El informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) que denuncia que el 25,7% de la población peruana vive en pobreza monetaria esconde otra dura realidad para la capital peruana: el 41,6% de los hogares en Lima Metropolitana no cubrió sus requerimientos calóricos en 2025, superando en más de 10 puntos porcentuales al ámbito rural, donde la cifra es de 30,4%.

Esta situación, sumada al crecimiento de la pobreza extrema en Lima –que pasó de 3,3% a 3,6% en el último año pese a la reducción registrada en otras regiones–, configura un verdadero revés para las futuras políticas públicas y obliga a redimensionar el atractivo de la ciudad como destino para quienes buscan su prosperidad.

Lima, la otrora ciudad para cumplir sueños y metas

Javier Herrera, profesor visitante en el Departamento de Economía de la PUCP e integrante la Comisión Consultiva del INEI desde sus inicios, sostiene a Infobae que parte de la reducción de la pobreza en 2025 está vinculada a desplazamientos internos y movilidad social, más que a mejoras estructurales en los hogares.

En comparación con la situación prepandemia, señala que entre 2019 y 2025 el PBI acumuló un crecimiento de 10,8%, pero la tasa de pobreza sigue 5,5 puntos porcentuales por encima del nivel registrado en 2019.

Herrera cuestiona por qué, a pesar del crecimiento económico y condiciones macroeconómicas favorables, la reducción de la pobreza no ha sido más significativa.

Explica que el crecimiento de los últimos años ha sido poco redistributivo. Los sectores intensivos en mano de obra, donde se concentra la población pobre, no han crecido lo suficiente ni han estado en el centro de las políticas públicas.

Además, el diseño de las políticas sociales y económicas no se ha expandido ni adaptado a la realidad urbana, donde hoy reside una mayor proporción de la población pobre.

Movilidad social y desplazamientos, no mejoras estructurales

Herrera identifica un desacoplamiento regional: la pobreza rural disminuye sostenidamente, pero la urbana, especialmente en Lima, aumenta.

Así, la capital concentra ahora más pobreza que al menos cinco departamentos del país, perdiendo su histórico rol de polo de atracción para migrantes internos.

En cuanto a la brecha de pobreza, señala que en Lima es de 24% y en zonas rurales de 27,9%. La diferencia entre ambas brechas se redujo de 18 puntos en 2004 a solo 4 puntos, mostrando una convergencia en la intensidad de la pobreza urbana y rural.

El hambre golpea con más fuerza a la capital peruana

Sobre el déficit calórico y el hambre, Herrera subraya que el 41,6% de los hogares en Lima Metropolitana no cubre sus requerimientos calóricos, frente a 30,4% en el ámbito rural.

La incidencia de hambre -estrechamente vinculada con los índices de anemia- es ahora mayor en la capital que en las zonas rurales, superando en más de 10 puntos porcentuales, lo que exige nuevas estrategias y una mejor focalización de políticas alimentarias urbanas.

Y es que la mayoría de hogares en Perú han pasado de pobreza extrema a pobreza no extrema, o de pobreza a vulnerabilidad, quedando en alto riesgo de volver a caer nuevamente en la pobreza. Solo un pequeño porcentaje ha logrado salir completamente de este flagelo.

¿Más trabajo... más pobreza?

La situación del mercado laboral es clave: no se observa una mejora sustancial en el empleo adecuado ni una reducción de la informalidad.

Herrera distingue dos tipos de informalidad: la de sobrevivencia (trabajadores independientes de baja productividad) y la informalidad dentro de empresas formales, donde el empleo informal sirve como mecanismo de ajuste.

El crecimiento de empleos formales no compensa el aumento de la fuerza laboral ni la entrada de jóvenes al empleo informal con ingresos por debajo de la línea de pobreza.

Cada año ingresan aproximadamente 300 mil jóvenes al mercado laboral. Muchos no se incorporan a la población económicamente activa y quienes lo hacen suelen ingresar al sector informal con remuneraciones insuficientes.

“El aumento del empleo adecuado no basta para compensar la precarización y el bajo ingreso en el sector informal”, remata.

El costo de ser pobre en Lima es más alto que en provincias

Herrera detalla que el promedio nacional para la canasta básica es de 462 soles per cápita, pero en Lima Metropolitana asciende a 568 soles.

La línea de pobreza extrema es de 260 soles por persona a nivel nacional y de 307 soles en Lima, lo que dificulta a los pobres extremos en la capital cubrir el costo mínimo básico, debido a precios más altos y gastos fijos en transporte, alquiler y servicios. “Hoy es más difícil ser pobre en Lima que provincias”, grafica el docente.

En zonas rurales, la población puede recurrir al autoconsumo de alimentos, lo que no es posible en la ciudad. En el ámbito urbano, los hogares deben destinar parte de su presupuesto a transporte, alquiler y servicios, lo que los obliga a recortar gastos en alimentación y profundiza la inseguridad alimentaria.

Pobreza y criminalidad: sin relación directa

¿Esta situación puede incrementar los índices de inseguridad? Herrera aclara que no existe evidencia de que la pobreza esté asociada directamente a mayor criminalidad. En realidad, los perfiles de los delincuentes suelen corresponder a personas con niveles de vida relativamente elevados.

Por el contrario, subraya que la tendencia más crítica es la profundización de las diferencias entre la pobreza urbana y rural, y la ausencia de estrategias diferenciadas y específicas para cada entorno.

Para el experto, el crecimiento económico no ha reducido la pobreza como se esperaba, lo que revela deficiencias en los programas multisectoriales y sociales y un debilitamiento institucional para implementar políticas laborales eficientes.

¿Qué es la canasta calórica calórica o básica de alimentos?

La canasta calórica, también conocida como Canasta Básica Alimentaria (CBA), es el conjunto mínimo de alimentos que un hogar promedio necesita para cubrir sus requerimientos energéticos diarios y mantener una nutrición adecuada. Su función principal es establecer el umbral por debajo del cual una familia cae en situación de pobreza extrema o inseguridad alimentaria.

• ¿Qué incluye?

La canasta se construye a partir de los hábitos de consumo de cada población y contempla alimentos básicos como arroz, fideos, pan, carne, leche, huevos, frutas y verduras. Los institutos nacionales de estadística valoran mensualmente el costo de este conjunto de productos para monitorear el costo de vida y la inflación.

El estándar internacional de referencia, utilizado por el Programa Mundial de Alimentos (WFP) de las Naciones Unidas, fija en 2.100 calorías diarias por persona el mínimo necesario para obtener energía, junto con el balance adecuado de macronutrientes como grasas y proteínas, y micronutrientes como vitamina A y hierro. En zonas con alta desnutrición, el WFP añade alimentos especializados de alta densidad calórica dirigidos a madres gestantes, madres en período de lactancia y niños menores de cinco años.

El Día de la Madre 2026 muestra signos de fortaleza en el consumo limeño, a pesar del contexto político. Más del 90 % de los habitantes de Lima Metropolitana tiene previsto comprar un regalo, mientras que el gasto promedio se mantiene estable con una ligera tendencia al alza.

De acuerdo con un estudio del Grupo de Investigación de Mercados (GRIM) de la Universidad San Ignacio de Loyola, el 53 % de los encuestados planea destinar un monto similar al del año pasado y el 39 % proyecta gastar más en la celebración.

La coyuntura política no aparece como un factor que incida en la decisión de compra. El 72 % de los consultados sostiene que la situación nacional no modificará su presupuesto para la campaña.

“Estamos ante una de las pocas campañas en las que el gasto se mantiene firme, independientemente del entorno. El Día de la Madre tiene un componente emocional que lleva al consumidor a priorizar esta fecha”, explica Claudio Huamán de los Heros, director del GRIM.

Compras de último momento predominan en la campaña

El comportamiento del consumidor evidencia una clara preferencia por la compra en los días previos a la celebración. El 48 % adquiere el obsequio durante la misma semana del Día de la Madre, mientras que solo una minoría planifica con mayor anticipación.

Esta concentración obliga a las marcas y comercios a rediseñar sus estrategias y focalizar esfuerzos en campañas breves, pero intensivas. En cuanto a presupuesto, el gasto se ubica principalmente en rangos intermedios: el 41 % invertirá entre S/100 y S/200, seguido por un 27 % que destinará entre S/50 y S/100.

El criterio de calidad del producto predomina en la decisión de compra para el 46 % de los consumidores, incluso por encima de promociones o descuentos. Entre las categorías más demandadas figuran ropa y accesorios (40 %), productos de belleza (17 %) y joyería (16 %).

Según Huamán, “el regalo en esta fecha no es solo una compra funcional. Tiene un significado emocional, por lo que el consumidor busca que represente ese vínculo”.

El canal físico sigue siendo el preferido: a mamá la quiero más

A pesar del avance del comercio electrónico, la mayoría de limeños prefiere comprar en tiendas físicas. El 67 % realizará su compra presencialmente, mientras que solo un 23 % optará por canales online.

En los métodos de pago predominan las opciones directas: el 47 % usará efectivo o débito y el 46 % pagará con tarjeta de crédito en una sola cuota, lo que revela bajo uso de financiamiento. La tendencia tradicional también se refleja en la celebración: el 54 % planea pasar el Día de la Madre en casa.

El informe del GRIM confirma la importancia de la campaña. El 98 % de los encuestados considera relevante esta celebración y el 69 % afirma que gasta más en el Día de la Madre que en el Día del Padre.

“Esta es una campaña donde el timing lo es todo. Las marcas que conecten en los días previos y ofrezcan propuestas claras capitalizarán mejor la demanda”, concluye el director del estudio.

El Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petroperú (STAPP) advirtió sobre el inminente riesgo de paralización de las operaciones petroleras y gasíferas en el Lote Z-69, ubicado en el zócalo continental de Piura, ante la falta de decisiones del Gobierno frente al vencimiento del contrato temporal el próximo 15 de mayo.

El gremio exige la emisión inmediata de un Decreto Supremo que garantice la continuidad operativa de Petroperú en uno de los principales activos offshore del país.

Petroperú: trabajadores denuncian indefinición del Gobierno por plataformas marinas

El Lote Z-69 produce actualmente 3.500 barriles diarios de petróleo y 8 millones de pies cúbicos de gas, recursos fundamentales para la Refinería de Talara y el mercado regional de gas.

Una eventual paralización pondría en riesgo 195 empleos directos, más de 1.200 empleos indirectos, así como regalías, canon petrolero y programas sociales en Piura.

Según el STAPP, la situación es resultado de la falta de previsión y liderazgo por parte del Ejecutivo, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Perupetro.

Hasta ahora no existe un plan concreto de continuidad operativa ni una licitación viable en marcha, pese a la importancia estratégica del lote para la seguridad energética nacional.

“El país no puede permitirse la paralización de un lote que garantiza producción, empleo, recursos fiscales y estabilidad energética”, afirmó Pedro Castro Balmaceda, Secretario de Defensa del STAPP.

El sindicato también cuestionó el comunicado de Perupetro difundido en abril, advirtiendo que no refleja la realidad administrativa del lote y que las gestiones anunciadas no han evitado la actual incertidumbre.

Lote Z-69: consecuencias económicas y sociales para Piura

El Lote Z-69 cuenta con 540 pozos productores y 77 plataformas marinas, de las cuales 51 están operativas. Durante la administración de Petroperú, ocho plataformas fueron clausuradas por Osinergmin.

La producción diaria abastece tanto a la Refinería de Talara como a empresas como Promigas y la Procesadora de Gas Pariñas. El impacto de una eventual paralización sería significativo para la economía y la sociedad de Piura.

Además de los empleos, la operación del lote garantiza el suministro de hidrocarburos a precios competitivos, contribuye a la recuperación financiera de Petroperú y sostiene programas sociales en la región.

Entre los aportes recientes figuran la adquisición de una ambulancia para el Ministerio de Salud y una cámara frigorífica para los pescadores de San Pablo, en Negritos.

Infraestructura petrolera y cadena de valor en riesgo

El STAPP instó al Gobierno a emitir de inmediato el Decreto Supremo que permita extender la vigencia del contrato temporal a favor de Petroperú, asegurando así la continuidad de las operaciones, la paz social y la estabilidad energética.

El sindicato también advirtió sobre la falta de apoyo oficial a otros lotes estratégicos de Petroperú, como los lotes 64 y 192 en la selva, y sobre la limitada capacidad operativa de Perupetro, actualmente con solo dos miembros en su directorio, lo que dificulta la toma de decisiones en el sector.

El gremio remarcó que, mientras otras regiones del mundo refuerzan su seguridad energética, el Perú no puede exponerse a una mayor dependencia de importaciones ni a la volatilidad de precios internacionales que impactan directamente el costo de vida de las familias.

En Perú, la distancia entre los sueños de la infancia y el empleo real persiste como un rasgo característico del mercado laboral. Según el estudio “¿Trabajas de lo que soñabas?”, elaborado por Bumeran en abril de 2026, el país lidera la región en la proporción de personas que logran dedicarse a la ocupación que anhelaron durante la niñez.

El informe revela que el 41% de los trabajadores peruanos ejerce la profesión con la que soñaba de niño, superando de manera amplia a Ecuador (24%), Chile (22%), Argentina (20%) y Panamá (17%).

El mismo estudio indica que sólo el 33% de los encuestados en Perú se declara satisfecho con su empleo actual, un dato que pone en evidencia la brecha entre la expectativa vocacional y la realidad.

Entre quienes no trabajan en el área soñada, el 56% reporta frustración. Un dato relevante es que el 74% cambiaría su profesión actual por aquella soñada en la niñez si pudiera. Esta tendencia se mantiene en los últimos tres años, consolidando a Perú como el país con mayor fidelidad a los sueños infantiles, aunque la satisfacción laboral sea baja.

Tres de cada diez peruanos trabaja en cualquier cosa, menos en lo que estudió

El análisis de Bumeran resalta diferencias marcadas por género. Entre las mujeres, los oficios soñados en la infancia son médica (19%), ingeniera (16%) y periodista (9%), mientras que las ocupaciones actuales predominantes son vendedora (34%), ingeniera (30%) y profesora (18%).

Para los hombres, los sueños infantiles se enfocan en ser ingeniero (31%), futbolista (13%) y médico (8%), pero la realidad los ubica principalmente como ingenieros (36%), vendedores (20%) y cajeros (7%).

En el caso de quienes no se identifican como hombres ni mujeres, los sueños se distribuyen entre ingeniería (20%) y astronáutica (20%), mientras que en la práctica laboral, la ingeniería reúne al 40% del grupo.

Respecto a la formación, el 58% estudió algo relacionado con el sueño de la infancia, aunque sólo el 70% trabaja en un campo vinculado a lo que estudió.

El informe subraya que las emociones ante el desfase entre estudios y empleo varían: el 31% se siente frustrado, el 26% agradecido, el 21% insatisfecho pero en búsqueda de desarrollo y el 15% esperanzado.

Las habilidades más demandadas en el mercado peruano, según los encuestados, son trabajo en equipo (28%), competencias en informática (23%) y estrategia y negociación (18%). Las carreras actuales de mayor demanda incluyen ingeniería, marketing, diseño, psicología y periodismo.

¿Y ahora, a quién le echamos la culpa? La mayoría de jóvenes solo quiere ser “influencer”

La investigación de Bumeran identifica un cambio radical en las aspiraciones laborales de los jóvenes en Perú. El 46% de los encuestados menores de 25 años afirma que su sueño es convertirse en influencer, una cifra que cuadruplica a quienes aspiran a ser médicos (7%) y casi triplica a los que desean ser ingenieros (17%). En el listado también aparecen youtuber (9%), futbolista (6%) y artista (5%).

Este fenómeno no se limita al territorio peruano. En otros países de la región analizados por Bumeran, la distancia entre la vocación infantil y la ocupación real se acentúa.

Ecuador reporta que sólo el 24% trabaja en lo que soñó, Chile un 22%, Argentina un 20% y Panamá apenas un 17%. Además, la satisfacción laboral es menor en estos países, y la frustración por no alcanzar los objetivos de la infancia se mantiene alta.

La tendencia hacia profesiones vinculadas a la tecnología y la exposición digital como influencer o youtuber marca un giro en las preferencias juveniles en toda Latinoamérica.

Las empresas, según Bumeran, ya perciben esta transformación en el perfil de los candidatos y en las habilidades demandadas, lo que podría modificar la oferta educativa y las estrategias de reclutamiento en los próximos años.

La aparición de intrusivos alcalinos y patrones estructurales inéditos en la zona noreste de Antamina ha reactivado el interés internacional en la exploración minera peruana.

Según la información presentada por Alan Wilson, presidente de la Society of Economic Geologists, durante la conferencia proEXPLO 2026, la región se perfila como un escenario clave para el descubrimiento de nuevos sistemas pórfidos de cobre y oro, gracias a condiciones geológicas que replican las de grandes depósitos globales.

Diversidad mineralógica y paralelos internacionales

El área, situada a unos 100 kilómetros al noreste de la mina Antamina, concentra la atención de geólogos y empresas por la identificación de lineamientos estructurales noroeste-sureste y la coincidencia de edades mineralizantes entre 14 y 12 millones de años.

Estos factores, unidos a la presencia de intrusivos alcalinos, generan un entorno de alto potencial, donde la mineralización se asocia a brechas cementadas y zonas de alteración pervasiva.

“Estamos en un área favorable, en el traslapo de lineamientos regionales y edades de intrusivos asociados a mineralización y alteración”, explicó Wilson ante la audiencia de proEXPLO 2026.

Los estudios recientes en la región permiten diferenciar zonas dominadas por oro, telurio y plata de aquellas con mayor concentración de cobre y molibdeno.

Nuevas estructuras geológicas reavivan el interés en Antamina

Esta zonación metalogenética se confirma a través de la geoquímica de superficie, que también detectó la presencia de roscolita, adularia, sanidina y elementos poco habituales como telurio y vanadio.

La mineralización en la zona se asocia a brechas con cementos de roscolita y a una alteración mineralógica singular, factores que no suelen encontrarse en sistemas calcoalcalinos tradicionales.

La comparación realizada por Wilson entre las muestras peruanas y los sistemas de Galore Creek en Canadá refuerza la posibilidad de replicar descubrimientos de gran escala en la región.

En Perú, se han identificado intrusivos alcalinos con sanidina de gran tamaño, alteración hidrolaria y mineralización aurífera, características poco frecuentes en los sistemas tradicionales.

Exploración estructural y modelos globales

La interpretación estructural de la zona, basada en la superposición de lineamientos andinos y noroeste-sureste, delimita una franja de entre 30 y 50 kilómetros de ancho. Esta delimitación facilita el diseño de campañas de exploración más focalizadas, reduciendo el área de búsqueda.

“El mismo patrón estructural que controla mineralización en Antamina podría estar delimitando nuevos sistemas pórfidos más al noreste”, sostuvo Wilson durante el evento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La diversidad de sistemas pórfidos identificada en la región se compara con grandes depósitos de cobre y oro como Cadia en Australia, Pebble en Alaska y Oyu Tolgoi en Mongolia, todos caracterizados por magmas ricos en potasio y estructuras profundas que atraviesan la litosfera.

Estos sistemas suelen originarse en ambientes tras-arco y están controlados por fallas regionales de larga vida, responsables de canalizar magmas desde zonas profundas hacia la corteza.

En Galore Creek, la mineralización se distribuye en brechas y suites intrusivas subsaturadas en sílice, donde predomina la alteración cálcico-potásica y la ausencia de cuarzo.

En el caso peruano, la presencia de litocaps feldespáticos y minerales como albita podría ampliar la huella de búsqueda y facilitar el hallazgo de depósitos ocultos.

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha registrado altos precios de importación en alimentos clave de la canasta familiar durante el periodo 2024-2026.

Según el informe difundido el 6 de mayo de 2026, los datos muestran que la estructura de costos de productos esenciales revela alzas que afectan el poder adquisitivo de los hogares y el margen de los negocios gastronómicos.

El reporte señala que la carne bovina, especialmente vísceras y menudencias, muestra un incremento de hasta 51 %, mientras que el aceite en bruto aumentó 35 %.

Carne y aceites lideran los aumentos de precios

El estudio, liderado por Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam, resalta que el encarecimiento de estos insumos impacta de manera directa en la economía familiar peruana.

Posada afirmó que “el incremento de los precios de importación de insumos clave está encareciendo alimentos esenciales, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares y presionando los márgenes de los negocios”.

La Cámara de Comercio de Lima explicó que la situación responde a la alta dependencia de insumos importados por parte de la agroindustria y la cadena de suministro local.

Presión sobre la producción local y los negocios

La carne deshuesada también registró un alza superior al 25 %, pasando de US$6.86 por kilo a US$8.63, mientras que el aceite refinado subió 19 %.

El informe de la Cámara de Comercio de Lima detalla que el pollo importado aumentó 36 %, aunque su peso en la canasta básica es menor.

Sin embargo, el encarecimiento de insumos estratégicos como el maíz amarillo duro y la soya, que alcanzan precios entre US$185 y US$190 por tonelada y entre US$440 y US$460 respectivamente, afecta la industria avícola nacional.

Según el análisis de Idexcam, “el alza de precios del maíz amarillo responde a la mayor demanda de etanol y al encarecimiento de fertilizantes y combustibles debido a las tensiones en Medio Oriente”.

Respecto a la soya, Carlos Posada indicó que la presión provino de una mayor demanda de China y de los incrementos en los precios de la energía.

En contraste, solo la leche en polvo muestra un aumento moderado de 3 %, mientras las conservas de atún representan la única baja, con un descenso de 6 % en el periodo considerado.

Dependencia de insumos importados y efectos en la gastronomía

El informe destaca que el Perú mantiene una dependencia significativa de las importaciones en insumos clave. La soya y la leche en polvo dependen en más del 90 % de proveedores externos, mientras que el aceite y el maíz amarillo duro presentan una dependencia de entre 70 % y 90 %.

Por su parte, la carne bovina tiene una menor dependencia, entre 15 % y 20 %, y las conservas de atún alcanzan entre 50 % y 60 %.

En términos de valor, Perú importó en 2025 principalmente aceite, con US$856 millones, leche por US$216 millones y pollo por US$154 millones. Estos insumos constituyen una parte esencial del abastecimiento nacional, detalla.

Alta dependencia de importaciones agrava el escenario

La situación ha golpeado directamente a negocios como pollerías y restaurantes de menú económico, que han debido trasladar los aumentos de precios a los consumidores.

El Idexcam advierte que la economía local enfrenta un reto por su dependencia de insumos como la soya y el maíz amarillo duro, lo que limita la capacidad de amortiguar impactos externos.

“Esto obliga tanto al sector privado como al consumidor final a adaptarse a un nuevo escenario donde comer lo mismo hoy cuesta considerablemente más que hace dos años”, indicó Carlos Posada

El Ministerio del Ambiente (MINAM) estaría buscando bloquear la inclusión del dictamen recaído en los Proyectos de Ley 5666, 6668 y 7157, que propone incorporar el artículo 27-A en la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, en la agenda del Congreso prevista para este jueves 7 de mayo.

De acuerdo con fuentes consultadas en el Congreso de la República, el argumento esgrimido por el ministerio es que la norma sería “sobrerregulatoria” y carecería de necesidad real, a pesar de la presión sostenida de la industria pesquera para intervenir en áreas naturales protegidas.

La maniobra del Ejecutivo apunta a impedir que el Pleno debata un dictamen aprobado por mayoría en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

La propuesta solo permitiría la pesca artesanal, de menor escala y la acuicultura, siempre que sean compatibles con los fines de cada área protegida.

Un dictamen que busca cerrar la puerta a la pesca industrial

El dictamen responde al vacío que dejó el Decreto Supremo 006-2025-PRODUCE, que eliminó la infracción para quienes pescan industrialmente en reservas protegidas.

Aunque la prohibición existe en el reglamento desde hace 25 años, la falta de rango legal ha facilitado que la industria insista en ingresar a zonas como Paracas o la Dorsal de Nasca, la mayor reserva marina del país.

Organizaciones ambientalistas y representantes artesanales han advertido a Infobae Perú que la presión de la industria sobre el Congreso no ha cesado, y que el avance de la ley sería un paso fundamental para garantizar la integridad de los ecosistemas marinos.

El proyecto fue revisado tres veces en la Comisión de Pueblos antes de llegar al Pleno. Sin embargo, en la Comisión de Producción del Congreso, los dictámenes sobre estos proyectos fueron rechazados y enviados al archivo.

“El proyecto 5666 fue archivado bajo la presidencia de Jorge Morante y los proyectos 6668 y 7157 bajo la presidencia de Tania Ramírez, ambos de Fuerza Popular. En ambas ocasiones, el fujimorismo boicoteó la aprobación”, dijo la fuente.

Incluso dentro de la Comisión de Pueblos, los fujimoristas votaron en contra, aunque no lograron bloquear el dictamen, que finalmente avanzó bajo la presidencia de Ruth Luque.

El Ejecutivo lejos de la defensa ambiental

Desde el MINAM, se ha transmitido a los legisladores que la aprobación de la ley no es necesaria, con el fin de plantear una “cuestión previa” en el Pleno para devolver el dictamen a comisión, maniobra que busca dilatar o impedir su aprobación definitiva.

La actitud del MINAM, lejos de fortalecer la defensa de las áreas protegidas, ha sido calificada como “funcional a los intereses de la industria pesquera”, por otra fuente consultada.

Reservas vulnerables y economía local en riesgo

Si la ley no se aprueba, reservas como Paracas y la Dorsal de Nasca “seguirán expuestas a la presión de la industria pesquera, tanto nacional como extranjera”, continuó.

Además, los ingresos económicos derivados del turismo quedarían amenazados ante el avance de actividades industriales incompatibles con el espíritu de conservación de estas zonas.

El resultado de la sesión de este jueves definirá si la protección de las reservas marinas se refuerza o si el Ejecutivo logra imponer criterios que favorecen otros intereses, a costa de la conservación y del interés público.

La Compañía de Minas Buenaventura evalúa ampliar la vida útil del proyecto aurífero San Gabriel, ubicado en Moquegua, por más de una década adicional a partir de nuevas exploraciones y la evaluación de una posible explotación superficial.

La empresa apunta a superar las 100 mil onzas de oro anuales y a extender la producción del yacimiento, de acuerdo con lo informado por el gerente de Geología, José Luis Aquino, durante su presentación en proEXPLO 2026.

Tesoro de los Andes: el potencial escondido de San Gabriel

Aquino precisó que el yacimiento cuenta con reservas que superan 1,8 millones de onzas de oro. Además, al sumar recursos medidos, indicados e inferidos, el potencial geológico supera las 2,4 millones de onzas. El ejecutivo detalló que la compañía trabaja en identificar nuevas oportunidades para ampliar ese horizonte productivo.

“Estamos evaluando también un upside para ver la posibilidad de minar la parte superficial del proyecto con open pit, lo que podría añadir hasta 16 años adicionales a la vida de mina”, indicó.

La alternativa de explotación a cielo abierto permitiría maximizar los recursos del yacimiento y asegurar la continuidad operativa más allá del plazo inicial.

Un proyecto insignia en la cartera de Buenaventura

Durante su exposición, Aquino destacó que Buenaventura opera desde hace 73 años. Hoy la compañía tiene ocho minas en operación, cuatro proyectos avanzados y San Gabriel es su proyecto insignia en esta nueva etapa de crecimiento.

En diciembre de 2025 el proyecto logró producir su primera barra de oro, marcando el paso de la etapa de exploración a operación.

El ejecutivo explicó que San Gabriel ya inició su etapa de puesta en marcha y que la empresa espera alcanzar en los próximos meses una producción superior a las 100 mil onzas de oro por año.

Desafíos técnicos y soluciones innovadoras

Uno de los principales retos técnicos de San Gabriel, explicó Aquino, ha sido la compleja condición geomecánica del yacimiento. “El 90% del macizo rocoso en San Gabriel es de mala calidad. Ese fue uno de los principales desafíos para llevar este proyecto hacia la operación”, sostuvo.

Frente a esa condición, Buenaventura implementó un método de explotación subterránea innovador en la región. Según Aquino, San Gabriel se convirtió en la primera mina de Sudamérica en aplicar este sistema de minado.

“San Gabriel es la primera mina en Sudamérica que está aplicando este método. Nos ha permitido mejorar la selectividad, reducir la dilución y fortalecer nuestros controles de seguridad”, remarcó.

San Gabriel: proyecciones de exploración y crecimiento

Finalmente, Aquino resaltó que San Gabriel mantiene un importante potencial de expansión tanto en profundidad como en zonas cercanas a superficie.

“Todavía tenemos un sector en profundidad con alto potencial para continuar extendiendo la mineralización. San Gabriel sigue creciendo y nos abre nuevas oportunidades de exploración”, concluyó.

¿Qué es San Gabriel? Características clave del proyecto minero

San Gabriel está situada en el distrito de Ichuña, provincia de General Sánchez Cerro, en la región Moquegua, Perú, a una altitud entre 4,700 y 4,850 metros sobre el nivel del mar.

La mina es operada en su totalidad por Compañía de Minas Buenaventura y cuenta con una inversión que supera los 750 millones de dólares, consolidándose como uno de los principales proyectos auríferos del país.

• Tipo de operación: Mina subterránea que utiliza el método de tajo cerrado o socavón.
• Mineral principal: Extracción principalmente de oro.
• Recursos adicionales: Presencia de plata y cobre en el yacimiento.
• Producción anual estimada: Entre 120,000 y 150,000 onzas de oro.
• Geología del yacimiento: Depósito epitermal de sulfuración intermedia, con mineralización en mantos, stockwork y vetas.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la designación de Paolo Joel Andrés Alzamora como nuevo director general de la Dirección General de Minería (DGM), un nombramiento que genera inquietud en el sector por los antecedentes empresariales del funcionario.

La resolución Resolución Ministerial N° 198-2026-MINEM/DM fue publicada el 6 de mayo de 2026, menos de un mes después de que Gaby Yulisa Julca Cumbicus asumiera el cargo el 10 de abril.

Hasta ayer, Alzamora se presentaba públicamente como titular del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), tras asumir de forma interina en enero pasado.

¿Un cambio acelerado en la cúpula minera?

La llegada de Alzamora ocurre tras una gestión fugaz de Julca , quien estuvo menos de un mes en el cargo. Todavía no se ha anunciado quién lo reemplazará en Ingemmet.

Según El Comercio, Alzamora fue gerente general de TLM Consulting S.A.C. hasta octubre de 2025, empresa que mantiene una inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Aunque el acta de transferencia de acciones y del cargo no aparecía en la Sunarp, la compañía figura como titular del derecho minero Abundancia 2014-I en Lima, dentro del registro orientado a la minería informal.

Esta situación podría generar posibles conflictos de interés: la DGM regula, autoriza y supervisa a los operadores mineros, incluyendo a quienes buscan formalizarse por el Reinfo.

Cercanía política con el expresidente José Jerí

De acuerdo con la investigación, el hoy director de Minería fue asesor de la Alta Dirección del Viceministerio de Hidrocarburos y mantenía vínculos políticos con el expresidente José Jerí, con quien coincidió en la gestión regional de Áncash en 2020.

Registros oficiales muestran visitas de Alzamora al despacho de Jerí en el Congreso y fotografías de su hermano junto al mandatario.

Según fuentes del MINEM citadas por El Comercio, el propio funcionario se propuso para el cargo, indicando que actuaba “por encargo del presidente José Jerí”.

Y es que se trata de un puesto clave: la DGM es responsable de autorizar, supervisar y regular actividades de exploración, explotación, transporte y beneficio minero. Además, administra títulos mineros y gestiona la estabilidad tributaria de los proyectos.

INGEMMET y DGM, dos pilares de la gestión minera

El Ingemmet es el organismo público especializado encargado de la investigación geológica, administración del catastro minero, concesiones, monitoreo volcánico y análisis de riesgos.

La DGM, por su parte, actúa como autoridad concedente, gestiona concesiones de beneficio y transporte, regula técnicamente el sector y evalúa programas de inversión.

Ambos organismos cumplen roles cruciales en la promoción de la minería sostenible y la prevención de riesgos, pero el reciente reacomodo en las direcciones estratégicas —con funcionarios con vínculos recientes en el sector informal y la política— activa el debate sobre la independencia y la integridad en la gestión pública.

Hasta el cierre de esta edición, el MINEM no ha informado públicamente los criterios por los que seleccionó a Alzamora para dirigir la DGM ni ha detallado los mecanismos para evitar conflictos de interés.

El Ejecutivo oficializó la designación de Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce como presidente y miembro del Consejo Directivo del Indecopi, en representación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

La Resolución Suprema N° 145-2026-PCM, publicada el 5 de mayo de 2026, lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada, y del titular de la PCM, Luis Enrique Arroyo Sánchez.

¿Cómo se designa al presidente del Indecopi?

La Ley de Organización y Funciones del Indecopi (Decreto Legislativo N° 1033) establece que el presidente del Consejo Directivo es designado por el presidente de la República a propuesta de la PCM.

El directorio está compuesto por tres integrantes: dos en representación de la PCM (uno de ellos como presidente) y uno del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El periodo de funciones suele ser de cinco años, aunque la legislación contempla causales específicas para la remoción anticipada.

La designación de Del Prado Ponce responde a la vacancia generada tras la renuncia de Alberto Villanueva, quien encabezó el Indecopi desde abril de 2024 y dimitió en marzo de 2026.

“El presidente del Consejo Directivo es designado por el presidente de la República, a propuesta de la PCM, y el proceso se formaliza mediante resolución suprema refrendada por ambas autoridades”, indica la legislación vigente.

Indecopi, ¿siempre en el radar de la PCM?

El Indecopi es el organismo encargado de garantizar la libre competencia, la protección de los derechos de los consumidores y la defensa de la propiedad intelectual en el Perú.

Entre sus tareas se encuentran la supervisión de mercados, la gestión de reclamos, la sanción de prácticas anticompetitivas y la promoción de la innovación a través del registro de marcas y patentes.

La entidad también combate la competencia desleal, elimina barreras burocráticas y promueve la transparencia mediante herramientas informativas y sistemas de alerta de productos peligrosos.

Con la llegada de Del Prado Ponce, la nueva gestión asume retos vinculados a la regulación de plataformas digitales, la defensa de los derechos de autor y la vigilancia sobre el comportamiento empresarial en sectores estratégicos.

Exabogado de la familia de Joaquín Ramírez

El nombramiento de Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce ha generado interrogantes debido a sus vínculos previos con el entorno de Joaquín Ramírez, excongresista y exsecretario general de Fuerza Popular, investigado por lavado de activos.

De acuerdo con una investigación de Convoca.pe, Del Prado fue abogado de Ramírez y de su tío, Fidel Ramírez Prado, rector y principal accionista de la Universidad Alas Peruanas, institución que recibió millonarios contratos estatales mientras Joaquín Ramírez ejercía funciones parlamentarias.

Además, Del Prado figura como aportante a Fuerza Popular durante los años en que otros aportantes estaban vinculados a empresas de la familia Ramírez.

“Entre 2012 y 2015, los aportes del legislador a Fuerza Popular disminuyeron, sin embargo, en los primeros meses de 2015 luego de que se conociera que la Procuraduría Anticorrupción lo investigaba por lavado de activos, entre los aportantes aparecieron cinco personas vinculadas a los negocios de la familia Ramírez con 25 mil 445 soles. Ellos son Juan Carlos Gerónimo del Prado Ponce, quien fue abogado de Joaquín y Fidel Ramírez...”, señala el informe.

¿Cómo se organiza el Indecopi?

El Indecopi opera con un Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, conformado por cinco salas especializadas que actúan como última instancia administrativa en el país.

ada sala resuelve apelaciones en materias específicas, apoyada por secretarías técnicas, y está integrada por cinco vocales que conforman un colegiado multidisciplinario.

Organización de las Salas Especializadas:

• Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC): Atiende casos de infracciones a los derechos del consumidor.
• Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC): Resuelve temas de libre competencia, barreras burocráticas, dumping y subsidios.
• Sala Especializada en Propiedad Intelectual (SPI): Gestiona apelaciones sobre marcas, patentes y derechos de autor.
• Sala Especializada en Procedimientos Concursales (SCO): Maneja procesos de reestructuración o liquidación de empresas.
• Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL): Enfocada en eliminar restricciones estatales ilegales o irrazonables.

Estructura general:

• El tribunal cuenta con cinco salas, que actúan como segunda y última instancia administrativa.
• Existen aproximadamente 25 comisiones y oficinas que funcionan como órganos de primera instancia.
• Cada sala cuenta con una secretaría técnica que brinda apoyo funcional a sus decisiones.

El mercado de internet residencial en Perú atraviesa una etapa en la que el capital extranjero crece y la llegada de nuevos usuarios se ralentiza, mientras que 8 de cada 10 nuevas contrataciones corresponden a migraciones entre proveedores.

Según el informe “Internet Residencial en Perú: resultados 2025 y tendencias 2026”, elaborado por DN Consultores junto a TelcoETF, el país cerró 2025 con una penetración del 41% de hogares conectados a internet fijo, una de las cifras más bajas de Sudamérica.

¿Más fondos, menos internet para todos?

El estudio, presentado el 24 de abril de 2026 y basado en datos oficiales de OSIPTEL e INEI, advierte que, pese al avance tecnológico y la expansión de la fibra óptica, la proporción de hogares peruanos con acceso formal a internet fijo solo supera a Bolivia en la región.

El promedio sudamericano alcanza el 53%. Esta situación revela una brecha persistente que afecta principalmente a zonas fuera de Lima Metropolitana, donde la penetración alcanza el 64%, en contraste con regiones como Sierra Sur o la Amazonía, que no superan el 34%.

El reporte de DN Consultores detalla que los principales operadores del segmento residencial han intensificado la dependencia de capital externo para financiar la expansión y la mejora tecnológica.

Según el reporet, 4 de los 5 mayores proveedores ya cuentan con fondos de inversión en su accionariado, lo que evidencia una transformación estructural en el sector.

“El servicio de internet residencial se ha convertido en un producto de primera necesidad en todo el ámbito urbano, pero su expansión y calidad dependen cada vez más de la capacidad de atraer capital institucional”, explicó Eduardo Bisetti, CEO de TelcoETF.

El negocio mira a la rentabilidad, no a la inclusión

Este cambio de modelo responde a la necesidad de inversiones sustanciales para desplegar redes FTTH (fibra hasta el hogar) y mantener la competitividad en un mercado de ingresos promedio estancados y alta rotación de clientes.

El informe señala que los fondos de inversión priorizan la rentabilidad y los objetivos de retorno financiero, lo que puede relegar la cobertura social y la expansión en zonas menos rentables.

“Existe una tensión entre maximizar resultados financieros y cerrar la brecha digital en los sectores más vulnerables”, subrayó el documento.

Carlos Huamán Tomecich, socio fundador de DN Consultores, agregó que “la tendencia confirma un cambio en el comportamiento de la demanda, por el mayor uso del servicio para entretenimiento, educación virtual y teletrabajo”.

Alta rotación y bajo crecimiento real: la brecha digital no se achica

Uno de los hallazgos más críticos del informe es que el 80% de las nuevas altas en el mercado residencial corresponde a migraciones de usuarios entre operadores, no a nuevos usuarios.

Este fenómeno limita el crecimiento genuino del sector y acentúa la presión financiera sobre los proveedores, que deben invertir en captar clientes previamente bancarizados y conectados en vez de expandirse a segmentos no atendidos.

De acuerdo con el reporte, el índice de rotación mensual supera el 4% y el ARPU (ingreso promedio por usuario) permanece en 69 soles, prácticamente sin variación en cinco años.

Así, la competencia intensa, marcada por ofertas y promociones, no se traduce en un aumento significativo de la tasa de penetración nacional. El impacto social en la reducción de la brecha digital queda relegado, debido a que la mayoría de inversiones se dirige a zonas urbanas y segmentos de mayor retorno.

Oportunidades y retos: acceso, tecnología y diferenciación

A pesar de estos desafíos, el informe también identifica oportunidades. El mercado creció 6% en ingresos durante 2025, alcanzando los S/ 3.600 millones y consolidando el internet residencial como el segundo servicio más importante del sector telecomunicaciones, solo detrás de la telefonía móvil.

El salto en velocidad promedio contratada, que pasó de 10 Mbps a casi 400 Mbps en una década, evidencia el avance en calidad y tecnología.

La participación de proveedores independientes llegó al 50% de las conexiones, con 2,2 millones de hogares atendidos, lo que ha impulsado una mayor competencia y ha reducido los precios por Mbps, posicionando a Perú con las tarifas más bajas de Sudamérica.

Además, la expansión de la fibra óptica, que ya representa el 82% de las conexiones totales y el 89% en zonas fuera de Lima, muestra que la innovación tecnológica sigue avanzando.

Así, el informe de DN Consultores concluye que la sostenibilidad del sector dependerá de articular nuevos modelos de gestión compartida, impulsar la infraestructura neutra y diseñar políticas públicas que equilibren los objetivos financieros con la necesidad de cerrar la brecha digital y ampliar la cobertura nacional.

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi confirmó la nulidad del registro de una marca figurativa peruana por reproducir de forma casi idéntica la silueta utilizada y protegida internacionalmente por ABG-Shaq, LLC, empresa gestora de los derechos de imagen del exjugador de la NBA Shaquille O’Neal.

La decisión, emitida en abril de 2026, establece que la marca nacional fue registrada de mala fe, en perjuicio de los derechos preexistentes del deportista y su representante.

La autoridad resolvió que la solicitante y titular del registro anulado, actuó con conocimiento previo de la marca internacional vinculada a Shaquille O’Neal, lo que constituye una conducta contraria a la buena fe y al correcto funcionamiento del sistema de propiedad intelectual.

La resolución pone de relieve la importancia de la protección internacional de marcas y la necesidad de garantizar un entorno de competencia leal.

Historia de una disputa: cuando la silueta de ‘Shaq’ llegó al Perú

El conflicto comenzó cuando ABG-Shaq, LLC, representante de los derechos de imagen de Shaquille O’Neal, detectó que en 2023 se había registrado en Perú una marca gráfica que reproducía la silueta emblemática del exbasquetbolista.

Esta figura, inscrita por primera vez en 1993 en Estados Unidos y luego en México y la Unión Europea, se ha convertido en símbolo del deportista, identificado con productos de la categoría de prendas, calzado y artículos deportivos.

El símbolo, que representa la silueta de O’Neal en una postura característica de juego, es reconocido en múltiples mercados como distintivo de la línea de indumentaria y calzado asociada al exjugador.

El posicionamiento de la marca está respaldado por décadas de explotación comercial y registros oficiales, consolidando su valor en la industria deportiva global.

¿Quién tiene derecho a usar la imagen de una estrella?

El expediente demostró que la marca peruana no solo resultaba visualmente similar a la internacional, sino que además se aplicaba a los mismos productos, lo que aumentaba el riesgo de confusión entre los consumidores.

Indecopi acreditó que la solicitante peruana tenía experiencia previa en el rubro textil deportivo, lo que refuerza la presunción de conocimiento e intención de aprovechar la reputación del signo protegido.

La autoridad consideró que la coincidencia no podía atribuirse a la casualidad ni a la creatividad independiente, sino que respondía a un propósito deliberado de apropiación. Se demostró que la marca internacional estaba vigente desde 1997 en Estados Unidos, desde 2005 en México y hasta 2033 en la Unión Europea.

Además, la autoridad constató que el registro peruano fue solicitado en 2022 y otorgado en 2023, dentro del plazo legal para la acción de nulidad.

Defensa, argumentos y decisión final

La comerciante argumentó que la figura de un basquetbolista es genérica y que sus registros previos en Perú nunca fueron impugnados, por lo que sostuvo que el reclamo de ABG-Shaq, LLC carecía de interés y fundamento.

Sin embargo, Indecopi determinó que la existencia de marcas similares a nombre de la defensa no justificaba la inscripción de una marca que replicaba un signo protegido y reconocido internacionalmente.

El tribunal explicó que la legislación peruana y andina prohíbe el registro de marcas de mala fe, entendiendo como tal toda solicitud realizada para obtener ventajas indebidas en perjuicio de un titular legítimo o del mercado.

En ese momento, la resolución consideró que el accionar de la solicitante no se debió a una coincidencia, sino a la voluntad de beneficiarse del prestigio y la identidad comercial de la marca asociada a Shaquille O’Neal.

Shaquille O’Neal, protagonista en un registro inesperado

Finalmente, la Sala declaró infundado el recurso de apelación y confirmó la nulidad definitiva del Certificado N° 340885, que autorizaba la comercialización de prendas y calzado con el signo gráfico de la silueta similar a la del exjugador.

El fallo de Indecopi refuerza la protección de marcas internacionales contra registros de mala fe en Perú, priorizando la seguridad jurídica y la transparencia comercial.

Además, consolida el respeto al principio de buena fe en materia marcaria y sienta precedente para la defensa de derechos de imagen y marcas vinculadas a figuras deportivas de alcance global.

El Estado peruano duplicó el número de interdicciones contra la minería ilegal en menos de dos años, mientras la asignación presupuestaria sigue sin equiparar el impacto económico y ambiental de este delito.

