La carne de cerdo continúa ganando terreno en la dieta de los peruanos. De acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), el consumo per cápita de carne porcina alcanzó 11 kilogramos por habitante en 2025, y la proyección es llegar a 11,5 kilos durante este año, estableciendo un nuevo récord histórico.

Este crecimiento se consolida en el marco del Día Nacional del Chicharrón de Cerdo Peruano, celebrado cada tercer sábado de junio.

Producción porcina en crecimiento sostenido

El consumo nacional de carne de cerdo se ha triplicado en la última década, impulsado por la preferencia de los consumidores, la modernización del sector y el fortalecimiento de la cadena productiva.

Según cifras oficiales, en 2025 la producción nacional de carne de cerdo alcanzó 289 mil toneladas, respaldada por una población porcina de 3 millones 697 mil animales.

La modernización de las granjas y la adopción de mejores prácticas en la crianza han permitido elevar la productividad y la competitividad del sector porcino.

Lima concentra el 46,1% de la producción nacional, seguida por La Libertad, Ica, Arequipa y Huánuco, lo que evidencia la importancia estratégica de estas regiones en el abastecimiento nacional.

El chicharrón, motor de la cadena productiva

La celebración del Día Nacional del Chicharrón de Cerdo Peruano revaloriza uno de los platos más representativos de la gastronomía nacional y dinamiza la demanda de carne porcina en todo el país.

La preparación y comercialización del chicharrón movilizan una extensa cadena productiva que involucra a productores, comerciantes, transportistas, mercados, restaurantes y pequeños emprendimientos gastronómicos.

Esta cadena genera miles de empleos directos e indirectos, contribuyendo al desarrollo económico regional y al fortalecimiento de los emprendimientos familiares y locales.

Avances sanitarios y perspectivas de exportación

El MIDAGRI también destacó los avances sanitarios alcanzados por el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), que ha declarado 14 regiones libres de Fiebre Porcina Clásica.

Estos logros favorecen la calidad e inocuidad de la producción y son clave para ampliar el acceso de la carne de cerdo peruana a mercados internacionales, incluyendo negociaciones con China y Singapur.

La consolidación de la carne de cerdo en la mesa peruana y el impulso de productos emblemáticos como el chicharrón reflejan el dinamismo del sector porcino, que avanza hacia nuevos récords de consumo y producción, fortaleciendo toda la cadena de valor y abriendo oportunidades para la exportación.

¿Cómo se consume el cerdo en Perú?

La comida tradicional peruana incluye el cerdo en una amplia variedad de platos emblemáticos presentes en celebraciones, desayunos y la gastronomía regional:

• Chicharrón de cerdo: Trozos de panceta o pierna de cerdo sazonados y cocidos hasta obtener carne jugosa y piel crocante. Es protagonista en desayunos y celebraciones, y se sirve tanto solo como en sándwich.
• Pan con chicharrón: Sándwich muy popular que combina chicharrón de cerdo recién frito, rodajas de camote frito y salsa criolla, todo en pan francés crujiente. Es un clásico de los domingos y desayunos limeños.
• Tamales de cerdo: Masa de maíz rellena con trozos de cerdo aderezados, envuelta en hojas de plátano y cocida al vapor. Se suele acompañar con salsa criolla y café.
• Pachamanca: Preparación andina donde distintos tipos de carne, incluido el cerdo, se cocinan bajo tierra con piedras calientes, acompañados de papas, habas y hierbas aromáticas.
• Adobo arequipeño: Guiso típico de Arequipa preparado con carne de cerdo marinada en chicha de jora, ají panca y especias, cocinado lentamente hasta quedar tierno y muy sabroso.
• Cau cau de mondongo y cerdo: Variante del tradicional cau cau en la que se mezcla mondongo (callos) y carne de cerdo en un guiso de papa amarilla, ají amarillo y hierbabuena.
• Seco de cerdo: Guiso de cerdo cocinado con culantro, chicha de jora y ajíes, servido generalmente con arroz y yuca.
• Butifarra peruana: Sándwich preparado con “jamón del país” (fiambre de cerdo sazonado y cocido), salsa criolla y pan francés.
• Carapulcra: Estofado de papa seca y carne de cerdo cocido con maní, ají panca y especias. Se sirve con arroz o sopa seca.
• Chancho al palo: Corte de cerdo cocido a las brasas en un asador especial, típico de la zona central del país, especialmente en festividades y ferias gastronómicas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) calcula que cada peruano consume en promedio 92 kilos de papa al año, una cifra que resalta la importancia de este cultivo en la dieta y la economía del país.

Con la reciente aprobación del reglamento para la industrialización del cultivo, el Estado apunta a mejorar el consumo y transformar la cadena productiva, generando más oportunidades para las más de 700 mil familias que dependen de la papa.

Producción, variedades y consumo en el país

Según datos oficiales proporcionados por Midagri a Infobae, en 2025 el Perú alcanzó una producción de 6,9 millones de toneladas de papa. Esta cifra proviene de 400.000 hectáreas sembradas (unos 571.000 campos de fútbol) y 332.000 hectáreas cosechadas, con un rendimiento nacional de 19,9 toneladas por hectárea.

El sector involucra a 711.313 productores distribuidos en 19 regiones, y genera cerca de 25 millones de jornales cada campaña agrícola.

La diversidad del cultivo es notable: existen alrededor de 3.000 variedades de papa en el país, aunque solo unas 70 cumplen los estándares para procesamiento industrial.

El grueso del consumo nacional se basa en variedades como Canchán, Yungay, Andina y Única. En regiones como Apurímac, Ayacucho, Junín y Huánuco, la papa representa hasta el 45% del valor de la producción agrícola local.

En contraste, en Lima e Ica su participación no supera el 3%. El valor bruto de la producción nacional ronda los S/ 8.200 millones.

Industrialización, procesamiento y oportunidades

El procesamiento industrial sigue siendo un reto: apenas el 10% de la papa producida se transforma en productos como chips, puré, papas para pollerías, vodka y gin.

La meta del sector es duplicar este porcentaje al 20% en los próximos diez años. Para pollerías, el Perú utiliza unas 300.000 toneladas de papa al año, de las cuales apenas el 8% es importada y el 92% corresponde a producción local.

El reglamento aprobado establece nuevas condiciones para que los pequeños y medianos agricultores puedan participar en la cadena de valor industrial. Incluye acceso a financiamiento preferencial, con créditos a tasas desde 3,5% anual para el cultivo y entre 8% y 10% para infraestructura de procesamiento.

Además, la importación de maquinaria y equipos para plantas industriales está exonerada de impuestos, mientras que algunas regiones amazónicas cuentan con beneficios fiscales adicionales.

El rol de la agricultura familiar y los desafíos hacia adelante

La política pública, según explicó Midagri a Infobae, se enfoca en la agricultura familiar y las cooperativas rurales. El objetivo es incentivar la innovación, la generación de empleo y el desarrollo de productos con alto valor agregado, como chips de papas nativas y destilados, que ya se exportan a mercados internacionales.

El reglamento también contempla asistencia técnica, capacitación, impulso en el uso de semillas certificadas y creación de centros de acopio, buscando articular todos los eslabones de la cadena productiva. El desafío es aprovechar la enorme diversidad genética y tecnológica de la papa peruana, incrementando el consumo interno y abriendo nuevos nichos en la exportación.

Midagri proyecta que con estas medidas, el consumo per cápita podría elevarse a 94 o 95 kilos por persona al año. El fortalecimiento de la industrialización y la inclusión de incentivos fiscales y crediticios buscan mejorar la rentabilidad del productor, reducir la vulnerabilidad ante fluctuaciones de precios y posicionar a la papa peruana como un producto competitivo y diverso dentro y fuera del país.

Entre enero y abril del 2026, las exportaciones peruanas de alimentos del sector pesca hacia Asia Oriental sumaron US$ 342 millones 3 mil, cifra que representa un incremento de 1,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

El crecimiento estuvo impulsado especialmente por el aumento en el volumen de envíos y la alta demanda en el mercado chino.

La pota congelada domina el mercado asiático

La pota congelada fue el producto líder en el portafolio exportador, con despachos por US$ 165 millones 853 mil, equivalentes al 48,5% del total enviado a la región.

En segundo lugar se ubicaron las jibias y calamares preparados o conservados, que alcanzaron US$ 72 millones 230 mil y representaron el 21,1% de las exportaciones.

El ranking continuó con los hígados, huevas y lechas de pescado congelados (US$ 57 millones 234 mil), langostinos enteros congelados (US$ 16 millones 64 mil), hígados y huevas preparados (US$ 9 millones 915 mil) y colas de langostino congeladas (US$ 4 millones 840 mil).

China y Corea del Sur, los destinos principales

Durante el primer cuatrimestre del año, China se consolidó como el principal destino de los alimentos pesqueros peruanos en Asia Oriental, con envíos por US$ 219 millones 868 mil.

Esto significó un crecimiento del 14,4% respecto al año anterior y representó el 64,3% del total exportado al bloque. Le siguieron Corea del Sur (US$ 78 millones), Japón (US$ 32 millones 364 mil) y Taiwán (US$ 9 millones 770 mil).

La gerenta de Servicios e Industrias Extractivas de ADEX, Lucía Rodríguez Zunino, destacó que el volumen exportado entre enero y abril alcanzó las 127.707 toneladas, superior en 88,3% a las 67.825 toneladas registradas en el mismo periodo de 2025.

China lideró también este indicador con 90.364 toneladas, equivalentes al 70,8% de los envíos, seguida de Corea del Sur y Japón.

Tendencias y retos en el mercado asiático

El informe de tendencias del CIEN-ADEX señaló que, en 2025, las exportaciones peruanas de alimentos pesqueros a Asia Oriental sumaron US$ 1.150 millones 800 mil, lo que representó el 51,5% del valor global exportado por el Perú en esta categoría. En ese año, China concentró el 60% de los envíos a la región.

Asia Oriental, conformada por economías como China, Corea del Sur, Japón y Taiwán, concentra el 24,2% de las importaciones mundiales de alimentos pesqueros.

La demanda en la subregión sigue creciendo, impulsada por la preferencia por insumos saludables, productos congelados y opciones listas para consumir.

El informe también advirtió sobre una mayor exigencia en materia de trazabilidad, inocuidad y calidad, además de cambios demográficos en países como China, Japón y Corea del Sur que favorecen el consumo de productos prácticos y ricos en valor nutricional.

Exportaciones diversificadas y oportunidades

De acuerdo con el gremio exportador, el desempeño exportador de la pesca peruana hacia Asia Oriental evidencia la relevancia del bloque como socio comercial estratégico.

Casi la mitad de los envíos corresponde a pota congelada, aunque el portafolio se diversifica con jibias, calamares, langostinos y derivados de pescado.

El reto para el sector está en adaptarse a los estándares internacionales y aprovechar las tendencias de consumo que favorecen los alimentos saludables y de alto valor agregado.

El Gobierno oficializó a través del Decreto Supremo N° 009-2026-MINAM la aceleración de la transferencia de funciones de revisión y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental detallados (EIA-d) de los sectores Comunicaciones, Salud, Defensa, Cultura, Justicia y Educación al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE).

Esta decisión deja sin efecto el cronograma anterior, que proyectaba un traspaso progresivo hasta 2029, y ordena que el proceso se complete en solo 45 días hábiles a partir de la entrada en vigencia de la norma.

SENACE asume el control ambiental en tiempo récord

Con la publicación de la nueva norma, el Ministerio del Ambiente (MINAM) busca que SENACE se convierta en la única autoridad encargada de evaluar y aprobar los EIA-d en seis ministerios estratégicos.

La resolución obliga a las entidades sectoriales a conformar, junto a SENACE, comisiones técnicas de transferencia para asegurar la entrega digitalizada de expedientes, registros y toda la documentación asociada a los proyectos bajo evaluación ambiental.

El decreto también establece que SENACE asumirá la administración de los registros de consultoras ambientales y de certificaciones concedidas, centralizando la información que antes estaba dispersa en los diferentes ministerios.

El traspaso incluye recursos económicos, personal y responsabilidades administrativas, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica y operativa de SENACE de cara al incremento de expedientes que recibirá a partir de la transferencia.

Un proceso que reemplaza al cronograma anterior

La norma emitida deroga expresamente el Decreto Supremo N° 006-2025-MINAM, que fijaba un cronograma escalonado y extendido en el tiempo para la transferencia de funciones ambientales sectoriales.

Ahora, el Ejecutivo exige una implementación acelerada y conjunta, bajo la supervisión de comisiones mixtas y con la obligación de garantizar la continuidad administrativa de los procedimientos en trámite.

El decreto especifica que los procedimientos iniciados antes de la transferencia seguirán siendo resueltos por la entidad sectorial de origen, mientras que los nuevos expedientes serán competencia exclusiva de SENACE, salvo casos excepcionales previstos en la norma.

Respuesta a compromisos y presión internacional

La transferencia responde, en parte, a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que ha instado a Perú a consolidar y especializar su sistema de certificación ambiental, priorizando la revisión técnica independiente y la transparencia en los permisos de grandes proyectos públicos y privados.

El Ejecutivo sostiene que la centralización facilitará una evaluación ambiental más uniforme y predecible, y reforzará la confianza de inversionistas y comunidades en los procesos de aprobación.

Con esta medida, SENACE se enfrenta a una carga inédita de expedientes y nuevas competencias, en un contexto donde la eficiencia y la capacidad institucional serán puestas a prueba.

Si bien la centralización era esperada, la rapidez del proceso exigirá una adecuación operativa inmediata para evitar cuellos de botella y garantizar que las inversiones sostenibles no se vean afectadas por retrasos en la tramitación ambiental.

¿Qué es el SENACE?

El Senace, o Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, es una entidad pública peruana adscrita al Ministerio del Ambiente.

Su función principal es evaluar y aprobar los estudios de impacto ambiental de los grandes proyectos de inversión en sectores como minería, energía, hidrocarburos y transportes.

El objetivo del Senace es asegurar que estos proyectos cumplan con la normativa ambiental y contribuyan al desarrollo sostenible, garantizando la protección del medio ambiente y la transparencia en el proceso de certificación.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó este 20 de junio, mediante la Resolución Ministerial N° D000214-2026-MIDAGRI-DM, los precios de compra del arroz que adquirirá el Estado para su entrega gratuita a poblaciones vulnerables, en el marco de la crisis que detonó un paro agrario en el norte del país.

Precios definidos y reglas para la compra estatal

De acuerdo con la norma, el arroz pilado se comprará a S/ 3.20 por kilo en la Costa y a S/ 2.60 por kilo en la Selva, valores que deberán respetarse en todas las adquisiciones realizadas por el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (AGRO RURAL), la unidad ejecutora encargada de llevar adelante la operación.

Esta directiva busca dar certidumbre a los productores afectados por la caída de los precios y el encarecimiento de insumos, garantizando un precio piso para el grano nacional y evitando mayores pérdidas en la campaña agrícola.

AGRO RURAL tendrá la obligación de aplicar estos precios según el ámbito de compra, asegurando que toda transacción estatal se realice bajo parámetros claros y homogéneos. La medida se suma a la serie de acciones que el Gobierno puso en marcha desde el Decreto de Urgencia N° 005-2026, aprobado tras las protestas del sector arrocero.

Entrega gratuita y procedimientos excepcionales

La resolución también aprueba los lineamientos operativos para que el arroz adquirido sea distribuido gratuitamente en distritos priorizados, siguiendo el mapa de pobreza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

La entrega estará dirigida a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, como parte de la estrategia para asegurar el abastecimiento alimentario en zonas críticas.

Para agilizar la respuesta, el MIDAGRI eximió estos procesos de las normas habituales de contrataciones públicas, permitiendo una compra y distribución directa, sin intermediarios ni trámites engorrosos.

Se instruyó a AGRO RURAL a dictar las disposiciones necesarias para que la operación se ejecute de manera rápida y transparente, en línea con el mandato del Ejecutivo.

Fondos para infraestructura de riego y reactivación productiva

Un componente adicional de la resolución es la asignación de S/ 50 millones para limpieza y mantenimiento de infraestructura de riego menor. Estos recursos, que serán ejecutados bajo la figura de núcleos ejecutores, buscan restaurar la capacidad productiva de las áreas rurales más golpeadas por la crisis, favoreciendo la preparación de la próxima campaña agrícola y, al mismo tiempo, generando empleo a nivel local.

El MIDAGRI deberá publicar en un plazo de 30 días el listado de actividades de mantenimiento que se financiarán a través de este fondo, priorizando las regiones más necesitadas y asegurando la transparencia en el uso de los recursos. La Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego asume la supervisión de estas acciones.

Estas disposiciones se implementan tras el paro agrario protagonizado por los arroceros del norte, quienes bloquearon carreteras y exigieron intervención estatal ante la drástica caída de precios. El conflicto se destrabó luego de la emisión del Decreto de Urgencia que autorizó la compra y distribución gratuita de arroz, con el compromiso de estabilizar el mercado interno y respaldar a los agricultores más afectados.

Alerta en el sector azucarero: riesgo de un nuevo conflicto

Mientras el sector arrocero recibe el auxilio del Estado, los productores de caña de azúcar han advertido que atraviesan una crisis similar. El desplome internacional del precio del azúcar, sumado a costos de producción elevados, ha reducido los ingresos de los agricultores hasta en un 65% respecto a años anteriores.

Dirigentes del norte han señalado a Infobae que hoy reciben apenas 50 soles por tonelada de caña, un valor que pone en riesgo la sostenibilidad de toda la cadena. El gremio busca instalar una mesa de diálogo con el MIDAGRI y no descarta acciones de protesta, frente a la falta de soluciones y la amenaza persistente de desabastecimiento en el mercado nacional.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) rechazó las acusaciones sobre una supuesta falta de atención a las alertas enviadas por Petroperú en el marco del proceso de reorganización patrimonial y operativa.

Según la entidad adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de 150 comunicaciones remitidas por la petrolera estatal en los últimos dos meses han sido evaluadas y atendidas con criterios técnicos, en cumplimiento de los plazos establecidos.

Proceso de reorganización bajo supervisión estatal

En respuesta a las declaraciones de la Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol), ProInversión subrayó que la conducción técnica integral de la reorganización patrimonial de Petroperú corresponde exclusivamente a la agencia, de acuerdo con el Decreto de Urgencia 010-2025.

La entidad detalló que la identificación, evaluación y estructuración de bloques patrimoniales son funciones directas de ProInversión, aunque aseguró que la petrolera estatal participa de manera articulada, aportando información y conocimiento técnico sobre sus activos y operaciones.

Evaluación y atención de alertas

El comunicado menciona que, entre abril y junio, Petroperú envió múltiples documentos oficiales a ProInversión y otras entidades estatales, en los que alertó sobre riesgos operativos, financieros y de abastecimiento.

De acuerdo con ProInversión, todas estas comunicaciones han sido objeto de análisis técnico, sin descuidar el objetivo central del proceso de reorganización.

La agencia puntualizó que “las más de 150 comunicaciones remitidas por Petroperú en los últimos dos meses vienen siendo evaluadas y atendidas siguiendo criterios técnicos y dentro de los plazos correspondientes”.

Responsabilidad en la gestión operativa

En relación con la operatividad de las instalaciones, ProInversión sostuvo que la responsabilidad directa recae sobre Petroperú, conforme al marco normativo vigente.

La unidad adscrita al MEF aclaró que las medidas adoptadas desde el Estado, mediante los decretos de urgencia 010-2025 y 003-2026, buscan mitigar riesgos de una crisis energética nacional y asegurar el abastecimiento de hidrocarburos.

Sin embargo, estas disposiciones no sustituyen las funciones de gestión de inventarios, contratos y pagos, que corresponden exclusivamente a la empresa estatal.

Finalmente, la agencia estatal ProInversión reiteró su compromiso de garantizar que cualquier decisión respecto a Petroperú se adopte “de manera técnica, responsable y en resguardo de los intereses del país”.

Desde la agencia destacaron la importancia de mantener una comunicación permanente y transparente con las entidades involucradas en el proceso, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y otros organismos estatales.

¿Qué es ProInversión?

ProInversión es la Agencia de Promoción de la Inversión Privada del Estado peruano, encargada de gestionar proyectos de inversión y promover asociaciones público-privadas.

En 2025, el gobierno dispuso mediante el Decreto de Urgencia 010-2025 la reorganización patrimonial y operativa de Petroperú, la empresa estatal petrolera, otorgando a ProInversión la conducción técnica y administrativa de este proceso.

El objetivo es que Petroperú alcance la autosostenibilidad financiera para 2032, dejando de depender de recursos públicos. ProInversión gestiona la reestructuración para fortalecer la estructura patrimonial de la compañía y facilitar financiamiento, con la meta de transformar la empresa en una corporación eficiente y sostenible.

La transformación digital está redefiniendo las necesidades de las empresas y generando una demanda sostenida por profesionales que reúnan conocimientos en gestión, tecnología y visión estratégica.

En este contexto, la Ingeniería Industrial se está destacando como una de las especialidades que mejor responde a estos desafíos, ya que forma especialistas capaces de integrar distintas áreas del conocimiento y abordar proyectos complejos en entornos cambiantes.

Más allá de la industria: presencia en múltiples sectores

Las organizaciones actuales buscan perfiles que trasciendan la gestión tradicional y que sepan conectar los objetivos de negocio con la eficiencia operativa y la innovación tecnológica, según un reciente análisis de ISIL.

Esta convergencia de habilidades se ha convertido en un requisito fundamental para liderar procesos de transformación y para adaptar las estructuras empresariales a las exigencias del mercado digital.La Ingeniería Industrial responde a esta demanda al ofrecer una formación integral que abarca desde la gestión de recursos hasta el dominio de herramientas digitales y la capacidad de análisis de información.

La digitalización creciente ha ampliado el campo de acción de los ingenieros industriales. Su participación ya no se limita a fábricas o plantas de producción, sino que se extiende a sectores como logística, comercio, salud, banca, tecnología y servicios.

Gracias a su formación multidisciplinaria, estos profesionales pueden asumir responsabilidades en gestión de operaciones, análisis de datos, control de calidad, innovación y planificación estratégica, contribuyendo a mejorar la competitividad y productividad de las organizaciones.

Ingeniería Industrial: ¿Una carrera con proyección de futuro?

El mercado laboral valora especialmente la capacidad de los ingenieros industriales para liderar proyectos de cambio y para integrar equipos multidisciplinarios. Las empresas requieren profesionales que sepan analizar información, optimizar procesos y gestionar recursos de manera eficiente, alineando la tecnología con los objetivos del negocio.

La constante innovación tecnológica exige una actualización permanente de conocimientos y una gran capacidad de adaptación. Los ingenieros industriales se encuentran en una posición privilegiada para asumir estos desafíos, ya que su formación les permite liderar procesos de transformación, gestionar la integración de nuevas tecnologías y promover la mejora continua en las organizaciones.

Así, la formación multidisciplinaria y la capacidad para conectar negocios, tecnología y gestión permiten a los ingenieros industriales liderar los cambios que exigen las organizaciones y aportar soluciones sostenibles en un contexto de transformación constante.

¿En qué áreas se puede desempeñar un ingeniero industrial?

Un profesional de Ingeniería Industrial puede desempeñarse en una amplia variedad de empresas y sectores. Según las fuentes consultadas, las principales áreas y tipos de empresas donde existe demanda para estos perfiles son:

• Industria manufacturera: plantas de producción de automóviles, maquinaria, bienes de consumo, alimentos y bebidas, plásticos y electrónicos.
• Aeroespacial y defensa: compañías como Boeing y General Dynamics, que requieren ingenieros para diseño, producción y optimización de sistemas complejos.
• Tecnología de la información y software: empresas que desarrollan soluciones tecnológicas, optimización de procesos y automatización.
• Logística, distribución y comercio electrónico: operadores logísticos, cadenas de suministro, almacenes y plataformas de e-commerce.
• Salud: hospitales, clínicas y empresas de dispositivos médicos para mejorar eficiencia de servicios y gestión de recursos.
• Bienes de consumo y retail: supermercados, cadenas de tiendas y empresas de distribución masiva.
• Consultoría y servicios profesionales: firmas de consultoría en procesos industriales, mejora continua y transformación digital.
• Sector público e infraestructura: agencias gubernamentales y empresas de servicios públicos enfocadas en optimización y eficiencia operativa.

PetroTal, compañía operadora del Lote 95, principal yacimiento petrolero en la Amazonía peruana, reconoció que su valor de mercado cayó a 320 millones de dólares, la mitad de lo que registraba hace un año.

El presidente ejecutivo de la compañía, Manolo Zúñiga, anticipó que no será hasta el primer trimestre de 2027 cuando la empresa logre recuperar los niveles de producción previos a la crisis, proyectando un rebote a 25.000 barriles diarios, aunque todavía lejos de los 50.000 que en algún momento se estimaron como potencial máximo para el Campo Bretaña.

El valor de mercado de PetroTal se desploma

La caída en el valor de PetroTal -que cotiza en las bolsas de Londres, Toronto y el mercado OTC de Nueva York- responde a una combinación de factores, entre ellos la disminución de la producción y los menores precios internacionales del crudo.

Durante 2025, la compañía logró una producción promedio anual de 19.473 barriles diarios y un volumen total de 7,1 millones de barriles, lo que representó un crecimiento de 9,2% respecto a 2024.

Sin embargo, hubo periodos en los que la producción descendió hasta los 12.000 barriles diarios debido a la demora en la aprobación de permisos regulatorios y a dificultades logísticas, explicó el CEO en el foro Perú Energía 2026.

La empresa prevé que tras la reanudación de la perforación de nuevos pozos y la ampliación de la capacidad de tratamiento de fluidos, podrá alcanzar nuevamente los 25.000 barriles diarios en 2027.

Las proyecciones de producción para el Campo Bretaña han sido ratificadas por consultoras internacionales. En 2025, Netherland, Sewell & Associates, Inc. situó el potencial del yacimiento en 35.000 barriles diarios.

No obstante, la propia compañía ha señalado en presentaciones públicas posteriores que con una nueva modificación del estudio ambiental (MEIA), el campo podría llegar a los 50.000 barriles diarios.

Producción en ascenso, pero con episodios de caída

PetroTal opera dos lotes petroleros en la selva peruana. El Lote 95, en Loreto, concentra la mayor parte de la producción histórica y las inversiones de la compañía. El Lote 131, ubicado entre Huánuco y Ucayali y gestionado a través de la filial Ucawa Energy, incluye el Campo Los Ángeles.

Este segundo bloque registró una producción de 417 barriles diarios en el primer trimestre de 2026, con una capacidad instalada de 5.500 barriles diarios. La empresa busca optimizar la integración energética entre ambos lotes para mejorar la eficiencia operativa y reducir costos.

Dos lotes, un solo objetivo: eficiencia y expansión

Entre los principales obstáculos para su operación, PetroTal mencionó los efectos de la naturaleza, como inundaciones y sequías, además de problemas sociales y regulatorios.

La compañía ha invertido 675 millones de dólares en el desarrollo del Lote 95, donde se ubica el Campo Bretaña, y planea destinar hasta 1.500 millones de dólares para completar el desarrollo del yacimiento.

Parte de la estrategia para mantener la paz social ha sido la implementación de un fondo social equivalente al 2,5% del valor de la producción en el distrito de Puinahua, porcentaje superior al mínimo legal.

“Hemos tenido muchos temas sociales y hace tres años que no hay problema social. Tenemos total paz. No es que no fastidien, pero hay total paz. Y es gracias al canon y al Fondo Social 2.5″, dijo.

Petroperú le debe 306.000 barriles de crudo a PetroTal

Otra de las mayores dificultades para PetroTal es la imposibilidad de utilizar el Oleoducto Norperuano (ONP) por restricciones operativas y acumulación de deuda.

La empresa, según el portavoz, mantiene 306.000 barriles almacenados en el oleoducto desde hace cuatro años, sin poder cobrarlos debido a la situación financiera de Petroperú.

Actualmente, el ONP se encuentra saturado, con 2,5 millones de barriles acumulados, lo que impide el despacho eficiente de nuevos volúmenes, relató el CEO. El sistema requiere grandes acumulaciones de crudo para cargar un solo tanquero, lo que genera demoras prolongadas y riesgos financieros considerables.

Ante este escenario, PetroTal ha optado por exportar su producción a través de Brasil, lo que encarece la logística y limita la capacidad de respuesta ante fluctuaciones del mercado.

Vale precisar que el Gobierno peruano ha iniciado un proceso de reorganización del ONP, con la intención de transferir la operación al sector privado, en busca de una solución estructural que permita reactivar el flujo petrolero en la Amazonía y asegurar el pago a las empresas productoras.

Petroperú gestiona la compra de un cargamento de crudo de Nigeria a un proveedor desconocido para los estándares habituales de la empresa. La operación, aún no concretada, implica condiciones comerciales inusuales y despierta alertas internas por los riesgos asociados.

Recientemente, la empresa desplazó a jefes clave del área de Trading de Hidrocarburos, enviando a dos de ellos a vacaciones. El área de Trading es responsable de ejecutar la compra, mientras Planeamiento solo propone la operación.

Estos movimientos ocurren luego de que el Gobierno peruano aprobara el Decreto de Urgencia N° 003-2026, que autorizó un financiamiento de hasta 2.000 millones de dólares para Petroperú. De ese total, 500 millones de dólares están destinados a cubrir deudas y necesidades de corto plazo. El dinero ya se consiguió.

Los traders están quebrando a Petroperú

El trader nigeriano exige un prepago del 50% del valor total, condición inédita en la historia reciente de la estatal. Las compras previas a crédito se hacían a 60, 90 o 120 días, con un costo financiero de 5 a 6 dólares por barril. Actualmente, los prepagos han escalado a 12 o 13 dólares por barril.

Las compras a traders y no a productores directos (Chevron, entre otros) encarecen el crudo entre un 10% y 15%. Por ejemplo, un cargamento directo con productor puede costar Brent +1,5, mientras que con traders llega a Brent +9 o incluso Brent +17.

Mientras que la mayoría de las petroleras de América Latina (Petrobras en Brasil o YPF en Argentina) compran entre el 80% y 90% de su crudo directamente a productores, en Petroperú ocurre exactamente al revés.

A diferencia de la compra directa, la intermediación con traders abre la puerta a acuerdos directos entre las partes involucradas. Ni la Fiscalía ni la Contraloría han supervisado las compras de Petroperú de manera reciente.

Petroperú busca crudo nigeriano en condiciones inusuales

La refinería de Talara fue concebida para operar principalmente con crudos medianos, en un rango ideal de 23 a 24 grados API. El crudo nigeriano es de tipo ligero (más de 30 grados API), lo que no corresponde al diseño técnico ni a la estrategia de rentabilidad de la planta.

Procesar crudo ligero en Talara reduce la eficiencia operativa y limita los márgenes de ganancia, ya que el complejo refinero aprovecha mejor los crudos medianos y pesados.

La unidad Flexicoker, clave para procesar crudos pesados y obtener mayores márgenes, quedó fuera de servicio en el primer trimestre del año anterior. Esta situación obligó, en su momento, a modificar la dieta de procesamiento y a comprar crudo ligero, pero debía ser de manera excepcional.

Ese no fue el único problema: el precio referencial de compra del crudo en Petroperú pasó de utilizar el marcador WTI al Brent ICE para crudos ligeros, lo que supuso pagar varios dólares adicionales por barril.

Crudo nigeriano: una dieta peligrosa para Talara

A los bonistas no les ha gustado esto. El crudo nigeriano está asociado a robo sistemático, piratería y pérdidas millonarias, según la ONU y la Iniciativa Nigeriana para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Ya en 2025, Petroperú intentó fallidamente una compra.

Mantener un suministro regular con ese país es difícil por la inestabilidad política y altos costos logísticos; los fletes y seguros son considerablemente más caros. Parte del crudo robado se utiliza en redes internacionales de blanqueo de capitales, exponiendo a compradores a riesgos legales y de reputación.

Sin embargo, ofrece una ventaja nada despreciable para quien, en el mundo, busque operar con opacidad: una escasa trazabilidad frente a otros proveedores globales, como Estados Unidos o Brasil.

Esta situación debería ser observada por la Gerencia Legal, cuyo titular acaba de ser denunciado penalmente por estafa, falsificación de documentos y otros delitos, según documentos del Ministerio Público de Perú.

Petroperú asegura que no concretará la compra de petróleo nigeriano

Tan solo un día después de la publicación del presente informe, que contó con la participación de fuentes internas y otras sujetas a la reestructuración de la propia empresa, Petroperú emitió un comunicado en el que aseguró que “es falso que la empresa esté gestionando, tramitando o haya decidido adquirir petróleo proveniente de Nigeria”.

Petroperú señaló que cualquier adquisición debe ajustarse a los procedimientos y condiciones establecidos, y que frecuentemente recibe propuestas de diversas empresas interesadas en inscribirse en su registro de comercializadores, lo que no implica un compromiso de compra.

Aunque no aclaró si recibió recientemente ofertas concretas de crudo nigeriano ni detalló cambios recientes en su área de Trading, la petrolera afirmó que las adquisiciones de crudo se realizan mediante concursos internacionales de precios, en presencia de un notario y bajo la supervisión de la Gerencia de Cumplimiento, “garantizando transparencia en el proceso”.

Petroperú sostuvo que la participación de proveedores de distintas regiones no constituye una decisión de compra, pues las propuestas se evalúan y aprueban conforme a las necesidades de la refinería, las condiciones del mercado y la seguridad del suministro energético.

La estatal tampoco abordó en su comunicado la situación actual de la refinería de Talara ni las razones técnicas para modificar la dieta de crudos, pero sí reiteró que sus procesos de abastecimiento cumplen con criterios de transparencia y control técnico. Además, aseguró que las condiciones económicas de adquisición responden a la dinámica del mercado internacional y no a deficiencias operativas o de planificación.

A dos semanas del inicio de la temporada de avistamiento de ballenas, Perú sigue sin aprobar una ley específica que regule esta actividad turística, dejando a los cetáceos —muchos de ellos en peligro de extinción— expuestos a amenazas que podrían comprometer su supervivencia y la seguridad de quienes participan en estas excursiones.

Perú es, actualmente, el único país de América Latina sin una regulación integral para la protección de ballenas durante el avistamiento, mientras el Congreso de la República discute el Proyecto de Ley 14468/2025-CR como posible solución a este vacío legal.

Un ciclo vital bajo presión en aguas peruanas

Cada año, decenas de ballenas migran hacia el mar peruano para cumplir etapas esenciales de su ciclo de vida. En estas aguas, se alimentan, se reproducen, amamantan a sus crías y contribuyen al equilibrio ecológico del océano mediante servicios como la fertilización marina y la captura de carbono.

La presencia de estos cetáceos no solo es fundamental para la salud del mar, sino que también ha convertido a Piura y Tumbes en destinos de turismo de julio a setiembre, cuando miles de visitantes buscan la experiencia de observar a estos gigantes del océano.

Sin embargo, y pese al atractivo que representa el avistamiento de ballenas, la ausencia de una normativa integral ha permitido prácticas turísticas descontroladas. Si bien existen operadores responsables, otros no respetan distancias mínimas ni directrices de conservación.

¿Un vacío legal que expone a ballenas y turistas?

Se han reportado incidentes como nados no autorizados con ballenas, uso de motos acuáticas cerca de los cetáceos, persecuciones y heridas provocadas por hélices de embarcaciones.

De acuerdo con la bióloga Mariella Scarpati, un avistamiento invasivo puede provocar estrés, alterar los patrones de comportamiento y perjudicar la ecología de estos animales, afectando su alimentación, descanso y, en casos extremos, la supervivencia de las crías.

Además, la falta de regulación incrementa los riesgos para los propios turistas. Acercarse demasiado a una ballena puede generar accidentes fatales, dado que un salto o movimiento brusco de un animal de hasta 40 toneladas podría tener consecuencias graves para las personas a bordo de pequeñas embarcaciones.

El Proyecto de Ley y la urgencia de una respuesta legislativa

Frente a estos riesgos, el Proyecto de Ley 14468/2025-CR, presentado por la congresista Heidy Juárez con apoyo de instituciones públicas y organizaciones civiles, busca establecer normas claras para la actividad de avistamiento.

La propuesta contempla distancias mínimas de aproximación, obligaciones para los operadores y la delimitación de responsabilidades entre entidades estatales.

El abogado ambientalista Percy Grandez, especialista en conservación marina, señala que la aprobación de esta ley es urgente para cerrar el vacío legal y dar cumplimiento al mandato constitucional de conservar la diversidad biológica del país.

La urgencia no es solo local. La Comisión Ballenera Internacional (CBI) ya ha emplazado al Estado peruano sobre la necesidad de actuar para evitar impactos adversos durante el avistamiento.

Para los especialistas, la temporada que inicia el 1 de julio representa una oportunidad histórica: regular la actividad permitiría proteger a los cetáceos y marcaría un hito, justo cuando se cumplen 40 años desde la prohibición de la caza de ballenas en el país.

El Consorcio Camisea reconoció que una eventual extensión de los contratos de exportación de gas natural del Lote 56 tendría ser renegociada entre PERU LNG, responsable de los envíos y con quien comparte a uno de sus principales accionistas, y el próximo gobierno.

Los contratos del Lote 56 comenzaron en julio de 2004 y terminarán en 2044, tras ser celebrados con el Estado peruano mediante Decreto Supremo N° 033-2004-EM.

Sin embargo, el contrato de exportación vence en 2028, con una extensión hasta 2031 debido a condiciones de fuerza mayor establecidas en los acuerdos. Este periodo coincide con el cambio de mando en Perú.

La exportación del gas estará en la agenda del próximo gobierno

Pese a que Camisea abastece el 96% del gas consumido en Perú, produce el 70% del GLP local y suministra el 40% de la energía de la matriz eléctrica nacional, la exportación sigue siendo el núcleo del negocio.

“No es Camisea la que tiene que negociar, eso lo tiene que negociar PERU LNG, y seguramente, forma parte de su estrategia”, dijo Germán Álvarez, vicepresidente de Operaciones y Servicios Integrados de Pluspetrol.

Hunt Oil es el principal vínculo entre ambos consorcios, con participación significativa tanto en Camisea (25,2%) como en PERU LNG (35%), lo que le otorga un rol estratégico en todo el proceso.

La capacidad máxima de producción de Camisea es de 1.850 millones de pies cúbicos diarios (MMPCD) de gas natural. La producción actual se ubica en 1.650 millones de pies cúbicos diarios.

Para la exportación se destinan aproximadamente 700 MMPCD, mientras que se reinyectan 290 MMPCD, lo que equivale al 20% de la producción diaria del consorcio liderado por Pluspetrol.

“Para Camisea es importante que haya alguien que exporte, porque sostiene gran parte del negocio; pero para el Perú también lo es, porque trae la riqueza y los ingresos que le ha dado al país”, continuó Álvarez.

La ruta del gas de Camisea: de la selva a la costa y al mundo

¿Pero cómo funciona, precisamente, el negocio? El Consorcio Camisea maneja dos yacimientos: el Lote 56, enfocado en la exportación, y el Lote 88, que se destina al mercado interno. Ambos en Cusco.

En los alrededores, se encuentran el Lote 57, operado por Repsol, cuyo gas también se exporta a través de la infraestructura de Camisea. Próximamente, se sumará el Lote 58, operado por la estatal china CNPC.

El consorcio despacha su producción a través de uno de los ductos de Transportadora de Gas del Perú (TGP), que en marzo registró un accidente en su ducto principal hacia Lima (son ramificaciones diferentes).

El gas del Lote 56 es llevado hasta Pampa Melchorita, en Ica, donde PERU LNG se encarga del proceso de licuefacción y de la exportación al mercado internacional, sobre todo a destinos en Asia y Europa.

Para Pluspetrol, Camisea es la segunda operación de gas natural más importante de Sudamérica, solo detrás de Vaca Muerta, en Argentina. Álvarez compara el desarrollo de ambos proyectos con el de Venezuela o Bolivia, donde la nacionalización “trajo bonanza inicial pero, al no reponer reservas, la producción cayó con el tiempo”.

La renegociación de la exportación, un tema de toda la cadena

Aunque se estima que a Camisea, en su conjunto, le queda gas para otros 16 años, el Lote 56 se encuentra en fase declinante. En 2021, Osinergmin estimó que su vida útil podría alargarse una década adicional. Hoy el Consorcio tramita una autorización ante Senace para ampliar ese horizonte.

Además, muestra interés en explorar otras zonas, como el Candamo, pero no sin que antes “el gobierno resuelva los temas ambientales y establezca condiciones específicas”, por tratarse de reservas protegidas. Con todo, la exportación es clave.

“La extensión de estos acuerdos [para la exportación] es un tema que debe ser discutido por toda la cadena del gas, buscando el mejor escenario para las partes involucradas y la continuidad del proyecto”, dijo a su turno Claudio Vásquez, director de asuntos externos y sostenibilidad de Pluspetrol.

A mayo de 2026, el gas natural en EEUU cotiza entre 2,80 y 2,90 USD/MMBtu y el TTF europeo entre 44 y 47 EUR/MWh, en un contexto de exportaciones récord de GNL y alta volatilidad por tensiones en Oriente Medio.

“Al analizar los números, observamos que cerca del 40% de las regalías, aportes a la renta y valores sobre el PBI que genera Camisea provienen del mercado de exportación, lo que representa un aporte muy relevante para el país”, destacó Vásquez.

En el Perú, la normativa laboral ha avanzado en los últimos años para reconocer derechos y beneficios destinados a los padres trabajadores. A pesar de estos progresos, los expertos advierten que el país aún se mantiene por debajo de los estándares de licencias paternales vigentes en otras naciones de América Latina y del mundo.

Con la proximidad del Día del Padre, se vuelve relevante repasar cuáles son los principales permisos y asignaciones que la legislación peruana otorga actualmente a los padres en el ámbito laboral.

Licencia por paternidad: 10 días consecutivos y casos especiales

Desde 2018, todo padre trabajador en Perú tiene derecho a una licencia por paternidad de 10 días calendario consecutivos, los cuales pueden tomarse desde la fecha de nacimiento del hijo o hija, desde el alta médica de la madre o del recién nacido, o a partir del tercer día anterior a la fecha probable de parto, según certificado médico.

Existen situaciones particulares en que esta licencia se amplía: en caso de nacimientos prematuros o partos múltiples, se otorgan 20 días; por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa, o si la madre enfrenta complicaciones graves de salud, el permiso se extiende a 30 días. Ojo: si la madre fallece durante el parto o en su licencia por maternidad, el padre asume la licencia restante.

Asignación familiar y otras licencias vinculadas a la paternidad

Además del permiso por paternidad, los trabajadores del sector privado cuya remuneración no se rige por negociación colectiva reciben una asignación familiar equivalente al 10% de la remuneración mínima vital. Este pago corresponde desde el momento en que se acredita la existencia de un hijo y forma parte de la remuneración mensual.

La legislación también contempla una licencia de 30 días naturales con goce de haber para trabajadores que adopten, siempre que el menor tenga hasta 12 años, aunque si ambos peticionarios son cónyuges, la licencia corresponde a la madre adoptante.

Para casos de fallecimiento de un hijo, cónyuge, padres o hermanos, el trabajador puede ausentarse cinco días, con posibilidad de ampliación si el deceso ocurre en localidad distinta a la del centro laboral.

Permisos ante enfermedad o discapacidad de familiares

Los padres trabajadores tienen derecho a solicitar licencias remuneradas para asistir a familiares directos en estado grave o terminal, o que hayan sufrido accidentes graves. Este permiso es de hasta 7 días calendario, con posibilidad de extensión hasta 30 días adicionales a cuenta de vacaciones si la situación lo requiere.

Existe también el derecho a licencias para la asistencia médica y terapia de rehabilitación de hijos menores o dependientes con discapacidad, hasta un límite de 56 horas al año durante la jornada laboral.

El incumplimiento de estos beneficios por parte del empleador puede ser denunciado ante SUNAFIL. Mauro Ugaz, socio del Área Laboral de EY Perú, señala que los trabajadores pueden exigir el cumplimiento de sus derechos por vía judicial y administrativa, y que las multas a las empresas pueden variar entre S/14.465 y S/288.915, dependiendo del número de afectados.

Perú frente a la región y el mundo

En comparación con otros países de América Latina, la licencia de paternidad peruana es menor: Costa Rica otorga 28 días en el sector público, Colombia, Venezuela y Paraguay 14 días, mientras que Argentina, República Dominicana y Guatemala solo conceden 2 días.

A escala global, Finlandia lidera con casi 7 meses de permiso pagado por cada progenitor y Suecia ofrece 16 meses por familia. En contraste, Estados Unidos no contempla licencia parental remunerada a nivel nacional.

Perú ha dado pasos importantes en materia de derechos laborales para padres, aunque persisten brechas respecto a experiencias regionales y globales. El debate en torno a la ampliación de licencias parentales continúa vigente y cobra relevancia cada Día del Padre, como reflejo de los desafíos en la conciliación entre trabajo y vida familiar.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros del Perú (Fenpetrol) denunció una presunta estrategia orientada a debilitar y privatizar los activos de Petroperú, advirtiendo sobre omisiones y decisiones institucionales en el proceso de reorganización de la empresa estatal durante junio de 2026, según un pronunciamiento difundido por la federación.

De acuerdo con el gremio sindical, documentos oficiales enviados por la estatal durante las primeras semanas de junio revelarían alertas reiteradas sobre riesgos operativos, financieros y de abastecimiento. La federación indicó que estas advertencias no recibieron respuesta de las autoridades competentes.

¿Un abandono que no es casual?

Entre los hechos documentados, se informó que, mediante la carta GGRL-1449-2026 del 3 de junio, Petroperú solicitó a ProInversión incluir a la compañía de forma activa en la identificación, evaluación y estructuración de los bloques patrimoniales que podrían ponerse a la venta.

Según Fenpetrol, el hecho de que esta solicitud se presentara demostraría que existían intenciones de tomar decisiones relevantes sin participación formal de la empresa.

En otro punto, la federación reportó que, a través de la carta GGRL-1418-2026 del 1 de junio, la petrolera respondió a observaciones de ProInversión acerca de inventarios y liquidez, indicando que esa entidad desconocía información previamente enviada en informes técnicos y coordinaciones institucionales.

Petroperú señaló que los problemas de liquidez y abastecimiento eran consecuencia de restricciones financieras previamente comunicadas, no de una fallida planificación.

Restricciones financieras y operativas: la empresa estatal, sin respaldo

El comunicado añade que, mediante la carta GGRL-1521-2026 del 5 de junio, Petroperú advirtió sobre riesgos de desabastecimiento nacional de combustibles generados por el cierre de puertos en Talara debido a condiciones climáticas.

La empresa indicó que esta situación agravó la recepción de crudo e insumos estratégicos, y manifestó que no contaba con inventarios mínimos para afrontar emergencias por las restricciones de liquidez existentes.

En la carta GOLE-1390-2026, fechada el 4 de junio, Petroperú informó a ProInversión sobre la declaratoria de Fuerza Mayor que afecta el Oleoducto Norperuano.

La falta de demanda de transporte de hidrocarburos líquidos habría producido la revocación de una declaración anterior, afectando el equilibrio económico-financiero del contrato de concesión.

La amenaza de desmantelamiento se cierne sobre Petroperú

Fenpetrol asegura que estos hechos forman parte de un patrón que, según la organización, busca primero agravar las restricciones de abastecimiento y luego atribuir a Petroperú una supuesta incapacidad de gestión para justificar la privatización de activos.

Además, la federación resaltó que las comunicaciones de la empresa estatal no solo fueron dirigidas a ProInversión, sino también a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y a otros organismos estatales involucrados en el proceso de reorganización.

Como se recuerda, Petroperú registró una utilidad neta de USD 133,2 millones al cierre del primer trimestre de 2026, revirtiendo las pérdidas del año anterior y logrando su primer resultado positivo en cuatro años. Al cierre de abril, la utilidad neta acumulada superó los USD 208 millones.

