El derrame de petróleo en Cuninico, Loreto, ocurrido en junio de 2014, continúa teniendo repercusiones graves en el pueblo indígena Kukama Kukamiria.

Esto como resultado de los más de 2.300 barriles de crudo que se vertieron en la quebrada de Cuninico debido a una falla en el Oleoducto Norperuano operado por Petroperú, causando fuertes impactos en la salud de las comunidades, así como daños medioambientales en su territorio.

Pues, el vertido de hidrocarburos contaminó el agua utilizada para consumo humano y perjudicó la pesca, una actividad esencial para la supervivencia y economía del pueblo indígena afectado.

Comunidades exigen atención médica urgente

Según análisis de sangre del Instituto Nacional de Salud entre 2021 y 2022, los niveles de metales pesados en el organismo de los miembros de las comunidades de Cuninico y otras cercanas estaban por encima de lo normal.

Los estudios realizados a 598 personas en 2021 y 280 en 2022 revelaron niveles elevados de metales como plomo, cadmio, mercurio y arsénico en sus organismos.

Además, un reportaje realizado por La Encerrona y Pueblo Films, con el apoyo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) revela que aún se pueden encontrar restos de petróleo en Cuninico.

Sin embargo, pese a una orden judicial de 2018 que exigía al Estado proveer atención médica y monitorear la salud de la población, esto no se ha cumplido.

En esa línea, siguiendo los hechos expuestos en el informe periodístico, casos de enfermedades diarreicas, dermatitis, conjuntivitis y alergias han aumentado en las comunidades indígenas.

Carlos Sánchez, odontólogo en Cuninico, señala que las alergias, dolores de cabeza y problemas digestivos son constantes. Asimismo, la comunidad ha expresado preocupación por posibles impactos en la salud reproductiva, pero no existen registros oficiales verificables a nivel comunal, y el Ministerio de Salud solo maneja información agregada a nivel distrital.

¿Qué ha hecho el Estado hasta ahora?

La Corte Superior de Justicia de Loreto ordenó al Estado en 2018 implementar una estrategia de salud pública en Cuninico, que debería contar con 11 profesionales de salud. Pero, solo hay dos enfermeras, un odontólogo y un motorista en la zona.

Por otro lado, aunque Petroperú tiene un plan de contingencia, la remediación completa sigue pendiente. Pues, el Oleoducto Norperuano ha registrado 91 derrames de 2013 a 2023, según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Además, OEFA encontró infracciones en 47 procesos de fiscalización, resultando en multas por más de 28 mil UIT, de las cuales Petroperú solo ha pagado 22 y parcialmente 6.

Acerca de este punto en particular, Wendy Ancieta, representante legal de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, indica que aún no se ha actualizado el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental requerido por OEFA en 2016.

Por tal razón, el costo y complejidad de la remediación sobre el caso de Cuninico, entre otros, aún plantean grandes retos para el Estado.

La crisis climática y los fenómenos meteorológicos extremos, además de ser una amenaza creciente para la población global, están causando un impacto desigual en diversos sectores, entre los cuales resaltan las mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.

Bajo esa premisa, estudios recientes —destacados por la comunicadora feminista Angela Meza—señalan que las desigualdades preexistentes y la brecha de género se están agudizando por el cambio climático.

Entre las repercusiones más graves se encuentran, por ejemplo, las barreras al acceso educativo de niñas, con estimaciones que indican que los cambios a largo plazo de las temperaturas podrían interrumpir la escolarización de aproximadamente 12 millones de ellas al año, según un informe de Plan Internacional —ONG que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas—.

Además, las mujeres y disidencias enfrentan una mayor vulnerabilidad al desempleo tras desastres naturales, como evidencia un análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acerca del tsunami en Chile que ocurrió en 2010, donde el 60% de los empleos perdidos eran ocupados por mujeres.

También, los servicios de salud sexual y reproductiva entran en riesgo durante emergencias climáticas, tal como lo demostró la pandemia del Covid-19, desviando recursos esenciales y limitando el acceso a anticonceptivos y cuidados necesarios para mujeres y niñas desplazadas.

Asimismo, el trabajo de cuidados, mayoritariamente desempeñado por mujeres y no remunerado, aumenta significativamente como resultado de los desastres climáticos, sumando presión a las responsabilidades que ya enfrentan.

En esa línea, la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones es crucial para desarrollar políticas climáticas que atiendan estas disparidades.

No obstante, datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) —responsable de promover el desarrollo económico y social de la región— revelan que solo cerca del 30% de estos roles están ocupados por mujeres, lo que sugiere una brecha considerable en la representación y el poder de incidencia sobre las medidas adoptadas frente al cambio climático.

¿Por qué es importante cuestionar el modelo?

De acuerdo a especialistas en el tema, todas estas realidades ponen de manifiesto no solo un retroceso en materia de igualdad de género sino también contribuyen a perpetuar ciclos de pobreza y violencia.

Por ello, resaltan la importancia de integrar perspectivas de género en la lucha contra la crisis climática, priorizando la protección y el empoderamiento de las poblaciones más afectadas para construir sociedades más resilientes y equitativas.

En ese contexto, de acuerdo a Valeska Ruiz Peña, representante del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), dentro de los grupos sociales con mayor vulnerabilidad, pero también mayor capacidad de resiliencia frente a la crisis climática, están las mujeres de los pueblos indígenas.

Ruiz explica que el impacto de la crisis climática profundiza las brechas de género existentes, haciendo particularmente visible la discriminación que enfrentan las mujeres dentro de las comunidades indígenas.

Por ejemplo, en la Amazonía norte, hoy en día, la degradación ambiental está limitando aún más el acceso a la educación para niñas y adolescentes mujeres, aumentando la vulnerabilidad de estos grupos.

“Esta desigualdad de género es mucho más evidente cuando hacemos un análisis de la diversidad de mujeres según sus características étnicas, identitarias, económicas, entre otros; es decir, cuando hacemos un análisis interseccional”, agrega la especialista de la SPDA.

Además, la importancia de las mujeres indígenas en la seguridad alimentaria se está viendo comprometida por las condiciones climáticas adversas. Pues, los cambios en el clima y las temperaturas extremas las está obligando a recorrer distancias mayores para acceder a recursos vitales, incrementando su esfuerzo y riesgo.

Esta situación se evidencia con mayor claridad en el departamento de Loreto, donde la predictibilidad del clima, esencial para las prácticas agrícolas y culturales indígenas, ha disminuido notablemente.

“En Loreto, estamos viviendo una imposibilidad de determinar las estaciones. Antes podías saber cuando podías hacer chacra, tener determinados tipos de animales y actividades que se basan en sus roles culturales y de género. Ahora, con la crisis climática, el clima ya no es tan predecible como antes, entonces, hay una pérdida en el ejercicio de sus conocimientos con el manejo de las semillas, la tierra, las plantas, pero también para que puedan acceder a seguridad hídrica tienen que desplazarse en distancias mayores”, señala Ruiz.

En esa línea, Ruiz recalca que es importante tener en cuenta que la economía política del status quo no solo ha fallado en asegurar la equidad entre géneros y grupos sociales, sino que también ha intensificado la vulnerabilidad ante desastres naturales y el acceso limitado a derechos fundamentales.

“El modelo económico, después de la industrialización, es el que nos ha llevado a la crisis climática en la que nos encontramos ahora. Todavía hay mucho desconocimiento, pocas ganas de querer afrontar una responsabilidad política y económica, y resistencia a querer aceptarlo, porque implicaría cuestionar este modelo económico que no ha resultado para el bienestar de la mayoría de la ciudadanía, mujeres, hombres y diversidades en todo el territorio mundial. En todo caso, lo que ha hecho es aumentar las brechas para el acceso a los derechos fundamentales entre los grupos poblaciones históricamente excluidos”, comenta Ruiz.

Asimismo, la representante de la SPDA considera que es evidente que las implicaciones de la crisis climática tienen un impacto desproporcionado en las mujeres y grupos marginalizados, quienes enfrentan más barreras en cuanto al acceso a la educación, trabajo, etc.

“Las catástrofes climáticas provocan más pobreza, incrementan las brechas en los sujetos históricamente excluidos, donde están las mujeres racializadas, sin acceso a educación, rurales, de los pueblos indígenas”, argumenta.

Crisis climática genera pérdidas y más machismo

Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap) conversó con Infobae Perú sobre la crisis climática y los impactos negativos del desarrollo económico basado en extractivismo y capitalismo, que, asegura, cobran un precio especialmente alto en las comunidades indígenas y rurales.

Pues, como explicaba Ruiz antes, las mujeres desempeñan roles cruciales en la soberanía alimentaria y la preservación de saberes ancestrales.

De acuerdo a Marcelo, actualmente, las comunidades nativas andinas y amazónicas enfrentan severos desafíos como la disminución de fuentes de agua limpias, la pérdida de biodiversidad, y cambios negativos en las prácticas alimenticias por al aumento del consumismo.

“Sin embargo, solas no se puede luchar. Estamos frente a un modelo económico que arrasa con todo”, agrega.

Dentro de las comunidades indígenas las mujeres son quienes cargan con la mayor parte de la responsabilidad en cuanto a la alimentación, el cuidado de la salud, la educación de los niños, y la defensa de recursos naturales esenciales como el agua.

Sin embargo, Marcelo advierte que la explotación intensiva de recursos naturales y los efectos adversos del cambio climático están poniendo en cada vez más riesgo sus modo de vida, llevando a una doble, o incluso triple, carga de trabajo cuando los recursos se ven amenazados o degradados.

Aun así, hoy, Onamiap es un ejemplo de cómo las mujeres indígenas están al frente de la lucha contra la crisis climática y la defensa del agua, aunque subrayan la falta de oportunidades para una participación más amplia en espacios decisivos.

Pues, la participación femenina en la toma de decisiones a nivel comunitario y en organizaciones indígenas que tratan sobre el territorio y el medio ambiente es limitada, lo que dificulta la inclusión de sus perspectivas y conocimientos en las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático.

“La participación de las mujeres es todo un reto, desde las comunidades [nativas] ha sido la lucha fuerte para que ellas puedan estar, por ejemplo, en la Junta Directiva Comunal, que es un espacio de toma de decisiones sobre el territorio. Ahí es donde empieza el liderazgo para justamente elevar nuestras voces propiamente de las mujeres. Sin embargo, muchas veces, al no haber oportunidad de participación dentro de las organizaciones tampoco se pueden escuchar todas las voces. Eso también es una gran preocupación. Por eso, es un doble reto que que las hermanas lleguen a participar en una organización [indígena] mixta”, menciona Marcelo.

De otro lado, la presidenta de Onamiap recalca que los Gobiernos locales, distritales y provinciales y las políticas de desarrollo raramente toman en cuenta los impactos de estas crisis sobre las mujeres indígenas.

Por ello, Marcelo resalta, es esencial fortalecer las capacidades de las mujeres a través de la formación y el apoyo a organizaciones indígenas que promueven su participación en la gestión del territorio y la adaptación a la crisis climática.

Esto también plantea un llamado a repensar el modelo de desarrollo actual, como mencionó antes la lideresa de Onamiap, buscando alternativas más sostenibles y equitativas que no solo se centren en la economía sino también en el bienestar de comunidades indígenas y la protección del ambiente.

Efectos silenciosos vinculados a economías ilegales

Para este informe, Tabea Casique, lideresa indígena del pueblo Ashéninka de la provincia de Atalaya, Ucayali, también brindó declaraciones acerca de este tema.

Al igual que la presidenta de Onamiap, la lideresa ashéninka comentó que la participación de las mujeres indígenas en la gestión ambiental y económica de sus territorios se enfrenta a varias limitaciones, incluso en los mismos espacios autogestionados por las organizaciones indígenas.

Entre ellas la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), donde Casique es integrante del Consejo Directivo. La lideresa señala que, pese a su papel vital en la protección de los ecosistemas y en la economía local, la representación femenina sigue siendo escasa.

De acuerdo a Casique, hoy, las comunidades que forman parte de Aidesep, compuestas por nueve bases amazónicas, 109 federaciones y 2.439 comunidades, enfrentan el desafío de tener una representación adecuada en los espacios de diálogo con el Ministerio del Ambiente (Minam) y otras entidades, lo que quiere decir que las voces femeninas no alcanzan la relevancia que merecen.

Por tal razón, frente a las consecuencias de la crisis climática, la lideresa indígena resalta la necesidad de la participación activa de las mujeres indígenas en la búsqueda de soluciones con una perspectiva de género.

Bajo esa idea, Casique precisa que Aidesep está trabajando para impulsar la economía indígena a través de emprendimientos gestionados por mujeres, en un intento de fortalecer su autonomía económica y contribuir a la conservación de los bosques.

Asimismo, teniendo en cuenta el papel de las mujeres en la sostenibilidad de sus comunidades, se está buscando fortalecer la conservación de semillas hasta el manejo de plantas medicinales, actividades fundamentales para el mantenimiento de sus modos de vida tradicionales.

Pues, ante la falta de recursos y oportunidades en sus territorios, la migración forzada de jóvenes se ha vuelto cada vez más común, exponiéndolos a riesgos como la trata de personas —economía ilegal vinculada a la minería ilegal—, especialmente en las regiones de Madre de Dios, Ucayali y Amazonas, otra problemática que requiere la implementación de políticas públicas efectivas.

Frente a ello, Aidesep está buscando maneras de financiar proyectos que aborden estas realidades.

En esa línea, se suman a la vez otros desafíos, como la variabilidad climática, que ha comprometido seriamente la agricultura, provocando escasez en los períodos de cosecha. Esta situación intensifica las dificultades para sustentar la vida en sus territorios.

“Ya no crecen sus productos, hay mucha sequía en tiempo de verano en cualquier momento, no cosechan los productos como antes, cosechan y no produce nada. Ese es un tema que no hay desde la política pública, no hay prevención”, señala la lideresa ashéninka.

En ese contexto, dentro de las comunidades indígenas, las mujeres emergen como pilares fundamentales en la preservación y protección de sus territorios y recursos naturales ante el avance de la crisis climática.

En ese sentido, para atender la emergencia climática, están creando iniciativas para fomentar una economía indígena autónoma que les permita generar sus propios ingresos.

Asimismo, están articulándose para capacitar a las mujeres en tecnologías como drones y GPS para otorgarles poder su rol en la gestión territorial. De esta forma, se espera avanzar hacia la inclusión de las mujeres en actividades de monitoreo, garantizando una equidad de género y la eficacia en la preservación de la naturaleza.

“Las comunidades no pueden mandar a los hijos a las escuelas, porque sus comunidades están inundadas y ahí se evidencia cómo afecta el cambio climático a los niños y mujeres que habitan en las comunidades amazónicas (...) estamos considerando la capacitación de las mujeres en relación al cuidado y protección, enseñarles manejo de dron, GPS, porque son actividades que son vistas para los varones, pero las mujeres también puede apoyar en eso”, acotó Casique al cierre de la entrevista.

Jorge Milla, miembro de la Comisión, explicó que los paros y la ausencia de los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) son los principales motivos del retraso.

Milla contó en Radio Exitosa que el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estuvo ocupado acompañando al titular de la cartera, José Arista, al Congreso, lo que impidió que se realizaran las sesiones. “Llevamos cuatro semanas sin sesionar: dos por el paro y otras dos porque el equipo del MEF estaba con el ministro en el Congreso. Eso ha generado retrasos”, explicó Milla

Lista 3 considerará a dos grupos: ¿cuáles son?

Para solucionar los problemas con los pagos a los fonavistas, se va a aprobar un nuevo plan para los próximos grupos. Jorge Milla explicó que la próxima semana se crearán reglas claras para que la Secretaría Técnica no tenga excusas para seguir retrasando los pagos.

Esta acción busca evitar que se repitan problemas similares en el futuro, aunque muchos fonavistas no confían en que estas promesas se cumplan. En la lista 3 habrá dos grupos: el Grupo 21, que incluye a personas que aún no han cobrado nada, y el Reintegro 3, que está dirigido a quienes fueron parte de los 19 grupos anteriores.

También se incluirá a los herederos porque se ha notado que hay un desfase en los cobros. Milla mencionó que mientras los fonavistas vivos han podido cobrar desde los 80 años en adelante, los herederos solo han cobrado a partir de los 93 años, y eso debe ser corregido.

Por último, explicó que los fonavistas pueden chequear si están listos para cobrar. Si entran a su registro y ven la letra “E”, significa que ya pueden recibir tu pago. Esta verificación es muy importante para que los beneficiarios sepan en qué situación están, sobre todo en estos tiempos de espera e incertidumbre.

¿Cómo ver el estado de mi registro?

Si eres fonavista y quieres saber si tienes un pago pendiente, ya sea de las listas 1 a 20 o de los Reintegros 1 o 2, sigue estos pasos:

• Ingresa a la página oficial de la Secretaría Técnica usando este enlace: Consulta Fonavi.
• Elige tu tipo de documento y escribe tu número de documento.
• Escribe el código CAPTCHA que aparece en la pantalla.
• Haz clic en “Consultar” para ver si tienes un pago pendiente.

Esta opción está disponible desde febrero de 2024 y se ha actualizado para los diferentes grupos de pago y Reintegros. Si quieres saber si perteneces al grupo de Reintegro 2, puedes revisar en este otro enlace: Consulta Reintegro 2.

Pagos activos del Fonavi: lo que necesitas saber

Recientemente, se aprobó el último pago del Fonavi, llamado Reintegro 2, que comenzó a entregarse en agosto en el Banco de la Nación. Este pago es para los fonavistas de las listas 1 a 19 que ya habían recibido dinero antes y ahora seguirán recibiendo sus pagos.

Sin embargo, aún hay miles de afiliados que pueden cobrar sus aportes, especialmente aquellos que están en la lista 20 y en el Reintegro 1. Aquí la lista de quiénes pueden recibir pagos en el Banco de la Nación:

• Grupos de Listas 1 a 19: Los fonavistas que no fueron a cobrar su primera devolución, que ya fue aprobada, todavía pueden hacerlo en el Banco de la Nación.
• Grupo de Lista 20: En diciembre de 2023, se estableció un cronograma con el DNI para que los fonavistas de la lista 20 puedan cobrar. Aquellos que no pudieron cobrar en la fecha programada ahora pueden ir al Banco de la Nación a recibir su dinero.
• Grupo de Reintegro 1: Este grupo incluye a fonavistas de las listas 1 a 19 que han recibido un nuevo pago y que tienen 80 años o más.
• Grupo de Reintegro 2: Este pago es para fonavistas vivos de entre 75 y 79 años, así como para los herederos de fonavistas que hayan fallecido y que tengan 93 años o más.

Se espera que el Reintegro 3 siga un proceso similar y se dirija a fonavistas de 70 a 74 años. Además, los familiares de los fonavistas que fallecieron podrán cobrar los aportes de quienes tenían entre 80 y 92 años al momento de su fallecimiento.

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, se encuentra actualmente cumpliendo 11 días en el penal de Lurigancho, donde estaría experimentando un notable cambio en su comportamiento.

Inicialmente, el presentador de televisión se mostraba como una persona asustada y temerosa de ser trasladado al centro penitenciario, solicitando un trato especial que no es concedido a otros reos.

Sin embargo, en los últimos días, ha emergido un nuevo Andrés Hurtado, caracterizado por una actitud déspota y prepotente.

“¿Qué le pasa a estos pobres?”

De acuerdo al dominical Panorama, al principio de su reclusión, Hurtado se mostraba inquieto y temeroso. Su constante solicitud de un trato especial al INPE reflejaba su deseo de ser tratado de forma diferente, un privilegio que no se concede a ningún otro reo.

Pero esta semana, la imagen del ‘Chibolín’ vulnerable habría quedado atrás; el INPE ahora se enfrentaría a un Andrés Hurtado déspota, amargado y prepotente.

Según el dominical, el cambio en su comportamiento se hizo evidente el último jueves, cuando, desde su celda, pidió ir a la clínica penitenciaria. Este establecimiento, situado a solo dos cuadras de su pabellón, ofrece atención médica las 24 horas y se encuentra al lado del pabellón 17, donde están recluidos internos con tuberculosis.

Al ser escoltado hacia la clínica, los internos habrían aprovechado la ocasión para saludarlo y hacer burlas: “Hola, Chibolín, ¿cómo estás, Chibolín?”. Las risas y los comentarios despectivos resonaron en los pasillos mientras él caminaba. Ante ello, la respuesta del presentador fue: “¿Qué le pasa a estos pobres?”, según cuentan las fuentes del dominical.

Además, su relación con las reglas del penal estaría siendo problemática. Pues, todos los internos deben llenar una solicitud para recibir visitas, en la cual pueden incluir hasta 10 nombres.

Sin embargo, Hurtado solo anotó recientemente el nombre de Damaris Moreno Sánchez, una ciudadana venezolana y asistente personal. A pesar de contar con nueve espacios adicionales para más nombres, él optó por no utilizarlos, alegando que “no me quedaré mucho tiempo aquí”.

¿Por qué fue detenido Andrés Hurtado?

Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, fue detenido preliminarmente el 19 de septiembre de 2024 por agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y el grupo de inteligencia Orión de la Dirandro.

La captura se llevó a cabo en una clínica en San Borja en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias y lavado de activos.

La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos presentó indicios de que Hurtado, junto a Luz Elizabeth Peralta Santur, estaría involucrado en tres hechos delictivos: la devolución de oro a la empresa Miu Lei, una denuncia contra Jimmy Pflücker Pinillos, accionista de la planta Paltarumi S.A.C., y el pago de 100 mil dólares para frenar la investigación contra Quantico Servicios Integrados S.A.C.

Además, Hurtado es investigado por presuntamente haber vendido vehículos de lujo a precios sospechosamente bajos. Pues, compró dos autos Lada Priora por 29 mil dólares y los revendió a S/500 cada uno, cuyos nuevos compradores, citados por la Fiscalía, revendieron los autos a precios mucho más altos.

Esta medida se aplica a la admisión de marzo de 2025 y permite que los alumnos realicen el trámite necesario para solicitar una reprogramación. Sin embargo, deberán presentar su solicitud ante la Oficina Central de Admisión (OCA), no directamente.

Ruffner también indicó que, en la jornada de admisión de la semana pasada, un promedio de 130 a 140 alumnos llegaron tarde y, gracias a esta decisión, podrán ser incorporados en la próxima evaluación. Con ello, se busca garantizar que los estudiantes no se vean perjudicados por retrasos y tengan la oportunidad de continuar con su proceso de admisión en la universidad más antigua de América.

Más de 28.000 postulantes compitieron en el último examen

El día de hoy, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) culminó su proceso de admisión 2025-I. Esta última convocatoria reunió a un total de 28.665 postulantes, quienes compitieron por obtener una vacante en una de las universidades más prestigiosas de Perú, conocida como la Decana de América.

Entre las carreras más solicitadas, Medicina Humana destacó una vez más como la especialidad más demandada. De los 5.065 postulantes que aplicaron a esta carrera, solo 55 lograron asegurar una vacante, lo que refleja la alta competitividad y la excelencia académica que exige la UNMSM. La proporción de ingreso en Medicina es de 100 a 1, lo que convierte a este programa en uno de los más difíciles de alcanzar en la universidad.

La rectora Jeri Ramón Ruffner, quien estuvo presente en la jornada de admisión, hizo un llamado al Gobierno para solicitar un aumento en el presupuesto, lo que permitiría ampliar la cantidad de vacantes en carreras de alta demanda. Ramón explicó que las limitaciones presupuestarias impiden a la universidad ofrecer más plazas y mejorar su infraestructura educativa, un tema que no solo afecta a Medicina, sino a muchas otras facultades.

¿Cuál es la mejor universidad del Perú?

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) lidera el ranking nacional de universidades según QS Quacquarelli Symonds, destacando por su sólida reputación.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. El ranking incluye también a otras instituciones como la Universidad del Pacífico y la Universidad de Lima.

A nivel regional, la Universidad de São Paulo (USP) de Brasil es la mejor de América Latina, seguida por la PUCP de Chile y la Universidade Estadual de Campinas.

¿Cuáles son las carreras que ofrece San Marcos?

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ofrece un total de 73 carreras profesionales. Estas incluyen:

Administración

• Administración de Negocios Internacionales
• Administración de la Gastronomía
• Administración de Turismo
• Administración Marítima y Portuaria

Ciencias Sociales y Humanidades

• Antropología
• Arqueología
• Filosofía
• Historia
• Lingüística
• Sociología

Ciencias de la Salud

• Medicina Humana
• Medicina Veterinaria
• Enfermería
• Nutrición
• Obstetricia
• Farmacia y Bioquímica
• Tecnología Médica

Ingenierías

• Ingeniería Civil
• Ingeniería Industrial
• Ingeniería de Sistemas
• Ingeniería Ambiental
• Ingeniería Electrónica
• Ingeniería Química
• Ingeniería de Minas
• Ingeniería de Software
• Ingeniería de Telecomunicaciones
• Ingeniería Geológica
• Ingeniería Geográfica
• Ingeniería Mecánica de Fluidos
• Ingeniería Metalúrgica
• Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo

Ciencias Exactas y Naturales

• Ciencias Biológicas
• Física
• Química
• Matemática
• Estadística
• Genética y Biotecnología

Arte y Comunicación

• Arte
• Danza
• Comunicación Social

Economía y Administración

• Economía
• Economía Internacional
• Auditoría Empresarial del Sector Público
• Marketing

Otras Carreras

• Bibliotecología y Ciencias de la Información
• Computación Científica
• Trabajo Social
• Psicología
• Toxicología

Cabe señalar que el cronograma de inscripción se divide según la letra inicial del apellido, y se han introducido cambios en el proceso de admisión. Por ejemplo, se eliminó el requisito de un puntaje mínimo de 900 puntos, que había resultado en vacantes desiertas en el examen anterior.

Además, ya no se permite la opción de postularse a dos carreras distintas, y los estudiantes que deseen ingresar a las filiales en regiones deberán demostrar su residencia en esos departamentos.

Según el medio regional Huanca York Times, esta es la segunda vez que el fuego se reactiva, dañando 80 hectáreas de bosques. El jefe de la comunidad advirtió que, sin equipos adecuados y debido a la lejanía del lugar, el incendio podría volverse incontrolable.

Gobierno no brinda ayuda a comunidad, pese a emergencia

Este incendio se inició el 11 de septiembre y fue sofocado por los Comités de Autodefensa (CADs) de la comunidad y de áreas cercanas.

Sin embargo, en los días siguientes, las comunidades solicitaron ayuda a la Municipalidad Distrital de Río Tambo el 13, 14 y 15 de septiembre, pero esta no llegó a tiempo. Ante la falta de respuesta, el 15 de septiembre, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) movilizó a sus CADs para controlar el incendio y evaluar los daños.

Posteriormente, el 16 y 17 de septiembre, los CADs se articularon con el Comando 79 del Ejército; para entonces, el fuego ya había destruido 50 hectáreas de bosque en cinco áreas diferentes y amenazaba con expandirse hacia la comunidad de Pichiquia y la Reserva Comunal Asháninka.

CARE teme que, si no se recibe ayuda rápida, la situación se agrave aún más, comprometiendo más hectáreas del territorio indígena. Por ello, hace un llamado urgente al Ejército, al personal del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y a otras entidades para que tomen acción inmediata.

Exigen derogación inmediata de ‘Ley Antiforestal’

En el marco de esta emergencia, el 19 de septiembre, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a más de 2.400 comunidades nativas, emitió un enérgico pronunciamiento solicitando medidas urgentes a las autoridades para controlar los incendios forestales que devastan la Amazonía.

Esto es especialmente relevante en las regiones de Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, donde 47 comunidades han visto comprometida su seguridad alimentaria y el acceso a agua limpia.

Bajo ese contexto, exigen la derogación inmediata de la Ley 31973, más conocida como ‘Ley Antiforestal’, aprobada en diciembre de 2023.

Como han advertido organizaciones indígenas, especialistas en materia ambiental y miembros de la sociedad civil, esta norma reduce la participación del Ministerio del Ambiente en la planificación forestal y facilita la adquisición de tierras sin un control adecuado, lo que fomenta la tala y quema de bosques.

Por ello, la población considera que esta legislación representa un retroceso en la lucha contra la deforestación y el cambio climático, ya que promovería prácticas ilegales que atentan contra los bosques y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Derogatoria está pendiente debatirse hace meses

La derogatoria está pendiente de debate desde hace meses. No obstante, el Parlamento, a través de la Comisión Agraria, aún no discute su derogatoria. Cabe recordar que las bancadas que promovieron su aprobación fueron Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial, Unidad y Diálogo, Acción Popular y Perú Bicentenario.

El 26 de septiembre, tras varios pedidos del sector de pesca artesanal al Ministerio de la Producción, el Perú dio un paso decisivo hacia la regulación de su flota pesquera extranjera con la entrada en vigor del Decreto Supremo DS-014-2024-PRODUCE.

Como se recuerda, esta normativa introduce nuevas medidas que demuestran la necesidad de instalar equipos de monitoreo SISESAT en las embarcaciones, una herramienta vital para asegurar la transparencia y el control en las actividades pesqueras en las aguas peruanas.

Sin embargo, a pesar de estas regulaciones, el puerto del Callao continúa siendo testigo de un notable aumento en la llegada de embarcaciones poteras de bandera china; así lo confirma nuevamente la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal).

Aumentan críticas sobre efectividad de nueva norma

Desde la entrada en vigencia del DS-014-2024-PRODUCE hasta el 5 de octubre de 2024, se registró la llegada de 26 barcos poteros de bandera china al puerto del Callao.

Estos barcos fueron recibidos en diferentes fechas y horas, y, aunque la mayoría de ellos ya ha zarpado hacia aguas internacionales, existen preocupaciones desde el gremio respecto a la efectividad del control de la pesca extranjera en las aguas peruanas y el riesgo de explotación irresponsable de los recursos marinos.

Pues se ha constatado que 24 de ellos ya han zarpado sin que se haya presentado evidencia de que hayan instalado el equipo SISESAT, tal como lo requiere el nuevo decreto.

Entre las embarcaciones que ingresaron al puerto se encuentran poteros de bandera china como el JU RONG YU 11, el MING XIANG 818, el NING TAI 77 y el CHANG TAI 812.

Estos barcos arribaron entre el 26 y el 30 de septiembre de 2024, con la mayoría de ellos zarpando hacia aguas internacionales en los días siguientes. Otros nombres destacados incluyen el HONG DA 2, el OU YA 8, el SHUN ZHOU 815 y el JIN HAI 715, entre otros.

La información sobre el arribo y estado de las embarcaciones fue obtenida a través del Sistema de Recepción y Despacho Electrónico de Naves (Redenaves) de la Autoridad Nacional Portuaria, así como de las plataformas de monitoreo Vessel Finder y Sea Start, que permiten rastrear en tiempo real las posiciones de las embarcaciones.

Reiteran demanda de salida de ministro de la Producción

En ese marco, recientemente, el 4 de octubre, la Sonapescal envió una carta a la Presidencia del Consejo de Ministros, liderada por Gustavo Adrianzén, solicitando formalmente la destitución del actual ministro de la Producción, Sergio González Guerrero.

Esta petición se basa en la gestión del cuestionado titular de la cartera, a quien se le señala de haber permitido el ingreso indiscriminado de embarcaciones pesqueras extranjeras en el país, contraviniendo las disposiciones establecidas en el Decreto Supremo Nº 014-2024-PRODUCE, que tiene como objetivo prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

En ese contexto, Sonapescal resalta que la pota, cuya extracción ha disminuido drásticamente en el primer semestre de 2024, con un total de 140,000 toneladas capturadas, está atravesando una caída del 70 % en comparación con el mismo periodo en 2023.

Ante ello, el sector demanda acciones para recuperar los empleos de los pescadores artesanales y la declaratoria en emergencia del recurso debido a su escasez.

Tras cinco días, aseguran que Petroperú aún no ha logrado contener el desastre, lo que agrava la situación de los ciudadanos afectados, quienes exigen una respuesta urgente por parte del Gobierno.

A través del portal Vigilante Amazónico, la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP) denunció que el petróleo ha contaminado sus cochas (lagunas o estanques que se forman en las llanuras de la Amazonía), fuentes vitales de agua y alimentos, causando que no puedan acceder a los recursos naturales esenciales para su subsistencia.”

Ante ello, solicitan a Petroperú y a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el envío inmediato de agua potable y alimentos, además de la implementación de medidas de limpieza y contención.Asimismo, las organizaciones indígenas han advertido que, si no se atienden estas demandas, tomarán medidas de control territorial.

Estado falla en remediar impactos de crudo

Por otro lado, las comunidades hacen un llamado a las autoridades para que se evalúen los daños ambientales causados por el derrame y se sancione a los responsables si se comprueba negligencia en la prevención o mitigación del desastre.

En esa línea, señalan que el Estado peruano ha fallado previamente en remediar los impactos ambientales de otros derrames en la región amazónica, como en el Lote 64, donde aún persiste la contaminación del agua y el suelo, según aseguran.

Asimismo, la organización indígena anunció que notificará a bancos internacionales para evitar que aprueben productos financieros relacionados con Petroperú. Esto, a fin de presionar financieramente a la empresa estatal para que asuma su responsabilidad en la remediación de los daños causados.

¿Qué dice OEFA?

Por su parte, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, informó a este medio que viene supervisando las acciones de contención del derrame en el río Pastaza. Según la entidad, Petroperú ha instalado barreras para evitar que el crudo siga desplazándose por las aguas.

En paralelo, se sabe que el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) se encuentra supervisando el derrame para evaluar si Petroperú cumplió con la normativa de seguridad de hidrocarburos y su plan de contingencias. De encontrarse irregularidades, se aplicarán sanciones.

Petroperú registra más de 100 derrames

Si bien este oleoducto ha estado en pausa desde febrero de 2020, este desastre forma parte de una preocupante serie de hechos relacionados con la industria petrolera.

Según el estudio “Las sombras de los hidrocarburos”, entre 2021 y 2023 se reportaron 460 emergencias por derrames en el país, con el 73% de ellas atribuidas a la corrosión de ductos y fallas operativas.

Los lotes más impactados son el 192 (1AB), con 327 derrames, y el Lote 8, con 277. El Oleoducto Norperuano también ha sido responsable de 139 derrames. Las empresas con más incidentes son Pluspetrol, con 394 derrames; Petroperú, con 191; y Frontera Energy, con 113.

Este estudio, basado en datos del OEFA y Osinergmin, es parte de una serie de investigaciones sobre la problemática de los derrames en Perú, con serios impactos en los territorios de las comunidades indígenas ubicadas en la frontera con Ecuador.

A través de un despacho de Canal N, el general PNP Milton Santos, jefe de la Dirección de la Policía Fiscal, informó que durante la intervención se detuvo a una persona que estaba imprimiendo aproximadamente S/ 8 millones en billetes de cien soles falsos, destinados al distrito de Desaguadero, en el departamento de Puno, donde, aseguran, hay una alta demanda de esta moneda.

Caída de moneda boliviana sería la razón

Las autoridades encontraron en un local ubicado en el distrito limeño de San Martín de Porres 24 planchas utilizadas para la falsificación, que formaban parte de un total de 20 lotes que se pretendían enviar a la frontera.

Según los efectivos, la situación económica en Bolivia está llevando a muchos ciudadanos a buscar refugio en el sol, una moneda más estable, debido a la escasez de dólares.

En la actualidad, el tipo de cambio oficial en Bolivia es de aproximadamente 1,8 bolivianos por sol, mientras que en el mercado informal la cotización supera los 3 bolivianos por sol.

¿Qué está pasando en Bolivia?

De acuerdo con un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), la caída de la moneda boliviana, que ha perdido alrededor del 40% de su valor en los últimos 18 meses, sería una señal clara de la grave crisis económica que enfrenta el país vecino.

Esto se debería a la aplicación de políticas económicas inadecuadas, incluyendo un tipo de cambio fijo y subsidios a los combustibles, que han socavado las reservas internacionales, ahora en su nivel más bajo en más de 30 años.

En esa línea, se detalla que la dependencia de los hidrocarburos ha sido un factor clave en el crecimiento económico de Bolivia desde 2006, pero la caída de los precios y la falta de inversión en nuevos proyectos habrían llevado a un déficit fiscal significativo. Además, desde 2014, la economía está en declive, pasando de un superávit a un déficit del 6,8% del PIB (Producto Bruto Interno).

En tanto, ¿cuál es el panorama político?

Evo Morales, el expresidente de Bolivia, enfrenta una nueva investigación por trata de personas, relacionada con una denuncia de abuso de una menor de 15 años que se remonta a su mandato, entre 2006 y 2019.

A pesar de que Morales califica la denuncia como “otra mentira”, la fiscalía ha reabierto el caso, centrando su atención en su conducta y en la de los padres de la menor. Este escándalo ocurre en un contexto de rivalidad política entre Morales y el actual presidente Luis Arce, mientras Morales intenta posicionarse para las elecciones de 2025.

En ese marco, aunque el Tribunal Constitucional le ha prohibido postularse nuevamente, el exmandatario ha liderado movilizaciones y acusado al gobierno de Arce de manipulación judicial.

Cabe señalar que esta denuncia no es nueva, pues fue archivada por falta de pruebas en 2020. Recientemente, se reabrió la investigación tras la acusación de que los padres de una adolescente de 15 años habrían consentido una relación con Morales a cambio de beneficios.

Este miércoles 9 de octubre, el Congreso de la República discutirá una iniciativa legislativa que podría reducir la protección de los derechos humanos en el país, particularmente en relación con los pueblos indígenas.

Se trata del proyecto de ley N° 6290/2023-CR, el cual plantea que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) solo sean vinculantes para Perú en casos donde el país haya sido parte.

Actualmente, las decisiones de la Corte IDH se aplican en el territorio nacional incluso cuando el Estado no ha estado involucrado en los casos, gracias a la Ley 31307. Sin embargo, la nueva iniciativa, impulsada por la Comisión de Constitución presidida por el congresista Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), busca cambiar esta disposición.

¿Cuáles son los principales riesgos?

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado y coordinador del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal, conversó con Infobae Perú y advirtió sobre los riesgos de esta iniciativa, resaltando que la Corte IDH garantiza los mejores estándares de protección de los derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas.

“Lo más protector y garante de los derechos de los pueblos indígenas está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana” afirmó, recordando que la Corte reconoce, por ejemplo, el derecho a la restitución de tierras despojadas.

Asimismo, el abogado citó el artículo 8 del Título Preliminar de la Ley 31307, que resalta que las normas deben interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados internacionales.

En su opinión, esto es esencial para proteger los derechos de los pueblos originarios, quienes, según la jurisprudencia, tienen derechos sobre sus tierras incluso en casos donde han sido desplazados.

Pueblos indígenas hacen llamado al Poder Judicial

Por su lado, desde la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades de la Amazonía peruana, también expresaron su preocupación a este medio.

Rocío Trujillo, abogada de Aidesep, enfatizó que esta norma va en contra de los instrumentos y obligaciones internacionales que el Estado peruano está obligado a cumplir, afirmando que “es una norma más que el Congreso quiere implementar en contra de los derechos de los pueblos indígenas“.

En ese marco, sobre posibles acciones legales si el proyecto se aprueba, la abogada mencionó que solicitarán el apoyo de los colegios profesionales, a fin de que estos presenten una demanda de inconstitucionalidad, que es el mecanismo para contrarrestar leyes que violan derechos establecidos en la Constitución y tratados internacionales.

Envían carta urgente al Congreso

Adicionalmente, este lunes, Aidesep envió una carta al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, advirtiendo que ignorar las sentencias de la Corte IDH podría dejar a los pueblos indígenas vulnerables frente a la explotación ilegal de sus territorios, la violación de sus derechos ancestrales y la falta de acceso a la justicia.

Esto, en un contexto de preocupación por el avance de economías ilegales, como la minería y tala ilegal, y el narcotráfico, que afectan gravemente la Amazonía peruana.

Además, hicieron hincapié en que el proyecto de ley representa un retroceso en los derechos colectivos indígenas, debilitando la protección brindada por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que podría aumentar la impunidad y los abusos.

Este documento fue remitido, a su vez, a la congresista Ruth Luque Ibarra, miembro de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, y a Fernando Rospigliosi, impulsor de la polémica iniciativa y presidente de la Comisión de Constitución.

A partir del 10 de noviembre de 2024, la Unión Europea implementará un nuevo sistema que transformará la forma en que se gestionan las entradas y salidas en el espacio Schengen.

Este sistema, conocido como el Sistema de Entrada y Salida (SES), eliminará la necesidad de sellos en los pasaportes, introduciendo un proceso completamente digital que promete hacer que viajar a Europa sea más ágil y eficiente.

Estos sellos, aunque eran parte de la experiencia de viajar, a menudo generaban retrasos y complicaciones en los puntos de control. Con el nuevo sistema, toda la información de los viajeros será registrada digitalmente, lo que permitirá un manejo más rápido y eficaz de las entradas y salidas.

¿Cuál será el impacto del nuevo sistema SES?

La Comisión Europea ha señalado que este cambio busca modernizar el control fronterizo y mejorar la seguridad. El sistema antiguo no solo consumía mucho tiempo, sino que también presentaba dificultades para rastrear a los viajeros que excedían el tiempo permitido de estancia.

Con el SES, se recopilarán datos biométricos, como imágenes faciales y huellas dactilares, además de información personal básica como el nombre, la fecha de nacimiento y los detalles del documento de viaje.

Los viajeros no europeos, que deseen ingresar al espacio Schengen, se verán más afectados por este nuevo sistema. Este se aplicará principalmente a aquellos que planean estancias cortas, definidas como un máximo de 90 días dentro de un periodo de 180 días.

De esta manera, el SES no solo agilizará el proceso de entrada, sino que también facilitará un control más riguroso de las estancias, ayudando a las autoridades a identificar a quienes puedan estar sobrepasando el tiempo permitido.

Pondrán en marcha quioscos digitales para la recolección de datos

La recolección de datos se realizará a través de quioscos digitales en los aeropuertos y puntos de entrada. Los viajeros deberán escanear su pasaporte y proporcionar su información biométrica, que luego será verificada por un oficial de fronteras.

Este procedimiento eliminará la necesidad de los sellos físicos, ya que la información será almacenada digitalmente y estará disponible para su consulta inmediata.

Un aspecto clave del SES es que aquellos que ya requieren un visado para ingresar a Europa no tendrán que proporcionar nuevamente sus huellas dactilares, ya que este requisito se cumple al solicitar el visado. Este enfoque simplificará aún más la experiencia de los viajeros y reducirá el tiempo de espera en los controles fronterizos.

¿Cómo el SES transformará la gestión de visitantes en Schengen?

La implementación del SES permitirá un mejor control de las estancias en el espacio Schengen. Antes, era fácil evadir el control usando un nuevo pasaporte, lo que complicaba el trabajo de las autoridades. Con el nuevo sistema, al registrar la fecha y el lugar de entrada, será más sencillo monitorear a quienes superan los 90 días permitidos.

La información recopilada se almacenará durante tres años, proporcionando a las autoridades una base de datos sólida para gestionar la movilidad de los visitantes. Esto no solo mejora la seguridad, sino que también responde a la necesidad de un control más preciso de los flujos migratorios.

Además, en 2025 se espera el lanzamiento del ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), similar al ESTA de Estados Unidos. Este permitirá que los viajeros de países exentos de visado obtengan una autorización antes de llegar a Europa. El ETIAS costará 7 euros (alrededor de 30 soles) y será válido por tres años o hasta que expire el pasaporte.

Los países que forman parte del espacio Schengen son:

• Alemania
• Austria
• Bélgica
• República Checa
• Dinamarca
• Estonia
• Finlandia
• Francia
• Grecia
• Hungría
• Islandia
• Italia
• Letonia
• Lituania
• Luxemburgo
• Malta
• Países Bajos
• Polonia
• Portugal
• Eslovaquia
• Eslovenia
• España
• Suecia
• Suiza
• Noruega
• Liechtenstein

Además, hay algunos países que tienen acuerdos especiales y permiten la libre circulación, pero no son miembros de la UE, como Mónaco, San Marino y el Vaticano.

