Una parte del operativo fue grabado por un ciudadano; en las imágenes que fueron difundidas en redes sociales y medios de comunicación se ve al joven reducido en el piso, rodeado por los policías y siendo agredido por algunos de ellos.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que las autoridades están investigando los hechos y que el Distrito está dispuesto a ayudar en las indagaciones, con el fin de determinar con certeza qué pasó.

“El domingo, en el marco de un procedimiento policial de la Policía de Soacha en los límites con Ciudad Bolívar, Donovan Balanta falleció en circunstancias que en este momento están siendo investigadas. Todas las entidades del Distrito están listas para apoyar en las investigaciones, y les he pedido expresamente a las autoridades competentes acelerar la investigación y llegar hasta el fondo de lo sucedido”, precisó el mandatario local en una publicación en su cuenta de X.

Galán informó que la Secretaría de Gobierno de Bogotá ha estado acompañando a la familia del joven y la Policía Nacional decidió separar de sus cargos a los siete uniformados que estuvieron involucrados en el procedimiento.

“Quiero ser claro: es fundamental ejercer autoridad, y respaldamos a la Policía en esa tarea, pero cuando existan casos de abusos, estos deben ser sancionados. No los vamos a tolerar ni a ocultar por ningún motivo”, precisó.

Abogado opinó sobre lo ocurrido con el joven

El abogado Alí Bantú Ashanti, CEO del Colectivo Justicia Racial, reaccionó a la declaración del alcalde Carlos Fernando Galán y advirtió que él, como mandatario de la ciudad, tiene responsabilidad en lo ocurrido con Donovan Balanta. “@CarlosFGalan, Donovan fue asesinado en Bogotá por agentes de policía de Soacha. La responsabilidad es suya también, pues es usted la máxima autoridad de Policía de la Capital”, indicó el jurista en su cuenta de X.

El profesional en Derecho planteó varios cuestionamientos relacionados con la actuación de los policías. Por un lado, preguntó si los agentes de la Policía de Soacha están facultados para desarrollar actividades en zonas que no son de su jurisdicción. De igual manera, preguntó al alcalde Galán si tomará medidas para frenar la violencia que “azota de manera sistemática” a la población afro, pobre y víctima en Bogotá.

“No venga aquí a tirar la piedra y luego esconde la mano. Ustedes azuzan a esos policías que salen como perros babeando odios a requisar, golpear, secuestrar, maltratar y en muchas ocasiones con uniforme y sin él a aplicar pena de muerte. Estamos hastiados de esa violencia y están ustedes también notificados. ¡Lo que siembras se cosecha!“, aseveró.

El país político colombiano no fue ajeno a los hechos; algunos congresistas y exfuncionarios del Estado se pronunciaron, exigieron respuestas por parte de la institucionalidad, entre ellos, el excanciller Luis Gilberto Murillo. En una publicación en X, el exministro indicó que Donovan Balanta fue golpeado en varias oportunidades por los uniformados y que también recibió múltiples descargas eléctricas.

Advirtió que estas agresiones habrían ocasionado la muerte del joven, aunque todavía no se conoce un dictamen oficial que indique los motivos de su deceso.

“Condeno enérgicamente lo sucedido. Esto es inaceptable. Los negros y negras también somos colombianos. No podemos retroceder en la protección y garantía de sus derechos. Exigimos celeridad en las investigaciones para que este caso no quede en la impunidad. Enviamos un mensaje de solidaridad a su familia”, expresó el exministro de Relaciones Exteriores en la red social.

Al igual que Murillo, la congresista María del Mar Pizarro cuestionó el procedimiento de la Policía. Según precisó, las actuaciones de los uniformados podrían constituir una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, indicó que el uso del taser por parte de los policías es problemático porque, a su juicio, es “un elemento de brutalidad”. Afirmó que, según denuncias, ese instrumento habría sido utilizado por los uniformados pese a que no había necesidad.

“Claramente hay una dimensión de discriminación racista, de acuerdo con lo denunciado por la familia de la víctima. Si no hay responsabilidad individual, estatal e institucional en este caso, abrimos la puerta a la brutalidad de Estado en Colombia”, añadió.

El legislador Óscar Benavides también rechazó las acciones de la Policía, que son materia de investigación, y aseguró que, presuntamente, Donovan Balanta habría muerto debido a la “brutalidad policial”. Informó entonces que citará a un debate de control político para que se conozca la verdad sobre el caso.

“Durante años, mi comunidad ha tenido que enfrentar el abuso de poder y el perfilamiento racial que nos mata. Por eso, esta semana anunciaré un proyecto de ley que busca prevenir, sancionar y erradicar estas prácticas, con un enfoque diferencial y étnico”, indicó.

Inició oficialmente el cumplimiento de las sanciones propias que estableció la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra Rodríguez, Milton de Jesús Toncel Redondo, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, que hicieron parte del último secretariado de las Farc-EP. La Jurisdicción informó que los comparecientes, condenados por los crímenes que cometieron en el conflicto armado, están adelantando acciones de reparación por más de 21.000 secuestros.

“Deberán restaurar a las víctimas con diferentes líneas de acción, bajo condiciones de restricción efectiva de derechos y libertades, con monitoreo y verificación permanentes por parte de la JEP, durante un periodo de hasta 8 años, de acuerdo con la sanción impuesta por el Tribunal para la Paz para cada uno de ellos”, precisó la JEP en un hilo publicado en su cuenta de X.

De acuerdo con el reporte del tribunal de justicia transicional, los exguerilleros empezaron a cumplir con su condena el 21 de septiembre de 2026. Sus obligaciones inciales se centran en la recuperación de cuerpos de personas no identificadas en el Cementerio San Antonio de Padua de Pitalito, en Huila, y en la construcción de memoria para las víctimas en Bogotá.

El proceso de recuperación de los cuerpos en el camposanto se llevará a cabo hasta el 30 de septiembre, bajo el liderazgo de la JEP y de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd). La Jurisdicción informó que, además de los exmiembros del antiguo secretariado de las Farc, hay otras personas que están trabajando en la intervención forense que se adelanta en el cementerio: integrantes de la fuerza pública que estuvieron involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas y exintegrantes del extinto Estado Mayor del Bloque Sur de las Farc-EP.

“En el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito han sido recuperados 54 cuerpos de personas no identificadas con el trabajo de comparecientes de la fuerza pública ante la JEP, y nueve víctimas han sido entregadas dignamente a sus familias”, precisó la Jurisdicción.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por la JEP, 14 personas fueron secuestradas en Huila por el grupo armado y hasta el momento siguen desaparecidas. Sin embargo, el universo de secuestros y desapariciones en el departamento es mucho más amplio: se documentan al menos 254 hechos de secuestro y 262 víctimas acreditadas. De igual manera, en ese departamento fueron asesinadas 35 personas, que, además, fueron presentadas falsamente como bajas en combate por agentes del Estado (ejecuciones extrajudiciales, mal llamadas falsos positivos); todavía están desaparecidas.

“El trabajo entre comparecientes de las Farc-EP y de la fuerza pública en este cementerio se convierte también en un espacio de reconciliación. Quienes durante décadas estuvieron enfrentados en el marco del conflicto armado, hoy trabajan de manera conjunta para contribuir a la búsqueda y recuperación de personas desaparecidas y, con ello, a la restauración de las víctimas”, añadió.

Rodrigo Londoño se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que expresó su satisfacción por iniciar el cumplimiento de la sanción propia que le fue impuesta por la JEP. Su condena es de ocho años, tiempo en el que deberá desarrollar todo tipo de acciones reparativas por los crímenes que cometió siendo el último comandante de las extintas Farc y coordinador del Bloque Magdalena Medio.