Por tal motivo, la Fenpetrol demandó la suspensión de cualquier proceso de “privatización de activos estratégicos” hasta que se transparente el uso de criterios técnicos, la participación de la estatal en todas las decisiones relacionadas con sus activos, la adopción de medidas inmediatas para garantizar el abastecimiento de combustibles y la investigación de eventuales decisiones que, según la federación, hayan contribuido al deterioro de sus operaciones y finanzas.

La minería en Perú busca dar un paso clave hacia la autosuficiencia industrial y desprenderse de la histórica dependencia de la importación de componentes esenciales para su operación.

El nuevo objetivo es fabricar localmente los liners, un componente técnico fundamental que recubre y protege los grandes molinos encargados de triturar el mineral extraído de las minas, permitiendo así la eficiencia y continuidad de las operaciones extractivas.

La posibilidad de producir estos elementos en territorio nacional marca un avance estratégico para la cadena de valor minera sudamericana, tradicionalmente expuesta a demoras, sobrecostos y falta de flexibilidad por depender de proveedores extranjeros.

¿Qué es un liner y para qué metales se usa?

El liner es una pieza técnica que recubre el interior de los molinos industriales, protegiéndolos del desgaste causado por el material en proceso y ayudando a que la molienda sea más eficiente.

Sin este componente, la vida útil del molino se vería reducida drásticamente y el proceso de reducción de tamaño del mineral sería mucho menos eficiente.

Aunque su uso es fundamental en la minería de cobre, los liners también son esenciales para la molienda de oro, hierro y otros minerales estratégicos en la región andina y a nivel global.

Impacto de la industrialización local en la cadena minera

La firma de soluciones Bradken explica para Infobae Perú que producir localmente estos componentes permite reducir tiempos de entrega, bajar los costos logísticos y responder con mayor rapidez a las necesidades de las operaciones mineras.

Esta integración disminuye la vulnerabilidad ante interrupciones globales en el comercio y fortalece la resiliencia de toda la cadena de valor minera. La compañía tiene incluso una nueva operación en Chilca para suministrar estos liners.

No es el único paso: el sector ha avanzado con la incorporación de tecnologías de automatización, digitalización y materiales avanzados. Las nuevas líneas de producción permiten monitorear en tiempo real el desgaste de los liners, anticipar mantenimientos y maximizar la eficiencia operativa.

Para la firma australiana, el desarrollo de estos materiales híbridos y el uso de herramientas digitales está desafiando los estándares de calidad y competitividad en la fabricación de componentes para la minería peruana.

Efecto multiplicador en empleo y servicios industriales

Bradken resalta que la industrialización de estos liners fomenta la formación de polos tecnológicos y la especialización de trabajadores, fortaleciendo el ecosistema industrial vinculado a la minería.

Sostiene que el desarrollo de capacidades productivas locales, además, genera empleo directo en áreas técnicas e industriales, y también impulsa la demanda de servicios en logística, transporte, mantenimiento y suministro de insumos.

Además, las nuevas plantas en Sudamérica priorizan el uso de energías renovables, la economía circular y la reducción de emisiones. “La sostenibilidad es ahora un criterio central en el diseño y operación de instalaciones industriales, con metas de carbono neutralidad y reciclaje de materiales”, señala.

Estos avances responden a regulaciones más estrictas y a la presión de los mercados globales, que exigen una minería más limpia y responsable.

Retos y oportunidades de la cadena regional de suministros mineros

A pesar de los avances, la industria minera sudamericana encara una serie de desafíos estructurales. La creciente demanda global de cobre y minerales críticos, impulsada por la transición energética y la expansión tecnológica, exige una capacidad de respuesta cada vez mayor por parte de los proveedores regionales.

Esto obliga al sector a innovar de manera constante, tanto en materiales como en procesos productivos, para mantener la competitividad frente a actores internacionales con mayor escala y recursos.

Sin embargo, esta búsqueda de autonomía industrial para el tercer mayor productor cuprífero del mundo también abre oportunidades antes no exploradas.

Para países como Perú, apostar por la producción local de componentes clave como los liners, pueden fortalecer su posicionamiento en la minería global, mejorar la eficiencia operativa y avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible e independiente, sentencia.

La entrada masiva de energías renovables en el sistema eléctrico peruano ha supuesto un debate sobre la necesidad de mecanismos de remuneración claros y específicos para los servicios complementarios, imprescindibles para asegurar la estabilidad y confiabilidad de la red.

La no reglamentación de la Ley 32249 ha servido, así, para que los operadores más afectados por los cambios demanden un marco regulatorio previo que enfrente los desafíos técnicos y económicos de la transición.

El crecimiento renovable exige flexibilidad e innovación en el sistema

Durante el foro Perú Energía 2026, la CEO de Celaris Energy, María del Pilar Matto, señaló que el Perú cuenta con recursos abundantes, interés de inversores y una legislación en evolución, pero remarcó que el avance efectivo de las renovables depende de reglas claras que permitan transformar ese potencial en inversiones concretas.

Matto explicó que la Ley 32249 representa un paso importante, pero aún es necesario fortalecer el entorno normativo para facilitar la integración de nuevas tecnologías y definir cómo se remunerarán los servicios complementarios.

Según la ejecutiva, la flexibilidad y confiabilidad del sistema requieren de mecanismos modernos de gestión, especialmente en un contexto donde la generación renovable, por su naturaleza intermitente, demanda mayor respaldo técnico y capacidad de respuesta ante variaciones inesperadas.

El papel de las baterías y el almacenamiento en la transición energética

Uno de los puntos destacados por Matto fue el rol de los sistemas de almacenamiento con baterías como proveedores clave de servicios complementarios.

“La transición requiere señales de mercado que den visibilidad de largo plazo a las inversiones. Tecnologías como el almacenamiento serán determinantes para integrar más energías renovables, pero necesitan un marco regulatorio que reconozca y remunere adecuadamente su aporte a la confiabilidad y la flexibilidad del sistema eléctrico”, dijo.

En el contexto actual, el almacenamiento permite ofrecer servicios como regulación de frecuencia, control de tensión y arranque autónomo, funciones que resultan críticas ante una mayor penetración de renovables.

Sin reglas de remuneración claras, la inversión privada en baterías y otros sistemas de respaldo se ve limitada, lo que podría afectar la seguridad operativa del sistema.

Los servicios complementarios y la urgencia de un mercado competitivo

Matto remarcó que el sector eléctrico necesita consolidar un mercado de servicios complementarios competitivo y transparente, donde la remuneración se asigne de acuerdo con el principio de causalidad.

La Ley 32249 y su reglamento buscan crear condiciones para que múltiples actores y tecnologías, incluidas las renovables y el almacenamiento, puedan participar y recibir pagos justos por los servicios que aportan al sistema.

El COES tendrá la tarea de dimensionar anualmente las necesidades de estos servicios y de analizar si existen condiciones de competencia, mientras que el OSINERGMIN regulará los precios máximos y fiscalizará la transparencia de los procesos.

Gestión de la demanda y oportunidad histórica para Perú

La directiva de Celaris Energy también enfatizó la importancia de avanzar hacia un esquema donde la estabilidad del sistema no dependa solo de la generación y el almacenamiento, sino que involucre activamente a la demanda a través de mecanismos que permitan la participación voluntaria de grandes consumidores.

Esta visión compartida en el foro apostó por un modelo de gestión compartida de la estabilidad, donde la flexibilidad y la innovación sean incentivadas desde ambos lados del sistema.

Matto concluyó que el país enfrenta una oportunidad histórica para construir un sistema eléctrico más moderno, eficiente y preparado para los retos de la transición energética, siempre que se consoliden señales regulatorias y de mercado que impulsen la inversión y reconozcan el valor de los servicios complementarios.

El precio de la caña de azúcar en Perú se ha desplomado hasta un 65% respecto de sus valores históricos, con pagos al productor que hoy apenas alcanzan los 50 soles por tonelada, frente a los 140 soles que recibían años atrás.

A pesar de los altos rendimientos que caracterizan al norte peruano, la cadena atraviesa una de las crisis más severas de la última década, con el fantasma de las protestas y el desabastecimiento reciente del arroz cada vez más cerca.

Perú vive un colapso de los precios de su azúcar

La industria azucarera en Perú se concentra principalmente en la costa norte, con alrededor de 80.000 hectáreas dedicadas al cultivo de caña. El país destaca a nivel mundial por su alto rendimiento, logrando entre 120 y 130 toneladas de caña por hectárea.

El consumo nacional de azúcar se estima en 1,4 millones de toneladas anuales, mientras que la producción local alcanza cerca de 1,2 millones de toneladas, lo que obliga a importar entre 200.000 y 250.000 toneladas cada año, principalmente desde Colombia (principal proveedor peruano) y Brasil.

El proceso industrial comienza cuando los agricultores cosechan la caña y la venden a acopiadores o directamente a los ingenios azucareros, según la estructura de cada región. Los ingenios —grandes plantas industriales— se encargan de moler la caña para extraer azúcar, melaza y subproductos como el alcohol y el bagazo.

En el modelo actual, la mayoría de los pequeños productores no accede a contratos directos con los ingenios, sino que comercializa su cosecha a través de intermediarios, quienes concentran la oferta y negocian el precio final con las industrias.

Estas, a su vez, procesan la materia prima y colocan el azúcar en los mercados nacional e internacional, enfrentando una competencia constante por la entrada de producto importado a precios globales.

La caña se desploma: 0,40 soles por kilo de azúcar

Alberto Salinas Barba, presidente de la Asociación de Sembradores de Caña de Azúcar de la Región Lambayeque, asegura para Infobae Perú que, actualmente, los agricultores reciben 50 soles por tonelada de caña, cuando hace pocos años el pago superaba los 120 e incluso 140 soles por tonelada.

En el desagregado, la caída es más crítica: el agricultor percibe solo 0,40 soles por kilo, frente a los más de 2 soles que se obtenían anteriormente, sacándolos del mercado.

El dirigente explica que el rendimiento de la caña, principalmente de la variedad brasileña introducida en la región, promedia 110 kilos de azúcar por tonelada. “Esto equivale a dos costales de azúcar más 10 kilos adicionales”, sostiene.

Pero, en el mercado, cada bolsa de azúcar se vende a 120 soles, por lo que el valor comercial del azúcar extraído de una tonelada de caña supera los 250 soles. El productor solo recibe una fracción de ese monto, “quedando menos del 20% del valor real en manos del agricultor“, refiere.

El aumento de los costos de producción agrava el desequilibrio económico del sector. El precio de la urea, uno de los principales insumos agrícolas, subió de 80 soles a 160 soles por bolsa, duplicando el costo en un corto período.

Para fertilizar una hectárea de caña, según Salinas, se requieren unas 20 bolsas de urea, lo que implica una inversión “descomunal” para los agricultores.

El dulce dilema con los acopiadores

Salinas acusa que la estructura actual del mercado deja a los agricultores sin poder de negociación y sin reconocimiento por la calidad de su producción.

Antes, los productores podían negociar contratos individuales con los ingenios, que pagaban una parte en especie (azúcar y melaza) y otra parte en dinero, según el rendimiento y la calidad de la caña entregada.

Por cada tonelada de caña, el agricultor recibía 14 kilos de melaza y 8 libras de azúcar adicionales, además de la liquidación habitual. “Este sistema permitía que el productor obtuviera una porción directa del valor generado y contara con incentivos para cuidar la calidad de su cosecha”, continúa.

Según Salinas, este modelo se ha desmantelado por completo en los últimos años, en parte debido al peso del Grupo Gloria, que actualmente “controla alrededor del 75-85% de la agroindustria azucarera nacional”.

Según el dirigente, la comercialización está ahora en manos de un grupo de 10 a 12 acopiadores que concentran la oferta de cientos de productores y negocian directamente con los ingenios bajo condiciones que los desfavorecen.

El productor ha perdido el acceso a contratos directos y a beneficios por calidad; simplemente entrega su cosecha al acopiador y “recibe un pago fijo por tonelada, sin margen de negociación ni reconocimiento por la calidad de su caña”.

La pérdida de este vínculo directo con la industria eliminó cualquier incentivo adicional, “dejando a los agricultores en una posición vulnerable frente a un mercado cada vez más concentrado”, afirma.

Pero los industriales también están en problemas

Sin embargo, el problema de los bajos precios pagados hoy a los agricultores tiene en realidad una raíz que va más allá de la dinámica local.

Según Carlos Castro, gerente general de la Asociación Peruana de Agroindustriales del Azúcar y Derivados (Perucaña), la caída responde en gran medida a la sobreoferta global generada por Brasil, que abastece cerca del 70% del azúcar cruda que se comercializa en el mundo.

Castro señala que, en los últimos dos años, el precio internacional del azúcar cayó entre 30% y 40%, lo que afecta tanto a los ingenios como a los agricultores peruanos. Perucaña agrupa a las 8 principales azucareras del Perú: Paramonga, San Jacinto, Cartavio, Casa Grande, Sol de Laredo, AgrOlmos, Caña Brava y Agro Aurora.

“Con un mercado completamente abierto y sin aranceles, cualquier intento de subir los precios locales es rápidamente neutralizado por el ingreso de azúcar extranjera a precios internacionales”, advierte Castro para Infobae Perú.

El gerente revela que hoy los industriales enfrentan también márgenes mínimos, presionados por el descenso del precio internacional y el aumento de los costos productivos y molienda. Es decir, no hay para pagar más.

“El precio internacional está en torno a 14,3 centavos de dólar por libra, muy lejos de los 24 centavos de años anteriores. Hoy, la industria está sobreviviendo y produciendo casi por debajo del costo”, resume Castro.

Castro reconoce el problema que atraviesan los agricultores y la percepción de dominio que atribuyen a las industrias, pero descarta que una solución pueda venir de una intervención estatal directa o de medidas proteccionistas, como ocurrió con el arroz. “La única salida sostenible es mejorar la regulación y reducir sobrecostos para incentivar al sector”, afirma.

No obstante, también plantea una paradoja que podría darles respiro tanto a productores como a industriales: que el fenómeno de El Niño golpee la producción brasileña y, en menor medida, la parte peruana, elevando los precios internacionales del azúcar e introduciendo un cambio repentino en el mercado global.

Nadie gana: márgenes mínimos y mercado internacional a la baja

De cualquier forma, los pequeños productores de azúcar peruanos anticipan la radicalización de su protesta y preparan reuniones con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) para exigir una respuesta concreta ante la crisis.

Reclaman la fijación de un precio mínimo que permita cubrir los costos y evitar la quiebra masiva en el campo, señalando que hasta ahora el Estado “ha permanecido ausente mientras la situación de los agricultores se deteriora y la presión social aumenta”, según Salinas.

También mantienen en cartera un proyecto de financiamiento con COFIDE, estimado en 46 millones de dólares, cuyo fin es construir su propia fábrica de molienda y así dejar de depender de los industriales y acopiadores para la venta de su caña. Sin embargo, este plan difícilmente se concretará en los próximos 5 años.

Mientras tanto, la presión de los precios internacionales y el estrés hídrico siguen creciendo, colocando al Gobierno peruano ante el riesgo de enfrentar una nueva ola de conflictos agrarios. El siguiente paso será clave.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la contratación del estudio Baker Botts LLP para representar a Perú en el arbitraje internacional presentado por VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El proceso, identificado como Caso CIADI No. ARB/21/60, se basa en reclamos de las compañías francesas por supuestas pérdidas tras la negativa del Estado peruano a permitir el reajuste tarifario anual en los peajes de la Vía de Evitamiento y Línea Amarilla - LAMSAC, concesionadas a través de la filial Lima Expresa.

La Resolución Ministerial N° 264-2026-EF/43, publicada en el diario oficial El Peruano, detalla que la contratación del estudio Baker Botts LLP tiene una asignación de S/ 3 384 000,00 para el año 2026, con una previsión adicional de S/ 6 948 000,00 para el año fiscal 2027 (en conjundo, unos 2,8 millones de dólares).

Reclamo planteado bajo el Tratado Bilateral Francia–Perú

La demanda fue registrada el 10 de diciembre de 2021 y se fundamenta en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) Francia–Perú. Según los documentos presentados, VINCI Highways SAS y VINCI Concessions SAS solicitan una compensación de US$ 365,3 millones.

El expediente detalla que las compañías consideran que el Estado incumplió el contrato al impedir el ajuste de tarifas previsto, lo que habría ocasionado un perjuicio económico a la concesionaria.

El tribunal arbitral quedó conformado el 25 de julio de 2022. La presidencia está a cargo de John R. Crook (EE.UU.), acompañado por Horacio A. Grigera Naón (Argentina, designado por los demandantes) y Barton Legum (EE.UU., designado por Perú). El idioma del procedimiento es inglés y español.

Desarrollo procesal y estado actual del arbitraje

El caso ha transitado distintas fases procesales. En 2023, las empresas demandantes presentaron su memorial principal, mientras que la parte peruana respondió con argumentos sobre jurisdicción y fondo en febrero de 2024.

Durante 2024 y 2025, el tribunal resolvió solicitudes relacionadas con la producción y confidencialidad de documentos, así como sobre la admisibilidad de nuevas pruebas. Entre el 11 y el 19 de junio de 2025 se llevó a cabo la audiencia principal en Washington, D.C., donde ambas partes expusieron sus argumentos sobre los puntos en disputa.

Posteriormente, las partes presentaron solicitudes adicionales de medidas provisionales y reclamos auxiliares. El 31 de marzo de 2026, las empresas francesas presentaron un memorial sobre estos reclamos auxiliares, dejando el litigio aún pendiente de resolución.

Origen y antecedentes de la controversia

El conflicto se origina en la negativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) a autorizar el incremento anual de peajes en las autopistas concesionadas a Lima Expresa.

Paralelamente al proceso CIADI, se desarrolló un arbitraje en la Cámara de Comercio Internacional (CCI) en París, donde la municipalidad intentó resolver el contrato alegando corrupción.

El tribunal de la CCI rechazó esa pretensión y reconoció el derecho de la concesionaria a recibir una compensación, que se materializó mediante la extensión del contrato de concesión por 2.163 días adicionales, habilitando la operación de la vía hasta el año 2055.

CIADI: Representación legal de las partes

En el procedimiento, las empresas reclamantes cuentan con la asesoría de King & Spalding (Estados Unidos) y Estudio Echecopar (Perú).

La defensa del Estado peruano está a cargo del estudio Baker Botts LLP (Estados Unidos y Reino Unido), acompañado por la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional, Competencia e Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas y Estudio Navarro & Pazos Abogados (Perú).

El arbitraje continúa pendiente de la decisión del tribunal internacional, cuya resolución tendrá incidencia en la administración de concesiones viales y la política de inversiones en infraestructura en Perú.

La organización del Mundial 2026 no solo impondrá un récord deportivo con 48 selecciones y 104 partidos, sino que también funcionará como un laboratorio en tiempo real para la adopción de tecnologías avanzadas a escala global.

Según la FIFA, el torneo será escenario de herramientas de inteligencia artificial, analítica de datos y nuevas experiencias digitales, tanto para los equipos como para los millones de aficionados en Estados Unidos, Canadá y México.

Estas innovaciones revelan tendencias que ya se trasladan a la agenda de transformación digital de las empresas en distintos sectores.

Infraestructura resiliente para garantizar continuidad

La magnitud del evento exigirá procesar enormes volúmenes de información en tiempo real, desde transmisiones audiovisuales hasta datos operativos y experiencias interactivas para los asistentes.

Augusto Cuadros, vicepresidente de Operaciones de ON Empresas, sostiene que la infraestructura crítica de un torneo de este nivel reside tanto en los centros de datos como en redes y sistemas capaces de soportar millones de interacciones simultáneas sin interrupciones.

“La verdadera infraestructura de un torneo mundial no solo está en los estadios; está en los centros de datos, las redes y los sistemas que garantizan que millones de personas puedan vivir la misma experiencia en tiempo real y sin interrupciones”, señala Cuadros.

Tecnologías como Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Backup Cloud e Infraestructura como Servicio (IaaS) permiten reducir riesgos operativos y asegurar la continuidad frente a incidentes.

Los datos como ventaja competitiva

Uno de los anuncios más relevantes de la FIFA es la plataforma Football AI Pro, que empleará inteligencia artificial para analizar cientos de millones de datos sobre el rendimiento deportivo, brindando información útil a las selecciones.

Esta capacidad de convertir datos masivos en conocimiento accionable refleja una tendencia transversal: las empresas que optimizan el análisis de datos pueden anticipar escenarios, ajustar procesos y responder con mayor agilidad a los cambios del mercado.

“Las organizaciones que logran convertir los datos en conocimiento accionable tienen mayores capacidades para anticipar escenarios, optimizar procesos y responder con mayor agilidad a los cambios del mercado”, explica Cuadros.

Ciberseguridad, un pilar de la operación digital

El Mundial también plantea desafíos de seguridad informática. Plataformas digitales, aplicaciones móviles y servicios en línea concentrarán millones de interacciones, por lo que la protección de usuarios y datos adquiere un papel central.

Cuadros remarca que las organizaciones deben adoptar modelos de seguridad basados en Zero Trust, monitoreo permanente y protección inteligente impulsada por inteligencia artificial.

El despliegue de centros de operaciones de seguridad (SOC), la gestión de vulnerabilidades y las plataformas de detección avanzada ya forman parte de las estrategias corporativas de protección.

Más allá del deporte: aprendizajes para las empresas

Además, la FIFA ha anunciado nuevas experiencias digitales para los aficionados, orientadas a enriquecer la interacción con el torneo a través de plataformas de autoservicio, aplicaciones móviles y servicios personalizados.

Esta tendencia refuerza la idea de que la conectividad es hoy un componente esencial de la experiencia del usuario, tanto en eventos masivos como en el día a día de las empresas.

El Mundial 2026 mostrará hasta dónde pueden llegar la inteligencia artificial, la analítica de datos, la ciberseguridad y las infraestructuras digitales cuando la operación requiere escala, agilidad y confiabilidad.

Para las empresas, el aprendizaje clave reside en la construcción de organizaciones resilientes y seguras, preparadas para operar en un entorno digital exigente y en constante transformación.

En el mercado inmobiliario limeño, el desconocimiento del valor real de cierre puede llevar a los compradores a pagar hasta un 35% más que el precio efectivo de mercado, según advierte un análisis de DepaMatch.pe.

Esta diferencia surge porque la mayoría de los anuncios y portales muestran el precio de aviso, es decir, el monto que pide el vendedor o la desarrolladora, pero no reflejan el valor al que realmente se concretan las operaciones.

Corredores, desarrolladores y vendedores particulares suelen fijar precios de lista por encima del promedio real, anticipando negociaciones o aprovechando la falta de información.

Así, quienes no investigan los valores de cierre ni acceden a fuentes de datos objetivas suelen asumir ese precio inicial como definitivo, terminando por pagar mucho más de lo necesario.

La brecha entre el precio anunciado y el real

De acuerdo con Larry Salas, fundador y CEO de DepaMatch.pe, el precio medio de compra de un departamento en Lima alcanza los S/ 480,000, mientras que en zonas exclusivas como San Isidro, Barranco y Miraflores (“Lima Top”) el valor del metro cuadrado publicado supera los S/ 8,400 a S/ 9,200.

Sin embargo, los precios de cierre registrados en operaciones reales suelen ser considerablemente menores. La diferencia puede superar el 35% en distritos de alta demanda, debido a estrategias de sobrevaloración en los anuncios y a prácticas como la subdeclaración en registros oficiales, donde parte del pago se realiza fuera de la transacción formal.

Entre los factores principales que explican esta brecha se encuentra la opacidad en los precios, ya que el comprador promedio desconoce cuánto se paga realmente por departamentos similares. Los vendedores suelen publicar precios altos esperando negociar a la baja o porque no actualizan los valores según el mercado.

Además, algunos corredores inmobiliarios incentivan cerrar transacciones al precio de aviso porque sus comisiones dependen del valor final. En otros casos, la diferencia se debe a pagos realizados fuera del registro para reducir impuestos, lo que distorsiona aún más las estadísticas oficiales.

Riesgos y consecuencias para el comprador

El principal afectado por esta situación es el comprador no informado, que asume el precio de aviso como referencia y no compara con los valores reales de cierre. Esto puede traducirse en un sobrepago significativo, mayor endeudamiento hipotecario y pérdida de capacidad de ahorro.

El sector inmobiliario fue el segundo más sancionado por Indecopi en 2025, acumulando 726 sanciones por un monto superior a S/ 10 millones, lo que evidencia prácticas poco transparentes en el mercado.

Para evitar caer en este sobrecosto, Larry Salas recomienda consultar plataformas especializadas que centralicen datos oficiales y valores de cierre, además de registros de sanciones y reputación de desarrolladores.

Negociar con base en precios de cierre verificados y comparar diferentes fuentes permite poner límites al sobreprecio y exigir condiciones más justas.

Perfil del comprador y digitalización del proceso

El comprador actual en Lima es cada vez más joven y digital: los millennials representan cerca del 50% de las adquisiciones y la generación X el 33%.

El 80% de las búsquedas de vivienda comienza online, principalmente desde celulares, aunque solo el 20% de las operaciones se concreta por esa vía. Siete de cada diez compradores utiliza financiamiento hipotecario, favorecido por tasas de interés en torno al 7,74%.

Aun así, la mayoría consulta varios portales y redes sociales antes de decidir, lo que muestra el interés en obtener información, aunque no siempre logran llegar al valor real de mercado. La falta de información objetiva no solo encarece la compra, sino que dificulta la comparación y multiplica los riesgos para el comprador.

De cualquier forma, según Salas, informarse, comparar y negociar con datos reales será siempre la mejor manera de evitar pagar de más por un departamento en la capital peruana. ¿Y usted, ya comparó sus precios?

El último reporte nacional del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2025/2026 revela que, aunque el Perú exhibe uno de los mayores niveles de reconocimiento cultural hacia el emprendimiento, la mayoría de quienes inician un negocio lo hace por necesidad ante la dificultad de encontrar empleo.

El estudio, gestionado localmente por Núcleo — Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, muestra que el 71.6 % de los emprendedores en etapa inicial lo hace porque no encuentra trabajo, lo que deja en evidencia que el motor principal del emprendimiento peruano es la falta de opciones laborales y no tanto la búsqueda de oportunidades atractivas.

¿Buscando ser tu propio jefe? En Perú, piénsalo dos veces

El informe del GEM señala que el 84.2 % de la población adulta en Perú percibe que existen buenas condiciones para emprender y el 78.2 % considera que tiene las capacidades necesarias.

Sin embargo, solo el 19.9 % expresa una intención efectiva de iniciar un negocio en los próximos tres años, lo que marca una brecha notable entre la percepción de oportunidades y la acción real. De cada cinco adultos que ven potencial para emprender, solo uno planea hacerlo.

Este fenómeno se explica por la alta tasa de emprendimientos por necesidad. Según el análisis de Núcleo, la motivación predominante para iniciar un negocio es la urgencia de generar ingresos ante la falta de empleo, por encima del deseo de aprovechar oportunidades o innovar en el mercado.

Derribando mitos: alta mortalidad y escasa proyección internacional

El GEM detalla que, aunque la Actividad Emprendedora en Etapas Iniciales (TEA) alcanza al 12.8 % de la población adulta —es decir, uno de cada ocho peruanos participa en la creación o gestión de nuevos negocios—, la supervivencia de estos emprendimientos es baja.

Solo el 5.3 % logra consolidarse y superar los 42 meses de vida, lo que implica que menos de la mitad consigue estabilidad y proyección a largo plazo. Esta alta mortalidad empresarial refleja las dificultades estructurales para transformar iniciativas en empresas sostenibles.

Otro rasgo destacado por el reporte es la limitada orientación internacional de los emprendimientos en Perú. Solo el 12.7 % de los nuevos negocios reporta ventas a clientes extranjeros y apenas el 6.1 % obtiene al menos una cuarta parte de sus ingresos fuera del país. El perfil predominante corresponde a microempresas y pequeños negocios enfocados en servicios y comercio para el mercado interno.

Paridad de género y motivaciones de impacto social

El análisis sociodemográfico del GEM identifica un hecho poco habitual en América Latina: la tasa de emprendimiento temprano entre mujeres (13.3 %) es prácticamente igual a la de hombres (12.4 %). Esta paridad en la etapa inicial contrasta con la predominancia masculina observada en otros países de la región.

Además, el 63.4 % de los emprendedores en etapas iniciales manifiesta aspiraciones de impacto social, aunque solo el 32.5 % ha implementado acciones concretas en sostenibilidad ambiental o social en el último año.

La búsqueda de altos ingresos motiva al 85.9 % de quienes emprenden, pero la presión por la falta de empleo sigue siendo el factor determinante.

Ecosistema institucional: fortalezas y debilidades

La Encuesta Nacional de Expertos (NES), incluida en el informe, otorga a Perú un Índice Nacional de Contexto Emprendedor (NECI) de 3.9 sobre 10, ubicando al país en la posición 46 de 53 economías analizadas.

Solo la infraestructura física, las normas sociales y culturales y la educación emprendedora post-escolar superan el umbral suficiente. Las principales debilidades son la fragmentación de las políticas públicas, la falta de financiamiento y las carencias en la transferencia de investigación y desarrollo.

El GEM concluye que el impulso emprendedor en Perú se sostiene en la iniciativa individual y la valoración social, pero enfrenta una falta de condiciones institucionales y de apoyo que limita la consolidación de negocios. El informe completo y la información metodológica están disponibles en gemperu.pe.

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) expresó este lunes su preocupación ante la exclusión de recursos para obras viales estratégicas en el Proyecto de Ley N° 14799, presentado por el Poder Ejecutivo.

El gremio señaló que el crédito suplementario propuesto no incluye financiamiento para la Vía Expresa Santa Rosa ni para el Puente Santa Rosa, dos infraestructuras consideradas esenciales para la adecuada conectividad del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, que opera desde 2025.

El costo total de inversión del megaproyecto —que abarca tanto la Vía Expresa Santa Rosa como el Puente Santa Rosa— asciende a S/ 2.806 millones 421.373.

Preocupación por la falta de recursos para obras clave

Según la CAPECO, la ausencia de financiamiento para la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa podría afectar directamente el cronograma de ejecución de estas obras.

El gremio constructor alertó que actualmente ambas infraestructuras ya registran un retraso acumulado de aproximadamente siete meses, situación que podría agravarse si no se asegura el presupuesto necesario.

Además, advirtió que la falta de recursos podría generar un aumento en los costos y comprometer la culminación oportuna de proyectos considerados prioritarios para el desarrollo del país.

El comunicado subraya que tanto la vía como el puente son considerados infraestructura estratégica para el funcionamiento adecuado del nuevo terminal aéreo, así como para fortalecer la competitividad logística del país.

La CAPECO sostiene que la ejecución de estas obras resulta indispensable para asegurar la continuidad de una inversión pública prioritaria, ya que el aeropuerto debería operar con plena conectividad desde su inauguración.

Solicitud de análisis conjunto al Congreso y Poder Ejecutivo

En su pronunciamiento, la Cámara Peruana de la Construcción pidió al Poder Ejecutivo y al Congreso de la República que, durante la evaluación del proyecto de ley, analicen de manera conjunta las alternativas que permitan asegurar el financiamiento para las infraestructuras viales.

El objetivo, según la entidad, es evitar eventuales interrupciones en la ejecución de los proyectos y garantizar que el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuente con la conectividad prevista al inicio de sus operaciones.

“La falta de financiamiento para estos proyectos podría profundizar el retraso acumulado de aproximadamente siete meses que ya registra su cronograma de ejecución, incrementar los costos de las obras y afectar la culminación oportuna de una infraestructura fundamental para el desarrollo del país”, alertó la CAPECO en su comunicado oficial.

Impacto en la competitividad y el desarrollo logístico

El gremio constructor remarcó que la continuidad de la Vía Expresa Santa Rosa y el Puente Santa Rosa no solo responde a una necesidad de conectividad para el aeropuerto, sino que representa una acción clave para fortalecer la competitividad logística nacional.

De acuerdo con la CAPECO, una infraestructura vial eficiente constituye un componente esencial para el desarrollo económico y para la reducción de brechas en el acceso a servicios públicos.

El comunicado concluye con la reafirmación del compromiso de la Cámara Peruana de la Construcción con la promoción de inversiones orientadas a cerrar brechas de infraestructura y a fortalecer la competitividad del Perú.

¿Qué es CAPECO?

La Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) es una organización gremial que representa a las empresas e instituciones vinculadas al sector construcción en Perú.

Su objetivo principal es promover el desarrollo de la industria de la construcción, impulsar inversiones en infraestructura y defender los intereses de sus asociados ante organismos públicos y privados.

Además, CAPECO participa en el debate público sobre políticas y normativas relacionadas con el sector y emite pronunciamientos sobre asuntos que afectan la competitividad y la dinámica de la construcción en el país.

En el mundo de los negocios, la frustración ante la falta de resultados suele recaer sobre el área de marketing o la agencia responsable de la publicidad.

El mito de que “todo se puede vender” ha calado en la cultura empresarial, generando expectativas poco realistas sobre el poder del marketing digital y la publicidad, especialmente en mercados tan competitivos como el peruano.

Cuando la publicidad no resuelve todo

El gerente general de Podera Consulting, Frank Navarro, plantea un análisis sectorial que desafía esa creencia. Tras casi una década asesorando empresas de diversos tamaños y rubros, advierte que el éxito comercial no depende solamente de la creatividad o la inversión en campañas.

“Muchos empresarios creen que el marketing puede vender hasta piedras, o que una buena campaña equivale a ventas aseguradas, pero la realidad es mucho más compleja”, señala Navarro en diálogo con Infobae Perú.

Según Navarro, la presión sobre las agencias y equipos internos suele aumentar cuando las ventas no cumplen las expectativas, sin considerar que el problema puede estar en la raíz del negocio.

“Recibo clientes que llegan convencidos de que la solución está en cambiar el anuncio, el video o la segmentación, cuando en verdad el mayor obstáculo puede estar en el producto, el mercado o la estructura comercial”, explica.

Esta visión se refuerza a partir de experiencias recurrentes con empresas que cuentan con presupuestos elevados y campañas técnicamente impecables, pero enfrentan ventas estancadas. Navarro subraya que el marketing, por sí solo, no puede compensar carencias estructurales o estrategias comerciales deficientes.

“No es el discurso del lobo de Wall Street”: los 4 ejes del marketing hoy

El ejecutivo de Podera Consulting enfatiza que la venta no comienza con un discurso persuasivo ni termina con una llamada exitosa.

“La venta no empieza en una conversación o en una llamada y, y, como el ‘speech del lobo de Wall Street’. Yo creo que la venta empieza en cómo tú evalúas las cosas que están antes de empezar a vender”, afirma.

Navarro sostiene que el marketing profesional debe asesorar al cliente desde la etapa previa a cualquier inversión en publicidad, identificando posibles debilidades que puedan afectar el resultado final.

Para el experto, existen cuatro factores determinantes que explican por qué una campaña puede fracasar, aunque la ejecución publicitaria sea impecable:

• Mercado: El conocimiento del público objetivo y de sus necesidades reales resulta fundamental. Si una empresa no identifica correctamente a su audiencia, difícilmente logrará captar su atención, independientemente de la calidad de la campaña.
• Viabilidad del producto: Ofrecer un producto o servicio que no responde a las expectativas del mercado, que carece de valor diferencial o que tiene un precio fuera de competencia, limita cualquier esfuerzo comercial. Navarro cita ejemplos de bienes raíces mal valorados o servicios que no encuentran demanda real.
• Ejecución de la campaña: La estrategia publicitaria, la segmentación y la creatividad importan, pero solo como parte de un todo coherente. Las campañas pueden optimizarse, aunque si los otros factores fallan, el impacto será limitado.
• E-commerce o estructura comercial: Un área comercial eficiente, procesos claros y herramientas adecuadas (como CRM o capacitación en ventas) marcan la diferencia entre captar prospectos y concretar ventas.

El peso de la ética y la educación

El análisis de Navarro incluye una autocrítica al sector. Reconoce que muchas agencias aceptan proyectos inviables solo por mantener al cliente, lo que acaba dañando la reputación de toda la industria.

“A veces llegan empresas con productos imposibles de vender, y algunas agencias aceptan el reto sabiendo que el problema no es de publicidad, sino de fondo”, advierte.

El gerente de Podera Consulting también alerta sobre la necesidad de formación, tanto para los profesionales del marketing como para los empresarios, en especial los emprendedores. Considera que la educación permite comprender el alcance real de la disciplina y evitar errores costosos.

Por tal motivo, recomienda buscar mentorías con empresarios experimentados, no solo con “gurús” de redes sociales, para acelerar el aprendizaje y obtener resultados consistentes. Navarro remarca que la clave para no caer en la sobreventa o la exageración es alinear desde el inicio todas las áreas del negocio.

Así, el marketing deja de ser un recurso aislado para convertirse en parte de una estrategia integral, que prioriza la honestidad y la viabilidad antes que la promesa de resultados inmediatos.

Las decisiones legislativas que se debaten actualmente en Perú y Chile sobre la pesca del calamar gigante (Dosidicus gigas), también conocido como pota, han encendido las alarmas entre los principales compradores internacionales de este recurso.

Procesadores, importadores y compradores agrupados en la Mesa Redonda Global sobre la Cadena de Suministro del Calamar han difundido una nota en la que advierten sobre los riesgos de aumentar el esfuerzo pesquero sin respaldo científico, lo que podría comprometer la sostenibilidad de la pesquería y la estabilidad futura del mercado.

Preocupación por los cambios legislativos en Perú y Chile

Los representantes de la Mesa Redonda Global del Calamar, participantes de la Sustainable Fisheries Partnership (SFP), señalaron que las reformas legislativas en discusión, como la Ley N.º 14212/2025-CR en Perú y el proyecto Boletín n.º 18.173-21 en Chile, podrían permitir el ingreso de nuevas embarcaciones y el regreso de la pesca de arrastre industrial en determinadas zonas.

De acuerdo con el comunicado, estas iniciativas no consideran evaluaciones científicas sólidas y podrían provocar un aumento significativo del esfuerzo pesquero, situación que incrementa la presión sobre el recurso y amenaza los avances logrados en materia de manejo responsable.

En el caso peruano, ka iniciativa -actualmente en comisión y aún sin pasar al Pleno-, plantea reabrir el acceso a permisos para embarcaciones artesanales no formalizadas en etapas anteriores, lo que permitiría regularizar más de 2.000 naves fuera del marco legal vigente.

Esta propuesta, impulsada por el congresista José Pazo Nunura y avalada con observaciones por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), ha generado preocupación entre organismos técnicos y ambientales. Según advierten, facilitaría el ingreso de flota adicional en pesquerías como pota y perico, ambas actualmente al límite de explotación.

El Congreso extendió una semana más la legislatura y el proyecto podría ser incluido en la agenda en los próximos días, lo que mantiene en alerta a los actores del sector pesquero.

Un recurso clave con impacto social y económico

El calamar gigante es la principal pesquería de cefalópodos a nivel mundial y sustento de miles de pescadores, trabajadores, exportadores y procesadores en la región.

Según la Mesa Redonda, la estabilidad de la cadena de valor depende de la sostenibilidad a largo plazo del recurso y de una gestión pesquera que garantice tanto la seguridad alimentaria como el bienestar social de las comunidades costeras.

En los últimos años, Perú y Chile han implementado medidas que fortalecieron el control pesquero y promovieron el uso responsable del calamar gigante.

El comunicado destaca que estos avances se lograron gracias a la colaboración entre gestores pesqueros, institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales y el propio sector pesquero. Sin embargo, el debate legislativo actual plantea un potencial retroceso.

En Perú, la propuesta de registrar 2.000 nuevos buques fuera del marco legal, sumados a los 3.500 ya formalizados, podría elevar la captura a niveles difíciles de sostener, especialmente cuando la pesquería ya ha alcanzado el 83% de la cuota de 2026.

Incertidumbre para el mercado internacional

Los compradores internacionales alertan que cualquier incremento del esfuerzo pesquero sin evaluación científica genera incertidumbre en toda la cadena de suministro.

Esto pone en riesgo la capacidad de mantener mercados estables y sostenibles, y podría afectar la demanda global de calamar gigante proveniente de Perú y Chile.

El comunicado enfatiza el apoyo de los compradores a los pescadores artesanales y a todos los actores que han promovido la gestión responsable en los últimos años, e insta a las autoridades a preservar las decisiones que han garantizado la sustentabilidad del recurso.

La Mesa Redonda Global sobre la Cadena de Suministro del Calamar concluyó que la sostenibilidad del calamar gigante es un objetivo compartido y que la protección de los avances alcanzados es clave para asegurar el futuro de la pesquería y la estabilidad de los medios de vida de miles de familias.

En su mensaje, los compradores internacionales reiteraron la importancia de evitar medidas que incrementen la presión sobre el recurso sin sustento científico y pidieron a las autoridades de Perú y Chile que mantengan el enfoque en la gestión responsable y la conservación a largo plazo.

La inseguridad ciudadana está impactando gravemente la economía y la vida social en el país, con pérdidas estimadas en 11.800 millones de dólares al año y un incremento sostenido en el cierre de negocios, según el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia presentado en Lima.

Según el informe, elaborado gracias a una alianza entre Banco de Ideas Credicorp, el BCP y CHS Consultora, el 45% de los peruanos conoce comercios en su barrio que han cerrado o restringido sus actividades debido a la inseguridad. Este porcentaje representa un salto desde el 32% registrado en 2025, lo que equivale a un aumento de 3,2 millones de personas afectadas en tan solo un año.

La ola del crimen azota los negocios de la capital en Perú

Lima encabeza la estadística nacional, con un 59% de encuestados reportando el cierre o limitación de actividades en bodegas, peluquerías, restaurantes, farmacias y otros negocios. El reporte también detalla que el fenómeno golpea por igual a todos los niveles socioeconómicos y está deteriorando los ingresos familiares y la salud mental de la población.

“La inseguridad no se limita al temor por la integridad física: está cerrando negocios, retrayendo ingresos familiares y deteriorando la salud mental de millones de peruanos. No estamos frente a un problema puntual, sino frente a un fenómeno que está erosionando las bases mismas de la vida económica y social del país”, dijo Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y uno de los autores del informe.

El costo del crimen ya equivale al 3,1% del Producto Bruto Interno en Perú

El costo de la delincuencia, calculado por la Universidad de Piura, representa el 3,1% del Producto Bruto Interno (PBI), unos 11.800 millones de dólares al año. Esta cifra recoge el efecto directo del cierre de miles de pequeños y medianos comercios, la reducción de la actividad productiva y la pérdida de fuentes de trabajo en todo el país.

De acuerdo con la encuesta de Ipsos para el observatorio, la proporción de adultos que perciben un aumento de ansiedad y estrés por la inseguridad pasó de 75% en 2025 a 78% en 2026. En cifras absolutas, casi 9 millones de personas reportan vivir bajo mayor presión, lo que significa un incremento de 2 millones en solo un año.

El impacto es especialmente alto en la zona norte y en las áreas urbanas del interior del país, donde la percepción de peligro y los episodios violentos se han incrementado de forma sostenida.

Un fenómeno que atraviesa regiones y sectores

El Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia también revela que Lima es la región más golpeada, seguida por las ciudades del norte y el centro del país. El fenómeno no discrimina: afecta tanto a barrios populares como a zonas de mayores ingresos, y se extiende a todo tipo de negocios, desde pequeñas bodegas hasta farmacias o restaurantes.

El informe introduce un nuevo Índice del Crimen Violento (IDCV), que suma homicidios y feminicidios, tanto consumados como fallidos, para captar los casos en los que hubo intención letal aunque la víctima sobreviviera.

Entre enero y mayo de 2026, el IDCV registró 1.054 casos a nivel nacional, con una tendencia al alza impulsada principalmente por los homicidios fallidos. En el interior, Ica aparece como la región más afectada al combinar cifras absolutas y tasa por habitante.

A nivel provincial, San Antonio de Putina (Puno), vinculada a la minería ilegal, alcanzó una tasa de 92,89 homicidios o intentos por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio nacional.

Transportistas y extorsión: el sector más golpeado

El reporte dedica un capítulo especial al sector transporte, que se ha convertido en el más vulnerable frente a la extorsión y el sicariato. Entre enero y mayo de 2026, se documentaron 131 homicidios y homicidios fallidos contra conductores, cobradores y pasajeros, concentrados principalmente en Lima y Callao, con cifras menores en Piura, La Libertad e Ica.

El estudio identifica corredores metropolitanos específicos, en especial los que conectan Lima Norte y Lima Este con San Juan de Miraflores y Villa El Salvador en el sur, como las rutas más peligrosas, con una clara concentración de ataques durante la noche.

“La extorsión sigue siendo, para todo fin práctico, un delito impune. En ocho años, con casi 23.000 presos más en el sistema penitenciario, el número de internos por extorsión apenas pasó de 1.328 a 1.498. Es como si nada se hubiera movido”, agregó Carlos Basombrío, exministro del Interior y coautor del informe.

Un sistema de seguridad sin respuesta tecnológica

El informe advierte sobre la ausencia de una respuesta estatal efectiva ante el avance del crimen. El denominado C5 inteligente, centro de comando y control prometido para combatir la criminalidad en Lima, no existe y su eventual puesta en marcha requeriría una inversión de 500 millones de dólares y un plazo de al menos tres años.

Mientras tanto, de acuerdo con los autores, la coordinación entre las fuerzas policiales y los recursos tecnológicos “sigue siendo insuficiente para frenar la ola delictiva”.

El Observatorio del Crimen y la Violencia concluye que la inseguridad ya no es solo un problema policial: se ha convertido en un fenómeno estructural que afecta la economía, la salud mental y la vida cotidiana de millones de peruanos. Las cifras muestran con claridad el costo y la profundidad de una crisis que demanda respuestas urgentes y sostenidas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la ampliación de la lista de productos sujetos a percepción especial del Impuesto General a las Ventas (IGV) en importaciones, incluyendo soya, calzado, tejidos, aceites vegetales y utensilios domésticos de aluminio entre los bienes bajo vigilancia por riesgo de fraude.

La decisión se formalizó con la publicación del Decreto Supremo N° 104-2026-EF en el diario oficial El Peruano, lo que marca un refuerzo en los controles tributarios sobre mercancías consideradas propensas a subvaluación y manipulación en aduanas.

Soya, calzado y textiles: nuevas incorporaciones bajo control fiscal

Con esta actualización, el MEF suma 15 subpartidas nacionales a la lista de bienes sensibles al fraude. Entre los rubros que ahora serán fiscalizados destacan los aceites vegetales como la soya y el girasol, el calzado con parte superior de cuero, diversos tejidos de algodón y sintéticos, prendas de vestir, utensilios domésticos de aluminio, motores, aparatos eléctricos para calentar líquidos y encendedores de bolsillo.

La norma precisa que estos productos presentan patrones reiterados de subdeclaración en el comercio exterior, lo que motivó su inclusión bajo el esquema especial de percepción del IGV.

De acuerdo con la resolución, “la relación de subpartidas nacionales se amplía para combatir operaciones fraudulentas en aduanas”. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) será la encargada de publicar y actualizar los valores de referencia y los montos fijos aplicables, calculados en función de estadísticas y análisis de riesgo.

Cómo funciona la percepción especial de IGV para bienes sensibles al fraude

El sistema de percepción especial del IGV opera mediante un doble mecanismo: se calcula sobre cada importación tanto un porcentaje del valor declarado como un monto fijo por unidad del bien, y el importador debe abonar el monto que resulte mayor.

Según el decreto, la fórmula busca cerrar brechas de evasión y asegurar que los productos identificados como de alto riesgo tributen de acuerdo a su valor real. Las nuevas reglas entran en vigencia a partir del 18 de junio de 2026 y aplican para todos los operadores que importen los bienes incluidos.