Según datos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la minería ilegal moviliza más de US$ 12.000 millones anuales, 10 veces más que el narcotráfico, pero recibe solo una décima parte de los recursos asignados a la lucha antidrogas.

El general (r) Rodolfo García, Alto Comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), informó en el XV Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores que en 2026 el promedio mensual de interdicciones superó las 130, frente a las 62 registradas en 2024.

La cifra representa un incremento superior al 100% en la frecuencia de operativos, impulsada por la expansión de actividades ilegales y el alza del precio internacional del oro, que ha alcanzado más de cinco mil dólares la onza.

Impacto ambiental y social: datos y zonas críticas

La minería ilegal ha dejado más de 140.000 hectáreas de bosques destruidos y al menos 225 cuerpos de agua contaminados con mercurio, afectando principalmente a las regiones de Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali y Huánuco.

El informe del IIMP advierte que la contaminación compromete la salud y los medios de vida de comunidades indígenas, para quienes los recursos hídricos de la Amazonía son esenciales. El aumento del precio del oro ha incentivado la expansión de operaciones ilegales, que aprovechan vacíos regulatorios y limitaciones en la respuesta estatal.

La PCM detalló que el presupuesto estatal destinado a combatir la minería ilegal fue de S/70 millones en 2025, mientras la lucha contra el narcotráfico recibió S/700 millones ese mismo año.

Para 2026, la asignación para minería ilegal subió a S/ 178 millones, aunque la distancia frente al impacto económico y social persiste. En dos años, se ejecutaron más de 2.300 operativos y se decomisaron bienes valorados en más de S/7.000 millones, según los reportes oficiales.

Estrategias oficiales y límites del modelo actual

La estrategia nacional, aprobada en 2025, involucra a 18 instituciones y adopta el llamado “modelo Pataz”, enfocado en la instalación de puestos de control multisectoriales en rutas fiscales clave para garantizar la trazabilidad de minerales, equipos y personas.

En la provincia de Pataz, región La Libertad, en 2025 se excluyó del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) a más de 1.000 mineros por incumplimiento de requisitos. A nivel nacional, la exclusión ya supera los 50.000 registros, lo que limita vías de legalización para actividades ilícitas.

El Decreto Legislativo 1695 ha otorgado mayores facultades a fiscales y policías, quienes ahora pueden intervenir no solo en la extracción, sino también en el transporte, acopio y comercialización de minerales. Según el general García, la minería ilegal representa un riesgo para la seguridad, la gobernabilidad y la salud pública.

El esfuerzo estatal se refleja en la multiplicación de operativos, pero la magnitud del problema pone en el ojo público que los recursos y acciones aún resultan insuficientes para contener la expansión del delito.

La pobreza monetaria en Perú descendió a 25,7% de la población durante 2025, de acuerdo con el más reciente informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este resultado representa una baja de 1,9 puntos porcentuales en relación con el año anterior, cuando la tasa alcanzaba el 27,6%. Según el reporte, 567 mil personas dejaron de ser pobres en el último año, reflejando una mejora estadística, aunque el fenómeno de la vulnerabilidad continúa afectando a una proporción considerable de la sociedad.

Durante la presentación oficial de los resultados, el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, remarcó que “la reducción de la pobreza se acompaña de una situación de vulnerabilidad persistente”. El 32,8% de la población peruana está en un umbral crítico: cubre la canasta básica, pero podría regresar a la pobreza si enfrenta una crisis económica, pérdida de empleo o un problema de salud. Esta proporción equivale a más de uno de cada tres habitantes.

La pobreza sigue por encima del prepandemia: 5,5 puntos más que en 2019

El informe del INEI, que se fundamenta en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), detalla que en el área urbana la pobreza cayó de 24,8% en 2024 a 23,4% en 2025, es decir, una reducción de 1,4 puntos porcentuales. En el sector rural, el descenso fue más notorio: de 39,3% a 35,5%, lo que significa una baja de 3,8 puntos porcentuales.

A pesar de estos avances, la desigualdad territorial persiste, con departamentos como Cajamarca (41,0%) y Loreto (40,1%) ubicados muy por encima del promedio nacional. En el extremo opuesto, departamentos como Ica (4,5%), Madre de Dios (7,3%) y Moquegua (7,8%) presentan los niveles más bajos de pobreza monetaria.

En cuanto al gasto real per cápita, el promedio mensual se ubicó en 920 soles durante 2025, lo que representa un aumento del 2% frente a 2024 (903 soles). Este dato muestra una recuperación parcial del consumo, aunque todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia de COVID-19.

El umbral de pobreza monetaria para 2025 fue fijado en 462 soles mensuales por persona, mientras que la línea de pobreza extrema se ubicó en 260 soles. Una familia de cuatro miembros requiere al menos 1.848 soles para no ser considerada pobre y 1.040 soles para evitar la pobreza extrema.

Lima tiene hoy más pobres extremos, según INEI

A pesar de la mejora en los indicadores generales, la pobreza extrema afecta al 4,7% de la población nacional. El reporte señala que en 2025, 1 millón 614.000 peruanos viven en condición de pobreza extrema.

En Lima Metropolitana, la pobreza extrema aumentó de 3,3% a 3,6%, reflejando que el crecimiento económico no se distribuye de manera homogénea en las principales ciudades. En áreas rurales, la pobreza extrema decreció de 15,5% en 2024 a 11,4% en 2025.

Más de un tercio de la población, atrapado en la vulnerabilidad

El análisis de los hogares pobres muestra que las personas con menor educación, jefes de hogar con lengua materna indígena y quienes trabajan en la informalidad enfrentan mayores obstáculos para salir de la pobreza.

Entre los hogares cuyo jefe solo alcanzó la primaria, la pobreza alcanza el 35%; en aquellos con secundaria, el 27,1%; y en los que tienen educación superior, el 11,3%. El 46,2% de la población cuyas familias tienen jefes con lengua materna indígena amazónica es pobre, frente al 23,8% de los hogares encabezados por hablantes de castellano.

El acceso a servicios básicos sigue siendo dispar. Solo el 35% de los pobres cuenta con agua con cloro adecuado, frente al 20,8% entre los pobres extremos. El 57% de los pobres accede a desagüe por red pública, cifra que baja al 36,7% en el caso de pobreza extrema.

El 40,6% de los hogares pobres tiene acceso a internet, y el uso de billeteras digitales alcanza al 21,4% de este grupo, mientras que el 9,4% de los pobres extremos utiliza estas herramientas.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorizó, mediante la Resolución Ministerial N° 209-2026-EF/43, la participación de dos funcionarias en la cuarta ronda de negociaciones del Convenio para Eliminar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal (CDI) entre Perú y Singapur.

Esta misión busca avanzar en la suscripción de un acuerdo bilateral que permita a empresas y personas evitar el pago doble de impuestos sobre los mismos ingresos generados en ambos países, facilitando así la inversión y el intercambio comercial.

El equipo comisionado por el MEF está conformado por Cynthia Lisseth Nichos Ramírez, directora de la Dirección de Asuntos Tributarios Internacionales, y Rocío del Pilar Valderrama Velarde, abogada de la misma dirección.

La agenda de trabajo en Singapur, del 13 al 20 de junio de 2026, incluye la discusión de temas pendientes como la definición de establecimiento permanente, la distribución de potestades tributarias y la inclusión de cláusulas antiabuso, aspectos centrales para un convenio moderno y seguro para los inversores.

Perú busca sacar más provecho de su relación con Singapur

La negociación de un CDI con Singapur se produce en un contexto de desafíos y oportunidades en la relación comercial entre ambos países. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el comercio bilateral cayó 35,6% en 2024, pasando de US$155 millones en 2023 a US$99,6 millones.

La disminución se debió principalmente a la caída de exportaciones mineras y pesqueras. Sin embargo, las agroexportaciones peruanas alcanzaron un récord, destacando arándanos, uvas, quinua y espárragos, mientras que la importación peruana desde Singapur mostró descensos en tecnología y nutrición, pero aumentos en equipos médicos y lubricantes.

La concentración de los flujos comerciales en grandes compañías acentuó la volatilidad del intercambio, aunque la diversificación exportadora y la especialización importadora abren oportunidades para consolidar y sofisticar la relación.

Un CDI vigente permitiría a ambos países reducir costos tributarios, dar mayor previsibilidad a las operaciones y atraer inversiones de largo plazo.

¿Qué es la doble tributación y por qué es clave un CDI?

La doble tributación se produce cuando dos países gravan la misma renta, ganancia o patrimonio de una persona o empresa en el mismo periodo fiscal, ya sea por residencia o por la fuente de los ingresos. Esto puede frenar el comercio y la inversión internacional, afectando la competitividad.

Para resolverlo, los países firman convenios CDI que establecen qué jurisdicción recauda y cómo se evitan duplicidades, usando mecanismos como créditos fiscales, exenciones o tasas reducidas. El acceso a estos beneficios exige que los contribuyentes no domiciliados presenten un Certificado de Residencia Fiscal.

Perú amplía su red de convenios internacionales

Al 2026, Perú cuenta con CDI vigentes con Chile, Canadá, Brasil, México, Corea del Sur, Suiza, Portugal, Japón y el Reino Unido, además de aplicar la Decisión 578 de la Comunidad Andina con Bolivia, Colombia y Ecuador.

También avanza en negociaciones con España, Francia, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Australia y Singapur. Estos tratados son herramientas clave para asegurar que empresas y personas no paguen impuestos dos veces por la misma renta.

El proyecto cuprífero La Granja, operado por First Quantum Minerals, se consolida como uno de los yacimientos de cobre más importantes del mundo al contar con aproximadamente 22 millones de toneladas de cobre contenido.

Así lo afirmó Rafael Roberto, geólogo senior de la empresa, durante su exposición en proEXPLO 2026, resaltando la relevancia internacional del depósito y su potencial estratégico para cubrir la creciente demanda global por este metal.

El volumen de recursos posiciona a La Granja por encima de otros activos cupríferos peruanos y la ubica en el grupo de proyectos de mayor escala a nivel global. La importancia de este yacimiento se ve reforzada en un contexto donde el cobre es clave para la transición energética y las industrias tecnológicas.

Un sistema geológico complejo y de alto potencial

Situado en el norte del Perú, La Granja corresponde a un sistema de pórfidos de cobre con una configuración geológica compleja. El depósito está integrado por un sistema telescopiado de pórfidos y un extenso complejo de brechas hidrotermales.

El control estructural, principalmente en las direcciones noroeste y noreste, resulta fundamental para comprender la distribución de la mineralización y planificar futuras etapas de exploración.

Uno de los elementos distintivos de La Granja es su alta concentración de calcocita hipógena, mineral que aporta mejores leyes de cobre al depósito. Según Roberto, esta característica otorga ventajas competitivas al proyecto y lo diferencia de otros yacimientos similares en la región, incrementando su atractivo económico.

Desafíos técnicos y avances en el modelo geológico

La presencia de arsénico en el depósito constituye otro aspecto relevante para la caracterización del recurso. El especialista explicó que su distribución se encuentra asociada a vetillas y estructuras geológicas, factor que ha permitido identificar zonas con distintas penalizaciones metalúrgicas.

Esta comprensión, según el equipo técnico, resultó esencial para refinar y redefinir el modelo estructural del yacimiento.

Uno de los principales retos ha sido reinterpretar los datos históricos de perforación. Muchos de los sondajes antiguos, realizados de forma subvertical, dificultaban la adecuada identificación de las estructuras mineralizadas y generaban resultados poco representativos.

Frente a este desafío, el equipo de First Quantum Minerals implementó un nuevo enfoque metodológico para lograr una mayor precisión en la delimitación de las unidades geológicas.

Un modelo robusto para el futuro del proyecto

Como resultado de la nueva estrategia, el proyecto ha logrado afinar los límites de las unidades geológicas e identificar zonas de falla asociadas a la mineralización. El desarrollo de un modelo de bloques más robusto, que integra variables geológicas, estructurales y metalúrgicas, permite reducir la incertidumbre y optimizar la evaluación del activo.

Estos avances consolidan a La Granja como uno de los proyectos de cobre más prometedores a nivel global y sitúan al Perú en una posición estratégica dentro del mapa minero internacional.

La integración de nuevas técnicas geológicas y la redefinición del modelo estructural abren oportunidades para maximizar el potencial del depósito y definir su futura estrategia de desarrollo.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) demandó al Poder Ejecutivo cumplir con el aval estatal prometido a Petroperú para garantizar la compra de crudo y la continuidad operativa de la empresa.

El gremio advirtió que, pese al reciente cambio en la presidencia del Directorio, sigue pendiente la implementación del respaldo financiero comprometido por el presidente José Balcázar, que debió concretarse esta semana.

El pronunciamiento de FENPETROL se produce luego de que la Junta General de Accionistas de Petroperú —integrada por los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Minas— removiera a Roger Arévalo como presidente del Directorio y designara a Edmundo Lizarzaburu en su reemplazo. El cambio fue comunicado mediante hecho de importancia oficial.

¿Cambio en la alta dirección no resuelve crisis?

FENPETROL señala que la renovación del Directorio “resulta insuficiente si no va acompañada de acciones concretas para asegurar su sostenibilidad financiera”.

La organización remarcó que la organización continúa vigilante frente a la gestión del nuevo presidente del Directorio, en un contexto de reiterados cambios en la conducción de la empresa estatal.

En palabras de la federación: “Si bien es cierto que se ha procedido con el cambio del Directorio, exigimos que se cumpla también con garantizar el aval del Estado, a fin de que Petroperú pueda acceder a la compra de crudo y asegurar la continuidad de las operaciones de refinación en Talara”.

La dirigencia sindical advirtió que los continuos relevos en la alta dirección reflejan una preocupante falta de gobernanza, lo que profundiza la inestabilidad institucional.

Respaldo financiero pendiente y advertencia sobre Decreto de Urgencia

FENPETROL subrayó que aún no se ha implementado el segundo componente del compromiso asumido por el Ejecutivo: la adopción de medidas de apoyo financiero antes del plazo anunciado. “Ya se hizo el cambio de Directorio; ahora cumpla con la parte financiera”, enfatizó el gremio.

Además, la organización solicitó que el Decreto de Urgencia 010-2025 actualmente en evaluación sea postergado para el próximo gobierno, debido a la magnitud de sus implicancias y la necesidad de un análisis más amplio y responsable.

El escenario descrito ocurre pese a que Petroperú reportó una utilidad neta de USD 133,2 millones en el primer trimestre de 2026, logrando revertir pérdidas. Sin embargo, la empresa mantiene un capital de trabajo negativo y enfrenta restricciones de liquidez que limitan su capacidad para aprovechar la demanda de combustibles.

FENPETROL reiteró que garantizar el acceso oportuno a financiamiento es clave para consolidar la recuperación de la empresa y mantener su rol estratégico en el abastecimiento energético nacional.

Auditoría forense y recuperación de la confianza

Finalmente, el gremio también insistió en la urgente necesidad de ejecutar una auditoría forense en Petroperú. El objetivo es identificar eventuales irregularidades y reconstruir la trazabilidad de decisiones financieras que han perjudicado la sostenibilidad de la empresa estatal.

Según FENPETROL, “la medida apunta a recuperar la confianza de inversionistas, proveedores y del propio Estado, en un momento en que Petroperú depende de respaldo fiscal y enfrenta presiones para mejorar su gobernanza corporativa”.

El alcance de la auditoría debe abarcar la revisión de contratos, procesos de adquisiciones, ejecución de proyectos como la modernización de la Refinería de Talara, así como la evaluación de posibles conflictos de interés y prácticas indebidas en la toma de decisiones.

Las exportaciones de café peruano sumaron US$ 131,3 millones en el primer bimestre de 2026, un crecimiento del 71,9% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI).

Este resultado confirma la tendencia positiva del sector luego de haber alcanzado un récord de US$ 1.796 millones en 2025.

El impulso de este año responde a la alta calidad del grano nacional y al contexto internacional de precios favorables, especialmente por la menor oferta de grandes productores como Brasil y Vietnam, afectados por el cambio climático.

Café peruano rompe récords en ventas al extranjero: ¿A dónde?

El café peruano, sin tostar ni descafeinar, llegó a 52 mercados internacionales en el arranque de 2026. Estados Unidos se mantiene como el principal destino, seguido por Alemania, Bélgica, Canadá y Colombia. La diversidad de variedades es clave para la preferencia de estos mercados, que valoran el perfil y la calidad del producto nacional.

El café es el principal producto agrícola tradicional de exportación del país y el sustento directo de cerca de 2 millones de personas a lo largo de toda su cadena de valor.

La producción involucra a más de 223 mil familias de pequeños productores, distribuidas en 16 regiones, con mayor concentración en San Martín, Cajamarca, Junín, Cusco, Amazonas, Huánuco y Pasco. La actividad cafetalera sostiene la economía de muchas comunidades rurales y promueve la inclusión productiva en zonas tradicionalmente vulnerables.

Café, gremios y productores: el reto de la asociatividad

A pesar del dinamismo exportador, el MIDAGRI advierte que uno de los principales retos del sector es fortalecer la organización de los caficultores.

Actualmente, el 85% de los productores trabaja en parcelas de entre 1 y 5 hectáreas, pero solo el 30% está asociado, principalmente en cooperativas. Esta baja asociatividad limita el acceso a tecnología, capacitaciones y mejores condiciones de negociación, factores clave para competir en el mercado global.

El ministerio impulsa iniciativas para fomentar la asociatividad y mejorar el acceso a servicios técnicos, buscando reducir brechas estructurales y elevar la productividad.

“El reto del sector sigue siendo fortalecer la organización de los productores y facilitar el acceso a tecnologías modernas para mejorar su competitividad”, resalta el MIDAGRI.

Un sorbo de calidad: el café peruano supera expectativas y bate marcas

Perú es reconocido a nivel mundial como exportador de café arábica de especialidad y de café orgánico. El grano se cultiva principalmente en la ceja de selva, en la selva central y norte, donde las condiciones favorecen su aroma, acidez y alta calidad.

Más del 95% del café exportado corresponde a arábica de alta calidad. El país se posiciona como el segundo exportador mundial de café orgánico y un proveedor relevante para mercados internacionales.

El café peruano es apreciado por su perfil suave, cuerpo equilibrado y aroma delicado. Además de las variedades antes mencionadas, destacan los cafés certificados bajo sellos como Fairtrade, Rainforest Alliance y amigable con las aves, lo que facilita su llegada a mercados exigentes como Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Bélgica y Corea del Sur.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) anunció que en mayo se emitirá la declaración de interés del Terminal Portuario Internacional de Chimbote, decisión que permitirá multiplicar por 900 la capacidad de atención de carga contenedorizada del puerto y posicionar el proyecto ante inversionistas nacionales e internacionales.

Esta medida, que adelanta el cronograma previsto, busca acelerar la adjudicación del terminal bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).

El comunicado oficial precisa que el proyecto contempla una inversión cercana a USD 300 millones. Las obras incluyen la modernización del muelle actual, la construcción de un muelle especializado para contenedores, la incorporación de grúas pórtico y la implementación de nuevos patios de almacenamiento.

Con estos cambios, el puerto pasará de movilizar 60 mil toneladas anuales a 550 mil toneladas y podría alcanzar hasta 450 mil TEUs en un escenario de máxima demanda. “En la última década solo se movieron 500 TEUs anuales, por lo que la transformación es sustancial”, indica el comunicado de PROINVERSIÓN.

Proyecto estratégico para el norte peruano

El Nuevo Terminal Portuario de Chimbote está ubicado en la bahía Ferrol, en la provincia del Santa, región Áncash. Su diseño multipropósito permitirá impulsar los sectores minero, pesquero y agroindustrial.

Además, fortalecerá el eje portuario del norte y su conexión con corredores logísticos hacia la selva peruana. Durante la etapa de construcción, se estima la generación de alrededor de 2 mil empleos directos e indirectos, lo que aportará dinamismo al mercado laboral local y regional.

Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, explicó que la institución ahora asume un rol más activo en la promoción de proyectos estratégicos:

“Ahora PROINVERSIÓN tiene un rol más activo en acelerar proyectos estratégicos para el país. No solo promovemos inversiones, sino que intervenimos desde etapas tempranas para ordenar procesos, generar confianza y lograr que proyectos como Chimbote avancen más rápido y se conviertan en infraestructura real que impulse desarrollo y empleo”.

Modernización portuaria en el Perú

En los últimos 20 años, el país ha desarrollado una red portuaria moderna mediante inversiones superiores a USD 5 mil millones, según el comunicado de PROINVERSIÓN. Actualmente existen nueve terminales portuarios concesionados, lo que ha permitido consolidar al Perú como un punto relevante de conexión marítima y comercial en la región.

“La infraestructura portuaria peruana se ha fortalecido con inversión privada, sin comprometer recursos del Estado”, subraya el comunicado oficial. La demanda creciente y la necesidad de mejorar la conectividad nacional impulsan la expansión y modernización de la red portuaria.

Para 2026, PROINVERSIÓN priorizó una cartera de inversiones superior a USD 400 millones destinada a puertos estratégicos como los de Loreto (Sinchicuy y Saramiriza), Pucallpa y Tacna. El objetivo es consolidar una red logística eficiente y competitiva que facilite el comercio exterior y la integración regional.

“El Nuevo Terminal Portuario de Chimbote representa una oportunidad para fortalecer la conexión con el mercado Asia-Pacífico y ampliar la capacidad exportadora del país”, destaca el comunicado institucional.

Las autoridades consideran que el nuevo terminal contribuirá a la competitividad de los sectores productivos y a la creación de empleo en la región. El proceso continuará con la publicación oficial de la declaratoria y el inicio de la fase de recepción de propuestas.

Perú se posiciona como el segundo país de Latinoamérica, después de Brasil, en incorporar inteligencia artificial (IA) para la identificación de áreas con potencial minero.

El anuncio lo realizó Alonso Marchena, jefe del Programa de Metalogenia del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), durante el Congreso Internacional de Prospectores y Exploradores (proEXPLO 2026), organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El equipo de INGEMMET desarrolló mapas digitales utilizando IA, procesando miles de datos geológicos de la franja costera central del país, que abarca regiones como Áncash, Lima, Ica y el norte de Arequipa. El objetivo es enfocar la exploración hacia lugares con altas probabilidades de encontrar minerales esenciales para la industria y la tecnología, sobre todo cobre y cobalto.

“Hoy contamos con herramientas digitales que nos permiten combinar información de campo, análisis geoquímicos y modelos matemáticos para reducir la incertidumbre y orientar mejor la inversión en exploración”, explicó Marchena durante su presentación.

Exploración dirigida por IA impulsa la minería peruana

La investigación de INGEMMET abarcó más de 40 depósitos y prospectos mineros, incluyendo tanto zonas conocidas como áreas que aún no han sido exploradas. Los mapas generados identifican áreas prioritarias para minerales tradicionales, como el cobre, y para minerales críticos, como el cobalto, cuya demanda crece por la transición hacia energías limpias y el desarrollo tecnológico.

La demanda global de cobre y cobalto aumenta de manera sostenida debido a su uso en la fabricación de baterías, autos eléctricos y sistemas de energía renovable. Por esta razón, la labor desarrollada en la costa central del Perú tiene un impacto local y global, posicionando al país como un actor relevante en la cadena de suministro de materias primas estratégicas.

IA y acceso abierto a la información geológica

Uno de los principales beneficios del uso de IA es su capacidad para procesar grandes volúmenes de información y detectar patrones geológicos que antes podían pasar inadvertidos. “Esta tecnología ayuda a optimizar recursos y a tomar decisiones más informadas, lo que beneficia tanto a la industria como al desarrollo económico del país”, destacó Marchena.

Los mapas digitales generados mediante IA ya están disponibles en la plataforma Geptamin de INGEMMET, accesible para empresas, investigadores y público interesado. Esta apertura facilita la toma de decisiones para nuevas inversiones y fomenta la transparencia, permitiendo que más actores conozcan y aprovechen el potencial geológico de regiones como Áncash, Lima, Ica y Arequipa.

Innovación tecnológica y minería sostenible en Perú

Con este proyecto, Perú refuerza su apuesta por la innovación tecnológica en el sector minero, siguiendo el ejemplo de Brasil. La integración de herramientas avanzadas como la inteligencia artificial permite abrir nuevas oportunidades para una minería responsable y el desarrollo sostenible de los recursos naturales en zonas estratégicas del país.

Especialistas de INGEMMET confían en que la implementación de estas soluciones tecnológicas impulsará la competitividad del sector y consolidará la posición de Perú como referente latinoamericano en exploración geológica y minería sostenible.

¿Qué es el INGEMMET?

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) es un organismo público técnico especializado del Perú, adscrito al Ministerio de Energía y Minas. Se encarga de generar, almacenar y difundir conocimiento geológico nacional, administrar el catastro minero (concesiones) y estudiar peligros geológicos, garantizando la seguridad técnica y el ordenamiento territorial.

La llegada de Edmundo Lizarzaburu a Petroperú no ha caído del todo bien en la petrolera estatal. En los corredores no se habla más que de la persistencia de un “círculo de poder” que ha logrado mantenerse al frente de áreas estratégicas de la empresa, sin importar los constantes cambios en la presidencia del directorio.

Este entorno ha generado una dinámica de alta rotación de autoridades, resistiendo los intentos de reforma, fiscalización y transparencia, lo cual ha profundizado la crisis institucional y financiera.

El problema está en que este último relevo ocurre en medio de una crisis financiera, con la primera empresa del país gestionando un rescate estatal de hasta USD 2.000 millones, propuesto ahora mediante un fideicomiso.

Las gerencias de Petroperú son el principio y el fin

Tras la salida de Roger Arévalo, Petroperú ha acumulado 14 presidentes de directorio en los últimos 10 años, sin que se produzcan cambios efectivos en la estructura interna de poder ni en las áreas estratégicas de gestión.

Existe una pugna por las gerencias al interior de la estatal. Los copamientos se concentran en las áreas de Legal, Recursos Humanos, Administración, Planeamiento, Operaciones, Comercial y Cadena de Suministro, así como en Cumplimiento (Compliance). En algunas de ellas se concentran las decisiones estratégicas.

Trabajadores y fuentes cercanas advierten que en estos espacios persiste la permanencia de personas vinculadas al entorno del exgerente general de la compañía, Oscar Vera, quien últimamente asesoró a Arévalo.

“Se han registrado casos de incorporación y permanencia de personal en cargos críticos sin concursos públicos o con contratos regularizados a posteriori, afectando la percepción de meritocracia y buen gobierno corporativo”, dijo una fuente al interior de la petrolera.

Incluso ProInversión, encargada de la privatización encubierta de la empresa, ha advertido a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) sobre movimientos estratégicos en puestos de alta sensibilidad, sin que se hayan tomado medidas efectivas para modificar el control interno. El presidente José María Balcázar parece no estar al tanto.

Fuego cruzado por el control de la estatal

Edmundo Lizarzaburu y Óscar Vera tienen antecedentes de colaboración en la gestión pública. Ambos coincidieron en el directorio de Petroperú en 2022, periodo en el que Vera era representante de los trabajadores y Lizarzaburu ocupaba el cargo de director independiente.

Posteriormente, Vera fue designado ministro de Energía y Minas en 2022 por Dina Boluarte. Los trabajadores de la estatal señalan una estrecha cercanía entre ambos e Iván Montoya, del área Legal y Asuntos Regulatorios.

Montoya no es un personaje ajeno a la crisis, ya que formó parte de los gerentes de la plana gerencial de Hugo Chávez Arévalo, y desde esas fechas se ha mantenido cercano al círculo señalado internamente por “llevar a una crisis sin precedentes a la petrolera estatal”.

Antes de irse, el propio Arevalo manifiestó en su presentación en el Congreso de la República que existe un fuego cruzado por el control de las principales áreas de gestión en la petrolera.

Días atrás, se supo que el propio Arévalo impulsó la contratación por excepción de dos allegados durante la crisis financiera de la empresa, gestionando sus ingresos sin concurso público y con sueldos elevados, aunque finalmente la Gerencia General declaró inviable la propuesta.

Lizarzaburu y su llegada a PERUPETRO y Petroperú

Pero ahí no termina la relación. Luego de su nombramiento en el Ejecutivo, el ingeniero Oscar Vera mantuvo el contacto con Edmundo Lizarzaburu.

En enero de 2023, el hoy presidente de Petroperú visitó a Vera cuando ya ocupaba el cargo ministerial y, en los meses siguientes, sostuvo reuniones con otros altos funcionarios de la empresa, como el gerente de Operaciones y el secretario general del directorio. Figura en actas.

Posteriormente, en 2025, Lizarzaburu fue designado miembro del directorio de PERUPETRO, una decisión atribuida a la recomendación de Vera y su vínculo con Boluarte. El temor de los interesados es que ahora esa confianza sea “devuelta”.

Lizarzaburu ejerció como vicepresidente en la agencia promotora de lotes de hidrocarburos en el país, por lo que no sería extraño que sea señalado por un posible conflicto de interés. Ya renunció.

¿Petroperú debería volver al FONAFE?

El retorno de Petroperú al FONAFE, tras su salida en 2006 mediante la Ley 28840, es otro de los escenarios más resistidos por el círculo de poder interno de la empresa.

Aunque la petrolera formalmente se encuentra fuera del ámbito del holding estatal, aún debe solicitar autorizaciones para acciones de ahorro, decisiones de personal y cumplir con los Lineamientos de Contrataciones Gerenciales.

La estructura directiva busca evitar cualquier avance hacia una supervisión plena, ya que esto implicaría que las contrataciones, relevos entre ellos y degradaciones deban contar con el visto bueno externo.

El objetivo, se refiere, es preservar la autonomía y el control al 100% sobre la gestión, compras y las decisiones clave dentro de la empresa. “Ellos quieren salirse de eso (...) para evitar solicitar homologación en caso el personal que no cumpla el perfil de FONAFE”, refirió otra fuente.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) rechazó las declaraciones del presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) sobre la primera vuelta de las elecciones generales del 12 de abril.

En el mensaje, la CCL afirmó que no comparte la postura de la Confiep, señalando que esta no refleja la verdadera dimensión de los hechos ocurridos durante el proceso electoral. El gremio empresarial convocó al sector privado a actuar con unidad y cohesión ante el contexto que enfrenta el país.

Hasta el momento, los resultados colocan a Keiko Fujimori y al izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta, dejando atrás a Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Es preciso mencionar que el recientemente reemplazado expresidente de la CCL, Roberto de la Tore Aguayo, postuló como candidato a diputado por este último.

La CCL rechaza la postura de la Confiep y exige unidad empresarial

En el comunicado, la CCL calificó de inaceptable relativizar que aproximadamente 500.000 ciudadanos no hayan podido ejercer su derecho al voto, hecho que atribuyó a fallas directas del Estado peruano.

Recordó que este derecho, consagrado en el artículo 31° de la Constitución y en la Ley Orgánica de Elecciones, constituye un pilar fundamental de la democracia y que su vulneración puede afectar la composición de los órganos de representación política, incluidos el Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino.

La organización precisó que el pronunciamiento no busca favorecer ni perjudicar a ningún candidato, sino resguardar la democracia y asegurar que los resultados reflejen la voluntad ciudadana, según el artículo 176° de la Constitución.

Proyectos paralizados y advertencia sobre las inversiones en el país

El gremio privado empresarial aseveró que minimizar la gravedad de estos hechos debilita la confianza en el sistema electoral y pone en riesgo la legitimidad del proceso, con consecuencias directas sobre la inversión y la economía.

Según la CCL, varios proyectos permanecen paralizados y capitales de importancia evalúan su salida del país ante la incertidumbre entre el 7 de junio y el 28 de julio.

El comunicado concluye con un llamado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para que adopte medidas inmediatas y transparentes que permitan esclarecer lo ocurrido y corregir las deficiencias detectadas el 13 de abril, reforzando la supervisión y garantizando la transparencia en el conteo de votos.

Confiep: sin pruebas de fraude, pero con críticas a la ONPE

En una entrevista emitida en el programa Punto Final de Latina, el presidente de la Confiep, Jorge Zapata Ríos, sostuvo que no existen pruebas que permitan afirmar la existencia de un “fraude electoral” en la primera vuelta de los comicios.

“Nosotros no encontramos elementos como para afirmar que haya habido una cosa intencional o una intención de fraude. Han habido irregularidades, producto de una mala gestión evidentemente y eso todos los hemos visto, pero no podemos afirmar que haya habido un fraude con los elementos que en estos momentos tenemos”, declaró Zapata Ríos.

El titular de la Confiep también criticó la labor de la ONPE, especialmente por los retrasos en la apertura de las mesas de votación, y pidió mayor transparencia, sugiriendo que el organismo electoral debería informar a la ciudadanía con mayor frecuencia para mantener la confianza.

Además, respaldó la decisión del JNE de realizar una auditoría informática integral con expertos nacionales e internacionales para disipar dudas sobre el proceso y llamó a los sectores políticos a mantener la calma y evitar declaraciones que eleven la tensión.

La inflación anual en Perú se encamina a superar el rango meta fijado por el Banco Central de Reserva (BCRP), en un escenario marcado por la incertidumbre política y económica, y con la continuidad de Julio Velarde al frente de la entidad bajo revisión tras el próximo cambio gubernamental.

El índice de precios al consumidor (IPC) en Perú subió 0,64% en abril de 2026, según el INEI, acumulando una variación de 3,53% en los primeros cuatro meses y una tasa anualizada de 3,73%. En Lima Metropolitana, la inflación ya alcanza el 3,72 % en lo que va del año, mientras que la tasa anual se sitúa en 4,01%.

El repunte de la inflación desafía la proyección oficial del BCRP

Aunque la expectativa oficial, tanto del máximo ente emisor como del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reflejada en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, es que la inflación cierre 2026 en torno a 3,0%, la tendencia actual y las cifras del primer cuatrimestre anticipan mayores presiones.

El BCRP prevé que la inflación pueda converger gradualmente a su meta hacia fines del año y se ubiquen en torno al 2% en 2027, al tiempo que se estima para el presente ejercicio una recuperación económica que llevaría el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,0% a 3,2%.

Otras entidades como Scotiabank, el Banco de Crédito del Perú (BCP) y Macroconsult también revisaron al alza sus proyecciones de crecimiento para 2026, ubicando la estimación del PBI en 3,2%, fuera totalmente de la meta.

¿La volatilidad cambiaria complicará el control de precios?

Sin embargo, para el economista Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, la situación dista de ser controlada.

Odar advierte que, si bien la inflación anualizada mostró una moderación en su ritmo mensual respecto a los picos de 2022 y 2023, las presiones persisten y la inflación acumulada en los primeros cuatro meses del año anticipa que el cierre de 2026 estará por encima de la meta.

El especialista señala que el sesgo inflacionario sigue siendo alcista en el corto plazo, aunque la velocidad del incremento podría ser menor en los próximos meses.

Destaca además que la evolución del tipo de cambio, que subió más de 3% solo en la segunda mitad de abril, y el ambiente de incertidumbre electoral, añaden riesgos adicionales para la trayectoria de los precios.

Según Odar, la tasa anual del IPC podría descender a menos de 4%, pero lograrlo dependerá de factores externos y de la respuesta del BCRP en el mercado cambiario. Pero el directorio también deberá sortear la tensión política.

Por ahora, la autoridad monetaria mantiene estática su tasa de interés de referencia en 4,25%, esperando señales más claras sobre la evolución de la inflación.

2026 podría ser el último año de Julio Velarde

Julio Velarde cumple 20 años al mando del BCRP, tras haber asumido la presidencia en septiembre de 2006. Bajo su gestión, la inflación promedio anual se mantuvo en torno a 2,7% y el país atravesó episodios de crisis internacionales sin salir del rango meta por lapsos prolongados.

Velarde es reconocido por organismos multilaterales y medios especializados como uno de los principales responsables de que Perú registre, en 2025, una inflación de apenas 1,5 % en Lima Metropolitana, la cifra más baja en 8 años.

A pesar del reconocimiento a su liderazgo y desempeño, los problemas actuales, como la inflación anualizada que supera el 4%, la volatilidad cambiaria y la incertidumbre política, podrían trascender su figura y poner a prueba la solidez institucional del banco en los próximos años.

El nuevo reglamento del Ministerio de Vivienda, Decreto Supremo N.° 005-2025-VIVIENDA, está elevando el precio mínimo de los departamentos nuevos en Lima y restringiendo el acceso a la vivienda formal para una parte significativa de la clase media, según un análisis de Proper, consultora especializada en el sector inmobiliario.

La exigencia de un área mínima de 40 metros cuadrados para todos los nuevos departamentos ha incrementado el valor de las unidades más accesibles desde S/210.000 a S/250.000. Como resultado, el ingreso necesario para calificar a un crédito hipotecario subió de S/4.000 a S/5.000 mensuales.

Entre 200.000 y 300.000 familias pierden acceso al crédito hipotecario

Jorge Campos, gerente general de Proper, señala que “entre 200.000 y 300.000 familias limeñas que el mes pasado calificaban a un crédito hipotecario hoy ya no califican.

No porque hayan cambiado sus ingresos, sino porque la regulación movió el piso del mercado. La política de vivienda debe ampliar el acceso, no restringirlo. Hoy esta norma, sin ajustes, hace exactamente lo contrario”.

El segmento más afectado es el NSE C, que representa el 45% de los hogares limeños y tiene un ingreso promedio de S/4.325 mensuales, una cifra que hasta hace poco permitía acceder a un crédito hipotecario, pero que ahora resulta insuficiente bajo las nuevas condiciones.

El segmento medio y los hogares no tradicionales quedan fuera

El análisis también destaca que el 40% de los compradores limeños pertenece a hogares no tradicionales —personas solas, parejas sin hijos, adultos mayores— que no requieren necesariamente 40 m² y valoran unidades más compactas, especialmente en edificios con áreas comunes como gimnasio, coworking y salas de uso múltiple.

“Impedirles el acceso a la vivienda propia no es un ajuste técnico de metros cuadrados. Es cerrarle la puerta al barrio donde quieren vivir y al proyecto de vida que merecen”, remarca Campos.

Como alternativa, Proper propone aumentar el Bono Buen Pagador (BBP) del Fondo Mivivienda para cubrir la diferencia de precio, habilitar más suelo urbano en “distritos de clase media” y permitir que edificios con áreas comunes -que considera de alto estándar- ofrezcan unidades más compactas.

El mercado inmobiliario muestra dinamismo, pero la barrera de acceso se eleva: CODIP

Mientras tanto, el mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y Callao registra un fuerte dinamismo. Según los datos recientes de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), las ventas de viviendas aumentaron 25% en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, con 1.088 proyectos en oferta.

El tiempo promedio para agotar el stock de viviendas bajó de 26 a 17 meses, y el índice de absorción mensual subió a 5,6% frente al promedio de 3,7% de los últimos 5 años.

El 50,2% de las ventas se concentró en departamentos de 40 a 60 m² y casi el 78% de las operaciones fueron unidades de 2 y 3 dormitorios, lo que refleja una preferencia marcada por la funcionalidad y la distribución eficiente del espacio.

El 68% de las ventas y el 70% de la oferta acumulada corresponde a la Vivienda de Interés Social (VIS), que sigue siendo el principal motor del sector.

Más del 80% de las transacciones se realizaron sobre planos o en etapa de construcción, lo que evidencia la confianza en la preventa. Lima Moderna, Centro y Sur lideran la demanda, aunque distritos como Carabayllo e Independencia en Lima Norte aparecen como zonas emergentes.

Finalmente, el valor del metro cuadrado se mantuvo virtualmente estable, con solo un ajuste del 1% en el último año, y las tasas hipotecarias menores al 8 % siguen favoreciendo la compra de vivienda.

Imagine que usted cultiva mangos y ha tenido una buena cosecha, con precios atractivos y ventas aseguradas. Pero al año siguiente, muchos vecinos que lo han visto prosperar deciden sembrar también mangos y, de pronto, hay tanta fruta en el mercado que los precios caen y las ganancias se esfuman.

Esto se conoce como sobreoferta agrícola, una situación que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) busca prevenir este año con la Encuesta Nacional de Intenciones de Siembra (ENIS 2026), en un universo altamente disperso como es el de los agricultores peruanos.

Recolectan datos para planificar los cultivos clave

La ENIS 2026 se realizará del 4 al 31 de mayo a nivel nacional, con el objetivo de fortalecer la planificación de 23 cultivos transitorios —entre ellos papa, arroz y maíz— y aportar a la seguridad alimentaria de los 34 millones de peruanos.

Según César Santisteban Pérez, director general de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas del MIDAGRI, la encuesta es la “fuente de información estratégica del sector”, ya que involucra a más de 2 millones 260.000 productores en todas las regiones del país.

El funcionario explicó que la ENIS permitirá conocer qué cultivos planean sembrar los agricultores, cuántas hectáreas utilizarán, cuándo y en qué zonas. Esta información pude resultar clave para prever y evitar escenarios de sobreoferta o déficit de producción.

“La ENIS 2026 permitirá conocer las intenciones del productor sobre los cultivos, número de hectáreas que planean sembrar, cuándo, cuánto y dónde”, resalta el especialista del MIDAGRI.

Participación nacional y apoyo técnico: los cultivos clave

La encuesta cubrirá 23 cultivos transitorios priorizados por su impacto en el Valor Bruto de la Producción y su importancia social, como ajo, algodón, arroz, papa, maíz, camote, cebada, frijol, quinua, tomate, trigo, yuca y zanahoria.

La recolección de información se realizará mediante entrevistas a unos 14.000 informantes calificados, seleccionados por su conocimiento del territorio y dinámica agrícola, distribuidos en todos los distritos con actividad agraria y cerca de 7.300 sectores estadísticos a nivel nacional.

El proceso contará con el acompañamiento técnico de los gobiernos regionales y las agencias agrarias. “Estas acciones buscan garantizar la calidad en la recolección y el registro óptimo de la información”, anotó el ministerio.

Además, la Dirección de Estadística e Información Agraria brindará capacitaciones teórico-prácticas al personal de las direcciones y gerencias regionales para asegurar la calidad de la información recopilada.

Resultados permitirán anticipar y equilibrar la oferta de alimentos

Los resultados de la ENIS 2026 estarán listos a finales de junio y servirán como base para la elaboración del Marco Orientador de Cultivos de la campaña agrícola 2026/2027, que comienza el 1 de agosto y concluye el 31 de julio de 2027.

El MIDAGRI destacó que estos datos fortalecerán la planificación de políticas públicas sostenibles, la toma de decisiones en todos los niveles de gobierno y el equilibrio en la oferta de alimentos.

“Los resultados de la ENIS 2026 fortalecerán la planificación de políticas públicas sostenibles y definirán hitos para garantizar la seguridad alimentaria del país”, afirmó Santisteban.

Tal como adelantó Infobae Perú, la Junta General de Accionistas de Petroperú acordó el 2 de mayo de 2026 la remoción de Roger Arévalo Ramírez como presidente del directorio y formalizó la renuncia de Carlos Villalobos como director.

A partir de hoy, Edmundo Lizarzaburu Bolaños asume la presidencia como director independiente y, junto a él, se incorpora Berthin Gómez Vela también en calidad de independiente.

Hace unos días, el presidente de la República, José María Balcázar, le retiró públicamente la confianza a Arévalo y condicionó la aprobación de un rescate financiero de más de 2.000 millones de dólares a su salida del cargo. El jefe de Estado dijo que el tema estaría definido hasta el lunes 5 de mayo.

Además de Lizarzaburu y Gómez, el directorio queda conformado por Carlos Linares como vicepresidente, Richard Almerco, Luis Alberto Camino, Julio César De La Rocha Corzo y Néstor Herrera Guerrero, estos últimos representantes de los trabajadores (titular y suplente).

Petroperú espera un decreto por 2.000 millones de dólares

Petroperú enfrenta una deuda total de 7.899 millones de dólares a febrero de 2026, de los cuales 3.578 millones corresponden a obligaciones de corto plazo (no todo es por la modernización de Talara), incluyendo capital de trabajo, de acuerdo con lo expresado por el saliente Arévalo al Congreso de la República.

La deuda con proveedores alcanza los 2.500 millones de dólares, lo que ha obligado a la empresa a realizar pagos al contado y ha generado restricciones en el suministro de petróleo para sus refinerías.

La refinería de Talara, uno de los activos principales, opera actualmente al 60-70% de su capacidad de 95.000 barriles diarios, limitada por problemas de liquidez y cuentas por pagar. Arévalo alertaba sobre su posible parálisis, junto con los complejos de Iquitos y Conchán por este mismo problema.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) evalúa cuál sería la mejor opción para Petroperú: si un aporte directo de capital, un aval estatal para nuevos préstamos, o un mix de ambos. El objetivo es impedir que el ratio patrimonial supere el 67%, umbral que obligaría a declarar la insolvencia.

En tanto, el presidente José María Balcázar -que se inclina por el aval- ha planteado que los fondos se canalicen a través de un fideicomiso para garantizar su uso y evitar el desabastecimiento del mercado.

La petrolera estatal volvió a generar utilidades en 2026

Con todo, la petrolera sigue resistiendo. En el primer trimestre de 2026, Petroperú reportó una utilidad neta de 133,2 millones de dólares, revirtiendo las pérdidas del año anterior gracias a mejores márgenes de refinación por los altos precios internacionales y una reducción de gastos operativos.

