La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP) anunció el reinicio de las misiones empresariales a Perú, tras la normalización de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Alejandro Ruiz Robles, vicepresidente de la CCMP, confirmó que el cronograma de visitas estará definido en noviembre y que los primeros viajes se concretarán el próximo año.

El anuncio representa un nuevo impulso para los vínculos comerciales y de inversión, los cuales, aunque nunca se interrumpieron formalmente, se vieron limitados durante el periodo de tensión diplomática.

Restricciones de visado y viajes individuales limitaron el intercambio

Ruiz Robles explicó en el programa “Diálogo Abierto” de Radio Nacional que, mientras persistieron los problemas políticos y las restricciones de visado, las empresas mexicanas viajaron a Perú solo de manera individual y sin respaldo institucional.

Ahora, la reactivación del canal oficial permitirá que delegaciones organizadas retomen actividades, generando nuevas oportunidades de negocio y mayor certidumbre para los empresarios.

“Las misiones comerciales volverán el próximo año”, sostuvo Ruiz Robles, quien se mostró optimista sobre los compromisos de inversión que podrían surgir con esta nueva etapa.

El representante empresarial destacó que la decisión de ambos gobiernos brinda tranquilidad a los inversionistas y facilita la realización de eventos y misiones tanto en Perú como en México.

“El hecho que se hayan reanudado las relaciones entre dos naciones hermanas nos permite pensar en ustedes como un mercado importante para nuestras inversiones y productos, lejos de cualquier política. Nosotros estamos para generar riqueza en beneficios de nuestros pueblos”, señaló. Ruiz Robles también resaltó que la reactivación beneficiará a equipos empresariales peruanos interesados en el mercado mexicano.

Comercio bilateral Perú-México: antecedentes y tendencias recientes

El restablecimiento pleno de la relación diplomática llega en un contexto de dinamismo comercial entre ambos países. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), el año 2025 marcó un récord en exportaciones peruanas hacia México, principalmente por el crecimiento de la agroindustria y la metalurgia.

Las ventas de bienes peruanos a México superaron los US$ 1 041 millones, con un salto del 17,4% respecto a 2024. El mayor dinamismo se observó en envíos de cobre y derivados, frutas, colorantes naturales y cacao.

A pesar de este crecimiento, la balanza comercial sigue siendo deficitaria para Perú. El comercio total alcanzó los US$ 2 650 millones en 2025, con importaciones desde México por US$ 1 609 millones, una cifra que muestra una leve tendencia a la baja, especialmente en electrodomésticos e industria plástica.

Empresariado mexicano valora la estabilidad institucional

México continúa siendo el segundo proveedor de electrodomésticos y tractores para Perú, aunque las compras de estos productos han disminuido en los últimos años. El potencial de crecimiento para las exportaciones peruanas hacia México sigue siendo alto.

Solo el 13% de las importaciones mexicanas de bienes agropecuarios corresponde a productos que Perú ya exporta a ese país, como frutas, aceituna y cacao.

Además, un 18% de las importaciones mexicanas corresponde a bienes que Perú produce pero aún no coloca en ese mercado, como frijoles y tomate en conserva. El tejido exportador peruano se consolida y diversifica, con una presencia creciente de mipymes entre las más de 930 empresas que exportan a México.

El inicio de 2026 mantiene la tendencia positiva, con nuevos aumentos en exportaciones peruanas de productos como pota, uva, páprika y plomo, mientras que las importaciones mexicanas muestran una recuperación en cosméticos, vehículos y tractores.

La solicitud de facultades legislativas presentada por el Ejecutivo peruano ha generado una fuerte reacción entre organizaciones ambientales y especialistas, quienes advierten que el paquete normativo impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) representa una grave amenaza para la integridad de las áreas naturales protegidas.

En entrevista con Infobae Perú, Cristina López, líder de proyecto en Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), denunció que la iniciativa oficialista busca debilitar los controles y abrir la puerta a actividades extractivas en ecosistemas que la ley reconoce como intangibles.

Un “cheque en blanco” para el ingreso de empresas extractivas

DAR alerta que el paquete propuesto convierte la protección ambiental en una formalidad sin efecto real. “Se busca dar un cheque en blanco para implementar toda la agenda de inversiones, sin análisis ni participación ciudadana”, advirtió Cristina López.

La disposición para excluir los nuevos decretos legislativos del análisis de impacto regulatorio elimina de hecho la posibilidad de evaluar los efectos sociales y ambientales de las reformas propuestas. Según López, la medida no solo debilita el marco de protección ambiental, sino que sienta un peligroso precedente de opacidad y desprotección para derechos fundamentales.

López denunció que el Gobierno busca modificar la normativa para permitir el ingreso de proyectos extractivos en todas las áreas naturales protegidas, incluidas zonas legalmente intangibles como parques nacionales y santuarios históricos.

“El interés es abrir los parques nacionales y reservas a actividades de hidrocarburos, especialmente gas en la zona sur, superponiéndose a espacios como el Parque Nacional del Manu o la Reserva Nacional Tambopata”, afirmó la representante de DAR. Denunció que la propuesta invierte la lógica de la conservación, obligando a que los espacios protegidos “se adapten a los intereses extractivos” y no al revés.

Silencio administrativo: una trampa legal para debilitar la fiscalización

Uno de los cambios más cuestionados es la introducción del silencio administrativo positivo en los procedimientos ambientales clave. “Si las entidades técnicas no emiten opinión a tiempo, la aprobación será automática”, explicó López.

Advirtió que, con presupuestos reducidos y plazos recortados, organismos como SERNAN o SENACE quedarán sin capacidad real de fiscalización, facilitando el avance de proyectos sin revisión técnica adecuada. “Se aprueba a la mala, sin consideraciones ambientales ni garantías de cumplimiento de regulaciones”, sentenció.

Para DAR, la propuesta oficialista va más allá del ámbito ambiental y pone en la mira derechos fundamentales. “En el sustento técnico de la delegación de facultades se identifica la consulta previa y la participación pública como barreras para la inversión, ignorando su carácter de derechos constitucionales y obligaciones internacionales del Estado”, enfatizó López.

La flexibilización normativa amenaza la supervivencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario y debilita los mecanismos de protección reconocidos a nivel nacional e internacional.

Un Congreso sin contrapesos y un debate público ausente

La experta de DAR criticó la falta de contrapesos efectivos en el Congreso, lo que, a su juicio, permite que iniciativas de alto impacto ambiental avancen sin el escrutinio técnico ni el debate público necesarios.

“No existe un verdadero contrapeso parlamentario para frenar estas reformas y la opinión pública permanece silenciada frente a amenazas que comprometen el futuro de la biodiversidad y los derechos colectivos”, resaltó. DAR exige un debate transparente y técnico para evitar que la “aplanadora legislativa” imponga reformas regresivas sin control democrático.

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (FENPETROL) emitió un pronunciamiento en el que expresa su preocupación por las recientes declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, sobre un supuesto “cambio de rumbo” en la gestión de Petroperú.

La organización sindical considera contradictorio el anuncio de nuevas directrices cuando, en la práctica, se mantiene el mismo modelo de reestructuración que, afirman, no ha generado resultados verificables para fortalecer la empresa estatal.

Nombramiento de Oliver Stark Preuss: dudas sobre el verdadero cambio

FENPETROL subraya que la designación de Oliver Stark Preuss como presidente del Directorio de Petroperú despierta dudas acerca de la política que seguirá el Gobierno. Stark Preuss formó parte de gestiones anteriores que impulsaron propuestas orientadas a la administración privada y el desprendimiento de activos de la empresa estatal.

Según la Federación, este tipo de decisiones refuerza la percepción de que no existe una voluntad genuina de fortalecer Petroperú, sino de continuar con una estrategia cuyos resultados no cumplen las metas planteadas.

Desfase entre discurso y acciones

El pronunciamiento señala una incongruencia entre el discurso del ministro Cuba —que promete un nuevo rumbo para Petroperú— y las acciones concretas adoptadas por el Gobierno.

FENPETROL resalta que, a pesar de los anuncios, se mantiene la misma visión y los mismos responsables que lideraron la reestructuración en los últimos meses. La organización sindical advierte que Petroperú sigue bajo los alcances de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y N° 003-2026, sometida a mecanismos de administración vinculados a ProInversión, lo que limita la autonomía y la toma de decisiones técnicas y empresariales.

La Federación también manifiesta preocupación por las declaraciones del ministro Cuba sobre supuestos “resultados impresionantes” de ProInversión en el proceso de reorganización de Petroperú.

Sostiene que, tras siete meses de implementación y la asignación de significativos recursos públicos, no existen evidencias verificables de mejoras en la eficiencia operativa, la gestión empresarial o la situación financiera de la compañía. FENPETROL ha solicitado una revisión integral de la actuación de ProInversión y del uso de los recursos públicos destinados al proceso.

El país requiere una Petroperú sólida y no la repetición de errores

FENPETROL destaca la importancia de contar con una empresa petrolera estatal fuerte, especialmente en un contexto internacional de alta volatilidad en los mercados energéticos.

La organización enfatiza que la reestructuración no debe ser un mecanismo para reducir el rol de Petroperú ni fragmentar sus operaciones, sino modernizar la gestión y fortalecer la competitividad. Pese a las restricciones, la empresa reportó resultados positivos en el primer semestre de 2026, lo que la Federación atribuye al esfuerzo de sus trabajadores.

El gremio exige una auditoría forense que revise las decisiones administrativas, financieras y patrimoniales adoptadas en las gestiones anteriores, así como el uso de los recursos públicos asignados. Considera indispensable identificar responsabilidades y establecer mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. Además, solicita que los anteriores administradores de Petroperú rindan cuentas por los salvatajes económicos otorgados por el Estado.

Demandas a la nueva administración y recuperación de acreencias

FENPETROL plantea cuatro puntos que considera ineludibles: predictibilidad y respaldo financiero del Ejecutivo; un plan de reestructuración responsable y verificable; defensa del rol estratégico de Petroperú y la soberanía energética nacional; y autonomía con gobernanza técnica.

También exige conocer si el Directorio exigirá al Estado el pago de obligaciones pendientes con la empresa por más de S/ 6.000 millones, entre ellas créditos fiscales, devoluciones de IGV y remediaciones ambientales.

La Federación reafirma su respaldo a toda reforma orientada a fortalecer la empresa estatal, pero considera incompatible con ese objetivo mantener un modelo que, a su juicio, no ha generado resultados concretos. FENPETROL concluye que la estabilidad y el éxito de Petroperú son indispensables para el desarrollo y el futuro del país.

La conducción del Seguro Social de Salud (EsSalud) atraviesa una etapa de cambios significativos tras la publicación de varias resoluciones supremas que modificaron la composición y el liderazgo de la entidad.

El Ejecutivo dispuso la salida de Jaime Moreno Eustaquio y designó en su reemplazo temporal a Hilda Sandoval Cornejo, quien asume la presidencia ejecutiva en calidad de encargada, mientras se espera la elección de una nueva titularidad definitiva.

El Ejecutivo pone fin a la gestión de Jaime Moreno Eustaquio

Mediante la Resolución Suprema N° 036-2026-TR, firmada el 8 de agosto, la presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Manuel Kosme Sheput Moore, ordenaron dar por concluida la designación de Jaime Moreno Eustaquio como presidente ejecutivo y representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

La decisión se fundamentó en la “pérdida de la confianza de la autoridad proponente”, motivo contemplado en la Ley N° 27056 de Creación del Seguro Social de Salud y su reglamento. Esta norma faculta al Ejecutivo a cesar en el cargo a sus representantes en cualquier momento cuando se pierde la confianza.

Hilda Sandoval Cornejo asume la presidencia ejecutiva de forma transitoria

Ante la vacancia en el máximo cargo, el Gobierno emitió la Resolución Suprema N° 037-2026-TR, encargando las funciones de presidenta ejecutiva a Hilda Sandoval Cornejo, quien ya ocupaba una plaza como representante del Estado en el Consejo Directivo. Así, Sandoval Cornejo asume la presidencia de manera temporal, hasta que el Ejecutivo realice una designación definitiva.

Esta decisión busca asegurar la continuidad institucional y la conducción administrativa de EsSalud, garantizando la prestación de los servicios esenciales a los asegurados. La resolución también fue refrendada por la presidenta de la República y el ministro de Trabajo.

Relevo en la representación estatal ante el Consejo Directivo

El mismo día, se publicó la Resolución Suprema N° 035-2026-TR, mediante la cual se oficializó la conclusión de la designación de Marco Antonio Castañeda Vinces como representante del Estado ante el Consejo Directivo de EsSalud.

En su reemplazo, se designó a Hilda Sandoval Cornejo como nueva representante estatal, consolidando así su presencia en la cúpula directiva de la institución. Estas medidas se adoptaron en el marco de las facultades legales del Ejecutivo, que puede modificar la composición del Consejo Directivo en función de la confianza política y los objetivos institucionales del sector.

Antecedentes de la controversia y reacción de Moreno

La salida de Jaime Moreno Eustaquio tuvo como preludio un escenario de tensión entre el Ejecutivo y la presidencia de EsSalud. Días antes de la publicación de las resoluciones, Moreno había declarado públicamente que solo dejaría su puesto si así lo solicitaba la presidenta Keiko Fujimori, argumentando que la ley le otorgaba un periodo fijo y rechazando la potestad del ministro para removerlo.

El ministro Juan Sheput calificó la situación de EsSalud como un “desastre” y anunció la búsqueda de un nuevo liderazgo para la institución. Tras difundirse reportes que lo acusaban de desautorizar al ministro, Moreno y EsSalud respondieron con un comunicado que rechazó esas afirmaciones, defendió la gestión realizada y advirtió que se reservarían el derecho de iniciar acciones legales para proteger la imagen institucional.

¿Qué es EsSalud y cuál es su función?

El Seguro Social de Salud (EsSalud) es la entidad pública encargada de brindar aseguramiento y prestaciones de salud, así como beneficios económicos y sociales, a millones de peruanos afiliados en todo el país.

Bajo la supervisión de un Consejo Directivo, EsSalud cumple una misión de atención integral y sostenible para sus asegurados, administrando hospitales, centros médicos y programas de prestaciones económicas y sociales. Su estructura contempla representantes del Estado, de los empleadores y de los trabajadores, y su acción se orienta a garantizar la cobertura y calidad en los servicios de salud.

Mantener el dinero inmóvil en una cuenta de ahorros mientras se pospone la decisión de invertir tiene consecuencias que rara vez se ven reflejadas en los estados financieros, aunque pueden limitar el crecimiento patrimonial de millones de personas.

El costo invisible de no invertir a tiempo, una pérdida de oportunidad de rentabilidad, afecta a quienes postergan el paso de ahorrista a inversionista, según explican especialistas del sector.

La oportunidad perdida: el efecto de dejar el dinero sin invertir

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 63,9% de la población peruana mayor de 18 años posee al menos un producto de ahorro en el sistema financiero.

Este acceso creciente plantea un nuevo desafío: lograr que más personas conviertan sus ahorros en instrumentos de inversión que generen valor en el tiempo. La mayoría de los ahorristas desconoce cuánto puede representar el dinero que deja de crecer mientras permanece sin invertir.

El especialista en gestión patrimonial y CEO de Finniu, Diego Mallqui, define el costo invisible como la diferencia entre lo que el dinero podría haber generado mediante inversiones y lo realmente obtenido al mantenerse en cuentas de bajo rendimiento.

“El costo invisible es la diferencia entre lo que tu dinero podría haber generado y lo que efectivamente generó mientras estuvo sin invertir. Es invisible porque el dinero sigue ahí, pero cada mes que pasa sin ponerlo a trabajar representa una oportunidad de crecimiento que ya no vuelve”, explicó.

Barreras psicológicas y hábitos que postergan la inversión

De acuerdo con Mallqui, existen patrones recurrentes que retrasan el inicio de una inversión en el país. Uno de los más comunes es la creencia de que se necesita un capital elevado o gran experiencia para comenzar, lo que lleva a muchas personas a demorar su primera inversión.

“Hoy existen alternativas que permiten empezar con montos accesibles y aprender en el proceso”, detalló el CEO de Finniu.

Otra barrera frecuente es la espera de un “momento perfecto” para invertir, ya sea por incertidumbre económica, política o por la expectativa de lograr una estabilidad financiera absoluta. Esta percepción, según Mallqui, rara vez se traduce en una decisión concreta, pues las condiciones ideales nunca llegan con certeza total.

El tercer factor que incide en la postergación es no convertir la inversión en un hábito. Sin definir un monto ni una fecha para invertir, la acción termina relegada por otras prioridades de corto plazo. Establecer un plan con aportes periódicos puede ayudar a superar esta tendencia y aprovechar el potencial del interés compuesto.

El impacto del tiempo: cifras que ilustran la diferencia

El efecto del tiempo sobre el rendimiento de una inversión resulta determinante. Como ejemplo, si una persona invierte hoy S/10.000 con una rentabilidad anual de 8%, en cinco años podría acumular cerca de S/14.700; si espera un año para empezar, alcanzaría aproximadamente S/13.600. La diferencia radica en el tiempo durante el cual el capital permanece generando rendimientos.

“Una vez que las personas desarrollan el hábito de invertir, suelen mantener e incrementar progresivamente sus aportes”, dijo el experto.

La propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para trasladar los feriados nacionales al lunes más cercano, excluyendo Semana Santa, Año Nuevo, Fiestas Patrias y Navidad, ha generado un amplio respaldo entre los principales gremios empresariales del Perú.

El gobierno de Keiko Fujimori busca reorganizar el calendario festivo a partir de 2027 para reducir las interrupciones en la producción y fortalecer la competitividad, mientras continúa el debate sobre las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo ante el Congreso de la República.

Postura de los gremios empresariales: SNI, Confiep y ADEX

La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) expresó su apoyo a la iniciativa del MEF, valorando que la medida permitirá armonizar el derecho al descanso de los trabajadores con la necesidad de mantener la continuidad en las cadenas productivas.

Según el gremio, “un feriado en viernes generaba una interrupción en la producción, el comercio y los servicios”. El traslado de los feriados a lunes facilitará una mejor planificación de operaciones y aportará previsibilidad tanto para las empresas como para los trabajadores. La SNI considera que este cambio fortalece el entorno para la inversión, el empleo formal y el crecimiento económico.

Por su parte, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), a través de su presidente Jorge Zapata Ríos, respaldó la propuesta del ministro de Economía, Elmer Cuba, argumentando que la modificación “permite maximizar los beneficios para el sector turismo y, al mismo tiempo, minimizar el impacto sobre la productividad de los distintos sectores de la economía”.

Zapata Ríos subrayó que “trasladar los feriados al lunes es una medida positiva y de sentido práctico”, ya que genera fines de semana largos favorables para el turismo, el comercio y actividades vinculadas, pero con un menor impacto sobre la continuidad de las operaciones empresariales.

La Confiep destacó que esta iniciativa puede contribuir a enfrentar el desafío de la baja productividad en el país y consideró necesario avanzar en una agenda más amplia de reformas para mejorar la competitividad.

ADEX señala beneficios para continuidad de actividades exportadoras

La Asociación de Exportadores (ADEX) también saludó la propuesta del MEF, señalando que el traslado de los feriados al lunes ayudará a preservar la continuidad de las operaciones productivas y exportadoras, y facilitará la planificación en sectores que requieren cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales.

Según ADEX, la medida beneficia la gestión del calendario laboral, favorece la inversión y la generación de empleo, y puede dinamizar actividades relacionadas con el turismo y los servicios. El gremio exportador reiteró su disposición a contribuir en el diálogo para fortalecer la competitividad y promover mejores condiciones para el desarrollo empresarial.

Objetivos y alcances de la reforma de feriados

El plan presentado por el Ejecutivo no modifica el número total de días festivos oficiales, sino que busca evitar cortes abruptos en la semana laboral, especialmente en empresas que operan hasta el sábado.

La propuesta descarta trasladar los feriados a los viernes, priorizando la protección de la producción y las labores previas al fin de semana. El esquema apunta a facilitar el descanso familiar, permitir una mejor organización de viajes y reducir el impacto negativo de los feriados intersemanales en la actividad económica.

La reorganización de feriados se suma a la agenda de reformas impulsada por el gobierno de Keiko Fujimori, quien ha solicitado al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para legislar en materia de seguridad ciudadana, defensa, empleo, desarrollo productivo y reforma del Estado durante un periodo de 120 días.

Esta solicitud, actualmente en trámite parlamentario, excluye la posibilidad de modificar la Constitución, leyes orgánicas, presupuesto nacional y tratados internacionales, y requiere la aprobación en las comisiones y el pleno del Congreso bicameral.

En Perú, el 90% de las mujeres no ha recibido capacitación en finanzas y el 62% de las emprendedoras no accede a crédito formal.

La falta de acceso a formación y financiamiento formal no solo afecta las oportunidades individuales de las mujeres, sino que también limita la inclusión y el avance económico de una parte fundamental de la población peruana.

Una brecha que condiciona el desarrollo económico

Para Martín Naranjo Landerer, presidente del Consejo Directivo de ASBANC, la brecha en educación financiera impacta en la vida diaria de las mujeres y sus familias. Explicó que estas barreras pueden interferir tanto en la capacidad de las mujeres para tomar decisiones económicas como en la estabilidad y el bienestar del hogar.

“En esta educación financiera, tan importante como empoderar a una mujer, es empoderar a la familia y eso muchas veces se encuentra límites en la propia pareja”, señaló Naranjo.

El directivo destacó la importancia de adaptar las soluciones financieras a los diferentes momentos de la vida y consideró que ampliar el acceso y la autonomía financiera es esencial para el desarrollo colectivo.

Durante la presentación del programa gratuito “Finanzas para Mujeres: una guía para decidir mejor tu futuro”, el CEO de Interbank, Carlos Tori Grande, destacó que la educación financiera en mujeres genera cinco efectos centrales:

• Un efecto multiplicador que beneficia a la familia y la comunidad.
• La posibilidad de construir capital para afrontar imprevistos o invertir.
• El desarrollo de un historial crediticio que permite acceder a financiamiento y manejarlo adecuadamente.
• El fortalecimiento de la autonomía para tomar decisiones con confianza.
• Una mayor capacidad para negociar en distintos ámbitos.

Según Tori Grande, “una mujer que entiende bien cómo manejar sus finanzas tiene un efecto multiplicador en su familia, en sus hijos, en su comunidad y ojalá en su empresa”.

Desafíos pendientes en la inclusión y la productividad

Para Ricardo Montero, gerente de Evaluación, Analítica y Sostenibilidad de ASBANC, la falta de educación financiera femenina repercute tanto en las trayectorias personales como en la productividad y rentabilidad de las empresas y del país. “Tener una pluralidad de puntos de vista en los espacios de toma de decisiones promueve un mejor desempeño en las empresas”, aseguró.

El lanzamiento del curso es presentado como un avance en la estrategia de la banca para reducir la brecha de género, aunque subsisten desafíos estructurales: la formalización de los emprendimientos liderados por mujeres y el diseño de políticas públicas que impulsen la equidad siguen como tareas pendientes en la agenda económica nacional.

ASBANC y una capacitación gratuita para revertir la exclusión

El curso “Finanzas para Mujeres: una guía para decidir mejor tu futuro” está disponible de manera gratuita y virtual en la plataforma de finanzas al toque y consta de siete módulos que abordan desde la elaboración de presupuestos hasta la planificación financiera de largo plazo.

Según datos difundidos por ASBANC, menos de un tercio de las mujeres establece metas de ahorro específicas, y casi dos tercios de las emprendedoras tienen restringida la posibilidad de acceder a financiamiento formal, lo que limita el crecimiento de sus negocios.

De acuerdo con cifras de Interbank, el 54% de quienes utilizan la Alcancía Virtual son mujeres y el 51% de los usuarios de Plin corresponde al género femenino.

“Esperamos que este curso acompañe sus decisiones financieras para que puedan tomarlas con mayor confianza y construir un futuro con más oportunidades”, expresó Alejandra Cruz, Head de Sostenibilidad de IFS e Interbank.

Petroperú aprobó la constitución de un Vehículo de Propósito Especial (VPE) y una nueva estructura organizacional, con el objetivo de fortalecer su sostenibilidad financiera y reforzar la gobernanza corporativa.

Entre las medidas anunciadas se incluye la creación de nuevas gerencias orientadas al control interno, la gestión de riesgos y la prevención de lavado de activos, en cumplimiento de los recientes decretos de urgencia y recomendaciones de organismos de control.

En un comunicado, la petrolera estatal aseguró que la reorganización, oficializada ante la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se implementa de inmediato y no genera gastos adicionales.

Sin embargo, la sesión del Directorio que determinó los cambios estaba originalmente programada para este viernes, por lo que adelantarla para ayer miércoles no ha caído nada bien en las altas esferas del Gobierno, que ya evalúan una purga, según pudo conocer este medio.

Petroperú en reorganización: creación de gerencias y cambios salariales

La decisión del Directorio, que implicaría reasignaciones salariales de acuerdo con diversas fuentes cercanas a la empresa, ocurre en un contexto de estrés financiero de la empresa, con una deuda superior a los USD 7.900 millones y la pérdida del grado de inversión.

La aprobación de la nueva estructura se realizó a pocos días de la toma de posesión de un nuevo gabinete de ministros, en un momento en el que el Equipo de Transferencia había solicitado prudencia administrativa para evitar cambios relevantes antes del inicio de la nueva gestión.

La nueva organización interna contempla ascensos y cambios en la escala salarial de la alta gerencia, en particular en la Gerencia Corporativa Legal y Asuntos Regulatorios, que pasa a uno de los niveles salariales más altos.

El Directorio también admitió la excepción a normas internas sobre evaluaciones de personal y presentación de ternas de candidatos, argumentando que en los últimos 6 años solo se realizó un proceso formal de evaluación y que, por tanto, no se contaba con los documentos requeridos para cumplir con el procedimiento habitual.

La Junta General de Accionistas (JGA), integrada por los ministerios de Economía y Finanzas (60%) y de Energía y Minas (40%), así como los organismos supervisores, no han emitido pronunciamiento público sobre las recientes decisiones.

Permanece la expectativa sobre eventuales auditorías a los procesos internos. En tanto, la reorganización y los cambios en la estructura directiva de la petrolera peruana ya están en marcha.

¿Decisión anticipada en medio de tensión con el Gobierno?

Esto ocurre días después de que, según medios locales, la administración de Petroperú retirara la confianza y despidiera a funcionarios de primera línea que habían estado alineados con la reorganización y la reducción de gastos en la empresa.

Entre los desvinculados figuran Luis Morales, exgerente corporativo de Finanzas, y José Manuel Rodríguez, exgerente general, quienes colaboraron activamente en los procesos de reorganización y optimización de costos.

Ambos salieron de la compañía en medio de una crisis operativa y de gobernanza, marcada por el mal funcionamiento de la Refinería de Talara, que opera al 60% de su capacidad y recientemente paralizó actividades por falta de liquidez.

Según la información disponible, los cambios en la plana gerencial ocurrieron en medio de diferencias internas sobre el manejo financiero y la presentación de resultados.

Morales habría manifestado su desacuerdo con ciertas directivas relacionadas a la proyección de cifras y el reporte de pérdidas, mientras que una auditoría independiente identificó discrepancias en los estados financieros de la empresa para 2025.

La celebración del Día Mundial de la Cerveza resalta el papel estratégico de la industria cervecera en la economía peruana, con un impacto que se extiende desde el empleo hasta la generación de ingresos fiscales y el desarrollo de emprendimientos en todo el país.

Según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el sector no solo aporta S/ 5.262 millones en impuestos anualmente, sino que sostiene más de 20.000 empleos y promueve una amplia cadena de valor que involucra a miles de empresas.

Una cadena de valor que empieza en el campo y llega a miles de negocios

La actividad cervecera en el Perú se apoya en una cadena de valor que inicia en la agricultura, donde ingredientes como el agua, la cebada maltera, el lúpulo y la levadura son fundamentales.

La cadena continúa con la elaboración, transporte y distribución, hasta la comercialización en bodegas, bares, restaurantes, hoteles y otros puntos de venta. Esta dinámica involucra a 321 empresas formales, de las cuales cerca del 95% son microempresas, reflejando el carácter descentralizado y emprendedor del sector.

La producción anual bordea los 13,5 millones de hectolitros, respaldando el desarrollo de más de 350.000 bodegas a nivel nacional e impulsando la actividad de restaurantes, bares y establecimientos vinculados al turismo y la gastronomía.

Además, la cerveza es reconocida por sus estándares de calidad y su asociación con un consumo moderado, debido a su menor graduación alcohólica frente a otras bebidas.

Impacto tributario y generación de empleo formal

El Comité de Fabricantes de Cerveza de la SNI subraya que la industria aporta el 23% de la recaudación tributaria, cifra equivalente a S/ 5.262 millones anuales, de los cuales el 68% proviene del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC). De los más de 20.000 empleos generados, 3.722 corresponden a puestos directos en la industria.

El empleo formal se distribuye a lo largo de toda la cadena productiva, desde el campo hasta los centros de consumo, generando oportunidades para transportistas, distribuidores y comerciantes. Este impacto se extiende a pequeñas y medianas empresas que encuentran en la venta de cerveza una fuente importante de ingresos.

El auge de la cerveza sin alcohol y el consumo responsable

Un segmento que ha registrado crecimiento en los últimos años es el de la cerveza sin alcohol. El desarrollo tecnológico ha permitido ofrecer productos sin contenido alcohólico, pero con el mismo sabor y aroma característicos, ampliando las alternativas para los consumidores y promoviendo un consumo más moderado.

El consumo per cápita en el Perú se sitúa en 43 litros anuales, es decir, unas 68 cervezas de 630 mililitros, o aproximadamente 5,7 cajas de 12 botellas por persona cada año.

Esta cifra, sin embargo, es inferior frente a países de la región como México (78 litros), Brasil (68), Chile (60) y Colombia (53). De acuerdo con el gremio industrial, este contexto ofrece un margen para el crecimiento del sector, especialmente en segmentos innovadores y responsables.

Iniciativas para una industria formal, competitiva y responsable

En el marco del Día Mundial de la Cerveza, la Sociedad Nacional de Industrias dijo reafirmar su compromiso con una industria cervecera innovadora y competitiva.

La organización impulsa la iniciativa Tierra de Cerveceros, orientada a la sensibilización y capacitación para fortalecer las buenas prácticas y promover la formalidad en todo el país. Este programa articula esfuerzos con autoridades, comercios y establecimientos para consolidar una cultura de consumo responsable y garantizar el desarrollo sostenible del sector.

La industria cervecera se mantiene como un motor económico, social y cultural en el Perú, contribuyendo al empleo, la inversión y el fortalecimiento de miles de negocios en las diferentes regiones.

La Asociación de Emprendedores para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico en el Perú (AEDIVE PERÚ) alertó a los propietarios de motos eléctricas sobre los recientes cambios normativos que afectan el uso de ciclovías en el país.

Según el comunicado difundido por AEDIVE PERÚ, existe confusión sobre las diferencias entre vehículos de movilidad personal (VMP) y motos eléctricas, así como sobre los requisitos para circular en estas vías exclusivas.

Diferencias clave entre VMP y motos eléctricas según la norma

La organización explicó que los VMP comprenden vehículos como patinetes eléctricos, segways, scooters, bicicletas eléctricas, bicimotos o trimotos eléctricas, siempre que su velocidad máxima de fábrica no supere los 25 km/h.

Estos vehículos están autorizados a utilizar las ciclovías y están exentos de trámites como tarjeta de propiedad, placa, casco, SOAT y licencia de conducir.

Por el contrario, todas las unidades eléctricas que superen los 25 km/h están obligadas a cumplir con requisitos similares a los de una motocicleta tradicional: tarjeta de propiedad, placa, casco, SOAT y licencia de conducir.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en multas, una medida que empezó a regir a partir del 2 de agosto de 2026, según lo informado por AEDIVE PERÚ.

La dificultad de aplicar la normativa en la vía pública

Un aspecto central del comunicado es la problemática de aplicar la normativa en la práctica. AEDIVE PERÚ señala que resulta casi imposible para un policía distinguir a simple vista si un vehículo menor está autorizado o no a circular por la ciclovía.

Por ejemplo, un pequeño scooter podría estar configurado para no superar los 25 km/h, pero no existe un mecanismo sencillo para verificar esta limitación en el momento.

La asociación considera que, en estos casos, la policía no puede exigir la documentación ni imponer multas a los usuarios de VMP que cumplen con la velocidad permitida, ya que no hay forma inmediata de comprobar el incumplimiento.

Propuestas para ordenar el uso de ciclovías

Con el objetivo de mejorar la fiscalización y el ordenamiento, AEDIVE PERÚ propone que los propietarios de VMP y vehículos eléctricos menores registren sus unidades en las municipalidades correspondientes.

A través de un proceso rápido, los usuarios presentarían su DNI y la hoja técnica del vehículo para obtener un QR distintivo. Este código permitiría a las autoridades identificar rápidamente la categoría y los requisitos de cada unidad.

Además, la organización sugiere capacitar a funcionarios municipales y a la policía nacional para que puedan identificar y escanear los QR, facilitando la supervisión y la aplicación de sanciones cuando corresponda. Esta iniciativa busca un trabajo conjunto entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), las municipalidades y la policía.

Infracciones y sanciones contempladas en el nuevo marco

Entre las conductas sujetas a sanción, AEDIVE PERÚ menciona la ausencia de casco, licencia, placa, registro vehicular, SOAT, el uso indebido de la ciclovía por vehículos no autorizados, exceso de velocidad, maniobras peligrosas y la invasión de aceras y veredas.

La asociación considera clave consensuar y publicar una codificación clara de las infracciones para asegurar transparencia y equidad en la aplicación de la norma.

Llamado a una prórroga y asesoría gratuita para los usuarios

AEDIVE PERÚ solicita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que retrase la entrada en vigor de las multas por al menos un mes y medio.

Argumenta que los propietarios de estos vehículos, al momento de la compra, no habían recibido información sobre las nuevas exigencias. La asociación advierte que modificar las reglas de forma abrupta genera incertidumbre entre los usuarios.

La entidad ofrece asesoría gratuita a propietarios, empresas y público en general para resolver dudas sobre la nueva regulación. El comunicado fue aprobado en sesión extraordinaria por el consejo directivo y consultivo de AEDIVE PERÚ.

El debate sobre la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo ha generado preocupación por la posibilidad de que se autoricen cambios que comprometan la protección de Áreas Naturales Protegidas (ANP) y territorios de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI).

La propuesta habilitaría la exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía, debilitaría los mecanismos de evaluación ambiental y limitaría la consulta previa, con el argumento de facilitar y acelerar inversiones energéticas y extractivas. Esta advertencia fue realizada por la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

¿Silencio administrativo y eliminación de opiniones técnicas?

El proyecto del Ejecutivo solicita facultades para legislar durante 120 días en temas de desarrollo productivo, simplificación administrativa, desregulación y modernización del Estado.

Organizaciones ambientales e indígenas han advertido sobre el riesgo de procesos expeditos para la aprobación de proyectos extractivos, incluso en áreas de alta sensibilidad ambiental. El texto de la propuesta no delimita con claridad los alcances de las reformas, lo que permite cambios que debilitarían las normas de protección ambiental y social.

Según el análisis de Cristina López, líder de proyecto en DAR, el marco legal propuesto permitiría que los decretos legislativos excluyan la aplicación de instrumentos de análisis de impacto regulatorio y consulta pública.

Además, la aprobación automática de proyectos extractivos en ANP y territorios indígenas por vencimiento de plazos dejaría sin revisión técnica las intervenciones, incrementando el riesgo ambiental y social.

DAR alerta por impactos sobre pueblos indígenas

La delegación de facultades incrementa la presión para la exploración y extracción de hidrocarburos en áreas protegidas como parques nacionales y reservas PIACI.

La propuesta de Reglamento de Actividades de Hidrocarburos permitiría la perforación extendida en el subsuelo de estos territorios, sin medidas equivalentes a las actuales. Esto ampliaría el área de extracción sin actualizar contratos ni instrumentos de gestión ambiental.

El silencio administrativo positivo posibilitaría que proyectos extractivos sean aprobados automáticamente al vencer los plazos de revisión, sin evaluación técnica.

Esta figura contradice los principios de prevención y precaución reconocidos en la Ley General del Ambiente y la Constitución, y podría trasladar conflictos a la fase de ejecución, generando paralizaciones y mayores costos sociales y económicos.

Impacto económico, social y ambiental por la pérdida de estándares

La conservación de espacios protegidos tiene un impacto económico y social relevante. El Parque Nacional del Manu, por ejemplo, genera cerca de 9.000 empleos y, en 2024, las ANP del país recibieron más de 2,4 millones de turistas.

La exportación de productos amazónicos, como la castaña, alcanzó USD 18,3 millones. La reducción de estándares ambientales pone en riesgo la trazabilidad de productos y el acceso al financiamiento internacional para la conservación.

Especialistas advierten que priorizar permisos rápidos para hidrocarburos no resuelve problemas como la contaminación, la falta de remediación de pasivos ambientales ni contribuye a cerrar brechas sociales en la Amazonía.

En zonas como Megantoni, uno de los mayores productores de gas, la mayoría de la población sigue sin acceso seguro a agua y electricidad, a pesar de los ingresos generados.

DAR: ¿Es posible tener una reforma responsable?

El análisis de DAR alerta sobre posibles vicios de inconstitucionalidad en la propuesta de delegación de facultades por falta de especificidad y ausencia de balance sobre delegaciones previas. El texto no incorpora medidas integrales contra economías ilícitas, como la minería ilegal y el tráfico de insumos, que alimentan la criminalidad organizada y afectan la seguridad y el medio ambiente.

Las recomendaciones planteadas por la especialista de DAR incluyen fortalecer la trazabilidad del oro, el control del mercurio y la maquinaria, así como la interoperabilidad entre la Policía Nacional, el Ministerio Público, la SUNAT y entidades ambientales.

Plantea mantener el carácter vinculante de las opiniones técnicas de SERNANP, ANA y SERFOR en los procedimientos de certificación ambiental, y excluir expresamente las ANP, zonas de amortiguamiento y reservas indígenas de cualquier mecanismo de aprobación expedita para hidrocarburos e infraestructura.

Finalmente, se subraya la importancia de no exceptuar de consulta pública, consulta previa ni análisis de impacto regulatorio a los decretos legislativos que afecten áreas protegidas o territorios indígenas. El desarrollo de inversiones, concluyen los especialistas, debe orientarse con estándares de protección ambiental y respeto a los derechos de los pueblos indígenas, evitando daños irreversibles y priorizando la prevención y la participación efectiva.

El gobierno de la presidenta Keiko Fujimori ha dado un paso clave en la administración tributaria del país. Mediante la Resolución Suprema Nº 027-2026-EF, se designó a César Alfonso Luna Victoria León como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en reemplazo de Javier Eduardo Franco Castillo, quien presentó su renuncia antes de terminar el periodo.

Asimismo, la Resolución Suprema Nº 028-2026-EF oficializó el nombramiento de Clara Rossana Urteaga Goldstein como presidenta del Tribunal Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), concluyendo así el encargo provisional de Luisa Ysila Castillo Soto.

SUNAT: MEF designa al exministro César Luna Victoria como jefe de la Administración tributaria y a Clara Urteaga en el TF

SUNAT y Tribunal Fiscal: roles y funcionamiento

La SUNAT es responsable de recaudar los tributos, fiscalizar a los contribuyentes y ejecutar el cobro de deudas tributarias y aduaneras. Entre sus funciones está revisar libros y cuentas, imponer multas y emitir las resoluciones de determinación o sanción tributaria.

Por su parte, el Tribunal Fiscal actúa como la última instancia administrativa que resuelve los reclamos de los contribuyentes contra las decisiones de la SUNAT, corrigiendo, anulando o ratificando los actos de la administración tributaria. Sus fallos son obligatorios para la SUNAT y dependen directamente del MEF.

No obstante, el Tribunal Fiscal enfrenta más de 11,000 expedientes pendientes de resolución, lo que prolonga los tiempos y genera un cuello de botella en la vía administrativa.

Cuando un contribuyente no obtiene un fallo favorable en la SUNAT ni en el Tribunal Fiscal, puede acudir al Poder Judicial mediante una demanda contencioso-administrativa.

Solo después de agotar esa instancia, existe la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, aunque este proceso implica costos y plazos elevados, por lo que suele ser accesible principalmente para grandes empresas.

Recaudación y presión tributaria: avances y desafíos

La recaudación tributaria en el Perú cerró 2025 con resultados positivos, superando los S/175,000 millones en ingresos netos y mostrando un crecimiento real del 10.8% respecto al año anterior.

Este desempeño fue impulsado por el mayor dinamismo económico interno, campañas de formalización, acciones de control de la SUNAT y la regularización del Impuesto a la Renta. Solo en julio de 2026, la recaudación alcanzó S/16,177 millones, con un alza interanual del 20.4%.

Sin embargo, la presión tributaria nacional se mantiene baja, bordeando el 15% al 17% del PBI, según cifras oficiales y diagnósticos de la OCDE.

Esto ubica al Perú muy por debajo del promedio de los países de la organización, donde la recaudación supera el 30% del PBI, reflejando que la base de contribuyentes sigue siendo limitada y que persisten problemas de informalidad y evasión que representan pérdidas superiores al 10% del PBI.

Nuevo liderazgo: perfiles de Luna Victoria y Urteaga

César Alfonso Luna Victoria León es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), con especialización en Derecho Tributario y Derecho Corporativo.

Su trayectoria incluye experiencia como profesor universitario, asesor y director de empresas, así como miembro activo del Instituto Peruano de Derecho Tributario y de la International Fiscal Association.

Además, fue ministro de Pesquería durante el gobierno de Alberto Fujimori y ha ocupado cargos en organismos nacionales e internacionales relacionados con la promoción de inversiones y la regulación de acuerdos comerciales.

Por su parte, Clara Rossana Urteaga Goldstein es abogada tributarista con una maestría en Tributación y Política Fiscal por la Universidad de Lima.

Antes de asumir la presidencia del Tribunal Fiscal, se desempeñó como Secretaria General de la SUNAT y como Intendente Nacional Jurídica, lo que le otorga un profundo conocimiento de la administración tributaria y de los procedimientos internos del sistema de recaudación y fiscalización.

Las exportaciones peruanas de bienes registraron un crecimiento interanual del 34% durante el primer semestre de 2026, logrando superar los USD 54.000 millones, la mayor cifra alcanzada por el país para ese periodo.

Así lo informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), que atribuyó este resultado a la consolidación de la oferta exportable en los principales mercados internacionales.

El titular de la cartera, Rogers Valencia, subrayó que este desempeño refleja el posicionamiento de los productos peruanos en el exterior.

El impulso minero y agropecuario sostiene el avance exportador

El informe del Mincetur señala que el crecimiento de las exportaciones se debió, principalmente, al dinamismo del sector minero, tanto en minerales metálicos como no metálicos.

Las ventas externas de este rubro sumaron USD 39.875 millones, con un incremento del 49% respecto al mismo periodo del año anterior. El aumento se explicó por la mejora en los precios internacionales y el mayor volumen de productos como el cobre y el oro.

En el desglose por minerales, las exportaciones de cobre ascendieron a USD 18.563 millones, con una variación positiva del 42,8%, mientras que el oro generó USD 13.972 millones, con un alza del 59,2%.

El reporte del ministerio también destaca el crecimiento en las ventas de concentrado de plomo y plata (USD 2.981 millones, +113,3%) y de zinc (USD 1.438 millones, +15%).

El sector agropecuario también aportó al resultado global, con envíos que totalizaron USD 5.667 millones, lo que representó una expansión del 3,7%.

Entre los productos más demandados figuran las frutas, como el arándano (USD 453 millones, +48,7%), la uva (USD 789 millones, +16,9%) y la palta (USD 973 millones, +11,5%). El café sumó USD 325 millones (+7,7%), el etanol llegó a USD 72 millones (+91,7%) y la quinua alcanzó USD 78 millones (+21%).

Sectores químicos y forestales muestran avances sostenidos

El sector químico reportó un crecimiento del 8,6%, al registrar USD 1.040 millones en exportaciones. En este segmento destacaron las ventas de ácido sulfúrico (USD 77 millones, +33,1%), productos plásticos (USD 347 millones, +9%) y medicamentos (USD 44 millones, +2,5%).

Por su parte, el rubro forestal totalizó USD 35 millones en exportaciones, con un incremento del 7,9%. Esta tendencia evidencia la diversificación de la canasta exportadora del país, subrayó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Crece el número de exportadores, predominan las mipymes

De acuerdo con datos oficiales, tras el récord de 2025, cuando se contabilizaron 9.947 exportadores, la cantidad de empresas exportadoras continuó en aumento en los primeros seis meses de 2026.

El número llegó a 7.798, con una variación positiva del 2,4%. De este total, el 65% corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que mantienen una presencia relevante en la actividad exportadora nacional.

Los principales mercados de destino y el desempeño bilateral

China se mantuvo como el principal socio comercial de Perú, con compras por USD 20.850 millones, un crecimiento del 38,7% respecto al mismo semestre del año anterior. Estados Unidos ocupó el segundo lugar, con un valor de USD 5.038 millones (+19,5%), seguido de la Unión Europea, que adquirió bienes peruanos por USD 4.819 millones (+12,1%).

El reporte del Mincetur también resalta el desempeño en otros mercados. Las exportaciones a India sumaron USD 5.407 millones, lo que representó un aumento del 208,9%. Canadá recibió bienes peruanos por USD 2.827 millones (+33,4%) y Suiza por USD 1.834 millones (+50,5%).

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo considera que estos resultados consolidan la posición de Perú como un proveedor relevante en el comercio internacional, impulsando sectores estratégicos y generando oportunidades para un mayor número de empresas nacionales.

Julio Velarde va completando su equipo. El Poder Ejecutivo designó a Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki como nuevos miembros del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), en cumplimiento del artículo 86 de la Constitución Política y la Ley Nº 27594.

La Resolución Suprema Nº 250-2026-PCM, refrendada por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Galarreta, y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, formaliza estos nombramientos, que se extienden por el periodo constitucional correspondiente.

El directorio del BCRP está compuesto por siete miembros: un presidente y seis directores. El presidente es propuesto por el Poder Ejecutivo y debe ser ratificado únicamente por el Senado, mientras que tres directores son designados directamente por el Ejecutivo sin requerir ratificación.

Los otros tres directores son elegidos y ratificados exclusivamente por el Senado. La Cámara de Diputados no participa en ninguna etapa del proceso de selección o ratificación de las autoridades del BCRP, según el nuevo esquema bicameral del Congreso peruano.

¿Quiénes son los nuevos miembros del directorio del BCRP?

Los tres nuevos directores han tenido un paso previo en el Directorio del máximo ente emisor. Luis Palomino es un economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Finanzas por la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Actualmente preside el Instituto Peruano de Economía (IPE) y dirige la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Ha sido vicepresidente y miembro del directorio del BCRP en 2016, así como directivo en diversas empresas y consultoras del sector financiero y real en Perú.

Su experiencia abarca cargos en banca de inversión internacional y consultoría, así como participación en directorios de empresas y asociaciones académicas.

Por su parte, Gustavo Yamada es un reconocido economista por la Universidad del Pacífico y doctor en Economía por la Universidad de Columbia. Se desempeña como profesor principal y vicerrector de Investigación en la Universidad del Pacífico, con amplia trayectoria en investigación sobre economía laboral, pobreza, educación y políticas sociales.

Ha sido viceministro de Promoción Social, miembro del directorio del BCRP también en 2016, economista en organismos internacionales como el FMI y el BID, y figura entre el 5% superior de investigadores en su campo a nivel mundial.

Finalmente, Inés Choy es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y magíster en Economía por la Rice University. Es funcionaria de carrera del BCRP, donde ingresó en 1977 y ocupó cargos como gerenta general y gerenta central de operaciones.

Forma parte del Directorio desde noviembre de 2021 y ha sido nuevamente designada para el periodo 2026-2031, lo que la convierte en la única integrante remanente.

Julio Velarde continuará al frente del Banco Central de Reserva

Julio Velarde continuará al frente del BCRP tras aceptar la solicitud de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien lo designó formalmente el 6 de julio de 2026, días después de ser declarada ganadora de la segunda vuelta presidencial.

Con 74 años y una trayectoria ininterrumpida en la entidad desde 2006, Velarde suma casi dos décadas liderando la política monetaria peruana, consolidando la estabilidad de precios y la confianza de los mercados internacionales.

El nombramiento de Velarde, cuya ratificación por el Senado aún está pendiente, se produce tras la finalización de su periodo anterior el pasado 28 de julio. En total, se quedará al frente del ente emisor durante 25 años.

