En septiembre de 2026, en medios de comunicación, redes sociales y en el sector político colombiano se empezaron a encender las alarmas por la desaparición de menores de edad en Bogotá. En su momento, la concejala Tata Hernández puso el tema sobre la mesa presentando cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad de la ciudad: en lo corrido de 2026 ya se había registrado la desaparición de 294 niños, niñas y adolescentes en la capital del país.

Esa cifra ya se acercaba a otro dato que ofreció la cabildante: 360 menores de edad desaparecidos en 2025 en Bogotá. “Cada 24 horas, un niño o adolescente se extraviaba en nuestras calles”, advirtió. Por eso, exigió acciones a la administración del alcalde Carlos Fernando Galán, específicamente al secretario de Seguridad, César Restrepo.

Para entonces, el funcionario habló sobre la problemática con la revista Semana, e indicó que, aunque a los ojos de la opinión pública pareciera que estuviera incrementando el número de desapariciones de menores, la realidad no sería esa. De hecho, indicó que, con el paso de los años, las cifras han ido disminuyendo.

“No es que haya más casos, son el conjunto ordinario de casos. Sin embargo, hay más conocimiento público de ellos. ¿Por qué señalamos que no hay más casos? Porque 1.600 casos se reportaron en 2016 de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. En el año 2025, al final del año se registraron 816 reportes. Es decir, una disminución del 50% en lo que va del año, bajó a 611″, dijo el secretario de Seguridad en la entrevista.

En diálogo con Infobae Colombia, la concejala Andrea “Tata” Hernández se refirió a la respuesta que otorgó el funcionario con respecto a la problemática. “Muy grave la declaración del secretario de Seguridad (...) Estamos reportando dos niños desaparecidos por día”, dijo.

Para sustentar su postura, presentó datos que difieren completamente de los que dio a conocer el servidor público: en 2025 hubo 537 menores reportados como desaparecidos en la ciudad, según información de la Fiscalía General de la Nación, y con corte de septiembre de 2026, el número de menores desaparecidos ya había aumentado a 594.

“Estamos hablando de que ya se superó. Definitivamente hay un incremento y el secretario de Seguridad tiene de entrada que reconocer que esta problemática está pasando en Bogotá y que no es como él muchas veces lo quiere mostrar y maquillar un poco”, precisó la cabildante a este medio de comunicación.

Con base en los datos a los que tuvo acceso, indicó que hay zonas de Bogotá en donde la situación es mucho más preocupante. Por ejemplo, en la localidad de Bosa, el aumento que se registró es del 32%, pasando de 69 casos en 2025 a 91 en 2026, mientras que la localidad de Kennedy presentó un aumento de 38% en los casos documentados, pasando de 56 casos en 2025 a 77 en 2026.

En ese sentido, la cabildante indicó que es necesario abordar la problemática tomando medidas efectivas, empezando por la unificación de las cifras, teniendo en cuenta que los datos oficiales que presentan las distintas entidades e instituciones locales tienen una amplia diferencia. Y, mientras no se resuelven esos problemas de información y actuación, las familias de Bogotá siguen enfrentando escenarios de angustia por la desaparición de sus menores de edad.

“Yo he tenido mamás que han llegado acá... tú te imaginas el desespero de ellas. A veces son menores de ocho meses, de 11 meses. En Tunjuelito tuvimos el caso de un menor de 11 meses que desapareció”, dijo.

Ahora bien, con el paso de los meses, la problemática persiste, pese a que ha estado activa en la agenda política y pública, y los números siguen creciendo. El 31 de octubre, los concejales Andrés Barrios, Diana Diago y Julián Uscátegui se unieron al debate sobre el tema y señalaron que, con corte a agosto de 2026, se han registrado 989 casos de niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Bogotá, lo cual representa un incremento del 12% en comparación con los 819 casos documentados en 2025 —otra cifra que no cuadra con las anteriormente reportadas—.

Además, informaron que dos de cada tres menores de edad reportados como desaparecidos en 2026 son niñas y el 86% de los casos corresponde a adolescentes de entre 12 y 17 años.

La situación alrededor de los números ya está bajo la lupa de los expertos. Así lo planteó el director del Laboratorio de Gobierno (GovLab) de la Universidad de La Sabana, Ómar Oróstegui, en conversación con Infobae Colombia.

“El aumento de reportes y el número de menores que continúan desaparecidos son indicadores distintos, afectados por la calidad y actualización de los registros. Sin embargo, estas limitaciones no deben retrasar la respuesta”, precisó.

El experto ahondó en las situaciones que podrían estar incidiendo en la desaparición de los menores de la ciudad e indicó que el Gobierno distrital debería examinar la violencia intrafamiliar como un posible factor que lleva a algunos niños, niñas y adolescentes a salir de sus hogares y quedar expuestos a nuevos riesgos. Esto, teniendo en cuenta también que, según el secretario de Seguridad de Bogotá, buena parte de los menores que desaparecen se van de sus casas por “voluntad propia” (75%).

“En el primer semestre de este año se han registrado 1.600 casos de menores que han sufrido de violencia intrafamiliar”, detalló.

Hernández planteó otra posible razón: la trata de personas, una de las más graves violaciones a los derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo, porque constituye una forma de esclavitud del siglo XXI que afecta la dignidad, la libertad, la autonomía y la vida de las víctimas. La trata de personas implica la captación y traslado de víctimas para la explotación sexual, los trabajos forzados, la mendicidad ajena y el matrimonio servil.

La cabildante cuestionó el hecho de que en algunas zonas del país no se informe adecuadamente al respecto, lo que, a su juicio, podría estar incidiendo en las cifras de menores desaparecidos en Bogotá.

“¿Por qué cuando llegamos a los aeropuertos no encontramos estos tipos de avisos en las pantallas? Es que estas son las salidas de nuestro país. Las terminales de transporte, ahí es donde hay que incrementar y unir más fuerzas para que estos niños no salgan de nuestro país, que muchas veces se los llevan en temas de trata de personas”, dijo.

Sin embargo, el director del laboratorio afirma que la información disponible actualmente sobre la problemática no permite concluir con total certeza que la trata de personas o la violencia sexual expliquen el incremento de las desapariciones de los niños, niñas y adolescentes.

“Estas hipótesis deben investigarse en cada caso y contrastarse para identificar posibles patrones. Las autoridades necesitan ese diagnóstico, pues las medidas para enfrentar redes de explotación son diferentes de las intervenciones para proteger a un menor que abandona un hogar violento”, precisó.

De acuerdo con Ómar Oróstegui, un aspecto positivo es que en los casos con localización predominan los hallazgos con vida. Sin embargo, no es posible hacer una generalización al respecto, teniendo en cuenta las diferencias entre balances.

Sobre las posibles falencias que se pueden estar presentando en la prevención y atención de las desapariciones de los menores, el experto explicó que es necesario evaluar si las responsabilidades institucionales están claramente asignadas y si existe continuidad en la atención. Según detalló, esto es crucial porque una alerta pierde efectividad cuando pasa de una entidad a otra sin que ninguna asegure el seguimiento y, ante una posible falta de respuesta estatal, las familias no deberían asumir tareas de coordinación que no les corresponden.

“El Gobierno distrital debería fortalecer la articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) para intervenir ante riesgos previamente identificados, mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones correspondientes”, aseguró.

Oróstegui indicó entonces que la prioridad es conectar la prevención con la búsqueda inmediata y la protección posterior de los niños, niñas y adolescentes. A esto se suma una adecuada articulación entre entidades responsables de hacer seguimiento a los casos, garantizando el traspaso de información actualizada.

Al igual que Hernández, el investigador concuerda en que también se debe poner el foco en los tipos de violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en los colegios. De igual manera, explicó que la efectividad institucional debe medirse también por la protección posterior. “Encontrar al menor es indispensable, pero se requiere establecer qué ocurrió y evitar que vuelva a enfrentar las condiciones que originaron su desaparición”, dijo.

La concejala de Bogotá añadió otra propuesta que, desde su perspectiva, podría servir de ejemplo para la ciudad: la implementación de una alerta como la Amber, que funciona en Estados Unidos y contribuye a la búsqueda de menores desaparecidos. “A todos los ciudadanos les llega (una notificación) a su celular inmediatamente, apenas se pierde un menor de edad, con el nombre, las características, la edad, todo”, detalló.

Hernández recordó que en Colombia no hay que esperar 24 horas, 48 horas o 72 horas para reportar a un desaparecido.

El jefe de Estado indicó que los uniformados lograron la incautación de 264 celulares, 456 tarjetas SIM y 24 dispositivos wifi. De igual manera, decomisaron 91 armas cortopunzantes y $7.028.000 en efectivo. Asimismo, incautaron 3,5 kilogramos de marihuana y 2,6 kilogramos de cocaína, así como 800 litros de licor artesanal.

En las celdas del penal, las autoridades también encontraron joyas que serían de oro (tres cadenas y dos anillos) y otros dispositivos tecnológicos que ahora están en su poder: 232 cargadores, 25 auriculares Bluetooth, siete parlantes, una tableta, dos proyectores, una tarjeta microSD y un reloj inteligente.

De la Espriella aseguró que las cárceles de Colombia no deben funcionar como centros de operaciones criminales ni como lugares de privilegios para quienes allí están recluidos. Insistió en que, durante su administración, se impondrá la ley, la disciplina y la autoridad en los penales del país.

“No voy a permitir que quienes están privados de la libertad sigan sembrando terror entre los colombianos. Seguiré fortaleciendo los controles, combatiendo la corrupción y recuperando plenamente la autoridad dentro de nuestras cárceles. ¡EN LA PATRIA MILAGRO, LA LEY SE RESPETA Y LA AUTORIDAD SE EJERCE SIN TITUBEOS!”, indicó.

De igual manera, informó que dio la orden de “cerrarles el paso” a las redes criminales que desde los centros de reclusión siguen extorsionando, amenazando y coordinando delitos que afectan a la ciudadanía. “¡SE LES ACABÓ LA FIESTA A LOS DELINCUENTES QUE PRETENDEN SEGUIR OPERANDO DESDE LAS PRISIONES!”, añadió.

Por su parte, el Inpec afirmó que este tipo de acciones se mantendrán para afectar el actuar delictivo al interior de las cárceles. “El Inpec reafirma su compromiso con la seguridad, el control y la lucha contra las actividades ilícitas al interior de los establecimientos penitenciarios del país”, indicó.

Operación Ópalo dejó más de 100 capturados

Por otro lado, el Gobierno nacional y las autoridades adelantaron otro operativo que derivó en un “duro golpe” a las mafias que están detrás de la extorsión y el secuestro. Según explicó el jefe de Estado en su cuenta de X, se trata de la Operación Ópalo, que involucró 29 diligencias de allanamiento y que fue liderada por la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Fuerza Aérea Colombiana y otras autoridades.

De la Espriella indicó que el operativo en cuestión dejó 109 capturados en nueve departamentos y cuatro ciudades del país. De la totalidad de las personas detenidas, 81 estarían vinculadas a casos de extorsión, 13 a casos de secuestro y 15 por otros delitos conexos.

“Este contundente resultado golpeó al Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, Los Costeños, Los Satanás y otras organizaciones criminales. En La Guajira también cayeron alias ‘Chavalito’ y alias ‘115’, señalados de participar en sicariato, extorsión y tráfico de drogas”, precisó el presidente en la red social.

Adicionalmente, el mandatario informó que fue capturado un presunto extorsionista señalado de intimidar al sector transportador en Casanare. Esa persona también estaría relacionada con la incineración de un vehículo de servicio público en Yopal.

“A los secuestradores, extorsionistas y organizaciones criminales les advierto: tienen los días contados. LOS VAMOS A PERSEGUIR hasta acabar con ustedes como el cáncer que son. ¡Vamos a liberar a Colombia por la razón o por la fuerza, en el marco de la Constitución y la ley!”, concluyó.

Las autoridades investigan presuntas irregularidades en la suscripción de contratos de mujeres en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, luego de que Deicy Jiménez, una exfuncionaria de la administración, denunciara que ofreció servicios sexuales al exmandatario y que el pago por ellos fue a través de contratos con el Estado.

Noticias RCN tuvo acceso a una conversación que habrían sostenido el ex jefe de Estado y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez. En ella, presuntamente, el expresidente compartió un enlace de una publicación en X que hizo Elizabeth Ortiz (@ElizbethCristi7), una mujer que asegura ser psicóloga y especialista en Gestión Pública.

En el chat, fechado el 3 de noviembre de 2025, Petro habría indicado que Ortiz debía tener un contrato en la Presidencia de la República, debido a su influencia y belleza física.

Gustavo Petro: Esta muchacha trabaja en minsalud. Es una buena influencia. No es tan bonita como aparece pero debería estar en presidencia para mejorar la imagen de comunicaciones (sic).

Angie Rodríguez: Perfecto señor Presidente. Ya me pongo en contacto con ella.

Gustavo Petro: Que paso con las que traje? (sic).

Angie Rodríguez: Quedan esta semana vinculadas. Las 2.

En su cuenta de X, que ahora tiene todas sus publicaciones protegidas, Elizabeth Ortiz confirmó que sí trabajó en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según detalló, estuvo vinculada laboralmente en el Dapre, con dos contratos que suscribió a finales de 2025 y en febrero de 2026. Explicó que esos contratos pueden ser verificados en el Secop y aseguró que todo el proceso de contratación fue formal y público.

“Al Dapre llegué por recomendación de Andrés Hernández, persona de confianza del Presidente Gustavo Petro, quien estaba construyendo el equipo de comunicaciones del Gobierno por solicitud del Presidente. El propio Andrés Rodríguez públicamente lo aclaro ante los múltiples ataques que he recibido en redes sociales”, precisó.

Habiendo aclarado la procedencia de sus contratos, Ortiz se refirió específicamente al escándalo que salpica al ex jefe de Estado, en relación con la presunta prestación de servicios sexuales a cambio de contratos. La exfuncionaria aseguró que el exmandatario jamás le insinuó mantener relaciones sexuales y negó hacer parte de la presunta “red de mujeres” que denunció Deicy Jiménez, cuyo relato también es respaldado por la exdirectora del Dapre Angie Rodríguez.

En ese sentido, Elizabeth Ortiz exigió respeto por su formación académica y su trayectoria profesional. “De su parte, en ningún momento he recibido insinuaciones de carácter sentimental o sexual. No hago parte de ninguna red como la prensa malintencionada quiere hacerlo ver (...) No he mantenido relaciones sentimentales ni sexuales con ninguna persona del Gobierno ni tampoco he aceptado contratos a cambio de favores personales ni sexuales. Mi nombre y mi trayectoria profesional merecen respeto”, expresó.

Ante la revelación del chat que correspondería a una conversación entre Petro y Rodríguez, el ex jefe de Comunicaciones de la Presidencia de la República Andrés Hernández Ramírez defendió a Ortiz. Confirmando el relato de la exfuncionaria, aseguró que, en efecto, la recomendó para que hiciera parte del equipo de comunicaciones del Gobierno. Esa propuesta contó con el visto bueno del expresidente.

“Me parece mal que se trate de dañar la imagen de @ElizbethCristi7. Fui yo quien la recomendó para reforzar el equipo de comunicaciones, el presidente estuvo de acuerdo y una vez que yo asumo las comunicaciones de Palacio, renuevo su contrato con el presupuesto que yo tenía asignado para mi equipo de trabajo. Ella renunció de hecho anticipadamente antes de terminar gobierno, porque no quería estar con el nuevo”, precisó Hernández Ramírez.

El exmandatario Gustavo Petro, por su parte, ha negado en más de una oportunidad la entrega de contratos para obtener favores.

El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se refirió a la polémica que ha surgido alrededor de la expresión “Viva Cristo Rey”, que tanto él como el presidente Abelardo de la Espriella suelen utilizar en sus pronunciamientos.

En diálogo con la revista Semana, el funcionario, que ahora reemplaza a Rodrigo Lara como titular de la cartera, afirmó que esa expresión responde a una realidad cultural que, a su juicio, se evidencia en Colombia, la cual, desde su perspectiva, resulta perjudicial para la población.

“Son intolerantes los que critican eso. Porque mire, todo este tema cultural que estamos viviendo de la disolución de la sociedad, de la disolución de la familia, de las crisis generalizadas que se viven, pues es consecuencia de eso, de que Cristo ya no reina en los corazones, en las sociedades”, precisó el funcionario en la entrevista con el medio de comunicación citado.

Según detalló, cuando el presidente dice “Viva Cristo Rey”, también hace referencia a lo que representa su Gobierno en medio de esa “batalla cultural” que se estaría presentando. En ese sentido, cuestionó a las personas que critican el uso de expresión por parte del primer mandatario y de otros funcionarios de su administración; considera errado que busquen impedir su uso, al mismo tiempo que defienden el concepto de libertad.

“Pero, ¿por qué no voy a pensar eso si usted piensa esto? Es incoherente, son más intolerantes estos que dicen: ‘Usted no puede pensar eso, usted no puede gritar eso’. Pero, ¿por qué? Si es un resumen de lo que él (el presidente Abelardo de la Espriella) ha venido sosteniendo en el transcurso de toda su campaña”, indicó Ordóñez.

El ministro indicó que buena parte de la población colombiana (casi 13 millones de personas) eligió a De la Espriella en las urnas por sus posturas, incluyendo la religiosa. En campaña, se refirió a temas morales, políticos y religiosos que terminaron siendo aprobados por los votantes. “Eso está resumido en el ‘Viva Cristo Rey’. Entonces no se escandalicen, eso es un acto de intolerancia, escandalizarse con eso”, aseveró el jefe de la cartera.

No es la primera vez que Ordóñez habla sobre la postura del Gobierno nacional en cuanto a las creencias religiosas. En octubre de 2026, cuando intervino por primera vez como embajador de Colombia ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ahora ministro del Interior afirmó que hay una “batalla cultural” y que la fe en Dios es uno de los fundamentos de la administración actual, junto con “el orden moral”.

“Estos principios de política exterior no pueden entenderse separados de la visión de país que el presidente ha propuesto para Colombia. La Patria Milagro tiene unos fundamentos claros: la fe, la creencia en Dios como fundamento del orden moral y fuente de sentido para la vida y nuestras decisiones públicas y privadas, un principio que algunos han querido borrar del debate nacional, pero que permanece vivo en el corazón de nuestra gente”, dijo el jefe de la cartera en su momento.

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas. La congresista Jennifer Pedraza cuestionó sus afirmaciones, específicamente aquellas relacionadas con la “batalla cultural”, porque, a su juicio, podrían implicar un intento por limitar las libertades individuales de la población colombiana, que reside en un país laico que, por la Constitución Política, garantiza la libertad de cultos.

“La “batalla cultural” del quema libros de Ordóñez en la OEA es el oscurantismo disfrazado de política exterior. Quieren devolvernos a las viejas tradiciones que nos callaban, a modelos únicos de ciudadanía, familia y quitarnos libertades individuales. Desde la comisión II citaremos a debate de Control a la Cancillería invocando la constitución que (así les estorbe) nos protege de las tinieblas”, indicó la senadora y exrepresentante a la Cámara en su cuenta de X.

Según el funcionario, las posibles anomalías se habrían identificado en el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado. Indicó que el Gobierno decidió recurrir al ente acusador porque su deber es garantizar la seguridad del país, algo que “supone también administrar con rigor, responsabilidad y transparencia cada recurso público que respalda la misión constitucional del sector defensa”.

Según la cartera, esa dependencia tiene tres líneas estratégicas de acción dentro del Ministerio de Defensa:

• La desmovilización individual y el sometimiento individual a la justicia (Ruta de la Legalidad).
• La prevención del reclutamiento ilícito, mediante la implementación de campañas de difusión en las que se dan a conocer los beneficios jurídicos, económicos y sociales del regreso a la legalidad. Este punto de acción tiene como fin incentivar y promover el desarme de los integrantes de los Grupos Armados Organizados al margen de la ley (GAOML) y los Grupos Armados Organizados (GAOs).
• La incidencia en la disminución gradual del reclutamiento ilícito y en la utilización y violencia contra niños, niñas y adolescentes en el país.

De acuerdo con el jefe de la cartera, las alertas que giran alrededor de esa área del Ministerio de Defensa se centran en contratos que fueron suscritos para distintos objetivos: operar los hogares de paz, entregar bonos de vestuario y calzado, suministrar bienes y servicios y realizar actividades de difusión institucional.

Las presuntas anomalías que llamaron la atención del Gobierno son:

• Pagos por obligaciones incumplidas.
• Fallas en la supervisión contractual.
• Inconsistencias en cuentas de cobro.
• Problemas para rastrear los bonos.
• Posibles sobrecostos.
• Presuntos ofrecimientos de dádivas.
• Posible uso particular de transporte y alimentos.
• Presuntos ingresos con identidades falsas para acceder a beneficios económicos.

El ministro afirmó que la Fiscalía deberá establecer los hechos y determinar si existen méritos para atribuir responsabilidades penales por las presuntas irregularidades detectadas. Asimismo, precisó que las demás autoridades competentes deben actuar dentro de sus funciones, con respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de las investigaciones.

“Desde esta cartera seguiremos colaborando con la justicia, fortaleciendo los controles internos y protegiendo los recursos públicos con absoluto respeto por la independencia judicial”, indicó.

Detalles sobre la desmovilización y el sometimiento durante el gobierno Petro

En noviembre de 2025, el Comando General de las Fuerzas Militares emitió una comunicación en la que entregó detalles sobre los avances en la desmovilización y sometimiento a la justicia por parte de los grupos armados, procesos que fueron acompañados por el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado.

Según informó, para entonces, 450 personas ya se habían desmovilizado (desde que inició la administración del expresidente Gustavo Petro) y otras 891 se desvincularon, mientras que más de 1.800 se sometieron a la ley.

De igual manera, se refirió a la Directiva Permanente 18 de 2025, por medio de la cual se actualizaron los incentivos económicos otorgados para impulsar la desmovilización, el sometimiento, la entrega de menores y de material de guerra y el suministro de información útil. “Los pagos oscilan desde 2,5 salarios mínimos legales mensuales por la desvinculación de un menor, hasta 280 para la presentación de un cabecilla principal, además de recompensas por hallazgos como laboratorios, campos minados o dinero ilegal”, detalló.

En el comunicado, también hizo mención de los hogares de paz —sobre los cuales el actual Gobierno puso la lupa—, que son lugares donde los desmovilizados y sus familias reciben asistencia, alimentación y apoyo psicosocial. Esto, durante un periodo de 90 días, en el que también se busca información y se planifica la reintegración de la población desmovilizada.

El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González Perafán, se refirió a la masacre que se registró el 6 de noviembre de 2026 en Toro, Valle del Cauca, que dejó un saldo de tres víctimas. Se trata de tres mujeres de una misma familia (una madre y sus dos hijas), identificadas como Yarlin Andrea Muñoz Gutiérrez, Sulisney Muñoz Gutiérrez y María del Carmen Gutiérrez.

Las víctimas fueron atacadas por hombres armados que llegaron a la vivienda donde se encontraban y les dispararon de manera indiscriminada. “Las circunstancias y los responsables de este hecho deben ser plenamente esclarecidos”, indicó el director de Indepaz en declaraciones compartidas por Blu Radio.

Por otro lado, informó que, con este hecho violento, ya se contabilizan 104 masacres en Colombia, perpetradas en lo corrido de 2026. De la totalidad, 24 se han presentado durante la administración del presidente Abelardo de la Espriella, que inició el 7 de agosto de 2026.

En el Valle del Cauca, el número de masacres ya asciende a seis desde el inicio del mandato del nuevo jefe de Estado y a 14 en lo corrido del año.

El director de Indepaz afirmó que las cifras y lo ocurrido con las tres víctimas en el municipio de Toro encienden las alarmas debido a la situación de orden público que se registra en el departamento del Valle del Cauca. En consecuencia, advirtió que la ciudadanía requiere de medidas de protección efectivas.

“Una situación que evidencia la persistencia de graves escenarios de violencia en el departamento del Valle del Cauca. La protección de la población civil y las acciones para contener estas dinámicas de violencia requieren una respuesta urgente e integral”, precisó.

El instituto indicó que en el municipio de Toro existen disputas por el control territorial y por economías ilícitas como el narcotráfico. “Estas dinámicas pueden generar homicidios, amenazas y extorsiones, además de afectar la seguridad de la población civil. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre la persistencia y el agravamiento de estas disputas en el municipio y en localidades cercanas”, precisó.

En la zona operan distintas estructuras armadas, aunque por el momento se desconoce si alguna de ellas es responsable de la masacre. De acuerdo con Indepaz, esas organizaciones criminales son el Frente Adán Izquierdo del Bloque Isaías Pardo, Los Flacos y grupos delincuenciales de carácter local.

Lo sucedido generó indignación en el país político colombiano. Algunos congresistas se pronunciaron al respecto y solicitaron a las autoridades poner la lupa sobre lo ocurrido, con el fin de esclarecer el crimen y evitar que casos similares se sigan presentando en el departamento.

Entre las personas que reaccionaron se encuentra la senadora Ana Paola García. En una publicación en su cuenta de X, la legisladora rechazó los hechos de violencia y exigió a las autoridades competentes adelantar las respectivas investigaciones e identificar y capturar a los hombres que estuvieron detrás del crimen.

“Rechazo categóricamente el asesinato de una madre y sus dos hijas en Toro, Valle del Cauca. María del Carmen, Yarlin Andrea y Sulisney merecen justicia. Este crimen no puede quedar en la impunidad. Exijo a las autoridades celeridad para capturar a los responsables”, señaló.

Al igual que la legisladora García, el congresista Juan Carlos Garcés Rojas rechazó públicamente el asesinato de las tres víctimas y advirtió que no se puede normalizar la violencia en el territorio. Insistió en la necesidad de que la vida de las mujeres sea protegida y exigió medidas de protección para la ciudadanía.

“Hago un llamado a las autoridades para que se adelanten todas las investigaciones necesarias, se identifique y capture a los responsables y se refuercen las medidas de seguridad en el norte del Valle. A las familias de las víctimas, mi solidaridad y acompañamiento en este momento de profundo dolor ¡Ni una vida más arrebatada por la violencia! Las mujeres merecen vivir libres, seguras y sin miedo”, indicó.

De acuerdo con cifras oficiales actualizadas hasta el momento, el ataque ya deja 3 uniformados muertos, 16 heridos de gravedad que fueron remitidos a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica, y 31 afectados.

La Defensoría del Pueblo emitió un comunicado en el que expresó preocupación por los hechos de violencia. En el texto, el organismo se solidarizó con los integrantes de la unidad militar que resultaron afectados y sus familias, y advirtió que la situación de orden público en el territorio amenaza también a la población civil.

Según explicó, las confrontaciones entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, han agravado la situación humanitaria en el sur de Bolívar, especialmente en la Serranía de San Lucas. El panorama está permeado por la disputa por el control territorial entre los grupos armados, las rentas de la minería ilegal y los corredores estratégicos de la región. “Estos hechos no son aislados”, advirtió.

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo informó que entre mayo y septiembre de 2026 se registraron 22 emergencias humanitarias por confinamientos –que es una de las principales formas de afectación de las comunidades rurales— y desplazamientos forzados masivos en varios municipios del sur de Bolívar. Estas situaciones afectaron a 11.135 personas de 4.939 familias.

A estas problemáticas se suma la instalación de minas antipersonal en el departamento, así como las restricciones a la movilidad de la ciudadanía y al abastecimiento de alimentos y medicamentos. El accionar de los criminales también ha afectado a los niños, niñas y adolescentes, que padecen la interrupción de las actividades educativas.

Entre la población impactada negativamente por los actos de violencia de los criminales están los uniformados. La Defensoría del Pueblo recordó que la estación de Policía de Arenal fue atacada el 29 de marzo de 2026 y que sufrió otro atentado el 11 de julio.

Asimismo, un mes después (el 19 de agosto), la estación de Policía de Norosí fue blanco de un atentado perpetrado con drones explosivos y ráfagas de fusil. El hecho dejó ocho policías heridos y puso en riesgo a la comunidad educativa de una institución ubicada a poca distancia del lugar.

Una alerta vigente que no habría sido debidamente atendida

Ahora bien, el organismo indicó que Santa Rosa del Sur está incluida en la Alerta Temprana 034 de 2023, cuyo informe de seguimiento más reciente fue emitido en agosto de 2026. Según detalló, pese a que los riesgos identificados se mantuvieron y se agravaron, no se convocó la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) que se requería.

“La gravedad de los hechos exige que las alertas y recomendaciones defensoriales se traduzcan en medidas efectivas y oportunas de prevención y protección”, precisó.

Así las cosas, la Defensoría pidió al Ministerio del Interior convocar con urgencia esa comisión para evaluar los riesgos, revisar el cumplimiento de sus recomendaciones y coordinar medidas de prevención y protección. También solicitó a las autoridades nacionales, departamentales y municipales proteger a la población de la cabecera, los corregimientos y las veredas de Santa Rosa del Sur.

De igual manera, pidió a la Alcaldía de Santa Rosa del Sur, a la Gobernación de Bolívar y a la Unidad para las Víctimas verificar posibles desplazamientos, activar las rutas de atención humanitaria y asistir a las familias afectadas. También solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar los homicidios ocurridos en el municipio y los ataques contra instalaciones militares para identificar a los responsables.

La labor de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, está siendo cuestionada debido a cifras que evidencian que la tasa de esclarecimiento de los homicidios se ha reducido durante su tiempo de liderazgo. Una de las personas que puso en duda su trabajo es la exsenadora y excandidata presidencial Paloma Valencia.

A través de una publicación en su cuenta de X, indicó que “la fiscal Camargo parece haber destruido la capacidad de la fiscalía (sic)”.

Los datos que no favorecen a la fiscal General

Su crítica está basada en información presentada por el investigador de la facultad de Economía de la Universidad de Los Andes y coeditor del Journal of Development Economics Daniel Mejía.

“Uno de los principales indicadores para medir la labor de las Fiscalías en el mundo es la tasa de esclarecimiento. La definición más sencilla y minimalista de la tasa de esclarecimiento es la fracción de noticias criminales que ingresan a la fiscalía por un delito dado y que, tras 3, 6, 9 y 12 meses (o más, si uno quiere) han llegado a imputación de cargos”, explicó.

Con base en ello, el experto dio a conocer la evolución en el tiempo de la tasa de esclarecimiento de homicidios en Colombia durante los últimos 18 - 20 años, a tres, seis, nueve y 12 meses. Según la gráfica que compartió —elaborada con datos oficiales de la Fiscalía y de prensa—, bajo el liderazgo de Luz Adriana Camargo (2024-2025) la tasa de esclarecimiento presentó una caída importante en todos los indicadores, mientras que, cuando Francisco Barbosa fungió como fiscal General de la Nación (2020-2024), la tasa se mantuvo en su mayoría en los niveles más altos.

Los datos adjudicados a Luz Adriana Camargo indican que:

• Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a tres meses se ubicó en casi un 11,0%.
• Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a seis meses se ubicó en 12,0%, aproximadamente.
• Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a nueve meses se ubicó en un poco más del 13,0%.
• Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a 12 meses se ubicó en un 15,0%.

Si se compara con las cifras atribuidas a Francisco Barbosa, su antecesor, que presentó los niveles más altos de esclarecimiento desde 2007, la disminución es amplia. Pues, sus datos indican que:

• Para 2024, la tasa de esclarecimiento de homicidios a tres meses se ubicó en casi un 15,0%.
• Para 2024, la tasa de esclarecimiento de homicidios a seis meses se ubicó en casi un 19,0%.
• Para 2024, la tasa de esclarecimiento de homicidios a nueve meses se ubicó en casi un 21,0%.
• Para 2024, la tasa de esclarecimiento de homicidios a 12 meses se ubicó en un poco más del 21,0%.

Ahora bien, Mejía explicó que “la verdadera “prueba ácida” para la @FiscaliaCol es cuando ocurre un homicidio pero no hay capturado en flagrancia por parte de la @PoliciaColombia (cuando lo hay, la imputación es relativamente más fácil y casi automática). En casos sin capturado en flagrancia, es cuando la Fiscalía debe investigar y dar con el responsable”, detalló.

La tasa de esclarecimiento de homicidios en Colombia cuando los casos no han tenido capturados en flagrancia también presenta bajos resultados en la administración de la fiscal Camargo:

• Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a tres meses se ubicó en casi un 4,0%.
• Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a seis meses se ubicó en 5,0%, aproximadamente.
• Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a nueve meses se ubicó en un poco más del 6,0%.
• Para 2025, la tasa de esclarecimiento de homicidios a 12 meses se ubicó en un 8,0%.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se refirió a la excarcelación de Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom o alias Carlos Chata, un peligroso criminal del Valle de Aburrá (Antioquia), líder de las organizaciones criminales La Oficina y Los Chatas.

Mesa Vallejo fue recluido en la cárcel La Picota de Bogotá, penal donde recibió una notificación de un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas, en la que se le informó sobre el otorgamiento de la libertad condicional por un periodo de prueba de 10 meses y dos días. Esto, teniendo en cuenta que ya cumplió con el 93,7% de la pena privativa de la libertad de 13 años que le fue impuesta por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas, según informó El Colombiano.

Ante los medios de comunicación, el alcalde Federico Gutiérrez advirtió que, en caso de que alias Tom decida seguir cometiendo delitos aprovechando su condición de libertad condicional, su situación jurídica se complicará.

“Hoy, después de pagar una parte de la pena, dicen que saldrá en libertad. Yo solo quiero dejar algo claro. Si se le ocurre seguir delinquiendo, pues le va a ir muy mal y aquí también estamos preparados”, precisó el mandatario local ante la prensa.

En consecuencia, solicitó a la Policía Nacional, al Ejército Nacional, a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de inteligencia que estén pendientes de cada paso del criminal. Recordó que es el jefe de Los Chatas, una estructura criminal que tiene un amplio accionar delictivo en el área metropolitana y en el país.

Gutiérrez también hizo énfasis en las negociaciones de paz que llevó a cabo el expresidente Gustavo Petro con las organizaciones criminales urbanas del Valle de Aburrá. Alias Tom hizo parte de esas mesas de diálogo y ejerció como vocero.

Sin embargo, el alcalde aseguró que, desde que empezó su trabajo como mandatario de Medellín, se dedicó a perseguir al peligroso criminal, una tarea complicada, teniendo en cuenta el nivel de corrupción que se encontró dentro de la institucionalidad. “A él no lo tenían ni en los organigramas porque había corrupción, sabiendo que era el jefe de La Oficina, fue en ese punto que empezamos una persecución y dimos con su captura”, dijo el alcalde, citado por El Tiempo.

Así las cosas, afirmó que, pese a que alias Tom cumplió casi la totalidad de su pena y a que un juez determinó que es posible otorgarle la libertad condicional temporal, el criminal debería seguir recluido en un penal. Afirmó, además, que en muchos casos, los criminales terminan pagando pocos años de cárcel, a pesar de la gravedad de los delitos que cometieron.

“De las medidas que muchas veces les imponen, terminan pagando cinco, seis, siete años, y salen. ¡Dios mío!, estamos hablando de homicidio, extorsión, desplazamiento forzado, reclutamiento infantil, lavado de activos... vamos a estar muy pendientes de él. Le seguiremos dando duro a las estructuras”, señaló el funcionario.

Por su parte, Andrés Tobón, que en 2017 fungió como secretario de Seguridad de Medellín y que ahora es concejal de la ciudad, recordó que la primera instrucción que recibió de Federico Gutiérrez, que entonces también era el alcalde de Medellín, fue capturar a alias Tom.

Para ese momento, Mesa Vallejo controlaba cerca del 70% de las estructuras armadas del Valle de Aburrá. Además, lideraba Los Chatas, una organización criminal muy temida debido a que es sanguinaria. El poder de esa estructura se extendió a otros lugares por fuera de Antioquia.

En ese sentido, Tobón criticó la decisión del juzgado que ordenó la excarcelación de alias Tom. “Habrá pagado esa condena, pero esta gente no se equivocó y ya, esta gente decidió hacerle el mal a cientos de miles de personas en el país. Que la sanción social dure, que sea eterna y que si se le ocurre volver a delinquir, si es que no ha dejado de hacerlo, la justicia lo vuelva a poner en la mira y dé con su captura”.

El gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón Jaramillo, se refirió a la reforma tributaria que plantea el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y a la crisis financiera que atraviesa el país. Según afirmó, la actual administración utiliza esa situación como fundamento para impulsar la iniciativa, identificada como el proyecto de ley 477 de 2026, Ley de Rescate Económico.

Sus declaraciones se produjeron durante la 90 Cumbre Cafetera, realizada entre el 5 y el 6 de noviembre de 2026 en Cartagena. El evento fue liderado por la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoesport) y la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).

Durante su intervención, el gerente general de la Federación sostuvo que la aplicación de un IVA del 19% a productos e insumos de la cadena cafetera sería inconveniente para el sector.

“El café no puede tener un IVA del 19%. Ni el café pergamino, ni el café verde, ni el café tostado y mucho menos los sistemas de riego y mucho menos los tractores”, dijo Bahamón Jaramillo en el segundo día del evento.

Sin embargo, el funcionario indicó que la situación actual del país en materia económica y fiscal es responsabilidad del gobierno del expresidente Gustavo Petro, antecesor de Abelardo de la Espriella. Según explicó, durante la administración anterior mantuvo la prudencia con respecto a la situación que estaba afrontando el país y el manejo que le estaba dando el exmandatario, pero, ahora que hay un nuevo Gobierno, optó por dar a conocer su punto de vista de manera pública.

“Fui muy prudente durante cuatro años, respetuoso de la institucionalidad, pero no voy a ser prudente hoy. El responsable de la crisis en la que está este país es Gustavo Petro Urrego y no se nos puede olvidar”, precisó.

En consecuencia, afirmó que se deben “cerrar filas” y acompañar todos los esfuerzos orientados a resolver la situación. Advirtió que es necesario tener criterio, con el fin de evitar ser engañados. “Siendo críticos, no tragando entero, claramente, todos los esfuerzos que sean necesarios para reconstruir este país y para brindarle esperanza y desarrollo económico a nuestro país”, dijo.

De igual manera, afirmó que el aparato agroexportador colombiano requiere de respaldo para que tenga mejores condiciones y garantizar así que el campo colombiano contribuya a la transformación de la sociedad a partir del desarrollo económico.

“Una gran taza de vez en cuando no construye mercados. Los exportadores y tostadores necesitan lotes consistentes, trazables y estandarizados. Por eso vamos a comprar café en cereza. Las centrales de transformación y beneficio ya son una realidad y nos dan una nueva capacidad industrial para controlar la poscosecha, elevar la calidad y diseñar productos para cada comprador”, añadió Bahamón Jaramillo en su intervención.

Asimismo, indicó que los consumidores de café están cambiando sus preferencias, formatos y ocasiones de consumo, por lo que la industria cafetera debe anticiparse y tomar medidas para cumplir con la demanda. “Entendamos las tendencias que están rigiendo el consumo de café en el mundo, no solo en la industrialización”, indicó.

Insistió entonces en la importancia de la innovación. “Durante décadas, Cenicafé (Centro Nacional de Investigaciones de Café) nos dio algo invaluable: resistencia. Gracias a esa ciencia la caficultura colombiana sobrevivió a la roya y a la broca (...) Celestra, Cocoon y Castalia unen inteligencia comercial y genética para crear cafés diferenciados. No entregamos semillas. Construimos mercados”, precisó.

El gerente general de la federación reconoció que, aunque la misión de la organización cafetera es social, requieren de mayores ventajas competitivas en el mercado y que sean verdaderamente sostenibles en el tiempo. “La reputación claramente es una de ellas. El origen que genera esa reputación es una de ellas”, dijo.

El escándalo de los “sexocontratos” que tiene al expresidente Gustavo Petro bajo el escrutinio público y en la lupa de las autoridades motivó a las mujeres de la bancada del Pacto Histórico en el Congreso a pronunciarse.

Por medio de un comunicado, aseguraron que las denuncias que hay sobre la presunta prestación de servicios sexuales en el anterior gobierno y el pago de los mismos a través de contratos deben ser indagadas con rigurosidad. Sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de preservar la presunción de inocencia y de garantizar que ninguna mujer que acuda a la justicia sea objeto de juicios sobre su vida privada.

De igual manera, recordaron que hay que tener especial cuidado en la investigación de los casos en los que hay asimetrías de poder o subordinación. Además, aseguraron que, aunque las denuncias hoy salpican al exmandatario, las mujeres feministas afines a él no deben asumir ninguna responsabilidad al respecto.

“Es imperativo señalar que ninguna mujer, ninguna feminista y ninguna organización de mujeres tiene que salir a responder, justificar o asumir las responsabilidades políticas, personales o jurídicas que les corresponden a los hombres. El feminismo no puede convertirse en un mecanismo para encubrir, justificar o minimizar conductas por afinidades ideológicas, partidistas o lealtades políticas”, señalaron.

Agmeth Escaf expresó su apoyo a las mujeres del Pacto Histórico

El senador Agmeth Escaf respaldó públicamente a las congresistas del partido político de izquierda y cuestionó a las personas que han criticado a las legisladoras por pronunciarse o no sobre el escándalo en cuestión. El servidor público aseguró que ninguna de las mujeres de la colectividad debe responder por la conducta presuntamente irregular en la que haya incurrido el ex jefe de Estado.

“Toda mi solidaridad con las mujeres del Pacto que son muy berracas y valientes. Valioso comunicado el que sacan hoy. ¿A cuenta de qué les están exigiendo a ellas que respondan por los actos que se le achacan a Petro?”, indicó el senador en una publicación en su cuenta de X.

En consecuencia, el congresista pidió que se deje de exigir a sus colegas del partido de izquierda que se pronuncien sobre los hechos denunciados o que tomen medidas al respecto.

“Ninguna mujer del Pacto Histórico debe ser atacada, perseguida u hostigada por lo que hacen o dejan de hacer los hombres del partido. Dejen de exigirles a ellas que maternen a sus colegas y jefes. ¡Respeten!”, añadió.

En todo caso, las congresistas del Pacto Histórico solicitaron a las autoridades competentes indagar sobre los hechos y pidieron también a la militancia del Pacto Histórico, al Gobierno nacional, a la oposición y a los medios de comunicación abstenerse de hacer juicios anticipados, revictimizar y difundir material íntimo.

Asimismo, advirtieron que las mujeres denunciantes deben contar con garantías de protección para contribuir al esclarecimiento de los hechos. “Solicitamos respetuosamente a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Unidad Nacional de Protección evaluar su situación y adoptar las medidas que correspondan, para que puedan exponer su versión por los canales institucionales con tranquilidad”, indicaron.

Petro se pronunció sobre el escándalo: negó acusaciones

Por su parte, el expresidente Gustavo Petro negó los señalamientos que surgieron en su contra —expuestos por Deicy Jiménez, una mujer que aseguró haber prestado servicios sexuales al exmandatario y haber recibido varios contratos como contraprestación—.

El ex jefe de Estado afirmó que está siendo víctima de ataques y juicios mediáticos basados en información falsa. Negó haber gestionado contratos para beneficiar a terceros que lo hayan favorecido de alguna manera.

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”, precisó.

De acuerdo con el primer mandatario, la selección de estas personas se basó en el mérito y el proceso involucró la evaluación de varios indicadores. “Esta decisión es resultado de un proceso de selección en el que participaron 25 funcionarios de la Carrera Diplomática y Consular, evaluados por su trayectoria, competencias, liderazgo, capacidad de negociación y resultados”, precisó el jefe de Estado en una publicación en X.

De igual manera, indicó que habrá una nueva convocatoria para proveer 10 consulados más, en los que también se tendrá en cuenta el mérito, la preparación y la experiencia.

“Quiero embajadores y cónsules que defiendan nuestros intereses, abran mercados, atraigan inversión, protejan a nuestros compatriotas en el exterior y conviertan nuestras relaciones internacionales en oportunidades reales para los colombianos”, indicó.

El Ministerio de Relaciones Exteriores se unió a las declaraciones del presidente y destacó la escogencia de los diplomáticos. Según precisó, la experiencia y el talento de los funcionarios son fundamentales para el manejo de la política exterior de Colombia.

“¡El mérito, la experiencia y el talento de nuestros funcionarios de carrera diplomática y consular son fundamentales para la política exterior colombiana! Bajo el liderazgo del presidente Abelardo de la Espriella y del canciller Omar Bula, impulsamos una diplomacia que reconoce su trayectoria, defiende los intereses nacionales y trabaja para generar beneficios concretos para los colombianos. ¡Así construimos la diplomacia de la Patria Milagro!”, precisó la Cancillería en X.

