Es decir, hubo un aumento de 475 personas privadas de libertad en casi dos años. Si se toma como referencia 2017, el registro era de 1.314 presos por ese delito.

En junio de 2026, los encarcelados por extorsión representaban el 1,6% de la población penitenciaria, compuesta por 106.209 internos. La proporción es similar a la que se registraba en 2016, aunque el delito tiene ahora una mayor dispersión territorial.

El reporte también midió la evolución del crimen violento mediante el Índice del Crimen y la Violencia (IDCV). Entre enero y agosto se contabilizaron 1.866 homicidios consumados y tentativas, con un incremento desde 158 casos en enero hasta 288 en julio.

La Libertad, Ica y Piura registraron las cifras absolutas más altas. Al ajustar los casos por población, Tumbes, Madre de Dios e Ica encabezaron el indicador. Quince provincias concentraron el 33% de los hechos registrados a nivel nacional.

Las armas de fuego estuvieron presentes en 782 de los 961 homicidios y tentativas con información disponible entre enero y agosto, equivalentes al 81%. El documento también identificó 251 ataques contra transportistas, con 21 atentados con explosivos y 33 ataques con ráfagas de bala contra vehículos de transporte público hasta junio.

España enfrenta dificultades para cubrir miles de puestos técnicos y especializados, una situación que abre opciones para profesionales peruanos interesados en trabajar en ese país, de acuerdo con la Fundación Venancio Salcines.

Ese escenario ha llevado a la organización a iniciar en Lima una agenda de reuniones con instituciones de formación técnica. La meta es establecer alianzas que conecten a estudiantes y profesionales peruanos con procesos de selección de empresas españolas de minería, mecánica, mantenimiento industrial y construcción.

Mecánicos, soldadores y trabajadores de construcción figuran entre los perfiles más buscados

Según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 43.495 vacantes permanecieron sin cubrir durante al menos 90 días en el cuarto trimestre de 2025, con mayores problemas en actividades vinculadas con la construcción y la industria manufacturera.

La falta de personal con competencias técnicas se concentra en puestos que requieren formación específica y, en algunos casos, experiencia previa. Mecánicos, soldadores, especialistas en mantenimiento industrial y trabajadores de construcción figuran entre las ocupaciones que presentan dificultades de cobertura en el mercado laboral español.

La propuesta no plantea una convocatoria abierta y masiva, sino la identificación de candidatos para vacantes concretas, de acuerdo con las necesidades de cada empresa, de acuerdo con el comunicado de la Fundación Venancio Salcines.

“No venimos únicamente a buscar talento; venimos a colaborar con las instituciones que lo forman y a construir oportunidades junto a ellas”, señaló Venancio Salcines, doctor en Teoría Económica y también presidente de efbs Grupo Educativo.

La fundación prevé seleccionar candidatos de una red de más de 1.000 empresas

La Fundación Venancio Salcines cuenta con una red de más de 1.000 empresas colaboradoras en España. Su plan en Perú se dirige, en una primera etapa, a profesionales y estudiantes próximos a concluir programas técnicos relacionados con las áreas priorizadas.

Los procesos de selección evaluarán la formación especializada, las competencias técnicas y la experiencia laboral cuando el puesto lo requiera. Los postulantes también deberán cumplir los requisitos migratorios y laborales exigidos para desarrollar actividades remuneradas en España.

La entidad indicó que busca acompañar a los candidatos durante el proceso de movilidad laboral. “No queremos traer al mayor número posible de personas. Queremos que quienes confían en la Fundación puedan desarrollar un proyecto que responda a sus expectativas y sepan que no estarán solos”, afirmó Salcines.

La organización sostiene que las instituciones educativas cumplen una función central en esa articulación. La relación con los centros de formación permitiría conocer las capacidades de los estudiantes y egresados, así como facilitar su vinculación con empresas que demandan trabajadores en áreas técnicas.

Más de 43.000 vacantes llevan al menos 90 días sin cubrir en España

Desde 2017, la fundación informó que benefició a 8.000 jóvenes recién graduados mediante programas que canalizaron cerca de 40 millones de euros en becas. También indicó que, desde 2023, contribuyó al retorno laboral de 200 profesionales que se encontraban fuera de España.

En 2024, la entidad facilitó prácticas profesionales en España para 180 estudiantes de educación superior procedentes de Colombia. La experiencia será tomada como referencia para el proyecto que la fundación busca desarrollar con instituciones peruanas.

La agenda en Lima apunta a definir mecanismos de cooperación con los centros educativos y a identificar perfiles que puedan acceder a futuras convocatorias. La prioridad estará en ocupaciones técnicas vinculadas con minería, construcción, mecánica y mantenimiento industrial.

Niubiz se convirtió en la primera Entidad de Servicios de Pago autorizada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) bajo el nuevo Reglamento General del Sistema Nacional de Pagos.

La habilitación permite a la empresa operar en adquirencia de pagos, recaudación y dispersión de fondos, además de participar de forma directa o indirecta en sistemas y acuerdos de pago.

La autorización se da en el marco de la norma que el BCRP aprobó y puso en vigencia en abril de 2026. El reglamento actualizó las reglas para los proveedores que intervienen en el ecosistema financiero, ante la aparición de nuevos instrumentos, canales digitales y actores vinculados con las transacciones electrónicas.

Con esta decisión, Niubiz deberá cumplir de manera permanente con las exigencias establecidas en el Reglamento General y con las disposiciones específicas de cada infraestructura o servicio de pagos en el que participe.

La autorización abarca pagos con tarjetas, recaudación y transferencias de fondos

La condición de Entidad de Servicios de Pago habilita a Niubiz para ofrecer servicios de adquirencia. Esta actividad permite que comercios y empresas acepten pagos realizados por sus clientes mediante tarjetas u otros medios electrónicos.

La autorización también comprende la recaudación de fondos y su dispersión. Estos servicios abarcan operaciones en las que una entidad recibe pagos de usuarios y luego transfiere los recursos a los destinatarios correspondientes, según los acuerdos que mantenga con empresas, comercios o instituciones.

El BCRP también autorizó a la compañía a participar, de forma directa o indirecta, en sistemas y acuerdos integrados al Sistema Nacional de Pagos. Entre los mecanismos mencionados se encuentra TAPP, sigla de Transferencias Automáticas de Pagos Perú.

La habilitación incluye la posibilidad de intervenir en otros esquemas que operen sobre medios de pago ya conocidos, como las redes de tarjetas y las cuentas de dinero electrónico. Cada participación deberá ajustarse a los requisitos regulatorios aplicables a la infraestructura involucrada.

El nuevo reglamento incorpora disposiciones para ordenar las funciones y obligaciones de los participantes del sistema. Su alcance contempla a entidades que prestan servicios relacionados con pagos, transferencias y otros mecanismos que permiten el movimiento de dinero entre personas, empresas e instituciones.

El BCRP actualizó las reglas ante el avance de los pagos digitales

La actualización normativa responde a los cambios registrados en la forma en que se realizan las transacciones en el país. Los pagos con tarjetas, las transferencias, las billeteras digitales y otras modalidades electrónicas ampliaron la participación de empresas tecnológicas y financieras dentro del sistema.

Según Niubiz, la autorización confirma que la compañía cumplió con los requisitos exigidos por el BCRP para operar bajo este marco. El director ejecutivo de la empresa, Gustavo Leaño Concha, señaló que la decisión permitirá fortalecer sus capacidades tecnológicas y mantener su participación dentro del sistema bajo las reglas de la autoridad monetaria.

El ejecutivo afirmó que el desafío para el sector no se limita a la incorporación de nuevas opciones de pago. También incluye la conexión entre los distintos participantes del ecosistema, con el objetivo de que las operaciones sean más integradas para empresas y usuarios.

La condición de Entidad de Servicios de Pago no implica una autorización permanente sin supervisión. Niubiz deberá conservar el cumplimiento de las obligaciones previstas por el BCRP mientras participe en actividades de adquirencia, recaudación, dispersión de fondos o sistemas de pago.

La decisión sitúa a la empresa como la primera habilitada bajo la regulación vigente desde abril. El alcance de la medida permitirá que Niubiz mantenga y amplíe su participación en los servicios de pago sujetos a las nuevas exigencias del Sistema Nacional de Pagos.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) presentó una plataforma digital que permite recorrer de forma virtual el Geoparque Mundial UNESCO Colca y Volcanes de Andagua, reconocido como el primero del Perú.

El aplicativo reúne imágenes en 360°, mapas interactivos, paneles educativos e investigaciones sobre este territorio ubicado en la región Arequipa. El nuevo StoryMap fue desarrollado por el Proyecto Nacional Patrimonio Geológico y Geoturismo de INGEMMET.

La herramienta concentra estudios y materiales que la institución acumuló sobre el geoparque, con una propuesta dirigida a estudiantes, docentes, autoridades, operadores turísticos y visitantes interesados en conocer las características geológicas de la zona.

La plataforma está disponible en español e inglés a través de la sección Aplicativos del portal institucional de INGEMMET. El acceso no requiere conocimientos técnicos y apunta a facilitar la comprensión de los procesos geológicos, paisajes y puntos de interés que forman parte del territorio.

La plataforma reúne mapas, imágenes en 360° y material para planificar visitas

El StoryMap organiza sus contenidos en seis apartados. El primero ofrece una introducción al geoparque, su historia y sus principales características. A partir de allí, los usuarios pueden acceder a recorridos inmersivos en 360° por distintos lugares de interés.

La herramienta también incorpora un mapa interactivo que identifica los puntos geológicos registrados en el ámbito del Colca y Volcanes de Andagua. Este recurso permite ubicar volcanes, formaciones naturales, paisajes y otros espacios incluidos dentro del geoparque.

Otra sección está destinada a la planificación de viajes. Allí se incluyen mapas turísticos organizados por distrito, con información que puede servir como referencia para quienes proyecten una visita presencial a los atractivos del área.

El contenido educativo completa la oferta digital con una galería de paneles informativos. A ello se suman publicaciones y estudios técnicos elaborados por INGEMMET, que abordan la geología, el patrimonio natural y otros aspectos vinculados con el territorio.

El geoparque recibió el reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) por sus paisajes, su historia geológica, su patrimonio cultural y su biodiversidad. Con la plataforma, la institución busca acercar ese contenido al público a través de recursos digitales.

INGEMMET señaló que la iniciativa forma parte de sus acciones de investigación, identificación y evaluación de lugares de interés geológico en el país. La entidad considera que estos espacios tienen valor científico, educativo y turístico, por lo que promueve herramientas que faciliten su difusión y conservación.

Cajamarca coordina medidas de prevención ante peligros geológicos para El Niño 2026-2027

En otra acción institucional, INGEMMET sostuvo una reunión técnica con la Oficina de Defensa Nacional del Gobierno Regional de Cajamarca para avanzar en la evaluación de zonas críticas por peligros geológicos ante el Fenómeno El Niño 2026-2027.

El encuentro contó con representantes del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Las entidades intercambiaron información técnica para reforzar la coordinación en materia de gestión del riesgo de desastres.

La jornada se desarrolló dentro del proyecto ACT-16, Servicio de Asistencia Técnica en la Evaluación de Peligros Geológicos a Nivel Nacional. A través de esta iniciativa, INGEMMET brinda soporte a gobiernos regionales y locales para identificar y evaluar amenazas como deslizamientos, derrumbes, huaicos y otros procesos vinculados con la dinámica del terreno.

Como resultado de la reunión, las instituciones acordaron compartir el informe técnico que surja de la evaluación de zonas críticas. El documento servirá como base para definir medidas de mitigación de acuerdo con las recomendaciones de los especialistas.

La evaluación busca aportar información para que las autoridades adopten decisiones preventivas antes de la temporada asociada al Fenómeno El Niño.

La suspensión temporal de productos fitosanitarios que contienen clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clotianidina ha reabierto el debate sobre el uso de agroquímicos en el país.

Ante la medida dictada por el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP Lima) propuso que la venta de estos insumos requiera una receta emitida por un ingeniero agrónomo, tras una evaluación previa de cada caso.

La decisión alcanza a productos dirigidos a cultivos para consumo interno y dispone, además, programas de acompañamiento técnico para agricultores. El objetivo es promover prácticas de manejo de plagas compatibles con la inocuidad alimentaria y alternativas de control que representen menores riesgos.

Para el CIP Lima, la suspensión plantea la necesidad de reforzar la supervisión de los productos fitosanitarios sin retirar herramientas que, bajo criterios técnicos, se usan para proteger los cultivos. La institución sostiene que la respuesta debe incluir asesoramiento especializado desde la planificación de cada campaña agrícola.

El CIP Lima propone que un agrónomo evalúe cada caso antes de la compra

El ingeniero agrónomo Miguel Iglesias Inciso, representante del CIP Lima, planteó que los agricultores presenten una receta profesional antes de adquirir agroquímicos.

Según explicó, esa evaluación permitiría identificar la plaga, revisar qué productos se aplicaron antes y definir una estrategia de control acorde con las condiciones del campo. El planteamiento apunta a evitar decisiones basadas solo en la disponibilidad comercial o en el cambio de marcas.

Iglesias advirtió que dos productos distintos pueden contener sustancias con mecanismos de acción similares, por lo que una sustitución de ese tipo no necesariamente mejora los resultados en el control de insectos, malezas u otros organismos que afectan la producción.