“Nos llena de satisfacción iniciar el cumplimiento de la sanción impuesta por la JEP. Martí decía: la mejor forma de decir, es hacer. Hoy, desde Pitalito, Huila, trabajamos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cumpliéndole a Colombia y a las víctimas. La paz vencerá”, escribió en la red social.

De acuerdo con el jefe de la cartera, el porte de dicha pistola por parte del jefe de Estado responde al nivel de inseguridad del sitio, pero también tiene un mensaje implícito, dirigido a las organizaciones armadas que operan en la región. Según indicó, el presidente está enfrentando directamente a los grupos al margen de la ley, por lo que es necesario que se le vea armado y protegido.

“Un presidente que está en terreno, que está enfrentando a los criminales directamente en las calles de Santa Marta. El mensaje es muy importante, es decirle a los criminales: ustedes no van a doblegar la voluntad de los colombianos, ustedes no van a intimidar a los colombianos, ustedes no van a intimidar a los samarios. Ténganlo claro, el Gobierno está de su lado, los está acompañando a pesar de años y años de abandono de estas poblaciones a la tiranía, a la extorsión de estos bandidos. Hoy el Gobierno está del lado del pueblo colombiano, del pueblo samario”, precisó el ministro ante los medios de comunicación.

El pronunciamiento del jefe de la cartera surgió en medio de críticas que expresaron algunos políticos, entre ellos, el congresista Alejandro Ocampo, que advirtió que Abelardo de la Espriella es un mandatario civil y el porte de una pistola podría enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía.

“El Estado representa la ley, la institucionalidad y el respeto a la Constitución, no amedrenta ni posa como un actor armado más. Cada vez que Abelardo adopta esos símbolos, borra la frontera entre la legitimidad democrática y la ilegalidad de las dictaduras”, señaló el senador en X.

Al igual que el legislador, el expresidente Gustavo Petro reaccionó a la llegada de De la Espriella a Santa Marta portando un arma. Aseguró que, mientras intenta enviar un mensaje de autoridad, el jefe de Estado estaría omitiendo información a la ciudadanía, relacionada con el presunto recorte de ayudas económicas. El exmandatario no proporcionó pruebas que demuestren sus aseveraciones.

“Abelardo con pistola al cinto como en épocas pasadas, va a Santa Marta y no muestra que busca recortar el 40% de los subsidios para los pobres. En mi gobierno lo que llevamos fue mucho turismo que redujo la pobreza como ninguna capital de Colombia logró”, afirmó el expresidente en una publicación en X.

El presidente ya cuenta con un esquema de seguridad: ¿para qué un arma?

La ONG Temblores se unió a las reacciones que surgieron, enlistando varios cuestionamientos relacionados con el porte de armas por parte del primer mandatario, los cuales, a su juicio, deberían ser respondidos por la administración:

• ¿Qué arma porta?
• ¿Está registrada?
• ¿A nombre de quién?
• ¿Cuenta con permiso de porte vigente y las autorizaciones exigibles?

De igual manera, recordó que Abelardo de la Espriella, en su calidad de presidente de Colombia, cuenta con un robusto esquema de seguridad que lo acompaña a todos los lugares a donde viaja y que garantiza su protección. El equipo de seguridad está compuesto por hombres armados y camionetas blindadas. En ese sentido, cuestionó la necesidad de que el mandatario también porte un arma de fuego.

“Incluso si el porte cumple todos los requisitos legales, ¿por qué el Presidente de la República considera necesario portar personalmente un arma de fuego, teniendo a su disposición uno de los mayores esquemas de protección del Estado?”, preguntó la organización.

El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Arnulfo Cuervo, dio a conocer las afectaciones que se han generado en Santa Marta por el primer día del paro armado de 48 horas impuesto por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) en el departamento de Magdalena. De acuerdo con el líder gremial, cuyas declaraciones fueron reveladas por Caracol Radio, la situación paralizó críticamente la trocha del Caribe y eso ya generó un impacto en la movilidad del transporte de carga y en el abastecimiento.

Las restricciones en la movilidad ya afectaron los despachos de mercancías entre Santa Marta y La Guajira, lo cual se traduce en millonarias pérdidas para los comerciantes. Según Cuervo, debido a la imposibilidad de trasladar las mercancías, dejaron de percibirse $39.500 millones en Santa Marta y otros $42.000 millones en la región Caribe.

De igual manera, 22.000 empresas están sufriendo las consecuencias del paro armado, entre ellas están las compañías comercializadoras y aquellas que hacen parte de la cadena de distribución, logística y de carga. Esto se traduce en afectaciones para 26.000 familias, aproximadamente, que viven del sector de transporte de carga.

El impacto en el trabajo también se evidencia en 120.000 empleos operativos de los sectores de comercio y de turismo de la región, los cuales no están siendo ejercidos debido al paro armado. La situación también afecta directamente a las personas cuyo sostenimiento proviene específicamente de esas áreas de trabajo.

En consecuencia, pidió a las autoridades que tomen las acciones pertinentes para poner fin al paro armado de las Acsn y para evitar que situaciones de ese tipo se presenten en otras partes del país. Advirtió que las acciones de los grupos armados tienen un impacto negativo en la economía y ponen a las personas en una condición grave de vulnerabilidad. Esto deriva también en la caída de la confianza por parte de los inversionistas.

“Es importante que lo más pronto posible se tome el control no solamente de la región trochal del Caribe, sino que en el país este tipo de paros armados que venían siendo determinados bajo presupuestos de la Paz Total, no se sigan produciendo, porque más allá de las pérdidas económicas, la afectación social para el país y la condición de vulnerabilidad en que quedan las personas determinan que la producción y la confianza inversionista puedan llegar a decaer”, aseveró.

Militarización de Santa Marta

Las autodefensas indicaron que el paro armado responde a confrontaciones con las autoridades que se registraron en la Sierra Nevada y anunciaron que la medida aplicaría, sobre todo, en la Troncal del Caribe, en la ciudad de Santa Marta y en la zona bananera.

Ante esta amenaza, el presidente Abelardo de la Espriella dio la orden de militarizar Santa Marta, con el fin de retomar el orden en la ciudad y garantizar la seguridad de la población.

“No voy a permitir que sigan arrodillando a través del terror a nuestra gente, que lo único que quiere es trabajar. Esa ha sido mi orden clara, expresa y contundente a todo el mando militar y a todo el mando policial. Vamos a blindar a Santa Marta y vamos a defenderla para demostrarle a los bandidos que cuando el Estado se decide, nunca pierde”, expresó el primer mandatario en declaraciones públicas.

El 23 de septiembre, el comandante general de las Fuerzas Militares, el mayor general Erik Rodríguez Aparicio, dio a conocer que la Agrupación de Fuerzas Especiales Antiterroristas Urbanas fue enviada a Santa Marta para fortalecer las capacidades de las autoridades locales y poder anticipar y neutralizar las acciones de los grupos ilegales.

“En el Magdalena mantenemos un dispositivo conjunto y coordinado, con capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales, orientado a proteger a la población, garantizar la movilidad, asegurar la infraestructura estratégica y mantener el control territorial”, precisó.

En la reunión, el mandatario norteamericano se refirió nuevamente al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y recordó el motivo por el cual decidió apoyarlo públicamente en las elecciones presidenciales, en las que se enfrentó al excandidato Iván Cepeda Castro (segunda vuelta). De acuerdo con sus declaraciones, llamó su atención el hecho de que De la Espriella expresara su admiración por él.

“Era un gran admirador de Trump. Por eso me gusta de esta manera. Él lo único que hacía era hablar de Trump, Trump, Trump, y yo dije: ‘Me gusta ese tipo. Vamos a respaldarlo. Lo respaldo’. Y pasó del puesto número 10 al primero, ganó por amplia diferencia. Escuché que está haciendo un gran trabajo”, dijo el jefe de Estado estadounidense en la reunión.

