El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, dedicó una larga publicación en su cuenta de X a cuestionar la gestión de la fiscal Lucy Laborde por solicitar una medida de aseguramiento intramural para su cliente.

La petición de la delegada de la Fiscalía está relacionada con un proceso penal que se adelanta contra el hijo mayor del primer mandatario por presuntas irregularidades en la contratación entre la Fundación Consciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico. En una decisión de segunda instancia, el Juzgado 5 penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla rechazó la solicitud de la fiscal y ordenó que Petro Burgos afronte la investigación en libertad, hasta que se defina su situación jurídica.

Las quejas del apoderado de Nicolás Petro

A juicio de Carranza, el hecho de que la delegada del ente acusador insistiera en la necesidad de enviar a prisión a Nicolás Petro demuestra que actúa sin garantizar los derechos que deben tener todos los procesados.

“La decisión de segunda instancia de hoy dejó en claro que la fiscal Lucy Marcela Laborde no cumple con los estándares mínimos de derecho ni de la promoción y protección de derechos humanos (...). El juez de segunda instancia no dejó semejante solicitud con cabeza, por eso la gloria sea de Dios, hay #Libertad”, señaló el profesional en Derecho.

De acuerdo con su explicación, resultó impactante que la funcionaria de la Fiscalía solicitara una medida de aseguramiento basándose en el hecho de que, desde su perspectiva, el investigado debería estar presente físicamente en las diligencias del proceso.

“La preocupación es porque esa misma fiscal, Lucy Marcela Laborde, en diciembre intenta una medida de aseguramiento intramural en la cárcel de Barranquilla como le informó, y recientemente al ver frustrada su petición ilegal, le pide a un juez que me arreste y arreste a @nicolaspetroB por hacer audiencias virtuales”, indicó.

En ese sentido, hizo varios cuestionamientos sobre la insistencia de la fiscal Lucy Laborde en privar de la libertad al hijo del presidente. Afirmó que desconoce las razones detrás de su crítica ante la asistencia virtual del procesado a las audiencias, teniendo en cuenta que no se ha ausentado de ninguna diligencia.

Además, indicó que el penal en el que Laborde quiere que Petro Burgos esté recluido no cuenta con los estándares requeridos para garantizar su seguridad. Adicionalmente, preguntó por la falta de imputación de cargos de otras personas presuntamente involucradas en los hechos indagados.

“¿Por qué intentó expresamente que lo metieran preso a la cárcel de Barranquilla donde sobradamente se sabe, no hay seguridad para el hijo del presidente? ¿Por qué la Fiscal Laborde no ha imputado a la Mamá ni a la hermana de Daysuris del Carmen por el lavado de activos en los contratos de Fucoso, que ella misma reveló?”, cuestionó el abogado Carranza.

Así las cosas, aseguró que la delegada de la Fiscalía no ha actuado de manera ética en el proceso penal que se adelanta contra su prohijado. Considera que ha incurrido en engaños y que no ha tomado decisiones basadas en la neutralidad ni en la objetividad que se supone debe caracterizar al ente acusador.

El abogado mencionó directamente a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, para exponer sus quejas sobre la conducta de la fiscal Laborde, advirtiendo un presunto atropello contra el hijo del presidente. “Señora Fiscal si semejantes atropellos se causan contra Nicolás, no me cabe duda del atropello que pueden sufrir los Colombianos que no tienen cómo defenderse o cómo exigirle a este sistema y a esta fiscalía en crisis”, señaló el profesional en Derecho.

La Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Segunda para la Vigilancia Administrativa abrió una investigación disciplinaria contra una exfuncionaria y un nuevo funcionario de la Nueva EPS. Se trata de Luz María Múnera Media, que fue superintendente de Salud Ad Hoc de la entidad promotora de salud, y de Jorge Iván Ospina, que en abril de 2026 fue designado como nuevo agente interventor de la Nueva EPS.

“Procede el Despacho a ordenar la apertura de investigación disciplinaria contra los señores Luz María Múnera Media y Jorge Iván Ospina en calidad de superintendente de Salud Ad Hoc de la Nueva E.P.S. y agente interventor de la Nueva E.P.S.”, se lee en el documento de la Procuraduría.

De acuerdo con el ente de control, Múnera debe ser investigada debido a una presunta extralimitación de funciones al expedir la Resolución No. 2026100000003814-6 del 10 de abril de 2026. A través de ese documento, quedó en firme la prórroga de la intervención forzosa administrativa de la Superintendencia Nacional de Salud sobre la Nueva EPS. Por medio de esa resolución también se oficializó la designación y toma de posesión de Jorge Iván Ospina como agente interventor.

Por otro lado, Ospina debe ser indagado por la falta de acreditación de requisitos para tomar posesión del cargo que ahora ostenta.

El 14 de abril de 2026, mediante el oficio No. 20263200301173501, la superintendente delegada para Entidades de Aseguramiento en Salud (e), Edilma Marlén Suárez Castro, presentó una queja ante la Procuraduría en la que denunció presuntas irregularidades en el proceso de toma de posesión e intervención forzosa de la Nueva EPS y en el nombramiento de Jorge Iván Ospina como interventor.

Así las cosas, con el fin de adquirir las pruebas para adelantar la respectiva investigación, la Procuraduría requirió a Luz María Múnera Media para que rinda una versión libre sobre los hechos que son objeto de indagación. También solicitó que se le allegue una copia de los actos de nombramiento y posesión de la funcionaria, así como del último formato de hoja de vida diligenciado a su nombre y del manual de funciones.

Por otro lado, para investigar los hechos alrededor de la cuestionada designación de Ospina, el ente de control pidió una copia de los actos de su nombramiento y posesión, el último formato de su hoja de vida y el documento en el que se establecen los requisitos para ocupar el cargo.

La salida de Luz María Múnera y la llegada de Jorge Iván Ospina

El 24 de abril de 2026, Luz María Múnera informó que finalizó su tiempo como superintendente de Salud ad hoc de la Nueva EPS. En su publicación en X, afirmó que su trabajo se basó en garantizar el derecho a la salud de los afiliados a la entidad promotora, que son más de 11 millones de ciudadanos. Indicó que llevó a cabo acciones de inspección, vigilancia y control que permitieron que la EPS continuara prestando los servicios de salud a los usuarios.

“Dejo recomendaciones claves para estabilizar el sistema, como lo son: poner en funcionamiento el giro directo, mejorar el acceso a medicamentos, consolidar una contratación de tal manera que el pago por evento sea la excepción y no la regla, exigir transparencia financiera y avanzar en la modernización tecnológica”, explicó.

Casi simultáneamente, el médico Jorge Iván Ospina llegó a la Nueva EPS como agente interventor. El 11 de abril compartió un video en sus redes sociales en el que explicó los motivos por los cuales decidió aceptar el cargo. Indicó que está comprometido con el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que tiene la formación y la experiencia suficientes para asumir esa nueva responsabilidad.

“Lo he hecho por mi altísimo compromiso con el presidente Gustavo Petro, porque creo que millones de afiliados a la Nueva EPS merecen el mayor de los esfuerzos para garantizar el servicio de salud, que es garantizar la vida. Lo he hecho porque estoy capacitado para ello”, detalló.

“Que la maternidad vale la pena. Que uno no es controlador, uno ama y quiere que estén bien. Todo pasa por primera vez. En mi vida hay dos mundos. Uno empieza en casa con una lonchera, un abrazo fuerte y la promesa de volver. No me quiero ir de este mundo sin vivir la posibilidad de sentir el poder de dar vida. Uno cree que viene a formar a sus hijos, pero son ellos los que te forman a ti”, indica en el video.

En la grabación se le ve maquillándose en un set y, luego, llegando a su casa, donde abre una caja de color roja que tiene el mensaje “El coraje nace del amor”. En su interior hay imágenes de una ecografía que muestran su embarazo.

“A veces entiendes todo, solo cuando lo empiezas a sentir. Lo que antes eran historias, miedos y consejos, hoy son dos corazones latiendo dentro de mí. ♥️“Los hijos cambian todo…” y ahora lo sé”, expresó Tejeiro en la descripción del video.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Una de las personas que se pronunció es Greecy Rendón, amiga de Tejeiro: “La parte más hermosa de la vida raji! Que lindo poder verte ahí y disfrutarnos en esta etapa juntas! Te amo!”.

En desarrollo...

El senador demócrata de Arizona (Estados Unidos) Rubén Gallego se pronunció ante los medios de comunicación sobre la preocupación que tiene el Gobierno de Donald Trump por los hechos de violencia que se están registrando en Colombia. La administración norteamericana emitió recientemente una alerta de viaje para los ciudadanos que estén interesados en visitar el país, advirtiendo sobre algunas zonas que considera muy peligrosas.

El Gobierno estadounidense recomienda no viajar a los departamentos de Arauca, Cauca (excluyendo Popayán), Valle del Cauca (excluyendo Cali) y Norte de Santander, debido a los índices de delincuencia que allí se registran y a acciones de terrorismo que se han documentado.

De igual manera, sugiere no viajar a ninguna zona que esté ubicada en un radio de 10 kilómetros/5 millas de la frontera entre Colombia y Venezuela, debido a que en esos lugares se reportan conflictos entre grupos armados, delincuencia y secuestros.

Senador hace advertencias sobre seguridad en época electoral

El congresista Gallego confirmó que Estados Unidos también siente preocupación por los estragos que puede causar la violencia en el país en plena época electoral. Hizo énfasis en la seguridad de los aspirantes a la Presidencia y Vicepresidencia, que son 26, y en la integridad de los votantes, teniendo en cuenta que hay personas en las regiones que temen ejercer su derecho al sufragio por posibles represalias de los grupos armados.

“Me preocupa la violencia contra los candidatos, número uno. Me preocupa que hay muchos votantes que no van a votar porque tienen miedo de la violencia. Y número tres, me preocupa porque pasa la elección y van a haber personas que dicen que esta elección no era legítima, porque muchas personas no salieron a votar por la violencia”, precisó el legislador norteamericano ante la prensa.

Indicó que la situación que atraviesa Colombia en materia de orden público es “horrible” y que en Estados Unidos han experimentado ese tipo de problemas relacionados con la violencia en distintas oportunidades. “Yo creo que es algo horrible de tener como una Nación. Nosotros tuvimos ese mismo problema”, aseveró.

Delitos violentos y terrorismo: la alerta de Estados Unidos para los viajeros

Según la información que expuso el Departamento de Estado de Estados Unidos en la sección de viajes de su sitio web oficial, Colombia se ubica en el nivel 3 de alerta de viajes, que quiere decir que se aconseja a los ciudadanos reconsiderar sus desplazamientos al país. Aclara que hay áreas que están en el nivel 4, lo que implica una sugerencia de no viajar a esos lugares. En esa categoría están justamente los departamentos de Arauca, Cauca, Valle del Cauca y Norte de Santander.

Según precisa, los delitos violentos como homicidios, robos y agresiones son comunes en varios lugares del país. Además, suelen presentarse casos de secuestro y extorsión en ciertos sitios e incluso en hoteles donde se hospedan los turistas.

“La delincuencia callejera es común en toda Colombia y puede tornarse violenta rápidamente. Si es víctima de un ataque, no oponga resistencia. Los procedimientos e investigaciones policiales en Colombia difieren de los de Estados Unidos, y los delitos contra turistas no siempre se procesan. Esto puede generar frustración en las víctimas”, detalló el Departamento de Estado.

Además, advierte sobre la presencia de grupos armados en algunas regiones, que utilizan artefactos explosivos improvisados ​​(IED) y minas antipersonal (MAP) que ponen en riesgo a la población. “Estos explosivos pueden estar ocultos en vehículos, instalados en drones o enterrados”, indica.

Recomendaciones de Estados Unidos para quienes viajen a Colombia

Las autoridades de Estados Unidos aconsejan a quienes viajan a Colombia evitar manifestaciones y multitudes, así como limitar sus desplazamientos a las horas diurnas para reducir riesgos relacionados con la seguridad.

Además, sugieren mantenerse atentos a noticias locales y estar preparados para modificar los planes de viaje si surge alguna alerta. También deben mantener un perfil bajo y abstenerse de mostrar objetos de valor como teléfonos, relojes caros o joyas, para evitar robos.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que un total de 41.421.973 ciudadanos (21.298.492 mujeres y 20.123.481 hombres) podrán votar en Colombia y en el exterior en las elecciones para presidente y vicepresidente que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta). De acuerdo con la autoridad electoral, 40.007.312 personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto en el territorio nacional, mientras que 1.414.661 podrán hacerlo fuera del país.

En Colombia, la Registraduría habilitará 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos, integrando áreas urbanas y rurales. De los ciudadanos aptos para votar en el país, 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 hombres.

Por otro lado, el periodo de votación en el exterior comenzará el 25 de mayo y concluirá el 31 de mayo, permitiendo que los colombianos residentes en 67 países participen en la jornada; en total son 777.343 mujeres y 637.318 hombres los que podrán sufragar fuera del país. Para este proceso, se instalarán 2.181 mesas de votación el 31 de mayo y 1.489 durante los días previos (del 25 al 30 de mayo), distribuidas en 253 puestos.

La Registraduría presentó un listado de la totalidad de personas que pueden votar en cada departamento. Según la información que suministró, los territorios que acumulan la mayor parte del censo electoral nacional son:

• Bogotá: 6.076.599 personas habilitadas para votar
• Antioquia: 5.448.240 personas habilitadas para votar
• Valle del Cauca: 3.793.190 personas habilitadas para votar
• Cundinamarca: 2.335.305 personas habilitadas para votar

Los departamentos que concentran la menor cantidad de posibles electores son:

• Vaupés: 26.110 personas habilitadas para votar
• Guainía: 36.900 personas habilitadas para votar
• San Andrés: 53.790 personas habilitadas para votar
• Amazonas: 57.274 personas habilitadas para votar
• Vichada: 57.355 personas habilitadas para votar

Los ciudadanos que ejercerán su derecho al voto pueden consultar la ubicación exacta de su puesto de votación en el sitio web oficial de la Registraduría: www.registraduria.gov.co, eligiendo la opción “Conoce tu lugar de votación”.

Elecciones presidenciales: listado candidatos

Los colombianos que decidan participar en la jornada de votación del 31 de mayo de 2026 tendrán la posibilidad de elegir entre 13 candidatos y candidatas presidenciales y sus respectivas fórmulas vicepresidenciales. Para hacer efectivo el sufragio, solo podrán marcar una opción, de esta manera evitarán que el voto sea invalidado.

El tarjetón electoral que recibirán los votantes el día de las elecciones está distribuido de la siguiente manera:

1. Iván Cepeda Castro y Aída Quilcué
2. Claudia López y Leonardo Huerta
3. Raúl Santiago Botero y Carlos Fernando Cuevas
4. Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo
5. Mauricio Lizcano y Pedro Luis de la Torre
6. Miguel Uribe Londoño y Luisa Fernanda Villegas
7. Sondra Macollins Garvin y Leonardo Karam Helo
8. Roy Barreras y Martha Lucía Zamora
9. Carlos Caicedo y Nelson Javier Alarcón
10. Gustavo Matamoros y Mila María Paz
11. Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo
12. Sergio Fajardo y Edna Cristina del Socorro
13. Luis Gilberto Murillo y Luz María Zapata

Registraduría confirma seguridad del sistema electoral

En medio de dudas que ha expuesto el presidente Gustavo Petro sobre la seguridad y transparencia del sistema electoral colombiano, la Registraduría confirma que el proceso de elecciones está respaldado por un sistema de controles integrales de verificación documental y auditoría técnica que impide modificar los resultados y garantiza que cada voto corresponde a la opción seleccionada por los ciudadanos en las urnas.

Según precisó en un comunicado, para proteger la integridad electoral, se realizan auditorías independientes sobre los sistemas tecnológicos aplicados tanto en el preconteo como en el escrutinio. El proceso incluye una cadena de custodia estricta desde la mesa de votación, con mecanismos como sellado de sobres, resguardo en arca triclave, trazabilidad documental y presencia de autoridades durante el traslado y almacenamiento de materiales.

Se incorporan además herramientas para la supervisión ciudadana y la transparencia, como la digitalización y publicación de los formularios E-14, la presencia de testigos electorales y la organización de audiencias públicas en el proceso de escrutinio. El sistema se completa con formularios estandarizados y controles técnicos sobre el software.

Por medio del Auto No. 092, el Consejo Nacional Electoral (CNE) avocó conocimiento y abrió indagación preliminar contra el candidato presidencial Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña a la consulta realizada el 26 de octubre de 2025, para la escogencia de aspirantes a la Presidencia de la República.

De acuerdo con el documento del CNE, varias personas allegaron quejas y solicitudes de investigación sobre la financiación de la campaña del candidato de izquierda, advirtiendo posibles anomalías relacionadas con la presunta violación de topes y la recepción de dineros prohibidos. Estas fueron las personas que señalaron eventuales irregularidades en la financiación:

• Juan Martin Bravo Castaño, exconcejal de Cali: el 15 de enero de 2026, pidió que se investigara la campaña por anomalías que identificó en los reportes de financiación a la campaña de Cepeda.
• Jonathan Pulido Hernández, senador: el 16 de enero de 2026, interpuso una queja por presunta violación al régimen de financiación de campaña electoral, señalando una vulneración de los límites de financiación privada.
• Pedro Escobar de Andreis: el 17 de enero de 2026, solicitó una investigación por presunta financiación prohibida.
• José Alexander Borja Rivera: el 17 de enero de 2026, pidió una investigación sobre los recursos utilizados en la campaña.
• Carlos Andrés Castro Oliveros: el 17 de enero de 2026, pidió verificar los informes de financiación del candidato de izquierda.

El CNE decidió abrir indagación preliminar a Iván Cepeda Castro y decretar pruebas para verificar si en la financiación de su campaña hubo o no irregularidades. En ese sentido, ofició al Fondo Nacional de Financiación de Partidos del Consejo Nacional Electoral para que remita al despacho una copia íntegra del informe, concepto o revisión técnica que haya sido emitido en relación con el reporte de ingresos y gastos de la campaña del aspirante con miras a la consulta.

De igual manera, lo instó a que allegue todos los documentos, soportes y anexos de la información que se tenga sobre los ingresos y gastos de la campaña o del informe que fue presentado en el aplicativo Cuentas Claras, donde todos los aspirantes exponen los detalles de la financiación de sus campañas.

Por otro lado, solicitó a la Dirección de Gestión Electoral Registraduría Nacional del Estado Civil enviar una copia de los formularios de inscripción (E-6, E-7 y E-8) de Iván Cepeda a la consulta, así como todos los documentos relacionados con el partido o movimiento político que lo avaló.

También pidió a la empresa Samat Publicidad S.A.S. que informe y acredite el origen de los recursos reportados como aportes a la campaña de Iván Cepeda, incluyendo extractos y soportes bancarios. Todo esto, en el término de 10 días hábiles siguientes a la comunicación del auto.

“REQUERIR al ciudadano lván Cepeda Castro, dentro del término de diez (10) días hábiles siguientes a la comunicación de este Auto, se pronuncie frente a los hechos objeto de la presente actuación y aporte los documentos que considere pertinentes, conducentes y que pretenda hacer valer como pruebas”, añadió el CNE en el auto.

El exconcejal de Cali Juan Martín Bravo se pronunció sobre la decisión de la autoridad electoral, celebrando la apertura de la indagación preliminar contra Cepeda y destacando la importancia de sus denuncias sobre posibles anomalías en la financiación de su campaña.

“Gracias a mi denuncia, el CNE abre indagación preliminar contra la campaña de @IvanCepedaCast por presunta financiación irregular. Se vienen posibles sanciones. Que caiga quien tenga que caer”, aseveró el exfuncionario.

Reporte de financiación de la campaña de Iván Cepeda

De acuerdo con Transparencia por Colombia, hay preocupación por la falta de información sobre la financiación de las campañas de los aspirantes a la Presidencia, pese a que en un mes se llevarán a cabo las elecciones. Solo cinco candidatos han presentado algún reporte en el aplicativo Cuentas Claras. Iván Cepeda hace parte del largo listado de aspirantes que no ha dado a conocer los detalles de los aportes que ha recibido para su campaña.

La organización indica que, según datos consolidados de ingresos y gastos de campaña en la fase de consultas presidenciales de octubre de 2025 (consulta interna de partido) y marzo de 2026 (consultas interpartidistas), Cepeda reportó un total de $964.830.000 por concepto de ingresos y notificó esa misma cifra en materia de gastos.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones que dio el abogado Gonzalo Boye, que representa los intereses de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando” en Colombia, sobre una reunión que tuvo con el hoy mandatario, la cual se llevó a cabo en Bogotá.

“La reunión existió. Del contenido de la reunión no puedo hablar (...). Mi respuesta es que la reunión sí se produjo. Punto final. Del resto yo no puedo hablar”, precisó el abogado, en diálogo con Caracol Radio.

Esa reunión, presuntamente, habría sido la antesala para la realización de un segundo encuentro que se efectuó en el despacho del abogado en España, en la que estuvo presente un enviado especial del Gobierno colombiano: Isaac Beltrán, exfuncionario de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf).

Esa segunda reunión se llevó a cabo en abril de 2024 y, según explicó Beltrán en una comunicación enviada a W Radio en su momento, esa cita fue autorizada por el mismo presidente Petro y tenía un fin específico. El objetivo era “entregar un mensaje al señor Diego Marín Buitrago en España y de esta manera aumentar el conocimiento que la inteligencia tiene sobre el contrabando. Dicho mensaje era una invitación para que el señor Marín Buitrago se sometiera a la ley penal colombiana”, detalló el exfuncionario de la Uiaf en la carta que allegó al informativo citado.

Presidente Petro reaccionó a las revelaciones de Boye

Ante las afirmaciones que hizo el abogado en la entrevista, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de una publicación en su cuenta de X, en la que confirmó que sí estuvo en contacto con el apoderado del “zar del contrabando”. Afirmó que su diálogo se centró la situación legal de alias Papá Pitufo y que su objetivo era garantizar que el señalado criminal afrontara a la justicia colombiana por presuntos casos de contrabando.

“En mi conversación con Gonzalo Boye, él expresó que Diego Marín temía que a su regreso lo mataran y yo solicité su entrega al Gobierno nacional y que daría las garantías para entregarlo con vida a la fiscalía. Lo único que quiero es que Diego Marín diga toda la verdad ante el tribunal colombiano”, señaló el primer mandatario.

Además, indicó que Marín Buitrago buscó asilo en Portugal argumentando que estaba siendo víctima de una supuesta persecución política por parte suya. Esto, debido a que Gustavo Petro conversó directamente con el presidente de España, Pedro Sánchez, y con un funcionario del Consejo Europeo, para facilitar la extradición de Marín Buitrago a Colombia.

“Mientras en Colombia se hacen suspicacias sobre mi conducta, el abogado certifica las conversaciones que he tenido con altos gobiernos europeos para lograr su traída al país”, aseveró.

Pese a esas gestiones, la extradición del señalado criminal no prosperó y, según el primer mandatario, la Policía Nacional colombiana no logró impedir que saliera del país y se escondiera en España, para después pedir asilo en Portugal. Además, advirtió que, presuntamente, la Fiscalía General de la Nación de Colombia cambió a la persona que estaba al frente del proceso penal contra alias Papá Pitufo.

Con el cambio del encargado, se habrían desechado pruebas que demostraban la presunta responsabilidad de Marín Buitrago en hechos de corrupción ocurridos durante décadas y que involucraron a integrantes de la Policía y a altos funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). También habrían eliminado material probatorio que demostraría irregularidades en algunas campañas presidenciales.

Así las cosas, según el mandatario, la fiscal que asumió el caso investigó únicamente hechos de corrupción acaecidos desde 2023 “para ver si se podía atacar el presente gobierno” y, al no hallar pruebas contra el procesado, lo más probable sería que quedara en libertad en caso de ser capturado en Colombia.

“La entrevista demuestra por tanto que quien ha buscado la captura y el regreso al país de alias “Pitufo” soy yo y muchas personas de poder temen su regreso y confesión", indicó.

En su momento, el presidente Gustavo Petro reveló que viajó en una avioneta de Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, señalado de ser el “zar del contrabando” en Colombia. De acuerdo con la explicación que dio el primer mandatario al respecto, ese viaje que hizo fue el resultado de una “trampa” que le habría puesto el señalado criminal, que intentó infiltrar su campaña a la Presidencia de la República.

Blu Radio conoció y expuso un video de 10 segundos en el que se evidencia que, en efecto, el jefe de Estado utilizó la aeronave de alias Papá Pitufo. En las imágenes aparece subiéndose a la avioneta, acompañado de otro hombre que tiene un tapabocas.

De acuerdo con el medio de comunicación citado, la grabación fue hecha el 12 de noviembre de 2021 a las 8:01 a. m., tres minutos antes de que despegara desde Cali (Valle del Cauca) con destino a Buenaventura (Valle del Cauca), en donde aterrizó a las 8:28 a. m. La avioneta en cuestión está identificada con la matrícula HK-4360 y pertenece a Medical Group, una empresa dedicada al traslado de pacientes en Cali.

Cuando Petro viajó en la aeronave, esta era tripulada por el piloto comercial Andrés Felipe Marín Severino (PCA-7997), según detalló el informativo.

Las explicaciones de Petro sobre el cuestionado viaje

El primer mandatario explicó que su traslado en esa avioneta fue accidental. Se encontraba en Cali y debía llegar a Buenaventura para atender un compromiso, pero su movilización se dificultó debido a la lluvia. Por eso, una persona le ayudó a resolver la situación, buscando una aeronave disponible que lo llevara hasta allá, y esa avioneta resultó ser la de alias Papá Pitufo.

“El primer contacto lo estableció él, poniéndome una trampa en un viaje a Cali. Estaba en la ciudad y tenía una reunión de campaña en Buenaventura, pero caía una lluvia torrencial. Alguien dijo que podía ayudarme con una avioneta en cuanto escampara, y un compañero del Valle aseguró que podía conseguir una”, detalló el jefe de Estado, en diálogo con el periódico Vida.

La persona que hizo la gestión de verificación de la avioneta fue Ferney Lozano, actual vicepresidente del partido Colombia Humana y segundo vicepresidente de la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. La averiguación demostró que no había ninguna irregularidad, por lo que dio luz verde para que Petro abordara.

De hecho, según declaraciones que el mismo Lozano entregó a la revista Semana, envió toda la información sobre la aeronave a la oficina en el Senado de la República de Gustavo Petro, específicamente, a una funcionaria identificada como Jesusita Quiroz, que fungía como la secretaria de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del entonces congresista.

La versión de la funcionaria es distinta. Aseguró que jamás hizo la verificación de los datos de la avioneta ni autorizó su utilización. “Yo no tenía funciones de verificar nada, yo no contraté avioneta para campaña, eso lo hacía la gente que pertenecía a la campaña. Insisto, si él llamó y me remitió datos, yo los pasaría a los encargados de ese tema, a los que manejaban la campaña”, dijo Quiroz a El Tiempo.

Por otro lado, Petro confirmó en la entrevista que una persona tomó registro de lo que estaba pasando, para poder extorsionar al mandatario posteriormente. Sin embargo, aclaró que la persona que tomó las fotografías supo que él no se dejaría chantajear con el material que tenía en su poder.

“Éramos muy pocos en la avioneta. Uno de nuestros propios acompañantes tomó fotos de nosotros subiendo y en el interior, para entregárselas a alias ‘Papá Pitufo’, con el fin de extorsionarnos. Un chantaje que, a la postre, no se atrevió a hacer. Las fotos las van a entregar, eso sí sé, pero él se dio cuenta de que yo no era comprable”, indicó el presidente.

“Me aburre mucho darme cuenta de la inseguridad de la gente, y es todo el tiempo, a todo nivel. En estos días estaba en un evento con otros candidatos y con un señor que ha sido candidato varias veces a la Presidencia (...), lo fui a saludar (...), le dí la mano, y es como si hubiese visto al diablo, no daba para pronunciar palabra”, detalló De la Espriella.

De acuerdo con su relato, el equipo de trabajo que lo acompañaba le advirtió sobre la presencia de Fajardo en el evento, con el fin de que no se lo encontrara. Sin embargo, el abogado indicó que no tenía problema en saludar a su contendiente, pese a que ha sido “atacado” en varias oportunidades por él. “Él dice que yo soy un tipo impresentable, que no sé qué. Eso es válido en democracia”, precisó.

En todo caso, cuando lo saludó, siendo esa la primera vez que se encontraban personalmente, notó que el exgobernador de Antioquia no se sentía seguro. “No tiene la inteligencia emocional ni la seguridad, Fajardo”, aseveró.

El candidato afirmó que resultó impresionante notar “tanta inseguridad” en una persona como Sergio Fajardo, que lleva muchos años ejerciendo la política y que conoce en detalle cómo funciona ese mundo. Afirmó que el exgobernador “no fue capaz” de decirle nada.

A su juicio, además de considerar a Fajardo una persona con poca seguridad, no está de acuerdo con algunos aspectos “de forma” sobre él. “El día que se peine y se ponga cinturón, ya yo no tengo más problema con él”, dijo en aspirante en la entrevista.

De igual manera, De la Espriella afirma que, contrario al candidato de centro, cuenta con inteligencia emocional y que, gracias a eso, suele ver la vida “con optimismo”; dice que no sabe lo que es “una depresión”.

“Cuando una persona es insegura, se inventa unas cosas en su cabeza para atacar, desacreditar o desdeñar del otro. Cuando tú sabes lo que eres y de qué eres capaz, tú no caes en esa película”, señaló.

El candidato de centro se pronunció al respecto en su cuenta de X, publicando el video en el que quedó en evidencia el saludo con De la Espriella y la corta conversación que sustuvieron, con el fin de restar crédito a las declaraciones que dio el candidato en la entrevista. El diálogo entre los aspirantes fue rápido:

De la Espriella: Yo te quiero saludar, Sergio, si no hay ningún problema.

Fajardo: Mucho gusto.

De la Espriella: Nunca te había visto personalmente.

Fajardo: Tampoco yo.

De la Espriella: Mi gente me dijo: “Ahí está Fajardo, ¿quieres?” Dije: “No, yo lo saludo, no hay problema”.

Fajardo: No hay problema. En peores nos hemos visto.

De la Espriella: Hombre, por supuesto. Encantado de saludarte, en serio.

Fajardo: Que estés muy bien. Mucha suerte.

Así las cosas, tildó al abogado y candidato de derecha de “fantoche” y de decir mentiras ante los micrófonos de la prensa para engañar a la población votante. “¡@ABDELAESPRIELLA es un fantoche! No le mienta a la gente”, escribió Fajardo en su cuenta de X.

El congresista Jota Pe Hernández se unió a la discusión con un comentario irónico que publicó en la misma red social. “Uy no! en honor a la verdad, he quedado sin palabras!”, señaló el legislador en X.

La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que las pruebas que se han hecho sobre el software de preconteo y el código fuente, que son utilizados en los procesos electorales de Colombia, confirman que el sistema electoral es completamente seguro y proporciona información veraz sobre las votaciones. Se han hecho auditorías durante varios días que así lo demuestran.

“En el tercer día de la puesta a disposición del Código Fuente y del software de preconteo a los auditores técnicos de las agrupaciones políticas, demostramos que el sistema es inalterable. A través de un programa especializado, los representantes de los partidos comprueban la invulnerabilidad de la herramienta que consolidará los votos dentro y fuera del país el 31 de mayo”, precisó la autoridad electoral en su cuenta de X.

De igual manera, indicó que organizaciones políticas están garantizando el ejercicio de integridad y transparencia electoral de cara a los comicios presidenciales que se aproximan. También cuentan con la auditoría técnica internacional de la Unión Europea, Capel y la Misión de Observación DemocraTIA Global.

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del presidente Gustavo Petro, reaccionó a la información suministrada por la Registraduría, destacando las advertencias que hizo en su momento el jefe de Estado sobre presuntas vulnerabilidades en el sistema electoral. Aseguró que sus denuncias sirvieron para que se llevaran a cabo los estudios pertinentes que permitan verificar la seguridad del sistema.

“Ven lo importante que fue las denuncias, observaciones y alertas del Presidente @petrogustavo. Ahora esperemos sea una auditoría real y no una inspección técnica”, precisó.

De igual manera, instó al registrador Nacional, Hernán Penagos Giraldo, a cumplir con lo establecido en un fallo emitido por el Consejo de Estado en 2018 (Rad. 11001-03-28-000-2014-00117-00). En dicha decisión, según ha recalcado en varias ocasiones el presidente Petro, el máximo juez de la administración pública ordenó que se adquiera un software de escrutinios que sea propio del Estado:

“Conminar a la Organización Electoral para que adquiera el software requerido de escrutinios desde y para el Estado, es decir, que sea propio de dicha organización, y que permita una completa trazabilidad del escrutinio de mesa hasta la declaratoria de la elección, además realice los trámites para designar el personal idóneo para la prestación del servicio de soporte técnico especializado que se requiera, para la vigilancia y control del aplicativo a utilizar”, se lee en el fallo proferido por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 8 de febrero de 2018.

En ese sentido, señaló al registrador de incurrir en un presunto “fraude” al no acatar lo ordenado por el Consejo de Estado. “Señor Registrador, @Registraduria para cuando será que se cumple el fallo del 2018 del @consejodeestado o persistirá el presunto fraude a resolución judicial”, cuestionó el abogado.

Contrario a lo indicado por la Registraduría en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro insiste en que el software electoral no puede ser auditado. Sus aseveraciones se basan en información revelada por el abogado Carranza, que indicó que hay un acta de 2023 de la Registraduría que así lo demuestra.

En el documento en cuestión aparecen los comentarios que dejaron los auditores de cinco agrupaciones políticas. “El auditor del Centro Democrático dijo: “No se puede realizar una correcta auditoría al código debido a falta de herramientas y documentación””, detalló Carranza.

En consonancia con ello, el jefe de Estado insistió en que hay falencias alrededor del software electoral que será utilizado en las elecciones presidenciales de mayo de 2026. “Hasta los mismos funcionarios de la registraduría, los auditores de derecha y los de izquierda afirman que el software de escrutinios es imposible de auditar porque no se entregan las herramientas para hacerlo”, señaló.

Durante una audiencia de acusación que se llevó a cabo el 29 de abril de 2026, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, señalado de haber participado en el presunto entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se pronunció rechazando las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente acusador, tanto Velasco como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también salpicado en los hechos, habrían ordenado direccionar irregularmente contratos de proyectos de inversión del Instituto Nacional de Vías (Invías) y de la Ungrd. Al parecer, querían que fueran asignados a determinados congresistas para que estos impulsaran las reformas sociales del Gobierno nacional en el Legislativo.

Sin embargo, según el exministro Velasco, hay inconsistencias en la teoría del caso que presenta la Fiscalía, la cual quedó expuesta en el escrito de acusación en su contra. Según precisó, el ente investigador menciona varios contratos que se celebraron cuando él todavía no era ministro del Interior y cuando Bonilla no había sido nombrado ministro de Hacienda.

“Nos están tratando de involucrar como los determinadores de unos contratos que se hicieron en el 2021 y en el 2022, cuando no éramos ministros ni de Hacienda ni del Interior", detalló.

Velasco lideró la cartera entre mayo de 2023 y junio de 2024, mientras que Bonilla estuvo al frente del ministerio entre mayo de 2023 y diciembre de 2024. Pero los contratos mencionados por la Fiscalía, en los que presuntamente ambos exfuncionarios habrían intervenido de manera ilegal, fueron suscritos mucho antes:

• Convenio interadministrativo número 1890 de 2021 (Lorica, Córdoba), el cual tenía como objeto el mejoramiento y la rehabilitación de los corredores rurales productivos del programa Colombia Rural, del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 del Gobierno del expresidente Iván Duque.
• Convenio interadministrativo 1969 de 2021, del cual se deriva el contrato de obra LP0072022, suscrito el 18 de junio del 2022 (Los Córdobas, Córdoba).
• Convenio interadministrativo 1961 de 2021 (Tierralta, Córdoba), el cual fue suscrito el 12 de noviembre del 2021.

De acuerdo con el procesado, investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, el Invías, que fue reconocido como víctima en el proceso penal, ni siquiera ha podido acreditar el daño que sufrió por los presuntos actos de corrupción que hoy se le endilgan.

“La Fiscalía, con habilidad, ha querido insistir en un supuesto robo de Invías y de la Unidad de Gestión de Riesgo. A nosotros nos están investigando en la Unidad de Gestión de Riesgos por tres contratos que no se hicieron y la Fiscalía volteó a mirar para otro lado en uno punto; $1 billón de contratos que sí se hicieron y convenios que sí se hicieron y nadie ha preguntado nada de eso”, dijo.

Asimismo, afirmó que el ente acusador insiste en mencionar una cifra de $570.000 millones relacionados con dichos contratos, cuando, al parecer, entre el 70% y el 80% de los convenios investigados se adjudicaron años antes, durante una administración diferente a la del presidente Gustavo Petro.

En consecuencia, solició al magistrado de la Corte Suprema de Justicia que estuvo al frente de la audiencia que tenga en cuenta sus advertencias.

“Con el mayor respeto, magistrado doctor Jorge Emilio Caldas, yo pediría algún tipo de pronunciamiento, porque es muy difícil que le señalen a uno de unas responsabilidades por unos contratos que se adjudicaron en otro gobierno (...). ¿Cómo podía este ciudadano, que no era ministro, intervenir en la suscripción de unos convenios que ocurrieron dos años de que este ciudadano fuera ministro? Yo quiero insistir mucho en eso”, precisó el ex jefe de la cartera en la audiencia.

El presidente Gustavo Petro se refirió a las irregularidades que rodean a un terreno ubicado en la vereda Río Man, en el municipio de Cáceres, Antioquia, cuyo título de fromalización minera entregó el mismo mandatario a una comerciante en abril de 2024. Se trata del predio La Mandinga que, presuntamente, estaría siendo utilizado para la extracción ilegal de oro, actividad ilícita que estaría controlando el Clan del Golfo.

La polémica detrás del predio también tiene que ver con su aparente cercanía a una base militar, específicamente, al Batallón de Infantería N.° 31 Rifles, situado a una escasa distancia de la cabecera de Caucasia. De acuerdo con un artículo periodístico publicado por The New York Times, las operaciones ilícitas del grupo criminal no se quedaron en el mencionado terreno; abarcan, incluso, la zona en donde opera la base militar.

Imágenes satelitales reveladas por el informativo muestran cómo la minería ilegal acabó con el terreno. La zona pasó de contar con una densa vegetación a convertirse en un espacio de deforestación.

El presidente Gustavo Petro indicó que, contrario a lo expuesto por The New York Times –que fue replicado por medios de comunicación colombianos–, el predio en cuestión no colinda con la base militar mencionada. En su cuenta de X publicó una imagen satelital del lugar para sustentar su afirmación; en ella se evidencia la lejanía entre La Mandinga y el batallón.

“Esto es otra calumnia de @elcolombiano. El título que entregué a la pequeña minería en Cáceres no llega ni a los límites del Batallón Rifles”, indicó el mandatario en la red social.

Aclaraciones sobre el predio: ubicación, título minero y actividades ilícitas

El título de formalización que Petro entregó en abril de 2024 fue recibido por la comerciante Hermelina Isabel Cardozo Calle. Así se indica en el documento que le fue entregado a la ciudadana: “Contrato de concesión para la explotación de un yacimiento de minerales de oro y sus concentrados No. ODH-08201, celebrado entre la la Agencia Nacional de Minería (ANM) y Hermelina Isabel Cardozo Calle”.

Según la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia), el proyecto Mina Mandinga (placa ODH-08201) se localiza a un kilómetro de los límites del Batallón de Infantería N°. 31 Rifles, aproximadamente, y cuenta con una licencia ambiental temporal para la explotación de oro y plata, que le fue otorgada en 2022.

Explicó que dicho proceso de formalización cumplió con todos los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales actualmente establecidos en la normativa. “Estos procesos hacen parte de los mecanismos de formalización minera, mediante los cuales actividades que no contaban con título ni control avanzan hacia la legalidad, bajo condiciones de cumplimiento ambiental, control y seguimiento institucional”, precisó.

Sin embargo, aclaró que hay un segundo polígono que no cuenta con una licencia ambiental aprobada. Ese sitio está asociado al trámite de formalización minera con placa LID-09161 y la solicitud que se hizo para el otorgamiento de la licencia fue evaluada por la autoridad ambiental, pero, a la fecha, no se ha habilitado el desarrollo de actividades mineras en ese lugar.

“En este sentido, cualquier actividad minera que se adelante por fuera de los títulos y licencias debidamente otorgados corresponde a minería informal. Frente a estas situaciones, la intervención en casos de flagrancia es competencia de las diferentes entidades del estado, conforme a la normatividad vigente”, detalló.

De acuerdo con The New York Times, el terreno estaría siendo utilizado por entre 2.000 y 2.500 mineros informales, encargados de la presunta explotación ilegal en el sitio, bajo órdenes del Clan del Golfo. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que, debido a la divulgación periodística de los hechos, ordenó la realización de una investigación al respecto.

“Aquí no hay espacio para la complacencia. Si llegara a existir algún vínculo, omisión, conducta irregular o connivencia criminal, se actuará con todo el peso de la ley. Toda denuncia será investigada y toda irregularidad será corregida”, señaló el ministro en su cuenta de X.

La denuncia que hizo el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre un presunta incursión de guerrilleros colombianos en la zona fronteriza generó malestar en el país político de Colombia. Esto, debido a que, según fuentes consultadas por el jefe de Estado ecuatoriano, la llegada de los criminales habría sido impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro; sin embargo, no presentó pruebas al respecto.

“Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población. Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, indicó Noboa en su cuenta de X.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, es uno de los políticos del Gobierno colombiano que se pronunció sobre el tema, dejando en evidencia su rechazo a las declaraciones del presidente de Ecuador. En su crítica, apeló al respaldo que tiene Daniel Noboa en su país y al que tiene Gustavo Petro en Colombia, con el fin de desacreditar sus afirmaciones.

“Mientras a Usted cada día lo quiere menos su pueblo, respecto de nuestro Presidente aumenta la favorabilidad. Gobierne Presidente Noboa”, señaló el jefe de la cartera.

Comparativo: la favorabilidad de Noboa y Petro

De acuerdo con el ranking de presidentes de Latinoamérica de abril de 2026, realizado por CB Global Data, el mandatario ecuadoriano está entre los seis jefes de Estado con peor imagen: ocupó el puesto 15 de 18 que hay en total, alcanzando solo un 35,7% de favorabilidad y un 61,5% de rechazo por parte de la población.

Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro se ubicó en el puesto 12 –no muy lejos de su homólogo en Ecuador–, contando con un 38,2% de percepción positiva y con un 57,5% de oposición a su gestión como presidente de Colombia. Hace parte del listado de seis mandatarios de la región que fueron calificados con una imagen “regular”.

La reacción del presidente Petro a la denuncia

Al igual que el ministro Edwin Palma, el primer mandatario colombiano reaccionó a las declaraciones del presidente de Ecuador, negando cualquier injerencia del Gobierno nacional en la presunta incursión de los criminales en la zona fronteriza.

Por eso, instó a Daniel Noboa a evaluar con detenimiento la información que recibe de sus fuentes, procurando no creer en ella. Además, indicó que está dispuesto a trabajar de la mano con su homólogo para promover la paz en una parte de la frontera.

“Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, escribió el presidente en la red social.

El crimen que toma el control en la frontera

La situación de orden público en la frontera colombo-ecuatoriana es compleja, teniendo en cuenta que, según la organización InSight Crime, hay 12 estructuras criminales activas en la zona, las cuales están detrás de actividades ilícitas como la minería ilegal y el tráfico de cocaína. Entre los grupos armados que allí operan están los Comandos de la Frontera, que nacieron de las disidencias de las Farc de Colombia, Los Choneros, Los Tiguerones, Los Lagartos, entre otros.

Según Noboa, Colombia no se ha esforzado en mejorar la situación en la zona fronteriza. Considera que la fuerza pública no es suficiente y que no ha podido combatir de manera efectiva el crimen organizado. En ese sentido, afirma que las autoridades ecuatorianas están enfrentando el flagelo completamente solas.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro dice lo contrario. Por un lado, informó que las tropas colombianas siguen haciendo presencia en la frontera con Ecuador y que en ningún momento han sido retiradas. Por otra parte, aclaró que se fortaleció la seguridad en el departamento de Nariño con nueve nuevos pelotones, 200 policías adicionales y mayor presencia naval, aérea y terrestre.

“La frontera con Ecuador está sumida en una narrativa que trata de hacer ganar las elecciones a la extrema derecha”, señaló.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó ante los medios de comunicación que Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, será imputado con cargos por al menos cuatro delitos. Al cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc se le endilgarán los siguientes tipos penales:

• Desaparición forzada
• Homicidio en persona protegida
• Concierto para delinquir con confines de desaparición y homicidio
• Desplazamiento forzado

La fiscal indicó que el ente investigador y acusador ya tiene establecida una fecha para hacer efectiva la imputación. “Desde que estamos revisando la situación de alias Calarcá conformamos un equipo especial de tareas y ya hemos solicitado una fecha para imputación, que es el próximo 5 de mayo”, precisó Camargo ante la prensa.

Pese a que el proceso penal contra alias Calarcá se mueve en la Fiscalía, sigue involucrado en las mesas de negociación que desarrolla el Gobierno nacional con miras a la paz. Por eso, la fiscal solicitó formalmente al presidente Gustavo Petro que tome una decisión sobre la permanencia del cabecilla en el proceso de paz, así como la de otros cuatro miembros del Frente 33 de las disidencias de las Farc.

“Esa solicitud aún no ha sido respondida por el señor presidente, pero en términos del plazo que se otorga legalmente para el derecho de petición, está aún en términos y yo espero que se responda en tiempo”, detalló.

La situación de alias Calarcá: vocero de paz y con órdenes de captura suspendidas

Mientras alias Calarcá mantenga su condición de vocero en las negociaciones de paz, las órdenes de captura que hay en su contra se mantendrán suspendidas. Ahora bien, de acuerdo con la directiva 0003 de la Fiscalía, fechada el 10 de julio de 2025, ese beneficio no impide que el ente acusador continúe con la investigación penal en su contra y con el desarrollo de las respectivas audiencias, a las que el procesado deberá ser citado.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a esta situación, indicando que, a su juicio, resulta poco efectivo adelantar una imputación de cargos contra el jefe guerrillero si todavía no ha sido detenido por las autoridades y si, además, las órdenes de captura en su contra están suspendidas.