Durante su gestión, ha superado 10 gobiernos y más de 20 ministros de Economía, convirtiéndose en una figura central para la estabilidad macroeconómica del país. Aunque en los últimos años ha mencionado la posibilidad de retirarse, también sugirió a funcionarios internos como posibles sucesores, reforzando el perfil institucional del BCRP.

¿Qué es el Banco Central de Reserva?

El BCRP es la entidad responsable de preservar la estabilidad monetaria del país. Entre sus funciones principales se encuentran regular la cantidad de dinero en circulación, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas, y supervisar el sistema de pagos. Su labor busca mantener la inflación bajo control y contribuir a la estabilidad financiera y económica del Perú.

Las políticas monetarias del BCRP se enfocan en controlar la inflación y mantener la estabilidad de la moneda, principalmente a través de la regulación de tasas de interés y la gestión de la liquidez en el sistema financiero.

En contraste, las políticas fiscales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) están orientadas al manejo del gasto público, la recaudación de impuestos y el equilibrio presupuestario.

Estas diferencias han generado, en ocasiones, desacuerdos entre ambas instituciones, especialmente cuando las metas de disciplina fiscal del MEF no coinciden con los objetivos de estabilidad monetaria del BCRP, lo que ha motivado debates sobre la autonomía y coordinación de sus decisiones.

La movilización de recursos de largo plazo para infraestructura toma un nuevo impulso en el Perú. COFIDE, el Banco de Desarrollo del Estado, aprobó su participación como inversionista ancla en el Fondo de Deuda Senior para Infraestructura en Perú CAF-AM I, un vehículo de inversión gestionado por CAF Asset Management Perú, subsidiaria de CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El objetivo: financiar proyectos estratégicos con alto impacto económico y social.

Un fondo que apunta a cerrar brechas críticas

El fondo tiene un tamaño objetivo de S/ 550 millones y prevé concretar el cierre de compromisos de inversión durante el segundo semestre de 2026. COFIDE comprometerá hasta el 20% del capital total del fondo, con un límite de S/ 110 millones.

La participación temprana de COFIDE, que comenzó en enero de 2025 con la firma de un Memorando de Entendimiento, busca fortalecer la credibilidad del vehículo y atraer inversionistas institucionales privados, incentivando así la llegada de capital para obras clave en infraestructura.

El rol como inversionista ancla permite a COFIDE impulsar el cierre financiero del fondo y facilitar la incorporación de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros actores institucionales.

Esta estructura multiplica las posibilidades de completar el capital privado necesario para proyectos en sectores como educación, salud, saneamiento y plantas de tratamiento, bajo esquemas de Asociaciones Público-Privadas (APP).

Coinversión y nuevas alternativas para el desarrollo

La participación de COFIDE también abre la puerta a oportunidades de coinversión en operaciones estructuradas por CAF Asset Management.

Así, el banco de desarrollo fortalece su capacidad para canalizar recursos hacia iniciativas con altos estándares técnicos, financieros y de sostenibilidad, constituyendo una alternativa moderna para el financiamiento institucional de largo plazo.

Según Jorge Velarde, Presidente Ejecutivo de COFIDE, con esta operación se contribuye a viabilizar el lanzamiento de un fondo de deuda privada para infraestructura que “permitirá movilizar recursos de fondos de pensiones, compañías de seguros y otros inversionistas institucionales hacia proyectos que cierran brechas y mejoran la calidad de servicios públicos fundamentales”.

“El trabajo conjunto con CAF y CAF Asset Management impulsa una nueva plataforma de financiamiento de infraestructura en moneda local, fortalece el mercado peruano de fondos de inversión y amplía las fuentes de financiamiento de largo plazo para el desarrollo del país”, señaló.

Una estrategia institucional de impacto múltiple

El nuevo compromiso complementa el Programa de Inversión en Fondos de COFIDE (aprobado en 2025 por hasta USD 100 millones) y su reciente inversión en el fondo de private equity Unión por la Infraestructura (UPI), administrado por Credicorp Capital y SURA Investments.

Estas iniciativas reafirman el rol de COFIDE en la expansión del ecosistema de fondos de inversión y la promoción de fuentes de financiamiento sostenibles.

¿Qué es COFIDE?

COFIDE (Corporación Financiera de Desarrollo S.A.) es el banco de desarrollo del Estado peruano, cuya misión es impulsar el crecimiento sostenible e inclusivo del país.

Facilita el acceso a créditos y recursos financieros para empresas, con especial énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME), y financia grandes proyectos de infraestructura.

Opera como banca de segundo piso, canalizando recursos de organismos internacionales, bonos y el mercado de capitales a través de bancos, cajas y otras entidades financieras locales.

Además, gestiona fideicomisos de programas estatales de reactivación económica como Impulso Myperú, Reactiva Perú y los Fondos de Apoyo Empresarial (FAE), y logra llegar a sectores rurales o vulnerables donde la banca privada no suele operar.

Su estrategia apunta a generar un triple impacto: rentabilidad económica, beneficio social y aporte ambiental en iniciativas vinculadas a energía, agroindustria, saneamiento y bionegocios.

El inicio de una nueva administración en Perú coloca el debate tributario en el centro de la agenda pública. El próximo gobierno recibe un país donde casi 7 de cada 10 trabajadores operan en la informalidad y la base de contribuyentes sigue siendo limitada, según datos recientes del INEI.

Entre abril de 2025 y marzo de 2026, el 69,8% de la población ocupada estuvo fuera del circuito formal, lo que representa un obstáculo para el financiamiento de servicios públicos y programas sociales.

El dilema: más presión o ampliar la base

La administración entrante debe optar entre dos caminos: aumentar la presión fiscal sobre quienes ya cumplen sus obligaciones o diseñar estrategias para incorporar a más contribuyentes al sistema.

Expertos como René Velásquez, Tax Director de TMF Perú, advierten que el foco no puede limitarse a subir impuestos, sino que debe contemplar la reducción de la complejidad administrativa, el combate a la evasión y la generación de incentivos para la formalización.

“También se necesita facilitar el ingreso a la formalidad, reducir la complejidad de los trámites y utilizar mejor la información disponible para identificar actividades que operan fuera del sistema”, sostuvo Velásquez.

1. Drawback, ¿menos incentivo para exportar?

Uno de los temas más inmediatos en la agenda tributaria es la posible reducción del drawback para exportadores. Este mecanismo permite a las empresas recuperar parte de los aranceles pagados por importar insumos que luego se destinan a productos exportados.

El Ejecutivo saliente dejó en evaluación una reducción de la tasa del 3% al 1%. De aprobarse, los exportadores verían disminuido el reembolso que hoy reciben, lo que impactaría directamente en los márgenes de sectores como la agroindustria, pesca, textiles y manufactura. El nuevo gobierno deberá decidir si mantiene, modifica o descarta esta propuesta.

2. El ISC y los cambios que afectan precios y consumo

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) es otro frente clave. Este tributo recae sobre combustibles, vehículos, bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Un eventual aumento, actualmente bajo análisis, podría trasladarse al consumidor final y afectar tanto precios como ventas y planificación de empresas del sector. Las decisiones sobre el ISC tendrán impacto directo en el costo de vida y en los presupuestos familiares y empresariales.

3. ¿Pagos adelantados de IGV, liquidez bajo presión?

Otro reto es la ampliación de los pagos adelantados del IGV a través de percepciones. Las empresas deben adelantar parte del impuesto al comprar o importar ciertos productos, lo que reduce su liquidez en el corto plazo.

Este mecanismo no implica un tributo adicional, pero sí afecta el flujo de caja, especialmente en pequeñas y medianas empresas, que deben esperar varias semanas para utilizar esos adelantos en sus declaraciones.

4. Declaración del beneficiario final, transparencia y nuevos deberes

El cuarto desafío es la obligatoriedad para más pequeñas empresas de declarar quién controla realmente el negocio. La medida busca transparentar la propiedad y evitar el uso de sociedades para ocultar patrimonio o responsabilidades tributarias.

Para muchas micro y pequeñas empresas, será la primera vez que enfrenten este trámite, lo que requiere orientación y adaptación a las nuevas exigencias de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat).

5. Más control digital, menos margen para la evasión

La Sunat avanza en la digitalización de los controles fiscales. El cruce de comprobantes, registros de compras y ventas y declaraciones permite identificar inconsistencias y evasión con mayor rapidez.

Las empresas formales deberán fortalecer sus sistemas de facturación, contabilidad y reportes para cumplir con las nuevas exigencias y evitar sanciones por errores o retrasos.

Un sistema tributario que premie el cumplimiento

Para René Velásquez, elevar la recaudación no depende solo de subir impuestos. “Una política tributaria efectiva debe premiar el cumplimiento y hacer que la formalidad sea más atractiva”, subrayó el experto.

El verdadero reto para el nuevo gobierno para el periodo 2026-2031 será lograr que más personas y empresas contribuyan y que el sistema ofrezca reglas claras y estables para todos los actores de la economía, sentencia el portavoz de TMF Perú.

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) rechazó la propuesta de Lima Airport Partners (LAP) para reducir en 37% la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez y exigió la eliminación total de este cobro.

El gremio, que representa a la mayoría de las aerolíneas que operan en el país, entre ellas LATAM, afirmó que no ha recibido ninguna comunicación formal sobre la medida y desconoce los argumentos técnicos que la sustentan.

Aeropuerto Jorge Chávez: ¿Sin transparencia ni diálogo técnico?

Según Carlos Gutiérrez, gerente general de AETAI, la propuesta de LAP —que plantea bajar la tarifa de USD 10,05 a USD 6,40 más IGV— fue conocida únicamente a través de los medios de comunicación.

“No hemos recibido documentación ni sustento técnico sobre la medida, por lo cual el gremio no puede pronunciarse sobre sus méritos”, señaló Gutiérrez.

Para AETAI, el anuncio constituye un reconocimiento público del impacto negativo que la TUUA viene generando en la conectividad y competitividad del Perú.

El gremio de aerolíneas sostiene que la reducción parcial no resuelve el problema de fondo y que la única solución válida es la eliminación total de la TUUA de transferencia.

Argumenta que otros hubs regionales, como Bogotá y Panamá, no cobran este tipo de tarifa a los pasajeros en conexión internacional, dejando a Lima en desventaja competitiva.

TUUA de transferencia: AETAI y LATAM van por la eliminación al 100%

Un reciente informe de la consultora RONIN advierte que la TUUA de transferencia pone en riesgo más de USD 1.200 millones de producción anual en Perú.

Además, la permanencia de la tarifa podría significar la pérdida de 580.000 turistas internacionales al año, con un impacto negativo estimado en USD 955 millones en divisas y USD 80 millones en ingresos fiscales cada año.

AETAI alertó que estas cifras ya se reflejan en la realidad: desde el Jorge Chávez se han cancelado ocho rutas internacionales y, en 2026, el tráfico internacional cayó por primera vez en cuatro años (-0,5%).

El tráfico de pasajeros en conexión acumuló dos meses consecutivos con cifras negativas (abril -3,48%, mayo -2,04%).

Tarifas en la mira: millones en riesgo y rutas canceladas

Durante las conversaciones mantenidas desde 2025, la industria ha presentado alternativas distintas al cobro pleno de la TUUA, como la extensión del plazo de la concesión para compensar a LAP por los ingresos que dejaría de percibir.

Sin embargo, según AETAI, el concesionario se ha opuesto a cualquier acuerdo que no implique el pago total de la tarifa, ya sea por los pasajeros o mediante una compensación estatal.

En esta línea, recordó que la TUUA de transferencia es una tarifa máxima, por lo que LAP tiene la potestad de reducirla o incluso dejar de cobrarla de manera unilateral.

Gutiérrez advirtió que, aunque el cobro pueda generar ganancias de corto plazo, en el mediano y largo plazo la tarifa perjudica tanto al concesionario como al país.

Para el gremio aeroáutico, mantener la TUUA de transferencia limita el potencial de crecimiento del tráfico internacional y afecta la conectividad global del Perú, sentencia el comunicado.

El sector minero peruano enfrenta un escenario en el que la modernización eléctrica y la sostenibilidad se convierten en piezas clave para sostener su liderazgo en la región.

De acuerdo con el informe de Aggreko, titulado “La nueva ecuación de la minería en América Latina: los límites invisibles entre energía y operación. Informe 2026”, el país continúa figurando entre los principales productores globales de cobre, oro, zinc y plata, y la minería representa cerca del 10% del PIB y el 60% de las exportaciones nacionales.

Durante 2025, las exportaciones mineras peruanas marcaron un récord de USD 61,8 mil millones, consolidando la actividad como pilar económico.

Perú refuerza su liderazgo minero con récord de exportaciones

El contexto internacional, signado por la transición energética y la creciente demanda global de minerales críticos, ha puesto presión sobre la infraestructura nacional.

El informe de Aggreko subraya que el desafío principal para Perú radica en garantizar un suministro eléctrico confiable y suficiente para los polos mineros, especialmente ante la apertura de nuevos proyectos y la expansión de operaciones existentes.

En este sentido, el Plan de Transmisión 2023-2032 surge como una estrategia fundamental para interconectar las principales zonas mineras con la red nacional y los principales centros logísticos y de exportación.

Un plan eléctrico para sostener la producción y la industrialización

Este plan propone la construcción y modernización de grandes líneas eléctricas y subestaciones, permitiendo que varias minas utilicen una infraestructura troncal compartida en lugar de depender de circuitos aislados o de generadores propios.

Según el informe de Aggreko, esto no solo reduce costos y mejora la seguridad del suministro, sino que también facilita la transición hacia una minería más limpia, al permitir el acceso a energía renovable conectada a la red nacional.

El modelo troncal de interconexión permite sumar nuevas minas a las infraestructuras existentes, acelerando la integración industrial y la electrificación de procesos mineros.

Proyectos como Las Bambas y Quellaveco ya avanzaron en la certificación de consumo eléctrico renovable y en la adopción de tecnologías orientadas a la reducción de la huella de carbono.

Permisos, burocracia y sostenibilidad: los desafíos pendientes

El informe de Aggreko advierte que, pese a los avances, la competitividad futura de la minería peruana dependerá menos de la abundancia de recursos y más de la capacidad para modernizar permisos, acelerar la infraestructura y cumplir con exigencias sociales y ambientales cada vez más estrictas.

La burocracia en licencias y la minería informal siguen siendo obstáculos para el desarrollo de nuevos proyectos y la sostenibilidad del sector formal.

América Latina apuesta por redes eléctricas sólidas para la minería

El análisis de Aggreko revela que la problemática peruana se repite en otros países de la región. Argentina, Chile, Brasil, Ecuador y México enfrentan la necesidad de transformar su potencial geológico en producción sostenible, apoyados en redes eléctricas sólidas y logística eficiente.

Las inversiones públicas en energía superaron los USD 50.000 millones en 2025, pero la velocidad y calidad de ejecución, así como la adaptación a la exigencia de menores emisiones, marcan diferencias entre países.

En Chile y Brasil, la obtención de permisos ambientales limita la expansión minera. Argentina vive el auge del litio y el retorno del cobre, lo que obliga a acelerar la integración energética.

Ecuador y México enfrentan retos ligados a la dependencia de una sola fuente energética y la vulnerabilidad ante sequías, lo que los empuja a buscar soluciones híbridas y sistemas autónomos para garantizar continuidad operativa.

Renovables, automatización y huella de carbono: nueva agenda regional

El informe de Aggreko concluye que la electrificación de operaciones, la automatización de procesos y el control de la huella de carbono serán factores decisivos para la competitividad futura.

La capacidad de integración industrial y el acceso a energía renovable definirán qué países logran capitalizar la demanda global de minerales críticos para la transición energética.

El avance del Plan de Transmisión peruano, en este contexto, aparece como un paso estratégico para sostener el liderazgo nacional dentro del nuevo escenario minero internacional.

El avance de la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en Perú llegó apenas al 45,2% al cierre de julio, dejando sin protección a más de la mitad de niños y adolescentes programados para recibir la dosis este año.

Así lo advirtió Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación Esperantra, con base en los datos oficiales del Ministerio de Salud. La situación contrasta con la de julio del año pasado, cuando el Ministerio de Salud reportó haber superado el 100% de la meta nacional de inmunización contra el VPH.

Este año, el avance ha sido insuficiente. Según Esperantra, más de 577 mil niños y adolescentes entre 9 y 18 años aún no han recibido la vacuna, lo que representa un riesgo para la prevención del cáncer de cuello uterino y otras enfermedades asociadas al virus.

Desigualdad en la cobertura regional

De acuerdo con el Tablero de Vacunación contra el VPH 2026 del Ministerio de Salud, solo uno de cada tres niños de 9 años, el grupo prioritario, ha sido vacunado. El desempeño por edad presenta diferencias: en adolescentes de 10 a 13 años, casi ocho de cada diez han recibido la vacuna, mientras que en el segmento de 14 a 18 años la cobertura es de cuatro de cada diez.

Las brechas regionales son notorias. Junín ha alcanzado una cobertura de 97,0%, Madre de Dios llega al 91,4% y Moquegua al 70,5%. En contraste, Tacna muestra apenas 19,9% y Puno 31,0%. Para Lima, la región con mayor población objetivo, la cobertura es de solo 34,9%, ubicándose entre las más rezagadas a nivel nacional, según la información difundida por Esperantra.

Ruiz de Castilla remarcó que el bajo desempeño de Lima es determinante para el cumplimiento de la meta nacional, dado que la capital concentra la mayor cantidad de niños y adolescentes a vacunar y cuenta con la mayor infraestructura sanitaria del país.

Por qué la vacuna es una herramienta clave de prevención

La directora de Esperantra propuso que se retomen estrategias que permitieron superar la meta el año anterior, como las brigadas de vacunación específicas para el VPH. Recomendó reforzar las acciones en las regiones de menor cobertura y priorizar a los grupos etarios más rezagados.

Ruiz de Castilla recordó que el Virus del Papiloma Humano es una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes y está vinculado a la mayoría de casos de cáncer de cuello uterino, así como a otros tipos de cáncer que afectan tanto a mujeres como a varones.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostiene que la vacuna resulta más efectiva si se aplica antes del inicio de la vida sexual, etapa en la que ofrece mayor protección y reduce el riesgo de desarrollar cánceres asociados al VPH. Ruiz de Castilla recalcó que, aun después del inicio de la vida sexual, la vacuna mantiene su efectividad para la inmunización.

Padres y autoridades, ante el desafío de proteger a 578 mil menores

El objetivo inmediato, según Esperantra, es proteger a los 578 mil niños y adolescentes que aún no han recibido la vacuna.

Ruiz de Castilla instó a los padres a revisar el carné de vacunación y, en caso necesario, acudir a los establecimientos de salud.

Finalmente, la experta también exhortó a las autoridades sanitarias a reforzar la campaña y recuperar el ritmo de inmunización alcanzado en 2025.

Perú registró 1.662 petitorios mineros en todo el país al cierre de la tercera Jornada de Aviso de Retiro y Libre Denunciabilidad, organizada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

El proceso, desarrollado de manera simultánea en la sede central y en nueve órganos desconcentrados, atrajo la atención de empresas y personas interesadas en obtener derechos para explorar y explotar recursos minerales en diversas regiones.

La jornada concluyó sin observaciones y bajo estrictas condiciones de transparencia y seguridad jurídica, lo que reafirmó la confianza de los inversionistas en el sistema de concesiones mineras peruano.

Alta demanda minera en jornada nacional

La recepción de petitorios se inició a las 8:15 a. m., permitiendo la presentación de solicitudes sobre áreas cuyos derechos mineros se extinguieron conforme a la normativa vigente.

El evento incluyó la incorporación de 31 Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP), que abarcan más de 289.100 hectáreas con evidencias favorables de cobre, oro, hierro, plata y molibdeno.

Estas zonas, aunque presentan alto potencial geológico, quedan protegidas de nuevas solicitudes de concesión minera mientras mantengan ese estatus. La información generada sobre estas áreas constituye un insumo relevante para futuras políticas de inversión y desarrollo del sector.

La apertura oficial estuvo encabezada por el presidente ejecutivo (e) de Ingemmet, Denis Joel Tapia Rodríguez, quien destacó el valor del proceso para la transparencia y la promoción de inversiones responsables.

“Este proceso demuestra el compromiso del Ingemmet con la transparencia, la seguridad jurídica y la promoción de inversiones responsables, poniendo a disposición del país áreas con alto potencial geológico respaldadas por información técnica y científica”, afirmó.

Procedimiento y requisitos para solicitar una concesión

El desarrollo del procedimiento contó con la supervisión del notario público de Lima, Dr. César Aliaga, quien certificó la legalidad y transparencia de la jornada. La recepción simultánea en todo el país permitió que los interesados realizaran sus trámites de forma ordenada y coordinada.

Las áreas declaradas como ANAP, a pesar de su atractivo geológico, no están disponibles para nuevas concesiones mineras, lo que refuerza la protección de regiones estratégicas en el mapa de recursos minerales del país. Para quienes buscan iniciar el trámite de un petitorio de concesión minera, el proceso requiere cumplir una serie de requisitos y pasos:

Requisitos para presentar un petitorio minero en Perú:

• Verificar el área libre: Consultar el sistema Geocatmin o herramientas institucionales para asegurarse de que el área deseada no cuente con concesiones vigentes. En la Plataforma del Estado Peruano sobre Petitorios de Concesión Minera se encuentran las guías y detalles.
• Definir las coordenadas: El área solicitada debe estar comprendida entre 100 y 1.000 hectáreas, delimitada mediante cuadrículas mineras bajo coordenadas UTM WGS84, conforme a la Ley N° 30428.
• Reunir la documentación: Formulario o formato de solicitud de petitorio minero; Datos de identificación o inscripción jurídica y del representante legal; declaración Jurada de Compromiso Previo; y recibo original de pago por derecho de trámite (el monto referencial en sede de Ingemmet es de S/ 246.90)
• Presentar la solicitud: El trámite puede realizarse de manera presencial o a través de la ventanilla virtual o formulario electrónico.

¿Qué es el Ingemmet?

El Ingemmet es un organismo público del Estado peruano encargado de investigar la geología del país, administrar la información geocientífica y conducir el procedimiento ordinario minero.

Entre sus funciones principales está recibir y resolver los petitorios de concesión minera, que constituyen solicitudes formales para explorar o explotar recursos minerales en áreas específicas del territorio nacional.

El mercado de oficinas Clase B y boutique en Lima muestra señales de recuperación y fuerte dinamismo durante el segundo trimestre de 2026, pero el fenómeno más llamativo ocurre fuera de los polos tradicionales de San Isidro y Miraflores.

Magdalena del Mar y Surquillo emergen como zonas clave donde la vacancia cae a mínimos históricos y la demanda supera la oferta, según el informe difundido por Cushman & Wakefield.

Magdalena del Mar y Surquillo, protagonistas inesperados

Mientras San Isidro Empresarial y Miraflores conservan su atractivo para oficinas premium, la mayor presión sobre los espacios disponibles se traslada a distritos como Magdalena del Mar y Surquillo.

En el segmento de oficinas boutique, Magdalena del Mar cuenta con un inventario de 29.000 m² y vacancia mínima, posicionándose como una de las áreas con mayor ocupación de Lima.

En paralelo, Surquillo lideró la absorción neta en el trimestre, impulsando la demanda por superficies pequeñas y señalando el interés creciente en ubicaciones fuera del circuito clásico.

Vacancia en mínimos y precios en alza

El informe de Cushman & Wakefield detalla que la vacancia promedio de oficinas boutique se ubicó en apenas 3,2%, con Miraflores marcando el récord de solo 0,6%, pero con Magdalena y Surquillo mostrando indicadores igual de ajustados.

Esta escasez de espacios se refleja en los precios: el alquiler ponderado de oficinas boutique llegó a USD 19,4/m² al mes, mientras que en distritos como Santiago de Surco y San Isidro Empresarial los valores alcanzaron USD 27,1/m² y USD 22/m² respectivamente.

En cuanto al precio de venta, el promedio general fue de USD 2.197/m², con Miraflores a la cabeza (USD 2.780/m²) y Surquillo manteniendo la opción más accesible (USD 1.647/m²).

La dispersión de valores responde a las diferencias de ubicación, tamaño y nivel de infraestructura, pero el dato central es que la escasez de oferta impulsa los precios al alza en todos los submercados.

Nueva oferta, demanda activa y futuro del mercado

Durante el trimestre, el mercado de oficinas Clase B incorporó el edificio IQ Surco en Santiago de Surco, sumando más de 11.000 m² al inventario. Además, existen cerca de 30.000 m² en construcción y 15.000 m² en etapa de proyecto, principalmente en Surco, San Isidro Financiero y San Miguel.

La absorción neta positiva del semestre, con 9.940 m² colocados, evidencia una recuperación parcial de la actividad y un interés sostenido en áreas con buena accesibilidad y valores competitivos.

En el sector boutique, el inventario total alcanzó 198.317 m², sin grandes incorporaciones en el periodo. La demanda se mantiene activa, especialmente entre pequeñas empresas, startups y profesionales independientes, que priorizan eficiencia, imagen corporativa y servicios comunes de calidad.

El informe destaca que los precios de alquiler subieron un 31,9% interanual y que la absorción neta creció un 147,6% respecto al año anterior, reflejando el atractivo de estos espacios en el contexto actual.

Qué define a la oficina boutique y desafíos para los próximos meses

Las oficinas boutique se caracterizan por superficies de 20 a 100 m², equipamiento técnico, ubicación estratégica y acceso a áreas comunes de calidad. Este formato responde a las necesidades de empresas que buscan optimizar costos sin resignar imagen profesional ni localización.

La combinación de baja vacancia y suba de precios plantea el reto de gestionar la escasez de espacios y de mantener la competitividad frente a la oferta tradicional de oficinas Clase B y A.

El futuro inmediato del mercado dependerá de la capacidad de los nuevos proyectos para diferenciarse en servicios y valor agregado, en un escenario donde la demanda sigue activa, pero cada vez más selectiva y sensible a la relación entre precio, ubicación y calidad del producto.

La petrolera estatal Petroperú mantiene cinco buques fondeados en puertos y aguas peruanas, con una sobrestadía (demurrage) acumulada de 241 días y un costo cercano a los USD 17,2 millones, según información a la que accedió Infobae Perú.

Estas embarcaciones, que transportan más de 1,8 millones de barriles de crudo y biodiesel, permanecen en espera de autorización para descargar debido a problemas de gestión, pagos y autorizaciones internas.

Petroperú paga casi USD 100.000 diarios por cada barco en espera

Los buques afectados se encuentran fondeados en puertos clave como Bayóvar, Callao y TSM-Conchán, a la espera de instrucciones para completar la descarga.

El impacto económico de esta situación se agrava por el hecho de que la estatal contrató estas operaciones a través de traders internacionales como Trafigura PTE. LTD, Petrochina International (America) Inc. y Petrobras Global Trading B.V., en lugar de negociar directamente con los productores.

La penalidad diaria que paga Petroperú por cada buque varía entre USD 42.000 y USD 95.000, dependiendo del tipo de producto y las condiciones contractuales firmadas con cada intermediario.

A un barco se le pagó por no dejar nada

Cada uno de los navíos enfrenta distintos periodos de espera, que van desde poco más de dos semanas hasta más de dos meses. El caso más prolongado corresponde a un embarque de crudo oriente que llegó a Bayóvar el 28 de mayo y, al 4 de agosto, aún no recibe autorización para descargar.

• Buque NORDIC C: 360.000 barriles de crudo Oriente, sobrestadía acumulada de USD 6.195.000 desde el 28 de mayo de 2026
• Buque K LUCKY: 450.000 barriles de crudo WTI, sobrestadía acumulada de USD 4.125.000 desde el 9 de junio de 2026
• Buque HAFNIA AFRICA: 405.000 barriles de crudo West Hackberry Sweet, sobrestadía acumulada de USD 935.000 desde el 16 de julio de 2026
• Buque VICTORY: 450.000 barriles de crudo WTI, sobrestadía acumulada de USD 3.600.000 desde el 17 de junio de 2026
• Buque PRABHU MIHIKA: 160.000 barriles de biodiesel B100, sobrestadía acumulada de USD 2.310.000 desde el 10 de julio de 2026

Sin embargo, parte del crudo ya podría haber sido descargado, por lo que el volumen pendiente podría ser menor al reportado inicialmente.

La situación se agrava por el caso del buque HENRIQUE DIAS, que transportaba 950.000 barriles de crudo Tupi y zarpó de Bayóvar sin descargar tras dos días de sobrestadía, debido a un incumplimiento de pago.

En este caso, la penalidad abonada fue de USD 150.000, aunque el daño económico real incluye la pérdida total de la carga y posibles penalidades contractuales adicionales. En otras palabras, se le pagó por nada.

A Petroperú nadie le quiere vender, y solo le queda ir con traders

Tal como detalló Infobae Perú en reportes anteriores, la estrategia de comprar a traders y no a productores directos eleva el costo del crudo entre un 10% y un 15%.

Un embarque directo con productor puede pactarse a Brent +1,5, mientras que con intermediarios el ajuste puede llegar a Brent +9 o incluso Brent +17. Mientras Petrobras en Brasil y YPF en Argentina adquieren entre el 80% y 90% de su crudo directamente a productores, Petroperú realiza la mayor parte de sus compras a través de intermediarios.

Entre mayo y agosto de 2026, el precio internacional del barril de crudo osciló entre USD 69 y USD 107, aunque el costo final para la estatal peruana suele ser mayor por los márgenes de los traders, los gastos de transporte, seguros y penalidades adicionales.

Mientras tanto, la Refinería de Talara se ahoga: ¿Dónde está ProInversión?

La Refinería Talara, gestionada por Petroperú, permanece completamente fuera de servicio desde el 28 de julio, en medio de un escenario internacional de precios elevados para el petróleo y los combustibles.

La estatal está racionando la venta de todos sus productos, incluido el GLP, y las decisiones de despacho dependen de la disponibilidad de caja diaria. Solo se liberan volúmenes mínimos, en espera de reunir recursos para asegurar el ingreso de un nuevo buque. A incios de semana, se estimaba que los inventarios de diésel para el mercado interno solo alcanzarían hasta el sábado y domingo próximos.

La reanudación de operaciones del complejo de Talara depende intrínsecamente de la llegada efectiva de fondos y de la liberación de cargamentos varados en puerto. Aunque el rescate financiero para Petroperú, por hasta USD 2.000 millones, está bajo administración de ProInversión desde mayo de 2026, estos recursos aún no han sido transferidos.

Mientras tanto, la refinería permanece completamente fuera de servicio y ninguna de sus plantas procesa crudo, debido a la falta de inventario suficiente para sostener un ciclo operativo estable.

Las expectativas del Directorio apuntan a un eventual desembolso entre julio y agosto, pero la continuidad de la paralización pone en evidencia la fragilidad del modelo actual y la ausencia de soluciones inmediatas para restablecer el suministro energético.

El Gobierno designó a Teresa Stella Mera Gómez como nueva presidenta ejecutiva de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ).

La Resolución Ministerial N° 261-2026-MINCETUR, publicada el 5 de agosto y refrendado por el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia Espinoza, responde a la vacancia dejada por Enrique Michael Guevara Varela, quien había asumido el cargo en junio de este año.

Perú busca consolidar su lugar en el mapa turístico

La llegada de Mera Gómez ocurre en un momento en que Perú aún no recupera completamente el flujo de turismo internacional previo a la pandemia.

En 2025, el país recibió 4,1 millones de turistas internacionales, cifra inferior a los 4,3 millones registrados en 2019. Sin embargo, el turismo receptivo generó ingresos récord por US$ 5.351 millones al cierre de 2025, superando los niveles prepandemia. Solo en el primer semestre de 2026, el país recibió 1,62 millones de turistas internacionales.

Un estudio del IPE estima que entre 2020 y 2025 se perdieron 20 millones de visitantes internacionales, lo que significó dejar de percibir alrededor de S/100.000 millones en consumo. Con ello, la contribución del sector al PBI pasó de 3,94% en 2019 a 3,1% en la actualidad, con una caída de más de 30% en el empleo turístico en regiones como Cusco.

Además, un reciente informe del BCR señala que Perú mantiene una clasificación de destino medianamente seguro según el Departamento de Estado de Estados Unidos, al igual que otros países de la región y Europa, aunque el aumento reciente de la inseguridad ciudadana podría afectar esta percepción y limitar la llegada de turistas extranjeros.

Trayectoria y relevo: experiencia para un momento clave

Teresa Stella Mera Gómez es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Internacional y Economía por la Universidad de Berna, Suiza. Con más de 30 años de experiencia en el sector público, ha ocupado cargos en MINCETUR, PROMPERÚ e Indecopi.

Fue viceministra de Comercio Exterior desde diciembre de 2022 y ministra de Comercio Exterior y Turismo entre octubre de 2025 y febrero de 2026, en los gobiernos de José Jerí y José María Balcázar.

También ha representado activamente al Perú en negociaciones comerciales con la Unión Europea, Canadá, China, Japón, Corea, Estados Unidos, México, Tailandia y la Alianza del Pacífico.

La designación de Mera Gómez recibió opinión favorable de las áreas técnicas y jurídicas del ministerio, cumpliendo con la normativa de idoneidad para cargos públicos.

El reto internacional: cifras y competencia en la región

Entre 2015 y 2019, el ingreso de divisas por turismo receptivo en Perú pasó de US$ 4.140 millones a US$ 4.703 millones, mostrando una tendencia de crecimiento que la pandemia interrumpió.

Pese al reciente récord de ingresos, el flujo de visitantes internacionales sigue rezagado frente a sus principales competidores regionales.

Mientras Perú recibió 4,1 millones de turistas en 2025, Chile y Colombia superaron los 6 millones de turistas internacionales ese mismo año. Además, Paraguay triplicó su arribo de turistas entre 2019 y 2025, pasando de 1,2 a 3,6 millones.

Este escenario plantea el desafío de reposicionar a Perú como destino turístico competitivo y atractivo, diversificando su oferta y ampliando su presencia global frente al avance sostenido de otros países de la región.

En una de sus primeras funciones al asumir el cargo, el nuevo ministro Marco Antonio Vinelli Ruiz ha decidido declarar la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) mediante el Decreto Supremo N° 008-2026-MIDAGRI.

La medida, publicada hoy en el diario oficial, establece un plazo de 120 días para evaluar y proponer reformas administrativas, organizacionales y de gestión en la entidad.

MIDAGRI: Marco Vinelli ordena una revisión a fondo del sector

El decreto, refrendado por la presidenta Keiko Fujimori, responde a la necesidad de enfrentar “limitaciones y debilidades significativas” en la estructura del MIDAGRI y en el ejercicio de su rectoría sectorial.

Entre los fundamentos expuestos, el texto menciona problemas en los instrumentos de gestión institucional, el cumplimiento rezagado de la Política Nacional Agraria y los hallazgos del estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) sobre el sector agrícola peruano.

La responsabilidad de conducir el diagnóstico y formular las medidas de reforma recae en la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del propio ministerio. El financiamiento de este proceso provendrá del presupuesto institucional, sin requerir fondos adicionales del Tesoro Público.

Vale precisar que los fondos para MIDAGRI ascendieron este año a S/2.853,9 millones, apenas 1,1% del presupuesto nacional. Del total, el 67% se destina a actividades operativas y el 33% a inversiones, un monto considerablemente menor al reservado para Educación, Salud, Defensa y Orden Interno.

Crisis en el agro peruano: ¿Qué dice la OCDE?

El estudio “Políticas para el futuro del sector de la agricultura y la alimentación en Perú”, elaborado por la OCDE, identificó que el apoyo estatal al agro peruano se mantiene bajo en comparación con el promedio de los países miembros, con un 6,2% de los ingresos brutos frente al 13,2% de la OCDE.

Según el análisis, la ayuda oficial resulta poco eficaz para los pequeños productores y se concentra en medidas dispersas y de corto plazo, sin alinearse a una transformación estructural basada en inversión pública o servicios generales.

El informe también advierte una fragmentación institucional, la superposición de competencias entre los distintos niveles de gobierno y la baja cobertura de los programas sectoriales, que presentan continuidad limitada y escasa articulación territorial.

La OCDE subraya la falta de evaluación y mecanismos de rendición de cuentas en el sector, así como la débil recopilación de datos y seguimiento de políticas.

Otro aspecto destacado es la insuficiente inversión en investigación, desarrollo e innovación agrícola, que representa solo el 0,4% del PIB agrícola nacional, y la baja cobertura de los servicios de extensión, que alcanzan únicamente al 3,8% de los agricultores.

Por su parte, la Política Nacional Agraria (PNA) 2021-2030 establece como meta elevar el desarrollo competitivo del sector en un 36% hacia 2030. Este instrumento orienta las políticas públicas agrarias en el país, aunque los reportes oficiales advierten rezagos en su implementación y cumplimiento.

¿Qué es el MIDAGRI?

El MIDAGRI es la entidad estatal encargada de normar, promover y dirigir el sector agrario, de riego y de desarrollo rural.

Cuenta con dos viceministerios: el de Desarrollo de Agricultura Familiar e Infraestructura Agraria y Riego, que impulsa la agricultura familiar y la infraestructura hidráulica; y el de Políticas Agrarias, responsable de formular y supervisar las políticas nacionales agrarias y la articulación de mercados.

La nueva reorganización abre una etapa de revisión institucional, en medio de demandas por mayor eficiencia y articulación estatal en un sector clave para el desarrollo económico y social del Perú.

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) informó que los ingresos tributarios del Gobierno Central sumaron S/16.177 millones en julio, cifra que elevó la recaudación acumulada del año a S/120.609 millones, un crecimiento de 14,0% respecto al mismo periodo de 2025.

Según el reporte oficial, este resultado se sostiene en el impulso de los precios internacionales del oro y el cobre, que incrementaron los ingresos de las empresas productoras y exportadoras de minerales.

SUNAT: Impulso minero y desempeño económico

El informe de la SUNAT señala que la recaudación tributaria mostró 26 meses consecutivos de crecimiento, reflejando el efecto del contexto internacional y del desempeño económico local.

El crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) en junio fue de 3,6% y la Demanda Interna subió 6,9%, lo que contribuyó a la expansión de la base imponible.

La subida de las cotizaciones del cobre y el oro, junto a una expansión de las importaciones de 30,8% en julio, incidieron directamente en la recaudación por tributos asociados a la actividad minera y comercial. Esta tendencia se vio fortalecida por las acciones de gestión de riesgo y control de la SUNAT.

Factores que moderaron el crecimiento

Aunque el balance general fue favorable, la SUNAT advirtió que el menor tipo de cambio registrado en julio, un retroceso de 4,4% frente al mismo mes de 2025, afectó negativamente la recaudación sobre importaciones y los ingresos declarados por exportadores.

Pese a este efecto, las acciones de control y cobranzas efectuadas por la Administración tributaria aportaron más de S/2.200 millones al fisco.

Resultados por tributos: IR, IGV y el ISC

En julio, el Impuesto a la Renta generó S/6.451 millones, un avance de 24,1% respecto al año anterior. Destacaron los incrementos en pagos de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario (32,1%), así como en la regularización del impuesto y en las categorías de Primera, Segunda, Cuarta y Quinta.

El Impuesto General a las Ventas (IGV) alcanzó S/9.380 millones, un alza de 16,9%. El IGV Interno recaudó S/5.099 millones (+7,4%), mientras que el IGV sobre importaciones llegó a S/4.281 millones (+30,6%), impulsado por el aumento de las compras externas y los ingresos por operaciones de importación garantizadas.

El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sumó S/932 millones (+5,3%). El ISC interno ascendió a S/628 millones (+11,3%), con predominio del rubro “ISC Otros”, mientras que el ISC sobre importaciones fue de S/304 millones, mostrando una baja de 5,1% vinculada a menores pagos por combustibles.

Los otros ingresos tributarios alcanzaron S/1.563 millones (+2,9%), con subidas en casinos, tragamonedas, apuestas deportivas, multas y el Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF). Se observaron caídas en recaudación ICR e ITAN.

Cumplimiento, control y segmentación

La SUNAT reportó que el 97,2% de las declaraciones controladas fueron presentadas en plazo y la tasa de morosidad en vencimiento se ubicó en 9,0%.

Las acciones de cobranza sumaron S/909 millones y los pagos inducidos y fraccionados, más de S/315 millones. En atención al contribuyente, más de 770 mil personas recibieron orientación y los tiempos de espera y abandono de llamadas se redujeron.

Los Principales Contribuyentes (PRICOS) aportaron S/11.107 millones (+19,1%) en julio, mientras que los Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS) registraron S/2.621 millones (-2,1%).

Finalmente, la recaudación aduanera llegó a S/4.746 millones (+25,2%), impulsada por el crecimiento de las importaciones y los pagos de operaciones garantizadas.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (MINAM), ha detectado concentraciones de cadmio y arsénico superiores a los límites legales en una laguna de evaporación ubicada dentro del complejo minero Bayóvar, operado por Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. en Sechura, Piura.

Este hallazgo, registrado durante una inspección oficial realizada en agosto de 2023, motivó la apertura de un procedimiento administrativo sancionador y abrió una investigación sobre los posibles impactos en la biodiversidad local y en la gestión ambiental de la empresa.

Cadmio en aguas subterráneas de Bayóvar multiplicó por 7 el valor permitido

Según el informe de supervisión al que accedió Infobae, los técnicos del OEFA detectaron que la empresa no cumplió con los límites máximos permisibles para metales pesados en sus vertimientos industriales.

En el punto de control EF-BA-10, la concentración de arsénico alcanzó 0,123 mg/L, un valor 23% por encima del máximo legal de 0,1 mg/L establecido por el Decreto Supremo N° 010-2010-MINAM.

El cadmio, aunque no superó el límite para efluentes mineros en este punto, sí presentó niveles elevados en aguas subterráneas, con 0,072 mg/L en el piezómetro AS-MI-80, siete veces más que el límite aceptable para uso humano (0,01 mg/L).

La laguna de evaporación donde se descargan estos efluentes es una estructura artificial, sin embargo, recibe visitas frecuentes de aves silvestres, entre ellas parihuanas (flamencos andinos), una especie emblemática del ecosistema costero peruano, de acuerdo con el informe.

La autoridad ambiental observó la presencia de estas aves durante la inspección y advirtió que los metales pesados pueden acumularse en la cadena alimentaria, afectando a la fauna e incluso a los humanos en caso de que estos contaminantes se trasladen a otros cuerpos de agua o suelos agrícolas.

Empresa no construyó canales clave exigidos por el EIA

La supervisión oficial no solo identificó contaminación química, sino también incumplimientos estructurales. El equipo de la Dirección de Supervisión Ambiental en Energía y Minas del OEFA verificó que Miski Mayo no construyó cuatro canales clave para derivar aguas pluviales, tal como lo exige el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) aprobado.

Estas obras son fundamentales para prevenir la erosión y la dispersión de contaminantes durante episodios de lluvias intensas, típicos del fenómeno de El Niño en la región.

La minera alegó que bermas y diques cumplían la misma función, pero la autoridad descartó esta justificación y remarcó que la obligación técnica no admite sustituciones unilaterales.

Otro aspecto evaluado fue el manejo de los relaves gruesos. El depósito carecía de canales de infiltración y coronación de concreto armado, elementos obligatorios para evitar la dispersión de contaminantes y la afectación de suelos y aguas cercanas.

Solo se halló un canal precario de tierra, insuficiente para las dimensiones del depósito y fuera de los parámetros aprobados. El OEFA determinó que esto constituye una infracción administrativa y recomendó iniciar el procedimiento sancionador.

“Daños irreversibles” en la operación de Sechura, según OEFA

El plan de cierre progresivo del botadero de desmonte norte tampoco se cumplió en los plazos acordados para los años 2021 y 2022, según el OEFA.

No se realizaron tareas de nivelación, compactación, construcción de bermas y señalización, pese a que la empresa tenía presupuestados más de US$ 4,26 millones para estas obras, según documentos revisados por Infobae. La autoridad constató diferencias sustanciales entre lo ejecutado y los compromisos asumidos por la compañía.

El informe resalta que la descarga de efluentes industriales con exceso de arsénico constituye una infracción insubsanable, ya que “el daño no es reversible una vez que el vertimiento alcanza el cuerpo receptor”.

El riesgo se eleva en contextos de evaporación, porque los contaminantes se concentran en los sedimentos y pueden permanecer activos durante largos periodos, afectando a todos los organismos que entren en contacto con ellos.

Especialistas en impacto ambiental consultados por Infobae explican que la acumulación de arsénico y cadmio en lagunas de evaporación puede generar mortandad de microorganismos, aves y alteraciones en la cadena alimentaria.

Advierten, además, que los riesgos no se limitan al depósito: las filtraciones o desbordes pueden contaminar suelos agrícolas y acuíferos subterráneos, generando efectos a largo plazo.

Impugnan sanción del OEFA: ¿Qué dijo la empresa?

Tras la supervisión de agosto de 2023, los informes trimestrales de monitoreo presentados por la empresa no reportaron nuevos excesos de arsénico en los puntos evaluados.

Sin embargo, la autoridad ambiental ha programado una nueva inspección para el cuarto trimestre de 2026 para verificar la implementación de medidas correctivas y el estado ambiental de la laguna y sus alrededores.

La empresa Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. declinó emitir declaraciones públicas, argumentando que el procedimiento sancionador sigue en revisión ante las autoridades competentes.

Consultado por Infobae, el OEFA confirmó que el expediente N° 0294-2024-OEFA/DFAI/PAS continúa abierto y está siendo evaluado por el Tribunal de Fiscalización Ambiental.

El organismo señaló, además, que mantiene un monitoreo permanente de la unidad minera y que la verificación de medidas correctivas será parte de la inspección programada.

Más de 108 UIT en multas ambientales desde 2012

Desde 2012, Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. ha recibido al menos cuatro multas firmes por infracciones ambientales cometidas en la unidad Bayóvar. El monto acumulado de estas sanciones supera las 108 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según expedientes oficiales revisados por Infobae.

Entre las sanciones destacan una multa de 20 UIT en 2012, otra de 22,8 UIT en 2013, una adicional de 20 UIT en 2014 y la más reciente, de 45,87 UIT en 2020. Todas fueron pagadas en su totalidad por la empresa tras resoluciones administrativas firmes.

Miski Mayo, controlada en un 75% por la estadounidense The Mosaic Company y en un 25% por el conglomerado japonés Mitsui & Co., es responsable del 99,9% de la extracción nacional de fosfatos.

En 2025, la producción anual superó las 13,5 millones de toneladas métricas, consolidando a la compañía como un jugador fundamental para la industria minera no metálica del país.

El dato

• Las complicaciones con Bayóvar no se limitan a su laguna de evaporación. OEFA constató la existencia de actividades mineras informales (extracción no autorizada, como diatomita) llevadas a cabo por terceros dentro de los terrenos de la concesión asignada a Miski Mayo.
• Estas actividades no fueron realizadas por Miski Mayo, pero ocurrieron dentro del área bajo su concesión, de acuerdo con los reportes.
• El organismo identificó a personas específicas (como Fernando Hiroito Takamura Zelada, hoy inscrito en el REINFO) involucradas en la actividad informal, y trasladó la información al Gobierno Regional de Piura y al Ministerio Público para su investigación y eventual sanción.
• Hasta el momento, no se han reportado acciones efectivas de control o fiscalización por parte de las autoridades regionales para detener estas actividades ilegales.

Miles de hectáreas de bosques, proyectos innovadores y una creciente presión internacional para reducir emisiones han convertido al mercado peruano de créditos de carbono en un espacio de oportunidades, pero también de retos legales, sociales y de transparencia.

Aunque Perú aún carece de un registro nacional unificado y de estadísticas públicas oficiales, los desarrolladores y expertos coinciden en que el país se perfila como uno de los actores más dinámicos de la región. La experiencia local muestra tanto el potencial como las tensiones de esta herramienta clave para la acción climática global.

¿Qué es y cómo opera el mercado voluntario de créditos de carbono?

El mercado de créditos de carbono en Perú funciona principalmente bajo un sistema voluntario. Empresas, ONGs y comunidades desarrollan proyectos que demuestran la reducción o remoción de emisiones de gases de efecto invernadero, como la conservación de bosques o la introducción de tecnologías limpias.

Cada crédito representa una tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO₂e) que se evita emitir o se remueve de la atmósfera. Estos créditos pueden transferirse o venderse en mercados internacionales, siguiendo estándares reconocidos como Verra o Gold Standard.

Según Carlos Ratti, abogado especializado y socio de Stucchi Abogados, “el 85% de los proyectos certificados en Perú son forestales, principalmente de conservación y manejo sostenible de bosques, pero también existen iniciativas en energía limpia y agricultura”.

