Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a otro colombiano. Se trata de Omar David Panqueva, conocido en redes sociales como como DJ Tunjo, y su esposo, Santiago Páez. De acuerdo con El País, los ciudadanos fueron detenidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) norteamericano cuando llegaron al Aeropuerto Midway de Chicago para abordar un vuelo a Washington D. C.

De acuerdo con el informativo citado, el artista y su pareja tenían previsto recorrer varias ciudades del país para participar en fiestas posteriores a los conciertos de la cantante colombiana Karol G. Sin embargo, la agenda del DJ permanece suspendida debido a su detención.

Sobre su situación, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la pareja fue arrestada por las autoridades bajo el argumento de que permanecieron en Estados Unidos después del vencimiento de sus visas. El informativo aseguró que, de acuerdo con la versión de la entidad estadounidense, sus permisos de ingreso y estancia en el país expiraron en 2022, y por esa razón quedaron bajo custodia de las autoridades.

Sin embargo, los apoderados de la pareja tienen una lectura distinta del caso. El abogado Enrique Espinoza, citado por el medio, afirmó que Panqueva y Páez presentaron su solicitud de asilo dentro del plazo previsto por la ley estadounidense y que ambos expedientes continúan pendientes.

Adicionalmente, explicó que los dos cuentan con permisos de trabajo y que tienen números de Seguro Social. Además, aseguró que cumplieron con todos los requisitos exigidos por las autoridades migratorias para la tramitación de un pedido de protección.

Por su parte, familiares del artista colombiano y su esposo dijeron al medio Block Club Chicago que ambos llegaron a Chicago en 2021. Mientras se resuelve su situación migratoria, los ciudadanos permanecerán detenidos en un centro de detención de Indiana. Por el momento, se sabe que Páez tiene una audiencia ante un juez de inmigración programada para el 19 de agosto de 2026.

El caso de Beto Coral, otro colombiano detenido y deportado

La situación que enfrenta el Dj colombiano no es la primera que se reporta en los medios de comunicación. El 16 de junio de 2026, el influenciador y activista colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, fue detenido por agentes del Homeland Security Investigations (HSI), que hacen parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), debido a una presunta irregularidad en su situación migratoria.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el influenciador superó el tiempo de permanencia permitido para él conforme al tipo de visa que tenía.

Coral-Garrido ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer en el país durante seis meses. En violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa durante 10 años”, precisó el Departamento de Seguridad Nacional.

Por varios días, Coral permaneció detenido y, según algunas denuncias, se presuntamente violaron sus derechos fundamentales mientras estuvo privado de la libertad. Mientras estuvo detenido, trató de defender su estancia en Estados Unidos, alegando que había hecho una solicitud de asilo.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses determinaron que no cumplió con la normativa migratoria y lo deportaron a Colombia. En sus redes sociales, publicó un mensaje al respecto.

“Todos conocen ya las razones por las cuales he sido detenido. Daré muy pronto todos los detalles de mi detención y los tratos recibidos durante la misma (...). Lo más importante en estos momentos es sacar a mi familia de forma urgente de ese país, ya que corren peligro. Agradezco a todos su apoyo y comprensión”, indicó el activista colombiano.

El siniestro involucró a un helicóptero (Robinson R44, de matrícula PP-MFS), que, en medio de un vuelo panorámico cayó en una zona boscosa cercana a Vista Chinesa.

La aeronave tenía cuatro ocupantes: el piloto Alessandro Rocha y tres ciudadanas de nacionalidad colombiana que eran de una misma familia, quienes fueron identificadas como Lida Rocío Cubillos, de 59 años (abuela); Wendy Manrique Cubillos, de 37 años (hija); y Sofía Murillo Manrique, de 17 años (nieta). Ninguno de ellos sobrevivió al accidente.

De acuerdo con Diana Páez, cónsul de Colombia en Río de Janeiro, la entidad diplomática tuvo conocimiento de los hechos desde las 11:00 a. m. En consecuencia, el consulado se mantuvo en contacto con las autoridades competentes, con la Defensa Civil, la Policía Civil, los bomberos, y la alcaldía, para verificar el desarrollo e las labores de rescate y atención a las víctimas.

De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, tras confirmarse la muerte de las tres connacionales, persiste la comunicación directa con las autoridades de Brasil, debido a que hace falta adelantar varias diligencias.

“El Consulado de Colombia en Río de Janeiro está en coordinación con las autoridades locales y adelantando las diligencias pertinentes. Asimismo, está contactando a los familiares de las connacionales para brindar la orientación correspondiente”, precisó la Cancillería en el comunicado.

La cónsul de Colombia en Río de Janeiro indicó que se pusieron en contacto con los allegados de las víctimas que están en Brasil y en Colombia y confirmó que se están llevando a cabo las gestiones de seguimiento, apoyo y orientación requeridas, con el fin de que la familias que está en Brasil pueda regresar al país pronto y “superar este difícil momento”.

“La Cancillería expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad con las familias y allegados de las víctimas, y continuará brindando la asistencia consular que resulte procedente, en el marco de sus competencias y de conformidad con la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963″, expresó.

Los hechos: detalles del accidente

Las tres colombianas llegaron a Brasil de turismo, con el objetivo de celebrar los 15 años de una joven de la familia. Como parte de la celebración, planearon hacer un viaje en helicóptero. De acuerdo con Víctor Manrique, hijo de Lida Rocío Cubillos, el grupo estaba conformado por seis personas, entre ellas, él, su esposa, Daniela Castañeda, y su hija.

Las tres víctimas del accidente fueron las primeras en llegar para hacer el recorrido. “Llegamos para un recorrido en helicóptero de 20 minutos. Éramos seis personas. Nos dijeron que habría tres personas por helicóptero (...). Debido a circunstancias de la vida, ninguno de los tres pudimos subir al primer helicóptero porque llegaron primero. Y como llegaron primero, fueron los primeros. Íbamos a subir al helicóptero cuando llegaran”, explicó el ciudadano al medio G1.

Según detalló, aunque el vuelo duraría 20 minutos, ellos estuvieron esperando entre 30 y 40 minutos al regreso de sus familiares. En medio de la incertidumbre, preguntaron a los encargados de la actividad sobre la demora de su retorno. “Fui a preguntar qué estaba pasando. Fue entonces cuando me dijeron que el piloto había informado que tenía que realizar un aterrizaje de emergencia”, detalló.

El ciudadano aseguró que la familia necesita ayuda para hacer todos los trámites correspondientes al fallecimiento de sus allegadas y lamentó lo sucedido. “Eran personas muy buenas, muy felices y los días anteriores fueron muy felices. Fuimos a Búzios y vinimos todos para Río de Janeiro. Estábamos contentos”, indicó.

Una de ellas fue la de la Presidencia. En la cuenta oficial, fue publicado un mensaje alusivo al inicio de la administración de De la Espriella, el cual destaca algunos de los objetivos que tiene el nuevo jefe de Estado, entre ellos, la recuperación de la seguridad en el país.

“Comenzó una nueva etapa para Colombia. Ante la Constitución y el pueblo colombiano, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, asumió el compromiso de liderar la Nación con el propósito de recuperar la seguridad, fortalecer la autoridad, defender la libertad y trabajar sin descanso por el bienestar de todos los colombianos”, detalló.

El mensaje también hace referencia a otra de las metas que Abelardo de la Espriella contempló en su plan de gobierno: lograr el progreso de Colombia.

“Inicia un gobierno que pone a Colombia en el centro de todas sus decisiones y que trabajará para construir la Patria Milagro, con orden, progreso y oportunidades para cada región del país. La historia de una nueva Colombia ya comenzó”, precisó.

De igual manera, compartió un fragmento del primer discurso que dio el primer mandatario tras haber tomado posesión en Cali, Valle del Cauca, ante el Congreso de la República. De la Espriella dio sus declaraciones en el Cantón Militar Pichincha, frente a la fuerza pública.

Desde allí, el nuevo presidente de Colombia aseguró que con su llegada al poder se recuperará el orden, la libertad y la autoridad. Además, aseguró que gobernará para todos los colombianos, independientemente de quienes lo apoyaron o no en las elecciones presidenciales.

Adicionalmente, reconoció que su labor como jefe de Estado supone una importante responsabilidad que, a su juicio, también constituye una distinción. “No ignoro la magnitud de la tarea que hoy asumo y del inmenso peso de la responsabilidad que se deposita sobre mis hombros. Ejercer la Presidencia de esta patria, que amo entrañablemente, constituye, sin duda, la mayor distinción que Dios, el pueblo y la vida han podido concederme”, dijo.

Asimismo, dio a conocer algunas de las medidas que adoptará en su Gobierno, como la radicación de un proyecto de reforma del sistema tributario, la eliminación del impuesto al patrimonio, la construcción de megacárceles, la autorización del fracking y la exploración de hidrocarburos, entre otros.

“Que Dios bendiga a cada uno de sus hijos, que ilumine nuestro entendimiento, afirme nuestro carácter y guíe nuestras decisiones para que entre todos hagamos de nuestra amada Colombia la patria milagro”, añadió.

La última publicación del Gobierno Petro en la cuenta de Presidencia

Previo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, el equipo de comunicaciones del exmandatario Gustavo Petro publicó un mensaje de despedida en la misma cuenta que durante los próximos cuatro años estará al servicio de la nueva administración.

En la publicación, agradeció a la ciudadanía que se informó a través de ese canal oficial y a quienes respaldaron al Gobierno del ex jefe de Estado, que fue el primero de izquierda que tuvo Colombia.

“Hasta hoy, esta cuenta fue administrada por el equipo de comunicaciones del Presidente @petrogustavo. Gracias a todos y todas los que hicieron parte de este canal informativo, a quienes nos leyeron, nos escucharon, nos acompañaron y fueron parte del Gobierno del Cambio y de la Vida. #ConDignidadCumplimos”, indicó.

Así como De la Espriella, el expresidente Petro dio un discurso dirigido a los colombianos para despedirse de su mandato. En su intervención, llevada a cabo desde las afueras de la Casa de Nariño de Bogotá, recordó que hubo especulaciones sobre su eventual reelección y envió un mensaje de agradecimiento a los soldados.

“Mis últimas palabras. Dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo, lo dije desde un principio, el mandato popular se respeta. Y hasta aquí llega los once millones y medio que decidieron votar por mí como mayoría nacional (...). Gracias por haberme acompañado”, dijo.

Por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación informó que la Procuraduría Regional de Bolívar llevará a cabo una “vigilancia especial” a la posible creación de la nueva Empresa Oficial de Servicios Públicos Domiciliarios de Cartagena E.S.P. –que tendría participación del sector privado–, tema que se está discutiendo en el Concejo de Cartagena.

La decisión surgió en cumplimiento de directrices de la Delegada para la Gestión y la Gobernanza Territorial, ante advertencias que hizo el Ministerio Público a las autoridades de la ciudad por la eventual implementación de un nuevo modelo para la gerencia de los servicios básicos.

La Procuraduría busca que se garantice la adecuada prestación de los servicios de agua, aseo y alcantarillado a los ciudadanos. En ese sentido, las acciones de vigilancia que se adelantarán tendrán como objetivo evitar que la prestación de los servicios se interrumpa o que su calidad, eficacia y sostenibilidad se vean afectadas.

En consecuencia, ante la plenaria del Concejo de Cartagena, el organismo de control y vigilancia aseguró que es necesario conocer las razones técnicas, jurídicas, financieras, patrimoniales, ambientales del nuevo modelo que podría ser puesto en marcha. También indicó que se debe tener claridad sobre la gestión del riesgo que se tiene establecida para la implementación del esquema. De esta manera, espera que se tenga la suficiente información para determinar si ese nuevo modelo es “la mejor opción para la ciudad”.

Otro de los puntos que generan dudas en el Ministerio Público es el cobro que se verá reflejado en los recibos de servicios públicos de la población. Recordó que la institucionalidad tiene el deber de proteger los derechos colectivos y ciudadanos y garantizar que los recursos públicos sean administrados de manera adecuada.

“Le genera alta preocupación el impacto que en el precio de las tarifas pueda tener la gerencia que se pretende crear, razón por la que solicitó información sobre cómo se va a garantizar a los ciudadanos las quejas y reclamos, la facturación, el recaudo y la atención de emergencias durante cualquier eventual transición institucional”, precisó.

El proyecto al que la Procuraduría le puso la lupa

De acuerdo con el proyecto que se está discutiendo en el Concejo de Cartagena, la empresa pertenecerá al sector descentralizado por servicios del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias. Además, estará vinculada a la Secretaría General de la ciudad.

El objeto de la empresa será la prestación de los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto y alcantarillado, aunque también se contempla la prestación de servicios de aseo, energía eléctrica, alumbrado público y telefonía, en los términos definidos en la ley.

“La empresa tendrá dentro de su objeto el diseño, planeación, la construcción, supervisión, expansión, mantenimiento, administración, prestación, entrega y operación de los servicios públicos en el territorio del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y fuera de él; ya sean servicios públicos domiciliarios esenciales, inherentes a estos, o sus actividades complementarias y conexas”, añade el proyecto.

El patrimonio de la empresa estará constituido por los ingresos provenientes de las tarifas y demás cobros, las tasas, contribuciones, privilegios, concesiones, garantías, exenciones que sean decretados, excepto las contribuciones del Fondo de Solidaridad y de Redistribución de Ingresos, los bienes, derechos y transferencias que el Distrito le otorgue, las utilidades o excedentes netos acumulados que la junta directiva decida capitalizar y los bienes que la empresa adquiera.

En la propuesta también figura el monto que tendría que destinar el Distrito para conformar el patrimonio inicial de la empresa.

“Autorícese al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias para el aporte de recursos destinados a la conformación del patrimonio inicial de la entidad hasta por la suma de diez mil millones de pesos ($10.000.000.000 COP). Esta autorización incluye la facultad para la realización de los gastos, inversiones y/o constitución del aporte a la nueva empresa que se requieran de conformidad con las normas presupuestales. La presente autorización se confiere hasta por el término de un (01) año”, añade el proyecto.

Luego de que se confirmara su traslado, en sus redes sociales fue publicado un video, que posteriormente fue eliminado, en el que, al parecer, la empresaria envió un mensaje relacionado con la situación que está enfrentando.

La grabación, en la que se ve a una persona caminando, contiene el siguiente comentario: “Hoy simplemente ha sido un día difícil, de esos que pesan en el alma y que solo Dios conoce por completo. Él conoce la verdad, los corazones y las verdaderas intenciones. Solo le pido que no de fortaleza, que nos proteja y que permita que todo esto termine pronto. Confío en que, al final, la verdad siempre encuentra el camino”.

Procedimientos estéticos y otras anomalías que derivaron en el traslado de Epa Colombia

La permanencia de Epa Colombia en la Escuela de Carabineros empezó a ser puesta a discusión luego de que la empresaria, al parecer, se sometiera a varios procedimientos estéticos en el centro de reclusión. Así lo alertó la mayor Luz Amparo Pinto Rivera, jefe seccional de Carabineros y Protección Ambiental en un reporte –revelado por la revista Semana–, en el que se indica que, según el testimonio de una interna, la creadora de contenido se habría inyectado relleno en sus glúteos, pómulos, labios y mentón.

El informe también explica que, en una revisión que se llevó a cabo en la celda de Epa Colombia, se encontraron frascos de lidocaína al 2%, Pisacaína, ácido hialurónico, Newcaína, almohadillas de alcohol con clorhexidina, cápsulas, gasas, suero fisiológico, lancetas retráctiles, agujas hipodérmicas y jeringas.

Además, pocos días después de que la empresaria fuera trasladada de la cárcel El Buen Pastor de Bogotá a la Estación de Carabineros, las autoridades descubrieron tres celulares y concluyeron que al menos uno de ellos era de ella.

Ahora bien, el traslado de Epa Colombia a la cárcel de La Picaleña de Ibagué se efectuó justo cuando el nuevo Gobierno, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, ordenó la reubicación de 117 internos “de alto perfil” que estuvieron vinculados a negociaciones de paz en varias partes del país. Esto, con el fin de “recuperar el control” de las cárceles y garantizar el cumplimiento de la ley.

“Las personas trasladadas fueron reubicadas en establecimientos penitenciarios de alta seguridad ubicados en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. La medida busca fortalecer el control penitenciario, elevar las condiciones de seguridad y contener cualquier capacidad de las estructuras criminales para mantener, coordinar o fortalecer sus actividades desde los establecimientos carcelarios”, se lee en un comunicado emitido por la Oficina de Prensa de la Presidencia.

La condena de Epa Colombia

La empresaria cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión por los delitos de daño en bien ajeno agravado y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial e instigación a delinquir con fines terroristas. Esto, como consecuencia de los daños que ocasionó Epa Colombia en la estación Molinos del sistema Transmilenio durante el paro nacional de 2019.

La creadora de contenido destruyó las puertas de vidrio, el dispositivo de lectura de tarjetas, los equipos de recarga automática y la registradora de acceso a la estación con un martillo, grabó sus acciones y publicó el video en redes sociales.

Por estos hechos, fue condenada en primera y en segunda instancia y, además, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia.

“La instigación no sólo fue a vandalizar a cambio de nada, porque sí, ni como un propósito que se agotara en sí mismo. En lugar de ello, trascendió hasta los fines terroristas, porque incluyó que en los destinatarios pudiesen generar zozobra, intranquilidad, inquietud, aflicción, angustia, desazón, incertidumbre o desasosiego; y también aterrorizar, generar miedo, pánico, temor, pavor o susto”, indicó la Corte en el fallo.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella suma una nueva persona para liderar la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) –Unidad Administrativa Especial (UAE) adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público–. Se trata del abogado Andrés Felipe Velásquez, que reemplazará en el cargo a Carlos Emilio Betancourt, según confirmó Caracol Radio.

El próximo funcionario del Estado es profesional en Derecho graduado de la Universidad Militar Nueva Granada, según precisa en su perfil profesional en LinkedIn. Tiene una especialización en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y una maestría en Fiscalidad Internacional de la Universidad de La Rioja de España. Además, está cursando un posgrado en Tax M&A de la Universidad de Los Andes.

Es docente en la Universidad del Rosario y en la Universidad Sergio Arboleda y conferencista experto en materia tributaria. También fue conjuez de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y es autor de varias obras relacionadas con Derecho Tributario y Derecho Constitucional.

En la información que suministra en su perfil profesional también figura su experiencia como director del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (Icdt) y como socio fundador de la firma Velásquez Osorio Abogados S.A.S.

El Gobierno del nuevo mandatario no ha emitido un comunicado oficial para confirmar el nombramiento del funcionario entrante y Andrés Felipe Velásquez no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, en sus redes sociales ha mostrado su total respaldo a la administración actual y a Abelardo de la Espriella.

En una publicación en X, por ejemplo, felicitó al primer mandatario en su cumpleaños y se refirió a su futuro como jefe de Estado de Colombia. “Presidente @ABDELAESPRIELLA feliz cumpleaños! Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Lo llene de sabiduría, fe y fuerza para liderar la Patria Milagro. Un fuerte abrazo”, escribió.

En otra publicación, compartió y respaldó un comunicado emitido por la administración de De la Espriella en el que rechazó la intención que tenía el Gobierno del expresidente Gustavo Petro de presentar ante el Congreso de la República una reforma tributaria para recaudar $21,9 billones.

De acuerdo con la postura del nuevo Gobierno, con esa iniciativa, los colombianos podrían terminar asumiendo las consecuencias de manejos fiscales inadecuados, endeudamientos y deterioro de las finanzas públicas.

“Resulta inaceptable que quienes condujeron al país a un deterioro sin precedentes de las finanzas públicas pretendan ahora que sean los ciudadanos, las familias, los emprendedores y los sectores productivos quienes asuman las consecuencias de esa gestión. La crisis fiscal que hoy enfrenta Colombia no es producto de los colombianos, sino de decisiones equivocadas que comprometieron la estabilidad económica del país”, precisó la administración de De la Espriella en la comunicación oficial.

Andrés Felipe Velásquez acompañó los argumentos esgrimidos por el Gobierno, que para entonces todavía era electo, y aseguró que la propuesta del exmandatario Petro terminaría afectando gravemente la economía de los empresarios colombianos y de los mismos empleados.

“Así debe ser. El proyecto radicado por el nefasto gobierno saliente pretende asfixiar, aún más, a los empleados, empresarios y, en general, a Colombia. Ese proyecto debe retirarse del legislativo el mismo 7 de agosto”, indicó el funcionario entrante en su momento.

Es importante recordar que el nuevo Gobierno también le apunta a una reforma tributaria. El 7 de agosto de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la posesión presidencial, Abelardo de la Espriella informó que presentará ante el Legislativo un proyecto de reforma tributaria y anunció, además, que eliminará un impuesto.

“Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo (...). El impuesto al patrimonio será eliminado”, precisó el jefe de Estado en declaraciones que dio desde el Cantón Militar Pichincha de Cali, Valle del Cauca.

Tras terminar su mandato, el expresidente Gustavo Petro se refirió a las acciones militares que autorizó para combatir a los grupos armados que operan en el país.

De acuerdo con una publicación que hizo en su cuenta de X, como jefe supremo de las Fuerzas Militares, dio luz verde para la ejecución de bombardeos en zonas en las que se sabía que estaban escondidos los máximos cabecillas de las organizaciones criminales. Sin embargo, ninguno de esos ataques surtió el efecto esperado.

“Realicé 25 bombardeos de los que no me siento orgulloso. Siempre pedí el máximo de inteligencia en el terreno para decidir, dado el peligro de la muerte de menores. En esos bombardeos que buscaban dar con los máximos jefes, resultaba que nunca caían”, indicó el ex jefe de Estado en la red social.

Según detalló, la inteligencia militar que estaba en terreno siempre confirmaba que los criminales estaban en esos campos, quienes eran ubicados con geolocalización. Pese a ello, los cabecillas lograban escapar. “Al final del bombardeo la excusa era la misma: “estuvo allí 20 segundos antes que cayera la primera bomba”, “alcanzó a escuchar los aviones””, detalló.

El expresidente aseguró que no confiaba en la información que estaba recibiendo por parte de la cúpula militar, sabía que “era mentira”. Por eso, empezó a sospechar de una posible infiltración en el alto nivel del Ejército. Incluso, conversó al respecto con agentes de inteligencia en terreno que, al parecer, coincidían con él.

En consecuencia, expuso sus sospechas al alto mando militar, pero no “hubo acción decidida” para detectar dónde se estaba filtrando la información de inteligencia militar. La incógnita al parecer quedó parcialmente resuelta al dejar la Presidencia de la República.

“Hoy después de ser presidente ya sé la razón: los máximos blancos armados del narcotráfico están en realidad bajo inteligencia de los EEUU y es esa inteligencia la que decide: cuando viven, cuando mueren. O peor, les dicen que les rebajan las penas si me acusan”, aseveró.

A juicio del exmandatario, querían impedir que cayeran los máximos cabecillas durante su Gobierno porque eso le daría “mucha fuerza política”, lo cual resultaba problemático, teniendo en cuenta que surgieron señalamientos en su contra sobre presuntos nexos con organizaciones criminales ligadas al narcotráfico.

Petro aseguró que esas acusaciones fueron promovidas, en parte, por algunos integrantes de la administración de Estados Unidos que, según afirmó, habrían estado buscando impedir que el progresismo de izquierda se mantuviera en el poder de Colombia.

“En mi gobierno tenían claro que no podía caer un blanco armado máximo porque eso me daría mucha fuerza política, dado que una parte de la sociedad creía la mentira política de la prensa y que no era más que nos asociábamos con las organizaciones armadas de los narcos (...). Un sector del gobierno de los EEUU no permitió el fin o captura de grandes capos porque preparaba el fin del progresismo político. Para ellos el fin del progresismo que busca una mejor sociedad es peor que caigan 100 Pablos Escobar”, señaló el expresidente.

Asimismo, aseguró que en todo momento mantuvo la cooperación entre los equipos de inteligencia antinarcóticos de Colombia y los de otros países, así como con las agencias de Estados Unidos. Sin embargo, afirmó –sin proporcionar pruebas– que las máximas instancias de dichas agencias estarían al servicio de los intereses políticos del Gobierno norteamericano.

“La lucha contra el narcotráfico es relativa; para mi es estratégica por el carácter destructor de la democracia y de la vida que tiene contra nuestro pueblo (...). Son ignorantes porque una mejor sociedad en Colombia, más rica, sabia y equitativa es lo que acaba el narcotráfico”, añadió.

La bancada del Centro Democrático solicitará al Congreso de la República devolver el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027 (Proyecto de Ley N* 152 de 2026 Cámara), debido a presuntas falencias que se identificaron. Los legisladores buscan que el nuevo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pueda corregir esos “problemas”.

En ese sentido, presentará una proposición en la que se autoriza la devolución del proyecto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, ahora liderado por Miguel Gómez Martínez, por parte de las comisiones Terceras y Cuartas Constitucionales Permanentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes.

“Resuelven: Devolver al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2027, para que presente nuevamente al Congreso, dentro del término legal, las enmiendas, aclaraciones y soportes técnicos necesarios que permitan verificar su plena conformidad con los mandatos constitucionales, las normas orgánicas presupuestales y los principios de sostenibilidad y responsabilidad fiscal”, se lee en el documento.

Según la bancada, el proyecto presentado por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro incorpora ingresos contingentes por $30,2 billones. Sin embargo, ese monto está desfinanciado. Su materialización depende de la aprobación de una iniciativa posterior de recursos adicionales.

Esa no fue la primera propuesta de presupuesto desfinanciada que radicó la administración anterior. En dos oportunidades, el ex jefe de Estado solicitó al Congreso la aprobación de presupuestos incompletos y dos leyes de financiamiento (reformas tributarias) para poder completar los recursos faltantes. En esas dos ocasiones, las comisiones económicas del Legislativo archivaron las reformas.

Así las cosas, el Centro Democrático aseguró que es necesario revisar el proyecto y la iniciativa que debe tramitarse para garantizar el financiamiento del presupuesto. “Se requiere precisar su fuente, base gravable, estimación de recaudo, calendario de materialización, impacto distributivo, riesgos de recaudo y medidas alternativas en caso de no aprobación o recaudo inferior al previsto”, detalló la bancada en la proposición.

De igual manera, aseguró que es necesario contar con los respectivos soportes que demuestren que hay consistencia entre el presupuesto de rentas, las apropiaciones proyectadas, el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el plan financiero y la senda de ajuste de la regla fiscal. Esto, teniendo en cuenta el déficit fiscal y su proyección, así como la deuda pública actual y las necesidades de financiamiento de la Nación.

Asimismo, indicó que es necesario identificar las apropiaciones que dependen de los ingresos contingentes. A esto se suma una sustentación técnica de la incorporación de $17 billones, aproximadamente, que corresponden a “otros recursos de capital”. Sobre ese monto, se debe indicar su naturaleza, origen, fundamento legal, entidad responsable de su certificación y cronograma de disponibilidad.

Otra suma que debe revisarse es la de $13 billones que se adicionan a las rentas de capital. El proyecto actual no expone los soportes técnicos suficientes para determinar su origen, cuantificación, disponibilidad y viabilidad de recaudo

“Deben incorporarse los ajustes derivados de las observaciones presentadas por el Banco de la República, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y de las Comisiones Económicas Conjuntas, especialmente aquellos relacionados con los supuestos macroeconómicos, las proyecciones de crecimiento, inflación, tasas de interés, recaudo tributario, balance fiscal y sostenibilidad de la deuda”, añadió.

La bancada también planteó en la proposición la incorporación de las observaciones formuladas por la Contraloría General de la República, que en su momento advirtió sobre riesgos de desfinanciación del presupuesto.

“Las Comisiones concluyen que el proyecto, en su estado actual, requiere enmiendas y soportes adicionales para acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los principios de planificación, anualidad, universalidad, especialización, coherencia macroeconómica y sostenibilidad fiscal, así como de las demás disposiciones aplicables del Estatuto Orgánico del Presupuesto”, indicó.

El viernes 7 de agosto de 2026, día de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, las autoridades reportaron sospechas de actos terroristas en el territorio nacional que sembraron preocupación entre la población y la fuerza pública.

En la Variante Norte de Popayán, la Policía Nacional encontró un cilindro que parecía contener explosivos. Fue puesto cerca de la entrada de un colegio privado. De acuerdo con las autoridades, el artefacto no contenía carga explosiva, por lo que la circulación se normalizó en ambas direcciones sobre las 10:00 a. m.

Otra amenaza se identificó en la carretera entre Ituango y Medellín, que obligó a las autoridades a suspender completamente la circulación de vehículos particulares y de transporte público en el norte de Antioquia, impactando a cientos de viajeros que usan esa vía clave.

La alerta se originó por un aviso de la comunidad sobre la presencia sospechosa en la vereda Villa Linda. Poco después de las 5:00 a. m., integrantes del Ejército y la Policía Nacional acudieron para verificar la situación. El artefacto, un cilindro de gas propano de 40 libras pintado con los colores de la bandera nacional, fue hallado en la zona.

Posesión presidencial transcurrió con tranquilidad

Pese a que hubo múltiples hechos de violencia que se registraron en el país el 7 de agosto, el ahora exministro de Defensa Pedro Sánchez informó que, en general, la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella fue tranquila y que se garantizaron todas las medidas de seguridad para obtener ese resultado.

“La posesión del nuevo presidente de todos los colombianos se adelantó con total tranquilidad y seguridad. Nuevamente cumplimos con proteger la democracia, como lo hicimos en las elecciones al Congreso y a la Presidencia, que se concretan con este trascendental momento de posesión presidencial”, indicó en su cuenta de X.

Destacó también el papel de la fuerza pública en otros eventos importantes que vivieron los colombianos en 2026, como las elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo y junio), las cuales se desarrollaron de manera segura, garantizando el ejercicio democrático de la ciudadanía.

“Dejamos unas Fuerzas Militares y de Policía con el mayor índice de favorabilidad de la historia reciente”, añadió.

Detonaron explosivos en Tolima

Se documentó un nuevo ataque en el departamento del Tolima, atribuido a la comisión Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc. Se trata de la detonación de explosivos que fueron lanzados desde drones contra la base militar de Casa Verde en el municipio de Ataco.

La fuerza pública respondió al ataque perpetrado por el grupo armado y, según informó Caracol Radio, no hubo uniformados heridos.

Ataque en Suárez, Cauca

Se reportó un nuevo ataque terrorista en Cauca. De acuerdo con información revelada por Caracol Radio, dos explosivos fueron lanzados desde drones contra la base militar Los Pinos, que está ubicada en la represa de La Salvajina, en el municipio de Suárez.

Al parecer, las disidencias de las Farc serían responsables de los hechos de violencia, que también involucraron el uso de armas de fuego. No se generó un reporte oficial relacionado con posibles víctimas del ataque.

Alerta en Pasto por detonación de explosivos

Reportaron la detonación de artefactos explosivos en Pasto, Nariño. Los ataques se presentaron cerca de la estación norte de la Policía Metropolitana de Pasto.

“En puesto de mando unificado se han determinado el cierre de algunas vías, especialmente la avenida Colombia, la que queda al frente del batallón Boyacá, y estamos pendientes de la información con el fin de convocar, si hay lugar, a consejo extraordinario de seguridad de manera presencial (...). Se había indicado que precisamente una vez diera o estuviera dando el discurso del señor presidente, habrían algunas situaciones”, explicó ante los medios de comunicación el secretario de Gobierno de la ciudad, Giovanni Guerrero.

Alerta por cilindro en la vía Panamericana

Reportan hallazgo de un supuesto cilindro bomba en la vía Panamericana, en el sector de Villa Rica, ubicado en el norte del departamento del Cauca. De acuerdo con el medio local Meridiano Regional, por cuestiones de seguridad, varios conductores han tenido que retornar debido a la situación que se registra en ese importante corredor vial.

El informativo indicó que las autoridades no han confirmado si el contenido del cilindro concuerda con un artefacto explosivo.

Normalidad en Cali

El coronel Carlos Latorre, comandante Operativo de la Policía Metropolitana Santiago de Cali, informó ante los medios de comunicación que el día ha transcurrido con tranquilidad en materia de seguridad en la ciudad, donde se llevó a cabo la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

“Tenemos los puestos de control funcionando y la seguridad perimetral de la ciudad también está funcionando perfectamente con el dispositivo que tenemos”, dijo.

Funcionario del Inpec resultó herido en ataque armado

La Policía Nacional informó que un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) resultó herido en un ataque con arma de fuego que fue perpetrado en el barrio Castilla de Bogotá. De acuerdo con Canal 1, se trata del inspector Wilson Daniel Puentes Ramírez, comandante de auxiliares del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron) La Picota.

Los hechos se presentaron a las 2:00 p. m., aproximadamente, cuando el funcionario llegaba a su residencia. La víctima fue trasladada a la Clínica de Occidente para recibir atención médica. Se desconoce su estado de salud.

Según el informativo citado, en el sitio del atentado se encontró un panfleto amenazante dirigido al personal de custodia de La Picota.

En un Puesto de Mando Unificado (PMU), el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que se han reportado nueve hechos de violencia durante la jornada del 7 de agosto, antes de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con la información que suministró el jefe de la cartera, tres de los ataques fueron perpetrados en Cauca, dos en Antioquia, uno en Tolima, uno en Huila, uno en Arauca y uno en Cesar. De igual manera, indicó que, de los nueve eventos documentados, ocho fueron dirigidos a la fuerza pública y uno contra un peaje entre el Valle del Cauca y Cesar.

“Eso significa que la amenaza, su mayor prioridad, además de buscar alterar la tranquilidad de los colombianos, será afectada a la fuerza pública. Así que todos los militares y policías deben estar en la máxima alerta. No hay que subestimar la amenaza. No hay que bajar en ningún momento la guardia. Todo lo contrario, elevarla a su máximo potencial”, aseguró.

Por otro lado, indicó que, no se reportó ningún hecho de violencia en el Valle del Cauca, donde se está llevando a cabo la posesión de Abelardo de la Espriellña. El ministro aseguró que se desplegaron todas las capacidades de la fuerza pública con el fin de mitigar cualquier riesgo, teniendo en cuenta que las amenazas nunca han desaparecido.

“Eso significa que el blindaje, el dispositivo de nuestros valientes militares y policías, articulados y dirigidos por la cúpula militar y policial, articulados con la Gobernación del Valle, la Alcaldía y demás instituciones, ha funcionado hasta el momento”, detalló.

Posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

Para más información sobre la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, ingresar al siguiente enlace: https://www.infobae.com/colombia/2026/08/06/posesion-de-abelardo-de-la-espriella-en-vivo-gobierno-electo-aclara-polemica-por-la-invitacion-de-11-paises-europeos/

Ataque con explosivos en Huila

En horas de la tarde el 7 de agosto, integrantes de las disidencias de las Farc perpetraron un ataque con drones y con armas de fuego en Teruel, Huila. El medio local Diario del Huila informó que los criminales lanzaron un explosivo de bajo poder contra las instalaciones de la Alcaldía de Teruel, donde también funciona la estación de Policía. Al parecer, el acto terrorista no dejó heridos entre los uniformados, pero se estaría verificando si una persona particular resultó afectada por el ataque.

El exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada, del departamento del Huila, pidió a las autoridades competentes tomar medidas inmediatas para proteger a la población civil que se encuentra en riesgo.

“Solicito al Ejército Nacional y a la Policía hacer presencia inmediata en el territorio, restablecer el control y proteger a mis paisanos. Colombia no puede permitir que el terrorismo siga imponiendo el miedo en nuestras regiones”, indicó.

Guerrilleros hostigaron estación de Policía en Antioquia

De acuerdo con fuentes consultadas por Caracol Radio, integrantes del frente 36, que son liderados por alias Chejo, hostigaron la estación de Policía del municipio de Guadalupe, Antioquia.

La información revelada indica que el grupo armado lanzó tres explosivos contra las instalaciones de la Policía, los cuales habían sido cargados en drones. Las autoridades no reportaron ningún herido o muerto en el ataque.

Gobernadora de Tolima envió mensaje al presidente electo tras ataque con granadas

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, se pronunció a través de sus redes sociales sobre el atentado perpetrado por criminales en una base de Planadas. La funcionaria envió un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que advirtió que el departamento necesita fortalecer sus capacidades de protección y de respuesta ante actos terroristas como el que se reportó el 7 de agosto.

“Presidente @ABDELAESPRIELLA, este hecho refleja que el sur del Tolima necesita fortalecer con urgencia su capacidad de respuesta y protección. Por eso reiteramos que la presencia del Batallón de Alta Montaña que hemos solicitado es hoy una prioridad para garantizar la seguridad de nuestros habitantes y proteger nuestro territorio”, indicó la gobernadora en X.

Hostigamientos a miembros del Ejército en Tolima

El Ejército reporta hostigamiento con drones cargados con explosivos (dos granadas) contra la base militar ubicada en Planadas, sur del Tolima. Las autoridades aclararon que de forma preliminar no cuentan con información de soldados ni civiles heridos por las explosiones.

/colombia/2026/08/07/alias-menor-presunto-integrante-de-la-estructura-dagoberto-ramos-de-las-farc-fue-capturado-en-el-norte-del-cauca/

Ejército continúa en labores de investigación por alerta de explosivos en Ituango

Continúa cerrada la vía a Ituango mientras se realiza la inspección en la zona circundante al cilindro que dejó el frente 18 de las disidencias de las Farc en la vereda Villa Linda, donde también dejaron una bandera. El Ejército Nacional trata de verificar más explosivos en el área.

Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, indicó que personal militar especializado en explosivos de la Cuarta Brigada acordonó el lugar y puso en marcha los procedimientos de inspección para determinar si el cilindro contenía material explosivo.

Ciudadano francés intentó ingresar sin permiso a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

En redes sociales circulan videos de un ciudadano de origen francés que intentó atravesar el perímetro de seguridad establecido por las autoridades de Cali para salvaguardar la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella.

El detenido se identificó como Sam Nahuac Mantilla y quedó bajo custodia de la Policía Nacional.

Instalaron pancartas de las disidencias de las Farc en Cauca

La aparición de pancartas atribuidas al Frente Carlos Patiño y a otras facciones de las disidencias de las Farc encendió alertas en varios municipios del Cauca, en medio de operativos de seguridad contra estructuras armadas ilegales con presencia en el departamento.

Las autoridades señalaron que estos mensajes no solo cumplen una función de propaganda, sino que buscan mostrar control territorial en zonas donde avanzan operaciones de la Fuerza Pública. La situación generó inquietud, sobre todo en comunidades rurales.

Según reportes conocidos por las autoridades, en las últimas horas se instalaron piezas propagandísticas en sectores rurales de Balboa y El Patía, y se halló otra en Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.

En Balboa se detectaron dos pancartas alusivas al Frente Carlos Patiño: una en zona rural, a unos 10 minutos del casco urbano, y otra en el corregimiento de San Alfonso, a cerca de 40 minutos del centro del municipio.

Ejército anticipó una acción terrorista en el Meta

Tropas del Batallón de Infantería N.º 21 Batalla Pantano de Vargas, adscritas a la Séptima Brigada, informaron que se anticiparon a una presunta acción terrorista en el departamento del Meta tras recibir un aviso ciudadano sobre la posible instalación de un dispositivo explosivo improvisado en la vía Granada–San Juan de Arama, a la altura del puente El Alcaraván. “Se anticiparon a una acción terrorista tras recibir información de la comunidad”, señaló el Ejército Nacional.

Según el reporte, personal especializado activó los “protocolos de verificación y aseguramiento del área” con el objetivo de “proteger la vida de la población y brindar movilidad” en el corredor vial.

La institución indicó que, de manera preliminar, el hecho “sería atribuido a la Estructura Marco Aurelio Buendía, Facción Calarcá”.

En el mismo comunicado, el Ejército sostuvo: “Rechaza y condena este tipo de acciones terroristas que ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil y constituyen una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario”.

Tras tomar posesión como presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella dio un discurso en el Cantón Militar Pichincha de Cali, Valle del Cauca, en el que dio a conocer las medidas que tomará para garantizar la soberanía energética del país. En sus declaraciones, aseguró que una de las tareas que tiene planteadas es la recuperación de la principal empresa de petróleo de Colombia: Ecopetrol.

De acuerdo con el nuevo jefe de Estado, durante la administración del ahora expresidente Gustavo Petro, la compañía fue deteriorándose. Eso se evidencia en la precipitosa caída de sus utilidades.

“Ecopetrol, la empresa más importante del país y uno de los mayores patrimonios de la Nación, fue alevosamente depredada durante los cuatro años que hoy concluyen. Sus utilidades pasaron de $32 billones en el año 2022 a $9 billones el año pasado (2025)”, dijo el primer mandatario en su discurso ante la fuerza pública.

El presidente atribuyó parte de los problemas que enfrenta Ecopetrol a las decisiones que tomó la administración de Petro en materia energética. Pues, el ex jefe de Estado implementó una política de “transición energética” que se centró en el uso de energías limpias, dejando de lado de manera paulatina la exploración y explotación de carbón, gas y petróleo.

De hecho, en su momento, el Gobierno de Petro suspendió la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, pero mantuvo los que ya se habían suscrito.

“Perdió la Nación, pero también perdieron cientos de miles de compatriotas que invirtieron sus ahorros en esa compañía. Recuperar Ecopetrol será una prioridad definitiva y absoluta de mi Gobierno, queridos compatriotas”, precisó Abelardo de la Espriella.

En ese sentido, afirmó que hará todo lo contrario de lo que hizo el exmandatario Gustavo Petro en sus cuatro años de mandato: impulsará una política “firme” de exploración y producción de hidrocarburos. De igual manera, informó que se autorizará, “bajo los más altos estándares técnicos y ambientales”, el desarrollo de un fracking “responsable y sostenible”. Se trata de una forma de perforación del suelo que se utiliza para la extracción de hidrocarburos, la cual ha sido ampliamente cuestionada debido al impacto ambiental que tiene.

De acuerdo con WWF Colombia, además de que implica un gasto intensivo del recurso hídrico, el fracking puede derivar en la contaminación de acuíferos subterráneos, a través de los cuales se garantiza el abastecimiento de agua potable para la población.

“El fracking requiere grandes volúmenes de agua que varían de acuerdo con las características de la formación geológica en la que se realiza el fracturamiento y de las longitudes de los pozos. Sin embargo, en un único pozo se pueden consumir entre 9.000 y 29.000 m3 de agua, es decir, entre 2,4 y 7,7 piscinas olímpicas (...). Por otro lado, se teme que los fluidos inyectados y contaminados con otros elementos adquiridos durante la fracturación se filtren en la roca y contaminen acuíferos subterráneos que abastecen de agua potable”, precisó la organización ambiental en un artículo especializado.

Pese a las advertencias que han surgido sobre las consecuencias negativas del fracking y del uso de hidrocarburos, el presidente de Colombia aseguró que las medidas que adoptará servirán para continuar disminuyendo los índices de pobreza en el país.

No obstante, aclaró que no descarta la necesidad de transitar hacia las energías limpias, aunque indicó que ese cambio debe efectuarse “desde la fortaleza”, garantizando primero la autosuficiencia y dejando de lado cualquier posibilidad de dependencia.

“Gracias a esta decisión podremos garantizar nuestra seguridad energética y evitaremos que continúe el empobrecimiento sistemático de nuestro país. Creo en la transición energética. Estoy convencido de que debemos avanzar hacia fuentes de energía cada vez más limpias, eficientes y diversificadas”, dijo.

Añadió: “Recuperaremos la solidez de Ecopetrol, ampliaremos nuestras reservas estratégicas y aseguraremos el abastecimiento de petróleo y gas, atrayendo nuevamente la inversión a ese importante sector de la economía colombiana”.

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, anunció la destinación de 1.000 millones de dólares para Colombia, que ahora cuenta con una nueva administración, encabezada por Abelardo de la Espriella, que se posesionó el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con Noticias Caracol, el anuncio de la destinación de los recursos lo hizo el Departamento de Estado de Estados Unidos. La decisión deberá ser sometida a discusión y votación en el Congreso norteamericano.

“Como piedra angular de esta renovada alianza, Estados Unidos, en colaboración con el Congreso, tiene previsto anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares como parte de un paquete de seguridad, destinado a apoyar a la administración del presidente De la Espriella en la consecución de nuestros objetivos comunes”, se lee en la comunicación oficial que dio a conocer el Departamento de Estado al informativo citado.

Esas metas que comparten ambos gobiernos son principalmente dos: desmantelar las redes transnacionales de narcoterrorismo y desbloquear las oportunidades económicas, para lo cual se propone llevar a cabo un “diálogo bilateral” para la prosperidad. De esta manera, el Gobierno de Donald Trump espera que se fortalezca la generación y distribución de energía y tener mayores posibilidades de inversión a las que puedan acceder los estadounidenses.

El dinero también servirá para modernizar la infraestructura digital, portuaria y energética de Colombia, promover la cooperación entre ambas naciones en materia de energía nuclear y garantizar que el país logre ser una opción para la asociación en el futuro.

De igual manera, la destinación de los recursos crontribuirá al fortalecimiento de “las pequeñas y medianas empresas colombianas en agronegocios, fabricación y servicios tecnológicos conectándolas con compradores estadounidenses y vinculándolas a cadenas de suministro alineadas con Estados Unidos”.

Las emergencias que se pueden presentar en Colombia como consecuencia del fenómeno de El Niño también fueron contempladas por el Gobierno de Donald Trump, que espera poder ayudar en los procesos de recuperación de la población en caso de que se registren sequías o inundaciones.

Además de los 1.000 millones de dólares que Estados Unidos quiere entregarle a Colombia, el nuevo Gobierno cuenta también con una importante contribución del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que tiene reservado un monto de más de 60 millones de dólares para apoyar a la administración de Abelardo de la Espriella.

“El BID cuenta actualmente con una cartera activa de aproximadamente US$63 millones en recursos de cooperación técnica no reembolsable para Colombia, correspondientes a operaciones ya aprobadas y pendientes de desembolso”, precisó.

Ilan Goldfajn, presidente del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID), explicó que el dinero será clave para acelerar la preparación de las reformas que busca implementar Abelardo de la Espriella, así como para mover las inversiones que surjan y para generar mayores oportunidades para la ciudadanía.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, celebró la destinación de los recursos y explicó que, en efecto, servirán para estructurar importantes proyectos que la administración tiene planteados.

“Estos recursos, que no generan deuda para Colombia, pondrán al servicio del país el conocimiento y la experiencia de los expertos del Banco para acompañar, durante los primeros meses de gobierno, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la estructuración de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado”, indicó.

Por otro lado, Colombia también podrá acceder a otra millonaria destinación de recursos por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), que entregará 9.000 millones de dólares al país para apostarle a la seguridad energética, a la infraestructura para la productividad, a la prosperidad e inclusión social y a la presencia y fortalecimiento territorial.

“Este acuerdo con CAF no es un mero compromiso financiero; es una manifestación de confianza en el futuro de Colombia. Este respaldo nos permitirá avanzar en nuestras prioridades de desarrollo”, expresó el presidente Abelardo de la Espriella, citado en un comunicado del banco.

“A pesar de que se dé una voz crítica que le haga control político desde el Congreso, reconozco el mandato que millones de colombianos y colombianas le entregaron en las urnas para que ejerza como tal en democracia. Eso implica respetar a quien piensa distinto, respetar la separación de poderes, los fallos de la Corte Constitucional y, por supuesto, al movimiento social cuando decida ejercer, como lo establece la Constitución, su derecho a la movilización pacífica”, precisó la congresista en un video que publicó en sus redes sociales.