“Mientras no se reactive la orden de captura de Calarcá, cualquier otra decisión será accesoria y será puro humo (...). ¿Qué ganamos con la imputación si el día de mañana el Ejército o la Policía se lo vuelve a encontrar y lo tiene que soltar? Lo que tiene que hacer la fiscal General de la Nación es reactivar la orden de captura de Calarcá”, dijo el mandatario departamental.

La directiva 0003 de la Fiscalía indica que cualquier persona que sea beneficiada con la suspensión de sus órdenes de captura debe quedar en libertad si se le arresta en flagrancia, porque la suspensión “no supone la cesación de las actividades ilegales relacionadas con la pertenencia al grupo armado”.

No obstante, si los criminales beneficiarios son sorprendidos cometitiendo delitos de lesa humanidad y crímenes contra el derecho internacional humanitario, podrán ser capturados, pero ese arresto debe ser sometido a un control judicial.

“De contarse con respaldo suficiente, se realizará la formulación de imputación y se solicitará la imposición de medida de aseguramiento según la consideración del fiscal”, precisa la directriz.

Frente a la reactivación de las órdenes de captura, la fiscal fue clara en precisar que no es competencia del ente acusador tomar una decisión al respecto. La facultad la tiene el presidente de la República. “A la fecha, no existe un consenso entre las entidades para determinar el alcance de las competencias de la Rama Judicial en el seguimiento y la valoración del régimen de condicionalidad de los beneficiarios de la suspensión de órdenes de captura”, explicó la funcionaria, en respuesta a una solicitud que hizo la candidata presidencial Paloma Valencia.

El director general del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés, insistió en la imposibilidad de que la entidad entregue al Gobierno nacional el informe de necropsia de Kevin Acosta, el niño de siete años diagnosticado con hemofilia A severa que falleció tras una caída.

El Ministerio de Salud y Protección Social solicitó al instituto esa información, pero este se la negó amparándose en la normativa vigente, por lo que la cartera recurrió a una acción de tutela para que, por decisión de un juez de la República, Medicina Legal se viera obligada a revelar el informe. Sin embargo, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela.

En ese sentido, el director del instituto aclaró que no hay ninguna motivación política detrás de su decisión de no exponer los detalles de la necropsia del menor. “No es porque haya un tema político inmerso en esto y realmente lo único que podemos hacer es entregárselo al que lleva el caso”, detalló el funcionario, en diálogo con La FM.

Pese a que ya un juez emitió una decisión al respecto, el presidente Gustavo Petro asegura que el Ejecutivo y la ciudadanía merecen saber cuál fue la causa de muerte del menor, teniendo en cuenta que el Gobierno fue señalado como responsable político de los hechos. Esto, debido a que, durante dos meses, el niño no recibió un medicamento que necesitaba para su tratamiento y, al parecer, la carencia del fármaco agravó su estado de salud tras la caída que sufrió montando bicicleta.

La Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, debía garantizar el suministro del medicamento. Por eso, la administración Petro quiere conocer el informe, para saber si Kevin Acosta murió por la falta de la medicina o no.

Ariel Cortés explicó al medio citado que la entidad ni siquiera está autorizada para pronunciarse sobre el caso. Incluso, reveló que, aunque es el director de Medicina Legal, no sabe cuáles fueron las conclusiones que sacó el perito que estudió el cuerpo del menor para descubrir la causa del deceso.

“Nosotros no podemos manifestarnos sobre el caso. Es tan así que yo desconozco lo que haya dicho el perito en la necropsia. O sea, de manifestarme sobre el caso, no lo puedo hacer (...). El perito lo que hace es entregarle al instituto el informe para llegar al fiscal 51, que es el encargado de hacer público o de tomar las decisiones pertinentes sobre los resultados de la necropsia”, detalló.

Además, indicó que ese resultado tiene una reserva sumarial dentro del proceso penal que se adelanta al respecto. En este tipo de situaciones, instituciones como la Policía Nacional, la Policía Judicial, la Procuraduría General de la Nación o la Fiscalía General de la Nación se encargan de definir qué se hace dentro del proceso y determinar si revelan o no la necropsia. En el caso de Kevin Acosta, el ente acusador cumple ese rol.

Medicina Legal confirmó que entregará el informe si el Tribunal de Bogotá lo ordena

Ahora bien, el director informó que el fallo de primera instancia del Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, que negó la entrega del informe al Ejecutivo, fue impugnado, por lo que todavía existe la posibilidad de que el Gobierno nacional acceda al material. La decisión que tome el Tribunal Superior de Bogotá al respecto será acatada por Medicina Legal.

“Si el Tribunal dice que debemos entregar el informe, nosotros lo haremos público. Si el Tribunal en la impugnación dice que no, pues seguirá el mismo proceso normal que hace una necropsia en un proceso penal”, detalló el funcionario.

La tensión entre Colombia y Ecuador se mantiene y parece recrudecerse cada vez más. El presidente del vecino país, Daniel Noboa, informó a través de su cuenta de X sobre una presunta incursión de integrantes de guerrillas colombianas en la frontera.

Aseguró que las personas que le nofiticaron al respecto señalan al Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, de impulsar la irrupción de los actores armados. “Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro. Cuidaremos nuestra frontera y a nuestra población”, aseveró el jefe de Estado.

En consecuencia, instó al mandatario colombiano a enfocarse en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de su país y evitar que los problemas que allí se presentan se desplacen a su territorio. “Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos”, señaló.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la denuncia pública que hizo el mandatario de Ecuador, advirtiendo que es falsa. Por eso, sugirió a Daniel Noboa no confiar en toda la información que recibe de sus fuentes y los intsó a trabajar de manera conjunta en la construcción de paz en la frontera.

“Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construímos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras”, indicó el jefe de Estado en X.

La guerra arancelaria justificada en las fallas en la seguridad fronteriza

No es la primera vez que el presidente de Ecuador hace críticas al Gobierno Petro por la situación de orden público en la frontera. En enero de 2026 inició una guerra arancelaria con Colombia por la aparente falta de acciones de la fuerza pública y de la administración Petro para combatir el crimen organizado en la zona fronteriza que comparten.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, precisó le mandantario ecuatoriano.

Ante la presunta “falta de reciprocidad y acciones firmes” de Colombia en la materia, Noboa estableció la aplicación de una “tasa de seguridad” (arancel) del 30% a las importaciones provenientes del país. Advirtió que la medida se mantendría si no se evidenciaba un “compromiso real” del Gobierno colombiano y de sus autoridades en hacer frente a la criminalidad en la frontera.

La adminsitración Petro respondió con un aumento arancelario del 30% a los productos ecuatorianos, pero el conflicto no quedó ahí. Pese a que los gobiernos mantuvieron espacios de diálogo sobre el problema, el Gobierno de Noboa incrementó los aranceles al 50%.

La última decisión que tomó Ecuador al respecto fue subir los aranceles al 100%, lo que supone un fuerte golpe para la ecomonía colombiana. En su momento, la ministra de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, informó que el Gobierno Petro tomaría medidas recíprocas, es decir, aumentar los aranceles al 100%.

“Hemos agotado todos los esfuerzos diplomáticos y mantenido abiertos los canales del diálogo con el gobierno de Ecuador, buscando una salida que beneficie a los dos países, a los empresarios, pero sobre todo a las comunidades de ambos lados de la frontera. Sin embargo, no hemos logrado respuesta positiva y, por el contrario, la administración del presidente Noboa anuncia un endurecimiento en el frente comercial”, dijo la funcionaria, citada en un comunicado.

No obstante, el presidente Petro desautorizó a la jefa de la cartera, indicando que Colombia no aplicaría ningún arancel del 100% y que se mantendrían impuestos del 0% para todos los productos que son necesarios para el país. “Todo lo que se produce en Colombia y antes se importaba de Ecuador, ahora se produce localmente”, afirmó el jefe de Estado en el Consejo de Ministros del 13 de abril de 2026.

Los conflictos entre los países van más allá cuestiones económicas o de seguridad. Noboa afirma que se está investigando una visita de Petro a Manta (Ecuador), en la que presuntamente se encontró con personas cercanas a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización delincuencial Los Choneros. El presidente colombiano niega las acusaciones.

El expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, se reunió con los congresistas de la colectividad para definir cuál candidatura apoyarán en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026. Tras el encuentro con los integrantes del Legislativo, el movimiento político tomó una decisión con base en una votación mayoritaria: apoyará a la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático.

“Con decisión mayoritaria de la bancada, Cámara de Representantes, Senado de la República, el Partido Liberal hoy decide respaldar la candidatura de nuestra candidata a la presidencia, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo”, informó Jaime Jaramillo, secretario de la colectividad.

El funcionario indicó que el respaldo que recibirá la congresista de derecha será amplio, teniendo en cuenta la representación de los liberales a nivel nacional. En consecuencia, informó que no escatimarán esfuerzos para apoyar su campaña.

“Es la primera fuerza política en el país con mayor número de representación en todas las regiones. Vamos a trabajar con ganas, con ahínco, por la consecución de esta candidatura”, precisó.

De hecho, la aspirante ya contaba con algunos respaldos de personas ligadas al partido, los cuales salieron a la luz pública, pese a que el movimiento político todavía no había tomado una decisión definitva al respecto. María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria y excandidata al Senado, confirmó en entrevista con la revista Semana que votará por la dupla Valencia-Oviedo en la primera vuelta presidencial.

“Paloma y Oviedo me representan, quieren ayudar a las bases sociales, respetar la Constitución y las instituciones”. dijo.

De igual manera, desde antes de que se hiciera oficial el apoyo a la candidata del Centro Democrático, surgieron críticas enfocadas, sobre todo, en la trayectoria de la colectividad durante la administración actual, en cabeza del presidente Gustavo Petro (izquierda).

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, recordó que los liberales se declararon partido de gobierno en 2022, respaldando plenamente al presidente Petro. En 2025, se delcaró independiente.

“El partido Liberal comenzó siendo partido de Gobierno de Petro y lo apoyó en muchas, por no decir todas, sus iniciativas legislativas”, aseveró el hijo de la congresista del Centro Democrático, que alcanzó a ser contendiente de Paloma Valencia como precandidata presidencial.

Partido Conservador se unió a la candidatura de Paloma Valencia

Además del partido Centro Democrático y del Liberal, Valencia cuenta con el respaldo del Partido Conservador, que por decisión mayoritaria también determinó unirse a su candidatura. Sin embargo, al menos un congresista de ese movimiento político se distanció de esa directriz. Se trata de Fernando Niño, que anunció públicamente que votará por el candidato Iván Cepeda, de la izquierda.

Como consecuencia de ello, la colectividad sancionó al legislador al invalidar su derecho a la voz y al voto en el Congreso de la República, teniendo en cuenta que la decisión del partido de apoyar a Paloma Valencia aplica para todos los integrantes del movimiento sin excepción.

“Como lo expresamos públicamente desde hace dos semanas, el Partido Conservador no apoyará en ningún escenario la candidatura de Iván Cepeda. La decisión de apoyo de nuestra colectividad estará entre los dos candidatos que representan la centro derecha: Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia”, indicó en su momento el partido.

A través de una publicación en sus redes sociales, el congresista conservador rechazó la sanción que le fue impuesta tras anunciar su apoyo a Cepeda, recordando que desde un inicio ya había informado sobre su postura con respecto a las elecciones y que por eso había presentado una objeción de conciencia.

“El Partido Conservador cada día se aleja más del pueblo, del sentir, de lo que quieren, de lo que necesitan, y por eso ha venido perdiendo representatividad en el Congreso de la República. Hoy, por defender a la gente, me sancionan. Por actuar con coherencia, buscan limitar mis derechos políticos. Por no seguir con esa lógica de poder, buscan silenciarme”, aseveró.

La Nueva EPS, intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud, tenía la responsabilidad de garantizar la entrega y aplicación del medicamento para el niño, pero, según determinó la Procuraduría General de la Nación, hubo fallas que impidieron brindar garantías al menor.

Sin embargo, en un Consejo de Ministros, el presidente Petro atribuyó parte de la responsabilidad a la familia de Kevin Acosta, por presunta negligencia al permitirle montar en bicicleta cuando sabían cuál era su condición de salud y los riesgos que corría al tener suspendido el tratamiento.

“¿Quiénes son las instituciones que deben prevenir? En primer lugar, la familia; si se educa más, está en mejores condiciones de prevenir...Si a un niño hemofílico no se le deja subir a la bicicleta, tiene menos riesgos. Si el médico o el sistema de salud no enseña, la mamá no sabe; las mamás no nacen aprendidas, menos en los niveles educativos muy deficitarios que hay en Colombia”, dijo el mandatario en el encuentro con su gabinete ministerial.

En medio de críticas e investigaciones que se adelantan al respecto, el Gobierno Petro ha estado intentando acceder al resultado de la necropsia del menor, para saber cuál fue la causa de muerte. El jefe de Estado acusó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de ocultar el informe para impedir que la administración lo conozca.

El instituto se pronunció al respecto, rechazando las aseveraciones del presidente Gustavo Petro y aclarando los lineamientos que se deben tener en cuenta para acceder a ese tipo de documentación.

Petro insiste en conocer la necropsia de Kevin Acosta

No obstante, el mandatario insistió en que tanto el Gobierno como la ciudadanía merecen saber qué pasó con el menor de edad, teniendo en cuenta los señalamientos que se han hecho en contra de la administración, que ha sido acusada de tener responsabilidad política en los hechos por el deterioror de la Nueva EPS bajo la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud.

“Si la prensa nos atacó durante semanas con el caso de la muerte del menor Kevin e hicieron públicos supuestos, es obvio que la sociedad merece saber la verdad de lo que aconteció”, aseveró Petro.

Las explicaciones que dio Medicina Legal

Ariel Emilio Cortés Martínez, director general de Medicina Legal, indicó que el instituto, “como auxiliar de la justicia”, no está facultado para entregar los resultados de las necropsias de los ciudadanos a entidades o a personas naturales sin que se cuente con una orden judicial. En ese sentido, precisó que esa documentación se entrega únicamente a las autoridades competentes que se encargan de adelantar investigaciones al respecto.

Asimismo, indicó que el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó la historia clínica y el informe de necropsia de Kevin Acosta el 4 de marzo de 2026, y Medicina Legal respondió, siguiendo lo establecido en el ordenamiento jurídico. Luego, la cartera presentó una acción de tutela ante la negativa del instituto de entregar la información, alegando una presunta vulneración al derecho fundamental de petición, pero el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela.

“El 25 de marzo llegó una tutela del Ministerio de Salud y Protección Social por presunta vulneración al derecho fundamental de petición. Cuarto, el 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente la tutela del Ministerio de Salud y Protección Social. Nuestra misión es prestar servicios forenses a la comunidad y a la administración de justicia, sustentados en la investigación científica en un marco de calidad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana”, detalló.

De acuerdo con declaraciones que dio en el 17° Foro de Vivienda de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), llevada a cabo el 28 de abril de 2026, aunque el cargo podría entenderse como una “llanta de repuesto”, su función es primordial. En su caso, indicó que su enfoque está en la economía de Colombia, que ahora atraviesa por una crisis, sobre todo en materia fiscal.

“En mi rol de vice, por favor, entendamos, la Constitución dice que yo soy una llanta de repuesto. Punto. ¿Sí? Y el Renault 4, que es esta economía, está pinchado. Entonces, la llanta de repuesto la necesitamos desde el día cero”, precisó el aspirante.

De acuerdo con el Concepto 225091 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública, por decisión del presidente de la República, el vicepresidente de Colombia puede estar al frente de misiones o encargos especiales y también puede ser designado en un cargo de la rama ejecutiva. Sin embargo, no puede asumir funciones de ministro delegatario.

En ese sentido, Oviedo espera ser una pieza clave en el Gobierno de Paloma Valencia, si llegan a ganar las elecciones del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) o la contienda electoral de la segunda vuelta. De acuerdo con la última encuesta de Invamer, divulgada por Noticias Caracol, Valencia y Oviedo están entre los aspirantes favoritos de los colombianos, contando con un apoyo del 19,8%. Sin embargo, los superan Iván Cepeda y Aída Quilcué con un 44,3% y Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo con un 21,5%.

Las diferencias entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La candidata presidencial del Centro Democrático sorprendió en ofrecerle a Oviedo ser su fórmula vicepresidencial y sorprendió todavía más la decisión del exdirector del Dane de aceptar la propuesta. Los políticos tienen ideologías y formas de pensar distintas, por lo que su unión generó controversia.

Uno de los puntos de disenso entre la dupla está en la elección de las personas que podrían integrar el gabinete ministerial. Paloma Valencia considera que quien debería liderar el Ministerio de Defensa es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pero su coequipero no está de acuerdo.

“No, no. Me parece que no es el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla. Sabemos que somos distintos y yo no la voy a cambiar a ella. También hay que entender una cosa, y es que estamos en campaña política, y hay estrategias y hay mensajes que se dan desde el punto de vista estratégico”, detalló Oviedo en diálogo con Blu Radio.

Sin embargo, en el foro de Asobancaria, el aspirante a la Vicepresidencia afirmó que el no estar de acuerdo con ciertas premisas o decisiones no significa que sea una persona “anti”. Además, en reiteradas ocasiones ha afirmado que, aunque tiene diferencias con Paloma Valencia, pueden llegar a determinados consensos, aunque en otros puntos pueden mantener su distanciamiento ideológico.

“Por favor, no caigamos en la trampa de que no estar de acuerdo es simplemente ser anti. Aquí, tener criterio es importante, para demostrar que queremos tomar las mejores decisiones para todos los colombianos y colombianas. Tenemos que dar ejemplo de que sumar es el camino, de que sumar entre distintos es la oportunidad para que, por ejemplo, el sector público y privado alrededor de la vivienda, hagamos que Colombia sea más grande”, precisó el candidato vicepresidencial en el evento.

En su momento, advirtió que en 2025 se registró un desplome de cerca del 12% en la celebración de contratos de aprendizaje de los aprendices, pero la cifra real sería más alta. Según denunció en una sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes realizada el 28 de abril de 2026, el colapso en este tipo de contratos en su fase práctica habría sido del 15,2%.

“Esto es más o menos 26.000 jóvenes que el año pasado no pudieron graduarse tendiendo el puente con una empresa para hacer sus prácticas, y esto es muy doloroso. Es una caída cinco veces mayor a la que el Gobierno quiso reconocer”, precisó la congresista, indicando que los datos que presentó están basados en información oficial del Sena.

En ese sentido, Juvinao aclaró que tanto su cálculo inicial, que estimaba una reducción del 12%, como las cifras que reveló en su momento el Sena en un comunicado, en el que fijaba una reducción en la contratación de apenas un 3%, resultaron erróneos. “Estábamos equivocados”, reconoció la legisladora.

Por otro lado, explicó que el impacto negativo no se limita a la modalidad del contrato de aprendizaje. La vinculación laboral de los aprendices, que les permite ser contratados sin necesidad de pasar por una etapa de práctica, tuvo una reducción casi idéntica a la de ese tipo de contratación: fue del 15,3%. Este doble retroceso significa que ambas rutas principales para la inclusión laboral de los egresados del Sena sufrieron una disimunición simultánea y pareja en 2025.

A juicio de Catherine Juvinao, estos resultados no deben ser considerados una coincidencia; serían una consecuencia de la aprobación de cambios establecidos en la Reforma Laboral. Esas transformaciones implicaron un incremento en el pago que deben recibir los aprendices por su trabajo, el cual supone un aumento de los gastos para las empresas que deben asumir esa remuneración.

Este panorama también habría llevado a las compañías a preferir pagar una multa por no contratar a los aprendices, porque resultaría más económica que vincularlos en cualquiera de las modalidades que mencionó la congresista.

“Si ustedes permiten que los empresarios paguen más barato para no contratar al aprendiz que contratarlos, pues las puertas a los jóvenes se les van a cerrar, como efectivamente está pasando. En ese momento nos dijeron que estábamos en contra de los derechos de los jóvenes, que éramos unos fascistas, unos vampiros, unos neonazis y la cantidad de barbaridades que le dicen a uno cuando no tienen argumentos", dijo.

En consecuencia, instó a los congresistas Wilson Arias, María Fernanda Carrascal y Alfredo Mondragón, que en algún momento cuestionaron sus denuncias al respecto, a presentar ante el Legislativo soluciones efectivas para resolver el problema. Preguntó si han contemplado hacer una nueva reforma en la materia o presentar un proyecto de ley para evitar que la contratación de los aprendices del Sena continúe a la baja.

Advirtió que, de no tomar medidas inmediatas, la situación podría empeorar. “Lamentablemente tengo que decir que teníamos razón y que no había que ser un genio para anticipar lo que iba a pasar (...). Les anticipo que la caída en 2026 va a ser todavía peor. Entonces, yo invito a que el Gobierno asuma la responsabilidad política por esto y presente una corrección a lo que aquí en este recinto en mala hora se aprobó”, aseveró la representante a la Cámara.

Todo empezó por un video que publicó Uribe en su cuenta de X, en el que señaló a la campaña de De la Espriella de estar “pagando” a influenciadores para que ataquen en redes sociales a su padre y a la oposición ejercida por el partido Centro Democrático, así como para que le hagan “el juego a Petro”.

“Esto me lo confirmó un alto ejecutivo de la campaña de Abelardo de la Espriella en presencia de un testigo. Me habló específicamente de Carlos Suárez, el estratega digital de la campaña, y de Enrique Gómez, su jefe de debate”, precisó.

Suárez Rojas respondió defendiendo el trabajo que ha hecho el equipo detrás de la campaña del abogado y candidato presidencial. Afirmó que su labor ha sido transparente y que no se ajusta a la política tradicional. “Tommy: todo reinado llega a su fin. En democracia el liderazgo no se hereda, se gana en la calle, con el pueblo y en las urnas. La gente ya está cansada de que los mismos apellidos decidan quién es ‘leal’ y quién no. Abelardo está sumando porque se lo ganó; tú sigues hablando como si mandaras, escudado en el apellido de tu papá”, aseveró en X.

El hijo del exmandatario continuó con la discusión, indicando que los políticos cercanos su padre y su familia no son “los de siempre”, que tampoco han vivido de los recursos del Estado y que por lo menos él no ha sido cercano a personas como Piedad Córdoba. Además, dijo que, para demostrar sus declaraciones, estaría dispuesto a someterse a una prueba poligráfica.

“Puedo someterme a un polígrafo y asegurar que jamás en la vida he vivido de un contrato con el Estado. Y también puedo asegurar que nunca he sido cercano a chavistas como Piedad Córdoba. Te pregunto, ¿tú te puedes someter a eso mismo?”, cuestionó.

Hija de Piedad Córdoba reaccionó

La mención de la excongresista Córdoba llamó la atención de Natalia María Castro Córdoba, hija de la exsenadora. A través de una publicación en X, pidió a Uribe dejar de mencionar a su mamá y de hacer señalamientos contra ella.

Recordó, además, que durante el Gobierno de su padre, Álvaro Uribe (2002-2010), se registraron miles de ejecuciones extrajudicales en el país, mal llamadas falsos positivos, que consistieron en el asesinato de civiles por parte del Ejército Nacional, los cuales fueron presentados como supuestas bajas de guerrilleros en combate.

“Señor @jeronimoauribem deje de meterse con mi mamá, Piedad Córdoba, @piedadcordoba. Muy fácil lanzar insinuaciones desde el privilegio, pero el país no olvida los más de 6.000 “falsos positivos” que marcaron el gobierno de su padre, Álvaro Uribe Vélez. Antes de señalar, revise la historia. El respeto no es opcional", aseveró.

En una publicación posterior, Castro Córdoba indicó que, según informó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el número de falsos positivos se incrementó a más de 7.800. “Señor @jeronimoauribem, corrijo: el país no olvida los 7.837 falsos positivos documentados por la JEP, no 6.000, como mencioné antes. Estos hechos marcaron el gobierno de su padre, Álvaro Uribe Vélez”, indicó.

Los señalamientos contra Piedad Córdoba

Por otro lado, Piedad Córdoba fue criticada por su cercanía con el dictador de Venezuela Hugo Chávez (1954-2013) –de la cual, supuestamente, se habría beneficiado económicamente– y por presuntos nexos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-EP). De igual manera, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra en 2023 por un presunto incremento irregular de su patrimonio y le endilgó los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado en favor de terceros y falsedad en documento público.

“Dejó una deuda de dolor por su relación con las FARC y los secuestrados; usó su amistad con Chávez para lucrarse y heredó privilegios con Maduro y su socio Álex Saab. Nos quedó debiendo la verdad, en impunidad”, indicó la congresista María Fernanda Cabal en su momento.

El presidente Gustavo Petro insiste en que la visita que hizo a Manta (Ecuador) en mayo de 2025, luego de asistir a la posesión del mandatario Daniel Noboa como jefe de Estado del vecino país, no involucró ningún tipo de irregularidad. De acuerdo con el presidente ecuatoriano, Petro se habría encontrado con personas cercanas a José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización delincuencial Los Choneros; sin embargo, el mandatario colombiano niega las acusaciones.

La revista Vistazo de Ecuador reveló detalles de lo que habría sido su estancia en Manta y los presuntos encuentros anómalos que sostuvo, pero el mandatario Gustavo Petro se basa en el testimonio del abogado Alexei Schacht, apoderado de alias Fito, para defenderse de los señalamientos.

Según informó El Tiempo, hay fuentes que confirman que los agentes federales de Estados Unidos están buscando que el señalado criminal, considerado uno de los capos del narcotráfico más peligrosos de Ecuador, dé explicaciones al respecto y ratifique la versión otorgada por su defensa, que dijo que nunca ha habido comunicación entre Petro y su cliente.

“Lo que se busca ahora es que el propio “Fito” rinda una declaración bajo juramento sobre el asunto”, detallaron las fuentes consultadas por el informativo citado, precisando que se pondrán en contacto con el criminal, que se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (Nueva York).

El presidente colombiano reaccionó a la información revelada por el medio, calificando de “estúpida” la versión que tienen las autoridades de Ecuador sobre su visita a Manta. “Hasta el abogado de Fito desmiente la versión estúpida de la inteligencia ecuatoriana que le sirve a Noboa para calumniarme”, aseveró el jefe de Estado.

Uno de los argumentos en los que se basan para señalarlo de haberse reunido con alias Fito o con personas cercanas a él en la residencia Marina Blue es el constante ingreso de camionetas con vidrios polarizados que impedían el reconocimiento de las personas que ocupaban los vehículos.

“Autos con vidrios polarizados, pertenecientes a la cápsula de seguridad interna, ingresaban y salían con distintos visitantes (...). Un reporte de inteligencia describe, por ejemplo, que en más de una ocasión escucharon música dentro de la casa, lo que sugería que había festejos privados”, indicó la revista Vistazo, que tuvo acceso a informes de inteligencia que contienen detalles de la visita de Petro a Manta.

El primer mandatario indicó que los “movimientos extraños” que presuntamente identificaron las autoridades de Ecuador corresponden, en parte, a desplazamientos de su escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Policía Nacional. Aclaró, además, que sus tareas fueron específicas:

“Los movimientos extraños son llevarme comida y la persona que me ayuda en la redacción de mi libro”, precisó.

Al igual que el presidente Gustavo Petro, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se pronunció afirmando que la versión entregada por el abogado de alias Fito sería suficiente para desmentir las acusaciones que pesan sobre el jefe de Estado.

"El presidente @petrogustavo nunca se reunió con alias Fito. Queda desvirtuada una vil mentira“, aseveró el jefe de la cartera en una publicación en X.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, tampoco puede confirmar que Petro haya estado en contacto con el capo del narcotráfico. Sin embargo, según afirmó en una entrevista con la revista Semana, se está investigando si el mandatario se encontró con integrantes de un movimiento político ecuatoriano que presuntamente estaría relacionado con el criminal.

“Eso es parte de una investigación. Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito. Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”, precisó Noboa al medio citado.

Así quedó evidenciado en una llamada telefónica que recibió un comerciante del municipio –conversación que grabó y divulgó en redes sociales–, en la que un integrante de un grupo al margen de la ley le insiste en que se presente a una reunión, sin entregar detalles de los temas que se abordarán en el supuesto encuentro.

Criminal: Entonces, le pregunto, patrón, ¿usted puede venir a una reunión para que no tenga inconveniente y se presente?

Comerciante: ¿A dónde?

Criminal: Aquí por los lados de Pozo Azul.

Comerciante: ¿Y la reunión de qué se trata o qué?

Criminal: Por eso le digo, para que venga y escuche la reunión. Usted sabe que nosotros estamos directamente citando a los comerciantes, a los ganaderos, inquilinos, trabajadores, campesinos. Acá, directamente, un retén que se va a hacer en las vías, donde aquellas personas que no se han registrado serán retenidos, ¿correcto?

El ciudadano informó que no se encontraba en Acacías, por lo que no podía estar presente en la reunión. Entonces, el señalado criminal preguntó si otra persona podría reemplazarlo en el encuentro y el comerciante respondió: “No sé. ¿A quién necesita?”.

Ante su contestación, el sujeto lo amenazó, advirtiendo que la organización criminal tiene el suficiente poder y las armas para encontrarlo y asesinarlo, incluso, dentro del establecimiento comercial que es de su propiedad.

“Tiene hasta las 12 de la noche para que se desaparezca de por aquí, del departamento del Meta. Si no, ya sabe, con su número de cédula (...) a cualquier momento va a ser retenido si no está aquí en Acacías o lo vamos a matar por acá en Acacías”, aseveró.

La congresista del partido Centro Democrático María Fernanda Cabal rechazó las intimidaciones y exigencias a las que se enfrenta la población civil en Acacías. En una publicación en su cuenta de X señaló como responsable de estos hechos al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, haciendo énfasis en su política de Paz Total. Esto, pese a que este tipo de amenazas contra los comerciantes se han registrado durante años y no únicamente durante la administración actual.

En su crítica involucró al senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, que busca continuar con el proyecto político de izquierda de Gustavo Petro. “Oigan el gran logro de la paz total de Petro y Cepeda. Así está el país”, precisó.

Comerciantes amenazados en Mesetas (Meta)

En junio de 2025, los medios de comunicación advirtieron sobre las presiones de las que estaban siendo víctimas los comerciantes del municipio de Mesetas. Varios trabajadores recibieron una pancarta en la que se les notificaba sobre la programación de una reunión con integrantes de las disidencias de las Farc a la cual debían asistir. Para poder estar en el encuentro, debían cerrar sus establecimientos.

“Señores Comerciantes de Mesetas, Meta. Reciban un cordial saludo revolucionario de parte de la FARC-EP. Es para que se presente todo el comercio Cerrar los negocios y asistir el día 25-06-2025/ en el caserío de la Vereda la Estrella, Jurisdicción de la Julia, Meta, a las 10:00 p.m.”, se lee en una de las pancartas intimidantes.

Según informó El Tiempo, el frente Ever Castro del Bloque Jorge Suárez Briceño sería el responsable de generar terror en el departamento, estableciendo reglas, obligando a los comerciantes a asistir de reuniones, haciendo todo tipo de exigencias y ejecutando actos de represalia.

“Quien incumpla, se expone a multas comunitarias dictadas por las asambleas”, se lee en uno de los panfletos amenazantes que entonces recibieron los trabajadores.

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la decisión que tomó la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de suspender provisionalme el traslado anticipado de los ahorros pensionales de los colombianos a Colpensiones, el cual fue ordenado por el Gobierno mediante decreto.

A través de una publicación en X, el primer mandatario rechazó la suspensión, señalando al máximo juez de la administración pública de permitir el hurto de los recursos aportados por los ciudadanos para su pensión por parte de los banqueros.

“El consejo d estado está vetando el traslado de los ahorradores que han pedido los ahorradores trabajadores. Le permite robar a los banqueros los ahorros de los trabajadores (sic)”, aseveró el jefe de Estado en la red social.

En consecuencia, intó a la población a unise a una movilización el 1 de mayo de 2026, en la que, además de defender el decreto oficilista, se impulse una asamblea nacional constituyente. Según explicó, ese mecanismo servirá para aprobar las reformas sociales y enfrentar la corrupción.

“Invito este primero de mayo al pueblo trabajador de Colombia a la movilización general, a defender el derecho a la pensión y a luchar para que bajen la tasa de interés y crezca el empleo (...). Un primero de Mayo por la Asamblea Nacional Constituyente para hacer las reformas sociales de la gente”, indicó.

En desarrollo...

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación llevaron a cabo operativos de allanamiento, extinción de dominio y de captura en más de 300 establecimientos de la marca de ropa Lili Pink por presuntos casos de contrabando y de lavado de activos.

De acuerdo con información revelada por fuentes de la Fiscalía a El Tiempo, algunas de las acciones se realizaron en tiendas de la marca ubicadas en Bogotá. Por su parte, Caracol Radio confirmó que ya fueron ocupados 62 locales con fines de extinción de dominio y que se hicieron nueve allanamientos. En esos procedimientos se logró la captura de una persona, cuya identidad no ha sido revelada.

Por su parte, la marca y sus aliados (Lili Pink Beauty y YOI) emitieron un comunicado en el que confirmaron los operativos del ente acusador, además de un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias. Su equipo legal está al frente de los hechos, “asegurando el adecuado manejo de la situación”.

En la comunicación, la marca pidió a las autoridades competentes proteger el legado de la misma, teniendo en cuenta su trayectoria y el personal que emplea en todo el país. Esto, sin desconocer ni dejar de atender los procedimientos legales que se adelanten como consecuencia de las investigaciones que se están llevando a cabo.

“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, indicó.

La marca aclaró que está comprometida con sus colaboradores, clientes y aliados. Además, precisó que cualquier información relevante sobre los hechos será publicada en los canales oficiales de manera oportuna.

Lo que implican los procedimientos adelantados por la Fiscalía

De acuerdo con CMS Legal, los procedimientos de extinción de dominio implican que el Estado reclama los bienes que son propiedad de personas que los obtuvieron de manera ilícita o que han sido utilizados para fines ilegales. Por otro lado, el allanamiento constituye una penetración y aseguramiento del lugar que está respaldado por una orden judicial, según indica la Corte Suprema de Justicia.

Lili Pink cuenta con 408 sucursales activas y 503 establecimientos registrados en todo el país, según el Registro Único Empresarial y Social (Rues). Hace presencia en Bogotá, Buga, La Guajira, San Andrés, Palmira, Sogamoso, Tunja, en el oriente antioqueño, en el piedemonte araucano, en el sur y oriente de Tolima, Tuluá, Medellín, Cartago, Armenia y demás municipios y ciudades del país. Además, tiene tiendas en más de 13 países en Latinoamérica y emplea a más de 3.000 personas.

Penas y multas por los delitos endilgados a la marca

La marca, siendo uno de los retails más grandes de Colombia, ahora enfrenta investigaciones por dos delitos que implican la privación de la libertad y el pago de millonarias multas.

Por un lado, el lavado de activos, contemplado en el artículo 323 del Código Penal Colombiano, puede acarrear una pena privativa de prisión de entre 10 y 30 años y el pago de una multa de entre 1.000 y 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por su parte, el delito de contrabando, registrado en el artículo 319 de la normativa, establece penas privativas de prisión de entre cuatro y 12 años, dependiendo de la cuantía de las mercancías, y multas correspondientes al 200% o 300% del valor aduanero de los bienes objeto del delito.

Juliana Guerrero continúa apareciendo en eventos de alto nivel, pese a que hay investigaciones en su contra por irregularidades en el recibimiento de sus títulos como contadora pública y tecnóloga de Gestión Contable y Tributaria. El periodista Jacobo Solano informó que la joven, que por poco llega a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad, estuvo en la posesión del rector de la Universidad Popular del Cesar, Guillermo Echevarría, que se llevó a cabo en Valledupar.

En el evento, Guerrero fungió como designada de la Presidencia de la República. Así quedó evidenciado en el momento en el que se hizo una verificación del cuórum: “Doctora Juliana Andrea Guerrero Jiménez, designada del presidente de la República (Gustavo Petro)”. La joven confirmó que estaba en el lugar indicando: “Presente”.

El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño, del Centro Democrático, criticó la manera como fue llamada Juliana Guerrero en el evento universitario. Cuestionó que se le haya catalogado como “doctora”, pese a que hay dudas sobre la manera como consiguió sus títulos de formación profesional.

“Dizque “Dra. Juliana Guerrero” No pudo no terminar una carrera con título falso. Definitivamente el arribismo de una camioneta blindada, unos escoltas y un poder temporal hacen que todos se arrodillen. Una vergüenza", señaló el exfuncionario.

En una publicación anterior, el exconcejal también dejó ver su molestia por el esquema de seguridad que le fue proporcionado a Guerrero, que actualmente no tiene ningún cargo como servidora pública. De acuerdo con el periodista Jacobo Solano, la joven tendría a su disposición entre dos y tres camionetas y entre seis y nueve hombres de protección, que se encargan de protegerla en todos los sitios a donde va.

“3 carros blindados y hasta 9 escoltas para Juliana Guerrero pagados con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan a líderes sociales, extorsionan comerciantes y atracan ciudadanos. El siniestro director de la UNP es una absoluta vergüenza para este país”, aseveró Briceño.

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, informó que el esquema de seguridad asignado a la joven se aceptó luego de que la exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, lo solicitara. La funcionaria envió la petición el 6 de marzo de 2025 y ese mismo día, Guerrero fue designada como coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior y como secretaria Ejecutiva de Despacho del titular de la cartera, Armando Benedetti.

La investigación penal que pesa sobre Juliana Guerrero

En julio de 2025, la Fiscalía General de la Nación imputó a Juliana Guerrero Jiménez por el presunto uso de títulos universitarios falsificados de la Fundación de Educación Superior San José.

De acuerdo con la investigación del ente acusador, Guerrero Jiménez habría empleado los diplomas irregulares para completar trámites oficiales, entre ellos la postulación y toma de posesión como viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, aportando documentación fraudulenta en el sistema Sigep de Función Pública.

Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la universidad, certificó irregularmente que Guerrero Jiménez cumplió con los requerimientos exigidos por el Ministerio de Educación para graduarse como contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria, a pesar de que la solicitante, según validadores académicos, no acreditó el plan de estudios ni presentó las pruebas Saber Pro y Saber TyT requeridas.

El expediente precisa que, aunque los validadores técnicos de la universidad cuestionaron la solicitud de grado, Gutiérrez Martínez acreditó manualmente el cumplimiento académico, permitiendo así la emisión de los dos diplomas en favor de Guerrero Jiménez. Por estos hechos, Guerrero fue imputada con cargos por el delito de fraude procesal.

Este nuevo impulso creativo y musical está marcando su regreso después de tres años desde su último trabajo discográfico. Por eso, confesó sentirse nervioso y al mismo tiempo emocionado por las canciones que expondrá en su nuevo y esperado álbum, que constituye un trabajo de al menos dos años.

“Estoy nervioso, pero quiero hacer este video de la forma más natural, orgánica y tranquila del mundo, porque esto que les voy a contar es muy importante para mí, para todos. Llevo trabajando dos años en esto y no veía la hora de dejarles saber que viene un álbum nuevo. Viene álbum nuevo el 15 de mayo. Se llama Loco x volver”, reveló el intérprete de grandes éxitos como Obsesión, Farandulera y Borró cassette.

Al explicar el trasfondo de este proyecto musical, el cantante y compositor colombiano destacó la influencia de su identidad personal, señalando que “es el álbum más importante y más personal que he hecho”. El músico detalló que invirtió un gran esfuerzo en la producción del álbum, buscando presentar una faceta renovada y mostrar sus raíces, su cultura, su esencia y su corazón.

Para Maluma, esta composición discográfica es una muestra de los procesos por los que ha tenido que atravesar y el resultado de un tiempo de sanación que ahora espera compartir con sus fanáticos.

“Van a ser testigos de este caparazón nuevo y de lo que soy ahora, de esta mentalidad que tengo ahora. Se llama Loco x volver porque extrañaba a Juan Luis (su nombre), extrañaba mi esencia, extrañaba a ese niño soñador y, y volví, volví, volví. Ahora estoy bien, estoy fuerte, estoy feliz, emocionado y, y es un álbum que me ayudó a sanar”, confesó.

Tras anunciar su regreso al mundo artístico con nuevas piezas musicales, agradeció a sus seguidores por estar al tanto de sus movimientos, invitándolos a estar pendientes de ese nuevo lanzamiento que considera “muy especial”.

Las redes sociales estallaron con la revelación que hizo el cantante antioqueño, expresando su interés por escuchar sus nuevas canciones. Incluso, pidieron al cantante que organice una gira y que anuncie las fechas de sus conciertos.

“Siiiiiii 🥰 super feliz, ya te extrañaba”; “Me encantó divino tema”; “Anuncie fechas de tour”; “Felicitaciones”; “Espectacular!!! Palante!!”; “Maluma nunca decepcionas y todos los álbum que has sacado han sido 🔥”, indicaron algunos usuarios de Instagram en la publicación del artista paisa.

Maluma reflexionó sobre las dificultades de la vida

En medio de la pausa que le dio el compositor a su trabajo discográfico, estuvo activo en sus redes, interactuando con sus fanáticos y dando pistas de lo que estuvo aprendiendo sobre la vida y la cotidianidad. En abril de 2026, compartió un video en el que reflexionó sobre la importancia de parar, pensar y evaluar cómo se está llevando la vida.

Afirmó que, en algunas ocasiones, se debe renunciar y en otras hay que rendirse o volver a iniciar. Indicó que es necesario aceptar que no siempre los planes salen como se esperan y que las cosas “se terminan”; esos altos en el camino, entonces, resultan clave para corregir lo que se requiera y continuar.

“Hay momentos donde, donde uno siente que el, que el mundo se viene encima y que uno no puede, literalmente. Hay momentos que uno siente que no puede más y es normal (...). No está mal ser vulnerable, no está mal rendirse, no está mal agachar la cabeza y aceptar que hay que parar”, expresó.

La comunicadora, cuestionada por haber utilizado ese medio de comunicación para impulsar algunas de sus propuestas de campaña, se refirió a los resultados de la última encuesta realizada por la firma Invamer para Caracol Televisión y Blu Radio. La medición indica que la intención de voto en el país favorece al candidato de la izquierda Iván Cepeda con un 44,3% de respaldo; le siguen Abelardo de la Espriella, con un 21,5%; y Paloma Valencia, con un 19,8%.

La periodista rechazó estos resultados, advirtiendo sobre lo que ella considera que es un peligro para el país: que el aspirante Cepeda, del Pacto Histórico, gane las elecciones. En ese sentido, también cuestionó a De la Espriella y a Valencia, que representan a la derecha, por mantenerse en constantes discusiones mientras se acerca el día de las elecciones (31 de mayo de 2026, primera vuelta).

“¿Por qué no cogen toda esa energía para develar lo que significa Iván Cepeda? Iván Cepeda va por una autopista solo, tranquilo. Y yo sí creo que hay unos en Colombia que están con Paloma, otros con Abelardo. Pero la oposición es una sola, porque al final ninguno de nosotros quiere que llegue a la Presidencia Iván Cepeda“, indicó Dávila.

La comunicadora advirtió que las peleas en las que se enfrascan los aspirantes podrían derivar en el triunfo de Cepeda en la primera vuelta, lo que impediría que otras fuerzas políticas compitieran por la Presidencia en un segundo encuentro en las urnas. Afirmó que ese escenario sería responsabilidad de Paloma Valencia y de Abelardo de la Espriella, que, a su juicio, no estarían teniendo en cuenta lo cerca que está el candidato de obtener los votos que necesita para salir victorioso en la primera contienda electoral.

“Es que le faltan seis puntos o un poco más para ganar en primera vuelta. Nos jodemos y nos jodemos todos. Se joden los de Paloma, los de Abelardo y hasta los de Cepeda”, señaló.

Crítica a Vicky Dávila por su paso por la política

La periodista María Jimena Duzán cuestionó la ética periodística de Dávila por haber utilizado la revista Semana para dar a conocer algunas de sus iniciativas, entre ellas una de carácter económico-tributario, pese a que todavía no había anunciado su intención de ser candidata presidencial.

Cuando reveló que sería aspirante, dejó la Dirección del medio de comunicación y se dedicó de lleno a su campaña, que previamente había impulsado con algunas publicaciones en el informativo. Y, después de que la población eligiera a Paloma Valencia como la candidata de la consulta de la derecha, Dávila quedó por fuera de la contienda electoral y fue contratada nuevamente en la revista, donde ha estado entrevistando a algunos de los políticos que fueron sus contendientes.

Para Duzán, esta conducta resulta perjudicial para el oficio, porque, a su juicio, constituye una mezcla entre el periodismo y los intereses políticos propios de la comunicadora.

“Nadie ha manoseado más el periodismo que Vicky Dávila, y si hubiera un premio a la periodista que más ha pordebajeado esta profesión, se lo ganaría ella de sobra. Vicky ni siquiera pasó por la puerta giratoria porque tuvo un cohete que ella misma construyó con la ayuda del dueño de la revista, que tenía la ambición de catapultarla al Palacio de Nariño en un dos por tres. Pero el cohete ni siquiera despegó”, indicó Duzán en una columna de opinión.

Las autoridades están tomando medidas para garantizar la seguridad de la población en Valle del Cauca, uno de los departamentos que fue blanco de todo tipo de atentados en los últimos días. La ola de violencia alertó al Gobierno nacional, a la fuerza pública y a las administraciones departamentales y locales, que llevaron a cabo reuniones para determinar los pasos a seguir en materia de orden público.

El 27 de abril de 2026, la Gobernación de Valle del Cauca realizó un Consejo de Gobierno Ampliado, que contó con la presencia de alcaldes y representantes de la fuerza pública, en el que se estableció hacer una millonaria inversión para mejorar y actualizar toda la red crítica de comunicaciones de la Policía.

“Tenemos una inversión de casi $70.000 millones para poder lograr conectar todos los municipios a este centro de emergencia y control que tenemos aquí de seguridad (Buga), para conectarlos con cámaras, pero no solamente cámaras en los municipios, sino también cámaras en los corredores seguros y una plataforma que vamos a entregarle al Ejército para que pueda identificar los temas de extorsión y de secuestro”, detalló la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ante los medios de comunicación.