Posteriormente, el vicepresidente de Colombia tomó la palabra y explicó las razones que le impidieron al mandatario Abelardo de la Espriella viajar a Estados Unidos y participar en el encuentro. “No pudo venir porque actualmente está ocupado con asuntos internos en Colombia”, detalló Restrepo.

Donald Trump recordó que, en su momento, el presidente colombiano prometió que, si ganaba las elecciones, no saldría del país durante su mandato. En ese sentido, aseguró que el vicepresidente José Manuel Restrepo estaba haciendo una adecuada representación del mandatario.

“No se irá de vacaciones. Esto no son vacaciones, pero hizo esa promesa. Y le dije: ‘Cumple tu promesa’. Está bien. Está bien representado por usted. Adelante”, precisó el presidente de Estados Unidos, dirigiéndose a Restrepo.

El vicepresidente añadió un corto mensaje, en el que aseguró que Colombia estuvo a punto de perder la democracia y que iniciativas como el Escudo de las Américas son una oportunidad para preservarla. Si trabajamos en la seguridad económica y en la seguridad física, podemos preservar las democracias de nuestra región.

“Tenemos una oportunidad, en este momento de la historia y en esta región del mundo, de trabajar juntos para preservar las democracias y crecer más. Muchas gracias”, dijo.

En desarrollo...

De acuerdo con el congresista, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento de Planeación Nacional deben aportar más información para poder avanzar hacia la votación de la propuesta.

“En calidad de coordinador ponente y faltando ya pocos días para que debamos aprobar en primer debate el presupuesto 2027, quiero dejar claro temas que Hacienda y Planeación Nacional todavía no nos han informado en el nivel de detalle que queremos tener para tranquilidad de los colombianos (sic)”, precisó el legislador.

El primer punto que, a juicio del senador, requiere mayor información y claridad, tiene que ver con los recursos que se necesitan para la reconstrucción de las zonas del país que terminaron afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026. Garcés indicó que tampoco se precisa en el presupuesto cuáles fueron los daños causados por el sismo.

Recordó que hay departamentos y regiones del país muy afectadas por el terremoto, como Chocó, el Eje Cafetero y Valle del Cauca, y aclaró que la reconstrucción de las ciudades y municipios impactados no puede tardar una década. Se requiere que ese proceso dure entre dos y tres años.

“Ayer nos decían que había cero pesos en el presupuesto 2027. Si eso es así, nos tienen que decir entonces que el perfilamiento de la deuda o de la disminución de los gastos de funcionamiento durante el próximo año se van a conseguir los recursos y se van a asignar (sic)”, detalló el legislador.

En ese sentido, advirtió que, como coordinador ponente, no firmará la ponencia del Presupuesto General de la Nación de 2027 si no se tiene certeza sobre cómo se van a conseguir los recursos y cuál es el monto aproximado para ese año. “No la firmo si no hay claridad”, indicó.

El segundo punto sobre el cual el senador hizo hincapié es la situación fiscal que enfrenta Colombia. De acuerdo con su explicación, la crisis actual es la peor que se ha presentado en el país en los últimos 30 años. En el presupuesto radicado por el Gobierno nacional se exponen los datos que demuestran la gravedad de la situación, según precisó Garcés; sin embargo, aseguró que desde el Congreso de la República hay preocupación por el “regionalizado”.

“En el caso de la seguridad, por ejemplo, los recursos de la Policía. En el caso de las obras viales, como es toda la conexión vial del suroccidente hasta el Ecuador, el dragado de Buenaventura, el tren de cercanías, entre otros, vamos a tener que ver cómo en estos cuatro años avanzamos y estamos pendientes del Plan Nacional de Desarrollo, que se discutirá próximamente”, explicó el congresista del Centro Democrático.

Aseguró entonces que el Departamento Nacional de Planeación debe tener una proyección sobre la inversión y debe entregar información sobre los compromisos que adquirieron tanto el presidente Abelardo de la Espriella como el vicepresidente José Manuel Restrepo.

Detalles del presupuesto para 2027 del Gobierno

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, el presupuesto presentado por el Gobierno incluye rubros que estaban desfinanciados y que corresponden a “necesidades sociales y compromisos financieros”. Estos son:

• $6,5 billones para el pago de pensiones.
• $2 billones para el Sistema de Salud.
• $4,5 billones para salarios de funcionarios públicos.
• $0,7 billones para las universidades públicas.
• $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles.

De igual manera, según el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, el presupuesto “hace un esfuerzo de austeridad en $17,5 billones”. Establece una reducción en compras de bienes y servicios ($2,8 billones), en inversión no prioritaria ($2,5 billones) y en más de 250 líneas de gasto ($12 billones).

El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia no solo persiste, sino que aumentó drásticamente en los últimos años. Así lo advirtió Human Rights Watch en un informe titulado ‘Pensé que nunca volvería a ver a mi mamá’: Reclutamiento y uso de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en Colombia, publicado en agosto de 2026.

La situación es grave. De acuerdo con las cifras de la Defensoría del Pueblo analizadas por la organización internacional, desde 2021, al menos 1.500 menores de edad han sido reclutados por grupos armados en el país.

Y, aunque no hay datos oficiales que sean precisos e indiquen la cantidad exacta de niños que pasaron a las filas armadas de las organizaciones criminales cada año, se presume que el incremento más fuerte empezó a presentarse en 2023 y las disidencias de las Farc concentran la mayor parte de los reclutamientos, según Human Rights Watch.

La cantidad de menores de edad reclutados por las organizaciones armadas dificulta el trabajo operacional de la fuerza pública en materia de lucha contra los grupos armados. El Estado tiene el deber de velar por la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como también debe combatir a las organizaciones criminales, pero cualquier operación que se adelante en contra de esas estructuras puede tener efectos colaterales negativos, como la muerte de los menores reclutados.

Esa posibilidad está presente en todo momento. “Debemos partir del principio de que siempre hay menores de edad”, explicó a Infobae Colombia el coronel retirado del Ejército Nacional Carlos Martínez Caballero, con 30 años de experiencia al interior de la institución y que hizo parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega con el Ministerio de Defensa, en los grupos asesores de la campaña, enfocándose en la prevención del reclutamiento de menores.

Durante décadas, grupos armados como las Farc (ahora disidencias de las Farc fraccionadas) o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han utilizado a los menores para protegerse. Son escudos humanos, que muchas veces están incluidos en los primeros grupos de combate de las guerrillas. Según el coronel (r), también son instrumentalizados para ejercer tareas de logística e incluso de inteligencia.

De esta manera, los niños, niñas y adolescentes quedan en riesgo y pueden morir en medio de combates con la fuerza pública o de operaciones militares. Ya ha pasado. En el gobierno del expresidente Gustavo Petro, por ejemplo, fallecieron al menos 65 menores en operaciones militares, según informó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En la administración de Abelardo de la Espriella también se han presentado casos: en agosto de 2026, el Ejército ejecutó un bombardeo en Guaviare que derivó en la muerte de tres menores.

Es por eso que el Juzgado 34 de Familia de Bogotá y el Juzgado Tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare ordenaron la suspensión provisional de operaciones aéreas ofensivas en zonas donde “exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados”. Posteriormente, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá levantó la suspensión provisional, al considerar que una restricción absoluta podía afectar el deber del Estado de proteger a la población.

La prevención del reclutamiento

El debate sobre lo que debería hacer o no la fuerza pública en esta situación se mantiene vigente y han surgido señalamientos contra las Fuerzas Militares por la muerte de los niños. Sin embargo, el coronel (r) aclaró que la responsabilidad no recae únicamente en los uniformados. Según explicó, hay varias entidades del Estado que deben intervenir en la prevención del reclutamiento, pero hay falencias que han impedido frenar el flagelo.