A pesar de este resultado positivo, la empresa mantiene un capital de trabajo negativo de 1.305 millones de dólares y opera bajo condiciones de liquidez restringida, lo que limita la renovación de préstamos y la capacidad de aprovechar la demanda interna de combustibles.

Pero no es el único decreto que genera incertidumbre

El Decreto de Urgencia N°010-2025, presentado casi a hurtadillas el 31 de diciembre de 2025 por el MEF, bajo la gestión de Denisse Miralles, dispuso la reorganización patrimonial y la promoción de inversión privada en Petroperú bajo la dirección de ProInversión.

La norma fue criticada por especialistas del sector hidrocarburos y por el sindicato STAPP, quienes la consideran una “privatización encubierta”.

Actualmente, el decreto se mantiene en incertidumbre, ya que el gobierno interino de José María Balcázar no ha definido si lo respaldará, derogará o dejará la decisión para la próxima administración.

ProInversión avanza con su cronograma y en marzo de 2026 publicó el “Plan de Promoción de la Inversión para Petroperú”. Se prevé que entre junio y julio se anuncien las principales unidades a privatizar en bloques, pero la definición queda supeditada al contexto político.

Además, bonistas internacionales con aval estatal expresaron su preocupación por la posible venta de activos clave como la refinería de Talara, al considerar que esto pondría en riesgo sus garantías de pago.

¿Quiénes son Edmundo Lizarzaburu y Berthin Gómez?

Edmundo Raúl Antonio Lizarzaburu Bolaños es ingeniero industrial, doctor en Management y cuenta con estudios de posgrado en economía, gestión y riesgos. Acumula más de 20 años de experiencia en sectores como hidrocarburos, banca, tecnología y consultoría en Latinoamérica y Estados Unidos.

Ha sido director de Petroperú en dos periodos: primero entre octubre de 2022 y abril de 2023, durante las gestiones de Humberto Campodónico y Carlos Vives Suárez, compartiendo sesiones con quien luego pasaría también de director a presidente de directorio, el ingeniero Pedro Chira Fernández.

Además, ha sido columnista en medios como Infobae Perú, docente, investigador y miembro de comités vinculados a compliance y riesgos.

Por su parte, Berthin Enrique Gómez Vela es abogado con amplia experiencia en el sector público. Tras ejercer como presidente ejecutivo de DEVIDA entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, fue designado director en la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) en febrero de 2026.

Anteriormente se desempeñó como jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica en FONDEPES y como secretario técnico en Provías Descentralizado, consolidando un perfil vinculado a funciones clave dentro de la administración estatal.

¿Cuánto ganan realmente los trabajadores y gerentes de Petroperú?

Aunque comúnmente se señala que Petroperú maneja sueldos elevados o “planillas de lujo”, los salarios de su alta dirección y mandos intermedios están alineados con los estándares del sector hidrocarburos y resultan incluso inferiores a los de otras petroleras que operan en Perú.

Para el ejercicio 2026, la estatal proyecta 2.471 trabajadores, de los cuales 2.185 cuentan con contrato indefinido, 286 están sujetos a modalidad y 2.500 corresponden a puestos operativos.

A partir del Decreto de Urgencia N°010-2025, el número de gerencias en Petroperú se redujo de 36 a 25. Actualmente, los sueldos promedio de Petroperú ascienden a:

• Gerente general (encargado): S/ 13.130
• Gerentes (encargados): S/ 10.000
• Jefes de área: S/ 12.000
• Coordinadores: S/ 10.000
• Supervisores: S/ 9.000
• Empleados: S/ 5.500
• Operativos: S/ 3.500

Escala salarial formal para cargos titulares:

• Gerente general: entre S/ 38.237 y S/ 48.653
• Gerentes: entre S/ 16.895 y S/ 41.647

Tampoco es cierto que reduciendo la planilla mejore su situación. En realidad, es un bulo: el costo laboral representa menos del 5% de los ingresos, por lo que no constituye un lastre real para la operación ni tiene un impacto significativo en la solución de las deudas.

No son los más altos del sistema público del país: los sueldos de la petrolera pueden compararse con los del Banco Central de Reserva, la SBS o el Banco de la Nación, cuyos altos funcionarios reciben entre S/ 25.000 y S/ 41.600 mensuales.

Además, Petroperú cubre su planilla con recursos propios y no recibe partidas del presupuesto público anual, al ser una empresa estatal de derecho privado.

Durante los dos primeros meses de 2026, los envíos peruanos de tapas de plástico alcanzaron US$ 5 millones 573 mil, cifra que representa una caída de 28,3% frente al mismo periodo del año anterior, cuando la exportación superó los US$ 7 millones 771 mil.

Así lo informó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX), basada en los registros publicados oficialmente.

La disminución en el valor exportado se refleja especialmente en los principales destinos. Colombia encabezó la lista de compradores al sumar US$ 1 millón 689 mil, lo que equivale al 30,3% del total, aunque su demanda retrocedió 4,2%.

Bolivia y Estados Unidos siguieron en el ranking con US$ 1 millón y US$ 955 mil respectivamente, mientras que México ocupó la cuarta posición con US$ 645 mil.

Diversificación de mercados y concentración empresarial

En total, 18 países recibieron tapas de plástico peruanas durante el primer bimestre. Además de los ya mencionados, el reporte de la ADEX incluye a Ecuador (US$ 526 mil), Chile (US$ 218 mil), Brasil (US$ 156 mil), Cuba (US$ 67 mil), España (US$ 56 mil) y Turquía (US$ 38 mil).

La oferta exportadora se concentró en empresas como Pieriplast S.A.C., Peruana de Moldeados S.A.C., Iberoamericana de Plásticos S.A.C. y Bericap Perú S.A., entre otras.

“Los despachos evidenciaron una reducción en la mayoría de mercados respecto al inicio de 2025”, precisó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la ADEX.

El informe gremial subraya el peso específico de las compañías líderes en el sector, que sostienen el grueso de la oferta exportable.

Tendencias globales impulsan la demanda de plásticos

El mercado mundial de tapas y cierres plásticos mantiene proyecciones de crecimiento. De acuerdo con la consultora Mordor Intelligence, se espera una tasa anual compuesta de 4,6% hasta 2029, impulsada por el aumento del consumo en los sectores de alimentos, bebidas, farmacéutica y cosmética.

La organización destaca la importancia de estos productos al garantizar la integridad del contenido y ofrecer evidencia de manipulación tanto para productores como para los consumidores finales.

En el análisis sectorial, la consultora internacional indica: “El polipropileno se consolida como material predominante por su durabilidad y resistencia térmica”. El informe resalta que la tendencia hacia bebidas energéticas y cócteles sin alcohol contribuye al dinamismo de este segmento.

Impacto de la pandemia y composición de las exportaciones

Durante la pandemia de Covid-19, la industria de tapas plásticas registró un impulso notorio, vinculado al desarrollo de insumos para higiene y medicamentos.

El incremento de la producción farmacéutica y de artículos sanitarios posicionó a este producto como elemento esencial en la cadena de valor.

En cuanto a las partidas arancelarias, las exportaciones se dividieron entre tapones, tapas, cápsulas y demás dispositivos de cierre (US$ 4 millones 303 mil) y artículos para transporte o envasado de plástico (US$ 1 millón 270 mil).

El reporte del gremio exportador peruano concluye que la variación de la demanda internacional y la diversificación de mercados serán claves para el comportamiento del sector a lo largo del año.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) dispuso la entrada en funcionamiento del aplicativo informático exclusivo para la atención de solicitudes de adjudicación, donación y destino de bienes, a partir del 4 de mayo de 2026.

Así lo establece la Resolución de Superintendencia N° 000077-2026/SUNAT, oficializada y publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Donaciones: nuevo sistema digital para el trámite de bienes ante SUNAT

Desde el 4 de mayo, entidades públicas, instituciones, comunidades campesinas y nativas deberán utilizar obligatoriamente el aplicativo informático habilitado por SUNAT para ingresar sus solicitudes vinculadas a bienes en proceso de adjudicación, donación o cambio de destino.

El acceso está disponible en la página web institucional, junto con el catálogo actualizado de bienes. “La herramienta busca agilizar, transparentar y hacer más eficiente la gestión de bienes”, según detalla la resolución publicada oficialmente.

Características y beneficios del aplicativo

El sistema permite a los usuarios realizar el registro automático con la Clave SOL, eliminando la necesidad de trámites físicos. Toda la información requerida se integra de manera digital y los bienes pueden seleccionarse de forma directa desde el catálogo disponible en el aplicativo.

Las solicitudes ingresadas son remitidas automáticamente a la sede correspondiente, lo que facilita la atención inmediata de los requerimientos. “El aplicativo será el único medio válido para la presentación de solicitudes a partir del 4 de mayo”, resalta la norma.

Exclusividad del canal digital para nuevas solicitudes

La SUNAT precisó que, a partir de la fecha indicada, el aplicativo informático será el único canal habilitado para presentar solicitudes de adjudicación, donación o destino de bienes.

Cualquier solicitud presentada con anterioridad seguirá su curso bajo el procedimiento anterior, conforme a lo dispuesto en la Resolución de Superintendencia N° 000031-2025/SUNAT. “Las solicitudes anteriores se tramitarán según el procedimiento vigente en el momento de su presentación”, indica el texto oficial.

El superintendente nacional, Javier Eduardo Franco Castillo, suscribió la disposición, que entró en vigencia el mismo día de su publicación oficial. “La medida busca brindar un servicio de calidad y transparencia a los usuarios”, señala la resolución respecto a la finalidad del nuevo sistema.

¿Quiénes pueden recibir donaciones deducibles ante SUNAT?

La SUNAT solo reconoce las donaciones como deducibles cuando se realizan a entidades del sector público (excluyendo empresas estatales) o a organizaciones sin fines de lucro previamente calificadas como perceptoras ante la propia administración tributaria.

Es fundamental verificar la vigencia de la entidad en el registro oficial antes de transferir cualquier bien o monto, ya que solo así la donación podrá ser considerada válida para efectos tributarios. “La donación debe ir a entidades calificadas por SUNAT”, establece la normativa vigente.

Para que una donación sea aceptada como deducible, es obligatorio formalizar el proceso mediante la emisión de un “Comprobante de Recepción de Donaciones”, documento que debe detallar la identidad del donante y la descripción precisa del bien donado.

En el caso de donaciones en efectivo, SUNAT recomienda que se realicen mediante transferencia bancaria, especialmente cuando los montos superan los 2,000 o 3,000 soles, con el objetivo de garantizar transparencia y trazabilidad. Las empresas pueden deducir hasta el 10% de la renta neta por concepto de donaciones.

El crecimiento del sector inmobiliario, que alcanza un incremento del 25% en las ventas de viviendas en Lima Metropolitana y Callao al primer trimestre de 2026 según datos de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), contrasta con una caída en el interés y la participación de la vivienda social (VIS).

Esta aún incipiente desinversión coincide con el agotamiento de los proyectos aprobados bajo condiciones más flexibles hasta el cierre de 2025, cuyos verdaderos efectos se verán en los próximos trimestres.

Aunque el negocio sigue resultando rentable para los desarrolladores, surgen dudas sobre el futuro de la vivienda social ante cambios normativos y de mercado.

Sin subsidios, el negocio inmobiliario sigue siendo rentable: ¿Por qué?

Veamos el escenario: el 90% de la oferta formal se concentra en los segmentos altos, mientras que la mayor demanda real permanece en los rangos más bajos, que quedan fuera de esa oferta.

La VIS representa el 68,4% de la demanda, pero su participación disminuye frente a trimestres previos. El crecimiento de los departamentos de un dormitorio y propiedades premium refleja una diversificación de la demanda, desplazando lentamente a la VIS.

El informe de CODIP revela que las ventas se concentran principalmente en departamentos de entre 40 y 60 metros cuadrados y en unidades de dos y tres dormitorios. No obstante, la proporción de departamentos de un dormitorio sigue en aumento, evidenciando una preferencia por espacios compactos y eficientes.

Los distritos tradicionales como Jesús María, San Miguel y Miraflores lideran las ventas, aunque zonas como Lima Norte, Lima Este y el Callao se consolidan como ejes emergentes gracias a políticas municipales más flexibles y precios de terreno más accesibles.

Para Aldo Facho Dede, arquitecto urbanista, el informe de CODIP puede interpretarse tanto como una señal de crecimiento como una muestra de los límites de la política habitacional.

El especialista advierte que el enfoque exclusivo en Lima Metropolitana deja fuera la problemática nacional, donde muchas ciudades también enfrentan déficit de vivienda. Lima concentra el 30% de la población y el 50% de la PEA formal y del PBI nacional, lo que exacerba la presión sobre el mercado y las políticas públicas.

¿El enfoque en Lima evidencia el desfase de la política habitacional?

El dinamismo del mercado también responde a factores macroeconómicos. CODIP destaca un entorno de mayor previsibilidad, con un crecimiento del PBI superior al 3% y tasas hipotecarias por debajo del 8%.

Más del 80% de las transacciones se realizó en fase de planos o construcción, lo que muestra, para el gremio inmobiliario, confianza en la preventa y contribuye a que el inventario se agote más rápido.

Pero ese es también uno de los puntos críticos para Facho Dede, quien ve reparos en la focalización en distritos como Miraflores, donde el costo del metro cuadrado y la vivienda supera los valores máximos de los créditos sociales.

“La oferta se dirige a segmentos medio-altos y altos, mientras que más del 70% de la PEA se mantiene en la informalidad, lo que limita el acceso a financiamiento formal”, explica.

El urbanista señala que la preocupación del sector inmobiliario sobre la regulación busca, en realidad, obtener normas más flexibles que permitan construir más unidades y de menor tamaño, optimizando el aprovechamiento del suelo.

La expansión inmobiliaria deja atrás a la vivienda social

Aldo Facho Dede subraya que no existe oferta formal para los segmentos más bajos de crédito, donde se concentra la mayor demanda. El modelo sigue privilegiando la vivienda en propiedad, alejando a las familias de los centros urbanos debido al bajo monto de los subsidios y al alto costo del suelo. “Esto agrava la marginalidad y dificulta la integración urbana”, explica.

El otro problema está con la decisión del Ministerio de Vivienda, que recortó fondos para la autoconstrucción en Techo Propio y reasignó recursos a la compra de viviendas nuevas, respondiendo así a un pedido de más presupuesto por parte de las constructoras.

Esta reorientación de los subsidios, explica el arquitecto, restringe el acceso a quienes buscan construir por cuenta propia y favorece la expansión de la oferta inmobiliaria formal.

Como alternativa, Facho Dede propone impulsar el alquiler social. Este mecanismo, ampliamente utilizado en otras ciudades de la región, permitiría una mayor eficiencia en el uso de recursos públicos y facilitaría el acceso a una vivienda adecuada y bien ubicada.

De todas formas, el experto considera fundamental que el próximo gobierno dé prioridad al debate en torno al destino de la Vivienda Social, dado que el modelo actual muestra signos de agotamiento respecto a la inclusión real de los sectores más vulnerables.

El concepto de satisfacción laboral en el Perú experimenta una transformación profunda. De acuerdo con el estudio de Felicidad Organizacional 2025, elaborado por Buk, factores como la flexibilidad, el bienestar integral y la claridad en la estrategia de las empresas configuran las prioridades de los trabajadores peruanos, quienes ya no consideran el equilibrio entre vida personal y trabajo como un beneficio adicional, sino como una condición indispensable.

La experiencia laboral va más allá del salario

El análisis de Buk revela que la gestión de personas evoluciona hacia modelos enfocados en la experiencia del trabajador. “El debate sobre qué valoran hoy los trabajadores peruanos deja de centrarse únicamente en el salario”, resalta el informe.

Entre las prácticas más valoradas se encuentran el liderazgo, la integración de equipos, el voluntariado corporativo y los beneficios flexibles.

Según los datos recogidos, el 67% de las compañías financieramente sólidas implementa programas de liderazgo activos, frente a solo 53% de aquellas con menor solidez. Las organizaciones que apuestan por el bienestar y la flexibilidad tienden a tener equipos más comprometidos.

“Las empresas priorizan esquemas de trabajo híbridos, culturas más horizontales y una gestión basada en datos para entender mejor a sus equipos”, señala Romina Barrantes, Head de Customer Happiness de Buk Perú.

Coherencia y propósito: lo que esperan los trabajadores

La coherencia entre lo que la empresa comunica y lo que se vive en la práctica es clave para la satisfacción. Los trabajadores buscan que los valores y promesas de la organización sean reales y tangibles en el día a día.

“El desafío sigue siendo la coherencia entre lo que se promete y lo que realmente se vive en las empresas”, apunta Barrantes.

Además, la claridad estratégica dentro de la organización contribuye a reducir la frustración y mejorar la experiencia en el trabajo. Los colaboradores valoran entornos donde los objetivos están bien definidos y pueden ver cómo su labor impacta en el rumbo de la empresa.

Claves prácticas para una experiencia laboral satisfactoria

El estudio de Buk propone recomendaciones para adaptarse a la nueva realidad laboral en Perú:

• Medir el bienestar laboral, más allá de la remuneración.
• Valorar la coherencia organizacional y cómo se vive internamente.
• Priorizar entornos con objetivos claros y comunicación transparente.
• Apostar por espacios de confianza y culturas con autonomía.
• Informarse sobre la gestión de personas antes de asumir un nuevo reto laboral.

“Hoy las personas evalúan su trabajo como una experiencia completa. No basta con ofrecer beneficios si no hay una cultura que los respalde o líderes que los hagan sostenibles en el tiempo”, concluye Romina Barrantes.

Las empresas que logran alinear sus objetivos de negocio con una gestión de personas centrada en la experiencia y el bienestar fortalecen el sentido de pertenencia y compromiso de sus equipos.

¿Qué es Buk?

Buk es un software integral de recursos humanos (SaaS) que centraliza, automatiza y digitaliza la gestión de personas en una sola plataforma. Permite gestionar todo el ciclo del colaborador, incluyendo nómina (planilla), firma electrónica, control de asistencia, desempeño, capacitación y beneficios, buscando mejorar la experiencia laboral.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) anunció la disponibilidad de “Checa tu plan”, una herramienta digital que facilita la comparación de planes de internet fijo comercializados por las operadoras en el país.

Con esta iniciativa, los usuarios podrán evaluar y seleccionar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto, según la resolución publicada por OSIPTEL en el diario oficial El Peruano.

Recomendaciones de OSIPTEL para elegir el mejor plan

Según OSIPTEL, antes de suscribir o modificar un contrato de internet fijo, resulta clave analizar el uso que se dará al servicio. “Es fundamental identificar si se requiere alta velocidad de carga y descarga para transmitir datos sin interrupciones”, señaló la entidad reguladora.

Además, recomienda definir el presupuesto disponible y comprobar la cobertura y el tipo de conexión en el domicilio, ya sea fibra óptica, cable coaxial o inalámbrica.

La institución subraya que “la experiencia en línea mejora cuando el usuario contrata un plan acorde a sus hábitos de consumo y número de personas en el hogar”.

La herramienta digital “Checa tu plan” permite filtrar las ofertas según el distrito y ofrece detalles sobre características, restricciones y precios de cada opción.

Checa tu plan y asistencia personalizada en el Día del Cómic Festival

Durante el Día del Cómic Festival, que tiene lugar en el parque Próceres de la Independencia, distrito de Jesús María, desde el 30 de abril y hasta el 3 de mayo, OSIPTEL brinda información sobre el uso de sus plataformas digitales.

El stand número 7, ubicado en la zona gamer, cuenta con personal especializado para orientar a los visitantes sobre cómo acceder a herramientas como Checa tu plan, Checa tu internet móvil, Checa tu señal y Checa tus líneas.

“Los asistentes podrán interactuar con pantallas y recibir atención personalizada para resolver consultas sobre servicios de internet, telefonía o televisión por cable”, destacó la entidad.

Esta dinámica busca acercar a los usuarios al manejo de plataformas digitales que contribuyen a la toma de decisiones informadas.

Calculadora de velocidad y verificación de cobertura

La plataforma “Checa tu plan” incorpora una calculadora que estima la velocidad de internet fijo ideal en megabits por segundo (Mbps), considerando el número de miembros del hogar y los usos habituales, como juegos en línea, streaming o videollamadas.

Además, permite verificar la cobertura de las operadoras y comparar planes en función de la ubicación geográfica del usuario.

OSIPTEL enfatizó que “cada usuario puede acceder a información clara y actualizada para elegir el servicio más conveniente, evitando interrupciones en el acceso a contenidos digitales”.

La entidad también invita a contactar a su personal en el evento para resolver cualquier inquietud relacionada con los servicios de telecomunicaciones.

Herramientas digitales para consumidores digitales

La presencia de OSIPTEL en el festival responde a la necesidad de fortalecer el conocimiento de los consumidores sobre los servicios de telecomunicaciones.

El organismo prevé que el uso de estas plataformas digitales incentive una mayor competencia entre operadoras y beneficie a los usuarios con mejores condiciones y precios.

El comunicado oficial de OSIPTEL recalca que la información y asistencia brindada durante el evento se enmarca en las acciones de supervisión y orientación a los usuarios, promoviendo una cultura de consumo responsable y acceso a servicios digitales de calidad.

El Día de la Madre representa una de las campañas comerciales más activas y digitalizadas del año en Perú, donde el gasto promedio en regalos alcanza S/700 y las billeteras digitales lideran el protagonismo en la gestión de pagos y compras, según información de Ligo.

La tendencia muestra un cambio en los hábitos de consumo, donde el celular se convierte en el principal canal para resolver desde un detalle hasta un regalo compartido.

El celular, la nueva tienda para el Día de la Madre

El auge del comercio electrónico ha transformado la experiencia de compra, favoreciendo el uso de ecommerce, delivery, pagos con QR y transferencias inmediatas.

Según Ligo, la mayoría de las compras se realiza desde dispositivos móviles, lo que permite resolver la elección del regalo en pocos minutos y desde cualquier lugar. Esta dinámica facilita la organización entre familiares y amigos, quienes pueden aportar de manera instantánea con solo unos clics.

El monto destinado al regalo oscila entre S/500 y S/700, aunque es común que el gasto aumente cuando se fragmenta en consumos pequeños distribuidos en varias plataformas.

“En fechas como el Día de la Madre, el volumen de pagos digitales aumenta y las compras suelen fragmentarse en varios consumos pequeños”, explica Diego Viñas, Product Manager de Ligo.

Centralizar pagos, la clave para evitar excesos

La facilidad para transferir y pagar con billeteras digitales ha cambiado la manera de organizar los obsequios. Un solo regalo puede implicar varias transacciones: producto principal, envío, accesorios o gastos compartidos entre familiares.

“La rapidez y la facilidad pueden generar desorden si no se tiene claridad sobre cuánto se está gastando en total”, advierte Viñas.

Frente a este reto, Ligo recomienda definir un presupuesto antes de iniciar las compras y centralizar los pagos en una sola billetera digital. Esta estrategia permite visualizar todos los movimientos y mantener el control sobre el dinero utilizado. El monitoreo en tiempo real ayuda a evitar sorpresas al final de la campaña.

“Las billeteras digitales están diseñadas para simplificar la experiencia de pago, pero su verdadero valor está en que permiten tener control y visibilidad del dinero en todo momento”, remarca Viñas.

Consejos prácticos para comprar de forma ordenada

Para aprovechar la inmediatez y la variedad de opciones sin perder el orden, Ligo sugiere varios hábitos clave:

• Definir el monto máximo a gastar antes de elegir el regalo.
• Utilizar una sola billetera digital para registrar todos los pagos.
• Revisar el historial de movimientos durante las compras para no perder de vista el presupuesto.
• Dividir el gasto en el momento si el regalo es compartido, usando transferencias inmediatas.
• Diferenciar entre lo esencial y lo adicional para priorizar las compras.
• Evitar la urgencia del último minuto, que suele llevar a compras impulsivas y más costosas.
• Estas prácticas ayudan a mantener el control, aprovechar las ventajas de la tecnología y evitar gastos innecesarios.

Un cambio en la cultura de consumo

El protagonismo de las billeteras digitales en campañas como el Día de la Madre responde a una cultura de consumo orientada a la inmediatez y a la organización.

El uso responsable de estas herramientas permite tomar decisiones más informadas, resolver las compras con rapidez y, sobre todo, evitar sorpresas al momento de revisar el saldo.

El informe de Ligo señala que la clave está en la planificación y el seguimiento de los movimientos. La campaña de este año refleja una tendencia en la que la tecnología ya no solo simplifica el proceso, sino que también exige nuevos hábitos para mantener el control financiero.

La cartera de proyectos de exploración minera en Perú para el año 2026 evidencia el predominio del capital extranjero en una etapa crucial para la industria extractiva nacional.

De acuerdo con la viceministra de Minas, Mayra Figueroa, la presencia histórica de Canadá y Australia en el sector se consolida este año, concentrando en conjunto el 42% del total de la inversión prevista.

Ambas naciones refuerzan su papel como principales actores internacionales en la búsqueda de nuevos yacimientos de minerales estratégicos.

Perú: US$757 millones distribuidos en 17 regiones mineras

Según cifras oficiales presentadas por la viceministra, la cartera de exploración asciende a US$757 millones, monto destinado a 69 proyectos ubicados en 17 regiones del país.

“Canadá lidera la participación extranjera con cerca del 38% de la inversión, seguido por Australia con alrededor de 4%”, precisó Figueroa en su intervención. Ambos países mantienen una “presencia histórica en la exploración minera peruana, particularmente en proyectos vinculados a cobre, oro y zinc”.

Durante el último Jueves Minero del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), la funcionaria también destacó que el capital peruano muestra un rol relevante en la cartera, representando un 41,5% del total de la inversión.

Esto posiciona a los inversionistas locales como protagonistas en la fase exploratoria, evidenciando un mayor involucramiento nacional en el desarrollo de la industria minera.

Oro y cobre, los protagonistas de la cartera

El análisis de la composición del portafolio revela un claro enfoque en dos minerales clave. El oro capta el 40,7% de la inversión total, mientras que el cobre concentra el 32,2%.

Juntos, estos minerales absorben más del 70% de los recursos destinados a exploración. “La apuesta se mantiene en metales clave para la industria mundial”, subrayó la viceministra.

La diversificación en otros minerales todavía es limitada. El zinc alcanza una participación del 13,8%, seguido por la plata con el 6,2% y el estaño con el 4,5%.

Esta distribución refleja que la cartera sigue orientada principalmente a metales tradicionales, aunque existe interés por ampliar el abanico de oportunidades en etapas posteriores del ciclo minero.

Exploración, pilar para el desarrollo sostenible

Durante su exposición, Figueroa remarcó la importancia de la exploración para la sostenibilidad del sector. Explicó que “la exploración es una fase crítica para garantizar la sostenibilidad del sector, ya que permite descubrir nuevos yacimientos y extender la vida útil de las operaciones existentes”.

Esta afirmación, sustentada en cifras oficiales, refuerza la necesidad de mantener un flujo constante de inversión para asegurar el dinamismo y la competitividad de la minería peruana.

En 2025, la inversión ejecutada en exploración alcanzó los US$788 millones, lo que representó un crecimiento del 38,5% respecto al año anterior. Este incremento evidencia, según la viceministra, “un renovado dinamismo en el sector”.

Además, Perú figura entre los principales destinos globales para la exploración minera, alcanzando el quinto lugar en el ranking mundial de 2025. El logro posiciona al país como un polo atractivo para el capital internacional y subraya la relevancia de fortalecer los marcos regulatorios y de promoción para mantener la tendencia ascendente.

La venta directa —tradicionalmente conocida como venta por catálogo— alcanzó un récord histórico en 2025, de acuerdo con la Cámara Peruana de Venta Directa (Capevedi), integrante de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Las 18 empresas asociadas al gremio sumaron ventas superiores a S/ 5.338 millones al cierre del año, resultado que consolida al sector como motor de emprendimiento, generación de ingresos e inclusión económica en el país.

Un sector que supera el crecimiento de la economía

Durante la Semana de la Venta Directa y en el marco de su 25 aniversario, Capevedi informó que el sector registró un crecimiento de 8,6% frente a 2024, muy por encima de la expansión de la economía nacional, que fue de 3,44%.

Así, la venta directa creció aproximadamente 2,5 veces más rápido que el Producto Bruto Interno (PBI) nacional y representó el 7,8% del PBI del sector comercio, reflejando su peso dentro del ecosistema comercial peruano.

Luis Correa, presidente de Capevedi, explicó que este resultado refleja la solidez de las empresas asociadas, la capacidad de adaptación del sector y el esfuerzo de miles de empresarios independientes que impulsan la economía desde sus hogares y comunidades.

“La venta directa formal aporta competitividad, dinamismo y estabilidad al comercio peruano”, declaró Correa.

Añadió que la diversificación del portafolio, la adaptación a nuevos hábitos de consumo y la integración de herramientas digitales fueron factores clave para ampliar el alcance comercial y fortalecer la relación con los consumidores.

Cosméticos y nutricionales dominan el segmento

Por categorías, los cosméticos se mantuvieron como el principal rubro, con el 61,8% de participación en ventas, seguido por productos nutricionales, que alcanzaron el 18,3%.

También destacaron las líneas de bisutería, ropa, accesorios y calzado, lencería, artículos para el hogar, bienestar corporal y cuidado del hogar. Las categorías con mejor desempeño en crecimiento fueron bienestar corporal, accesorios y calzado, cosméticos y nutricionales.

Impacto social y alcance territorial

Más allá de las cifras comerciales, Capevedi resaltó el impacto social de la venta directa. Al cierre del cuarto trimestre de 2025, el sector contaba con 559.737 empresarios independientes activos en el país.

Cada uno representa una fuente de ingresos que contribuye a dinamizar la economía local, especialmente en regiones donde este modelo permite acercar productos y oportunidades a más hogares.

El 57% de las ventas del sector corresponde a regiones fuera de Lima, lo que confirma que la venta directa no es exclusiva de las principales ciudades, sino también una vía de inclusión económica en diversas zonas del país.

El componente femenino es otro rasgo distintivo: el 85% de los empresarios independientes son mujeres, muchas de ellas madres, jóvenes, profesionales y jefas de hogar que encuentran en la venta directa una alternativa flexible para generar ingresos y fortalecer su autonomía económica.

Desafíos y perspectivas

De cara a 2026, el gremio plantea como desafíos seguir impulsando la digitalización, reducir barreras burocráticas y promover la formalización, con el objetivo de posicionar a la venta directa como un sector competitivo, ético y sostenible.

“La venta directa no solo mueve empresas; también mueve familias, oportunidades y desarrollo en todo el Perú”, concluyó Correa.

Capevedi reafirma así el papel de la venta directa como canal formal de comercialización y emprendimiento, capaz de adaptarse a las nuevas demandas del mercado y contribuir al desarrollo de las familias peruanas.

La ansiedad y los problemas de salud mental se han convertido en la segunda causa de incapacidad en el Perú y afectan especialmente a los jóvenes, según la OECD (2025). Este panorama repercute en la vida diaria de millones de personas, debilitando la confianza social y el sentido de comunidad.

Apenas el 7% de los peruanos cree que se puede confiar en la mayoría de las personas, de acuerdo con la Encuesta Mundial de Valores 2025, y solo el 1% confía en alguien que conoce por primera vez.

El aislamiento también se refleja en los hábitos cotidianos: los peruanos pasan más de cinco horas al día frente a dispositivos móviles y apenas 90 minutos en interacción directa con otras personas.

En este contexto, las relaciones interpersonales —clave para el bienestar y el apoyo mutuo— se ven afectadas por la incertidumbre. “Muchos peruanos están encerrados en temores e incertidumbre, pero es posible salir de esa cueva”, señala el psicólogo social Jorge Yamamoto.

Resultados de un estudio sobre autoestima y orgullo nacional

Un estudio urbano nacional, dirigido por Yamamoto e impulsado por Mallplaza e Ipsos, identificó los factores que generan orgullo entre los peruanos y cómo estos pueden potenciarse en espacios cotidianos para promover interacciones más positivas.

La encuesta, realizada a 1.003 personas en distintas ciudades, revela que la autoestima colectiva se construye principalmente en el trabajo, la perseverancia y la lucha (53%). También destacan la honestidad y la responsabilidad (25%), la familia (22%), la ayuda mutua amable (14%) y el orgullo por el país (5%).

El informe destaca que, pese a la incertidumbre y el aislamiento, existe una fuerte disposición a mejorar. Entre las metas más mencionadas figuran mejorar los ingresos por trabajo o emprendimiento (37%), fortalecer el carácter y la tolerancia (18%), mejorar la disciplina y la organización (13%) y cuidar la salud física y mental (8%).

Propuestas para reconstruir vínculos y confianza

El estudio señala que reconocer las propias fortalezas eleva la seguridad y la percepción de futuro, ayudando a reducir la ansiedad y la depresión. Cuando este proceso se da en colectivo, puede transformar la manera en que los peruanos se relacionan y miran hacia adelante.

Claudia Aller, especialista en psicología social, afirma que la reconstrucción de vínculos puede empezar desde lo cotidiano.

“Necesitamos salir de nuestras burbujas y volver a encontrarnos. Generar espacios donde las personas puedan coincidir y conversar es clave para reconstruir la confianza desde lo humano”, dice. Parques y centros comerciales pueden facilitar estos encuentros y ayudar a recomponer la confianza.

Espacios urbanos para la interacción positiva

Mallplaza, en respuesta a estos hallazgos, presenta en Perú la intervención urbana “The Cloud Swings”, implementada previamente en ciudades como Toronto, Abu Dhabi, Barcelona y Sydney.

Esta propuesta busca transformar espacios urbanos en puntos de encuentro y diálogo. La instalación consiste en estructuras con columpios para dos personas que, al usarse simultáneamente, activan un sistema de iluminación. El acceso es gratuito y estará disponible en las sedes de Mallplaza en Angamos, Bellavista y Comas.

“El mensaje es claro: cuando dos personas se conectan, no solo se iluminan ellos, nos iluminamos todos. Salgamos a conversar, salgamos a conectar. Salir es vivir”, concluye el estudio.

El Gobierno dispuso un plazo temporal de adecuación para los usuarios no domésticos de menor tamaño que superen los valores máximos admisibles (VMA) en las descargas de aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario.

El Decreto Supremo N° 008-2026-VIVIENDA, publicado el 30 de abril de 2026, establece que este plazo tendrá una duración de doce meses y está dirigido a quienes consumen hasta 15 m³ mensuales de agua por unidad de actividad.

¿Por qué los pequeños negocios deben adecuar sus descargas?

Los pequeños negocios deben adecuar sus descargas de aguas residuales a los VMA en mérito a lo dispuesto por la normativa nacional sobre saneamiento, específicamente:

• Decreto Supremo N° 010-2019-VIVIENDA: Reglamento de Valores Máximos Admisibles para las descargas de aguas residuales no domésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.
• Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1280: Ley del Servicio Universal de Agua Potable y Saneamiento, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2025-VIVIENDA.
• Ley N° 30156: Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Estas normas establecen que los usuarios no domésticos están obligados a no superar los VMA en sus descargas. El nuevo decreto solo otorga un plazo excepcional y temporal para que los pequeños negocios puedan adecuarse progresivamente, pero no elimina la obligación original establecida en el reglamento y la ley.

Alcance de la medida y criterios de elegibilidad

La disposición beneficia a pequeños comercios, puestos y módulos que, por limitaciones técnicas y económicas, no pueden cumplir de inmediato con los parámetros de calidad exigidos para sus descargas.

El Ministerio de Vivienda precisó que la norma “es aplicable a los usuarios no domésticos cuyos consumos promedio sean menores o iguales a quince metros cúbicos mensuales y que superen los parámetros establecidos en el reglamento”.

Se excluye a quienes ya hayan superado los valores extremos fijados en la normativa sectorial previa a la vigencia de este decreto.

Durante el periodo de adecuación, las empresas prestadoras de servicios de agua no cobrarán el pago adicional por exceso de concentración, y la verificación de los parámetros se realizará mediante tomas de muestra orientativas.

“Las notificaciones orientativas no generan obligación de pago adicional por exceso de concentración, sino que constituyen instrumentos de información y sensibilización durante el periodo de adecuación”, indica la norma.

Facturación suspendida y medidas de fiscalización progresiva

El decreto estipula que, vencido el plazo de adecuación, las empresas podrán retomar la facturación de cargos adicionales para quienes no hayan cumplido con los valores establecidos.

Además, se faculta la suspensión de las obligaciones pendientes de pago por exceso de concentración generadas antes de la vigencia de la norma, evitando la generación de intereses y acciones de cobranza durante el periodo de adecuación.

Las empresas prestadoras deberán informar periódicamente a los usuarios sobre los resultados de las muestras y las acciones recomendadas para reducir los parámetros excedidos.

La norma también promueve la asistencia técnica y campañas de sensibilización, coordinadas por el Ministerio de Vivienda y el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS).

No se modifican los parámetros ni procedimientos vigentes

La adecuación excepcional no implica cambios en los parámetros, procedimientos ni obligaciones técnicas ya definidos en la normativa sobre descargas no domésticas.

Según el Ministerio de Vivienda, la medida solo establece plazos y consideraciones específicas para el cumplimiento progresivo de los VMA en pequeños usuarios, con el fin de facilitar la regularización sin afectar la integridad de la infraestructura sanitaria ni la sostenibilidad de las empresas prestadoras.

El Decreto Supremo tendrá vigencia de veinticuatro meses a partir de su publicación en el diario oficial y establece que el Ministerio de Vivienda podrá emitir normas complementarias para su mejor aplicación.

El Gobierno de Perú aprobó un Decreto Supremo que permite a los transportistas optar por el pago de una multa en lugar de la sanción de comiso cuando se detecte mercancía no declarada o con diferencias respecto al manifiesto de carga, siempre que se trate de carga en tránsito o destinada a transbordo.

Según la norma, publicada en el diario oficial El Peruano y refrendada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la sustitución por parte de SUNAT solo aplica si la mercancía no está excluida por motivos legales y se cumplen requisitos estrictos.

Modificaciones clave en la Ley General de Aduanas

La medida, formalizada a través del Decreto Supremo N° 076-2026-EF, introduce cambios en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1053, que regula la Ley General de Aduanas.

Desde ahora, los transportistas o sus representantes podrán solicitar sustituir el comiso por multa únicamente si la Administración Aduanera detecta la mercancía no declarada en el marco de un control extraordinario. Además, el pago de la sanción debe realizarse en un plazo máximo de treinta días hábiles tras la notificación de la medida preventiva.

El decreto excluye de esta opción las mercancías prohibidas, peligrosas, armas, explosivos, bienes que atenten contra la salud, el ambiente o la soberanía nacional, patrimonio cultural, especies protegidas y metales preciosos sin documentación.

Según el texto oficial, “la mercancía prohibida o peligrosa queda fuera de la opción de sustitución”, mientras que para el resto se exige demostrar su destino en tránsito o transbordo internacional.

“En caso no se cancele la multa prevista en la Tabla de Sanciones, dentro del plazo de treinta días hábiles, se procede con la sanción de comiso de la mercancía”, precisa el Decreto Supremo.

Cambios en la transmisión de información y rectificación de declaraciones

El reglamento también modifica la obligación del transportista de transmitir información sobre la carga. A partir de ahora, la Administración Aduanera solo exigirá la transmisión de documentos de transporte en el primer puerto nacional de arribo, sin requerir su inclusión en los manifiestos de carga de otros puertos intermedios.

Esta actualización busca simplificar los procedimientos y reducir cargas administrativas por parte de la SUNAT para el sector logístico.

En cuanto a la rectificación de declaraciones bajo la modalidad de despacho anticipado, se establece que no se aplicará sanción si la corrección genera tributos o recargos por diferencias en el flete o seguro, siempre que la rectificación se realice dentro de los quince días calendario posteriores a la descarga.

“Se exime de sanción cuando se rectifique la declaración en despacho anticipado y esta genere tributos dejados de pagar por diferencias en el flete o seguro”, refiere el documento.

Nuevos supuestos y exclusiones en el régimen sancionador

El Decreto Supremo sustituye y amplia los códigos de infracción en la Tabla de Sanciones aplicables a la Ley General de Aduanas, incorporando el código NA1 y precisando los casos en los que sí corresponde la sanción de multa o comiso.

Además, deroga varios artículos del reglamento anterior, entre ellos los referidos a mercancías en tránsito y a bienes patrimoniales, para actualizar el marco normativo conforme a las nuevas disposiciones.

La norma entrará en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo los artículos sobre la tabla de sanciones y nuevos supuestos de infracción, que lo harán quince días hábiles después.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el objetivo es “facilitar las operaciones de comercio exterior y asegurar el debido control aduanero”.

El Decreto Supremo fue refrendado por el presidente José María Balcázar Zelada y el ministro Rodolfo Acuña Namihas y formaliza un reajuste integral en los procedimientos aduaneros del país.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) modificó el límite máximo de captura total permisible (LMCTP) para el calamar gigante o pota (Dosidicus gigas) correspondiente al periodo enero-agosto de 2026.

Con esta decisión, el tope para la flota artesanal con permiso vigente se eleva a 371,103 toneladas, reemplazando el límite anterior fijado solo hasta junio. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 00120-2026-PRODUCE, publicada el 30 de abril de 2026.

¿Qué ha pasado? El informe de IMARPE reconoce que la abundancia del calamar gigante ha mejorado respecto a años anteriores, pero también advierte que el número de embarcaciones pescando ha aumentado y que todavía no hay evidencia suficiente de una recuperación total del recurso.

Por eso, aunque se eleva la cuota general para la temporada, se establecen límites más estrictos y diferenciados para ciertos segmentos, como las embarcaciones menores a 10 m³.

Los detalles: ampliación y segmentación del límite para la extracción

La nueva resolución extiende el periodo de pesca autorizada hasta el 31 de agosto y distribuye el LMCTP de manera diferenciada para las embarcaciones artesanales menores a 10 m³ de capacidad de bodega.

Para este segmento se fija un tope específico de 46,060 toneladas entre el 27 de marzo y el 31 de agosto, incluyendo un sublímite de 19,603 toneladas para el periodo del 2 de mayo al 31 de agosto.

“La abundancia del calamar se mantiene cerca del Máximo Rendimiento Sostenible (MSY), aunque también se ha observado un aumento considerable en el número de embarcaciones operando sobre este recurso”, refirió el IMARPE.

Así, se prioriza “el límite en el esfuerzo de pesca” mientras no existan evidencias científicas de una plena recuperación del stock.

Medidas de control y cierre anticipado

La normativa otorga a la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción (DGSFS-PA) la facultad de suspender o concluir la actividad extractiva en caso de alcanzarse el límite fijado, si así lo recomienda IMARPE por factores biológicos o ambientales, o al llegar al 31 de agosto.

De acuerdo con el documento del Ministerio de la Producción, el seguimiento y avance de las capturas será publicado oficialmente para garantizar la transparencia.

La Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura explica esta decisión busca “promover el óptimo aprovechamiento social y económico de la cuota establecida del recurso”, bajo un enfoque precautorio y adaptativo que garantice la sostenibilidad de la pesquería y la seguridad alimentaria.

Difusión y fiscalización en todo el litoral

El Ministerio de la Producción encargó a sus órganos técnicos la difusión y fiscalización de las nuevas reglas, tarea que se coordinará con los Gobiernos Regionales y la Dirección General de Capitanías y Guardacostas.

“La DGSFS-PA publica el seguimiento del avance de la extracción del recurso calamar gigante o pota durante el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto del año 2026”, destaca la resolución.

La modificación del límite de captura responde a las perspectivas positivas para el recurso pota en 2026 tras los efectos ambientales del fenómeno El Niño, pero mantiene medidas de precaución ante el incremento del esfuerzo pesquero y la necesidad de preservar un stock saludable.

¿Por qué la pota es importante para la pesca y economía de Perú?

La pesca de pota (calamar gigante) es un pilar fundamental para el Perú, ya que es la segunda pesquería más relevante del país y sostiene la economía de miles de familias dedicadas a la actividad artesanal.

Más de 3,000 embarcaciones y alrededor de 30,000 personas dependen directamente de su extracción, lo que la convierte en la principal fuente de empleo en el sector pesquero artesanal.

Además, la pota representa cerca del 40% de las exportaciones peruanas de productos congelados, generando importantes ingresos y consolidando al país como uno de los principales productores mundiales.

Este recurso no solo impulsa la economía, sino que también aporta alto valor nutricional gracias a su riqueza en proteínas y Omega-3, claves para la salud y la seguridad alimentaria.

La cadena de valor que genera la pesca de pota se extiende a armadores, estibadores, plantas de procesamiento y transportistas, demostrando su impacto integral en la economía nacional.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) oficializó la aprobación de la Norma DGE sobre especificaciones técnicas y estándares tecnológicos y de desempeño de los Sistemas de Medición Inteligente (SMI), que regirá la modernización de los medidores eléctricos en el país.

La medida, formalizada con la Resolución Ministerial N° 188-2026-MINEM/DM, fue publicada el 30 de abril de 2026 y marca un nuevo marco obligatorio para la industria de distribución eléctrica.