La preocupación central es la resistencia de las plagas. El uso reiterado de productos que actúan de la misma manera puede favorecer la supervivencia de los individuos menos sensibles y su posterior reproducción. Con el tiempo, esa dinámica reduce la eficacia de las aplicaciones y deja menos alternativas disponibles para los agricultores.

El especialista recomendó revisar las etiquetas de los productos y alternar mecanismos de acción. Esta medida busca evitar que el manejo fitosanitario dependa de una sola sustancia o de compuestos que produzcan un efecto similar sobre la plaga.

No obstante, una menor efectividad no confirma por sí sola un caso de resistencia. El CIP Lima recordó que también pueden influir errores de aplicación, la calidad del agua usada en la mezcla, el viento, una cobertura deficiente del cultivo o la aplicación del producto en una etapa en la que la plaga no resulta vulnerable.

El control preventivo busca reducir costos y la exposición a pesticidas

Iglesias señaló que elevar las dosis ante una aplicación fallida puede aumentar los costos de producción y la exposición del agricultor a los agroquímicos. También advirtió que esta práctica puede elevar la presencia de trazas de pesticidas en los alimentos y trasladar mayores gastos al consumidor final.

La propuesta del CIP Lima no plantea eliminar el uso de productos químicos en la agricultura. La institución los considera parte de las herramientas disponibles para el control fitosanitario, aunque sostiene que su empleo debe responder a una recomendación técnica y a una estrategia definida para cada cultivo.

El enfoque sugerido parte de la prevención. Antes de iniciar una campaña, los productores deberían analizar las condiciones ambientales, el tipo y la variedad de cultivo, así como los antecedentes de plagas en predios cercanos. Con esa información, podrían anticipar medidas de control antes de que aparezca una afectación extendida.

Entre las alternativas mencionadas figuran las barreras físicas, el control etológico y prácticas de manejo del cultivo. Estas acciones pueden complementar el uso de agroquímicos y reducir la necesidad de responder cuando el problema ya se instaló en el campo. “Siempre es más barato prevenir que curar”, sentenció Iglesias.

El Hospital de Alta Complejidad de Piura culminó su diseño integral y quedó a la espera de la aprobación del Ministerio de Salud para pasar a la fase de construcción.

El proyecto prevé una inversión de S/3.201.976.925 y busca ampliar la atención especializada para más de tres millones de habitantes de Piura y otras regiones del norte peruano.

El diseño fue presentado al gobernador regional de Piura

El expediente técnico fue elaborado por un equipo británico y presentado al gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, según informó el Gobierno Regional. La entrega del diseño marca el cierre de una fase previa a la ejecución física de una obra proyectada para atender casos de alta complejidad.

La aprobación del Ministerio de Salud (MINSA) constituye el paso pendiente antes del inicio de los trabajos. Una vez que el sector dé conformidad al diseño, el proyecto podrá ingresar a su etapa constructiva, que contempla la edificación, el equipamiento y la puesta en funcionamiento del establecimiento.

El hospital se levantará en el distrito de Veintiséis de Octubre, en un terreno de 37.782 metros cuadrados que ya fue entregado formalmente para la ejecución de la obra.

Según el comunicado, la futura infraestructura concentrará servicios destinados a pacientes que requieren diagnósticos, procedimientos y tratamientos de mayor especialización.

El contrato incluye construcción, equipos y puesta en marcha

La ejecución está a cargo de Sinohydro Corporation Limited, empresa contratista seleccionada para desarrollar la obra bajo el mecanismo de Gobierno a Gobierno con el Reino Unido. El contrato contempla el diseño, la construcción, la instalación de equipos médicos y la puesta en marcha del hospital.

El monto pactado asciende a más de S/3.200 millones. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno Regional de Piura, el proceso constructivo tendría un plazo estimado de cuatro años desde el inicio de las obras.

La modalidad de Gobierno a Gobierno incorpora acompañamiento técnico durante el desarrollo del proyecto. En este caso, el diseño integral fue trabajado por especialistas británicos antes de su presentación ante las autoridades regionales y del trámite de aprobación sectorial.

La infraestructura tendrá 542 camas y 100 puestos de cuidados intensivos

El establecimiento contará con 542 camas hospitalarias, entre ellas 100 destinadas a unidades de cuidados intensivos. La capacidad prevista apunta a atender enfermedades y emergencias que demandan recursos clínicos, quirúrgicos y tecnológicos de mayor complejidad.

El proyecto incluye áreas para procedimientos especializados y equipos destinados a reforzar la capacidad resolutiva del sistema de salud regional.

También prevé la incorporación de personal capacitado para la atención de patologías que hoy requieren, en numerosos casos, la derivación de pacientes a otros centros del país.

Uno de los componentes anunciados es un helipuerto. Esa instalación permitiría el traslado de pacientes que necesiten una referencia urgente o especializada, en especial desde zonas alejadas de Piura y de otras regiones del norte.

La obra apunta a reducir los traslados de pacientes hacia Lima

La construcción del hospital busca disminuir la necesidad de que pacientes del norte viajen a Lima para acceder a servicios de alta complejidad. La nueva oferta hospitalaria concentraría atención especializada para la población de Piura y para usuarios derivados desde regiones cercanas.

El Gobierno Regional sostiene que la infraestructura permitirá ampliar la capacidad de respuesta ante enfermedades que requieren hospitalización, cuidados intensivos, intervenciones quirúrgicas y atención multidisciplinaria.

Con el diseño concluido y el terreno habilitado, el proyecto queda pendiente de la decisión del Ministerio de Salud. La aprobación del expediente permitirá definir el inicio de una construcción prevista para transformar la red de atención especializada en el norte del Perú.

La Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal) sostiene que las decisiones sobre apertura, suspensión y ampliación de la pesca de pota no han estado acompañadas por un ordenamiento efectivo de la flota.

El gremio cuestiona que cualquier embarcación con permiso para pesca destinada al consumo humano directo pueda ingresar a la captura de calamar gigante, aun si antes se dedicaba a otros recursos.

La presidenta de Sonapescal, Elsa Vega, afirmó que el problema se profundizó tras la temporada de 2025, cuando la pota se acercó a la costa y alcanzó precios de hasta S/11 por kilo.

Esa situación habría atraído a naves que no formaban parte de la flota potera tradicional. “Ahora estamos pescando más de 9.000 embarcaciones”, señaló. Según la dirigente, antes participaban entre 4.500 y 5.000 naves.

Produce elevó la cuota anual a 709.659 toneladas

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) amplió el Límite Máximo de Captura Total Permisible (LMCTP) de pota para 2026 hasta 709.659 toneladas, tras incorporar una cuota adicional de más de 82 mil toneladas mediante la Resolución Ministerial N.° 00304-2026-PRODUCE, a fines de afgosto.

La decisión llegó después de una secuencia de suspensiones, reaperturas y ampliaciones que generó incertidumbre entre los pescadores. Vega indicó que una resolución dispuso la suspensión de la captura y que luego el sector tuvo que rectificar la medida para permitir la actividad.

Para Sonapescal, la ampliación de la cuota requiere controles sobre la cantidad de embarcaciones, sus capacidades de carga, las faenas realizadas y los desembarques.

El gremio no cuestiona que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) produzca información sobre la disponibilidad del recurso, pero sostiene que los informes científicos deben traducirse en reglas para administrar la actividad.

“¿Qué te sirve que esté bueno si todo el mundo hace un desorden?”, cuestionó Vega. La dirigente planteó que, al igual que otras pesquerías, la pota debe contar con una relación definida de embarcaciones autorizadas.

La sobreoferta llevó el precio de S/11 a S/2,10

La mayor presencia de embarcaciones habría elevado los desembarques en un mercado cuya capacidad de procesamiento y comercialización no creció al mismo ritmo. Para los pescadores, el efecto se refleja en el precio que pagan las plantas.

“Hoy está a S/2,10 en planta”, afirmó Vega. De acuerdo con su testimonio, el pescador recibe entre S/1 y S/1,30 por kilo, frente a los S/11 que la pota alcanzó durante 2025. La diferencia afecta la rentabilidad de las faenas, sobre todo en un escenario de costos más altos.

La dirigente afirmó que la tonelada de hielo pasó de S/100 a S/260. También mencionó que el combustible cuesta S/27, aunque no precisó la unidad de medida. Con una cotización menor para el recurso y mayores gastos para conservarlo y transportarlo, el margen del pescador se reduce.

El gremio pide cerrar el ingreso de nuevas embarcaciones

Sonapescal reclama que Produce cree un padrón de la flota que pesca pota, exija el uso del Sistema de Seguimiento Satelital para Embarcaciones Pesqueras (Sisesat) y refuerce la fiscalización en el mar, los puertos, el transporte y las plantas de procesamiento.

Vega denunció que existen embarcaciones sin monitoreo satelital y alertó que algunas podrían transportar más volumen del que declaran en sus registros. También expresó preocupación por posibles capturas no declaradas, una afirmación que requiere ser respondida por las autoridades competentes.

“No hay un control efectivo”, sostuvo la presidenta de Sonapescal. Su propuesta es impedir la entrada de nuevas naves mientras se identifica a las que ya participan en la pesquería y se determina su capacidad real de captura.

El debate coincide con los fallidos proyectos de ley que buscaron este año, desde el Congreso, reabrir el Sistema de Formalización Pesquera Artesanal II (Siforpa II) para reincorporar a cerca de 2.000 embarcaciones que quedaron fuera del proceso.

Para el gremio, incorporar más naves sin resolver el desorden actual podría elevar la presión sobre la pota, profundizar la caída de precios y debilitar a una cadena productiva de la que dependen pescadores, armadores, comerciantes y trabajadores de plantas.

La pesca de pota se realiza a lo largo del litoral peruano, con mayor presencia en Piura y Lambayeque —sobre todo en Paita, Sechura y San José—, además de puertos de Áncash, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. No tiene una temporada fija: Produce habilita o suspende las faenas según las evaluaciones científicas del Instituto del Mar del Perú (Imarpe), con vedas reproductivas y aperturas diferenciadas por zonas; por eso, los periodos de extracción pueden variar durante el año.

Tras publicar el reglamento que habilitará los traslados entre AFP y la Oficina de Normalización Previsional (ONP) desde junio de 2027, esta última aprobó ahora las reglas para que los afiliados del Sistema Privado de Pensiones (SPP) soliciten las prestaciones del pilar semicontributivo creado por la Ley N.° 32123. La norma regula el acceso a una pensión mínima de S/ 600 mensuales, además de jubilaciones proporcionales, pensiones de invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio.

Este mecanismo alcanza a los afiliados de la ONP y las AFP que tengan 65 años y al menos 20 años de aportes. En el caso de quienes están en una AFP, el Estado completará el monto si el saldo de su cuenta no alcanza para pagar una pensión de S/ 600.

El reglamento entra en vigencia el 14 de septiembre de 2026, un día después de su publicación en el diario oficial El Peruano. La norma define los procedimientos que deberán seguir las administradoras de fondos de pensiones (AFP), las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la propia ONP para tramitar los pedidos. Sin embargo, la recepción de solicitudes no comenzará de forma inmediata.

El Estado completará el dinero cuando el fondo no alcance

La ONP es la fuente de esta regulación, que establece el funcionamiento del pilar semicontributivo para los afiliados del sistema privado. Este esquema combina el dinero acumulado por cada trabajador en su Cuenta Individual de Capitalización (CIC) con recursos públicos, cuando ese fondo no permite financiar la prestación establecida por ley.

El objetivo es garantizar un piso previsional para quienes cumplan las exigencias de edad y aportes, pero no tengan saldo suficiente en su cuenta individual. En esos casos, el Estado aportará la diferencia necesaria para completar el monto de la pensión mínima.

La Ley N.° 32123 fijó una pensión mínima de S/ 600 al mes para los afiliados que reúnan las condiciones del sistema. El pago se realizará en 12 cuotas anuales. El reglamento no crea una pensión adicional ni modifica el monto, sino que detalla la vía administrativa para acceder al beneficio.

Los afiliados deberán cumplir requisitos sobre aportes y retiros

Los afiliados de las AFP podrán ingresar al pilar semicontributivo si cumplen tres condiciones. La primera es tener la edad exigida para jubilarse. La segunda consiste en acreditar el número mínimo de Unidades de Aporte (UdA) requerido para cada prestación. La tercera establece que no deben haber retirado dinero de su CIC después de la entrada en vigencia de la Ley N.° 32123, como ocurrió con el octavo retiro de AFP.

El reglamento contempla además las jubilaciones proporcionales especiales. Quienes acrediten entre 120 y menos de 180 UdA, equivalentes a entre 10 y menos de 15 años de aportes, podrán acceder a una pensión proporcional de S/ 300 mensuales. Para quienes registren entre 180 y menos de 240 UdA, es decir, entre 15 y menos de 20 años de aportes, el monto será de S/ 400 mensuales.

La pensión mínima de S/ 600 está dirigida, en términos generales, a quienes alcancen 240 UdA, equivalentes a 20 años de contribuciones. Cada solicitud requerirá una evaluación de los registros previsionales y del dinero disponible en la cuenta individual.

El trámite empezará ante la AFP o entidad financiera

El afiliado deberá iniciar el proceso ante su AFP o ante la entidad financiera que administre su fondo. Podrá hacerlo de forma personal o mediante un representante autorizado. La administradora tendrá que informar al solicitante sobre sus aportes registrados, el saldo de la CIC y las consecuencias de optar por esta modalidad de jubilación.