“No existe todo un proceso preventivo del cual tienen que hacer parte las organizaciones del Estado, llámese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, llámese las Comisarías de Familia, Defensorías del Pueblo, la Policía, la Fiscalía, los jueces, la Procuraduría”, detalló.

Incluyó en el listado al Ministerio de Educación, que debe garantizar una adecuada formación de los niños, niñas y adolescentes.

Inteligencia y operaciones militares: retos y trabas

De otro lado, está la responsabilidad de las instituciones castrenses. El coronel (r) indicó que, detrás de toda operación, hay todo un proceso de inteligencia que permite a los militares conocer el escenario al que se enfrentarán y anticiparse a cualquier riesgo. “La inteligencia es el arma concluyente que le dice a las tropas: se puede hacer, no se puede hacer, ahí está el riesgo, no hay este riesgo”, detalló.

Pese a que Colombia tiene equipos expertos en inteligencia militar, las características geográficas del país dificultan mucho su trabajo y, en esa medida, resulta todavía más complejo identificar con certeza la presencia de menores de edad en zonas susceptibles de ser atacadas. Además de eso, se carece de tecnología avanzada que mejore las capacidades de acción de los uniformados.

“No tenemos los elementos tecnológicos suficientes y la capacidad necesaria para determinar sobre un terreno quebrado, o sobre un terreno selvático, si hay o no presencia de niños, porque inclusive los detectores de calor que tienen las aeronaves detectan solamente el calor. A veces no se puede distinguir, porque un niño de 15 años hoy puede estar parado igual que un hombre y tiene la misma estatura. Y un niño con un camuflado, con un arma, se convierte inmediatamente en un combatiente”, explicó.

Además, las características del terreno no permiten que haya presencia de tropas en todos los lugares del país, y eso también dificulta las labores de inteligencia. “No es lo mismo hacer inteligencia en Bogotá, hacer inteligencia en Villavicencio o en Florencia, que hacerla en Puerto Rico, Caquetá, o hacerla en La Uribe, Meta”, agregó.

Y, si las características geográficas ya suponen un reto para la fuerza pública, la cantidad de uniformados activos también es un problema. Según el exmilitar del Ejército, Colombia tiene 53 millones de habitantes, pero no tiene ni el 1% de su población destinada a garantizar la seguridad y la defensa del Estado: “3.000 hombres para cuidar a 53 millones de colombianos”.

Todo esto también se traduce en la necesidad de más recursos económicos; “crear una red de inteligencia requiere presupuesto”. Se necesitan personas, una fachada y tecnología. “Nosotros tenemos un Ministerio de Defensa, pero no tenemos las capacidades de defensa, que es una cosa totalmente diferente”, dijo.

La voluntad política es transversal a todas estas necesidades. El coronel (r) considera que la posición política y la disposición del gobierno de turno son clave para mejorar las capacidades de la fuerza pública. A su juicio, hay dos países que pueden proporcionar tecnología más avanzada a Colombia en materia de defensa: Israel y Estados Unidos y, desde su perspectiva, desde la administración que se encuentre, se pueden efectuar las negociaciones necesarias para la adquisición de esos equipos e insumos.

¿Qué pueden hacer ante la presencia de menores?

Si se sospecha de la presencia de menores en las zonas que serán objeto de intervención militar, los uniformados tienen que adoptar alternativas para reducir el riesgo de afectar a los niños. El coronel (r) indicó que es posible evaluar la posibilidad de un rescate: “Es posible 100%”, pero es todo un reto, puesto que implica el desarrollo de un plan aparte, cuya estructuración y ejecución pueden tardar años.

“La operación de liberación de Ingrid Betancourt (exsenadora), por ejemplo, tomó casi dos años en planeamiento, en verificación, en pruebas, en ejercicios de simulación (...) ¿Cuántas operaciones de engaño habría que hacer para poder liberar a los jóvenes? Porque eso fue una operación de engaño”, indicó.

Ahora bien, el abogado Javier Rincón Salcedo, que funge como docente de Derecho Administrativo y de Seguridad Estratégica de la Universidad de Salamanca, en España, y como director del Observatorio en Derecho Militar de la Pontificia Universidad Javeriana, planteó otra alternativa para reducir los efectos colaterales: el desarrollo de operaciones militares distintas a los bombardeos.

Esto, a la luz de las decisiones emitidas recientemente por los juzgados de Bogotá y Guaviare, que ordenaron en su momento la suspensión provisional de las operaciones aéreas ofensivas ante la sospecha de presencia de menores de edad en zonas que serán atacadas por el Ejército.

“Yo hago un estudio de inteligencia y el estudio de inteligencia me dice: ‘Hay 25 menores de 11, 12 y 13 años’. ¿Pueden atacar? Sí, claro que sí. Lo que no podrían hacer es bombardear. ¿Por qué? Porque lo que dice la norma dice que tienen que buscar una alternativa, la menos gravosa, para poder garantizar la vida de esos menores, pero no es que no puedan operar”, precisó el experto, en diálogo con Infobae Colombia.

Otro debate: ¿Los uniformados se exponen a sanciones?

El debate alrededor de los bombardeos y operaciones militares que derivan en la muerte de los menores de edad incluye un interrogante más: ¿Los uniformados pueden terminar investigados penal o disciplinariamente por el desarrollo de esas acciones militares?

El jurista Javier Rincón fue claro al indicar que siempre existirá un “riesgo jurídico”. “Si se cumple con unos criterios específicos que están dictados tanto en el Código Disciplinario Militar como en el Código Penal Militar, serán juzgados dentro del marco de la justicia militar o de la justicia disciplinaria militar. Y si exceden esos marcos —cuando hay una vulneración al derecho internacional humanitario, por ejemplo— (...) esas actuaciones son de competencia de la jurisdicción ordinaria”, detalló el director del observatorio.

Sin embargo, el desarrollo de una investigación no implica que los integrantes de la fuerza pública sean necesariamente responsables de la muerte de los menores. Todo depende de los hechos; “no implica una condena”. Además, cada acción militar es objeto de una indagación interna. “Siempre que hay muertos dentro del marco de una operación militar, hay una investigación interna. Las propias Fuerzas Militares tienen que evaluar cuáles fueron las condiciones de la operación, las condiciones del combate, en qué condiciones murieron esas personas, así sean un blanco legítimo”, detalló.

Rincón indicó que, ante el fallecimiento de menores de edad, las personas esperan que se desarrolle una investigación externa e independiente. Esa indagación puede concluir la adjudicación de responsabilidades, pero, como siempre, depende de cómo se haya llevado a cabo la operación. “Dependiendo de las conductas de cada una de las personas que participaron en cada una de las etapas. Planeación, ejecución, evaluación de toda la operación y en función de los grados que ocupen dentro de esa operación”, dijo.

Entonces, ¿por qué pueden ser realmente sancionados en estos casos? Según el director del observatorio, entre algunas de las posibilidades, por no utilizar los instrumentos que tenían a su alcance para establecer qué tipo de personas estaban en el lugar atacado. “Por no haber establecido razonablemente si había o no menores, por no haber verificado”, indicó.

El experto explicó que la responsabilidad, tanto penal como disciplinaria, es subjetiva, individual; eso quiere decir que en la investigación se busca determinar qué personas fallaron en el cumplimiento de sus funciones. “¿Quién era el que tenía que establecer razonablemente? Pues el que planeó la operación. ¿Y el que planeó la operación lo hace a partir de qué? De lo que le dijeron los de inteligencia”.

La firma de abogados JusticiA & Asociados, especializada en la defensa de la fuerza pública, ahondó al respecto. Sin embargo, otorgó otra perspectiva sobre la posible responsabilidad penal y disciplinaria que tendrían los uniformados en el contexto de las operaciones militares que se desarrollan en zonas donde hay menores de edad.