La ley y los contratos: el reto de asegurar derechos y confianza

Uno de los principales retos del mercado peruano es la ausencia de una regulación exhaustiva y un registro público nacional que consolide los derechos y los créditos emitidos.

Si bien la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento orientan la mitigación y el uso de mecanismos como REDD+, en la práctica la cadena de titularidad depende de contratos privados y títulos habilitantes sobre el uso del suelo.

“El mayor valor agregado de un asesor legal está en estructurar correctamente la cadena de titularidad, las cesiones de derechos y las garantías contractuales. Sin eso, los riesgos para inversores y comunidades son altos”, dice Ratti.

La indefinición legal puede traducirse en disputas de propiedad, doble venta de créditos o conflictos con comunidades nativas, explica el experto.

El único programa peruano bajo ART TREES aún no ha emitido créditos

El Estado peruano actúa como regulador y facilitador, pero la certificación y verificación de proyectos recae principalmente en estándares internacionales.

Organismos como Verra y Gold Standard certifican los proyectos, y el Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI) funciona como un registro declarativo en el mercado voluntario y obligatorio en el marco del Acuerdo de París (artículo 6).

El Ministerio del Ambiente (MINAM) impulsa programas jurisdiccionales bajo ART TREES, pero hasta ahora no hay créditos emitidos en esa modalidad.

El papel de los estándares internacionales ha permitido que proyectos peruanos sean reconocidos y comercializados globalmente, aunque el país aún debe avanzar en la integración de registros y la supervisión estatal para consolidar la confianza del mercado.

Comunidades y bosques: el corazón social de los proyectos de carbono

Las comunidades nativas y rurales son actores centrales en el desarrollo de proyectos forestales. El reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático fomenta la participación y el beneficio preferente de estas comunidades.

Sin embargo, la distribución de beneficios, el respeto a la consulta previa y la justa asignación de derechos siguen siendo desafíos pendientes.

“Muchos proyectos involucran a comunidades indígenas, pero el reparto de beneficios y la gobernanza deben fortalecerse para evitar conflictos y asegurar impactos positivos duraderos”, señala Ratti.

El éxito de los proyectos depende no solo de la reducción de emisiones, sino también de la inclusión social y el respeto a los derechos colectivos.

Inversión y potencial: cifras que muestran el atractivo peruano

El mercado peruano de créditos de carbono ofrece una plataforma atractiva para inversores nacionales e internacionales.

Según los registros internacionales, Perú cuenta con 56 proyectos certificados (55 en Verra, 1 en Gold Standard) y una estimación de más de 23 millones de toneladas de CO₂e en reducciones proyectadas anualmente.

El precio de referencia publicado para el proyecto Qori Q’oncha Improved Cookstoves in Peru (Gold Standard) es de USD 30 por tonelada, aunque los valores varían ampliamente según el tipo de proyecto y el acuerdo privado.

“Si bien las cifras oficiales son limitadas, el volumen y la diversidad de proyectos muestran el potencial de Perú para atraer inversión climática y generar impactos ambientales y sociales de escala global”, resalta Ratti.

De esta manera, el futuro del sector dependerá de la integración de datos, la transparencia y la seguridad jurídica para todos los actores.

El 2026 encuentra a las familias peruanas enfrentando precios cada vez más altos, pero sin resignar los pequeños placeres ni el bienestar propio y de la familia.

Según el informe “Consumer Insights 2026 Latam in reset” de Worldpanel by Numerator, basado en más de 10.000 entrevistas, Perú es uno de los pocos países de la región donde el consumo de productos de uso diario sigue creciendo en unidades, a pesar de la presión económica.

Aunque el dinero rinde menos, los hogares logran mantener e incluso aumentar la cantidad de productos que llevan a casa, según el reporte.

Perú: inflación baja, más compras y menos visitas

Mientras en países como Argentina la inflación supera el 30%, en Perú la inflación interanual a marzo de 2026 fue de solo 2,8%, una de las más bajas de América Latina.

Esto ayuda a explicar que Perú, junto con Colombia y México, es de los pocos mercados donde el consumo masivo crece tanto en volumen como en gasto.

Sin embargo, el informe señala un cambio clave: las ocasiones de compra en Perú cayeron 3,3%, es decir, los peruanos concentran más productos por visita y van menos veces al punto de venta, lo que obliga a las marcas a buscar nuevos puntos de contacto.

El valor manda, pero los gustos y el bienestar no se resignan

Los hogares peruanos priorizan el valor, aprovechan ofertas y eligen marcas propias o productos en promoción para ahorrar, pero no dejan de lado categorías que aportan bienestar, como snacks, vitaminas, productos de cuidado personal y alimentos para mascotas.

Marcas premium y marcas propias concentran cerca del 85% del crecimiento en volumen en Latinoamérica, según Worldpanel by Numerator, reflejando que aunque la plata alcance menos, las personas siguen eligiendo premiarse en lo que consideran importante.

El estudio detalla que el 45% del crecimiento en valor de las marcas blancas proviene de categorías esenciales, mientras que el 39% del crecimiento de las marcas premium corresponde a cuidado personal y productos funcionales.

Esto confirma el llamado “efecto high-low”: los consumidores ahorran en productos básicos, pero invierten en categorías que asocian a bienestar, salud o placer.

Perú reescribe la ecuación de valor: menos frecuencia, nuevas prioridades

El cambio de hábitos también se nota en los canales elegidos para comprar. Los discounters aumentaron 1,6 puntos de penetración en la región, mientras que el e-commerce creció 15 puntos y las tiendas de conveniencia subieron 4,5 puntos, sobre todo en categorías como belleza y productos para mascotas.

El reporte señala que los peruanos combinan distintos canales para buscar precio y conveniencia, pero también para acceder a productos aspiracionales y de autocuidado.

“Los consumidores siguen gastando, pero cada vez son más selectivos sobre dónde hacerlo y qué beneficios esperan recibir a cambio. Hoy el crecimiento ya no depende solamente de las categorías, sino de la capacidad de las marcas para conectar con las necesidades reales de las personas”, dijo Marcela Botana, directora de desarrollo de mercado LATAM de Worldpanel by Numerator.

El informe destaca que los peruanos también muestran mayor deseo de consumir alimentos ricos en proteínas y productos más naturales, alineándose con una tendencia regional hacia el autocuidado y la búsqueda de opciones saludables, sin resignar sabor ni calidad.

El panorama en el resto de la región: ajuste, polarización y nuevos hábitos

En el resto de Latinoamérica, la situación varía según el país. Argentina enfrenta una inflación interanual del 32,6%, lo que fuerza a las familias a recortar compras y buscar opciones más económicas, aunque no dejan de lado productos básicos y algún “gustito” como el chocolate o el café.

Brasil tiene una inflación del 4,1% y destaca por el impacto de los medicamentos GLP-1 para perder peso: el 76% de la población los conoce y su uso cambia los hábitos de compra, reduciendo el gasto en alimentos.

Colombia muestra una polarización: los hogares con más ingresos aumentan el gasto en autocuidado, mientras los de menores recursos recortan lo no esencial; el gasto de los grupos con menos recursos cayó hasta 14%, mientras que entre quienes están más cómodos subió más del 40%.

A nivel regional, el “reset” del consumo es evidente: la gente ajusta, compra menos por vez, busca precio en lo básico, pero prioriza el bienestar personal, los snacks y el cuidado de las mascotas. El canal de descuento y el e-commerce crecen, y las marcas que entienden la nueva ecuación de valor tienen mejores oportunidades para crecer. Así estamos.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció una modificación clave al reglamento sobre gobierno corporativo y gestión integral de riesgos que afecta a todas las empresas que integran un grupo financiero o conglomerado en el país.

A partir del 1 de julio de 2027, no solo las entidades supervisadas directamente por la SBS deberán cumplir con estándares estrictos de control y transparencia, sino que también deberán procurar que esas mismas prácticas se adopten en todas las empresas de su grupo financiero, según lo establece la Resolución SBS N° 01959-2026.

De acuerdo con la información difundida por la SBS, el cambio apunta a fortalecer la supervisión consolidada, alineando la normativa local con los estándares internacionales.

Esto implica mayor uniformidad en la gestión de riesgos y el gobierno corporativo al interior de cada conjunto de empresas vinculadas, lo que, según la entidad, permitirá una evaluación más robusta de los riesgos que enfrentan tanto bancos como aseguradoras y otras instituciones financieras.

¿Qué cambia con la nueva resolución?

El nuevo marco normativo modifica el Reglamento de Gobierno Corporativo y de la Gestión Integral de Riesgos aprobado en 2017 (Resolución SBS N° 272-2017), introduciendo precisiones sobre su alcance y las definiciones centrales aplicables a grupos financieros y conglomerados. Según la SBS, estos son los principales puntos de la modificación:

• Definiciones claras: Se incorporan en el artículo 2 del reglamento las definiciones de “grupo consolidable”, “grupo financiero” y “Reglamento para la Supervisión Consolidada de los Conglomerados Financieros y Mixtos”, alineando los conceptos con lo dispuesto en la Resolución SBS N° 11823-2010.
• Extensión del alcance: Se añade un párrafo al artículo 1 del reglamento, estableciendo que, cuando la SBS ejerza supervisión consolidada, la empresa responsable de la remisión de información consolidada debe procurar que las entidades de su grupo financiero o grupo consolidable adopten los estándares de gobierno corporativo y gestión integral de riesgos exigidos por la SBS.
• Responsabilidad ampliada: Las empresas supervisadas asumen el deber de impulsar la adopción de estas prácticas en todas las empresas del grupo, en función de la naturaleza, el tamaño, la complejidad y el marco normativo aplicable a cada entidad.
• Vigencia: La modificación entrará en vigor el 1 de julio de 2027, lo que otorga casi un año para que las empresas puedan adaptarse a las nuevas reglas.

Según la Superintendencia, este ajuste normativo responde tanto a la necesidad de fortalecer la solidez y transparencia de los conglomerados financieros, como a la obligación de evaluar riesgos considerando no solo a las empresas reguladas, sino también a aquellas partes del grupo que no están bajo supervisión directa pero pueden impactar la estabilidad de las supervisadas.

¿Qué implica esto para los grupos financieros?

A partir de la entrada en vigor de la resolución, todas las empresas dentro de un mismo grupo financiero deberán procurar cumplir reglas similares en materia de gobierno corporativo y gestión de riesgos.

Esto abarca bancos, aseguradoras, fondos de pensiones y cualquier otra sociedad vinculada en la estructura de un grupo financiero o consolidable, sin importar si todas ellas están reguladas por la SBS.

El objetivo, de acuerdo con la resolución, es promover la adopción de estándares internacionales que permitan una mejor prevención y administración de los riesgos inherentes a la actividad financiera y de seguros.

La SBS señaló que la modificación se apoya en el artículo 138 de la Ley N° 26702 y en el Reglamento para la Supervisión Consolidada (Resolución SBS N° 11823-2010), que ya establecían la evaluación de riesgos en conglomerados y la importancia de considerar el efecto de las entidades no supervisadas.

Impacto esperado en el sector

La modificación representa un cambio relevante en la forma en que los grupos financieros deberán organizar su gestión y controles internos.

Ahora, la empresa que remita la información consolidada será la responsable de procurar la incorporación de los estándares de la SBS en el resto de las entidades vinculadas. Este proceso deberá adaptarse a la realidad de cada empresa, según su tamaño, actividad y regulación específica.

Según el comunicado oficial, la publicación de la resolución en el Diario Oficial el 4 de agosto de 2026 abre un periodo de adecuación hasta el 1 de julio de 2027. Durante este lapso, las empresas podrán ajustar sus políticas y procedimientos para cumplir con la nueva exigencia, que busca proteger mejor a los ahorristas, elevar el estándar de control en los conglomerados y brindar mayor seguridad a los fondos administrados por las entidades bajo supervisión.

La SBS anticipa que, con la entrada en vigor de la Resolución SBS N° 01959-2026, el país avanzará hacia una supervisión financiera más moderna, transparente y alineada con las mejores prácticas internacionales.

El modo en que los peruanos descubren y eligen productos ha cambiado de manera notable. Casi 8 de cada 10 consumidores afirman confiar más en las recomendaciones de otros usuarios en redes sociales, según un estudio de Latam Intersect PR.

Esta tendencia, que no escapa a las preferencias de consumo en Perú, muestra que la cercanía y la confianza que ofrecen las comunidades reales tienen más peso que los mensajes de figuras con grandes audiencias.

Las comunidades de afinidad ganan terreno en las decisiones de compra

Según el análisis, el 77% de los consumidores latinoamericanos privilegia las reseñas y experiencias de personas comunes, redefiniendo los criterios de decisión en distintos sectores. Este cambio marca una diferencia respecto a etapas anteriores, cuando la influencia principal recaía en creadores de contenido de alto alcance.

Actualmente, la autenticidad y la experiencia compartida dentro de comunidades o tribus digitales se posicionan como el principal motor de decisión. “Las recomendaciones nacen de usuarios reales y no necesariamente de figuras con grandes audiencias”, señala Cinthya Vitery, cofundadora de Circool y especialista en estrategias digitales y cofundadora de una plataforma colaborativa en la región.

El boca a boca digital impulsa las decisiones de compra en Perú

El fenómeno es visible en situaciones cotidianas: elegir un restaurante, contratar un servicio o descubrir un nuevo destino local responde cada vez más a recomendaciones dentro de grupos de afinidad.

Según Harvard Business Review, las opiniones en entornos de nicho pueden generar hasta 6,7 veces más conversiones que las publicaciones de grandes creadores.

Además, un informe de Deloitte Digital señala que el 46% de los consumidores globales aumentó su intención de compra tras leer reseñas de otros usuarios. “Nos acostumbramos a medir el éxito digital en métricas de vanidad, como vistas y reproducciones. Hoy, en cambio, presenciamos un paso del ‘cuántos me ven’ al ‘cuántos me creen’”, enfatiza Vitery.

La influencia real se cimienta en la confianza y la experiencia genuina, no en la promoción masiva. La recomendación dentro de un círculo cercano deja de percibirse como publicidad y pasa a ser un consejo auténtico, lo que multiplica su valor para quienes buscan información confiable.

Plataformas colaborativas y nueva era de la influencia en Perú

El auge de la confianza en recomendaciones entre usuarios impulsa la proliferación de plataformas colaborativas y nuevas herramientas digitales orientadas a conectar intereses y experiencias reales.

El mercado peruano evoluciona hacia un modelo donde las recomendaciones entre pares determinan, cada vez más, qué servicio elegir, qué producto comprar o qué lugar visitar.

El proceso de decisión ya no depende únicamente del impacto de la publicidad tradicional ni de la presencia de figuras populares, sino del valor que otorgan las comunidades a la experiencia compartida. “La atención se puede comprar con presupuesto, pero la influencia real solo se construye a través de la confianza”, resume Vitery.

Así, el Perú se inserta en una tendencia regional que otorga protagonismo a la voz de los usuarios y a la construcción de comunidades de afinidad como eje principal en el consumo de bienes y servicios.

La petrolera estatal Petroperú registró en el primer semestre de 2026 una utilidad neta de USD 121 millones, pero enfrenta una restricción operativa crítica: la Refinería Talara, su principal activo, se encuentra detenida y cuenta con crudo suficiente para no más de cuatro días de funcionamiento a su ritmo habitual.

Según sus estados financieros, la compañía pasó de una pérdida de USD 278 millones en el mismo periodo del año anterior a un resultado positivo. Este repunte responde a factores puntuales, como la valorización de inventarios en un periodo de alza internacional del precio del crudo.

También se cuentan el cierre de contratos de licencia temporales que redujeron gastos y una mayor contribución de los lotes petroleros bajo su control. Ese entorno favorable ya no se sostiene: tras el pico de precios entre marzo y mayo, el barril de crudo descendió a USD 85 en junio y continuó su caída por debajo de USD 80 en julio.

Además, el capital de trabajo de Petroperú se mantiene en terreno negativo: -USD 1.427 millones a junio de 2026. Pese a la mejora frente al año anterior, este cambio obedece únicamente a la reestructuración de deudas, no a un aumento real de liquidez.

Se acabó la bonanza de los precios para Petroperú, ¿qué sigue para la refinería de Talara?

Mientras tanto, la situación operativa en Talara es delicada. El reporte de inventario al 2 de agosto muestra la existencia de 288.725 barriles de crudo en tanques, entre importado y nacional.

La refinería está diseñada para procesar entre 65.000 y 95.000 barriles por día. Con ese inventario, el complejo solo podría operar a plena capacidad por poco más de tres días, o hasta 4,4 días en el límite inferior del rango.

En la práctica, la refinería se encuentra completamente fuera de servicio. Ninguna de sus plantas está procesando actualmente, ya que el volumen de crudo disponible resulta insuficiente para un ciclo operativo estable.

Se recibió recientemente un embarque de crudo liviano de algo más de 100.000 barriles, pero esa cantidad no permite reactivar la operación. El criterio actual es acumular inventarios hasta alcanzar un nivel mínimo de 500.000 barriles, lo que permitiría mantener la planta en marcha por unos cinco días, aunque de forma ajustada.

Y es que el proceso de recepción y preparación del crudo en Talara es complejo. Cada buque descargado debe reposar al menos 48 horas para separar el agua residual antes de iniciar el procesamiento.

Una vez encendida la destilación primaria, se requieren al menos 36 a 48 horas adicionales para obtener productos terminados. Esto implica que, aun cuando se reciba un embarque hoy, la refinería no podrá despachar combustibles antes de dos o tres días más.

Mucho depende del rescate financiero de hasta USD 2.000 millones administrado por ProInversión desde mayo de 2026, pero los fondos aún no han llegado a Petroperú. Desde el Directorio de la estatal se espera el desembolso entre julio y agosto, en el mejor de los casos.

Se necesitan 500.000 barriles para prender las máquinas, ¿cuántos días resistirán los inventarios?

La crisis de liquidez condiciona toda la operación. Petroperú afronta restricciones severas para pagar nuevos cargamentos de crudo. Hasta tres buques permanecen fondeados en la bahía a la espera de autorización para descargar, ante la falta de liquidez para pagar el crudo.

Uno de los embarques más antiguos, en espera desde finales de mayo, ha acumulado sobreestadía superior a los USD 2 millones, solo por concepto de permanencia. Es decir, procesar ese crudo ya tampoco sale rentable, pues solo pagar la sobreestadía erosiona todo el margen que debía generar.

La falta de inventario no solo afecta a la producción de combustibles. El diésel, que representa cerca del 70% de las ventas de la empresa, es el producto con inventarios más críticos. Al 2 de agosto, Talara almacena unos 469.000 barriles de diésel y 354.000 de gasolinas.

A inicios de semana, se estimaba que el stock de diésel alcanzaría para apenas seis o siete días, considerando los contratos vigentes, incluido el compromiso de suministro a la generadora eléctrica Enel, usuaria clave del sistema interconectado nacional (SEIN).

Para gestionar la escasez, la empresa ha optado por racionar la venta de todos sus productos, incluido el gas licuado de petróleo (GLP), que es un subproducto del proceso de refinación. Cada decisión sobre el despacho de combustibles depende de la disponibilidad de caja diaria. Solo se liberan volúmenes mínimos, en la espera de reunir recursos suficientes para asegurar el ingreso de un nuevo buque.

En medio de este escenario, la empresa experimentó recientes cambios en su plana gerencial. El gerente corporativo de finanzas y dos exgerentes generales, vinculados al área de control financiero y reducción de gastos, dejaron sus cargos en julio.

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) emitió un comunicado en el que expresó su respaldo al pedido del Poder Ejecutivo para obtener facultades legislativas, con el objetivo de afrontar la crisis nacional derivada de la inseguridad ciudadana y los efectos del Fenómeno El Niño.

El gremio advirtió sobre la gravedad del impacto en el sector pesquero industrial y la urgencia de adoptar medidas para proteger el empleo y la economía de las regiones pesqueras. En el documento, la SNP resaltó que la pesca industrial aportó el 2,1 % al Producto Bruto Interno (PBI) nacional en 2025 y generó más de 250 mil empleos directos.

Además, alertó que, según estimaciones de Apoyo Consultoría, en 2026 se podrían perder más de 78 mil puestos de trabajo en el sector si no se toman acciones inmediatas.

Sin actividad pesquera por suspensión de la temporada de anchoveta

Actualmente, la primera temporada de pesca de anchoveta en la zona norte-centro del Perú se encuentra suspendida. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) paralizó las actividades extractivas debido al exceso de ejemplares juveniles y al impacto del calentamiento del mar asociado al Fenómeno El Niño Costero.

Esta medida afecta directamente la generación de empleo y la economía de las regiones pesqueras, ya que la anchoveta representa el principal recurso para la industria y la cadena productiva del sector.

Facultades legislativas: los cambios propuestos

Entre las facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República se incluyen reformas en materia económica, medioambiental y administrativa.

Una de las propuestas centrales apunta a clarificar la compatibilidad entre las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y el aprovechamiento sostenible de los recursos hidrobiológicos, como la pesca artesanal y la acuicultura.

Recientemente, la Corte Suprema resolvió una demanda de la SNP en torno a la prohibición de la pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas y en todas las ANP del país.

El proyecto, que ha recibido el visto bueno del sector empresarial peruano, impulsa que cualquier restricción a actividades económicas en ANP respete el marco jurídico vigente y los derechos adquiridos, y que esté sustentada en evidencia científica.

Respecto a los proyectos de inversión y gestión ambiental, el Ejecutivo plantea reglas claras para el desarrollo de infraestructura, minería o energía en ANP, exigiendo el cumplimiento de la normativa y la obtención de autorizaciones sectoriales y ambientales específicas.

Según el Gobierno, las reformas buscan equilibrar el desarrollo económico y la inversión con la conservación de los ecosistemas protegidos, reforzando la obligación de evaluación previa, participación ciudadana y control ambiental.

¿Qué es la Sociedad Nacional de Pesquería?

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) es la principal organización gremial empresarial privada del sector pesquero en el Perú. Agrupa a unas 60 empresas dedicadas a la pesca industrial, la acuicultura y el procesamiento de recursos marinos, como conservas, congelados, harina y aceite de pescado.

Entre sus socios principales figuran empresas líderes del sector industrial pesquero peruano, como Tecnológica de Alimentos S.A. (TASA), Pesquera Hayduk, Pesquera Exalmar, Pesquera Diamante, Corporación Pesquera Inca (Copeinca) y Austral Group.

El objetivo central de la SNP es promover la pesca responsable, la sostenibilidad de los recursos y el desarrollo formal del sector en el país. Estas compañías representan una parte fundamental de la capacidad productiva y exportadora de la industria pesquera nacional.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó la designación de Erick Wilfredo Lahura Serrano como Viceministro de Hacienda y de Fabrizio Orrego Peche como Viceministro de Economía, según las resoluciones supremas N° 024-2026-EF y N° 026-2026-EF, publicadas el 3 de agosto en el diario oficial El Peruano.

Ambas designaciones marcan un relevo en la conducción del MEF, luego de que el gobierno aceptara las renuncias de José Armando Calderón Valenzuela y Eloy Durán Cervantes como viceministros, formalizadas a través de las resoluciones N° 023-2026-EF y N° 025-2026-EF.

La presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi y el ministro Elmer Rafael Cuba Bustinza refrendaron las medidas, que responden a la necesidad de sostener la continuidad y eficiencia en la gestión económica nacional.

Trayectoria y perfil de los nuevos viceministros

Erick Wilfredo Lahura Serrano regresa al Viceministerio de Hacienda con más de veinte años de experiencia en el sector público. Su formación académica incluye un PhD en Economía por la University of London, así como dos maestrías en la London School of Economics and Political Science (LSE).

Ha ocupado cargos directivos en el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), la SUNAT y el Banco de la Nación, además de liderar el Gabinete de Asesores del MEF hasta su designación actual. A nivel académico, Lahura también se ha destacado como docente universitario en el Perú y el extranjero, y como autor de publicaciones científicas sobre política monetaria, fiscal y desarrollo económico.

Por su parte, Fabrizio Orrego Peche asume el Viceministerio de Economía tras una carrera centrada en la investigación y el análisis macroeconómico. Orrego se desempeñó como jefe del Departamento de Políticas Estructurales y del Departamento del Programa Monetario en el BCRP, y cuenta con un doctorado en Economía.

Sus investigaciones han abordado temas como demografía y precios de activos, además de ejercer funciones como investigador principal en la Gerencia de Estudios Económicos del banco central. Ambos perfiles reflejan una apuesta por la experiencia técnica y el conocimiento especializado en la gestión pública.

Ejecutivo alista pedido de facultades legislativas en materia económica y laboral

En paralelo a la renovación de su equipo directivo, el Ejecutivo anunció que presentará al Congreso un pedido de facultades legislativas para implementar un paquete de reformas económicas, laborales y de simplificación administrativa.

El proyecto incluye medidas para impulsar la inversión privada, agilizar permisos y mejorar la gestión de las asociaciones público-privadas (APP). Además, se prevén reformas para empleo juvenil y mayor flexibilidad en el mercado laboral, junto con incentivos a la contratación y la productividad.

El plan también propone fortalecer las micro y pequeñas empresas (Mypes), fomentar la formalización y complementar el incremento del sueldo mínimo. En materia administrativa, se apunta a reducir la burocracia y digitalizar trámites, además de fortalecer a Indecopi para eliminar barreras de mercado.

Entre las medidas tributarias y financieras, se consideran ajustes en el marco tributario, aduanero y facilidades para el acceso a financiamiento en sectores como minería, agricultura, pesca y turismo. Asimismo, el Ejecutivo plantea una potencial reforma del servicio civil, con reorganización de la planilla estatal y nuevos incentivos para el sector público.

El MEF prepara la presentación del presupuesto y el Marco Macroeconómico Multianual

El MEF tiene la responsabilidad de presentar el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público al Congreso antes del 30 de agosto. Este proceso incluye la entrega simultánea de los proyectos de Endeudamiento y Equilibrio Financiero.

Posteriormente, de septiembre a noviembre, los ministros deben sustentar sus propuestas ante la Comisión de Presupuesto y el Pleno del Congreso, que cuenta con plazo hasta el 30 de noviembre para aprobar la Ley de Presupuesto.

Adicionalmente, el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), documento clave para la planificación económica del país, debe ser aprobado por el Consejo de Ministros y publicado antes del 30 de agosto.

La publicación debe realizarse tanto en El Peruano como en el portal del MEF en los dos días hábiles posteriores a su aprobación. Una actualización de las proyecciones macroeconómicas se presenta cada abril, lo que permite ajustar políticas y tomar decisiones informadas sobre el manejo de la economía nacional.

Un verdadero conflicto se ha desatado entre la Asociación Okinawense del Perú (AOP) y la Municipalidad de Ate, después de que las autoridades municipales clausuraran la sede principal de la comunidad okinawense e impidieran el ingreso de sus representantes al predio de la avenida Asturias.

La medida, que la colectividad califica como arbitraria, llega tras una serie de acciones municipales que la AOP interpreta como represalia política, luego de la anulación de un proyecto vial sobre su terreno.

Un conflicto sin precedentes sacude a la comunidad japonesa en Perú

Todo comenzó el 26 de marzo, cuando personal municipal demolió el cerco perimetral del predio de la asociación y ocupó parte del terreno. Ese cerco tenía murales pintados por niños y jóvenes, con motivos culturales de la comunidad.

Poco después, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desactivó oficialmente el proyecto de inversión sobre la avenida Asturias, argumentando que la obra buscaba ejecutarse sobre propiedad privada y que no cumplía los requisitos legales ni técnicos.

La tensión aumentó el 11 de julio, cuando el alcalde Franco Vidal Morales intentó realizar una ceremonia de “primera piedra” en el terreno, pese a la notificación previa del MEF que declaraba inviable la obra. La directiva de la AOP detuvo el acto mostrando la documentación oficial.

Días después, el 16 de julio, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) retiró a Ate la competencia sobre la avenida Asturias y le atribuyó responsabilidad exclusiva por cualquier actuación en la vía, según la Resolución de Gerencia N° D000037-2026-MML-GMM.

Lima retira la competencia y responsabiliza a Ate: la resolución clave

Todo escaló el 24 de julio, cuando la Municipalidad de Ate clausuró provisionalmente la sede de la AOP tras una inspección. Según la asociación, las observaciones levantadas eran menores y fácilmente subsanables, por lo que consideran injustificada la medida.

El 1 de agosto, personal de Serenazgo municipal prohibió el ingreso de los representantes de la asociación a sus propias instalaciones, lo que la directiva califica como una vulneración del derecho de propiedad, el libre tránsito y el debido proceso.

La Asociación Okinawense denuncia hostigamiento y arbitrariedad

La AOP, que agrupa a cerca del 70% de los descendientes japoneses en el país y tiene 116 años de historia, sostiene que la clausura y el bloqueo buscan responsabilizar a la comunidad de supuestas faltas, desplazando la atención del fracaso del proyecto vial y afectando actividades culturales y educativas para niños y jóvenes.

En su comunicado, la asociación rechaza lo que describe como hostigamiento sistemático y anuncia acciones legales contra los funcionarios responsables por abuso de autoridad y usurpación de funciones.

Exige el cese inmediato de las medidas municipales y solicita garantías para el respeto de la propiedad privada y de los derechos fundamentales de la colectividad nikkei.

El caso llega al Congreso: buscan una salida técnica y política

La controversia ha despertado el interés de autoridades nacionales. La senadora Patricia Juárez, de Fuerza Popular (2026–2031), propuso la instalación de una mesa técnica para abordar el caso y facilitar el diálogo entre las partes.

Finalmente, la Asociación Okinawense del Perú dijo reafirmar su compromiso con el desarrollo cultural y social de Ate, y adviertió que continuará defendiendo sus derechos frente a lo que considera una medida arbitraria y sin sustento legal.

Perú anticipa un fuerte impacto de El Niño sobre el sector agropecuario, que aporta el 7% de su PBI. El economista jefe de la FAO, el peruano Máximo Torero, advierte que el golpe será inevitable. Sostiene que el nuevo gobierno debe enfocarse en mitigar el impacto y reducirlo a un tercio de lo esperado. Para ello, recomienda priorizar la prevención, la resiliencia y la protección social focalizada. Subraya la importancia de proteger la infraestructura agrícola y emplear semillas resistentes. Además, propone que se evalúen créditos con aval estatal para apoyar a los productores más vulnerables.

- ¿Cuál es el efecto inmediato que la FAO espera con El Niño para Perú?

El costo en el pasado ha sido de alrededor de tres billones [3.000 millones] de dólares, dependiendo del evento. Al principio representaba el 19% del PBI y luego el 10%, porque el PBI ha crecido. Ese es el valor de pérdidas que tenemos como consecuencia de El Niño.

El objetivo del gobierno debe ser reducir esas pérdidas lo más posible. Para eso, hay que actuar rápido, porque El Niño ya empezó. Se requieren acciones preventivas y de resiliencia de absorción.

Las acciones preventivas implican analizar la historia para identificar las regiones y los productos más afectados, especialmente en la costa, donde los frutales son los más sensibles a los cambios de temperatura. En la sierra, el problema será la sequía, no las inundaciones como en la costa. Por eso, hay que diseñar estrategias de prevención e información.

- ¿Y en términos de absorción?

En términos de absorción, se trata de minimizar el impacto del fenómeno, ya que se va a dar. Esto implica acelerar la cosecha, usar semillas resistentes al exceso de humedad en la costa y a la escasez de agua en la sierra, y aplicar medidas de protección social inmediatas para prepararse para este shock.

Esto incluye desde la supervisión de hospitales hasta transferencias condicionadas y no condicionadas dirigidas a las zonas más vulnerables. También hay que prepararse para enfermedades y plagas en plantas y animales.

Un plan integral que contemple prevención y capacidad de absorción ayudará a que las pérdidas no lleguen a tres billones, tal vez solo a un billón. Lo más importante es evitar la destrucción de la infraestructura agrícola, como los plantones de frutales o los campos irrigados, cuya recuperación tomaría años.

- Históricamente, a nuestros gobiernos les ha sido difícil enfrentar El Niño. ¿Cómo proyectan el escenario de inseguridad alimentaria del país?

Lo vemos en dos dimensiones. Primero, la producción mundial, sobre todo de cereales. Perú es importador y El Niño puede afectar la oferta global. Hay que monitorear a los grandes exportadores: Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, Australia.

Actualmente, hay estrés en el trigo duro, el arroz y posiblemente el maíz. El Niño puede generar más o menos agua, según la zona, por lo que el efecto neto aún no es claro. Australia, India, Bangladesh y parte de Estados Unidos ya se han visto afectados.

- ¿Y a nivel interno?

Esa es la segunda dimensión. A nivel interno, los riesgos están en la agroexportación, especialmente frutales como arándanos y mangos. En la sierra, puede verse afectada la producción de maíz, arroz y productos animales. Es clave prever la disponibilidad de alimentos para animales y el impacto en la pesca, ya que la anchoveta migrará a mayor profundidad por el cambio de temperatura.

Sin embargo, la preocupación principal debe estar en los más pobres de las zonas vulnerables, quienes son los más afectados por El Niño. Hay que mejorar los registros digitales para focalizar los programas de protección social. La inseguridad alimentaria en Perú, en los últimos tres años, ronda el 5,7%. Si se considera inseguridad severa o moderada, afecta al 30% de la población, lo que incluye tanto desnutrición como sobrealimentación.

El rol del nuevo gobierno para enfrentar El Niño

- El gobierno entrante ha señalado que recibe un país debilitado. Si la contingencia climática fuera muy fuerte, ¿qué medidas debería asumir?

El país ha seguido creciendo, aunque menos de lo que podría, y tiene una institucionalidad débil. Esto hace más compleja la gestión del gobierno entrante, que debe ser más focalizado. No recomiendo subsidios generalizados; eso solo genera presión fiscal.

Es mejor tener un sistema de monitoreo (dashboard) para identificar los focos de problemas y actuar de inmediato. Se necesita acción anticipada para minimizar el impacto, por ejemplo, posicionar maquinaria en zonas históricamente afectadas, limpiar cauces de ríos y generar reservorios en la sierra.

La acción debe ser centralizada pero ejecutada con coordinación descentralizada. El objetivo es perder mucho menos que los tres billones estimados, absorbiendo el shock con acciones anticipadas.

- ¿Son plausibles los subsidios al agro, dirigidos a la compra de urea?

El peor error sería que el país empiece a comprar fertilizantes y los distribuya sin un mecanismo de mercado adecuado, porque así se destruye el funcionamiento del mercado, que opera bien o mal, pero opera. No se deben implementar subsidios generalizados a fertilizantes, porque ya sabemos que eso fracasa. Ha fracasado en muchos países del mundo, como en Malawi, donde se implementaron en la crisis alimentaria de 2011. La experiencia internacional lo demuestra.

La protección social debe estar bien focalizada, con registros digitales adecuados. Para los productores, lo esencial es el acceso a semillas resistentes a los shocks de humedad o sequía, y eso sí es una buena inversión, igual que invertir en infraestructura: caminos, puentes, sistemas de irrigación y pequeñas represas.

La compraventa de insumos solo tendría sentido para productores muy vulnerables, pero no para toda la población. Programas de transferencias productivas pueden funcionar si están bien focalizados. La experiencia en COVID-19 demostró que las transferencias mal planificadas no ayudaron al sector informal, que era el más vulnerable.

Hambre, pobreza y morosidad en el agro: ¿Qué hacer?

- Sin embargo, la inseguridad alimentaria también está asociada con el aumento de la pobreza. El nuevo gobierno ha ofrecido reducirla del 25% al 15% al 2031. ¿Será posible con El Niño?

Además de El Niño, hay problemas como el cierre del estrecho de Ormuz, que ha elevado los precios de insumos agrícolas. Es una situación compleja, pero el objetivo sigue siendo minimizar las pérdidas, que pueden llegar al 10 u 11% del PBI.

Perú podría crecer más si usara eficientemente sus recursos públicos y focalizara mejor las inversiones. Hay margen para mejorar y eso puede ayudar a evitar un mayor impacto del Niño y a recuperar más rápido la inversión existente.

- ¿Esto implica fortalecer o multiplicar los programas sociales actuales?

Hay que mejorarlos y modernizarlos. Perú ha tenido buenos programas sociales, pero se han deteriorado. Es necesario hacerlos más dinámicos y digitales, como en Brasil, donde durante el COVID-19 se logró reducir la pobreza gracias a una focalización y transferencias eficientes.

En Perú, la pobreza rural ha empezado a disminuir, pero la urbana no. Hay que seguir invirtiendo en capital humano y mejorar tanto en las zonas rurales como periurbanas.

- Otro posible efecto es el aumento de la morosidad entre los agricultores que acceden a créditos. ¿Qué hacer en esos casos?

El acceso a crédito formal del pequeño agricultor es casi nulo, y el de los grandes exportadores también es limitado, porque el sistema financiero peruano considera al sector agrícola como muy riesgoso. Los sistemas de riesgo no están adaptados a la agricultura. La solución es vincular los créditos a seguros climáticos, como ha hecho México con seguros indexados.

El sector agrícola peruano es mayormente informal, por lo que se deben promover asociaciones, cooperativas y arreglos contractuales para facilitar la formalización indirecta y el acceso a financiamiento. Dada la subida de los insumos agrícolas y los márgenes bajos, se pueden establecer líneas de crédito temporales, como durante la pandemia, con periodos de gracia y tasas subsidiadas.

- ¿Y para los informales?

Para los informales, el camino es fortalecer la asociatividad, como se ha visto con la expansión de la palta en la sierra, que empezó en la costa. Se puede aprender de estas experiencias para replicarlas en otros productos.

FAO: Perú puede aprovechar el desabastecimiento mundial de alimentos

- Con el objetivo de proteger la producción interna, desde el sector se ha pedido revisar los aranceles a la importación, como en el caso del arroz. ¿Qué opina la FAO?

Debemos respetar las reglas de intercambio y de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Perú tiene acuerdos comerciales con casi todo el mundo, lo que ha sido una gran ventaja y ha permitido exportar productos como paltas, arándanos y uvas a muchos mercados.

Hay que seguir trabajando para mantener la competitividad y productividad en los productos en los que somos fuertes. En arroz, la tecnología ha avanzado y puede ayudar a mejorar los retornos y reducir pérdidas, haciéndolo más competitivo.

- ¿Qué hacer, entonces? ¿Cómo mitigar la merma sobre la competitividad agroexportadora lograda por el Perú en los últimos años?

El rol del gobierno es asegurarse de que el impacto sea el menor posible y no perder oportunidades de mercado. No solo Perú se verá afectado, también Chile, Ecuador y Colombia. El país que mejor se prepare quedará mejor posicionado. Hay mucha información acumulada sobre El Niño y con la tecnología actual se puede anticipar el estrés de los cultivos y acelerar cosechas.

El impacto será inevitable, pero se puede reducir. Si Perú logra que el impacto sea menor que en Ecuador, Colombia o Chile, podrá aprovechar los precios internacionales y beneficiarse de la menor producción mundial. En cada crisis hay una oportunidad, y el gobierno debe ser lo suficientemente hábil para aprovecharla y acelerar procesos.

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), organismo técnico de MIDAGRI, logró la cosecha de 9,160 semillas de papa nativa de alto valor en los campos experimentales de los distritos de Lambrama, Llanacuyo y Chacrampa, en la región Apurímac.

El avance forma parte de los trabajos de mejoramiento genético orientados a fortalecer la seguridad alimentaria y la competitividad agrícola en la sierra sur peruana.

Diversidad genética al servicio de la investigación y la conservación

El material recolectado corresponde a 458 variedades de papas nativas y permitirá fortalecer proyectos de investigación desarrollados en la Estación Experimental Agraria Chumbibamba.

Estos proyectos están enfocados en la conservación, evaluación y aprovechamiento de la diversidad genética del cultivo, considerado clave para los productores de la región y para la agrobiodiversidad del país.

Evaluación y selección de semillas para una agricultura resiliente

Las semillas cosechadas serán sometidas a rigurosos procesos de evaluación para identificar aquellas que muestren mayor productividad por hectárea, mejor adaptación a diferentes pisos ecológicos y características superiores de calidad.

El objetivo es identificar materiales genéticos que contribuyan a una agricultura más resiliente frente al cambio climático y a la presencia de plagas, además de fortalecer la seguridad alimentaria y la conservación de la agrobiodiversidad.

Impacto en la productividad y en la resistencia a plagas

La identificación de semillas de alta calidad permitirá al INIA producir y transferir a los agricultores variedades mejoradas que eleven el rendimiento por hectárea, con mejor tolerancia a plagas, conservación de la fertilidad del suelo y características competitivas para los mercados comerciales e industriales.

De esta forma, los productores de la región podrán acceder a semillas que les ayuden a mejorar sus cosechas y a enfrentar los retos de una agricultura moderna y sostenible.

Trabajo articulado y uso de técnicas ancestrales

La transferencia de material genético se realizó en coordinación con la Estación Experimental Agraria Andenes del Cusco y con la participación de productores de los bancos de semillas de la comunidad de Llanacuyo, agricultores conservacionistas de Marjuni y especialistas de las municipalidades distritales de Chacrampa y Lambrama.

Además, la cosecha se llevó a cabo empleando el sistema tradicional de Layme, una técnica ancestral de rotación de tierras y cultivos practicada en las comunidades andinas del sur del Perú, lo que refuerza la integración de saberes ancestrales con la innovación científica.

Esta iniciativa reafirma el compromiso del MIDAGRI y el INIA con la protección de la agrobiodiversidad, el desarrollo de sistemas agrícolas adaptados al cambio climático y el fortalecimiento de la productividad en las zonas altoandinas del país.

¿Qué es el INIA?

El Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) es el organismo técnico especializado del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) encargado de impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector agrario peruano.

Su labor principal se centra en generar y transferir conocimientos, tecnologías y material genético de calidad para mejorar la productividad, sostenibilidad y competitividad de la agricultura nacional, promoviendo la conservación de la agrobiodiversidad y el bienestar de los productores en diversas regiones del país.

El sector exportador peruano enfrenta un escenario de mayor presión financiera por el incremento de los fletes marítimos y la aplicación de nuevos recargos portuarios, según reporta el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

A partir de agosto de 2026, los exportadores nacionales afrontarán tarifas más elevadas tanto por la volatilidad de los precios internacionales como por ajustes en los servicios locales de los puertos peruanos.

Fletes marítimos en ascenso: carga refrigerada con tarifas récord

El análisis de Idexcam revela que los fletes para carga seca desde el puerto del Callao se ubicaron entre USD 1.800 y USD 3.200 hacia Asia (Shanghai/Ningbo), y entre USD 2.500 y USD 4.600 hacia la Costa Este de Estados Unidos, según la capacidad de los contenedores (20 o 40 pies).

A pesar de un ligero retroceso de entre 3 % y 6 % en los fletes globales durante julio, impulsado por un aumento en la oferta de buques y mayor estabilidad de los flujos, la presión se intensifica sobre la carga refrigerada.

Para este segmento, utilizado principalmente en agroexportaciones y productos pesqueros, los fletes hacia la Costa Este de Estados Unidos llegan hasta USD 7.000 por contenedor de 40 pies.

Hacia Asia, las tarifas oscilan entre USD 4.800 y USD 6.000, y hacia Europa entre USD 4.300 y USD 5.500. Óscar Quiñones, jefe del Idexcam, señala que estos valores suponen incrementos de entre 5 % y 10 %, impulsados por la mayor demanda de equipos refrigerados, el inicio de campañas agrícolas y recargos de temporada alta.

Ajustes en tarifas locales y nuevos recargos en los puertos peruanos

A los aumentos en las rutas internacionales se suman nuevos recargos y ajustes en las tarifas de servicios locales en los puertos del país, vigentes desde agosto.

Estos cambios afectan toda la cadena logística, desde el almacenamiento hasta la manipulación y despacho de mercancías, lo que eleva los costos operativos y podría impactar la competitividad de los productos peruanos en los mercados internacionales.

La Cámara de Comercio de Lima advierte que la persistencia del conflicto en Medio Oriente y las restricciones en el Mar Rojo obligan a muchas embarcaciones a tomar rutas más largas, como el desvío por el Cabo de Buena Esperanza.

Esta situación incrementa los costos, retrasa el retorno de contenedores refrigerados y añade presión sobre la logística de exportación, especialmente de cara a la próxima campaña agroexportadora.

Consejos para exportadores: revisar contratos y planificar logística

Ante el nuevo contexto, el Idexcam recomienda a las empresas exportadoras revisar sus condiciones de contratación bajo los Incoterms, evaluar acuerdos de flete a mediano plazo cuando sea factible y optimizar la planificación logística y documental.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Lima, estas medidas pueden ayudar a mitigar el impacto de los sobrecostos y evitar penalidades en las operaciones de comercio exterior.

El comercio exterior peruano se enfrenta así a un reto creciente, donde la gestión eficiente y la adaptación logística serán determinantes para mantener la competitividad internacional frente al alza de costos y la inestabilidad global.

El mercado de Vivienda de Interés Social (VIS) en Perú enfrenta un giro regulatorio relevante tras la publicación del proyecto de Reglamento de la Ley N.° 32379, impulsado por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

La propuesta, que está en consulta pública desde el 22 de julio de 2026, introduce cambios que impactan tanto a beneficiarios como a promotores inmobiliarios y busca fortalecer los programas habitacionales en un contexto de mayor dinamismo en el sector.

Nuevas restricciones para beneficiarios: venta y alquiler limitados por cinco años

Uno de los cambios más llamativos es la imposición de una restricción de cinco años para la venta o alquiler de las viviendas subsidiadas. El objetivo de la medida es evitar el uso especulativo de los beneficios estatales y asegurar que las ayudas lleguen a las familias que realmente necesitan una vivienda.

Si un beneficiario incumple estas condiciones, se enfrenta a la pérdida del acceso al subsidio y a la imposibilidad de solicitar nuevos apoyos habitacionales por un periodo determinado. Además, podría generarse la obligación de devolver el subsidio recibido.

Otra novedad central del reglamento es la creación del Registro Nacional de Vivienda (Renavi), que pretende mejorar la trazabilidad y el control sobre los proyectos incluidos en los programas habitacionales.

Este sistema permitirá a los compradores conocer con mayor claridad la situación legal y los beneficios estatales asignados a cada vivienda. Para las inmobiliarias, el Renavi implica mayores exigencias de registro y cumplimiento de requisitos.

Obligaciones adicionales para los promotores inmobiliarios

El proyecto de reglamento también establece nuevas obligaciones para las empresas promotoras, quienes deberán cumplir con un registro detallado de los proyectos y someterse a una fiscalización más estricta.

El contexto en el que surgen estos cambios es de expansión para la vivienda social. En el primer trimestre de 2026 se otorgaron 2.335 Créditos Mivivienda, un aumento de 8,4% respecto al año anterior. Los desembolsos alcanzaron S/541,8 millones, 32,4% más que en el primer trimestre de 2025.

El programa de Financiamiento Complementario Techo Propio creció 142% en el mismo periodo, mientras que en marzo se lanzó la primera convocatoria de Techo Propio 2026 para la modalidad de Construcción en Sitio Propio, con la meta de entregar hasta 14.880 Bonos Familiares Habitacionales y una inversión superior a S/519 millones.

El Ministerio de Vivienda informó además que 57 terrenos estatales permitirán el desarrollo de hasta 164.731 viviendas de interés social, con una inversión privada potencial que supera los S/1.600 millones.

Capital privado y crowdfunding: nuevas fuentes de financiamiento

El dinamismo del sector también se apoya en nuevas fuentes de financiamiento. Plataformas de crowdfunding inmobiliario han canalizado S/57 millones en fondos privados para proyectos de vivienda social, con la meta de reducir la brecha habitacional de 2 millones de viviendas.

Este modelo ofrece a los inversionistas la oportunidad de diversificar sus carteras y obtener rentabilidad, mientras los proyectos avanzan más rápido, según Valentín Bonnet, gerente general de Inversiones IO.

“La VIS es resiliente ante ciclos políticos y económicos por su demanda estructural, lo cual posiciona al crowdfunding como un nuevo instrumento financiero para el portafolio de los inversionistas”, refiere el experto.

La consulta pública del reglamento estará abierta durante 15 días. El resultado podría redefinir el acceso y la gestión de la vivienda social en Perú, involucrando a beneficiarios, inmobiliarias y nuevos actores financieros en un marco normativo más estricto y transparente.

¿Qué es el crowdfunding inmobiliario?