Asimismo, indicó que, siendo parte del Congreso de la República, defenderá los derechos de la población, incluyendo los de quienes apoyaron a Abelardo de la Espriella con su voto. Además, aseguró que ejercerá con firmeza su trabajo de control político y que denunciará cualquier hecho de corrupción que llegue a presentarse.

“Estoy firmemente convencida de que sin derechos no hay patria ni milagro, sin soberanía, sin respeto por el que piensa diferente, sin los derechos de las mujeres, de las personas con una orientación sexual diversa, sin los derechos de los trabajadores y en general de la ciudadanía”, dijo.

Sin embargo, la legisladora no estuvo presente en toda la ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella. Repentinamente, decidió retirarse de la sesión debido a que hubo varias expresiones de carácter religioso. En el acto protocolario, el pastor evangélico Eduardo Cañas, el rabino David Michan y el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, monseñor Francisco Javier Múnera, tuvieron un espacio de intervención.

A juicio de Pedraza, la presencia de los líderes religiosos va en contra de la naturaleza laica del Estado colombiano. En ese sentido, aseguró que el nuevo Gobierno incumplió con lo establecido en la Constitución Política de Colombia el primer día de mandato.

“Me retiré de la sesión del Senado en la que se posesionó el Pdte. Abelardo. No haré parte de una ceremonia que abiertamente amenaza la naturaleza laica del Estado colombiano que es un mandato constitucional. El Estado debe ser NEUTRAL en términos religiosos y dar garantías a la ciudadanía ENTERA. Empiezan incumpliendo su primera promesa: respetar la constitución”, señaló la senadora y exrepresentante a la Cámara.

Sus explicaciones derivaron en varias críticas en redes sociales. Por un lado, el concejal de Bogotá Andrés Barrios Bernal señaló a Pedraza de “detestar” a las personas que profesan una religión y cualquier expresión que esté relacionada con Dios. Y, con el fin de resaltar una contradicción, recordó que la congresista fue respaldada por el partido Mira, una colectividad cristiana que “trabaja activamente con el sector interreligioso”.

“Odian la fe. Detestan a los creyentes. Mencionan la Constitución a toda hora y no resisten que Dios esté en el preámbulo de la misma. Se dicen “tolerantes” y son lo más intolerante que hay. Pero eso sí para buscar votos son unos aviones. A esta señora la llevó al Congreso una alianza con el @PartidoMIRA”, indicó.

Por su parte, el abogado Felipe Caballero explicó que en la ceremonia de posesión hubo varias expresiones religiosas y no una sola, sin que eso implique un ataque a la naturaleza laica del Estado. En consecuencia, afirmó que, con su retiro, la congresista buscaba figurar en el debate público.

“Show barato. Las expresiones religiosas distintas más bien fortalecen la idea de Estado laico. El Dios que se invoca en el Preámbulo de la Constitución de 1991 no es el Dios de una religión en particular, así que son bienvenidas todas las creencias. Esto es ganas de figurar, pero no le alcanzan las luces”, escribió.

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, se refirió ante los medios de comunicación sobre la situación que enfrenta el país en materia fiscal y económica. De acuerdo con el funcionario entrante, el panorama colombiano en materia económica es “muy grave”.

“La situación económica es muy grave. Es la crisis económica más grave que hemos tenido en nuestra historia republicana”, indicó el ministro de Hacienda entrante desde Cali, Valle del Cauca, horas antes de que el presidente Abelardo de la Espriella se posesionara como nuevo jefe de Estado.

El jefe de la cartera designado aseguró que hay dificultades en materia fiscal, debido a un importante déficit, y en materia de inflación. Afirmó, además, que el endeudamiento actual del país es riesgoso.

“Nos deja con el déficit fiscal más grande de nuestra historia, 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con una inflación aumentando, con un déficit comercial de 16.000 millones de dólares. Nos deja realmente en una situación de endeudamiento peligrosa”, detalló.

En ese sentido, el funcionario entrante indicó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella empezará a abordar esas problemáticas fiscales y económicas partiendo de un plan de ajuste. La tarea inicial será reducir el gasto público, teniendo en cuenta que, a su juicio, la administración del expresidente Gustavo Petro se caracterizó por el “derroche” de los recursos del Estado.

“Primero que todo, el plan de ajuste. El Gobierno tiene que dar primero el ejemplo, apretarse el cinturón, porque aquí ha habido derroche y mucho malgasto de recursos públicos (...). Será una de las primeras medidas que va a adoptar el Ministerio de Hacienda en los próximos días”, precisó.

De hecho, en su momento, el nuevo mandatario de Colombia informó que una de las primeras acciones que adelantará para estabilizar las finanzas del país será recortar la nómina del Estado. Eso quiere decir que eliminará varios puestos de trabajo.

“La reforma está orientada a eliminar cerca de 229 cargos de entrada, y con eso estoy generando un ahorro aproximado de 10.000 millones de pesos anuales y voy a destinar esos recursos a programas que beneficien directamente a los colombianos”, dijo el presidente De la Espriella en declaraciones públicas.

Por otro lado, indicó que la nueva administración no dejará a las personas mayores desprotegidas. Se tiene pensado incrementar el subsidio que reciben los adultos mayores. Según explicó el jefe de la cartera entrante, es necesario que el Gobierno haga todo lo posible para que las personas más vulnerables no sufran por la crisis económica actual y que, además, puedan mantener su nivel de vida.

En junio de 2026, el movimiento Defensores de la Patria emitió un comunicado en el que desmintió información que surgió sobre una supuesta eliminación de subsidios ordenada por el nuevo presidente. Aclaró que, contrario a lo expuesto, el Gobierno pretende aumentar el apoyo económico para las personas mayores a $400.000. El exmandatario Gustavo Petro aumentó ese subsidio a $230.000

“El desarrollo de la política de subsidios bajo el liderazgo de Abelardo no se basará en la escasez, sino en la justicia distributiva. Por ello, el subsidio para los adultos mayores se elevará a $400.000 mensuales. Para Defensores de la Patria, es hora de que nuestros adultos mayores cuenten con un ingreso que les permita cubrir sus necesidades básicas con mayor dignidad”, detalló el movimiento político en la comunicación oficial.

Adicionalmente, informó que también planea establecer un apoyo directo de $400.000 para las mujeres y cuidadoras, con el fin de contribuir a la justicia económica.

“Aunque la oposición dice que Abelardo viene a quitar los apoyos, el plan es todo lo contrario. Se van a rescatar los fondos que hoy se pierden en burocracia para inyectarlos directamente en los bolsillos de los adultos mayores, las cuidadoras y personas que requieren de apoyo estatal”, detalló.

En el Cantón Militar Pichincha de Cali, Valle del Cauca, el nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, dio su primer discurso como jefe de Estado, tras haberse posesionado en el cargo en la Universidad Santiago de Cali (USC).

En sus declaraciones, De la Espriella indicó que su llegada al poder tiene un objetivo: cerrar un “largo capítulo de resignación nacional” y llevar a cabo una importante transformación en el país. En ese sentido, aseguró que gobernará para todos los ciudadanos.

“Envío un mensaje firme al pueblo colombiano. Ha comenzado el tiempo de la recuperación del orden, la autoridad y la libertad. Seré el presidente de todos los colombianos, de quienes me honraron con su voto y de quienes, en ejercicio de su libertad, depositaron su confianza en otras opciones políticas”, dijo.

Asimismo, afirmó que tiene convicciones claras y un programa de gobierno sólido, a través del cual demostrará a quienes no lo apoyaron en las urnas que su propuesta sí está enfocada en garantizar el bien común y el progreso.

“En el Gobierno que hoy comienza no hay espacio para la intransigencia. Todo lo contrario, llego con el ánimo de convocar a todos mis compatriotas”, señaló.

De igual manera, defendió su elección como presidente de la República de Colombia, ante las dudas que se han sembrado sobre la transparencia de los comicios del 21 de junio de 2026 (segunda vuelta presidencial), que apuntan a un supuesto fraude electoral. El exmandatario Gustavo Petro e integrantes del Pacto Histórico han advertido sobre presuntas irregularidades identificadas en los comicios.

Según De la Espriella, los resultados electorales representan un ejercicio democrático que debe respetarse. “Poner en duda su legitimidad es desconocer la voluntad soberana del pueblo colombiano. Le digo a toda la ciudadanía: en el Gobierno de El Tigre se harán respetar todas las reglas de la democracia”, precisó.

De la Espriella también reconoció el trabajo del vicepresidente José Manuel Restrepo, que lideró el proceso de empalme, en la identificación de focos de corrupción en el Estado. “Ha sido un compañero excepcional”, señaló.

De la mano con el vicepresidente, el nuevo mandatario aseguró que le apuntará a una “regeneración del país”. Eso incluye una transformación en términos económicos, que esté guiada a la generación de confianza y de empleos dignos.

Violencia y acciones de seguridad: lucha contra las organizaciones criminales

Posteriormente, se refirió a la violencia que persiste en Colombia y recordó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, ocurrido el 7 de junio de 2025. En su declaración, hizo un señalamiento a la administración del expresidente Gustavo Petro.

“Rindo un sentido homenaje a la memoria de Miguel Uribe Turbay, asesinado por los interlocutores del régimen que gracias a Dios hoy termina”, dijo.

Contrario a la crítica que hizo al Gobierno Petro por la manera como enfrentó a los grupos criminales, resaltó el trabajo que hizo en la materia el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Aseguró que su administración demostró que es posible reducir la violencia y la criminalidad si hay un verdadero respaldo a la fuerza pública y si no se hacen “concesiones al crimen”.

Entonces, se comprometió a enfrentar al narcoterrorismo y a todas las organizaciones criminales que están afectando la tranquilidad de los colombianos. En consecuencia, impartió su primera orden como jefe supremo de las Fuerzas Militares: combatir a las organizaciones criminales.

“Ha llegado la hora de la recuperación total de la seguridad y de la libertad. Le imparto desde aquí a las Fuerzas Militares y de Policía la orden perentoria de combatir a todas las estructuras criminales. Los integrantes de las bandas criminales y del narcoterrorismo tienen dos caminos: someterse al imperio de la ley o enfrentar la fuerza decidida del Estado colombiano y su fuerza pública”, precisó.

Informó, además, que en las próximas horas, su administración expedirá un listado de grupos narcoterroristas para que la fuerza pública cuente con herramientas para enfrentarlos. Aclaró que “la opción del diálogo está completamente agotada” e indicó que en su Gobierno se construirán megacárceles para privar de la libertad a los criminales.

Asimismo, indicó que su Gobierno también le apuntará a desmantelar el tráfico de estupefacientes utilizando estrategias como la erradicación de hoja de coca por medio de la fumigación con herbicidas que, según indicó, no hacen daño a la salud humana ni al medio ambiente. Aseguró que, de esta manera, se dará paso a una agricultura digna.

La división de poderes en Colombia

Por otro lado, De la Espriella aseguró que respetará la división de poderes y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo que, según precisó, será transparente y no permitirá que se lleven a cabo negociaciones ocultas. Aseguró que la población tendrá conocimiento de sus iniciativas y que el Congreso, integrado por partidos de gobierno, independientes y de oposición, tendrá plenas garantías para legislar.

Asimismo, indicó que respetará la independencia de los jueces. “Mi Gobierno no va a interferir. No va a atacar o a desafiar a los jueces”, aclaró.

De igual manera, informó que durante su administración no impulsará ninguna constituyente con el fin de prolongar el ejercicio del poder o alterar las reglas o rehacer las instituciones. “Gobernaré durante los cuatro años que ordena la Constitución”, aseguró.

Lucha contra la corrupción

En su discurso, el presidente se refirió a los escándalos de corrupción que se presentaron en el Gobierno del exmandatario Gustavo Petro. Aseguró que hubo un “manejo inaceptable de los recursos públicos” y hubo varias anomalías en la contratación pública.

En ese sentido, indicó que en su Gobierno no habrá cabida para irregularidades en la administración del dinero. “La lucha contra la corrupción no será una declaración de buenas intenciones, será un método permanente de gobierno”, dijo. Por eso, dio a conocer que ordenará la implementación de herramientas modernas para detectar y perseguir el uso indebido de los recursos.

“No voy a tolerar ningún escándalo de corrupción, por pequeño que sea”, aseveró. Además, informó que pondrá en conocimiento de las autoridades todos los datos que ponen en evidencia hechos de corrupción que se presentaron en la administración de Gustavo Petro.

Adicionalmente, afirmó que las mujeres tendrán un papel crucial en su Gobierno.

La economía de Colombia: una reforma de carácter tributario

Sobre la situación económica que enfrenta el país, el nuevo presidente explicó que ninguna Nación puede prosperar si se gasta sin control, algo que, a su juicio, se evidenció en la administración del exmandatario Gustavo Petro, lo que terminó por debilitar las finanzas nacionales.

En consecuencia, anunció que en las próximas horas firmará un decreto de congelamiento del gasto público. Sin embargo, aclaró que su política de austeridad no afectará a las personas que más necesitan la protección del Estado colombiano. “Los programas dirigidos a la población más vulnerable serán preservados”, indicó.

Y, con el fin de mejorar la situación económica y fiscal de Colombia, aseguró que es necesario apuntarle a la producción, a la exportación y a la generación de riqueza. Por eso, envió un mensaje a los empresarios: dijo que su Gobierno será un aliado.

“Mi Gobierno presentará una reforma estructural del sistema tributario para simplificarlo (...). El impuesto al patrimonio será eliminado”, informó.

Además, aclaró que respetará la independencia del Banco de la República y aseguró que buscará la manera de que Colombia recupere su prestigio ante la comunidad internacional. A esto se suma su objetivo de recuperar a Ecopetrol y anunció que autorizará el desarrollo del fracking “responsable” y una política de exploración y producción de hidrocarburos.

La protección de las mujeres, los niños y los pobres

Por otro lado, el presidente De la Espriella indicó que su Gobierno no tolerará ninguna forma de violencia que se ejerza sobre las mujeres y los niños, niñas y adolescentes en Colombia. “Aquel que atenta contra una mujer o un niño merece ser castigado con cadena perpetua”, aseveró.

Adicionalmente, afirmó que las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores, los cuidadores y quienes viven en condiciones de vulnerabilidad no serán invisibles en su administración. Por eso, insistió en que su Gobierno concentrará sus esfuerzos para que todos ellos puedan tener acceso a empleo, salud, educación y vivienda.

“Mi mayor fuente de angustia, lo confieso, son los pobres y por ellos me la voy a jugar, por ellos me voy a hacer moler”, aseveró.

Durante la administración el exmandatario Gustavo Petro, el primer jefe de Estado de izquierda que tuvo la Nación, se reportó un deterioro en la prestación de los servicios de salud, sobre todo para los maestros –que vivieron un cambio de modelo aparentemente fallido– y la ciudadanía afiliada a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, aunque las fallas se mantienen en el sistema de salud en general.

También se documentó el fortalecimiento de varios grupos armados, pese a sus esfuerzos para lograr su desmovilización y desescalar la violencia a través de la implementación de su política de Paz Total.

En ese sentido, el primer mandatario deberá hacer frente a ese complejo panorama y, según expertos, en cada sector tiene al menos tres retos cruciales por abordar.

Retos en materia de salud: financiación, barreras y tecnología

Sobre la crisis que se evidencia en el sistema de salud, el profesor e investigador de la Universidad de La Sabana Erwin Hernando Hernández Rincón explicó que el primer punto que el jefe de Estado debe atender es la financiación. Según detalló, es necesario que la administración encuentre distintas fuentes de financiación para llenar los vacíos actuales.

“El país, en ciertos escenarios y en distintas latitudes, ha tenido distintos problemas para poder responder a las necesidades financieras, posiblemente por la insuficiencia de la unidad de pago por capitación, las deudas de las EPS, también las deudas hacia los hospitales, lo cual genera un déficit importante. El Gobierno va a tener que buscar distintas fuentes o hacer una gimnasia financiera para poder responder a estas necesidades”, precisó.

De igual manera, explicó que se debe enfocar en desmantelar las barreras de acceso que enfrentan diariamente los usuarios del sistema de salud. Mencionó, por ejemplo, las listas de espera, las demoras en la asignación de citas médicas o procedimientos, y la falta de entrega de medicamentos.

“Esto es vital porque los tiempos de espera, aunque en muchos lugares del mundo pueden llegar a tres meses, en Colombia hace muchos años no eran tan prolongados y en este momento en Colombia sí presentan un desafío importante para la población”, detalló.

El tercer reto que detectó el experto en materia de salud para el Gobierno es responder a las necesidades de la población. Recordó que hay ciudadanos que viven en zonas rurales y dispersas que enfrentan todavía más dificultades para acceder a los servicios de salud.

Indicó que en los casos urbanos también hay dificultades para atender a la población por la falta de profesionales de la salud. En ese sentido, recomendó apuntarle al uso de la tecnología y de la inteligencia artificial para conectar a los pacientes con los médicos tratantes.

Retos en materia de seguridad: extorsión, hacinamiento y recursos

Por otro lado, el politólogo Omar Oróstegui, docente de la Universidad de La Sabana, indicó que el presidente Abelardo de la Espriella tendrá que mejorar la seguridad en entornos urbanos. A su juicio, eso implica atacar el flagelo de la extorsión, que ha estado creciendo de manera exponencial, sobre todo en ciudades principales como Cali, Bogotá, Barranquilla.

“Todo el tema de microtráfico, que viene afectando también muchísimo a las ciudades y sobre todo también el tema de violencia urbana y hurtos, hurtos a personas, hurtos de celulares. Eso va a significar, entre otras cosas, modificar el marco legal y normativo para poder afrontar estos problemas urbanos hoy en las principales ciudades del país”, detalló.

De igual manera, aseguró que el jefe de Estado debe abordar el problema de hacinamiento “crítico” que hay en el sistema carcelario y penitenciario del país, lo que incluye, además de las cárceles, las URI y las inspecciones de Policía. Desde su perspectiva, es necesario que destine esfuerzos para mejorar la infraestructura.

“Mirar cómo se va a materializar la promesa de campaña de las megacárceles y sobre todo, de dónde sacar los recursos para poder operar y hacer posible esta apuesta de política pública”, dijo.

Finalmente, aseguró que De la Espriella debe atacar el lavado de activos, el narcotráfico manejado por las organizaciones delincuenciales y el crimen transfronterizo.

Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, protagonizó una discusión con el creador de contenido y politólogo en formación Santiago Giraldo, que a través de sus redes sociales ha criticado al partido Centro Democrático y, al mismo tiempo, ha mostrado su respaldo al mandatario electo Abelardo de la Espriella.

En la red social X, el influenciador solicitó al partido político de derecha reaccionar a una solicitud de rectificación que hizo a Tomás Uribe, debido a una publicación en X en la que se refirió a él y a otros creadores de contenido como “matones”: “Estos son los matones que quieren acabar al @CeDemocratico”.

“Le hemos dado todas las oportunidades para que rectifique de manera voluntaria su afirmación de llamarnos “matones”. No es correcto que ustedes ignoren nuestra solicitud legal y pretender seguir el debate político como si nada hubiera pasado”, precisó Giraldo en su cuenta de X.

Afirmó que, aunque los creadores de contenido que han sido señalados por el Centro Democrático vienen “de abajo”, no se debe permitir que se vulneren sus derechos fundamentales. En consecuencia, informó que, si no se hace la respectiva rectificación que solicitó, el lunes 10 de agosto radicará una acción de tutela.

“Esperamos que después no digan que no les avisamos o que somos los culpables. El derecho al buen nombre es de todos los colombianos y todos tenemos deberes como ciudadanos sin distinción alguna”, aseveró.

Tomás Uribe respondió a la publicación de Santiago Giraldo y advirtió sobre una presunta persecución que se estaría llevando a cabo en contra del Centro Democrático. Según detalló, esta estrategia se estaría implementando desde diciembre de 2025.

“Primero nos persiguió (Juan Manuel) Santos. Después nos persiguió (Iván) Cepeda. Ahora el matoneo viene de otra parte. Llevan desde diciembre encarnizados con nosotros y con el @CeDemocratico. Lamentable”, señaló.

El influenciador Vincent Ramos también hizo una publicación en X en contra del partido político de derecha, pero, posteriormente lo borró. El comentario hacía referencia a un eventual final de la colectividad. “Vamos a reducir al Centro Democrático a cero”, aseveró el creador de contenido.

Los creadores de contenido Vincent Ramos, Santiago Giraldo, Oswaldo Ortiz, Miguel Zárate y Alejandro Bermeo fueron mencionados en una publicación del Centro Democrático en la que los señaló de estar recibiendo dinero a cambio de “maltratar” a la colectividad en redes sociales. El partido indicó que, incluso, algunos de ellos estuvieron presentes en el Congreso de la Repúblico el 20 de julio, fecha en la que se llevó a cabo la respectiva instalación del Legislativo.

“Mientras este Partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”, señaló el partido.

Miguel Zárate se pronunció al respecto a través de un video en el que aseguró que el movimiento político los estaba perfilando. Además, indicó que, aunque en un inicio respaldó a la colectividad, ahora está decepcionado de ella.

Asimismo, confirmó que sí estuvo en el Congreso el 20 julio, acompañando a algunos congresistas en su posesión. “Si se sintieron presionados, eso es cuestión suya. Si se sintieron presionados, lo seguiremos haciendo, porque ustedes ayer rompieron la confianza con los colombianos votando en pacha con el Pacto Histórico, los mismos que hoy siguen siendo gobierno, porque hoy el Pacto Histórico, lo recuerdo, es gobierno hasta el 7 de agosto y ustedes votaron con el gobierno de Gustavo Petro para derrotar al presidente Abelardo de la Espriella”, dijo.

Por medio de un comunicado, la bancada del Pacto Histórico en el Congreso informó que el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, decidió no permitir que los congresistas del partido hagan uso del Salón Elíptico del Capitolio Nacional el 7 de agosto de 2026.

La colectividad tenía planeado hacer un evento en el lugar, mientras el resto del Legislativo asiste a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la República en Cali, Valle del Cauca. Además, pretendía dar un discurso en calidad de partido opositor en el Salón Elíptico.

Sin embargo, según la movimiento político, el presidente de la Cámara indicó que, debido a la falta de personal técnico y a problemas de seguridad, no sería posible el uso del Salón Elíptico por parte de los congresistas y también negó el ingreso de líderes y lideresas sociales al lugar. De acuerdo con la bancada del Pacto Histórico, las personas invitadas a ese acto ya habían sido debidamente identificadas.

El partido rechazó los argumentos esgrimidos por Nicolás Barguil. Advirtió que las dificultades técnicas y logísticas no pueden estar por encima de las garantías políticas, constitucionales y democráticas con las que deben contar quienes hacen oposición política.

“Resulta especialmente grave que quien preside la Cámara adopte decisiones que restringen el ejercicio legítimo de la oposición y limiten la participación ciudadana en un acto político pacífico desarrollado en la sede del Congreso de la República”, expresó el movimiento político en la comunicación oficial.

Así las cosas, debido a que no se permitirá el uso del Salón Elíptico para los fines propuestos por el partido, la bancada determinó que el discurso que se preparó para la opinión pública sí se dará, pero en otro espacio: a las afueras del Capitolio Nacional. En ese sentido, invitó a la población colombiana a acompañar su evento que, según recalcó, es completamente pacífico.

“La declaración política de la Bancada del Pacto Histórico se realizará, de manera pública, abierta y completamente pacífica, en las escalinatas del Capitolio Nacional. Invitamos a la ciudadanía, a los líderes y lideresas sociales, a la Dirección Nacional y Distrital del Pacto Histórico y a los medios de comunicación a acompañar este evento pacífico, en defensa de la vida, la democracia, la soberanía nacional y las garantías para el ejercicio de la oposición”, informó el partido en el comunicado.

Adicionalmente, instó a la Policía Nacional y a las demás autoridades competentes a que garanticen la seguridad de los legisladores del Pacto que harán presencia en el lugar, así como la de los periodistas y líderes y lideresas sociales que los acompañarán. En ese sentido, la colectividad condenó cualquier provocación o acto de violencia que llegue a presentarse durante el evento.

El movimiento político reiteró su rechazo hacia la determinación del presidente de la Cámara de Representantes y aseguró que con ella restringió el ejercicio legítimo de la oposición y limitó la participación ciudadana en un acto político pacífico, que ya estaba previsto para realizarse en la sede principal del Congreso.

“Las garantías democráticas no pueden quedar subordinadas a excusas administrativas o logísticas. La democracia se fortalece garantizando la participación de la oposición, no restringiéndola”, añadió.

Ante la prensa, el presidente del Senado de la República, Honorio Henríquez, se refirió a la situación expuesta por el Pacto Histórico. Aclaró que los legisladores tienen completa libertad para usar las instalaciones del Congreso, pero advirtió que no hay personal que se encargue del manejo de los equipos. También confirmó que solo se permitió el ingreso de los congresistas.

“Nosotros no tenemos personal allá, estamos todos desplegados aquí en la ciudad de Cali. No hay quien maneje esos equipos, pero ellos pueden estar en las instalaciones del Congreso, los congresistas. Obviamente, con todas las medidas de seguridad. Lo que tengo entendido es que van a estar en distintas regiones del país”, dijo.

El 7 de agosto de 2026, Abelardo de la Espriella se posesionará como presidente de la República de Colombia y se convertirá en el sucesor del actual mandatario, Gustavo Petro Urrego. El abogado llevará a cabo la ceremonia de posesión en Cali, Valle del Cauca, específicamente en la Universidad Santiago de Cali (USC), a las 3:00 p. m.

De acuerdo con Noticias Caracol, hubo un cambio en el acto protocolario: De la Espriella no dará un discurso frente al Congreso, que aprobó el traslado de su sede a Cali para que se pueda realizar la ceremonia. Únicamente habrá un saludo de su parte.

De acuerdo con el orden del día establecido por el Congreso de la República para el 7 de agosto, la jornada iniciará a las 12:00 p. m., con el llamado a lista de los congresistas. Luego, se realizará el nombramiento de las comisiones protocolarias que se encargarán de informar al presidente electo que el Congreso se encuentra reunido en pleno para hacer efectiva su posesión.

Posteriormente, se entonará el himno nacional y después se llevará a cabo la toma de juramento e imposición de la banda presidencial a Abelardo de la Espriella. Esa responsabilidad estará en manos del presidente del Congreso, Honorio Miguel Henríquez.

Posteriormente, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano hará su respectiva toma de juramento ante el presidente de la República ya posesionado.

Tras la realización de estos actos protocolarios, el presidente del Congreso dará unas palabras ante los asistentes y, posteriormente, está prevista la intervención de Abelardo de la Espriella que se limitaría a un saludo.

Finalmente, se hará lectura del acta de posesión del presidente de la República y la misma será aprobada.

Al terminar la ceremonia, el nuevo mandatario de Colombia se dirigirá al Cuartel del Batallón Pichincha, donde será reconocido como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Además, allí se realizará un acto solemne de reconocimiento de tropas.

En importante recordar que los congresistas del Pacto Histórico no asistirán a la posesión de Abelardo de la Espriella. Sin embargo, el mandatario electo contará con la presencia de suficientes legisladores para que su acto de posesión se ajuste a la normativa. Pues, se requiere de la asistencia de al menos 52 senadores y 92 representantes a la Cámara.

La presencia del Legislativo en la ceremonia no es opcional para el presidente electo. De acuerdo con el artículo 192 de la Constitución Política de Colombia, el acto protocolario debe efectuarse ante el Congreso y, únicamente en casos excepcionales, puede hacerse ante la Corte Suprema de Justicia o ante testigos.

“El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia”. Si por cualquier motivo el Presidente de la República no pudiere tomar posesión ante el Congreso, lo hará ante la Corte Suprema de Justicia o, en defecto de ésta, ante dos testigos”, precisa la normativa.

Ahora bien, pese a que la norma es clara en indicar que la posesión presidencial se ejecuta ante el Congreso, no especifica que esta deba hacerse en el Capitolio Nacional, ubicado en Bogotá, que es la sede principal del Senado de la República y la Cámara de Representantes.

Por eso, Abelardo de la Espriella podrá posesionarse como jefe de Estado en otra ciudad. Sin embargo, para cumplir con lo establecido en la Constitución Política, fue necesario que se presentara una proposición en el Senado y la Cámara para autorizar el traslado del Congreso en pleno a Cali.

Hermann Leopold Tertsch, diputado de derecha del Parlamento Europeo, llegó a Cali, Valle del Cauca, donde se llevará a cabo la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia. La ceremonia se realizará el 7 de agosto, a las 3:00 p. m., en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC).

De acuerdo con el eurodiputado, que viajó al país con una delegación del partido político español Vox, el cambio de Gobierno que tendrá Colombia es positivo, puesto que pasará de una administración de izquierda, liderada por el mandatario Gustavo Petro, a una de derecha, representada por De la Espriella.

Desde su perspectiva, el país pasó por años “realmente tristes” y que, ahora que De la Espriella llegará al poder, la Nación se unirá a un “cambio de era” que se está presentando en Iberoamérica y en Europa.

“La veo llena de ilusión y llena de emoción. Después de estos años realmente tristes, unos años que han desmarcado, yo creo que estamos ante un cambio de era en toda Iberoamérica, todo el mundo en realidad, porque está pasando en Europa también. En Europa están creciendo también las mismas posiciones de defensa de la libertad, de defensa de la empresa, de realmente de cortar con esos intervencionismos y esas injerencias”, dijo el diputado a los medios de comunicación.

A su juicio, la transición generalizada hacia gobiernos de derecha que se está evidenciando es “espectacular” y “Colombia es la joya de la corona en ese sentido”.

Por otro lado, criticó el hecho de que, en 2023, el presidente Gustavo Petro recibiera la Llave de Oro de la Villa de Madrid, la cual le fue entregada por el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida. El mandatario local indicó que el otorgamiento de la llave constituía un “símbolo de gratitud” por la visita de Petro y una “muestra de aprecio” a la población colombiana.

“A nosotros nos avergonzó profundamente que Petro fuera agasajado en el parlamento español, que recibiera también la Llave de Oro de la ciudad de Madrid por parte del Partido Popular, nada menos, que tenía que haber tenido un poquito más de cuidado a la hora de homenajear a alguien con el perfil de Petro”, aseveró.

De acuerdo con el eurodiputado, el perfil del jefe de Estado colombiano saliente sería el de “un enemigo de la verdad y de la libertad”. Incluso, aseguró que el presidente sería uno de esos símbolos que ha llevado “dolor, miseria, sangre, pobreza” al territorio durante 50 años.

Asimismo, en diálogo con El Meridiano, comparó a Gustavo Petro con el actual mandatario de España, Pedro Sánchez, a cuyo Gobierno calificó como “criminal”. En sus declaraciones, el diputado aseguró que un punto en común que tendrían las administraciones de Colombia y España sería el acercamiento y diálogo con organizaciones criminales.

En el caso del Gobierno Petro, esas conversaciones con los grupos armados hacen parte de la política de Paz Total que implementó, la cual estaba orientada a desescalar la violencia en el país por medio de acuerdos pactados entre el Estado y los criminales. Sin embargo, varias de esas negociaciones no surtieron efecto.

“Es un Gobierno que trabaja contra su pueblo. El Gobierno español es muy parecido a lo que tenía aquí Petro, en que ha estado haciendo complicidades y negociaciones y acuerdos con los peores criminales que existen. Un Sánchez se parece mucho a Petro y a la gente de Petro. (...) Sánchez es Petro”, precisó Tertsch al informativo citado.

En consecuencia, reiteró su respaldo al cambio de administración en Colombia y auguró buenos resultados para Abelardo de la Espriella. “Yo creo que eso se acaba, gracias a Dios se acaba, y eso nos mete en un capítulo realmente distinto de la historia, que creemos que puede ser un capítulo absolutamente magnífico”, indicó el eurodiputado a los medios de comunicación.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó que llamaron a interrogatorio al fiscal Gabriel Jaimes Durán, debido a que, en su momento, solicitó la preclusión del proceso penal que se adelantaba en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal –de los cuales fue absuelto en segunda instancia–.

“Citación a diligencia de interrogatorio ordenada por la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, dentro del radicado de la referencia, la cual se realizará a partir de las 14:00 p. m. el día jueves 6 de agosto de 2026, de manera presencial (...). Diligencia que versa sobre las actuaciones por usted realizadas dentro del proceso adelantado en contra del Dr. Álvaro Uribe Vélez, en el cual usted solicitó la preclusión”, se lee en la comunicación que fue allegada al funcionario, la cual fue revelada por Noticias Caracol.

De acuerdo con el ex jefe de Estado, la citación a interrogatorio constituye un “atropello” contra una persona que fungió como administradora de justicia. Además, aclaró que conoció a Jaimes Durán en las audiencias de preclusión que se llevaron a cabo en su momento, las cuales se realizaron de manera virtual.

“Coincidió con otro fiscal en el pedido de preclusión siguiente. También con la sala del Tribunal de Bogotá que por mayoría me absolvió. Este atropello contra un administrador de Justicia crea más desconfianza -la persecución que Colombia debe eliminar-”, detalló.

El abogado Juan Manuel Castellanos Ovalle asumió la defensa técnica del fiscal Gabriel Jaimes. En un comunicado que emitió al respecto, informó que la diligencia finalmente quedó programada para el 12 de agosto y que tanto él como su cliente acudirán al llamado de la Fiscalía.

Asimismo, explicó que el llamado a interrogatorio responde a una denuncia que instauraron el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro y el abogado y exministro de Justicia Eduardo Montealegre, ambos declarados como víctimas en el proceso penal que se surtió contra Uribe Vélez.

El abogado aseguró que su prohijado no incurrió en ninguna conducta contraria a la ley al adelantar las respectivas actuaciones en el proceso. En ese sentido, indicó que la defensa espera que el caso se archive, teniendo en cuenta también que el caso contra Uribe Vélez culminó –parcialmente– en una absolución.

“Desde ya tengo que advertir que no existe irregularidad alguna por parte del funcionario, para este abogado llama poderosamente la diligencia, lo mínimo que espera la defensa es un archivo por las características propias del proceso que se surtió en contra del Expresidente Condena/absolución”, indicó.

El expresidente Uribe Vélez fue investigado por los delitos de soborno en actuación penal, fraude procesal y, en su momento, se añadió el tipo penal de soborno. En primera instancia, la jueza 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, lo condenó a 12 años de prisión domiciliaria por presuntamente haber sobornado testigos para que, con sus testimonios, lo favorecieran ante la justicia.

Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión de la jueza y determinó la absolución del ex jefe de Estado. Ahora, se espera que el caso sea estudiado por la Corte Suprema de Justicia, luego de que las víctimas y la Fiscalía presentaran recursos de casación.

Tras el fallo absolutorio, el exmandatario ofreció una rueda de prensa en la que aseguró que en todo momento habló con la verdad y pidió excusas a la justicia colombiana por el tiempo que se le dedicó a ese proceso penal, que duró muchos años.

“He dicho a lo largo de esta extensa vida pública, la verdad a mis compatriotas (...). Gracias a mi familia, por su compañía, a todos, a mi señora, a tantos profesionales que me ayudaron con sus conceptos jurídicos rigurosos. Quiero agradecer muy especialmente a Carolina Escamilla, Julia Correa Nuttin y a Isabel Mejía por su dedicación. Me ayudaron a tomar nota de todas las audiencias y a preparar mi defensa”, dijo.

La Superintendencia Nacional de Salud informó que el actual superintendente delegado para la Protección al Usuario, Juan David Duque, asumirá como superintendente Nacional de Salud encargado, cargo que actualmente ostenta el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle.

La designación temporal de Duque en la dirección de la entidad se mantendrá hasta que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella nombre a la persona que asumirá el cargo. El mandatario electo se posesionará como jefe de Estado el 7 de agosto de 2026 y ya conformó su gabinete ministerial y nombró a algunas personas que asumirán el liderazgo de algunas dependencias e instituciones, pero todavía hace falta que establezca algunas designaciones.

La entidad indicó que el funcionario dará continuidad a las labores adelantadas por Daniel Quintero como superintendente, en pro de velar por la protección del derecho a la salud de los ciudadanos.

“Garantizará la continuidad de la gestión institucional y las labores de inspección, vigilancia y control, así como las estrategias para proteger los derechos de los usuarios y fortalecer el acceso oportuno a los servicios de salud”, precisó la Superintendencia de Salud en X.

Por otro lado, Daniel Quintero publicó en sus redes sociales un video en el que mostró la despedida que tuvo con los funcionarios de la entidad. El exalcalde agradeció a su equipo de trabajo.

“Agradecerles por haberme permitido estar acá, pero también por lo que hacen ustedes por Colombia, por los colombianos. Me voy con mucha nostalgia, de verdad, porque aquí conocí gente muy bonita, gente que hace cosas muy lindas por el país. Deseo que les vaya muy, muy bien. Gracias por lo que hacen por Colombia, por lo que hacen por la gente y por haberme permitido estar acá. Dios les pague y muchas, muchas bendiciones”, indicó.

Últimas actuaciones de la superintendencia bajo la dirección de Quintero

La Superintendencia Nacional de Salud, bajo el liderazgo de Daniel Quintero, llevó a cabo varias diligencias de inspección y vigilancia que se centraron, sobre todo, en el funcionamiento de los dispensarios de medicamentos en Colombia. Sin embargo, también se adelantaron auditorías territoriales que dejaron en evidencia casos de presunta malversación de fondos.

La auditoría más reciente se hizo en la Gobernación y en la Secretaría de Salud de Antioquia. De acuerdo con el superintendente saliente, se identificaron 23 hallazgos administrativos. Además, se detectaron seis hallazgos de carácter disciplinario, cuatro de carácter fiscal y tres penales.

“Según el equipo de auditoría, la Gobernación de Antioquia había malversado $4.700 millones del Sistema General de Participaciones que debían ir a municipios de categoría cinco y seis para tareas de gestión de salud pública. Estos recursos terminaron en cuentas bancarias de ESE, es decir, Empresas Sociales del Estado, sin contrato y por fuera de las cuentas oficiales”, detalló Quintero en una rueda de prensa.

Asimismo, advirtió sobre posibles actos de negligencia por parte de la Gobernación de Antioquia en la atención en salud de dos menores de edad indígenas que, según informó, fallecieron. De acuerdo con el funcionario, una de las pacientes estaba en estado de embarazo.

“La Gobernación de Antioquia tenía la misión, la obligación, no solo de cuidar a su población, sino que habían varias tareas y protocolos que debían seguir en relación a la población embarazada con riesgo alto. Este era un caso de riesgo alto. La Gobernación de Antioquia no lo hizo. Hubo negligencia ahí”, indicó.

Luego de que Quintero diera a conocer los hallazgos de la Superintendencia Nacional de Salud, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano, reaccionó. La funcionaria puso en duda los resultados de la auditoría de la entidad.

En consecuencia, la superintendencia emitió un comunicado en el que rechazó las declaraciones de Solano e informó que adelantará acciones legales en su contra por los delitos de injuria y calumnia y violencia contra servidor público.

“La información contenida en el informe de auditoría no obedece a criterios políticos ni coyunturales, sino a un ejercicio ordinario de inspección, vigilancia y control sobre el uso de los recursos y demás rentas destinadas a la salud pública departamental”, detalló la superintendencia en la comunicación oficial.

El Pacto Histórico informó a través de un comunicado que las mesas directivas del Congreso de la República no le permitirán realizar un evento que tiene programado el partido para el 7 de agosto de 2026, fecha de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella. De acuerdo con la información que suministró, su objetivo es utilizar el Capitolio Nacional, en Bogotá, para presentar una declaración política de la oposición.

Ese día, todo el Legislativo se trasladará a la ciudad de Cali, Valle del Cauca, para participar en la ceremonia de posesión del mandatario entrante. Sin embargo, los congresistas del Pacto Histórico no estarán presentes en el acto protocolario y, en esa medida, esperan disponer de la sede principal del Congreso en Bogotá para hacer un pronunciamiento como oposición.

La bancada del partido político advirtió que el haber autorizado el traslado del Congreso en pleno para la ceremonia de posesión presidencial no implica que el Capitolio Nacional deba cerrar ni que sus actividades constitucionales tengan que ser suspendidas.

“El Congreso no pertenece a sus mesas directivas ni a las mayorías políticas de turno; pertenece a la Nación y debe permanecer abierto al ejercicio de la representación democrática, el pluralismo político y las garantías de todas las fuerzas con representación parlamentaria”, precisó el Pacto Histórico en la comunicación oficial.

El movimiento político aseguró que, si se niega o dilata de manera injustificada la realización del evento que ya se convocó, las mesas directivas del Congreso estarían incurriendo en una “grave vulneración” de las garantías constitucionales de la oposición, así como de otros principios como el pluralismo político.

Recordó, además, que millones de colombianos se sienten representados por la colectividad y que, en esa medida, tienen derecho a ser escuchados a través de la bancada más numerosa del Congreso de la República.

De igual manera, informó que el evento que planean realizar será pacífico, democrático e institucional y tendrá como objetivo defender la vida, la democracia, la soberanía, la Constitución y el Estado social de derecho. En ese sentido, rechazó cualquier acto de violencia o de provocación que se presente y que esté dirigido a afectar su convocatoria al evento o que sea utilizado como pretexto para “restringir las garantías de la oposición o limitar el ejercicio de los derechos democráticos”.

“Exigimos a las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes habilitar el normal funcionamiento del Congreso en su sede principal, autorizar de manera inmediata la realización de este evento y garantizar el pleno ejercicio de los derechos de la oposición, en cumplimiento de la Constitución Política, la Ley 5 de 1992 y el Estatuto de la Oposición”, añadió.

El Pacto Histórico advirtió que, si persiste la postura de las mesas directivas del Congreso de no permitir la realización del evento en cuestión, la bancada acudirá a todas las instancias constitucionales, legales y judiciales competentes, con el objetivo de garantizar que los derechos de la oposición sean debidamente protegidos.

“La democracia se fortalece con más deliberación, más garantías y más respeto por el pluralismo político; nunca cerrando las puertas del Congreso ni restringiendo la voz de la oposición”, indicó.

El director nacional del Pacto Histórico, el representante a la Cámara por Bogotá Gabriel Becerra, se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que calificó como “absurdo” el hecho de que las mesas directivas del Legislativo todavía no hayan dado vía libre al desarrollo del evento.

“En una democracia se garantizan los derechos de la oposición; no se le cierran las puertas del Congreso, no se le persigue ni se le silencia. Exigimos garantías democráticas y respeto por la Constitución”, aseveró.

El 12 de agosto de 2026, en una sesión del Congreso de la República en pleno convocada por las mesas directivas del Senado y la Cámara de Representantes, se elegirá al nuevo contralor General de la República. La persona seleccionada reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

La dirección de la Contraloría General de la República se disputa entre 10 aspirantes:

1. Luis Enrique Abadía García
2. Andrés Castro Franco
3. Jorge Eliécer Laverde Vargas
4. Ana Elena Monsalvo Herrera
5. Carlos Mario Zuluaga Pardo
6. Julián Mauricio Ruiz Rodríguez
7. Diana Carolina Torres García
8. Amanda Madrid Panesso
9. Karol González Mora
10. Rosalba Jazmín Cabrales Romero

Días antes de que el Congreso en pleno se reúna para elegir al próximo contralor o contralora de la República, se adivrtió sobre un presunto interés del Gobierno electo de Abelardo de la Espriella de respaldar a alguno de los candidatos y sobre la realización de reuniones entre el ministro del Interior designado Rodrigo Lara y algunos políticos, con el fin de abordar el tema.

Sin embargo, fuentes de la administración entrante informaron a Infobae Colombia que dichos encuentros no tuvieron lugar en ningún momento. De acuerdo con el Gobierno electo, esos señalamientos carecen de sustento.

“Se desmiente de manera categórica la supuesta realización de reuniones entre el ministro Lara y los señores Simón Gaviria o César Gaviria (Partido Liberal) con el propósito de abordar asuntos relacionados con la elección del contralor. Dichas versiones carecen de veracidad y no corresponden a la realidad de la agenda gubernamental”, precisaron.

En ese sentido, aclararon que no se le ha otorgado ningún aval, respaldo ni guiño político a ninguno de los aspirantes que están compitiendo por la dirección de la Contraloría. Además, recalcaron que el Ejecutivo respeta la autonomía de los poderes públicos.

Asimismo, indicaron que la administración del presidente electo reconoce la independencia del Congreso de la República en la designación de quienes ejercen liderazgos en los órganos de control y que está comprometido con la transparencia institucional.

No es la primera vez que hay un pronunciamiento aclaratorio al respecto. A través de su cuenta de X, el ministro del Interior designado indicó que el Gobierno entrante no está buscando tener un “contralor de bolsillo” y aseguró que respeta plenamente la autonomía del Legislativo.

De igual manera, informó que la administración de De la Espriella está dispuesta a acompañar la elección del nuevo contralor, únicamente si cumple con características que, a su juicio, son esenciales para la persona que ocupe el cargo.

Según precisó, el sucesor de Carlos Hernán Rodríguez Becerra debe tener una clara postura contra la corrupción. De igual manera, indicó que el nuevo contralor o contralora no debe ser seleccionado mediante un “pacto de impunidad con el Pacto Histórico para tapar la grotesca corrupción del gobierno que se va”.

Por último, aseguró que los partidos políticos que son amigos de la administración entrante o que ya se declararon de gobierno deben lograr un consenso para escoger el mejor perfil entre los 10 aspirantes, “pensado únicamente en los intereses superiores de Colombia”.

“En esas condiciones, el gobierno entrante acompañará el proceso. La patria primero”, precisó el funcionario entrante en la red social.

Al igual que el Gobierno electo, el partido Centro Democrático emitió un pronunciamiento relacionado con la elección del contralor General de la República, en el que informó que la colectividad insistirá en que la persona seleccionada combata decididamente la corrupción, no permita la impunidad, no ejerza ninguna persecución política, haga un recorte de la burocracia y modernice tecnológicamente la entidad y desmonte contralorías municipales y departamentales.

“El Partido Centro Democrático ha escuchado a 8 de los 10 aspirantes a la Contraloría General de la República. El día martes 11 de agosto la bancada de congresistas del Partido discutirá y analizará el tema”, detalló.

En el evento Proyecto Colombia, de Prisa Media, Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, se refirió a su nombramiento, que está a pocos días de oficilizarse, teniendo en cuenta que el mandatario entrante se posesionará en el cargo el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con el funcionario electo, el presidente entrante aseguró haberse formado con él. Sin embargo, confesó que no lo recuerda bien. De acuerdo con sus declaraciones, lo vio pocas veces.

En todo caso, indicó que, cuando se definió su designación como ministro de Hacienda y Crédito Público, aclaró que su rol no será tomar el mismo camino que sus predecesores. Busca diferenciarse y no incurrir en conductas que puedan ser catalogadas como propias de la burocracia, así como tampoco busca convertirse en un “empresario intervencionista”.

“Él dice que fue alumno mío. Es posible. Pero yo no lo conocía. Lo había visto muy poco y yo la verdad no soy... ¿No? Yo le dije: ‘El problema es que yo no puedo ser el ministro de Hacienda que va a hacer más de lo mismo. Porque más de lo mismo no sirve. No sirve’. Y lo digo delante de esta audiencia. Lo único peor que un burócrata creativo es un empresario intervencionista", precisó.

En un comunicado emitido por la oficina de prensa del presidente electo Abelardo de la Espriella, se indica que Miguel Gómez Martínez tendrá como objetivo recuperar la confianza en las instituciones al asumir el liderazgo de la cartera de Hacienda, que actualmente está en manos de Germán Ávila.