Estados Unidos se ha consolidado como el mayor donante humanitario en América Latina, financiando el 90% de los esfuerzos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en países como Perú, con una inversión de 55 millones de dólares solo en 2023.

Así lo confirmó Marta Costanzo Youth, subsecretaria adjunta de la Oficina de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado de EE.UU, con quien Infobae Perú conversó en exclusiva durante su reciente visita a Lima.

En ese marco, la diplomática, cuya función se centra en soluciones humanitarias para aquellos ciudadanos que se ven obligados a huir de sus países debido a factores como la violencia, la corrupción y el cambio climático, señala que uno de los grupos que más le preocupa hoy en día son los desplazados forzados.

Un grupo que alcanza una cifra mundial de 117 millones, con 21 millones de ellos ubicados en el continente latinoamericano. Según Youth, estos desplazamientos no son voluntarios; las personas no tienen otra opción más que movilizarse en busca de seguridad y dignidad.

Además, la funcionaria resalta que las causas detrás de estos movimientos son múltiples: desde la violencia y la persecución política hasta los efectos de la crisis climática.

La organización de base migrante: ¿por qué es importante?

Sin embargo, el cambio en las dinámicas migratorias no solo es visible en las zonas urbanas, sino también en la relación entre las comunidades de acogida y los migrantes.

En ese contexto, la diplomática subraya la organización de base entre ciudadanos peruanos y venezolanos en regiones fronterizas como Tumbes. En este y otros territorios, los migrantes y locales han encontrado formas de integrarse, a menudo compartiendo experiencias de vida y superación personal.

Un ejemplo que compartió fue el de un grupo de mujeres, tanto peruanas como venezolanas, que sobrevivieron a situaciones de violencia de género y encontraron en la repostería un medio para independizarse económicamente, generar ingresos y apoyar a sus familias, formando una comunidad de resistencia mutua.

En esa línea, al referirse a los migrantes, Youth menciona la importancia de visibilizarlos y evitar que se vean obligados a vivir en las sombras. Citó el caso de Colombia, que en los primeros años de la crisis migratoria venezolana implementó un sistema de protección temporal para regularizar a los migrantes y brindarles estabilidad.

“Cada persona desplazada ya ha pasado por un trauma enorme al salir de su lugar de origen”, afirma, recalcando que, por esta y otras razones, las soluciones humanitarias deben centrarse en garantizar un futuro digno para ellos y sus familias.

El impacto del clima en la migración

Finalmente, la diplomática habló acerca del impacto del cambio climático en la migración interna, un aspecto crucial en regiones como la Amazonía peruana, donde todavía muchas familias rurales se ven forzadas a abandonar sus tierras y trasladarse a las ciudades.

Esta situación refleja un fenómeno global donde el cambio climático está impactando la seguridad alimentaria y la sostenibilidad agrícola, y, al mismo tiempo, impulsando a las personas a moverse hacia centros urbanos, generando nuevos desafíos para los gobiernos locales.

En ese sentido, Youth destaca la importancia de que las ciudades se preparen para acoger a estos migrantes de manera segura, evitando que se instalen en zonas vulnerables a desastres naturales o inseguras.

Los representantes pesqueros, encabezados por Javier Querevalú, presidente del Gremio de Pescadores y Armadores Artesanales de la Caleta Yacila, han acordado solicitar al Poder Ejecutivo que declare en emergencia la pesca artesanal en Perú.

Además, reafirmaron la declaratoria de persona no grata al presidente chino Xi Jinping y exigieron la renuncia del ministro de la Producción, Sergio González Guerrero, junto con otros ministros, a quienes acusan de bloquear medidas para regular la entrada de embarcaciones chinas.

La misiva firmada por el Gobierno Regional de Piura y más de una docena de gremios pesqueros anuncia una posible paralización, antes del 25 de septiembre, en los principales puertos comerciales del país, si no se toman medidas inmediatas para garantizar la defensa del sector pesquero y en la lucha contra la pesca ilegal.

Así lo informó Querevalú, tras los acuerdos alcanzados en una mesa técnica realizada el 22 de agosto con autoridades del Gobierno Regional de Piura y los gremios de la región. Dirigentes contaron a Infobae Perú que, pese a haber sido invitadas, ninguna autoridad del Poder Ejecutivo ni de la PCM asistió al encuentro.

Resolución Ejecutiva del Go... by Infobae Perú

¿Por qué rechazan también a la ministra de Comercio Exterior?

En el marco de este conflicto, la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal) señalan a Úrsula Desilú León Chempén, actual ministra de Comercio Exterior y Turismo, por su presunta facilitación de la pesca ilegal durante su tiempo como viceministra de Pesca y Acuicultura en el Ministerio de la Producción (Produce).

Según Sonapescal, tras una reunión con funcionarios de la embajada china en mayo de 2023, aumentó el ingreso de embarcaciones chinas sin el debido control de monitoreo satelital, en violación de la ley peruana.

Los pescadores afirman que esto llevó a un incremento en la actividad ilícita y la falta de aplicación del Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE, que exige el uso del SISESAT para todas las embarcaciones extranjeras.

Alertan sobre grave crisis alimentaria

Por otro lado, siguiendo el comunicado, el Gobierno Regional de Piura convocó a las principales organizaciones pesqueras artesanales del norte del país para abordar a su vez la crisis alimentaria provocada por la escasez del calamar gigante, conocido como pota.

Edwin Houghton, presidente de la Asociación de Armadores Pesqueros Mar de Paita y vicepresidente de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (Sonapescal), expresó su preocupación por el aumento de su precio, que ha subido hasta 18 soles por kilo.

Esto debido a la presunta falta de control sobre las flotas pesqueras chinas, que, asegura él y otros dirigentes, no cumplen con el requisito de usar un dispositivo de seguimiento satelital para frenar la pesca ilegal.

En ese contexto, Houghton cuestiona la capacidad de las familias peruanas para acceder a este recurso alimentario esencial, que es crucial para la economía nacional, generando alrededor de 750 millones de dólares en exportaciones y proporcionando más de 45 millones de kilogramos de proteína de bajo costo.

La respuesta de Produce

Respecto al tema, Produce informó que la captura del calamar gigante (pota) ha sido afectada por el fenómeno de “El Niño” que se presentó de febrero de 2023 a marzo de 2024.

Según el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), este fenómeno causó la dispersión de la población de pota desde otoño de 2023, lo que ha impactado negativamente las tasas de captura de la flota artesanal. Este comportamiento ha sido similar en eventos anteriores de “El Niño” en 1997-1998 y 2015-2016.

Asimismo, el viceministro de Pesca y Acuicultura, Jesús Eloy Barrientos, explicó que la disponibilidad del recurso es variable y depende de factores oceanográficos y de búsqueda de alimento.

Ante ello, se espera una recuperación gradual en los próximos meses, dado que el ciclo de vida de la pota es de aproximadamente 12 a 18 meses. Además, se destacó que no se ha detectado pesca ilegal de embarcaciones de bandera extranjera en las aguas peruanas.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 9 organizaciones regionales y más de 2.400 comunidades nativas, emitió un contundente pronunciamiento exigiendo acciones inmediatas para controlar los incendios forestales que están afectando vastas áreas de la Amazonía peruana y otras regiones.

De acuerdo a la organización que agrupa a los pueblos indígenas amazónicos, los focos de calor amenazan a 47 comunidades nativas en regiones como Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Pasco, San Martín y Ucayali, lo que representa una grave riesgo para su seguridad alimentaria, acceso al agua limpia y la biodiversidad.

Según Aidesep, la falta de medidas estatales adecuadas para mitigar los efectos del cambio climático, como las sequías, ha agravado la crisis, resultando en la pérdida de vidas humanas y la destrucción de miles de hectáreas de bosques.

Por ello, hacen un llamado a la comunidad internacional para que brinde apoyo técnico y financiero al Perú, resaltando la urgencia de integrar a los pueblos indígenas en los planes de respuesta y recuperación, respetando sus conocimientos ancestrales y derechos territoriales.

Exigen derogación inmediata de ‘Ley Antiforestal’

Asimismo, en su pronunciamiento, Aidesep condenó la demora del Gobierno de Dina Boluarte en declarar en emergencia las zonas afectadas y critica la falta de recursos suficientes para la prevención y control de los incendios.

La organización indígena también rechaza las políticas que permitirían la degradación forestal, como la Ley 31973, a la que se refieren como ‘Ley Antiforestal’, exigiendo su derogación inmediata.

“Reiteramos nuestro rotundo rechazo a la emisión de normas y políticas agresivas como la Ley 31973, más conocida como Ley Antiforestal, que agravan la situación y representa un retroceso significativo en la lucha contra la deforestación, degradación forestal y el cambio climático”, afirmaron.

“El cambio en los artículos 29, 33 y la única disposición complementaria final respecto al procedimiento de clasificación de tierras tierras y reglas sobre cambio de uso para actividades agropecuarias existente, genera incentivos perversos para que las personas puedan obtener tierras, depredando los bosques mediante la tala o quema. ¡Por ello, exigimos su inmediata derogatoria! Estas leyes lesivas promueven y legitiman comportamientos ilegales que afectan nuestros bosques y vulneran nuestros derechos colectivos”, resaltan.

¿Quiénes apoyaron en el Congreso la polémica norma?

Esta norma, aprobada en diciembre de 2023 por el Congreso de la República, limita la participación del Ministerio del Ambiente en la planificación forestal y permite reclamar tierras sin la obligación de clasificar su uso, lo que podría llevar a un manejo irresponsable de los recursos naturales, facilitando así la tala o quema de bosques, según advierten organizaciones indígenas, organismos internacionales y diversos especialistas en materia ambiental.

Las bancadas que promovieron su aprobación fueron Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza Para el Progreso, Bloque Magisterial, Unidad y Diálogo, Acción Popular y Perú Bicentenario.

Entre los congresistas que votaron a favor se encuentran Elizabeth Medina, Alex Paredes, Germán Tacuri, Hamlet Echevarría, Waldemar Cerrón, Lucinda Vásquez y Alex Flores de Perú Libre; Lady Camones, Eduardo Salhuana, María Acuña, Héctor Acuña, Manuel Idelso García, Elva Julón, Magaly Ruíz y Heidy Juárez de Alianza Para el Progreso; Edwin Martínez, Jorge Flores Ancachi, Darwin Espinoza, Elvis Vergara, Karol Paredes, Luis Aragón y Juan Carlos Mori de Acción Popular, así como Alejandro Cavero, Norma Yarrow, Patricia Juárez y Kira Alcarraz.

En ese marco cabe resaltar que, desde hace varios meses, el Parlamento, a través de la Comisión Agraria, tiene pendiente la discusión sobre la derogatoria de la ‘Ley Antiforestal’. Además, la Comisión de Pueblos Andinos ya emitió un dictamen en el que propone derogar esta normativa, que ha sido ampliamente criticada por su impacto negativo en la deforestación y el medio ambiente.

Quiere asegurarse de que el daño a las Lomas de Amancaes, un ecosistema escondido que cruza los distritos costeros del Rímac, Independencia y San Juan de Lurigancho, con más de 270 hectáreas verdes, no se haga más grande.

Pero ese no es un asunto sencillo. Hace poco, en una visita que realizó este medio al lugar, ubicado en la zona noreste de Lima Metropolitana, cerca al centro histórico limeño, nos topamos, en compañía de Haydee, con un grupo de trabajadores que estaban construyendo escaleras sobre dicho verdor.

“Nosotros solo estamos ejecutando la obra, no lo hacemos porque queremos. Si ustedes necesitan reclamar, es su derecho, pero tienen que ir a Emape”, le dice uno de los obreros.

“Está bien, hagan las obras, pero solo hasta donde hay casas. ¿Por qué tienen que venir acá? ¡Acá sí había plantas! ¡Que Emape me diga qué va a hacer con mis plantas! Es un área natural, no queremos cemento. Está bien tener escaleras, pero no deben ubicarse donde no hay casas, sino en zonas habitadas. No tiene sentido construirlas aquí”, increpa Haydee.

La escena es prácticamente rutinaria, cuenta la presidenta de Protectores Ambientales de la Flor y Loma de Amancaes (PAFLA), asociación fundada en 2016, delante del equipo de Infobae Perú y de Ángel Cruz, monitor ambiental para el Gobierno Regional de Lima Metropolitana.

—¿Qué opina de lo que ha visto?—Yo recién me estoy empapando con el tema —dijo el monitor.—¿Recién está enterándose?—Sí.

Para Haydee, la ‘contribución al desarrollo sostenible’ de la ciudad por parte de Emape solo son supuestos. El compromiso de la empresa de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), encargada de mantener las vías y servicios viales en la capital, está cada día más roto para la dirigente de 67 años.

Estas obras —construidas especialmente en áreas informales o asentamientos en laderas— tienen un impacto silencioso del que poco o nada se habla.

Si bien dichas infraestructuras viabilizan el acceso y la movilidad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de estos sectores, a su vez generan invasiones e incluso la venta ilegal de terrenos: graves problemáticas que, según denuncia la asociación, siguen sin ser atendidas adecuadamente por el Gobierno Regional de Lima desde 2013.

Las palas mecánicas no tienen que pedir permiso

Al caminar, Haydee habla de muchas cosas que le preocupan, como las pistas que han construido ilegalmente los propios invasores y traficantes de terrenos al pie de las Lomas de Amancaes, donde aún resiste, entre las rocas, un árbol de tara y plantas como las begonias, trompetitas, caiguas y criaderos de serpientes.

Aunque la Flor de Amancaes sigue siendo la más importante, una planta endémica de la costa central del país denominada el ‘símbolo de la capital’, que ya es casi imposible de ver por estar en peligro de extinción.

“Es la flor más hermosa que he conocido, con un aroma especial a lima dulce. Ese aroma tiene. No necesita abono o riego, ella solita capta la neblina, la humedad. Es muy hermosa”, expresa la dirigente.

Sin embargo, su único hogar —la primera Área de Conservación Regional (en adelante ACR) de Lima junto con las lomas de Ancón, Carabayllo y Villa María del Triunfo— enfrenta graves y complejos riesgos.

“Se está perdiendo. Cualquier día ya la van a dar por extinta porque están siendo sepultadas por toneladas de cemento. Queremos que el Ministerio del Ambiente o el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) nos autorice para ir a rescatar a los amancaes y ser reinsertadas en todas las otras lomas, pero, lamentablemente, nos cierran todas las puertas. Sin embargo, donde no tenemos que pedir permiso es cuando las palas mecánicas están abriendo las trochas carrozables que aplastan cientos de amancaes”, señala Haydee.

En ese contexto, los invasores no solo causan daños a la flora de este lugar, también buscan ganar terreno y aprovechan cualquier oportunidad para ocupar áreas estratégicas, donde, aseguran, hasta toman el control de fuentes de agua —como pozos, reservorios o incluso el acceso a servicios públicos— para luego cobrar por su uso ilegalmente, aseguran.

“Antes había una escalera de 25 metros que llegaba hasta aquí, pero cuando construyeron el tanque de agua, la destruyeron. Los invasores aprovecharon la situación para abrir un camino carrozable y subir para invadir. Ese es el mayor problema que enfrentamos en esta zona. Por estos tanques se vino toda esta invasión”, recuerda la dirigente.

Aquella situación, en particular, provocó después una escasez del recurso. Los siete tanques, que antes estaban dentro del ACR, ahora se encuentran en áreas que eran catalogadas como ecosistema frágil, pero fueron desafectadas por el Serfor, a pesar del riesgo de ser invadidas y, posteriormente, lotizadas. Los vecinos cuentan que los precios van desde 6.000 soles hasta los 20.000 para el mejor postor.

Ante ello, la comunidad de las Lomas de Amancaes desarrolló un plan de reforestación autónomo y tomó medidas con la Primera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito del Distrito Fiscal de Lima para intentar proteger el área.

“El problema es que ya no hay agua. ¿Qué agua van a bombear si no sube nada? Sedapal no apoya. Nosotros estamos tratando de recuperar todos los espacios libres. Ahorita nos lo van a invadir; por eso hemos reforestado. El fiscal de prevención del delito obligó a la población a firmar un acta de compromiso, y por eso se hizo esto”, comenta Haydee.

En un ayudamemoria proporcionado por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) a este medio el 23 de agosto, respecto a la situación de las Lomas de Amancaes, la entidad informó que, en 2013, el Ministerio de Agricultura y Riego reconoció esta área por su biodiversidad. Posteriormente, en 2019, se integró al “Área de Conservación Regional (ACR) Sistema de Lomas de Lima”.

Sin embargo, en marzo de 2023, el Serfor excluyó las Lomas de Ancón, Amancaes y Villa María del Triunfo de la lista de ecosistemas frágiles, argumentando superposición con Áreas de Conservación Regional (ACR) y que no cumplían con los criterios ambientales establecidos por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley N° 29763), aunque en algunos casos no había tal superposición.

De acuerdo con un estudio de la organización peruana Centro Urbes, esta exclusión abriría la puerta a la urbanización, exponiendo a estas áreas al tráfico de tierras y la expansión urbana, como señala Haydee Cerrón Cárdenas, presidenta de PAFLA.

Pues, a pesar de las acciones de las autoridades locales, como Serfor, la Municipalidad del Rímac y la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS Lima), cuyo papel es clave en las acciones de control y fiscalización de actividades ilegales que puedan afectar la biodiversidad de esta área, las intervenciones se limitan a responder denuncias y multar a los infractores, como detalla el documento.

Sin embargo, no se observa un impacto positivo a largo plazo, ya que la conservación y gestión del ACR le corresponde al Gobierno Regional de Lima.

“El Serfor no tiene injerencia en el ACR más allá de las acciones de control y fiscalización. Al ser reconocido como Área de Conservación Regional, nosotros no podemos ingresar sin solicitar autorización. El tráfico de terrenos y las invasiones es un problema fuerte que nos rebasa. A veces es difícil porque los traficantes de terrenos se mueven constantemente, pero la Fiscalía también tiene procesos administrativos y penales a su cargo. Es nuestro compromiso, como Serfor, seguir trabajando articuladamente con las autoridades para la conservación de la flora y fauna silvestre. Muchas especies endémicas están siendo amenazadas, y cada vez que las invasiones avanzan, perdemos especímenes importantes para los ecosistemas”, explica Susana Cotito Cartagena, especialista para las evaluaciones de flora silvestre del Serfor, a Infobae Perú.

En ese sentido, se agrava la vulnerabilidad del área a la intervención humana y se pone en peligro su biodiversidad y capacidad para mitigar el cambio climático.

Aunque Serfor menciona que la Municipalidad del Rímac, Servicios de Parques de Lima (SERPAR), la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) vienen trabajando conjuntamente para evitar la degradación del ecosistema, también destaca la participación de la asociación Protectores Ambientales de la Flor y Loma de Amancaes (PAFLA), encabezada por Haydee.

“Con PAFLA venimos trabajando de la mano desde 2017. En todas las inspecciones que realizamos, lo hacemos conjuntamente con ellas. Ellas son un actor clave en esa loma porque vienen trabajando desde hace muchos años. Siempre hay una comunicación constante entre nosotros y ellas. En reuniones para la protección de estos espacios, siempre las incluimos y recomendamos su participación. Ante alguna denuncia, afectación o deterioro que pudiera darse a la flora y fauna silvestre dentro del ACR, hacemos acciones de fiscalización y control, recogemos la información, y estas intervenciones las hacemos conjuntamente con la Municipalidad de Lima, el gobierno local del Rímac, la Policía Nacional, y la información resultante es remitida a todas las partes participantes, incluida la Fiscalía Ambiental de Lima”, indica Cotito Cartagena.

“En el marco de la normatividad forestal, iniciamos procedimientos administrativos sancionadores que terminan, en muchos casos, en multas que van desde 0.1 hasta 5.000 UITs. También damos medidas correctivas, donde la persona que causa la afectación debe revertir el daño y recuperar el área afectada”, agrega.

“Desde hace años, ha habido traficantes de terrenos”

Néstor La Rosa, actual alcalde del Rímac, también habló con este medio sobre el tema y reconoció que el crecimiento poblacional vertical hacia los cerros está generando problemas en las Lomas de Amancaes, con viviendas en áreas previamente consideradas protegidas.

Esto, según el burgomaestre, crea conflictos sobre los límites entre áreas residenciales y zonas de conservación. Para ello, aseguró que se han tomado medidas para delimitar las áreas geográficas entre zonas de vivienda y áreas de conservación, lo que incluye el retiro de algunas viviendas ubicadas en zonas no autorizadas.

“El crecimiento poblacional de forma vertical hacia los cerros ha resultado en viviendas que antes estaban consideradas como lomas y que ahora han sido convertidas en viviendas. Además, hay viviendas ubicadas en el sector de lomas que no han sido incluidas en el nuevo diseño catastral (representación gráfica de los límites y características de propiedades y terrenos en un área específica). Por lo tanto, los propios vecinos y dirigentes se preguntan hasta dónde se va a delimitar el tema perimetral para lo que es vivienda y lo que no lo es”, indica.

En cuanto al tráfico de terrenos, la autoridad edil afirmó que se vienen llevando a cabo acciones para controlar la actividad ilegal, que, enfatiza, es un problema histórico en el distrito. “Desde hace años, ha habido traficantes de terrenos que han estado vendiendo tierras en estas áreas”.

También mencionó que el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) ha intervenido para delimitar las áreas de vivienda y no vivienda, y se está trabajando para garantizar que estas no se construyan en zonas prohibidas y, al mismo tiempo, se protejan los servicios básicos, como el agua.

Sin embargo, PAFLA advierte que el alcalde parece apoyarse más bien en la propuesta del IMP, que considera que cualquier área que no esté designada como ACR es potencialmente urbanizable, a menos que se demuestre lo contrario.

En tanto, Serfor no ha emitido pronunciamientos sobre el valor ambiental de las zonas de loma fuera del ACR, y los invasores siguen avanzando con sus proyectos sin restricciones.

No obstante, si bien el alcalde afirma que se están tomando medidas, parece no tener inconveniente en permitir la construcción de escaleras hasta la parte superior de la ladera, donde aún no hay viviendas, como se registró en video por Infobae Perú.

Por su lado, Antonio José Tejada Moncada, actual jefe del Área de Conservación Regional (ACR) Sistema de Lomas de Lima, explicó a este medio que, desde su gestión, han priorizado la recuperación de terrenos en coordinación con la Procuraduría de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La primera recuperación de este tipo está planificada entre la primera y segunda semana de octubre, con el objetivo de despejar los terrenos y permitir la implementación de proyectos de infraestructura como puestos de control y señalización.

“Estamos abordando el problema de las invasiones, que es el problema principal, a través de la recuperación de los terrenos mediante recuperaciones extrajudiciales. La primera recuperación extrajudicial se hará entre la primera y segunda semana de octubre. Vamos a sacar a todos los invasores (...) tenemos que tener la ‘casa limpia’ para poder implementar los proyectos de infraestructura, como puestos de control, señalética, estacionamientos y sedes administrativas”, indica.

Asimismo, Tejada subrayó que el principal problema detrás de las invasiones son los traficantes, quienes engañan a personas prometiéndoles tierras para vivienda, sin considerar si están dentro de áreas de conservación.

“El principal problema detrás de las invasiones son los traficantes de terrenos, que engañan a las personas prometiéndoles terrenos para vivienda. Si no logramos controlar las invasiones, el panorama para la conservación de las lomas será muy difícil. Actualmente, coordinamos con las municipalidades para que no se otorguen constancias de posesión a invasores, porque esto es ilegal. Estamos trabajando de forma conjunta con todas las instituciones para controlar este problema”, señala. En esa línea, agrega que el control de las invasiones es esencial antes de poder ejecutar cualquier proyecto en la zona.

De otra parte, José Tello, gerente regional del Gobierno Regional Metropolitano de Lima, comunicó a este medio que, actualmente, la Municipalidad Metropolitana de Lima está trabajando en dos importantes proyectos de inversión pública para proteger las lomas, pero en la zona de Carabayllo.

En uno de los casos, se invertirán 4.2 millones de soles, y en otro, 3.8 millones de soles. Estos fondos se destinarán a la creación de infraestructura, asegurando que las obras no interfieran con el delicado equilibrio del ecosistema.

Las instalaciones, señaló, incluirán espacios para la policía de Medio Ambiente, la Fiscalía de Medio Ambiente y personal de monitoreo. Además, contó que están preparando dos expedientes técnicos para proteger la Loma de Villa María del Triunfo y otras.

Estas acciones, asegura, forman parte de un esfuerzo más amplio iniciado en 2023 bajo la administración del alcalde Rafael López Aliaga, con el objetivo de conservar estos ecosistemas frágiles y recuperar espacios públicos para la población.

“Queremos transformar lo que actualmente es un círculo vicioso de invasión y deterioro en un círculo virtuoso de conservación y ecoturismo, colaborando con la policía y el Ministerio Público para recuperar áreas invadidas y no consolidadas. Actualmente, contamos con 17 personas y tres camionetas asignadas a la zona de lomas, pero, dada la vasta extensión del área, estamos trabajando para aumentar el personal. Hemos solicitado un presupuesto adicional para el próximo año con el objetivo de triplicar el número de vigilantes y monitores en la zona”, apunta Tello.

Ser mujer, dirigente y vivir bajo amenaza de muerte

Durante la pandemia, los invasores de las Lomas de Amancaes utilizaron la crisis para pavimentar una trocha carrozable que atravesó esta área de conservación, lo que llevó a Haydee y sus compañeras a reportar el hecho. Sin embargo, esta, al igual que otras denuncias, quedó en nada.

Exactamente, más de 200 denuncias por usurpación de terrenos han sido archivadas, afirma la asociación, resaltando que solo la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) ha escuchado sus versiones. A pesar de ello, aún esperan resultados.

Mientras tanto, se han sumado otras batallas, como la de ser mujer y dirigente en este camino, lo que ha devenido en amenazas extremas.

“Lo más difícil es ser mujer y dirigente. Tenemos amenazas de muerte, el hostigamiento es diario. Tenemos garantías: yo, Cecilia, Trinidad y Juanita (demás miembros de Protectores Ambientales de la Flor y Loma de Amancaes, PAFLA), pero de nada nos sirve. ¿Dónde está mi garante? No lo veo”, dice Haydee con frustración.

“A Juana la atacaron una vez, hace cinco años. Le hicieron 25 puntos. Ella siempre se ha opuesto a que sigan invadiendo. A Trinidad la cogotearon. A mí me pusieron una pistola en la cabeza y me han amenazado muchas veces. Incluso colgaron un gato muerto en mi puerta para intimidarme. Me dijeron que dejara de hacer denuncias, que no les hacían nada porque tenían la venia del alcalde”.

No obstante, bajo esa dura realidad, aún hay motivos que sostienen a las mujeres que conforman PAFLA. En el caso de Haydee, su presidenta, es el acompañamiento de su hija, Cecilia Janampa, y la organización barrial de base para crear soluciones tangibles.

“La mitad de mi vida he peleado por la protección de este lugar, contra viento y marea, hasta que mi hija se unió a la lucha. Ahora salimos juntas; ella es mi brazo derecho”.

“Estamos tratando de hacer varias cosas por nuestra cuenta, como que los vecinos de las partes altas no tiren basura dentro del área de conservación y en los ecosistemas frágiles que se encuentran fuera de la zona protegida. Acá tenemos el privilegio de contar con un recolector de basura que sube dos veces al día a la parte alta para recogerla. Pero necesitamos un proyecto de reciclaje, y hemos pedido a la municipalidad del Rímac que lo implemente”.

Si tu pueblo no responde, entonces trae gente de otro lado

Cada cierto tiempo, para garantizar el abastecimiento de agua en el área de conservación, Haydee y sus compañeras se embarcan en una tarea agotadora.

Con botellones de siete litros a cuestas, realizan la distribución del líquido hasta donde el terreno lo permite. Los botellones son llevados en mototaxis hasta un punto cercano, donde el acceso vehicular se vuelve imposible.

Desde allí comienza la verdadera prueba: cargar el agua en mochilas y subir por empinados senderos hasta los distintos puntos del área de conservación para continuar sus labores de riesgo en la protección del entorno natural.

“Desde mi casa junto un montón de agua y la traigo en mototaxi. La traigo en botellones. Estamos hablando de 20 a 30 botellas de 7 litros; de dos en dos subimos. La metemos en la mochila”, cuenta la presidenta de PAFLA.

En esa acción y otras, se han sumado más de 100 voluntarios convocados a través de universidades, formando un equipo de apoyo técnico que ha sido fundamental para hacer el debido seguimiento a sus demandas y, al mismo tiempo, desarrollar proyectos autogestionados de reforestación y mantenimiento del área.

“Hicimos una convocatoria a las universidades y, aunque fue una convocatoria cerrada e interna, si tu pueblo no responde, entonces tienes que traer gente de otro lado”, dice la dirigente.

Asimismo, está Centro Urbes, una asociación civil sin fines de lucro que trabaja por la conservación de los ecosistemas urbanos en el Perú, quienes acompañan desde hace años a las lideresas de PAFLA.

También está Claudia Amico, arquitecta y especialista en Procesos Urbanos Ambientales, y cofundadora de la propuesta Ama Amancaes, con quien han llevado a cabo diversos proyectos para transformar la vida en el barrio.

“Trabajamos en una tríada: intervenciones físicas, empoderamiento de los vecinos y vecinas, y comunicación constante con la comunidad”, explica Claudia.

“Lo que justamente está tratando de demostrar Ama Amancaes es que se puede vivir mejor en este barrio si convivimos mejor con la loma, si la entendemos, la aprovechamos y la cuidamos. Hay una tensión fuerte porque, mientras la ciudad siga creciendo, siempre habrá demanda de infraestructura, y cada vez le costará más caro a la ciudad, al Ministerio de Vivienda o a la Municipalidad proveer esa infraestructura, ya sea agua, desagüe o una escalera. Además, a la hora de construir, lo hacen de cualquier manera y sin respetar el ecosistema, como hemos visto”, precisa.

Este enfoque busca fortalecer la capacidad local para gestionar y proteger el territorio, además de recuperar y mejorar los espacios públicos y gestionar correctamente los residuos, a fin de asegurar las áreas verdes y los servicios ecosistémicos para todos los vecinos.

Entre estos servicios destacan, por ejemplo, el tratamiento de aguas grises para el riego de las plantas —que provienen de lavabos, duchas y lavadoras— y el crecimiento de plantas que eventualmente se convertirán en árboles, contribuyendo a la mitigación del riesgo de deslizamientos de tierra.

“No hay que fomentar infraestructuras que atraigan nuevas invasiones. Lo hemos visto en la caminata: ¿qué pasa cuando se hace un tanque de agua? Se abre una trocha, y con esa trocha llegan las invasiones. Si hay voluntad política, se pueden hacer las cosas bien, pero si dejamos que la ciudad siga creciendo o si hacemos infraestructuras, como las escaleras, que terminan en zonas donde no hay viviendas, obviamente atraerás nuevas invasiones. Siempre habrá negocio; es demasiado lucrativo. Hay que anticiparse a que eso ocurra y tratar de delimitar las zonas de cobertura de infraestructura y las que no, logrando una convivencia ecológica con el territorio. Hay que dejar que ese ecosistema florezca con todo lo que trae consigo, que es autóctono de acá. La gente lo necesita para mejorar la calidad del aire, la salud de las personas y los árboles para estabilizar y evitar deslizamientos de tierra o rocas, entre otros riesgos”, detalla Claudia.

Para entender el espacio público en la ciudad, primero hay que entender que la ciudad es un colectivo. En ese sentido, es necesario sumar empuje y recursos para avanzar y, al mismo tiempo, adaptarse ágil y rápidamente a la coyuntura política, con dinero o sin él. Esos son los verdaderos retos que enfrentan los vecinos y vecinas de la Loma de Amancaes.

Si bien en cada esquina de Lima los escudos llevan consigo una flor de amancaes, paradójicamente, esos mismos espacios donde florecía están siendo sepultados hoy por toneladas de cemento.

Los vecinos y vecinas, con sus propios mecanismos y sin grandes apoyos, seguirán defendiendo este lugar, sabiendo que no se trata solo de proteger una planta, sino de rescatar la identidad y el alma de su ciudad, que aún late bajo la superficie, esperando florecer de nuevo.

“La cuna de los amancaes es Villa María y Pachacámac. Nuestro sueño es que acá también haya amancaes. Por eso debemos protegerla a través de la recuperación y reforestación. Cada flor que encontremos en el camino, en vez de pisarla, debemos llevarla a una zona protegida”, contempla Haydee.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego dejó sin efecto la Resolución Ministerial N° 309-2024, que aprobaba la “Constancia de Libre Deforestación”.

La decisión se produjo un día después de que el titular de dicha cartera, Ángel Manero, enfrentara una denuncia por la aprobación de esta medida, que, según la defensora de derechos humanos e ingeniera forestal Ángela Lucila Pautrat Oyarzun, quien presentó la querella, vulneraba leyes y regulaciones ambientales esenciales para la protección de los recursos forestales en el país.

La nueva Resolución Ministerial N° 0311-2024 se publicó exactamente el 12 de septiembre en una edición especial del Diario Oficial El Peruano. La parte que explica la decisión es corta y menciona un informe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Midagri que sugirió anular la normativa anterior.

Los señalamientos contra Manero

Específicamente, se señala que el funcionario habría cometido los delitos de otorgamiento ilegal de derechos, conforme al Artículo 314 del Código Penal Peruano, al presuntamente conceder beneficios indebidos mediante la emisión de la “Constancia de Libre Deforestación”.

Asimismo, se le acusa de supuesto avocamiento indebido, según el Artículo 388 del Código Penal Peruano, al actuar fuera del ámbito de sus competencias al emitir dicho documento, que no solo infringiría las leyes peruanas y la Constitución Política del Perú, sino que también vulneraría diversas normativas ambientales y forestales, de acuerdo a Pautrat Oyarzun.

Esto ante la posible facilitación de prácticas no autorizadas que violen las regulaciones destinadas a proteger los recursos naturales del país.

¿Qué buscaba esta constancia?

La “Constancia de Libre Deforestación”, creada por esta resolución, buscaba certificar que ciertas tierras o productos no hayan sufrido deforestación desde el 31 de diciembre de 2020, alineándose con normas internacionales sobre conservación forestal.

El documento se iba a expedir electrónicamente, tras una verificación de cumplimiento con la legislación vigente, y sería gestionado por la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas, en colaboración con el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor).

Asimismo, cabe resaltar que la resolución se había emitido en un momento clave, dado que estaría relacionada con la próxima implementación del reglamento de la Unión Europea que establece que solo se podrán importar productos provenientes de tierras donde no se haya realizado deforestación desde el 2020, especialmente café y cacao.

De acuerdo a la UE, su reglamento tiene como objetivo principal proteger el medio ambiente y garantizar que los productos importados sean sostenibles, pero de manera progresiva.

En ese marco, la UE también ha aclarado que la reciente modificación a la Ley Forestal del Perú no es una respuesta a la presión europea.

Esto, pese a que el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, y el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, habrían indicado que las modificaciones a la Ley 31973, denominada la ‘Ley Antiforestal’ respondían a la necesidad de cumplir con las exigencias del reglamento de la UE para certificar productos libres de deforestación.

Aunque diferentes especialistas en materia ambiental advierten que la polémica norma lo que hace, en realidad, es limitar la participación del Minam en la planificación forestal y suspender la necesidad de tener un plan aprobado durante hasta tres años para otorgar títulos de propiedad, permitiendo reclamar tierras en la Amazonía sin la obligación de clasificar el uso de esas tierras, lo que podría llevar a un uso irresponsable o perjudicial de los recursos naturales.

El último sábado, mientras se llevaba a cabo el funeral del exdictador Alberto Fujimori, condenado por corrupción y violación de derechos humanos, cientos de jóvenes se autoconvocaron en las principales calles del centro histórico de Lima. Exigieron a la presidenta Dina Boluarte que declare en emergencia la Amazonía y la sierra peruana, tras el devastador impacto de los incendios forestales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los siniestros han dejado 16 personas fallecidas en siete departamentos del país, 140 heridos, 1.495 hectáreas de cultivo destruidas y otras 1.264 hectáreas afectadas.

Las regiones más impactadas incluyen Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, La Libertad, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali.

En ese contexto, los territorios de los pueblos indígenas también son azotados. En las últimas horas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a 2.439 comunidades amazónicas, ha hecho un llamado de urgencia para que se tomen acciones efectivas a fin de controlar la emergencia.

Pues el fuego ya genera daños irreparables en sus tierras ancestrales y la posible expansión de economías ilegales, tales como la minería ilegal y el narcotráfico.

Comunidades indígenas de Loreto y San Martín en riesgo

Según la Organización Regional de Aidesep-Ucayali (ORAU), que representa a 15 pueblos indígenas en las regiones de Ucayali, Loreto y Huánuco, un incendio forestal en el distrito de Contamana, provincia de Ucayali, Loreto, destruyó más de 100 hectáreas de bosque en la comunidad nativa Shipibo-Konibo de Santa Rosa. Además, el fuego amenaza con extenderse a comunidades vecinas, como Tres Unidos, Nuevo Galilea y Nueve de Octubre, detallaron a Infobae Perú.

Ante ello, el equipo técnico de ORAU, dirigido por el ingeniero Jorge Guevara, está evaluando la vulnerabilidad de los territorios afectados para controlar la emergencia.

Asimismo, la alerta indígena se extiende a otras áreas afectadas, incluyendo la comunidad nativa de Canchahuaya, en la carretera de Contamana a Aguas Calientes. Y se ha sumado al llamado urgente la Coordinadora Regional de Desarrollo y Defensa de los Pueblos Indígenas de la Región San Martín (Codepisam), que reportó incendios en la comunidad nativa de Alto Mayo, sector Huasta, San Martín.

Incendios abren paso a economías ilegales: ¿cómo?

En ese marco, en entrevista con Infobae Perú, Mariano Castro, exviceministro del Ambiente y coordinador de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible del Perú (FCDS), analiza diversos impactos de los siniestros, los cuales pueden servir como un catalizador en regiones vulnerables para la expansión de economías ilegales, por ejemplo.

Según el especialista, las áreas devastadas por el fuego a menudo pueden convertirse en espacios propicios para la minería ilegal y el cultivo de coca.

Esto ocurre porque los terrenos quemados ofrecen una oportunidad para expandir estas operaciones en grandes extensiones de tierra, que se vuelven más accesibles tanto para excavar, en el caso de la minería, como para cultivar, en el caso de la coca. Ambas actividades contribuyen a la deforestación acelerada y contaminan el suelo y el agua, afectando negativamente la biodiversidad y las comunidades.

“Las áreas devastadas por el fuego a menudo se convierten en espacios propicios para la minería ilegal y el cultivo de coca. Hay intervención de minería ilegal, cultivos ilícitos, así como también prácticas agrícolas que ocasionan deforestación. Esta confluencia de actividades ilícitas está dañando y agravando las condiciones”, resalta Castro.

“No se trata solo de responsabilidad de los campesinos”

Por otro lado, Castro no escatima críticas hacia el actual ministro de Agricultura, Ángel Manero, abordando varios temas cruciales sobre la gestión ambiental y la política agrícola en el contexto del cambio climático y los incendios forestales. “La política agrícola actual no está considerando los impactos ambientales de la deforestación”.

Sumado a eso, agrega que esta deforestación no solo es consecuencia de los incendios, sino de prácticas agrícolas insostenibles y el uso excesivo de pesticidas y agroquímicos. Ante ello, Castro insiste en que “la política alimentaria debe adaptarse a estas condiciones para no causar más daño”.

En ese sentido, considera que Manero está fallando en su responsabilidad de liderar y gestionar adecuadamente el sector forestal, puesto que demuestra una falta de compromiso y acción frente a una crisis que está directamente bajo su sector. “No se trata solo de responsabilidad de los campesinos, sino del sector en general. El sector tiene que realizar acciones para corregir las prácticas agrícolas que causan daños, pero no prioriza los bosques, no les da interés. Eso hay que cambiarlo”, enfatiza.

Urgen medidas de adaptación a la crisis climática

En la misma línea, el experto señala que la adaptación a la crisis climática es urgente debido a las condiciones de sequía, incremento de temperaturas y contaminación severa. Por tanto, se requiere una inversión prioritaria en prevención y respuesta por parte del Gobierno, que, resalta Castro, no garantiza la activación de mecanismos internacionales y regionales para reducir riesgos en cuanto a los siniestros.

Entre ellos está el Pacto de Leticia, un acuerdo establecido en 2019 entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana que busca desarrollar políticas basadas en la prevención de incendios forestales como parte de su enfoque integral para la protección del Amazonas, entre otros compromisos, así como la Declaración de Belén, firmada bajo la presidencia de Boluarte, quien participó en la Cumbre de Presidentes de los Países Amazónicos en Belén, Brasil, en septiembre de 2023.

“Lo más impostergable es la priorización efectiva de las medidas de adaptación frente al cambio climático. Las condiciones actuales—sequías, aumento de temperaturas, incendios y contaminación del aire severa—revelan la urgencia de aplicar medidas de adaptación desde un punto de vista económico, social, ambiental y de salud. Las políticas públicas y las actividades humanas están siendo severamente afectadas. Las medidas de adaptación, actualizadas hace unos meses, no solo deberían reforzarse, sino también integrarse en políticas amplias, considerando acciones urgentes frente al cambio climático”, explica.

Falta de consenso y transparencia estatal complica panorama

Igualmente, Castro subraya que la capacidad de respuesta a los incendios no ha crecido en proporción al aumento de riesgos, una situación que se complica con la falta de consenso entre diferentes entidades, como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) o el Ministerio del Ambiente (Minam), dificultando una mejor respuesta.

“La capacidad de respuesta no ha aumentado en proporción al incremento de riesgos y daños. No hay suficiente capacitación ni recursos para los bomberos, y el Ministerio de Economía y Finanzas debe priorizar la prevención. La información sobre incendios, aunque relevante, no se está integrando adecuadamente en el sistema de defensa civil. Necesitamos fortalecer este sistema y asignar recursos efectivos para prevención y adaptación”, detalla.

Por último, el especialista destaca la necesidad de mejorar los sistemas de información sobre incendios forestales, que, explica, pueden variar debido a criterios diferentes, como la inclusión de focos de calor frente a incendios forestales.

Sin embargo, estos datos no solo deben fortalecer la política de prevención, sino que también deben ser accesibles para las comunidades y territorios vulnerables, permitiéndoles así tomar medidas de defensa autónomas y efectivas.

“Hay criterios que a veces hacen variar los resultados. Algunos incluyen focos de calor; otros, incendios forestales. Se requiere fortalecer y mejorar los sistemas de información, y que la información esté en manos de las comunidades y territorios directamente afectados”, finalizó.

El Ministerio del Ambiente anunció este martes la presentación de un nuevo proyecto de ley destinado a sancionar a los responsables de incendios forestales.

Según el titular Juan Carlos Castro, la propuesta legislativa busca establecer un marco legal claro para combatir estos siniestros y recuperar las áreas afectadas. Sin embargo, a pesar de las intenciones detrás de esta iniciativa, surgen serias dudas sobre su efectividad a largo plazo.

Carlos Cabrejos Bobadilla, abogado especializado en derecho ambiental y forestal, en entrevista con Infobae Perú, detalló varios puntos críticos del proyecto de ley, que será presentado hoy al Congreso de la República.

¿Qué dice la propuesta del Minam?

El proyecto de ley tiene como objetivo tipificar como delito la generación de incendios forestales y establecer sanciones correspondientes. Además, se contempla un conjunto de acciones dirigidas a la rehabilitación de las áreas afectadas por los incendios.

Castro enfatiza que esta medida es necesaria debido a la falta de una tipificación específica para estos delitos, lo que ha llevado a una escasa responsabilidad legal hasta el momento.