La publicación oficial subraya que la SUNAT debe mantener actualizada la relación de subpartidas y los valores de referencia, revisando la lista cada dos años según lo exige la Ley N° 29173. “La medida responde a la necesidad de ajustar los controles ante nuevas tendencias de fraude detectadas en el sector aduanero”, señala el MEF en la norma.

Qué partidas ya estaban bajo vigilancia

Las 15 nuevas subpartidas se suman a una lista que en los últimos dos años ha incluido bienes como tejidos de algodón teñidos, fibras sintéticas discontinuas, prendas de vestir de punto para mujer, baldosas de cerámica, motores para vehículos, alambre de hierro o acero, y mantas de fibras sintéticas.

Estas partidas, incorporadas en la actualización de 2024, ya estaban sujetas a fiscalización especial debido a su historial de subdeclaración y riesgo tributario. Ahora, la vigilancia se extiende a productos de mayor diversidad y rotación en el comercio exterior peruano. A continuación, las 15 nuevas subpartidas incorporadas a la lista de bienes bajo vigilancia:

• 1507909000 – Otros aceites de soya y sus fracciones, incluso refinados
• 1512191000 – Aceite de girasol o cártamo y sus fracciones, refinado
• 2929101000 – Isocianato de tolueno
• 5211420000 – Tejidos de algodón, mezclados, con hilados de varios colores, más de 200 g/m²
• 5512190000 – Tejidos de fibras sintéticas, mezcladas con lana o pelo fino, teñidos
• 5514302000 – Tejidos de poliéster y algodón mezclados, teñidos
• 6107220000 – Camisetas y ropa interior de punto, de algodón, para hombre o niño
• 6108220000 – Ropa interior de punto de algodón, para mujer o niña
• 6108320000 – Ropa de dormir de punto de fibras sintéticas, para mujer o niña
• 6115220000 – Medias y calcetines de punto, fibras sintéticas, para mujer/niño
• 6204230000 – Faldas o pantalones cortos, de fibras sintéticas, para mujer o niña
• 6402200000 – Calzado con parte superior de tiras de cuero natural, suela de caucho o plástico
• 7210709000 – Productos planos de hierro o acero, galvanizados, de espesor menor a 0,5 mm
• 7615101000 – Utensilios de cocina de aluminio para uso doméstico, esmaltados o anodizados
• 8516400000 – Máquinas y aparatos eléctricos para calentar líquidos o cocinar alimentos

Argumentos y expectativas oficiales

El MEF fundamenta la ampliación de la lista en los informes técnicos de la SUNAT, que identificaron un aumento de intentos de evasión y manipulación de valor en las subpartidas ahora incorporadas.

“El objetivo es garantizar la equidad tributaria y fortalecer la protección del mercado formal frente al fraude”, indica el decreto. El monitoreo de la efectividad de la norma quedará a cargo de la SUNAT, que recibirá consultas de los operadores impactados y ajustará los parámetros según la evolución de los riesgos.

La percepción especial de IGV es una herramienta que busca equilibrar las condiciones del comercio exterior y asegurar que el Estado recaude los tributos que corresponden, limitando el margen para operaciones fraudulentas en bienes de alto riesgo.

Este martes 16 de junio, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) puso en marcha un nuevo bloqueo masivo de celulares en todo el país.

La medida afectará a 360,000 equipos móviles que no figuran en la lista blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que, además, están asociados a personas con historial de uso de celulares con IMEI alterado.

Más de 1.6 millones de celulares bloqueados en lo que va del año

Según el OSIPTEL, el bloqueo se realizará de forma progresiva en tres etapas durante junio: hoy se bloquearán los primeros 120,000 celulares, mientras que el 23 y el 30 de este mes se repetirá la misma cantidad de equipos en cada fecha.

Con este nuevo grupo, el total de celulares bloqueados entre enero y junio de 2026 superará los 1.6 millones, y desde abril de 2025 la cifra acumulada ya rebasa los 4.2 millones de equipos.

El objetivo de esta medida, subraya el regulador, es desalentar el mercado negro de venta de celulares robados, que frecuentemente provienen de delitos violentos y afectan la seguridad ciudadana.

Así es el proceso de bloqueo de celulares

El sistema Renteseg, administrado por el OSIPTEL, detecta y envía a las operadoras móviles la orden de bloqueo para los equipos vinculados a usuarios que hayan utilizado celulares con IMEI alterados.

Las empresas operadoras, tras recibir la notificación, deben informar a los usuarios mediante mensajes de texto (SMS) que el bloqueo se hará efectivo en un máximo de dos días hábiles.

El usuario que adquirió su equipo en el Perú debe solicitar a la empresa vendedora que registre el celular en la lista blanca del Renteseg a través del sistema RETMIEF (Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País). Este sistema, implementado por OSIPTEL, permite que solo los importadores formales registren los equipos que ingresan al país.

Para celulares comprados en el extranjero, el abonado debe acudir a su operadora móvil y gestionar el registro en la lista blanca, asegurando así la validez del equipo y evitando el bloqueo.

Impacto en el mercado y recomendaciones para usuarios

Desde la puesta en marcha de estas medidas, el OSIPTEL ha reiterado que el éxito del bloqueo depende tanto de la acción de las operadoras como de la responsabilidad del usuario al adquirir dispositivos.

Comprar equipos solo a comercios formales y verificar que estén inscritos en la lista blanca son pasos fundamentales para evitar inconvenientes. Así, el bloqueo masivo busca frenar la circulación de celulares robados, ofrecer mayor seguridad a los usuarios y reducir el incentivo de delitos asociados al robo y reventa de equipos móviles.

¿Qué es Osiptel?

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) es la entidad reguladora del sector de telecomunicaciones en el Perú.

Su función principal consiste en supervisar, fiscalizar y regular los servicios públicos de telecomunicaciones —como telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable— con el objetivo de proteger los derechos de los usuarios, promover la competencia y garantizar la calidad, seguridad y transparencia en el mercado.

OSIPTEL también se encarga de dictar normas, resolver controversias y velar por el correcto funcionamiento y desarrollo del sector en todo el territorio nacional.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) envió una solicitud formal a la Convención Nacional del Agro (Conveagro) para su incorporación como miembro con voz y voto en el Grupo de Trabajo Sectorial encargado de diseñar una nueva normativa que facilite la participación de la agricultura familiar en los procesos de compras estatales de alimentos.

La carta, fechada el 15 de junio de 2026 y firmada por el secretario general Charles Napurí Guzmán, responde a los procedimientos establecidos en la Resolución Ministerial N° 0132-2026-MIDAGRI, y da un plazo de dos días hábiles para que la organización remita su consentimiento.

Representatividad y objetivo del Grupo de Trabajo

La integración de Conveagro busca asegurar la voz de los agricultores familiares en la elaboración de propuestas normativas, en un contexto donde la representatividad es clave para legitimar cualquier reforma estatal. El artículo 2 de la resolución sectorial fija como prioridad la promoción de la agricultura familiar en las compras públicas, objetivo central del grupo de trabajo.

El ministerio informó que ya inició la gestión para modificar formalmente la resolución y que la respuesta de Conveagro es indispensable para avanzar en el trámite. El procedimiento sigue los Lineamientos de Organización del Estado y el Decreto Supremo 054-2018-PCM, garantizando la transparencia en la integración de actores del sector agrario.

Crisis arrocera y medidas estatales de emergencia

La solicitud de Midagri se produce en medio de una grave crisis en el sector arrocero, marcada por la caída de precios, sobreoferta nacional, incremento de costos productivos y protestas de los agricultores.

En respuesta, el Gobierno aprobó recientemente un Decreto de Urgencia que destina S/170 millones para la compra de arroz nacional, su distribución gratuita a familias en situación de pobreza y el mantenimiento de la infraestructura de riego en zonas vulnerables.

De este total, S/100 millones se emplearán en la compra directa de arroz a pequeños productores, S/20 millones en transporte y logística, y S/50 millones en obras de limpieza y mantenimiento de canales de riego. Según el Ejecutivo, la medida apunta a aliviar la crisis de ingresos que enfrentan los agricultores y asegurar la colocación de la cosecha nacional.

Gremios piden medidas más contundentes

Pese a la intervención estatal, gremios como la Confederación Nacional de Productores Agrarios Arroceros del Perú (Conarroz) consideran insuficiente el monto asignado. Los productores alegan que se requiere al menos S/300 millones para comprar los excedentes y estabilizar el mercado interno, además de exigir el cierre de importaciones de arroz para proteger la producción nacional.

Los dirigentes agrarios sostienen que la selección de distritos beneficiados debe priorizar a las regiones más afectadas, siguiendo el mapa de pobreza del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, insisten en que las acciones de apoyo estatal deben ser sostenidas y transparentes, con reportes públicos y control concurrente de la Contraloría General de la República.

Participación y control ciudadano

El proceso de entrega del arroz adquirido contempla la participación de comunidades organizadas a través de núcleos ejecutores, lo que permitirá generar empleo local y recuperar la capacidad productiva de las tierras.

La norma establece que los recursos públicos serán monitoreados con reportes trimestrales de acceso público, y que la vigencia de la emergencia se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, la carta del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego recuerda que la verificación de la autenticidad del documento puede realizarse en la web institucional, asegurando la trazabilidad y transparencia del proceso de integración de Conveagro en las decisiones clave para el sector agrario peruano.

El Ministerio de Cultura presentó el proyecto de reglamento del Decreto Legislativo N.° 1699, que desarrolla el marco para autorizar la participación privada en la gestión, conservación y servicios culturales asociados a bienes públicos integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación.

El documento, publicado para consulta ciudadana, detalla procedimientos y criterios para identificar, priorizar y supervisar proyectos bajo mecanismos como Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos (PA), siempre bajo la rectoría y supervisión estatal.

Según el Ministerio, la nueva regulación busca “fortalecer la puesta en valor, acceso y sostenibilidad” del patrimonio, sin que el Estado pierda la titularidad ni el control de los bienes culturales.

Un problema de escala: 31 mil monumentos y presupuesto insuficiente

El diagnóstico oficial reconoce una brecha estructural: el Estado enfrenta una limitada capacidad para conservar y gestionar más de 31,000 bienes culturales públicos.

En 2024, el presupuesto total para el sector Cultura alcanzó los S/ 737,9 millones, de los cuales solo S/ 190,4 millones se destinaron a inversiones, lo que representa apenas un 25% del total.

“Las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles”, advierte el Ministerio de Cultura.

La falta de financiamiento y mecanismos modernos ha impedido que muchos monumentos y sitios arqueológicos reciban intervenciones técnicas y sostenidas.

La propuesta: inversión privada regulada sin pérdida de control estatal

El reglamento del Decreto Legislativo N.° 1699 implementa un marco especializado para promover la inversión privada como complemento, no sustituto, de la gestión pública. Necesariamente, la autorización tendría que pasar por ProInversión.

El Estado mantiene la propiedad, protección y función social de los bienes, mientras que los privados pueden participar en proyectos de restauración, gestión, servicios culturales y aprovechamiento sostenible, siempre bajo condiciones estrictas y “compatibilidad cultural”.

La iniciativa responde al reconocimiento de que la acción estatal, hasta ahora, ha sido “fragmentaria y casuística” y carecía de reglas claras para la cooperación con el sector privado.

Así funcionarán las APP y Proyectos en Activos

Las APP se aplicarán cuando el proyecto requiera gestión integral, operación, mantenimiento o prestación continua de servicios culturales.

Por ejemplo, una empresa podría modernizar y operar un museo estatal, gestionar servicios de interpretación o restaurar un monumento, pero siempre con planes de reinversión y bajo fiscalización técnica del Ministerio de Cultura.

Los Proyectos en Activos se orientan al aprovechamiento compatible de un bien cultural, como habilitar espacios para actividades culturales o servicios complementarios (cafeterías, etc), sin gestión integral ni transferencia de propiedad.

El reglamento introduce modelos estandarizados, diagnóstico obligatorio y monitoreo permanente. Esto permite “uniformizar, controlar y dar predictibilidad” a la gestión público-privada, según la exposición de motivos.

La derogación de la antigua Ley 29164 elimina trabas burocráticas y da paso a un modelo moderno, con procedimientos sectoriales claros y mecanismos de rendición de cuentas.

Machu Picchu y Kuélap, fuera del alcance de los convenios privados

El Ministerio de Cultura excluyó explícitamente los bienes inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO de los convenios de administración con privados.

Sitios emblemáticos como Machu Picchu o Kuélap no podrán ser gestionados bajo APP, Proyectos en Activos ni convenios de administración privada, según el marco propuesto.

La norma establece que estos mecanismos solo aplican a bienes públicos que no cuentan con esa protección internacional, reforzando el compromiso con la preservación y la función social del patrimonio.

Un cambio de lógica en la gestión patrimonial estatal

La propuesta reglamentaria no modifica el régimen de protección, ni autoriza la privatización ni la venta de bienes culturales públicos.

Así, el Estado busca sumar capacidades técnicas y financieras del sector privado bajo reglas estrictas, con el objetivo de transformar la gestión patrimonial en un proceso “continuo, sostenible y controlado”.

Según el Ministerio de Cultura, este modelo permitirá que la puesta en valor del patrimonio deje de ser una intervención aislada y se convierta en una política pública sostenida y articulada bajo interés general.

El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Indecopi dispuso la eliminación inmediata del examen adicional exigido a los postulantes a representante aduanero que realizaron su formación fuera del Instituto Aduanero Tributario (IAT) de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La medida responde a una denuncia por trato desigual y afecta a todos los procesos de autorización vigentes y futuros.

Un filtro extra que generaba controversia

La controversia surgió a partir de la experiencia de Jeremy Fernando Tong Cortez, Ghino Gary Vicente Rivera Roman, Kathleen Yannira Huaytalla Anasco y Guillermo Villa Frey, quienes denunciaron que la Sunat y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aplicaban un examen de suficiencia únicamente a quienes cursaron el programa de representante aduanero fuera del IAT.

Este requisito no alcanzaba a quienes estudiaron en la propia Sunat, lo que, según los denunciantes, constituía una barrera burocrática ilegal que restringía el acceso al mercado laboral y otorgaba ventajas arbitrarias a un grupo de postulantes.

El examen, implementado por la Resolución de Superintendencia 000084-2021/SUNAT y el Decreto Supremo 010-2009-EF, era condición para obtener la certificación como representante aduanero.

Sunat y MEF defendieron el requisito por razones de calidad

Durante el proceso, la Sunat argumentó que la evaluación adicional garantizaba estándares de conocimiento equivalentes y respondía a la dificultad de verificar la calidad de los programas externos al IAT.

El MEF respaldó la medida, citando el Decreto Legislativo 1053, que autoriza al Estado a establecer requisitos técnicos para actividades aduaneras. Según ambas entidades, el examen extra era una herramienta legítima para nivelar capacidades entre quienes provenían de diferentes centros de formación.

“La certificación de estudios emitida por otras instituciones educativas no es una garantía plena de la suficiencia de conocimientos”, sostuvo la Sunat en el expediente, y planteó que el filtro adicional protegía el correcto funcionamiento del sistema aduanero.

El tribunal identificó trato desigual y ausencia de justificación

El análisis del tribunal concluyó que la exigencia de un examen adicional a quienes no se formaron en el IAT generaba una diferencia injustificada.

El fallo resalta que ambos grupos de postulantes —los egresados del IAT y de otras instituciones— ya aprobaron un programa de estudios reconocido, por lo que el trato distinto carece de fundamento técnico o legal.

El tribunal también consideró que el sistema educativo nacional cuenta con mecanismos de licenciamiento y supervisión para validar la calidad de los programas, por lo que la simple sospecha sobre la formación externa no justifica la imposición de una barrera adicional.

“La sola alegación de una menor confiabilidad en la formación externa no constituye una justificación objetiva que habilite el establecimiento de un trato diferenciado”, se lee en la resolución.

Eliminación inmediata del examen y advertencia sobre futuras exigencias

La resolución dispone que la Sunat y el MEF deben dejar de exigir el examen extra a todos los postulantes formados fuera del IAT, y no solo a los denunciantes originales.

La eliminación tiene vigencia inmediata a partir de la publicación oficial del fallo. Además, se advierte que reincidir en el requisito podría acarrear sanciones de hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) para los funcionarios responsables.

El tribunal aclara que el Estado puede establecer controles y acreditaciones sobre los representantes aduaneros, pero siempre bajo principios de igualdad, imparcialidad y justificación objetiva.

“Al ejercer tales atribuciones, deberá cautelar que las exigencias impuestas no creen tratos diferenciados injustificados entre los administrados”, puntualiza el documento.

Un precedente en materia de igualdad y acceso al mercado

La decisión, firmada por Gilmer Ricardo Paredes Castro, Dante Javier Mendoza Antonioli, Orlando Vignolo Cueva y José Antonio Arostegui Girano, sienta un precedente sobre el alcance de las barreras burocráticas y el respeto al principio de igualdad ante la ley en el acceso a actividades reguladas.

El Indecopi refuerza así la obligación de la Sunat y el MEF de informar públicamente la eliminación del examen, tanto de manera general como a los sectores involucrados, y deja abierta la posibilidad de fiscalización ante eventuales incumplimientos.

El 78% de los trabajadores peruanos señala padecer burnout o estrés crónico, según el estudio “Burnout” de Bumeran, mientras el país mantiene una de las jornadas laborales más extensas de Sudamérica, con un promedio de 44,7 horas semanales, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho).

Este escenario está impulsando a un número creciente de personas a reconsiderar su rutina profesional y explorar opciones fuera del modelo laboral tradicional para recuperar su bienestar y equilibrio personal.

Jornada extensa y agotamiento crónico: el nuevo desafío laboral

En el Perú, la presión por la productividad y la demanda de largas horas de trabajo han convertido al agotamiento laboral en una realidad cotidiana para la mayoría de trabajadores.

El informe de Bumeran revela que el 78% de los peruanos encuestados reconoce experimentar síntomas persistentes de desgaste físico y mental, como consecuencia de la sobrecarga de tareas y la falta de flexibilidad en sus empleos.

El país ocupa el segundo lugar en Sudamérica en cuanto a horas trabajadas semanalmente, lo que intensifica el impacto del burnout en la vida diaria. El exceso de responsabilidades y la dificultad para desconectarse del trabajo están provocando que más profesionales cuestionen la sostenibilidad de su estilo de vida actual.

“Muchas personas sienten que viven en piloto automático: trabajan largas horas, terminan agotadas y aun así no logran tener estabilidad emocional ni tiempo personal", explica Raúl Rodríguez, especialista en comercialización de productos digitales.

Nuevas alternativas: del empleo tradicional a proyectos propios

El impacto del burnout está dando lugar a una tendencia creciente entre quienes buscan mayor flexibilidad, autonomía y mejor equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Según Rodríguez, hoy más trabajadores priorizan la posibilidad de generar ingresos a partir de sus propias habilidades, desarrollando proyectos paralelos, brindando asesorías, creando contenido digital, diseñando cursos virtuales o prestando servicios especializados.

“No se trata de dejar el trabajo de un día para otro, sino de empezar a construir alternativas sostenibles que permitan reducir la dependencia de un solo ingreso y mejorar la calidad de vida”, señala el especialista.

Esta transición gradual responde a la necesidad de encontrar un balance realista entre seguridad económica y bienestar personal. "El burnout está haciendo que más profesionales cuestionen su rutina y busquen nuevas formas de trabajar y generar ingresos”, agrega.

Señales de alerta y pasos para reinventarse con responsabilidad

Identificar el momento adecuado para replantear la vida laboral es clave. Entre las señales más frecuentes que motivan este cambio se encuentran el cansancio físico y mental constante, el estrés prolongado, la desmotivación, la falta de equilibrio entre trabajo y vida personal y la dependencia exclusiva de un solo ingreso.

Para quienes buscan iniciar una transición responsable, Rodríguez recomienda identificar habilidades que puedan convertirse en un servicio o producto, invertir en capacitación continua, comenzar con proyectos pequeños y realistas, evitar comparaciones con casos virales en redes sociales y priorizar la estabilidad antes que los resultados inmediatos.

El fenómeno del burnout y la presión laboral en Perú están impulsando una transformación progresiva en el mercado de trabajo. El interés por nuevas formas de empleo, alternativas de ingreso y esquemas más flexibles seguirá expandiéndose entre quienes buscan reducir el desgaste emocional y acceder a una mejor calidad de vida, anticipan los especialistas.

Las inmobiliarias en Perú pueden multiplicar hasta 27 veces sus reservas calificadas mediante el uso de inteligencia artificial, según datos de LIDZ.ai.

Esta tendencia se enmarca en la acelerada adopción tecnológica que vive el sector, impulsada por la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la demanda de mayor productividad y eficiencia.

IA y automatización: una nueva era para la gestión comercial

La transformación digital en el sector inmobiliario peruano se acelera gracias a la adopción de soluciones inteligentes. Cornelio Saavedra, CEO y cofundador de LIDZ.ai, señala que el mercado local destaca por su capacidad de innovación y rápida adopción de nuevas tecnologías.

“El uso de IA pasará a ser estándar y la tendencia irá en que muchos procesos manuales, como la evaluación crediticia o la agenda de asesorías, serán potenciados con tecnología, mejorando la experiencia y la adopción de las personas”, explica Saavedra.

La aplicación de IA permite automatizar tareas repetitivas y personalizar el acompañamiento a cada cliente, lo que libera tiempo para los equipos de ventas y mejora la experiencia de los usuarios finales.

Así, actividades como la orientación financiera, el seguimiento de prospectos y la generación de planes de compra se realizan de forma automatizada, permitiendo a los equipos comerciales concentrarse en el cierre de negocios y la generación de nuevas oportunidades.

Impacto en los resultados: reservas calificadas y conversión comercial

Las inmobiliarias que incorporan inteligencia artificial para la calificación de prospectos y la optimización de procesos pueden alcanzar multiplicadores de reservas de hasta 27,1 veces respecto a quienes no utilizan estas herramientas.

Según información de LIDZ.ai, este impacto se traduce en una mayor efectividad comercial y una probabilidad significativamente mayor de concretar ventas.

Saavedra precisa que, aunque entre el 75% y el 85% de los prospectos aún no califican para la compra de una propiedad, la tecnología permite mantener el vínculo con los interesados y acompañarlos durante el proceso.

“La implementación de inteligencia artificial ha permitido mejorar significativamente la productividad comercial”, sostiene el CEO de LIDZ.ai.

Trazabilidad, control y mayor retorno de la inversión

La inteligencia artificial no solo optimiza la conversión comercial, sino que también fortalece la trazabilidad y el control de la gestión.

Las soluciones de LIDZ.ai integran monitoreo en tiempo real y reportes automatizados, lo que permite a las organizaciones inmobiliarias reducir errores, agilizar la toma de decisiones y aumentar la productividad de sus equipos.

Además, la IA ayuda a mejorar la rentabilidad de las estrategias comerciales. Según Saavedra, “las inmobiliarias pierden entre un 30% y un 45% de su presupuesto de marketing en acciones que no generan resultados concretos”.

Gracias a la inteligencia artificial es posible identificar con precisión qué canales, campañas y audiencias aportan mayor valor, optimizando tanto el retorno de la inversión como el desempeño de los equipos de venta.

El futuro de la inteligencia comercial

La apuesta por herramientas inteligentes marca un nuevo estándar en la inteligencia comercial aplicada al sector inmobiliario. Al integrar inteligencia artificial y análisis de datos, estas soluciones permiten elevar la eficiencia operativa y potenciar la conversión de oportunidades de venta.

La capacidad de adaptación tecnológica se vuelve un factor clave para la competitividad, y las inmobiliarias peruanas identifican en la inteligencia artificial un recurso estratégico para transformar sus procesos y aprovechar mejor las oportunidades del mercado.

Representantes de comunidades amazónicas y andinas de Ayacucho, Cusco y Junín presentaron una agenda con propuestas para proteger ríos y cabeceras de cuenca, fortalecer la defensa de mujeres ambientalistas y garantizar la participación política de mujeres en espacios comunales.

Este pliego se presentó en el marco del Foro Nacional Mujeres Amazónicas en Defensa de Nuestros Cuerpos y Territorios.

Agua en riesgo: las demandas por la protección de ríos y cuencas

Durante la mesa temática sobre fuentes de agua, las lideresas alertaron sobre el avance de la contaminación ambiental y el impacto en las fuentes que abastecen a las comunidades.

Karol Torres, representante de Ayacucho, señaló que los niveles de metales pesados en el agua de centros poblados de la región pasaron de 5,7 % en 2022 a 7,1 % en 2024, según datos de la Dirección Regional de Salud y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza.

“La contaminación ambiental se está acrecentando debido a la tala de árboles, al extractivismo y a las actividades mineras. Quienes se ven más afectadas somos las mujeres amazónicas y andinas porque hacemos uso diario del agua para sostener la vida de nuestras familias y comunidades”, afirmó Torres.

Entre las principales propuestas, se incluye la aprobación de una ley que reconozca a los ríos y cabeceras de cuenca como sujetos de derecho, elaboración de estudios de impacto ambiental claros y accesibles para las comunidades, normas climáticas con enfoque intercultural y de género, así como mayor presupuesto para iniciativas de siembra y cosecha de agua.

Defender el territorio: riesgos y demandas de las defensoras ambientales

En otra mesa, las participantes abordaron los riesgos que enfrentan las mujeres defensoras ambientales frente al avance de actividades ilegales y conflictos socioambientales.

“Defender nuestro territorio puede costarnos la vida. Las mujeres protegemos nuestros ríos, bosques y montañas en un contexto marcado por la minería ilegal, los conflictos por tierras y la ausencia del Estado. Defender la flora y la fauna no puede costar la vida”, dijo Ania Hereña, lideresa de Satipo.

Las lideresas denunciaron amenazas, criminalización y falta de mecanismos efectivos de protección. Por ello, solicitaron garantizar justicia para las defensoras, investigar y sancionar ataques, erradicar la impunidad, detener la criminalización de la protesta social y fortalecer los sistemas de protección, incluyendo seguros de salud y vida para quienes se encuentren en situación de riesgo.

Participación política: romper barreras en las comunidades

La agenda también plantea desafíos en la participación política de las mujeres. Carmelí Soto, lideresa de Junín, sostuvo que la igualdad política es indispensable para construir sociedades inclusivas.

“Hablar de igualdad política no significa hablar de privilegios ni de concesiones especiales, significa hablar de justicia para las mujeres para poder participar en la construcción de sociedades”, afirmó Soto.

Las participantes compartieron experiencias de discriminación y la sobrecarga de trabajos de cuidado que limitan su acceso a espacios de decisión.

Entre las propuestas figuran la creación de un sistema público de cuidados, el cumplimiento efectivo de la paridad, la revisión de la Ley N.° 30982 sobre directivas comunales y el incremento de fondos para liderazgo y formación política de mujeres.

Entrega de la agenda y compromisos del Congreso electo

La agenda construida en el foro fue entregada a las senadoras electas Ruth Luque, Mirtha Vásquez y Patricia Iturregui, y a la diputada electa Indira Huilca, quienes participaron en un diálogo sobre los desafíos ambientales y de género para el próximo periodo parlamentario.

Las parlamentarias coincidieron en la necesidad de fortalecer la protección de las defensoras, conservar fuentes de agua y ampliar la participación política de mujeres. Entre los compromisos asumidos se mencionó la recuperación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, la promoción de una ley para defensoras ambientales y la fiscalización de delitos ambientales.

El Foro Nacional Mujeres Amazónicas en Defensa de Nuestros Cuerpos y Territorios fue impulsado por el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, el Grupo Impulsor Mujeres y Cambio Climático Perú y contó con el apoyo de Espacio Feminista Internacional.

El Mundial 2026 trae consigo una oportunidad inédita para que los pequeños negocios peruanos participen en la conversación global sin depender de grandes presupuestos ni auspicios tradicionales, según un análisis de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

Eventos deportivos de esta magnitud solían estar reservados a empresas multinacionales, pero la combinación de inteligencia artificial, comercio digital y plataformas de delivery modificó el panorama y dio paso a la democratización del juego.

La tecnología y la creatividad permiten competir en igualdad de condiciones

De acuerdo con la UPCH, la fiebre futbolera ya no es exclusiva de las grandes marcas. Bodegas, restaurantes, marcas de ropa, emprendimientos tecnológicos y creadores de contenido digital encuentran nuevas maneras de insertarse en el fenómeno económico que mueve el Mundial.

La universidad identifica que la clave reside en la capacidad de reacción y la lectura de tendencias de los negocios más pequeños, que pueden sacar provecho de narrativas espontáneas, memes y resultados deportivos en tiempo real.

“La velocidad importa más que el tamaño”, sostiene el informe de la UPCH. Un negocio ágil puede captar rápidamente la atención del público al sumarse a conversaciones digitales o lanzar promociones vinculadas a los partidos.

Por el contrario, las grandes empresas suelen tener campañas menos flexibles y tiempos de respuesta más largos.

Redes sociales, el escenario principal para la creatividad durante el torneo

La universidad subraya que las redes sociales se convirtieron en la herramienta principal para nivelar el terreno. Un video oportuno en TikTok, Instagram o Facebook puede alcanzar miles de personas si logra insertarse en la tendencia correcta.

En el contexto mundialista, las conversaciones digitales se multiplican y los negocios que generan contenido relevante y cercano tienen más posibilidades de destacarse, sin depender de una inversión publicitaria significativa.

Otro aspecto que resalta la UPCH es el valor de crear experiencias alrededor del fútbol. Los consumidores actuales buscan compartir emociones y vivencias más allá de la compra de un producto.

Negocios que ofrecen promociones en tiempo real, trivias, sorteos o activaciones temáticas logran mayor fidelización, porque permiten que sus clientes se sientan parte del evento.

Experiencias compartidas, el nuevo valor en la era futbolera

El análisis también destaca el impacto de las alianzas entre pequeños negocios. Restaurantes, diseñadores, tiendas y creadores de contenido pueden unir esfuerzos para lanzar campañas conjuntas durante el Mundial.

Esta estrategia multiplica el alcance y reduce los costos, ya que cada socio aporta su audiencia y recursos propios.

Finalmente, la UPCH sostiene que el Mundial deja enseñanzas que trascienden el torneo. Aprender a reaccionar rápido, leer tendencias y conectar emocionalmente con los clientes fortalece a los negocios más allá de la coyuntura deportiva.

De acuerdo con el análisis presentado, quienes aprovechan estas oportunidades suelen consolidar su marca y su relación con el público en el largo plazo.

Formación universitaria se adapta a las demandas del mercado digital

En línea con estos cambios, la universidad, que tendrá su próximo examen de admisión este 28 de junio de 2026, resalta la importancia de carreras como Administración y Gestión de Desarrollo Global, diseñadas para formar profesionales con una visión estratégica y capacidad de adaptación a nuevas tendencias de consumo.

El análisis concluye que la demanda por perfiles con orientación digital y flexibilidad seguirá creciendo entre empresas de todos los tamaños.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) comunicó que las siembras de papa, maíz amarillo duro y maíz choclo muestran un crecimiento sostenido en la campaña agrícola 2025/2026.

Este panorama genera expectativas positivas para el abastecimiento de la canasta básica y la economía rural, aunque también demanda atención sobre los factores que podrían incidir en el desarrollo de las cosechas, especialmente frente a las variables climáticas actuales.

La papa gana espacio en el norte y centro

El monitoreo del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego indica que las áreas sembradas de papa crecieron un 0.5 % respecto al ciclo anterior, con avances más marcados en los departamentos del norte (+5.2 %) y centro (+1.1 %).

Las regiones de La Libertad, Ayacucho, Junín y Lima encabezaron este impulso. La papa sigue representando el principal sustento económico para más de 711 mil familias agricultoras y mantiene su producción centralizada en la sierra, donde existe una diversidad de más de 3.000 variedades.

Maíz amarillo duro: clave para la industria avícola

El maíz amarillo duro experimentó un incremento de 3.3 % en relación a la campaña anterior y de 3.5 % sobre el promedio de los últimos años. La costa destacó por un crecimiento de 9.7 %, con Piura (+43.4 %) y Áncash (+41.4 %) como líderes regionales.

En la selva, Ucayali y Amazonas también mostraron avances. Este cultivo abastece hasta el 60 % del alimento balanceado usado en la industria avícola, que genera empleo para más de 460 mil personas y aporta el 24 % del valor bruto de la producción agropecuaria nacional.

Maíz choclo: expansión en la canasta familiar

El maíz choclo registró un crecimiento de 3.7 % frente al ciclo anterior y al promedio de las últimas cinco campañas, explica el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Las regiones de Ayacucho (+37.0 %), Áncash (+10.4 %) y Cajamarca (+3.8 %) encabezaron la expansión de este producto, respaldando la oferta de un alimento tradicional para los hogares peruanos.

Planificación digital y monitoreo permanente

Para acompañar este desempeño, el gobierno peruano fomenta el uso del Marco Orientador de Cultivos (MOC), una plataforma digital que proporciona reportes en tiempo real y alertas sobre riesgos de sobreproducción.

Esta herramienta busca fortalecer la toma de decisiones y la planificación agrícola, factores decisivos en contextos de alta variabilidad climática. Los productores pueden consultar el MOC en: siea.midagri.gob.pe

El Niño y la importancia de la cautela en la producción

El incremento de las siembras se produce en un escenario influenciado por el fenómeno de El Niño, que altera las condiciones climáticas y puede generar escenarios de incertidumbre para la agricultura.

Ante esta realidad, la evolución de las cosechas requiere seguimiento constante. Un incremento significativo en la producción puede derivar en una caída de precios perjudicial para los pequeños productores, mientras que el clima atípico puede adelantar la maduración de los cultivos y afectar su valor comercial.

En este contexto, la cautela y el monitoreo resultan fundamentales para preservar la estabilidad del sector agrícola y proteger los ingresos de las familias rurales.

El crecimiento de la producción nacional en abril de 2026 alcanzó 3,73% respecto al mismo mes del año anterior, con el impulso principal de los sectores Comercio, Construcción, Manufactura y Otros Servicios.

Así lo comunicó el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán Flores, durante la presentación del informe técnico sobre el desempeño económico reciente.

Comercio y Construcción: motores del crecimiento

El informe del INEI precisó que el avance global de la economía estuvo sostenido en un 66% por el rendimiento de Comercio, Construcción, Otros Servicios y Manufactura.

En el caso del sector Comercio, la variación positiva fue de 7,31%, impulsada por una mayor comercialización mayorista y minorista, donde destacó la venta de metales, materiales de construcción y maquinaria para proyectos de infraestructura y autoconstrucción.

El segmento automotriz también mostró una expansión significativa de 25,22%, atribuida principalmente a campañas promocionales y la apertura de nuevas sucursales.

El sector Construcción reportó un crecimiento de 12,88%, reflejando un incremento en el consumo interno de cemento y en el avance físico de obras públicas.

El aumento en proyectos privados de infraestructura y la actividad en gobiernos locales y regionales tuvieron un rol destacado, aunque la inversión en obras de prevención de riesgos experimentó una baja.

Manufactura y servicios: desempeño positivo

La Manufactura se expandió 2,17% en el cuarto mes del año, favorecida por el crecimiento tanto del subsector fabril primario como del no primario.

La producción de metales preciosos, la elaboración de productos pesqueros y cárnicos, y la refinación de petróleo contribuyeron al resultado.

El subsector fabril no primario avanzó gracias a la mayor producción de bienes intermedios y de capital, mientras que la industria de bienes de consumo registró una caída.

En el área de Otros Servicios, sobresalió el crecimiento de Servicios Prestados a Empresas (3,27%), encabezado por la publicidad, investigación de mercados y agencias de viajes, así como de Servicios de Gobierno (4,08%), con mayor actividad en administración pública y defensa.

Energía, agua y transporte: resultados mixtos

El sector Electricidad, Gas y Agua presentó una variación positiva de 4,68%, con una mayor generación de energía termoeléctrica y renovable.

El subsector gas tuvo un incremento en la distribución al segmento residencial y comercial, mientras que la distribución a empresas y expendio de gas natural vehicular se redujo. En el caso del agua, varias empresas regionales aumentaron su producción, aunque algunas experimentaron descensos.

En Transporte, Almacenamiento y Mensajería, la producción mostró un crecimiento de 1,44%, apoyado por un mayor tráfico carretero y ferroviario, así como un desempeño positivo en almacenamiento y mensajería. El transporte aéreo y el transporte por tubería registraron retrocesos.

Agropecuario y Minería e Hidrocarburos: retrocesos sectoriales

No todos los sectores reflejaron avances. El sector Agropecuario disminuyó 1,64% debido a la menor producción agrícola, afectada por factores climáticos y reducción de superficie sembrada. El subsector pecuario, en contraste, reportó incrementos en volúmenes de porcino, leche, aves y vacuno.

Por su parte, la Minería e Hidrocarburos descendió 3,24%. La menor extracción de hidrocarburos, con caídas en petróleo crudo, gas natural y líquidos de gas, y la disminución en la producción de zinc, plomo, plata y molibdeno influyeron en el resultado, aunque la extracción de hierro, cobre, oro y estaño compensó parcialmente la caída.

Pesca, alojamientos y telecomunicaciones: variaciones puntuales

El sector Pesca subió 1,68%, con mayor captura de especies marítimas para consumo directo e indirecto, mientras la pesca continental retrocedió por menores volúmenes desembarcados en productos frescos y congelados.

En Alojamiento y Restaurantes, el crecimiento fue de 4,48%, con un buen desempeño del subsector restaurantes, beneficiado por ofertas y mayor cobertura de servicios, aunque el subsector alojamiento se redujo.

Telecomunicaciones y otros servicios de información avanzaron 1,03% por el dinamismo de los servicios de internet y televisión por suscripción, mientras los servicios de telefonía y transmisión de datos disminuyeron.

Finanzas y panorama acumulado

El sector Financiero y Seguros interrumpió una racha negativa al crecer 1,01%, impulsado por el aumento de créditos y depósitos, sobre todo en la banca múltiple y las cajas municipales.

De acuerdo con el INEI, la actividad productiva acumulada entre enero y abril de 2026 registra un crecimiento de 3,58%, en tanto que el resultado de los últimos doce meses muestra una variación de 3,59%.

El Congreso de la República promulgó por insistencia la Ley N° 32656, que da origen al Colegio de Cirujanos Dentistas del Perú (CCDP) y introduce cambios sustanciales en la regulación de la profesión odontológica.

Una de las principales novedades de la norma es que fija el límite de jubilación para los dentistas en 75 años, permitiendo que los profesionales puedan ejercer voluntariamente hasta esa edad.

Nueva estructura gremial y funciones ampliadas

El CCDP se constituye como una entidad autónoma de derecho público con jurisdicción nacional y sede en Lima. El órgano supremo de gobierno será el Consejo Nacional, conformado por el decano nacional y los decanos regionales, mientras que las regiones contarán con consejos propios para la administración y regulación en sus ámbitos.

La ley establece que la colegiación y la habilitación profesional serán requisitos obligatorios para ejercer la odontología en el Perú. Cualquier acto profesional realizado sin estos requisitos carecerá de validez legal.

Entre los fines del CCDP destacan la defensa de la salud pública, la vigilancia ética, la promoción de la investigación, la capacitación permanente y la erradicación de la práctica ilegal de la odontología.

El colegio también tendrá la facultad de sancionar faltas éticas y representar oficialmente a la profesión ante entidades públicas y privadas.

Certificación, recertificación y órganos de apoyo

La Ley N° 32656 dispone que la certificación y recertificación profesional serán obligatorias cuando el estatuto del CCDP las regule, con un plazo de cinco años para su implementación.

Además de los órganos de gobierno, la estructura interna del colegio incluye el Consejo Administrativo Nacional, consejos administrativos regionales y órganos autónomos como el Fondo de Previsión Social (para seguridad y bienestar de los colegiados), la Escuela Nacional de Educación Continua en Estomatología (ENECE) y el Fondo Solidario Institucional (FSI), destinados a formación, apoyo y desarrollo institucional.

La normativa también valida el odontograma universal como medio de identificación personal en todo el país, reforzando los mecanismos de control y transparencia profesional.

Reforma curricular y transición institucional

Uno de los cambios más relevantes es la creación del Comité Nacional de Docencia, Servicio e Investigación del Pregrado en Estomatología y Odontología, encargado de modernizar los planes de estudio universitarios.

El plan nacional de actualización curricular será obligatorio para el licenciamiento y la acreditación de las carreras de odontología y estomatología a partir de 2028.

Este comité estará integrado por representantes del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el CCDP, la Asociación Peruana de Facultades de Odontología (ASPEFO), universidades y sociedades científicas.

La ley otorga al Poder Ejecutivo un plazo de 30 días para reglamentar la norma, y al CCDP un plazo de 60 días para aprobar y adecuar su estatuto interno. Todo el proceso de transición y adecuación será coordinado por el Consejo Nacional del CCDP.

Derogatoria de la normativa anterior y nuevos controles

Con la entrada en vigencia de la nueva ley, se deroga la Ley 15251, que creó el Colegio Odontológico del Perú, junto a su reglamento y una disposición de la Ley 27878. El CCDP asume la representación y control del gremio a nivel nacional, con atribuciones ampliadas para fiscalizar el ejercicio profesional, sancionar infracciones e impulsar la formación continua.

La reforma también dispone que la publicación de los representantes elegidos en el diario oficial El Peruano otorga validez legal a los cargos y poderes del colegio, sin necesidad de otros trámites registrales. Instituciones públicas y privadas deberán reconocer la certificación de poderes emitida por la Junta Electoral Nacional del CCDP.

Con estos cambios, la odontología peruana inicia una etapa de modernización institucional, control ético y actualización, bajo un marco legal que reconoce la experiencia profesional.

El Gobierno del Perú aprobó la Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050, un nuevo marco obligatorio que redefine la gestión y la provisión de estos servicios esenciales en todo el país.

El documento, oficializado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), responde a la urgencia de atender las brechas de acceso seguro y sostenible, especialmente en comunidades rurales y sectores vulnerables.

El acceso seguro a agua potable y saneamiento, una deuda histórica

Según el diagnóstico, solo 37,6% de la población nacional tenía acceso a agua potable gestionada de manera segura en 2024, mientras que el 33,6% accedía a saneamiento adecuado.

El otro 62,4% (21,3 millones de peruanos, INEI 2026) no corre con la misma suerte, es decir, solo accede a agua sin la dosis de cloro adecuada o sin la presión necesaria, aunque tengan tuberías.

¿Y cuántos beben directamente de fuentes naturales, expuestos a la contaminación? Según la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales (ENAPRES) del INEI, el 2,7% de los hogares a nivel nacional (casi 1 millón de peruanos) que no cuentan con red pública se abastece de río, acequia, manantial o similar.

El Ministerio de Vivienda, en su exposición de motivos, asevera que las cifras son más críticas en el ámbito rural, donde apenas un 4% accede a agua potable y solo 10,3% a saneamiento seguro.

El informe, que utiliza la información del INEI, revela que en regiones como la selva y la sierra menos del 22% de la población cuenta con agua potable segura, mientras que Lima exhibe una cobertura de 70,5%.

“Un hogar limeño sin acceso a la red paga hasta 7 veces más por el agua que uno conectado”, sostiene la SUNASS en su reporte de 2025, de acuerdo con el documento.

Principales desafíos y causas del rezago

El documento identifica varias causas estructurales detrás de la brecha: limitada confiabilidad de fuentes y sistemas, expansión urbana desordenada, inequidad en la capacidad de pago y en la accesibilidad de las viviendas, debilidades en la gestión de los operadores y baja valoración social de los servicios.

Hasta 49,6% de las viviendas en zonas de crecimiento reciente carecen de acceso a la red pública de agua y, en Lima Metropolitana, el 59% de los hogares ubicados en pendientes mayores a 30 grados no cuenta con conexión domiciliaria. El impacto en salud pública y calidad de vida afecta sobre todo a las poblaciones en situación de pobreza.

Objetivos y estrategias: hacia el acceso universal en 2050

La nueva política establece seis objetivos prioritarios: aumentar la confiabilidad de las fuentes, reducir la ocupación informal en suelos de riesgo, fortalecer los sistemas de los prestadores, reducir la inequidad en el acceso, mejorar las capacidades de gestión y promover una cultura ciudadana de valoración del agua y el saneamiento.

Estos ejes se traducen en quince lineamientos estratégicos y 33 servicios públicos de aplicación obligatoria en todos los niveles de gobierno, bajo la coordinación y supervisión del MVCS.

El modelo plantea inversiones para diversificar fuentes de agua, proteger cuencas, integrar operadores, fortalecer la institucionalidad, establecer subsidios focalizados y desplegar acciones de educación sanitaria.

“La meta es alcanzar en 2050 al menos el 70% de la población con acceso seguro a agua y saneamiento, y tratar adecuadamente el 76,8% de las aguas residuales domésticas y municipales”, detalla el decreto.

Implementación, financiamiento y alcance normativo

Las acciones previstas se implementarán a través de los planes nacionales y regionales, articulando competencias entre ministerios y gobiernos subnacionales.

El Ministerio de Vivienda liderará el seguimiento y la evaluación de la política junto a CEPLAN. El financiamiento se realizará con los recursos institucionales existentes, sin requerir fondos adicionales del Tesoro Público.

La normativa sustituye la política nacional aprobada en 2017 y exige la adecuación progresiva de los instrumentos de planeamiento y regulación en todos los niveles del Estado.

Un cambio de paradigma en la gestión de agua y saneamiento

La Política Nacional Multisectorial de Agua Potable y Saneamiento al 2050 implica un giro en la gestión pública: la universalización del acceso deja de ser una aspiración y se convierte en un objetivo estratégico, medible y supervisado.

El enfoque prioriza la atención de las brechas históricas en zonas rurales y urbanas de rezago, apostando por un modelo integral y multisectorial que busca garantizar el derecho al agua y al saneamiento como servicios esenciales para el desarrollo y la equidad social.

El contexto de incertidumbre electoral en el Perú ha colocado a los mercados financieros en el centro del debate sobre riesgos y oportunidades.

Durante el BVL Market Watch 2026, ejecutivos de las principales Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), como Renta 4 SAB, Kallpa SAB e Inteligo SAB, coincidieron en la importancia de que los inversionistas eviten decisiones impulsivas y prioricen el análisis de fundamentos, apostando por horizontes de largo plazo.

No dejes que la política te saque del juego

En el panel “Mercado peruano: oportunidades, cautela y perspectiva de largo plazo”, los especialistas señalaron que el tipo de cambio, la curva de bonos soberanos y el precio de las acciones suelen anticipar el sentimiento del mercado.

Según los panelistas, el comportamiento del dólar refleja la percepción de riesgo, los bonos anticipan expectativas de estabilidad financiera y las acciones incorporan la visión sobre el futuro de empresas y economía.

“El Perú cuenta con una ventaja competitiva importante gracias a sus reservas de cobre y al papel estratégico que este mineral desempeña en la economía mundial”, destacó Alberto Arispe, gerente general de Kallpa SAB, quien agregó que la minería aporta resiliencia en escenarios políticos cambiantes.

¿Temor al cambio? Los brokers aconsejan no dejarse arrastrar

La evaluación de alternativas de inversión debe considerar tanto herramientas tecnológicas como el acompañamiento profesional.

“Antes de invertir debemos mirar los fundamentos de mediano y largo plazo. Hoy contamos con herramientas como la inteligencia artificial que nos permiten contrastar hipótesis y analizar escenarios, pero siempre manteniendo el criterio humano como elemento central”, subrayó Ernesto Delgado, gerente de Trading & Investment Advisory de Inteligo SAB.

El experto, en esta línea, recomendó apoyarse en la asesoría de un bróker o una SAB para tomar decisiones informadas y evitar reacciones ante la coyuntura.

El mercado peruano no es solo política: calma, diversificación y visión

El enfoque en la diversificación y la cautela fue reiterado por los panelistas. “La recomendación es actuar con cautela. Pese a los episodios de incertidumbre política, invertir sigue siendo una necesidad para todos a modo de preservar y hacer crecer el patrimonio en el tiempo”, afirmó Pablo Leno, gerente general de Renta 4 SAB.