El mandatario dio a conocer los nombres de los funcionarios que sobresalieron en el proceso de selección. Los últimos cuatro son los que ya ocupaban cargos en las embajadas:

1. Patricia Cortés Ortiz, embajadora en Polonia.
2. Assad José Jater Peña, embajador en Jamaica.
3. Howell Ricardo Quimbaya Morales, embajador en Trinidad y Tobago.
4. Samira Silva Younes, embajadora en Egipto.
5. Claudia Patricia Granados Jiménez, embajadora en Dinamarca.
6. María Ximena Espitia Meza, embajadora en Suecia.
7. Ruth Mery Cano Aguillón, embajadora en Finlandia.
8. Camila María Polo Flores, embajadora en Vietnam.
9. Yadir Salazar Mejía, embajadora en Alemania.
10. Carlos Arturo Morales López, embajador en Canadá.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo una videollamada con los 10 embajadores y embajadoras. En la conversación, destacó su desempeño en el proceso de selección.

“Me encanta saludarlos. Muchas gracias por su servicio, por su dedicación. En este gobierno de la Patria Milagro el mérito vale mucho y ustedes tienen todo el mérito del mundo. Han pasado un filtro en la carrera diplomática, llevan años dedicados a esto y la Patria Milagro consiste en eso también, en darle mérito a la gente que lo tiene y ustedes lo tienen de sobra. Así que yo estoy muy honrado en que ustedes sean los representantes de Colombia en 10 países tan importantes”, expresó el jefe de Estado.

En el diálogo que sostuvo con los funcionarios, aseguró que el servicio diplomático estará muy bien representado con ellos y que se destacan sus calidades profesionales y humanas. De igual manera, recalcó que su interés en avanzar en sus nombramientos radica en que, desde su labor diplomática, puedan defender los intereses de Colombia.

“Estoy muy honrado de compartir con ustedes porque, al igual que usted, yo también soy un nunca. Se suponía que un costeño que no había hecho política no podía ser presidente, y aquí estoy (...) Gracias, embajadores. Bienvenidos a la Patria Milagro. A mí no me preocupa que me defiendan a mí en el exterior, me interesa que defiendan a Colombia, que es lo que importa”, añadió.

La Corte Suprema de Justicia puso la lupa sobre el escándalo que hoy salpica al expresidente Gustavo Petro y a la excongresista María José Pizarro, relacionado con el presunto pago con contratos de servicios sexuales ofrecidos por mujeres. La denuncia la hizo Deicy Jiménez, mujer que afirmó haber brindado servicios sexuales al exmandatario e incluso haber tenido una relación con él.

De acuerdo con declaraciones que hizo la ciudadana, tuvo contratos con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior. Según El Tiempo, también pasó por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Además, trabajó en la Vicepresidencia del Senado cuando María José Pizarro era vicepresidenta de la corporación (2023-2024).

En la indagación, la Corte ordenó la entrega del celular de Deicy Jiménez —que ya fue entregado a la Fiscalía como evidencia—, con el fin de verificar su contenido, así como una inspección en la Secretaría del Senado para averiguar sobre los contratos que tuvo en el Congreso de la República.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Iván Mauricio Lenis Gómez, se pronunció ante los medios de comunicación sobre estos hechos que son materia de investigación. Aseguró que, en las indagaciones que son de su competencia, se adelantará un proceso riguroso que se aleje de miradas parciales.

“Por los hechos que corresponderían a nosotros como juez natural, pueden tener la absoluta certeza que la justicia siempre va a obrar con independencia, con imparcialidad y toda decisión será motivada en rigor”, precisó el magistrado ante la prensa.

El pronunciamiento de María José Pizarro

La excongresista María José Pizarro emitió un comunicado en el que confirmó que Deicy Jiménez sí trabajó en la Vicepresidencia del Senado, pero no estuvo vinculada a su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). De acuerdo con la exlegisladora, su labor en el Congreso no presentó ningún tipo de irregularidad.

Además, negó haber tenido conocimiento de la supuesta relación que Jiménez tuvo con el expresidente Gustavo Petro.

“Su vinculación y la prestación de sus servicios se dieron en condiciones normales y no estuvieron sujetas a nada distinto que su vinculación laboral. Nunca llegó a mí queja ni reporte alguno sobre una situación irregular relacionada con ella, y jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces Presidente”, indicó.

De igual manera, aclaró que, pese a su cercanía con el exmandatario en materia política, nunca le fue confiada información referente a su vida privada, íntima o sentimental. En todo caso, aseguró que contribuirá con la investigación que adelanta la Corte.

“Como mujer, solicito que la testigo en este proceso sea escuchada con todas las garantías y la debida protección, sin linchamientos ni presiones de ningún tipo. Por mi parte, he pedido a mi abogado que solicite a la honorable Sala de Instrucción que se me escuche. Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”, añadió.

Petro negó pago de servicios sexuales con contratos

Por su parte, el ex jefe de Estado indicó que jamás gestionó contratos en favor de personas que pudieran haberlo beneficiado de alguna manera y respaldó a las mujeres que estuvieron vinculadas laboralmente en su administración. Afirmó que todas llegaron a esos cargos a través del mérito.

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme. Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, indicó el expresidente.

Sin embargo, La FM reveló una conversación que correspondería a Petro y a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez, en la que el exmandatario presuntamente habría compartido con ella la hoja de vida de Jiménez, añadiendo el siguiente mensaje: “Esta persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior (sic)”.

El 6 de noviembre de 2026 se llevó a cabo un acto conmemorativo de los 41 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia (6 y 7 de noviembre de 1985), el cual fue convocado por las altas cortes: Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

De acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica, el 6 de noviembre de 1985, un comando del M-19 se tomó el Palacio de Justicia, en Bogotá. Esta acción armada derivó en la recuperación del edificio por parte de las autoridades (retoma del Palacio), la cual se extendió hasta el día siguiente.

Los hechos estuvieron marcados por una ola de violencia que dejó múltiples víctimas. Según datos oficiales de la Comisión de la Verdad, en la toma y retoma del Palacio murieron 94 personas. Entre las personas que fallecieron hay 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia y 11 miembros de la fuerza pública.

De igual manera, al menos 11 personas fueron reportadas como desaparecidas y, pese al paso del tiempo, no todas han sido halladas.

Es por eso que el acto conmemorativo contó con la participación de familiares de algunas de las víctimas:

• María Paula Ubate Benítez: nieta del sargento primero Jaime Benítez Prieto.
• Pilar Navarrete: esposa de Héctor Jaime Beltrán, empleado de la cafetería del Palacio desaparecido en la toma.
• Diana Carolina Angulo: hija de Blanca Inés Ramírez de Angulo, magistrada auxiliar del Consejo de Estado.
• Carlos Medellín Becerra: hijo del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Carlos Medellín Forero.

Durante ese acto solemne, que involucró momentos simbólicos de conmemoración como la ruptura de 41 floreros y la disposición de una obra con más de 100 elementos verticales que “evocan las vidas ausentes”, la presidenta de la Corte Constitucional, magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, dirigió unas palabras a los allegados de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

“Aquí perdieron la vida magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados auxiliares, servidores judiciales y ciudadanos que ese día vinieron a cumplir con su trabajo o a buscar justicia. A ellos, y a sus familias, que han cargado con ese dolor durante cuatro décadas, dedicamos hoy nuestro recuerdo”, dijo.

La presidenta de la Corte afirmó que los magistrados que murieron en esos hechos dejaron una enseñanza a todas las personas que administran justicia en el país: “permanecer en su lugar, fieles a la toga y a la Constitución, aunque el miedo aconseje lo contrario”.

En su discurso mencionó a Fanny González Franco, la primera mujer magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Llegó a la Corte en 1984 y murió en esos hechos violentos. “En la tarde del 6 de noviembre de 1985, encerrada en su despacho, habló por teléfono con su familia. Sus palabras, que hoy pertenecen a toda la justicia colombiana, fueron estas: ‘Dios está conmigo y me ayudará a conservar mi dignidad de magistrada. Si es designio de Dios que yo muera, para que se conserven inmaculadas las instituciones jurídicas y vuelva la paz a Colombia, (…) muero, pero no me doblego’”, indicó.

En el evento, los familiares de las víctimas también alzaron su voz. Una de las personas que tomó la palabra fue Carlos Medellín Becerra, que elevó una crítica al aparato de justicia colombiano por el proceso de paz que se adelantó con el M-19, que, a su juicio, derivó en indultos para los integrantes de la guerrilla sin que se hubiera hecho un trabajo juicioso de descubrimiento de la verdad y de reparación.

“Los miembros del M-19 fueron indultados, no una, sino dos veces, por estos hechos en el marco del proceso de paz que se adelantó sin que se hubiera exigido verdad, justicia, reparación y no repetición. Perdonaron a estos criminales a cambio de nada”, aseveró.

Sin embargo, destacó el hecho de que el Juzgado 30 de Instrucción Penal haya proferido una resolución acusatoria contra miembros del M-19 por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio y secuestro, debido a los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.

El ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino, habló ante los medios de comunicación y reconoció que todavía hacen falta indagaciones sobre lo ocurrido. Esto, en referencia a la crítica que hizo Carlos Medellín Becerra.

“A Carlos lo conozco hace mucho tiempo. Respeto su dicho. Aquí todavía falta mucho por investigar, mucho por indagar. Han existido procesos, comisiones de la verdad, pero por supuesto que falta todavía mucho por indagar dentro de este proceso”, indicó.

La excongresista del Pacto Histórico María José Pizarro se refirió nuevamente al escándalo que hoy sacude al expresidente Gustavo Petro, relacionado con el presunto pago de servicios sexuales a través de contratos con el Estado. Deicy Jiménez, la denunciante, aseguró que uno de los contratos que logró de esta manera lo tuvo en la Vicepresidencia del Senado de la República, cuando Pizarro fungía como vicepresidenta de esa corporación (2023-2024).

La exlegisladora indicó que, en efecto, Jiménez trabajó en la Vicepresidencia del Senado cuando ella ejercía como vicepresidenta de esa corporación, pero descartó por completo haberla tenido dentro de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

“Deicy Jimenez jamás trabajó en mi UTL, fue contratada en la Vicepresidencia del Senado, tal y como lo manifiesto en el comunicado. Cumplió juiciosamente con las labores administrativas que le fueron asignadas en función de su perfil”, precisó.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una denuncia presentada contra el expresidente Gustavo Petro y la excongresista María José Pizarro por las denuncias que hizo Deicy Jiménez en entrevista con la revista Semana. El expediente fue asignado al magistrado Javier Fernando Fonseca.

Al respecto, la exlegisladora indicó que contribuirá con la justicia y entregará su versión de los hechos. De igual manera, informó que no hará pronunciamientos relacionados con el material probatorio que sea incluido en la investigación.

“Respeto y acato la orden del magistrado. No voy a referirme a los hechos ni a las pruebas, porque mi prioridad es que el proceso llegue a buen término. Los medios no son jueces de Colombia. Me reafirmo en la confianza en la justicia, por eso he pedido ser escuchada por la Corte Suprema para presentar mi versión y atender en el ejercicio de cualquier requerimiento”, detalló Pizarro.

En otra publicación en X, la excongresista se refirió a la publicación de fotografías por parte de la revista Cambio, en las que aparece Deicy Jiménez con su equipo de trabajo. Según indicó, las imágenes no constituyen ningún hecho noticioso, puesto que es de público conocimiento que la ciudadana trabajó en la Vicepresidencia del Senado cuando ella fungía como vicepresidenta.

Aseguró que la vinculación laboral de Jiménez se dio en condiciones normales y que jamás recibió una queja o un reporte sobre irregularidades en las que estuviera involucrada. “Jamás supe de ningún tipo de relación íntima con el entonces presidente”, añadió.

“Se intenta construir una narrativa en mi contra que no corresponde a la realidad. Nunca he participado en actuación alguna que implique corrupción ni en el condicionamiento de un contrato público a favores de ninguna naturaleza, ni he permitido que se usen mi nombre o mi cargo para ello. Para nadie, sin excepción”, explicó.

Añadió: “Los medios no pueden erigirse en jueces de la República. Repito, he pedido a mi abogado que solicite a la honorable Sala de Instrucción que se me escuche. Allí presentaré las pruebas que respaldan lo que aquí afirmo”.

En un comunicado que emitió con anterioridad, Pizarro aseguró que jamás supo sobre la vida sentimental y privada del exmandatario. Además, negó haber participado en actos de corrupción o en el condicionamiento de contratos públicos a favores.

“En mis años de trabajo político al lado de Gustavo Petro, jamás he tenido conocimiento de su vida privada, íntima o sentimental. Mi relación con el expresidente ha sido de mutuo respeto: una relación política y de vínculo histórico”, expuso.

Asimismo, expresó su compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres y su lucha contra las violencias basadas en género. “He dado por décadas una lucha contra la impunidad y por la justicia, seguiré trabajando con ahínco por la verdad. Mi trabajo, mis luchas y mi trayectoria hablan por mí. Cualquier insinuación distinta es mentirosa y malintencionada”, indicó.

Lina Sandoval Echavarría, abogada de Laura Sarabia, exfuncionaria del gobierno del expresidente Gustavo Petro, informó que, como su apoderada, tomará acciones legales contra el periodista Felipe Zuleta Lleras por el libro que publicó llamado Las Mujeres de Petro. En ese texto, el autor asegura, entre otras cosas, que Sarabia habría clonado el celular del exmandatario y que habría creado una alianza con la ex primera dama Verónica Alcocer.

La jurista indicó que la exembajadora de Colombia en Reino Unido y exministra de Relaciones Exteriores jamás tuvo acceso al teléfono personal del ex jefe de Estado. Además, advirtió que el comunicador no dio a conocer ninguna prueba que sustente las aseveraciones que hizo en el libro.

Por eso, informó que entre las acciones legales que presentará en contra del periodista habrá una denuncia de carácter penal, la cual radicará ante la Fiscalía General de la Nación.

“@laurisarabia nunca ha tenido acceso al celular del expresidente Gustavo Petro, ni a sus correos electrónicos ni a ninguno de sus servicios de almacenamiento de información. Atribuir delitos sin presentar una sola prueba no solo es irresponsable frente a la opinión pública, sino que tiene consecuencias penales”, explicó.

Según el autor, la supuesta clonación del teléfono de Gustavo Petro por parte de Laura Sarabia, que en algún momento llegó a ser considerada su mano derecha en el Gobierno, está soportada en testimonios de dos mujeres y de una persona que al parecer trabajó cerca del despacho presidencial.

Pese a que esas declaraciones todavía no han sido corroboradas por las autoridades, Zuleta se mantiene en su postura.

“Ese celular de Gustavo Petro estaba gemeleado por Laura Sarabia”, dijo el periodista en diálogo con Blu Radio. Además, aseguró que personas que tenían conocimiento sobre cómo funcionaba entonces la Presidencia se percataron de que el teléfono del exmandatario estaba funcionando inadecuadamente por la supuesta clonación del mismo.

“En el Dapre (Departamento Administrativo de la Presidencia de la República) se dieron cuenta, tarde por supuesto. Efectivamente, la empresa operadora confirmó que sí”, afirmó el periodista al medio de comunicación citado.

Por otro lado, el periodista afirmó que, según su investigación, Sarabia ganó poder en la administración Petro y logró volverse “intocable” gracias a varias estrategias que presuntamente implementó.

“Una de las estrategias de Laura Sarabia era mantener al presidente en sus fiestas, en sus bacanales con sus amigas y con el consumo de sustancias psicotrópicas”, añadió. De igual manera, indicó que la exembajadora tenía la responsabilidad de reportarle a la ex primera dama Verónica Alcocer “absolutamente todos los movimientos de Gustavo Petro”.

Gabriela Muñoz reaccionó al libro de Felipe Zuleta

La estudiante de Derecho y creadora de contenido Gabriela Muñoz, que trabajó en la Aeronáutica Civil (Aerocivil), también aparece en el texto publicado por el periodista. A través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, Muñoz dio a conocer su opinión al respecto.

“No he leído el libro ni pienso gastar mi dinero comprándolo, así que desconozco qué historia pretende contar sobre mí. Pero sí tengo algo muy claro, y es que mi historia la cuento yo. Y qué impresionante que en Colombia el nombre de las mujeres se convierta en un producto para alimentar el morbo y vender ejemplares”, precisó.

De igual manera, habló sobre el nuevo escándalo que salpica al expresidente Gustavo Petro, relacionado con el presunto pago con contratos de servicios sexuales prestados por mujeres. Muñoz indicó que en ningún momento ha incurrido en esa conducta.

“Quiero dejar algo muy claro sobre mí: si alguna vez alguien me hubiese ofrecido un contrato a cambio de acostarme con una persona, yo misma habría sido la primera en denunciarlo. He tenido privilegios, una familia que me ha apoyado, oportunidades para estudiar y la libertad de elegir mi camino, y soy consciente de ello. Pero también tengo algo que para mí no está en venta: mi dignidad, mi cuerpo y mis decisiones”, dijo.

La propuesta de ley anticapuchos fue aprobada en primera debate en la Cámara de Representantes. La iniciativa es impulsada por los representantes Julio César Triana y Jaime Arizabaleta y tiene como fin crea un tipo penal específico que sancione con penas de 4 a 8 años de prisión a quienes oculten su rostro con capuchas o cualquier otro elemento durante manifestaciones y que se valgan de ese cubrimiento para cometer delitos y actos vandálicos.

“Con este proyecto, entregamos a la fuerza pública y a la justicia herramientas efectivas para combatir a los violentos sin vulnerar el derecho constitucional a la manifestación”, indicó Triana, citado en una comunicación de la Cámara de Representantes.

La iniciativa debe ser discutida en debates adicionales en el Congreso de la República y votada positivamente para que se convierta en ley. Mientras todavía se surte ese trámite, algunas personas han expresado su respaldo a la propuesta, entre ellas Jorge Barón Jr.

En una publicación en su cuenta de X, indicó que es necesario que el Legislativo dé su visto bueno a la propuesta de los representantes a la Cámara y que el presidente Abelardo de la Espriella sancione la iniciativa como ley.

“Es necesario que la ley anticapuchos de la autoría del representante @jarizabaletaf sea una realidad y pueda pasar los otros tres debates en el Congreso de la Republica y ser sancionada por el Presidente de la República”, indicó.

Para sustentar su postura, Barón Jr. recordó que estuvo presente en las movilizaciones que se llevaron a cabo el 14 de octubre de 2026 en Colombia y que fue atacado por algunas personas que lo acusaron de haber llegado al lugar para supuestamente provocar a los manifestantes.

Según indicó, quienes lo atacaron tenían los rostros cubiertos e indicó que esa estrategia tiene un fin específico: impedir la identificación y responsabilización por lo que pase en las protestas.

“Cuando fui amedrentado por los seguidores del M-19 y del anterior presidente el pasado 14 de octubre, quienes atacaron físicamente a mis compañeros fueron capuchos. Cuando se usa una capucha no es para protestar pacíficamente, se oculta la identidad para que no se individualice el delito y se dificulte la fase de investigación del código de procedimiento penal”, señaló.

En esa ocasión, a través de su cuenta de X, Barón Jr. describió en detalle qué fue lo que pasó en las protestas y las agresiones de las cuales fue víctima.

“La izquierda es violencia! La maravillosa protesta pacifica de @gustavopetrourrego, nos trató de intimidar empujándonos y acorralándonos a una esquina del congreso, sin dejarnos salir. Entre insultos y violencia, golpearon a ngelBar52691939, nos arrojaron latas y botellas. Cuando se vulneran los derechos de otros, la protección del derecho a la protesta se limita, porque deja de tener el componente de pacifica”, expresó.

Triana indicó que la iniciativa es necesaria debido a que, durante las manifestaciones, las acciones vandálicas de algunas personas afectan también la infraestructura y el patrimonio de las ciudades.

“No podemos seguir permitiendo que comerciantes, pequeños empresarios y la infraestructura de nuestras regiones paguen el costo del vandalismo impune. La capucha se convirtió en la herramienta perfecta para destruir el patrimonio de las ciudades sin asumir ninguna consecuencia. Con este proyecto buscamos que las autoridades tengan herramientas reales no solo para judicializar, sino para agravar la pena a quienes se valen del anonimato y la capucha para delinquir y eludir a la justicia”, precisó el congresista, citado por la Cámara.

Por su parte, Arizabaleta aseguró que se busca fortalecer el derecho a la protesta y recordó que el 99% de las personas que salen a protestar no ocultan su identidad y no buscan generar desmanes.

“El plan energía ya se resume en tres palabras: sumar, asegurar y exigir. Sumar cada gota de agua, cada molécula de gas, cada nuevo megavatio”, precisó la funcionaria.

La ministra indicó que el plan es necesario, debido a que el llenado de los embalses hoy marca 77,87% y se espera que al culminar 30 días de temporada de lluvias, los embalses estén por encima del 80%. Esto, teniendo en cuenta que el verano puede ser más largo y que actualmente se consume mucha más energía.

“Aunque en algunas ciudades hemos visto aguaceros e inundaciones, los ríos que alimentan los embalses están trayendo poca agua. De cada 10 litros que deberían llegar en esta época, están llegando solo seis. No les voy a decir que esto es fácil. Tendremos menos carga de la que esperábamos y la tendremos que hacer durar más tiempo. Hacer llover no depende de ningún gobierno ni de ustedes en su casa. Cuidar la batería, sí”, dijo.

En ese sentido, la ministra explicó que las medidas que ha ido adoptando la administración ya están generando resultados. Según indicó, Hidroituango pudo usar todo su embalse y ahora guarda la energía que consume Bogotá en casi cuatro días. De igual manera, se amplió la capacidad para traer gas por Cartagena y se aplazó el mantenimiento de Guavio para que no sea simultáneo con el de Chivor.

“La energía no descansa y su combustible tampoco. Que el Caribe tenga energía. Respaldamos un crédito de hasta 1,2 billones de pesos para Air-e mientras atacamos la raíz del problema: las pérdidas, las conexiones ilegales y la cartera morosa y que el gas no falte en los hogares”, precisó.

Asimismo, se está apoyando la exploración y la producción de gas en Colombia, para garantizar que el combustible llegue a las plantas térmicas. Y, desde el 31 de octubre, los camiones que transportan el gas están circulando también los fines de semana y los festivos.

“Ya aprobamos 210 nuevos megavatios de entrega de excedentes para el sistema y ya declaramos de interés nacional el gasoducto Antonio Ricaurte, que a mediados de 2027 sumará cerca del 5% del gas que consume el país”, añadió.

El ahorro en el consumo: una medida adicional

La jefa de cartera indicó que, aunque las acciones que se han tomado están sirviendo para proteger el suministro energético del país, lo cierto es que se necesita más apoyo ciudadano. Por eso, instó a la población a reducir el consumo.

“Entre las seis y las nueve de la noche consuma menos. Es la hora en que todo el país prende luces, televisores y electrodomésticos al mismo tiempo. Es como tener el celular con todas las aplicaciones abiertas. La batería se descarga más rápido. Aplace el uso de la lavadora, de la plancha, de la ducha eléctrica. Apague la luz que no está usando. Si tiene aire acondicionado, suba un grado. Cada luz que usted apaga es carga que se queda en la batería”, dijo.

De igual manera, la funcionaria informó que el Gobierno nacional pondrá a disposición de la ciudadanía un tablero digital para consultar el nivel de la batería y verificar cuánta energía se está gastando y cuánta se está ahorrando. “Así sabremos dónde vamos bien y dónde tenemos que hacer un esfuerzo mayor”, indicó la funcionaria.

El 5 de noviembre de 2026, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, renunció a su cargo luego de que estallara un escándalo bancario relacionado con graves problemas de solvencia de Ueno Bank. El mandatario aseguró que su prioridad ahora es garantizar que los ahorros de los ciudadanos en el sistema financiero estén protegidos y la respectiva devolución de los recursos.

“He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República. Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas. Lo hago con absoluto respeto a nuestra Constitución Nacional y a los mecanismos institucionales y democráticos que nos hemos dado como nación”, dijo.

La decisión del jefe de Estado paraguayo tuvo eco en el país político colombiano con postura de izquierda y centro. Entre las personas que se pronunciaron al respecto está el expresidente Gustavo Petro, que señaló a Santiago Peña de presuntamente haber “quebrado” al país por medio de Ueno Bank. Mencionó la posición política de Peña (derecha conservadora) e hizo una advertencia sobre el Gobierno de Colombia.

“Cae el primer presidente de la extrema derecha en América Latina: El señor Santiago Peña de Paraguay. Ni más ni menos, convirtió su banco privado en depósito de ahorros de las jubilaciones y el presupuesto y quebró. Ha quebrado a Paraguay. El mismo programa económico que se incrementó en Argentina se implementó en Paraguay y ahora se incrementa en Colombia”, aseveró el ex jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X.

El exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar se unió a los comentarios que surgieron sobre la renuncia de Santiago Peña a la Presidencia de Paraguay. En la misma red social, advirtió sobre posibles consecuencias negativas de decisiones económicas tomadas por los gobiernos de derecha de América del Sur.

“La derecha suramericana en problemas: 1. Se hunden bonos argentinos y se dispara riesgo país. 2. Colapso bancario en Paraguay y renuncia de su presidente. Para allá va Colombia. ¿Los novatos de Hacienda creen que elevar la deuda al 65% no tendrá consecuencias?”, indicó.

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Guillermo Pérez también reaccionó a la situación que enfrenta Paraguay. Aseguró que Santiago Peña presuntamente no respetó ningún límite constitucional ni legal, lo cual habría derivado en manifestaciones por parte de la ciudadanía.

Sin embargo, en una publicación en X que hizo Peña, afirmó que en todo momento actuó dentro de la ley y en coordinación con las instituciones responsables para así garantizar que los ahorristas recuperen sus recursos.

En todo caso, el exmagistrado afirmó que Peña “defraudó” a sus ciudadanos.

“Millones de personas se movilizaron en Paraguay con justificada indignación popular y denunciaron al jefe de Estado criminal que defraudó al pueblo por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, administración en provecho propio, lesión de confianza y estafa —de acuerdo con una denuncia radicada ante la Fiscalía General del Estado de Paraguay, según informó El País—”, escribió.

El congresista Duvalier Sánchez, por su parte, hizo acusaciones contra el Gobierno de Paraguay —pese a que todavía no hay un fallo que establezca plenamente posibles responsabilidades penales de Santiago Peña en la crisis bancaria— y afirmó que el presidente, que afrontará un juicio político, debería estar privado de la libertad.

“La derecha en Paraguay desfalcó a la mitad del país. Se subieron al poder con mentiras y diseñaron un entramado para robarse los ahorros de los ciudadanos. Aquí les cuento todo. El presidente de Paraguay debe ir preso. No merece menos. Esto es una advertencia para Colombia”, señaló.

Por su parte, Peña aseguró que se presentará al juicio político y ejercerá su derecho a la defensa. Recordó que es su responsabilidad rendir cuentas y dar explicaciones.

“Colaboraré plenamente con las instituciones competentes para que se esclarezca lo ocurrido, se determinen las responsabilidades y quienes hayan infringido la ley respondan ante la Justicia. Aportaré la información que me sea requerida. La ciudadanía merece conocer la verdad, sin encubrimientos y sin que nadie esté por encima de la ley”, añadió.

Las denuncias que hizo Deicy Jiménez en entrevista con la revista Semana, relacionadas con la presunta prestación de servicios sexuales al expresidente Gustavo Petro a cambio de contratos, siguen teniendo un espacio en la agenda mediática debido a la aparición de más información que, al parecer, ya está en manos de las autoridades.

De acuerdo con la periodista D’Arcy Quinn, de La FM, existe una conversación que habrían sostenido el exmandatario y la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Rodríguez en una plataforma de mensajería en la que se menciona un contrato para Jiménez en el Ministerio del Interior.

“Esta persona necesita que laantengan allí en el contrato mi interior (sic)”, se lee en el chat divulgado en la prensa. Presuntamente, el ex jefe de Estado compartió la hoja de vida de la denunciante en ese chat. El archivo figura con el siguiente nombre: DeicyJimenez.pdf y su peso es de 197 KB.

En respuesta a esa instrucción, Rodríguez habría indicado: “Perfecto señor Presidente (sic)”.

Según La FM, luego de que, presuntamente, el exmandatario gestionara la entrega de ese contrato, la directora de una entidad habría contactado a Deicy Jiménez para concretarlo. Supuestamente, en medio de ese proceso, el ex jefe de Estado habría solicitado a la denunciante tener un encuentro íntimo y ella, posteriormente, habría informado que no se firmaría el contrato gestionado.

El informativo aclaró que ese intercambio de información figura en otra conversación que todavía no ha sido revelada a la opinión pública.

El video de Deicy Jiménez y Gustavo Petro

En medio del escándalo que surgió por las declaraciones de Deicy Jiménez, la mujer expuso un video privado en el que se evidencia la cercanía que al parecer llegó a tener con el ex jefe de Estado. En declaraciones que entregó a la revista Semana, aseguró que tuvo una relación con el exmandatario y, por medio de la grabación, busca soportar esas aseveraciones.

“Hoy publico este video como prueba de que estoy diciendo la verdad. Los colombianos merecen saber quién es Gustavo Petro. Confío en la justicia y le pido a esa justicia y al Gobierno que no permita que ni a mi familia ni a mí nos pase nada. Si algo nos llega a suceder hago responsable a Petro”, escribió Jiménez en una publicación en su cuenta de Instagram.

Presidente Petro se pronunció en redes sociales y negó entrega de contratos

Tras la divulgación del video, el expresidente Gustavo Petro se pronunció a través de una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que el escándalo en el que está envuelto constituye un ataque y un juicio mediático. Afirmó que, a lo largo de su vida política, ha sido blanco de todo tipo de señalamientos, derivados de sus denuncias relacionadas con violencia y corrupción.

“Este es uno más, y lo enfrentaré como los demás: ante los jueces y con la verdad”, precisó.

En consecuencia, negó haber gestionado irregularmente contratos para favorecer a terceros. Además, indicó que todas las mujeres que de alguna manera terminaron vinculadas laboralmente en su administración, llegaron a ocupar esos cargos gracias a sus capacidades.

“Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme. Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, señaló.

Informó entonces que solicitó a su abogado, Alejandro Carranza, que tome las acciones legales pertinentes por la publicación de esa grabación.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de Estados Unidos anunció aumentos y nuevas recompensas por información que permita la captura y/o condena de los tres principales líderes del Tren de Aragua (TdA), designada por la administración del presidente Donald Trump como una Organización Terrorista Extranjera (FTO).

El Departamento de Estado estableció un importante incremento en las recompensas ofrecidas por dos de los cabecillas y creó una nueva para el tercero:

• Yohan José Romero, alias Yohan Petrica (48 años): la recompensa ofrecida pasó de 4 millones de dólares como máximo a 20 millones de dólares. 
• Giovanni Vicente Mosquera Serrano, alias Giovanni o “El Viejo” (37 años) —señalado en su momento como el jefe del Tren de Aragua en Colombia—: el ofrecimiento es de hasta 15 millones de dólares, lo que implica un aumento de 10 millones de dólares, teniendo en cuenta que la recompensa inicial era de 5 millones de dólares.
• Juan Gabriel Rivas Núñez, alias Juancho (44 años): la nueva recompensa es de hasta $15 millones. 

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley indicó que, según información judicial disponible, el líder del Tren de Aragua es Yohan José Romero, señalado de dirigir las operaciones criminales de la estructura en Venezuela, lo que incluye el narcotráfico, la minería ilegal y homicidios.

Sobre los otros dos cabecillas, indicó que operan bajo las órdenes de Romero y actúan más allá de la frontera venezolana. Parte de sus acciones criminales tienen lugar en Colombia.

“Mosquera Serrano y Rivas Núñez son sus subordinados; Mosquera Serrano supervisa las operaciones de TdA en Estados Unidos, Colombia y Centroamérica, mientras que Rivas Núñez las supervisa en Venezuela. Mosquera Serrano también figura en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI y ha dirigido múltiples actos de violencia que incluyen robo, extorsión y secuestro”, precisó.

Los tres señalados criminales fueron imputados con cargos por conspiración para proporcionar, proporcionar e intentar proporcionar apoyo material a una organización de narcotráfico internacional. La imputación quedó en firme el 29 de julio de 2026, a través de una acusación formal sustitutiva que fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.

De igual manera, Mosquera Serrano también fue acusado de los delitos de distribución internacional de cocaína y conspiración para la distribución internacional de cocaína.

De acuerdo con la DEA (Drug Enforcement Administration), los señalados cabecillas fueron acusados de seis cargos ​​en 2025 en el Distrito Sur de Texas y en julio de 2026 se presentó una tercera acusación formal en su contra que contempla nueve cargos.

El fiscal general Todd Blanche indicó que durante la administración del presidente Donald Trump, cientos de criminales asociados al Tren de Aragua han enfrentado a la justicia. Por eso, instó a la ciudadanía a entregar información que permita la ubicación, captura y condena de los tres principales cabecillas de la organización terrorista.

“Desde que el presidente Trump regresó al cargo, el Departamento de Justicia ha presentado cargos contra más de 350 miembros y asociados de Tren de Aragua, incluyendo a Yohan Petrica, El Viejo y Juancho (...) Su organización criminal ha sembrado miedo, violencia e ilegalidad, y no descansaremos hasta que los responsables sean llevados ante la justicia”, expresó el fiscal, citado en un comunicado de la DEA.

Añadió: “El anuncio de hoy demuestra lo que se puede lograr mediante una coordinación y un intercambio de inteligencia sin precedentes entre las fuerzas del orden federales. Yohan José Romero, Mosquera Serrano y Rivas Núñez han desempeñado un papel fundamental en la dirección y expansión de las operaciones del Tren de Aragua en todo el hemisferio occidental. El TdA siembra violencia, miedo e inestabilidad dondequiera que opera. Que no quepa duda: la DEA no escatimará esfuerzos para identificar, desarticular y desmantelar esta red criminal”.

“El día 4 de noviembre 2026, en acción de registro y control urbano, unidades especializadas del Frente de Guerra Oriental, después de un arduo trabajo de inteligencia, se captura a la subteniente del cuerpo élite de inteligencia del Ejército Nacional de Colombia, María Camila Pantoja Hernández”, indicó el vocero de la guerrilla.

El miembro del grupo armado no aclaró los motivos por los cuales la estructura secuestró a la uniformada y tampoco dio a conocer alguna exigencia relacionada con la retención ilegal de la ciudadana.

Sin embargo, hizo una polémica advertencia sobre eventuales acciones de rescate que puedan ejecutar las autoridades. “Nos responsabilizamos de esta operación militar y, a la vez, responsabilizamos a las Fuerzas Armadas de Colombia por cualquier intento de rescate que ponga en riesgo su vida. Tercero, saludamos a su familia”, aseveró.

El guerrillero aseguró que la víctima se encuentra en buenas condiciones y atribuyó el delito que cometió a “los riesgos de la guerra”. “Les decimos que no sientan temor, que estos son los riesgos de la guerra que a diario vive el país, que María Camila se encuentra bien y se le respetará sus derechos de acuerdo a las realidades de la guerra que vive la región”, añadió.

Presidente repudió el secuestro de la subteniente y envió mensaje al ELN

El presidente Abelardo de la Espriella rechazó el secuestro de la uniformada a través de una publicación en su cuenta de X. En ella, aseguró que detrás del crimen estaría el Frente Domingo Laín Sáenz del ELN, información que difiere de la expuesta en el comunicado oficial de la guerrilla.

En todo caso, indicó que, según las investigaciones adelantadas hasta el momento por inteligencia militar, la subteniente fue abordada y secuestrada por dos hombres armados que se movilizaban en motocicleta.

En consecuencia, ordenó a la fuerza pública desplegar todas las capacidades del Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional para encontrar a la uniformada y lograr su rescate.

El jefe de Estado envió un mensaje directo al grupo armado: “¡AL ELN LE ADVIERTO: SE EQUIVOCARON DE GOBIERNO! No vamos a permitir que sigan utilizando el secuestro para intimidar a nuestra Fuerza Pública y desafiar la autoridad del Estado (...) A estos criminales les exigimos que respeten su vida e integridad y la liberen de inmediato, sin condiciones. ¡CON NUESTROS HÉROES NO SE METE NADIE!”.

Fuerzas Militares intensifican la búsqueda de la uniformada

El comandante general de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez Aparicio, se refirió también al secuestro de la uniformada. Aseguró que su retención ilegal evidencia el desprecio del ELN por la vida, la libertad y la dignidad humana y recordó que el delito que cometió implica una grave violación de los derechos fundamentales.

Confirmó entonces que las Fuerzas Militares dispusieron de capacidades especializadas del Gaula Militar, Fuerzas Especiales Urbanas, medios aéreos y labores de inteligencia, con ayuda de la Policía Nacional, con el objetivo de intensificar la búsqueda de la víctima y garantizar su rescate. Asimismo, exigió al ELN que libere de manera inmediata a la ciudadana.

“Nuestra prioridad es lograr el regreso sano y salvo de la subteniente María Camila Pantoja Hernández, secuestrada, según la información conocida, por integrantes de esta organización narcoterrorista. A su familia le expresamos nuestra solidaridad y la certeza de que no está sola (...) No descansaremos hasta traer a nuestra oficial de regreso a casa y llevar ante la justicia a los responsables”, aseveró el comandante en una publicación en X.

El abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del expresidente Gustavo Petro, informó que el 28 de octubre de 2026 envió una solicitud a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que se abra una investigación respecto de las denuncias que hizo Deicy Alejandra Jiménez Ramírez en entrevista con la revista Semana.

Entre otras cosas, la ciudadana aseguró que ofreció servicios sexuales al entonces mandatario y que el pago por ello se efectuó a través de contratos. Incluso, dijo que tuvo una relación con el ex jefe de Estado. También afirmó que existía una “red de mujeres” en el Gobierno nacional que también prestaba servicios sexuales a cambio de contratos con el Estado.

De acuerdo con el documento que compartió en sus redes sociales, además de solicitar la apertura de la investigación, el expresidente Petro pidió a la Comisión de Investigación y Acusación que la primera diligencia de dicha indagación sea una declaración jurada por parte de la denunciante, con el fin de que ratifique o rectifique ante dicha corporación sus afirmaciones.

“Quien formula esta solicitud es el mismo aforado, y no lo hace por formalismo. Tiene por mendaces las afirmaciones divulgadas y las ha negado en público, pero entiende que una negación, por categórica que sea, no restablece por sí sola la honra comprometida ni la dignidad de la investidura que ejerció. Esa tarea corresponde a la Comisión, juez natural de los actos del Presidente, con prueba recibida bajo juramento y sometida a contradicción”, precisó.

El 5 de noviembre de 2026, las congresistas Carol Borda y Sara Castellanos también pidieron a la corporación que investigue las denuncias realizadas por Deicy Jiménez. Las legisladoras radicaron una denuncia contra el expresidente por la presunta comisión de conductas punibles relacionadas con la contratación estatal y por la eventual configuración de la indignidad por mala conducta.

De acuerdo con las servidoras públicas, la denuncia está sustentada en las declaraciones de Jiménez y también en la divulgación de un video privado que sustentaría la idea de que la denunciante y el expresidente mantuvieron una relación.

Sin embargo, Borda y Castellanos aclararon que su objetivo no es que se investigue la existencia de una relación entre el exmandatario y la ciudadana denunciante.

“El objeto de esta denuncia no es someter a reproche jurídico la existencia de una relación personal o sexual consentida. El asunto de interés público consiste en determinar si, en el ejercicio de la Presidencia de la República, se emplearon atribuciones oficiales, influencias funcionales, personal estatal, trámites de contratación o recursos públicos para procurar beneficios personales indebidos, y si existieron presiones o condicionamientos incompatibles con la libertad sexual y la dignidad de las personas involucradas”, precisaron las congresistas.

Carranza se refirió a la denuncia e indicó que el mismo expresidente pidió a la comisión que investigue los hechos. “Hace una semana, nosotros mismos presentamos una solicitud ante la Comisión de Acusaciones para que se inicie una investigación. Por lo tanto, su denuncia llega tarde, ya que coincide con nuestra petición de investigación”, señaló.

Petro negó pago de servicios sexuales con contratos

El expresidente Petro se pronunció sobre las declaraciones de Deicy Jiménez y la divulgación del video a través de su cuenta de X. Aseguró que jamás utilizó un contrato del Estado para obtener favores y afirmó que las mujeres que trabajaron en su Gobierno ocuparon cargos por sus capacidades y esfuerzos. “No merecen que se manche su nombre para atacarme”, indicó.

“Y a quienes hoy reproducen imágenes de la supuesta intimidad de las personas para ganar una discusión política, creando cortinas de humo les pregunto si eso es periodismo o es otra cosa”, añadió.

De acuerdo con el congresista, si el proyecto avanza satisfactoriamente en los demás debates y se implemente el acuerdo comercial, la población colombiana gozará de varios beneficios. Según indicó, cuando el acuerdo entre en vigor, el 85% de los productos producidos en el país tendrá acceso inmediato sin aranceles.

Además, otro 13% tendrá desgravación gradual durante cinco años. En ese porcentaje se incluyen productos como son las galletas, los dulces, los medicamentos, productos cerámicos, las máquinas, los electrodomésticos, entre otros.

“¿Qué busca este acuerdo? Eliminar las barreras arancelarias para facilitar la entrada de los productos colombianos al mercado emiratí, el aumento de las exportaciones, especialmente los productos agroindustriales, los de alimentos, las manufacturas y todos los bienes que generen valor agregado”, precisó el presidente del Senado.

De igual manera, el acuerdo tiene como objetivo atraer la inversión extranjera y promover el capital emiratí hacia Colombia en varios sectores importantes para la economía de la Nación:

• Sector de infraestructura
• Sector energético
• Sector turístico
• Sector de tecnología
• Sector de la agroindustria

Honorio Henríquez aseguró que estos puntos clave de la economía tienen un alto impacto en el crecimiento del país. Es por eso que el acuerdo aprobado en primer debate también le apunta al fortalecimiento de las pequeñas y medianas empresas y a facilitar la participación de la cadena internacional de suministro.

Asimismo, pretende ampliar el comercio de servicios. Esto, según detalló, servirá para generar mayores oportunidades de turismo profesional y de comercio digital.

El ponente también indicó que la iniciativa plantea un foco en la sostenibilidad, con el fin de no desconocer la importancia del cuidado del medio ambiente. Además, aseguró que varios productos colombianos terminarán teniendo un importante impulso comercial en el mercado de los Emiratos Árabes Unidos.

“La promoción de la sostenibilidad en los temas vitales como el medio ambiente, la innovación, el desarrollo económico y los productos de Colombia que podrían verse beneficiados y que serían objeto de participación en el mercado emiratí a través de esa exportación son: el café, el café verde tostado, los productos derivados del mismo, frutas, hortalizas, como el mango, el mangostino, el aguacate hass, el mango, que baje ahora aquí en Colombia en temporada de mango se pierde mucho el mango, sobre todo ahí en la costa caribe colombiana”, precisó.

El presidente del Senado indicó que los Emiratos Árabes Unidos importan aproximadamente 19.000 millones de dólares anuales en productos agropecuarios y alimentos. “Esperamos que crezca o se duplique y que Colombia sea uno de los mayores beneficiarios de ello”, dijo.

En su intervención en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado, Henríquez aseguró que, aunque tiene una postura proteccionista de lo propio, tiene claro que es necesario tener la mente abierta para reconocer lo que se requiere en materia de competencia en los mercados internacionales, teniendo en cuenta las características del mundo globalizado actual.

Aseguró que ese equilibrio se logra “con el respeto y la protección de lo nuestro, con el respeto y el acatamiento de la Constitución Política y de las leyes y con el seguimiento irrestricto al apego de los acuerdos que se aprueben”.

“Bienvenido el debate de todo lo que ha significado apertura, de todo lo que ha ingresado a Colombia o no ha ingresado, de todas las ventas comerciales, de toda la producción de los tratados internacionales. Shukran por los buenos tiempos entre Colombia y Emiratos Árabes”, añadió.

La Ley 2640, conocida como Ley de Sometimiento, ya fue sancionada por le presidente Abelardo de la Espriella, luego de que el Congreso de la República diera su visto bueno.

El ministro de Justicia, Iván Cancino, habló ante los medios de comunicación sobre algunos detalles de la nueva ley de la República y aseguró que está completamente alejada del funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición.

Su aclaración al respecto surgió por declaraciones de Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, que aseguró que, al revisar la Ley de Sometimiento que planteó el gobierno de Abelardo de la Espriella, encontró similitudes con las decisiones que toma la jurisdicción tras estudiar los hechos de violencia que se presentaron en el conflicto armado.

Entre las similitudes que halló, mencionó la reducción de ciertas sanciones por la realización de acciones de reparación en favor de las víctimas. “Y la sorpresa mía es que encontré descuentos por acciones restaurativas, y me llamó mucho la atención (...) Entonces, dicen, ¿es para satisfacer el derecho a la verdad de las víctimas? ¿Y cuál es la diferencia con la JEP?”, cuestionó Ramelli en la Cumbre Internacional de la Justicia y del Derecho en conmemoración de los 30 Años de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), llevada a cabo el 26 de octubre de 2026.