No obstante, el abogado especialista recuerda que el tratamiento de los incendios forestales ya está abordado en el Código Penal. Según Cabrejos, la iniciativa legislativa solo amplía el concepto de protección sin necesariamente mejorar la implementación o eficacia de las sanciones existentes.

Asimismo, Cabrejos critica la estrategia de elevar penas que buscan corregir conductas delictivas, ya que esto no ha demostrado ser efectivo en términos de control y prevención de incendios forestales. En ese sentido, según el experto, una política adecuada para atender este problema debería incluir una cultura especializada en la gestión de los siniestros.

¿Quiénes son los verdaderos responsables?

En ese marco, el abogado compara la situación de Perú con la de Colombia, donde se implementó un endurecimiento penal frente a la deforestación masiva en 2017, una actividad que puede influir en los incendios forestales.

En dicho periodo, el país vecino enfrentó una gran tala de bosques, con más de 200 mil 000 hectáreas perdidas. Para combatir esto, Colombia endureció las penas de los delitos relacionados con la deforestación y creó leyes específicas con el objetivo de castigar esta actividad y así proteger su superficie forestal.

Esta estrategia, según Cabrejos, muestra que tener leyes detalladas podría ser muy útil, teniendo en cuenta que Perú también enfrenta graves problemas de deforestación, con 223 mil 000 hectáreas pérdidas solo el año pasado.

Impacto de la Ley Antiforestal del Congreso

En esa misma línea, Cabrejos también cuestionó la efectividad de la modificatoria de la ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, denominada por sus críticos como ‘Ley Antiforestal’, y la capacidad del Gobierno para sancionar a los responsables de los incendios.

Mientras las políticas actuales parecen centrarse en sancionar a los agricultores y sus ‘prácticas culturales’, sería más efectivo adoptar una postura coherente y menos influenciada por intereses externos, a fin de abordar adecuadamente la crisis de deforestación, que es el principal problema de los bosques en el Perú, indica el abogado.

Finalmente, Cabrejos recalca cómo la visión geopolítica y las normas internacionales influyen en la legislación y las decisiones ministeriales que, en lugar de prevenir la deforestación y los incendios forestales, a menudo las fomentan.

Bajo esa premisa, recuerda a la exembajadora de EE.UU., quien, afirma, promocionó una empresa en la Amazonía que, a pesar de recibir inversión estadounidense, aseguró no practicaba deforestación. Asimismo, mencionó la influencia de la embajada de la Unión Europea a fin de certificar a los productores de café y cacao en términos de no deforestación.

Sobre ello, Cabrejos señala que estas acciones no abordan eficazmente las causas de esta actividad y los incendios, y sugiere que se debe adoptar una perspectiva de desarrollo forestal, en lugar de agrícola o minera, para proteger la Amazonía.

De acuerdo a Huamán, quien fue entrevistado esta tarde en Canal N, es común encontrar prácticas ilícitas en las que se espera a que los árboles caídos se sequen para prenderles fuego, habilitando así nuevas áreas para cultivos o invasiones.

“Hay muchos lugares donde se hace que, luego de que los árboles están caídos, se espera a que se sequen y se les prende fuego para habilitar nuevas áreas para cultivos o invasiones. Esta es una práctica que se utiliza y que es ilegal, además de las quemas. Obviamente, esto está siendo aprovechado porque es relativamente rápido para ampliar una frontera agrícola”, explicó.

Estas acciones no solo son ilegales, sino que también están impulsadas por la existencia de una ley que, aunque diseñada para regular la actividad forestal, ha sido malinterpretada y mal aplicada, aseguró Huamán. Se trata de la Ley 31973, más conocida como la Ley ‘Antiforestal’, aprobada por el Congreso de la República y que entró en vigencia desde enero de este año tras su publicación en el diario El Peruano.

¿Quiénes son los verdaderos culpables de los incendios?

La ley en cuestión, calificada como ‘antiforestal’ por organizaciones indígenas, defensores del ambiente, organismos internacionales y reconocidos especialistas en materia ambiental, fue aprobada en el Legislativo con la intención de ‘regular la deforestación’.

Sin embargo, el representante del Sernanp —entidad adscrita al Ministerio del Ambiente— señaló que su modificación ha dejado lagunas legales al precisar periodos antiguos y no formalizar nuevos periodos de deforestación.

Según Huamán Mendoza, esta situación genera confusión entre los ciudadanos, quienes podrían creer erróneamente que tienen “carta blanca” para deforestar sin temor a sanciones. No obstante, dicha interpretación es errónea, ya que deforestar sin autorización es un delito que puede conllevar penas de cárcel.

“La modificatoria de la ley [29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre] precisa periodos antiguos, no formaliza periodos nuevos de deforestación, y eso es una preocupación porque la gente malinterpreta el significado de esta ley y piensa que tiene carta blanca para deforestar sin penalización. Sin embargo, en realidad, esto es un delito y puede conllevar penas de cárcel”, indicó el vocero.

Sernanp ya impuso sanciones en áreas protegidas

En ese sentido, a pesar de la claridad legal en cuanto a la ilegalidad de estas prácticas, la implementación y la vigilancia parecen ser insuficientes.

Hasta la fecha, Huamán Mendoza confirmó que se han impuesto sanciones en al menos cuatro o cinco áreas naturales protegidas, incluyendo el Parque Nacional Sierra del Divisor, que se extiende entre las regiones de Ucayali y Loreto, y el Bosque de Protección San Matías San Carlos, situado en la provincia de Oxapampa, región Pasco.

“En cuanto a las sanciones, hemos actuado en al menos 4 o 5 áreas naturales protegidas, como el Parque Nacional Sierra del Divisor y el Bosque de Protección San Matías San Carlos, por apertura de trochas carrozables o deforestación por tala en varios lugares del país”, precisó.

Por ello, recalcó es imperativo que tanto las autoridades como la ciudadanía comprendan la gravedad de estas prácticas y la importancia de cumplir con las normativas vigentes.

Esto debido a que la deforestación y los incendios provocados no solo amenazan la biodiversidad, sino que también perpetúan un ciclo de daño ambiental que requiere una respuesta más robusta y efectiva.

Hasta el momento, se sabe que los ciudadanos no tienen acceso a agua potable ni a alimentos, y el humo denso está dificultando su respiración, lo que ha llevado a la población a pedir ayuda desesperadamente.

Sin embargo, a pesar de la urgencia de la situación, que ya pone en riesgo casas, colegios y la vida de las personas, la comunidad no está recibiendo la asistencia necesaria.

Comunidades solicitan víveres y medicinas

Infobae Perú confirmó a través de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) que el incendio comenzó recientemente. Las comunidades solicitan víveres y medicinas, ya que la exposición al humo está causando problemas de salud, incluyendo dolores de ojos, mareos y desmayos. Ante ello, demandan la asistencia urgente de médicos a la zona.

Por otro lado, en Loreto, un incendio forestal en el distrito de Contamana, ha devastado más de 100 hectáreas de bosque en la comunidad nativa shipibo-konibo de Santa Rosa. A su vez, la alerta se ha extendido a la comunidad nativa de Canchahuaya y la comunidad nativa de Alto Mayo en San Martín, que también reportan incendios.

Pucallpa reprograma vuelos por siniestros

Esta mañana, el aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo de Pucallpa, Ucayali, tuvo que reprogramar vuelos debido a la densa humareda provocada por incendios forestales en las cercanías de Nueva Requena, que destruyeron más de 100 hectáreas de bosque.

Los vuelos programados entre las 7 y 8 a.m. se trasladaron a las 3 p.m. a causa de la baja visibilidad. No obstante, si bien se reanudaron las operaciones alrededor de las 10 a.m., al menos cinco focos de incendio continúan activos en el departamento, afectando a más de 200 familias.

Situación se agrava por sequía en Ucayali

Asimismo, en la misma región amazónica, Agencia Andina informó que los incendios devastaron más de 17 mil 000 hectáreas de bosques, siendo la zona más afectada el distrito de Nueva Requena, donde se perdieron aproximadamente 7.000 hectáreas. Comunidades cercanas, como Nuevo Mundo y Belén de Judá, estuvieron bajo fuego durante más de dos semanas, lo que causó la perdida de sus cultivos de cacao, palma y plátanos.

Al respecto, el gobernador Manuel Gambini comunicó que algunos incendios han sido controlados en el distrito de Manantay, pero otros continúan activos. En respuesta a la crisis, el ministro de Defensa y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas llegaron a Pucallpa para coordinar acciones de mitigación.

Aunque la situación se agrava por una sequía que afecta los ríos de la región, con niveles por debajo del umbral de alerta. Esto ha conllevado a las autoridades a imponer restricciones en la navegación nocturna.

La actual crisis de incendios forestales en Perú sigue generando preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Para analizar más a fondo las diversas cuestiones sobre la magnitud de esta situación, sus causas y posibles soluciones, Infobae Perú conversó con Sidney Novoa, biólogo de la Universidad Nacional Agraria La Molina y director de SIG y Tecnologías para la Conservación de Conservación Amazónica-ACCA.

¿Es posible prever el fin de la crisis de incendios forestales? Según Novoa, la situación es incierta debido a varios factores, entre los que destacan las condiciones climáticas adversas que han persistido durante el año, incluyendo una temporada de sequía que podría extenderse más de lo habitual.

Esta prolongación podría provocar un aumento en la superficie quemada, convirtiendo potencialmente el 2024 en uno de los peores en términos de áreas afectadas por incendios. “La situación no comenzó en septiembre; los incendios han estado ocurriendo desde meses anteriores, en junio y julio, y han ido evolucionando de diferentes maneras”, detalla Novoa.

Adoptar una cultura de manejo del fuego: ¿qué significa?

En cuanto a las regiones más afectadas, el biólogo explicó que las estadísticas de incendios activos en Perú indican que, aunque hay numerosos incendios reportados, no todos se consideran igualmente amenazantes.

Por ejemplo, en regiones como Áncash, los incendios han sido devastadores, pero la magnitud varía en otras áreas, como Amazonas, donde las llamas han afectado tanto a áreas naturales como a terrenos agrícolas, enfatiza Novoa.

“Por ejemplo, en agosto, Áncash fue gravemente afectado, con incendios de gran magnitud que arrasaron el Parque Nacional Huascarán y otras áreas. Actualmente, se presta mucha atención a los incendios en la región amazónica, donde se están quemando tanto ecosistemas naturales como áreas agrícolas críticas. En general, las cifras oficiales del Gobierno son las más adecuadas para entender el alcance de la amenaza de estos incendios”, resalta.

En ese sentido, subraya que la necesidad urgente de adoptar una cultura de manejo del fuego. El experto sugiere que, en lugar de prohibir completamente el uso del fuego, se deben implementar prácticas de manejo controlado para prevenir la propagación de incendios.

“Eliminar el uso del fuego es absurdo; ni siquiera Brasil, con su agricultura significativa, ha logrado eliminarlo. Las campañas de prevención y concientización se hacen en diferentes escalas, dependiendo de las regiones y los presupuestos. Lo que se necesita es crear una cultura de manejo del fuego. Esto implica prácticas como las quemas prescritas, delimitación de áreas de alto riesgo, y la creación de cortafuegos. El problema es que las leyes actuales prohíben las quemas, y no hay un interlocutor válido o especialistas con visión para abordar estos temas. Hay una falta de regulación y apoyo para la implementación de programas de quema prescrita”, explica.

Acerca de este punto, cabe aclarar que las quemas prescritas son fuegos controlados que se encienden intencionalmente para quemar plantas secas y evitar que se acumulen, ayudando a prevenir incendios más grandes en el futuro.

Mientras que los cortafuegos son áreas sin vegetación, como caminos o franjas de tierra despejada, que se crean para detener el fuego si se desata. Específicamente, funcionan como barreras para proteger lugares importantes, como casas o cultivos, de los incendios.

¿Esto ya había ocurrido antes?

Entre 2016 y 2017, se produjo una intensa temporada de incendios en las mismas zonas, provocada por el fenómeno del Niño Costero. Este año, la situación es diferente, precisa el biólogo.

Pues, en 2023, las precipitaciones fueron bastante bajas, lo que ha afectado las condiciones en este periodo. El incremento en la temperatura y la acumulación de biomasa seca, que no se ha recuperado de las sequías anteriores, ha creado un entorno propicio para los incendios.

En ese contexto, el biólogo afirma que los incendios actuales no son más que quemas que se han salido de control, extendiéndose a áreas adyacentes, principalmente terrenos agrícolas. En algunos casos, los incendios han llegado a áreas de vegetación natural, aunque, en su mayoría, estarían vinculados a espacios ya degradados, indicó.

Tarapoto marcó un nuevo récord histórico al registrar la temperatura más alta jamás documentada en la ciudad del departamento amazónico de San Martín, con 40.4°C (104.7°F). Este dato fue confirmado por el Reporte Meteorológico del Aeródromo (METAR), emitido el último domingo 15 a las 2:00 de la tarde. Este es el primer METAR en Perú que reporta temperaturas de este nivel.

Abraham Levy, reconocido especialista en temas climáticos y meteorológicos, explicó que el reporte meteorológico muestra que, a pesar de la alta temperatura, la humedad en el aire es del 25%, lo cual no incrementa la sensación térmica en más de 1°C.

¿Qué otros puntos del país han reportado temperaturas inusuales?

En otras partes del país también se han observado temperaturas inusuales. En Machu Picchu, Cusco, la estación meteorológica local registró una temperatura máxima media de 28°C durante la primera quincena de septiembre, superando el promedio histórico de 23°C.

Esta desviación de 5°C por encima de lo habitual destaca la tendencia de variaciones inusuales en el clima de la región surandina, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Asimismo, el 14 de septiembre, se reportó una nuevo récord de calor a nivel nacional. La estación meteorológica de Iñapari, ubicada en Madre de Dios, reportó una temperatura máxima de 41.1°C, la más alta en el Perú durante este año.

Siguen olas de calor en distritos amazónicos

Por otro lado, el pasado 13 de septiembre, Perú experimentó temperaturas extremas en varios distritos amazónicos, según el reporte del Senamhi. Los registros más altos fueron los siguientes:

• Iñapari (Madre de Dios): 40.4°C
• Tingo de Ponasa (San Martín): 40.2°C
• Juan Guerra (San Martín): 40.2°C
• Bellavista (San Martín): 40.0°C
• Pilluana (San Martín): 40.0°C
• Tarapoto (San Martín): 39.9°C
• San Martín (San Martín): 39.4°C
• Callería (Ucayali): 39.1°C

Un día antes, el 12 de septiembre, tres departamentos de la selva peruana reportaron temperaturas excepcionales.

• Juan Guerra, en San Martín: 40.0°C
• Iñapari, en Madre de Dios: 40.0°C
• Callería, en Ucayali: 39.5°C

Estos datos destacan un fenómeno de calor extremo en la región, con temperaturas que superan significativamente los promedios históricos. A nivel nacional, el informe muestra que las temperaturas diurnas en todo el país han sido inusualmente altas.

¿Cómo reducir los riesgos ante un golpe de calor?

1. Buscar Refugio en áreas frescas: Mantente en lugares con sombra o en espacios climatizados siempre que sea posible. Utiliza ventiladores o aire acondicionado para reducir la temperatura ambiente.
2. Hidratarse adecuadamente: Bebe abundante agua a lo largo del día, incluso si no sientes sed. Evita bebidas alcohólicas y con cafeína, ya que pueden deshidratarte.
3. Vestir ropa ligera y transpirable: Usa ropa ligera, de colores claros y fabricada con materiales transpirables como el algodón. Esto ayudará a que tu cuerpo se mantenga fresco.
4. Evitar actividades físicas intensas: Limita el ejercicio y las actividades físicas al aire libre durante las horas más calurosas del día (generalmente entre las 10 a.m. y las 4 p.m.).
5. Tomar descansos frecuentes: Si debes realizar actividades al aire libre, toma descansos frecuentes en lugares frescos para permitir que tu cuerpo se recupere.
6. Reconocer los síntomas de un golpe de calor: Los síntomas incluyen piel caliente y seca, confusión, mareos, náuseas, dolor de cabeza y, en casos graves, pérdida de consciencia. Si presentas estos síntomas, busca atención médica inmediata.
7. Consultar a un profesional de salud: Si sospechas que tú o alguien más ha sufrido un golpe de calor, busca atención médica de inmediato. El tratamiento profesional es crucial para manejar los casos graves.
8. Informarse sobre el clima: Mantente al tanto de las alertas meteorológicas y recomendaciones de las autoridades locales sobre las condiciones extremas de calor.
9. Preparar un kit de emergencia: Incluye agua, alimentos no perecederos, medicamentos esenciales, y otros suministros que puedan ser útiles en caso de emergencia.

La Central Asháninka de Río Ene (CARE), que representa a más de 40 comunidades asháninka de la cuenca del río Ene, Junín, reportó un grave incendio forestal que afecta a la comunidad nativa Tsiquireni.

De acuerdo a la CARE, el siniestro podría extenderse hacia la Reserva Comunal Asháninka, crucial para proteger las fuentes de agua que abastecen a más de 7.000 personas, entre asháninkas, ashéninkas y caquintes, que viven en las proximidades de los ríos Ene, Tambo y Apurímac.

Desde hace una semana, la organización indígena solicita ayuda al Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) de Satipo y a otras entidades para enfrentar los incendios forestales en Río Ene. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta del Estado, por lo que los comités de autodefensa y los comuneros están lidiando con la situación por sí mismos.

Más de 50 miembros de comités trabajan para apagar llamas

El fuego, detectado inicialmente por el Sistema de Alerta Temprana SAT CARE el 10 de septiembre y confirmado al día siguiente, destruyó aproximadamente 50 hectáreas de bosque.

A pesar de los esfuerzos de los comuneros para combatir las llamas, el incendio sigue avanzando y ha requerido la intervención de los Comités de Autodefensa (CAD) de comunidades vecinas. Específicamente, más de 50 miembros de los CAD de las comunidades Tsiquireni, Pichiquia, Unión Puerto Asháninka, Samaniato y Potsoteni para evaluar la situación y ayudar en las labores de extinción.

Sin embargo, si bien han estado trabajando arduamente para controlar el fuego, protegiendo sus parcelas y mitigando el impacto en la fauna, el avance del incendio es imparable, informan. Además, algunos han sufrido heridas mientras intentaban sofocar las llamas.

Otro problema crítico para combatir el fuego es el acceso a la comunidad de Tsiquireni, que solo se puede realizar por vía fluvial, lo que dificulta las labores de extinción. Los comuneros solicitan urgentemente la ayuda de las autoridades y de la comunidad en general para obtener mano de obra, herramientas y agua.

Asimismo, instan a las autoridades a enviar recursos y asistencia inmediata para controlar esta emergencia y evitar mayores daños, mientras la CARE continúa monitoreando la situación y proporcionando actualizaciones conforme se desarrollen los eventos.

Mancomunidad regional amazónica se pronuncia

En paralelo, la Mancomunidad Regional Amazónica (MRA), que incluye las regiones de Amazonas, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali, junto al Consejo Amazónico de Cámaras de Comercio (CACC), emitió este lunes un pronunciamiento urgente sobre la grave crisis de sequía e incendios forestales en la Amazonía peruana.

La MRA critica la falta de inversión pública y la respuesta inadecuada del Gobierno, exigiendo una Declaratoria de Emergencia Ambiental para priorizar la lucha contra los incendios. Además, solicitan un aumento en los recursos destinados a la prevención y atención de incendios, así como un compromiso colaborativo entre gobiernos regionales y el sector privado.

Por otro lado, demandan una acción legal contundente contra quienes realizan quemas ilegales de bosques y piden una moratoria en la conversión de bosques, abogando por la prohibición total de la deforestación.

También exigen un aumento en el equipamiento para los Bomberos Voluntarios y políticas públicas más claras para prevenir la deforestación y la implementación de una Mesa Ejecutiva de la Amazonía para fomentar un desarrollo sostenible.

La situación en el centro poblado de Llancay, en el distrito de Sumbilca, sigue siendo crítica tras el incendio forestal que alertó a la provincia de Huaral la noche del último domingo. En entrevista con Infobae Perú, el alcalde Armando Espinoza proporcionó nuevos detalles sobre los graves impactos que enfrenta la población durante esta emergencia.

El burgomaestre, quien lideró los esfuerzos para controlar el incendio ya extinguido, comentó que las condiciones del terreno dificultan las labores de los equipos de emergencia en caso de reactivación del fuego.

“Nuestro personal técnico, que ha estado monitoreando la situación de cerca, reporta que el incendio se controló alrededor de la medianoche o la una de la mañana. Por lo tanto, se ha extinguido la mayor parte del fuego. No hemos podido acercarnos al lugar del incendio debido al peligro que representan las piedras y rocas desplazadas”, declaró Espinoza a este medio.

La situación se complica aún más por la dificultad de acceso a las áreas afectadas y la falta de recursos adecuados para combatir las llamas de manera efectiva.

Fuego destruyó cultivos de palta: principal sustento económico

Respecto a las pérdidas, el alcalde informó que el incendio, que avanzó a menos de 200 metros de las zonas urbanas, causó daños significativos al agro. Los cultivos de palta son los más afectados, dejando a los comuneros, que ya se encuentran en una situación de extrema pobreza, en una realidad económica aún más precaria.

Espinoza resaltó que las comunidades está enfrentando importantes pérdidas. “El impacto económico es severo para los comuneros, quienes han invertido sus escasos recursos en sus tierras. La pérdida de cultivos y ganado será un golpe duro para ellos”, señaló el alcalde.

Asimismo, las llamas afectaron pastizales esenciales para la alimentación del ganado y 10 tramos de una manguera de pulgada y media, lo que ahora impide el riego de las plantaciones y compromete todavía más la producción agrícola.

Ayuda internacional podría ser crucial

Sobre el origen del incendio, Espinoza admitió que no se ha determinado si fue causado por factores naturales o por actividades humanas. “Estamos coordinando para obtener más información sobre el origen del fuego. Aún no podemos confirmar su causa”, agregó.

En ese contexto, la autoridad pidió asistencia al Gobierno Regional Lima para manejar la crisis y apoyar en la recuperación de la agricultura y la ganadería de las comunidades afectadas.

Mientras tanto, se sabe que, como primeras medidas, ya se registró la emergencia mediante Defensa Civil, para gestionar posteriormente cualquier tipo de ayuda humanitaria o compensación por las pérdidas. Además, se viene coordinando con los bomberos para cualquier asistencia.

Al cierre de la entrevista, el alcalde también abordó la reciente declaración del primer ministro Gustavo Adrianzén, quien ha descartado la posibilidad de solicitar ayuda internacional para enfrentar los incendios.

Sobre ello, Espinoza expresó su preocupación por la falta de recursos y logística para manejar la emergencia de manera adecuada. “Teniendo en cuenta que los recursos son limitados, considero que la ayuda internacional podría ser crucial para enfrentar esta crisis”, concluyó.

Las lluvias intensas en la provincia de Satipo, específicamente en la cuenca del río Ene de la región Junín, provocaron la crecida del río Mantaro, inundando viviendas en el centro poblado José Olaya, distrito de Vizcatán del Ene.

El incremento de las precipitaciones causa daños en las comunidades situadas a lo largo de ambos ríos, causando el desplazamiento de varias familias hacia zonas más seguras.

En ese contexto, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) comunicó que se encuentra activamente trabajando para mitigar los efectos climáticos adversos. Sin embargo, los afectados argumentan que las 11 carpas proporcionadas por Indeci resultan insuficientes para atender las necesidades de la población damnificada.

Por ello, solicitan a las autoridades locales y nacionales conformar una comisión especial encargada de proveer alimentos básicos, medicamentos, agua potable, y otros suministros esenciales.

Más de 300 familias asháninkas en riesgo

Asimismo, en el marco de la emergencia, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) emitió una alerta debido a que más de 300 familias asháninkas, que viven en la cuenca del río Ene, están siendo gravemente afectadas por la crecida del afluente.

Como resultado, se han generado inundaciones en Quempiri y localidades adyacentes como Pampa Hermosa y Yoyato, llevando a la decisión de evacuar a los ciudadanos hacia otros lugares, ya que infraestructuras básicas, incluyendo viviendas, establecimientos educativos, centros de salud y áreas agrícolas, han quedado destruidos.

En su comunicación, CARE ha saludado la asistencia por parte del Ejército, que incluye tanto la ayuda humanitaria como el reconocimiento aéreo de las áreas afectadas. No obstante, recalcan que estas medidas son limitadas ante la magnitud del desastre.

Riesgos por escasez de agua potable

Por otro lado, la organización indígena, que representa a 44 comunidades asháninka y cuatro grupos de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci) de la cuenca del río Ene, demanda una coordinación urgente entre el Gobierno central, regional y local para afrontar la emergencia que afecta por lo menos a cinco comunidades.

Específicamente exigen la intervención de la Municipalidad Provincial de Satipo, el Gobierno Regional de Junín y el Indeci, solicitando esfuerzos conjuntos para una evaluación detallada de los daños y perdidas.

Asimismo, la CARE insta a la Dirección Regional de Salud de Junín y a las redes de salud a prestar atención al crítico desabastecimiento de agua potable que enfrentan las comunidades, pues, muchas de estas dependen del agua del río, la cual está altamente contaminada con lodo, empeorando así la situación sanitaria de los afectados.

En tanto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, en los próximos días, se espera que las lluvias moderadas acompañadas de descargas eléctricas continúen afectando a las regiones de la selva del país, sobre todo a Cuzco, Ucayali, Madre de Dios y Loreto.

Además, de acuerdo con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), reportó que las adversas condiciones climáticas generan la interrupción de 53 puntos clave de la red nacional de carreteras.

Según el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, la mayoría de los siniestros forestales en Perú son provocados por malas prácticas agrícolas, como la quema de pastizales, que deterioran la capacidad de retención de agua, aumentan la erosión del suelo, contribuyen a la pérdida de biodiversidad y al incremento de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en estas malas prácticas agrícolas. La reciente Ley 31973, conocida como la Ley ‘Antiforestal’, también juega un papel crucial en esta crisis.

Como se recuerda, esta fue aprobada por el Congreso de la República y rechazada por organizaciones indígenas y especialistas en materia ambiental por generar incentivos perversos que, en lugar de proteger los bosques, facilitan su destrucción mediante talas, quemas u otras prácticas que podrían resultar en la pérdida de cobertura forestal.

Ipenza enfatiza que la norma no responde adecuadamente a la realidad ambiental del país y exacerba la crisis al no implementar mecanismos efectivos para controlar y prevenir los incendios.

“Esto viene ya de mucho tiempo atrás. En los últimos años, el incremento de la temperatura por el cambio climático, por un lado, las malas prácticas de los agricultores, por otro lado, y también medidas desde el mismo Congreso que no han sabido responder a la responsabilidad por la cual nosotros pagamos su sueldo. Por ejemplo, esta ‘Ley Antiforestal’ genera incentivos perversos para que la gente se haga de tierras, y para poder hacerse de tierras, tienen que deforestar, tumbar y quemar”, declaró el especialista a Canal N.

“El Congreso no ha sido capaz de discutir su derogación, porque la aprobaron en diciembre del año pasado, pese a los cuestionamientos, a los pedidos de inconstitucionalidad y a los pronunciamientos de diversos gobiernos regionales amazónicos”, agregó.

Asimismo, el abogado critica la falta de acción y de conciencia tanto por parte de la ciudadanía como de las autoridades, pues señala que el Estado debería tomar medidas proactivas para educar y alertar a la población, en lugar de emitir mensajes de advertencia cuando la situación ya ha alcanzado niveles críticos.

“Bueno, más allá de cualquier cosa, creo que el tema del rol que tiene el Estado es concientizar a la población y señalar campañas. No tiene sentido que el Ministerio del Ambiente (Minam) saque una noticia diciendo ‘no quemes rastrojos (restos de plantas y cultivos que quedan en el suelo después de la cosecha)’ cuando ya estamos en esta situación”, criticó.

Falta de vegetación genera riesgo de desastres

Por otro lado, Ipenza explica que los incendios forestales tienen múltiples causas. En muchos casos, la mano del hombre es responsable directa de estos incendios, pero el incremento de las temperaturas y la sequía extrema en la Amazonía también juegan un papel importante.

Además, resalta que el impacto de estos incendios va más allá de la pérdida de vegetación y fauna. La contaminación del aire y el incremento de las temperaturas son una amenaza directa a la vida humana. También, la pérdida de biodiversidad y la falta de vegetación para retener la tierra en la época de lluvias conducen a desastres como huaicos y otros, agudizando los riesgos.

“Así es, pero a menudo solo vemos una parte del problema. Cuando hablamos de las afectaciones, a veces pensamos únicamente en las plantas y los animales. Sin embargo, estamos poniendo en riesgo la vida misma de cada uno de nosotros. Las personas están respirando aire contaminado, y el aumento de las temperaturas exacerba la situación. La pérdida de biodiversidad es solo una parte del impacto. Además, cuando llegue la época de lluvias, la falta de vegetación que pueda retener el suelo provocará huaicos y avenidas. Esto nos llevará a enfrentar una situación aún más adversa”, indicó.

¿Cuáles son las sanciones en caso de provocar incendios forestales?

La Ley 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece sanciones severas para quienes provoquen incendios forestales, que van desde multas hasta penas privativas de libertad. Específicamente, las multas pueden oscilar entre 460 soles (0.10 UIT) y 23 millones de soles (5.000 UIT). Además, el Código Penal establece penas privativas de libertad que van de 4 a 6 años para quienes cometan estos delitos.

Adicionalmente, Serfor mantiene un monitoreo constante a través de la plataforma SAMI (Satélite, Monitoreo, Impacto del Patrimonio Forestal), en colaboración con diversas instituciones, para gestionar y responder a los incendios. En caso de presenciar un incendio forestal, es fundamental poner a salvo la vida personal y dar aviso a las autoridades pertinentes. No se debe intentar apagar el fuego sin el equipo adecuado ni capturar animales salvajes en peligro.

“Murió el dictador, asesino y corrupto de Alberto Fujimori”, afirmó la congresista Sigrid Bazán tras el fallecimiento del exdictador Alberto Fujimori a los 86 años. “Se fue sin pagar un sol de reparación civil, sin pedir perdón y en libertad gracias a un indulto ilegal”, agregó, resaltando que su legado de “corrupción, violaciones de derechos humanos y autoritarismo” persiste a pesar de su muerte.

El exmandatario había estado en libertad desde finales de 2023, luego de recibir un indulto que, como se recuerda, fue ampliamente criticado. Este beneficio, otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), permitió a Fujimori salir de prisión aun con su condena por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

En un segundo mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), Bazán expresó: “La Cantuta: ¡No se olvida! Barrios Altos: ¡No se olvida! Pativilca: ¡No se olvida! Esterilizaciones forzadas: ¡No se olvida! Autogolpe del 5 de abril: ¡No se olvida!”

‘No le corresponde duelo nacional’

Por su parte, la periodista Jacqueline Fowks también utilizó la misma red social para pronunciarse sobre los recientes hechos: “Ha muerto el autócrata sin haber cumplido su condena a 25 años de prisión ni haber pagado al Estado la reparación civil de $15 millones”.

Además, la periodista señaló que, gracias a la influencia política de su hija, Keiko Fujimori, el expresidente logró una excarcelación en diciembre y una pensión en junio. “Dado el poder del partido que lidera su hija mayor, consiguió una excarcelación en diciembre y, en junio, una pensión: ambas ilegales”.

En la misma línea, el destacado historiador José Ragas manifestó: “A un expresidente sentenciado y condenado por corrupción y violación de derechos humanos no le corresponde duelo nacional ni funeral de Estado”.

Las graves violaciones de derechos humanos de Fujimori

Durante su régimen (1990-2000), Fujimori introdujo reformas que modernizaron Perú, aunque su camino estuvo marcado a su vez por serias violaciones de derechos humanos. Su mandato se vio envuelto en atrocidades como las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, perpetradas por el grupo Colina en 1992 y 1991, respectivamente.

Gisela Ortiz, defensora de los derechos humanos y hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, una de las víctimas de La Cantuta, rememoró estos hechos y expresó su indignación tras la muerte de Fujimori.

Siguiendo esa postura, Adrián Sarrio Muñoz, periodista de Ayacucho, recordó a Javier Ríos Rojas, un niño de 8 años asesinado junto a su padre en Barrios Altos.

Pero las violaciones no acabaron ahí. En 1992, Fujimori implementó también un “autogolpe” que disolvió el Congreso y reescribió la Constitución. En 1995, fue reelegido bajo circunstancias cuestionables, mientras que en 1997 llevó a cabo la Operación Chavín de Huántar, una operación de rescate que ‘mejoró’ temporalmente su imagen. Sin embargo, estos eventos estuvieron acompañados de actos de violencia y represión.

Uno de los episodios más oscuros de su mandato fue la implementación de un programa de esterilizaciones forzadas en la década de 1990, que afectó a miles de mujeres, especialmente en comunidades indígenas y rurales, entre otros casos.

La ‘salida’ del poder

La salida de Fujimori del poder fue un proceso marcado por crisis y escándalos, especialmente cuando, en el año 2000, se reveló un video que mostraba al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos ofreciendo sobornos para asegurar la lealtad de políticos opositores.

El descontento popular y las masivas protestas llevaron a Fujimori a tomar una decisión drástica. A fines de 2000, mientras se encontraba en Tokio, Japón, el exdictador envió un fax anunciando su renuncia a la presidencia. En su mensaje, alegaba que la situación en el país estaba fuera de control y que no podía garantizar su estabilidad. No obstante, Perú solicitó su extradición por cargos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Finalmente, en 2007 fue extraditado.

El exdictador Alberto Fujimori, cuyo mandato se desarrolló entre 1990 y 2000, falleció hoy a los 86 años. Su última aparición pública fue el pasado 4 de septiembre, cuando fue captado saliendo de la Clínica Delgado, en Miraflores, acompañado por su hijo Kenji Fujimori. En silla de ruedas y visiblemente afectado por problemas de salud, acudió a realizarse una tomografía de control.

Sin embargo, pese a su frágil estado, Fujimori dejó entrever la posibilidad de regresar a la política. En esa ocasión, cuando los medios le preguntaron sobre su posible candidatura a la presidencia en las elecciones de 2026, dejó la puerta abierta respondiendo de forma ambigua: “Vamos a ver, vamos a ver”, sin aceptar formalmente su candidatura, aunque esta había sido impulsada públicamente por su hija, Keiko Fujimori.

¿Fujimori podía postular a las elecciones 2026?

El exmandatario enfrentaba impedimentos legales para postular debido a su condena por delitos de lesa humanidad, pero algunos abogados cercanos al fujimorismo argumentaron que podía haber una vía legal para su candidatura.

William Paco Castillo, exabogado de Fujimori, sostenía que el exdictador podía postular, sosteniendo que el artículo 34-A de la Constitución, que prohíbe la candidatura de condenados por delitos dolosos, no podía aplicarse a Fujimori debido al principio de retroactividad. Según Castillo, la condena del antiguo mandatario se dictó antes de la promulgación de esa norma, por lo que no le afectaba.

El abogado Benji Espinoza, en cambio, rechazaba esta interpretación, argumentando que la norma era plenamente aplicable, dado que estaría en vigor en el momento en que Fujimori intentara postular. Además, subrayaba que la condena por delito doloso y la deuda por reparación civil que el expresidente aún mantenía con el Estado eran factores que le impedían legalmente ser candidato.

En la misma línea, el abogado Carlos Caro también apoyaba la inhabilitación de Fujimori, señalando que, aunque el indulto lo liberaba de cumplir su condena, no anulaba la obligación de pagar la reparación civil ni la inhabilitación perpetua estipulada en la Ley Orgánica de Elecciones, que impide a funcionarios condenados por delitos como corrupción postular a la presidencia.

Exdictador entre los personajes más poderosos del Perú

Alberto Fujimori ingresó nuevamente en el top 10 de los personajes más poderosos del Perú, ocupando el noveno lugar con un 21% de influencia, según la última encuesta de poder de Ipsos publicada por Semana Económica.

Esta posición, que no tenía desde hace más de una década, se debía a su reciente liberación, su inscripción en el partido de su hija Keiko y su deseo de regresar a la vida política. Fujimori superó en influencia a figuras como José Arista (13%), Carlos Rodríguez Pastor (20%), Javier Arévalo (6%), Juan Carlos Villena (7%) y Mario Vargas Llosa (4%).

Algunos expertos, como el politólogo Paolo Sosa, consideran que el poder de Fujimori era más simbólico que real, ya que en los últimos años su figura fue utilizada como un instrumento de negociación política. Asimismo, la encuesta reveló que Keiko Fujimori, con su 21% de influencia, compartía el poder con la presidenta Dina Boluarte y César Acuña, gobernador de La Libertad, quienes tienen una cuota de influencia similar a la de la máxima autoridad del Estado.

Fujimori, quien había sido liberado en 2023 tras la restitución del indulto humanitario concedido en 2017, pasó sus últimos años entre controles médicos y reflexiones sobre su pasado político, que comprende el conflicto armado interno (1980-2000).

Como se recuerda, Fujimori está condenado por crímenes de lesa humanidad, específicamente por ordenar la ejecución extrajudicial de 15 personas en Barrios Altos en 1991, incluido un niño de ocho años, y de nueve estudiantes y un profesor en La Cantuta en 1992. Estos actos se consideran crímenes de lesa humanidad debido a su carácter sistemático y dirigido contra civiles, entre otros casos.

El Ministerio Público ha registrado una denuncia contra Ángel Manero Campos, actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, por presuntos delitos relacionados con la emisión de un documento oficial clave para la gestión forestal en el Perú.

La querella, presentada por Ángela Lucila Pautrat Oyarzun, ingeniera forestal, directora de la ONG Kené y reconocida como defensora de derechos humanos por el Ministerio de Justicia, indica que el titular del Midagri habría incurrido en violaciones legales y constitucionales al aprobar la Resolución Ministerial 0309-2024-MIDAGRI, la cual establece la emisión de la denominada “Constancia de Libre Deforestación”.

Siguiendo el documento, específicamente, se señala que el funcionario habría cometido los delitos de otorgamiento ilegal de derechos, conforme al Artículo 314 del Código Penal Peruano, al presuntamente conceder beneficios indebidos mediante la emisión de la “Constancia de Libre Deforestación”.

Asimismo, se le acusa de supuesto avocamiento indebido, según el Artículo 388 del Código Penal Peruano, al actuar fuera del ámbito de sus competencias al emitir dicho documento.

Además, la denuncia sostiene que la resolución ministerial no solo infringe las leyes peruanas y la Constitución Política del Perú, sino que también vulneraría diversas normativas ambientales y forestales. Pues, se teme que el documento en cuestión facilite prácticas no autorizadas que violen las regulaciones destinadas a proteger los recursos naturales del país.

“Constancia de Libre Deforestación”: ¿qué significa?

La Resolución Ministerial Nº 0309-2024-MIDAGRI, emitida el 10 de septiembre de 2024, aprueba la creación del “Documento Electrónico de Constancia de Libre Deforestación”.

Este tiene como objetivo certificar que los productos o tierras evaluadas que no han experimentado deforestación después del 31 de diciembre de 2020, en cumplimiento con las normas internacionales sobre la conservación forestal.

La Constancia de Libre Deforestación se expedirá electrónicamente, previa verificación de que el área evaluada cumpla con la legislación vigente y no haya sufrido deforestación.

Posteriormente, la Dirección General de Estadística, Seguimiento y Evaluación de Políticas será responsable de la actualización y gestión de la información contenida en el documento, mientras que el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), entidad adscrita al Midagri, colaborará en su implementación.

Constancia de libre defores... by Infobae Perú

Resolución se emite en momento clave

Cabe resaltar que esta resolución se emite en el marco de la próxima aplicación del reglamento de la Unión Europea (UE), que exige que los productos importados sean libres de deforestación.

Como se recuerda, la UE aprobó esta normativa en 2023, estableciendo que a partir de enero del 2025 solo se podrán importar productos que provengan de tierras donde no se haya realizado deforestación después del 31 de diciembre de 2020.

Sin embargo, la ley europea, diseñada para evitar la “deforestación importada”, entrará en aplicación de manera progresiva para permitir que los países exportadores, como Perú, se adapten adecuadamente, lo que quiere decir que su aplicación no sería completamente estricta al principio.

Aunque el organismo internacional destaca que, para el país, el reglamento enfrenta desafíos debido a la estructura del sector agrícola, donde solo un 30% de los productores están organizados en asociaciones o cooperativas y pocos cumplen con los requisitos solicitados. Asimismo, la UE ha desmentido que las modificaciones recientes a la Ley Forestal, denominada ‘Ley Antiforestal’, estén vinculadas con su reglamento.

Ante ello, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) de la región están desplegando recursos y personal para sofocar el incendio y mitigar sus efectos. Aunque los ciudadanos exigen urgentemente más apoyo del Gobierno, ya que afirman estar utilizando sus propios recursos para controlar el avance del fuego.

Serfor reporta más de 4 mil emergencias hasta julio

En paralelo, en entrevista con Exitosa, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura, confirmó que hasta julio de este año, se registraron más de 4.000 incendios forestales en el país, los cuales afectaron un total de 70 mil 000 hectáreas de terreno.

En particular, el último incendio que se reportó comenzó en el departamento de Ica y se propagó hasta el departamento de Lambayeque, alcanzando posteriormente el distrito de Miracosta en Cajamarca. Este siniestro, que comenzó el 4 de septiembre, duró casi siete días.

Asimismo, Serfor indica que, entre enero y julio de 2024, 10 departamentos han sido los más afectados. Ucayali encabeza la lista con 839 emergencias hasta el momento, seguido por Puno, Cusco, Huánuco, Junín, Ayacucho, Cajamarca, Áncash, Huancavelica y Apurímac.

¿Qué causa los incendios forestales?

El Ministerio del Ambiente (Minam) asegura que el 98% de estos incendios son provocados por actividades humanas. Entre ellas, precisan, prácticas inadecuadas en la agricultura, como la quema de rastrojos y despojos agrícolas.

En ese sentido, para mitigar el riesgo y reducir la incidencia de estos desastres, es fundamental que la población adopte una serie de acciones preventivas.

1. Utilizar y manejar correctamente los residuos agrícolas. Los residuos que quedan en los campos, como restos de cultivos y desechos, pueden ser altamente inflamables.
2. Realizar una limpieza regular del terreno agrícola para eliminar restos y evitar la acumulación de materia orgánica seca que puede alimentar un posible incendio.
3. Establecer franjas cortafuegos alrededor de las áreas agrícolas y forestales. Estas franjas actúan como barreras que ayudan a detener la propagación del fuego y limitan su avance.
4. En lugar de quemar los residuos agrícolas, considerar métodos alternativos de manejo, como el compostaje o la recolección para su adecuada disposición.
5. No dejar restos de fogatas, ya que estos pueden reavivarse y causar incendios.
6. Informar de inmediato a las autoridades municipales para que puedan coordinar una respuesta rápida.
7. Llamar a los bomberos al 116 o a la Policía Nacional del Perú al 105 para obtener asistencia especializada. Proporcionar detalles precisos sobre la ubicación y la magnitud del incendio para facilitar una intervención eficiente.

La minería ilegal podría generar montos por hasta US$4.000 millones este año. Así lo advierte Elmer Cuba, economista y socio de Macroconsult, quien explica que este incremento se debe al alza en el precio del oro, que ha superado los US$2.500 por onza, y a la insuficiente capacidad del Estado para controlar y erradicar esta actividad ilícita.

¿Qué otras razones explican el crecimiento de la economía ilegal?

Asimismo, Cuba destacó que el oro es un mineral altamente líquido y fácil de contrabandear, a diferencia de metales como el cobre y la plata, lo que facilita su venta a diversos compradores. Esto ha sido un factor clave para el crecimiento del delito, pues, históricamente, el precio del oro solía ser inferior a los US$1.000 por onza.

En esa línea, el experto recordó que la minería ilegal no contribuye con impuestos ni regalías al Estado, en contraste con las empresas mineras formales, que aportan alrededor del 40% de sus utilidades a través de impuestos y regalías. “Los mineros ilegales no dejan nada al Estado, y están usurpando un recurso que pertenece a toda la Nación”, enfatizó.