La comunicación resalta la formación académica y trayectoria profesional del próximo ministro. Es economista y ha fungido como decano y docente. De igual manera, tiene una amplia experiencia en el sector público y privado: fue vicecontralor general de la República, presidente de Bancóldex, de la Cámara de Comercio Colombo-Americana y de Fasecolda, y embajador. Además, es experto en manejo de crisis.

“Gómez Martínez representa a los NUNCA, el que nunca se ha rendido ante la crisis, nunca se ha achicado ante los grandes retos y nunca ha dejado de decir la verdad. Su misión será recuperar la confianza institucional, defender el dinero de los colombianos trabajadores y ordenar las finanzas públicas con transparencia, disciplina y responsabilidad”, precisaron desde la oficina de prensa del mandatario electo.

Asimismo, indicó que, bajo el liderazgo de Gómez Martínez quedarán descartados los malos manejos de los recursos públicos.

“El mandatario cumple con su gabinete y trae a su gobierno, a los mejores, por eso en la Patria Milagro no habrá más mentiras, más desorden, más derroche ni más mente pequeña. Colombia entra en una nueva era de confianza, prosperidad y respeto por cada peso de los ciudadanos”, añadió.

El ministro entrante ya hizo un análisis de la situación fiscal y económica del país. De acuerdo con la verificación que hizo de los datos, el déficit fiscal real de Colombia alcanza el 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB). Este es el panorama que deberá enfrentar el Gobierno de Abelardo de la Espriella que, además, ya contempla la reducción de gastos para entrar en un ambiente de austeridad.

El funcionario designado aseguró que una de las prioridades que tiene la administración es abordar la crisis del sector eléctrico.

“Y se los voy a decir con toda tranquilidad. El déficit real de Colombia es 7,8% del PIB. No es lo que nos han dicho. La cifra es 7,8% (...). Tenemos que entregarle liquidez al sector eléctrico para que podamos prender al máximo las plantas térmicas y tratar de evitar, en la medida de lo posible, el apagón que nos amenaza”, dijo Gómez Martínez en el evento Proyecto Colombia.

A través de su cuenta de X, Will Cotrino, presidente de la Federación Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Fedecti), informó que solicitó el aplazamiento del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de Ciencia, Tecnología e Innovación que fue programado para el 6 de agosto de 2026.

Esta petición surgió en medio de denuncias públicas que advierten sobre la posible aprobación de 49 proyectos el día del encuentro, que justamente es el último día del Gobierno del presidente Gustavo Petro. De acuerdo con el periodista Sebastián Nohra, de Blu Radio, el valor de los proyectos en cuestión alcanza los $735.000 millones.

Así las cosas, la federación envió una comunicación a los miembros del Ocad y a su presidente, William Malkun Castillejo, en la que solicitó el cumplimiento de las decisiones y compromisos a los que se llegaron en la sesión que se llevó a cabo el 23 de julio de 2026, los cuales quedaron consignados en el Acta No. 73 del Ocad de CTel. De igual manera, pidió que se haga un análisis jurídico de los proyectos de convocatorias antes de que sean aprobados.

Por un lado, en el documento, la organización indicó en su momento se acordó que los términos de referencia contemplados en las convocatorias 54 y 55 iban a ser aprobados con la mayor celeridad y no que iban a ser diferidos al último día del Gobierno Petro.

“Diferir esta decisión al cierre del periodo gubernamental contradice la celeridad solicitada por el Departamento Nacional de Planeación y consignada en el acta, y expone a las convocatorias a riesgos evidentes de transición administrativa, parametrización y ejecución de cronogramas (...). Solicitamos, en consecuencia, que los términos de referencia de las Convocatorias Nro. 54 y 55 sean presentados y sometidos a votación en la sesión más próxima posible”, precisó la federación.

Por otro lado, cuestionó el hecho de que para la próxima sesión se anunciara la aprobación de solamente cinco de los 30 proyectos que figuran en la Convocatoria No. 44. Además, advirtió que, de manera coincidencial, esos proyectos corresponderían a entidades que fueron y son miembros del Ocad de 2026.

En ese sentido, pidió que se haga una revisión de los proyectos y que se deje constancia del régimen de impedimentos, recusaciones y conflictos de interés que se aplicaría en estos casos. Esto con el fin de brindar garantías de igualdad, imparcialidad, moralidad y transparencia.

“Sin poner en duda la buena fe de los proponentes ni el mérito técnico de las iniciativas, esta circunstancia exige del Órgano Colegiado un ejercicio reforzado de transparencia. Solicitamos respetuosamente: se verifique a profundidad la convocatoria y los proyectos, las razones porque los otros 30 proyectos de diferentes subregiones y diferentes universidades que ni siquiera fueron evaluados”, indicó.

Adicionalmente, recordó que en la sesión 73 se acordó aplazar la decisión sobre la Modificación No. 2 de la Convocatoria No. 47, así como también la de las modificaciones de las Convocatorias Nos. 51 y 52. Pese a ello, al parecer, esos temas no serán abordados en la sesión programada para el 6 de agosto.

“La Convocatoria No. 47 no aparece por ninguna parte en la agenda anunciada ni se conoce una ruta de solución. Solicitamos informar públicamente el estado del concepto jurídico solicitado, convocar sin dilación la sesión extraordinaria comprometida y adoptar una solución de fondo que proteja los derechos de los proponentes y los recursos de las regiones”, detalló.

Asimismo, solicitó a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a otros órganos de control hacer una verificación técnica de los proyectos de la Convocatoria 45.

“Fedecti reitera su disposición para participar en las mesas técnicas y jurídicas a que haya lugar y para aportar la información adicional que se estime pertinente y actúa como veedor del sistema y más en este régimen de transición y sobre todo hasta que no se le den trámite a las convocatorias de la 33 a 43 donde se tome una decisión final sobre las mismas”, indicó.

La investigación de carácter penal que se adelanta contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas por el delito de acoso sexual tuvo un giro inesperado, debido a la decisión que tomaron tres de las cuatro denunciantes de no ser vinculadas como víctimas en el proceso.

En un comunicado, las mujeres explicaron por qué tomaron esa determinación. “No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar”, precisaron.

Posteriormente, una de las denunciantes se pronunció a través de una comunicación de la organización El Veinte, que ejerce su representación. En el documento, insistió en que Jorge Alfredo Vargas, presuntamente, la acosó cuando trabajaba en Caracol Televisión y que, por ende, decidió denunciar los hechos ante la oficina dispuesta para ello en el canal.

Su caso llegó a manos de la Fiscalía General de la Nación luego de que el Ministerio del Trabajo hiciera una inspección en el canal y solicitara los documentos en los que reposaban las denuncias. Aclaró entonces que en ningún momento presentó una denuncia penal en contra del presentador, así como tampoco lo hicieron otras de las víctimas.

Así las cosas, según explicó, fue convocada a la audiencia de imputación de cargos contra Jorge Alfredo Vargas sin su consentimiento y sin tener en cuenta “los costos” de las agresiones que presuntamente cometió Jorge Alfredo Vargas contra ella y los efectos que tuvo en su salud mental y en su vida lo que ocurrió después.

La mujer solicitó que su nombre fuera anonimizado, pero la jueza que asumió el caso para la imputación de cargos no lo aceptó. Pese a ello, su abogada Ana Bejarano Ricaurte se abstuvo de revelar su nombre, por eso, la togada le solicitó que se retirara de la actuación.

En ese sentido, la ciudadana aseguró estar siendo objeto de una revictimización por parte del sistema de justicia colombiano. Aclaró, en todo caso, que el hecho de pedir que no se revele su nombre tiene un objetivo: evitar que sea objeto de más formas de revictimización en el proceso.

“La administración de justicia nos revictimiza, pero eso no quiere decir que no quiero que se haga justicia. Mi negación a que se revele mi nombre es una medida para protegerme de las consecuencias de ser revictimizada, como ya está ocurriendo, en el debate público”, precisó.

Así las cosas, confirmó su denuncia pública contra el periodista y presentador y solicitó a las voces públicas que abordan este tipo de temas que tengan en cuenta que hay víctimas que se sienten solas, atacadas y dañadas.

“No me retracto de nada de lo que acusé ante el canal y lo ratificaré ante la justicia de ser necesario, como es mi deber legal. (...). No busqué ni provoqué el acoso de Vargas”, detalló.

Por último, recordó que en abril de 2026 Caracol Televisión creó una comisión especial independiente para revisar el entorno laboral del canal. En cuatro meses, implementó una Política Integral para la Prevención, Atención y Eliminación del Acoso Sexual y las Violencias Basadas en Género que ya generó unos resultados. Estos indican que hay algunas conductas de acoso normalizadas y que, además, existe un desconocimiento sobre los protocolos disponibles para atender este tipo de situaciones.

“Aunque la compañía cuenta con protocolos y mecanismos para atender situaciones de acoso y violencia basada en género, una parte importante de las personas que trabajan en el canal no los conoce. La Comisión encontró también que algunas conductas de acoso, incompatibles con un entorno laboral seguro pueden llegar a normalizarse cuando quien las ejerce ocupa posiciones de poder y concluyó que, cuando estas situaciones fueron objeto de denuncias formales, la compañía activó los mecanismos institucionales correspondientes para su atención”, detalló el canal en un comunicado.

Según el jurista, hay elementos que demostrarían que Angie Rodríguez sí pudo haber sido víctima de un intento de envenenamiento.

“Durante la actuación y con fundamento en testimonios y además valoraciones técnicas que se practicaron por parte de la Fiscalía, se conoció que existen elementos muy importantes que apuntan a que habría sido objeto del suministro de sustancias que podrían tratarse de un posible envenenamiento en contra de la señora Angie Rodríguez”, precisó el abogado.

Según detalló, en la diligencia estuvo una médica de la Fiscalía. Confirmó que la experta recomendó la práctica de una prueba toxicológica, con el fin de avanzar en la investigación.

“Todo este material probatorio, sumado a las denuncias ya presentadas, permitirá que la Fiscalía General de la Nación establezca con rigor qué fue lo que realmente ocurrió y además que determine las posibles responsabilidades a que haya lugar”, indicó.

El abogado Manuel Villanueva, que también ejerce como apoderado de la exfuncionaria, indicó que la diligencia duró más de seis horas y que en ella, la médica de la Fiscalía “pudo evidenciar y concluir que efectivamente Angie Rodríguez fue objeto de manipulación”.

En ese sentido, aseguró que se espera que la prueba toxicológica sirva para determinar si efectivamente le suministraron sustancias a Rodríguez y si el objetivo fue envenenarla.

“Toda esta información fue corroborada con testimonios y con pruebas técnicas que hace algún tiempo a través de la Fiscalía General de la Nación, porque ya existían denuncias en ese sentido. Esperaremos los resultados de la prueba toxicológica para conocer un poquito más a profundidad qué fue lo que pasó con la doctora Angie Rodríguez”, detalló.

De acuerdo con la denuncia formal que presentó la exfuncionaria ante la Fiscalía General de la Nación, a la cual tuvo acceso la revista Semana, la persona presuntamente responsable de haber intentado envenenarla sería Miguel Ángel Ospino, un hombre que fue su asesor en el Fondo Adaptación y que también trabajó con ella en el Dapre.

Según detalló, al parecer, el sujeto habría intentado envenenarla a través de vitaminas y pastas para aliviar el dolor de cabeza. “Por medio del presente escrito acudo a su Despacho para formular denuncia en contra del señor Miguel Ángel Ospino, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa y aquellos punibles que el ente investigador determine en el marco de sus competencias”, se lee en la denuncia instaurada por Rodríguez ante el ente acusador.

El espía que Angie Rodríguez habría descubierto

En una anterior oportunidad, la denunciante aseguró que también fue objeto de espionaje y seguimientos en el Fondo de Adaptación por parte de una persona presuntamente seleccionada por el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (Ungrd) Carlos Carrillo. Al parecer, ese funcionario habría sido Miguel Ángel Ospino, según una denuncia a la que tuvo acceso el diario El Tiempo.

La exdirectora del Dapre aseguró que el hombre habría recibido instrucciones de tomar registro de todas sus acciones en el Fondo de Adaptación. Además, lo señaló de incurrir en un presunto tráfico de la información que recolectó.

“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad. Era un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que luego me llevé al Fondo (...) Lo habría utilizado para que me grabara, me tomara fotos y así poder traficar, presuntamente, la información”, señaló Rodríguez en diálogo con Semana.

La Superintendencia Nacional de Salud reaccionó a las declaraciones de la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia, Alma Solano, sobre los hallazgos administrativos que denunció el superintendente Daniel Quintero Calle, que salpican a la Gobernación de Antioquia y a la secretaría.

De acuerdo con el funcionario, se identificaron 23 hallazgos administrativos, otros seis de carácter disciplinario, cuatro fiscales y tres penales. Advirtió sobre una presunta malversación de recursos, irregularidades en la transferencia de dinero del Sistema General de Participaciones y actos de negligencia que derivaron en la muerte de pacientes.

La versión de la Secretaría de Salud de Antioquia

Al respecto, la secretaria de Salud e Inclusión Social de Antioquia aseguró que en lo corrido de 2026, la entidad ha reportado más de 50 situaciones que involucran a las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, las cuales han afectado la vida de pacientes. Según indicó, hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de auditoría por parte de la superintendencia por los hechos denunciados.

Además, rechazó los señalamientos de la superintendencia sobre presunta negligencia de la Gobernación de Antioquia en el cuidado de dos menores de edad indígenas, una de ellas en estado de embarazo, que fallecieron.

“Quiero hacer un llamado de atención especial de cómo hoy se hace un señalamiento a la Secretaría de Salud de Antioquia y no se aplica ningún tipo de acción a las EPS a las cuales estaban afiliadas estas menores, que corresponden a Sabia Salud y Coosalud, intervenidas en el momento de su fallecimiento, donde se presentaron fallas en la prestación de los servicios”, detalló la secretaria de salud en declaraciones expuestas por Teleantioquia.

Con respecto a los hallazgos fiscales, la funcionaria aseguró que la Secretaría de Salud presentará todos los soportes para desvirtuar los señalamientos de la entidad, con el fin de demostrar que ha habido un manejo transparente de los recursos.

La respuesta de la Superintendencia de Salud: anunció acciones legales

Por medio de un comunicado, la Superintendencia Nacional de Salud rechazó “categóricamente” las declaraciones de la secretaria de Salud Alma Solano, puesto que cuestionó el alcance y la veracidad de la auditoría que se llevó a cabo y los hallazgos denunciados.

De acuerdo con la entidad, las irregularidades detectadas están relacionadas con el manejo de los recursos de la salud. De dichas anomalías hay evidencia documental, financiera y jurídica. Por eso, aseguró que las dudas que expuso la funcionaria con respecto a las denuncias de la superintendencia carecen de fundamento.

“La información contenida en el informe de auditoría no obedece a criterios políticos ni coyunturales, sino a un ejercicio ordinario de inspección, vigilancia y control sobre el uso de los recursos y demás rentas destinadas a la salud pública departamental”, detalló la entidad en la comunicación oficial.

En ese sentido, indicó que toda la información recolectada será puesta a disposición de las autoridades competentes: Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República y Fiscalía General de la Nación. Esto, con el fin de que adelanten las acciones investigativas requeridas para esclarecer los hechos.

Adicionalmente, advirtió que los señalamientos de la secretaria de Salud generan una afectación al buen nombre y la honra del superintendente Daniel Quintero Calle y de la institución. En consecuencia, la superintendencia instaurará una denuncia en contra de la funcionaria Alma Solano por los delitos de injuria y calumnia y violencia contra servidor público.

“La Superintendencia Nacional de Salud reitera su compromiso con la transparencia, la protección de los recursos públicos del sistema de salud y la defensa de los derechos de los usuarios, y continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional, sin distinción de filiación política o territorial”, añadió.

Tras una larga guerra arancelaria con Ecuador, que culminó en junio, Colombia decidió reanudar la exportación de energía eléctrica al vecino país. El Gobierno del presidente Gustavo Petro había suspendido las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con la administración del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, en enero de 2026.

El Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador emitió un comunicado en el que confirmó la decisión. De acuerdo con la información que suministró, la reanudación de las transacciones surgió luego de que las autoridades colombianas “dispusieran el restablecimiento de este mecanismo de integración energética”.

“Como resultado de la coordinación técnica entre el Operador Nacional de Electricidad del Ecuador (Cenace) y XM, operador del sistema eléctrico colombiano, para esta jornada se planificó la importación de 288 MW de energía, volumen que representa aproximadamente el 6,2 % de la demanda energética diaria del Ecuador. Gracias a las gestiones impulsadas por el Gobierno Nacional, esta operación se concreta en condiciones más competitivas para el país”, precisó la cartera ecuatoriana en la comunicación oficial.

El ministerio indicó que hubo una reducción en el precio promedio de importación de energía para esta jornada, puesto que se ubicó en USD 0,33 por kWh, lo que quiere decir que la disminución respecto de operaciones anteriores fue del 67%, aproximadamente, en las que el precio llegó a USD 0,99 por kWh.

“Estas transacciones se ejecutan bajo criterios estrictamente técnicos y económicos, de conformidad con la normativa vigente y en permanente coordinación entre los operadores de ambos países. Su aplicación permite aprovechar oportunidades de intercambio de energía cuando estas resultan convenientes para la operación del sistema”, precisó la cartera.

Ministro Edwin Palma reaccionó al comunicado del Gobierno de Ecuador

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma Egea, criticó la información expuesta por el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador. Según indicó, el Gobierno de Daniel Noboa no llevó a cabo ninguna gestión para reanudar las TIE; fue una determinación de la administración colombiana.

“Paja! Las exportaciones de energía hacia Ecuador se reanudan por una decisión política del Gobierno del presidente @petrogustavo, como una muestra de cooperación energética regional y de solidaridad con el hermano pueblo ecuatoriano. No hubo gestiones del Gobierno del presidente @DanielNoboaOk (sic)”, señaló.

El funcionario afirmó que la administración de Ecuador ha estado renuente a adelantar diálogos con el Gobierno colombiano y todavía mantiene medidas que afectan la economía del país, como el aumento del costo por el transporte de petróleo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote).

La administración de Noboa incrementó la tarifa en un 900% en enero de 2026. Así lo informó en su momento la exministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, en diálogo con el medio de comunicación Radio Sucesos.

“De pagar 3 dólares, más o menos, por pasar por el Sote, se subió a 30 dólares. Creo que es una tarifa que para los usuarios extranjeros es un servicio también sujeto a la disponibilidad, a la oportunidad (…). Lo hemos hecho porque, cuando salen las resoluciones de Arch son con decisión técnica, con una decisión legal, con una decisión responsable y también con un mensaje importante para Colombia”, precisó la funcionaria al medio radial citado.

Así las cosas, el ministro de Minas y Energía de Colombia aseguró que la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro no responde a intereses políticos ni diplomáticos; obedece a la necesidad de contribuir al bienestar de la ciudadanía y de “unir a los pueblos” a través de la energía eléctrica.

“Colombia vuelve a tender la mano al pueblo ecuatoriano, garantizando primero la seguridad energética de nuestro país y la conservación del agua de nuestros embalses para enfrentar el fenómeno de El Niño”, añadió.

Las cinco personas capturadas por el asesinato de la joven de 21 años María Camila Potosí en Cali, Valle del Cauca, y de su bebé Alahia, que fue extraída de su vientre, serán investigadas por otro delito adicional.

De acuerdo con la información de El Tiempo, además de enfrentar un proceso penal por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada (los tres agravados) y alteración de elemento material probatorio, el ente acusador les imputará cargos por el delito de homicidio.

Este tipo penal será añadido a la imputación debido al hallazgo del cuerpo de la bebé Alahia, que, según explicó en su momento el fiscal del caso, fue extraída del cuerpo de la joven por medio de una cesárea artesanal.

“La instrumentalización del cuerpo de María Camila como un fin ¿Cuál fue? Extraer violentamente de ella, mediante cesárea artesanal, a su hija nacida viva, Alahia Moncayo Potosí, y de manera concomitante causarle la muerte”, detalló el fiscal delegado.

Los hechos: el plan para hurtar a la bebé de María Camila Potosí

La investigación hasta ahora adelantada indica que la joven de 21 años, que tenía ocho meses de gestación, fue engañada por una mujer identificada como Yulieth Cecilia Angulo Escobar, que se alió con cuatro hombres para robar a su bebé. Los hechos se presentaron el 16 de julio de 2026, fecha en la que la víctima desapareció.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los demás implicados en los hechos son Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Todos habrían concertado para engañar a la víctima y llevarla hasta un inmueble ubicado en el sector de Alto de Polvorines, tarea de la que se encargó Yulieth Angulo que, según lo demuestran varias cámaras de seguridad, trasladó a María Camila en una motocicleta.

“Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo, y el día de los hechos le aseguró que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad”, detalló el ente acusador.

El objetivo era extraer a la bebé y, para ello, presuntamente, Nitzon Mondragón habría atacado a la joven en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante. Mientras tanto, García Zuluaga se habría encargado de vigilar el área y de informar sobre la presencia de las autoridades en “recorridos posteriores”.

“López Orozco se habría encargado de coordinar la logística del crimen, repartir los roles entre los implicados y garantizar el pago de 4 millones de pesos, suma que, según la investigación, había sido pactada previamente con Yulieth Cecilia Angulo Escobar”, detalló la Fiscalía.

Tras cometer el crimen, los procesados intentaron eliminar la evidencia del sitio. Posteriormente, Narváez Rodríguez habría ayudado a los demás implicados a salir del lugar junto con el cuerpo de la víctima. Al parecer, condujo hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde los señalados criminales abandonaron el cuerpo de María Camila; lo dejaron en el río Meléndez.

El cuerpo de la víctima fue encontrado cuatro días después de que se reportara su desaparición y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó que su bebé no estaba en su vientre. Posteriormente, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Policía Nacional hallaron el cadáver de la niña en una zona boscosa de la ciudad y los expertos forenses confirmaron que los restos sí correspondían a Alahia.

En la audiencia de imputación de cargos que se llevó a cabo ante un juez de control de garantías, ninguno de los procesados aceptó los cargos que les fueron endilgados por el ente acusador. Por su parte, el juez los cobijó con una medida de aseguramiento en centro carcelario, lo que implica que asumirán todo el proceso penal privados de la libertad, hasta que se resuelva su situación jurídica.

El partido Alianza Verde emitió un comunicado en el que rechazó el secuestro de uno de sus líderes y militantes en el municipio de Uribia, La Guajira: el ciudadano David Rafael Rodríguez Gómez, hijo de la autoridad tradicional David Rodríguez Viloria, del pueblo indígena wayuu, director de la Fundación Wanejana Wayaa y excandidato al concejo municipal.

El dirigente fue secuestrado en la noche del 30 de julio de 2026 por hombres armados. Junto con él también fueron retenidas ilegalmente las personas que lo acompañaban en ese momento. Desde entonces, los allegados de las víctimas desconocen qué pasó con ellas y el estado en el que se encuentran.

“El Partido Alianza Verde expresa su preocupación y rechazo por el secuestro de nuestro líder, dirigente y militante del municipio de Uribia, La Guajira, David Rafael Rodríguez Gómez. Como Partido comprometido con la construcción de paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos, reiteramos que la vida, la libertad y la dignidad de todas las personas y formas de vida son principios fundamentales que deben ser protegidos en todo momento”, indicó el partido político en la comunicación oficial.

El movimiento político recordó que sus bases están alineadas con la construcción de paz, la democracia y la defensa de los derechos humanos. Por eso, considera que la vida, la libertad y la dignidad son principios que deben ser protegidos.

En ese sentido, expresó su solidaridad con el militante, así como con su familia y los integrantes de la colectividad en La Guajira. Asimismo, exigió que sea liberado sano y salvo y pidió a las autoridades competentes continuar trabajando para hallarlo y rescatarlo.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) también se pronunció al respecto. Esto, teniendo en cuenta que el ciudadano brinda apoyo financiero a la supervisión de los servicios de Primera Infancia en el Centro Zonal Ichitki Wayuuwaapule. De acuerdo con la entidad, David Rodríguez ha trabajado con el Icbf durante casi cinco años, en los que su labor se ha centrado en acompañar a niños, niñas, familias y comunidades de La Guajira.

“Bienestar Familiar expresa su más sincera solidaridad a la familia Rodríguez Gómez, a sus seres queridos y a sus compañeros de trabajo. En estos momentos de incertidumbre y angustia, cuentan con acompañamiento y respaldo institucional. Asimismo, se mantiene la esperanza de que David Rodríguez Gómez regrese sano y salvo al lado de su familia”, indicó.

Asimismo, recordó que la vida, el respeto por la dignidad humana y la protección de la libertad son principios fundamentales que deben prevalecer.

Así las cosas, solicitó a las autoridades adelantar con celeridad todas las labores de búsqueda e investigación, con el fin de que, de manera pronta, se establezca el paradero de la víctima, se sepa la verdad sobre lo sucedido y los responsables del secuestro sean llevados oportunamente ante la justicia.

El Icbf instó a la población a contribuir con la búsqueda del militante de la Alianza Verde, proporcionando a las autoridades cualquier información que sea útil para su hallazgo.

“Invita a la ciudadanía a solidarizarse con esta búsqueda, difundiendo la información y suministrando oportunamente a las autoridades cualquier dato que pueda contribuir a establecer el paradero de David Rodríguez Gómez. Toda información puede ser determinante para apoyar las labores de búsqueda y facilitar su pronto y seguro regreso”, añadió.

La corporación Caribe Afirmativo también condenó los hechos y pidió a la Policía Nacional, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación, a la Gobernación de La Guajira y a la Alcaldía de Uribia que informen sobre las acciones que se están adelantando para encontrar a las personas secuestradas.

“Requerimos que se informe públicamente sobre los avances de la investigación y que se convoque una mesa interinstitucional con participación de las organizaciones sociales y de derechos humanos para evaluar la situación de seguridad en Uribia y definir medidas urgentes de prevención y protección”, precisó.

De acuerdo con la funcionaria, algunos de los cambios que el jefe de Estado entrante podrían agravar la situación de derechos humanos en el país, sobre todo, si esas medidas se adoptan desde el primer día de gobierno sin evaluar sus efectos constitucionales, institucionales y territoriales.

“Si bien el presidente electo tiene la facultad constitucional para definir las políticas y la organización del gobierno, algunas de las propuestas que se han conocido a través de diferentes medios podrían generar riesgos adicionales para los derechos humanos en un contexto que ya es crítico en esta materia. Esta situación merece especial atención porque se ha anunciado que algunas de estas decisiones serán adoptadas desde el primer día de gobierno”, detalló la funcionaria en un video publicado en sus redes.

En la misiva que envió al mandatario electo, la defensora pidió abrir un canal de trabajo de alto nivel entre la Presidencia, los ministerios competentes y la Defensoría del Pueblo durante los primeros días del nuevo mandato. El objetivo de esta propuesta, según explicó, es examinar los riesgos, presentar recomendaciones y establecer mecanismos de seguimiento antes de que se materialicen decisiones sobre seguridad, protesta social, paz, pueblos étnicos, educación, ambiente y política migratoria.

Una de las advertencias de Marín se centra en el ejercicio del periodismo. Indicó que el presidente y su gabinete pueden controvertir informaciones públicas o pedir aclaraciones, pero no definir quién ejerce legítimamente el oficio. La observación surgió después de que, según la carta, De la Espriella distinguiera entre periodistas auténticos y “activistas”, una diferencia que la defensora consideró riesgosa para la libertad de prensa, de expresión y de información.

Sobre protesta social, la funcionaria cuestión el anuncio del Gobierno entrante de derogar el Decreto 003 de 2021 y regresar al modelo del antiguo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) para contener disturbios. La defensora recordó que esa norma fue expedida en cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, aseguró que se redujeron los niveles de violencia imputables a la fuerza pública en la contención de manifestaciones gracias a las medidas que se han implementado hasta el momento.

Marín también se refirió a la oposición política. Afirmó que durante el proceso electoral (Presidencia de la República) que se vivió en Colombia verificó episodios de polarización extrema, violencia simbólica, estigmatización y difamación entre campañas. En ese sentido, advirtió que cualquier asociación entre la oposición y la violencia peuede derivar en un incremento de riesgos para quienes no están de acuerdo con la administración entrante.

Asimismo, objetó la designación del nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco Rodríguez. Señaló que en publicaciones que hizo en su momento el funcionario designado en redes sociales se evidencian expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas, dirigentes políticos y sectores opositores.

“Esto resulta especialmente preocupante porque la entidad debe proteger a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, integrantes de la oposición y firmantes del Acuerdo de Paz”, indicó.

Cambios en paz y fumigación

Otro de los puntos centrales del documento es la reestructuración anunciada por el Gobierno electo que eliminaría la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, además de instancias que hoy lideran la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc-EP –bajo el argumento de la necesidad de tener un Estado austero–.

Marín reconoció que el presidente tiene facultades para organizar la Rama Ejecutiva como considere oportuno, pero aclaró que desacelerar o suspender la implementación del acuerdo sería “desaconsejable” en términos constitucionales y de seguridad regional.

“El Acuerdo es una política de Estado cuyo cumplimiento integral y de buena fe constituye una obligación constitucional para todas las autoridades, de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2017″, recordó.

Otro bloque de preocupaciones de la defensora del Pueblo apunta a la extracción de recursos naturales y a la erradicación de cultivos de uso ilícito. La funcionaria criticó la posible reanudación de la fumigación aérea con “bioherbicidas de última generación”, la implementación de una reforma al licenciamiento ambiental, la consulta previa y el retorno de la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos.

Frente a esas medidas, pidió respetar los derechos de participación y consulta previa de comunidades campesinas y pueblos étnicos. Además, solicitó que se informe públicamente cuáles serían las sustancias utilizadas en operaciones de aspersión aérea.

Asimimso, Marín pidió que la política exterior y consular del nuevo Gobierno priorice la protección de los colombianos que residen fuera del país. Indicó que miles de connacionales enfrentan xenofobia, discriminación, detenciones, deportaciones y otras vulneraciones.

“Señor Presidente electo, estas observaciones buscan prevenir retrocesos y contribuir a que las decisiones iniciales de su Gobierno gocen de la legitimidad necesaria dada por nuestro marco constitucional”, explicó.

De acuerdo con las declaraciones que dio, solo hasta que se unió a la diligencia pudo conocer en detalle los casos que están siendo investigados por la Fiscalía General de la Nación, en los cuales se le señalada de haber generado hostigamientos de carácter sexual en contra de algunas compañeras de trabajo mientras hizo parte de Caracol Televisión.

“Durante 137 días guardé silencio. No fue un silencio fácil, fue un silencio doloroso mientras veía cómo se afectaban mi nombre y mi familia. Decidí hablar por una razón muy concreta. Solo hasta hoy, solo hasta hoy, durante la audiencia, conocí los hechos por los que se me señala. Quiero hacer énfasis en esto. Durante estos ciento treinta y siete días no conocí de manera concreta las acusaciones en mi contra”, detalló.

En ese sentido, indicó que uno de los principios que rigen su vida y que no está en discusión es el derecho que tiene toda persona de acudir a la justicia cuando así lo requiera. Sin embargo, insistió que las personas que son señaladas de alguna conducta que va en contra de la ley tienen también el derecho de defenderse con todas las garantías.

En su caso, eso implica el conocer los hechos que se indagan y, con base en ello, preparar los argumentos que servirán para su defensa. “A partir de hoy ejerceré mi defensa acompañado de mi equipo de abogados y convencido de que soy inocente, con absoluto respeto, total respeto por el proceso, por la justicia y por todas las personas involucradas”, detalló.

Vargas reconoció que todo el proceso que se ha adelantado desde que se hizo pública su situación no ha sido fácil y aceptó que en medio de su silencio han surgido muchas preguntas sobre los hechos por los cuales está siendo investigado. No obstante, indicó que también ha sido blanco de “juicios muy duros” por cuenta de esas acusaciones.

En ese sentido, reiteró que ejercerá su defensa con ayuda del equipo de abogados que lo representa y solicitó a la sociedad que se le permita defenderse con respeto, con el fin de que la justicia pueda determinar su situación jurídica.

Finalmente, agradeció a su familia por el respaldo que ha recibido de ella y a las personas que se han detenido a escuchar su postura al respecto. “A Inés María, a Laura, a Sofía y a Felipe, gracias. Gracias por creerme, por abrazarme, por acogerme y por sostenerme todos estos meses. A la familia y a los amigos de verdad, gracias por estar siempre. Y a ustedes gracias por escucharme”, expresó.

Los abogados que están al frente de la defensa del periodista y presentador son María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, de la firma Riveros Bazzani. Poco antes de que se llevara a cabo la audiencia de imputación de cargos, el equipo jurídico emitió emitió un comunicado en el que informó sobre la representación que ejercería en favor de Jorge Alfredo Vargas.

Aclaró que la falta de pronunciamientos por parte del procesado no implica ningún tipo de reconocimiento de los hechos. “Es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad. Esa decisión responde al propósito de permitir que el proceso avance dentro de los cauces institucionales, con respeto por todas las personas involucradas”, detalló.

El abogado y exprocurador General de la Nación Alejandro Ordóñez fue designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella como embajador de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El exfuncionario tiene una amplia trayectoria en el sector público. Fue concejal de Bucaramanga entre 1986 y 1989, magistrado y presidente del Tribunal Administrativo de Santander entre 1996 y 2000, magistrado del Consejo de Estado entre 2000 y 2008 y presidente del máximo juez de la administración pública entre 2004 y 2005.

Ordóñez ejerció como procurador General de la Nación entre 2009 y 2016, cuando el actual presidente Gustavo Petro fungió como alcalde de Bogotá (2012-2015). El próximo embajador fue el responsable de que Petro permaneciera un tiempo fuera del cargo: lo sancionó.

“El exmandatario fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos públicos por 15 años, debido a que la Procuraduría lo encontró responsable de cometer tres supuestas faltas catalogadas como gravísimas después de ordenar el cambio en el modelo de recolección de basuras del Distrito Capital en el 2013″, precisó el Consejo de Estado en su momento.

Sin embargo, posteriormente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad de la sanción impuesta al hoy jefe de Estado, al considerar que no se configuraron faltas disciplinarias.

Políticos criticaron la designación de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA

Por este hecho y otros, la decisión generó una división de opiniones en el país político colombiano. Por un lado, congresistas del Pacto Histórico y otras colectividades cuestionaron la decisión que tomó Ordóñez en su momento como procurador y las posturas que tiene con respecto a temas de importancia para el país.

Una de las personas que se pronunció sobre el tema es el representante Erik Velasco, del Pacto Histórico. En su cuenta de X, aseguró que el exfuncionario violó los derechos políticos del hoy presidente de la República.

“Nombrar a Alejendro Ordoñez como embajador de Colombia ante la OEA es premiar un tramposo y un fundamentalista antiderechos que violó los derechos políticos del Presidente @petrogustavo para destituirlo cuando fue Alcalde de Bogotá”, precisó.

Además, critició el hecho de que se oponga al reconocimiento de parejas homosexuales y la posibilidad de que contraigan matrimonia, así como al derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. “Además, hizo campaña contra los acuerdos de paz inventándose que tenían “ideología de género””, señaló.

El senador Alex Flórez se unió a los cuestionamientos que surgieron por el nombramiento de Ordóñez. Afirmó que su desginación evidenciaría la presunta naturaliza “inquisitiva” del Gobierno entrante y advirtió sobre la posibilidad de que se establezcan barreras para los derechos de la ciudadanía durante la administración entrante.

“El nombramiento de Alejandro Ordóñez trasciende la política exterior. Es un mensaje para todos los colombianos. La esencia del gobierno de Abelardo de la Espriella será inquisitiva, perseguirá al que piensa diferente y restringirá las libertades de la gente. Será un gobierno antiderechos, en el que utilizarán el fanatismo para cometer todo tipo de atropellos”, indicó.

La senadora Jennifer Pedraza también criticó la llegada el exprocurador al Gobierno, Aseguró que su nombramiento es peligroso e inaceptable debido a las decisiones que tomó en el pasado en materia diplomática.

“Ya nos mostró cómo usa la diplomacia: llevó a Colombia al Consenso de Ginebra, impulsó una agenda antiderechos y confrontó al Sistema Interamericano. Que vuelva a ser embajador no es un simple nombramiento: es una amenaza contra la vida y los derechos de las mujeres”, aseveró.

Nombramiento de Ordóñez fue celebrado en redes sociales

Contrario a lo expuesto por los políticos de izquierda y de centro, hubo quienes respaldaron y festejaron públicamente la designación de Alejandro Ordóñez como embajador ante la OEA. El exrepresentante a la Cámara Jaime Felipe Lozada aseguró que el exfuncionario actúa conforme a sus valores y que sabrá representar los intereses de Colombia desde su labor diplomática.

“Gran designación. El doctor Ordóñez es un hombre de principios, de valores y de una trayectoria pública íntegra, probada y ampliamente reconocida. Estoy seguro de que ejercerá una extraordinaria labor como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos (OEA), representando con firmeza los intereses del país y la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de derecho”, expresó.

Por otro lado, El expresidente del Congreso Juan Diego Gómez Jiménez afirmó que el exprocurador defiende la democracia y a las instituciones del Estado. Además, aseguró que también respalda a la familia.

“Me alegra profundamente el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordóñez, como nuevo embajador de Colombia ante la OEA. El Dr. Ordóñez ha sido siempre un defensor de la democracia, la familia y la institucionalidad. Mis mejores deseos para él en este nuevo reto. @A_ordonezM”, indicó.

De igual manera, Laureano Tirado, que trabajó de la mano con Ordóñez en 2016, cuando se impulsó el Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc-EP, respaldó el nombramiento del exfuncionario y aseguró que su llegada al Gobierno de De la Espriella representaría la reivindicación de la derecha.

“Hace 10 años, como coordinador del NO en Santander, caminé junto al doctor @A_OrdonezM, en medio de la batalla contra la impunidad de La Habana. No saben la alegría que me genera su nombramiento como embajador en la @OEA_oficial. El maestro Ordóñez, alertó con tiempo todo lo que venía, todos le dieron la espalda, pocos nos quedamos con él. Regresa para reivindicar la derecha”, señaló.

El 4 de agosto de 2026, durante el Festival por la defensa de la Educación Pública, llevado a cabo en Soacha, Cundinamarca, el presidente Gustavo Petro hizo una crítica al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por sus posturas políticas que, a su juicio, no están alineadas la religión cristiana que profesa el mandatario electo y algunos de los integrantes de su administración.

El jefe de Estado se refirió específicamente al retiro espiritual en el que estuvieron el presidente electo y su gabinete miniesterial designado el domingo 2 de agosto. De acuerdo con el mandatario Gustavo Petro, teniendo en cuenta la forma de pensar de su sucesor y de su equipo de trabajo, los momentos de alabanza y oración que llevaron a cabo en el retiro no estuvieron dirigidos a Jesucristo.

“Los que se arrodillaron como cúpula del Gobierno el domingo, se estaban arrodillando no ante Jesús, porque Jesús dijo: ‘Amar al prójimo’, y todos los que se arrodillaron del Gobierno han dicho: ‘Destripar al prójimo. Y eso no se llama Jesús, eso se llama Satanás. Así que se estaban arrodillando a Satanás y no a Jesús”, señaló en unas polémicas declaraciones.

Uno de los argumentos que utilizó Petro para soportar sus aseveraciones es el respaldo por parte de De la Espriella al Estado de Israel y a su primer ministro, Benjamín Netanyahu. De hecho, el presidente electo informó que restablecerá las relaciones diplomáticas con su histórico aliado Israel, teniendo en cuenta que, durante la administración de Petro, esos lazos quedaron fracturados debido al conflicto con Palestina y a la postura personal del jefe de Estado.

“Colombia y el mundo han visto la hambruna cernirse sobre la población, la destrucción de la infraestructura civil, las muertes de cientos de trabajadores humanitarios, periodistas, personal médico, mujeres y niños, que siguen cayendo víctimas de la represalia de Israel que no ha respetado los principios de distinción, proporcionalidad ni precaución que sustentan el derecho internacional humanitario”, indicó la Cancillería en el comunicado en el que informó sobre la ruptura de las relaciones diplomáticas.

En consecuencia, durante el evento en Soacha, el jefe de Estado señaló a la administración de Abelardo de la Espriella de presuntamente querer implementar una política “de la muerte” en Colombia.

“Es un Gobierno que adora al genocidio y, por tanto, la política de la muerte”, aseveró.

El presidente Gustavo Petro no es el único que cuestionó el retiro espiritual que hizo el gabinete entrante. En una publicación en X, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo citó un apartado de la Biblia para criticar el hecho de que los participantes hayan expuesto en sus redes sociales el momento de oración y adoración que llevaron a cabo. A su juicio, se estaría haciendo una mezcla posiblemente peligrosa entre la política y la religión.

“Como católico practicante recordé a San Mateo 6.5 : “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público”. La historia de Colombia nos ha demostrado el peligro de meter la religión en la política”, indicó el ex jefe de la cartera en la red social.

Sin embargo, no todos los comentarios que surgieron estuvieron orientados a criticar la realización del retiro espiritual. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, defendió ese momento de oración que tuvo el gabinete en medio de una jornada de trabajo.

“Nos quieren hacer creer que ya hasta creer en Dios es pecado. No jodan. Ahora el “gran problema” de Colombia para unos muy pocos es que el Presidente electo @ABDELAESPRIELLA haya hecho una jornada de TRABAJO con RETIRO ESPIRITUAL, con su equipo que gobernara a partir del próximo viernes 7 de agosto”, escribió.

“No sabemos cómo lo hicieron, qué pasó, pero llegaron a ese computador, lo hackearon, le crearon un doble usuario y sacaron todos estos archivos, la información que ustedes ven acá. Y la información más delicada es el listado de todos los militantes, muchos de ellos, de los compañeros que vienen de Colombia Humana y los compañeros que hoy estamos acá en Colombia Red Profunda”, precisó Herrán, que hace parte del movimiento político Colombia Red Profunda.

La exesposa del primer mandatario aseguró que, junto con su equipo, están preocupados por el manejo que se le podría dar a la información que fue sustraída y copiada. Indicó que su trabajo se ha centrado en recorrer el país y visitar los territorios y que la información que ha surgido de su labor ahora está en manos de personas desconocidas.

Asimismo, advirtió sobre los peligros que pueden correr las personas que aparecen en sus archivos. “Hoy también están en riesgo”, señaló.

Adicionalmente, indicó que no tienen claridad sobre acciones adicionales que pudieron haber ejecutado las personas que ingresaron a su oficina. Sin embargo, informó que pondrán en conocimiento de las autoridades estos hechos, para que se adelanten las investigaciones pertinentes.

“Lamento mucho decirles esta noticia, pero esta es la situación cruda de esta oficina. No sabemos qué dispositivos dejaron, qué hicieron. Uno a veces peca por inocente, porque se relaja y hoy la situación está muy compleja. Ya vamos a poner la denuncia ante la Fiscalía, esta irregularidad, de la cual solamente nos dimos cuenta al intentar abrir ese otro computador”, indicó.

En la descripción del video que publicó en sus redes, Mary Luz Herrán aseguró que la izquierda en Colombia “corre un grave peligro”, puesto que habría personas interesadas en callar y asustar a quienes son afines a esa postura política. Sin embargo, afirmó que creen que el país puede mejorar.

Asimismo, envió un mensaje al Gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella. Responsabilizó directamente al mandario entrante de cualquier cosa que le pueda pasar a los militantes y a su familia, teniendo en cuenta la importancia de la información que fue hurtada por los delincuentes.

“Pese a todo eso, seguimos convencidos de que el pueblo colombiano merece un futuro mejor. Ratificamos nuestra oposición al gobierno del señor Abelardo de la Espriella y le decimos: no le tenemos miedo. Usted será el único responsable de nuestras vidas. Esos archivos tienen información sensible y de la familia. Nos hicieron un gol”, señaló.

Críticas a Mary Luz Herrán tras denunciar hackeo

Tras denunciar lo ocurrido, un usuario de X identificado como “@hernan10025721″ recordó el pasado guerrillero de Herrán, que hizo parte del M-19 y, a modo de crítica, instó a que recurra a la violencia para defenderse. “Usted como guerrillera saque el arma y Alfa el 7 la estaremos esperando”, aseveró el internauta.

La expareja del presidente respondió al comentario del usuario y advirtió que podría constituir una amenaza en su contra. “No será que quien la tiene lista es Ud. Aprenda a escribir porque para mí es una amenaza”, indicó.

Otra persona hizo otro comentario sobre la denuncia de Herrán. Pidió a la política permitir que el Gobierno de Abelardo de la Espriella adelante su administración y que, desde el espacio que tiene en el espectro político colombiano, haga una correcta labor de control político.

“Sra Mary tuvieron la oportunidad de gobernar y fueron perversos. Tuvo la aceptación del pueblo, respeto, consideración aceptación de los opositores, dejen que el gob de ADLE por lo menos se posesióne y comience a gobernar para que ustedes hagan control político con cerebro (sic)”, indicó.

Herrán respondió afirmando que cumplirá con su trabajo como opositora: “Yo no tengo problema, sabemos ser oposición”.

El superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, presentó en una rueda de prensa los resultados del Informe Ejecutivo de Auditoría Integral al departamento de Antioquia - Secretaría de Salud e Inclusión Social.

De acuerdo con la información que suministró, la entidad identificó 23 hallazgos administrativos que están siendo investigados, en aras de adelantar respectivos procesos sancionatorios. Además, indicó que hay otros seis hallazgos de carácter disciplinario detectados en la Gobernación de Antioquia, cuyos funcionarios podrían ser investigados y sancionados por la Procuraduría General de la Nación.

De igual manera, cuatro funcionarios de la gobernación podrían ser investigados por la Contraloría General por hallazgos fiscales que también identificó la superintendencia, a los cuales se suman otros tres de carácter penal, por la presunta comisión de delitos.

Una de las irregularidades más graves que reportó la Superintendencia Nacional de Salud en el informe está relacionada con la presunta malversación de recursos.

“Según el equipo de auditoría, la Gobernación de Antioquia había malversado $4.700 millones del Sistema General de Participaciones que debían ir a municipios de categoría cinco y seis para tareas de gestión de salud pública. Estos recursos terminaron en cuentas bancarias de ESE, es decir, Empresas Sociales del Estado, sin contrato y por fuera de las cuentas oficiales”, detalló el superintendente Quintero en la rueda de prensa.

Estas presuntas irregularidades se habrían identificado en Guarne, Antioquia, que es un municipio de “categoría 2″. Según el funcionario, el municipio recibió recursos directos, sin que se suscribiera un contrato para ello.

Además, recordó que los recursos del Sistema General de Participaciones para salud tienen una destinación específica que no se puede desdibujar: financiar acciones para la salud pública. Sin embargo, las investigaciones adelantadas por la Superintendencia Nacional de Salud indican que con ese dinero se llevaron a cabo “acciones individuales” y los recursos fueron enviados a cuentas del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea) y no a cuentas maestras –cuentas especiales, separadas de las demás– que permiten garantizar la correcta ejecución de la plata.

“Los rendimientos, incluso financieros, no fueron ejecutados como debían girarse o no fueron llevados a cuentas maestras, sino que terminaron en cuentas particulares de la Idea (Instituto para el Desarrollo de Antioquia). ¿Por qué es tan grave? Aquí se evidenció que con recursos que tienen destinación específica del SGP, es decir, salud pública, se financiaron acciones que no están permitidas, acciones individuales”, detalló.

A juicio del superintendente, este tipo de anomalías estarían permeadas por intereses políticos.