Alcance y objetivo de la norma

La norma establece que los medidores inteligentes, conocidos como SMI, deberán cumplir parámetros mínimos de precisión, seguridad, interoperabilidad y eficiencia.

El documento consta de tres capítulos, veinte artículos y cuatro disposiciones complementarias, y su implementación será supervisada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

El objetivo central es asegurar la compatibilidad de los nuevos sistemas con la infraestructura eléctrica existente y futura, promoviendo la modernización del servicio y el acceso a información oportuna para los usuarios.

Según la resolución, los SMI constituyen una red tecnológica capaz de brindar comunicación bidireccional y remota entre los componentes del sistema, permitiendo “una mejor gestión de la red, con efectos positivos tanto a corto como a largo plazo”.

De esta manera, el usuario podrá contar con información precisa sobre su consumo y se facilitará la introducción de tarifas dinámicas.

Requisitos y responsabilidades para empresas distribuidoras

La norma dispone que las empresas de distribución eléctrica deberán utilizar medidores inteligentes que permitan lectura remota, detección de fallas y gestión eficiente de la red, así como asegurar la protección de datos y la ciberseguridad.

El costo del medidor inteligente será asumido por la empresa y no se incluirá en el presupuesto de instalación, aunque los gastos de mantenimiento y reposición se abonarán mensualmente en la tarifa del usuario.

“Los SMI son el conjunto de hardware, software y redes de comunicación necesarias para la comunicación bidireccional y segura entre sus componentes”, señala la Dirección General de Electricidad.

El despliegue gradual del plan de reemplazo de medidores busca empoderar a los usuarios y mejorar la eficiencia energética a través de tarifas diferenciadas y consumo informado, tal como también ha recomendado el Osinergmin.

Impacto en usuarios y en la gestión de la red eléctrica

La implementación de los SMI permitirá a los usuarios acceder a información detallada sobre su consumo y facilitará la integración de nuevos servicios, incluyendo la gestión eficiente de recursos energéticos distribuidos.

La Dirección General de Electricidad enfatizó que “la calidad de servicio mejorará con el monitoreo de la red y la innovación de los procesos técnicos y comerciales”.

El Ministerio de Energía y Minas sostiene que estos cambios optimizarán los costos del servicio eléctrico, reducirán pérdidas técnicas y no técnicas, y favorecerán la respuesta a la demanda mediante la introducción de precios diferenciados.

La resolución dispone la publicación de la norma y su anexo en el portal digital del Ministerio de Energía y Minas, asegurando así su acceso público a partir de la fecha de publicación en el diario oficial.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha presentado un proyecto de modificación del artículo 184 del Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas, a través de la Resolución Ministerial N.° 185-2026-MINEM/DM, que busca aumentar la iluminación pública para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Sin embargo, sus efectos en la práctica implican un probable aumento en la tarifa eléctrica para usuarios residenciales, comercios e industrias, especialmente en zonas de alto riesgo delictivo.

Más luz en las calles, más alto el recibo

El objetivo oficial es claro: que calles y avenidas peligrosas tengan mejor alumbrado para reducir delitos y dar más tranquilidad a la gente.

Según cifras del propio Estado, el 56,1% de la población urbana mayor de 15 años —más de 10,7 millones de personas— se siente insegura al caminar sola de noche, y 764 mil personas identifican la falta de luz como causa directa de esa sensación.

El MINEM sostiene que la medida no crea, de inmediato, un pago adicional en el recibo, pero abre la puerta para que los costos de proyectos especiales de iluminación sean incorporados indirectamente y de forma gradual a la tarifa.

El tope del 5% en el cobro por alumbrado público se mantiene, pero si se hacen obras adicionales, estos gastos podrían convertirse en “cargos especiales” reconocidos en la factura.

¿Qué cambiará en la factura de luz?

El límite para facturar alumbrado público seguirá siendo 5% del total de la boleta eléctrica, pero los proyectos especiales de mayor iluminación podrán generar cargos adicionales. El monto mínimo a pagar será S/ 0,55 y el máximo S/ 3,300 por usuario, en función de la UIT vigente en 2026 (S/ 5,500).

De acuerdo con el proyecto, el cobro se repartirá según el consumo de cada usuario, afectando a todos los clientes del sistema eléctrico, desde hogares hasta grandes empresas.

Entre 2026 y 2030, los costos de mejoras en zonas peligrosas podrán ser reconocidos como cargos diferenciados en la factura. A partir de 2030, estos costos se integrarán definitivamente en la tarifa base del servicio eléctrico.

La propuesta del MINEM surge como respuesta al Decreto Legislativo N.° 1740, que autoriza al Poder Ejecutivo a disponer medidas para reforzar la iluminación en sectores considerados de riesgo.

¿Por qué el gobierno dice que es necesario?

El argumento es que la iluminación insuficiente contribuye a la inseguridad y que aumentar la luz en las calles puede bajar los delitos hasta en un 21%, según estudios internacionales citados.

El Centro Histórico de Lima, por ejemplo, es uno de los lugares con “tramos críticos” de baja iluminación, lo que aumenta el riesgo para transeúntes y comerciantes.

El MINEM publicará cada año una lista de las vías más peligrosas, usando datos oficiales y reportes policiales, para priorizar dónde invertir en más luces. El Estado usará mapas de delitos y denuncias para priorizar calles y barrios críticos.

Las empresas eléctricas podrán hacer proyectos de alumbrado especial en estas zonas, con aval técnico y aprobación previa del Ministerio. Si un municipio quiere poner más luces de las que permite la norma, deberá asumir el costo extra.

¿Quién paga el costo de esta nueva lucha contra el crimen?

El costo recae en todos los usuarios de electricidad, no solo en quienes viven en las zonas peligrosas. No se crea un nuevo recibo, pero el monto por alumbrado público en la factura mensual puede subir si se aprueban proyectos especiales en la zona.

Sin embargo, la norma no resuelve los problemas de fondo de la inseguridad, ni garantiza que el gasto extra realmente reduzca el delito. La eficacia dependerá de cómo se implementen los proyectos y de la vigilancia de OSINERGMIN y el propio Ministerio.

Petroperú registró una utilidad neta de 133,2 millones de dólares al 31 de marzo de 2026, recuperándose de la pérdida de 111,2 millones de dólares reportada un año antes, según sus estados financieros aprobados el 30 de abril.

El resultado positivo fue atribuido, principalmente, a mayores márgenes derivados de la diferencia entre el precio internacional del crudo y los productos refinados, así como a una reducción de gastos operativos y administrativos.

La empresa estatal explicó que la tendencia alcista de los precios internacionales del crudo favoreció la valorización de inventarios y generó mayores ingresos por ventas, especialmente en productos terminados.

Mejoras en márgenes y reducción de gastos

De acuerdo con los estados financieros presentados por la compañía, el incremento de utilidades fue impulsado por el entorno internacional favorable y una gestión más eficiente de los gastos.

Petroperú destacó el impacto de la finalización de contratos de licencia en los lotes I y VI, la disminución en el consumo de hidrocarburos y los menores gastos de transporte, además de la revisión de la vida útil de activos en la Refinería Talara.

La compañía detalló que, aunque hubo una menor producción y venta de combustibles como diésel de bajo azufre y Turbo A1, debido a problemas de liquidez y paradas programadas por mantenimiento, logró mantener un nivel positivo en sus ingresos gracias a los márgenes mejorados y la valorización de inventarios.

Ingresos, EBITDA y capital de trabajo negativo

Durante el primer trimestre de 2026, Petroperú alcanzó ingresos ordinarios por 753,8 millones de dólares, inferiores a los 966,2 millones registrados en el mismo periodo de 2025. El costo de ventas se redujo a 504,5 millones de dólares, y el EBITDA ascendió a 273 millones de dólares.

Sin embargo, la empresa reportó un capital de trabajo negativo de 1.305 millones de dólares, debido a condiciones restrictivas en el mercado crediticio que limitaron la renovación de préstamos de corto plazo y aumentaron las cuentas por pagar comerciales.

Ante este escenario, la compañía prioriza el pago a proveedores con recursos generados por la operación y mantiene una vigilancia estricta sobre su flujo de caja.

Endeudamiento y calificaciones crediticias

La deuda bancaria de corto plazo disminuyó a 125 millones de dólares, mientras que los pasivos financieros totales sumaron 5.070 millones al cierre del trimestre.

El ratio de apalancamiento fue de 0,75, levemente menor al de fines de 2025. Moody’s Ratings rebajó la calificación crediticia de Petroperú a “Caa1” con perspectiva negativa, y S&P mantuvo “B-” con revisión especial negativa.

La empresa estatal mantiene su operación bajo el principio de empresa en marcha y afirma su capacidad de atender obligaciones ordinarias mediante flujo operativo y líneas de crédito.

Reorganización, proyectos y riesgos

En el marco del Decreto de Urgencia N°010-2025, Petroperú fue incluida en el proceso de reorganización patrimonial y promoción de inversión privada, bajo dirección de ProInversión, con un plazo de 60 días para aprobar el plan respectivo.

En lo operativo, la empresa continúa con inversiones en los lotes 64, 192 y X, y en la modernización de la Refinería Talara, cuyo avance físico integral llega al 99,97% con una inversión ejecutada de 6.449 millones de dólares.

Petroperú reconoció riesgos asociados a la volatilidad internacional de precios, tipo de cambio y liquidez, así como la dependencia de líneas de crédito de corto plazo. Al cierre de marzo, la compañía mantenía líneas revolventes por 252,9 millones de dólares, utilizadas principalmente para la compra de crudo y productos refinados.

La empresa destacó que todas las cifras y revelaciones cumplen con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y no se presentaron hechos posteriores relevantes al cierre del trimestre.

A partir del 1 de junio de 2026, los contribuyentes que se inscriban en el RUC por primera vez bajo el Régimen MYPE Tributario, Régimen Especial o Régimen General del Impuesto a la Renta, así como quienes dejen el Nuevo RUS, deberán emitir comprobantes electrónicos y llevar sus registros contables a través del Sistema Integrado de Registros Electrónicos (SIRE) desde el primer día de su inscripción o desde el primer mes tras salir del RUS.

Así lo informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), que dispuso adelantar la exigencia de uso del SIRE y de emisión electrónica respecto del régimen anterior. Sin embargo, existirá una ventana no sancionativa: hasta el día 30 de junio, no se aplicarán sanciones administrativas por errores, omisiones o atrasos en el uso de este sistema.

¿Qué es el SIRE?

El SIRE es una plataforma digital para que los contribuyentes registren electrónicamente el Registro de Ventas e Ingresos y el Registro de Compras, reemplazando antiguos libros físicos o electrónicos tradicionales.

Su objetivo es simplificar el cumplimiento tributario, mejorar la trazabilidad de las operaciones y facilitar el control fiscal, ya que la información queda disponible en línea para la SUNAT.

Sin embargo, la implementación obligatoria del SIRE ha sufrido varias postergaciones debido a los retos técnicos y operativos que enfrentan tanto los contribuyentes como la propia administración tributaria.

SUNAT ha extendido los plazos para los principales contribuyentes (PRICOS) y para los regímenes MYPE, Especial y General, y ha otorgado periodos de gracia sin sanciones para que los contribuyentes puedan adaptarse y corregir errores.

Además, se ha permitido realizar ajustes posteriores a los registros, incluso con un alto número de rectificaciones por periodo, reflejando la complejidad y la necesidad de flexibilidad en la transición hacia la digitalización total.

Adelanto en la exigencia electrónica y periodo de adaptación

De acuerdo con la Resolución de Superintendencia N° 000075-2026/SUNAT, la nueva normativa acorta plazos y busca que la digitalización sea inmediata para los nuevos contribuyentes y quienes migran del RUS.

Antes, la obligación de emitir comprobantes electrónicos y llevar el SIRE se activaba desde el tercer mes de inscripción en el RUC, o incluso hasta el año siguiente en el caso de quienes dejaban el RUS.

Ahora, la obligación es automática desde el inicio de actividades o desde el primer mes tras abandonar el régimen simplificado, lo que representa una reducción significativa en los tiempos de adaptación.

La medida responde a la estrategia de SUNAT de masificar la facturación electrónica y el registro digital, facilitando el control y la fiscalización tributaria. El cambio implica que tanto empresas como personas naturales deberán adecuar sus sistemas y procesos desde el primer día, integrándose de inmediato al circuito electrónico tributario nacional.

SIRE: ventana sin sanciones para facilitar la transición

Durante este periodo de gracia, los contribuyentes podrán regularizar sus registros, corregir errores y adaptar sus procesos al SIRE sin temor a multas.

La disposición incluye infracciones como llevar libros de forma incorrecta o no registrar comprobantes en los plazos máximos, según lo establecido en el Código Tributario. SUNAT continuará con acciones de orientación, promoviendo la formalización y el cumplimiento, pero priorizando la asistencia y la flexibilidad en la etapa inicial de implementación.

La administración tributaria señala que el objetivo es acompañar a los contribuyentes en este proceso de adaptación tecnológica, consolidando la digitalización de los servicios y el control fiscal en el país, pero asegurando que la transición se realice de manera ordenada y sin presiones.

¿SUNAT por fin pondrá mano dura?

El tributarista Rafo Inurritegui cuestiona la extensión del plazo para regularizar inconsistencias en el SIRE sin sanción, señalando que la medida, lejos de ser una flexibilización real, evidencia la fragilidad del sistema y la dependencia creciente de la SUNAT en su propia discrecionalidad para hacerlo viable.

Advierte que la infracción solo queda “en pausa” y que, si no se corrige antes del 30 de junio de 2026, la sanción se reactiva con toda su fuerza, lo que genera incertidumbre y envía mensajes contradictorios: se exige precisión absoluta, pero se otorgan prórrogas porque la exigencia resulta inviable en la práctica.

Para Inurritegui, esto incentiva la informalidad y expone a los contribuyentes no solo a multas, sino a perder crédito fiscal y deducciones, poniendo en duda si el sistema realmente acompaña la realidad del contribuyente.

Las obras paralizadas y los proyectos inconclusos, tanto en el sector público como en el privado, han elevado la exigencia de los inversionistas por contar con mecanismos que aseguren un control efectivo sobre el uso de sus recursos.

Esta tendencia se intensifica en el contexto electoral actual, luego de la primera vuelta, donde nuevas promesas de inversión se anuncian mientras se revisan los compromisos pendientes y el avance real de las obras.

Solo en el sector público, existen miles de obras detenidas y más de S/42 mil millones comprometidos en proyectos sin concluir, de acuerdo con la Contraloría General de la República, información recogida por ComexPerú.

El problema no se limita a la esfera estatal: se replica en el sector privado, sobre todo en industrias como infraestructura, agroindustria y bienes raíces, donde la necesidad de administrar con orden y transparencia los flujos financieros se ha hecho prioritaria.

El inversionista exige control y trazabilidad

Geraldo Arosemena, Managing Director de TMF Group para Perú y Bolivia, explicó que el inversionista actual ya no solo analiza la rentabilidad proyectada de un desarrollo, sino que también exige conocer los mecanismos de administración y control de los recursos aportados.

“Hoy el inversionista no solo evalúa la rentabilidad de un proyecto, sino también cómo se administrarán los recursos. Existe una mayor demanda por estructuras que aseguren control y trazabilidad en el uso de los fondos”, señaló.

Además, Arosemena explicó que los fideicomisos han ganado terreno por su capacidad para introducir disciplina financiera y mecanismos de supervisión en la ejecución de proyectos.

“A diferencia de esquemas tradicionales, el fideicomiso permite que los recursos sean administrados por un tercero independiente, lo que asegura que los fondos se utilicen exclusivamente para los fines establecidos y bajo condiciones previamente definidas”, agregó.

Este modelo resulta especialmente relevante en proyectos complejos, donde participan múltiples actores y existe una mayor exposición a riesgos operativos o financieros. En estos casos, la administración independiente de los flujos mejora la ejecución y fortalece la confianza entre inversionistas, financiadores y desarrolladores.

“El mercado está migrando hacia estructuras más ordenadas, como ya ocurre en países de la región como Colombia. Incorporar un tercero independiente en la administración de los fondos empieza a convertirse en una condición para atraer inversión”, indicó.

Fideicomisos: confianza y transparencia, condiciones para la inversión

En el actual escenario, la confianza se ha vuelto un factor determinante. Los inversionistas, tanto locales como internacionales, priorizan mecanismos que garanticen control y transparencia en el uso de los recursos.

Esta demanda se traduce en una mayor preferencia por estructuras contractuales y legales que faciliten la rendición de cuentas y la supervisión externa, como los fideicomisos.

El desafío para los desarrolladores de proyectos y las entidades públicas y privadas es responder a estas nuevas exigencias del mercado, incorporando modelos de administración y control que permitan recuperar la confianza y asegurar la ejecución efectiva de las inversiones comprometidas.

En un entorno donde los procesos de supervisión y la administración independiente de los fondos se consolidan como condiciones fundamentales, la posibilidad de multiplicar la inversión en los próximos años dependerá de la capacidad del país para ofrecer seguridad y transparencia en la gestión de los recursos.

Las inversiones de Brasil en el Perú superan los USD 3.000 millones en los últimos 20 años, con un foco especial en infraestructura, energía, minería y agroindustria, según la Cámara de Comercio Brasil-Perú (CAMBRAPER).

Sin embargo, la puesta en marcha del puerto de Chancay al norte de Lima ha representado una oportunidad estratégica para la logística regional, sobre todo para los estados brasileños de Acre, Rondonia y Mato Grosso, que buscan optimizar sus rutas de exportación hacia Asia, según Percy Sánchez, director ejecutivo de la cámara.

Un nuevo eje logístico regional para Brasil y Perú

En diálogo con Infobae Perú, Sánchez precisó que la operatividad del puerto de Chancay ha modificado los planes de integración y comercio exterior en la región. Explicó que, para los estados fronterizos de Brasil, el acceso a este terminal portuario es clave para reducir tiempos y costos de exportación de productos agrícolas, cárnicos, pesca amazónica y maíz a mercados asiáticos.

“La habilitación del puerto de Chancay ha despertado gran interés en Acre, Rondonia y Mato Grosso, que ahora ven una alternativa viable y eficiente para sus exportaciones”, dijo en el marco de la firma del convenio entre CAMBRAPER y la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

Además, Sánchez explicó que estos estados han intensificado inversiones en infraestructura logística para conectar sus polos productivos con la costa peruana y aprovechar el acceso al Pacífico. Se priorizan proyectos carreteros, corredores multimodales y propuestas ferroviarias, como el futuro tren bioceánico.

Acre y Rondonia esperan que la definición de la ruta del tren bioceánico —con alternativas paralelas a la carretera Interoceánica del sur o vía Pucallpa y Chancay— determine la magnitud y destino de nuevas inversiones.

Inversiones brasileñas y proyectos estratégicos en Perú

Las inversiones brasileñas en Perú se han concentrado en proyectos emblemáticos como la Carretera Interoceánica, los corredores IIRSA Norte y Sur y el terminal portuario de Paracas.

En energías, ALUPAR invierte en la Central Hidroeléctrica La Virgen (230 kW) y en obras de transmisión eléctrica por USD 441 millones, además de explorar alternativas en energías renovables.

En minería, Nexa Resources opera minas de zinc, cobre y plata en Cerro Lindo, Atacocha y El Porvenir; Gerdau participa en la refinería SiderPerú (acero) y Vale en fosfatos (Bayóvar) y cobre (Huancavelica y Yauyos). En agroindustria, destaca el Proyecto de Irrigación Olmos, con inversiones en marcha hasta 2025.

Balanza comercial y oportunidades sectoriales

La balanza comercial bilateral es positiva para Brasil. Este país exporta a Perú productos metal-mecánicos como chasis, tractores, partes de automóviles, acero y maquinaria pesada, así como madera, papel, petróleo y derivados, productos químicos, alimentos (aceite de soya, carnes congeladas, arroz, azúcar, pescado amazónico) y calzado de caucho y plástico.

Por su parte, Perú exporta principalmente cobre, zinc, plata, fosfatos de calcio y petróleo crudo. El rubro agroindustrial muestra dinamismo, con envíos de aceitunas, orégano, pasta de cacao, café, espárragos, uva, arándanos y palta, que crecieron 33,01%.

Las prendas de vestir en algodón registraron un aumento de 13,6% en ventas a Brasil. En contraste, las exportaciones peruanas de productos químicos cayeron 3,1%, de minería no metálica 31,88% y de pesca y acuicultura 8,1%.

Proyectos y decisiones pendientes

Sánchez detalló que las empresas brasileñas han manifestado interés en los grandes proyectos de infraestructura y energía presentados por ProInversión.

El portafolio incluye 35 proyectos de Asociación Público-Privada en el eje norte amazónico (USD 8.700 millones), 33 en el eje central (USD 17.300 millones) y 29 en el sur (USD 12.900 millones), abarcando terminales portuarios, aeropuertos, irrigación, saneamiento y distribución de gas.

Entre los principales figuran obras en los aeropuertos de Jaén, Yurimaguas y Rioja, el terminal portuario de Lambayeque, la tercera etapa de Chavimochic, el terminal estratégico de Corio y la modernización de la red vial.

“La consolidación del corredor bioceánico y la continuidad de inversiones logísticas depende más de decisiones gubernamentales”, enfatizó Sánchez.

El convenio firmado, sostuvo el portavoz, prioriza infraestructura y servicios públicos estratégicos, mientras la definición de la ruta del tren bioceánico será determinante para el futuro de la integración regional.

Estrategia amazónica y visión empresarial

La zona franca de Manaos y la región norte amazónica también buscan rutas de exportación a través de Yurimaguas, el corredor amazónico y el puerto de Paita, para diversificar el acceso a mercados internacionales.

Sánchez remarcó que la Cámara de Comercio Brasil-Perú, fundada en São Paulo en 2024 y formalizada en Perú en marzo de 2025, trabaja para promover el comercio, la inversión y la cooperación, facilitando alianzas estratégicas y espacios de diálogo público-privado.

“Estamos convencidos de que la integración logística y empresarial entre Brasil y Perú alcanzará un nuevo nivel con la entrada en operación del puerto de Chancay y los proyectos de conectividad multimodal”, concluyó Sánchez.

Perú vive una reconfiguración profunda de su mercado laboral. Así lo confirma el informe Global Talent Trends 2026 de Mercer, que advierte que sectores como la banca, la minería y el retail están bajo una presión inédita para captar y retener talento, en un entorno donde la digitalización y la inteligencia artificial (IA) avanzan más rápido que la capacidad de respuesta de las empresas y el propio sistema educativo.

Según Diana Plasencia, Talent Strategy Leader de Mercer en Perú, el punto de quiebre no está en la cantidad de profesionales disponibles, sino en la velocidad con la que el mercado laboral peruano genera capacidades digitales y perfiles híbridos.

“Donde más presión vemos es en banca, minería y retail, que son los sectores que más rápido están moviéndose hacia la digitalización. Pero el tema de fondo no es que falten profesionales en el país, sino que la velocidad con la que el mercado laboral peruano genera capacidades digitales no alcanza”, afirma Plasencia.

Para cubrir ciertos perfiles senior, las empresas ya optan por buscar talento fuera del país, lo que evidencia las limitaciones locales.

El liderazgo intermedio, el eslabón más vulnerable

El informe de Mercer (un negocio de Marsh) hace especial énfasis en la “capa de liderazgo intermedio”: aquellos gerentes y directivos seniors que traducen la estrategia en ejecución y gestionan equipos en entornos de incertidumbre.

Plasencia advierte para Infobae Perú que “son quienes traducen la estrategia en ejecución, y muchos no están preparados para liderar en contextos de tanta incertidumbre. Si ese eslabón falla, no importa cuánta tecnología se implemente, la transformación pierde ritmo”.

La consecuencia es directa: casi la totalidad de los inversionistas globales encuestados por Mercer señala que su decisión de inversión se ve afectada negativamente si una empresa no adopta modelos ágiles y basados en habilidades.

Para la especialista, la gestión del talento ha dejado de ser un tema solo organizacional y se ha convertido en un criterio financiero clave.

Inteligencia artificial: avance desigual y riesgo de ineficiencia

Banca, minería y retail lideran la adopción de inteligencia artificial en Perú. Sin embargo, existe una brecha importante entre la implementación de tecnología y la generación de valor.

Según Mercer, a nivel global las inversiones en IA generativa ya superan los 30 mil millones de dólares, pero el 95% de las organizaciones no logra obtener retorno. ¿El motivo? La tecnología llega, pero los modelos de trabajo no se rediseñan ni se alinean a problemas concretos.

“Se observan empresas que implementan herramientas de IA sin tener claridad sobre qué problema específico están resolviendo, sin la data necesaria para tomar esas decisiones. Se avanza sin la visibilidad necesaria. Si eso no cambia, lo que vamos a tener es un portafolio de soluciones tecnológicas desconectadas de cualquier estrategia de negocio”, advierte Plasencia.

El fenómeno es similar en sectores tradicionales como minería, agricultura o manufactura: la inversión en tecnología es fuerte, pero no existe una transformación real del trabajo ni de la cultura organizacional.

A nivel global, el 63% de los ejecutivos reconoce que rediseñar el trabajo para incorporar IA es lo que ofrece mayor retorno, pero solo un tercio confía en que su fuerza laboral esté preparada para combinar capacidades humanas y tecnológicas.

Brecha entre líderes y colaboradores: impacto en bienestar y retención

El informe señala una desconexión profunda entre la alta dirección y los colaboradores. Mientras el 98% de los líderes empresariales planea cambios organizacionales y el 99% anticipa recortes de personal vinculados a la IA, solo el 44% de los trabajadores se siente pleno en términos de salud, remuneración y carrera, frente al 66% de 2024.

Cuatro de cada diez empleados piensa en cambiar de trabajo en los próximos doce meses, y el temor a perder el empleo por IA casi se duplicó en dos años, pasando del 28% al 40%.

Apenas el 19% de los líderes de recursos humanos está incorporando el impacto emocional del cambio digital en sus estrategias. “La IA no falla por ser mala tecnología; el desafío aparece cuando llega a organizaciones cuya cultura y cuyas personas aún no están preparadas para integrarla”, resalta Plasencia.

En Perú, la incertidumbre política, la inseguridad y la economía inestable aumentan la presión psicológica sobre los trabajadores y dificultan los procesos de cambio.

Inversión en capacitación: una apuesta necesaria

Banca, minería y tecnología son los sectores que más invierten en reconversión laboral. El 53% de los trabajadores ya reconoce que le preocupa no tener las competencias que exigirá el futuro, mientras que el 77% de los inversionistas globales prefiere empresas que apuestan por la educación en IA.

Sin embargo, muchas empresas peruanas aún no tienen una estrategia clara de desarrollo de habilidades. Las iniciativas suelen ser aisladas y no están conectadas a un mapa de capacidades que relacione las necesidades del negocio con los planes de desarrollo de las personas, lo que reduce el impacto real de la inversión en capacitación.

Las organizaciones que avanzan son las que entienden la formación como una inversión continua y estratégica, donde los empleados están dispuestos incluso a cambiar de trabajo o a percibir menor salario a cambio de oportunidades de desarrollo y upskilling en habilidades digitales e inteligencia artificial.

Desafíos para sectores rezagados y el rol estratégico de RRHH

Finalmente, se informa que sectores como agricultura, construcción y manufactura se mantienen rezagados en la adopción de tecnologías emergentes, en parte por la informalidad laboral y la falta de procesos estandarizados.

Esta brecha puede traducirse en menor productividad, dificultad para captar talento e incluso en menos empleo formal y menor capacidad tributaria del Estado.

En este contexto, la redefinición de los perfiles profesionales es transversal: ya no basta la competencia técnica, sino que se requieren habilidades híbridas, pensamiento crítico y adaptabilidad.

El reto, señala Mercer, es pasar de un modelo reactivo a uno estratégico en la gestión del talento. “El talento humano bien gestionado sigue siendo la única ventaja competitiva que ningún algoritmo puede replicar”, concluye Plasencia.

De esta manera, el informe de Mercer subraya que el futuro del trabajo en Perú dependerá de la capacidad de las organizaciones para conectar tecnología, cultura y personas, articulando un modelo de desarrollo de talento realmente integrado a la estrategia de negocio y a la realidad del país.

El presidente de la República, José María Balcázar, le retiró esta mañana la confianza al presidente del directorio de Petroperú, Roger Arévalo, al anunciar que el rescate solicitado por USD 2,000 millones estará atado a un fideicomiso, mecanismo que debería ser anunciado a más tardar el próximo lunes.

En diálogo con Exitosa Noticias, el mandatario aseguró que la permanencia del actual directorio es incompatible con cualquier respaldo estatal y que la empresa requiere cambios urgentes en su gestión para recuperar la confianza y la viabilidad financiera.

El presidente exige una reestructuración a fondo en Petroperú

Balcázar explicó que el gobierno evalúa un esquema de financiamiento interno a través de ProInversión, bajo la figura de un fideicomiso. La intención es evitar transferencias directas de fondos públicos y garantizar que los recursos sean gestionados con reglas claras y supervisión externa.

“Ya no la vamos a dar dinero como antes, cuando se criticaba que no se administraba adecuadamente (...) Pero hemos puesto una condición: que tiene que cambiarse el directorio”, remarcó el presidente.

El fideicomiso propuesto implica que los fondos para Petroperú serían administrados por una entidad fiduciaria, limitando la discrecionalidad en el uso de los recursos y buscando un mayor control y transparencia.

Sin embargo, en las actuales condiciones de insolvencia y con un ratio patrimonial de 55%, Petroperú no está en condiciones de acceder a créditos privados tradicionales, ni siquiera bajo aval estatal.

De hecho, la empresa preferiría un aporte directo del Estado, ya que el endeudamiento adicional solo agravaría su frágil situación financiera y pondría en riesgo su sostenibilidad.

Petroperú: el rescate, atado a cambios y plazos definidos

El presidente dejó en claro que cualquier respaldo económico estará condicionado al cambio inmediato del directorio de la empresa, debido a denuncias de mala gestión, privilegios en pagos a proveedores y reparto de utilidades pese a la ausencia de resultados positivos.

Subrayó que la llegada de expertos técnicos es indispensable para garantizar el buen uso de los fondos y restablecer el rumbo de la empresa. “Mientras no tengamos ahí también una suerte de funcionarios que apunten a hacer buen manejo de los recursos económicos que se le asigna, a mí me parece que es necesario entonces poner orden”, precisó Balcázar.

El mandatario enfatizó que el aval estatal para el crédito solicitado por Petroperú no comprometerá fondos destinados a programas sociales, especialmente el presupuesto para electrificación rural, protegido por ley.

“He sido muy puntual en eso, defender ciegamente el presupuesto [del Ministerio de Energía y Minas] para dedicarlos a la electrificación rural, como acabo de manifestar”, agregó.

Además, Balcázar apoyó la tesis de que el contexto internacional de altos márgenes en la refinería de Talara haría atractivo solicitar un crédito privado avalado por el Estado, ya que las utilidades potenciales por barril podrían ser mayores a las habituales, facilitando la obtención de financiamiento.

¿El fin del directorio Arévalo?

El Ejecutivo espera definir la solución financiera antes del lunes, en medio de la presión de proveedores por pagos atrasados y la expectativa de la publicación de resultados negativos para el primer trimestre de la empresa.

En paralelo, el directorio de Petroperú tenía prevista una sesión extraordinaria este fin de semana en Talara, pero la crisis de confianza y la presión política hacen incierta su continuidad.

La eventual renuncia del directorio de la primera empresa del país dependerá de lo que decida en las próximas horas la Junta General de Accionistas, integrada por el MEF y el Ministerio de Energía y Minas.

No obstante, Petroperú ya ha enfrentado una inestabilidad extrema en su dirección, sumando 12 presidentes del directorio en casi 5 años.

Las exportaciones mineras peruanas alcanzaron un récord en los dos primeros meses de 2026, sumando USD 13,831 millones, lo que representa un crecimiento de 59% respecto al mismo periodo del año anterior, según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Este salto se explica, principalmente, por el mayor valor exportado de oro, cobre y plomo, consolidando a la minería como el motor clave del comercio exterior peruano.

Minería peruana rompe récords: cobre y oro disparan las exportaciones

El cobre lideró los envíos con USD 6,384 millones en el primer bimestre, un incremento de 53.3% frente al mismo lapso de 2025. Las exportaciones auríferas sumaron USD 5,231 millones, marcando un crecimiento de 73.8% respecto al año pasado.

Solo el cobre representó el 46.2% del valor total de las exportaciones mineras, mientras que el oro aportó el 37.8%. El sector minero, en conjunto, concentró el 74% del total de exportaciones de productos peruanos al extranjero entre enero y febrero.

En febrero de 2026, las exportaciones mineras ascendieron a USD 6,703 millones, un 62% más que en el mismo mes de 2025. El cobre generó USD 3,032 millones, impulsado por un aumento del 3.6% en el volumen exportado y una mejora del 53.4% en su cotización internacional.

Por su parte, las exportaciones de oro alcanzaron USD 2,565 millones, con un incremento de 2.1% en volumen y un alza del 73.3% en el precio respecto a febrero del año anterior.

Estos resultados reafirman el peso estratégico del sector minero en la economía nacional y su impacto en la balanza comercial, en un contexto global de precios elevados y sostenida demanda internacional, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Hacia un clúster financiero minero regional: el XVI Encuentro Internacional de Minería

En paralelo al crecimiento exportador, Lima será sede del XVI Encuentro Internacional de Minería, donde líderes empresariales, autoridades y expertos analizarán el futuro financiero y sostenible del sector.

El conversatorio central, “Financiando el Motor del Crecimiento del País”, pondrá el foco en el papel del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la banca privada y los financistas alternativos para viabilizar nuevos proyectos mineros.

Julio Velarde, presidente del BCRP, expondrá cómo la estabilidad macroeconómica y la previsibilidad en inflación, tipo de cambio y tasas de interés resultan cruciales para reducir el costo de capital y atraer inversiones.

Por su parte, los CEOs de Scotiabank Perú, Intercorp Financial Services y Citibank Perú debatirán sobre la evolución del sistema financiero, que hoy no solo financia, sino que también vela por estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

El simposio también abordará el desafío de convertir al Perú en un hub financiero minero, el rol de la banca comercial en la sostenibilidad y el auge de nuevos actores como fondos especializados, private equity y esquemas de streaming y royalties.

El evento, que se realizará del 26 al 28 de mayo, reunirá a expertos nacionales e internacionales bajo el lema “Minería que integra, construye el presente, transforma el futuro”, en un escenario de alta demanda global por minerales críticos.

En el primer trimestre de 2026, el Indecopi consolidó su rol como entidad promotora de la competitividad a través de la eliminación voluntaria de barreras burocráticas en el ámbito regional.

De acuerdo con la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas (SRB), entre enero y marzo se logró la remoción de 6,583 trabas administrativas en 20 regiones del país, una cifra que representa un avance concreto para facilitar la actividad económica y reducir la carga regulatoria para millones de ciudadanos y miles de empresas.

Por las buenas, o por las malas: miles de barreras caen en regiones

El reporte institucional destaca que más de 1,8 millones de ciudadanos y cerca de 196,000 empresas resultaron beneficiados por estas acciones, que priorizan la eficiencia y la transparencia en la gestión pública regional.

La región Áncash lidera el ranking nacional con más de 1,700 barreras eliminadas, lo que se traduce en un beneficio directo para más de 320,000 ciudadanos y más de 37,000 empresas.

Le siguen Piura y Pasco, con más de 800 barreras eliminadas cada una, favoreciendo a 168,000 y 41,000 ciudadanos, respectivamente. Otras regiones con avances notables son La Libertad y Tacna, ambas con más de 700 barreras eliminadas.

El Indecopi prefiere el diálogo antes que las sanciones

En el análisis por tipo de entidad, sobresalen las municipalidades provinciales de Sechura (Piura), Tarata (Tacna), Huaraz (Áncash), Virú (La Libertad) y Oxapampa (Pasco), que han mostrado un alto nivel de compromiso con la mejora regulatoria y la reducción de trabas innecesarias.

Entre las barreras más relevantes retiradas por las autoridades municipales se encuentran aquellas vinculadas a licencias de funcionamiento, con 4,632 eliminadas, y las inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones (ITSE), con 1,535 menos, dos aspectos fundamentales para el desarrollo de nuevas actividades económicas y la formalización de empresas.

Además, se han reportado avances en habilitación urbana, licencias de edificación y autorizaciones para infraestructura de telecomunicaciones, lo que incide directamente en la agilización de inversiones y la modernización de servicios.

Trámites que ya no son un dolor de cabeza

El proceso impulsado por la SRB del Indecopi se basa en la prevención y la corrección oportuna de disposiciones consideradas ilegales o carentes de razonabilidad, evitando la vía sancionadora y privilegiando el diálogo y la cooperación entre entidades públicas.

Para reportar barreras burocráticas impuestas por entidades en regiones fuera de Lima y Callao, los ciudadanos cuentan con líneas telefónicas y un portal digital específico, mientras que los funcionarios públicos interesados pueden participar en el Programa de Eliminación Voluntaria.

Amazonas impulsa su economía local con 41 marcas nuevas

Por otro lado, el Indecopi también impulsa el crecimiento económico y la formalización en regiones. En Amazonas, la Oficina Regional del Indecopi entregó 41 registros de marca a emprendedores locales durante la segunda edición del evento “Emprendedores con historias que marcan”.

Gracias al programa “Ruta del Éxito”, productores de café, artesanos y empresarios turísticos de seis provincias lograron formalizar sus negocios y acceder a una herramienta legal que protege su creatividad y les permite competir en mercados nacionales e internacionales.

Los nuevos titulares de marcas pertenecen a sectores como turismo, artesanía, gastronomía, alojamiento, educación, confecciones y la producción de café, uno de los motores económicos de la región.

Formalización y propiedad intelectual: el camino para emprender

El acceso al registro de marca incrementa el valor de las empresas, facilita su acceso a financiamiento y abre nuevas oportunidades de comercialización.

La estrategia de acompañamiento personalizada del Indecopi refuerza el compromiso institucional con la descentralización, la protección de la propiedad intelectual y la promoción del desarrollo social y económico en todo el país.

Así, el Indecopi demuestra que la simplificación administrativa y el impulso a la formalización pueden ir de la mano para generar un entorno más competitivo, inclusivo y favorable al emprendimiento.

El sector retail peruano se prepara para una de sus campañas más relevantes del año con la llegada del Día de la Madre, una fecha que tradicionalmente impulsa el consumo a nivel nacional.

Según datos del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las ventas del sector alcanzarían los S/ 4.500 millones en mayo, reflejo de la recuperación comercial y de la importancia emocional que tiene esta celebración para las familias peruanas.

El buen desempeño del primer trimestre ha generado expectativas positivas entre los empresarios del rubro, que ven en esta campaña una oportunidad clave para consolidar el crecimiento del sector en 2026.

Mi mamá también es ‘premium’

Si bien el contexto político electoral introduce un factor de cautela, la demanda se mantiene fuerte. Leslie Passalacqua, presidenta del gremio, advierte que la principal preocupación del sector es el efecto del ruido político en la confianza de los consumidores, lo que podría moderar la decisión de compra en los hogares.

A pesar de ello, las perspectivas para el sector retail siguen siendo favorables y se espera que el dinamismo continúe durante el año.

El consumidor peruano muestra ahora un comportamiento más planificado: compara precios en línea con semanas de antelación y prioriza obtener mayor valor por cada sol gastado.

“No es que no gasten, sino que buscan mayor valor para evitar gastos impulsivos”, señala Passalacqua.

Tecnología, moda y bienestar elevan el ticket promedio

El perfil de consumo también evidencia una preferencia creciente por productos de tecnología orientados al bienestar, moda y calzado.

Esta tendencia está elevando el ticket promedio por transacción, que oscilará entre S/ 280 y S/ 380, por encima de los S/ 250 a S/ 350 del año pasado.

El aumento no responde solo a la inflación sino a una búsqueda activa por artículos de mayor calidad, sumada a las facilidades de pago como los créditos directos y cuotas sin intereses que ofrecen las tiendas.

Smartwatches, gadgets de cuidado personal y artículos vinculados al bienestar personal figuran entre los obsequios más solicitados, consolidando la reactivación del sector.

Regalos útiles, experiencia y sostenibilidad

En cuanto a las categorías más demandadas, la moda, el calzado y los accesorios siguen liderando la lista, pero el consumidor también prioriza la utilidad y la experiencia que ofrece el regalo.

La tendencia actual es elegir productos que faciliten la vida de mamá o contribuyan a su bienestar. La marca sigue siendo un factor relevante, aunque la relación precio-calidad y la inmediatez de la entrega se han vuelto decisivas para cerrar la compra.

Asimismo, se observa un creciente interés por regalos eco-sustentables, impulsado por consumidores que valoran el menor impacto ambiental de los productos. Flores y chocolates, antes protagonistas, se han convertido en complementos y ya no son el centro de la campaña.

Así, el sector confía en que la combinación de innovación, utilidad y sostenibilidad permitirá sostener el consumo aun en un entorno desafiante, consolidando al Día de la Madre como uno de los motores clave de la industria para 2026.

El Ministerio de Educación (Minedu) presentó la propuesta de reglamento que define cómo funcionará el régimen de gestión excepcional para universidades privadas asociativas sin fines de lucro creadas por ley con licencia institucional denegada.

El proceso, publicado mediante la Resolución Ministerial N.° 251-2026-MINEDU, está dirigido exclusivamente a tres casas de estudio que aún mantienen estudiantes matriculados: la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, la Universidad San Pedro y la Universidad Científica del Perú. En conjunto, estas instituciones cuentan con 893 estudiantes que quedarían protegidos por las nuevas normas.

Así es el régimen que evita dejar a los estudiantes sin universidad

El reglamento, elaborado a partir de la Ley N.° 32494, establece un mecanismo operativo para que una Comisión Técnica de Gestión Excepcional (CTGE) asuma temporalmente la administración y gobernanza de las universidades afectadas.

El objetivo principal es asegurar la continuidad académica y administrativa de los estudiantes durante el proceso de cierre, evitando la interrupción de sus trayectorias educativas.

La CTGE se conformará con representantes de estudiantes y docentes, seleccionados en un plazo máximo de 15 días hábiles tras la notificación del Minedu.

Su gestión tendrá una vigencia de un año, salvo que antes se logre el licenciamiento institucional o ya no existan estudiantes matriculados en la universidad intervenida.

Durante este periodo, la comisión podrá emitir certificados, gestionar traslados y tomar decisiones administrativas bajo la supervisión directa del Minedu y en coordinación con SUNEDU.

El reglamento enfatiza que “la continuidad de los estudios universitarios y la protección de los derechos de los estudiantes es el objetivo central del régimen excepcional”.

Todas las acciones de la CTGE se financiarán exclusivamente con recursos de la universidad intervenida, sin generar costos al presupuesto nacional.

Medidas concretas: certificados, traslados y protección patrimonial

Entre las funciones asignadas a la CTGE, el reglamento especifica la elaboración de diagnósticos académicos, la evaluación del avance curricular y la atención prioritaria a la emisión de constancias y certificados.

También se garantiza la facilitación de traslados a universidades licenciadas para quienes opten por esa vía, bajo un proceso ordenado y transparente.

Otra disposición clave es la protección del patrimonio universitario: los bienes inmuebles de las universidades en proceso de cierre han sido declarados intangibles, lo que asegura recursos y respaldo para culminar los estudios y evitar cualquier afectación a los derechos de los alumnos.

Incluso después del cese de la CTGE, la transición a los órganos de gobierno universitario se realiza bajo la supervisión de SUNEDU.

El reglamento no modifica la estructura orgánica del sistema universitario ni las competencias de las entidades reguladoras. La intervención de la comisión es estrictamente excepcional y temporal, limitada al periodo de cierre y sin facultades sancionadoras o normativas adicionales.

¿Por qué estas universidades llegan a este punto?

La Universidad San Pedro, cuyo licenciamiento fue denegado por SUNEDU en 2019, mantiene actividades hasta marzo de 2026 para que sus alumnos finalicen estudios.

La Universidad Científica del Perú, con sede en Iquitos, enfrenta un proceso similar tras la denegatoria de 2020, con fecha de cierre programada para agosto de 2026.

La Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez deberá concluir sus actividades en diciembre de 2025. Todas fueron excluidas de nuevos procesos de admisión y operan bajo supervisión para garantizar la entrega de títulos y grados.

El alcance real del reglamento está acotado: solo tres universidades cumplen con todos los requisitos concurrentes. Así lo reconoce el propio Minedu, señalando que la medida puede aplicarse en el futuro a otras instituciones únicamente si cumplen exactamente con el perfil legal y académico exigido.

La Autoridad Portuaria Nacional (APN) otorgó a Petróleos del Perú S.A. - Petroperú la habilitación portuaria para el proyecto “Nuevo Amarradero Nº 2 de la Refinería Conchán”, ubicada en el distrito de Lurín, Lima, a través de la Resolución de Acuerdo de Directorio Nº 0040-2026-APN-DIR, publicada el 29 de abril de 2026 en el diario El Peruano.