También deberá advertir sobre el efecto de retiros previos y la incompatibilidad que pudiera existir con otras pensiones del Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Según la regulación, el solicitante deberá entregar los documentos que prueben sus aportes, el cese laboral cuando corresponda y, en determinados casos, partidas de nacimiento para el reconocimiento de UdA por hijos.

Una vez que la AFP complete la revisión inicial, remitirá el expediente a la ONP en un plazo de hasta tres días hábiles. La entidad estatal tendrá un máximo de 30 días hábiles para emitir una decisión y notificarla al afiliado.

Los fondos de la cuenta pasarán a la ONP tras la aprobación

Si la ONP aprueba la pensión, la AFP o entidad financiera transferirá el saldo de la CIC, incluidos los recursos de un eventual Bono de Reconocimiento, dentro de los 15 días calendario posteriores. Ese dinero ingresará al fondo común destinado a financiar las prestaciones semicontributivas.

La jubilación reconocida bajo este régimen tendrá carácter irreversible. El inicio del pago tomará como referencia la fecha en que el afiliado presentó la solicitud, siempre que cumpla todos los requisitos establecidos.

La ONP, las AFP y las entidades administradoras de fondos (EAF) tendrán un plazo de hasta 100 días hábiles para adecuar sistemas y procedimientos. Tras ese período deberán iniciar la asesoría, recepción y atención de las solicitudes. El plazo máximo para habilitar el servicio vencería en febrero de 2027, de acuerdo con el cómputo de los feriados nacionales, aunque las entidades podrían comenzar antes si concluyen sus procesos de adecuación de manera anticipada.

Los traslados entre AFP y ONP comenzarán en junio de 2027

Hace unos días, la ONP aprobó también el reglamento que permitirá a los afiliados cambiarse de una AFP a la ONP, o en sentido contrario. El trámite será voluntario y estará disponible desde el 1 de junio de 2027 a través de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente (PAST).

El cambio de régimen es distinto al acceso a la pensión semicontributiva. Si un afiliado pasa de una AFP a la ONP, la administradora transferirá el saldo de sus aportes obligatorios al Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, mientras que los aportes voluntarios permanecerán en la entidad privada.

La ONP es un sistema público en el que los aportes de los afiliados integran un fondo común; la pensión depende, entre otros factores, de los años de aportes acreditados y de las reglas vigentes. Las AFP son entidades privadas que administran una cuenta individual para cada afiliado: allí se acumulan sus aportes y la rentabilidad que obtengan las inversiones, descontadas las comisiones y el seguro.

Las micro y pequeñas empresas deberán atender desde noviembre la presentación de la declaración del Beneficiario Final, una obligación que forma parte del cronograma de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y cuya omisión puede derivar en sanciones de hasta 50 unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/275.000 en 2026.

La medida alcanza a las empresas de menor tamaño dentro de un proceso que comenzó años atrás y que incorpora de forma gradual a distintos contribuyentes. El punto central consiste en identificar a la persona natural que posee o controla en última instancia una compañía, incluso cuando la propiedad figure a nombre de otras sociedades o existan varios niveles de participación.

Para Juan Santivañez, socio de BKR - Santivañez y especialista en contabilidad y tributación, el reto para las Mypes no radica en una regla recientemente creada, sino en la etapa de aplicación que les corresponde.

“No estamos ante una nueva obligación, sino ante la culminación de un cronograma gradual. La diferencia es que SUNAT hoy cuenta con una mayor capacidad de cruce de información, por lo que los incumplimientos y las inconsistencias son más fáciles de detectar”, explicó.

La obligación apunta a quien controla o posee la empresa

El Beneficiario Final es la persona natural que ejerce la propiedad o el control efectivo sobre una empresa. La normativa contempla distintos criterios para determinarlo, entre ellos una participación de al menos 10% en el capital o la capacidad de tomar decisiones relevantes sobre la gestión de la compañía.

Por esa razón, la identificación no siempre se resuelve con la revisión del gerente general ni con una lista de accionistas directos. Una empresa puede tener como socios a otras personas jurídicas, inversionistas extranjeros o estructuras societarias que requieren un análisis adicional para establecer quién está detrás de la propiedad o del control.

Este aspecto adquiere relevancia para las compañías con organizaciones más complejas, aunque también puede generar dudas en negocios familiares que modificaron su composición accionaria, incorporaron nuevos socios o no actualizaron sus datos internos. La declaración exige que la empresa sustente el criterio que utilizó para identificar a su beneficiario final.

La omisión puede costar entre cinco y 50 UIT

El riesgo más alto aparece cuando una empresa no presenta la declaración dentro del plazo o registra información que no corresponde con su estructura societaria. Según Santivañez, la multa equivale a 0,6% de los ingresos netos del contribuyente, con un mínimo de cinco UIT y un máximo de 50 UIT.

Con la UIT fijada en S/5.500 para 2026, la sanción mínima asciende a S/27.500, mientras que el tope llega a S/275.000. El monto final dependerá de los ingresos netos de cada empresa y de las condiciones que determinen la aplicación de la infracción.

“SUNAT contempla una gradualidad de hasta 100% cuando la empresa subsana voluntariamente y cumple con las condiciones correspondientes”, señaló el especialista. Ese mecanismo permite reducir o incluso evitar la multa, siempre que el contribuyente regularice la situación antes de que exista una intervención de la administración tributaria y reúna los requisitos previstos.

La recomendación, por tanto, es revisar la información antes de que una fiscalización identifique omisiones o inconsistencias. La posibilidad de acogerse a un régimen de gradualidad depende del momento en que se realice la subsanación y del cumplimiento de las exigencias aplicables.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el reglamento de los seguros paramétricos, una modalidad que permitirá a las aseguradoras ofrecer coberturas frente a fenómenos naturales con pagos activados por indicadores previamente definidos.

La norma, publicada el 12 de septiembre mediante la Resolución SBS N.° 02260-2026, establece las condiciones para diseñar, comercializar y operar estos productos en Perú.

La norma fue aprobada tras una consulta pública iniciada en mayo

La SBS había puesto el proyecto de reglamento en consulta pública en mayo, con el fin de recibir comentarios de ciudadanos, empresas e instituciones. Cuatro meses después, la entidad aprobó el texto que regula esta alternativa dentro del mercado de seguros.

La medida alcanza coberturas vinculadas con terremotos, tsunamis, lluvias intensas, inundaciones, heladas y otros eventos de la naturaleza.

La SBS señaló que estos productos complementarán a los seguros tradicionales, en los que la empresa suele verificar primero los daños materiales para definir si corresponde una indemnización.

El reglamento exige que cada póliza indique con precisión el evento cubierto, la zona geográfica incluida, las entidades involucradas, el parámetro que se tomará como referencia y el umbral que activará el pago. También deberá informar la metodología de cálculo y la estructura de las compensaciones.

Las aseguradoras tendrán que utilizar información de fuentes confiables e independientes para verificar la ocurrencia del evento. A través de un agente de cálculo, deberán monitorear el parámetro, confirmar si alcanzó el nivel previsto y determinar el desembolso que corresponda.

El pago dependerá de un dato objetivo y no de una inspección de daños

Un seguro paramétrico funciona con una condición acordada antes de contratar la póliza. Si esa condición se cumple, la cobertura se activa. El cliente no necesita demostrar, en ese momento, que su vivienda, negocio o cultivo sufrió un daño específico.

Por ejemplo, una persona podría contratar un seguro que establezca un pago si ocurre un sismo de magnitud seis o superior dentro de una zona determinada. Por supuesto, el producto todavía deberá ser creado por las propias aseguradoras, y alcanza tanto a personas naturales como empresas.

Si una fuente independiente confirma que el movimiento telúrico cumplió el parámetro fijado, la empresa deberá ejecutar el pago previsto, incluso si todavía no se realizó una inspección de daños.

Lo mismo puede ocurrir con lluvias o inundaciones. Una póliza podría activarse cuando las precipitaciones acumuladas superen un volumen determinado o cuando el nivel de un río alcance una marca establecida. Cada contrato definirá qué dato se medirá, qué entidad lo verificará y en qué área será aplicable.

El monto no necesariamente será igual en todos los casos. La póliza deberá especificar la estructura de pagos y podría contemplar compensaciones distintas según la intensidad del evento o el nivel que alcance el parámetro. Por eso, el usuario deberá revisar si el seguro establece una suma fija o escalas de pago antes de contratarlo.

El Niño y los sismos exponen a Perú a riesgos que buscarán cubrir estas pólizas

La aprobación del reglamento coincide con un escenario de vigilancia por El Niño Costero. La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (Enfen) mantiene la alerta y estimó una probabilidad de al menos 62% de que el evento alcance una magnitud extraordinaria entre septiembre de 2026 y enero de 2027 en la región Niño 1+2, frente a la costa peruana.

El organismo prevé temperaturas por encima de los valores habituales en la costa entre septiembre y noviembre. Para la costa norte, anticipó lluvias superiores a lo normal y episodios de intensidad débil a moderada desde noviembre. Ese tipo de variables, como el nivel de precipitaciones, podría formar parte de los parámetros de una póliza.

Perú también se encuentra en una zona de elevada actividad sísmica por la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico. Los seguros paramétricos no reemplazan las coberturas tradicionales, pero pueden ofrecer un pago sujeto a condiciones objetivas tras eventos que afecten a personas, viviendas, negocios o actividades productivas.

El Gobierno oficializó la designación de Zulema Tomás González como presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud).

La medida figura en la Resolución Suprema N° 038-2026-TR, publicada este domingo 13 de septiembre en el boletín Normas Legales del diario oficial El Peruano.

La resolución cierra el encargo que ejercía Hilda Sandoval

La norma nombra a Tomás como representante del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ante el Consejo Directivo de EsSalud, condición necesaria para asumir la conducción de la institución.

En una resolución publicada de forma paralela, el Ejecutivo dio por concluido el encargo de las funciones de presidenta ejecutiva que desempeñaba Hilda Sandoval Cornejo. La viceministra de Trabajo ocupaba el puesto de manera interina.

Sandoval asumió esas funciones luego de la salida de Jaime Moreno Eustaquio, último titular de EsSalud. Su gestión concluyó tras un intercambio público con el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Con la publicación de ambas resoluciones, el seguro social vuelve a tener una autoridad titular al frente de su directorio y de la administración de sus servicios a nivel nacional.

Keiko Fujimori había confirmado el nombramiento días antes

La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, adelantó el viernes que Tomás sería nombrada como nueva presidenta ejecutiva de EsSalud. Durante una entrevista con RPP Noticias, respaldó la evaluación realizada por el ministro Sheput y destacó la experiencia de la médica en el sector público.

“Cuando yo evalúo un currículum, no me fijo si ha trabajado en un gobierno que ha sido opositor a nosotros. Yo me fijo en su capacidad, en su experiencia, y esta doctora cumple con todos estos requisitos”, declaró la mandataria.

Fujimori también se refirió a las críticas por la incorporación de funcionarios que ocuparon cargos en gobiernos anteriores. Según sostuvo, las decisiones en el Ejecutivo responden a criterios técnicos y a la trayectoria profesional de los postulantes.

La designación de Tomás se produce en un momento de cambios en la conducción de entidades vinculadas al sistema de salud. Su experiencia en la gestión hospitalaria y su paso por el Ministerio de Salud formaron parte de los argumentos expuestos por el Gobierno para respaldar su llegada a EsSalud.

Tomás fue ministra de Salud durante el gobierno de Vizcarra

Zulema Tomás fue ministra de Salud entre el 7 de enero y el 15 de noviembre de 2019, durante la administración de Martín Vizcarra Cornejo. Antes de integrar el gabinete, dirigió el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña entre 2014 y 2015.

Luego asumió la dirección del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, cargo que ocupó entre 2015 y 2019. Tras su salida del Ministerio de Salud, retornó a esa institución y, desde julio de 2020, ejercía como directora general.

Su renuncia al gabinete ocurrió en medio de denuncias de presunto nepotismo. Entre los cuestionamientos figuró que no declaró en su currículum que su hermana Edith Tomás había trabajado durante cuatro años en el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).

También se reportaron observaciones por la contratación de su esposo en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Días antes de su salida, se conoció que había designado a la madre de la pareja de su hijo como jefa de Docencia e Investigación del Hospital María Auxiliadora.

La Torre Trecca dio un nuevo paso hacia su transformación en un complejo de atención ambulatoria especializada de EsSalud, tras la firma del contrato entre el concesionario Consorcio Trecca S.A.C. y la constructora HV Salfacorp, que forma parte del conglomerado chileno SalfaCorp.

El acuerdo establece que la firma ejecutará las obras de recuperación, reforzamiento y modernización del inmueble. La torre, ubicada en Lima, contará con espacios destinados a más de 20 especialidades médicas y se incorporará a la red de servicios de EsSalud una vez que entre en funcionamiento.

El costo de la modernización de la Torre Trecca supera los S/ 486 millones (sin IGV), llegando a calcularse en aproximadamente S/ 490 millones a S/ 492 millones tras la firma de la Adenda N.° 2.

El contrato abre la etapa de ejecución de un proyecto postergado durante más de 15 años

La suscripción se realizó el 8 de septiembre con la participación del presidente ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), Luis Del Carpio, además de representantes del concesionario y de la firma constructora.