Leno sugirió optar por posiciones en empresas líquidas y en dólares, así como considerar instrumentos como los ETF para protegerse ante posibles pérdidas.

Los especialistas instaron a los inversionistas a mantenerse informados, evaluar su tolerancia al riesgo y tomar decisiones alineadas con sus objetivos de largo plazo, evitando responder únicamente a los movimientos políticos del momento.

¿Qué es la Bolsa de Valores de Lima?

La Bolsa de Valores de Lima (BVL) es el principal mercado bursátil del Perú, donde se negocian acciones, bonos y otros instrumentos financieros, permitiendo a empresas obtener financiamiento y a los inversionistas acceder a oportunidades de rentabilidad y diversificación.

Las Sociedades Agentes de Bolsa (SAB), como Renta 4 SAB, Kallpa SAB e Inteligo SAB, actúan como intermediarios autorizados en la BVL, asesorando a sus clientes, ejecutando operaciones de compra y venta de valores y brindando análisis especializado sobre el comportamiento del mercado.

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), adscrito al Ministerio de la Producción, resaltó el rol de los estándares técnicos para garantizar la calidad, autenticidad e inocuidad de los vinos peruanos, en el marco del Día Nacional del Vino Peruano.

En un sector en expansión, con 21,9 millones de litros producidos en 2025 y un crecimiento del 4,5% respecto al año anterior, la industria genera más de 36 mil empleos directos y proyecta mayor competitividad tanto nacional como internacional.

Normas técnicas y requisitos para el vino peruano

Para asegurar la calidad, el Inacal impulsa la aplicación de la Norma Técnica Peruana - NTP 212.014 “Bebidas Alcohólicas Vitivinícolas. Vinos. Requisitos”, que define las condiciones técnicas para la producción y comercialización de vinos en el país.

Según César José Bernabé Pérez, presidente ejecutivo del Inacal, “los estándares permiten evaluar aspectos fundamentales relacionados con composición, inocuidad y correcta información al consumidor”, lo que fortalece la confianza y la competitividad del vino nacional.

La NTP 212.014 establece que un vino debe mostrar características organolépticas específicas, como color, aroma y sabor acordes a su clasificación, además de un aspecto limpio y brillante.

También fija parámetros fisicoquímicos clave: grado alcohólico, acidez, contenido de metanol, sulfatos, cloruros, anhídrido sulfuroso y azúcares, asegurando la aptitud del producto para el consumo.

Lo que el consumidor debe revisar al elegir un vino

La norma clasifica los vinos peruanos según color (tinto, blanco, rosado), contenido de azúcar (seco, semiseco, dulce) y técnica de elaboración. Por ejemplo, un vino seco contiene hasta 4 g/L de azúcar, mientras que uno dulce supera los 90 g/L. Esta información ayuda a los consumidores a identificar el tipo de vino que adquieren.

Otro aspecto fundamental es el etiquetado. El Inacal recomienda verificar que la botella incluya:

• Denominación del producto
• País de origen
• Contenido neto (en litros o mililitros)
• Grado alcohólico (% Vol)
• Número de lote
• Registro sanitario
• Datos del productor o responsable

En el caso de vinos nacionales, debe aparecer alguna de las expresiones: “Producto Peruano”, “Hecho en el Perú” o “Industria Peruana”. Si se menciona la variedad de uva y el año de cosecha, estos datos deben cumplir los criterios técnicos de la normativa.

Un marco normativo que impulsa la industria

La NTP 212.014 integra un conjunto de 20 Normas Técnicas Peruanas desarrolladas por el Inacal para el sector vitivinícola. Estas normas cubren métodos de ensayo, requisitos de composición y parámetros de calidad, fortaleciendo la confiabilidad de los análisis y el cumplimiento técnico del sector. Además, el marco normativo se extiende a productos afines como el brandy, el vermut y el aguardiente de uva.

Este sistema de estándares técnicos contribuye a la trazabilidad, la transparencia y la competitividad de la industria vitivinícola peruana. Facilita el acceso a mercados exigentes y responde a consumidores que demandan mayor garantía de calidad.

Identidad de origen y proyección internacional

En un contexto donde los productos con identidad de origen cobran relevancia, los estándares técnicos se consolidan como herramientas clave para posicionar al vino peruano como una bebida de calidad con potencial de crecimiento.

De esta manera, el Inacal busca reafirmar que la aplicación rigurosa de normas técnicas es esencial para fortalecer la presencia del vino peruano tanto en el mercado nacional como en el internacional.

La logística peruana enfrenta un proceso de transformación marcado por la necesidad de responder a cadenas de suministro más complejas, consumidores cada vez más exigentes y una presión creciente sobre los costos y la eficiencia.

En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se posiciona como una herramienta estratégica para anticipar problemas, optimizar recursos y acelerar la toma de decisiones en tiempo real.

El desafío de la eficiencia en la logística peruana

Según la Asociación de Exportadores (ADEX), los costos logísticos en Perú representan, en promedio, el 16% de las ventas de las empresas, pudiendo alcanzar hasta el 21% en micro y pequeñas empresas.

Esta cifra supone mantener la eficiencia operativa mientras se intenta satisfacer la demanda en un entorno dinámico. A medida que los procesos logísticos evolucionan, las empresas buscan soluciones tecnológicas que permitan reducir ineficiencias y mejorar la capacidad de respuesta ante cambios imprevistos.

La incorporación de sistemas de inteligencia artificial permite a las organizaciones abordar tres principales problemas logísticos: quiebres de stock, demoras en la distribución y sobrecostos operativos.

• Anticipar quiebres de stock: El equilibrio entre disponibilidad de producto y eficiencia operativa sigue siendo uno de los mayores desafíos. Un exceso de inventario implica costos adicionales, mientras que la falta de stock afecta directamente las ventas y la experiencia del cliente. Los agentes inteligentes analizan la demanda, el historial de consumo y la estacionalidad en tiempo real para detectar riesgos de quiebre antes de que ocurran y ajustar inventarios de forma dinámica.
• Optimizar rutas frente a imprevistos: La última milla es uno de los segmentos más complejos y costosos de la logística peruana. Factores como el tráfico, las condiciones climáticas y los cambios de último momento pueden desestabilizar toda la planificación. Modelos basados en IA permiten a las empresas recalcular rutas automáticamente, considerando las condiciones operativas en tiempo real para reducir demoras, consumo de combustible y costos asociados.
• Integrar información dispersa: En muchas compañías, la información todavía se encuentra fragmentada entre áreas y plataformas. La IA facilita la integración de datos logísticos, comerciales y operativos, acelerando la toma de decisiones y mejorando la coordinación interna. Además, identifica anomalías o retrasos antes de que afecten el funcionamiento general, minimizando interrupciones en la cadena logística.

Hacia una competitividad sostenida en el sector

Un estudio de Gartner sobre la implementación de IA en cadenas de suministro indica que, aunque la adopción tecnológica crece, muchas empresas aún operan con proyectos aislados o herramientas fragmentadas que no se integran completamente a la operación.

El principal reto del sector es conectar tecnología, datos y procesos para lograr operaciones logísticas realmente ágiles y adaptables.

Especialistas de TIVIT subrayan que la reducción de fricciones y la automatización de tareas rutinarias permiten a los equipos concentrarse en decisiones estratégicas, dejando que la IA gestione los procesos repetitivos.

La capacidad para anticipar problemas antes de que impacten en el negocio se convierte en un nuevo indicador de competitividad en la logística peruana.

El futuro digital de la logística peruana

A medida que las cadenas logísticas se vuelven más dinámicas y sofisticadas, la adopción de soluciones basadas en inteligencia artificial se perfila como clave para el crecimiento y la eficiencia del sector.

La infraestructura digital, la integración de datos y la automatización serán determinantes para que las empresas logísticas peruanas puedan responder con agilidad a los desafíos de un mercado cada vez más exigente.

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi declaró ilegal y carente de razonabilidad la prohibición impuesta por el Ministerio de Salud (Minsa) para vender juegos de lotería y apuestas en farmacias y boticas.

La medida, establecida por la Resolución Ministerial N° 734-2025/MINSA, quedó sin efecto tras la resolución firmada el 2 de junio de 2026, luego de una denuncia presentada por La Tinka S.A..

Argumentos y competencias en disputa

La resolución surgió a raíz de la denuncia de La Tinka S.A., que cuestionó la competencia del Ministerio de Salud para limitar actividades no vinculadas directamente al rubro sanitario.

La empresa sostuvo que el Minsa solo puede restringir acciones en farmacias cuando existe un riesgo sanitario concreto, situación que no fue demostrada en este caso. Durante el proceso, la Comisión analizó si la medida tenía justificación técnica y si el ministerio contaba con facultades legales para imponerla.

Según el fallo, la regulación de las loterías corresponde al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la de apuestas deportivas al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). Ambas entidades informaron que sus normativas no prohíben la venta de boletos de lotería en farmacias o boticas.

El análisis determinó que el Minsa carece de competencia para regular o prohibir este tipo de actividades, salvo que puedan afectar condiciones sanitarias de los medicamentos, algo que no fue acreditado.

Ausencia de justificación sanitaria y exceso en las restricciones

La Comisión observó que los argumentos del Ministerio de Salud se centraron en aspectos como la imagen institucional, el riesgo de fomentar ludopatía y la posible distracción de recursos. Sin embargo, ninguno de estos elementos está vinculado con la función sanitaria, que es el único ámbito donde el ministerio puede intervenir.

El expediente destaca que la prohibición no se basó en un análisis de riesgos, ni en evidencia de que la venta de loterías impacte la calidad o seguridad de los productos farmacéuticos.

El órgano resolutivo recalcó que, conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, toda restricción debe estar debidamente motivada y dentro de las competencias legales asignadas.

Además, el Decreto Supremo N° 011-2017-PRODUCE reconoce la venta de boletos de lotería como actividad compatible con cualquier comercio, incluidos farmacias y boticas.

Efectos directos para farmacias y agentes económicos

La decisión de la Comisión tiene alcance general: ordena la inaplicación de la prohibición no solo para La Tinka S.A., sino para cualquier farmacia, botica o agente afectado en todo el país. El Ministerio de Salud deberá informar a los administrados sobre la eliminación de la medida en un plazo máximo de 5 días hábiles, una vez que la resolución quede firme.

El incumplimiento podrá acarrear sanciones de hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) por desobediencia, además del pago de costas y costos procesales a la parte denunciante.

El expediente revela que la restricción anulada afectaba la recaudación destinada a programas sociales, ya que al menos el 5% de la venta bruta de loterías financia iniciativas de atención a poblaciones vulnerables, según datos del MIMP.

Además, se confirma que antes de la prohibición operaban más de 2.150 salas de apuestas deportivas en comercios diversos, incluidas farmacias.

Qué sigue tras la resolución

Tras la publicación oficial, las farmacias y boticas podrán reanudar la venta de boletos de lotería y apuestas sin temor a sanciones administrativas del Ministerio de Salud.

Las únicas restricciones válidas serán las que respondan a riesgos técnicos o sanitarios debidamente fundamentados. El Ministerio deberá remitir reportes de cumplimiento a la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas y notificar públicamente la eliminación de la restricción.

La resolución, firmada digitalmente por los miembros de la comisión, marca un precedente en la delimitación de competencias entre entidades públicas y en la protección de la libertad comercial en el país.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó en Ginebra el primer convenio mundial para proteger los derechos de los trabajadores de plataformas digitales, sector que involucra a más de 435 millones de personas en todo el mundo, según datos del Banco Mundial citados por AFP.

El acuerdo, aprobado con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones durante la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, establece estándares para ampliar la protección laboral a quienes trabajan a través de aplicaciones de reparto, transporte y servicios digitales. Entre los países que votaron en contra estuvieron Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile se abstuvieron.

Qué cambia con el convenio internacional

El texto de la OIT se aplica a todos los trabajadores de plataformas, sin importar su estatus laboral formal o independiente, e insta a los Estados miembros a garantizar derechos como la libertad de asociación, la negociación colectiva y la prohibición de trabajo forzoso e infantil. AFP informó que el acuerdo busca exigir responsabilidades a las plataformas digitales, que hasta ahora han gestionado la relación laboral a través de algoritmos, dejando a millones fuera de protecciones tradicionales como salario mínimo, seguridad social y condiciones laborales adecuadas.

La medida fue calificada como “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, según Lena Simet, asesora de justicia económica de Human Rights Watch. Varios países pidieron flexibilidad en la implementación y advirtieron sobre el impacto en la innovación y las microempresas. El convenio marca la primera vez que la OIT, organismo tripartito de la ONU, fija normas globales para este sector en rápido crecimiento.

Plataformas en Perú: expansión, usuarios y percepción

En Perú, la expansión de las plataformas digitales de movilidad y delivery es sostenida. Según un estudio de Uber e Ipsos realizado en el primer trimestre de 2026, 8 de cada 10 limeños utilizan aplicaciones de movilidad en su rutina diaria, mientras que en ciudades donde la app llegó recientemente (como Huancayo y Piura), la adopción alcanza a 6 de cada 10 personas. El informe, citado por el equipo regional de Uber, también señala que el 73% de los usuarios peruanos se siente muy seguro en su último viaje realizado mediante app, cifra que supera al transporte público y taxis tradicionales.

La investigación de Uber/Ipsos destaca que más del 90% de los encuestados considera que las apps digitales de movilidad serán el estándar del transporte en el país, percepción que se eleva en regiones fuera de Lima. Además, el impacto económico positivo asociado a las plataformas es reconocido por el 73% de los limeños y el 64% en nuevas regiones, según el mismo estudio.

Quiénes trabajan y quiénes usan las plataformas, según el BID

El segmento de conductores y repartidores en Perú también creció de manera sostenida. De acuerdo con un informe presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre economía gig en América Latina, en 2022 participaron activamente 133,000 socios en plataformas peruanas (111,000 conductores y 31,000 repartidores), cifra que representa cerca del 2% de los trabajadores independientes del país. El 85% se identifica como trabajador independiente y el 41-48% utiliza las plataformas como actividad complementaria. El BID subraya la presencia relevante de trabajadores migrantes, especialmente venezolanos, entre los repartidores.

El mismo informe del BID indica que el ingreso neto mediano de los socios en Perú alcanzó los S/6.2 por hora, por encima del salario mínimo por hora, y quienes trabajan a jornada completa superan la remuneración mínima mensual. El sector también impulsa la inclusión financiera: el 45% de los socios abrió una cuenta bancaria para operar en plataformas, y 55,000 personas tuvieron su único ingreso por este canal, reduciendo el desempleo nacional en 6%.

Impacto y desafíos del modelo gig en el Perú

Las plataformas digitales han transformado la economía urbana peruana: en 2022, su actividad sumó S/4,900 millones en ventas intermediadas (0,52% del PBI), con un impacto total de S/5,534 millones (0,59% del PBI), según el informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este crecimiento acelerado después de la pandemia impulsó la digitalización de comercios, la adopción de billeteras electrónicas y nuevos modelos de negocio como dark kitchens.

El principal reto sigue siendo la regulación laboral y el acceso a protección social. La mayoría de proyectos legislativos apunta a obligar a las plataformas a contratar formalmente a sus socios, replicando experiencias como la Ley Rider en España. Según el BID, el 85% de los socios prefiere el esquema independiente y flexible, y más del 40% usa las plataformas como ingreso complementario. Los expertos advierten que una regulación inflexible podría excluir a decenas de miles de trabajadores, especialmente migrantes, y reducir los beneficios de flexibilidad que caracterizan al sector.

Perspectiva de futuro

La expansión reciente de las plataformas hacia regiones y la alta satisfacción de los usuarios, documentada por Uber/Ipsos y reiterada por el BID, reflejan el peso estructural del modelo en el Perú.

Las empresas del sector proyectan consolidar su presencia fuera de Lima, ampliar el acceso a soluciones digitales de movilidad y turismo, y adaptarse a las nuevas normas internacionales impulsadas por la OIT. La discusión sobre la regulación y protección social marca el próximo desafío para el país y para los cientos de miles de peruanos que dependen de la economía digital.

La experiencia de adquirir una propiedad en Lima enfrenta obstáculos significativos por la falta de personalización y la lentitud en la atención digital, según un informe encargado por Darma y elaborado por Equilibrium BDC.

El estudio, realizado entre mayo y junio de 2024, revela que el 60% de los potenciales compradores que dejan sus datos en la web de una inmobiliaria espera más de 24 horas sin recibir respuesta, afectando la confianza y la intención de compra en el segmento de vivienda premium y media-alta.

Falencias en la atención inicial y el seguimiento

El diagnóstico destaca que la atención comercial prioriza el envío de información básica (brochures, fotografías, datos generales) por encima de la asesoría personalizada.

Solo el 53% de los asesores indaga sobre las necesidades reales de los potenciales compradores, como motivos de compra, presupuesto o dudas sobre financiamiento. Además, el 87% de los ejecutivos se limita a enviar materiales de manera genérica, sin profundizar en el perfil del cliente.

La demora en la respuesta es otro factor crítico. Responder un formulario en la web demora, en promedio, 44,5 horas, mientras que en portales especializados como Nexo Inmobiliario la respuesta llega en apenas 3 minutos, un salto de velocidad que multiplica por 900 la eficiencia respecto a los canales propios de las inmobiliarias.

En redes sociales (Meta Ads), el tiempo promedio es de 5 horas, pero si la espera supera ese umbral, la probabilidad de concretar la venta cae un 80%.

Brechas en la gestión y percepción de los clientes

El informe, basado en 40 interacciones reales con 10 inmobiliarias líderes de Lima, revela que ninguna empresa logra un desempeño sobresaliente en todos sus canales de atención.

Solo tres compañías mantienen tiempos ágiles en portales externos o redes sociales, aunque fallan al responder desde sus propios sitios web. La percepción de atención es 20% más genérica en la web oficial que en portales como Nexo Inmobiliario o Meta Ads.

El 33% de los potenciales compradores abandona el proceso por falta de claridad en las formas de pago y financiamiento.

A esto se suma que apenas 2 de cada 10 clientes recibe un seguimiento efectivo después de la entrega de información inicial, quedando el cierre de ventas sin impulso activo en más del 50% de los casos.

Causas, estrategias y recomendaciones

El principal origen de estas fallas radica en la falta de automatización, la ausencia de personalización y la escasa indagación sobre el perfil de los compradores. El equipo de Darma recomienda que la tecnología —como bots y sistemas CRM— agilice la gestión, pero que la clave para concretar ventas esté en el trato humano y consultivo.

La medición frecuente del recorrido del cliente y el monitoreo de cada etapa ayudan a identificar cuellos de botella y oportunidades de mejora.

La coherencia entre lo digital y lo presencial también resulta determinante. “Una experiencia sólida en WhatsApp o web fortalece la percepción de marca y eleva la disposición del cliente”, señala el reporte.

El estudio concluye que automatizar para informar y personalizar para convencer es la hoja de ruta que puede transformar la experiencia de compra en el sector inmobiliario limeño.

Metodología y alcance del estudio

La investigación se basó en 40 interacciones reales: 30 digitales y 10 visitas presenciales a showrooms, utilizando la técnica de mystery shopper con perfiles ficticios de hombres y mujeres de 28 a 55 años y niveles de ingreso mensual de USD 2.000 a USD 7.000.

Las inmobiliarias evaluadas tienen presencia en toda Lima moderna y zonas de alta demanda. El análisis consideró velocidad de respuesta, calidad de la indagación, claridad informativa, intención de cierre y seguimiento comercial, reportando los resultados de manera anónima para cada empresa.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) difundió que el 30,5% de la población en Perú experimentó inseguridad alimentaria moderada o severa durante 2025, según datos recogidos a través del Módulo de Inseguridad Alimentaria incluido en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO).

La medición se basó en la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES), validada con el acompañamiento técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), lo que permite comparabilidad internacional y una visión precisa de la situación.

Desigualdad geográfica y factores asociados

El informe muestra que la incidencia de inseguridad alimentaria es mayor en zonas rurales (35,4%) frente a las urbanas (29,3%). Por regiones naturales, la Selva concentra la mayor prevalencia (35,3%), mientras que a nivel departamental, Loreto (46,9%) y Puno (43,4%) encabezan la lista, en contraste con Moquegua, donde el porcentaje es el más bajo (13,7%).

La investigación, que abarca los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao, permite identificar patrones diferenciales según el entorno y el acceso a servicios.

Intensidad y rostros de la inseguridad alimentaria

La inseguridad alimentaria severa afecta al 3,4% de la población, cifra que representa a quienes enfrentaron omisión total de comidas por falta de recursos. Esta problemática es más aguda en la Selva (4,5%) y en los departamentos de Loreto y Madre de Dios, donde la prevalencia severa oscila entre el 7,4% y el 10%.

Según el INEI, el riesgo se incrementa en hogares con altos niveles de privación y en aquellos con miembros vulnerables, como niños menores de cinco años (34,2%) y personas con discapacidad (37,5%).

Brechas socioeconómicas y demográficas

El análisis revela que la inseguridad alimentaria se intensifica entre los grupos más pobres: el 44,7% del 20% más pobre y el 49,7% de quienes se encuentran en pobreza extrema la padecen.

Además, afecta más a hogares con jefatura femenina (34,9%), a quienes tienen menor nivel educativo (38,5% con educación primaria frente a 18,6% con superior) y a casas donde el jefe está desocupado (40,4%) o se desempeña en empleos informales.

Las carencias de servicios básicos, como agua, saneamiento o electricidad, agravan el panorama: sin alumbrado eléctrico, la prevalencia sube a 46,1%.

Calidad de la medición y validación internacional

El INEI implementó el módulo de inseguridad alimentaria en la ENAHO desde enero de 2025, siguiendo estándares internacionales y bajo supervisión técnica de la FAO.

La Escala FIES, adaptada al contexto peruano, fue validada con capacitaciones, pruebas piloto y revisiones metodológicas, lo que refuerza la solidez de los resultados. El informe destaca la baja tasa de no respuesta, incluso en áreas rurales y entre los estratos de menores ingresos.

Implicancias para las políticas públicas

El reporte del INEI subraya que la inseguridad alimentaria no solo refleja dificultades en el acceso a alimentos, sino que se vincula con pobreza, empleo, educación y vivienda.

El organismo sostiene que la inclusión permanente de este módulo permitirá monitorear el avance hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (“Hambre Cero”) y evaluar la eficacia de las políticas públicas.

La colaboración técnica con la FAO respalda la validez internacional de las cifras y facilita el diseño de intervenciones para reducir la brecha alimentaria en el país.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) oficializó la prórroga del plazo para presentar la Declaración Jurada Informativa Reporte Local, Formulario Virtual N° 3560, correspondiente al ejercicio gravable 2025.

Los contribuyentes obligados podrán cumplir este requisito hasta el periodo de octubre de 2026. La medida quedó establecida en la Resolución de Superintendencia N° 113-2026/SUNAT, publicada el 14 de junio en el diario oficial El Peruano.

Modificaciones normativas y nuevos requerimientos

La SUNAT justificó la decisión en la necesidad de adaptar el Formulario Virtual N° 3560 a las recientes modificaciones legales, especialmente las introducidas en el numeral 7 del inciso e) del artículo 32-A de la Ley de Impuesto a la Renta.

El organismo detalló que la actualización informática del formulario permitirá incorporar nuevas funcionalidades y registrar información alineada con los nuevos lineamientos sobre los métodos de valoración en precios de transferencia.

El proceso de adecuación tiene como meta garantizar que la presentación de la declaración jurada se realice mediante un formulario actualizado, que refleje los cambios legislativos más recientes.

Según la información publicada por El Peruano, la SUNAT busca asegurar la correcta aplicación de los métodos de valoración, requisito clave para quienes realizan operaciones sujetas a precios de transferencia.

Alcance de la obligación y criterios de inclusión

La Ley de Impuesto a la Renta establece que los contribuyentes cuyo monto de ingresos devengados en el ejercicio gravable supere las dos mil trescientas (2 300) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) deben cumplir con la presentación anual de la Declaración Jurada Informativa Reporte Local.

Esta obligación alcanza a quienes realicen transacciones generadoras de rentas gravadas y/o costos o gastos deducibles para la determinación del impuesto.

La norma faculta a la SUNAT para definir la forma, el plazo y las condiciones en que debe presentarse la declaración, permitiendo ajustes según las necesidades operativas y normativas.

En el comunicado oficial, la entidad precisó que la actualización también responde a la necesidad de adaptar el registro de información a los nuevos parámetros legales.

Impacto en los contribuyentes y próximos pasos

De acuerdo con la SUNAT, cerca de 4.000 contribuyentes se verán impactados por esta prórroga, todos comprendidos en el ámbito de precios de transferencia. El organismo señaló que la extensión del plazo permitirá a las empresas preparar y presentar la información requerida conforme a los nuevos estándares.

La publicación de la resolución garantiza que los contribuyentes cuenten con plazos razonables para cumplir con sus obligaciones. La Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional de la SUNAT reiteró que la medida busca facilitar el cumplimiento tributario y fortalecer la fiscalización de operaciones que involucran precios de transferencia, elemento clave en la recaudación del impuesto a la renta en el país.

La modernización de la industria peruana requiere inversiones en tecnología y maquinaria para ganar eficiencia y competitividad frente a mercados globales.

Bajo el enfoque “Team Germany”, la cooperación alemana, la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana (AHK Perú) y Euler Hermes articulan asistencia técnica, vinculación con proveedores y garantías de crédito a la exportación, facilitando el acceso a financiamiento para la adquisición de activos fijos, soluciones tecnológicas y servicios especializados.

El modelo, reforzado por iniciativas como ProCircular, promueve la transición hacia procesos más circulares, eficientes y sostenibles en sectores clave del país.

Modernización y acceso a tecnología: el desafío de la industria peruana

En diálogo con Infobae Perú, Dörthe Arend, representante regional de Euler Hermes para América Latina, detalló que la Cobertura Hermes es una garantía estatal de la República Federal de Alemania orientada a facilitar el financiamiento de importaciones tecnológicas para compradores públicos y privados peruanos.

“Si una empresa peruana quiere adquirir mercancías, tecnología o servicios de Alemania, nosotros apoyamos en la financiación”, explicó Arend durante la Expo Industria, organizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Esta garantía cubre hasta el 98% de los riesgos políticos y comerciales asociados a la operación, lo que se traduce en mejores condiciones de financiamiento con plazos extendidos y tasas anuales de entre 3% y 9%, dependiendo del riesgo país, la solvencia del cliente y el plazo del crédito.

Arend subrayó que uno de los objetivos del instrumento es que los proveedores alemanes puedan competir en igualdad de condiciones con empresas de Estados Unidos, Japón y China, ya que estos países también ofrecen paquetes de tecnología y financiamiento atractivo en los mercados internacionales.

“El gobierno alemán vio que, para que sus empresas no pierdan terreno frente a la competencia, debían ofrecer no solo tecnología, sino financiamiento y garantías que reduzcan el riesgo para el comprador”, indicó.

De este modo, la Cobertura Hermes permite bajar el costo crediticio y ampliar los plazos, facilitando que empresas peruanas de todos los tamaños puedan modernizar sus operaciones sin afrontar los altos requisitos de la banca comercial.

El respaldo alemán que facilita inversiones productivas

El esquema garantiza hasta el 98% de los riesgos políticos y comerciales y ha permitido asegurar en Perú operaciones anuales por montos que oscilan entre 100 y 400 millones de euros, con tasas de interés que van del 3% al 9% anual, según la solvencia del cliente, el plazo y el contexto país.

El portafolio global de garantías alcanza los 83.000 millones de euros, con nuevas operaciones por unos 1.000 millones anuales y un presupuesto total de 140.000 millones de euros.

El acceso está abierto a empresas grandes y pequeñas siempre que los proveedores tengan sede en Alemania y los compradores peruanos cuenten con personería jurídica y solvencia financiera comprobable.

Según Arend, la mayoría de las operaciones corresponden a pequeñas y medianas empresas, aunque también participan compañías como Siemens. La vocera recalcó que el comportamiento de pago de las empresas locales ha sido positivo, y aseguró que, “en la mayoría de los casos, los peruanos pagan. Si hay demoras, solemos renegociar los plazos antes de recurrir a indemnizaciones”.

En caso de impago definitivo, el proveedor alemán cobra igual, pero el Estado alemán asume el riesgo y busca una solución con el comprador. “El gobierno federal tiene muchísima paciencia, primero renegociamos y damos plazos, porque el objetivo es apoyar la continuidad productiva”, dijo.

Competencia global y condiciones para acceder al financiamiento

La percepción favorable hacia el Perú se apoya en su estabilidad macroeconómica, con inflación y moneda controladas y un déficit fiscal manejable.

En la región, Alemania considera que Perú se encuentra mejor posicionado que Argentina y Colombia, y solo por debajo de Chile en la clasificación de riesgo de la OCDE que determina las condiciones de acceso al financiamiento.

La experiencia de trabajo en el país ha sido positiva, aunque la transición presidencial actual mantiene expectante al equipo alemán sobre el futuro de la colaboración y el clima de negocios.

Así, la estrategia de “Team Germany” integra la asistencia técnica de la cooperación alemana, la vinculación empresarial de la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana y la gestión de garantías por parte de Euler Hermes.

Esto permite que empresas peruanas accedan a tecnología para eficiencia energética, gestión de residuos, automatización y digitalización de procesos, con impacto directo en la competitividad y sostenibilidad industrial.

El ingreso de Prex Perú Empresa de Crédito S.A. al sistema financiero quedó oficializado este 5 de junio de 2026 con la publicación de la Resolución SBS Nº 01561-2026 en El Peruano.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio luz verde a la fintech para operar con licencia propia como empresa de créditos y emisora de dinero electrónico, abriendo un nuevo escenario de competencia para el mercado local.

Para miles de usuarios que hoy enfrentan trabas en la banca tradicional, la medida promete condiciones más flexibles y un acceso más sencillo al crédito formal. Sin embargo, todavía hay espacios para mejorar la regulación, que ya están en marcha.

Nuevo modelo, más opciones para el usuario

Ignacio Nina, Country Manager de Prex para Chile y Perú, sostiene que la autorización representa un punto de inflexión. “Ahora tenemos margen real para mejorar la oferta de crédito y flexibilizar requisitos”, afirma.

El ejecutivo señala que, aunque el usuario seguirá interactuando con la misma plataforma digital, la operación directa permitirá a Prex ajustar tasas y procesos de forma más eficiente, dejando atrás la dependencia de intermediarios.

Hasta ahora, Prex y otras fintech debían asociarse con terceras entidades reguladas para ofrecer productos financieros en el país. Con la nueva licencia, la fintech puede operar de manera directa y ofrecer su portafolio completo de créditos y dinero electrónico sin intermediarios.

“La operación directa nos hace más ágiles y competitivos frente a los bancos. Podemos llegar a más personas y adaptar nuestras condiciones a las necesidades reales del usuario”, explica.

Este cambio de modelo tiene potencial para dinamizar el sector. Al reducir costos operativos y acceder a información relevante sin intermediarios, Prex podrá ofrecer condiciones más atractivas y personalizadas.

“La meta es que quienes hoy están fuera del sistema encuentren una vía fácil y segura para acceder al crédito”, destaca Nina, quien remarca que el desafío sectorial es ampliar la formalidad y la inclusión financiera.

Competencia que impulsa la transformación

La llegada de Prex con licencia propia aumenta la presión sobre el sistema financiero tradicional para revisar criterios de acceso y tasas de interés. Actualmente, la fintech ya procesa cerca de 93 millones de dólares mensuales en operaciones en Perú y proyecta duplicar su base de usuarios en el corto plazo.

Este dinamismo sugiere que la competencia digital puede beneficiar directamente a los consumidores, al abrir nuevas alternativas y facilitar el acceso a productos antes reservados a segmentos bancarizados. Nina asegura que la estrategia de Prex no es solo crecer en cantidad, sino crear productos que realmente sirvan a los usuarios.

“Queremos que la gente acceda a servicios útiles, sencillos y formales. El impacto para el sector es que más personas podrán entrar al sistema financiero con opciones claras y menos barreras”, señala.

Retos y oportunidades para el sector fintech

El entorno regulatorio, aunque avanza, sigue enfrentando desafíos. Nina advierte que la implementación de sanciones efectivas para el esquema banking-as-a-service (BaaS) es un pendiente clave.

“Todavía falta que el marco sancionatorio se adapte a la realidad de las fintech. La regulación debe acompañar la velocidad de los cambios tecnológicos”, comenta. La SBS trabaja en ampliar el alcance de las normas para que más empresas puedan operar bajo reglas claras y transparentes, en beneficio del ecosistema y de los usuarios.

El ingreso de Prex con licencia propia no solo marca un hito para la empresa, sino que refleja cómo la competencia y la innovación digital pueden transformar el acceso al crédito en Perú. Para los usuarios, se abren nuevas oportunidades; para el sector, el desafío será consolidar la confianza y responder a una demanda creciente de soluciones ágiles, seguras y formales.

Petroperú ha comenzado a pagar montos significativamente superiores a los de años anteriores por el desembarco de petróleo, bajo condiciones financieras que resultan extraordinariamente onerosas para la empresa estatal.

Estas transferencias anticipadas, que en algunos casos duplican los costos históricos, se aplican a compras de crudo liviano, un tipo de insumo que no corresponde al diseño técnico ni a la estrategia de rentabilidad de la refinería de Talara.

Esta situación se produce en un contexto de fuerte presión financiera para la petrolera estatal, que arrastra dificultades de liquidez tras la costosa reconversión de su principal planta.

Una refinería diseñada para crudo mediano

La refinería de Talara fue concebida para operar principalmente con crudos medianos, en un rango ideal de 23 a 24 grados API. El crudo se categoriza según este índice: más de 30 grados corresponde a liviano, entre 20 y 30 a mediano, y menos de 20 a pesado.

La inversión en Talara buscó aprovechar los beneficios económicos de procesar crudos pesados, que suelen ser más baratos y permiten márgenes de ganancia superiores siempre que la unidad Flexicoker funcione correctamente.

Durante el primer trimestre de 2025, la Flexicoker quedó fuera de servicio, lo que obligó a modificar la dieta de procesamiento bajo decisión de los funcionarios responsables de la planificación.

En ese periodo, se optó por comprar crudo liviano con marcador norteamericano WTI, desplazando el objetivo original de la refinería. La estrategia elevó el costo de la materia prima, redujo los márgenes operativos y generó complicaciones técnicas en el procesamiento.

Deterioro en las condiciones de compra

La planificación y compra de crudo en Petroperú se basa en ventanas de tres meses, utilizando simuladores que consideran la demanda esperada, precios internacionales y disponibilidad de insumos. Desde mediados de 2025, el deterioro financiero de la empresa debilitó su poder de negociación, llegando al punto en que nadie le quería vender.

Entonces, a la petrolera estatal no le quedó más que recurrir al mercado spot, donde los precios y términos resultan más exigentes. Las operaciones recientes incluyeron exigencias de prepago de hasta 10 dólares por barril para descargar en el puerto de Bayóvar, con plazos superiores a 30 días. Sin embargo, ahora el porcentaje de prepago se ubica por encima de los estándares de otras refinerías de la región, según fuentes técnicas consultadas.

Y es que, hasta 2025, la empresa accedía a compras a crédito, con plazos de 60, 90 o 120 días y un costo financiero de 5 a 6 dólares por barril. Actualmente, los prepagos han escalado a 12 o 13 dólares por barril, duplicando el costo financiero respecto al año anterior y afectando la estructura de costos Talara.

Marcadores y diferenciales bajo la lupa

El precio de compra del crudo ahora se determina tomando como referencia el marcador Brent ICE para crudos ligeros, al que se suma un diferencial (D) ofertado por el vendedor.

Cambiar el marcador de referencia implica la posibilidad de pagar varios dólares adicionales por barril, sin que quede explicada la justificación técnica o comercial de esa decisión. Esta dinámica ha contribuido a encarecer la adquisición de materia prima para la refinería.

Los diferenciales y las cuotas de prepago actuales figuran entre las más altas de los últimos años, sobre todo en contratos con plazos superiores a 30 días. Especialistas del sector cuestionan la insistencia en la compra de crudos livianos por parte de Petroperú, advirtiendo que afecta los costos y la eficiencia operativa de la planta.

Además, ponen en duda la versión oficial de Petroperú. que en el pasado sostuvo -en un intento por justificar las compras- que el crudo liviano resulta más barato que antes o incluso que el pesado, pues los datos del mercado dicen todo lo contrario.

Cambios administrativos y regreso de prácticas cuestionadas

Las compras de crudo liviano en 2025 fueron autorizadas por la gerencia responsable de Planificación y Abastecimiento. Tras un relevo temporal, estos funcionarios han vuelto a retomar posiciones clave en la directiva de Petroperú y, desde su retorno, las condiciones cuestionadas en la adquisición de crudo han reaparecido.

Especialistas del sector han sugerido la intervención de fiscalía y contraloría para auditar los criterios de compra, la selección de marcadores y los precios pactados por Petroperú, con el objetivo de determinar si existen irregularidades o un manejo inadecuado de fondos.

Este llamado cobra mayor relevancia en un contexto donde la empresa enfrenta serias dificultades para cumplir con sus compromisos financieros de corto plazo y acaba de recibir un nuevo rescate estatal de 2.000 millones de dólares, recursos que quedarían nuevamente bajo administración de los mismos funcionarios responsables de las compras señaladas.

La Autoridad Nacional del Agua (ANA), órgano adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), lideró una iniciativa que permitió la forestación y reforestación de 124,5 hectáreas en el distrito de Chugur, región Cajamarca, con el objetivo de mejorar la seguridad hídrica en la cuenca Chancay-Lambayeque.

Según informó la ANA, la intervención busca restaurar ecosistemas estratégicos y garantizar el abastecimiento de agua para miles de usuarios a lo largo de la cuenca.

Acción conjunta para restaurar ecosistemas estratégicos

La operación, desarrollada entre 2025 y 2026, se llevó a cabo en áreas priorizadas de los sectores Perlamayo Tres Lagunas y Pampa Grande. De acuerdo con la ANA, la acción fue posible gracias al trabajo conjunto entre el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Lambayeque, la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Chancay-Lambayeque y la Municipalidad Distrital de Chugur.

El plan se alineó con los lineamientos del Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la cuenca, priorizando la recuperación de zonas degradadas en las cabeceras.

La inversión total ascendió a 689 mil soles. Según datos oficiales, 618 mil soles provinieron de la Junta de Usuarios, utilizando recursos generados por la tarifa de agua, mientras que la municipalidad destinó 71 mil soles al proyecto.

El financiamiento permitió instalar especies forestales como pino patula y aliso, seleccionadas por su capacidad de adaptación y aporte a la protección de suelos y fuentes de agua.

Financiamiento y actores clave del proyecto

De acuerdo con un reporte de la ANA, el programa no solo incluyó la plantación de árboles, sino también actividades de capacitación y sensibilización para los comuneros y actores locales.

Estas acciones buscaron fortalecer la participación comunitaria en la protección de los ecosistemas altoandinos y fomentar el cuidado de las fuentes naturales de agua que alimentan la cuenca Chancay-Lambayeque. “La capacitación y asistencia técnica resultan fundamentales para garantizar la sostenibilidad de la intervención”, indicó la entidad.

El Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca Chancay-Lambayeque subrayó que la recuperación de áreas degradadas constituye una medida basada en la naturaleza que contribuye a la regulación hídrica, reduce la degradación ambiental y aumenta la resiliencia frente a la variabilidad climática.

Según explicó la organización, “este tipo de intervenciones refuerza la capacidad de los territorios para responder a los desafíos hídricos y climáticos”.

Especies forestales y áreas priorizadas

La implementación del proyecto se realizó en el marco de la Resolución Jefatural N.° 155-2022-ANA, que incorpora la conservación y protección de los recursos hídricos en los instrumentos de gestión de los operadores de infraestructura hidráulica.

Esta normativa promueve una gestión sostenible del agua, abarcando desde las cabeceras de cuenca hasta los sectores productivos del valle.

Según destacó la ANA, la articulación entre entidades estatales, gobiernos locales y usuarios del agua permite avanzar en la protección de las fuentes naturales y en la rehabilitación de territorios afectados por procesos de degradación.

“El modelo de gestión compartida ha demostrado ser eficaz para conservar los recursos hídricos y asegurar el abastecimiento en el largo plazo”, señaló la autoridad.

El proyecto en Chugur representa una experiencia replicable para otras cuencas del país donde la seguridad hídrica y la restauración de ecosistemas constituyen prioridades estratégicas. Las entidades implicadas reiteraron su compromiso con la sostenibilidad ambiental y la mejora de la calidad de vida de las comunidades vinculadas a la cuenca Chancay-Lambayeque.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento de la Ley Nº 32309, conocida como Ley Tudela (por su autora, la congresista Adriana Tudela), marcando un antes y un después en el acceso a los fondos para el cine y el audiovisual peruano.

El Decreto Supremo Nº 099-2026-EF, difundido en El Peruano, detalla una serie de incentivos fiscales y económicos que, lejos de ser universales, llegan acompañados de condiciones, exclusiones y un esquema de vigilancia y control tributario poco habitual para la industria cultural.

Incentivos con candados: solo para quienes cumplan requisitos estrictos

El reglamento permite deducir hasta 20% de donaciones en dinero para proyectos inscritos en el RENCA (Registro Nacional de la Cinematografía y el Audiovisual), pero excluye cualquier vínculo societario o familiar entre donante y beneficiario y exige que los fondos pasen antes por el Ministerio de Cultura.

Solo proyectos avalados oficialmente y con fines culturales, bajo certificación de la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), podrán acceder a este beneficio, dejando fuera a numerosas iniciativas independientes o asociativas que históricamente han sostenido la diversidad en el cine peruano.

A la vez, se crea el crédito audiovisual para quienes inviertan en producción nacional, aunque su acceso depende del cumplimiento de múltiples requisitos contables, auditorías externas y la obtención del Certificado de Inversión en la Producción Audiovisual (CIPA).

El crédito se limita a cubrir hasta el 50% de la obligación tributaria y solo para gastos directos certificados, excluyendo todo lo relacionado con la promoción, distribución, investigación o nuevas formas narrativas como videojuegos y realidad virtual.

Por ejemplo, si una empresa invierte 20,000 soles en la producción de una película peruana. Supongamos que su impuesto a la renta anual es de 15,000 soles. Gracias al crédito audiovisual, la empresa puede usar hasta 10,000 soles (el 50% de su impuesto) para reducir lo que debe pagar al Estado.

Exoneraciones y limitaciones: beneficios para pocos

La exoneración de derechos arancelarios a la importación de equipos solo será posible para proyectos reconocidos por el Ministerio de Cultura y registrados ante la SUNAT.

Los bienes importados quedarán sujetos a una prohibición de transferencia de cuatro años, y la resolución con el listado de bienes debe ser publicada y verificada digitalmente. Quienes no cumplan estos requisitos perderán automáticamente el acceso al beneficio.

Más burocracia, menos inclusión

Pero el reglamento impone también una serie de controles, plazos y documentación que complican el acceso a los incentivos. Los beneficiarios necesitan presentar actas, resoluciones, informes auditados y registros específicos ante la SUNAT, bajo la amenaza de perder los créditos y ser sancionados si cometen errores o demoras.

El monto mínimo para acceder es de 9 UIT para cine (películas) y 21 UIT para audiovisual (series, documentales, etc.) lo que equivale en 2026 a 49.500 soles y 115.500 soles respectivamente, usando el valor vigente de 5.500 soles por UIT. Sin embargo, la UIT se actualiza anualmente, por lo que los montos exigidos serán mayores en los próximos años.

Además, el 30% del financiamiento debe ser privado, es decir, los guionistas y productores deberán demostrar al menos 34.650 soles de inversión no estatal para cada proyecto audiovisual que aspire a los beneficios, cifra que también aumentará si sube la UIT.

Críticas del sector: censura y abandono a la diversidad

La Ley Tudela ha sido calificada por gremios y colectivos culturales como una “ley anticine”. La razón: establece la posibilidad de negar financiamiento estatal a obras que, a criterio de la autoridad, “atenten contra el Estado de derecho o vulneren la Constitución”, abriendo la puerta a la censura política.

Además, exige que el Estado solo financie hasta el 70% del costo de una producción, obligando a los creadores a reunir el 30% restante de fuentes privadas, una tarea difícil fuera de Lima y para el cine independiente o en lenguas originarias.

La eliminación de criterios de inclusión y diversidad, presentes en la legislación anterior, agrava el panorama para la producción regional y comunitaria. La norma y su reglamento priorizan la fiscalización y la recaudación, relegando el fomento real del cine y la cultura a un segundo plano.

El Ministerio de la Producción oficializó este 11 de junio la suspensión de las actividades extractivas del recurso anchoveta y anchoveta blanca desde el extremo norte del dominio marítimo peruano hasta los 16º00’S.

La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, responde a recomendaciones técnicas del Instituto del Mar del Perú (IMARPE) tras detectarse una alta presencia de ejemplares juveniles y condiciones ambientales desfavorables durante la Primera Temporada de Pesca 2026.

Reiteradas suspensiones marcan la campaña más baja en una década

La temporada de anchoveta 2026 arrancó bajo fuertes restricciones. El Ministerio de la Producción fijó una cuota máxima de 1 millón 914.049 toneladas, la más baja en diez años, afectada por el impacto del fenómeno El Niño Costero, según datos reportados por El Peruano y la agencia oficial.

En abril, la cartera ya había establecido suspensiones temporales de diez días en zonas estratégicas del litoral norte-centro, ante el aumento de capturas de ejemplares juveniles.

Entre el 24 de abril y el 3 de mayo, la pesca se detuvo en tramos específicos desde el extremo norte hasta los 16º00’S, dentro de las primeras 20 a 30 millas náuticas. Esta decisión se sustentó en informes técnicos del IMARPE, que advertían sobre la presencia de juveniles menores a la talla permitida y recomendaban reforzar el monitoreo científico.

Persisten los problemas: capturas, juveniles y biomasa

La reanudación de la pesca tras el primer periodo de veda no logró disminuir la incidencia de juveniles. El 12 de mayo, el Ministerio impuso una nueva suspensión de quince días, desde los 06° hasta los 14° de latitud sur, luego de que el IMARPE detectara eventos de enmallamiento superiores al 50% y una elevada proporción de ejemplares pequeños.

El reporte técnico del organismo científico reconoce: “Las medidas adoptadas no han sido suficientes para reducir la interacción de la flota con las concentraciones juveniles”.

Hasta el 3 de junio, el desembarque acumulado de anchoveta en la región norte-centro sumaba 471.111 toneladas, de las cuales el 51,6% en número correspondía a juveniles, según los datos oficiales. Esta cifra representa apenas el 24,6% de la cuota máxima autorizada para la temporada. El escaso avance de las capturas refleja el efecto combinado del calentamiento de las aguas y la sobreabundancia de ejemplares jóvenes.

Decisión basada en el enfoque precautorio: Cuando el mar no da, no da

La reciente Resolución Ministerial Nº 00162-2026-PRODUCE recoge las advertencias del IMARPE sobre la intensificación de condiciones cálidas y la vulnerabilidad del stock de anchoveta.

El documento oficial subraya la necesidad de aplicar un enfoque precautorio para proteger el reclutamiento y la renovación del stock norte-centro, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de la pesquería.

La suspensión se mantendrá vigente hasta que el Ministerio de la Producción, en atención a nueva evidencia científica provista por el IMARPE, autorice su levantamiento total, parcial o progresivo mediante resolución viceministerial. Las investigaciones científicas que requieran embarcaciones deberán contar con autorización específica y plan de trabajo validado.

Repercusiones económicas y antecedentes de una temporada compleja

La situación actual marca un nuevo episodio en una campaña caracterizada por las restricciones y la baja productividad. La cuota establecida en 2026 es un 36% menor que la del año anterior, cuando ascendió a 3 millones de toneladas.