El crowdfunding inmobiliario es un modelo de financiamiento colectivo que permite a varias personas invertir pequeñas o medianas sumas de dinero en proyectos inmobiliarios, a través de plataformas digitales especializadas.

Los fondos reunidos se utilizan para desarrollar, construir, comprar o remodelar bienes raíces, y los inversionistas reciben a cambio una parte proporcional de las ganancias generadas por el proyecto, ya sea en forma de intereses, dividendos o plusvalía.

Este sistema facilita el acceso a inversiones en el sector inmobiliario sin que sea necesario disponer de grandes sumas de capital, y abre la posibilidad de diversificar portafolios con participaciones en distintos proyectos.

La inteligencia artificial se consolida como el principal motor del mercado global de inversiones para lo que resta de 2026, según la última Encuesta de Gestores de Inversión de Natixis Investment Managers (Natixis IM).

El 91% de los estrategas anticipa que la inteligencia artificial será el factor clave en el rendimiento del mercado durante el segundo semestre, pese a la incertidumbre geopolítica y la volatilidad energética. El 88% de los expertos espera que las mejoras en productividad derivadas de la IA eleven los beneficios corporativos.

Gestores globales apuestan por la IA pese a la volatilidad y los riesgos

Los estrategas de Natixis IM mantienen optimismo sobre la inteligencia artificial, aunque identifican riesgos de concentración y volatilidad. El 85% observa un riesgo medio o alto de concentración, ya que pocas empresas dominan el sector. El 79% prevé que la volatilidad vinculada a la IA persistirá y afectará a diversas industrias.

El análisis detalla que el 97% de los gestores de Natixis IM proyecta beneficios de la inteligencia artificial más allá de las empresas tecnológicas. Solo el 45% espera retornos inmediatos sobre el capital invertido en IA, pero el 52% asocia el auge de las OPVs con mayor liquidez en capital privado.

En Latinoamérica, la cautela predomina. Mientras en Estados Unidos y Asia el sector tecnológico lidera, en Latinoamérica destacan los sectores de materiales (33%), energía (27%) e industria (12%). El 45% estima que los activos alternativos, especialmente energía y materias primas, tendrán mejor desempeño en el semestre.

Latam diversifica: activos alternativos y cautela ante el auge tecnológico

La inflación y los riesgos geopolíticos, como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, siguen marcando el escenario. El 97% identifica la inflación como un riesgo clave y el 70% apunta a una posible escalada en Irán.

El 67% ve este conflicto como parte de un realineamiento global. El 79% prevé una posible crisis energética si la ruta marítima se ve afectada, mientras el 67% cree que la situación impulsará la inversión en energías renovables. El 82% considera que los precios del petróleo alcanzaron su máximo.

“La primera mitad de 2026 ha presentado un entorno desafiante para los inversores mientras enfrentan disrupción geopolítica, inflación y choques energéticos”, dijo Jack Janasiewicz, gestor de carteras de Natixis IM Solutions.

¿Asesorarse financieramente con la IA? El 71% dice “no”

Un segundo reporte de Natixis Investment Managers muestra que el 71% de los asesores financieros en Perú considera que el uso de inteligencia artificial como consejero de inversiones implica riesgos innecesarios.

No obstante, el 59% ya utiliza herramientas de IA para comunicarse con clientes, investigar, gestionar operaciones y analizar carteras, según datos de Reuters.

El informe señala que cuatro de cada diez asesores peruanos prevén que las herramientas de inversión DIY potenciadas por IA serán su mayor competencia en cinco años, mientras que solo el 17% ve a otros asesores como rivales.

El 39% utiliza IA para atraer a clientes jóvenes. Los usos más frecuentes de la IA incluyen comunicación con clientes (64%), investigación (54%), operaciones (42%), análisis de carteras (39%), herramientas para clientes (41%) y pronóstico (17%).

Dudas, oportunidades y desafíos: el futuro inmediato de la inversión

A pesar del avance de la inteligencia artificial, el 79% de los asesores cree que el sector aún tiene mucho por desarrollar. El informe destaca que el 49% de los millennials y el 40% de la Generación X prefieren asesoría digital, y el 47% de los millennials junto con el 41% de la Generación X confían más en algoritmos para el asesoramiento financiero.

Solo el 28% de los asesores teme quedar desplazado por la IA, mientras que el 77% considera que la tecnología les permite dedicar más tiempo a los clientes, y el 82% estima que quienes adopten IA eficientemente tendrán ventajas competitivas. El 81% enfatiza el valor de las relaciones personales y la responsabilidad fiduciaria.

“Si bien los algoritmos procesan datos rápidamente, carecen de la inteligencia emocional necesaria para guiar a los clientes en momentos de volatilidad”, señaló José Luis León, Country Manager para Perú y Colombia de Natixis IM.

El estudio concluye que el 90% de los asesores peruanos percibe mayor preferencia por la liquidez ante la incertidumbre, mientras atraer jóvenes inversionistas sigue siendo un reto, ya que los menores de 45 años son solo un tercio de la base de clientes.

Finalmente, el 32% de los asesores recurre a redes sociales para captar nuevos clientes, mientras que a nivel global el 43% incorpora herramientas digitales y el 44% ofrece servicios especializados.

La Contraloría General de la República identificó a Rodolfo Acuña Namihas, exviceministro de Hacienda, como uno de los principales funcionarios involucrados en contrataciones irregulares bajo el régimen del Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) durante 2025.

De acuerdo con el organismo, los funcionarios involucrados serían responsables de un perjuicio económico que supera los 21 millones de soles. El informe oficial, al que tuvo acceso este medio, recomienda acciones penales y administrativas para altos cargos del MEF.

El ascenso de Acuña en plena reorganización ministerial

Rodolfo Acuña Namihas fue designado Viceministro de Hacienda en de julio de 2025 mediante Resolución Suprema N° 022-2025-EF, en el marco del gobierno de Dina Boluarte. Su llegada se produjo durante la gestión de Raúl Pérez Reyes como ministro de Economía y en un contexto de cambios en la dirección del MEF.

En ese periodo, Acuña compartió la conducción del ministerio con Erick Lahura Serrano, quien estaba a cargo del Viceministerio de Economía. Ambos integraron el núcleo de decisiones estratégicas en materia fiscal y presupuestaria.

El informe de la Contraloría detalla que Acuña utilizó su posición para intervenir directamente en la contratación de personal bajo el régimen FAG.

Según el documento, ajustó los términos de referencia de los concursos para favorecer a Carlos Díaz Dañino, un profesional con quien había compartido experiencia laboral en el Ministerio de Defensa.

Se documentaron reuniones y comunicaciones previas entre Acuña y Díaz Dañino antes de formalizar el contrato, lo que refuerza el hallazgo de direccionamiento en el proceso.

Los requisitos académicos y de experiencia exigidos en la convocatoria coincidían de manera exclusiva con el perfil de Díaz, sin responder a necesidades institucionales objetivas ni a las reglas técnicas habituales para el sector público.

Falta de seguimiento y reportes sin sustento

La auditoría sostiene que Acuña validó cinco informes de conformidad de servicios a favor de Díaz Dañino sin verificar la ejecución real de los trabajos contratados. Los reportes, según la Contraloría, eran genéricos, repetitivos y en ocasiones no guardaban relación con los términos pactados.

El informe subraya la ausencia total de seguimiento, control técnico y documentación que demostrara la efectiva prestación de los servicios.

El Informe de Auditoría N° 034-2026-2-0001-AC, titulado “Contratación de Locadores FAG en el Ministerio de Economía y Finanzas durante el año 2025”, describe un esquema en el que los contratos bajo régimen FAG se renovaron durante años, se superpusieron funciones entre contratados y empleados de planta, y los informes de cumplimiento carecieron de verificación objetiva.

El perjuicio económico calculado por la Contraloría supera los 21,3 millones de soles. El documento atribuye presunta responsabilidad administrativa a 18 funcionarios y penal a nueve, entre ellos Rodolfo Acuña Namihas.

El expediente fue derivado a la Procuraduría Anticorrupción para acciones legales y al propio ministerio para el inicio de procedimientos disciplinarios internos.

Cambios en la cúpula y nuevos nombres en el radar

El informe fue remitido al MEF y a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, mientras el organismo de control advierte que el régimen FAG, pensado para fortalecer capacidades técnicas, fue usado para cubrir plazas permanentes y favorecer a personas vinculadas a la alta dirección.

En paralelo, fuentes del sector económico indican que Erick Lahura Serrano es uno de los principales candidatos para retomar el Viceministerio de Hacienda.

Lahura Serrano, quien ya formó parte de la alta dirección junto a Acuña y Pérez Reyes, es mencionado como opción prioritaria para la nueva etapa del MEF, en momentos en que la gestión de contrataciones y la transparencia institucional vuelven al centro del debate público.

El número de empresas peruanas dedicadas a la exportación creció 3,7% entre enero y mayo de 2026, alcanzando un total de 6.860, según reportó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Este incremento se tradujo en 242 nuevas firmas que lograron colocar productos en mercados internacionales durante los primeros cinco meses del año, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

La estructura exportadora: concentración de valor en grandes compañías

Según información procesada por el CIEN-ADEX, las micro y pequeñas empresas (mypes) representaron el 90,9% del total de empresas exportadoras en el periodo analizado.

De las 6.860 firmas que realizaron envíos al extranjero, 3.988 fueron microempresas y 2.248 pequeñas empresas, mientras que 412 correspondieron a grandes compañías y 212 a medianas. Esta distribución equivale al 58,1% para las micro, 32,8% para las pequeñas, 6,0% para las grandes y 3,1% para las medianas.

Pese al peso numérico de las mypes, el valor total exportado se mantuvo altamente concentrado en las grandes empresas, que alcanzaron el 92,2% del monto FOB, equivalente a US$ 41.606 millones. Las pequeñas empresas aportaron el 4,6% (US$ 2.097 millones), las medianas el 2,7% (US$ 1.216 millones) y las microempresas el 0,5% (US$ 210 millones).

Diversificación de mercados y productos: desafíos para la competitividad

De acuerdo con Infobae, más de la mitad de las empresas exportadoras peruanas enviaron productos a un solo destino.

En concreto, 3.782 firmas (55,1%) tuvieron un único mercado receptor, mientras que solo 314 (4,6%) lograron presencia en diez o más mercados. En cuanto a la diversificación de productos, 2.579 empresas exportaron un solo producto a un solo país; de ellas, el 70,3% eran microempresas.

Un ejemplo de la baja diversificación es el segmento de empresas que solo exportaron a México: 70 firmas se enfocaron exclusivamente en ese destino y 15 se especializaron en páprika. Esta tendencia expone a las exportadoras a riesgos derivados de eventuales cambios en políticas comerciales o barreras arancelarias.

Dinámica empresarial: entrada y salida del mercado exportador

El reporte elaborado por el CIEN-ADEX y basado en datos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) reveló que 2.069 empresas dejaron de exportar durante los primeros cinco meses de 2026. El 96,5% de ellas correspondía a mypes.

Paralelamente, 2.311 empresas ingresaron al mercado internacional, de las cuales 1.553 fueron microempresas, 476 pequeñas, 172 grandes y 110 medianas.

Entre las empresas con mayor permanencia en el sector, 282 pertenecen a la categoría de núcleo exportador, es decir, aquellas que han realizado envíos sin interrupción desde el año 2000. En ese grupo destacan 126 grandes empresas, 88 pequeñas, 53 micro y 15 medianas.

Sectores líderes y evolución por rubro

La agroindustria encabezó la lista de sectores exportadores con 1.874 empresas activas entre enero y mayo de 2026. Le siguieron la minería tradicional con 1.321 firmas, la metalmecánica con 1.237 y el sector químico con 1.060. Otros sectores relevantes fueron varios (865), prendas de vestir (740), textil (372), siderometalurgia (352) y minería no metálica (287).

Ocho de los quince principales rubros ampliaron su base empresarial. Los mayores incrementos ocurrieron en hidrocarburos (26,5%), minería tradicional (13,5%), agro tradicional (13,4%) y pesca y acuicultura (7,6%).

En contraste, los descensos más notorios se registraron en pesca tradicional (-13,2%), maderas (-10,1%), minería no metálica (-6,5%), prendas de vestir (-6,1%) y joyería (-4,9%).

Destinos y regiones de origen de las exportaciones

En el análisis de destinos, Estados Unidos recibió exportaciones de 1.767 empresas peruanas, seguido por la Unión Europea con 1.509, Chile (1.341), India (1.198) y Ecuador (1.038). Estas cifras reflejan la importancia de los principales socios comerciales en la estructura exportadora nacional.

En cuanto al origen de las empresas, Lima agrupó la mayor cantidad con 3.797, seguida de Puno (1.149), Piura (479), Callao (424), Ica (357), Arequipa (293), La Libertad (285), Tacna (258), Áncash (226), Junín (193) y Lambayeque (177).

El Mundial 2026, realizado en Estados Unidos, México y Canadá, concluyó dejando lecciones valiosas para la industria hotelera de toda la región.

Aunque la competencia no llegó a Sudamérica, el movimiento de visitantes internacionales y el impacto económico generado por el evento pusieron en evidencia cómo los grandes encuentros deportivos y corporativos pueden dinamizar las economías locales.

En ciudades como Lima, el sector hotelero observa con atención estas tendencias globales y ajusta sus estrategias para capitalizar el efecto dominó que provocan los megaeventos en la demanda de servicios, el consumo y la generación de empleo.

Megaeventos: ocupación plena, consumo récord y la mira en 2027

La experiencia reciente de Lima con finales deportivas, congresos internacionales y festivales gastronómicos anticipa el impacto económico y operativo que dejarán los grandes eventos que se avecinan.

Según Manrique Rodríguez, Cluster Manager del Hotel Real InterContinental Lima Miraflores y Hotel Indigo Lima Miraflores, la ciudad espera con especial interés los Juegos Panamericanos 2027, que traerán delegaciones de todo el continente y multiplicarán la ocupación hotelera y el consumo en la capital.

“Ya tenemos experiencia con delegaciones en los Juegos Bolivarianos y con la final de la Copa Libertadores, donde los hoteles estuvimos todos llenos”, señala Rodríguez.

En eventos de esa magnitud, el cheque promedio diario por huésped puede oscilar entre 300 y 800 dólares, incluyendo habitación, alimentación y servicios adicionales.

Además, el impacto se extiende a toda la cadena turística: restaurantes, transporte, centros comerciales y comercios locales experimentan aumentos de demanda cuando Lima se convierte en anfitriona regional. “Eso ayuda muchísimo a toda la industria de hotelería y turismo por el consumo que estas actividades generan”, explica el ejecutivo.

Personalización e innovación: la respuesta limeña a huéspedes de élite

El arribo de delegaciones deportivas, artistas y ejecutivos internacionales exige una respuesta operativa y de servicio que va más allá del estándar habitual. Adaptar instalaciones, reforzar la seguridad y personalizar menús o servicios se vuelve rutina para los hoteles de la capital.

Rodríguez explica que la clave está en ofrecer flexibilidad ante cada delegación o grupo. “A veces se tiene que convertir una sala de banquetes en gimnasio o cambiado la organización de los espacios, todo para ajustarnos a lo que necesitan los huéspedes que recibimos”, dijo.

La logística se intensifica en picos de demanda. Durante el Ironman (una competencia internacional de triatlón de larga distancia, considerada una de las pruebas deportivas más exigentes del mundo), el hotel atendió a más de 1.500 personas en un solo día.

Ello exigió contratar personal adicional y aumentar las compras de alimentos y bebidas varias veces por encima de lo habitual. “Las compras pueden duplicarse, triplicarse o hasta quintuplicarse dependiendo de la magnitud de los eventos”, comenta Rodríguez.

El desafío de la infraestructura y la competencia latinoamericana

A pesar del potencial turístico de Lima, el sector hotelero identifica desafíos estructurales para competir con otras grandes ciudades de la región. La ausencia de un centro de convenciones de gran escala limita la posibilidad de atraer eventos que en Bogotá, São Paulo o Buenos Aires ya forman parte del calendario habitual.

“Es importante tener un buen centro de convenciones, precisamente para competir con ciudades importantes de la región”, subraya Rodríguez.

Lima cuenta con una ubicación privilegiada en Sudamérica y es la única capital latinoamericana con mar, lo que la posiciona para recibir eventos de todos los niveles. Su oferta hotelera abarca desde establecimientos de dos a cinco estrellas, y su reputación gastronómica sigue creciendo.

“Nos coloca como una de las capitales del mundo a nivel gastronómico y eso también lo tenemos que explotar”, señala el ejecutivo, recordando que este año Lima será sede de eventos como el Fifty Best (The World’s 50 Best Restaurants).

Recuperación turística, retos y proyección de crecimiento

El turismo en Perú aún no alcanza los niveles prepandemia, a diferencia de otros países de la región. Rodríguez estima que el país recibe actualmente menos de 4 millones de turistas extranjeros al año, aunque el potencial permitiría aspirar al menos a 10 millones. La inestabilidad política y la inseguridad han dificultado la consolidación de estrategias a largo plazo para la promoción internacional.

“La inestabilidad política nos ha pasado factura. Cuando tenemos cambios a nivel de presidencia, eso afecta mucho el desarrollo de otras áreas”, afirma Rodríguez.

Con todo, el sector hotelero confía en que la llegada de megaeventos como los Juegos Panamericanos 2027 y la colaboración entre sector público y privado ayuden a reposicionar Lima y Perú como destinos de referencia en el turismo y la organización de grandes citas globales.

La Refinería Talara, gestionada por Petroperú, permanece completamente fuera de servicio desde el 28 de julio, en medio de un escenario internacional de precios elevados para el petróleo y los combustibles.

La falta de liquidez ha forzado la paralización de todas las unidades de proceso, una situación inédita que expone la fragilidad financiera de la principal empresa estatal de hidrocarburos en el país.

Según información obtenida por Infobae, la empresa no dispone de fondos para comprar crudo ni para pagar a sus proveedores, lo que ha causado que dos buques contratados para abastecer la planta permanezcan fondeados en la costa norte a la espera de la autorización para descargar.

Un negocio imposible: altos precios internacionales y refinería inactiva

La coyuntura global presenta un contexto favorable para las empresas del sector. El crudo Brent se cotiza en 89 dólares por barril, mientras el diésel supera los 178 dólares por barril, cifras que en condiciones normales asegurarían un margen de rentabilidad considerable para Petroperú.

Sin embargo, la falta de liquidez ha impedido aprovechar este escenario. Fuentes del sector hidrocarburos indicaron a Infobae que el stock de crudo disponible en Talara ronda los 30 mil barriles, cantidad insuficiente para sostener la operación siquiera durante medio día.

La unidad de flexicoquing (FCK) permanece detenida debido a una parada programada, mientras que el resto de las plantas han cesado actividades por ausencia de materia prima.

La estatal no solo enfrenta dificultades para adquirir nuevo crudo, sino que tampoco logra cumplir con los pagos a proveedores y contratistas, lo que agrava el círculo de crisis.

Dos buques varados y un círculo vicioso de desabastecimiento

La situación se complica por la presencia de dos buques con combustible, contratados por Petroperú, que esperan frente a la costa norte el desembolso correspondiente para poder descargar.

La falta de recursos por parte de la empresa estatal ha bloqueado la operación, profundizando el desabastecimiento y la inactividad de la refinería.

La paralización, que se extiende al menos hasta el 5 de agosto, fue atribuida oficialmente a “una restricción en el suministro de petróleo crudo, derivada de las condiciones actuales de liquidez” y al cierre temporal del puerto de Talara por oleajes anómalos.

Sin embargo, otras fuentes consultadas por Infobae aseguraron que el factor determinante es la falta de fondos para adquirir crudo, mientras que el cierre portuario solo agravó una crisis preexistente.

¿Fricciones entre ProInversión y Petroperú?

El Decreto de Urgencia N° 003-2026, publicado el 11 de mayo, autorizó la entrega de 2.000 millones de dólares para garantizar la continuidad operativa de Petroperú.

El manejo de estos recursos quedó en manos de ProInversión, que estableció controles estrictos y destinó el financiamiento exclusivamente al sostenimiento operativo, prohibiendo su uso para el pago de otras deudas.

Hasta el momento, no se ha constituido el vehículo fiduciario para administrar el rescate, dejando congelados los recursos asignados por el Estado.

Comunicaciones internas muestran cómo ProInversión, a través de su presidente ejecutivo Luis del Carpio, insta a acelerar la habilitación de los fondos ante el riesgo de colapso operativo.

El plazo para liberar los primeros 500 millones de dólares venció sin que se concrete el desembolso, y la situación financiera de la estatal se deteriora cada día.

Impacto en la oferta energética y advertencias previas

La crisis en Talara no constituye un hecho aislado. En abril, la administración anterior de Petroperú ya había advertido sobre el riesgo de detener las refinerías de Talara y Conchán si no se concretaba el financiamiento.

La falta de liquidez afecta no solo la adquisición de petróleo, sino el pago a proveedores de toda la cadena, generando un efecto dominó en el abastecimiento de combustibles.

Mientras la refinería continúa paralizada y los precios internacionales se mantienen elevados, la oportunidad de captar divisas para el país se diluye, y la incertidumbre sobre el futuro de la principal empresa petrolera estatal se incrementa.

Cuatro creencias financieras estaría limitando el crecimiento de miles de emprendimientos en América Latina. La manera en que una persona interpreta el fracaso, afronta la incertidumbre o evalúa el entorno económico puede determinar el rumbo de su negocio más que la falta de recursos o la coyuntura del mercado.

De acuerdo con un análisis de Cristian Arens, CEO de Circumcorp, la mentalidad con la que se toman decisiones suele marcar la diferencia entre quienes logran consolidar sus proyectos y quienes abandonan tras el primer obstáculo. ¿Existe alguna forma de evitarlo?

1. Deja de pensar que tu éxito solo depende del contexto

Una idea recurrente entre los emprendedores es que el destino de su negocio está determinado por factores externos como la economía, el gobierno o la competencia.

De acuerdo con Arens, atribuir el resultado únicamente a circunstancias fuera de control genera una visión limitada. Los emprendedores que logran crecer suelen concentrarse en lo que sí pueden modificar: adquirir nuevas habilidades, adaptar su modelo de negocio y mejorar su propuesta de valor.

“Si el producto o servicio es bueno, el mercado reacciona”, asegura Arens. La clave está en preguntarse qué conocimientos hacen falta para que el negocio siga siendo competitivo, incluso cuando el entorno no parece favorable.

2. Aprende que fracasar es parte del proceso

La creencia de que un error equivale a una incapacidad personal provoca que muchos abandonen sus proyectos tras el primer tropiezo. Según Arens, cada intento fallido aporta información valiosa. Un producto sin ventas, una inversión mal calculada o una estrategia que no funcionó deben verse como parte del aprendizaje.

“Los emprendedores que perseveran y corrigen tienen muchas más probabilidades de alcanzar el éxito”, explica Arens.

De esta manera, el abandono temprano impide descubrir el verdadero potencial de la idea inicial y limita la posibilidad de construir un negocio sólido a partir de la experiencia.

3. No esperes un golpe de suerte ni contactos milagrosos

Las habituales historias de empresas que crecen de manera explosiva suelen dar la impresión de que el éxito depende de conexiones o un golpe de fortuna.

Cristian Arens sostiene que la mayoría de los negocios se desarrollan mediante pequeñas acciones constantes. La disciplina, la mejora continua y la atención al cliente definen la trayectoria a largo plazo.

“La riqueza y el crecimiento empresarial rara vez son consecuencia de un solo gran acierto, sino de decisiones correctas tomadas a diario”, indica. El avance resulta de la acumulación de hábitos y de la constancia, no de la espera de una oportunidad extraordinaria.

4. Finalmente, empieza antes de sentirte completamente preparado

La expectativa de alcanzar la confianza absoluta antes de iniciar un emprendimiento es uno de los mayores frenos para muchos proyectos. Cristian Arens afirma que la seguridad no aparece antes de la acción, sino después de dar los primeros pasos.

La visualización de objetivos, la autosugestión positiva y el entorno de personas con experiencia ayudan, pero la diferencia la marca el hecho de empezar.

“El mejor momento es ahora; el momento perfecto nunca llegará”, resume. Así, compartir experiencias y rodearse de otros emprendedores permite ampliar la perspectiva y comprobar que el crecimiento surge de la acción, no de la espera.

El dato

• Cristian Arens presentará su libro Programa tu riqueza el 2 de agosto a las 18:30 en la Feria Internacional del Libro de Lima, en el Jockey Plaza.
• La obra analiza cómo la mentalidad influye en el éxito, la generación de riqueza y la construcción de patrimonio.

Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció que la Remuneración Mínima Vital (RMV) en el país se incrementará a S/ 1.300.

Si bien no dio la fecha exacta, sí adelantó que la medida estará acompañada de un bono dirigido a las micro y pequeñas empresas (mypes), con el objetivo de facilitar la contratación formal y ayudar a asumir el nuevo “costo laboral”.

No obstante, este nuevo ajuste salarial no solo beneficiaría a quienes actualmente perciben el mínimo de S/ 1.130, sino que también impactaría en otros segmentos de trabajadores.

¿Quiénes más se benefician con el nuevo salario mínimo?

El nuevo monto también impacta directamente sobre los trabajadores formales en part time, ya que muchos tienen un sueldo calculado en función al mínimo. En otras palabras, quienes trabajan media jornada y perciben media RMV, verán también subir sus ingresos de forma proporcional.

Además, el ajuste alcanza a aquellos trabajadores cuyo salario se ubicaba entre el antiguo y el nuevo mínimo. Por ejemplo:

• Un trabajador que recibía formalmente S/ 1.250 mensuales, es decir, un monto superior al mínimo anterior pero inferior al nuevo piso salarial.
• Al elevarse la RMV a S/ 1.300, su remuneración debe ajustarse automáticamente, por lo que pasará a ganar S/ 1.300, es decir, S/ 50 adicionales.

¿Son muchos? Para muestra, un botón: cuando se hablaba de subir la RMV a S/ 1.500, se calculaba un beneficio directo a 1,9 millones de trabajadores formales privados que perciben este monto o similar, según datos del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). Elevarlo a S/1.300 lo pone a un nivel muy cercano.

¿Y si no gano el mínimo, me beneficia?

Y si usted no gana el mínimo, igual cualquier aumento podría beneficiarlo, si tiene descendencia: la asignación familiar es un beneficio adicional que reciben los trabajadores privados con hijos menores de edad o mayores que cursan estudios superiores.

Por ley, esta asignación equivale al 10% de la RMV vigente, y se incorpora mensualmente al salario del trabajador junto con su remuneración habitual. Así, el beneficio pasará de S/ 113 a S/ 130 mensuales, favoreciendo a quienes cumplen con los requisitos establecidos y ampliando el alcance del ajuste.

Efecto señal para los informales y repercusión en otros segmentos

De cualquier forma, subir la RMV también puede actuar como una señal para el mercado laboral en general, ya que su impacto no se limita únicamente al sector formal, sino que puede extenderse incluso al segmento informal.

De acuerdo con el economista Fernando Cuadros Luque, los incrementos suelen traducirse en una mejora de la remuneración promedio real en todo el sector privado formal.

“Por el contrario, cuando el sueldo mínimo permanece sin cambios, los salarios promedio tienden a estancarse o incluso a reducirse”, asegura el exviceministro de Empleo para Infobae Perú.

Además, hay que contar a los informales: alrededor del 40% de los asalariados privados “en negro” percibe un ingreso igual o superior a la RMV, por lo que el aumento puede servir como referencia para futuras mejoras en este segmento.

También están las trabajadoras del hogar. Se estima que unas 80.000 de ellas suelen recibir la RMV o una cifra cercana; si se incluye a las informales, el efecto podría alcanzar hasta 131.000. No es poca cosa.

Y si hablamos de la capacidad de adaptación de las mypes, la RMV representa solo el 39% de la remuneración promedio en el sector privado formal, según datos del MTPE.

En las microempresas la remuneración promedio es de S/ 1.700 y en las pequeñas empresas asciende a S/ 2.800, lo que indica que existe margen suficiente para absorber el incremento dispuesto por el Gobierno, afirma Cuadros.

Perú: el salario mínimo frente al costo de vida y la región

Pero, ¿qué tan importante es el aumento para quienes gana sueldo mínimo? Según el exviceministro, entre 2018 y 2025 el poder adquisitivo de quienes perciben la RMV en Perú se redujo en 7% como consecuencia de la inflación.

En consecuencia, explica el economista, el poder de compra del salario mínimo actual (S/ 1.130) equivale apenas a la tercera parte de lo que representaba a inicios de la década de 1970.

A pesar de los ajustes periódicos, la RMV ni siquiera el costo de la canasta básica de consumo familiar, que se sitúa en algo más de S/ 1.800, pese a que es un mandato constitucional. Y es que, hasta en esto, Perú está en la cola.

“La situación peruana contrasta con la tendencia observada en otros países de Latinoamérica. Entre 2012 y 2024, el poder adquisitivo de la RMV en Perú disminuyó, mientras que en promedio en la región creció un 32%”, asevera.

México encabeza la lista con un crecimiento del 140% en el poder de compra de su salario mínimo, impulsado por una política activa de actualización que ha contribuido a la reducción de la pobreza en ese país, declara Cuadros Luque.

El Sindicato Unificado de los Trabajadores del Petróleo, Energía, Derivados y Afines de la Región Grau (SUTPEDARG) expresó su “más enérgico rechazo e indignación” ante la “inacción” de ProInversión, que “ha ocasionado la paralización de las operaciones de la Nueva Refinería de Talara”, obligada hoy a detener sus unidades por falta de petróleo crudo para procesar.

“Hasta le fecha, no ha logrado conseguir nada de liquidez para garantizar el abastecimiento de combustibles a nivel nacional, siendo uno de los propósitos del Decreto de Urgencia N° 003-2026″, denunció.

El sindicato señala responsables y advierte sobre la gestión estatal

El sindicato ha responsabilizado directamente a ProInversión, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a los organismos estatales involucrados en la aplicación del soporte económico prometido meses atrás.

Este marco legal buscaba precisamente evitar una crisis de abastecimiento, pero la demora en la liberación de fondos y la burocracia estatal impidieron la compra oportuna de crudo.

Para los trabajadores, las consecuencias ya son palpables: la refinería detuvo sus unidades tras agotar sus últimas reservas, un hecho que, de acuerdo con SUTPEDARG, deriva de decisiones tardías y omisiones administrativas.

El comunicado de SUTPEDARG destaca que la paralización de la Nueva Refinería de Talara detiene de manera directa la producción de combustibles y afecta la economía de la provincia.

Miles de trabajadores de empresas contratistas, proveedores, transportistas, comerciantes y pequeños negocios dependen de la actividad diaria de Petroperú para sostener sus ingresos.

Demoras en la liberación de fondos agravaron la crisis

La crisis golpea a cientos de empresas proveedoras de bienes y servicios, reduce la actividad económica, pone en riesgo empleos y afecta el bienestar de numerosas familias en Talara y en la región Piura.

El sindicato subraya que la responsabilidad de esta crisis trasciende lo económico y adquiere un carácter social, ya que compromete la seguridad energética nacional y la estabilidad de la economía local.

Según la organización, quienes permitieron que la refinería llegara a esta situación deberán “rendir cuentas por los efectos sufridos por trabajadores, familias y población“.

Estrés por falta de combustibles e impacto directo sobre Talara

SUTPEDARG sostiene que los trabajadores han mantenido operativa la refinería con profesionalismo y compromiso, pero que el desabastecimiento se originó en la falta de ejecución oportuna de los mecanismos de financiamiento aprobados por el propio Estado. En ese marco, el sindicato emitió exigencias puntuales a las autoridades responsables:

• Liberación inmediata de los recursos necesarios para restablecer el abastecimiento de petróleo crudo y reiniciar las operaciones de la Nueva Refinería de Talara.
• Explicación pública de ProInversión sobre las causas de la demora en la ejecución del Decreto de Urgencia N.º 003-2026 y asunción de responsabilidades.
• Informe del Ministerio de Economía y Finanzas sobre por qué no garantizó la ejecución inmediata del mecanismo financiero aprobado para evitar la paralización de Petroperú.
• Acción urgente de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Gobierno para restablecer la operatividad de la refinería y evitar mayores perjuicios.
• Determinación de responsabilidades administrativas, civiles y legales por parte de la Contraloría General de la República y las instancias competentes contra quienes permitieron llegar a esta crisis.

Convocatoria a la movilización y defensa de Petroperú

Finalmente, el comunicado ha convocado a los trabajadores petroleros, organizaciones, autoridades locales, gremios empresariales, contratistas, proveedores y a la ciudadanía en general a unirse en defensa de Petroperú.

Según los trabajadores petroleros, está en riesgo no solo la continuidad de una empresa estatal, sino también el sustento de miles de familias, la economía de Talara y el desarrollo de la región Piura.

Además, reitera que exigirá que todos los responsables respondan política, administrativa y legalmente por el daño ocasionado a Petroperú, a Talara y a la sociedad.

Así, la organización rechaza que se intente responsabilizar a los trabajadores por la crisis y denuncia que la inacción y la burocracia estatal han agravado el problema.

A pesar de que el Perú cuenta con tecnología satelital capaz de rastrear embarcaciones y detectar actividades ilícitas en alta mar, los gobiernos regionales —responsables de supervisar la pesca artesanal— todavía no acceden a esta información en tiempo real.

Esta brecha institucional dificulta la fiscalización efectiva de prácticas prohibidas, como la pesca de arrastre en las primeras cinco millas marinas, vigente desde hace más de 25 años, según un informe presentado por Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

La organización refiere que la falta de acceso a sistemas de monitoreo como el SISESAT o plataformas internacionales como Global Fishing Watch limita la capacidad de los gobiernos subnacionales para actuar ante denuncias y sancionar a los infractores.

Brechas tecnológicas y desafíos de coordinación

El Ministerio de la Producción (PRODUCE) dispone de herramientas satelitales para monitorear grandes embarcaciones bajo su competencia, pero los gobiernos regionales, que regulan la pesca artesanal, no reciben esa información de manera inmediata.

Según el análisis de DAR, la principal barrera no es la ausencia de tecnología, sino las restricciones institucionales y la falta de articulación entre entidades estatales.

Percy Grandez Barrón, consultor y autor del informe, explicó que “no existe ninguna sanción administrativa contra una embarcación que haya realizado pesca de arrastre dentro de las primeras cinco millas marinas”, lo que revela la ineficacia de la fiscalización regional.

A pesar de estas limitaciones, algunos avances recientes muestran el potencial de las herramientas tecnológicas. Hace menos de un mes, pescadores de Cabo Blanco presentaron la primera denuncia administrativa formal por pesca de arrastre prohibida en la costa norte peruana.

Esta denuncia utilizó reportes de la plataforma Skylight y registros de drones de la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau como evidencia del recorrido y las operaciones ilícitas de una embarcación. “Es la primera denuncia formal sustentada con imágenes satelitales y drones”, detalló Grandez.

Impacto económico y ambiental de la pesca ilegal

La falta de fiscalización efectiva tiene consecuencias directas sobre la economía y los ecosistemas. Según DAR, la pesca ilegal genera pérdidas de hasta USD 23 mil millones al año en el mundo y afecta cerca de 26 millones de toneladas de recursos hidrobiológicos.

En el Perú, este delito no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las pesquerías y la seguridad alimentaria, sino que también debilita las economías locales. Además, la presencia de redes ilegales facilita la entrada de mafias y organizaciones criminales en las zonas costeras, lo que incrementa los riesgos para las comunidades pesqueras.

Para los pescadores artesanales, la lucha contra la pesca ilegal es una cuestión de subsistencia y seguridad. Amancio Ormeño, pescador y vigilante comunal de la Reserva Nacional de Paracas, señala que la pesca ilegal reduce la disponibilidad de recursos y deteriora los ecosistemas.

“Cuando llega la autoridad, muchas veces la pesca ilegal ya terminó”, comenta Ormeño. En tanto, Miguel Martínez, presidente de la Federación Regional de Pesca Artesanal de Tumbes, advierte que la pesca ilegal “trae delincuencia y amenazas a los pescadores artesanales”.

Retos institucionales y propuestas de solución

Especialistas y autoridades coinciden en que ampliar el acceso a información satelital y fortalecer la coordinación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y las instituciones de vigilancia es clave para enfrentar la pesca ilegal.

Denisse Linares, líder de proyectos de DAR, sostiene que “la información satelital puede aportar mucho más, pero también se necesita mejorar capacidades, presupuesto y articulación institucional”.

Por ejemplo, en la Reserva Nacional Mar Tropical de Grau, el uso de drones y plataformas de monitoreo permitió reducir en más del 98% el ingreso de embarcaciones ilegales, aunque persisten limitaciones operativas y de recursos humanos.

Las propuestas incluyen incorporar sistemas de geolocalización en todas las embarcaciones, fortalecer la respuesta institucional y promover reformas que permitan a los gobiernos regionales contar con información en tiempo real.

El objetivo común: cerrar la brecha tecnológica y de gobernanza que hoy deja a amplios sectores del mar peruano sin vigilancia efectiva frente a la pesca ilegal.

A pocas horas de culminar el feriado nacional en Perú por Fiestas Patrias, miles de familias planean desplazarse de regreso por carretera hacia diferentes regiones.

Según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), en feriados largos recientes más de 1,1 millones de pasajeros se movilizan por la Red Vial Nacional, pero durante las Fiestas Patrias del año pasado, el flujo superó los 1,5 millones de viajeros a nivel nacional.

Este flujo elevado eleva la demanda sobre el transporte terrestre y exige medidas adicionales de seguridad para todos los conductores, según un análisis de Maquinarias.

El flujo de viajeros exige mayor seguridad vial

Una revisión integral antes de salir puede disminuir el riesgo de fallas en carretera y aumentar la seguridad durante todo el viaje. Entre los puntos críticos a revisar, el sistema de frenos es uno de los componentes esenciales para la seguridad.

Es recomendable verificar el estado de las pastillas, el nivel del líquido de frenos y descartar cualquier ruido extraño durante el frenado, especialmente si la ruta incluye pendientes o curvas pronunciadas. El correcto funcionamiento de los frenos puede marcar la diferencia en situaciones imprevistas.

Los neumáticos y la llanta de repuesto constituyen otro aspecto central. Un neumático en mal estado puede poner en peligro la estabilidad del vehículo y reducir la capacidad de respuesta ante maniobras de emergencia.

Se debe comprobar la presión de aire en todas las ruedas, incluida la de repuesto, y observar la banda de rodadura para descartar cortes, desgastes irregulares o deformaciones.

Fiestas Patrias: Toca revisar todos los fluidos de nuestro vehículo

Respecto a los niveles de fluidos, es importante revisar el aceite de motor, el refrigerante, el líquido de frenos (ya lo habíamos mencionado) y el agua del limpiaparabrisas. La ausencia de alguno de estos fluidos podría ocasionar desde fallas menores hasta daños mayores, como el sobrecalentamiento del motor.

Pero la batería y el sistema eléctrico también requieren atención: se recomienda chequear el estado de los bornes, el nivel de carga y probar el funcionamiento de todas las luces, incluidas las direccionales, de freno y emergencia.

Viajar con una batería descargada o luces defectuosas puede representar un riesgo considerable en rutas largas o con baja visibilidad.

De otro lado, el sistema de suspensión y dirección merece una revisión si se detectan vibraciones, ruidos al pasar por superficies irregulares o dificultades para maniobrar.

Tales síntomas pueden indicar desgaste en los amortiguadores u otras piezas críticas. Por otro lado, las correas y filtros, especialmente la correa de distribución y los filtros de aire, aceite y combustible, son clave para evitar incidentes mecánicos en trayectos extensos.

Y por favor: no salga sin papeles

No debe faltar un kit de emergencia, conformado por herramientas básicas, gata hidráulica, llave de ruedas, triángulos de seguridad, chaleco reflectante, cables de arranque, botiquín y una llanta de repuesto en condiciones óptimas. Contar con este equipo permite atender imprevistos sin depender únicamente de la asistencia externa.

La documentación del vehículo es otro requisito fundamental. Para circular por las carreteras peruanas durante Fiestas Patrias, es obligatorio portar el SOAT vigente, la revisión técnica aprobada y la tarjeta de propiedad del automóvil.

Recuerde que la ausencia de alguno de estos documentos puede generar contratiempos legales y demoras innecesarias durante operativos de control por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP).

De esta forma, se destaca que una revisión a tiempo y el acceso a un servicio postventa eficiente contribuyen a que los desplazamientos por Fiestas Patrias sean más seguros y permitan disfrutar del camino con mayor confianza.

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) decidió prorrogar la entrada en vigor del PEI WEB, el nuevo sistema digital para el envío de información tributaria, que debía comenzar a regir el 1 de agosto de 2026.

La Resolución de Superintendencia N.º 000141-2026/SUNAT, oficializada este miércoles 29 de julio, posterga el uso obligatorio del PEI WEB hasta el 1 de enero de 2027, permitiendo a empresas y contribuyentes contar con un plazo adicional para adaptar sus procesos internos.

El propósito de SUNAT es centralizar la información tributaria, mejorar la calidad de los datos recibidos y facilitar la fiscalización y el cumplimiento para todos los contribuyentes.

¿Qué es el PEI WEB?

El PEI o "Programa de Envío de Información" fue creado en 2017 mediante la Resolución de Superintendencia N.º 159-2017/SUNAT como un aplicativo descargable que facilitaba a los contribuyentes informar a SUNAT comprobantes de pago físicos, notas de crédito y débito, tickets POS y otros documentos no emitidos de manera electrónica.

Este sistema permitía cumplir con obligaciones específicas cuando, por causas ajenas al contribuyente, no era posible emitir comprobantes electrónicos, o para operaciones en zonas con baja o nula conectividad.

Durante casi una década, el PEI se mantuvo como el canal oficial para el reporte digital de estos documentos, requiriendo la instalación del programa y el envío de archivos desde una computadora.

La llegada del PEI WEB, aprobada en marzo de 2026 mediante Resolución de Superintendencia N.º 000049-2026/SUNAT, debía marcar una transición hacia un sistema completamente en línea, integrado en SUNAT Operaciones en Línea, que ya no requiere descargas ni instalaciones y ofrece validaciones más robustas y mejor trazabilidad.

Y es que la nueva plataforma amplía el alcance de la información a reportar: no solo abarca comprobantes físicos, sino también certificados de pago de regalías, billetes de lotería, rifas y apuestas, así como tickets electrónicos de otros sistemas.

Prórroga en la entrada en vigor y su impacto

Sin embargo, la entrada en vigor del PEI WEB, originalmente prevista para el 1 de agosto de 2026, se postergó al 1 de enero de 2027.

La decisión de SUNAT responde a la necesidad de dar más tiempo a empresas y personas para adecuar sus sistemas y procesos internos, considerando los cambios operativos y tecnológicos que implica la transición al nuevo sistema.

¿Un ejemplo concreto? Una empresa que antes debía descargar el PEI para enviar el resumen mensual de comprobantes físicos ahora podrá realizar el trámite directamente desde la web, sin instalar software adicional.

Este cambio reduce la probabilidad de errores y permite consultar en línea el estado de las declaraciones, así como acceder a constancias de recepción y reportes de inconsistencias.

La postergación es la primera que afecta directamente la implementación del PEI WEB; el sistema anterior, el PEI, estuvo vigente sin cambios estructurales de relevancia desde 2017.

Modernización y centralización del reporte tributario

El PEI WEB representa un avance tecnológico relevante para la administración tributaria en el Perú. Permite a los contribuyentes ingresar información en formatos preestablecidos y validados, consultarla en línea y corregir declaraciones cuando sea necesario, con un historial trazable y transparente.

Además, el sistema centraliza el envío de documentos que antes se reportaban por distintos canales, simplificando los procesos y reduciendo la carga administrativa.

La nueva plataforma, que reemplaza por completo al PEI anterior, se convierte en la única vía autorizada para el reporte de documentos físicos o no electrónicos, incluidos aquellos emitidos en situaciones excepcionales o en zonas sin acceso a internet.

Ositrán aprobó una reducción del 4,44% en el factor de productividad que determina las tarifas máximas de los servicios portuarios en el Nuevo Terminal de Contenedores del Callao – Zona Sur, administración de DP World Callao S.R.L., medida que regirá desde agosto de 2025 hasta 2030.

La decisión se formalizó en Lima el 25 de julio de 2026. El recorte se aplicará tras un proceso tarifario marcado por debates sobre inversiones y la presión de los usuarios y el concesionario.

El ajuste importa para toda la cadena logística: implica tarifas tope un 67% más bajas que la reducción previa, lo que impacta sobre operadores de buques y exportadores.

El nuevo factor y los servicios alcanzados

El factor de productividad de -4,44% se aplicará cada año a partir del 18 de agosto de 2025 (retroactivamente) y regirá hasta el 17 de agosto de 2030.

Este factor significa que las tarifas máximas que DP World Callao S.R.L. puede cobrar bajarán anualmente en ese porcentual, descontándose del ajuste por inflación de Estados Unidos. La fórmula, llamada RPI-X, surge del contrato de concesión y el Reglamento General de Tarifas de Ositrán.

Así, un exportador que hoy paga, por ejemplo, USD 100 por mover un contenedor en el Muelle Sur del Callao pagará USD 95,56 el próximo año, y la tarifa seguirá bajando 4,44% cada año hasta 2030.

La resolución detalla que estas tarifas tope cubren múltiples servicios portuarios estándar: desde la tarifa por metro de eslora-hora de una nave hasta los cobros por contenedores de 20 y 40 pies, tanto con carga como vacíos, y las operaciones de transbordo.

Para contenedores de tamaños no convencionales se adapta la regla tomando las tarifas de 20 y 40 pies como referencia, según la Resolución de Consejo Directivo Nº 0044-2026-CD-OSITRAN.

El proceso y el conflicto por las inversiones

La definición del nuevo factor no estuvo exenta de discusiones técnicas y alegatos de las partes. Uno de los puntos clave fue el tratamiento de la Inversión Complementaria Adicional (ICA).

El equipo técnico del organismo explicó que la ICA —montos destinados a un fideicomiso para financiar proyectos priorizados— no califica como inversión en Obras según la cláusula 8.19 del contrato. Por lo tanto, no puede recuperarse a través de las tarifas reguladas.

En palabras del dictamen, “si bien la ICA es una transferencia dineraria a un fideicomiso para financiar proyectos priorizados por el contrato de concesión, ello no convierte a la ICA en una inversión en Obras recuperable por DPWC mediante la explotación del TMS”.

Este criterio determinó que el cálculo del factor de productividad no se viera afectado por los aportes extraordinarios realizados fuera del esquema principal de inversiones.

Por su parte, DP World Callao S.R.L. solicitó formalmente en varias oportunidades la inclusión de la ICA y reclamó por una definición más flexible. El concesionario pidió reuniones adicionales y planteó que el proceso requería “un pronunciamiento en el menor plazo posible”.

Audiencias públicas y consultas: transparencia y oposición

El proceso contempló instancias de consulta y audiencias públicas. Se recogieron comentarios de usuarios, cámaras empresariales y el concesionario.

Durante la audiencia presencial y virtual desarrollada el 17 de julio de 2025, DP World Callao S.R.L. expresó su desacuerdo con la exclusión de la ICA y reiteró su posición sobre el cómputo de inversiones consideradas para calcular las tarifas.

Según consta en el expediente, el concesionario manifestó que “la aprobación de la propuesta tarifaria del regulador constituye una situación de emergencia que requiere avocación de la presidencia ejecutiva”.

Tras analizar las intervenciones, el Consejo Directivo del Ositrán sostuvo que en ausencia de competencia efectiva en los servicios del terminal, “corresponde mantener la regulación tarifaria para cada uno de los servicios regulados del TMS”.

Criterios técnicos y cálculo del ajuste

El dictamen revisó los antecedentes desde el inicio de la concesión. Se utilizaron datos anuales de 2010 a 2024 y se empleó la metodología de “caja única”, que considera en el cálculo toda la producción y los insumos de la operadora, sin distinguir entre servicios regulados y los que compiten en el mercado.

La estimación del factor de productividad se dividió en el análisis de crecimiento de precios de los insumos y crecimiento de la productividad total de factores (PTF) tanto en la economía nacional como en el concesionario.

El reporte destaca que la diferencia de crecimiento en los precios de insumos entre la empresa y la economía fue de -2,08%, mientras que la diferencia en el crecimiento de la productividad fue de -2,36%. La sumatoria da el factor -4,44%, que es mayor a la reducción de -2,66% que rigió en el lustro previo.

Otro dato relevante es que para mantener la claridad metodológica, los gastos contables de la emiratí fueron ajustados descontando la retribución al Estado (3% de ingresos brutos) y el aporte por regulación (1%). Estos ajustes buscan reflejar el ingreso neto utilizado para la prestación de servicios portuarios puros.