Ante ello, el especialista sugirió que resulta más efectivo y menos riesgoso utilizar unidades de inteligencia financiera y el Poder Judicial para enfrentar a los grupos dedicados a la economía ilegal, en lugar de destruir maquinaria y centros de operaciones.

Otros puntos débiles del Gobierno

En el mismo marco, César Ipenza, reconocido abogado en derecho ambiental, resalta que para combatir de manera eficaz esta actividad es necesaria la implementación del Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (Recpo), pendiente desde junio de 2021. Dicho registro es una medida crucial para rastrear la producción y comercialización del oro.

Adicionalmente, indica que es importante fortalecer la fiscalización y el control de insumos como combustible, mercurio y cianuro, utilizados para realizar la extracción ilícita de minerales. Un control inadecuado de estos recursos permite que la minería ilegal continúe prosperando bajo una fachada de legalidad.

Sin embargo, hasta ahora, la falta de medios adecuados sigue debilitando las políticas contra el delito, que continúa siendo lucrativo y con bajo riesgo de sanción.

Esto se evidencia en las falencias del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que, según afirman especialistas, es mal utilizado por mineros ilegales para operar con impunidad. Por ello, sostienen que es necesario sincerar el registro y garantizar que solo los mineros formales estén amparados.

Además, otro de los puntos que preocupa a la sociedad civil es la visión de Rómulo Mucho, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), sobre el tema, quien ha declarado que la responsabilidad de combatir la minería ilegal recae exclusivamente en el Ministerio del Interior (Mininter) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.).

Esto debido a que, asegura, el rol de su ministerio se limita a la regulación y formalización de la minería legal, no a la intervención directa contra actividades ilegales.

No obstante, especialistas alertan que restringir la responsabilidad a estas entidades es un error, pues, si bien la Policía o el Ministerio Público realizan acciones de interdicción, no hay un compromiso real y coordinado de otras instituciones del Gobierno, como el Ministerio de Energía y Minas, del Ambiente, Salud y Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Tras darse a conocer el enfrentamiento en la zona de ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios entre madereros y miembros del pueblo indígena en aislamiento Mashco Piro, que dejó un saldo de dos muertos y desaparecidos, el portal de noticias Actualidad Ambiental confirmó que una comisión multisectorial, formada por la Policía Nacional del Perú (PNP), fiscales y un representante del Ministerio de Cultura, trasladó a Puerto Maldonado (Madre de Dios) los cuerpos de los fallecidos y a un sobreviviente.

El 4 de septiembre, los restos de Edwin Chu Fernández, de 28 años, y Gerardo Gómez Zorrilla, de 54 años, fueron recuperados en una concesión de castaña y madera en la quebrada San Juan, Tambopata. Luego, fueron enviados por helicóptero a la base de la Fuerza Aérea del Perú y finalmente trasladados a la morgue del hospital Santa Rosa.

Willian Valles Flores, el único maderero que logró escapar y alertar a sus familiares, fue encontrado en una concesión cercana y llevado a la División de Investigación Criminal (Divincri) para declarar. Tanto Chu Fernandéz, Gómez Zorrilla y Valles Flores pertenecen a la comunidad nativa Diamante, que forma parte del pueblo indígena Yine.

Aún hay desaparecidos

Según el portal de noticias de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), el enfrentamiento ocurrió cuando los trabajadores de la concesión Reyna Apaza estaban abriendo una trocha cerca de la Reserva Territorial Madre de Dios, ubicada entre las provincias Tahuamanu, Tambopata y Manu, donde vive y se desplaza el pueblo indígena en aislamiento mashco piro.

Durante el ataque, los madereros fueron agredidos con flechas, lo que provocó la muerte de Chu Fernández y Gómez Zorrilla. Asimismo, Santiago Conde Quispe, de 45 años, fue herido con una flecha y no pudo escapar. En tanto, Alfredo Mamani Huillca, de 29 años, y Antonio Moscoso Quispe, de 42 años, continúan desaparecidos.

Sobre ello, el comandante PNP Carlos Anaya, que lideró el operativo de rescate, indicó que la zona es complicada y que la búsqueda de las tres personas restantes seguirá su curso en cuanto se reciban nuevas instrucciones.

Madereros jamás recibieron alertas del Mincul, afirman

Pamela Bravo, trabajadora de la concesión Reyna Apaza, señaló en entrevista con Radio Madre de Dios que nunca recibieron alertas del Mincul, entidad competente en la protección de estos pueblos, sobre la presencia de los mashco piro.

Mientras tanto, la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) ha reiterado su pedido a la cartera que implemente medidas para asegurar la protección de las comunidades indígenas aisladas, brinde atención médica a los posibles heridos y lleve a cabo una investigación exhaustiva.

Asimismo, la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y el Corredor Territorial Pano Arawak exigen que se respeten los principios de “no contacto” y se tomen medidas para prevenir futuros conflictos. Y especialistas recomiendan la reubicación de las concesiones forestales y fortalecimiento de las políticas de protección de estos pueblos para contrarrestar el impacto estatal de habilitar actividades extractivas en estos territorios indígenas.

En esa línea, cabe mencionar que los mashco piro no son los únicos que enfrentan este tipo de amenazas. Otros grupos, como los kakataibo aislados, están igualmente bajo presión.

La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), que agrupa a 37 comunidades nativas de Cusco y Madre de Dios, confirmó este lunes un grave hecho ocurrido recientemente en la quebrada San Juan, en la cuenca del río Parianamu (distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata), en Madre de Dios.

El 29 de agosto, alrededor de las 10 de la mañana, madereros que realizaban labores de apertura de trochas en la zona de ampliación de la Reserva Territorial Madre de Dios, un área protegida que abarca territorios habitados por el pueblo indígena en aislamiento Mashco Piro, tuvieron un encuentro con miembros de esta comunidad.

El evento resultó en un ataque con flechas que trágicamente causó la muerte de Edwin Robin Chu Fernández y Gerardo Gómez Zorrilla, dejó a otros dos desaparecidos, Antonio Moscoso Quispe y Alfredo Mamani Huilca, y causó heridas a varios, entre ellos Santiago Wagner Conde Quispe.

La organización indígena exige acciones inmediatas para proteger a este pueblo vulnerable y a los trabajadores forestales, así como la evacuación total de la población cercana a la cuenca del río Parianamu, situada a menos de 25 kilómetros del área donde ocurrió el ataque, debido al riesgo de nuevos conflictos.

Critican respuesta del Ministerio de Cultura

En conferencia de prensa, Fenamad denunció que, desde el 30 de agosto, solicitó atención a la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y en Contacto Inicial (DACI) del Ministerio de Cultura (Mincul), responsable de la protección de los territorios de estas comunidades frente a actividades como la explotación maderera. Sin embargo, no recibieron respuesta inmediata, aseguran.

Asimismo, Fenamad señaló que sus advertencias y solicitudes de intervención ya habían sido alertadas a la cartera previamente sin recibir atención. Por ello, exigen una investigación exhaustiva sobre la falta de respuesta y la desatención de sus avisos.

Demandan investigación exhaustiva

Asimismo, Fenamad indicó que espera que, con la colaboración del Ministerio Público, se tomen medidas urgentes para que el Estado cumpla con sus responsabilidades y actúe rápidamente para proteger a las personas afectadas y las comunidades mashco piro.

De acuerdo a la organización, la disposición de medidas de protección son necesarias de implementarse lo más pronto posible para evitar más muertes y garantizar la seguridad de los desaparecidos en la zona.

También, piden al Gobierno que respete el principio de no contacto con los pueblos indígenas en aislamiento e implemente medidas efectivas para prevenir hechos similares.

Explotación maderera mantiene en riesgo constante a los Mashco Piro

Finalmente, la organización indígena destacó la creciente vulnerabilidad de los Mashco Piro, quienes están siendo gravemente afectados por la falta de protección frente a la explotación maderera en sus tierras ancestrales. Esta situación se agrava con la invasión de sus territorios, lo que incrementa los riesgos y compromete su seguridad, especialmente debido a que la Reserva Territorial Madre de Dios no ha sido ampliada.

Además, Fenamad recordó que la ausencia de políticas adecuadas y la flexibilización de actividades extractivas en territorios PIACI (Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial) son factores que influyen en este tipo de hechos.

Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo al estricto cumplimiento de la intangibilidad de las Reservas Indígenas y Territoriales, está prohibido desarrollar actividades dentro de estas áreas, en concordancia con la Ley N° 28736, “Ley para la Protección de los PIACI”, y su reglamento.

Por ello, denuncian que las actividades extractivas en estos territorios no solo violan las normativas establecidas, sino que también agravan la situación crítica de estas comunidades, poniendo en evidencia la demanda prioritaria de una protección más efectiva y respetuosa de sus derechos.

Mincul responde ante graves hechos

Frente a los hechos, el Ministerio de Cultura anunció este lunes mediante un comunicado que está actuando dentro de sus competencias para garantizar la protección de este pueblo indígena en situación de aislamiento voluntario y el cumplimiento de los protocolos correspondientes.

Además, indicaron que la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Mincul, con el Ministerio del Interior (Mininter) y la Policía Nacional, están trabajando para asegurar el apoyo aéreo necesario, incluyendo el uso de un helicóptero para las diligencias correspondientes. No obstante, el comunicado no detalla si este apoyo aéreo se ha logrado concretar.

La Organización de Pueblos Indígenas Kichwas Amazónicos Fronterizos del Perú-Ecuador (Opikafpe) ha hecho un llamado urgente al Estado peruano para que cumpla con los acuerdos sobre salud firmados tras la Consulta Previa del Lote 192.

Las comunidades afectadas denuncian la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno, que, afirman, viene causando un aumento en las muertes, especialmente entre niños, mujeres y ancianos, debido a la ausencia de servicios médicos adecuados. Frente a ello, los líderes indígenas Erikson Gilberto Pizango Tamani y Robinson Sandi Hualinga, entre otros, han expresado su profunda indignación.

Mal manejo de más de 3 millones de soles para hospital

El último martes, durante una reunión en la comunidad de Doce de Octubre, líderes de las comunidades nativas de Doce de Octubre, Avelino Cáceres, San Juan de Bartra, Centro Arenal y Betania acordaron organizar una movilización el próximo 10 de septiembre, si no se atienden sus demandas.

Estas incluyen la presencia inmediata del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Ministerio de Salud (Minsa), el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), la Gerencia Regional de Salud (Geresa), el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) y la Municipalidad del distrito de Tigre para abordar la crisis de salud en la región.

Además, exigen una rendición de cuentas transparente sobre los más de 3 millones de soles asignados a la Municipalidad del Tigre para el desarrollo del expediente técnico del hospital, demandando una información clara y accesible sobre el uso de estos fondos.

En esa misma línea, solicitan al Minsa una explicación sobre la falta de presupuesto destinado al Plan de Salud Intercultural para este año, fundamental para la formación de brigadas de salud, y la capacitación de promotores de salud y parteras. Esto a fin de asegurar una atención médica adecuada y culturalmente pertinente en sus comunidades.

También insisten en el suministro de medicinas en los botiquines comunales, ya que la falta de estos recursos está poniendo en riesgo la vida de las comunidades, aseguran.

Instalación de comisión accidentada

En el marco de estas demandas, el 29 de agosto, las comunidades nativas del Lote 192 y sus organizaciones representativas fueron convocadas por el Ministerio de Energía y Minas para la instalación de una comisión de seguimiento de más de 100 acuerdos de Consulta Previa, que, según las comunidades achuar, kichwas y quechuas del Pastaza, estuvo marcado por serias irregularidades.

Según detallan, desde el inicio, la presidencia de la mesa, liderada por Patricia del Rosario Sagastegui, directora de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, y otros funcionarios, intentó imponer la firma del acta de instalación sin proporcionar detalles sobre el funcionamiento del espacio ni la metodología para alcanzar los objetivos esperados.

Dicha acción generó desconfianza y frustración, al no ofrecer la información esencial para la correcta implementación de los acuerdos.

Además, indicaron que los funcionarios presentes menospreciaron la participación de las autoridades y representantes indígenas, socavando su papel en el proceso y limitando un diálogo constructivo.

Más de 3.000 sitios están contaminados

Actualmente, a lo largo de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón (Loreto), se registran más de 3.000 sitios contaminados, con una deuda de remediación que supera los 5.000 millones de soles.

Las comunidades indígenas ratifican que esta situación refleja una falta de cumplimiento, transparencia y respeto en la implementación de acuerdos.

“Exigimos que se instale una mesa de seguimiento con autoridades con poder decisión, que se cree un buen mecanismo de diálogo técnico y que Minem deje de poner trabas para el cumplimiento de todos los acuerdos”, concluyeron.

En tanto, la Defensoría del Pueblo aún no se pronuncia sobre la situación que afecta a los ciudadanos.

Los ciudadanos sostienen que la contaminación persiste y exigen medidas urgentes para restaurar sus medios de vida y el bienestar de sus comunidades, pues, aseguran que no pueden reanudar sus actividades económicas habituales debido al impacto ambiental.

Además, reiteran su pedido de compensación económica para los sectores de pesca, comercio, transporte y turismo, que han sido gravemente perjudicados, así como se reconozcan e indemnicen a los grupos que aún no han sido compensados.

Los ánimos están por los suelos

Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo, expresó su malestar a Infobae Perú. “La respuesta de Repsol siempre es la misma. Afirman que no tienen que indemnizar más porque, según ellos, las playas cumplen con los estándares internacionales. Los ánimos de los damnificados están por los suelos”, indicó.

En la misma línea, dirigentes pescadores contaron a este medio que Repsol estaría utilizando la informalidad de los pescadores como pretexto para eludir las indemnizaciones.

También criticaron que la compañía se basa en la falta de permisos oficiales para clasificar la pesca como ilegal, ignorando que la verdadera actividad ilícita involucra prácticas como el uso de explosivos, explicaron.

Ante ello, manifestaron su frustración por el estado de las negociaciones debido a que, ratifican, el diálogo con la empresa está roto y su situación es cada vez más difícil.

Alertan sobre represión durante protesta

Además, Melchor relató que en el primer día del marco de la protesta ocurrieron enfrentamientos con la policía. “Han golpeado a las mujeres. La Policía ha roto la bandera, una bandera que representa a todos los peruanos lo han roto”.

En tanto, la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú - Cambio Democrático) informó que hubo al menos tres detenciones arbitrarias, incluyendo un caso en el que un manifestante se protegió de los golpes de los efectivos, refugiándose bajo una camioneta de la PNP, momento en el que se le lanzó una bomba lacrimógena para presuntamente obligarlo a salir.

“Son más de 2 años y las actividades de pesca artesanal y otras continúan seriamente impactadas. La responsabilidad principal es de la empresa, pero el Gobierno jamás ha garantizado que las legítimas exigencias que hoy los pescadores reclaman se cumplan”, escribió Luque en su cuenta de X (antes Twitter), tras a darse a conocer estos hechos.

La respuesta de Repsol

En respuesta a las acusaciones, Repsol comunicó que ha cumplido con sus compromisos de compensación. La empresa afirma que va compensando al 98% de los afectados, un total de más de 10 mil 000 personas, con un promedio de 100,000 soles por persona, mientras que el ingreso anual promedio de un pescador artesanal es de 15,000 soles.

Por otro lado, la compañía señala que ha destinado más de 1,000 millones de soles a limpieza, remediación y compensación social. Además, asegura que las playas afectadas cumplen con los estándares de calidad ambiental nacionales e internacionales.

Pagos de empresa responsable no constituiría compensación real

En enero de este año, Infobae Perú conversó con Tom Goodhead, director de Pogust Goodhead, la firma británica de abogados que ha presentado una demanda millonaria contra la gigantesca Repsol en La Haya (Holanda) por el desastre ecológico producido en el litoral peruano.

Goodhead explicó a este medio que Repsol ha limitado su asistencia a un número reducido de afectados, focalizando en una actividad económica por familia y dejando fuera a múltiples personas impactadas por el derrame. Esto plantea interrogantes sobre el alcance de las reparaciones y si estas constituyen realmente una compensación por los perjuicios causados.

En tal sentido, se critica que la ayuda ofrecida sea más simbólica que efectiva, afectando a la percepción de justicia y equidad en el tratamiento de los damnificados.

No hay vuelta atrás. El expresidente Pedro Castillo será juzgado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración relacionados con el golpe de Estado que intentó el 7 de diciembre de 2022.

Esta decisión fue tomada por el Poder Judicial durante una audiencia virtual de control de acusación, en la que el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó los pedidos de sobreseimiento (archivo) presentados por la defensa del exmandatario.

En la misma audiencia, también se resolvió que los exministros Aníbal Torres y Betssy Chávez serán sometidos a juicio oral. La resolución del juez no admite apelación.

¿Cuánto pide la Fiscalía para Castillo?

La Fiscalía ha solicitado penas de 34 años de prisión para Pedro Castillo, 25 años para Betssy Chávez y 15 años para Aníbal Torres. El caso, que comenzó con la presentación de la acusación en enero de este año, está en su etapa de control de acusación, donde se evaluarán las pruebas y testimonios para el juicio.

Además de Castillo, Torres y Chávez, serán juzgados los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez (actual congresista), así como los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón. Los pedidos de archivo del caso de estos acusados también fueron rechazados.

El próximo paso será el debate sobre los testigos de la fiscalía en la audiencia del 17 de septiembre. Posteriormente, el juez Checkley emitirá la resolución judicial que marcará el inicio formal del juicio, derivando el caso a una sala de la Corte Suprema, donde se espera que la Sala Penal Especial se encargue de este.

¿Qué otros cargos se le imputan al expresidente?

Además de estos cargos, Castillo está investigado por presunta corrupción en su gobierno. Se le acusa de liderar una red de corrupción y enfrenta una solicitud de prisión preventiva adicional de 36 meses.

Por ello, la Fiscalía proyecta penas totales de más de 31 años de cárcel para antiguo mandatario, desglosadas en 18 años y 4 meses por organización criminal, 6 años y 8 meses por tráfico de influencias, y 6 años y 4 meses por colusión.

En consecuencia, el 18 de julio, el PJ decidió mantener a Castillo en prisión preventiva mientras se resuelven los cargos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. Esto debido a que la Corte argumenta que persiste el peligro de fuga.

Exjefe de Estado insiste en su inocencia

Después del 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo ha reiterado su inocencia en distintas oportunidades, afirmando que su discurso de ese día no debió ser considerado un delito. Según él, simplemente leyó un documento sin consecuencias. Además, cuestiona la base legal de los cargos de rebelión.

Según el Código Penal, el Artículo 346 define la rebelión como un alzamiento armado contra el orden constitucional o las autoridades, castigado con penas de 15 a 20 años de prisión e inhabilitación para cargos públicos. Asimismo, el Artículo 347 establece la sedición como un alzamiento sin llegar a ser rebelión, con penas de 4 a 10 años de prisión.

Por otro lado, el Artículo 370 aborda la usurpación de funciones, aplicable a la suplantación de autoridades, mientras que el Artículo 370-A sanciona la traición a la patria, incluyendo actos que colaboren con potencias extranjeras para desestabilizar el país.

Estos delitos son considerados graves y conllevan penas severas en un contexto de golpe de Estado.

En la Amazonía norte, específicamente en la comunidad indígena 12 de Octubre, ubicada en la cuenca del Tigre (Loreto), la precariedad del sistema de salud en la región causó la muerte de una madre durante su parto.

Según Jonathan Ordóñez, líder indígena kichwa y esposo de Gretty Manya García, de 28 años, aunque la intervención médica estaba programada para el 12 de julio, los dolores persistentes que comenzó a experimentar su esposa a principios de mes no fueron atendidos adecuadamente.

Pues, a pesar de las repetidas solicitudes de ayuda y las alertas emitidas a la unidad de salud local, el personal médico no se presentó a tiempo para asistir a García. El único médico disponible en la comunidad era un serumista sin el equipo necesario para manejar la situación, lo que causó el fallecimiento de la ciudadana a fines de julio.

Ante ello, Ordóñez Dahua denunció públicamente las serias deficiencias en la atención sanitaria y exigió una respuesta inmediata de las autoridades.

Incumplimiento de acuerdos con sector hidrocarburos agrava crisis de salud

Asimismo, el líder indígena solicitó la construcción de un módulo de salud en la comunidad 12 de Octubre, conforme al Acuerdo 36 de Consulta Previa del Lote 192.

Este, indicó, debe estar equipado con las instalaciones necesarias y contar con personal médico capacitado, incluyendo obstetras, técnicos en enfermería y laboratoristas.

Además, Ordóñez pidió que se garantice el suministro de medicinas esenciales —actualmente ausentes en la comunidad— para asegurar que los futuros casos de emergencia puedan ser manejados sin poner en riesgo la vida de más ciudadanos.

En ese contexto, cabe mencionar que, desde la semana pasada, las comunidades indígenas afectadas por la explotación del Lote 192 en la Amazonía norte denuncian que el Gobierno no cumple con los acuerdos sobre salud firmados tras la Consulta Previa.

Por ello, los líderes indígenas han decidido movilizarse este 10 de septiembre si sus demandas no son atendidas. Estas comprenden la presencia de varios ministerios en sus territorios para abordar la crisis de salud y una rendición de cuentas sobre los fondos destinados a un hospital. También exigen una explicación sobre el presupuesto para el Plan de Salud Intercultural y la provisión de medicinas.

Dichos reclamos se dan en el marco de la reciente mesa de diálogo con el Ministerio de Energía y Minas que se rompió la semana pasada por irregularidades y falta de transparencia para abordar sus quejas, incluyendo la deuda de remediación superior a 5.000 millones de soles por más de 3.000 sitios contaminados en sus tierras ancestrales, aseguran.

El Poder Judicial (PJ) decidió no convocar a testigos ni admitir nuevas pruebas en el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros acusados en el Caso Cócteles, vinculado a las presuntas irregularidades financieras y de corrupción relacionadas con la lideresa de Fuerza Popular durante las campañas electorales de 2011 y 2016.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional tomó esta decisión en una reciente audiencia, rechazando los pedidos para que declararan el expresidente Martín Vizcarra y la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, entre otros.

Durante la audiencia, el tribunal consideró que los testimonios de Vizcarra, Benavides, y otros solicitados por la Fiscalía no eran relevantes para el juicio.

¿Por qué no eran útiles para el caso?

En el caso de Martín Vizcarra, su declaración sobre reuniones con Keiko Fujimori fue desestimada, considerando que los detalles de esas reuniones no estaban directamente relacionados con las acusaciones actuales. Los jueces indicaron que esas reuniones no estaban en la “línea” de los hechos juzgados.

Por otro lado, el testimonio de Patricia Benavides tampoco fue aceptado, ya que su nombramiento como fiscal ocurrió después de los hechos que se están juzgando.

Según el tribunal, su testimonio no era importante para el periodo en cuestión. Además, el tribunal rechazó las convocatorias de Jaime Villanueva, Aldo Mariátegui, Iván Manchego Cuayla y Chad Peterson, considerando que sus testimonios no aportaban información útil.

¿Qué otras pruebas se rechazaron?

En esa línea, la Fiscalía de igual manera presentó varias pruebas nuevas, incluyendo documentos y declaraciones de testigos, que el tribunal decidió no admitir.

Los documentos relacionados con la legislación sobre crimen organizado fueron rechazados debido a que, aunque puedan ser cuestionables, no afectan directamente los hechos del caso, que se centran en los años 2011 y 2016.

Asimismo, los documentos proporcionados por colaboradores eficaces, como Erick Matto Monge y Patricia Moritami, igualmente se descartaron, puesto que habían sido presentados fuera del periodo de investigación preparatoria.

Adicionalmente, el tribunal no aceptó las declaraciones transcritas de exdirectivos de Odebrecht, como Carlos Nostre Junior y Luis Eduardo Da Rocha Suarez, debido a la incertidumbre sobre su disponibilidad para el juicio.

Por otro lado, el tribunal excluyó las pruebas relacionadas con el delito de obstrucción a la justicia, siguiendo una solicitud de la defensa de Keiko Fujimori.

Esta decisión se basa en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que excluye a los acusados de este delito, por lo que las pruebas vinculadas también fueron desestimadas.

¿Qué testimonios y testigos sí se admitieron?

En cuando a los testimonios y testigos que sí se admitieron, se aceptó la manifestación grabada de Jorge Barata, exdirector de Odebrecht en Perú, que fue presentado en el juicio por el Caso Metro de Lima, asociado a Odebrecht y el pago de sobornos para asegurar la adjudicación y ejecución de la Línea 1 del Metro de Lima.

No obstante, dado que Barata no ha comparecido en persona a las audiencias, se utilizará la grabación de su declaración.

También se admitió la convocatoria del exfiscal suizo Stefan Lenz como testigo experto para analizar ciertos documentos de Odebrecht que el Ministerio Público considera importantes.

¿Cuándo será la próxima audiencia?

La próxima sesión del juicio está programada para el 17 de septiembre, donde se iniciarán los interrogatorios de nuevos testigos como Luis Briceño, Luis Barboza y Pamela Pucará.

El siniestro dejó a una ciudadana fallecida con quemaduras de tercer grado, quien, previamente, fue trasladada de emergencia a Ferreñafe y luego al Hospital Las Mercedes en Chiclayo para recibir atención médica especializada.

Gobernador regional se suma a pedido de ayuda

Este domingo, en entrevista con Latina, Jorge Pérez, gobernador de Lambayeque, hizo un llamado urgente a la población afectada por el incendio forestal para que priorice su seguridad y se dirija a los refugios habilitados en el distrito.

El gobernador confirmó que: “hay más de 50 personas intoxicadas con este humo, la manera en cómo va expandiéndose el fuego es un problema muy serio”. Frente a ello, aseguró que tanto el equipo de Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) como el Ejército están haciendo grandes esfuerzos para controlar el fuego, pero la situación sigue siendo crítica.

Por tanto, instó a las autoridades, incluido el Ejército y la Policía, a colaborar en la evacuación de las zonas en peligro y a utilizar las camionetas disponibles para trasladar a las personas a lugares más seguros.

“El apoyo de helicóptero lo hemos solicitado el día de ayer por la magnitud del fuego. Los amigos de Sernanp nos dijeron que no podían seguir solos; el fuego puede traspasar a las personas y quemarlas”, explicó.

En esa misma línea, indicó que la sequía severa en la macomunidad noriente del país, que abarca regiones como Cajamarca, Lambayeque y San Martín, y la pérdida de cientos de hectáreas de cultivo agravan la situación, creando una emergencia que requiere una respuesta inmediata por parte del Gobierno.

“Se necesita una acción inmediata por parte de la presidenta, a través del Ministerio de Defensa”, concluyó Pérez, subrayando el daño irreparable que el incendio está causando en la agricultura.

Situación es igualmente crítica en otras regiones

En el distrito de Shanao, región San Martín, los agricultores enfrentan una crisis severa debido a la sequía y los incendios forestales. Nilger Gonzales Guerra, un productor local, indicó que: “Durante agosto, fuertes vientos destruyeron nuestras plantaciones de plátano, y desde entonces hemos visto un deterioro en nuestra producción. Además, las plantas de cítricos y cacao también están siendo gravemente afectadas por el intenso sol”.

Los agricultores temen que el estrés climático, que está reduciendo la calidad y la cantidad de los cultivos, junto con los incendios forestales, pueda desencadenar una crisis alimentaria a fin de año.

Por ello, exigen una intervención inmediata para mitigar los daños y prevenir una catástrofe mayor en los próximos meses, así como medidas para evitar la destrucción de más bosques.

En un contexto más amplio, Global Forest Watch informa que en 2024 Perú ha registrado 1.829 alertas de incendios forestales, según el sistema VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite). Este sistema, desarrollado por la NASA y la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos), está a bordo de satélites y se utiliza para monitorear y analizar fenómenos en la superficie terrestre y en la atmósfera.

En los últimos años, el acceso al agua potable en el departamento de Ica se ha convertido en un problema cada vez más preocupante.

Aunque la cobertura del servicio en la región fue del 89.3% en 2023, superando ligeramente el promedio nacional de 88.6%, esta cifra esconde una realidad alarmante: la calidad y continuidad del servicio no están garantizadas.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Ica es la tercera región del Perú con el menor porcentaje de hogares que cuentan con acceso continuo a este servicio, con apenas el 13.3%. Aquello significa que 9 de cada 10 hogares no tienen acceso a agua durante todo el día.

Una tendencia preocupante

Lejos de mejorar, la disponibilidad continua del servicio ha ido disminuyendo en Ica. Según un análisis del panorama realizado por la Red de Estudios para el Desarrollo, en 2019, el 19.2% de los hogares iqueños contaba con el recurso las 24 horas del día, una cifra que cayó 5.9 puntos porcentuales en solo cuatro años.

Dicho retroceso evidencia la creciente gravedad de la crisis del agua en Ica, que se ha visto agravada por varios factores, como el crecimiento poblacional y la falta de infraestructura adecuada para garantizar un servicio continuo que no afecta de manera homogénea a todas sus provincias.

Pues, si bien, entre 2021 y 2023, la provincia de Pisco registró el mayor porcentaje de hogares con acceso a agua durante todo el día (22%), seguida de Chincha (12.3%) e Ica (9.6%), las provincias de Nazca y Palpa presentan situaciones aún más críticas, con solo el 6% y el 1% de los hogares, respectivamente, teniendo acceso continuo al servicio de agua.

Aquel déficit en la disponibilidad del servicio básico afecta de manera directa la calidad de vida de la población y expone a las personas a problemas de salud y saneamiento.

Esto debido a que la acumulación del líquido elemento en recipientes, práctica habitual en los hogares sin servicio continuo, favorece la proliferación de enfermedades como el dengue, con más de 31 mil casos, el doble de los 15 mil casos reportados en 2022, según el Ministerio de Salud (Minsa).

Desigualdad en la distribución de recursos

Por otro lado, el crecimiento urbano descontrolado y la expansión de asentamientos informales en Ica, Pisco y Chincha han contribuido a agudizar el problema. Según un estudio de Álvaro Espinoza y Ricardo Fort (2020), más de la mitad de la expansión urbana en estas provincias ha sido mediante la ocupación ilegal de terrenos. Esto dificulta la planificación urbana y la provisión de servicios básicos, incluyendo el acceso al agua potable.

¿Qué se puede hacer?

Frente a esta situación, la Red de Estudios para el Desarrollo señala la necesidad de priorizar inversiones en infraestructura hídrica y promover un uso más eficiente del recurso, especialmente en regiones costeras donde la demanda supera la oferta disponible.

Asimismo, sugieren fomentar una mayor planificación urbana, que contemple la expansión ordenada de las ciudades y garantice el acceso a servicios básicos para todos los ciudadanos.

A pesar que la inseguridad alimentaria afecta a todo el territorio nacional, las cifras varían significativamente según la ubicación geográfica. En las zonas rurales, el 66.8% de los hogares enfrentan inseguridad alimentaria, en comparación con el 46.1% en áreas urbanas. Este contraste muestra la brecha entre el acceso a alimentos traducida en las disparidades en infraestructura, recursos y acceso a mercados.

Así lo confirma el informe “Perú: Evaluación de la seguridad alimentaria ante emergencias (ESAE) 2023″, elaborado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Las regiones más afectadas son la sierra (59% de los hogares) y la selva (57.6%), seguidas por la costa, donde el 44% de los hogares atraviesa esta problemática. Entre los departamentos más golpeados se encuentran Puno, donde un 74.7% de los hogares atraviesa vulnerabilidades alimentarias, continuado por Ayacucho (64%), Cajamarca (63.6%), Amazonas (62.9%) y Huancavelica (60.3%).

En Perú sí existe el hambre

Otro aspecto crítico abordado en el análisis es el cambio en los patrones de consumo de alimentos. Se encontró que el 25.8% de los hogares peruanos consumió dos o menos comidas al día en la semana previa a la encuesta. Este dato es especialmente preocupante, ya que revela la insuficiencia en la ingesta calórica mínima diaria para una parte significativa de la población.

Además, el estudio destaca que el 35% de los hogares consume proteínas animales solo de 2 a menos días a la semana. De acuerdo a especialistas, el déficit en la cantidad mínima de calorías consumidas puede tener consecuencias graves en la salud, particularmente en niños y adolescentes, quienes necesitan estos nutrientes para su crecimiento y desarrollo adecuado. Dicha disminución refleja las dificultades económicas que viven los hogares peruanos para acceder a alimentos de calidad.

Frente a esta preocupante realidad, expertos y profesionales del campo de la nutrición han alzado nuevamente su voz. Jéssica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima y exregidora metropolitana, expresó su profunda preocupación por los hallazgos del informe.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), Huamán enfatizó que “en Perú sí existe el hambre”, y añadió que espera que “todas las autoridades se hagan cargo de dichas cifras y tomen consciencia sobre la responsabilidad que tienen para erradicarlas”.

¿Cómo está el panorama en Lima?

De acuerdo al mismo informe, en Lima Metropolitana, la capital del país, la situación también es grave. Con 1.04 millones de hogares en inseguridad alimentaria, Lima no solo debe hacer frente a desafíos en la provisión de alimentos, sino también en la planificación y gestión urbana para asegurar que la creciente población pueda acceder a una alimentación adecuada.

Asimismo, a nivel nacional, el 51.6% de los hogares peruanos se encuentran en situación de inseguridad alimentaria, lo que equivale a 5.2 millones de hogares. De este porcentaje, el 47.3% enfrenta inseguridad alimentaria moderada, mientras que el 4.3% está en una situación grave.

Estos datos sugieren que aproximadamente uno de cada dos hogares en el país podría estar luchando para satisfacer sus necesidades alimentarias básicas en 2023.

Según Gomero, el valle, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho y que se extiende hacia el distrito de Carabayllo en la provincia de Lima, está siendo severamente afectado por la urbanización desmedida, con la degradación de sus suelos para la fabricación de ladrillos y la invasión de urbanizadoras informales.

“Estamos muy preocupados por la forma en que se está destruyendo este valle. Los suelos están siendo degradados y cada vez más urbanizadoras informales están ocupando el área, lo que impactará directamente en la seguridad alimentaria y en el refugio ecológico de Lima,” afirmó Gomero, durante una reciente visita al valle con estudiantes del curso de Edafología de la Universidad Científica del Sur.

En esa línea, la Liga Agraria del Valle del Río Chillón también denunció la pérdida de tierras agrícolas, anteriormente utilizadas para sembrar hortalizas, y su transformación en terrenos para construcción. La organización critica la pasividad de las autoridades que no han frenado los proyectos inmobiliarios ni regulado el uso del territorio.

Ante esta situación, Gomero y la Liga Agraria hicieron un llamado urgente a las autoridades para que implementen un plan de protección del Valle del Chillón a fin de asegurar su preservación como recurso vital para Lima Metropolitana.

Denuncian uso indiscriminado de agroquímicos

Asimismo, otro de los problemas que preocupa a los ciudadanos es el uso indiscriminado de agroquímicos en las áreas restantes de siembra, incluyendo productos de alta toxicidad.

El uso indiscriminado de agroquímicos puede tener varias consecuencias, tanto para el medio ambiente como para la salud humana. Aquí están algunos de los efectos principales:

• Contaminación del agua: se filtran en fuentes de agua subterránea y superficial, contaminando ríos, lagos y acuíferos. Esto puede afectar la calidad del agua potable y la vida acuática.
• Degradación del suelo: alteran la estructura del suelo, reducir su fertilidad y matar microorganismos beneficiosos, lo que puede llevar a una menor productividad agrícola a largo plazo.
• Resistencia de plagas y enfermedades: las plagas y enfermedades pueden desarrollar resistencia a los agroquímicos, lo que hace que los productos químicos sean menos efectivos y requiera el uso de mayores cantidades o químicos más fuertes.
• Efectos en la salud humana: causa problemas de salud, como enfermedades respiratorias, problemas de piel, y en casos graves, efectos cancerígenos y daño en el sistema nervioso. Los trabajadores agrícolas y las comunidades cercanas son especialmente vulnerables.
• Impacto en la biodiversidad: matan insectos benéficos, aves y otros animales, alterando el equilibrio de los ecosistemas y reduciendo la biodiversidad.
• Contaminación del aire: se dispersan en el aire, contribuyendo a la contaminación atmosférica y a problemas respiratorios en las personas.
• Efectos en la salud del suelo: afectan la capacidad del suelo para almacenar agua y nutrientes, lo que impacta en la calidad de los cultivos y en la capacidad de los suelos para sustentar la agricultura.

La historiadora Cecilia Méndez reveló un documento interno del Archivo General de la Nación (AGN) que confirma la persistencia de los planes para trasladar los valiosos archivos históricos de la sede actual en el Palacio de Justicia a una bodega en El Callao.

A través de su cuenta de Facebook, Méndez cuestionó: “¿Quién nos miente?” y expuso un memorando fechado el 6 de septiembre de 2024 que solicita la instalación de un centro de acopio para las cajas que contendrán los archivos durante su traslado.

¿Qué dice el documento?

El memorando N° 000634-2024-AGN/DAN, dirigido al director de la Dirección de Conservación, Hernando Pizarro Belleza, solicita la habilitación de una oficina al costado de la Sala de Verificación para la instalación del Centro de Acopio N°02. Este centro se utilizaría para ubicar las cajas con los archivos que serán trasladados desde la sede del Palacio de Justicia a la nueva sede en El Callao.

Esto, a pesar de las promesas del Ministerio de Cultura (Mincul) de instar al Poder Judicial a que no se realice el desalojo del AGN sin una sede definitiva y adecuada, lo que contraviene las afirmaciones de la exministra Leslie Urteaga, quien había anunciado que buscarían una prórroga para evitar el traslado, y del actual ministro, Fabricio Valencia, quien manifestó la intención de construir una nueva sede idónea.

Riesgos para el patrimonio documental

Desde el año pasado, la bodega en El Callao, propiedad del Consorcio Transel, ha sido señalada por la Contraloría como un lugar no apto para la conservación de documentos históricos y con riesgos adicionales debido a su proximidad a fábricas que manejan materiales inflamables. Además, de acuerdo a informes de la entidad fiscalizadora, el inmueble no está legalmente saneado y se encuentra hipotecado.

En ese sentido, las acciones para ejecutar el traslado generan dudas sobre los intereses que motivan esta decisión. Méndez cuestiona si las autoridades del AGN están al tanto de las disposiciones del Mincul o si existen otros intereses detrás de este traslado.

Ante ello, la historiadora hizo un llamado a la ciudadanía y autoridades para que se tomen medidas que garanticen la protección del acervo documental del país.

Traslado vulneraría derecho a la identidad cultura y otros más

En ese marco, cabe mencionar que, el pasado 12 de agosto, tres historiadores, respaldados por el Grupo de Historia del Derecho de la Universidad Científica del Sur, presentaron una demanda de amparo ante el Poder Judicial para detener el traslado del AGN al almacén industrial en El Callao por no cumplir las condiciones básicas para la conservación de los documentos históricos.

La demanda, impulsada por Magally Alegre, Joseph Dager y Margarita Guerra, sostiene que el traslado vulnera derechos fundamentales como la identidad cultural y el acceso a la cultura, y que la acción es incompatible con la obligación del Estado de proteger el patrimonio documental, según el artículo 21 de la Constitución.

El contrato con Transel, único postor en el proceso de adjudicación, es por más de 12 millones de soles y abarca un periodo de tres a cinco años.

Un reciente estudio publicado en la revista South Sustainability ha alertado sobre el desbalance hídrico que podría poner en peligro a la reconocida Laguna Huacachina.

Este destino turístico, ubicado en Ica, es un símbolo de la región central sur del país y desde 2014 está catalogado como Área de Conservación Regional, que mide aproximadamente 100 metros de largo por 80 de ancho y tiene una profundidad central de 10 metros, conocida por su vibrante color verde esmeralda.

Sin embargo, a pesar de su relevancia, pocas investigaciones se han centrado en la condición actual del agua en la laguna. En este contexto, un equipo internacional de investigadores descubrió un desequilibrio hídrico del 11,5 %, con entradas de agua superiores a las salidas, probablemente debido a fugas en los sistemas de agua y alcantarillado.

El impacto de la crisis climática en la laguna

En primer lugar, el informe indica que la crisis climática podría alterar las fuentes de agua en el futuro, poniendo en peligro a la Huacachina.

Asimismo, según Héctor Aponte, doctor en Ciencias Biológicas y docente investigador de Biología Marina en la Universidad Científica del Sur, aunque muchos creen que el oasis es natural, el agua que sostiene la laguna de Huacachina depende principalmente de la gestión del agua de pozo, que se utiliza primero para las necesidades de la población y luego para el ecosistema.

Además, el editor de la revista científica aclara que las fuentes naturales, como las precipitaciones, no tienen un papel importante para su continuidad. Pues, la principal fuente natural del oasis es el Río Ica, pero su agua se destina a otros usos.

El estudio, dirigido por Efraín Noa-Yarasca de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Greys Noa-Miranda de Texas A&M Agrilife, utilizó técnicas como el método de Penman y levantamientos batimétricos para analizar el flujo de agua en la laguna durante 72 horas.

Efectos de la agricultura influyen: ¿por qué?

Por otro lado, el análisis señala que la disminución del volumen de la laguna responde también a la extracción de agua para la agricultura en el Valle de Ica-Villacuri. Esto demostraría el impacto a largo plazo de las actividades humanas en los recursos naturales.

En esa línea, tras la caída del nivel de agua en los años 70, se han implementado diversas acciones para restaurar la laguna, como la creación de un sistema de reserva de agua y el dragado del lecho de la laguna.

El objetivo era garantizar que siempre haya suficiente agua almacenada para cuando la fuente natural no sea suficiente, y al mismo tiempo, limpiar el fondo de la laguna para que pueda contener más agua y mantener el ecosistema saludable. Sin embargo, estas medidas han sido esporádicas y no han proporcionado una solución a largo plazo.

Se requerirá más agua para mantener a la laguna

Finalmente, con el aumento de la temperatura por el cambio climático, se espera que la evaporación del agua de la laguna se intensifique, lo que significa, de acuerdo a los especialistas, que se requerirá más agua para mantener el nivel actual de la laguna.

“La evaporación incrementará, y será necesario gestionar más agua para preservar el nivel actual”, explica Héctor Aponte.

No obstante, aunque la situación es grave, una gestión adecuada puede mitigar el problema. Aponte explica que es necesario implementar estrategias sostenibles para el uso y abastecimiento del agua en la laguna.

Tras el enfrentamiento entre trabajadores forestales y miembros del pueblo indígena en situación de aislamiento mashco piro, que dejó muertos, heridos y desaparecidos el 29 de agosto, frentes de defensa indígena de la Amazonía peruana, como la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) y el Corredor Territorial Pano Arawak, hacen un urgente llamado al Gobierno.

Ambas organizaciones unen su voz de protesta al pedido de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), quienes comunicaron inicialmente el trágico hecho, y exigen la implementación de medidas efectivas para proteger los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento y garantizar la seguridad de las otras personas afectadas por este trágico evento ocurrido en la quebrada San Juan, en la cuenca del río Pariamanu, en Madre de Dios.

¿Qué solicitan al Estado?

En este contexto, las organizaciones indígenas solicitan a las autoridades que aseguren el cumplimiento del principio de no contacto con los Pueblos Indígenas Aislados (PIA), considerados entre los más vulnerables del planeta, puesto que dependen exclusivamente de los recursos naturales que hay en sus territorios, e implementen medidas inmediatas para prevenir el agravamiento del conflicto.

Además, están expuestos a diferentes tipos de vulnerabilidades, entre ellas las inmunológicas, debido a la falta de defensas adecuadas para combatir enfermedades externas que, a la vez, generan una situación de riesgo sociodemográfico, entre otras.