El secretario de Seguridad del departamento, Guillermo Londoño, explicó a Noticias Caracol que las actualizaciones impactarán el sistema de comunicaciones del área metropolitana de Cali, constituida por seis municipios, y el sistema del Departamento de Policía del Valle del Cauca, que contempla 36 municipios.

Para lograr esto y hacer más efectivas las comunicaciones de la fuerza pública, es necesario intervenir todas las antenas del departamento, que durante años no han sido intervenidas y, por eso, el contacto con municipios como Cartago o Jamundí ha tendido a presentar muchas dificultades.

“Esa red crítica de comunicaciones va a actualizarse no solamente en las antenas, en las repetidoras, en los software, sino también en los radios que nuestros policías deben tener para lograr prestar un efectivo servicio de seguridad”, precisó el funcionario al medio de comunicación citado.

De igual manera, confirmó que alias Marlon, peligroso cabecilla de la estructura Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, está detrás de varios de los atentados perpetrados en el Valle del Cauca y en Cauca. Por eso, el Ministerio de Defensa aumentó a $5.000 millones la recompensa por información que permita su captura y judicialización.

De acuerdo con el secretario, la estructura criminal en cuestión ha estado atacando a la población civil y a la fuerza pública de manera indiscriminada y valiéndose de drones cargados con explosivos. Además, ahora estaría llenando de carga explosiva buses escolares en zonas de alta concurrencia.

“Alias Marlon es el principal enemigo del Valle del Cauca (...). El atentado que vimos en la carrera ochenta con calle Quinta del Sur de la ciudad de Cali y posteriormente luego en Palmira, eran microbuses escolares cargados con explosivos que permiten, por supuesto, que nuestra fuerza pública y la población civil estén más vulnerables”, precisó.

EMC culpa a Petro de los atentados

En un comunicado, el Secretariado del EMC de las disidencias de las Farc señaló como responsable de los ataques perpetrados por ellos al presidente Gustavo Petro, acusándolo de aliarse con Estados Unidos y permitir su injerencia en el país, aportando con personal militar para mantener la seguridad en el territorio.

“Ya había permitido la instalación de tres nuevas bases militares gringas en Colombia y el ingreso de más de 3.000 militares bajo la fachada de Fuerzas Militares para la Amazonía; así se legaliza la explotación clandestina de tierras raras y el retorno a la fracasada política de fumigación con glifosato contra las selvas colombianas, además de la persecución contra civiles familiares de guerrilleros que nada tienen que ver con la guerra”, señaló el grupo armado.

En los últimos días, organizaciones criminales atacaron varias zonas de ambos departamentos, dejando varios civiles heridos, muertos y daños en infraestructura. Uno de los hechos más graves se registró en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, ubicado en el municipio de Cajibío (Cauca), allí fue detonado un artefacto explosivo que ya deja un saldo de 21 muertos y 56 heridos.

Según Cepeda, estos hechos podrían tener un trasfondo político-electoral que favorecería a la derecha colombiana en las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta). Son varios los candidatos que representan a la derecha en la contienda, entre ellos, Paloma Valencia, del partido Centro Democrático.

“Surge una inquietud legítima sobre si, además de causar daño y zozobra en la población, estos hechos buscan generar un clima de miedo que favorezca intereses de sectores de extrema derecha empeñados en desestabilizar el país y entorpecer el desarrollo democrático del proceso electoral”, precisó el candidato de izquierda en su cuenta de X.

En consecuencia, el aspirante del Pacto Histórico instó a las autoridades a investigar los hechos sin desconocer una posible motivación política de cara a las elecciones. Además, precisó que, pese a las dudas que tiene sobre los hechos y las presuntas conexiones en materia electoral, continuará avanzando en su campaña con normalidad; no contempla hacer suspensiones ni aplazamientos de su agenda por cuestiones de orden público.

La reacción de Álvaro Uribe en contra de Iván Cepeda

En respuesta a los señalamientos de Cepeda, el expresidente Uribe Vélez se pronunció indicando que se documentaron más de 30 atentados en pocas horas, perpetrados por grupos al margen de la ley que, presuntamente, estarían obligando a la ciudadanía a votar por el aspirante de la izquierda en las elecciones que se aproximan.

En ese sentido, señaló al aspirante presidencial de estar tratando de desviar la atención de la ciudadanía ante los hechos de violencia que socavaron la tranquilidad de la población. Además, aseguró que tanto él como el presidente Gustavo Petro habrían resultado beneficiados con el accionar de las organizaciones criminales.

“El cínico sale hoy a decir que eso es para beneficiar a la extrema derecha. Perdón, el único que ha sido beneficiario del terrorismo es Petro y el otro, Iván Cepeda. Y entonces, estos terroristas, dicen, obligan a votar por Iván Cepeda. Enseguida cometen estos atentados e Iván Cepeda nos quiere distraer", aseveró el ex jefe de Estado en un video publicado en sus redes sociales.

El exmandatario no presentó pruebas sobre las presuntas presiones que estarían ejerciendo las organizaciones criminales sobre los electores en las regiones. Sin embargo, tanto el ex jefe de Estado como la candidata Paloma Valencia mantienen las advertencias.

Por el contrario, la defensora del Pueblo, Iris Marín, indicó en su momento que la entidad no ha emitido ninguna comunicación oficial que dé cuenta de las presiones que se estarían ejerciendo sobre la población civil. Por eso, pidió a los actores políticos y a las campañas electorales evitar divulgar información que no ha sido confirmada y promover un proceso electoral libre y en paz.

“La Defensoría del Pueblo no ha publicado ningún informe o comunicado que dé cuenta de una supuesta coacción de grupos armados en contra de los electores y en favor del candidato Iván Cepeda, y tampoco tiene ninguna información que permita sostenerlo”, precisó la defensora del Pueblo.

Investigaciones adelantadas por las autoridades indican que la marca Lili Pink, reconocida por la comercialización de ropa interior femenina y otros textiles, estaría inmersa en actos de contrabando y de lavado de activos. Por eso, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación inició operativos de allanamiento y extinción de dominio en más de 300 tiendas de la marca en todo el país. En medio de las diligencias, una persona fue capturada.

Por medio de un comunicado, Lili Pink, Lili Pink Beauty y YOI indicaron que la compañía hace frente a un proceso administrativo y que el equipo legal está al frente de la situación, constatando que las diligencias que se adelanten se ajusten a la normativa vigente. De igual manera, solicitaron que se proteja a las personas que emplea la marca.

“A las autoridades competentes, Fiscalía General de la Nación y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), les hacemos un llamado a proteger la marca colombiana que, durante más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. Es fundamental salvaguardar ese legado y garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores, mientras avanzamos con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar su manejo”, indicó.

La empresa detrás de la marca

Según informó El Tiempo, la sociedad detrás de Lili Pink es Fast Moda S.A.S., que pertenece al sector económico de comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios. De acuerdo con la plataforma integral de información sobre mercados emergentes Emis, la empresa fue fundada en junio de 2020, tiene su sede principal en Tenjo y emplea a casi 260 personas.

Según documentos a los que tuvo acceso el informativo citado, la marca Lili Pink, ligada a esa compañía, cuenta con activos superiores a $295.000 millones.

El único accionista de esa empresa es una compañía panameña llamada Bestsea Blue S.A., cuyo presidente sería Danilo Adames, un abogado con experiencia en el derecho corporativo, aduanero, inmobiliario, laboral, de propiedad intelectual y de litigios, según indica en su perfil en LinkedIn.

Antes de la entrada de Bestsea Blue S.A. como accionista principal, Fast Moda S.A.S. perteneció a la empresa panameña Malta Blue S.A., según precisó el medio. Además, de acuerdo con Elisa Margarita Flórez Herrera, una exempleada de Lili Pink que inició acciones legales contra la marca por la aparente falta de pagos por su trabajo, se hicieron varios cambios en materia de razón social en años anteriores.

Inicialmente, la marca operaba bajo la razón social de Innova Quality S.A.S. Después, pasó a ser Pink Life S.A.S. y ahora es Fast Moda S.A.S. La exfuncionaria aseguró que esos cambios fueron utilizados para evadir los pagos que ella estaba exigiendo.

La representante legal de Fast Moda S.A.S. es Lorena Bernal Castro, que se ha visto envuelta en líos con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por presunto contrabando. En su momento, la mercancía de la marca Lili Pink fue aprehendida por las autoridades, diligencia que la representante legal consideró injusta.

“La Dian realizó la injusta aprehensión de mercancía Lili Pink en septiembre del año pasado, un proceso que está siendo objeto de los recursos correspondientes de la Ley”, precisó Bernal Castro, citada por La República.

Por las denuncias hechas por Flórez Herrera y por las acciones de la Dian, la empresa presentó dos acciones de tutela en 2023 contra la ciudadana y la Dirección de Impuestos y Aduanas por “desacreditar y vulnerar el buen nombre” y por vulnerar también “los derechos fundamentales a la libertad de empresa en conexidad con el debido proceso” de la compañía y de sus marcas asociadas. Sin embargo, según La República, un juzgado negó ambas acciones de tutela.

La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura 20 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado negó las solicitudes de pérdida de investidura presentadas contra la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta. Los accionantes, William Francisco Quintero Villarreal, Yoad Ernesto Pérez Becerra y Jorge Heriberto Moreno Granados, advirtieron un presunto tráfico de influencias por parte de la congresista por el recordado “tarimazo” del presidente Gustavo Petro en Medellín (Antioquia).

Los hechos que motivaron las solicitudes ocurrieron el 21 de junio de 2025, en el Centro Administrativo La Alpujarra de la capital antioqueña, donde el primer mandatario llevó a cabo un evento sobre la Paz Urbana. En el evento participaron varios cabecillas condenados de estructuras criminales como la Oficina de Envigado y La Terraza, que estaban recluidos en la cárcel de Itagüí.

Zuleta fue señalada como la responsable de haber gestionado con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la salida temporal de los criminales para que pudieran estar en el evento y acompañar al jefe de Estado en la tarima. Los accionantes consideraron que las acciones de la senadora constituyen una violación del régimen de incompatibilidades y un caso de tráfico de influencias, que son causales de pérdida de investidura.

Sin embargo, el máximo juez de la administración pública indicó que no se pudo comprobar que la congresista haya invocado su condición de legisladora ante el director del Inpec para hacer la solicitud de traslado de las personas privadas de la libertad.

Zuleta radicó el respectivo oficio el 19 de junio de 2025, presentándose como coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico con Estructuras Armadas Organizadas del Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, dignidad que sí ostenta. La Presidencia de la República oficializó su nombramiento a través de la Resolución 452 del 8 de noviembre de 2024.

En ningún momento, la legisladora mencionó que es integrante del Congreso de la República y los accionantes no pudieron demostrar que se valió de su “posición política” para influir en la decisión que adoptó el Inpec de aprobar la salida temporal de los cabecillas.

De igual manera, aclaró que tampoco se probó que haya existido un “influjo psicológico” sobre el director del Inpec derivado a la condición de senadora de Isabel Zuleta ni ninguna otra influencia orientada a hacer prevalecer esa condición.

“La Sala encuentra que los accionantes no acreditaron la configuración del elemento objetivo de las causales de pérdida de investidura previstas en el artículo 183, numerales 1. y 5. de la Carta Política, referentes a la violación del régimen de incompatibilidades y al tráfico de influencias debidamente comprobado”, indicó.

En consecuencia, decidió rechazar las solicitudes y ordenar que, una vez ejecutoriada la providencia, se debe comunicar la decisión a la Mesa Directiva del Senado de la República, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al ministro del Interior, Armando Benedetti, con el fin de que mantengan la investidura de Zuleta.

“NEGAR las solicitudes de pérdida de investidura de la senadora de la República Isabel Cristina Zuleta López, elegida para el período constitucional 2022-2026, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, precisó el máximo juez de la administración pública en la decisión.

En respuesta a un derecho de petición presentado por la revista Semana en su momento, el Inpec aclaró que el traslado de los cabecillas, designados como voceros de las estructuras criminales por el Gobierno, se gestionó con la coordinadora delegada Isabel Zuleta, la Presidencia y la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz. Explicó que la salida temporal de las personas privadas de la libertad no requiere de una autorización judicial.

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar dio su opinión sobre Juliana Guerrero, la joven a la que el presidente Gustavo Petro intentó nombrar viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad, pese a que consiguió de manera presuntamente irregular sus títulos como contadora pública y tecnóloga de Gestión Contable y Tributaria.

La joven, que hizo parte del Ministerio del Interior, volvió a acaparar los titulares de la prensa debido a denuncias públicas que hizo la gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez. La funcionaria la señaló de tener un amplio poder en distintas entidades del Gobierno, de hacer parte de una supuesta red criminal que quiere sacarla de la administración y de asegurar que tiene nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Al respecto, Bolívar afirmó que es necesario determinar si las acusaciones contra Guerrero se adecúan a algún tipo penal. “Lo que uno tiene que entrar a mirar es si las actuaciones de ella son delictivas. Pero uno llega a decirle al presidente, que se ganó la Presidencia con un mundo de votos y con un recorrido de décadas, a quién tiene que nombrar, eso no, porque a ninguno nos gustaría”, aseveró el exdirector, en diálogo con la revista Semana.

Para Bolívar, cualquier hecho irregular que Juliana Guerrero haya cometido debe ser denunciado ante las autoridades competentes, para que esclarezcan los hechos. “Pero no irnos a atacar a la persona per se, sino qué cosas malas hecho”, dijo el exfuncionario al medio de comunicación citado.

Explicó, además, que el presidente Gustavo Petro aceptó que hiciera parte del Gobierno en su momento e intentó ubicarla en un alto cargo ministerial porque le tiene confianza y “cree en ella”, así como en la juventud. Sin embargo, aseguró que es posible que el jefe de Estado haya errado en tenerla en cuenta para integrar su administración. “Uno se puede equivocar de repente con las personas, pero no de mala fe”, precisó.

Bolívar criticó entonces los rumores que surgieron sobre una supuesta relación sentimental entre el primer mandatario y Guerrero, los cuales el mismo Petro tuvo que salir a desmentir a través de una publicación en X. Según el exdirector del DPS, ese tipo de especulaciones relacionadas con la vida íntima de las personas no deberían tener lugar y que el jefe de Estado no tendría que verse en la obligación de dar explicaciones públicas al respecto. “Aquí nos encanta la comidilla”, aseveró.

A su juicio, el hecho de que Gustavo Petro haya indicado que no tiene ninguna relación con Guerrero ni con ninguna otra persona que haya sido mencionada por Angie Rodríguez deja en evidencia que el primer mandatario quiso evitar las críticas hacia él y hacia las personas con las que está siendo vinculado sentimentalmente.

“Tengo entendido que él está divorciado hace rato, entonces si pudiera, pues lo haría. Pero él sale a aclararlo porque entiende que también ese chisme golpea a otra persona, no solo a él, y de manera injusta”, añadió.

La aclaración de Petro sobre supuestas relaciones sentimentales

En una publicación en X, el primer mandatario afirmó que hay funcionarios del Gobierno nacional y periodistas que han sugerido que tiene relaciones sentimentales con ciertas personas. No mencionó específicamente a Juliana Guerrero, pero los rumores la involucran a ella.

En consecuencia, aclaró que, aunque no suele hablar sobre su vida privada, en esta ocasión decidió hacerlo para desmentir los señalamientos.

“He decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, escribió el presidente en X.

Los organismos de socorro están atendiendo la emergencia; decenas de bomberos llegaron para tratar de apagar el fuego y evitar la propagación de las llamas. “Contamos con el apoyo de bomberos Envigado, bomberos Sabaneta, bomberos Bello, Medellín, Estrella y Caldas, y el de nuestra ciudad”, precisó el funcionario.

La Alcaldía de Itagüí también se pronunció, indicando que las autoridades están tomando el control de la emergencia y que mientras se resuelve la situación es necesario que la ciudadanía tome vías alternas y transite con precaución.

“Con todas nuestras capacidades institucionales continuamos atendiendo esta emergencia. Agradecemos a los cuerpos de bomberos de los distintos municipios del Área Metropolitana que nos prestan su apoyo”, indicó la alcaldía en X.

Por su parte, el alcalde de Itagüí, Diego Torres, informó que la conflagración ya fue controlada en un 70%, gracias al trabajo de 80 bomberos, aproximadamente. Aclaró que no se reportaron muertos o heridos debido al incendio, las únicas afectaciones que se presentaron tienen que ver con infraestructura y materiales que estaban al interior de la empresa.

“Un incendio aquí en las bodegas de Coltejer de gran magnitud. Una empresa de bicicletas que tenía una gran almacenamiento de madera, de llantas, fibra de vidrio, combustibles, que se inicia un incendio fuerte. Ustedes lo pueden observar por la gran torre de humo negra que se ventila por toda la metropolitana. Atendimos con una respuesta inmediata”, precisó.

El alcalde explicó que los materiales que estaban en el lugar han dificultado la labor de los bomberos, ya que son altamente inflamables, pero los bomberos lograron controlar la situación casi en su totalidad y ahora no representa un riesgo para las bodegas aledañas. El incendio consumió al menos dos bodegas de la empresa, que al parecer sería HA Bicicletas, según informó TeleAntiquia.

El técnico de la Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres de Itagüí aclaró que por el momento se desconoce qué pudo haber causado la conflagración. “Todavía no sabemos, porque tenemos mucha combustión en la parte interna, no podemos ingresar todavía por la carga calórica que tenemos, estamos atacando desde afuera”, detalló el funcionario a TeleMedellín.

Para evitar afectaciones en la salud e integridad de los ciudadanos, las autoridades evacuaron toda la empresa en la zona de Coltejer y compañías aledañas. También ordenaron la salida de las personas que se encontraban en dos unidades residenciales: Índigo y Oliva.

¿Qué hacer en caso de incendio?

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá aconseja seguir los siguientes pasos en caso de registrarse un incendio:

• Mantener la calma y tranquilizar a quienes estén cerca.
• Activar las alarmas de manera inmediata.
• Llamar a la Línea 123 lo antes posible para notificar la emergencia y recibir ayuda oportuna por parte de las autoridades competentes.
• Si el fuego está iniciando y se tiene un extintor a la mano, utilizarlo para controlar las llamas y evitar su propagación.
• Si se requiere de una evacuación, se debe evitar gritar, correr o empujar, para no dificultar la salida y no poner en riesgo la vida.
• Seguir la ruta de evacuación.
• Taparse la nariz y la boca con un trapo húmedo si hay humo en el lugar.
• No abrir las ventanas porque el fuego se extiende con el aire.
• Cortar suministros de gas y de energía eléctrica si se tiene la posibilidad.

“Hoy me duele Colombia, me duele mi suroccidente, me duele mi Cauca, me duelen las familias que perdieron a sus seres queridos, las nuevas viudas, los padres sin hijos, los hijos sin padre. Me duelen mis colombianos. Quiero expresarle toda mi solidaridad a la ciudadanía del suroccidente, que hoy está tan atormentada y viviendo nuevamente con miedo”, dijo la congresista del Centro Democrático en una rueda de prensa.

En su intervención, responsabilizó al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, por la ola de ataques que se han registrado en el Valle del Cauca y Cauca, los cuales han dejado un saldo de varios heridos y muertos. Afirmó que no se trata de una violencia de carácter estructural; considera que los atentados perpetrados por los grupos armados son una consecuencia directa de la política de Paz Total que ha implementado la administración desde 2022.

Esa política se centra en el desarrollo de negociaciones de paz con distintas organizaciones criminales que operan en las zonas rurales y urbanas del país. Entre las condiciones que se estipularon para los diálogos de paz está la suspensión de órdenes de captura de criminales designados como voceros de las estructuras armadas.

“Permitieron que los cultivos ilícitos enriquecieran ilimitadamente a los grupos ilegales. Es consecuencia de la Paz Total, que permitió que los grupos ilegales estén hoy dominando todos los municipios a los que han tenido acceso por la falta de acción del Gobierno (...) Tienen a estos ejércitos ilegales llenos de plata, llenos de armas, llenos de hombres y envalentonados porque saben que el Gobierno no los castiga”, dijo.

Además, cuestionó la ausencia del presidente Gustavo Petro en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta que su ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, está en Cauca haciendo frente a la situación de orden público que allí se presenta. A su juicio, el jefe de Estado bería estar en las zonas que resultaron afectadas por los ataques, visitando a las familias afectadas y los batallones del Ejército Nacional.

En ese sentido, indicó que, de ganar las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) o en una eventual segunda vuelta, su primera acción como mandataria será ordenar la militarización de la vía Cali-Popayán-Pasto-Rumichaca, para evitar que las organizaciones armadas continúen ejerciendo el control en el suroccidente del país. Asimismo, aseguró que reforzará la fuerza pública “para derrotar la barbarie”.

Finalmente, envió un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por todos los atentados perpetrados por los grupos armados en los departamentos. “Que descansen en paz los fallecidos, que se salven los que están heridos y que Dios acompañe a Colombia mientras este Gobierno irresponsable termina”, expresó.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que acompañó a Valencia en su viaje a Palmira, comparó la gestión de Petro en materia de seguridad con otras, asegurando que Colombia estaba derrotando con efectividad la criminalidad y creando condiciones de paz para la población, que ahora no están.

“Nunca pensé que Colombia volviera a tener esta barbarie. Me ha dolido mucho. Esto no deja que el país progrese. Me parece que se ha cometido un error muy grande de impunidad, de permisividad con bandidos y de descuido al gran pueblo colombiano”, señaló el ex jefe de Estado.

En las declaraciones que dio ante los medios, la congresista del Centro Demcrático informó que tres familiares de una de las líderes más cercanas a su campaña presidencial murieron en uno de los ataques que se registraron en Cauca, específicamente en la vía Panamericana, que conecta ese departamento con Valle del Cauca y Nariño.

“Pues sabemos que se trata de unas tías de una de las líderes más cercanas a nuestra campaña y eso nos duele, como nos duelen los niños, como nos duele saber que estos salvajes atraparon con bloqueos de camiones la vía y cuando la gente estuvo atrapada, entonces la dinamitaron. Este es un crimen de lesa humanidad”, detalló la candidata, que no reveló la identidad de la líder cercana a su campaña ni la de las víctimas.

El ataque al que hizo referencia Paloma Valencia ocurrió el 25 de abril de 2026, en el sector de El Túnel, ubicado en el municipio de Cajibío. Allí, integrantes de un grupo armado instalaron un retén y bloquearon la vía, impidiendo el paso de los conductores. Después de que se generó una congestión en el corredor, detonaron un explosivo que afectó a varios vehículos y que derivó en la muerte de al menos 14 personas y más de 38 resultaron heridas, según información preliminar revelada por el gobernador de Cauca, Octavio Paz.

Un testigo de los hechos detalló lo que pasó en la vía. “Había un retén de la guerrilla y cuando estábamos parados ahí, explotó todo... Hay un reguero de muertos horrible”, explicó Milton Flórez Otero, un conductor de Trans Belálcazar, en diálogo con la revista Semana.

El gobernador de Cauca rechazó los hechos de violencia y se solidarizó con las víctimas. Asimismo, advirtió sobre la gravedad de la situación de orden público en el departamento, informando que en las últimas horas se han documentado ataques terroristas en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda.

En consecuencia, solicitó la intervención del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, para tomar acciones que garanticen la seguridad de la población y el control estatal en el territorio, en el que los grupos armados tienen un amplio poder. La administración atendió el llamado del mandatario departamental y horas después de lo ocurrido llegó al lugar el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, junto con toda la cúpula militar.

“Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos (...). Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad. Hemos convocado de manera inmediata un consejo de seguridad y elevamos un llamado urgente por mayor presencia, respaldo real y decisiones firmes desde el orden nacional que garanticen la vida y la seguridad de los caucanos", explicó el gobernador Guzmán en su cuenta de X.

El ataque generó graves afectaciones en la vía Panamericana, por lo que la concesión Nuevo Cauca cerró totalmente el corredor y activó los protocolos requeridos para atender la emergencia, según informó la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)

“Rechazamos cualquier forma de violencia que ponga en riesgo la vida y la integridad de los colombianos y de la infraestructura de transporte del país”, expresó Oscar Javier Torres Yarzagaray, presidente de la ANI, citado en un comunicado de la agencia.

La ausencia de Cepeda causó mucho malestar, hasta que decidió aceptar, pero con concidiones. Participará en un debate antes de las elecciones del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) y solo discutirá con los candidatos que considera que son de la “extrema derecha”: Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, y Abelardo de la Espriella, que afirma ser independiente. Es decir que los demás aspirantes quedaron excluidos.

“Que se olviden. No me voy a someter (...) a cualquier clase de condiciones para ese debate, ni mucho menos me prestaré al intento de someter la dignidad del Pacto Histórico o la Alianza Por la Vida a la cultura del espectáculo. No soy de los que se venden por un micrófono, una cámara o una portada de revista. No, señores. Lo mío no es caerle bien al poder", dijo el aspirante en un evento llevado a cabo el 23 de abril en Pereira (Risaralda).

Su actitud difiere de la que tenía años atrás, específicamente en 2022, cuando el actual presidente Gustavo Petro estaba en campaña y se enfrentaba con el ingeniero y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández. Para entonces, Cepeda solía cuestionar al exmandatario local por no asistir a los debates de cara a las elecciones presidenciales.

En una de las publicaciones que hizo al respecto, aseguró que uno de los motivos por los que Rodolfo Hernández no se presentaba en los espacios de discusión era su responsabilidad en hechos de corrupción –por los cuales fue condenado posteriormente en una decisión de primera instancia–.

“Se entiende bien que el candidato Hernandez no quiera dar la cara en debates con el candidato Petro. No es solo la carencia de ideas y la superficialidad de argumentos. El problema es que puede ser confrontado por su rol en el escándalo de corrupción de la empresa Vitalogic”, indicó el candidato de la izquierda en su momento.

En otra publicación, advirtió sobre afectaciones a la democracia por la ausencia del entonces aspirante en los debates. “Aquí le hablan, señor Rodolfo Hernández. EDITORIAL de @elespectador: No tener debates de candidatos mina la democracia”, escribió.

Y, en otro comentario que publicó en X, hizo señalamientos contra el exalcalde por establecer condiciones para el desarrollo de los debates. Lo calificó de mentiroso y desvergonzado.

“Rehuye el debate. Cuando se le obliga por fallo de tutela, pone condiciones. Cuando se aceptan sus condiciones, sin objeción alguna, acusa a Petro de utilizar el debate como “estrategia publicitaria”. Así de tramposo, mentiroso y desvergonzado es Rodolfo Hernández“, señaló el candidato Iván Cepeda.

Estas publicaciones quedaron en la memoria de los políticos, que le recordaron que en años anteriores, cuando no competía por la Presidencia, insistía en la importancia de que quienes aspiran a cargos de elección popular expongan sus propuestas y debatan con argumentos en escenarios de confrontación con los demás contendientes.

Una de las personas que criticó el cambio de perspectiva de Cepeda es la periodista y excandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila Hoyos​, conocida como Vicky Dávila. “Y….. por supuesto, Iván Cepeda”, aseveró.

Esa misma postura crítica adoptó la senadora y exprecandidata a la Presidencia María Fernanda Cabal, que recogió los calificativos que utilizó Cepeda para cuestionar a Rodolfo Hernández, y los utilizó para señalarlo por no asistir a los debates.

“Cepeda, y ahora ¿quién es el tramposo, mentiroso y desvergonzado?”, cuestionó la congresista de derecha.

La ola de violencia en Cauca y Valle del Cauca encendió las alarmas entre la población civil y la fuerza pública, que está haciendo frente a ataques terroristas y hostigamientos. En 48 horas se han registrado al menos 11 atentados en distintas partes de ambos departamentos, causando terror y dejando un saldo de varios muertos y heridos.

La situación de orden público es grave y por eso la Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado en el que recomendó a las personas que tienen esquemas de seguridad no movilizarse por la vía Panamericana, que conecta a los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca. En ese importante corredor vial se han registrado algunos atentados, entre ellos, uno que dejó al menos 14 muertos y más de 38 heridos.

“La Unidad Nacional de Protección recomienda a todos los beneficiarios y al personal de protección evitar la circulación por la Vía Panamericana, principalmente en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca”, precisó la entidad en la comunicación oficial.

De igual manera, instó a los beneficiarios a reforzar las medidas de autoprotección y autoseguridad en todas sus actividades y a no hacer desplazamientos, sobre todo durante la noche. Aclaró que tampoco es recomendable recorrer las vías secundarias adyacentes, debido a los niveles de inseguridad en los departamentos.

La UNP indicó que, además de los atentados y las afectaciones de orden público, se han incrementado los robos de vehículos asignados a esquemas de protección por parte de grupos armados en la vía Panamericana.

“Se recuerda la importancia de reportar de manera inmediata a la línea de emergencias Línea Vida 103 de la UNP cualquier novedad, situación irregular o evento que pueda comprometer la seguridad del protegido, del esquema de protección o del entorno operativo. Marque 103 desde cualquier celular”, detalló la entidad.

Pese a que el panorama en la vía Panamericana y en los departamentos de Valle del Cauca y Cauca es crítico, la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia viajará a Palmira (Valle del Cauca), para dar declaraciones sobre el atentado que fue perpetrado en el Batallón Agustín Codazzi.

La congresista del Centro Democrático dará una rueda de prensa desde las instalaciones del batallón; allí, expresará su solidaridad con la población por el atentado, así lo explicó el expresidente Álvaro Uribe Vélez en un evento político-electoral de Valencia llevado a cabo en Bello (Antioquia).

La candidata tenía una agenda programada en el departamento, pero canceló todos sus compromisos para viajar al Valle del Cauca, pese a que la movilización hacia el lugar supone un amplio riesgo. “¿Sabe para dónde va? Cambió toda la agenda para irse a darle presencialmente toda la solidaridad y sus más sentidos pésames a todos los afectados en Cali y en el Cauca. Por eso va a salir ya", dijo el ex jefe de Estado.

Iván Cepeda y Aída Quilcué mantienen su agenda

En un comunicado compartido por Caracol Radio, se informó que el candidato presidencial Iván Cepeda Castro y su fórmula vicepresidencial Aída Quilcué, del Pacto Histórico, aplazarían su agenda en Cauca, pero el aspirante indicó que su campaña continuará sin ninguna alteración, pese a la situación de orden público.

En la comunicación se indicó que la “Ruta Convergencia por la Vida”, programada para el domingo 26 de abril en los municipios de Morales, Suárez, Buenos Aires, Santander de Quilichao y Caloto, sería agendada nuevamente por los hechos de violencia que se han registrado en el departamento.

“Esta decisión responde al compromiso de no poner en riesgo la vida e integridad de las comunidades, liderazgos sociales y equipos de trabajo. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, la democracia y la construcción de paz en los territorios”, precisa la comunicación.

Sin embargo, posteriormente, el aspirante Iván Cepeda indicó en su cuenta de X que su agenda se mantendrá con normalidad. “MI AGENDA CONTINÚA NORMALMENTE. Anuncio a la opinión pública que mi agenda de campaña continúa sin ninguna alteración. Seguiré haciendo mi recorrido nacional y en Bogotá sin ningún cambio o cancelación”, precisó.

De acuerdo con el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, hasta le momento, se confirma la muerte de siete personas y más de 20 resultaron heridas. Posteriormente, confirmó que el número de fallecidos aumentó a 14 y el de heridos a más de 38, entre ellos, cinco menores de edad. “Es una tragedia que nos desgarra como departamento y enluta profundamente a nuestras familias. No hay palabras suficientes para el dolor que hoy sentimos”, dijo el mandatario gubernamental en su cuenta de X.

La Gobernación de Cauca está atendiendo la emergencia, mientras la fuerza pública enfrenta la situación de orden público en el departamento, que ha sido blanco de varios ataques casi simultáneos. En las últimas horas, los grupos criminales que operan en el departamento perpetraron ataques terroristas en El Túnel, El Tambo, Caloto, Popayán, Guachené, Mercaderes y Miranda, según explicó Guzmán.

Esto constituye una ofensiva contra la vida y la población civil indefensa y, por eso, el gobernador afirmó que las autoridades no permitirán que las organizaciones armadas continúen generando terror en el departamento y desafiando al Estado.

“Estamos actuando y atendiendo esta situación con toda nuestra capacidad. Hemos convocado de manera inmediata un consejo de seguridad y elevamos un llamado urgente por mayor presencia, respaldo real y decisiones firmes desde el orden nacional que garanticen la vida y la seguridad de los caucanos”, precisó.

Asimismo, advirtió que la red hospitalaria está al límite, lo que supone un problema para la atención de la ciudadanía. Además, la movilidad y seguridad en la vía Panamericana no están confirmadas. En consecuencia, solicitó la intervención inmediata del Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, para recuperar el orden público y garantizar la protección de los habitantes. Solicitó acciones directas del Ministerio de Defensa, a cargo de Pedro Arnulfo Sánchez.

“El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie. Estamos ante una escalada terrorista que exige respuestas inmediatas. Exigimos al Gobierno Nacional acciones contundentes, sostenidas y eficaces frente a la grave crisis de orden público que vivimos, además presencia urgente del @mindefensa desde el Cauca”, indicó el gobernador.

La Tercera División del Ejército Nacional informó que las tropas están verificando la posible presencia de artefactos explosivos en varios puntos del departamento, luego de que se registrara el atentado en el sector El Túnel. Los uniformados están adelantando acciones de control en el área, que es un “eje estratégico del suroccidente del país”.

“De manera simultánea, se realizan sobrevuelos y acciones de control en este y otros puntos críticos del corredor vial, orientadas a verificar la situación y anticipar posibles acciones criminales que puedan afectar la seguridad y la tranquilidad de las comunidades”, detalló.

Otro atentado en la vía Panamericana dejó seis personas heridas

En la madrugada del 25 de abril, el gobernador informó sobre otro ataque terrorista que se presentó en la vía Panamaricana. Un artefacto explosivo fue detonado en el corredor vial, en el sector de Pan de Azúcar, corregimiento de Mojarras, Mercaderes. El atentado dejó a un conductor de servicio público gravemente herido y cinco pasajeros afectados; la Secretaría de Salud de Cauca hizo presencia en el lugar y las víctimas fueron atendidas.

El funcionario aseguró que los hechos de violencia son actos de retaliación perpetrados por estructuras criminales a las que la fuerza pública ha combatido con acciones operativas contundentes.

“Este atentado no solo golpea a la región, sino que constituye una grave amenaza contra la vida y la tranquilidad de nuestras comunidades. Por ello, rechazamos con total firmeza estos actos criminales y reiteramos la necesidad urgente de seguir actuando de manera coordinada con el Gobierno Nacional @mindefensa para proteger los corredores viales que son esenciales para la vida, la economía y la integración del suroccidente del país”, indicó el gobernador en X.

El general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía Nacional, aseguró que el resultado del operativo implica una afectación significativa a la capacidad económica y la expansión territorial de la estructura armada. Pues, la organización basa su recaudación ilícita en amenazas y extorsiones; con esos recursos financian la compra de armamento y fortalecen la presencia de las disidencias en el centro del país.

El seguimiento que hicieron las autoridades reveló que alias Marcos intimidaba a comerciantes, que eran obligados a pagar extorsiones conocidas como “vacunas”, y a agricultores, que veían disminuidos sus ingresos por las exigencias económicas impuestas por esta estructura criminal.

Según informó el general Rincón Zambrano, la captura del cabecilla da cumplimiento a los compromisos asumidos en un Consejo de Seguridad que se llevó a cabo recientemente, donde se estableció como objetivo prioritario desarticular las fuentes de financiación y apoyo logístico de estos grupos.

La gobernadora de Tolima, Adriana Magali Matiz, indicó que en ese Consejo de Seguridad también se ordenó a las autoridades ir tras los cabecillas de los grupos armados y responder con resultados concretos. En el caso de alias Marcos, las autoridades habían establecido una recompensa de $40 millones por información que permitiera su arresto y, con las indagaciones que llevaron a cabo, fue posible ubicarlo y detenerlo.

“Detrás de este resultado hay inteligencia, seguimiento y una acción coordinada que demuestra que las estructuras criminales no son intocables. Quien estaba encargado de financiar la violencia, reclutar integrantes y sostener el accionar ilegal de este frente, hoy está en manos de las autoridades”, precisó la mandataria departamental en su cuenta de X.

De acuerdo con información revelada por el medio de comunicación Minuto 30, tras el operativo de captura, el lider de la estructura armada fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación y será presentado ante un juez de control de garantías para responder por cargos de concierto para delinquir agravado, extorsión y financiación del terrorismo.

Las autoridades instaron a la ciudadanía y a los sectores productivos del departamento de Tolima a denunciar hechos de extorsión a través de la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional, asegurando la confidencialidad de la identidad de los denunciantes.

Cayó uno de los más buscados de las disidencias de las Farc en Meta

Las disidencias de las Farc perdieron otro cabecilla que estaba bajo la lupa de las autoridades. Se trata de Cristian Camilo Olaya Jiménez, conocido como alias Cristian. El 23 de abril de 2026, el Ejército Nacional confirmó que fue capturado en el municipio de La Uribe, Meta, durante una operación coordinada por la Fuerza de Tarea Omega del Ejército a través de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1.

Según un comunicado emitido por la institución, el procedimiento respondió a una orden judicial vigente en contra del señalado criminal por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, además de uso de explosivos de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Durante el operativo de captura, Olaya Jiménez intentó resistirse, lo que produjo un forcejeo y un disparo que le ocasionó una lesión en la pierna izquierda. El Ejército aclaró que el sujeto fue trasladado a Villavicencio bajo protocolos médicos estrictos y con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Cuando sea dado de alta en el centro de salud en el que recibe atención médica, enfrentará el respectivo proceso de judicialización.

“Con este resultado, la Fuerza de Tarea Omega asesta un golpe significativo a las estructuras criminales que delinquen en el suroriente del país, reafirmando su compromiso con la seguridad, la protección de la población civil y la estabilidad del territorio nacional”, precisó el Ejército.

Las acciones terroristas, que han sido ejecutadas en las últimas 48 horas, pusieron en alerta a la población y a las autoridades locales, que piden una intervención inmediata del Gobierno nacional para recuperar el orden público.

La aspirante presidencial enlistó varios de los hechos violentos que hoy enlutan a ambos departamentos:

1. Un ataque con explosivos que se registró en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha en Cali (Valle del Cauca). No hubo heridos.
2. Un ataque con explosivos al Batallón Agustín Codazzi en Palmira (Valle del Cauca). No dejó heridos.
3. Hostigamiento con granadas y fusiles a la subestación de Policía en Potrerito, Jamundí (Valle del Cauca). No dejó heridos.
4. Un ataque con drones al radar de Santana en El Tambo (Cauca). Se registraron al menos 10 explosiones y el radar quedó fuera de servicio.
5. Explosión en vía Panamericana, en el municipio de Cajibío (Cauca), la cual dejó varios heridos, incluyendo personas de la población indígena y un menor de edad.
6. Incineración de una tractomula del Ingenio Incauca en vereda Santa Ana, Miranda (Cauca).

Ante la situación, la aspirante a la Presidencia señaló al Gobierno nacional, en cabeza del mandatario Gustavo Petro, de no estar a la altura de la crisis de seguridad que se vive en el país. Afirmó que la administración ha minimizado este tipo de ataques y que ha debilitado al Estado.

“¡Esto es terrorismo de las disidencias! El gobierno Petro no puede seguir minimizando la violencia ni desarmando al Estado. Exigimos acción inmediata, respaldo total a nuestras Fuerzas Armadas y Policía, y resultados concretos", señaló.

De igual manera, se solidarizó con los habitantes del suroccidente del país, así como con los heridos en los atentados y con la fuerza pública desplegada en los departamentos para hacer frente a los criminales.

A los hechos de violencia que enlistó Valencia en su cuenta de X se suma otro atentado perpetrado el 25 de abril en la vía Panamericana, en el sector de El Túnel, Cajibío (Cauca), que dejó un saldo de siete muertos y más de 20 heridos, según datos preliminares expuestos por el gobernador Octavio Guzmán.

Desde Bello (Antioquia), la aspirante presidencial se refirió también a este ataque con explosivos haciendo una crítica al Gobierno Petro, al que acusó de empeorar la violencia en el territorio con la implementación de su política de Paz Total y de no mejorar las condiciones de vide de los ciudadanos del Cauca. Por eso, instó a la población a rebelarse.

“Me duele el corazón con mis coterráneos. Allá votaron por Petro creyendo que les iba a ver bien. No les ha llegado nada, ni obras, puras promesas, y nos devolvieron a la violencia. Desde aquí le digo a los caucanos que se rebelen a la indignidad, que no le sigan creyendo a quienes los devolvieron a los violentos”, indicó.

De igual manera, afirmó que la administración es “cómplice de los violentos”, por adelantar negociaciones de paz en las que se les brindan ciertos beneficios a los criminales que actúan como voceros de las estructuras criminales. Esas personas gozan de la suspensión de órdenes de captura mientras conversan con el Gobierno.

“Los deja libres, como a Calarcá (Alexander Díaz Mendoza, cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf) de las disidencias de las Farc), para subirlos a las tarimas, para que hagan fiestas en las cárceles y para que salgan a poner bombas y asesinarnos”, señaló la aspirante a la Presidencia.

El presidente Gustavo Petro insiste en que el exmandatario Álvaro Uribe Vélez tendría relación con las decisiones que ha estado tomando el Gobierno de Ecuador en contra de Colombia en materia arancelaria.

A través de su cuenta de X compartió una fotografía en la que aparecen Uribe Vélez y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, estrechando sus manos. Con base en esa imagen, el jefe de Estado colombiano cuestionó la aparente cercanía del exmandatario con Noboa, al que señaló de destruir la economía de una parte del país con sus determinaciones.

De igual manera, advirtió que la foto demostraría la supuesta existencia de un lobby en Ecuador, presuntamente impulsado por Uribe Vélez, así como asegura que habría sucedido en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump afirmó que tenía contemplado hacer una incursión armada en territorio colombiano.

“Decían que no pero sí. Un expresidente colombiano de amigo de quién destruye la economía del sur de Colombia e insulta la Colombianidad. El mismo lobby de Miami para hacer daño a Colombia”, aseveró el presidente Petro en la red social.

El primer señalamiento que hizo Petro contra el exmandatario surgió por su visita a Ecuador y su presencia en la frontera colombo-ecuatoriana; recientemente, el ex jefe de Estado estuvo en Putumayo y a Tumaco (zona fronteriza de Colombia) y también visitó la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y Cuenca (Ecuador).

“¿Qué hace un expresidente de Colombia, visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100% a todos los productos de Colombia?”, cuestionó el presidente Gustavo Petro en su momento en una publicación en X.

La pregunta derivó en una respuesta directa por parte de Álvaro Uribe, que a través de un video explicó que su presencia en el territorio ecuatoriano respondió a compromisos académicos. Además, aseguró que en ningún momento conversó con Daniel Noboa sobre la decisión que tomó de incrementar los aranceles aplicados a los productos colombianos.

En consecuencia, retó al jefe de Estado a someter el tema a una evaluación de un “jurado internacional”, con el fin de determinar si sus aseveraciones son ciertas o no. Aclaró que está dispuesto a abandonar la política si llega a comprobarse que sí tuvo alguna injerencia en las medidas adoptadas por el Gobierno ecuatoriano.

“Presidente Petro, usted miente. Dice que yo fui a hablar con el Gobierno ecuatoriano. Le voy a proponer este reto: si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política”, indicó el expresidente.

La guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador inició en enero de 2026, cuando el mandatario del vecino país hizo un ajuste en los arenceles aplicados a los productos colombianos por la aparente falta de acciones por parte del Gobierno colombiano para combatir el crimen organizado en la frontera. Con base en esa premisa, en abril endureció las medidas, aumentando los aranceles al 100%.

Iván Cepeda acusó a Uribe de “agudizar” la crisis con Ecuador

Al igual que el mandatario Petro, el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, hizo acusaciones en contra de Uribe Vélez. A su juicio, sí habría intervenido en las decisiones tomadas por el Gobierno de Noboa, que ahora están complicando la economía de Colombia. Lo señaló de ser responsable de agudizar la crisis entre los países y de tener una conducta apátrida.

“La extrema derecha ha utilizado toda clase de métodos sucios y de campañas sin escrúpulos para lograr el favor popular y obtener más votos en este proceso en el que estamos de carácter electoral. Ahora Uribe se traslada a la frontera con Ecuador para buscar incentivar el odio entre los pueblos y también agudizar la guerra comercial”, aseguró el aspirante en un video.

Luz María Múnera informó a través de sus redes sociales que el 24 de abril de 2026 finalizó su tiempo como superintendente de Salud ad hoc de la Nueva EPS, la entidad promotora de salud más grande de Colombia y que está intervenida por al Superintendencia Nacional de Salud desde abril de 2024.

La saliente funcionaria aseguró que su trabajo se centró en garantizar el derecho a la salud de más de 11,5 millones de afiliados que tiene la EPS. Según precisó, esto lo logró mediante acciones de inspección, vigilancia y control que le permitieron asegurar que las personas contaran con la prestación de los servicios.

Con el fin de su gestión, Múnera enlistó algunos puntos que considera que deben ser abordados, relacionados con el manejo de los recursos y las medidas que se deben tomar para garantizar la atención de los usuarios y la entrega de los medicamentos, que es uno de los problemas que más aqueja a los ciudadanos hoy en día en el país.

“Dejo recomendaciones claves para estabilizar el sistema, como lo son: poner en funcionamiento el giro directo, mejorar el acceso a medicamentos, consolidar una contratación de tal manera que el pago por evento sea la excepción y no la regla, exigir transparencia financiera y avanzar en la modernización tecnológica”, explicó la saliente superintendente ad hoc.

En la publicación, extendió sus agradecimientos al presidente Gustavo Petro por el tiempo que pasó al frente de la vigilancia y control de la entidad promotora de salud. Estuvo en el cargo desde diciembre de 2025.

“Agradezco al presidente @petrogustavo por la confianza y, desde la Consejería Presidencial para las Regiones (como consejera), seguiremos haciendo seguimiento y articulando acciones para proteger el derecho a la salud de los colombianos”, indicó.

Sin embargo, en respuesta a su comentario en la red social, Sandra Milena Hoyos Cárdenas, presidenta del sindicato de la Nueva EPS Sintraneps, puso en duda la gestión de Múnera y advirtió que su trabajo no reflejó los resultados esperados por los afiliados, que no fueron testigos de mejoras en la prestación de los servicios.

