El derrame de petróleo en Cuninico, Loreto, ocurrido en junio de 2014, continúa teniendo repercusiones graves en el pueblo indígena Kukama Kukamiria.

Esto como resultado de los más de 2.300 barriles de crudo que se vertieron en la quebrada de Cuninico debido a una falla en el Oleoducto Norperuano operado por Petroperú, causando fuertes impactos en la salud de las comunidades, así como daños medioambientales en su territorio.

Pues, el vertido de hidrocarburos contaminó el agua utilizada para consumo humano y perjudicó la pesca, una actividad esencial para la supervivencia y economía del pueblo indígena afectado.

Comunidades exigen atención médica urgente

Según análisis de sangre del Instituto Nacional de Salud entre 2021 y 2022, los niveles de metales pesados en el organismo de los miembros de las comunidades de Cuninico y otras cercanas estaban por encima de lo normal.

Los estudios realizados a 598 personas en 2021 y 280 en 2022 revelaron niveles elevados de metales como plomo, cadmio, mercurio y arsénico en sus organismos.

Además, un reportaje realizado por La Encerrona y Pueblo Films, con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) revela que aún se pueden encontrar restos de petróleo en Cuninico.

Sin embargo, pese a una orden judicial de 2018 que exigía al Estado proveer atención médica y monitorear la salud de la población, esto no se ha cumplido.

En esa línea, siguiendo los hechos expuestos en el informe periodístico, casos de enfermedades diarreicas, dermatitis, conjuntivitis y alergias han aumentado en las comunidades indígenas.

Carlos Sánchez, odontólogo en Cuninico, señala que las alergias, dolores de cabeza y problemas digestivos son constantes. Asimismo, la comunidad ha expresado preocupación por posibles impactos en la salud reproductiva, pero no existen registros oficiales verificables a nivel comunal, y el Ministerio de Salud solo maneja información agregada a nivel distrital.

¿Qué ha hecho el Estado hasta ahora?

La Corte Superior de Justicia de Loreto ordenó al Estado en 2018 implementar una estrategia de salud pública en Cuninico, que debería contar con 11 profesionales de salud. Pero, solo hay dos enfermeras, un odontólogo y un motorista en la zona.

Por otro lado, aunque Petroperú tiene un plan de contingencia, la remediación completa sigue pendiente. Pues, el Oleoducto Norperuano ha registrado 91 derrames de 2013 a 2023, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Además, OEFA encontró infracciones en 47 procesos de fiscalización, resultando en multas por más de 28 mil UIT, de las cuales Petroperú solo ha pagado 22 y parcialmente 6.

Acerca de este punto en particular, Wendy Ancieta, representante legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, indica que aún no se ha actualizado el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental requerido por OEFA en 2016.

Por tal razón, el costo y complejidad de la remediación sobre el caso de Cuninico, entre otros, aún plantean grandes retos para el Estado.

La crisis climática y los fenómenos meteorológicos extremos, además de ser una amenaza creciente para la población global, están causando un impacto desigual en diversos sectores, entre los cuales resaltan las mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.

Bajo esa premisa, estudios recientes —destacados por la comunicadora feminista Angela Meza—señalan que las desigualdades preexistentes y la brecha de género se están agudizando por el cambio climático.

Entre las repercusiones más graves se encuentran, por ejemplo, las barreras al acceso educativo de niñas, con estimaciones que indican que los cambios a largo plazo de las temperaturas podrían interrumpir la escolarización de aproximadamente 12 millones de ellas al año, según un informe de Plan Internacional —ONG que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas—.

Además, las mujeres y disidencias enfrentan una mayor vulnerabilidad al desempleo tras desastres naturales, como evidencia un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca del tsunami en Chile que ocurrió en 2010, donde el 60% de los empleos perdidos eran ocupados por mujeres.

También, los servicios de salud sexual y reproductiva entran en riesgo durante emergencias climáticas, tal como lo demostró la pandemia del Covid-19, desviando recursos esenciales y limitando el acceso a anticonceptivos y cuidados necesarios para mujeres y niñas desplazadas.

Asimismo, el trabajo de cuidados, mayoritariamente desempeñado por mujeres y no remunerado, aumenta significativamente como resultado de los desastres climáticos, sumando presión a las responsabilidades que ya enfrentan.

En esa línea, la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones es crucial para desarrollar políticas climáticas que atiendan estas disparidades.

No obstante, datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) —responsable de promover el desarrollo económico y social de la región— revelan que solo cerca del 30% de estos roles están ocupados por mujeres, lo que sugiere una brecha considerable en la representación y el poder de incidencia sobre las medidas adoptadas frente al cambio climático.

¿Por qué es importante cuestionar el modelo?

De acuerdo a especialistas en el tema, todas estas realidades ponen de manifiesto no solo un retroceso en materia de igualdad de género sino también contribuyen a perpetuar ciclos de pobreza y violencia.

Por ello, resaltan la importancia de integrar perspectivas de género en la lucha contra la crisis climática, priorizando la protección y el empoderamiento de las poblaciones más afectadas para construir sociedades más resilientes y equitativas.

En ese contexto, de acuerdo a Valeska Ruiz Peña, representante del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), dentro de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad, pero también mayor capacidad de resiliencia frente a la crisis climática, están las mujeres de los pueblos indígenas.

Ruiz explica que el impacto de la crisis climática profundiza las brechas de género existentes, haciendo particularmente visible la discriminación que enfrentan las mujeres dentro de las comunidades indígenas.

Por ejemplo, en la Amazonía norte, hoy en día, la degradación ambiental está limitando aún más el acceso a la educación para niñas y adolescentes mujeres, aumentando la vulnerabilidad de estos grupos.

“Esta desigualdad de género es mucho más evidente cuando hacemos un análisis de la diversidad de mujeres según sus características étnicas, identitarias, económicas, entre otros; es decir, cuando hacemos un análisis interseccional”, agrega la especialista de la SPDA.