En 2023, la temporada fue cancelada por completo debido a la insuficiencia de biomasa reproductiva, también bajo la influencia del fenómeno El Niño.

El sector pesquero, que aporta entre 0,35% y 0,8% al PBI nacional, enfrenta incertidumbre ante la persistencia de factores climáticos adversos. La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) ha advertido sobre la necesidad de acelerar los estudios científicos para preservar el recurso y los empleos relacionados.

Sanciones y cumplimiento bajo monitoreo estricto

El Ministerio recordó que el incumplimiento de la suspensión conlleva sanciones conforme a la Ley General de Pesca y su reglamento. La Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción coordina acciones de monitoreo, mientras la Marina de Guerra del Perú respalda el cumplimiento de la normativa en el ámbito marítimo.

La publicación oficial de la resolución y su difusión digital refuerzan el compromiso institucional con la transparencia y la preservación de los recursos hidrobiológicos, en un contexto de máxima vigilancia sobre la evolución de la biomasa y el desarrollo de la temporada pesquera.

El debate sobre la motivación y el rendimiento de los trabajadores en Perú se intensifica a medida que las empresas observan que la experiencia laboral comienza a superar el peso del salario como principal impulsor del desempeño.

Si bien la compensación económica mantiene su relevancia, factores como la flexibilidad, el reconocimiento y el desarrollo profesional adquieren mayor protagonismo en las decisiones de permanencia y crecimiento de los colaboradores.

Cambio de expectativas en el mercado laboral

Durante años, el salario fue el principal atractivo para captar y retener talento en las organizaciones. En la actualidad, las dinámicas laborales han evolucionado y la conversación sobre desempeño incorpora nuevas variables.

De acuerdo con especialistas del sector, las personas valoran cada vez más el ambiente de trabajo, el liderazgo, las oportunidades de capacitación, la autonomía y el equilibrio entre vida personal y profesional.

El CEO de Onura Latam, Rodrigo Gutiérrez, sostiene que “las empresas están entendiendo que la relación con el colaborador dejó de ser únicamente transaccional”.

“La compensación económica sigue siendo importante, pero hoy las personas también evalúan si tendrán oportunidades para desarrollarse, si podrán equilibrar su vida personal y laboral y si sentirán que su trabajo tiene sentido dentro de la organización”, dijo.

El impacto de la experiencia sobre la productividad

Diversos estudios muestran que la satisfacción y el sentido de pertenencia influyen directamente en la productividad, el compromiso y la retención del talento. Cuando los trabajadores sienten que existen espacios para crecer y que su aporte es valorado, los vínculos con la organización se fortalecen y se reduce la rotación.

En respuesta a estos cambios, algunas empresas han comenzado a revisar sus esquemas de incentivos. Más allá de incrementos salariales o bonos, la tendencia apunta a ampliar la oferta de experiencias que mejoran la calidad de vida y el desarrollo profesional. Así, la flexibilidad, el reconocimiento público y las oportunidades de aprendizaje adquieren un peso igual o mayor que el salario tradicional.

“El error es asumir que todos los colaboradores buscan lo mismo. Las prioridades cambian según el momento profesional y personal de cada persona. Hay quienes valoran más flexibilidad; otros, formación, bienestar o mayores espacios de autonomía. Entender esas diferencias permite construir entornos de trabajo más sostenibles”, explicó.

Generaciones y nuevas prioridades en el trabajo

El fenómeno no solo responde a la evolución de las empresas, sino también a un cambio generacional. Las nuevas generaciones de profesionales incorporan criterios adicionales al evaluar propuestas laborales, prestando atención a la cultura organizacional, el liderazgo y el equilibrio entre vida y trabajo.

Onura destaca que el desafío para las empresas no se limita a elegir entre salario o experiencia, sino a encontrar una combinación adecuada que fortalezca el desempeño y asegure la permanencia del talento. En este escenario, la experiencia se consolida como una variable estratégica con impacto directo en los resultados del negocio.

Las organizaciones que logran adaptar sus políticas a estas nuevas expectativas se posicionan mejor para atraer y retener a los profesionales más calificados, en un mercado donde la competencia por el talento sigue en aumento.

“La experiencia laboral, en sus diversas formas, se perfila como un elemento decisivo para el éxito organizacional en los próximos años”, aseguró la organización.

La bancada de Fuerza Popular presiona para que se apruebe el polémico “REINFO pesquero” en la recta final del actual Congreso de la República.

Esta iniciativa legislativa, que busca modificar el marco de formalización para embarcaciones pesqueras, se discute mientras el país se mantiene pendiente del desenlace electoral y la pesquería de calamar gigante o pota llega al límite de su capacidad anual.

El proyecto de ley y su trasfondo

El Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, conocido como “REINFO pesquero”, propone regularizar embarcaciones que, según denuncias, fueron construidas fuera del marco legal en astilleros clandestinos.

Esta propuesta, promovida por el partido liderado por Keiko Fujimori, obtuvo opinión favorable con observaciones del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Diversos actores del sector pesquero han manifestado que la norma podría beneficiar a más de 2.000 barcos cuya construcción habría incumplido la normativa vigente.

Registros recientes difundidos en redes sociales por la congresista Maricruz Zeta Chunga, integrante de Fuerza Popular, junto a dirigentes que apoyan el proyecto, han evidenciado reuniones sostenidas en oficinas del Congreso.

El problema con la pesquería de pota

Mientras transcurren estas gestiones políticas, el Ministerio de la Producción informó mediante un comunicado que la cuota anual de captura de calamar gigante ya alcanza cerca del 90% de ejecución.

Este dato adquiere relevancia, ya que aún resta más de medio año para agotar el plazo de pesca autorizado, lo que indica que la actividad pesquera se acerca rápidamente a su límite legal.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), Elsa Vega Pardo, advirtió sobre las contradicciones que atraviesa la política pesquera nacional.

“Resulta contradictorio que, mientras la pesquería de pota se ha convertido en una verdadera carrera olímpica, se pretenda dar una nueva oportunidad a embarcaciones que, bajo la norma vigente, debieron ser confiscadas y retiradas del sistema”, dijo.

Restricciones para la flota formal

Vega remarcó que la problemática no se limita a la legalización de embarcaciones fuera de norma. Cientos de barcos formalizados desde 2018 continúan enfrentando restricciones para extraer y desembarcar pota, a pesar de contar con los permisos correspondientes.

SONAPESCAL solicitó recientemente al Ministerio de la Producción que atienda la situación de la flota formal, integrada por pescadores que han demostrado operar históricamente sobre este recurso. Según la dirigente, el Estado optó por no responder y priorizó el avance del “REINFO pesquero”, lo que podría interpretarse como un incentivo para quienes incumplieron las reglas.

“Hoy cientos de embarcaciones formales enfrentan restricciones para extraer y desembarcar pota, pese a que existen desde el 2018. Desde SONAPESCAL se solicitó recientemente al Ministerio de la Producción atender la situación de embarcaciones formales y que demostraron haber operado en el recurso por años, sin embargo, han optado por no responder e intentan premiar a los que incumplieron las normas”, sostuvo Vega.

Debate sobre la legalidad y credibilidad institucional

El debate no solo involucra aspectos técnicos o económicos, sino que ha puesto en cuestión la credibilidad de las reglas establecidas por el propio Estado para el sector pesquero artesanal.

Diversos representantes del gremio consideran que la aprobación acelerada del “REINFO pesquero” en el cierre del Congreso podría interpretarse como un reconocimiento a la informalidad en detrimento de quienes apostaron por la legalidad.

Mientras Perú espera conocer la definición política que marcará el próximo gobierno, en el Congreso se mantiene la presión para que esta propuesta sea debatida y votada antes del cambio de legislatura.

La aprobación o rechazo del “REINFO pesquero” se perfila como un test para la coherencia y transparencia de la política pública en el sector pesquero.

La Cámara Nacional de Turismo del Perú (CANATUR PERÚ) y la organización ProTurismo han solicitado públicamente que se respete la permanencia de los equipos técnicos y profesionales en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y en PROMPERÚ, tras la reciente juramentación de Berthin Gómez Vela como titular del sector.

Ambas instituciones consideran que la estabilidad de los cuadros técnicos garantiza la ejecución de políticas de Estado y proyectos estratégicos para el desarrollo del turismo y las exportaciones peruanas.

El pedido de los gremios ante la transición gubernamental

En un contexto de transición política, CANATUR PERÚ, que representa a gremios, cámaras regionales, provinciales y destinos turísticos del país, saludó la designación del nuevo ministro y remarcó la importancia de preservar el conocimiento y la experiencia acumulada por los profesionales del MINCETUR y sus organismos adscritos.

La continuidad de estos equipos es considerada clave para evitar retrocesos institucionales y asegurar la ejecución de proyectos de promoción, sostenibilidad e innovación turística en todo el país.

Según el pronunciamiento, los avances logrados en posicionamiento internacional, diversificación de mercados, impulso a la economía circular y fortalecimiento de la oferta turística nacional han sido posibles gracias al trabajo sostenido de equipos técnicos que han trascendido diferentes gobiernos.

CANATUR PERÚ hizo énfasis en que “el turismo constituye una actividad estratégica para la economía peruana, genera empleo formal, impulsa la descentralización productiva y crea oportunidades para millones de peruanos”.

La posición de ProTurismo acerca de PROMPERÚ

Por su parte, ProTurismo resaltó la función estratégica de PROMPERÚ en la promoción turística, exportaciones y atracción de inversiones.

En su comunicado, la organización pidió que se mantenga la continuidad de los equipos técnicos y profesionales, asegurando así el cumplimiento de estrategias y compromisos asumidos con sectores productivos, gobiernos regionales y mercados internacionales.

PROMPERÚ ha sido definida como una herramienta fundamental para la competitividad nacional, con impactos directos en la generación de empleo, descentralización económica, internacionalización de empresas y fortalecimiento de la imagen del país.

Para ProTurismo, es indispensable preservar el capital humano especializado y garantizar que los proyectos en ejecución no se vean interrumpidos por cambios administrativos.

El turismo como motor de desarrollo y la defensa de la meritocracia

Tanto CANATUR PERÚ como ProTurismo reafirmaron la importancia de que el sector continúe guiándose por criterios de meritocracia, especialización y profesionalismo.

Consideran que la institucionalidad técnica construida durante años ha permitido que el turismo y las exportaciones peruanas mantengan una visión de largo plazo, orientada hacia el crecimiento económico y el desarrollo sostenible.

Las organizaciones advirtieron que la continuidad de los equipos técnicos y de los proyectos en marcha debe figurar entre las principales prioridades nacionales, especialmente durante la transición. Sostuvieron que la gestión basada en resultados y experiencia asegura la eficiencia de las políticas públicas y la confianza de los actores del sector.

El pronunciamiento de CANATUR PERÚ y ProTurismo fue respaldado por gremios y cámaras de todas las regiones, quienes consideran que la articulación público-privada y la preservación de equipos técnicos representan la mejor garantía para la consolidación de la competitividad turística y exportadora del Perú.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el Decreto Supremo N° 013-2026-MTC, que modifica el Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje. La norma responde a las obligaciones dispuestas en el Decreto Legislativo N° 1717 y busca reforzar la seguridad en la identificación vehicular, en un contexto de delitos vinculados a la clonación y uso irregular de placas.

Oficialización de procedimientos que ya se aplicaban

Según explicó a Infobae Perú Yushara Sacsa, especialista legal de la Dirección de Políticas y Normas en Transporte Vial del MTC, gran parte de las medidas ya se venían aplicando en la práctica, pero el nuevo decreto las detalla y oficializa.

“Lo que hemos hecho es legalizar y poner como obligación tal cual lo que ya se estaba haciendo a nivel directiva”, indicó Sacsa. A partir de ahora, estos procedimientos quedan recogidos en el reglamento con fuerza de norma.

Duplicados de placas: peritaje policial obligatorio

La emisión de duplicados de placas solo será posible en casos de robo, pérdida, deterioro o destrucción. El titular deberá presentar una denuncia policial que acredite que el vehículo pasó por peritaje en dependencias especializadas de la Policía Nacional.

Sacsa precisó: “La denuncia policial tiene que tener la constancia de que ese vehículo pasó por peritaje. Es decir, que la policía verificó que tú eres el propietario y que no hay falsificación de documentos”. Esta exigencia busca cerrar la puerta a solicitudes fraudulentas y suplantación de identidad vehicular.

Caducidad automática tras siniestro total y rol de las aseguradoras

El decreto dispone que la Placa Única Nacional de Rodaje caducará automáticamente ante el siniestro total del vehículo. Si la propiedad pasa a una aseguradora como parte de una indemnización, esta tendrá 48 horas para solicitar la cancelación registral ante SUNARP, que deberá completar el trámite en 72 horas.

“Esta es una medida para aquellos vehículos asegurados principalmente”, explicó Sacsa. El procedimiento exige la presentación del informe policial u otra documentación que acredite el siniestro total.

El MTC remarca que esta disposición busca impedir que vehículos destruidos retornen al circuito legal, una práctica que ha facilitado fraudes automotores y comercio ilegal de autopartes.

Entrega de la placa anterior y otros requisitos

El reglamento mantiene la obligación de entregar la placa anterior al solicitar un duplicado, excepto en casos de robo, pérdida o destrucción, situaciones en las que no corresponde exigir la devolución.

Para cambios de servicio vehicular, como pasar de particular a ambulancia o unidad de bomberos, se requerirán certificaciones emitidas por las autoridades competentes.

“La entrega de la placa siempre ha sido obligatoria, salvo en los supuestos en los que no hay nada que devolver”, puntualizó Sacsa.

Vigencia condicionada y próximos pasos

El Decreto Supremo N° 013-2026-MTC fue publicado el 10 de junio, pero su entrada en vigencia depende de la publicación de un decreto supremo a cargo del Ministerio del Interior (Mininter), que aún está pendiente. Ambos reglamentos deben implementarse de forma conjunta para que las nuevas disposiciones se apliquen.

El MTC evalúa constantemente la actualización normativa y mantiene suspendida la disposición sobre placas con chip, a la espera de futuras directivas. Todas estas medidas, según la especialista, apuntan a fortalecer el sistema de identificación vehicular y reducir los riesgos de delitos asociados.

Si usted es nuevo en un condominio, debe saber que la administración deficiente de edificios en Perú puede traducirse en gastos imprevistos, deterioro de activos y conflictos entre vecinos.

La falta de gestión profesional y de control financiero en los condominios genera un impacto directo en el valor de las propiedades y la calidad de vida de los residentes, de acuerdo con un reciente análisis de Kubiqo.

La experiencia de propietarios y especialistas revela que los problemas más comunes no solo afectan a quienes incumplen con sus obligaciones, sino que repercuten en toda la comunidad.

El desafío de formar una junta y legalizar la administración

Según Erik Naim Sánchez Bisellach, gerente general de Kubiqo, uno de los primeros retos tras la entrega de un edificio es la conformación de la junta de propietarios.

En los edificios nuevos, la formalización legal puede retrasarse un año o más debido a la demora en la independización de las unidades inmobiliarias. Sin una junta inscrita en Registros Públicos, el edificio carece de representación legal efectiva.

Sánchez explica que la administración suele asesorar a los propietarios en la inscripción de la junta, la obtención de RUC y la designación de representantes, pero los gastos notariales y honorarios de abogados los asume la propia comunidad.

Este paso es clave para ejercer acciones legales y garantizar la transparencia en el manejo de recursos, sostiene el experto para Infobae Perú.

Morosidad, subsidios y el impacto en la economía de los vecinos

El presupuesto anual de un edificio parte de una premisa sencilla: todos los propietarios cumplen con sus cuotas. La morosidad, sin embargo, es una realidad frecuente en Lima y otras ciudades peruanas, señala Sánchez Bisellach.

En edificios multifamiliares, el suministro de agua es colectivo, lo que imposibilita cortar el servicio a los deudores. Esto obliga a los vecinos cumplidos a subsidiar a quienes no pagan, una situación que genera tensiones y dificulta la planificación financiera.

Según el gerente general, las administraciones profesionales inician la cobranza por vías amistosas y recurren a la judicial solo si la junta está debidamente inscrita.

Sin embargo, durante el primer año, la administración de los edificios suele recaer en juntas y empresas interinas. Esta etapa está marcada por la informalidad contractual y la falta de reglas claras, lo que puede derivar en conflictos y fallos de gestión.

La tendencia actual del sector inmobiliario es avanzar hacia la profesionalización mediante licitaciones, selección de administradoras especializadas y formalización de contratos, destaca Sánchez Bisellach.

Además, los primeros 6 meses son críticos para preservar los activos del edificio, ya que las mudanzas y el uso intensivo de áreas comunes pueden acelerar el desgaste.

Mantenimiento preventivo, una inversión que protege el valor del edificio

El mantenimiento preventivo representa una inversión estratégica. El 50% al 60% del presupuesto de mantenimiento se asigna a personal de limpieza, conserjería y seguridad, mientras que el 35% al 40% cubre el mantenimiento de equipos esenciales como ascensores, bombas y cisternas.

Un mantenimiento oportuno de una bomba cuesta entre 500 y 1,000 soles, pero una reparación tras avería puede superar los 8,000 soles, detalla Sánchez Bisellach.

"La falta de prevención genera cuotas extraordinarias que suelen ser impopulares y difíciles de cobrar", asegura. Además, la limpieza adecuada de cisternas es fundamental para la salud de los residentes, dado que el agua almacenada llega directamente a los grifos.

Control de fondos y la importancia de la transparencia

El manejo de fondos es uno de los puntos más sensibles para los propietarios. Las buenas prácticas exigen que la administración gestione cuentas bancarias separadas para cada edificio, con reportes periódicos y detallados de ingresos y egresos.

Los costos bancarios asociados suelen solventarse con el fondo común y no forman parte de la tarifa de administración. La transparencia en el uso de recursos es indispensable para evitar irregularidades y proteger el patrimonio colectivo.

Existen casos en los que empresas han mezclado fondos de varios edificios, lo que dificulta la trazabilidad y puede dar lugar a problemas legales, advierte el gerente general.

Tecnología, el nuevo aliado en la gestión de condominios

La tecnología ha comenzado a transformar la gestión de condominios en el país. Administraciones modernas emplean sistemas digitales y plataformas de inteligencia artificial para mejorar la comunicación, automatizar consultas y transparentar la información financiera, explica Sánchez Bisellach.

Los propietarios pueden acceder a reglamentos, manuales, estados de cuenta y comunicados desde aplicaciones móviles, lo que reduce la carga operativa del administrador y facilita el control individual de los residentes.

En cuanto a las tarifas, no existe un esquema único en Perú. La mayoría de empresas fija los cobros en función del número de departamentos, sin diferencia por distrito ni zona geográfica.

“Cada firma determina sus propios criterios, aunque la competencia y la transparencia del mercado ayudan a mantener valores alineados según el tipo y tamaño del edificio”, explica.

¿Y la nueva Ley de Propiedad Horizontal?

Finalmente, el experto hace hincapié en que el sector opera hoy en día bajo la nueva Ley de Propiedad Horizontal, pero la reglamentación específica continúa pendiente.

La ausencia de un reglamento actualizado y la inestabilidad política han retrasado la implementación de nuevas normativas, dejando vacíos en temas fundamentales de administración.

Los propietarios, explica, suelen enfrentarse a un entorno poco claro en el que dependen de la asesoría de la administración para entender sus derechos y responsabilidades.

Por ello, incide en que la profesionalización del sector avanza por impulso del mercado, aunque persiste la necesidad de una mayor intervención estatal para garantizar la protección de los intereses de los propietarios y mejorar la convivencia en los edificios.

Miles de familias y pequeños negocios en Perú han encontrado en los créditos pignoraticios una respuesta rápida y accesible para afrontar emergencias económicas, campañas comerciales o gastos inesperados.

Este tipo de financiamiento, que utiliza joyas de oro como garantía temporal, ha mostrado un crecimiento sostenido y se consolida como una de las alternativas más dinámicas del sistema financiero nacional, según cifras de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y la experiencia de Caja Metropolitana.

Crecen los préstamos con garantía de joyas

De acuerdo con Antonio Sebastián, gerente de negocios pignoraticio y consumo de Caja Metropolitana, el crédito pignoraticio permite acceder a liquidez inmediata sin necesidad de trámites extensos ni evaluaciones complejas.

“El crédito pignoraticio se ha convertido en una herramienta financiera clave para personas que necesitan liquidez inmediata sin recurrir a préstamos informales o procesos largos de aprobación. Hoy muchas familias utilizan sus joyas como un respaldo financiero temporal para atender necesidades urgentes o impulsar sus pequeños negocios”, indicó.

Al cierre de 2025, los créditos pignoraticios regulados por la SBS totalizaron S/ 445 millones y las proyecciones de la Caja Metropolitana estiman que el mercado superará los S/ 500 millones al mes de mayo.

El incremento de la demanda por productos financieros ágiles y accesibles explica esta expansión, en un contexto donde la liquidez inmediata es una prioridad para hogares y emprendedores.

Cinco ventajas clave del crédito pignoraticio

El atractivo de esta modalidad radica en cinco beneficios principales, según el análisis de Caja Metropolitana:

• Liquidez inmediata: el proceso de desembolso es rápido, permitiendo a los usuarios resolver situaciones urgentes sin demoras ni largas esperas.
• Menos requisitos: no es necesario presentar documentación compleja, lo que facilita el acceso a más personas y reduce las barreras para quienes necesitan financiamiento rápido.
• Tasas competitivas: los créditos pignoraticios suelen ofrecer condiciones más favorables que los préstamos informales o los créditos de corto plazo tradicionales.
• Seguridad de las joyas: las prendas entregadas quedan resguardadas bajo estrictos protocolos de seguridad durante todo el periodo del préstamo.
• Recuperación del bien: una vez cancelada la deuda, el cliente recupera íntegramente sus joyas, a diferencia de otros esquemas donde el bien puede perderse.

Herramienta flexible para emprendedores y comerciantes

El crecimiento del crédito pignoraticio está vinculado también al perfil de sus usuarios. Actualmente, el 45% de la cartera de Caja Metropolitana corresponde a comerciantes y emprendedores, quienes usan este mecanismo como capital de trabajo rápido para abastecer sus negocios, afrontar campañas de temporada o cubrir pagos inmediatos sin afectar su flujo de caja.

Esto ha convertido al crédito con garantía de joyas en una opción relevante para la micro y pequeña empresa, de acuerdo con la entidad.

Liderazgo del mercado y resultados financieros

En el segmento regulado, Caja Metropolitana de Lima se consolida como líder con más del 32% de participación y una cartera superior a S/ 156 millones al cierre de abril.

La entidad ha visto cuadruplicar sus utilidades: de S/ 5.4 millones en 2024 a S/ 23.8 millones en 2025, impulsada por el dinamismo de los créditos pignoraticios.

Con 78 años de experiencia y presencia nacional, Caja Metropolitana continúa fortaleciendo su oferta de soluciones financieras inclusivas para familias, personas y pequeños negocios.

De esta manera, la consolidación del crédito pignoraticio confirma su papel como alternativa ágil, segura y flexible en el contexto económico actual, promoviendo la inclusión financiera y el acceso a recursos inmediatos en el Perú.

Más de 716 mil empresarios peruanos intentan actualmente hacer crecer sus negocios, aunque una parte significativa enfrenta barreras estructurales.

El Informe Empresarial 2026, elaborado por BNI Perú en base al estudio de Insight Hunting SEO de Impulso, revela que el 40% de los empresarios percibe que sus empresas están estancadas.

Aunque el deseo de expansión es alto, la falta de estrategias claras y herramientas avanzadas limita el avance, en un contexto donde el tejido productivo está dominado por micro y pequeñas empresas (MYPEs), que representan más del 99% del universo empresarial según el INEI y PRODUCE.

Motivaciones y prioridades: sobrevivir, crecer y no estar solo

El informe señala que los empresarios no buscan el networking solo por hacer contactos, sino como un medio para sobrevivir y crecer.

Entre los objetivos específicos, destaca la generación de contactos y referidos B2B (31,5%), el interés en estrategias de crecimiento y escalamiento (24,2%) y el uso del networking como canal principal de ventas (31%).

Además de las metas comerciales, las preocupaciones emocionales también juegan un papel importante: muchos empresarios buscan romper la sensación de soledad, recibir apoyo en crisis, lograr validación profesional y encontrar un entorno donde se reconozca el éxito colectivo.

Diversidad de empresas, pero predominio de las más pequeñas

El estudio muestra que el 36% de los participantes son PYMES (10 a 50 empleados) y el 29,5% son MYPEs o independientes (1 a 9 empleados).

Las empresas consolidadas, startups y negocios familiares en transición representan una proporción menor en la muestra, lo que refuerza la alta presencia de emprendimientos pequeños en la economía nacional.

Este perfil, según el informe, condiciona las herramientas y estrategias disponibles para el crecimiento y la formalización.

Los principales dolores: estancamiento, mortandad y presión de precios

Entre los problemas más mencionados por los empresarios, el 40% identifica el estancamiento y la guerra de precios como obstáculos principales.

A esto se suma que 33,9% teme la “mortandad” empresarial, es decir, el cierre definitivo de sus negocios. Por otro lado, 28% tiene como prioridad generar flujos de caja constantes, mientras que 22% se enfoca en crear alianzas para reducir costos y optimizar procesos.

Estos desafíos reflejan una preocupación por la supervivencia diaria y la búsqueda de estabilidad en un entorno competitivo.

Networking estructurado y medible: una tendencia en crecimiento

El mercado empresarial peruano está migrando hacia modelos de networking estructurado, con métricas y filtros de seguridad.

Los empresarios demandan herramientas como auditoría de clientes, filtros de validación, expansión a nuevos distritos, entrenamiento en presentaciones, directorios consultivos y canales de venta alternativos a la publicidad tradicional.

Plataformas híbridas (presenciales y digitales), automatización de procesos y capacitación práctica en gestión empresarial emergen como tendencias clave.

Colaboración y resultados: el modelo BNI

En medio de estas dificultades, BNI Perú ha logrado reunir a más de 1,700 empresarios en capítulos activos, generando más de 170 mil referencias comerciales y concretando millones de soles en negocios.

A nivel global, la organización opera en más de 80 países y promueve un modelo basado en confianza, colaboración y recomendaciones de negocio.

Como parte de su expansión, BNI Perú anunció el fortalecimiento de su presencia en Lima Norte, Lima Este y el norte del país, con el objetivo de impulsar ecosistemas empresariales regionales y multiplicar los espacios de crecimiento colaborativo.

La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) de Perú publicó un reglamento que establece el marco operativo para la identificación de titularidades financieras en el sistema bancario y cooperativo, en cumplimiento del Decreto Legislativo N° 1732.

Bajo esta normativa, cada entidad financiera supervisada debe desarrollar su propio mecanismo para informar a las autoridades si una persona o empresa posee cuentas. No existe una plataforma única centralizada ni una ventanilla exclusiva administrada por la SBS.

Nuevas reglas para identificar cuentas bancarias en Perú

El alcance de la medida incluye a los bancos, entidades financieras como cajas municipales y cooperativas de ahorro y crédito no autorizadas a captar recursos del público (COOPAC), que deberán crear sistemas internos para responder a requerimientos formales de organismos como el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

Las consultas podrán realizarse utilizando diversos identificadores, como DNI, pasaporte, carné de extranjería, número de cuenta, código de cuenta interbancario (CCI) o RUC en el caso de personas jurídicas.

La SBS define los lineamientos y condiciones, pero la creación y administración de estos mecanismos corresponde a cada entidad supervisada.

Cada banco, financiera o cooperativa implementará su propio procedimiento para responder a los pedidos de las autoridades competentes, sin que exista un sistema centralizado o una base de datos única gestionada por la SBS.

SBS: cada entidad debe crear su propio mecanismo

El reglamento determina que las consultas sobre titularidades financieras únicamente podrán realizarse en el contexto de investigaciones formales por lavado de activos, delitos precedentes o financiamiento del terrorismo.

Para acceder a esta información, los funcionarios autorizados deberán presentar documentación que demuestre la existencia de una denuncia, disposición fiscal u otro documento que acredite una investigación en curso.

Las entidades financieras tienen la obligación de informar si existe o no una cuenta asociada a la persona o empresa investigada, pero no pueden revelar datos sobre movimientos, saldos u otra información amparada por reserva constitucional.

Cada consulta queda registrada y sujeta a auditoría, lo que garantiza la trazabilidad institucional y el control sobre el procedimiento. El acceso a estos mecanismos está reservado a funcionarios designados de autoridades competentes, mientras que las entidades consultadas afrontan un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

El reglamento de la SBS también incorpora nuevas infracciones al marco de sanciones existente, pudiendo clasificarse como graves o muy graves según la falta.

Consultas solo en investigaciones formales

El tratamiento de los datos personales en este procedimiento se rige por las excepciones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 29733). En estos casos, no se requiere el consentimiento previo del titular cuando la solicitud proviene de una autoridad y responde a una investigación formal.

El plazo para que las entidades financieras adecúen sus sistemas internos a la nueva regulación es de 120 días a partir de la publicación del reglamento. Para las COOPAC, la SBS establecerá calendarios progresivos de implementación.

Este nuevo marco regulatorio busca fortalecer la capacidad de las autoridades peruanas para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, permitiendo la verificación directa y documentada de la existencia de cuentas bancarias en el sistema financiero, sin comprometer la confidencialidad de información protegida ni la autonomía operativa de cada entidad supervisada.

La petrolera estatal Petroperú enfrenta el vencimiento de un pago clave en junio por el crédito contratado con la aseguradora CESCE de España, utilizado para financiar la construcción de la nueva refinería de Talara.

El monto original del préstamo fue de USD 1.300 millones, y se suma a otras obligaciones financieras que la empresa debe afrontar en el corto plazo ante el agotamiento de recursos.

El tiempo para reunir los fondos escasea y la falta de liquidez ha obligado a priorizar este pago por encima de otras obligaciones operativas y comerciales, pero desde ProInversión y el propio directorio no existe claridad al respecto.

CESCE y una deuda que asfixia a la estatal

La situación se complica porque ni la intervención de ProInversión tras el reciente rescate estatal de USD 2.000 millones ha logrado garantizar una gestión eficaz de estos recursos imprescindibles para la operación.

En la reunión de directorio del jueves pasado, la gerencia financiera advirtió que Petroperú no contaba con la estructura financiera lista para afrontar los pagos inminentes a bonistas y CESCE. La falta de respuestas por parte de la agencia generó alarma y preocupación entre los directores.

Fuentes cercanas al directorio de Petroperú aseguran que la mayoría de sus miembros está en desacuerdo con la forma en que se maneja la supervisión y la distribución de los fondos, lo que genera un ambiente de incertidumbre interna.

La presión recae sobre la administración de la empresa, que debe decidir entre sacrificar pagos a proveedores e inversiones de mantenimiento para poder cumplir con los compromisos financieros internacionales.

La deuda total de Petroperú por la refinería de Talara, en su momento, superó los USD 4.300 millones, que ahora forman parte de compromisos globales por más de USD 7.899 millones, según la propia empresa.

El esquema de pagos de la estatal exige desembolsar alrededor de USD 170 millones cada semestre, suma que cubre tanto los intereses de los bonos internacionales como el pago del crédito CESCE.

Estos pagos deben realizarse en junio y diciembre, y se han convertido en la prioridad absoluta para la administración, dada la gravedad de las consecuencias de un posible atraso.

Petroperú y una vulnerabilidad extrema frente a la región

Y es que la empresa ha quedado sujeta a un ciclo de endeudamiento sin aportes significativos de capital estatal. En enero de 2017, Petroperú solo recibió USD 350 millones de aporte estatal directo, el resto del dinero se consiguió obligando a la estatal a endeudarse.

Fuentes consultadas por Infobae dentro y fuera de la petrolera coinciden en que la decisión de financiar la refinería casi exclusivamente con deuda, en vez de combinarla con un aporte directo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dejó a Petroperú en una posición de extrema vulnerabilidad.

Mientras otras petroleras estatales de la región, como Ecopetrol, ENAP, YPF o Petrobras, han recibido apoyo directo de sus accionistas para grandes obras, en el caso peruano la relación deuda-capital llegó al 90-95% a favor de la deuda.

El exministro de Economía Luis Miguel Castilla fue quien presentó al Congreso el plan de modernización de la refinería con una estimación inicial de USD 2.700 millones, cifra que no contempló posteriormente los costos de las unidades auxiliares, que elevaron el monto final por encima de los USD 3.500 millones. Desde ahí, los montos no han dejado de subir.

¿Riesgo de default para Petroperú?

El problema está en que los mismos inversionistas que prestan dinero a Petroperú son quienes financian al Estado peruano, y el MEF lo sabe.

Un default de la petrolera no solo tendría consecuencias inmediatas para la empresa, sino que también pondría en riesgo la calificación crediticia del país y la confianza de los mercados internacionales. Un impago, por ejemplo, permitiría a estos acreedores “exigir el pago acelerado del total de la deuda pendiente”, pero se podrían incluso ejecutar embargos.

Así, la falta de atención del gobierno a estos desequilibrios, junto con la supervisión limitada de ProInversión, ha incrementado los riesgos para la seguridad energética y la estabilidad financiera del Estado.

Mientras tanto, la agencia del MEF se alista para presentar, en junio, la lista con los activos a ser escindidos de la administración de la petrolera, en un proceso que ha sido considerado una “privatización encubierta”. Pero antes, deben asegurarse de quién ocupará la próxima Presidencia del país.

Infobae intentó comunicarse con la Gerencia General de Petroperú, pero al cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

El dato

• Para Talara, Petroperú emitió tres bonos internacionales: USD 1.000 millones (2032, 4.75%), USD 1.000 millones (2047, 5.62%) y USD 1.000 millones (2047, 4.65%), sumando pagos anuales de intereses por USD 151,2 millones.
• Obtuvo un crédito sindicado respaldado por CESCE de USD 1.300 millones, a 10 años, con tasa fija de 3.285% anual, amortizando USD 130 millones de capital cada año.
• El pago anual del crédito CESCE fue de USD 172 millones el primer año (USD 130 millones de capital + USD 42 millones de intereses) y baja a USD 120 millones en 2026 por la reducción del saldo.
• El desembolso anual total para atender la deuda externa de Petroperú asciende a cerca de +/- USD 322 millones, pagados en dos cuotas semestrales.
• Originalmente, el plan financiero para Talara consideró un EBITDA de USD 470 millones anuales, pero la refinería ha estado operando en rojo, poniendo en riesgo la capacidad de repago.

El Indecopi declaró ilegal la restricción que obligaba a renovar cada dos años el certificado HACCP en la industria de alimentos y bebidas en Perú.

La decisión, adoptada por la Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas mediante resolución N° 0184-2026/SEL-INDECOPI, ordena al Ministerio de Salud (MINSA) eliminar el límite de vigencia a este permiso sanitario clave para la producción nacional.

El sistema HACCP, clave en la seguridad de los alimentos

El conflicto surgió a partir de la denuncia presentada por Jorge Eduardo Lazarte Molina, representante y abogado de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), quien sostuvo que la normativa del MINSA imponía una carga burocrática innecesaria.

Hasta ahora, la reglamentación exigía que las empresas renueven el Certificado de Validación Técnica Oficial del Plan HACCP cada dos años para cada línea de producción.

Así lo establecían el artículo 58-A del Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de Alimentos y Bebidas y el artículo 33 de la Norma Sanitaria HACCP.

El sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point, o Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) es un protocolo internacional preventivo que identifica, evalúa y controla posibles peligros biológicos, químicos o físicos en la cadena de producción de alimentos.

Su objetivo es garantizar la inocuidad desde la materia prima hasta el consumidor final, enfocándose en controlar el proceso en lugar de solo inspeccionar el producto terminado.

Una resolución con impacto en toda la cadena alimentaria

El tribunal argumentó que, de acuerdo con el artículo 42 de la Ley 27444, los títulos habilitantes —como el certificado HACCP— deben tener vigencia indeterminada, salvo que una ley o decreto legislativo disponga lo contrario o, de manera excepcional, un decreto supremo debidamente sustentado lo justifique.

“No se verificó que la normativa que impuso el plazo haya cumplido con sustentar la necesidad ni el interés público a tutelar”, indicó la Sala.

El MINSA defendió su posición alegando que la certificación HACCP era solo un mecanismo técnico de control y no un verdadero título habilitante. También sostuvo que la ley vigente cuando se dictaron las normas no exigía vigencia indefinida.

En respuesta, el Indecopi rechazó estos argumentos y precisó que el análisis de legalidad se realiza sobre la normativa vigente al momento de la decisión.

La CONFIEP agrupa a las principales empresas del sector alimentos y bebidas de Perú. Entre sus asociados figuran compañías emblemáticas como Alicorp, Nestlé Perú, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, Laive, San Fernando, AJEPER (Grupo AJE), Molitalia, Arcor, Pepsico, Coca-Cola, Bimbo, e importantes procesadoras y agroexportadoras nacionales.

Estas empresas producen y comercializan una amplia variedad de alimentos industrializados, bebidas, lácteos, harinas, galletas, carnes, conservas, productos de panadería, snacks y productos para exportación.

Indecopi ordena efecto generalizado y fija plazo de cumplimiento

La sentencia dispone que la eliminación del plazo de 2 años tenga efecto generalizado. Desde la publicación oficial, todas las áreas del MINSA, así como funcionarios y terceros que actúen por delegación, deberán dejar de exigir la vigencia limitada para el certificado HACCP.

El MINSA tiene un plazo de 1 mes para informar sobre el cumplimiento de esta disposición y 5 días hábiles para comunicarlo a todas las empresas afectadas.

Además, el incumplimiento puede ser sancionado con multas de hasta 20 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalentes a 110.000 soles para 2026.

Control sanitario permanece, pero cambia vigencia del certificado

El Indecopi enfatizó que la decisión no modifica las potestades de control sanitario del MINSA, ni exime a las empresas del cumplimiento de la normativa vigente.

Las compañías deben seguir aplicando el plan HACCP de manera permanente y la autoridad sanitaria puede fiscalizar su implementación en cualquier momento.

La principal diferencia es que, a partir de ahora, el certificado dejará de caducar automáticamente cada dos años y solo podrá limitarse su vigencia si lo determina una norma legal debidamente sustentada.

La resolución que marca este precedente fue firmada por Gilmer Paredes Castro, presidente de la sala, junto a los vocales Dante Mendoza Antonioli, Orlando Vignolo Cueva y Álvaro Zegarra Mulánovich.

Las cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC) han cumplido recientemente cuarenta años en Perú. Según información de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), los activos del sistema superaban los S/45.000 millones a marzo de 2026.

El sector se consolida como referente de las microfinanzas en el país, con un enfoque orientado al apoyo de micro y pequeñas empresas (MYPES), emprendedores y sectores históricamente excluidos del sistema bancario.

Cuarenta años de expansión: ¿en qué segmentos?

La historia de las cajas municipales comenzó en 1982 con la fundación de Caja Piura, la primera entidad de este tipo en el país. En 1986 se creó la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC), que articula y representa a estas instituciones.

De acuerdo con la SBS, el sistema de cajas ha atravesado un proceso de expansión territorial y financiera que lo posiciona como líder en el sector microfinanciero peruano.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, el conteo caja por caja muestra que el sistema consolidó utilidades netas por encima de S/107 millones solo en enero, de acuerdo a cifras de mercado.

El ranking de utilidades lo encabeza Caja Huancayo con S/113,4 millones, seguida por Caja Piura (S/104,7 millones), Caja Arequipa (S/92,7 millones) y Caja Cusco (S/90,5 millones), según el cierre de abril de 2026.

Estas cifras reflejan la dinámica positiva del sistema, impulsada por estrategias de expansión, absorción de activos y concentración de operaciones en segmentos desatendidos por la banca tradicional.

El perfil de los clientes y la función social

Las cajas municipales han orientado históricamente sus productos y servicios hacia micro y pequeños empresarios, comerciantes independientes, trabajadores informales y artesanos.

Según la FEPCMAC, este segmento constituye el núcleo del negocio y la razón de ser de las cajas, que nacieron para cubrir las necesidades financieras de quienes no acceden a los canales convencionales.

Los préstamos se concentran en créditos MYPE de corto plazo para capital de trabajo, créditos de consumo, pequeños préstamos prendarios y productos hipotecarios básicos.

La inclusión financiera y el arraigo local son los principales valores diferenciales de las cajas. Parte de sus utilidades se destina a obras sociales en las provincias de origen, fortaleciendo el impacto comunitario y la sostenibilidad regional.

Diferencias frente a la banca tradicional

El sistema de cajas municipales se distingue de los bancos por su propiedad y finalidad social. Son instituciones de los gobiernos provinciales y operan bajo un modelo distinto al de las sociedades anónimas bancarias, cuyo objetivo principal es la rentabilidad para accionistas privados.

Las cajas aplican evaluaciones crediticias personalizadas, sobre todo en negocios informales sin historial bancario, mientras que los bancos emplean modelos automatizados más restrictivos.

En cuanto a tasas de interés, las cajas suelen ofrecer mayores rendimientos para los ahorristas, pero también aplican tasas más elevadas en los préstamos debido al riesgo asumido por su segmento objetivo.

Ambas figuras participan del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), lo que garantiza protección a los ahorros de los clientes. Plataformas como el Comparador de Productos Financieros SBS o ComparaBien Perú permiten consultar y comparar las condiciones entre distintas entidades.

Horizonte y desafíos para el sector

La FEPCMAC y sus asociados celebran su aniversario en un momento de expansión y consolidación, pero también de retos. La transformación digital, la ampliación de la cobertura y la adaptación a nuevas regulaciones aparecen como desafíos relevantes.

El sector ha impulsado iniciativas vinculadas a educación financiera, resiliencia climática y acceso a servicios esenciales, en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

El peso creciente de las cajas municipales en la economía peruana se refleja tanto en sus cifras como en la diversidad de sus operaciones, que continúan concentrándose en los segmentos menos atendidos por la banca tradicional. Así, el sistema encara su quinto decenio con la mira puesta en la inclusión y la sostenibilidad.

En un contexto donde cada vez más limeños buscan formas de generar ingresos complementarios, las cocheras han dejado de ser solo un espacio subutilizado para convertirse en un activo rentable.

Según cifras de ParkGO, los ingresos por alquiler de estacionamientos en la capital peruana han crecido un 40% respecto a años anteriores.

Esta tendencia refleja no solo el alza de la demanda de espacios seguros en zonas residenciales y comerciales, sino también el interés de los propietarios por monetizar áreas que antes permanecían vacías.

¿Cuánto se puede ganar alquilando una cochera?

El potencial económico es considerable. En San Isidro, los propietarios pueden obtener entre S/500 y S/800 mensuales por cada cochera alquilada.

Miraflores ofrece ingresos de S/400 a S/700, Barranco entre S/300 y S/500, San Miguel de S/250 a S/450 y La Victoria entre S/200 y S/350 al mes.

El 80% de las cocheras disponibles en plataformas especializadas se concentra en distritos estratégicos, con Miraflores, San Isidro y Barranco como líderes en oferta y demanda.

5 claves para ganar más dinero con su cochera

Antes de decidir cómo rentabilizar su cochera, conviene considerar distintas estrategias que pueden maximizar los ingresos y asegurar una gestión eficiente del espacio. Estas son 5 recomendaciones para sacar el mayor provecho:

• Alquile por horas o días: Ideal en zonas cercanas a oficinas, centros comerciales, clínicas o universidades, donde la demanda temporal es alta.
• Considere contratos mensuales: Esta modalidad asegura ingresos constantes y reduce la rotación de usuarios, especialmente en áreas con déficit de estacionamientos.
• Aproveche la alta demanda en eventos: Conciertos, festividades y campañas comerciales elevan la necesidad de estacionamiento, generando ingresos extra para espacios cercanos a estos eventos.
• Establezca tarifas competitivas: Analizar los precios de la zona y las características del espacio ayuda a definir una tarifa adecuada que favorezca la ocupación y la rentabilidad.
• Utilice herramientas tecnológicas: Las nuevas plataformas de movilidad urbana facilitan la gestión y visibilidad de las cocheras, ayudando a conectar propietarios con conductores interesados de forma rápida y segura.

¿Quiénes apuestan por este modelo?

El perfil de los propietarios que alquilan sus cocheras corresponde principalmente a personas de 30 a 60 años, pertenecientes a niveles socioeconómicos medio-altos y altos.

Muchos son profesionales, empresarios o dueños de departamentos con espacios de estacionamiento adicionales en distritos céntricos, de acuerdo con ParkGo.

El crecimiento del tránsito vehicular y la limitada disponibilidad de estacionamientos públicos han hecho que estos propietarios encuentren en el alquiler una oportunidad para generar ingresos sin grandes inversiones.

Pero, ¿cuánto demora poner en alquiler mi cochera?

Según datos recientes de ParkGO, el 70% de las cocheras puestas en alquiler logran ocuparse rápidamente, mientras que el 30% restante puede demorar más tiempo en encontrar usuario. En promedio, una cochera permanece vacante alrededor de un mes antes de ser alquilada.

Los distritos donde la rotación es más ágil son Miraflores, San Isidro, Barranco y Surco, zonas donde el uso de aplicaciones como Uber y Airbnb es frecuente, lo que incrementa la demanda de espacios de estacionamiento y facilita la rápida ocupación de cocheras disponibles.

Optimizar espacios, generar ingresos: Un mercado en expansión

Esta expansión responde a la practicidad y rapidez del modelo, que permite a los propietarios obtener ingresos adicionales y a los usuarios acceder a soluciones de estacionamiento más seguras y convenientes.

Aprovechar una cochera vacía es una de las formas más simples de transformar un espacio subutilizado en una fuente de ingreso constante. En distritos con alta demanda, el alquiler no solo ayuda a aliviar la escasez de estacionamientos, sino que contribuye a optimizar la movilidad urbana y a dinamizar la economía local.

El pan con chicharrón peruano fue reconocido nuevamente como el mejor bocadillo de delivery en España, al obtener por segundo año consecutivo el galardón “Mejor Bocata Delivery by Glovo” en el Campeonato de España de Bocatas 2026.

Esta distinción, otorgada a la cadena Cholito Lindo, confirma la creciente presencia y popularidad del “bocadillo” peruano en el competitivo mercado gastronómico español. Sin embargo, no se trata de un caso aislado.

La oferta culinaria del Perú atraviesa una etapa de expansión sin precedentes en España, con más de un millar de restaurantes activos y una proyección de crecimiento sostenido para los próximos años, según Gary Llempén, fundador y CEO de Grupo Ceviche.

Y es que platos bandera como el ceviche, la causa limeña, el pollo a la brasa y, más recientemente, el propio pan con chicharrón, han logrado posicionarse en las cartas de restaurantes de diferentes categorías, reflejando un avance que trasciende a la comunidad migrante y llega al gran público.

Paella vs. Chicharrón: Platos peruanos que ganan terreno en España

Según Llempén, la presencia de peruanos en ciudades como Barcelona se ha incrementado y el número de restaurantes peruanos se ha multiplicado en las últimas dos décadas, pasando de alrededor de 400 a cerca de 1.000 locales, con estimaciones que anticipan hasta 4.000 en los próximos años.

Este crecimiento ha ido acompañado de una aceptación cada vez más generalizada de la gastronomía peruana, impulsada tanto por el esfuerzo de la comunidad como por el interés local en nuevas propuestas culinarias, explica.

Pero el fenómeno no se limita a la alta cocina. Platos como la causa limeña han encontrado buena recepción entre los españoles y la inclusión de recetas peruanas en menús de restaurantes no especializados se ha vuelto habitual.

El ritmo de aperturas es constante: actualmente se inaugura un restaurante peruano cada 3 días en España, mientras que dentro de Grupo Ceviche “el promedio es de un local nuevo cada 100 días”.

La oferta peruana se dirige ahora a un público diverso, incluidas nuevas generaciones que “buscan sabores distintos a los tradicionales europeos”, refiere Llempén.