“Mentirosita, no hicieron nada para mejorar, te la ganaste de ojo, todo el dinero que te pagaron”, aseveró.

Los pacientes y las autoriades han advertido que, pese a la intervención de la Superintendencia Nacional de Salud, la Nueva EPS sigue presentando problemas que están afectando a los usuarios. De hecho, la situación ha ido empeorando.

La Defensoría del Pueblo informó que las quejas y reclamos de los afiliados se incrementaron después de que la superintendencia tomó el control de la EPS. Según cifras oficiales de la entidad reveladas por El Tiempo, entre enero y diciembre del 2025, se registraron 14.603 quejas por fallas en la atención en salud, eso representa un aumento del 107% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Jorge Iván Ospina, nuevo interventor de la Nueva EPS

En medio de críticas al Gobierno nacional por las falencias en la prestación de servicios por parte de la Nueva EPS, se anunció la llegada de un nuevo interventor. Se trata del exalcalde de Cali (Valle del Cauca) y médico Jorge Iván Ospina.

En un video que publicó en sus redes sociales, el exmandatario local explicó que decidió aceptar el cargo por lealtad al Gobierno actual y porque considera que tiene la formación y las capacidades para mejorar la situación en la que se encuentra la entidad promotora de salud

“Lo he hecho por mi altísimo compromiso con el presidente Gustavo Petro, porque creo que millones de afiliados a la Nueva EPS merecen el mayor de los esfuerzos para garantizar el servicio de salud, que es garantizar la vida. Lo he hecho porque estoy capacitado para ello”, detalló el funcionario.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que está compitiendo en la carrera electoral con su fórmula vicepresidencial, Leonardo Huerta, dejó muy clara su postura con respecto a uno de los aspirantes de la derecha que quiere reemplazar a Petro en el cargo: el abogado Abelardo de la Espriella.

En la 19° versión del Congreso Asofondos (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía), la exmandataria local aseguró que estaría dispuesta a tomar una taza de café con cualquiera de los candidatos presidenciales, excepto con el profesional en Derecho. “Yo soy una mujer directa. Yo me tomaría un café con cualquiera de los candidatos, excepto con Abelardo de la Espriella. Es una vergüenza que Abelardo de la Espriella pueda ser presidente de Colombia”, indicó la candidata de centro en el evento.

Según indicó, en su oficio como abogado litigante, De la Espriella ha defendido a personas cuestionables, con presuntos nexos con la mafia. También criticó sus alianzas, sin mencionar a personas específicas. “Una persona que ha defendido a la mafia y no solo como abogado, que ha defendido su enriquecimiento ilícito, que se ha beneficiado de él, que es el gran partner de los que despojaron a millones de colombianos”, aseveró.

Por eso, insistió en que, a su juicio, el abogado no debería ocupar el cargo más importante del país y recalcó que cualquier espacio de discusión, acompañado de un café, será bienvenido si sus interlocutores son los demás aspirantes a la Presidencia.

Un defendido de De la Espriella por el que le pasan factura

El candidato ha sido cuestionado por haber defendido al empresario Álex Saab, señalado de haber sido testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro. De la Espriella aceptó que si ejerció como apoderado del empresario colombiano, pero aclaró que nunca supo de sus supuestos nexos con el régimen de Venezuela y, cuando le preguntó al respecto, Saab lo negó por completo.

En diálogo con El Tiempo y CityTv, indicó que ya no tiene ningún tipo de contacto con él. “Dejé de ser su abogado hace seis años y pico, siete años, y desde ese entonces no tengo ninguna conversación con él. Si el señor Saab ha delinquido y se lo pueden probar en un juicio justo, que la justicia actúe. Tan sencillo como eso”, precisó el jurista en la entrevista.

Sin embargo, las críticas en su contra no se han detenido. En su momento, Gustavo Bolívar, exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), expuso su opinión sobre el tema, haciendo énfasis en el discurso que ha manejado el abogado en contra de la izquierda y del castrochavismo, que fue heredado por Maduro.

Afirmó que no es coherente que el candidato haya estado relacionado con una persona ligada al dictador y que, al mismo tiempo, mantenga esa postura política. “Los abogados tienen derecho a defender bandidos. Para eso estudian. Lo que no pueden es tener doble moral. Por un lado, en campaña intensa contra el castrochavismo, metiendo en ese saco a toda la izquierda para conseguir votos a través del miedo, y por el otro defendiendo al castrochavismo en tribunales. Pero él ya lo había advertido: “la ética no tiene nada que ver con el derecho”, escribió Bolívar en X.

Según indicó la Policía en un comunicado, en lo corrido de 2026, las alertas por violencia digital contra niños, niñas y adolescentes se incrementaron en un 10% respecto al año anterior (2025), y tienen una mayor incidencia en ciudades capitales como Bogotá (Cundinamarca), Medellín (Antioquia) y Cali (Valle del Cauca).

A esto se suma el hecho de que hay centenas de sitios web que exponen contenido sexual de menores de edad. Las autoridades indicaron que en lo corrido el año, bloquearon cerca de 600 páginas web con contenido de explotación sexual infantil. Según explicó el jefe del Centro Cibernético de la Policía Nacional, coronel Adrián Vega, uno de los riesgos más altos reside en que buena parte de los contactos que tienen los niños y adolescentes en las redes sociales son desconocidos y en realidad muy pocos corresponden realmente a amigos cercanos.

“Lamentablemente, estos niños con estas cuentas que aperturan, efectivamente contactan e interactúan con personas desconocidas. Se dice que el 30% de los seguidores y amigos o contactos en las redes sociales son personas desconocidas. Tan solo el 5% o el 6% de dichos contactos son amigos cercanos. De tal forma que es allí donde el pedófilo utiliza esta modalidad, como es el grooming, para poder contactar a sus potenciales víctimas”, detalló el coronel.

Las investigaciones del Centro Cibernético de la Dijín indican que los agresores inician el contacto en entornos digitales y solo tardan algunas horas o días para convencer a los menores de que conversen en otros canales, como aplicaciones de mensajería, donde la privacidad facilita el delito.

Los “depredadores digitales” emplean perfiles falsos, técnicas de manipulación emocional y, en ocasiones, inteligencia artificial para construir una relación de confianza con sus víctimas. De acuerdo con la Policía Nacional, el modus operandi incluye analizar los intereses, las rutinas y las vulnerabilidades de los niños, niñas y adolescentes, para así poder crear las identidades falsas y simular cercanía afectiva, indicando incluso que son amigos. Esto les permite escalar en poco tiempo hacia conversaciones de carácter sexual y control psicológico.

“El pedófilo quiere mostrarse como un amigo ante su par, ante su potencial víctima. Decirle que no es importante informarle a su papá, que no es importante señalarle que tiene un nuevo amigo. Y muchos de los contenidos y las interacciones los convierte a nivel sexual”, detalló el jefe del Centro Cibernético.

Uno de los peligros críticos que se evidencia en el grooming es la falta de reporte en las primeras etapas del delito. “Lamentablemente, los padres de familia no están monitoreando a sus hijos y los niños están creando cuentas en redes sociales, inclusive cuando las políticas comunitarias de estas industrias tecnológicas así lo prohíben (...). Las denuncias llegan cuando ya hay afectaciones graves, incluso abuso físico. Pero la etapa inicial, que es clave para prevenir, casi no se reporta”, precisó el coronel Vega.

Esta omisión facilita que los agresores avancen rápidamente en la manipulación de los menores y la comisión de los delitos. Por eso, la Policía Nacional recalcó la importancia de que padres y madres de familia, así como cuidadores, vigilen señales de alerta como cambios de conducta en los niños, aislamiento, irritabilidad, uso excesivo o a escondidas de dispositivos móviles, resistencia a la supervisión o conexiones en horarios inusuales. Detectar a tiempo estos signos puede resultar vital para evitar situaciones irreversibles.

La Policía también insistió en que la herramienta más eficaz para detener el avance del delito es la denuncia. En consecuencia, informó que, ante cualquier situación sospechosa, los denunciantes pueden notificarla en el CAI Virtual o por WhatsApp al número +57 323 273 3411. La institución insiste en que la vigilancia por parte de los adultos responsables es clave, sobre todo en el caso de menores de 14 años, quienes no deberían tener acceso libre y sin supervisión a las redes sociales.

“Es el momento para invitar a los padres de familia y a todos los ciudadanos para que nos reporten a través de la plataforma especializada CAI Virtual. Tenemos un servicio de WhatsApp veinticuatro siete a través del número tres veintitrés dos siete tres treinta y cuatro once. Pero también los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes especializadas CAI Virtual en Facebook, X e Instagram”, precisó el coronel Vega.

Las presuntas anomalías en el Fondo de Adaptación siguen apareciendo. En medio de denuncias que hizo la actual gerente de la entidad, Angie Rodríguez, sobre el manejo de los recursos y la presencia de un “espía”, Caracol Radio reveló dos derechos de petición presentados por exfuncionarias del fondo que alegaron haber sido desvinculadas de manera irregular.

Se trata de Diana Marcela Ramírez, que fungía como líder del equipo de trabajo de Gestión Financiera, y de Verónica Villegas, exasesora de la dirección del Fondo de Adaptación. Las mujeres indicaron que en una reunión realizada el 16 de abril de 2026, les informaron sobre su salida de la entidad y les entregaron dos documentos de renuncia para que los firmaran, con el fin de oficializar su desvinculación.

Las quejas de Verónica Villegas y las irregularidaes que la salpican

Por un lado, Villegas indicó que en la reunión en cuestión le fue retirado su celular personal, pese a que no había ningún acto administrativo o algún procedimiento disciplinario que fundamentara esa medida. Además de eso, denunció que recibió la carta de renuncia, la cual firmó bajo presuntas condiciones de presión.

“Me fue presentada una carta de renuncia que había sido redactada y preparada previamente por funcionarios de la entidad, sin mi intervención, consentimiento ni instrucción, siendo compelida a suscribirla bajo condiciones de presión que configuran constreñimiento ilegal en los términos del artículo 182 del Código Penal Colombiano, viciando de nulidad el acto de renuncia conforme al artículo 1508 y siguientes del Código Civil”, detalló la exfuncionaria en el derecho de petición que elevó a la gerente del Fondo de Adaptación.

Por eso, afirma que su renuncia en realidad no fue voluntaria ni libre y que, en consecuencia, no debe ser jurídicamente vinculante.

En virtud de eso, pidió que se le allegue una copia completa de su correo institucional, el registro de los accesos a su cuenta institucional y al Drive, una certificación de integridad que indique si hubo alteraciones en sus archivos, una copia de la carta de renuncia que firmó y metadatos de ese documento, para saber quién lo redactó. También pidió la grabación de la reunión en la que le entregaron la carta de renuncia, la cual, según advirtió, se hizo sin su consentimiento.

Es de recordar que Verónica Villegas aparece mencionada en un escándalo de presunta corrupción dentro del Fondo de Adaptación, el cual denunció Carlos Carrillo, exgerente de la entidad y actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La exfuncionaria es señalada de haber exigido el pago de una coima por efectuar el pago de un contrato.

El caso de Diana Ramírez

Por otro lado, Ramírez alegó que en una reunión realizada ese mismo 16 de abril, le fueron retenidos sus objetos personales y también le fue entregada una carta de renuncia a su nombre, la cual firmó. Por eso, pidió que se le envíe una copia del documento de renuncia que, según advirtió, fue suscrito en plena la Ley de Garantías.

Indicó que también se le debe allegar un documento en el que se describa el procedimiento adminsitrativo qu aplica para el trámite de las renuncias, teniendo en cuenta que hay restricciones legales que se ajustan al periodo electoral actual en Colombia.

Asimismo, solicitó una copia de la grabación de la reunión, que fue citada por Angie Rodríguez como gerente del Fondo de Adaptación. “Aclaración sobre el registro: el pronunciamiento por parte de la entidad sobre la existencia de una autorización previa para la grabación, así como el destino y uso que se le pretende dar a dicho material”, detalló.

La exfuncionaria también pidió que se le envíe un documento en el que se evidencie el sustento legal y el protocolo institucional para la retención de sus elementos personales.

Por un lado, la presidenta encargada, que asumió el cargo después de que el dictador Nicolás Maduro fuera capturado en enero de 2026, agradeció la presencia del mandatario colombiano y de la delegación, y recordó que con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia en 2022, fue posible abrir de nuevo la frontera.

“Era un hecho antinatural mantener cerrada nuestra frontera, en unas poblaciones acostumbradas al intercambio comercial, unas poblaciones acostumbradas a una movilidad intensa, y que sin ninguna duda significaba la violación a sus derechos humanos”, precisó Rodríguez, indicando que la apertura de la frontera ha permitido ir recuperando el comercio entre los países.

En ese sentido, informó que en la reunión con el presidente colombiano se habló de la sustitución de importaciones de ambos países. “No tiene sentido que Colombia y Venezuela miren hacia otras latitudes o hemisferios lo que podemos conseguir en nuestros territorios”, dijo.

De igual manera, abordaron el tema de la interconexión eléctrica para el occidente de Venezuela, un área que se ha visto afectada por sanciones. A esto se suma la interconexión gasífera, que permita al vecino país vender gas a Colombia y a otros países, y la “reanimación” de la conexión aérea para impulsar el turismo, con la elaboración de proyectos comunes de multidestino.

La lucha contra el crimen organizado

Por otro lado, Gustavo Petro informó que también abordaron la problemática del crimen organizado en la frontera. Aseguró que se trabajará en una “liberación de los pueblos” que involucre acción militar, policial y social. “Configurar un esfuerzo común, coordinado a fondo, para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias, dedicadas a diversas economías ilegales”, detalló el jefe de Estado colombiano, precisando que estas organizaciones criminales están al frente de negocios ilícitos como la trata de personas, el tráfico de estupefacientes y el comercio ilegal de oro.

Al respecto, la mandataria encargada de Venezuela afirmó que se planteó la elaboración de planes militares y el establecimiento de mecanismos que permitan compartir de manera efectiva información de inteligencia. Aclaró que esos mecanismos deben entrar en vigencia de manera inmediata para combatir el crimen transnacional.

“Hemos acordado planes socioconómicos para la atención de las poblaciones más vulnerables, que han sido víctimas del delito en la frontera. Son pasos firmes”, ratificó la presidenta encargada venezolana.

En la zona fronteriza hacen presencia grupos armados colombianos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc (comandado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco), la Segunda Marquetalia (comandada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez) y el Clan del Golfo.

El presidente de Colombia aseguró que espera que las acciones que se adelanten en materia de seguridad sirvan para generar una reintegración entre ambos territorios, que abra las puertas a una garantía adicional: la de la seguridad alimentaria. Adicionalmente, cree que sí debe existir una interconexión de energía, pero esta debe estar basada en los “nuevos modos”, es decir, en la transición a energías limpias.

“Los nuevos modos de energía que yo trato de impulsar en mi propio país pueden traer paz, pueden traer la construcción de una democracia global, de humanidad hermana”, indicó el primer mandatario, que en Colombia ha implementado una política de abandono de los hidrocarburos.

Los jefes de Estado también dialogaron sobre los problemas que aquejan a la población colombiana y venezolana en materia de educación, cultura, salud y medioambiente.

Billy Escobar Pérez renunció a su cargo como superintendente de Sociedades. En un comunicado oficial de la entidad emitido el 24 de abril de 2026, el funcionario explicó que su salida de la superintendencia obedece a razones de carácter personal, relacionadas con lo que espera de su desarrollo profesional.

“Me permito informar al país que he tomado la decisión de avanzar en otros proyectos profesionales a partir de la fecha. Se trata de una decisión personal, adoptada tras considerar cumplidos los compromisos que demanda esta responsabilidad”, precisó el funcionario en la comunicación oficial.

Explicó que durante su gestión, se enfocó en ampliar la presencia territorial de la entidad y en mejorar las herramientas para hacer un acompañamiento efectivo del empresariado, destacando sus aportes en materia social y apuntándole a la sostenibilidad y a la competitividad.

En ese sentido, agradeció al presidente Gustavo Petro por la confianza que depositó en su trabajo y porque, a su juicio, dio garantías de independencia a la entidad. De esta manera, fue posible posicionar a la superintendencia como un referente reconocido a nivel nacional e internacional.

“Seguiré aportando al país desde el lugar en el que me encuentre, con la convicción de que el fortalecimiento institucional y el desarrollo empresarial son pilares del progreso de Colombia”, precisó.

¿Quién es Billy Escobar, saliente superintendente?

Escobar llegó a la entidad en diciembre de 2021; se posesionó ante la entonces ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana. Según la superintendencia, acumula más de 30 años de experiencia en administración y gestión de instituciones de educación superior, una trayectoria que incluye cargos docentes en universidades como el Externado de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad de Guadalajara (México) y la Universidad de Módena (Italia). Su labor se ha enfocado en áreas como Derecho Laboral, Comercial, Seguridad Social, Procesal y Probatorio.

Graduado en Derecho por el Externado de Colombia, cuenta con una maestría en Administración de Negocios por la Universidad de los Andes y un máster en Seguridad Social de la Universidad de Alcalá de Henares (España). Especialista en asesoría jurídica para empresas y consultorías en compliance, ha representado a sociedades ante entidades judiciales, administrativas y pares del sector privado, interviniendo también en procesos de constitución, gestión o disolución de sociedades mercantiles.

Las últimas medidas tomadas bajo el liderazgo de Escobar

Bajo su gestión, la Superintendencia de Sociedades tomó varias decisiones para garantizar la transparencia empresarial y el debido trámite de actuaciones administrativas. Una de ellas fue la sanción impuesta al representante legal del Deportivo Pereira F.C.S.A. en reorganización, Álvaro de Jesús López Bedoya, por desatender órdenes impartidas por la autoridad.

Entre las órdenes que no acató el sancionado está el hecho de haber reconocido en la contabilidad el valor de los derechos deportivos de 13 jugadores que no hacen parte de la sociedad.

“Nuestra misión es contribuir al crecimiento y preservación de las empresas, en beneficio de los grupos de interés, mediante acciones preventivas y de supervisión. Los administradores deben observar estrictamente los mandatos legales y cumplir las órdenes impartidas por esta autoridad, en razón a la importancia de la información financiera y contable, su responsabilidad frente a las partes de interés y su compromiso con un gobierno corporativo serio y robusto, especialmente en sociedades como el Deportivo Pereira F.C. S.A., reconocido club de fútbol con deportistas profesionales”, precisó el superintendente saliente.

Por otro lado, la entidad confirmó un acuerdo de reorganización de la sociedad Restcafé S.A.S. (marca OMA). Eso quiere decir que la empresa reorganizará su pasivo total de $76.000 millones, luego de que un acreedor aprobara la exclusión de créditos por $38.000 millones,

“Esta decisión responde al cumplimiento de las mayorías legales y a la verificación de que el acuerdo se ajusta a los requisitos establecidos en la Ley 1116 de 2006, reflejando la importancia de los mecanismos concursales como instrumentos de salvamento empresarial, en un marco de seguridad jurídica y protección de la prelación legal de créditos”, indicó Escobar.

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, añade otro apoyo de cara a la contienda electoral, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026 (primera vuelta). El partido Alianza Verde informó que apoyará la candidatura del aspirante de la izquierda.

“Con 34 votos a favor, 1 abstención y 3 votos en contra, Dirección Nacional del Partido Alianza Verde aprobó el acuerdo político y programático suscrito con la campaña presidencial de @IvanCepedaCast y la candidatura vicepresidencial de @aida_quilcu, en el marco de la construcción de la coalición Alianza por la Vida”, indicó la colectividad en su cuenta de X.

El concejal de Bogotá Julián Sastoque rechazó la decisión mayoritaria que tomó el partido, puesto que implica que nadie del movimiento político puede respaldar otra candidatura distinta a la de Cepeda. Afirmó que no es adecuado asumir que los demás candidatos a la Presidencia son iguales o que representan lo mismo para el país, refiriéndose específicamente a Claudia López (centro) y Abelardo de la Espriella (derecha).

“Mi @PartidoVerdeCoL acaba de aprobar en Dirección Nacional mayoritariamente adherirse a la campaña de Iván Cepeda y el Pacto, dejando claro que no podremos hacerle campaña a nadie más. Terrible y doloroso error. Decepción absoluta. Les parece igual Claudia que De La Espriella”, aseveró el funcionario.

El senador Jhon Amaya aclaró algunos puntos clave del acuerdo establecido por la Dirección Nacional del partido Alianza Verde para apoyar la candidatura de Iván Cepeda:

• La defensa de la Constitución Política de 1991 y su implementación.
• La No reelección como garantía del fortalecimiento democrático.
• Idoneidad en la función pública.
• Lucha contra la corrupción.

"El Partido Alianza Verde se suma a esta coalición con la convicción de profundizar los cambios sociales que el país necesita”, precisó.

Jaime Raúl Salamanca, expresidente de la Cámara de Representantes, ahondó en el acuerdo programático que vincula al partido Alianza Verde a la coalición de centroizquierda Alianza por la Vida, explicando que se buscará liderar un acuerdo nacional para tramitar en el Congreso de la República las reformas sociales que consideren necesarias para el país.

De igual manera, respaldando la candidatura de Cepeda y Quilcué, buscan abordar graves problemáticas que enfrentan los ciudadanos, como la pobreza, la inequidad y la desigualdad.

“Con esta decisión, más siete ejes programáticos con propuestas concretas, con ideas y prioridades que han sido parte del ADN del Partido Verde, nos sumamos a esta campaña presidencial, como lo hemos dicho, por amor por Colombia, por la vida, ni un paso atrás”, precisó.

En un video publicado en sus redes sociales el 16 de abril de 2026, el candidato presidencial Iván Cepeda se pronunció sobre la intención de algunos integrantes del partido Alianza Verde de sumarse a su aspiración presidencial. Aseguró que, con su respaldo, espera poder avanzar en los proyectos que propone, en caso de ganar la contienda electoral.

Además, resaltó su decisión explicando que tienen posturas en común que hacen viable esa alianza, como la lucha contra la corrupción, el trabajo por el desarrollo rural y la responsabilidad en materia fiscal.

“Quiero registrar con respeto y complacencia la decisión de la Alianza Verde. Un sector mayoritario de esa colectividad ha decidido entrar en un proceso de concertación y convergencia para fortalecer la Alianza por la Vida y mi candidatura. La Alianza Verde es una colectividad plural, con diversas corrientes y deliberaciones democráticas. Espero que avancemos”, dijo.

Pese a que la mayoría de los congresistas de la Alianza Verde está a favor del candidato de la izquierda, figuras políticas muy sonadas dentro de la colectividad decidieron apartarse por completo de su aspiración, como la legisladora Katherine Miranda, que apoya a Paloma Valencia, candidata de la derecha.

El presidente Gustavo Petro se reunió con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la ciudad de Caracas, para avanzar en un plan conjunto que se centre en fortalecer la inteligencia y la seguridad en la frontera.

En medio del encuentro entre los jefes de Estado, Migración Colombia confirmó que se ampliará el plazo para solicitar el Permiso Especial de Permanencia para representantes legales o custodios de niños, niñas y adolescentes con nacionalidad venezolana (PEP-Tutor). De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, el límite establecido es el 31 de diciembre de 2026; antes, el plazo estaba programado para el 30 de abril de 2026.

“Para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, la protección y garantía de los derechos de la población migrante son una prioridad. En ese marco, extendimos el plazo con el propósito de que representantes legales y custodios de niñez venezolana puedan acceder a los beneficios de este mecanismo de regularización”, explicó Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia, citada en el comunicado.

Se trata de un documento de identificación y regularización migratoria y se otorga a todos los ciudadanos venezolanos en Colombia que cumplen con los siguientes requisitos:

• Ser representante legal o custodio de niñas, niños y adolescentes titulares de un Permiso por Protección Temporal (PPT) vigente.
• No tener antecedentes penales, anotaciones o sentencias ejecutoriadas en Colombia o en el exterior, ni sanciones administrativas diferentes a las migratorias.
• Que, a 31 de diciembre de 2023, el menor de edad fuese titular de un PPT vigente.
• No tener en su contra medida de expulsión, deportación o sanción económica vigente.
• No ser titular de un Permiso por Protección Temporal (PPT) o una visa vigente en cualquier clase o categoría.

Beneficios de contar con el PEP Tutor

Según Migración Colombia, para los nacionales venezolanos que sean representantes legales o custodios, contar con el PEP Tutor constituye un beneficio en materia de permanencia en Colombia. El documento les permite establecerse en el país de manera regular; tener un contrato laboral o por prestación de servicios, o trabajar de manera independiente; estudiar en instituciones educativas del país; tener productos bancarios; homologar títulos profesionales y salir y entrar a Colombia sin problema.

"Este programa beneficia a padres, representantes legales y/o custodios de más de 300 mil niños, niñas y adolescentes que al 31 de diciembre de 2023 habían realizado el Registro Único de Migrantes Venezolanos (Rumv)”, explica Migración Colombia en su sitio web oficial.

Paso a paso para solicitar el PEP Tutor

Para solicitar de manera formal el permiso, los ciudadanos deben seguir estas indicaciones:

1. Diligenciar el Formulario Único de Trámites (FUT)
2. Completar la encuesta socioeconómica, que se generará después de que el FUT haya sido completado. Se obtendrá un número de radicado y un correo de confirmación.
3. Agendar una cita presencial a través del Sistema de Agendamiento de Migración Colombia.
4. Asistir a la cita de validación con los documentos solicitados.
5. 1. Padre o madre: acta de nacimiento apostillada.
   2. Otros representantes: sentencia judicial o documentos legalizados o apostillados.
   3. Custodia: escritura pública, acta de conciliación, sentencia judicial o resolución administrativa.
   4. Documento de identificación del solicitante.
6. Estar atento al estudio y la respuesta que brinde Migración Colombia sobre la solicitud. La entidad tiene un plazo de 30 días para indicar si el otorgamiento del permiso fue aprobado o negado o si hay algún requerimiento.
7. Realizar el respectivo pago si la solicitud fue aprobada. Sin embargo, Migración Colombia aclara que el proceso continúa siendo gratuito en su fase inicial.
8. Reclamar el permiso en un plazo de 90 días después de haber efectuado el pago. El reclamo del documento puede hacerse en máximo seis meses o este será cancelado.

La entidad reiteró que no se requieren intermediarios para adelantar el trámite. Por eso, instó a la población a informarse únicamente a través de medios oficiales, con el fin de evitar fraudes.

Por otro lado, con base en lo abordado en la III Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Venezuela-Colombia, Migración Colombia informó que está avanzando en estrategias para proteger los derechos de los migrantes en la frontera.

“Avanzamos en la protección de derechos de las comunidades migrantes y de acogida en las zonas de frontera. A través de las mesas técnicas y la cooperación internacional generamos compromisos en materia migratoria, consular y de seguridad”, indicó Migración Colombia en su cuenta de X.

La periodista María Jimena Duzán, que dirige el pódcast A Fondo, dedicó una columna de opinión a la también comunicadora Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila. En su columna, criticó su corto pero anunciado paso por la política, siendo precandidata a la Presidencia de Colombia.

Por un lado, Duzán se refirió al financiamiento de la campaña de Dávila, afirmando que mintió al asegurar que no había recibido respaldo económico del empresario Gabriel Gilinski, dueño de la revista Semana, en la que la periodista y ex aspirante a la Presidencia fue directora antes de encaminarse en el camino de la política.

“Vicky Dávila me dio una entrevista, vino acá al pódcast y en esa oportunidad yo le pregunté cómo se financiaba su campaña y si Gabriel Gilinski la apoyaba. Ella, muy seria y muy tranquila, me dijo que no, que eso no era cierto. Ahora sé que me mintió olímpicamente. Los cálculos le fallaron porque su candidatura se fue hundiendo como el Titanic”, indicó Duzán.

En abril de 2026, La Silla Vacía reveló que Publicaciones Semana y Gabriel Gilinski aportaron $2.100 millones a la campaña a través de la cual Vicky Dávila recogió firmas para ser precandidata. Según el informativo, buena parte del dinero fue aportado por el empresario a través de su firma GGKB Investments y del grupo editorial dueño de la revista.

La campaña le permitió a la periodista participar en La Gran Consulta por Colombia, en la que compitió con otros ocho aspirantes. El resultado no fue favorable para ella, puesto que la ganadora fue la candidata Paloma Valencia, del Centro Democrático.

“Cuando era directora del medio y fungía como candidata, llegó a tener el 16% de las encuestas en la intención de voto, pero ya en la calle las cosas fueron a otro precio. No logró sacar sino 238.000 votos en la gran consulta del 8 de marzo, que no es ni el 5% de la votación”, aseguró María Jimena Duzán en su columna, afirmando que su candidatura como " outsider de ultraderecha" ahora la ostenta otro aspirante: el abogado Abelardo de la Espriella.

Tras la derrota que sufrió en las urnas, la comunicadora regresó a la revista Semana, donde, antes de oficializar su aspiración a la Presidencia, ya había estado publicando propuestas políticas de cara a las elecciones. Esto fue fuertemente cuestionado por los colegas del periodismo, que señalaron a Dávila de aprovechar la revista para impulsar su campaña que, hasta entonces, era secreta.

Duzán rechazó la conducta de la periodista, que siempre negó haber hecho pílítica a través del medio de comunicación, asegurando que ahora regresa al informativo, estrenando su cargo con entrevistas a candidatos que se mantienen en la contienda electoral por la Presidencia.

“Como si el oficio de periodista fuese una camiseta que se quita y se pone cuando a ella se le dé la gana”, aseveró.

Finalmente, afirmó que la periodista ha “pordebajeado” el periodismo con sus acciones, al no desvincularse del oficio para ejercer la política de manera transparente. Asimismo, recalcó que, pese al apoyo con el que contó la comunicadora por parte del medio para impulsar su campaña presidencial, esta no generó los resultados que esperaba.

“Nadie ha manoseado más el periodismo que Vicky Dávila, y si hubiera un premio a la periodista que más ha pordebajeado esta profesión, se lo ganaría ella de sobra. Vicky ni siquiera pasó por la puerta giratoria porque tuvo un cohete que ella misma construyó con la ayuda del dueño de la revista, que tenía la ambición de catapultarla al Palacio de Nariño en un dos por tres. Pero el cohete ni siquiera despegó”, dijo.

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de su cuenta de X frente a los rumores que han surgido sobre relaciones sentimentales que supuestamente tendría con algunas personas que integran su Gobierno o que son cercanas a este.

Se refirió específicamente a una entrevista que dio la gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, en la que reveló la presunta existencia de una red criminal en el Gobierno y de un plan para sacarla. En su intervención, mencionó a Juliana Guerrero, que por poco llega a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, contando con el respaldo de Petro, pese a irregularidades que la salpican.

Al parecer, hay especulaciones sobre una supuesta relación entre el mandatario y la joven, que en su momento hizo parte del Ministerio del Interior. Sin embargo, el jefe de Estado negó haber estado involucrado con alguna de las personas que Rodríguez mencionó en la entrevista con la revista Semana, entre ellas, Juliana Guerrero.

“No hablo de mi vida sentimental sino de acuerdo a mi decisión libre. Si el poder se mete en la intimidad se muere la libertad humana. Por ello he decidido libremente contarle a la sociedad colombiana que ninguna de las personas mencionadas en la entrevista con la actual funcionaria Angie Rodríguez ha tenido o tiene alguna relación sentimental conmigo”, señaló el presidente Petro.

Aclarado eso, algunos políticos reaccionaron indicando que, lejos de estar interesados en su vida personal, esperan respuestas frente a las denuncias que hizo la gerente del Fondo de Adaptación, que ya están en manos de las autoridades por la posible comisión de delitos.

Así lo expuso el exgobernador de Antioquia y candidato presidencial de centro Sergio Fajardo. En una publicación en X, calificó las explicaciones del presidente como un intento por desviar la atención sobre las irregularidades expuestas por la funcionaria.

“A Colombia no le interesan sus peripecias sexuales presidente Petro. Basta de cortinas de humo. “Es la corrupción, estúpido””, aseveró el aspirante a la Presidencia.

Al igual que Fajardo, el candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, que es el compañero de la aspirante Paloma Valencia en la carrera por la Presidencia, dio a conocer su punto de vista sobre las declaraciones de Gustavo Petro. A su juicio, su pronunciamiento tuvo que estar enfocado en las anomalías que identificó Angie Rodríguez al llegar al Fondo de Adaptación y que involucran presuntos malos manejos de los recursos públicos.

“Respetamos su decisión de aclarar lo personal. Ahora, háblenos del billón de pesos de los colombianos, la plata para reconstruir después de los desastres naturales, que su exsecretaria privada y gerente del Fondo de Adaptación dice que se quieren tumbar desde su gobierno”, indicó el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) en la red social.

Oviedo se refirió específicamente a la baja o nula ejecución presupuestal que descubrió Angie Rodríguez en el Fondo. En un espacio de rendición de cuentas que lideró la funcionaria en diciembre de 2025, explicó que la entidad tenía una asignación de $1,1 billones para resolver los problemas de desconexión hídrica en la región de La Mojana, pero que de ese dinero solo se había ejecutado un 3% ($30.000 millones) y que se podían perder $235.000 millones por reintegros al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por baja ejecución.

De igual manera, advirtió que el Fondo también tenía $8,3 billones para la reconstrucción de infraestructura por las afectaciones que dejó el fenómeno de La Niña entre 2010-2011 y que, aunque la ejecución fue del 90%, el Ministerio de Hacienda pidió el reintegro de $200.000 millones. Además, para 2025 solo se había ejecutado el 47% de las metas que se habían establecido.

En diálogo con Vanessa de la Torre, en el pódcast Geniales y mayores que yo, de Caracol Radio, la senadora y excandidata presidencial María Fernanda Cabal reveló detalles de las relaciones sentimentales que tuvo antes de casarse con José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán).

Según explicó, se casó con Lafaurie cuando tenía 24 años. Para entonces, existía una presión social sobre las mujeres solteras, a las que se les exigía tener un esposo y formar una familia. “Decían que uno lo dejaba el tren. Ay, qué pereza”, dijo Cabal, mostrando su rechazo a esa premisa que con los años se ha ido desdibujando.

Sin embargo, antes de concretar un matrimonio con el líder gremial, la congresista del Centro Democrático se permitió experimentar el amor y vivir en libertad. Confesó que tuvo varias relaciones sentimentales y que sus parejas eran de distintos países del mundo.

“Fui muy, muy noviera. Tuve novios de todas las nacionalidades. Soy muy romántica, pero es un romanticismo fantasioso”, afirmó la legisladora de derecha.

Sin embargo, aseguró que con el tiempo entendió que a las mujeres se les enseñó una idea falsa del amor, basada en “historias” que fueron proyectadas en Disney o en los famosos cuentos de los hermanos Grimm.

“Vos siempre estás buscando un príncipe azul que nunca va a llegar o pensás que el sapo se va a volver príncipe”, precisó la política caleña.

Las experiencias que vivió con sus novios fueron muchas, y en algunas, incluso, estuvo en riesgo su vida por falta de responsabilidad. Cabal confesó que, en algunas ocasiones, ingerían alcohol hasta quedar ebrios, y estando en ese estado, conducían.

“Todos bebíamos aguardiente y todo mundo se emborrachaba. Yo no sé cómo no nos matamos. Yo tenía un pobre novio que me recogía, venía desde Palmira hasta Ciudad Jardín y a mí me gustaba rumbear en el norte (...). Qué horror, nos hubiéramos podido matar, yo manejé borracha también”, contó.

En una entrevista anterior que la senadora dio en La sala de Laura Acuña, también abordó la temática de sus parejas e hizo otra confesión: en varias oportunidades fue infiel, aunque reconoció que no soportaba la idea de descubrir a sus novios haciendo lo mismo.

“Lo fui, fui celosa porque era posesiva, como me gustaba tener novios guapos, claro que a veces les ponía los cachos a mis novios, pero no me gustaba que los pusieran a mí”, reveló.

El amor entre Cabal y Lafaurie

Ahora bien, su matrimonio con José Félix Lafaurie no se ajustaría precisamente a las historias de amor de los cuentos. Según contó, se casó con el presidente de Fedegán porque estaba enamorada, pero, sobre todo, porque sentía una fuerte admiración por él. Esa emoción positiva, que denota respeto y fascinación, fue clave para la congresista al momento de elegir a su actual pareja y padre de sus hijos.

A los 17 años, Cabal empezó a trabajar, a conseguir sus propios recursos y a valerse por sí misma, por eso, esperaba que la persona que llegara a su vida le diera “la talla” en ese sentido. “El reto para una mujer que empieza a hacerlo todo es encontrar quién le dé la talla”, dijo.

No obstante, Cabal aclaró que hay hombres que se asustan cuando una mujer es autónoma y tiene independencia económica. “Le empieza a matar al hombre la esencia de protección (...). Sienten temor de una mujer que sea tan independiente”, indicó.

Según la excandidata presidencial, su esposo no tiene ese “problema”, no se incomoda con el éxito y la independencia de las mujeres. Afirmó que es inteligente y que admira eso de él.

El actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción en el Fondo de Adaptación, entidad que lideró y que ahora está a cargo de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

Ante las acciones legales que tomó el funcionario, la Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa sobre los hechos, ordenando la práctica de pruebas para adelantar las averiguaciones pertinentes sobre los presuntos responsables. De igual manera, citó a Carrillo para que amplíe la denuncia y concrete los hechos que expuso bajo la gravedad de juramento.

Presunta corrupción en el Fondo de Adaptación: ¿qué pasó?

En la denuncia revelada por El Tiempo, se indica que Carlos Carrillo recibió un mensaje de texto en el que se le informó sobre los supuestos actos de corrupción que se habrían configurado en el Fondo. La persona que envió el mensaje mencionó a los presuntos involucrados:

• Freddy Alejandro Covilla, representante legal del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025.
• Verónica Villegas, asesora de la dirección del Fondo de Adaptación.

Las irregularidades que conoció Carrillo y que posteriormente expuso ante la Fiscalía están relacionadas con un contrato de $13.597 millones, del cual, al parecer, Villegas exigía un beneficio económico.

“Es posible advertir que la ingeniera Verónica Villegas, en su calidad de supervisora del contrato No. 385-2025 I, abusó de sus funciones y de la posición de poder que ostenta al interior del mismo, al inducir al señor Freddy Alejandro Covilla Martínez, representante legal del Consorcio Dinámicas Hídricas Mojana 2025, en el momento de requerir el pago correspondiente a la ejecución contractual, para que entregara el 10% del valor del contrato a cambio de tramitar dicho pago", indicó el director de la Ungrd en la denuncia que radicó ante la Fiscalía.

De acuerdo con el informativo citado, el director de la Ungrd recurrió al ente acusador apenas empezó a ser contactado por contratistas que advirtieron que uno de ellos había sido víctima de extorsión por parte de una persona del Fondo de Adaptación. Por otro lado, 6AM W de Caracol Radio reveló que Villegas salió de la entidad hace pocos días, y junto con ella también quedaron por fuera otras tres personas que ocupaban altos cargos:

• El líder del equipo de trabajo de Gestión Contractual y subgerente encargado de Estructuración, Carlos Olaya.
• La jefa del equipo de trabajo de Dinámicas Hídricas, Ligia Zárate.
• La líder del equipo de trabajo de Gestión Financiera, Diana Marcela Ramírez.

Por el momento, se desconoce si tanto Villegas como los demás exfuncionarios renunciaron o si fueron desvinculados por decisión unilateral del Fondo de Adaptación.

Otro escándalo que salpica al Fondo de Adaptación y a Carlos Carrillo

La actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, denunció en diciembre de 2025 que, al hacer un diagnóstico de la entidad, descubrió que hay varios contratos con un 0% de ejecución presupuestal, retrasos y presuntas irregularidades en el manejo de los recursos, criticando directamente la gestión de Carlos Carrillo como gerente.

Afirmó que, aunque el Fondo tenía una asignación de $1,1 billones para hacer una intervención integral en la región de La Mojana, la ejecución de ese dinero apenas era del 3%.

Hasta hoy, Rodríguez se mantiene en su denuncia y afirma que, debido a que reveló las anomalías en un espacio de rendición de cuentas, ahora está siendo víctima de una campaña de desprestigio y de todo tipo de intimidaciones, presuntamente provenientes de Carlos Carrillo y de otras personas que estarían interesadas en sacarla del Gobierno.

“Yo hago una rendición de cuentas. Y pues ahí es cuando sale mal parado (Carlos Carrillo). ¿Yo qué culpa tengo que él no haya ejecutado? (...). Querían aburrirme, querían sacarme, querían desprestigiarme para que yo me fuera y la plata quedara”, dijo la funcionaria, en diálogo con la revista Semana.

Durante un evento de entrega de 5.300 hectáreas de la Reforma Agraria, llevado a cabo en Puerto Boyacá, Magdalena Medio, el presidente Gustavo Petro reconoció que ha cometido errores al nombrar a varias personas en cargos de alto nivel en su administración. De acuerdo con la explicación que dio, no conocía a muchos de los funcionarios que han hecho parte de su Gobierno.

“Y sí, hay que decirlo, me he equivocado en mucha gente que he nombrado. No soy mago. La mayoría de personas no las conocía antes”, dijo el primer mandatario en el evento.

Sin embargo, defendió el equipo de trabajo que tiene actualmente, destacando que, pese a las amenazas, los riesgos y las dificultades que suponen sus funciones en los territorios, se han enfocado en velar por el bienestar y la justicia social de la población colombiana. A su juicio, los resultados positivos de su labor se evidencian en la manera como la ciudadanía los acoge cuando están en las regiones.

“Nos encanta más que los campesinos y campesinas nos aplaudan y nos abracen, que la gente trabajadora nos dé su cobijo, a que nos aplaudan tres banqueros que no saben ni en dónde están parados”, aseveró el jefe de Estado.

Algunos de los nombramientos errados de Petro

En ocasiones anteriores, el presidente Petro ha aceptado que se ha equivocado en las elecciones de ciertas personas para ocupar altos cargos en su administración, mencionando nombres propios. En el Consejo de Ministros que se llevó a cabo el 4 de febrero de 2025, por ejemplo, el primer mandatario afirmó que uno de los errores que cometió al configurar por primera vez su gabinete ministerial fue nombrar a Alejandro Gaviria como ministro de Educación.

“Mi mayor error fue haber puesto de ministro de Educación a Alejandro Gaviria, porque no entró a colaborar con el programa de Gobierno elegido por los colombianos, sino que buscó las maneras de detenerlo. Y no es el único ejemplo, y no es que se haya acabado con su salida, entonces la costumbre siguió”, indicó.

Gaviria estuvo en el cargo entre el 7 de agosto de 2022 y el 27 de febrero de 2023, lo que quiere decir que su paso por la cartera duró un poco más de seis meses, y la persona que lo sucedió fue Aurora Vergara, que tampoco duró mucho tiempo en el ministerio (un poco más de un año).

Otra designación que no salió como esperaba es la de Olmedo de Jesús López, que fue el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El exfuncionario estuvo en el cargo entre el 28 de abril de 2023 y el 29 de febrero de 2024 y su salida de la entidad fue escandalosa.

López fue partícipe de un entramado de corrupción que se gestó dentro de la Ungrd y que salpicó al Gobierno nacional y al Congreso de la República. La Fiscalía General de la Nación lo señala de haber direccionado contratos y desviado recursos públicos, que fueron a parar, en parte, a algunos congresistas que se comprometieron a impulsar las reformas sociales oficialistas en el Legislativo.

El exdirector reconoció su actuar ilícito, está siendo investigado por esos hechos y se espera una condena en su contra. Por su parte, el presidente Petro asegura no haber estado enterado de lo que ocurría al interior de la Ungrd, pero reconoce que se equivocó en el nombramiento de Olmedo López en la dirección de la entidad y por eso acepta que tiene responsabilidad política.

“Mire lo que pasó, en la rapidez se robaron la plata y es una responsabilidad mía porque yo puse a Olmedo al frente de la Ungrd. Ahora usted (Carlos Carrillo, actual director de la Ungrd) está recién posesionado y tiene que asumir esta tormenta, así que tiene que mover el cerebro rápidamente porque si no, el caballo lo tumba”, dijo el mandatario en un evento público realizado en la región de La Mojana, en mayo de 2024.

Por otro lado, el jefe de Estado ha sido cuestionado por mantener a ciertos políticos en su Gobierno, pese a que tienen investigaciones en curso y han surgido denuncias públicas en su contra por violencias basadas en género, como es el caso del ministro del Interior, Armando Benedetti.

Pese a las críticas, Petro lo defiende: “Benedetti mantiene sus cosas positivas, que siempre hay que ver, porque todo hombre y mujer necesita una segunda oportunidad”, dijo en el Consejo de Ministros del 4 de febrero de 2025.

Juliana Guerrero sigue en el ojo del huracán. Además de ser señalada de haber gestionado de manera irregular su titulación como contadora pública y como tecnóloga en gestión contable, es criticada por contar con un esquema de seguridad proporcionado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), a pesar de que no es servidora pública.

De acuerdo con el periodista Jacobo Solano, la joven cuenta con un robusto esquema de seguridad: tendría a su disposición entre dos y tres camionetas y entre seis y nueve hombres de protección, que se le asignan según las circunstancias de riesgo que se presenten en las regiones que visita, entre ellas, el Cesar.

“Parece que llega la primera dama de la nación, con una caravana que se destaca por donde pasa. La pregunta es: ¿por qué Juliana Guerrero, sin ser funcionaria pública, tiene esa cantidad de escoltas? (sic)”, cuestionó el comunicador y columnista colombo-italiano.

El exconcejal de Bogotá y congresista electo Daniel Briceño criticó el esquema que tiene Juliana Guerrero, advirtiendo que hay otras personas en el país que enfrentan peligros por su labor, como los líderes y lideresas sociales, que corren el riesgo de ser asesinados.

En su publicación en X, cuestionó directamente al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por gestionar y entregar un esquema de seguridad a la joven.

“3 carros blindados y hasta 9 escoltas para Juliana Guerrero pagados con los impuestos de los colombianos, mientras asesinan a líderes sociales, extorsionan comerciantes y atracan ciudadanos. El siniestro director de la UNP es una absoluta vergüenza para este país”, aseveró.

Dos nombramientos y una solicitud de protección para Guerrero: todo en un mismo día

En un video publicado en las redes sociales oficiales de la UNP, Rodríguez se pronunció sobre la polémica, que volvió a estar en el radar gracias a declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez. La funcionaria aseguró que a Guerrero se le brindó un esquema de seguridad de manera ágil, sin ser servidora pública y sin que se comprobara que su integridad y su vida corrían riesgo.

