A Manuel Belgrano lo dejaron en el bronce: bandera, guerras, gloria. Una figura intocable, repetida en actos escolares, pero vaciada de contenido. Porque mientras se exaltaba su rol militar, se ocultaba lo más incómodo y, al mismo tiempo, lo más potente: su pensamiento económico. Y ese pensamiento fue, sin rodeos, liberal.

Belgrano fue liberal antes de que el término existiera como identidad política. Mientras el sistema colonial se sostenía sobre monopolios, privilegios y controles, él defendía libertad de comercio, competencia, propiedad privada y trabajo como motor del progreso. Se formó en España en pleno auge de la Ilustración, vivió el impacto de la Revolución Francesa y absorbió las ideas más modernas de su tiempo. Leyó y estudió a Adam Smith, a los fisiócratas como Quesnay, a los reformistas españoles. Pero no fue un simple transmisor: fue un adaptador brillante, un pensador que entendió cómo aplicar esas ideas en el Río de la Plata.

Desde el Consulado de Comercio desplegó una obra intelectual extraordinaria. Escribió memorias que hoy siguen siendo actuales: reclamó apertura económica, reducción de trabas administrativas, eliminación de privilegios corporativos, desarrollo del agro, incorporación de tecnología, inversión en infraestructura y educación técnica. En un mundo dominado por la lógica del mercantilismo, Belgrano defendía la competencia y el mérito. Enfrentaba a la “casta” de su época: comerciantes protegidos y burócratas que vivían de restringir la actividad económica.

Fue directo, sin eufemismos. Denunció a quienes “solo sabían comprar por cuatro para vender por ocho”. Combatió el monopolio como una “hidra que todo lo devora”. Y dejó definiciones que hoy siguen vigentes: sin libertad para disponer del fruto del trabajo, no hay producción posible; la tasa máxima destruye la propiedad del vendedor; no hay mejor regulador que la concurrencia. Entendió antes que muchos que los precios no deben fijarse por decreto, sino surgir del encuentro libre entre oferta y demanda.

Belgrano también fue un defensor radical del trabajo en una sociedad donde trabajar estaba mal visto. Reivindicó la dignidad del esfuerzo individual y sostuvo que los hombres solo pueden vivir por el fruto de sus trabajos. Para él, la riqueza no provenía del poder político ni de la acumulación de privilegios, sino de la producción, el intercambio y la creatividad humana. Esa es la esencia del liberalismo clásico.

Incluso anticipó conceptos que la teoría económica formalizaría mucho después. Señaló que las cosas no tienen valor en sí mismas, sino en función de la utilidad y la escasez percibida por las personas, una intuición que se adelanta a la teoría subjetiva del valor del siglo XIX. Comprendió el mercado como un sistema de coordinación social, donde el interés individual, bien encauzado, genera beneficios generales.

Su liberalismo no implicaba ausencia de Estado, sino un Estado con funciones claras y limitadas: garantizar justicia, proteger la propiedad, promover la educación y facilitar la infraestructura. Un Estado que no interviene para fijar precios o repartir privilegios, pero sí para remover obstáculos y crear condiciones para el desarrollo. Esa visión anticipa con claridad el programa de Juan Bautista Alberdi y la lógica económica de la Constitución.

Pero Belgrano no fue sólo un pensador o un divulgador de ideas económicas. Fue un hombre de acción. Periodista, educador, funcionario, revolucionario y militar, llevó sus ideas al terreno concreto. Participó de la Revolución de Mayo, enfrentó al poder colonial, comandó ejércitos, creó la bandera y defendió la independencia. Siempre con la misma coherencia: sin libertad económica, la libertad política es incompleta.

Murió pobre y olvidado, a los 50 años. Su muerte pasó casi desapercibida. Paradójicamente, el tiempo lo convirtió en símbolo, pero ese símbolo terminó ocultando al pensador. Lo hicieron prócer para neutralizarlo. Lo inmortalizaron para que no incomode.

Hoy, recuperar a Belgrano implica devolverle su dimensión intelectual. Leer sus memorias, sus artículos, su obra. Entender que fue uno de los primeros en pensar la economía argentina en clave moderna. Y asumir que muchas de las discusiones actuales ya estaban planteadas en sus textos: libertad o control, competencia o privilegio, trabajo o renta.