En diálogo con Infobae Colombia, explicó que los uniformados, como cualquier otro agente del Estado, pueden ser investigados por acción, omisión o extralimitación en sus funciones. “Por acción, al ordenar una operación militar —bombardeo— en contra de un objetivo legítimo del Estado, pese a que información de inteligencia determina la presencia de niños, niñas y/o adolescentes en el lugar; por omisión, al no detener un bombardeo sobre un objetivo legítimo donde se tenía información previa de la presencia de niños, niñas o adolescentes en el campamento; y por extralimitación, al ordenar un ataque aéreo sobre un objetivo legítimo sin estar facultado para ello”, precisó.

La firma recordó que, según los Convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949 y los Protocolos Adicionales I y II de 1977, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección especial y, “pese a que estos menores hubiesen participado directamente en las hostilidades, la protección especial para ellos seguirá aplicándose”.

Además, indicó que, en el numeral 68 del artículo 76 de la Ley 1862 de 2017, por medio de la cual se expide el Código Disciplinario Militar, incluye como falta gravísima para las Fuerzas Militares el “no dar cumplimiento a los principios de ventaja militar, necesidad, humanidad, distinción, proporcionalidad, limitación, precaución en el ataque y no reciprocidad en el desarrollo de operaciones militares realizadas en el marco del conflicto armado, cuando se afecte gravemente el Derecho Internacional Humanitario”.

Cabe resaltar que, según la firma, si la información de inteligencia llega a confirmar la ausencia de menores en la zona susceptible de ser atacada, pero dicho dato es errado, y la operación deriva en la muerte de los niños, a los uniformados que ejecuten la acción militar les aplica una causal de exclusión de responsabilidad vía error invencible.

Suspensiones provisionales de bombardeos

Con respecto a las operaciones ofensivas aéreas, el abogado Rincón aclaró que “nadie está prohibiendo los bombardeos” por la presencia de niños, niñas y adolescentes. “Lo que le están diciendo es: ojo, si usted presume que puede haber menores, usted tiene que hacer una labor reforzada para que no vayan a morir”, precisó.

Sin embargo, la situación se torna compleja cuando los menores están “en una función continua de combate”, porque, según explicó el jurista, se convierten en “blancos militares legítimos”. “Hay que analizar caso por caso, porque también hay situaciones en las cuales en los campamentos, por ejemplo, los menores están allí para llevar comida, para hacer aseo”, detalló. Sin embargo, el profesional en Derecho reconoció que, incluso desde la labor de inteligencia, es difícil saber si hay niños y adolescentes y qué funciones cumplen en los grupos armados: “Presumiblemente, en todos los campamentos hay niños”.

No obstante, hay también un debate sobre los niños y adolescentes armados que enfrentan a los uniformados o que están dispuestos a atacar. La firma JusticiA & Asociados advirtió: “Bajo ninguna circunstancia sería válido afirmar que un niño, niña o adolescente, reclutado forzosamente o no por grupos armados ilegales, sea un objetivo lícito por el solo hecho de participar activamente en las hostilidades”.

¿Qué pasa con las familias de los menores muertos?

Rincón y la firma de abogados plantearon otro escenario: que los familiares de los menores que mueren en las operaciones militares tomen acciones legales. Pueden buscar responsabilidades penales y disciplinarias, pero deben identificar a la persona presuntamente responsable de esos hechos. “Lo veo muy complejo”, aseguró.

Por otra parte, si se comprueba que el Estado falló en su responsabilidad de prevenir la muerte de los menores, la familia podría eventualmente buscar una reparación patrimonial. “Puede surgir del hecho de que yo, como ciudadano, no tengo la obligación de soportar ese daño y, en consecuencia, el Estado me paga”, indicó.

Justicia & Asociados coincidió en ello. Las acciones legales de las familias toman piso jurídico en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia y en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a través de la reparación directa. La normativa indica que, para acreditar ese daño causado por el Estado, se debe fundamentar en una falla del servicio, en un riesgo excepcional o en un daño especial. “La víctima tiene hasta dos años para impulsar la acción”, precisó la firma.

En todo caso, el abogado Rincón recordó que los niños, niñas y adolescentes que están en las organizaciones criminales son víctimas del delito de reclutamiento forzado y, aunque estén en función continua de combate, no pierden su calidad de víctimas. “Ese niño nunca debió haber tenido esa arma en la mano”, aclaró.

Responsabilidad política

Por otro lado, la firma de abogados indicó que quien esté a cargo del Ministerio de Defensa o de la Presidencia (comandante supremo de las Fuerzas Militares) también puede asumir una responsabilidad por la muerte de menores en operaciones militares. “Por línea de mando, les es exigible e imputable la omisión probada al principio de precaución, que es exigible al Estado y a sus agentes en el contexto de operaciones militares”, detalló.

Esto, teniendo en cuenta que tienen el deber de evitar y minimizar los daños incidentales a personas o bienes civiles y, en este caso, a personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario.

El abogado Rincón, por su parte, explicó que el presidente o el ministro de Defensa enfrentan también otro tipo de responsabilidad: la política –como está pasando con el mandatario Abelardo de la Espriella y el jefe de cartera Jorge Mora—, sin que eso implique necesariamente que tengan que responder penal o disciplinariamente.

“La Fuerza Pública, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, rescató en Gómez Plata, Antioquia, a cuatro personas que se encontraban secuestradas, entre ellas un menor de edad, tras un combate con una comisión armada del grupo terrorista E36″, precisó el mandatario.

De acuerdo con el comandante del Ejército, el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez, en el operativo, llevado a cabo por la Cuarta Brigada de la Séptima División del Ejército, se logró, además, golpear directamente a la estructura criminal.

La acción militar derivó en la muerte de dos de los integrantes de la organización armada al margen de la ley. “Sostuvieron combates contra integrantes de la Estructura 36. Dos presuntos integrantes murieron en desarrollo de operaciones militares, entre ellos alias Huevo, señalado cabecilla de comisión, y uno más fue capturado”, precisó el comandante.

De igual manera, según detalló, las tropas lograron recuperar a una menor de 15 años, quien recibió atención médica oportuna. Las autoridades competentes se harán cargo del restablecimiento de sus derechos. En el operativo, los uniformados incautaron cinco fusiles, una pistola, equipos de comunicaciones, material de intendencia y más de 900 cartuchos que estaban en poder del grupo armado.

El comandante del Ejército aseguró que continuarán las operaciones militares orientadas al rescate de ciudadanos secuestrados por las estructuras criminales y reconoció el trabajo conjunto que se llevó a cabo con las autoridades, el cual permitió presentar resultados operacionales positivos.

“Vamos a seguir buscando a quienes secuestran, extorsionan y amenazan a nuestras comunidades. No vamos a cederles espacio. Mi reconocimiento a nuestros comandos del @GaulaMilitares Valle de Aburrá y al trabajo coordinado con @Policiantioquia y @FiscaliaCol”, expresó el mayor general Soto Sánchez.

Por su parte, el presidente De la Espriella informó que el resultado que logró el Ejército afecta las acciones de extorsión y secuestro que adelanta la organización criminal contra comerciantes, agricultores, empresarios y ganaderos del norte y nordeste de Antioquia.

8 personas secuestradas por el ELN fueron rescatadas

Esta operación exitosa se suma a una que se ejecutó el 15 de septiembre de 2026, en la que se logró el rescate de ocho personas que habían sido secuestradas por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El presidente Abelardo de la Espriella dio a conocer los resultados operacionales a través de una publicación en su cuenta de X.

“En una operación ofensiva de precisión quirúrgica, nuestras Fuerzas Militares, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Policía Nacional, con inteligencia interagencial, rescataron a 8 colombianos que permanecían secuestrados por el ELN en zona rural de Convención, Norte de Santander (sic)”, afirmó el primer mandatario.