Con respecto a los hallazgos penales, Daniel Quintero informó que, al parecer, la Gobernación de Antioquia incurrió en un acto de negligencia con respecto a la salud de una adolescente indígena embera de 15 años que estaba en estado de embarazo. El caso de la menor de edad, que falleció, era de alto riesgo y, presuntamente, la administración departamental no actuó diligentemente para garantizar su cuidado.

“La Gobernación de Antioquia tenía la misión, la obligación, no solo de cuidar a su población, sino que habían varias tareas y protocolos que debían seguir en relación a la población embarazada con riesgo alto. Este era un caso de riesgo alto. La Gobernación de Antioquia no lo hizo. Hubo negligencia ahí”, indicó.

Algo similar se habría presentado con una niña indígena de la comunidad embera chamí que también falleció. Según detalló el superintendente, presuntamente, la gobernación no hizo un adecuado seguimiento del caso y, además, cuando la menor de edad murió, la administración tardó 138 días en darse cuenta de su deceso “por negligencia”.

“La Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia ha sido negligente en realizar acciones que son su obligación. Lo mismo ha pasado en otros territorios”, añadió el funcionario.

“Resulta que el alcalde Éder está muy dolido por el control político que le estamos haciendo. Vine a notificarme porque me interpuso una denuncia. Le duele que estemos diciendo la verdad por todas las situaciones que están pasando en la ciudad y quiere acallarme judicialmente (...). Me denunció penalmente por las denuncias que he hecho en el marco del control político sobre lo que está sucediendo con el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial”, precisó el cabildante en un video publicado en sus redes sociales.

Zamora aseguró que seguirá exponiendo presuntas anomalías que identifique en el diseño del POT y envió un mensaje directo al mandatario local: “Alcalde Éder, no me va a callar, voy a seguir denunciando”, advirtió.

De acuerdo con el concejal de Cali, la administración de Éder incluyó en el POT uno de los lotes de su propiedad y lo catalogó como área de expansión urbana, lo que quiere decir que son “45 hectáreas que pasan de suelo rural a urbano”. El predio en cuestión es propiedad de la empresa Menga Eder (del sector de la construcción), en la que el alcalde tenía un porcentaje de participación.

Según informó Noticias Uno, en 2023, Éder cedió su parte a su padre, Henry Éder. Sin embargo, en la compañía también trabajan otros familiares del mandatario local, como hermanos, primos y tíos. Aunque el alcalde declaró debidamente la existencia de conflictos de interés, el concejal del Pacto Histórico aseguró que esos conflictos persisten.

“Quienes formulan el Plan de Ordenamiento Territorial, quienes están al frente, son los funcionarios nombrados por el alcalde Alejandro Éder”, aseguró el cabildante, en diálogo con Noticias Uno.

En un video que publicó en sus redes, Zamora explicó que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), autoridad ambiental del departamento, emitió un concepto en el que indicó que no es posible ejecutar ningún proyecto de urbanización en el área donde se encuentra el lote de los Éder, puesto que hace parte del Ecoparque Bataclán y del Cerro de las Tres Cruces, que son áreas protegidas por su importancia ambiental.

No obstante, según detalló el cabildante, el alcalde de Cali y su familia contrataron la representación de la firma de abogados Saavedra Becerra para reversar el concepto que impide la urbanización del lugar.

“Esto fue sacado en el proceso de concertación, porque la CVC determinó que aquí, esta propiedad, hace parte del Ecoparque Cerro de las Tres Cruces Bataclán y, por lo tanto, por esos determinantes ambientales, no se puede urbanizar esta parte. Sin embargo, los Éder no se han quedado quietos, han dado poder a una firma de abogados para que impugne esta concertación y revertir la decisión”, explicó el concejal de Cali.

El congresista Alfredo Mondragón, también del Pacto Histórico, se unió a la denuncia de Mauricio Zamora y aseguró que el alcalde estaría tratando de destruir una zona ecológica mediante el POT, yendo en contra de lo establecido por la autoridad ambiental.

“Estamos aquí defendiendo lo que dice la norma, y la norma dice que prevalece el bien común frente al particular. No puede ser que quieran destruir toda una zona ecológica básicamente para hacerle el favor a unos megarricos porque tienen poder político con el alcalde. Pueblo, a estar atentos y a defender los intereses comunes”, indicó.

Zamora añadió una petición a la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca: “A la CVC, no admitir las presiones de estos abogados ederistas”.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos comandantes de los extintos bloques Sur y Oriental de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (Farc-EP).

Los comparecientes son los máximos responsables de desapariciones forzadas, masacres, homicidios, atentados, crímenes cometidos durante tomas guerrilleras, desplazamientos forzados, tortura y violencia sexual, entre otros hechos contra habitantes de una región que abarca la Cordillera Oriental, la Orinoquía y la Amazonía.

La decisión cubre hechos ocurridos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía, Caquetá y Putumayo, además de partes de Nariño, Cauca, Huila, Boyacá y Amazonas. Allí operaron las dos estructuras guerrilleras a las que la JEP atribuyó el control territorial y ataques contra civiles, bienes protegidos y miembros de la fuerza pública.

La imputación incluye a cuatro exmiembros del último secretariado

Entre los 27 imputados figuran cuatro exintegrantes del último Secretariado de las Farc-EP que tuvieron mando en los antiguos bloques Oriental o Sur:

• Rodrigo Londoño, conocido como alias Timochenko.
• Julián Gallo, conocido como alias Carlos Antonio Lozada.
• Jaime Alberto Parra, conocido como alias Mauricio Jaramillo o alias El Médico.
• Milton de Jesús Toncel, conocido como alias Joaquín Gómez.

En el grupo de imputados aparecen también personas que integraban células urbanas de la guerrilla, responsables de haber ordenado la ejecución de homicidios de civiles y atentados con bombas en distintas ciudades. La JEP informó que, de los 27 comparecientes, solo cinco, que no eran máximos comandantes del extinto grupo armado, habían estado en prisión por estos crímenes.

El auto del tribunal de paz se apoyó en los relatos de 2.436 víctimas acreditadas, en 76 informes, de los cuales 37 provinieron de mesas de víctimas y asociaciones comunitarias y campesinas, y en las observaciones de sobrevivientes que narraron los hechos. La investigación también contrastó expedientes de la Fiscalía General de la Nación, hallazgos de otros casos de la JEP y testimonios de 82 comparecientes de las Farc-EP.

Los patrones criminales identificados por la JEP

Así las cosas, la JEP agrupó los hechos investigados en tres patrones criminales para explicar las lógicas de la guerra. El primero reúne crímenes cometidos en desarrollo de hostilidades con la fuerza pública y grupos paramilitares que afectaron a personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario y a bienes civiles.

En ese patrón, la JEP distinguió tomas guerrilleras de pueblos y hostigamientos a estaciones de Policía, además de otras acciones armadas como emboscadas, asaltos a bases militares y cuarteles, y sabotajes contra la infraestructura municipal.

El segundo patrón incluye crímenes cometidos cuando las extintas Farc-EP ejercían un importante control territorial y de los habitantes, sobre todo en zonas de retaguardia guerrillera, áreas utilizadas para el cultivo y el tráfico de coca y corredores de conexión. En esos lugares se perpertraron castigos por desobedecer órdenes, por no pagar extorsiones o por resistir el reclutamiento forzado, además de ataques por sospecha de colaborar con “el enemigo”.

Ese mismo patrón involucra una estrategia adicional orientada a crear un “vacío de poder” mediante ataques sistemáticos contra ciertas autoridades como alcaldes, concejales, candidatos y líderes sociales considerados opositores. Esto, con el objetivo de forza la renuncia de las personas hostigadas y de desplazar la presencia del Estado. Hechos así se presentaron en Rivera, Huila, y Puerto Rico, Caquetá, donde se registraron masacres y el asesinato de concejales.

El tercer patrón reúne los crímenes cometidos en ciudades o contextos urbanos, donde la guerrilla operó con grupos y mandos más pequeños. Allí la JEP ubicó ataques con armas y explosivos de gran envergadura, como carros o bicicletas bomba, contra estaciones de Policía y bienes civiles. También identificó homicidios o atentados contra civiles declarados “objetivo militar”.

En esa categoría se ubican los asesinatos de Álvaro Gómez Hurtado, José del Cristo Huertas Hastamorir, el general retirado y exministro de Defensa Fernando Landazábal Reyes y el profesor Jesús Antonio Bejarano, además del atentado al club El Nogal, los rockets contra la posesión del presidente Álvaro Uribe Vélez y los ataques contra el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

“Tras la notificación, los 27 comparecientes tienen 30 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlas (...). La Jurisdicción también ordena a los comparecientes imputados que aporten toda la información faltante que esté a su disposición tanto a la JEP como a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), con el fin de encontrar a las víctimas de desaparición forzada de los bloques”, precisó la JEP.

El presidente electo Abelardo de la Espriella generó polémica tras impartir una instrucción al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond, relacionada con Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa). El mandatario entrante pidió que se inicie el proceso de derogatoria de las resoluciones que declararon las Appa.

“El próximo Gobierno revisará estos actos administrativos y sus efectos sobre la producción agropecuaria, la inversión y el desarrollo de las comunidades rurales. El procedimiento se adelantará con celeridad, rigor técnico y seguridad jurídica”, se lee en un comunicado oficial de la Oficina de Prensa del presidente electo.

De acuerdo con el Gobierno entrante, esta decisión está sustentada en la necesidad de eliminar restricciones que, a su juicio, están afectando “injustificadamente” el uso productivo de la tierra. De esta manera, la administración electa pretende crear mejores condiciones para generar empleo y mejorar la confianza de los productores e inversionistas. Además, tiene el objetivo de aumentar la oferta de alimentos y fortalecer la economía del campo colombiano.

Sin embargo, el Ministerio de Agricultura rechazó el anuncio de Abelardo de la Espriella. Por medio de un comunicado, las Appa constituyen una figura que fue creada para proteger el suelo rural agropecuario y garantizar la producción de alimentos en el país.

Con ese objetivo, durante el Gobierno del presidente GUstavo Petro, cerca de un millón de hectáreas de tierra ubicadas en 55 municipios ya se han declarado como Appa. Con esas declaratorias, el suelo rural agropecuario es reconocido como un patrimonio estratégico y como un elemento esencial para garantizar la producción de los alimentos. Por eso, el ordenamiento territorial se diseña con el objetivo de proteger esos espacios.

En ese sentido, el ministerio advirtió sobre las consecuencias negativas que podrían presentarse en caso de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogue las Appa ya declaradas.

“La eventual derogatoria de estas medidas representaría un retroceso en la protección del derecho humano a la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria, además de afectar los derechos del campesinado y desconocer el principio de no regresividad en materia de derechos”, detalló la cartera.

Además, informó que, si se derogan las Appa, la situación de degradación de los suelos en el país podría empeorar. Esto, teniendo en cuenta que, según información oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igag) y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), más de 20 millones de hectáreas de tierra en Colombia presentan procesos severos de deterioro a nivel físico, químico o biológico.

De igual manera, los suelos agrícolas del 60% de los municipios del país tienen afectaciones y la seguridad alimentaria puede estar en riesgo debido a la pérdida de la capa orgánica y la transformación del uso del suelo.

En ese sentido, la cartera indicó que la protección del suelo no es una opción que pueda aceptar o descartar el Gobierno de turno. La normativa vigente establece que el Estado tiene la responsabilidad de conservar los suelos.

“La protección del suelo rural agropecuario no constituye una decisión discrecional, sino el cumplimiento de un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas. El Decreto Ley 2811 de 1974 estableció la obligación de conservar la integridad y la capacidad productiva de los suelos; posteriormente, la Ley 388 de 1997 ordenó la delimitación y protección de las áreas destinadas a la producción agropecuaria dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial”, detalló el Ministerio de Agricultura.

Así las cosas, advirtió que la derogatoria de las Appa terminaría por debilitar los instrumentos que fueron creados para prevenir la degradación de los suelos, así como también derivaría en un aumento de presión sobre las áreas productivas del país.

En ese sentido, negó que las Appa sean “mecanismos de expropiación o de imposición de cultivos”, Contrario a ello, aseguró que en esas zonas no se restringen las actividades económicas ni se impide el desarrollo de obras de infraestructura. Además, aseguró que no vulneran la autonomía territorial.

“Cada declaratoria se soporta en estudios técnicos elaborados por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), bajo metodologías objetivas y criterios técnicos, y se adopta mediante procedimientos que garantizan la publicidad, la participación ciudadana y la transparencia”, aclaró.

“Un día me desperté y no tenía qué consumir y vi mi realidad en pleno. Me vi ahí tirado, sucio, con un costalado de basura. Pensé en mi familia, ya tenía dos hijos, y pensé en quitarme la vida. Entonces, me fui a la Caracas a tirármele a un carro, pero no fui capaz”, confesó John Páez.

John es un adicto recuperado que duró 20 años de su vida consumiendo todo tipo de sustancias. Empezó muy joven, siendo apenas un adolescente de 14 años, y a los 33 años, logró abandonarlo por completo.

En su peor momento, la adicción lo llevó a vivir ocho meses en el Cartucho de Bogotá, una zona de tolerancia, muy peligrosa y temida, ubicada en el antiguo barrio Santa Inés, en el centro de la ciudad.

Ese largo recorrido de consumo inició con el bazuco. Tenía un referente: su hermano mayor, que era consumidor de esa sustancia. “Quedé matriculado con el bazuco desde ese entonces. Logré funcionar un tiempo”, dijo John, que, además de haber vivido las consecuencias de la adicción en carne propia, ahora ayuda a personas con consumo problemático y dependiente a través de la Fundación Aprender a Vivir, la cual fundó hace más de dos décadas.

Pese a que por un tiempo pudo mantener el control de su vida, terminó perdiéndolo. Entró a la Policía Nacional y allí trabajó tres años, hasta que lo echaron. Tuvo muchos problemas, porque su adicción no le permitía respetar las normas ni a ninguna figura de autoridad. “Eso llevaba a que de todos lados me sacaran”, contó.

Su familia no salió ilesa. “Tuve tres hogares fallidos, un hijo en cada hogar”.

Durante tres meses estuvo en proceso de rehabilitación en una fundación, el cual pagó su hermana. Él la convenció de que ya estaba bien y permitió su salida; 20 días después, recayó. “Fue cuando terminé en el Cartucho”.

Un día en el que el suicidio llegó a pasar por su cabeza, decidió buscar a la mamá de su hija. Mintió al llegar a su casa: dijo que solo quería bañarse y comer algo. “Fue a comprar un pan para darme de comer. Cuando salió a comprar el pan, yo me eché el televisor al hombro y me lo llevé. Lo vendí y me vine por la Séptima con esa plata. En la 140 había unos cajeros y había un muchacho sacando plata. Esperé que saliera y lo atraqué”, detalló.

Con el dinero que hurtó, consiguió lo que necesitaba: “Compré bazuco, marihuana, cocaína y ron. Mezclé todo”. Tuvo dos microdesmayos, pero fue mucho más que eso; los “taquilleros” pensaron que iba a morir. Lo subieron a un taxi y, John, como pudo, pidió al conductor que lo llevara a la fundación en la que alguna vez intentó rehabilitarse.

En ese momento, tenía el rostro dormido y su condición de salud era delicada, además de que apenas pesaba 38 kilogramos. El director del lugar contactó a su hermana que vive en España, le informó que si no hacían algo, John probablemente moriría. “Mi hermana, ya cansada, le dijo: ‘Mire, cuando ese señor se muera, me llaman y yo mando para el entierro’. Y colgó”.

“Ese fue mi fondo real, pienso yo, porque yo siempre la he querido mucho. Me puse a llorar, ahí sí me sentí solo”. En medio de su llanto, el director le dio una segunda oportunidad, esa que finalmente cambió su vida y le permitió recuperarse.

Alcohol, medicamentos y sustancias piscoactivas

El punto de partida de John fue el bazuco, una sustancia distinta a la que llevó a L., una mujer bogotana, a experimentar la adicción. En diálogo con Infobae Colombia, L. contó que desde muy pequeña supo lo que eran las bebidas alcohólicas y entendió los efectos que causaban porque tenía allegados con problemas de alcoholismo. “La adicción tiene un poco de parte ambiental y parte genética. A mí se me combinó todo”, dijo.

Poco a poco, empezó a tener acceso a bebidas con cierto contenido de alcohol. El control sobre el consumo lo perdió cuando entró a estudiar a la universidad, una etapa en la que ganó libertad y tenía todavía más acceso a las bebidas alcohólicas.

“Tomaba todos los días, desde las 9: 00 a. m. o 10:00 a. m. empezaba a tomar. Tan pronto tuviera algún break entre clases”, detalló L. a este medio. El abuso en el consumo de alcohol empezó a afectar su vida diaria: dejó de asistir a algunas clases y de quedarse a dormir en su casa. Además, la relación con sus padres empezó a deteriorarse.

“Empecé a alejarme de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo. Empecé como a aislarme y a involucrarme en relaciones tóxicas”, detalló.

Posteriormente, fue diagnosticada con depresión y bipolaridad y, como consecuencia, le suscribieron medicamentos psiquiátricos, pero generó una adicción a los fármacos que le fueron recetados, mientras su consumo de alcohol persistía. “Me volví adicta a esos medicamentos. Entonces, empecé a consumir más de la dosis que tenía que consumir. Era realmente muy difícil estar sobria”, dijo.

La relación con su familia se quebró completamente en ese punto y, en varias oportunidades, intentó quitarse la vida. Uno de esos intentos consistió en una sobredosis de medicamentos combinados con alcohol.

“Solo recuerdo que cuando desperté estaba en un hospital y estaba intubada. Me estaban desintoxicando, estaban tratando de salvarme la vida. Y cuando vuelvo a despertar, estoy llegando a un centro psiquiátrico”, precisó.

En ese lugar permaneció entre uno y dos meses, “poco tiempo”. Luego, pasó a otro centro en el que estuvo interna durante varios meses. Por un tiempo, la mantuvieron en la zona de urgencias de la institución, bajo vigilancia y sin tener acceso a otros espacios. Posteriormente, le permitieron moverse más libremente por el lugar.

Fue entonces cuando se involucró con un paciente del centro psiquiátrico y juntos decidieron solicitar el alta. “Él sale primero, después salgo yo. Me voy a vivir con este muchacho y allí tengo contacto con otras drogas y también se convierte en una relación terrible. Él era bastante adicto a la cocaína. Fue una relación tóxica, abusiva”, contó.

Permaneció con él durante seis meses, aproximadamente. En ese tiempo, según relató, sentía que no era ella y que “no podía sobrellevar el día a día”. Sin embargo, en ciertas ocasiones ambos tenían momentos de lucidez. En uno de ellos, su pareja le propuso mudarse a La Dorada, Caldas. Así lo hicieron.

“Terminamos acabando con todos los ahorros que teníamos. Nos consumimos todo”, dijo. Entonces, decidieron regresar a Bogotá, pero ya no tenían nada para sobrevivir. Fue entonces cuando, por primera vez, tuvo que pasar varias noches en la calle. “Yo decía: ‘No entiendo qué estoy haciendo con mi vida, si yo tengo todo. Tengo una familia que me ama, que me quiere, que me da todo’”, confesó.

Un día, su pareja decidió poner fin a esa situación y le pidió que volviera a su casa. Así lo hizo y nunca más volvió a saber de él. Al llegar a su hogar, su hermano atendió a su llamado, pero no le permitió el ingreso hasta consultar con sus papás si podía dejarla pasar o no. Ellos se encontraban en Santander debido al fallecimiento del abuelo.

“Mis papás estaban sufriendo muchísimo y ya había llegado a un punto en el que ellos dijeron: ‘No más’”, precisó. Sin embargo, decidieron darle una última oportunidad. Para entonces, L. tenía 19 años y había suspendido sus estudios y su vida por el consumo, por lo que sus padres optaron por ayudarla. Permaneció un tiempo en casa.

“Recuerdo que fueron varios días de silencio, de estar simplemente sentada observando a los demás y sintiéndome como lo peor, como que todo el mundo me estaba mirando o me estaba juzgando”, expresó.

Después, sus padres la llevaron a un centro para el tratamiento de adicciones: Aprender a Vivir. Allí, estuvo internada durante dos años y dos meses. En el prime año no tuvo ningún contacto con su familia. En todo el tiempo de tratamiento descubrió que su adicción no se supeditaba al alcohol, a los medicamentos o a las sustancias piscoactivas.

“Yo era adicta, tenía una personalidad que tenía todos los ingredientes para ello (...). El adicto no es adicto porque sea adicto a las drogas. El adicto es adicto porque su personalidad le hace construir esa adicción a cualquier cosa (...). Son patrones de comportamiento adictivos”, precisó.

El tratamiento por el que pasó, que implicó la puesta en práctica de “12 pasos”, le ha permitido llegar a 17 años limpia. A través de esos 12 pasos, que suelen ser utilizados en grupos de Alcohólicos Anónimos y Narcóticos Anónimos, “tú logras comprender tu enfermedad, ir escarbando, ir sanando”, detalló.

Las realidades de John y L. no son aisladas. En Colombia, es común que el consumo de alcohol y otras sustancias se inicie desde edades muy tempranas. Según datos revelados en 2022 por el entonces director de Política de Drogas y Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia y del Derecho, Alexánder Rivera Álvarez, en el rango de edad de 12 a 65 años, ocho de cada 10 personas habían consumido bebidas alcohólicas en el país y otras 8.000 habían probado drogas ilícitas.

Por otro lado, según el Observatorio de Salud de Bogotá (SaluData), en lo corrido de 2026 se han documentado 3.906 casos de consumo abusivo o problemático de sustancias psicoactivas en la ciudad. De la totalidad, 1.451 casos corresponden a adolescentes y 2.001 a adultos.

El abordaje del consumo

En el caso de John, su propia experiencia de vida le sirvió de inspiración para crear la Fundación Aprender a Vivir, que opera en Bogotá. Allí, atienden a las personas con consumo problemático o dependiente desde diferentes modalidades: clínica de día o clínica de noche, ambulatorio e internado. “Normalmente, cuando el consumo es demasiado problemático, lo más conveniente es el internado”, precisó.

En el internado, las personas cuentan con asistencia médica, psicológica, psiquiátrica, trabajo social, nutrición, terapia ocupacional. Buscan que, además de avanzar hacia la recuperación, los pacientes hallen un proyecto de vida. Además, involucran a las familias.

Según explicó, el abordaje de la salud mental es crucial, porque los adictos desarrollan otras patologías como la esquizofrenia o la bipolaridad. “En la institución, la mayoría de pacientes que llegan, sobre todo por consumo de marihuana, llegan con más patologías psiquiátricas, sobre todo con esquizofrenia”, indicó.

El psicólogo clínico Manuel Ricardo Torres, experto en el acompañamiento de personas consumidoras de sustancias, coincide en que el abordaje desde la terapia es clave. Según explicó a Infobae Colombia, no basta con que quienes tienen problemas de adicción afirmen querer recuperarse.

Por eso, lo primero que hace como profesional cuando tiene frente a él un consultante es evaluar cómo están las “áreas de ajuste” que dan soporte a su vida:

1. Relaciones interpersonales
2. Educación y trabajo
3. Intereses y recreación
4. Mente, cuerpo y espíritu
5. Responsabilidades diarias

El consumo problemático de sustancias inicia cuando al menos una de esas áreas de ajuste comienza a “tambalear”, mientras que la adicción aparece cuando todas esas áreas se caen y la vida gira únicamente en torno a las drogas.

Con respecto a las relaciones interpersonales, el experto explicó que, cuando el consumo de drogas es dependiente, la persona empieza a aislarse de su familia, de sus amigos y de allegados que probablemente no estén de acuerdo con el consumo. En una etapa más avanzada, abandona cualquier cercanía con otras personas, incluso aquellas que comparten esa misma dependencia a las sustancias.

“La persona empieza a tener interacciones solo con personas consumidoras (...). Luego, se empieza a aislar hasta tal punto que ya ni siquiera convive con personas que también son consumidoras, sino que llega a ese punto donde consume sola”, precisó.

Por otro lado, en un proceso adictivo, el cumplimiento de las responsabilidades diarias también se desdibuja por completo. Dejan de existir los horarios, el trabajo y las tareas cotidianas más comunes, como el aseo personal.

Ahora bien, tanto el centro de rehabilitación como cualquier proceso terapéutico brindan herramientas para que los consumidores logren la recuperación, pero no garantizan resultados 100% infalibles. Como todo, depende también de los pacientes. “La persona puede llegar muy mal, llorando, pidiendo ayuda, pero a los dos o tres días ya no quiere estar, porque no está acostumbrada al internado, a estar sin la sustancia, sin poder hacer lo que quiere”, indicó John.

El psicólogo clínico Manuel Torres confirmó esa postura. Sin embargo, aclaró que una persona consumidora no está inmersa en esa situación debido a una falta de carácter o porque no tenga voluntad.

Según detalló, el adicto vive con un comportamiento aprendido “muy rígido” y el consumo es su herramienta de afrontamiento, la cual utiliza para gestionar sus emociones. “Siempre va a haber un porqué”, indicó el experto.

Teniendo eso claro, y tras hacer un análisis funcional de su conducta, el psicólogo establece el tipo de terapia que aplicará en cada caso. Según detalló, hay mecanismos muy efectivos para guiar a los consultantes hacia su recuperación. Se trata de las terapias de tercera generación.

“Se les plantea es como un comportamiento que es tratable y manejable a lo largo del proceso terapéutico (...). En la etapa de intervención, me baso en lo que sería una terapia dialéctico conductual (...). El objetivo principal es que no vayamos a volver a consumir. Sin embargo, reconocemos y aceptamos que una recaída es probable y nos preparamos”, explicó.

Adicionalmente, aplica la terapia de aceptación y compromiso, por medio de la cual los pacientes reconocen que hay una “evitación experiencial”, es decir, que, por medio del consumo, evitan ciertas emociones. “Empezamos a tener contacto con esas emociones” y con sensaciones que surgirían en una etapa de abstinencia, para que aprendan a manejar sus impulsos.

Un camino de fracasos y éxitos

Son muchas las personas que han llegado a la Fundación Aprender a Vivir en busca de una salida. Varias han logrado su objetivo; otras no. John recuerda el caso de una niña que alcanzó a estar en la calle. Su recuperación ahora es motivo de orgullo: estudió en la Universidad de La Sabana, se graduó y vive en Estados Unidos con un hogar que logró construir. “Ella nos comparte todos los años su aniversario”, contó.

Sin embargo, su historia contrasta con otra muy dolorosa. “Un abogado muy prestigioso, fue secretario de Educación de Boyacá. Le metimos la ficha, él tenía muchas ganas. Duró varios años limpio. Tuvo una recaída y, lastimosamente, el año pasado lo encontraron en un apartamento muerto (...). Dio con una mujer adicta que lo llevó a una recaída”, dijo.

El experto Manuel Torres, por su parte, explicó que en su consultorio ha tenido a adolescentes, jóvenes y adultos de hasta 55 años. Los procesos son distintos en cada caso, pero en el de los adolescentes hay una particularidad: generalmente, los padres son los que buscan la intervención de un profesional, mientras que la mayoría de los adultos acuden a él de manera voluntaria.

Sus consultantes han logrado detener el consumo, pero, como en la fundación, se han presentado casos de recaídas. En esas situaciones, el psicólogo está disponible para atender los momentos de crisis.

El rol de la familia

En el proceso, la familia –cuando se tiene– es crucial. Según John, los allegados son necesarios para hacer un proceso de concientización y salir de la negación. Los mismos familiares deben estar abiertos a aprender al respecto porque, muchas veces, no ven la gravedad de la situación: “Dicen: ‘Mi hijo tampoco está como para estar interno, solo consume marihuana, tampoco es que esté tan grave’”.

Sin embargo, John fue claro en afirmar que esa falta de reconocimiento de la realidad dificulta el proceso. “Donde nace un adicto, muere una familia”, dijo.

En su proceso de recuperación, L. estuvo alejada de su familia por un año, pero sus padres no se alejaron permanentemente. En algún momento también pasaron por un acompañamiento profesional. “Yo creo que si ellos no hubieran hecho también el proceso conmigo, tal vez no tendríamos la relación que tenemos hoy en día”, precisó.

Sin embargo, aclaró que la persona adicta debe buscar recuperarse para garantizar su propio bienestar. “Uno se tiene que recuperar con la familia, sin la familia, incluso a veces en contra de la familia”, detalló.

La adicción: ¿una enfermedad?

Por eso, aseguró que la adicción es una enfermedad –así lo reconoce la Organización Mundial de la Salud (OMS)– y en esa medida debe ser tratada. De hecho, L. piensa lo mismo: “La adicción no tiene cura, precisamente porque la raíz puede ser muy diferente entre una persona y otra”, dijo.

En ese sentido, algunas personas que han tenido procesos de rehabilitación exitosos aseguran ser adictas en recuperación y no adictas activas, pero, al fin y al cabo, adictas. “Es un tema que va hasta el día que yo me muera, en el que tengo que constantemente estar orando, meditando, reevaluándome diariamente”, dijo L.

Sin embargo, el psicólogo clínico prefiere no considerar a los adictos como enfermos. Según explicó, el concepto de la enfermedad y el diagnóstico implica la aplicación de un modelo médico que, a su juicio, podría quedarse corto en algunas herramientas. Por eso, opta por las terapias conductuales que sirvan para que la persona, además de dejar el consumo, sepa manejar sus emociones.

“Listo, quitamos el consumo. ¿Cómo va a gestionar la ira?, ¿cómo va a gestionar la tristeza? Se trabaja en ayudarla a llegar al punto de generar una vida que valga la pena ser vivida”, precisó.

Asimismo, indicó que, desde su perspectiva, es mejor abstenerse de considerar la adicción como una enfermedad porque tiende a generar estigma y vergüenza. “La vergüenza es, muchas veces, una de las emociones que los consultantes evitan”, detalló.

No obstante, el experto aclaró que su postura al respecto no quiere decir que el modelo no funcione. Funciona y genera “muy buenos resultados” –como es el caso de John y de L.–. Sin embargo, cree que la ciencia ha aportado actualizaciones en la psicología que valen la pena revisar e implementar

Pérdidas y recuperación

Para John, 20 años de consumo pasaron una factura muy costosa para su vida. “Perdí la dignidad, los valores, el amor de la familia, todo lo que realmente vale la pena”, confesó. No obstante, su recuperación le ha permitido ganar “todo”. “La tranquilidad, el respeto y el amor de la gente, el valor al servicio”, dijo.

Todavía trabaja en algunas cosas, como recuperar la confianza de sus seres queridos. “No es fácil” que las personas vuelvan a confiar en su capacidad de toma de decisiones y en su voluntad para continuar una vida lejos del consumo.

“A mí me daban confianza y si me daban la oportunidad de robarme lo que fuera, me lo robaba para irme a consumir. Las mentiras son el 90% de lo que uno dice y hace”, detalló.

Por otro lado, John afirma que su salud no sufrió daños permanentes derivados del consumo. Sin embargo, sí tiene problemas de memoria a corto plazo.

Ahora, además de liderar una fundación orientada a la rehabilitación de personas con consumo problemático de drogas, logró recuperar la relación con su familia. Y, mientras diariamente se concentra en seguir construyendo su vida, toma todas las medidas necesarias para evitar que ese pasado de excesos regrese.

Aunque asiste a reuniones y no se limita si surge una invitación para ir a una fiesta, verifica si en el lugar habrá consumo de alcohol u otras sustancias. Entonces, procura no ir o quedarse poco tiempo y descarta por completo beber o consumir drogas. Además, afirma ante los demás que es un adicto, aunque lleva varios años limpio.

“Lo que más hago es nunca esconder mi condición de adicto (...). Eso no se me olvida. El día que se me olvide, de pronto recaigo (...). La enfermedad está ahí, está detenida. La adicción es incurable, es detenible, como la diabetes (...). Es cuestión de acostumbrarse a que la vida se vive sin alcohol, se vive sin sustancias y se disfruta muchísimo más”, reflexionó.

Por su parte, L. aseguró que el “regalo más bonito” que le dio la recuperación fue haber reparado la relación con su familia. En algún momento de su vida pensó que ese escenario sería imposible. “Mi mamá es mi todo, mi mejor amiga, mi, mi mano derecha, mi motor, mi todo. Y mi papá también. Mi papá es un maestro, es una roca cuando lo necesito”, expresó.

¿Cómo actuar cuando se tiene a un familiar o allegado adicto?

El experto Manuel Torres explicó que, con el fin de aportar a la recuperación de un adicto, es necesario reconocer que hay un problema. En un ambiente familiar o de amigos, es mejor no guardar silencio bajo la excusa de no incomodar. Hay que hablar del tema.

Sin embargo, eso no implica atacar o señalar al consumidor. “No hay que decirle: ‘Estás acabando con la vida de tu mamá, esto que estás haciendo no tiene perdón de Dios, estás dañando tu cuerpo’”, precisó.

Lo mejor, desde su perspectiva, es validar lo que está sintiendo esa persona y hacerle saber que se está en disposición de ayudar y acompañar, sin dejar de poner límites, sin acolitar el consumo y sin resolverle los problemas derivados de esa adicción, como el pago de deudas.

“Una comunicación validante con límites claros va a mostrarle esas consecuencias que va a llegar a tener en casa, pero siempre irse mucho más a las cosas positivas que puede llegar a obtener el familiar”, precisó.

L. aportó claves adicionales con base en su experiencia como adicta. Según precisó, hay personas en la familia que son codependientes del adicto, que se entristecen ante la realidad de que su ser querido deba ser internado para tratarse y, por eso, se ofrecen a cuidarlo. “Es un mal terrible, porque realmente no están ayudando”, detalló.

Además, insistió en la importancia de que se evite generar un ambiente autoritario para controlar al consumidor, puesto que eso puede terminar alejándolo.

De acuerdo con el jurista, la acción adelantada por el Gobierno constituye una violación a sus derechos fundamentales y laborales, debido a que la funcionaria está cumpliendo una incapacidad médica, la cual, según precisó, fue debidamente notificada.

“La señora Angie Rodríguez fue declarada insubsistente por el presidente de la República, a pesar de que goza de estabilidad laboral reforzada, pues se encuentra incapacitada hasta el día 12 de agosto. Y esto fue informado oportunamente por la señora Angie Rodríguez al Fondo de Adaptación. Igualmente, se le informó a la ARL y también se le informó a la EPS”, precisó el abogado.

En consecuencia, dio a conocer que instaurará una acción de tutela en contra del presidente Gustavo Petro, de la Nación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. “Le vamos a colocar suspensión provisional o medida cautelar porque se le han transgredido los derechos fundamentales”, aclaró.

El primer mandatario, que está próximo a terminar su periodo como jefe de Estado de Colombia, reaccionó al anuncio que hizo el abogado. A través de una publicación en su cuenta de X, en el que envió un mensaje al presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Abelardo; puede restituir a Angie, aunque, Wilson, ya ha servido a sus propósitos”, señaló el mandatario saliente en la red social.

Por otro lado, indicó que procurará no molestar a la exdirectora del Dapre, que lo señaló como responsable de afectaciones a su salud mental, y aseguró que pagará deudas monetarias que tiene con ella.

En su publicación mencionó también su inclusión en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Oafc) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, para advertir dificultades en el manejo de su economía, derivadas de esa medida.

“A Angie, porque me siento hombre digno, no la volveré a molestar con su salud, le consignaré lo que le debo de mi sueldo porque al no poder manejar mi cuenta por la OFAC la delegué a.pahar los gastos míos y de mis seres queridos, no tengo problema en publicar mis extractos como hace poco lo hice, siempre los gastos míos los he pagado con mi sueldo, como paciente tiene derechos que respeto (sic)”, señaló.

Por otro lado, hizo cuestionamientos al abogado Wilson Ruiz relacionados con presuntos delitos electorales. Según indicó, el jurista habría incurrido en una supuesta compra de votos para las elecciones legislativas. Sin embargo, no proporcionó pruebas para sostener ese señalamiento. Se limitó a preguntar públicamente sobre su presunta responsabilidad en los hechos.

“El señor, Wilson Ruiz Orejuela, tiene algo por qué responder: Le pregunto: ¿usted señor Wilson Ruiz Orejuela, excandidato poco afortunado para la elecciones a Congreso por el movimiento de la extrema derecha, no compró votos a 100.000 pesos? Le pregunto en mi derecho a la petición”, preguntó el jefe de Estado en X.

La declaratoria de insubsistencia en contra de Angie Rodríguez surgió luego de que la funcionaria denunciara presuntas irregularidades que identificó en algunas entidades del Estado. Advirtió sobre supuestos casos de tráfico de influencias, anomalías en contrataciones e, incluso, un intento de envenenamiento.

El presidente Petro puso en duda las declaraciones de Rodríguez y afirmó que es una “gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio”. En sus redes publicó una incapacidad médica de Rodríguez por motivos psiquiátricos para dar peso a su comentario.

De acuerdo con las autoridades, el propietario del carro –que fue inmovilizado– fue identificado como Edward Figueredo. Sin embargo, el ciudadano negó haber estado manejando cuando se presentó el incidente del puente peatonal; en diálogo con 6AM aseguró que un desconocido tomó el control del vehículo y realizó la peligrosa maniobra.

Luego de que la prensa y las autoridades dieran a conocer los hechos, surgió una denuncia de un ciudadano que aseguró haber viajado en ese carro tras solicitar un servicio de transporte a través de la plataforma Didi.

El problema no es que el vehículo fuera utilizado para el traslado de usuarios. De acuerdo con el denunciante, el conductor que lo recogió –identificado como Gustavo en el aplicativo–, al parecer, estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas. Los hechos se presentaron el sábado 25 de julio en horas de la madrugada.

“En el recorrido estuvimos un poco nerviosos (el denunciante y su pareja), debido a que desde que nos recogió olía muy fuerte a marihuana. Luego, pensamos que era por la zona donde nos había recogido, que fue por la zona del Virrey. Sin embargo, el olor muy fuerte se mantuvo hasta el final de nuestro viaje (...). En el trayecto, el conductor se veía demasiado nervioso y actuaba demasiado en extremo. Parecía estar bajo los efectos de una sustancia alucinógena”, detalló el ciudadano a Noti Bogotá, absteniéndose de revelar su identidad.

Según su relato, en varias oportunidades pasaron por retenes de la Policía de Tránsito, pero el conductor aceleraba para evitar ser detenido por las autoridades en las zonas de control.

En el recorrido, el ciudadano se puso en contacto con un amigo, al que le compartió su ubicación en tiempo real y los datos que aparecían en la plataforma sobre el conductor. “Bro, puedes estar pendiente de mi ubi. El man lo siento raro, el del Uber”, escribió.

De igual manera, junto con su novia ideó un plan para salir del carro, debido al miedo que sentían de que, por el estado en el que se encontraba el conductor, se vieran afectados en su integridad o en su vida. “Teníamos demasiado miedo de estar en el carro”, dijo.

Su plan era salir apenas el carro se detuviera en algún semáforo en rojo. Sin embargo, eso nunca pasó, puesto que el sujeto, al parecer, no respetó la señalización roja de los semáforos, así como tampoco acató las señales de alto de las calles y continuó con el recorrido.

“No tuvimos la oportunidad de salir por esta misma razón y por eso mismo hago tanto la denuncia pública, así como se hizo la respectiva denuncia en el aplicativo del servicio particular”, detalló.

Tras lo ocurrido, el ciudadano reportó lo sucedido a Didi. La plataforma informó que tomó medidas para resolver el reporte y cerró el caso. Además, se negó a compartir detalles de la cuenta que reportó por “motivos de privacidad”. “Queremos que sepas que nos tomamos muy en serio todos los reportes de seguridad. Cualquier incidente de este tipo se investiga a fondo y puede llevar a la suspensión temporal o permanente de la cuenta que haya transgredido nuestros términos y condiciones”, precisó.

El concejal Juan David Quintero se pronunció sobre la denuncia que hizo el ciudadano y solicitó a las autoridades adelantar las investigaciones pertinentes al respecto. Además, indicó que los hechos pondrían en evidencia las falencias de los sistemas de control de las autoridades.

“Esto representa una clara advertencia de cómo todos los sistemas de control de las autoridades distritales, de las autoridades de tránsito, pero también de las aplicaciones, está fallando. ¿Quiénes son este tipo de personas que tenemos en esta sociedad? ¿Qué incentivos estamos teniendo para que estos malos comportamientos se vuelvan la norma?”, cuestionó.

La queja se basa en un fragmento de una declaración que hizo la comediante María Camila Fonseca, conocida como “Macafolla” en el show de comedia La Megacárcel, en relación con el reclutamiento de menores de edad por parte de las extintas Farc.

“Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de 30 años. ¿Qué pasa con los niños? (...) Es que los niños nadie está a favor de eso, evidentemente”, dijo la creadora de contenido, que estaba en compañía de “Lalis”, que reaccionó con risas a las aseveraciones de “Macafolla”.

Según se indica en la queja, esa intervención constituyó un trato vulgar y degradante de las personas que fueron reclutadas.

La representante Laura Daniela Beltrán reaccionó a la coadyuvancia de las congresistas y advirtió que la acción que adelantaron ante la Comisión Legal de Ética y Estatuto del Congresista de la Cámara no precede, debido a que, cuando participó en el programa de sátira política todavía no era congresista.

“Qué vergüenza uno ir por la vida demostrando la profunda ignorancia por las instituciones y antes sentirse orgulloso. Señoras, no procede porque no era congresista en ejercicio. Invito a leer la Ley 1828 de 2017. La ignorancia es atrevida”, aseveró “Lalis” en una publicación de X.

Sin embargo, las legisladoras insistieron en su postura y reafirmaron su decisión de respaldar la queja ético-disciplinaria presentada en contra de la representante. Por un lado, Sara Castellanos aseguró no sentirse avergonzada por haber coadyuvado la queja.

Contrario a ello, aseguró que la pena debería sentirla la persona que encuentre divertida la realidad vivida por quienes fueron reclutados por las Farc siendo menores de edad.

“A mí no me da vergüenza coadyuvar la queja de una víctima. Vergüenza me daría burlarme de las víctimas, discriminarlas, esconderme y, después, no dar la cara.¡La hipocresía de la izquierda!”, señaló Castellanos en la red social.

Por otro lado, la legisladora Carol Borda señaló a “Lalis” de confundir la fecha de grabación del programa en cuestión con la totalidad de la conducta examinada. Aseguró que la representante hizo una “lectura incompleta de la Ley 1828 de 2017, por medio de la cual se expidió el Código de Ética y Disciplinario del Congresista. “Me extraña de ti que presumes tanta rigurosidad”, dijo.

Borda explicó en qué consistió la coadyuvancia que presentó y solicitó a Laura Daniela Beltrán disculparse con las víctimas del reclutamiento forzado en Colombia.

“La coadyuvancia de la queja de @lorenamurciag distingue los hechos previos de las actuaciones posteriores realizadas como congresista. Y con el oficio de la @DefensoriaCol solo se te solicita algo básico, compórtate a la altura del cargo que ostentas y pide disculpas a las víctimas”, aseveró.

Adicionalmente, puso en duda la capacidad argumentativa de la congresista del Pacto Histórico y la calificó de mezquina. “¿A qué edad te diste cuenta que la suficiencia del argumento no depende del tono, sino de la capacidad para responder el planteamiento jurídico? Deja la mezquindad”, añadió.

Pronunciamiento de ‘Lalis’ tras las críticas

En redes sociales, la congresista se refirió a las críticas que recibió por las declaraciones de “Macafolla” en el programa. Aseguró que los señalamientos surgieron ante una manipulación de la información y aclaró que su burla no iba dirigida a los niños reclutados por las Farc.

“La crítica era para quienes llevan años usando las víctimas del conflicto para vender una narrativa de miedo, guerra y odio, incluso queriendo acabar con la JEP, que si no fuera por la JEP, ustedes ni siquiera tendrían esa cifra”, dijo.

La Consejería de Gobierno Propio del Pueblo Nasa del Valle del Cauca denunció que el sábado 1 de agosto, a las 2:50 p. m., integrantes del Resguardo Kwesx Yu Kiwe fueron atacados por hombres armados en Florida, Valle del Cauca.

Este hecho de violencia dejó dos personas asesinadas y otras dos heridas de gravedad. Entre las víctimas hay integrantes de la población indígena y miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP):

• Julián Mauricio Gutiérrez, autoridad mayor del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, que se encuentra en estado crítico.
• Haminton Daniel, comunero indígena que fue asesinado.
• Jhon Lemus, escolta de la UNP que fue herido de gravedad.
• Andrés Machín, escolta de la UNP que fue asesinado.

“Alertamos de manera inmediata a la comunidad Nacional e Internacional ante el Exterminio Físico contra el Pueblo Nasa filial al Consejo de Gobierno Propio Nasa We’sx Dxi’j. Alerta humanitaria (sic)”, indicó la Consejería de Gobierno Propio en el comunicado.

La representante a la Cámara por el Valle del Cauca Ana Erazo emitió un comunicado al respecto, en el que indicó que el ataque se presentó mientras se adelantaba una reunión de autoridades indígenas. En el documento, expresó su rechazo por los hechos de violencia y pidió que se efectúe el despliegue inmediato de las autoridades civiles, militares y de la Policía Nacional en el territorio, con el fin de garantizar la seguridad de las familias afectadas y de la población indígena que reside en la zona.

La legisladora también pidió que se tomen medidas urgentes de protección en los centros médicos en donde se encuentran los heridos que están siendo atendidos por profesionales de la salud. Eso implica el reforzamiento de esquemas de seguridad y el aseguramiento del perímetro de los centros asistenciales. Esto, debido a que “no existen garantías suficientes para su seguridad”.

“Condenamos de manera categórica este ataque criminal, que debe ser rechazado por todas y todos los colombianos. Atentar contra las autoridades indígenas y sus procesos organizativos constituye un hecho de la mayor gravedad y un nuevo golpe contra las comunidades que históricamente han sido víctimas de la violencia”, precisó.

De acuerdo con Erazo, lo ocurrido es “extremadamente grave” y tuvo lugar en un contexto político cambiante y de “alta tensión”, puesto que faltan pocos días para que el presidente electo Abelardo de la Espriella se posesione como jefe de Estado en Colombia. Recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población y de evitar que la violencia siga creciendo.

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias de Andrés Machín y Haminton Daniel, con la Autoridad Indígena Mayor Julián Mauricio Gutiérrez, con Jhon Lemus, con el pueblo Nasa y con todas las autoridades indígenas del país. Exigimos verdad, justicia, garantías de no repetición y la protección efectiva de quienes ejercen el liderazgo y la defensa de sus territorios”, añadió.

Al igual que la congresista, Giovani Yule, director de la Unidad de Restitución de Tierras, rechazó el ataque armado que se registró en Florida y exigió al Estado colombiano una investigación pronta y rigurosa sobre lo ocurrido, que permita identificar y dar con el paradero de los responsables para que respondan ante la justicia.

El funcionario aseguró que la violencia no puede seguir siendo utilizada para afectar a las personas que diariamente defienden sus comunidades y que trabajan por sus territorios.

“Nuestra solidaridad con las familias, con los compañeros del Pueblo Nasa y con todas las comunidades que hoy resisten en medio de la violencia. Defender la vida, el territorio y la paz no puede seguir costando vidas. Que cesen los ataques contra los pueblos indígenas. Que la justicia actúe. Que la vida sea respetada en todos los territorios”, indicó el director en X.