Delivery, viralidad y consolidación

El auge de las plataformas de delivery ha permitido que productos tradicionales lleguen a una audiencia más amplia. Entre ellos, el pan con chicharrón destaca como un fenómeno urbano en ciudades como Madrid y Barcelona, señala el experto.

El impacto de figuras mediáticas, como el streamer Ibai Llanos, potenció su demanda: tras su intervención, las ventas del “bocadillo” en las sangucherías de Grupo Ceviche se duplicaron.

Actualmente, la cadena Cholito Lindo registra más de 5.000 pedidos semanales de pan con chicharrón por delivery, “lo que demuestra el potencial para invertir en el producto en el mercado español”.

Retos y oportunidades para la cocina peruana

Con todo, el crecimiento sostenido del sector plantea nuevos desafíos. La formación culinaria en España todavía presenta brechas en el conocimiento de la cocina peruana y productos como el pisco avanzan más lentamente en su posicionamiento frente a otras bebidas internacionales.

La mejora en la disponibilidad de insumos peruanos, como el ají amarillo, ha favorecido la consolidación de nuevas propuestas, explica Llempén.

Sin embargo, desde la parte pública el impulso institucional podría ser aún mayor si entidades como Mincetur refuerzan las acciones de promoción internacional y apoyo logístico para los emprendimientos gastronómicos peruanos, facilitando la llegada de insumos y la visibilidad de la marca país en el exterior.

En términos económicos, al menos, la rentabilidad acompaña el auge: el EBITDA de los locales más exitosos ronda el 20%, mientras que los más sofisticados alcanzan márgenes de entre 10% y 15%.

Para Llempén, el posicionamiento de la cocina peruana en España es solo el comienzo de un fenómeno que, según anticipa, dará mucho que hablar en los próximos años y podría expandirse con fuerza a otros países del continente europeo.

La diversidad y autenticidad de los sabores peruanos tienen potencial para conquistar nuevas plazas y consolidar a Perú como un referente gastronómico fuera de América Latina.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú introdujo un cambio radical en la gestión del correo electrónico institucional.

A través de la Resolución N° 001-2026-PCM/SGTD, publicada en junio de 2026, el gobierno estableció nuevas reglas obligatorias que restringen el uso de estos canales exclusivamente a fines laborales. El uso personal y comercial de cuentas oficiales queda estrictamente prohibido.

El Estado endurece el control sobre el correo electrónico oficial

El contexto de la norma tiene como trasfondo el aumento de riesgos informáticos y de pedidos ciudadanos de mayor transparencia.

La Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) fue la encargada de formular la directiva. Según lo dispuesto, todas las entidades públicas del país, desde ministerios hasta municipalidades y empresas estatales, deben adecuar sus sistemas de correo a los nuevos estándares.

El documento también invita al sector privado a considerar estas políticas como referencia de seguridad digital, detalla la resolución de la PCM.

Correo institucional: activo digital bajo estricta vigilancia

El reglamento define a las cuentas oficiales como activos digitales críticos. Esto implica que la gestión y el acceso a los correos estarán sometidos a controles técnicos y legales, que incluyen auditorías periódicas, copias de respaldo y mecanismos de seguridad avanzados.

El administrador del sistema en cada entidad debe monitorear el acceso, bloquear amenazas y reportar cualquier incidente, desde intentos de suplantación hasta correos masivos no autorizados.

La información almacenada en el correo institucional es propiedad de la entidad, no del usuario. Por tal motivo, las entidades pueden auditar, acceder y custodiar los mensajes, incluso si la persona que usó la cuenta ya no forma parte del organismo.

Límites estrictos para los funcionarios públicos

La directiva establece una distinción entre cuentas nominales (asignadas a trabajadores en relación de dependencia) y cuentas funcionales (para áreas, servicios automáticos o consultores). Solo los titulares acceden formalmente a las cuentas nominales, pero el control último recae en el Estado.

La norma prohíbe el uso del correo institucional para actividades personales, comerciales, políticas o de cualquier naturaleza ajena al trabajo público. También impide registrar cuentas oficiales en redes sociales, sitios de compras o plataformas no autorizadas.

Cualquier uso indebido puede derivar en sanciones administrativas y, en casos graves, en denuncias penales o civiles. El documento detalla que compartir contraseñas o enviar información confidencial fuera de los canales oficiales constituye una infracción grave.

Nuevas obligaciones de seguridad y respaldo

Las entidades deberán implementar autenticación en dos pasos para el acceso externo y cifrado de las comunicaciones.

Además, se exige la realización de backups diarios y mensuales, así como el registro de accesos, intentos fallidos y movimientos relevantes. Toda acción sobre el correo institucional quedará registrada y podrá ser auditada ante incidentes de seguridad.

La responsabilidad legal recae en los titulares de las cuentas y en quienes las utilicen. El uso de inteligencia artificial para redactar mensajes no exime de responsabilidad sobre el contenido ni sobre sus consecuencias.

Transparencia y acceso: el correo es información pública

La directiva ordena que la información contenida en los correos institucionales debe considerarse pública, salvo las excepciones previstas en la ley.

Si se solicita información, el titular o la administración deben separar lo personal y entregar lo que corresponde a la función pública. Este procedimiento debe documentarse y resguardarse en el legajo laboral del funcionario.

En caso de cese laboral o fallecimiento del titular, la entidad debe garantizar la depuración de mensajes personales y la entrega de toda la información oficial relevante. El respaldo del correo se agrega al expediente del agente por el tiempo que disponga la normativa.

Dominios oficiales y firmas obligatorias

Las cuentas del Estado deben usar dominios exclusivos como “.gob.pe”, “.edu.pe”, “.mil.pe” o “.com.pe”, según corresponda. Se prohíbe el uso de servicios de alojamiento compartido o plataformas de bajo estándar.

Todo mensaje externo debe llevar una firma estándar con datos del remitente, cargo, organización y aviso de confidencialidad. El reglamento detalla conductas prohibidas, desde el acceso no autorizado hasta el almacenamiento o envío de material ilegal, acoso digital o fraude.

Las sanciones pueden ir desde la baja inmediata de la cuenta hasta la denuncia penal, según la gravedad del hecho. La SGTD también podrá brindar soporte técnico a municipalidades con menos recursos, si cumplen con los requisitos mínimos para la implementación del correo institucional.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) otorgó la autorización para que Prex Perú funcione como una empresa de créditos, consolidando así su presencia como plataforma financiera completamente digital en el país.

La decisión quedó formalizada mediante la Resolución SBS N.°1561-2026, publicada el 8 de junio, marcando un nuevo paso para la innovación en el sector financiero peruano.

Una fintech regional con respaldo internacional

Prex Perú Empresa de Créditos S.A. es una filial de la fintech uruguaya Prex, compañía que desarrolla operaciones en Argentina, Perú y Chile.

El holding cuenta con inversión estratégica del Grupo Itaú, una de las entidades financieras más relevantes de la región.

Hasta ahora, la operación local de Prex en Perú se realizaba a través de Prex S.A.C., habilitada como empresa de préstamos y apoyada en un esquema de Banking as a Service (BaaS), provisto por una emisora de dinero electrónico bajo regulación oficial.

Nuevo modelo supervisado y digital

Con la nueva autorización, Prex Perú pasará de operar bajo la figura de préstamos a consolidarse como una empresa de créditos supervisada, que integrará servicios de crédito, pagos y billetera digital en una única plataforma.

Según la superintendencia, este tipo de empresas está habilitada únicamente para otorgar créditos, sin captar depósitos del público.

El eje de la relación con el cliente será una cuenta de dinero electrónico, que permitirá realizar pagos, transferencias, recargas, remesas, operaciones con tarjeta, cambio de moneda y transferencias interoperables con otras soluciones digitales como Yape y Plin.

Además, la firma podrá ofrecer créditos digitales de bajo monto, bajo el producto denominado Prextamo, cuyo desembolso y devolución ocurrirán dentro de la misma cuenta, integrando el uso de la billetera con el acceso a financiamiento.

Exigencias regulatorias y protección al usuario

La SBS detalló que, considerando la combinación de operaciones de crédito y emisión de dinero electrónico, se estableció como medida prudencial que Prex Perú mantenga un capital social mínimo equivalente a la suma de los capitales exigidos tanto para una empresa de créditos como para una emisora de dinero electrónico.

El inicio efectivo de las operaciones relacionadas con la emisión de dinero electrónico queda sujeto al cumplimiento de los requisitos adicionales que determine el regulador.

La autorización de la SBS establece un modelo supervisado y proporcional, enfocado en la protección del usuario y en la gestión adecuada de los riesgos inherentes a este tipo de operaciones digitales.

“El objetivo es habilitar un esquema cercano a la banca digital, pero bajo el marco de una empresa de créditos, con supervisión proporcional”, explicó la entidad.

Impacto en el ecosistema financiero peruano

La llegada de Prex Perú como empresa de créditos digital representa un avance para el ecosistema fintech local, ampliando las alternativas tecnológicas para el acceso a productos financieros.

La resolución de la SBS posiciona a Prex como una de las primeras plataformas digitales en operar bajo este modelo, impulsando la competencia y la innovación en el país.

De acuerdo con la información oficial, la empresa deberá cumplir con todas las exigencias regulatorias antes del inicio de sus operaciones plenas, lo que incluye la ampliación de servicios y la integración total de su infraestructura tecnológica y de seguridad para clientes en Perú.

Primera fintech 100% digital autorizada por la SBS

En un comunicado posterior, la compañía informó que se convirtió en la primera entidad financiera 100% digital en obtener la autorización de funcionamiento como empresa de crédito en Perú, estableciendo un precedente para el sistema financiero y el ecosistema fintech del país.

Prexpe destacó que este logro es el resultado de más de dos años de trabajo junto a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, enfocado en cumplir con altos estándares de gobierno corporativo, gestión de riesgos, cumplimiento normativo, prevención de fraude, ciberseguridad y solvencia financiera.

El proceso incluyó la obtención de la autorización de organización en octubre de 2024 y la posterior culminación de todas las etapas requeridas para operar bajo supervisión de la SBS.

La compañía señaló que este avance la posiciona como un actor regulado dentro del sistema financiero nacional y demuestra que una empresa de origen digital puede alcanzar los niveles de supervisión exigidos a las entidades tradicionales.

Expansión de servicios y proyección regional

Entre las novedades, el comunicado precisó que la oferta inicial de Prexpe estará enfocada en créditos de consumo de libre disponibilidad y tarjetas con línea de crédito, con la proyección de avanzar en el segundo semestre de 2026 hacia la autorización para operar como empresa emisora de dinero electrónico (EEDE).

La empresa remarcó que este paso permitirá fortalecer su propuesta de valor e integrar más servicios bajo un marco regulatorio. Prexpe comunicó además que ya cuenta con más de 650.000 usuarios en Perú y forma parte de un grupo fintech regional con presencia en Uruguay, Argentina, Chile y Perú.

El Country Manager, Ignacio Nina, afirmó que la autorización representa un hito para la empresa y para la industria fintech local, y reafirmó el compromiso de largo plazo con el desarrollo financiero y la inclusión en el país.

“Este paso nos permite seguir ampliando el acceso a soluciones financieras simples, digitales y reguladas para miles de peruanos, reafirmando nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo financiero y la inclusión en el país”, dijo.

La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, se perfila como el evento deportivo de mayor impacto económico de los últimos años.

Especialistas proyectan que el torneo generará más de US$ 40.000 millones en actividad económica global, movilizando inversiones, turismo, consumo y una extensa cadena de servicios en los países anfitriones y más allá.

Según Cristian Maravi, director del Departamento de Economía de la Universidad de Piura, el Mundial no solo es una fiesta deportiva, sino también un fenómeno comercial y social que crea oportunidades para múltiples sectores.

“Más allá de la indudable pasión deportiva, este torneo representa un fenómeno de marketing global capaz de generar importantes externalidades positivas en la economía global y local”, afirmó.

Consumo mundialista en Perú, pese a la ausencia de la selección

Aunque Perú no estará presente en la competencia, el ambiente mundialista se hará sentir en el país. El torneo impulsa el consumo local a través de la venta de camisetas, artículos deportivos, televisores, álbumes coleccionables, apuestas y productos de entretenimiento.

Comercios, bares y restaurantes prevén un aumento en la demanda durante los partidos, incentivando promociones y eventos especiales, mientras los coleccionables continúan movilizando a miles de aficionados.

El especialista de la UDEP señala que incluso en países sin representación, el Mundial suele activar la economía por la vía del consumo cultural y la identificación con el espectáculo global. Los peruanos, como otros consumidores de la región, buscan sumarse a la experiencia a través de productos oficiales, transmisiones en vivo y actividades temáticas.

Cifras globales del impacto económico

Las estimaciones internacionales destacan la magnitud económica del evento. Solo en Norteamérica, el Mundial inyectará más de US$ 5.000 millones en el corto plazo, con la llegada de más de seis millones de visitantes.

En Estados Unidos, se proyecta un impacto de hasta US$ 30.500 millones en producción económica, con un aporte directo de US$ 17.200 millones al Producto Interno Bruto y la generación de unos 185.000 empleos. Ciudades sede como Los Ángeles y Atlanta estiman beneficios económicos de entre US$ 500 y US$ 600 millones cada una.

En México, se espera recibir más de cinco millones de turistas internacionales, lo que podría traducirse en US$ 3.000 millones en beneficios, dinamizando sectores como hotelería, transporte, gastronomía y comercio.

Canadá, por su parte, proyecta un impacto de 3.800 millones de dólares canadienses, con la provincia de Columbia Británica anticipando beneficios superiores a los 1.000 millones.

El reto de aprovechar la ola desde fuera

El desafío para Perú será identificar y potenciar los rubros que pueden beneficiarse indirectamente del Mundial. Empresas de comercio electrónico, cadenas de retail, casas de apuestas, productores de merchandising y operadores de servicios de streaming buscan capitalizar el entusiasmo mundialista.

La categoría de coleccionables, en particular, se mantiene como uno de los motores del consumo local en contextos de grandes eventos deportivos. Especialistas coinciden en que la Copa Mundial de la FIFA 2026 consolidará al fútbol como un espectáculo de alcance global y un motor de crecimiento para industrias muy diversas.

Aunque Perú quede fuera de la competencia deportiva, las oportunidades para insertarse en la ola económica del torneo dependen de la capacidad de adaptación de los actores locales y del interés de los consumidores por vivir la experiencia mundialista.

Las elecciones presidenciales en Perú se celebraron el domingo y, 48 horas después, el país permanece sin un resultado definitivo. Con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a cargo del recuento, Roberto Sánchez mantiene una leve ventaja sobre Keiko Fujimori.

Mientras tanto, el mercado cambiario opera en modo preventivo y los agentes advierten que, de consolidarse el triunfo de Sánchez, el sol peruano podría depreciarse hasta S/3,65 por dólar en el corto plazo.

Este lunes, el tipo de cambio cerró a la baja tras las primeras horas de negociación, reflejando que parte del mercado aún apuesta por una posible victoria de Fujimori, considerada una candidata favorable para la continuidad de políticas económicas y la inversión privada.

Sin embargo, la expectativa de un resultado ajustado mantiene la volatilidad en niveles elevados, aunque la presión sobre el sol se perfila si el liderazgo de Juntos por el Perú se confirma en las próximas horas, según Global66.

El sol y el peso chileno, las únicas monedas depreciadas en la región

En lo que va de 2026, el sol peruano acumuló una depreciación anual de 2,7%. Junto al peso chileno, con una caída del 1,0%, son las únicas monedas principales de América Latina que cerraron el periodo en negativo frente al dólar.

En contraste, el real brasileño, el peso colombiano y el mexicano lograron apreciaciones de 4,8%, 4,5% y 2,8%, respectivamente, refiere la plataforma digital.

El informe destaca que la divergencia del sol respecto a otras monedas regionales se explica fundamentalmente por el riesgo político y la incertidumbre generada en el proceso electoral.

Los sólidos fundamentos macroeconómicos de Perú —segundo productor mundial de cobre, reservas internacionales por USD 59.400 millones y una tasa de interés de referencia en 4,25%— no justifican por sí solos la magnitud de la depreciación.

Dos escenarios tras el conteo: presión o alivio para el sol

La trayectoria del sol dependerá del desenlace final del escrutinio. Si Sánchez consolida su ventaja y la ONPE proclama su victoria, los agentes del mercado proyectan un tipo de cambio en la franja de S/3,58 a S/3,65.

El riesgo de mayores depreciaciones no se descarta si surgen señales de revisión de contratos mineros o dudas sobre la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Por el contrario, si finalmente Keiko Fujimori remonta en el conteo y es declarada presidenta, los analistas anticipan una apreciación inmediata del sol hacia S/3,28–S/3,32, con un potencial adicional hacia S/3,20–S/3,25 en el tercer trimestre.

Factores estructurales y externos siguen siendo clave

Más allá del resultado electoral, el análisis de los operadores subraya el peso de la política minera, la independencia del BCRP, la política fiscal y los precios internacionales del cobre y el oro como determinantes para la evolución futura del sol peruano.

La política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, con tasas altas, continúa imponiendo presión a las monedas emergentes y limita el atractivo del sol para inversiones especulativas.

Hasta la proclamación de resultados oficiales, el mercado financiero peruano se mantendrá atento a cada señal y preparado para una nueva ronda de volatilidad en el tipo de cambio, señala Global66.

El sector inmobiliario y de construcción acumula en 2026 un total de 269 sanciones impuestas por el Indecopi por infracciones a los derechos de los consumidores, con multas que superan las 590 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

Según datos oficiales del organismo regulador, esta industria se ubica como la segunda más sancionada en el país durante el presente año.

Multas millonarias y reincidencia en el sector

De acuerdo con el portal “Mira a quién le compras”, promovido por la entidad para empoderar a los consumidores ante posibles estafas, las sanciones impuestas al sector suman 592,84 UIT en 2026.

Esta tendencia se mantiene respecto de 2025, año en el que el sector inmobiliario recibió 724 sanciones y multas por un total de 1.912,86 UIT, según reportó Indecopi.

La entidad explicó que las sanciones se deben principalmente a incumplimiento de condiciones ofrecidas, falta de idoneidad en los servicios y entrega de información insuficiente.

Estas acciones constituyen infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige a las empresas cumplir las condiciones pactadas y proporcionar información clara y suficiente en todas las etapas de la compraventa.

Recomendaciones antes de firmar un contrato de compraventa

Frente a este escenario, Indecopi recomienda exigir información clara y detallada antes de firmar cualquier contrato de compraventa de inmuebles.

Se aconseja revisar el historial de la constructora, verificar licencias de edificación y conocer las características relevantes de la obra, como parte del proceso para tomar una decisión informada y proteger los derechos del consumidor.

De acuerdo con la Guía sobre productos y servicios inmobiliarios de Indecopi, el contrato de compraventa debe incluir la identificación de las partes, la descripción del inmueble, el precio, la forma de pago, penalidades y el saneamiento físico y legal del bien.

El proveedor no puede modificar unilateralmente las condiciones pactadas sin consentimiento del consumidor. En lo que va del año, los desarrolladores más sancionados son:

1. LEXUS INVERSIONES S.A.C.
2. V CAPITAL S.A.C
3. INVERSIONES INMOBILIARIAS EDIFICA
4. CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RAMVALDIAZ
5. DIAZ, SEGUNDO LUIS
6. AYBAR CORP. SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
7. GRUPO DIMENSIONA S.A.C.
8. COAM CONTRATISTAS S.A.C.
9. INMOBILIARIA FORTEM TRES S.A.C.
10. EDIFICACIONES INMOBILIARIAS S.A.C.

Documentos y pasos para protegerse al comprar inmuebles

Para bienes terminados, corresponde recibir copia de la partida registral y planos de instalaciones, incluidos los de servicios comunes.

En el caso de bienes futuros, debe entregarse la resolución municipal que aprueba el proyecto de habilitación urbana y el plano de lotización, entre otros documentos.

Después de la compra, el consumidor tiene derecho a revisar el estado del inmueble y dejar constancia escrita de su conformidad o disconformidad respecto de las condiciones de entrega y desperfectos.

Este registro puede servir como medio probatorio en reclamos o denuncias administrativas, según las directrices de Indecopi.

¿Qué hacer si surgen problemas tras la compra?

Ante cualquier disconformidad, el consumidor puede solicitar el Libro de Reclamaciones del proveedor, recurrir al servicio Reclama Virtual de Indecopi, acudir a la Defensoría del Cliente Inmobiliario o al Arbitraje de Consumo.

Además, es posible presentar una denuncia administrativa ante los órganos resolutivos de Indecopi y documentar toda incidencia para respaldar el reclamo. Así que revise bien su contrato.

El resultado parcial de las elecciones presidenciales en Perú marcó el inicio de una semana de alta volatilidad en los mercados financieros de la región.

Con el 93,181% de actas procesadas por la ONPE, Keiko Fujimori de Fuerza Popular suma el 50,069% de los votos, mientras Roberto Sánchez de Juntos por el Perú alcanza el 49,931%. Este escenario mantiene la competencia abierta y ha elevado la tensión entre los inversores.

La reacción recuerda lo ocurrido en 2021, cuando la victoria de Pedro Castillo generó un retroceso inmediato superior al 6% en el índice S&P/BVL Perú General y una caída de hasta 8,9% en el sector financiero al día siguiente de la elección.

Primeras reacciones: caídas y bajo volumen en la Bolsa de Lima

La jornada bursátil comenzó con movimientos limitados y escaso volumen en la Bolsa de Valores de Lima (BVL). Según explicó David Lizama, jefe de análisis de Renta 4 SAB, “la bolsa local es tan líquida que, tras unas pocas operaciones iniciales, no se registró mucho volumen”.

Lizama detalló para Infobae Perú que las mayores caídas iniciales ocurrieron en acciones peruanas que cotizan en el exterior, como BAP (Credicorp) y Buenaventura, ambas incluidas en varios índices de referencia internacionales.

BAP retrocedió de USD 370 a USD 300, una caída del 21%, mientras que Buenaventura descendió de USD 44 a USD 29,37, con una pérdida del 33%. En los últimos días, la acción de Buenaventura pasó de USD 37 a USD 29.

“Lo que normalmente pasa es que primero se ve el ajuste afuera y luego, con demora, se refleja en el mercado local”, dijo el especialista.

Según explicó, el tipo de cambio permanece relativamente estable en S/3,50, mientras los bonos soberanos muestran puntas abiertas y baja actividad. De cualquier forma, la mayor corrección bursátil local podría no ocurrir de inmediato.

Expectativas de mayor volatilidad tras la transición presidencial

Históricamente, la volatilidad se incrementa después del discurso presidencial del 28 de julio y la presentación del gabinete, especialmente en la quincena de agosto, según Lizama.

“En caso que gane Sánchez, es probable que la mayor corrección [el verdadero golpe] no la veas hoy, sino después de que presente su primera plana de ministros ante el Senado”, subrayó.

Entre otras acciones relevantes, Volcan bajó de S/0,83 a S/0,66 (-22%), Souther Copper perdió 15% en los últimos días y 22% respecto a su máximo anual.

En tanto, IFS (Intercorp Financial Services) cayó de USD 50,40 a USD 45 (-9,8%), mientras que la cementera Unacem pasó de S/2,02 en febrero a S/1,68 (-19%).

Volcan e IFS dependen más del mercado local, tienen menor liquidez y su ajuste bursátil se da en una segunda etapa, una vez que se ha drenado el impacto externo. Este mercado, según Lizama, “todavía no refleja el impacto total por el bajo volumen”.

Impacto regional: ¿Riesgo de contagio en el bloque nuam?

El especialista también señaló el contexto regional y la posible repercusión en los mercados de Chile y Colombia, integrados con Perú en el holding nuam, que busca posicionarse globalmente frente a otros conglomerados bursátiles internacionales, como Euronext, Deutsche Börse y NYSE Group.

“Cuando una de las bolsas del bloque nuam tropieza fuerte, termina arrastrando a las otras dos”, advirtió Lizama.

Según el análisis de Renta 4 SAB, la interconexión operativa y financiera entre estas bolsas amplifica la sensibilidad regional ante episodios de volatilidad y puede generar un efecto dominó si persiste la incertidumbre política en el país.

En este contexto, nuam reportó resultados récord para el primer trimestre de 2026. Los ingresos operacionales alcanzaron CLP 40,7 mil millones (+17% interanual), la utilidad neta fue de CLP 9,7 mil millones (+47%) y el margen EBITDA llegó al 49%.

La capitalización bursátil conjunta de las tres bolsas sumó USD 532 mil millones (+43% interanual), reflejando el dinamismo reciente de los mercados. Pero ahora se avecinan golpes desde dos de los tres socios.

Colombia y Chile: presión adicional sobre la integración andina

Y es que, para Lizama, el agobio internacional para nuam no se agota en Perú. El 21 de junio, Colombia celebrará la segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella (derecha) e Iván Cepeda (izquierda, cercano a Gustavo Petro), en medio de un panorama que podría redefinir la correlación de fuerzas en Sudamérica.

En Chile, bajo la presidencia de José Antonio Kast, el mercado se mantiene como el más sólido del bloque, aunque no logra sostener el índice regional si Perú y Colombia presentan retrocesos simultáneos.

A esto, habría que sumarle que, dentro de Perú, la capacidad de respuesta de los inversionistas institucionales se ha visto limitada: las AFP cuentan con menor margen de maniobra tras los retiros de fondos recientes y las aseguradoras mantienen su preferencia por la renta fija.

Según Lizama, “para que el equity peruano recupere tracción, la bolsa local debería caer por lo menos un 10% adicional desde los niveles actuales”.

El resultado electoral final en Perú podría demorar varias semanas en oficializarse, mientras el mercado local transita un periodo de baja representatividad y movimiento lateral, condicionado por la volatilidad externa, la política interna y la integración regional en el bloque.

La industria peruana de cuero y calzado está experimentando señales de recuperación y transformación, luego de un periodo de contracción productiva y alta informalidad, según datos del Ministerio de Producción.

El sector, que representa el 0,8% del PBI manufacturero, enfrenta una lenta salida de la crisis generada por la pandemia, pero muestra oportunidades para quienes apuestan por innovación y productos de mayor valor agregado.

De acuerdo con un análisis de Alda, firma peruana dedicada a la marroquinería premium, el consumidor local se ha vuelto más exigente y busca experiencias integrales al momento de adquirir productos de cuero.

La empresa sostiene que el canal digital ha permitido ampliar la base de clientes y llegar a nuevas regiones, pero que la experiencia presencial sigue siendo clave, principalmente en el segmento de accesorios de alta gama, donde la textura, los acabados y el trato personalizado son factores decisivos.

Cuestión de cueros: el consumidor premium exige experiencia y calidad

Según el recuento oficial del Gobierno, entre 2019 y 2023 la producción sectorial cayó a un ritmo promedio de -13,4% anual y el número de empresas formales disminuyó -9,1% cada año. La pandemia provocó una reducción drástica en 2020 (-32,2%), y aunque hubo repuntes en 2021 y 2022, la recuperación sigue incompleta.

En 2024, la industria aún no había logrado alcanzar niveles previos a la emergencia. Sin embargo, ciertas líneas de valor agregado evidencian tendencias positivas: la producción de billeteras y cuero vacuno creció más de 160% respecto al año anterior, compensando parcialmente el descenso de productos tradicionales como zapatillas y sandalias.

La diversificación productiva y el desarrollo de accesorios orientados a nichos premium surgen así como una de las salidas más viables para el sector. A nivel laboral, el sector sostiene más de 64.000 empleos, con una participación femenina del 29%.

Aunque la informalidad continúa en niveles elevados (75%), la formalización y el acceso al crédito han avanzado, permitiendo que más micro y pequeñas empresas accedan a financiamiento. Entre 2019 y 2023, el crédito directo al sector creció 10,1% anual en promedio, aunque en 2024 se observa una retracción asociada a la baja actividad general.

Omnicanalidad y showroom, claves en la estrategia de la marroquinería

De acuerdo con Alda, la integración de canales digitales y la creación de showrooms boutique ha sido fundamental para la captación de nuevos públicos y fortalecer la relación con clientes corporativos. Para la compañía, estos resultados reflejan el interés del consumidor peruano por propuestas diferenciadas y la importancia del contacto físico para valorar la calidad y exclusividad de los productos.

“En productos como los artículos de cuero, la textura, los acabados y la experiencia directa siguen teniendo un peso importante en la decisión de compra. El consumidor utiliza ambos canales de manera complementaria“, señala Roger Evangelista, especialista en rentabilidad de espacios comerciales.

El análisis de la marca coincide con los hallazgos oficiales: la especialización, la innovación comercial y la apuesta por la omnicanalidad son las estrategias más efectivas para sortear los desafíos estructurales de un sector que compite con productos importados de Asia y enfrenta altos niveles de informalidad.

La omnicanalidad permite, por ejemplo, que un cliente vea un bolso en la web de Alda, lo reserve por redes sociales y lo recoja o pruebe en el showroom físico, manteniendo siempre una experiencia conectada y sin interrupciones.

Asimismo, la expansión fuera de Lima y la diversificación regional adquieren relevancia. El sector tiene presencia en regiones como La Libertad, Arequipa y Junín, lo que contribuye al desarrollo territorial y a la generación de empleo en zonas fuera de la capital.

Exportaciones, desafíos y perspectivas

Aunque la balanza comercial sigue siendo deficitaria, la industria peruana de cuero y calzado mantiene presencia en mercados internacionales, principalmente Estados Unidos, Chile, Ecuador y Bolivia.

La apuesta por productos premium y diferenciados es vista como la vía más sostenible para mejorar la inserción internacional y competir en nichos de mayor exigencia.

Para Alda, el futuro del sector pasa por combinar la calidad artesanal y la experiencia personalizada con estrategias digitales y de posicionamiento de marca.

El dato

• El showroom de Alda en Miraflores no solo funciona como espacio de venta, sino como herramienta para conocer en detalle los hábitos, expectativas y preferencias de los consumidores, permitiendo probar nuevos productos y fortalecer la fidelización.
• La empresa destaca que, tras tres meses de operación, el showroom boutique registra un crecimiento mensual superior al 30% en visitas, lo que respalda la apuesta por el formato físico como complemento estratégico de su canal digital.
• Alda resalta que el 80% de su base de clientes es recurrente, incluyendo familiares de compradores iniciales, lo que subraya la importancia de la experiencia y el vínculo directo como factores clave en la compra de artículos premium.

Los resultados de las elecciones presidenciales 2026 en Perú han dado un vuelco luego de que el conteo rápido de Ipsos ubicara a Roberto Sánchez con 50,3% y a Keiko Fujimori con 49,7%.

Transparencia precisó que, debido al margen de error de 1,9%, se trata de un empate técnico y todavía no hay un ganador definitivo. En este escenario de incertidumbre, los mercados ya anticipan movimientos en el tipo de cambio, un fenómeno que el país ha experimentado en otros momentos de alta tensión política.

Aunque uno de los primeros efectos esperados tras una segunda vuelta tan reñida es el alza del dólar, como ya ocurrió tras la elección de Pedro Castillo en 2021, existe un factor adicional de peso que podría presionar aún más a la divisa estadounidense.

La política no es el único motor del dólar: panorama global

Un reciente informe de Bloomberg Línea señala que el dólar se ha fortalecido a nivel internacional, alcanzando su nivel más alto desde marzo. La razón principal es el robusto reporte laboral de Estados Unidos, que mostró la creación de 172.000 empleos en mayo, muy por encima de lo previsto.

Este dato reforzó la confianza en la economía estadounidense y llevó a que la Reserva Federal mantenga una postura conservadora respecto a posibles recortes de tasas de interés.

Como resultado, el índice dólar (DXY) subió y la demanda global por la divisa estadounidense aumentó, presionando a la baja a las monedas de América Latina.

En la jornada del viernes, el sol peruano perdió 1,79% frente al dólar, mientras que el peso chileno y el real brasileño experimentaron caídas similares. El fenómeno es regional: solo el lempira hondureño y el quetzal guatemalteco lograron mantenerse estables frente al dólar.

Materias primas y doble presión para el sol

El fortalecimiento del dólar no vino solo. El mismo día, los precios de materias primas clave para la región como el cobre, el oro y el petróleo se desplomaron. En Perú, país dependiente de las exportaciones mineras, esta caída implica una reducción del atractivo y respaldo de su moneda.

Según analistas consultados por Bloomberg Línea y BBVA, el contexto internacional genera una “doble presión” sobre el sol peruano: por un lado, la incertidumbre política tras una elección sin definición clara, y por otro, el impulso externo de un dólar fortalecido por la economía estadounidense.

En 2021, tras la victoria de Pedro Castillo, el tipo de cambio en Perú escaló rápidamente por el nerviosismo de los mercados (superó los S/3,93 por dólar al día siguiente de la segunda vuelta).

Hoy, aunque el panorama político es distinto y Sánchez aún no ha sido confirmado oficialmente por la ONPE, los escenarios de volatilidad se repiten. El impacto de la política local se suma a una tendencia internacional que escapa al control de las autoridades peruanas.

¿Qué esperar en las próximas semanas?

Los expertos advierten que la volatilidad podría persistir durante las próximas semanas, mientras ONPE avance en el conteo y la Reserva Federal de Estados Unidos defina su política de tasas en la reunión del 17 de junio.

Analistas y operadores de mercado coinciden en que, aunque la incertidumbre electoral puede ser un factor de presión, el fortalecimiento del dólar es una tendencia que afecta a casi todas las monedas de la región, y no solo al sol peruano.

Por eso, aun si la victoria de Roberto Sánchez se confirma y los mercados reaccionan con cautela, sería erróneo atribuir la subida del dólar únicamente al desenlace electoral. La combinación de nerviosismo político local y un dólar globalmente fuerte explica el comportamiento observado en las últimas jornadas.

Así, el escenario cambiario en Perú seguirá siendo sensible tanto a factores internos como externos. Mientras se define el resultado oficial y se aclara el panorama político, la presión sobre el sol difícilmente se disipará, marcando un inicio de transición presidencial bajo el signo de la volatilidad.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) dio un paso decisivo hacia la modernización financiera en Perú al publicar el proyecto de reglamento para el modelo Banking as a Service (BaaS).

Esta propuesta, actualmente en consulta pública, busca establecer reglas claras para un sistema que ya opera en el trasfondo de muchas plataformas tecnológicas del país.

Pero el cambio ya genera expectativas entre actores relevantes: un análisis de LigoPay señala que la regulación permitirá ordenar y supervisar una tecnología cada vez más extendida entre fintechs y aplicaciones digitales.

Qué es el BaaS y cómo transforma la experiencia digital

El BaaS ofrece a empresas tecnológicas la posibilidad de incorporar funciones financieras como pagos, transferencias y cuentas digitales dentro de sus propias aplicaciones, sin convertirse ellas mismas en bancos ni desarrollar infraestructura desde cero.

Según Nazart Jara, Chief Technology Officer de LigoPay, “el BaaS está acelerando la integración entre tecnología y servicios financieros. Una empresa puede incorporar pagos, validación de identidad o transferencias dentro de su propia plataforma mediante APIs y arquitectura financiera especializada”.

Esto significa que las plataformas (como delivery o marketplace) podrán gestionar pagos y cobros directamente, ofreciendo una experiencia unificada y más eficiente al usuario final.

El desarrollo tradicional de servicios financieros exige meses o años de trabajo, inversiones elevadas y el cumplimiento de regulaciones complejas. Así, el modelo permite a las empresas conectarse a una infraestructura lista y regulada, lo que acorta los tiempos de implementación y reduce los costos operativos.

“Antes, integrar servicios financieros podía tomar meses o incluso años de desarrollo. Ahora las empresas buscan modelos mucho más ágiles que les permitan enfocarse en la experiencia del usuario mientras la infraestructura financiera opera en segundo plano”, destaca Jara.

Ejemplos de aplicación y mejoras operativas

Con este sistema, una app de delivery podrá habilitar una billetera digital propia, con la cual los usuarios podrán pagar pedidos y los repartidores cobrar sus ingresos directamente desde la plataforma.

En el caso de los marketplaces, los vendedores recibirán el dinero en su cuenta interna y podrán usarlo o transferirlo sin demoras. Para las fintechs de créditos y factoring, el BaaS permite automatizar desembolsos, cobranzas y conciliaciones, procesos que antes se hacían manualmente y con mayor riesgo de errores.

Este esquema no solo reduce los tiempos y errores en las operaciones financieras, sino que también mejora la trazabilidad de cada transacción, fortalece el control interno de las empresas y facilita la escalabilidad de los servicios.

Seguridad, responsabilidad y nuevas exigencias regulatorias

El nuevo reglamento de la SBS establece que la responsabilidad ante los clientes permanece en la entidad financiera regulada, aunque terceros tecnológicos participen en la prestación del servicio.

Además, incorpora lineamientos estrictos para la gestión de riesgos, la protección de datos personales y la prevención de actividades ilícitas.

“Las empresas ya no solo buscan conectar una API. Necesitan plataformas capaces de escalar, operar con altos estándares de seguridad y adaptarse rápidamente a nuevas exigencias regulatorias”, puntualiza Jara.

Impulso a la innovación y digitalización financiera

Finalmente, el avance del BaaS se da en paralelo con el desarrollo de las finanzas abiertas y la interoperabilidad, que están transformando el sistema financiero peruano.

El análisis de LigoPay prevé que este modelo impulsará una nueva etapa de innovación, brindando a las empresas tecnológicas la capacidad de diseñar productos financieros propios adaptados a las necesidades de sus usuarios y permitiendo que el sector evolucione hacia un entorno más competitivo y seguro.

Con el 93.920% de actas procesadas por la ONPE, Roberto Sánchez de Juntos por el Perú obtiene el 50.008% de los votos, con un total de 8,790,560 sufragios, tomando así la delantera en los conteos parciales. En tanto, Keiko Fujimori de Fuerza Popular registra el 49.992%, que representa 8,787,618 votos. La diferencia entre ambos candidatos es de 2,942 votos.

El desenlace electoral mantiene en vilo a los mercados y a los actores económicos, que siguen de cerca el comportamiento del tipo de cambio y buscan estrategias para proteger sus inversiones.

Expectativa e incertidumbre en los mercados

El escenario de paridad y la ausencia de un resultado definitivo alimentan la cautela entre inversores institucionales y familias peruanas.

De acuerdo con un análisis de Inversiones.io Gestión Patrimonial, la coyuntura política genera incertidumbre, pero el contexto actual presenta diferencias respecto al vivido en 2021.

El equipo técnico de Juntos por el Perú ha moderado su discurso y evalúa mantener a Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva (BCR), mientras que el respeto por los tratados de libre comercio (TLC) y la autonomía del BCR siguen como pilares económicos.

Proyecciones cambiarias y recomendaciones

Según José Bueno, profesor de tributación internacional de ESAN, es probable observar una presión temporal sobre el tipo de cambio debido a movimientos especulativos y mayor demanda de dólares en las próximas semanas, aunque no se espera una volatilidad como la que marcó el inicio del gobierno de Pedro Castillo.

Las estimaciones previas sitúan el tipo de cambio en un promedio de 3,60 soles por dólar en 2026 si el contexto se mantiene estable y se confirman señales de continuidad institucional. El análisis de Inversiones.io presenta cuatro recomendaciones clave para inversionistas en el actual contexto de incertidumbre:

• Mantener un portafolio diversificado: Inversiones tanto en soles como en dólares permiten reducir riesgos ante eventuales movimientos bruscos del mercado.
• No dolarizar el patrimonio al 100%: El sol peruano ha mostrado resiliencia y quienes perciben y gastan en moneda local deberían conservar una parte relevante de sus activos en soles.
• Priorizar sectores con demanda estructural: La vivienda social aparece como una oportunidad menos expuesta a la coyuntura política, con programas como Fondo MiVivienda y Techo Propio manteniendo demanda constante.
• Mantener liquidez suficiente: Un fondo equivalente a entre seis y doce meses de gastos corrientes es clave para enfrentar episodios de volatilidad y aprovechar oportunidades que surjan.

Perspectivas y cautela hasta el resultado final

La fortaleza estructural de la economía peruana, especialmente en minería y en la demanda internacional de cobre, sigue siendo un factor de respaldo para el país. Los especialistas coinciden en que la evolución del dólar y las inversiones dependerá de las primeras señales del próximo gobierno, una vez que se confirme oficialmente el ganador.

Mientras tanto, la recomendación generalizada de los principales actores financieros es mantener la calma, evitar decisiones apresuradas y apostar por estrategias diversificadas.

Y es que, hasta que la ONPE procese el 100% de las actas y proclame un resultado oficial, la cautela y la gestión prudente del patrimonio se mantienen como las mejores herramientas frente a la volatilidad electoral.

El mercado automotor peruano vive un momento excepcional durante 2026. De acuerdo con la Asociación Automotriz del Perú (AAP), las ventas de vehículos livianos alcanzaron 81.893 unidades entre enero y abril.

Este vuelco implica un crecimiento de 37,3% respecto al mismo periodo de 2025 y constituye el mejor primer cuatrimestre registrado en el sector. La recuperación económica y la estabilidad en los índices de confianza del consumidor se reflejan en este repunte de la demanda.

Crecimiento transversal en camiones, buses y motos

El buen desempeño no se limita a los autos particulares. La venta de camiones y tractocamiones aumentó 38,6% en los primeros cuatro meses del año, mientras que los minibuses y ómnibus subieron 31,5%.

Esta tendencia responde a una mayor necesidad de logística y transporte en sectores productivos y de servicios.

Además, motocicletas y trimotos crecieron 37,6%, impulsadas por el auge de los servicios de reparto, la búsqueda de alternativas económicas y la expansión de las ciudades intermedias.

El perfil del comprador se transforma

Según Marcelo Vásquez, especialista automotriz de Katherine Corp., existe un cambio claro en el comportamiento del consumidor peruano. “Estamos viendo un consumidor mucho más activo y decidido a invertir”, dijo.

“Existe una mayor confianza para adquirir vehículos, impulsada por opciones de financiamiento más accesibles y por la necesidad de contar con herramientas de movilidad que aporten eficiencia tanto en el ámbito personal como laboral”, afirma el especialista.

Las entidades financieras han ampliado las facilidades de crédito y los plazos, lo que ha permitido a más familias y empresas acceder a un vehículo nuevo. Este fenómeno se observa tanto en Lima como en provincias, donde el parque automotor continúa diversificándose.

SUV: el modelo favorito y el impacto en el mercado

El segmento de SUV confirma su liderazgo, con 44.855 unidades vendidas y un crecimiento de 50% sobre el año anterior. Estas camionetas ya representan el 54,7% de todas las ventas de vehículos livianos.

Este creciente apetito refleja las nuevas preferencias del consumidor, que valora el espacio, la seguridad y la capacidad de adaptación a diferentes usos: un comprador más exigente y racional.

“Las decisiones de compra son cada vez más racionales. Además del vehículo, crece el interés por soluciones complementarias vinculadas a seguridad y tecnología, como sistemas de alarmas y encendido, segmento en el que KAVTO tiene más de 10 años de experiencia”, detalla el especialista.

Electromovilidad: una tendencia en ascenso

El avance de la electromovilidad en Perú es otro de los motores del crecimiento sectorial. Entre enero y marzo de 2026 se vendieron 3.627 vehículos híbridos y eléctricos, un salto de 77,3% respecto al año anterior.

El ahorro en combustible, los menores costos de mantenimiento y una mayor oferta de modelos explican el aumento de la demanda. El sector anticipa que la infraestructura de carga y los incentivos fiscales continuarán estimulando esta categoría en los próximos meses.

Así, el 2026 se perfila como un año bisagra para la industria automotriz peruana. El impulso en ventas beneficia a empresas de financiamiento, aseguradoras, talleres de mantenimiento y proveedores de tecnología para vehículos.

El mercado responde a las nuevas expectativas del consumidor y a la necesidad de movilidad eficiente, lo que consolida al sector como uno de los protagonistas de la recuperación económica nacional.

La pesca artesanal de calamar gigante o pota atraviesa una nueva crisis en Perú. Según la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal), la caída del precio en los principales puertos y el alza constante de los costos operativos ponen en jaque la sostenibilidad de miles de familias que dependen de esta actividad.

Sucede que las jornadas de captura de esta especie marina pueden tomar varios días, por lo que los pescadores salen al mar con la esperanza de que el valor de la pota cubra sus gastos y deje alguna ganancia.

Sin embargo, al regresar al muelle se encuentran con un escenario aún más adverso: los precios han caído respecto al momento de zarpar y, en muchos casos, el costo del combustible también ha subido durante la faena.

El derrumbe de los precios y la insuficiencia de los ingresos

A esto se suma el aumento incesante de insumos como hielo, víveres y repuestos para el mantenimiento de las embarcaciones. La falta de previsibilidad deja a los pescadores y armadores sin capacidad de calcular si su trabajo tendrá o no recompensa.

La gravedad de la crisis se refleja en los precios actuales. En Paita, el kilo de pota se paga hoy a 2,2 soles y en el Callao apenas llega a 1,7 soles.

Este derrumbe contrasta con el promedio de 3 soles que se registraba en muelle a comienzos de año, y resulta aún más dramático si se compara con los 3,5 soles del mismo periodo en 2023, cuando el combustible era más accesible.

Incluso en periodos de escasez, cuando lo habitual sería que el precio supere los 5 soles por kilo, los valores actuales no se han recuperado, dejando a los trabajadores sin margen para sostener sus operaciones, de acuerdo con Sonapescal.

Armadores y tripulantes: los más golpeados

El golpe más fuerte lo sienten los armadores, responsables de financiar todo el viaje: combustible, hielo, alimentación y mantenimiento. Si la embarcación sufre un desperfecto en altamar o al regreso, no existen ingresos suficientes para afrontar reparaciones en varadero.

“El armador o dueño está aún más expuesto, porque si su embarcación necesita un arreglo o mantenimiento en varadero, simplemente no tendría cómo afrontarlo”, advierte Elsa Vega, presidenta de SONAPESCAL.

Para los tripulantes, la situación no es menos crítica. Sus ingresos dependen de cada faena y del precio que logran por la pota.

“Con los precios actuales, los ingresos no alcanzan para sostener la canasta familiar del pescador”, señala Vega. En muchos casos, después de días en el mar, las familias regresan sin siquiera cubrir los gastos básicos.

Un modelo comercial que profundiza la desigualdad

Para SONAPESCAL, el problema se agrava porque la cadena comercial traslada la mayor parte del riesgo y la pérdida a los pescadores y armadores artesanales.

El gremio rechaza que empresas compradoras y plantas procesadoras ajusten precios sin reconocer el esfuerzo y el costo de cada viaje al mar. “No se puede exigir mayores esfuerzos productivos mientras los ingresos siguen reduciéndose y los costos no dejan de subir”, insisten desde la organización.

La entidad gremial exige al Ministerio de la Producción (PRODUCE) y a las autoridades competentes que intervengan de manera urgente. La falta de reglas claras y de espacios de diálogo deja el mercado a merced de la especulación y los abusos.

Sonapescal pide mecanismos comerciales transparentes y precios que reflejen al menos los costos reales, para que la actividad no termine desapareciendo. Y es que la pesca artesanal de pota es estratégica para la economía y la seguridad alimentaria del país, pero mientras quienes asumen el riesgo trabajan a pérdida, el futuro de miles de familias peruanas permanece a la mar.

Este domingo 7 de junio, Perú transita la segunda vuelta presidencial entre la candidata de derecha, Keiko Fujimori (Fuerza Popular), y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), representante de la izquierda, bajo la supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Aunque la mayoría de las encuestadoras posiciona a Keiko Fujimori apenas por encima de su rival, la diferencia es mínima y persiste la memoria colectiva de lo ocurrido en 2021, cuando Pedro Castillo se impuso en un resultado ajustado.

Aunque el peruposibilista Castillo fue vacado posteriormente, su figura continúa presente y es reivindicada por parte del electorado que apoya a Sánchez.