Asimismo, reiteran el pedido de una investigación rápida y clara para evitar tragedias similares en el futuro y denuncian la inacción y lentitud de los responsables, incluido el Ministerio de Cultura, que no tomó las medidas preventivas a pesar de las advertencias. Esto, resaltando que se trata de una problemática que no solo ocurre en Madre de Dios. Pues, indican que en la provincia de Purús, en Ucayali, se ha reportado también presencia de pueblos indígenas en aislamiento en el río Curanja.

Dicha situación ha causado el desplazamiento de otras comunidades nativas, como la de Santa Rey, perteneciente a la etnia Huni Kuin. Ante esto, exigen una mayor transparencia en las acciones realizadas bajo los protocolos de protección del Estado, ya que, hasta la fecha, no han recibido respuesta a sus solicitudes de ayuda para abordar la situación.

Los modos de vida de los Mashco Piro

En entrevista con Infobae Perú, la antropóloga Beatriz Huertas compartió información sobre la situación actual del pueblo Mashco Piro, cuya población vive en reservas territoriales, pero también fuera de los límites de estas, reduciendo drásticamente sus relaciones con los demás integrantes de la sociedad.

En primer lugar, la especialista destaca la reciente aparición de imágenes de los Mashco Piro, que causaron gran revuelo a nivel internacional. Sobre ello, la antropóloga explica que este hecho refleja un movimiento estacional común en el que este grupo se acerca a comunidades cercanas durante la temporada seca para sus actividades de caza y recolección de frutos, entre otros alimentos y bienes.

Sin embargo, de acuerdo a Huertas, si bien los aislados extienden sus recorridos para realizar sus prácticas de subsistencia, la presencia de madereros afecta severamente sus actividades, lo que puede llevar a conflictos y enfrentamientos, tal como se vio este último 29 de agosto.

Por otro lado, la especialista subraya que los mashco piro no son el único pueblo indígena en aislamiento que enfrenta este tipo de amenazas. Otros grupos, como los kakataibo aislados, están igualmente bajo presión. “El pueblo en aislamiento de la Reserva indígena Kakataibo Norte y Sur enfrenta presiones del narcotráfico, y el pueblo está sufriendo presiones similares. Estas zonas están amenazadas por actividades ilícitas y el narcotráfico”.

¿Qué se puede hacer para fortalecer su protección?

En cuanto a las medidas necesarias para fortalecer su defensa, Huertas enfatiza que se debe ampliar la Reserva Territorial de Madre de Dios, reubicar las concesiones forestales para proteger las tierras de este y otros pueblos indígenas en aislamiento en el país y, por último, implementar mecanismos efectivos de protección frente al avance de las economías ilegales, principalmente tala ilegal.

También agregó la necesidad de fortalecer las políticas y mecanismos de protección a favor de estos pueblos. De esta manera, será posible asegurar su continuidad cultural y social.

Los riesgos que enfrentan los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI) en la Amazonía peruana se agudizan, mientras el Ministerio de Cultura se mantiene en silencio.

El 30 de agosto, la certificadora internacional Forest Stewardship Council (FSC) —dedicada a promover el manejo responsable de los bosques a nivel global— informó mediante un comunicado la suspensión provisional de la certificación de Maderera Canales Tahuamanu (MCT) en “gestión forestal responsable”.

La medida, que entrará en vigor el próximo 13 de septiembre y se mantendrá durante ocho meses, se tomó como respuesta a las preocupaciones sobre la ubicación de la concesión forestal de la empresa y su cercanía con el territorio de los Mashco Piro, un pueblo indígena en aislamiento voluntario tradicionalmente asentado en la cuenca del río Manu, en Madre de Dios.

La disposición se da luego que, a fines de julio, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad) denunciaran públicamente a Forest Stewardship Council (FSC) por mantener la certificación a la empresa maderera.

Esto, a pesar de los riesgos que implica dicha autorización para la seguridad y el bienestar de estas comunidades indígenas, quienes en junio fueron captadas saliendo de sus tierras ancestrales en imágenes que dieron la vuelta al mundo.

Anuncian reunión con el Gobierno y organizaciones indígenas

Durante este periodo de suspensión, Maderera Canales Tahuamanu (MCT) no podrá comerciar sus productos certificados por FSC ni utilizar su marca registrada. Asimismo, en su comunicado, la principal certificadora mundial anunció que ha encargado a Assurance Services International (ASI) —empresa especializada en verificar el cumplimiento legal de otras compañías— una investigación exhaustiva sobre los derechos de los PIACI en relación con la certificación de manejo forestal en Perú.

Las diligencias se llevarán a cabo siguiendo las leyes internacionales, regionales y nacionales. Además, representantes de la FSC viajarán al Perú para reunirse con el Gobierno, organizaciones indígenas, entre otros actores, con el objetivo de comprender mejor los problemas de clasificación de tierras.

Como se sabe, dicho proceso permite categorizar diferentes tipos de terrenos según sus características y usos, como agricultura, construcción o conservación, a fin de gestionar y utilizar el suelo de manera adecuada.

También, se buscará orientación de organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y otras organizaciones, para establecer mejores acciones en respeto de los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento en el país.

¿Qué dicen los líderes indígenas y especialistas?

Tras darse a conocer este hecho, César Ipenza, reconocido abogado en derecho ambiental, exhortó a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter): “Es momento de que las autoridades tomen cartas en el asunto y cumplan con su labor”. Adicionalmente, instó a los ministerios de Cultura y Agricultura y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a intervenir para abordar la situación y proteger los derechos del pueblo indígena afectado.

En la misma línea, Julio Cusurichi, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), recuerda que, a pesar de la creación en 2002 de la Reserva Territorial Madre de Dios para proteger a este pueblo, el Estado ha fallado gravemente en su tarea.

Pues, la delimitación arbitraria de esta reserva y el aumento de permisos forestales han permitido que madereros invadan la zona, lo que ha obligado a los Mashco Piro a abandonar su territorio en busca de seguridad.

Este miércoles, el Comité Ejecutivo del Frente Único de Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar (FUDIE) emitió un enérgico pronunciamiento en el que critica severamente al Gobierno de Dina Boluarte y a varios alcaldes distritales por su desempeño y falta de respuesta a sus demandas.

En concreto, exigen se declare emergencia ambiental e hídrica debido a la contaminación minera, así como “la inmediata llegada del alto comisionado encabezado por el premier Adrianzén y sus ministros”, resaltando que la falta de compromisos claros por parte del Ejecutivo para atender sus reclamos es inaceptable.

En ese marco, han anunciado un paro indefinido a partir de mañana en protesta contra el régimen. La población critica a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por posponer el reinicio de una mesa de diálogo crucial para abordar problemas socioambientales y otras obras esenciales para la provincia.

Exigen vacancia de alcaldes

El pronunciamiento también incluye una contundente condena a los alcaldes distritales de Espinar, a quienes el FUDIE acusa de “claudicación, traición e indecencia”. Según el comité, estos alcaldes han demostrado ser “traidores” al no cumplir con sus promesas electorales y colaborar con el Gobierno Regional del Cusco en lugar de defender los intereses de sus ciudadanos.

Por ello, han declarado a estas autoridades ediles como personas no gratas y exhortado a los frentes de defensa de cada distrito a solicitar su vacancia. “Los frentes de defensa de cada distrito deben solicitar su vacancia de estos alcaldes claudicantes por mentir y traicionar a sus electores”, manifestaron.

Asimismo, la alcaldesa provincial, Cludy Rosmery Laguna Ccapa, ha sido criticada por no ofrecer soluciones concretas a los problemas, junto con la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.

Pues, alertan que las comunidades están abandonadas y enfrentan dificultades extremas debido al deterioro del aire, agua y tierra, pues, se han encontrado que las concentraciones de PM10, que son pequeñas partículas en el aire que pueden causar problemas respiratorios, están mucho más altas de lo permitido.

Además, las aguas industriales que se descargan no cumplen con los estándares de calidad, lo que perjudica la irrigación y el uso ganadero.

Sin embargo, las empresas señaladas continúan defendiendo que sus impactos están dentro de los límites permitidos y que la contaminación documentada se debe a causas naturales, no a sus actividades.

Glencore, una de las empresas señaladas

En noviembre del año pasado, seis estudios recientes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) confirmaron que las operaciones de la mina Antapaccay, operada por la multinacional suiza Glencore, están vinculadas a la contaminación del aire, agua y tierra en Espinar.

Específicamente, los informes del OEFA, realizados entre 2022 y 2023, revelan niveles alarmantes de metales pesados en el ambiente con impactos en trece comunidades cercanas a la unidad minera, muchas de las cuales son indígenas quechuas y k’ana.

No obstante, a pesar de estas evidencias, Glencore ha rechazado las acusaciones, argumentando que la contaminación proviene de procesos naturales de mineralización y no de sus operaciones mineras.

En ese marco, cabe recordar que, actualmente, la compañía suiza está expandiendo sus operaciones hacia la zona de Coroccohuayco en Espinar, generando nuevas preocupaciones sobre la transparencia y el respeto a los derechos de los ciudadanos expuestos a este tipo de contaminación.

En San Martín, agricultores del distrito de Shanao, ubicado en la provincia de Lamas, se encuentran preocupados a causa de los severos efectos de la sequía que está impactando gravemente sus cultivos.

De acuerdo al Diario Voces, durante el mes de agosto, fuertes vientos derribaron las plantaciones de plátano. Además, las plantas de cítricos y cacao están secándose a un ritmo alarmante.

Esto, aseguran, se debería a la ola de calor y al rápido secado de las quebradas y ojos de agua, pequeños manantiales esenciales para el riego de cultivos y el abastecimiento de agua en áreas rurales.

El golpe de los incendios forestales

Asimismo, Gonzales Guerra hizo un llamado urgente a las autoridades para que tomen medidas contra los responsables de los incendios forestales que están destruyendo los bosques cercanos.

De acuerdo al productor, estos siniestros no solo agravan la situación de sequía, sino que también están causando daños visibles a lo largo de la carretera San Miguel del Río Mayo, donde grandes extensiones de terreno han sido arrasadas por el fuego.

Los agricultores temen que la combinación de sequía e incendios forestales pueda conducir a una grave crisis alimentaria a fin de año. En ese sentido, el agricultor exhortó a los productores a practicar una agricultura más responsable y pidió una intervención inmediata para mitigar los daños y evitar un desastre mayor en los próximos meses.

Perú enfrenta crisis alimentaria pese a mejora regional

De acuerdo con un informe de la ONG Acción contra el Hambre, América Latina y el Caribe es la única región a nivel global que ha logrado una disminución en los niveles de inseguridad alimentaria durante 2023.

No obstante, a pesar de esta mejora regional, el 8,7% de la población en la región sigue enfrentando inseguridad alimentaria en su forma más severa.

En particular, Perú atraviesa una situación crítica. Con más de 16 millones de personas sufriendo de hambre crónica y deficiencias nutricionales, lo que quiere decir que el país enfrenta una de las crisis alimentarias más graves de la región.

Hace poco, la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) 2024-I reveló que más del 33% de la población peruana no puede permitirse una alimentación adecuada, con fuertes impactos traducidos en desnutrición en niños menores de 5 años y mujeres embarazadas.

Por ello, especialistas, como Salesky Rivas Collazos, abogada y experta en crisis alimentaria, señala que es crucial que el Estado reconozca la alimentación como un derecho fundamental y tome medidas urgentes para asegurar una dieta adecuada para todos los ciudadanos.

Además, enfatiza la necesidad de actualizar y fortalecer las políticas de seguridad alimentaria y nutricional, así como de promover y apoyar la agricultura familiar para mejorar la seguridad alimentaria en el país.

Crisis climática y sus impactos

En paralelo, se sabe que la crisis climática también agudiza la inseguridad alimentaria, sobre todo en Centroamérica, específicamente en áreas afectadas por sequías prolongadas y el fenómeno de El Niño.

Esto incluyen el Corredor Seco, que abarca los países de Guatemala, Honduras y Nicaragua, donde se estima que entre 2 y 2,5 millones y 1,9 millones personas enfrentarán inseguridad alimentaria severa entre junio y septiembre de 2024.

La reciente designación de Úrsula Desilú León Chempén como ministra de Comercio Exterior y Turismo suscita preocupaciones debido a sus antecedentes en el sector pesquero y su presunta vinculación con la pesca ilegal.

La Sociedad Nacional de Pesca Artesanal (Sonapescal) culpa a León de haber facilitado la entrada de barcos chinos que pescan pota ilegalmente en aguas peruanas, cuando ejercía su cargo como viceministra de Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción (Produce).

Según el programa La Contra, dirigido por el periodista Paolo Benza, el ingreso de embarcaciones chinas a puertos peruanos sin cumplir con los requisitos de monitoreo satelital de la ley peruana habría aumentado tras una reunión de casi dos horas en las oficinas de Produce, el 24 de mayo de 2023, en la que participaron cinco funcionarios de la embajada china, incluido el embajador Song Yang.

Advierten sobre pacto para facilitar pesca ilegal

De acuerdo a un pronunciamiento de Sonapescal, a pesar de los intentos de las asociaciones de pesca artesanal por obtener información sobre la reunión, Produce no proporcionó detalles claros.

Desde entonces, las embarcaciones chinas habrían comenzado a ingresar a puertos peruanos, esquivando el sistema de monitoreo satelital SISESAT, que según los pescadores, sugiere un posible arreglo que debilita el control contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.

Asimismo, denuncian que el Produce ha fallado en aplicar correctamente el Decreto Supremo Nº 016-2016-PRODUCE, que exige el uso del SISESAT para todas las embarcaciones extranjeras antes de su ingreso a puertos peruanos.

Este incumplimiento estaría permitiendo que las embarcaciones chinas, que se sospecha podrían estar involucradas en actividades pesqueras ilegales, utilicen los puertos peruanos sin la debida supervisión.

Ministro de la Producción más que ausente

El documento también hace referencia a un anuncio previo del titular de Produce, Sergio González Guerrero, sobre la publicación de un decreto supremo para corregir las deficiencias en la gestión de la pesca ilegal.

Sin embargo, los firmantes critican que, a pesar de la promesa, no se ha realizado una verificación adecuada de las embarcaciones chinas que ingresaron al país durante el año.

Por tal razón, exigen a la cartera se tomen medidas inmediatas para corregir los errores y asegurar que se cumpla con las normas vigentes, caso contrario discutirán posibles paralizaciones generales en la región norte del país como medida de protesta.

Infobae Perú conversó Elsa Vega Pardo, presidenta de Sonapescal, quien declaró: “Estamos en una crisis terrible. La industria está paralizada y tenemos miles de puestos de trabajo afectados. Mientras nosotros enfrentamos multas exorbitantes, los barcos chinos reciben todas las facilidades”.

De acuerdo a Vega, la situación es particularmente grave en el norte del Perú, especialmente en Paita y otras áreas cercanas, pues, la falta de recursos, entre ellos la flota de calamar gigante, están afectando profundamente su economía.

Además, la dirigente recordó que la normativa prometida para mediados de agosto aún no ha sido publicada, lo que contribuye a la falta de control sobre las embarcaciones chinas. Ante ello, lamentó que las autoridades, incluyendo la presidencia y Produce, parezcan indiferentes a la situación que enfrentan los pescadores artesanales.

En agosto de 2024, los precios en Lima Metropolitana aumentaron un 0,28%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Este incremento, aunque pequeño, afecta directamente el costo de vida de las personas. En lo que va del año, los precios han subido un 2,10%, y si miramos los últimos doce meses, el aumento ha sido del 2,03%.

¿Qué causó el aumento de precios?

El principal factor detrás de este aumento fue el incremento en los costos de varios productos y servicios. Aquí te explicamos los más importantes:

• Alimentos y bebidas no alcohólicas: Esta categoría fue la que más subió, con un aumento del 0,93%. Por ejemplo, el precio del ajo molido subió un 37,7%, mientras que el ajo entero subió un increíble 56,8%. También subieron los precios de la papa, el pescado y el pollo.
• Restaurantes y hoteles: Los precios subieron un 0,22%, especialmente en servicios de comida como el desayuno en restaurantes, el chicharrón de chancho y el pollo a la brasa.
• Servicios básicos: La electricidad subió un 0,6% debido a un nuevo tarifario implementado en agosto, lo que también aumentó un poco el costo del gas propano.

Productos con mayor aumento y baja de precios

Entre los 586 productos que forman parte de la canasta familiar, 272 subieron de precio, 140 bajaron y 174 se mantuvieron sin cambios. Los productos que más subieron fueron el ajo entero (56,8%) y el camote amarillo (19,9%).

Sin embargo, algunas frutas, como los arándanos y las fresas, bajaron de precio, lo que ayudó a equilibrar un poco el costo general de los alimentos.

¿Qué significa esto?

El aumento en los precios de productos básicos y servicios esenciales puede hacer que el costo de vida en Lima Metropolitana sea más alto. Aunque algunas categorías, como frutas y transportes, mostraron una baja en sus precios, el incremento general indica que es importante estar atentos a cómo evolucionan estos costos en los próximos meses.

Estos cambios nos recuerdan que es esencial monitorear los factores que afectan los precios para poder tomar decisiones informadas sobre nuestros gastos diarios y mantener la estabilidad económica en nuestros hogares.

Canasta básica subió un 14% en dos años

En ese marco, es importante recordar que la canasta básica subió un 14% en dos años, y ahora se estima que una familia necesita S/ 2,976 para cubrir sus necesidades esenciales, mucho más que el sueldo mínimo de S/ 1,025.

Además, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Percepción de Desigualdades (ENADES) 2024, elaborada por Oxfam y el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), un 59% de los peruanos cree que la brecha entre ricos y pobres aumentó, reflejando un creciente descontento con la desigualdad económica.

Asimismo, más de la mitad de los encuestados siente que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, y solo el 14% afirma que puede ahorrar.

Por otro lado, el 47% de los encuestados se considera clase media baja y el 32% clase baja. Mientras que un 43% cree que no todos tienen las mismas oportunidades para salir de la pobreza, y el 67% opina que los hombres tienen más ventajas económicas que las mujeres.

Hasta el lugar, se han trasladado tanto organizaciones locales como autoridades y bomberos voluntarios que reportan el fuego se expande de manera rápida debido a la abundante vegetación seca en el valle.

La unidad de bomberos que están trabajando en el sitio denuncian no contar con el equipo adecuado para atender la emergencia, situación que han denunciado en múltiples ocasiones sin obtener respuesta del Estado.

Del verde al gris

Actualmente, la Amazonía peruana enfrenta una compleja crisis ambiental, con una drástica transformación de su paisaje que ha sido documentada por imágenes satelitales de la NASA.

Las comparaciones entre el 19 de julio y el 01 de septiembre de 2024 revelan un alarmante deterioro en la calidad del aire debido al humo de los incendios forestales que azotan la región.

Las imágenes muestran un preocupante cambio de verde vibrante a gris opaco, señal de la intensa contaminación atmosférica generada por los incendios.

No obstante, a pesar de la magnitud de estos siniestros, la cordillera de los Andes ha impedido que el denso humo llegue a la capital, Lima. Esta barrera natural protege a la ciudad de los peores efectos del humo; sin embargo, la situación en la Amazonía —esencial para la regulación del clima global y la conservación de la biodiversidad— sigue siendo crítica.

Incendios en la Amazonía superan los 53 mil en lo que va del año

De acuerdo a un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, hasta finales de agosto, se han registrado 50 mil 000 focos de incendios en la Amazonía, posiblemente a causa de la sequía extrema y la deforestación, produciendo una vasta nube de humo.

Asimismo, el estudio indica que en agosto, se reportaron casi 29 mil 000 focos de incendios, lo que representa un aumento del 83% en comparación con el mismo mes de 2023.

En esa misma línea, la cifra total de incendios en 2024 ya supera los 53 mil 000, un aumento del 80% respecto al año anterior y el mayor número registrado desde 2010.

Por otro lado, el análisis muestra que los “ríos voladores” de la Amazonía, que normalmente transportan humedad a otras regiones del continente, ahora también están transportando partículas de humo.

Esta transformación tiene un impacto considerable, con el humo de los incendios extendiéndose a regiones distantes. Además, las áreas de deforestación intensiva, como las zonas cercanas a carreteras, han visto un aumento notable en la emisión de humo.

Perú supera las 1.000 alertas

En este contexto, Global Forest Watch informa que en 2024 Perú ha registrado 1.829 alertas de incendios forestales mediante el sistema VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite). Este instrumento, desarrollado por la NASA y la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos), se encuentra a bordo de satélites y se emplea para monitorear y analizar fenómenos en la superficie terrestre y en la atmósfera.

El reciente nombramiento de nuevos ministros por parte de la presidenta Dina Boluarte ha sido acompañado de una serie de críticas por su falta de visión hacia la igualdad de género.

En la ceremonia realizada en el Palacio de Gobierno, la jefa de Estado presentó a los nuevos titulares de cuatro ministerios: Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo, Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Cultura. Sin embargo, mientras que el cambio de nombres en estos cargos dan que hablar en la opinión pública, llama la atención la notable ausencia de la representación femenina en el gabinete ministerial.

De los cuatro nuevos ministros, solo dos son mujeres: Úrsula Desilú León, que asume el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y Ángela Teresa Hernández Cajo, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

La justificación de Adrianzén

Hoy, en conferencia de prensa, en el marco de un nuevo consejo de ministros, el premier Gustavo Adrianzén abordó la controversia generada por la escasa participación de mujeres en las carteras. En su intervención, expresó:

Hasta ahí, el premier parecía admitir la falta de mujeres en los cargos ministeriales actuales, pero inmediatamente pasó a una defensa más amplia. Sostuvo que la jefa de Estado y la jefa de Gobierno es una mujer, un argumento que, aunque relevante, no abordó el déficit específico en el gabinete en sí.

Por otro lado, Adrianzén intentó desviar la atención hacia otros niveles de la administración pública, afirmando:

En esa línea, el primer ministro hizo hincapié en la presencia de mujeres en cargos de viceministros y en otros niveles, detallando: “Hoy, por ejemplo, en mérito de esta curiosidad, nos preocupamos por comprobar que tenemos 13 viceministras en la administración pública y otras decenas de directoras generales en la administración pública”.

No obstante, la realidad sigue siendo que, en un gabinete de 18 ministerios, la falta de representación femenina en los ministerios es aproximadamente del 88.89%.

¿Quiénes son los nuevos ministros?

En los recientes cambios en el gabinete, los nuevos ministros hombres son Elmer Schialer, quien asumió como ministro de Relaciones Exteriores; Durich Whittembury, nombrado ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y Fabricio Valencia, que es el nuevo ministro de Cultura.

Además, quienes han mantenido sus cargos son Walter Astudillo en Defensa, José Arista en Economía y Finanzas, Juan José Santiváñez en Interior, Eduardo Arana en Justicia y Derechos Humanos, Morgan Quero en Educación, César Vásquez en Salud, Ángel Manero en Desarrollo Agrario y Riego, Daniel Maurate en Trabajo y Promoción del Empleo, Sergio González en Producción, Rómulo Mucho en Energía y Minas, Raúl Pérez en Transportes y Comunicaciones, Juan Castro en Ambiente, y Julio Demartini en Desarrollo e Inclusión Social.

El pasado 8 de agosto, la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Criminalidad Organizada decidió archivar una denuncia sobre minería ilegal en la región Amazonas. Esta decisión se tomó a pesar de que durante los 10 meses previos, no se realizaron diligencias de investigación que pudieran esclarecer el caso.

La denuncia, presentada en octubre de 2023, apuntaba a 14 personas presuntamente involucradas en la actividad ilícita en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui.

Específicamente, se les acusaba de delitos relacionados con el crimen organizado y la minería ilegal. Sin embargo, desde la presentación de la denuncia, el despacho fiscal no llevó a cabo acciones concretas para investigar los hechos ni a los implicados.

Estado contribuye a expansión de la economía ilegal

La Fiscalía justificó el archivo del caso con la argumentación de que no existían elementos probatorios suficientes para acreditar la existencia de una organización criminal y que no se pudo obtener la documentación necesaria para corroborar las acusaciones.

Sin embargo, IDL resalta que la falta de evidencia no debería ser un motivo para archivar el caso cuando la ausencia de pruebas es en gran medida resultado de la inacción en la investigación.

Asimismo, enfatizan que, si bien la Fiscalía había trasladado el caso a la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía Nacional del Perú (Diviac-PNP) en octubre de 2023, la Diviac no tomó ninguna medida.

Incluso a pesar de que en noviembre del mismo año la Diviac recomendó derivar el caso a la Unidad Especializada de Inteligencia en Medio Ambiente, esta recomendación no se concretó.

Posteriormente, en diciembre de 2023, la Fiscalía ordenó a la Diviac designar un equipo especial para las investigaciones, pero este requerimiento tampoco se cumplió.

En enero de 2024, se reiteró la solicitud, y en febrero se extendió el plazo de investigación por 120 días adicionales sin que se observaran avances. En esa línea, pese a múltiples disposiciones y oficios, las diligencias efectivas para investigar el caso no se realizaron.

Luego, en abril de 2024, el caso fue finalmente transferido a la Dirección de Medio Ambiente de la Dirección Nacional de Investigación Criminal de la Policía (Uficco-PNP), que también recomendó el caso a la Diviac Lima.

Pero, en junio, se decidió transferirlo a la Diviac de Bagua Grande, que a su vez recomendó nuevamente que el caso fuera derivado a la Unidad Especializada de Inteligencia en Medio Ambiente.

Ante esta situación de inacción, la Fiscalía optó por archivar el caso en agosto de 2024, aumentando el riesgo de expansión de la economía ilegal en la región.

Minería ilegal sigue amenazando territorio del pueblo awajún

Tras recibir una queja por la falta de acción efectiva por parte de la Policía, el 22 de agosto, la Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada contra la Criminalidad Organizada anuló el archivamiento del caso y ordenó reanudar la investigación.

En concreto, la Fiscalía instruyó al Ministerio del Interior para que defina qué unidad policial será responsable de llevar a cabo las diligencias necesarias, pertinentes y urgentes para esclarecer los hechos. Además, se extenderán las diligencias preliminares contra los 14 acusados por 60 días adicionales.

En ese marco, cabe mencionar que, la minería ilegal en Amazonas sigue causando graves consecuencias para el medio ambiente y la población, especialmente la del pueblo indígena awajún.

Según la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc), hasta julio de 2024, había alrededor de 100 dragas (máquinas de excavación ilegal) operando a lo largo de los ríos Cenepa y Santiago, con organizaciones criminales integradas por ciudadanos peruanos y ecuatorianos extrayendo oro en el alto Cenepa.

Los heridos fueron llevados al Hospital Manuel Higa Arakaki en Satipo, el cual se vio desbordado por la cantidad de pacientes. Ante ello, debido a la gravedad de sus lesiones, siete de los heridos, de los cuales algunos presentan quemaduras superiores al 20% en su cuerpo, fueron evacuados de urgencia a Lima para recibir tratamiento especializado.

Los otros dos heridos, que sufrieron quemaduras menos graves, continúan recibiendo atención en el hospital de la selva central.

Herido falleció durante trayecto a Lima

El Ministerio de Salud, en coordinación con la Red de Salud Satipo y la Diresa Junín, organizó el traslado aéreo de los pacientes graves con el apoyo del Ejército Peruano y el Ministerio de Defensa (MINDEF).

Las ambulancias del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU), junto con el soporte de Dirección General de Gestión de Riesgos y Desastres (DIGERD) y Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias (DIGTEL), facilitaron el traslado a hospitales en Lima, incluyendo los hospitales Arzobispo Loayza, Hipólito Unanue, María Auxiliadora, Dos de Mayo, Daniel Alcides Carrión y Hospital Almenara de EsSalud.

Además, el SAMU movilizó un equipo de 30 profesionales de la salud y siete ambulancias para el traslado de los pacientes. Lamentablemente, durante el vuelo de emergencia, uno de los pacientes falleció debido a la gravedad de sus heridas.

¿Qué causó el siniestro?

El fuego se desató en una de las habitaciones donde se alojaban personas en proceso de rehabilitación por adicciones. Según informes preliminares, el incendio comenzó cuando un colchón se prendió fuego debido a que una de las personas en proceso de rehabilitación habría estado fumando.

No obstante, las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las causas exactas del incendio y establecer responsabilidades.

Canales de ayuda ante incendios

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ofrece una guía para prevenir y manejar incendios urbanos, que son peligrosos y pueden ser causados por fallas eléctricas, fugas de gas, o mal manejo de materiales inflamables.

Qué hacer en caso de incendio:

• Mantén la calma y evacúa inmediatamente por la ruta de evacuación.
• Alerta a las personas cercanas y llama al 116, la Central de Emergencia de Bomberos.
• Usa un extintor si es posible y sabes cómo hacerlo.
• Antes de salir, verifica que las manijas de las puertas no estén calientes.
• Evita inhalar humo; cúbrete la nariz y la boca con un trapo húmedo y no regreses a la zona del incendio.

Si no puedes evacuar:

• Si tu ropa se incendia, rueda en el piso y cúbrete con una manta.
• Haz señales con una linterna o sábanas para llamar la atención.
• Si hay mucho humo, mantente cerca del piso y usa ropa o toallas mojadas para bloquear el humo.

Prevención de incendios urbanos:

En casa:

• Asegúrate de que las instalaciones eléctricas sean adecuadas y evita sobrecargas.
• Usa calentadores eléctricos y aires acondicionados con moderación.
• Ten llaves termomagnéticas en el tablero eléctrico.
• Almacena arena para combatir el fuego y no fumes dentro de la casa.

En el trabajo:

• Ten un Plan de Emergencia y asegúrate de que el personal esté entrenado en procedimientos de evacuación.
• Mantén vigilancia continua en áreas de almacenaje y proporciona información técnica sobre los materiales a las autoridades locales.
• El personal de seguridad debe estar bien informado y equipado para manejar emergencias.

Estas medidas ayudan a reducir riesgos y garantizar una respuesta eficaz ante posibles incendios.

En Madre de Dios, las comunidades indígenas en aislamiento Mashco Piro se encuentran en una grave situación de vulnerabilidad, tras darse a conocer que algunas de ellas se están viendo obligadas a salir de su territorio para demandar alimentos.

Según la Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), esto se debería a la presión de las concesiones madereras en sus tierras ancestrales, que abarcan la provincia de Tambopata, en la cuenca del río Las Piedras, donde se ubica la Reserva Territorial Madre de Dios para indígenas aislados.

Exactamente en dicho lugar, el 26 de junio, una escena inusual tuvo lugar en la comunidad de Monte Salvado: 24 indígenas salieron de su aislamiento durante horas de la tarde para pedir plátanos mediante señas a los comuneros, quienes atendieron su pedido con lo que disponían.

De acuerdo al portal Vigilante Amazónico, la situación se repitió al día siguiente, el 27 de junio, pero esta vez con 52 indígenas que nuevamente salieron con el propósito de conseguir alimentos desde las diez de la mañana hasta las cinco de la tarde.

Impacto de la ilegalidad en la Amazonía muestra cruda realidad

Ante la situación de desabastecimiento de alimentos en la comunidad de Monte Salvado, sus miembros expresaron su preocupación debido a la falta de respuesta por parte del Estado, en concreto del Ministerio de Cultura —sector encargado de defender la política de protección de los pueblos aislados— sobre su solicitud de emergencia para garantizar la integridad de ambas comunidades.

Pues, temen que en caso de no recibir apoyo, la llegada de más indígenas mashco piro en busca de alimentos pueda desencadenar respuestas agresivas si no pueden ser atendidos adecuadamente.

En esa línea, frente a la alarma, a través de un oficio, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) solicitó una respuesta más efectiva del Mincul, resaltando el impacto de las economías ilegales en la Amazonía, que estarían obligando a estos pueblos a abandonar sus territorios ancestrales.

¿Cuál fue la respuesta del Mincul?

Como respuesta al oficio enviado por Luque, el Mincul informó que activó sus protocolos de actuación para resguardar y garantizar el bienestar tanto de los Mashco Piro como de casi 60 ciudadanos del pueblo indígena Yine que residen en Monte Salvado.

Este plan incluyó la intervención de la Dirección de Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (DACI) del Viceministerio de Interculturalidad, junto a representantes de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y el Gobierno Regional de Madre de Dios, quienes se encargaron de manera conjunta de gestionar alimentos y combustible para los habitantes de Monte Salvado.

Además, se implementaron mecanismos de seguridad y protección de los derechos tanto de las familias de la comunidad nativa Monte Salvado como de los Mashco Piro.

Sin embargo, aunque el Mincul reafirmó su objetivo de llevar adelante todas las acciones necesarias para resguardar los derechos y la seguridad de estas comunidades vulnerables, así como la de los habitantes que vive cerca a la Reserva Territorial Madre de Dios (RTMDD), la protección efectiva sigue siendo una preocupación.

Pues, la cartera confirmó que actualmente en el puesto de control de dicha reserva, que abarca alrededor de 800 mil hectáreas, solo cuenta con un agente encargado para esta tarea a favor de dichas comunidades, consideradas de alta vulnerabilidad en términos inmunológicos, territoriales y sociales, ya que dependen exclusivamente de los recursos que hay en sus territorios.

¿Cuáles son los pueblos indígenas de Madre de Dios?

En el departamento de Madre de Dios existen aproximadamente 36 comunidades indígenas. Entre los principales grupos étnicos que habitan esta región amazónica se encuentran los Yine, Matsigenka, Amahuaca, Harakbut y Ese Eja.

Según la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Áncash, hasta ahora la compañía no toma medidas efectivas para abordar el problema, informó Radio Santo Domingo.

Incluso, pese a que el 28 de agosto el Consejo Provincial de Salud de la provincia del Santa aprobó de manera unánime la propuesta del alcalde Luis Gamarra para solicitar la declaración de emergencia ambiental.

Como consecuencia, el abastecimiento seguro de agua potable en la ciudad de Nuevo Chimbote sigue en riesgo. Además, un promedio de 10 mil 000 ciudadanos se encuentra en riesgo debido a la presencia de metales pesados como arsénico, hierro y manganeso en niveles peligrosos, confirmó el medio regional.

Convocan reunión de emergencia

Más de 20 días después que se alerta sobre la contaminación en ambos ríos, el 2 de septiembre, Ricardo Castillejo Melgarejo, titular de la DREM Áncash, encabezó una visita técnica a las instalaciones de Tungsteno Málaga del Perú S.A., con la participación de representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Ministerio del Ambiente, la Contraloría General de la República, entre otras autoridades.

Durante la inspección, el equipo de la DREM constató que la empresa no ha implementado ningún plan de contingencia para mitigar el impacto ambiental de la descarga de efluentes mineros en el río Tablachaca.

Esta situación genera fuerte alarma, ya que el río Tablachaca es uno de los principales afluentes del río Santa, fuente vital de agua para la población, especialmente para el centro poblado Chuquicara, ubicado en el distrito de Macate/Santa.

En respuesta a la alerta, las autoridades presentes acordaron convocar una reunión el 15 de septiembre en la ciudad de Chimbote.

Dicha reunión se llevará a cabo con el objetivo de evaluar la declaratoria de emergencia ambiental en la cuenca del río Santa y determinar las acciones a seguir para abordar la crisis.

Adicionalmente, la DREM anunció que solicitará información detallada sobre las actividades mineras en la zona de influencia del río Sarin a la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad. Esto a fin de evaluar la contaminación observada en las aguas del río Sarin, el cual también afecta al río Tablachaca.

Agua aún no es apta para consumo humano

Cabe mencionar que, de acuerdo al informe de la Dirección de Salud Ambiental del Gobierno Regional de Áncash, el agua del río Santa y sus afluentes, especialmente el río Tablachaca, aún no es apta para el consumo humano. Pues, se confirmó que el líquido elemento presenta altos niveles de metales pesados como arsénico, hierro y manganeso.

Ante ello, se solicitó a la empresa Seda Chimbote —empresa encargada del servicio de agua potable y alcantarillado en la ciudad de Chimbote— que tome medidas urgentes para encontrar un tratamiento adecuado que permita potabilizar el agua. También, se exhortó a los ciudadanos del centro poblado de Chuquicara a utilizar otras fuentes de agua para realizar sus actividades.

Luego que se diera a conocer la grave contaminación por un presunto derrame de relaves mineros en varios ríos de la provincia de Pallasca (Áncash), la fiscal Evelyn Lamadrid Vences, de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, indicó que el hecho podría ser considerado un delito ambiental.

Sin embargo, eso no es lo más grave. Lamadrid Vences también advirtió que, si se confirma que la actividad minera relacionada es ilícita, se sumarían cargos por minería ilegal. En ese sentido, para atender la emergencia, se ha convocado con urgencia una reunión con varias autoridades para investigar el origen del derrame y evaluar su impacto.

Por ahora, se sabe que la afectación perjudica a varios afluentes, entre ellos las cuencas de los ríos Plata, Tablachaca y Santa. Este último es vital para el abastecimiento de agua para consumo humano en las regiones de Áncash y La Libertad.

¿Cuáles serían los posibles orígenes de la contaminación?

La Junta de Usuarios de Irchim, encabezada por Linder Mauricio Diestra, señaló que la contaminación parece provenir de un embalse de una unidad minera en la provincia de Pallasca.

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Áncash precisó que la contaminación que afecta a los ríos de la región se habría originado debido a la “explotación artesanal de minerales” en el Sector de Sauco, distrito de Pampas, provincia de Pallasca.

Mientras que el alcalde provincial de Pallasca, Manuel Hidalgo Sifuentes, declaró en entrevista con Infobae Perú que la contaminación, específicamente en el caso del río La Plata, se debería a la minería ilegal, que afecta severamente al río Santa, crucial para el abastecimiento de agua en Trujillo. No obstante, actualmente, se están realizando verificaciones para identificar el origen exacto.

Corte de agua será indefinido en valles de Áncash

Como respuesta a la emergencia, Chinecas —proyecto de irrigación de Áncash— cerró a partir de las 11:00 PM del martes 6 de agosto las compuertas de las bocatomas La Huaca y La Víbora, que abastecen agua para consumo poblacional y agrícola en los valles Santa, Lacramarca, Nepeña y el distrito de Nuevo Chimbote. La duración de esta restricción aún no se ha definido.

Además, Sedachimbote —empresa encargada de brindar los servicios de agua potable y alcantarillado— activó su plan de contingencia para garantizar el suministro de agua potable en Nuevo Chimbote, coordinando con la jefa de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass Chimbote), Madeleyne Huanilo Lecca, para implementar medidas similares a las adoptadas durante cortes de agua previos.

Y, adicionalmente, el Proyecto Especial Chavimochic, en La Libertad, cerró su captación de agua para evitar la posible contaminación en la producción de agua potable para Trujillo y el riego agrícola.

Defensoría del Pueblo convoca reunión de emergencia

Por otro lado, en cuanto a la respuesta institucional, la Defensoría del Pueblo convocó una reunión urgente en el centro poblado de Chuquicara, ubicado en el distrito de Chimbote, para coordinar acciones inmediatas.

Esta convocatoria incluye a la Fiscalía, Sunass, Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y autoridades locales del agua para gestionar una respuesta eficaz ante la crisis.

Además, la congresista Lady Camones (La Libertad - Alianza para el Progreso) exigió una intervención urgente de los ministerios competentes, entre ellos Energía y Minas, a cargo de Rómulo Mucho, para proteger a la población y sancionar a los responsables de la contaminación.

Este hallazgo, realizado de manera fortuita, corresponde a la Cultura Lima, la cual se desarrolló en los tres valles que hoy forman la ciudad de Lima, siendo la Huaca Pucllana uno de los sitios más emblemáticos de esta civilización.

El arqueólogo Jesús Vaamonde, en una entrevista con RPP, informó que los restos pertenecen a un contexto funerario, en el que se han identificado dos individuos: un adulto y un menor, este último encontrado dentro de una vasija. De acuerdo al especialista, los restos tienen una antigüedad estimada de entre 1.300 y 1.800 años.

Ordenan suspensión de obras de gas ante hallazgo

Por ahora se sabe que los restos descubiertos serán trasladados a laboratorios especializados para su conservación y análisis, antes de ser entregados al Ministerio de Cultura para su custodia.

Asimismo, en cumplimiento con los protocolos establecidos, se ha ordenado la suspensión de las obras de instalación de gas para realizar una excavación arqueológica exhaustiva.

En ese marco, Cálidda, la empresa responsable de estas obras, informó que en los últimos 20 años han encontrado más de 200 mil restos arqueológicos durante sus trabajos en Lima y Callao.

¿Qué más se sabe sobre la Cultura Lima?

La Cultura Lima se desarrolló entre los años 100 y 650 d.C. en la costa central del Perú, principalmente en los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín.

Esta cultura coexistió con otras importantes civilizaciones prehispánicas como los Moche, Nazca y Recuay. Su desarrollo se ha dividido en tres etapas, basadas en la evolución de su cerámica: la etapa Baños de Boza o Miramar, Playa Grande, y finalmente, Maranga-Cajamarquilla-Nievería.

Los principales asentamientos de esta cultura se encuentran en Maranga, Pachacámac y otros sitios distribuidos en los valles mencionados.

En cuanto a la arquitectura, los Limas construyeron complejos monumentales con pirámides, plazas y zonas habitacionales. Utilizaron dos técnicas principales: muros de tapial y pequeños ladrillos de adobe dispuestos como estanterías.

Por otro lado, su cerámica es conocida por sus colores y detalles escultóricos, representando principalmente figuras de serpientes y peces, así como su textilería, elaborada con fibras de algodón y lana de camélidos.

¿Aún se puede ver el legado de esta cultura en la ciudad?

El legado de la Cultura Lima es visible hoy en día en numerosas edificaciones que permanecen en la capital. Aunque estas construcciones fueron abandonadas en el siglo VIII d.C., probablemente debido a rituales organizados tras la muerte de sus últimos miembros, su influencia perdura como un recordatorio de la rica historia de esta región.

Algunos de los sitios arqueológicos más destacados donde se conservan estas construcciones son:

1. Huaca Pucllana: Ubicada en el distrito de Miraflores, es una de las huacas más emblemáticas de Lima. Se trata de una gran pirámide construida con pequeños adobes, que en su época funcionó como centro ceremonial y administrativo.

1. Complejo Arqueológico de Maranga: Situado en el distrito de San Miguel, dentro del Parque de las Leyendas. Este complejo incluye varias huacas, como la Huaca San Miguel y la Huaca Tres Palos, que formaron parte de un gran centro ceremonial y habitacional de la Cultura Lima.

1. Pachacámac: En el valle del río Lurín, al sur de Lima, se encuentra el santuario de Pachacámac. Aunque el sitio fue ocupado por otras culturas posteriores, la Cultura Lima construyó aquí el Templo Viejo, una de las estructuras más antiguas del complejo.

1. Cajamarquilla: Este extenso sitio arqueológico se encuentra en el distrito de Lurigancho-Chosica, en la zona este de Lima. Cajamarquilla fue una gran ciudad de adobe que albergó numerosos recintos habitacionales, pirámides y plazas.

Este lunes, durante la reunión con la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, el cuestionado ministro del Interior, Juan José Santiváñez, presentó una nueva medida para fortalecer la seguridad en el país: el ‘Apagón de Celulares Prepago’.

De acuerdo con el titular, la propuesta está diseñada para abordar el uso indebido de teléfonos móviles, especialmente aquellos que no están registrados y que son utilizados con frecuencia por organizaciones criminales.

Asimismo, Santiváñez explicó que la campaña se centrará en aproximadamente 25 millones de líneas de celulares prepago que no se encuentran registradas. La acción se implementará en un plazo de 45 días.

¿Qué delitos ayudará a combatir?

El ministro Santiváñez destacó que esta medida contribuirá a combatir delitos como la extorsión y el tráfico de drogas, pues los celulares prepago no registrados suelen ser la herramienta utilizada por los delincuentes debido a su anonimato.

No obstante, el funcionario aseguró que la campaña no afectará a aquellos celulares que tengan un registro adecuado con información formal de su titular. “La idea es que vamos a apagar las líneas de 25 millones de celulares no registrados. Aquel celular que tenga identificado a su portador, a su titular, no será apagado”, precisó.