“El señor Augusto, en su momento, sí fue así, rapidito, para sacarle las medidas a Juliana Guerrero (...). Entonces, el señor Augusto, de la UNP, para unas cosas sí es ágil, para otras no”, aseveró Rodríguez, en diálogo con la revista Semana.

Al respecto, el director de la UNP recordó que fue la misma funcionaria la que solicitó que se le otorgara protección a Juliana Guerrero. Llevó a cabo el trámite el 6 de marzo de 2025, cuando fungía como directora del Dapre, enviando una carta dirigida a Augusto Rodríguez, en la que pidió la inscripción de la joven en el programa de prevención y protección.

A pesar de que ahora afirma que la señora Guerrero no presentaba riesgo para ese entonces, en dicha solicitud, la propia doctora Rodríguez expone un listado de links de los que se supone se derivan los riesgos que, a su juicio, ameritaban la asignación de protección. Curiosa contradicción”, dijo.

El funcionario advirtió que ese mismo 6 de marzo de 2025, “ocurrieron cosas inusitadamente veloces”. Primero, a través de la Resolución N° 0312, el Ministerio del Interior nombró a Juliana Guerrero secretaria Ejecutiva de Despacho del titular de la cartera, Armando Benedetti. Después, mediante otro acto administrativo, la joven también fue designada como coordinadora del Grupo de Coordinación del Gabinete del Ministerio del Interior.

Según la gerente del Fondo de Adaptación, Juliana Guerrero acumula un vasto poder dentro del Gobierno nacional, a pesar de que actualmente no ostenta ningún cargo en la administración del presidente Gustavo Petro.

“Controla el Fondo Colombia Paz, controla el Dapre, ha intentado controlar el fondo del Ministerio de la Igualdad. O sea, es una locura todo esto”, afirmó Angie Rodríguez en entrevista con Semana.

El exministro de Relaciones Exteriores Álvaro Leyva fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo y sucesivo. El excanciller es investigado por irregularidades en el proceso de licitación mediante el cual se definiría el suministro de los pasaportes en Colombia.

“La Sala declara formalmente acusado al doctor Álvaro Leyva Durán, anterior ministro de Relaciones Exteriores, como autor del concurso eventual de prevaricato por acción”, precisó la jueza.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el exfuncionario profirió tres actos administrativos que eran contrarios a la ley, con el fin de “obstruir” la licitación 001 de 2023, adelantada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio.

El concurso público tenía por objeto definir qué empresa se encargaría de la “expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026″ y de la impresión y entrega de etiquetas de visa colombiana. El valor de esa licitación era de $559.000 millones.

Cronología de los hechos

El excanciller Álvaro Leyva puso freno a la licitación pública mediante la cual se definiría qué empresa se encargaría del suministro de los pasaportes en Colombia, pese a que, luego de que se agotaran todas las etapas del proceso, el comité evaluador estableció que había un proponente habilitado para la adjudicación del contrato: la Unión Temporal Pasaportes 2023, que cumplía todos los requisitos exigidos y obtuvo el mayor puntaje.

Sin embargo, el 13 de septiembre de ese año, el hoy acusado profirió la Resolución No. 7485, a través de la cual declaró desierta la licitación. La justificación de esta decisión fue la presunta afectación de los principios de libre concurrencia e igualdad en el proceso.

“Con esta decisión se garantizan (...) los derechos de los eventuales proponentes que pudieron haber participado en este proceso, a la libre concurrencia y a la igualdad de trato y de oportunidades, y especialmente al derecho de unos y otros a la dignidad humana”, indicó la Cancillería en un comunicado en el que informó sobre la declaratoria establecida por la cartera.

El representante del proponente que se quedaría con el contrato interpuso un recurso de reposición. Entonces, al día siguiente (14 de septiembre), el excanciller expidió la Resolución No. 7540, mediante la cual mantuvo la declaratoria de desierto.

Y ese mismo día, emitió otro acto administrativo (Resolución No. 7541). “Leyva Durán emitió una nueva resolución para declarar la urgencia manifiesta y así permitir que el contrato de pasaportes fuera asignado de manera directa, sin licitación y participación de otros aspirantes. Para la fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia que dirige la investigación, Leyva Durán puso en riesgo la emisión de pasaportes”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

El ente acusador asegura que los argumentos de la Cancillería para declarar desierta la licitación no constituían un fundamento legal suficiente para impedir la adjudicación del contrato a la Unión Temporal Pasaportes 2023. Además, afirma que la cartera tampoco cumplió con los presupuestos legales exigidos para declarar la urgencia manifiesta en el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por eso, imputó y acusó formalmente a Álvaro Leyva por el delito de prevaricato por acción. La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por su parte, reconoció como víctima al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y deberá convocar a las partes e intervinientes para la celebración de la audiencia preparatoria de juicio, que es la siguiente etapa procesal que se adelantará para definir la situación jurídica de Leyva.

Ante los medios de comunicación, el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, informó sobre la situación de la empresaria Zulma Guzmán, señalada de haber gestionado el envenenamiento de menores de edad con talio en Bogotá. De acuerdo con el jefe de la cartera, la extradición de Guzmán a Colombia desde el Reino Unido podría no definirse en 2026.

Primero se debe programar la visita de una experta independiente que verificará las condiciones de reclusión que tendría la empresaria en Bogotá, específicamente, en la cárcel La Modelo. Esa persona determinará si el penal cumple con los estándares establecidos por la Convención Europea de Derechos Humanos.

“Esa es una exigencia del sistema judicial británico. Cada mes hay una audiencia de control y hasta el mes de noviembre habría una primera audiencia donde podría empezar a saberse si se va a conceder la extradición. Antes de noviembre no sabemos si va a ser extraditada o no”, detalló.

El ministro aclaró que “difícilmente este año eso se va a decidir”. Se espera que en la audiencia de noviembre ya se cuente con el concepto de la experta independiente sobre las condiciones de reclusión en La Modelo y que, de esta manera, se pueda avanzar en el proceso de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación.

Sin embargo, hay otro escenario que debe ser contemplado: la posibilidad de que se apruebe la extradición de Zulma Guzmán y que ella apele esa decisión. “Esa persona puede apelar esa decisión y se va a segunda instancia. Los sistemas judiciales son complejos y las personas que van a ser extraditadas tienen una serie de garantías”, detalló.

En su momento, el ministro aseguró que la situación jurídica de la empresaria puede ser resuelta por las autoridades colombianas mientras la procesada continúa en Reino Unido. En diálogo con la revista Semana, el funcionario precisó que, en caso de que no se llegara a aprobar la extradición de Guzmán, eso no quiere decir que haya impunidad.

La Fiscalía puede continuar con la investigación, acusarla formalmente en ausencia y, si las pruebas presentadas son suficientes para demostrar su responsabilidad en los hechos, un juez en Colombia puede declararla culpable y proferir una sentencia condenatoria en su contra.

“Puede haber una condena, la cual, por medio de los mecanismos de cooperación judicial, ella podría cumplirla perfectamente en el Reino Unido”, detalló.

En enero de 2026, la procesada fue presentada ante el Tribunal de Westminste. En la diligencia, en la que le fue notificado el inicio del trámite de extradición en su contra, solicitó no ser enviada a Colombia. Mientras su extradición se define, permanece privada de la libertad en el Reino Unido, por decisión de la jueza de distrito Sarah Turnock, que ordenó que Guzmán fuera cobijada con prisión preventiva.

El medio de comunicación británico The Sun informó que se ordenó el traslado de la empresaria colombiana a la prisión HMP Bronzefield.

Los hechos por los cuales es investigada Zulma Guzmán

La Fiscalía de Colombia señala a Zulma Guzmán como responsable de haber gestionado el envío de frambuesas contaminadas con talio a una vivienda en Bogotá, donde se encontraban dos adolescentes de 13 y 14 años, identificadas como Emilia Forero e Inés de Bedout. Las menores de edad consumieron los frutas y presentaron afectaciones en su salud, finalmente, fallecieron (abril de 2025). Otra menor y un joven de 21 años también resultaron afectados por el consumo de las frambuesas, pero sobrevivieron.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

Guzmán fue ubicada en Londres (Inglaterra) en diciembre de 2025 y desde entonces, se está gestionando su extradición para que enfrente a la justicia colombiana por estos hechos. Además, en el curso de las investigaciones se determinó que la empresaria podría estar relacionada con otros casos de envenenamiento con talio. La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, aseguró que podría tratarse de una asesina serial.

“Tenemos evidencia cierta de otro caso que ocurrió aproximadamente hace un año y que involucra a una familiar de la señora Zulma. Tenemos el mismo método de envenenamiento y el grupo de investigación y de criminalística ha encontrado evidencia científica que muestra un episodio de envenenamiento con unas características muy similares, lo cual nos hace pensar en que podemos estar ante un episodio de asesinato serial”, dijo la fiscal ante los medios.

El menor tenía un diagnóstico de hemofilia A severa, que implica sangrados frecuentes y espontáneos. Requería de un medicamento para evitar hemorragias, el cual era garantizado por la Nueva EPS y un prestador de servicios de salud asignado. Sin embargo, durante dos meses no tuvo acceso a la medicina. El hecho de no haber estado medicado cuando sufrió el accidente complicó su estado de salud y finalmente falleció.

El caso de Kevin Acosta no es el único que se registra en Colombia. La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) denunció que hay otro menor de edad con el mismo diagnóstico de hemofilia A severa que no ha podido continuar con su tratamiento, debido a que no cuenta con el medicamento que el sistema de salud debe garantizarle.

“Esto no puede esperar. Samuel España, 13 años, vive con hemofilia tipo A severa. Su tratamiento con factor VIII fue suspendido por @AsmetSalud administrada por el gobierno. ¡Hoy está hospitalizado!”, informó Fecoer en su cuenta de X.

En un video compartido por la federación, el niño, que vive en El Rosario (Nariño), explicó que nació con la enfermedad y que para mantenerla controlada necesita el medicamento Factor VIII Jivi. Sin embargo, lleva 15 días sin recibir la medicina, porque su EPS, que se encargaba de pagar el fármaco y la enfermera que se lo aplicaba, “colapsó”. “Me quedé sin nada”, dijo.

Esto supone un problema para él, no solo porque afecta su salud; representa una limitación en sus actividades diarias, debido a que es un niño “hiperactivo” que disfruta jugar fútbol y arreglar bicicletas. Estas acciones constituyen un riesgo para él, puesto que no se le está dando el manejo adecuado a su enfermedad con el respectivo medicamento.

La falta del Factor VIII ya está afectando su salud. “Desde el primer día sin medicamento me empezaron los moretones y los dolores, y hace una semana comenzó el sangrado en la rodilla. Esto se llama hemorrosis (hemartrosis), un sangrado dentro de la articulación, y yo puedo quedar con esa pierna dañada para siempre", explicó.

De acuerdo con el paciente, su familia no cuenta con las condiciones económicas para sufragar el medicamento que necesita. Su padre trabaja en el campo y su madre cumple con labores de aseo en viviendas, pero solo cada vez que está disponible para ello, porque la mayor parte del tiempo se dedica a cuidar de él y a gestionar citas médicas y todo tipo de trámites relacionados con su salud.

En ese sentido, el niño aclaró que su situación actual hace que dependan completamente del sistema de salud para garantizar el manejo de la hemofilia que padece. Ese escenario resulta complejo debido a las fallas que presenta el sistema en materia de atención de los afiliados y sobre todo, en el suministro de medicamentos.

“No puede tener un trabajo fijo porque su trabajo fijo soy yo. Nosotros tenemos que pagar este medicamento, Factor VIII Jivi, y cuesta lo que una familia como la mía no podría pagar nunca. Por eso dependemos del sistema de salud y el sistema de salud nos falló”, precisó.

En la grabación compartida por Fecoer se advirtió que el estado de salud del menor es grave. Está hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Clínica Infantil Club Noel (Cali); el personal de salud está estudiando cómo salvar su movilidad y evitar un daño permanente en su rodilla.

“Su familia es de escasos recursos y hoy están en Cali. Solo pedimos de corazón que no lo olviden. Samuel solo sueña con sanar y tener una vida normal como los demás niños”, se lee en el video.

La Corte Constitucional ratificó la sentencia a partir de la cual declaró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es competente para investigar al mandatario Gustavo Petro por la presunta violación de topes de financiación en su campaña presidencial. En su decisión, determinó que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es el órgano constitucional responsable de investigar al jefe de Estado en la materia.

El presidente Petro reaccionó a la ratificación de la Corte Constitucional, informando que no descarta la posibilidad de tomar acciones legales contra los magistrados y miembros del CNE que lo investigaron. Pues, en octubre de 2024, la autoridad electoral abrió una investigación formal y formuló cargos en su contra, incluyendo también a otras personas involucradas en la campaña.

“Consultaré con mis abogados si lo cometido por magistrados y miembros del Consejo Electoral fue un prevaricato, para poner las acciones respectivas. De hecho, la investigación que se desarrolla tiene varias bases de nulidad”, precisó el jefe de Estado en su cuenta de X.

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del primer mandatario, se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que indicó que sí se tomarán acciones legales contra los magistrados.

Explicó que allegarán esas denuncias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Además, calificó la investigación adelantada por el CNE contra el presidente como un acto de persecución con tintes políticos.

“Querían evitar lo inevitable. Los llevaremos en causa penal ante la Comisión de acusaciones, pero un juez que excede sus funciones para perseguir al presidente y hacer de la justicia un arma política debe responder ante la verdad y la sociedad por sus actos”, aseveró.

No es la primera vez que el presidente Petro advierte sobre la presunta conducta ilegal de los magistrados del CNE. En octubre de 2024, cuando el CNE ya había anunciado la apertura de investigación y formulación de cargos en su contra, instó a los abogados del país a estudiar su caso y a denunciar a los togados por el delito de prevaricato.

Según el Código Penal Colombiano, un servidor público puede incurrir en el delito de prevaricato por acción cuando emite resoluciones, dictámenes o conceptos contrarios a la ley vigente. En este caso, los magistrados habrían violado la normativa al adelantar actuaciones contra el presidente Petro cuando no estaban facultados para hacer indagaciones sobre él.

En consecuencia, el jefe de Estado indicó: “Apenas entreguen el documento del CNE abriendo cargos contra el presidente de la república, y que ya esta firmado, invito a todas y todos los abogados de Colombia a poner la denuncia por prevaricato contra los firmantes. Con este hecho inicia formalmente el golpe de estado en Colombia (sic)”.

De acuerdo con un comunicado que emitió el CNE en su momento, solo dos magistradas salvaron su voto al momento de abrir la investigación y formular cargos contra el mandatario y los demás integrantes de la campaña presidencial: las togadas Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.

Es de aclarar que el CNE tomó esa decisión basándose en un concepto emitido en agosto de 2024 por el Consejo de Estado, en el que aseguró que la autoridad electoral sí era competente para investigar a Gustavo Petro por la violación de topes de financiación en la campaña.

“DECLARAR COMPETENTE al Consejo Nacional Electoral, para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si a ello hay lugar”, determinó el Consejo de Estado en su momento.

El concepto del máximo juez de la administración pública fue invalidado por la Corte Constitucional en junio de 2025, cuando determinó que el CNE no podía investigar al presidente.

La Sala Plena de la Corte Constitucional ratificó la decisión que tomó en una sentencia sobre la competencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) de investigar al presidente Gustavo Petro por la presunta violación de topes de financiación en la campaña de 2022, con la que ganó la Presidencia.

En dicha sentencia, el alto tribunal determinó que el CNE no está facultado para investigar al primer mandatario y que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes es la responsable de hacerlo. El CNE solo se encarga de investigar y sancionar la campaña, cosa que ya hizo, estableciendo sanciones para sus integrantes, al determinar que sí hubo violación de topes de financiación. Los afectados son:

• Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña.
• Lucy Aydee Mogollón, tesorera.
• María Lucy Soto Caro, auditora interna durante la primera vuelta presidencial.

Ahora bien, pese a que la Corte Constitucional determinó que el CNE no es competente para investigar al jefe de Estado, el Consejo de Estado tiene una posición contraria, y por eso solicitó tumbar la sentencia en la que se adoptó esa postura. Sin embargo, su petición fue rechazada y el presidente Gustavo Petro respaldó esa decisión.

“La corte constitucional no acepta anular su fallo sobre que no se me debe investigar por el Consejo Nacional Electoral sino en el tiempo que establece la ley y que se cumplió con acto del mismo Consejo de Estado donde se dijo que no había sobre topes ni irregularidades en mi campaña”, indicó el jefe de Estado en su cuenta de X.

En ese sentido, informó que consultará con sus abogados si es posible que los miembros del CNE que alcanzaron a investigarlo hubieran incurrido en algún delito. Incluso, advirtió que las indagaciones que se adelantan sobre las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña podrían tambalear.

“Consultaré con mis abogados si lo cometido por magistrados y miembros del Consejo Electoral fue un prevaricato, para poner las acciones respectivas. De hecho, la investigación que se desarrolla tiene varias bases de nulidad”, precisó.

El Código Penal Colombiano establece en su artículo 413 que el delito de prevaricato por acción puede ser endilgado a cualquier servidor público que profiera resoluciones, dictámenes o conceptos que van en contra de la ley. El incurrir en este tipo penal puede derivar en una pena de prisión de entre 48 y 144 meses, así como en una multa de entre 66,66 y 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes. También se corre el riesgo de quedar inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas (entre 80 y 144 meses).

Así fue la disputa sobre la competencia para investigar al presidente

En el caso de Petro, en octubre de 2024, el CNE abrió una investigación y formuló cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, incluyendo en su decisión al presidente de la República; al gerente de la campaña, Ricardo Roa; a la tesorera Lucy Aydee Mogollón Alfonso; a los auditores María Lucy Soto y Juan Carlos Lemus; al movimiento político Colombia Humana; y al partido Unión Patriótica.

Entonces, endilgó a todas las personas y movimientos mencionados la presunta vulneración al límite de gastos de la campaña por $3.709.361.342 (primera vuelta) y $1.646.386.773 (segunda vuelta).

Para entonces, el Consejo de Estado había declarado competente al CNE para investigar al presidente Petro y para imponer las sanciones administrativas correspondientes. No obstante, en junio de 2025, la Corte Constitucional se fue en contra del concepto emitido por el máximo juez de la administración pública y determinó que la autoridad electoral no está facultada para indagar sobre el papel del jefe de Estado en las presuntas irregularidades identificadas en la financiación de la campaña.

“La Cámara de Representantes es la autoridad competente para asumir la investigación respecto del ciudadano Gustavo Petro, en su calidad de presidente de la República, por las presuntas irregularidades en la financiación de la campaña”, indicó en la sentencia.

Con base en esta decisión, en noviembre de 2025, el CNE sancionó a la campaña que llevó a Petro a la Presidencia, pero excluyó al primer mandatario de su lista de sancionados.

En un debate de control político que se llevó a cabo el 22 de abril de 2026 en la Comisión Tercera del Senado de la República, representantes del Banco de la República dieron explicaciones sobre las decisiones que ha tomado la junta directiva en relación con la tasa de interés. Esto, teniendo en cuenta que su última determinación fue incrementar en 100 puntos básicos (pbs) la tasa de interés de política monetaria, ubicándola en un 11,25%.

Esto causó molestia en el Gobierno nacional. Tanto así que el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila, anunció en su momento un distanciamiento de la junta directiva del banco central. Aseguró que sus decisiones son irresponsables y que no están alineadas con la realidad económica del país.

En la sesión de la comisión, el codirector del Banco de la República, César Giraldo, explicó que uno de los objetivos de establecer una tasa de interés alta es reducir la demanda agregada, encareciendo el financiamiento. Su fin es controlar la oferta monetaria a través de los créditos bancarios. Sin embargo, aclaró que “hay un debate técnico” al respecto, el cual se ha adelantado de manera respetuosa entre los directores del banco central, y por eso, pidió al Gobierno que respete la labor y las decisiones que toma la junta directiva en la materia.

“Lo hemos dado en la junta directiva. Tenemos muy buenos términos entre todos los miembros de la junta directiva. El debate ha sido respetuoso. Yo llamo al gobierno que también tenga un mensaje respetuoso hacia los miembros de la junta directiva y sobre todo a las mujeres de la junta directiva”, precisó.

El funcionario se refirió específicamente a las mujeres, porque, en su momento, el presidente Gustavo Petro aseguró que una de las codirectoras del Banco de la República hizo parte de la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL) y que ahora es “fascista”.

En consecuencia, el gerente del banco central, Leonardo Villar Gómez, rechazó las declaraciones del primer mandatario, afirmando que el hecho de decir que alguna de las codirectoras tiene un pasado guerrillero constituye una “degradación”.

“Esa degradación de los funcionarios y, más aún, algo que me ha parecido particularmente llamativo, la degradación de las mujeres miembros de la junta directiva del Banco de la República (...). Va más allá de lo que yo hubiera podido imaginar”, aseguró el gerente en la sesión ordinaria de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes, que se llevó a cabo el 15 de abril de 2026.

Sin embargo, el ministro de Hacienda cuestionó a Villar Gómez por su postura en contra de quienes ejercieron la militancia en algún grupo armado. Hizo énfasis en su caso, recordando que fue integrante del M-19 –al igual que el presidente Gustavo Petro–, asegurando que eso no lo avergüenza.

“El conflicto relacionado con las mujeres guerrilleras. Doctor Villar, fui guerrillero y soy un desmovilizado del M-19. No me avergüenza, no lo oculto ni lo considero una degradación. Le pido que lo tenga presente, porque esto forma parte de la falta de comunicación y de lenguaje que existe en el Banco de la República y en su junta directiva”, dijo Germán Ávila.

Ahora bien, en el debate de control político realizado el 22 de abril, el jefe de la cartera afirmó que el Gobierno de Gustavo Petro está interesado en reducir las tensiones con los directores del Banco de la República y discutir en profundidad los temas económicos que son de interés nacional.

“El Gobierno está dispuesto a continuar con el debate, a dar el debate necesario en la Junta Directiva (...). Creemos que es necesario, que es conveniente para mejorar la armonía de la relación entre el Banco de la República y el Gobierno”, explicó el ministro de Hacienda en el Congreso de la República.

En conversación con La FM, Juliana Guerrero, que esperaba convertirse en viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, negó los señalamientos que hizo en su contra Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).

De acuerdo con la funcionaria, la joven haría parte de un grupo de más de 20 personas que estarían interesadas en atacarla y sacarla del Gobierno nacional. Asimismo, afirmó que en varias oportunidades, Guerrero dijo que tenía nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Nadie se va a aguantar las presiones de ellos, y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí, y más cuando la señora Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”, detalló la funcionaria, en conversación con Semana.

Al respecto, Juliana Guerrero dijo que en ningún momento le dijo a Rodríguez que ella era “cercana al ELN” o que tuviera relación con el grupo armado. Incluso, indicó que fue “víctima” de la violencia ejercida por los grupos criminales en el país, puesto que un tío suyo fue asesinado por los paramilitares.

En ese sentido, aseguró que las acusaciones en su contra son graves y falsas, pero Angie Rodríguez insistió en su denuncia. “Ella me lo dijo, yo no tengo por qué decir mentiras”, precisó la funcionaria al mismo medio.

Asimismo, indicó que el ELN debería pronunciarse al respecto y explicar si, en efecto, Guerrero tiene algún vínculo con el grupo armado. “Sería importante que el mismo ELN confirme eso, porque si no, entonces la señora por qué dice eso abiertamente, ¿me explico? Si me lo hizo a mí, o sea, yo la escuché. Imagínese otros funcionarios u otras personas. Por eso es que ella tiene un macropoder, que todo el mundo dice: ¿pero por qué no le pasa nada?”, detalló.

De igual manera, aseguró que decidió denunciar los hechos públicamente, porque ha estado viviendo bajo amenazas e intimidaciones que han afectado su calidad de vida y el cumplimiento de sus funciones. De hecho, en entrevista con la revista Semana, advirtió que su familia también está en riesgo y que por eso solicitó un refuerzo de su esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“Simplemente me cansé, me aburrí de que me tuvieran ya sin respirar, que no me dejaran trabajar, que no me dejaran ejercer mis funciones, que me degradaran todo el tiempo, porque es que una cosa es lo mediático que ustedes ven acá; otra cosa es lo que me han hecho por debajo”, dijo a La FM.

Angie Rodríguez advirtió: “O me quieren matar o me quieren llevar presa”

En conversación con la revista Semana, la funcionaria expuso apartados de una conversación de WhatsApp en la que, presuntamente, se evidencia un diálogo entre el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo, y un supuesto espía que tenía en el Fondo de Adaptación cuando Angie Rodríguez llegó a la entidad para liderarla.

Rodríguez aseguró que el funcionario hace parte de ese grupo de personas que quiere desprestigiarla y sacarla del Gobierno y, en el chat, habrían quedado demostradas sus intenciones. Al parecer, Carrillo dijo al señalado espía lo siguiente: “Lo que ella (Angie Rodríguez) no sabe es que adentro le lloverá candela”.

A juicio de la gerente, esa aseveración puede tener dos significados: “O me quieren matar o me quieren llevar presa, lo tengo clarísimo”, dijo.

El director de la Ungrd se pronunció sobre las acusaciones en su contra, afirmando que todas son falsas y que las conversaciones de WhatsApp tampoco corresponden a la realidad. “Esto claramente es una prueba fabricada y eso se cae de su peso”, advirtió, en entrevista con Caracol Radio.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, desmintió a la legisladora de la derecha, informando que la entidad no ha emitido ningún comunicado o informe que dé cuenta de una presunta “coacción” de organizaciones criminales para favorecer a Cepeda en la contienda electoral.

“Pedimos a todos los actores políticos y a todas las campañas electorales actuar de una manera que se promueva un proceso electoral libre y en paz para nuestro país”, dijo la funcionaria.

Al respecto, el candidato criticó el hecho de que Valencia hubiera hecho esas acusaciones en el Congreso, afirmando incluso que “podía demostrar esa aseveración tan irresponsable, temeraria y calumniosa”. En consecuencia, advirtió que la senadora estaría recurriendo a señalamientos falsos para ser escuchada por la ciudadanía y beneficiarse de la desinformación.

“Mi pregunta a los medios de comunicación: ¿por qué esa declaración tan importante no se le ha dado la suficiente relevancia? Es muy grave que la señora Valencia, que es una mentirosa, lo digo claramente, pues utilice esta clase de campañas y de estilos para producir efectos en la opinión pública”, precisó.

La defensora del Pueblo recalcó que, así como no hay ningún informe oficial que respalde lo dicho por Paloma Valencia, tampoco cuenta con información que permita confirmar que las organizaciones criminales están recurriendo a la violencia para favorecer la candidatura de Iván Cepeda en la regiones. Por eso, pidió respeto por la entidad y el trabajo que lleva a cabo.

Explicó que su labor de cara a las elecciones presidenciales se ha centrado en emitir comunicaciones e informes que contribuyan a la construcción de la democracia y al desmantelamiento de la desinformación y de la estigmatización. “Las actuaciones del día de hoy de la senadora van en contravía de esos principios”, indicó.

Dando cumplimiento a esa tarea, la Defensoría alertó sobre el deterioro del debate democrático en Colombia, debido a la violencia que se ha exacerbado en los entornos digitales y a los discursos de odio que se están esgrimiendo, los cuales ponen en riesgo la vida de los aspirantes a la Presidencia y a la Vicepresidencia.

“Se evidencia una alta recurrencia de la violencia contra las mujeres en la política, con ataques basados en estereotipos de género, sexualización y descalificaciones personales, así como agresiones por prejuicio hacia personas con orientaciones sexuales diversas y manifestaciones de racismo contra candidaturas afrodescendientes e indígenas. También afectaciones a sedes, presencia de actores armados en eventos públicos”, explicó.

De acuerdo con la información recolectada por la entidad, los aspirantes Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Claudia López, Aída Quilcué y Sondra McCollins suelen ser blanco de agresiones basadas en género o que están orientadas a la estigmatización y a la difamación. De hecho, afirmó que la dupla Iván Cepeda y Aída Quilcué presenta el mayor número de ataques difamatorios y estigmatizantes.

Por otro lado, el candidato Luis Gilberto Murillo y la candidata vicepresidencial Quilcué han sufrido señalamientos racistas, mientras que Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo se han enfrentado a escenarios de difamación. Por su parte, Sergio Fajardo suele ser objeto de ataques ofensivos.

Esta situación demuestra la persistencia de la violencia política en el país, la cual está generando un ambiente de miedo, desinformación, hostilidad y autocensura. Es así como la democracia en Colombia se está debilitando, impidiendo a la ciudadanía elegir libremente en las urnas.

En diálogo con la revista Semana, la gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, reveló la presunta existencia de una red criminal al interior del Gobierno nacional. De acuerdo con sus declaraciones, más de 20 personas estarían inmersas en un plan para desprestigiarla y sacarla de la administración.

Aseguró que las personas involucradas serían el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo; el jefe de despacho de la Presidencia, José Raúl Moreno; y Juliana Guerrero, que iba a ser nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Al parecer, Carrillo tenía un “espía” en el Fondo de Adaptación –del cual fue gerente antes de que llegara Angie Rodríguez–, que le informaba de todo lo que hacía la funcionaria en la entidad. Según Rodríguez, el señalado espía intentó extorsionarla y, en sus intentos por amedrentarla, mencionó a Carrillo, a Moreno y a Guerrero.

“En una de las amenazas y extorsiones que me entrega el espía, me habla de Juliana Guerrero y me dice: ‘Es que yo tengo cosas tuyas y yo le voy a pasar a Juliana Guerrero, y yo también me hablo con Carrillo y también el señor de Palacio, que en este caso es Raúl Moreno’”, detalló.

Sobre el jefe de despacho, afirmó que “tiene encerrado” al presidente Gustavo Petro y que se ha dedicado a desprestigiar a las personas “buenas” que están en el Gobierno. “Es hablador y dice que él tiene que ir a la inteligencia y que él mueve una cosa y la otra. El tipo lo encerró, lo encerró otra vez en Palacio”, dijo.

La respuesta de José Raúl Moreno

En conversación con Blu Radio, Moreno se pronunció sobre las acusaciones que hizo Rodríguez, las cuales, según la funcionaria, están en manos de las autoridades competentes. En su intervención, negó los señalamientos en su contra, afirmando que no es la primera vez que dice presuntas falsedades sobre él.

“Este es el cuarto ataque de la señora Angie contra mí. Empezó en Egipto, donde intentó sacarme, pero con la señora Angie todo se queda en un chisme, todo se queda en una habladuría, todo se queda en un cuento”, aseveró.

De igual manera, negó mantener aislado al jefe de Estado, aclarando que esa sería una tarea compleja y poco probable. “Eso no se lo cree ni el esquema presidencial”, afirmó.

Además, indicó que durante su estancia en la administración ha centrado sus esfuerzos en mejorar la comunicación del primer mandatario con las demás personas. “Si alguien ha abierto esa agenda, me lo reconocen hasta los mismos miembros del Gobierno, y trata de que ojalá el presidente atienda a todo el mundo, soy yo”, explicó.

En consecuencia, atribuyó las denuncias de Rodríguez a problemas de salud mental. “De verdad que ya es un caso patológico, incluso de tratamiento psicológico. Entonces ya no me voy a desgastar con eso”, concluyó.

La respuesta de Carlos Carrillo a las denuncias

El director de la Ungrd, Carlos Carrillo, también dio declaraciones sobre lo dicho por Angie Rodríguez, asumiendo la misma postura que Raúl Moreno: negó todas las acusaciones en su contra. Aseguró que la funcionaria estaría buscando generar una “tormenta mediática” para afectar al Gobierno nacional en plena época electoral.

Además, rechazó las pruebas que presentó la gerente para acusarlo, que son capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp en las que se evidenciarían diálogos entre él y el supuesto espía que tenía en el Fondo de Adaptación.

“Esto claramente es una prueba fabricada y eso se cae de su peso (...). Todas las personas que hayan cruzado una conversación conmigo por WhatsApp saben que yo, por ejemplo, abro las exclamaciones… la sintaxis no tiene nada que ver con la forma en que yo escribo”, señaló, en entrevista con Caracol Radio.

Las denuncias que hizo Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, en relación con una presunta red criminal en el Gobierno, causaron revuelo en el país político.

El representante a la Cámara Eduar Alexis Triana se pronunció al respecto en la sesión de la Comisión Sexta de la Cámara llevada a cabo el 22 de abril de 2026, informando sobre la toma de medidas para indagar sobre los hechos expuestos por la funcionaria, en los cuales estarían involucrados funcionarios de alto nivel del Gobierno.

La exdirectora del Dapre mencionó específicamente al director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo; al jefe de despacho presidencial, Raúl Moreno; y la joven Juliana Guerrero, que estuvo en el Ministerio del Interior y en otras entidades, y que por poco llega a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad.

Las denuncias de Angie Rodríguez que salpican a Carrillo, Moreno y Guerrero

De acuerdo con las declaraciones de Rodríguez a la revista Semana, los tres integrarían un grupo de más de 20 personas que quieren afectar su imagen y sacarla del Gobierno. Esto, debido a denuncias que hizo en su momento y al hecho de que quienes la persiguen estarían en la búsqueda de poder y dinero.

Aseguró que cuando llegó al Fondo de Adaptación, encontró inconsistencias en la ejecución presupuestal, las cuales denunció. Como represalia, presuntamente, Carrillo habría optado por atacarla constantemente en redes sociales y medios, e incluso, habría llegado a tener un espía en la entidad para conocer todos sus movimientos como gerente.

“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (...) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder “traficar” presuntamente la información”, explicó a la revista.

De igual manera, afirmó que fue ella la que denunció al interior del Gobierno las anomalías alrededor de los títulos en Contaduría Pública y Gestión Contable de Juliana Guerrero, los cuales consiguió en la Fundación de Educación Superior San José, pese a no cumplir con los requisitos para ello.

Congresistas exigen respuestas y citan a debate de control político

Ante estas revelaciones, el representante a la Cámara del Centro Democrático informó sobre la citación a un debate de control político en el que deberán estar presentes Carlos Carrillo y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Los funcionarios tendrán que responder por las denuncias realizadas por Rodríguez y por los títulos falsos de Juliana Guerrero.

“Anunciamos, primero, debate de control político al doctor Carrillo (...); segundo, ministro de Educación, que nos tiene que venir a explicar la situación de la Universidad San José y el carrusel de los títulos falsos”, detalló.

Asimismo, pidió a la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, que tome las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de la gerente del Fondo de Adaptación, debido a que ha sido víctima de amenazas y “teme por su vida”. “Exigimos desde el Congreso de la República y desde la Comisión Sexta, seguridad para esta persona y que se aclare de una vez por todas esta situación tan grave“, añadió.

De hecho, en la entrevista con la revista Semana, la funcionaria solicitó al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, que le otorgue un esquema de seguridad. Tras salir del Dapre, se quedó sin los hombres de protección con los que contaba y, estando en el Fondo de Adaptación, le asignaron a dos escoltas, pero considera que ese esquema no es adecuado para su nivel de riesgo.

“Esto es insuficiente frente a las denuncias que yo hago, porque es que las denuncias no son solamente contra mí, es contra mi familia (...). Yo no tengo ninguna intención de suicidarme, ni mucho menos”, precisó.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, hizo graves denuncias en diálogo con la revista Semana, relacionadas con un presunto plan para perjudicar su imagen y sacarla del Gobierno nacional.

De acuerdo con la entrevista que dio a la revista, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo, que fue su predecesor en el Fondo de Adaptación, estaría aliado con más de 20 personas para perjudicarla. Además, habría utilizado a una persona como espía dentro de la entidad para estar informado de lo que hacía.

En una conversación a la que tuvo acceso, en la que habrían hablado Carrillo y el señalado espía, el director de la Ungrd habría dicho: “Lo que ella no sabe es que adentro le lloverá candela”. Su interpretación de ese mensaje es que buscan enviarla a la cárcel o asesinarla.

“O me quieren matar o me quieren llevar presa, lo tengo clarísimo”, dijo la funcionaria al medio citado.

Rodríguez aseguró que, además de Carrillo, otra de las personas que presuntamente estaría involucrada en el plan para atacarla es Juliana Guerrero, señalada de haber recurrido a irregularidades para obtener títulos como contadora pública y tecnóloga en gestión contable. La joven por poco llega a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, pero las denuncias sobre las anomalías en sus títulos impidieron su nombramiento.

La funcionaria aseguró que ella fue quien denunció al interior del Gobierno las inconsistencias en la educación de Guerrero. Incluso, le contó directamente al presidente Gustavo Petro, que en varias oportunidades la defendió.

En todo caso, supo que, al parecer, la joven estaba implicada en los ataques en su contra debido a información que reveló al presunto espía. “En una de las amenazas y extorsiones que me entrega el espía, me habla de Juliana Guerrero y me dice: ‘Es que yo tengo cosas tuyas y yo le voy a pasar a Juliana Guerrero, y yo también me hablo con Carrillo y también el señor de Palacio, que en este caso es Raúl Moreno’”, precisó.

Afirmó, además, que Juliana Guerrero tiene el poder en muchas entidades e, incluso, se habría encargado de desprestigiar a la vicepresidenta Francia Márquez. “Ella envenenaba a esa persona (cuyo nombre no reveló) diciéndole: ‘Hay que sacar a la vicepresidenta Francia, ella no sirve’”, aseveró, indicando que su objetivo era “tomarse el Ministerio de la Igualdad”.

Asimismo, reveló que, Juliana Guerrero solía decir que tenía nexos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN): “Nadie se va a aguantar las presiones de ellos, y lo digo con conocimiento de causa porque me pasó a mí, y más cuando la señora Juliana Guerrero se ufanaba de tener vínculos con el ELN”, aseveró.

La gerente aseguró que Guerrero dijo eso en frente de ella, indicando que era amiga de integrantes de la guerrilla. De esta manera, al parecer, intimidaba a las personas para que no dijeran nada malo sobre ella.

Desde su perspectiva, Juliana Guerrero y las demás personas involucradas en el plan para atacarla tenían el interés que sacarla del Dapre para adquirir el poder de manejo de la entidad. A su juicio, ese objetivo respondía a su ambición. “Ellos tienen un delirio por el poder y la plata”, señaló.

Así las cosas, envió un mensaje directo al presidente Gustavo Petro: “Presidente, escúcheme lo que le estoy diciendo, porque creo que a usted lo están engañando y parte de la estrategia de todas estas personas es quererlo aislar de la gente que es buena y leal con el proyecto”.

Angie Rodríguez, hoy gerente del Fondo de Adaptación, renunció en enero de 2026 a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). En su carta de renuncia del Dapre, dejó en evidencia situaciones que vivió durante el tiempo en el que estuvo en el cargo, mencionando amenazas y ataques.

“Como usted lo sabe (presidente Gustavo Petro), he sido víctima de constantes amenazas y de ataques sistemáticos, premeditados, infundados y de conductas realizadas de forma directa o a través de terceros en el ámbito público y privado que basada en elementos de género, me causaron daño y sufrimiento como mujer y funcionaria del alto gobierno”, precisó la exdirectora del Dapre en el documento.

Meses después de que dejó el cargo para asumir la gerencia del Fondo Adaptación, volvió a tomar la palabra ante la prensa, exponiendo presuntas irregularidades que se habrían presentado en el Gobierno nacional. En diálogo con Semana, precisó los motivos por los cuales optó por pronunciarse al respecto.

Según indicó, quiere materializar su derecho a la honra, al buen nombre y a la dignidad humana. “Me cansé de toda la campaña premeditada y sistemática en mi contra y por eso vengo a hablar”, dijo al funcionaria, advirtiendo que se estructuró un daño reputacional en su contra.

Habría más de 20 personas interesadas en sacarla “a como de lugar” del Gobierno Petro y, de acuerdo con Rodríguez, ese grupo que estaría afectando su imagen está integrado por el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Carlos Carrillo.

“El señor Carlos Carrillo, de manera reiterada ha ejercido una violencia de género política en mi condición de funcionaria. Esto ha raíz de unas denuncias que yo realicé el año pasado, como gerente en encargo del Fondo de Adaptación”, detalló.

El director de la Ungrd fue el antecesor de Rodríguez en el Fondo de Adaptación y, según precisó, cuando evaluó en qué estado recibió la entidad, descubrió “inconsistencias” que decidió divulgar a manera de rendición de cuentas. A su juicio, Carrillo la habría atacado “en lo pesonal”, evadiendo respuestas a nivel técnico.

“No bajaba de mandadera de (Armando) Benedetti, que yo no pensaba, que no hablaba, que yo era una mujer de poca monta para la política”, advirtió, indicando que estos calificativos que esgrimió Carrillo en su contra obedecen al hecho de que denunció la falta de ejecución presupuestal en la entidad ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría.

Desde su perspectiva, “lo más peligroso” para ella es que, presuntamente, el director de la Ungrd se habría unido a otras personas para perjudicarla. Las otras personas que estarían involucradas son Juliana Guerrero, que por poco llega a ser viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad y Equidad; Raúl Moreno, jefe de despacho de la Presidencia; y Mariella Barragán Beltrán, directora del Departamento Administrativo de la Función Pública.

“Carlos Carrillo tiene o tenía un espía al interior de la entidad, que fue un funcionario que yo tenía en el Dapre, pero que también me llevé al Fondo (...) Lo tenía como espía para que me grabara, me tomara fotos y, a su vez, él poder ”traficar" presuntamente la información“, explicó.

De igual manera, recibió un video de un chat del 18 de diciembre de 2025 en el que Carrillo presuntamente dice: “La acción del caballo de Troya siempre funciona”. Entonces, el presunto espía preguntó si el director de la Ungrd tenía a otra persona haciendo su labor de espionaje cerca a “las oficinas principales”. Al parecer, Carrillo respondió indicando: “De momento solo te tengo a ti, y te lo digo con honestidad, por eso me interesa es que te sostengas allá, en ese cargo”.

El presunto espía contestó: “Toda la información que pueda perjudicar a esa vieja, pero puede usted contar con ella desde que me remunere bien también a mí”.

De acuerdo con Rodríguez, Carlos Carrillo le ordenó al señalado espía recoger toda la información que pudiera para dañar la imagen de la funcionaria, indicando explícitamente: “Tienes que recoger toda la información que pueda perjudicar a esta vieja porque yo la voy a joder por bocona”.

La funcionaria asume que los presuntos ataques de Carrillo responden a su intención de ser alcalde de Bogotá, que se habría visto afectada por las denuncias que hizo en relación con la baja ejecución presupuestal.

Carlos José Mattos Barrero, expresidente de Hyundai Colombia, condenado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático, contará con el beneficio de libertad condicional, otorgado por la jueza sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez.

En el fallo, conocido por Blu Radio, se indica que la decisión se basó en el hecho de que Mattos cumplió con las tres quintas partes de su condena que le fue impuesta. De igual manera, también tuvo en cuenta avances en su proceso de resocialización.

Según la normativa, además del cumplimiento de las tres quintas partes de la pena, la libertad condicional se puede otorgar siempre y cuando la persona condenada haya tenido un desempeño “adecuado” en el tiempo en el que estuvo en prisión y que su comportamiento durante su reclusión permita concluir que “no existe necesidad de continuar con la ejecución de la pena”.

Además, el recluso también debe demostrar arraigo familiar y social para que se le conceda ese beneficio.

En ese sentido, la jueza evaluó la situación de Mattos y concluyó que podía contar con una reducción sustancial de su pena y con la libertad condicional. El documento al que tuvo acceso el medio indica que el empresario recibió una rebaja total de 680 días en su condena, gracias a actividades realizadas durante su tiempo de reclusión.

La mayor parte de esa reducción, 581 días –19 meses–, corresponde a trabajos diarios de ocho horas en labores artesanales, tanto en prisión como en un periodo de detención domiciliaria del que gozó por motivos de salud.

A su trabajo haciendo artesanías se suma el tiempo que destinó a su desarrollo académico y actividades culturales. La sentencia reconoce una rebaja adicional de 99,33 días –equivalentes a tres meses y ocho días– por cursar una maestría y dedicar espacio a la redacción de una obra literaria. Sin embargo, en el documento en cuestión no se especifica la universidad ni el programa que estudió.

El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, se pronunció al respecto, informando que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cumplirá con lo ordenado por la togada. “El juzgado sexto de ejecución de penas de Barranquilla otorgó libertad condicional al señor Carlos Mattos, el @INPEC_Colombia cumple la orden judicial y procede a dejarlo en libertad”, indicó.

El caso de Carlos Mattos: entrega de dinero para torcer decisiones judiciales

En noviembre de 2022, un juez penal de circuito de Bogotá sentenció a Carlos José Mattos Barrero a 9 años, 5 meses y 10 días de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático, tras avalar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación.

El ente acusador explicó en un comunicado que, en octubre de 2015, el empresario realizó pagos a funcionarios del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia para manipular el sistema de reparto y orientar a un despacho concreto una demanda relacionada con la firma automotriz que representaba (Hyundai).

La investigación determinó que Mattos Barrero acordó anticipadamente la entrega de $700 millones y una “prima de éxito” al juez civil encargado del proceso, lo que permitió que se dictaran medidas cautelares a favor suyo y de su empresa.

La decisión, adoptada luego de que el procesado aceptó voluntariamente los cargos antes del juicio, constituyó la primera condena contra Mattos Barrero tras su extradición a Colombia en noviembre de 2021, según la Fiscalía.

El empresario también fue investigado por concretar la entrega de una millonaria coima a la juez 16 Civil Municipal de Bogotá para que decretara medidas cautelares en favor de la empresa, según precisó el ente investigador.

Un video revelado por Caracol Radio deja en evidencia la presencia de integrantes de grupos armados en una institución educativa ubicada en un sector conocido como El Filo, entre los municipios de El Tambo y Argelia, en el departamento de Cauca. El comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.4 (Fudra 4), coronel Jesús María Garzón López, indicó al informativo citado que las personas que aparecen en la grabación son miembros de la estructura Carlos Patiño de las Disidencias de las Farc.

Los guerrilleros tomaron el control de la escuela y ahora viven allí. Su presencia en el sitio ha impedido que los niños y niñas que allí estudian continúen formándose.