Además, la importancia de las mujeres indígenas en la seguridad alimentaria se está viendo comprometida por las condiciones climáticas adversas. Pues, los cambios en el clima y las temperaturas extremas las está obligando a recorrer distancias mayores para acceder a recursos vitales, incrementando su esfuerzo y riesgo.

Esta situación se evidencia con mayor claridad en el departamento de Loreto, donde la predictibilidad del clima, esencial para las prácticas agrícolas y culturales indígenas, ha disminuido notablemente.

“En Loreto, estamos viviendo una imposibilidad de determinar las estaciones. Antes podías saber cuando podías hacer chacra, tener determinados tipos de animales y actividades que se basan en sus roles culturales y de género. Ahora, con la crisis climática, el clima ya no es tan predecible como antes, entonces, hay una pérdida en el ejercicio de sus conocimientos con el manejo de las semillas, la tierra, las plantas, pero también para que puedan acceder a seguridad hídrica tienen que desplazarse en distancias mayores”, señala Ruiz.

En esa línea, Ruiz recalca que es importante tener en cuenta que la economía política del status quo no solo ha fallado en asegurar la equidad entre géneros y grupos sociales, sino que también ha intensificado la vulnerabilidad ante desastres naturales y el acceso limitado a derechos fundamentales.

“El modelo económico, después de la industrialización, es el que nos ha llevado a la crisis climática en la que nos encontramos ahora. Todavía hay mucho desconocimiento, pocas ganas de querer afrontar una responsabilidad política y económica, y resistencia a querer aceptarlo, porque implicaría cuestionar este modelo económico que no ha resultado para el bienestar de la mayoría de la ciudadanía, mujeres, hombres y diversidades en todo el territorio mundial. En todo caso, lo que ha hecho es aumentar las brechas para el acceso a los derechos fundamentales entre los grupos poblaciones históricamente excluidos”, comenta Ruiz.

Asimismo, la representante de la SPDA considera que es evidente que las implicaciones de la crisis climática tienen un impacto desproporcionado en las mujeres y grupos marginalizados, quienes enfrentan más barreras en cuanto al acceso a la educación, trabajo, etc.

“Las catástrofes climáticas provocan más pobreza, incrementan las brechas en los sujetos históricamente excluidos, donde están las mujeres racializadas, sin acceso a educación, rurales, de los pueblos indígenas”, argumenta.

Crisis climática genera pérdidas y más machismo

Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) conversó con Infobae Perú sobre la crisis climática y los impactos negativos del desarrollo económico basado en extractivismo y capitalismo, que, asegura, cobran un precio especialmente alto en las comunidades indígenas y rurales.

Pues, como explicaba Ruiz antes, las mujeres desempeñan roles cruciales en la soberanía alimentaria y la preservación de saberes ancestrales.

De acuerdo a Marcelo, actualmente, las comunidades nativas andinas y amazónicas enfrentan severos desafíos como la disminución de fuentes de agua limpias, la pérdida de biodiversidad, y cambios negativos en las prácticas alimenticias por al aumento del consumismo.

“Sin embargo, solas no se puede luchar. Estamos frente a un modelo económico que arrasa con todo”, agrega.

Dentro de las comunidades indígenas las mujeres son quienes cargan con la mayor parte de la responsabilidad en cuanto a la alimentación, el cuidado de la salud, la educación de los niños, y la defensa de recursos naturales esenciales como el agua.

Sin embargo, Marcelo advierte que la explotación intensiva de recursos naturales y los efectos adversos del cambio climático están poniendo en cada vez más riesgo sus modo de vida, llevando a una doble, o incluso triple, carga de trabajo cuando los recursos se ven amenazados o degradados.

Aun así, hoy, Onamiap es un ejemplo de cómo las mujeres indígenas están al frente de la lucha contra la crisis climática y la defensa del agua, aunque subrayan la falta de oportunidades para una participación más amplia en espacios decisivos.

Pues, la participación femenina en la toma de decisiones a nivel comunitario y en organizaciones indígenas que tratan sobre el territorio y el medio ambiente es limitada, lo que dificulta la inclusión de sus perspectivas y conocimientos en las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático.

“La participación de las mujeres es todo un reto, desde las comunidades [nativas] ha sido la lucha fuerte para que ellas puedan estar, por ejemplo, en la Junta Directiva Comunal, que es un espacio de toma de decisiones sobre el territorio. Ahí es donde empieza el liderazgo para justamente elevar nuestras voces propiamente de las mujeres. Sin embargo, muchas veces, al no haber oportunidad de participación dentro de las organizaciones tampoco se pueden escuchar todas las voces. Eso también es una gran preocupación. Por eso, es un doble reto que que las hermanas lleguen a participar en una organización [indígena] mixta”, menciona Marcelo.

De otro lado, la presidenta de Onamiap recalca que los Gobiernos locales, distritales y provinciales y las políticas de desarrollo raramente toman en cuenta los impactos de estas crisis sobre las mujeres indígenas.

Por ello, Marcelo resalta, es esencial fortalecer las capacidades de las mujeres a través de la formación y el apoyo a organizaciones indígenas que promueven su participación en la gestión del territorio y la adaptación a la crisis climática.

Esto también plantea un llamado a repensar el modelo de desarrollo actual, como mencionó antes la lideresa de Onamiap, buscando alternativas más sostenibles y equitativas que no solo se centren en la economía sino también en el bienestar de comunidades indígenas y la protección del ambiente.

Efectos silenciosos vinculados a economías ilegales

Para este informe, Tabea Casique, lideresa indígena del pueblo Ashéninka de la provincia de Atalaya, Ucayali, también brindó declaraciones acerca de este tema.

Al igual que la presidenta de Onamiap, la lideresa ashéninka comentó que la participación de las mujeres indígenas en la gestión ambiental y económica de sus territorios se enfrenta a varias limitaciones, incluso en los mismos espacios autogestionados por las organizaciones indígenas.