En ese sentido, para llevar a cabo esta campaña, se contará con la colaboración de varias entidades clave, incluyendo el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y Migraciones.

Según el funcionario, estas instituciones jugarán un rol importante en el proceso de validación y apagado de las líneas de teléfonos móviles no registradas, abarcando tanto a ciudadanos peruanos como a extranjeros.

Adicionalmente, Santiváñez comunicó que, como parte de los esfuerzos para mejorar la lucha contra el crimen, la Policía Nacional del Perú (PNP) recibirá un acceso ampliado a los datos de ubicación de todos los celulares en el país.

Antes, solo 38 policías de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal) tenían acceso a esta información. Sin embargo, debido al aumento de casos de extorsión, se ha solicitado que se habiliten 800 nuevos usuarios para otros 800 oficiales, permitiendo así una respuesta más eficiente y rápida a los delitos.

Siguen cuestionamientos contra Santiváñez

En tanto, el perfil de Santiváñez continúa enfrentando críticas, especialmente tras la reciente filtración de audios que sugieren una posible complicidad en la fuga de Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre.

Cerrón, quien ha estado prófugo desde el 6 de octubre de 2023, es mencionado en las grabaciones como beneficiario de un presunto respaldo del Ejecutivo y del Congreso, facilitado a través del uso de un vehículo presidencial, conocido como “cofre”, el cual habría sido empleado para evadir la intervención de la Policía y permitir su movilidad sin ser detenido.

En los audios proporcionados a la Fiscalía por el capitán Junior Izquierdo, se alega que Santiváñez habría confirmado este respaldo oficial. Además, se reporta la presencia de un automóvil Lexus, que forma parte de la flota presidencial, en Asia, donde se había estado buscando a Cerrón.

Ante estas acusaciones, la Presidencia ha rechazado cualquier implicación. Por otro lado, Santiváñez ha respondido a las acusaciones denunciando al capitán Izquierdo como miembro de una supuesta organización criminal dentro de la Policía Nacional. Según Santiváñez, esta organización estaría trabajando para desestabilizar el Gobierno de Dina Boluarte.

La lucha indígena se fortalece en la Amazonía peruana. El 25 de agosto, en Ucayali, concluyó el Segundo Encuentro Internacional de Guardias Indígenas, evento que reunió 24 bases de los pueblos Shipibo y Kakataibo, y la delegación asháninka de la Seguridad Indígena Amazónica (SIA), entre otros representantes, para fortalecer sus mecanismos de protección frente a la ineficiencia del Estado contra el avance de las economías ilegales.

El encuentro, realizado en el Centro Cultural Multiversidad Bakish Mai, cerca de Pucallpa, convocó a unas 80 personas y permitió la creación de una hoja de ruta para desarrollar un plan integral de monitoreo y vigilancia territorial en sus comunidades, detalla el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Además, se estableció la necesidad de reforzar la autogestión, incrementar la participación de las mujeres en las guardias y unir fuerzas para exigir el reconocimiento oficial del Estado. La meta principal es lograr un reconocimiento estatal a través de alianzas políticas y la promoción de una nueva ley de seguridad indígena amazónica.

“La lucha no es de un día, sino generacional”

Marco Tulio Guimaraes, comandante de la guardia del pueblo Shipibo-Konibo-Xetebo, afirmó: “Estamos dispuestos a seguir luchando por lo que es nuestro. Ahora somos más y debemos ampliar nuestra lucha para defender lo que es nuestro”.

La reunión, convocada por la Organización Regional de Guardia Indígena del Pueblo Shipibo Konibo y respaldada por diversas organizaciones y centros de asistencia, también permitió el intercambio de experiencias y saberes ancestrales entre guardias de Perú, Ecuador y Colombia.

Este espacio se convirtió en un punto de encuentro clave para debatir estrategias de defensa territorial y formar una red internacional de guardias indígenas, organismos ancestrales de resistencia, unidad y autonomía en defensa de sus territorios.

Sobre ello, Segundo Pino, comandante de la Guardia Kakataibo, resaltó: “La lucha no es de un día, sino generacional. Este intercambio fortalece nuestra capacidad para defender nuestro territorio”.

Por su lado, Robert Molina, del pueblo Kokonuko de Colombia, destacó la importancia de la articulación entre líderes indígenas en Sudamérica para reforzar la defensa de los derechos y territorios indígenas.

Autoorganización indígena es la única solución: ¿por qué?

La creación de las guardias indígenas responde a la creciente violencia y desprotección que enfrentan las comunidades en los departamentos de Ucayali, Loreto y San Martín, agravada por economías ilegales como la minería y tala ilegal, y el narcotráfico.

Esta realidad se ha vuelto especialmente crítica tras el asesinato del líder kakataibo Mariano Isacama, cuyo caso sigue sin esclarecerse y que elevó a 35 el número de defensores indígenas asesinados en el país.

En este contexto, el abogado Álvaro Másquez Salvador, del Observatorio para Defensores Indígenas de Derechos Humanos del IDL, enfatiza que “la autoorganización indígena es la única solución posible frente a la violencia y la falta de apoyo estatal. Este impulso está abriendo nuevas puertas y forzando a la institucionalidad estatal a reconocer las demandas de autogobierno y seguridad de los pueblos indígenas amazónicos”.

Másquez también explica en un informe publicado en julio que la expansión de las economías ilegales en la Amazonía ha creado un vacío de autoridad estatal, que las organizaciones criminales y armadas aprovechan para agredir a los pueblos indígenas.

Mientras tanto, el Estado ha mostrado una intervención insuficiente, con la policía y la fiscalía limitándose a roles mínimos y sin una respuesta efectiva ante amenazas y asesinatos de líderes indígenas. Dicha situación se agrava debido a la exclusión histórica de los pueblos indígenas del sistema político, lo que limita su capacidad de defensa.

Más de 2.400 jóvenes peruanos han decidido apostar por Australia para realizar sus estudios superiores entre 2024 y 2025. ¿Qué hace que este país se destaque tanto en el competitivo mundo de la educación internacional?

Esta nación no solo destaca en los rankings globales con 32 de sus universidades entre las mejores del mundo según el QS World University Rankings, una clasificación anual de las instituciones educativas más sobresalientes a nivel mundial, sino que también ocupa un lugar privilegiado en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde figura entre los diez países con mejor calidad de vida.

Este importante reconocimiento no es casualidad. Australia una combinación única de excelencia académica, oportunidades de trabajo y un entorno de vida saludable que atrae a estudiantes de todo el mundo.

¿Qué lo hace atractivo?

Este año, más de 1.000 estudiantes peruanos han iniciado su aventura académica en Australia, y se proyecta un aumento considerable en el número de estudiantes en los próximos años. A continuación, te contamos algunas razones clave que los motivaron a tomar esta decisión:

1. Obtención de títulos en tiempo récord: En Australia, puedes completar un título de pregrado en solo tres años y una maestría en dos años adicionales, lo que te permite obtener ambos grados en un total de cinco años. Este sistema acelerado no solo optimiza el tiempo de estudio, sino que también reduce los costos asociados con la educación.
2. Tipo de cambio favorable: El dólar australiano es aproximadamente un 40% más bajo en valor que el dólar estadounidense, haciendo que la inversión educativa sea más accesible para los estudiantes internacionales. Esta ventaja económica aligera la carga financiera y facilita el acceso a una educación de alta calidad.
3. Acreditación internacional: Sus universidades están acreditadas por el Washington Accord, lo que facilita ejercer como ingeniero diversos países. Esto significa que los títulos obtenidos en dicho país gozan de un alto nivel de aceptación global, brindando a los graduados varias oportunidades laborales internacionales.
4. Reconocimiento por Sunedu: Los títulos obtenidos en Australia están validados por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), asegurando que los graduados puedan trabajar en Perú sin problemas de validación. Este reconocimiento garantiza que los esfuerzos y recursos invertidos en la educación australiana sean plenamente válidos en el mercado laboral peruano.

Alistan ferias educativas en septiembre

Para aquellos que están considerando esta oportunidad, en septiembre se llevarán a cabo dos ferias educativas que ofrecerán información detallada sobre estudiar en este país.

La primera se realizará el viernes 6 de septiembre, de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., LAE Perú y la Comisión Australiana de Comercio e Inversión en Perú organizarán una sesión de asesoramiento especializada, conocida como la Feria de Estudios en Australia.

Durante este evento, universidades de renombre como Melbourne, Curtin y Edith Cowan estarán presentes para ofrecer información detallada sobre sus programas académicos. Además, el BCP participará para explicar las opciones de crédito educativo disponibles para los estudiantes interesados en financiar sus estudios en este país. Puedes registrarte para el evento en el siguiente enlace: Registro Feria de Estudios en Australia.

Por otro lado, el sábado 7 de septiembre se llevará a cabo la Feria de Posgrados QS, que se enfocará en brindar información sobre programas de posgrado. Este evento está dirigido a aquellos que buscan avanzar en sus estudios con un título de maestría o más allá.

La feria ofrecerá detalles cruciales para los aspirantes a posgrados y permitirá a los participantes conocer más sobre las opciones disponibles para continuar su educación en dicho país. Las inscripciones para este evento están abiertas en el portal: Registro Feria de Posgrados QS.

Un equipo de más de veinte bomberos se ha acercado a las inmediaciones del Hipódromo de Monterrico, en la Av. El Derby, para realizar las labores correspondientes. El tráfico ha sido desviado por rutas alternas, lo que causó una gran congestión vehicular en pleno inicio de semana.

Lima Expresa, la operadora de la Vía Expresa Línea Amarilla y la Vía de Evitamiento, informó que el accidente ocurrió fuera de la concesión y que el tráfico se extiende desde el Puente Santa Anita. “Se recomienda tomar vías alternas”, se lee en un mensaje difundido en X (antes Twitter).

En un video difundido en la misma plataforma, la compañía detalló que el conductor del camión intentó sin éxito controlar el choque por alcance. La cisterna transportaba 6,000 galones de GLP. “La zona está totalmente aislada y se están realizando esfuerzos para controlar la fuga”, agregó.

Confirman reanudación del tránsito

Hace unos momentos, RPP confirmó que la Panamericana Sur ha sido reabierta tras la fuga de gas que afectó la vía, permitiendo así la reanudación normal del tránsito.

Conductores deben buscar rutas alternas

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), Lima Expresa, subsidiaria de VINCI Highways y operadora de la Vía Expresa Línea Amarilla y la Vía de Evitamiento, informó que debido a la fuga de gas en la Panamericana Sur, a la altura de El Derby, esta ruta permanecerá cerrada. Se aconseja a los conductores buscar rutas alternativas para evitar demoras.

¿Cuándo se liberará el tráfico?

Se estima que el tráfico no se reanudará hasta dentro de tres horas, ya que un camión chocó por la parte trasera del tanque, rompiendo una válvula y causando la fuga. Equipos de Serenazgo y Bomberos han comunicado a los residentes de la zona mantener las luces apagadas por razones de seguridad hasta que se pase a una alerta verde. En este momento, la situación está clasificada como alerta roja.

Demora en el servicio del Metropolitano

El cierre de la Panamericana Norte y Sur ha ocasionado no solo un gran caos vehicular en esta vía, sino también en el servicio del Metropolitano, ya que el tráfico ha congestionado vías alternas en Barranco y Chorrillos, vías por dónde transitan los buses.

Cierre y gran caos vehicular

Desde las 8:30 a.m. que ocurrió el accidente con el camión de gas, la vía de sur a norte de la Panamericana Sur está cerrada y por precaución, las autoridades también cerraron esta vía con dirección de norte a sur desde la altura del Puente Santa Anita.

Lamentablemente, la falta de comunicación y de vías alternas ha hecho que miles de vehículos, entre camiones, combis, buses de transporte, cústers, entre otros queden varados en la vía por varias horas, por lo que el tráfico se ha complicado en esa zona de Lima.

Las avenidas Javier Prado, Ferrocarril (El Agustino), Ramiro Prialé, Puente Nuevo, Carretera Central, Derby, Angamos, Primavera, 1ro de Mayo, Evitamiento, entre otras se muestran en Google Maps completamente en rojo debido al tráfico vehicular, ya que muchos conductores usan estas vías como alternativas para poder salir.

Imágenes difundidas por Canal N mostraron largas colas de autos y vehículos mayores, mientras personal policial y de serenazgo intentaba controlar el caos vehicular. Cerca de una hora después, el comandante Walter Dunker, a cargo de la operación, aseguró que la situación está bajo control y que se tomarán al menos dos a tres horas para retomar el paso vehicular.

“Ya tenemos la explosión de lo que pasó en Villa El Salvador, por eso estamos tomando el mayor de los cuidados. Hemos cortado todo el tráfico para evitar que pase cualquier carro y pueda activar con una chispa hasta producir una explosión. Estamos en riesgo más o menos un kilómetro a la redonda. Ahora estamos disipando la fuga para que no haya acumulación de gas”, señaló en diálogo con la televisora.

En el lugar se ha establecido una cisterna de agua para enfriar la zona y diluir cualquier concentración peligrosa de gas, y una unidad especializada para detener la fuga y realizar reparaciones. Además, el Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) desplegó una ambulancia con tres profesionales de la salud para atender emergencias durante el operativo.

El olor a GLP es perceptible en los alrededores, por lo que se ha notificado a los vecinos para que tomen precauciones, como apagar las luces y evitar encender electrodomésticos. La empresa dueña del camión ha sido notificada y ya está colaborando con los técnicos del Cuerpo General de Bomberos.

El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) supervisa las labores, mientras que Lima Expresa señaló que la Panamericana Sur sería liberada una vez que se complete el proceso de trasegado. Según Google Maps, el incidente ha impactado en el tráfico de La Victoria y Salamanca, así como en avenidas principales como San Luis y Aviación.

Casos en Villa El Salvador

En mayo pasado, una persona falleció y 22 resultaron heridas debido a una explosión en una estación de servicio de combustibles ubicada en Villa María del Triunfo. El incidente causó graves daños en casas, vehículos y un centro comercial cercano. Imágenes mostraron instalaciones semidestruidas, autobuses con vidrios rotos, escombros en casas y un balón de gas propano empotrado en una vivienda.

Según el video de una cámara de seguridad, el camión transitaba por la avenida Villa del Mar hasta llegar al cruce con la avenida Mariano Pastor Revilla, conocida como ruta C, que tenía un desnivel. Al intentar pasar, impactó con fuerza y rompió una válvula en la parte inferior, lo que causó una fuga de GLP que se expandió unos 250 metros en cuestión de minutos. El conductor intentó reparar y cerrar la válvula sin éxito.

Un nuevo informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) ha revelado nuevamente datos alarmantes respecto al aumento en la producción de coca en áreas específicas de la Amazonía peruana y su conexión con el asesinato de líderes indígenas.

Entre los casos más graves figuran las muertes de los defensores Santiago Vega Chota, Yenes Ríos Bonsano y Herasmo García Grau en Aguaytía (Ucayali), entre 2020 y 2021, donde el cultivo de coca se incrementó más del 450% entre 2018 y 2022.

Asimismo, se suma el caso de la comunidad nativa Unipacuyacu, cuyos líderes José Reategui, Manuel Tapullima, Justo Gonzales Sangama y Arbildo Melendez fueron asesinados entre 2010 y 2020 en la ruta de Pichis-Palcazu-Pachitea (situada en Huánuco y partes de Pasco y Ucayali), que experimentó un aumento del 454% en la producción de coca.

Y, más recientemente, en 2022, el homicidio de Jesús Berti Antaihua Quispe, Gemerson Pizango Narvaes y Nusat Parisada Benavides de la Cruz, asesinados cerca de la Reserva Comunal El Sira, una área protegida en Ucayali, donde la producción de coca se disparó en más del 500% en los años previos a sus muertes.

Minería ilegal: la competencia al narcotráfico

Por otro lado, en el mismo análisis, se destaca que la minería ilegal de oro es una de las principales causas de conflicto en la región sur de la Amazonía peruana, especialmente en la región de Madre de Dios. Desde 2015, tres defensores ambientales han sido asesinados en o cerca de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Estos incluyen:

1. Alfredo Vracko Neuenschwander (2015), quien fue asesinado cerca del área minera conocida como “La Pampa”, donde se había producido una deforestación masiva. Su muerte está relacionada con su defensa contra los invasores de minería ilegal.
2. Roberto Carlos Pacheco Villanueva (2020), quien denunció la quema y deforestación ilegal de su concesión forestal. Fue asesinado tras recibir numerosas amenazas.
3. Juan Julio Fernández Hanco (2022), quien trabajaba en la protección de su concesión en la carretera interoceánica. Su muerte también está vinculada a la invasión por parte de mineros ilegales.

De otra parte, la tala ilegal continúa siendo un grave problema en varias regiones de la Amazonía peruana. Según el informe, más del 20% de la madera extraída en Perú en 2021 provino de fuentes ilegales.

En ese contexto, uno de los casos más graves en el marco del avance de esta economía ilegal en territorio indígena es el asesinato cometido en 2014 por madereros ilegales contra Edwin Chota Valera, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, todos miembros de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto.

Como se recuerda, recientemente, este hecho resultó en la condena de los responsables a casi 30 años de prisión en 2024, aunque la sentencia fue apelada.

¿Qué ha hecho el Estado?

El Estado ha implementado varias normativas para proteger a los defensores, como el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 y el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Esta última herramienta legal viene siendo fuertemente criticada por varios líderes indígenas como ineficiente por falta de presupuesto, lo que impide que pueda activarse a tiempo, provocando que sigan enfrentando amenazas.

En la misma línea, el Congreso de la República ha propuesto dos leyes recientes para mejorar la protección de los defensores. Entre las iniciativas de ley están el Proyecto de Ley 4686/2022-CR, que busca reconocer y proteger a los defensores de derechos ambientales, y el Proyecto de Ley 2069/2021-PE, que se enfoca en proteger y asistir a líderes comunales e indígenas en riesgo. No obstante, estos proyectos no son debatidos con celeridad en el Parlamento.

Un contundente 77% de los ciudadanos cree que César Acuña, líder de la Alianza para el Progreso y actual gobernador regional de La Libertad, debería retirarse definitivamente de la política. Así lo revela la Encuesta del Poder 2023, sondeo realizado por Ipsos Perú en colaboración con Semana Económica.

Su figura, marcada por una serie de escándalos y acusaciones de corrupción, ha sido ampliamente rechazada por los votantes. Pero la encuesta no solo indica un nivel sin precedentes de desaprobación hacia el empresario, sino que también refleja una frustración generalizada con los empresarios que han incursionado en la política sin ofrecer verdaderos cambios.

Historial de Acuña y motivos del rechazo

Acuña, conocido por su papel en el sector educativo y su intento de consolidarse como un líder político de peso, enfrenta una condena casi unánime por parte del electorado. Específicamente, este rechazo pone en tela de juicio su capacidad para liderar y cuestiona la viabilidad de su partido y sus propuestas políticas.

Pues, si bien su carrera ha estado marcada por una notable trayectoria en el ámbito empresarial, destacándose en la creación y expansión de la Universidad César Vallejo y otras instituciones educativas, así como la ocupación de cargos como alcalde de Trujillo y gobernador regional de La Libertad, su carrera ha estado envuelta en controversias y acusaciones de corrupción que han afectado su reputación y desempeño.

Entre las investigaciones destacan varios casos. De acuerdo a una investigación de Ojo Público, realizada por la periodista Magali Estrada, en septiembre de 2022, Acuña fue objeto de controversia debido a un audio filtrado que revelaba sus intentos de manipular la política regional a favor de su partido en La Libertad.

En la grabación, Acuña instruía a la expresidenta del Congreso, Lady Camones, para acelerar la creación del distrito de Alto Trujillo con el objetivo de beneficiar su candidatura. Además, se le escuchaba recomendando a Camones que evitara apoyar la ley para reactivar el proyecto Chavimochic, vinculado a la empresa Odebrecht, para evitar posibles conflictos de interés.

Asimismo, entre 2005 y 2022, se abrieron 72 carpetas fiscales con Acuña como protagonista, de las cuales 64 lo involucraban como imputado. Los casos incluyen acusaciones de tráfico de influencias, contaminación, abuso de autoridad, falsificación documentaria, y lavado de dinero, con al menos 15 investigaciones aún activas.

Además, Acuña fue multado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con más de S/9 millones en 2012 por recibir aportes ilegales de su universidad.

Luna Gálvez y López Aliaga en la lista negra

La Encuesta del Poder 2023 también presenta a otros empresarios que han participado en la política, con José Luna Gálvez y Rafael López Aliaga figurando con altos niveles de desaprobación del 44% y 28%, respectivamente.

Aunque estos números son notoriamente menores que los de Acuña, demuestran un patrón de insatisfacción con la participación de empresarios en cargos políticos.

Sin embargo, contrario a la tendencia de rechazo generalizada, la encuesta muestra que figuras como Roque Benavides y Carlos Añaños tienen un apoyo notable. Benavides, conocido por su éxito en el sector minero, y Añaños, famoso por la creación de Inca Kola, aparecen como excepciones en un mar de desaprobación.

De acuerdo al análisis, este respaldo podría sugerir una apertura hacia empresarios que demuestran no solo éxito en el ámbito privado, sino también un compromiso genuino con el bienestar público.

Una reciente encuesta de Ipsos ha vuelto a revelar datos preocupantes sobre la situación alimentaria en Perú, contradiciendo las afirmaciones del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien sostiene que en el país no existe hambre.

Según el estudio, el 42% de los encuestados declaró no haber podido comer en alguna ocasión debido a la falta de dinero, un indicador que coloca a esta población en una situación de inseguridad alimentaria grave, especialmente en las zonas rurales del país.

Para entender más a fondo esta realidad, Infobae Perú conversó con Salesky Rivas Collazos, abogada y especialista en seguridad alimentaria y crisis climática, que mediante la investigación trabaja de cerca siguiendo el desarrollo de estos temas.

De acuerdo a Rivas, los resultados de Ipsos no solo confirman el aumento de personas que no logran tener tres comidas diarias, sino que también muestran un desbalance nutricional que pone en riesgo la salud de los más vulnerables, como niños y mujeres embarazadas. Por ello: “decir que no hay hambre es negacionista de la realidad a la que se enfrenta nuestro país”, apunta la abogada.

Estado peruano viola derecho a la alimentación

La encuesta de Ipsos destaca, en primer lugar, que un 13% de los encuestados manifestó comer dos o menos veces al día. Esta reducción en la frecuencia de las comidas expone a la población a un déficit calórico y, a la vez, incrementa el riesgo de malnutrición y enfermedades asociadas, como la anemia.

Además, el 22% de la población encuestada afirmó que consume carne o derivados solo dos o menos veces por semana. Dicha situación es bastante crítica, ya que la falta de proteínas de origen animal puede tener consecuencias altamente riesgosas, como la desnutrición crónica en los niños, que puede afectar su desarrollo físico y cognitivo a largo plazo.

En esa línea, Rivas enfatiza la necesidad de diferenciar entre la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. Mientras que la primera se refiere a la disponibilidad y acceso a alimentos, el derecho a la alimentación implica una obligación del Estado de garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a una dieta adecuada.

Según Rivas, entender esta distinción es crucial, pues, hablar de derecho a la alimentación permite exigir al Gobierno medidas concretas para mejorar la situación alimentaria, priorizando las áreas más afectadas.

Asimismo, Rivas argumenta que exigir el cumplimiento del derecho a la alimentación podría ser clave para resolver los problemas actuales, a pesar de que este derecho no esté explícitamente detallado en la Constitución, pero sí esté respaldado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocida como el ‘Pacto de San José’, del cual Perú forma parte.

Siguiendo esta perspectiva, la abogada destaca que la violación del derecho a la alimentación impacta negativamente en otros derechos relacionados.

En primer lugar, afecta el derecho a la vida, ya que la falta de alimentación puede provocar hambre, lo que compromete el derecho a la salud. Además, incide en el derecho a la educación, dado que, por ejemplo, un niño con anemia no puede rendir igual que uno bien alimentado.

Crisis sobre crisis: el impacto del clima en el hambre

Por otro lado, la encuesta revela también disparidades regionales en la inseguridad alimentaria. Así se evidencia sobre todo en las zonas rurales, donde el 51% de los ciudadanos reporta dificultades para acceder a alimentos, una cifra que refleja las profundas desigualdades entre los diferentes departamentos del país.

Dentro de este conjunto, el norte del Perú es la zona más afectada, con un 51% de la población enfrentando problemas alimentarios, seguido del sur con un 42%, el centro con un 41%, y el oriente con un 37%.

Sobre ello, la especialista subraya que estas brechas no solo se deben a factores económicos, sino también a las distintas vulnerabilidades geográficas de las regiones frente al cambio climático.

Por ejemplo, en las comunidades indígenas y rurales, especialmente en la Amazonía y Los Andes, el cambio climático se ha visto acentuado a través de las sequías prolongadas y las temperaturas extremas, que están afectando la producción agrícola y reduciendo la disponibilidad de alimentos en estas regiones.

Esto, a su vez, ha llevado a un aumento en la migración de la población hacia las ciudades grandes en busca de mejores oportunidades, lo que agrava aún más la crisis.

Todo queda en papel

En cuanto a la falta de acción del Estado para abordar la crisis alimentaria de manera efectiva, Rivas explica que, aunque existen programas sociales y esfuerzos para mejorar la situación, como la promoción de productos regionales en la dieta peruana, estas medidas son insuficientes y no llegan a las zonas más golpeadas.

Además, a ello se suma la falta de inversión en la agricultura familiar y en políticas de apoyo a los pequeños agricultores, dos factores adicionales que ‘alimentan’ esta crisis.

Esto debido a que muchos de estos productores agrarios, que son la base de la producción de varios alimentos en el país, están luchando para mantener sus cultivos en medio de la falta de recursos y sin apoyo del Gobierno.

Por ello, la especialista apunta que para abordar la inseguridad alimentaria, que afecta a un número creciente de peruanos con un impacto devastador en la salud y el bienestar de las comunidades más vulnerables, primero, es necesario que el Estado reconozca el derecho a la alimentación como un derecho fundamental y tome medidas urgentes para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a una dieta adecuada y nutritiva.

“Yo considero que la apertura de comercio de alimentos es necesario, pero también hay que empoderar y manejar la promoción y la ejecución de las políticas de agricultura familiar, que van a permitir fortalecer la seguridad alimentaria”, concluyó.

El asesinato de un nuevo defensor indígena en Perú, ocurrido el lunes 18 de diciembre, ha vuelto a poner sobre la mesa los escasos esfuerzos y falta de atención del Gobierno y Estado peruano en la ola de violencia que enfrentan a diario los pueblos indígenas amazónicos en la defensa de su territorio.

Esto a pesar de que existe desde 2021 un Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh). Según el portal de noticias de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), esta es una herramienta clave que debe garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de quienes han emprendido diferentes luchas sociales en defensa de la vida como eje central. Entre ellos los líderes indígenas y defensores ambientales.

Sin embargo, lo cierto es que, tal como advierte la SPDA, a casi dos años de haberse establecido un mecanismo de protección para personas defensoras en el país, representantes de la sociedad civil y organizaciones indígenas denuncian que las medidas aplicadas no han logrado detener los asesinatos.

De acuerdo a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —conformada por 9 organizaciones indígenas amazónicas descentralizadas que se ubican en el norte, centro y sur de la selva peruana— en los últimos 10 años han sido asesinados 33 defensores de sus territorios y bosques.

Sobre este mismo hecho, se sabe que, según el informe de la ONG Global Witness, 15 defensores ambientales fueron asesinados entre los años 2021 y 2022. Por tal razón, hoy, el Perú se sitúa entre los países de mayor índice de crímenes de este tipo a nivel mundial.

Ucayali, la región más vulnerable para los líderes indígenas

En el territorio nacional, el homicidio más reciente en el marco de esta problemática corresponde al fallecimiento del líder indígena y defensor ambiental kakataibo, Benjamín Flores Ríos, quien en vida ejerció una lucha frontal por el cuidado del territorio integral de su comunidad Mariscal Cáceres; no obstante, fue asesinado por presuntos cocaleros en Ucayali.

Dicha región es la más afectada por actos de violencia dirigidos contra comunidades nativas, puesto que registra alrededor de 20 líderes en peligro de muerte, información confirmada por La República.

En esa línea, las economías ilegales, tales como el narcotráfico, la tala y minería ilegal, agudizan aún más el problema. Por ello, ante la insuficiente atención de las autoridades y el abandono estatal, el fortalecimiento de los comités de autodefensa y la organización se constituyen como dos pilares fundamentales para hacer frente a la violencia ejercida por parte de los grupos ilegales que invaden sus territorios ancestrales.

¿En qué está fallando el Estado?

Según un análisis de la SPDA —asociación civil sin fines de lucro dedicada a la promoción de políticas y legislación ambiental— en lo que respecta a las fallas para implementar de manera efectiva el Mecanismo intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos, estas tienen que ver principalmente con una notable falta de presupuesto para activarse a tiempo.

En gran medida, esto se debería al Ministerio del Interior (Mininter) que aún no ha establecido formalmente las pautas necesarias para la financiación del mecanismo creado en 2021.

En esa línea, se sabe que la disposición, que especificaría las estrategias de financiamiento para su implementación, fue anunciada en 2022, pero hasta la fecha no se ha concretado.

Asimismo, la SPDA resalta que la poca coordinación entre distintos niveles de gobierno y la ausencia de información clara y accesible relativa a las acciones implementadas para la protección de defensores de derechos ambientales continúa siendo un tema de preocupación expresado por diversos sectores.

Este jueves, el Congreso de la República presentó el proyecto de ley 08742/2024-CR, que concede amnistía general a los miembros de las comunidades campesinas y organizaciones sociales que participaron en las protestas sociales en el ámbito del proyecto minero Las Bambas, ubicado en Apurímac.

La finalidad de la ley es “restablecer la paz social y evitar la criminalización de la protesta social”. En la práctica, esto significa que las personas que participaron en estas manifestaciones y que han sido denunciadas, sentenciadas o están siendo procesadas por estos hechos podrán acceder a esta amnistía, que se aplicará a hechos ocurridos entre el 11 de mayo de 2011 y el 9 de abril de 2019.

¿Qué delitos se incluyen?

Los delitos cubiertos incluyen coacción, extorsión, entorpecimiento de servicios públicos, usurpación y daños. Además, se abarca cualquier falta o delito relacionado con estos tipos penales y delitos contra la tranquilidad pública.

La propuesta también define las exclusiones de la amnistía. Específicamente, quedan fuera de su alcance los delitos de lesa humanidad y cualquier grave violación a la vida e integridad de las personas, así como las acciones de funcionarios públicos, miembros de las fuerzas armadas o la policía nacional que hayan recurrido a una fuerza desproporcionada en la represión de las protestas.

Asimismo, quedan excluidos los delitos cometidos por personas que no pertenecen a las comunidades campesinas y organizaciones sociales.

Por otro lado, la propuesta legislativa dispone que los beneficiarios no podrán ser sometidos a interrogatorios, investigaciones ni requerimientos por las conductas amnistiadas. Además, los fiscales o jueces especializados en materia penal deberán rechazar de plano cualquier denuncia basada en estas conductas.

Alertan sobre exclusiones y delitos cubiertos

Sin embargo, la iniciativa presentada por la congresista María Elizabeth Taipe Coronado (Perú Libre) —respaldada por los legisladores Flavio Cruz Mamani, Kelly Roxana Portalatino Ávalos e Isaac Mita Alanoca— ya suscita críticas y preocupaciones.

En entrevista con Infobae Perú, el abogado David Velazco Rondón, de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), explica que, aunque la ley excluye los delitos de lesa humanidad y las acciones de funcionarios públicos que hayan usado fuerza desproporcionada, la propuesta sería perjudicial por varias razones.

En la misma línea, critica la temporalidad de la ley, que podría proteger a individuos responsables de crímenes graves cometidos durante el periodo especificado: entre el 11 de mayo de 2011 y el 9 de abril de 2019.

Además, destaca la falta de participación de la mayoría de las comunidades afectadas en la elaboración de la ley. Explica que de las 36 comunidades involucradas, solo dos o tres han participado activamente en la negociación, mientras que las otras, asesoradas por organismos no gubernamentales, están en contra de la propuesta.

En ese sentido, la falta de inclusión de las comunidades y el enfoque de la propuesta de ley representarían un intento de “beneficiar a las fuerzas del orden” y de evitar el procesamiento de los responsables de graves violaciones de derechos humanos en este marco.

Bajo ese contexto, cabe recordar que, en un reciente fallo, 11 líderes comuneros han sido sentenciados a penas de cárcel por su participación protestas contra la minera Las Bambas en 2015. Esta manifestación, que incluyó bloqueos de vías y fue motivada por preocupaciones ambientales, resultó en la muerte de tres comuneros debido a la represión policial.

Sin embargo, la justicia ha condenado a los líderes campesinos por delitos como disturbios y daños, mientras que los responsables de las muertes permanecen impunes.

Finalmente, David Velazco Rondón, abogado de Fedepaz, destacó deficiencias en la sentencia, como la falta de identificación de los autores directos de los ataques y el uso cuestionable de la figura de autoría mediata. Además, las investigaciones sobre las muertes de Exaltación Huamaní, Beto Chahuayllo y Alberto Cárdenas no han avanzado, dejando a las víctimas sin justicia y a la represión estatal sin ser plenamente responsabilizada.

Según el Diario El Búho, el evento, al que asistieron decenas de miembros del sector agrario y productor, se llevó a cabo con la expectativa de que sus preocupaciones fueran escuchadas y atendidas por las autoridades del Gobierno de Dina Boluarte.

Sin embargo, la presencia de Manero en el evento fue breve y poco productiva, señalan. Pues, después de hablar por solo cinco minutos, el ministro decidió retirarse, dejando sin respuesta las demandas y preguntas de los agricultores. Este gesto fue percibido como una falta de respeto por los dirigentes y participantes del congreso, quienes esperaban un compromiso más serio por parte del funcionario.

“Muchos agricultores, hombres y mujeres, hemos venido a escucharle, pero, lamentablemente, fue así. Nosotros, por primera vez, venimos, pero será así su política: la del ministro. Hay una discriminación a la agricultura, tanto del ministro como del Gobierno Regional de Junín. Nos hubiera gustado que nos escuche como agricultores”, declaró otro ciudadano agricultor a El Búho.

Pero las molestias no terminan ahí. El descontento se agravó cuando los agricultores observaron que, en lugar de permanecer para dialogar con ellos, Manero optó por tomarse fotos. Esta actitud fue interpretada como un gesto de indiferencia hacia los problemas que aquejan a este sector de la región, quienes, aseguran, enfrentan una crisis que podría dejar a miles sin sustento.

La roya amarilla sigue matando cultivos

En esa línea, ante la falta de respuesta, los agricultores anunciaron que se movilizarán hacia Lima para exigir una reunión directa con el titular del Midagri, a fin de escuchar sus demandas y se establezcan acciones concretas para combatir la roya amarilla.

Esta plaga viene afectando a más del 90% de las plantaciones de café en las provincias de Satipo y Chanchamayo, colocando en riesgo la economía de miles de familias que dependen de este cultivo. En ese sentido, comunicaron que, de no recibir la atención adecuada, se verán obligados a convocar un paro.

Plaga afecta más del 20% de áreas de café en Perú

De acuerdo a un reciente informe del portal Agro Informa, hoy en día, la roya amarilla afecta el 26% de las áreas de café en el Perú. Esta enfermedad, causada por el hongo Hemileia vastatrix, ha tenido un fuerte impacto desde su reaparición como epidemia en la campaña 2012-2013, donde causó pérdidas del 60% de la cosecha, equivalente a 290 millones de dólares.

Asimismo, aunque existen planes de emergencia para mitigar sus efectos, la roya sigue siendo un problema complejo, que se agudiza por factores climáticos, como la lluvia y la temperatura. Además, la alta variabilidad genética del hongo, con más de 55 razas conocidas, complica su control.

La organización pide que este presupuesto se eleve a al menos el 6% del Producto Bruto Interno (PBI), como lo establece la Constitución y las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Entre sus demandas, Sutep solicita un plan para mejorar la infraestructura educativa, un pago de S/400 por escolaridad para más de 73 mil 000 docentes recién nombrados, y el cumplimiento de la ley que establece un aumento para los auxiliares de educación.

También exigen al Congreso de la República la aprobación de un proyecto de ley para un bono de S/380 para maestros y auxiliares, así como un aumento en las bonificaciones para aquellos que trabajan en zonas rurales, fronterizas y en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Además, piden un incremento de S/500 en la remuneración docente.

Huelga deja a docente en estado crítico: señalan desidia del Gobierno

En el marco de la medida de lucha, este lunes, los docentes del sindicato reportaron serios problemas de salud, incluyendo descompensaciones, presión alta y dolor de cabeza. Tres de ellos han sido evacuados a hospitales en el Centro de Lima, donde acampan desde el 22 de agosto contra el incumplimiento de acuerdos por parte del Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sobre ello, el dirigente Alberto Mendiola criticó la falta de respuesta del titular de Economía, José Arista, a las demandas del Sutep, argumentando que el Gobierno está ignorando los acuerdos previos con el Minedu. En tanto, la situación de salud de los huelguistas se mantiene tensa, con una docente en estado de salud crítico, de acuerdo a La República.

Las promesas rotas del Minedu

En julio, en el marco del Día del Maestro, el Sutep criticó fuertemente al Minedu por no cumplir con los acuerdos de aumento salarial y bonificaciones prometidas.

Inicialmente, el Minedu se comprometió a aprobar un incremento del 29% en el salario de los docentes de la Carrera Pública Magisterial, alcanzando S/2,400, pero este anuncio fue desmentido por la organización.

Además, el sindicato informó que se retiró de la mesa de diálogo debido a la falta de disposición de la cartera para discutir aumentos salariales y bonos de S/380 y S/400 para maestros y auxiliares.

Sutep también señala que varios bonos prometidos anteriormente no han sido entregados. Esto incluye un bono de S/300 anunciado para marzo de 2024, y bonos adicionales que no han sido pagados. Adicionalmente, se han reportado incumplimientos relacionados con la CTS de profesores que dejaron sus cargos en 2022 y 2023, afectando a alrededor de 73 mil 000 docentes.

Los datos más recientes de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) 2024-I vuelven a evidenciar las preocupantes tendencias en el ámbito de la nutrición y salud en el Perú.

Una vez más, la encuesta revela un notable incremento en la desnutrición crónica infantil, que subió del 11.5% al 12.2% en niños menores de 5 años. Este aumento no solo es alarmante en términos de cifras, sino que también destaca las graves desigualdades en el acceso a alimentos nutritivos.

¿A qué se debe este problema?

En ese contexto, los especialistas resaltan que la desnutrición crónica infantil (DCI) es un problema multifacético influenciado por diversos factores, entre los que se incluye la falta de acceso a alimentos ricos en proteínas.

Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, señala que esta carencia alimentaria es un factor crucial que contribuye al incremento de esta enfermedad, que no se limita a las zonas rurales, sino que también se observa en las áreas urbanas del país, mostrando la magnitud y la ubicuidad del problema de salud pública.

Asimismo, en contraste con el aumento de la desnutrición crónica infantil, la encuesta muestra una ligera reducción en la anemia entre niños de 6 a 35 meses de edad, que ha disminuido de 43.1% a 42.8%. Sin embargo, aunque esta reducción es un paso en la dirección correcta, sigue siendo insuficiente para abordar el problema de forma efectiva.

Anemia en mujeres fértiles sigue en aumento

No obstante, la situación es más preocupante cuando se analiza la anemia en mujeres en edad fértil, de 15 a 49 años. Esta población ha visto un incremento en los casos de anemia, que ha pasado del 22.7% al 23.2%. La anemia en mujeres en edad fértil es particularmente alarmante debido a sus implicaciones para la salud materno-infantil.

Pues, de acuerdo a Huamán, las mujeres anémicas que quedan embarazadas enfrentan riesgos significativos, incluyendo la posibilidad de partos prematuros y la probabilidad de que sus hijos nazcan con bajo peso, lo que puede tener consecuencias a largo plazo en la salud y el desarrollo infantil.

Por su lado, el investigador y médico Antonio M. Quispe abordó los resultados de la ENDES 2024 con un fuerte llamado a la acción. Según Quispe, el país está experimentando una “régimen del hambre” que se complementa con una creciente violencia de género.

Ante ello, exhortó a las autoridades a implementar nuevos mecanismos para combatir la desnutrición crónica y la anemia, así como para abordar la violencia contra la mujer.

Más de la mitad de peruanos pasan más de un día sin comer

En ese marco, un reciente informe de organizaciones internacionales —incluyendo la FAO, FIDA, OMS, PMA y Unicef— revela que la inseguridad alimentaria en el Perú alcanza niveles críticos, afectando al 51.7% de la población, es decir, aproximadamente 17.6 millones de personas.

Esta cifra destaca un grave deterioro en la seguridad alimentaria del país, con más de la mitad de los peruanos experimentando inseguridad alimentaria moderada o grave. Además, el estudio determina que el 33.6% de la población no puede permitirse una alimentación adecuada, lo que equivale a unos 11.5 millones de personas. Este dato refleja un aumento respecto a los 10.6 millones reportados anteriormente.

En ese contexto, a pesar del trabajo de las ollas comunes, la situación sigue siendo crítica, pues, en Lima Metropolitana, muchas de ellas están desabastecidas debido a la falta de alimentos y problemas administrativos relacionados con el Registro Único Nacional de Ollas Comunes, conocido como ‘Mankachay’.

La situación de la presidenta, Dina Boluarte, sigue complicándose tras darse a conocer la difusión de audios que implican a la mandataria y el actual ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en un supuesto plan para desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Al respecto, la defensa de Boluarte, liderada por el abogado Juan Carlos Portugal, salió al paso de las acusaciones, señalando que el ministro pudo haberse “ufanado en el cargo utilizando el nombre de la presidenta” para justificar sus acciones.

Como se recuerda, el caso comenzó cuando se filtraron audios en los que Santiváñez, presuntamente, discute con el oficial Junior Izquierdo, exmiembro de la Diviac, sobre la posibilidad de cerrar la unidad que juega un papel crucial en la lucha contra la corrupción en el país, además de investigar casos de presunto enriquecimiento ilícito relacionados con la familia de Boluarte.

Las hipótesis sobre la difusión de los audios

En respuesta a las acusaciones, el abogado de la presidenta, Juan Carlos Portugal, negó tajantemente que Boluarte hubiera ordenado la desactivación de la Diviac. Asimismo, Portugal destacó que, si bien la presidenta es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, este rol no le otorga autoridad sobre “asuntos administrativos” dentro de la Policía Nacional.

Asimismo, en el marco de la investigación, la defensa de la presidenta presentó cinco hipótesis sobre los audios divulgados. Una de las principales es que “el ministro se haya ufanado en el cargo utilizando el nombre de la presidenta”.

Otras hipótesis sugieren que la conversación entre el ministro del Interior y el capitán PNP Izquierdo podría haber tenido lugar realmente, pero que los audios habrían sido editados o manipulados debido a la duración de las conversaciones.

No obstante, el abogado Juan Carlos Portugal aclaró que, dado que la investigación está en sus primeras etapas, no se puede llegar a una conclusión con tan poco tiempo de pesquisa. Además, aunque Izquierdo enfrenta varios procesos penales, esto no lo hace culpable, pero sí cuestiona la fiabilidad de sus declaraciones.

Santiváñez niega eliminación de la DIVIAC

Por su parte, el ministro Santiváñez ha negado las acusaciones de que intentó desactivar la Diviac y declaró a RPP que no recibió “ninguna instrucción” para cerrar la unidad especial.

Según el titular de la cuestionada cartera, su función como ministro no incluye la eliminación de unidades especiales y expresó dudas sobre la veracidad de los audios. También confirmó que se reunió con el oficial Izquierdo, pero negó haber discutido la eliminación de la Diviac durante dicho encuentro.