“Es un punto que se llama El Filo, donde hay una institución educativa y tiene un polideportivo, y estos terroristas cambuchan y duermen ahí en esos puntos, al lado de la escuela. Los niños no han podido volver a ir a estudiar porque definitivamente estos terroristas de la Carlos Patiño han tomado esos puntos protegidos para vivir, para habitar, para permanecer ahí”, detalló el uniformado, en diálogo con Caracol Radio.

Según precisó, las autoridades no han podido hacer intervenciones en el sitio debido a los riesgos que se corren de afectar a los ciudadanos que no hacen parte del grupo armado. “No queremos causarle daño a la población civil”, indicó.

El ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, se pronunció al respecto a través de su cuenta de X: “Es una grave infracción al Derecho internacional Humanitario”.

Por otro lado, el comandante confirmó que la fuerza pública fue informada sobre el uso indebido de otras instituciones educativas por parte de las organizaciones criminales. Según explicó, en la sede de la Institución Educativa Pambilal, ubicada en el corregimiento de La Emboscada (Argelia), los criminales guardaron y prepararon cuerpos de guerrilleros fallecidos.

“Esas informaciones que estoy diciendo son en un sector de una escuelita que queda en el punto de La Emboscada, donde han preparado cuerpos después de los combates que se tuvieron el año pasado (2025) con la tropa”, detalló.

En marzo de 2026, se encendieron las alarmas entre la fuerza pública y la población civil debido a la irrupción de integrantes del Frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc en instituciones educativas del sector del Naya, una zona montañosa que abarca los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Así quedó documentado en un video difundido en redes sociales y medios de comunicación, en el cual se observa a miembros del frente interactuando con estudiantes y distribuyendo cuadernos y útiles escolares con propaganda alusiva al grupo criminal.

El reclutamiento de menores en Colombia

En febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo advirtió que los grupos armados que operan en el país siguen incluyendo en sus filas a niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con las cifras que presentó, las organizaciones criminales que más reclutaron menores de edad son:

• Estado Mayor Central (disidencia liderada por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco): 47,1%
• Otras disidencias: 15,6%
• Ejército de Liberación Nacional (ELN): 11,7%
• Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): 8,2%
• Otros grupos y estructuras de crimen organizado: 7,7%
• Estado Mayor de Bloques y Frente (disidencia comandada por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá): 6.6%
• Segunda Marquetalia (disidencia liderada por Luciano Marín Arango, alias Ián Márquez): 3,1%

“El reclutamiento forzado no solo constituye una grave violación al derecho internacional humanitario (DIH) y a los derechos humanos, sino que despoja a la niñez de su proyecto de vida y compromete su derecho a un buen futuro (...). Pese a los esfuerzos institucionales, el panorama documentado por la Defensoría del Pueblo no es alentador. Durante el 2024 se registraron 651 casos de reclutamiento y en 2025 la entidad registró 257 casos”, precisó la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

La jueza sexta de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, otorgó la libertad condicional a Carlos Mattos, expresidente de Hyundai Colombia, condenado a 5 años, 10 meses y 27 días de prisión por el delito de cohecho por dar u ofrecer.

“Por medio de la presente se le informa que a través de auto interlocutorio N° 152 de la fecha, este juzgado concedió libertad condicional al señor Carlos José Mattos Barrero (...). Por lo tanto, sírvase de dejarlo en libertad, siempre y cuando no sea requerido por otra autoridad", se lee en el documento del Consejo Superior de la Judicatura, firmado por la jueza Terán Suárez.

El empresario condenado está recluido en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario El Bosque, a donde fue remitida la boleta de libertad expedida por la jueza de Ejecución de Penas.

La reacción del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la decisión de la togada, advirtiendo presuntos actos de corrupción en la Rama Judicial. Aseguró que ante esta problemática convendría impulsar una asamblea nacional constituyente –que permite reformar la Constitución Política– para combatir la corrupción en el país.

“La corrupción en el poder judicial es similar al resto de poderes públicos. Contra la corrupción la sociedad debe apretarse a una asamblea nacional constituyente, elegida por la misma sociedad, con el fin exclusivo de eliminar el sistema de corrupción que hay en Colombia que se genera de su mismo sistema político que es clientelar y de intercambio de favores”, aseveró.

Por su parte, el ministro de Justicia y del Derecho, Jorge Iván Cuervo, informó que, conforme a lo ordenado por la togada, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dejará en libertad a Mattos. “El juzgado sexto de ejecución de penas de Barranquilla otorgó libertad condicional al señor Carlos Mattos, el @INPEC_Colombia cumple la orden judicial y procede a dejarlo en libertad“, detalló el jefe de la cartera en su cuenta de X.

El caso de Carlos Mattos

Según la Fiscalía General de la Nación, el empresario en cuestión hizo llegar $100 millones a una jueza civil de Bogotá para que emitiera medidas cautelares a partir de las cuales favorecería a la empresa Hyundai. La determinación le permitiría la comercialización de vehículos en Colombia.

Además, según otro proceso que se realizó en su contra, “en octubre de 2015, Mattos Barrero pagó dádivas a varios funcionarios del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Civiles, Laborales y de Familia de Bogotá, con el propósito de que alteraran el sistema de reparto y direccionaran a un despacho específico una demanda que había interpuesto en representación de su empresa automotriz”, precisó el ente acusador.

Por eso, en mayo de 2022 fue condenado a 9 años, 5 meses y 10 días de prisión por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y daño informático, los cuales aceptó. Y en noviembre de 2022, un juez penal del circuito de Bogotá ratificó una condena proferida en su contra por el delito de cohecho por dar u ofrecer y determinó que no incurrió en el delito de enriquecimiento ilícito.

Además, estableció una multa equivalente a 131 salarios mínimos mensuales legales vigentes y le impuso una inhabilidad de 108 meses para ejercer derechos y funciones públicas. De igual manera, también se le aplicó otra multa por 701 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la época de los hechos e inhabilidad durante 96 meses.

“Este nuevo fallo es respuesta a una decisión del Tribunal Superior de Bogotá que, luego de revisar la condena inicial contra Mattos Barrero, ordenó realizar las verificaciones necesarias para establecer si el procesado obtuvo un incremento patrimonial injustificado producto de las determinaciones judiciales que lo favorecieron”, precisó la Fiscalía.

Hay tensión entre los candidatos y candidatas a la Presidencia de Colombia debido a la eventual realización de un debate que entre los aspirantes Iván Cepeda Castro, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. La polémica responde a que casi todos los candidatos (10) quedaron excluidos de ese espacio de discusión que anunció Cepeda.

El aspirante del Pacto Histórico evadió durante un largo tiempo cualquier debate de cara a las elecciones y se centró en dar discursos en eventos públicos y pronunciarse ante los medios y en el Congreso. Sin embargo, el 18 de abril de 2026 informó que tiene la intención de participar en un debate y retó únicamente a Valencia y a De la Espriella.

Ante las críticas que surgieron por no invitar a otros aspirantes, recalcó que solo debatirá con los candidatos de la “extrema derecha”. “Está muy claramente establecido con quién es el debate en este caso. Son con los candidatos de la extrema derecha”, dijo ante la prensa.

El exgobernador de Antioquia y también candidato presidencial Sergio Fajardo rechazó de plano la postura de Cepeda Castro. En una carta dirigida a la opinión pública y a los medios de comunicación, el aspirante recordó que electores tienen derecho a escuchar lo que tienen para decir todos los candidatos en relación con sus programas de gobierno.

Esos escensarios son “esenciales para una democracia sana”; tanto así que en algunos países se garantiza su desarrollo por medio de una ley, algo que, según indicó, no pasa en Colombia. Además, indicó que los candidatos no son los responsables de organizar esos espacios de discusión.

“Los debates no los organizan los candidatos a su antojo, conveniencia o criterio. Lo hacen los medios de comunicación -públicos y privados- y/o con la colaboración de las autoridades electorales”, señaló Fajardo.

En ese sentido, considera que no es aceptable el hecho de que el senador Iván Cepeda pretenda “condicionar el debate” determinando quiénes pueden participar y quiénes no, así como los temas que deberían abordarse. A su juicio, esas condiciones constituirían una forma de censura y de exclusión que va en contra de la democracia.

"Eso no sería un debate, sería una trampa y un engaño. Y ninguna otra candidatura debería entrar en ese juego“, precisó, afirmando que, aunque el aspirante de la izquierda se negó por mucho tiempo a participar en los debates, su decisión de unirse a ellos es bienvenida, siempre y cuando no implique el descarte de los demás competidores.

Para Sergio Fajardo, los debates son clave para que los candidatos y candidatas expongan sus propuestas y revelen a la ciudadanía sus estilos y sus actitudes. Un espacio de discusión serio también dejará en evidencia el carácter de los contendientes y su personalidad, características que deben ser evaluadas por los electores para determinar quién es la persona que desean apoyar.

Además, recordó que hay millones de personas que todavía no tienen claro por quién votar en las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026 (primera vuelta) o que tienen pensado abstenerse de ejercer su derecho al voto ese día. Un debate bien organizado y que cuente con la presencia de todos los aspirantes podría ayudar a definir su postura y convocarlos a las urnas. “Así como centenares de miles de primeros votantes. Todos ellos necesitan de los debates”, señaló.

Todo esto no sería posible si se deja de lado a la mayoría de los que, al igual que Cepeda, Valencia y De la Espriella, aspiran a ocupar el cargo más importante del país.

“Si el debate avanza con censuras y exclusiones será una farsa, un escenario para la polarización y la fractura. Colombia es mucho más que una confrontación entre petrismo y uribismo, entre petrismo y antipetrismo. Colombia merece más (...). Estoy listo. Yo no pongo condiciones. No pongo límites ni exclusiones. Solo el respeto y el compromiso por la verdad”, afirmó.

De acuerdo con el superintendente Nacional de Salud (e) Jaime Hernán Urrego Rodríguez, el fallo obliga a la entidad a organizar una transición responsable de la administración de la EPS, garantizando la seguridad de la atención médica para más de tres millones de afiliados en 25 departamentos.

En ese sentido, luego de que el Tribunal de Bolívar ordenara la suspensión provisional de la intervención, la superintendencia citó a una reunión con la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, el gerente interventor y un equipo de trabajo, para adelantar la entrega de la administración de la entidad promotora de salud.

“La superintendencia está en toda la disposición y obligación de acatar el fallo judicial. Para ello se citó una reunión (...) con el fin de realizar un plan de trabajo que permita preparar toda la información que se requiere para hacer una entrega ordenada, responsable y completa a quien corresponda”, detalló el superintendente encargado.

De igual manera, presentó ante el Tribunal de Cartagena un recurso de aclaración para establecer quién debe asumir la recepción formal de la EPS, teniendo en cuenta que se debe proteger a los usuarios y el presupuesto de $3,5 billones, aproximadamente, que maneja la entidad.

De forma paralela, radicó una apelación al auto emitido por el alto tribunal el 14 de abril. Sin embargo, el superintendente (e) aclaró que, independientemente del recurso que se presentó, la entidad continúa llevando a cabo los preparativos para organizar la eventual entrega de la administración de la EPS cuando se defina la figura será la encargada de recibirla.

“Esto, sin perjuicio de continuar aceleradamente en la preparación del proceso que ya hemos señalado, de tal manera que lo que prime aquí es la seguridad y la garantía del derecho fundamental a la salud de todos los afiliados y afiliadas de Coosalud, para que en el transcurso del tiempo más rápido y cuando tengamos claro esta figura legitimada de a quién se entrega la EPS, esta superintendencia por supuesto que procederá en esa dirección”, precisó.

El funcionario enfatizó que todos estos procesos se están realizando de la mano con la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria), debido a que la mayoría de las acciones de la EPS son propiedad de la Cooperativa Coosalud. “Con el fin de que todo el proceso esté integrado y termine en un buen desenlace que garantice el derecho fundamental a la salud, venimos haciendo este proceso de coordinación”, detalló Urrego Rodríguez.

Por su parte, la Supersolidaria desmintió rumores de posibles trabas por parte del Gobierno nacional para entregar la EPS Coosalud. De acuerdo con la explicación que dio sobre la situación actual de la entidad promotora de salud, la Cooperativa Coosalud, integrada por 4.000 asociados, es dueña de la EPS (94% de las acciones), lo que quiere decir que es falso afirmar que solo una persona es propietaria de la entidad.

Ahora bien, personas que no ostentan la legitimidad para recibir la administración de la EPS se han presentado para reclamarla. “No hay un documento expreso formal de la asamblea de accionistas que diga que el señor Jaime González (exgerente) es el representante legal de la EPS Coosalud, así como tampoco hay un certificado de la Cámara de Comercio de Cartagena que diga que el señor Jaime González es el representante legal de la EPS Coosalud”, aclaró la Supersolidaria.

Entonces, es necesario que la junta directiva de la EPS se reúna y elija la representación legal de la entidad promotora de salud, para que esta persona se encargue de recibir la administración de la misma.

En el debate de control político que se llevó a cabo el 21 de abril de 2026 en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el congresista Fernando David Niño Mendoza, del Partido Conservador, hizo una crítica a la colectividad por suspender su derecho de ejercer su voz y voto en el Congreso de la República.

La decisión respondió a que el legislador hizo público su apoyo a la candidatura presidencial del senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, yendo en contra de la directriz del movimiento político de respaldar a la aspirante Paloma Valencia, del Centro Democrático. El congresista considera “injusta” la sanción del partido.

“Tendré que acogerme a la decisión del partido para evitar sanciones y demandas ante el Consejo de Estado que me lleven a perder la investidura”, indicó el representante.

En medio de su intervención, se verificó que la Comisión Segunda no fue notificada debidamente sobre la decisión de la veeduría del partido. Sin embargo, el congresista aclaró que él sí fue informado sobre la suspensión y, por ende, no debe participar activamente en los debates ni ejercer su derecho al voto. De lo contrario, la colectividad puede tomar acciones en su contra.

En todo caso, explicó que su respaldo al aspirante Cepeda y al Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, está basado en la experiencia positiva que ha tenido la población de su territorio, Cartagena (Bolívar), durante la administración.

“Sería una incoherencia hoy no acompañar una gran alianza por la vida y por eso yo manifesté mi condición y rechazo esa injusta sanción que por segunda oportunidad me coloca el partido. No volveré a hablar, presidente, hasta que el partido me la levante y ejerceré todas las acciones judiciales correspondientes”, dijo.

Tras terminar su explicación, la representante Juana Carolina Londoño, presidenta del Partido Conservador en el departamento de Caldas, presentó una moción de procedimiento en la que criticó las afirmaciones de su colega. Recordó que, según los estatutos del movimiento político, su ideología es de centro-derecha y, en consecuencia, su respaldo a Paloma Valencia es completamente coherente, puesto que es una política de derecha. Iván Cepeda, por el contrario, es de izquierda.

“Con el mayor respeto que usted se merece, doctor Fernando, aquí tenemos que ser claros, porque uno no puede venir a salir a ser víctima. Los estatutos del Partido Conservador son muy claros. Artículo primero: ‘El Partido Conservador es un partido de centro derecha’”, precisó.

Además, aclaró que la voz y el voto en las sesiones del Congreso no son un derecho absoluto; la normativa de la colectividad indica que, en determinados escenarios, la disciplina partidista y de la bancada están por encima de la autonomía individual de los integrantes. En ese sentido, en su calidad de congresista, Fernando David Niño debe acatar los postulados del partido, lo que incluye el apoyo a una candidatura de derecha.

El legislador se pronunció nuevamente, precisando que, antes de que la bancada del partido se reuniera y decidiera apoyar a Paloma Valencia en la contienda electoral, él ya había informado sobre su intención de votar por Iván Cepeda. Por eso, presentó una objeción de conciencia.

Por otro lado, en un video publicado en redes sociales, Niño calificó la sanción en su contra como una represalia política, a través de la cual buscarían su muerte política. A su juicio, la colectividad está tomando decisiones equivocadas, que no están alineadas con las necesidades de la ciudadanía.

“El Partido Conservador cada día se aleja más del pueblo, del sentir, de lo que quieren, de lo que necesitan, y por eso ha venido perdiendo representatividad en el Congreso de la República. Hoy, por defender a la gente, me sancionan. Por actuar con coherencia, buscan limitar mis derechos políticos. Por no seguir con esa lógica de poder, buscan silenciarme”, aseveró.

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió iniciar el trámite de sometimiento del general (r) Luis Emilio Cardozo Santamaría tras ser mencionado por exmilitares y víctimas en casos de ejecuciones extrajuduciales, también llamados falsos positivos, ocurridos en el departamento de Santander. Esto, con el fin de dar un nuevo paso en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas del conflicto armado.

De acuerdo con el tribunal de paz, el proceso responde a aportes recientes que se hicieron en diligencias judiciales, a través de los cuales se señala al exmilitar de haber estado involucrado en asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como bajas en combate.

El general (r) Cardozo Santamaría, que en 2007 ostentaba el grado de teniente coronel y comandaba el Batallón de Ingenieros No. 5 Coronel Francisco José de Caldas (Bical), fue señalado por exintegrantes del propio batallón y víctimas en diligencias como la Audiencia de Observaciones de Víctimas de la Fase Nacional del Caso 03, celebrada el 9 de abril.

De acuerdo con los testimonios recolectados por la JEP en ese espacio, el exmilitar habría tenido participación en seis casos de falsos positivos registrados en Santander durante 2007, en los que nueve civiles murieron y fueron presentados ilegítimamente como bajas en combate; dos personas sobrevivieron.

“Dado que los hechos habrían ocurrido en una región no priorizada por la Sala de Reconocimiento de Verdad y que, por su posición al momento de los hechos —como teniente coronel y comandante de batallón—, no sería priorizado en la fase nacional del #Caso03, donde las investigaciones se concentran en niveles de mando superiores como brigadas y divisiones, el trámite de sometimiento del general (r) Cardozo Santamaría corresponde a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas“, precisó la JEP.

En consecuencia, esa sala requirió al general (r) Cardozo Santamaría para que suscriba el acta de sometimiento y aporte información en relación con los hechos investigados, en los que presuntamente habría tenido alguna injerencia. Además, ordenó la práctica de pruebas documentales, testimoniales y verificaciones cruzadas para determinar su situación jurídica.

Asimismo, recalcó que el trámite de sometimiento se basó, en parte, en la Sentencia SU-063 de 2025, que determina que la JEP puede adelantar acciones no solo ante personas que voluntariamente busquen someterse; también puede hacerlo frente a “comparecientes forzosos”. Según precisó la JEP, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas tiene la obligación de identificar, ubicar y convocar a quienes sean relevantes para la verdad, incluso si estos no han solicitado acogerse al esquema de justicia transicional. Solo en caso de que la comparecencia no pueda concretarse, el expediente se remite a la jurisdicción ordinaria.

Ahora bien, la sala explicó que esta decisión no supone de inmediato ni el ingreso formal de Cardozo Santamaría a la JEP ni el acceso a beneficios jurídicos. Se trata de una fase inicial orientada a verificar si cumple con las condiciones necesarias dentro del Sistema Integral de Paz, como el aporte efectivo a la verdad, la contribución a la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición de los hechos atribuidos.

Así las cosas, el general (r) Luis Emilio Cardozo Santamaría deberá responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz por los señalamientos que hicieron tanto víctimas como militares en su contra. La decisión de la JEP habilita, por primera vez, el proceso formal de llamado dentro del sistema de justicia transicional a un mando de este nivel, en función del cargo que ostentaba.

Es de recordar que, en diciembre de 2025, el exmilitar dejó el cargo como comandante del Ejército Nacional con un mensaje en X: “Solo palabras de gratitud.Gracias a mis soldados, oficiales, suboficiales y al personal civil del Ejército Nacional, por su disciplina, lealtad y entrega. Ustedes son la razón de ser de esta institución”.

Los candidatos se interesan también por el desarrollo de debates en los que puedan exponer sus iniciativas y discutirlas con argumentos para que la gente se forje una decisión. Aunque se han encontrado en distintos escenarios para debatir, no todos los aspirantes han participado. De hecho, hay quienes se han mantenido completamente al margen de esos espacios, como el senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico.

Su ausencia se ha notado y las críticas no han parado de surgir por no participar. Por eso, en un evento que lideró en Sumapaz (Bogotá), anunció que se sumará a un debate y retó personalmente a los aspirantes Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia a hacerlo también.

“Reto a la extrema derecha, a sus dos candidaturas, a la senadora Paloma Valencia y al abogado Abelardo de la Espriella, a que debatamos sobre propuestas de fondo”, señaló el candidato presidencial ante la multitud que lo escuchaba.

La congresista del Centro Democrático y el abogado aceptaron el reto y, al mismo tiempo, otros aspirantes a la Presidencia se pronunciaron al respecto. Entre ellos está en candidato Sergio Fajardo, que afirma ser un político de centro, que busca impedir que la extrema derecha e izquierda se queden en el poder.

En una publicación en su cuenta de X, festejó la decisión de Iván Cepeda de sumarse a un debate centrado en las propuestas de gobierno y preguntó si esa iniciativa también se extiende a las demás personas que integran la carrera electoral. Afirmó estar preparado para discutir sus iniciativas.

“Cepeda, Colombia no necesita silencios cómodos, necesita debate de frente. Celebro que por fin convoque al debate público. ¿Ese llamado también incluye a quienes no somos la continuidad de la polarización Petro–Uribe? Yo estoy listo. Siempre listo para un CAMBIO. SERIO. SEGURO", indicó el exgobernador de Antioquia en la red social.

Las respuestas de Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella

A través de su cuenta de X, el abogado y candidato De la Espriella, que asegura ser independiente, afirmó estar preparado para debatir con Cepeda. Por eso, aceptó el reto de encontrarse para discutir sus propuestas e instó a los medios de comunicación a preparar el espacio para ello.

"Iván Cepeda, el candidato de Petro y de las Farc, solo cuando le interponen una tutela decide disfrazarse de valiente y, por fin, aceptar el reto que le he hecho durante meses. Yo estoy listo: invito a todos los medios colombianos a que organicen lo que sea menester, ya que las encuestas le dijeron al cobarde de Cepeda que no se puede seguir escondiendo”, precisó el aspirante presidencial.

Por su parte,la congresista y candidata Valencia recordó que en anteriores oportunidades, pidió a Cepeda participar en los debates presidenciales. En consecuencia, indicó que se sumará al espacio de discusión que se realice de cara a las elecciones de mayo.

“Semanas atrás fui yo quien lo retó varias veces @IvanCepedaCast a debatir de frente y usted prefirió esconderse en el Senado con micrófono controlado. Ahora que las encuestas aprietan, sale desde Fusagasugá con el desafío. Estoy lista para un debate real con usted: sin guiones, sin papelitos, con moderador neutral y en un canal abierto para que toda Colombia nos vea”, afirmó la senadora del Centro Democrático en la red social.

El señalado criminal está siendo buscado por las autoridades. El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que el cabecilla continúa cometiendo todo tipo de crímenes en la región y amenanzando a la población. Por eso, la cartera estableció una recompensa de $500 millones por información que permita dar con su paradero y capturarlo.

Según Noticias Valledupar, las autoridades incrementaron la recompensa a $1.000 millones, aunque el Ministerio de Defensa no ha confirmado ese nuevo monto. Sin embargo, en el video difundido en redes, alias Naín se burló de la millonaria recompensa, alardeando sobre su libertad y el control que ejerce en La Guajira.

Además, recalcó que la grabación en cuestión no fue creada con inteligencia artificial, para demostrar que sus declaraciones son reales.

“Mira ve, controlando todos los rincones, papi, conquistador hasta la muerte. Estamos aquí, ve. $1.000 millones dando vueltas, relajaitos’. Estamos es chorneados, papi, chorneritos. Todos los rincones de la Guajira, mira, ve. Chornero, ve, sin tanto, sin tanto estrés. Para que digan que es con la IA ahora. No, que eso es con la IA. No, eso es con la IA. No, es nítido (sic)”, aseveró.

Las autoridades colombianas no se han pronunciado sobre el video, pero persisten los intentos por encontrar al señalado criminal. De acuerdo con el ministro de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía Nacional han estado desarrollando operativos para debilitar al “cartel de crimen y narcotráfico” liderado por alias Naín.

Uno de los operativos más recientes tuvo resultados exitosos, según indicó el funcionario: los uniformados lograron neutralizar a nueve integrantes de su anillo de seguridad. Por eso, insistió en que el cabecilla de las autodefensas debe desmovilizarse, pues considera que es su mejor opción teniendo en cuenta las acciones que está adelantando la fuerza pública para capturarlo.

Indicó que el jefe de la organización criminal puede presentarse a una unidad militar o policial o llamar a las líneas 107 o 157 para entregarse.

“Por alias Naín hay una recompensa de hasta 500 millones de pesos por información que permita su captura. La orden a la Fuerza Pública es mantener la ofensiva hasta que alias Naín responda ante la justicia y deje de ser una amenaza para el pueblo”, aseguró el jefe de la cartera en una publicación en X.

Paro armado en La Guajira

En un video publicado en redes sociales, el cabecilla de las Acsn mostró el lugar donde se realizó el operativo que dejó nueve criminales muertos. Aseguró que tres de ellos hacían parte de su anillo de seguridad, mientras que los otros seis estaban en una “fase de incorporación a la organización”.

Indicó que las autodefensas están “comprometidas con la paz” y que no están en contra del Estado colombiano. Además, afirmó que se encargan de la seguridad de la población de la media y alta Guajira, ante la aparente incapacidad de la fuerza pública de hacerlo. Sin embargo, como represalia por el operativo de las autoridades, decretó un paro armado en el territorio y declaró objetivos militares a algunas personas.

“Haremos una limpieza en toda La Guajira y a partir de hoy declaramos un paro armado por tres días consecutivos (...) cansados de tanto atropello, de secuestro, de robos a los turistas y a los comerciantes. Los mismos comerciantes pidieron nuestro apoyo y por eso estamos desplegados, ya que las Fuerzas Armadas de Colombia no han logrado combatir a la delincuencia común”, aseveró.

Isabel Zuleta, senadora del Pacto Histórico y coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá, ha sido blanco de críticas debido a las irregularidades que se han presentado con los voceros de organizaciones de alto impacto de Antioquia que participan en las mesas de diálogo con el Gobierno.

El hecho más reciente que causó indignación fue la realización de una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, en la que habrían participado algunos de los criminales que están negociando con la administración del presidente Gustavo Petro. Por eso, la Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá suspendió temporalmente la agenda de interlocución con los “voceros”.

El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, rechazó el rol que ha cumplido Zuleta en los diálogos de Paz Urbana. En una polémica columna de opinión publicada en la revista Semana, la señaló de ser la “Virgen de los sicarios”, haciendo referencia a la novela del escritor Fernando Vallejo, que está centrada en las mafias de Medellín y en su “devoción” a la Virgen María Auxiliadora.

“Hoy, la ‘Virgen’ ya no es una estatuilla en una repisa; hoy tiene oficina en el Congreso, camionetas blindadas del Estado, escoltas y responde al nombre de Isabel Zuleta. Esa virgen a la que hoy le rezan alias Douglas, Pesebre, Tom, Vallejo, Lindolfo...”, aseveró De Bedout en la columna.

A su juicio, la legisladora es “patrona y protectora” de los criminales de Medellín y del Valle de Aburrá que están dialogando con la administración –a quienes el Gobierno busca respaldar con la suspensión de sus órdenes de captura–. De Bedout asegura que Zuleta tendría el poder de frenar operativos y dar instrucciones al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) “para que les devuelvan a los capos lo que la ley les había quitado”.

Recordó, por ejemplo, el “tarimazo de Petro”, que consistió en la participación de cabecillas de estructuras criminales en un evento de Paz Urbana del Gobierno. A los delincuentes se les permitió salir de la cárcel de Itagüí para estar en el evento y subir a la tarima, al lado del presidente. “La senadora Zuleta fue la que movió los hilos, la que gestionó los permisos”, indicó.

“Aquí no necesitamos ‘patronas’ de bandidos, necesitamos justicia. El círculo de la infamia se cierra hoy con una sentencia que el país entero susurra: la Virgen de los sicarios hoy tiene curul, pero pronto, muy pronto, tendrá celda”, advirtió De Bedout.

Isabel Zuleta se defendió de la comparación con la “Virgen de los sicarios”

En una publicación en su cuenta de X, la congresista del Pacto Histórico reaccionó a la comparación que hizo el presidente del Concejo de Medellín, acusándolo de ser una persona misógina (que odia a las mujeres) y que constantemente recurre a los insultos ante su presunta incapacidad de “dar un debate con altura”.

“Gas, que ser tan despreciable. No suelo contestar las porquerías de este misógino que no soporta a las mujeres, demuestra la violencia política y de género que padezco en Antioquia y Colombia. Demuestran su desespero porque saben del éxito de la política de Paz Urbana”, indicó la senadora.

De acuerdo con su explicación, los procesos de Paz Urbana que ha adelantado el Gobierno nacional han tenido resultados óptimos, como la reducción de la violencia en las zonas en las que operan las estructuras criminales. Esto se ha logrado mediante varias acciones de diálogo, pero, según la congresista, hay quienes “no soportan” que la administración haya tenido éxito con esos métodos.

En ese sentido, señaló a los concejales del Centro Democrático y del movimiento Creemos que estar insultándola constantemente. “Lon sólo gavilleros, los atiendo de a uno con mucho gusto cuando tengan argumentos serios. No me ocupo de ustedes porque no pierdo mis prioridades, que son salvar vidas de gente humilde de los barrios populares, esos que a ustedes no les importan”, aseveró.

Debido a la escalada de tensiones en la República Islámica de Irán, una colombiana y su pareja extranjera fueron evacuados con las ayuda de la Embajada de Colombia en Turquía. En el país de Medio Oriente se han deteriorado las condiciones de seguridad debido a ataques provenientes de Estados Unidos e Israel.

Así las cosas, la sección consular coordinó la salida de la pareja para su traslado a territorio turco. "Este proceso incluyó el seguimiento permanente a la situación en terreno, la orientación oportuna y la articulación de acciones para garantizar su evacuación en condiciones seguras”, precisó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Según explicó la Cancillería, el operativo hace parte de un plan de atención para connacionales y fue gestionado como una respuesta directa a la situación de inseguridad que se viven en el país. Además, indicó que este tipo de acciones son el resultado de instrucciones directas del presidente Gustavo Petro, que ha estado haciendo seguimiento constante a las situaciones que puedan representar un riesgo para los ciudadanos colombianos en el exterior.

“La Embajada de Colombia en Turquía reitera su compromiso con la protección y asistencia de los colombianos en el exterior, especialmente en situaciones que puedan comprometer su seguridad e integridad”, añadió la cartera en el comunicado.

En marzo de 2026, la Embajada de Colombia en Emiratos Árabes Unidos pidió a la ciudadanía tomar acciones para garantizar su seguridad. Esto, tras la muerte de un colombiano en medio de un bombardeo perpetrado por Irán en Dubái. Por medio de una comunicación oficial, informó que hay opciones de salida desde los Emiratos Árabes Unidos, así como desde Arabia Saudita y Omán, a través de vuelos comerciales y por tierra.

En ese sentido, enlistó varias recomendaciones para los connacionales que residen en los Emiratos Árabes Unidos, en caso de que consideren necesario dejar la región:

• Verificar constantemente la información publicada por las aerolíneas, las agencias de viajes y las autoridades.
• No ir hasta el aeropuerto a menos de que el vuelo que se tiene planeado esté confirmado.
• Revisar requisitos de carácter migratorio y de movilidad, como el requerimiento de visados.
• Tener a la mano suministros esenciales, como medicamentos, en caso de que no sea posible salir del país de manera inmediata.

“Si, después de una evaluación personal, objetiva y voluntaria, usted considera que se sentiría más tranquilo saliendo temporalmente de la región, y siempre que dicho desplazamiento pueda realizarse sin comprometer su seguridad, su integridad ni la de su núcleo familiar, le sugerimos considerar las opciones disponibles”, precisó la embajada en el comunicado.

La situación en Irán: cese al fuego y escalada de tensiones

El 7 de abril de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió temporalmente los ataques a Irán, en aras de adelantar negociaciones. La decisión derivó en todo tipo de opiniones en el campo internacional, incluida Colombia.

El presidente Gustavo Petro celebró la determinación del jefe de Estado norteamericano, exponiendo su posición contra la guerra. “Me parece bien la última decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Jamás ser humano puede extinguir, y ni siquiera hablar de acabar con una civilización humana", expresó.

Indicó, además, que la bandera de Estados Unidos invoca el respeto por la diversidad que, a su juicio, es la base de la humanidad. Por eso, instó también a Irán a contribuir a la construcción de la paz a través de diálogos diplomáticos.

“El presidente Donald Donald Trump cesa cualquier presión sobre Irán. Le solicito a la república de Irán y a su presidente aceptar reiniciar diálogo para la paz y poder cesar el conflicto armado en el medio oriente”, señaló el presidente colombiano.

Sin embargo, las tensiones persisten y Donald Trump amenazó con reactivar los bombardeos, tras la decisión de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz.

La inseguridad en Bogotá tiene alarmada a la población, que diariamente ve reportes de robos, asesinatos y violencia. Uno de los hechos más recientes que consternó a la capital es el asesinato de Fredy Santiago Guzmán Cárdenas, un joven de 19 años que fue apuñalado por ladrones en la estación de TransMilenio Minuto de Dios.

La familia del estudiante universitario aseguró que la inseguridad pulula en la ciudad, sobre todo, en ciertas estaciones de TransMilenio donde no hace presencia la Policía Nacional. “Son estaciones muy solitarias (...) donde no hay autoridad y escasamente hay un guarda de seguridad (...) no hay nada y tengo entendido que a los estudiantes los atacan constantemente ahí”, precisaron los padres de la víctima a CityTV.

El reconocido comediante Freddy Beltrán ha estado compartiendo en sus redes sociales noticias relacionadas con el caso del estudiante Fredy Santiago Guzmán y otros hechos de delincuencia que se han registrado en la ciudad. Debido a la cantidad de casos que se han presentado y a la gravedad que suponen, el actor criticó la gestión del alcalde Carlos Fernando Galán en la materia.

Por eso, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que intervenga en la situación que enfrenta la ciudad. Recalcó que en solo una semana se documentaron todo tipo de hechos que evidencian el nivel de inseguridad que vive la población capitalina.

“Señor @petrogustavo, Bogotá se le salió de las manos a @CarlosFGalan con el tema de seguridad. En una semana fueron asesinados jóvenes en medio de atracos, robos de camionetas, robos en un Oxxo. Por favor”, escribió el comediante en una publicación en X.

Entre las noticias que compartió en sus redes está también el robo a un integrante de la Policía Nacional, que se presentó en el barrio Santa Rita, en la localidad de Puente Aranda. El uniformado fue abordado por dos delincuentes que se movilizaban en una motocicleta cuando intentaba ingresar a su vivienda.

Según la víctima, los sujetos, que estaban armados, lo amenazaron y se llevaron sus pertenencias, entre ellas, un anillo y una cadena de alto valor. Cuando los criminales escapaban del sitio con sus cosas, el policía accionó su arma de dotación para intentar detenerlos; hubo un cruce de disparos, pero los ladrones lograron huir.

Beltrán hizo un corto comentario al respecto para exponer su punto de vista: “Hasta a la policía la roban”.

El integrante de la fuerza pública reconoció que las autoridades no dan abasto con la inseguridad de Bogotá. Sin embargo, aclaró que hay otro problema: la justicia, que no garantiza que los delincuentes permanezcan privados de la libertad.

“Yo pertenezco a la Policía y Policía no hay para todo Bogotá. No hay policías que estén rodeando todos los barrios. El trabajo de la Policía no está sirviendo para nada, porque los jueces sueltan a los ladrones”, señaló el uniformado en diálogo con CityTV.

El alcalde Galán se ha pronunciado sobre varios hechos que se han registrado en la capital, ante la gravedad y el alcance mediático que han tenido. Ha afirmado que las autoridades trabajan para garantizar la seguridad de la ciudadanía, para investigar los crímenes y para poner tras las rejas a los delincuentes involucrados.

Pese a ello, afirmó que la fuerza pública enfrenta trabas al momento de iniciar las indagaciones, relacionadas con el acceso a las cámaras privadas de seguridad. Asegura que a los uniformados se les impide tener el material grabado en las cámaras y que esta situación ha sido recurrente en el norte de Bogotá. Esto les ha impedido seguir los pasos de los criminales para capturarlos tan pronto como sea posible.

“La policía tiene que tener acceso inmediato cuando sea necesario a esas imágenes para poder garantizar que captura a los delincuentes en Bogotá”, indicó el mandatario local, que también ha cuestionado la liberación de criminales que, con esfuerzo, han logrado capturar las autoridades.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que se está adelantando una investigación en el vecino país por la presencia del primer mandatario colombiano, Gustavo Petro, en Manta. El jefe de Estado viajó a la ciudad luego de asistir a la posesión de Noboa como jefe de Estado el 24 de mayo de 2025.

“Cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”, explicó Noboa a la revista Semana.

Además, aseguró que el presidente Gustavo Petro se encontró con personas que estarían relacionadas con José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la organización delincuencial Los Choneros.

“Eso es parte de una investigación. Se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito. Si se reunió físicamente, cara a cara, con Fito, no lo podría decir en este momento. Pero digamos que estaba con el mismo grupo y en la misma zona”, precisó el presidente de Ecuador al medio citado.

Alias Fito es considerado uno de los capos del narcotráfico más peligrosos de Ecuador. En julio de 2025, fue extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y de armas, pero, ante un tribunal de Nueva York, se declaró inocente de todos los cargos que le fueron endilgados.

Petro negó haberse reunido con alias Fito

A través de una publicación en X, el primer mandatario colombiano negó los señalamientos en su contra. Aseguró que no tiene ningún tipo de vínculo con el capo del narcotráfico y que su visita a Ecuador para la posesión de Daniel Noboa no tuvo ninguna irregularidad. Además, recalcó que durante su Gobierno, y con ayuda de las autoridades, se ha logrado la captura de varios criminales.

“Nada, no conozco el tal Fito ni a sus amigos. Solo he ido a Ecuador para asistir a la posesión de sus presidentes, y hemos capturado muchos bandidos nacidos en ese país que les hemos entregado. A Noboa le pasa lo que le pasó a Trump, se dejan llenar de mentiras la cabeza de nuestra extrema derecha colombiana que es asesina y narcotraficante”, aseveró.

Según indicó, hay grabaciones de las autoridades ecuatorianas en las que se indica que han recibido órdenes de parte del Departamento de Estado para conseguir criminales que hagan acusaciones en su contra. El objetivo de esta estrategia sería impedir que salga de la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), en la que fue incluido por orden del Gobierno de Estados Unidos.

A su juicio, el mandatario ecuatoriano estaría respaldando ese plan y, al mismo tiempo, estaría recibiendo a la oposición colombiana en su territorio con fines electorales. Mencionó específicamente al expresidente Álvaro Uribe, que recientemente visitó el vecino país.

Así las cosas, informó que habló con el jefe de Estado estadounidense Donald Trump y le entregó las grabaciones de las autoridades de Ecuador para que llevara a cabo una investigación al respecto. “Pero ya Noboa está en su alucinación. Le pedí al presidente Donald Trump mediar con Noboa, pero delegó en (Marco) Rubio (secretario de Estado de Estados Unidos)”, indicó.

Por otro lado, defendió el trabajo del Gobierno y de la fuerza pública de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la frontera con Ecuador, teniendo en cuenta que Daniel Noboa cree que sus esfuerzos han sido insuficientes y, por eso, inició una guerra arancelaria.

Según detalló, por primera vez desde 2018, el programa de erradicación de cultivos de hoja de coca logró bajar la cantidad total de ese tipo de siembras en diciembre de 2025, con 22.000 hectáreas voluntariamente erradicadas.

“Lamento que le hagan tanto daño a las economías de Nariño, Putumayo y el norte del Ecuador pero ya hemos tomado las medidas para proteger a nuestro pueblo”, precisó.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez informó a través de su cuenta de X que la candidata presidencial Paloma Valencia defenderá la Ley 100 de 1993, a través de la cual se creó el sistema de seguridad social integral. En su calidad de senador, el exmandatario impulsó el proyecto de ley como ponente.

Según indicó en la publicación, gracias a la aprobación de esa iniciativa en el Congreso, se puso en marcha el nuevo sistema y se logró la atención en salud igualitaria de la población con menos recursos económicos y la más adinerada del país. “La ley 100 atendía por igual a la más pobre y a la más rica, la única igualdad social de Colombia”, precisó.

Por eso, confirmó que la congresista y aspirante del Centro Democrático adoptará una posición de defensa de la normativa si llega a ser elegida presidenta en la primera vuelta de las elecciones, que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026, o en la segunda vuelta.

"Paloma está comprometida de corazón para normalizar el suministro de medicamentos en el inicio del Gbno; para tener el sistema mixto -muchos, estado, cooperativas, mutuales, particulares-; no el monopolio del estado de Petro-Cepeda; con solidaridad y correctivos a la ley 100, no destrucción", explicó.

El presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio del ex jefe de Estado, criticando los resultados de la implementación de la Ley 100. Contrario a lo expuesto por Uribe Vélez, el primer mandatario considera que el sistema de seguridad social integral creado en 1993 no evidenció una atención igualitaria para “ricos y pobres”,

Según Petro, el sistema derivó en la creación de tres regímenes: la prepagada, que solo puede ser adquirida por las personas con más ingresos en el país; el contributivo, que funciona para las personas que tienen la capacidad de aportar con sus salarios; y el subsidiado, dirigido a los ciudadanos que no tienen cómo pagar por servicios de salud.

“Con el tiempo aparecieron los no vinculados, cuyos gastos de salud se cargaban al presupuesto de la salud pública, la medicina prepagada funciona como póliza de seguros y hotelería en hospitalización. La atención en salud nació diferenciada por niveles de ingreso”, precisó.

A su juicio, esta división terminó generando una brecha en la atención de los usarios determinada por sus ingresos. No todos han recibido la misma prestación de servicios, debido a que el Plan Obligatorio de Salud (POS) no ha sido el mismo para todos; los ciudadanos del régimen contributivo tenían un mejor plan que las personas del régimen subsidiado, y solo las altas cortes fueron igualando los servicios ofrecidos a los afiliados, “pero sin financiamiento”.

De esta manera, se redujo cada vez más la contribución de las empresas en la financiación del sistema de salud y, según detalló, hasta el momento no ha sido posible suplir ese hueco financiero a través de impuestos aplicados a personas naturales adineradas y a empresas rentísticas, debido a la falta de aprobación de las propuestas en el Congreso de la República.

“El aseguramiento debe ser social y público y el POS debe ser universal, un derecho universal. Ese es el propósito de la reforma a la salud que presenté al Congreso. Y por eso propuse la transformación de las EPS de aseguradoras financieras, función que no solo las quebró de acuerdo a la ley financiera, sino que permitió una mayor captura de rentas públicas en la intermediación”, indicó.

La iniciativa de Reforma a la Salud del Gobierno Petro propone que las EPS dejen de administrar los recursos y que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se encargue de hacer los giros directos a los prestadores de servicios y demás actores del sistema. Aunque el presidente cree que esta es una solución ante el manejo irregular de los recursos, el proyecto se hundió en dos ocasiones en la Comisión Séptima del Senado.

“Sacar las EPS del régimen de aseguramiento financiero e intermediación es fundamental. El riesgo lo asume el estado (...). Así que su ley 100, Uribe, debe ser superada pero usted lo impide en el Congreso”, aseveró.

La Corte Constitucional publicó la Sentencia de Unificación SU-184 de 2025, mediante la cual ordenó que se garantice a los periodistas Juan Pablo Barrientos Hoyos y Miguel Ángel Estupiñán el acceso a la información sobre miembros de organizaciones religiosas presuntamente y casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en la Iglesia Católica.

Los periodistas solicitaron información al respecto a distintas congregaciones. Recurrieron a derechos de petición y 120 tutelas, pero no recibieron los datos que necesitaban para investigar periodísticamente a los sacerdotes presuntamente involucrados en casos de violencia sexual infantil. La Corte estudió las decisiones judiciales y favoreció con su decisión a los comunicadores.

“Las organizaciones religiosas tenían el deber de suministrar la información relacionada con las presuntas conductas de violencia sexual en las que hubiesen incurrido los sacerdotes ordenados e incardinados a sus dependencias”, indicó la Corte en la sentencia.

A su juicio, las autoridades religiosas a las que Barrientos y Estupiñán acudieron para pedir información vulneraron sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la información, puesto que no contestaron las solicitudes o lo hicieron de manera incompleta.

“Debían dar una respuesta clara, detallada, precisa, congruente y coherente a las preguntas formuladas por los accionantes frente a los sacerdotes ordenados e incardinados (...) que estuviesen involucrados en investigaciones o denuncias por actos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”, precisó.

Recalcó que no toda la información administrada por las iglesias es reservada y que, por tanto, debe ser suministrada cuando se solicite. En consecuencia, tras revisar las decisiones judiciales, la Corte determinó cuáles deben ser las órdenes que adoptará la justicia en cada uno de los expedientes: deben entregar toda la información que fue solicitada por los periodistas.

La respuesta de la Iglesia católica

A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal de Colombia se pronunció sobre la decisión de la Corte Constitucional, informando que, una vez sea notificada oficialmente la sentencia, el equipo jurídico de la institución “la estudiará en profundidad con el fin de determinar los pasos a seguir”.

De igual manera, aseguró que respeta y acata la determinación de la Corte y que está comprometida con no permitir que prevalezca la impunidad de los delitos sexuales cometidos por integrantes de la iglesia. “Nuestra solidaridad está con todas las víctimas: asumimos su dolor, les pedimos perdón y nos comprometemos a buscar los cauces para que sus derechos fundamentales sean respetados, incluyendo la reparación integral”, añadió.

Asimismo, afirmó que rechaza cualquier forma de abuso y que, en concordancia con eso, desarrolló el Sistema de Cultura del Cuidado. A través de ese sistema, se trabaja en la prevención, atención a víctimas, formación y cooperación con las autoridades.

“Todas las acciones a que haya lugar se adelantarán en el marco de las normas y la ley colombiana, siempre en línea con la misionalidad de la Iglesia y del Estado. La información que al respecto sea de interés público se comunicará oportunamente siempre que sea jurídicamente posible y, sobre todo, humanamente responsable”, detalló.

El periodista Juan Pablo Barrientos rechazó las declaraciones oficiales de la Conferencia Episcopal de Colombia, advirtiendo que la Corte Constitucional fue clara en su directriz, por lo que, a su juicio, la Iglesia Católica no tiene ningún asunto qué evaluar y su deber es limitarse a dar estricto cumplimiento a lo ordenado.