Reina Gómez, abuela de la joven de 21 años María Camila Potosí que fue asesinada en Cali, Valle del Cauca, y cuya bebé (Alahia) fue extraída, dio a conocer detalles del caso que consternó a Colombia. En el pódcast Conducta Delictiva, la mujer aseguró haber conocido a Yulieth Cecilia Angulo Escobar, mujer que fue capturada por las autoridades y judicializada por estos hechos.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Angulo Escobar y otros cuatro sujetos identificados como Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, hicieron un plan para extraer a la bebé que estaba esperando la joven, que ya tenía ocho meses de gestación.

“Los procesados se habrían concertado para engañar a la víctima y trasladarla hasta un inmueble en el sector de Alto de Polvorines, donde fue atacada en repetidas oportunidades con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé (...). Angulo Escobar se habría encargado de transportar en una motocicleta a la víctima hasta el inmueble que previamente había conseguido para tal fin. Para ganarse su confianza, habría fingido estar en estado de embarazo”, precisó el ente acusador en un comunicado.

En el pódcast, la abuela de la víctima afirmó que, en algún momento, su nieta llevó a Angulo Escobar a la casa. Tuvieron una corta conversación sobre un tatuaje grande que tenía la mujer en una de sus piernas.

“Yo ni me acordaba de esa niña (...), pues, como a la casa fue toda deportiva. Esa niña que fue a la casa tiene un tatuaje desde el tobillo hasta acá. Ella dijo: ‘Cuando mi suegra me vio casi se desmaya de verme este tatuaje’. Entonces yo le dije: ‘Pues cualquiera que vea semejante cosa tan fea’”, detalló.

María Camila desapareció el 16 de julio y cuatro días después, las autoridades encontraron su cuerpo. En medio de la búsqueda de la joven, su abuela vio videos de una cámara de seguridad en la que se ve a su nieta siendo transportada por la Angulo Escobar. Fue entonces cuando se percató de que la conocía y decidió altertar a la familia.

“Hablé fue el día que mi niña se desapareció, porque pues esa fue la que vino aquí con ella. Hablé cuando ya la vi, dije: ‘Esa niña vino aquí con Camila. Esa niña’. Dije: ‘Camila la trajo a tomar jugo’. Casi no la podía reconocer porque pues en la moto iba como con un uniforme negro. Pero ya cuando la cogieron las cámaras y le enfocaron bien la cara, entonces ya dije: ‘Esa niña vino con ella aquí a la casa’”, precisó.

De acuerdo con su relato, alcanzó a hablar con María Camila sobre la mujer que llevó a la casa:

Abuela: Mami, ¿y usted qué anda haciendo con esa niña?

María Camila Potosí: No, abuelita, es que ella también está en embarazo y ella fue a meter papeles ahí al programa (cursos prenatales).

Abuela: ¿Esa niña está en embarazo?

María Camila Potosí: Sí, abuelita, ya está en embarazo. Tiene dos meses.

“No le sentí una energía como para yo decidir aceptarla en la casa como una amistad de mi niña, no. Me cayó, como decimos nosotros, me cayó mal (...). Yo le dije a Camila: ‘Mami, esa niña me cayó mal’. Dijo: ‘Pues, mamita, abuelita, nos encontramos, ahí estamos en la charla entre todas y ella me dijo que tenía mucha sed’”, detalló.

La mujer volvió a aparecer el día en el que la joven desapareció, para aclarar que no había tenido nada qué ver en los hechos. “Le dije: ‘¿Usted qué hizo con mi niña? ¿Dónde la tiene? Usted sabe a quién se la entregó” (...). Dijo: ‘Yo no la tengo, yo no la tengo. Yo la llevé y la volví en la moto y la dejé en la panadería, que se iba a comprar una mazamorra’”, precisó.

El cuerpo de la joven fue encontrado el 20 de julio y las autoridades descubrieron que su bebé había sido extraída. Días después, hallaron los restos de la niña. Ahora, tanto Angulo Escobar como los demás procesados están siendo investigados por los delitos de feminicidio, secuestro simple y desaparición forzada, los tres agravados; así como alteración de elemento material probatorio, según su participación en el crimen. Ninguno aceptó cargos.

El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Ana María Rincón Herrera como presidenta del Banco Agrario de Colombia. La excongresista reemplazará en el cargo a Hernando Chica Zuccardi.

De acuerdo con información publicada en Congreso Visible, de la Universidad de Los Andes, la exlegisladora es administradora de Empresas y cuenta con una especialización en Gerencia de Empresas Estratégicas. Cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero, puesto que estuvo en la gerencia del Banco Colpatria durante 16 años. Además, fue gerente regional del Banco Finandina de Neiva.

El nombramiento de Rincón generó optimismo entre algunos políticos colombianos. Una de las personas que se pronunció al respecto es el exrepresentante a la Cámara por el Huila Jaime Felipe Lozada, que, a través de una publicación en X, resaltó la representación que tendrá el departamento del Huila en el Gobierno entrante, teniendo en cuenta que la próxima presidenta del banco también es de allá.

“Felicitaciones a nuestra paisana @AnamaRinconH por su designación como presidenta del Banco Agrario. Este nombramiento refleja el cariño, la confianza y el compromiso del presidente @ABDELAESPRIELLA con el Huila. Nuestro departamento sigue teniendo una importante representación en el Gobierno Nacional. ¡Muchos éxitos en esta gran responsabilidad!”, precisó.

De igual manera, el abogado Germán Calderón España compartió una fotografía con Rincón y un mensaje en X. “En el retiro espiritual con @AnamaRinconH - una huilense más en el gobierno de nuestro presidente @ABDELAESPRIELLA - Presidenta del Banco Agrario”, escribió.

El representante a la Cámara huilense Julio César Triana se unió a los comentarios de respaldo que surgieron ante el nombramiento de Anar María Rincón en la administración del mandatario electo.

En una publicación en X, el congresista felicitó a la administradora de empresas y aseguró que para la población del Huila es motivo de orgullo que una mujer opita vaya a estar al frente del Banco Agrario que, según detalló, es “una de las entidades más importantes para el desarrollo del campo colombiano”.

De igual manera, destacó su formación académica y su experiencia en el sector financiero, así como los conocimientos que tiene del agro colombiano. Afirmó que todos esos factores contribuirán a la generación de resultados positivos para el país bajo su liderazgo.

“Como hija de nuestra tierra, conoce de cerca la realidad, el esfuerzo y las necesidades de nuestros productores. Estoy seguro de que su experiencia y conocimiento del sector serán fundamentales para liderar esta entidad y seguir fortaleciendo las oportunidades para el agro colombiano. Muchos éxitos en este nuevo reto @AnamaRinconH”, expresó el legislador en la red social.

Decisión del Consejo de Estado sobre la curul que tuvo Rincón en el Congreso

En 2015, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Ana María Rincón como Representante a la Cámara por el departamento del Huila para el periodo 2014-2018, debido a que durante los seis meses anteriores a su elección ejerció como gerente Regional del Banco Finandina. Además, llevó a cabo actividades que se materializaron en “gestión de negocios” con el Municipio de Baraya y con Aguas del Huila S.A. ESP.

“Para el Consejo de Estado, estas actividades que fueron realizadas por la doctora Rincón Herrera, en su calidad de gerente bancaria, le permitieron potenciar su prestigio para su candidatura, lo cual se halla prohibido por el artículo 180 de la Constitución Política (...). Al fungir como gerente del Banco Finandina, en desarrollo de su gestión, participó y tomó parte “en actuaciones y diligencias ante entidad pública, que implicaron acercamientos a organismos estatales, que se trató de negocios privados y lucrativos””, precisó el Consejo de Estado en un comunicado.

Posteriormente, la excongresista presentó una acción de tutela contra la decisión emitida por el máximo juez de la administración pública. Sin embargo, a través de la Sentencia 02793 de 2016, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado denegó el amparo constitucional solicitado.

Un expediente consular del Ministerio de Relaciones Exteriores al que Infobae Colombia tuvo acceso revela detalles adicionales sobre la detención de tres ciudadanos colombianos en Arabia Saudita. Los connacionales fueron identificados como:

• Héctor Eduardo Romero Ramírez, de 53 años: es un ingeniero electrónico, especialista en telecomunicaciones satelitales y fundador y presidente de la empresa Fihiza Solutions Inc.
• Luis Eduardo Romer Jiménez, de 30 años: hijo de Héctor Romero. Es un ingeniero de telecomunicaciones y trabaja en la empresa Fihiza Solutions Inc. como ingeniero de campo.
• Mauricio Patiño Gallego, de 62 años: es un ingeniero electrónico, especialista en comunicaciones satelitales y presidente de la empresa MP Integral Telecommunications Inc.

Los ciudadanos viajaron a Yemen, país de Oriente Medio, en abril de 2025, con el fin de cumplir un contrato civil. Su responsabilidad era instalar antenas satelitales comerciales, tarea que hacía parte de un proyecto de telecomunicaciones. La empresa contratante es ST Engineering iDirect, Inc., de Virginia, Estados Unidos. El cliente final era la empresa Vegasoft.

La naturaleza del trabajo que realizarían los colombianos fue ratificada en tres cartas oficiales firmadas por el director de Operaciones (COO) de Engineering iDirect. Además, se aclaró que su labor sería netamente civil, por lo que “no existió en ningún momento vinculación con actividades militares, de inteligencia, ni con ninguna facción del conflicto yemení”.

Ahora bien, los ingenieros tenían planeado regresar a Colombia tras culminar el trabajo. Sin embargo, en mayo de 2025, el aeropuerto de Saná (Yemen) fue atacado y quedó destruido, lo que imposibilitó su salida del país. Según el expediente, en agosto, iniciaron un trámite para adquirir una visa de salida, entregaron sus pasaportes a Seguridad de Adén, pero allí les fueron retenidos sus documentos.

Por eso, gestionaron la expedición de pasaportes de emergencia y trataron de salir del país en noviembre de ese años. Sin embargo, fueron detenidos por el Departamento de Seguridad Pública de Adén, sin que se les explicara qué cargos había en su contra.

Su situación fue evaluada por un fiscal del Distrito de Adén en diciembre de 2025, que determinó que no existía una base legal para mantener a los ingenieros detenidos. Pese a ello, presuntamtene, el director de Seguridad, Mutahar Ali Naji Al Shuabi, se negó a dejarlos en libertad. Además, al parecer, fueron obligados a firmar documentos en árabe sin contar con la ayuda de una persona que les explicara su contenido.

El 27 de enero de 2026, fueron trasladados de maneraz “forzosa” por la Coalición Árabe a Arabia Saudita. En esta diligencia, que no fue debidamente notificada a Colombia, no contó con ninguna orden judicial que la soportora. Fue hasta febrero que Arabia Saudita reconoció que los tres colombianos estaban detenidos por una presunta “conexión con un caso de seguridad”.

El caso de los ciudadanos fue estudiado por el Tribunal Criminal de Adén. El 28 de abril de 2026, ese tribunal decidió cerrar oficialmente la investigación. De acuerdo con el expediente conocido por Infobae Colombia, no existía ninguna base legal para que los ciudadanos hubieran sido detenidos en Yemen. No obstante, al parecer, nueve días después de que fuera cerrado el caso, Arabia Saudita advirtió que había “procedimientos penales en curso” en contra de los tres connacionales.

Un documento del Tribunal Criminal de Adén indica que la investigación sobre la situación de los colombianos quedó suspendida hasta que fueran devueltos a Adén. Sin embargo, eso no pasó. La información que recibió la Corte precisaba, que, supuestamente, los ciudadanos habían sido devueltos a su país de origen, cosa que tampoco pasó, puesto que siguen detenidos en Arabia Saudita.

“Según nuestra información, fueron repatriados a su país de origen por orden de autoridades superiores a través de la Coalición Árabe (KSA). Por lo tanto, no tiene sentido seguir esperando, ya que el caso ya ha sido retrasado y ha cumplido con el periodo de espera correspondiente. En consecuencia, procederemos con el expediente y los documentos del caso. Por lo tanto: se cerró el expediente después de acreditar lo anterior y se decidió lo siguiente: proceder con el expediente y los documentos del caso”.

La junta directiva del Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de política monetaria en 12,0%, aunque el Gobierno nacional solicitó que se redujera en 50 puntos básicos. De acuerdo con el banco central, la determinación surgió ante la necesidad de reducir la inflación que, según algunas proyecciones que han llevado a cabo los expertos, presenta una tendencia al alza.

“Las expectativas de inflación de los analistas económicos para diciembre de 2026 y de 2027, según la encuesta realizada en julio, mostraron aumentos situándose en 6,6% y 5,0%, respectivamente. Las expectativas derivadas del mercado de deuda pública permanecen por encima de 6,0% para todos los plazos”, precisó el Banco de la República en un comunicado.

La decisión no gustó del todo al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, que insiste en que se debe reducir la tasa de interés, puesto que los incrementos que ha hecho el banco central en los últimos meses estarían generando una contracción en la economía. Sin embargo, aceptó la determinación de la junta directiva.

Otros expertos en economía se han pronunciado al respecto, calificando como acertada la determinación de los directivos del banco central. Entre ellos está José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico Anif, que, a través de su cuenta de X, aseguró que, aunque la decisión resultó ser sorpresiva, se ajusta a las expectativas que tenían algunos analistas.

Indicó que el hecho de mantener la tasa de interés inalterada es un actuación prudente. Sin embargo, en el futuro, la junta directiva podría optar por incrementarla.

“La pausa, parece una medida prudente, dada la reciente apreciación del peso colombiano. No obstante es probable que en próximas reuniones ocurran alzas adicionales de tasas, dependiendo de cómo evoluciona la inflación y el frente fiscal”, precisó.

Por su parte, el economista y exministro de Hacienda y Crédito Público José Antonio Ocampo afirmó que el Banco de la República acertó al dejar intacta la tasa de interés y no incrementarla, teniendo en cuenta que los anteriores aumentos que ha hecho han superado el alza de la inflación.

Adicionalmente, festejó la decisión del banco central de intervenir el mercado cambiario. “La fuerte apreciación del peso es negativa para los exportadores y las empresas que compiten con las importaciones. Además, genera un creciente déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, que se ha mantenido moderado desde 2023″, detalló.

De igual manera, Jackeline Piraján, economista principal de Davibank, emitió un comunicado en el que indicó que la decisión de los directivos del banco central sorprendió a los mercados financieros, que anticipaban un incremento de 50 puntos básicos. En ese sentido, aseguró que, en materia de política monetaria, Colombia está en un contexto de incertidumbre debido al aumento de la inflación y a una demanda interna robusta en la actividad económica.

Además, explicó que hay riesgos que no se pueden ignorar y que fueron alertados por el Banco de la República, como el cambio climático derivado del fenómeno de El Niño.

“Tampoco podemos descartar que la demanda interna siga fuerte y que eso permita más fluidez en la transmisión de cosas como, por ejemplo, los mayores precios salariales; de igual manera, el conflicto internacional puede poner algo de presión sobre bienes importados de materias primas; algo del combustible eventualmente si el gobierno decide tomar una instancia de ajuste fiscal en ese frente, entonces el escenario sigue siendo incierto y si bien hoy tuvimos una pausa, no podemos anticipar que esto sea el fin de ciclo alcista”, indicó la economista.

A su juicio, la decisión de la junta directiva también se habría basado en el movimiento reciente de la tasa de cambio, algo que podría estar incomodando al banco central.

“En Davibank creemos que el Banco Central va a seguir siendo data dependiente de aquí hasta final de año. Si bien, todavía no podemos descartar mayores subidas hacia futuro, lo cierto es que vemos que el Banco Central va a estar bastante atento sobre qué tanto más se acelera la inflación”, añadió.

El rector aseguró que dicha situación ya está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación y las demás autoridades competentes. Además, aclaró que estos hechos violentos no serían aislados, más bien, corresponderían a un ciclo de agresiones que se han venido presentando en la institución.

“Estos hechos no pueden entenderse como incidentes aislados ni como simples actos de vandalismo. Se suman a una serie de agresiones, amenazas e intimidaciones que hemos observado en distintos espacios de la vida universitaria durante los últimos meses”, explicó.

Según detalló, espera que toda la información recaudada y los elementos materiales probatorios que están en manos del ente acusador sirvan para garantizar que lo ocurrido no quede en la impunidad y que los responsables de las agresiones respondan ante la justicia como corresponde. Afirmó que en que la institución confía en que tanto la Fiscalía como las demás instituciones del Estado involucradas en las indagaciones actuarán con diligencia, celeridad y rigor.

Asimismo, indicó que, ante lo sucedido con los tres estudiantes –hechos que constituyeron lesiones personales–, la institución de educación superior tomó medidas de atención y protección.

“Hemos activado la ruta institucional de atención, protección y acompañamiento a través de la Vicerrectoría de la Sede Bogotá y del Programa de Protección y Convivencia, en cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo 021 de 2018. Nuestro compromiso es brindar apoyo integral a cualquier integrante de la comunidad universitaria que se vea afectado por situaciones que vulneren su seguridad, sus derechos o la convivencia universitaria”, detalló.

Así las cosas, el rector Peña Reyes instó a los estudiantes, docentes, trabajadores, egresados y contratistas de la universidad a que pongan en conocimiento de la institución y de las autoridades cualquier amenaza o agresión de la cual sean víctimas o testigos. Recordó que guardar silencio ante situaciones de violencia lleva a la impunidad.

Además, envió un mensaje a las personas que temen denunciar o que han contemplado apartarse de sus aspiraciones o responsabilidades como consecuencia de intimidaciones. Aseguró que el derecho a la libertad de expresión, al ejercició del liderazgo y la participación activa en el debate democrático no deben verse afectados por amenazas.

“Les pido que no cedan ante el miedo. La Universidad Nacional de Colombia no puede permitir que la intimidación determine quién participa, quién opina o quién ejerce liderazgo”, expresó.

Asimismo, recordó la importancia de la diversidad de pensamiento entre quienes integran la institución y favorecen el fortalecimiento del proyecto colectivo. Sin embargo, esas diferencias a nivel académico, político o institucional deben ser resueltas con base en el respeto y en el diálogo, excluyendo por completo la violencia. “Ningún desacuerdo justifica las amenazas, las agresiones o cualquier forma de amedrentamiento”, precisó el rector.

En consecuencia, instó a la sociedad colombiana, a las autoridades y a todas las instituciones democráticas a proteger y rodear a la universidad, con el fin de evitar que la escalada de violencia que se está registrando continúe y que siga afectando a más personas.

“Los violentos no representan a la Universidad ni podrán definir su rumbo. Sí actuamos unidos, con decisión y confianza en nuestras instituciones, defenderemos nuestra comunidad, protegeremos a quienes hoy se sienten amenazados y preservaremos los valores que han hecho de la Universidad Nacional un patrimonio de todos los colombianos”, indicó el rector de la institución.

El presentador Hernán Orjuela se pronunció en redes sociales sobre las acusaciones que surgieron en contra del periodista y también presentador Rafael Poveda, que dirige el reconocido pódcast Más Allá del Silencio y el informativo Testigo Directo. Dos mujeres aseguraron haber sido víctimas de acoso y abuso sexual por parte del periodista.

Una de las ciudadanas que expuso los presuntos hechos es la abogada Sofía Vela Mejía, que afirmó haber denunciado formalmente a Poveda ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de acto sexual violento. La segunda denuncia pública fue hecha por una periodista que prefirió mantenerse en el anonimato. Ambas aseguraron que el comunicador hizo tocamientos indebidos y comentarios inapropiados sobre su cuerpo.

Rafael Poveda negó los señalamientos en su contra y cuestionó la manera como se manejó el caso desde el periodismo. Alegó que no se le permitió dar su versión de los hechos antes de que los testimonios de las mujeres fueran publicados, lo cual ha afectado su reputación.

La reacción de Hernán Orjuela ante las denuncias

El periodista Rafael Poveda ha recibido varios mensajes de respaldo por parte de colegas y personas que conocen su trayectoria profesional. Entre ellas está Hernán Orjuela, que insistió en la importancia de que las investigaciones que se adelanten en su contra sean manejadas con objetividad y recalcó que son las autoridades competentes las responsables de hacer esas indagaciones.

“Conozco hace años la trayectoria de Rafa Poveda y, precisamente por respeto a esa trayectoria, considero que merece una investigación objetiva y sin juicios anticipados. La verdad debe establecerse en las instancias correspondientes, no en el tribunal de las redes sociales”, detalló.

Sin embargo, aclaró que el exigir que las indagaciones se lleven a cabo brindando plenas garantías a las partes involucradas, incluyendo a quien es blanco de señalamientos, no implica que se esté rechazando de plano los testimonios de las personas que se presentan como víctimas.

De acuerdo con su explicación, así como es necesario que se esclarezcan los hechos mediante una investigación rigurosa, es importante tener cuidado con la reputación de los implicados.

“Apoyar el debido proceso no significa desconocer una denuncia; significa creer que tanto quienes denuncian como quienes son denunciados merecen una investigación seria, imparcial y respetuosa. Solo así se hace justicia. Colegas, con la reputación no se juega!”, precisó.

Rafael Poveda se pronunció: está “a disposición de las autoridades”

El 31 de julio de 2026, por medio de un comunicado, el periodista Rafael Poveda aseguró que respeta a las mujeres que lo denunciaron y los testimonios que entregaron a la prensa y a las autoridades competentes. No obstante, recordó que, como persona señalada, tiene derecho de ejercer su defensa con todas las garantías legales y de que se escuche su versión de los hechos.

“Reconozco la seriedad de estas denuncias y, precisamente por ello, considero fundamental que sean examinadas con todas las garantías para quienes denuncian y también para mí, como la persona señalada, con derecho a ser escuchado, a presentar mi versión y a ejercer plenamente mi presunción de inocencia y mi derecho de defensa”, indicó.

En consecuencia, afirmó estar “a disposición de las autoridades judiciales” y dio a conocer que comparecerá ante cualquier requerimiento que surja en medio de la investigación. Adicionalmente, aclaró que no va a controvertir públicamente los testimonios de las mujeres que lo denunciaron; sus pronunciamientos al respecto los hará ante la Fiscalía, ente investigador y acusador.

“Ninguna denuncia unilateral puede considerarse una noticia madura. La regla de oro exige el cotejo, el contraste y la búsqueda inagotable de la contraparte. Publicar el testimonio de una sola de las partes sin haber buscado activamente la versión del señalado convierte al medio en ejecutor de juicios paralelos, no en un órgano informativo”, añadió.

La Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Resolución 1139 de 2026, por medio de la cual certificó el Interés Bancario Corriente, que, según la entidad, “es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio y para determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal”.

La entidad certificó un aumento de 58 puntos básicos (0,58%) en el efectivo anual para agosto de 2026, ubicándolo en 19,77%. El porcentaje de incremento se midió según el efectivo anual registrado en julio, que fue del 19,19%.

En ese sentido, las certificaciones del Interés Bancario Corriente para agosto quedaron establecidas de la siguiente manera:

• Crédito de consumo de bajo monto: 43,64%
• Crédito productivo de mayor monto: 28,00%
• Crédito productivo rural: 22,37%
• Crédito productivo urbano: 39,78%
• Crédito popular productivo rural: 45,70%
• Crédito popular productivo urbano: 59,31%

Tasa de usura aplicada a los créditos

En la resolución, la Superintendencia también certificó un alza en la tasa de usura, valor máximo legal de los intereses remuneratorios o moratorios que una entidad o persona puede cobrar por un préstamo (principalmente para en uso de tarjetas de crédito) en 29,66, una subida de 0,87 puntos porcentuales (pp), frente a julio de 2026 (28,79%).

De igual manera, se aplicó modificaciones a distintas modalidades de crédito de la siguiente manera:

• Crédito de consumo y ordinario: 29,66%.
• Crédito de consumo de bajo monto: 65,46%.
• Crédito productivo de mayor monto: 42,00%.
• Crédito productivo rural: 33,56%.
• Crédito productivo urbano: 59,67%.
• Crédito popular productivo rural: 68,55%.
• Crédito popular productivo urbano: 88,97%.

De acuerdo con el Banco de la República, la tasa de usura equivale a 1,5 veces el Interés Bancario Corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ese valor es el máximo legal de intereses que pueden cobrar los bancos y los particulares por un crédito.

“La tasa de usura representa el valor máximo de los intereses remuneratorio o moratorio que puede cobrar un organismo a los agentes de la economía y se construye como 1.5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito. El interés remuneratorio es el retorno pactado por un crédito de capital durante un período determinado, y el moratorio es la indemnización correspondiente por concepto de retraso según el plazo acordado”, precisó el Banco de la República en un comunicado.

Las tarjetas de crédito y alza de la tasa de interés: riesgos financieros

Un análisis de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera advirtió sobre los riesgos que enfrentan los colombianos en materia financiera debido a la decisión de la junta directiva del Banco de la República y ubicar y mantener la tasa de interés de política monetaria en 12,0%.

“El incremento de la tasa de intervención al 12% impacta de forma directa y progresiva en las tasas que los bancos comerciales cobran a sus usuarios, elevando el costo del dinero y, por consiguiente, el valor de las cuotas mensuales de los nuevos créditos. De ahí el llamado para que los colombianos actúen con cautela en los avances de tarjetas de crédito y el acceso a créditos de consumo”, precisó Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, citado en un comunicado.

De acuerdo con el experto, es necesario que los ciudadanos hagan un adecuado manejo de sus tarjetas de crédito para evitar la asfixia financiera, evitando adquirir deudas a corto plazo. Esto, teniendo en cuenta que, cuando las tasas se elevan, hay créditos que se tornan “peligrosos”, como aquellos que tienen una tasa variable o de corto plazo con intereses cercanos a la tasa de usura.

“Es el momento idóneo para revisar las deudas vigentes y buscar alternativas de optimización antes de que el bolsillo se vea gravemente afectado (...). Quien tome un crédito hoy sin comparar tasas o sin calcular su verdadera capacidad de pago real, se está sometiendo voluntariamente a un escenario de vulnerabilidad financiera extrema en los próximos meses”, detalló el experto en la comunicación oficial.

En una reunión llevada a cabo el 31 de julio de 2026, la junta directiva del Banco de la República decidió mantener en 12,0% la tasa de interés de política monetaria.

De acuerdo con un comunicado emitido por el banco central, la decisión se tomó en un contexto en el que la economía colombiana mostró mejores datos de actividad y empleo. En mayo, el Índice de Seguimiento de la Economía registró una variación anual de 4,1% y la tasa de desempleo en el agregado nacional se ubicó en un 8,0% en junio.

Con base en la información del segundo trimestre y en otros indicadores disponibles hasta junio, el equipo técnico del banco central proyecta un crecimiento de 2,5% para 2026 en materia económica.

Sin embargo, estos indicadores positivos no son suficientes para reducir la tasa de interés. El Banco de la República explicó que la inflación total siguió aumentando en junio y llegó a 6,1%. El alza respondió al comportamiento de los alimentos y de los precios regulados.

Por otro lado, en alimentos, la inflación anual subió a 6,8%. En regulados alcanzó 5,9%, mientras la inflación básica, que excluye ambos componentes, se mantuvo estable en 6,0%.

“Las expectativas de inflación de los analistas económicos para diciembre de 2026 y de 2027, según la encuesta realizada en julio, mostraron aumentos situándose en 6,6% y 5,0% respectivamente. Las expectativas derivadas del mercado de deuda pública permanecen por encima de 6,0% para todos los plazos”, añadió.

En ese sentido, la junta directiva concluyó que es necesario mantener la tasa de interés inalterada con el fin de continuar con los esfuerzos de reducir la inflación para 2027. “Las decisiones futuras dependerán de la nueva información disponible”, aclaró.

La apreciación del peso colombiano fue otro elemento que la junta directiva tuvo en cuenta al momento de tomar la decisión de mantener la inalterada la tasa de interés. Según precisó, la valorización ha sido persistente, supera la observada en varias monedas comparables y ayuda a moderar las presiones inflacionarias.

De igual manera, advirtió que el conflicto de Medio Oriente y el fenómeno de El Niño podrían intensificar las presiones sobre la inflación. Al mismo tiempo, esos factores tendrían capacidad de reducir el ritmo de crecimiento económico en Colombia.

La postura del Gobierno ante la decisión del Banco de la República

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, se pronunció sobre la decisión que tomó el Banco de la República, la cual fue anunciada por Leonardo Villar Gómez, gerente del banco central. En su intervención, aclaró que el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no está de acuerdo con la determinación de mantener la tasa de interés en 12,0%.

De acuerdo con sus declaraciones, la administración solicitó que la tasa se redujera. Esto, teniendo en cuenta que se ha evidenciado una contracción económica derivada, al parecer, del aumento de la tasa de interés de referencia, que también está generando alteraciones en la tasa de cambio.

“Saludamos que esta decisión se haya tomado. Nosotros planteamos que era conveniente bajar 50 puntos básicos la tasa de interés para neutralizar una parte del efecto contractivo que se ha producido con los incrementos hasta ahora establecidos”, dijo el jefe de la cartera en una rueda de prensa en la que estuvo presente Villar Gómez.

El ministro de Hacienda aseguró que es necesario bajar la tasa de interés para garantizar que no haya consecuencias recesivas significativas en el país. Además, advirtió que el costo de la deuda de la Nación también se ha visto afectado por las decisiones que ha tomado la junta directiva del Banco de la República en materia de política monetaria.

“Creamos que hay un espacio de moderación con la decisión que se ha tomado el día de hoy, que, si bien es positivo, seguiremos insistiendo en el debate económico a nivel nacional en la importancia de orientarse hacia una estrategia económica distinta”, precisó.

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa, abrió una indagación previa a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) por presuntas irregularidades en la vinculación de la joven creadora de contenido Gabriela Muñoz Olaya y de algunos de sus allegados.

La apertura de la indagación surgió después de que Angie Rodríguez, actual directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), denunciara públicamente que la creadora de contenido habría influenciado en la toma de decisiones administrativas en la Aerocivil, así como el nombramiento de ciertas personas en algunos cargos. Esto, a pesar de que su puesto en la entidad era de auxiliar 1, de nivel asistencial.

“No solamente es Juliana Guerrero, es, por ejemplo, una señora que se llama Gabriela, que ella en su momento manejó a su antojo la Aeronáutica Civil. Y perdónenme, ella se llama Gabriela Muñoz (...). Es el mismo modus operandi”, señaló Rodríguez, en diálogo con Noticias RCN.

Vinculación de familiares de Gabriela Muñoz bajo la lupa de la Procuraduría

Así las cosas, con el fin de identificar responsabilidades disciplinarias en la Aerocivil, la Procuraduría abrió indagación previa, argumentando la necesidad de investigar presuntas anomalías en la vinculación de la joven creadora de contenido y de sus familiares:

• Santiago David Muñoz Olaya, su hermano.
• Silvana María Muñoz Jaramillo, su prima.
• Samuel Muñoz Rayo, su primo.
• Daniel Felipe Arias Olaya, su primo.

De igual manera, investigará la “presunta participación irregular de Gabriela Muñoz Olaya en asuntos ajenos al ámbito de sus funciones y su incidencia en decisiones de alto nivel en la Aeronáutica Civil”, así como el aparente tráfico de influencias que habría ejercido la influenciadora a favor de sus allegados ante la entidad.

La creadora de contenido emitió un comunicado en el que negó los señalamientos en su contra. Aseguró que no participó en los nombramientos de sus familiares en la entidad y que tampoco solicitó, recomendó, gestionó o presionó para que se efectuara la vinculación de sus allegados o de otras personas.

“Mi cargo no me otorgaba facultades para nombrar o retirar funcionarios, seleccionar contratistas, adjudicar contratos, ordenar gastos ni participar en decisiones de contratación”, precisó en la comunicación oficial.

Irregularidades contractuales y laborales

El organismo de control también busca investigar si hubo anomalías en la celebración de un contrato de la Aerocivil por $400.000.000, aproximadamente, que posteriormente fue modificado y su valor se incrementó a cerca de $12.000.000.000.

Adicionalmente, investigará presuntas irregularidades en la habilitación de días y horarios no laborables con el fin de adelantar actuaciones contractuales y la aparente desatención a un requerimiento allegado por el Ministerio de Transporte, relacionado con la entrega de información completa y oportuna para poder analizar la gestión contractual de prestación de servicios de la entidad.

El Ministerio Público decretó la práctica de pruebas para empezar con las respectivas investigaciones. Para ello, requirió a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil para que, en un término de 10 días hábiles, envíe información relacionada con algunos de sus funcionarios.

“Certificación en la que conste nombre completo, documento de identificación y últimos datos de contacto - dirección, teléfono y correo electrónico, que reposen en sus archivos de quien o quienes hayan fungido en propiedad o por encargo o comisión de servicio, como secretario general y coordinador del área administrativa o los que hagan sus veces de la entidad, desde el 1 de enero de 2025 a la fecha de remisión de la certificación. La misma certificación en relación con la funcionaria Narda Duperly Roa Ibarra”, detalló la Procuraduría Delegada Disciplinaria.

De igual manera, pidió al Ministerio de Transporte que allegue una copia del requerimiento realizado por la jefa de la cartera, María Fernanda Rojas, sobre la gestión contractual de prestación de servicios de la entidad, así como un informe en el que indique cuáles de los datos que envió la Aeronáutica Civil no estaban completos.

Avanzan las indagaciones que se adelantan por hechos de acoso sexual en Caracol Televisión. Cuestión Pública confirmó que una Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia radicó una solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos contra el periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo.

De acuerdo con el informativo, que consultó con fuentes del ente acusador sobre dicha petición, el presentador podría ser investigado por el delito de acoso sexual, contemplado en el artículo 210-A del Código Penal Colombiano. Este tipo penal contempla una pena en prisión de entre uno y tres años.

De acuerdo con la indagación que está llevando a cabo la Fiscalía, Vargas fue señalado por cuatro trabajadoras, que lo acusaron de haber incurrido en conductas de acoso sexual entre 2024 y 2026, según detalló Cuestión Pública.

La salida de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego de Caracol

Ante las denuncias que surgieron y derivaron en un escándalo mediático, tanto Jorge Alfredo Vargas como el presentador Ricardo Orrego –también denunciado por actos de acoso sexual– fueron desvinculados de Caracol Televisión.

“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, informó el canal en marzo de 2026, a través de un comunicado.

De acuerdo con el canal, la decisión de desvincular a los periodistas respondió a la necesidad de garantizar que las indagaciones que desde ese momento se llevaran a cabo se realizaran con total independencia. De igual manera, insistió en la importancia de proteger a las personas involucradas y a sus familias, así como de preservar la confianza de la población en el canal.

Reconoció que, ante las denuncias, se exigieron respuestas claras, transparentes y responsables por parte del canal, por lo que, en aras de atender a ese llamado, tomó medidas.

“Entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad, con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”, detalló en la comunicación oficial.

Así las cosas, el canal expresó su respeto hacia las personas que denunciaron los hechos que ahora son materia de investigación y aseguró que el proceso que se adelantaría serviría para escucharlas y acompañarlas.

“Caracol Televisión reafirma su compromiso con la permanente construcción de un entorno laboral seguro, respetuoso y digno para todos nuestros colaboradores, sin distingo alguno. Hemos tomado y seguimos reforzando todas las medidas para que este propósito se cumpla día a día”, añadió.

Jorge Alfredo Vargas se pronunció tras su salida de Caracol

Por su parte, Jorge Alfredo Vargas emitió un comunicado en el que afirmó haber actuado correctamente durante los 20 años en los que trabajó en Caracol Televisión. Aseguró que, además de haber ejercido su oficio “con rigor, independencia y respeto”, procuró ser correcto.

“No es un momento fácil. Son dos décadas de vida, de cubrimientos, de historias compartidas y de un vínculo muy profundo con una audiencia que me abrió un espacio en sus hogares. En lo personal, como esposo y padre de dos hijas y un hijo, asumo este momento con serenidad, y en lo profesional con la tranquilidad de conciencia de haber mantenido los parámetros de respeto y buen comportamiento“, señaló.

Además, advirtió que en su sitio de trabajo siempre manejó una actitud “cercana y familiar”. Por eso, indicó que, si en algún momento alguna persona tuvo “una sensación diferente” con respecto a su “forma de ser” y su conducta, lo respeta. Sin embargo, aclaró que jamás tuvo esa intención.

María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, dio a conocer cuáles son los proyectos que tiene para su vida, tras haberse cumplido un año del atentado que sufrió su esposo.

De acuerdo con Tarazona, que conversó con la revista Semana al respecto, su enfoque siempre ha sido el servicio, algo que compartía con el congresista del Centro Democrático, al que acompañó en su carrera política y con quien trabajó “construyendo país”. En consecuencia, asegura estar lista para aportar desde su conocimiento y experiencia al acompañamiento de poblaciones de Colombia y Bogotá que así lo requieran.

Según precisó, su labor de servicio ahora tiene una motivación adicional: honrar la memoria y el actuar del senador Miguel Uribe y trabajar para que el país mejore, como él lo esperaba.

“Estoy lista para servirle al país. En este momento no he tenido conversación alguna con el electo presidente Abelardo de la Espriella ni con personas de su gabinete, pero yo estoy lista a servirle a Bogotá y servirle al país y desde lo que yo pueda hacer, desde donde pueda hacer, honrando siempre la memoria de Miguel y con el firme propósito, como hizo Miguel, de transformar el dolor en servicio y en pensar que podemos tener un país mejor”, detalló.

Tarazona aclaró que, aunque afirma estar dispuesta a poner al servicio de los bogotanos su formación académica y su vocación de servicio, por ahora no está interesada en lanzarse como candidata a la Alcaldía de Bogotá, como algunas personas han especulado. Sin embargo, no descartó que en algún momento de su vida opte por trabajar en el sector público y, desde allí, poner en marcha ese servicio que asegura hace parte de sus pasiones.

“Yo estoy dispuesta a servirle a Bogotá y a mi país como lo estoy haciendo ahora desde el trabajo social y un llamado, si tengo un llamado a servir desde el sector público, pues también estaría lista para eso”, precisó al informativo citado.

En consonancia con ese objetivo que tiene de servir a Colombia y a Bogotá, dio a conocer que recibió una beca para hacer una maestría en Políticas Públicas en la Universidad de La Sabana. El posgrado dura un año y medio y, de acuerdo con su explicación, la formación académica que recibirá le permitirá aprender sobre la resolución de problemáticas desde el diseño de políticas públicas.

“Empiezo ahora en septiembre, con todo el entusiasmo, y prepararme para abrirle la puerta a la vida de lo que tenga para mí”, indicó Tarazona en la entrevista.

Por otro lado, la viuda de Miguel Uribe reveló a qué se ha dedicado desde que su esposo fue víctima del atentado en Bogotá (7 de junio de 2025) y desde que falleció (11 de agosto de 2025). Aseguró que sus esfuerzos se han centrado en acompañar a su familia, especialmente a sus hijos, y a definir qué va a pasar con su vida ahora que su pareja no está.

Uno de los retos más difíciles que ha tenido que afrontar es el de brindar apoyo y tranquilidad a su hijo Alejandro, que teme que tanto él como su familia sean asesinados, como pasó con Miguel Uribe.

“A estar al lado de Alejandro que, además con un tema tan complejo como este, pues la angustia de él de perder a su mamá después de perder a su papá, era algo que estaba todos los días (sic)”, explicó.

En medio de su labor de acompañamiento y de asumir el duelo, dedicó parte de su tiempo a visualizar e ir impulsando proyectos de servicio. Uno de ellos lo está desarrollando con la actriz y activista Johana Bahamón.

“Estamos trabajando con la Fundación de Johana Bahamón, Segundas Oportunidades, para intervenir en una prevención del reclutamiento de niños víctimas de violencia, de instrumentalización”, explicó.

El presidente electo Abelardo de la Espriella dio a conocer los nombres de varias personas que, por elección suya, liderarán importantes entidades e instituciones durante su administración, que iniciará el 7 de agosto de 2026, fecha en la que se posesionará como jefe de Estado de Colombia.

En una rueda de prensa, el mandatario entrante informó que la directora de Parques Nacionales Naturales será Sandra Bessudo. De igual manera, indicó que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) será Ricardo Ayerbe y que el próximo presidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) será el actual concejal de Bogotá Marco Acosta.

Algunos de los nuevos funcionarios no se han pronunciado públicamente sobre los nombramientos. Sin embargo, en redes sociales han dado luces sobre su afinidad con el Gobierno entrante y, además, algunas personas han respaldado sus designaciones.

Sandra Bessudo, que es buzo profesional, ambientalista, conservacionista y fundadora y directora de la Fundación Malpelo y Otros Ecosistemas Marinos, compartió en sus redes un mensaje publicado por José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, en el que expresó su alegría por la decisión de De la Espriella de nombrarla como directora de Parques Nacionales.

De acuerdo con el vicemandatario entrante, Bessudo participó en el diseño de la hoja de ruta de la nueva administración, haciendo aportes clave en materia de protección ambiental y del cuidado de las comunidades.

“Felicitaciones, @sandrabessudo. Celebro tu designación como directora de Parques Nacionales. Tu pasión y compromiso con la sostenibilidad son de resaltar. Además, tu acompañamiento en la construcción de la agenda ABC de la #PatriaMilagro fue clave, pues, esta será la hoja de ruta en temas de agua, biodiversidad y comunidades que jugará un papel protagónico en el gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA. ¡Todos los éxitos!”, escribió el vicepresidente electo en X.

Por otro lado, Ricardo Ayerbe, que fue gerente de la campaña de De la Espriella en Bogotá, recibió las felicitaciones del excandidato a la Cámara de Representantes por el partido Salvación Nacional Julián Clavijo. En una publicación en X, aseguró que sus conocimientos y experiencia le permitirán asumir adecuadamente sus responsabilidades en la ANI.

“Felicitamos al doctor @RicardoAyerbe por su nombramiento como Presidente de la ANI, un gran amigo y coequipero, con toda la experiencia y rigor para liderar esta entidad tan clave para Colombia. Sabemos de sus cualidades y le deseamos los mejores éxitos en su gestión. ¡A trabajar por el país!”, indicó Clavijo en la red social.

Por su parte, el concejal Marco Acosta, que es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, dio declaraciones ante la prensa tras hacerse pública su designación como presidente del Fondo Nacional del Ahorro. De acuerdo con el funcionario entrante, su objetivo es implementar estrategias que permitan a los colombianos convertirse en propietarios y, así, apuntarle al desarrollo del país.

“Hemos hecho por el servicio a la ciudadanía, a Bogotá durante estos casi siete años y ahora a la Nación. Sin duda alguna que la oportunidad desde esta plataforma institucional, que es el Fondo Nacional del Ahorro, para llevar soluciones concretas y sobre todo, poder cubrir ese déficit habitacional, tanto cualitativo como cuantitativo, que no permite que Colombia sea una patria de propietarios”, precisó, en diálogo con La Voz de Porras Digital.

Afirmó que los retos que asumirá tendrá que trabajarlos, en parte, con el Ministerio de Vivienda, que será liderado por Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga. “Creemos que a través de estas plataformas institucionales tenemos que quitar las brechas de acceso, tenemos que digitalizar esos canales de acceso para que los créditos en realidad se le puedan otorgar, sobre todo a las poblaciones vulnerables, estrato uno y dos”, añadió.

Las autoridades encontraron los restos que corresponderían a Alahia, la bebé que estaba esperando la joven María Camila Potosí, de 21 años, que fue asesinada en Cali, Valle del Cauca. La víctima, que tenía ocho meses de embarazo, desapareció el 16 de julio de 2026 y, cuatro días después, las autoridades encontraron su cuerpo, pero no hallaron a su bebé; concluyeron que había sido extraído.

Alba Rubi Gómez, madre de María Camila, se pronunció ante el hallazgo del cuerpo de una bebé. En diálogo con Noticias Caracol, reveló que se enteró sobre los hechos por una noticia emitida en televisión. Según precisó, su familia esperaba que al menos la niña fuera encontrada con vida.

“Prendo la televisión y resulta que cogieron a los cinco capturados, las cinco personas implicadas, y van diciendo que lamentablemente habían encontrado el cuerpo de la bebé, pero ya sin vida. Eso fue una noticia que nos cayó, mejor dicho, como un balde de agua fría, porque no esperábamos esto, no esperábamos esta noticia”, precisó.

La mamá de la víctima aseguró que no ha recibido ninguna confirmación sobre el hallazgo del cadáver de Alahia por parte de las autoridades competentes. Además, todavía hace falta que Medicina Legal lleve a cabo los respectivos exámenes forenses para confirmar la identidad de la bebé y la causa de su fallecimiento.

Gómez confesó que espera que el cuerpo encontrado no corresponda al de su nieta. “Quisiera guardar la esperanza de que no fuera la bebé, que fuera otra bebé, no la de nosotros”, dijo.

De igual manera, se refirió al apoyo que su familia ha recibido por parte de la comunidad, que participó en velatones y manifestaciones para pedir por el hallazgo de María Camila Potosí y de Alahia. También han acompañado a la familia en el novenario que están realizando por el eterno descanso de la joven.

“Hemos tenido mucha fortaleza y la esperanza de encontrar a la bebé, de tener a Alahia aquí con nosotros. Pero ya con esta noticia, quisiera tener la certeza de que, como no nos han dado la noticia de que sí es ella, quisiera tener la esperanza, guardarla, seguirla guardando, de que la bebé está viva”, explicó.

Según Alba Rubi Gómez, los seres queridos ven a la bebé como “un pedacito” de María Camila que quisieran poder tener. Ahora, mientras Medicina Legal confirma si el cuerpo que se encontró corresponde a la niña, se limita a recordar las cualidades de su hija.

La recuerda como una joven alegre, que solía cantar y reírse en las celebraciones importantes de la familia. “Queremos tener esa imagen de ella, como era ella: una niña muy feliz, muy centrada en sus cosas. Ahora, con la llegada de su bebé, estaba más feliz todavía porque iba a ser madre”, precisó a Noticias Caracol.

Las personas capturadas y el mensaje de Alba Rubi Gómez

Sobre las personas capturadas por las autoridades (Yulieth Angulo, alias Nilson, alias Edu, alias Kevin y alias JJ), que serán judicializadas por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio, afirmó que “no tienen corazón” ni “alma”.

Indicó que, al parecer, ninguno de ellos conocía a su hija y aseguró que la joven jamás les causó ningún daño que motivara su actuar criminal. Por eso, afirmó que no perdona el asesinato de María Camila ni la muerte de su nieta. “Este crimen ya es demasiado”, expresó.

“No me cabe en la cabeza por qué cometieron este delito. Ahora solo espero que se haga justicia, que les caiga todo el peso de la ley. Tienen que pagar por la muerte de mi hija y por la muerte de la bebé”, añadió la madre de la víctima en la entrevista con el medio citado.

Avanzan las investigaciones por la muerte de la joven de 21 años María Camila Potosí, cuyo cuerpo fue encontrado el 20 de julio de 2026 en Cali, Valle del Cauca, tras permanecer desaparecida por cuatro días; el 16 de julio, sus familiares perdieron su rastro, después de que asistiera a un control prenatal por sus ocho meses de embarazo.

De acuerdo con Noticias RCN, la necropsia adelantada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses indica que la ciudadana falleció por múltiples lesiones ocasionadas con un arma blanca. De acuerdo con el documento al que tuvo acceso el informativo citado, el cuerpo de la víctima tenía más de 15 heridas.

Por el momento, se desconoce quiénes estarían detrás del crimen, pero las autoridades ya capturaron a cinco personas que podrían estar vinculadas al caso. La detención de los sospechosos se logró mediante diligencias adelantadas por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Cali y Andalucía.