Entre ellas la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), donde Casique es integrante del Consejo Directivo. La lideresa señala que, pese a su papel vital en la protección de los ecosistemas y en la economía local, la representación femenina sigue siendo escasa.

De acuerdo a Casique, hoy, las comunidades que forman parte de Aidesep, compuestas por nueve bases amazónicas, 109 federaciones y 2.439 comunidades, enfrentan el desafío de tener una representación adecuada en los espacios de diálogo con el Ministerio del Ambiente (Minam) y otras entidades, lo que quiere decir que las voces femeninas no alcanzan la relevancia que merecen.

Por tal razón, frente a las consecuencias de la crisis climática, la lideresa indígena resalta la necesidad de la participación activa de las mujeres indígenas en la búsqueda de soluciones con una perspectiva de género.

Bajo esa idea, Casique precisa que Aidesep está trabajando para impulsar la economía indígena a través de emprendimientos gestionados por mujeres, en un intento de fortalecer su autonomía económica y contribuir a la conservación de los bosques.

Asimismo, teniendo en cuenta el papel de las mujeres en la sostenibilidad de sus comunidades, se está buscando fortalecer la conservación de semillas hasta el manejo de plantas medicinales, actividades fundamentales para el mantenimiento de sus modos de vida tradicionales.

Pues, ante la falta de recursos y oportunidades en sus territorios, la migración forzada de jóvenes se ha vuelto cada vez más común, exponiéndolos a riesgos como la trata de personas —economía ilegal vinculada a la minería ilegal—, especialmente en las regiones de Madre de Dios, Ucayali y Amazonas, otra problemática que requiere la implementación de políticas públicas efectivas.

Frente a ello, Aidesep está buscando maneras de financiar proyectos que aborden estas realidades.

En esa línea, se suman a la vez otros desafíos, como la variabilidad climática, que ha comprometido seriamente la agricultura, provocando escasez en los períodos de cosecha. Esta situación intensifica las dificultades para sustentar la vida en sus territorios.

“Ya no crecen sus productos, hay mucha sequía en tiempo de verano en cualquier momento, no cosechan los productos como antes, cosechan y no produce nada. Ese es un tema que no hay desde la política pública, no hay prevención”, señala la lideresa ashéninka.

En ese contexto, dentro de las comunidades indígenas, las mujeres emergen como pilares fundamentales en la preservación y protección de sus territorios y recursos naturales ante el avance de la crisis climática.

En ese sentido, para atender la emergencia climática, están creando iniciativas para fomentar una economía indígena autónoma que les permita generar sus propios ingresos.

Asimismo, están articulándose para capacitar a las mujeres en tecnologías como drones y GPS para otorgarles poder su rol en la gestión territorial. De esta forma, se espera avanzar hacia la inclusión de las mujeres en actividades de monitoreo, garantizando una equidad de género y la eficacia en la preservación de la naturaleza.

“Las comunidades no pueden mandar a los hijos a las escuelas, porque sus comunidades están inundadas y ahí se evidencia cómo afecta el cambio climático a los niños y mujeres que habitan en las comunidades amazónicas (...) estamos considerando la capacitación de las mujeres en relación al cuidado y protección, enseñarles manejo de dron, GPS, porque son actividades que son vistas para los varones, pero las mujeres también puede apoyar en eso”, acotó Casique al cierre de la entrevista.

Jorge Milla, miembro de la Comisión, explicó que los paros y la ausencia de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) son los principales motivos del retraso.

Milla contó en Radio Exitosa que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estuvo ocupado acompañando al titular de la cartera, José Arista, al Congreso, lo que impidió que se realizaran las sesiones. “Llevamos cuatro semanas sin sesionar: dos por el paro y otras dos porque el equipo del MEF estaba con el ministro en el Congreso. Eso ha generado retrasos”, explicó Milla

Lista 3 considerará a dos grupos: ¿cuáles son?

Para solucionar los problemas con los pagos a los fonavistas, se va a aprobar un nuevo plan para los próximos grupos. Jorge Milla explicó que la próxima semana se crearán reglas claras para que la Secretaría Técnica no tenga excusas para seguir retrasando los pagos.

Esta acción busca evitar que se repitan problemas similares en el futuro, aunque muchos fonavistas no confían en que estas promesas se cumplan. En la lista 3 habrá dos grupos: el Grupo 21, que incluye a personas que aún no han cobrado nada, y el Reintegro 3, que está dirigido a quienes fueron parte de los 19 grupos anteriores.

También se incluirá a los herederos porque se ha notado que hay un desfase en los cobros. Milla mencionó que mientras los fonavistas vivos han podido cobrar desde los 80 años en adelante, los herederos solo han cobrado a partir de los 93 años, y eso debe ser corregido.

Por último, explicó que los fonavistas pueden chequear si están listos para cobrar. Si entran a su registro y ven la letra “E”, significa que ya pueden recibir tu pago. Esta verificación es muy importante para que los beneficiarios sepan en qué situación están, sobre todo en estos tiempos de espera e incertidumbre.

¿Cómo ver el estado de mi registro?

Si eres fonavista y quieres saber si tienes un pago pendiente, ya sea de las listas 1 a 20 o de los Reintegros 1 o 2, sigue estos pasos:

• Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica usando este enlace: Consulta Fonavi.
• Elige tu tipo de documento y escribe tu número de documento.
• Escribe el código CAPTCHA que aparece en la pantalla.
• Haz clic en “Consultar” para ver si tienes un pago pendiente.

Esta opción está disponible desde febrero de 2024 y se ha actualizado para los diferentes grupos de pago y Reintegros. Si quieres saber si perteneces al grupo de Reintegro 2, puedes revisar en este otro enlace: Consulta Reintegro 2.

Pagos activos del Fonavi: lo que necesitas saber

Recientemente, se aprobó el último pago del Fonavi, llamado Reintegro 2, que comenzó a entregarse en agosto en el Banco de la Nación. Este pago es para los fonavistas de las listas 1 a 19 que ya habían recibido dinero antes y ahora seguirán recibiendo sus pagos.