“El @episcopadocol dice que, cuando sean notificados, estudiarán con su equipo jurídico “los pasos a seguir”. Pero aquí no hay nada que estudiar: el único paso a seguir es cumplir la sentencia, señores obispos“, indicó.

El congresista Mauricio Toro respaldó el trabajo peridístido de Barrientos y cuestionó a la iglesia por no exponer la información de los sacerdotes señalados de cometer delitos sexuales contra los menores de edad en Colombia.

“Uno no entiende como la Iglesia Católica colombiana se rehúsa a publicar la información de abusos y violaciones de menores de edad. Dónde están los que gritan “con mis hijos no”?? Bravo a @JPBarrientosH por no desfallecer!”, sostuvo.

El nombramiento de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, como superintendente Nacional de Salud, causó disgusto e indignación en algunos sectores de la política colombiana.

El exfuncionario, que también quiso sumarse a la carrera por la Presidencia en las elecciones de 2026, no cuenta con experiencia específica en materia de salud y está siendo investigado por los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción.

Pese a los cuestionamientos que han surgido por su llegada a la entidad, hay personas que no se han pronunciado al respecto y su silencio ha llamado la atención de los medios de comunicación y de políticos y expertos. Entre las personas que no han expresado su opinión sobre el tema está el candidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda Castro.

Su distanciamiento del debate generó incomodidad. El exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria centró su atención en ello e hizo una crítica a través de su cuenta de X, en la que cuestionó la transparencia y coherencia de su candidatura al no rechazar la designación de Quintero.

Aseguró que resulta contradictorio y deshonesto con los votantes el no cuestionar públicamente la decisión, teniendo en cuenta que en campaña se ha mostrado como un aspirante comprometido con la ética y con la lucha contra la corrupción.

“La campaña está montada sobre una contradicción absoluta: propone una revolución ética, pero guarda silencio sobre la corrupción más flagantre del gobierno actual porque necesita su apoyo para tener alguna posibilidad electoral. La postura es deshonesta”, aseveró Gaviria.

Al presidente Gustavo Petro no le gustó el comentario del ex jefe de la cartera y decidió responder con una acusación. Señaló al exfuncionario, que estuvo seis meses en su Gobierno como ministro de Educación, de ser un exponente de la corrupción.

Advirtió que el sistema de salud al que contribuyó terminó beneficiando a los dueños de las entidades promotoras de salud (EPS) y no a los pacientes. "Tengo que decirte, Alejandro, que tu eres un exponente de la corrupción más fragante. Ideaste el modelo en dónde billones de pesos del erario pasaban al pecunio personal de los dueños privados de las EPS y no te arrepientes de hacerlo", indicó el primer mandatario.

Gaviria continuó con la discusión, recordando que años atrás, previo al desarrollo de unas elecciones regionales, el hoy presidente le propuso ser su candidato a la Alcaldía de Bogotá. Según explicó, en ese momento, el discurso de Gustavo Petro era otro: destacó su trabajo como ministro de Salud (2012-2018) y le pidió representar a los sectores petristas en la contienda electoral por la alcaldía.

“Le recuerdo que en 2019 nos reunimos por su iniciativa en una oficina del Senado y Ud. Me ofreció entonces ser su candidato a la alcaldía, diciéndome que había hecho un gran trabajo como ministro de salud. Lo suyo ahora es calumnia y desespero ante su evidente fracaso”, señaló.

En efecto, en abril de 2019, el exministro reveló a La Silla Vacía que se había reunido con el entonces senador Gustavo Petro para conversar sobre la propuesta, la cual rechazó, debido a que no estaba interesado en involucrarse en una campaña electoral en ese momento.

“No fue un ofrecimiento. Me llamó y hablé con él. Me preguntó si yo estaría interesado en presentarme a la alcaldía por una coalición amplia. Fue una reunión muy cordial. Yo estoy contento en la academia y no tengo planes de hacer política electoral”, dijo el ex jefe de Estado.

De hecho, desde julio de 2019, Gaviria empezó su labor como rector de la Universidad de Los Andes, que culminó en agosto de 2021. Un año después (agosto de 2022), se convirtió en el ministro de Educación de Petro, pero salió del cargo luego de seis meses de trabajo por desacuerdos con el Gobierno.

“Estuve seis meses y presencié el caos, la indolencia y la falta de cualquier idea de gobierno. No iba a quedarme callado. Mi lealtad es con mis principios, no con un presidente autoritario y enloquecido”, señaló en X.

El paro nacional de 24 horas que llevó a cabo la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) el 15 de abril de 2026 empezó a evidenciar resultados.

Luego de que los docentes del país se manifestaran por incumplimientos y fallas en el modelo de salud del magisterio –que fue implementado desde mayo de 2024–, Fecode y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) se reunioneron en una mesa de trabajo y llegaron a acuerdos.

De acuerdo con declaraciones quedio el vicepresidente de la organización, Herman Bayona, a Blu Radio, entre los compromisos que se establecieron destaca el desarrollo de un cronograma para la implementación de mejoras y contrataciones.

En un comunicado, el Fomag ahondó en los acuerdos alcanzados, explicando que las acciones que se tomarán para corregir las falencias en el modelo de salud deben aplicarse de manera diferenciada en las regiones del país.

“El principal compromiso de esta mesa es la presentación de un plan de seguimiento a la implementación del modelo por departamentos, plan que deberá ser concertado con cada uno de los sindicatos de las diferentes regiones, pues ambas partes reconocen la diferenciación que debe hacer dentro del territorio nacional”, detalló el Fomag en la comunicación oficial.

De igual manera, el vicepresidente indicó que se están concretando esfuerzos para solucionar una de las problemáticas más graves que se evidencian en la prestación de servicios de salud para los docentes: la entrega oportuna de los medicamentos. En Cundinamarca, Bogotá, Meta y Chocó hay expectativa, teniendo en cuenta que fueron asignados nuevos gestores en las últimas semanas.

“Abril y mayo serán meses en los que definitivamente va a haber cambios en el sistema”, precisó Bayona, citado en el comunicado.

Por otro lado, la presidente (e) de la Fiduprevisora, que administra el Fomag y se encarga de la dirección y operación del modelo de salud para los docentes, se comprometió a implementar adecuadamente el modelo, grantizando la escucha permanente de los maestros y maestras.

En la mesa de trabajo, Herman Bayona insistió en la necesidad del uso de una nueva herramienta para una ruta técnica que permita a los interesados acceder a información verdadera sobre la realidad del modelo de salud y de la oferta y la demanda de los servicios.

Adicionalmente, destacó la creación de una subdirección de supervisión de auditorías, para verificar el flujo de los recursos de la salud y los proceso de contratación. Pues, ya se han identificado irregulariades que están siendo investigadas por las autoridades competentes.

El vicepresidente hizo énfasis también en “la recuperación de la gobernanza”, para garantizas “la correcta implementación del modelo de salud propuesto en el Acuerdo 03 de 2024, especialmente en lo correspondiente a la integración de la red de prestadores de servicios de salud en el territorio, la funcionalidad de la plataforma Horus, así como la adopción de medidas de control para el sistema”.

De acuerdo con el Fomag, la reunión con representantes de Fecode y otras personas involucradas en la implementación del modelo de salud muestra avances importantes, orientados a cabar con las anomalías que se han presentado en las entidades encargadas de la operación del sistema.

“La mesa se desarrolló con un ánimo conciliador, pero principalmente, de crecimiento; de hecho, varios docentes reconocieron la encomiable labor que viene desarrollando Herman Bayona y su equipo de trabajo por brindar transparencia y eliminar la corrupción”, indicó.

El Paro Nacional también generó otro resultado que Fecode considera positivo: la salida de la presidenta de la Fiduprevisora, Vanessa Gallego Peláez, cuya gestión fue cuestionada. La federación celebró la decisión, pero pidió que la persona que asuma el cargo garantice la implementación oportuna y correcta del modelo de salud.

La revista Time presentó la lista de las 100 personas más influyentes de 2026, que agrupa a artistas, líderes, innovadores, íconos y titanes de todo el mundo. El Espectador informó sobre el contenido de la lista e indicó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace parte de los líderes destacados a nivel global.

En su cuenta de X, el primer mandatario celebró la noticia, aprovechando para enviar un mensaje crítico a la oposición. “Así no le guste a la derecha tribal colombiana que nunca tuvo un dirigente universal, agradezco que la revista Time me nomine como uno de los 100 dirigentes más influyentes del mundo”, escribió el jefe de Estado en la red social.

Sin embargo, El Espectador rectificó la información, aclarando que el jefe de Estado no está incluido en la lista. Su nombre fue mencionado en la nota periodística por error; se hizo referencia a un listado de otro año (2023), en el que el primer mandatario sí fue añadido.

“Nota de la editora: Este artículo fue actualizado para corregir la información sobre la supuesta inclusión de Gustavo Petro en el listado, que no correspondía al año en curso”, se lee en el artículo periodístico.

La congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal reaccionó a la celebración pública que hizo del presidente Gustavo Petro ante su supuesta inclusión en la lista. Con tono de burla, recomendó al jefe de Estado rodearse de buenos asesores que verifiquen la información y le notifiquen antes de pronunciarse al respecto.

Además, recordó que, contrario al prestigio que supone estar en la lista de la revista Time, el mandatario hace parte de otro listado que no es motivo de orgullo: la Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Debería @petrogustavo pagarle a algún asesor para que no haga el ridículo universal. Usted no está entre los 100 más influyentes de la revista Time. En la lista que sí está y seguirá es en la Lista Clinton”, señaló la legisladora de derecha en su cuenta de X.

El congresista Jota Pe Hernández hizo lo propio, mencionando también la inclusión de Petro en la Lista Clinton, la cual se efectuó en octubre de 2025. “Que oso Petro, borre ese trino, deje de dar vergüenza. El Espectador aclara que usted no hace parte de la lista de los 100 líderes más influyentes del mundo. Usted aparece es en LA LISTA CLINTON!”, aseveró.

El Gobierno de Donald Trump añadió a Petro en el listado por participar en actividades que contribuyen “materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”.

La Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer) se unió a las críticas contra el jefe de Estado, haciendo énfasis en las fallas del sistema de salud, evidenciadas en las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a los servicios de salud y en nombramientos cuestionables.

“Influyente en imponer, improvisar y destruir el sistema de salud con su Chu Chu Chu #MuerenPacientes”, señaló.

El presidente Gustavo Petro fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time en 2023; el entonces presidente de Chile, Gabriel Boric, hizo una reseña del mandatario colombiano para la revista, en la destacó sus iniciativas orientadas a la paz y al diálogo con distintos sectores.

“Gustavo, líder de una coalición política histórica, ha construido un programa ambicioso y transformador. Con el pragmatismo necesario para ejercer el poder, ha forjado amplias alianzas que le permiten dialogarcon la mayoría de las fuerzas democráticas de su país. Su objetivo principal es profundizar el plan de paz de Colombia”, indicó Boric.

Según informó Caracol Radio, el movimiento político inició una investigación contra el congresista y la veeduría de la colectividad lo sancionó: suspendió su militancia dentro del partido, impidiendo también la validez de su voz y voto en las sesiones del Legislativo.

Esto, debido a que el Partido Conservador apoyará la candidatura de la aspirante del Centro Democrático, Paloma Valencia, y de su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo. Así lo anunció el presidente de la colectividad, Efraín Cepeda, advirtiendo que todos los militanres del movimiento deben acogerse a esa determinación.

“La decisión por unanimidad es acoger como nuestra candidata a la senadora Paloma Valencia (...). Desde aquí expresamos a nuestra militancia que esa decisión del directorio es ley para nuestros militantes y nos debemos poner al servicio de la candidata Paloma Valencia. Ese mensaje lo enviamos a congresistas, diputados, concejales”, dijo ante los medios.

Pese a ello, el representante Fernando Niño publicó un video en sus redes sociales en el que expresó su respaldo al candidato de la izquierda. En sus declaraciones, resaltó la gestión del Gobierno actual, liderado por el presidente Gustavo Petro, y aseguró que los proyectos que ha impulsado en casi cuatro años de gestión deben mantenerse en el tiempo, a través del ejercicio presidencial de Iván Cepeda.

“Respaldo la candidatura a la presidencia de Iván Cepeda y a la vicepresidencia, Aida Quilcué, porque estoy convencido que las reformas deben continuar, que no podemos retroceder. Este es un gobierno que ha pensado primero en la gente, en los más necesitados, en la pobreza, en superar toda la desigualdad que tenemos en Colombia”, explicó.

El legislador aseguró que, aunque es conservador, considera que los procesos de transformación que se han adelantado durante la administración Petro deben continuar con el liderazgo de Iván Cepeda. Incluso, indicó que las bases del partido en el departamento de Bolívar comparten su postura.

“Estamos contentos y queremos al presidente Gustavo Petro. Por eso en primera vuelta ganaremos con Iván Cepeda presidente”, concluyó.

Sin embargo, el aspirante del Pacto Histórico jamás fue una opción para el Partido Conservador. En más de una oportunidad aseguró que descartaba por completo su apoyo a Cepeda; entre sus alternativas estaban únicamente dos aspirantes: la senadora Paloma Valencia y el abogado Abelardo de la Espriella, ambos de derecha.

El abogado y expresidente del Partido Conservador Omar Yepes Alzate se pronunció sobre la posibilidad de que más de un congresista de la colectividad no respete la decisión que se tomó por unanimidad de acompañar a Paloma Valencia en las elecciones presidenciales.

En una publicación en su cuenta de X indicó que cualquier político del movimiento que quiera respaldar a Iván Cepeda debería salir inmediatamente del partido.

“Si tal sucediere en el campo conservador, deberían ser expulsados del partido y demandadas sus credenciales para pérdida de investidura. Menos congresistas pero más autenticidad doctrinaria y respeto a la tradición e historia de la colectividad”, afirmó.

Yepes Álzate explicó que, aunque en 2022 el Conservador se declaró partido de gobierno, respaldando al presidente Gustavo Petro, renunció a la presidencia y se desligó de la directiva. La postura del movimiento político cambió después de casi un año de gestión del mandatario.

En mayo de 2023, se declaró en independencia. “Cientos de militantes han recibido con optimismo el constante diálogo que se ha generado con el Gobierno Nacional, en aras de fortalecer las reformas que, aunque necesarias, no nos pueden representar el debilitamiento de nuestro sistema”, precisó en un comunicado.

Farid Stemberg Parra Caro renunció a su cargo como jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Aeronáutica Civil (Aerocivil); su dimisión fue aceptada y oficializada a través del la Resolución 01222 del 13 de abril de 2026 y su salida del organismo estatal se hizo efectiva el 14 de abril.

Aunque el exfuncionario aseguró que su decisión respondió a motivos personales, Caracol Radio indicó que, según fuentes internas, el exjefe de la Oficina Asesora Jurídica habría sido presionado para direccionar decisiones administrativas y contractuales. Esto, con el fin de favorecer al clan Torres, poderoso grupo político y empresarial del departamento del Atlántico.

El organismo estatal emitió un comunicado en el que expresó su rechazo a los señalamientos sobre la supuesta comisión de actos irregulares, que también generan dudas sobre los motivos por los cuales se aceptó la renuncia irrevocable de Parra Caro. De acuerdo con el pronunciamiento de la Aerocivil, tales acusaciones que son promovidas por terceros carecen de sustento legal y con ellas se buscaría cuestionar la legitimidad de las resoluciones administrativas que emite.

La entidad negó que existan prácticas ilícitas en sus decisiones contractuales, asegurando que todos los procedimientos se rigen por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y los criterios judiciales. “La gestión del director general (Luis Alfonso Martínez Chimenty) y de sus delegados en la ordenación del gasto se ajusta rigurosamente a los precedentes judiciales de las Altas Cortes, garantizando la transparencia en la prestación del servicio público esencial del transporte aéreo”, aclaró.

Advirtió que estos señalamientos surgen en plena época electoral, a pocas semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026), y tendrían como objeto “criminalizar” a la entidad “sin fundamento alguno”. Esto amenaza la estabilidad del Estado social de derecho y afecta el cumplimiento de las funciones esenciales del organismo estatal.

“La Aeronáutica Civil no tolerará el uso de la calumnia y la injuria como herramientas de proselitismo o desprestigio político”, señaló.

Así las cosas, anunció que acudirá a las instancias judiciales necesarias para proteger el buen nombre tanto de la institución como de sus funcionarios. De igual manera, instó a los órganos de control y autoridades competentes a investigar cualquier denuncia, reiterando que dentro de la entidad no existe ni ha existido intención alguna de beneficiar de manera indebida a clanes o grupos políticos.

“La Aerocivil reitera su compromiso con la defensa de la dignidad humana, el respeto por los derechos fundamentales de la ciudadanía, sus trabajadores y las empresas del sector, así como con el cumplimiento ineludible de los mandatos del orden jurídico y constitucional colombiano”, concluyó.

Las presuntas irregulariades que sacuden a la Aeronáutica Civil causaron indignación en el país político colombiano, que aprovechó el escándalo para criticar al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro.

Así lo hizo Enrique Gómez, senador electo, jefe de debate del candidato presidencial Abelardo de la Espriella y director del movimiento político Salvación Nacional. Según indicó en su cuenta de X, la posibilidad de que el ex jefe de la Oficina Asesora Jurídica haya dejado el cargo por presuntas presiones pone en evidencia que la corrupción persiste en el Gobierno, teniendo en cuenta que la institución está adscrita al Ministerio de Transporte.

En su publicación, recordó un evento de campaña del presidente Gustavo Petro que se llevó a cabo en 2021 en Barranquilla, cuando era precandidato. Presuntamente, ese acto político fue financiado por Euclides Torres, cabeza del clan Torres.

“Al jefe jurídico de la Aerocivil, Farid Parra Caro, le tocó renunciar ¿saben por qué? Por presiones indebidas para favorecer intereses del llamado “Clan Torres”. Recuerden la tarima de la P. La corruPción es el signo de este desgobierno", aseveró Gómez.

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Carlos Ramón González, investigado por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), está prófugo de la justicia. Se refugia en Nicaragua y no ha sido capturado, pese a que hay una medida de aseguramiento en su contra.

En septiembre de 2025, la Interpol expidió una circular roja para detener al exfuncionario, pero en abril de 2026 canceló la orden de captura en su contra; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación solicitó la reactivación de la circular roja para poder arrestar al procesado.

La solicitud de la Fiscalía

En la solicitud, a la que tuvo acceso Noticias RCN, se indica que el exdirector del Dapre es requerido por las autoridades colombianas por actos de corrupción administrativa, aclarando que es investigado por tres delitos.

Los tipos penales que se le endilgan están basados en hechos irregulares relacionados con la desviación de recursos públicos de la Ungrd, que surgieron de un proceso de contratación irregular.

El ente acusador explicó en el documento que González Merchán habría ordenado la entrega de $4.000 milones a Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la entidad, para que los utilizara como soborno.

“Graves delitos de corrupción administrativa ocurrida entre los años 2023 y 2024, se estableció que Carlos Ramón González Merchán ordenó al señor Olmedo López entregar $4.000 millones de pesos procedentes de contratación pública espúria para el oago de coimas o dádivas a altos funcionarios del Estado colombiano”, se lee en la solicitud.

En un comunicado emitido en noviembre de 2025, la Fiscalía informó que un equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exfuncionario por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Al parecer, González Merchán ordenó a Olmedo López que entregara los recursos desviados de la Ungrd a los expresidentes del Congreso de la República Iván Leonidas Name Vásquez (Senado) y Andrés David Calle Aguas (Cámara de Representantes). Esto, con el fin de que dieran trámite favorable a los proyectos del Gobierno nacional que fueran discutidos en el Legislativo.

“Se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle Aguas", indicó.

El dinero que fue a parar a manos de los expresidentes del Congreso habría salido de una órden de proveeduría de $48.600 millones, que tenía como objeto la adquisición de 40 carrotanques para el suministro de agua potable en La Guajira.

Carlos Ramón González seguirá asilado en Nicaragua

El exdirector del Dapre permence en Nicaragua en condición de asilado político. El viceministro de Relaciones Exteriores para Asuntos Jurídicos de Nicaragua, Iván Lara Palacios, le otorgó el asilo el 20 de agosto de 2025.

Según explicó el abogado Iván Cancino, que representa los intereses del procesado, el hecho de que la Interpol haya levantado la orden de captura en contra del exfuncionario es favorable para su condición de asilado.

“Se cae, en términos generales, por violación de derechos fundamentales, lo que soporta la solicitud de asilo”, dijo el profesional en Derecho a El Colombiano, aclarando que el investigado no tiene restricciones de movilidad, pero que seguirá protegido en Nicaragua, cumpliendo con los llamados de la justicia para afrontar el proceso penal que se surte en su contra.

El candidato presidencial y senador Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de X que recibió información sobre el presunto apoyo a su campaña electoral por parte de un funcionario del Gobierno nacional.

“El viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Andrés López, habría participado en un grupo de WhatsApp para promover mi campaña electoral”, detalló el aspirante en la red social.

Según explicó, no tenía conocimiento de que el funcionario estuviera haciendo publicidad en favor de su campaña presidencial; supo al respecto horas antes de informar sobre los hechos a la opinión pública. En todo caso, reiteró que ningún servidor público puede participar en actos de proselitismo.

“En cumplimiento de los principios que rigen mi acción política desde siempre, manifiesto de nuevo mi posición de que ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político, en general, y en las actividades de mi campaña electoral, en particular”, precisó.

La Misión de Observación Electoral (MOE) ha sido clara en indicar a los servidores públicos que, según la normativa vigente, no pueden tomar parte en las actividades de las agrupaciones políticas, utilizar su empleo para apoyar una campaña política, intervenir en política utilizando su poder para favorecer o perjudicar a un candidato ni aprovechar bienes y servicios del Estado para favorecer campañas electorales.

La reacción de Paloma Valencia

Paloma Valencia, congresista del Centro Democrático y también candidata presidencial, reaccionó a las declaraciones del aspirante Cepeda, poniendo en duda la transparencia de su campaña política y de la información que afirma conocer sobre quienes impulsan su candidatura.

La congresista advirtió que la administración actual, liderada por el presidente Gustavo Petro, está respaldando a Cepeda en su intención de llegar a la Presidencia. Además, mencionó específicamente al primer mandatario, señalándolo de ser el principal respaldo con el que cuenta el senador.

“A nadie engaña, senador @IvanCepedaCast. Usted tiene a todo el gobierno, empezando por el Presidente de la República, al servicio de su campaña”, aseveró.

De acuerdo con La Silla Vacía, que conoció el chat de WhatsApp en el que, al parecer, participó el viceministro, el funcionario escribió un mensaje en el que pidió a los influenciadores que trabajan con el Gobierno nacional “coordinarse” para impulsar la campaña de Iván Cepeda. Andrés López afirmó que su mensaje correspondió a una instrucción directa del primer mandatario.

En diálogo con el informarmativo citado, dijo que sí envió uno de los mensajes, aunque afirmó no recordar otro de los textos que escribió en ese grupo. Además, negó estar involucrado en la campaña presidencial del candidato del Pacto Histórico y rechazó la premisa de que está impulsando una campaña digital para beneficiarlo.

Asimismo, recalcó que el jefe de Estado advirtió a los funcionarios del Gobierno que si estaban interesados en apoyar la candidatura de Cepeda, debían renunciar. Por eso, Simón Rodríguez Oramas, que estuvo en el equipo digital de la Casa de Nariño, renunció al cargo el 10 de abril de 2026, para dedicarse de lleno a la coordinación digital de la campaña política del aspirante, según conoció el medio.

Desde la campaña de Cepeda negaron cualquier injerencia de integrantes de la administración en la candidatura de Iván Cepeda. “No ha existido intermediación, canal de comunicación ni coordinación de ningún tipo entre el viceministro, el presidente Gustavo Petro y la campaña”, precisaron al medio citado.

Por su parte, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Carina Murcia Yela, reconoció la gravedad de los hechos e informó que revisará lo ocurrido y, de ser necesario, tomará las decisiones que correspondan.

“Es muy grave. Se deben tomar acciones y medidas ante la situación. Tendré que hablar con la persona y revisar qué fue lo que pasó”, dijo la funcionaria a Blu Radio.

El domingo 8 de marzo, Colombia vivió una nueva jornada electoral en la que millones de ciudadanos acudieron a las urnas para elegir el Congreso de la República para el periodo 2026-2030 y participar en tres consultas interpartidistas que definirán candidatos presidenciales.

El Senado de Colombia, de acuerdo con las cifras preliminares, podría tener una asignación provisional dominada por el Pacto Histórico- del que hace parte el presidente Gustavo Petro-, con 25 curules, seguido del opositor Centro Democrático con 17.

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, se impuso en La Gran Consulta por Colombia, con más de tres millones de votos. Entre tanto, Claudia López, candidata de la Consulta de las Soluciones, también logró superar sin dificultades a su rival Leonardo Huertas.

Por su parte, Roy Barreras logró superar contra todo pronóstico a Daniel Quintero en la consulta Frente por la Vida, con más de 200.000 votos a favor.

Resultados en vivo de las elecciones legislativas 2026

Resultados consultas interpartidistas

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Ingrid Betancourt ya tiene un respaldo a la Presidencia tras quemarse en las urnas

Tras las elecciones del 8 de marzo, Verde Oxígeno, partido de Ingrid Betancourt obtuvo un fracaso en las urnas, pues al no cumplir con el umbral establecido en el Senado y no obtuvo apoyo de la ciudadania para respaldar a Juan Carlos Pinzón o Enrique Peñalosa en La Gran Consulta, el colectivo perdió su personería jurídica, lo que significa que deja de existir legalmente como partido político.

Frente a esta derrota, la exsenadora y excandidata presidencial compartió un mensaje en su cuenta de X, en la que señaló: “Sí, hago parte de la lista de los quemados. Me quedo en Colombia y apoyaré a Paloma Valencia a la Presidencia“.

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Paloma Valencia se tomó un café con sus compañeros de consulta para tomar la decisión de quién será su fórmula vicepresidencial

Minutos después de su discurso de triunfo la noche del domingo 8 de marzo, la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, convocó a sus compañeros de la Gran Consulta a una reunión para este lunes. La intención, según anunció, es agradecer personalmente el apoyo recibido durante la contienda interna.

En la tarde del 9 de marzo los exprecandidatos a la Presidencia se reunieron en un café en el apartamento de Paloma Valencia, ubicado en el norte de Bogotá, donde permanecieron desde las 3:00 p. m. La cita busca reconocer el esfuerzo colectivo que permitió que la Gran Consulta sumara casi seis millones de votos y consolidara a la líder uribista como candidata para enfrentar a Iván Cepeda en la primera vuelta presidencial.

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Juez dejó en libertad a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara capturado durante las elecciones del 8 de marzo

Durante la jornada electoral del 8 de marzo en Leticia, Amazonas, la Fiscalía presentó ante un juez a Víctor Hugo Moreno, candidato a la Cámara de Representantes, tras su captura por parte de agentes de la Policía Nacional de Colombia.

Las autoridades lo detuvieron en inmediaciones del Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo cuando transportaba 15 millones de pesos en efectivo, por lo que quedó bajo custodia mientras avanzaban las diligencias judiciales.

Según explicó la fiscal Deicy Jaramillo, delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía General de la Nación, el candidato estaría implicado en el ofrecimiento de dinero para evitar la incautación del efectivo.

Por estos hechos un fiscal le imputó el delito de cohecho por dar u ofrecer, cargo que Moreno no aceptó. El juez ordenó su libertad con restricciones, entre ellas presentarse ante las autoridades cuando sea requerido, mantener buena conducta y no acercarse a los policías que participaron en su detención.

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Estos son los políticos que repiten curul para el periodo 2026-2030

El Congreso de la República para el periodo 2026-2030 contará con rostros nuevos y la permanencia de legisladores que lograron asegurar su reelección.

Agrupaciones como el Pacto Histórico, el Centro Democrático, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Verde y el Partido de la U destacan por mantener figuras dentro del legislativo. Además, varios congresistas cambiaron de cámara, lo que fortaleció su papel en la política nacional.

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De las 103 curules del Senado, solo 32 fueron ocupadas por mujeres

Solo 32 mujeres lograron escaños en el Congreso, frente a 71 hombres, lo que representa un 31,37% de presencia femenina. Aunque supone un avance respecto a periodos previos, la paridad sigue lejana.

En estas elecciones,1.303 mujeresse postularon, el 40,9% de las candidaturas, frente a 1.881 hombres. El Pacto Históricofue el partido con mayor representación femenina en el Senado:13 mujeresde 25 curules.

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Estos fueron los candidatos más votados al Senado, el listado lo encabeza una mujer

Las elecciones legislativas de 2026 posicionaron a Nadia Blel como la senadora más votada del país en la modalidad de lista abierta, tras registrar 170.000 votos, de acuerdo a los resultados con el 98,69% de las mesas reportadas.

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El candidato Abelardo de la Espriella rechazó ataques contra Paloma Valencia y el Centro Democrático

En una entrevista con Blu Radio tras las elecciones legislativas, Abelardo de la Espriella rechazó las críticas hacia Paloma Valencia y el Centro Democrático.

Afirmó: “Uribe es un monstruo. Qué tal lo que logró, metiéndose en todos los pueblos de Colombia. El presidente Uribe es como un padre para mí. Lo aprecio mucho, lo respeto mucho y reconozco lo que han hecho”

Y añadió sobre las agresiones a la candidata: “No acepto ni admito ningún ataque contra Paloma Valencia y contra el Centro Democrático. Eso no lo voy a aceptar y rechazo públicamente cualquier señalamiento o ataque”, declaró el candidato.

Los influencers pasarán de las redes sociales al escenario político

El avance de los nuevos liderazgos digitales quedó en evidencia tras las recientes elecciones legislativas. Varias figuras con alta visibilidad en redes sociales lograron acceder a escaños tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

La estrategia consistió en integrarlas dentro de listas cerradas al Congreso, lo que facilitó su llegada a estos espacios legislativos.

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Pese a investigaciones y escándalos, varios políticos lograron curul en el Congreso

Pese a que varios congresistas estuvieron investigados por la Corte Suprema de Justicia durante el periodo legislativo 2022-2026, en relación con casos de corrupción como el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), recibirán en los próximos días sus credenciales para ejercer como parlamentarios en el periodo 2026-2030.

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Las curules de paz en la Cámara de Representantes no registraron grandes cambios

La Cámara de Representantes de Colombia se alista para recibir a los integrantes de una nueva bancada elegida en las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).

Este mecanismo, producto del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y las Farc en 2016, busca facilitar la representación política de comunidades históricamente golpeadas por el conflicto armado.

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Lista de los quemados más visibles en las elecciones al Senado

• * Katherine Miranda
• * Angélica Lozano
• * Olga Lucía Velásquez
• * Lucho Garzón
• * Carolina Arbelaez
• * Jorge Enrique Robledo
• * Federico Restrepo
• * Paula Moreno
• * Juan David Aristizábal
• * Julia Miranda
• * Germán Ricaurte
• * Julieth Rincón
• * Juliana Gutiérrez
• * Oscar Mauricio Giraldo
• * Horacio José Serpa
• * Juan Carlos Lozada
• * Daniel Gómez
• * María Paz Gaviria
• * Hanna Escobar
• * Hassan Nassar
• * Camilo Enciso
• * Oscar Ortiz
• * General Camacho

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Ministerio del Interior reportó más de 600 novedades durante las elecciones legislativas 2026

Las elecciones legislativas de Colombia celebradas el 8 de marzo de 2026 cerraron con 648 reportes de presuntos delitos de constreñimiento al elector, así como múltiples alertas relacionadas con la intervención de funcionarios públicos, según informó el Ministerio del Interior de Colombia, a través del Puesto de Mando Unificado (PMU).

La cartera detalló que, desde la apertura de las urnas, el PMU también registró 229 posibles intervenciones en política por parte de funcionarios públicos, 110 supuestas violaciones al régimen de propaganda electoral y 47 conductas de trashumancia electoral en el país.

Defensoría reportó 864 incidentes durante las elecciones del domingo 8 de marzo: mesas sin jurados lidera la lista

Un informe preliminar de la Defensoría del Pueblo contabilizó 864 incidentes durante la jornada electoral del 8 de marzo en todo el país, con participación activa de sus 42 defensorías regionales en el seguimiento del proceso.

Uno de los principales problemas registrados fue la presencia de jurados incompletos en 286 puestos de votación, seguido de 157 incidentes logísticos. También se reportaron 79 casos de limitaciones para personas con discapacidad y 47 dificultades vinculadas al censo electoral.

La Flip reporta 12 agresiones a periodistas durante las elecciones del 8 de marzo

A través de su cuenta de X, la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) denunció la agresión contra 12 periodistas, durante la jornada electoral del domingo 8 de marzo de 2026, siendo una cifra superior a la registrada en las elecciones legislativas de 2022.

En su publicación, la organización social señaló que los ataques violentos contra los comunicadores se registraron en los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico y Cauca. “En estos casos se impidió el ingreso de periodistas a los lugares de votación, se exigieron acreditaciones de prensa, se restringió el acceso a información electoral, se prohibió grabar dentro de los puestos de votación y, en un caso, se exigió eliminar el contenido periodístico, todo esto pese a que la labor informativa no comprometía el secreto del voto”, comentó.

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Autoridades de Bogotá realizan seguimiento a la jornada electoral

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, presentó un primer balance sobre la jornada electoral del 8 de marzo de 2026 en la capital colombiana.

El funcionario destacó que, por el momento, solo se han registrado dos incidentes de riñas y alrededor de 300 llamadas a la línea de atención, principalmente relacionadas con proselitismo político y la entrega de publicidad cercana a los centros de votación, así como ocho casos de suplantación, de los cuales, uno fue confirmado y otros en investigación por las autoridades.

“En general, la jornada es satisfactoria, un balance positivo”, declaró el funcionario local, añadiendo la captura de una persona que fue sorprendida con 600 millones de pesos en efectivo, pero que su origen está en verificación.

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Balance del Ministerio del Interior

Las mesas de votación en Colombia cerraron a las 4:00 p. m. del domingo 8 de marzo sin mayores alteraciones, según el balance entregado por las autoridades que siguieron toda la jornada desde el Puesto de Mando Unificado del Ministerio del Interior. Desde allí se hizo monitoreo permanente al proceso electoral en todo el país con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, mientras avanzaban las votaciones para Senado y Cámara de Representantes.

De acuerdo con la información preliminar reportada al PMU, durante el día se registraron 648 presuntos casos de constreñimiento al elector, 229 posibles intervenciones en política por parte de funcionarios públicos, 110 supuestas violaciones al régimen de propaganda electoral y 47 alertas por presunta trashumancia electoral. Todas estas situaciones están siendo verificadas por las autoridades competentes.

En cuanto a las dificultades registradas durante la jornada, el Puesto de Mando Unificado también reportó una alerta en el departamento del Chocó, donde las fuertes lluvias retrasaron la llegada de algunos ciudadanos a los puestos de votación hasta horas de la tarde. Finalmente, el Ministerio del Interior indicó que el PMU continuará activo mientras se desarrolla el preconteo y el proceso de consolidación de los resultados en todo el país.

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Hace presencia Gloria Pachón en la sede de Juan Manuel Galán

A esta hora también hace presencia en la sede del Nuevo Liberalismo Gloria Pachón, exembajadora de Colombia en Francia y madre del precandidato presidencial de la Gran Consulta por Colombia, Juan Manuel Galán.

CNE promete transparencia en las elecciones

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, aseguró que el país tendrá garantías de legitimidad y transparencia en esta jornada electoral. El funcionario destacó la rapidez con la que avanza el proceso y el alto número de votos que se están registrando en las mesas.

Reacciones de Juan Daniel Oviedo a los primeros boletines

En medio de aplausos y expectativa, en la sede de campaña de Juan Daniel Oviedo reciben los primeros boletines de la Registraduría con resultados preliminares.

Juan Manuel Galán llega a su sede

El candidato de la Gran Consulta por Colombia del partido Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, llegó a la sede donde esperará los resultados de los sufragios de las consultas interpartidistas. En el lugar se espera la presencia de cerca de 80 invitados que lo acompañarán durante la jornada de seguimiento a los resultados, entre ellos la también candidata a la Cámara por Bogotá, Julia Miranda. Allí estarán atentos al avance del conteo de votos y a los primeros resultados que se conozcan de esta consulta política.

Balance de seguridad en la jornada democrática

Las autoridades entregaron un nuevo balance de la jornada electoral del 8 de marzo y confirmaron que ya son 88 las personas capturadas en diferentes regiones del país por presuntos delitos relacionados con el proceso. Además, se reportó la incautación de cerca de 3.761 millones de pesos en 49 casos detectados durante los operativos de control. Según el informe, los departamentos donde se han concentrado más situaciones son Antioquia, Norte de Santander, Bogotá, Valle del Cauca, Meta y Sucre, mientras continúan las verificaciones por parte de las autoridades.

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Se cierran las urnas en Colombia

Siendo las 4:00 p. m. en Colombia, se cierran oficialmente las urnas en todo el país y comienza el proceso de conteo de los votos en las mesas instaladas para estas elecciones legislativas.

Parte de tranquilidad de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Esteban González Pons, aseguró que la jornada de votación en Colombia se está desarrollando con las condiciones democráticas requeridas. Según indicó, todos los puestos de votación abrieron y en las distintas regiones del país los ciudadanos han podido ejercer su derecho al voto con normalidad y con el material electoral disponible.

El observador también destacó la alta presencia de testigos electorales en los centros de votación. De acuerdo con los reportes de la misión, hay cerca de un millón de testigos inscritos y al menos el 70% ya se encontraba presente en las mesas desde las primeras horas de la jornada, lo que —según explicó— garantiza mayor pluralidad y control por parte de los partidos políticos durante el proceso electoral.

Termina la jornada en Miami

En el Consulado de Colombia en Miami concluyó la jornada electoral para los colombianos residentes en esa ciudad de Estados Unidos. El cierre de las votaciones estuvo acompañado por la entonación del himno nacional, un momento simbólico con el que se dio por finalizado el proceso en esta sede consular, donde decenas de connacionales acudieron a ejercer su derecho al voto.

Cierre de urnas en Venezuela

El embajador de Colombia en Venezuela, Milton Rengifo, anunció el cierre oficial de la jornada electoral en el consulado de Caracas y señaló que en aproximadamente una hora se tendrían resultados consolidados de la votación en esa sede. Según indicó, cerca de 800 colombianos ejercieron su derecho al voto este 8 de marzo en el consulado de la capital venezolana. Frente a las versiones sobre el cruce de unos 2.400 colombianos por la frontera entre ambos países, el diplomático afirmó que ese tema está siendo manejado directamente desde Bogotá por las autoridades correspondientes. Además, recordó la importancia de la participación de los connacionales en el exterior en este proceso electoral.

Declaraciones desde el CNE

El presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, aseguró que la jornada electoral se ha desarrollado con normalidad, en un ambiente de tranquilidad y con una importante participación de votantes en diferentes regiones del país. El funcionario también destacó las garantías de transparencia que, según indicó, ha brindado la plataforma de testigos electorales durante este proceso, la cual ha permitido hacer seguimiento a lo que ocurre en las mesas de votación y fortalecer los mecanismos de control en esta jornada democrática.

Balance desde el PMU de Bogotá

El secretario de Gobierno de Bogotá entregó un balance de la jornada electoral tras el reporte del Puesto de Mando Unificado distrital y los 20 PMU locales. Según indicó, las votaciones avanzan sin mayores afectaciones en la ciudad, aunque se han registrado algunas situaciones que están siendo investigadas por las autoridades. Entre ellas, 119 casos de publicidad política ilegal en los alrededores de puestos de votación, 14 reportes de presunta compra de votos y seis posibles casos de suplantación de votantes.

Además, el funcionario recordó que en la ciudad rige la ley seca y señaló que hasta el momento 58 personas han sido sancionadas por incumplir esta medida. Pese a estos hechos, aseguró que la jornada se desarrolla en completo orden y tranquilidad, sin afectaciones a la movilidad. También aclaró que el TransMiCable de Ciudad Bolívar no está en funcionamiento este día, aunque esto no ha impactado el acceso de los ciudadanos a los puntos de votación. Mientras tanto, el Distrito continúa haciendo monitoreo permanente en todas las localidades junto con la Registraduría, los organismos de control y las misiones de observación electoral.

Capturados en Antioquia por irregularidades electorales

Autoridades reportaron que tres personas han sido capturadas por presuntos delitos electorales durante la jornada de votación en el departamento de Antioquia. Los procedimientos se realizaron en los municipios de Anorí, Rionegro y Guarne, y están relacionados con hechos como presunto tráfico de votos, perturbación del certamen democrático y constreñimiento al sufragante. Las autoridades indicaron que los casos quedaron a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones correspondientes.

Captura de un concejal en Córdoba

En medio de operativos de control durante la jornada electoral, al parecer se realizó la captura de un exconcejal en el municipio de Montelíbano, en el sur de Córdoba. Según el reporte preliminar, el hombre se movilizaba en un vehículo en el que las autoridades encontraron más de 14 millones de pesos en efectivo, además de material de publicidad política. El caso ya está en manos de las autoridades, que investigan si estos elementos podrían estar vinculados con posibles irregularidades en la jornada.

MOE denuncia irregularidades en Norte de Santander

La Misión de Observación Electoral, MOE, en Norte de Santander entregó un balance preliminar de la jornada de votaciones en el departamento y reportó varias situaciones que están siendo verificadas por las autoridades. Según el seguimiento realizado desde el Puesto de Mando Unificado, una de las alertas más relevantes se registró en el municipio de Ocaña, donde se denunciaron presuntos casos de compra de votos en puestos de votación urbanos, hecho que incluso dejó una persona capturada.

En Pamplona, entre tanto, se reportaron inconformidades por retrasos en la entrega de los tarjetones para las consultas interpartidistas por parte de algunos jurados de votación. Además, la MOE señaló que en el puesto del Instituto Iser no fue instalada la mesa de justicia, una situación similar a la que se presentó en el corregimiento de Agua Clara, zona rural de Cúcuta, donde por razones de seguridad tampoco se habilitó este punto.

En la capital nortesantandereana también se registraron alertas. En el puesto de votación del Gimnasio Domingo Sabio se denunciaron presuntos casos de compra de votos, mientras que en el Colegio Julio Pérez Ferrero se advirtió sobre una posible práctica conocida como “carrusel”, un mecanismo que consiste en intercambiar tarjetones falsos por verdaderos para inducir o controlar el voto de algunos electores.

La MOE también reportó dificultades logísticas en algunos puestos de votación de Cúcuta. En la institución educativa Sagrado Corazón, sede El Páramo, se evidenció señalización deficiente para ubicar las mesas y espacios reducidos que generaron congestión de votantes, especialmente en las mesas 7, 8 y 9 destinadas a mujeres adultas mayores.

Otro de los hechos que llamó la atención de las autoridades ocurrió en zona de frontera. De acuerdo con el reporte de la MOE, cerca de 90 buses habrían llegado a un punto ubicado entre la vía que conecta Cúcuta con Puerto Santander, muy cerca de un paso irregular. El movimiento fue detectado mediante drones y las imágenes quedaron en poder de la Fuerza Pública. Tras la alerta emitida por el Ministerio de Defensa, la Policía interceptó algunos de los buses cuando ingresaban a la ciudad y se desplegó un operativo para evitar el cruce irregular de personas por el río.

Según el informe, varias de estas personas regresaron hacia territorio venezolano, mientras que otras permanecen bajo custodia de la Policía mientras se verifica su situación. La MOE advirtió que la magnitud de esta movilización deberá ser investigada por las autoridades para determinar su naturaleza y establecer si tiene alguna relación con la jornada electoral que se desarrolla este domingo en el departamento.

Balance de la jornada, según Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, entregó un balance preliminar de la jornada y señaló que se han registrado 940 quejas o denuncias. De acuerdo con el funcionario, cerca del 80% corresponde a presuntos casos de compra de votos, mientras que 33 reportes están relacionados con mesas en el exterior.

Parte de seguridad ministro de Defensa

En medio de la jornada electoral de este domingo, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reportó un parte de normalidad en materia de orden público y aseguró que las elecciones avanzan sin mayores alteraciones. “Hemos desplegado absolutamente todas las capacidades y las elecciones seguras dependen también de los votantes y los candidatos. Los eventos que hemos tenido están relacionados más con ellos que con los grupos armados.”

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Luis Gilberto Murillo ejerció su derecho al voto

El candidato presidencial por el movimiento Luis Gilberto Soy Yo viajó desde Chicago hasta el departamento de Chocó, para participar de los comicios. Al momento de su llegada a las urnas en Quibdó, el candidato envió un mensaje contundente al país:

“Colombia se transforma desde las urnas. El Congreso es el primer paso. De nada sirve tener buenas ideas e iniciativas desde la Presidencia, si no se cuenta con un legislativo a la altura de una nación que clama porque sus legisladores conviertan en ley lo que el país requiere”.

El jefe de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, Esteban González Pons, dio un parte de tranquilidad en las primeras horas de la jornada electoral.

“Todo el material ha estado disponible y la transparencia es absoluta, de hecho quiero destacar, según nos reportan nuestros observadores, la gran presencia de testigos en todos los puestos de votación, hay 1 millón de testigos inscritos y al menos el 70% están ya presentes en las mesas”, puntualizó.

Iván Cepeda participó de los comicios en Bogotá

El candidato presidencial por el Pacto Histórico hizo su aparición en su puesto de votación en Kennedy.

“Vamos a ganar. Nosotros somos una fuerza esencialmente democrática y, como tal, hemos hecho una campaña transparente, austera y vamos tras su fuerza hoy en las urnas”, afirmó.

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Juan Manuel Galán ejerció su derecho al voto

El precandidato del Nuevo Liberalismo y aspirante a imponerse en la Gran Consulta por Colombia hizo su aparición en el puesto de votación de Unicentro.

Segundo reporte de la Policía Nacional del desarrollo de las elecciones

La Policía Nacional de Colombia reportó que, hasta el 8 de marzo de 2026, se han registrado 36 casos de incautación de dinero relacionado con delitos electorales, con un total de $3.628 millones de pesos decomisados y 69 personas capturadas en el país. Este balance refleja los esfuerzos de las autoridades para combatir prácticas ilícitas durante el proceso electoral.