Al respecto, el jefe de la cartera aseguró que la ley no puede equipararse con el trabajo y las sanciones que impone la JEP en los distintos casos que investiga.

“Yo escuché el otro día al doctor Alejandro Ramelli decir que esta ley era muy parecida y nada tiene de parecido, porque yo no he visto ninguna relación de política con los grupos que investiga la JEP. Esta ley es rigurosa, es de verdad al servicio de la ciudadanía, del pueblo”, señaló Cancino ante la prensa.

Según explicó, la nueva ley contempla medidas excepcionales mucho más fuertes para los casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de estructuras criminales. De igual manera, indicó que la normativa no permite la devolución de bienes que se vayan a decomisar, puesto que “tienen que tener también un alcance específico”.

“Tienen que entregar no solo rutas, armas, sino también es obligatorio (que revelen) todos los vínculos con los diversos actores de la población, incluido temas de corrupción en la administración pública y temas de vínculos con la política, temas de vínculos con la política que esta ley sí prevé”, dijo.

De igual manera, afirmó que la Ley de Sometimiento tiene como foco de atención a las víctimas y su prioridad y la del Gobierno nacional es la protección de los menores de edad.

“La niñez es una de las prioridades de este Gobierno y obviamente la niñez en el conflicto o en la operación de grupos terroristas al margen de la ley han sido víctimas. De tal manera que la víctima está en el centro de la ley de sometimiento y obviamente una protección a la niñez”, dijo el ministro.

Al igual que Cancino, el congresista y exconcejal de Bogotá Daniel Briceño se pronunció sobre las declaraciones de Alejandro Ramelli y negó que la Ley de Sometimiento tenga similitudes con la JEP.

“En la JEP no dan cárcel, los criminales se burlan de las víctimas haciendo trabajo social, en la ley de sometimiento hay rebajas de hasta el 50% y el 30% a cabecillas pero se sigue contemplando la cárcel. Ramelli no supera el recorte que le hizo el Congreso a la jurisdicción de impunidad y por eso miente de esta forma descarada”, señaló en X.

El Hospital Alma Máter de Antioquia emitió un comunicado en el que informó que enfrenta una crisis financiera y operativa marcada por millonarias deudas, retrasos en el pago de salarios y el cierre de servicios. Según indicó, esta situación compromete la atención de alta complejidad para los usuarios y amenaza con afectar la red de salud del departamento y otras regiones de Colombia.

La gravedad del panorama que enfrenta el hospital se evidencia en la salida de más de 552 profesionales en lo corrido de 2026, sumada a la falta de insumos, dispositivos y medicamentos. Esto llevó al cierre de 110 camas de hospitalización, 11 camas de cuidados intensivos y cinco quirófanos. También disminuyó la capacidad de los servicios de laboratorio, trasplantes, oncología, hemodinamia, imágenes diagnósticas y distintas especialidades quirúrgicas.

Una deuda superior a la cartera disponible

La institución, vinculada a la Universidad de Antioquia, opera como una corporación mixta de derecho privado y sin ánimo de lucro. Sin embargo, debido a la crisis de la salud, en agosto modificó sus estatutos para incorporar a su junta directiva al rector y al decano de Medicina de la universidad, nuevos integrantes —incluido un representante sindical— y una nueva Dirección General.

Pues, la deuda acumulada del hospital ya asciende a $455.000 millones, mientras que la cartera disponible es de $332.000 millones. Advirtió, además, que más de la mitad de esos recursos son de difícil recaudo y que $90.000 millones corresponden a obligaciones de EPS que ya están liquidadas.

El hospital también documentó pérdidas por $44.000 millones asociadas a la operación previa de la red pública de salud de Barranquilla, San Andrés y Apartadó. De acuerdo con su explicación, aunque reclamó el pago de $160.000 millones por servicios prestados durante el último año, la mayoría de las aseguradoras no realizó los giros completos ni canceló las atenciones anteriores a agosto.

De igual manera, indicó que el recaudo de los últimos meses equivale al 68% de los servicios prestados. Esa brecha afecta la continuidad de las operaciones y la capacidad de responder a los pacientes que requieren procedimientos especializados.

La crisis también provocó atrasos de tres meses en los salarios de la mayoría del personal, cinco meses en aportes a la seguridad social y demoras en el pago de la prima del primer semestre y de deducciones laborales a terceros. La falta de aportes deja a trabajadores del sistema de salud sin cobertura y, a la vez, impide legalmente contratar nuevo personal, presentar facturación y recaudar recursos por la atención realizada.

“Resulta paradójico que nuestro personal, que presta sus servicios al Sistema General de Seguridad Social, hoy está prácticamente retirado y excluido de la propia cobertura de seguridad social. La mora en los aportes a la seguridad social genera un círculo vicioso que imposibilita legalmente al Hospital para contratar nuevo personal, radicar facturación y recaudar los recursos derivados de la atención en salud”, detalló.

Esto derivó, justamente, en la renuncia de cientos de profesionales y en la falta de insumos para garantizar la prestación de los servicios.

El alcance regional de sus servicios y formación médica

Según explicó el hospital en el comunicado, la institución atiende cerca del 25% de los servicios de alta complejidad de Antioquia y también recibe población de Chocó, Córdoba y el Eje Cafetero. El 40% de sus pacientes pertenece al régimen subsidiado, el 34% al contributivo y el 26% al régimen especial, que incluye al magisterio, la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Universidad de Antioquia.

Asimismo, es el principal escenario de prácticas en salud del país y realiza aproximadamente 11.000 rotaciones anuales de estudiantes de pregrado y posgrado, médicos internos y residentes de especialidades y subespecialidades. En sus instalaciones se concentra además una parte central de la investigación clínica de la Universidad de Antioquia.

De esa actividad surgieron avances en rescate y preservación de tejidos, genómica médica y biología molecular, aplicados a trasplantes, oncología, nefrología, neurocirugía y cirugía de tórax. Su programa de telesalud superó los 3 millones de atenciones en ginecoobstetricia, pediatría, urgencias, medicina interna, psiquiatría, toxicología, dermatología, psicología y medicina general, con prioridad en zonas de difícil acceso.

Teniendo en cuenta la población atendida en el hospital y la crisis actual, la institución pidió al Gobierno nacional, a la Gobernación de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, a las entidades pagadoras y a los gremios del sector medidas inmediatas para garantizar el flujo de caja, cancelar los servicios prestados y cubrir las obligaciones laborales pendientes.

“Debemos trabajar de manera conjunta para oxigenar las finanzas del Hospital, pagar las obligaciones laborales y devolverle la dignidad a los profesionales de la salud, que aún sacrificando su propio bienestar, continúan sosteniendo la vida en medio de la crisis”, precisó.

Para el 4 de noviembre de 2026, a las 3:00 p. m., estaba programada una audiencia en la que Thomas Greg & Sons buscaría ser reconocida como víctima en un litigio que tiene con el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Guillermo Pérez Casas. Sin embargo, la diligencia fue suspendida.

La multinacional que, entre otras cosas, presta servicios tecnológicos de seguridad y logística para procesos electorales, considera que el exmagistrado afectó su reputación al hacer denuncias de fraude electoral que ponen en duda el trabajo de Thomas Greg & Sons. En su momento, el abogado Mauricio Pava Lugo, que representa los intereses de la empresa, aseguró que Pérez Casas habría incurrido en los delitos de perturbación del certamen democrático y hostigamiento.

“La libertad de expresión y el control ciudadano son pilares de la democracia, pero no pueden convertirse en instrumentos para atribuir delitos sin pruebas o poner en riesgo la confianza en el sistema electoral (...) Acudimos a la justicia para que se esclarezcan los hechos, se establezcan las responsabilidades a que haya lugar y se garanticen los derechos de Thomas Greg & Sons como víctima de estas conductas”, señaló el jurista, citado por la revista Semana.

De acuerdo con el medio Asuntos Legales, la audiencia programada para el 4 de noviembre fue suspendida porque el exmagistrado Luis Guillermo Pérez no se presentó. Hasta el momento se desconoce cuándo volverá a ser agendada la diligencia ante un juez de control de garantías.

Pérez Casas utilizó sus redes sociales para exponer presuntos casos de fraude electoral que, a su juicio, se habrían presentado durante las elecciones al Congreso, llevadas a cabo el 8 de marzo de 2026, y en las elecciones presidenciales, que se realizaron el 31 de mayo (primera vuelta) y el 21 de junio (segunda vuelta).

En una de las publicaciones que hizo el exmagistrado en su cuenta de X al respecto, indicó que la multinacional Thomas Greg & Sons no brinda garantías electorales y que hay antecedentes de presunto fraude electoral en Colombia.

“Ya hay antecedentes, Thomas Greg & Sons no da garantías electorales; acabamos de verlo en Honduras cuando hicieron el preconteo con una de sus filiales, que han apartado formalmente de este proceso electoral; para que haya transparencia debe haber una auditoría forense de los softwares de la elección del 8 de marzo y de los que se usarán para la elección del 31 de mayo”, indicó el exmagistrado en la red social.

El 24 de junio de 2026, días después de que terminara la contienda electoral presidencial, el abogado Mauricio Pava anunció el inicio de acciones legales contra Luis Guillermo Pérez por sus advertencias sobre fraude electoral que vinculan a la empresa Thomas Greg & Sons.

“Concluido el proceso electoral, es momento de revisar las responsabilidades de quienes abusaron del derecho, abusaron del micrófono y de las redes sociales para perturbar el proceso democrático”, explicó el jurista en un video publicado en su cuenta de X.

Aseguró que hacer reclamaciones relacionadas con el proceso electoral es completamente legítimo, pero negó la existencia de un fraude. En ese sentido, señaló al exmagistrado del CNE de fabricar desinformación y de señalar falsamente a una empresa. Además, cuestionó sus llamados a frenar el escrutinio de votos.

“La democracia no se puede chantajear con mentiras. Reclamar es legítimo, inventar fraude, no (...) Ataca el corazón del sistema electoral”, indicó Pava.

“Thomas Greg no cuenta votos ni elige presidente, cumple una función técnica, logística. Por eso acudimos a la Fiscalía. Colombia necesita saber si hubo una campaña deliberada para deslegitimar las elecciones, poner en riesgo a trabajadores y, sobre todo, desconocer la voluntad popular”, añadió el abogado.

De acuerdo con Caracol Radio, esa audiencia se llevó a cabo en julio de 2026, pero hasta el momento toma relevancia en la agenda pública y deriva en reacciones por parte de profesionales del Derecho.

“Absolutamente lamentable presentarse a una audiencia en estas condiciones. Tenemos la certeza, que si se tratara del Abogado defensor, ya estaría suspendido. Pedimos a la @CNDJ_Col y a la @FiscaliaCol tomar las medidas del caso”, indicó el Colegio de Abogados Penalistas en su cuenta de X.

Las cuestionables declaraciones de la fiscal en la audiencia

En su intervención, la fiscal evidenció dificultades para vocalizar y expresar correctamente lo que quería explicar. Además, incluyó lenguaje inadecuado.

“Que mantenga incólume y que mantenga firme la decisión de la primera instancia que hizo su jueza de control de garantías. Que lo hizo conforme a derecho, porque ahí le trajeron pruebas bacanas, chéveres. Los mismos bandidos, marica. Los mismos manes que trabajaban con mi queridísima imputada, que no tengo nada contra ella, no la conozco. A mí no me venga a decir que hay elementos nuevos”, dijo la funcionaria en la diligencia.

Tras una larga intervención de la fiscal, la procesada, identificada como Sandra, interrumpió, pidiendo a la jueza que le permitiera expresar su inconformidad por el estado en el que se encontraba la fiscal. “Me parece una falta de respeto con la señora fiscal porque ella está borracha. Y yo como ser humano merezco respeto. Así yo esté en cárcel o en un calabozo, yo merezco respeto. Y la señora fiscal está borracha”, dijo.

La jueza tomó la palabra y solicitó a la funcionaria que diera por terminada su intervención, debido a que no estaba en condiciones para continuar. Sin embargo, la fiscal interrumpió a la togada en más de una ocasión, reconoció que había ingerido licor y continuó con su explicación sobre el tema abordado en la audiencia.

“Imagínese. Salimos a beber. ¿Quiere que le diga una cosa? Sí, señor juez de segunda instancia. El pronunciamiento de la juez de primera instancia fue una decisión ajustada a derecho”, dijo.

La jueza volvió a tomar la palabra para pedir nuevamente a la fiscal que dejara de hablar en la diligencia. “Doctora, doctora, disculpe, la interrumpo, doctora. Yo creo, pues, que en este momento usted no está como en condiciones de terminar la intervención, con todo respeto”, indicó.

Posteriormente, ante los demás intervinientes, afirmó que la fiscal se encontraba en una “situación particular” y recordó que la diligencia que se estaba llevando a cabo merecía respeto y atención. Además, aseguró que se permitió a la fiscal exponer su punto durante la audiencia, pero que las condiciones en las que se encontraba no le permitían continuar.

“Se procuró agotar un debido proceso en lo que respecta con la doctora Silvana para que se pronunciara sobre esas manifestaciones o esa inconformidad del doctor Torregrosa, pero vemos, pues, que de pronto está en otra situación o en otra condición que le impide ejercer esa labor en debida forma”, detalló.

Antes de que la jueza diera por terminada la diligencia, la funcionaria habló nuevamente y dirigió unas palabras directamente a la mujer investigada: “Si se va a hacer contra mí, que las diga, que las diga, pero usted es una procesada que tiene que asumir la situación”.

De acuerdo con declaraciones públicas que dio el titular del ministerio, a través de esa auditoría se verificará si hay presuntas irregularidades que deban ser investigadas por las autoridades, relacionadas con el manejo de los recursos.

“Vamos a examinar con rigor técnico y evidencia verificable cómo se han recaudado, administrado y invertido los recursos de las cuotas de fomento ganadero y lechero. Investigaremos posibles sobrecostos, pagos injustificados, gastos sin soporte, conflictos de interés y cualquier desviación de su destinación legal”, precisó.

El ministro indicó que la cartera no está haciendo acusaciones de ningún tipo. Insistió en que la cartera tiene la obligación de conocer en detalle cuáles han sido los manejos del Fondo Nacional del Ganado. Además, advirtió que, de encontrar anomalías, el ministerio actuará “con toda la contundencia de la ley” y trasladará los hallazgos a las autoridades competentes para que adelanten las indagaciones respectivas.

El jefe de la cartera añadió que, en caso de ser necesario, se recuperarán los recursos comprometidos. De igual manera, aseguró que el ministerio adelantará la auditoría con independencia, transparencia y rigor y recordó que la ley faculta al ministerio a ejercer labores de control.

Dangond aclaró que los recursos asignados al fondo deben ser utilizados debidamente para beneficiar a los ganaderos del país e impulsar sus proyectos productivos en el mercado. Indicó que el dinero invertido debe traducirse en oportunidades para la población, en crecimiento económico y en el bienestar de las personas que sostienen el sector ganadero del país.

“Quiero ser absolutamente claro. En este ministerio no habrá recursos intocables, contratos inmunes ni administraciones por encima del control. Pero nuestro propósito va mucho más allá de auditar. Queremos que cada peso de estos recursos se reinvierta en nuestros ganaderos, para que sus hatos sean más productivos, más rentables y más competitivos”, añadió.

El ministro aseguró que los recursos que se utilizan para fomentar la ganadería no son propiedad de las personas que los administran. Hacen parte del sector y su uso debe orientarse exclusivamente a su fortalecimiento.

“Vamos a exigir cuenta, vamos a proteger esos recursos y vamos a garantizar que cada peso cumpla su verdadera finalidad. Porque la transparencia no se negocia, los recursos del campo se respetan y la confianza de nuestros ganaderos se defiende con hechos”, precisó.

Desde la Presidencia de la República, se indicó que el Gobierno nacional, liderado por el mandatario Abelardo de la Espriella, exigirá cuentas claras y la protección del patrimonio del campo, “reafirmando que la confianza de los ganaderos se defiende y que los recursos públicos se respetan para consolidar el progreso de la patria”.

Fedegán defendió el manejo de recursos en el Fondo Nacional del Ganado

Por medio de un comunicado, la junta directiva de Fedegán expresó su respaldo a José Félix Lafaurie, que durante más de dos décadas ha ejercido la presidencia de la organización. De igual manera, defendió la administración del Fondo Nacional del Ganado y aseguró que ha estado sometida permanentemente a la vigilancia de la Contraloría General de la República y a los demás mecanismos de control. “Los resultados de las auditorías constituyen un respaldo importante a la gestión institucional”, precisó.

“La Junta Directiva reafirma su confianza en la administración de los recursos parafiscales ganaderos y expresa su reconocimiento a la gestión de Jaime Rafael Daza Almendrales, representante legal del Fondo Nacional del Ganado, quien ha ejercido sus responsabilidades con rigor, transparencia y compromiso con los intereses de los productores”, añadió.

La Fiscalía General de la Nación advirtió sobre la divulgación no autorizada de información de indagaciones y actuaciones judiciales sometidas a reserva legal en la investigación que se adelanta sobre el envenenamiento con talio de dos menores de edad en Bogotá, en la que está involucrada la ciudadana Zulma Guzmán Castro.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por el ente acusador, la filtración de información que goza de reserva puede afectar el debido proceso investigativo. Además, puede comprometer el desarrollo de las indagaciones, vulnerar la integridad de los testigos y el buen nombre de las víctimas.

“Los servidores públicos y las partes intervinientes que tienen acceso a estas actuaciones están obligados a preservar su confidencialidad, de conformidad con la ley y la jurisprudencia vigente. Este deber constituye una garantía para la determinación de la verdad sobre los hechos y no admite excepciones por fuera de las disposiciones legales”, precisó la Fiscalía en la comunicación.

Es por eso que ordenó el desarrollo de actividades de policía judicial, con el objetivo de establecer el origen de las filtraciones de la información, que tiene relación con documentos propios del caso y algunas audiencias.

La investigación sobre el caso indica que la empresaria Zulma Guzmán habría sido la responsable de la muerte de Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, 13 años, registrada en abril de 2025. Las menores consumieron frambuesas contaminadas con talio, las cuales fueron enviadas a la casa de Inés de Bedout; al parecer, la mujer tuvo una relación clandestina con Juan de Bedout Vargas, su padre.

“Las víctimas consumieron unas frambuesas que estaban contaminadas con el metal. Este alimento fue enviado a través de una empresa de mensajería con indicaciones de que se trataba de un supuesto regalo, hecho que no era cierto”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Zulma Guzmán fue capturada en diciembre de 2025 en Londres (Inglaterra). Su extradición a Colombia todavía no se ha efectuado y la audiencia en la que se definirá esa diligencia fue aplazada hasta marzo de 2027.

El caso de Eva Ferrer: denunciante

La Fiscalía también dio esa misma instrucción ante la filtración de información sobre la diligencia de declaración juramentada de la exconsejera presidencial para la Reconciliación Eva Ferrer Galcerán, que denunció públicamente y ante las autoridades presuntas irregularidades en las que habría incurrido Verónica Alcocer, ex primera dama de Colombia.

De acuerdo con declaraciones que dio la exfuncionaria en entrevista con Semana, Alcocer habría liderado una supuesta red de tráfico de drogas, armas y dinero. Esos elementos habrían sido movilizados entre Colombia y Estados Unidos y, presuntamente, se habría hecho uso de una aeronave oficial para ello. Además, hizo señalamientos en contra de otros servidores públicos cercanos a la ex primera dama, relacionados con testaferrato y presuntas irregularidades en el manejo de recursos en campaña.

Ferrer dio a conocer más detalles sobre estos y otros hechos ante la Fiscalía y parte de lo que declaró se filtró a los medios de comunicación.

Así las cosas, el ente acusador indicó que estos casos “tienen un alto grado de complejidad y relevancia nacional”. De ahí la necesidad de adelantar las verificaciones pertinentes, con el fin de determinar las circunstancias de lo ocurrido, identificar a los posibles responsables y compulsar copias disciplinarias y penales, si así se requiere.

“La Fiscalía General de la Nación reafirma pleno respeto por la libertad de prensa y el derecho a la información, y reitera que a los funcionarios judiciales les asiste la obligación de actuar con rigor en la custodia del material probatorio y denunciar oportunamente la violación de la reserva legal”, añadió la Fiscalía en el comunicado oficial.

La ofensiva implicó el desarrollo de 58 allanamientos en ocho comunas de Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano, el corregimiento de La Parada y otros sectores de la ciudad y su área metropolitana. Fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Seccional Norte de Santander coordinaron las diligencias con el CTI, la Policía Nacional y el Ejército Nacional; hubo 42 capturas por orden judicial y 69 en flagrancia.

Los detenidos harían parte de estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Tren de Aragua, La Familia P, Los Turcos, Los Mexicanos, Los Manilargos y Los de la F, que son organizaciones relacionadas con delitos graves como homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes, extorsiones y hurtos.

De acuerdo con el delegado contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl Humberto González, de la totalidad de los allanamientos, 16 se llevaron a cabo en Cúcuta y El Zulia.

“En cinco de los procedimientos realizados fueron capturadas cinco personas que harían parte del Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN, quienes estarían implicadas en actos de terrorismo contra la población civil, ataques contra la fuerza pública, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito, entre otras conductas”, precisó el funcionario.

Estas personas son investigadas por su posible participación en el ataque a la subestación de policía de Aguaclara, perpetrado en febrero de 2022, y en la preparación de un artefacto explosivo en julio de 2024.

Además, tres de los capturados harían parte del Tren de Aragua y habrían participado en el cobro de extorsiones a comerciantes y ciudadanos, así como en el tráfico de estupefacientes en Cúcuta y municipios vecinos, según detalló el delegado.

Dos de las personas detenidas fueron capturadas en flagrancia por su presunta vinculación a casos de explotación sexual de mujeres y menores de edad en un estudio webcam ubicado en el sector Las Américas, en Cúcuta.

Sobre el grupo delincuencial conocido como la Familia P, la directora de la Seccional Norte de Santander de la Fiscalía, Aura Nubia Martínez, reveló que la organización es señalada de desarrollar actividades relacionadas con el tráfico local de estupefacientes, homicidios en la modalidad de sicariato y extorsiones.

De acuerdo con la Fiscalía, durante los procedimientos fueron incautadas armas de fuego, proveedores, municiones, supresores, teléfonos celulares, cuatro vehículos, más de 7.800 kilogramos de marihuana y 3.400 kilogramos de cocaína y bazuco. También se recuperaron ocho motocicletas y mercancía avaluada en cerca de $500 millones.

El delegado contra la Criminalidad Organizada informó que en la diligencia que se adelantó en la cárcel de Pamplona, fueron hallados siete dispositivos móviles y 10 tarjetas SIM que estaban ocultas en las celdas.

Por otro lado, la Fiscalía indicó que en la ofensiva también fue desarticulada una red señalada de alterar medicamentos vencidos, deteriorados o de uso institucional.

El ente acusador indicó que todos los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías, para su respectiva judicialización. La Fiscalía les imputará, según su presunta responsabilidad individual, delitos como concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, trata de personas, corrupción de alimentos, hurto y reclutamiento ilícito en grado de tentativa, entre otras conductas.

“La intervención refleja la aplicación de un modelo investigativo que prioriza los fenómenos criminales de mayor impacto y busca debilitar las capacidades de las organizaciones que afectan la tranquilidad de las comunidades”, precisó la Fiscalía.

El Ministerio de Salud y Protección Social informó que el giro directo de recursos que se hace a hospitales, clínicas y proveedores continúa sin interrupciones.

Según indicó, la Resolución 2493, emitida el 29 de octubre de 2026, extiende hasta el 3 de mayo de 2027 la entrada en operación del nuevo mecanismo de reporte para las EPS ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

De acuerdo con un comunicado emitido por la cartera el 3 de noviembre de 2026, esa ampliación busca permitir que los actores del sistema completen las adecuaciones tecnológicas y las pruebas necesarias para llevar a cabo una transición ordenada. La medida tiene como fin evitar que ese cambio afecte el flujo de recursos hacia los prestadores y proveedores de servicios de salud y que, por tanto, los usuarios enfrenten trabas para acceder a la prestación de los servicios.

De igual manera, informó que el nuevo estándar técnico y operativo que se implementará servirá para fortalecer el reporte y el seguimiento de la información sobre el giro directo de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y los presupuestos máximos. Así las cosas, durante el periodo de ajuste que se ejecutará, los pagos seguirán realizándose mediante los procedimientos y plataformas habilitados actualmente.

“La ampliación del plazo corresponde al nuevo sistema de reporte, no al giro directo de los recursos de la salud”, precisó la cartera en la comunicación oficial.

Implementación del Plan de Choque en Salud: avances

Mientras el Ministerio de Salud y Protección Social pone en marcha el nuevo mecanismo de reporte para las EPS ante la Adres, también ejecuta un Plan de Choque en Salud que busca solucionar las problemáticas más urgentes que tiene el sistema.

En un comunicado, la cartera informó que, por primera vez desde el inicio del plan, se resolvieron los pendientes de medicamentos para más de la mitad de los pacientes reportados. Con corte al 14 de octubre, el avance llegó a 42,89% en la entrega de las medicinas y al 51% de los pacientes con casos abiertos.

Las EPS reportaron 12.514.638 unidades entregadas. La entidad continuará acompañando a las EPS y verificando que los cierres correspondan a medicamentos entregados y procedimientos realizados, con revisiones periódicas hasta el 31 de diciembre de 2026 y prioridad para los pacientes con mayor riesgo y los territorios con más casos.

“Superar el 50% es un avance importante, pero significa también que todavía tenemos prácticamente la otra mitad de los pacientes por resolver. Este Plan no se mide por anuncios, sino por medicamentos entregados y servicios efectivamente prestados”, afirmó la ministra de Salud y Protección Social, Ana María Vesga, citada en un comunicado de la cartera.

Por otro lado, los procedimientos resueltos pasaron de 120.586 en el primer corte a 168.422 en el segundo y a 434.828 en la medición más reciente, mientras que el avance en términos de personas se ubicó en aproximadamente 15,6%.

“En procedimientos hemos acelerado de manera importante la respuesta, pero un 13% de avance también nos dice con absoluta claridad que queda mucho trabajo por hacer. No vamos a presentar como resuelto lo que todavía está pendiente”, afirmó la jefa de la cartera.

Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Norte de Santander concentran más de la mitad de los pacientes con medicamentos pendientes y también el mayor número de cierres en materia de procedimientos.

La ministra Ana María Vesga añadió: “Los porcentajes nos permiten ver las dos caras del Plan de Choque: cuánto hemos logrado resolver y cuánto falta. Nuestra obligación es trabajar sobre las dos. Cada punto que falta representa pacientes que siguen esperando una respuesta”.

Un hombre identificado como José Luis Botero, de 43 años, murió en la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026 por varias heridas ocasionadas con un arma blanca. Según el reporte de la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) mencionado por medios de comunicación locales, el sujeto fue agredido debido a que, presuntamente, habría intentado llevar a su cuarto de hotel a dos menores de edad.

Los hechos se presentaron en el Hotel El Ajedrez, ubicado en el barrio Estación Villa, en la comuna 10 de Medellín (Antioquia).

La investigación señala que Botero, que se encontraba en la habitación 511 del sitio de alojamiento, presuntamente ofreció dinero a dos niñas de siete y nueve años para que ingresaran al cuarto. Según el informativo citado, la madre de las menores acudió al lugar al percatarse de la situación y confrontó al hombre, lo que desencadenó una pelea.

Al parecer, Botero intentó escapar, pero fue atacado por otras personas. Luego, se desplomó en la vía pública, específicamente en la carrera 52 con calle 54. Una patrulla de la Policía Nacional trasladó al hombre herido al Hospital San Vicente Fundación (Policlínica), donde confirmaron que ingresó sin signos vitales.

El subsecretario Operativo de Seguridad de Medellín, Sebastián Acosta, entregó otra versión de los hechos, en la que indicó que, al parecer, el sujeto intentó entrar a la habitación en la que se alojaban las niñas. “Según las primeras versiones, durante la madrugada, el ciudadano habría intentado ingresar a una habitación de hotel donde se encontraban dos niñas de siete y nueve años. Ante esta situación, varias personas intervinieron, lo retiraron del establecimiento y presuntamente le ocasionaron múltiples lesiones”, precisó.

Las autoridades capturaron a dos personas de 23 y 26 años presuntamente vinculadas con el hecho, identificadas como Orainnys Saireth Tovar Tovar y Gregory Alexander Torres Díaz, según TeleAntioquia, ambas de nacionalidad venezolana.

El CTI, por su parte, realizó la inspección técnica del cadáver y la recolección de elementos materiales probatorios en el hotel y en el centro asistencial. La muerte del sujeto fue clasificada preliminarmente como homicidio. Los capturados quedaron a disposición de la autoridad competente para su judicialización.

El subsecretario Operativo de Seguridad aseguró que las autoridades ya avanzan en la indagación del caso y, en representación de la Alcaldía de Medellín, liderada por el alcalde Federico Gutiérrez, rechazó el hecho de que la ciudadanía se haya tomado la justicia por mano propia, atacando al hombre hasta causarle la muerte.

De igual manera, informó que las menores de edad que presuntamente se vieron involucradas en una situación de riesgo, están recibiendo atención por parte del Distrito.

“La Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Desde la Alcaldía de Medellín rechazamos cualquier forma de violencia. Quiero ser enfático: ninguna situación justifica tomar la justicia por mano propia. La protección de nuestros niños, niñas y adolescentes es una prioridad. Por eso activamos de inmediato, a través de nuestro grupo de infancia y adolescencia, la ruta de protección para garantizar los derechos y el bienestar de las dos menores, quienes se encontraban junto a sus padres”, indicó el funcionario.

Consecuencias de tomarse la justicia por mano propia

De acuerdo con la normativa colombiana (Ley 23 de 1991, por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los Despachos Judiciales, y se dictan otras disposiciones), las personas que ejerzan justicia por mano propia pueden ser multadas.

“Ejercicio arbitrario de las propias razones. El que, en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo, incurrirá en multa hasta de un salario mínimo mensual legal”, detalla la ley.

De igual manera, puede haber consecuencias penales.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se mantuvo en sus declaraciones sobre la presunta solicitud de hojas de vida por parte de un integrante del Gobierno nacional a un congresista del Centro Democrático.

Luego de recordar en una publicación en X que ningún legislador debe allegar ese tipo de documentos al Ejecutivo y de pedir al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, abstenerse de solicitarlos, informó que tiene conocimiento sobre un hecho específico que respaldaría sus aseveraciones.

Según detalló, un legislador del partido le informó que, al parecer, el jefe de la cartera de Hacienda pidió dos hojas de vida para hacer nombramientos. Uno de los beneficiarios sería, presuntamente, un hombre que apoyó al presidente de la República en las elecciones.

“Nuestro representante me expresó que el Ministro le pidió dos hojas de vida, y que en respuesta mencionó a un señor de Caldas, cuyo nombre por ahora me reservo, que había votado por el Presidente Abelardo para que lo nombraron en una entidad nacional”, indicó el exmandatario en su cuenta de X.

En la publicación inicial que hizo sobre el tema, mencionó al representante a la Cámara por Caldas Mateo Hidalgo Montoya, que integra la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la corporación, aunque no hizo señalamientos directos en su contra.

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, precisó el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

Sin embargo, ante los medios de comunicación, el congresista negó haber incurrido en irregularidades relacionadas con la entrega de hojas de vida al Gobierno.

“Yo creo que es una tergiversación de alguna información, pues de parte del ministro de Hacienda a mí no me han ofrecido absolutamente nada (...) Nosotros la única comunicación que tenemos con el Gobierno y con todos los ministros es netamente laboral. Se da en el marco de lo que se hace en las comisiones. Nosotros estamos en la Comisión Quinta”, precisó el legislador en declaraciones ante la prensa.

La postura del ministro Miguel Gómez Martínez

Ahora bien, ante los señalamientos del exmandatario, el ministro de Hacienda y Crédito Público indicó que tanto su talante como el Gobierno al que representan le impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto en el Legislativo. Aseguró, además, que no ha recibido insinuaciones ni documentos por parte de congresistas de ningún partido político, incluido el Centro Democrático.

“Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, precisó.

El ex jefe de Estado respondió con un comentario en el que reafirmó su postura e insistió en que Gómez Martínez no debe pedir hojas de vida a los legisladores.

En consecuencia, el jefe de la cartera recordó que el expresidente lo conoce porque hizo parte del Centro Democrático en su momento y recalcó que no ha hecho ofrecimientos de ningún tipo y que tampoco ha hecho solicitudes irregulares como titular de la cartera.

Además, aseguró que el Gobierno ahora enfrenta uno de los momentos más difíciles de la hacienda pública.

“Señor expresidente @AlvaroUribeVel, usted me conoce porque estuve en su partido y sabe de mi talante. Ni pido ni ofrezco. Mucho menos en el sagrado cumplimiento del deber. En estos momentos en que la Patria llama, concentro toda mi energía en sacar adelante lo que antes parecía imposible: un rescate patriótico sin acuerdos bajo la mesa. Confío en que, entre todos, lo lograremos”, indicó.

El expresidente Gustavo Petro denunció la presunta violación de la reserva de una audiencia relacionada con Deicy Jiménez, la mujer que aseguró haber ofrecido servicios sexuales al exmandatario que presuntamente fueron pagados con contratos.

De acuerdo con el ex jefe de Estado, la diligencia se llevó a cabo el 29 de octubre de 2026 en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Según detalló, el magistrado que presidió la audiencia ordenó a los asistentes no filtrar su contenido.

Sin embargo, al parecer, el abogado Caballero, que entonces representaba los intereses de Jiménez, no cumplió con lo ordenado por el magistrado.

“A pesar de las advertencias del Magistrado el abogado de la declarante el señor Andrés Felipe Caballero @PipeCab salió a difamarme, a hacer aseveraciones que no corresponden y peor a desafiar la orden que dio el honorable magistrado para que tanto partes como declarantes y las evidencias fueran puestas en riesgo”, aseveró.

El expresidente aseguró que el no mantener la reserva de lo dicho en esa audiencia constituye un obstáculo para el amparo del debido proceso y la reserva propia del procedimiento. Pese a ello, según indicó, el abogado se pronunció ante los medios de comunicación y, presuntamente, entregó “detalles falsos de la audiencia” y también presentó como “acreditados” hechos que todavía no han sido debidamente valorados por un juez de la República.

“Por eso le pedí a mi abogado @HombreJurista presentar un memorial ante el magistrado. En él pedimos que la Sala estudie medidas por la violación de la reserva y, si lo encuentra procedente, compulse copias disciplinarias y penales”, informó el mandatario.

Asimismo, indicó que, por medio de ese memorial, se solicitará que se adopten medidas de protección y que se haga el recaudo probatorio de manera inmediata, garantizando la adecuada cadena de custodia.

De igual manera, informó que su abogado, Alejandro Carranza, controvertirá ante la Corte Suprema de Justicia la versión entregada por la declarante en la audiencia. “No acepto que se me condene en los medios antes de cualquier juicio, ni que se manche la honra de las mujeres que trabajaron con dignidad en mi gobierno”, señaló.

El expresidente también se refirió a la renuncia de Felipe Caballero como abogado de Deicy Jiménez. El jurista afirmó que decidió dejar de representar a la denunciante por motivos de seguridad, algo que el exmandatario Gustavo Petro respaldó: “Nadie debe ser amenazado por participar en un proceso judicial”.

Sin embargo, advirtió que le genera “cierta suspicacia” el hecho de que el abogado renunciara justo en el momento en el que Alejandro Carranza radicó peticiones al juez. “La #verdad se defiende ante los jueces, con pruebas y con #respeto por todas las personas, no en los medios de ultraderecha”, añadió.

El profesional en Derecho respondió a los señalamientos del expresidente y aseguró que no vulneró la condición de reserva de la que goza la diligencia en cuestión. “Petro, conmigo te equivocas. Sé lo que significa respetar la ley y la orden de los jueces. Tú de eso no sabes”, señaló.

Según explicó, tras finalizar la diligencia, expuso ante la opinión pública aspectos generales de la misma y del caso que se está estudiando, información que, incluso, ya había sido divulgada con anterioridad por la declarante en medios abiertos.

De igual manera, afirmó que la denunciante entregará su celular con otros elementos de prueba, algo que fue coordinado fuera de la diligencia y, por tanto, no tendría reserva. “Pero eso debe tenerse bastante asustado. Sabes bien lo que hiciste, aunque seguro de algunos detalles ni te acuerdas, ya sabes por qué”, aseveró.

“No sé en qué estado estás hoy pero tu “suspicacia” te la estás sacando del sombrero, por decir lo menos, ya que no tengo ni idea de las solicitudes de Carranza. Renuncio porque tú y tu gente son capaces de todo y la atención no debe ponerse sobre mí sino sobre tus víctimas: las mujeres y el país. Ya nos veremos”.

El presidente Abelardo de la Espriella ordenó a la fuerza pública recuperar el control territorial en Norte de Santander, región del Catatumbo, donde operan varios grupos armados al margen de la ley, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

“Tienen que recuperar la autoridad del Estado en el Catatumbo y derrotar a las estructuras terroristas que someten a sus comunidades. El ELN, la banda narcoterrorista 33 y demás organizaciones que operan en esta región tienen que sentir todo el peso de la fuerza legítima del Estado”, precisó el primer mandatario en declaraciones públicas que dio durante una visita que hizo a Cúcuta, capital del departamento.

De acuerdo con el jefe de Estado, es necesario que los uniformados recuperen la iniciativa, y que identifiquen, capturen o den de baja a los cabecillas de esas organizaciones criminales, que están detrás de varios hechos de violencia cometidos en contra de la población civil. De igual manera, indicó que las autoridades también tienen que desarticular esas estructuras y afectar sus fuentes de financiación, para impactar su sostenimiento y el desarrollo de acciones criminales.

“No podemos permitir que esas bandas narcoterroristas sigan financiando sus crímenes con el narcotráfico, la extorsión, el secuestro y demás actividades ilegales. Hay que golpear sus finanzas y acabar con los recursos que sostienen a esas organizaciones narcoterroristas”, aseveró el presidente.

Asimismo, informó que, de manera oficial, empezó la campaña militar y policial Esparta, que es una operación que tiene como objetivo recuperar la seguridad y restablecer la autoridad del Estado colombiano.

En su visita al departamento, el presidente también informó que el Gobierno nacional, de la mano de las autoridades, fortalecerá el control en las zonas fronterizas. Se refirió específicamente a la frontera entre Colombia y Venezuela, ubicada en Norte de Santander. Recordó que entre los deberes del Estado está preservar la integridad del territorio nacional y garantizar que las decisiones sobre la seguridad del país estén en manos de las instituciones legítimas.

“No acepto, repito, no acepto que las organizaciones terroristas pretendan controlar nuestros pasos fronterizos, traficar con drogas o personas, o utilizar el territorio colombiano para desarrollar sus actividades criminales. Por eso he venido hoy al puente de Tienditas, para ratificar la decisión del Gobierno de la Patria Milagro”, precisó el mandatario, en declaraciones que dio desde el Puente Internacional Las Tienditas, construido sobre el río Táchira en el sector de Villa Silvania (Norte de Santander, Colombia) y Tienditas (Venezuela).

Entre las acciones que las autoridades adelantarán están la vigilancia del ingreso y la salida de personas y mercancías en la frontera, el control de los pasos fronterizos y la toma de medidas adicionales para impedir que las rutas clandestinas sean utilizadas para delinquir.

El mandatario indicó que entre el 7 de agosto de 2026 y el 30 de octubre de 2026 se registraron cerca de un millón de movimientos de entradas y salidas por el puente Las Tienditas, lo que deja en evidencia la importancia de ese paso fronterizo para la economía de Norte de Santander. En ese sentido, aseguró que la administración tiene el deber de facilitar el tránsito legal de personas y mercancías, sin que eso implique la generación de “obstáculos innecesarios” para el comercio y otras actividades que se ajustan a la ley.

“Ninguna organización narcoterrorista puede arrogarse funciones que le corresponden al Estado. Ninguna organización narcoterrorista puede imponer sus propias reglas en los pasos fronterizos ni utilizar nuestro territorio para cometer sus fechorías. Y ningún Gobierno responsable puede mirar hacia otro lado ni resignarse a que existan regiones donde los bandidos tengan más autoridad que las instituciones del Estado”, aseveró el jefe de Estado en declaraciones públicas.

El congresista del Centro Democrático Andrés Guerra Hoyos se pronunció sobre la advertencia que hizo el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X, relacionada con la entrega de hojas de vida al Gobierno nacional.

El exmandatario recordó a los integrantes del Centro Democrático, partido político que fundó, que no deben entregar hojas de vida para impulsar nombramientos en el Ejecutivo y pidió al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, que se abstenga de pedir esos documentos a los legisladores.

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, precisó el ex jefe de Estado.

Al respecto, el representante a la Cámara Guerra Hoyos, miembro del Centro Democrático, indicó que en ningún momento ha tenido acercamientos con la administración actual, liderada por el presidente Abelardo de la Espriella. De igual manera, aseguró que tampoco aceptó invitaciones por parte de integrantes del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, antecesor de De la Espriella.

“Conmigo ayer, hoy o mañana evítense fatigas. No he aceptado por parte del gobierno ni una sola invitación ni a una aromática, ni un tinto, ni como senador en el gobierno de @petrogustavo y tampoco ahora como representante en el gobierno de @ABDELAESPRIELLA. Tengo muy claro mi rol y mi papel en el Congreso. #niuntintoconpetro”, señaló.

Ante los medios de comunicación, el representante a la Cámara por Caldas Mateo Hidalgo Montoya, que fue mencionado por el expresidente Álvaro Uribe en su publicación en X, aseguró que no ha incurrido en ninguna irregularidad que involucre al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Según explicó, es integrante de la Comisión Quinta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, que se encarga de discutir y tramitar temas relacionados con el régimen agropecuario, la ecología, el medio ambiente y recursos naturales y la adjudicación y recuperación de tierras, entre otros. Como miembro de esa comisión, se ha comunicado con el Gobierno únicamente para abordar temas que son de su competencia.

“Nosotros la única comunicación que tenemos con el Gobierno y con todos los ministros es netamente laboral. Se da en el marco de lo que se hace en las comisiones. Nosotros estamos en la comisión quinta”, precisó.

Ministro de Hacienda negó haber pedido hojas de vida

Al igual que Hidalgo Montoya y Guerra Hoyos, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró que ningún congresista con el que haya tenido acercamientos ha pedido alguna contraprestación a la administración.

“Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, aseguró.

De igual manera, negó haber pedido a algún legislador la entrega de hojas de vida para definir nombramientos en el Gobierno. Afirmó también que ningún partido político, incluido el Centro Democrático, ha allegado documentos de ese tipo.

“Mi talante, señor expresidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”, detalló.

El expresidente Uribe Vélez reaccionó a la respuesta que publicó el jefe de la cartera e insistió en que, como ministro, debe evitar ese tipo de irregularidades.

“Señor Ministro de Hacienda: con mi aprecio y respeto de siempre: antes del compromiso del Pte Abelardo en contra del clientelismo, forma de corrupción, algunos de nosotros veníamos en esa lucha. No conviene que ud pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven”, escribió en X.

El Gobierno nacional espera que el Congreso de la República dé luz verde a su proyecto de ley de rescate económico que radicó el 29 de octubre de 2026. Se trata de una iniciativa que, según la administración, busca “estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto y generar crecimiento económico en un marco de equidad, eficiencia y progresividad, y se dictan otras disposiciones”.

En relación con la propuesta, el periodista Ricardo Ospina informó que el presidente Abelardo de la Espriella habría agendado una reunión con los congresistas que integran las comisiones económicas del Legislativo para conversar al respecto. Según precisó, el encuentro habría sido programado para el martes 3 de noviembre, en horas de la noche.

Sin embargo, el vocero del Gobierno, Miller Soto, aseguró que la información suministrada por el periodista es falsa. Negó que el mandatario tuviera planeado reunirse con los congresistas que tienen en sus manos la discusión del proyecto.

“Esto es falso. No está contemplada una reunión entre el Presidente @ABDELAESPRIELLA y los integrantes de las comisiones que se menciona en este trino”, señaló el vocero en su cuenta de X.

El comunicador eliminó la publicación de su cuenta de X, pero esta alcanzó a generar otros comentarios en la red social. La congresista del Pacto Histórico Johana Osorio —que integra la Comisión Tercera del Senado, encargada de tramitar los asuntos económicos y de hacienda pública del país—, por ejemplo, afirmó que los legisladores del Pacto Histórico no fueron invitados a esa reunión, que en realidad no se programó en ningún momento, según indicó Soto.

“Se viene la aceitada de la aplanadora. ¿Por qué será que no invita a los miembros del @PactoCol de las comisiones económicas? Yo creo que es porque sabe que no nos prestaremos para ese adefesio de reforma tributaria que atenta contra el pueblo trabajador. Igual no nos invite, no nos interesa la mermelada”, precisó la congresista.