Cabe resaltar que la situación se complica con la participación de la Diviac en investigaciones que afectan directamente a la familia de la presidenta.

Pues, como se sabe, la división ha llevado a cabo allanamientos en la vivienda y el despacho de Boluarte tras la apertura de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por el caso Rolex, que se centra en la adquisición de bienes de lujo, incluyendo relojes Rolex, y otras propiedades que no coinciden con los ingresos oficiales de la jefa de Estado.

Estas declaraciones, consideradas prejuiciosas, llevaron a las instituciones educativas y a la municipalidad a declararla persona no grata. Agüero, por su parte, anunció acciones legales contra el medio que divulgó sus comentarios, argumentando que fueron sacados de contexto.

Aunque la parlamentaria —hoy señalada como la nueva mochasueldo del Legislativo— comentó en su momento: “Se horrorizan porque me preguntan cómo puedo llevar a mis hijos, que estudiaron en Estados Unidos y Beverly Hills, a un lugar donde los padres son ambulantes y sus hijos son delincuentes y lesbianas”.

Además, afirmó su falta de identificación con Arequipa, la región que la eligió para el Congreso: “Cuando me preguntan de dónde soy, siento un cortocircuito y digo ‘¿de dónde digo?’, porque no puedo decir que soy cusqueña sin mentir, pero tampoco puedo decir que soy arequipeña porque no me siento así”.

Presentan memorial contra Agüero

En diálogo con Canal N, Milton Casa Peralta, coordinador académico del colegio Independencia Americana, expresó el malestar de la comunidad educativa.

“Estamos profundamente indignados por las declaraciones de la congresista María Agüero. No es posible que, en una institución emblemática donde hemos tenido hasta dos presidentes de la República, ella haya manifestado que los estudiantes del colegio Independencia Americana son delincuentes; eso no es posible. También ha atentado contra el otro colegio, Micaela Bastidas. Hemos venido a respetar el colegio”, afirmó.

Tras la llegada a la Plaza de Armas, los manifestantes se dirigieron a la Fiscalía de la Nación y a la Prefectura, donde presentaron un memorial y documentos en protesta por los comentarios de Agüero.

La movilización también contó con el apoyo de padres de familia y comerciantes, incluyendo los del Mercado San Camilo, y organizaciones de base, quienes se han unido a la causa y han expresado su solidaridad con los colegios.

Congresista se suma a la lista de los mochasueldos

En paralelo, Agüero, del partido Perú Libre, enfrenta graves acusaciones por el presunto desvío de fondos de los salarios de sus empleados. Esto luego que el pasado 18 de agosto, el dominical Punto Final revelara que Edson Flores Valencia, actual chofer y asesor de Agüero, recibió transferencias entre 2022 y 2023, que sumarían un total de 11,650 soles.

Dichos pagos se sospecha que provienen de un esquema donde se toma un 10% de los sueldos de los trabajadores de la parlamentaria. Asimismo, César de la Cruz, antiguo chofer de Agüero, es señalado como el principal encargado de recolectar estos fondos ilegales.

Según las investigaciones, los fondos eran transferidos a cuentas personales de colaboradores cercanos a la congresista, incluyendo a Flores Valencia, quien también está implicado en el caso.

En esa línea, pese a que Agüero ha intentado desvincularse de las acusaciones, alegando desconocimiento sobre las transferencias a Flores, las pruebas y testimonios sugieren lo contrario, pues, extrabajadores han declarado que se les obligaba a entregar un porcentaje de sus sueldos y bonos.

Esta semana, la Fiscalía de la Nación presentó una acusación constitucional contra el congresista José Arriola —actualmente miembro de la bancada de Podemos Perú— por su implicación en nuevo caso de “mochasueldos”: el esquema de corrupción en el Congreso donde se recortan sueldos y beneficios de los trabajadores, un delito que ha sido denunciado en varias ocasiones, pero que frecuentemente queda sin sanción adecuada por la Comisión de Ética del Parlamento.

En un nuevo informe de Punto Final, esta vez el caso fue corroborado por el testimonio de Yolanda Cuya Llajaruna, quien trabajó durante un año y medio como coordinadora parlamentaria para Arriola.

La orden de Arriola era clara: recolectar

En entrevista con el dominical, Cuya reveló que la orden de Arriola era clara: recolectar mensualmente parte del salario de sus compañeros de trabajo. Esta práctica también incluía recortes en la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), un derecho laboral que debería ser inamovible.

También, detalló cómo se recolectaba el dinero de manera sistemática y lo entregaba al congresista, moviéndose un total de 100 mil soles en efectivo.

“Esto me ha hecho mucho daño a mí personalmente, mi salud emocional”, afirmó. Además, agregó que sentía una presión constante debido a su situación personal, ya que había dado a luz recientemente y temía perder su empleo. Asimismo, aceptó que tuvo que aportar una parte de su propio salario, ascendiendo a unos 30 mil soles, como parte de los fondos recaudados.

Más de 102 mil soles recortados

En paralelo, la Fiscalía ha documentado que, bajo la dirección de Arriola, se recortaron más de 102 mil soles del salario de 10 trabajadores de su oficina.

En ese marco, Yolanda Cuya aseguró que está colaborando plenamente con la investigación, proporcionando evidencia como mensajes y transferencias bancarias para garantizar que se implementen sanciones adecuadas, a fin de esclarecer la responsabilidad de Arriola y reforzar las medidas contra la corrupción parlamentaria.

Niño investigado, pero suelto

Bajo este contexto, es necesario recordar que, en el marco de la investigación del caso Los Niños, el 24 de marzo de 2023, un equipo anticorrupción del Ministerio Público realizó un allanamiento en la vivienda del congresista José Arriola, encontrando en su propiedad 72 mil dólares y 34 mil soles escondidos bajo el colchón.

Este descubrimiento es parte de una investigación más amplia que involucra a Arriola y otros 17 congresistas presuntamente vinculados a una organización criminal que operó durante la presidencia de Pedro Castillo, encarcelado desde diciembre de 2022.

Arriola —quien es exmiembro del partido Acción Popular y exvicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Parlamento— está siendo investigado por recibir beneficios a cambio de favores.

El operativo que condujo al hallazgo del dinero fue autorizado por el juez Juan Carlos Checkley y ejecutado bajo la dirección del fiscal supremo Marco Huamán, y también incluyó la revisión de comunicaciones de los implicados para recabar más evidencia.

Aunque Sergio González, titular de la cartera, afirma que esta actualización representa un firme compromiso con la sostenibilidad de los recursos marinos, las críticas y el rechazo de los pescadores pintan un panorama diferente.

La modificación —prevista para su aprobación a finales de septiembre— incluye ajustes importantes al proyecto de Decreto Supremo que modifica los artículos 30 y 63 del Reglamento de la cuestionada norma. Entre los cambios propuestos se encuentran la creación de una zona de protección en las cinco millas marítimas y la imposición de restricciones en el uso de artes y aparejos que alteren el entorno marino.

No obstante, los pescadores artesanales han identificado serias deficiencias en la nueva normativa y están preocupados porque el documento todavía está en fase de prepublicación.

Según informó Produce a Infobae Perú, la iniciativa para aplicar estas medidas que buscan eliminar la competencia desleal en el sector y evitar la sobreexplotación de recursos sigue abierta a opiniones y sugerencias de entidades públicas, privadas y del público en general, pero esto no asegura que los problemas señalados se solucionen antes de su publicación final.

¿Cuáles son las principales críticas a la norma?

Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo, ha criticado la falta de diferenciación clara entre pesca artesanal y pesca de menor escala (semiindustrial).

Según Melchor, esta omisión permite que las embarcaciones mecanizadas, que operan con grandes volúmenes de captura, invadan zonas tradicionalmente reservadas para la pesca artesanal, lo que no solo amenaza la subsistencia de los pescadores tradicionales, sino que también podría intensificar la depredación de los recursos marinos. Asimismo, el dirigente cuestiona la eficacia de las medidas de protección en las cinco millas marítimas.

Además, las Resoluciones Ministeriales Nos 324 y 326-2024-PRODUCE, que regulan la extracción de anchoveta y pejerrey en Áncash, también han sido objeto de críticas. Melchor argumenta que estas regulaciones no abordan el problema de la sobreexplotación de los recursos marinos y permiten prácticas de pesca destructivas, como el cerco, que arrastra todo el fondo marino y afecta a diversas especies.

Otro punto de controversia es la corrupción en el sector pesquero. Melchor denuncia que las capitanías de puerto, encargadas de la supervisión, a menudo reciben sobornos de pescadores industriales, lo que resulta en una aplicación desigual de las normativas y falta de control efectivo sobre la pesca ilegal.

Pues, los pescadores artesanales aseguran que enfrentan multas severas por violaciones menores, mientras que las embarcaciones industriales operan con escasa vigilancia. Frente a estas preocupaciones, los pescadores artesanales han anunciado un posible paro contra la nueva normativa para expresar su rechazo a las medidas propuestas por el Ministerio de la Producción.

Ministro destaca logros de pesca en medio de crisis de artesanales

En medio de la crisis de los pescadores artesanales, el ministro Sergio González ha resaltado el éxito de la primera temporada de pesca de este año, que finalizó en julio.

De acuerdo al funcionario, esta temporada contribuyó al crecimiento económico, con un aumento del 2.5% en el Producto Bruto Interno (PBI), y permitió una apertura de 10 millones de toneladas en recursos pesqueros, con una cuota establecida de 2.4 millones. Asimismo, indicó que los ingresos generados superaron los 380 millones de soles.

El Ministerio de Cultura, a cargo de Leslie Urteaga, sigue siendo criticado por los pueblos indígenas. Defensores y dirigentes han reiterado su demanda al Estado para aumentar el presupuesto destinado a proteger a los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI), quienes enfrentan crecientes amenazas de la minería y tala ilegal.

En entrevista con RPP, Adam Bauer, representante de Aidesep, criticó que la Dirección de Pueblos Indígenas y en Contacto Inicial (DACI) del Mincul reciba solo entre 3 y 4 millones de soles al año para proteger más de 4 millones de hectáreas en la Amazonía. Según Bauer, se necesitan entre 20 y 25 millones de soles para una protección efectiva.

Deforestan bosques de reservas ilegalmente, pese a ley PIACI

Por su lado, Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), expresó que la tarea de proteger a los PIACI se vuelve cada vez más difícil debido a la violencia e inseguridad generadas por las economías ilegales, como es el caso de la Reserva Indígena Kakataibo, creada en 2022 para su protección.

En dicha área —ubicada entre las regiones amazónicas de Loreto, Ucayali y Huánuco— existe una grave crisis debido a la expansión del narcotráfico. Así lo han revelado recientes imágenes aéreas donde se observa la presencia de pistas de aterrizaje clandestinas y cultivos ilegales de coca dentro de esta zona protegida, que forma parte de los territorios de las comunidades indígenas kakataibo en aislamiento y contacto inicial.

Sin embargo, a pesar de las denuncias por parte de la Fenacoka y Aidesep, denuncian que el Estado no toma acciones para detener la invasión y la degradación de estas tierras.

Asimismo, líderes indígenas, como Julio Cusurichi de Aidesep, señalan que desde la creación de esta reserva en 2021, más de 1500 hectáreas han sido deforestadas ilegalmente.

Ante ello, se han solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno no implementa medidas adecuadas para proteger estos territorios garantizar los derechos de los PIACI frente a la invasión y la destrucción de su territorio, afirman.

Esto teniendo en cuenta que, de acuerdo al estricto cumplimiento de la intangibilidad de las Reservas Indígenas y Territoriales, está prohibido desarrollar actividades dentro de estas áreas, en concordancia con la Ley N° 28736, “Ley para la Protección de los PIACI”, y su reglamento.

Hay 5 solicitudes pendientes de reservas sin aprobar por el Mincul

En ese marco, el antropólogo Klaus Rummenholler subraya la necesidad urgente de concluir los procesos de reconocimiento y categorización de las reservas indígenas. Actualmente, hay cinco solicitudes pendientes en Loreto y Ucayali que aún no han sido categorizadas por el Mincul.

Este trámite es muy importante, ya que proporciona un marco legal que protege los territorios indígenas de actividades invasivas como la minería, la tala ilegal y la expansión agrícola.

Además, asegura el reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de las comunidades que viven y se desplazan en dichas áreas, lo que permite garantizar que sus modos de vida tradicionales y sus prácticas culturales sean respetados y protegidos.

Asimismo, al establecer y reconocer formalmente las reservas indígenas, se reduce el riesgo de conflictos entre las comunidades y las industrias extractivas o de explotación de recursos, ya que se delimitan claramente sus territorios y las actividades permitidas.

En resumen, dar visibilidad a las reservas indígenas a nivel nacional e internacional contribuye a que se respeten los derechos de estos pueblos indígenas y se tomen medidas contra las violaciones de sus derechos.

En el programa “Diálogo Abierto” de Radio Nacional, la titular de la cartera expresó su desacuerdo con la pena actual de 30 años de prisión que la Fiscalía solicitó y abogó por una condena de cadena perpetua, considerando la gravedad de los hechos.

Asimismo, la ministra indicó que su equipo trabajará, en colaboración con el Ministerio Público a través de los abogados de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), para asegurar que se imponga pena de por vida en este caso.

Juicio oral contra Tarache inicia el 3 de setiembre

Por otro lado, Cynthia Machare, madre de Katherine Gómez, ha expresado su profunda frustración y decepción con las autoridades por no haber solicitado la cadena perpetua para Tarache, quien, como se recuerda, huyó a Colombia después del crimen y fue extraditado a Perú.

“Si no se le impone la cadena perpetua, estaré realmente decepcionada, ya que en su momento me prometieron que eso sería lo que correspondería. Como madre y ciudadana, esperaba que cumplieran con lo prometido”, afirmó. Cynthia Machare también ha solicitado una reparación civil, aunque reconoce que ningún monto podrá compensar la pérdida de su hija.

Mientras tanto, el juicio oral contra el feminicida de nacionalidad venezolana, que comenzará el 3 de septiembre, se espera que marque un precedente en el sistema judicial debido a la extrema violencia del caso.

Este juicio será examinado minuciosamente por la opinión pública y por defensores de la justicia en casos de violencia de género, dada la importancia de establecer un estándar para futuros casos similares, y de una justicia que no solo sancione, sino que también envíe un mensaje claro sobre implementar nuevos mecanismos para hacer frente a la violencia contra la mujer.

Pese a declaraciones de ministra, continúan críticas

En este contexto, si bien la ministra de la Mujer, Teresa Hernández, ha destacado que su sector no tolerará la violencia contra las mujeres y se fortalecerán las acciones preventivas contra la violencia de género, los cuestionamientos hacia su cartera continúan.

En su última visita a Madre de Dios, la funcionaria enfrentó duras críticas debido a la inacción frente a dos feminicidios impunes y una tentativa de feminicidio en Puerto Maldonado. La liberación del presunto agresor en el último caso aumentó el malestar de la población, que esperaba una respuesta más firme de las autoridades.

Asimismo, Hernández ha sido cuestionada por no abordar estos hechos públicamente y por su aparente falta de medidas concretas a fin de enfrentar esta problemática.

Pues, en lo que va del año se han reportado 80 casos de feminicidios. Además, en 2023, se reportaron 93 feminicidios y 106 tentativas, lo que evidencia que aún se requiere una respuesta más efectiva del sistema judicial y del Estado para atender este incremento de violencia.

¿Cómo puedo denunciar un caso de violencia de género?

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”.

De necesitarlo, puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) recuerda a la población que esta atención se otorga durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

A pesar de la clara resolución del Tribunal Constitucional (TC) en 2020, que ordenó a Petroperú iniciar un proceso de compensación para las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico, la petrolera estatal no ha cumplido con la sentencia.

Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), las comunidades kukama kukamiria de Cuninico, San Francisco, Nueva Santa Rosa y Nueva Esperanza —perjudicadas por el desastre ocurrido hace más de diez años en el distrito de Uraninas, Loreto, debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano— siguen esperando que la empresa actúe conforme a lo ordenado por el TC.

Sin embargo, Petroperú habría optado por desentenderse de la situación y rechazar la compensación, desestimando los daños, afirman. “La defensa de Petroperú ignora que no tiene sentido discutir ahora si hubo daño o no. Eso ya lo determinó el TC”, señala Maritza Quispe, abogada de IDL.

Los argumentos de Petroperú

El último viernes, representantes de las comunidades se presentaron en el Poder Judicial en Nauta (Loreto) para una audiencia convocada por la jueza Corely Armas Chapiama, donde se discutirían los detalles de la compensación y se escucharían los argumentos de Petroperú.

Durante la sesión, Sonia Sandoval Peralta, portavoz de la empresa, insistió en que, según un estudio encargado por la petrolera, no se justificaba una compensación económica por los daños del derrame.

Asimismo, mencionó haber notificado esta postura a Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), encargado de velar por que las empresas de energía y minería operen de manera correcta y respeten sus compromisos legales y ambientales.

Dicha posición causó una profunda indignación entre los afectados, especialmente en Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum), y Loydi Macedo, dirigente indígena de la comunidad San Francisco, quienes expresaron su frustración.

“Nunca se ha visto a nadie, ni aún de la empresa de Petroperú, que asuma la responsabilidad. Además, ordenada por el Constitucional, a por lo menos, siquiera condenados dialogar algo que con las comunidades nunca lo hicieron, doctora. Entonces, para nosotros, es completamente absurdo, y aquí solamente venimos a incidir y a exigir que se cumpla la sentencia, lo que ha sido emitido por el Tribunal Constitucional, señora magistrada. La comunidad está completamente afectada en todos los aspectos”, aseveró Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum).

Por su lado, Loydi Macedo, mujer indígena de la comunidad San Francisco, dijo: “Petroperú, no se les ha visto nada. Nosotros simplemente venimos a defender el derecho, el derecho es que no se han ocasionado”.

Comunidades no han recibido ningún pago, afirman

Kely Alfaro, especialista en valoración de daños, explica que, debido al derrame, cada comunidad afectada debería recibir una compensación anual específica: Cuninico S/ 2,704,761; San Francisco S/ 450,194; Nueva Santa Rosa S/ 266,766; y Nueva Esperanza S/ 426,986. Pero, hasta ahora, las comunidades no han recibido ningún pago.

En ese marco, al final de la audiencia, la jueza Armas Chapiama anunció que se revisará el caso y, si fuera necesario, se tomarán medidas para hacer cumplir la sentencia del TC.

Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía, ha alertado sobre una potencial migración de la minería ilegal del oro al cobre en el Perú.

Durante una entrevista en el programa Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Castilla explicó que esto se debe a que el cobre se está volviendo más atractivo debido a su papel en la transición energética, lo que incrementaría su valor en el mercado internacional.

Asimismo, el especialista agrega que este cambio se vería favorecido por la falta de presencia del Estado en áreas mineras, lo que permite que estas actividades ilícitas sigan expandiéndose y agravando la situación actual.

Crimen trasnacional se expandiría

En esa línea, el exministro de Economía expresó su preocupación por la falta de seguridad jurídica y ciudadana en el país, la cual fortalece a los grupos dedicados a esta economía ilegal, que ya supera al narcotráfico en términos monetarios, por más de S/22.700 millones al año, lo que equivale al 2,5% del producto bruto interno (PBI).

“Vemos que cada vez las bandas criminales controlan territorios y ejercen mucha violencia; tenemos esto en Piura, La Libertad, Puno, Madre de Dios, Arequipa, y esto va a ir avanzando. Hay un riesgo de que esto se pueda contagiar en regiones colindantes. Ese es un problema porque no hay Estado de derecho, y es un problema serio”, advirtió

Secuelas de la inseguridad ciudadana

En ese marco, asegura Castilla, la falta de recursos invertidos en seguridad también tienen una relación directa con el crecimiento de la minería ilegal, vinculada con bandas criminales que controlan territorios y ejercen violencia.

Esta falta de control no solo afecta la integridad de los trabajadores de empresas mineras formales, sino que a su vez tiene un impacto negativo en la economía, señala el exministro.

Cobre gana terreno en minería formal a gran escala

En paralelo a la ilegalidad, hace unos días, Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas, afirmó que el cobre en la minería formal a gran escala también está ganando importancia debido a su creciente demanda. De acuerdo al titular de la cartera, la producción de este metal en el Perú podría aumentar de tres a cinco veces en los próximos años.

Entre otros temas, durante su discurso, el ministro anunció, además, una nueva estrategia para combatir la minería ilegal. Según el funcionario, el Gobierno está trabajando en una ley que busca mejorar la regulación del sector minero, reemplazando el antiguo Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), criticado por presuntamente encubrir la actividad ilícita.

Esto debido a que sería utilizado por mineros ilegales para disfrazarse de informales, eximiéndolos de cualquier proceso penal para operar con impunidad.

Un nuevo informe evidencia una grave amenaza para los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (Piaci) en la Amazonía peruana.

Según el análisis de Earth Insight —iniciativa que proporciona análisis avanzados de datos sobre la Tierra mediante imágenes satelitales—, aproximadamente 1.6 millones de hectáreas de reservas indígenas en el país, destinadas a proteger a estos pueblos, están en peligro debido a la expansión de las actividades petroleras y gasíferas en la región amazónica.

Alrededor de 7,500 indígenas viven en aislamiento dentro y cerca de estas reservas ubicadas en los departamentos de Madre de Dios, Cuzco, Huánuco, Loreto y Ucayali, que en total suman más de 4 millones de hectáreas.

Bloques petroleros amenazan a más de 400 comunidades

El estudio señala que al menos 31 bloques petroleros se superponen con 435 comunidades indígenas y varias reservas Piaci. Estas actividades extractivas, sostienen, amenazan gravemente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, comprometiendo su vida, integridad y salud.

El análisis también detalla los impactos ambientales de la explotación petrolera, que han sido denunciados en varias oportunidades por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

De acuerdo a datos recogidos por la organización indígena —que representa a 2.439 comunidades de la Amazonía peruana— existen 1,199 sitios contaminados por décadas de actividad petrolera.

Asimismo, reportan que, entre 2000 y 2019, se han registrado al menos 474 derrames de petróleo que han causado daños al medio ambiente y la salud de las comunidades.

Lote 192: ¿por qué es un caso crítico?

En ese marco, un caso crítico es el del Lote 192, uno de los lotes petroleros más importantes en Perú, donde un contrato de 30 años para reactivar la producción petrolera genera controversia por incumplir acuerdos anteriores y el derecho al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas afectadas.

Este lote, ubicado en Loreto, cerca del río Marañón, afecta específicamente a los pueblos Achuar, Quechua y Kichwa en las cuencas de los ríos Corrientes, Pastaza y Tigre, en el departamento de Loreto.

Además, el estudio advierte que la expansión de la industria petrolera y gasífera no solo causa contaminación, sino que también aumenta el riesgo de contacto forzado con los Piaci, lo que podría tener consecuencias devastadoras para su salud y existencia.

Pues, históricamente, tales encuentros han resultado en la muerte de hasta el 90% de las poblaciones indígenas debido a enfermedades para las que no tienen defensas inmunológicas, aseguran.

Economías ilegales se suman a las amenazas

Por otro lado, el informe resalta la amenaza de las economías ilegales para los Piaci, como la tala ilegal. Por ejemplo, en Loreto, se han otorgado hasta 47 permisos madereros que invaden reservas indígenas, violando la legislación forestal peruana. Estas concesiones abarcan casi 3,000 kilómetros cuadrados de territorio indígena aislado.

Asimismo, la situación es especialmente alarmante en Madre de Dios, donde las actividades madereras en las cabeceras de los ríos Tahuamanu y Las Piedras están colocando en riesgo a los Mashco Piro, uno de los pueblos indígenas aislados más conocidos del mundo.

¿Qué se puede hacer para atender estas problemáticas?

Para enfrentar esta problemática, el estudio recomienda medidas urgentes, empezando por cancelar de inmediato las concesiones madereras en territorios indígenas aislados, respetar el principio de «no contacto» y el derecho a la autodeterminación de las comunidades indígenas, entre otras acciones.

En resumen, se trata de asegurar que estos pueblos puedan decidir sobre su propio futuro y vivir según sus costumbres y necesidades.

Sin embargo, para lograr esto, de acuerdo a Julio Cusurichi, líder Indígena shipibo de Madre de Dios, es urgente que el Estado peruano y el Ministerio de Cultura (Mincul) proporcionen un presupuesto adecuado para la protección de estas reservas.

El Congreso de la República ha puesto en agenda una serie de proyectos de ley que podrían alterar la regulación de la minería hasta la lucha contra la corrupción y el impacto ambiental de la publicidad.

En primer lugar, está el Proyecto de Ley 2172-2021-CR, impulsado por el congresista José Williams Zapata (Avanza País - Partido de Integración Social), que tiene como objetivo la creación de una comisión multisectorial destinada a fomentar el desarrollo social y económico en los departamentos de Madre de Dios, Ucayali y Puno.

La propuesta se enfoca en una problemática crítica: la minería. Con esta, se busca formalizar las actividades mineras, prohibir la minería ilegal y recuperar los ecosistemas dañados por la explotación desregulada.

Pero, aunque el proyecto podría traer cambios positivos, existe una preocupación importante: introduce un nuevo plazo para la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalado como una herramienta que utilizarían los mineros ilegales para presentarse como informales, lo que les permite evitar cualquier proceso penal y operar con impunidad.

En esa línea, cabe recordar también, que, el pasado 17 de julio, el Ministerio de Energía y Minas presentó un nuevo “Proyecto de Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal” (MAPE) para reemplazar la Ley N.º 27651 del 2022. Esto a fin de unificar las reglas sobre la minería artesanal y de pequeña escala en una sola ley.

Específicamente, tiene como objetivo resolver los problemas que han impedido que los mineros artesanales y de pequeña escala se formalicen adecuadamente, a través de un sistema nacional para centralizar toda la información sobre estas actividades y realizar un censo para obtener datos precisos sobre los mineros y sus condiciones de trabajo.

Sin embargo, si bien esto puede representar un avance, también introduce cambios en la gestión ambiental. En particular, simplifica la certificación ambiental para la minería artesanal mediante una Declaración de Impacto Ambiental más sencilla.

Buscan debilitar lucha contra corrupción y crimen organizado

Por otro lado, el Proyecto de Ley 3577-2022-CR, promovido por el parlamentario Jorge Morante Figari (Fuerza Popular), propone modificar el Decreto Legislativo 1373, que regula la confiscación de bienes obtenidos de actividades ilegales, como la corrupción, minería ilegal y otros delitos vinculados al crimen organizado.

De acuerdo a algunas organizaciones, como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), este cambio podría debilitar las reglas actuales sobre la incautación de dichos bienes, pues, la extinción de dominio permite al Estado confiscar bienes ilícitos para evitar que los delincuentes se beneficien de sus crímenes y devolver esos bienes a la sociedad.

Alistan derogación de única ley contra contaminación lumínica

Por último, el Proyecto de Ley 7390-2023-CR, impulsado por la congresista Elva Julón Irigoín (Alianza Para el Progreso), que se centra en la industria de la publicidad exterior, propone la derogación de la Ley de Prevención y Control de la Contaminación Lumínica, la única ley que minimiza la contaminación lumínica.

La derogación de esta normativa si bien podría beneficiar a las empresas de publicidad al facilitar la colocación de anuncios y mejorar sus ingresos, plantea serias preguntas sobre el equilibrio entre el desarrollo económico y la protección del ambiente urbano.

Pues, la calidad del entorno visual y la salud pública se verían impactadas negativamente por un aumento desmedido en la publicidad exterior.

El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) ha expresado su enérgico rechazo a la entrada de la empresa estatal china Guangxi Lianjinxin Investment Co. Ltd. en su territorio.

De acuerdo al pueblo indígena, esta empresa buscaría realizar actividades de minería aurífera, prometiendo una posterior reforestación que, según las comunidades, es incompatible con la defensa y estabilidad de sus tierras ancestrales, ubicadas en el departamento de Amazonas, específicamente en la provincia de Condorcanqui.

En una carta al Gobierno de Dina Boluarte, el GTANW destacó que la minería de oro no solo amenaza el ambiente al invadir cuerpos de agua y humedales, sino que también podría causar caos social, similar al de ‘La Pampa’ en Madre de Dios, donde promesas de actividades ‘inofensivas’ resultaron ser muy riesgosas.

Ante ello, el pueblo indígena exige el cese inmediato de cualquier intento de negociación por parte del Gobierno o actividad minera en su territorio.

Hacen llamado al Ministerio de Relaciones Exteriores

En ese sentido, las comunidades demandan al Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Javier González-Olaechea, y otras entidades —como la embajada china en Perú— respetar su derecho a decidir y controlar su propio desarrollo, basado en una economía sostenible que proteja sus bosques y ríos.

Asimismo, exigen que se reconozca el Convenio 169 de la OIT —tratado internacional adoptado en 1989 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)—, la Constitución Política del Perú, y otros tratados internacionales que garantizan los derechos de los pueblos indígenas a su libredeterminación y autonomía.

En la misma línea, solicitan al Ministerio de Energía y Minas, al Gobierno Regional de Amazonas y al Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) que se abstengan de tramitar concesiones mineras en su territorio, sin considerar las decisiones y derechos de la Nación Wampís.

Y, demandan a la Defensoría del Pueblo y al Congreso de la República que intervengan para garantizar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales.

Advierten sobre avance de actividades ilegales

Por otro lado, en su pronunciamiento, el GTANW recordó al Gobierno las constantes incursiones de actividades ilegales en su territorio, como la minería, actividad que ha dejado graves heridas en sus tierras ancestrales.

Solo en febrero de este año, los wampís denunciaron la invasión masiva de mineros ilegales en sus tierras , donde, aseguraron, unos 50 individuos armados provenientes de Colombia, Venezuela y Brasil causaron temor y bloquearon el libre tránsito de las comunidades.

Tras esta denuncia, las autoridades indígenas incautaron más de 25 dragas y otros equipos de minería ilegal, y detuvieron varios operadores dedicados a la actividad ilícita, temiendo represalias.

Asimismo, los wampís han alertado que esta economía ilegal ha intensificado el hostigamiento, amenazas y abusos sexuales contra sus comunidades. De acuerdo a sus testimonios, a pesar de las intervenciones del Ejército y la Policía, la actividad minera ilegal continúa expandiéndose y causando graves daños ambientales, como la deforestación de más de 40 hectáreas de sus bosques.

Por ello, reafirman su compromiso de defender sus derechos territoriales mediante un sistema de autocontrol y vigilancia comunitaria, y, al mismo tiempo, demandan una respuesta inmediata a las autoridades para evitar mayores daños y garantizar la paz y la integridad de su territorio.

La respuesta del Gobierno

Infobae Perú contactó al Ministerio de Energía y Minas para confirmar su relación con la empresa china Guangxi Lianjinxin Investment Co. Ltd. En respuesta, las direcciones de minería, el viceministerio de Minas y otras áreas competentes indicaron que no han tenido conversaciones ni coordinación alguna con dicha empresa.

Por otro lado, la Dirección Regional de Energía y Minas de Amazonas indicó que no tiene conocimiento de ninguna actividad que esta empresa china pudiera estar llevando a cabo o gestionando. Además, aclararon que, en caso de que se tratara de proyectos de mediana o gran minería, corresponde al Minem supervisar estos procesos y comunicar cualquier novedad a la dirección regional.

No obstante, hasta la fecha, la Oficina Técnica de Minería de la DREM Amazonas no ha registrado ninguna gestión por parte de la mencionada empresa.

Lee el pronunciamiento completo de la Nación Wampís, aquí.

A continuación, te explicamos todo lo que necesitas saber sobre esta herramienta, un aplicativo que busca proteger a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia de género, en casos de riesgo severo.

¿Cómo puedo lograr que este botón se instale en mi teléfono?

El “Botón de Pánico” se enmarca en un contexto histórico de acciones por mejorar la protección de las sobrevivientes de violencia de género. Este aplicativo fue implementado mediante la Directiva N.º 024-2022-CE-PJ y la Resolución Administrativa N.º 000443-2022-CE-PJ, aprobadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Dichas disposiciones buscan asegurar una respuesta efectiva y oportuna para las personas que enfrentan violencia, alineándose con la Ley N.º 30364, que establece un marco legal para la protección de las víctimas de violencia familiar.

En ese sentido, la instalación de dicho aplicativo en el teléfono de una denunciante se realiza únicamente por orden de un juez, quien evalúa el nivel de peligro y determina la necesidad de esta medida de protección. Una vez instalada, la sobreviviente puede activar la aplicación en caso de emergencia.

La activación envía una señal de auxilio y la ubicación exacta a las autoridades correspondientes, como la Policía Nacional o el Serenazgo, quienes deben responder de manera urgente. Tras la intervención y aseguramiento de la persona, la alerta se desactiva, asegurando que el sistema solo se use en situaciones de verdadero peligro.

Bajo este marco, la implementación de esta herramienta en el caso de Pamela López Solórzano subraya la responsabilidad del Poder Judicial y el Estado de proporcionar una respuesta rápida ante situaciones de violencia de alto riesgo, lo que podría prevenir hechos críticos.

Algunas recomendaciones para su buen uso

El uso adecuado del “Botón de Pánico” es esencial para su efectividad. Por ello, se recomienda que la denunciante evite que otras personas manipulen su teléfono para no bloquear el sistema de alerta. Asimismo, la aplicación debe ser utilizada exclusivamente en situaciones de emergencia real para asegurar que su función de protección sea efectiva y confiable.

Además, es necesario que tanto los municipios como la Policía Nacional se comprometan a cumplir con las disposiciones establecidas. Para ello, las instituciones deben firmar un acta de compromiso con el Poder Judicial, garantizando que responderán adecuadamente a las alertas emitidas por la aplicación.

También, el personal autorizado tiene acceso al Sistema de Monitoreo, donde pueden consultar la información relevante sobre la víctima y las medidas de protección vigentes.

Otros canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer e integrantes del núcleo familiar, puedes comunicarte de forma totalmente gratuita a la Línea 100, la cual “brinda información, orientación, consejería y soporte emocional en quechua, aimara y castellano para las personas afectadas”.

De necesitarlo, puedes contactarte desde un teléfono fijo o un celular. El MIMP recuerda a la población que esta atención se otorga durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

También tienes la opción de acudir a uno de los Centros Emergencia Mujer (CEM), que se especializan en ofrecer “atención integral y multidisciplinaria” para sobrevivientes. Estos cuentan, además, con asesoría legal, contención emocional y apoyo social a nivel nacional. Atiende de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a.m. a 4.15 p.m., mientras que los que se hallan en comisarías funcionan las 24 horas del día. Para más información, comunícate al (01) 419 7260.

La Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) presentó una demanda ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi, solicitando la eliminación de la prohibición de capturar anchovetas menores de 12 centímetros, vigente desde 2001.

La SNP argumenta que esta medida —establecida para proteger y conservar la especie— representa una “barrera burocrática ilegal”, según el texto de su demanda al que tuvo acceso el Diario La República.

El gremio demanda que se declare ilegal la prohibición que impide la extracción, recepción, transporte, procesamiento y comercialización de anchovetas menores a los 12 centímetros, establecida en el artículo 3° y el Anexo 1 de la Resolución Ministerial N.º 209-2001-PE. También solicita que el Ministerio de la Producción (Produce) se abstenga de hacer cumplir esta restricción.

Esta solicitud se suma a otra demanda presentada ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), en la que se busca eliminar la prohibición de pesca industrial en la Reserva Nacional de Paracas. Sin embargo, hasta ahora, el Poder Judicial ha rechazado esta última solicitud.

Los argumentos de la SNP

En una consulta realizada por La República, un vocero de la SNP negó que se esté pidiendo la eliminación de la talla mínima, alegando que el objetivo es realizar un estudio que determine la talla real de madurez sexual de la anchoveta. Según el vocero, dicho análisis sería fundamental para un manejo más eficiente del recurso pesquero.

El vocero también confirmó que la demanda incluye la revisión de la talla mínima, aunque insistió en que el propósito es asegurar que esta medida esté respaldada por evidencia científica adecuada. De acuerdo a la SNP, la normativa actual carece de base científica y necesita ser validada mediante un estudio.

Produce fomenta captura excesiva de anchoveta

Bajo este contexto, es necesario recordar que, a finales de 2016, Produce emitió el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE, que eliminó las sanciones para las pesqueras que capturaban más del 10% de anchovetas juveniles, reveló un reportaje de Ojo Público, publicado en julio de este año por la periodista especializada en océanos Magali Estrada.

Este cambio, que buscaba reducir el descarte de ejemplares pequeños, fue adoptado a pesar que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) —encargado de proporcionar datos científicos clave para políticas de pesca— recomendó mantener un control más riguroso en lugar de la flexibilización.

En consecuencia, desde la implementación del decreto, más de 3 millones de toneladas de anchovetas juveniles han sido extraídas, generando preocupación sobre el impacto negativo en la población de esta especie y en el ecosistema marino.

Los posibles riesgos

Siguiendo el informe periodístico, entre 1975 y 1984, la anchoveta en Perú enfrentó una grave disminución debido al fenómeno de El Niño y la sobrepesca. Sin embargo, su captura se recuperó tras la aplicación de medidas de regulación estrictas, pero la reciente flexibilización de las normas pone en riesgo esta estabilidad.

Los especialistas en materia ambiental y biólogos marinos advierten que permitir la captura de juveniles antes de que puedan reproducirse podría llevar a un colapso de la población, similar al que ocurrió en el pasado. En esa línea, cabe resaltar que la talla mínima recomendada para la anchoveta es de aproximadamente 12 cm, dado que esta especie alcanza su madurez sexual alrededor de los 14 cm.

Por ello, aunque Produce asegura que su disposición cumple con el objetivo de promover una pesca sostenible, la realidad muestra que la medida ha causado efectos negativos en la sostenibilidad de la pesca de esta especie.

Este tubérculo, que solía costar alrededor de S/ 1,70 por kilogramo, presenta incremento en su costo que la lleva a cerca de S/ 3. Dicho aumento se registra en varios mercados nacionales, incluidos Lima y Huancayo, y se ha confirmado que esta tendencia podría continuar hasta finales del año, de acuerdo a un informe de RPP.

¿Cómo están los precios en Lima?

En Lima, los precios han subido de manera notable: en el mercado Caquetá del Rímac, el precio de la papa yungay subió de S/ 1,50 a S/ 3 el kilo, mientras que en el mercado de Magdalena, los precios alcanzan hasta S/ 4 por kilo.

En otros mercados, como el de Huancayo, la papa blanca también ha visto un aumento, pasando de S/ 1,50 a S/ 2,50 por kilo. Esta tendencia se refleja en un aumento general en el precio de otras variedades de papa, como la peruanita y la papa arenosa.

Al respecto, César Santisteban, director general de estadística del Ministerio de Agricultura, señaló que este ciclo de fluctuaciones en los precios es común en los cultivos transitorios y se debe a variaciones estacionales en la cosecha.

Midagri brinda recomendaciones

El vocero del Midagri recomienda a los consumidores considerar otras variedades de papa, como la canchán y huamantanga, que están viendo una disminución en sus precios. También destaca que otros productos, como el ajo, el choclo y el camote amarillo, han experimentado caídas en sus precios, y el ajo napuri ha bajado un 15%.

Por otro lado, informó que el aumento del 9.1% en el volumen de frutas disponibles podría generar variaciones en los precios de estos productos. Algunas frutas, como la papaya, el plátano y la uva, están experimentando una disminución en sus precios.

“En la medida en que el abastecimiento se va normalizando, como ha ocurrido con el ajo, por ejemplo, que hay una tendencia clara, entonces en ese momento va a bajar el precio”, agregó.

Para ayudar a los consumidores a manejar estas fluctuaciones en los precios, Santisteban sugiere a la población el uso de herramientas digitales como “Agrochatea” y “Mi Caserita”. Estas aplicaciones permiten comparar precios en mercados mayoristas y minoristas, ofreciendo a los consumidores acceso a la información más actualizada para tomar decisiones de compra más informadas.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que el servicio gratuito para la etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima se extenderá hasta el 4 de noviembre. Este tramo inicial, que incluye cinco estaciones, permite a los usuarios viajar sin costo en el primer tren subterráneo del Perú, que cubre 5 kilómetros entre los distritos de Ate y Santa Anita.

Asimismo, durante esta fase, se podrá realizar el trayecto de la Estación Mercado Santa Anita a la Estación Evitamiento en solo siete minutos, en comparación con los 30 minutos que tomaría en transporte público convencional.

¿Cuáles son las estaciones de la etapa 1A de la Línea 2 del Metro?

Las estaciones de la etapa 1A de la Línea 2 del Metro de Lima son Mercado Santa Anita, Hermilio Valdizán, Colectora Industrial, Óvalo Santa Anita y Evitamiento.

Para acceder al servicio de transporte gratuito, el público deberá dirigirse a cualquiera de las cinco estaciones mencionadas. La venta de la tarjeta interoperable de transporte (TIT), necesaria para utilizar el servicio, se reanudará en septiembre a un costo de S/ 7,50.

Estas tarjetas estarán disponibles en las cinco estaciones del tramo inicial. Para garantizar este servicio adecuadamente, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha adquirido 199 mil 130 tarjetas, con 99 mil 130 ya entregadas al concesionario y otros dos lotes de 50 mil 000 unidades cada uno programados para agosto y septiembre.

¿Cuándo dejará de ser gratis?

Esta extensión del servicio gratuito es posible, ya que el concesionario sigue realizando pruebas de puesta en marcha, que deben ser verificadas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte (Ositran).

Sin embargo, a partir del final de la fase de prueba, es decir, después del 4 de noviembre, el pasaje costará S/ 1,40 para adultos y S/ 0,70 para universitarios y escolares.

MTC prevé finalización de la obra en 2026

El MTC estima que la etapa 1 completa de la Línea 2 estará operativa para julio de 2026, con una proyección de movilizar a 2 millones de personas diariamente.

Las estaciones planificadas para esta línea abarcarán varios puntos de la ciudad:

1. Callao: Estación Puerto del Callao, Estación Buenos Aires, Estación Juan Pablo II, Estación Insurgentes, Estación Carmen de la Legua y Estación Óscar R. Benavides.
2. Lima Cercado: Estación San Marcos, Estación Elio y Estación La Alborada.
3. Breña: Estación Tingo María, Estación Parque Murillo, Estación Centro Histórico, Estación Plaza Bolognesi y Estación Central.
4. La Victoria: Estación Plaza Manco Cápac, Estación Cangallo, Estación 28 de Julio y Estación Nicolás Ayllón.
5. San Luis: Estación Circunvalación, Estación San Juan de Dios y Estación Evitamiento.
6. Santa Anita: Estación Óvalo Santa Anita, Estación Colectora Industrial, Estación Los Ingenieros y Estación Mercado Santa Anita.
7. Ate: Estación Vista Alegre, Estación Prolongación Javier Prado y Estación Municipalidad de Ate.

Desde el inicio de operaciones el 21 de diciembre de 2023, la Línea 2 del Metro de Lima ha registrado más de 7 millones de viajes, posicionándose como una opción moderna, segura y eficiente para el transporte en Lima.

De acuerdo al titular de la cartera, ahora, el país está cambiando su enfoque hacia el cobre, un metal que se está posicionando como un recurso clave en el mercado global debido a su importancia en la transición hacia fuentes de energía más limpias, en el marco de la crisis climática. Según el funcionario, se estima que la producción nacional de cobre se multiplique entre tres y cinco veces en los próximos años en el territorio nacional.

Mucho anuncia nueva estrategia para combatir minería ilegal

Por otro lado, sobre el avance de las economías ilegales, específicamente la minería informal e ilegal, Mucho anunció que el Gobierno de Dina Boluarte ha propuesto una nueva ley para hacerle frente.

Este nuevo marco regulatorio —actualmente en proceso de consulta— busca mejorar la regulación y gestión del sector minero. A diferencia de enfoques anteriores centrados en la formalización, la norma propone un sistema de gestión más robusto y diferenciador para operaciones mineras grandes, medianas y pequeñas.