“Fueron capturados cinco presuntos implicados en el crimen de María Camila Potosí, caso que nos conmovió como ciudad y como país. Ninguna mujer debería ser víctima de la violencia y ningún crimen como este puede ser normalizado o quedar en la impunidad. Lo dijimos desde el primer día y lo estamos cumpliendo: no vamos a descansar hasta que todos los responsables respondan ante la justicia”, informó el alcalde de Cali, Alejandro Éder, en su cuenta de X.

Las personas capturadas por las autoridades fueron identificadas como Yulieth Angulo, que sería la mujer que fue captada por una cámara de seguridad transportando a la joven en una motocicleta, alias Nilson, alias Edu, alias Kevin y alias JJ.

De acuerdo con el brigadier general Herbet Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, los detenidos, que pretendían escapar del país, serán judicializados por los delitos de secuestro, desaparición forzada, feminicidio agravado y ocultamiento de elemento material probatorio.

“Mantenemos activos todos los protocolos de búsqueda de la bebé y seguiremos informando conforme avancen las diligencias judiciales. Recordamos que existe una bolsa de recompensa de hasta 200 millones de pesos para que nos permita seguir avanzando en este proceso investigativo que hemos priorizado”, precisó el alto oficial.

El hallazgo del cuerpo de la bebé de María Camila Potosí

Cuando se encontró el cadáver de la víctima, se descubrió que su hija Alahia había sido extraída de su cuerpo. Posteriormente, las autoridades encontraron el cuerpo de la bebé. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses llevará a cabo la necropsia de la niña, confirmará su identidad y determinará la causa de su deceso.

El representante a la Cámara David Cote, que hace parte de la bancada provida del Congreso de la República, se pronunció al respecto a través de sus redes sociales. Expresó su rechazo ante los hechos de violencia que vivieron tanto la joven como el bebé que estaba esperando.

“Rechazamos de manera vehemente el hallazgo sin vida de la bebé de María Camila Potosí, luego del atroz asesinato de su madre. Colombia no puede seguir normalizando el desprecio por la vida. Cada mujer asesinada, cada niño que no alcanza a nacer o a vivir, es una tragedia que exige justicia y autoridad. Este crimen no puede quedar impune. La vida debe ser defendida y protegida sin excepciones”, aseveró.

Al igual que el congresista Cote, la legisladora Carol Borda reaccionó con indignación ante la noticia del hallazgo de los restos de la bebé de María Camila Potosí. En una publicación en X, la representante a la Cámara exigió a las autoridades competentes que actúen de manera adecuada e impidan que el crimen quede en la impunidad.

“A María Camila Potosí le arrebataron la vida y a la pequeña Alahia la sacaron del vientre de su madre para luego asesinarla. No existe crueldad más grande. Exijo que este crimen reciba la máxima sanción que permita la ley y que no haya un solo espacio para la impunidad. Mi solidaridad con su familia y que caiga todo el peso de la ley sobre los asesinos”, escribió.

De acuerdo con datos oficiales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), 18.677 niños, niñas y adolescentes fueron incluidos en las filas armadas de la antigua guerrilla. Sobre esa cifra, la comediante hizo una crítica a las personas que cuestionan la aparente falta de reconocimiento de ese flagelo.

“Vamos a hablar de esos hijueputicas niños que ya tienen más de 30 años. ¿Qué pasa con los niños? (...) Es que los niños nadie está a favor de eso, evidentemente”, dijo “Macafolla” en el espacio de conversación en el que también estuvo la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis”.

Posteriormente, surgieron críticas y hasta acciones legales en su contra por sus declaraciones. La creadora de contenido se pronunció al respecto en el programa de entrevistas No Copio del Tercer Canal. En su intervención, rechazó los cuestionamientos y críticas que ha recibido, sobre todo, por parte de personas de “derecha”.

A su juicio, mientras se le señala por haber hecho el comentario sobre el reclutamiento de menores, se guarda silencio con respecto a irregularidades en las que incurren algunos militantes de ciertos partidos políticos y ante determinados escándalos de corrupción que también afectan a los menores de edad en Colombia.

“Me parece maravilloso, porque habría sido muy bueno que también lo hubieran hecho con todos los de sus partidos cuando salen a hacer un montón de cosas que también atentan contra la integridad y el bienestar de los niños, cuando se roban la plata del PAE (Programa de Alimentación Escolar); no dicen nada”, detalló.

Mencionó el caso de Centros Poblados, que salpicó a la exministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Karen Abudinen. Este hecho de corrupción implicó la pérdida de $70.000 millones, que iban a ser destinados para conectar a poblaciones vulnerables en zonas rurales del país.

También se refirió a acciones militares llevadas a cabo por el Gobierno del expresidente Iván Duque, que derivaron en la muerte de menores de edad que habían sido reclutados por grupos armados.

“Cuando “abudinean” las cosas, ahí no dicen nada. Cuando hacen bombardeos en campos militares y salen a decir después: ‘Ah, es que esos niños que son reclutados...’. Porque eso lo dijo la derecha y eso lo dijo el ministro de Defensa de Duque en ese momento (...). Nadie salió a decir: ‘Oiga, ¿qué le pasa?’ Y eso no era un personaje, amigos, eso era 100% real, no fake”, señaló la comediante en la entrevista.

Así las cosas, aseguró que le parece incoherente que se le critique por declaraciones que hizo mientras interpretaba un personaje. Además, recalcó que reconoce y rechaza el reclutamiento forzado en Colombia y las violencias que sufrieron los menores de edad que terminaron en las filas de las organizaciones criminales.

“Estos niños fueron violentados y eso no se niega y eso no lo va a aceptar absolutamente nadie. Eso sí creo que tiene que quedar reclaro y creo que es muy obvio, pero, de nuevo, estos niños ya no son niños y merecen tener la oportunidad de una resocialización, de oportunidades distintas, de educación, de salud, de todo eso que se les fue arrebatado cuando eran niños”, precisó.

Además, cuestionó el hecho de que algunos integrantes de la derecha no respaldan a la JEP, pese a su trabajo de investigación y de exposición de la verdad.

De acuerdo con la exfuncionaria, en su caso, habría sido parte de ese grupo porque, presuntamente, Alcocer le tenía “celos”. Incluso, afirmó que cualquier persona que fuera atractiva físicamente terminaba siendo incómoda para la primera dama.

“Dentro de la campaña había un grupo que nos llamábamos ‘Los verónicos’. Eran los que éramos cobijados por Verónica (...). Suena horrible que yo te diga que Verónica me tenía celos. Lo que es claro, yo creo que Verónica me captó, me metió en el grupo de ‘Los verónicos’ pa’ que no estuviera cerca a su marido. Verónica, cualquier persona medianamente simpática, y te puedo nombrar nombres, no dejaba que se montara al avión con Petro", precisó Benedetti, en conversación con la presentadora Eva Rey, en el programa de entrevistas Me Vale.

Según su relato, las mujeres jóvenes que son “muy agraciadas”, supuestamente eran sacadas del Palacio. Mencionó el caso de una joven de apellido Arboleda, que fungió como jefe de prensa, y el de otra joven identificada como Marisol, que supuestamente era cercana al exembajador Roy Barreras y que trabajaba con Mauricio Lizcano, exministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Ellas, al parecer, tuvieron problemas para viajar en el avión con el primer mandatario y para permanecer en el Palacio, presuntamente, por decisión de Verónica Alcocer. Sin embargo, no presentó pruebas para sustentar sus señalamientos.

Por otro lado, Ángela Benedetti aseguró que Alcocer sí le tenía confianza a Laura Sarabia, actual embajadora de Colombia en el Reino Unido, que pasó por múltiples cargos en el Gobierno Petro, entre ellos: ministra de Relaciones Exteriores, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), directora del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) y jefa del Despacho Presidencial.

“Ella recibió a Laura Sarabia, no sé por qué. Laura no le generaba peligro, pero además le hacía caso (...). Verónica y Laura Sarabia. Ellas dos son una sola. Verónica que es una persona que no permite que nadie le haga sombra, ni un milímetro de sombra, empoderó a Laura Sarabia. Entonces, Laura Sarabia era la que hacía, digamos, todos los mandados de Verónica Alcocer”, detalló.

Al igual que Benedetti, Mary Luz Herrán, exesposa del presidente Gustavo Petro, excandidata al Senado de la República por el Frente Amplio Unitario y exmilitante del M-19, aseguró que la primera dama tuvo conductas que afectaron a su familia. “Ella nos ha hecho mucho daño como familia Petro-Herrán”, aseguró a Eva Rey en su antiguo programa de entrevistas Desnúdate con Eva.

Según contó, en 2022, cuando el presidente Petro estaba en campaña, Alcocer no permitió que sus hijos participaran en la publicidad política que se empezó a gestionar. Además, la señaló de haber interferido en su carrera política.

“Dio la orden de que mis hijos no podían salir. Ya lo voy a decir, ya no me importa lo que digan. De que mis hijos no podían salir en la publicidad con el padre, que era solamente ella con sus hijos. Y a mis hijos, ustedes lo han visto, cómo han estado relegados. Pero todo fue por orden de ella, que ellos no podían figurar en nada. Yo cuando vi la revista, los hijos de Petro y mis hijos a un lado, fue que ella dio la orden que mis hijos no podían estar”, explicó.

La Unidad Investigativa de la Revista Raya indagó sobre la formación académica y trayectoria profesional de Sandra Carolina Gómez Sánchez, vocera designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el informativo, en la “hoja de vida pública” de la próxima funcionaria se indica que es profesional en Derecho; sin embargo, según documentos a los que tuvo acceso, Gómez Sánchez se matriculó a la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Javeriana, estudió durante ocho años, pero no obtuvo el título profesional que la acredita como abogada.

“El director de la oficina de admisiones y registro académico certifica que Sandra Carolina Gómez Sánchez estuvo matriculada en la Universidad desde el tercer periodo de 2014 hasta el tercer periodo académico de 2021, adscrito al programa de Derecho y no ha obtenido el título correspondiente. Su estado en la Universidad es inactiva”, se lee en un documento que recibió el medio directamente de la Pontificia Universidad Javeriana.

Adicionalmente, la revista reveló que Gómez Sánchez no ha presentado las pruebas Ecaes (Saber Pro), un examen de Estado que es requisito para graduarse como profesional, técnico o tecnólogo en Colombia. Por su parte, la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura confirmó al medio de comunicación citado que la vocera designada no está inscrita como abogada.

El informativo citado indicó también que Gómez Sánchez figura como “abogada por profesión” y “periodista por vocación” en Substack (plataforma en la que se puede crear, enviar y monetizar boletines informativos, así como artículos y otro tipo de contenido). Y, de acuerdo con información pública que la vocera entrante tiene en su perfil de LinkedIn, trabajó como asesora en el Ministerio del Interior (profesional independiente) entre 2015 y 2018, pese a no contar con el título de profesional en Derecho. Desarrolló su trabajo en las siguientes direcciones y viceministerios:

• Dirección de Consulta Previa
• Dirección de Participación, Democracia y Acción Comunal
• Viceministerio para la Participación.

La revista verificó esa vinculación laboral en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep) y en el Directorio de Servidores Públicos (Secop) y no halló registros que comprueben su contratación. Asimismo, aseguró haber consultado con fuentes del Ministerio del Interior que corroboraron que “no existe un historial de vinculación laboral” de la próxima vocera en dicha cartera.

De acuerdo con el informativo, en más de una oportunidad buscó a Gómez Sánchez para indagar sobre su formación académica, pero la funcionaria designada no respondió.

El nombramiento de la vocera por parte de De la Espriella: no figura como abogada

Cuando el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella designó a Gómez Sánchez como vocera, en ningún momento la presentó como abogada. De acuerdo con el comunicado que emitió en su momento Defensores de la Patria y con el documento oficial –compartido por el equipo de prensa del mandatario electo– en el que se expone la trayectoria de la funcionaria entrante, su trabajo se ha centrado en ser periodista.

“Periodista, comunicadora, productora y presentadora, con una amplia trayectoria en medios de comunicación, quienes ejercerán la vocería institucional”, se lee en el comunicado oficial.

En sus redes sociales, la próxima vocera del Gobierno celebró su nombramiento, junto con el de Miller Soto Solano, que también ocupará ese cargo.

“En la Era del Tigre @ABDELAESPRIELLA, la vocería del Gobierno de Colombia estará al servicio de los ciudadanos, de los medios de comunicación y aliados digitales para hacer una relación transparente, respetuosa, directa, fluida y honesta. Gracias por la confianza en nosotros señor Presidente. Firmes por la Democracia. Firmes por la Patria”, escribió Gómez Sánchez en su cuenta de X.

El subsecretario adjunto para América del Sur en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Luis Méndez, se refirió a la visita que hizo una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos, de la Embajada del país norteamericano en Bogotá y de otras agencias y departamentos a Barranquilla (Atlántico).

En declaraciones que entregó a los medios de comunicación, aseguró que la presencia de funcionarios del Gobierno de Donald Trump deja en evidencia la postura que tiene la administración de Estados Unidos con respecto al nuevo Gobierno que tendrá Colombia, liderado por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Estados Unidos está aquí para apoyar a esta nueva administración que viene, la administración de De la Espriella. Ya hemos visitado Bogotá y hoy, muy feliz de estar aquí en Barranquilla, porque reconocemos que no solamente hay que trabajarlo a nivel nacional, también a un nivel subnacional y aprovechar la amistad que existe en Barranquilla”, indicó.

El funcionario indicó que el Gobierno de Estados Unidos está interesado en ayudar a resolver la crisis energética y de salud en Colombia, así como su situación de inseguridad. Por eso, según explicó, los integrantes de la delegación conversaron con los ministros y ministras designados, con el fin de identificar las oportunidades que existan para trabajar de manera conjunta.

“Aquí estamos para apoyar y mandar ese mensaje claro a la nueva administración del presidente electo”, expresó Méndez.

Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, se pronunció en redes sociales sobre la visita de la delegación e indicó que el encuentro que se adelantó está guiado al fortalecimiento de la cooperación bilateral y abre nuevas oportunidades para el desarrollo del departamento. El mandatario departamental aseguró que se detectaron espacios de inversión que contribuyan al progreso del Atlántico en materia económica y comercial.

“Durante la reunión se avanzó en la identificación de oportunidades de inversión para proyectos estratégicos, la consolidación del Atlántico como un hub tecnológico, especialmente en materia de infraestructura y puntos de conexión, y la exploración de nuevas posibilidades de financiamiento e inversión privada que impulsen el crecimiento económico y la competitividad del territorio”, detalló el funcionario en su cuenta de X.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá, por su parte, indicó que el encargado de Negocios, Hugo Guevara, y la delegación interagencial de Estados Unidos, sostuvieron una jornada de reuniones en las que participaron mandatarios y líderes gremiales, con el fin de fortalecer el “clima de negocios” y las alianzas comerciales.

Según detalló, se busca promover la inversión de las empresas estadounidenses en el país y mejorar la competitividad industrial de la mano de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y su presidente, Bruce Mac Master.

“La alianza comercial e institucional entre nuestras naciones sigue consolidándose. Reafirmamos este compromiso junto a líderes del Congreso colombiano durante un encuentro de la Cámara de Comercio Colombo Americana”, detalló la Embajada de Colombia en Bogotá en su cuenta de X.

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, informó ante la prensa que Estados Unidos está interesado en contribuir a distintos proyectos en Colombia, entre los que se incluyen aquellos del sector agropecuario y del sector medioambiental. De igual manera, aseguró que hay un compromiso mutuo de luchar contra la deforestación y de asumir los retos que hay en materia de seguridad.

“Esos son asuntos sobre los cuales los Estados Unidos ha demostrado el interés de acompañamiento y de apoyo a nuestro país. Y todo ello al final, para generar más oportunidades de empleo para los más vulnerables de Colombia, para tener también acceso a servicios públicos básicos, para que haya recursos suficientes que le permitan a Colombia enfrentar estos desafíos sociales”, detalló.

El Senado de la República aprobó la proposición que autoriza el traslado de la sede del Congreso de la República a Santiago de Cali, Valle del Cauca, con motivo de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026.

En total, se contabilizaron 58 votos por el “sí” y 30 votos por el “no”. La decisión del Senado se suma a la que ya había tomado la Cámara de Representantes con respecto al traslado de la sede del Legislativo a Cali, con el fin de que el mandatario electo pueda hacer su juramento ante el Congreso de la República, como establece la Constitución Política de Colombia, en el artículo 192:

“El Presidente de la República tomará posesión de su destino ante el Congreso, y prestará juramento en estos términos: “Juro a Dios y prometo al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia””, precisa la normativa.

Con anterioridad, el Senado había aprobado el traslado del Congreso al departamento del Cauca para que allí se llevara a cabo la ceremonia solemne, teniendo en cuenta que el jefe de Estado entrante quería posesionarse en una guarnición militar, pero esa propuesta generó malestar y alertas por el nivel de inseguridad del lugar. Así las cosas, el presidente electo desistió de esa idea y eligió a Cali como la ciudad en donde asumirá oficialmente el cargo que hoy ostenta Gustavo Petro Urrego.

De acuerdo con su equipo de prensa, el acto protocolario se realizará en la Arena de la Universidad Santiago de Cali, a las 3:00 p. m.

Durante la sesión ordinaria de la plenaria del Senado también se sometió a votación una proposición presentada por el senador Antonio Correa y suscrita por la congresista Jennifer Pedraza, que autorizaba el traslado del Congreso en pleno a Cali y que establecía que la sesión del Legislativo se llevara a cabo en un recinto institucional de carácter estrictamente civil. Con 40 votos por el “no” y 24 votos por el “sí”, fue negada la proposición.

Antes de que las proposiciones fueran sometidas a votación, los congresistas debatieron nuevamente sobre la conveniencia de que el mandatario electo se posesione en un lugar distinto al Capitolio Nacional, ubicado en Bogotá, que es donde sesiona el Congreso de la República.

Varios legisladores del Pacto Histórico cuestionaron a los senadores de la derecha por haber radicado la proposición de que el traslado del Congreso se hiciera al Cauca, porque, inicialmente, allí se llevaría a cabo la posesión presidencial de De la Espriella. Para los congresistas de la izquierda, sus homólogos se apresuraron a presentar la propuesta y someterla a discusión por varias horas, cuando todavía no estaba plenamente confirmado que el presidente electo tenía plenas garantías para hacer su juramento en ese departamento.

“Pónganse de acuerdo. Ustedes lo que nos han venido a presentar al país yo lo llamaría como la máxima improvisación. Primero, que se posesiona en el departamento del Cauca. Tan mencionado antes que iba a ir a Barranquilla. Ahora, que en una universidad en Cali. Pónganse de acuerdo”, expresó el senador Orlando Miguel de la Hoz García, del Pacto Histórico.

A su juicio, los legisladores de la derecha “están quedando en ridículo con el país” por su presunta falta de organización y claridad con respecto a las decisiones que se deben discutir y tomar en el Legislativo.

Carolina Corcho, senadora y exministra de Salud, advirtió sobre lo que sería la imposibilidad del Congreso de trasladarse para la posesión de De la Espriella. “Para poder hacer un traslado se requiere de un argumento de excepcionalidad que ya no existe. Y ya no existe porque ya claramente el señor Abelardo de la Espriella dio a conocer que no dio ni para hacer una proposición bien hecha”, dijo.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, designó a la abogada María Carolina Restrepo Cañavera como directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). De acuerdo con el mandatario entrante, pretende fortalecer a la institución, con el fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes.

A juicio del jefe de Estado electo, la próxima funcionaria de su administración cuenta con la suficiente formación académica, experiencia, el mérito y el compromiso que se requiere para asumir el cargo que actualmente tiene Astrid Eliana Cáceres Cárdenas.

“Su trayectoria de más de 30 años liderando procesos jurídicos, financieros y corporativos, sumada a su disciplina, integridad y capacidad técnica, será fundamental para recuperar el rumbo de una de las entidades más importantes del país”, precisó el mandatario electo en su cuenta de X.

Según precisó, bajo la dirección de María Carolina Restrepo se implementarán cambios profundos en el Icbf, orientados a fortalecer la lucha contra la corrupción al interior de la entidad. También pretende que se pongan en marcha controles rigurosos y procesos de adopción más eficientes.

Como directora del Icbf, Restrepo tendrá que hacer frente a varios retos específicos establecidos por el Gobierno entrante. “Combatir la corrupción, despolitizar la institución y reducir los procesos burocráticos; pero también revisar los protocolos para el proceso de adopciones, mejorar las condiciones de vida de las madres comunitarias, revisar la idoneidad de los funcionarios de la entidad y tender puentes con organismos internacionales e integrar otros organismos del Gobierno Nacional en beneficio de los menores”,

“Porque el futuro de Colombia comienza con el bienestar de sus niños”, indicó el presidente electo en su cuenta de X.

Antes de ser elegida por De la Espriella para liderar el Icbf, la abogada, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana, fue candidata al Senado de la República por el Centro Democrático, que se declaró partido de Gobierno tras la victoria del presidente electo en las urnas.

En su momento, la próxima funcionaria del Estado conversó con Caracol Radio y defendió al partido político –que, pese a ser de Gobierno, ha tenido importantes diferencias con la administración entrante– y su presencia en la lista al Senado de la colectividad. Negó que el movimiento político sea machista y destacó algunos de los conocimientos que tiene en materia económica y fiscal.

“¿Por qué estoy yo en la lista? No porque esté hablando de temas políticos o algo. Yo soy técnica. Es un partido donde la más técnica en la lista es una mujer. La que habla de impuestos es una mujer. La que habla de déficit fiscal es una mujer. Entonces, ahí están viendo un partido que ustedes pensarían que es supremamente machista. No, no lo es. ¡No lo es!“, precisó Restrepo en la entrevista con la emisora citada.

La trayectoria profesional de María Carolina Restrepo

La próxima directora del Icbf tiene una especialización en Finanzas Corporativas en el Cesa, una especialización en Tributación Internacional de la Universidad de Santiago de Compostela (España) y otras dos especializaciones en Derecho Tributario y en Negociación, Conciliación y Arbitraje en la Universidad del Rosario. También hizo parte del Business Management Program de la Universidad de Harvard y está haciendo un doctorado en Derecho en la Universidad de Buenos Aires, en donde presentará el proyecto de investigación “Las políticas públicas no delinquen”.

De igual manera, se desempeñó como directora del Centro de Estudios Tributarios, como coordinadora académica de la especialización en Derecho Tributario, como docente de la especialización en Derecho Tributario y como profesora de Mercado de Capitales y Derivados Financieros de la Universidad Javeriana.

Es socia fundadora de Restrepo Cañavera Legal & Business Hub y fue vicepresidenta de Consultoría Hyperion & XRT CERG Finance.

El 29 de julio de 2026, una jueza de Conocimiento de Bogotá condenó al exalcalde de Santa Marta Carlos Eduardo Caicedo Omar, que también participó en la contienda por la Presidencia de la República como candidato, a nueve años y nueve meses de prisión por haber incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la sentencia también fijó una multa equivalente a 4.453 salarios mínimos legales mensuales vigentes de 2014. De igual manera, fue sancionado con la inhabilidad para ejercer funciones públicas por el mismo tiempo de condena.

El abogado Julián Quintana, representante de la Alcaldía de Santa Marta en el proceso penal, que fue reconocida como víctima, se pronunció al respecto. En declaraciones expuestas por el medio de comunicación La Razón, el jurista y exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía celebró la decisión tomada por la jueza de Conocimiento de Bogotá y aseguró que continuará con las indagaciones pertinentes.

“Hemos logrado la condena en contra de Carlos Caicedo, un personaje que por mucho tiempo gozó de impunidad (...). Seguiremos adelante con las demás investigaciones y juicios, y como lo prometimos a la ciudad de Santa Marta y al país, vamos a hacer todos los esfuerzos para que se siga haciendo justicia”, precisó el profesional en Derecho.

A través de su cuenta de X, Quintana agradeció a la Alcaldía de Santa Marta por haber permitido que representara sus intereses en el proceso, teniendo en cuenta que, según las conclusiones que sacó la justicia, el exalcalde generó un millonario detrimento patrimonial.

“Gracias a @SantaMartaDTCH por depositar su confianza en nosotros para representar y defender los intereses de la ciudad. Este fallo demuestra que la justicia sí puede prevalecer cuando se trabaja con rigor, compromiso y determinación”, escribió en la red social.

Por otro lado, en conversación con El Informador, el abogado informó que iniciará un incidente de reparación “para ir en contra” de los bienes del exalcalde Carlos Caicedo. Esto, con el fin de lograr la respectiva reparación que requiere la ciudad por el detrimento patrimonial que se generó con las acciones de corrupción en las que el exfuncionario estuvo involucrado.

Los hechos de corrupción que derivaron en la condena de Caicedo

La Fiscalía informó que el exalcalde de Santa Marta intervino en la estructuración de un contrato del 20 de agosto de 2014 entre la ESE Alejandro Próspero Reverend y una sociedad privada. El objeto del contrato era llevar a cabo el mantenimiento y la adecuación de los centros de salud de Bastidas, La Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, y su valor ascendió a los $6.532 millones.

Las investigaciones adelantadas indican que Caicedo, que fungió como presidente de la junta directiva de la ESE, impulsó el proyecto mediante el Acuerdo 004 del 5 de junio de 2014, pese a que no cumplía con varios requisitos:

• Estudios previos
• Licencias de demolición
• Conceptos técnicos de viabilidad del Ministerio de Salud y Protección Social.

Además, se pudo verificar que el mencionado proyecto no estaba incluido en el plan anual de adquisiciones. Las licencias requeridas se expidieron tres años después del inicio de las obras.

La Fiscalía enlistó las consecuencias que surgieron de estas irregularidades. Por un lado, generaron la suspensión de servicios en varios centros de salud, lo que obligó a trasladar la atención de los usuarios a inmuebles que fueron arrendados y a sedes de juntas de acción comunal. Por otra parte, las obras “quedaron inconclusas” hasta la liquidación del contrato, en julio de 2016.

Los hechos de corrupción derivaron en un detrimento patrimonial superior a $5.040 millones. Esto, teniendo en cuenta que al contratista se le giraron $4.408 millones, pero las obras ejecutadas valieron $1.570 millones.

“He pedido que los $4 billones que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos de El Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la Ungrd y entonces tengamos $8 billones en Gcelca (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe)”, explicó el jefe de Estado en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres que se llevó a cabo el 21 de julio.

Gómez advirtió que detrás de ese traslado de recursos podrían encontrarse irregularidades. En consecuencia, radicó una solicitud de control fiscal preventivo y concomitante ante la Contraloría General de la República, con el fin de que vigile los “graves hechos” que se estarían presentando en la Ungrd a pocos días del cambio de Gobierno en Colombia.

Según precisó, no solo busca que se indague sobre la reasignación de los recursos. También pretende que se haga una investigación de carácter fiscal en la Comisión Nacional del Riesgo y en el Fondo de Adaptación, por presuntas anomalías en el manejo del dinero público y contrataciones que, al parecer, serían irregulares.

“Se está preparando el mayor hurto en concierto de recursos públicos y una avalancha de contratos a dedo para generar casos de corrupción”, precisó Gómez en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, informó que recurrió a la Procuraduría General de la Nación para que haga un acompañamiento y un control disciplinario preventivo, debido a que el ingeniero geólogo Javier Pava fue designado como director encargado de la Ungrd en junio de 2026 –cargo al que se suma el de gerente encargado del Fondo de Adaptación−.

“Ha revocado las delegaciones de contratación, no tiene control alguno para adjudicar a dedo $4 billones que se necesitan urgentemente en otras obras y a iniciativas urgentes como el dique de Cararegato”, precisó el director de Salvación Nacional.

Enrique Gómez afirmó que las irregularidades que presuntamente se encontrarían detrás de todas esas actuaciones constituirían un último “tumbe” perpetrado por el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, que dejará el poder el 6 de agosto, para que el 7 de agosto lo asuma el mandatario electo Abelardo de la Espriella.

Por eso, insistió en que los órganos de control e inspección competentes deben investigar cualquier anomalía que se presente en las entidades. “Este es el último tumbe de Gustavo Petro, su ministro de Hacienda y todos estos funcionarios. Por eso los organismos de control deben actuar hoy mismo para impedir este gran despropósito y este gran saqueo en las finanzas públicas”, aseveró.

Gómez no es el único que ha advertido sobre anomalías en el traslado billonario que ordenó el jefe de Estado, que, además, llegará a una entidad que ya fue objeto de hechos de corrupción. El Partido Conservador se pronunció en su momento al respecto y aseguró que, además, de la transferencia de recursos, preocupa la suscripción de varios contratos en los últimos días.

“La orden del presidente Gustavo Petro de transferir $4 billones a la UNGRD en la recta final de su gobierno enciende todas las alarmas. Desde el @soyconservador hemos visto con preocupación cómo, en los últimos días de esta administración, se multiplican los contratos, las transferencias y decisiones de última hora (sic)”, detalló el partido político en X.

Pese a estar siendo investigado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos, Wadith Manzur fue elegido como senador en los comicios legislativos del 8 de marzo de 2026. De acuerdo con datos oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, obtuvo 134.914 votos en las elecciones.

Con base en esa votación, el congresista electo solicitó ser posesionado en el cargo de manera virtual. Manzur no pudo oficializar su elección como senador el 20 de julio de 2026, fecha en la que se llevó a cabo la instalación del Congreso de la República, porque permanece privado de la libertad, cobijado con una medida de aseguramiento en centro carcelario ordenada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

De acuerdo con el presidente del Senado, Honorio Henríquez, la petición del senador electo se está verificando, para determinar si es posible o no que se posesione. “El secretario general está estudiando el tema, no es fácil, él solicitó que nos trasladásemos allá y aquí jurídicamente están revisando el tema para proceder conforme a la Constitución política y a la ley”, precisó ante los medios de comunicación.

Sin embargo, la solicitud generó inquietud e indignación entre algunos legisladores. Una de las personas que se pronunció al respecto es el congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático. Ante la prensa, aseguró que dar luz verde a la petición de Wadith Manzur constituiría un acto de ayuda que no debería ser contemplado.

A su juicio, el Congreso no debe permitir que ningún legislador electo se posesione mientras esté privado de la libertad y tampoco puede avalar que se gestione su salida temporal de la cárcel para tales efectos.

“Que ninguna mesa directiva, y espero que ni la de Cámara, porque también tenemos un caso en Cámara de Representantes, ni la de Senado, se preste para posesionar congresistas desde la cárcel, y mucho menos se presten para ayudar o auxiliar a congresistas para que salgan en permiso especial y venirse a posesionar acá”, señaló Briceño.

Para el exconcejal de Bogotá, el Congreso estaría errando al posesionar congresistas electos desde la cárcel. Desde su perspectiva, estaría enviando un mensaje equivocado a la ciudadanía, por lo que instó al presidente del Senado y al presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, a rechazar cualquier solicitud de ese tipo que se presente.

“Yo creo que la gente que está en la cárcel se debe quedar en la cárcel. Una vez que un juez les levante la medida de aseguramiento, ellos legalmente tendrán que hacer todo el proceso de venirse a posesionar, si aún pueden, porque hay unos temas legales de por medio”, explicó.

Al igual que Briceño, el exsenador Ernesto Macías criticó la petición que hizo Wadith Manzur y recordó que, en su momento, la exrepresentante Aída Merlano Rebolledo hizo esa misma solicitud y el Congreso respondió de manera negativa.

“Para tenerlo presente: en 2018, Aída Merlano, por intermedio de sus abogados, solicitó posesionarse en la cárcel El Buen Pastor. Aún no había sido condenada. Nuestra respuesta fue negativa. Según la ley: la posesión de los congresistas debe realizarse en el Capitolio Nacional”, aclaró.

La investigación contra Manzur

Manzur es investigado por el delito de cohecho impropio por presuntamente haber aceptado ofrecimientos por parte de funcionarios del Gobierno nacional a cambio de hacer gestiones irregulares en la comisión que integraba. La Corte Suprema de Justicia acusó a Manzur formalmente por ese delito, al igual que a los entonces congresistas Karen Astrith Manrique Olarte, Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Julián Peinado Ramírez y al exlegislador Juan Diego Muñoz Cabrera.

“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, indicó la Corte en un comunicado.

“En palabras sencillas: buscamos que la Constitución reconozca de manera expresa que la protección de la vida comienza desde la fecundación y que sea el Congreso de la República, como representante de los colombianos, quien dé este debate de cara al país”, detalló.

Esta iniciativa va en contra de la Sentencia C-055-22 de la Corte Constitucional, mediante la cual se declaró exequible la tipificación del delito de aborto consentido en Colombia. Básicamente, la Corte despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo cuando se practique antes de la semana 24 de gestación.

Además, determinó que no habrá comisión de delito alguno cuando se acceda al aborto después de la semana 24 de gestación, siempre y cuando se presenten los siguientes supuestos, contemplados en la Sentencia C-355 de 2006:

• Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer.
• Cuando exista una grave malformación del feto que haga inviable su vida.
• Cuando el embarazo sea el resultado de un acto de violencia sexual (acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto). Esto, siempre y cuando haya sido debidamente denunciado.

“En su sabiduría, el constituyente primario, que delegó su función en la Asamblea Constituyente el año 1991, planteó en el artículo 1 que el derecho a la vida en Colombia es inviolable. Pero, lamentablemente, algunas organizaciones, acudiendo a litigio estratégico y una Corte Constitucional que lamentablemente terminó legislando y tomando la decisión por 50 millones de colombianos, lamentablemente despenalizó el aborto”, señaló el representante Cote.

De acuerdo con el servidor público, es necesario que el Congreso de la República discuta el tema, teniendo en cuenta que su labor es legislar. Esto, pese a que la Corte Constitucional se pronunció al respecto en 2022, en una decisión que, a su juicio, no era de su competencia, por no pertenecer a la Rama Legislativa. “Es por eso que el legislativo colombiano, el Congreso de la República, no puede omitir su función de reglamentar este tema”, precisó.

Asimismo informó que, desde 2006, miles de embarazos han sido interrumpidos de manera voluntaria en Colombia. Desde su perspectiva, estos abortos son problemáticos en la medida en que se impidió el progreso de vidas potenciales que, incluso, pudieron haber sido claves para el país.

“Levantando la voz por esos 500.000 niños que desde el año 2006 han sido abortados. Han sido 500.000 corazones que han dejado de latir. Han sido 500.000 sueños que se frustraron. Han sido 500.000 vidas que pudieron aportarle mucho a Colombia”, señaló.

Al igual que el congresista Cote, la senadora Sara Castellanos impulsa el proyecto de acto legislativo radicado ante el Congreso. De acuerdo con la funcionaria, toda vida debe ser protegida desde el momento de la concepción, lo que impediría de cualquier manera la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia.

“¡La vida merece protección desde la concepción! Hoy radicamos junto con algunos Congresistas de la bancada provida de la Cámara y el Senado un Acto Legislativo para reformar el artículo 11 de la Constitución y que exista protección de la vida humana desde la concepción. Daremos el debate! #SíALaVida”, precisó la legisladora en su cuenta de X.

El representante a la Cámara Daniel Briceño recordó a los congresistas del Pacto Histórico y a otros legisladores que, si deciden no asistir a la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026, deberán renunciar al pago de un día de trabajo en el Congreso. De acuerdo con el exconcejal de Bogotá, a menos de que presenten excusas válidas para justificar su ausencia en la sesión, no podrán devengar su remuneración por ese día.

“Yo no tengo ningún problema con aquellos colegas que no quieren asistir a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Pero desde aquí también les hago un llamado para que renuncien a su día de salario si no van a asistir a la sesión”, señaló el representante a la Cámara en la sesión plenaria que se realizó el 28 de julio, en la que se aprobó el traslado del Congreso de Cali para la posesión presidencial (hace falta la decisión del Senado).

El legislador Daniel Mauricio Monroy, del Pacto Histórico, reaccionó a las declaraciones de Briceño e informó que, en efecto, tiene claridad sobre lo que establece la normativa vigente y, por ende, aceptará que no se le haga el pago de ese día de salario. Confirmó que prefiere dejar de devengar parte de su salario antes que asistir a la posesión del mandatario electo.

“Renunciaré al día de salario de la posesión presidencial. No cobraré ese día de salario. No haré parte del show de un presidente ilegítimo, que busca disfrazar sus caprichos con una supuesta descentralización”, indicó el congresista en una publicación en su cuenta de X.

A su juicio, el presidente entrante quería posesionarse en una guarnición militar, pero “fracasó en el intento”. Ahora su intención es llevar a cabo el acto protocolario en Cali y no en el Capitolio Nacional, en Bogotá, donde sesiona habitualmente el Congreso de la República.

El congresista insistió en que el debate sobre la posesión presidencial de De la Espriella jamás se ha centrado en los recursos. “La discusión NUNCA será por el salario. No existe dinero suficiente para pagar la dignidad de este pueblo”, señaló.

El representante del Pacto Histórico Heráclito Landinez confirmó que los demás integrantes del partido adoptarán esa misma postura. Ante los medios de comunicación, indicó que los legisladores saben lo que establece la normativa y, por ende, asumirán que no se les pague un día de salario por su inasistencia a la posesión del mandatario electo.

“Con seis fallas en plenaria se pierde la investidura. Pero ahora lo que le corresponde es a la dirección administrativa y a la estructura administrativa de la Cámara descontar, en este caso, el día de salario de los congresistas que no asistan. Y en el Pacto Histórico asumiremos eso como tiene que ser”, precisó.

Por otro lado, confirmó que ese 7 de agosto se llevarán a cabo varias concentraciones y manifestaciones en distintas ciudades del país, mientras que el excandidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro liderará un acto público en Barranquilla. Los congresistas del Pacto Histórico acompañarán al exaspirante.

Proponen que los congresistas paguen su viaje a Cali para la posesión de De la Espriella

Por otro lado, la representante Ana Erazo informó que varios legisladores presentaron una proposición ante la Cámara de Representantes en la que se autoriza que la corporación y su unidad administrativa se abstengan de desembolsar recursos por concepto de tiquetes, viáticos, hospedaje y otros gastos relacionados con el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella.

“Si consideran que trasladar la posesión fuera de la sede natural donde sesiona el Congreso no representa un despilfarro de recursos públicos, entonces sean consecuentes: paguen con SU PROPIO DINERO el espectáculo que decidieron organizar el 7 de agosto y no les trasladen ese costo a los colombianos. Esperamos que sea consecuente y deje su falsa preocupación que es de dientes para afuera”, indicó.

La Cámara de Representantes discutió varias proposiciones que se unificaron, en las que se instó a no autorizar la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en un lugar distinto al Capitolio Nacional (Bogotá), donde sesiona el Congreso de la República. Tras tres horas de debate y un espacio de votación, 114 representantes rechazaron la proposición al votar por el “no” y solo seis votaron por el “sí”.

“En consecuencia, ha sido negada la proposición que buscaba negar la posibilidad de realizar la posesión presidencial en lugar distinto al Congreso de la República en la ciudad de Bogotá”, indicó el secretario general de la Cámara, Miguel Ángel Sánchez Vásquez.

Luego de que se tomara esa decisión, se unificaron otras proposiciones para discutir el traslado del Congreso a Cali para la posesión de Abelardo de la Espriella, quedando establecida de la siguiente manera: “Se propone aprobar el traslado extraordinario y excepcional de la sede de la Cámara de Representantes para que sesione en pleno, junto con el Senado de la República, en la ciudad de Santiago de Cali, el día 7 de agosto de 2026, con el fin de llevar a cabo la ceremonia de posesión”.

Con 117 votos por el “sí” y siete por el “no”, fue aprobada la proposición. Sin embargo, hace falta que el Senado de la República debata al respecto y someta la iniciativa a votación. El Senado ya había dado luz verde para el traslado del Congreso en pleno al Cauca para la posesión de De la Espriella, pero el mandatario electo desistió de esa idea y cambió la realización del acto protocolario a Cali.

El país político reaccionó a la decisión de la Cámara de Representantes

Exfuncionarios del Estado y varios congresistas reaccionaron a la decisión mayoritaria de la corporación. Por un lado, el exsecretario de Desarrollo Económico Cali Edwin Maldonado criticó a los legisladores que trataron de impedir que el Congreso en pleno se trasladara a Cali para la realización de la ceremonia de posesión de De la Espriella. Aseguró que antepusieron su “ideología” sobre la región y los señaló de no estar del lado del Valle del Cauca.

“Hoy quedó claro quiénes están del lado del Valle y quiénes prefieren anteponer la ideología a la región. Después de obstaculizar proyectos estratégicos como el Tren de Cercanías, ahora quisieron impedir que la posesión presidencial se realizara en Cali. El Valle necesita congresistas que gestionen oportunidades, no que bloqueen a su propio departamento”, indicó el exsecretario.

Por su parte, el representante Juan Pablo Rojas celebró la determinación de la Cámara. Aseguró que el haber aprobado el traslado del Legislativo deja en evidencia la postura del Gobierno entrante con respecto al reconocimiento de las regiones. A su juicio, si la posesión de De la Espriella se lleva a cabo en Cali, se demostraría que, para el Ejecutivo, la región deja de ser considerada periférica.

“Que el nuevo Gobierno inicie desde Cali envía un mensaje claro: las regiones dejan de ser la periferia para convertirse en protagonistas del desarrollo, la seguridad y el crecimiento del país. Es un reconocimiento al papel estratégico del suroccidente colombiano y una apuesta por un Gobierno que acerca las decisiones nacionales a las regiones”, señaló.

No obstante, el congresista Felipe Hernández cuestionó el argumento que utilizaron para justificar el traslado del Congreso a la capital del Valle, que se enfocó en la descentralización. Según explicó, el hecho de que el mandatario electo no quiera posesionarse en Bogotá no implica que esté adelantando acciones orientadas a descentralizar el poder.

“Si realmente queremos descentralizar el país, el debate debería estar en llevar las entidades del orden nacional a los territorios, fortalecer su autonomía y garantizar mayor capacidad de decisión a las regiones”, escribió en X.

Mauricio Toro, representante de la Alianza Verde, fue uno de los congresistas que votó negativamente la proposición. De acuerdo con su postura, no hay un impacto realmente positivo en Cali y en el departamento.

“Con 117 votos a favor, la @CamaraColombia acaba de aprobar la posesión de ADLE en Cali. Solo 7 votos en contra, incluido el mío y varios verdes, y el ausentismo del Pacto. Mucho show para la posesión, pero nulo impacto real en el Valle y en Cali. Empezamos mal!”, indicó.

Isabel Vera, representante a la Cámara por el Valle del Cauca, aseguró que una posesión presidencial no es significativa para la población, que, más bien, está esperando que se tomen medidas reales para solucionar los principales problemas que la aquejan. Adicionalmente, informó que varios estudiantes universitarios se manifestarán en contra de la realización del acto protocolario.

“El Valle no necesita que se gasten miles de millones para verle la cara a un autoritario, la descentralización real es lo que hizo este gobierno: De los más de 1k proyectos de infraestructura educativa 175 fueron para nuestro departamento. Además, el estudiantado de la USC Cali anunció un plantón en contra de la posesión de Abelardo en sus instalaciones”, aseveró.

Durante la discusión que se surtió en la plenaria de la Cámara de Representantes el 28 de julio de 2026 sobre la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, el congresista Daniel Briceño, del Centro Democrático, hizo una advertencia a los legisladores que aseguraron que no asistirán a la ceremonia solemne que se llevará a cabo el 7 de agosto.

El primer mandatario entrante quiere que el acto protocolario se realice en Cali, Valle del Cauca, pero algunos congresistas, entre ellos los que integran la bancada del Pacto Histórico, rechazan esa propuesta y decidieron que no estarán presentes en la posesión presidencial.

Al respecto, el legislador Briceño recordó que, según el artículo 271 de la Ley Quinta, la falta de asistencia de los congresistas a las sesiones sin excusa válida no causará salario ni pago de prestaciones. Por otro lado, indicó las excusas que son aceptables para aceptar una inasistencia son:

• La incapacidad física debidamente comprobada.
• El cumplimiento de una comisión oficial fuera de la sede del Congreso.
• Autorización expresa de la mesa directiva del Legislativo.

“Yo no tengo ningún problema con aquellos colegas que no quieren asistir a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella. Pero desde aquí también les hago un llamado para que renuncien a su día de salario si no van a asistir a la sesión”, señaló el representante a la Cámara.

Briceño aseguró que no hay ninguna excusa válida que puedan presentar los congresistas que no quieren asistir a la ceremonia de posesión de De la Espriella. Reconoció que los legisladores están “en todo su derecho” de abstenerse de estar presentes, pero insistió en que esa decisión tiene consecuencias individuales que deberán asumir.

Asimismo, hizo una crítica al senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, que anunció que no asistirá a la posesión del mandatario electo y que ese día viajará a Barranquilla, tras aceptar una invitación de distintas organizaciones. De igual manera, indicó que llevará a cabo un acto público.

“Vayan a Barranquilla, con el presidente Juan Guaidó (expresidente interino de Venezuela) colombiano, que es el señor Iván Cepeda, que se ha autodenominado presidente alterno, que está montando un gabinete alterno, pero que sí aceptó la curul de la oposición”, añadió Daniel Briceño en el Congreso.

Al igual que el representante a la Cámara, la legisladora Carol Borda se refirió al anuncio de los congresistas del Pacto Histórico de no estar presentes en el acto protocolario. Cuestionó el hecho de que, teniendo clara su inasistencia, persistieran en la idea de impedir que De la Espriella se posesione en otro lugar distinto al Capitolio Nacional en Bogotá.

“¿Si el Pacto Histórico no va a asistir a la posesión presidencial de @ABDELAESPRIELLA porqué buscan frenarla? Tranquilos, vayan y disfruten su acto con el Juan Guaidó colombiano que la mayor cantidad de representantes sí queremos llevar la presencia estatal al territorio”, escribió la congresista en X.

La razón por la que el Pacto Histórico no irá a la posesión de De la Espriella

El representante a la Cámara Alfredo Mondragón, del Pacto Histórico, informó que los integrantes del partido en el Legislativo no irán a la posesión del jefe de Estado electo porque consideran que, debido a la nacionalidad estadounidense que también tiene, no es legítimo.

De igual manera, informó que convocarán manifestaciones pacíficas para que se lleven a cabo el 7 de agosto en distintas ciudades del país, incluyendo Cali, donde De la Espriella quiere hacer su juramento como presidente de la República.

“Ningún congresista va a ir a la posesión de Abelardo de la Espriella porque es ilegítimo. Es un ciudadano estadounidense que ha priorizado los intereses norteamericanos por encima de los colombianos. Convocaremos a espacios de resistencia pacífica en Cali, Barranquilla y otras zonas del país”, aseveró.

En conversación con la revista Semana, el alcalde de Cali (Valle del Cauca), Alejandro Éder, señaló al Gobierno del presidente Gustavo Petro, que está próximo a finalizar su mandato, de haber empeorado el flagelo del narcotráfico debido a la falta de implementación de una política efectiva de lucha contra la comercialización ilícita de estupefacientes y contra los cultivos de uso ilícito.

De acuerdo con el mandatario local, el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en Valle del Cauca, en los alrededores de la capital del departamento, es evidente. “La seguridad en el campo alrededor de Cali es especialmente preocupante porque, por falta de una política clara del Gobierno saliente, las siembras de coca y la producción de cocaína ya llega a las faldas de Cali. Eso es absurdo”, detalló al medio de comunicación citado.

El alcalde informó que, a solo 15 kilómetros de Unicentro y a 15 kilómetros de la Universidad del Valle hay un lugar en donde se está produciendo cocaína. Advirtió que esta actividad ilícita está generando graves afectaciones en el medio ambiente, en las fuentes hídricas y en el tejido social. Además, está provocando más hechos de violencia.