El presidente Abelardo de la Espriella no agendó una reunión con los integrantes de las comisiones económicas, pero sí radicó un mensaje de urgencia e insistencia para que el proyecto de ley de rescate fiscal sea discutido y votado con celeridad.

De acuerdo con el documento radicado por el Gobierno, enviado a los presidentes y presidentas de las comisiones económicas y del Senado y la Cámara de Representantes, la falta de aprobación de la iniciativa implica que se mantenga el crecimiento ineficiente del gasto y que se agrave la presión presupuestal por el incremento en el servicio de la deuda. De igual manera, la sostenibilidad del aseguramiento en el Sistema General de Seguridad Social en Salud puede quedar comprometida.

“La eficacia del ajuste fiscal y la reactivación económica del país dependen no solo de la aprobación de esta ley, sino de que esta se produzca oportunamente”, se lee en el documento radicado por el Gobierno.

Así las cosas, radicó el mensaje de urgencia, con el objetivo de que el Legislativo le dé prioridad al proyecto en cuestión. Eso implica, entre otras cosas, que se le otorgue prelación en el orden del día, excluyendo la consideración de cualquier otro asunto hasta que los congresistas tomen una decisión sobre la iniciativa.

“El presidente de la República tiene la facultad de solicitar al Congreso de la República que proyectos de ley de su interés sean tramitados con mensaje de urgencia e insistencia. El mensaje de urgencia determina que la respectiva Cámara deba decidir sobre el proyecto dentro del término constitucional de treinta (30) días y, cuando el proyecto se encuentre en estudio de una comisión permanente, habilita su deliberación conjunta con la correspondiente comisión de la otra Cámara”, precisa el documento.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que ninguno de los congresistas del partido Centro Democrático está avalado para entregar hojas de vida al Ejecutivo, con el fin de que ciertas personas ocupen cargos públicos. De igual manera, solicitó al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, no solicitar esos documentos a los legisladores de la colectividad.

En su mensaje mencionó a un congresista en específico: el representante a la Cámara por Caldas Mateo Hidalgo Montoya.

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas. Copio al Representante Mateo Hidalgo”, precisó el ex jefe de Estado.

El ministro de Hacienda respondió a las declaraciones del exmandatario y aseguró que el Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, se ha reunido con distintos congresistas, sin que eso haya implicado la exigencia de contraprestaciones de ninguna de las partes.

Gómez Martínez indicó, además, que la administración actual tiene la responsabilidad de hacer frente a la crisis fiscal y económica que hay en el país, para lo cual presentó ante el Congreso un proyecto de ley de rescate económico.

“Los congresistas con quienes hemos conversado han escuchado con respeto y sin exigir contraprestación alguna. Comprenden la magnitud del desastre que heredamos y saben que la Ley de Rescate es el único camino viable para evitar el colapso de la República”, aseguró.

El funcionario insistió en que los actos de corrupción que se presentaron durante la administración del expresidente Gustavo Petro son de pleno conocimiento del Congreso y afirmó que el actual Gobierno planea responder ante ello con responsabilidad, transparencia y lejos de malas prácticas como la petición de hojas de vida.

En ese sentido, Gómez Martínez indicó que el Gobierno no ha pedido hojas de vida a ningún congresista y que ningún partido político, incluido el Centro Democrático, ha hecho planteamientos de ese tipo a la administración.

“Mi talante, señor ex Presidente, y el del gobierno que represento, nos impiden solicitar hojas de vida a los parlamentarios a cambio de su voto. Puedo afirmar con absoluta claridad que ni de su partido ni de ningún otro hemos recibido la más mínima insinuación o documento en ese sentido”, detalló.

Así las cosas, el ministro instó al Congreso de la República y a la colectividad fundada por el expresidente Uribe a discutir la propuesta oficialista con “seriedad”.

“Invitamos al legislativo, a su partido y a todos los de la coalición de gobierno, a discutir el articulado con la seriedad que exige la hora. Estamos ante una situación crítica, sin precedentes, que demanda un acuerdo nacional para impedir el peor de los escenarios: la quiebra del Estado colombiano”, precisó Gómez Martínez.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió a la publicación del jefe de la cartera, insistiendo en que él, como ministro de Hacienda, no está facultado para solicitar hojas de vida y que los congresistas no pueden entregarlas.

“Señor Ministro de Hacienda: con mi aprecio y respeto de siempre: antes del compromiso del Pte Abelardo en contra del clientelismo, forma de corrupción, algunos de nosotros veníamos en esa lucha. No conviene que ud pida hojas de vida ni que los nuestros las lleven”, escribió en X.

El representante a la Cámara Mateo Hidalgo, que fue mencionado por el expresidente Uribe en su publicación en X, se pronunció al respecto en entrevista con Blu Radio. Aseguró que en ningún momento ha recibido una solicitud por parte del Gobierno para enviar hojas de vida.

“A nosotros no nos han pedido ni me han solicitado ninguna hoja de vida”, aseguró el congresista a la emisora.

De igual manera, explicó que el exmandatario Álvaro Uribe intentó comunicarse con él, pero que no fue posible porque se encontraba en una sesión plenaria. “Cuando le devolví la llamada ya había salido el trino”, afirmó.

Un subintendente de la Policía Nacional, identificado como Harold Fernando Loaiza Sánchez, de 39 años, fue asesinado el 24 de octubre de 2026 en el municipio de San Antero, ubicado en el departamento de Córdoba.

De acuerdo con información revelada por el medio El Meridiano, los hechos se presentaron en medio de un hurto. La víctima se encontraba departiendo con su familia en un restaurante en el barrio Miriam Pardo, cuando un delincuente entró y le exigió que le entregara una cadena de oro que llevaba consigo.

En medio del forcejeo, el ladrón le disparó en tres ocasiones. De inmediato, fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica urgente. Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, falleció.

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, se pronunció al respecto en una publicación en su cuenta de X. Rechazó los hechos de violencia que se presentaron y solicitó a las autoridades competentes que se adelanten las investigaciones pertinentes para hallar y llevar ante la justicia al sujeto que lo atacó.

De acuerdo con el medio de comunicación citado, el uniformado, que era oriundo de Las Garitas, zona rural de Lorica, no estaba en el ejercicio de sus funciones cuando ocurrió el hurto. Trabajaba en La Guajira y recientemente había sido ascendido.

“Condenamos el asesinato del subintendente de la Policía Nacional Harold Fernando Loaiza Sánchez, ocurrido en el municipio de San Antero, en medio de un presunto intento de hurto. Pedimos a las autoridades adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer este crimen y dar con el responsable. Un abrazo de solidaridad y fortaleza a su esposa, a su hija y a sus compañeros”, expresó el mandatario departamental en la red social.

Patrullera de la Policía asesinada en Cali

El caso del uniformado Harold Fernando Loaiza se suma al de la patrullera de la Policía Nacional María José Recuero, de 20 años. La joven, originaria de Montería, Córdoba, falleció luego de haber resultado herida en un atraco que se registró el 23 de octubre en el barrio Industrial de Cali, Valle del Cauca.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el caso de robo involucró a varios hombres armados que intentaron robar la motocicleta de un policía adscrito al Departamento de Policía del Valle del Cauca. Algunos agentes de la institución se percataron de lo que estaba ocurriendo y reaccionaron para evitar el hurto.

Cuando los uniformados intervinieron, los delincuentes reaccionaron con disparos. En medio del tiroteo, la patrullera María José Recuero resultó gravemente herida. Además, otros dos policías también resultaron afectados. Los uniformados fueron trasladados a un centro asistencial; uno de ellos se encontraba en recuperación cuando la Policía emitió el reporte oficial, y el otro fue dado de alta con incapacidad médica.

La patrullera, por su parte, falleció por la gravedad de sus heridas. Su muerte fue confirmada el 24 de octubre.

“En desarrollo del procedimiento policial se incautaron dos armas de fuego, cuatro celulares hurtados y una motocicleta que al parecer habría sido utilizada para cometer el ilícito. De acuerdo con la información recopilada, los presuntos delincuentes estarían involucrados en tres hurtos diferentes, cometidos horas antes, en otras partes de la ciudad”, precisó la Policía Metropolitana de Santiago de Cali en la comunicación oficial.

El gobernador de Córdoba también se pronunció al respecto: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de María José Recuero, una joven patrullera monteriana de apenas 20 años, quien perdió la vida mientras protegía a los ciudadanos en Cali. Nos llena de tristeza que una vida tan joven se apague a causa de la delincuencia. Mi abrazo solidario a su familia, seres queridos y a toda la Policía Nacional. Que Dios les dé fortaleza en este difícil momento”.

Según precisó la entidad, 2.850.685 personas mayores recibirán una transferencia de hasta $230.000. Para cubrir la totalidad de los pagos para los beneficiarios en el nuevo ciclo, Prosperidad Social invertirá $669.581 millones.

Los pagos se entregarán mediante los operadores SuperGiros y SuRed, que tienen puntos de atención en zonas urbanas y rurales del país. De acuerdo con el sitio web oficial de la entidad, los recursos se giran directamente al adulto mayor beneficiario por intermedio de dichos operadores y están disponibles para ser cobrados durante 10 días hábiles. Estos trámites son gratuitos y no requieren intermediarios.

El presupuesto para Prosperidad Social

El Gobierno nacional presentó un proyecto de modificación del presupuesto de 2026 con el objetivo de obtener recursos adicionales para la entidad. Esto, según Prosperidad Social, permitirá cubrir obligaciones que al parecer quedaron desfinanciadas por la gestión del dinero que se efectuó en la administración anterior.

Según explicó, al inicio del nuevo gobierno se detectó un faltante para atender los pagos restantes del programa y fue necesario gestionar más de $400.000 millones para completar el ciclo de pagos que terminó en septiembre.

Ahora bien, la directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, aseguró que, pese a la situación económica que encontró, la entidad priorizó la financiación del nuevo giro para los adultos mayores debido a que muchos beneficiarios dependen de ese dinero para comprar alimentos y cubrir sus necesidades básicas.

“Gracias a la gestión del presidente Abelardo de la Espriella, en este gobierno, el de la Patria Milagro, conseguimos los recursos para este ciclo. Sabemos que muchos están esperando este dinero para comprar alimentos y atender necesidades que no pueden seguir aplazando. Por eso, durante estas semanas, conseguir los recursos ha sido una prioridad”, indicó la funcionaria, citada en la comunicación oficial.

Suárez también señaló que Prosperidad Social gestiona recursos para las transferencias pendientes del resto del año. “Confiamos en que el Congreso de la República nos acompañará en esta causa social para cumplirles con el programa Colombia Mayor. Los nuevos recursos que necesitamos dependen ahora de lo que suceda en el Congreso. Superar la pobreza es tarea de todos”, indicó.

Por otro lado, la entidad informó que está avanzando en la implementación del Gestor de Información Financiera (GIF), que permite registrar cuentas bancarias y depósitos electrónicos para recibir los pagos directamente. El registro está disponible en www.prosperidadsocial.gov.co, dentro del menú “Programas”, y mediante el botón flotante ubicado en el costado derecho de la página principal.

Prosperidad Social también recomendó usar únicamente sus canales oficiales para obtener información sobre los apoyos económicos otorgados en el programa Colombia Mayor y sobre otros productos financieros: el sitio web www.prosperidadsocial.gov.co, su canal de contenido en WhatsApp y el formulario web para presentar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias o felicitaciones.

Requisitos para inscribirse al programa Colombia Mayor

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social establece cuatro requisitos para las personas interesadas en ser beneficiarias del programa:

1. Ser colombiano.
2. Haber residido durante los últimos diez años en el país.
3. Tener al menos tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez en Colombia (actualmente son 54 años para mujeres y 59 para hombres).
4. No tener rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con Sisbén IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de los recursos ahora sacuden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La nueva administración habría encontrado un “elefante blanco” de la entidad en Bogotá.

De acuerdo con información suministrada a Infobae Colombia, se trata de un edificio de cinco pisos ubicado en el barrio Centenario, de la localidad Rafael Uribe Uribe, para el cual se invirtieron más de $4.600 millones desde 2014 y, 12 años después, la obra sigue sin finalizar.

De igual manera, según un informe de la Oficina de Control Interno disciplinario del Icbf, ante el incumplimiento inicial del acuerdo contractual, en 2024 se firmó un nuevo contrato para la adecuación y finalización de la obra, el cual también presenta incumplimientos. El avance de la obra es de apenas el 76%, con corte a 2026.

Wilfredo Pulido, un ciudadano que lleva más de 30 años viviendo en el sector donde está ubicado el inmueble, reforzó la denuncia. Según explicó, al parecer, más de 70 funcionarios iban a ser ubicados en el edificio para la prestación de servicios del Icbf, pero, como la obra está inconclusa, trabajan “hacinados” en otra sede.

Asimismo, indicó que la comunidad ha tratado de encontrar respuestas sobre el abandono de la obra, pero las explicaciones que han recibido al respecto presuntamente no son claras y las medidas que han dicho que se tomarán no se ajustan a la realidad.

“Lleva más de tres años en obra, iba a ser entregada hace tiempo, pero está inconclusa, sigue ahí perjudicando a toda la comunidad. Supuestamente era para 75 funcionarios, pero ellos están hacinados en otra sede cercana. No sabemos qué van a hacer de esta obra porque hemos tocado varias puertas y nadie nos da respuesta, dicen que lo van a demoler, que lo van a dejar, pero al final no hacen nada con ese elefante blanco”, aseguró el ciudadano, citado por Caracol Radio.

De acuerdo con el denunciante, el hecho de que la obra esté inconclusa supone un problema para la comunidad en la medida en que sirve para facilitar la delincuencia y, además, afecta la estética del sector. A su juicio, ese espacio podría ser destinado para beneficiar a personas en condición de vulnerabilidad o que requieran ayuda.

“Sean claros con la comunidad, ese edificio ahí sin prestar ningún servicio se ve terrible para el sector, hay delincuencia, su fachada es horrible y no hace nada acá. Denle este lugar a los niños y a las madres, ellos lo necesitan, ojalá que la próxima vez que venga algún medio por acá sea para su inauguración y no para otra denuncia”, dijo Wilfredo Pulido.

Icbf aseguró que busca la transparencia en la entidad

En una comunicación oficial, la entidad indicó que, de cara a 2027, buscará apostarle a la transparencia en el manejo de los recursos públicos, en aras de cumplir con uno de sus ejes principales: el fortalecimiento de los servicios de la atención integral a la primera infancia. En la proyección que tiene figura la atención de 1,8 millones de beneficiarios en más de 65.000 unidades en Colombia.

“La transformación también tendrá como prioridad el manejo transparente y riguroso de los $11,9 billones presupuestados para 2027 en el Icbf (según Decreto 1599 de 2026), buscando que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan”, se lee en el comunicado de la entidad.

En ese sentido, el Icbf aseguró que, en materia contractual, se reforzará la revisión de los procesos aplicados para vincular a proveedores y contratistas, buscando que sean idóneos y eficientes.

“El Icbf busca que su renovación se traduzca en resultados concretos que permitan mejorar los servicios, mayor eficiencia institucional, transparencia en el uso de los recursos y una gestión enfocada en la niñez y la familia de toda la patria”, precisó.

El 24 de octubre de 2026, una edificación en Pereira colapsó casi por completo. Así quedó en evidencia en imágenes replicadas en redes sociales. De acuerdo con el medio local Pereira En Vivo, el inmueble estaba ubicado en la carrera 12 con calle 18 y, según precisó, la estructura resultó afectada por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró en Colombia el 10 de agosto.

El informativo indicó que en el edificio funcionaba una panadería, que no volvió a operar después del sismo, debido a los riesgos que representaba la estructura para los ciudadanos luego del movimiento telúrico.

Al sitio llegó el Cuerpo de Bomberos para atender la situación y levantar los escombros. De acuerdo con el comandante de Bomberos Alejandro Arango, entrevistado por Noticias Caracol, la edificación, en efecto, ya había sido evaluada por las autoridades competentes y estas determinaron que no era posible ingresar debido al riesgo de colapso que presentaba.

Sin embargo, al menos dos personas estaban en el inmueble cuando cayó. Así lo pudieron confirmar las autoridades al revisar las cámaras de seguridad del centro comercial aledaño. “Podemos ver que había dos personas. Una en la parte de la cubierta y otra en la parte baja, y en el momento del colapso se ve que caen en el mismo edificio (...) No sabemos si están con vida o sin vida, pero de lo que sí podemos tener certeza es de que están”, precisó el funcionario al medio de comunicación citado.

Esta no es la primera estructura que se desploma en Pereira tras el terremoto. El 1 de octubre, otro edificio colapsó en la ciudad, el cual estaba ubicado en la carrera 9 con calle 12, en el centro de la capital de Risaralda. El Cuerpo Oficial de Bomberos de Pereira y la Defensa Civil atendieron la emergencia y adelantaron labores de aseguramiento, anclaje y apalancamiento de la estructura en cuestión.

Las autoridades también dispusieron de unidades caninas para hacer la respectiva verificación del inmueble que se cayó, con el objetivo de saber si había personas o seres sintientes en su interior al momento del colapso. Esto, teniendo en cuenta que la ciudadanía informó sobre la posible presencia de una pareja de habitantes de calle en la edificación.

Posteriormente, la Alcaldía de Pereira indicó que organismos de socorro encontraron entre la estructura a una mujer de 37 años con vida. Tenía sus miembros inferiores aprisionados. El personal médico atendió a la ciudadana, la canalizó y le suministró oxígeno mientras adelantaban su rescate.

La administración distrital también informó que la Dirección de Gestión del Riesgo (Diger) llevó a cabo una evaluación de la edificación el 16 de agosto y determinó que la estructura no era apta para ser habitada y presentaba riesgo de colapso. Además, contaba con una resolución para iniciar el proceso de su demolición.

“La Alcaldía de Pereira hace un llamado a la ciudadanía a respetar las señales de riesgo y no ingresar ni permanecer en edificaciones que hayan sido declaradas no habitables o transitar cerca a las mismas. Una vez las autoridades identifican una estructura como riesgosa y la señalizan, corresponde a los ciudadanos acatar esta advertencia y mantenerse alejados para proteger su vida y la de quienes los rodean”, añadió.

De acuerdo con el último reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU) publicado en redes sociales por la Alcaldía de Pereira (del 21 de agosto), el terremoto en la ciudad dejó 97 personas fallecidas, más de 250 ciudadanos heridos, al menos 66 edificaciones con colapso total, 7 centros de salud afectados y más de 160 centros educativos con daños.

El impacto del sismo llevó a la administración distrital a tomar medidas de la mano del Gobierno nacional para atender a las víctimas y garantizar la reconstrucción de a ciudad. El 21 de octubre, la Alcaldía de Pereira hizo un reporte sobre las labores de inspección y vigilancia que se adelantan para verificar el avance de las obras.

Según precisó en un comunicado, se verificó que las obras cuenten con las licencias correspondientes y que se ejecuten de acuerdo con la normativa vigente, además de que se hizo un asesoramiento a propietarios y responsables sobre los procedimientos que deben seguir.

“Más allá de reparar los daños, la apuesta es construir una ciudad más resiliente, con mejores condiciones de seguridad estructural y mayor preparación para enfrentar futuros sismos”, detalló la alcaldía en la comunicación oficial.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que un ciudadano extranjero fue condenado por cometer delitos sexuales en Colombia. Se trata de Heinz Pool Buleje, un hombre peruano-americano que en 2017 fue encontrado en una finca en Copacabana, Antioquia, con 16 menores de edad.

De acuerdo con el mandatario local, el sujeto en cuestión hacía ofrecimientos de todo tipo a cambio de tener prácticas sexuales con menores. “Este descarado les ofrecía fiesta, dinero, drogas y alcohol a cambio de sexo. Y justo cuando fue allanada esta finca, este hombre se encontraba con una menor de 15 años”, precisó Gutiérrez en una publicación en su cuenta de X.

Según precisó, el agresor sexual fue condenado a una pena privativa de la libertad de 23 años por el delito de explotación sexual comercial de una menor.

El alcalde aseguró que desde que empezó su administración, más de 10 señalados agresores sexuales han sido condenados. “Que los extranjeros sepan que si vienen a Medellín a delinquir, van a terminar pagando y bastante caro. Ya van 14 condenados desde el 2024 y vamos por más”, aseveró.

La no extradición de Heinz Pool Buleje

El hombre extranjero fue solicitado en extradición en su momento por los delitos sexuales que cometió, pero la Corte Suprema de Justicia emitió un concepto desfavorable al pedido de extradición. De acuerdo con la providencia que presentó el 21 de junio de 2023, el ahora condenado era requerido por las autoridades estadounidenses desde 2020.

En 2020, Gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Colombia, pidió la detención provisional con fines de extradición del ciudadano peruano-americano por “viajar al extranjero con fines comerciales con la intención de involucrarse en conductas sexuales ilícitas con menores de edad”, según determinó la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois.

“El Fiscal General de la Nación, mediante resolución del 9 de septiembre de 2020, decretó la captura con fines de extradición de HEINZ POOL RIGOBERTO BULEJE, proveído notificado al solicitado el día 13 de noviembre del mismo año, al momento de efectuar su aprehensión”, precisó la Corte Suprema de Justicia en la providencia.

El delegado del Ministerio Público solicitó entonces a la corporación que emitiera un concepto sobre dicha petición. Esto, al considerar que se cumplieron todas las condiciones para ello: “Se allegó la documentación exigida para el caso, la persona aprehendida por cuenta del trámite fue identificada plenamente, los hechos juzgados tuvieron consecuencias en el Estado reclamante”.

Sin embargo, el defensor del agresor sexual pidió que se generara un concepto desfavorable al requerimiento de extradición, alegando que los hechos por los cuales sería juzgado su representado estaban siendo investigados en Colombia, ante el Juzgado Once Penal de Circuito de Medellín, y no en Estados Unidos.

Tras evaluar la situación jurídica del ciudadano extranjero, la Corte Suprema conceptuó desfavorablemente al pedido de extradición formulado por Estados Unidos. Esto, al considerar que, en este caso, era necesario “privilegiar la aplicación de la ley colombiana”, teniendo en cuenta que los delitos en los que incurrió el entonces procesado fueron cometidos en Colombia y que las víctimas también son de esa nacionalidad.

“Como las conductas atribuidas a HEINZ POOL RIGOBERTO BULEJE ocurrieron, en su totalidad, en Colombia, las víctimas son de nacionalidad colombiana y los hechos ya están siendo objeto de juzgamiento por las autoridades judiciales competentes de este país, la Sala estima que, en aplicación de los principios de territorialidad, soberanía nacional y aut dedere aut judicare, así como de las prerrogativas consagradas en el protocolo precitado, lo procedente es privilegiar la aplicación de la ley colombiana, con independencia del trámite de extradición iniciado con posterioridad -4 de septiembre de 2020-”, precisó la Corte en la providencia, que tuvo a Myriam Ávila Roldán como magistrada ponente.

Los funcionarios se refirieron específicamente al estado de los $38.000 millones que el Gobierno pasado, liderado por el expresidente Gustavo Petro, invirtió en el arreglo de la anterior sede del Ministerio de Agricultura. De acuerdo con el jefe de la cartera, antes no se pagaba “ni un peso de arriendo”, pero ahora se debe hacer un pago de $700 millones mensuales.

El jefe de la Oficina Jurídica informó que ya se han recuperado $20.000 millones, aproximadamente, por concepto de daños presuntamente causados y por el incumplimiento contractual que se le declaró al contratista.

El funcionario indicó que se ha estado llevando a cabo un trabajo conjunto con la Contraloría General de la República para poder aportar información a la investigación de esos hechos. Además, aseguró que se tomarán acciones legales de carácter penal para que las autoridades competentes individualicen e investiguen a las personas que participaron de alguna manera en la celebración del contrato.

“Se estará presentando una denuncia penal para compulsar a aquellos miembros que participaron en las aprobaciones de este contrato para las investigaciones correspondientes”, detalló.

Por su parte, el ministro de Agricultura indicó que la cartera seguirá haciendo seguimiento a los hallazgos de presunta corrupción todas las semanas.

Eliminación de contratos en el Ministerio de Agricultura

Además de poner la lupa sobre presuntas irregularidades que se pudieron haber presentado en la anterior administración, el titular de la cartera le está apuntando a la austeridad, relacionada también con la reducción presupuestal que se contempla para el ministerio ($1,3 billones, aproximadamente). Por eso, el ministerio cancelará 10.000 contratos de prestación de servicios en 2027 y suspenderá la compra de nuevas tierras.

Esto, con el objetivo de liberar recursos públicos, que serán destinados a la población campesina, a créditos y a programas productivos.

Actualmente, la cartera cuenta con 18.000 contratos de prestación de servicios, aproximadamente, con un costo cercano a $1 billón. La no renovación de los acuerdos generaría un ahorro cercano a $540.000 millones y permitiría reducir el gasto de funcionamiento para aumentar la inversión.

De acuerdo con declaraciones que hizo el ministro Dangond ante las comisiones económicas del Congreso en septiembre de 2026, durante el debate del Presupuesto General de la Nación para 2027, los fondos se dirigirán a reformas del Sistema Nacional de Crédito Agropecuario, subsidios a las tasas de interés, préstamos con plazos más amplios, asistencia técnica, mecanización y seguros agrarios.

“El Ministerio de Agricultura lo recibimos en sala de urgencias y lo que vamos a hacer en el 2027 es normalizar el paciente (...) Con $100.000 millones de pesos puedo jalonar $800.000 millones en crédito a 10 años”, aseguró el titular de la cartera en el Legislativo.

Presunto “despilfarro” de recursos

El 22 de septiembre, ante la Comisión Quinta del Senado, el ministro Indalecio Dangond presentó un balance sobre la situación de la cartera tras el cambio de administración. Según detalló, los análisis realizados indican que se habría registrado un “despilfarro de los recursos del agro” y, como ejemplo, mencionó la existencia de 25 asesores con honorarios de $12 millones mensuales, aproximadamente. “Eso es una vagabundería lo que encontramos ahí”, aseguró.

De igual manera, cuestionó los resultados de la administración pasada en materia de crecimiento de cultivos. “En los cuatro años que pasaron creció más la coca que los cultivos de los pequeños productores del campo”, afirmó el funcionario en su momento.

Falleció una patrullera que resultó herida en medio de un atraco que se registró el 23 de octubre de 2026 en Cali, Valle del Cauca. Se trata de la uniformada María José Recuero, de 20 años, originaria de Montería, Córdoba.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el violento atraco se presentó en el barrio Industrial de Cali. Allí, varios hombres armados intentaron hurtar la motocicleta y otras pertenencias de un policía adscrito al Departamento de Policía del Valle del Cauca. El uniformado se encontraba de permiso en ese momento.

Ante la situación, agentes de la Estación de Policía Municipal reaccionaron y se generó un tiroteo entre las autoridades y los delincuentes. Uno de los presuntos implicados en el robo fue neutralizado. Sin embargo, tres uniformados resultaron lesionados: la patrullera María José Recuero, que falleció posteriormente, un agente que tras lo ocurrido ya se encontraba en recuperación y otro policía que fue dado de alta con incapacidad médica.

“En desarrollo del procedimiento policial se incautaron dos armas de fuego, cuatro celulares hurtados y una motocicleta que al parecer habría sido utilizada para cometer el ilícito. De acuerdo con la información recopilada, los presuntos delincuentes estarían involucrados en tres hurtos diferentes, cometidos horas antes, en otras partes de la ciudad”, precisó la Policía Metropolitana de Santiago de Cali en la comunicación oficial.

Debido a estos hechos, la seccional de Investigación Criminal e Inteligencia inició labores de indagación y de recolección de elementos materiales probatorios para identificar a los demás implicados en el atraco y llevarlos ante la justicia.

La Policía Nacional se pronunció sobre la muerte de la uniformada y expresó su solidaridad con sus allegados. De igual manera, destacó su trabajo en la institución y su compromiso con la labor de proteger a la ciudadanía.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, y les acompañamos en este difícil momento. Honramos su memoria y su compromiso con la protección de los colombianos. Su entrega y vocación de servicio permanecerán en el corazón de nuestra Institución”, indicó.

El gobernador de Córdoba también hizo una publicación en X al respecto. En el mensaje que compartió, destacó el origen de la patrullera y se solidarizó con su familia y amigos.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de María José Recuero, una joven patrullera monteriana de apenas 20 años, quien perdió la vida mientras protegía a los ciudadanos en Cali. Nos llena de tristeza que una vida tan joven se apague a causa de la delincuencia. Mi abrazo solidario a su familia, seres queridos y a toda la Policía Nacional. Que Dios les dé fortaleza en este difícil momento”, expresó el mandatario departamental.

El concejal de Cali Carlos Andrés Airas Rueda lamentó los hechos de violencia que derivaron en la muerte de la uniformada y aseguró que se deben implementar medidas que sean efectivas para combatir a los criminales en las calles de la ciudad.

“Lamentamos profundamente la muerte de la patrullera María José Recuero Suárez. Nuestras condolencias a su familia y a la @PoliciaCali Urge fortalecer la operatividad para enfrentar la delincuencia y proteger la vida de quienes sirven a Cali”, precisó.

La Personería de Cali también se unió a los mensajes de rechazo y condolencias que surgieron ante la noticia del fallecimiento de la patrullera y exigió a las autoridades adelantar investigaciones para esclarecer los hechos y evitar que el crimen cometido quede en la impunidad.

“¡No podemos permitir que la delincuencia siga arrebatando vidas y sembrando dolor en las familias caleñas! La vida debe ser respetada y protegida. Reiteramos nuestro llamado a fortalecer las acciones de seguridad y garantizar la protección de quienes trabajan por la tranquilidad de los ciudadanos", indicó.

La fuerza y constancia de las lluvias llevó a la Alcaldía de Santa Marta a decretar una alerta roja en la ciudad. De acuerdo con información que suministró en su cuenta oficial de X, las alarmas se encendieron ante posibles crecientes súbitas e inundaciones, advertidas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

“La Alcaldía Distrital de Santa Marta informa a la ciudadanía que la ciudad se encuentra en Alerta Roja por posibles crecientes súbitas e inundaciones en las cuencas de los ríos Piedras y Manzanares, según el último informe del Ideam”, precisó.

En redes sociales circulan varios videos que dejan ver las inundaciones que se presentaron en la ciudad. De acuerdo con las grabaciones, en una de las zonas afectadas por las fuertes precipitaciones, el agua acumulada afectó la movilidad en las vías, tanto así, que la ciudadanía se vio obligada a empujar vehículos en medio de las inundaciones. De igual manera, tuvieron que evitar sumergirse en el agua trepando por las rejas de algunas edificaciones.

Por su parte, iClima, empresa dedicada al monitoreo y seguimiento de las condiciones meteorológicas en Colombia, informó que se desbordó el río Gaira y la quebrada Tamaca. Los sectores de El Paraíso, La Coquera y las zonas aledañas a Puente Viejo resultaron afectados.

Precipitaciones en Cartagena

En Cartagena, las precipitaciones, que se extendieron durante varias horas, llevaron a la alcaldía a posponer el acto oficial de apertura de los primeros dos kilómetros del Gran Malecón del Mar, el cual estaba previsto para el sábado a las 3:00 p. m.

“Actualmente, la formación de una vaguada y dos áreas de baja presión, una en el Caribe occidental y otra en el centro, influenciados por un frente estacionario ubicado al norte de las Antillas Mayores, provocaron el temporal. Estaremos informando nueva fecha, a la cual también asistirá el presidente de la República, @ABDELAESPRIELLA. ¡AVANZAMOS!”, indicó el alcalde Dumek Turbay en X.

Posteriormente, el mandatario local informó que la apertura se canceló. Sin embargo, instó a la población a visitar el primer tramo del Malecón del Mar. “Lleguense pa’ echar la hablada. Igual todos los servicios de la unidad funcional están abiertos y habilitados al público. Los espero después de 3 de la tarde”, expresó.

Fuertes lluvias en Barranquilla

Por otro lado, en Barranquilla, el Cuerpo de Bomberos informó que, debido a las fuertes lluvias que se registraron en la ciudad, se generaron inundaciones y corrientes y varios vehículos quedaron atrapados en ellas, según indicó Blu Radio Caribe. Al menos cinco de esos vehículos fueron rescatados por los bomberos y entregados a sus propietarios.

En Montería, Córdoba, también se reportaron lluvias fuertes. Sin embargo, el alcalde de la ciudad, Hugo Fernando Kerguelén García, aseguró que, aunque hubo taponamientos, no hay riesgo de desbordamiento de río, debido a que los niveles de agua en los embalses no son altos.

“Otro taponamiento. Así son varios puntos. Ya está la cuadrilla trabajando también acá para soltarlo. A medida que vayamos soltando esto, todas las aguas de Monteverde también van a venir bajando. Un mensaje de tranquilidad para todos los monterianos: me dicen que los niveles de los embalses están por debajo incluso de lo histórico con respecto a esta fecha. Así que no tenemos ningún riesgo de desbordamiento de río, de ruptura de río, para que tengan esa tranquilidad”, precisó el mandatario local en declaraciones compartidas por el medio de comunicación citado.

El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, participó en el Congreso Colombiano de la Construcción 2026 de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), llevado a cabo el 23 de octubre en Cartagena, Bolívar. En su intervención, se refirió a la situación fiscal del país que, según indicó en su momento el ahora ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, es la “más grave” que se ha tenido en la historia republicana.

“Nos deja con el déficit fiscal más grande de nuestra historia, 7,8% del Producto Interno Bruto (PIB), con una inflación aumentando, con un déficit comercial de 16.000 millones de dólares. Nos deja realmente en una situación de endeudamiento peligrosa”, explicó el jefe de la cartera entonces ante la prensa.

Restrepo respaldó esa postura y dijo que, a su juicio, la crisis económica actual responde a un manejo inadecuado de los recursos públicos durante la administración anterior. Además, en el congreso de Camacol afirmó que hubo un “derroche” de dinero que ahora se refleja en la necesidad de hacer un ajuste fiscal billonario.

“Ese derroche de excesos de gasto público para este año y para el próximo año tiene que implicar, por lo menos, un ajuste, un rescate del orden de casi $70 billones”, precisó el vicepresidente.

Restrepo indicó que un país no crece por medio del gasto desmesurado de los recursos ni a través del sobreendeudamiento. A su juicio, ese mecanismo no funciona en países responsables que, más bien, deben apuntarle a la inversión privada.

En consecuencia, en Colombia, el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca impulsar la inversión de los privados. Esto, teniendo en cuenta que, “en los últimos cuatro años”, liderado por Gustavo Petro, “se logró un récord histórico negativo para Colombia” en materia de inversión.

De acuerdo con el vicepresidente, el país no había tenido un nivel tan bajo de inversión en los últimos 51 años como lo tuvo durante la administración anterior. “Llega el momento de atraer inversión. Por eso es tan importante el régimen de incentivo fiscal y de estabilidad jurídica para atraer inversión en todos los sectores”, precisó.

Restrepo aseguró que en el gobierno del expresidente Petro, además de haberse generado una caída en la inversión, algunos sectores clave para la economía terminaron siendo “atacados, satanizados, pauperizados”. Como ejemplo, mencionó el caso del sector de la construcción y el de infraestructura. Indicó que fue equivocado poner en duda las vigencias futuras y los modelos de APP.

El funcionario incluyó también el caso del petróleo y el gas, refiriéndose específicamente a la decisión del gobierno anterior de frenar la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, lo que cerró la puerta temporalmente a la exploración no convencional. Y, junto con ese sector, el minero también resultó afectado, puesto que, según el vicepresidente, se requería de una transición energética con minerales estratégicos.

“Este país tiene todo el potencial para hacerlo. Cuando tú atacas directamente estos sectores productivos, pones en entredicho el crecimiento. Y el resultado lo vimos también”, dijo.

En ese sentido, el vicepresidente Restrepo aseguró que los resultados aparentemente negativos de la administración de Gustavo Petro se vieron reflejados en un leve crecimiento de apenas 1,6%. A su juicio, este dato impulsa al nuevo Gobierno a tomar medidas que sirvan para reactivar los sectores que, según su revisión, se vieron afectados por las decisiones que se tomaron con anterioridad.

“Un crecimiento que no puedo ni siquiera denominar mediocre. Es malo, es pésimo. Hay que lograr crecer mucho más. Y eso supone reactivar esos sectores, incluyendo la construcción y avanzar en los sectores de agroindustria, de servicios basados en conocimiento, de energía, en los sectores de turismo sostenible y de industria 4.0″, indicó.

Rodrigo Lara fue ministro del Interior solo por 76 días. Ahora, el exprocurador General de la Nación y actual embajador de Colombia ante la OEA Alejandro Ordóñez será su reemplazo, según informó el presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X. Mientras se oficializa su nombramiento, el ministro de Justicia, Iván Cancino, hará las veces de jefe de la cartera del Interior.

El estratega Carlos Suárez, que estuvo detrás de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, se refirió a la salida de Lara del Gobierno nacional y a la llegada de Ordóñez a la cartera.

En diálogo con El Tiempo, aseguró que Lara es su amigo y que se han acompañado en momentos difíciles de sus vidas. De igual manera, destacó sus capacidades intelectuales y deseó éxito en los proyectos que tenga ahora que ya no es parte de la administración de De la Espriella.

“El doctor Rodrigo Lara ha sido mi amigo desde hace muchísimos años y hemos estado en dos o en tres momentos muy difíciles de su vida y de la mía. Y una de ellas fue su paso por el Ministerio del Interior, en donde lo apoyé durante todo el tiempo que estuvo y lo único que le deseo al doctor Rodrigo Lara es un futuro brillante como el hombre que es, un hombre brillante, un liberal de ideas”, precisó Suárez en la entrevista con el medio de comunicación citado.

Su postura contrasta con un comentario que hizo en redes sociales María José Valenzuela, esposa de Rodrigo Lara, en una publicación de Facebook que hizo el docente universitario Andrés Tafur Villarreal. El profesor afirmó que el ministro saliente podría estar interesado en otro cargo público.

“Estoy de acuerdo con todo lo que dicen de Rodrigo Lara Restrepo pero no creo que lo haya ‘mordido el tigre’. Se va para no inhabilitarse. Mañana amanecerá candidato a la alcaldía de Bogotá”, indicó el profesor.

Sin embargo, la esposa de Lara negó los señalamientos. De acuerdo con su explicación, su salida habría sido el resultado de diferencias con la administración y mencionó específicamente al estratega Carlos Suárez. “Noooo Andrés tú y fuimos compañeros y te juro que no es cierto. Salió porque no le siguió la cuerda a Carlos Suárez”, respondió.

Al respecto, el presidente de la junta directiva de Ecopetrol dijo que su presunta vinculación con la salida de Lara del Gobierno es un chisme. “La prensa no puede terminar diciendo un chisme. Yo no respondo a chismes, no respondo a especulaciones”, señaló.

Por otro lado, sobre Alejandro Ordóñez, el estratega indicó que también es su amigo y lo calificó como un hombre concentrado en su “doctrina ideológica”. Dijo, además, que aunque el exprocurador y el ministro saliente son distintos, tienen algo en común: son patriotas.

“También puedo ser amigo de un hombre liberalazo como lo es el doctor Rodrigo Lara, ambos patriotas, pero con una visión totalmente diferente y el doctor Ordóñez hoy viene a representar lo que ideológicamente representa el gobierno del ‘Tigre’, que fue lo que nos dio además el triunfo en las urnas. Bienvenido, doctor Ordóñez, guerrero de todas las luchas”, expresó.

La carta de renuncia de Rodrigo Lara

Lara presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo de ministro del Interior luego de que el presidente Abelardo de la Espriella anunciara públicamente su salida de la cartera. En el documento, defendió su gestión y destacó algunos de sus logros, como la eliminación de 557 contratos de prestación de servicios que se habían celebrado con contratistas fantasmas y la atención de víctimas del terremoto que se registró el 10 de agosto en Colombia.

“Señor presidente, todo esto lo logramos en apenas 76 días. Quedan muchas metas en marcha que espero mi sucesor pueda continuar, porque sé que son necesarias para que su Gobierno cumpla muchos de sus objetivos”, indicó Lara en el documento.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre la compra de Presto por parte del Grupo Nutresa, propiedad del empresario Jaime Gilinski. La adquisición se pactó luego de que la Superintendencia de Sociedades ordenara la liquidación judicial de Franquicias y Concesiones S.A.S., operadora de Presto.

Dicha liquidación está sustentada en el incumplimiento de obligaciones derivadas de un acuerdo de reorganización o de gastos de administración. La marca presentaba un deterioro operativo, que se vio reflejado en los estados financieros de los últimos tres períodos comparativos y parciales.

De acuerdo con el jefe de Estado, cuando el Gobierno nacional conoció la difícil situación que atravesaba Presto, que derivaría en la pérdida de cientos de empleos en el país, decidió contactar a varios grupos empresariales, entre ellos el Grupo Nutresa, con el fin de avanzar en posibles soluciones. Entonces, “en tiempo récord”, el conglomerado de alimentos procesados más grande de Colombia decidió adquirir la marca.

“Desde el Gobierno pusimos todo nuestro empeño para hacer posible esta operación en cuestión de horas. El resultado: una marca emblemática, que está en el corazón de los colombianos, podrá continuar su historia y cerca de 700 trabajadores conservarán sus empleos”, precisó el primer mandatario en una publicación en su cuenta de X.

El presidente expresó su agradecimiento al conglomerado de Jaime Gilinski por haber decidido comprar Presto y al ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, que fue el encargado de establecer contacto con los grupos empresariales.

“Mi agradecimiento al Grupo Nutresa por su compromiso con Colombia, al ministro de Comercio por su diligencia y a Presto por tantos años de historia, trabajo y tradición. ¡Cuando el Gobierno y los empresarios trabajan juntos, gana Colombia!¡Bienvenidos a la Patria Milagro!”, indicó el mandatario.

Presto, por su parte, emitió un comunicado en el que expresó su agradecimiento al Grupo Nutresa por la compra. Incluyó también al presidente De la Espriella y a la auxiliar de la justicia de la Superintendencia de Sociedades, Mónica Alexandra Macías Sánchez, por la participación que tuvieron en la resolución de su situación.

“Presto es mucho más que hamburguesas: son recuerdos, familias, empleos y momentos que han unido a generaciones. Es una marca que vive en el corazón de Colombia y que miles de personas queremos seguir viendo crecer. Hoy renovamos nuestra esperanza de que esta historia continúe, de que sus colaboradores encuentren nuevas oportunidades y de que Presto siga acompañando a los colombianos por muchos años más. Gracias por creer en el futuro de Presto y por ayudarnos a mantener viva la esperanza de una marca que sentimos como nuestra”, añadió.

Lo que se viene para Presto tras la adquisición del Grupo Nutresa

En un comunicado, el Grupo Nutresa explicó que firmó un contrato de compraventa para adquirir la marca y también su unidad económica productiva. Eso quiere decir que pasará a ser dueño de los puntos de venta, la planta y los centros de producción.

Con el fin de darle un nuevo impulso a Presto, el conglomerado también definirá el plan de fortalecimiento de la marca.

Ahora, hará parte del portafolio de Alimentos al Consumidor, que agrupa marcas como El Corral, El Corral Gourmet, Papa John’s, Beer Station, Leños 8: Carbón y Mimo’s. Según la comunicación oficial, operará como una marca independiente.

“En Grupo Nutresa creemos que construir país también es cuidar aquello que nos identifica como colombianos. Presto hace parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia. Detrás de la marca están los equipos que durante 45 años han construido su legado. Esta adquisición reafirma nuestra confianza en Colombia, en su talento y en la industria de restaurantes, que genera empleo y fortalece el tejido empresarial en las regiones. Queremos darle a Presto un nuevo impulso de la mano de su gente, para que esta marca, nacida aquí, siga creciendo y siga siendo de los colombianos”, afirmó Jaime Gilinski, presidente de Grupo Nutresa, citado en el comunicado.

Carlos Suárez Rojas, estratega que trabajó con Abelardo de la Espriella durante la campaña y actual presidente de la junta directiva de Ecopetrol, pronunció un discurso sobre la forma en que el mandatario ganó las elecciones presidenciales en Colombia en 2026, en las que enfrentó al excandidato y actual senador Iván Cepeda Castro.

En la charla “La Batalla Cultural, la que aún no hemos dado”, en la que participaron algunos empresarios, el estratega aseguró que la campaña presidencial de De la Espriella surtió efecto gracias a un adecuado y actualizado uso de las redes sociales.

“La campaña la ganamos porque entendimos, con método y sin romanticismo, que las elecciones unipersonales que eligen líderes para que conduzcan a un pueblo hacia un sueño colectivo en un momento histórico, se ganan de otra manera. Las elecciones se ganan entendiendo emociones y sentimientos. En nuestro caso, lo hicimos escuchando al pueblo, que está listo, pese a que a veces no lo creamos, a dar la batalla cultural”, precisó.