Vigencia y próximos pasos

Las nuevas tarifas deberán ser publicadas y comunicadas oficialmente a DP World Callao S.R.L. en un plazo máximo de tres días hábiles desde la notificación de la resolución.

El concesionario podrá determinar la estructura tarifaria interna de cada servicio, siempre respetando el tope anual fijado. La regulación alcanza tanto a los servicios ligados a las naves como a los relacionados con la carga.

El factor de productividad de -4,44% estará vigente hasta 17 de agosto de 2030, tras lo cual se realizará una nueva revisión quinquenal, siguiendo los lineamientos del contrato y las reglas técnicas del regulador.

Las principales resoluciones, informes técnicos y los comentarios formarán parte pública y estarán disponibles en el portal del Ositrán y la Plataforma Digital Única del Estado Peruano para orientación al ciudadano.

La presidenta Keiko Fujimori anunció en su mensaje a la Nación la creación de un bono compensatorio por única vez dirigido a las micro y pequeñas empresas (mypes).

Este bono acompañará el aumento de la Remuneración Mínima Vital de S/1.025 a S/1.300, con el objetivo de ayudar a las mypes a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar el mayor costo laboral que implica el nuevo salario mínimo.

“Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”, dijo la jefa de Estado para el periodo 2026-2031.

El anuncio forma parte del paquete de medidas económicas que el nuevo gobierno implementará para mejorar los ingresos de los trabajadores sin afectar la sostenibilidad de las empresas más pequeñas. Fujimori ratificó que quieren mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales.

Bono único para mypes acompaña el aumento del salario mínimo

Además del bono compensatorio, Keiko Fujimori expuso en su mensaje un paquete de medidas para fortalecer a las mypes, facilitar el acceso al crédito y reactivar programas de apoyo al emprendimiento.

“Durante nuestros primeros cien días reactivaremos PROMYPE, ampliaremos el acceso al crédito a través de COFIDE, fortaleceremos compras MYPerú, e impulsaremos el factoring”, remarcó.

Estas medidas buscan brindar liquidez, mejorar las condiciones de financiamiento y facilitar las ventas a través de compras estatales, un mercado relevante ya que las adquisiciones públicas concentran el 24% del gasto nacional, según lo señalado en el mensaje presidencial.

Fujimori destacó que el Estado priorizará a las mypes en las políticas económicas y que se presentarán políticas integrales para reducir la informalidad laboral sin afectar derechos.

“Nuestros emprendedores no piden privilegios: piden que el Estado deje de ponerles obstáculos y los ayude a crecer”, sentenció.

Las mypes, motor del empleo y la economía en Perú

¿Qué tan grande será el reto para el gobierno de Keiko Fujimori? En Perú, operan 6,1 millones de mypes, que al cierre de 2024 representaron el 99,7% del total de empresas en el país, según cifras de ComexPerú y el Ministerio de la Producción (PRODUCE).

De ese universo, el 50% pertenece al sector servicios, el 32% al comercio, el 15% a la producción y el 3% combina producción y comercio.

El impacto laboral de las mypes es significativo: estas empresas generan 8,3 millones de puestos de trabajo, lo que equivale al 45% de la Población Económicamente Activa (PEA) empleada en Perú.

Además, la mención de PROMYPE de Keiko Fujimori hace alusión a PROMPYME, la entidad pública creada en 1997 durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori, para facilitar el desarrollo de las mypes, su acceso a mercados y su participación en compras estatales.

PROMPYME dejó de existir como entidad independiente en 2007, cuando sus funciones pasaron al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Pensión 65 se duplica para adultos mayores en pobreza extrema

De otro lado, Keiko Fujimori confirmó la duplicación del monto de Pensión 65, que beneficiará a los adultos mayores en situación de pobreza extrema. El programa pasará de S/350 a S/700 bimestrales, como parte de una política de protección integral para la tercera edad.

Esta medida estará acompañada por brigadas móviles que afiliarán a beneficiarios en zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas, con el objetivo de asegurar que ningún adulto mayor vulnerable quede excluido del apoyo estatal.

Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta de la República del Perú para el periodo 2026-2031, inició su mandato con un mensaje ante el Congreso cargado de anuncios económicos, entre los que destacó la duplicación del monto de Pensión 65 para adultos mayores en situación de pobreza extrema.

“Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”, declaró Fujimori en la parte central de su discurso, remarcando el inicio de una política de protección integral para la tercera edad bajo el lema “Cuidando la experiencia”.

Pensión 65 sube a S/700 para adultos mayores

La mandataria explicó que este incremento irá acompañado de una estrategia activa de inclusión, que movilizará brigadas a zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas para garantizar la afiliación de todos los adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

“Quien trabajó toda su vida por el Perú merece un Perú que hoy trabaje por él. La gratitud también es una política pública”, subrayó Fujimori.

El mensaje recogió datos de la Contraloría General de la República, que en 2023 reportó pérdidas superiores a 24 mil millones de soles por corrupción e ineficiencia, lo que, según la presidenta, refleja la urgencia de mejorar la gestión pública y redirigir los recursos a quienes más lo necesitan.

La nueva política para adultos mayores se complementará con otras acciones, como la mejora en la cobertura de salud, el acompañamiento social y la integración comunitaria.

El compromiso, reiteró Fujimori, es avanzar hacia una pensión universal para quienes se encuentran en situación de pobreza, con la meta de que ningún peruano quede desprotegido por el lugar donde nació o por la ausencia del Estado.

Sueldo mínimo aumenta a S/1,300

En el mismo mensaje, la presidenta anunció el aumento de la Remuneración Mínima Vital, que pasará de S/ 1.025 a S/ 1.300. “Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1,300 soles”, afirmó.

Para evitar impactos negativos en el sector de las micro y pequeñas empresas, el gobierno otorgará un bono compensatorio por única vez, con el objetivo de facilitar el proceso de adaptación y fomentar la formalización laboral.

El discurso presidencial también abordó la necesidad de eficiencia y transparencia en la administración pública. “Cada desperdicio de recursos públicos es una oportunidad que se le arrebata a un peruano”, enfatizó.

Fujimori también recalcó que las compras públicas representan el 24% del gasto nacional, por lo que el gobierno impulsará reformas para reducir la dispersión de procedimientos, fortalecer los mecanismos de control y asegurar que los recursos beneficien directamente a la población.

Keiko Fujimori: Mypes recibirán bono compensatorio

En el plano productivo y empresarial, el gobierno adelantó la reactivación de PROMYPE y el acceso expandido al crédito mediante COFIDE, así como nuevas políticas para reducir la informalidad laboral sin afectar derechos adquiridos.

“Nuestros emprendedores no piden privilegios: piden que el Estado deje de ponerles obstáculos y los ayude a crecer”, expresó la mandataria, quien también hizo un llamado a la unidad nacional, a la confianza y al trabajo coordinado entre los sectores público y privado.

El mensaje finalizó con un llamado a la reconciliación nacional y al compromiso de trabajar durante los próximos 1826 días “con método, disciplina y metas medibles”, asegurando que la “gratitud, la justicia y la dignidad de cada peruano serán el centro de mi gobierno”.

Rodrigo Paz Pereira, presidente de Bolivia, llegó a Lima para participar en la toma de mando de Keiko Fujimori, quien asumirá la presidencia de la República para el periodo 2026-2031.

Al dirigirse a la prensa, el dignatario altiplánico subrayó la relevancia de una agenda bilateral compuesta por tres ejes principales, orientados a estrechar los vínculos entre ambas naciones.

“Vengo con una agenda que no solo implica estar presente en la asunción, sino también abordar temas bilaterales de comercio“, reveló el jefe de Estado.

Rodrigo Paz, un presidente con agenda propia en Lima

A su llegada al Congreso peruano, el mandatario presentó los lineamientos que guiarán el vínculo con el nuevo gobierno peruano y la importancia de avanzar en proyectos conjuntos.

“En primer lugar, buscamos retomar la agenda de Ilo. También está en discusión la agenda Guaqui-Puno, que contempla una nueva conexión ferroviaria que permitirá a Perú facilitar su salida hacia el Pacífico y, al mismo tiempo, hacia Brasil y la hidrovía”, indicó Paz.

Además, reiteró el interés del gobierno boliviano en potenciar el uso del puerto de Chancay, operado por la estatal china Cosco Shipping, ubicado al norte de Lima y que permite conectar con Asia en 23 días.

“Como tercer punto, trabajamos en la zona norte para conectar el puerto de Chancay con nuestro departamento de Pando, lo que permitirá unir Brasil con Perú. Bolivia se encuentra justo en el centro”, aseveró.

Chancay y el Tren Guaqui-Puno: integración ferroviaria y regional

De otro lado, el presidente boliviano se refirió a la lucha contra el crimen organizado y el contrabando en la zona de frontera, y consideró que la cooperación binacional será determinante para enfrentar estos desafíos y garantizar la seguridad en ambos lados.

“No hay que olvidar que en su momento, Bolivia y Perú conformaron un país confederado, por lo que no será un problema trabajar de buena manera con la presidenta”, expresó.

Finalmente, Paz consideró que a la nueva presidenta del Perú “no se le debe definir ideológicamente, sino por los resultados que logre en momentos difíciles, en conjunto con la democracia”.

“Sudamérica enfrenta un peligro hemisférico para nuestras democracias y, hoy más que nunca, los gobiernos elegidos por nuestros pueblos deben defender sus constituciones. Ser de derecha o de izquierda es secundario; lo fundamental es que todo se resuelva dentro de la democracia y nada fuera de ella”, sentenció.

Tres ejes para una nueva etapa bilateral entre Perú y Bolivia

Pero, ¿de qué tratan estos tres ejes? El primero de ellos apunta a la reactivación y fortalecimiento del puerto de Ilo, en el sur de Perú. Este puerto es una alternativa clave para el comercio exterior boliviano, ya que facilita el acceso directo al océano Pacífico.

Bolivia, que tradicionalmente depende de puertos chilenos, busca ampliar el uso de Ilo para exportar e importar bienes. El puerto ya se utiliza para el tránsito de carga boliviana, aunque su potencial aún está lejos de ser aprovechado al máximo.

En cuanto al Guaqui-Puno, el segundo eje contempla el desarrollo de un corredor ferroviario que uniría el altiplano boliviano con el sur peruano, facilitando la conexión logística y el intercambio comercial y turístico.

El proyecto prevé una línea férrea entre Guaqui y Puno, atravesando el lago Titicaca y potenciando la integración regional. Esta iniciativa permitiría a Bolivia diversificar sus rutas de salida y aprovechar mejor las oportunidades de comercio con Perú y otros países de la región.

Chancay, el nuevo puente hacia Asia

Finalmente, el interés de Bolivia por el puerto de Chancay es conocido, ya que se trata de una infraestructura moderna al norte de Lima, operada por la estatal china Cosco Shipping.

Inaugurado en 2024 con una inversión inicial de 1.300 millones de dólares, el puerto de Chancay tiene capacidad para recibir embarcaciones de hasta 24.000 TEUs y conecta directamente con Asia en solo 23 días.

En 2025, el terminal movilizó cerca de 400.000 TEUs, consolidándose como uno de los principales puntos logísticos de la costa del Pacífico sur y abriendo nuevas oportunidades de integración para Bolivia a través del corredor bioceánico.

Moody’s Ratings advierte que la banca de América Latina enfrenta un escenario de creciente vulnerabilidad en 2026, alimentado por el deterioro de las condiciones macroeconómicas, el avance de la inflación y el encarecimiento del crédito.

En su informe más reciente, la agencia señala que los sistemas bancarios de la región experimentan un aumento en los riesgos asociados a la calidad de los activos.

Según Moody’s, el pico del deterioro podría producirse entre el segundo y tercer trimestre de 2026 y los altos costos por provisiones para cubrir pérdidas se mantendrán elevados durante el resto del año, afectando la rentabilidad de las entidades financieras.

La banca regional enfrenta el mayor desafío desde la pandemia

El documento destaca que los bancos han visto erosionada la capacidad de pago de consumidores y empresas luego de varios años de expansión crediticia, una tendencia que afecta particularmente a los segmentos de crédito al consumo y a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Para limitar el impacto, los bancos han endurecido los criterios de otorgamiento de nuevos créditos y han extendido el uso de garantías gubernamentales, sobre todo para préstamos destinados a pymes.

Según Moody’s Ratings, países como Argentina y Brasil muestran los mayores focos de tensión, con tasas de morosidad en alza y un incremento del endeudamiento familiar que supera la capacidad de pago.

El reporte identifica que el crecimiento acelerado de los créditos no garantizados y la competencia impulsada por fintechs y bancos digitales han elevado el apalancamiento de los hogares.

En este contexto, la morosidad de las familias argentinas llegó al 12,1%, el nivel más alto en dos décadas, mientras que en Brasil la presión recae tanto en el segmento minorista como en el de pymes.

México y Colombia también figuran como casos a monitorear, por la rápida expansión del crédito y las señales de fragilidad en la recuperación económica. Chile y Perú aparecen en el informe como países con menor deterioro, aunque persisten riesgos ligados a la volatilidad global.

Perú, estabilidad relativa frente a la región, según Moody’s

Aunque el documento de Moody’s Ratings incluye a Perú en sus cuadros comparativos de indicadores clave, el análisis no lo señala como un foco de deterioro relevante. Las proyecciones macroeconómicas del país muestran una situación más estable que la de sus pares latinoamericanos.

Según el informe, se espera que la inflación se mantenga baja, con un 2,0% para 2026, mientras la tasa de interés se proyecta en 4,3% y el crecimiento del PBI real en 3,0%.

En materia bancaria, Perú no destaca por un incremento significativo de la morosidad ni en la cartera de consumo ni en el segmento corporativo. Moody’s subraya que los indicadores de riesgo crediticio en el país permanecen contenidos, a diferencia de lo que ocurre en otros mercados de la región.

Además, el informe aclara que, aunque existen inquietudes en torno a empresas estatales como Petroperú, la exposición del sistema bancario a estos riesgos es limitada y cuenta con respaldo estatal.

Fintechs dinamizan el crédito, pero elevan impago en ciertos segmentos

La presión sobre los hogares se explica por el sobreendeudamiento y el auge de créditos no garantizados, especialmente en Argentina y Brasil. Según Moody’s, el protagonismo de las fintechs y bancos digitales ha facilitado el acceso al crédito, aunque a costa de un mayor riesgo sistémico.

En estos mercados, el incremento de préstamos a familias con menor capacidad de pago elevó la morosidad, una tendencia que preocupa a los analistas financieros.

México, con un nivel de endeudamiento familiar bajo en comparación regional, comienza a mostrar señales de presión debido al crecimiento del crédito y la desaceleración económica, de acuerdo con la calificadora.

En el ámbito empresarial, el informe reconoce que las pymes resultan las más vulnerables, con dificultades para acceder a financiamiento y soportar tasas de interés elevadas.

Las grandes empresas brasileñas han buscado alternativas en los mercados de capitales, mientras que las pymes de Argentina y Brasil registran incrementos en préstamos dudosos. El sector agrícola afronta mayores costos y riesgos climáticos, como el fenómeno de El Niño.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) oficializó, a través de la Resolución Ministerial N° 310-2026-EF/15, la aprobación del procedimiento que regirá la evaluación, selección y designación de los miembros independientes del Consejo Directivo de ProInversión, en representación de la propia cartera.

La medida da cumplimiento a una obligación pendiente desde la entrada en vigencia de la Ley N° 32441 y su Reglamento, que ya ordenaban este desarrollo normativo.

ProInversión es la agencia pública responsable de diseñar, conducir y concluir los procesos de promoción de asociaciones público privadas y proyectos en activos. Opera como organismo técnico especializado adscrito al MEF, que supervisa y define su política institucional.

ProInversión: ¿Qué establece la nueva resolución del MEF?

La nueva disposición establece un marco detallado y transparente para la selección de los dos representantes independientes del MEF en el máximo órgano de gobierno de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión).

El procedimiento busca garantizar criterios de idoneidad técnica y moral, en línea con lo dispuesto en los artículos 17 de la Ley y 27 y 28 del Reglamento, sin alterar la composición original del Consejo ni los requisitos mínimos ni impedimentos para acceder al cargo.

El procedimiento aprobado dispone la creación de un Comité de Selección, conformado por el Viceministro de Economía, el Viceministro de Hacienda y el Secretario General del MEF.

Este Comité estará encargado de conducir el concurso público, definir y publicar las bases, evaluar a los postulantes y resolver cualquier situación no prevista en las reglas del proceso.

La Secretaría Técnica recaerá en la Oficina General de Recursos Humanos del MEF, que deberá proporcionar soporte técnico y administrativo durante todas las etapas.

Comité de Selección: integración y funciones

La resolución especifica que el concurso público contará con varias fases: convocatoria, inscripción, evaluación curricular, evaluación de conocimientos y entrevista personal.

Cada etapa será eliminatoria y las bases deben publicarse tanto en el diario oficial El Peruano como en los portales institucionales del MEF y ProInversión, para asegurar la máxima difusión y acceso.

Solo podrán continuar en el proceso quienes acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos y no se encuentren incursos en los impedimentos ya establecidos en el Reglamento.

El MEF estableció que los postulantes podrán acceder a la asignación de puntaje adicional por mayor calificación profesional, conforme a los criterios definidos en el anexo de la resolución.

Además, la normativa prevé la aplicación de bonificaciones para personas con discapacidad y licenciados de las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la legislación vigente.

Sanciones, orden de mérito y bonificaciones para postulantes

El puntaje final de cada postulante resultará de la suma de las calificaciones obtenidas en las diferentes etapas. La asignación de las vacantes se realizará en estricto orden de mérito, según los resultados publicados en las plataformas oficiales.

En caso de empate, se considerarán sucesivamente el mayor puntaje en la entrevista personal, la evaluación de conocimientos y la evaluación curricular.

De acuerdo con la resolución del MEF, la designación formal de los miembros seleccionados se concretará en un plazo de hasta cinco días hábiles tras la publicación de los resultados finales.

La normativa también contempla la descalificación en cualquier momento del proceso si se detecta la presentación de información o documentación falsa, así como la fiscalización posterior por parte de la Oficina General de Recursos Humanos.

Un paso clave para fortalecer la transparencia en ProInversión

El procedimiento aprobado no modifica la estructura legal ni los requisitos básicos definidos por la Ley N° 32441 ni por el Reglamento aprobado mediante DS N° 316-2025-EF.

Según el ministerio, la resolución se limita a desarrollar el mandato contenido en ambas normas, que exigían la aprobación de un proceso transparente y objetivo para la designación de los miembros independientes del Consejo Directivo de ProInversión.

La implementación de este nuevo esquema permitirá que las próximas designaciones de directores independientes se realicen bajo reglas claras, públicas y con mecanismos de control y publicidad.

El Consejo Directivo de ProInversión queda de este modo habilitado para renovar o completar su integración conforme al marco normativo vigente, con la expectativa de fortalecer la transparencia y la meritocracia en la gestión de la promoción de la inversión privada en el país.

Precisamente, el ahora ministro de la cartera, Elmer Cuba, concedió, hace poco menos de un mes, una entrevista en la que aseveró que impulsaría una serie de medidas para el inicio de la nueva gestión. ¿Cuántas de ellas podrá cumplir?

1. Nombrar una autoridad central para enfrentar el fenómeno de El Niño

Elmer Cuba plantea que, ante la inminencia de desastres naturales vinculados al fenómeno de El Niño, la respuesta del Estado debe ser rápida, coordinada y eficaz. Para ello, propone crear una autoridad central con respaldo legal especial, a través de una ley o un decreto, que tenga la responsabilidad exclusiva de acelerar obras de prevención y reconstrucción.

Esta autoridad permitiría superar la ineficacia de organismos previos y evitaría que la preparación ante el fenómeno quede incompleta, lo que podría traducirse en mayores daños y pérdidas económicas.

“Hay que distinguir de las urgentes, de las importantes. Las urgentes son, nombrar una autoridad central, con una ley especial, un decreto especial para que se encargue de apurar todo el tema del Niño”, declaró para El Montonero.

2. Detener el “drenaje” de recursos en Petroperú

El economista identifica a Petroperú como un foco de pérdidas fiscales constantes para el Estado peruano. Sostiene que es imperativo frenar el uso ineficiente de recursos públicos en la empresa, que describe como un “barril sin fondo”, ya que los esfuerzos destinados a mantenerla representan una carga significativa para las finanzas públicas.

La acción concreta implica revisar y limitar las transferencias estatales y buscar mecanismos para que la empresa no siga generando déficit. Actualmente, la deuda de Petroperú supera los USD 5.000 millones.

“Petroperú sigue siendo un barril sin fondo que elimina recursos públicos y que cuesta recaudar”, mencionó.

3. Eliminar la pensión vitalicia para maestros

Como una de las medidas urgentes, Cuba propone derogar o modificar la Ley N° 32581 que otorga pensión vitalicia a los maestros del sector público, ubicada en torno a los S/ 3.300 a S/ 3.500, según el valor vigente de la escala.

Considera que este beneficio es insostenible para las finanzas del Estado y rompe el equilibrio del sistema de pensiones, generando además una situación injusta frente a otros servidores públicos. Eliminar esta disposición evitaría un crecimiento descontrolado del gasto previsional y evitaría problemas adicionales en el futuro.

“La madre de las batallas es la pensión vitalicia para los maestros. Esa es demasiado cara y rompe todo el equilibrio pensional del sector público”, indicó el economista.

4. Nueva ley para formalizar la minería informal y de pequeña escala (MAPE)

Cuba señala que la informalidad minera constituye un problema estructural que requiere una respuesta legal específica. Propone implementar una nueva ley orientada a la minería artesanal y de pequeña escala, que contemple un periodo de adaptación para que los actores del sector puedan cumplir con la regulación antes de aplicar sanciones severas.

Actualmente, el REINFO se cierra el 31 de diciembre de 2027, según lo establecido por la Ley N° 32537. El proceso de formalización minera integral también podría concluir antes si entra en vigor la futura Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE).

“Arreglar definitivamente el tema de la minería informal y pequeña escala, una ley MAPE que sea acorde a las verdaderas productividades de ese sector y darles un tiempo para que se adapten a esa norma”, refirió el ahora ministro.

5. Reconstruir la burocracia estatal y el aparato público

Elmer Cuba advierte que el Estado peruano ha quedado “decapitado” tras años de crisis política y alta rotación en los ministerios, lo que ha debilitado la cadena de mando y la capacidad de gestión.

Por ello, plantea la necesidad de reconstruir el aparato público, atraer profesionales y restablecer la estructura administrativa para recuperar la eficacia estatal. Solo así, sostiene, será posible implementar políticas públicas de manera consistente y eficiente en todo el país.

“El Estado peruano ha sido decapitado […] no responde al freno, ni al acelerador, ni a los cambios. Hemos decapitado toda la burocracia que teníamos en los últimos veinte años”, confirió.

6. Reforma educativa (básica, secundaria y universidades privadas de baja calidad)

El economista considera que la educación es clave para el desarrollo a largo plazo y la reducción de la informalidad. Propone enfrentar los intereses corporativos, tanto sindicales como de universidades privadas de baja calidad, para mejorar el sistema educativo.

Esto implicaría cambios en la regulación, la supervisión y la calidad de los contenidos, a fin de evitar que los jóvenes sigan condenados a empleos informales y precarios.

“Todavía seguimos fabricando personas que van a ganar muy poco, los pobres del futuro, los independientes del futuro, los informales del futuro, los vulnerables del futuro, los estamos formando hoy”, opinó en la entrevista.

7. Reforma tributaria para reducir la evasión (sin cambiar tasas)

Cuba no propone modificar las tasas de impuestos, sino atacar el problema de la evasión, que identifica como uno de los principales obstáculos fiscales del país. Su planteamiento es mejorar los mecanismos de recaudación, especialmente en la mediana y pequeña empresa, donde se concentra la mayor parte de la evasión.

Con una mejor fiscalización y cumplimiento, consideró que Perú podría incrementar sus recursos públicos sin necesidad de aumentar la presión tributaria sobre los contribuyentes formales.

“El problema no está en las tasas, está en la evasión. Los grandes pagan todo lo que tienen que pagar, el evasor es la mediana para abajo, que tiene doble contabilidad”, dijo Cuba.

8. Reforma laboral para adecuarla a la realidad de la microempresa y reducir informalidad

El exconsultor de Macroconsult reconoce que la informalidad laboral es uno de los principales retos económicos y sociales del Perú. Propone una reforma laboral específica para la microempresa, que reduzca las rigideces y costos que actualmente dificultan la formalización del empleo.

Esta reforma, según Cuba, permitiría que más trabajadores accedan a derechos laborales y al mismo tiempo fortalecería al sindicalismo, al ampliar la base de trabajadores formales.

“Tienes que recalibrar las normas de la ley laboral de la microempresa para realmente arrancar y a bajar de una vez por todas y para siempre la informalidad laboral”, aseveró.

9. Mejorar la eficiencia en la inversión pública regional y local

Cuba destaca que gran parte de la inversión pública se pierde en obras inconclusas y corrupción, especialmente en gobiernos regionales y municipales. Propone que, sin aumentar el presupuesto, se priorice la gestión efectiva de los recursos, evitando la dispersión y el mal uso.

La clave, de acuerdo con el nuevo ministro de Keiko Fujimori, sería fiscalizar y controlar la ejecución de obras para garantizar resultados tangibles en servicios básicos como agua, caminos y puentes.

“En los gobiernos regionales y gobiernos locales, donde dos tercios de la inversión pública se hacen ahí, abajo hay una corrupción mayúscula y no está funcionando. Si solamente invirtiésemos bien, el mismo monto sería una maravilla”, remitió.

10. Fortalecer la gestión pública para ganar legitimidad y facilitar reformas

Finalmente, Elmer Cuba sostiene que el éxito de un gobierno depende en gran parte de su capacidad de gestión, especialmente en los primeros meses de mandato. Considera que una administración eficiente, que logre resultados visibles rápidamente, permite al gobierno aumentar su legitimidad ante la ciudadanía.

Este respaldo social es fundamental para que el Ejecutivo tenga margen político y pueda implementar reformas de fondo en los siguientes años. En otras palabras, Cuba plantea que la gestión pública efectiva no solo es un fin en sí mismo, sino también una herramienta para consolidar el apoyo social y político necesario para transformar al país.

“La gestión, si hace una buena gestión los primeros meses, eso va a subir y le va a dar más legitimidad. Un presidente popular y querido tiene más espacio para hacer reformas”, sentenció.

Elmer Cuba llega al MEF en un momento crítico para el país

De esta manera, el nuevo titular del MEF busca avanzar con medidas como la creación de una autoridad central para enfrentar el fenómeno de El Niño, el control del gasto en empresas estatales y la reforma de sistemas laborales y tributarios.

La confianz es grande, pues Elmer Cuba fue anticipadamente anunciado junto a Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros y Carlos Espá como ministro de Relaciones Exteriores.

Sin embargo, el alcance de estas iniciativas estará condicionado por la capacidad del gobierno para generar confianza, alcanzar acuerdos con los sectores empresariales y laborales, y responder a un escenario económico desafiante marcado por la llegada de uno de los fenómenos de El Niño más intensos de las últimas décadas.

El Niño ha generado una reducción significativa en la producción eólica en Perú, con caídas de hasta el 90% de la generación durante ciertas horas del día, especialmente por disminución de los vientos. Esta situación es inédita, pues en anteriores episodios de El Niño no existía una capacidad eólica relevante en el país.

En condiciones normales (sin El Niño), la producción eólica baja entre un 40% y 50% en las horas de menor viento, pero ahora la caída es aún más pronunciada e irregular.

De acuerdo con fuentes del sector, el fenómeno ha mostrado el alto grado de vulnerabilidad de la generación eólica frente a eventos climáticos extremos, con efectos que no estaban previstos en la planificación operativa del sistema.

El Niño se lleva los vientos en plena temporada de sequía

La generación renovable representa en promedio el 11% de la producción eléctrica total en Perú. Esta participación se incrementa de manera constante debido a la incorporación de nuevas centrales eólicas y solares al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Sin embargo, la expansión no ha sido históricamente suficiente para cubrir el aumento de la demanda, sobre todo en época seca, que va de mayo a noviembre y donde disminuye el caudal de los ríos y, por tanto, la producción hidroeléctrica.

Durante el resto del año, en la llamada “avenida” o temporada de lluvias (diciembre a abril), el caudal de los ríos suele aumentar y la producción hidroeléctrica se recupera, permitiendo mayor flexibilidad al sistema.

En este 2026, a la merma de vientos y la temporada de sequía se suman no solo los efectos de El Niño, sino también la salida de servicio de la hidroeléctrica Quitaracsa por inundación desde hace tres años y la caída en la generación de Aguaytía debido a problemas técnicos.

El costo de la electricidad se dispara a 285 dólares por MWh

En consecuencia, el sistema ha empezado a estresarse. La quema de diésel —una forma coloquial de referirse a la generación de electricidad con centrales térmicas a base de diésel, que resulta mucho más costosa y contaminante— volvió a tomar protagonismo la semana pasada.

El costo marginal de la energía se elevó de 36 dólares por megavatio hora (MWh) a 285 dólares por MWh. El momento más crítico se vivió el lunes 20 de julio, cuando la generación eólica nacional se desplomó a solo 80 MW entre las 10 y 11 de la mañana.

En condiciones normales, la capacidad eólica instalada en Perú asciende a aproximadamente 700 megavatios (MW), distribuidos entre el norte y el sur del país, con lo cual la caída bordeó el 90%, según cifras del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

En el norte, las principales eólicas son Cupisnique (La Libertad), Talara (Piura), y Duna y Huambos (Cajamarca). Estas últimas destacan por ser las primeras en operar en la sierra andina. En el sur, destacan Wayra I, el parque eólico más grande del país, Punta Lomitas y San Juan de Marcona.

Sin electricidad en el norte: ¿Las familias pagarán más en sus recibos?

Esta alza afecta principalmente a los usuarios libres (industrias que negocian directamente el precio de la electricidad con las generadoras) cuyos contratos contemplan ajustes en corto. Regulados y residenciales no ven un impacto inmediato en la tarifa, salvo que el alza se deba a congestión en las líneas de transmisión.

Y esto es lo que ocurrió en el norte del país, donde el retraso del Proyecto “Enlace 500 kV Huánuco – Tocache – Celendín – Trujillo, ampliaciones y subestaciones asociadas", a cargo de ISA Energía Perú, provocó que se alcanzara el límite de capacidad de transporte eléctrico hacia esa región.

Ante esta situación, el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), autorizó la sobrecarga temporal de las líneas y dispuso la instalación de un sistema de protección de emergencia -también a cargo de ISA- para mitigar riesgos, mientras se completa la infraestructura pendiente.

El retraso del proyecto, que debía estar listo en julio de 2029, se debió a demoras en la licitación de ProInversión y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). De no haberse tomado medidas, las familias y pequeñas empresas de la zona norte del país habrían enfrentado un aumento en sus recibos. El problema es que ahora viene El Niño.

El calendario de 2026 marca unas Fiestas Patrias sin feriado largo tradicional, con limeños, arequipeños y trujillanos optando por celebraciones locales y una movilidad urbana más intensa.

Con los feriados nacionales cayendo martes y miércoles, la “semana corta” transforma el comportamiento de consumo, traslados y demanda de servicios en las principales ciudades del país, de acuerdo con un reciente análisis de inDrive.

La movilidad local se impone en la “semana corta”

A diferencia de años anteriores, cuando el feriado largo disparaba viajes hacia provincias y terminales terrestres o aéreos —con picos de hasta 10% fuera de Lima—, en 2026 el foco se mantiene en el consumo y las salidas dentro de la ciudad.

La mayoría de habitantes en Lima, Arequipa y Trujillo permanecerá en sus localidades, lo que incrementará la movilidad urbana y las actividades en espacios de ocio, restaurantes y ferias.

Gonzalo Armas, gerente de Movilidad Urbana de inDrive Perú, explicó que “detrás de cada trayecto hay un ecosistema activo de conductores y pequeños negocios que encuentran en estas fechas clave una oportunidad fundamental de ingresos”

Cevicherías, salidas nocturnas y delivery, los motores del consumo

Pero, ¿cuáles son los negocios que hacen su “agosto” en julio? Los datos históricos muestran que, durante los feriados del séptimo mes del año, las visitas a cevicherías y restaurantes llegan a crecer hasta un 97%, mientras los viajes a parques y ferias aumentan un 16% y un 39%, respectivamente.

El primer pico de viajes se da la víspera del feriado, entre las 20:00 y las 23:00, y luego la demanda vuelve a repuntar en la madrugada del día festivo, con incrementos superiores al 100% en traslados y solicitudes de servicio.

El delivery experimenta sus mayores volúmenes después de las 14:00, impulsado por almuerzos familiares y pedidos tanto para empresas como para particulares.

Aunque los envíos a oficinas disminuyen, según el análisis, la categoría de comida preparada sostiene una alta actividad, especialmente en zonas residenciales y de recreo.

Zonas y horarios de mayor movimiento en Lima, Arequipa y Trujillo

En Lima, Independencia, Callao y San Miguel registran los mayores aumentos de tránsito, con picos de hasta 38%, seguidos por Surco y Jesús María.

Para el delivery, los distritos líderes son Cercado de Lima, La Victoria y San Martín de Porres. En Trujillo, destacan Cercado, Huanchaco y El Porvenir; mientras que en Arequipa, el mayor flujo se concentra en Hunter, Centro de Arequipa y Paucarpata.

El refuerzo de conductores y couriers debe dirigirse, en consecuencia, a las franjas críticas de tarde, noche y madrugada, con incentivos específicos para garantizar cobertura óptima en zonas de ocio, centros comerciales y ferias.

Estrategias y oportunidades para el ecosistema urbano

inDrive concluye que la oportunidad para conductores y pequeños negocios es considerable durante estas fechas, al concentrarse la demanda dentro de las ciudades. La tecnología y la coordinación serán claves para mantener la calidad del servicio ante el incremento puntual de solicitudes.

De esta manera, la plataforma de movilidad espera que esta tendencia refuerce el papel de la tecnología como aliada tanto para usuarios como para emprendedores en Perú.

La inminente intensificación del Fenómeno El Niño durante 2026-2027 plantea un desafío severo para la cadena logística de las exportaciones peruanas, especialmente en el transporte de productos agroindustriales y pesqueros desde el norte del país hacia el Puerto del Callao.

De acuerdo con información de APM Terminals Callao, las campañas de mango, uva, arándano, espárrago y productos pesqueros coincidirían con el periodo de mayor presión climática y logística, lo que aumentaría la tensión sobre los principales corredores y terminales portuarios.

Impacto en los principales productos y rutas de exportación

Según datos de APM Terminals Callao, el mango figura entre los productos más expuestos debido a su alta concentración en el norte del Perú y a las pérdidas ya registradas en anteriores episodios climáticos.

Las campañas de uva, arándano, espárrago y palta también podrían registrar afectaciones, con variaciones según la región y el calendario de cosecha.

Las lluvias intensas y los daños en carreteras y puentes han reducido cosechas y congestionado la logística en eventos previos, concentrando en pocas semanas volúmenes de carga que normalmente se distribuyen a lo largo de meses.

“Las experiencias de los FEN de 1997-1998, 2017 y 2023 muestran que lluvias intensas, daños en carreteras y puentes afectan gravemente los corredores de transporte, reducen cosechas y concentran en pocas semanas volúmenes que normalmente se movilizan en periodos más amplios”, dijo Sofía Balbi, gerenta comercial de carga contenedorizada de APM Terminals Callao.

La ejecutiva añadió que el acceso a los puertos, los espacios de almacenamiento y la disponibilidad de contenedores refrigerados se verán sometidos a una presión sin precedentes.

Respuestas del sector portuario ante el riesgo climático

Frente a este escenario, APM Terminals Callao, operador del Terminal Norte del puerto del Callao, prepara un conjunto de medidas para mitigar los posibles impactos de El Niño.

La empresa proyecta la recepción anticipada de carga, la implementación de ventanas flexibles de ingreso y la atención prioritaria para operaciones críticas.

Además, se diseñan mecanismos para asegurar la disponibilidad de contenedores vacíos y de infraestructura refrigerada, con el fin de evitar acumulaciones desordenadas en el principal terminal portuario del país. Balbi subrayó la importancia de la coordinación entre los diferentes actores de la cadena logística.

“El principal desafío es anticipar cómo cambiarán los flujos de carga y coordinar con tiempo una respuesta entre los distintos actores de la cadena. La prevención permitirá proteger productos sensibles, reducir demoras y mantener la continuidad del comercio exterior”, remitió.

Para esto, la compañía prevé fortalecer la comunicación y los protocolos conjuntos con líneas navieras, agroexportadores, empresas pesqueras, operadores logísticos, transportistas y depósitos de contenedores.

Infraestructura y coordinación, claves para la exportación

Uno de los puntos críticos será la demanda de infraestructura refrigerada. La recuperación de la captura de pota y otros productos congelados suele suceder justo después de la temporada alta de fruta, extendiendo los problemas sobre la cadena de frío.

Actualmente, APM Terminals Callao cuenta con 1.550 tomas para contenedores refrigerados, estructuras que permiten el apilamiento seguro y la preservación de los productos exportados. Esta capacidad crecerá en un 40% durante los próximos dos años, según datos de la compañía.

Una respuesta coordinada será determinante para sostener la competitividad de los productos peruanos. Las proyecciones apuntan a que los problemas de infraestructura terrestre, agravados por El Niño, no deben trasladarse a los terminales portuarios ni al conjunto de la cadena logística peruana.

Tras su presentación junto a otros miembros del gabinete, el nuevo titular del MEF dijo que el objetivo central será que la mejora económica del país llegue a los trabajadores y se refleje en su poder adquisitivo.

“Esperamos que en este lustro los salarios reales vuelvan a crecer, y el salario mínimo es parte importante de este diagnóstico; siempre está en evaluación. No quiero hacer ningún anuncio en este momento, vamos a esperar unos días más”, remarcó Cuba.

Estas declaraciones fueron respaldadas por Luis Galarreta, virtual presidente del Consejo de Ministros, quien aseguró que el próximo gobierno priorizará el diálogo con todos los sectores.

“Hay bastante diálogo y conversación. Este diálogo no solo es con fuerzas políticas, sino también con todas las fuerzas sociales vivas del país, el sector empresarial, laboral, trabajadores y sindicatos. Seremos un gobierno de mucho diálogo”, sostuvo.

¿Qué son los salarios reales?

Vale recordar que, durante la campaña presidencial de 2026, Keiko Fujimori rechazó la propuesta de su rival Roberto Sánchez de elevar el salario mínimo a S/1.500, calificándola de populista y sin sustento técnico.

Fujimori remarcó que cualquier aumento de la RMV debe ser progresivo y depender del crecimiento económico y la productividad del país, asegurando que su eventual gobierno actuaría con responsabilidad y evitaría medidas “de aplauso fácil”. Pero, ¿qué son entonces los salarios reales?

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, explica que el concepto de remuneración real implica considerar no solo el monto del salario, sino también la evolución de la capacidad de compra, es decir, cómo la inflación afecta el poder adquisitivo de los trabajadores.

En diálogo con Infobae Perú, el economista señaló que cuando el salario real se mantiene constante, esto significa que los sueldos suben a la misma velocidad que los precios, preservando así la capacidad de compra a lo largo del tiempo.

Odar precisó que, en la práctica, la evolución de los salarios suele ser reactiva, ya que las remuneraciones tienden a incrementarse después de que sube la inflación.

Esto genera que, en términos reales, la capacidad de compra de los trabajadores se vea afectada, especialmente cuando la inflación es alta y se acumula durante un periodo prolongado.

La evolución del salario mínimo en los últimos años

El último incremento del salario mínimo en Perú se realizó a finales de diciembre de 2024, cuando la expresidenta Dina Boluarte oficializó un aumento de S/105, llevando la RMV a S/1.130.

En las dos últimas décadas, el sueldo mínimo pasó de S/460 a S/1.130, con 14 incrementos entre 2006 y 2025. Según estimaciones técnicas, si desde 2007 se hubieran aplicado anualmente los criterios de inflación y productividad definidos por el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), el salario mínimo actual podría haber alcanzado los S/1.371.

¿Cómo se encuentra el mercado salarial en Perú?

El ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana se ubicó en S/ 2.343,6 durante el trimestre móvil abril-mayo-junio de 2026.

Esto representó un incremento del 7,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Más de 1 millón de trabajadores formales perciben actualmente el salario mínimo o cifras cercanas, lo que beneficia a cerca de 4 millones de peruanos (contándolos junto a su familia).

Vale precisar que la RMV no solo determina el ingreso de los trabajadores más vulnerables, sino que también sirve como referencia para otros derechos laborales, como la asignación familiar, gratificaciones, CTS y aportes a EsSalud.

Además, influye de manera indirecta en el sector informal, donde muchas empresas y trabajadores utilizan la RMV como referencia, generando un efecto de arrastre en toda la economía.

En el marco del Día Nacional del Pisco, que se celebra el cuarto domingo de julio, el Indecopi difundió cinco recomendaciones para que los consumidores puedan reconocer un Pisco con Denominación de Origen (DO) y evitar adulteraciones durante las celebraciones patrias.

Esta denominación, otorgada en 1990, distingue a la bebida bandera por su vínculo con regiones específicas y métodos tradicionales de elaboración.

Cinco recomendaciones para identificar un Pisco legítimo

Antes de adquirir una botella, los especialistas del Indecopi sugieren verificar los siguientes aspectos:

• Etiqueta completa: La botella debe mostrar la frase “Denominación de Origen Pisco”, el número del certificado de autorización, el tipo de Pisco (Puro, Mosto Verde o Acholado), la variedad de uva, el valle de origen, el año de cosecha y el registro sanitario.
• Envase seguro: El Pisco solo se comercializa en botellas de vidrio o cerámica selladas. No está permitida la venta en plásticos, galoneras, tanques ni a granel. El envase debe estar íntegro, sin señales de manipulación o daño.
• Contenido limpio: El líquido debe ser claro, brillante e incoloro. La presencia de residuos, partículas extrañas o turbidez es señal de alerta.
• Compra formal: Se recomienda adquirir el producto únicamente en establecimientos autorizados y exigir comprobante de pago, evitando tiendas informales o de dudosa procedencia.
• Origen y autenticidad: Solo el Pisco producido en la zona geográfica reconocida (costa de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y los valles de Locumba, Sama y Caplina en Tacna) y elaborado con las ocho variedades de uvas pisqueras permitidas, siguiendo procesos tradicionales, puede llevar la denominación. No admite agregados ni dobles destilaciones.

La Denominación de Origen Pisco, un distintivo legal y cultural

La Denominación de Origen Pisco garantiza la autenticidad, calidad y prestigio de la bebida, protegiéndola de imitaciones y usos indebidos en el mercado nacional e internacional.

Solo los productores ubicados en la zona pisquera oficial y que cumplen estrictos parámetros pueden solicitar la autorización, supervisada por el Indecopi y el Consejo Regulador del Pisco.

El uso indebido del nombre, la producción fuera de las zonas reconocidas, el empleo de uvas no autorizadas o la venta en envases inadecuados constituyen infracciones sancionadas con multas y la cancelación de la autorización.

El Indecopi y otras entidades estatales, como el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ministerio de Relaciones Exteriores, coordinan acciones para defender el Pisco en tratados internacionales y evitar el uso fraudulento de la denominación.

Indecopi: Normas estrictas y protección internacional

El sistema de protección establece que el Pisco debe elaborarse mediante destilación directa y discontinua de mostos frescos fermentados, sin doble destilación ni aditivos.

Solo se permite el uso de las ocho variedades de uvas pisqueras oficiales y el embotellado en vidrio o cerámica sellada. Etiquetas, certificados y controles de calidad son obligatorios.

• Quebranta
• Negra Criolla
• Mollar
• Uvina
• Italia
• Moscatel
• Torontel
• Albilla

La denominación de origen está reconocida y protegida en diversos países a través de acuerdos bilaterales y el registro internacional del Sistema de Lisboa (OMPI), lo que refuerza la defensa ante imitaciones y consolida el valor del Pisco en los mercados externos.

Pisco peruano: consumo responsable y Patrimonio Cultural

El Estado peruano y las instituciones promueven el consumo responsable y la valoración del Pisco como patrimonio cultural. Se recomienda a los consumidores informarse, revisar el etiquetado y evitar términos como “Pisco artesanal” si no cumplen las exigencias legales.

Finalmente, el Indecopi recuerda que el Pisco Sour, principal cóctel a base de la bebida, ostenta el reconocimiento de Patrimonio Cultural de la Nación, reforzando su importancia histórica y cultural para el Perú.

El dato

• “Lenguas del pisco” se refiere a las lágrimas o gotas que quedan adheridas a las paredes del vaso o copa después de agitar el pisco. Estas “lenguas” indican la viscosidad y calidad del destilado, y son valoradas por catadores y productores porque pueden dar pistas sobre el cuerpo y la graduación alcohólica del pisco.
• “Pisco pateado” es una expresión popular que significa pisco adulterado o rebajado, generalmente mezclado con agua, alcohol industrial u otros ingredientes no permitidos para aumentar el volumen y reducir costos. Un “pisco pateado” pierde autenticidad, sabor y puede ser riesgoso para la salud.

El Frente Patriótico de Loreto ha solicitado al Gobierno y a ProInversión que excluyan la infraestructura energética de la Amazonía, actualmente propiedad de Petroperú, del proceso de reorganización patrimonial planteado en los Decretos de Urgencia N.º 010-2025 y N.º 003-2026.

Como se recuerda, en una entrevista con Infobae Perú, el presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, informó que la empresa recibió propuestas de compra por activos en Iquitos, así como en Pucallpa y el lote Z-69, y que todas han sido trasladadas a ProInversión para su evaluación.

El colectivo sostiene que una eventual concesión de la Refinería Iquitos y los terminales de almacenamiento de la Selva pondría en riesgo la seguridad energética, el abastecimiento de combustibles y la economía regional, además de afectar más de 500 empleos directos e indirectos en la zona.

Petroperú: loretanos rechazan transferencia de la Refinería de Iquitos

La organización remarcó que la infraestructura cumple un rol estratégico que trasciende lo comercial, pues asegura el suministro continuo de combustibles en regiones donde la participación privada es escasa y menos rentable.

Además, señala ue sus precios de venta son fiscalizables, lo que evita la especulación y protege a la región ante eventuales alzas no reguladas. Según el Frente Patriótico, incluir estos activos en bloques para transferencia o concesión colocaría en riesgo la función de equilibrio económico y social que cumple la empresa en la Amazonía.

El colectivo detalló que la Refinería Iquitos, junto con plantas y terminales de almacenamiento, conforma un sistema logístico esencial para la región.

La operación de Petroperú ha permitido asegurar el abastecimiento de combustibles en localidades aisladas, facilitando el transporte fluvial, el funcionamiento de establecimientos de salud, actividades productivas y la atención de emergencias en la frontera amazónica.

Más de 500 empleos y una cadena de proveedores en riesgo

En términos laborales, la organización advirtió que una eventual concesión de la infraestructura de Petroperú en la Selva afectaría directamente a más de 500 trabajadores, entre empleos directos e indirectos que dependen de la Refinería Iquitos, el poliducto de más de 15 kilómetros y las plantas de ventas en Iquitos, Pucallpa, Tarapoto y Yurimaguas.

Para la organización, cualquier cambio en el esquema operativo podría impactar la estabilidad de cientos de familias y alterar la economía de ciudades amazónicas que dependen de las instalaciones como motor productivo y fuente de servicios.

“Preocupa la falta de claridad en la conformación de los bloques patrimoniales y la existencia de presuntas pugnas entre empresas vinculadas a extrabajadores de Petroperú y capitales extranjeros interesados en los activos de la Selva”, dijo el Frente Patriótico de Loreto.

Recientemente, ProInversión informó que la presentación de los bloques patrimoniales de Petroperú se realizará entre finales de julio y principios de agosto próximos, mientras que el cronograma actualizado para retomar la primera subasta del nuevo mega-portafolio de inmuebles se estima entre agosto y septiembre de este mismo año.

Iquitos recientemente incrementó su capacidad de almacenamiento

La Refinería Iquitos, operada por Petroperú y ubicada en la provincia de Maynas, procesa hasta 12,000 barriles diarios de petróleo crudo provenientes de lotes como el 95 (PetroTal) y el 8 (Upland) en la selva norte de Loreto.