Mercados en tensión tras la segunda vuelta de 2021

La reacción de la economía peruana tras la victoria de Pedro Castillo en julio de 2021 fue inmediata y contundente, según reportes de El Comercio. El tipo de cambio alcanzó un máximo histórico de S/3,938 por dólar, lo que implicó una depreciación de 8,8% del sol en lo que iba de ese año.

El Banco Central de Reserva (BCR) intervino con la venta de 253 millones de dólares y la colocación de repos en dólares por 200 millones para contener la volatilidad. La percepción de riesgo entre los inversionistas creció tras conocerse los resultados preliminares, una tendencia que se mantuvo mientras avanzaba el conteo oficial.

Ese mismo contexto de incertidumbre se reflejó en la bolsa. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la jornada posterior a la segunda vuelta con una caída superior al 6%.

El índice S&P/BVL Perú General retrocedió 6,14%, mientras que el S&P/BVL Perú Selectivo cayó 6,02%. Sectores como el financiero y el industrial estuvieron entre los más afectados, con retrocesos de 8,92% y 8,32% respectivamente. Las acciones mineras encabezaron las pérdidas con caídas superiores al 16% en algunos casos.

Fuga de capitales y deterioro de expectativas

En el plano financiero, el año 2021 marcó la mayor fuga de capitales en Perú de los últimos 50 años, con salidas equivalentes al 7,4% del PIB, es decir, más de 15.000 millones de dólares.

La mayor parte de estos movimientos se registró entre abril y junio, con un pico cercano a los 4.000 millones de dólares en mayo. El BCR respondió con la mayor intervención de su historia, vendiendo 17.600 millones de dólares para frenar el avance del tipo de cambio.

A pesar del contexto, el país mantuvo reservas internacionales por 78.500 millones de dólares, equivalentes al 35% del PIB. El ambiente de incertidumbre también se reflejó en las expectativas empresariales.

Según Gestión, los doce indicadores macroeconómicos sondeados por el BCR cayeron en abril de ese año, con el indicador de expectativa sobre la economía a tres meses ingresando en terreno pesimista y el de doce meses registrando un descenso considerable.

Sectores como minería, hidrocarburos y manufactura se mostraron especialmente afectados por el cambio de clima político y económico. Tras la confirmación del triunfo de Castillo, los indicadores volvieron a disminuir, lo que reforzó el temor de parte del sector privado frente a políticas consideradas hostiles a la libre empresa.

Variables macroeconómicas y reservas

A pesar de la fuga de capitales y la depreciación de la moneda, la inversión privada creció 36% respecto al año previo (un efecto rebote post pandemia, en la práctica), aunque el BCR proyectó, en ese momento, un estancamiento para 2022.

El presidente del BCR, Julio Velarde, garantizó que las reservas internacionales continuaban en niveles robustos, permitiendo descartar controles de capitales o restricciones a la salida de fondos, una inquietud presente entre algunos sectores económicos.

Los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial de este 2026 comenzarán a conocerse a partir de las 5 p. m. de este domingo, con la expectativa de que la decisión final dependerá del conteo completo de las actas, en un escenario donde la incertidumbre y la cautela siguen marcando el pulso económico y político en Perú.

Treinta años después, la aún candidata Keiko Fujimori podría terminar el trabajo que inició su padre y avanzar hacia la privatización de Petroperú, la primera empresa del país, hoy sumida en una crisis financiera, cuestionamientos de gestión y un proceso de reestructuración que divide opiniones.

No obstante, se trata de un proceso que ya está en marcha bajo la conducción de ProInversión, herencia directa de la antigua Comisión de Promoción de la Inversión Privada (COPRI) de los años noventa, y que críticos y trabajadores describen como una “privatización encubierta”.

Para muchos de ellos, la candidatura de Roberto Sánchez representaba la última esperanza de frenar la entrega de la empresa al sector privado, aunque el balotaje sigue en marcha y todo podría cambiar.

Qué propuso Keiko Fujimori para Petroperú

Durante la campaña presidencial, Keiko Fujimori presentó una propuesta clara: transformar Petroperú en una Asociación Público-Privada (APP), abriendo la gestión y operación de la empresa al capital privado nacional y extranjero.

Fujimori planteó que el Estado debe abandonar gradualmente las actividades de alto costo y riesgo, como la exploración y producción, y concentrarse solo en funciones estratégicas relacionadas con la distribución y la regulación del mercado energético.

La candidata argumentó que la presencia privada traería mayor transparencia y eficiencia, y frenaría la “sangría” de fondos públicos que, según sus cifras, ha superado los 30 mil millones de soles en rescates y aportes directos a la empresa.

Desde Fuerza Popular, se criticó la proliferación de gerencias y elevados bonos para directivos, denunciando que “en Petroperú se van millones de soles en bonos para amigos del señor Sánchez”.

Además, calificó de “planillas doradas” los privilegios de la alta dirección y advirtió que la empresa se había convertido en un espacio de beneficios para allegados políticos.

De esta manera, Keiko Fujimori prometió una reestructuración profunda, señalando que el modelo APP permitiría reducir la carga fiscal, dinamizar la inversión y modernizar la gestión, “todo bajo un marco de transparencia y competencia”.

Una empresa atada a decretos y a la crisis financiera

Actualmente, el futuro de Petroperú está ligado a dos decretos de reestructuración y reorganización patrimonial, que condicionan el reciente rescate financiero de hasta US$ 2.000 millones autorizado por el gobierno.

La empresa reportó utilidades netas de US$ 208 millones en el primer cuatrimestre de 2026, pero arrastra una deuda histórica superior a US$ 6.300 millones. Pese a la mejora de su calificación crediticia a “B-” por parte de S&P Global Ratings, la presión financiera persiste.

ProInversión lidera la segmentación de activos y la incorporación de capital y gestión privada, aunque sin declarar formalmente una privatización total. El proceso, según especialistas y sindicatos, replica el modelo aplicado en los noventa y avanza bajo la lógica de una privatización gradual.

Durante el régimen de Fujimori, los lotes petroleros de Talara de Petroperú también fueron entregados al sector privado por 30 años bajo la promesa de explorarlos y reponer reservas.

Sin embargo, en la práctica las empresas solo extrajeron el petróleo ya descubierto y lo vendieron a la refinería de Talara, el único comprador de la zona, a precios internacionales, lo que representó un remate de activos estratégicos sin cumplir el objetivo de renovar la producción.

¿Por qué Fujimori no terminó de privatizar Petroperú?

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, Petroperú fue parcialmente privatizada a través de la venta de activos clave, como la Refinería La Pampilla, estaciones de servicio, lotes de producción y la división de gas. Además, se concesionaron segmentos de la cadena operativa al sector privado.

Sin embargo, el proceso de privatización total no se concretó, no solo por la presión política y social de la época, sino también por el reconocimiento de que Petroperú cumple un rol estratégico para el país.

La empresa estatal opera en regiones donde el sector privado no tiene interés debido a la baja rentabilidad, asegurando el abastecimiento de combustibles en zonas alejadas y contribuyendo así al desarrollo regional.

De haberse concretado la privatización total, muchas de estas áreas habrían quedado marginadas, ya que la energía es un servicio vital para la integración y el crecimiento económico.

Otro dato a considerar: a pesar de no tener presencia directa en el expendio al público y de sus pérdidas netas, Petroperú ha generado más de 6.600 millones de dólares en ingresos fiscales para el Estado entre 2014 y 2025 gracias al cobro y traslado de impuestos y regalías derivados de sus operaciones.

Petroperú, una empresa estratégica para el país

A pesar de los cuestionamientos, Petroperú sigue siendo un actor central para la seguridad energética nacional, algo que incluso han reconocido desde ProInversión, el MEF, PCM y el Minem.

Garantiza el abastecimiento de combustibles en zonas donde el sector privado no opera por falta de rentabilidad, administra activos críticos como la Nueva Refinería de Talara y actúa como contrapeso para evitar la concertación de precios en el mercado de hidrocarburos.

Su rol estratégico persiste, y el futuro de la empresa dependerá de las definiciones del nuevo gobierno y de las decisiones que tome el presidente interino en las semanas previas al traspaso de mando. Y es que, en Fuerza Popular, aún es temprano para cantar victoria.

Perú ya cuenta con resultados preliminares del balotaje 2026. El flash electoral nacional de Datum mostró una diferencia mínima entre los candidatos: Keiko Fujimori obtuvo el 50,53% de los votos válidos y Roberto Sánchez el 49,47%.

Aunque estos datos aún pueden variar conforme avance el conteo oficial de la ONPE, permiten observar tendencias regionales y productivas que marcaron la jornada del domingo.

Elecciones 2026: un balotaje cerrado y regiones en disputa

Durante el Simposio XVI Encuentro Internacional de Minería, Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), presentó un análisis sobre el comportamiento electoral en función de la estructura económica de las regiones.

Velarde sostuvo que, históricamente, las zonas mineras ricas tienden a votar por la izquierda, mientras que en las regiones agroexportadoras la preferencia es hacia la derecha.

El banquero aclaró que este fenómeno responde a la percepción de la ciudadanía: en las zonas mineras, el crecimiento económico no se ha traducido en mejoras visibles de los servicios públicos, lo que genera descontento y una inclinación hacia propuestas de cambio.

En contraste, en las regiones agrícolas y agroexportadoras, donde el desarrollo ha sido más palpable para la población, el voto suele favorecer al statu quo y a los candidatos de derecha. Pero, ¿Se cumplió?

El análisis de Julio Velarde: voto y economía, una relación directa

Las exportaciones peruanas se apoyan en dos grandes pilares: agroexportación y minería. Las regiones agroexportadoras predominan en la costa y parte de la selva.

Destacan Ica y La Libertad (líderes en uvas, espárragos y paltas), Lima (paltas y cítricos), Piura (mangos y uvas), Lambayeque y Áncash (arándanos y pimientos), así como San Martín, Junín y Ucayali (café, cacao y palma).

La minería, por su parte, domina en la sierra y el sur, con polos clave en Arequipa, Apurímac, Moquegua y Cusco (cobre), La Libertad y Cajamarca (oro), y Áncash, Junín y Pasco (zinc, plata y plomo).

El análisis de los resultados regionales de Datum muestra que el “pronóstico” de Velarde se reflejó en la mayoría de los casos:

Regiones mineras:

• Áncash (con Antamina, una de las mayores minas del país): Sánchez 56,22%, Fujimori 43,78%.
• Arequipa : Sánchez 59,81%, Fujimori 40,19%.
• Apurímac : Sánchez 78,92%, Fujimori 21,08%.
• Moquegua : Sánchez 61,42%, Fujimori 38,58%.
• Cusco : Sánchez 77,27%, Fujimori 22,73%.
• Cajamarca : Sánchez 73,41%, Fujimori 26,59%.
• Junín : Sánchez 52,16%, Fujimori 47,84%.
• Pasco : Fujimori 50,32%, Sánchez 49,68%.

En casi todas, el voto favoreció claramente a la izquierda, salvo en Pasco, donde la diferencia fue mínima.

Regiones agroexportadoras:

• Ica : Fujimori 54,56%, Sánchez 45,44%.
• La Libertad : Fujimori 62,27%, Sánchez 37,73%.
• Lima Metropolitana : Fujimori 62,19%, Sánchez 37,81%.
• Piura : Fujimori 55,56%, Sánchez 44,44%.
• Lambayeque : Fujimori 55,46%, Sánchez 44,54%.
• Ucayali : Fujimori 53,21%, Sánchez 46,79%.
• San Martín : Sánchez 52,33%, Fujimori 47,67%.
• Áncash : Sánchez 56,22%, Fujimori 43,78%.

En la mayoría, la derecha se impuso, especialmente en la costa norte y Lima. Solo San Martín y Áncash mostraron preferencia por Sánchez, y Junín una votación más dividida.

El caso de La Libertad es ilustrativo: a pesar de su importancia minera, la fuerza de la agroexportación y la tradición política local inclinó el resultado hacia Fujimori. Por su parte, Áncash confirmó la tendencia minera, con un voto mayoritario por la izquierda.

Un “pronóstico” que se refleja en las urnas, pero aún puede cambiar

Cabe subrayar que estos resultados corresponden al flash electoral y el panorama podría cambiar conforme ONPE avance con el conteo definitivo de votos.

Incluso si Sánchez logra remontar o se modifican los porcentajes en algunas regiones durante el conteo oficial, es muy probable que las preferencias electorales por región se mantengan alineadas con el análisis planteado por Velarde.

Perú conoció este domingo 7 de junio de 2026 los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial, con un escenario de empate estadístico según los principales flashes electorales.

El flash de Ipsos arrojó un 50,7% de votos válidos para Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y 49,3% para Roberto Sánchez (Juntos por el Perú); Datum reportó cifras casi idénticas, con 50,53% para Fujimori y 49,47% para Sánchez.

Aunque la diferencia es mínima y el recuento oficial continúa, el debate sobre un posible cambio de la Constitución de 1993 se mantiene latente, aun cuando la izquierda no tome la Presidencia.

Y es que la bancada de Sánchez ya ha anunciado que impulsará la convocatoria de una Asamblea Constituyente en el Congreso, incluso tras una derrota ajustada, colocando el capítulo económico en el centro de la discusión.

¿Qué es el capítulo económico de la Constitución de 1993?

El Título III de la Constitución Política del Perú de 1993, conocido como el capítulo económico, abarca desde el artículo 58 al 89 y establece el modelo de economía social de mercado.

Entre sus principios fundamentales se encuentra la garantía de la iniciativa privada, la libre competencia y la autonomía de las entidades reguladoras.

Así, el Estado cumple un rol orientador, pero su participación directa en la actividad empresarial está limitada por el principio de subsidiariedad, es decir, solo puede intervenir de manera excepcional y bajo mandato legal expreso.

Este capítulo protege la libertad de empresa, trabajo, comercio e industria, y establece que los contratos ley solo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes.

Además, otorga igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera y asegura la libre disposición de moneda extranjera. El Estado también debe defender el interés de los consumidores y usuarios.

Y, aunque la Constitución ha sufrido numerosas reformas desde su promulgación, el núcleo del capítulo económico ha permanecido sin cambios sustantivos, convirtiéndose en uno de los capítulos más protegidos.

El contexto internacional y la creación de un modelo blindado

De acuerdo con el análisis del economista e investigador Humberto Campodónico, la redacción del capítulo económico de la Constitución de 1993 respondió a un contexto internacional e ideológico muy específico.

Tras la caída del Muro de Berlín y el colapso del bloque socialista, el auge del neoliberalismo se consolidó con figuras como Margaret Thatcher y Ronald Reagan, mientras que el Consenso de Washington promovía reformas de apertura y privatización en América Latina y Europa del Este.

En el Perú, el recuerdo de la hiperinflación de los años ochenta bajo el gobierno de Alan García y el fracaso del modelo estatista impulsaron la búsqueda de un marco que evitara el regreso a ese tipo de políticas.

Campodónico explica que la intención de los constituyentes fue “blindar” el modelo de libre mercado, estableciendo candados constitucionales para la actividad empresarial del Estado, la protección de los contratos ley y la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR).

“La Constitución peruana, en ese sentido, fue una de las más radicales de América Latina”, explicó, porque prioriza la estabilidad y la seguridad jurídica ante “posibles cambios de rumbo”.

De la subsidiariedad a la autonomía monetaria: candados y lecciones del pasado

El principio de subsidiariedad en la actividad empresarial del Estado significó, en la práctica, un respaldo constitucional al proceso de privatizaciones iniciado en los años noventa, explica Campodónico.

Las asociaciones público-privadas (APP) y la concesión de servicios como carreteras y aeropuertos fueron parte de este modelo, con el argumento de que el sector privado podía gestionar con mayor eficiencia obras y servicios públicos.

La autonomía del BCR fue otro de los pilares del nuevo marco constitucional. Antes de 1993, el BCR podía estar sujeto a presiones políticas y a la emisión inorgánica de dinero, lo que contribuyó a la hiperinflación.

La nueva Constitución estableció un directorio autónomo y mecanismos de protección para sus miembros, buscando que la política monetaria respondiera a criterios técnicos y no políticos.

Pero, ¿Se puede cambiar?

Vale precisar que, según un estudio de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) de 2023, la Constitución de 1993 permitió un crecimiento promedio del PBI de 4,4%, frente al 2% registrado durante la vigencia de la carta magna de 1979. La inversión privada creció a una tasa de 6,6%, muy por encima del 1,8% del periodo anterior, destacándose también un mejor desempeño en exportaciones, consumo privado e inversión pública.

Con todo, Campodónico señala que el contexto global que dio origen a la Constitución de 1993 ha cambiado. Hoy, modelos como el de China combinan planificación estatal y mercado, mientras que potencias como Estados Unidos han virado a medidas proteccionistas y subsidios directos a su industria.

“Nadie plantea ya expropiaciones, ni siquiera en China o Estados Unidos; más bien, lo que se observa es una vuelta al proteccionismo”, advierte el economista. En América Latina, muchos países adoptaron modelos similares al peruano en los noventa, bajo la influencia de Thatcher y el Consenso de Washington.

El debate sobre el capítulo económico, lejos de agotarse con el resultado electoral, seguirá marcando la agenda política. La bancada de Sánchez, aún tras el resultado adverso, ha confirmado que impulsará la discusión constitucional en el Congreso, lo que anticipa que la “manzana de la discordia” seguirá al centro del debate nacional en los próximos meses.

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial en Perú, difundidos por Datum Internacional, permiten observar cómo se distribuyó la votación en los departamentos con mayores índices de pobreza monetaria, según el reporte de INEI de 2025.

Según el flash electoral, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) obtuvo el 50,53% de los votos válidos y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) alcanzó el 49,47%, mostrando un escenario de empate estadístico y una diferencia mínima a nivel nacional, sujeta aún a cambios conforme avance el conteo oficial.

El análisis revela, además, una marcada preferencia por la candidatura de izquierda, representada por Sánchez, en las zonas más desfavorecidas del país, aunque existen matices y excepciones.

Cajamarca, Puno, Huánuco y Ayacucho: apoyo mayoritario a Sánchez

En Cajamarca, el departamento con mayor pobreza (41,0%), Roberto Sánchez obtuvo el 73,41% de los votos válidos, mientras que Keiko Fujimori alcanzó solo el 26,59%.

En Puno (37,5% de pobreza), Sánchez concentró el 82,21% frente al 17,79% de Fujimori, marcando la brecha más amplia en las regiones analizadas.

Un patrón similar se observa en Huánuco (35,7%), donde Sánchez obtuvo el 61,61% y Fujimori el 38,39%. En Ayacucho (33,7%), la tendencia se repite: Sánchez logró el 78,06%, mientras que Fujimori quedó con 21,94%.

Huancavelica, Pasco y Loreto: predominio de la izquierda, salvo en Loreto

En Huancavelica (34,3% de pobreza), Sánchez obtuvo el 78,87% de votos, mostrando una clara preferencia por propuestas de cambio.

En la vecina región de Pasco (36,4%), Fujimori logró una ajustada ventaja con 50,32% frente a 49,68% de Sánchez, reflejando un electorado dividido.

El caso de Loreto (40,1%) es una excepción: allí Fujimori se impuso con el 59,60% de los votos, mientras que Sánchez alcanzó 40,40%, a pesar del alto índice de pobreza.

Callao, Tumbes, Piura, Lima Metropolitana y La Libertad: voto mayoritario por Fujimori

En la Provincia Constitucional del Callao (32,1%), Fujimori obtuvo una diferencia significativa: 61,80% frente a 38,20%. En Tumbes (28,3%) y Piura (28,1%), la candidata de derecha también se impuso con 64,37% y 55,56%, respectivamente.

Finalmente, en Lima Metropolitana (26,8%), la candidata Keiko Fujimori encontró su principal bastión con 62,19% contra 37,81% de Sánchez, y en La Libertad (25,5%) la diferencia fue de 62,27% para Fujimori y 37,73% para su rival.

Un patrón diverso y fragmentado

El análisis de Datum Internacional muestra que, en varios de los departamentos con mayor pobreza monetaria, especialmente en la sierra sur y centro (Ayacucho, Puno, Huancavelica, Cajamarca, Huánuco), la preferencia electoral favoreció ampliamente al candidato de izquierda.

Sin embargo, en regiones de la costa norte y Lima, donde la pobreza monetaria también es significativa, el voto fue mayoritariamente para Keiko Fujimori.

La tendencia de apoyo a la izquierda en el sur andino y la sierra central coincide con antecedentes históricos de mayor voto contestatario en esos territorios, donde persisten brechas sociales y económicas.

Por el contrario, en la costa norte, Callao y Lima, donde la economía de mercado y la migración han tenido mayor influencia, el voto tiende a favorecer a candidatos de derecha, incluso en contextos de alta pobreza.

Es importante subrayar que estos resultados corresponden únicamente al flash electoral y variarán conforme avanza el escrutinio oficial. El mapa político regional podría modificarse a medida que se contabilicen las actas completas y se difundan los datos definitivos.

Perú definió hoy su futuro político en la segunda vuelta presidencial, donde millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

La elección, organizada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y bajo la supervisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), enfrenta a dos fuerzas con visiones opuestas para el país. Infobae Perú se comunicó con los presidentes de los principales gremios privados del país para conocer sus expectativas y demandas ante el nuevo gobierno.

Jorge Zapata, presidente de la CONFIEP

El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP) señaló que el próximo líder del país debe mostrar “capacidad para construir consensos” y situar como prioridad la lucha contra la inseguridad ciudadana. Para el dirigente empresarial, el contexto actual exige respuestas concretas frente a una problemática que, según sus palabras, “afecta a millones de peruanos y limita sus oportunidades de desarrollo”.

Zapata insistió en que el futuro jefe de Estado debe mirar más allá de las diferencias políticas y concentrarse en una “agenda país orientada a promover la inversión privada, la generación de empleo formal y el crecimiento económico”. En su visión, solo de esta manera el Estado podrá contar con los recursos necesarios para atender las demandas sociales y acelerar el cierre de brechas.

El titular de CONFIEP remarcó que una gestión eficaz pasa por “mejorar los servicios básicos, reducir las trabas burocráticas y atender las principales necesidades de la población”. De acuerdo con la postura gremial, la construcción de consensos y la seguridad son condiciones indispensables para garantizar un clima de confianza que permita al sector privado contribuir al desarrollo nacional.

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI)

Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), sostiene que el país necesita recuperar el equilibrio político tras un proceso marcado por la dispersión de 36 candidatos presidenciales, una situación que, a su juicio, ha fragmentado el modelo democrático y dificultado la gobernabilidad. James insiste en que el nuevo sistema bicameral, con senadores y diputados, debe funcionar de forma responsable para garantizar estabilidad.

En el plano económico, remarca la urgencia de avanzar en infraestructura, con énfasis en la Amazonía, donde identifica un potencial no aprovechado en los sectores forestal, frutal y energético. “La Amazonía puede convertirse en un motor de desarrollo si se aprovechan sus recursos”, señala. James afirma que la agroexportación y la minería son los principales generadores de empleo de calidad, y que el turismo y la industria deben consolidar una clase media fortalecida a través de la manufactura.

El dirigente industrial advierte que la alta rotación de presidentes —tres en solo un periodo— y de ministros de Economía y Producción ha restado predictibilidad y confianza a las inversiones. James propone reducir el gasto corriente, aumentar la inversión pública en infraestructura y revisar la estructura del Estado (menos ministerios) para acelerar el crecimiento en los próximos cinco años.

Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL)

Raúl Barrios, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), considera que la generación de empleo debe ser la prioridad del próximo presidente, ya que representa la única vía sostenible para sacar al país de la pobreza. Barrios sostiene que no debe apostarse por el subsidio, sino por un modelo productivo apoyado en la creación de puestos de trabajo.

El titular de la CCL destaca la necesidad de atraer inversión nacional y extranjera, y de impulsar sectores estratégicos como el turismo y la minería, que multiplican los empleos directos e indirectos. “Por cada empleo en minería se generan nueve empleos indirectos en la economía”, afirma Barrios. Subraya que eliminar trabas burocráticas y barreras para la inversión resulta clave para dinamizar el mercado.

Barrios propone un régimen fiscal especial, con rentas reducidas durante tres o cuatro años para que empresas informales se formalicen, siguiendo modelos similares al de Paraguay, donde la tasa ronda el 10%. Recuerda que durante los últimos años la pobreza aumentó y se perdieron miles de puestos de trabajo, mientras el costo de vida subió. Considera fundamental que el presidente recupere la confianza y promueva al país en el exterior para atraer inversión y revertir la tendencia negativa.

Óscar Zapata Alcázar, presidente de PERUCÁMARAS

Óscar Zapata Alcázar, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (PERUCÁMARAS), destaca la necesidad de liderazgo y confiabilidad en el próximo gobierno. Zapata observa que uno de los candidatos cuenta con mayor respaldo popular y capacidad organizativa, factores que considera cruciales en una política fragmentada.

El titular de PERUCÁMARAS advierte que la otra opción política se sustenta en una estructura partidaria más que en un liderazgo personal, lo que genera incertidumbre sobre la estabilidad y el rumbo del país. En materia de desarrollo, Zapata señala el compromiso de destrabar obras postergadas, especialmente en el sector agrario, donde la expansión de la frontera agrícola podría beneficiar a más de 1 millón de hectáreas, y en la minería, con proyectos que aportarían riqueza y empleo a nivel nacional.

Zapata expresa preocupación por propuestas de reforma constitucional y consultas populares, argumentando que podrían abrir un periodo prolongado de discusiones e incertidumbre, con impacto negativo en el desarrollo económico y social. “El país requiere estabilidad y decisiones que permitan avanzar en proyectos productivos y no quedar en debates sin fin”, sostiene.

César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX)

César Tello, presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), subraya la importancia de mantener la política comercial abierta que el país ha seguido desde 2006. Considera fundamental que Perú continúe con los tratados de libre comercio (TLC), ya que estos cubren actualmente el 43% de la población mundial, y la meta es llegar al 62% con la firma de acuerdos con India (1.400 millones de habitantes) e Indonesia (300 millones).

Tello advierte sobre amenazas arancelarias en mercados clave como Estados Unidos, donde existe el riesgo de elevar los aranceles a 12,5% si Perú no implementa políticas efectivas para evitar importaciones de países con trabajo forzoso. Señala que los ministerios de Comercio Exterior, Economía y Trabajo deben coordinar para evitar ese impacto y mantener la competitividad.

El presidente de ADEX resalta que las exportaciones han crecido en 2026 por mejores términos de intercambio y altos precios de minerales. Plantea que el nuevo gobierno debe acelerar el desarrollo de la frontera agrícola con grandes proyectos de irrigación, lo que permitiría duplicar tanto el área sembrada cono los USD 15.000 millones que hoy se generan en agroexportación. Tello insiste en ejecutar obras de manera ágil y respetar la política de competitividad al 2040, ya que la rapidez en la adaptación y negociación comercial es la ventaja clave frente a otros países.

El Congreso de Perú ha vuelto a bloquear el debate de un dictamen clave para impedir la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas, dejando en la incertidumbre la protección de este ecosistema pese a los reiterados reclamos de pescadores artesanales.

La sesión plenaria prevista para abordar el tema no fue agendada, lo que genera preocupación entre las comunidades locales que llevan más de dos años solicitando una decisión definitiva.

Ojo de pez: el rol de Fuerza Popular en la protección de las ANP

El dictamen busca anular los efectos del Decreto Supremo N° 006-2025-PRODUCE, aprobado por el Ejecutivo en abril de 2025.

La norma eliminó la fiscalización y sanción efectiva sobre la pesca industrial en áreas naturales protegidas (ANP), como Paracas, y generó un vacío legal que permite a las empresas operar en la reserva sin riesgo de sanción, debilitando la protección ambiental vigente desde 2001.

Los tres proyectos de ley contenidos en el dictamen (PL 5666/2023, PL 6668/2023 y PL 7157/2023) proponen restituir el marco previo y otorgar rango de ley a la reglamentación que resguarda estas áreas. El dictamen, que ya recibió el visto bueno de la Comisión de Pueblos Andinos en 2024, permanece estancado en el Pleno.

La reciente suspensión de la sesión del 4 de junio, decidida por Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso y representante de Fuerza Popular, ocurrió en medio de tensiones políticas por el balotaje presidencial y la renuncia del ministro de Comercio Exterior y Turismo, José Reyes Llanos.

El candidato Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, había solicitado que se incluyera la derogación de las “leyes procrimen” en la agenda, pero la iniciativa tampoco prosperó.

¿Un decreto que podría deteriorar la protección de Paracas?

En este contexto, los pescadores artesanales, agrupados en la coalición “Defendamos Paracas”, han intensificado sus gestiones en Lima.

“La industria, a través de acciones populares y otros mecanismos legales, ha intentado derribar la protección de la reserva. El Congreso mantiene sin debate los proyectos para restablecerla”, advirtió José Hernández, presidente del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Paracas.

Un intento de la industria por impugnar la reglamentación ambiental mediante acciones judiciales, incluyendo la vía penal, no prosperó en su momento, pero dejó en evidencia la fragilidad del marco regulatorio. “Solo en junio hemos venido cuatro veces para pedir que se apruebe el dictamen que ya pasó por comisión”, sostuvo Hernández.

El dirigente recordó que el Comité de Gestión de la Reserva reúne a unas 60 organizaciones de pescadores, maricultores y operadores turísticos, quienes han elaborado pronunciamientos públicos y visitado el Congreso de manera recurrente.

“La afectación sería desastrosa. La actividad industrial en Paracas sería terrible, esto afecta pesca, turismo y todo el entorno”, recalcó el vocero.

León XIV, representante de otro pescador en la Tierra

El respaldo de la Iglesia Católica se volvió un factor visible en la demanda. Hernández informó que enviaron una carta al Papa León XIV a través de monseñor Pedro Barreto, quien ha acompañado públicamente la causa de los pescadores artesanales de Paracas.

“El simple hecho de relacionar esta actividad con los pescadores artesanales trae a colación que San Pedro fue el primer Papa y también era pescador. Ellos están a favor de nosotros y han lanzado mensajes de apoyo”, señaló Hernández.

Monseñor Barreto, figura central en la Iglesia peruana, transmitió el mensaje a las autoridades eclesiásticas en el Vaticano y, según los representantes de los pescadores, su intervención motivó pronunciamientos de otros obispos y organizaciones sociales sobre la situación en la reserva.

El Congreso se podría ir sin blindar las reservas marinas

Otra preocupación de las comunidades radica en que la industria pesquera puede beneficiarse de la “retroactividad benigna” del decreto, permitiendo que sanciones previas por pesca ilegal queden sin efecto.

Entre 2020 y 2021, once empresas pesqueras fueron sancionadas en Paracas con multas que superan los 12 millones de soles. “No estamos en contra de la pesca industrial, solo protegemos Paracas y las áreas naturales protegidas, que apenas cubren el 0,8% del mar. Pueden pescar en otros sitios”, remarcó Hernández.

El esfuerzo de los pescadores artesanales implica dejar sus labores y familias para viajar de manera frecuente a Lima. “Las dirigentes han dejado sus negocios y a sus hijos por amor a la tierra y al sector”, reveló.

De cualquier forma, la falta de respuestas concretas y el temor al archivo definitivo del dictamen acentúan la incertidumbre sobre el futuro de la reserva. “Tenemos confianza en que el tema pueda ser debatido y aprobado antes del recambio parlamentario; si no, el riesgo es que se pierda la protección por completo”, sentenció el hombre de mar.

Luego de que trascendiera la eventual designación de Juan Vidal Rodríguez como presidente ejecutivo de EsSalud, en reemplazo de Luis Rosales Pereda, el médico rechazó cualquier vínculo orgánico con Alianza para el Progreso (APP), agrupación liderada por César Acuña. Hasta la fecha, sin embargo, no se ha publicado una resolución oficial que formalice su nombramiento ni el cese de Rosales, quien continúa figurando como titular del Seguro Social.

El médico aclaró que su única participación con APP fue como invitado a la lista congresal por Lambayeque en las elecciones de 2021, sin afiliación ni compromiso partidario. “Luego del proceso electoral opté por apartarme por principios éticos y profesionales, y me dediqué a mi labor médica”, sostuvo en diálogo con Infobae Perú.

Defensa de independencia y trayectoria

Vidal remarcó que los intentos de vincularlo políticamente buscan distorsionar su imagen y desvirtuar el proceso de designación en EsSalud.

“No tengo militancia política, no he estado afiliado a ningún partido y mi carrera siempre ha estado sustentada en criterios técnicos y de servicio público”, afirmó.

El médico enfatizó que, tras la campaña electoral, se dedicó de lleno a sus funciones como jefe del Departamento de Cirugía I en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo de la Red Prestacional Lambayeque.

En cuanto a su perfil profesional, Vidal aseguró que cuenta con la formación y experiencia necesarias para el cargo. Posee una maestría en gerencia de servicios de salud, un doctorado en ciencias de la salud y especialización en cirugía oncológica digestiva.

Además, Vidal es autor de procedimientos complejos como trasplantes de hígado y no registra sanciones administrativas ni antecedentes penales.

Críticas al contexto institucional y diagnóstico de EsSalud

El médico explicó que los cuestionamientos actuales no solo responden a su pasado electoral, sino a una coyuntura de conflicto interno en la institución.

La salida de Rosales Pereda se produjo en medio de presiones por mejorar la atención a más de 13 millones de asegurados, problemas de abastecimiento de insumos y frecuentes cambios en los altos cargos.

“El nivel de satisfacción de los usuarios de EsSalud es uno de los más bajos de los últimos años, como resultado de gestiones anteriores marcadas por la influencia política y la falta de reformas estructurales”, señaló.

Entre los principales retos mencionó la demora en la atención de cirugías y la alta demanda en consultas externas. Según Vidal, el funcionamiento actual se ve afectado por una estructura organizativa que concentra la toma de decisiones en la gerencia general, lo que limita la eficiencia y dificulta la respuesta oportuna a las necesidades de los pacientes.

“Un ejemplo claro es la compra de equipamiento: si el gerente general no autoriza, no se lleva a cabo, y eso impide mejorar indicadores clave”, precisó.

Propuestas para una reforma estructural

Ante este escenario, Vidal propuso una reforma profunda que permita separar la gestión operativa de la financiera en EsSalud.

Su planteamiento consiste en que el área de prestaciones pueda identificar y ordenar la adquisición de insumos y equipos, mientras que el área financiera se encargue de ejecutar el gasto, sin depender de la autorización exclusiva de la gerencia general.

Esta reforma, a su juicio, agilizaría los procesos, reduciría la burocracia interna y mejoraría la capacidad de respuesta ante la demanda de los asegurados.

Otra de sus prioridades es la modernización del sistema de referencia y contrarreferencia. Vidal considera que el actual esquema de niveles de atención se ha vuelto obsoleto y genera largas colas y demoras para los pacientes.

Propone que, al terminar una consulta, el paciente salga con la referenciación y cita ya agendada, lo que evitaría trámites adicionales y optimizaría la atención. Para lograrlo, considera fundamental una inversión robusta en tecnología, que permita automatizar procesos internos y facilitar la gestión de citas y referencias.

Compromiso con la transparencia y la eficiencia

Juan Vidal reiteró que su gestión se basará en la meritocracia, la ética y la transparencia institucional. Rechazó que su nombramiento responda a cuotas políticas y defendió su independencia profesional frente a las campañas de desinformación.

“Mi única agenda es mejorar la atención y la eficiencia de EsSalud para los millones de asegurados que dependen del sistema”, afirmó. Las declaraciones de Vidal se producen en un contexto de alta presión social y política para transformar el seguro social, tras años de denuncias por deficiencias en la gestión y el servicio.

De formalizarse su designación, Vidal plantea la posibilidad de una reforma estructural orientada a la eficiencia, la modernización y la transparencia en la principal entidad de salud pública del país. El tiempo dirá.

La sostenibilidad industrial se ha convertido en un objetivo prioritario para las empresas de consumo masivo en Latinoamérica, impulsando cambios que trascienden el cumplimiento normativo y buscan transformar la gestión de recursos y residuos. Un análisis de Kimberly-Clark a propósito del Día Mundial del Medio Ambiente identifica los principales ejes que hoy guían la agenda ambiental del sector.

El concepto de cero residuos en vertederos se consolida como una aspiración compartida. Transformar los procesos productivos para evitar que los residuos lleguen a rellenos sanitarios, priorizando el reciclaje y la reutilización, representa un estándar que empresas ambientalistas promueven como meta colectiva.

Esta estrategia se alinea con la transición hacia una economía circular, donde los materiales vuelven al ciclo productivo y el valor de los recursos se mantiene el mayor tiempo posible.

Cambios estructurales en la industria: sostenibilidad como eje central

La reducción del uso de agua y la huella de carbono son objetivos que atraviesan a toda la industria. El desarrollo de tecnologías para aprovechar el agua residual y disminuir el consumo, junto con acciones para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, forman parte de los compromisos adoptados por empresas que buscan operar bajo parámetros responsables.

Otra tendencia sectorial es la incorporación de materiales reciclados en productos y empaques. La innovación en la selección de insumos, el rediseño de envases y el uso de residuos de producción permite reducir la dependencia de recursos vírgenes y minimizar el impacto ambiental de la cadena logística.

A esto se suman iniciativas para fomentar la educación ambiental y el reciclaje en las comunidades, integrando a empleados, proveedores y escuelas en la promoción de hábitos sostenibles.

El análisis de Kimberly-Clark señala que la adopción de estos enfoques no solo responde a regulaciones o expectativas sociales, sino que también potencia la competitividad y la resiliencia empresarial frente a desafíos ambientales crecientes.

El desafío de reducir agua y carbono

En este marco, Kimberly-Clark reporta avances concretos en sus operaciones regionales. Sus plantas en Perú, El Salvador y Colombia han alcanzado el objetivo de cero residuos en vertederos, implementando el reciclaje y la reutilización de materiales a gran escala.

La planta de Puente Piedra, en Perú, recicló más de 1.900 toneladas anuales de etiquetas de bebidas para la producción de papel y redujo en 54% el uso de agua, reutilizando el 90% del agua residual tratada.

Como meta a futuro, la compañía proyecta mantener la eficiencia ambiental y extender el uso de materiales reciclados en sus empaques. Además, continuará impulsando programas sociales enfocados en educación ambiental y acceso al saneamiento, consolidando su compromiso con una operación sostenible en toda Latinoamérica.

¿Qué es la economía circular?

La economía circular es un modelo de producción y consumo que busca optimizar el uso de los recursos naturales y reducir la generación de residuos al mínimo.

A diferencia del sistema tradicional lineal, que se basa en extraer, fabricar, usar y desechar, la economía circular promueve la reutilización, el reciclaje y la reparación de materiales y productos para alargar su vida útil.

Esta estrategia no solo disminuye la presión sobre el ambiente, sino que también favorece la innovación y la eficiencia dentro de las cadenas productivas, permitiendo que los desechos de un proceso se conviertan en insumos para otro.

Un proyecto de Resolución Ministerial presentado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) propone modificar el Reglamento Operativo del Bono Familiar Habitacional (BFH), abriendo la posibilidad de un subsidio adicional específico para jóvenes estudiantes que buscan adquirir su primera vivienda en Perú.

La propuesta, materializada mediante la Resolución Ministerial N.° 214-2026-VIVIENDA este martes 2 de junio, introduce un incentivo dirigido a jefes de familia jóvenes y suma cambios relevantes en los mecanismos de financiamiento, requisitos y fiscalización del programa Techo Propio.

Un subsidio adicional que podría sumar S/10 mil al bono principal

El documento oficial plantea que los jefes de familia de entre 20 y 28 años (ojo, no necesariamente deberán tener hijos), que acrediten estar cursando los últimos años de una carrera universitaria o técnica, recibirán un subsidio extra del 25% sobre el BFH vigente en la modalidad de compra de vivienda nueva.

Usando como referencia el monto oficial para 2026, este beneficio adicional se traduce en un apoyo cercano a S/10,000, además del bono principal. La cifra final dependerá del valor del BFH que se fije en la convocatoria anual, ya que el subsidio se ajusta cada año y el monto actual de S/52,250 se toma únicamente como ejemplo para el caso.

El Bono Familiar Habitacional es un subsidio económico directo y no reembolsable, entregado una sola vez por el Estado peruano a través del programa Techo Propio y el Fondo MIVIVIENDA. Su finalidad es facilitar la compra, construcción o mejora de una vivienda de interés social para familias de bajos recursos, sin exigir historial crediticio previo.

Para acceder en el presente ejercicio a la modalidad Adquisición de Vivienda Nueva (AVN), se requiere conformar un grupo familiar, acreditar un ingreso mensual no mayor a S/3,715, no haber recibido apoyo habitacional anterior y contar con un ahorro mínimo equivalente al 3% del valor de la vivienda.

¿Nuevas alternativas de financiamiento para la vivienda social?

El proyecto introduce otras modificaciones al Reglamento Operativo del BFH, entre las que destaca la ampliación de los esquemas de financiamiento. Ahora se reconoce, junto al crédito hipotecario tradicional, el crédito complementario habitacional no hipotecario otorgado por instituciones financieras intermediarias con recursos propios.

También se incorpora la posibilidad de estructurar proyectos habitacionales a través de fideicomisos de titulización donde intervenga el Fondo MIVIVIENDA, lo que diversifica las fuentes de financiamiento y puede facilitar la ejecución de proyectos de vivienda social.

En el plano de los controles y garantías, la propuesta endurece los requisitos para el desembolso y la liberación de fondos. El financiamiento complementario exigirá garantías por el 105% del valor de la vivienda de interés social, con reducciones progresivas a medida que la obra avance y se cumplan condiciones técnicas y legales. Solo tras la verificación de la entrega y la inscripción registral de la vivienda sin cargas podrá liberarse la garantía en su totalidad.

Más controles y garantías para evitar fraudes y proteger al beneficiario

A nivel operativo, el texto refuerza los controles para evitar fraudes y asegurar el uso correcto del subsidio. Los beneficiarios deberán ocupar la vivienda con fines habitacionales al menos durante 5 años y no podrán transferir ni gravar la propiedad para otros fines en ese lapso. El incumplimiento implicará la devolución total del beneficio y la exclusión permanente del programa.

Adicionalmente, el proyecto establece la pérdida de elegibilidad si se detecta que algún miembro del grupo familiar tiene vínculos de primer grado con el anterior propietario del inmueble, buscando prevenir simulaciones y direccionamiento indebido de los subsidios.

El proyecto también contempla la gestión de proyectos paralizados. El Fondo MIVIVIENDA dispondrá de 180 días para cancelar códigos de proyectos sin avance, permitiendo que las entidades financieras intervengan para ejecutar o recuperar la obra. El plazo para que el FMV adapte sus sistemas internos y procedimientos a las nuevas reglas será de 6 meses desde la entrada en vigor de la resolución.

El impacto potencial de la medida y los próximos pasos oficiales

En Perú, el déficit habitacional supera los 1.9 millones de viviendas. Unas 587,000 familias no tienen casa propia o viven hacinadas, mientras que alrededor de 1.3 millones residen en hogares precarios o sin servicios básicos.

Aunque la propuesta normativa aún no está vigente y su aprobación definitiva podría tomar tiempo, su eventual implementación ampliaría las oportunidades de acceso a la vivienda para jóvenes estudiantes y diversificaría las alternativas de financiamiento.

El monto definitivo del subsidio adicional dependerá del ajuste anual del BFH, por lo que las cifras actuales son solo referenciales hasta que el proyecto se materialice oficialmente. En la práctica, la definición de esta nueva bonificación quedará en manos del próximo gobierno.

La expectativa salarial de los trabajadores peruanos dio un salto notable en el último año. Según el Informe Regional del Mercado Laboral de Jobint, Perú lideró el crecimiento interanual de las aspiraciones salariales en América Latina, con un incremento del 13,39% durante el período comprendido entre abril de 2025 y abril de 2026.

Sin embargo, el salario pretendido promedio en el país se mantiene entre los más bajos de la región, con 987 dólares mensuales.

El “boom” de las expectativas en Perú frente a los vecinos

De acuerdo con el reporte publicado por Jobint, plataforma que integra portales como Bumeran, la demanda salarial promedio solicitada por los postulantes peruanos solo supera a la de Ecuador (811 dólares), y se ubica por debajo de otros mercados analizados como Argentina (1.292 dólares al tipo de cambio oficial), Chile (1.210 dólares) y Panamá (992 dólares).

Este escenario se produce pese a que la variación acumulada en Perú fue la más alta de la región, mientras países como Argentina, Ecuador y Panamá experimentaron bajas en sus pretensiones salariales medidas en dólares.

El informe distingue que, aunque el crecimiento en Perú fue el mayor, la brecha respecto a los países con mayores remuneraciones solicitadas permanece amplia. En contraste, Argentina se mantiene a la cabeza de la región en salario pretendido promedio, tanto calculado a dólar oficial como al tipo de cambio MEP.

Diferencias por jerarquía y sectores: cuánto piden los trabajadores

El análisis de Jobint también desglosa cómo varían las expectativas salariales según el nivel del puesto. Para posiciones de jefe o supervisor, Argentina encabeza el ranking regional con 1.742 dólares mensuales (dólar oficial), seguida por Chile y Perú, este último con 1.610 dólares.

En el segmento senior y semi senior, la remuneración promedio más elevada vuelve a corresponder a Argentina (1.313 dólares), mientras que Perú se sitúa en torno a los 1.000 dólares. Para los puestos junior, Chile lidera con 1.012 dólares por mes y Perú muestra una de las cifras más bajas (670 dólares).

El estudio señala también diferencias según el sector. En Tecnología y Sistemas, los jefes o supervisores en Chile solicitan 2.126 dólares mensuales, mientras que en Perú la cifra para ese rango alcanza los 2.008 dólares.

En Administración y Finanzas, los jefes peruanos aspiran a 1.581 dólares, mientras que en Producción, Abastecimiento y Logística, la expectativa de un jefe en Perú llega a 1.649 dólares.

Brecha de género: Perú en la media regional

El informe de Jobint aborda también la brecha salarial de género. En abril de 2026, la diferencia entre los salarios pretendidos por hombres y mujeres en Perú alcanzó el 9,21%.

Este porcentaje se sitúa por encima de Panamá (4,62%) y Ecuador (6,59%), pero por debajo de Argentina (9,37%) y especialmente de Chile (13,48%).

La plataforma señala que, en el promedio acumulado desde 2020, Perú registra una de las brechas más bajas de la región (10,47%), solo superada por Panamá.

Estabilidad y volatilidad: el caso argentino y la referencia regional

En cuanto a la evolución acumulada desde mayo de 2020, los salarios pedidos en Perú experimentaron un alza moderada (15,90%), mientras que países como Argentina mostraron una fuerte volatilidad: el salario medio requerido subió 53,08% al dólar oficial y 139,67% al MEP. En cambio, Chile y Ecuador evidenciaron variaciones menores, y Panamá registró una leve baja.

Las cifras del reporte muestran que, aunque Perú avanza en expectativas, el país sigue lejos de alcanzar los niveles salariales de sus vecinos más desarrollados en la región. Mientras tanto, el dinamismo en la demanda salarial señala un proceso de ajuste en las aspiraciones de los trabajadores peruanos frente al contexto económico regional.

Lima figura entre las 10 ciudades del mundo con mayor densidad de viajes de movilidad urbana por kilómetro cuadrado, según un análisis con datos sectoriales presentados por Yango Perú.

Esta situación es resultado de una combinación de factores estructurales como la limitada infraestructura de transporte público, el crecimiento poblacional y el desarrollo acelerado de plataformas digitales, que han transformado los hábitos de traslado de millones de limeños.

Un mercado que se autorregula y demanda soluciones

El sector de movilidad en Perú exhibe una configuración particular: taxis tradicionales y aplicaciones conviven bajo un esquema de autorregulación.

La ausencia de una regulación restrictiva ha permitido “una integración muy orgánica entre el sector tradicional y el de plataformas”, describe Daniel Prado, gerente general de Yango Ride en el país.