Según detalló, en el contexto actual de la población colombiana, desde la campaña del ahora presidente notaron que la ciudadanía estaba cansada de “ser políticamente correcta” y evidenciaron que podría estar dispuesta a “encontrar la libertad”, algo que tuvieron en cuenta para impulsar la campaña. Sin embargo, aclaró que la población anhelaba una libertad que no desconociera el orden y la justicia, y que estuviera basada en el crecimiento económico afincado en la producción de riqueza.

De ahí que parte del contenido de la campaña se centrara en el respaldo al empresariado.

“Nosotros en la campaña de El Tigre apoyamos de frente y sin filtros al empresariado, a la generación de riqueza, al desarrollo que produce el modelo capitalista de la economía moderna. Nosotros escuchamos”, indicó.

De acuerdo con su relato, empezó a hablarse sobre la posibilidad de que Abelardo de la Espriella fuera presidente de Colombia. El tema sonó en las redes sociales. “Lo sabíamos, lo escuchábamos, lo teníamos en nuestras redes”. Luego, en 2023, la idea tomó mucha más fuerza: “El grito se había convertido ya en un tsunami al interior de nuestras propias redes y nos decían: ‘Salve usted la patria’”.

En ese sentido, Suárez Rojas aseguró que la figura de ‘El Tigre’, que es el símbolo que representa al mandatario y a su Gobierno, no surgió “en una oficina de creativos” y tampoco fue él el que estuvo detrás de su creación. Según explicó, ‘El Tigre’ “nació del pueblo”.

Él, como estratega, y su equipo, prestaron atención a la agenda que se movía en las redes sociales y detectaron detalles incluso en los emojis que los usuarios publicaban. “Es como se comunica hoy el pueblo en las pantallas celulares”, precisó.

“Ahí empezaron a asociar a ‘El Tigre’ con el candidato Abelardo. Y de ahí en adelante, ahí sí ya los creativos hicieron su trabajo. Lo que hicimos nosotros fue encarrilarlo, amplificarlo y sostenerlo con extrema coherencia para salvar la patria y hacerlo todo por ella”, detalló.

Ahora que Abelardo de la Espriella funge como jefe de Estado de Colombia, tras haber alcanzado casi 13 millones de votos en las urnas (elecciones del 21 de junio de 2026), Carlos Suárez cree que es una victoria, pero advirtió que todavía se necesita avanzar en los cambios que el nuevo Gobierno espera implementar.

“A mí me preocupa mucho cuando hablo con muchos de ustedes y me dicen: ‘Gracias por salvar el país, gracias por salvar la patria’. Y yo digo: cómo no hemos podido todavía entender que lo que hicimos fue tener un pequeño respiro y que tenemos cuatro años para que ese respiro de verdad nos pueda aplastar la narrativa que durante décadas se instaló y se instauró en la opinión pública”, precisó.

Añadió: “No hemos ganado nada, apenas estamos teniendo una oxigenación. Y esa oxigenación nos la han dado para que tengamos claro que es momento de cambiar, de reinventarnos, de seguir adelante con la evolución de nuestras ideas, con lo que está fundando a la sociedad colombiana en estos momentos”.

Entre las personas que fueron entregadas a las autoridades norteamericanas está Willinton Henao Gutiérrez, alias Mocho Olmedo, señalado cabecilla del frente 33 de las disidencias de las Farc, acusado de reclutamiento de menores de edad, de desplazamiento forzado y asesinato.

También están alias Cholo Banano, que sería un presunto financiador del Clan del Golfo, y alias Chocó o “Ñato”, vinculado al Tren de Aragua —una organización originaria de Venezuela dedicada al crimen transnacional— y La Inmaculada —también conocida como la Oficina de Tuluá, un grupo delincuencial organizado que surgió en Tuluá, Valle del Cauca—.

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que su Gobierno no detendrá los operativos contra las estructuras criminales, el narcotráfico y el lavado de activos. Informó que las autoridades perseguirán a las organizaciones al margen de la ley “sin descanso” y que también afectarán sus finanzas.

“¡QUE LES QUEDE CLARO A LOS NARCOTRAFICANTES, NARCOTERRORISTAS, LAVADORES DE ACTIVOS Y DEMÁS ESTRUCTURAS CRIMINALES! No importa dónde delincan, cuánto poder crean tener ni dónde pretendan esconderse. Los vamos a perseguir sin descanso, a golpear sus finanzas y a ponerlos a disposición de la justicia, dentro y fuera de Colombia. ¡En la Patria Milagro no hay escondite para los criminales ni impunidad para quienes siembran el terror!”, advirtió el jefe de Estado.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, los ciudadanos fueron entregados a agentes del Servicio de Marshals de Estados Unidos (Usms, por sus siglas en inglés). La operación fue liderada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional.

La Dijín informó que la operación entre las personas que fueron entregadas a las autoridades estadounidenses hay presuntos responsables de financiar estructuras criminales, contaminar vuelos comerciales con cocaína, coordinar envíos marítimos de estupefacientes y ejecutar esquemas de lavado de activos y fraude digital. Todos son requeridos por la Corte Distrital del Sur de Florida.

“[La operación] representa un avance en la cooperación judicial internacional contra las redes criminales y sus fuentes de financiación. Seguimos trabajando con las autoridades internacionales para perseguir el crimen organizado y llevar ante la justicia a quienes delinquen en la Patria Milagro”, detalló el Ministerio de Defensa en su publicación en X.

Más de 100 extradiciones en el gobierno de De la Espriella

El presidente Abelardo de la Espriella informó que en 74 días de administración avanzó en la extradición de 142 personas requeridas por distintos delitos. Además, aseguró que este resultado responde al compromiso de su Gobierno de combatir la criminalidad “sin distinciones ni privilegios” y aclaró que no dejará ningún espacio para la impunidad.

Según indicó, durante su mandato continuará con el desarrollo de operaciones orientadas a la persecución y entrega en extradición de criminales relacionados con el tráfico de estupefacientes y la minería ilegal.

“La extradición seguirá siendo una de nuestras herramientas más contundentes para combatir la impunidad y garantizar que los criminales respondan ante la justicia. ¡Que les quede claro: en la era del Tigre, el que la hace, la paga!”, explicó el jefe de Estado en una publicación en X.

De igual manera, informó que avanzará en la fumigación de cultivos de uso ilícito, con el objetivo de propinar un golpe al narcotráfico.

“Seguiré cayéndoles con todo el peso de la ley a los narcoterroristas, a las mafias de la minería ilegal y a las organizaciones dedicadas al contrabando. También avanzaré con determinación en la fumigación de cultivos ilícitos, porque vamos a golpear al crimen donde más le duele: en sus finanzas”, añadió el primer mandatario.

La pelea surgió porque un miembro del equipo de trabajo del concejal estaba grabando a la funcionaria. Entonces, uno de los integrantes del equipo de la secretaria de Movilidad se acercó al community mánager del cabildante para solicitarle que dejara de grabar a la servidora pública mientras hacía su intervención.

Forero se molestó por la petición que hizo el funcionario y cuestionó directamente al enlace de Movilidad. “Usted no tiene ningún derecho a decirle a mi community que no grabe. Aquí todo el mundo graba”, le dijo el concejal “Fuchi”.

La situación se tornó todavía más tensa cuando otras personas rodearon al funcionario, entre ellas, la misma secretaria de Movilidad, que exigió al cabildante que respetara.

“No, respete no, respete usted (...) Esto es público, secretaria. Todo esto es público. Y lo que pasa aquí, la gente tiene que saberlo. ¿Grosero? ¿Cuál grosero? Grosero es usted (le dijo al enlace de Movilidad), hermano, que siguen permitiendo lo que estoy denunciando”, dijo Forero, refiriéndose a denuncias que hizo sobre presuntas irregularidades cometidas por agentes de Tránsito en la ciudad.

Según el concejal, no hay ninguna restricción que le impida grabar a la secretaria de Movilidad o a cualquier otro funcionario en el recinto. A su juicio, lo ocurrido sería un intento de silenciamiento, para esquivar sus denuncias. Pero la postura de María Fernanda Ortiz es distinta: ella aseguró que el haber sido grabada por el concejal y su equipo la hizo sentir “expuesta y vulnerada”.

La funcionaria recordó que, además de ser una servidora del Estado, es mujer, madre de dos niñas y una persona con familia, responsabilidades y sentimientos. “En repetidas ocasiones he tenido que enfrentar situaciones de maltrato en la calle mientras cumplo con mi trabajo. Por eso, me preocupa que ciertos contenidos puedan contribuir a alimentar la hostilidad y la violencia contra quienes ejercemos una función pública”, indicó la servidora pública en una publicación en su cuenta de X.

El alcalde de Bogotá defendió a la secretaria de Movilidad

El alcalde Carlos Fernando Galán se unió a la discusión sobre el tema. En la misma red social defendió a la secretaria de Movilidad y cuestionó la conducta del concejal de Bogotá. Además, afirmó que es válido grabar a un funcionario en el Concejo de Bogotá, teniendo en cuenta que eso hace parte del control político; sin embargo, indicó que esa acción es contraria a actos de acoso y a reacciones agresivas que, a su juicio, tuvo el cabildante “Fuchi” con la secretaria.

“Actitudes como esta, claramente violentas, no pueden tener espacio en política. Concejal Forero: como alcalde, le exijo respeto con la secretaria de Movilidad y con todos los funcionarios del Distrito. Contrario a lo que usted dice, agredir a funcionarios no hace parte de su trabajo, ni del de ningún concejal. Usted no solo la está grabando —que repito, es válido— sino que la está acosando. Usted lo sabe”, aseveró.

El mandatario local aseguró que el Concejo de Bogotá debe caracterizarse por el respeto y la dignidad de quienes lo integran. En ese sentido, advirtió que la violencia contra las mujeres no puede ser permitida. Asimismo, respaldó a la secretaria de Movilidad y aseguró que es una “funcionaria ejemplar que no debería ser blanco de este tipo de ataques”.

El cabildante respondió a la publicación de Carlos Fernando Galán y negó haberle faltado al respeto a María Fernanda Ortiz. Insistió en que lo que hizo fue cuestionar a la funcionaria y a sus colaboradores por prohibirle a su equipo grabar en el recinto. Además, recordó que fue elegido como concejal para hacer un control político estricto a la Secretaría de Movilidad.

“Alcalde @CarlosFGalan, no quiera cambiar el discurso y acomodarse para encochinar mi trabajo y entorpecer mi labor de control político (...) Hoy, que se sintieron contra la pared con mis denuncias frente a la mala conducta de los agentes de tránsito, me quieren juzgar con mentiras para ocultar todas las fallas que se presentan en la Secretaría de Movilidad”, aseveró.

Los hechos se presentaron en un puesto de control fluvial sobre el río Guapi, ubicado en el sector de Bonanza, municipio de Guapi.

De acuerdo con información revelada por la Brigada de Infantería de Marina N° 4 de la Fuerza Naval del Pacífico de la Armada, el ataque dejó a un infante de Marina muerto y a cuatro uniformados más heridos. Los hechos fueron atribuidos a integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr) estructura 30 Jhonier Toro Arenas, del Bloque Occidental Jacobo Arenas.

Las personas heridas recibieron primeros auxilios en el lugar y, posteriormente, fueron trasladadas en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para ser atendidas en un centro médico de alta complejidad de Cali, Valle del Cauca. Su estado de salud sigue siendo desconocido.

El infante de Marina profesional que falleció en el sitio del ataque fue identificado como Edwin Andrés Vargas Londoño, de 23 años. El joven completaba un año de servicio en la institución naval, según la comunicación oficial.

Por otro lado, los uniformados heridos (tres infantes de Marina profesionales y un suboficial) son Yesi Angulo Angulo, Juan Nicolás Hernández Cruz, Camilo Sebastián Fuertes Chalama y Yeider David Ruiz Lozano, de acuerdo con El Tiempo.

En el comunicado, la institución expresó su solidaridad con los allegados del infante de Marina fallecido en el ataque. “La institución naval expresa sus más sentidas condolencias a los familiares, amigos y compañeros del Infante de Marina Profesional Edwin Andrés Vargas Londoño (Q.E.P.D.), a quienes brinda el respectivo acompañamiento multidisciplinario”, precisó.

De igual manera, rechazó los hechos de violencia que se presentaron en Guapi e indicó que las autoridades continuarán garantizando la seguridad de la ciudadanía en el Pacífico.

“Esta institución rechaza categóricamente este ataque terrorista, el cual vulnera flagrantemente el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, e interpondrá la respectiva denuncia ante la autoridad competente. Asimismo, reafirma su compromiso de continuar desarrollando operaciones que permitan mantener la seguridad y la estabilidad en el litoral Pacífico colombiano, en estricto cumplimiento de su misión constitucional”, añadió.

La Armada Nacional de Colombia también se pronunció sobre los hechos y lamentó el asesinato del uniformado. Aseguró que estaba cumpliendo con su misión de proteger a la población colombiana cuando ocurrió el ataque. “Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de armas, elevando una oración por su fortaleza y consuelo. Su entrega, amor por Colombia y vocación de servicio vivirán por siempre en la memoria de la Institución Naval”, precisó.

Soldado fue asesinado en Santa Marta

El mismo 23 de octubre, el Comando de la Segunda Brigada, unidad orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, informó sobre otro ataque que dejó a un uniformado muerto en Colombia. Según indicó, en el corregimiento de Guachaca del municipio de Santa Marta, tropas del Batallón de Montaña Nº 6 fueron objeto de un ataque mediante ráfagas de fusil y ametralladora mientras llevaban a cabo operaciones militares “orientadas a fortalecer la seguridad y la protección de las comunidades en la región”.

Detrás del ataque estarían integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Como resultado, un soldado profesional murió y otro fue herido.

“Como resultado de este atentado terrorista, lamentablemente fue asesinado nuestro soldado profesional Ropero Lozano Brajhan Daniel. Así mismo, resultó herido el soldado profesional Gracia Carrascal Daniel, quien de inmediato recibió atención por parte de los enfermeros de combate y fue trasladado a un centro hospitalario de Santa Marta, para su atención”, detalló el Comando de la Segunda Brigada.

El Ministerio de Defensa se pronunció sobre estos hechos y expresó sus condolencias por el asesinato del soldado profesional.

“Lamentamos profundamente el asesinato de nuestro soldado profesional Brajhan Daniel Ropero Lozano, en un ataque cobarde perpetrado por integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, en el corregimiento de Guachaca, Santa Marta”, indicó.

Un juez penal especializado condenó a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo a una pena privativa de la libertad de 28 años y 6 meses por haber secuestrado a la ciudadana Diana Ospina en Bogotá y haber hurtado sus pertenencias. Fueron hallados responsables de los delitos de secuestro extorsivo y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Los hechos se presentaron el 22 de febrero de 2026, durante la madrugada, cuando la víctima salió de un establecimiento nocturno donde había estado departiendo (Theatron), ubicado en la localidad de Chapinero. La mujer decidió tomar un taxi en la calle, debido a que no fue posible acceder a un servicio de transporte mediante una aplicación en el celular.

De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, Juan Pablo Gómez Cardozo conducía el vehículo que abordó la víctima. El hombre decidió detenerse cerca de la residencia de la ciudadana y allí permitió que su hermano y otro hombre subieran al taxi.

“Los dos la sometieron mediante agresiones físicas y verbales, y se apoderaron de sus pertenencias. Posteriormente, la trasladaron a un inmueble donde permaneció retenida cerca de 40 horas”, precisó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

En una rueda de prensa llevada a cabo en marzo de 2026, la Policía Nacional dio a conocer el recorrido que hicieron los hermanos antes de mantener retenida a la víctima. Según precisó. Los secuestradores tomaron la avenida Boyacá y llegaron hasta la calle 170, cerca de la localidad de Suba, y luego tomaron la misma vía hacia el sur, llegando a la localidad Bosa.

Allí, los delincuentes hicieron varios giros de dinero y uno de ellos retiró los recursos en cajeros automáticos del sector de Santa Matilde. Luego, los criminales tomaron la avenida Primera de Mayo hacia el oriente y llegaron a la localidad de San Cristóbal. En ese lugar hicieron recorridos adicionales y, finalmente, ingresaron a la víctima a una vivienda en el sector de Juan Rey, donde estuvo secuestrada durante varias horas.

En el tiempo en el que la víctima estuvo retenida, los sujetos le exigieron que les entregara las claves bancarias y la obligaron a realizar transferencias por $40 millones, aproximadamente. Los criminales pensaron que podían hurtar más dinero a la mujer, por lo que decidieron mantenerla secuestrada, según detallaron las autoridades.

“El secuestro se realizó bajo la creencia de que la víctima tenía una suma de dinero mayor en sus cuentas. Los captores pensaron que podían continuar realizando transacciones y retiros, creyendo erróneamente que la cantidad superaba los $1.200 millones. Por esa razón, decidieron mantenerla retenida varios días. Durante el secuestro, la víctima fue intimidada y agredida de forma violenta. Los responsables recurrieron a la violencia física y psicológica para exigir claves, cuentas y realizar transacciones, configurando así un caso de paseo millonario”, precisó un vocero de la Policía Nacional en la rueda de prensa.

Luego de hurtar sus pertenencias y su dinero, los ahora condenados liberaron a la ciudadana al día siguiente (23 de febrero), en inmediaciones de la vía a Choachí (Cundinamarca). Según la Policía Nacional, los sujetos cambiaron frecuentemente de residencia elimaron sus redes sociales y utilizaron números telefónicos extranjeros para comunicarse, con el fin de evadir a las autoridades que les estaban siguiendo el rastro.

“Uno de los implicados, el conductor apodado “Pablito”, se presentó ante el Gaula con un abogado, intentando desviar la investigación. Sin embargo, los investigadores lograron establecer su plena participación en el secuestro, identificándolo como la persona que perfiló a la víctima y ejecutó el delito”, precisó.

Así las cosas, los hermanos Gómez Cardozo deberán pagar una multa de 4.374 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La decisión se basó en las pruebas y argumentos expuestos por la Fiscalía General de la Nación.

“Una cámara trampa registró un puma (Puma concolor) en la Reserva ProAves Loro Fuertesi. El monitoreo de fauna genera información clave para conocer las especies que habitan nuestras reservas y fortalecer las acciones para su conservación”, indicó la fundación en una publicación en X.

Se trata del segundo felino más grande del continente americano, según informó en su sitio web la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima). Fue visto en la Reserva ProAves Loro Fuertesi, que está ubicada en el flanco oriental de la cordillera central colombiana, en la vereda Potosí Alto, en el municipio de Cajamarca, Tolima.

De acuerdo con la Fundación ProAves, esa reserva fue creada en junio de 2010 y su ecosistema se conforma por el bosque andino, el altoandino y el páramo. Su temperatura es de 10 °C, aproximadamente; el clima es de alta nubosidad y el rango altitudinal va desde los 2.750 metros sobre el nivel del mar (m. s. n. m.) hasta los 3.600 m. s. n. m.

El puma concolor: sus características

De acuerdo con Cortolima, el Puma concolor, también llamado león de montaña o pantera, es un mamífero nativo de América perteneciente a la familia Felidae. Tiene cuerpo musculoso y esbelto, cabeza pequeña y orejas redondeadas. Su pelaje es corto y varía en sus colores: puede ser café amarillento o marrón oscuro y no presenta manchas.

Sus extremidades son largas y delgadas, y poseen garras retráctiles de gran fuerza. Estas características físicas le permiten moverse con agilidad, trepar árboles para descansar, ocultar presas o resguardarse de cazadores. También puede saltar hasta 12 metros y nadar con facilidad.

Es un felino que se caracteriza por su capacidad de adaptación. Según indica en su página web oficial, esto le permite vivir en climas tropicales y húmedos, desiertos, bosques secos y zonas de páramo —como los ecosistemas que conforman la Reserva ProAves Loro Fuertesi— situadas incluso a 5.800 metros sobre el nivel del mar. Esa versatilidad lo convierte en el mamífero terrestre silvestre con mayor capacidad para ocupar distintas regiones geográficas.

El puma marca los caminos de su territorio al arañar el suelo o los troncos caídos y al orinar, lo cual indica que es territorialista. Según la corporación, suele recorrer esas rutas en soledad, salvo durante el cortejo o cuando las hembras permanecen junto a sus crías.

Su alimentación se basa básicamente en mamíferos medianos como venados, conejos, armadillos y cusumbos, además de ratas, ratones, aves y algunos reptiles. Los ataques al ganado y a animales domésticos ocurren cuando su territorio se reduce o se deteriora, o cuando escasean sus presas naturales.

Un hábitat amenazado

De acuerdo con Cortolima, el felino puede encontrarse en Canadá, en los Andes de América del Sur y en Chile. En Colombia, se ha reportado su presencia en Amazonas, Antioquia, Bolívar, Casanare, Chocó, Magdalena, Meta, Putumayo, Vaupés, Vichada y algunas zonas del departamento de Tolima.

Sin embargo, según la corporación, pese a esa amplitud geográfica, la especie solo está protegida dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Es por eso que, a escala nacional y global, figura en la categoría Casi Amenazada, identificada como NT.

Los ecosistemas en los que vive el Puma concolor se han deteriorado debido a varios factores, entre ellos, la ampliación de la frontera agrícola, la ganadería extensiva, la explotación del suelo y del agua, la cacería, el tráfico ilegal de fauna y la deforestación provocada por la tala indiscriminada y la quema de bosques.

El 22 de octubre de 2026 hubo manifestaciones en las afueras de la Biblioteca Nacional de Colombia, ubicada en el centro de Bogotá, las cuales surgieron luego de que el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes expidiera la Resolución 2090 del 21 de octubre de 2026.

Por medio de ella, se autorizó “la suspensión temporal del servicio de atención al público en la Biblioteca Nacional de Colombia – Unidad Administrativa Especial del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el día 22 de octubre de 2026″.

Los manifestantes se pronunciaron, entre otras cosas, por la falta de recursos para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, las Bibliotecas Rurales Itinerantes y la Red Nacional de Bibliotecas Étnicas. Así lo expuso una mediadora de lectura, escritura y oralidad identificada como Tatiana Barajas. “Nos deben dos meses de sueldo. El Plan Lectura, Escritura, Oralidad y Bibliotecas Arnoldo Palacio en el Chocó se encuentra paralizado y la excusa es el terremoto, lo cual es mentira. Más de 11 municipios han exigido la continuidad de este plan”, precisó la ciudadana, citada por El Espectador.

En el plantón, los presentes también cuestionaron la elección de Julia Cristina Daza como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia. Entre quienes rechazaron ese nombramiento está el exministro de las Culturas, las Artes y los Saberes Juan David Correa, que ante los medios de comunicación aseguró que la funcionaria debería renunciar.

De acuerdo con sus explicaciones, Daza no cuenta con la formación académica ni la experiencia para asumir la dirección de la biblioteca. La profesional es comunicadora social y periodista, pero no cuenta con una trayectoria probada en el sector de la literatura o el funcionamiento de las bibliotecas.

“Debería renunciar porque no tiene nada que ver con el sector de las bibliotecas públicas, no ha hecho parte de él, no es editora, escritora, nunca ha trabajado en el mundo de los libros y no vemos por qué una persona que no pertenece a esa tradición está aquí adentro”, aseguró el exfuncionario ante los medios de comunicación.

El exministro informó que todos los directores de la Biblioteca Nacional han sido personas que han estado relacionadas de alguna manera con “el mundo de las bibliotecas”. Daza no integra ese grupo de exfuncionarios, puesto que, a su juicio, “no tiene ni idea del tejido social que representan las bibliotecas públicas”.

De igual manera, explicó que las bibliotecas del país están cobijadas por un Plan Nacional de Lectura y Oralidad, que empezó a ser implementado en 2003, durante la administración del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, recordó que hay 1.150 bibliotecas en todos los municipios de Colombia, las cuales dependen de una red que se maneja desde la Biblioteca Nacional, ahora dirigida por Julia Cristina Daza.

“Lo que está en riesgo no es solamente un edificio, es un tejido social de promotores de lectura, de municipios, de niños, de gente que ama la lectura y que ha crecido leyendo en este país”, añadió.

¿Quién es la nueva directora de la Biblioteca Nacional?

Julia Cristina Daza Noguera, comunicadora social y periodista que se posesionó como directora de la Biblioteca Nacional de Colombia el 1 de octubre de 2026, se graduó de la Universidad de La Sabana y tiene estudios de posgrado en Derecho Público e Instituciones Administrativas de la Universidad de los Andes.

Además, acumula más de 20 años de experiencia en el sector público, así como también en el ámbito empresarial y en materia de cooperación internacional. De igual manera, desempeñó funciones de articulación territorial entre el Gobierno nacional, las gobernaciones y las alcaldías del país y lideró estrategias corporativas y diplomáticas en Europa y Singapur.

“Es un enorme honor y una gran responsabilidad asumir la dirección de la Biblioteca Nacional de Colombia y sumarme al proyecto de la Patria Milagro. Recibo esta misión con humildad, gratitud y profundo sentido del deber. Llego con entusiasmo, con muchas ideas y con respeto por una institución que custodia buena parte de aquello que nos permite entender quiénes somos”, dijo Daza Noguera en su acto de posesión, según un comunicado de la Biblioteca Nacional.

“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, indicó el Departamento de Estado del país norteamericano en una comunicación oficial.

Además del alcalde —a quien recientemente el presidente Abelardo de la Espriella acusó de corrupción y al que también hace poco la Fiscalía le archivó una investigación por la incautación de $487.421.000 en efectivo—, otras seis personas fueron incluidas en la lista:

• Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol.
• Wadith Alberto Manzur Imbett, senador electo y exrepresentante a la Cámara.
• Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa a la Cámara.
• Julio Elías Chagüí Flórez, exsenador.
• Liliana Esther Bitar Castilla, exsenadora.
• José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

Al respecto, en declaraciones públicas, el alcalde de Sincelejo informó que recibió un correo electrónico por parte de la Embajada de los Estados Unidos en el que se le notifica sobre las restricciones de su visado. Según precisó, esa comunicación fue enviada 24 horas después de que instaurara formalmente denuncias relacionadas con señalamientos en su contra ante organismos nacionales e internacionales.

“Es un correo de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, y habla de la revocatoria de una visa que se expidió hace seis meses. Hace seis meses apenas, y que apenas hace cuatro meses estuvimos presentes en ese importante territorio de nuestro querido continente”, dijo.

En el documento que recibió, y según la lectura que hizo de él, no se le indicó nada sobre actividades de corrupción o narcotráfico. El argumento que figura en el correo para la revocatoria de la visa es que el funcionario “no demuestra vínculos suficientes con su país de residencia” (sección 214B del Acta de Inmigración y Nacionalidad).

Sobre este apartado, Acuña Cardales enlistó las condiciones que demuestran con suficiencia su arraigo a Colombia. “Yo soy alcalde, estoy casado, tengo una familia, tengo mi vida en Colombia, es decir, ¿qué más arraigo que eso? La misma sección 214B de, digamos, los estatutos migratorios de los Estados Unidos habla de cómo se demuestra el arraigo. Cumplo con cada una de ellas, con cada una de ellas”, precisó.

Por otro lado, en el correo que recibió se indica que no demostró que las actividades que pretendía desarrollar en Estados Unidos coincidan con el tipo de visa que solicitó. Según el alcalde, la visa que tiene es de turismo y se ajusta cabalmente a los planes que ha hecho en el país norteamericano.

“He hecho siempre turismo, no he hecho otra cosa distinta a esa y además le agradezco a este territorio por habérnoslo permitido”, indicó.

Así las cosas, el mandatario local informó que, de acuerdo con la información suministrada por la Embajada de Estados Unidos, aunque su visa actual es inválida para ingresar al territorio norteamericano, tiene la posibilidad de volver a solicitar el documento. Acuña Cardales aseguró que volverá a repetir el proceso de solicitud de visa.

“A partir de este momento, su visa no es válida, dice, para ingresar a los Estados Unidos y esta decisión no puede ser apelada. La decisión ya queda en firme. Sin embargo, usted puede volver a solicitar su visa en cualquier momento. Para esto deberá representar una nueva solicitud con foto, cancelar los derechos de solicitud de visa y programar una nueva cita. En efecto, es lo que vamos a hacer”, añadió el alcalde.

Por su parte, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respaldó la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar las visas de los siete ciudadanos mencionados.

“Bienvenidos a la Patria Milagro. ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey!“, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El enfoque de la conversación estaría en Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ha tenido diferencias con Rodríguez y también con Lucio.

“Había yo invitado a Angie Rodríguez, quien fuera secretaria general de la Presidencia, directora del Dapre, una altísima funcionaria, mano derecha de Gustavo Petro. No obstante, hace unos minutos recibí un audio de ella diciendo que no venía y por qué no venía. Yo quiero que escuchemos el audio que dejó en mi WhatsApp”, indicó Lucio.

En la grabación que expuso en el programa, la exdirectora del Dapre afirmó que, tras dar una entrevista al columnista Daniel Samper, en la que hizo todo tipo de señalamientos en contra del expresidente Gustavo Petro, todo se tornó “una locura” y que por eso ahora debe permanecer oculta.

“Hola, doc, Dios te bendiga, doc. Por seguridad, no puedo salir más a medios. Salí en lo de Daniel y, bueno, eso fue como una locura. No me arrepiento de nada, pero me toca literal esconderme. Dios te bendiga”, expresó Rodríguez.

Según Lucio, el audio de la exfuncionaria del Gobierno evidencia temor y aflicción, por lo que, desde su perspectiva, surgen cuestionamientos como: “¿Se asusta de quién? ¿Se asusta por qué? ¿A quién le teme?”.

Las denuncias de Angie Rodríguez en la polémica entrevista

En la entrevista con Daniel Samper, la exdirectora del Dapre aseguró que en el gobierno del expresidente Petro había una “red de mujeres” que presuntamente ejercían “la profesión más antigua del mundo”, refiriéndose, al parecer, a la prostitución. Además, afirmó que esas mujeres llegaron a tener un amplio poder en el Ejecutivo. Por otro lado, señaló al ex jefe de Estado de haber llevado una vida desordenada y de supuestamente tener contenido sexual en sus dispositivos, sobre lo cual cuestionó: “¿Había niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿había niños travestis?”.

La también exgerente del Fondo de Adaptación aseguró que las autoridades deben investigar sus denuncias, pero aclaró que, hasta el momento, no tiene ninguna evidencia que indique que en el material que supuestamente tenía el exmandatario había menores de edad. “No puedo afirmar y comprobar hoy que sean menores de edad”, dijo.

Pronunciamiento de Alejandro Carranza, abogado de Petro

Al respecto, el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del exmandatario Gustavo Petro, aseguró que la exfuncionaria podría estar siendo manipulada y puso en duda las denuncias que hizo en la entrevista con Samper.

“Es evidente que Angie está siendo manipulada. Ella menciona que su psiquiatra le sugirió participar en programas de humor como una forma de terapia. Quizás le canceló, ya que no le hace gracia cometer tantos delitos en un solo programa, o tal vez ya se cansó de ser manipulada”, aseveró.

El jurista añadió un cuestionamiento en su publicación, relacionado con la persona que podría estar detrás de las acusaciones que hizo Rodríguez en contra del exmandatario. “La pregunta que queda es: ¿quién está detrás de todo esto? ¿Será acaso la gente del arca de Noé, que, por cierto, se hundió porque se negaron a entender el país y sus instituciones para recibirlo?”, preguntó.

Ante las acusaciones que hizo la exfuncionaria, el abogado Carranza informó por medio de un comunicado que radicaría una denuncia penal en su contra ante la Fiscalía General de la Nación, por los delitos de peculado, concierto para delinquir, injuria y calumnia agravadas contra el expresidente y violación de datos personales.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, dio a conocer ante los medios de comunicación un balance sobre el plan de choque en salud que se empezó a implementar el 20 de septiembre de 2026, con el objetivo de resolver los problemas más urgentes que tienen los pacientes en materia de acceso a los servicios prestados por las EPS.

De acuerdo con la funcionaria, el plan de choque está aplicándose en todas las entidades promotoras de salud del país, para cubrir a más de 52 millones de afiliados al sistema que hay actualmente.

“Hemos identificado que hay cerca de 1.600.000 personas con tratamientos pendientes, medicamentos o procedimientos (con corte al 14 de octubre). Este arrancó el 20 de septiembre; llevamos ya más de un mes. Hemos atendido el 51% de ese objetivo”, precisó la jefa de cartera ante la prensa.

De igual manera, afirmó que, por medio del plan de choque, ya se avanzó en la entrega de 12.514.638 unidades de medicamentos, contribuyendo a la resolución de pendientes. El Ministerio de Salud informó en un comunicado que, inicialmente, el indicador estaba en 31,2% (primer corte), y luego pasó a 39,23% (segundo corte) y llegó ahora a 42,89%.

Por otro lado, el plan permitió avanzar en un 13% en la respuesta para el desarrollo de procedimientos requeridos por los usuarios, lo que equivale a 434.828 procedimientos resueltos.

“En procedimientos hemos acelerado de manera importante la respuesta, pero un 13% de avance también nos dice con absoluta claridad que queda mucho trabajo por hacer. No vamos a presentar como resuelto lo que todavía está pendiente”, afirmó la ministra de Salud, citada en la comunicación oficial.

Según la cartera, la cifra pasó de 120.586 procedimientos resueltos en el primer corte a 168.422 en el segundo, y ahora supera los 400.000, lo que quiere decir que se resolvieron 266.406 procedimientos adicionales entre los dos últimos cortes.

“Los porcentajes nos permiten ver las dos caras del Plan de Choque: cuánto hemos logrado resolver y cuánto falta. Nuestra obligación es trabajar sobre las dos. Cada punto que falta representa pacientes que siguen esperando una respuesta”, señaló Vesga en el comunicado emitido por el Ministerio de Salud.

La cartera indicó que el 87% de los registros pendientes continúa en seguimiento. En consecuencia, el Ministerio de Salud aseguró que fortalecerá el acompañamiento a las EPS y la verificación de los servicios reportados como realizados.

Según la cartera, el seguimiento se mantendrá de manera periódica hasta el 31 de diciembre de 2026. El trabajo de inspección se enfocará sobre todo en los pacientes que presentan condiciones de salud más riesgosas y en los territorios del país en donde hay un mayor número de pendientes por resolver.

La ministra Ana María Vesga aclaró que, mientras los ciudadanos sigan experimentando dificultades para acceder a los servicios de salud, el plan de choque del Gobierno se mantendrá.

“La meta no es mejorar un porcentaje. La meta es que el paciente que estaba esperando reciba su medicamento, tenga su procedimiento y pueda continuar su tratamiento. Mientras existan pendientes, el plan de choque continúa”, concluyó la jefa de cartera.

La presidenta ejecutiva de la Cámara Colombia Americana (AmCham), María Claudia Lacouture, respaldó el trabajo realizado por el Ministerio de Salud en aras de resolver los problemas más urgentes de los usuarios en materia de salud.

“La crisis de salud heredada no se resuelve en 75 días. Pero la voluntad de escuchar y trabajar juntos abre camino: @MinSaludCol reporta 273.000 pacientes con entregas de medicamentos. Reconozco el esfuerzo de la ministra @AnaVesga_G. Falta mucho; sumar esfuerzos públicos y privados y construir consensos permite avanzar. La confianza crece cuando la voluntad de servir se convierte en soluciones”, precisó en X.

De acuerdo con Eljach, el Ministerio Público ya fue informado sobre la denuncia, pero todavía no cuenta con todos los datos requeridos para empezar un proceso de indagación al respecto. Según detalló, no hay personas individualizadas ni un documento del cual se pueda sustentar una investigación.

Sin embargo, aseguró que, cuando el organismo de control cuente con toda la información que haya sobre el tema, dará inicio a las actuaciones correspondientes.

“No, señor, porque esa es una información que apenas llegó a nosotros hoy. No estábamos atentos a lo que dijeran en la plenaria y no hay determinación de nombres ni hay documento alguno que dé pie a adelantar alguna diligencia disciplinaria o de averiguación previa. De manera que cuando se consolide la información genérica que se dio ayer, entonces nosotros asumiremos nuestra competencia”, precisó.

El director de Dapre habló por primera vez sobre la presunta instrumentalización de decenas de mujeres en la administración del expresidente Petro durante un debate de control político que se llevó a cabo el 21 de octubre de 2026 en la Comisión Segunda del Senado de la República. De acuerdo con sus declaraciones, al menos 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas por medio de contratos de prestación de servicios para “poder estar con el presidente Petro”.

El funcionario aseguró que algunas de las mujeres ya habrían revelado información al respecto, pero no presentó públicamente ninguna evidencia que soporte sus afirmaciones. Indicó, en todo caso, que denunciará estos hechos a través de los canales correspondientes.

“Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo el director del Dapre.

La exsubgerente de Inravisión, el Sistema de Medios Públicos que antes era conocido como Rtvc, reaccionó a las declaraciones del procurador Gregorio Eljach sobre la denuncia del director del Dapre y advirtió que, según el líder del Ministerio Público, todavía no hay nada consolidado que amerite la apertura de una investigación de carácter disciplinario.

“No, señores, lo que dijo es que por el momento no tiene pruebas, ni nombres para adelantar una acción disciplinaria… es decir, sobre un testimonio de un funcionario no pueden abrir una investigación de tal gravedad sin elementos ciertos. ¿Dónde están las pruebas?”, cuestionó la exsubgerente en una publicación en X.

Polémica por supuestas imágenes con contenido sexual

La denuncia del director Carlos Andrés Ríos surgió en medio de otro escándalo que sacude a la administración anterior y al expresidente Petro. Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, afirmó ante la prensa que en el gobierno de Gustavo Petro había una presunta red de mujeres que supuestamente ejercían “la profesión más antigua del mundo” y que llegaron a tener un amplio poder en el Ejecutivo.

Además, en diálogo con el columnista Daniel Samper Ospina, cuestionó al primer mandatario por supuestas fotografías y videos de contenido sexual: “¿Había niños travestis ahí? Conteste, señor presidente, ¿había niños travestis?”, preguntó Rodríguez en la entrevista.

En su cuenta de X, el ex jefe de Estado denunció que, al parecer, se estarían haciendo ofrecimientos a “niñas travestis” para que den sustento a las declaraciones de la exdirectora del Dapre.

“Daniel Coronell denuncia pagos de 300.000 pesos en el barrio Santa Fe de Bogotá, para que niñas travestis le dieran fuerza a la declaración de Angie Rodríguez. Varios testimonios aparecen en el barrio Santafé”, escribió el exmandatario.

El senador de la oposición y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro se refirió a la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, cartera que lideró por un poco más de dos meses. La decisión fue revelada por el presidente Abelardo de la Espriella en una publicación en su cuenta de X, en la que informó, además, que el exprocurador General de la Nación y actual embajador de Colombia ante la OEA Alejandro Ordóñez asumirá como titular del ministerio.

“Agradezco al doctor Rodrigo Lara Restrepo por su servicio a Colombia. Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra Nación”, precisó De la Espriella en su publicación.

De igual manera, indicó que, mientras se formaliza la posesión de Ordóñez como ministro del Interior, el ministro de Justicia, Iván Cancino, asumirá temporalmente las funciones de la cartera. “Nuestro Gobierno continúa trabajando con determinación, firmeza y compromiso por el bienestar de todos los colombianos”, añadió.

A juicio del excandidato Iván Cepeda, la salida de Lara de la administración, así como la de otros funcionarios como Viviane Morales, que duró menos de un mes como ministra de Educación, pondrían en evidencia la posible “fragilidad” de la administración actual.

De acuerdo con el senador opositor, los ministros nombrados en el Gobierno están durando poco tiempo en esos altos cargos. Desde su perspectiva, esta situación se debería a la toma de decisiones erradas y apresuradas.

“La vehemencia en el discurso y en los gestos histriónicos de Abelardo de la Espriella pretenden ocultar la fragilidad de su gobierno. Cada vez duran menos los ministros, pues, a pesar de la prolífica producción normativa, de decisiones ejecutivas cada vez más autoritarias, el afán por mostrar resultados se traduce en equivocaciones y torpezas”, explicó Cepeda en su publicación.

Por otro lado, aseguró que quienes integran la oposición política al Gobierno están organizándose para hacer un “paro general” en el país. “Mientras tanto, la oposición se va organizando de manera cada vez más plural y decidida. Se gesta, poco a poco, el paro general por la defensa de la vida, la democracia y los derechos”, señaló.

La renuncia irrevocable de Rodrigo Lara

Luego de que el presidente De la Espriella informara sobre la salida de Rodrigo Lara de la cartera, el ministro saliente presentó su carta de renuncia irrevocable. En el documento, Lara agradeció la confianza que depositó el jefe de Estado en él para ejercer como líder del Ministerio del Interior y calificó esa labor como un “gran honor”.

De igual manera, expuso los logros que obtuvo como ministro durante 76 días de trabajo. Según explicó, en ese tiempo conformó un equipo de trabajo “excelente”, estuvo al frente del terremoto que se registró el 10 de agosto en Colombia y coordinó el trabajo de rescatistas y las ayudas humanitarias y eliminó 557 contratos de prestación de servicios que se habían celebrado con contratistas fantasmas, reformó el decreto de protesta social (ahora Decreto 1525 de 2026).

Además, inició la reforma de la consulta previa y puso en marcha una estrategia de presencia del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa en los territorios más difíciles del país en materia de orden público.

“Señor presidente, todo esto lo logramos en apenas 76 días. Quedan muchas metas en marcha que espero mi sucesor pueda continuar, porque sé que son necesarias para que su Gobierno cumpla muchos de sus objetivos (…) Cuente conmigo desde donde me encuentre y en el destino que me deparen Dios, la providencia y el amor por mi familia. Tiene mi respaldo sincero a su Gobierno y al proyecto de la Patria Milagro”, expresó el ministro saliente en su carta de renuncia.

“Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo el director del Dapre.

El funcionario no presentó pruebas que soporten su denuncia. Sin embargo, sus declaraciones hicieron eco en el país político colombiano. Exintegrantes de la administración de Gustavo Petro, congresistas y excongresistas se pronunciaron al respecto.

Entre las personas que dieron a conocer su postura al respecto está el exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar. En su cuenta de X, el exfuncionario aseguró que los señalamientos de Ríos Puerta tendrían un objetivo: restar importancia y atención a los resultados positivos que, según indicó, obtuvo Petro durante su mandato (2022-2026).

“La cortina de humo del día: Petro tenía 48 mujeres a cambio de contratos. ¡Un capo! ¿En qué momento sacó de la pobreza a 4 millones de personas?”, señaló el exdirector del DPS.

De igual manera, aseguró que, durante su administración, Gustavo Petro pagó la deuda que se tenía con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y entregó más de 700.000 hectáreas de tierra. También se impulsó el turismo y se redujo la desnutrición y la mortalidad infantil (entre 2022 y 2025, la mortalidad en niños menores de cinco años se redujo en 6.768 casos, según el Ministerio de Salud).

“¿Cómo hizo para bajar el desempleo al menor índice del siglo? ¿Cómo hizo para que la economía creciera 3,5% en su último trimestre? ¡Un capo!”, añadió.

Al igual que Bolívar, el exembajador de Colombia en Brasil Alfredo Saade rechazó los señalamientos del director del Dapre. Aseguró que, durante los tres meses que ejerció como jefe de gabinete, jamás fue testigo de la realización de “parrandas” o de la existencia de una red de prostitución en el Gobierno.

Afirmó, además, que en ningún momento vio al expresidente Gustavo Petro “borracho o prostituido y mucho menos drogado o drogándose en los baños”.

“Viajé en el avión presidencial y no vi nada extraño. Jamás conocí o vi a esas mujeres. Esta denuncia no puede quedar en un titular de prensa más; es necesario que el país conozca quiénes eran y sus testimonios con pruebas publicadas”, precisó.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Verónica Estrada Holguín rechazó las afirmaciones del funcionario y advirtió que trabajar con políticos de izquierda no significa “estar al servicio de un hombre”. Recordó que las mujeres tienen la capacidad de tomar decisiones por su cuenta, con base en su criterio, formación, trayectoria y convicción política.

“Somos mujeres libres de decidir con quién trabajar y qué causas vamos a defender. Si hay irregularidades, que se investiguen y se sancionen, vengan de donde vengan. Pero no utilicen la defensa de la mujer para desconocer la autonomía de nosotras como mujeres”, dijo la congresista en un video divulgado por Caracol Radio.

Contrario a estas posturas, la excongresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal hizo una crítica a la anterior administración por la presunta instrumentalización de mujeres y calificó la denuncia del director del Dapre como “escandalosa”. Exigió que esclarezcan los hechos.

“Cada revelación es más aterradora que la anterior. Petro, ¿convirtió la Casa de Nariño en la Casa del Ritmo? La denuncia sobre 48 mujeres instrumentalizadas mediante contratos de prestación de servicios con el gobierno es escandalosa. Qué podredumbre. Que se conozcan las pruebas. Dé la cara”, señaló.