Sin embargo, aún hay miles de afiliados que pueden cobrar sus aportes, especialmente aquellos que están en la lista 20 y en el Reintegro 1. Aquí la lista de quiénes pueden recibir pagos en el Banco de la Nación:

• Grupos de Listas 1 a 19: Los fonavistas que no fueron a cobrar su primera devolución, que ya fue aprobada, todavía pueden hacerlo en el Banco de la Nación.
• Grupo de Lista 20: En diciembre de 2023, se estableció un cronograma con el DNI para que los fonavistas de la lista 20 puedan cobrar. Aquellos que no pudieron cobrar en la fecha programada ahora pueden ir al Banco de la Nación a recibir su dinero.
• Grupo de Reintegro 1: Este grupo incluye a fonavistas de las listas 1 a 19 que han recibido un nuevo pago y que tienen 80 años o más.
• Grupo de Reintegro 2: Este pago es para fonavistas vivos de entre 75 y 79 años, así como para los herederos de fonavistas que hayan fallecido y que tengan 93 años o más.

Se espera que el Reintegro 3 siga un proceso similar y se dirija a fonavistas de 70 a 74 años. Además, los familiares de los fonavistas que fallecieron podrán cobrar los aportes de quienes tenían entre 80 y 92 años al momento de su fallecimiento.

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, se encuentra actualmente cumpliendo 11 días en el penal de Lurigancho, donde estaría experimentando un notable cambio en su comportamiento.

Inicialmente, el presentador de televisión se mostraba como una persona asustada y temerosa de ser trasladado al centro penitenciario, solicitando un trato especial que no es concedido a otros reos.

Sin embargo, en los últimos días, ha emergido un nuevo Andrés Hurtado, caracterizado por una actitud déspota y prepotente.

“¿Qué le pasa a estos pobres?”

De acuerdo al dominical Panorama, al principio de su reclusión, Hurtado se mostraba inquieto y temeroso. Su constante solicitud de un trato especial al INPE reflejaba su deseo de ser tratado de forma diferente, un privilegio que no se concede a ningún otro reo.

Pero esta semana, la imagen del ‘Chibolín’ vulnerable habría quedado atrás; el INPE ahora se enfrentaría a un Andrés Hurtado déspota, amargado y prepotente.

Según el dominical, el cambio en su comportamiento se hizo evidente el último jueves, cuando, desde su celda, pidió ir a la clínica penitenciaria. Este establecimiento, situado a solo dos cuadras de su pabellón, ofrece atención médica las 24 horas y se encuentra al lado del pabellón 17, donde están recluidos internos con tuberculosis.

Al ser escoltado hacia la clínica, los internos habrían aprovechado la ocasión para saludarlo y hacer burlas: “Hola, Chibolín, ¿cómo estás, Chibolín?”. Las risas y los comentarios despectivos resonaron en los pasillos mientras él caminaba. Ante ello, la respuesta del presentador fue: “¿Qué le pasa a estos pobres?”, según cuentan las fuentes del dominical.

Además, su relación con las reglas del penal estaría siendo problemática. Pues, todos los internos deben llenar una solicitud para recibir visitas, en la cual pueden incluir hasta 10 nombres.

Sin embargo, Hurtado solo anotó recientemente el nombre de Damaris Moreno Sánchez, una ciudadana venezolana y asistente personal. A pesar de contar con nueve espacios adicionales para más nombres, él optó por no utilizarlos, alegando que “no me quedaré mucho tiempo aquí”.

¿Por qué fue detenido Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, fue detenido preliminarmente el 19 de septiembre de 2024 por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia Orión de la Dirandro.

La captura se llevó a cabo en una clínica en San Borja en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó indicios de que Hurtado, junto a Luz Elizabeth Peralta Santur, estaría involucrado en tres hechos delictivos: la devolución de oro a la empresa Miu Lei, una denuncia contra Jimmy Pflücker Pinillos, accionista de la planta Paltarumi S.A.C., y el pago de 100 mil dólares para frenar la investigación contra Quantico Servicios Integrados S.A.C.

Además, Hurtado es investigado por presuntamente haber vendido vehículos de lujo a precios sospechosamente bajos. Pues, compró dos autos Lada Priora por 29 mil dólares y los revendió a S/500 cada uno, cuyos nuevos compradores, citados por la Fiscalía, revendieron los autos a precios mucho más altos.

Esta medida se aplica a la admisión de marzo de 2025 y permite que los alumnos realicen el trámite necesario para solicitar una reprogramación. Sin embargo, deberán presentar su solicitud ante la Oficina Central de Admisión (OCA), no directamente.

Ruffner también indicó que, en la jornada de admisión de la semana pasada, un promedio de 130 a 140 alumnos llegaron tarde y, gracias a esta decisión, podrán ser incorporados en la próxima evaluación. Con ello, se busca garantizar que los estudiantes no se vean perjudicados por retrasos y tengan la oportunidad de continuar con su proceso de admisión en la universidad más antigua de América.

Más de 28.000 postulantes compitieron en el último examen

El día de hoy, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) culminó su proceso de admisión 2025-I. Esta última convocatoria reunió a un total de 28.665 postulantes, quienes compitieron por obtener una vacante en una de las universidades más prestigiosas de Perú, conocida como la Decana de América.

Entre las carreras más solicitadas, Medicina Humana destacó una vez más como la especialidad más demandada. De los 5.065 postulantes que aplicaron a esta carrera, solo 55 lograron asegurar una vacante, lo que refleja la alta competitividad y la excelencia académica que exige la UNMSM. La proporción de ingreso en Medicina es de 100 a 1, lo que convierte a este programa en uno de los más difíciles de alcanzar en la universidad.

La rectora Jeri Ramón Ruffner, quien estuvo presente en la jornada de admisión, hizo un llamado al Gobierno para solicitar un aumento en el presupuesto, lo que permitiría ampliar la cantidad de vacantes en carreras de alta demanda. Ramón explicó que las limitaciones presupuestarias impiden a la universidad ofrecer más plazas y mejorar su infraestructura educativa, un tema que no solo afecta a Medicina, sino a muchas otras facultades.