Además, con ello, se espera superar las barreras que enfrentan los pequeños mineros, facilitando su integración al marco regulatorio formal y promoviendo prácticas más sostenibles, aseguró el titular del Minem.

En ese sentido, informó que el Gobierno ha abierto un período para recibir comentarios y sugerencias sobre la normativa, con el propósito de ajustar y fortalecer las políticas para construir un sector minero más ordenado y alineado con las necesidades económicas y ambientales del país.

En un informe realizado por este medio a fines de julio, Infobae Perú consultó al Gobierno su plan para combatir la minería ilegal. Al respecto, la cartera respondió que este nuevo proyecto de ley para la Pequeña Minería y Minería Artesanal busca reemplazar al ineficaz Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalado de ser utilizado por mineros ilegales para disfrazarse de informales, eximiéndolos de cualquier proceso penal para operar con impunidad.

Bajo ese contexto, cabe recordar que, Eduardo Salhuana, nuevo presidente del Congreso, a través de un proyecto de ley, disminuyó las reglas para ser proveedor minero y promulgó la contrarreforma del Reinfo, ampliando tres años más el proceso de formalización, pese a los cuestionamientos de este mecanismo.

El 3 de agosto, el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa fue prorrogado por 30 días más a través del Decreto Supremo N.º 078-2024-PCM, disponiendo la quinta extensión de esta medida en lo que va del año.

Este corredor es crucial para proyectos mineros conocidos como Las Bambas (Apurímac), Constancia y Antapaccay (Cusco), los cuales presentan antecedentes de reclamos vinculados a problemas de contaminación por parte de las comunidades que viven al pie de dichas unidades mineras.

La extensión del estado de emergencia se establece como una orden para “mantener y restablecer el orden interno” y salvaguardar los derechos constitucionales ante posibles actos violentos. Sin embargo, dirigentes de las comunidades se han pronunciado en contra de la disposición.

Entre ellas, Elsa Merma, de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K’ana de Espinar, quien señala que la situación hace que los ciudadanos se sientan constantemente vigilados por la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, y en condiciones de desamparo, especialmente en áreas cercanas a las minas, donde la pobreza y la contaminación son severas, advierte.

“Que el gobierno de Dina Boluarte solo prioriza los proyectos mineros, como Tía María en Arequipa y otros proyectos mineros en Cusco y Apurímac, ignorando las necesidades y demandas de la población que estamos afectados, no hay capacidad para solucionar por ello amplía el Estado de Emergencia (...) parecería que estamos secuestrados y bajo constante vigilancia del Estado y la minería. Las zonas aledañas a la extracción, donde la pobreza y la contaminación por metales pesados son más graves, siguen desatendidas”, aseveró en entrevista con el Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú.

Asimismo, resalta que esta orden restringe varios derechos fundamentales, como la libertad de tránsito y reunión, generando un ambiente de temor y represión. Y, considera que el Gobierno, en lugar de abordar las causas de la violencia, esta acción parece enfocarse en controlar a la población, sin atender adecuadamente las demandas de las comunidades afectadas.

“Es urgente reorganizarnos para responder a estas medidas que amenazan nuestros derechos de las comunidades originarias y revisar el impacto del corredor minero y la presencia policial y militar, que solo ha incrementado la inseguridad y el temor”.

Medida es ineficaz para resolver conflictos sociales en la zona

Yovana Mamani, coordinadora del programa Sur Andino de CooperAcción, opina que la disposición ha pasado de ser una excepción a una acción permanente e ineficaz para resolver los conflictos sociales en la zona.

¿Qué empresas operan en el corredor?

En el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa, Perú, operan varias empresas mineras. Las Bambas, una de las mayores minas de cobre del mundo, es gestionada por MMG Limited de Australia y se encuentra en Apurímac.

Por otro lado, Hudbay Minerals, empresa canadiense, opera la mina Constancia en Cusco. Asimismo, Antapaccay, también en Cusco, es administrada por Glencore.

Todas estas minas han enfrentado reclamos de la población debido a sus impactos en el ambiente y a promesas de desarrollo incumplidas. Además, existen varios proyectos mineros en desarrollo y exploración en la región, los cuales también provocan tensiones por sus posibles daños ambientales, el uso del agua y la falta de consulta con las comunidades.

La Defensoría del Pueblo presentó el Reporte de Conflictos Sociales N.º 244, que en junio de 2024 registró 212 conflictos sociales, de los cuales 164 están activos y 48 latentes.

De acuerdo a Vidal Merma, actual presidente de la Plataforma de Afectados por Metales Pesados de Espinar (Pametec) y presidente de Asociación de periodistas ANP Espinar, en la última reunión en Lima, el viceministro había prometido visitar Espinar el 13 de agosto para tratar diversos problemas de la provincia, pero no cumplió con su compromiso. Este hecho provocó una fuerte reacción de la población, que ha mostrado su indignación y frustración por la falta de atención del Ejecutivo.

En esa línea, las organizaciones sociales de Espinar, lideradas por la alcaldesa y otros dirigentes, se reunieron este miércoles para tomar decisiones sobre cómo proceder ante el incumplimiento. En esta reunión se acordó dar un plazo de 72 horas al régimen para que el premier y los ministros responsables lleguen a la provincia y ofrezcan soluciones concretas a los problemas que enfrentan.

Consecuencias de la minería y falta de agua sigue preocupando a Espinar

Uno de los problemas más destacados es el impacto del corredor minero, una obra que genera gran preocupación entre los ciudadanos de Espinar. Este es un proyecto que implica la construcción de infraestructuras para facilitar el transporte de minerales extraídos de las minas, y su desarrollo viene causando una serie de problemas socioambientales en la provincia, desde hace muchos años.

Asimismo, se incluyen la contaminación del agua, la degradación del suelo y la alteración de los ecosistemas que afectan directamente a las comunidades y a sus medios de vida, como la agricultura y ganadería.

También, la falta de agua es otro de los problemas críticos que enfrenta Espinar. Actulamente, la provincia sufre una grave escasez de este recurso vital, que se agudiza por las actividades mineras y la falta de inversiones en infraestructura hídrica.

¿Cuáles son las empresas que utilizan el corredor minero en Cusco?

El corredor minero es explotado por varias empresas mineras importantes. Entre las principales compañías se encuentran Glencore, Southern Copper Corporation y Hudbay Minerals.

Glencore, tras adquirir Xstrata, gestiona el Proyecto Antapaccay, uno de los principales proyectos de minería de cobre en Espinar. Southern Copper Corporation opera los proyectos Cuajone y Toquepala, ubicados al sur de Espinar, pero influyentes en la región minera del sur del Perú. Hudbay Minerals, por su parte, está a cargo del Proyecto Constancia, ubicado en la vecina provincia de Chumbivilcas, pero que también impacta el corredor minero sur.

Las operaciones de estas empresas están centradas en la extracción de minerales como el cobre y otros metales, lo que genera un impacto significativo en el entorno socioambiental de Espinar y sus alrededores, incluyendo la contaminación del agua y el aire, el deterioro de la salud de las comunidades indígenas y la gestión de los recursos naturales.

Deterioro de la salud de las comunidades

En ese contexto, de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional, existe una grave crisis de salud relacionada con la exposición a metales tóxicos entre las comunidades indígenas, especialmente del Pueblo K’ana. El informe, titulado Estado de salud fallido: Emergencia de salud en Pueblos Indígenas de Espinar, revela que los ciudadanos presentan altos niveles de metales y sustancias tóxicas en sus cuerpos, mientras el Estado peruano no garantiza adecuadamente su derecho a la salud.

La investigación muestra que el 78% de las 150 personas voluntarias examinadas tienen niveles elevados de metales tóxicos como arsénico, manganeso, cadmio, plomo y mercurio. Estos metales pueden causar diversos problemas de salud, desde náuseas y vómitos hasta daño cerebral y enfermedades renales.

El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó que no se han registrado casos de la nueva variante de la viruela símica (Mpox), más conocida como viruela del mono, clasificada como altamente peligrosa (linaje o clado 1), a pesar del reciente brote en la República Democrática del Congo y otros países africanos, según la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

César Munayco Escate, director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), informó que se está preparando una Alerta Epidemiológica para alertar a los establecimientos de salud en todo el país y establecer estrategias preventivas. Estas incluirán la capacitación del personal de salud, campañas de comunicación, investigación de casos, y el fortalecimiento de laboratorios.

¿Se han registrado casos de viruela del mono antes en Perú?

Desde que se confirmó el primer caso de Mpox en Perú el 26 de junio de 2022, el país ha registrado 3,697 casos en ese año, 164 casos en 2023, y 77 casos hasta la Semana Epidemiológica 32 de 2024. Ninguno de estos corresponde a la nueva variante. La mayoría de los casos se han concentrado en Lima, con un 74.6%, mientras que el 25.4% se ha registrado en siete regiones: Callao, Junín, Ica, Huánuco, La Libertad, Lambayeque y Piura. Los casos afectan principalmente a hombres (89%) y a adultos (68%), seguidos por jóvenes (31%).

Para este periodo, César Munayco Escate, funcionario del Minsa, aseguró que el sector está preparado con un lote de vacunas para posibles casos futuros y cuenta con la experiencia necesaria para el seguimiento y manejo de estos. Además, recomendó evitar el contacto físico, especialmente sexual, con personas que presenten síntomas como erupciones, ampollas o costras, que podrían estar relacionadas con la enfermedad.

¿Qué más se sabe sobre esta enfermedad y su impacto en América Latina?

De acuerdo al informe “Latinoamérica con pocos recursos contra viruela del mono,” de los investigadores de Marielba Núñez y Daniela Hirschfeld, publicada en SciDev.Net, en América Latina y el Caribe, la propagación de la viruela del mono ha sido rápida, con más de 839 casos confirmados en 16 países hasta julio de 2022.

Durante ese año, Brasil lideró con el mayor número de casos, seguido de Perú, que reportó la mayor proporción de contagios con 3,74 casos por millón de habitantes. Esta situación es especialmente preocupante, sobre todo para el país, que, a pesar de su capacidad para realizar pruebas, carece de acceso a las vacunas y tratamientos necesarios para combatir el virus de manera efectiva.

Además, el reto en la región latinoamericana se agrava por la coexistencia de la viruela del mono con otras enfermedades como el VIH, dengue y zika, lo que sobrecarga los sistemas de salud ya debilitados. La falta de recursos y la necesidad de apoyo internacional son apremiantes. En ese sentido, expertos señalan que la situación podría empeorar si no se fortalece la cooperación global para garantizar la disponibilidad de vacunas y medicamentos en los países más afectados.

¿A quiénes afecta más esta enfermedad?

Según este análisis, la enfermedad afecta principalmente a hombres que tienen sexo con hombres, lo que aumenta el riesgo de estigmatización y discriminación. Ante ello, la OMS resalta la importancia de diseñar estrategias de comunicación y prevención que protejan los derechos humanos y la dignidad de las comunidades vulnerables, al mismo tiempo que se trabaja para detener la propagación del virus.

Según la jefa de Estado, la obra debía estar al 58% para la fecha del discurso por Fiestas Patrias. Pero, un nuevo informe de Punto Final revela que el avance real es del 61.6%.

De acuerdo con el cronograma original, el proyecto debería estar al 80.21%, lo que significa que hay un retraso del 18.61% en el avance. Este desfase en el progreso causa preocupación sobre la posibilidad de cumplir con los plazos.

Denuncian problemas técnicos e impagos

El proyecto incluye la construcción de reservorios de agua y la instalación de miles de kilómetros de tuberías. No obstante, el reservorio principal, fundamental para el proyecto, aún no está operativo debido a problemas técnicos.

Según Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), hubo demoras por complicaciones con el sistema de bombeo y la necesidad de refuerzos no contemplados en el plan inicial. Estos problemas han dilatado los trabajos en más de un año.

Pero las dificultades no se limitan a retrasos técnicos; empresas como 2H, parte del Consorcio San Miguel, han sido acusadas de no pagar a los proveedores.

Consorcio admite que obra está en “ruta crítica”

Por su lado, el consorcio a cargo admitió que la obra está en una “ruta crítica” y que, con un avance tan retrasado, cumplir con el plazo de septiembre de 2025 parece casi imposible, dejando a más de medio millón de personas sin agua. “Estamos atrasados fuera de plazo. Todos los reservorios tienen algún grado de retraso” confirmaron.

Por ello, la población y los empresarios exigen una respuesta urgente del Ministerio de Vivienda, a cargo de Hania Pérez de Cuéllar. “Señora ministra Pérez de Cuéllar, necesitamos que se enfoque en este proyecto. La situación es crítica y requerimos soluciones concretas”, demandaron.

Por ahora, los ciudadanos que viven en la zona han sido evacuados hacia áreas más altas debido a que el fuego se está acercando a sus viviendas. Asimismo, se sabe que el siniestro se dirige hacia la carretera que conecta la provincia de Andahuaylas con el distrito de Ocobamba.

¿Qué se sabe sobre los responsables del siniestro?

De acuerdo a los primeros informes de la policía, el incendio pudo haber sido iniciado por un menor de edad en la parte baja del área afectada, cuyo paradero se desconoce hasta el momento. Sin embargo, las autoridades policiales aún están investigando las causas del origen del fuego para determinar la responsabilidad.

El incendio también ha dañado un cable de alta tensión que suministraba energía al centro poblado cercano de Piscobamba. Ante la magnitud de la emergencia, la población cuzqueña solicita ayuda al Ejército y a las autoridades de Defensa Civil.

En tanto, se sabe que un contingente de bomberos de Andahuaylas está trabajando en la parte alta con las juntas vecinales para intentar controlar el avance del fuego, que se ha visto intensificado por los fuertes vientos en la región surandina.

Senamhi advierte sobre alta probabilidad de incendios forestales

El miércoles pasado, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú (Senamhi) emitió una alerta extrema para 13 regiones del país debido a condiciones atmosféricas que podrían provocar incendios forestales graves.

La ausencia de precipitaciones, la baja humedad y el aumento de las temperaturas diurnas son factores que elevan el riesgo de incendios en la sierra y la selva, con efectos esperados del 15 al 19 de agosto.

Las regiones afectadas incluyen Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, San Martín y Ucayali.

¿Por qué se producen los incendios forestales en Perú?

De acuerdo al Ministerio del Ambiente de Perú (Minam), Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), el 98% de los incendios forestales en Perú son causados por actividades humanas, como las quemas agrícolas.

Desde hace 24 años, el país ha registrado más de 37 mil 000 incendios, afectando principalmente la región andina y, en menor medida, la amazónica y otras áreas. Estos incendios tienen un impacto negativo en el ambiente, la salud pública y la economía.

Asimismo, en América Latina, varios países enfrentan graves problemas con incendios forestales debido a factores como el cambio climático, la deforestación y la actividad humana. Entre ellos se encuentran Brasil; Argentina, especialmente en las provincias de Córdoba y Santa Fe; Chile; Bolivia, en el Chaco y la Amazonía; y Colombia. Estos países, al igual que el Perú, enfrentan dificultades en la gestión de incendios, la protección de ecosistemas y la adaptación a la crisis climática.

Esta vez se trata de un caso vinculado a la defensa de una persona condenada por tráfico de drogas en la década del 90, perteneciente a la comunidad nativa Boca Manu, en Madre de Dios, que, aparentemente, sin conocimiento de su implicancia en el delito, fue sometido a juicio, según indicó el legislador a Canal N.

“Yo soy abogado de profesión y creo que en el ejercicio libre de mi profesión he ejercido esa labor en su momento. Como le refiero, es del año 95. Una comunidad nativa de Madre de Dios estuvo vinculada; casi toda la comunidad se vio envuelta en una situación de esta naturaleza. Aprovechando que, obviamente, la condición de lejanía y desconocimiento llevó a que esos ciudadanos, cerca de 30 o 40, fueran procesados por el delito que usted menciona. Sí, efectivamente, yo fui abogado de uno o dos de ellos. Sí, es correcta la información, pero como les repito, esto ocurrió en el libre ejercicio de mi labor como letrado”, dijo el representante de Madre de Dios por Alianza para el Progreso (APP).

Salhuana solicitó modificación de la condena

Según la resolución emitida por el Tribunal Constitucional (TC) el 19 de agosto de 2009, se declaró improcedente la demanda de hábeas corpus presentada por Salhuana a favor de Tito Lorenzo Palacios Ramos.

El congresista había solicitado modificar el tipo penal en la condena de Palacios, quien fue sentenciado a 12 años de prisión por tráfico ilícito de drogas agravado.

La principal acusación es que Palacios fue condenado con una agravante que no estaba en vigor al momento del delito, lo que pudo haber resultado en una sentencia más severa de lo que correspondía según la ley de entonces, vulnerando el derecho a un debido proceso.

Además, Salhuana argumentó que la Corte Suprema debía haber revisado esta supuesta irregularidad. Sin embargo, aunque el legislador solicitó repetidamente la corrección, el pedido no fue resuelto.

Otros cuestionamientos

En paralelo, el nuevo presidente del Congreso enfrenta serias acusaciones de corrupción y problemas legales. Actualmente, la Fiscalía está investigando tres casos en su contra, vinculados a su gestión como gerente general del Gobierno Regional de Madre de Dios entre 2015 y 2016.

La acusación más grave es el presunto desvío de fondos públicos, que incluye una pérdida de más de 500 mil 000 soles en la Feria Expo Amazónica 2015, organizada por la empresa Staff de Negocios SAC.

Salhuana fue responsable de aprobar la contratación de esta empresa, que presentó un balance final inconsistente. Además, se le acusa de desviar más de un millón de soles destinados a obras públicas para pagar personal administrativo que no trabajaba en las obras como se reportaba.

También hay inquietudes sobre sus vínculos con la minería ilegal y omisiones en su declaración jurada, como la falta de mención de tres hijos adicionales. Estas acusaciones se suman a otras denuncias de irregularidades en su declaración de ingresos y demandas de pensión alimentaria no atendidas.

La Fiscalía de la Nación interpuso una denuncia constitucional contra el parlamentario José Arriola Tueros (Podemos Perú) por presunta concusión en agravio del Estado. La denuncia, presentada el 16 de agosto de 2024, será evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC).

De acuerdo con la Fiscalía, Arriola Tueros habría incurrido en prácticas irregulares al recortar el salario de siete empleados de su despacho, quienes se habrían visto obligados a entregar donativos en forma de alimentos e implementos de cocina destinados a organizaciones de ollas comunes y vasos de leche. La amenaza implícita era perder el empleo si no cumplían con estas exigencias.

Los pedidos ‘humildes’ de Arriola

Desde diciembre de 2021, Arriola Tueros también habría solicitado a los trabajadores aportes de dinero equivalentes al 10% de sus salarios y el 15% de sus bonificaciones extraordinarias, así lo expuso un reportaje de Punto Final.

Para formalizar estos aportes, se les hizo firmar documentos denominados “Declaración Jurada de Donación Voluntaria”. Esta operación contaba con la complicidad de Yolanda Cuya Llajaruma, quien se desempeñaba como coordinadora parlamentaria hasta diciembre de 2023.

Sin embargo, aunque la Comisión de Ética del Congreso había decidido blindar a Arriola Tueros el 27 de mayo, el 3 de junio se aprobó una denuncia de oficio contra él por el recorte salarial a sus empleados.

Pues, testimonios de exasesores del congresista revelaron que estos aportes, inicialmente solicitados en bienes, posteriormente se exigieron en efectivo. Yolanda Cuya, excoordinadora parlamentaria, era responsable de coordinar los depósitos en una cuenta bancaria a nombre de su esposo.

Comisión de Ética blindó a presunto ‘mochasueldo’

En mayo, la Comisión de Ética decidió exonerar a Arriola de las acusaciones en su contra. Esto a pesar de que, durante la investigación, se encontraron declaraciones juradas de sus trabajadores en las que afirmaban haber entregado parte de sus sueldos “de manera libre y voluntaria”, y de que se constató que el congresista utilizó estos aportes para mejorar su imagen pública sin revelar que provenían de su personal.

No obstante, el informe final del equipo técnico de la comisión concluyó que no se pudo demostrar que Arriola solicitara directamente el dinero o que este fuera entregado bajo coacción.

La comisión solo recomendó una sanción de amonestación escrita pública y una multa equivalente a 30 días de su salario. Esta decisión fue aprobada con siete votos a favor, tres en contra y una abstención, en una sesión que contó con la participación de diez legisladores.

Congresista María Agüero en la mira

En paralelo, la congresista María Agüero (Perú Libre) estaría también en la mira de las autoridades. Desde hace algunas semanas, la parlamentaria por Arequipa enfrenta acusaciones de apropiarse del 10% de los salarios de sus empleados, según detalló un nuevo informe de Punto Final, difundido el último domingo.

Este devela que Edson Flores Valencia, actual chofer y asesor de Agüero, habría recibido transferencias por un total de 11 mil 650 soles entre 2022 y 2023. Dichas transferencias incluyen pagos gordos en varias fechas. Además, el informe indica que Flores, así como César de la Cruz y Joyce Mejía Pascual, otros empleados involucrados, habrían estado implicados en la recolección y manejo de estos fondos.

Al respecto, Agüero ha intentado desvincularse de las acusaciones, afirmando desconocer las transferencias a Flores. Sin embargo, testimonios de extrabajadores sugieren que los empleados eran obligados a entregar un porcentaje de sus sueldos y bonos.

Así lo evidencia un video compartido por una persona del distrito ubicado en la sierra liberteña. Según la denuncia, el agua que sale por los caños tiene un color oscuro y mostraría signos claros de contaminación, lo que genera gran preocupación entre los ciudadanos. Pues, reportan que, desde hace una semana, las familias de Tacllán están lidiando con esta situación.

La organización civil, en representación de los vecinos de la jurisdicción perteneciente a la provincia de Sánchez Carrión, exige a las autoridades competentes una pronta solución al problema, así como una evaluación detallada del suministro para asegurar que el agua sea segura para el consumo, ya que temen que esta pueda representar un serio riesgo para la salud y la calidad de vida de la población.

¿Quiénes se encargan de la administración de agua en este distrito?

En áreas rurales y menos urbanizadas como Tacllán, el suministro de agua potable suele ser gestionado por entidades locales, como Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS), que son organizaciones comunitarias encargadas de la gestión del agua potable y saneamiento en zonas rurales del Perú.

Estas juntas son supervisadas por los municipios locales y, en algunos casos, pueden recibir apoyo técnico y financiero del gobierno regional o nacional, en lugar de una empresa como Sedalib, que opera en áreas más urbanas.

¿A qué provincias suministra agua Sedalib?

Sedalib es la empresa encargada de suministrar agua potable y servicios de alcantarillado en La Libertad. Sin embargo, Tacllán no está dentro de su área de cobertura.

Sedalib opera principalmente en las provincias de:

• Trujillo
• Ascope
• Virú

Sedalib se encarga de abastecer agua y gestionar el alcantarillado en estas áreas, que son las más urbanizadas y pobladas de la región.

Más del 70% de los peruanos no tiene acceso a agua potable

En Perú, el 73,7% de la población no tiene acceso a agua segura, según el último informe sobre la situación de la pobreza en el Perú en 2023 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Esta situación es particularmente grave en zonas rurales, donde el 97,5% carece de este servicio, mientras que en áreas urbanas, la cifra es del 67,8%.

Según el mismo informe, más del 80% de la población en las regiones de Puno, Ucayali, Loreto y Huancavelica no cuenta con servicios básicos como agua, saneamiento, electricidad, y acceso a internet. Esto contrasta con la situación en Lima Metropolitana y la provincia del Callao, donde menos del 30% de la población enfrenta estas carencias.

En cuanto a saneamiento, el 21,6% de los peruanos no tiene acceso a sistemas de alcantarillado, siendo esta cifra mucho mayor en zonas rurales, donde afecta al 59,9% de la población. Cajamarca, Loreto, Pasco y Puno son las regiones más afectadas, con tasas que superan el 40%, reflejando una profunda desigualdad en el acceso a servicios básicos esenciales para la calidad de vida.

¿Qué se puede hacer?

Un reciente estudio de Aquafondo, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), advierte que esta situación podría empeorar en los próximos 40 años, ya que la crisis climática podría reducir la disponibilidad de agua potable en un 40 %.

Dicha problemática ha llevado a un aumento significativo en las facturas del agua, con incrementos de hasta el 160% debido a fugas. Además, esta vulnerabilidad empeora por la distribución desigual de la infraestructura en América Latina y el Caribe.

Sobre ello, Alejandra Mujica, coordinadora regional de Global Water Partnership South America, explica que los recursos hídricos enfrentan presiones adicionales debido al aumento poblacional, el desarrollo económico y la gestión ineficiente, lo que afecta tanto al medio ambiente como al desarrollo de la región.

Frente al problema, la especialista resalta que la seguridad hídrica del país depende de la acción colectiva, e insta a las instituciones y a los ciudadanos a adoptar medidas que promuevan un uso sostenible del agua para asegurar su disponibilidad en el futuro.

El escándalo de los ‘mochasueldos’ en el Congreso de la República sigue. Este domingo, Punto Final volvió a revelar una serie de testimonios que indican cómo algunos empleados de la congresista María Agüero, representante de Arequipa por Perú Libre, estarían involucrados en la presunta recolección ilícita de un porcentaje de los sueldos de sus trabajadores.

Hasta ahora, se sabe que el principal sospechoso es César de la Cruz, quien fungía como chofer de la congresista. Pero, además de esta función, de acuerdo al dominical, estaba encargado de recoger un 10% de los sueldos de los empleados. Según la investigación periodística, estos fondos eran transferidos a cuentas bancarias a su nombre o en efectivo.

¿Quién es el nuevo implicado?

El dinero, aparentemente recaudado de los sueldos de los empleados, se canalizaría a cuentas personales de colaboradores cercanos a la congresista. Uno de ellos sería Edson Flores Valencia, el nuevo chofer y actual asesor de Agüero en Arequipa, señalado como un actor clave en este caso.

Pues, las transferencias documentadas, que incluyen pagos gordos, indican que, por ejemplo, en septiembre de 2022, se registró una transferencia de S/ 2,800 a la cuenta de Edson Flores. Dicho monto se suma a otros pagos de S/ 1,900 en octubre de 2022, S/ 1,050 en diciembre de 2022, S/ 2,500 en diciembre de 2022 y S/ 3,400 en enero de 2023. Estas transferencias ascienden a un total de S/ 11,650.

Pero eso no es todo. Punto Final confirmó también que durante 2023, Edson Flores habría recibido un total de 27 mil 150 soles en transferencias. Entre los montos se encuentran pagos de S/ 3,000, S/ 1,000, S/ 5,000 y S/ 4,000 en febrero, y S/ 2,500 en marzo.

Asimismo, el informe muestra que la mano derecha de la congresista no solo estaría presuntamente involucrado en la recolección de fondos, sino que se encontraría a su vez en la posición de manejar el dinero obtenido de manera irregular.

¿Qué respondió Agüero?

Hasta el momento, la parlamentaria se ha desvinculado de estas acusaciones, alegando que no tenía conocimiento de las transferencias realizadas a las cuentas de Edson Flores, quien trabaja en la casa de la congresista en Arequipa y recibe un salario mensual de S/ 3,000.

Sin embargo, el testimonio de los extrabajadores devela una imagen diferente. Siguiendo sus declaraciones, los empleados estaban obligados a entregar no solo el 10% de su sueldo, sino también una parte de los bonos, a César de la Cruz y Edson Flores Valencia.

Asimismo, el reportaje ha implicado a Joyce Mejía Pascual, quien, según los registros, realizó dos envíos de dinero a favor de Edson Flores, que, dicho sea de paso, postuló recientemente para un cargo en la Municipalidad del distrito arequipeño de Melgar, siguiendo los pasos de su jefa en el ámbito político.

Estos pagos, de S/ 1,890 soles el 19 de enero de 2023 y de S/ 2,400 en el mismo mes, se realizaron poco después de que se le pagara su salario a la trabajadora. Pese a eso, aunque Mejía Pascual negó las transferencias, las fechas y los montos coinciden con los movimientos bancarios registrados.

La justicia ambiental avanza en la región amazónica más grande del Perú. Una importante victoria para la protección del río Nanay se ha conseguido tras la reciente sentencia dictada por la Sala del Primer Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto por la defensa de este ecosistema, que abastece de agua a más de medio millón de personas en la región de Loreto.

Actualidad Ambiental, portal de noticias de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SDPA), informó que el juez Luis Miguel de Águila Campos declaró fundada la demanda presentada por el Comité de Defensa del Agua, que buscaba la nulidad de la concesión minera otorgada por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemment) a la empresa Raíces Gaddaffy.

La resolución reafirma el compromiso de la población en la defensa del medio ambiente y marca un precedente en la protección de recursos hídricos críticos en el Perú.

¿Cuándo inició esta lucha por la defensa del agua en la Amazonía?

El 31 de agosto de 2023, Ingemmet concedió a Ricardo Moreno Valderrama, gerente general de Raíces Gaddaffy, un título minero que abarcaba mil hectáreas sobre la cuenca del Nanay. La empresa, que según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) se dedica a la silvicultura y otras actividades forestales, recibió autorización para operar en una zona crítica para la captación de agua potable.

La noticia provocó una oleada de rechazo y protestas autoconvocadas por los ciudadanos y organizaciones, quienes alertaron sobre los posibles impactos negativos de la minería en esta fuente de agua, que ya enfrenta las consecuencias de la contaminación de dragas de minería ilegal. En esa línea, ante el riesgo de un impacto aún mayor a la calidad del agua y la vida acuática del afluente, las protestas escalaron.

Posterioamente, en noviembre de 2023, el Ministerio de Energía y Minas (Minem), a cargo de Rómulo Mucho, emitió un decreto que suspendió la admisión de nuevas solicitudes mineras en el área del Nanay. Sin embargo, esta medida no aplicaba retroactivamente a la concesión ya otorgada, lo que dejó abierta la posibilidad de continuar con actividades mineras en el ecosistema. Por ello, en respuesta a la situación, el Comité de Defensa del Agua tomó acciones legales para retirar la concesión.

Resolución marca un precedente histórico: ¿por qué?

Luego de darse a conocer que la demanda de amparo presentada por el Comité de Defensa del Agua ante el primer juzgado de la Corte Superior de Justicia de Loreto obtuvo una resolución favorable, el juez Del Águila Campos concluyó que la extensión de la concesión minera estaba situada en áreas cruciales para los recursos hídricos del río Nanay debido a los químicos utilizados en la minería.

Por tal razón, el fallo judicial no solo ordena la nulidad de la concesión, sino que también reafirma la importancia de proteger los recursos naturales frente a actividades que puedan comprometer su integridad.

Por su lado, a través del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), Karina Garay, abogada de los demandantes, expresó: “Este fallo sienta un precedente que impedirá futuras concesiones en zonas donde las cuencas hídricas se vean afectadas. Como Estado, se debe priorizar la salud y bienestar de las personas por encima de otros intereses (...) De haberse declarado infundada esta demanda habría significado luz verde para la expansión descontrolada de la minería en el río Nanay y en otras cuencas de la región”.

El precio del ajo en el país sigue mostrando un aumento sostenido, alcanzando niveles superiores a lo habitual. Esta tendencia genera preocupación entre los actores del mercado, dado su impacto tanto en el poder adquisitivo de los hogares como en la eficiencia de la cadena de suministro de un producto clave en la cocina peruana, sobre todo para la preparación de aderezos.

En abril de 2024, el precio del ajo ya había mostrado señales de alerta al situarse en 10 soles por kilogramo, más del doble del precio registrado en los dos años anteriores. Esta tendencia al alza fue un indicio de que el mercado del ajo enfrentaba serios problemas.

Sin embargo, la situación se agravó considerablemente en agosto, cuando el precio del ajo se disparó a más de 30 soles por kilogramo. Este aumento representa más de siete veces el precio normal, lo que genera un impacto significativo en los hogares peruanos, que ahora deben destinar una mayor parte de su presupuesto para adquirir este producto.

Agricultura familiar se suma a los posibles impactos

De acuerdo con el Sistema de Información de Abastecimiento y Precios (SISAP), un servicio del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) diseñado para monitorear y proporcionar datos sobre el mercado agrícola, este incremento en el precio del ajo se atribuye a una combinación de factores.

Principalmente, los problemas climáticos han tenido un fuerte impacto en la reducción de la producción de ajo a nivel nacional. Estas condiciones climáticas, que incluyen sequías y temperaturas extremas, afectan las principales zonas productoras de esta verdura en el país.

Asimismo, a través de X (antes Twitter), Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE Perú), señaló que la situación se ve agravada a su vez por la falta de atención a la agricultura familiar, que es la base de la producción de ajo en Perú. Pues, la ausencia de políticas de apoyo y la falta de recursos para los pequeños agricultores están resultando en una disminución considerable de su producción, impactando en el aumento de su precio.

Así lo evidencia una investigación de la periodista Fiorella Montaño, de Ojo Público, detallando que la crisis agrícola en Perú alcanza niveles históricos, con una caída del 3,4% en el PBI del sector durante el primer semestre de 2023, la mayor desde 1997. Esto debido a desastres naturales, escasez de fertilizantes y problemas en la gestión de recursos.

Y, lamentablemente, las medidas del Gobierno, como bonos y créditos, han sido insuficientes y mal implementados para mejorar el panorama, en medio de un contexto de vulnerabilidad económica.

También, un estudio de Oxfam, titulado “Agricultura familiar en tiempos de crisis en Perú: diagnóstico y recomendaciones”, indica que la agricultura familiar ha sido gravemente afectada por el COVID-19 y el cambio climático. El estudio revela un aumento alarmante en la pobreza, afectando al 41% de los hogares agrarios, casi el doble que los hogares no agrarios.

La investigación, realizada por Eduardo Zegarra y Yeni Vásquez, resalta que solo el 3.5% del presupuesto público se destina al sector agrario, con la mayoría enfocado en grandes proyectos de exportación en lugar de apoyar a los pequeños agricultores. Las mujeres rurales e indígenas, que representan el 30% de la población productora, son las más afectadas por la crisis.

Además, advierten que las políticas estatales, como el Bono Rural durante la pandemia y los bonos SafeAgro, Wañuchay y Fertiabono, no son efectivos y la falta de un padrón actualizado limita el acceso a estos programas.

Recuperación de la producción de ajo es incierta

Según el Midagri, Arequipa es la principal zona productora de ajo para Lima, cubriendo más del 60% de la oferta total, seguida por la provincia de Barranca en Lima, que aporta el 24%.

Bajo ese dato, Zegarra advierte que las perspectivas de recuperación en los próximos meses son inciertas, lo que sugiere que el precio del ajo podría seguir siendo elevado todavía. Asimismo, Dante Cersso, vocero de Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA), informó que el ingreso de ajo al Gran Mercado Mayorista de Lima disminuyó un 30% en comparación con el año pasado, impulsando el alza de precios.

A pesar de esto, el 12 de agosto, el Midagri reportó un aumento del 60% en el abastecimiento de ajo, con la llegada de 116 toneladas, asegurando que esto permitiría reducir los precios del ajo criollo y morado en un 11%. En esa línea, se espera que los precios sigan bajando con la llegada de más cosechas, mientras que la oferta de frutas y verduras en el mercado asciende a casi 9 mil toneladas.

Gustavo Adrianzén, recientemente designado como premier, espera crear un entorno favorable en el sector minero para reactivar la economía nacional.

Para lograr este objetivo, el presidente del Consejo de Ministros ha anunciado la formación de una Comisión de Alto Nivel destinada a abordar las problemáticas de la minería artesanal para finales de diciembre, diferenciando entre esta y las prácticas ilegales.

En esa línea, en entrevista con RPP, Adrianzén destacó los problemas relacionados con la minería ilegal en la provincia Pataz, en la región La Libertad, resaltando los graves impactos ambientales y las condiciones precarias en las que se encuentran los trabajadores de este sector.

Pues, Adrianzén relató que, durante su visita al lugar donde el año pasado asesinaron a 10 diez trabajadores y vigilantes en la mina de oro Poderosa a manos de presuntos mineros ilegales, observó de primera mano cómo la criminalidad se engrana en la minería, con personas expuestas a sustancias peligrosas como el cianuro, bajo condiciones laborales degradantes.

Ejecutivo sigue sin detallar cómo abordará crisis por minería ilegal

Por otro lado, el premier afirmó que, en el Perú, se estima que unos 1.500 mineros artesanales impactan indirectamente en la vida de aproximadamente 15.000 personas, lo que evidencia la magnitud del sector y sus desafíos.

Por tal razón, indicó que está comprometido con apoyar la minería artesanal reglamentada, oponiéndose firmemente a la minería ilegal, que no solo daña el medio ambiente, sino también pone en riesgo la vida y el bienestar de la población.

Asimismo, para combatir a la economía ilegal, que genera más dinero que el narcotráfico, prometió una solución integral que involucraría múltiples sectores del Gobierno; sin embargo, no brindó detalles de cómo se desarrollaría esta.

Los cuestionamientos sobre el Reinfo

Durante el diálogo con el medio radial, también se consultó al premier su opinión sobre la posibilidad de ampliar el proceso de inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), además de la recientemente derogada Disposición Complementaria del Decreto Legislativo N° 1607 por el Congreso, cuyo objetivo era ayudar a combatir la minería ilegal en el país.

Sobre ello, Adrianzén respondió que, por el momento, el Ejecutivo ha decidido no objetar las acciones del Congreso. “El Congreso emitió una disposición para derogarlo y nosotros no lo hemos observado por el problema social que existe”, indicó el premier.

Dicha declaración llama la atención, puesto que surge en medio de debates sobre una nueva propuesta legislativa, impulsada por el congresista Segundo Quiroz, que busca modificar el Decreto Legislativo N.º 1293, el cual pretende extender la formalización de estas actividades hasta el 31 de diciembre de 2027.

Esto a pesar de que, especialistas en materia ambiental, ya han advertido que dicho proceso implica un riesgo en concreto: ofrecer a las empresas y negocios dedicados a la extracción y procesamiento minero un marco de operación legal que los exime de responsabilidad penal relacionada con prácticas de minería ilegal.

En una entrevista con Infobae Perú, César Ipenza, abogado especializado en delitos ambientales, lo explica: “Cuando uno se registra en el Reinfo, los fiscales no pueden procesar a las personas por minería ilegal (...) lo que están haciendo en la práctica es disfrazar a mineros ilegales de informales, con el beneficio de que no puedo perseguirlos y sancionarlos penalmente”.

Día histórico para el Perú y los pueblos indígenas. El Juzgado de Nauta en Loreto reconoció los derechos del río Marañón —el séptimo más grande de la Amazonía peruana— otorgándole la categoría de sujeto de derechos. La decisión sin precedentes fue impulsada por la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, liderada por mujeres indígenas Kukama del distrito de Parinari en Loreto, y marca un hito en la lucha por la protección de los recursos hídricos frente a la contaminación y otros daños ambientales.

Pues, la organización indígena enfrentó un largo proceso legal contra el Estado y la empresa pública de hidrocarburos Petroperú por los derrames de petróleo ocurridos en el Oleoducto Norperuano que han impactado a lo largo del tiempo en el afluente.

A partir de ahora, las lideresas kukama asumirán la responsabilidad de defender y representar los intereses del río, que atraviesa los departamentos de Huánuco, Áncash, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y Loreto.

¿Qué implica para un territorio ser sujeto de derechos?

De acuerdo al Instituto de Defensa Legal (IDL), el fallo, que implica el reconocimiento del río como sujeto de derechos, incluye prerrogativas fundamentales como el derecho a existir, fluir y mantenerse libre de la contaminación.

Asimismo, la jueza Corely Armas Chapiama determinó que Petroperú adopte compromisos ambientales en favor de las comunidades indígenas afectadas, como la actualización de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA), para garantizar el adecuado manejo del transporte de hidrocarburos a través del Oleoducto Norperuano, a fin de frenar derrames en los ríos.

Luego de conocerse el fallo, Mariluz Canaquiri Murayari, presidenta de la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Huaynakana Kamatahuara Kana, expresó su gratitud hacia aquellos que apoyaron este esfuerzo legal, enfatizando la importancia fundamental de estas acciones para lograr la protección de los recursos naturales y la vida de las comunidades indígenas.

Río Marañón ha sufrido más de 60 derrames

Desde 1997 hasta 2019, el río Marañón ha sufrido más de 60 derrames de petróleo atribuidos a fallas en el Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú, según informes del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

Además, el río enfrenta riesgos relacionados con proyectos de infraestructura y la minería ilegal, que amenazan su biodiversidad y a las comunidades locales.

En esa línea, las mujeres kukama iniciaron su lucha en 2021, apoyada por organizaciones tales como el IDL, International Rivers y Earth Law Center, enfocándose en remediar el daño ambiental y preservar la biodiversidad, contra Petroperú; el Ministerio del Ambiente (Minam), el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Hoy, la decisión judicial implica no solo compromisos ambientales por parte de Petroperú sino también una protección reforzada para los derechos del pueblo Kukama, quienes subrayaron a su vez el respaldo de diversas entidades y organizaciones nacionales e internacionales.

Dentro de ese conjunto está el Foro Solidaridad Perú, WCS Perú y la Mesa Regional de Lucha Contra la Pobreza, entre otros, ha sido clave en el avance hacia una justicia constitucional a favor del río Marañón y otros ríos afectados por actividades extractivas.

Los manifestantes, portando pancartas y gritando consignas como “Pesca sí, petróleo no” y “Fuera Anadarko”, expresaron su preocupación por los posibles impactos negativos de las actividades petroleras sobre la pesca.

Denuncian a Perupetro

En el marco de la protesta, William Puescas Guanilo y Segundo Jave Mendoza, dirigentes pescadores, alertaron sobre la disminución de especies marinas en la región desde la realización de la exploración sísmica entre el 28 de abril y el 31 de julio, a cargo de Perupetro.

Sin embargo, la empresa asegura que los estudios se llevaron a cabo a 50 millas de la costa, lo que equivale a 92.6 kilómetros mar adentro, y que no deberían afectar las áreas de pesca artesanal. Asimismo, la compañía ha descartado impactos negativos, afirmando que no hay evidencia científica que pruebe daños a la actividad pesquera.

Municipalidades no se pronuncian

En respuesta a la protesta, varios municipios de Pacasmayo han mostrado su apoyo a los pescadores. Elmer León Pairazamán, alcalde provincial de Pacasmayo, y Ricardo Guanilo Ayala, alcalde distrital, expresaron su desacuerdo con el proyecto petrolero, resaltando sus preocupaciones sobre el impacto ambiental y la protección del entorno natural.

Manuel Ruiz Paredes, alcalde de Jequetepeque, también se unió a la crítica, manifestando su solidaridad con los pescadores y rechazando los efectos adversos en el litoral. Sin embargo, hasta el momento, las municipalidades de Guadalupe y San José no se han pronunciado sobre las denuncias.

Las sombras de los hidrocarburos

De acuerdo a una reciente publicación titulada “Las sombras de los hidrocarburos”, a cargo de los investigadores Aymara León Cépeda, Mario Zúñiga Lossio, David Díaz Avalos, la explotación de hidrocarburos ha provocado una degradación ambiental significativa y generado una deuda económica y social sin una solución clara en el Perú. Se estima que hacia finales de esta década se registrarán aproximadamente 3500 derrames. Y, en medio de ese posible escenario, actualmente, 13 Planes de Abandono están en evaluación, y uno ha sido definitivamente desaprobado.

Según los especialistas, la falta de una ciencia regulatoria adecuada y transparente ha limitado la efectividad en la remediación de daños ambientales. Y, en paralelo, las comunidades afectadas enfrentan criminalización en lugar de justicia adecuada, mientras que las empresas responsables frecuentemente evitan sanciones. Además, el proceso de remediación es lento y enfrenta desafíos de eficacia y transparencia debido a controversias técnicas.

Por ello, sostienen que la necesidad de transitar hacia fuentes de energía sostenibles es urgente de abordar, pero las transiciones actuales a menudo perpetúan dinámicas coloniales y de explotación, ignorando las voces y conocimientos de los pueblos afectados, especialmente indígenas.