De acuerdo con el jefe de Estado, dos hombres del Gaula fueron insertados en la zona objetivo y, gracias a su acción rápida, fue posible liberar a las víctimas.

El jefe de Estado felicitó a los soldados, policías y demás personas que participaron en el operativo y permitieron que la operación fuera un éxito. Además, envió un mensaje a la organización criminal que secuestró a los ciudadanos: aseguró que el Gobierno los perseguirá.

“Al ELN se lo digo con absoluta claridad: el secuestro no tiene ninguna justificación. Vamos a perseguir a quienes secuestran, extorsionan y aterrorizan a los colombianos hasta llevarlos ante la justicia (...). Así actúa un Estado que no abandona a sus ciudadanos: con inteligencia, coordinación y contundencia. ¡En Colombia nadie puede volver a hacer del secuestro un negocio!”, precisó.

La instrucción surgió luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, revelara que el criminal mantiene comunicaciones con Neyder de Jesús Uñates López, alias Primo Gay, tercer cabecilla del Frente 36, pese a estar privado de la libertad en la cárcel de Villavicencio (Meta).

“Señor director del @INPEC_Colombia: en el término de la distancia, traslade a este delincuente, alias “Firu”, a una cárcel en la que no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz. Bien motilado, bien esposado y uniformado como corresponde”, escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.

El mandatario aseguró que no permitirá que el criminal, que fue capturado en 2024, siga teniendo conductas contrarias a la ley mientras permanece recluido.

“Ese forajido, no puede seguir haciendo lo que le da la gana. En este Gobierno, los criminales pagan como debe ser. ¡Las cárceles nunca más serán centros de operaciones criminales!”, indicó.

El Inpec respondió a la orden impartida por el mandatario. Informó que ya inició un operativo en la celda en la que permanece recluido el señalado criminal y confirmó que será aislado mientras se adelantan las diligencias pertinentes para efectuar su traslado a otro penal.

“Señor presidente @ABDELAESPRIELLA en este momento ya está cumpliéndose su orden, y se adelanta un operativo en la celda de ese privado de la Libertad. La respuesta al país es rápida y contundente. Hoy mismo será aislado y se organiza el traslado de manera inmediata”, detalló el Inpec en X.

El primer mandatario celebró la rápida acción del Inpec y solicitó que el traslado de alias Firu se efectúe con celeridad.

“Buen trabajo, señor director del @INPEC_Colombia. El tal “Firu” ya sabe lo duro que muerde el Tigre. Ahora que está aislado, hay que trasladarlo, en el menor tiempo posible, a una cárcel de máxima seguridad para que pague su condena como corresponde”, señaló el jefe de Estado en una publicación en X.

Aseguró que en solo dos horas se logró gestionar el inicio del operativo de traslado de alias Firu, lo que, a su juicio, evidencia la efectividad del Estado en la lucha contra la criminalidad. Advirtió que, cuando los delincuentes están “ganando la partida”, es porque, presuntamente, el gobierno de turno está aliado con alguno de ellos.

“En la Patria Milagro nadie se va a burlar de la ley. Las cárceles nunca más serán centros de operaciones criminales”, aseguró De la Espriella.

El gobernador de Antioquia se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, en la que agradeció al presidente Abelardo de la Espriella por haber dado la instrucción al Inpec de trasladar a alias Firu a otro penal. Aseguró que el primer mandatario escuchó el llamado que hizo el departamento y decidió actuar de manera inmediata.

“Gracias, presidente @ABDELAESPRIELLA, por escuchar a Antioquia y actuar. Los criminales que están en la cárcel deben estar incomunicados y pagando por el daño hecho a la sociedad; no dando órdenes ni delinquiendo desde allí”, expresó Andrés Julián Rendón en la red social.

En la publicación en la que advirtió sobre las comunicaciones que estaba teniendo alias Firu con alias Primo Gay, el gobernador solicitó que se implemente una estrategia de desconexión electrónica en el penal, así como el bloqueo de la señal de celulares.

“Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operación del crimen”, aseveró el mandatario departamental.

De acuerdo con el vocero de la Presidencia de la República, Miller Soto, el dinero desembolsado cubre a más del 96% de los internos que se postulan en cada periodo. El Gobierno nacional busca garantizar los pagos oportunos: “Reciben sus recursos a tiempo”, precisó Soto en declaraciones que dio el 19 de septiembre.

El vocero indicó que, cuando se presentan casos en los que no ha sido posible tramitar los pagos, se trabaja de la mano con las instituciones educativas y la Asociación Nacional de Internos y Residentes para resolver la situación. Según precisó, estos escenarios generalmente se presentan cuando hay inconsistencias, reportes extemporáneos de las instituciones educativas o dificultades con las planillas de aportes.

En ese sentido, aseguró que cualquier interno de medicina que no reciba el respectivo pago, pese a cumplir los requisitos para ello, puede reportar su caso ante el Ministerio de Salud.

Este respaldo también se extiende al Sistema Nacional de Residencias Médicas, integrado actualmente por 43 instituciones de educación superior, 94 programas médico-quirúrgicos y 8.273 residentes activos. Según el vocero de la Presidencia, en lo corrido de 2026, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) ha girado más de $253.800 millones para garantizar la continuidad de la formación de los internos.

Por otro lado, Soto indicó que, tras el terremoto que se registró el 10 de agosto en Colombia, el cual afectó a 16 departamentos, el Gobierno nacional activó una red de apoyo en salud mental con atención permanente durante 24 horas para el personal sanitario. Esto, en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL).

“Lo sabemos, quienes atienden la emergencia también la viven y también necesitan que alguien los atienda a ellos. Todo esto hace parte de una política pública que el gobierno del doctor Abelardo de la Espriella adoptó para fortalecer y dignificar el talento humano en la salud, con mejor distribución en las zonas de difícil acceso, mejor formación, mejores condiciones de empleo y protección integral en situaciones de emergencia”, precisó Miller Soto.

El funcionario recordó que para transformar el sistema de salud colombiano se requiere de una mejora en la infraestructura y de las cifras de cobertura, pero también es necesario cuidar del personal de salud, que se encarga de garantizar la atención de los ciudadanos. “Es así como cada vez estamos más cerca de la patria milagro”, añadió.

La remuneración de los internos: condiciones que deben cumplir

En la Resolución 010 de 2026 se indica que los internos de medicina son aquellos que están en la última etapa de su formación académica antes de graduarse como médicos. Para efectos de dicha resolución, los internos deben cumplir las siguientes condiciones para el reconocimiento de su remuneración mensual y de su afiliación al Sistema de la Seguridad Social Integral:

• Estar matriculados en el último año del programa académico de medicina en una institución de educación superior.
• Que se encuentren desarrollando el internado médico bajo supervisión académica.

Los internos tienen otros deberes que deben cumplir para garantizar el proceso de remuneración, los cuales se especifican en la resolución.

“El apoyo tiene como propósito exclusivo facilitar la formación del estudiante y, por tanto, no constituye salario, ni ninguna otra forma de acreencia laboral, ni genera emolumentos o prestaciones sociales de ninguna naturaleza entre el estudiante y la institución prestadora de salud o el Ministerio de Salud y Protección Social”, añade el documento.

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro informó que se están preparando movilizaciones en Colombia en contra del gobierno del mandatario Abelardo de la Espriella, debido a la presunta vulneración de múltiples derechos de la población.

De acuerdo con el congresista, que se declaró en oposición tras haber sido derrotado por De la Espriella en las elecciones presidenciales, los derechos sociales estarían siendo amenazadas por la administración actual, lo cual estaría afectando a distintos grupos poblacionales, entre ellos, los campesinos, los estudiantes y las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

“A un mes de haber asumido al gobierno múltiples sectores de la población, sienten severamente afectados sus derechos: los damnificados por el terremoto, el campesinado, víctimas, el magisterio, estudiantes y profesores universitarios, trabajadores públicos, los pueblos indígenas y las comunidades afro descendientes, la juventud, quienes están en procesos de reincorporación, el sector LGBTIQ+, jueces, artistas, periodistas críticos; para tan solo mencionar algunos de ellos”, aseveró Cepeda en una publicación en su cuenta de X.