Las incautaciones se concentran principalmente en departamentos como Bogotá, Córdoba, Santander, Bolívar, Meta, Valle del Cauca y Antioquia, donde los montos superan los $100 millones de pesos en cada caso. En municipios como Montería, Barrancabermeja, Cartagena, Villavicencio y Buenaventura se detectaron las mayores sumas de dinero, lo que evidencia la presencia de recursos ilícitos en territorios clave para la contienda electoral.

Daniel Palacios hizo un llamado a los colombianos para ejercer su derecho al voto

El candidato presidencial por el movimiento Rescatemos a Colombia ejerció su voto en el norte de Bogotá, desde donde reiteró su respaldo a la autoridad electoral en Colombia en medio de críticas del mismo presidente Gustavo Petro.

“Salgamos a votar en democracia por el país que queremos y no por el que nos toca”, señaló.

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Primer reporte oficial sobre la jornada electoral en Colombia y el exterior

La jornada electoral del 8 de marzo de 2026 en Colombia avanza en un contexto de tranquilidad y alta participación, bajo monitoreo constante de autoridades civiles, militares y electorales agrupadas en el Puesto de Mando Unificado (PMU). El proceso ha registrado denuncias que se gestionan de acuerdo a protocolos establecidos para proteger la transparencia.

El reporte indica que la jornada electoral transcurre sin hechos graves y con una afluencia significativa de votantes en los diferentes puestos de votación.

A través de la plataforma URIEL, las autoridades han recibido 775 denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de sufragio, entre posibles situaciones de constreñimiento al elector, corrupción electoral, intervención política de servidores públicos, violaciones a las normas de propaganda electoral, y uso indebido de medios de comunicación.

Las autoridades realizan la verificación de cada denuncia y activan los protocolos correspondientes para mantener la transparencia.

Situaciones Relevantes Bajo Investigación

Las autoridades actuales investigan cuatro hechos puntuales:

• Bolívar (Calamar, corregimiento de Río Viejo): Quema de cubículos de votación por miembros de la comunidad, sin afectar material electoral.
• Santa Rosa del Sur: Cierre de la vía hacia La Y de San Lucas tras enfrentamientos la noche previa, con posible saldo de civiles heridos; el material electoral se encuentra resguardado.
• Norte de Santander: Investigación sobre el intento irregular de ingreso de aproximadamente 2.400 personas desde Venezuela para votar.
• Córdoba: Audio que involucra a un delegado de la Registraduría presuntamente negociando mil votos por 100 millones de pesos; la situación está en proceso de verificación.

Votación en el Exterior

La votación en 67 países ha transcurrido desde el pasado lunes 2 de marzo sin incidentes significativos, de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Abelardo de la Espriella se reportó en su puesto de votación en Barranquilla

El candidato presidencial por el movimiento Defensores por la Patria ya ejerció su derecho al voto desde las primeras horas del día, en el Colegio La Enseñanza de la capital del Atlántico. Previamente, publicó en su cuenta de X sus impresiones sobre la jornada electoral:

“Esta jornada electoral que está empezando es el corazón palpitante de nuestra democracia. Hoy el alma está llena de patriotismo y la fe está puesta en el futuro de nuestra amada patria.La democracia no es solo un derecho; es el valor supremo que nos une como nación, el faro que ilumina el camino hacia la libertad y la prosperidad. Hoy, en las urnas, comienza la verdadera renovación: hoy iniciamos la transformación de Colombia en la Patria Milagro, esa Colombia soñada por todos nosotros, la que se levantará como una nación admirada por el mundo entero, con salud, igualdad, justicia y oportunidades para cada hijo de esta tierra sagrada.¡Salgamos a votar, colombianos! Nuestro voto no es un simple papel; es el arma más poderosa del pueblo, el grito de la patria que clama por un nuevo rumbo. Ponderen bien su decisión, con responsabilidad y amor por Colombia, porque cada sufragio es una semilla plantada en el suelo fértil de nuestra historia para cosechar un país donde vuelvan a reinar los valores, la dignidad y el progreso, y en el que el ciudadano sea la razón de ser del gobierno, y no al revés.Deseo de corazón suerte y bendiciones a todos los candidatos de todos los partidos que, con valor inquebrantable, han resistido las horas más oscuras, que han salvaguardado la democracia y no la han dejado perder. Hoy podemos avanzar, juntos, hacia la luz y abandonar la oscuridad".

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David Luna ya hizo su voto

El precandidato de Sí Hay Un Camino y aspirante a la candidatura presidencial por la Gran Consulta por Colombia, hizo su aparición en el Colegio Distrital Japón, en la localidad de Kennedy.

Claudia López se reportó en su mesa de votación

La aspirante a la candidatura presidencial en la Gran Consulta por Colombia y miembro del partido Verde participó de los comicios en su puesto de votación, ubicado en la localidad de Chapinero.

Escasean los jurados en Miami

Pese al reporte de normalidad en el desarrollo de los comicios en la Florida, Fernando Marmolejo Roldán, cónsul de Colombia en Miami, reportó en declaraciones para Caracol Radio que no hay suficientes jurados de votación en el punto de votación de Kendall (Miami Dade College, Kendall Campus, edificio R), haciendo un llamado a la comunidad.

“Hacemos un llamado a nuestra diáspora colombiana (...) necesitamos que nuestros connacionales sean jurados de votación. Hubo mesas que abrieron con 12 jurados y hay colas bastante grandes”, manifestó el cónsul.

Vicky Dávila y Roy Barreras ya ejercieron su derecho al voto

Los precandidatos presidenciales ya hicieron su aparición en las urnas. Mientras la candidata del Movimiento Valientes depositó sus tarjetones en el Norte de Bogotá, el precandidato del Pacto Histórico lo hizo en Cali.

Primer reporte de la Policía Nacional sobre el desarrollo de las elecciones

Hasta el momento, se conocen 68 capturas en los puestos de votación de todo el país, todas ellas relacionadas con delitos electorales. De igual modo, se reportaron 35 casos de incautación de dinero, equivalentes a un monto de $3.626 millones de pesos.

Andres Pastrana ya hizo su voto

El exmandatario acudió a las urnas en el Liceo Francés, en el centro de Bogotá.

Iván Duque ejerció su derecho al voto y cargó contra Gustavo Petro

El expresidente Iván Duque se reportó en las primeras horas del domingo 8 de marzo en la mesa 1, ubicada en el Congreso de la República.

Previo a su aparición en las urnas, se pronunció en su cuenta de X sobre los comicios legislativos, despachándose contra las políticas del mandato de Gustavo Petro, particularmente en lo relacionado a la salud y el manejo de las finanzas públicas:

“Lo que está en juego en la elección de Congreso en nuestro país es muy grande, porque este Congreso tiene que derrotar el populismo, la demagogia y la ideologización que Gustavo Petro ha irrigado en todas las políticas públicas. El nuevo Congreso tiene que adelantar la reconstrucción fiscal de Colombia y darle a nuestro país no solamente un manejo adecuado de los ingresos de la nación, sino también imponer controles claros para que el presupuesto se maneje de manera responsable y se pueda corregir el déficit más alto que ha registrado nuestro país en su historia reciente”, manifestó.

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El ministro de Defensa ejerció su derecho al voto

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, votó por primera vez a sus 53 años, en el colegio Calasanz, ubicado en el barrio La Esmeralda, en Bogotá. Esto, teniendo en cuenta que, como integrante de la fuerza pública, no estaba habilitado para votar.

“Durante 35 años arriesgué mi vida para que otros colombianos votaran. Es más, en estas elecciones incluso nos han asesinado a tres militares. Y gracias a esos tres militares, a la vida, al sacrificio de, de muchos policías y militares, los colombianos pueden ejercer el derecho a voto. Así que lo hagamos con transparencia”, detalló el ministro a El Tiempo.

Procurador votó en el Capitolio Nacional

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, ejerció su derecho al voto en la mesa 1 del Capitolio Nacional.

Álvaro Uribe ejerció su derecho al voto

El expresidente Álvaro Uribe Vélez ejerció su derecho al voto pasadas las 8:00 a. m., junto a la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, que estaba en compañía de su hija y su esposo.

“El agradecimiento a todos los jurados, testigos, a los funcionarios de la Registraduría, que unas elecciones amenazadas por terroristas en muchas partes, estos testigos, estos jurados, los funcionarios de la Registraduría le prestan un gran servicio a la democracia”, precisó.

La aspirante a la Presidencia también se pronunció, asegurando que se siente agradecida por haber sido elegida como la candidata de su partido, el Centro Democrático. Asimismo, aseguró que, de ganar la consulta de la centro-derecha, se reunirá con los demás aspirantes que compitieron con ella para “consolidar un gran equipo”.

“Aquí Colombia es el propósito de todos y lo que necesitamos es un país seguro, un país con oportunidades, que borre la pobreza y que pueda darle a los jóvenes el futuro que se merecen. Muy honrados de poder siempre acompañar al presidente Uribe, que es nuestra fuente de inspiración y la certeza de que Colombia puede ser mejor”, aseveró.

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Palabras del registrador Penagos

Durante el acto de apertura de los comicios, el registrador Nacional, Hernán Penagos, informó que más de 40.036.238 personas están habilitadas para ejercer su derecho al voto en las elecciones del 8 de marzo (20.553.062 son mujeres y 19.483.176 son hombres). Indicó, además, que hay miles de jurados de votación que están gestionando todo el proceso electoral.

“Hay que agradecer a los más de 866.000 jurados de votación, quienes son los que cuentan los votos, a los más de 9.000 jueces, quienes declararán los resultados en las urnas y al millón de testigos electorales”, afirmó al explicar que como nunca antes unas elecciones tuvieron tantas garantías”, precisó.

Presidente Petro votó

Después de dar un discurso en el acto de apertura de las elecciones, el jefe de Estado ejerció su derecho al voto en una mesa de votación dispuesta en la Plaza de Bolívar de Bogotá.

“Acabo de votar por Senado y Cámara. Invito a todos los demás colombianos a seguir por este camino, decidir en Colombia hoy por hoy es básicamente quién hace la ley”, expresó el jefe de Estado.

Apertura de las urnas

A las 8:00 a. m. se da inicio a la jornada de votación con la apertura de las urnas en todo el territorio nacional.

Acto de apertura de las elecciones

En la Plaza de Bolívar de Bogotá, inicia el acto oficial de apertura de las elecciones legislativas 2026. Se espera la presencia del presidente Gustavo Petro.

Ministerio de Defensa abre PMU

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, abrió el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado para hacer seguimiento a la jornada electoral. En la reunión de alto nivel están presentes integrantes de la fuerza pública y se está en comunicación con los uniformados que están desplegados en el territorio nacional, custodiando los puestos de votación.

Manifestaciones durante la jornada de votación

El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se llevarán a cabo algunas manifestaciones en el país, incluyendo Bogotá, por el Día Internacional de la Mujer, que coincide con las elecciones legislativas y las consultas presidenciales.

El jefe de la cartera aseguró que las autoridades tienen previsto el manejo de las marchas y aclaró que no afectarán el normal desarrollo de la jornada electoral. “Tienen un área determinada para ello y no va haber problema”, detalló a Blu Radio.

Así puede consultar su lugar de votación

Los ciudadanos que salgan a votar durante la jornada electoral del 8 de marzo pueden consultar su lugar de votación en el siguiente enlace:

Registraduría

Para acceder a la información, deben registrar su número de cédula.

Policía despliega uniformados en Valledupar

La Secretaría de Seguridad de Valledupar y la Policía Metropolitana de Valledupar toman medidas para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral. Centenas de uniformados custodiarán 111 puestos de votación distribuidos en los municipios de Valledupar, Codazzi, La Paz, San Diego, Pueblo Bello y Manaure.

“Se han dispuesto de más de 700 uniformados quienes estarán garantizando la seguridad en estos puestos de votación, custodia del material electoral y coordinación con el Puesto de Mando Unificado. Invitamos a toda la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad electoral a través de la línea anticorrupción uno cinco siete o mediante la plataforma Uriel, contribuyendo así a la transparencia del proceso democrático”, precisó el coronel Germán Gómez.

Instalan PMU en Nariño para el desarrollo de las elecciones

El Ejército Nacional informó que en Pasto, Nariño, fue instalado el Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer un seguimiento adecuado de las elecciones al Congreso en todo el departamento.

“Desde este espacio de coordinación, autoridades civiles, militares y de policía trabajarán de manera conjunta para proporcionar la seguridad, el orden público y la normalidad durante la jornada electoral”, detalló la Tercera División del Ejército.

Fuerza pública custodiará la jornada electoral

Las autoridades han estado preparándose durante meses para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral; ordenaron el despliegue de miles de uniformados a nivel nacional para ejecutar el Plan Democracia 2026. Más de 126.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Militares custodiarán los puestos de votación que fueron dispuestos en todo el país.

“Más de 126,000 hombres y mujeres de las fuerzas militares y otro tanto de la Policía Nacional nos encontramos ya en el despliegue para cubrir los 13,493 puestos de votación a lo largo y ancho de nuestra nación con todas las capacidades de las fuerzas militares. Estamos listos, preparados, generando todas las condiciones de seguridad para que todos los más de 41,000 millones de colombianos que pueden ejercer el libre al voto el día de mañana lo hagan de de manera libre y segura”, informó el coronel José Luis Bastidas, gerente del Plan Democracia, a Blu Radio.

Distribución de material electoral

Bajo estrictas medidas de seguridad, avanza la distribución del material electoral en todas las mesas de votación de Bogotá, dando inicio a la jornada de elecciones para el Congreso de la República y las consultas presidenciales.

Se entregan 18.157 kits electorales en 1.083 puestos de votación de la capital. El operativo, iniciado a las 2:30 a. m. de este domingo 8 de marzo, cuenta con la participación de 1.416 personas y el apoyo de 97 camiones y 311 vehículos destinados al transporte del material electoral.

El Pabellón de Convenciones de Madrid ha comenzado a recibir votantes para las elecciones al Senado y la Cámara de Colombia. El evento se inauguró con un mensaje del cónsul Javier Darío Higuera y la entonación del himno nacional. Desde las 8 de la mañana en España, 2 de la madrugada en Colombia, las mesas han registrado un flujo constante de electores.

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Faltan seis semanas para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales (primera vuelta) en Colombia, que tendrán lugar el 31 de mayo. Pese a que falta poco tiempo para que los ciudadanos acudan a las urnas, no hay claridad financiera con respecto a las campañas de los aspirantes.

De acuerdo con el primer informe de seguimiento a la financiación de las campañas presidenciales de 2026 elaborado por Transparencia por Colombia, las herramientas oficiales para reportar y consultar la financiación aún no han sido habilitadas, pese a la urgencia impuesta por el calendario electoral y la normativa vigente.

Según detalló, aunque el Consejo Nacional Electoral (CNE) exige que los ingresos y gastos de las campañas sean reportados en un plazo máximo de siete días a través del aplicativo Cuentas Claras, el módulo correspondiente no se encuentra disponible, ni para uso de los equipos de campaña ni para consulta pública. Esto significa que los movimientos financieros de las campañas presidenciales de 2026 ya están en marcha sin ningún tipo de supervisión ciudadana o periodística sobre el origen, el monto y la destinación de los recursos.

La corporación advirtió que esta situación compromete las garantías de una contienda electoral transparente y equitativa, debido a que se pierde la capacidad de detectar o detener irregularidades a tiempo, como el incumplimiento de topes de financiación en las campañas, la utilización de fuentes prohibidas o la entrada de recursos ilegales.

“La falta de información pública impide el control ciudadano y periodístico sobre el origen, monto y destinación de los recursos de campaña. Sin información en tiempo real, se debilitan las garantías de transparencia en el momento en que más se necesitan y se limita la posibilidad de prevenir riesgos”, indicó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, citado en un comunicado sobre el informe.

Las irregularidades que pueden presentarse en la financiación de las campañas no son situaciones poco probables. En Colombia ya se han presentado casos de incumplimientos de la normativa y se han identificado hechos ilícitos.

El informe recuerda antecedentes específicos en los que se burlaron los límites y prohibiciones existentes, como la injerencia de recursos de la multinacional Odebrecht en las campañas presidenciales del exmandatario Juan Manuel Santos y del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga (2010 y 2014). También menciona el ingreso de fondos de personas jurídicas a través de organizaciones políticas en la campaña del presidente Gustavo Petro 2022, refiriéndose específicamente a los recursos transferidos por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) al partido Colombia Humana.

Adicionalmente, el informe consigna que en esa misma elección se superó el tope legal de financiación en más de $5.300 millones. El CNE sancionó a la campaña, pero el jefe de Estado sostiene que dicha violación de topes no existió.

Según Transparencia por Colombia, estos antecedentes demuestran que, pese a la clara prohibición de aportes de personas jurídicas establecida por la Corte Constitucional, persisten mecanismos que ponen en riesgo tanto la transparencia como la igualdad de la competencia político-electoral.

A raíz de este panorama, la corporación pidió al CNE la rápida habilitación y asignación de usuarios para el aplicativo Cuentas Claras, así como la pronta activación del módulo de consulta ciudadana, para poder monitorear en tiempo real los ingresos y gastos de todas las campañas presidenciales.

Además, se instó a las integrantes de las campañas a cumplir de manera completa y veraz con los reportes exigidos, asegurando que toda partida financiera esté debidamente soportada y registrada en el aplicativo.

“Aquí empieza la lucha contra la corrupción de las candidaturas presidenciales, en la coherencia sobre cómo llegan al poder, que se suman a las propuestas y a su acción pública, estas deben responder a lo que toda Colombia está esperando, una Colombia libre de corrupción para poder acceder a nuestros derechos fundamentales”, indicó Hernández.

El presidente Gustavo Petro persiste en señalar al exgerente de la EPS Coosalud Jaime González Montaño como sospechoso de un presunto desfalco en la entidad promotora de salud. Esto, pese a que el Juzgado 24 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá lo sancionó con una millonaria multa por no retractarse de acusaciones que hizo en su momento en contra de González.

En su cuenta de X, el primer mandatario afirmó que el exfuncionario debería ser investigado penalmente por “usar recursos públicos de la salud para su pecunio”. Su comentario respalda la postura de la superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, que afirma que tanto el exgerente de la EPS como la junta directiva deben enfrentar a la justicia por irregularidades en el manejo del dinero.

El jefe de Estado mencionó a algunos exintegrantes de la junta, que están relacionados con personas que en su momento estuvieron en el Gobierno nacional. “Acción que (González Montaño) realizó, presumiblemente, en complicidad con miembros de la junta directiva de la empresa. En esa junta estaba el señor Rafael Santos hermano del ex vicepresidente de la república Francisco Santos y el hermano del ex presidente de la república Andrés Pastrana, el señor Juan Carlos Pastrana", precisó.

El abogado Julián Quintana se pronunció sobre la decisión del juzgado, indicando que, contrario a lo que ha asegurado el mandatario, es falso que el exgerente de Coosalud haya hurtado los recursos de la EPS. Aseguró que se inventaron denuncias y auditorías para señalarlo y “sostenter hechos inexistentes”.

Por eso, un juez ordenó al presidente retractarse de las acusaciones que hizo en contra de González Montaño y pedir disculpas por sus afirmaciones. Como el jefe se abstuvo de cumplir con esa directriz, deberá pagar una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Según Quintana, Gustavo Petro no solo afectó la imagen del exgerente de la entidad promotora de salud con sus declaraciones; también generó un impacto negativo en la EPS y en la prestación de los servicios a los que deberían acceder los afiliados sin ningún problema.

“Con la irresponsabilidad del presidente, puso en riesgo y desmejoró el servicio de más de tres millones de afiliados y dejó financieramente a la EPS en cuidados intensivos. Por estas circunstancias, la Procuraduría suspendió al interventor puesto por este Gobierno”, aseveró.

En consecuencia, instó al presidente Petro a respetar la presunción de inocencia de González Montaño y a cumplir las órdenes impartidas por la justicia. "Como lo dice la propia juez, nadie está por encima de la ley. Petro, cúmplala”, aseveró.

Tribunal suspendió la intervención de Coosalud

Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Bolívar ordenó la suspensión provisional de la intervención de Coosalud EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, que ha estado vigente desde noviembre de 2024.

El abogado Quintana aseguró que esta decisión corrobora las denuncias que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación sobre una presunta “expropiación” de la EPS por parte de la superintendencia, en correspondencia al “capricho” del Gobierno del presidente Petro y “no por razones técnicas”.

La superintendente de la Economía Solidaria, María José Navarro, rechazó la afirmación de Julián Quintana, advirtiendo que la determinación del Tribunal Administrativo de Bolívar no constituye una “absolución material” sobre los hechos irregulares que se han identificado en la EPS, en relación con el manejo de los recursos.

“El propio magistrado dice de forma expresa que el decreto de la medida cautelar “no implica prejuzgamiento” ni constituye un estudio de legalidad de fondo sobre los actos discutidos. Jaime González, y la junta de Coosalud EPS, a pesar de los malabares que hacen para intentar limpiar sus nombres, deberán enfrentar a la justicia”, señaló la funcionaria.

El ex jefe de Estado estuvo en territorio ecuatoriano recientemente y, para el presidente Gustavo Petro y el congresista, su llegada a ese territorio tiene fines electorales y también agrava la situación entre las naciones. Según Cepeda, se trata de una estrategia político-electoral presuntamente irregular, con la que la oposición espera conseguir respaldo en las urnas por parte de la ciudadanía.

“La extrema derecha ha utilizado toda clase de métodos sucios y de campañas sin escrúpulos para lograr el favor popular y obtener más votos en este proceso en el que estamos de carácter electoral. Ahora Uribe se traslada a la frontera con Ecuador para buscar incentivar el odio entre los pueblos y también agudizar la guerra comercial”, aseguró el candidato presidencial en un video publicado en sus redes sociales.

Desde su perspectiva, los políticos de la derecha colombiana estarían aliados con los de la derecha ecuatoriana y, a través de esa unión, pretenderían afectar a la población que vive en el sur del país y a los ciudadanos que habitan en la zona fronteriza, debido al respaldo que le dieron al Pacto Histórico en las elecciones al Congreso de la República del 8 de marzo de 2026. “Eso no es nada distinto a una conducta apátrida”, señaló.

En consecuencia, el aspirante se solidarizó con las personas que viven en la frontera colombo-ecuatoriana y aseguró que, de ser elegido presidente de la República en las elecciones que se aproximan, dará prioridad a las relaciones diplomáticas que se tienen con los demás países.

“Lo digo claramente: en mi gobierno esa clase de actitudes apátridas no tendrán lugar. Para nosotros está por encima de cualquier cálculo de carácter político electoral, las relaciones de hermandad, tanto de carácter económico como político, con los pueblos de frontera”, dijo.

La respuesta de Álvaro Uribe

A través de una publicación en X, el presidente Gustavo Petro cuestionó la presencia de Uribe en el vecino país en medio de la guerra arancelaria. Pues, desde enero de 2026, el mandatario Daniel Noboa ha estado ajustando aranceles a los productos colombianos, debido a la aparente falta de acciones por parte de Colombia para garantizar la seguridad en la frontera.

La última decisión que tomó Noboa al respecto constituye un duro golpe para el comercio nacional: aumentó los aranceles aplicados a los productos colombianos al 100%. Con base en eso, Petro preguntó: “¿Qué hace un expresidente de Colombia, visitando un gobierno que acaba de poner un arancel de 100% a todos los productos de Colombia?”.

El expresidente Álvaro Uribe rechazó el comentario de Gustavo Petro, indicando que, además de haber ido a Putumayo y a Tumaco, en enero de 2026 estuvo en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y la semana anterior estuvo en la ciudad de Cuenca (Ecuador), cumpliendo un compromiso académico. Aseguró que en ninguna de esas visitas habló con integrantes del Gobierno ecuatoriano.

En consecuencia, retó al primer mandatario a renunciar a su cargo si llega a comprobarse que son falsas sus insinuaciones sobre una posible injerencia en las decisiones de la administración de Ecuador.

“Presidente Petro, usted miente. Dice que yo fui a hablar con el Gobierno ecuatoriano. Le voy a proponer este reto:si la mentira es suya, renuncia a la presidencia. Si la mentira es mía, renuncio a la política”, indicó el expresidente, proponiendo la búsqueda de un “jurado internacional” que se encargue de investigar el tema.

El partido Centro Democrático, fundado por Uribe, lo respaldó con un mensaje en X en el que también retó a Gustavo Petro a abandonar la Presidencia si se demuestra que sus acusaciones no tienen sustento.

“Petro (@petrogustavo), deje de insistir en mentiras. Usted es responsable de que gobiernos extranjeros tengan que enfrentar el narcotráfico que su gobierno ha permitido. Si lo que dice es cierto, el Centro Democrático se cancela. Si es falso, renuncie a la Presidencia”, indicó.

El 15 de abril de 2026, el ministro del Interior, Armando Benedetti, se reunió con el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, y con representantes de distintos partidos políticos para discutir sobre la seguridad de los candidatos y candidatas presidenciales y de sus fórmulas vicepresidenciales.

En una rueda de prensa, el jefe de la cartera dio a conocer los resultados del encuentro y las medidas que han tomado el Gobierno nacional y las autoridades para fortalecer la protección brindada a los aspirantes. Según explicó, hasta el momento se han destinado 107 personas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), 160 policías, 29 vehículos convencionales, 39 vehículos blindados y 29 chalecos blindados para tales efectos.

En total, 4.351 hombres de protección están garantizando la seguridad de los aspirantes. Además, se han prestado 198 servicios de protección para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales “fuera de donde ellos se encuentran”.

“Cada vez que un candidato a la Presidencia o a la Vicepresidencia se desplaza, no tiene menos de 40 efectivos de la Policía con sus motos (...). Las campañas más robustas no tienen menos de 30 hombres en temas de seguridad”, precisó el ministro ante los medios de comunicación.

Incluso, hay algunos aspirantes que tienen el acompañamiento de un comando del Grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Policía Nacional. También cuentan con una camioneta especial para sus desplazamientos y hasta se les paga los tiquetes para cuando necesitan viajar.

Benedetti recalcó que los esquemas de seguridad proporcionados a estos políticos implican para la UNP una inversión de $500 millones mensuales, aproximadamente, por cada candidato o candidata. Ese mismo monto también es destinado por la Policía Nacional para ese propósito.

Con estas cifras, el jefe de la cartera aseguró que el Gobierno del presidente Gustavo Petro está trabajando para garantizar la seguridad de los aspirantes. Afirmó que ninguna otra administración ha tomado las medidas que el actual Gobierno adoptó, las cuales también cobijaron a los precandidatos en su momento.

“Nosotros hemos hecho un esfuerzo como nunca antes lo había hecho la Nación o el gobierno de turno para garantizar la seguridad de los candidatos”, dijo.

Las acciones adelantadas por el Gobierno Petro y las autoridades surgen en medio de un ambiente político tenso y preocupante para los políticos que aspiran a cargos de elección popular, teniendo en cuenta los antecedentes recientes de inseguridad que se han presentado en Colombia. Pues, el 7 de junio de 2025, el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado en Bogotá; estuvo hospitalizado dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá y falleció el 11 de agosto de ese año.

A partir de esos hechos, y debido a amenazas, los candidatos y candidatas han solicitado el refuerzo de sus esquemas de seguridad. El ministro Armando Benedetti confirmó que el Gobierno ha tenido en cuenta las denuncias que han hecho ante la Fiscalía General de la Nación y ante los medios de comunicación para mejorar la protección que se les está proporcionando.

En ese sentido, insistió en que, considerando las medidas que ha tomado la administración, ningún político puede afirmar que el Estado lo ha desprotegido y que corre riesgos por culpa del Gobierno. Sin embargo, reconoció que ante la inseguridad que hay en el país, siempre serán insuficientes las acciones que se encaminen para proteger la integridad y la vida de los políticos.

“Los esquemas son muy robustos. Estoy hablando que hay esquemas que tienen hasta 30 efectivos de la fuerza pública y hasta cinco vehículos (blindados) y cuatro convencionales, un solo esquema. Luego, nadie puede decir de que no se le brinda la protección, aunque siempre faltará si es la necesaria”, precisó.

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Olmedo de Jesús López Martínez por los hechos de corrupción registrados en la entidad, que involucraron el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

El exfuncionario es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado. La acusación en su contra se fundamenta en el favorecimiento de un contratista con una orden de proveeduría por $48.600 millones, la cual estaba destinada a la compra de 40 carrotanques para suministrar agua potable a comunidades indígenas en La Guajira.

De acuerdo con el ente acusador, como ordenador del gasto, el exdirector de la Ungrd habría obtenido $724 millones por intervenir ilegalmente en la adjudicación de la orden de proveeduría y permitió que terceros se apropiaran de $13.340 millones.

Las investigaciones adelantadas hasta el momento indican que una parte de los recursos desviados de ese acuerdo vinculante fueron entregados a los expresidentes del Congreso de la República Iván Leonidas Name Vásquez (Senado) y Andrés David Calle Aguas (Cámara de Representantes). Presuntamente, el primero recibió $3.000 millones, mientras que el segundo se apropió de $1.000 millones; con ese dinero, al parecer, se comprometieron a impulsar las reformas sociales del Gobierno nacional en el Legislativo.

Por otro lado, la Fiscalía acusa a Olmedo López de haber beneficiado de forma irregular a una corporación mixta indígena mediante la orden de proveeduría 185 de agosto de 2023, relacionada con la adquisición de 40 carrotanques pequeños por más de $29.000 millones, operación de la que el contratista habría sustraído $11.114 millones.

Antes de la radicación del escrito, el exfuncionario, por medio de su abogado defensor, comunicó su intención de aceptar los cargos que le fueron endilgados y acogerse a una sentencia anticipada, según informó la Fiscalía.

Preacuerdo con la Fiscalía fue rechazado

Esta decisión surge luego de que el Tribunal Superior de Bogotá rechazara un preacuerdo parcial celebrado entre el procesado y la Fiscalía, en el que se establecía una reducción de la pena por sus contribuciones a la justicia. El Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá ya había negado el preacuerdo, al considerar que la pena de prisión (seis años, dos meses y 7,5 días) y la multa se calcularon de manera incorrecta; el tribunal confirmó esa postura.

En su decisión, el Tribunal Superior advirtió que la Fiscalía no tuvo en cuenta en sus cálculos uno de los peculados por apropiación por los cuales es investigado el exdirector. “Aunque existen tres peculados, uno en favor propio por $724.000.000 y dos en favor de terceros por $13.446.300,723 y $12.065.829.424, el preacuerdo solo contempla un aumento de seis meses por el concurso de uno de ellos, dejando sin tratamiento penal el tercer evento”, explicó.

Declaraciones de Olmedo López

A través de una carta compartida por su abogado, José Luis Moreno, antes de que el Tribunal Superior de Bogotá decidiera sobre el preacuerdo, el procesado aseguró que seguirá revelando información sobre el entramado de corrupción en el que participó. Esto, independientemente de la determinación que emitiera el alto tribunal.

“Mi decisión de colaborar es firme, consciente y no tiene marcha atrás. En consecuencia, continuaré cooperando y atendiendo cada llamado de las autoridades. Sí la justicia requiere más, habrá más”, detalló López en la comunicación.

De igual manera, recordó que, gracias a sus contribuciones, altos funcionarios del Estado, congresistas y contratistas ahora son investigados por su presunta participación en los hechos corrupción. Optó por exponer la verdad sobre lo ocurrido, a pesar de que fue víctima de amenazas y de intentos de soborno, con los que algunos implicados intentaron silenciarlo.

“Mis declaraciones son veraces y han sido respaldadas por pruebas”, afirmó.

Jorge Colmenares, hermano de Luis Andrés Colmenares, se pronunció luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmara el fallo absolutorio proferido en favor de Laura Milena Moreno Ramírez, investigada por la muerte del estudiante Luis Andrés, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en Bogotá.

En la decisión, el alto tribunal no casó el fallo emitido el 30 de abril de 2021 y respaldó la absolución de Moreno Ramírez por el delito de homicidio agravado. Además, no tomó ninguna determinación frente a la situación jurídica de Jessy Mercedes Quintero Moreno, también procesada por los hechos, debido a que, en febrero de 2017, el Tribunal Superior de Bogotá declaró la prescripción de los delitos de falso testimonio y encubrimiento que le fueron endilgados.

La Corte afirmó que la Fiscalía General de la Nación no expuso las razones que pudo tener Moreno Ramírez para involucrarse en la muerte de Luis Andrés Colmenares y tampoco tenía información sobre los “autores materiales”. “Esa falta de evidencia llevó al fiscal a conclusiones irrazonables sobre aspectos fácticos medulares para establecer el delito en que pudo haber incurrido Moreno Ramírez”, precisó la Sala.

Declaraciones de Jorge Colmenares ante la decisión

A través de su cuenta de Instagram, Jorge Colmenares expresó su dolor por la ausencia de su hermano, la cual ha tenido que enfrentar su familia en medio de una investigación de 16 años que, a su juicio, sigue sin tener un resultado justo.

“Han sido días, meses y años difíciles, marcados por el dolor, la incertidumbre y una ausencia que nunca deja de sentirse. Hoy solo puedo decir que confío en la justicia, en que sabrá estar a la altura de la verdad y de lo que mi familia merece”, indicó en una carta dirigida al estudiante.

En el documento, enlistó las cualidades que resalta de su hermano fallecido y afirmó que aunque su muerte ha causado tristeza en sus allegados, la familia persiste en la idea de alcanzar la justicia a través de las entidades y organismos competentes.

“A mi hermano. Te recuerdo como eras; noble, alegre, una persona increíble que dejó huella en todos los que tuvimos la fortuna de conocerte. Tu ausencia duele todos los días, pero también nos da fuerza para seguir adelante y no rendirnos”, añadió.

Aclaró que acudirá a las instancias judiciales que estén a su disposición para garantizar que los presuntos responsables de su muerte respondan como considera debido. “Hoy no es solo un fallo. Es un paso en la búsqueda de paz (...). Te amo, no habrá impunidad”, precisó.

Falencias de la Fiscalía en la investigación

Posteriormente, anto los medios de comunicación, criticó la labor de la Fiscalía en el proceso, basándose en la decisión de la Corte Suprema. Pues, el alto tribunal advirtió que, con las evidencias allegadas, sí fue posible determinar que la víctima murió por asfixia por inmersión al haber aspirado agua del caño El Virrey (Bogotá); sin embargo, no se pudo comprobar que las lesiones que se encontraron en su rostro fueron causadas por terceros o por una caída en el caño, mientras estaba en estado de ebriedad.

A juicio de Jorge Colmenares, la Fiscalía tuvo un mal proceder y no cumplió con su deber se probar el delito de homicidio. Pese a ello, la familia de Luis Andrés Colmenares insiste en que fue asesinado ese 31 de octubre de 2010.

“Tristemente, no hay condenas, pero nos queda la tranquilidad como familia de que hemos luchado, de que somos persistentes y que mi hermano fue asesinado hace dieciséis años. Y no solamente para mí, sino que en todos los colombianos quedará que Luis Andrés Colmenares fue asesinado y aquí nosotros como familia lo confirmamos”, dijo el hermano del estudiante.

El nombramiento del exalcalde de Medellín Daniel Quintero como superintendente Nacional de Salud causó revuelo en el país político colombiano. Las personas que rechazaron la designación cuestionan el hecho de que el exmandatario local llegue a ocupar un cargo relacionado con el sistema de salud colombiano, pese a que no tiene estudios ni experiencia específica en la materia.

De igual manera, afirman que Quintero no debería obtener un puesto en la entidad, teniendo en cuenta que está siendo investigado por la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el proceso de restitución de un predio.

El abogado y candidato presidencial de la derecha Abelardo de la Espriella es uno de los políticos que rechaza el nuevo cargo que asumirá el exalcalde de Medellín. A través de una publicación en su cuenta de X, mencionó las indagaciones que pesan sobre el exfuncionario y criticó su gestión como alcalde de Medellín (2020-2023).

“Imputado por corrupción, incapaz como administrador e inexperto ante un sistema que el propio Gustavo Petro decidió destruir. La designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud es la radiografía más clara del actual gobierno: todo para los de siempre y nada para los ciudadanos”, señaló el aspirante a la Presidencia.

En consecuencia, se refirió a las elecciones que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026, indicando que, si la ciudadanía lo respalda en las urnas, impedirá que los presuntos responsables del deterioro del sistema de salud colombiano continúen tomando decisiones que, a su juicio, están perjudicando a los afiliados.

“Echaremos definitivamente a quienes se siguen burlando de un pueblo que padece una crisis humanitaria por falta de medicamentos y de atención digna y oportuna. ¡No nos van a seguir robando!“, indicó.

La experiencia de Daniel Quintero: ¿qué sabe de la salud?

La hoja de vida de Quintero, que fue publicada por la Presidencia de la República, indica que tiene estudios en Ingeniería Electrónica, Finanzas y Administración de Empresas. Además, fue alcalde de Medellín, viceministro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, gerente de Innpulsa Colombia y asesor de gerencia de Intrasoft SA.

Ni su educación ni su recorrido profesional evidencian la adquisición de experiencia directamente relacionada con el sector de la salud. Sin embargo, en un video que publicó en sus redes sociales, Quintero explicó de qué manera ha podido tener un acercamiento al sector de la salud en Colombia y por qué eso le permitiría manejar una entidad como la Superintendencia Nacional de Salud.

Según precisó, siendo alcalde de Medellín tuvo que enfrentar “la peor crisis de salud del último siglo”: la pandemia por covid-19, la cual gestionó con “éxito”. Además, informó que es padre de una niña que pasó por un trasplante y que su bienestar ahora depende del acceso oportuno a medicamentos, algo que actualmente supone un problema para miles de colombianos.

“Así como fue mi talante como alcalde de Medellín para denunciar la corrupción de Hirituango, sin precio y sin miedo y sin importar la persecución, haré vigilancia y control para castigar a los que se están robando el sistema de salud. Por eso la tecnología va a ser una herramienta clave y vital para lograrlo”, dijo.

El proceso penal en contra de Daniel Quintero

Por otro lado, el exmandatario local está próximo a enfrentar un juicio por los delitos de peculado por apropiación en favor terceros y prevaricato por acción. Es señalado de haber estado involucrado en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para restituir ilegalmente un lote.

Al parcer, Daniel Quintero y otros procesados intentaron favorecer económicamente a particulares al cambiar los términos de entrega del bien. La cesión era gratuita, pero la convirtieron en una compraventa para pagar a los particulares $40.500 millones por el lote. El ente acusador afirma que el exalcalde y el exsecretario General de la Alcaldía de Medellín Fabio Andrés García Trujillo expidieron actos administrativos para aumentar el avalúo del terreno.

En septiembre de 2025, la Fiscalía radicó el escrito de acusación en su contra, el cual cobija a otras 12 personas presuntamente involucradas en los hechos irregulares.

El abogado Jaime Granados, que actúa como defensor principal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, emitió un comunicado a través del cual exige la rectificación inmediata del periodista Hollman Morris, gerente de Rtvc, por información que publicó en su cuenta de X el 15 de abril de 2025. Las presuntas “difamaciones” que expuso fueron replicadas por el sistema de medios públicos, por lo que también pidió al informativo que rectifique.

La publicación en cuestión está relacionada con una investigación surtida por la Fiscalía General de la Nación sobre las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango (Antioquia), y el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús Maria Valle, ocurrido el 27 de febrero de 1998; la víctima había denunciado los hechos acaecidos en El Aro y La Granja, advirtiendo la presunta participación de paramilitares.

Morris entrevistó en Rtvc a Carlos Fernando Jaramillo, testigo clave del asesinato de Jesús María Valle. En el diálogo que sostuvieron, la fuente afirmó que el coronel (r) Jorge Eliécer Plazas Acevedo fue la persona que disparó contra el defensor de derechos humanos.

“El coronel Plazas Acevedo mano derecha del general Rito Alejo del Rio que a su vez era mano derecha de (Álvaro) Uribe en Antioquia cuando este era gobernador de Antioquia y los paramilitares hacían y desasían en ese departamento bajo la cobertura de las CONVIVIR”, indicó Morris en su cuenta de X, refiriéndose a la entrevista con Jaramillo.

Por su parte, al abogado Miguel Ángel del Río indicó al informativo que el ente acusador tiene los elementos suficientes para llamar a indagatoria al exmandatario por el asesinato del defensor de derechos humanos.

Defesa de Álvaro Uribe explicó el caso

En el comunicado, el abogado del expresidente Uribe explicó que el proceso penal mencionado por Morris es un “viacrucis judicial” que está en manos de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, anteriormente, la investigación estaba siendo adelantada por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

“La actuación de la que hemos sido parte era de naturaleza pública y fue en esa instancia, hace más de 17 años donde se conocieron estas informaciones que hoy el testigo modula y señor Morris recicla y tergiversa con un evidente sesgo malintencionado”, detalló.

Granados aseguró que el testigo clave Carlos Fernando Jaramillo ha rendido declaraciones desde el inicio de la investigación y sus aportes reposan en el expediente judicial desde entonces. Además, dio su testimonio bajo la gravedad de juramento y participó en diligencias de reconocimiento fotográfico, con el fin de identificar a las personas que asesinaron a Jesús María Valle.

No obstante, en esos procesos de identificación, el testigo señaló a personas “totalmente distintas” como presuntas responsables del crimen. Adicionalmente, al parecer, en ningún momento de la investigación expuso la información que reveló años después a Rtvc.

Por eso, el abogado concluye que sus nuevas declaraciones tendrían fines electorales. “Jamás hizo la más mínima mención a la historia que hoy se pretende construir, esta sí, con miras al favorecimiento del candidato que representa los afectos del señor Morris”, aseveró.

Según el profesional en Derecho, no tiene sentido que Jaramillo entregue información novedosa y “contradictoria” a los medios 28 años después del asesinato del defensor de derechos humanos. Considera que su testimonio responde a un interés por manipular la verdad procesal en plena época electoral, teniendo en cuenta que se acercan las elecciones presidenciales (31 de mayo de 2026).

En consecuencia, aseguró que los derechos del expresidente Álvaro Uribe a la defensa, el buen nombre y la honra fueron vulnerados por Morris y Rtvc. “No vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que las viles, bajas y canallas mentiras del señor Hollman Morris puedan seguir siendo utilizadas impunemente para enlodar a un expresidente de la República”, afirmó.

Añadió: “No solamente lo desmentimos de manera tajante ahora, sino que además lo conminamos públicamente para que rectifique sus injuriosas afirmaciones. De no hacerlo, se expone a un nuevo llamado para responder ante la justicia; una justicia que, en su caso, sí que ha sido tardía, pero que finalmente tendrá que llegar”.

A través de la Resolución 347 del 14 de abril de 2026, la Corporación Autónoma Regional (CAR) Cundinamarca estableció límites y condiciones en el uso del agua para la empresa Industria Nacional de Gaseosas S.A.S. (Indega SAS - embotelladora de Coca-Cola) en el municipio de La Calera (Cundinamarca), restringiendo parcialmente el acceso a manantiales e imponiendo medidas compensatorias ambientales.

De acuerdo con el director de la CAR Cundinamarca, Alfred Ballesteros Alarcón, por decisión de la entidad, la concesión hídrica en los manantiales cinco, seis y siete no fue prorrogada. Aseguró que esta determinación responde a la necesidad de equilibrar la demanda productiva con la protección de los ecosistemas.

“Después de realizar modelos, análisis, estudios hidrológicos, estudios hidrogeológicos y el balance hídrico de la respectiva microcuenca, hemos decidido no prorrogar el uso del recurso hídrico”, explicó.

Por otro lado, la autoridad ambiental otorgó la prórroga del uso del agua en los manantiales uno, dos, tres y cuatro, aunque bajo condiciones más estrictas: recorte del caudal máximo permitido de 3,23 a 1,9 litros por segundo y reducción del plazo de concesión de 10 años a solo cinco.

“La CAR Cundinamarca, a través de esta decisión, genera un derrotero para que las autoridades ambientales en Colombia, en escenarios de cambio climático, resolvamos los conflictos socioambientales por el uso de recursos con criterios técnicos, científicos, buscando mejorar la gobernanza del recurso”, precisó.

La congresista del Pacto Histórico María del Mar Pizarro celebró la decisión de la CAR, indicando que esta se logró gracias a la presión ejercida desde el Congreso de la República, donde se llevaron a cabo debates de control político al respecto.

Aseguró que el trabajo legislativo permitió reducir la concesión que beneficia a Coca-Cola y expuso irregularidades que involucran a la empresa. “El control político y la vigilancia funcionan. Tras nuestras denuncias, la @CAR_Cundi emitió una resolución que pone freno a Coca-Cola (Indega): la nueva resolución prohíbe a Coca-Cola usar sólo 3 manantiales de los 7 y reduce su caudal de 3.23 a 1.9 L/s a casi la mitad y prioriza el consumo humano (...). Logramos reducir su concesión a solo 5 años y que la CAR pusiera fin a décadas de irregularidades”, aseveró.

En la Cámara de Representantes, Pizarro ahondó en el tema, informando que los medios de comunicación también ejercieron la presión necesaria para lograr que la CAR pusiera “freno” al uso del recurso hídrico por parte de Indega. Además, recordó que en mayo de 2025, desde el Congreso se denunció que 1.000 personas se mostraron en deacuerdo con la priorización del embotellamiento de agua sobre el consumo del recurso por parte de los ciudadanos de Cundinamarca.

“Hace dos años nos dimos cuenta de que la planta de Coca-Cola en La Calera pagaba solo $11 millones al año por extraer 279.000 litros al día, 24 horas, sin parar”, detalló, indicando que la CAR estaba investigando irregularidades relacionadas con la empresa, como por ejemplo el uso de concreto para tapar siete manantiales y la aparente falta de reportes reales sobre el uso del agua.

Así las cosas, Pizarro aseguró que, aunque resalta la decisión de la corporación en favor de la protección de los recursos hídricos de La Calera, resulta preocupante el hecho de que la toma de medidas se haya tardado dos años, aproximadamente. Asimismo, advirtió que los límites establecidos siguen siendo insuficientes.

“Nos parece indignante que la CAR tomara dos años en responder cuántas utilidades tuvo Coca-Cola, cuántas utilidades tuvo Coca-Cola durante dos años vendiendo el agua embotellada de los colombianos. Mientras tanto, las personas de La Calera no tenían agua potable, ni siquiera para cuidar a los ancianos o a los niños pequeños”, aseveró la congresista del Pacto.