Esta autorización permite a la empresa estatal iniciar la construcción de la nueva infraestructura portuaria, con un plazo de ejecución de 20 meses.

Ampliación estratégica en el complejo de Conchán

La resolución faculta a Petroperú a ejecutar obras de ampliación en la Refinería Conchán, un complejo estratégico con más de 50 años de operación, ubicado en el kilómetro 26.5 de la Panamericana Sur.

Esta instalación produce combustibles líquidos y asfaltos de alta calidad, abasteciendo al mercado nacional y contando con una capacidad de almacenamiento de 2’051,354 barriles de hidrocarburos líquidos, además de un amarradero multiboyas para buques tanque.

El nuevo amarradero, de uso privado y especializado, está diseñado para la atención de productos como diésel, gasolinas, biodiesel y alcohol carburante.

La APN detalla: “La habilitación portuaria faculta al administrado para iniciar la ejecución de obras de construcción, ampliación o modificación de la infraestructura de un terminal portuario”.

Revisión técnica, ambiental y legal cumplida

La decisión de la APN se basa en informes técnicos y legales de la Dirección de Operaciones y Medio Ambiente, la Dirección Técnica y la Unidad de Asesoría Jurídica.

El procedimiento incluyó la validación del Instrumento de Gestión Ambiental aprobado por el Ministerio de Energía y Minas, así como la reserva de uso de área acuática y franja ribereña por parte de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI). El proyecto abarca un área de 488.192,73 metros cuadrados, con alcance marítimo y nacional.

La resolución enfatiza que Petroperú deberá gestionar los permisos adicionales requeridos ante otras entidades estatales.

La presentación de la documentación técnica para la solicitud de habilitación portuaria no exime a la administrada de responsabilidad respecto de los cálculos, detalles, dimensiones, especificaciones u otros aspectos técnicos.

Supervisión institucional y condiciones de la habilitación

La autorización otorgada a Petroperú se mantendrá vigente mientras las resoluciones de reserva de uso y viabilidad técnica permanezcan activas. El plazo para ejecutar la obra es de 20 meses, según el expediente técnico presentado.

La APN notificó la resolución a la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, el Ministerio del Ambiente, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para garantizar la supervisión y coordinación durante el desarrollo del proyecto.

La Refinería Conchán como eje logístico

La Refinería Conchán es una de las principales unidades operativas de Petroperú, junto a Talara e Iquitos. Su operación se centra en la sostenibilidad y el abastecimiento constante de combustibles en el centro del país.

El complejo cuenta con laboratorios modernos, una planta de ventas y una infraestructura portuaria que facilita la atención de grandes volúmenes de hidrocarburos líquidos.

El nuevo amarradero fortalecerá la logística marina y la capacidad de atención a buques tanque de gran calado, aportando al suministro energético nacional bajo estándares de sostenibilidad.

Un reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) revela que la población venezolana en Perú aporta cerca de 530 millones de dólares a la economía nacional, lo que representa el 1,3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El análisis, elaborado junto al Banco Mundial, sostiene que por cada sol invertido por el Estado peruano en esta comunidad, se genera un retorno fiscal de 2,6 soles, impulsado por una tasa de participación laboral que supera el 80%.

Sin embargo, el interés de retornar a Venezuela creció de forma significativa en los últimos meses: la proporción de venezolanos que considera volver a su país aumentó de 10% a más del 30%, según datos de ACNUR. Este cambio responde a la percepción de posibles mejoras en el contexto político y social de Venezuela.

Diferencia entre refugiado y migrante: cifras globales de desplazamiento

La representante de ACNUR en Perú, Laura Almirall, aclara para Infobae Perú que la diferencia fundamental entre migrantes y refugiados radica en la causa de su desplazamiento. El refugiado es obligado a salir de su país por situaciones extremas como guerras, crisis humanitarias o violaciones sistemáticas de derechos humanos.

El migrante, en cambio, toma la decisión de trasladarse por razones económicas, familiares o personales. “La diferencia clave es que el refugiado huye por necesidad, mientras que el migrante decide moverse por distintas razones”, señala Almirall.

De acuerdo con cifras de ACNUR, existen actualmente más de 117 millones de personas desplazadas por la fuerza en todo el mundo. El caso de Venezuela es uno de los mayores movimientos poblacionales recientes: desde 2017, cerca de 8 millones de venezolanos han abandonado su país, y de ellos, 6,9 millones se encuentran en América Latina y el Caribe.

Situación de la población venezolana en Perú

Perú se ha consolidado como uno de los principales países de acogida para la población venezolana en la región. En la actualidad, cerca de 1,64 millones de venezolanos residen en el país, según estimaciones de Naciones Unidas y el gobierno peruano.

Aunque la cifra llegó a 1,66 millones en años anteriores, el flujo migratorio presenta una leve reducción, atribuida tanto a cambios en las políticas migratorias regionales como a la estabilización de los movimientos en la región.

“Estamos hablando de una población significativa, que se ha integrado en distintos ámbitos del país”, destaca Almirall.

La comunidad venezolana en Perú se caracteriza por su juventud y alto nivel educativo: más del 30% cuenta con estudios superiores y una proporción relevante posee experiencia profesional.

Según los estudios de ACNUR y el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 80% de los venezolanos en Perú está económicamente activo y la tasa de desempleo dentro de este grupo es baja. Aunque el grueso subsiste de la informalidad, esto no difiere mucho de la realidad del peruano promedio (70%).

A su vez, el estudio conjunto con el Banco Mundial muestra que la presencia venezolana tiene efectos positivos en la recaudación fiscal y el dinamismo económico. El aporte de esta población al PIB nacional alcanza el 1,3%, lo que equivale a 530 millones de dólares anuales.

Además, los venezolanos participan en una amplia gama de actividades, desde el comercio y los servicios hasta la industria y el emprendimiento propio.

Percepción y mitos sociales, intenciones de permanencia y retorno

A pesar de la evidencia sobre el aporte económico y social, persisten mitos en torno a la migración venezolana, como la percepción de que representa una carga para el país.

Los datos recopilados por ACNUR y el INEI demuestran que la mayoría de los venezolanos ha formado lazos familiares en Perú, ha iniciado negocios y participa en el sistema educativo y laboral.

Hasta principios de 2024, más del 90% de la población venezolana manifestaba su deseo de permanecer en Perú. Sin embargo, un sondeo piloto reciente evidenció que el porcentaje de quienes evalúan regresar a Venezuela aumentó de 10% a más del 30%.

“Las intenciones de retorno aumentaron de manera significativa en solo cuatro meses”, subraya Almirall. El cambio se explica por las expectativas de mejora en la situación política y económica de Venezuela, así como por la consolidación de nuevos proyectos de vida en ambos países. Pero el factor Chile tampoco se puede dejar atrás.

Campaña “Solidaridad +51”

En este contexto, ACNUR lanzó la campaña “Solidaridad +51” para visibilizar el aporte de las personas refugiadas y migrantes y reconocer la tradición de acogida de Perú.

El nombre hace referencia al prefijo telefónico nacional y al año 1951, cuando se firmó la Convención de Ginebra sobre protección internacional a refugiados, que cumple 75 años en 2026.

La campaña cuenta con el respaldo de los gobiernos de Canadá y Corea, y busca generar empatía, promover la integración y destacar los aportes sociales, culturales y económicos de la población migrante.

“Queremos que se valore la solidaridad histórica del pueblo peruano y el aporte de quienes hoy encuentran aquí una nueva oportunidad”, afirma la vocera de ACNUR.

El Estado peruano enfrenta una grave crisis en la respuesta a la desaparición de mujeres y niñas: entre enero de 2023 y mayo de 2025 se presentaron 45,073 denuncias, de las cuales el 58% corresponde a mujeres y adolescentes.

Sin embargo, la ejecución presupuestal destinada a la búsqueda es deficiente: el Programa de Seguridad Ciudadana, encargado de financiar las funciones policiales, solo ejecutó el 48,4% de los recursos asignados, dejando sin uso más de la mitad del dinero planificado.

Aumenta el presupuesto, pero no la eficacia

El Presupuesto General de la República creció 17,2% en el periodo analizado, pero ese incremento no se tradujo en más recursos operativos efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas.

El Informe de Análisis de Presupuestos Públicos 2023-2025 advierte que la mayor parte del aumento no reforzó la logística, la intervención territorial ni las acciones de investigación.

Por el contrario, se redujeron los fondos destinados a bienes y servicios clave y no existe un clasificador presupuestal que permita monitorear cuánto invierte realmente el Estado en esta problemática.

La urgencia de actuar en las primeras horas

La baja ejecución presupuestal impacta directamente en la operatividad de las instituciones encargadas de la búsqueda, especialmente durante las primeras horas, consideradas decisivas para encontrar con vida a las víctimas.

De las más de 45 mil denuncias registradas en dos años, solo el 52% de las personas reportadas como desaparecidas fue ubicada. Las adolescentes de 12 a 17 años concentran casi la mitad de los casos.

Liz Meléndez, directora ejecutiva del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, advierte que “la desaparición es una manifestación grave de la violencia de género.

No basta con tener leyes si el Estado no pone los recursos para cumplirlas”. Agrega que la falta de presupuesto y los estereotipos persisten como barreras para la búsqueda efectiva.

Impacto de la inacción estatal y el costo social

El déficit presupuestal genera un círculo de impunidad: la respuesta estatal tardía transmite permisividad y desprotege a las víctimas.

Jennie Dador, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú, sostiene que “si hay impunidad y no hay una respuesta adecuada, se transmite que se pueden seguir desapareciendo mujeres y niñas sin que pase nada”.

La campaña Búscalas, impulsada por organizaciones de la sociedad civil y respaldada por la Unión Europea, denuncia que herramientas como la Línea 114 pierden efectividad si no cuentan con financiamiento real.

El testimonio de Carlos Rodríguez, padre de una víctima, ilustra el costo humano de esta inacción: “En el Perú, la víctima pierde automáticamente sus derechos, mientras el victimario los mantiene. La tragedia que vivimos afectó a toda la familia”.

Falencias en la gestión pública y demanda de reformas

La baja ejecución presupuestal y la falta de instrumentos de seguimiento, como un clasificador específico, reflejan debilidades en la gestión y priorización del gasto público.

La campaña exige la creación urgente de un mecanismo que permita monitorear en detalle el uso de los recursos y que se garantice la operatividad en las primeras horas de la búsqueda.

El cierre de la campaña incluyó una acción simbólica en memoria de las víctimas, recordando que cada minuto sin recursos suficientes aumenta el riesgo y la vulnerabilidad de las mujeres y niñas desaparecidas en el Perú. La demora en la respuesta estatal puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

El panorama fiscal de Perú atraviesa su momento más delicado en un cuarto de siglo. Entre 2021 y 2025, el déficit fiscal promedio alcanzó el 2,5% del PBI, el nivel más alto desde inicios del milenio, pese a contar con precios históricos de cobre y oro.

El Consejo Fiscal, presidido por Alonso Segura Vasi, adviertió esta mañana que el país enfrenta un deterioro acelerado de sus cuentas públicas, marcado por el incumplimiento de reglas fiscales durante tres años consecutivos y una deuda pública neta en ascenso.

Un ciclo de leyes costosas y gasto creciente: déficit récord pese al auge minero

El Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal adverso entre 2021 y 2026, generando compromisos permanentes por S/ 36,700 millones anuales (3% del PBI) y un costo fiscal total de S/ 109,600 millones, equivalente al 9,1% del PBI.

Según el grupo especializado, este agujero supera el presupuesto anual en salud o educación y amenaza con duplicar la deuda pública en la próxima década.

Las normas incluyen incrementos en pensiones de maestros y personal militar, mayores gratificaciones y beneficios para empleados estatales, y el pase de personal de salud a regímenes laborales más costosos. El gasto anual conjunto de estas leyes representa el 2,6% del PBI.

El deterioro fiscal se produce en un contexto de precios excepcionales para las exportaciones: entre 2021 y 2025, el cobre promedió 415 centavos de dólar por libra y el oro, 2.275 dólares por onza troy.

Sin embargo, los ingresos no vinculados a recursos naturales se mantienen estancados en torno al 18% del PBI, reflejando la limitada capacidad del sistema tributario para generar fuentes de ingreso estables y menos dependientes del entorno internacional.

La deuda pública neta pasó del 13,2% del PBI en 2015 a 21,8% en 2021, y los activos financieros públicos cayeron a solo 7,4% del PBI en 2025, el nivel más bajo en la historia reciente. El Fondo de Estabilización Fiscal apenas equivale al 26,8% del promedio observado entre 2011 y 2019.

Gasto público sin control, inversión estancada

El gasto no financiero del gobierno general promedió el 20,9% del PBI en el último quinquenio, superando registros previos. El crecimiento en planillas y pensiones explica buena parte del aumento: solo en sueldos públicos, el incremento fue tres veces mayor que en el sector privado formal.

Entre 2017 y 2025, el sueldo de los maestros públicos aumentó 125% en términos reales y el del personal de salud no médico, 179%, frente al 19% del sector privado.

La inversión pública, aunque superior al promedio latinoamericano (4,9% del PBI frente al 3%), está dominada por proyectos pequeños y medianos. Más de 62,000 obras, el 45% del total desde 2012, están abandonadas o con ejecución menor al 90%.

Institucionalidad y sostenibilidad en jaque

El Consejo Fiscal advierte que la proliferación de leyes de alto costo fiscal y el debilitamiento institucional—reflejado en una duración promedio de apenas 4,9 meses para los ministros de Economía entre 2021 y 2025—ponen en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.

De implementarse todas las leyes aprobadas, la deuda pública podría aumentar en 22 puntos porcentuales del PBI en la próxima década, rebasando el límite legal de 38%.

El organismo identifica cinco retos inmediatos para recuperar el equilibrio fiscal: revertir medidas que reducen el espacio fiscal, frenar la aprobación de leyes con impacto adverso, contener el crecimiento de planillas y pensiones, compatibilizar megaproyectos con capacidad presupuestaria y restablecer el cumplimiento de las reglas fiscales.

Las elecciones generales de 2026 marcan un punto de inflexión para el clima de inversiones en Perú. El país se prepara para una posible segunda vuelta entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, escenario que genera cautela en los mercados y entre los actores económicos internacionales. No obstante, la historia reciente y los fundamentos de la economía peruana ofrecen señales de resiliencia y oportunidades para quienes apuestan al largo plazo.

La economía peruana mantiene indicadores sólidos aun en medio de incertidumbre política. La inflación anual se ha controlado dentro del rango meta —entre 1% y 3%— durante los últimos años, según reportes del Banco Central de Reserva. Además, las reservas internacionales han superado la marca de los 100 mil millones de dólares, cifra que respalda la capacidad del país para absorber eventuales shocks externos. Estos fundamentos permiten que, pese a la volatilidad propia de los procesos electorales, el Perú conserve su atractivo para el inversor extranjero.

Estrategias frente a la incertidumbre: aprendizaje de ciclos anteriores

El director del Grupo Fuentes en Perú y Alligare Internacional en Latinoamérica, Luis Fuentes, sostiene que las elecciones representan un momento decisivo para definir el panorama de inversiones en los próximos años. Recomienda no solo evaluar el riesgo político inmediato, sino también estructurar las operaciones con visión estratégica. “El inversionista que logra ordenar su entrada al mercado, incluso en un entorno incierto, es el que encuentra las mejores oportunidades”, afirma Fuentes.

En ese sentido, la experiencia peruana muestra que los ciclos electorales suelen ser absorbidos por la institucionalidad económica y no necesariamente alteran el rumbo de los principales indicadores. Sectores como la minería, la agroindustria y la energía han mantenido dinámicas estables y de largo plazo, independientemente de los cambios políticos.

Cuatro factores clave para la inversión extranjera en año electoral

• Estabilidad macroeconómica y resiliencia Perú ha demostrado capacidad para mantener el control sobre sus principales indicadores económicos, incluso en escenarios políticos complejos. En 2011, con Ollanta Humala, y en 2021, con Pedro Castillo, la disciplina fiscal, la autonomía del Banco Central de Reserva y la estabilidad macroeconómica se conservaron pese a las tensiones políticas.
• Riesgo regulatorio y reformas Durante los procesos electorales suelen intensificarse las propuestas de cambio, pero su viabilidad depende de factores institucionales como la composición del Congreso y la necesidad de consensos. Esto tiende a moderar la ejecución de reformas estructurales profundas.
• Diversificación para mitigar riesgos La volatilidad del contexto electoral subraya la importancia de diversificar inversiones. Distribuir capital en distintos sectores o combinar operaciones locales con presencia internacional ayuda a mitigar riesgos. La minería, la agroindustria y la energía siguen mostrando estabilidad más allá de los ciclos políticos.
• Planificación y estructura desde el inicio Una adecuada planificación legal, tributaria y operativa es determinante para la sostenibilidad de cualquier inversión. “Cuando una empresa ingresa al mercado peruano con una estructura sólida, está mejor preparada para operar con estabilidad en distintos escenarios. La diferencia suele estar en la planificación más que en la coyuntura”, agrega Fuentes.

Oportunidades detrás de la volatilidad

En el corto plazo, la Bolsa de Valores de Lima y otros indicadores pueden reflejar ajustes y reacciones propias de la incertidumbre electoral. Sin embargo, la experiencia muestra que estos episodios suelen estabilizarse a medida que se define el panorama político y se reafirman la institucionalidad y las reglas económicas. Para los inversionistas con visión de largo plazo, estos momentos pueden abrir oportunidades de entrada en condiciones más favorables.

“El resultado electoral es importante, pero no lo es todo. La preparación, el análisis y la estructura con la que se aborda una inversión son determinantes para su éxito en el tiempo”, concluye Fuentes. La historia reciente de Perú confirma su capacidad de adaptación y resiliencia, por lo que el 2026 puede representar tanto desafíos como oportunidades para los inversores que comprendan la lógica de una economía con bases sólidas.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) publicó su más reciente sondeo sobre las percepciones de los principales especialistas del país frente a las propuestas de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta electoral.

El resultado es contundente: un 90% de los economistas consultados considera desfavorables o muy desfavorables las ideas de Roberto Sánchez y Juntos por el Perú en materia fiscal, inversión privada, empleo formal y seguridad ciudadana. Sin embargo, la preocupación no se limita a un solo candidato.

El análisis también arroja que 6 de cada 10 economistas desconfía de la efectividad del plan anticorrupción de Keiko Fujimori, principal contendora en el balotaje.

El informe original analizaba también a Rafael López Aliaga, pero tras la decisión del JNE de descartar elecciones complementarias, Sánchez quedó prácticamente asegurado en segunda vuelta, con casi 30 mil votos más.

¿Por qué generan tanta desconfianza las propuestas de Sánchez?

Los economistas consultados coinciden en que el plan de gobierno de Juntos por el Perú introduce cambios considerados riesgosos para la estabilidad macroeconómica.

Entre las propuestas más cuestionadas están el cuestionamiento a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), la posible convocatoria a una asamblea constituyente, el impulso de una mayor actividad empresarial del Estado y la intención de modificar el trato igualitario entre inversiones nacionales y extranjeras.

Además, se advierte la intención de aumentar la carga tributaria al sector minero y reducir los plazos sobre concesiones, acciones que, según los especialistas, podrían espantar la inversión y frenar el crecimiento.

El empleo formal, inversión privada y seguridad: puntos críticos

El 92% de los economistas ve desfavorables las medidas de Sánchez para promover la inversión privada, y un 89% se muestra escéptico sobre su capacidad para generar empleo formal.

La percepción negativa se explica porque las propuestas analizadas van en sentido contrario a la experiencia internacional y a los consensos técnicos sobre lo que incentiva la creación de empleo y el crecimiento económico sostenible.

Sobre seguridad ciudadana y control de economías ilegales, el panorama se repite: el 92% de los especialistas desaprueba las propuestas de Juntos por el Perú, señalando que no ofrecen un enfoque claro ni medidas concretas para enfrentar el avance de la criminalidad y las mafias ligadas a economías ilícitas.

Keiko Fujimori tampoco convence del todo

Aunque Keiko Fujimori recibe mucho menos rechazo en términos económicos, su plan anticorrupción genera suspicacias. El 56% de los economistas consultados cree que la candidata de Fuerza Popular debe precisar mucho más cómo enfrentará la corrupción en un eventual gobierno.

Además, el 68% considera que tiene que detallar mejor sus estrategias de seguridad ciudadana y lucha contra las economías ilegales, áreas donde existe una demanda social urgente de resultados.

El sondeo del IPE muestra que, de cara a la segunda vuelta, la ciudadanía y los mercados esperan mayor claridad y detalle en las propuestas de ambos candidatos.

A Fujimori se le exige profundidad en su lucha contra la corrupción y transparencia en materia de seguridad, mientras que a Sánchez se le pide que aclare sus posiciones respecto a la autonomía del Banco Central y la convocatoria a una asamblea constituyente, puntos que generan incertidumbre entre los analistas.

¿Qué piden los economistas para el próximo gobierno?

El contexto electoral contribuye a la volatilidad económica. Según el IPE, el 55% de los economistas identifica a la incertidumbre electoral como el principal riesgo para la economía en el corto plazo, un fenómeno que ya se refleja en la depreciación del sol y la cautela en las inversiones. La inestabilidad política y los temores sobre posibles vacancias presidenciales también alimentan la preocupación respecto al rumbo económico del país.

De cara a una posible delegación de facultades legislativas, los especialistas consultados coinciden en que el próximo gobierno debería priorizar la seguridad ciudadana y la lucha contra las economías ilegales. En segundo lugar, sugieren enfocarse en la simplificación administrativa y el destrabe de proyectos de inversión, acciones que podrían ayudar a recuperar la confianza y el clima de negocios.

El cuidado de la piel ha pasado de ser una tendencia de nicho a convertirse en una prioridad para millones de peruanos, según un análisis de Mercado Libre Perú.

Impulsado por una mayor conciencia sobre la salud, la prevención del daño solar y el acceso digital a la información y los productos, el skincare vive un auge que no solo se refleja en las redes sociales, sino también en las cifras del mercado y en la evolución de los hábitos de consumo.

El comercio electrónico ha sido clave para esta transformación. Actualmente, más de la mitad de los peruanos realiza compras por internet, lo que ha democratizado el acceso a productos que antes solo estaban disponibles en tiendas especializadas o a través de profesionales.

Plataformas de e-commerce reportan que la categoría de cuidado de la piel se mantiene entre las más buscadas y que el consumidor es cada vez más exigente, informado y dispuesto a invertir en su bienestar a largo plazo.

Un mercado en expansión y nuevas oportunidades

El contexto económico y social ha acompañado este boom. Según el Gremio de Cosmética e Higiene Personal (COPECOH), el sector en Perú superó los S/ 10.000 millones en 2025, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior.

Además, se registró el ingreso de 120 nuevas empresas, muchas de ellas enfocadas en belleza y dermocosmética, y se lanzaron más de 1.200 productos, lo que evidencia un mercado en plena expansión y con una oferta cada vez más variada.

La preferencia del consumidor peruano se ha sofisticado notablemente. Ya no se trata solo de elegir marcas conocidas, sino de analizar la composición de los productos, buscar ingredientes activos y priorizar la recomendación de especialistas, sobre todo dermatólogos.

El comprador actual investiga, compara beneficios y lee reseñas antes de decidirse, utilizando la tecnología como principal herramienta para tomar decisiones informadas.

Tendencias claras en la rutina de skincare peruano

Algunas tendencias definen el nuevo panorama del skincare en Perú:

• Limpieza facial profunda: Es el punto de partida de cualquier rutina. Los usuarios buscan productos que limpien eficazmente sin maltratar la barrera natural de la piel, lo que favorece una piel más sana y preparada para recibir otros tratamientos.
• Protección solar diaria: La conciencia sobre la importancia de protegerse del sol ha convertido al fotoprotector en un básico. Se prefieren fórmulas ligeras, de rápida absorción y con alto nivel de protección, aptas para el uso diario y recomendadas por especialistas.
• Tratamientos personalizados con ingredientes activos: Los peruanos eligen sérums y cremas con Vitamina C, Ácido Hialurónico o Niacinamida para abordar necesidades específicas como manchas, arrugas, hidratación o falta de luminosidad.

Esta búsqueda responde a un mayor conocimiento sobre los beneficios de cada ingrediente y a la posibilidad de adaptar la rutina a cada tipo de piel o preocupación.

La voz de la industria: un consumidor que investiga y decide

El auge del skincare en Perú confirma que la prevención y el bienestar ya forman parte de las prioridades cotidianas de millones de personas. El consumidor actual compara, investiga y elige productos en función de ingredientes y necesidades específicas, aprovechando el acceso digital y la oferta ampliada.

Según Chiara de la Flor, gerente multicategoría de Mercado Libre Perú, las plataformas digitales han convertido a los usuarios en compradores informados, capaces de analizar y decidir con mayor criterio. Este nuevo perfil seguirá impulsando la transformación del cuidado de la piel en el país, abriendo oportunidades para la innovación y la educación en salud y belleza. “El canal digital es hoy el principal aliado del consumidor de skincare”, resume la vocera.

La Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) informó que el mercado inmobiliario de Lima Metropolitana y Callao experimentó un crecimiento del 25% en las ventas de viviendas durante el primer trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior.

Según el reporte, la velocidad de colocación de unidades alcanzó cifras no vistas desde 2012, con un índice de absorción mensual de 5,6%. El tiempo estimado para agotar el inventario bajó a 17 meses, reflejando un mercado formal en expansión.

El informe de CODIP detalla que el 68,4% de la demanda sigue concentrándose en Vivienda de Interés Social (VIS), es decir, en unidades de hasta 488.800 soles.

Sin embargo, el segmento de viviendas de mayor valor —por encima de ese rango— ya representa el 31,6% de la demanda, evidenciando que el apetito por propiedades premium y departamentos de un dormitorio comienza a restar peso a la VIS.

La mayor parte de las ventas se concentra en departamentos de 40 a 60 metros cuadrados y en unidades de dos y tres dormitorios, pero la proporción de departamentos de un dormitorio sigue en aumento.

Los subsidios para la vivienda ya no son tan rentables para las inmobiliarias

En diálogo con Infobae Perú, Ana Cecilia Gálvez, gerenta general de CODIP, reconoció que la participación relativa de la VIS disminuyó levemente frente a trimestres previos, aunque aclaró que el fenómeno debe analizarse con cautela.

“No es que la VIS sea menos importante, sino que ahora hay más oferta y demanda en segmentos superiores. Antes la VIS representaba 69 o 70% de las ventas; hoy es 68,4%”, explicó. Gálvez subrayó que el desarrollo del sector está marcado por los cambios regulatorios recientes.

Durante varios años, la potestad sobre los parámetros de altura y tamaño de los proyectos pasó de las municipalidades al Ministerio de Vivienda, lo que generó una “ventana” de condiciones más flexibles que impulsó una construcción voraz y la proliferación de VIS con áreas por debajo de 40 metros cuadrados.

Sin embargo, tras un fallo del Tribunal Constitucional, desde 2026 la potestad regresó a los cabildos y los proyectos aprobados después del 1 de enero de 2026 deberán cumplir con nuevos requisitos, entre ellos mayores áreas mínimas, lo que modificará la “dinámica del mercado”.

“El Reglamento Nacional de Edificaciones en realidad no fija un tamaño mínimo; si no es VIS, se puede construir de cualquier tamaño. Con esto, la vivienda de un dormitorio ha ganado importancia y el área promedio ha disminuido, porque es posible hacer unidades más pequeñas”, explicó.

El impacto del cambio normativo solo comenzará a notarse plenamente en los próximos trimestres, cuando se reduzca el número de proyectos VIS viables bajo la nueva regulación.

Menos dinero para construir en terreno propio; más para las inmobiliarias

La gerente general de CODIP recordó que el gremio había pedido mayores créditos suplementarios en la Ley de Presupuesto 2026 para fortalecer la vivienda social.

El Ministerio de Vivienda, sin embargo, resolvió la demanda redistribuyendo los fondos existentes: recortó el presupuesto para la modalidad Sitio Propio (dentro del programa Techo Propio, destinado a la autoconstrucción en terreno propio) y reasignó esos recursos a la compra de viviendas nuevas, beneficiando principalmente a proyectos inmobiliarios formales.

Así, aunque el monto total de subsidios se mantuvo, la decisión restringe el acceso a quienes buscan construir por cuenta propia y facilita el crecimiento de la vivienda formal ofrecida por empresas.

En el ecosistema de la vivienda en el país, el programa Fondo MiVivienda otorga créditos principalmente para la compra de departamentos, mientras que Techo Propio atiende a segmentos más bajos. Ambos forman parte de la política estatal de acceso habitacional, aunque sus beneficiarios y modalidades difieren.

Aunque la VIS mantiene un peso significativo en la estructura del mercado, la dinámica actual favorece el avance de los segmentos no subsidiados y de unidades de menor tamaño, en un contexto de absorción récord y cambios en la orientación de los subsidios públicos.

Los distritos tradicionales mantienen el liderazgo: ¿Cuáles?

La dinámica del mercado inmobiliario limeño sigue marcada por la fuerte concentración de ventas en los distritos de Lima Moderna y Lima Top.

Según CODIP, Jesús María lideró las ventas en el primer trimestre de 2026 con 822 unidades colocadas, frente a 778 en el mismo periodo del año anterior. San Miguel se ubicó en segundo lugar, mientras que Miraflores, en Lima Top, vendió 714 unidades, aunque con una baja en su stock: pasó de 5.800 a 4.650 unidades disponibles.

En el centro de la capital, Lima Cercado se mantiene como el principal polo de operación. El caso de Miraflores es particular, ya que la reducción del stock se explica por la revisión de la normativa local y la eliminación de incentivos urbanísticos que frenaron la renovación de proyectos VIS.

En contraste, Lima Norte, Lima Este y el Callao muestran una expansión dinámica impulsada por políticas municipales más flexibles y cambios regulatorios que favorecen la Vivienda de Interés Social. En Lima Norte, Independencia lideró con 107 unidades vendidas, seguido de Carabayllo.

El total de ventas en Lima Norte alcanzó 293 unidades en el periodo analizado. En Lima Este, San Juan de Lurigancho se consolidó como protagonista, reflejando un crecimiento significativo en ventas y una demanda sostenida.

El Callao duplicó prácticamente sus ventas, partiendo de una base de 100 unidades a 222, gracias a la introducción de proyectos de VIS con precios accesibles y una normativa favorable.

Esta tendencia, según el gremio, confirma que el interés del mercado se está desplazando hacia zonas periféricas, donde la conectividad, la disponibilidad de suelo y la expansión de la oferta inmobiliaria abren nuevas oportunidades de desarrollo para el sector.

El aumento sostenido de los precios de las gasolinas y el diésel, motivado principalmente por la inestabilidad internacional y la guerra en Medio Oriente, está llevando a miles de conductores a buscar alternativas económicas para movilizarse.

En este contexto, el Gas Natural Vehicular (GNV) se consolida como la opción principal para quienes buscan ahorrar y protegerse de la volatilidad de los combustibles tradicionales en Lima y Callao.

Solo entre enero y marzo de 2026, más de 7.000 vehículos livianos fueron convertidos a GNV en Lima y Callao. Con esta cifra, ya circulan más de 313.000 autos a gas natural en ambas ciudades, lo que consolida al GNV como una de las alternativas más elegidas frente al GLP, la gasolina y el diésel.

El subgerente de Movilidad Liviana de Cálidda, José Saco, subrayó que, “en un contexto como el actual, el gas natural vehicular se consolida como una alternativa clave para una movilidad más sostenible y accesible”, destacando tanto el ahorro para las familias como la reducción de emisiones contaminantes.

¿Por qué el GNV gana terreno frente a otros combustibles?

El GNV no solo es más estable frente a los vaivenes del mercado internacional, sino que resulta 55% más barato que el GLP y hasta 70% más económico que la gasolina.

Esto significa que los conductores que optan por esta alternativa gastan mucho menos cada mes, un aspecto fundamental para quienes usan el auto como herramienta de trabajo.

El crecimiento del GNV en Lima y Callao también es posible gracias a una red consolidada de más de 320 estaciones de servicio que aseguran el abastecimiento oportuno, así como más de 150 talleres autorizados para la conversión de autos y mototaxis.

Este desarrollo de infraestructura ha eliminado uno de los principales obstáculos para que los conductores den el paso hacia el gas natural, según Cálidda.

Más estaciones, más talleres y acceso más fácil

El acceso a la conversión de autos a GNV se ha vuelto más fácil gracias al financiamiento con 0% interés impulsado por el Estado a través del FISE.

Este programa permite a los interesados cubrir hasta el 100% del costo de la conversión, mediante un sistema de pago en cuotas cada vez que se carga GNV, sin necesidad de hacer un pago inicial y con plazos de hasta tres años sin intereses. La facilidad es válida tanto para mototaxis como para autos particulares.

El avance del GNV implica un alivio directo en los gastos de las familias y los profesionales del volante, a la vez que ayuda a reducir las emisiones y avanzar hacia un transporte más limpio en Lima y Callao.

El crecimiento de la red de estaciones, sumado a la estabilidad de precios y las facilidades de financiamiento, consolidan al GNV como una de las alternativas más sólidas en tiempos de combustibles caros e incertidumbre internacional, refirió la concesionaria capitalina.

Precios internacionales al alza y más dudas sobre el futuro del gas

En el escenario internacional, los precios del petróleo se mantienen en niveles elevados: el barril de Brent cotiza en torno a los 111,60 dólares, mientras que el WTI ronda los 99,66 dólares y el crudo de la OPEP se ubica cerca de los 109,44 dólares, con proyecciones de alcanzar nuevos máximos en el segundo trimestre de 2026.

A nivel local, el gas natural también enfrenta presiones debido a la investigación que Osinergmin realiza sobre TGP y la emergencia de marzo en el gasoducto de Camisea, hechos que generaron incertidumbre entre los consumidores sobre la seguridad y continuidad del suministro.

Además, vale recordar que el Libro de Hidrocarburos del Minem advierte que, de no encontrarse nuevas reservas o realizarse exploraciones adicionales, el gas natural disponible en el país alcanzaría para solo unos 13 años más, lo que añade preocupación sobre el futuro energético nacional.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) proyecta que el próximo feriado largo —del viernes 1 al domingo 3 de mayo— movilizará a cerca de 945 mil turistas internos en todo el Perú.

El impacto económico estimado para el sector turismo y actividades relacionadas se calcula en US$ 135 millones, cifra que refleja el dinamismo y la recuperación paulatina del turismo interno. El ministro José Reyes Llanos detalló que el principal beneficio económico se sentirá en hospedaje, transporte, gastronomía y el comercio local.

El flujo de viajeros previsto para este año supera al observado en el mismo feriado de 2025, cuando se registraron más de 939 mil viajes y un impacto cercano a US$ 120 millones. Esta tendencia confirma el avance sostenido del sector y la importancia de los feriados largos como motor de la economía regional.

Lima sigue liderando los viajes

Lima Metropolitana se mantiene como el principal mercado emisor de turistas internos, aportando cerca del 40% del total de viajes durante el feriado. Los limeños, con una permanencia promedio de 3 noches fuera de casa y un gasto individual de aproximadamente S/500, marcan la pauta del turismo interno.

Esta cifra es muy similar al comportamiento registrado el año anterior, lo que evidencia una fuerte continuidad en los patrones de consumo y movilidad.

Según los análisis del MINCETUR, los viajes de corta duración y los destinos cercanos vuelven a ser la opción preferida. El clima favorable y la oferta gastronómica son factores decisivos para los viajeros, que priorizan lugares accesibles donde puedan disfrutar sin recorrer largas distancias.

Regiones como Ica, Arequipa, Junín, La Libertad, Lambayeque y San Martín se perfilan como algunos de los destinos más visitados en este feriado.

Los mismos destinos de siempre: visitar a la familia, la razón principal

La preferencia por lo conocido sigue marcando la tendencia: en 2025, más del 70% de los turistas eligió lugares que ya había visitado, mostrando una inclinación por opciones seguras y fáciles de planificar.

Esta conducta se mantiene para el presente año, con muchos viajes motivados por la cercanía, la experiencia previa y la confianza en el destino, explica el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

El motivo principal de los viajes internos será nuevamente la visita a familiares y amigos, que en el feriado del año pasado representó más del 60% de los desplazamientos.

Las actividades de descanso y recreación ocupan el segundo lugar, consolidando al turismo interno como un canal de integración social y dinamismo económico descentralizado.

¿Cómo nos movemos y dónde nos quedamos?

El predominio del transporte terrestre —principalmente el bus interprovincial— caracteriza la movilidad durante el feriado largo. La mayoría de los viajeros opta por alojarse en viviendas de familiares o amigos, mientras que la organización del viaje suele hacerse por cuenta propia, sin intermediación de agencias.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo concluye que los patrones de viaje observados en años anteriores se mantienen, reforzando la importancia del turismo interno tanto para la economía nacional como para la integración familiar y social en todo el país.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó la Resolución Ministerial N.° 206-2026-MTC/01.02, que presenta el proyecto para modificar el Reglamento Nacional de Administración de Transporte (RNAT).

El objetivo central es establecer un marco legal que permita implementar el Sistema Integrado de Transporte (SIT) a nivel nacional, integrando corredores, buses alimentadores, metro y otros medios bajo una lógica unificada.

El documento, según informó el MTC, busca ordenar el transporte público, reducir la informalidad y modernizar la experiencia de viaje en las principales ciudades del país.

Un solo pasaje para todo el viaje: ¿Cómo funcionará el SIT?

El proyecto se apoya en dos pilares clave: la incorporación de asociaciones público-privadas (APP) para promover inversión privada y la creación de una tarifa única para los usuarios.

Según el análisis del propio MTC, el SIT permitirá que los pasajeros paguen un solo boleto y puedan hacer transbordos entre distintos modos de transporte sin tener que volver a pagar, siempre que el trayecto se mantenga dentro del sistema.

Esta integración facilitará el acceso, reducirá costos y simplificará la movilidad para millones de personas. Además, la norma habilita a los gobiernos locales y entidades estatales para adquirir, administrar y aportar infraestructura esencial al sistema, como terminales, estaciones y patios de maniobras.

El marco legal permitirá que estos bienes sean gestionados mediante APP, obras por impuestos u otros modelos de inversión contemplados en la Constitución, fomentando la participación de empresas privadas en la construcción y operación de corredores y servicios.

La ATU será la entidad responsable de organizar y supervisar todo el transporte público integrado en Lima y Callao. Tendrá a su cargo la aplicación de la tarifa única, el control de calidad, la modernización de la flota y la coordinación con operadores privados y autoridades, buscando un servicio seguro, eficiente y accesible para todos.

¿Qué pasa con los choferes informales?

El SIT introduce un sistema de pago electrónico unificado que permitirá usar tarjetas, códigos QR o una app móvil para abonar el viaje.

El usuario hará un solo pago al comenzar su trayecto y podrá realizar transbordos entre buses, metro y otros modos integrados sin cargos adicionales, bajo ciertas reglas de tiempo y recorrido.

Este mecanismo estará disponible en toda la red y será interoperable entre operadores, facilitando el control y la trazabilidad del sistema.

Ventajas para los usuarios:

• Un solo pago cubre todo el trayecto dentro del sistema, sin importar cuántos medios de transporte se utilicen.
• Se podrán hacer transbordos libremente, siempre que el viaje no se interrumpa fuera de la red.
• El pago podrá realizarse con una app móvil oficial, tarjeta electrónica o código QR, lo que elimina el uso de efectivo y agiliza el acceso.
• La app permitirá consultar rutas, planificar viajes y monitorear el gasto en tiempo real.
• Se prevé la posibilidad de tarifas diferenciadas y subsidios focalizados para estudiantes, adultos mayores y sectores vulnerables, con el fin de asegurar la asequibilidad.

El MTC subraya que este modelo de integración tarifaria es fundamental para combatir la informalidad, ya que incentiva el uso del sistema formal, reduce los costos para los usuarios y facilita la fiscalización del servicio.

El sistema de recaudo único también permitirá redistribuir los ingresos entre operadores de manera transparente y apoyará la sostenibilidad financiera del SIT.

Asociaciones público-privadas y modernización del transporte

La reforma promueve activamente la inversión privada a través de APP y otros mecanismos, permitiendo que empresas construyan, operen o mantengan partes del sistema a cambio de concesiones y bajo reglas claras supervisadas por el Estado.

El Estado podrá aportar bienes, infraestructura y tecnología, mientras que los privados sumarán recursos, innovación y eficiencia. Según el MTC, la combinación de inversión pública y privada permitirá superar la fragmentación actual, cerrar la brecha de infraestructura y acelerar la modernización.

El decreto reconoce que la brecha de infraestructura en transporte supera los 30,000 millones de dólares, y que la congestión genera pérdidas anuales superiores a 540 millones de soles en ciudades como Trujillo.

Entre 1990 y 2022, las emisiones del sector transporte aumentaron 262%, y el 67% de los viajes en Lima se realiza en transporte informal.

El SIT apunta a revertir estos indicadores, facilitando la transición de operadores pequeños hacia esquemas empresariales formales, promoviendo la eficiencia, la calidad del servicio y el acceso universal.

Algunos datos clave del diagnóstico del MTC:

• 60% de los usuarios en Lima y Callao utiliza micros, coasters y combis tradicionales, la mayoría fuera del sistema formal.
• Solo el 8,3% usa medios como el metro, corredores complementarios o el Metropolitano.
• El viaje promedio en Lima y Callao es de 59 minutos para 12,2 km, y los hogares de menores ingresos destinan hasta el 45% de su presupuesto al transporte.
• El déficit de infraestructura en el sector supera los 30 mil millones de dólares en todo el país.
• La integración tarifaria y el uso de apps permitirán un mayor control sobre ingresos y evasión, y los ingresos no tarifarios (publicidad, alquiler de espacios) pueden representar hasta el 30% del total en sistemas consolidados.

Las proyecciones de Citi Research para Perú en 2026 apuntan a un crecimiento económico de 2,8%, ubicando al país entre las economías más resilientes de América Latina. El informe, presentado al cierre del primer trimestre de 2026, destaca el buen comportamiento de sectores como construcción, comercio y minería.

Sin embargo, la atención de los inversionistas se ha desplazado hacia el panorama político, donde la falta de claridad en los resultados electorales y las definiciones de un posible nuevo gobierno han elevado la percepción de riesgo.

Un entorno global desafiante y la respuesta de América Latina

El contexto global sigue marcado por una elevada incertidumbre geopolítica, especialmente a raíz del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el mercado petrolero. Citi ajustó a la baja su proyección de crecimiento mundial para 2026 de 2,9% a 2,7%, reflejando el encarecimiento del petróleo, mientras que la inflación global subió de 2,6% a 3,3%.

El economista jefe para América Latina de Citi, Ernesto Revilla, advirtió que la combinación de menor crecimiento y mayor inflación está generando presiones sobre las políticas monetarias y fiscales en todo el mundo.

América Latina ha mostrado una resiliencia notable frente a este escenario. Factores como la debilidad del dólar y precios de commodities elevados han fortalecido las monedas de la región y mejorado sus términos de intercambio.

Además, la lejanía de los principales focos de conflicto geopolítico ha sido percibida como un activo por los mercados. A pesar de ello, Citi ha comenzado a revisar a la baja las proyecciones de crecimiento para varios países del bloque, anticipando un entorno internacional más desafiante en los próximos meses.

Perú mantiene el crecimiento, pero la política genera cautela

El informe de Citi resalta que Perú mantiene una de las proyecciones de crecimiento más sólidas de la región, con una estimación de 2,8% para 2026. Este desempeño se apoya en la recuperación de la construcción, el dinamismo del comercio y una minería que sigue siendo motor clave.

Aunque sectores como manufactura y pesca muestran menos dinamismo, el balance general es favorable en comparación con economías vecinas como Chile o Colombia.

En materia inflacionaria, Citi proyecta un cierre de año en 2,8%, dentro del rango objetivo del Banco Central de Reserva (BCR), que mantendría su tasa de referencia en 4,25%. El tipo de cambio, por su parte, se estima en S/ 3,41 al finalizar el año, sin mayores señales de deterioro de la moneda local.

El principal factor de incertidumbre para el país no es económico, sino político. La falta de definición sobre los resultados de la primera vuelta electoral y las dudas sobre el perfil del próximo gobierno han vuelto a poner a Perú en el foco de preocupación de los inversionistas internacionales.

Según Revilla, la estabilidad de las inversiones dependerá de las primeras señales de política económica y de la conformación del equipo técnico del nuevo gobierno. Hasta que haya mayor claridad, los flujos de inversión podrían permanecer en pausa.

Riesgos regionales y perspectivas hacia adelante

La región latinoamericana enfrenta ahora presiones estanflacionarias, con menor crecimiento y mayor inflación, producto del shock externo provocado por el conflicto en Medio Oriente.

Países como Colombia han visto ajustes negativos en sus proyecciones, mientras que Centroamérica y el Caribe logran cierta estabilidad gracias al turismo, las remesas y la fortaleza de la economía estadounidense.