¿Cuál es la mejor universidad del Perú?

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lidera el ranking nacional de universidades según QS Quacquarelli Symonds, destacando por su sólida reputación.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. El ranking incluye también a otras instituciones como la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima.

A nivel regional, la Universidad de São Paulo (USP) de Brasil es la mejor de América Latina, seguida por la PUCP de Chile y la Universidade Estadual de Campinas.

¿Cuáles son las carreras que ofrece San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrece un total de 73 carreras profesionales. Estas incluyen:

Administración

• Administración de Negocios Internacionales
• Administración de la Gastronomía
• Administración de Turismo
• Administración Marítima y Portuaria

Ciencias Sociales y Humanidades

• Antropología
• Arqueología
• Filosofía
• Historia
• Lingüística
• Sociología

Ciencias de la Salud

• Medicina Humana
• Medicina Veterinaria
• Enfermería
• Nutrición
• Obstetricia
• Farmacia y Bioquímica
• Tecnología Médica

Ingenierías

• Ingeniería Civil
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería de Sistemas
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Química
• Ingeniería de Minas
• Ingeniería de Software
• Ingeniería de Telecomunicaciones
• Ingeniería Geológica
• Ingeniería Geográfica
• Ingeniería Mecánica de Fluidos
• Ingeniería Metalúrgica
• Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ciencias Exactas y Naturales

• Ciencias Biológicas
• Física
• Química
• Matemática
• Estadística
• Genética y Biotecnología

Arte y Comunicación

• Arte
• Danza
• Comunicación Social

Economía y Administración

• Economía
• Economía Internacional
• Auditoría Empresarial del Sector Público
• Marketing

Otras Carreras

• Bibliotecología y Ciencias de la Información
• Computación Científica
• Trabajo Social
• Psicología
• Toxicología

Cabe señalar que el cronograma de inscripción se divide según la letra inicial del apellido, y se han introducido cambios en el proceso de admisión. Por ejemplo, se eliminó el requisito de un puntaje mínimo de 900 puntos, que había resultado en vacantes desiertas en el examen anterior.

Además, ya no se permite la opción de postularse a dos carreras distintas, y los estudiantes que deseen ingresar a las filiales en regiones deberán demostrar su residencia en esos departamentos.

Según el medio regional Huanca York Times, esta es la segunda vez que el fuego se reactiva, dañando 80 hectáreas de bosques. El jefe de la comunidad advirtió que, sin equipos adecuados y debido a la lejanía del lugar, el incendio podría volverse incontrolable.

Gobierno no brinda ayuda a comunidad, pese a emergencia

Este incendio se inició el 11 de septiembre y fue sofocado por los Comités de Autodefensa (CADs) de la comunidad y de áreas cercanas.

Sin embargo, en los días siguientes, las comunidades solicitaron ayuda a la Municipalidad Distrital de Río Tambo el 13, 14 y 15 de septiembre, pero esta no llegó a tiempo. Ante la falta de respuesta, el 15 de septiembre, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) movilizó a sus CADs para controlar el incendio y evaluar los daños.

Posteriormente, el 16 y 17 de septiembre, los CADs se articularon con el Comando 79 del Ejército; para entonces, el fuego ya había destruido 50 hectáreas de bosque en cinco áreas diferentes y amenazaba con expandirse hacia la comunidad de Pichiquia y la Reserva Comunal Asháninka.

CARE teme que, si no se recibe ayuda rápida, la situación se agrave aún más, comprometiendo más hectáreas del territorio indígena. Por ello, hace un llamado urgente al Ejército, al personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y a otras entidades para que tomen acción inmediata.

Exigen derogación inmediata de ‘Ley Antiforestal’

En el marco de esta emergencia, el 19 de septiembre, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a más de 2.400 comunidades nativas, emitió un enérgico pronunciamiento solicitando medidas urgentes a las autoridades para controlar los incendios forestales que devastan la Amazonía.

Esto es especialmente relevante en las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, donde 47 comunidades han visto comprometida su seguridad alimentaria y el acceso a agua limpia.

Bajo ese contexto, exigen la derogación inmediata de la Ley 31973, más conocida como ‘Ley Antiforestal’, aprobada en diciembre de 2023.

Como han advertido organizaciones indígenas, especialistas en materia ambiental y miembros de la sociedad civil, esta norma reduce la participación del Ministerio del Ambiente en la planificación forestal y facilita la adquisición de tierras sin un control adecuado, lo que fomenta la tala y quema de bosques.

Por ello, la población considera que esta legislación representa un retroceso en la lucha contra la deforestación y el cambio climático, ya que promovería prácticas ilegales que atentan contra los bosques y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Derogatoria está pendiente debatirse hace meses

La derogatoria está pendiente de debate desde hace meses. No obstante, el Parlamento, a través de la Comisión Agraria, aún no discute su derogatoria. Cabe recordar que las bancadas que promovieron su aprobación fueron Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial, Unidad y Diálogo, Acción Popular y Perú Bicentenario.

El 26 de septiembre, tras varios pedidos del sector de pesca artesanal al Ministerio de la Producción, el Perú dio un paso decisivo hacia la regulación de su flota pesquera extranjera con la entrada en vigor del Decreto Supremo DS-014-2024-PRODUCE.

Como se recuerda, esta normativa introduce nuevas medidas que demuestran la necesidad de instalar equipos de monitoreo SISESAT en las embarcaciones, una herramienta vital para asegurar la transparencia y el control en las actividades pesqueras en las aguas peruanas.

Sin embargo, a pesar de estas regulaciones, el puerto del Callao continúa siendo testigo de un notable aumento en la llegada de embarcaciones poteras de bandera china; así lo confirma nuevamente la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal).