Esta instalación abastece de combustibles a las regiones de Loreto, San Martín y zonas de Ucayali, desempeñando un papel esencial en la generación eléctrica, el transporte fluvial, las actividades productivas y la aviación, debido a que Loreto no está conectada al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y depende principalmente de combustibles líquidos para garantizar el suministro energético.

Recientemente, Petroperú incrementó la capacidad de almacenamiento de la refinería en 1,68 millones de galones, fortaleciendo así su autonomía operativa y la seguridad del abastecimiento ante eventuales restricciones en el transporte fluvial, especialmente durante los periodos de estiaje.

Según pudo conocer Infobae Perú, la Refinería Iquitos opera actualmente de forma intermitente y procesa alrededor de 10,500 barriles diarios, debido a la falta de crudo mientras se aguarda el ingreso del financiamiento previsto en el DU 003-2026.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) formalizó un Memorando de Entendimiento con las autoridades aeronáuticas de Barbados, en un esfuerzo conjunto por transformar la conectividad aérea entre Perú y el Caribe.

La firma digital, realizada por las directoras generales de ambos países, marca el inicio de una cooperación que busca superar la dependencia de escalas en terceros países y habilitar rutas directas entre Lima y Bridgetown.

Liberalización aérea y ventajas migratorias impulsan la conectividad

La política peruana de liberalización del transporte aéreo respalda este acuerdo, eliminando restricciones de capacidad para las aerolíneas y permitiendo aprovechar el Acuerdo de Supresión de Visas de Turismo vigente entre Perú y Barbados desde 1972.

Los ciudadanos peruanos pueden ingresar a Barbados sin visa y permanecer hasta 28 días, lo que facilita el flujo turístico y comercial. Actualmente, los vuelos hacia la isla suelen requerir conexiones en Panamá, con precios de pasajes que rondan los 500 dólares o más, dependiendo de la temporada y la aerolínea.

El memorando permite la aplicación de libertades del aire extendidas (tercera, cuarta y quinta libertad), lo que posibilita que operadores de ambos países transporten pasajeros, carga y correo, tanto en vuelos directos como en rutas combinadas hacia otros destinos de Sudamérica o el Caribe anglófono.

Se estableció la múltiple designación de aerolíneas, lo que fomenta una mayor oferta, tarifas más competitivas y mejores tiempos de conexión. Con ello, se espera fortalecer la competitividad y el acceso a nuevos mercados en beneficio de los usuarios peruanos y caribeños.

Barbados, destino exclusivo en crecimiento y puerta para el comercio

Barbados se ha consolidado como uno de los destinos más seguros y exclusivos del Caribe. En 2024, la isla recibió más de 704,000 turistas, marcando un récord con un crecimiento superior al 10% respecto al año anterior.

El turismo latinoamericano mostró un incremento de cerca del 40% en 2025, impulsado por la mejora de la conectividad aérea y la ampliación de rutas de aerolíneas como Copa Airlines. El gasto promedio diario por turista ronda los 330 dólares, ubicando a Barbados entre los destinos de mayor costo en la región.

Entre los principales atractivos de la isla destacan Bridgetown, la capital declarada Patrimonio de la Humanidad; Carlisle Bay, conocida por sus aguas cristalinas y el buceo; Harrison’s Cave, famosa por sus formaciones de piedra caliza; Bathsheba, ideal para el surf en la costa este; y Animal Flower Cave, una cueva marina con vistas al Atlántico.

Proyección regional y oportunidades para el Perú

Para el comercio exterior peruano, Barbados representa un punto estratégico de redistribución aérea hacia las economías de la Comunidad del Caribe (CARICOM).

La flexibilización de libertades aéreas también abre la puerta a vuelos chárter y operaciones no regulares para operadores turísticos, dinamizando la industria hotelera y de viajes en temporadas altas.

Con este acuerdo, el MTC apunta a descentralizar y diversificar la red de transporte nacional, mejorando la integración comercial y turística con el Caribe. Así, la alianza estratégica con Barbados refuerza la presencia peruana en la región y genera nuevas oportunidades para el sector aeronáutico y el comercio exterior.

Durante la presentación de los primeros integrantes de su gabinete, Fujimori destacó la experiencia y reconocimiento de Cuba en los campos de la macroeconomía y la política económica, y señaló que su principal misión será devolver la estabilidad, la confianza y el crecimiento a la economía peruana.

La mandataria recordó los antecedentes de Cuba como director del Banco Central de Reserva y de Indecopi, así como su labor como académico y consultor internacional.

MEF: Keiko Fujimori confirma a Elmer Cuba y destaca su trayectoria

Elmer Cuba, en sus primeras declaraciones tras el anuncio, remarcó que buscará que el crecimiento económico se refleje en mejores empleos y salarios para la población. Manifestó su compromiso con el uso eficiente de los recursos públicos, el cierre de brechas de infraestructura y la lucha contra la corrupción.

A su turno, Fujimori resaltó que el perfil técnico y la trayectoria de Cuba serán fundamentales para fortalecer el desempeño económico del país e impulsar oportunidades para la ciudadanía.

En su hoja de vida, Elmer Cuba cuenta con una sólida carrera en consultoría macroeconómica para empresas que operan en el país y ha formado parte de directorios de compañías mineras y entidades financieras.

Ha sido consultor del Banco Mundial, el BID, la OIT y el PNUD, entre otros organismos internacionales. En el ámbito académico, ha ejercido la docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico, ESAN y la Academia Diplomática del Perú, y posee una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El papel estratégico del MEF en la gestión económica

El MEF es uno de los órganos clave en el diseño y la ejecución de la política económica del Perú. Su función principal es administrar las finanzas públicas del Estado, lo que incluye la formulación del presupuesto nacional, la gestión de los recursos fiscales y la supervisión del gasto público.

Además, el MEF se encarga de establecer lineamientos para la política macroeconómica, fiscal y tributaria, buscando asegurar la estabilidad económica y la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Otra función relevante del MEF es la promoción de inversiones y el desarrollo de mecanismos para el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la pobreza.

El ministerio también coordina con organismos internacionales y supervisa la regulación del sistema financiero, factores que resultan fundamentales para mantener la confianza de los mercados y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos estatales.

Desafíos fiscales, expectativas de crecimiento e inflación en 2026

Cuba asume el MEF en momentos que la cartera proyecta un déficit fiscal de 1,75% del PBI para 2026, según el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029.

Esta cifra se ubica levemente por debajo de la meta oficial de 1,8% establecida por la regla fiscal, aunque algunos analistas privados advierten que el déficit podría situarse entre 2% y 3,1% por presiones de gasto y factores políticos.

En cuanto a crecimiento, el MEF prevé que la economía peruana se expandirá 3,2% en 2026, sostenida por un mayor dinamismo de la demanda interna y una inversión privada que aumentaría 5,5%, impulsada principalmente por la minería y nuevos proyectos de infraestructura.

Respecto a la inflación, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que la tasa anual llegará a 3,8%, un nivel que se ubica temporalmente fuera del rango meta oficial de entre 1% y 3%.

El Ministerio del Ambiente ha presentado la Resolución Ministerial Nº D000226-2026-MINAM, que dispone la publicación del proyecto de Decreto Supremo para la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca en la región Huánuco.

Esta decisión permitiría proteger oficialmente más de 209,000 hectáreas en territorio andino, consolidando la mayor apuesta de conservación regional en los Andes peruanos.

Yanajanca: Un proceso técnico y participativo en Huánuco

El expediente técnico que respalda la creación del Área de Conservación Regional Yanajanca fue elaborado con la asistencia del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y el respaldo del Gobierno Regional de Huánuco.

Además, incluyó coordinación con titulares de derechos reales, sectores regionales y concesiones existentes para respetar derechos adquiridos, y ha recibido la opinión favorable de la mayoría de los ministerios consultados.

El Área de Conservación Regional Yanajanca abarca 209,484 hectáreas, lo que la convertiría en la más grande de su tipo en los Andes peruanos. Se extiende por zonas de transición entre Páramos y Yungas peruanas, albergando bosques montanos, bosques nublados, pajonales de puna húmeda y bofedales.

En este territorio nacen cabeceras de cuenca y ríos como Magdalena, Yanajanca, Monzón y Chontayacu, así como 74 lagunas altoandinas que regulan el régimen hídrico y abastecen a más de 120,000 personas en el Alto Huallaga y el Alto Marañón.

Refugio de biodiversidad y especies amenazadas

El área funciona como un corredor biológico andino-amazónico, facilitando la conectividad de hábitats y la migración altitudinal de especies. Alberga especies emblemáticas y amenazadas, como el oso andino (Tremarctos ornatus) y el mono choro de cola amarilla (Lagotrix flavicauda).

Según el informe “Actualización de la avifauna en la propuesta de Área de Conservación Regional Yanajanca”, existen 380 especies de aves distribuidas en 22 órdenes y 520 familias.

Entre las aves endémicas destacan el Hemispingo de Ceja Rufa, la Tangara de Bufanda Amarilla, la Tangara de Montaña de Dorso Dorado, el Tororoi de Chachapoyas y el Tororoi Rojizo.

Sostenibilidad, ciencia y respaldo internacional

El establecimiento del Área de Conservación Regional Yanajanca contribuirá a la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal, orientada a conservar al menos el 30% de los ecosistemas terrestres del planeta, y fortalecerá la seguridad hídrica y climática en Huánuco.

Ha recibido apoyo de organizaciones como Rainforest Trust, Andes Amazon Fund, Re:wild y la iniciativa Conserva Aves, liderada por American Bird Conservancy. Estas alianzas han permitido realizar estudios técnicos, diálogo territorial, coordinación intersectorial y acompañamiento institucional.

Yanajanca, cada vez más cerca de ser una realidad

El Ministerio del Ambiente ha dispuesto que el proyecto normativo y el expediente técnico de Yanajanca estén disponibles en su portal web durante 15 días calendario para recibir comentarios y sugerencias de la ciudadanía.

Una vez culminada esta etapa, el Consejo de Ministros evaluará la aprobación definitiva del decreto, lo que permitirá el establecimiento oficial de la mayor área de conservación regional en los Andes peruanos.

El Ministerio del Ambiente coordina, evalúa y oficializa la creación de áreas naturales protegidas, asegurando el cumplimiento de la normativa y la participación ciudadana.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ha reiterado su preocupación por el estado de más de 80 puentes en la red vial nacional, advirtiendo que la proximidad del Fenómeno El Niño aumenta el riesgo para los usuarios y la continuidad del servicio.

Según detalló el organismo, hasta la fecha únicamente seis de los 99 puentes identificados como críticos reciben actualmente intervenciones, una cifra considerada insuficiente ante el escenario de lluvias intensas y crecidas de ríos.

Competencias y responsabilidades contractuales: el rol del MTC

De acuerdo con la información difundida por Ositrán, la entidad ha advertido desde el año 2018 al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) acerca de la necesidad de adoptar soluciones integrales para estos puentes, priorizando la seguridad, la continuidad del tránsito y el cumplimiento de estándares vigentes.

La supervisora, presidida por Verónica Zambrano, remarcó que el riesgo no depende únicamente del fenómeno climático, sino de la antigüedad, el aumento de cargas y la falta de adecuación a los estándares actuales de seguridad vial.

El comunicado de Ositrán remarcó que, aunque los puentes se encuentran dentro de vías concesionadas, las obras de reforzamiento, rehabilitación o reemplazo no forman parte de las obligaciones contractuales actuales de los concesionarios.

Solo seis puentes reciben intervención pese a la alerta nacional

La responsabilidad recae en el MTC, que actúa como concedente y debe definir, en coordinación con las empresas concesionarias, cualquier adenda contractual que habilite las intervenciones necesarias.

Hasta el momento, no se ha comunicado ningún proyecto de adenda para los puentes en alerta, una situación que incrementa la incertidumbre de cara al próximo periodo de lluvias.

En ese sentido, Ositrán precisó que su función como regulador no requiere una opinión favorable para el cierre de una adenda, pero se mantiene dispuesto a colaborar en actividades en las que sea convocado.

Además, insistió en que las decisiones técnicas y contractuales deben anticipar los riesgos, ya que la urgencia de intervención existe incluso sin el impacto directo del Fenómeno El Niño.

Riesgos adicionales: circulación de cargas especiales y supervisión preventiva

La advertencia emitida por Ositrán también incluyó un llamado a evaluar los riesgos asociados con la autorización de cargas especiales sobre los puentes.

“Pedimos al ministerio que no autorice la circulación de vehículos con cargas especiales sobre estructuras que no están preparadas para soportarlas”, sostuvo Zambrano.

Añadió que el sobrepeso autorizado en algunos casos supera la capacidad de diseño de la infraestructura, lo que agrava el peligro en ausencia de apuntalamiento adecuado.

El organismo reafirmó su compromiso con la supervisión preventiva de la infraestructura concesionada. Entre las acciones implementadas se encuentran inspecciones, verificación de procesos de socavación y erosión, y el despliegue de supervisores en campo para monitorear la limpieza y recuperación de puntos críticos.

Un antecedente persistente: puentes Bailey y alertas no atendidas

En una comunicación previa, Ositrán había advertido que la mayoría de los puentes en situación crítica supera los 40 años de antigüedad y que, aunque no todos presentan daños visibles, requieren mantenimiento especializado e inversiones.

La presidenta de Ositrán lamentó que muchas de las recomendaciones emitidas desde 2018 no hayan recibido respuesta del MTC, y recordó el caso del puente Chancay, cuya falla evidenció el riesgo de no anticipar intervenciones.

Además, el regulador señaló la permanencia de puentes Bailey instalados como solución temporal tras el Fenómeno El Niño de 2017, estructuras que aún no se han reemplazado por definitivas y que representan otro punto de vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos.

Transparencia y acceso ciudadano: plataforma “Puentes en Alerta”

Como parte de su estrategia de prevención y transparencia, Ositrán ha puesto a disposición de la ciudadanía la plataforma digital “Puentes en Alerta”.

Esta herramienta permite conocer la ubicación de los puentes con observaciones, el nivel de riesgo detectado y las acciones tomadas, así como las comunicaciones remitidas a las entidades responsables.

El regulador enfatizó que la prevención exige una acción articulada entre las autoridades competentes y los operadores de la infraestructura, con el objetivo de proteger la seguridad de los usuarios y garantizar la continuidad del transporte durante el impacto del Fenómeno El Niño.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) declaró de interés crítico los proyectos para ampliar la capacidad de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en todo el país, en respuesta al avance de la dependencia externa, que históricamente representaba el 30% de la demanda nacional y en 2026 alcanza ya el 47%, según datos oficiales.

La Resolución Ministerial N° 310-2026-MINEM/DM, publicada este 26 de julio de 2026, subraya la urgencia de fortalecer la infraestructura de reserva y distribución para asegurar el suministro y la seguridad energética nacional.

Minem responde al salto de importaciones y presión sobre precios

La resolución del Minem se apoya en la Política Energética Nacional del Perú 2010-2040, que plantea como meta garantizar el abastecimiento pleno y continuo de energía.

El documento oficial califica al GLP como un combustible indispensable para hogares y comercios, y advierte un déficit estructural de producción local que obliga a importar cerca del 47% de la demanda, cuando años atrás la proporción era solo del 30%.

El ministerio considera que cualquier proyecto de ampliación de almacenamiento es estratégico, ya que refuerza la cadena de comercialización y mitiga riesgos de desabastecimiento.

La declaración de interés sectorial busca incentivar inversión privada y facilitar la coordinación entre entidades públicas, sin eximir a los inversionistas de los requisitos regulatorios vigentes.

El impacto directo en los precios al consumidor

El salto en la dependencia de importaciones se ha traducido en un fuerte impacto sobre los precios al consumidor.

A inicios de 2026 el GLP vehicular se encontraba a un promedio menor (con precios de referencia en grifos económicos desde aproximadamente S/ 5,00 a S/ 7,00 por galón o S/ 1.80 por litro), aunque variaba según el distrito y el alza internacional experimentada en el primer trimestre.

Para julio de este año, el precio promedio se ubica alrededor de S/ 8,28 por galón (o un promedio de S/ 2,19 por litro), dependiendo de la estación de servicio y la zona consultada a través del aplicativo Facilito de Osinergmin.

Así, el precio al consumidor de GLP vehicular en grifos de Lima ha subido entre un 18% y un 66% aproximadamente en 2026, dependiendo del rango de precios de inicio de año y del punto de venta.

Reservas mínimas y déficit de infraestructura

El déficit en la capacidad de almacenamiento de GLP es una problemática crónica. La normativa exige reservas para quince días de autonomía, pero el promedio nacional real apenas supera los tres días.

Solo las plantas de envasado más grandes logran reservas entre cinco y diez días, lo que deja al país vulnerable ante cortes en la cadena logística.

Entre las instalaciones clave figura la planta de fraccionamiento de GLP en Pisco (Camisea), con más de 70,000 toneladas métricas de capacidad. En Lima, los terminales de Solgas y Zeta Gas suman 16,600 y 12,000 toneladas métricas respectivamente, aunque el crecimiento de la demanda supera la capacidad actual.

Demanda en ascenso y caída en la producción local

La demanda nacional de GLP aumentó un 28,3% entre 2020 y 2025, de 55,636 a 71,419 barriles diarios, según la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL). A mayo de 2026, Osinergmin reportó un alza adicional del 7% frente al año anterior.

Mientras tanto, la producción nacional de líquidos de gas natural (principal insumo del GLP) mantiene una tendencia descendente: hasta mayo de 2026, el promedio diario fue de 64,164 barriles, un 13,8% menos que en 2025.

Desde el máximo histórico de 103,000 barriles diarios en 2014, la caída acumulada ronda el 24,4%. Esta brecha explica el salto en la dependencia de importaciones, que ya representa casi la mitad del abastecimiento nacional.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) oficializó la declaración del segundo viernes de agosto de cada año como el “Día Nacional de la Chirimoya”, según Resolución Ministerial N° D000248-2026-MIDAGRI-DM.

La medida busca fomentar el consumo interno de esta fruta emblemática y fortalecer el trabajo de los productores agrarios familiares, especialmente en regiones líderes como Lima, Cajamarca y Apurímac.

Celebración estratégica en el pico de la cosecha

La elección de la fecha responde a razones técnicas y comerciales. El MIDAGRI determinó que agosto coincide con el periodo de mayor calidad y abundancia de la chirimoya, lo que permite optimizar la promoción y comercialización del fruto en su mejor momento.

Además, la celebración se articula con festividades regionales, como el Festival de la Chirimoya en Callahuanca y actividades en el valle de Cumbe, fortaleciendo el turismo rural y la gastronomía local.

Producción nacional: cifras, regiones y variedades

El Perú produce alrededor de 20,000 toneladas anuales de chirimoya, concentrando el 40 % de ese total en la región Lima (unas 8,000 toneladas), seguida por Cajamarca, Piura, Junín, Áncash y Apurímac.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, en 2024 existían 3.815 hectáreas cultivadas, lo que representó un crecimiento de 10,11 % respecto al año 2000 y un rendimiento promedio de 7,27 toneladas por hectárea.

Las zonas de Huarochirí y Oyón en Lima y San Pablo en Cajamarca destacan como centros clave de producción.

La variedad Cumbe es la más representativa y demandada tanto en el mercado nacional como en el internacional. La chirimoya es, además, la variedad de anonácea con mayor superficie sembrada en el país.

Exportaciones y mercados de destino

Durante 2025, las exportaciones peruanas de chirimoya superaron los 2,84 millones de dólares, con un total de 895,1 toneladas enviadas principalmente como pulpa y fruta fresca.

Los principales mercados de destino fueron Estados Unidos y Chile, así como nichos especializados en Italia (fruta fresca), República Checa (corteza) y Francia (derivados como king kong con manjar de chirimoya).

El envío de pulpa fue especialmente relevante, sumándose a pequeños lotes de fruta fresca y productos procesados con valor agregado.

Impacto en la agricultura familiar y promoción sectorial

La resolución ministerial subraya que el objetivo de la fecha institucionalizada es articular esfuerzos entre el MIDAGRI, gobiernos regionales y asociaciones de productores.

Se busca fortalecer la estandarización técnica del cultivo, mejorar los protocolos para exportación y consolidar la chirimoya como un producto bandera de la agrobiodiversidad peruana.

Además, la medida dinamiza los ingresos de los agricultores familiares en el periodo de mayor presión de oferta y ayuda a evitar caídas drásticas de precios mediante campañas de consumo masivo.

El dato

• La chirimoya es reconocida por tener un gran potencial no solo como fruta fresca sino también para su industrialización en derivados, lo que contribuye a incrementar su valor comercial y su presencia en mercados internacionales.
• Además, la chirimoya destaca por su alto contenido de potasio, vitamina C y fibra, lo que la convierte en una fruta energética y beneficiosa para la salud digestiva y el sistema inmunológico.

La producción nacional de pisco alcanzó 3.345.416,89 litros entre enero y mayo de 2026, lo que representa un crecimiento de 24,28 % respecto al mismo periodo de 2025, según el Instituto de Estudios Económicos y Sociales (IEES) de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

El dato coincide con la celebración del Día Nacional del Pisco, que se conmemora el cuarto domingo de julio. El avance productivo se tradujo en una cifra adicional de 653.550,46 litros en comparación con el año anterior.

Repunte productivo desde marzo y récord en mayo

Aunque los dos primeros meses del año mostraron cifras inferiores a las de 2025, el sector experimentó un repunte desde marzo. Mayo de 2026 se consolidó como el mes de mayor producción en lo que va del año, con 969.706,51 litros, de acuerdo a cifras del Ministerio de la Producción (Produce).

Este volumen no solo superó los 900 mil litros por primera vez en el año, sino que casi duplicó el registro de mayo de 2025, cuando la producción fue de 505.605,15 litros.

El acumulado entre enero y mayo reflejó una recuperación significativa, atribuido a factores de estacionalidad y a la mayor demanda interna por la temporada festiva y turística asociada al pisco.

Exportaciones caen en valor y volumen durante el primer semestre

En contraste con el dinamismo productivo, las exportaciones de pisco retrocedieron durante el primer semestre de 2026.

Según el Comité de la Industria Vitivinícola de la SNI, los envíos al exterior sumaron USD 3,72 millones, una caída de 23,68 % frente a los USD 4,87 millones del mismo periodo de 2025. El volumen exportado también disminuyó 24,6 %, pasando de 602.270 litros a 453.978 litros.

La reducción de los despachos afectó principalmente a los principales mercados: Estados Unidos, España, Países Bajos y Japón, destinos que registraron menores compras respecto al año anterior.

Estados Unidos sigue liderando el mercado, China muestra avance

En términos de valor FOB, Estados Unidos se mantuvo como el principal destino del pisco peruano, concentrando el 38,6 % del valor exportado entre enero y junio, aunque sus compras disminuyeron 24,7 %. Le siguieron España (14,05 %), Países Bajos (14,02 %) y Japón (4,39 %).

A pesar del contexto general de descenso, China destacó como uno de los pocos mercados con desempeño positivo, representando el 2,5 % de los envíos y mostrando un crecimiento de 23,02 % en el valor de sus importaciones respecto al primer semestre de 2025.

El dato

• El consumo interno de pisco en Perú registra una tendencia a la baja: entre enero y noviembre de 2025, la venta de pisco en el mercado nacional llegó a cerca de 5 millones de litros, una caída de 3,61 % frente al mismo periodo de 2024. El descenso se viene acumulando desde años anteriores.
• Las variedades de pisco más reconocidas en concursos nacionales e internacionales incluyen Italia, Quebranta, Torontel, Moscatel y Negra Criolla, producidas principalmente en las regiones de Ica y Arequipa.
• El precio promedio por litro exportado descendió levemente, pasando de USD 8,29 en 2024 a USD 7,89 en 2025.

El Ministerio de la Producción (Produce) de Perú ha lanzado un proyecto normativo que modifica el marco legal pesquero y permitirá, por primera vez, que embarcaciones extranjeras capturen atún bajo la cuota asignada al país en aguas jurisdiccionales, con condiciones específicas de procesamiento local.

La Resolución Suprema N.° 009-2016-PRODUCE establece las bases de esta apertura, cuyo objetivo principal es aprovechar mucho más la capacidad de pesca de atún que Perú tiene reconocida por la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), pero que en la práctica viene utilizando solo de forma parcial.

¿Una cuota desperdiciada?

Según datos oficiales, el gobierno peruano reconoce que actualmente solo utiliza una fracción menor de su cuota total de atún. En 2024, el desembarque nacional de atún fue de 3.743 toneladas métricas, marcando uno de los niveles más bajos de la última década. La serie histórica muestra la tendencia:

• 2020: 4.795 toneladas
• 2021: 5.078 toneladas
• 2022: 7.805 toneladas (máximo reciente)
• 2023: 4.443 toneladas
• 2024: 3.743 toneladas

Estos valores contrastan con la capacidad total asignada por la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), que es de 8.195 metros cúbicos de bodega y permitiría capturas mucho mayores.

De acuerdo con las cifras incluidas en la exposición de motivos del proyecto, el año pasado solo ocho embarcaciones peruanas realizaron pesca comercial de atún, pese a que dieciocho estaban registradas ante la CIAT.

El país importa unas 22.600 toneladas métricas de atún congelado por año para abastecer a sus plantas, una dependencia que genera costos y limita el desarrollo industrial local. Según el propio Ministerio de la Producción, “la capacidad asignada no viene siendo utilizada de manera eficiente”, por lo que se busca revertir esa tendencia.

Cómo funcionará el nuevo régimen

El mecanismo central de la norma es el préstamo o concesión de capacidad de pesca. Esto significa que Perú no presta barcos, sino que autoriza a flotas extranjeras a utilizar parte de su cuota de captura de atún reconocida por la CIAT (Comisión Interamericana del Atún Tropical), siempre bajo la condición de que al menos la mitad de las capturas sean descargadas y procesadas en plantas nacionales durante los primeros cinco años de contrato (luego este porcentaje aumenta al 70%).

Los contratos pueden tener una vigencia de hasta diez años y requieren la aceptación expresa del Estado receptor. En el caso de los acuerdos internacionales bajo esta modalidad, el titular del permiso peruano puede transferir temporalmente su capacidad de pesca a un armador extranjero.

A cambio, la empresa foránea debe descargar una parte significativa de la pesca en territorio nacional y contratar personal peruano a bordo de los buques, según detalla la resolución.

El potencial de crecimiento para la industria

El Ministerio de la Producción calcula que, si se presta solo el 30% de la capacidad de bodega que hoy está subutilizada, podrían generarse 2.970 toneladas métricas adicionales de atún fresco por año para las plantas locales, lo que se traduciría en al menos USD 4,3 millones de ingresos directos para el sector industrial. De aprovecharse completamente la capacidad ociosa, el crecimiento en el desembarque podría duplicar o incluso triplicar los volúmenes actuales.

El texto del proyecto no menciona países específicos, pero deja abierta la puerta a cualquier nación interesada que cumpla con las condiciones y reciba autorización estatal, siempre bajo supervisión y control de las autoridades peruanas.

Las flotas que dominan el Pacífico oriental

El Pacífico oriental, donde se ubican las aguas jurisdiccionales de Perú, está dominado por flotas atuneras de Ecuador, México, Panamá, Venezuela, Colombia, Estados Unidos y, en menor medida, barcos de la Unión Europea (España) y potencias asiáticas como China y Japón.

Ecuador concentra cerca del 40% del atún capturado en la zona, seguido por México (22%), Panamá (13%) y otros países, según datos de la industria internacional (iattc - the tuna fishery in the eastern pacific ocean in 2023). Perú, en comparación, solo desembarcó —3.743 toneladas métricas— en 2024.

Supervisión y condiciones estrictas

Toda transferencia de capacidad debe ser informada, registrada y aceptada por las autoridades, y el incumplimiento de las obligaciones de descarga o pago de derechos puede derivar en la revocación de los contratos.

Además, las plantas de procesamiento con nuevas licencias podrán iniciar operaciones inmediatamente bajo un régimen excepcional, aunque estarán sujetas a inspecciones posteriores en un plazo máximo de seis meses.

El gobierno sostiene que estas medidas buscan fortalecer la cadena productiva atunera de Perú, reducir la dependencia de materia prima importada y garantizar que parte de la riqueza generada por el atún permanezca en el país.

La Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias del Indecopi dispuso el inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas sobre los derechos antidumping aplicados al calzado de origen chino, según la Resolución N° 146-2026/CDB-INDECOPI.

La decisión responde a una solicitud presentada por la Corporación de Cuero, Calzado y Afines, junto a varias empresas del sector, en busca de evaluar si la supresión de estas medidas podría afectar a la producción nacional.

Solicitud y antecedentes del procedimiento

La petición fue presentada por la Corporación de Cuero, Calzado y Afines, Wellco Peruana S.A., Juan Leng Delgado S.A.C., Industria Procesadora del Plástico S.A.C., Segurindustria S.A., Industria Manrique S.A.C. y American Sport S.A.C..

Estas empresas solicitaron un examen de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de calzado —excepto chalas y sandalias— con la parte superior de caucho, plástico o cuero natural procedente de la República Popular China.

La Comisión fundamentó la admisión de la solicitud en el cumplimiento de los requisitos del artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el artículo 60 del Reglamento Antidumping nacional.

Según el documento, existen indicios razonables de que eliminar los derechos antidumping podría provocar la continuación o repetición tanto del dumping como del daño a la industria local.

Crecimiento de las importaciones y condiciones de mercado

El informe técnico señala que, entre enero de 2022 y diciembre de 2025, las importaciones de calzado de origen chino sujetas a derechos antidumping aumentaron 123,5 %.

Durante el mismo periodo, China concentró el 56,9 % del volumen total importado, consolidándose como el principal proveedor externo del mercado peruano, muy por delante de Vietnam, que representó el 14,3 %.

Además, el precio promedio ponderado de las importaciones chinas se ubicó en niveles 54,3 % y 52,0 % inferiores al de los productos vietnamitas en valores FOB y nacionalizados respectivamente.

El informe atribuido a la autoridad destaca que China mantiene una amplia capacidad exportadora, representando el 68,5 % del volumen mundial de exportaciones de calzado durante el período analizado.

Comparación internacional y reacción de otros países

Durante el mismo periodo, otros países de Latinoamérica como Argentina, Brasil y México han resuelto mantener o aplicar derechos antidumping definitivos sobre el calzado chino.

El documento oficial señala que, entre 2022 y 2025, las autoridades de Argentina y Brasil prorrogaron estos derechos, mientras que México los implementó de forma definitiva en 2025.

Los precios de exportación del calzado chino muestran amplias diferencias entre mercados, con una brecha media del 201,3 % para productos de caucho o plástico y del 119,4 % para los de cuero natural.

Impacto en la industria nacional y proyecciones

El estudio del periodo 2022-2025 subraya que, aunque las ventas internas de los productores nacionales aumentaron 35,5 %, la demanda interna creció 84,3 %, impulsada principalmente por las importaciones desde China, que subieron 123,5 %. Este fenómeno redujo la participación de mercado de los productores peruanos a menos del 13 % en 2025.

El margen de beneficios conjunto de los productores mejoró en 6,8 puntos porcentuales, aunque el promedio se mantuvo por debajo del 1 % en el período, en un contexto donde la mayor parte del mercado fue abastecida por importaciones chinas.

El informe advierte que la eliminación de los derechos antidumping podría llevar a que el calzado importado desde China ingrese a precios inferiores a los de venta interna y al costo de producción local, generando riesgos para la sostenibilidad de la industria nacional.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Cámara Nacional de Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras) manifestaron su rechazo a los requisitos establecidos por la Oficina de Evaluación y Certificación Empresarial (OECE) a través de la Directiva N.° 004-2025-OECE-CD, versión 2.

Según ambas entidades, las nuevas disposiciones son arbitrarias, desproporcionadas y de cumplimiento materialmente imposible en el plazo de 30 días fijado por la autoridad.

Exigencias municipales amenazan a centros de arbitraje en Perú

Entre las exigencias cuestionadas figuran la presentación de licencias municipales, la acreditación académica de secretarios arbitrales, la utilización de plataformas informáticas y la declaración de vinculaciones con empresas privadas.

Las cámaras sostienen que estos requisitos no evalúan la calidad, experiencia, integridad ni transparencia de las instituciones de arbitraje, sino que pueden excluir a la mayoría de los centros del país y concentrar la actividad en un número reducido de operadores.

Este panorama, advierten la CCL y Perucámaras, genera sospechas sobre los verdaderos fines de la directiva. Ambas organizaciones consideran indispensable investigar quiénes participaron en la elaboración y aprobación de las normas, qué sustento técnico sirvió de base, qué instituciones resultan beneficiadas y si existieron conflictos de interés, direccionamiento o posibles actos de corrupción.

Por ello solicitaron al Ministerio Público iniciar una investigación, a la Contraloría General de la República realizar una acción de control y a la Defensoría del Pueblo intervenir en defensa de la seguridad jurídica, la libre competencia y el acceso a mecanismos de solución de controversias.

El rol del Estado: fortalecer el arbitraje y prevenir la concentración

Las cámaras empresariales también invocaron a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Indecopi a evaluar la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad de las medidas, y a determinar si constituyen barreras burocráticas ilegales.

En su comunicado, la CCL y Perucámaras reclamaron la suspensión inmediata de los requisitos cuestionados y la apertura de un proceso de revisión pública, técnica y transparente.

En su lugar, propusieron que participen centros de arbitraje, cámaras de comercio, universidades, especialistas y gremios representativos, con el objetivo de garantizar reglas claras y equitativas en la regulación del arbitraje.

Las entidades subrayaron que el Estado tiene la obligación de combatir la corrupción y fortalecer el sistema arbitral, en vez de cerrar instituciones serias o crear mecanismos que puedan beneficiar indebidamente a determinados centros.

“Regular no puede significar excluir. Supervisar no puede convertirse en direccionar. Y combatir la corrupción exige investigar también a quienes diseñan y aprueban las reglas”, expresaron las cámaras empresariales.

Pymes proyectan crecimiento en ventas y empleo durante Fiestas Patrias

De otro lado, el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) estima que las ventas del sector crecerán entre 5 % y 8 % durante la campaña de Fiestas Patrias.

El gasto promedio por hogar se ubicará entre S/ 250 y S/ 450, impulsado por la recuperación del consumo interno y la mayor preparación de las pymes para atender nuevas demandas.

El presidente del gremio, Rodolfo Ojeda, destacó que las pequeñas empresas han fortalecido sus canales digitales, optimizado la atención al cliente y desarrollado estrategias comerciales para adaptarse con mayor rapidez a las condiciones del mercado.

Además, la campaña tendrá un impacto positivo en el empleo temporal, con un incremento previsto de entre 8 % y 12 % en las contrataciones, especialmente en sectores como comercio, gastronomía, turismo, confecciones y tecnología.

Por ello, el gremio considera que el uso de herramientas digitales y una gestión eficiente de promociones y pagos serán claves para que las pymes puedan capitalizar la temporada.

OECE defiende la transparencia y rechaza presiones en el sistema arbitral

En respuesta a los cuestionamientos recientes, el OECE ratificó que la Norma 004 tiene como objetivo establecer estándares técnicos, reglas claras y mecanismos de supervisión para todos los centros de arbitraje que administran controversias con el Estado. La entidad negó que la regulación busque restringir la participación de instituciones específicas y aseguró que no aceptará injerencias ni presiones que pretendan favorecer a determinados centros. El organismo insistió en que la transparencia, la trazabilidad digital y la profesionalización son herramientas para consolidar un sistema arbitral moderno, confiable y orientado al interés público, y reiteró su disposición al diálogo con todos los actores involucrados.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha presentado el proyecto de Reglamento Técnico sobre el estándar mínimo de eficiencia energética para fuentes de iluminación, un cambio normativo que, de aprobarse, marcaría el final de la comercialización de la mayoría de las bombillas incandescentes y fluorescentes tradicionales en el país.

La Resolución Ministerial N.° 290-2026-MINEM/DM establece un cronograma de aplicación progresiva y busca alinear a Perú con los estándares internacionales de eficiencia y sostenibilidad.

¿Un mercado dominado por la ineficiencia?

Según la información oficial difundida por el MINEM, el 88,5% del parque de lámparas en Perú en 2022 correspondía a tecnologías ineficientes, especialmente incandescentes y fluorescentes compactas.

Estas cifras, elaboradas por la Dirección General de Eficiencia Energética, reflejan la magnitud del desafío: más de 95 millones de unidades instaladas y un consumo eléctrico anual estimado en 4.012,2 GWh solo para iluminación interior en hogares y comercios.

La regulación responde a la necesidad de reducir el consumo de electricidad y las emisiones contaminantes, además de proteger la salud pública frente a los riesgos del mercurio presente en algunas lámparas fluorescentes.

De acuerdo con el propio MINEM, la sustitución progresiva de tecnologías ineficientes permitiría ahorrar hasta 68.500 GWh entre 2022 y 2050, lo que representaría un ahorro acumulado de casi 6.000 millones de soles en valor presente para los usuarios finales.

Los LED se abren paso: Nuevos estándares mínimos de eficiencia

El proyecto fija valores mínimos de eficacia luminosa, medidos en lúmenes por watt (lm/W), que deberán cumplir todas las lámparas fabricadas, importadas y vendidas en el país.

En la Fase 1 —12 meses después de la publicación del decreto definitivo— las lámparas incandescentes deberán alcanzar al menos 40 lm/W y las fluorescentes, 70 lm/W. En la Fase 2, a partir de los 24 meses, los requisitos se incrementan: 70 lm/W para incandescentes y 85 lm/W para fluorescentes.

Estos valores dejan fuera a la gran mayoría de bombillas incandescentes y a casi todos los tubos y focos fluorescentes tradicionales, cuyo desempeño típico se sitúa por debajo de los umbrales exigidos.

Solo productos de última generación, especialmente LED, podrán cumplir con los nuevos estándares, lo que en la práctica significa que el mercado se orientará mayoritariamente hacia tecnologías más eficientes.

Excepciones y cronograma de implementación

El reglamento contempla excepciones específicas para lámparas diseñadas para usos especiales, como aplicaciones médicas, señalización o investigación. Sin embargo, para el uso doméstico y comercial general, la eliminación será casi total para incandescentes y fluorescentes convencionales.

El texto normativo establece un cronograma de adecuación. Durante este periodo, los fabricantes, importadores y comerciantes deberán adaptar su oferta y certificar sus productos conforme a los nuevos requisitos.

Los organismos de certificación acreditados serán responsables de verificar el cumplimiento y el Ministerio de la Producción (PRODUCE) ejercerá la fiscalización anual.

Impacto ambiental y ahorro para los usuarios

La transición hacia lámparas eficientes no solo impactará en el bolsillo del consumidor, sino también en el ambiente. El cambio permitirá reducir hasta 31,5 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e) en emisiones asociadas al consumo de electricidad para iluminación, según las proyecciones oficiales.

Además, la salida del mercado de lámparas con mercurio contribuirá a mitigar riesgos para la salud pública. La propuesta toma como referencia regulaciones internacionales, como las de la Unión Europea, Chile y las recomendaciones de la Agencia Internacional de Energía (AIE).

Aunque aún se encuentra en fase de consulta pública, el reglamento —si se aprueba en los términos propuestos— transformará radicalmente el mercado de la iluminación en Perú, dejando atrás a los tradicionales focos “amarillos” y consolidando el protagonismo de tecnologías LED y equivalentes.

La contratación pública en Perú registró una desaceleración durante el primer semestre de 2026, con convocatorias de licitaciones públicas que alcanzaron casi S/ 20 mil millones.

Según el análisis presentado por Avla Perú en su evento Avla Day, esta cifra representa una reducción del 33% frente a los cerca de S/ 30 mil millones registrados en el mismo periodo de 2025.

El número de convocatorias también cayó en 10%, en un contexto marcado por menor actividad en los programas impulsados por el Ministerio de Salud (MINSA), Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Provías y la Dirección de Electrificación Rural del MINEM, así como en gobiernos regionales.

Menor actividad pública y cambios en el mercado de seguros

Durante los primeros seis meses del año, las licitaciones para nuevas obras disminuyeron en 34% y los servicios cayeron en 39%. A pesar de este escenario, el sector privado considera que subyacen oportunidades.

Walter Fernández, gerente general de Avla Perú, señaló que el país cuenta con condiciones favorables para dinamizar proyectos privados a partir de la estabilidad macroeconómica, precios de intercambio positivos y mayor confianza empresarial.

“La reducción de convocatoria de nuevas licitaciones públicas representa un desafío para las industrias que acompañan la inversión pública, pero entendemos que es coyuntural, propio de un año electoral”, indicó Fernández.

El ejecutivo agregó que, ahora, la expectativa apunta a un crecimiento de la inversión privada en minería, energía, industria, infraestructura y logística, lo que fortalecerá el mercado de seguros de construcción y cartas fianza.

“Los clientes buscan especialización, agilidad y una adecuada asesoría en la gestión de riesgos de sus proyectos”, afirmó Fernández.

Se cae la obra pública y aseguradoras viran hacia la minería

A pesar de la menor contratación pública, el mercado de cartas fianza registró un valor de S/ 244 millones en primas al cierre de mayo de 2026, manteniendo el mismo nivel del año previo.

Por su parte, las pólizas de seguros de ingeniería como Todo Riesgo Construcción (CAR) y Todo Riesgo Montaje (EAR) sumaron S/ 118 millones, con una caída del 16% respecto al mismo periodo de 2025, principalmente por el menor ritmo de obras públicas.

Durante el Avla Day, el exministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, destacó que Perú mantiene sólidos fundamentos macroeconómicos, con una inflación controlada, estabilidad cambiaria y riesgo país bajo.

El economista consideró que el inicio del nuevo gobierno genera expectativas favorables y puede acelerar la ejecución de proyectos clave en infraestructura. “El país muestra una recuperación sostenida de la inversión privada, lo que puede impulsar el crecimiento del PBI a un mayor ritmo”, sostuvo.

Perspectivas para el segundo semestre, según Avla

El análisis de Avla Perú anticipa una recuperación del mercado en la segunda mitad del año, impulsada por la mayor participación de la inversión privada y el desarrollo de proyectos estratégicos en sectores clave.

La expectativa del sector apunta a que la especialización y la gestión eficiente de riesgos serán determinantes para acompañar el crecimiento de la inversión en los próximos meses. Solo el tiempo dirá.

Las preferencias de quienes buscan amoblar su vivienda en Lima están cambiando de manera visible. El último Índice de Demanda de Urbania muestra que durante 2025, los departamentos de 2 y 3 dormitorios concentraron el 46% de la demanda, mientras que las unidades de 4 habitaciones redujeron su participación al 19%.

Este ajuste en el tamaño de las viviendas influye directamente en la elección del mobiliario, donde la funcionalidad y la capacidad de adaptarse a espacios más compactos se posicionan como los factores más valorados por los consumidores jóvenes.

Nuevos departamentos: ¿Funcionalidad y versatilidad al frente?

De acuerdo con un análisis de Rosen Perú, la estética ha dejado de ser el único criterio para adquirir muebles. Ahora, la prioridad está en soluciones que resuelvan necesidades concretas y que permitan un uso flexible.

Sofás cama, asientos modulares y muebles con almacenamiento integrado forman parte de las opciones preferidas por quienes buscan aprovechar cada metro cuadrado y adaptar el espacio a diferentes momentos del día.

“Hoy los consumidores buscan piezas que aporten comodidad, funcionalidad y que se adapten a diferentes momentos del día. La estética sigue siendo importante, pero ya no es el único factor de decisión”, explicó Mónica Mercado, Marketing Service Manager de Rosen Perú.

Optimización del espacio y nuevas formas de habitar

La tendencia hacia viviendas más pequeñas, el auge del trabajo híbrido y la importancia creciente del bienestar en casa han redefinido el concepto de mobiliario.

Según Rosen Perú, los usuarios prefieren piezas que permitan reorganizar ambientes, como sofás modulares y muebles que se transforman según la necesidad: trabajar, leer, recibir visitas o descansar.

Los módulos configurables y los muebles con espacios de guardado facilitan la circulación y ayudan a mantener el orden, una demanda clave en hogares donde el espacio es limitado.

Según Mercado, “el desafío está en crear muebles que resuelvan necesidades reales sin dejar de aportar identidad y armonía al espacio”.

Materiales y durabilidad, una apuesta de largo plazo

La calidad y la resistencia de los materiales también ocupan un lugar central en las preferencias de las nuevas generaciones. Frente al consumo impulsivo, explica, muchos jóvenes priorizan inversiones de mayor duración y optan por muebles fabricados con madera, piedra, metal o textiles de alta resistencia.

Los tonos neutros, como blanco, arena, beige, greige, gris y grafito, dominan la paleta, lo que permite que las piezas mantengan vigencia en diferentes estilos decorativos. De igual forma, la comodidad se ha convertido en un criterio determinante al elegir mobiliario para el hogar, explica Rosen Perú.

Factores como el soporte, la postura y el confort influyen de forma directa en la experiencia cotidiana, especialmente en hogares donde se trabaja y se descansa en los mismos ambientes. La optimización ergonómica es ahora tan relevante como la apariencia, sentencia.

¿Cuánto mueve la industria de muebles?

El mercado de muebles en el Perú mueve cerca de S/ 1,500 millones anuales solo en la rama de fabricación dentro del sector manufactura, de acuerdo con cifras al 2024 del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Este sector está estrechamente ligado al rubro inmobiliario, el cual factura más de S/ 11,000 millones al año con la venta de viviendas.

En tanto, el valor mundial del mercado de muebles superará los USD 950.000 millones hacia 2031, con una tasa de crecimiento anual del 5.47%, de acuerdo con la consultora Mordor Intelligence.

El dato

• Rosen convoca a estudiantes y jóvenes profesionales a participar en el concurso “Diseña Tu Sofá”, abierto hasta el 30 de agosto de 2026.
• El ganador recibirá USD 3,000 y su diseño se integrará a la colección NEW IN DECO 2027.
• El jurado está compuesto por referentes de la arquitectura y el diseño; las bases están disponibles en el sitio web de la marca.

El próximo arribo de la tecnología de Transferencias Automáticas de Pagos Perú (TAPP), desarrollada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), abre una nueva etapa para las transferencias instantáneas entre entidades financieras en el país.

El despliegue de esta nueva arquitectura financiera, previsto para comenzar en 2026 y expandirse en 2027, cuenta ahora también con la participación de Niubiz, que se suma al desarrollo de la infraestructura junto a la tecnológica india Juspay.

Un cambio en la experiencia del usuario

El despliegue de TAPP no supondrá la aparición de una nueva aplicación para el usuario. El sistema funcionará como una infraestructura invisible, o “riel” transaccional, que conectará a bancos, cajas, fintechs y emisores de dinero electrónico bajo reglas y estándares comunes.

Esto permitirá que los usuarios realicen pagos o transferencias directas desde cualquier aplicación autorizada, como comercios, servicios de delivery o apps de servicios, sin necesidad de abrir la billetera digital o la app de su banco.

Gustavo Leaño Concha, CEO de Niubiz, detalló que “la competencia va a evolucionar y se va a intensificar, entre otros gracias a la innovación que esta nueva red puede generar en el ecosistema”.

El directivo remarcó que la interoperabilidad permitirá conectar todas las cuentas y plataformas en un mismo sistema, con menos intermediarios y más libertad para el usuario final.

Cifras de penetración y desafíos pendientes

El sector de pagos digitales en Perú ya muestra niveles de adopción elevados a nivel regional, solo superados por Brasil y Chile.

De acuerdo con la información recogida, uno de cada tres adultos peruanos aún se mantiene fuera del sistema financiero, lo que revela la existencia de desafíos estructurales en materia de inclusión.

La limitada conectividad en zonas rurales continúa restringiendo el acceso y uso de soluciones digitales, y ampliar la cobertura de internet en áreas alejadas sigue siendo una prioridad.

La meta de TAPP es facilitar transferencias inmediatas de hasta 30.000 soles, disponibles las 24 horas del día y durante todo el año, utilizando el celular, el DNI o códigos QR como alias, eliminando la necesidad de conocer el número de cuenta del destinatario.

Todas las entidades que ofrecen pagos digitales quedarán obligadas a aceptar estas transferencias, independientemente de la plataforma utilizada por emisor o receptor.

Inspiración internacional y nuevo modelo de integración

El diseño de TAPP toma como referencia la Interfaz de Pagos Unificada (UPI) de la India, reconocida por su capacidad para reducir comisiones y agilizar operaciones en tiempo real.

Niubiz fue convocada por el BCRP para los pilotos de la plataforma y, en ese marco, selló una alianza estratégica con Juspay.

La compañía india aporta su experiencia en el desarrollo de sistemas de pago inmediato, mientras que Niubiz asume la responsabilidad de la implementación y operación en el país.