En consecuencia, envió un mensaje al mandatario electo, que se posesionará el 7 de agosto de 2026, en el que enlistó las necesidades que tiene Cali en materia de seguridad. Según precisó, la ciudad necesita de por lo menos 1.000 policías adicionales para fortalecer el pie de fuerza y garantizar mayor protección a la ciudadanía.

Asimismo, aseguró que se deben devolver las capacidades estratégicas de las Fuerzas Militares, con el objetivo de que puedan enfrentar a los grupos armados que utilizan drones cargados con explosivos para cometer actos de terrorismo.

“Es el colmo que hayan desfinanciado la Fuerza Aérea de Colombia (ahora Fuerza Aeroespacial Colombiana), que tengamos el 70% de las aeronaves de militares en tierra, mientras que estos delincuentes andan con drones en distintas poblaciones rurales del Cauca y del Valle del Cauca”, indicó.

Las autoridades de Cali tienen otra meta: capturar y dar de baja a todos los criminales que han estado detrás de atentados cometidos en Cali, Valle del Cauca y Cauca, durante el último año y medio. “Inclusive, ya sabemos dónde están. Solo hace falta la voluntad y la orden desde el Gobierno nacional para capturarlos”, señaló al informativo citado.

Cultivos de hoja de coca en Colombia ya superan las 260.000 hectáreas

El crecimiento de los cultivos de hoja de coca es una realidad que afecta al país en general. De acuerdo con el informe Monitoreo de territorios con presencia de cultivos de coca 2024, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) - Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), en 2024 se detectaron 261.000 hectáreas de coca cultivadas en el territorio nacional, lo que representa un crecimiento del 3,5% con respecto a 2023 (253.000 hectáreas).

Pero la problemática también traspasa las fronteras de Colombia. En el documento se indica que, según el Informe Mundial sobre las Drogas 2025, se incrementó el consumo de cocaína a nivel global. El mercado alrededor de esa sustancia ilícita alcanzó 25 millones de consumidores en 2023.

No obstante, el país contribuye enormemente a la problemática por su rol de productor. Pues, junto con Perú y Brasil, fue catalogado como uno de los países principales de salida de cargamentos de cocaína a nivel mundial entre 2020 y 2023.

“En Colombia se han consolidado puntos estratégicos para el tráfico de cocaína a través del océano Pacífico. En particular, se destacan las rutas ubicadas en Tumaco (Nariño) y el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca). Los grupos criminales demuestran una continua capacidad de adaptación ante el control estatal y la cooperación internacional, implementando modalidades híbridas de envío”, precisa el informe de la Unodc.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual directora del Fondo de Adaptación Angie Lizeth Rodríguez generó polémica por declaraciones que dio en una entrevista con Blu Radio, en la que aseguró que recibió advertencias relacionadas con la muerte del teniente coronel Óscar Dávila Torres. El uniformado resultó involucrado en una investigación que se surtió por interceptaciones ilegales que se hicieron al teléfono de Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia (excanciller y exembajadora), y a Fabiola Perea, exempelada de Sarabia.

El coronel fue hallado muerto en junio de 2023, en un vehículo en la localidad de Teusaquillo de Bogotá. De acuerdo con Rodríguez, algunos uniformados le aseguraron que el coronel no se suicidó, pese a que el Instituto Nacional de Medicina Legal así lo concluyó, tras la realización de la necropsia.

“Yo recuerdo que recién llegué al Dapre, unos policías me decían: ‘Doctora Angie, usted es muy ingenua, le abre el corazón a la gente’. Yo soy muy alegre, relajada, no le pongo tanto pero a las cosas. Me dijeron que no me confiara porque allá pasaban cosas feas. Ellos me dijeron: ‘Lo de mi coronel (Óscar Dávila) no fue un suicidio’”, indicó la exdirectora del Dapre al medio de comunicación citado.

El abogado Miguel Ángel del Río se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, tras ser notificado sobre señalamientos relacionados con su presunto involucramiento en la muerte del coronel Dávila. El profesional informó en su momento que el teniente lo buscó para decirle que estaba siendo amenazado.

“La trágica muerte del Coronel Oscar Dávila fue un suicidio. Es infame relacionarnos con esa tragedia”, aseveró el jurista en la red social.

En otra publicación, recordó que denunció que algunos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación habrían tenido injerencia en el suicidio del coronel. De hecho, según precisó, el uniformado habría sido presionado para hacer señalamientos en contra de integrantes del Gobierno del presidente Gustavo Petro, entre ellos, la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia.

“Fui yo quien denunció a funcionarios de la fiscalía por inducción al suicidio en el trágico caso del Coronel Dávila. Esos funcionarios lo estaban presionando y le advirtieron que “correría sangre” si no involucraba a Laura Sarabia, el Presidente @petrogustavo y mi equipo”, aclaró.

En efecto, en junio de 2023, días después de que se encontrara el cuerpo del coronel Dávila, Miguel Ángel del Río insistió en que hubo irregularidades al interior del ente acusador, que derivaron en la muerte del uniformado.

“Como advertí desde el primer momento y con el mayor respeto hacia su familia, el Coronel Dávila se quitó la vida por presiones de Fiscalía. Radiqué solicitud desde el mismo momento para investigar la inducción al suicidio por parte de funcionarios del ente investigador”, escribió el abogado el 21 de junio de 2023.

Petro señaló a la prensa de presionar al coronel Dávila

El presidente Gustavo Petro también reaccionó a las declaraciones de Angie Rodríguez a través de su cuenta de X, pero presentó otra hipótesis: aseguró que fue la prensa, que estaba investigando las interceptaciones ilegales, la que terminó presionando al teniente coronel. Además, afirmó que las indagaciones que estaban haciendo los periodistas no iban a generar ningún resultado real.

Así las cosas, el mandatario negó que el Gobierno nacional estuviera relacionado con la muerte del uniformado. “Yo conocí al coronel Óscar Dávila y sé que su suicidio fue producto de la presión de algunos periodistas buscando algo que no fue real. La investigación penal está en manos de la Fiscalía y decir que ordenamos matar desde la Presidencia es la peor calumnia que se ha dicho de mi presidencia”, aseveró el jefe de Estado en la red social.

Los hechos de violencia contra la mujer persisten en Colombia. De acuerdo con el informativo El País, de Cali (Valle del Cauca), una joven universitaria identificada como Dahiana, denunció estar siendo víctima de acoso por parte de un hombre al que identificó como Juan Camilo García.

De acuerdo con su relato, el hostigamiento comenzó después de haber ido a comer con él a inicios de 2026. La joven indicó que, aunque compartieron ese momento, en ningún momento se configuró una relación con el sujeto. Pese a ello, el señalado acosador habría empezado a perseguirla y a buscarla; la situación se extendió por seis meses.

El presunto acosador empezó a seguirla en la universidad, donde estudia y en su trabajo. También afirmó que el asedio alcanzó espacios de su vida privada, como el edificio donde vive.

La joven afirmó que bloqueó al hombre en todas sus redes sociales, pero el presunto acosador habría encontrado la manera de contactarla a través del correo electrónico. En uno de esos mensajes que recibió se lee: “Pasé por tu casa, Dahiana, sentí tu ki. Siempre me da nervios ir a buscarte jajaja revisé su moto y ya voy para Jamundí. No te pude dejar un detalle hoy, pero mañana, con la ayuda de Dios, te molesto la vida... Te amo hasta que me muera, Dahiana (sic)”.

En otro correo que la joven aseguró haber recibido, el hombre le pidió que se pusiera en contacto con él e incluso le hizo saber que estaba en el conjunto residencial donde vive: “En todas las fotos te ves hermosa, háblame, princesa. Decíme algo, por favor. Veo que está tu moto en tu casa pero no sé qué hacer”.

La denunciante aseguró que, en su momento, el hombre habría revisado la basura del conjunto residencial en donde vive y habría hurtado objetos de motocicletas al creer que una de ellas era de la joven. De igual manera, al parecer, habría dejado regalos para ella en esos vehículos.

En otra ocasión, el sujeto en cuestión le habría enviado una fotografía de él oliendo una gorra que, presuntamente, habría hallado en la basura del edificio. Sin embargo, la ciudadana aseguró que ese accesorio no le pertenece.

El nivel de acoso fue tal que, en su momento, tuvo que recurrir a las autoridades para que frenaran al señalado acosador. La intervención de la Policía Nacional se tradujo en una detención del hombre por 24 horas, que, además, ya está denunciado. “Hace poco la Policía por fin se lo llevó, después de varios intentos pidiéndoles ayuda, ya que hay una demanda en proceso a causa de esta situación, también existe una medida de protección y este hombre la infringió muchas veces”, detalló la ciudadana en una publicación a la que tuvo acceso el medio de comunicación citado.

Segunda denunciante afirmó haber sido acosada por el mismo hombre

De acuerdo con el informativo local, una segunda mujer afirmó que también fue víctima del presunto acosador. Según su testimonio, ambos habían tenido una relación sentimental. Al terminar ese vínculo, el sujeto, al parecer, continuó buscándola y trató de acercarse a ella de todas las maneras posibles.

La ciudadana afirmó que su familia supo sobre el hostigamiento del que estaba siendo víctima. “Durante más de dos años después de haber terminado la relación, este hombre ha insistido en contactarme por diferentes medios y llegó, incluso, a presentarse recientemente en mi casa, pese a que en repetidas ocasiones le he dejado claro que no quería tener ningún tipo de contacto. Mis padres, amigos y personas cercanas fueron testigos de esta situación. Mi solidaridad con quien decidió hacerlo público”, detalló la denunciante citada por el medio.

En el pódcast Cuentas y Cuentos del Banco de la República, Daniela Rodríguez, integrante del equipo técnico del Departamento Estabilidad Financiera del banco central, explicó de qué manera se evalúan los escenarios en donde “todo sale mal” en el sistema financiero. De acuerdo con Rodríguez, con el fin de prepararse ante posibles momentos adversos, es necesario hacer ejercicios de estrés.

“Son unos ejercicios que, como nosotros los llamamos, son la tormenta perfecta. Esto quiere decir, son ejercicios donde todo sale mal: hay un decrecimiento muy fuerte, hay una inflación muy fuerte, hay unas tasas de interés que aumentan muy fuerte, hay un aumento en el riesgo del país muy fuerte”, detalló la experta en el pódcast.

Según explicó, se hace uso de una herramienta cuantitativa que permita identificar maneras en las que las entidades pueden hacer frente a esos escenarios complejos.

Los ejercicios de estrés que se han adelantado hasta el momento evidencian que las entidades del país cuentan con las herramientas y la preparación suficientes para responder a esos momentos de crisis o de dificultad.

“Lo que encontramos es que, en términos agregados, las entidades cuentan con los recursos suficientes para enfrentar estos escenarios tan adversos. Y a nivel individual, pues sí tenemos algunas alertas; sin embargo, son alertas que toca leer con mucha atención porque estamos bajo un escenario con una baja probabilidad de ocurrencia, dado que es demasiado extremo”, precisó.

La experta aseguró que las entidades se mantienen fuertes, pero, a nivel individual, hay algunas que “marcan señal”. No obstante, aclaró que estos casos tienen unas características muy particulares: inician con una baja liquidez o un bajo capital. En consecuencia, recomendó tener un “buen capital” para que, en momentos de dificultad, sea posible mantenerse.

“Esto lo que hace es fortalecer el mensaje de ser cautelosos y es siempre estar preparados con un buen nivel de capital y unos colchones que nos permitan enfrentar choques en la economía”, detalló.

¿Cómo está el sistema financiero colombiano?

Por otro lado, Rodríguez se refirió al Reporte de Estabilidad Financiera del primer semestre de 2026 emitido por el Banco de la República en junio. Según precisó, los resultados indican que la situación actual del sistema financiero colombiano es “buena”. Sin embargo, hay cambios que han llamado la atención de los expertos, a los cuales hay que hacerles seguimiento.

“Hay algunas cosas que empiezan a materializarse y es que veníamos de un periodo donde la cartera estaba recuperándose fuertemente, veníamos de un periodo que el riesgo de crédito estaba cayendo significativamente y vemos cambios muy sustanciales en estas tendencias que sugieren mayor monitoreo”, explicó.

En todo caso, aclaró que estas alertas que han identificado no constituyen un riesgo. Simplemente se trata de cambios que se presentan en la dinámica del sistema financiero, lo cual es completamente normal. La tarea, entonces, es no dejar de estudiar esas transformaciones.

Rodríguez aseguró que el sistema financiero colombiano es resiliente y que tiene niveles de solvencia holgados. Esto, teniendo en cuenta que hay unos “mínimos regulatorios” con un nivel de liquidez “bueno”. Esto permite que sea posible enfrentar escenarios adversos.

No obstante, hay “vulnerabilidades”, como el incremento general de tasas de interés por movimientos de flujos de capital y la fluctuación de mercados por contextos de alta incertidumbre. El resultado de ello es una afectación al sistema financiero a través de las inversiones.

El funcionamiento del sistema financiero también responde a factores externos. “Un contexto internacional que enfrenta alta incertidumbre en términos económicos, en términos de conflictos geopolíticos y esto definitivamente nos afecta a nosotros en nuestra economía local, que se traduce en choques al sistema financiero”, indicó la experta.

El excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro emitió un comunicado en el que rechazó los hechos que corrupción que se han presentado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro, que está próximo a terminar (6 de agosto de 2026).

El congresista, que ejercerá una labor de oposición a la administración entrante del mandatario electo Abelardo de la Espriella, recordó que, durante su campaña a la Presidencia de la República fue “absolutamente claro” en condenar cualquier forma de corrupción, incluyendo hechos que involucran a funcionarios del actual Gobierno.

“No existe ni puede existir tolerancia alguna ante estas conductas. Todo indicio de corrupción debe ser investigado con independencia, esclarecido con transparencia y sancionado con el rigor de la ley”, precisó el exaspirante presidencial.

Cepeda recalcó que los actos de corrupción deben ser combatidos sin importar dónde se hayan presentado y las personas que estuvieron implicadas. Asimismo, aseguró que Colombia necesita un Sistema Nacional Anticorrupción para mejorar la efectividad de las autoridades en la lucha contra el flagelo.

Así como lo propuso en la época de campaña, ese sistema debe articular a las instituciones del Estado y a la ciudadanía, con el fin de que las investigaciones y acciones que se adelanten para combatir la corrupción sean permanentes, eficaces e implacables. A su juicio, esa corrupción que impacta negativamente al país ha generado estragos en la democracia.

El excandidato aprovechó su mensaje de rechazo hacia la corrupción para advertir sobre una presunta incapacidad del presidente electo Abelardo de la Espriella de encaminar una verdadera lucha contra la corrupción en Colombia. Aseguró que hay dudas sobre su ética y transparencia. En consecuencia, aseguró que los ciudadanos y las organizaciones deben involucrarse en las acciones que de ejecuten para combatir la corrupción en el país.

“Desde luego, esa tarea no podrá ser encabezada por el señor Abelardo de la Espriella, sobre quien pesan graves cuestionamientos públicos por presuntos vínculos con estafas y por señalamientos relacionados con estructuras del narcotráfico y el paramilitarismo. Debe ser la ciudadanía, sus organizaciones y los movimientos sociales las que lideren esa lucha”, aseveró.

Escándalos de corrupción que han sacudido al Gobierno de Gustavo Petro

En la adminsitración Petro se han registrado varios escándalos relacionados con corrupción, como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

El más reciente fue revelado por la revista Semana el 25 de julio de 2026 y tiene que ver con Juliana Guerrero, la joven que habría tenido un amplio poder en el Gobierno Petro y que por poco llega a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad con títulos académicos tramitados de manera irregular.

De acuerdo con la investigación periodística, Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero habrían liderado una red de corrupción relacionada con el uso de contratos para el favorecimiento de empresarios del Ministerio de Vivienda y del Ministerio del Interior. Además, habrían cobrado coimas por gestionar esos contratos con el Gobierno.

Las revelaciones que hizo el informativo sobre el presunto actuar criminal de Juliana Guerrero y de su hermana generó indignación y rechazo, tanto así, que exfuncionarios del Gobierno Petro reaccionaron solicitando que la Fiscalía General de la Nación investigue los hechos. Así lo hizo el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar en una publicación en X.

“En este otro caso de las hermanas Guerrero no se puede ser tibio. Que la Fiscalía investigue y que caiga el que tenga que caer. Y que los contratistas engañados hablen. Me tranquiliza que, a pesar del lobby y el tráfico de influencias, las entidades no les hayan otorgado contratos”, precisó el exfuncionario.

Al parecer, la víctima, cuya identidad es desconocida, fue abordada por una persona que estaría en condición de habitabilidad en calle, que, presuntamente, quiso hurtar sus pertenencias y lo atacó con un arma cortopunzante a la altura del pecho, causándole la muerte. Una persona que se percató de los hechos persiguió al señalado criminal y logró retenerlo.

Las autoridades indicaron a este medio que el presunto responsable del crimen fue capturado en flagrancia y que deberá responder ante la justicia por el delito de homicidio.

Por otro lado, en distintas grabaciones difundidas en redes sociales, se evidencia que agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá hicieron presencia en el sitio del crimen y que funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo las labores de levantamiento del cuerpo y recolección de material probatorio.

El caso generó indignación y repudio. Una de las personas que se pronunció al respecto es el concejal de Bogotá Óscar Ramírez Vahos. A través de su cuenta de X, el cabildante advirtió sobre el nivel de riesgo que corren los ciudadanos debido a la inseguridad que hay en la capital colombiana.

Afirmó que se han presentado varios casos de hurto en los que los delincuentes agreden o asesinan a las víctimas. Por eso, indicó que, si no se implementa un plan de seguridad verdaderamente efectivo en Bogotá, será necesario recurrir a una militarización para garantizar la protección de la ciudadanía.

“Bogotá vive una semana de terror que prende todas las alarmas. Los delincuentes están desatados asesinando o hiriendo a ciudadanos en robos como este. La @SeguridadBOG debe tener, de una vez por todas, un plan de seguridad serio. De lo contrario, hay que MILITARIZAR YA Bogotá”, aseveró el concejal en la red social.

Al igual que el cabildante, varios ciudadanos en redes sociales rechazaron lo sucedido, insistieron en la necesidad de que se incremente el pie de fuerza y la seguridad en la ciudad y advirtieron sobre zonas de la capital en donde la criminalidad se incrementa.

“Es algo a lo que debe prestar urgente atención la @Bogota, porque toda la zona aledaña a los trabajos del metro desde la 54 hasta los Héroes se llenó de indigentes que en su afán de drogarse ahora roban y matan”; “Se necesita autoridad URGENTE!”; “Ese homicidio no va a quedar en la IMPUNIDAD”, indicaron algunos internautas en la red social X.

Conductor fue asesinado por dos sujetos que robaron su vehículo

Este hecho se suma al de un conductor que trabajaba con una aplicación de transporte. El ciudadano fue asesinado el 22 de julio por dos sujetos de nacionalidad venezolana que hurtaron su vehículo. Los señalados criminales, de 18 y 20 años, fueron capturados por las autoridades en el sector de El Codito, ubicado en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá.

“Gracias a la rápida reacción por parte de nuestras zonas de atención en la localidad de Usaquén, específicamente en el sector de Villa Nidia, se logra la captura de dos personas de nacionalidad venezolana, quienes minutos antes habrían hurtado un vehículo a una persona quien desafortunadamente pierde la vida. Estas personas habrían solicitado mediante una aplicación este servicio desde el centro de la ciudad hacia el norte y en algún tramo de la carrera Séptima habrían intimidado a este conductor haciéndolo subir hacia el cerro en la parte alta del sector de Soratama”, informó el teniente coronel Ricardo Cháves, comandante operativo de Seguridad Ciudadana N.° 1.

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar se refirió al nuevo escándalo de corrupción que salpica a Juliana Guerrero, la joven que, con títulos falsos, intentó llegar al Viceministerio de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con una investigación periodística que llevó a cabo la revista Semana, Juliana Guerrero y su hermana Verónica Guerrero habrían liderado una red de corrupción relacionada con el direccionamiento de contratos de distintas carteras y el cobro de coimas. El medio de comunicación reveló que, presuntamente, las hermanas Guerrero hicieron millonarios cobros a empresarios con la promesa de acceder a contratos que se suscribirían en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio del Interior.

Al parecer, estas acciones delictivas habrían empezado a gestarse en el segundo semestre de 2024. Juliana Guerrero se habría encargado de hacer gestiones irregulares con el Gobierno para direccionar los contratos y favorecer a los empresarios. Por otro lado, Verónica Guerrero, presuntamente, se dedicaba a mantener el contacto con los empresarios para dar a conocer el estado en el que se encontraban sus “procesos”.

El exdirector del DPS, que hizo parte de la administración Petro, aseguró que la Fiscalía General de la Nación debe investigar los hechos expuestos por la revista Semana. Desde su perspectiva, aunque Juliana Guerrero estuvo involucrada en el Gobierno, se debe reconocer la gravedad de los señalamientos en su contra y adoptar una postura crítica al respecto.

“En este otro caso de las hermanas Guerrero no se puede ser tibio. Que la Fiscalía investigue y que caiga el que tenga que caer. Y que los contratistas engañados hablen. Me tranquiliza que, a pesar del lobby y el tráfico de influencias, las entidades no les hayan otorgado contratos”, precisó el exfuncionario en una publicación en su cuenta de X.

El otro escándalo que sacude a Juliana Guerrero: títulos académicos irregulares

Juliana Guerrero está involucrada también en otros hechos irregulares que ya son investigados por las autoridades. La joven, que habría llegado a tener un muy amplio poder en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, habría obtenido títulos académicos de manera irregular para poder acceder al Viceministerio de Juventudes del Ministerio del Interior.

Guerrero habría gestionado la entrega de títulos en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y Contaduría Pública en la Fundación de Educación Superior San José sin haber presentado las Pruebas Saber Pro y TyT, que son un requisito para poder graduarse e incluso, sin haber asistido a clases.

La institución anuló los títulos que le fueron otorgados y la Fiscalía General de la Nación inició una investigación penal por estos hechos. El 5 de agosto a las 4:00 p. m., el ente acusador acusará formalmente a la joven por el delito de fraude procesal.

“Juliana Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que utilizaba para la consecución del fin. Tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos pues, tal y como se anotó, nunca cumplió con los requisitos que se exigen para la expedición de los mismos. Ella lo sabía y aun así decidió, de manera libre y voluntaria, anexarlos en su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador del Ministerio de Igualdad”, indicó la delegada de la Fiscalía que está al frente de la investigación.

Al igual que el exdirector del DPS, la congresista Jennifer Pedraza, que fue la persona que denunció las anomalías en la obtención de títulos por parte de Juliana Guerrero, reaccionó a las revelaciones que hizo la revista Semana sobre el presunto direccionamiento de contratos y el cobro de coimas en el que también estaría implicada Verónica Guerrero.

La senadora afirmó que la presunta comisión de más delitos por parte de la joven no sorprende y criticó al presidente Gustavo Petro por haberla respaldado en todo momento.

“Obvio, si Guerrero compró títulos falsos (como lo demostré en la Fiscalía), no sorprende que cobrara coimas para repartir contratos. El clan Guerrero formó un concierto para delinquir y hasta el último día de este Gobierno, Juliana siguió siendo delegada y protegida de @petrogustavo. No vamos a parar hasta que haya justicia. Este 5 de agosto es su audiencia de acusación en Fiscalía”, señaló.

En una publicación en X, la colectividad afirmó estar siendo blanco de “ataques” sistemáticos en redes por parte de los creadores de contenido Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Miguel Zárate, Alejandro Bermeo y Santiago Giraldo. Según indicó, los influenciadores llevarían varios meses haciendo críticas y señalamientos contra el partido, algo que considera como “maltrato”.

“Mientras este Partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”, indicó el movimiento político en su cuenta de X.

El creador de contenido Miguel Zárate criticó al Centro Democrático por el “perfilamiento” que hizo de él y los demás influenciadores. Cuestionó el hecho de que sean catalogados como “bodegueros”, pese a que, con anterioridad, el partido político, al parecer, los buscó para que respaldaran a los integrantes de la colectividad y para que trabajaran con ellos.

De acuerdo con Zárate, el movimiento político los consideraba “grandes jóvenes” y patriotas, líderes e influenciadores de valor en redes sociales. Sin embargo, ahora que respaldan la administración entrante de Abelardo de la Espriella, la postura del Centro Democrático hacia ellos ha cambiado.

“Sí, somos bodegueros, pero no se confundan. Hoy somos bodegueros porque no estamos con ellos. No éramos unos bodegueros hace un año cuando nos rogaban trabajar con ellos, cuando nos ofrecían grandes cantidades de dinero por respaldarlos a ellos, a prácticamente todos en el Centro Democrático”, detalló.

De acuerdo con el creador de contenido, decidieron apartarse del partido político por, desde su perspectiva, no tiene una línea ideológica tan clara.

En todo caso, explicó que sus intenciones no son continuar con las discusiones que han surgido con la colectividad. Aseguró que hay problemas en el país que requieren verdaderamente de su atención y que deben ser denunciados.

Según precisó, encontraron una flota aérea de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que estaría prácticamente “diezmada” por una presunta falta de mantenimiento. De igual manera, detectaron un posible deterioro de las finanzas públicas y un elevado gasto de recursos en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Presuntamente, entre ambas entidades se gastaron $14 billones en los meses previos a la campaña electoral. “A eso nadie le está poniendo el ojo”, indicó.

Adicionalmente, sin proporcionar pruebas, señaló al presidente Gustavo Petro de hurtar recursos estatales y acusó al director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, de no prestar atención a esas irregularidades. “Petro se está robando la plata a manotadas llenas. Y ahí sí, calladitos, porque como lo dijo Vallejo, hay que quedarse callados porque la victoria estaba cerca”, aseveró.

En ese sentido, el creador de contenido aseguró que el primer mandatario entregará un país en malas condiciones –aunque el jefe de Estado destaca indicadores positivos como la reducción del desempleo– e hizo una última crítica al movimiento político.

“Lo único que tiene importante que hacer el Centro Democrático es atacar a cinco jóvenes que tienen cinco celulares y que los están incomodando cuando ellos tienen un montón, más de concejales, ediles, diputados y congresistas, más de doscientos, doscientos cincuenta con plata y poder. Dedíquense con esa plata y poder a lo que se viene, al país que nos van a entregar. No es más”, concluyó.

En diálogo con Rtvc, Sistema de Medios Públicos, el representante a la Cámara aseguró que cualquier cosa que le llegue a pasar podría estar relacionada con las denuncias que ha hecho ante la pérdida de la curul. En su intervención, mencionó a varias personas, entre ellas, los magistrados del CNE que entregaron la credencial como congresista a Winsner Sandoval Ibáñez.

“Si a mí me llega a pasar algo, yo hago responsable al clan Pulgar, a Winsner Sandoval, a la señora Elizabeth Molina, al señor Yessid Pulgar y a los cinco bandidos del Consejo Nacional Electoral que robaron una curul y que creyeron que el pueblo negro iba a seguir callado, de rodillas, pero no tenemos claro, de rodillas nunca y esto no se queda así”, aseveró.

Sobre Winsner Sandoval, Benavídes aseguró que se “prestó para el bandidaje” al aceptar la credencial entregada por el CNE, pese a que, presuntamente, tenía conocimiento de que la curul afro no le pertenecía. Además, aseguró que el legislador es “ficha” del clan Pulgar.

Por otro lado, se refirió a la representante a la Cámara y exdiputada de Magdalena Elizabeth Molina, mujer a la que señaló de haberse burlado de él cuando, públicamente y ante el Congreso de la República, se quejó por lo que considera es el hurto de la curul de Anyela Viviana Guanga. Además, indicó que Molina no pertenece a la población afro de Colombia.

“Ni siquiera es una mujer afro, que no conoce nuestros dolores unidos para cometer semejante aberración en contra de nuestro pueblo”, afirmó el legislador al medio de comunicación citado.

Finalmente, sobre el senador del Partido Liberal Yessid Pulgar aseguró que es el “heredero” del político corrupto barranquillero Eduardo Pulgar, que fue condenado en 2021 a cuatro años y ocho meses de prisión por haber cometido los delitos de tráfico de influencias y cohecho.

El legislador afirmó que ninguna de las personas que mencionó puede representar a la población colombiana. Desde su perspectiva, actuarían conforme a los intereses del clan Pulgar.

“Ellos son ficha, ellos no son representantes del pueblo y son representantes de un clan condenado (...). Tres títeres de un clan condenado que yo los voy a dejar en evidencia en Colombia”, señaló Benavides.

De igual manera, insistió en que no tiene ningún enemigo al que pueda atribuirle cualquier hecho violento del que pueda llegar a ser víctima. Insistió en que las únicas personas que supuestamente podrían tener algo en su contra son los políticos que mencionó y los magistrados del CNE.

“Yo soy un joven que me eduqué en Bogotá barriendo las calles de esta ciudad, recogiendo residuos sólidos en el Boulevard Niza y en la carrera Séptima. No tengo enemigos”, precisó.

El 17 de julio, día en el que el Consejo Nacional Electoral entregó la credencial a Winsner Sandoval, Benavides denunció que el excongresista Eduardo Pulgar estuvo presente, pero no ingresó a la audiencia en la que se hizo el otorgamiento de las credenciales para los congresistas.

“El señor Pulgar hoy se presentó aquí, en esta audiencia, con unas gafas oscuras. Estuvo aquí, en este recinto, pero no en la audiencia, afuera, mirando a los ojos a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, como diciéndoles: ‘Aquí vengo por lo mío’”, aseveró el representante a la Cámara Afro.

El Gobierno electo de Abelardo de la Espriella ha estado teniendo acercamientos con distintas entidades bancarias, con el fin de contar con recursos de cooperación que sirvan para la ejecución de los proyectos que tiene planteados para su administración.

El ministro de Vivienda designado de Colombia, Jaime Andrés Beltrán, informó a través de sus redes sociales que se reunió con funcionarios del Banco Mundial y que, desde el Gobierno entrante, buscarán obtener recursos para atender las necesidades de vivienda de los ciudadanos.

“Buenas noticias para los colombianos: Junto al @BancoMundialLAC trabajaremos para obtener recursos de la cooperación internacional, que nos permitirán cumplir con las necesidades en vivienda y saneamiento básico de los territorios en el país. Cada día sumamos más apoyo en nuestra labor al frente del Ministerio de Vivienda del gobierno del presidente @ABDELAESPRIELLA”, escribió el jefe de cartera.

De acuerdo con el ministro designado, la instrucción que dio el presidente electo Abelardo de la Espriella sobre el manejo del dinero en su Gobierno es que “cada recurso se invierta de manera correcta y oportuna”. En ese sentido, aseguró que, con la destinación del dinero, la ciudadanía empezará a ser testigo de la consolidación de soluciones para las principales problemáticas.

El presidente Gustavo Petro cuestionó la búsqueda de recursos de cooperación internacional que está haciendo el Gobierno de De la Espriella. A su juicio, el enfoque de la nueva administración debería estar en los ahorros pensionales de los colombianos que, según indicó, habrían sido tomados “sin autorización” por las Administradoras de Fondos de Pensiones privados (AFP).

“Y para que piensan endeudar en dólares al país para hacer vivienda, si lo que hay es que traer los ahorros pensionales de los trabajadores que se llevaron los fondos privados sin autorización de los dueños del ahorro que son los trabajadores”, señaló el jefe de Estado en la red social.

El traslado de ahorros pensionales que no permitió el Consejo de Estado

En abril de 2026, el Gobierno nacional reglamentó, mediante el Decreto 0415 de 2026, el traslado de los recursos de cerca de 120.000 afiliados a las AFP que cambiaron de régimen pensional. Por medio de dicho decreto, se definió el traspaso del dinero a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), entidad pública del Estado.

Sin embargo, en mayo de 2026, el Consejo de Estado suspendió el decreto. La Presidencia emitió un comunicado en el que rechazó la decisión del máximo juez de la administración pública.

“No resulta financieramente sostenible ni jurídicamente exigible a Colpensiones el pago de las obligaciones pensionales de una persona que se traslade a esa administradora”, mientras “los recursos destinados a financiar su prestación permanezcan atrapados en una administradora privada”, precisó el Ejecutivo.

Millonaria destinación de recursos para Colombia

Ahora bien, además del dinero que se está buscando para impulsar los proyectos de vivienda, el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella logró una importante destinación de recursos por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). De acuerdo con un comunicado emitido por el banco, se trata de USD9.000 millones que serán entregados al país entre 2026 y 2030.

La destinación del dinero estará basada en un plan que contempla cuatro pilares: seguridad energética, infraestructura para la productividad, prosperidad e inclusión social, presencia y fortalecimiento territorial.

“Colombia es un país de enorme potencial productivo, energético, ambiental y humano. En CAF creemos firmemente en ese potencial y, por eso, estamos trabajando junto al nuevo gobierno para transformarlo en oportunidades reales de desarrollo. Ponemos a disposición de Colombia nuestra capacidad financiera, nuestra experiencia en estructuración y nuestro conocimiento técnico para responder a las necesidades del país, contribuir a un futuro más próspero, equitativo y sostenible para todos los colombianos”, indicó el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, citado en la comunicación oficial.

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, y el congresista del Centro Democrático Andrés Forero, protagonizaron una discusión en redes sociales por la suscripción de un contrato entre el profesional en Derecho y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con el legislador de derecha, el abogado del jefe de Estado firmó un contrato por más de $80 millones con la entidad, con el fin de prestar servicios profesionales al Dapre para apoyar la elaboración y estructuración de los informes exigidos por los organismos de control. También está entre sus funciones apoyar la proyección de análisis normativos, estudios jurídicos, conceptos y documentos de respuesta.

Según el documento que Forero compartió en sus redes sociales, el contrato que firmó Carranza termina el 31 de diciembre de 2026. “¡Vergonzoso! A 2 semanas del cambio de gobierno el @DapreCol le da un contrato de $88 M por 6 meses a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, uno de los abogados de @petrogustavo. Esta degradación de lo público no tiene precedentes”, señaló el congresista en su cuenta de X.

El abogado Carranza respondió a los señalamientos del senador, al que señaló de ser “abusivo” y de hacer “matoneo” a los abogados por prestar sus servicios profesionales. De acuerdo con su explicación, el contrato que firmó con la entidad responde a una necesidad que, al parecer, fue generada por el Gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella –que empezará a regir el 7 de agosto de 2026, día de su posesión como jefe de Estado–.

El jurista aseguró que el hecho de que la administración entrante decidiera no llevar a cabo un empalme con el Gobierno Petro llevó al Dapre a requerir sus servicios como profesional en Derecho para brindar un asesoramiento.

“Vergonzoso que un senador no pregunte antes de juzgar, vergonzoso que @AForeroM matonee a los abogados por trabajar. El DAPRE necesita atención especializada por la falta de empalme que creó el gobierno entrante, entonces qué, les toca quedarse quietos y no consultar. Abusivo y cobarde el Senador Forero”, precisó.

Pese a las explicaciones que brindó Alejandro Carranza sobre los motivos por los cuales suscribió el millonario contrato con el Dapre, el congresista Andrés Forero insistió en su crítica. En una publicación en X, el senador aseguró que el profesional en Derecho se “atornillará” en el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

A juicio del legislador, el hecho de que Carranza, como apoderado del presidente Gustavo Petro y de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, reciba un contrato con el Gobierno, constituye un “abuso”.

“Deje el descaro, abogado. Usted va a trabajar solo 2 semanas en el gobierno de @petrogustavo y se atornillará por casi 6 meses en el gobierno de @ABDELAESPRIELLA. Eso es un abuso y además es impresentable que lo beneficien a usted siendo abogado del presidente y de su hijo”, escribió el congresista en la red social.

El jurista continuó con la discusión y aclaró que el contrato que suscribió con el Dapre dura ocho meses. En consecuencia, instó al legislador a informarse adecuadamente al momento de hacer denuncias públicas.

“Y por qué dos semanas, tras de cobarde e irresponsable no sabe leer. Si el contrato es de ocho meses son ocho meses de trabajo. Lea!!”, indicó.

La finalización del Gobierno Petro también ha generado cuestionamientos por otras decisiones económicas. El presidente Petro ordenó el traslado de $4 billones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) para atender el fenómeno de El Niño.

El Partido Conservador indicó que esta determinación genera dudas sobre el manejo de los recursos. Además, indicó que hay preocupación por varios contratos que se han firmado en las últimas semanas.

“La orden del presidente Gustavo Petro de transferir $4 billones a la UNGRD en la recta final de su gobierno enciende todas las alarmas. Desde el @soyconservador hemos visto con preocupación cómo, en los últimos días de esta administración, se multiplican los contratos, las transferencias y decisiones de última hora”, detalló el partido político.

De esta manera, pierden objetos de valor como celulares, joyas y maletas con todo tipo de elementos personales. Ante la gravedad de la situación y las nuevas estrategias que están utilizando los delincuentes para hurtar las pertenencias de los ciudadanos, un creador de contenido, conocido en Instagram como Fast Drive (@fastdriveco), dio a conocer tres consejos para evitar ser víctima de estos hechos.

1. Hurto de elementos personales guardados en una maleta

En su momento, el influenciador había recomendado a los usuarios de Transmilenio siempre llevar su bolso o maleta al frente, nunca atrás, para así poder estar pendiente de que nadie la abra. Sin embargo, esa estrategia dejó de ser suficiente para evitar ser víctima de hurtos, puesto que los ladrones están implementando una nueva modalidad de robo que ahora tiene en alerta a la ciudadanía.

“Antes te había dicho que llevaras la maleta al frente para que no te la abrieran y sí que te dieras cuenta. Pues ahora ya no te la abren, sino que la rompen por debajo y te sacan las cosas”, precisó el creador de contenido.

Por eso, reveló un “tip” que puede ser útil para las personas que lleven la maleta al frente y que, en algún momento, se enfrenten a una situación de ese estilo. El influenciador recomendó utilizar un libro como base para que, en caso de que algún delincuente rompa la maleta por debajo, no pueda sacar ningún elemento de la misma.

“Lo que van a hacer es coger su maletica del trabajo y con un cuaderno o un libro que ya hayan leído, en este caso, Cuando una mujer ama a un hombre, libro importante, lo podemos sortear, lo van a colocar en la parte de abajo de su maleta, que sea la base, y ahí arriba echan todas las cositas. Para que si les llegan a chuzar la maleta por debajo, no les puedan sacar las cosas si no se encuentren el libro o el cuaderno”, detalló.

El creador de contenido también recomendó invertir en una placa de metal que sirva como base para la maleta, con el fin de proteger los objetos personales que se cargan en el interior. “No sobra, hermano, en Transmilenio hoy en día quedar uno antipuñaladas”, indicó.

1. Delincuentes que fingen ayudar

Por otro lado, reveló que hay grupos de ladrones que idearon una estrategia para robar a los ciudadanos en el sistema de transporte. Según contó, lanzan una sustancia a las víctimas y luego se ofrecen a ayudarlas con la limpieza. En medio de esa colaboración, empiezan a sacar los elementos personales de las personas.

“Los ladrones te lanzan algo como una especie de manteca, como este heavy moco de gorila en la cabeza. Tú sigues y convenientemente algunas señoras o jóvenes se ofrecen a ayudarte con pañitos, empiezan a limpiarte, se te acercan, que: ‘Ay no, que tienes acá, que tienes acá, ven, yo te ayudo, te quito’. Y mientras te ayudan a limpiarte, te sacan las cosas, te sacan la billetera, el celular, las cositas de la maleta”, detalló.

1. Elementos que lucen costosos

Y, aunque el último tip no corresponde a una nueva modalidad de robo, el influenciador recomendó a los usuarios de Transmilenio abstenerse de portar elementos de valor que sean visibles, como joyas que sean de oro y que lo parezcan.

“Uno no viene a Transmilenio a un desfile de modas ni nada. Uno no se sube a Transmilenio ni con cadenas, ni con pulseras, ni con joyas (..) Eso es una tragedia horrible, muy doloroso, pero también es el día a día en Transmilenio, que rapan cadenas, que rapan pulseras”, aclaró.

La designación del abogado y psicólogo Didier Blanco como director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) generó una ola de críticas en redes sociales, debido a distintas publicaciones que ha hecho el próximo funcionario en su cuenta de X.

Blanco, que fue elegido por el presidente electo Abelardo de la Espriella para integrar su Gobierno, hizo una cuestionable publicación en la red social en marzo de 2026, relacionada con el excandidato presidencial Iván Cepeda, el mandatario Gustavo Petro, el expresidente Juan Manuel Santos, entre otras personas y partidos políticos.

“Ojalá la silla vacía sacara una edición en periódico, para poderme limpiar el culo con cepeda, Petro, Coronel, Santos y el centro democrático y poder decir literalmente, me limpié el culo con la silla vacía y con los mismos de siempre (sic)”, escribió.

Debido a este comentario, el exviceministro de Justicia Rafael Nieto Loaiza rechazó su nombramiento como director de la UNP. Según indicó, no conoce al abogado, y no sabe si su designación responde a un resultado de meritocracia. Sin embargo, aseguró que sus publicaciones evidencian que es una persona grosera y agresiva.

“Es muy desafortunado. No solo por lo agresivo y grosero (las formas importan en una democracia), sino porque en esa posición debe estar una persona que dé garantías a todos los que deben ser protegidos, incluyendo periodistas, opositores y contradictores. Sería deseable corregir ese nombramiento”, señaló.

Al igual que el exviceministro, el congresista Daniel Briceño criticó la próxima llegada de Blanco al Gobierno entrante debido a la publicación que hizo en X. Afirmó que, aunque rechaza la actual dirección de la UNP (encabezada por Augusto Rodríguez), no está de acuerdo con el hecho de que su sucesor sea el abogado en cuestión.

“Nunca he sentido garantías con el actual director de la UNP y con este tipo de cosas será muy difícil sentirlas con el señor Didier Blanco. Como digo siempre, es mejor andar solo que mal acompañado”, precisó.

El periodista Daniel Coronell también rechazó el nombramiento de Didier Blanco, señalando el comentario que hizo en su cuenta de X sobre Petro, Cepeda, Coronel y Santos.

“El autor de este mensaje @DidierblancoR, fue nombrado en las últimas horas director de la Unidad Nacional de Protección, a cargo de la seguridad de las personas amenazadas”, indicó.

Otra cuestionable publicación de Didier Blanco generó críticas en redes. En su momento, el próximo director de la UNP afirmó que las personas que tienen una ideología de izquierda están inmersas en irregularidades y celebró la llegada de Abelardo de la Espriella al Gobierno de Colombia.

“No hay una sola acción de los zurdos donde no se unten el zapato de mierda, todo lo de ellos es oscuro, amañado, sucio. A buena hora llegará el tigre, a limpiar la mierda que han dejado impregnada en las instituciones del Estado”, aseveró.

Con base en ese comentario, la periodista Claudia Julieta Duque rechazó el nombramiento de Didier Blanco y aseguró que no cuenta con los conocimientos para dirigir la entidad.

“En lo que respecta a la @UNPColombia, vamos de mal a peor. @DidierblancoR, a quien De La Espriella decidió rebautizar como “el mejor poligrafista del país”, no tiene ni cinco minutos de estudios en protección, ddhh o seguridad. Esa entidad quedará en manos del sindicato de exDAS”, precisó.

Contrario a los señalamientos y cuestionamientos que surgieron en redes sociales por la designación del abogado en ese alto cargo, el presidente electo lo destacó y aseguró que “ha dedicado su vida a proteger a los demás” y que conoce cómo funciona el sistema de protección en Colombia.

“Llega con una misión clara: recuperar la credibilidad de la UNP, dignificar la labor de los hombres y mujeres que arriesgan su vida para proteger a otros, restablecer el cumplimiento estricto de los protocolos y cerrar de una vez por todas los espacios para la corrupción”, informó.

Colombia contará con una millonaria destinación de recursos por parte del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). En un comunicado, la entidad bancaria informó que destinará USD9.000 millones al país entre 2026 y 2030. La decisión también fue dada a conocer en el evento “CAF, un aliado estratégico de Colombia 2026-2030″, que fue presidido por el presidente electo colombiano Abelardo de la Espriella y el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados.

De acuerdo con el banco, se trata de la mayor apuesta financiera que ha hecho hasta el momento en el país, la cual involucra un plan que se compone de cuatro puntos:

• Seguridad energética.
• Infraestructura para la productividad.
• Prosperidad e inclusión social.
• Presencia y fortalecimiento territorial.

El punto central del acuerdo es que CAF financiará durante el período 2026-2030 un paquete orientado al desarrollo de obras, el suministro de energía, el acceso a agua potable, la generación de empleo y las garantías de servicios esenciales. La entidad lo define como un esquema para entregar soluciones a escala, cerrar brechas y generar prosperidad.

“Este acuerdo con CAF no es un mero compromiso financiero; es una manifestación de confianza en el futuro de Colombia. Este respaldo nos permitirá avanzar en nuestras prioridades de desarrollo”, indicó el presidente electo Abelardo de la Espriella, citado en el comunicado del banco.

Según precisó CAF, Colombia mantiene una relación ininterrumpida de cooperación y financiamiento con la entidad desde hace más de cinco décadas. En ese tiempo, el organismo acompañó proyectos nacionales y territoriales vinculados con infraestructura, agua y saneamiento, movilidad urbana y rural, educación, salud, desarrollo productivo, sostenibilidad ambiental, fortalecimiento institucional y financiamiento verde.

Detalles de los pilares de la financiación

El banco dio a conocer en qué se destinarán los recursos anunciados. Por un lado, en materia de seguridad energética, el programa prevé el impulso de un sistema moderno, confiable y diversificado para hogares y empresas. En este eje de trabajo podrían estar involucrados proyectos para el impulso de energías renovables no convencionales, la modernización y expansión de redes de transmisión y distribución, y nuevas soluciones de almacenamiento.

El segundo enfoque del programa es el de infraestructura para la productividad, el cual estará centrado en transporte, logística y conectividad digital. De acuerdo con el banco, la meta es integrar a los territorios, reducir costos, ampliar el acceso a los mercados y vincular a las regiones más apartadas del país con las dinámicas nacionales e internacionales.

“Este pilar busca potenciar la competitividad del país mediante el desarrollo de infraestructura estratégica y de los corredores de transporte y logística —incluidos proyectos viales, de transporte multimodal, férreo, fluvial y de movilidad urbana— que integren el territorio nacional, faciliten el comercio interno y externo, y reduzcan significativamente los costos logísticos”, precisó el banco.

Por otro lado, el componente de prosperidad e inclusión social implica el fortalecimiento de la seguridad, la convivencia y la institucionalidad que se encarga de impartir justicia. También contempla un aporte económico para los sectores de la salud, la educación, la formación de capacidades y el acceso a servicios esenciales.

El cuarto y último eje está centrado en la presencia territorial. Por medio de este pilar, se buscará que distintos departamentos, distritos y municipios puedan conducir su propio desarrollo con financiamiento, asistencia técnica y conocimiento.

El presidente ejecutivo Sergio Díaz-Granados afirmó que la entidad busca traducir el potencial del país en resultados concretos. “Colombia es un país de enorme potencial productivo, energético, ambiental y humano. En CAF creemos firmemente en ese potencial y, por eso, estamos trabajando junto al nuevo gobierno para transformarlo en oportunidades reales de desarrollo. Ponemos a disposición de Colombia nuestra capacidad financiera, nuestra experiencia en estructuración y nuestro conocimiento técnico para responder a las necesidades del país, contribuir a un futuro más próspero, equitativo y sostenible para todos los colombianos”, indicó.