Aumentan críticas sobre efectividad de nueva norma

Desde la entrada en vigencia del DS-014-2024-PRODUCE hasta el 5 de octubre de 2024, se registró la llegada de 26 barcos poteros de bandera china al puerto del Callao.

Estos barcos fueron recibidos en diferentes fechas y horas, y, aunque la mayoría de ellos ya ha zarpado hacia aguas internacionales, existen preocupaciones desde el gremio respecto a la efectividad del control de la pesca extranjera en las aguas peruanas y el riesgo de explotación irresponsable de los recursos marinos.

Pues se ha constatado que 24 de ellos ya han zarpado sin que se haya presentado evidencia de que hayan instalado el equipo SISESAT, tal como lo requiere el nuevo decreto.

Entre las embarcaciones que ingresaron al puerto se encuentran poteros de bandera china como el JU RONG YU 11, el MING XIANG 818, el NING TAI 77 y el CHANG TAI 812.

Estos barcos arribaron entre el 26 y el 30 de septiembre de 2024, con la mayoría de ellos zarpando hacia aguas internacionales en los días siguientes. Otros nombres destacados incluyen el HONG DA 2, el OU YA 8, el SHUN ZHOU 815 y el JIN HAI 715, entre otros.

La información sobre el arribo y estado de las embarcaciones fue obtenida a través del Sistema de Recepción y Despacho Electrónico de Naves (Redenaves) de la Autoridad Nacional Portuaria, así como de las plataformas de monitoreo Vessel Finder y Sea Start, que permiten rastrear en tiempo real las posiciones de las embarcaciones.

Reiteran demanda de salida de ministro de la Producción

En ese marco, recientemente, el 4 de octubre, la Sonapescal envió una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros, liderada por Gustavo Adrianzén, solicitando formalmente la destitución del actual ministro de la Producción, Sergio González Guerrero.

Esta petición se basa en la gestión del cuestionado titular de la cartera, a quien se le señala de haber permitido el ingreso indiscriminado de embarcaciones pesqueras extranjeras en el país, contraviniendo las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 014-2024-PRODUCE, que tiene como objetivo prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

En ese contexto, Sonapescal resalta que la pota, cuya extracción ha disminuido drásticamente en el primer semestre de 2024, con un total de 140,000 toneladas capturadas, está atravesando una caída del 70 % en comparación con el mismo periodo en 2023.

Ante ello, el sector demanda acciones para recuperar los empleos de los pescadores artesanales y la declaratoria en emergencia del recurso debido a su escasez.

Tras cinco días, aseguran que Petroperú aún no ha logrado contener el desastre, lo que agrava la situación de los ciudadanos afectados, quienes exigen una respuesta urgente por parte del Gobierno.

A través del portal Vigilante Amazónico, la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) denunció que el petróleo ha contaminado sus cochas (lagunas o estanques que se forman en las llanuras de la Amazonía), fuentes vitales de agua y alimentos, causando que no puedan acceder a los recursos naturales esenciales para su subsistencia.”

Ante ello, solicitan a Petroperú y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el envío inmediato de agua potable y alimentos, además de la implementación de medidas de limpieza y contención.Asimismo, las organizaciones indígenas han advertido que, si no se atienden estas demandas, tomarán medidas de control territorial.

Estado falla en remediar impactos de crudo

Por otro lado, las comunidades hacen un llamado a las autoridades para que se evalúen los daños ambientales causados por el derrame y se sancione a los responsables si se comprueba negligencia en la prevención o mitigación del desastre.

En esa línea, señalan que el Estado peruano ha fallado previamente en remediar los impactos ambientales de otros derrames en la región amazónica, como en el Lote 64, donde aún persiste la contaminación del agua y el suelo, según aseguran.

Asimismo, la organización indígena anunció que notificará a bancos internacionales para evitar que aprueben productos financieros relacionados con Petroperú. Esto, a fin de presionar financieramente a la empresa estatal para que asuma su responsabilidad en la remediación de los daños causados.

¿Qué dice OEFA?

Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, informó a este medio que viene supervisando las acciones de contención del derrame en el río Pastaza. Según la entidad, Petroperú ha instalado barreras para evitar que el crudo siga desplazándose por las aguas.

En paralelo, se sabe que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se encuentra supervisando el derrame para evaluar si Petroperú cumplió con la normativa de seguridad de hidrocarburos y su plan de contingencias. De encontrarse irregularidades, se aplicarán sanciones.

Petroperú registra más de 100 derrames

Si bien este oleoducto ha estado en pausa desde febrero de 2020, este desastre forma parte de una preocupante serie de hechos relacionados con la industria petrolera.

Según el estudio “Las sombras de los hidrocarburos”, entre 2021 y 2023 se reportaron 460 emergencias por derrames en el país, con el 73% de ellas atribuidas a la corrosión de ductos y fallas operativas.

Los lotes más impactados son el 192 (1AB), con 327 derrames, y el Lote 8, con 277. El Oleoducto Norperuano también ha sido responsable de 139 derrames. Las empresas con más incidentes son Pluspetrol, con 394 derrames; Petroperú, con 191; y Frontera Energy, con 113.

Este estudio, basado en datos del OEFA y Osinergmin, es parte de una serie de investigaciones sobre la problemática de los derrames en Perú, con serios impactos en los territorios de las comunidades indígenas ubicadas en la frontera con Ecuador.

A través de un despacho de Canal N, el general PNP Milton Santos, jefe de la Dirección de la Policía Fiscal, informó que durante la intervención se detuvo a una persona que estaba imprimiendo aproximadamente S/ 8 millones en billetes de cien soles falsos, destinados al distrito de Desaguadero, en el departamento de Puno, donde, aseguran, hay una alta demanda de esta moneda.

Caída de moneda boliviana sería la razón

Las autoridades encontraron en un local ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres 24 planchas utilizadas para la falsificación, que formaban parte de un total de 20 lotes que se pretendían enviar a la frontera.