De acuerdo con la comunicadora, los dos espacios informativos “se acabaron”, pese a que, bajo su dirección, fueron relevantes para la ciudadanía. “Hoy quiero decirles que se acabaron dos espacios periodísticos que pude consolidar como referentes en opinión y líderes en audiencia hasta el último día en que estuve al frente de ellos”, dijo.

Según detalló, en el caso de Mañanas Blu 10:30, aseguró que la información allí transmitida se tornó importante para los oyentes, pese a que no estaba en un horario prime. Además, aseguró que su trabajo sirvió para elevar las métricas y los ingresos.

Adicionalmente, indicó que uno de sus objetivos en ese espacio fue dar voz a las mujeres. “Durante años, además, quise construir un lugar en el que las mujeres tuvieran más relevancia. ¿Por qué? Porque los programas de radio en Colombia históricamente han sido dominados por voces masculinas y tengo la convicción profunda de que la mirada de las mujeres sobre la realidad nacional aporta mucho y es fundamental para lograr un mejor país en el que somos además el cincuenta y uno por ciento de la población”, precisó.

Por otro lado, sobre Código Caracol, explicó que se dedicó a hacer análisis político y revelar cómo se mueve el poder “tras bambalinas”. Ese trabajo periodístico, según detalló, significó en algunas ocasiones exponer al poder y ponerse frente a él.

Zuluaga reconoció que, en el ejercicio periodístico que desempeñó durante años, cometió todo tipo de errores. Sin embargo, afirmó que siempre buscó responder ante ellos como corresponde, teniendo en cuenta que es un gesto de responsabilidad y respeto con la audiencia que diariamente se informaba a través de su trabajo.

Y, aunque no fue ajena a esas equivocaciones, fue clara en defender su oficio y recordó que en algún momento fue premiada por eso. “Nosotros trabajamos de forma muy rigurosa y disciplinada y los frutos, a pesar de la decisión de terminar los dos espacios, se vieron siempre ahí, porque llegaron los reconocimientos como dos premios Simón Bolívar”, dijo.

Zuluaga aseguró que, a pesar de que salió de esos dos programas informativos, no planea dejar de ejercer el periodismo. De hecho, indicó que continuará con su trabajo desde otros lugares. Esto, según explicó, constituye una nueva etapa en su vida laboral.

“Algunos celebran que se cierre un espacio periodístico, pero cerrar un espacio no acaba con las preguntas que incomodan al poder ni con su obligación de responderlas. Se acabaron dos espacios, sí, pero no se acabó mi manera de entender el periodismo, que es informar y hacer control político sin importar quién esté mandando. Se cierra una etapa en mi vida, pero se abre una nueva que me ilusiona y que me llevará con más ganas y más fuerza a hacer el periodismo que sé hacer, esté en donde esté”, aseguró.

La comunicadora no explicó los motivos por los cuales se definió la terminación de sus contratos ni las razones que sustentaron el fin de los programas que dirigió. Sin embargo, afirmó que prefirió mantenerse en silencio durante un tiempo, con el fin de buscar refugio en su familia.

“La razón es que creo que en momentos como esos hay que tomarse un tiempo para reflexionar primero, refugiarse en la familia y estar con los hijos, en mi caso, y pensar como corresponde cuando una etapa tan importante llega a su final en un momento tan particular para Colombia”, añadió.

El 15 de octubre de 2026, el exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes, fue citado a testificar sobre denuncias que hizo en su momento sobre la existencia de una red criminal, por medio de la cual, al parecer, se buscaba infiltrar la administración tributaria aduanera por parte del contrabando.

Según explicó ante los medios de comunicación ese día, la citación del ente acusador en este caso se centra en la presunta participación del exministro del Interior Armando Benedetti y de su suegra, Adelina Covo, en esa estructura. Presuntamente, intentaron “poner directores en las aduanas de Barranquilla y Cartagena”.

Sin embargo, pese a que sus nombres resuenan en la prensa y sus presuntas actuaciones irregulares están bajo la lupa de las autoridades, la investigación al respecto tardó años en surgir. En diálogo con Infobae Colombia, el exministro recordó que sus denuncias sobre estas irregularidades, que involucran a algunos congresistas, no son recientes. Se acercó a la Fiscalía General de la Nación en abril de 2024 y dio a conocer los hechos, con el fin de que se adelantara una indagación al respecto.

Según explicó, el ente acusador le indicó en su momento que, teniendo en cuenta que algunas de las personas que mencionó en su denuncia eran aforadas, la Corte Suprema de Justicia tenía la competencia de investigar. “Me dijo que si acaso ella remitía eso a la Corte Suprema”, detalló.

En noviembre de ese año, siete meses después de haberse acercado a la Fiscalía, decidió buscar directamente a la Corte, “porque las presiones continuaban”, incluso habiendo salido de la Dian y siendo ministro de Comercio.

“Llevé el mismo documento que le había entregado a la fiscal General de la Nación (Luz Adriana Camargo) y dije: ‘Asumo que ustedes ya tienen esto’. Me dijeron: ‘No, aquí no ha llegado nada, pero gracias’. Y ahí empezó una investigación de todos los congresistas que estaban mencionados”, indicó.

La Corte Suprema de Justicia empezó el proceso de investigación en relación con los congresistas que presuntamente incurrieron en tráfico de influencias, pero, al parecer, la Fiscalía se quedó quieta ante las denuncias que hizo Reyes, hasta ahora, más de dos años después, que decidió citarlo a testificar.

“La Corte Suprema ciertamente consideró de interés el investigar esto de estos congresistas. Una pregunta muy importante es: ¿por qué la Fiscalía no está investigando a los no aforados que están en esa lista con todo y que yo se la entregué a la fiscal General de la Nación hace más de dos años? (…) Desde hace dos años la Fiscalía no ha hecho absolutamente nada al respecto”, cuestionó el exministro en la entrevista.

Es por eso que hasta ahora las autoridades se están enfocando en las presuntas actuaciones irregulares en las que pudo haber incurrido Armando Benedetti, que fue un funcionario clave en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, y que pasó por varios cargos de alto nivel en la administración.

“Dado que Benedetti no era congresista al momento de los hechos, (la Corte) envió copias de toda esta investigación a la Fiscalía General de la Nación. Le envió a la Fiscalía lo que hace dos años yo le había dado a la fiscal General de la Nación y solo hasta hace un par de días, la Fiscalía me llamó a testificar”, precisó.

Con respecto a las indagaciones que adelanta la Corte, el exdirector de la Dian explicó que los congresistas a los que señaló están siendo investigados por tráfico de influencias, pero en ningún momento afirmó que en todos los casos haya existido presiones u ofrecimientos de parte de los legisladores para ubicar personas en las entidades aduaneras. “Solo que me parecía digna de investigación esa relación”, dijo.

Debido a que en algunos casos no hubo presión demostrada, a muchos de los congresistas se les dejó de investigar. Sin embargo, posteriormente, la Corte encontró mérito para continuar con las indagaciones contra varios congresistas, como Roy Barreras o Jairo Castellanos, y también incorporó a personas que no habían sido mencionadas por Reyes, como la exesposa de Roy Barreras, Gloria Elena Arizabaleta Corral, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, según detalló Reyes en la entrevista.

Según el exministro de Comercio, cuenta con todo tipo de material probatorio que sostiene sus denuncias. Entre las evidencias hay chats, hojas de vida y testigos. De hecho, en su momento, aseguró que Adelina Covo lo visitó en su oficina con Nicolás Petro, hijo mayor del expresidente Petro —actualmente investigado por varios delitos, entre ellos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos—, y le entregó un sobre de manila con hojas de vida para ocupar cargos en las aduanas de Barranquilla y Cartagena.

Aseguró que de ese episodio hay un testigo: una persona que hizo parte de su equipo de trabajo. En conversación con Infobae Colombia, afirmó que esa persona respalda sus denuncias y que, si así lo decide la Fiscalía, podría ser citada a declarar al respecto.

“Esa persona respalda lo que yo he dicho. La Fiscalía acaba de abrir la investigación sobre Benedetti y Adelina Covo. Entiendo que el primer testimonio fue el mío, así que ya sería decisión de la Fiscalía llamar a esa persona a testificar”, dijo.

Debido a los hechos que denunció hace años, el exministro ha sido víctima de hostigamientos y amenazas que han puesto en riesgo a su familia. “Estando en la sala de mi casa, me empezaron a apuntar a mí y a mi familia con un láser, primero en la cabeza, luego en el pecho, luego en la cabeza de mis hijos”, recordó.

Su situación de riesgo también está en manos de la Fiscalía, que está investigando las amenazas en su contra, mientras el exdirector mantiene un esquema de protección para él y su familia.

En todo caso, celebró el hecho de que el ente acusador haya puesto su atención en las denuncias que hizo, a pesar de que ha pasado un largo tiempo desde que decidió exponer esas presuntas irregularidades.

“Lo que está haciendo la Fiscalía es por primera vez moverse, mosquearse para abrir la investigación sobre los vínculos entre Armando Benedetti y estos recomendados de aduanas”, añadió.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, decidió suprimir los consulados de Colombia en Porto Novo, capital de Benín, país de África occidental, y en Sofía, capital de Bulgaria, país europeo, situado en la península de los Balcanes.

La eliminación del consulado en Benín quedó establecida en el Decreto 1581 del 21 de octubre de 2026, expedido por el viceministro de Asuntos Migratorios, Consulares y Protección Internacional, encargado de las funciones del empleo de ministro de Relaciones Exteriores, Pedro Agustín Roa Arboleda.

De acuerdo con el documento, la decisión se basó en el hecho de que la oficina consular ha estado vacante por varios años.

“Una vez estudiada la propuesta y evaluada la documentación presentada por la Dirección de Servicios Consulares, ha evidenciado que esa oficina consular honoraria ha permanecido vacante por alrededor de tres años, y que, a la fecha, no se ha recibido una candidatura con todos los requisitos previstos por la norma, razón por la cual recomienda suprimir el Consulado Honorario en Porto Novo, República de Benín”, se lee en el decreto expedido por la Cancillería.

Por otro lado, la supresión del consulado en Bulgaria se oficializó por medio del Decreto 1582 del 21 de octubre de 2026. En el documento, se indica que, según los resultados de un estudio realizado a inicios de octubre, no resulta conveniente mantener la oficina consular en el país europeo.

“La Dirección de Servicios Consulares, Vinculación de la Diáspora y Retorno, estudió la viabilidad sobre la continuidad de ese Consulado Honorario, y concluyó en el estudio de conveniencia del 5 de octubre de 2026 que resulta procedente la supresión de la Oficina Consular Honoraria en atención al tiempo de vacancia”, precisa el decreto.

En ambos documentos se indica que lo decretado empieza a regir a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén

Mientras el Gobierno nacional elimina algunas oficinas consulares en determinados países, refuerza la presencia de Colombia en otros. El 14 de octubre, el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, presidió la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén, capital de Israel. Esta decisión hace parte del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel (agosto de 2026), las cuales se fracturaron durante la administración del expresidente Gustavo Petro (mayo de 2024), por decisión unilateral del Gobierno colombiano.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Cancillería, desde que se restablecieron los vínculos entre las naciones, los respectivos gobiernos avanzaron en la normalización de los canales diplomáticos, en la exención recíproca de visado para viajeros con fines turísticos y en la reactivación de mecanismos de cooperación.

La ceremonia de inauguración contó con la participación de Gideon Sa’ar, ministro de Relaciones Exteriores de Israel. Bula afirmó que la apertura de la sede diplomática deja en evidencia la voluntad de recuperar el diálogo y fortalecer la confianza entre los dos países. “Hoy, con la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén, damos un paso concreto hacia la restauración de nuestras relaciones diplomáticas. Esta Embajada constituye una expresión visible de nuestra determinación de restablecer el diálogo, fortalecer la confianza mutua y construir una agenda que genere beneficios tangibles para nuestros ciudadanos”, precisó el funcionario, citado en la comunicación oficial.

Por otro lado, según el comunicado, durante la jornada de inauguración de la embajada, Bula visitó el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto Yad Vashem, donde participó en una ceremonia de ofrenda floral.

Colombia e Israel mantienen cerca de siete décadas de relaciones bilaterales y cooperación en seguridad, agricultura, comercio, ciencia, tecnología e innovación, las cuales serán reforzadas. “Hoy renovamos esta relación con una visión de futuro y un propósito claro: convertir las oportunidades de cooperación en resultados concretos para nuestros países”, añadió Bula.

“Llegamos a Israel, un país hermoso. La verdad, está en el top cinco de los mejores países que he visitado. Parece que tuvieran que hacer casting las personas para entrar a ese país, porque todo el mundo es bello. Tú llegas y parece como un abanico de Sancho, porque tú estás así volteando para todos lados, viendo las bellezas que hay”, detalló.

El 30 de diciembre, el grupo se encontraba en Tel Aviv. Los tres decidieron recorrer la ciudad en monopatines y, durante ese paseo, ocurrió el accidente. Según el exlegislador, los andenes tienen “columnas no tan altas” de concreto o metal, dispuestas para evitar que los conductores de vehículos se suban a los andenes; Polo Polo chocó con una de esas columnas y cayó al suelo, golpeándose el rostro.

El golpe fue tan fuerte que el excongresista quedó inconsciente por un momento. Sin embargo, cuando despertó, prefirió regresar al lugar donde se estaba alojando antes que ir a un centro de salud para ser evaluado.

“Yo iba distraído manejando ese monopatín y resulta que en medio de la manejada me he tropezado con una de esas columnas y he caído de frente contra el pavimento. La patineta cayó por allá. Yo quedé desmayado. Mi asesor y mi amigo me intentaron mover y animarme en ese momento. Me desperté, me quisieron llevar a urgencias. Yo dije que no, que nos fuéramos para la casa en medio de mi bobera, porque estaba golpeado”, detalló.

Al día siguiente, se dio cuenta de las consecuencias físicas de la caída que sufrió. Tenía un ojo hinchado y morado y algunos raspones en el rostro. Esto supuso un problema para el excongresista, porque estaba próximo a empezar un proceso de campaña para las elecciones al Congreso de la República (celebradas el 8 de marzo de 2026) y para las elecciones presidenciales (celebradas el 31 de mayo de 2026 y el 21 de junio de 2026, primera y segunda vuelta, respectivamente).

En consecuencia, decidió utilizar un accesorio para evitar mostrar el hematoma que tenía en el ojo: unas gafas oscuras. Los lentes lo acompañaron durante todo el tiempo de campaña; anduvo con ellos por las calles del país repartiendo volantes y conversando con la personas, algo que generó cuestionamientos entre los ciudadanos.

“Mucha gente me decía: ‘Bueno, pero Polo Polo, que estás antipático, que estás creído, que ahora andas haciendo campaña con gafas, que no quieres mirar a la gente a los ojos’. Pero era que yo tenía el ojo tan traumatizado que, pues obviamente, no podía hacer campaña con el ojo así. Entonces, toda la campaña me tocó estar con gafas, tanto la del Congreso como la presidencial, y pues hasta ahorita fue que se me quitó el morado de los ojos”, explicó.

Según el exlegislador, el accidente finalmente no derivó en consecuencias graves para su salud, a pesar de que, según las conclusiones del médico que lo revisó, pudo haber perdido el ojo.

“Dios me guardó, porque cuando fuimos al médico, el médico dijo que eso pudo haber sido para perder el ojo y de verdad que puedo ver bien en los dos ojos. De hecho, cuando me examinaron, tengo la visión superior a la del promedio, según el médico que me dijo eso. Hoy no tengo ningún dolor, o sea, estoy superbién, gracias a Dios”, precisó.

Según indicó el servidor público en el debate de control político que se llevó a cabo el 21 de octubre de 2026 en la Comisión Segunda del Senado de la República, 48 mujeres habrían sido instrumentalizadas a través de contratos de prestación de servicios para “estar con el presidente”.

“Por último, senador, ojalá usted sea igual de enfático con las denuncias que nosotros estamos trazando y vamos a hacer, porque yo personalmente las voy a hacer, de las 48 mujeres que tenía el presidente Petro en Presidencia, que lamentablemente las instrumentalizaba a punta de OPSs (…) 48 mujeres que ya han estado hablando con nosotros, de cómo por intermedio de un contrato y una OPS las amarraban, las instrumentalizaban para poder estar con el presidente Petro”, dijo el director del Dapre.

El funcionario no presentó pruebas para sustentar sus declaraciones. Sin embargo, aseguró que buscará demostrar que la Casa de Nariño habría sido “armada, organizada y confeccionada” para fines distintos a la gobernanza durante la administración del exmandatario Gustavo Petro.

“Otra cosa diferente a no gobernar, sino a todos los días parrandear allá, llevar mujeres”, indicó.

Presunta “red de mujeres” en el gobierno Petro

El anuncio del director del Dapre surgió en medio de un momento de polémica derivado de declaraciones que dio la exdirectora de esa misma entidad Angie Rodríguez, relacionadas con una presunta red de mujeres que supuestamente ejercían “la profesión más antigua del mundo”, refiriéndose, al parecer, a la prostitución. Además, afirmó que, presuntamente, esas mujeres eran ubicadas en algunas entidades del gobierno para desarrollar tareas de espionaje.

La también exgerente del Fondo de Adaptación insinuó, además, que esas mujeres habrían recibido recursos para someterse a cirugías estéticas, pero no proporcionó evidencias para sostener sus aseveraciones.

“Estas mujeres, el presidente las ponía en diferentes entidades y él no puede decirme que no. No puede decirle al país que no. Y las ponía para que nos espiaran a nosotros. Y eran personas de muy bajo nivel educativo, pero además eran como si todas hubieran pasado por el mismo quirófano. ¿Quién les pagaba las cirugías estéticas a ellos? ¿Por qué, siendo personas de bajos recursos económicos, académicos, llegaron a manejar entidades completas, como pasó en Aerocivil?”, indicó la exfuncionaria, en diálogo con el columnista Daniel Samper Ospina.

Adicionalmente, aseguró que en esa red de mujeres había madres que “prestaron a sus hijas” para ello. Algunas de esas mujeres, presuntamente, lograron adquirir un amplio poder en el Gobierno, tanto así que definían nombramientos y contratos. “Una vaina asquerosa”, dijo.

En la entrevista, Rodríguez mencionó los casos de Juliana Guerrero, una joven que por poco logra ocupar de manera irregular el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad, y de Gabriela Muñoz, que estuvo vinculada laboralmente a la Aeronáutica Civil. La exfuncionaria no aclaró con exactitud de qué manera ambas jóvenes habrían hecho parte de la supuesta “red de mujeres” que denunció.

En diálogo con Vértice Noticias, la exdirectora del Dapre ya había hecho sus señalamientos e hizo énfasis en el poder que habrían logrado tener algunas de las mujeres que llegaron al gobierno Petro.

“Tengo en mi cabeza cómo es la red y tengo en mi cabeza cómo ellas, muchas de ellas, dejaron de ser solamente las acompañantes para llegar a cargos muy importantes dentro del gobierno (…) Eran mujeres de la vida fácil que se dedicaban a una de las profesiones más antiguas del mundo”, afirmó en la transmisión.

A través de su cuenta de X, el exmandatario negó las acusaciones de Angie Rodríguez: “Jajaja. Cómo no. En la vida aprendí una cosa: no soy un hombre estúpido. No soy como quienes se enamoran y se entregan al paramilitarismo; no llego a tan alto grado de estupidez”.

El expresidente Gustavo Petro se pronunció luego de que la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación Eva Ferrer se presentara ante la Fiscalía General de la Nación a hacer una declaración juramentada. La diligencia se centra en presuntos hechos irregulares en los que estaría involucrada la ex primera dama Verónica Alcocer, así como otros servidores públicos cercanos a ella.

Esos hechos fueron puestos al descubierto a través de audios divulgados por la revista Semana, en los que Ferrer advierte sobre testaferros y presuntos manejos irregulares de recursos durante la campaña presidencial del exmandatario. Posteriormente, la exfuncionaria otorgó una entrevista al mismo medio de comunicación, en la que amplió sus acusaciones contra la ex primera dama y la señaló de presuntamente liderar una supuesta red de tráfico de drogas, armas y dinero, elementos que se habrían movilizado entre Colombia y Venezuela en una aeronave oficial.

Ahora bien, durante la diligencia, la exfuncionaria entregó información sobre su llegada a Colombia y la labor que desempeñó en el gobierno anterior, liderado por Petro. Sin embargo, no presentó pruebas que sostengan las denuncias públicas y la información que fue filtrada a través de audios.

La reacción del expresidente Petro

Con base en eso, el ex jefe de Estado puso en duda las denuncias de Eva Ferrer. Afirmó que se trataría de una mentira e insinuó que un gobierno extranjero que está interesado en lograr su extradición estaría detrás de esas afirmaciones.

“No hubo pruebas de Eva Ferrer y era una soberana mentira. Pero alguien le dijo que la dijera. ¿Quien ese alguien? Obedece a gobierno extranjero buscando la apruebas que no ha encontrado buscándose motivos para extradición cuando he dedicado dos décadas de mi vida a combatir los narcotraficantes en la política? (sic)”, aseveró.

Sin embargo, el abogado Jhony Batalla, que representa los intereses de Eva Ferrer, aseguró que la Fiscalía es la encargada de determinar en qué momento se empieza a recolectar la evidencia. Además, en declaraciones que dio ante la prensa el 14 de octubre, aclaró que la exfuncionaria cuenta con todo el material probatorio que soporta sus denuncias.

“Como está dada la metodología de investigación, a medida que se vaya avanzando en la declaración de Eva, la Fiscalía, como directora de la investigación, tendrá que empezar a recoger esa evidencia”, dijo el abogado en entrevista con Blu Radio.

Verónica Alcocer negó actuaciones ilícitas

Por su parte, la ex primera dama Verónica Alcocer negó los señalamientos en su contra y aseguró que aportará información a las autoridades para garantizar que se conozca la verdad sobre los hechos que son materia de investigación.

“Yo soy la persona más interesada en que se sepa la verdad y en que la ciudadanía me conozca realmente. El relato mentiroso que han querido construir será desvirtuado con pruebas a través de mi defensa. Lo digo con seguridad: nunca he abusado de ningún recurso del Estado”, precisó Alcocer en su cuenta de X.

Ante las declaraciones de Ferrer, el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, que representa los intereses de Alcocer, allegó un informe a la Fiscalía 76 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, en el que se exponen los detalles de un desplazamiento oficial que hizo la ex primera dama el 31 de enero de 2023. En ese viaje, según la exconsejera presidencial, se habrían trasladado dinero, drogas y armas.

Con el fin de desmentir esas acusaciones, en el documento se especifica la cronología del viaje internacional, el análisis del equipaje que se hizo en su momento y la identificación de las personas que estaban presentes.

En entrevista con Noticias RCN, la ex primera dama aseguró que se ha puesto la lupa en sus gastos y propiedades y que, con base en ello, se le ha señalado de haber despilfarrado recursos públicos. “Es una cosa construida, fantasiosa, mentirosa (…) Ya construyeron un relato gigantesco, que lo que hace es dañarme el nombre”, dijo.

El 21 de octubre de 2026, la exconsejera presidencial para la Niñez y la Reconciliación Eva Ferrer Galcerán rindió declaración juramentada ante la Fiscalía General de la Nación.

La diligencia responde a una denuncia que fue presentada por un senador del Centro Democrático y a la filtración de audios de Ferrer en los que se habla de una presunta vinculación de la ex primera dama Verónica Alcocer con presuntos hechos irregulares. Entre otras cosas, en una entrevista, la exfuncionaria la señaló de haber movilizado dinero de manera ilícita para la financiación de campañas políticas.

De acuerdo con Blu Radio, la primera parte de la diligencia finalizó y se programó la continuación de la misma para el viernes 23 de octubre, a las 8:00 a. m. Por el momento, Ferrer entregó información sobre su llegada a Colombia y su paso por el Gobierno nacional, según explicó el abogado Jhony Batalla en entrevista con el medio de comunicación citado.

“Esta primera sesión de la declaración de Eva Ferrer concluye de manera eficiente, de manera eficaz. Eva cumplió la cita, declaró ante la Fiscalía”, afirmó el jurista al informativo, aclarando que el ente acusador tiene varias líneas investigativas abiertas.

Por el momento, Ferrer no ha entregado evidencia de los hechos investigados. Sin embargo, el abogado aclaró que, conforme avance la investigación, la Fiscalía solicitará la entrega del material probatorio correspondiente.

“Como está dada la metodología de investigación, a medida que se vaya avanzando en la declaración de Eva, la Fiscalía, como directora de la investigación, tendrá que empezar a recoger esa evidencia”, dijo el abogado.

En su momento, el apoderado de la exconsejera presidencial aseguró que la exfuncionaria cuenta con todas las pruebas que soportan sus declaraciones sobre presuntas actuaciones ilícitas que vinculan a Alcocer y a personas aparentemente cercanas a ella. En ese sentido, indicó que las denuncias que ha hecho tienen una base probatoria que allegará a las autoridades de manera oportuna.

“El sistema penal se nutre de evidencia. Nadie puede dar una declaración, sobre todo de esas magnitudes, sin evidencia. Entonces, ella le tocará entregar evidencia a la Fiscalía”, precisó el abogado ante la prensa el 14 de octubre, fecha en la que la ex servidora pública se presentó ante la Fiscalía para ser escuchada en una diligencia judicial.

Ferrer ya había sido citada por el ente acusador en dos ocasiones anteriores (el 27 de agosto y el 29 de septiembre), pero esas diligencias no se materializaron porque no asistió. “La Dirección Especializada contra la Corrupción ha impulsado múltiples actividades de policía judicial, a las cuales se suma ahora el análisis de los recientes señalamientos públicos de la señora Ferrer Galcerán”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Declaración de Eva Ferrer ante la Procuraduría

Por otro lado, ante los medios de comunicación, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió a la declaración que rindió Ferrer en su momento ante el Ministerio Público, en relación con prestos actos de corrupción que denunció en una entrevista con la revista Semana, en los cuales estarían involucrados varios servidores públicos, entre ellos, la ex primera dama Verónica Alcocer.

Según el procurador, la diligencia se llevó a cabo ante un delegado de la Procuraduría y quedó suspendida. La continuación de esa actuación se efectuará la próxima semana. En esa diligencia, la exfuncionaria entregará “algunos documentos”.

“Esa diligencia no ha terminado y se mantiene bajo reserva hasta que termine”, precisó Eljach ante la prensa.

Ante los señalamientos de Eva Ferrer en su contra, la ex primera dama se pronunció, negando cualquier vinculación con hechos irregulares o de corrupción. Además, aseguró que no era cercana a la exconsejera presidencial.

“Eva Ferrer no era una persona de confianza mía. Era una persona cercana y me generaba algo de tranquilidad porque teníamos amigos en común. La relación de Eva y mía era profesional (…) Nunca en mi vida he tenido 2,5 millones de dólares. Es falso”, afirmó Alcocer en diálogo con Noticias RCN.

De acuerdo con la denuncia pública que hizo una ciudadana que presenció lo ocurrido y que ayudó a la menor de edad a comunicarse con su madre, la víctima no fue atendida de manera inmediata porque no contaba con la compañía de un adulto y no tenía su documento de identidad.

“Mientras estábamos esperando que atendieran a Juanita, llega una niña de 14 años (16 años) a la que violaron. Niñas, yo no me la saco de la cabeza. Cómo llegó esa niña y estaba sin la mamá. Y la malparida de recepción dizque: ‘Necesita un adulto para poderla atender’. Vean, ustedes no saben lo que yo sentí. O sea, es que podía ser ella, podía ser cualquier persona, cualquier mujer y dizque: ‘Necesita una persona para poderla atender y el documento’”, señaló la denunciante.

Según la mujer, la adolescente llegó desorientada, con sus prendas de vestir sucias y “llena de ramas”. A pesar de las condiciones en las que se presentó en el centro de salud y de la información que brindó sobre lo ocurrido, no fue atendida como correspondía. Ante la negativa de la prestación del servicio de manera inmediata, la menor decidió irse.

“Pa’ acabar de ajustar, le presté mi celular y llama a la mamá y me toca a mí decirle que viniera, que por qué habían abusado de la niña (…) Yo abracé a esa niña, y me dolió mucho verla así. Y esa mamá cómo gritaba por ese celular. Ay, no (…) ¿Por qué la gente es tan poco empática? ¿Cómo se le ocurre que es que sin documentos no la puedo atender? ¿Cómo se le ocurre que es que necesita un, un adulto para poderla atender?”, cuestionó la denunciante.

Al respecto, la gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado explicó qué fue lo que pasó cuando la menor de edad llegó al centro de salud y reconoció que no se actuó con diligencia ante la situación de violencia que expuso la adolescente. Según precisó, llegó a urgencias el domingo 18 de octubre, a las 4:59 a. m., y su caso se tramitó como una consulta habitual.

Era necesario que el personal activara el Código Fucsia, que es un protocolo de atención médica inmediata y prioritaria para víctimas de violencia sexual.

“La recepcionista ingresó sus datos y le dijo que esperara la atención del médico. Luego, el médico, cuando ya la llamó, la adolescente se había ido. Quiero manifestar que en ese momento la recepcionista no activó el Código Fucsia. Les cuento que el Código Fucsia es que, en estos casos, debe darse una atención inmediata y haberla ingresado al servicio de urgencias”, precisó la funcionaria, citada por Teleantioquia.

Luego de eso, el hospital se comunicó con los padres de la víctima al día siguiente (lunes 19 de octubre). Ese mismo día, la adolescente fue atendida bajo el protocolo correspondiente.

“Ellos vinieron con la adolescente, hicimos toda la atención del caso, examinada por médico, acompañamiento de psicología y todos los exámenes que la ruta de Código Fucsia exige para poder evitar que tenga alguna infección u otro tipo de patología”, detalló la gerente del hospital.

Nataly Vélez, representante a la Cámara y exconcejala de Medellín, se pronunció al respecto y solicitó a las autoridades hacer una indagación sobre los hechos.

“Le solicitamos a las autoridades competentes esclarecer los hechos. Pero, además, haremos las alertas y el seguimiento pertinente desde la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia del Congreso de la República para que este hecho no quede impune”, indicó.

El atentado perpetrado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el 7 de junio de 2025 habría sido alertado meses antes de que sucediera. De acuerdo con conversaciones a las que tuvo acceso Noticias RCN, una persona advirtió al respecto a una senadora del Centro Democrático, cuya identidad no fue revelada.

El primer mensaje que recibió la congresista está fechado el 16 de abril de ese año. En él, el informante, cuyo nombre tampoco fue revelado, instó a la legisladora a reforzar sus medidas de seguridad, debido al riesgo que podía estar corriendo en ese momento.

“Mi doctora preferida muy buena noche. Apenas pueda por favor regáleme una llamada de urgencia por favor. Lo que debo decirle es de urgencia, por favor. Doctora por favor no baje la guardia por favor cuídese mucho utilice a toda hora sus escoltas, bueno (sic)”, se lee en la conversación a la que tuvo acceso el medio de comunicación citado.

El 21 de abril, esa persona volvió a ponerse en contacto con la congresista y, en esta ocasión, dio a conocer el nombre de la persona que estaría detrás del atentado: el entonces legislador Luis Alberto Albán Urbano, conocido como Marcos Calarcá, que hizo parte de las extintas Farc-EP y del Partido Comunes, creado después de la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

“Doctora ese malparido de Marcos Calarcá está organizando ocho bandidos llamados comandos para ir a hacerte el atentado (sic)”, se lee en el chat divulgado por el medio. Ese apartado de la conversación ya lo conoció María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, que públicamente señaló al entonces representante a la Cámara de haber orquestado el ataque contra el precandidato presidencial.

La persona que alertó a la congresista afirmó que confiaba plenamente en el informante que tenía dentro del Congreso, por lo que aseguró que sus advertencias eran reales. “La fuente está metido allá adentro él se comunica conmigo cuando sale, me hago entender. Yo a ustedes los quiero mucho a usted a la doctora Paola y al doctor Miguel Uribe, no puedo permitir que les llegue a pasar algo sin antes avisarle, por eso le digo para que extreme sus medidas de seguridad (sic)”, dijo.

El día del atentado contra Miguel Uribe, esa persona volvió a ponerse en contacto con la legisladora y cuestionó la conformación del esquema de seguridad que tenía en ese momento el senador. “Doctora y el esquema de Miguelito dónde putas estaba, como que le dieron por la espalda (sic)”, indicó.

El debilitado esquema de seguridad de Miguel Uribe

Según el exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP) Augusto Rodríguez, el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial quedó debilitado porque, al parecer, el senador decidió dividirlo, con el objetivo de que algunos de sus hombres de protección se encargaran de cuidar a su familia, mientras otros estaban con él.

Además, no habría aceptado que se hicieran relevos entre los escoltas, los cuales se requerían para garantizar su descanso, sin que eso implicara desprotegerlo. Esto hizo que tuviera al menos una persona menos en su esquema de seguridad.

“El doctor Miguel Uribe contaba con un esquema de protección robusto, un poco superior al de otros parlamentarios: cuatro policías y tres escoltas de la UNP. Sin embargo, tomó decisiones que debilitaron su seguridad y que fueron equivocadas”, detalló el exfuncionario, en conversación con El País América.

Sin embargo, el abogado Víctor Mosquera, que representa a la familia de Miguel Uribe Turbay, aseguró en varias oportunidades ante los medios de comunicación que el senador solicitó en más de una ocasión el reforzamiento de su equipo de protección y que, al parecer, su petición no fue atendida. Augusto Rodríguez negó esos señalamientos.

‘Marcos Calarcá’ negó acusaciones en su contra

Por su parte, en una entrevista con Reporte Coronell, el exrepresentante Luis Alberto Albán negó las acusaciones que surgieron en su contra, con base en las conversaciones divulgadas. Según indicó, actualmente no tiene ningún vínculo con organizaciones armadas e incluso advirtió que es un blanco de las disidencias de las Farc.

“Yo estoy lejos, absolutamente lejos de eso de lo cual me está acusando ella (…) No tengo ninguna relación con los grupos que se llaman disidencias de las Farc. No tengo ninguna relación (…) (antes) estoy como objetivo militar de ellos”, aseguró.

La Armada Nacional se pronunció sobre un encuentro —llevado a cabo el 17 de octubre de 2026— que sostuvieron algunos integrantes de la cúpula militar con el presidente Abelardo de la Espriella y otros funcionarios del Gobierno como el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín; y el jefe de gabinete, Nicolás Gómez.

La reunión, que quedó registrada en varias fotografías divulgadas por el usuario de X @StevenLievano y citadas por La Silla Vacía y Cambio, generó críticas porque se vio al jefe de Estado y a los uniformados brindando con una botella de Ron Defensor, que es una marca que hace parte del conglomerado empresarial de De la Espriella.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Armada, la reunión se realizó en el buque ARC “24 de Julio”, con ocasión de la presentación de las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y sus demás islas.

Las imágenes que fueron compartidas en redes sociales y medios de comunicación corresponden a un “brindis protocolario”, que, según la Armada, se llevó a cabo en estricto cumplimiento de las tradiciones navales establecidas en el Reglamento de Ceremonial Marítimo ARC 7-1.1.

Ese brindis representa un homenaje a las generaciones de marinos que han defendido las aguas colombianas, según la tradición marinera. Eso quiere decir que ese momento va más allá del acto de elevar las copas para brindar. Además, también constituye un reconocimiento al “honor naval” y una reafirmación del compromiso que tiene la Armada Nacional con la soberanía del país.

“Este acto hace parte de las tradiciones históricas de la Armada Nacional y constituye una expresión solemne de respeto, fraternidad y camaradería entre quienes dedican su vida al servicio de la Patria en el mar”, precisó la Armada.

Así las cosas, de acuerdo con la comunicación oficial de la Armada Nacional, el brindis que se efectuó con el presidente Abelardo de la Espriella tuvo como objetivo “exaltar la trascendencia histórica de esta presentación”, reafirmar el ejercicio de la soberanía y la defensa del territorio.

“La Armada Nacional reitera que este acto se desarrolló en un contexto estrictamente protocolario e institucional, en observancia de las tradiciones navales y en homenaje a un acontecimiento de especial significado para la Nación”, añadió.

Previo a que la Armada Nacional emitiera el comunicado para explicar los motivos de la realización del brindis, se advirtió sobre la posibilidad de que los uniformados que participaron en ese acto sean sancionados, según lo establecido en la Ley 1862 de 2017, “por la cual se establecen las normas de conducta del militar colombiano y se expide el Código Disciplinario Militar”.

En el numeral 27 del artículo 76, relacionado con las faltas gravísimas, se hace referencia al consumo de alcohol o cualquier otra sustancia que afecte las capacidades de los uniformados.

“Consumir bebidas embriagantes o cualquier otra sustancia que produzca dependencia física o psíquica estando en actos del servicio o portando armas de dotación oficial, munición o explosivos”, se lee en la normativa.

El numeral 26 también hace énfasis en el consumo de este tipo de sustancias al presentarse para la prestación del servicio. “Presentarse a cumplir servicios de régimen interno o dispuesto por autoridad competente, orden de operaciones o para tripular nave o aeronave, habiendo consumido bebidas embriagantes o bajo los efectos de sustancias prohibidas que produzcan dependencia física o psíquica”, precisa la ley.

La Armada Nacional no aclaró si el acto protocolario que se llevó a cabo encaja en lo descrito en la normativa citada o si constituye una causal de exclusión de responsabilidad; sin embargo, el brindis no figura en la ley como una posible causal de exclusión.

Entre esos dirigentes políticos están el hoy presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el fallecido exvicepresidente Germán Vargas Lleras, según declaraciones que hizo la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) Angie Lizeth Rodríguez Fajardo en entrevista con la revista Semana.

“Gustavo Petro me dijo: ‘Bueno, lo que necesito es que ellos (los exparamilitares) hablen de la participación que tuvo Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras’ (…) Yo les dije (a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia) que necesitaba que hablaran del expresidente Álvaro Uribe, Abelardo De La Espriella y Germán Vargas Lleras. ¿Qué pasa? Muchos estaban molestos; se les notaba en la cara. Hubo un silencio muy fuerte”, confesó Rodríguez al medio de comunicación citado.

Así las cosas, la hija de Vargas Lleras solicitó que se haga una investigación profunda sobre las revelaciones que hizo la exfuncionaria.

“En nombre de mi padre, Germán Vargas Lleras, y en defensa de la verdad, su buen nombre y el de mi familia, solicito a la Fiscalía General de la Nación que investigue de manera seria, pronta e independiente todo lo relacionado con el dominado Pacto de Valledupar y las denuncias de Mancuso y Angie Rodríguez, la mano derecha del expresidente Petro”, dijo en un video publicado en sus redes sociales.

Asimismo, pidió al Gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, que investigue las presuntas conductas delictivas que se habrían presentado en la administración de Gustavo Petro. Afirmó que se trata de una “alianza comprobada” entre el gobierno anterior y la criminalidad, que por poco afecta un proceso electoral y que impactó negativamente en la imagen de dirigentes políticos.

“Es verdaderamente vergonzoso ver cómo se trató de manipular unas elecciones, el buen nombre de mi padre, del expresidente Álvaro Uribe Vélez y del hoy presidente Abelardo de la Espriella, para untar y mentir en aras de su continuidad en el poder”, dijo.

De igual manera, aseguró que el gobierno de Petro “se dedicó a perseguir sistemáticamente a la oposición”. También señaló a la anterior administración de haber tratado de “camuflar” beneficios para los criminales por medio de su política de Paz Total, que se centró en avanzar en negociaciones con distintos grupos armados y estructuras criminales que operan en el país.

Además, resaltó el trabajo de Germán Vargas Lleras en materia de lucha contra la criminalidad. Según indicó, su padre se dedicó a combatir el narcotráfico y el crimen organizado y, debido a eso, fue víctima de varios atentados.

“Mi papá fue un luchador incansable contra el narcoterrorismo, defensor de la extradición y el ponente de la ley de extinción de dominio”, añadió.

Al igual que la hija de Vargas Lleras, otras figuras del país político colombiano se han pronunciado al respecto, entre ellas, el excanciller Álvaro Leyva, que trabajó en la administración Petro y, al salir, también hizo denuncias relacionadas con el ex jefe de Estado.

“Establecer que fue cierto. Ya vio usted a Mancuso, que dijo que él es testigo, y yo a Angie Rodríguez le creo todo. Absolutamente todo. Angie dice la verdad. Hay que saber quién es quién, de dónde sale cada quien, en dónde estudia y qué representa cada quien. Yo le creo a Angie. Pero no le creo en un 90%, le creo en un 100%”, dijo Leyva, en diálogo con el mencionado medio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a los cambios de gobierno en los países de América del Sur que, según indicó, están transitando hacia posturas de derecha, mucho más conservadoras y tradicionales. En sus declaraciones incluyó a Colombia, que desde el 7 de agosto de 2026 tiene un presidente de derecha: Abelardo de la Espriella.

“Les digo esto: en América del Sur todo se inclinaba mucho hacia la izquierda. Ahora todo está hacia la derecha. América del Sur se está convirtiendo en un lugar completamente distinto y está prosperando. Está prosperando (…) Si miran lo que está ocurriendo en América del Sur, la gente no lo creería. En poco tiempo, se están volviendo extremadamente conservadores de una forma muy positiva, en muchos sentidos”, indicó el mandatario norteamericano ante la prensa.

Sobre Colombia y su nuevo jefe de Estado, Donald Trump recordó que, en plena etapa electoral, respaldó públicamente a De la Espriella. Aseguró que es un hombre “duro” al cual aprecia. Además, afirmó que el símbolo que utilizó para impulsar su campaña y que ahora usa como de identificación su Gobierno (El Tigre) representa esa firmeza que, a su juicio, tiene como mandatario.

“Y, como saben, respaldé a muchas de esas personas. Todos los que respaldé ganaron, incluido el nuevo presidente de Colombia, que es excelente, El Tigre. Ya saben, lo llaman El Tigre por una razón, ¿verdad? Porque es duro. Es un tipo duro, pero siempre fue muy partidario de Trump. No lo conocía, pero me agradaba. Cuando la gente me aprecia, yo la aprecio; por lo general”, señaló.

Uno de los momentos más recientes en los que el presidente norteamericano se refirió a la llegada de Abelardo de la Espriella al poder en Colombia se presentó el 22 de septiembre de 2026, en una reunión del Escudo de las Américas que se llevó a cabo en Nueva York, Estados Unidos.

Al encuentro asistió el vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, acompañado del ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar. El primer mandatario no pudo estar presente. Así lo expuso Restrepo, dirigiéndose a Donald Trump: “No pudo venir porque actualmente está ocupado con asuntos internos en Colombia”.

El jefe de Estado norteamericano dio a conocer su opinión sobre la ausencia de De la Espriella en el encuentro y recordó que, en su momento, el mandatario colombiano se comprometió a no dejar el país, con el fin de dedicarse a gobernar desde el territorio nacional. En ese sentido, encontró acertado que José Manuel Restrepo lo representara en la reunión.

“No se irá de vacaciones. Esto no son vacaciones, pero hizo esa promesa. Y le dije: ‘Cumple tu promesa’. Está bien. Está bien representado por usted. Adelante”, precisó el presidente de Estados Unidos, dirigiéndose a Restrepo.

De igual manera, nuevamente expresó su respaldo a De la Espriella e indicó que, según la información que ha conocido sobre su administración, el trabajo que ha venido desarrollando es positivo.

“Era un gran admirador de Trump. Por eso me gusta de esta manera. Él lo único que hacía era hablar de Trump, Trump, Trump, y yo dije: ‘Me gusta ese tipo. Vamos a respaldarlo. Lo respaldo’. Y pasó del puesto número 10 al primero, ganó por amplia diferencia. Escuché que está haciendo un gran trabajo”, dijo el jefe de Estado en la reunión.

La llegada de De la Espriella al Gobierno de Colombia supuso un cambio en la relación entre el país y Estados Unidos, que tuvo varios momentos de tensión durante la administración anterior, liderada por el exmandatario Gustavo Petro. Esa confianza que el gobierno de Donald Trump parece tenerle al nuevo gobierno colombiano se ve reflejada en la posibilidad de que levante la descertificación del país en materia de lucha contra las drogas, solo si De la Espriella logra entregar resultados positivos.

El 20 de octubre de 2026, los congresistas y excongresistas Wadith Manzur, Karen Manrique, Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia para el desarrollo de la audiencia preparatoria de juicio por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

En la diligencia, la Corte negó las solicitudes de nulidad promovidas por Manzur y por la defensa de Juan Diego Muñoz, las cuales se fundamentaron en la reasignación interna del proceso y el desconocimiento del juez natural.