Citi concluye que, aunque la economía global y la latinoamericana muestran capacidad de adaptación, el desenlace del conflicto geopolítico y la evolución del mercado energético serán determinantes para el crecimiento en lo que resta del año.

Para Perú, el reto inmediato es político: el rumbo de la economía dependerá en buena medida de la confianza que logre transmitir el próximo gobierno y de la rapidez con que se resuelva la actual incertidumbre electoral.

Perú atraviesa un escenario de expectativas económicas positivas para 2026. El Banco Central de Reserva (BCRP) ajustó la proyección de crecimiento del PBI a 3,2%, impulsado por la inversión privada, el dinamismo exportador y los altos precios internacionales de metales como el cobre, oro y zinc.

Este entorno, junto con el crecimiento sostenido del empleo formal, está transformando el mercado laboral y colocando a la administración y la carrera de finanzas entre las profesiones más buscadas por las empresas, de acuerdo con un análisis de ISIL.

La transformación digital, los cambios económicos acelerados y la necesidad de decisiones estratégicas basadas en datos han llevado a las organizaciones a priorizar perfiles que puedan analizar información, gestionar recursos y aportar soluciones en sectores complejos y competitivos.

La administración y las finanzas ganan protagonismo en el país

Según el reporte de la casa de estudios, actualmente los profesionales de administración y finanzas deben fortalecer su capacidad de adaptación, desarrollar competencias en análisis de datos y adquirir experiencia en gestión de riesgos si quieren subirse a la ola de crecimiento que experimenta el país.

El entorno laboral exige perfiles con visión estratégica, dominio de herramientas digitales y habilidades para tomar decisiones informadas en contextos cambiantes.

Los estudiantes, por su parte, deben desarrollar habilidades para evaluar escenarios, gestionar riesgos, analizar información económica y proponer soluciones estratégicas desde los primeros ciclos de la carrera.

La formación práctica permite enfrentar situaciones reales en planificación y análisis financiero, características que hoy demanda el mercado, sostiene la ISIL.

¿Qué sectores demandan profesionales de administración en 2026?

El mercado laboral acompaña el crecimiento económico. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el empleo formal en Perú creció 4,2% en febrero de 2026, sumando 246 mil puestos adicionales y acumulando 23 meses consecutivos de expansión.

El sector privado es el principal impulsor de esta tendencia, explica la ISIL, lo que se traduce en una mayor demanda de especialistas en administración y finanzas.

Las oportunidades abarcan banca, servicios financieros, consultoras, minería, agroindustria, energía, retail y administración pública. Los cargos más requeridos incluyen:

• Analista financiero
• Gestor de tesorería
• Asistente administrativo
• Jefe de administración
• Consultor de proyectos
• Auditor
• Gerente de operaciones

El dominio de herramientas de Business Intelligence, como Power BI, y la experiencia en gestión de tesorería son competencias cada vez más valoradas en el mercado, señala.

¿Cuánto paga el sector privado?

Los profesionales de administración y finanzas acceden a una amplia variedad de posiciones en empresas privadas, de acuerdo con el análisis de ISIL para el ejercicio 2026.

El sueldo promedio para cargos intermedios oscila entre S/ 2,500 y S/ 3,600 mensuales. Con experiencia o especialización, los ingresos superan los S/ 4,000, y en puestos de jefatura o gerencia pueden llegar hasta S/ 10,000 al mes.

Sin embargo, para acceder a puestos clave, los nuevos profesionales deben estar capacitados para desempeñarse en banca, financieras, cajas municipales, aseguradoras, AFPs, consultoras, auditorías y empresas privadas de cualquier sector, así como en logística, recursos humanos y el sector público.

Ello, porque entre sus funciones destacan la gestión contable, el control de estados financieros, la administración de flujo de caja, la evaluación de proyectos de inversión, la elaboración de presupuestos y la gestión de talento humano, sentencia.

El Perú avanza en la implementación de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), un nuevo modelo confirmado y anunciado oficialmente por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), que busca modernizar la economía, captar inversiones y diversificar la oferta exportadora nacional.

Esta política ha recibido el respaldo de especialistas del sector, entre ellos la exministra de Comercio Exterior y Turismo, Teresa Mera, quien considera que este esquema marca una nueva etapa para el desarrollo productivo y exportador del país.

Un modelo inspirado en experiencias exitosas

Para Mera, la decisión de MINCETUR de apostar por las ZEEP representa un punto de inflexión en la estrategia de crecimiento nacional. “El nuevo modelo de ZEEP posiciona al Perú como un destino competitivo para grandes inversiones, al tiempo que impulsa la innovación y fortalece las cadenas productivas con participación de las micro, pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

Explicó que este modelo surge de un trabajo articulado entre el Ejecutivo, el Congreso y el sector privado desde 2022, siguiendo una visión técnica de largo plazo orientada a mejorar la competitividad.

El diseño de las ZEEP está basado en casos de éxito de países como Uruguay, Costa Rica y República Dominicana, donde las zonas económicas especiales han dinamizado la economía, generado empleo y fortalecido el comercio exterior.

“Recoger esas experiencias es clave para lograr que las zonas peruanas sean atractivas, eficientes y sostenibles”, añadió la exministra.

Potencial para transformar las exportaciones y el desarrollo regional

Las ZEEP tienen como meta principal consolidar al Perú como un hub estratégico de exportación en Sudamérica. De acuerdo con el anuncio de MINCETUR, estas zonas aprovecharán la ubicación geográfica, las ventajas logísticas y la red de acuerdos comerciales del país para atraer industrias orientadas a la exportación, facilitar la transferencia tecnológica y promover inversiones de alto impacto en distintas regiones.

Este modelo busca incentivar la llegada de nuevas empresas, potenciar sectores con valor agregado, y descentralizar el desarrollo económico, permitiendo que los beneficios lleguen a regiones fuera de Lima y los polos industriales tradicionales.

Mera resalta que la integración de las micro, pequeñas y medianas empresas en las cadenas de valor exportadoras es fundamental para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible.

Más empleo formal y mejores oportunidades

Entre los impactos esperados, MINCETUR proyecta la generación de empleo formal y de calidad, el impulso a la innovación y la diversificación de las exportaciones.

Las ZEEP están diseñadas para atraer capitales que permitan el desarrollo de sectores intensivos en tecnología, productividad y sostenibilidad, y para facilitar la llegada de industrias globales que no han operado tradicionalmente en el país.

Mera concluye que “el siguiente paso será posicionar la propuesta internacionalmente para captar capitales, acelerar el desarrollo regional y consolidar una nueva etapa para las exportaciones peruanas”. El reto, añade, será asegurar la promoción efectiva de las ZEEP entre potenciales inversionistas extranjeros y garantizar la transparencia y eficiencia en su gestión.

En síntesis, la opinión de la exministra y el anuncio de MINCETUR coinciden en que las Zonas Económicas Especiales Privadas podrían marcar un antes y un después en la política de desarrollo productivo de Perú. El país apuesta por una reforma económica orientada al crecimiento sostenible, la generación de empleo y la consolidación de nuevas oportunidades de exportación para todos los peruanos.

En la cuenta regresiva hacia el Día de la Madre, el 60% de los principales anunciantes en Perú ya compite con inversión estratégica en al menos tres medios diferentes, de acuerdo con un reciente análisis de Ibope.

Este año, las campañas publicitarias en sectores clave como retail, calzado, vestuario y finanzas se intensifican para captar la atención de los consumidores y maximizar el retorno de inversión en una de las fechas de mayor presión comercial en el calendario nacional.

El estudio de Ibope, que monitoreó más de 112 mil avisos en Lima y otras ciudades durante abril y mayo de 2025, revela cómo el entorno de medios fragmentado exige a las marcas una estrategia integrada.

El informe detalla que el 60% de los 10 mayores anunciantes recurrió a televisión, radio, prensa y publicidad exterior (OOH) para impactar a los consumidores en distintos momentos de su recorrido.

“El valor no está en sumar medios, sino en entender cómo trabajan juntos para generar resultados de negocio medibles”, sostuvo Ana Laura Barro, CEO de Ibope para Perú y Centroamérica, citada en el análisis.

Estrategias multimedios y eficiencia en la inversión

El auge de campañas integradas responde a la necesidad de mejorar el alcance sin duplicar esfuerzos ni gastos. Medir el desempeño de cada canal de manera aislada resulta insuficiente frente a la dinámica actual del mercado.

Según el reporte, la combinación de distintos medios permite optimizar la exposición y controlar la frecuencia de los mensajes, lo que deriva en campañas más eficientes y medibles.

“Hoy, la diferencia no está en tener más datos, sino en saber cómo usarlos”, resaltó Barro. Este enfoque se traduce en decisiones de inversión más informadas y en la capacidad de ajustar la presión publicitaria en tiempo real, dependiendo de la respuesta de la audiencia y el entorno competitivo.

Sectores que dominan el ‘bombardeo’ mediático

El ranking de actividad publicitaria sitúa a los sectores de Vestuario, Accesorios y Retail en la primera línea, seguidos de cerca por Finanzas, Telefonía y Construcción.

El análisis de Ibope permite observar no solo el volumen de anuncios, sino cómo se distribuye la presión competitiva entre diferentes industrias. La inteligencia publicitaria revela tendencias de inversión, cambios en la estrategia y la evolución del gasto en medios a lo largo de la campaña.

Las plataformas tecnológicas que integran información de múltiples fuentes y puntos de contacto ofrecen a las agencias y anunciantes la posibilidad de monitorear a la competencia, identificar tendencias emergentes y ajustar sus planes en tiempo real.

¿Qué es Ibope?

Con presencia en más de 80 países, Ibope, parte de Fifty5Blue, es un jugador en el mercado de medición de audiencias y el conocimiento del consumidor. En Latinoamérica, la compañía impulsa la transparencia y la consistencia en la industria publicitaria, ofreciendo a marcas, agencias y medios herramientas para tomar decisiones más seguras y estratégicas.

En la campaña del Día de la Madre, la presión no solo se mide en cantidad de anuncios sino en la capacidad de las marcas para invertir con inteligencia, anticipar tendencias y ganar relevancia en el punto de decisión del consumidor. Para los peruanos que aún no eligen regalo, el ‘bombardeo’ publicitario ya está en marcha.

La Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) alertó que las actuales normas de protección de datos personales, aunque esenciales para la privacidad de los usuarios, están generando dificultades para que los bancos puedan combatir el fraude financiero de manera efectiva.

Según declaraciones de Giovanni Pichling, gerente de Seguridad Estratégica de Asbanc, el crimen organizado está encontrando en estas restricciones un terreno propicio para operar, aprovechando la imposibilidad de compartir información sensible entre entidades financieras.

Las limitaciones legales, que incluyen la protección de datos personales, el secreto bancario y la neutralidad en la red, impiden que los bancos, cajas y otras instituciones del sistema financiero compartan datos relevantes para detectar y prevenir delitos.

De acuerdo con Pichling, estas regulaciones, si bien protegen la confidencialidad del usuario, pueden ser utilizadas por los defraudadores para moverse entre entidades sin ser detectados. Una de las principales consecuencias es la dificultad para alertar de manera oportuna a todo el sistema sobre casos de suplantación o fraude.

La fragmentación normativa y los retos para la seguridad financiera

La regulación en el sistema financiero peruano está a cargo de diversas entidades. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) regula las instituciones financieras, el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) supervisa los medios de pago y el Congreso genera normativas nacionales.

Esta multiplicidad de actores, según Asbanc, genera un marco legal fragmentado que dificulta la cooperación entre bancos y la respuesta coordinada ante amenazas cibernéticas.

Pichling señaló que, aunque existen espacios de coordinación internacional como la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), donde Perú ha participado durante décadas, la velocidad de los delitos digitales exige mecanismos de comunicación más ágiles y automatizados.

Durante su presentación en el Seminario Internacional de Microfinanzas - SIM Arequipa 2026, el portavoz delató que falta de integración normativa y la ausencia de excepciones específicas para combatir el fraude digital limitan la efectividad de las estrategias de prevención.

Compartir información, una estrategia pendiente

Para Asbanc, compartir información entre entidades financieras resulta esencial en la lucha contra el fraude y el cibercrimen. Sin embargo, las actuales normativas impiden que los bancos alerten de manera preventiva a otras entidades sobre incidentes de suplantación o ataques informáticos.

Pichling comparó la necesidad de excepciones normativas con la actuación de los bomberos, quienes pueden ingresar a una vivienda durante una emergencia para proteger vidas y bienes.

“Así como los bomberos pueden ingresar a una vivienda durante un incendio porque hay una emergencia y un bien mayor en riesgo, debería permitirse que los bancos compartan datos personales en situaciones de fraude para evitar que una persona suplantada en una entidad sea víctima en otra”, dijo.

En la actualidad, un cliente suplantado en una entidad podría ser víctima nuevamente en otro banco, ya que no existe un canal formal y legal para alertar sobre estos casos al resto del sistema.

La asociación bancaria propuso que el marco legal contemple excepciones que permitan el intercambio de información en situaciones de emergencia, siempre bajo mecanismos controlados y auditables.

El desafío de la educación y la prevención

Junto con la necesidad de ajustes normativos, Asbanc remarcó la importancia de fortalecer la educación y la cultura de prevención entre los usuarios y el personal de las entidades financieras.

Según Pichling, la tecnología, incluida la inteligencia artificial, es neutral y su impacto depende del uso que le den las personas. La capacitación continua y la concienciación sobre las amenazas digitales son elementos centrales para reducir riesgos y fortalecer la seguridad del sistema financiero.

Asbanc reiteró que la cooperación, la actualización normativa y la educación son pilares para enfrentar el avance del crimen organizado en el entorno digital, en un contexto donde los delitos evolucionan a la par de la tecnología y la protección de los usuarios exige nuevas respuestas.

La banca de desarrollo CAF advirtió un rezago de Perú en la consolidación de la inclusión financiera digital, en comparación con otras economías de América Latina.

La alerta se dio durante la intervención de Nidia García, ejecutiva principal de la Dirección de Análisis Técnico y Sectorial en el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF), en el marco del SIM Arequipa 2026.

Según la funcionaria, Brasil marca el paso en la región, mientras que Perú aún enfrenta desafíos para alcanzar una madurez comparable en innovación, acceso y bienestar financiero.

La brecha de madurez digital entre Perú y Brasil

De acuerdo con lo expuesto por García, la evolución de los sistemas financieros digitales en América Latina ha transitado por distintas generaciones.

Inicialmente, el foco estuvo puesto en la bancarización, que facilitó el acceso masivo a cuentas y servicios financieros, especialmente para los programas de transferencias monetarias condicionadas.

Posteriormente, la región avanzó hacia la digitalización de servicios como pagos, ahorros, créditos y seguros, incorporando billeteras digitales y nuevas plataformas tecnológicas.

El surgimiento de sistemas de pagos inmediatos —como el brasileño PIX— y el avance en open finance han transformado el ecosistema regional.

Según la representante de CAF, “en América Latina muchos países, la mayoría, han avanzado en estas plataformas de pagos inmediatos”, aunque la madurez es dispar.

Brasil destaca con el sistema PIX, mientras que países como República Dominicana, Colombia, Perú y México presentan rezagos o apenas inician procesos de implementación.

Fintech en Perú: crecimiento acelerado, impacto limitado

En el caso de Perú, García precisó que el país muestra avances notables en el desarrollo de su ecosistema fintech. Actualmente operan más de 350 fintech locales y extranjeras en distintos segmentos de servicios financieros.

Esta expansión ha permitido el diseño de productos ajustados a la realidad de la población, como “buy now, pay later”, soluciones basadas en open finance y alternativas de scoring crediticio que emplean datos no tradicionales.

“Toda esa innovación financiera abre oportunidades reales para la inclusión financiera, el acceso a segmentos históricamente excluidos y todavía estén excluidos por reducción de costos operativos”, puntualizó la funcionaria de CAF.

Educación y protección de datos: los desafíos de la demanda, según CAF

Sin embargo, el diagnóstico regional de CAF revela que el uso efectivo de productos financieros en Perú y en la región permanece bajo. Persisten brechas territoriales marcadas, niveles de informalidad laboral altos y desafíos relacionados con desigualdad, sesgos de género y educación.

El índice de capacidades financieras de América Latina se sitúa en 54,4 puntos en una escala de 1 a 100. El indicador de bienestar financiero también se mantiene bajo, al igual que el de alfabetización financiera digital, aunque este último es el más alto de los tres.

CAF identificó la confianza como un factor crítico para la adopción de open finance y la digitalización del sistema financiero. El fraude digital y los ciberataques generan reticencias tanto en usuarios como en empresas.

“La única forma de que un modelo de estos funcione es que haya confianza por parte de las personas para compartir su dato”, afirmó García, quien añadió que la región muestra uno de los porcentajes más altos de desconfianza en la capacidad de respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

Inteligencia artificial: inversión insuficiente en la región

La inversión en inteligencia artificial es otro de los temas donde América Latina permanece rezagada. Brasil lidera en este rubro, mientras que el resto de países invierte menos en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas a la inclusión, la educación y la prevención de fraudes financieros.

En cuanto a políticas de apoyo, la ejecutiva de CAF detalló la existencia del Laboratorio de Inclusión Financiera que impulsa el desarrollo de ecosistemas digitales y emprendimientos tecnológicos en la región.

Para 2026, el laboratorio pondrá especial énfasis en soluciones digitales dirigidas a la población adulta mayor, un grupo especialmente vulnerable al fraude digital y con dificultades de acceso a servicios financieros.

El programa apunta a acompañar a las fintech y a las entidades financieras tradicionales para acelerar la oferta de productos diseñados a medida de las necesidades de este segmento.

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) aprobó nuevas disposiciones para el registro y control de empresas que fabrican, importan, comercializan o distribuyen pinturas y materiales de revestimiento con presencia de plomo, reforzando la fiscalización y los requisitos exigidos por la Ley N° 31182.

La medida, oficializada por la Resolución Ministerial N° 000109-2026-PRODUCE, responde al objetivo de proteger la salud pública, especialmente la de niños y embarazadas, frente a los daños neurotóxicos irreversibles generados por la exposición al plomo.

¿Viejas paredes, nuevos riesgos para la salud?

El registro de empresas ya existía por mandato de la Ley N° 31182, promulgada en 2021 y reglamentada en 2025, pero ahora los requisitos para inscribirse y permanecer en él se vuelven más exigentes y detallados.

Las compañías deben inscribirse en la Plataforma de Trámites Digitales de PRODUCE, presentar información ampliada sobre su actividad, productos, procesos y licencias, y adjuntar certificados de análisis y composición emitidos por laboratorios acreditados, nacionales o extranjeros.

Para poder fabricar, importar, distribuir o vender pinturas, las empresas deben demostrar, bajo declaración jurada y con documentación técnica, que sus productos no superan el límite máximo permitido de 90 partes por millón (ppm) de plomo.

Estos máximos se alinean con estándares internacionales de la OMS y el PNUMA. El incumplimiento puede llevar a la exclusión del registro y la imposibilidad de operar legalmente en el país.

Fabricantes bajo la lupa: ahora sí, con papeles en regla

La nueva resolución no ordena el retiro inmediato de productos ya en el mercado, pero sí exige que toda pintura comercializada a futuro cumpla con el límite de 90 ppm y cuente con autorización sanitaria de DIGESA (MINSA).

Además, los envases deben mostrar en el rotulado la cantidad de plomo en forma clara y visible, prohibiéndose cualquier modificación de la etiqueta sin autorización.

La fiscalización se incrementa: DIGESA, PRODUCE e INDECOPI realizarán controles para asegurar el cumplimiento de la ley y sancionar las infracciones.

El reglamento ya detallaba los procedimientos para la verificación y las sanciones administrativas, civiles o penales en caso de incumplimiento, incluyendo la posibilidad de penas de prisión si se comercializan pinturas con plomo destinadas a niños.

Vale precisar que la Ley N° 31182 busca evitar el saturnismo y otros daños neurológicos, ya que el plomo es un tóxico acumulativo que afecta especialmente a la infancia y a las gestantes.

¿Cómo se usa el plomo en las pinturas de Perú?

En Perú, el plomo se emplea principalmente en pinturas domésticas, esmaltes sintéticos a base de aceite, barnices y recubrimientos anticorrosivos.

Su función es mejorar el secado, el brillo y la durabilidad de las superficies, por lo que se encuentra con frecuencia en paredes de viviendas antiguas, estructuras metálicas, parques y mobiliario urbano, representando un riesgo de contaminación por desprendimiento de polvo o escamas.

Aunque la ley busca eliminar su uso, el plomo sigue presente en esmaltes aplicados sobre metales y madera para resistir la humedad y la corrosión, así como en recubrimientos de edificios construidos antes de las regulaciones actuales.

El Perú se alinea así con la Alianza Mundial para Eliminar el Uso del Plomo en la Pintura, estableciendo una barrera sanitaria y ambiental contra la contaminación por este metal en productos de consumo masivo.

El Gobierno peruano adjudicó la operación del Lote VI de Talara a Latin America Energy and Technology Corporation S.A.C., subsidiaria de SPT Energy Group Inc., luego de varios meses de inactividad en el bloque, la exclusión de los dos primeros postores y un procedimiento atípico en la formalización del contrato.

La decisión quedó oficializada mediante el Decreto Supremo N° 004-2026-EM, publicado el 27 de abril de 2026.

Lote inactivo y caída en producción petrolera

El Lote VI, situado en la provincia de Talara, Piura, es uno de los bloques petroleros más antiguos del norte del país, con una producción histórica de más de 3.000 barriles diarios, de acuerdo con información de Perupetro.

Tras el fracaso de los consorcios que ocuparon el primer y segundo lugar en la licitación —La Poderosa Energy S.A.C. – Inmobiliaria Chien Mau S.A. y Werrus Energy Fund LP – Inventa Energy Enterprise— la operación quedó paralizada en noviembre de 2025, lo que afectó tanto la producción nacional como la economía local.

La oferta de SPT fue superada por sus competidores en términos de respaldo financiero y puntaje global, pero quedó como alternativa ante la imposibilidad de concretar la adjudicación con los primeros postores.

El plan técnico de SPT Energy contempló el reacondicionamiento de 87 pozos existentes, la perforación de 252 nuevos pozos de desarrollo y 39 pozos exploratorios, además de trabajos adicionales al programa mínimo requerido por las bases del concurso.

Este compromiso busca maximizar la producción, impulsar la sostenibilidad del bloque y modernizar la infraestructura, lo que resultó determinante al momento de ser convocados como terceros en el proceso.

Un proceso atípico: primero contrato, luego decreto

A diferencia del procedimiento habitual, en el que el decreto supremo antecede a la firma del contrato de licencia, en este caso la suscripción del contrato se dio antes de la publicación del decreto.

Según fuentes del sector hidrocarburos, el presidente José María Balcázar intentó trasladar la responsabilidad política de la formalización al próximo gobierno, como ya ocurrió en la frustrada compra de aviones caza F-16 a Estados Unidos.

Antes de la transferencia y paralización, el Lote VI en Talara fue operado durante años por la compañía Sapet Development Peru Inc., filial de la estatal china CNPC.

Al vencer el contrato, el bloque revirtió al Estado peruano bajo gestión de Perupetro. La estatal peruana Petroperú asumió la operación temporal en 2023 mientras se concretaba la nueva adjudicación.

Las plataformas marinas del Lote Z-69 seguirían el mismo camino

El futuro del Lote Z-69, principal activo petrolero marino del país, tambén está comprometido tras el fracaso de la licitación internacional convocada por Perupetro, que quedó desierta en septiembre de 2025 por falta de postores.

Desde entonces, la agencia solicitó información clave a Petroperú —que opera el lote temporalmente desde noviembre de 2023, con una prórroga de 6 meses— para estructurar un nuevo concurso, pero hasta ahora no ha recibido respuesta, lo que bloquea la posibilidad de atraer un operador definitivo y amenaza con una nueva extensión del contrato temporal.

La falta de definiciones ya generó impactos severos: según el Sindicato de Trabajadores Administrativos de Petróleos del Perú (STAPP), la paralización de 9 plataformas entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025 provocó la pérdida de casi 300.000 barriles de crudo y un perjuicio económico superior a US$22 millones.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) autorizó el viaje de dos altos funcionarios a Washington D.C., Estados Unidos, con el objetivo de representar al Perú en audiencias y reuniones técnicas ante la investigación iniciada por autoridades estadounidenses sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso.

La decisión se formalizó mediante la Resolución Ministerial N° 114-2026-MINCETUR, publicada el 27 de abril de 2026, y se enmarca en una macroinvestigación abierta en marzo por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) contra 60 economías —incluyendo China, la Unión Europea y varios países de América Latina y Asia— por presunta falta de control sobre productos importados fabricados con trabajo forzoso.

Investigación global: potencias y países latinoamericanos bajo escrutinio

La pesquisa, basada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, abarca a grandes economías como China, Japón, Australia, Canadá, Reino Unido, Unión Europea, India, Corea del Sur y Vietnam, junto a países de América Latina como Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.

El objetivo es determinar si estos gobiernos “no implementan medidas efectivas para prohibir la entrada de productos vinculados a la trata de personas o trabajo forzoso”, lo que podría constituir una práctica discriminatoria y lesiva para el comercio estadounidense.

Aunque el anuncio ha vuelto a poner los reflectores sobre China y su influencia en las cadenas globales de suministro, el proceso incluye también una amplia gama de territorios, desde economías desarrolladas hasta países emergentes de África y el Caribe, como Nigeria, Argelia, Trinidad y Tobago, Surinam, Bahamas y Barbados.

La delegación peruana —integrada por el director general de Negociaciones Comerciales Internacionales y la directora de Norteamérica y Europa del MINCETUR— tiene la misión de exponer la posición nacional en las audiencias públicas programadas, así como en reuniones técnicas con las autoridades estadounidenses.

Posibles impactos y defensa comercial

La acción estadounidense podría sentar las bases para imponer nuevos aranceles o restricciones comerciales a los países que, a juicio de Washington, no cumplen con estándares suficientes para combatir el trabajo forzoso en sus exportaciones.

La administración norteamericana justificó la medida por la “persistencia global” de esta problemática y el impacto que genera en la industria y los trabajadores estadounidenses.

Por su parte, el MINCETUR subrayó el compromiso de Perú con los convenios internacionales y la normativa laboral vigentes, y destacó la importancia de defender la reputación del país frente a posibles restricciones comerciales.

La participación en las audiencias constituye una oportunidad para presentar los avances y políticas nacionales en la materia, en un contexto de mayor escrutinio internacional sobre las cadenas de suministro. La misión oficial de Perú inicia hoy 28 de abril y durará hasta el próximo viernes 1 de mayo de 2026.

China rechaza la investigación y cuestiona motivaciones políticas

Las audiencias y diálogos técnicos forman parte del proceso de consulta establecido por la USTR, que escuchará los argumentos de los países involucrados antes de tomar una decisión sobre eventuales represalias comerciales.

El resultado de la investigación podría afectar tanto el acceso de productos peruanos al mercado estadounidense como la relación comercial con Washington.

El titular de la USTR, Jamieson Greer, sostuvo hace una semana que los resultados de la investigación podrían justificar “nuevas acciones para contrarrestar los efectos negativos de la importación de productos vinculados con violaciones laborales”.

El gobierno chino manifestó su “firme oposición” a la investigación estadounidense, calificándola de acto proteccionista y unilateral que “perturba gravemente el orden económico y comercial internacional”, según la agencia Xinhua.

Pekín alegó que Washington utiliza el tema del trabajo forzoso como “pretexto” para imponer barreras comerciales, subrayando que China ha ratificado múltiples convenios internacionales sobre derechos laborales.

El Estado peruano obtuvo ingresos por US$ 240 millones en concepto de regalías generadas por la producción de hidrocarburos entre enero y marzo de 2026.

Esta cifra reafirma el papel relevante que juega este sector en la economía nacional, ya que los recursos obtenidos constituyen una fuente significativa para las arcas fiscales y el financiamiento de diversas iniciativas públicas.

El gas natural lidera la recaudación pública en 2026

El monto recaudado corresponde a la explotación de gas natural, líquidos de gas natural y petróleo. En detalle, el gas natural fue el principal generador de ingresos, aportando US$ 123,17 millones durante el periodo analizado.

La producción de líquidos de gas natural generó US$ 67,80 millones, mientras que la producción de petróleo sumó US$ 49,61 millones. Estas cifras reflejan la diversificación de la matriz de hidrocarburos y la importancia de cada recurso en el balance energético y financiero del país.

En el mes de marzo de 2026, los ingresos por producción de hidrocarburos alcanzaron los US$ 89,5 millones. El gas natural lideró la recaudación mensual con US$ 41,3 millones, seguido por el petróleo con US$ 25,5 millones y los líquidos de gas natural con US$ 22,7 millones.

Este desempeño mensual confirma la tendencia observada en el trimestre y resalta la relevancia del gas natural como principal fuente de recursos en el sector.

Marzo marca el mayor ingreso mensual del trimestre

La regalía en el sector hidrocarburos es la contraprestación económica establecida por ley que las empresas deben abonar al Estado por el derecho a explotar los recursos de gas y petróleo.

El cálculo de las regalías se realiza en función del valor de la producción y el porcentaje de regalía definido en cada contrato. Este mecanismo busca asegurar que el aprovechamiento de los recursos naturales beneficie directamente al país y permita financiar proyectos de desarrollo, infraestructura y servicios públicos.

A lo largo de los años, la recaudación por regalías ha representado una fuente de ingresos de gran importancia para el fisco peruano. Durante 2025, el Estado obtuvo US$ 1.197 millones por la producción de hidrocarburos.

Desde 1993 hasta julio de 2025, los ingresos acumulados por este concepto suman US$ 27.616 millones. Estas cifras muestran la magnitud del aporte del sector de hidrocarburos a la economía nacional y su rol en la sostenibilidad financiera del Estado.

Más de 27 mil millones de dólares acumulados desde 1993

El manejo y administración de los recursos de hidrocarburos está a cargo de PERUPETRO S.A., una empresa estatal de derecho privado responsable de garantizar el aprovechamiento sostenible de estos recursos en beneficio del país.

PERUPETRO S.A. supervisa los contratos de exploración y explotación, vela por el cumplimiento de las obligaciones de las empresas operadoras y promueve la transparencia en la gestión del sector.

El desempeño recaudatorio del primer trimestre de 2026 refuerza la relevancia del sector hidrocarburos como uno de los pilares de la economía peruana.

Los ingresos generados, especialmente por el gas natural, contribuyen a fortalecer la capacidad del Estado para invertir en obras y servicios públicos, así como para impulsar el desarrollo sostenible de las regiones productoras y del país en su conjunto.

La implementación de inteligencia artificial y automatización en salud puede incrementar hasta en 20% o 25% la cantidad de citas médicas asignadas y generar un retorno sobre la inversión de hasta 30% en el primer año para los nosocomios, sin necesidad de ampliar infraestructura ni aumentar el personal.

Las soluciones digitales, que todavía se encuentran a la espera de una oportunidad real en el sector público, incluyen desde agendamiento inteligente hasta herramientas de telemedicina, módulos para la gestión de salas de cirugía y sistemas de OCR para documentos médicos.

Sin embargo, el mayor beneficiario de esta transformación es el paciente, quien accede a turnos más rápidos, menos esperas y servicios más eficientes, de acuerdo con un análisis de COCO Tecnologías.

Así se busca romper el círculo de la saturación hospitalaria

Según Mauricio Paba, Chief Expansion Officer de COCO Tecnologías, el avance de la tecnología aplicada a la salud promete cambiar la realidad de miles de pacientes en Perú, donde largas esperas y demoras en la atención médica forman parte del sistema desde hace décadas.

El auge del sector healthtech y la adopción de soluciones digitales en toda la región buscan transformar la experiencia de quienes requieren atención médica, tanto en el sector privado como en el público, en un contexto donde la eficiencia y el acceso siguen siendo grandes desafíos, explica.

El Ministerio de Salud (MINSA) ha impulsado algunos procesos de digitalización, aunque la integración de plataformas innovadoras en el sistema público sigue en desarrollo.

El mercado peruano suma la presencia de otras healthtech internacionales y locales, además de COCO, que compiten en áreas como telemedicina, historia clínica electrónica y automatización de procesos clínicos.

¿Entre consultas a distancia y quirófanos más eficientes?

El mercado healthtech en Latinoamérica supera los USD 30.000 millones y crece cada año, con la telemedicina como uno de sus motores principales, según COCO Tecnologías.

En Perú, el entorno legal y tributario ha sido evaluado como claro y predecible, lo que facilita el ingreso y la expansión de nuevas startups y proyectos de innovación. Entre los principales usos que puede ofrecer una healthtech figuran:

• Optimización del agendamiento de citas médicas, logrando hasta 25% más turnos con los mismos recursos disponibles
• Plataformas de telemedicina que permiten consultas médicas a distancia y mayor acceso para pacientes en distintas regiones
• Gestión tecnológica y automatizada de salas de cirugía, lo que facilita una mejor coordinación operativa y mayor aprovechamiento de quirófanos
• Digitalización de documentos médicos y recetas mediante OCR, agilizando el acceso y la gestión de información clínica
• Reducción efectiva del ausentismo en citas, pasando de tasas del 20-30% a cifras de un solo dígito, con impacto directo en la eficiencia y los ingresos de las instituciones de salud

Un aspecto clave, señalado Paba, es que la tecnología no reemplaza ni sobrecarga al médico: el objetivo es hacer más eficiente el sistema con los recursos y profesionales disponibles, respetando los estándares internacionales de calidad y la duración adecuada de las consultas.

“La salud digital debe potenciar la atención humana, no sustituirla ni presionar a los especialistas más allá de lo recomendable”, refiere.

Eficiencia y reducción del ausentismo: un impacto medible

COCO Tecnologías explica que las plataformas digitales permiten “reducir el ausentismo en citas médicas de tasas históricas de 20% a 30% a un solo dígito".

En términos económicos, el retorno sobre la inversión (ROI) para los centros de salud que implementan este tipo de tecnología puede alcanzar el 30% en los primeros 12 meses, explica Paba.

Además, el uso de herramientas digitales contribuye a optimizar la utilización de quirófanos, mejorar la gestión interna y aumentar la rentabilidad del sector.

En el caso de COCO Tecnologías, la empresa opera con más de 1.000 centros médicos en la región y ha gestionado más de 42 millones de citas médicas desde su fundación.

La llegada de COCO Tecnologías al Perú se concretó en 2024, tras ganar una convocatoria de ProInnóvate, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En 2025, la empresa inició operaciones con Doctor Más, filial de Pacífico Salud, y se integró como proveedor de sistemas de agendamiento.

La transformación tecnológica avanza, pero aún falta el gran salto público

Aunque su presencia en el país es aún incipiente en términos de clientes, su meta es alcanzar entre el 35% y 40% del mercado hospitalario privado en los próximos dos años, lo que equivale a operar en al menos 210 hospitales grandes de los aproximadamente 600 que existen en el país.

Si bien la adopción de healthtech avanza más rápidamente en el sector privado, los especialistas aseguran que el mayor beneficio social llegará cuando el Estado, a través de EsSalud y el MINSA, integre a gran escala estas soluciones en hospitales y centros de salud nacionales.

Así, la experiencia de empresas como COCO y otras del rubro ilustra una tendencia regional: la digitalización de la salud avanza y se consolida como un sector en crecimiento, con foco en la eficiencia y la experiencia del paciente.

Lima Metropolitana experimentó en marzo de 2026 niveles extremadamente altos de radiación ultravioleta, una situación que generó alerta entre las autoridades y la población por el impacto en la salud pública.

El dato fue difundido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que citó reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El informe oficial señala que el índice de radiación ultravioleta alcanzó un valor máximo de 10 en la primera semana del mes, lo que representa un riesgo muy alto para la salud.

El valor promedio de marzo se ubicó en 8, un aumento del 14,3% respecto al mismo mes de 2024, cuando el índice fue de 7, considerado como alta exposición.

Radiación ultravioleta en aumento genera alerta en la capital

La alerta sobre la radiación se suma a otros datos ambientales publicados en el informe técnico “Estadísticas Ambientales”, elaborado por el INEI.

Entre los datos destacados, se observa que la producción de agua potable en Lima Metropolitana alcanzó en marzo de 2026 un volumen de 72 millones 282 mil metros cúbicos, según cifras del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado (Sedapal).

Esta cifra representa un incremento del 0,9% respecto a marzo de 2025, cuando la producción fue de 71 millones 647 mil metros cúbicos.

En cuanto a los recursos hídricos, el caudal promedio del río Rímac alcanzó 68,08 metros cúbicos por segundo en marzo, una cifra inferior en 11,9% respecto al mismo mes del año pasado, aunque superó en 15,0% el promedio histórico de este río.

El reporte de Senamhi también consigna que el caudal del río Chillón llegó a 17,04 metros cúbicos por segundo, con un incremento de 20,9% respecto al año anterior y de 42,0% frente al promedio histórico.

Por el contrario, el río Mala registró una reducción significativa de su caudal, con 45,31 metros cúbicos por segundo, una caída de 27,7% respecto a marzo de 2025 y de 15,7% en relación con el promedio histórico.

Producción de agua potable crece frente a la demanda urbana

La situación de los ríos no se limita a la capital. El caudal de los ríos de la vertiente del Pacífico norte también mostró descensos importantes. El río Tumbes promedió 489,58 metros cúbicos por segundo, una disminución de 11,1% interanual, aunque la cifra se ubicó un 47,7% por encima del promedio histórico.

El río Chira, con 193,64 metros cúbicos por segundo, disminuyó 49,4% respecto a marzo de 2025 y 27,8% frente al promedio histórico. El río Jequetepeque alcanzó 100,13 metros cúbicos por segundo, una cifra 42,8% menor que la del mismo mes del año anterior, pero 5,2% superior a su promedio histórico.

En contraste, el río Calvas mostró un crecimiento relevante, con 91,14 metros cúbicos por segundo, un 64,9% más que en marzo de 2025 y 7,6% más que el promedio histórico.

En el sur del país, el informe del Senamhi reportó las temperaturas más bajas en los departamentos de Tacna, Puno y Arequipa. En Tacna, la estación de Chuapalca registró -8,5 ℃ (16,7 ℉).

En Puno, Mazo Cruz marcó -6,0 ℃ (21,2 ℉), Crucero Alto -3,4 ℃ (25,9 ℉), Cojata -3,1 ℃ (26,4 ℉), Macusani -2,0 ℃ (28,4 ℉) y Santa Rosa -1,4 ℃ (29,5 ℉). En Arequipa, las estaciones de Pillones, Salinas y Tisco reportaron -4,8 ℃ (23,4 ℉), -4,0 ℃ (24,8 ℉) y -3,6 ℃ (25,5 ℉), respectivamente.

Los ríos Chillón y Mala experimentan comportamientos opuestos

La coyuntura ambiental se vio agravada por el incremento de emergencias a nivel nacional. El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) reportó que en marzo de 2026 se registraron 1.701 emergencias, un aumento del 23,4% respecto al mes previo. Estos eventos dejaron 13.194 damnificados, 21.257 viviendas afectadas, 671 viviendas destruidas y 624 hectáreas de cultivo perdidas.

Los departamentos con mayor número de emergencias fueron Cajamarca, Huancavelica, Áncash y Apurímac. Entre las causas principales se identificaron lluvias intensas, deslizamientos, incendios urbanos e industriales, erosiones, vientos fuertes y derrumbes de cerros. También se reportaron inundaciones, huaicos, bajas temperaturas, tormentas eléctricas, accidentes de transporte, marejadas, sismo, sequía y explosión.

El informe del INEI, sustentado en datos del Senamhi y el Indeci, subraya la complejidad ambiental y climática que enfrenta Lima Metropolitana y el sur del país, donde el aumento de la radiación ultravioleta y los cambios en los caudales de ríos coinciden con un mayor número de emergencias y afectaciones a la población.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) instituyó el Concurso de Preincubación para un Turismo Innovador “Emprende Turismo TEC” con el objetivo de fortalecer el ecosistema turístico nacional y promover el desarrollo de soluciones tecnológicas en el sector.

La medida fue oficializada por resolución ministerial publicada el 26 de abril de 2026 y establece la realización periódica del concurso, al menos una vez al año.

Un concurso impulsado por la Nueva Ley General de Turismo

La iniciativa, encabezada por el ministro José Reyes, buscará fortalecer el ecosistema turístico mediante la formación y acompañamiento de emprendimientos en etapa temprana orientados al desarrollo de soluciones tecnológicas.

El programa forma parte de la estrategia del gobierno para posicionar al Perú como destino competitivo e innovador, alineado con tendencias internacionales y el crecimiento proyectado del sector hacia 2035.

“Emprende Turismo TEC” se enmarca también en la Nueva Ley General de Turismo, que promueve la innovación como principio fundamental para el desarrollo turístico.

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2025-2030 del ministerio fija también como uno de sus objetivos el incremento de la oferta turística mediante la innovación y consolidación de productos.

¿Quién decidirá al ganador?

El Equipo Organizador del concurso estará presidido por el Director General de Estrategia Turística, junto con los directores de Facilitación y Cultura Turística y de Asuntos Ambientales Turísticos. Este grupo aprobará las bases, designará al jurado evaluador y tomará decisiones inapelables sobre la ejecución del concurso.

Por su parte, la Secretaría Técnica recaerá en la Dirección de Innovación de la Oferta Turística, que tendrá la responsabilidad de proponer las bases, organizar, difundir y ejecutar el concurso, así como atender consultas y emitir informes finales sobre los resultados obtenidos.

El jurado evaluador, “autónomo e independiente”, según el MINCETUR, será el encargado de seleccionar a los ganadores en función de los criterios fijados en las bases.

“La implementación de lo dispuesto se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público”, según el texto publicado por el MINCETUR.

¿Qué clase de tecnologías podrían participar?

Considerando los objetivos de innovación y transformación digital establecidos por el “Emprende Turismo TEC”, podrían postular tecnologías y propuestas enfocadas en:

• Plataformas digitales de reservas y gestión turística: Soluciones que faciliten la reserva de servicios turísticos, alojamiento, transporte y experiencias personalizadas mediante aplicaciones móviles o web.
• Inteligencia artificial aplicada al turismo: Asistentes virtuales para atención al viajero, recomendaciones de rutas, análisis predictivo de demanda y gestión inteligente de destinos.
• Internet de las cosas (IoT): Dispositivos para monitoreo de flujos de visitantes en tiempo real, sensores para gestión ambiental en áreas naturales y herramientas para optimizar la operación de alojamientos o servicios turísticos.
• Realidad aumentada y realidad virtual: Experiencias inmersivas para promoción de destinos, recorridos virtuales por sitios turísticos, museos o patrimonio cultural.
• Big Data y analítica avanzada: Plataformas para recopilar y analizar datos del comportamiento de turistas, tendencias de mercado y satisfacción de usuarios.
• Pagos digitales y fintech para turismo: Herramientas de pago electrónico, billeteras digitales y soluciones de financiamiento para pequeños emprendimientos turísticos.
• Soluciones de sostenibilidad: Tecnologías para la gestión eficiente de recursos, medición de huella de carbono, energías renovables aplicadas al sector y certificaciones digitales de buenas prácticas ambientales.
• Herramientas para la inclusión y accesibilidad: Aplicaciones y plataformas que faciliten el acceso de personas con discapacidad a servicios turísticos o mejoren la información en diferentes idiomas y formatos accesibles.
• Ciberseguridad aplicada al turismo: Sistemas para proteger la información personal y financiera de los turistas y operadores ante amenazas digitales.

Este tipo de propuestas, alineadas con la transformación digital, la sostenibilidad y la mejora de la experiencia del usuario, tienen alto potencial para destacar en el concurso y responder a las necesidades actuales del sector turístico peruano.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que el consumo per cápita de frutas y hortalizas en el Perú creció un 21% entre 2004 y 2024, resultado de una mayor conciencia sobre la alimentación saludable y del acceso cada vez más amplio a productos frescos en los hogares peruanos.

Durante la Semana Nacional de las Frutas y Verduras, que se celebra del 24 al 30 de abril, la entidad remarcó que cerca del 80% de los alimentos que abastecen a las familias proviene de pequeños productores del campo, en lo que representa un pilar para la seguridad alimentaria y la nutrición nacional.

El plátano es la fruta más consumida en el Perú

Pero, ¿cuánto es el consumo per cápita por kilogramos en el país? Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2024 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el consumo de frutas supera los 83,8 kilogramos por persona al año.

El plátano encabeza la lista de las frutas más consumidas con 26,4 kilogramos anuales por habitante -equivalente a una TV LED de 65 pulgadas cada año, o un rifregrador grande vacío en un lustro-, seguido por la papaya (8,6 kg), la mandarina (8,1 kg), el limón (7,2 kg) y la naranja (6,2 kg).

Estos datos, según el MIDAGRI, reflejan el peso que tienen las frutas frescas en la dieta cotidiana de los peruanos y la importancia de mantener hábitos alimenticios saludables.

Crecimiento agrícola y diversidad en la mesa

Entre 2014 y 2024, la producción total de frutas y hortalizas en el país pasó de 9,1 millones a 11,7 millones de toneladas, con una tasa anual promedio de crecimiento del 2,4%.