La línea histórica es clara: Belgrano impulsa las ideas, la Revolución de Mayo abre el camino, y Juan Bautista Alberdi las convierte en sistema institucional. No es casualidad. Es continuidad intelectual.

Por eso Belgrano no es solo una figura del pasado. Es una referencia vigente. Porque entendió antes que nadie que la prosperidad no se decreta, se construye. Que el crecimiento no depende del poder, sino del trabajo. Y que la libertad económica no es un lujo, es la condición básica para que una sociedad progrese.

El dilema, dos siglos después, sigue siendo el mismo: libertad o privilegio, mercado o estatismo. En ese debate, Belgrano ya había tomado partido. Y lo hizo primero. Por eso, con justicia, puede ser considerado el primer liberal de la Argentina.

En la Argentina, la discusión pública suele quedar atrapada en la urgencia del día. La política, los mercados y los medios tienden a concentrarse en la noticia inmediata: una medida, una polémica, un dato mensual. Sin embargo, los cambios verdaderamente relevantes en una economía no siempre se perciben en ese plano. Muchas veces ocurren más lentamente, como transformaciones en las reglas de juego, en los incentivos o incluso en las ideas que orientan el funcionamiento de la sociedad.

Por debajo de la coyuntura —y más allá de las tensiones inevitables de cualquier proceso de reformas— comienzan a aparecer algunos cambios de carácter estructural que vale la pena observar. No se trata tanto de medidas puntuales, sino de un cambio de enfoque sobre cómo debe organizarse la economía y cuál es el rol del Estado, de las empresas y de los ciudadanos en ese proceso.

Uno de los cambios más importantes que se está consolidando con el modelo impulsado por el gobierno de Javier Milei es la recuperación de un consenso básico en torno al equilibrio fiscal. Durante décadas, el déficit fue naturalizado como una herramienta permanente de la política económica. El Estado argentino se acostumbró a gastar sistemáticamente más de lo que recauda, financiando esa diferencia mediante endeudamiento o emisión monetaria. La experiencia acumulada mostró con claridad las consecuencias de ese esquema: ciclos recurrentes de crisis de deuda, inflación persistente y deterioro del poder adquisitivo.

Hoy empieza a instalarse con más fuerza una idea que en realidad resulta bastante elemental: el principio que rige en cualquier familia o empresa —no gastar más de lo que entra— también debe regir para el Estado. El equilibrio fiscal no es un objetivo ideológico ni una meta meramente contable; es una condición necesaria para estabilizar la economía y recuperar previsibilidad.

A la vez, ese ordenamiento fiscal abre otro debate que durante años estuvo prácticamente ausente en la Argentina: cómo generar crecimiento y recursos sin asfixiar la actividad económica con impuestos cada vez más altos. Durante mucho tiempo predominó la lógica de que ante cualquier problema fiscal la respuesta era aumentar la presión tributaria. Las empresas eran vistas principalmente como una fuente de recaudación.

Hoy esa mirada comienza a ponerse en discusión. Cada vez resulta más evidente que un sistema impositivo excesivo desalienta la inversión, reduce la formalidad y limita la generación de empleo. En ese contexto empieza a instalarse con mayor fuerza la idea de que el camino para expandir la base fiscal no es subir impuestos sino generar más actividad económica.

En algunos municipios esta lógica ya viene aplicándose desde hace años. Tres de Febrero es un ejemplo de ese enfoque, con una estrategia resumida en una consigna sencilla: “menos impuestos, más trabajo”. La premisa es clara: cuando se reducen cargas distorsivas, se simplifican trámites y se facilita la inversión, las empresas encuentran mejores condiciones para instalarse, crecer y generar empleo. Con más actividad económica se amplía la base tributaria y el Estado termina recaudando más sin necesidad de subir impuestos.

Ese debate comienza ahora a trasladarse a una escala más amplia. Incluso se han dado pasos hacia una mayor transparencia fiscal: hoy es posible consultar la presión tributaria de muchos municipios a través de herramientas publicadas por el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete, lo que permite comparar jurisdicciones y discutir con mayor información cómo se financia el Estado en cada lugar.