En consecuencia, indicó que respaldará las manifestaciones que se lleven a cabo en los próximos días en contra de la administración de De la Espriella. “Comienzan a prepararse ya las movilizaciones sociales que contarán con nuestro respaldo decidido”, precisó.

Movilizaciones programadas

Ya hay una movilización programada: la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Comando Nacional Unitario, la Asamblea Nacional Popular, el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida convocaron a la realización de marchas el de octubre de 2026. De acuerdo con una comunicación oficial dada a conocer por el presidente de la CUT, Fabio Arias Giraldo, la movilización responde a “todas las medidas regresivas de este gobierno de Abelardo de la Espriella contra la soberanía, contra la democracia y la eliminación de derechos”.

De igual manera, informó que, como conclusión del Encuentro Nacional de Organizaciones Sociales y Políticas, se determinó la realización de un paro nacional, programado para los primeros días de noviembre.

“También se consideró de que adicionalmente a estas movilizaciones se debe construir el más amplio frente por la vida de todas estas organizaciones sociales, pero también de personalidades democráticas y progresistas que podamos oponernos al gobierno de Abelardo de la Espriella”, detalló.

En una comunicación anterior, el presidente de la CUT dio a conocer una de las medidas del gobierno actual que los trabajadores rechazan. Según indicó, se trata de un proyecto de ley relacionado con el Estatuto del Trabajo que, de acuerdo con sus declaraciones, no fue discutido en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Arias indicó que la Central Unitaria de Trabajadores rechaza este decisión del gobierno. Advirtió que, aunque la administración y el Ministerio de Trabajo dieron a conocer su disposición de dialogar con los trabajadores sobre la iniciativa, tienen dudas de que esa promesa se cumpla porque hay antecedentes de falta de escucha. “Lo mismo hizo con la resolución que derogó once circulares. Ahora vuelve y lo hace”, precisó.

El líder de la CUT indicó que la normativa vigente establece que este tipo de propuestas sean discutidas con los empresarios y con los trabajadores, con el fin de garantizar la protección de todas las poblaciones que puedan ser impactadas por las decisiones que se tomen.

“Está obligada, desde el punto de vista legal, que todos los proyectos de ley que tienen que ver con asuntos laborales y salariales deben pasar primero por la Comisión de Concertación, que tiene, como lo señala la OIT, el tripartismo de gobierno, empresarios y trabajadores para discutir, dialogar y concertar, si es posible. Pero esta modalidad se la pasó por la faja, es decir, está violando además, la ley, y especialmente la mesa de concertación”, dijo.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó un fallo de tutela que ordenaba a la entidad bancaria BBVA habilitar un mecanismo remoto para abrir una cuenta pensional o cuenta de ahorros equivalente para Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, conocido como el “zar del contrabando” en Colombia, y negó la solicitud de la apertura de dicha cuenta.

Aunque Colpensiones le reconoció una pensión de vejez, BBVA rechazó la apertura de una cuenta exclusiva para recibir sus mesadas debido a los antecedentes del solicitante, que es señalado de liderar una red de contrabando en el país. Marín Buitrago se encuentra actualmente en Portugal y enfrenta una notificación roja de Interpol y una solicitud de extradición vigente.

“La decisión de no abrir una cuenta de ahorros al accionante obedeció al cumplimiento de sus deberes legales de administración y prevención de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft), así como al análisis individual del cliente efectuado en el ejercicio de la autonomía contractual y la libertad de empresa, tras identificar información pública y antecedentes que lo vinculan con investigaciones penales por presuntos delitos de contrabando, cohecho y lavado de activos, además de una circular roja de Interpol y una solicitud de extradición”, precisó el tribunal.

Ante la decisión que tomó la entidad bancaria, alias Papá Pitufo, a través de su abogado, presentó una acción de tutela en la que solicitó el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad, habeas data, petición, debido proceso, seguridad social. También pidió que se ordenara al banco que realizara un procedimiento remoto y seguro de validación de identidad, actualización de información y conocimiento reforzado para la apertura de su cuenta bancaria.

De igual manera, solicitó que se ordenara “al banco BBVA abstenerse de utilizar de manera automática o determinante noticias adversas, investigaciones penales, antecedentes o alertas internas para negar el acceso a productos financieros, sin una evaluación individualizada y proporcional del caso concreto”.

El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante una sentencia emitida el 12 de agosto de 2026, accedió al amparo de los derechos del señalado contrabandista y ordenó al representante legal de BBVA adoptar un protocolo remoto, seguro y reforzado de verificación de identidad para Marín Buitrago. Además, ordenó que, tras verificar la identidad del solicitante, abriera una cuenta pensional a su nombre.

El banco impugnó la decisión del juzgado, alegando que le fueron impuestas obligaciones que son ajenas a su marco constitucional, legal y operativo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudió la impugnación y consideró que la entidad actuó dentro de sus facultades contractuales y regulatorias al rechazar el trámite.

La Sección Segunda, Subsección B, determinó que la negativa cumplió con los criterios de objetividad, razonabilidad y proporcionalidad exigidos por la jurisprudencia constitucional. También concluyó que la decisión no fue discriminatoria ni arbitraria, debido a las obligaciones de conocimiento del cliente y gestión del riesgo previstas en el sistema de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

“Se evidencia que las razones invocadas por la entidad se encuentran vinculadas con la denominada fase de prevención, en cuya virtud las entidades financieras tienen el deber de conocer adecuadamente al potencial cliente, verificar la actividad económica que desarrolla, identificar el origen de los recursos cuya administración se pretende canalizar a través del sistema financiero y evaluar la eventual existencia de riesgos legales, reputacionales, operativos o de cumplimiento que puedan comprometer la estabilidad y transparencia de la actividad financiera”, precisó el tribunal.

En la providencia, el tribunal aclaró entonces que BBVA no actuó bajo criterios caprichosos, discriminatorios o ajenos a la actividad financiera al negar la apertura de la cuenta bancaria en favor del “zar del contrabando”.

El jefe de Estado explicó que la visita de José Manuel Restrepo al país norteamericano tendrá un objetivo claro: movilizar capital desde allí y desde otros países, para poder invertirlo en Colombia. El vicepresidente indicó que se reunirá con personas del sector financiero para avanzar en la recolección de recursos para el país.

“El propósito es construir esa patria milagro desde el mundo también. Y eso se logra con inversión. Y eso, pues se va a conseguir a través de encuentros con organismos multilaterales, sobre todo con fondos de inversión, con el acercamiento a los actores más importantes, jefes de misión de otros países. Y allí llevaré sus palabras”, precisó Restrepo.

De la Espriell reiteró que no participará en la Semana de Alto Nivel porque desde un inicio prometió que no saldría de Colombia. Por eso, el vicepresidente José Manuel Restrepo irá en su representación y leerá unas declaraciones que el presidente preparó.

“Él va a leer ante el pleno de la ONU unas palabras que seguramente van a generar un gran impacto, porque aquí no solamente se trata de hacer las cosas bien, sino también de generar conciencia. Y eso es lo que este Gobierno quiere lograr”, precisó el primer mandatario.

El vicepresidente Restrepo viajará a Estados Unidos con una delegación compuesta por el ministro de Relaciones Exteriores, Ómar Bula; la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo; y el embajador permanente ante Naciones Unidas, Mauricio Gaona.