De igual manera, rechazó otras solicitudes de nulidad propuestas por las defensas de Liliana Bitar Castilla, Karen Manrique y Juan Diego Muñoz. Esas peticiones se basaron en el desconocimiento de las reglas que rigen la actuación de los cojueces de los cuerpos colegiados y en el conocimiento del asunto “para formarse un criterio propio”.

Los investigados son señalados de haber recibido ofrecimientos relacionados con contratos de la Ungrd. Esto, a cambio de apoyar operaciones de endeudamiento en el Congreso. Todos están siendo procesados por el delito de cohecho impropio.

Detalles de la investigación por corrupción

Los hechos se remontan al segundo semestre de 2023. Para entonces, todos los investigados, que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado una promesa remuneratoria ofrecida por funcionarios de alto nivel del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, bajo autorización de Ricardo Bonilla, entonces jefe de la cartera. Los exfuncionarios que presuntamente hicieron esos ofrecimientos son:

• Ministro encargado Diego Alejandro Guevara Castañeda.
• Asesora María Alejandra Benavides Soto.

“La aceptación de la dádiva habría ocurrido en tres encuentros sostenidos el 5 y 6 de diciembre del año 2023 (…) En los encuentros mencionados, el ofrecimiento de los agentes habría consistido en impulsar la contratación de obra e interventoría de tres proyectos en Ungrd, previamente seleccionados por los congresistas″, precisó la magistrada de la Corte.

Los proyectos en cuestión estaban ubicados en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Cármen de Bolívar (Bolívar). Así se habrían repartido esas contrataciones:

• Wadith Manzur, Julián Peinado y Liliana Bitar habrían aceptado la promesa remuneratoria del proyecto en Cotorra.
• Karen Manrique y Juan Diego Muñoz habrían aceptado el proyecto en Saravena.
• Juan Pablo Gallo habría aceptado el ofrecimiento relacionado con el proyecto en El Cármen de Bolívar.

Teniendo esas contrataciones aseguradas, los investigados se habrían comprometido a emitir sus conceptos sobre las operaciones de crédito que el entonces ministro de Hacienda pusiera a su consideración.

“La aceptación de esa promesa remuneratoria habría marcado la culminación de un dilatado esquema de negociación criminal (septiembre-diciembre de 2023), durante el cual los actores involucrados convinieron los montos con los que el Ejecutivo favorecería a los sindicados, los proyectos que materializarían dicho favorecimiento, la ruta para asegurar su viabilidad”, añadió la magistrada en la audiencia.

De acuerdo con la investigación adelantada hasta el momento, el valor global de los tres proyectos que los acusados habrían aceptado a manera de recompensa ascendería a $92.632.480.751.

De todos los procesados en esta investigación, Wadith Manzur y Karen Manrique permanecen privados de la libertad. Manrique solicitó en su momento sustituir la detención preventiva intramural por domiciliaria, pero, en mayo de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia negó esa petición.

“Así quedará en firme el llamado a juicio contra los congresistas Liliana Esther Bitar Castilla, Juan Pablo Gallo Maya, Wadith Alberto Manzur Imbett, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrith Manrique Olarte y el excongresista Juan Diego Muñoz Cabrera, por el presunto delito de cohecho impropio”, indicó la Corte en su cuenta de X.

En abril del año en curso, el alto tribunal rechazó las recusaciones contra dos magistrados y dos conjueces que participaron en la votación en la que se llamó a juicio a los procesados.

Ciudadanos de Bogotá denunciaron un incremento en el cobro por el servicio de alcantarillado. La concejala Andrea Carolina Hernández Ucrós, más conocida como “Tata” Hernández, reveló que los aumentos llegan incluso al 43% y que responderían a la entrada en vigor de la Resolución 1032 de 2026, “por la cual se subroga el Título 2 de la Parte 1 del Libro 2 de la Resolución CRA 943 de 2021, relacionado con la metodología tarifaria para las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado con más de 5.000 suscriptores en el área urbana, y se dictan otras disposiciones”.

La situación es más notoria en Usaquén. De acuerdo con los datos dados a conocer por la cabildante, la localidad registra 13.072 quejas por parte de la ciudadanía, lo que quiere decir que una de cada cuatro quejas reportadas en Bogotá provienen de allí.

De igual manera, informó que los usuarios de estrato 2 denunciaron incrementos excesivos en el servicio de alcantarillado; sus recibos superan los $500.000, en algunos casos.

Las alzas en los cobros también se han evidenciado en viviendas desocupadas. Sus propietarios advirtieron sobre el incremento de la tarifa, pese a que en esas propiedades no hay nadie haciendo uso del servicio.

“Los bogotanos necesitan saber por qué están pagando hasta un 43 % más por el alcantarillado y cómo se explica que hogares de estrato 2 reciban facturas superiores a $500.000. El Acueducto debe dar respuestas claras y soluciones concretas; las familias no pueden cargar con cobros que no entienden”, afirmó Hernández, citada en un comunicado.

Así las cosas, la concejala citó al Acueducto de Bogotá para el lunes 26 de octubre, a las 5:00 p. m., en el Concejo de Bogotá, para que brinde claridad sobre las denuncias que han surgido al respecto. De igual manera, radicó un derecho de petición ante el Acueducto de Bogotá para exigir explicaciones sobre la metodología aplicada para efectuar el cobro del servicio de alcantarillado y sobre las acciones que adelantará para hacer frente a la situación que enfrentan los usuarios afectados.

Detalles de la cuestionada resolución

La Resolución 1032 de 2026 estableció una nueva metodología tarifaria que aplica a todas las prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o alcantarillado que, a 31 de diciembre de 2024, cumplan con alguna de estas condiciones:

• Que atiendan a más de 5.000 suscriptores ubicados en la zona urbana, sumándolos en todas las Áreas de Prestación del Servicio (APS) en las que preste servicio, independientemente de que estén interconectadas o no.
• Que tengan más de 5.000 suscriptores ubicados en la zona urbana y rural, sumándolos en todas las APS en las que presten servicio, independientemente de que estén interconectados o no. Más del 50% de sus suscriptores deben ser urbanos.

De acuerdo con la resolución, la aplicación de la metodología se hace según una segmentación:

• Primer segmento: personas prestadoras que tengan a 31 de diciembre de 2024 más de 300.000 suscriptores.
• Segundo segmento: personas prestadoras que tengan a 31 de diciembre de 2024 más de 90.000 suscriptores y hasta 300.000 suscriptores.
• Tercer segmento: personas prestadoras que tengan a 31 de diciembre de 2024 más de 17.000 suscriptores y hasta 90.000 suscriptores.
• Cuarto segmento: personas prestadoras que tengan a 31 de diciembre de 2024 más de 5.000 suscriptores y hasta 17.000 suscriptores.

Los prestadores de servicios de acueducto y/o alcantarillado iniciaron la aplicación del costo económico resultante de la implementación de la metodología tarifaria el 1 de julio de 2026.

“La persona prestadora deberá recalcular anualmente el costo económico de referencia resultante de la implementación de esta metodología tarifaria, el cual deberá aplicar entre el 1 de enero y a más tardar el 31 de mayo de cada año tarifario definido en el artículo 2.1.2.1.1.3. de la presente resolución”, precisa el documento.

“¿Nos sorprende que el senador Germán Rodríguez, que estaba interfiriendo en la audiencia pública sobre el aborto, haya sido demandado por alimentos? No nos sorprende. Ayer en la audiencia pública denunciamos lo que sería la extrema incoherencia de quienes serían los firmantes de este acto legislativo que prohibiría el aborto en Colombia”, señaló la congresista Omaña en un video que publicó en su cuenta de X.

El legislador Germán Rodríguez se pronunció al respecto. Confirmó que fue demandado en dos ocasiones por alimentos y que estas acciones legales tuvieron lugar hace 20 años. Sin embargo, aclaró que en ningún momento ha fallado en sus deberes como padre y que siempre ha garantizado el sostenimiento de sus dos hijas.

El congresista cuestionó entonces a la senadora del Pacto Histórico. La acusó de mezclar la política con asuntos familiares. Además, afirmó temer por su integridad y la de sus familiares, debido a la información que reveló la legisladora.

“La senadora Alejandra Omaña se ha metido e intentado investigar y meterse en lo más sagrado que es mi familia. Yo a mis dos hijas las he tenido siempre aparte de este mundo de las redes sociales y el peligro de ser político en Colombia. Tengo miedo por mi integridad y por la de mis seres queridos. Esto no se hace, senadora Alejandra Omaña. Una cosa son las peleas políticas y otra es que usted se meta con lo más sagrado que tiene un hombre, que es su familia”, dijo.

Omaña se mantuvo en sus aseveraciones contra el congresista Rodríguez. En una publicación en su cuenta de X puso en duda la temporalidad de las demandas por alimentos que recibió el senador. Aseguró que, según su investigación, el proceso por demanda de alimentos más reciente es de 2016.

De acuerdo con un documento que adjuntó como prueba, el 7 de marzo de 2016 se profirió una sentencia de primera instancia en la que se aprobó un acuerdo y se fijó alimentos definitivos.

“¿Demandas de hace 20 años? No mienta, senador. Una de las demandas por alimentos que usted tiene es de 2016. A usted no le gusta que se metan con “lo más sagrado” que usted tiene, que según usted es su familia, y a nosotras no nos gusta que usted se meta con lo más sagrado que nosotras tenemos, que son nuestros derechos”, señaló la congresista en su denuncia.

Asimismo, insistió en la importancia de garantizar que los debates se desarrollen con base en argumentos y que se vele por la transparencia de esos espacios. “Y no tenga miedo, que nuestra pelea es con argumentos y pública. Las prácticas de silenciar, agredir y desaparecer personas son de su orilla política, no de la nuestra”, añadió.

En su publicación inicial, relacionada con el acto legislativo que prohibiría el aborto en Colombia, Omaña también hizo señalamientos contra las iglesias cristianas; afirmó que algunas de ellas incurren, según su opinión, en evasión de impuestos —aunque no presentó pruebas para soportar sus aseveraciones— y dijo que, al parecer, el senador John Alejandro Bermeo Rodríguez habría sido denunciado por violencia intrafamiliar y por presunta tortura.

“No se trata de un asunto personal cuando hablamos de que el senador básicamente interviene en el derecho de las mujeres de poder decidir sobre si quieren ser madres o no”, indicó.

Los menores de edad en Bogotá siguen siendo víctimas de todo tipo de hechos de violencia. La concejala Tata Hernández reveló cifras que dejan en evidencia el problemático panorama de inseguridad y desprotección que enfrentan los niños en la capital colombiana.

De acuerdo con las cifras que reportó en un comunicado, entre enero y julio de 2026 se registraron 1.605 casos de violencia intrafamiliar en los que las víctimas fueron menores de edad. De igual manera, según los datos que presentó, durante la actual administración —del alcalde Carlos Fernando Galán—, 6.592 niños han sido víctimas de delitos sexuales.

Con respecto a la violencia sexual ejercida sobre los menores de edad, la cabildante advirtió que la ruta de reporte de abuso sexual que figura en el Plan de Desarrollo de Bogotá todavía está en construcción. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Integración Social ya adelantó acciones para prevenir y atender estos casos: suscribió 28 contratos por más de $1.100 millones.

A estos hechos de violencia se suman 21 casos de suicidio infantil y adolescente que se documentaron en lo corrido de 2026.

“Bogotá no puede seguir fallándoles a sus niños. Necesitamos acciones concretas, rutas de atención que funcionen y resultados verificables. La protección de la niñez no puede quedarse en promesas”, afirmó la concejala, citada en el comunicado.

Así las cosas, la concejala presentó un proyecto de acuerdo que tiene como fin impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad puedan contratar con el Distrito. Asimismo, exigió a la administración de Bogotá que acelere la implementación de medidas de prevención y protección de la niñez y que presente resultados concretos al respecto.

El 15 de octubre de 2026, en el Concejo de Bogotá se llevó a cabo un debate de control político sobre las políticas y acciones adelantadas hasta el momento por el Distrito para garantizar los derechos de los niños y adolescentes.

Durante la sesión, los concejales Samir Bedoya, María Clara Name, Elkín Huertas y Jesús Araque presentaron cifras que comprueban el nivel de violencia que viven los menores de edad en la ciudad. Según indicaron, entre 2024 y marzo de 2026 se registraron 19.103 casos sospechosos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes. Eso quiere decir que, en promedio, hubo 22 reportes diarios de abuso contra menores en la capital colombiana. Además, según detallaron, en cerca de 14.000 de esos casos las víctimas fueron niñas.

Por otro lado, informaron que el 96% de las agresiones contra menores de edad ocurrieron en el ámbito familiar. De la totalidad de las agresiones documentadas, el 85% fue atribuido a padres de familia, el 8% a padrastros y el 2% a abuelos.

Ante ese escenario, los concejales solicitaron fortalecer la respuesta institucional y las redes de apoyo para prevenir las agresiones contra los niños, niñas y adolescentes en los hogares. También propusieron capacitar a los docentes contratados por prestación de servicios en los colegios de la ciudad sobre las rutas y procedimientos que deben seguir ante posibles hechos de violencia que sufran sus estudiantes.

Por su parte, la Administración distrital explicó que está aplicando un manejo social del riesgo para identificar, prevenir, mitigar y superar las situaciones que afecten los derechos y el bienestar de menores de edad. Se trata de la estrategia Cero Tolerancia a la Violencia contra Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene como objetivo fortalecer las redes de apoyo, las acciones preventivas y el acompañamiento.

Las medidas incluyen matrices para detectar riesgos en jardines infantiles, iniciativas entre distintas entidades y movilizaciones sociales. También se están desarrollando espacios destinados a fortalecer las habilidades parentales de familias expuestas a riesgos de vulneración, con el objetivo de promover entornos protectores y seguros.

Los congresistas demócratas en Estados Unidos están preocupados por la posición política del Gobierno colombiano, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella. La alerta se centra en la posibilidad de que Colombia abandone la tradición bipartidista en su relación con el país norteamericano.

Infobae Colombia conoció que el tema surgió en una conversación que mantuvo el exministro de Relaciones Exteriores de Colombia Luis Gilberto Murillo con el representante demócrata Gregory Meeks, miembro de mayor antigüedad del Comité de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

“Grata conversación con el congresista @RepGregoryMeeks, líder demócrata del comité de asuntos internacionales de la Cámara de Representantes de EEUU. Hablamos sobre la actualidad en Colombia y Estados Unidos (sic)”, expresó Luis Gilberto Murillo en su cuenta de X.

La publicación de De la Espriella que incomodó a los demócratas

La preocupación que ahora aqueja a los demócratas estadounidenses surgió por una publicación que hizo el presidente De la Espriella en sus redes sociales, relacionada con la legisladora republicana María Elvira Salazar. En un video, el jefe de Estado elogió a la congresista y aseguró que es “la mejor amiga de Colombia en el Congreso de los Estados Unidos”.

“Siempre ha estado ahí, siempre ha defendido a Colombia. Por eso, yo estoy con mi amiga María Elvira Salazar, porque ella siempre ha estado con Colombia”, dijo el jefe de Estado colombiano.

La representante a la Cámara del Partido Republicano respondió a las declaraciones del primer mandatario con un mensaje de agradecimiento. Afirmó que representa a miles de colombianos en el sur de Florida y que ha procurado acompañar al país en los momentos difíciles. Además, aseguró que ha defendido la democracia y la relación bilateral entre los países.

“Colombia vuelve a mirar hacia delante. Y recibo con enorme orgullo el respaldo de mi amigo, el presidente Abelardo de la Espriella. Sé cuánto ama a Colombia. Conozco sus convicciones y la determinación con la que trabaja para devolverle a su país seguridad, prosperidad y oportunidades”, indicó.

Un pronunciamiento en etapa electoral: alerta de Gregory Meeks

El respaldo público del presidente Abelardo de la Espriella a María Elvira Salazar surgió en plena época electoral en Estados Unidos. El 3 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones a la Cámara de Representantes y Salazar busca ser reelegida en esos comicios.

Teniendo en cuenta ese contexto, el representante Gregory Meeks emitió un comunicado en el que cuestionó las declaraciones del presidente colombiano en favor de la congresista republicana. Señaló al jefe de Estado de interferir en las elecciones estadounidenses y calificó esa conducta como “inaceptable”.

“Valoro profundamente la alianza entre Estados Unidos y Colombia, y me preocupa cualquier medida que pueda erosionar el apoyo bipartidista del que ha gozado durante décadas. La decisión del presidente De la Espriella de involucrarse en una elección estadounidense mientras ejerce como líder de Colombia pone ese respaldo en riesgo”, indicó el representante.

Además, afirmó que, si el presidente De la Espriella quiere “preservar la buena voluntad bipartidista” que se ha mantenido entre los países, “debería detenerse ahora”.

Presidente de Colombia confirmó postura bipartidista

Posteriormente, el mandatario colombiano se pronunció en su cuenta de X, en la que aseguró que su administración sigue comprometida con cuidar el apoyo multipartidista que han sostenido las naciones durante décadas. Además, recordó que Colombia y Estados Unidos son las dos democracias más antiguas del hemisferio occidental y afirmó que su relación trasciende gobiernos y diferencias políticas.

“Colombia y Estados Unidos tenemos 204 años de fructíferas relaciones; en Colombia hemos mantenido apoyo multipartidista y, en EE. UU., el respaldo de esta alianza, a lo largo de su historia, lo han refrendado republicanos y demócratas”, indicó.

Añadió: “Tengo un profundo respeto por quienes, desde distintas posiciones políticas, han contribuido a fortalecer los vínculos entre nuestras naciones”.

Ese día, una agrupación musical, integrada por el cantante vallenato Nelson Velásquez, ingresó al centro penitenciario y realizó una presentación. De acuerdo con la investigación adelantada por las autoridades, hubo irregularidades relacionadas con la entrada y salida de las personas: se omitió información en registros y reportes de novedades.

En su momento, el Inpec informó que el ingreso de la agrupación musical no había sido autorizado por el instituto ni por el Ministerio de Defensa.

“Lo sucedido en la penitenciaría de Itagüí, con la presencia de un conocido cantante vallenato, no fue autorizado en ningún momento por el gobierno nacional @MinjusticiaCo ni @INPEC_Colombia. Se toman medidas correctivas de inmediato”, recalcó el entonces ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, en X.

Así las cosas, la Procuraduría aseguró que los investigados por estos hechos habrían incurrido en faltas gravísimas cometidas a título de dolo. Esas personas son:

1. Fabián Leandro León Rodríguez, director (e) del establecimiento carcelario.
2. Heyler Antonio Fracica Sarmiento.
3. Fredy Antonio Ciprián Díaz.
4. Salvador del Cristo Jiménez Palencia, inspector jefe.
5. Eduardo Parra Ceballes, inspector.
6. Juan Diego Ospina Morales, dragoneante.

“Con esta decisión, el órgano de control busca establecer si las presuntas omisiones constituyeron faltas disciplinarias y determinar las responsabilidades individuales a que haya lugar. Los investigados podrán ejercer su derecho de defensa dentro del proceso, que desde ahora inicia la etapa de juzgamiento”, precisó el organismo de control en un comunicado.

Por otro lado, la Procuraduría informó que ordenó investigar disciplinariamente al distinguido Raúl Torres Romero y la dragoneante Katherin Vanessa Baquero Henao. De acuerdo con las indagaciones realizadas hasta el momento, los funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia habrían incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con la rendición de un informe. En ese documento, consignaron “aparentes fallas” en el sistema Sisipec 1 y en la red del Inpec para el control de ingreso y salida de personas.

De igual manera, por estos hechos, los dragoneantes Nairo Vargas Rubio y Juan Camilo Goez David confesaron su responsabilidad.

En las indagaciones del Ministerio Público también están incluidos los tenientes Ciprián Díaz, Fracica Sarmiento y León Rodríguez, sobre quienes pesa un proceso disciplinario. La Procuraduría General de la Nación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de conductas punibles por parte de los tres funcionarios.

Proceso de Paz Urbana suspendido

Para el momento de los hechos, la administración del expresidente Gustavo Petro estaba adelantando diálogos de paz con cabecillas de organizaciones criminales de Medellín y del Valle de Aburrá. Sin embargo, ese proceso se vio afectado por la presunta participación de algunos de los “voceros” en la parranda vallenata.

La Delegación de Paz Urbana del Gobierno nacional, Medellín y el Valle de Aburrá suspendió provisionalmente la agenda de interlocución con los voceros hasta que se determinara si tuvieron responsabilidad alguna en los hechos.

“Acabamos de tomar esa decisión, la delegación de Paz Urbana y el presidente Gustavo Petro, porque bajo ninguna circunstancia podemos acolitar este tipo de comportamientos”, precisó la entonces coordinadora delegada del Espacio de Conversación Sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá, Isabel Zuleta, en conversación con la revista Semana.

Las negociaciones quedaron suspendidas hasta mayo, mes en el que se reanudaron oficialmente. Sin embargo, en septiembre de 2026, el nuevo Gobierno, liderado por Abelardo de la Espriella, dio por finalizados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos orientados a la paz, incluyendo los adelantados con las organizaciones criminales de Medellín y el Valle de Aburrá.

La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) ordenó la intervención forzosa por un año del Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que atiende a más de 60.000 usuarios, por incumplimientos que se han documentado desde 2022 en los planes de mejoramiento.

De acuerdo con un comunicado emitido por la entidad, la medida responde a fallas en la atención de los usuarios, riesgos para los pacientes y deficiencias administrativas y financieras que impactan negativamente en la prestación de los servicios.

Las falencias en la atención de los ciudadanos se detectaron en acciones de inspección y vigilancia realizadas entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre. En esas diligencias, los funcionarios identificaron limitaciones en la capacidad de respuesta del centro hospitalario de tercer nivel de complejidad. Pues, de los 59 servicios habilitados, 13 no se estaban prestando. Además, el hospital tampoco garantizaba de manera permanente varias especialidades médicas, entre ellas cardiología pediátrica, oncología, reumatología y neumología.

“El hospital dispone de un solo cirujano general para atender simultáneamente diferentes servicios, lo que restringe su capacidad de respuesta frente a las necesidades asistenciales de la población. Adicionalmente, se identificaron pacientes en lista de espera quirúrgica con tiempos prolongados de más de un año y 3.676 estudios de radiología pendientes de lectura”, precisó la entidad en la comunicación oficial.

En las inspecciones que se llevaron a cabo, también quedó en evidencia el deterioro de la infraestructura del hospital, además de deficiencias estructurales y operativas que son críticas y condiciones inadecuadas en algunos equipos. Adicionalmente, los funcionarios de la superintendencia identificaron falencias en la implementación de protocolos de bioseguridad, específicamente en procesos orientados a la prevención de infecciones, la limpieza y desinfección, la esterilización, la seguridad transfusional y el funcionamiento del laboratorio clínico. Esto pone en riesgo la seguridad de los pacientes atendidos en el centro hospitalario.

Las fallas detectadas en el hospital también se identificaron en el suministro de medicamentos. Según la entidad, para el momento de la inspección, el centro de salud registraba faltantes de medicamentos e insumos esenciales, además de que no se estaba llevando un control adecuado sobre inventarios, dispensación, almacenamiento y conservación de las medicinas e insumos. La entidad consideró que estas condiciones incrementan todavía más los riesgos para la seguridad de los pacientes.

“La Supersalud también documentó que, pese a haberse dado un anticipo del 50 por ciento por $858 millones para la adquisición de una máquina para el tratamiento de residuos biológicos, esta no se ha entregado porque el hospital no ha realizado las adecuaciones físicas para su instalación”, añadió la entidad en la comunicación oficial.

Por otro lado, en materia financiera, la Superintendencia Nacional de Salud descubrió problemas de sostenibilidad y falta de confiabilidad en la información consignada en los estados financieros del hospital en cuestión. Según explicó, esa situación impide establecer con certeza la condición económica actual del centro de salud.

Lo que sí tiene claro la entidad es que, cuando llevó a cabo la labor de inspección y vigilancia, el hospital ya acumulaba un rezago de facturación cercano a los $3.605 millones. Ese monto corresponde a información reportada hasta diciembre de 2025. La situación se torna más complicada, teniendo en cuenta que el hospital no había implementado acciones efectivas de recaudo.

“​El estudio técnico concluyó que estas dificultades, sumadas a las fallas de dirección, asistenciales y administrativas, generan riesgos para la continuidad operativa del hospital y evidencian deficiencias en su gestión gerencial”, detalló.

Debido a estas falencias, la superintendencia intervino forzosamente el hospital y designó a la médica Marjorie Englehard Archbold como agente especial interventora.

Esa medida se suma a 30 órdenes impartidas el 8 de octubre a la Gobernación del Archipiélago y a la gerencia hospitalaria. Con esas disposiciones, la entidad busca restablecer la dirección y el control institucional, proteger la continuidad de la atención médica y salvaguardar los recursos públicos.

Sus declaraciones surgieron durante el debate de control político que se llevó a cabo el 16 de octubre de 2026 en la Comisión Primera del Senado, en relación con el impacto del fenómeno en el país.

De acuerdo con la funcionaria, el Ministerio de Defensa cuenta con capacidades aéreas, terrestres, marítimas, fluviales, logísticas y humanas para apoyar las acciones orientadas a atender incendios forestales, desabastecimiento de agua y otras emergencias que puedan surgir debido a El Niño. La cartera tiene 597 efectivos del Ejército Nacional para acompañar la atención de desastres. También se cuenta con 60 vehículos y 22 equipos para responder ante incendios forestales, los cuales son propiedad de la Unidad de Operaciones Especiales en Emergencias y Desastres de la Policía Nacional.

De igual manera, se cuenta con aeronaves configuradas para la extinción de incendios. Sin embargo, ya no tienen horas de vuelo disponibles. “En la actualidad, nosotros tenemos una necesidad, y podrían ustedes pensar y decir que por qué nosotros, como Ministerio de Defensa, estamos haciendo referencia. Y es que no tenemos las horas de vuelo suficientes para atender estas situaciones”, señaló la funcionaria en el debate de control político.

Carrasquilla aseguró que, pese a la escasez de horas de vuelo, las aeronaves han sido utilizadas para atender distintas emergencias que se han presentado en el país en 2026, como incendios forestales y el terremoto que se registró el 10 de agosto, que afectó a 16 departamentos. Justamente, tras la atención de estas situaciones, las horas de vuelo “se agotaron”.

La viceministra aseguró que se requieren recursos para garantizar la disponibilidad de horas de vuelo en un próximo desastre. “Que nosotros pudiéramos tenerlos a full y a punto para poder atender cada uno de ellos”, dijo.

Además, informó que las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), del Ejército Nacional y de la Policía Nacional también tienen una limitación. Indicó que actualmente se está pasando por una fase de recuperación porque “el ministerio se encontró con un déficit”. La situación se está “superando” a través de los recursos que está destinando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Carrasquilla recordó que en 2023 y 2024 se registraron varias emergencias que la cartera tuvo que atender desde su labor de acompañamiento. Sin embargo, enfrentó una dificultad: la seguridad de los funcionarios en territorio, debido a la presencia de organizaciones criminales. Además de eso, los hechos de corrupción que rodearon a la Ungrd afectaron también la atención de las emergencias.

En la presentación que hizo en la Comisión Primera del Senado dio a conocer también los resultados de la respuesta del Ministerio de Defensa a las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño entre 2023 y 2024:

“La respuesta al fenómeno de El Niño 2023-2024 combinó acciones anticipatorias en La Guajira con una operación nacional frente a incendios forestales, que movilizó 8.334 efectivos, 531 vehículos y realizó 343 apoyos para control de incendios, además de 1.861 descargas aéreas con 845.545 galones de agua”.

Al igual que el Ministerio de Defensa, la Ungrd estuvo presente en el debate de control político, y allí presentó la hoja de ruta 2026-2027 para fortalecer la preparación y la respuesta frente a los posibles impactos del fenómeno de El Niño en Colombia.

“El propósito es anticiparse a los riesgos, fortalecer las capacidades institucionales y avanzar en acciones concretas para hacer frente a posibles escenarios de desabastecimiento de agua, incendios forestales y otras amenazas climáticas”, precisó en X.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) reaccionó a las declaraciones que dio el presidente Abelardo de la Espriella el 15 de octubre de 2026, durante la inauguración de la nueva sede de la Casa Editorial de El Tiempo, en Bogotá. En su pronunciamiento, se refirió a la labor que ejercen los periodistas en el país y su trabajo en torno al cubrimiento de hechos relacionados con grupos armados ilegales.

“¿Dónde termina el legítimo deber de informar sobre un terrorista y dónde comienza el riesgo de servir involuntariamente a su estrategia de propaganda? Es una discusión que Colombia debe dar. Investigar a una organización terrorista, descubrir su financiación, revelar sus estructuras, documentar sus crímenes y exponer sin matices sus acciones antisociales responden plenamente al interés público”, dijo el jefe de Estado.

Según precisó, esa labor investigativa debe apartarse de acciones que, a su juicio, terminan sirviendo para amplificar la imagen de las organizaciones criminales. Como ejemplo, mencionó el hacer entrevistas y brindar espacios informativos a esas estructuras. Desde su perspectiva, esto no aporta “elementos útiles para comprender los hechos”. Además, considera que los medios de comunicación terminan convirtiéndose en tribunas para “difundir amenazas, justificar sus crímenes o imponer su relato”.

La Flip rechazó las declaraciones del primer mandatario. Aseguró que pedirle a la prensa que no se deje utilizar por los grupos armados y que evite que los medios de comunicación sean utilizados como plataformas de propaganda desconoce hechos graves de violencia de los cuales son víctimas los periodistas en Colombia.

La entidad recordó que los comunicadores suelen ser blanco de amenazas y secuestros. De esta manera, los criminales imponen sus contenidos. En ese sentido, la Flip considera que las afirmaciones del presidente De la Espriella “trasladan a las víctimas la responsabilidad por la violencia que enfrentan”.

Son varios los casos de violencia contra los periodistas que se han presentado en el país. La fundación enlistó algunos de ellos:

• El periodista Hamilton Obando fue secuestrado por los Comandos de la Frontera en Putumayo y obligado a publicar contenidos bajo amenazas contra ellos y sus familias. Según la Flip, debido a esas publicaciones, el Frente Carolina Ramírez también amenazó al comunicador.
• Otro periodista, cuyo nombre no fue revelado, fue secuestrado en 2024, en Algeciras, Huila, por negarse a difundir información de un grupo armado.
• Cinco medios de comunicación de Tuluá fueron declarados objetivo militar por Los Cancerberos por no publicar sus comunicados.

• El periodista de Arauca Juan Valentín Gamboa tuvo que salir del departamento tras recibir amenazas. Las intimidaciones surgieron después de que entrevistara a alias Antonio Medina. “En ese trabajo, ganador del Premio Simón Bolívar en 2024, confrontó al comandante y expuso sus contradicciones sobre la guerra”, precisó la Flip.
• En lo corrido de 2026, varios periodistas de Arauca han sido amenazados y señalados de favorecer a grupos armados rivales por sus publicaciones.

La fundación informó que, entre el 1 de enero de 2022 y el 16 de octubre de 2026, documentó 425 agresiones contra la prensa atribuidas a grupos armados y organizaciones criminales. Esas acciones violentas se distribuyeron de la siguiente manera:

• Amenazas: 326 casos (76,71% de los registros)
• Desplazamientos forzados: 25
• Asesinatos: 4
• Exilios cometidos por los grupos: 8

“La instrumentalización ocurre mediante órdenes de publicar comunicados, restricciones sobre los temas que pueden cubrirse y amenazas contra quienes se niegan a obedecer. En estos escenarios, las decisiones editoriales quedan condicionadas por el riesgo de sufrir un ataque o de que las represalias alcancen a las familias de las y los periodistas”, añadió.

Así las cosas, la Flip exigió al presidente Abelardo de la Espriella reconocer esta realidad de riesgo y violencia a la que se enfrentan los periodistas diariamente en Colombia y “abstenerse de asociar el cubrimiento del conflicto con la promoción del terrorismo”.

Además, recordó que es responsabilidad del Gobierno nacional tomar medidas de prevención y protección. De igual manera, la Fiscalía General de la Nación debe investigar los hechos violentos perpetrados contra la prensa.

“Presidente Abelardo de la Espriella, la Flip y las organizaciones aliadas reiteramos la solicitud de reunión del pasado 9 de septiembre. Urge una conversación sobre la violencia contra la prensa y las medidas para enfrentarla. Esperamos su respuesta para avanzar en garantías concretas para quienes informan en el país”, añadió.

La Policía Nacional cambió el nombre de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo). Ahora se llamará Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi). De igual manera, estableció la estructura interna que tendrá la dependencia.

Así quedó establecido en la Resolución 02336 del 13 de octubre de 2026, por medio de la cual “se define la estructura orgánica de la Unidad Nacional Antidisturbios, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones”.

De acuerdo con el documento expedido por la Policía, la dependencia tendrá la siguiente estructura orgánica interna:

• Subcomando Unidad Nacional Antidisturbios (Sunad)
• Grupo Seguimiento Operacional (Gusop)
• Regional Antidisturbios (Radis)
• Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)

“La Unidad Nacional Antidisturbios es la dependencia de la Subjefatura Nacional del servicio de policía, encargada de brindar apoyo a las diferentes unidades policiales en la atención de escenarios de aglomeración de personas en manifestaciones públicas, asimismo, interviene en situaciones de alteración del orden público que afecten la convivencia y seguridad ciudadana, tales como motines, disturbios, asonadas y otras conductas violentas o delictivas derivadas de estas, cuando las Capacidades institucionales disponibles resulten insuficientes o puedan verse desbordadas”, precisa el documento.

Cuando el Esmad pasó a ser la Undmo

No es la primera vez que se establece un cambio en el nombre de la dependencia. Durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la Policía Nacional expidió la Resolución 03684 del 11 de noviembre de 2022, mediante la cual “se define la estructura orgánica de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones”. Por medio de ese documento, el antiguo Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) pasó a ser la Undmo.

En esa resolución, la estructura orgánica que se estableció fue la siguiente:

• Subcomando Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Sudmo)
• Grupo Seguimiento Operacional (Gusop)
• Regional Diálogo y Mantenimiento del Orden (Redmo)
• Grupo Diálogo y Mantenimiento del Orden (Gudmo)

La Unadi, sus dependencias y sus funciones

Ahora, la Udmo pasará a ser la Unadi porque, en las consideraciones de la Resolución 02336 de 2026 se indica que, cuando las capacidades disponibles sean insuficientes o puedan verse desbordadas en medio de hechos violentos derivados de escenarios de aglomeración de personas, “se sustenta la necesidad de redefinir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) por la Unidad Nacional Antidisturbios, con el objeto de actualizar su misionalidad, alcance y funciones, orientadas a la intervención en situaciones de alteración a la convivencia y seguridad ciudadana”.

La Unadi tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar las necesidades de la unidad para la atención de escenarios de aglomeración de personas en manifestaciones públicas y en situaciones de alteración del orden público.
2. Asesorar al mando institucional y a las unidades policiales en la atención de manifestaciones y alteración del orden público.
3. Fomentar el fortalecimiento de la calidad de vida y clima laboral de los funcionarios adscritos a la unidad.
4. Presentar a la Jefatura Nacional del Servicio de Policía las necesidades de personal y adquisición de material logístico y medios tecnológicos.
5. Desarrollar las actividades de la comunicación pública, para contribuir al logro de los objetivos de la unidad.

Con respecto a las dependencias de Unadi, la resolución establece las funciones que deben cumplir:

• Subcomando Unidad Nacional Antidisturbios (Sunad): es una dependencia de la Unadi. Se encarga de supervisar y controlar las actividades operativas y administrativas, orientadas al cumplimiento de metas de la unidad.
• Grupo Seguimiento Operacional (Gusop): es una dependencia del Sunad. Su labor se centra en hacer trazabilidad al despliegue operacional. Entre sus tareas está soportar tecnológicamente el desarrollo de los procedimientos ejecutados por los escuadrones móviles antidisturbios.
• Regional Antidisturbios (Radis): es una dependencia del Sunad. Su trabajo se enfoca en orientar y supervisar la actuación de los escuadrones móviles antidisturbios.
• Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad): es una dependencia de la Radis. Se encarga de ejecutar actividades operativas en la atención de escenarios de aglomeración de personas y de alteración del orden público que puedan afectar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, como “motines, disturbios, asonadas y otras conductas”.

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que durante su Gobierno no se permitirá que existan irregularidades entre el Legislativo y el Ejecutivo. Según detalló en declaraciones públicas realizadas el 15 de octubre de 2026, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, deberá informarle de manera oportuna sobre cualquier anomalía que detecte o de la cual sea notificado.

“Si llegaran a presentarse, y quiero ser muy claro en esto, solicitudes improcedentes, condicionamientos o presiones, el Gobierno tendrá que hacerlo público y ustedes tendrán que informarle al ministro y el ministro me informará”, precisó el jefe de la cartera en su declaración pública.

De acuerdo con su explicación, las decisiones tomadas en el Congreso deben ser transparentes y públicas, puesto que la ciudadanía tiene derecho a saber “los motivos por los cuales determinados legisladores se oponen a la agenda legislativa”.

Asimismo, indicó que la relación entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República debe estar sostenida en la normativa vigente, por lo que no permitirá que se gestionen irregularmente contratos, cargos o dinero entre funcionarios de su administración y congresistas.

“El Ministerio del Interior tiene que separar con absoluta claridad la interlocución política legítima de cualquier intento de convertir esa interlocución en cargos, contratos o recursos públicos como si fuesen moneda de cambio. Esa práctica no tendrá cabida en mi gobierno y será castigada con toda severidad”, señaló el mandatario.

Este tipo de actos de corrupción ha permeado la gestión de gobiernos y del Legislativo. El caso más reciente conocido públicamente es el de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos. En el entramado estuvieron involucrados varios congresistas, como Iván Name (expresidente del Senado) y Andrés Calle (expresidente de la Cámara), así como funcionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro —cuya responsabilidad no ha sido confirmada por la justicia—.

Al respecto, el presidente Abelardo de la Espriella aseguró que se debe negociar con algunos de los investigados, para así ahondar todavía más en los hechos. “Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas”, indicó el jefe de Estado en declaraciones públicas realizadas el 27 de septiembre de 2026.

De la Espriella rechazó actos de corrupción que se presenten en su Gobierno

El presidente también ha reiterado su postura con respecto a actos delictivos que se lleguen a presentar en su administración. Según detalló en una publicación en su cuenta de X, en su Gobierno se hará seguimiento a los hechos presuntamente irregulares y advirtió que cualquier hecho de corrupción tendrá consecuencias.

“Cuando se roban un hospital, hay un colombiano esperando atención. Cuando se roban la alimentación escolar, hay un niño sin comida. Cuando inflan una carretera, un colegio o un acueducto, hay un pueblo pagando el precio. Robarse un peso del Estado es robárselo a los colombianos. Y en mi Gobierno eso tiene consecuencias”, indicó.

El mandatario aseguró que parte de sus responsabilidades como jefe de Estado será vigilar el manejo de los recursos públicos y “defender hasta el último peso” de la ciudadanía.

“Esta semana se lo repetí a alcaldes y gobernadores: no voy a permitir que se roben un solo peso. Curiosamente, cuando hablo de obras e inversiones, abundan los aplausos. Cuando digo que no se pueden robar la plata, algunas manos se quedan quietas. Les dije, con la ironía que merecen: ‘Aplaudan. ¿Por qué no aplauden?’. Ese silencio es el termómetro”, añadió De la Espriella.

De acuerdo con un comunicado del partido político, la iniciativa tiene como fin “consolidar el acceso a vivienda para los colombianos en el exterior como una política de Estado con respaldo legal y vocación de permanencia”.

Esto se logra mediante varias medidas que se establecen en la nueva ley:

• La ley sancionada permite a las personas en el exterior solicitar un préstamo de vivienda o pagar un arriendo con opción de compra (leasing habitacional). Esto, a través de la modalidad de ahorro voluntario en el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).
• La normativa garantiza la libertad de destino del inmueble adquirido desde el exterior. Eso quiere decir que los compradores pueden destinar su nueva vivienda para sus familias en Colombia o para tener dónde residir cuando regresen al país.
• El proceso de compra y demás trámites relacionados se llevará a cabo de manera directa y sin intermediarios, según la ley sancionada. El Fondo Nacional del Ahorro dispondrá de un canal exclusivo y especializado para atender a los connacionales en el exterior. De esta manera, no será necesario que los ciudadanos tengan que hacer diligencias de manera presencial.

• En la ley también figura un apartado sobre las mujeres cabeza de hogar, familias con personas con discapacidad y colombianos que residen en otros países en calidad de refugiados o asilados. Según indicó el partido político, para esos grupos poblacionales habrá facilidades y atención prioritaria en el acceso a créditos para la adquisición de vivienda.
• Con el fin de garantizar que los connacionales estén informados sobre todo lo que se requiere para comprar vivienda en Colombia, se realizarán ferias de servicios y jornadas de difusión en los consulados.
• La ley también contempla un acompañamiento para las personas que contemplen regresar a Colombia. Según la colectividad, los connacionales tendrán orientación articulada “para que su retorno sea estrenando vivienda propia”.

De esta manera, la ley promueve “mayores facilidades para que puedan hacer realidad el sueño de tener casa propia en su país, ya sea para regresar a Colombia o para brindarles mayor bienestar a sus familias”.

“Con esta Ley, el Partido Mira reafirma su compromiso de años con la comunidad en el exterior, garantizando que su esfuerzo y sus remesas se transformen en patrimonio, tranquilidad y una vivienda propia en Colombia”, añadió la colectividad en el comunicado.

La senadora Ana Paola Agudelo acompañó el trámite de sanción de la ley, que fue llevado a cabo por el presidente del Senado, Honorio Henríquez. Desde el Congreso, insistió en la importancia de la nueva ley, teniendo en cuenta que muchos colombianos deciden emigrar con el propósito de generar recursos y regresar a Colombia teniendo una vivienda propia.

Según explicó, la iniciativa se centra en garantizar que los colombianos en el exterior puedan ahorrar, acceder a créditos en Colombia y acceder a una vivienda propia. Esto, independientemente del gobierno que esté de turno.

“De esta manera evitamos esos gastos hormiguita o tener que enviar solamente para necesidades, sino que se vuelva en un ahorro, que también es una inversión aquí en su país de origen, en su país natal, donde siempre los esperamos con los brazos abiertos. Presidente (Honorio Henríquez), muchas gracias por programar usted la sanción de esta ley. Nos honra como bancada que sea usted quien firme esta ley para nuestros connacionales”, dijo.

Inravisión (antes Rtvc), el Sistema de Medios Públicos de Colombia, denunció posibles sobrecostos superiores a $2.000 millones en una unidad móvil de televisión contratada el 16 de diciembre de 2025 por $11.924 millones, durante el gobierno de Gustavo Petro.

Según precisó, el vehículo adquirido durante la anterior administración permanece estacionado porque fue recibido sin la planta eléctrica necesaria para operar.

“Una unidad móvil de televisión necesita una fuente autónoma de energía para alimentar sus equipos y operar en los lugares donde se realizan las transmisiones. Sin ese componente esencial, no puede encenderse, no puede prestar el servicio y tampoco puede atender coberturas fuera de las instalaciones de RTVC – Sistema de Medios Públicos”, detalló en el comunicado.

La adquisición del vehículo se gestionó a través del contrato 2899 de 2025, el cual contemplaba el suministro integral de una unidad móvil broadcast. El proceso de contratación incluía la fabricación del vehículo, su dotación, su integración tecnológica y su puesta en marcha. Sin embargo, la unidad no está siendo utilizada.

Además del incumplimiento de la finalidad del vehículo, se identificaron sobrecostos en los equipos audiovisuales. De acuerdo con el contrato, de los $11.924 millones invertidos, cerca de $9.000 millones correspondieron a esos elementos. No obstante, estudios de mercado y cotizaciones elaboradas por técnicos e ingenieros de Inravisión estimaron un valor mucho menor por los implementos, cercano a los $7.000 millones.

Irregularidades sobre los equipos y el suministro de energía

En el comunicado, Inravisión aseguró que la planta eléctrica requerida para el funcionamiento de la unidad móvil alimentaría el sistema que alimenta cámaras, consolas y demás equipos en los sitios de transmisión, y además de que no existía esa fuente de energía, se detectaron problemas relacionados con ese listado de implementos que debía tener el vehículo.

La unidad cuenta con ocho cámaras tipo broadcast, pero sus características ópticas fueron consideradas deficientes para los requerimientos de la entidad. Asimismo, la consola de sonido que tiene apenas cumple las condiciones mínimas exigidas en la contratación y, al parecer, no responde a las necesidades audiovisuales de nivel broadcast ni sirve para el cubrimiento de “eventos de gran formato”.

En el contrato figura un dron cuyas características técnicas están orientadas a cartografía y seguridad, no a transmisiones televisivas en vivo. Además, tampoco puede ser utilizado en producciones de alta calidad. “Estos elementos no son accesorios: son herramientas centrales para producir y transmitir contenidos con la calidad que justificó la inversión. Sin ellas, la unidad está técnicamente incompleta”, añadió.