Un segundo cambio relevante es la revalorización del sistema de precios como mecanismo central de coordinación de la economía. Durante muchos años predominó en la Argentina la idea de que el funcionamiento de los mercados podía reemplazarse mediante controles, regulaciones o restricciones comerciales. Se intentó congelar precios, fijarlos administrativamente o intervenirlos de distintas maneras, como si los problemas económicos pudieran resolverse simplemente mediante decisiones administrativas.

La experiencia mostró repetidamente los límites de ese enfoque. Cuando los precios dejan de reflejar la realidad de los costos, la escasez o la demanda, se generan distorsiones que terminan afectando a toda la economía. Los precios cumplen una función fundamental: transmiten información. Permiten que productores y consumidores tomen decisiones racionales sobre qué producir, qué invertir o qué consumir. Distorsionar esa señal mediante controles o restricciones suele derivar en desabastecimiento, menor inversión y pérdida de eficiencia.

En paralelo, comienza a revisarse otra lógica muy arraigada en la política económica argentina: la idea de proteger determinados sectores productivos a cualquier costo. Durante décadas, el consumidor fue el actor silencioso del sistema. Muchas políticas económicas implicaron obligarlo a pagar bienes más caros o de menor calidad para sostener actividades poco competitivas, amparadas en subsidios o barreras comerciales.

De allí surge también una tercera transformación que empieza a abrirse paso: la comprensión de la apertura comercial como condición para el desarrollo. La Argentina ha sido durante años una de las economías más cerradas del mundo. Bajo el argumento de proteger la industria local, se impusieron múltiples restricciones a las importaciones. Sin embargo, ese esquema terminó generando una economía menos competitiva, con menor innovación y con costos más altos para toda la sociedad.

Hoy comienza a instalarse con mayor claridad una idea básica en cualquier economía dinámica: para exportar hay que importar. Ningún sector productivo moderno funciona aislado del mundo. Las empresas necesitan insumos, tecnología, componentes y maquinaria que muchas veces no se producen localmente. Incluso el acceso a maquinaria usada puede significar una reducción importante de costos y una mejora en la productividad.

En ese contexto, la apertura comercial no implica solo bajar barreras internas, sino también reintegrar a la Argentina en los grandes circuitos del comercio internacional. Avances en acuerdos comerciales y de inversión con economías centrales, como la Unión Europea o Estados Unidos, forman parte de esa estrategia de inserción internacional. La posibilidad de ampliar mercados, atraer capitales y establecer reglas de intercambio más previsibles puede convertirse en un factor decisivo para el crecimiento en los próximos años.

La apertura comercial, en ese sentido, no es una amenaza sino una herramienta para abaratar la producción, mejorar la eficiencia y ampliar la capacidad exportadora del país. El desafío no es cerrar la economía para preservar estructuras poco competitivas, sino crear condiciones para que las empresas produzcan mejor y compitan en el mundo.

Algunos ejemplos ayudan a entender los problemas del modelo anterior. El mercado de neumáticos es un caso emblemático: durante años, políticas de protección extrema permitieron sostener determinadas empresas, pero al costo de que los consumidores argentinos pagaran algunos de los neumáticos más caros del mundo. Situaciones como esa muestran el límite de un esquema que prioriza preservar ciertas estructuras productivas por sobre el bienestar general. Sostener una empresa o un empleo no puede implicar castigar sistemáticamente al consumidor ni encarecer toda la economía.

Quizás el cambio más profundo —y al mismo tiempo el menos visible en los indicadores económicos— sea un cambio cultural que empieza a emerger respecto del esfuerzo, el trabajo y la iniciativa individual. Durante mucho tiempo, el debate público estuvo atravesado por la idea del “Estado presente” como principal proveedor de bienestar. Esa lógica generó en muchos casos la expectativa de que el progreso dependía fundamentalmente de la asistencia estatal.

Lo que empieza a reaparecer es una concepción distinta: la prosperidad surge principalmente del esfuerzo personal, la educación, la capacitación y el trabajo productivo. En ese contexto también se recupera una valoración que durante años estuvo debilitada en el discurso público: el rol del empresario, del emprendedor y de quienes asumen riesgos para crear valor y generar empleo.