En particular, la producción de frutas aumentó de 5,96 millones a 8,4 millones de toneladas, lo que representa una expansión del 41% en la última década.

El Perú destaca por su diversidad agrícola, con cultivos de alta demanda como uva, palta, piña, naranja, mango, limón, papaya y arándano, que abastecen tanto al mercado interno como a los mercados internacionales.

Preferencias regionales y aporte de la agricultura familiar

La mayor variedad de frutas tropicales se encuentra en las regiones de la Selva, donde el plátano concentra cerca del 80% de la producción nacional de este fruto. Le siguen cultivos como piña, papaya, naranja, tangelo y camu camu.

En el caso de las hortalizas, la Sierra destaca con cultivos de maíz choclo, zanahoria, zapallo y arveja verde, mientras que la Costa aporta aproximadamente el 60% de la producción nacional de hortalizas comerciales, como cebolla, tomate, lechuga, alcachofa y cebolla china.

El MIDAGRI señala que el consumo de frutas y hortalizas se ha visto favorecido por campañas de promoción y por la mayor disponibilidad de productos frescos, factores que han contribuido al cambio de hábitos en la población y a la consolidación de dietas más nutritivas.

Exportaciones y posicionamiento internacional

El desempeño del sector agrícola también se refleja en el crecimiento de las exportaciones. Entre enero y febrero de este año, los envíos de frutas y hortalizas alcanzaron los US$ 1,447 millones, un incremento de 14,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

En 2025, las exportaciones superaron los US$ 8,104 millones y llegaron a más de 100 mercados. Los principales destinos fueron Estados Unidos, Holanda, México, España, Canadá, Ecuador, Colombia, Chile, Inglaterra y China, que concentraron el 81,4% del total exportado.

Agricultura familiar: motor de la seguridad alimentaria

El MIDAGRI resalta el papel esencial de la agricultura familiar en la economía y la seguridad alimentaria del país. El trabajo de los pequeños productores garantiza alimentos frescos, nutritivos e inocuos en la mesa de los peruanos y sostiene la diversidad y calidad que distingue a la producción nacional.

En la Semana Nacional de las Frutas y Verduras, el ministerio invitó a la población a incrementar su consumo diario y a reconocer el valor del trabajo agrícola familiar, que hace posible que estos productos lleguen a millones de hogares en todo el país.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) nombró a Javier Constantino Carranza Veramendi como nuevo director ejecutivo del Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel).

La Resolución Ministerial N° 0211-2026-MTC/01, firmada por el ministro Aldo Prieto, representa el cuarto cambio en la jefatura de la entidad en menos de un año, un hecho que genera inquietud en el sector de las telecomunicaciones por la falta de estabilidad en la dirección del programa estatal.

PRONATEL: rotación continua y cuestionamientos sobre gobernanza

La medida responde a la vacancia registrada en el puesto y busca “asegurar la conducción institucional del programa”, según consta en el documento oficial.

Pronatel, entidad adscrita al MTC, tiene como mandato expandir el acceso a internet y telefonía móvil en zonas rurales y remotas, con el objetivo de reducir la brecha digital y promover el desarrollo social en el país.

En las semanas previas a este nombramiento, Pronatel experimentó una rápida sucesión de directores ejecutivos. El 10 de abril, César Edmundo Gálvez Pardavé había asumido la dirección ejecutiva, pero fue reemplazado el 13 de abril por Enrique Michael Guevara Varela.

Ahora, tras menos de dos semanas, la gestión recae en Carranza Veramendi. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) advirtió que “la falta de estabilidad institucional afecta al sector”, remarcando que en el último año la entidad estatal tuvo tres titulares distintos.

Esta inestabilidad coincide con una etapa de alta presión para Pronatel, que debe enfrentar tanto la ejecución de proyectos de conectividad como la supervisión de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, infraestructura que, según AFIN, “presenta caídas recurrentes que afectan los servicios de los operadores”.

“El marco regulatorio vigente sanciona al operador final, pero no al responsable de la red de transporte, en este caso Pronatel, lo que genera tensiones adicionales dentro del sector”, dijo el gremio en su momento.

El conflicto con Redes Andinas y el laudo internacional

Uno de los principales reveses que enfrenta Pronatel es el prolongado litigio con Redes Andinas de Comunicaciones (RAC), subsidiaria de la estadounidense Quanta Services.

La disputa se originó en 2019, cuando Pronatel resolvió de manera unilateral contratos para la instalación de fibra óptica en Cajamarca, Tumbes y Piura. La empresa consideró la medida injustificada, a pesar de que informes internos recomendaban aceptar una ampliación de plazo.

Este conflicto derivó en un arbitraje internacional. La Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) falló en 2022 que el Estado peruano debía indemnizar a RAC con más de 168 millones de dólares por la terminación ilegal de los contratos.

A mediados de 2025, se informó que el Tribunal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, rechazó el intento de Pronatel de desestimar la demanda por inmunidad soberana, manteniendo la ejecución del laudo arbitral.

La situación se agravó por demoras y falta de defensa jurídica del Estado peruano. En marzo de 2026, Diario Expreso denunció que el plazo para apelar el laudo internacional venció sin que se presentara el escrito correspondiente ni se designaran abogados, lo que dejó al país en una posición jurídica desfavorable.

Impacto en la conectividad y proyectos detenidos

Las consecuencias de la disputa legal han sido directas. Actualmente, 422 comunidades rurales, 428 colegios públicos, 254 establecimientos de salud y 35 comisarías permanecen sin acceso a internet de alta velocidad debido a la paralización de los proyectos de banda ancha comprometidos en los contratos con RAC.

La Contraloría General de la República identificó “presunta responsabilidad civil y administrativa” en seis funcionarios, incluido el exdirector ejecutivo y hoy viceministro de Comunicaciones Raúl García Loli, por la decisión de resolver el contrato y el perjuicio económico causado al Estado.

Vale precisar que Pronatel supervisa los principales proyectos de infraestructura digital del país, entre ellos la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica, los Espacios Públicos de Acceso Digital y la provisión de internet satelital en la selva.

Su director ejecutivo lidera la alta dirección y coordina las oficinas funcionales, bajo un esquema que debería promover la transparencia y la actualización periódica de información institucional.

El Despacho presidencial de José María Balcázar asignó vehículos oficiales de uso exclusivo para el Presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, y para su secretario general, Alonso Tenorio Trigoso, de acuerdo con la Resolución N° 000038-2026-DP/SGDP publicada el 25 de abril de 2026.

Esta medida, fundamentada en la Ley N° 32513 de Presupuesto del Sector Público para 2026, responde a la necesidad de controlar el uso de bienes estatales en un contexto marcado por la inestabilidad en el entorno del Ejecutivo.

El objetivo es restringir los vehículos oficiales a actividades “estrictamente institucionales” y reforzar la gestión en la cúpula del gobierno, en medio de cuestionamientos sobre la administración de recursos y los recientes cambios en los principales cargos del Despacho Presidencial.

Excepción para cargos clave por necesidades funcionales y de seguridad

La decisión se apoya en la Directiva N° 001-2025-DP/SSG “Administración de Vehículos”, que regula el uso y distribución de la flota vehicular estatal, estableciendo criterios de racionalidad y austeridad.

Según el documento oficial, “la administración, uso y asignación de la flota vehicular del Despacho Presidencial se sujeta a las disposiciones previstas en dicha normativa”.

Además de la asignación regular para los altos funcionarios, la resolución autoriza de manera excepcional el uso de vehículos oficiales para el Subsecretario General, el Secretario del Consejo de Ministros y el Secretario de Seguridad de la Casa de Gobierno.

Esta medida responde a “razones funcionales, operativas y de seguridad institucional vinculadas al cumplimiento de funciones estratégicas del Despacho Presidencial”.

La autorización excepcional está amparada en el numeral 10.5 de la Ley N° 32513, que permite a las entidades del Poder Ejecutivo extender el uso de vehículos a otros cargos mediante resolución publicada en el diario oficial.

Vehículos solo para fines institucionales

La normativa establece que la asignación y autorización de vehículos es únicamente para fines oficiales, excluyendo cualquier uso personal o no institucional.

El documento subraya que “los servidores y funcionarios no podrán tener vehículos asignados a tiempo completo, a excepción de los altos funcionarios en actividad”. Esta restricción busca asegurar el uso racional de los recursos públicos.

La Oficina General de Administración tiene el encargo de implementar las acciones necesarias para cumplir la resolución y supervisar el uso adecuado de los vehículos estatales. El propósito es que cada unidad asignada contribuya al funcionamiento eficiente del Despacho Presidencial y mantenga la transparencia en el manejo de bienes públicos.

¿Alta rotación en el Despacho Presidencial?

El pasado 7 de marzo de 2026, José Luis Torrico Huerta renunció al cargo de secretario general del Despacho Presidencial apenas dos semanas después de su designación, según la resolución suprema firmada por el presidente interino José María Balcázar y la entonces premier Denisse Miralles.

La dimisión, publicada en el diario oficial, fue aceptada agradeciéndose los servicios prestados. Ese mismo día se oficializó la llegada de Alonso Tenorio Trigoso como nuevo secretario general. Tenorio es ingeniero informático, docente en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y cuenta con una amplia experiencia en cargos públicos ligados a la innovación tecnológica y la transformación digital.

Por noveno año consecutivo, Computrabajo reconoció a las mejores empresas para trabajar en el país a través de los “Best WorkPlaces 2026”. El ranking, construido a partir de más de 159 mil valoraciones de colaboradores, excolaboradores y candidatos, destaca a las organizaciones que sobresalen en liderazgo, oportunidades de carrera, salario, prestaciones y ambiente laboral.

El objetivo de este reconocimiento es motivar la mejora constante en pilares clave para el desarrollo profesional y la satisfacción de los equipos. En la edición 2026, participaron más de 24 mil empresas peruanas, lo que permite obtener un panorama representativo de la percepción de quienes integran y evalúan el mundo laboral en el país.

Criterios y dinámica de los Best Workplaces

Los premios Best WorkPlaces se otorgan a partir de valoraciones recogidas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. Los usuarios de Computrabajo calificaron aspectos como ambiente laboral, liderazgo, salario, prestaciones y las oportunidades de desarrollo dentro de las organizaciones.

Esta metodología busca reflejar la experiencia real y cotidiana del talento en las empresas, más allá de las políticas formales y los manuales de recursos humanos.

El ranking no solo reconoce el trabajo de los departamentos de recursos humanos, sino también el compromiso de las compañías con el employer branding, la gestión del clima organizacional y la retención de talento.

Las opiniones y recomendaciones de los trabajadores influyen cada vez más en la movilidad laboral y en la forma en que las empresas son percibidas en el mercado.

Las empresas mejor valoradas del Perú en 2026

De acuerdo con las valoraciones, el top 10 de empresas para trabajar en Perú en 2026 lo conforman:

• Ferreyros
• Compartamos Banco S.A.
• Homecenters Peruanos SA
• Pardo’s Chicken S.A.C.
• Confipetrol Andina S.A.
• Manpower Professional Services S.A.
• AJEPER S.A – Kola Real
• Teleatento del Perú S.A.C.
• Farmacias Peruanas S.A.
• Ransa Comercial S.A.

Por sectores, los mejores lugares para trabajar son:

• Recursos humanos: Manpower Professional Services S.A., Adecco Perú S.A., Tawa Consulting S.A.C., Eulen del Perú de Servicios Generales S.A., Consulting Advisers S.A.C.
• Telemarketing/BPO: Teleatento del Perú S.A.C., Servicios de Call Center del Perú S.A., Stratton Perú S.A., Teleperformance E.I.R.L., Comercializadora Corporativa SAC.
• Gastronomía: Pardo’s Chicken S.A.C., Operaciones Arcos Dorados de Perú SA, Servicios Compartidos de Restaurantes S.A.C., Delosi, Parrilladas Peruanas Sociedad Anónima.
• Consumo: AJEPER S.A – Kola Real, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A., Arca Continental Lindley, Nestlé Perú SA., Panificadora Bimbo del Perú S.A.
• Salud: Farmacias Peruanas S.A., Clínica San Pablo SAC, Clínica Internacional S.A., Seguro Social de Salud, Clínica Médica Cayetano Heredia S.A.
• Retail: Homecenters Peruanos SA, Cencosud Perú S.A., Falabella Corporativo Perú SAC, Conecta Retail S.A., Tiendas por Departamento Ripley S.A.
• Construcción: Ferreyros, San Martin Contratistas Generales S.A., Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A., Cobra Perú S.A., P.A. Perú S.A.C.
• Energía/Minería: Confipetrol Andina S.A., Grupo Repsol del Perú, Stracon Perú S.A., Resemin S.A., Lima Gas S.A.
• Transporte/Logística: Ransa Comercial S.A., Proseguridad S.A., Dinet S.A., Hermes Transportes Blindados S.A., Talma Servicios Aeroportuarios.
• Banca: Compartamos Banco S.A., Mibanco – Banco de la Microempresa S.A., Banco Falabella Perú S.A., Servicios, Cobranzas e Inversiones S.A.C., Banco Pichincha.

El liderazgo y la valoración del CEO

El papel del CEO es cada vez más relevante para atraer y retener talento. Computrabajo reconoció con el premio al “Mejor CEO” a Juan Carlos Vallejo, CEO de Intercorp Retail, destacado por su capacidad de transmitir visión y misión a los equipos.

Computrabajo, el portal de empleo líder en Latinoamérica, es hoy uno de los espacios con mayor influencia en la movilidad y proyección profesional de la región, con más de 199 millones de visitas mensuales, 61 millones de currículums y 58 millones de opiniones de trabajadores.

En cada proceso electoral, el debate sobre la modernización del Estado y la reducción de la burocracia vuelve al centro de la discusión pública en Perú

A pesar de propuestas recurrentes, los ciudadanos siguen enfrentando trámites lentos, duplicidad de procesos, falta de articulación entre entidades y escasa continuidad en la gestión pública. Estos problemas estructurales afectan la eficiencia estatal y erosionan la confianza de la población en sus instituciones.

José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú, advierte que la percepción de un Estado burocrático y poco ágil continúa siendo uno de los principales retos del país.

“Estas limitaciones no solo impactan en la eficiencia del aparato estatal, sino también en la confianza ciudadana”, sostiene Yarlequé, quien observa que la falta de soluciones concretas mantiene el círculo vicioso de la ineficiencia.

Digitalización e integración: el eje para resolver los cuellos de botella administrativos

Diversos estudios y experiencias en entidades públicas peruanas coinciden en que la digitalización de procesos y la integración de sistemas administrativos y financieros pueden generar mejoras tangibles en plazos cortos.

Un ejemplo concreto es la implementación de sistemas como SGD y SAP/FI en EsSalud, que permitió reducir entre 50% y 60% los tiempos de atención por expediente, pasando de 25-30 minutos a tan solo 10-15 minutos por operación.

El valor de estos sistemas no reside únicamente en la automatización, sino en su capacidad para abordar problemas históricos de gestión pública.

La digitalización elimina procesos manuales y reduce tiempos de atención, mientras que la integración de sistemas permite que distintas áreas, e incluso instituciones diferentes, trabajen con la misma información.

Reducción de errores y fortalecimiento de la transparencia

La estandarización de procesos digitales reduce la dependencia de cambios políticos y facilita la continuidad en la gestión, al hacer que el conocimiento se mantenga en los sistemas y no dependa de personas o ciclos de gobierno.

Este modelo disminuye los riesgos de error y discrecionalidad, optimiza la trazabilidad de la información y fortalece la transparencia, permitiendo un mejor seguimiento del uso de los recursos públicos y facilitando la rendición de cuentas.

La integración de plataformas como SAP ha demostrado que la trazabilidad de los datos puede simplificar auditorías y controles, así como reducir la incidencia de errores administrativos.

La automatización también minimiza los retrabajos y agiliza los procedimientos, lo que se traduce en una gestión pública más eficiente.

Impacto directo en los ciudadanos

Los beneficios de la digitalización no se limitan al ámbito interno del Estado. Para los ciudadanos, esta reforma se traduce en trámites más rápidos, pagos más oportunos, menos errores administrativos y mayor acceso a información relevante. La reducción de la fragmentación estatal permite que la atención sea más ágil y menos dependiente de la burocracia tradicional.

Según Yarlequé, más allá de las herramientas disponibles, el principal problema radica en la forma en que se gestionan los procesos. La información existe, pero la dispersión obliga a repetir trámites y genera retrasos innecesarios. “La digitalización permite reducir esa fragmentación y mejora la continuidad en la gestión pública”, sostiene.

A diferencia de otras reformas estructurales, la digitalización de la gestión pública no necesariamente requiere cambios normativos complejos, sino decisiones sobre implementación, estandarización y adopción tecnológica.

En un contexto electoral, donde predominan las promesas, este tipo de medidas representa una de las pocas vías concretas y medibles para modernizar el Estado y mejorar la calidad del servicio público de manera inmediata.

El sector construcción se consolidó como uno de los motores de la economía peruana en los primeros meses de 2026. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), esta actividad registró un crecimiento de 8,9% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, impulsada en especial por el dinamismo de las obras privadas.

Con este desempeño, la construcción acumuló una expansión de 12,3% en lo que va del año, superando las expectativas iniciales.

Cemento y obras privadas impulsan el dinamismo del sector

El último Reporte de Inflación del BCR, presentado en marzo, elevó la proyección de crecimiento anual del sector construcción para 2026 de 2,5% a 6,0%. Esta revisión al alza responde al notable incremento en el consumo interno de cemento, uno de los principales indicadores del sector.

En febrero, el consumo de cemento aumentó 11,5% respecto al mismo mes del año anterior, explicado por los mayores despachos de Unacem, que destacó por el crecimiento de sus ventas a granel.

Además, Yura y Pacasmayo, empresas cementeras que atienden el sur y norte del país respectivamente, también reportaron incrementos en sus despachos, lo que refleja la expansión territorial del dinamismo constructor.

Construcción: Inversiones regionales y locales marcan la pauta en obras públicas

El impulso de la construcción privada ha sido determinante para estos resultados. Proyectos inmobiliarios, edificaciones residenciales y obras de infraestructura han mantenido un ritmo sostenido, respaldados por la demanda de nuevos espacios y servicios en distintas regiones del país. En paralelo, el avance de obras públicas también contribuyó al crecimiento del sector, aunque de forma más moderada.

El BCR reportó un incremento del 1,5% en la inversión pública en febrero, impulsado principalmente por los gobiernos regionales y locales, mientras que la inversión del gobierno nacional mostró señales de moderación.

En cuanto al destino de la inversión pública, los recursos se han orientado principalmente a proyectos de infraestructura vial y servicios básicos, dos áreas clave para mejorar la conectividad y las condiciones de vida en las ciudades y zonas rurales. Por el contrario, la inversión en obras de prevención de riesgos y edificios no residenciales registró una disminución, lo que sugiere un ajuste en las prioridades de gasto público.

Mercado laboral: el empleo formal mantiene su tendencia positiva

El entorno favorable de la construcción y otros sectores económicos se ha reflejado en el mercado laboral formal. En febrero de 2026, el empleo formal a nivel nacional creció 4,2% en comparación con el mismo mes del año anterior, marcando veintitrés meses consecutivos de expansión. Este avance significó la generación de 246 mil nuevos puestos de trabajo formales, según cifras del BCR.

En el ámbito privado, el empleo formal mostró un incremento interanual de 5,8%. Los sectores agropecuario, servicios y comercio lideraron la generación de empleo, sumando 82 mil, 80 mil y 47 mil nuevos puestos respectivamente durante febrero. Este comportamiento confirma la reactivación de actividades productivas y el sostenido aporte del sector privado a la creación de trabajo formal.

Mejoras en la masa salarial formal

La recuperación del empleo formal ha venido acompañada de un incremento en la masa salarial, que representa el valor total de los ingresos obtenidos por los trabajadores formales.

En febrero de 2026, la masa salarial formal creció 5,2% en términos reales frente al mismo mes del año anterior, consolidando veintitrés meses consecutivos de mejora. En el sector privado, el aumento fue de 5,1%, impulsado principalmente por el dinamismo de los sectores servicios y comercio.

El concepto de masa salarial refleja tanto el crecimiento en el número de empleos formales como la mejora en los ingresos promedio de los trabajadores. Estos datos evidencian un fortalecimiento del mercado laboral formal en el país, que contribuye a la estabilidad económica y a la recuperación del poder adquisitivo de los hogares.

El exministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, propuso modificar el sistema de elección del directorio del Banco Central de Reserva (BCR) durante el XVII Foro Internacional Quo Vadis 2026, organizado por la Cámara de Comercio de Lima.

Su planteamiento busca reducir la incertidumbre que enfrenta el sector empresarial ante los cambios de gobierno y fortalecer la continuidad institucional en la política monetaria del país.

Actualmente, el directorio del BCR está integrado por siete miembros: cuatro designados por el Poder Ejecutivo, incluido el presidente de la entidad, y tres elegidos por el Congreso de la República.

Carranza sugirió que los integrantes sean elegidos por periodos de siete o nueve años, con renovaciones parciales y escalonadas, para evitar que un solo gobierno tenga capacidad de modificar la composición del directorio en su totalidad.

Mayor independencia y confianza en el BCR

El exministro Luis Carranza explicó que el mecanismo de renovación escalonada permitiría dotar de mayor independencia al BCR y reducir la influencia política sobre la institución.

De esta manera, el gobierno entrante tendría un margen limitado para cambiar la orientación del directorio y las decisiones sobre política monetaria. Según el exministro, la propuesta contribuiría a fortalecer la confianza de inversionistas, empresas y agentes económicos en la estabilidad de la entidad.

El economista recordó que el BCR cuenta con una institucionalidad sólida, respaldada por el artículo 84 de la Constitución y su Ley Orgánica, que impide al emisor financiar al Tesoro Público. Esta normativa garantiza la autonomía y disciplina monetaria, principios fundamentales para preservar la estabilidad macroeconómica.

Rezago económico y desafíos frente al crecimiento regional

Durante su intervención en el foro, Carranza advirtió que el Perú muestra señales de rezago en crecimiento económico en comparación con otros países de América Latina.

En esta línea, el economista cuestionó el optimismo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) respecto al desempeño actual y subrayó la urgencia de aplicar medidas concretas para revertir la desaceleración y recuperar la competitividad.

El exministro instó a fortalecer las políticas económicas y sociales, impulsar la inversión en infraestructura, mejorar la regulación y reducir trabas burocráticas. El objetivo es dinamizar sectores clave y elevar la capacidad productiva nacional para evitar que el país quede rezagado frente a sus pares regionales.

Capital, trabajo y productividad: los pilares para elevar el PBI potencial

Carranza enfatizó la necesidad de trabajar sobre tres pilares fundamentales para retomar tasas de crecimiento sostenidas: capital, trabajo y productividad. Señaló que el país requiere una estrategia integral que promueva la inversión, la generación de empleo y el aumento de la eficiencia productiva.

En particular, subrayó la importancia de elevar la Productividad Total de Factores (PTF) para que tanto el capital como el trabajo generen mayores niveles de eficiencia y valor agregado.

Sin avances significativos en productividad, manifestó, el Perú enfrentará dificultades para recuperar los ritmos de crecimiento observados en el pasado y retomar el liderazgo económico en la región.

¿Quién es Luis Carranza?

Luis Julián Martín Carranza Ugarte, nacido en Lima en 1966, es un economista peruano con una amplia trayectoria en el sector público y organismos internacionales.

Se desempeñó como presidente del CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas del Perú en dos periodos, entre 2006 y 2008, y nuevamente desde enero hasta diciembre de 2009.

El año 2025 cerró con un aumento del 14,7% en las notificaciones de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales en Perú, al pasar de 38.900 casos en 2024 a 44.602, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Esta tendencia, observada por entidades especializadas como Gallagher Perú, refuerza el llamado a revisar de manera continua los factores de exposición laboral en las organizaciones.

La información difundida por el MTPE señala que las notificaciones de contingencias se concentraron en actividades vinculadas a servicios, construcción, transporte y administración pública.

Sectores como restaurantes, bares y cantinas reportaron 3.271 casos; la construcción de edificios, 2.864; la administración pública, 2.229; y el transporte de carga por carretera, 2.014.

La vigilancia de los puntos críticos de la operación

Especialistas de Gallagher Perú recomiendan a las empresas identificar con precisión las tareas, procesos o dinámicas que puedan generar mayor probabilidad de incidentes o interrupciones.

No todas las actividades presentan el mismo nivel de exposición, por lo que el análisis de riesgos debe enfocarse en los puntos críticos y actualizarse de manera periódica.

La importancia de este enfoque se refleja en la distribución de los accidentes no mortales, donde ciertos rubros presentan tendencias superiores al promedio, según los reportes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

La revisión de estos puntos críticos resulta determinante para anticipar situaciones que puedan afectar tanto la integridad del personal como la continuidad operativa.

Protocolos: del papel a la práctica cotidiana

Disponer de procedimientos y protocolos no garantiza por sí solo la seguridad laboral. De acuerdo con Johanna Caro, gerente de Recursos Humanos de Gallagher Perú, la clave está en verificar de forma periódica la aplicación real de estos protocolos en todos los entornos de la empresa.

“Sostener esa mirada en el tiempo ayuda a proteger a las personas y a operar con mayor preparación frente a eventualidades que pueden afectar el negocio”, afirmó Caro.

El cumplimiento efectivo de los protocolos requiere un monitoreo constante y una cultura organizacional que promueva la prevención más allá de las fechas conmemorativas. Las organizaciones deben asegurarse de que los procedimientos se ajusten a la realidad de cada área y cuenten con la participación activa de todos los niveles jerárquicos.

Relación con contratistas y terceros

Un componente relevante de la exposición a riesgos se vincula con los proveedores, servicios tercerizados o personal externo. Revisar y fortalecer los vínculos con contratistas y terceros es crucial, ya que estos actores pueden operar fuera de la estructura directa de la empresa.

Informar adecuadamente sobre los procesos y políticas internas a todos los involucrados contribuye a minimizar brechas y evitar accidentes derivados de una falta de alineamiento en materia de seguridad.

Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, la interacción con terceras partes representa un factor que incide en la estadística de notificaciones, por lo que el abordaje integral de la prevención debe considerar a todo el ecosistema laboral.

Aprendizaje a partir de incidentes menores

Los eventos menores o incidentes peligrosos ofrecen señales valiosas para detectar patrones y anticipar situaciones de mayor impacto.

Analizar estos sucesos permite implementar acciones preventivas y correctivas de manera oportuna, reduciendo la probabilidad de accidentes graves. La gestión de la seguridad no solo responde a la urgencia de los datos más visibles, sino que incorpora el aprendizaje continuo como eje central.

Más allá de la prevención, la capacidad de respuesta de una empresa ante una contingencia determina el alcance de los impactos negativos. Evaluar y fortalecer los mecanismos de reacción, orden y recuperación ante eventos inesperados constituye un elemento esencial de la gestión integral del riesgo.

“La prevención debe entenderse como parte de una gestión que acompaña la operación de manera permanente”, sostuvo Johanna Caro, quien resaltó que las organizaciones que consolidan una cultura preventiva logran desenvolverse con mayor solidez ante escenarios adversos.

El acceso a la toma de decisiones públicas por parte de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad podría tener ahora una nueva oportunidad, gracias a la creación de la Red Global para la Participación de las Niñeces – Dialogue Works 2.0.

Esta iniciativa internacional busca que las voces de las infancias sean escuchadas e incorporadas en los ámbitos donde se definen políticas y acciones que impactan de manera directa en sus vidas.

El proyecto, que reúne a organizaciones de Sudamérica, África y Asia, se propone articular esfuerzos y compartir experiencias para fortalecer la incidencia de niñas, niños y adolescentes en contextos marcados por la pobreza, la violencia, la exclusión educativa y la falta de espacios reales de participación.

En Perú, la implementación se realizará en Lima, Iquitos y Cusco, en coordinación con Comités Consultivos de niñas, niños y adolescentes, organizaciones de la sociedad civil y autoridades públicas.

Espacios para que la niñez sea escuchada

A pesar de que las políticas públicas suelen mencionar a la niñez, las opiniones de niñas, niños y adolescentes pocas veces son tomadas en cuenta de manera directa.

Dialogue Works 2.0 apunta a revertir esta tendencia, impulsando la creación de espacios donde puedan expresar sus puntos de vista, dialogar con autoridades y plantear propuestas para enfrentar desafíos como la violencia, la falta de acceso a la educación y la exclusión social.

Según Patricia Rivera, coordinadora en Perú por el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos (MANTHOC), la iniciativa busca pasar de la participación simbólica a una incidencia real en los procesos de toma de decisiones.

Las acciones incluyen la formación y el fortalecimiento de Comités Consultivos de niñas, niños y adolescentes (CAC), procesos educativos en derechos, liderazgo y comunicación, reuniones periódicas con autoridades y campañas lideradas por la niñez. De esta manera, se aspira a que la opinión de las infancias sea incorporada en decisiones sociales y políticas que afectan su presente y su futuro.

Datos que evidencian la urgencia

Más del 43% de niñas y niños en Perú vive en condiciones de pobreza multidimensional, con dificultades de acceso a educación, salud y servicios básicos.

El 25,8% de menores peruanos entre 5 y 17 años —más de 1,2 millones— trabaja, y en 2022 se reportaron oficialmente más de 10.000 casos de abuso infantil, aunque la cifra real podría ser mayor debido al subregistro y las barreras para acceder a la justicia, según UNICEF.

En otros países participantes, los desafíos son igualmente severos. En Ecuador, el 36,5% de la niñez menor de 5 años vive en pobreza por ingresos. En Bolivia se registran las tasas más altas de feminicidio y violencia contra la niñez en Sudamérica.

En India, cerca de 1,17 millones de niñas y niños no asisten a la escuela, mientras que en Zambia el abuso sexual antes de los 18 años afecta al 20% de las niñas y al 10% de los niños.

Una red que apuesta por el protagonismo infantil

La Red Global trabajará con 1.613 niñas y niños, 218 padres y tutores, y 2.630 personas de grupos institucionales en India, Perú y Zambia, además de otros países sudamericanos y asiáticos.

El objetivo es conectar experiencias y aprendizajes entre continentes, fortalecer la capacidad de incidencia pública de la niñez y construir herramientas comunes para influir en las políticas.

Lorena Alférez, coordinadora global del proyecto por Terre des Hommes Alemania, destacó que, más allá de las diferencias locales, los países involucrados comparten retos profundos vinculados a la pobreza, la desigualdad y la violencia.

“Fortalecer una red global no es solo intercambiar experiencias; es construir capacidades comunes para incidir mejor en las decisiones públicas”, señaló.

Para Adriana, adolescente peruana y delegada nacional de MANTHOC, “las personas adultas deben escucharnos de verdad, no solo cuando hablan de nuestros problemas, sino cuando toman decisiones sobre nuestra educación, seguridad, trabajo, comunidad y futuro”.

El superintendente Sergio Espinosa informó que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) está preparando una nueva regulación para el desarrollo del banking as a service (BaaS) en el Perú, cuyo borrador se prepublicará en los próximos meses. Según lo adelantado, el proceso normativo se encuentra en sus etapas finales y el documento será presentado para consulta pública en mayo.

En diálogo con Infobae Perú, Espinosa constató que este nuevo esquema regulatorio para BaaS se implementará en paralelo al avance de la agenda de open banking o finanzas abiertas, una iniciativa que permanece en una etapa de trabajo técnico y mesas de consulta con actores del sector financiero, fintech y organismos públicos.

Banking as a service: utilidad, desafíos legales y ejemplos prácticos

BaaS permite que entidades no bancarias, principalmente fintech, gestionen y ofrezcan productos financieros de bancos a los usuarios, a través de plataformas digitales. Si bien este modelo ya opera en el país en escala limitada, no cuenta con un marco regulatorio que defina responsabilidades y obligaciones entre los participantes.

“Actualmente existen fintech que gestionan servicios financieros para los bancos, pero no hay regulación clara sobre cuáles son las responsabilidades de cada parte en la cadena”, dijo durante el SIM Arequipa 2026. Añadió que el nuevo reglamento buscará establecer condiciones precisas para la operación de BaaS y proteger los intereses de los clientes.

Un ejemplo práctico de BaaS es el de una aplicación que permite tramitar un crédito bancario sin acudir a una agencia física. El usuario inicia el proceso en la plataforma digital de la fintech, que a su vez canaliza la gestión y aprobación con el banco. Para las personas, esto significa acceso a productos financieros más allá de las sucursales tradicionales, con menores costos y mayor competencia entre entidades.

Sin embargo, la falta de legislación específica genera hoy vacíos regulatorios. “Podemos sancionar a bancos, cajas y financieras, pero no tenemos la facultad de multar a una fintech. Para cubrir ese vacío, existen dos alternativas: crear una ley que las incorpore bajo supervisión o establecer contratos de adhesión, como un club, donde al ingresar aceptan las reglas y pueden ser expulsadas si no las cumplen”, afirmó el superintendente.

Open banking: avances y próximos pasos de las finanzas abiertas para Perú

El desarrollo de open banking en el Perú avanza con una hoja de ruta que inicia la obligatoriedad para los cuatro bancos más grandes y permite la incorporación voluntaria de otras entidades, como cajas y cooperativas, que puedan cumplir los estándares tecnológicos y de seguridad. La iniciativa ha convocado ya a más de cien participantes de diferentes sectores en mesas técnicas.

El proceso incluye la definición de los grupos de datos que podrán ser compartidos entre entidades financieras, bajo un lenguaje común y mediante APIs estandarizadas.

El objetivo, según la SBS, es facilitar la portabilidad de información financiera del usuario y potenciar la competencia y la innovación, sin crear repositorios centralizados ni exponer la información a riesgos sistémicos. Para las personas, esto significa que podrán trasladar fácilmente su historial financiero de una entidad a otra y acceder a mejores ofertas y productos.

La implementación del open banking también contempla mecanismos de gobernanza claros, un directorio de participantes y normas para la resolución de disputas.

Además, la experiencia internacional ha mostrado la importancia de avanzar de forma gradual y participativa, permitiendo identificar los casos de uso más relevantes y adaptando la regulación a las necesidades del mercado local. La SBS planea publicar la regulación inicial sobre intercambio de datos durante el segundo semestre del año.

¿Se imagina llegar a un banco y que incluso sepan si juega en bolsa?

La visión de la SBS apunta a que, en el futuro, el ecosistema de finanzas abiertas abarque no solo productos bancarios, sino también seguros, pensiones y el mercado de valores, por lo cual una siguiente etapa tendría que involucrar a la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

“Si voy a un banco y solicito un crédito, puede ser relevante que tenga fondos mutuos, fondos de inversión o acciones. Actualmente, esa información no figura en la Central de Riesgos ni en ningún otro registro. Hoy en día, puedo reunir esos datos y entregarlos, pero con el nuevo sistema, esa información podrá transferirse de manera rápida y sin costo elevado, siempre con autorización del usuario”, sostuvo Espinosa.

Experiencias internacionales, como la de Brasil y el Reino Unido, muestran que la integración de datos de diferentes sectores financieros promueve productos más personalizados y accesibles. El avance en el Perú buscará replicar los beneficios y evitar errores documentados en otras jurisdicciones.

“El avance del open banking en Perú se da en coordinación con el Banco Central de Reserva (BCR), entidad que ya ha impulsado la interoperabilidad en los sistemas de pago y colabora activamente en la definición de estándares y mecanismos de seguridad para el intercambio de datos financieros” dijo.

Open Banking: ¿Es riesgoso para los usuarios?

La SBS ha insistido en que la seguridad y el control de la información dependen exclusivamente del usuario. “Nada se mueve sin autorización del cliente. Puede decidir si comparte o no sus datos, para qué fin y por cuánto tiempo. La autorización es revocable en cualquier momento”, explicó.

“Si un usuario quiere cotizar un crédito hipotecario en varios bancos, puede autorizar el envío de su información solo durante el proceso, y retirarlo si así lo prefiere”, agregó Espinosa.

Parte de la información financiera ya es visible para las entidades a través de la Central de Riesgos, pero el sistema propuesto no crea bases de datos públicas ni repositorios abiertos. La transferencia de datos se realizará de manera encriptada y solo entre las entidades autorizadas por el usuario, bajo estrictos estándares de seguridad.

Las 11 cajas municipales asociadas a la Federación Peruana de Cajas Municipales (FEPCMAC) lanzarán en mayo su primera billetera digital, “Toque”, con la que buscarán fortalecer la inclusión financiera y competir directamente con un segmento hasta ahora dominado por Yape y Plin en el mercado peruano.

La aplicación está dirigida a los más de 10 millones de clientes que forman parte de las cajas municipales, con especial énfasis en zonas rurales y áreas donde la banca tradicional tiene menor presencia.

Toque buscará competir con Yape y Plin con énfasis en áreas rurales

John Sarmiento, gerente de Servicios Corporativos de FEPCMAC, explicó que Toque permitirá efectuar transferencias interoperables, aperturas de cuentas de ahorro y acceder a nanopréstamos.

El ahorro en costos de transacción digital podría alcanzar el 40% para las entidades, lo que representa una ventaja competitiva frente a los modelos tradicionales de pago, remitió durante el SIM Arequipa 2026.

El desarrollo de la app también contempla evolucionar hacia una “superapp” con más funcionalidades, incluyendo recaudación de pagos y colocación de microcréditos.

El ejecutivo remarcó el trabajo conjunto con el Banco Central de Reserva (BCR) y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) para garantizar la interoperabilidad y la seguridad de las operaciones digitales.

Según Sarmiento, la expectativa es que el ahorro operativo pueda trasladarse a los consumidores finales, quienes accederán a servicios más económicos y ágiles.

Un sistema microfinanciero bajo presión

El lanzamiento de Toque ocurre en un periodo de alta complejidad para el sistema microfinanciero peruano.

Durante el primer trimestre de 2026, las cajas municipales registraron resultados superiores a los del año anterior, consolidando una recuperación tras el golpe de la pandemia y la crisis de 2024.

De acuerdo con el ejecutivo, el año 2025 marcó un punto de inflexión, con un “sinceramiento” de las carteras que llevó a los clientes a actuar con “mayor prudencia al solicitar créditos” y a las cajas a aplicar criterios más estrictos en sus evaluaciones.

Sarmiento explicó que la industria todavía enfrenta desafíos derivados de la inseguridad y la inestabilidad política, factores que afectan tanto la evaluación crediticia como la confianza de los inversionistas.

“Muchos de los negocios consideran en su evaluación crediticia una variable asociada a la extorsión”, comentó.

Prudencia crediticia y nuevos retos en el sector

El proceso de recuperación no ha estado exento de dificultades. Sarmiento detalló que, tras la crisis sanitaria y económica, el acercamiento entre los analistas de crédito y los clientes permitió identificar necesidades reales y promover la responsabilidad en el endeudamiento.

“Toda esa educación propia de la relación entre el analista y el cliente ha conllevado a que el cliente sea más cauto en solicitar lo que realmente necesita”, señaló el gerente.

Respecto a la morosidad, el representante aclaró que, según indicadores oficiales de la SBS, las cajas municipales han registrado una disminución en la tasa de créditos impagos.

El panorama varía en otras entidades del sector, como las cajas rurales y las empresas de crédito, donde los niveles de morosidad pueden ser superiores por falta de automatización y menor contacto con los usuarios.

Con todo, Sarmiento anticipa que el rumbo en los próximos tres trimestres del año estará condicionado por el devenir político y las decisiones que adopte el próximo gobierno.

“Lo que queda del año va a depender del resultado que tengamos en dos o tres semanas, el resultado de quién va a gobernar este país”, sentenció.

El contrabando se consolidó como la principal modalidad de comercio ilícito que afecta a la industria peruana, impactando al 42% de las empresas del sector, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El informe, elaborado en marzo sobre una muestra de empresarios a nivel nacional, revela que este fenómeno representa uno de los desafíos más importantes para la producción formal en el país.

De acuerdo con el reporte, cerca de la mitad de los empresarios industriales indicó que alguna modalidad de comercio ilícito afecta su actividad. Además del contrabando, la subvaluación impacta al 35% de las empresas, la falsificación y adulteración de productos al 26% y la piratería al 18%.

Reducción de ventas y presión en los precios para la industria de Perú

El efecto más inmediato del comercio ilícito es la caída de las ventas. Según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales, el 74% de los empresarios consultados señaló la disminución de los ingresos como la principal consecuencia.

Esta situación se agrava con la reducción de precios (40%), la pérdida de clientes (35%) y la disminución de márgenes de ganancia (32%), lo cual debilita la competitividad de las empresas formales frente a productos ilegales de menor precio.

Estrategias empresariales y percepción de las políticas públicas

Ante la expansión del contrabando y otras formas de comercio ilegal, las empresas industriales han adoptado diversas estrategias de defensa. El 22% apostó por diferenciar sus productos o servicios, mientras que el 18% realizó denuncias ante las autoridades. Un 16% optó por buscar nuevos mercados y el 13% decidió ajustar sus precios para competir.

Pese a estos esfuerzos, la percepción sobre la respuesta estatal es negativa. El 76% de los empresarios considera que las medidas impulsadas por el Estado resultan insuficientes. Solo un 2% cree que son adecuadas para enfrentar el problema, de acuerdo con la Sociedad Nacional de Industrias.

¿Prioridades para combatir el comercio ilícito?

En este derrotero, los empresarios peruanos identifican la fiscalización del mercado interno como la acción más urgente, con un 44% señalando esta medida como prioritaria, según la Sociedad Nacional de Industrias.

El control aduanero, a cargo de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), sigue en importancia (42%), mientras que un 33% apuntó a la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando y un 24% propuso promover una cultura de formalidad como parte de la solución.

El estudio del Instituto de Estudios Económicos y Sociales abarca sectores como metalmecánica, químicos, plásticos y caucho, textil, confecciones, alimentos, pesca, bebidas, farmacéutico, papel, impresión, informática y proveedores de la cadena de valor industrial. Esta amplitud muestra el alcance transversal del problema y la diversidad de industrias afectadas.

La gremio industrial remarcó que el impacto del comercio ilícito pone en riesgo la sostenibilidad y la generación de empleo en la industria formal. Los resultados del estudio refuerzan el pedido de acciones integrales para fortalecer el control estatal y promover entornos de competencia leal en el país.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que el abastecimiento de alimentos en los principales mercados mayoristas de Lima se mantiene estable, con un ingreso total de 7,835 toneladas registrado esta mañana, según sus reportes oficiales.

Esta cifra garantiza la disponibilidad de productos de primera necesidad para comerciantes y consumidores, en especial de frutas y hortalizas, y contribuye a la estabilidad de precios en la capital.

En el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML), ingresaron 5,659 toneladas de productos, principalmente legumbres, hortalizas y tubérculos. La papa sobresalió con un abastecimiento de 1,834 toneladas, cifra superior en 6,2% al promedio de los últimos cuatro miércoles, lo que refleja altos niveles de stock y una oferta fluida.

El MIDAGRI resaltó que entre los productos más accesibles para el consumidor figuran la zanahoria a S/ 0.88 por kilogramo, papa canchan a S/ 1.43, zapallo macre a S/ 1.45, haba verde serrana a S/ 1.65, papa huayro a S/ 1.83, papa Yungay a S/ 2.00 y limón en bolsa a S/ 2.08.

Otros precios destacados en el GMML incluyen la papa única a S/ 2.03, camote amarillo a S/ 2.08, papa peruanita a S/ 2.10, cebolla cabeza roja a S/ 2.30, tomate Katia a S/ 2.41, papa amarilla a S/ 2.43, olluco largo a S/ 2.50, yuca amarilla a S/ 2.83, frijol verde canario a S/ 2.83, choclo tipo Cusco a S/ 3.27, camote morado a S/ 3.28 y vainita americana a S/ 3.33 por kilogramo, entre otros.

Frutas variadas y precios accesibles

En el Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria, el ingreso fue de 2,176 toneladas de diferentes frutas, ofreciendo a los comerciantes y compradores una amplia gama de productos frescos.

Entre las principales ofertas se encuentran la sandía a S/ 0.80 por kilogramo, melón coquito a S/ 1.19, naranja valencia a S/ 1.34, plátano bizcocho a S/ 1.43, mango kent a S/ 1.45, manzana corriente a S/ 1.56, mandarina satsuma a S/ 1.73, naranja tangelo selva a S/ 1.84 y palta criolla a S/ 1.85.

También destacan la tuna morada a S/ 1.95, papaya a S/ 2.29, piña hawaiana a S/ 2.35, manzana Israel a S/ 2.38, piña golden a S/ 2.43, uva Italia a S/ 3.03, granadilla a S/ 3.04 y uva Alfonso Lavallée a S/ 3.53 por kilogramo. Esta variedad y disponibilidad permite atender la demanda de los hogares limeños y garantiza el acceso a productos frescos y de calidad.

Oferta de pollo y huevo en niveles adecuados

El MIDAGRI enfatizó que estos precios corresponden a mercados mayoristas y no minoristas, pero sirven como referencia para los consumidores y para las amas de casa al momento de planificar sus compras.