Según los efectivos, la situación económica en Bolivia está llevando a muchos ciudadanos a buscar refugio en el sol, una moneda más estable, debido a la escasez de dólares.

En la actualidad, el tipo de cambio oficial en Bolivia es de aproximadamente 1,8 bolivianos por sol, mientras que en el mercado informal la cotización supera los 3 bolivianos por sol.

¿Qué está pasando en Bolivia?

De acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), la caída de la moneda boliviana, que ha perdido alrededor del 40% de su valor en los últimos 18 meses, sería una señal clara de la grave crisis económica que enfrenta el país vecino.

Esto se debería a la aplicación de políticas económicas inadecuadas, incluyendo un tipo de cambio fijo y subsidios a los combustibles, que han socavado las reservas internacionales, ahora en su nivel más bajo en más de 30 años.

En esa línea, se detalla que la dependencia de los hidrocarburos ha sido un factor clave en el crecimiento económico de Bolivia desde 2006, pero la caída de los precios y la falta de inversión en nuevos proyectos habrían llevado a un déficit fiscal significativo. Además, desde 2014, la economía está en declive, pasando de un superávit a un déficit del 6,8% del PIB (Producto Bruto Interno).

En tanto, ¿cuál es el panorama político?

Evo Morales, el expresidente de Bolivia, enfrenta una nueva investigación por trata de personas, relacionada con una denuncia de abuso de una menor de 15 años que se remonta a su mandato, entre 2006 y 2019.

A pesar de que Morales califica la denuncia como “otra mentira”, la fiscalía ha reabierto el caso, centrando su atención en su conducta y en la de los padres de la menor. Este escándalo ocurre en un contexto de rivalidad política entre Morales y el actual presidente Luis Arce, mientras Morales intenta posicionarse para las elecciones de 2025.

En ese marco, aunque el Tribunal Constitucional le ha prohibido postularse nuevamente, el exmandatario ha liderado movilizaciones y acusado al gobierno de Arce de manipulación judicial.

Cabe señalar que esta denuncia no es nueva, pues fue archivada por falta de pruebas en 2020. Recientemente, se reabrió la investigación tras la acusación de que los padres de una adolescente de 15 años habrían consentido una relación con Morales a cambio de beneficios.

Este miércoles 9 de octubre, el Congreso de la República discutirá una iniciativa legislativa que podría reducir la protección de los derechos humanos en el país, particularmente en relación con los pueblos indígenas.

Se trata del proyecto de ley N° 6290/2023-CR, el cual plantea que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solo sean vinculantes para Perú en casos donde el país haya sido parte.

Actualmente, las decisiones de la Corte IDH se aplican en el territorio nacional incluso cuando el Estado no ha estado involucrado en los casos, gracias a la Ley 31307. Sin embargo, la nueva iniciativa, impulsada por la Comisión de Constitución presidida por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), busca cambiar esta disposición.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, conversó con Infobae Perú y advirtió sobre los riesgos de esta iniciativa, resaltando que la Corte IDH garantiza los mejores estándares de protección de los derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas.

“Lo más protector y garante de los derechos de los pueblos indígenas está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana” afirmó, recordando que la Corte reconoce, por ejemplo, el derecho a la restitución de tierras despojadas.

Asimismo, el abogado citó el artículo 8 del Título Preliminar de la Ley 31307, que resalta que las normas deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales.

En su opinión, esto es esencial para proteger los derechos de los pueblos originarios, quienes, según la jurisprudencia, tienen derechos sobre sus tierras incluso en casos donde han sido desplazados.

Pueblos indígenas hacen llamado al Poder Judicial

Por su lado, desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades de la Amazonía peruana, también expresaron su preocupación a este medio.

Rocío Trujillo, abogada de Aidesep, enfatizó que esta norma va en contra de los instrumentos y obligaciones internacionales que el Estado peruano está obligado a cumplir, afirmando que “es una norma más que el Congreso quiere implementar en contra de los derechos de los pueblos indígenas“.

En ese marco, sobre posibles acciones legales si el proyecto se aprueba, la abogada mencionó que solicitarán el apoyo de los colegios profesionales, a fin de que estos presenten una demanda de inconstitucionalidad, que es el mecanismo para contrarrestar leyes que violan derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

Envían carta urgente al Congreso

Adicionalmente, este lunes, Aidesep envió una carta al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, advirtiendo que ignorar las sentencias de la Corte IDH podría dejar a los pueblos indígenas vulnerables frente a la explotación ilegal de sus territorios, la violación de sus derechos ancestrales y la falta de acceso a la justicia.

Esto, en un contexto de preocupación por el avance de economías ilegales, como la minería y tala ilegal, y el narcotráfico, que afectan gravemente la Amazonía peruana.

Además, hicieron hincapié en que el proyecto de ley representa un retroceso en los derechos colectivos indígenas, debilitando la protección brindada por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que podría aumentar la impunidad y los abusos.

Este documento fue remitido, a su vez, a la congresista Ruth Luque Ibarra, miembro de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y a Fernando Rospigliosi, impulsor de la polémica iniciativa y presidente de la Comisión de Constitución.

A partir del 10 de noviembre de 2024, la Unión Europea implementará un nuevo sistema que transformará la forma en que se gestionan las entradas y salidas en el espacio Schengen.

Este sistema, conocido como el Sistema de Entrada y Salida (SES), eliminará la necesidad de sellos en los pasaportes, introduciendo un proceso completamente digital que promete hacer que viajar a Europa sea más ágil y eficiente.

Estos sellos, aunque eran parte de la experiencia de viajar, a menudo generaban retrasos y complicaciones en los puntos de control. Con el nuevo sistema, toda la información de los viajeros será registrada digitalmente, lo que permitirá un manejo más rápido y eficaz de las entradas y salidas.

¿Cuál será el impacto del nuevo sistema SES?

La Comisión Europea ha señalado que este cambio busca modernizar el control fronterizo y mejorar la seguridad. El sistema antiguo no solo consumía mucho tiempo, sino que también presentaba dificultades para rastrear a los viajeros que excedían el tiempo permitido de estancia.