Las sociedades que progresan comparten generalmente ese rasgo cultural. No se trata de negar el papel del Estado en áreas esenciales, sino de comprender que el motor principal del crecimiento es la iniciativa privada y la creatividad de millones de personas que buscan mejorar su situación a través de su trabajo. En una economía con reglas claras, el interés individual no es un acto de egoísmo sino parte del mecanismo que impulsa el progreso colectivo. Cuando cada persona busca mejorar su situación mediante el esfuerzo, la innovación o la inversión, el resultado agregado suele ser más crecimiento y más oportunidades.

Finalmente, comienza a delinearse también una revitalización del federalismo económico. Durante décadas, el Estado nacional concentró cada vez más funciones y recursos, generando una fuerte dependencia de provincias y municipios respecto de las transferencias desde la Nación. Ese esquema debilitó los incentivos para una gestión fiscal responsable a nivel subnacional y consolidó una dinámica política basada en la dependencia de recursos del gobierno central.

El enfoque que empieza a perfilarse apunta a algo diferente: un Estado nacional más concentrado en sus funciones esenciales y un mayor protagonismo de las provincias en el desarrollo económico. La Nación tiende a concentrarse en áreas estratégicas —como la estabilidad macroeconómica, la defensa, la seguridad y el funcionamiento de la justicia— mientras que las provincias y municipios recuperan centralidad en muchas de las políticas y servicios que les corresponden.

En ese marco cobra mayor importancia el principio de correspondencia fiscal: quien gasta debe también recaudar. Cuando las jurisdicciones dependen excesivamente de transferencias automáticas o discrecionales, se debilitan los incentivos para administrar con eficiencia y para promover el desarrollo económico local. En cambio, cuando el crecimiento de la actividad económica se traduce directamente en mayores recursos propios, las provincias tienen más incentivos para atraer inversiones, generar empleo y mejorar el clima de negocios.

Esto abre además una dinámica saludable de competencia entre jurisdicciones. Provincias y municipios que reducen impuestos distorsivos, simplifican regulaciones o facilitan la inversión pueden captar nuevas empresas y ampliar su base productiva. Al mismo tiempo, el propio modelo de desarrollo comienza a mostrar señales de mayor descentralización de la actividad económica. Nuevos proyectos vinculados a energía, minería o infraestructura —muchos de ellos impulsados por nuevos marcos de inversión— tienden a localizarse en distintas regiones del país, ampliando el mapa productivo más allá del área Metropolitana de Buenos Aires.

Si estas tendencias se consolidan, la Argentina podría estar entrando en un cambio de régimen económico más profundo que lo que sugiere la coyuntura diaria. No se trata solamente de medidas puntuales, sino de una transformación gradual en las reglas, en los incentivos y en las ideas que organizan el funcionamiento de la economía. Los resultados de esos cambios no suelen verse de inmediato, pero son los que en última instancia determinan la capacidad de un país para crecer, generar empleo y reducir la pobreza de manera sostenida.

En la Argentina se instaló durante décadas una idea peligrosa: que un Estado cada vez más presente es sinónimo de justicia social. En la práctica, ese modelo populista y burocrático —defendido y profundizado por el kirchnerismo— terminó generando exactamente lo contrario: más trabas, más regulaciones, más costos y menos libertad para trabajar, producir y vivir. Se tradujo en estancamiento económico, ampliación de los planes sociales e informalidad laboral.

El Estado que “cuida” terminó siendo el Estado que se mete en todo, desconfía de todos y paraliza a la sociedad con papeles, permisos y sellos. Un Estado que regula antes de entender, que controla antes de confiar y que castiga al que quiere emprender.

En Tres de Febrero decidimos romper con ese paradigma. Desde el inicio de nuestra gestión tuvimos un objetivo claro: simplificar radicalmente los trámites municipales y eliminar la burocracia innecesaria. No como discurso, sino como decisión política concreta.

El cambio fue profundo. Implementamos la habilitación instantánea, sin costo económico, con declaración jurada, completamente digital para la mayoría de las empresas. Y dimos un paso que resume nuestra filosofía de gobierno: eliminamos la Dirección de Habilitaciones. Porque cuando el Estado deja de poner obstáculos, muchas oficinas dejan de ser necesarias.

Mientras el modelo kirchnerista defiende un Estado que todo lo regula, nosotros defendemos un Estado que confía en el vecino. Mientras algunos creen que gobernar es multiplicar normas y controles, nosotros creemos que gobernar es sacar del medio al Estado cuando estorba.