Según informó ProInversión, el proyecto había enfrentado durante más de 15 años obstáculos técnicos, contractuales y financieros que impidieron el inicio de los trabajos.

En febrero de 2026, EsSalud y Consorcio Trecca firmaron la Adenda N.° 2 del contrato de Asociación Público-Privada (APP), un documento que permitió resolver aspectos pendientes para dar paso a la fase de ejecución.

Del Carpio señaló que el objetivo es que los contratos bajo el esquema de APP se traduzcan en servicios concretos para los usuarios. “Hoy corresponde reconocer el avance del concesionario hacia la etapa de ejecución”, afirmó durante el acto.

Torre Trecca será remodelada y operada por el mismo concesionario

El plan contempla la recuperación y modernización de 59.140 m² de infraestructura, repartidos en 26 niveles, incluidos tres sótanos. Las obras incluirán la demolición parcial de algunas estructuras, el reforzamiento del edificio, la remodelación, la ampliación de áreas y la rehabilitación integral de la torre.

La intervención también prevé la instalación de equipamiento médico. De acuerdo con ProInversión, el futuro centro dispondrá de más de 145 consultorios y cerca de 300 equipos biomédicos. Entre ellos habrá tres equipos de resonancia magnética, cuatro tomógrafos y cinco mamógrafos.

El concesionario tendrá a su cargo la implementación y posterior operación del establecimiento. Consorcio Trecca S.A.C., que actualmente es subsidiaria de Auna, desarrolla el proyecto bajo la modalidad de “bata blanca”. Ese modelo incluye la infraestructura, el equipamiento, los servicios administrativos y la gestión de prestaciones asistenciales especializadas.

El complejo ofrecerá más de 20 especialidades y buscará descongestionar tres redes asistenciales

La nueva Torre Trecca brindará servicios de cardiología, ginecología, gastroenterología, neurología y pediatría, entre otras especialidades. También contará con atención de consulta ambulatoria, urgencias, pacientes con riesgo quirúrgico, diagnóstico por imágenes, procedimientos y prevención oncológica.

La puesta en operación del complejo permitirá a EsSalud duplicar su capacidad de atención ambulatoria en Lima, según la entidad. El objetivo es reducir la presión sobre las redes asistenciales Rebagliati, Almenara y Sabogal, que concentran una parte de la demanda de los asegurados de la capital y el Callao.

El presidente ejecutivo de Proinversión sostuvo que las prestaciones se incluirán dentro de la cobertura de los afiliados. “Los asegurados de EsSalud recibirán estos servicios como parte de su cobertura de salud, sin que la atención en la Torre Trecca represente un costo adicional para ellos”, indicó.

La inteligencia artificial avanza con mayor velocidad en sectores como banca, seguros, retail, educación y entretenimiento, mientras que minería, logística, construcción y agroindustria enfrentan mayores obstáculos para incorporarla a gran escala en Perú.

La complejidad de sus operaciones, el peso de los procesos manuales y la desconexión entre sistemas internos limitan la aplicación de estas herramientas, según explicó José Antonio Murillo, cofundador y co CEO de Primero.

El ejecutivo señaló que las actividades productivas cuentan con un volumen relevante de documentación, registros y datos operativos. En minería, logística y agroindustria, esa información incluye movimientos de inventario, cadenas de abastecimiento, operaciones en campo, producción, facturación y controles financieros.

El desafío consiste en transformar esos datos en información útil para automatizar tareas y respaldar decisiones. Murillo sostuvo que la adopción de IA no depende exclusivamente del sector, sino de la disposición de las empresas para revisar sus procesos e integrar la información que ya generan.

Primero, que trabaja con compañías de servicios financieros, seguros, bienes de consumo, manufactura y retail, considera que las industrias con operaciones complejas presentan oportunidades para aplicar sistemas de inteligencia operativa.

La inversión en IA aumentó, pero persiste una brecha de preparación

El interés empresarial por estas tecnologías creció durante los últimos años. Según el EY Chief Data Officer Study 2026, citado por la compañía, el 85% de las organizaciones consultadas en Perú aumentó su presupuesto para inteligencia artificial.

Las estimaciones de Sonda Perú recogidas por Primero indican que el mercado local de IA pasó de USD 412 millones en 2024 a casi USD 497 millones en 2025. La proyección apunta a un crecimiento cercano al 20% anual hasta 2027.

El aumento de la inversión convive con una brecha en las capacidades internas de las compañías. Apenas 3% de las empresas peruanas se considera plenamente preparada para adoptar inteligencia artificial generativa, de acuerdo con los datos mencionados por Murillo.

La diferencia entre presupuesto y preparación abarca la infraestructura tecnológica, la calidad de la información disponible y la formación de los equipos que utilizarán estas herramientas.

Perú ocupa el quinto lugar de América Latina en preparación para IA, por delante de Colombia, Ecuador y México, según cifras de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Aun así, señaló que los avances se concentran en actividades de servicios, donde los procesos suelen estar más digitalizados.

Los sistemas aislados dificultan la automatización de procesos

Uno de los principales obstáculos para llevar IA a áreas operativas es la fragmentación tecnológica. Las organizaciones administran en promedio 957 aplicaciones distintas, pero solo el 27% está conectado entre sí, según el Connectivity Benchmark Report 2026 de MuleSoft citado por Primero.

En la práctica, esa desconexión separa información que suele estar distribuida entre sistemas de planificación de recursos empresariales, gestión de almacenes, plataformas de ventas, herramientas financieras y programas contables. Cada área puede tener datos relevantes, aunque sin una integración que permita analizarlos de forma conjunta.

Murillo señaló que muchas empresas buscan evitar proyectos tecnológicos extensos y desarrollos a medida que pueden requerir meses de implementación. La propuesta de Primero parte de conectar los sistemas y las bases de datos ya existentes para incorporar las reglas y la lógica de cada negocio a una misma capa de información.

La compañía informó que, en una empresa de bienes de consumo, esta integración permitió identificar más de USD 10 millones en deducciones de retail incorrectas que antes quedaban dispersas entre distintas plataformas. En un cliente del sector productivo, la tecnología automatizó el 85% de un proceso que requería revisión manual concepto por concepto, mientras que el 15% restante continuó bajo revisión humana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, defendió una mayor presencia de Washington en América Latina ante una pregunta sobre la influencia de China en Perú y el puerto de Chancay.

“Lo que pasa en Sudamérica, Centroamérica y en el Caribe tiene un impacto directo sobre Estados Unidos”, afirmó durante su presentación conjunta con la presidenta Keiko Fujimori en Lima.

La consulta planteó si el nuevo Gobierno peruano estaba dispuesto a profundizar la asociación con Estados Unidos pese a las grandes inversiones chinas en el país durante los últimos años, con una referencia expresa al terminal portuario de Chancay.

Rubio no mencionó a China ni respondió de manera puntual sobre el terminal. En cambio, expuso la estrategia de la administración de Donald Trump para el hemisferio occidental y sostuvo que América Latina ocupará un lugar central en las prioridades de seguridad nacional de Washington.

“Vamos a darle prioridad al hemisferio”, dijo. El funcionario señaló que gobiernos de los dos partidos estadounidenses dejaron a la región en un segundo plano durante más de dos décadas, mientras concentraban su atención en otras zonas del mundo.

Rubio dijo que la prioridad de Estados Unidos en América Latina será “real”

El secretario de Estado, quien también se presentó como asesor de seguridad nacional de Trump, argumentó que los asuntos regionales tienen consecuencias inmediatas para Estados Unidos. Citó la proximidad geográfica, los flujos turísticos y comerciales, los negocios y la presencia de ciudadanos de ambos países como factores que refuerzan esa interdependencia.

“No es prioridad retórica, ni simbólica, ni ceremonial, una prioridad real”, sostuvo Rubio. También adelantó que la cooperación no se limitará al denominado Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad regional anunciada por Washington.

Según su exposición, habrá “otros esfuerzos en conjunto” con países aliados para atender intereses compartidos. Rubio vinculó esa agenda con la seguridad, el comercio y la economía, sin detallar nuevos acuerdos durante la intervención.

El secretario planteó que los gobiernos que colaboren con Estados Unidos deberán poder trasladar beneficios concretos a sus ciudadanos. “Es sumamente importante que le pueda enseñar al pueblo que hay beneficio para el pueblo en asociarse con Estados Unidos y trabajar con Estados Unidos”, afirmó.

Rubio agregó que esos resultados deberían abarcar la cooperación en materia de seguridad, así como oportunidades comerciales y económicas. “Los países que cooperan con nosotros van a poder responderle a su pueblo y a sus votantes que esto es el fruto de nuestra cooperación con los Estados Unidos”, expresó.

Fujimori defendió los intercambios de Perú con Asia-Pacífico, Europa y EEUU

Fujimori respondió que Perú mantendrá sus relaciones comerciales con distintas regiones. La mandataria recordó que el país forma parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al igual que Estados Unidos y China, y destacó las exportaciones peruanas de minerales, productos pesqueros y agrícolas.

“Perú tiene una gran producción de minerales, de productos pesqueros, productos agrarios”, afirmó. Luego señaló que el país seguirá con el objetivo de sostener intercambios comerciales con países de Asia-Pacífico, Europa y otros mercados.

La presidenta presentó la visita de Rubio, los acuerdos firmados en los últimos días y la cooperación bilateral como el comienzo de “una nueva era de las relaciones entre el Perú y los Estados Unidos”.

El puerto de Chancay representa uno de los principales símbolos de la presencia económica china en Perú. La empresa china Cosco Shipping Ports controla el 60% de la compañía operadora del terminal y Volcan Compañía Minera posee el 40% restante.

Un informe de Renta 4 Research ubicó a los bonos soberanos de Perú con vencimientos intermedios entre las alternativas con mejor relación entre riesgo y retorno en América Latina.

El análisis concluyó que algunos títulos peruanos ofrecían diferenciales de rendimiento superiores a los que corresponderían a sus fundamentos macroeconómicos y fiscales.

¿Perú se financia caro? Sus bonos pagarían más de lo que justifican

El estudio comparó instrumentos emitidos en dólares por seis países de la región: Perú, Chile, México, Colombia, Brasil y Panamá. Para ello, desarrolló un modelo cuantitativo que incorporó datos sobre deuda pública, reservas internacionales, resultado fiscal, inflación, crecimiento económico y volatilidad cambiaria.

Según la investigación, Perú presentó el menor nivel de riesgo de la muestra, por delante de Chile, Panamá y México. Brasil y Colombia quedaron en las posiciones de mayor riesgo, debido a sus mayores cargas fiscales y de endeudamiento, una volatilidad macroeconómica más elevada y una posición externa relativamente menos favorable.

Pero, entonces, ¿Qué pasó? Sucede que el reporte se basó en indicadores del período 2020-2025 y no incorporó de manera directa factores políticos o sociales. Esos elementos también pudieron afectar la cotización de los bonos y la percepción de riesgo del país.

Vale precisar que esta clasificación no constituye una recomendación de inversión general. Plantea una herramienta de comparación entre los rendimientos que ofrecían los bonos y las condiciones económicas, fiscales y crediticias de cada emisor.

Pero claro, también había que considerar el factor político y social

Renta 4 Research atribuyó la posición de Perú a una combinación de deuda pública contenida, reservas internacionales, disciplina fiscal y estabilidad monetaria. Al cierre de 2025, la deuda pública peruana equivalía a cerca de 32% del producto bruto interno (PBI), según los datos empleados por el informe.

El análisis estimó además que las reservas internacionales netas alcanzaban aproximadamente 83% de la deuda pública. A esos indicadores sumó un déficit fiscal moderado frente a otros países examinados, una inflación baja y una volatilidad cambiaria reducida.

La firma elaboró un indicador denominado Country Score, que agrupó siete variables macroeconómicas y fiscales en una escala de cero a 10. Los puntajes más bajos reflejaban un perfil soberano con menor riesgo relativo, mientras que los valores más altos correspondían a economías con mayores vulnerabilidades.

El modelo otorgó el mayor peso a la estabilidad del tipo de cambio, con 25%. La deuda pública respecto del PBI y el pago de intereses en relación con los ingresos fiscales recibieron una ponderación de 20% cada uno. También consideró las reservas frente a la deuda, el resultado fiscal, el crecimiento económico y la inflación.

Los bonos con vencimientos entre 2032 y 2037 concentraron la oportunidad identificada

El estudio añadió un segundo indicador, denominado Bond Score, que incorporó las condiciones específicas de cada instrumento. Los fundamentos del país representaron el 65% de la evaluación, la calificación crediticia explicó el 20% y la duración del bono concentró el 15% restante.

Bajo esa metodología, los bonos soberanos peruanos en dólares con vencimientos entre 2032 y 2037 aparecieron como el tramo con mejor relación entre riesgo y retorno dentro de la curva local.

En la comparación regional, los papeles que vencían entre 2033 y 2037 destacaron por ofrecer spreads, o diferenciales de rendimiento, por encima de los niveles que el modelo asociaba con el perfil crediticio del país. Renta 4 Research consideró que esos instrumentos estarían relativamente subvaluados.

Esa condición implica que el rendimiento ofrecido por los bonos sería mayor al que el modelo estimó para un emisor con los indicadores macroeconómicos y fiscales de Perú. En otras palabras, quienes compraran esos títulos recibirían una tasa de interés alta para el nivel de riesgo que, según el estudio, asumían al prestarle dinero al país.