La infraestructura ofrecida permitirá a cada entidad participante adoptar solo las capacidades que requiera, sin necesidad de desarrollar toda la tecnología desde cero. Esto facilitará la incorporación de nuevos actores y acelerará la expansión de la red.

Seguridad, confianza y próximos pasos

La seguridad es uno de los pilares del proyecto. Niubiz aplica estándares internacionales como PCI DSS, PCI PIN e ISO 27001, 27017 y 27018 para garantizar que las operaciones cuenten con los mayores niveles de protección del mercado.

“La seguridad es la base de la confianza, que es lo que mueve el sistema de pagos”, afirmó Leaño Concha. El sector discute mecanismos para proteger a los usuarios ante fraudes o errores, y la confianza del público se refuerza con una comunicación clara sobre los beneficios y el funcionamiento del sistema.

Por ello, se considera que la apertura de TAPP también busca fortalecer la competencia y propiciar menores costos para el usuario, al integrar más actores y alternativas en el ecosistema de pagos.

El mercado laboral de España experimenta un déficit de técnicos especializados, lo que ha impulsado a diversas empresas a buscar en Perú los perfiles necesarios para sostener sus operaciones y desarrollar nuevos proyectos.

Según un análisis de Rekluta, el interés por profesionales peruanos se concentra en sectores como construcción, industria, transporte y salud.

La tendencia responde a la combinación de una fuerza laboral local envejecida, la pronta jubilación de trabajadores experimentados y la falta de relevo generacional suficiente.

Los 10 perfiles más solicitados por empresas españolas

De acuerdo con datos de Rekluta, los perfiles técnicos con mayor demanda en el mercado español incluyen albañiles, encofradores, fierreros, soldadores, caldereros, electricistas, operadores de maquinaria, conductores, técnicos en enfermería y mecánicos.

Sin embargo, también se observa un crecimiento sostenido en la búsqueda de expertos en sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración, así como de especialistas en soldadura avanzada.

“España requiere profesionales con experiencia comprobada para integrarse rápidamente a proyectos complejos. El trabajador peruano aporta una formación práctica muy valorada en el sector”, dijo Francisco Rodríguez, socio de Rekluta.

El déficit de técnicos en España obedece a varios factores. Muchos trabajadores que actualmente sostienen la industria y la construcción están próximos a la jubilación, mientras que menos jóvenes optan por formarse en estos oficios, “lo que ha generado una brecha creciente entre los puestos vacantes y los candidatos disponibles en el mercado local”.

Además, el especialista remarcó que las compañías españolas buscan trabajadores que puedan construir una trayectoria a largo plazo dentro de la organización y que valoran especialmente la estabilidad laboral, la experiencia y la capacidad de adaptación.

Lo que valoran en España al seleccionar trabajadores peruanos

Un análisis realizado por Rekluta revela que el perfil más frecuente entre quienes acceden a estas oportunidades corresponde a profesionales peruanos de entre 35 y 45 años, formados en instituciones técnicas reconocidas como Sencico o Senati, y que suman al menos cinco años de experiencia laboral.

Al evaluar candidaturas, las empresas priorizan:

• Continuidad en empleos anteriores.
• Certificados que acrediten experiencia.
• Cursos de actualización.
• Capacidad para explicar conocimientos técnicos durante entrevistas.
• Responsabilidad y disciplina.

Si bien Lima concentra la mayor parte de postulantes, Rekluta ha identificado perfiles con alta empleabilidad en Arequipa, Talara y Piura.

“En provincias, los trabajadores tienen contacto constante con entornos industriales, lo que facilita su adaptación a los requerimientos españoles”, puntualizó Rodríguez.

Oportunidades y salarios: ¿cuánto puede ganar un técnico en España?

Respecto a las condiciones salariales, Rodríguez indicó que las remuneraciones varían según la especialidad, la empresa, la ciudad, el convenio colectivo aplicable, la jornada y las horas adicionales trabajadas.

Según información proporcionada por Rekluta, los sueldos base para técnicos peruanos en España parten de los 22.000 a 24.000 euros brutos anuales. En oficios especializados, y sumando horas extras, algunos trabajadores han reportado ingresos netos de hasta 3.500 euros mensuales.

Pese a ello, el especialista recomienda analizar no solo el salario, sino también las funciones, el tipo de contrato, el costo de vida local y los beneficios adicionales.

Algunas empresas ofrecen incluso alojamiento sin costo durante los primeros meses y apoyo en trámites migratorios, aunque las condiciones varían según el empleador.

Las carreras técnicas ganan terreno en el mercado internacional

El interés de España por el talento técnico peruano también pone en evidencia la proyección internacional de las carreras técnicas en el país sudamericano.

Según observaciones de Rekluta, los jóvenes que eligen esta formación pueden acceder a oportunidades tanto en el mercado nacional como en el extranjero, siempre que acumulen experiencia formal y mantengan una preparación constante.

El dominio de inglés amplía las posibilidades de inserción en otros mercados europeos. Italia, Alemania, Bélgica y Países Bajos incrementaron la demanda de trabajadores extranjeros para sectores como salud, industria y construcción.

“Las carreras técnicas ofrecen una vía real de especialización y estabilidad. La experiencia de los trabajadores peruanos en España demuestra que el talento nacional puede competir a nivel internacional y cubrir necesidades específicas de las empresas”, concluyó Rodríguez.

El mercado inmobiliario de Perú atraviesa una etapa de expansión que acapara la atención de desarrolladores, compradores y analistas.

La proliferación de proyectos residenciales en Lima Metropolitana y Callao se traduce en un movimiento sostenido de ventas y lanzamientos, alimentando el debate sobre la posibilidad de una burbuja, en medio de récords históricos en absorción y oferta.

Este auge genera interrogantes entre quienes observan la velocidad con la que surgen nuevos edificios y la dinámica de precios. ¿Se trata de un crecimiento respaldado por demanda real o existen señales de sobrecalentamiento similares a las que precedieron crisis en otros países?

La respuesta, según especialistas y líderes del sector, requiere analizar tanto las cifras como las particularidades del mercado local.

Cada vez más departamentos en Lima: ¿Qué es una burbuja inmobiliaria?

Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, explica para Infobae Perú que una burbuja inmobiliaria ocurre cuando “los precios crecen sin fundamentos, sostenidos más por expectativas y especulación que por demanda genuina”.

Este fenómeno, dice, puede derivar en una crisis si los precios caen abruptamente y los propietarios optan por abandonar sus créditos hipotecarios, como ocurrió en Estados Unidos durante la crisis de las hipotecas subprime que desembocó en la Gran Recesión de 2008.

“Los bancos terminaron con propiedades cuyo valor era mucho menor al de las deudas originales”, recuerda la ejecutiva.

ParaGálvez, el escenario peruano dista del vivido en otras economías. Sostiene que el crecimiento está respaldado por una demanda insatisfecha de 1,9 millones de familias que no cuentan con una vivienda adecuada.

Según el último informe de CODIP, solo en el primer semestre de 2026 se vendieron 15.477 unidades en Lima y Callao, un 26% más que en el mismo periodo de 2025.

“Todo lo que se pone en el mercado termina vendiéndose. El hecho de que no haya acumulación de vivienda terminada sin vender demuestra que el mercado es saludable”, señala.

Absorción, stock y composición de la oferta

Uno de los indicadores que refuerza esta visión es el porcentaje de viviendas terminadas para entrega inmediata y no vendidas, que se mantiene en torno al 6%.

“Un mercado sano tiene menos del 10% de stock terminado sin colocar”, precisa Gálvez. Además, la absorción mensual promedio durante el primer semestre ascendió a 4,4%, con un récord histórico de 5,6% en marzo.

El plazo para agotar el stock disponible se redujo a 24 meses, por debajo del promedio de los últimos 5 años, que fue de 26 meses.

A nivel internacional, el estándar saludable ronda los 14 meses; sin embargo, en Perú el cálculo incluye el denominado “bien futuro”, es decir, considera tanto viviendas terminadas como aquellas en planos o construcción, lo que amplía el universo considerado y explica la diferencia con otros mercados.

Como ejemplo de la dinámica a largo plazo del sector, Gálvez cita el megaproyecto La Alameda del Rímac. “Desde 2018 hasta hoy se han vendido más de 5.200 departamentos y todavía quedan 800 unidades por colocar”, detalla.

Este ritmo, añade, ilustra cómo los grandes desarrollos requieren años para absorber toda la oferta y cómo la demanda real sostiene el avance del mercado.

¿Cómo se encuentra el mercado inmobiliario hoy en Perú?

Gálvez explica que el segmento dominante hoy corresponde a departamentos de dos y tres dormitorios, principalmente en superficies de 40 a 60 metros cuadrados, lo que representa el 50,1% de las ventas recientes.

Más del 80% de las unidades vendidas corresponden a proyectos en fase de preventa o construcción, mientras que la oferta de entrega inmediata se mantiene controlada.

Además, el ticket promedio de venta en el periodo de estudio fue de S/435.630, y el precio por metro cuadrado registró una leve baja del 1,2%, según CODIP.

La estabilidad del financiamiento en Perú es otro factor que diferencia al mercado de contextos donde las burbujas inmobiliarias se han desencadenado por el sobreendeudamiento.

Sobre morosidad, el informe de CODIP indica que la tasa para créditos hipotecarios en el sistema bancario peruano se mantiene en torno al 3%, un nivel considerado saludable y alineado con los estándares internacionales.

Este dato cobra relevancia si se compara con escenarios críticos como el de 2008 en el hemisferio norte, donde la morosidad se disparó tras el colapso de los precios.

Cerrar la brecha de vivienda requeriría más de 15.000 millones de soles

De cualquier forma, el futuro del sector depende, en buena medida, de la capacidad del Estado para planificar y garantizar recursos a largo plazo.

Desde CODIP insisten en que la inversión pública en vivienda sigue siendo limitada: el presupuesto del Ministerio de Vivienda representa menos del 2% del presupuesto nacional asignado al sector vivienda social cada año, lo que restringe el alcance de los programas sociales y ralentiza la reducción del déficit habitacional.

El principal fondo estatal, MiVivienda, agota su presupuesto disponible en apenas cinco o seis meses cada año, lo que obliga a frenar la asignación de nuevos subsidios y genera incertidumbre entre los desarrolladores y compradores.

Esta situación impide que los inversionistas planifiquen proyectos de gran escala o con horizontes de 5 a 10 años, necesarios para cerrar la brecha habitacional con mayor rapidez. Gálvez sostiene que el bajo nivel de endeudamiento público, que ronda el 30% del PBI, habilita margen para una política más ambiciosa.

“Si el índice de endeudamiento sube apenas 1,5 puntos porcentuales, se podrían destinar 15.000 millones de soles adicionales para garantizar subsidios por 10 años. Eso daría a los desarrolladores previsibilidad y permitiría diseñar proyectos de mayor envergadura, capaces de responder a la demanda insatisfecha de manera más eficiente”, sentencia.

La población adulta mayor en Perú representa el 14,8% del total nacional, según los primeros resultados de los Censos Nacionales 2025, escenario que viene fortaleciendo la denominada economía plateada (silver economy) y abriendo nuevas oportunidades en servicios vinculados al bienestar, recreación y envejecimiento saludable.

Dentro de este contexto, la industria peruana de Tai Chi —que incluye academias especializadas, talleres independientes, centros deportivos y programas privados— espera movilizar entre S/ 15 millones y S/ 20 millones anuales, de acuerdo con estimaciones de la Escuela Shihei, impulsado por una mayor búsqueda de actividades que combinen salud física, equilibrio emocional y prevención.

Adultos mayores: motor de un mercado en expansión

Actualmente, el ticket promedio mensual de una clase regular de Tai Chi en Perú se encuentra entre S/ 120 y S/ 250 por persona, mientras que las sesiones personalizadas pueden alcanzar entre S/ 80 y S/ 150.

Sin embargo, en el segmento corporativo, los programas de bienestar basados en esta disciplina pueden generar contratos de entre S/ 1,500 y S/ 5,000 mensuales por empresa, según la frecuencia y cantidad de participantes.

“El Tai Chi permite trabajar fuerza, equilibrio, coordinación y concentración sin generar un impacto excesivo sobre las articulaciones. Es una disciplina adaptable a diferentes edades y condiciones físicas, especialmente relevante para una población que busca mantenerse activa y autónoma durante más años”, explicó Alfredo Ishiguro, instructor de Tai Chi Chuan estilo Chen y director de la Escuela Shihei.

Además del segmento adulto mayor, las empresas vienen incorporando el Tai Chi dentro de sus programas de bienestar laboral, pausas activas y prevención del estrés.

Una sesión corporativa para grupos de 20 a 50 colaboradores puede tener un costo aproximado de S/ 300 a S/ 800, convirtiéndose en una nueva línea de negocio para instructores certificados y centros especializados.

El auge del Tai Chi impulsa la economía plateada en Perú

El interés responde también a la necesidad de combatir el sedentarismo y promover hábitos saludables dentro de las organizaciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de la actividad física regular como parte de las estrategias para un envejecimiento saludable.

Según el INEI, el 42,8% de los hogares peruanos cuenta con al menos una persona adulta mayor, lo que evidencia el crecimiento de un segmento que demanda nuevas alternativas para mejorar su calidad de vida.

Entre los beneficios asociados al Tai Chi destacan la mejora del equilibrio, reducción del riesgo de caídas, mayor movilidad, fortalecimiento muscular, disminución del estrés y estimulación de capacidades cognitivas como la memoria y atención.

Para Ishiguro, el crecimiento de la población adulta mayor representa una oportunidad para desarrollar nuevos servicios especializados. “El Tai Chi es una herramienta de salud preventiva que ayuda a las personas a mantenerse activas, fortalecer su confianza y conservar su independencia”, señaló.

¿Qué es el Tai Chi?

El Tai Chi es una disciplina de origen asiático que combina movimientos suaves, respiración y concentración para promover el bienestar físico y mental. Surgió en el siglo XVII en la provincia de Henan (China), y existen distintas variantes, entre ellas los estilos Chen, Yang, Wu y Sun, cada uno con características y secuencias propias.

Con una población adulta mayor en expansión y empresas que buscan nuevas soluciones de bienestar, el Tai Chi podría posicionarse como una disciplina con potencial de crecimiento dentro del mercado peruano de salud preventiva, deporte y bienestar integral, sobre todo en el segmento corporativo.

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Perú ha publicado un proyecto de decreto supremo para modificar y ampliar el Reglamento Técnico de Etiquetado de Eficiencia Energética para Equipos Energéticos.

Esta propuesta incorpora por primera vez la obligación de etiquetar el consumo energético de productos como televisores, ventiladores y microondas, junto con otros equipos de uso masivo.

Hasta ahora, solo nueve familias de productos tenían que informar su eficiencia, entre ellos lámparas, balastos, refrigeradoras, motores eléctricos, lavadoras, secadoras, aire acondicionado y calentadores de agua.

De acuerdo con el decreto, la medida busca reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero, en línea con los compromisos climáticos del país.

Sin embargo, el texto admite que la implementación podría generar un aumento en el precio inicial de algunos equipos debido a los costos de certificación y adecuación que deberán asumir fabricantes, importadores y comerciantes.

¿Qué equipos estarán obligados a informar su consumo energético?

La nueva normativa amplía el alcance del etiquetado obligatorio a 11 nuevas categorías de productos. En adelante, los consumidores encontrarán información clara y verificable sobre el consumo de equipos como:

• Televisores
• Cocinas de inducción
• Hornos microondas
• Hornos eléctricos portátiles
• Ventiladores de pie
• Ventiladores de pared
• Ventiladores de techo
• Equipos de sonido
• Impresoras
• Decodificadores
• Cocinas a gas

El objetivo, según el MINEM, es que los usuarios puedan comparar el desempeño energético al momento de comprar y elegir equipos más eficientes.

El reglamento establece que todas las etiquetas deberán ser visibles tanto en los locales de venta como en plataformas online, incluyendo imágenes y datos técnicos.

Si el producto se ofrece por internet, la normativa exige sistemas electrónicos que permitan la autenticación de la información publicada.

Además, los productores e importadores tendrán que presentar un certificado de conformidad emitido por organismos acreditados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

Ahorro energético y reducción de emisiones: las metas oficiales

Según el análisis de impacto cuantitativo del MINEM, la modificación del reglamento busca alcanzar un ahorro acumulado de 28.127 GWh entre 2018 y 2030, equivalente a evitar la emisión de 11,6 millones de toneladas de CO₂.

Solo en el sector residencial, el potencial de ahorro supera los 8.340 GWh, mientras que en el sector no residencial la proyección es de 19.787 GWh.

El compromiso oficial ante la comunidad internacional, reflejado en la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), es evitar al menos 0,5 millones de toneladas de CO₂ al 2030 solo por el etiquetado, aunque el potencial real supera ampliamente esa meta.

Las cifras muestran la magnitud del mercado afectado: en 2022 se importaron más de 2 millones de televisores, casi 4 millones de decodificadores, más de 2,3 millones de ventiladores y más de 400.000 cocinas a gas.

Del mismo modo, el etiquetado obligatorio permitirá a los consumidores peruanos acceder a información equiparable a la que ya existe en países como Chile, Estados Unidos y la Unión Europea.

Sanciones, fiscalización y período de transición

El texto legal establece un período de gracia de dos años desde la publicación de la norma. Durante ese lapso, no habrá fiscalización ni sanciones por parte de las autoridades, y los actores de la cadena comercial podrán adecuarse a las nuevas exigencias.

Finalizado ese plazo, la comercialización de productos sin certificación vigente, con información engañosa o con doble etiqueta será considerada infracción grave y podrá ser sancionada por el INDECOPI.

Las sanciones incluyen multas y procedimientos administrativos para quienes incumplan la exhibición de la etiqueta, presenten información falsa o utilicen certificados emitidos por organismos no acreditados.

El decreto también especifica que solo podrá mostrarse la etiqueta peruana de eficiencia energética, prohibiéndose el uso de etiquetas extranjeras en el país.

Costos y beneficios: impacto para consumidores e industria

El análisis reconoce que la adaptación a los nuevos estándares implicará costos para los importadores, fabricantes y distribuidores, lo que podría reflejarse en un aumento inicial de los precios de algunos equipos. Estos costos incluyen la certificación, el ajuste de procesos y la capacitación necesaria para cumplir con el nuevo marco regulatorio.

No obstante, el MINEM sostiene que el beneficio a largo plazo será mayor, tanto para el consumidor, que podrá elegir equipos más eficientes y reducir su gasto en energía, como para el país, que avanzará en el cumplimiento de sus compromisos ambientales y en la protección de la salud pública.

El proyecto, contenido en la Resolución Ministerial N.° 285-2026-MINEM/DM, estará sometido a consulta pública durante 30 días calendario a partir de su publicación oficial.

La transformación digital en Perú se ha acelerado debido a la adopción de inteligencia artificial (IA) en los sistemas de gestión empresarial, lo que permite a las compañías consultar datos clave en tiempo real desde dispositivos móviles o aplicaciones como WhatsApp.

Esta innovación marca un cambio respecto a procesos anteriores, donde la recopilación y el análisis de información dependían de la intervención manual de varias áreas, retrasando la toma de decisiones.

Hoy, la IA interpreta solicitudes, analiza los datos almacenados y entrega respuestas en segundos, según explicó José Luis Yarlequé, gerente general de Ramo Perú, en declaraciones recogidas por Infobae Perú.

Sin embargo, la implementación de estas tecnologías revela las brechas que aún enfrenta el tejido empresarial local, especialmente en integración de datos, financiamiento, capacitación, conectividad y ciberseguridad.

Integrar sistemas y capacitar equipos: el primer paso pendiente

La digitalización en Perú no solo involucra la compra de tecnología, sino también la integración de plataformas y la formación del personal.

Muchas empresas mantienen sus datos dispersos en sistemas que no se comunican entre sí, obstaculizando el potencial de la inteligencia artificial. Yarlequé afirmó que la prioridad debe ser “ordenar primero la información y definir cuáles son los datos oficiales de la compañía”, antes de invertir en soluciones avanzadas.

El reto es que la transformación digital va más allá de la adquisición de software. Incluye la migración de información, la configuración de permisos y la capacitación de los trabajadores.

“La digitalización influye en la productividad, el crecimiento y el acceso a nuevos mercados”, remarcó el ejecutivo. De acuerdo con datos de ProInnóvate, el 74% de los proyectos de digitalización financiados por el programa lograron un aumento en las ventas de las beneficiarias.

Financiamiento, conectividad y ciberseguridad: desafíos para consolidar la digitalización

El financiamiento sigue siendo un obstáculo. Según Yarlequé, el acompañamiento técnico y el acceso a diagnósticos de madurez digital son esenciales para que más empresas locales puedan avanzar en su digitalización.

La meta de las políticas públicas debe centrarse en ayudar a las compañías a identificar sus necesidades y adoptar soluciones acordes con su tamaño y sector.

Un elemento fundamental es la conectividad. Al cierre de 2025, Perú registró aproximadamente 4,38 millones de conexiones de internet fijo, con un 82,47% sobre fibra óptica. Fuera de Lima y Callao, las conexiones de fibra sumaron 1,73 millones, con un crecimiento anual superior al 26%.

El reto, entonces, es que este avance se traduzca en conectividad confiable para actividades productivas en regiones alejadas de los grandes centros urbanos.

Pero la ciberseguridad se convierte también en otro eje prioritario. El acceso a información desde celulares y servicios en la nube exige controles rigurosos sobre los datos, incluyendo autenticación de usuarios, copias de seguridad y protocolos para incidentes.

Yarlequé advirtió que la nueva administración deberá convertir los lineamientos normativos en guías prácticas y accesibles, sobre todo para micro y pequeñas empresas.

La IA como aliada, pero no sustituto de procesos ordenados

La inteligencia artificial puede facilitar el acceso a la información, pero no resuelve los problemas estructurales de las empresas. “Primero debemos asegurar que los datos sean confiables, que los procesos estén integrados y que las personas sepan utilizar la tecnología”, puntualizó.

La regulación también deberá avanzar para definir qué datos pueden usarse, cómo protegerlos y cuándo es necesaria la intervención humana en decisiones automatizadas.

De esta manera, la transformación digital de las empresas peruanas depende tanto de la incorporación de herramientas tecnológicas como de la mejora de los procesos internos y la capacitación continua de los equipos.

El avance en conectividad y ciberseguridad será determinante para que el sector empresarial logre una verdadera integración digital.

El desembolso de recursos estatales para Petroperú, previsto en el Decreto de Urgencia N° 003-2026, está paralizado por falta de acuerdos societarios formales del Directorio de la empresa, según una carta remitida por ProInversión.

Dicho decreto autorizaba un rescate financiero y operativo de hasta USD 2.000 millones, con el objetivo de evitar una crisis energética y asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el país, especialmente en la Amazonía.

Petroperú y un millonario rescate que no llega

En una reunión celebrada el 14 de julio en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el presidente de Petroperú, Edmundo Lizarzaburu, afirmó que los acuerdos estaban aprobados.

Dicha versión también fue compartida en los últimos días por Lizarzaburu en medios nacionales. Sin embargo, ProInversión sostiene que no ha recibido la documentación firmada.

El oficio N° 90-2026/PROINVERSIÓN/DPP/HI.04, enviado el 20 de julio, advierte que la falta de acuerdos impide definir un cronograma de desembolsos y pone en riesgo la operatividad de Petroperú, afectando la cadena de pagos.

La agencia adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asegura haber remitido, al menos, diez comunicaciones formales al Directorio de Petroperú solicitando la aprobación de los acuerdos necesarios para canalizar los fondos.

Ante la falta de respuesta, la entidad convocó a una reunión urgente para el miércoles 22 de julio. No debería haber ningún problema con el lugar, pues ProInversión opera en el piso 9 del edificio central de Petroperú, en San Isidro.

¿ProInversión insiste, Petroperú dilata?

El rescate se estructura en dos componentes: un financiamiento puente de hasta USD 500 millones para liquidez inmediata, y un aporte de hasta USD 2.000 millones a través de líneas de crédito con aval público.

A diferencia de años anteriores, estos fondos se canalizan a través de fideicomisos respaldados por la banca internacional, bajo la supervisión de ProInversión, y no afectan directamente el tesoro público ni los impuestos.

Para activar el mecanismo de financiamiento, el Directorio de Petroperú debe aprobar acuerdos societarios que permitan la creación de un vehículo de propósito especial (VPE), regentado y supervisado por ProInversión.

Fuentes cercanas a la petrolera atribuyen la resistencia a que, a diferencia de rescates anteriores, “el control de fondos recaerá en ProInversión y no en la administración de Petroperú”.

Pero el contexto de reestructuración también ha derivado en reclamos laborales, con exfuncionarios que han presentado demandas por despido arbitrario.

El futuro de Petroperú, rehén de disputas internas

En una entrevista previa con Infobae Perú, Lizarzaburu dijo esperar que el crédito puente esté disponible entre finales de julio y agosto, y que los 2.000 millones lleguen en ese mismo periodo.

Lizarzaburu también destacó la presencia activa de un representante de ProInversión en el directorio y el intercambio permanente de ideas entre todas las partes involucradas (incluyendo Deloitte y el estudio Muñiz).

Según el ingeniero de la PUCP, la deuda de corto plazo de Petroperú se encuentra entre USD 600 y 800 millones, lo que genera un capital de trabajo negativo. La deuda global asciende a aproximadamente USD 5.000 millones.

La empresa también enfrenta deudas pendientes para los años 2025 y 2026, aunque el Directorio actual “no ha incrementado el endeudamiento total respecto a meses anteriores”, asegura.

ProInversión es la entidad encargada de administrar y gestionar los bloques patrimoniales de Petroperú, así como de separar los activos estratégicos y no estratégicos.

Actualmente, cualquier decisión sobre la venta, modificación o postergación de activos depende de ProInversión y no del Directorio de Petroperú.

Petroperú reafirma colaboración en proceso de reorganización patrimonial

A través de un comunicado, Petroperú rechazó la carga probatoria y las versiones que le atribuyen una supuesta intención de retrasar u obstaculizar el proceso de reorganización patrimonial dispuesto por el Estado.

La empresa afirmó que tanto el Directorio como la administración han mantenido una actuación institucional acorde con las disposiciones establecidas desde el inicio del proceso.

La compañía explicó que la adopción de los acuerdos societarios requeridos para implementar los mecanismos financieros previstos por el Ejecutivo exige disponer de información técnica, financiera, legal y operativa completa.

Parte de esta información, según Petroperú, debía ser proporcionada por ProInversión, por lo que las solicitudes realizadas responden a la necesidad de contar con fundamentos sólidos antes de tomar decisiones de alto impacto.

La compañía subrayó que sus pedidos de información complementaria no deben interpretarse como una actitud negativa o de dilación, sino como una manifestación del deber de diligencia que corresponde al Directorio y la administración ante decisiones patrimoniales y financieras relevantes tanto para la empresa como para el Estado.

Por último, la empresa reiteró su actuación diligente y colaborativa en cumplimiento de los decretos de urgencia y su plena disposición para continuar trabajando de forma coordinada y transparente con ProInversión.

En eta línea, la estatal reafirmó su compromiso con la sostenibilidad financiera, la continuidad de las operaciones y el abastecimiento de combustibles en el país, asegurando que todas sus acciones se realizan bajo los principios de transparencia y respeto al marco legal vigente.

La Gerencia Legal de Petroperú emitió una aclaración dirigida a la Gerencia General el 20 de julio de 2026 en San Isidro, donde establece que el control de ProInversión solo aplica a fondos extraordinarios derivados de los Decretos de Urgencia N° 010-2025 y 003-2026.

El pronunciamiento responde a inquietudes internas surgidas por la implementación de un nuevo protocolo financiero y busca delimitar el alcance de la intervención estatal en la gestión de la petrolera.

Petroperú defiende sus fueros ante ProInversión

En el memorando GLAR-1156-2026, firmado por Iván Montoya Torres, la Gerencia Legal y Asuntos Regulatorios aclara que el protocolo debe interpretarse como un instrumento exclusivo para la canalización de recursos extraordinarios gestionados por ProInversión.

Así, la participación estatal se limita únicamente a los fondos vinculados a los decretos de urgencia, mientras que Petroperú mantiene control total sobre su gestión diaria si utiliza recursos propios.

El documento enfatiza que el protocolo no obliga a informar ni a solicitar autorización a ProInversión para las actividades cotidianas, a menos que involucren fondos extraordinarios.

Esta precisión responde a consultas internas de diversas áreas sobre si cada contratación, incluso con recursos propios, debía validarse ante la agencia estatal.

¿La reestructuración de Petroperú se dilata sin rescate?

La Gerencia Legal recuerda que este tipo de dudas ya había originado la emisión de los memorandos GLAR-1124-2026 y GLAR-1136-2026, donde se dejó en claro que el protocolo no desplaza las competencias ordinarias de Petroperú. Además, recomienda que, ante cualquier duda, cada gerencia consulte formalmente a Legal para evitar interpretaciones erróneas.

Por último, la comunicación subraya que solo las operaciones que afecten la reorganización patrimonial o involucren recursos protegidos por la normativa de emergencia requieren intervención de ProInversión. El resto de la operatoria de la petrolera continúa bajo su propio marco legal y administrativo.

Petroperú no habría firmado acuerdos clave, según ProInversión

Tal como informó previamente Infobae Perú, el desembolso previsto por el Gobierno para el rescate de hasta 2.000 millones de dólares a Petroperú habría quedado paralizado debido a la falta de acuerdos societarios formales por parte del Directorio de la estatal.

De acuerdo a un oficio enviado por ProInversión el mismo 20 de julio, la ausencia de documentos impide definir el cronograma de desembolsos, lo que pone en riesgo la operatividad de la petrolera y afecta su cadena de pago.

La agencia estatal sostiene que ha remitido al menos diez comunicaciones al Directorio sin obtener respuesta y, ante la falta de avances, convocó a una reunión urgente para el 22 de julio.

El esquema de rescate diseñado contempla un financiamiento puente de hasta 500 millones de dólares para liquidez inmediata y un aporte adicional de hasta 2.000 millones, canalizado a través de líneas de crédito avaladas por el Estado y administradas bajo la supervisión de ProInversión.

A diferencia de mecanismos anteriores, los fondos se gestionan mediante fideicomisos respaldados por la banca internacional, lo que desplaza el control directo de la administración de Petroperú y exige la aprobación de acuerdos societarios para la creación de un vehículo de propósito especial.

El contexto de reestructuración mantiene a la petrolera con una deuda de corto plazo que ronda entre 600 y 800 millones de dólares, mientras la deuda global se acerca a los 5.000 millones.

Moody’s: restricciones de liquidez superan dinámica de precios en Petroperú

De otro lado, la calificadora Moody’s advirtió que Petroperú enfrenta una situación financiera delicada: la compañía cerró el primer trimestre de 2026 con solo 34 millones de dólares en efectivo disponible y un apalancamiento extremo, con una relación deuda/EBITDA cercana a 24 veces.

Aunque la petrolera registró un EBITDA de aproximadamente 273 millones de dólares en ese periodo, Moody’s señala que la cobertura de intereses sigue en niveles críticos, de apenas 0,8 veces, y que la presión sobre el capital circulante se mantiene elevada por los altos costos de importación de crudo y combustibles.

La consultora advierte que la viabilidad de Petroperú permanece condicionada a la ejecución efectiva del apoyo estatal, pero observa que existen incertidumbres sobre el destino, la estructura y el momento de entrega de los fondos de rescate.

Moody’s concluye que la empresa continúa bajo “estrés agudo de liquidez, elevadas necesidades de capital circulante y una fuerte dependencia de la intervención oportuna del Gobierno”, factores que inciden directamente en la calidad crediticia y la percepción de riesgo ante inversores y acreedores.

La transformación digital en la gestión de recursos humanos avanza con fuerza en el mercado peruano, impulsada por la necesidad de mayor eficiencia, cumplimiento normativo y adaptación a entornos laborales cada vez más complejos.

Empresas de distintos sectores están migrando rápidamente a plataformas digitales para administrar planillas de hasta 40.000 colaboradores, una tendencia que responde tanto a los desafíos regulatorios como a la demanda de procesos ágiles y confiables, según un análisis de Ofisis.

¿Cuáles son los retos que enfrentan las empresas peruanas?

De acuerdo con Ofisis, firma especializada en soluciones de recursos humanos en la nube, las compañías peruanas se enfrentan a tres retos principales: cumplir con una legislación laboral dinámica, integrar procesos tradicionalmente dispersos y transformar la información de recursos humanos en datos estratégicos para la toma de decisiones.

Muchos procesos todavía se realizan de forma manual o en sistemas fragmentados, lo que incrementa el riesgo de errores en la nómina, retrabajos y contingencias ante fiscalizaciones laborales.

La migración hacia plataformas integrales en la nube permite centralizar la gestión de nómina, asistencia, portal del colaborador y talento, así como automatizar cálculos complejos y conectarse con entidades regulatorias como T-Registro, PLAME y AFPnet.

Esta integración, explica la HR Tech, reduce drásticamente los procesos manuales y el riesgo de incumplimientos, al tiempo que proporciona información en tiempo real para una gestión estratégica.

El auge de la digitalización y la nube en Perú

El crecimiento de soluciones de recursos humanos en la nube es sostenido en la región. Según datos compartidos por Ofisis, la inversión en startups de HR Tech en Latinoamérica alcanzó los 344 millones de dólares en 2022 y continúa expandiéndose.

Aunque no existen cifras oficiales locales, la aceleración en la adopción es evidente: grandes empresas reportan reducciones de hasta 50% en el tiempo de procesamiento de nóminas, lo que incentiva a otras organizaciones a migrar desde sistemas tradicionales.

El interés de las empresas ya no se limita a la automatización de tareas. Ahora buscan plataformas que disminuyan riesgos, ofrezcan datos en tiempo real y mejoren la experiencia del colaborador.

Por ejemplo, en el caso de Ofisis la meta es que, en el mediano plazo, las soluciones en la nube representen el 50% de su facturación, reflejando la magnitud de la transformación en curso.

Cumplimiento normativo y eficiencia operativa

La legislación laboral peruana exige una actualización constante. Ofisis destaca la incorporación de plataformas con un motor de cálculo actualizado por consultores expertos, que facilitan la adaptación inmediata a cambios normativos y asegurando la continuidad operativa.

Además, soporta múltiples regímenes laborales y administra pagos de diversa periodicidad, convenios colectivos y boletas electrónicas, lo que reduce el riesgo de contingencias legales.

Explica que digitalización de planillas no solo incrementa la eficiencia, sino que también previene observaciones o sanciones durante fiscalizaciones.

Así, empresas de gran tamaño han logrado reducir a la mitad el tiempo necesario para procesar planillas de más de 40.000 empleados gracias a la automatización.

Acceso para pymes y nuevas tendencias

Las soluciones modulares y escalables, como Ofisis Personas, permiten que pequeñas y medianas empresas accedan a tecnología avanzada sin realizar grandes inversiones iniciales.

El modelo cloud elimina costos de infraestructura y mantenimiento, brindando un retorno de inversión más rápido y acompañando el crecimiento de cada organización.

Entre las tendencias que Ofisis identifica para los próximos años destacan la consolidación de plataformas integrales en la nube, el uso creciente de herramientas analíticas y de autoservicio, y la incorporación de inteligencia artificial para automatizar tareas y potenciar la gestión del talento.

La tecnología, concluyen desde la firma, se consolida como factor estratégico para la competitividad y sostenibilidad de las empresas peruanas en un entorno laboral cada vez más dinámico.

Un nuevo estudio revela que 6 de cada 10 empresas de minería, construcción, metalmecánica, abrasivos, vidrio y cemento en Perú han reportado casos de silicosis entre sus trabajadores.

De acuerdo con la Coalición Por un Perú de Largo Aliento, la silicosis y otras enfermedades respiratorias ocupacionales han dejado de ser una rareza en los principales sectores industriales y extractivos del país, consolidándose como un problema estructural y recurrente.

La silicosis pasa de excepción a regla en las industrias peruanas

La investigación, desarrollada por la consultora IMASEN, encuestó a 101 empresas formales de alto riesgo. El 61% de estas compañías ha identificado al menos un caso de silicosis en su personal, mientras que el 84% atribuye la aparición de enfermedades respiratorias al uso inadecuado de equipos de protección personal (EPP).

Además, el 64% de las organizaciones considera la exposición a polvo y agentes respirables como uno de los principales riesgos laborales.

El informe detalla que la bronquitis es el diagnóstico más frecuente, con un 92% de empresas que han registrado casos, seguida por neumoconiosis/silicosis (81%) y asma ocupacional (77%).

La recurrencia es alta: el 57% de las empresas reporta nuevos casos cada mes y el 29% cada dos meses, lo que eleva la incidencia al 86% en ciclos bimestrales.

El impacto sobrepasa la salud: el 67% de las empresas consultadas señala una caída en la productividad y el 66% reporta días de trabajo perdidos como consecuencia directa de estas enfermedades.

El impacto se refleja en la productividad y los días perdidos

El estudio también advierte sobre la presencia de equipos de protección falsificados o de baja calidad. El 31% de las empresas encuestadas admitió haber detectado “EPP bamba”, lo que agrava el riesgo de exposición y genera desconfianza en las medidas preventivas.

Según testimonios recogidos, la incomodidad y la presión operativa complican el uso habitual de los equipos certificados. Las medidas preventivas predominantes siguen centradas en el control del trabajador antes que en la mejora estructural de los ambientes laborales.

El 61% implementa vigilancia médica, el 60% prioriza la entrega de EPP y el 53% recurre a sanciones por el no uso de los equipos. Solo el 8% realiza mediciones periódicas de sílice en el ambiente, una acción considerada esencial por especialistas para reducir la incidencia de silicosis.

SUNAFIL y clientes imponen presión externa sobre las compañías

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha fiscalizado al 83% de las empresas industriales y extractivas por exposición a polvo de sílice en los últimos tres años.

El 98% de las compañías demanda lineamientos técnicos más claros y aplicables para la prevención, considerando que la normativa actual resulta insuficiente para su implementación operativa, especialmente en empresas medianas y pequeñas.

En cuanto a recursos, solo el 45% de las empresas destina un presupuesto específico para la prevención de la exposición a sílice, mientras el 85% planea fortalecer gradualmente los programas existentes. No obstante, únicamente el 7% integra el riesgo respiratorio en su planificación estratégica anual.

Según la Coalición Por un Perú de Largo Aliento, la persistencia de la silicosis y otras enfermedades respiratorias en sectores productivos refleja la necesidad de fortalecer las herramientas técnicas, regulatorias y presupuestales para enfrentar un problema que ya afecta la salud y la productividad de la fuerza laboral peruana.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha reglamentado, mediante el Decreto Supremo Nº 009-2026-TR, la aplicación de la Ley Nº 32102, que introduce cambios relevantes en la normativa del teletrabajo en Perú.

Entre los aspectos clave figuran no solo la posibilidad de que el empleador exija a los trabajadores encender la cámara para mostrar su espacio de trabajo en ciertos casos, sino que también regula el desarrollo de actividades particulares durante la jornada laboral, llegando incluso a prever la reversión automática al trabajo presencial como sanción en situaciones de incumplimiento.

Inspección y control en el teletrabajo

El nuevo reglamento se ajusta a las modificaciones establecidas por la Ley Nº 32102 y especifica cómo los empleadores pueden ejercer controles sobre las condiciones del teletrabajo.

Según la regulación, las empresas están autorizadas a solicitar que los empleados que realizan home office enciendan la cámara para verificar, de manera puntual, el estado y la seguridad del espacio donde desarrollan sus labores.

Esta inspección no puede ser sorpresiva: la norma exige que el empleador comunique al trabajador la fecha y hora de la revisión con al menos 48 horas de anticipación.

Además, la normativa no permite que el empleador exija al trabajador mantener la cámara encendida durante toda la jornada laboral. La finalidad de este control es garantizar que el puesto de trabajo cumpla con las condiciones necesarias de ergonomía, seguridad y salud.

Por ejemplo, si un trabajador se muda y decide continuar con el teletrabajo desde una nueva ubicación, la empresa puede pedirle que encienda la cámara durante una videollamada para revisar que el escritorio, la silla y la iluminación sean adecuados y no representen riesgos para su bienestar.

Según la normativa, este control debe limitarse únicamente al área de trabajo y no puede extenderse a otros espacios del domicilio.

Otra situación en la que pueden solicitar el uso de la cámara es durante capacitaciones sobre seguridad y salud laboral. Si la empresa brinda una charla virtual sobre cómo identificar y corregir riesgos en el espacio de trabajo, puede requerir que los teletrabajadores muestren su entorno para comprobar la correcta aplicación de las recomendaciones impartidas.

Prohibición de actividades personales y sanciones

Además del control sobre el espacio físico, el reglamento incluye disposiciones estrictas sobre el uso del tiempo laboral. La ley prohíbe expresamente que los teletrabajadores realicen actividades personales durante la jornada.

Esto significa que, mientras dura el horario de trabajo, el empleado no puede dedicar tiempo a tareas ajenas a su función, como hacer compras, realizar trámites o atender asuntos familiares, salvo que cuente con una licencia o permiso debidamente autorizado por el empleador.

En caso de que la empresa detecte que un trabajador realizó actividades particulares sin justificación durante el horario laboral, podrá requerirle que explique y documente la situación.

Si el trabajador no presenta una justificación válida o no responde al requerimiento, la normativa prevé la posibilidad de iniciar un proceso disciplinario.

Entre las sanciones contempladas figura la reversión automática del teletrabajo a la modalidad presencial, además de otras medidas conforme al régimen laboral aplicable.

Otras medidas relevantes para el teletrabajo

La actualización normativa también establece que los trabajadores deben cuidar los equipos y materiales proporcionados por la empresa y evitar que personas ajenas tengan acceso a ellos.

Si se produce un corte de luz o de internet durante la jornada y el trabajador puede demostrarlo, la empresa no podrá descontar horas ni exigir su recuperación posterior.

Respecto al cambio de lugar de trabajo, si el teletrabajador desea modificar la ubicación desde la que realiza sus funciones, está obligado a informar a la empresa con al menos cinco días hábiles de anticipación, salvo que exista una emergencia o una justificación razonable.

Con estas modificaciones, el marco legal busca equilibrar la flexibilidad del teletrabajo con la protección de los derechos laborales y la necesidad de control por parte de las empresas.

Por ejemplo, un trabajador que decida trabajar desde la casa de un familiar durante una semana debe notificarlo con la anticipación requerida y someterse a una nueva revisión de riesgos para asegurar que el nuevo espacio cumple con los estándares exigidos.

El deterioro de la salud mental se ha convertido en uno de los principales riesgos empresariales en el Perú, pero la reacción del sector privado sigue siendo insuficiente.

Así lo revela el estudio People Risk 2026 elaborado por Marsh, firma global especializada en riesgos y estrategias organizacionales, que advierte sobre una brecha significativa entre el reconocimiento del problema y la adopción de medidas efectivas dentro de las compañías.

¿Salud mental en el Perú? Un panorama alarmante y poco gestionado

El informe de Marsh sitúa la salud mental en el cuarto lugar entre los riesgos de personas en las empresas peruanas, un nivel mucho más alto que el promedio mundial, donde ocupa el noveno puesto.

“Cuando las expectativas sobre las personas aumentan sin los recursos adecuados para responder, el agotamiento se acelera. Reconocer este riesgo es el primer paso para gestionarlo”, señala Ariel Almazán, líder de Salud y Beneficios de Marsh para Latinoamérica y el Caribe.

A pesar de la gravedad, solo una de cada tres organizaciones considera eficaz su evaluación de riesgos psicosociales. Muchas empresas cumplen con la medición únicamente por exigencia normativa, pero la información rara vez se traduce en planes concretos de prevención o contención.

El estudio señala que la cultura organizacional mantiene la tendencia a normalizar el exceso de trabajo, la hiperconexión y la presión constante, sin establecer mecanismos sólidos de acompañamiento psicológico.

Escasez de talento y falta de respuestas

El 70% de las empresas consultadas por Marsh considera probable enfrentar una escasez de talento en el corto plazo. No obstante, apenas el 40% cuenta con una propuesta sólida para atraer y retener personal, y solo el 38% ha implementado mecanismos efectivos para escuchar y comprometer a sus equipos.

La retención de talento ya no depende solo de salarios, sino de factores como la flexibilidad, el desarrollo profesional y el propósito laboral, pero la mayoría de compañías no ha adaptado sus estrategias a estas nuevas demandas.

Las amenazas cibernéticas aparecen en tercer lugar entre los riesgos principales en el país, pero el estudio enfatiza que la primera línea de defensa está en la capacitación y la cultura de seguridad, más que en la tecnología en sí.

Un solo correo electrónico falso puede comprometer toda la operación, y la falta de preparación en el equipo humano aumenta la vulnerabilidad, de acuerdo con la consultora.

Brechas en innovación y gestión de cambio

La cultura organizacional en el Perú también representa un obstáculo serio para la adopción de inteligencia artificial y nuevas tecnologías.

Aunque el 73% de la alta dirección reconoce la importancia estratégica de dominar la inteligencia artificial, la innovación y el aprendizaje continuo todavía no son prioridades reales dentro de la mayoría de las empresas.

El informe de Marsh resalta que, cuando las áreas de Recursos Humanos y Gestión de Riesgos colaboran de manera efectiva, la capacidad de mitigar los riesgos aumenta hasta en 30 puntos porcentuales.

Sin embargo, solo el 39% de las organizaciones en América Latina y el Caribe reporta una coordinación plena entre ambas áreas, lo que limita el impacto de las políticas de prevención.

Un riesgo visible, pero sin respuesta suficiente

La investigación concluye que el mayor reto de las empresas peruanas no es identificar los riesgos, sino pasar del diagnóstico a la acción.

La falta de respuesta efectiva ante la crisis de salud mental representa una amenaza directa para la productividad y la sostenibilidad del negocio.

“El riesgo de personas puede convertirse en una ventaja competitiva real si se gestiona de manera estratégica”, sostiene Almazán. Según Marsh, la oportunidad está en construir una cultura corporativa que priorice el bienestar y la prevención, antes que la reacción tardía ante el deterioro de la salud mental.

El Congreso de la República promulgó la Ley Nº 32737 que autoriza la conversión de plazas eventuales a plazas orgánicas para tutores y personal administrativo de la educación pública bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276.

Con esta norma, quienes ocupan estos cargos en instituciones educativas estatales accederán a una relación laboral de plazo indeterminado, dejando atrás la modalidad de contratos temporales que regía hasta la fecha.

¿A quiénes beneficia la nueva ley?

La Ley Nº 32737 está dirigida al personal de instituciones educativas de educación básica, institutos y escuelas de educación superior, centros de educación técnico-productiva y unidades de gestión educativa local del sector Educación.

Según lo aprobado por el Congreso, la medida impacta tanto a tutores encargados de la promoción de la tutoría y orientación educativa como a trabajadores administrativos bajo el régimen 276.

De acuerdo con el texto oficial, la conversión de plazas aplicará únicamente a aquellos puestos que hayan sido financiados durante los dos años presupuestales anteriores, estén presupuestados hasta el 31 de diciembre de 2026 y aparezcan registrados en los sistemas informáticos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas o del Ministerio de Educación.

Cambios en la estabilidad laboral del sector educativo

La nueva legislación establece que el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales podrán ejecutar la conversión de plazas durante el año fiscal 2026. El proceso contempla la asignación de un código permanente para los cargos convertidos, formalizando así la estabilidad laboral de los beneficiarios. Este paso busca garantizar la continuidad de funciones y la profesionalización del recurso humano en el sector.

Para el caso de las unidades de gestión educativa local, la conversión también exige que los puestos estén registrados en el Presupuesto Analítico de Personal vigente y en el Cuadro de Asignación de Personal Provisional.

El Ministerio de Educación deberá remitir el listado final de plazas convertidas a la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, tal como lo detalla el texto legal.

Implementación progresiva y financiamiento

La aplicación de la ley será progresiva y dependerá de la disponibilidad presupuestaria asignada a cada pliego en el año fiscal correspondiente. La norma no demandará recursos adicionales al tesoro público, ya que la ejecución se realizará con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación y los gobiernos regionales.

El Ministerio de Educación podrá dictar orientaciones y mecanismos para la operatividad de la ley, según lo dispuesto en la disposición complementaria final. La promulgación fue firmada por Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, presidente encargado del Congreso, y Waldemar José Cerrón Rojas, segundo vicepresidente, tras la ausencia de promulgación por parte de la Presidencia de la República dentro del plazo constitucional.