De acuerdo con el movimiento Defensores de la Patria, el apoyo de CAF representa una oportunidad para impulsar el desarrollo, la infraestructura y la competitividad. “Colombia trabajará de la mano de los organismos multilaterales para convertir esas oportunidades en bienestar para los ciudadanos”, indicó en X.

El exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa cuestionó a los políticos afines al Gobierno del presidente Gustavo Petro por criticar las designaciones que ha hecho el mandatario electo Abelardo de la Espriella para construir su gabinete ministerial.

De acuerdo con el exfuncionario, desde el “petrismo” no deberían exigir idoneidad en los nombramientos que hace la administración entrante, teniendo en cuenta las personas a las que el jefe de Estado ha ubicado en altos cargos del Gobierno.

El exfiscal hizo énfasis en los constantes cambios de funcionarios que hizo el presidente Gustavo Petro durante sus cuatro años de mandato y aseguró que varios de los funcionarios que llegaron a su administración en realidad no contaban con la formación académica adecuada para ejercer las funciones que les fueron asignadas.

“Me sorprende el petrismo pidiéndole solvencia e idoneidad a los nombramientos anunciados por el presidente @ABDELAESPRIELLA. Debe recordarse que en el nefasto gobierno de Petro hubo 65 ministros y 140 viceministros durante el cuatrienio. En promedio, un cambio de ministro cada 22 días y de viceministro cada 11. La gran mayoría de esos funcionarios sin formación de ningún tipo”, precisó el exfuncionario.

Uno de los cuestionamientos que han surgido contra el Gobierno saliente se centra en el intento de ubicar a una joven en un importante cargo en una cartera. Se trata de Juliana Guerrero, que está siendo investigada por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica, al tramitar de manera irregular títulos académicos que acreditaran su formación para así poder acceder al puesto que Gustavo Petro quería entregarle: el Viceministerio de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

La Fiscalía General de la Nación radicó un escrito de acusación en contra de Juliana Guerrero, al encontrarla presuntamente responsable de los delitos endilgados. “Guerrero sabía de lo fraudulento de los medios que estaba utilizando, tenía pleno conocimiento de la falsedad condensada en tales títulos académicos, aun así, decidió anexarlos a su hoja de vida con el propósito de engañar al servidor público nominador”, indicó el ente acusador.

Críticas del petrismo a los nombramientos de Abelardo de la Espriella

Una de las personas que ha cuestionado públicamente las designaciones del presidente electo es la congresista del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal. En un video publicado en sus redes sociales, expuso algunos señalamientos que se han hecho contra los próximos funcionarios del Gobierno de De la Espriella.

Entre los ministros designados que mencionó está Elsa Noguera, que será la jefa de la cartera de Transporte. Según Carrascal, la ministra entrante “no es ninguna carita nueva”, teniendo en cuenta que fue ministra durante la administración del expresidente Juan Manuel Santos, alcaldesa de Barranquilla y gobernadora del Atlántico. Pero su experiencia en cargos públicos no suponen un problema; el cuestionamiento de la congresista se centra en sus conexiones.

“Ella es de la casa Char, un clan familiar con una de las maquinarias políticas y electorales más potentes que tiene este país. Clan que tiene dentro de su historial uno de los hechos recientes más lamentables si se trata de corrupción: haberse quedado con setenta mil millones que debían conectar a los niños y niñas de la ruralidad de este país”, precisó.

Por otro lado, criticó la llegada de Mauricio Gómez Amín al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. A su juicio, el abogado y excongresista solía dar “debates panditos en el Congreso” y durante años hizo parte de la política tradicional del Caribe.

“Su nombre ha aparecido en múltiples controversias políticas y periodísticas, entre ellas cuestionamientos por el uso de la llamada mermelada, por presuntas prácticas clientelistas, por su cercanía con poderosas estructuras políticas de la región”, añadió Carrascal.

De acuerdo con la Cancillería, el acompañamiento incluye la verificación de las condiciones de detención de los connacionales, gestiones ante las autoridades locales para procurar el respeto del debido proceso y la comunicación con los familiares.

La cartera precisó que los casos están siendo atendidos desde 2025 por medio de los consulados competentes y con el apoyo de la Embajada de Colombia ante el Reino de Arabia Saudita. También se ha estado trabajando en coordinación con autoridades locales, garantizando siempre que la asistencia se ajuste a lo establecido en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Por otro lado, según el comunicado, los familiares de los tres ciudadanos colombianos han mantenido contacto permanente con el Consulado de Colombia en El Cairo y con la Embajada en Arabia Saudita. De igual manera, el ministerio indicó que los allegados han presentado distintos derechos de petición, los cuales han sido atendidos conforme a lo establecido en la Ley 1755 de 2015.

“Han recibido atención presencial en Bogotá por parte del equipo del Grupo Interno de Trabajo de Asistencia a Connacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco del acompañamiento institucional brindado a este caso”, detalló la Cancillería en la comunicación oficial.

Así las cosas, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que continuará garantizando su atención consular, con el fin de tener pleno conocimiento de las condiciones en las que se encuentran los connacionales.

“La Cancillería continuará haciendo seguimiento al caso y brindando la asistencia consular que resulte procedente en situaciones de privación de la libertad (...). Todo ello se realiza con respeto por la legislación del Estado receptor y sin interferir en las decisiones de sus autoridades judiciales competentes”, precisó.

La identidad y la situación de los colombianos detenidos

Los connacionales que están detenidos en Arabia Saudita fueron identificados como Héctor Eduardo Romero Ramírez, de 53 años; Luis Eduardo Romero Jiménez, de 30 años; y Mauricio Patiño Gallego, de 62 años. Daniel Romero, hijo y hermano de dos de los ciudadanos, compartió un video en el que denunció su situación.

De acuerdo con su relato, los colombianos viajaron a Yemen en abril de 2025, con el fin de cumplir con un trabajo: instalar antenas satelitales para una empresa de Estados Unidos. En julio de ese año, los tres connacionales terminaron el proyecto, pero no pudieron regresar al país porque el aeropuerto de Saná fue bombardeado.

Esa situación los obligó a buscar otro camino de regreso a casa. Entonces, intentaron salir por Adén, ubicado al sur de Yemen, pero allá fueron detenidos por las autoridades que, posteriormente, los trasladaron a una prisión de Abha, ubicada en Arabia Saudita.

“Al llegar a Adén fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, los interrogaron y los obligaron a firmar confesiones en árabe sin intérprete y sin abogados (...). Nadie nos ha explicado cómo, cuándo ni bajo qué autoridad ocurrió este traslado. Desde entonces están incomunicados. No hemos podido hablar con ellos, no tienen abogado, no han tenido contacto con la Embajada de Colombia”, detalló el familiar en su denuncia.

Las autoridades saudíes confirmaron a la Cancillería de Colombia que los connacionales están detenidos por motivos de “seguridad nacional”, pero no indicaron si están siendo investigados por algún delito.

“Pedimos que Arabia Saudí libere de inmediato a mi hermano, a mi papá y a su socio. Pedimos que se aclare la situación legal, que se confirme si hay cargos en su contra y que se les permita hablar con nosotros y con la Embajada”, expresó Daniel Romero.

En su intervención, Petro prohibió a cualquier guarnición militar del país adelantar acciones de logística para que se realice la ceremonia de posesión de De la Espriella. Esto, teniendo en cuenta que el mandatario entrante quiere hacer su juramento ante el Congreso en pleno, pero en una guarnición del departamento del Cauca, con el fin de honrar a la fuerza pública.

“No doy permiso a ninguna guarnición o establecimiento militar para que se aliste, hasta el último segundo que sea presidente, para ninguna posesión de ningún funcionario del poder civil en Colombia”, dijo el presidente Petro en el acto solemne.

Petro recalcó que ningún uniformado o funcionario de ninguna guarnición militar puede “alistar ni una sola silla, ni un solo espacio” para esos fines. “Es mi orden”, precisó.

De igual manera, rechazó la idea de que De la Espriella se posesione en el departamento del Cauca –proposición que ya cuenta con el visto bueno del Senado de la República, corporación que aprobó el traslado del Congreso en pleno para la ceremonia el 7 de agosto–. A juicio del jefe de Estado saliente, la posesión de su sucesor en ese departamento constituiría una “afrenta”.

“No estoy de acuerdo en que en el Cauca se realice una afrenta contra la democracia y la República, tratando de llevar al pueblo caucano a una trampa de violencia”, aseveró.

De igual manera, cuestionó el hecho de que Abelardo de la Espriella quiera adelantar el acto protocolario en una guarnición militar, porque, desde su perspectiva, va en contra de la naturaleza de ese acto solemne, que es “civil”. A juicio de Petro, la posesión en una guarnición es equiparable a una posesión ante “las armas”.

“Para posesiones de civiles se tiene es que posesionar ante el pueblo y no ante las armas. Las armas de la República obedecen al pueblo, y el presidente de la República obedece al pueblo y a la Constitución, no a las armas”, indicó.

Asimismo, recordó que es el jefe supremo de las Fuerzas Militares, según lo establece el artículo 2 del Decreto 1325 de 1953, mediante el cual se dictaron disposiciones sobre organización y mando de las Fuerzas Militares. En ese sentido, todavía está facultado para dar órdenes a las autoridades.

Indicó, entonces, que Abelardo de la Espriella podrá tener esa competencia cuando se posesione como presidente de la República. Recalcó que no permitirá que la ceremonia se ejecute en una guarnición militar. “Si quiere, una vez juramente, pero no en un establecimiento militar, puede dar las órdenes que quiera. Así como nosotros, ya sin órdenes, podemos organizar la resistencia para que la segunda independencia nacional sea”, detalló.

Posesión presidencial en Cauca

Con 55 votos a favor y 32 en contra, el Senado de la República aprobó la proposición que autoriza el traslado de la sede del Congreso al departamento del Cauca, únicamente, para que los integrantes del Legislativo estén presentes en la ceremonia de posesión de De la Espriella. Esto, teniendo en cuenta que la Constitución Política establece que el presidente de la República debe hacer su juramento ante el Congreso.

Todavía hace falta que la Cámara de Representantes discuta la propuesta y tome una decisión al respecto. Además, hay otra proposición, que es de autoría de la senadora Jennifer Pedraza, en la que se indica que el acto solemne puede hacerse en Cauca, pero no en una guarnición militar.

“La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos considera que Colombia aún no cuenta con una prohibición efectiva contra la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Es importante aclarar que esto no significa que las exportaciones colombianas sean producidas con trabajo forzoso. El cuestionamiento está dirigido al sistema institucional con el que Colombia controla lo que importa desde terceros países”, detalló.

En todo caso, de acuerdo con Lacouture, el aumento arancelario tiene consecuencias para la economía del país. Según detalló, puede reducir la competitividad de una parte de la oferta exportadora colombiana.

Pues, de la aplicación del arancel quedan excluidos productos como café, petróleo, oro, banano, aguacate y ciertos azúcares. Sin embargo, de acuerdo con la presidenta de AmCham Colombia, las flores, las confecciones, algunas confiterías, algunos chocolates, los alimentos procesados, los cosméticos y otras manufacturas podrían “enfrentar este nuevo costo”.

Ahora bien, Lacouture explicó que, aunque el arancel lo paga formalmente el importador en Estados Unidos, ese valor puede trasladarse al exportador colombiano mediante menores precios. También puede afectar al consumidor final debido al aumento de los valores de venta. De igual manera, existe el escenario de que ambos actores perciban el impacto de la medida.

“Esto reduce, por supuesto, márgenes y competitividad para los productos colombianos, especialmente frente a países que recibieron una tarifa menor o mayores excepciones”, precisó la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana.

¿Qué puede hacer Colombia para mejorar la situación arancelaria?

La opción que tiene Colombia para reducir o eliminar el arancel, según Lacouture, es avanzar con rapidez en la adopción y aplicación de las medidas requeridas y luego solicitar a Estados Unidos una revisión basada en resultados verificables. La evaluación, por lo tanto, no dependerá solo de anuncios políticos, estará basada en cambios que puedan ser comprobados por el Gobierno de Donald Trump.

Esta sería una tarea clave que debería asumir el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que se posesionará como presidente de la República el 7 de agosto de 2026. La presidenta de AmCham Colombia aseguró entonces que existe cierto “optimismo” por la llegada de la nueva administración.

“Existe un optimismo prudente sobre la posibilidad de avanzar rápidamente en la adopción y aplicación de medidas requeridas a partir de resultados verificables, solicitar a Estados Unidos la revisión del arancel. La prioridad es actuar rápido, de forma coordinada entre el Gobierno, empresas, gremios, para proteger las exportaciones y recuperar la competitividad exportadora de forma contundente y estructural”, precisó.

En diálogo con Red+ Noticias, Lacouture aseguró que, en comparación con la administración actual del presidente Gustavo Petro, el ambiente en Washington es muy distinto ahora que el Gobierno en Colombia va a cambiar. Destacó algunos acercamientos que ha tenido la administración entrante con Estados Unidos, los cuales han sido adelantados por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y el ministro de Comercio, Industria y Turismo designado Mauricio Gómez Amín.

“Tuvieron muy buenas reuniones y que seguramente con esas acciones que se hicieron se van a complementar con algunas otras que son requeridas para poder avanzar y el 7 de agosto puede empezar una nueva forma de poder lograr reducir estos aranceles o por lo menos cambiarlos en alguno de los productos más importantes”, precisó la presidenta de AmCham Colombia al medio de comunicación citado.

El Gobierno de Estados Unidos, liderado por el presidente Donald Trump, estableció un incremento arancelario aplicado a algunos productos colombianos. El impuesto pasará del 10% al 12,5%; la medida, sustentada en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, comenzará a implementarse a las 12:01 a. m. del viernes 24 de julio.

La decisión –que también aplicará a más de 60 países– surgió tras la finalización de una investigación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (Ustr), relacionada con la importación de productos elaborados a través de trabajo forzoso.

“El presidente Trump reconoce que décadas de persuasión moral no han erradicado el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales. Estados Unidos mantiene una prohibición de importación de productos elaborados con trabajo forzoso desde hace casi un siglo y la aplica rigurosamente; ya es hora de que nuestros socios comerciales hagan lo mismo”, explicó el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

La medida que adoptó el Gobierno de Donald Trump generó todo tipo de reacciones en el país político colombiano. Una de las personas que se pronunció al respecto es la congresista Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, que, a través de una publicación en su cuenta de X, criticó al Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella por su postura afín a la administración de Estados Unidos.

Desde su perspectiva, el Gobierno electo ha rendido “pleitesía” a la administración norteamericana. Sin embargo, esa posición no fue útil para evitar el incremento arancelario que empezará a regir en Colombia. A su juicio, De la Espriella y los integrantes de su Gobierno estarían actuando desde la “sumisión” ante los intereses de Estados Unidos, lo cual se traduciría en consecuencias negativas para el país.

“Esto es increíble, jaja. @ABDELAESPRIELLA rindiéndole pleitesía a EE. UU. y la respuesta Trump fue subirle los aranceles a Colombia del 10% al 12,5%, ni respeto, ni ventajas, ni trato preferencial. Cuando se negocia desde la sumisión, el que pierde siempre es el país. Ay lo que vamos a extrañar un presidente con DIGNIDAD!”, señaló la representante a la Cámara.

Al igual que la congresista, la abogada y exfiscal Angélica Monsalve se refirió a la situación que enfrenta Colombia en materia arancelaria y criticó al vicepresidente electo José Manuel Restrepo. Esto, debido a que recientemente visitó Estados Unidos e hizo toda una gira por los bancos, con el fin de afinar alianzas. En su recorrido, también se reunió con altos funcionarios, líderes empresariales, multilaterales e inversionistas.

A juicio de la exfiscal, el trabajo realizado por el vicepresidente entrante en Washington no habría surtido los efectos esperados, puesto que Colombia no quedó exenta del incremento de aranceles que estableció el Gobierno de Donald Trump.

“Felicito al señor vicepresidente electo, @jrestrp, por la “extraordinaria” gestión realizada durante su paseo por la Casa Blanca. Gracias a ese despliegue diplomático, Colombia recibió como recompensa un aumento de los aranceles. Una vez más, confirma que todo lo que toca termina saliendo mal. Es la versión criolla del rey Midas, pero al revés”, aseveró la abogada en su cuenta de X.

El presidente de Estados Unidos no se ha mostrado como un detractor del mandatario electo Abelardo de la Espriella. Todo lo contrario, lo respaldó públicamente en la contienda por la Presidencia de Colombia y lo felicitó por su victoria en la primera vuelta de las elecciones.

El jefe de Estado entrante se refirió al apoyo de Donald Trump y afirmó, incluso, que bajo su administración el trabajo mancomunado se fortalecerá, así como también el comercio entre los países. Sin embargo, Estados Unidos incluyó a Colombia en el grupo de naciones a las que les impondrá el arancel del 12,5%.

“Los Estados Unidos son nuestro primer socio comercial. En la era del Tigre, esas relaciones con los Estados Unidos para combatir el crimen y llevar el comercio entre las dos naciones a un lugar nunca antes visto será determinante y fundamental”, indicó De la Espriella en su momento.

El punto de encuentro será el monumento a Policarpa Salavarrieta, ubicado en el carrera 2 con calle 18, en el centro histórico de Bogotá. El primer mandatario iniciará el recorrido en ese sitio y llegará a la Quinta de Bolívar. La cita es a las 11:00 a. m.

“Mañana retorna la espada de Bolívar a la Quinta de Bolívar. Por toda la séptima.. Paso de vencedores”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

El primer mandatario ya había informado sobre la devolución de la espada de Bolívar, la cual, por orden suya, fue trasladada a la Casa de Nariño el 7 de agosto de 2022, cuando asumió la Presidencia de la República de Colombia.

“Llegar aquí junto a esta espada, para mí, es toda una vida, una existencia. Quiero que nunca más esté enterrada, quiero que nunca más esté retenida; que solo se envaine, como dijo su propietario, El Libertador, cuando haya justicia en este país”, afirmó el presidente el día de su posesión.

El 20 de julio de 2026, en un pronunciamiento público que hizo por la conmemoración del Día de la Independencia de Colombia, indicó que el Batallón Guardia Presidencial llevará la espada hasta la Quinta de Bolívar. En su intervención, afirmó que su deber antes de finalizar su mandato es “rescatar” la pieza.

“La espada de Bolívar en acto solemne, que también hay que rescatar porque dijeron que la iban a quemar también y que cuidamos nosotros con nuestra vida durante décadas. Se llevará en acto solemne por la guardia libertadora del batallón presidencial a donde nosotros la sacamos (...). La devolveré a la casa de Bolívar, en Bogotá, la Quinta donde estaba, donde vivió con Manuelita Sáenz, quizás feliz, y de donde salió quizás a morir en soledad”, expresó.

Así como lo dijo en su discurso de posesión como presidente de Colombia, en el pronunciamiento del 20 de julio reiteró que la espada de Bolívar “no se puede enfundar hasta que haya justicia en Colombia”. Afirmó que, por el momento, el país sigue sin experimentar la justicia, que, según indicó, debe ser construida por la misma población.

Por otro lado, el jefe de Estado indicó que la sotana del sacerdote Camilo Torres Restrepo, que fue integrante del Ejército de Liberación Nacional (ELN), saldrá de la Casa de Nariño y será entregada al Museo Nacional de Colombia, con el fin de que pueda ser exhibida por la ciudadanía. Además, aseguró que la facultad de Patrimonio de la Universidad Nacional será la cuidadora de la sotana.

“Hay una estatua de él en la Universidad de Lovaina la Vieja en Bélgica, y no la hay en Colombia, porque aquí censuran la voz de quienes llevan la rebeldía al pueblo, y le gritan, como gritó Bolívar, que es necesaria la libertad y que es necesaria la democracia, para que la vida cotidiana de una familia en Colombia cualquiera en cualquier región, pueda ser más feliz, más intensa, y las nuevas generaciones puedan vivir mejor que nosotros”, añadió.

Sobre el sombrero del excomandante del M-19 –guerrilla a la que también perteneció el presidente– y excandidato presidencial Carlos Pizarro será devuelto a su hija, la congresista María José Pizarro, y a su familia. “Sé que lo guardarán hasta cuando la bandera de la libertad de nuevo se ice en la Casa de Nariño en el Congreso de la República y en la patria colombiana”, detalló.

La congresista Catherine Juvinao dio a conocer su opinión sobre uno de los temas que más genera debate en el Congreso de la República y en la sociedad colombiana: el consumo de estupefacientes. De acuerdo con la legisladora, el consumo de drogas puede ser controlado y recreativo, lo cual no implicaría ningún tipo de afectación en el consumidor.

En el pódcast Escuchamos y No Juzgamos, Juvinao explicó que el cannabis, por ejemplo, se puede consumir de manera responsable y la persona puede ser absolutamente funcional, “socialmente hablando”. Incluso, aseguró que son pocos los casos de consumo problemático de drogas, en comparación con la cantidad de consumidores que hay.

En ese sentido, afirmó que la solución a la problemática alrededor del consumo dependiente debe ser asumida por el Estado desde una perspectiva de atención a las personas afectadas. Por otro lado, debe permitir el consumo de estupefacientes de manera recreativa y responsable.

“Ahí es donde el Estado se tiene que concentrar, en cómo atender al consumidor problemático, que, repito, es el mínimo porcentaje de los consumidores. A los demás, sencillamente no podemos coartarle el libre desarrollo de su personalidad, como yo tampoco podría decirle a usted que usted no se puede tomar un trago”, dijo la congresista en la entrevista.

A juicio de la legisladora, los políticos que discuten el tema suelen exponer una postura ante la sociedad que no pueden sostener en privado. Se refirió específicamente a algunos políticos y congresistas de la derecha, que aseguran estar en contra del consumo de drogas. Según explicó, algunos de ellos son consumidores activos de alucinógenos.

“Esa es la doble moral que yo a veces encuentro en la derecha (...). Conozco congresistas y políticos de derecha que tienen un discurso de dientes para afuera absolutamente conservador y están esperando el break de la plenaria para meterse un pase de cocaína (...). Aquí hay mucho solapado, aquí hay mucho doble discurso”, señaló.

Normativa vigente sobre el porte y consumo de drogas en Colombia

La legisladora recordó que en Colombia está permitido el porte y consumo de drogas (Ley 30 de 1986). La normativa establece sanciones penales y multas por el porte, traslado, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, pero deja por fuera la dosis personal:

• Marihuana: que no exceda los 20 gramos
• Marihuana hachís: que no exceda los cinco gramos
• Cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína: que no exceda un gramo
• Metacualona (sedante hipnótico): que no exceda los dos gramos.

Sin embargo, la Ley 2000 de 2019, que modifica el Código Nacional de Policía y Convivencia y el Código de la infancia y la Adolescencia en materia de consumo, añade en el artículo 140 del Código Nacional de Policía algunos comportamientos contrarios al cuidado e integridad del espacio público, entre ellos:

“Consumir, portar, distribuir, ofrecer o comercializar sustancias psicoactivas, inclusive la dosis personal, en el perímetro de cen­tros educativos; además al interior de centros deportivos, y en parques".

Así las cosas, Catherine Juvinao aseguró que lo que se debe hacer en materia de consumo de drogas en Colombia es una labor de comando y control por parte de la Policía Nacional, que vele por el cumplimiento de la norma en las zonas en donde no está permitido el porte y consumo de estupefacientes.

Además, insistió en la importancia de que las autoridades actúen con pleno conocimiento de las leyes y respetando siempre los derechos humanos y las sentencias que ha emitido la Corte Constitucional al respecto. Afirmó que el debate sobre el tema debe estar basado en información comprobada.

“Ese discurso sobre las drogas démoslo con evidencia, démoslo con rigor y no con lugares comunes”, precisó la legisladora.

El proyecto del Metro de la 80 en Medellín solo tiene recursos hasta finales de agosto de 2026 para responder a los compromisos contractuales suscritos y para dar continuidad a las obras, según denunció el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout. De acuerdo con su denuncia, hay una deuda de la Nación que supera los $838.571.825.785.

El cabildante explicó que la totalidad de la deuda del Gobierno del presidente Gustavo Petro se compone de dos vigencias pendientes: $326.012.896.558 correspondientes a 2025 y $512.558.929.227 de 2026. El concejal indicó que la ciudad ya aportó $744.469.467.473 y aseguró que ha cumplido todas sus obligaciones contractuales.

“El Metro de la 80 ya ejecutó el 93% de lo que ha recibido por vigencias futuras como aportes del convenio de cofinanciación y del contrato de crédito; apenas le queda un colchón de cerca de $90.000 millones para seguir en curso el proyecto. Y ahí están, sin giro, dos vigencias que la Nación aún debe”, detalló el presidente del concejo en su cuenta de X.

Por otro lado, el cabildante informó que el 23 de julio se llevó a cabo una reunión con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderado por Germán Ávila Plazas, para abordar la problemática. Sin embargo, según denunció, hasta el momento, no existe una fecha definida para la realización de los desembolsos.

Asimismo, de acuerdo con De Bedout, el 9 de julio, el Metro de Medellín radicó formalmente ante el Ministerio de Transporte la solicitud de la vigencia futura de 2026 por $512.558.929.227, con el fin de garantizar el avance de las obras.

“Por los incumplimientos del Gobierno nacional, se tuvo que activar la cláusula de solución de controversias por arreglo directo donde se tiene próxima reunión el 3 de agosto para retomar diálogo”, añadió.

De Bedout recalcó que ese encuentro se realizará a cuatro días de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, programada para el 7 de agosto. En ese sentido, afirmó que lo más probable es que no haya una definición sobre la situación y que el asunto termine trasladado al Gobierno entrante, que debería asumir la responsabilidad de cumplir con las obligaciones que adquirió la Nación para la ejecución del proyecto.

En consecuencia, el presidente del Concejo de Medellín advirtió que la situación deja a la capital de Antioquia sosteniendo el proyecto con sus propios aportes y con endeudamiento local, pese a que la Nación se había comprometido a garantizar su cofinanciación.

“El Gobierno de @petrogustavo se va dejando un proyecto sin tiempo y sin certeza financiera, mientras la ciudad sostiene sobre sus hombros —y su propio endeudamiento— un proyecto que la Nación prometió cofinanciar y ahora abandona a su suerte. @ABDELAESPRIELLA y el ministro de hacienda electo @miguel_gomez_m deben conocer estos datos puesto que heredan una deuda que deja Petro a Medellín”, detalló.

Distrito avanza con la adquisición de predios para la construcción del metro de la 80

El 22 de julio, la empresa Metro de Medellín Ltda. emitió un comunicado en el que informó que la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) ya avanzó con la adquisición de más de 1.200 predios –entregados por los propietarios– para la ejecución de las obras. En total, se requieren 1.306 predios, lo que quiere decir que ya se han adquirido más del 90% de las propiedades que se necesitan.

“Hay que recordar que cuando llegamos, en 2024, el proceso de gestión predial tenía un atraso de un año y mucha desconfianza legítima por parte de las comunidades. Hoy, ya hemos invertido recursos por más de $45.000 millones con los nuevos reconocimientos, destrabando este proceso y recuperando la confianza”, señaló el gerente de la EDU, Emiro Valdés López, citado en la comunicación oficial.

El abogado Santiago Trespalacios informó a través de sus redes sociales que el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín estableció que el cantante y compositor Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd, podrá afrontar en completa libertad el proceso penal que cursa en su contra por el delito de secuestro extorsivo. El fallo confirmó la decisión que tomó el juzgado de Medellín en primera instancia, al rechazar la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario que hizo la Fiscalía.

“¡Libertad! #CasoBlessd Se confirma en segunda instancia la libertad de todos los procesados quienes enfrentarán el proceso sin ninguna restricción. Adelante", informó el jurista en su cuenta de Instagram.

En X, el abogado indicó que, en la decisión de segunda instancia, el juzgado determinó que no hay suficiencia de “inferencia razonable” respecto del delito que le fue endilgado al artista urbano en la audiencia de imputación de cargos. Por eso, se abstuvo de evaluar los demás requisitos previstos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, establecidos para decretar una medida de aseguramiento.

“En la decisión de la libertad del caso Blessd, en segunda instancia, se deja claro que el motivo es ausencia de inferencia razonable, es decir, tanto la primera como la segunda instancia concluyeron que la Fiscalía no cuenta con el mínimo de prueba para dicho delito”, precisó Trespalacios.

De acuerdo con la normativa vigente, para decretar la medida de aseguramiento es necesario que los elementos materiales probatorios y la evidencia física permitan inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva por la cual se le está investigando. De igual manera, debe demostrarse que:

• La medida de aseguramiento es necesaria para evitar que el procesado obstruya la justicia.
• El imputado constituye un peligro para la víctima o la sociedad.
• Es probable que el investigado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia que le sea impuesta.

El proceso penal contra Blessd: detalles del caso

El artista urbano, su mánager Santiago Jaramillo Morán, conocido como Dímelo Jara, y otras personas están siendo investigadas por un caso de secuestro con fines extorsivos. De acuerdo con la Fiscalía, el cantante y compositor había “gestado la idea criminal” de secuestrar a Andrés Felipe Sánchez, un artista conocido por imitar al reguetonero Ozuna en el programa de televisión Yo Me Llamo, que, además, es representante de un imitador de Blessd.

Los hechos se habrían presentado en 2022, en el estudio de grabación del procesado. Según el relato de la víctima, fue citada en el sitio; cuando llegó, fue privada de la libertad durante varias horas y, al parecer, intimidada por el cantante. Presuntamente, Sánchez fue presionado para firmar un documento en el que se comprometía a garantizar que el imitador de Blessd dejaría de usar su nombre e imagen en sus presentaciones.

“Yo estoy puesto para la música, pero yo soy calle y no les paso las liendras con las que estoy para que no se asuste más. Haga todo lo que le estén diciendo en la oficina y evite ese problema”, habría dicho el procesado a la víctima, según indicó la Fiscalía en una audiencia.

La Fiscalía imputó al cantante urbano el delito de secuestro extorsivo, pero, en una decisión de primera instancia, esa petición quedó descartada. El reconocido artista se pronunció en sus redes al respecto. En el mensaje que publicó en Instagram, agradeció a las personas que lo han acompañado en la investigación.

“Gracias a Dios seguimos trabajando. También quiero agradecerle a cada uno de ustedes por estar presente en todos los momentos de mi vida, esta última semana he tenido mucho aprendizaje y más con el nacimiento de mi primer hijo, no saben lo feliz que estoy y lo trasnochado que mantengo, los amo mucho y espero vayan y compren sus boletos para toda la gira de Latam”, expresó.

El congresista del Centro Democrático Christian Garcés envió un mensaje de advertencia al Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, con el que la colectividad ha tenido varios momentos de tensión, pese a que se declaró partido de gobierno. El senador se refirió específicamente a las publicaciones que han estado haciendo algunos creadores de contenido afines a De la Espriella en contra del Centro Democrático.

De acuerdo con declaraciones que dio el legislador en conversación con Caracol Radio, el partido no estaría dispuesto a apoyar las propuestas oficialistas en el Legislativo si los influenciadores continúan con los “ataques” contra la colectividad.

En consecuencia, instó al presidente electo y al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, a tomar medidas al respecto y brindar claridad al partido sobre cómo será su relación durante su administración.

“Señor Abelardo de la Espriella, señor ministro del Interior, ¿cómo van a ser las relaciones entre nosotros? Porque si sus influenciadores nos atacan constantemente, no esperen entonces que nosotros en el Congreso los respaldamos y esto puede ser muy dañino para el país”, precisó el congresista al medio de comunicación citado.

A su juicio, el deber de las colectividades de centro-derecha es unirse. Sin embargo, esa alianza podría fracturarse si persisten las críticas de los creadores de contenido hacia el partido.

“Si los influenciadores que trabajaron en la campaña y las cuentas de campaña de Abelardo de la Espriella nos atacan, como ha dicho el (ex) presidente (Álvaro) Uribe, pues somos abejitas laboriosas, pero también podemos defendernos”, señaló.

Los creadores de contenido a los que el Centro Democrático señaló

El movimiento político publicó en su cuenta de X los rostros y los nombres de los influenciadores que, presuntamente, estarían “maltratando” a la colectividad: Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Miguel Zárate, Alejandro Bermeo y Santiago Giraldo.

De acuerdo con el Centro Democrático, las personas que mencionó han estado utilizando sus redes sociales para publicar críticas hacia la colectividad durante los últimos seis meses. Además, según indicó, algunos de ellos estuvieron presentes en la instalación del Congreso de la República, que se llevó a cabo el 20 de julio de 2026.

El partido aseguró que los cinco creadores de contenido estarían haciendo esas publicaciones a cambio de retribuciones económicas e insinuó que su presencia en el Legislativo respondería a un acto de presión.

“Mientras este Partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”, señaló el partido.

Miguel Zárate, uno de los creadores de contenido que el partido político de derecha mencionó en su publicación, aseguró que la colectividad lo está perfilando. De igual manera, afirmó sentirse decepcionado del movimiento político, en cuya fundación participó y al cual apoyó en distintas campañas de personas que querían llegar a ocupar cargos de elección popular.

El influenciador reconoció que estuvo presente en la instalación del Congreso y explicó que su objetivo fue acompañar a algunos congresistas electos que se posesionaron ese día. Negó que su intención fuera ejercer algún tipo de presión sobre el Centro Democrático; no obstante, aclaró que no dejará de hacer su labor.

“Si se sintieron presionados, eso es cuestión suya. Si se sintieron presionados, lo seguiremos haciendo, porque ustedes ayer rompieron la confianza con los colombianos votando en pacha con el Pacto Histórico, los mismos que hoy siguen siendo gobierno, porque hoy el Pacto Histórico, lo recuerdo, es gobierno hasta el 7 de agosto y ustedes votaron con el gobierno de Gustavo Petro para derrotar al presidente Abelardo de la Espriella”, aseveró el creador de contenido en un video publicado en sus redes sociales.

De acuerdo con el partido de derecha, fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y dirigido por Gabriel Vallejo, los cinco hombres que mencionó estuvieron presentes en la instalación del Congreso, que se llevó a cabo el 20 de julio, en la que se eligieron las mesas directivas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. La colectividad calificó su presencia en el lugar como un método para ejercer presión.

“Mientras este Partido estuvo en la oposición 4 años y siempre el expresidente Uribe ha sido coherente en las tesis de seguridad, inversión, cohesión social, estos influencers pagos (mermelados) quien sabe por quién, vinieron a maltratarnos en los últimos 6 meses. ¿Qué hacían ayer en el Congreso? ¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”, indicó el movimiento político en su cuenta de X.

Algunos de los creadores de contenido –siendo algunos de ellos activistas y analistas políticos– reaccionaron a la crítica publicada por el partido y aseguraron que la publicación de la colectividad constituye un perfilamiento. Así lo indicó Santiago Giraldo en su cuenta de X, en la que, además de cuestionar al Centro Democrático, defendió su trabajo digital, ejercido durante más de 10 años.

Según explicó, el contenido que ha publicado en ese tiempo en sus redes se ha centrado, entre otras cosas, en poner en evidencia la “tibieza” del partido político. Además, negó que esté recibiendo cualquier retribución económica por sus publicaciones. “No necesito que nadie me pague para defender mis convicciones“, señaló.

Adicionalmente, indicó que no estuvo en la instalación del Congreso y señaló al expresidente Álvaro Uribe de haberlo “perfilado” antes. En consecuencia, tuvo que recurrir a un esquema de seguridad para protegerse. “En esta batalla, quienes llevamos años dando la cara hemos sido perfilados y perseguidos por un expresidente, por un ministro del Interior petrista y por el director de uno de los partidos más grandes de Colombia. Y, aun así, no les tenemos miedo", precisó.

Asimismo, criticó el hecho de que el Centro Democrático haya contado con la ayuda del Pacto Histórico, partido al que se opone, para garantizar que el congresista Honorio Henríquez fuera elegido presidente del Senado de la República. A su juicio, esa movida política respondería a la idea de que la izquierda “sabe” que puede derrotar al partido de derecha.

“Quédense con la Presidencia del Senado, la burocracia y los acuerdos entre partidos. Nosotros nos quedamos con la gente y con la batalla cultural que ustedes abandonaron hace mucho tiempo. Lo que viene en 2027 apenas comienza”, indicó.

Por su parte, Miguel Zárate compartió un video en redes en el que también señaló al Centro Democrático de haberlo perfilado. Explicó que, aunque fue miembro fundador del partido político y apoyó varias campañas a cargos de elección popular, ahora está decepcionado de la colectividad.

Asimismo, confirmó que sí estuvo en el Congreso durante su instalación y que el propósito de su presencia fue acompañar la posesión de algunos congresistas como Germán Rodríguez, Sara Castellanos y Enrique Gómez.

“Si se sintieron presionados, eso es cuestión suya. Si se sintieron presionados, lo seguiremos haciendo, porque ustedes ayer rompieron la confianza con los colombianos votando en pacha con el Pacto Histórico, los mismos que hoy siguen siendo gobierno, porque hoy el Pacto Histórico, lo recuerdo, es gobierno hasta el 7 de agosto y ustedes votaron con el gobierno de Gustavo Petro para derrotar al presidente Abelardo de la Espriella”, aseveró.

Zárate aseguró que el Centro Democrático “morirá” políticamente por los errores que, a su juicio, ha cometido, y por el presunto perfilamiento de creadores de contenido que critican a la colectividad. “Si quieren guerra, guerra van a tener y los volveremos a derrotar como los derrotamos. 1.800.000, ni siquiera les alcanza para la reposición de votos”, señaló.

El creador de contenido Vincent Ramos se unió a las críticas. En un video, afirmó que, además del perfilamiento, desde el movimiento político se estarían planeando “más ataques” en su contra. Sin embargo, afirmó que no dejará de exponer sus ideas y opiniones.

“El Centro Democrático nos acaba de perfilar y me llega información que tiene más ataques contra nosotros. Ahora, no sé si físico o mediático. Por algo los zurdos prefirieron aliarse con ellos para atacarnos, porque unos perfilan y otros disparan. Pero lo único que les diré es que no me van a callar”, dijo.

“He pedido que los $4 billones que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no colocó para el programa Colombia Solar, que es para mí esencial para mitigar los efectos de El Niño en términos de energía eléctrica, se lleven a la Ungrd y entonces tengamos $8 billones en Gcelca (Generadora y Comercializadora de Energía del Caribe)”, explicó el jefe de Estado en una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, realizada el 21 de julio de 2026.

Según el presidente, las altas temperaturas podrían generar todo tipo de emergencias en el país, sobre todo en los meses de diciembre de 2026, febrero de 2027 y marzo de 2027. Los recursos direccionados a la Ungrd servirían para responder a una escasez de agua y, por tanto, de energía.

La colectividad aseguró que la billonaria reasignación genera preocupación y dudas sobre su licitud y transparencia. El movimiento político aseguró que, además del direccionamiento de los recursos, el Gobierno saliente ha estado celebrando contratos y tomando determinaciones faltando pocos días para que inicie una nueva administración: la del presidente electo Abelardo de la Espriella.

“La orden del presidente Gustavo Petro de transferir $4 billones a la UNGRD en la recta final de su gobierno enciende todas las alarmas. Desde el @soyconservador hemos visto con preocupación cómo, en los últimos días de esta administración, se multiplican los contratos, las transferencias y decisiones de última hora”, detalló el partido político.

En ese sentido, aseguró que es necesario que los organismos de control competentes vigilen el manejo de unos recursos de “semejante magnitud”.

En la reunión con el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el mandatario también se refirió a los riesgos que se corren de que haya malos manejos. Por eso, hizo una advertencia a los funcionarios encargados de la administración del dinero: estar atentos a presuntas irregularidades y evitar actos de corrupción. Esto, teniendo en cuenta un antecedente que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos de la Ungrd. “Ojo con la corrupción”, precisó.

Pese a que el presidente hizo el llamado de atención para evitar que haya anomalías en la destinación de los recursos, el Gobierno electo de Abelardo de la Espriella también expresó su preocupación por la reasignación de los $4 billones. En un comunicado, afirmó que “no se puede ignorar” la magnitud de la suma, la premura con la que la administración Petro quiere efectuar el traslado y el historial reciente de corrupción de la Ungrd.

En respuesta a la advertencia que hizo el Gobierno entrante, el primer mandatario afirmó que, ante la “súper sequía” que se presentará entre diciembre de 2026 y mayo de 2027, decretará el traslado del dinero para que sea utilizado en los “frentes más críticos” para así garantizar el acceso a agua potable y a otros servicios.

“Si el señor Abelardo se queda soñando en que gobernar es usar el código penal, que el mismo no se aplica para sí, entonces va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía. Es ahora que toca tomar decisiones; si Abelardo las toma un mes antes ya no sirve para nada, por eso debió ir al empalme”, aseguró el jefe de Estado en su cuenta de X.

El 22 de julio de 2026, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos por la persistencia de “actividad delictiva” en el territorio colombiano. De acuerdo con la información que publicó en su sitio web oficial, entre las víctimas de los criminales están los extranjeros.

En consecuencia, expuso un listado de recomendaciones para reducir riesgos durante viajes y estadías en el país de América del Sur. "Los ciudadanos estadounidenses en Colombia deben tener en cuenta que la actividad delictiva, incluidos los delitos contra extranjeros, sigue siendo motivo de preocupación. Siga estos pasos para mantenerse a salvo", indicó la embajada.

Por un lado, la sede diplomática advirtió sobre el uso de drogas imperceptibles. Según el comunicado, pueden añadirse a bebidas o comida para dejar a la víctima indefensa y facilitar robos, agresiones o abusos sexuales. Por eso, recomendó a los ciudadanos estadounidenses no dejar alimentos ni bebidas sin vigilancia en sitios públicos y no aceptar ningún tipo de trago a personas desconocidas, ya que la combinación de estupefacientes con alcohol puede ser peligrosa.

De igual manera, recomendó a los ciudadanos norteamericanos que visitan Colombia mantener un perfil bajo. Eso quiere decir que deben evitar el de uso joyas, relojes de lujo y ropa de diseñador. También sugirió abstenerse de utilizar el celular en las aceras o cerca de la calle para evitar hurtos; indicó que, en caso de que se requiera usar el teléfono personal, se debe buscar primero un lugar seguro para hacerlo.

La embajada señaló que los delincuentes pueden recurrir a la violencia durante los robos y, por eso, sugirió que, en caso de que algún ciudadano estadounidense se encuentre en una situación de ese tipo, no oponga resistencia, priorizando la seguridad personal.

Además, advirtió que se han estado usando aplicaciones de citas para seleccionar víctimas de robos, agresiones sexuales y otros delitos violentos. En consecuencia, recomendó a los ciudadanos reunirse con otras personas en lugares públicos y compartir sus planes con un amigo de confianza para que esté completamente informado.

“Tanto hombres como mujeres, que viajan solos o en grupo, han sido víctimas (...). Haz capturas de pantalla del perfil, las fotos y la identificación de tu cita para compartirlas con él”, explicó la embajada en el comunicado oficial.

De igual manera, sugirió evaluar con cuidado antes de llevar a alguien al alojamiento en el que se encuentra. “Piénsalo bien antes de llevar a tu cita o a cualquier persona que no conozcas bien a tu alojamiento o hotel. Asegúrate de que todos los visitantes se registren en la seguridad del edificio o en la recepción del hotel con su documento nacional de identidad colombiano (cédula), no con una foto”, precisó.

Adicionalmente, aconsejó no hablar de finanzas ni de planes de viaje con personas recién conocidas.

El aviso incluyó sugerencias adicionales: contratar un seguro de viaje internacional porque centros médicos colombianos exigen pago por adelantado, y denunciar todos los delitos a la policía para ayudar a identificar patrones. En caso de robo de tarjetas o documentos, indicó comunicarse con las entidades financieras lo antes posible.

La embajada también recomendó a los viajeros que acuerdan encuentros con personas desconocidas informarse bien sobre la edad de su cita, teniendo en cuenta que pueden terminar reuniéndose con menores de edad y eso puede derivar en situaciones de carácter penal si se comprueba alguna relación con el delito de explotación sexual.

Recordó que la explotación sexual de menores es un delito grave en Colombia, con penas que incluyen largas condenas de prisión. "Incluso solicitar favores sexuales a un menor es un delito. Alegar desconocimiento de la menor no constituye una defensa legal”, añadió.

La posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, que se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026, sigue sin definirse. Aunque en el Senado de la República se aprobó la proposición de que el Congreso de la República en pleno se traslade al departamento del Cauca para la realización de la ceremonia, todavía falta que la Cámara de Representantes estudie esa posibilidad y decida si la respalda o no.

Además, en el Senado también fue radicada otra proposición, impulsada por la congresista Jennifer Pedraza. La propuesta da luz verde al desplazamiento extraordinario y excepcional del Legislativo al departamento del Cauca con el único fin de llevar a cabo la posesión presidencial de De la Espriella. Sin embargo, descarta por completo la posibilidad de que el acto protocolario se efectúe en una guarnición militar, como quiere hacerlo el mandatario electo.

“El lugar específico donde se realizará la sesión deberá ser un escenario de carácter civil y, en todo caso, no podrá corresponder a una guarnición militar ni a instalaciones de las Fuerzas Militares o de Policía. Concluida la ceremonia de posesión, la sede del Congreso de la República retornará de pleno derecho al Capitolio Nacional, en la ciudad de Bogotá D.C., sin que se requiera pronunciamiento adicional alguno”, se lee en el documento presentado por la legisladora.

Ante los medios de comunicación, Pedraza se refirió a su proposición y a la decisión que tomó el Senado de aprobar el traslado del Congreso al Cauca. La congresista advirtió que la realización de la posesión presidencial en una guarnición militar es problemático, porque podría derivar en la politización de las Fuerzas Militares que, además, todavía están comandadas por el presidente Gustavo Petro.

“Si el Congreso dijese: ‘Vamos a hacer (la posesión) en una guarnición militar’, la persona o el militar que está al mando de esas instalaciones estaría en una disyuntiva muy difícil. Si lo autoriza el jefe máximo de las Fuerzas Militares, que es Gustavo Petro, o si se pone al servicio del presidente electo. Eso es precisamente el tipo de rencillas que genera la idea de Abelardo de la Espriella de politizar las Fuerzas Militares”, dijo.

Pedraza recordó que el Ejército Nacional tiene el deber de garantizar la soberanía popular y velar por su cumplimiento. En consecuencia, a su juicio, es riesgoso que Abelardo de la Espriella quiera posesionarse en una guarnición, bajo el argumento de que desea enviar un mensaje de respaldo a la fuerza pública.

La senadora aclaró entonces que el debate no está en si el acto protocolario se lleva a cabo en Bogotá o en otra ciudad o municipio del país. Contrario a pensar que es equivocado ese escenario, aseguró que es positivo el traslado del Legislativo, para que haga presencia en las regiones y no solo en la capital colombiana. “No es el Cauca, eso ya quedó aprobado. Vámonos al Cauca. El Congreso tiene que estar en las regiones, sin duda alguna, pero su posesión tiene que ser en un espacio civil”, detalló.

En sus redes sociales, la congresista aprovechó para hacer otra crítica al mandatario entrante. En una publicación en X, cuestionó el hecho de que vaya a presentar un proyecto de acto legislativo para que Barranquilla sea la “capital alterna de Colombia”. A juicio de la legisladora, hay asuntos más importantes por abordar en el país.

“Casanare y Arauca inundándose, la salud en crisis y la seguridad peor, pero al Pdte. (E) @ABDELAESPRIELLA le parece que lo más importante es inventarse una nueva capital alterna. Una presidencia de las regiones atendería los problemas de la gente. Este es el Gobno de los Clanes”, señaló Jennifer Pedraza en la red social.