Los mayores rendimientos favorecían a los inversionistas que asumían riesgo peruano

El informe también detectó oportunidades puntuales en otros mercados. Mencionó un bono chileno con vencimiento en 2027, un título panameño que vencía en 2031, varios instrumentos colombianos entre 2033 y 2054, un bono perpetuo mexicano y un bono brasileño con vencimiento en 2056.

La firma advirtió que un spread elevado no garantizaba, por sí solo, una inversión atractiva. En algunos instrumentos regionales, el rendimiento adicional no alcanzaría para compensar la exposición a un mayor riesgo soberano, una duración más extensa o una calificación crediticia menor.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la vigencia del Acuerdo de Servicios Aéreos con Emiratos Árabes Unidos, un instrumento que establece las condiciones regulatorias para futuras operaciones de pasajeros, carga y correo entre ambos países.

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) formalizó el acuerdo como parte de la política de conectividad internacional del Perú. El tratado permitirá que las aerolíneas designadas definan sus servicios sin límites de capacidad, cantidad de frecuencias ni tipo de aeronave, de acuerdo con la demanda y las decisiones comerciales de cada empresa.

El entendimiento bilateral incorpora además derechos de Quinta Libertad del Aire. Esta figura permite a una compañía aérea transportar pasajeros, carga o correo entre dos países distintos a su Estado de origen, dentro de una ruta que parte o termina en su territorio. En la práctica, habilita escalas comerciales en terceros mercados.

La eventual ruta entre Dubái, Milán y Lima aún no tiene fecha de inicio

El MTC informó que existen coordinaciones para generar las condiciones que permitan el ingreso de una aerolínea interesada en operar una potencial ruta entre Dubái, Milán y Lima. Hasta el momento, no se confirmó qué compañía podría asumir ese servicio, cuándo comenzaría ni la frecuencia de los vuelos.

La eventual conexión tendría una escala en Italia, por lo que no constituiría una ruta directa entre Perú y Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo habilita ese tipo de operaciones y permite que las aerolíneas embarquen o desembarquen pasajeros y carga en puntos intermedios, siempre que cumplan las autorizaciones técnicas y comerciales.

Según las proyecciones difundidas por el ministerio, el puente aéreo podría movilizar más de 190 mil pasajeros en promedio. La cifra dependerá de la puesta en marcha de los servicios, la oferta de las compañías, la demanda de viajeros y las condiciones de conexión con otros aeropuertos.

El convenio también facilita alianzas entre operadores, como los vuelos de código compartido. Ese mecanismo permite que dos o más aerolíneas comercialicen asientos en un mismo vuelo bajo códigos distintos. El acuerdo incluye también disposiciones para el transporte intermodal, que combina el traslado aéreo con otros medios logísticos.

Para los usuarios, esas herramientas podrían traducirse en itinerarios hacia Medio Oriente con escalas en Europa, África o Norteamérica y con un único billete para tramos operados por distintas compañías. La disponibilidad concreta de esas alternativas dependerá de las rutas que las aerolíneas incorporen a su programación.

La carga aérea concentra el comercio peruano con EAU

La conectividad proyectada también apunta al transporte de bienes perecibles. El MTC señaló que productos agroexportadores como arándanos, paltas, uvas y espárragos podrían beneficiarse de servicios con menores tiempos de traslado hacia Medio Oriente.

Datos del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX) indican que el 99,5% de los envíos peruanos a Emiratos Árabes Unidos utilizó la vía aérea al cierre de 2025. Ese mercado integró el grupo de seis destinos que concentraron el 91,2% del valor de la carga aérea internacional peruana, según la entidad.

La dimensión económica de ese destino explica el interés por ampliar la conectividad. Emiratos Árabes Unidos es clasificado por el Banco Mundial como una economía de ingresos altos. El Fondo Monetario Internacional proyecta para 2026 un producto interno bruto de USD 621.550 millones y un PIB por habitante de USD 54.210. Su economía combina la actividad petrolera con el comercio, los servicios financieros, la aviación, el turismo y la logística.

Petroperú recibió un primer desembolso de USD 475 millones de una línea de financiamiento internacional de hasta USD 2.000 millones, en una operación liderada por JP Morgan y Citibank que busca dar liquidez a la petrolera estatal para comprar crudo, atender servicios esenciales y sostener su operación.

Los recursos estarán sujetos a un fideicomiso bajo administración y supervisión de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

El fideicomiso limita el uso de los recursos de Petroperú

El financiamiento llega en un momento en que la empresa enfrenta una elevada carga de deuda, poco efectivo disponible y dificultades para acceder a nuevos créditos. Al cierre de junio, Petroperú registraba una deuda neta de USD 6.192 millones y un capital de trabajo negativo de USD 1.427 millones.

Según ProInversión, el dinero no proviene del Tesoro Público y tendrá un destino restringido. El fideicomiso mantendrá los recursos fuera de las cuentas de libre disponibilidad de la empresa, con el objetivo de que se utilicen para capital de trabajo, compra de crudo y obligaciones vinculadas con la continuidad operativa.

“Este es un paso muy importante ante los ojos del mundo y una señal positiva para el país”, afirmó el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro.

La estructura busca dar garantías a las entidades financieras en medio del proceso de reorganización patrimonial y operativa de Petroperú. El Directorio presidido por Oliver Stark deberá ejecutar medidas para mejorar su gestión, ordenar sus pasivos y recuperar la confianza de acreedores e inversionistas.

Por su par,te el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, afirmó que el primer giro refleja la confianza de la banca internacional en la reorganización de la petrolera.

Las calificadoras mantenían a la empresa en grado especulativo

El acceso a financiamiento ocurre pese a que Moody’s y S&P Global Ratings mantenían la calificación crediticia de Petroperú en categoría especulativa y con perspectiva negativa. Esa condición encarece el endeudamiento y restringe las alternativas de crédito para la compañía.

La petrolera obtuvo una utilidad neta de USD 121,3 millones durante el primer semestre de 2026, tras una pérdida de USD 278 millones en el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, el resultado positivo estuvo asociado al aumento internacional de los precios del crudo y los combustibles refinados, que permitió una valorización favorable de sus inventarios.

Los estados financieros mostraron que la mejora no provino de un incremento de la producción ni de las ventas locales, que continuaron con una tendencia descendente. El EBITDA llegó a USD 453 millones entre enero y junio, mientras que el efectivo disponible al cierre del semestre fue de USD 47 millones.

La petrolera debe ordenar obligaciones exigibles por hasta USD 800 millones

En julio, el entonces presidente del Directorio, Edmundo Lizarzaburu, estimó la deuda de corto de Petroperú en el umbral de entre USD 600 millones y USD 800 millones. Esa cifra incluía pagos pendientes a proveedores y otros compromisos exigibles en el corto plazo.

El Gobierno proyecta que la reorganización de Petroperú, la segmentación de activos y una mayor participación privada permitan que la compañía alcance autosostenibilidad financiera hacia 2032.

Los eventos climáticos ya no representan solo una amenaza ambiental para las compañías. El riesgo climático puede alterar operaciones, elevar costos, afectar los flujos de caja y complicar el acceso al crédito en América Latina y el Caribe, según un análisis de Moody’s Ratings.

Fenómenos como El Niño, las lluvias intensas, las sequías y las olas de calor pueden interrumpir cadenas de suministro, afectar la producción y generar problemas logísticos. La exposición no se limita a los activos físicos o a la continuidad operativa: también alcanza la relación de las empresas con clientes, trabajadores, proveedores, autoridades y comunidades.

Los eventos extremos vuelven menos previsibles los ingresos

Moody’s advirtió que la mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos puede reducir la previsibilidad de las operaciones empresariales. Entre los efectos posibles figuran mayores gastos operativos, necesidades adicionales de capital de trabajo y dificultades en el transporte de bienes e insumos.

La calificadora también señaló que este contexto puede volver más selectivo el financiamiento para las empresas expuestas a riesgos físicos o con una preparación insuficiente. Las compañías que no identifiquen sus vulnerabilidades podrían enfrentar mayores exigencias de parte de acreedores, aseguradoras e inversionistas.

Para Juan Quesada, consejero delegado de Mosaiq, la respuesta empresarial requiere una visión que contemple tanto la preservación del negocio como los efectos de sus decisiones fuera de la organización.

La continuidad operativa debe incluir a clientes y comunidades

Quesada plantea que los planes frente a una contingencia climática deben ir más allá de la recuperación de las operaciones. Las empresas necesitan evaluar de qué forma una interrupción puede afectar a quienes dependen de sus servicios, productos o cadenas de pago:

Comunicar las decisiones con rapidez

• Informar qué ocurrió y cuáles son las áreas afectadas.

- Explicar las medidas adoptadas y los plazos previstos.

- Mantener canales de actualización para los públicos involucrados.

Responder a clientes, trabajadores y proveedores

• Habilitar vías de contacto para consultas y reclamos.

- Atender necesidades urgentes durante la contingencia.

- Revisar compromisos de pago, suministro y prestación de servicios.

Escuchar a los grupos de interés

• Identificar las preocupaciones de autoridades, comunidades y otros públicos.

- Reconocer que un mismo evento puede tener efectos distintos para cada grupo.

- Ajustar la respuesta de la empresa según esas necesidades.

Las empresas buscan evitar respuestas oportunistas ante una crisis

Las situaciones de emergencia pueden abrir espacios para que las compañías aporten recursos, infraestructura o conocimientos vinculados con su actividad. Quesada sostiene que esas iniciativas deben responder a necesidades reales y mantener una relación clara con la capacidad de la organización.

Una acción enfocada únicamente en obtener visibilidad durante una crisis puede generar cuestionamientos si no existe una contribución concreta. La reputación empresarial depende también de la coherencia entre el discurso, las decisiones y las acciones adoptadas cuando aparecen impactos sociales o climáticos.

El experto remarcó que la comunicación, las relaciones institucionales y los asuntos públicos deben formar parte de la planificación habitual. “La reputación es un valor intangible que, en algunas circunstancias, vale tanto como los activos de cualquier compañía”, afirmó Quesada.

Reputation Day 2026 reunirá a líderes empresariales en Lima

Reputation Day 2026 se realizará el 29 de octubre en el Hotel NHOW Lima. La actividad cuenta con el respaldo de Worldcom Public Relations Group, Realidades y Merco, entidades vinculadas con la comunicación estratégica y la evaluación de la reputación corporativa.

El encuentro abordará los desafíos que enfrentan las organizaciones ante un entorno donde el clima, la economía y las expectativas sociales inciden cada vez más en las decisiones empresariales.

La disponibilidad de oficinas Prime en Lima se redujo 67,9% en los últimos tres años, hasta quedar en 87.177 m² al cierre del segundo trimestre de 2026.

La demanda corporativa, que absorbió 16.886 m² entre abril y junio, avanza más rápido que la incorporación de nuevos edificios, una dinámica que llevó la renta promedio a US$ 16,79 por m² al mes, según Colliers Perú.

Quedan menos de 90 mil m² de oficinas Prime disponibles en Lima

La superficie vacante pasó de 271.832 m² en el segundo trimestre de 2023 a 87.177 m² en igual período de 2026. En esos tres años, el mercado perdió 184.655 m² de espacios disponibles, una disminución que equivale a casi 68% de la oferta libre.

El inventario de oficinas Prime supera ligeramente el millón de m² en la capital peruana. Los submercados de San Isidro Financiero y el Este concentran alrededor del 60% de ese total y, al mismo tiempo, reúnen una parte importante de la demanda de empresas por ubicaciones corporativas.

Durante el segundo trimestre, la absorción neta llegó a 16.886 m². San Isidro Financiero concentró 11.500 m² y San Isidro Golf, otros 4.500 m². La cifra mide los espacios que dejaron de estar disponibles luego de ser alquilados u ocupados.

Las rentas subieron 11,2% desde 2023

La reducción de oficinas libres coincidió con una recuperación gradual de los alquileres. La renta promedio aumentó de US$ 15,09 por m² mensual, en el segundo trimestre de 2023, a US$ 16,79 por m² al mes en el mismo período de 2026.

El aumento fue de 11,2% en tres años. Colliers Perú vincula esa variación con un mercado que dejó atrás el exceso de espacios vacantes y en el que las empresas cuentan con menos alternativas para negociar contratos de arrendamiento.

“La menor disponibilidad y una demanda que se mantiene activa están acercando al mercado a condiciones de mayor equilibrio”, afirmó Frank Oré, jefe de Inteligencia de Mercados de Colliers Perú.

La presión sobre los precios también responde al ritmo limitado de las nuevas entregas. Entre 2023 y 2025 ingresó, en promedio, un edificio Prime por año. En los primeros seis meses de 2026 no se registraron nuevos desarrollos terminados dentro de ese segmento.

La construcción de nuevos edificios no sigue el ritmo de la demanda

La diferencia entre los espacios que el mercado absorbe y los nuevos proyectos que se entregan abre una ventana para desarrolladores e inversionistas. Si las empresas mantienen la demanda actual, la disponibilidad podría reducirse aún más durante el segundo semestre.

Milagros Rosello, country manager de Colliers Perú, sostuvo que la falta de nueva oferta en el corto plazo genera condiciones para evaluar proyectos con miras a 2027 y 2028. La evolución de la demanda y la velocidad de ejecución de los desarrollos definirán el nivel de renta y de disponibilidad en esos años.