Esta convivencia facilita que empresas tecnológicas puedan ofrecer soluciones ajustadas a la realidad local, sobre todo en distritos de alta demanda donde las alternativas públicas resultan insuficientes.

“Lima es una ciudad muy interesante para la movilidad porque la densidad de viajes por kilómetro cuadrado está en el top 10 a nivel mundial”, dijo durante el lanzamiento oficial en Lima de sus nuevas categorías premium de movilidad urbana: Confort, Confort+ y Premier.

Esta característica se potencia por el hecho de que la ciudad solo dispone de una línea de metro, mientras que la población supera los 10 millones de habitantes.

Seguridad e innovación, prioridades para el sector

La seguridad se ha convertido en un pilar fundamental para la industria de la movilidad urbana. “La seguridad es identificada como un foco clave, antes, durante y después del viaje”, afirma Prado.

Entre las medidas implementadas en el sector, destaca la verificación de antecedentes de conductores, el monitoreo de rutas mediante mapas propios y la atención humana inmediata ante cualquier incidente.

Según el gerente general de Yango, “el 92% de los contactos de soporte se resuelven en menos de 5 minutos”, una cifra que busca diferenciar a las plataformas en un contexto donde los usuarios priorizan la confianza y la respuesta rápida frente a cualquier inconveniente.

Prado subraya que la innovación tecnológica es otro de los grandes motores del sector: “El usuario busca cada vez más opciones seguras y personalizadas para moverse por la ciudad, y la tecnología es la respuesta”.

Las plataformas apuntan a optimizar tanto la experiencia de los pasajeros como la de los conductores, lo que contribuye a elevar los estándares del mercado y dinamizar la competencia.

Desafíos en la digitalización y segmentación del mercado

A pesar del avance de las plataformas en el rubro de taxis tradicionales, la digitalización no ha alcanzado el mismo nivel en todos los segmentos.

En el caso de los mototaxis, la informalidad y el uso offline siguen predominando. “Digitalizar el mototaxi es un reto enorme porque parte de un servicio históricamente informal”, aclara Prado.

Esta brecha obliga a las empresas a invertir en educación y acompañamiento, tanto para usuarios como para conductores, especialmente en los distritos periféricos donde el mototaxi constituye la principal alternativa de traslado.

Según estimaciones del sector, en Lima operan cerca de 400.000 mototaxis activos. La penetración y el uso del mototaxi varían entre distritos, pero su peso en la movilidad cotidiana es indiscutible.

En este segmento, Yango se consolidó como el jugador relevante en el mercado formal: “Tenemos más del 90% del mercado en mototaxis en los distritos donde operamos”, detalla Prado.

Las metas de la empresa incluyen consolidar la digitalización del servicio, elevar la seguridad y ampliar la cobertura en Lima, donde todavía existen oportunidades de crecimiento y formalización.

El comercio electrónico en Perú afianza su crecimiento y transforma los hábitos de compra en hogares de todo el país. Según el estudio “La Nueva Radiografía del Consumidor Peruano” de Worldpanel by Numerator, la penetración del ecommerce ya alcanza al 41% de los hogares peruanos y el ticket promedio de compra online supera ampliamente al de las compras en tiendas físicas.

La tendencia revela una mayor sofisticación en las decisiones de compra, pero también expone el principal desafío del sector: lograr que los usuarios repitan sus compras con mayor frecuencia.

¿Quién es el nuevo consumidor digital?

El avance del comercio electrónico no se limita a Lima. El informe muestra que el crecimiento es especialmente dinámico en provincias, donde la penetración del ecommerce pasó del 39% al 56% entre 2024 y 2026, superando el ritmo de la capital.

Actualmente, existen 10% más canales digitales que hace dos años y el ticket promedio online por hogar aumentó 6% en el mismo periodo. Esta expansión territorial abre nuevas oportunidades para marcas y comercios, que encuentran en el canal digital una vía cada vez más rentable y transversal.

El estudio destaca el surgimiento del consumidor “conviviente”, aquel que alterna compras físicas y digitales. Hoy, el 41% de los hogares peruanos compra tanto en tiendas tradicionales como en plataformas online, un segmento que creció nueve puntos porcentuales solo en el último año.

Aunque el ticket promedio es similar entre compradores offline (S/45) y los que combinan ambos canales (S/45.5), la diferencia clave está en la frecuencia de compra: quienes utilizan ambos canales llegan a comprar hasta 26 veces al año, frente a las 15,8 ocasiones de los compradores solo físicos.

El reto de la recompra: nadie compra dos veces en la misma tienda online

A pesar del crecimiento del canal digital, la recompra se mantiene como el principal reto del sector. En Perú, el promedio de compras online apenas llega a cuatro al año por hogar, muy por debajo de mercados como China o Corea del Sur, donde la penetración digital supera el 90% en hogares urbanos y se registran cerca de 40 recompras anuales.

Para impulsar la habitualidad, el estudio recomienda estrategias integradas entre canales físicos y digitales, incluyendo herramientas como cashbacks, promociones cruzadas y beneficios exclusivos que incentiven la lealtad y la mayor frecuencia de compra.

El ecommerce se democratiza: todos los grupos etarios participan

El fenómeno digital abarca a todas las edades. La penetración del ecommerce alcanza el 39,5% en personas de hasta 34 años, 44% entre 35 y 44 años, 40,3% en el grupo de 45 a 54 años y 38,2% en mayores de 55 años.

Además, el ticket promedio por ocasión en compras online prácticamente duplica al del canal físico en todos los segmentos etarios. El canal digital se consolida como una opción rentable, sofisticada y con inventario casi “infinito”, capaz de responder a las búsquedas cada vez más específicas del consumidor peruano.

Los canales y categorías que lideran el gasto digital: marcas premium y futuro del ecommerce

El estudio divide el ecommerce en cuatro categorías principales: canales híbridos (tiendas físicas con ecommerce propio), WhatsApp, aplicativos de última milla (como apps de delivery) y comercios digitales puros.

Los canales híbridos concentran el 41% del gasto total, seguidos por WhatsApp (21%), aplicativos de delivery (19%) y ecommerce puro (19%). En cuanto a categorías, los productos de belleza lideran las compras en ecommerce puro, WhatsApp y canales híbridos, mientras que los alimentos predominan en los aplicativos de entrega a domicilio.

El canal online impulsa especialmente a las marcas premium, que concentran el 58% de las transacciones digitales y generan el 63% del crecimiento del sector durante el último año.

De esta manera, el comercio electrónico en Perú avanza hacia un modelo más transversal, sofisticado y rentable, en el que la clave será lograr que la experiencia digital se traduzca en mayor lealtad y repetición de compra, concluye Worldpanel by Numerator

Perú entra en una nueva etapa en la gestión del consumo eléctrico con la aprobación de una norma para habilitar los esperados Sistemas de Medición Inteligente (SMI), una regulación que exige a las empresas distribuidoras instalar medidores digitales en hogares y empresas de todo el país.

La medida, oficializada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) a través de la Resolución Ministerial N° 188-2026-MINEM/DM, establece especificaciones técnicas obligatorias para los nuevos dispositivos y marca el inicio de una modernización masiva de la red eléctrica nacional.

¿Cómo ayudarán los medidores inteligentes en la vida diaria?

La normativa, publicada el 30 de abril de 2026, exige que los medidores inteligentes cumplan parámetros mínimos de precisión, seguridad, interoperabilidad y eficiencia.

Los SMI permitirán a los usuarios monitorear su consumo en tiempo real, consultar información diaria desde el celular y acceder a tarifas eléctricas dinámicas y diferenciadas.

El principal objetivo es garantizar la compatibilidad con la infraestructura eléctrica existente y futura, mejorar la facturación, optimizar la calidad del servicio y facilitar la integración de nuevos servicios digitales.

El despliegue será gradual y estará bajo la supervisión del MINEM. Según el organismo regulador Osinergmin, la gestión eficiente de la red eléctrica con SMI mejorará la detección de fallas, la lectura remota de consumos y la protección de datos del usuario.

El costo de los medidores será asumido por las empresas distribuidoras, aunque los gastos de mantenimiento y reposición se abonarán mensualmente en la tarifa de los usuarios.

Del celular al ahorro: la visión del sector privado

Según Leonel Lazo, Gerente de Marketing de Legrand/BTicino, la llegada de los SMI cambia por completo la relación de los hogares y empresas con la electricidad.

Ya no dependerán de estimaciones mensuales ni de visitas de técnicos para la lectura. Los usuarios podrán visualizar su consumo eléctrico en tiempo real, desde su celular o cualquier dispositivo conectado, y tomar decisiones informadas para optimizar el uso de energía.

Estos sistemas ofrecerán acceso a tarifas diferenciadas según el horario de consumo, lo que permitirá aprovechar las horas valle para ahorrar en la factura eléctrica.

Además, los usuarios podrán detectar desperdicios, programar el uso de electrodomésticos en horarios más económicos y tener un mayor control sobre sus gastos energéticos.

“La transparencia y la información detallada cambiarán los hábitos de consumo y facilitarán la adopción de tecnologías inteligentes en el hogar”, dijo para Infobae Perú.

¿Qué implica la nueva norma para hogares y empresas?

Según Lazo, la masificación de los medidores inteligentes será un punto de inflexión para la adopción de soluciones de automatización y gestión energética.

“Cuando un usuario puede visualizar y entender su consumo en tiempo real, empieza a tomar decisiones más eficientes sobre iluminación, climatización, horarios de uso y automatización de equipos”, afirmó el vocero.

En la práctica, los SMI permitirán detectar consumos anómalos, recibir alertas por eventuales fallas y acceder a plataformas conectadas para el control de la energía.

Estos beneficios no solo impactarán en la economía familiar, sino también en la sostenibilidad y la seguridad eléctrica, señala Legrand/BTicino.

Industria, comercios y grandes consumidores: impacto en el sector productivo

La digitalización del consumo eléctrico también tendrá un efecto directo en el sector empresarial e industrial. Lazo remarcó que los medidores inteligentes permitirán una mejor gestión de costos operativos, mantenimiento predictivo e integración de tecnologías de automatización.

Sectores como data centers, minería, manufactura, retail, oficinas, hospitales y hoteles demandan cada vez más soluciones eficientes para optimizar la gestión energética y garantizar la continuidad operativa.

Los datos obtenidos en tiempo real ayudarán a las empresas a identificar picos de consumo, planificar el uso de equipos críticos, reducir interrupciones y mejorar la eficiencia general.

Además, los SMI facilitarán la introducción de tarifas dinámicas, la integración de recursos energéticos distribuidos y la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas en la red, contribuyendo a una infraestructura más moderna y sostenible.

Barreras, desafíos y el problema de la piratería eléctrica

El avance hacia un sistema eléctrico digitalizado enfrenta retos importantes. Lazo reconoció que existen obstáculos como la falta de información sobre los beneficios de los SMI, la resistencia al cambio y desafíos de infraestructura y capacitación técnica, tanto en el sector público como privado.

Un problema adicional es la piratería de productos eléctricos: según datos de EPEI Perú, aproximadamente 12 millones de productos eléctricos ilegales ingresan al país cada año, lo que coloca a Perú como el principal consumidor de productos falsificados en Latinoamérica.

Estos productos representan un riesgo serio para la seguridad de las personas y las instalaciones, pues no cumplen normas técnicas ni estándares internacionales.

La industria formal invierte en certificaciones, pruebas de calidad y educación al consumidor para promover la elección de productos seguros y garantizar una modernización eléctrica a la altura de los desafíos actuales.

Más allá del hogar: oportunidades y expansión de la digitalización

El despliegue de medidores inteligentes abre nuevas oportunidades para la expansión de la digitalización en todo el país. Legrand y BTicino proyectan un crecimiento de la demanda en ciudades fuera de Lima, como Arequipa, Trujillo, Piura, Cusco y Chiclayo, donde los proyectos inmobiliarios e industriales requieren infraestructura moderna y segura.

Su estrategia incluye una red nacional de distribuidores, programas de capacitación técnicos presenciales y virtuales, y la inauguración de un Centro de Experiencia en Miraflores, Lima, para acercar la innovación y la conectividad a usuarios y profesionales.

La transición energética y la movilidad eléctrica representan también áreas de expansión para el sector. Lazo explicó que la oferta de soluciones para carga de vehículos eléctricos, respaldo de energía, cableado estructurado y automatización responde a una demanda creciente de sistemas conectados, eficientes y sostenibles en viviendas, industrias y edificios comerciales.

Así, la digitalización de la infraestructura eléctrica y la adopción de tecnologías inteligentes permitirán a Perú avanzar hacia una gestión más eficiente, segura y sostenible de la energía, acompañando el crecimiento de ciudades y sectores productivos en todo el país, remarcó.

ProInversión anunció la declaratoria de interés para la renovación y modernización de 13 instituciones educativas públicas en los distritos de San Juan de Miraflores y Villa El Salvador, lo que permitirá beneficiar directamente a más de 29 mil estudiantes.

La iniciativa, desarrollada bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP) cofinanciada, busca cerrar brechas de infraestructura en zonas de alta demanda social, según el comunicado oficial de ProInversión.

Nueva infraestructura y servicios para más de 29 mil escolares

La propuesta de ProInversión abarca el diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura educativa durante un periodo de concesión de 20 años.

El proyecto incluye la edificación de aulas modernas, laboratorios, talleres de Educación para el Trabajo y áreas deportivas, así como ambientes administrativos y espacios seguros para la comunidad escolar.

Además, está contemplada la adquisición e instalación de mobiliario, equipamiento tecnológico y material deportivo, precisó la agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El monto estimado de inversión asciende a S/1.118 millones, e involucra la demolición de la infraestructura actual, la construcción de los nuevos colegios y la implementación de un Plan de Reubicación Temporal (PRT) para asegurar la continuidad del servicio educativo durante la ejecución de las obras.

Gratuidad y gestión educativa bajo responsabilidad estatal

La APP no comprende la gestión pedagógica ni administrativa de la educación, que permanecerá a cargo del Ministerio de Educación (Minedu).

En su lugar, se garantiza plenamente la gratuidad de la enseñanza, así como la continuidad de la gestión curricular, los recursos educativos y el personal docente y administrativo bajo responsabilidad del Estado. Los 13 colegios a ser modernizados son:

• José Carlos Mariátegui
• Villa El Salvador
• Manuel Gonzales Prada
• Pachacútec
• República Federal de Alemania
• República de Nicaragua
• República del Perú
• República de Francia
• Príncipe de Asturias
• Leoncio Prado
• Ollantay
• San Juan
• César Vallejo

Servicios complementarios y enfoque en sostenibilidad

Además de la infraestructura, la iniciativa considera la prestación de servicios no pedagógicos como mantenimiento de instalaciones, limpieza integral, gestión de residuos, control de plagas, vigilancia privada y atención médica escolar.

En tanto, el Plan de Reubicación Temporal garantizará que los alumnos puedan continuar sus clases en espacios alternativos mientras se desarrollen las obras principales.

ProInversión destacó que este modelo promueve la sostenibilidad y la eficiencia en la gestión de recursos, permitiendo que la inversión privada contribuya a mejorar las condiciones de la educación pública sin afectar su gratuidad.

Proceso abierto para terceros interesados

Con la publicación de la declaratoria de interés, ProInversión abrió un plazo de 90 días calendario para que terceros interesados en la ejecución del proyecto presenten sus expresiones de interés.

Si no se reciben propuestas adicionales durante el periodo, la adjudicación se realizará a favor del proponente original, la española Ortiz Construcciones y Proyectos S.A. Sucursal del Perú.

La decisión incluye la versión inicial del contrato, que regula los términos y condiciones para el desarrollo y operación del proyecto, conforme al marco legal vigente sobre asociaciones público-privadas.

A mediados de julio de 2025, Ortiz Construcciones y Proyectos se adjudicó también la operación y mantenimiento del Hospital de Emergencias Villa El Salvador en Lima mediante una APP, por una inversión de 284 millones de dólares, con un contrato de gestión que se extenderá por 14 años y medio.

Impulso a la infraestructura educativa

Con esta medida, ProInversión reafirma su compromiso de impulsar infraestructura pública de calidad a través del involucramiento del sector privado, priorizando proyectos sociales que inciden directamente en la vida de la población y en sectores estratégicos como la educación, según el comunicado institucional.

El proyecto representa una oportunidad para mejorar las condiciones de aprendizaje de miles de escolares en Lima Metropolitana, al tiempo que moderniza la oferta educativa y fortalece la infraestructura de dos distritos emblemáticos de la capital.

La optimización energética se ha transformado en uno de los ejes centrales para la competitividad de la minería en el Perú. El aumento de los costos operativos, junto con las crecientes exigencias en sostenibilidad y reducción de emisiones, ha llevado a las empresas del sector a priorizar la eficiencia en el uso de la energía.

Actualmente, la implementación de tecnología y automatización permite que las mineras logren ahorros energéticos de entre 10% y 15% en sus operaciones, de acuerdo con estimaciones del Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Herramientas digitales mejoran la precisión y el monitoreo en plantas mineras

El sector minero consume una parte significativa de la electricidad industrial del país, especialmente en procesos como molienda, bombeo, ventilación y procesamiento de minerales, de acuerdo con un análisis de Jorge Cáceres, Gerente de Planta de Ingeniería y Tecnología Wise.

Para enfrentar este desafío, las compañías están incorporando sistemas de automatización, monitoreo y análisis de datos que permiten identificar pérdidas energéticas y optimizar el rendimiento de los equipos en tiempo real.

El uso de sensores inteligentes y plataformas integradas proporciona información detallada sobre el funcionamiento de compresoras, bombas y ventiladores, facilitando ajustes inmediatos que evitan el sobreconsumo y mejoran la eficiencia.

Precisamente, uno de los retos persistentes es la existencia de sistemas que funcionan de manera aislada dentro de las plantas mineras. La falta de integración dificulta la obtención de una visión global del consumo energético y limita la capacidad de anticipar fallas o detectar sobrecargas.

La tendencia actual apunta a la conexión de operaciones, sensores y equipos críticos a través de plataformas digitales, lo que permite monitorear variables en tiempo real y gestionar la energía de manera integral.

Además, la posibilidad de almacenar energía durante periodos de baja demanda para su uso en horas pico ayuda a reducir costos y estabilizar la operación.

Sostenibilidad y eficiencia: beneficios más allá del ahorro económico

La optimización energética no solo tiene impacto en los costos operativos, sino que también responde a los objetivos de sostenibilidad de las empresas mineras.

La reducción del consumo innecesario de energía contribuye a disminuir emisiones y avanzar hacia operaciones más responsables con el medio ambiente, un aspecto que cobra cada vez mayor relevancia ante inversionistas, clientes y mercados internacionales.

El uso de tecnología avanzada se traduce en una mejora en la reputación corporativa y en la capacidad de competir en mercados globales con estándares ambientales exigentes. explica el portavoz de Wise.

Hacia una minería predictiva y conectada

Entre las tecnologías más usadas destacan los sistemas de automatización industrial, plataformas SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), sensores inteligentes y soluciones de analítica predictiva que permiten supervisar procesos desde centros de control integrados.

Estas herramientas ayudan a estabilizar las operaciones, reducir tiempos improductivos y mejorar el rendimiento energético. Así, la digitalización está modificando la planificación en la minería, favoreciendo un enfoque más predictivo y eficiente.

De acuerdo con Jorge Cáceres, la capacidad de analizar información en tiempo real permite anticipar problemas, optimizar el uso de energía y mejorar la toma de decisiones estratégicas.

Por ello, el sector avanza hacia operaciones más inteligentes, conectadas y responsables, donde la eficiencia energética es un factor determinante para el éxito a largo plazo.

El Gobierno de Perú ha concretado una serie de cambios en la cúpula del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), días después de la salida de Óscar Fernández como titular del sector.

Se trata de Tomás Alejandro Flores Noriega y Dante Delgado Polo, quienes ocuparán en adelante las carteras de Viceministro de Trabajo y Viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral respectivamente.

Los relevos llegan luego del escándalo por las denuncias sobre presuntos intentos de manipulación de la historia clínica del expresidente Pedro Castillo en Essalud, organismo adscrito al ministerio.

Relevo total en la cúpula del Ministerio de Trabajo tras escándalo por Essalud

Las resoluciones supremas N° 019-2026-TR y N° 021-2026-TR determinan el ingreso de Flores Noriega y Delgado Polo en lugar de Yolanda Bertha Erazo Flores y Miguel Ángel Vegas Carrera, quienes estuvieron al mando de sus respectivos despachos, bajo la gestión de Fernández, hasta este 3 de junio de 2026.

Ambas salidas fueron aceptadas oficialmente por el Gobierno peruano, agradeciendo los servicios prestados, y se formalizaron la mañana de este jueves en el Diario Oficial El Peruano.

Los nuevos viceministros asumen funciones en áreas clave: el Viceministerio de Trabajo se encarga de la regulación de relaciones laborales y condiciones de empleo, mientras que el Viceministerio de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral está orientado a la inserción laboral y la formación profesional.

El Ejecutivo ha subrayado que estas decisiones buscan consolidar perfiles técnicos y experimentados en la conducción del sector, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El Ejecutivo busca recomponer la confianza en plena turbulencia ministerial

Estos cambios llegan en medio de un clima de inestabilidad institucional para el sector. La reciente designación de Freddy Solano González como nuevo ministro de Trabajo se produjo tras la renuncia de Fernández y la crisis desatada por el caso Essalud-Castillo.

La salida de Óscar Fernández se dio luego de una denuncia periodística sobre presuntos intentos de manipulación de la historia clínica de Pedro Castillo en Essalud, con el objetivo de sustentar un pedido de indulto humanitario para el exmandatario, condenado por conspiración y rebelión.

Frente a estos hechos, el Seguro Social inició una auditoría interna y el Gobierno declaró inadmisible el pedido de indulto. La crisis forzó una respuesta rápida en la conducción del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y aceleró los cambios en los principales cargos directivos del ministerio.

El gabinete laboral se reestructura en respuesta a la crisis de Essalud

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con sus dos áreas viceministeriales renovadas, busca restablecer la estabilidad y fortalecer la gestión en un periodo de alta sensibilidad política.

Los nuevos viceministros deberán liderar la regulación de relaciones laborales y los programas de inserción y capacitación laboral en un contexto de demanda social por empleo de calidad y protección de derechos laborales.

El Ejecutivo insiste en la importancia de contar con funcionarios idóneos y con experiencia en la administración pública. Las resoluciones que oficializan los nombramientos llevan la firma del presidente José María Balcázar Zelada.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) aprobó la modificación del Contrato de Licencia para la Exploración y Explotación de Hidrocarburos en el Lote 131, ubicado entre Huánuco y Ucayali, mediante Decreto Supremo Nº 007-2026-EM.

Esta norma reconoce a Ucawa Energy S.A.C., filial de PetroTal Corp., como nuevo operador del bloque, en reemplazo de CEPSA, que dejó oficialmente el proyecto a fines de 2024. El contrato mantiene su vigencia hasta 2038, sin ampliación de plazo, pero con cambios relevantes en la gestión y operación.

El Gobierno oficializa el traspaso del Lote 131 a Ucawa Energy

La actualización contractual permite que el yacimiento Los Ángeles continúe en producción bajo las mismas condiciones técnicas, siempre dentro del periodo original del contrato.

Se trata de la primera adquisición que realiza PetroTal Corp., empresa matriz de PetroTal Perú, desde su ingreso al Lote 95 (Loreto), a fines del 2017. Las reservas recuperables de petróleo del Lote 131 se calculan hasta en 4.9 millones de barriles.

Otro aspecto relevante es la actualización de la cláusula del Fondo de Desarrollo Social suscrita con PERUPETRO, que destina recursos a proyectos de infraestructura, salud y educación en las comunidades vecinas al área de influencia del bloque.

Ucawa Energy y PetroTal: integración operativa e inversiones

Tanto PetroTAl como Ucawa Energy coordinan inversiones para incrementar la producción y mantener la infraestructura del bloque conjunto, así como para ejecutar proyectos sociales a través del Fondo Social.

El Campo Los Ángeles, descubierto en 2013, dispone de instalaciones con capacidad de procesamiento de hasta 5.500 barriles de petróleo por día.

En 2025, la producción promedio fue de 527 barriles diarios, pero en abril de 2026 la extracción descendió a 365 barriles por día. El crudo obtenido es de tipo ligero, con un grado API de 40 a 45, y se destina a la refinería de Iquitos operada por PetroPerú.

Producción nacional y proyecciones de PetroTal

A lo largo de 2025, PetroTal se consolidó como el principal productor de crudo en el país, alcanzando una producción promedio de 19.473 barriles de petróleo por día.

Este desempeño representó un incremento del 9,2 % respecto al año previo y un volumen total de 7,1 millones de barriles extraídos, con el Campo Bretaña en el Lote 95 como principal motor, aportando un promedio de 14.766 barriles diarios.

En diciembre de ese año, este activo superó el hito de 30 millones de barriles producidos desde su inicio de operaciones.

Sin embargo, para 2026, PetroTal proyecta una reducción de su producción, con un rango estimado entre 12.000 y 15.000 barriles por día, por debajo de los más de 19.000 diarios logrados en 2025.

¿Qué es PERUPETRO?

PERUPETRO es la entidad estatal que administra y negocia los contratos de hidrocarburos, promueve la inversión privada y fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones contractuales. También tiene a su cargo la recaudación y distribución de regalías y canon a gobiernos regionales y universidades.

A diferencia de Petroperú, que se dedica al transporte, refinación y comercialización de combustibles, PERUPETRO no participa en la extracción ni venta directa de petróleo, sino que supervisa y regula el manejo de los recursos del Estado.

El sistema financiero peruano cerró marzo de 2026 con una utilidad neta acumulada de 17.934 millones de soles, según los datos presentados por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Esta cifra representa un incremento de 4.278 millones de soles respecto al mismo periodo del año anterior, consolidando una tendencia positiva en la rentabilidad del sector.

El margen financiero sobre activos continuó su trayectoria ascendente desde 2025, impulsado por el crecimiento del crédito, menores niveles de incumplimiento y una reducción significativa del gasto en provisiones.

La SBS destacó que la rentabilidad del sistema, medida por el Retorno sobre Patrimonio (ROE), alcanzó 20,18 % a marzo de 2026.

Las empresas microfinancieras reportaron un ROE de 20,9%, cifra que superó a la de los bancos grandes, que registraron 20,4 %. Además, el ratio de cobertura de provisiones se situó en 163%, reflejando una posición sólida para absorber riesgos de cartera.

SBS: Familias reducen el peso de las deudas en sus ingresos

Los hogares peruanos experimentan una mejora en su situación financiera. El ratio cuota-ingreso, indicador que mide qué porcentaje del ingreso familiar se destina al pago de deudas, descendió a 25,8 % en 2025, frente al 27 % del año anterior.

Este nivel es el más bajo desde 2018 y sugiere una menor presión de sobreendeudamiento para las familias, de acuerdo con el informe de la SBS.

El crecimiento del empleo formal, que avanzó 5,7 % anual a marzo de 2026, y el incremento de los ingresos reales han fortalecido la capacidad de pago de los hogares.

Paralelamente, el crédito de consumo mostró un alza anual de 8 % al cierre de marzo de 2026, impulsado en parte por la expansión de los créditos a través de billeteras digitales y canales automatizados.

Crece el crédito al consumo y mejora la calidad de cartera

El crédito total del sistema financiero creció 5,9 % anual a marzo de 2026. El crédito hipotecario avanzó 6,8% anual, con dinamismo en regiones como Ica, Junín, Arequipa y Lima.

En el segmento empresarial, la cartera mayorista aumentó 2,5 % anual, mientras que la minorista (PYME) lo hizo en 9,5%.

La SBS remarcó que la calidad de la cartera mejoró: la morosidad general se ubicó en 3,3 % —menor a los niveles registrados antes de la pandemia— y la morosidad ajustada también mostró una tendencia descendente.

El ratio de incumplimiento para créditos de consumo se redujo a 6,2 %, regresando a niveles prepandemia. En el caso de las microempresas (MYPE), la mora cayó a 6,9 % tras haber alcanzado picos de hasta 10 % en años previos.

Por su parte, la cartera mayorista mantuvo ratios de incumplimiento bajos, con leves variaciones atribuibles a casos puntuales, precisó la superintendencia.

Riesgos latentes: política, clima y calificación soberana

Durante la presentación del informe, la SBS recalcó que, si bien el sistema exhibe indicadores de solidez y solvencia, persisten ciertos riesgos. Entre ellos, mencionó el posible impacto de la inestabilidad política y social, la intensificación del fenómeno de El Niño y la potencial rebaja de la calificación crediticia soberana.

Según la entidad, estos factores podrían encarecer el financiamiento para empresas, bancos y familias, aunque actualmente las pruebas de estrés muestran que el sector mantiene suficientes colchones de liquidez y capital.

El contexto electoral de 2026 provocó una ralentización moderada en las decisiones de inversión y un deterioro en las expectativas empresariales y de los consumidores, aunque sin un efecto marcado en la colocación de crédito hasta abril.

La SBS señaló que los segmentos de consumo y microempresa son los más sensibles a choques económicos, mientras que el segmento mayorista y el hipotecario se han mostrado más estables.

Digitalización y nuevos jugadores transforman el mercado financiero

La digitalización financiera continuó avanzando en el sistema, con mayor uso de billeteras digitales y canales como WhatsApp para el otorgamiento de créditos de bajo monto.

Esta tendencia, según la SBS, favorece la competencia y la entrada de nuevos actores, incluidas fintech y emisoras de dinero electrónico. El organismo mantiene como prioridad estratégica el desarrollo del esquema de finanzas abiertas (open finance), con foco en la seguridad y la protección de datos de los usuarios.

El informe también abordó la supervisión de cooperativas de ahorro y crédito, señalando que desde 2018 se liquidaron o cerraron 220 entidades, quedando en la actualidad unas 260. El sector cooperativo muestra estabilidad y cobertura de depósitos a través del Fondo de Seguro de Depósito Cooperativo.

Miles de peruanos han encontrado en las redes sociales una vía para generar ingresos. Vender productos importados, ofrecer servicios de asesoría, realizar clases virtuales o gestionar encargos a través de plataformas como Instagram, Facebook o TikTok se ha vuelto moneda corriente.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuatro de cada diez trabajadores en el país obtienen ingresos de forma independiente, una tendencia que sigue en aumento.

Sin embargo, con la campaña de Declaración Anual de Renta 2026 en marcha y el plazo para personas naturales por vencer el 9 de junio, surge una pregunta clave: ¿los ingresos obtenidos por ventas en redes sociales o servicios independientes deben declararse ante SUNAT? La respuesta es afirmativa, según explica Dante Matos, abogado tributario del Estudio Hernández & Cía.

¿Qué ingresos debes declarar si vendes o trabajas por tu cuenta?

Toda persona que obtenga rentas –sea por alquileres, venta de productos, consultorías o cualquier actividad comercial– debe declarar esos ingresos aunque no haya emitido comprobantes de pago o reciba dinero por aplicaciones como Yape o transferencias bancarias.

La SUNAT ha reforzado su capacidad para rastrear operaciones digitales y bancarias. En la actualidad, los pagos que llegan mediante billeteras electrónicas, transferencias frecuentes o incluso depósitos en efectivo pueden ser detectados y asociados a una actividad económica.

Ignorar esta realidad puede traducirse en observaciones, multas o sanciones, pues el sistema tributario ya no depende exclusivamente de la emisión de recibos o facturas, explica el especialista.

El régimen tributario adecuado según tu actividad

Uno de los puntos críticos para quienes venden o prestan servicios por su cuenta es identificar bajo qué régimen tributario deben operar.

Si bien un trabajador freelance tributa como persona natural bajo una tasa progresiva del Impuesto a la Renta (que va de 8% a 30%), cuando su actividad crece, alquila un local, contrata personal o adquiere activos, puede pasar a considerarse empresa y enfrentar una tasa corporativa de 29,5%.

Consultar con un asesor tributario o con la propia SUNAT ayuda a evitar errores en la elección del régimen y el cálculo de los impuestos, señala Matos.

Formalización: puerta a nuevas oportunidades y tranquilidad

Dante Matos advierte que el error más común es creer que por no emitir recibos o porque las operaciones son informales, no pasará nada. Para quienes tienen dudas sobre sus obligaciones, aquí un resumen práctico:

• Todos los ingresos generados por ventas en redes sociales, servicios independientes o asesorías deben declararse ante SUNAT.
• No emitir comprobante de pago o recibir abonos por Yape, transferencia o efectivo no exime de la obligación tributaria.
• SUNAT puede identificar movimientos sospechosos mediante el cruce de información bancaria y digital.
• Es posible regularizar la situación tributaria antes de ser fiscalizado, obteniendo el RUC y presentando las declaraciones de los últimos seis años.
• Formalizarse permite acceder a créditos, contratos con grandes empresas o el Estado y trabajar sin contingencias legales.

La recomendación es regularizar los ingresos cuanto antes, ya que existen mecanismos que reducen las multas si el propio contribuyente decide ponerse al día voluntariamente, antes de que SUNAT inicie un proceso de fiscalización.

Obtener el RUC y declarar los ingresos no solo ayuda a evitar sanciones, sino que abre la puerta a nuevas oportunidades de negocio, acceso a financiamiento y la posibilidad de crecer de forma sostenida.

Formalizarse, lejos de ser una amenaza, es una herramienta para ordenar la actividad económica y operar con mayor tranquilidad en un entorno cada vez más digitalizado y fiscalizado.

Luego del éxito alcanzado por el arándano, el sector agroexportador peruano explora una nueva frontera comercial con la cereza, fruto que comienza a ganar protagonismo como alternativa de alto valor.

Un reciente análisis de Promperú asegura que el atractivo de este producto radica en su creciente demanda en Asia, sobre todo en China, donde la fruta superó importaciones por USD 3.000 millones en 2025 y está asociada a conceptos de prosperidad y consumo aspiracional.

La cereza peruana, una apuesta estratégica

El análisis de Promperú apunta a una estrategia de largo plazo: la cereza peruana aún se encuentra en fase experimental, con ensayos agronómicos, investigación genética y validación comercial en distintas regiones.

El objetivo es consolidar una oferta selectiva, dirigida a consumidores que priorizan calidad, frescura y diferenciación de origen, en lugar de competir por volumen con grandes proveedores como Chile.

La ventana comercial que ofrece la cosecha temprana —concentrada entre septiembre y octubre— es clave, ya que permite ingresar antes que la campaña chilena y acceder a precios premium cuando la oferta internacional es limitada.

La logística constituye otro eje de la apuesta. El próximo funcionamiento del megapuerto de Chancay reducirá los tiempos de tránsito marítimo hacia Asia de hasta 45 días a poco más de tres semanas.

Esta mejora es determinante para un producto tan delicado como la cereza, ya que menos tiempo de viaje significa mayor posibilidad de conservar la calidad y competir en segmentos de alto valor.

Asia y una insuperable ventana comercial

A este factor se suma el uso de tecnologías de manejo agrícola, como macrotúneles, mallas de sombra o sistemas de nebulización, que permiten adaptar el cultivo a los microclimas de la sierra y la costa.

Sin embargo, según cifras de Promperú, la cereza peruana aún no alcanza volúmenes exportables comerciales.

Las pruebas actuales se concentran en regiones como Arequipa, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Cusco y Áncash, donde se experimenta con variedades de alto y bajo requerimiento de frío como Santina, Lapins y Skeena.

El proceso incluye la introducción de material genético importado de Estados Unidos y Chile, y la evaluación de su adaptación y rendimiento en campo.

El papel del megapuerto de Chancay en la logística

Para Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), el desarrollo de la cereza enfrenta desafíos similares a los que marcaron los inicios del arándano. El principal obstáculo sigue siendo el acceso a mercados internacionales, en especial a China.

De acuerdo con declaraciones recogidas por Infobae Perú, el sector ha solicitado la apertura sanitaria para exportar cereza a ese destino, pero el proceso depende tanto del cumplimiento de estrictos protocolos fitosanitarios como del avance de las negociaciones bilaterales.

Amaro explica que la inversión privada se mantiene limitada mientras no se resuelva el acceso a los principales mercados. Actualmente, la producción nacional se restringe a ensayos productivos y envíos de muestra, sin exportaciones comerciales regulares.

El dirigente gremial destaca que la experiencia previa con otro frutos bandera como la palta muestra la importancia de combinar innovación agronómica, inversión y acuerdos de libre comercio para alcanzar la competitividad internacional.

El sector privado espera la apertura comercial

Otro reto identificado por AGAP es la necesidad de encontrar las variedades de cereza capaces de adaptarse a las condiciones agroclimáticas peruanas y lograr altos niveles de productividad por hectárea.

El proceso implica evaluar el cuajado, la resistencia de las flores, el tamaño de la fruta y la metodología de manejo, considerando que la cereza es especialmente sensible a factores ambientales y a la logística de transporte de larga distancia.

La ventana comercial y la reducción del tiempo de tránsito a través del Pacífico representan ventajas para el Perú, pero la consolidación del cultivo depende de que productores, autoridades y organismos técnicos logren completar el ciclo de investigación, validación y apertura de mercados.

El sector estima que, si se mantiene el ritmo de trabajo y existe voluntad política, el acceso comercial a China podría abrirse en el corto plazo, incluso en dos años. En el caso del arándano, tomó cerca de seis, lo que marca un horizonte de desarrollo para la cereza y para la diversificación del agro peruano.

El dato

• Según datos de la SUBREI (Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales de Chile), el mercado mundial de cerezas frescas generó, en 2025, ingresos por aproximadamente USD 5.849 millones.
• De este total, Chile lideró las exportaciones mundiales, concentrando exactamente el 59,6% de los envíos.
• China es el mayor comprador de cerezas del mundo, absorbiendo aproximadamente el 90% de las exportaciones de Chile, su principal proveedor. El gigante asiático paga precios premium por esta fruta, especialmente durante la celebración del Año Nuevo Chino, cuando las cerezas se regalan como símbolo de fortuna y prosperidad.
• En el mercado mayorista de China, los lotes premium y de alta calidad (especialmente cerezas chilenas de gran calibre) llegaron a promediar entre 45 y 58 dólares estadounidenses (aprox. 320 a 415 yuanes) por kilo a fines del 2025.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, planteó la necesidad de acelerar el desarrollo de proyectos mineros en Perú mediante la simplificación de permisos, sin reducir los estándares existentes, y el fortalecimiento de alianzas con países de la región.

Durante una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Torreblanca advirtió que el país debe aprovechar la actual demanda global de minerales críticos para incrementar su competitividad y captar inversiones en el contexto de la transición energética.

Oportunidad para el desarrollo minero

Torreblanca resaltó que la coyuntura internacional abre una ventana de oportunidades para Perú, cuyo aprovechamiento podría traducirse en beneficios como generación de empleo, recaudación de impuestos y el fortalecimiento de toda la cadena de suministro asociada al sector minero.

“Necesitamos aprovechar esta ventana de oportunidades que no sabemos cuánto tiempo va a durar a fin de que el país se beneficie, no solamente poniendo en valor sus minerales, sino también generando empleo, impuestos y toda la cadena de suministro que acompaña el desarrollo minero en nuestro país”, indicó la presidenta de la SNMPE.

La ejecutiva, quien integrará el World Mining Congress (WMC) 2026, subrayó que países vecinos como Chile, Argentina y Ecuador ya avanzan con mayor rapidez en la captación de nuevas inversiones para el sector, por lo que consideró urgente que Perú agilice los procesos de evaluación y autorización de proyectos mineros.

“La oportunidad que tenemos es la de simplificar permisos, acelerar las revisiones y autorizaciones cuando sea el caso, o la no autorización cuando corresponda, sin bajar estándares, pero en tiempos cortos para lograr competir también con otros países que están atrayendo inversiones”, afirmó.

Integración y cooperación internacional

Más allá de la competencia por capitales, Torreblanca insistió en que la relación con los países de la región debe orientarse hacia la construcción de sinergias y la integración regional.

Señaló que existen oportunidades para compartir conocimientos, proveedores y buenas prácticas, lo que permitiría potenciar el valor de los minerales que el mundo demanda actualmente.

“Hay una oportunidad en estas alianzas de poder no solamente crear sinergias, sino también aprender unos de otros las mejores prácticas y simplificar permisos, sin duda, para poner en valor todo este mineral que necesita el mundo el día de hoy”, manifestó la presidenta de la SNMPE.

En su opinión, Perú dispone de condiciones para consolidarse como referente regional, tanto por su potencial geológico como por contar con una cadena de proveedores consolidada y contratistas experimentados.

El Congreso Mundial de Minería: una vitrina internacional

Torreblanca destacó además la importancia de que Lima acoja el World Mining Congress 2026, que regresa a Perú después de 52 años y reunirá a líderes de la industria, inversionistas, académicos y especialistas de diferentes partes del mundo.

“Es un hito muy importante para la industria peruana, porque no solamente reúne a muchos técnicos de la industria minera, sino también a inversionistas interesados en conocer de cerca los retos y las oportunidades que ofrece nuestro país”, sostuvo.

La presidenta de la SNMPE participará en el panel “Existing and Emerging Risks That May Disrupt the Value Chain”, junto a Jorge Gómez, CEO de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi; Luis Miguel Castilla, director ejecutivo de Videnza Institute; y Henry Van, Head of Industrial Metal Analysis de Trafigura. El evento se realizará del 24 al 26 de junio en Lima bajo el lema “Mining for the Future: Trust, Transformation, Technology”.

El mercado peruano se ha posicionado entre los más competitivos de Latinoamérica para la implementación de oficinas corporativas, en un contexto de incremento generalizado de costos en América.

Según el informe “Office Fit Out Cost Guide 2026 – Americas” elaborado por Cushman & Wakefield, los costos de habilitación de oficinas en la región subieron en promedio 5.5% durante 2026.

No obstante, Perú registró uno de los menores aumentos anuales, con un crecimiento aproximado de 2%, lo que refuerza su atractivo para empresas que buscan eficiencia y modernidad en sus espacios de trabajo.

Lima atrae inversión corporativa y mantiene costos bajos

El estudio resalta que, junto a países como Argentina, Brasil, Colombia y Chile, Perú mantiene costos de implementación de oficinas por debajo del promedio regional. Este desempeño se atribuye tanto a la moderación en el alza de materiales y servicios como a las condiciones favorables del mercado inmobiliario local.

La capital peruana, Lima, se presenta como un polo atractivo, especialmente ante el interés de empresas internacionales que evalúan establecer o expandir operaciones en el país.

Nadia Gibo, Head of Project & Development Services de Cushman & Wakefield, explicó que las prioridades de las empresas han evolucionado, privilegiando oficinas más colaborativas, flexibles y orientadas al bienestar de los trabajadores.

“La incorporación de tecnología, conectividad, salas de reuniones y phone booth se han vuelto clave dentro de los proyectos corporativos”, señaló la ejecutiva.

Costos y tendencias en la implementación de oficinas

El informe de Cushman & Wakefield detalla que los costos de implementación varían según el nivel de especialización requerido.

Una oficina básica en Lima puede situarse cerca de US$600 por metro cuadrado, mientras que una implementación estándar ronda los US$800 por m². En el caso de espacios premium o con altos requerimientos tecnológicos, como estudios de abogados o sedes de corporaciones internacionales, los valores pueden superar los US$1,200 por m².

En contraste con el alza moderada de costos en Perú, mercados como San Francisco, San José y Seattle encabezan el ranking de las ciudades más costosas para la implementación de oficinas, con cifras superiores a US$2,300 por m².

Latinoamérica, en su conjunto, sigue consolidándose así como una de las regiones más competitivas en este segmento, refiere el informe.

Nuevos proyectos y mayor demanda de espacios modernos

El dinamismo local se ha visto reforzado por grandes iniciativas de infraestructura como el nuevo puerto de Chancay y el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, que generan expectativas y captan el interés de firmas multinacionales.

“Estos megaproyectos están generando interés de empresas internacionales que vienen evaluando o tomando espacios de oficinas en la capital. Esto representa una oportunidad importante para el mercado corporativo peruano”, indicó Gibo.

A pesar de que el desarrollo de nuevas oficinas en América se encuentra en uno de sus niveles más bajos en 25 años, la demanda se concentra en edificios de alta calidad, modernos y con mejores amenidades.

En Lima, los sectores de banca, tecnología, industria y pesca impulsan actualmente la demanda de oficinas, sobre todo aquellas que ofrecen eficiencia, buena ubicación y prestaciones superiores para sus equipos de trabajo.

La decisión del gobierno de transición de Perú de conformar comités para seleccionar nuevos directivos en los principales organismos reguladores, a semanas de dejar el poder, ha desatado una ola de críticas y sospechas sobre la verdadera motivación detrás de esta medida.

Diversos actores del sector empresarial y gremial advierten que la maniobra podría comprometer la autonomía de entidades clave para la economía nacional y condicionar la gestión del próximo gobierno.

La Resolución Ministerial N.° 193-2026-PCM, publicada el 31 de mayo, dispone la elección de los consejos directivos de organismos reguladores estratégicos. Su aprobación en la recta final del mandato ha sido recibida como una señal de urgencia injustificada, tras años de vacantes y encargaturas prolongadas que no generaron la misma premura oficial.

Para organizaciones como la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y ComexPerú, este proceso carece de legitimidad política y pone en riesgo la transparencia y la independencia técnica de los reguladores.

Gremios advierten riesgo de captura política en los reguladores

En su comunicado, ComexPerú sostuvo que “las decisiones sobre organismos reguladores tendrán efectos durante los próximos años y deben ser asumidas por las autoridades que gobernarán el país”.

Para el gremio exportador, la conformación de los comités en este momento resulta inconveniente, pues un gobierno de transición debe garantizar una transferencia ordenada y no adoptar decisiones de largo plazo que corresponderá gestionar al próximo gobierno.

Por su parte, AFIN envió una carta formal al presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, solicitando que se deje sin efecto la conformación de los comités.

En la misiva, el gerente general de AFIN, Juan Pacheco Romaní, fundamentó la solicitud en tres aspectos: la necesidad de cambios en la gobernanza de los reguladores, las deficiencias del procedimiento de selección y la inadecuada oportunidad política de la medida.

Ambas entidades subrayaron que no se trata de cuestionar la necesidad de procesos meritocráticos y transparentes, sino de asegurar que estos se lleven a cabo en el momento adecuado, bajo reglas claras y respetuosas de la autonomía institucional.

Críticas a la falta de legitimidad y transparencia en las designaciones

Otro de los puntos centrales señalados por AFIN es la concentración de poder en el modelo del presidente ejecutivo instaurado en la década de 1990.

Según la entidad, este esquema ha limitado la participación de los miembros del consejo directivo y dificultado la aplicación de recomendaciones internacionales, como las formuladas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Además, cuestiona que los miembros de los comités de selección no cumplen los mismos requisitos que los candidatos a cargos, lo que genera un desequilibrio en el proceso y pone en duda la transparencia y credibilidad de las designaciones.

El trasfondo político tras la urgencia en los nombramientos

Durante la administración de Dina Boluarte, la PCM propuso fusionar Ositrán, Osiptel, Osinergmin y Sunass bajo el argumento de recomendaciones de la OCDE, aunque esta organización luego desmintió haber hecho tal sugerencia.

Tras ese intento fallido, se flexibilizaron los requisitos para acceder a cargos directivos y se extendió la permanencia de autoridades más allá de los plazos legales, otorgando a la PCM una amplia discrecionalidad sobre las vacantes.

Estos cambios han sido interpretados como parte de una estrategia de captura institucional, debilitando la meritocracia y la independencia técnica de entidades que supervisan sectores estratégicos y afectan a millones de ciudadanos.

La decisión de activar los comités de selección en la etapa final de la administración actual ha resultado especialmente controversial, ya que durante años se permitieron vacantes o encargaturas prolongadas sin la misma urgencia para convocar concursos públicos.

Ahora, la premura del gobierno de José Balcázar por definir autoridades cuyos mandatos se extenderán por 5 años genera sospechas sobre los intereses políticos detrás del proceso.