Con el SES, se recopilarán datos biométricos, como imágenes faciales y huellas dactilares, además de información personal básica como el nombre, la fecha de nacimiento y los detalles del documento de viaje.

Los viajeros no europeos, que deseen ingresar al espacio Schengen, se verán más afectados por este nuevo sistema. Este se aplicará principalmente a aquellos que planean estancias cortas, definidas como un máximo de 90 días dentro de un periodo de 180 días.

De esta manera, el SES no solo agilizará el proceso de entrada, sino que también facilitará un control más riguroso de las estancias, ayudando a las autoridades a identificar a quienes puedan estar sobrepasando el tiempo permitido.

Pondrán en marcha quioscos digitales para la recolección de datos

La recolección de datos se realizará a través de quioscos digitales en los aeropuertos y puntos de entrada. Los viajeros deberán escanear su pasaporte y proporcionar su información biométrica, que luego será verificada por un oficial de fronteras.

Este procedimiento eliminará la necesidad de los sellos físicos, ya que la información será almacenada digitalmente y estará disponible para su consulta inmediata.

Un aspecto clave del SES es que aquellos que ya requieren un visado para ingresar a Europa no tendrán que proporcionar nuevamente sus huellas dactilares, ya que este requisito se cumple al solicitar el visado. Este enfoque simplificará aún más la experiencia de los viajeros y reducirá el tiempo de espera en los controles fronterizos.

¿Cómo el SES transformará la gestión de visitantes en Schengen?

La implementación del SES permitirá un mejor control de las estancias en el espacio Schengen. Antes, era fácil evadir el control usando un nuevo pasaporte, lo que complicaba el trabajo de las autoridades. Con el nuevo sistema, al registrar la fecha y el lugar de entrada, será más sencillo monitorear a quienes superan los 90 días permitidos.

La información recopilada se almacenará durante tres años, proporcionando a las autoridades una base de datos sólida para gestionar la movilidad de los visitantes. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también responde a la necesidad de un control más preciso de los flujos migratorios.

Además, en 2025 se espera el lanzamiento del ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), similar al ESTA de Estados Unidos. Este permitirá que los viajeros de países exentos de visado obtengan una autorización antes de llegar a Europa. El ETIAS costará 7 euros (alrededor de 30 soles) y será válido por tres años o hasta que expire el pasaporte.

Los países que forman parte del espacio Schengen son:

• Alemania
• Austria
• Bélgica
• República Checa
• Dinamarca
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Grecia
• Hungría
• Islandia
• Italia
• Letonia
• Lituania
• Luxemburgo
• Malta
• Países Bajos
• Polonia
• Portugal
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Suecia
• Suiza
• Noruega
• Liechtenstein

Además, hay algunos países que tienen acuerdos especiales y permiten la libre circulación, pero no son miembros de la UE, como Mónaco, San Marino y el Vaticano.

Estados Unidos se ha consolidado como el mayor donante humanitario en América Latina, financiando el 90% de los esfuerzos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en países como Perú, con una inversión de 55 millones de dólares solo en 2023.

Así lo confirmó Marta Costanzo Youth, subsecretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EE.UU, con quien Infobae Perú conversó en exclusiva durante su reciente visita a Lima.

En ese marco, la diplomática, cuya función se centra en soluciones humanitarias para aquellos ciudadanos que se ven obligados a huir de sus países debido a factores como la violencia, la corrupción y el cambio climático, señala que uno de los grupos que más le preocupa hoy en día son los desplazados forzados.

Un grupo que alcanza una cifra mundial de 117 millones, con 21 millones de ellos ubicados en el continente latinoamericano. Según Youth, estos desplazamientos no son voluntarios; las personas no tienen otra opción más que movilizarse en busca de seguridad y dignidad.

Además, la funcionaria resalta que las causas detrás de estos movimientos son múltiples: desde la violencia y la persecución política hasta los efectos de la crisis climática.

La organización de base migrante: ¿por qué es importante?

Sin embargo, el cambio en las dinámicas migratorias no solo es visible en las zonas urbanas, sino también en la relación entre las comunidades de acogida y los migrantes.

En ese contexto, la diplomática subraya la organización de base entre ciudadanos peruanos y venezolanos en regiones fronterizas como Tumbes. En este y otros territorios, los migrantes y locales han encontrado formas de integrarse, a menudo compartiendo experiencias de vida y superación personal.

Un ejemplo que compartió fue el de un grupo de mujeres, tanto peruanas como venezolanas, que sobrevivieron a situaciones de violencia de género y encontraron en la repostería un medio para independizarse económicamente, generar ingresos y apoyar a sus familias, formando una comunidad de resistencia mutua.

En esa línea, al referirse a los migrantes, Youth menciona la importancia de visibilizarlos y evitar que se vean obligados a vivir en las sombras. Citó el caso de Colombia, que en los primeros años de la crisis migratoria venezolana implementó un sistema de protección temporal para regularizar a los migrantes y brindarles estabilidad.

“Cada persona desplazada ya ha pasado por un trauma enorme al salir de su lugar de origen”, afirma, recalcando que, por esta y otras razones, las soluciones humanitarias deben centrarse en garantizar un futuro digno para ellos y sus familias.

El impacto del clima en la migración

Finalmente, la diplomática habló acerca del impacto del cambio climático en la migración interna, un aspecto crucial en regiones como la Amazonía peruana, donde todavía muchas familias rurales se ven forzadas a abandonar sus tierras y trasladarse a las ciudades.

Esta situación refleja un fenómeno global donde el cambio climático está impactando la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola, y, al mismo tiempo, impulsando a las personas a moverse hacia centros urbanos, generando nuevos desafíos para los gobiernos locales.

En ese sentido, Youth destaca la importancia de que las ciudades se preparen para acoger a estos migrantes de manera segura, evitando que se instalen en zonas vulnerables a desastres naturales o inseguras.