Los almacenes Clase A también muestran una oferta ajustada

La dinámica de los almacenes logísticos Clase A en Lima presenta un escenario similar. El inventario llegó a 730.804 m² durante el primer semestre, un aumento de 11,6% frente al cierre de 2025.

Entre enero y junio se incorporaron 76.180 m² de nuevos espacios, pero la absorción alcanzó 81.200 m², por encima de la oferta que ingresó en ese período. Del total ocupado, el 77% correspondió a almacenes entregados durante los mismos seis meses.

La disponibilidad cerró en 20.830 m², apenas el 2,9% del inventario total. Esto implica que gran parte de los nuevos proyectos encuentra ocupantes en poco tiempo, empujada por las necesidades del comercio electrónico, el retail y los operadores logísticos.

El sur concentra dos tercios de los almacenes de mayor estándar

El sur de Lima reúne el 67% del inventario de almacenes Clase A. El este concentra 21% y el oeste, 12%. A su vez, el sur concentra 83% de la superficie aún disponible.

La renta promedio se ubicó en US$ 7,36 por m². El oeste tuvo el valor más alto, con US$ 7,82, seguido por el este, con US$ 7,26, y el sur, con US$ 6,91.

Para la segunda mitad de 2026 se prevé el ingreso de más de 70 mil m² de nuevos almacenes. Con esas incorporaciones, la nueva oferta acumulada del año superaría los 140 mil m².

El Indecopi declaró ilegales las exigencias de la Municipalidad Distrital de Chorrillos que obligaban a empresas de servicios públicos a reconstruir todo el ancho de una pista o una vereda completa después de ejecutar obras de emergencia.

Mediante la Resolución N° 0476-2026/SEL-INDECOPI, la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas concluyó que la municipalidad no tenía facultades para imponer estas condiciones.

La medida alcanza a empresas como Sedapal, Cálidda, Luz del Sur y operadoras de telecomunicaciones, que brindan servicios de agua y alcantarillado, gas natural, electricidad, telefonía e internet, respectivamente.

Indecopi anuló exigencias para reconstruir toda la calzada y la vereda

El fallo confirmó lo resuelto en primera instancia por la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas en noviembre de 2025. La controversia surgió por dos exigencias incluidas en ordenanzas distritales.

La primera establecía que, tras trabajos de emergencia que afectaran una vía, las empresas debían reponer el pavimento de “todo el ancho de la calzada”. La segunda obligaba a restituir la vereda “de paño a paño”, regla que también estaba respaldada con una infracción administrativa.

Estas disposiciones podían alcanzar a empresas de agua, electricidad, gas, telecomunicaciones u otros servicios públicos que requirieran abrir zanjas, retirar partes de la vía o intervenir la infraestructura urbana para resolver una emergencia.

La ordenanza municipal cuestionada regulaba las obras de instalación, mantenimiento y retiro de infraestructura de servicios públicos en espacios de uso público de Chorrillos.

La Ley 30477 asigna criterios técnicos a cada empresa prestadora

La Sala de Indecopi determinó que las reglas municipales vulneraban los artículos 7 y 8 de la Ley N° 30477, que regula la ejecución de obras de servicios públicos autorizadas por municipalidades en áreas de dominio público.

Esa norma establece que la reposición del pavimento afectado debe seguir los criterios técnicos previstos en el Manual de Reposición de Pavimentos de cada empresa prestadora.

“Los aspectos técnicos para la correcta reposición de los pavimentos afectados” deben figurar en esos manuales, según el marco legal citado en la resolución.

El manual debe establecer los procedimientos constructivos, los parámetros técnicos, las distancias de seguridad y los plazos de ejecución para restituir las zonas intervenidas.

Por ese motivo, Indecopi concluyó que Chorrillos no podía imponer una fórmula única que obligara a reparar toda la calzada o una sección completa de vereda, sin considerar las especificaciones técnicas que correspondan a cada obra.

La Ley 30477 obliga a las empresas públicas, privadas y mixtas que brindan servicios públicos a presentar un Plan Anual de Obras ante las municipalidades.

Ese documento debe detallar las intervenciones previstas en áreas de dominio público, incluidas las ampliaciones de redes y los mantenimientos que impliquen romper pistas o veredas.

La norma contempla una excepción para obras que surjan después de aprobado el plan, siempre que su ejecución resulte necesaria por su importancia o por el beneficio para los usuarios. Esas intervenciones incluyen los trabajos de emergencia que motivaron el pronunciamiento de la sala especializada.

Chorrillos conserva la facultad de supervisar los trabajos

La resolución no impide que la Municipalidad Distrital de Chorrillos fiscalice las obras ejecutadas en calles, avenidas y otros espacios públicos bajo su jurisdicción. La Ley 30477 reconoce que las municipalidades pueden verificar el cumplimiento de las condiciones aplicables durante la ejecución de trabajos de emergencia.

Lo que Indecopi declaró ilegal fue la imposición de requisitos que exceden las competencias municipales definidas por la ley. La entidad consideró que las exigencias anuladas trasladaban a la comuna una decisión técnica que corresponde establecer a las prestadoras de servicios a través de sus manuales de reposición.

El fallo identifica como barreras burocráticas ilegales el numeral 1 del artículo 29 y el numeral 40 del artículo 42 de la Ordenanza N° 432-2022/MDCH, referidos a la reposición de la calzada.

También alcanza al numeral 2 del artículo 29, el numeral 41 del artículo 42 de la misma ordenanza y al código de infracción 5.7.41 de la Ordenanza N° 372-2019/MDCH, vinculados con la reposición de veredas.

La resolución no señala que su contenido tenga carácter de precedente vinculante para todos los municipios. Sin embargo, fija el criterio de que las comunas deben respetar el marco de la Ley 30477 al regular la reposición de pistas y veredas afectadas por obras de servicios públicos.

Las exportaciones peruanas sumaron US$ 63.521 millones entre enero y julio de 2026, un alza de 33,3% frente a los US$ 47.642 millones registrados en el mismo período de 2025.

El incremento estuvo impulsado, en gran medida, por la cotización internacional de los minerales, según el reporte del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (ADEX).

La minería explicó 8 de cada 10 dólares vendidos al exterior

El sector tradicional concentró US$ 50.935 millones, equivalentes al 80,2% de los despachos totales. La cifra representó una expansión de 44% interanual, con la minería como principal actividad exportadora.

Las ventas mineras alcanzaron US$ 46.283 millones, con un crecimiento de 49,2%. El cobre y el oro en bruto encabezaron la demanda y concentraron el 64,8% de los envíos del sector tradicional, de acuerdo con el informe de ADEX.

China fue el principal destino de esta oferta, con el 46,1% del total, seguida por India, Canadá, Estados Unidos y Suiza. Los hidrocarburos también crecieron, con una variación de 28,4%, mientras que la pesca tradicional retrocedió 19,7%. El agro tradicional mostró un avance de 0,4%.

La oferta con valor agregado avanzó a un ritmo menor

Los productos no tradicionales, identificados por ADEX como oferta con valor agregado, alcanzaron USD 12.586 millones entre enero y julio. El resultado implicó una variación positiva de 2,5% frente a los USD 12.277 millones del mismo lapso de 2025 y representó el 19,8% de las exportaciones peruanas.

La agroindustria lideró este grupo con US$ 6.017 millones. Le siguieron los sectores químico, con USD 1.536 millones; pesca y acuicultura, con USD 1.443 millones; y siderometalurgia, con USD 1.372 millones.

También figuraron las confecciones, con USD 669,8 millones; la minería no metálica, con USD 563,3 millones; la metalmecánica, con USD 418 millones; y el sector textil, con USD 305,8 millones. Las ventas de maderas llegaron a USD 40,9 millones y las de joyería, a USD 31 millones.

La palta fue el producto con mayor valor exportado dentro de este segmento, al sumar USD 1.128 millones. Las uvas frescas, la pota congelada, los arándanos, el alambre de cobre refinado, las chapas de cobre, los mangos, los fosfatos de calcio naturales, el cacao en grano y el zinc sin alear completaron la lista de los principales productos.

ADEX: Nueve sectores redujeron el volumen de sus despachos

Pese al aumento del valor total exportado, el reporte registró descensos en el volumen enviado al exterior en nueve de los 15 sectores analizados.

Las caídas alcanzaron a la pesca tradicional, los hidrocarburos, la agroindustria, el textil, las confecciones, la metalmecánica, la siderometalurgia, la joyería y las maderas.

En valor FOB, cinco subsectores cerraron el período en terreno negativo: pesca primaria, confecciones, metalmecánica, minería no metálica y joyería. El comportamiento refleja que el crecimiento general dependió en buena parte de la evolución de los precios de materias primas, especialmente minerales.

Estados Unidos encabezó los destinos de la oferta no tradicional, con el 27,9% del total. Países Bajos ocupó el segundo lugar, con 9,4%, seguido por China, Chile y España. Colombia, Ecuador, México, Brasil y Corea del Sur integraron los diez principales mercados.

Prepárese: Perú romperá los USD 100.000 millones en envíos por primera vez en 2026

Con los datos disponibles se puede afirmar que Perú se encamina a superar los USD 100 mil millones en exportaciones en 2026, pero debe plantearse como una proyección condicionada a que se sostenga el ritmo de los primeros siete meses.

Para llegar a USD 100 mil millones necesita sumar USD 36.479 millones entre agosto y diciembre, un promedio mensual de USD 7.296 millones. Entre enero y julio, el promedio fue de USD 9.074 millones por mes.

En 2025, Perú exportó USD 90.082 millones, un récord histórico y un incremento de 21% frente a 2024, según ADEX. Por lo tanto, si en 2026 supera los USD 100 mil millones, implicaría un aumento de al menos 11%.

ADEX pidió reducir costos y preparar infraestructura ante El Niño

El presidente de ADEX, César Tello Ramírez, pidió avanzar en una agenda proexportadora que amplíe la participación empresarial en el comercio exterior, incorpore a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor y eleve el valor agregado de la oferta nacional.

Tello Ramírez también reclamó medidas para atraer inversiones, reducir sobrecostos y eliminar barreras que afectan la competitividad.

Además, advirtió sobre el posible impacto de El Niño Costero en distintas actividades económicas y planteó la necesidad de desarrollar infraestructura capaz de mantener su operatividad ante episodios climáticos extremos.

Entre enero y julio, 7.731 empresas peruanas exportaron 3.671 partidas a 166 países. El número de compañías aumentó en 255, mientras que la cantidad de productos se redujo en 89 y los mercados de destino crecieron en cuatro.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) informó que someterá a consulta pública los indicadores que utilizará en el próximo ranking universitario, con una propuesta que permitirá distinguir las publicaciones académicas según el número de citas que reciben.

Mediante Resolución del Consejo Directivo N° 0029-2026-SUNEDU-CD, la entidad dispuso la publicación de la metodología preliminar del ranking incluido en el V Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú.

Las citas permitirán medir la repercusión de cada investigación

La propuesta incorpora el total de publicaciones indexadas de cada universidad y las diferencia de acuerdo con su nivel de citación. De esta forma, el indicador busca mostrar qué investigaciones logran mayor referencia en otros estudios científicos y académicos, más allá de la cantidad de artículos que una institución publique.

La medida no evalúa el impacto social, económico o comercial de una investigación. La citación permite identificar la repercusión de un artículo dentro de la comunidad científica: cuando otros investigadores lo incluyen como fuente en sus propios trabajos, se registra una cita. A mayor número de referencias, mayor es su presencia en el debate académico.

Según la resolución, el uso de deciles de citación permitirá separar a universidades que presentan niveles similares de producción científica, pero cuyos artículos tienen distinto alcance. La propuesta considera que una casa de estudios puede publicar numerosos trabajos indexados, aunque otra con menor producción puede tener investigaciones más citadas y visibles.

“Permite distinguir entre entidades cuyo desempeño parece similar”, señala la resolución sobre este nuevo desglose de los resultados.

La Sunedu recibirá aportes, observaciones y comentarios de la comunidad universitaria, especialistas y ciudadanos durante 15 días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación de los indicadores y sus fichas metodológicas en el portal institucional de la entidad. Los interesados podrán presentar sus propuestas mediante la mesa de partes física, virtual o el correo rankinguniversitario@sunedu.gob.pe.

La citación ya formaba parte de los indicadores de impacto científico

El anuncio no supone que Sunedu medirá por primera vez las citas que reciben las investigaciones universitarias. Los rankings publicados en informes bienales anteriores ya incluyeron variables de impacto científico, como el índice H5, que combina la cantidad de documentos publicados con las citas acumuladas por esos trabajos.

La diferencia de la propuesta para el V Informe Bienal radica en que plantea mostrar el total de publicaciones indexadas según deciles de citación. Con ello, la entidad podrá identificar con mayor precisión qué universidades concentran artículos entre los más citados de su área y año de publicación.

La metodología definitiva aún no está aprobada. La Unidad de Gestión de la Información Universitaria, que depende de la Dirección de Registro y Reconocimiento de Grados y Títulos e Información Universitaria, recibirá y evaluará los aportes antes de elaborar el documento final.

Según el ranking universitario de Sunedu publicado en 2025, San Marcos lideró entre las universidades públicas y Cayetano Heredia encabezó la clasificación privada.