Alcance para los tutores de colegios públicos

En el sistema público peruano existen cerca de 350,000 docentes de educación básica, lo que representa el 67% del total nacional. En los colegios estatales, cada profesor de aula cumple también la función de tutor, encargándose del acompañamiento socioafectivo y cognitivo de sus alumnos, y recibe horas asignadas dentro de su jornada para sesiones grupales e individuales de tutoría.

Según el Ministerio de Educación y el INEI, el 71% de estos docentes pertenece a la Carrera Pública Magisterial con nombramiento, mientras que el resto trabaja bajo contrato. La tutoría no constituye un cargo exclusivo, sino una responsabilidad adicional asumida por los maestros de cada sección.

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha dado un paso clave para la modernización del sistema de pensiones en el Perú y la llegada de la comisión por productividad.

Al publicar la Resolución SBS N° 01870-2026 en consulta pública, la entidad establece el procedimiento uniforme para que los afiliados que aún están en comisión por flujo puedan migrar a comisión por saldo, cumpliendo el mandato de la Ley N° 32123 de reforma previsional, aprobada en 2024.

Reforma AFP: Nueva ley obliga a dejar atrás el cobro sobre el sueldo

De acuerdo con esta ley, el modelo previsional peruano debe dejar atrás la comisión por flujo—que descuenta un porcentaje del sueldo mensual—y avanzar a un sistema donde solo subsistan dos esquemas: la comisión por saldo y la comisión por productividad.

El primero cobra un porcentaje anual sobre el fondo acumulado, mientras que el segundo alinea directamente la ganancia de las administradoras con el resultado real de las inversiones para los afiliados.

El concepto de comisión por productividad significa que las nuevas Empresas Administradoras de Fondos (EAF) ganarán más solo si logran que el fondo del trabajador crezca por encima de un punto de referencia del mercado.

Esta comisión tendrá dos partes: una fija y otra variable, que depende de la rentabilidad real obtenida en el año. Así, el esquema busca que el interés de la administradora esté alineado con el del afiliado: si el fondo rinde bien, la EAF gana; si no, su comisión se reduce.

¿Qué son las EAF?

Las EAF son la nueva denominación para las gestoras de pensiones en el Perú. Incluyen a las actuales AFP, pero ahora también podrán participar bancos, cajas municipales, financieras u otros operadores autorizados, abriendo el mercado a mayor competencia y más opciones para los trabajadores.

Según el reglamento, estos nuevos jugadores deberán cumplir las mismas reglas y estándares de transparencia y desempeño que las AFP tradicionales.

Sin embargo, como reveló el superintendente Sergio Espinosa a Infobae Perú, el mecanismo de las EAF no solo permitirá que un banco se convierta en una suerte de AFP, sino que la propia AFP se convierta en banco.

La nueva reforma se alinea con los artículos 5, 6 y 8 del Reglamento de la Ley N° 32123, aprobado por el Decreto Supremo N° 189-2025-EF y publicado en septiembre de 2025.

El fin de la comisión por flujo: así se cierra una etapa

Hoy, el sistema funciona así: la mayoría de los afiliados está en comisión por saldo, pero aún queda un grupo de personas en comisión por flujo, principalmente quienes se afiliaron antes de 2013 y eligieron quedarse en ese esquema.

A través del procedimiento que plantea la SBS, ese grupo podrá migrar a saldo bajo reglas claras, iguales para todos y con información transparente, dejando atrás la dispersión de procedimientos que existía hasta ahora.

En julio de 2026, las comisiones vigentes en el Perú son de 1.47% a 1.69% sobre flujo (descontadas mensualmente del sueldo), y de 0.68% a 1.25% sobre saldo (anual, sobre el fondo acumulado). A estos porcentajes se suman el 10% obligatorio que va al fondo de jubilación y 1.37% por el seguro que cubre invalidez y sobrevivencia.

Bancos, cajas y financieras competirán con AFP por tu fondo

El cambio de esquema busca además responder a la crítica de que el cobro por flujo resulta poco transparente y no incentiva a las AFP a buscar mayor rentabilidad para el afiliado, ya que siempre cobran lo mismo, el fondo crezca o no.

La SBS, al “prerreglamentar” este paso clave, ejecuta el mandato de la reforma previsional: cerrar el ciclo de la comisión por flujo, unificar el procedimiento de migración a saldo, y dejar listo el sistema para la futura comisión por productividad.

Esta transición es el último paso antes de que las EAF puedan ganar más solo si el fondo de los trabajadores realmente crece, alineando la pensión de los peruanos con el desempeño real del mercado y abriendo la competencia a nuevos actores.

El crecimiento sostenido de actividades estratégicas como minería, construcción y transporte continúa empujando la demanda de productos especializados para vehículos y operaciones industriales en el país.

Según datos de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), entre enero y abril de 2026 se comercializaron 8,576 camiones y tractocamiones, lo que representa un aumento del 38,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

Este desempeño refleja el avance de sectores productivos que, además de generar empleo y dinamismo económico, requieren equipamiento confiable para mantener sus operaciones en marcha.

Equipamiento esencial para operaciones seguras y eficientes

El dinamismo de estos sectores no solo se traduce en cifras de ventas, sino también en una mayor demanda de accesorios, sistemas de iluminación, elementos de seguridad y soluciones para el mantenimiento diario de vehículos y maquinaria.

Rocío de la Cruz, CEO de GPC Perú, detalla que cerca del 70% de las ventas provienen de clientes vinculados a transporte, minería y construcción.

“Son industrias que requieren equipamiento confiable para mantener la continuidad de sus operaciones. Hemos observado una mayor demanda de productos relacionados con seguridad vial, iluminación, accesorios para vehículos, equipamiento de protección y soluciones orientadas a mejorar el desempeño operativo”, explica la ejecutiva.

Entre los productos de mayor salida destacan los sistemas de iluminación y señalización, como faros LED, barras luminosas y luces auxiliares; elementos de seguridad vial, como conos, extintores y kits antiderrame; y accesorios para transporte pesado, como bocinas, baterías y conectores.

También se incrementa la demanda de equipamiento de seguridad industrial (cascos, guantes, lentes de protección) y productos para el mantenimiento y limpieza de flotas, todo orientado a prolongar la vida útil y eficiencia de los activos.

Profesionalización y asesoría técnica, nuevos estándares de compra

A medida que estas actividades continúan expandiéndose, crece la necesidad de contar con proveedores especializados que comprendan las exigencias de cada sector y brinden asesoría técnica adecuada.

“Las empresas ya no solo evalúan el precio de un producto. Hoy buscan calidad, durabilidad, garantía y acompañamiento técnico, porque entienden que una decisión adecuada puede contribuir a reducir costos operativos y evitar interrupciones en sus actividades”, remarca de la Cruz.

La profesionalización de los sectores productivos ha elevado los estándares de exigencia en equipamiento y seguridad, según la portavoz.

La minería, la construcción y el transporte operan bajo condiciones cada vez más demandantes, lo que impulsa una mayor conciencia sobre la inversión en productos certificados y soluciones que aporten eficiencia y protección tanto para las personas como para los activos.

Perspectivas y desafíos para el sector automotriz especializado

El buen desempeño del mercado automotor, respaldado por el crecimiento en la venta de vehículos pesados y la diversificación de productos especializados, marca una tendencia favorable para el resto de 2026.

Sin embargo, el reto para las empresas del sector será mantener la capacidad de respuesta ante la expansión de los sectores productivos, garantizar la disponibilidad de productos certificados y sostener un nivel elevado de asesoría técnica y servicio postventa.

La evolución del equipamiento automotriz en el país confirma que la demanda ya no responde únicamente al volumen, sino a la calidad y al respaldo técnico, factores que hoy definen la competitividad en los sectores estratégicos de la economía nacional.

La campaña comercial de julio se presenta como un escenario de alto movimiento, impulsado por promociones, Fiestas Patrias y una mayor actividad en canales físicos y digitales.

Para las empresas, el desafío va más allá de ofrecer descuentos: la clave estará en alinear las estrategias comerciales con la capacidad real de respuesta, disponibilidad de productos y cumplimiento de entregas.

Un consumidor con prioridades diversas

El comportamiento de la demanda en este mes no es uniforme. Hay quienes adelantan compras, otros comparan precios y priorizan productos esenciales, mientras que algunos postergan decisiones de mayor valor.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 70,7% de la población ocupada en el país tenía empleo informal entre abril de 2024 y marzo de 2025.

Este indicador obliga a las empresas a analizar las misiones de compra con mayor detalle, ya que la respuesta a una misma campaña varía según los ingresos y necesidades de los hogares.

Willard Manrique, CEO de Grupo Crosland, sostiene: “El consumidor no entra al mes con una única motivación de compra. Algunos buscan celebrar, otros reponer productos del hogar, otros aprovechar una oferta y otros cuidar mejor su presupuesto”.

Así, comprender estas diferencias permite definir qué categorías priorizar, qué canales reforzar y cómo sostener promesas comerciales en precio, stock y entrega.

Entre celebraciones y abastecimiento cotidiano

El antecedente de Fiestas Patrias 2025, cuando el turismo interno movilizó a 1,88 millones de personas y generó un impacto económico de US$223 millones según Mincetur, ilustra la coexistencia de motivaciones.

A la par de las celebraciones, persisten compras asociadas al abastecimiento del hogar, alimentos, higiene y reposición de productos básicos. Para las empresas, identificar las compras vinculadas a celebración, oportunidad o reposición es esencial para ajustar la estrategia de canales y categorías.

El contexto climático suma una variable relevante. El Comunicado Oficial ENFEN mantiene la Alerta de El Niño Costero y prevé que el evento continúe hasta el verano de 2027. Este entorno puede afectar el abastecimiento, la logística y la demanda regional, especialmente en rubros como hogar, movilidad y alimentación.

Con todo, la campaña de Fiestas Patrias en el Perú moverá más de S/ 4,600 millones en el sector retail, según proyecciones de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Operación y confianza: claves en la relación con el consumidor

La experiencia del consumidor tampoco termina al concretar la compra. Cobran importancia la disponibilidad real del producto, el respeto del precio anunciado, la claridad en las condiciones y la puntualidad en la entrega.

Indecopi recuerda que toda promoción debe informar duración, unidades disponibles y restricciones, y que las condiciones deben comunicarse de forma clara.

“El descuento atrae, pero la confianza se sostiene con disponibilidad, claridad y capacidad de respuesta. Las empresas que entiendan mejor la misión de compra detrás de cada consumidor estarán mejor preparadas para convertir el interés en una relación sostenible”, concluye Manrique.

Así, julio se perfila como un mes de demanda fragmentada, donde la segmentación y la comunicación clara se convierten en las principales herramientas para responder a consumidores que evalúan con mayor detalle antes de decidir su compra.

El mercado inmobiliario de Lima exhibe solidez y dinamismo, aun frente a una ligera disminución en el ticket promedio de venta durante el primer semestre de 2026.

Esta baja en el valor promedio se compensa con un marcado incremento en la cantidad de operaciones y una diversificación en la oferta de unidades, de acuerdo con el reporte de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP).

Según la entidad, las ventas de viviendas nuevas crecieron 26% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsadas principalmente por la demanda de departamentos compactos en diversos sectores de la ciudad.

Ventas en alza y nuevos polos de crecimiento

Entre enero y junio de 2026, Lima Metropolitana y Callao sumaron 15,477 unidades vendidas, superando ampliamente las 12,308 del primer semestre de 2025.

La actividad inmobiliaria involucró a 262 empresas y 1,135 proyectos activos, mostrando un equilibrio entre el crecimiento de la oferta y la capacidad de absorción del mercado. Lima Norte lideró el aumento en ventas, con una variación de 69%, seguida por Callao (53%), Lima Este y Lima Sur (50% cada una).

Lima Moderna se mantuvo como la zona de mayor volumen, con 6,294 operaciones, mientras que Lima Centro y Lima Top reportaron subidas de 19% y 14%, respectivamente.

La oferta promedio creció 12%, al alcanzar 58,768 unidades, y el índice de absorción mensual pasó de 3.9% a 4.4%, según el informe de CODIP. El pico histórico se registró en marzo de 2026, con una absorción del 5.6%.

La entidad subraya que más del 80% de las viviendas vendidas se encuentran en planos o en construcción, y que la entrega inmediata representa menos del 10%, lo cual contribuye a evitar una saturación del inventario.

De acuerdo con el gremio inmobiliario, el plazo para agotar el stock bajó a 24 meses, por debajo del promedio de 26 meses de los últimos cinco años.

Precios y el umbral técnico de los 60 m²

El ticket promedio de venta de departamentos en Lima fue de S/435,630 en el primer semestre, una cifra menor al promedio de los años anteriores.

El precio por metro mostró una caída del 1.2%, aunque los desarrolladores explican que esta variación responde al mayor peso de unidades más pequeñas en el mix de ventas, y no a una baja real de los valores de mercado.

El área promedio de las viviendas vendidas se situó en 63.9 m², frente a los 66 m² del primer semestre de 2025.

El 50.1% de las operaciones correspondió a viviendas de entre 40 y 60 m², mientras que los departamentos de dos y tres dormitorios concentraron cerca del 78% de la demanda. Para Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP, “el grueso del mercado siempre está en dos y tres dormitorios, porque somos un mercado de familias”.

“Ese tamaño de 60 m² no es un mínimo legal, es el resultado técnico de sumar los metrajes mínimos de cada ambiente según la normativa peruana. Si quieres meter todos los espacios necesarios, ya no puedes”, dijo.

La ejecutiva explicó que la reducción en los metrajes tiene un límite práctico. “No es que siempre podamos seguir achicando, hay áreas mínimas para dormitorios, cocina, sala, comedor, baño y lavandería, y eso lo fija la norma técnica”.

Agregó que, aunque en otros países existen departamentos mucho más pequeños, en Perú la demanda sigue siendo principalmente familiar.

Cambios regulatorios y perfil del comprador

El informe de CODIP detalla que el mercado mantiene un perfil de comprador orientado a la familia, jefe de hogar, bancarizado y decisor de compra, con un ingreso mensual promedio de S/7,000.

Más del 77% de quienes buscan vivienda nueva no cuentan con propiedad propia, y la mayoría prevé financiar la adquisición mediante crédito bancario.

En materia regulatoria, Gálvez se refirió a la disposición que restringe la venta o alquiler de viviendas adquiridas con subsidio estatal durante los primeros cinco años.

“El subsidio debe ir a la persona que realmente necesita la vivienda, no a quien busca hacer negocios”, sostuvo. Advirtió que, aunque la medida podría inducir informalidad en el alquiler, “hay demasiada demanda insatisfecha como para que eso desincentive el mercado”.

Riesgos, entorno económico y perspectivas

El reporte de CODIP destaca que el entorno macroeconómico continúa siendo favorable, con un Producto Bruto Interno (PBI) estable y tasas hipotecarias por debajo del 8% (7.9% en soles y 7.0% en dólares).

Sobre las previsiones de impacto del fenómeno de El Niño, Gálvez apuntó: “No vemos riesgos adicionales para el PBI, salvo los efectos puntuales de El Niño”.

En cuanto a la morosidad, el informe sostiene que los indicadores del sistema bancario peruano se mantienen en torno al 3% para créditos hipotecarios, nivel considerado saludable y en línea con los estándares internacionales.

Este contexto, sumado a la predictibilidad en la política de subsidios y la eficiencia del ciclo de ventas, refuerza la visión de un mercado robusto en el que la oferta logra acompañar el ritmo de la demanda sin generar sobrestock.

El avance de la inteligencia artificial está transformando la manera en que las emprendedoras peruanas gestionan y desarrollan sus negocios. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2025 las mujeres lideraron la creación de más de la mitad de los nuevos negocios formales en el país, superando por primera vez a los hombres en este indicador.

Esta tendencia también se refleja en cifras de la SUNAT, que reportó que 115 mil de las 222 mil nuevas empresas registradas por personas naturales fueron lideradas por mujeres (51,9%), con un mayor dinamismo en regiones como Tacna, Cusco y Moquegua, y en sectores como belleza, salud y gastronomía.

La inteligencia artificial gana terreno entre las emprendedoras

La apertura de un negocio es solo el comienzo de un camino desafiante. Consolidar y expandir una empresa exige adaptarse a un entorno marcado por la digitalización y la automatización.

En ese contexto, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta estratégica para optimizar procesos, automatizar tareas, crear contenido y mejorar la toma de decisiones.

Según la Cámara de Comercio Exterior, la inteligencia artificial es el segundo curso más solicitado por mujeres, solo detrás de Excel y por encima de áreas como Power BI, marketing digital y diseño.

La capacitación en estas tecnologías responde a la necesidad de mantener la competitividad y aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrece la automatización en un mercado cada vez más exigente.

Brechas de acceso y nuevos desafíos para el emprendimiento femenino

A pesar del dinamismo en la creación de empresas, persisten retos importantes. Un estudio de ComexPerú indica que solo dos de cada diez peruanos utilizan herramientas de inteligencia artificial generativa.

Además, el acceso al financiamiento sigue siendo limitado: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que, aunque más de la mitad de los emprendimientos en la región son liderados por mujeres, solo el 20% accede a financiamiento formal.

Luis Felipe Alvarado, director académico de la CE, explica que muchas alumnas provienen de carreras técnicas como Administración, Ingeniería o Contabilidad, pero requieren herramientas prácticas para convertir ese conocimiento en oportunidades comerciales.

“Cursos como Excel, inteligencia artificial o importaciones les permiten cerrar esa brecha y desarrollar una visión más estratégica y empresarial”, señala.

Historias de adaptación y transformación digital

Para Alvarado, el desafío principal ya no es la cantidad de empresas creadas por mujeres, sino cuántas logran consolidarse y ser sostenibles en el tiempo.

“Una emprendedora que automatiza tareas, organiza mejor su información y aprovecha herramientas de inteligencia artificial puede competir en igualdad de condiciones y acelerar el crecimiento de su negocio. Hoy, la diferencia está en la capacidad de adaptarse y aprovechar la tecnología”, sostiene.

Las cifras confirman que el emprendimiento femenino en el Perú está entrando en una etapa de mayor sofisticación. Más allá del registro de nuevas empresas, cada vez más mujeres se enfocan en fortalecer sus competencias digitales y de gestión para impulsar el crecimiento y la sostenibilidad de sus negocios en un mercado en constante transformación.

El dato

• La Cámara de Comercio Exterior, fundada en 2019, ofrece formación continua en áreas como inteligencia artificial, analítica de datos, marketing digital, gestión empresarial y comercio exterior.
• Con presencia en Perú, Ecuador, México, Colombia, Argentina, Costa Rica y Panamá, y más de 200.000 graduados, la institución actualiza sus contenidos periódicamente y entrega certificaciones verificables con reconocimiento internacional en modalidades sincrónica, asincrónica y presencial.
• En su caso, cerca de 12.000 mujeres se han capacitado en inteligencia artificial en la CE durante 2026, representando el 38% del alumnado total.

Tal como adelantó Infobae Perú, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha oficializado una modificación clave en el sector de las telecomunicaciones con la publicación del Decreto Supremo N° 016-2026-MTC.

La nueva norma elimina la obligación de realizar mediciones periódicas de radiaciones no ionizantes en las antenas y estaciones de telecomunicaciones, una exigencia que hasta ahora implicaba cargas administrativas y costos recurrentes para los operadores.

A partir de esta modificación, las mediciones de los Límites Máximos Permisibles solo se exigirán cuando la Dirección General de Fiscalizaciones y Sanciones en Comunicaciones del MTC lo requiera expresamente, principalmente ante quejas o situaciones puntuales.

El objetivo declarado de la autoridad es promover la eficiencia regulatoria y facilitar el despliegue de infraestructura, manteniendo mecanismos de supervisión y transparencia que garanticen la protección de la salud pública y el acceso ciudadano a la información sobre radiaciones.

La decisión representa un cambio en el enfoque estatal sobre el control de radiaciones en telecomunicaciones. En adelante, los operadores ya no estarán obligados a realizar mediciones periódicas de manera automática, sino únicamente cuando el MTC lo determine.

Antenas: menos cargas para operadores y nuevas reglas para fiscalización estatal

Rodrigo Vaca, gerente legal de CENS, explicó que la obligación de realizar mediciones periódicas de radiaciones no ionizantes (RNI) para operadores de telecomunicaciones fue impuesta desde el Decreto Supremo 003-2015-MTC, aunque la regulación del tema existe desde inicios de los años 2000.

Señaló que, según estudios oficiales, incluyendo uno del Ministerio del Ambiente, en más de 1.000 antenas evaluadas, ninguna llegó siquiera al 10% de los límites máximos permisibles (LMP) y, en promedio, las emisiones reportadas no superan ni el 1% del límite legal.

“Cada medición cuesta entre 2.500 y 3.500 soles y solo puede ser realizada por proveedores certificados por el MTC, lo que incrementa los costos para las empresas”, dijo el experto para Infobae Perú.

En esta línea, Vaca consideró que la nueva norma alivia una carga económica y administrativa al devolver la fiscalización directamente al Estado, a través de inspecciones aleatorias y atención a denuncias.

Sin embargo, advirtió que persisten obstáculos municipales y una asimetría en las sanciones: los operadores pueden ser multados hasta con 25 UIT por incumplimiento, mientras que para funcionarios municipales la multa máxima es de solo 0,5 UIT, lo que según su análisis dificulta el despliegue de infraestructura y mejora de la cobertura en el país.

“El nuevo decreto es bueno, pero persisten trabas municipales y no hay consecuencias efectivas para los funcionarios que obstruyen el despliegue de la infraestructura para telecomunicaciones”, confirió.

¿Hacia una cobertura móvil más transparente y medible en todo el país?

Adicionalmente, el MTC ha publicado para consulta pública un proyecto de reglamento que establece nuevas reglas para la medición y reporte de la cobertura radioeléctrica de los servicios públicos móviles terrestres.

La Resolución Ministerial N° 398-2026-MTC/01.03 dispone la difusión del proyecto normativo, que apunta a fijar criterios técnicos uniformes para determinar la cobertura real de servicios de voz y datos móviles en el país. El texto, sometido a consulta por quince días, incluye también los formatos estandarizados que las empresas deberán emplear para informar periódicamente sobre la cobertura de sus redes.

El objetivo central de la propuesta es que tanto la autoridad como la ciudadanía puedan disponer de información precisa, verificable y actualizada sobre el alcance de los servicios móviles en todos los centros poblados del territorio nacional.

De este modo, se busca identificar con mayor exactitud las zonas sin cobertura y orientar las políticas públicas y las inversiones hacia la reducción de brechas. El proyecto invita a entidades públicas, privadas y ciudadanos a presentar comentarios o sugerencias, reforzando el carácter participativo y transparente de la nueva regulación.

Y también nuevos indicadores para medir la brecha digital en centros poblados

Finalmente, el MTC también ha aprobado una modificación en los indicadores oficiales que permiten medir la brecha digital en el país.

La Resolución Ministerial N° 400-2026-MTC/01 introduce cambios en dos indicadores clave: el porcentaje de centros poblados sin acceso a comunicaciones de voz y el porcentaje de centros poblados sin acceso a internet. Ambos forman parte del sistema de monitoreo y priorización de inversiones públicas en infraestructura y servicios de telecomunicaciones.

La actualización de estos indicadores, validada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responde a la necesidad de contar con métricas más precisas y alineadas con la realidad del sector.

Estas herramientas son fundamentales para planificar y orientar recursos públicos hacia la reducción de las desigualdades en el acceso a servicios de comunicación, especialmente en áreas rurales y zonas de difícil cobertura. Según la fuente oficial, la modificación ya se encuentra publicada en la sede digital del MTC junto con el anexo correspondiente.

ComexPerú advirtió que el actual gobierno deja al país sin estar preparado para enfrentar el Fenómeno El Niño, a pesar de que solo se ha ejecutado el 27% del presupuesto destinado a la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres.

Según el comunicado difundido el 21 de julio, el Ejecutivo no ha actuado con la urgencia que demanda la amenaza climática y no ha ejercido el liderazgo necesario para coordinar una respuesta efectiva.

La organización empresarial subraya que, aunque la mayor parte de los fondos está bajo la administración de gobiernos regionales y locales, el Gobierno central no puede limitar su responsabilidad a transferir recursos y esperar resultados.

Su función, explicó, comprende liderar, coordinar y garantizar la puesta en marcha oportuna de intervenciones preventivas.

Brechas en la gestión local y carencia de asistencia técnica

El propio Poder Ejecutivo reconoce las limitaciones en los gobiernos subnacionales. Más del 70% de las municipalidades del país requiere capacitación para gestionar el riesgo de desastres.

Además, tres de cada cuatro necesitan asistencia técnica para fortalecer su capacidad administrativa. ComexPerú indica que estas brechas son conocidas desde hace meses, por lo que debieron haberse atendido con antelación.

La prevención no puede recaer únicamente en las autoridades regionales y municipales, muchas de las cuales carecen de herramientas y formación para responder ante emergencias complejas como el Fenómeno El Niño.

De acuerdo con el comunicado, la ausencia de liderazgo central deja a millones de peruanos en situación de vulnerabilidad.

Balance crítico antes del cambio de gobierno

A pocos días de la transición presidencial, el balance presentado por ComexPerú resulta preocupante. Las advertencias sobre el riesgo del fenómeno climático fueron emitidas con suficiente anticipación y los fondos estuvieron disponibles, pero el país sigue sin la preparación que demanda el escenario.

Según el documento, la falta de liderazgo para articular y acelerar acciones de prevención traslada el desafío al siguiente gobierno. La organización advierte que, si el país enfrenta pérdidas graves por el fenómeno climático, no será por desconocimiento, sino por la ausencia de acción concreta.

“Las alertas fueron emitidas, los recursos fueron asignados y las debilidades de gestión estaban plenamente identificadas. Lo que ha faltado es liderazgo para convertir esa información en acciones concretas de prevención”, señala el comunicado difundido en Lima.

Llamado a la próxima administración

En el cierre de su pronunciamiento, ComexPerú exhorta al gobierno entrante de Keiko Fujimori a tomar medidas correctivas de inmediato.

El gremio empresarial peruano sostiene que actuar con prontitud es fundamental para reducir el impacto del Fenómeno El Niño y proteger a la población.

“Exhortamos al siguiente gobierno a tomar las medidas correctivas apenas inicie funciones por el bien de la población”, concluye el mensaje oficial.

¿Qué es ComexPerú?

ComexPerú es la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, una organización empresarial privada que agrupa a empresas de diversos sectores vinculados al comercio exterior, la logística y la inversión.

Desde su fundación, la entidad promueve políticas y acciones orientadas a fortalecer la competitividad, la apertura comercial y el desarrollo económico del país, además de emitir pronunciamientos sobre temas de coyuntura nacional que afectan la productividad y el clima de negocios.

El mes de julio marca un pico de actividad comercial en el Perú, impulsado por el pago de gratificaciones y el aumento de viajes y consumo durante las Fiestas Patrias.

Este escenario genera un incremento significativo en la cantidad de transacciones, tanto en comercios físicos como en plataformas digitales.

Según datos de LigoPay, las compras nacionales aumentan 25% durante esta temporada, mientras que las compras internacionales suben 10%, poniendo a prueba la capacidad operativa de empresas y comercios.

Temporada alta de viajes y mayor dinamismo en el consumo

Durante el feriado largo por Fiestas Patrias, sectores como turismo, transporte, hospedaje, gastronomía, entretenimiento y retail experimentan un fuerte dinamismo comercial.

De acuerdo con el Mincetur, en 2025 se movilizaron 1,88 millones de turistas nacionales, generando un impacto económico de US$223 millones en actividades vinculadas al transporte, alojamiento y comercio. Este mayor movimiento de personas y dinero se refleja en un aumento de operaciones financieras, tanto presenciales como en línea.

El pago de gratificaciones incrementa la capacidad de gasto de los consumidores, pero son los viajes y las compras asociadas a la temporada los que aceleran el volumen de transacciones.

El flujo comercial entre Lima y regiones se intensifica, exigiendo a las empresas procesar más operaciones en menos tiempo y mantener la estabilidad de sus sistemas de pago en los momentos de mayor demanda.

Infraestructura de pagos bajo presión y nuevos retos para el sector

El aumento en la actividad comercial durante julio representa un desafío operativo para los comercios. La concentración de compras en pocos días exige que la infraestructura de pagos esté preparada para procesar grandes volúmenes de transacciones sin afectar la continuidad de las operaciones ni la experiencia del consumidor.

Para empresas de sectores como turismo, transporte, restaurantes, entretenimiento, e-commerce y retail, el incremento del flujo de clientes puede concentrarse en franjas horarias muy cortas, acentuando la necesidad de sistemas rápidos y confiables.

Sergio Giannotti, Director Comercial de LigoPay, indica que “el principal reto durante campañas de alto consumo no es únicamente atender un mayor número de clientes”.

“Es también garantizar que cada transacción se procese con rapidez, estabilidad y trazabilidad, evitando interrupciones que puedan afectar las ventas o generar fricciones en la experiencia de compra”, dijo.

Auge de los pagos digitales y expansión del QR

El crecimiento de los pagos digitales se ve reflejado en la expansión de las transacciones realizadas con códigos QR.

Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las operaciones con QR en comercios crecieron 58% entre junio de 2024 y junio de 2025, pasando de 18,7 millones a 29,6 millones de transacciones mensuales.

Este formato se consolida como una alternativa ágil y eficiente para comercios con alta rotación de consumidores, permitiendo reducir tiempos de espera y mejorar la experiencia en el punto de venta.

El aumento del uso de pagos digitales y la demanda de soluciones rápidas y seguras obligan a las empresas a invertir en tecnología e infraestructura para mantener disponibilidad y estabilidad, sobre todo en campañas comerciales de alta demanda como las Fiestas Patrias.

Las cifras y testimonios muestran que el calendario es un termómetro de la transformación digital en el comercio peruano, donde la tecnología es clave para acompañar el crecimiento y garantizar la continuidad de los negocios en un entorno de consumo intensificado.

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Ica resolvió que Aventura Sin Fronteras E.I.R.L. y Lima Experience S.A.C. son responsables de un accidente ocurrido en las dunas de Huacachina, que resultó en la muerte de María del Rosario Documet Santa María, una turista extranjera, durante un paseo en vehículo tubular.

El organismo determinó que ambas empresas incumplieron su deber de seguridad y les aplicó la máxima sanción prevista en materia de protección al consumidor: una multa de 450 UIT a cada una, lo que suma 900 UIT (4.950.000 soles al valor vigente de la Unidad Impositiva Tributaria para 2026).

Huacachina y la cuestión de los tubulares: ¿Oasis de la muerte?

El accidente, ocurrido el 30 de mayo de 2025 en uno de los destinos más emblemáticos para el turismo de aventura en Perú, puso en evidencia deficiencias graves en los protocolos de seguridad de ambas compañías.

Aventura Sin Fronteras E.I.R.L. permitió la operación de un vehículo tubular con modificaciones artesanales y sin freno de estacionamiento, lo que facilitó que la unidad se desplazara sola sobre la arena inclinada y chocara, provocando el deceso de la pasajera.

Según el peritaje de la Policía Nacional (UPIAT), el estado del vehículo y la ausencia de un sistema de inmovilización fueron determinantes para el resultado fatal.

La resolución N.°131-2026/CPC-INDECOPI-ICA detalla que Lima Experience S.A.C., responsable de la venta y comercialización del paquete turístico, no verificó que el operador contratado ofreciera condiciones idóneas de seguridad.

El fallo subraya que la subcontratación del servicio no exime de la obligación de proteger a los consumidores, por lo que ambas empresas resultaron sancionadas por exponer a los usuarios a un riesgo injustificado, en violación del artículo 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

El tubular de Ica era ‘hechizo’ y no le pusieron freno: Indecopi

Durante el proceso administrativo, Aventura Sin Fronteras planteó que la investigación penal en Fiscalía por el fallecimiento de la turista ya estaba en curso y que la actividad de paseo en tubular implica riesgos inherentes. Además, atribuyó el accidente a la intervención de terceros en ausencia del conductor.

La Comisión de Indecopi, no obstante, aclaró que los procesos administrativos y penales avanzan en paralelo y que su competencia se limita a la protección de los derechos de los consumidores.

Por su parte, Lima Experience alegó que actuó solo como intermediaria y que seleccionó a su proveedor considerando antecedentes positivos, además de informar a los usuarios sobre los riesgos de la actividad. Pidió quedar fuera del expediente y solicitó la reducción de la multa, argumentando la existencia de un sistema interno de seguridad (SSOMA).

La resolución de Indecopi descartó estos planteos y sostuvo que la empresa debía haber supervisado y controlado las condiciones del servicio ofrecido. “El desplazamiento incontrolado de la unidad no constituye un hecho imprevisible o extraordinario, sino la materialización de un riesgo objetivamente previsible que debió ser identificado”, señala.

Así, los peritos concluyeron que tanto el estado del vehículo como la falta de controles básicos comprometieron gravemente la integridad de los pasajeros.

Huacachina bajo la lupa de las autoridades

El monto de la sanción fue calculado de acuerdo con los criterios de la Ley de Protección y Defensa del Consumidor y la normativa vigente en Perú. Si bien el daño estimado ascendía a más de 2,5 millones de soles, la multa máxima posible para infracciones muy graves quedó fijada en 450 UIT por empresa, es decir, 2.475.000 soles para cada una.

Si las compañías optan por no apelar y abonan la multa antes de que la resolución quede firme, podrán acceder a un descuento del 25% sobre el total.

Ambas firmas quedarán inscritas en el Registro de Infracciones y Sanciones de Indecopi, de acceso público. La comisión ordenó además que Aventura Sin Fronteras y Lima Experience solo podrán volver a ofrecer servicios de turismo en vehículos tubulares si acreditan condiciones reales de seguridad y control.

El plazo para cumplir con esta exigencia será de 15 días hábiles desde que la resolución quede firme en sede administrativa.

La resolución, firmada por César Humberto Reyes Chávez, Víctor Hugo Rodríguez Rojas y Marco Antonio Garrido Bodero, marca un precedente sobre los deberes de control y supervisión de las agencias de turismo en experiencias de aventura en el país.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha presentado un proyecto normativo que modifica el acceso al Bono Familiar Habitacional (BFH) bajo la modalidad de adquisición de vivienda nueva.

Esta iniciativa plantea ajustes clave en el programa Techo Propio, con el objetivo de ampliar la cobertura y ofrecer mejores condiciones a los sectores de la población más jóvenes y a personas con discapacidad.

Entre los cambios más relevantes de la Resolución Ministerial N.° 270-2026-VIVIENDA, figura la creación de un beneficio adicional para jóvenes estudiantes en los últimos ciclos de formación, así como incentivos para familias con integrantes que presentan alguna discapacidad.

Beneficio ampliado para jóvenes estudiantes

El nuevo reglamento operativo establece que los jóvenes entre 20 y 28 años que sean jefes de familia y se encuentren cursando los últimos años de una carrera técnica o universitaria podrán acceder a un incremento excepcional del 25% sobre el monto base del BFH.

Este incentivo busca facilitar la independencia habitacional de quienes están próximos a culminar su formación académica, otorgando una ayuda económica adicional que puede resultar determinante para la adquisición de una vivienda.

Para acceder a este beneficio, los postulantes deberán acreditar su condición mediante la presentación de documentación oficial que demuestre su avance académico y su rango etario.

La medida se enmarca en una política de incentivo a la juventud, orientada a reducir las barreras para el acceso a la vivienda propia y a responder a las necesidades de un segmento de la población que enfrenta dificultades para ingresar al mercado inmobiliario.

El reglamento, además, fija como requisito que el joven no haya recibido anteriormente apoyo estatal similar y que no sea propietario de otro inmueble.

Incentivos para familias con personas con discapacidad: hasta 51%

Además del beneficio dirigido a jóvenes, la normativa contempla bonificaciones adicionales para familias que incluyan personas con discapacidad.

El porcentaje de incremento sobre el monto base del BFH puede oscilar entre 5% y 51%, en función del tipo y grado de discapacidad y de las condiciones del entorno del proyecto habitacional.

Para acceder a este beneficio, se debe presentar la documentación oficial que acredite la discapacidad y cumplir con los requisitos generales del programa.

La finalidad de este incentivo es compensar los gastos adicionales que puedan requerir las adaptaciones de la vivienda y promover la inclusión social, permitiendo que este grupo acceda en mejores condiciones a una vivienda digna.

Un bono ampliado para estudiantes universitarios y técnicos

De acuerdo con el nuevo reglamento, el Bono Familiar Habitacional (BFH) consiste en un subsidio único otorgado por el Estado, cuyo objetivo es complementar el ahorro familiar y facilitar el acceso a viviendas de interés social.

El valor del bono y el ahorro mínimo exigido varían en función del tipo de vivienda y la ubicación del proyecto. Por ejemplo, una vivienda priorizada en lote unifamiliar puede alcanzar un valor de hasta S/ 60.000, con un subsidio de 10,6 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y un ahorro familiar mínimo que oscila entre el 1 y el 3%.

Otros tipos de vivienda, como las unifamiliares de hasta S/ 104.500 o las multifamiliares de hasta S/ 130.500, pueden acceder a bonificaciones respectivas de 9,5 y 8,7 UIT, con un ahorro mínimo del 3% del valor de la unidad.

El reglamento detalla que las viviendas elegibles deberán cumplir condiciones técnicas y de habitabilidad, como contar con un ambiente multiuso, al menos dos dormitorios, un baño completo y espacio para lavandería.

Además, los proyectos deben estar registrados en el padrón único administrado por el Fondo MIVIVIENDA S.A. (FMV) y reunir un mínimo de 7 unidades habitacionales, salvo las excepciones que determine la normativa.

Nuevos esquemas de financiamiento y garantías

El reglamento introduce figuras innovadoras en el respaldo financiero de los proyectos, incluyendo la posibilidad de créditos habitacionales no hipotecarios otorgados por instituciones financieras intermediarias y la opción de estructurar proyectos mediante fideicomisos de titulización con participación del FMV.

Las garantías para el cumplimiento pueden tomar la forma de fianzas, convenios y fideicomisos, todos sujetos a autorización previa.

El proceso de desembolso del BFH contempla la transferencia de los montos aprobados a las cuentas designadas por el promotor, la entidad financiera o el fideicomiso, con un plazo máximo de 8 días hábiles para el pago, una vez validadas las garantías y la documentación correspondiente.

Supervisión y sanciones ante incumplimientos

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) mantiene la potestad de fiscalizar y monitorear la ejecución de los proyectos, así como el uso de los fondos públicos.

El reglamento establece la cancelación del registro de proyectos en caso de inactividad, incumplimiento de requisitos o presentación de información falsa.

Las garantías constituidas pueden liberarse de forma progresiva conforme se cumplan los hitos constructivos y la inscripción de los inmuebles a favor de los beneficiarios.

El FMV tiene la atribución de recuperar recursos en casos de incumplimiento, devolución voluntaria o renuncia al bono, aplicando intereses legales y sanciones para quienes hayan incurrido en falsedad documental. El proyecto estará sometido a 15 días de consulta.

Solteros también podrán acceder a Techo Propio

En las últimas horas, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó el proyecto normativo contenido en la Resolución Ministerial N.° 269-2026-VIVIENDA, que introduce cambios en el acceso a la vivienda social en el Perú.

Por primera vez, personas solas o sin familia, definidas como “familias unipersonales”, podrán acceder al Bono Familiar Habitacional del programa Techo Propio si cumplen los requisitos socioeconómicos y no poseen otra vivienda ni han recibido subsidios estatales previos.

El nuevo reglamento, sometido a consulta pública, amplía también la posibilidad de subsidio para el alquiler social. Reconoce nuevas categorías de vivienda, crea el Registro Nacional de Vivienda (RENAVI) para monitorear la trazabilidad de los subsidios y prohíbe que las municipalidades bloqueen proyectos de vivienda de interés social.

Los montos del bono para la compra de vivienda unifamiliar pueden alcanzar los S/ 52.250 según lo dispuesto, mientras que para departamentos el subsidio es de S/ 47.850, con precios máximos permitidos de S/ 109.100 y S/ 136.100 respectivamente.

¿Podré comprar mi departamento?

Cuidado, no hay que confundir. Techo Propio es un programa del Estado peruano orientado a familias de bajos ingresos que buscan adquirir, construir o mejorar una vivienda, y su principal instrumento es el Bono Familiar Habitacional (BFH), un subsidio no reembolsable que cubre parte del costo de la vivienda y no requiere devolución.

En cambio, el Bono del Buen Pagador (BBP) es un beneficio adicional que se otorga a quienes acceden al Crédito MiVivienda , destinado a sectores de ingresos medios: el BBP funciona como un descuento aplicado al capital del préstamo hipotecario a cambio de un buen historial de pagos, acelerando la amortización del crédito. Es el usado, por lo general, por los departamentos que normalmente se levantan en Lima.

Así, el BFH se entrega directamente como subsidio en Techo Propio, mientras que el BBP incentiva el cumplimiento del pago en el programa MiVivienda, que funciona sobre la base de un crédito bancario.

El Gobierno de Perú autorizó la puesta en marcha de un bono de hasta S/12.000 para las familias cuyas viviendas colapsaron a raíz del sismo de magnitud 5.1 que afectó a cinco distritos de la región Junín.

La medida, formalizada mediante el Decreto Supremo N.° 106-2026-PCM, tiene como objetivo brindar una alternativa habitacional segura mientras se desarrollan los trabajos de reconstrucción en las zonas afectadas.

Sismos de 5.1 en Junín: emergencia y daños tras el sismo

El movimiento telúrico se registró el sábado por la noche en el distrito de Chongos Bajo, con una profundidad de 24 kilómetros y un impacto significativo en los distritos de Chongos Bajo y San Juan de Iscos (provincia de Chupaca), así como en Chupuro, Viques y Huacrapuquio (provincia de Huancayo).

El movimiento dejó al menos seis personas fallecidas, 21 heridas y un número considerable de viviendas destruidas, la mayoría de ellas construidas con materiales tradicionales como adobe y quincha. Las autoridades locales y equipos de emergencia desplegaron acciones inmediatas de atención y remoción de escombros.

Declaratoria de emergencia y acciones estatales

En consecuencia, el gobierno declaró el estado de emergencia en los distritos afectados, medida que fue publicada hoy en el diario oficial El Peruano. El Presidente José María Balcázar informó que la decisión busca facilitar la intervención multisectorial y canalizar recursos para asegurar la protección y asistencia de los damnificados.

La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalló que, durante los 60 días de vigencia del estado de emergencia, se ejecutarán acciones inmediatas de respuesta, rehabilitación y reconstrucción, bajo la coordinación técnica del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y con la participación activa de varios ministerios.

Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE)

Entre las medidas de apoyo, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) quedó habilitado para una nueva entrega del Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE), un subsidio mensual de S/ 500 que se otorga hasta por 24 meses, sumando un máximo de S/ 12.000 por familia beneficiaria.

De acuerdo con la normativa vigente, este bono está dirigido a propietarios de viviendas que hayan colapsado o hayan sido declaradas inhabitables a consecuencia del sismo.

Los beneficiarios deben figurar en el padrón oficial de damnificados y no poseer otra propiedad a nivel nacional. El subsidio permite alquilar una vivienda temporal con servicios básicos mientras se gestionan las obras de reconstrucción.

Otras formas de asistencia habitacional

Vale precisar que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento tiene también en su portafolio el Bono de Protección de Viviendas Vulnerables a los Riesgos Sísmicos (BPVVRS).

Este subsidio estatal está dirigido a hogares en situación de pobreza para el reforzamiento estructural de viviendas ubicadas en zonas con alta exposición sísmica o construidas en condiciones de fragilidad. El beneficio se otorga bajo los lineamientos establecidos por la Ley 30191 y su reglamento operativo.

Para acceder al BPVVRS, los postulantes deben contar con una Ficha de Vivienda Registrada (FVR) firmada junto a un profesional responsable y cumplir los requisitos administrativos definidos por el ministerio.

La Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo es la encargada de verificar la información y determinar la condición de elegibilidad de los hogares priorizados.

Coordinación y próximos pasos

La declaratoria de emergencia faculta a los gobiernos regional y locales a movilizar maquinaria pesada, habilitar espacios alternos para estudiantes y garantizar la entrega de ayuda humanitaria.

Las autoridades tienen la responsabilidad de consolidar el padrón de familias afectadas, coordinar planes de evacuación y mantener en sesión permanente las plataformas de defensa civil. La PCM reiteró que la respuesta estatal busca recuperar el bienestar en las zonas afectadas y proteger a la población ante futuros riesgos sísmicos.

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) otorga una pensión por invalidez a afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que, a consecuencia de un accidente o enfermedad, quedan imposibilitados de trabajar temporal o permanentemente.

Este beneficio aplica tanto para trabajadores dependientes como independientes, en el marco de una normativa que, con la publicación del Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, elevó el monto máximo de pensión y amplió la protección social.

Pensión por invalidez: ¿En qué casos se puede solicitar? Requisitos clave

El derecho se activa cuando el afiliado, por causas de salud o accidente, pierde su capacidad laboral. No se exige la edad de jubilación ni acreditar 20 años de aportes, condiciones que sí aplican para la pensión de vejez.

Para acceder a la pensión, se requiere:

• Haber realizado al menos 12 meses de aportes en los últimos 36 meses previos al accidente o diagnóstico.
• Presentar un certificado médico expedido por EsSalud, Minsa o una entidad autorizada.

Tanto trabajadores dependientes como autónomos pueden solicitar el beneficio bajo estas condiciones. Samantha Parán Palacios, vocera de la ONP, detalló en entrevista con Radio Nacional que los trabajadores independientes acceden a la protección desde su primer aporte, siempre que cumplan con la normativa vigente.

Además, quienes hayan completado 15 años de aportes mantienen cobertura frente a la invalidez aunque hayan dejado de aportar.

¿Qué monto se recibe y cómo se calcula?

El monto máximo de la pensión por invalidez fue actualizado mediante el Decreto Supremo n.º 330-2025-EF, que establece un tope de S/1.000 mensuales para quienes cuenten con pensión definitiva hasta el 31 de diciembre de 2025.

Quienes tienen 80 años o más pueden recibir una bonificación adicional del 25 %, elevando la pensión máxima a S/1.250. El aporte mínimo mensual corresponde a S/147 o el 13 % del ingreso declarado, según las reglas vigentes de la ONP.

Pensión por invalidez: ¿Qué ocurre si el afiliado fallece?

En caso de fallecimiento del pensionista por invalidez, los familiares directos —pareja, hijos o padres— pueden solicitar una pensión de sobrevivencia. Para acceder a este derecho, es necesario acreditar el vínculo y cumplir los requisitos establecidos por la ONP.

¿Cómo se realiza el trámite de solicitud?

El trámite puede iniciarse tanto de forma digital como presencial, y la ONP ofrece varias alternativas para facilitar el proceso:

• Plataforma digital ONP Virtual
• Línea telefónica ONP Te Escucha: (01) 634 2222
• Oficinas y ventanillas del Banco de la Nación
• Aplicativos y agentes de Interbank

Para consultar y verificar los aportes, los afiliados pueden descargar su reporte desde la web oficial o solicitarlo por teléfono. Quienes tienen empleador deben revisar periódicamente que sus aportes estén al día.

¿Quiénes pueden acceder siendo trabajadores independientes?

Los trabajadores por cuenta propia —como mototaxistas, transportistas o comerciantes— acceden al beneficio desde el primer aporte, lo que brinda una protección inmediata ante accidentes.

El aporte equivale al 13 % de la remuneración mínima vital. Si la persona deja de aportar y luego retoma, los aportes anteriores se mantienen y pueden sumarse para cumplir los requisitos de cobertura.

El esquema es flexible: el pago puede completarse al mes siguiente y los aportes no se pierden aunque exista un periodo sin contribuir.

Pensión por invalidez: los documentos que se necesitan para el trámite

Para solicitar la pensión por invalidez, la ONP exige cumplir con ciertos documentos básicos durante el trámite:

• Certificado médico oficial emitido por EsSalud, Minsa o una entidad autorizadaDocumento de identidad del solicitante.
• Reporte de aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP).
• Formulario de solicitud de pensión por invalidez, disponible en ONP Virtual.
• En caso de pensión de sobrevivencia, pruebas de vínculo familiar correspondientes.

¿Dónde se puede pagar el aporte mensual?

El pago mensual de los aportes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) puede efectuarse a través de la plataforma de pago de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) —con o sin clave SOL—, los servicios de Interbank (banca por internet, aplicación móvil, agentes y ventanillas físicas) y las ventanillas del Banco de la Nación.

Todos estos canales permiten operaciones presenciales y digitales las 24 horas, facilitando el cumplimiento de los aportes previsionales según información pública de la propia ONP.