Los resultados son claros y medibles. Según el último índice de Trámites Municipales de IDESA, Tres de Febrero lidera con amplitud el ranking nacional de simplificación y digitalización con un 67,7% y obtiene un 77% de cumplimiento en el trámite de habilitaciones. El dato es contundente: solo uno de cada seis municipios del país logró aprobar los estándares de simplificación, y muy pocos superan el 60%. El resto sigue atrapado en el viejo modelo burocrático, lento y desconfiado.

Esto no es un detalle técnico. La burocracia también empobrece. Cada trámite innecesario es tiempo perdido, oportunidades frustradas y empleo que no se crea. Cada regulación absurda es una barrera más para el comerciante, la pyme y el emprendedor.

Por eso simplificar trámites mejora directamente la calidad de vida. El vecino hace menos colas, pierde menos tiempo y no es rehén del Estado. El comerciante abre su local rápido y sin costo. La empresa invierte sin demoras. Y donde hay inversión, hay trabajo.

El “Estado presente” prometió proteger, pero terminó asfixiando. Nosotros proponemos algo distinto: un Estado inteligente, limitado y al servicio de la libertad y el trabajo. Que controle lo que debe controlar, pero que no invada la vida de las personas ni frene el progreso.

Tres de Febrero demuestra que hay otro camino. Un camino donde menos trámites significan más trabajo, donde menos regulaciones generan más oportunidades y donde el Estado deja de ser un obstáculo para convertirse en un facilitador.

Este no es solo un modelo de gestión municipal. Es una definición ideológica: el progreso nace de la libertad, no de la burocracia.

La implementación de la Boleta Única de Papel ha hecho un positivo debut en elecciones nacionales y ha mostrado ventajas claras: asegura igualdad de oportunidades para todos los candidatos, evita el derroche de recursos y agiliza los comicios. Además, cierra la puerta a quienes ven un negocio en la impresión de boletas, usa menos papel (no hay sobres, por ejemplo), facilita el escrutinio y permite incluso tener dos votantes simultáneos por mesa.

No es cierto que cueste más: genera ahorro, aunque no se adopte sólo por eso, es una consecuencia positiva adicional (en el caso de Mendoza, permitió ahorrar un 40% en 2023). Evita las mañas con las boletas durante la campaña o en el cuarto oscuro.

Se solía decir que había que “militar la boleta”, pero lo que realmente hay que militar en las campañas electorales son las ideas y las propuestas, no el instrumento de votación. Con el sistema anterior (aún vigente en Buenos Aires) las boletas partidarias se entregan en esquinas, paradas de colectivo, centros comerciales y “puerta a puerta” en las casas, lo que implica una descomunal logística e impresión extra de boletas (cuyo costo de un modo u otro sale de las arcas del Estado).

El temor a que dificulte el escrutinio quedó desmentido en la primera experiencia nacional, aunque es clave capacitar bien a las autoridades, sobre todo la primera vez. No hubo un aumento de votos anulados ni grandes problemas a la hora de votar. Dejar de hablar de “cuidar” o “defender” la boleta es fundamental, porque las elecciones no deben ser una guerra entre facciones, sino un debate de ideas. La complejidad del sistema de boleta sábana partidaria quedó en evidencia frente a esta nueva opción.

No hay que subestimar al votante ni culpar al sistema si un candidato no es bueno. Los ciudadanos eligen poniendo una cruz, y eso realza la importancia de tener candidatos con buen perfil y mensaje. Los fiscales siguen siendo necesarios, sobre todo para controlar la identidad y el escrutinio. Pero el conteo es infinitamente más sencillo y rápido con este sistema.

En las provincias donde se usa, como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, San Luis y en proceso en Entre Ríos (aprobado, se vota en 27) el sistema funciona cada vez mejor. Instituciones como Red de Acción Política, CIPPEC, Ser Fiscal, Conciencia, Poder Ciudadano, el Observatorio Electoral de la Universidad de Rosario y el Club Político Argentino han impulsado esta reforma durante años y han hecho un gran aporte a la cultura cívica.

Es fundamental que en 2026, año no electoral, se debata y apruebe la ley en la Provincia de Buenos Aires para sacarla de cualquier especulación partidaria. La Boleta Única no es la solución a todos los problemas, pero es un gran paso en la dirección correcta.