Universidades públicas

1. Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

2. Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA)

3. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

4. Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM)

Universidades privadas

1. Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH)

2. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

3. Universidad Científica del Sur (UCS)

Qué es el ranking universitario de Sunedu

El ranking universitario de Sunedu forma parte del Informe Bienal sobre la Realidad Universitaria en el Perú, un documento que reúne información sobre la oferta educativa, docentes, infraestructura, investigación y otros resultados de las universidades. La Ley Universitaria establece que este informe debe incluir una clasificación basada en publicaciones indexadas, entre otros indicadores.

La Sunedu publicó su primer informe bienal en enero de 2018. Desde entonces, los rankings han usado información bibliométrica sobre producción científica, impacto de las publicaciones, excelencia internacional y patentes. La entidad señala que estos datos buscan ofrecer una referencia objetiva sobre el desempeño de las universidades en investigación.

Un nuevo estudio de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (Afin) advirtió que más del 50% de los celulares usados dentro de los penales de Perú podría seguir activo, aun si se aplican mecanismos de identificación y bloqueo.

El informe, presentado por el experto en telecomunicaciones y derecho digital Manuel Cipriano, cuestiona la capacidad de la geolocalización basada en redes para ubicar con certeza un equipo dentro de una cárcel: el margen de error, según expuso, puede llegar a 1.000 metros.

La estimación se apoya en una simulación con un error de 400 metros, tomada a partir de una referencia de Costa Rica. Con ese supuesto, el análisis calcula que 54% de los celulares dentro de los penales no sería detectado ni bloqueado.

A la vez, proyecta 62% de falsos positivos a 5 días, lo que implicaría que líneas de vecinos, trabajadores, comerciantes y transeúntes podrían ser suspendidas pese a no tener vínculo con actividades delictivas. “No se ha encontrado una tecnología 100% certera que permita bloquear únicamente los terminales dentro de un penal”, dijo.

Geolocalización imprecisa y bloqueos a usuarios ajenos al delito

El estudio alerta sobre un problema doble: el sistema podría no impedir que continúen las comunicaciones ilegales desde las cárceles y, al mismo tiempo, afectar el servicio de personas ajenas a esos delitos.

Cipriano señaló que la localización puede perder precisión por muros, interiores, condiciones de cobertura, teléfonos de baja gama y equipos que pueden ser manipulados. También citó dificultades para rastrear dispositivos satelitales o servicios cuya información se procesa fuera de Perú.

Afin sostiene que bloquear líneas a partir de una ubicación imprecisa puede convertir una medida contra la extorsión en una fuente de errores masivos.

Como alternativa, plantea priorizar el control del ingreso de celulares, chips, routers y otros dispositivos a los penales; realizar pruebas técnicas antes de aplicar bloqueos a gran escala; fijar límites máximos de error; y evitar la extensión de las restricciones a redes WiFi o internet fijo sin una evaluación previa de su impacto.

Operadoras deben cortar el servicio móvil y bloquear celulares en penales

Cipriano explica que el Decreto Supremo N.° 008-2025-MTC, que reglamenta el Decreto Legislativo N.° 1688, fijó obligaciones para las empresas operadoras ante comunicaciones ilegales originadas en penales y centros juveniles. Luego, la Resolución N.° 000139-2025-CD/OSIPTEL definió los criterios para detectar esos usos prohibidos.

A partir de ahí, las compañías debían mantener un monitoreo de estaciones con cobertura en cárceles, usar mecanismos de geolocalización para identificar líneas y terminales, y cortar el servicio o bloquear equipos cuando se determine que operan desde esos recintos.

La norma también obligaba a informar a OSIPTEL y al Ministerio de Justicia sobre cada corte, bloqueo, reactivación o desbloqueo dentro de las 24 horas, y a conservar los registros durante un mínimo de tres años.

Frente a este esquema, Cipriano cuestionó que se impongan a las operadoras funciones y desembolsos que, a su juicio, corresponden al Estado. “Las empresas de telecomunicaciones tienen un deber de colaboración, pero no pueden asumir la seguridad penitenciaria como función propia”, aseveró el experto.

Señaló que las normas elevaron de forma progresiva las exigencias sobre cortes de servicio, bloqueo de equipos y geolocalización, pero no lograron contener el crecimiento de las extorsiones y del crimen organizado. “Las medidas se han endurecido año tras año, pero no han logrado detener el auge de la inseguridad ciudadana”, relató.

En esta línea, sostuvo que el Estado debe dirigir y financiar la seguridad penitenciaria, mientras que las operadoras solo deberían colaborar con cortes, bloqueos e información cuando una autoridad lo disponga. “No podemos delegar a las empresas de telecomunicaciones una tarea asignada a la autoridad pública”, sentenció.

Sin control de acceso, el bloqueo de líneas queda expuesto

Carlo de los Santos, exjefe de Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, propuso evaluar mecanismos como Obras por Impuestos para financiar soluciones tecnológicas contra las comunicaciones ilegales y la extorsión desde cárceles.

Señaló que las empresas de telecomunicaciones pueden aportar experiencia técnica y conocimiento sobre redes, pero consideró que esa participación debe darse mediante esquemas de colaboración y no a través de obligaciones que les trasladen el costo de la seguridad ciudadana.

“Necesitamos a los operadores, pero no desde el punto de vista de la obligación, sino para que nos apoyen con lo que saben de tecnología”, afirmó el experto.

El exfuncionario planteó que la estrategia debe enfocarse, además, en impedir el ingreso de celulares, chips, routers y otros dispositivos a los establecimientos penitenciarios.

Según sostuvo, los controles de acceso, la inteligencia y el fortalecimiento logístico de la Policía Nacional del Perú (PNP) deberían tener prioridad frente a medidas centradas solo en el bloqueo de comunicaciones. “Si no hay dispositivo, sencillamente no hay emisión”, señaló durante el taller.

El dato

• El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que, en lo que va del año, realizó 28 mediciones para verificar el funcionamiento de bloqueadores de señal en establecimientos penitenciarios y 37 intervenciones para detectar antenas WiFi instaladas ilegalmente en sus alrededores.
• En febrero, el Gobierno creó la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que absorberá al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Pronacej y Pronapres para reforzar la gestión carcelaria y juvenil.

Aunque más de la mitad de los profesionales peruanos declara estar satisfecha con las prestaciones que recibe, solo el 24,2% considera que sus beneficios laborales responden por completo a su realidad personal.

El resto identifica una cobertura parcial o directamente inexistente, según el estudio “La Experiencia Laboral 2026 en Perú”, elaborado por WeWork.

La satisfacción convive con una brecha entre la oferta y las necesidades

La investigación indica que el 56,1% de los encuestados tiene una valoración positiva de los beneficios que ofrece su empresa. Otro 34,8% mantiene una posición neutral y el 9,1% expresa una percepción negativa.

La diferencia surge al analizar el nivel de adecuación de esas prestaciones a las circunstancias de cada trabajador. El 33% señala que los beneficios se ajustan parcialmente a sus necesidades, mientras que el 42% afirma que no se adecuan en absoluto. De ese modo, tres de cada cuatro trabajadores no perciben una cobertura completa.

El relevamiento se basó en cerca de 3.000 encuestas digitales y 150 entrevistas grupales realizadas en cinco países de Hispanoamérica. En Perú, participaron 330 profesionales, en su mayoría de Lima y Arequipa.

“Lo que estamos viendo en Perú no es necesariamente una demanda por sumar más beneficios, sino por hacerlos más relevantes”, afirmó Claudio Hidalgo, presidente regional de WeWork Latinoamérica. El ejecutivo sostuvo que las expectativas se modifican de acuerdo con las responsabilidades personales y la etapa de desarrollo profesional.

Los trabajadores esperan beneficios que cambien con sus etapas de vida

La posibilidad de adaptar las prestaciones a cada perfil aparece como una de las principales demandas. El 94% de los participantes tendría una reacción favorable ante un esquema flexible y el 100% consideró importante que los beneficios se ajusten a las distintas etapas de vida.

Dentro de ese grupo, el 70% calificó esa posibilidad como muy importante y el 30% como importante. La salud integral concentró el mayor nivel de prioridad, con el 89,4%, seguida por la capacitación y el desarrollo profesional, con el 54,5%.

Pese a esa búsqueda de mayor personalización, el estudio sostiene que el salario y la estabilidad económica conservan un peso mayor que los beneficios al momento de decidir la permanencia en una organización.

La tendencia refleja que las empresas enfrentan una demanda doble: garantizar condiciones económicas previsibles y ofrecer herramientas vinculadas con el bienestar y la proyección laboral.

El trabajo híbrido gana terreno, pero la oficina conserva su función

El 61,52% de los profesionales consultados indicó que prefiere una modalidad híbrida, un porcentaje superior al 33,33% que trabaja actualmente bajo ese esquema. Entre quienes eligen esa alternativa, casi nueve de cada diez optan por asistir a la oficina dos o tres días por semana.

La reducción de los traslados es el principal motivo para buscar mayor flexibilidad, mencionada por el 75,86% de los encuestados. Le siguen el equilibrio entre vida laboral y personal, con el 58,13%, y la productividad, con el 41,38%.

Los datos muestran que la discusión sobre los modelos de trabajo no se limita al lugar desde el que se cumplen las tareas. También abarca la organización de las jornadas, el uso de los espacios y la posibilidad de compatibilizar obligaciones laborales con necesidades personales.

El ruido y la falta de salas complican la experiencia presencial

Entre quienes asisten a oficinas, el 46% identifica al ruido, las distracciones y los problemas de concentración en espacios abiertos como la principal dificultad. La falta de puestos disponibles alcanza al 42% y las deficiencias de infraestructura, al 37%.

El informe también registró problemas entre las empresas que redujeron la superficie de sus oficinas. El 48% de los trabajadores que pasó a instalaciones más pequeñas reportó más ruido; otro 48% detectó una menor disponibilidad de salas de reuniones, y el 35% percibió ambientes menos amplios y ordenados.

“Hoy la discusión sobre la oficina va más allá de cuántos puestos o metros cuadrados necesita una empresa”, señaló Diego Kexel, gerente general de WeWork Latinoamérica. Según planteó, los espacios deben facilitar tareas de concentración, colaboración e interacción.

El dato

• La inteligencia artificial completa el cambio en las expectativas laborales. El 95,76% considera que puede elevar la eficiencia en el trabajo y el 58,79% estima que entre el 11% y el 30% de su carga laboral podría automatizarse.
• También disminuyó el temor al reemplazo. El 88,48% la define como una herramienta de apoyo, frente al 83% que expresó esa opinión en 2025. Solo el 6,06% considera que su incorporación podría afectar la estabilidad de su empleo.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) advirtió que la propuesta para extender hasta 2043 la concesión de Cálidda en Lima y Callao podría generar una utilidad operativa de USD 1.832 millones, calculada a valor presente de 2033, sin que el proyecto establezca beneficios equivalentes para los usuarios o el Estado.

La observación figura en el Informe N.°413-2026-GRT/OS, elaborado por la Gerencia de Regulación de Tarifas el 23 de junio de 2026. El documento analiza la segunda versión de la Novena Adenda al contrato de concesión de distribución de gas natural por red de ductos de Lima y Callao, remitida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La adenda busca ampliar en 10 años el contrato de Gas Natural de Lima y Callao S.A., vigente hasta el 8 de diciembre de 2033, ademáss de incorporar 15 localidades de Ayacucho, Ucayali, Junín, Huancavelica, Apurímac, Cusco y Puno como nuevas áreas de concesión.

El proyecto prevé una inversión superior a USD 550 millones, con 3.738,9 kilómetros de redes, plantas de regasificación y otras instalaciones. La meta mínima consiste en conectar a 201.411 consumidores, frente a un universo potencial de 300.613 usuarios, de acuerdo con la documentación analizada por el regulador.

El regulador cuestiona el reconocimiento de un valor residual después de 2033

La principal objeción de Osinergmin está vinculada con el denominado “valor contable” de los activos de Lima y Callao. La propuesta de adenda plantea reconocer un valor residual de esa infraestructura como parte de la fórmula económica que justificaría la extensión del contrato.

Para el regulador, ese criterio entra en conflicto con la naturaleza BOOT —construir, poseer, operar y transferir— de la concesión. Bajo ese esquema, el operador obtiene ingresos mediante las tarifas durante el periodo concedido para recuperar las inversiones y remunerar la operación. Al cierre del plazo, los activos deben revertir al Estado.

El informe señala que el derecho económico para recuperar las inversiones está asociado al plazo contractual y sostiene que dicho valor debería llegar a cero al término de la concesión actual, en diciembre 2033. Por esa razón, cuestiona que se mantenga un valor residual que luego pueda ser reconocido en la tarifa de los usuarios durante una década adicional.

Según la evaluación técnica, admitir ese mecanismo podría constituir una segunda vía de recuperación económica para inversiones que ya habrían sido remuneradas durante los 33 años del contrato original.

Osinergmin precisa que el concepto de “doble remuneración” no implica que el recibo de gas vaya a duplicarse, sino que una misma infraestructura podría volver a integrar la base que determina la tarifa futura.

El documento también cuestiona una valorización atribuida a EY, que calculó en aproximadamente USD 824,2 millones el valor residual de los activos que llegarían a 2033.