Contar con información transparente sobre los precios mayoristas ayuda a prevenir la especulación en los mercados minoristas y orienta a la ciudadanía sobre el valor real de los productos de la canasta básica.

Además de frutas y hortalizas, el MIDAGRI informó que hay una adecuada disponibilidad de pollo en los centros de distribución de Lima. El pollo vivo al por mayor se comercializó hasta en S/ 4.80 por kilogramo, mientras que el precio del huevo se ubicó en S/ 6.15 por kilogramo, reflejando un incremento de la oferta en los últimos días y contribuyendo a la estabilidad del abastecimiento de proteínas.

Plataforma digital para monitoreo de precios

Para facilitar el acceso a información confiable, el MIDAGRI pone a disposición la plataforma del Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SIEA), que permite consultar precios actualizados de productos en mercados mayoristas y minoristas de Lima. La ciudadanía puede acceder a estos datos en su portal web.

El monitoreo permanente y la publicación de estos reportes buscan garantizar el abastecimiento regular de alimentos y brindar herramientas de información útil para comerciantes y consumidores.

Renovación Popular, partido que tiene como líder a Rafael López Aliaga, busca presentar el cierre de otro peaje en Lima como un logro político antes de la segunda vuelta presidencial.

La estrategia se centra en el caso del peaje Separadora Industrial, en La Molina, utilizando acciones judiciales y mediáticas para fortalecer su campaña y captar apoyo en un contexto de disputa ajustada por el balotaje, según fuentes consultadas.

Un hábeas corpus a días de la elección

A inicios de 2026, Sigfrido Rutzke Quiñe, militante de Renovación Popular, presenta un hábeas corpus ante la Corte Superior de Justicia de Lima Este, argumentando que el peaje Separadora Industrial restringe el libre tránsito hacia La Molina.

El 1 de abril, el juez César Abanto Meléndez reprograma la inspección ocular y la audiencia única para el 6 y 7 de abril, acortando los plazos legales y ubicando estas diligencias días antes de la primera vuelta electoral.

Durante el proceso, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y EMAPE, ambas bajo gestión de Renovación Popular, primero solicitan reprogramaciones y luego se allanan a la demanda, facilitando su avance.

“La semana previa a las elecciones han estado empujando y presionando al juez para que dicte sentencia, se supone, a favor”, señaló una fuente. “Sería un buen caballo de batalla si pasa a segunda vuelta”, agregó.

La defensa legal del hábeas corpus recae en Wilbert Medina, abogado de la MML y de Rafael López Aliaga, y Víctor Pairazaman, militante y candidato a senador de Renovación Popular.

El demandante, Sigfrido Rutzke, ha tenido vínculos laborales y contractuales con la Municipalidad de La Molina, donde se desempeñó como asistente administrativo del Área de Transportes en 2023.

No es la primera vez que Rutzke se enfrenta a entidades públicas por el uso de terrenos: en 2023 intentó revertir una resolución que otorgaba un predio en La Molina al INACAL, pero se declaró improcedente.

Un historial de disputas alrededor del peaje Separadora Industrial

El peaje Separadora Industrial fue instalado y administrado por EMAPE desde los años 80, y en 2009 Lima Expresa asumió su concesión y gestión como parte de la Vía de Evitamiento.

El historial de controversias por este peaje es extenso. En enero de 2020, durante la gestión de Álvaro Paz de la Barra en La Molina, un hábeas corpus derivó en la suspensión temporal del cobro y el retiro de casetas.

En 2021, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el recurso municipal y, un año después, el Poder Judicial restituye de forma definitiva el derecho de Lima Expresa a operar y cobrar la tarifa correspondiente.

Sin embargo, para octubre de 2025, cuando Rafael López Aliaga deja la alcaldía de Lima, la MML inaugura una vía paralela gratuita junto al peaje Separadora Industrial.

Lima Expresa sostiene que esto incumple el contrato de concesión y afecta proyectos de modernización y el futuro Anillo Vial Periférico.

La empresa alega que en enero de 2024 y en abril de 2025 se emitieron laudos arbitrales favorables a la empresa en su controversia con la MML, y que el primero de ellos fue reconocido por el Poder Judicial en septiembre, un mes antes de la instalación de la vía auxiliar.

¿Un nuevo arbitraje internacional?

El 12 de abril de 2026 se celebró la primera vuelta electoral en Perú. Según los resultados preliminares de la ONPE, Keiko Fujimori encabeza el conteo, mientras que el izquierdista Roberto Sánchez supera por un margen muy ajustado a Rafael López Aliaga.

Ante esta diferencia mínima, López Aliaga y Renovación Popular han presentado recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para impugnar actas y solicitar recuento de votos, especialmente en Lima.

En este escenario de tensión y disputa cerrada por el pase a la segunda vuelta, el caso del peaje Separadora Industrial cobra relevancia mediática y judicial.

Infobae Perú contactó a Lima Expresa, que afirma que existen al menos siete rutas alternas gratuitas para acceder a La Molina y que el peaje no es obligatorio, sino una opción más rápida. La MML y Renovación Popular no respondieron.

“Pero, en caso de un fallo adverso, la empresa recurrir a nuevas apelaciones y a un arbitraje internacional, lo que sería sumamente negativo para la seguridad jurídica y la confianza en el país”, advirtió otra fuente.

La empresa, subsidiaria del grupo francés VINCI Highways, mantiene otras controversias arbitrales abiertas contra el Estado peruano por trabas e interferencias en la operación de concesiones viales.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) declaró en emergencia el servicio de transporte terrestre en tramos críticos de la Ruta Nacional PE-3S en Abancay (región Apurímac) y de las rutas PE-14A, PE-14B y PE-14D en las regiones de Áncash y Huánuco, mediante las Resoluciones Ministeriales Nº 204-2026-MTC/01.02 y Nº 205-2026-MTC/01.02, respectivamente.

Ambas normas fueron publicadas hoy en el diario oficial El Peruano y habilitan la intervención urgente para restablecer la transitabilidad y garantizar la seguridad de miles de usuarios.

En Abancay, la emergencia abarca el trayecto comprendido entre el km 774+604.92 y el km 778+095.53, correspondiente a las avenidas Paseo de los Artesanos, Manuel Seoane, Prado Alto y Tamburco.

El informe técnico detalla que el tramo presenta baches profundos, asentamientos de plataforma, fractura del pavimento rígido y colmatación del sistema de drenaje superficial, lo que restringe severamente el servicio de transporte y pone en riesgo a más de 64,000 usuarios que emplean 93 vehículos autorizados en la ruta.

Fallas estructurales y peligro inminente

Las evaluaciones de Provías Nacional, la Dirección General de Autorizaciones en Transportes y la Dirección General de Políticas y Regulación en Transporte Multimodal identificaron daños que requieren intervención prioritaria en el tramo afectado de la PE-3S en Abancay.

La Resolución Ministerial Nº 204-2026-MTC/01.02 señala que la emergencia tendrá una vigencia de 180 días, periodo en el que se podrán ejecutar acciones directas para recuperar la infraestructura y evitar la interrupción del transporte público.

En los tramos de las rutas PE-14A, PE-14B y PE-14D de Áncash y Huánuco, los daños incluyen baches profundos, deterioro estructural de cunetas, pérdida o asentamiento de plataforma, deslizamientos y pérdida completa de la vía en algunos sectores.

Estas rutas, que conectan localidades clave, han visto restringida o interrumpida la circulación de vehículos, afectando a más de 11,000 usuarios y a 37 vehículos autorizados. La intervención fue oficializada mediante la Resolución Ministerial Nº 205-2026-MTC/01.02.

Medidas autorizadas y financiamiento

La declaratoria de emergencia faculta al MTC y a Provías Nacional a ejecutar, de manera directa o mediante empresas contratistas, todas las acciones necesarias para restablecer el servicio y garantizar la seguridad del transporte.

Estas intervenciones deberán realizarse con los recursos presupuestales disponibles, sin demandar fondos adicionales al Tesoro Público. Además, Provías Nacional deberá informar al Viceministerio de Transportes sobre las acciones realizadas en un plazo máximo de 10 días.

Impacto social y continuidad del servicio

La medida responde a la necesidad de preservar la continuidad del servicio público de transporte y proteger a los usuarios frente al deterioro de la infraestructura vial en zonas estratégicas.

En Abancay, los tramos afectados son vitales para la movilidad urbana y la conexión regional, mientras que en Áncash y Huánuco, las rutas nacionales impactan en el acceso a servicios, la economía local y la integración territorial.

El MTC recordó que el marco legal vigente autoriza la declaración de emergencia ante daños graves o peligro inminente en la infraestructura de transporte.

La publicación de las Resoluciones Ministeriales Nº 204-2026-MTC/01.02 y Nº 205-2026-MTC/01.02 en el diario oficial El Peruano oficializa la medida y habilita la intervención inmediata de las autoridades competentes.

La presencia de mujeres en el mundo de las inversiones avanza en América Latina. Datos recientes de SURA Investments indican que el 42% de sus inversionistas son mujeres, y el monto promedio destinado por ellas a la inversión aumentó 29% durante los últimos 24 meses, pasando de USD 54.561 a USD 70.241.

Esta tendencia en países como el Perú evidencia un cambio en la manera en que las mujeres abordan la gestión de su patrimonio y su autonomía financiera en la región.

El monto promedio invertido por mujeres sube 29% en dos años

SURA Investments, filial de SURA Asset Management, señala que cada vez más mujeres ven la inversión como una herramienta fundamental para construir patrimonio, tomar decisiones de largo plazo y fortalecer su independencia económica.

Lina Madrid, directora de Infraestructura e Inversiones Sostenibles en SURA Investments, afirma que la mayor participación femenina “demuestra un interés creciente por construir patrimonio de manera informada y con una visión estratégica sobre el futuro”.

El análisis de SURA Investments revela que las mujeres muestran perfiles de riesgo variados: el 28% tiene un perfil conservador, el 42% moderado y el 11% agresivo. Este comportamiento sugiere una planificación financiera enfocada en el equilibrio entre riesgo y oportunidad, y en la proyección de objetivos a largo plazo.

Las inversionistas priorizan fondos mutuos y diversifican carteras

En cuanto a las preferencias de producto, el 80% de las inversionistas de SURA opta por fondos mutuos. En México, Perú y Colombia, este instrumento es elegido por el 100% de las clientas, mientras que en Chile la participación alcanza el 74%.

En el país sureño, además, un 18% de las mujeres invierte en productos de seguro con componente de ahorro, lo que refleja una diversificación en la gestión patrimonial.

¿Mayor interés por autonomía y gestión patrimonial a largo plazo?

A pesar del avance, persisten diferencias frente a los hombres en el monto invertido. En Chile, México y Perú, el promedio de inversión de las mujeres es de USD 70.241, mientras que en los hombres alcanza los USD 126.029, lo que representa una brecha del 44%.

No obstante, el incremento en el monto promedio invertido por mujeres fue del 15% en los últimos 12 meses, y del 29% en los últimos 24 meses. Esto consolida una evolución positiva en la relación de las mujeres con la inversión.

SURA Investments destaca que, más allá del monto invertido, se observa una mayor disposición de las mujeres a incorporar decisiones financieras estructuradas en su planeación personal y familiar.

El interés por organizar recursos, diversificar alternativas y construir respaldo económico a mediano y largo plazo es cada vez mayor entre las inversionistas.

La necesidad de información y herramientas para la inclusión financiera

Este comportamiento pone de relieve la importancia de contar con información clara y herramientas que faciliten la toma de decisiones financieras informadas. A medida que más mujeres se vinculan al mundo de la inversión, crece la necesidad de acompañar ese proceso con contenidos y soluciones adaptadas a distintas metas, momentos de vida y experiencia financiera.

Lina Madrid concluye que “los resultados muestran que no solo están participando más, sino que también viene aumentando el monto destinado a la construcción de patrimonio. Aunque aún existen brechas frente a los hombres en los montos invertidos, los avances son claros: crecen tanto la participación como los montos promedio, reflejando una relación cada vez más informada, activa y estratégica con la inversión”.

La infraestructura de saneamiento es clave para el desarrollo y la salud pública en el país, pero los retrasos y paralizaciones en su ejecución pueden impactar directamente en la vida de miles de ciudadanos.

En el caso del proyecto Cachimayo, la demora en sus obras ya afecta a más de 200.000 personas en la región Cusco, en medio de cuestionamientos a la gestión del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) y a la supervisión contratada.

El proyecto, denominado ETAPA 2: Cachimayo, presenta un atraso superior a 300 días en su frente más importante, el sector Casuarinas, que representa el 36% del contrato, según una denuncia de Expreso.

El origen de la paralización se encuentra en la decisión de la supervisión, en representación del PNSU, de ordenar la reubicación de los tanques de tormenta sin el sustento técnico adecuado y sin notificar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financia la obra.

Orden de reubicación sin consulta y sobrecostos para el Estado

Desde el inicio del proyecto, comunidades locales bloquearon el acceso a los terrenos, dificultando los trabajos técnicos. Frente a esta situación, la supervisión instruyó al contratista a realizar una reingeniería para reubicar los tanques, lo que paralizó gran parte de la obra por más de diez meses.

Finalmente, esa decisión fue revertida por la misma supervisión, ordenando volver al diseño original, sin considerar los sobrecostos y la pérdida de tiempo generados.

Según documentos internos, el PNSU y la supervisión no reconocen la ampliación de plazo ni los mayores gastos generales que, por contrato, corresponden al contratista. Esta conducta agrava el riesgo de una resolución contractual y la posible paralización definitiva del proyecto.

Riesgo de ruptura contractual y advertencia de especialistas

El Vice Decano del Colegio de Ingenieros del Cusco, José Cabezas Mancilla, advirtió que la gestión del PNSU presenta fallas graves: “El hecho de que se emita una orden de reubicación y 10 meses después se deje sin efecto denota una grave carencia en la gestión del diseño”.

Cabezas alertó que negar una ampliación de plazo legítima puede reducir el avance acumulado del contratista a menos del 80%, lo que constituye causal directa para la intervención económica de la obra o incluso su resolución contractual.

La unidad de investigación de Expreso obtuvo documentos que prueban que el PNSU y la supervisión ordenaron la reubicación sin comunicarlo al BID, como exige el contrato.

Pese a la denuncia pública en medios locales, la respuesta del Ministerio de Vivienda fue enviar a un coordinador técnico que minimizó la paralización y evitó informar sobre eventuales medidas disciplinarias contra los responsables.

El BID exige explicaciones y advierte por el uso de fondos

El representante del BID, Francisco José Torres Medina, confirmó que la entidad no fue notificada debidamente sobre la modificación.

“Cuando ocurren esas modificaciones el procedimiento es solicitar una aprobación del BID y nunca me enviaron tal justificación”, señaló. El BID recordó que debe velar por la correcta ejecución de los fondos y que el proceso requiere transparencia y comunicación continua.

Por su parte, el consorcio Cachimayo evitó pronunciarse sobre el caso, mientras la incertidumbre persiste y las comunidades afectadas siguen a la espera de soluciones que permitan reactivar la obra y garantizar el acceso a servicios de saneamiento.

La transición energética y el avance tecnológico han puesto en el centro de la economía global a los minerales críticos, entre ellos las tierras raras, esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y dispositivos de inteligencia artificial.

En este contexto, América del Sur aparece como un actor estratégico con la capacidad de redefinir las cadenas de suministro mundiales, hoy concentradas en un 70% en China.

Un reciente informe de KPMG titulado ‘Tierras raras: Un recurso mineral estratégico con gran potencial de explotación en América del Sur’ advierte que la región cuenta con reservas masivas aún no explotadas, lo que podría mitigar la vulnerabilidad global frente a la concentración de la oferta.

El reporte ubica a Brasil con la segunda mayor reserva mundial (21 millones de toneladas métricas), a Argentina con un potencial de 3.3 millones, y posiciona al Perú como un país emergente con alta proyección, debido a su diversidad geológica y su ya consolidada presencia en metales como cobre y zinc.

Un recurso estratégico para la tecnología y la energía limpia

Las tierras raras —elementos del grupo de los lantánidos, además del escandio y el itrio— son indispensables en la fabricación de imanes permanentes usados en motores de vehículos eléctricos, equipos de energías renovables y dispositivos inteligentes.

Según el informe de KPMG, la demanda de estos minerales crecerá de manera sostenida hasta el año 2050, impulsada por el desarrollo de tecnologías limpias y la digitalización global.

Actualmente, la producción mundial está fuertemente concentrada en China, que controla cerca del 70% del mercado, generando riesgos para la seguridad de las cadenas de suministro ante tensiones geopolíticas.

Por ello, el potencial de América del Sur adquiere relevancia como alternativa estratégica para diversificar la oferta y fortalecer la seguridad tecnológica global.

Perú: de exportador de metales base a nodo tecnológico

Juan Carlos Mejía, líder de Energía y Recursos Naturales de KPMG Perú, sostiene que el país tiene una oportunidad histórica para transformar su potencial en tierras raras en bienestar social y desarrollo tecnológico.

“El Perú tiene ahora la oportunidad de transformar su potencial en tierras raras en un motor de bienestar social y desarrollo tecnológico, pasando de ser exclusivamente un exportador de metales base a convertirse en un nodo crítico de la seguridad tecnológica global”, afirma Mejía.

El informe de KPMG recomienda no limitarse a la extracción primaria, sino apostar por el valor agregado, mediante el desarrollo de plantas de refinamiento locales que permitan capturar mayores márgenes y evitar la simple exportación de materia prima.

Sostenibilidad y criterios ESG: la clave para atraer inversión

Para consolidar un liderazgo sostenible, la estrategia debe cumplir con los criterios ESG (Ambiental, Social y Gobernanza).

“El mineral peruano debe ser ‘verde’ y ético desde su origen. El enfoque ESG no es un gasto, es la garantía de que estamos utilizando los recursos de forma inteligente para atraer la inversión que busca soluciones reales a la crisis climática”, enfatiza Mejía.

El informe advierte que la ventana de oportunidad es estrecha: la brecha entre oferta y demanda mundial de tierras raras será masiva hacia 2030. Perú ya cuenta con trabajos de exploración en regiones como Junín y Puno, pero debe acelerar su respuesta institucional.

Mejía concluye: “Debemos aprovechar el tiempo y actuar con dirección. Una explotación racional requiere agilidad regulatoria y estabilidad para que la riqueza de nuestra tierra se traduzca en una economía real, segura y digital”.

El crecimiento sostenido de la exportación de hierbas aromáticas, especias y condimentos convierte a este sector en uno de los más dinámicos y con mayor proyección para la economía peruana.

Perú se ha posicionado como el décimo cuarto exportador mundial y el segundo en América Latina en este rubro, respaldado por envíos que en 2025 superaron los US$ 600 millones.

La demanda global por productos naturales y sostenibles, además del auge de la gastronomía nacional, impulsa la diversificación de la oferta y la búsqueda de nuevos mercados internacionales.

Un espacio de diálogo para alinear esfuerzos

Por tal motivo, la Asociación de Exportadores (ADEX) solicitará al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) la creación de una mesa técnica especializada en hierbas, especias y condimentos.

La propuesta surgió durante la primera Expo Hierbas & Especias, un evento que reunió a autoridades, representantes del sector privado, la academia y actores clave para identificar oportunidades, brechas y líneas de acción que permitan potenciar el desarrollo del sector.

La iniciativa de la mesa técnica se originó en la ‘Mesa de diálogo: Valor y potencial de las hierbas y especias del Perú: producción, usos y mercados’, realizada en el marco de la Expo Hierbas & Especias.

Este encuentro permitió reunir a diversos actores para debatir sobre temas productivos, comerciales, sanitarios, certificaciones, tecnología y promoción internacional.

Edgar Vásquez Vela, director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, destacó la importancia de este espacio para canalizar las necesidades y propuestas de las empresas, así como para mejorar la planificación estratégica multisectorial.

Diversidad regional y retos productivos

Uno de los principales desafíos identificados es la necesidad de recoger las particularidades de cada zona productiva.

La geografía peruana ofrece una gran diversidad de productos: el rocoto de Pasco, el jengibre de Junín, la cúrcuma y las hierbas aromáticas de la selva central; mientras que en la costa sur predominan el orégano, el ají amarillo y la páprika; en el norte, la especialización se orienta a la páprika seca.

Según el gremio exportador peruano, adaptar las estrategias a cada región será clave para fortalecer la productividad y la competitividad de los productores.

Así, el rubro de hierbas y especias presenta amplias perspectivas de crecimiento, alineado con la tendencia global hacia productos naturales, orgánicos y sostenibles que cumplan con estándares ambientales y sociales.

Según Vásquez Vela, este sector está estrechamente ligado al éxito de la gastronomía peruana, ya que la calidad y variedad de insumos forman parte de la identidad y el atractivo de la cocina nacional.

Participación multisectorial y próximos pasos

En la mesa de diálogo participaron representantes de Agromercado, Agroideas, PromPerú, Serfor, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Tacna, cámaras de comercio, entidades financieras, universidades y empresas del sector. La articulación entre estos actores será fundamental para consolidar la posición de Perú en los mercados internacionales.

La Expo Hierbas & Especias contó con el respaldo de empresas y organizaciones como Financiera Qapaq, Orepam, Fructus Terrum, Grupo Estela, Agrícola Nuestra Tierra Selva, World Solutions Enterprises, Banco Agropecuario e Inagroup, entre otros.

La creación de la mesa técnica representa un paso decisivo para fortalecer el trabajo conjunto, elevar la competitividad y aprovechar el potencial de crecimiento de las hierbas, especias y condimentos peruanos en el escenario mundial.

El avance de la energía renovable en el mercado eléctrico peruano está generando una transformación en la manera en que las grandes empresas gestionan su consumo energético.

El compromiso global con la descarbonización y la reducción de emisiones, así como la presión de los mercados internacionales, han llevado a sectores clave como la minería y el retail a incrementar significativamente la contratación de fuentes limpias.

Esta tendencia no solo responde a objetivos ambientales, sino que también marca un cambio en la competitividad y la sostenibilidad de las operaciones empresariales.

En este contexto, Celaris Energy informó que la demanda por suministro eléctrico renovable, especialmente por parte de los sectores minero y retail, está reconfigurando el mercado energético nacional.

De acuerdo con cifras de la Asociación Peruana de Energías Renovables (SPR), la generación eléctrica con recursos renovables no convencionales registró un crecimiento cercano al 27% al cierre de octubre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior.

María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, destacó que este impulso corresponde, en gran medida, a los compromisos de reducción de emisiones y a la búsqueda de ventajas competitivas en mercados internacionales, donde el cobre y otros minerales tienen un rol clave en la transición energética global.

Minería: motor de la transición energética

El sector minero se posiciona como el principal catalizador del cambio hacia el uso de energía limpia en el país. Con un consumo que representa cerca del 34 % del total nacional y más del 55 % de la demanda del mercado libre, la minería se consolida como un actor determinante en la viabilidad de nuevas inversiones en infraestructura eléctrica.

La mayor parte de los contratos de suministro a largo plazo en el mercado libre proviene de este sector, lo que impulsa el desarrollo de proyectos eólicos y solares orientados a operaciones de gran escala.

El dinamismo minero se explica por la necesidad de cumplir con metas internacionales de sostenibilidad y las exigencias de sus clientes globales, especialmente en mercados donde la trazabilidad y la huella de carbono de los productos son requisitos para acceder a compradores estratégicos.

El retail y la agroindustria se suman al cambio

El sector retail también comienza a destacar en la transición hacia fuentes renovables. La expansión de cadenas comerciales, centros de distribución y operaciones logísticas está promoviendo una mayor demanda de esquemas de abastecimiento eléctrico eficientes, enfocados en la estabilización de costos y el cumplimiento de compromisos corporativos de sostenibilidad.

La agroindustria se incorpora de forma progresiva, aprovechando el alto potencial solar de diversas zonas del país. El uso de soluciones solares permite a las empresas optimizar costos y mejorar su posicionamiento en mercados internacionales, donde la certificación de producción limpia es cada vez más valorada.

Nuevas inversiones y perspectivas para el mercado eléctrico

El avance de la demanda corporativa por energía renovable está configurando un entorno favorable para la llegada de nuevas inversiones en generación eléctrica sostenible.

El crecimiento del segmento empresarial, impulsado por la minería, el retail y la agroindustria, contribuye a acelerar la transición energética y fortalece la competitividad del país en el contexto regional.

Según la CEO de Celaris Energy, el mercado eléctrico peruano entra en una etapa de transformación, donde la sostenibilidad se integra de manera directa al desempeño económico y al desarrollo de infraestructura para energía limpia.

Este escenario anticipa una mayor participación de fuentes renovables en la matriz energética nacional, alineando a Perú con las tendencias globales de descarbonización y eficiencia.

Un posible incidente en la refinería La Pampilla S.A. (Relapasa) de Repsol, en Ventanilla, se ha registrado en las primeras horas de hoy. La información oficial es limitada y las versiones entre trabajadores y la empresa se contraponen, mientras persisten dudas sobre la magnitud y consecuencias del hecho.

Según operadores al interior de la planta, se produjo una explosión en el horno de la unidad de craqueo catalítico (FCC), lo que habría generado daños graves y la necesidad de paralizar la producción de gasolinas durante al menos un mes.

En contraste, fuentes de la empresa indicaron que lo ocurrido corresponde a un simulacro regular de fuga, realizado con el equipo interno de bomberos, parte de los ejercicios semanales de seguridad.

Osinergmin inicia fiscalización en la refinería de Repsol

Ante la circulación de versiones opuestas y la ausencia de información técnica detallada, Osinergmin confirmó que ha iniciado sus acciones de supervisión.

“En relación a informaciones sobre una posible emergencia en la refinería La Pampilla ubicada en Ventanilla, Osinergmin ha iniciado sus acciones de fiscalización. Personal técnico especializado se dirige hacia las instalaciones de la Refinería para la respectiva supervisión”, comunicó el organismo regulador.

Se espera que el trabajo de fiscalización permita esclarecer lo sucedido y determinar si existieron daños, así como el impacto real en la producción y el abastecimiento nacional.

La Pampilla, pieza clave en el mercado peruano

La Refinería La Pampilla es la más importante del país, con una capacidad de refinación de 117,000 barriles diarios de petróleo, lo que representa más del 50% de la capacidad nacional. En 2024, tras inversiones superiores a S/160 millones, incrementó en 20% su producción de gasolinas bajas en azufre, alcanzando una capacidad de 18,000 barriles diarios solo en este segmento.

En promedio, La Pampilla procesó 75,900 barriles de crudo diarios durante 2024, aunque este volumen estuvo temporalmente afectado por paradas de mantenimiento. Su infraestructura incluye unidades de destilación primaria, vacío, reformación catalítica, desulfuración y craqueo catalítico. Su cuota de mercado alcanzó el 37.87% en 2024.

Desde 1996, tras su privatización, Repsol opera la planta a través de Relapasa. En años anteriores, la compañía española analizó vender la refinería, pero desistió al considerar insuficientes las ofertas recibidas.

Contexto de tensión en el sector refino: La Pampilla y Talara

Este incidente se produce en medio de un contexto delicado para el sector. Hace dos semanas, la refinería de Talara —operada por Petroperú en Piura— enfrentó un paro parcial por problemas en la planta de ósmosis inversa, lo que redujo su demanda eléctrica de 50 a 20 MW y puso en riesgo la oferta de hidrocarburos.

Según fuentes internas, Talara ha logrado solucionar casi totalmente su problema, pero el episodio dejó a la refinería operando con inventarios limitados durante la emergencia.

De confirmarse una emergencia en La Pampilla, la refinería tendría que operar también con sus inventarios hasta agotarlos, como ocurrió en Talara, lo que podría presionar la oferta interna de combustibles.

Por ahora, la situación en La Pampilla sigue bajo evaluación y tanto la empresa como los trabajadores y autoridades esperan el pronunciamiento oficial de Osinergmin para clarificar el alcance real del incidente y sus eventuales repercusiones sobre el abastecimiento nacional.

El renunciante ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, confirmó esta mañana que el Gobierno había firmado los contratos para la compra de aviones caza a Estados Unidos y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tenía hasta hoy para autorizar el primer desembolso, por un monto inicial de US$ 2.000 millones.

En diálogo con RPP Noticias, el ahora excanciller manifestó su malestar por la decisión del presidente José María Balcázar de bloquear el pago y postergar la operación, lo que a su juicio pone en riesgo la credibilidad internacional del Perú y la transparencia del proceso.

Junto a él estuvo el también renunciante ministro de Defensa, Carlos Díaz, quien defendió la legalidad y necesidad estratégica de la compra. Explicó que la adquisición de los nuevos aviones para la Fuerza Aérea del Perú fue aprobada en el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, respaldada por las leyes de endeudamiento 2025 y 2026, que asignaron un total de US$ 3.500 millones para la operación.

Díaz remarcó que el contrato se firmó bajo la modalidad de secreto militar y que el proceso fue revisado y avalado por la Contraloría General de la República.

Compra de aviones a EEUU: Balcázar frena el desembolso de US$ 2.000 millones

De Zela relató que los contratos se firmaron el lunes 20 de abril y que, tras ese paso, la gestión quedó en manos del MEF, que debía autorizar el primer pago a más tardar hoy.

Sin embargo, afirmó que el presidente Balcázar ordenó frenar el desembolso, generando confusión tanto en el gabinete como en la contraparte estadounidense. “Hasta el momento que yo dejé el Consejo de Ministros, hace hora y media, el ministro de Economía y Finanzas [Rodolfo Acuña] no había autorizado el pago”, indicó el excanciller.

El exministro de Defensa, Carlos Díaz, detalló que la compra responde a una necesidad estratégica para la defensa nacional, por la obsolescencia de la flota de Mirage y Sukhoi.

Recalcó que la decisión fue acordada por el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que incluyó a los principales ministros y jefes militares del país, y que la adquisición de aviones estadounidenses de Lockheed Martin se basó en criterios geopolíticos, técnicos y de defensa regional.

Díaz reiteró que el proceso fue transparente, con respaldo presupuestal aprobado por el Congreso y con la revisión de la Contraloría. “Todo está coberturado presupuestalmente para esta compra, con nombre propio. No hay duda respecto a eso”, puntualizó.

Malestar diplomático y renuncias irrevocables en el gabinete

De Zela criticó que el presidente Balcázar negara públicamente la firma de los contratos, a pesar de que estos ya estaban formalizados. Acusó al mandatario de “mentir al país” y advirtió que esta actitud pone en peligro la credibilidad internacional del Perú. Señaló que la reacción de la Embajada de Estados Unidos fue de sorpresa y malestar ante la falta de claridad en la postura del Gobierno peruano y el bloqueo inesperado del pago.

Ambos exministros coincidieron en que nunca recibieron una justificación clara para detener la operación y que la decisión de Balcázar contradice los acuerdos estratégicos y la planificación de la defensa nacional. Además, alertaron sobre el riesgo de afectar la imagen y los compromisos internacionales del Perú.

La compra había sido seguida con atención por proveedores internacionales, incluidos fabricantes suecos y franceses, que presentaron reclamos formales tras la definición del proveedor estadounidense. Tanto Díaz como De Zela insistieron en que la decisión final fue adoptada bajo secreto militar, con aval de la Fuerza Aérea y la Contraloría.

La paralización del pago y las renuncias de los ministros dejan abierta la incertidumbre sobre el futuro de la operación y sobre la posición internacional del país ante sus socios estratégicos.

Contratar a la persona equivocada es un error que puede pasarle factura a cualquier empresa, sin importar su tamaño o sector. En un contexto donde la competencia por el talento se intensifica y la eficiencia es un objetivo prioritario, la selección adecuada de colaboradores resulta fundamental para el desarrollo y la estabilidad del negocio.

Más allá del impacto en el clima laboral, una mala contratación representa un golpe directo y profundo para las finanzas y la operatividad de la organización. Según estimaciones del sector, el costo de reemplazar a un trabajador que no cumple con las expectativas puede llegar hasta 1,8 veces su salario anual.

Esta suma contempla varios factores: la remuneración pagada durante el tiempo donde el empleado no alcanzó los objetivos, el gasto en procesos de reemplazo y selección, y el periodo de adaptación que requiere el nuevo ingreso para alcanzar la productividad esperada.

¿Por qué un error de contratación afecta tanto?

Erick Iparraguirre, Regional Executive Associate de Trust Consulting, señala que el impacto real de una mala contratación trasciende el simple despido o el pago de liquidaciones. “Incluye lo que esa persona dejó de producir y el tiempo que toma volver a estabilizar el rol”, indica el especialista.

El problema suele comenzar en procesos de selección acelerados, en los que la presión por cubrir una vacante deriva en evaluaciones superficiales del perfil. Cuando esto ocurre, las probabilidades de cometer errores aumentan de forma considerable.

El efecto negativo se agrava en posiciones estratégicas o de liderazgo. Mientras más alto es el cargo, mayor es el costo y el daño potencial para la empresa.

En estos casos, una contratación equivocada puede afectar la operatividad, la ejecución de planes y la toma de decisiones clave, generando consecuencias financieras y organizacionales que pueden durar años.

Liderazgo y cargos clave: multiplicador de riesgos

No todos los errores pesan igual. En posiciones operativas, la empresa puede corregir más rápido, asumiendo un impacto limitado. Pero cuando la falla se produce en cargos de liderazgo, como un gerente general, los efectos pueden marcar el rumbo de la organización durante mucho tiempo.

“Una contratación fallida en la gerencia general puede retrasar el desarrollo de la compañía hasta por cinco años”, advierte Iparraguirre, quien destaca que la influencia de estos líderes abarca tanto la estrategia como la cultura organizacional.

En sectores como la agroindustria, donde las decisiones de personal están vinculadas a ciclos productivos y variables externas, una mala elección en momentos críticos puede traducirse en pérdidas millonarias. El tiempo perdido y la oportunidad desaprovechada tienen consecuencias que trascienden los balances anuales.

El reclutamiento, decisión estratégica y no mero trámite

A pesar de la evidencia, muchas empresas continúan abordando el reclutamiento como un trámite administrativo, centrado solo en cubrir vacantes lo antes posible. Este enfoque ignora el verdadero peso que tiene una contratación en el desempeño global del negocio.

La conclusión es contundente: el reclutamiento no debe verse como un gasto administrativo ni como una simple carrera contra el reloj para cubrir plazas vacantes. Es una decisión estratégica que impacta directamente en el desarrollo, la evolución y el logro de los objetivos de la organización.

“Elegir bien es invertir en el futuro y en la sostenibilidad de la empresa, asegurando su competitividad en el mercado”, destaca el análisis.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) oficializó este martes el reglamento que pone en marcha el nuevo régimen de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) en Perú, una figura que permitirá a grandes proyectos industriales y de servicios operar durante 5 años sin pagar Impuesto a la Renta.

La norma, publicada este 22 de abril en el Diario Oficial El Peruano y respaldada por el presidente José María Balcázar, define el marco operativo de la Ley N° 32449, que ya había sido aprobada en septiembre de 2025.

Lo central: los detalles tributarios quedan para otra resolución

El texto oficial del nuevo reglamento establece únicamente el procedimiento y los requisitos para quienes busquen instalarse y operar una ZEEP.

No concreta en este reglamento los beneficios tributarios específicos ni el esquema de exoneración, que quedarán a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en normas posteriores.

Sí se menciona el impuesto a la renta de manera indirecta: para que una empresa extranjera acceda como usuario, debe constituir un establecimiento permanente según las normas peruanas para este tributo.

De cualquier forma, el régimen especial de renta fue anticipado en la Ley N° 32449, que prevé tasas progresivas y un marco de estabilidad tributaria:

• Años 1-5: 0%
• Años 6-10: 7,5%
• Años 11-15: 10%
• Años 16-20: 12,5%
• Años 21-25: 15%

¿Quién puede instalarse y cuánto debe invertir? Los requisitos de entrada

El reglamento de hoy fija que solo empresas formalmente constituidas en el país, o sucursales de firmas extranjeras consideradas “establecimiento permanente”, pueden operar una ZEEP o instalarse como usuarios.

Para ser operador privado se exige una inversión mínima de 1.500 UIT, lo que equivale a S/ 8 millones 250.000 para 2026. Este monto se actualiza cada año según lo determine el MEF.

Las ZEEP deberán ubicarse en terrenos de al menos 90 hectáreas, salvo excepciones justificadas con rigor técnico. Además, las empresas deben demostrar transparencia total en la composición societaria y antecedentes de sus directivos.

Se exige que los usuarios sean nuevas empresas, sin operaciones previas en el rubro en Perú, y realicen una inversión mínima de 2.000 UIT (S/11 millones para 2026).

Qué actividades se pueden realizar y cuáles quedan prohibidas

Las ZEEP están diseñadas para atraer inversiones en manufactura y servicios industriales. El reglamento habilita actividades industriales, ensamblaje y servicios directamente vinculados a la producción.

Se excluyen expresamente la minería, hidrocarburos, industria del hierro y acero, armas, generación de energía para terceros y actividades bancarias.

También se prohíbe la venta directa al por menor fuera de la zona y la explotación de propiedad intelectual fuera de las actividades permitidas.

Actividades permitidas:

• Manufactura de bienes de capital, intermedios y de consumo
• Transformación física o química de materiales y componentes
• Ensamblaje de partes y piezas para nuevos productos
• Servicios de apoyo industrial o logístico vinculados a manufactura
• Nuevos restaurantes y servicios de comida por terceros, no por el operador ni usuarios

Actividades prohibidas:

• Minería, hidrocarburos, industrias básicas de hierro y acero
• Producción o venta de armas y municiones
• Generación de energía eléctrica salvo para autoconsumo
• Servicios financieros bancarios, salvo excepciones específicas de la ley
• Venta presencial o directa a consumidores finales fuera de la ZEEP
• Cesión o explotación de patentes, marcas o intangibles fuera de las actividades centrales

Transparencia, control y supervisión: ¿Expulsión por 2 años?

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo será responsable de autorizar proyectos y supervisar el funcionamiento de las ZEEP. Cada proyecto será evaluado por un comité especializado, y el incumplimiento de las obligaciones puede derivar en multas, suspensión o expulsión del operador privado.

Los sistemas de control incluyen auditorías externas, trazabilidad electrónica para todos los movimientos de bienes y controles aduaneros conectados con la SUNAT y la Ventanilla Única de Comercio Exterior.

Las sanciones varían según la gravedad de la infracción, desde multas equivalentes a 5 UIT hasta la expulsión definitiva del operador privado y la inhabilitación por dos años.

Los usuarios y operadores deberán cumplir estrictos estándares de transparencia, contratos anticorrupción y mecanismos de arbitraje para resolver disputas.

El anuncio de hoy marca el inicio de una etapa en la que se espera la próxima publicación del reglamento tributario por parte del MEF, que precisará los beneficios fiscales y aduaneros que regirán en estas nuevas zonas industriales.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) firmó un Memorando de Entendimiento con la Corporación Comercial Canadiense (CCC) para impulsar el desarrollo de proyectos de Asociación Público-Privada (APP) en Perú.

El acuerdo, suscrito el 21 de abril, abre nuevas vías de colaboración para identificar oportunidades de inversión en sectores estratégicos como transporte, irrigación y desarrollo urbano, y facilita la participación de empresas canadienses mediante el modelo de contratación de la CCC.

El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, destacó que el memorando permitirá ampliar alternativas para estructurar y ejecutar proyectos que contribuyan al cierre de brechas en infraestructura, en el marco de las APP 5.0.

Cooperación bilateral para fortalecer la infraestructura peruana

El memorando firmado establece mecanismos concretos de intercambio de información y experiencias, promoviendo el diálogo entre ambos países para la identificación y estructuración de proyectos conjuntos.

La experiencia de Canadá en la implementación de esquemas APP se convierte en un factor relevante para potenciar el desarrollo de infraestructura en Perú.

Jean Dominique Ieraci, embajador de Canadá en el país, remarcó que el acuerdo servirá para transformar ideas en proyectos y resultados concretos, con impacto positivo en la vida de los ciudadanos peruanos.

Canadá: potencia económica y socio estratégico

Canadá está catalogado entre las diez economías más importantes del planeta por volumen de Producto Interno Bruto (PIB).

En 2024, su deuda pública alcanzó los 2.308.115 millones de euros, lo que representa el 110,02% de su PIB y sitúa al país entre los de mayor deuda relativa en el mundo.

La deuda per cápita canadiense es de 55.938 euros, una de las cifras más altas a nivel global. Pese a este contexto, Canadá mantiene un rol destacado como inversor internacional y socio de referencia para países emergentes.

Inversión y comercio: una relación consolidada

En Perú, la inversión canadiense supera los US$ 15.600 millones, con fuerte presencia en minería, energía, servicios y asociaciones público-privadas.

Empresas de Canadá lideran proyectos mineros como Antamina, Zafranal y La Granja, además de destacar en el sector energético, donde el fondo CPP Investments controla el 50% de Inkia Energy y FinDev Canada financia proyectos renovables como la planta solar Illa en Arequipa.

El Tratado de Libre Comercio entre ambos países ha fortalecido la competitividad de las exportaciones peruanas y fomentado el compromiso bilateral en áreas de comercio, medio ambiente y cooperación laboral.

En 2024, la balanza comercial registró un superávit de US$ 1.365 millones para Perú, aunque las exportaciones descendieron 8,9% y el comercio total cayó 14,6% respecto al año anterior.

El intercambio comercial sigue concentrado en productos mineros, principalmente oro, mientras que el segmento no tradicional, como agroindustria y textil, muestra un crecimiento sostenido aunque aún minoritario.

Lo que se espera a futuro con esta alianza

La alianza estratégica consolidada por el reciente acuerdo refuerza la posición de Perú como destino atractivo para inversiones internacionales.

El reto consiste en diversificar la matriz exportadora, fortalecer la infraestructura y aprovechar las ventajas de la cooperación con una economía avanzada como la canadiense.

El memorando suscrito por PROINVERSIÓN y la CCC representa un paso relevante en ese camino, abriendo nuevas oportunidades para el desarrollo sostenible y la integración regional.

Una nueva dinámica de consumo emerge en América Latina. Según un estudio de McKinsey & Company, el surgimiento del comprador intencional está impulsando cambios profundos en el sector de consumo masivo y retail.

El informe, basado en datos de Worldpanel by Numerator, identifica que este nuevo perfil de consumidor prefiere planificar sus compras, visitar menos tiendas y priorizar el valor percibido, lo que representa un desafío estratégico para empresas de la región.

Menos visitas, más canales y mayor planificación

El análisis de McKinsey & Company detalla que, tras años de volatilidad económica, los hábitos de compra evolucionan en paralelo a la recuperación del poder adquisitivo.

La inflación regional descendió del 17% en 2024 al 7% en abril de 2025, lo que amplió el margen de decisión del consumidor. La consultora señala que el enfoque de los compradores ya no se restringe a comparar precios, sino que apunta a equilibrar lo que desean con lo que pueden pagar.

Así, el informe destaca que el consumidor promedio de América Latina visitó 5 tiendas menos durante el último año, pero elevó en un 5% la cantidad de productos adquiridos en cada compra.

Además, amplió los canales utilizados: supermercados, mayoristas, tiendas de descuento y comercio electrónico. Esta diversificación creció un 7% en la región, revelando una preferencia por estrategias de abastecimiento planificadas.

McKinsey & Company: polarización de marcas y el caso peruano

Las llamadas “misiones de abastecimiento” ganan protagonismo y ya representan el 49% del crecimiento total de ventas de productos de consumo masivo, según lo documenta McKinsey & Company.

Este fenómeno alcanzó los 26 mil millones de dólares en ventas en el último año. “El comprador intencional no es simplemente un cazador de ofertas; es un estratega de valor que utiliza todos los canales a su alcance”, afirma Max Ramberg, socio de McKinsey & Company en Lima y coautor del estudio.

El especialista advierte que las empresas que no logren adaptar su portafolio a cada canal y ocasión de consumo enfrentarán riesgos de rezago.

El reporte identifica una creciente polarización en las preferencias. Los consumidores optan entre marcas premium o marcas propias, desplazando a las tradicionales.

El caso de Perú resulta ilustrativo: el mercado de consumo masivo registró un avance del 2% en volumen y del 8% en valor, con una preferencia clara por productos premium.

A diferencia de mercados como México o Colombia, donde el crecimiento de las marcas propias es más notorio, en Perú las marcas de mayor valor capturan una porción cada vez mayor del gasto familiar.

Comercio electrónico y la oportunidad digital

El desarrollo digital sigue modificando el escenario. Aunque el comercio electrónico aún representa una fracción del total, el 34% de la población regional ya realiza compras de consumo masivo en línea, frente al 25% registrado en 2023.

McKinsey & Company señala que el avance se explica principalmente por los canales “no puros”: aplicaciones y sitios web de retailers que también mantienen presencia física.

El estudio sostiene que tanto retailers como fabricantes deben responder con rapidez. Desarrollar portafolios de productos claros, optimizar estrategias de canal y aprovechar tecnologías como la inteligencia artificial se presenta como el camino para adaptarse al nuevo contexto.

De acuerdo con McKinsey & Company, la comprensión granular del cliente y la capacidad de reacción se perfilan como factores esenciales para la competitividad.