Anomalías en el proceso de contratación

El Sistema de Medios Públicos explicó que la ejecución inicial del contrato estuvo a cargo de un ingeniero contratista vinculado a Inravisión. En enero de 2026, el contratista pasó a ser el coordinador de Gestión Técnica de Señales de la entidad y permaneció en ese cargo durante cuatro meses, aproximadamente. Su vínculo laboral terminó después de que la unidad móvil fue recibida.

“Esta singular secuencia genera interrogantes sobre la continuidad, trazabilidad y responsabilidad técnica de las decisiones adoptadas”, precisó Inravisión.

El proceso de contratación que se adelantó habría tenido irregularidades relacionadas con los requisitos exigidos a los oferentes. Al parecer, las condiciones establecidas se ajustaban a una única empresa, lo que habría restringido la participación de otras compañías y provocado el retiro de la mayoría de las firmas interesadas.

Las dos empresas que participaron por separado en el estudio previo se unieron posteriormente para presentar una oferta conjunta y conformaron la unión temporal adjudicataria.

“Sin prejuzgar sobre responsabilidades, esta secuencia constituye una seria señal de alerta: podría eventualmente configurar un escenario de coordinación indebida o colusión, pues quienes contribuyeron a establecer el referente de precios terminaron actuando como un solo proponente. Corresponde a las autoridades competentes determinar si existió un acuerdo restrictivo de la competencia”, indicó el comunicado.

Inravisión informó que los hallazgos fueron trasladados a la Contraloría General de la República, a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen en profundidad.

Contrato para la adquisición de la unidad móvil

El general (r) Jorge Luis Vargas Valencia, que fungió como director de la Policía Nacional entre 2020 y 2022, anunció que tomará acciones legales por supuestos perfilamientos y seguimientos en su contra, presuntamente ordenados por el expresidente Gustavo Petro.

“Con mucha preocupación he observado cómo varios medios de comunicación se han referido a los actos ilícitos perpetrados en mi contra por Gustavo Petro mientras fungió como presidente de la República. Dichos actos habrían consistido en seguimientos, perfilamientos, obtención de información financiera sobre mí, entre otros”, precisó en un comunicado.

Según detalló, estas acciones ilegales habrían sido llevadas a cabo a través del uso irregular de los recursos del Estado en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El general recordó que, en su momento, el ex jefe de Estado “confesó y manifestó su aversión” contra él en una entrevista que otorgó al periodista Daniel Coronell. En ese diálogo, afirmó que lo “tenía entre ojos”. “Me comprueba la realización de esas actividades ilícitas”, añadió el general retirado en la comunicación.

Así las cosas, informó que, junto con sus abogados, ya está adelantando las diligencias requeridas para identificar a las personas que participaron en los presuntos seguimientos que se hicieron en su contra, y garantizar que respondan ante la justicia colombiana.

“Por lo anterior, he iniciado, junto con mi equipo de asesores jurídicos, las acciones legales tendientes a obtener la judicialización de quienes cometieron dichos actos, que podrían configurar los delitos de abuso de autoridad, peculado por aplicación oficial diferente, concierto para delinquir y otros más”, indicó.

En respuesta al comunicado publicado por el exdirector de la Policía Nacional, el mayor general (r) Álvaro Pérez Durán, que fue segundo comandante del Ejército Nacional, expresó su solidaridad y aseguró que los seguimientos y acciones de vigilancia irregulares sí tuvieron lugar en su momento.

“Mi general Vargas, todo mi respaldo. Para cierta izquierda, es “persecución” cuando los investigan, pero “inteligencia” cuando perfilan al contradictor. Si se usaron organismos del Estado para vigilarnos como adversarios, que responda quien corresponda. La inteligencia estatal no es el comité de chismes del partido de gobierno”, indicó el exmilitar en su cuenta de X.

Presuntas interceptaciones ilegales durante el gobierno de Petro

Una auditoría forense ordenada por el presidente Abelardo de la Espriella dejó en evidencia presuntas irregularidades en la DNI. La revista Semana, que tuvo acceso a dicha auditoría, informó que había un grupo de “contrainteligencia de Estado” que se encargaba de reportar directamente al entonces presidente Gustavo Petro o al director de turno.

Al parecer, ese grupo trabajó de la mano con la Uiaf y con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Se estaría investigando si algunos de sus funcionarios incurrieron en posibles extralimitaciones relacionadas con la información privada de algunas personas de la oposición y periodistas.

En 2024, el medio de comunicación citado indagó con una fuente anónima de la Uiaf que aseguró que durante la administración de Gustavo Petro se ejecutaron escuchas y seguimientos presuntamente irregulares. Entre las personas que habrían sido objeto de esas interceptaciones están el general (r) Eduardo Zapateiro, el general (r) Luis Fernando Navarro, el general (r) Jorge Luis Vargas, el expresidente Iván Duque y el expresidente Álvaro Uribe.

También habrían sido incluidos algunos excongresistas que entonces ejercían como opositores del Gobierno nacional y exfuncionarios de entidades como la Fiscalía General de la Nación.

“A partir de unas órdenes de trabajo que impartió la Uiaf, se le empezaron a hacer escuchas, seguimientos y búsquedas selectivas en bases de datos al fiscal Francisco Barbosa. A la vicefiscal Martha Mancera también le estaban esculcando hasta el nido de la perra”, indicó la fuente de la Uiaf a la revista citada.

El vicepresidente primero de la Cámara de Representantes, Simón Molina Gómez, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) verificar la autenticidad de una acusación sustitutiva presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York (Estados Unidos) contra el exdictador de Venezuela Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, en la que se menciona a Rodrigo Londoño, último comandante del Estado Mayor de las extintas Farc, conocido como “Timochenko”, que compareció ante la JEP.

El congresista pidió que se revise si el contenido de la acusación puede influir en las obligaciones de verdad plena y no repetición de antiguos jefes de las Farc-EP que aún conservan beneficios ante esa jurisdicción, entre ellos, Rodrigo Londoño.

“He radicado un incidente de incumplimiento para que se determine si ‘Timochenko’ siguió delinquiendo después de que se firmó el proceso de paz, así como consta en documentos del gobierno de los Estados Unidos en el proceso en contra de Nicolás Maduro. Los delitos por los que acusan a Timochenko en los Estados Unidos son muy graves: narcotráfico e intercambio de armas que siguieron llegando para la guerra en Colombia. Por eso le exigimos a la JEP una respuesta clara para el país”, indicó el legislador en un video difundido por Caracol Radio.

Según el documento de las autoridades estadounidenses, hacia 2013, Maduro y Flores se habrían reunido con dirigentes de la extinta guerrilla, entre ellos Rodrigo Londoño; Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; y Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Ese encuentro, al parecer, habría sido para “saldar deudas derivadas del narcotráfico y acordar la venta de minas y armas” que, presuntamente, servirían para aumentar la capacidad de las antiguas Farc.

La acusación también menciona un episodio de 2017 en el que autoridades venezolanas habrían trasladado armas a integrantes del grupo armado y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cambio de cargamentos de cocaína.

En ese sentido, el congresista Molina pidió a la JEP dar claridad sobre la situación jurídica actual de Rodrigo Londoño, revisar sus obligaciones vigentes y valorar de oficio la apertura de un incidente de incumplimiento del régimen de condicionalidad. También solicitó verificar las decisiones previas de exclusión de alias Iván Márquez y alias Jesús Santrich.

“Si existen documentos judiciales extranjeros que mencionan a antiguos jefes de las Farc en hechos de esta gravedad, la JEP tiene la obligación de contrastarlos. Los beneficios de la justicia transicional no pueden ser un cheque en blanco: están condicionados a decir toda la verdad y a no repetir conductas criminales”, afirmó Molina, citado en un comunicado.

De igual manera, aclaró que con su solicitud no busca que Londoño y otros exjefes guerrilleros sean condenados de manera inmediata y automática por la presunta comisión de delitos posteriores a la firma del Acuerdo de Paz. Aseguró que se trata de un ejercicio de contrastación que, a su juicio, le corresponde abordar a la JEP.

“Aquí no estamos pidiendo condenas automáticas. Estamos pidiendo que se investigue, se contraste la información y se determine si quienes recibieron beneficios de la JEP cumplieron realmente con la verdad y con la no repetición. Colombia tiene derecho a saberlo”, precisó el congresista, citado en la comunicación oficial.

La sanción propia impuesta a Rodrigo Londoño

Actualmente, sobre Rodrigo Londoño pesa una sanción impuesta por la JEP por crímenes que cometió en el conflicto armado. Fue condenado a ocho años de acciones de reparación, en favor de las víctimas. Junto con él, otros seis exintegrantes del último secretariado de las Farc recibieron sanciones propias.

“Deberán restaurar a las víctimas con diferentes líneas de acción, bajo condiciones de restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanentes por parte de la JEP, durante un periodo de hasta 8 años, de acuerdo con la sanción impuesta por el Tribunal para la Paz para cada uno de ellos”, precisó la JEP en un hilo publicado en su cuenta de X.

Durante las marchas, algunos políticos cuestionaron la presencia de militares armados con fusiles que estaban ubicados en la terraza del Congreso de la República, ubicado en la plaza de Bolívar de Bogotá, uno de los puntos de concentración de los manifestantes.

“¿Qué hace la fuerza pública con fusiles en las calles y en los techos del Congreso mientras la gente se manifiesta? ¿Quién dio la orden de este despliegue y con qué justificación? Abelardo tiene que responder. Es gravísimo que la ciudadanía salga a las calles a ejercer su derecho a la protesta y se encuentre con hombres armados con fusiles”, señaló la senadora Jennifer Pedraza en una publicación en su cuenta de X.

En medio de la indignación que surgió por la supuesta responsabilidad del Gobierno nacional en la disposición de militares en la zona, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, explicó el motivo por el cual los uniformados hicieron presencia durante las marchas. Según indicó, todo responde a una solicitud que hizo el esquema de seguridad del expresidente Gustavo Petro.

“Los hombres que usted vio apostados aquí, en el Senado de la República, en el Congreso de los colombianos, yo fui quien dio la orden, porque la solicitud me la hizo el día de ayer la seguridad del expresidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, indicó Henríquez en la sesión plenaria del Senado que se llevó a cabo en la tarde del 14 de octubre.

El presidente de la corporación aseguró que la orden que impartió de permitir la presencia de los militares en el techo del Congreso tiene como base el Decreto 1066 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior de Colombia). “Así como yo debo garantizar la seguridad de ustedes en este recinto, tengo la obligación también, cuando los organismos de seguridad y del esquema del expresidente me piden para garantizar la seguridad de él en la Plaza de Bolívar, hacer lo correspondiente”, dijo.

La petición fue allegada el 13 de octubre de 2026 por el intendente jefe Juan Carlos Bermúdez López, responsable de avanzadas del esquema de seguridad del expresidente Petro. En la misiva, indicó:

“De manera atenta y respetuosa me permito solicitar su colaboración en el sentido de autorizar el ingreso y la ubicación en la terraza de las instalaciones de su edificio a dos (02) funcionarios de la fuerza pública, a partir de las 08:00 horas del día 14 de octubre de 2026, con el fin de garantizar la integridad del doctor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, expresidente de la República de Colombia, durante su visita al evento que se realizará en inmediaciones de sus instalaciones”.

En la solicitud de autorización, el intendente jefe Bermúdez explicó que su petición estaba respaldada en el Comunicado Oficial GS-2026-111714-DIPRO, en el cual la Policía Nacional informó sobre medidas relacionadas con el Programa de Prevención y Protección. Incluyó también lo dialogado en la sesión n.º 31 del Comité de Evaluación de Nivel de Riesgo (Cenir) y lo establecido en el Decreto 1069 del 2018, por el cual se dictan unas disposiciones sobre protección y seguridad para los expresidentes y exvicepresidentes de Colombia.

La congresista Sara Castellanos reaccionó a las declaraciones del presidente del Senado y cuestionó a los políticos que relacionaron la presencia de los militares con las manifestaciones que tuvieron lugar en la Plaza de Bolívar.

“Escuchen esto: el mismo esquema de seguridad de Petro pidió la presencia de los hombres armados que apuntaban a la Plaza de Bolívar y a los manifestantes. Y los del pacto hablando de INTIMIDACIÓN”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

El Consejo de Estado admitió una demanda que fue presentada por el ciudadano Freddy Fernando Flórez Afanador contra la elección de Carolina Corcho (exministra de Salud) como senadora de la República. El accionante solicitó dejar sin efectos el acto que declaró la elección de Corcho como legisladora del Pacto Histórico (formulario E-26 SEN del 13 de julio de 2026), al considerar que se desconocieron los resultados de la consulta interpartidista que se llevó a cabo el 26 de octubre de 2025.

De acuerdo con la demanda que será estudiada por el máximo juez de la administración pública, a la cual tuvo acceso El Tiempo, la exministra no participó en la consulta del partido para la escogencia de candidatos a las elecciones de Congreso —aunque sí participó en la consulta para la escogencia de candidatos a la Presidencia, que se realizó ese mismo día—; sin embargo, fue seleccionada como la cabeza de la lista del Senado.

En la consulta por las presidenciales, Corcho quedó en segundo lugar, siendo superada por el hoy senador Iván Cepeda. Su llegada al Congreso, entonces, respondió a un acuerdo al que se llegó dentro del Pacto Histórico. Así lo indicó la misma ex jefa de cartera en su momento, en declaraciones públicas:

“Honro la palabra, acepto mi derrota, respeto y respaldo al senador Iván Cepeda y pedimos que todo el Pacto Histórico honre los acuerdos. La lista es paritaria. Se planteó que el segundo encabezaría la lista al Senado; estamos en esa reflexión, pero lo que queremos decir es que ese es el acuerdo político”, señaló Corcho.

Al respecto, el accionante advirtió que el acuerdo al que llegó en su momento el Pacto Histórico va en contra de lo establecido en la Constitución Política de Colombia.

“Explicó que las normas que rigen para las elecciones de la consulta popular disponen que se debe respetar la voluntad soberana, es decir, que la lista debe integrarse con quienes se sometieron a ella el 26 de octubre de 2025. Señaló que cualquier acuerdo que se haya suscrito por parte de los miembros que conformaron la coalición Pacto Histórico es contrario a la Constitución Política y la ley, por lo que se debía acatar lo decidido en la consulta interna”, detalló el Consejo de Estado.

Según el informativo citado, en la demanda, el accionante solicitó la aplicación de una medida cautelar: la suspensión provisional de los efectos del acto que declaró la elección de la exministra como senadora de la República. Sin embargo, el Consejo de Estado negó esa solicitud.

La puja por la cabeza de la lista del Senado

Tras la realización de las consultas, la cabeza de la lista del Senado se convirtió en un objeto de disputa entre Carolina Corcho y la congresista María José Pizarro, que renunció a ser precandidata presidencial y a participar en la consulta interna del Pacto Histórico de cara a las elecciones presidenciales. Esto, con el fin de encabezar la lista del Senado.

Según explicó en su cuenta de X, en el Pacto Histórico se llegó a un acuerdo: apoyar a Iván Cepeda en la consulta interna por las presidenciales. “Todos asumimos esa responsabilidad, con excepción de Carolina Corcho, quien no asistió a las deliberaciones y decidió participar en la consulta”, indicó Pizarro.

Afirmó que el día en que se llegó a ese consenso, ella declinó su aspiración y aceptó la responsabilidad de liderar la bancada del Senado. “Carolina Corcho participó en la consulta presidencial, perdió y debe asumir las consecuencias de sus decisiones. De eso se trata, precisamente, la democracia”, añadió.

Posteriormente, Corcho explicó en Caracol Radio que no sabía que existiera otro acuerdo para que otra persona asumiera la cabeza de lista al Senado. “Por tanto, he decidido acogerme a esas consideraciones bajo las cuales yo competí. Yo no conocía lo que me estoy enterando estos días, que posterior a eso habían acordado otra cosa”, señaló.

Finalmente, Pizarro terminó renunciando a la puja por la cabeza de la lista del Senado y Carolina Corcho ocupó ese lugar. Fue elegida senadora en las elecciones al Congreso que se llevaron a cabo el 8 de marzo de 2026.

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) hizo advertencias relacionadas con el Decreto 1525, expedido el 13 de octubre de 2026 por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. El documento modifica las reglas de intervención de la Policía Nacional en las manifestaciones públicas.

De acuerdo con el comunicado emitido por la organización, el decreto no establece garantías explícitas para garantizar la protección de la prensa durante el cubrimiento periodístico de las marchas. “La norma autoriza intervenciones inmediatas ante ciertos hechos de violencia y permite omitir etapas previas de diálogo y mediación sin fijar garantías operativas suficientes para que esas actuaciones no terminen en agresiones contra las y los periodistas o en restricciones a su trabajo”, precisó la Flip.

Según advirtió, los procedimientos de las autoridades pueden constituir un mayor riesgo para la prensa: los periodistas pueden ser apartados de los lugares donde ocurren los hechos, impedidos de grabar o afectados por el uso de la fuerza por parte de los uniformados.

“La existencia de situaciones de violencia no suspende las garantías de la libertad de prensa ni autoriza a confundir a quienes documentan una manifestación con quienes participan en actos violentos”, añadió.

La Flip recordó hechos que se presentaron en 2021, cuando en Colombia se vivió el estallido social. Afirmó que esa experiencia expone la dimensión del riesgo que corren quienes ejercen el periodismo en las manifestaciones, teniendo en cuenta que, para entonces, la organización documentó 263 agresiones contra la prensa, de las cuales 239 ocurrieron mientras periodistas cubrían asuntos vinculados con las marchas entre abril y diciembre, lo que representó el 90,9% del total de hechos registrados.

De igual manera, hubo 36 obstrucciones al trabajo periodístico, 21 detenciones arbitrarias y 19 amenazas, según detalló la Flip en el comunicado. También se registraron ataques mediante gases lacrimógenos y dispositivos aturdidores y en algunos casos se impidió a los comunicadores registrar los procedimientos de la Policía.

De acuerdo con la organización, lo ocurrido durante el estallido social demuestra que es necesario tomar medidas específicas para prevenir ataques contra periodistas, incluso cuando puedan provenir de la fuerza pública. Sin embargo, el decreto del Gobierno se queda corto en eso porque, según la organización, aunque el documento regula el uso de la fuerza, no aborda los riesgos que esa intervención puede generar para la prensa.

“La experiencia del estallido social de 2021 no puede ignorarse. El uso de la fuerza por parte del Estado exige mayores garantías de transparencia y rendición de cuentas. Impedir que la prensa documente esas actuaciones debilita los mecanismos democráticos para identificar abusos y exigir responsabilidades”, precisó.

La cartilla de la Flip sobre el derecho a cubrir las protestas

La fundación recordó que, junto con la Policía Nacional y el Centro de Ginebra para la Gobernanza del Sector de Seguridad (Dcaf), elaboró una cartilla destinada a fortalecer la relación entre los uniformados y la prensa.

El documento establece que debe respetarse el derecho a grabar procedimientos de las autoridades, identificarse a los agentes y habilitarse canales de comunicación para prevenir y atender agresiones. De igual manera, reconoce que ningún periodista está obligado a portar una acreditación para ejercer su labor.

“Estas garantías son especialmente importantes en contextos de manifestación y uso de la fuerza”, detalló.

En ese sentido, la organización solicitó que los estándares que figuran en la cartilla sean incorporados a los protocolos de actuación de las autoridades. Además, aclaró que su aplicación no debe depender de la interpretación individual de cada uniformado.

Pidió entonces al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional que la reglamentación y aplicación del cuestionado decreto contenga garantías expresas y obligatorias para prevenir agresiones, restricciones arbitrarias y obstrucciones al trabajo de la prensa. “Ningún operativo policial puede convertirse en una zona libre de escrutinio periodístico”, añadió.

El congresista se refirió específicamente a un apartado de su discurso relacionado con las movilizaciones que tendrán lugar en Colombia el 14 de octubre, convocadas por sindicatos, organizaciones de trabajadores, movimientos sociales y diferentes sectores de la oposición.

“Lo primero es tal vez rechazar los términos en que en la noche de ayer escuchamos al señor De la Espriella manifestarse sobre las demostraciones pacíficas, diciendo que somos instigadores de la maldad”, indicó Cepeda ante la prensa.

De acuerdo con el legislador, la protesta social es un derecho reconocido en Colombia a nivel constitucional, el cual, según indicó, ha ejercido de manera pacífica y organizada. Por eso, considera que el jefe de Estado estaría intentando estigmatizar ese derecho, al afirmar que a través de él se promueve la “maldad”.

“Vemos una intención de estigmatizar la protesta social, de buscar generar un ambiente de intimidación para que la gente no salga a ejercer sus derechos. Y por supuesto, cualquier intento en ese sentido será objeto de las acciones legales y de control político que nosotros podemos hacer como oposición”, aseveró el excandidato presidencial.

¿Qué dijo el presidente De la Espriella?

En relación con las movilizaciones programadas para el miércoles 14 de octubre, el presidente Abelardo de la Espriella reconoció que el derecho a la protesta pacífica es una garantía constitucional y no está supeditado a la posición política de las personas. “Quien piense distinto tiene derecho a expresarlo, a organizarse y a ser escuchado”, dijo.

En consecuencia, dio instrucciones para que las autoridades coordinen con las organizaciones y las autoridades locales todas las medidas requeridas para garantizar la movilidad de los ciudadanos durante la jornada, la prevención y la atención de emergencias. Asimismo, advirtió que la fuerza pública actuará cuando se requiera, ajustándose siempre a lo establecido por la normativa vigente en materia de proporcionalidad y necesidad.

No obstante, recordó que las movilizaciones no deben implicar el uso de la violencia por parte de los manifestantes. “La prioridad es cuidar la vida, prevenir la violencia y permitir que la jornada transcurra en paz. Y también quiero ser claro y contundente en esto: la protesta no autoriza agredir a otros ciudadanos. La protesta no autoriza destruir bienes, amenazar a trabajadores, ni impedir el acceso de ambulancias y servicios de emergencia”, dijo.

El mandatario aseguró que no se debe confundir la inconformidad legítima con la violencia y tampoco se debe relacionar a todos los manifestantes con las acciones o delitos que cometan algunos de los presentes en las marchas.

Sin embargo, en sus declaraciones aseguró que hay personas que, por medio de la convocatoria de las manifestaciones, buscan promover “el caos” y desestabilizar al Gobierno. Afirmó que ellos son los mismos que “dejaron al país quebrado”. “Se les ocurre convocar un paro que solo busca engañar al pueblo, que es lo que saben hacer, generando caos para lograr un fin politiquero en contra de mi Gobierno. Son instigadores de la maldad y no luchadores por la libertad”, dijo.

Al igual que Cepeda, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que estará presente en las marchas, afirmó que se estaría buscando generar una persecución política y se estaría tratando de silenciar a las voces críticas del Gobierno.

“Mientras los trabajadores, las organizaciones sindicales y los movimientos sociales luchan por sus derechos, se promueven medidas que generan una alerta y preocupaciones sobre las libertades democráticas, el debido proceso y el derecho a la movilización. ¿Pretenden convertir la inconformidad social en sospecha y la oposición política en una amenaza?”, indicó.

Las firmas de abogados Mario Iguarán Abogados, MDíaz Abogados y Víctor Mosquera Marín Abogados asumieron la representación de la excongresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta Corral, que fungió como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

De acuerdo con el comunicado emitido por las firmas de abogados, la defensa penal de la exlegisladora estará liderada por los abogados Mario Iguarán Arana, que fue fiscal General de la Nación, y Marlon Fernando Díaz, que fungió como procurador judicial.

“Junto con sus respectivos equipos, estarán al frente de la estrategia jurídica y la representación de la excongresista ante las autoridades nacionales”, precisaron las firmas en la comunicación oficial.

De igual manera, informaron que la firma Mosquera Marín Abogados se encargará de la estrategia jurídica internacional de la excongresista y de la protección de sus derechos y garantías ante las instancias internacionales.

“Las tres firmas conforman un equipo jurídico integral y actuarán de manera coordinada, con independencia, rigor y los más altos estándares profesionales, en la defensa de los derechos e intereses de Gloria Arizabaleta”, precisaron.

La investigación de la Corte Suprema está ligada al polémico auto contra Petro

En julio de 2026, la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación formal a la excongresista Arizabaleta por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto. La investigación está sustentada en un auto que firmó la exlegisladora, por medio del cual se suspendía al expresidente de la República Gustavo Petro.

De igual manera, la Corte abrió indagación a Arizabaleta por una denuncia presentada por el exmandatario, que la señaló de ejercer presuntas presiones burocráticas que, presuntamente, se convirtieron en extorsión.

Por estos hechos, el alto tribunal informó que la excongresista sería citada a indagatoria. “En el expediente hay declaraciones y evidencias documentales que llevaron a tomar la decisión”, precisó.

El documento que firmó Gloria Arizabaleta como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes establecía la suspensión del ex jefe de Estado por su presunta participación en actividades políticas, relacionadas con las elecciones presidenciales (segunda vuelta) que se iban a llevar a cabo el 21 de junio de 2026.

“SUSPENDER PROVISIONALMENTE del ejercicio del cargo al señor GUSTAVO FRANCISCO PETRO URREGO, Presidente de la República, hasta el 21 de junio de 2026 a las 4:00 p. m., en los términos y por las razones expuestas en el parte motiva de esta providencia. Contra esta orden no procede recurso alguno (sic)”, se lee en el documento.

En la misiva en cuestión, figuraba como argumento la presunta vulneración de las normas de neutralidad exigidas a quienes ejercen funciones públicas por parte del exmandatario.

Sin embargo, el congresista Alejandro Ocampo, también del Pacto Histórico, explicó en su momento que ese auto no había sido emitido de manera formal por la Comisión de Investigación y Acusación.

Según precisó, el texto fue sustraído de los archivos de la excongresista. Además, aclaró que la exfuncionaria no tenía la facultad para suspender al entonces presidente. “Lo sacaron de su oficina, de su correo, pero no existe en la Comisión ningún auto (…) Una sola investigadora no puede suspender al presidente, no tiene validez”, dijo el legislador, en diálogo con Blu Radio.

Posteriormente, el expresidente Gustavo Petro se pronunció al respecto y calificó la suspensión provisional que firmó Arizabaleta como una forma de extorsión.

“Yo no soy de la tesis de que un congresista no pueda hacer peticiones ante el Ejecutivo sobre su región, etcétera. Creo que eso lo protege la norma. Pero, cuando la vuelve una extorsión, y creo que posiblemente estemos hablando de una extorsión, ya no es, no está en su derecho de representación, sino como criminal, haciendo un delito de extorsión”, señaló en su momento el exmandatario desde Nueva York, donde asumió la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

En su denuncia, indicó que las tierras en cuestión tendrían características turísticas, campestres, comerciales o industriales. Eso quiere decir que, posiblemente, su uso estaría alejado de las actividades agrícolas.

“¿Cómo se explica que se destinen recursos, de lo que ellos mismos llamaron reforma agraria, a comprar terrenos con potencial turístico, vivienda campestre o desarrollo comercial, en lugar de garantizar tierras para los cultivadores? Aquí hay operaciones que deben investigarse a fondo y explicarse al país”, cuestionó el senador, citado en un comunicado oficial.

Uno de los casos investigados es el de La Virgen del Cobre, en Necoclí, Antioquia, un terreno que supera las 800 hectáreas, el cual fue adquirido por un valor de $18.000 millones, aproximadamente. De la totalidad de las hectáreas del predio, 150 estarían en una zona de expansión urbana destinada a vivienda campestre. Además, otras 80 hectáreas tendrían potencial turístico.

Otro caso mencionado por Gómez corresponde a un predio ubicado en Restrepo, Meta. Según su denuncia, el terreno presuntamente adquirido por la ANT está en suelo suburbano, lo que da paso a que su uso se enfoque en la vivienda campestre y en actividades recreativas. El congresista aseguró que la operación se habría efectuado por medio de un convenio con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por un valor cercano al billón de pesos. Al parecer, cada hectárea de esa tierra habría costado $471 millones, aproximadamente.

También habría irregularidades relacionadas con un terreno de 140,7 hectáreas, ubicado en Maní, Casanare, el cual fue adquirido por $281,8 millones. Más del 90% de esas tierras está cultivada con palma de aceite y el resto correspondería a zonas inundables.

El legislador incluyó en su denuncia la compra de varios predios en Cartagena, Bolívar, los cuales están ubicados en una zona donde estaría proyectada la construcción del nuevo aeropuerto de la ciudad. De acuerdo con su explicación, esos terrenos tienen potencial industrial, comercial, residencial y turístico.

“Estamos hablando de miles de millones de pesos públicos y de recursos que debían servir para que agricultores tengan tierras para sembrar comida. Si estos predios no respondían a una finalidad agrícola y, además, existen dudas sobre sus avalúos y precios, el país necesita respuestas y los organismos de control deben investigar”, dijo Gómez, citado en la comunicación oficial.

El exdirector de la ANT Felipe Harman se refirió a un caso puntual, por medio del cual buscó desmentir a Gómez. Aseguró que uno de los predios ubicados en Restrepo, Meta, nunca fue adquirido por la entidad, puesto que renunció a este en marzo de 2026 porque no tenía vocación agrícola. “Al senador @Enrique_GomezM le acaban de hacer cometer una bestialidad de tamaño monumental, muy propia de su pequeñez intelectual”, indicó el exfuncionario en su cuenta de X.

Otras presuntas irregularidades

En la sesión plenaria del Senado, Gómez aseguró entonces que “se robaron hasta la reforma agraria”. Esa afirmación está sustentada también en recursos comprometidos en contratos con operadores logísticos que fueron suscritos entre 2022 y 2026, que alcanzan los $165.724.745.557.

Según precisó el congresista, los contratos se incrementaron durante los años electorales: el aumento fue de 1.345% entre 2022 y 2023 (elecciones territoriales) y de 167% entre 2025 y 2026 (elecciones al Congreso y presidenciales).

Gómez hizo énfasis en el Contrato N° ANT-20268828 de 2026, celebrado con un operador logístico por un valor de $5.817 millones. El operador habría realizado 27 eventos entre el 23 de julio y el 13 de agosto de 2026 y su ejecución tendría inconsistencias.

“$263 millones diarios en gasto de logística, sustentado con aguas repetidas, que supuestamente se facturan en distintos días, con almuerzos repetidos en distintos municipios, con las mismas fotos de extensiones viejas. Así se robaron en la administración de Gustavo Petro y el señor Harman los dineros de la reforma agraria”, dijo en la sesión plenaria del Senado.

De igual manera, informó que, al parecer, en materia de comunicaciones, la ANT gastó más de $56.000 millones en pauta. Además, se firmaron 264 contratos de prestación de servicios por $11.000 millones, pese a que la entidad no tiene en su organigrama una jefatura de prensa.

Ante los hechos recientes de violencia perpetrados en contra de integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia, la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP) emitió un comunicado a manera de rechazo por los ataques sicariales que ya dejan un dragoneante muerto y otros dos heridos.

El primer caso se registró el sábado 10 de octubre de 2026 en Barranquilla. Los dragoneantes Shirly Dallana Acosta Marroquín y Daniel Steven Tapiero Alférez, del establecimiento penitenciario El Bosque, fueron atacados cuando salían de su turno. Posteriormente, el 12 de octubre, el dragoneante Bryan Rangel, que era funcionario de un Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (Eron) en Cúcuta, fue asesinado por hombres armados.

“Estos hechos se presentan en medio de la circulación de mensajes intimidatorios relacionados con los recientes traslados de personas privadas de la libertad, así como de nuevas alertas sobre posibles acciones violentas contra autoridades y funcionarios del sector penitenciario. La autenticidad, procedencia y alcance de estas amenazas, así como su eventual relación con el atentado, son materia de verificación”, indicó el Ministerio de Justicia en un comunicado.

UTP hizo exigencias al Gobierno y a las autoridades competentes

El sindicato del Inpec advirtió sobre el riesgo que corren los funcionarios de la institución. “Estos hechos constituyen una grave amenaza contra la vida de quienes ejercen la autoridad penitenciaria y cumplen una función esencial para la seguridad del Estado colombiano”, precisó el sindicato del Inpec en la comunicación oficial.

La UTP reconoció el respaldo que expresó el presidente Abelardo de la Espriella al Inpec tras los ataques, así como el del ministro de Justicia, Iván Cancino, y el del director general del instituto, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas. Sin embargo, afirmó que es necesario que la institucionalidad adopte medidas concretas que sirvan para proteger a los funcionarios del Inpec.

Por eso, enlistó varias exigencias dirigidas al Gobierno nacional:

1. Fortalecer la presencia de integrantes de la Policía Nacional en los perímetros de los establecimientos penitenciarios, así como en las vías de acceso y en las zonas que representan un mayor peligro para los dragoneantes. Aseguró que se requiere de patrullajes permanentes, inteligencia orientada a la prevención y el desarrollo de operaciones contra los grupos criminales que están detrás de las amenazas contra los funcionarios del Inpec.
2. Garantizar la entrega de dotación y elementos de protección para los miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. Eso incluye chalecos antibalas certificados, equipos de comunicación, elementos de protección balística y demás medios de seguridad. También pidió que se garantice el mantenimiento de estos materiales y su reposición periódica. “La protección no puede ser un privilegio de unos pocos: debe alcanzar a todos los integrantes del Cuerpo de Custodia y Vigilancia según sus niveles de exposición”, indicó.
3. Implementar protocolos de seguridad que verdaderamente brinden garantías a los funcionarios para ejercer su labor. Incluyó el desarrollo de una evaluación de riesgo, la aplicación de rutas de protección y el acompañamiento institucional.
4. Desarrollar una investigación rigurosa que permita identificar y llevar ante la justicia a las personas responsables de los hechos de violencia perpetrados contra los dragoneantes del Inpec, con el fin de evitar que los atentados continúen. Esta petición va dirigida directamente a la Fiscalía General de la Nación.
5. Convocar una mesa nacional de seguridad penitenciaria, compuesta por el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Ministerio de Defensa, el Inpec, la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y organizaciones sindicales. El fin de esta mesa será establecer compromisos, responsables y recursos.

“La UTP considera profundamente preocupante que, en medio de esta crisis de violencia, se promuevan reuniones privadas o propuestas ajenas a la protección inmediata de nuestros funcionarios. En particular, cuestionamos las actuaciones que atribuimos al sindicato SEUP y solicitamos transparencia sobre las propuestas que estaría impulsando en materia de jornadas laborales, cuya legalidad y viabilidad deben ser examinadas por las autoridades competentes”, añadió.

“En la JEP se congeló la justicia, pero nunca la burocracia. Es una vergüenza. Miren, ahí se tramitan 11 macrocasos. De esos, hay 34 subcasos. Solo en seis casos se ha proferido una resolución de conclusiones. El 80% de los demás subcasos yacen el sueño de los justos, medio engavetados, medio dispersados”, detalló Gómez.

Según explicó, en el macrocaso 1, relacionado con la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las extintas Farc, solo se ha proferido resolución de conclusiones en uno de ocho casos.

“Nada se ha hecho en relación con los bloques terribles, siniestros, el Bloque Oriental, el Sur, el Magdalena, todos esos bloques que secuestraron, extorsionaron, asesinaron a los familiares de decenas de miles de colombianos. Ahí nada”, señaló.

Sin embargo, según información publicada en la página oficial de la JEP, se indica que varios comparecientes de distintos bloques armados de las Farc han sido imputados:

• Secretariado: ocho personas, entre ellas, Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Torres Victoria y Pastor Lisandro Alape Lascarro (que, como sanción, deben reparar a las víctimas).
• Comando Conjunto Central: 10 personas.
• Bloque Occidental: ocho personas.
• Bloque Noroccidental: siete personas.
• Bloque Caribe: cinco personas.
• Bloque Magdalena Medio: cuatro personas.
• Bloque Oriental: 15 personas.
• Bloque Sur: siete personas.

Con respecto al macrocaso 3, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado (conocidos como falsos positivos), el senador aseguró que, de siete subcasos, la JEP ha fallado cuatro. Las investigaciones que se adelantan en este macrocaso están relacionadas con las actuaciones de la fuerza pública y, a juicio del congresista, resulta problemático el hecho de que esas indagaciones estén avanzando más que otras.

“Esa es la punta de lanza de la izquierda colombiana. Sí, lamentable, pero me molesta la asimetría. ¿Sabe por qué? Porque en el caso 7, de reclutamiento de menores, adivine cuántas resoluciones de conclusiones en los siete subcasos que hay ahí se han proferido. Ninguna”, señaló.

Gómez también hizo énfasis en el macrocaso 11, relacionado con la violencia basada en género, sexual y reproductiva, y otros crímenes por prejuicio, basados en la orientación sexual, la expresión y/o identidad de género diversa. Aseguró que no hay ninguna resolución de conclusiones y, tal vez, no haya ninguna.

“¿Sabe qué implicaciones tiene eso? Sin esas resoluciones de conclusiones, en el complejísimo, dilatado y enredado procedimiento de la JEP, nunca va a haber imputaciones”, precisó.

En ese sentido, Gómez aseguró que la JEP ha tenido presuntas contemplaciones con comparecientes como los exintegrantes de las Farc. “Garantía total de impunidad para las Farc. Y en cambio, humillación, desgaste, repetición y claro que nunca verdad para los cientos de miles de víctimas de las Farc. La JEP es una vergüenza, una vergüenza de impunidad. Y allí tenemos que acabar precisamente con esa humillación de las víctimas”, concluyó.

Imputaciones y decisiones de la JEP

De acuerdo con la JEP, durante su tiempo de mandato se han realizado 432 imputaciones a máximos responsables de crímenes cometidos en el conflicto armado. Entre los imputados están exintegrantes de las Farc y de la fuerza pública, terceros civiles y otros. De la totalidad, 245 son imputaciones con reconocimiento de responsabilidad y verdad.

Las decisiones de sometimiento que ha tomado ya son 6.271. En 7.016 hubo aceptación y declaratoria de sometimiento; en 3.146, declaratoria de falta de competencia o rechazo de sometimiento; en 71, abstención o inadmisión de sometimiento; y en 1.341 continúa el sometimiento. De igual manera, 16.097 víctimas han sido acreditadas en sus salas y secciones.

El congresista solicitó al ex jefe de cartera que se retirara del recinto. Afirmó que Jaramillo no tenía derecho de estar presente en la ceremonia porque “lastimó” a las Fuerzas Militares mientras ejerció como ministro durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026).

“Usted no tiene que estar aquí (...). Usted lastimó a las Fuerzas Militares en Colombia. Haga el favor, se retira. Eso no se hace. Respete esta ceremonia, haga el favor”, dijo el también mayor retirado de la Infantería de Marina al exministro.

En la conversación que tuvieron, el antiguo titular de la cartera aseguró que fue invitado al evento. Además, negó haber afectado a los integrantes de la fuerza pública. “Lo único que he hecho es defenderlos. Senador, yo lo respeto cuando usted me respete”, expresó Jaramillo.

A través de su cuenta de X, el senador se pronunció sobre lo sucedido y afirmó que, luego de haber solicitado al exministro su retiro, este se fue del lugar. Indicó entonces que el exfuncionario no es bienvenido en eventos relacionados con la fuerza pública.

“Que le quede claro al exministro de Salud de Petro, Guillermo Alfonso Jaramillo, USTED NO ES BIENVENIDO en eventos de nuestros héroes de la patria. No voy a permitir que quienes hicieron parte de un Gobierno que le hizo tanto daño a Colombia pretendan venir a ocupar espacios donde se honra a nuestros policías. La ceremonia de ascensos de la DIPRO es para nuestros héroes, no para quienes representaron ese Gobierno”, aseveró Rodríguez en X.

Exministro de Salud se pronunció

Guillermo Jaramillo se defendió en una publicación que hizo en la misma red social. Según indicó, resulta contradictorio afirmar que no era bienvenido en la ceremonia que se llevó a cabo el 7 de octubre, teniendo en cuenta que su asistencia está sujeta a una invitación formal que recibió. En ese sentido, cuestionó la postura de defensa de la democracia que ha adoptado públicamente Germán Rodríguez.

“¿Esa es la democracia que dice defender? ¿Pretende decidir quién puede participar en un acto de la Policía Nacional según sus posiciones políticas?”, preguntó el exministro.

De igual manera, negó que la administración del expresidente Gustavo Petro haya lastimado a los miembros de la fuerza pública. Por el contrario, aseguró que el gobierno anterior tomó medidas que mejoraron las condiciones de vida y del ejercicio del servicio para los uniformados.

“El gobierno del (ex)presidente @petrogustavo no “lastimó” a la Fuerza Pública. Durante nuestro Gobierno aumentamos el presupuesto de la Policía, impulsamos ascensos y avanzamos en mejores condiciones salariales y de bienestar para nuestros uniformados”, aseveró el ex jefe de la cartera en X.

Adicionalmente, negó que, tras haber recibido el reclamo por parte del congresista, haya decidido retirarse del Congreso. Según explicó, estuvo presente en toda la ceremonia de ascensos y se fue porque tenía una reunión previamente programada con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo. “No, senador: no “salí corriendo””, precisó.

Según detalló, el encuentro que tuvo con el colectivo se centró en avanzar en la documentación de actos intimidatorios y hostigamientos que se estarían presentando contra “integrantes del Gabinete por la Vida”. Informó que estas situaciones serán puestas en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Decir públicamente quién es o no “bienvenido” a un acto institucional demuestra precisamente por qué estas situaciones deben ser documentadas. Las instituciones de la República y nuestra fuerza pública no son propiedad de ningún partido, senador o sector político. Resulta contradictorio que, precisamente en el Congreso de la República, donde deben estar representadas todas las voces, un senador pretenda excluir de una ceremonia institucional a quien piensa distinto", añadió.

De acuerdo con un comunicado emitido por la Presidencia de la República, en el encuentro, el primer mandatario y los congresistas estadounidenses insistieron en la importancia de mantener la cooperación entre los países para combatir el tráfico de estupefacientes. Ese trabajo mancomunado está orientado a establecer y ejecutar acciones concretas.

“La cooperación se demuestra con acciones concretas y resultados verificables”, precisó el jefe de Estado colombiano en la reunión, citado en la comunicación oficial.

A través de su cuenta de X, el presidente De la Espriella informó que también se busca determinar cuáles serán los indicadores que permitirán hacer un seguimiento a los resultados obtenidos en la materia.

“Colombia y Estados Unidos deben avanzar con una estrategia antidrogas basada en resultados. Estamos definiendo objetivos e indicadores claros que permitan medir el impacto real de nuestra cooperación y fortalecer la lucha contra las estructuras del narcotráfico”, precisó el primer mandatario en su publicación.

La descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas

El trabajo de cooperación bilateral entre los países surge en un escenario complejo para Colombia, teniendo en cuenta que el gobierno del presidente Donald Trump decidió mantener la descertificación del país en la lucha contra el narcotráfico. Según un comunicado de prensa emitido el 16 de septiembre de 2026 por la Oficina del Portavoz de Estados Unidos, la determinación de la administración responde a la falta de acciones sustanciales por parte de Colombia para combatir el flagelo.

“No han realizado esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico ni para adoptar las medidas contra el narcotráfico”, se lee en el documento oficial.

Además, Colombia, junto con otros países como Afganistán, Bahamas, Belice, Bolivia, Birmania y China, forma parte de un listado de naciones caracterizadas por servir para el tránsito de drogas importantes o para la producción de estupefacientes, siendo este último el caso de Colombia.

Pese a que Estados Unidos mantuvo la descertificación del país, indicó que, debido al cambio de administración en Colombia, ahora liderada por el presidente Abelardo de la Espriella, está preparada para “retomar su posición” como principal socio en materia de seguridad en el hemisferio. Aclaró, entonces, que si el Gobierno colombiano logra avanzar en la erradicación de la coca y en el desmantelamiento de las redes de narcotráfico que operan en el país durante el próximo año, el mandatario Donald Trump podría considerar levantar la calificación negativa que otorgó a la Nación en la lucha contra las drogas.

Por ahora, el Gobierno estadounidense considera que Colombia incurrió en un “fracaso demostrado” en la materia y decidió que la descertificación “se mantiene únicamente debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno de extrema izquierda durante la mayor parte del año pasado”.

Ante este escenario, el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, aseguró que la administración de Abelardo de la Espriella le está apostando al control territorial y la recuperación de la seguridad para así avanzar en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y entregar resultados positivos a Estados Unidos.

“Todo es un proceso, todo toma tiempo. Estamos en proceso de recuperar básicamente el control territorial en muchas zonas del país. Para eso contamos con el apoyo de países aliados, que además tienen corresponsabilidad en este problema, como Estados Unidos. Y vamos por buen camino, vamos por una buena senda”, indicó el ministro ante los medios de comunicación.