La Gerencia de Regulación de Tarifas señala que esa metodología no se ajustaría al contrato ni al tratamiento contable que corresponde a un activo intangible vinculado al derecho de cobro durante la vigencia de la concesión.

Osinergmin pide revisar el modelo tarifario de una eventual prórroga

El organismo afirma que una extensión del contrato no puede implicar la prolongación automática del régimen tarifario vigente. Tras 2033, considera necesario definir qué inversiones deberán ser reconocidas, cuáles ya habrán concluido su periodo de recuperación y bajo qué parámetros se calcularán los ingresos del concesionario.

En esa discusión aparece el Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), usado para estimar las inversiones necesarias para prestar el servicio. Osinergmin advierte que aplicarlo de forma automática a la infraestructura existente después de 2033 podría mantener en la tarifa activos que deberían revertir al Estado al vencimiento del contrato original.

El regulador plantea que las inversiones nuevas para expandir el servicio sí podrían tener reconocimiento tarifario, aunque bajo una evaluación independiente. También menciona alternativas para que el concesionario asuma determinados costos de expansión o de conexiones residenciales sin trasladarlos íntegramente a los usuarios.

La propuesta de adenda incorpora, además, criterios para reconocer incrementos en los costos de inversión de redes y márgenes de contingencia para estaciones de regasificación y City Gates.

Según el informe, se contemplan aumentos de hasta 27% en redes y de 20% en contingencias, sin que la documentación incluya una justificación técnica ni una verificación independiente suficiente.

Osinergmin cuestiona que esos parámetros se definan mediante una cláusula contractual, pues considera que la evaluación de costos eficientes forma parte de sus atribuciones regulatorias. El organismo advierte que esos mayores montos podrían trasladarse a las tarifas si no se someten a revisión técnica.

Las metas de conexión son otro punto de discusión

La adenda incorpora como nuevas áreas de concesión a Huamanga y Huanta, en Ayacucho; Pucallpa, Aguaytía y Curimaná, en Ucayali; Huancayo y Jauja, en Junín; Cusco, Quillabamba y Calca, en Cusco; Puno y Juliaca, en Puno; Andahuaylas y Abancay, en Apurímac; y Huancavelica.

El informe observa que las metas de conexiones y la definición de los consumidores potenciales requieren mayor precisión. Para Osinergmin, el carácter referencial de parte de esos datos puede dificultar la supervisión del plan y permitir que la infraestructura se concentre en clientes comerciales o industriales de mayor consumo, en lugar de priorizar hogares.

La Gerencia de Regulación de Tarifas también pone reparos al factor de penetración previsto en la propuesta, que se ubicaría en 67%, por debajo del mínimo de 70% establecido en la normativa tarifaria. El regulador considera necesario vincular de forma clara los kilómetros de red, las inversiones comprometidas y la cantidad de usuarios residenciales que accederán al servicio.

El documento señala que, sin esa relación, una red puede ampliarse en términos físicos sin alcanzar el nivel de masificación residencial previsto. En ese escenario, el costo de infraestructura con menor utilización podría formar parte de la tarifa de los usuarios.

La propuesta también limitaría la fiscalización del regulador

Otro punto cuestionado se refiere a las facultades de supervisión. La redacción evaluada indica que Osinergmin fiscalizará el cumplimiento del Plan de Conexiones al vencimiento de hitos y bajo la forma prevista en la adenda.

El organismo considera que esa disposición restringiría su autonomía, ya que la oportunidad, alcance y metodología de la supervisión deben responder a sus competencias legales y no quedar subordinadas a un acuerdo contractual.

La entidad también advierte que el proyecto concentra las penalidades en el incumplimiento de metas de conexión, sin establecer consecuencias claras para retrasos en la ejecución de redes, adquisición de terrenos, cronogramas de obra u otras obligaciones vinculadas a la expansión.

El Minem informó a fines de agosto que trabajaba en el levantamiento de las observaciones de Osinergmin antes de remitir el expediente al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a la Contraloría. La viceministra de Hidrocarburos, Iris Cárdenas, indicó en su momento que la opinión del regulador no es vinculante, aunque aseguró que sus reparos serían considerados dentro del proceso.

El 33,0% de los hogares peruanos tiene al menos un gato, según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2025 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). La cifra equivale a cerca de uno de cada tres hogares y sitúa a los felinos como la segunda mascota más frecuente del país, detrás de los perros, presentes en el 52,2% de las viviendas. Entre quienes conviven con gatos, el promedio es de 1,8 animales por hogar.

El 61,2% de los hogares con felinos tenía solo uno; el 22,3%, dos; el 8,0%, tres; y el 8,5%, cuatro o más. Pero, si se extrapola este último dato al total nacional, la estimación es de 2,8% de todos los hogares del Perú con cuatro o más gatos. Es decir, cerca de tres de cada cien hogares.

La tenencia también implica desembolsos. Los hogares que declararon gastos en animales domésticos no destinados a la venta invirtieron en promedio S/ 57,7 al mes, unos S/ 692 al año en soles reales de 2025. El cálculo incluye alimentos, atención veterinaria y otros productos o servicios, como accesorios, camas, ropa, hospedaje y compra de animales.

El dato no corresponde solo a gatos, sino al conjunto de animales domésticos de los hogares que registraron gastos. Aun así, permite dimensionar el costo asociado a su cuidado en un país donde la presencia de felinos es mayor en sectores rurales, de menores ingresos y con déficits de acceso a servicios básicos.

El gasto mensual llega a S/ 88,1 en los estratos A y B

El gasto promedio fue de S/ 61,1 mensuales en el área urbana, frente a S/ 37,3 en el ámbito rural. En Lima Metropolitana y Callao alcanzó S/ 62,9, mientras que en el resto urbano llegó a S/ 59,8.

Las diferencias por nivel socioeconómico fueron más marcadas. Los hogares de los estratos A y B destinaron en promedio S/ 88,1 mensuales a sus animales domésticos; los de los estratos C y D, S/ 65,9; y los del estrato E, S/ 53,1.

Durante 2025, el 39,8% de los hogares registró gastos en alimentos para animales y el 25,5% en servicios veterinarios. Estas cifras incluyen distintos tipos de mascotas, pero coinciden con las brechas de cuidado preventivo que registra la población de gatos.

La vacunación, la desparasitación y la esterilización tienen brechas territoriales

A nivel nacional, el 27,0% de los hogares con gatos de tres meses o más declaró vacunación anual contra la rabia. La desparasitación de al menos un animal alcanzó al 44,8% y la esterilización, al 31,7%.

Solo 20,1% de los hogares con gatos combinó vacunación antirrábica y desparasitación, mientras que el 50,1% no declaró ninguna de esas dos prácticas. En el área rural, esa proporción subió a 76,7%.

La distancia entre zonas urbanas y rurales fue amplia: la vacunación llegó al 32,1% de los hogares urbanos y al 12,7% de los rurales. En desparasitación, los porcentajes fueron 54,8% y 18,3%, respectivamente. La esterilización alcanzó al 40,8% en ciudades y apenas al 6,0% fuera de ellas.

Las carencias de vivienda también se asociaron con menores niveles de cuidado. En hogares con piso de tierra, el 23,0% desparasitó a alguno de sus gatos, el 15,6% vacunó y el 8,4% esterilizó. Entre quienes viven en departamentos de edificios, los porcentajes fueron de 79,4%, 65,0% y 64,6%.

El control de plagas pesa más en la Sierra rural

La principal razón para tener gatos fue la compañía o el afecto, mencionada por el 53,3% de los hogares que los tienen. El control de plagas ocupó el segundo lugar, con 29,9%, seguido de la protección o seguridad, con 15,2%.

La función asociada a roedores y lagartijas tuvo mayor peso fuera de las ciudades. El 55,3% de los hogares rurales con gatos los cría principalmente para controlar plagas, proporción que ascendió a 56,8% en la Sierra rural. En las zonas urbanas, en cambio, el 66,2% los tenía por compañía o afecto.

Apurímac, Huancavelica y Ayacucho concentraron las mayores proporciones de hogares con gatos, con 55,3%, 54,9% y 47,8%. En Apurímac y Huancavelica, donde la tenencia es más alta, la desparasitación alcanzó solo al 13,4% y 15,4% de los hogares con felinos.

Las plataformas digitales de movilidad y reparto aportaron S/10.700 millones a la economía peruana en 2025, una cifra equivalente al 0,89% del Producto Bruto Interno (PBI), según un informe elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE) a pedido de ComexPerú.

Del impacto económico total de las plataformas en dicho ejercicio, S/7.429 millones (69%) correspondieron a los servicios de movilidad y S/3.310 millones (31%) al reparto.

El estudio, publicado en septiembre de 2026, examinó la evolución del sector entre 2020 y 2025 a partir de encuestas a 9.604 usuarios y prestadores de servicios, datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) e información de seis aplicaciones: Cabify, InDrive, PedidosYa, Rappi, Uber y Yango.

Se solicitaron 1,3 millones de viajes y 197 mil pedidos por día

Durante 2025, las aplicaciones de movilidad registraron un promedio diario de 1,3 millones de viajes, mientras que las plataformas de reparto recibieron alrededor de 197 mil pedidos al día en el país.

Lima Metropolitana concentró el 72% de los viajes solicitados por aplicaciones y el 78% de los repartos. El documento también identificó una expansión de estos servicios en otras ciudades, entre ellas Arequipa y Chiclayo.

Las plataformas de movilidad alcanzaron los 5,3 millones de usuarios activos en 2025, seis veces más que en 2020. En reparto, el número llegó a 2,1 millones, cerca de siete veces el registro del inicio del período analizado.

El IPE calculó que 5,8 millones de personas utilizan al menos una plataforma digital de movilidad o reparto, una proporción equivalente al 37% de la población urbana de entre 15 y 64 años.

La seguridad y el ahorro de tiempo impulsan el uso de las aplicaciones

El informe identificó diferencias en las razones que llevan a los usuarios a elegir cada servicio. En el caso de la movilidad, la seguridad frente a otras alternativas de transporte aparece como el principal motivo. Para el reparto, pesan más la conveniencia y la reducción del tiempo destinado a las compras.

El 96% de los usuarios de movilidad afirmó que estas aplicaciones resultan más seguras que tomar un taxi en la calle. Entre quienes usan servicios de reparto, el 83% señaló al seguimiento por GPS como el elemento de seguridad más valorado.

Los pedidos de comida en restaurantes mantienen el predominio dentro del reparto: el 98% de los usuarios recurre a las aplicaciones para esa finalidad. El servicio de envío y recepción de paquetes fue el segmento que más creció entre 2022 y 2025, con un alza del 144%.

El gasto promedio por viaje en las plataformas de movilidad fue de S/13,70 durante 2025. Cada pedido de reparto tuvo un gasto medio de S/40,80. Ambas cifras representaron una reducción frente a los valores registrados en 2022.

Las plataformas reúnen a 475 mil prestadores de servicios activos

El estudio estimó que las aplicaciones contaron con un promedio de 475 mil prestadores de servicios activos en 2025, una cifra cercana al 7% del total de trabajadores independientes en Perú.

Dentro de ese universo, el informe registró 327 mil conductores y 184 mil repartidores. Casi la mitad de los repartidores tenía menos de un año de actividad en las plataformas, mientras que el 28% de los conductores trabajaba en ellas desde antes de la pandemia.

El 86% de los encuestados se definió como trabajador independiente y el 11% se consideró dependiente de la plataforma. A su vez, el 62% de los conductores y el 58% de los repartidores indicó que esa actividad constituye su fuente principal de ingresos.

Quienes dependen principalmente de estas aplicaciones destinan alrededor de 60 horas semanales al trabajo. La mediana del ingreso neto alcanzó S/8,8 por hora, un valor 62% superior al salario mínimo por hora en Perú, de acuerdo con el análisis.

La flexibilidad horaria y la autonomía para definir los períodos de conexión figuraron entre los aspectos más valorados por los prestadores de servicios.

El robo fue el incidente de seguridad más frecuente para conductores y repartidores

La percepción de seguridad entre los usuarios contrastó con la experiencia de quienes trabajan en las aplicaciones. El 61% de los prestadores de movilidad y el 70% de quienes realizan repartos informaron que sufrieron algún incidente de seguridad durante 2025.

El robo fue el hecho más recurrente entre los episodios señalados por conductores y repartidores. El documento sitúa este riesgo entre los desafíos del sector, junto con la falta de acceso garantizado a mecanismos de protección social.

El IPE planteó que las políticas públicas podrían enfocarse en ampliar esquemas de cobertura social para los trabajadores independientes, sin limitar la modalidad de trabajo que caracteriza a las plataformas.

El informe advierte sobre el efecto de los proyectos de regulación

El reporte también analizó iniciativas presentadas en el Congreso para regular las plataformas digitales. Las propuestas incluyen requisitos técnicos, controles de precios y la incorporación de los prestadores de servicios en planillas.

Según el IPE, esas medidas podrían modificar la viabilidad económica del modelo y reducir la flexibilidad laboral de conductores y repartidores. El estudio resaltó que el 44% de los prestadores de movilidad y el 34% de los trabajadores de reparto usa más de una aplicación para obtener ingresos.

Esa operación simultánea permite combinar servicios y ampliar las alternativas de trabajo, según el informe. El documento señaló que una regulación que no contemple esa dinámica podría restringir el acceso de algunos grupos a estas fuentes de ingresos, incluidos los trabajadores extranjeros.