Críticas por la ausencia del presidente en la Asamblea de la ONU

La decisión del presidente Abelardo de la Espriella de no asistir a la Asamblea General de la ONU, que reúne a jefes de Estado y de Gobierno del mundo, generó indignación en el país político colombiano, sobre todo, entre la oposición. Algunos congresistas criticaron el hecho de que el mandatario haya optado por enviar al vicepresidente en su representación, puesto que el encuentro suele contar con la presencia de los mandatarios.

“El verdadero Presidente de Colombia a la sombra. Restrepo tiene funciones de ‘Superministro’ y será el primer Vicepresidente que históricamente desde 1946, asista y dé su discurso ante la ONU. No se trata únicamente de que Abelardo sea un impresentable a nivel internacional, se trata de quien maquina el rumbo y el destino de Colombia”, comentó el congresista Alejandro Ocampo en una publicación en su cuenta de X.

La senadora María José Pizarro se unió a los cuestionamientos por la ausencia de Abelardo de la Espriella en la asamblea. Aseguró que el vicepresidente Restrepo sería el “verdadero presidente” de Colombia y advirtió que estarían tratando de esconder al jefe de Estado a nivel internacional.

“Será el vicepresidente quien dialogue con los altos dignatarios del mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¡Impresentable!”, aseveró la congresista del Pacto Histórico en la red social.

Detalles del encuentro de alto nivel entre dignatarios del mundo

La Asamblea General de la ONU es un órgano de deliberación, adopción de políticas y representación integrado por 193 estados miembros. Las reuniones de la asamblea se hacen anualmente, en sesiones ordinarias que se llevan a cabo de septiembre a diciembre.

De acuerdo con el sitio web oficial de la ONU, el tema general que se abordará este año es: “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”. Además, durante la Semana de Alto Nivel habrá distintos eventos orientados, entre otras cosas, a la acción climática, el derecho al desarrollo, el aumento del nivel del mar, la prevención, preparación y respuesta ante pandemias, y la eliminación total de las armas nucleares.

De acuerdo con declaraciones que dio el mandatario en una rueda de prensa, en el consejo de seguridad se hizo una evaluación de la situación de orden público del departamento y se definieron acciones concretas que las autoridades competentes pondrán en marcha para combatir a las estructuras narcoterroristas y criminales que aquejan al departamento de Bolívar.

El presidente informó que hay flagelos clave que deben ser atacados: economías ilícitas, narcotráfico, extorsión y contrabando. Según indicó, se robustecerán las operaciones contra estas acciones delictivas que contribuyen al sostenimiento de las estructuras criminales.

“He ordenado fortalecer las operaciones contra los objetivos de alto valor y golpear no solo a los cabecillas, sino sus redes financieras y las economías ilegales que los sostienen. Vamos a incrementar la presión contra el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando y la extorsión, y por supuesto, vamos a fortalecer también el control migratorio, que se vuelve un problema en Cartagena”, dijo el jefe de Estado ante los medios de comunicación.

Advertencia a peligrosos cabecillas de estructuras armadas

En su intervención, el mandatario dio un ultimátum a algunos criminales de grupos armados que operan en el departamento. El jefe de Estado advirtió que, de no entregarse a las autoridades, serán dados de baja en operaciones militares. Además, mencionó a algunos cabecillas e integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf), una facción disidente de las Farc.

“El aviso es para los principales cabecillas de las bandas narcoterroristas en el departamento de Bolívar. A los narcoterroristas del ELN, alias Omar Ocasinga y alias Francisco, al terrorista alias Gonzalo O Chalo, de la Segunda Marquetalia, al narcoterrorista alias Jhon Mechas, del Estado Mayor de Bloques, a los miembros narcoterroristas del Clan del Golfo, alias Piolín y alias Jefferson, tienen fecha de expiración en el gobierno del Tigre. O se entregan o los doy de baja como en derecho corresponde. Están advertidos”, señaló el presidente.

Por otro lado, De la Espriella anunció que el Gobierno pondrá la lupa sobre la trata de personas y la explotación sexual asociada al turismo y se fortalecerán las capacidades de inteligencia y la respuesta frente al uso de las nuevas tecnologías por parte de los criminales. Se busca tener mejores resultados a nivel de inteligencia y el desarrollo de más operaciones.

Acciones para el progreso de Bolívar

La reunión con las autoridades departamentales y locales también se centró en el abordaje de proyectos orientados al progreso de Bolívar. Según informó, se impulsó el primer paquete de obras del Canal del Dique por $200.000 millones, aproximadamente. Además, se terminaron 504 mejoramientos de vivienda y se está avanzando en otros 2.641 mejoramientos.

De igual manera, prometió que se van a destrabar proyectos en María la Baja, Magangué, San Jacinto del Cauca, San Pablo, Mahates, que se pondrá en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Petar) y el alcantarillado del municipio Barranco de Loba.

“En salud, vamos a girar $12.000 millones para infraestructura en María la Baja, Cartagena y El Salado, y mantendremos como prioridad el hospital de María la Baja buscando alternativas de financiación. Para el campo habrá apoyo a pequeños ganaderos”, añadió.

El mandatario también anunció que la sede de la Dirección General Marítima (Dimar) será trasladada a Cartagena por orden presidencial. “He tomado una decisión, porque el Estado colombiano es tan disfuncional que la Dimar queda en Bogotá, en donde no hay mar. La Dimar se viene por orden presidencial para Cartagena. Aquí va a estar la Dimar”, dijo.

La Procuraduría puso la lupa sobre presuntas irregularidades identificadas en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) y abrió indagación previa en averiguación de responsables del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Salud y Protección Social y de la Fiduprevisora, que administra el Fomag.

Una auditoría llevada a cabo en el Fondo evidenció el incremento de costos en la prestación de los servicios de salud para los docentes y otros afiliados. Además, se identificaron anomalías en el diseño y ejecución del nuevo modelo de salud implementado por el gobierno anterior (liderado por el expresidente Gustavo Petro) que habrían derivado en la reducción de la red de prestación del servicio y en la generación de mayores obstáculos para la atención en salud de los usuarios y de un patrimonio negativo.

Esto pasó, pese a que hubo advertencias por parte de la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República y de la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública.

En consecuencia, la Procuraduría abrió indagación previa por cuatro anomalías específicas:

• Irregularidades en la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de atención en salud y del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esto incluye la contratación de los operadores del servicio de salud.
• Pagos sin soporte ni cadena presupuestal que se hicieron por $4,4 billones. Las transacciones se efectuaron desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al Fomag por concepto de pago de proveedores.
• Liquidación de contratos y pagos a los administradores del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).
• Pagos a empresas de acueducto y energía, pese a que fueron objetados por la revisoría fiscal (vigencias 2023 y 2026).

Práctica de pruebas: requerimientos a ministerios y entidades

El Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas y requirió a las entidades y ministerios investigados para que alleguen información que permita avanzar con la indagación.

En cinco días hábiles posteriores a la comunicación de la apertura de indagatoria, la Fiduprevisora deberá remitir al despacho los datos sobre las personas que hayan fungido como vicepresidentes de fondo de prestaciones, gerentes jurídicos del fondo de prestaciones y gerentes de servicios de salud. También deberá enviar información sobre funcionarios y particulares encargados o que hayan participado en el trámite de los procesos en los que se identificaron las anomalías.

El Ministerio de Salud, por su parte, tendrá que allegar a la Procuraduría una copia del informe que fue presentado por la exministra Viviane Morales Hoyos, en el que se exponen los hallazgos del Fomag, relacionados con la situación financiera, administrativa y de prestación de servicios de salud del Fondo. Además, debe presentar un “informe detallado y soportado del estado y resultas del o los procesos de auditoría requeridos por la exministra Viviane Morales Hoyos respecto de la situación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”.

Por otro lado, el Ministerio Público requirió a la Contraloría Delegada para la Economía y las Finanzas Públicas de la Contraloría General de la República para que remita una copia de los informes de las inspecciones judiciales realizadas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la Fiduprevisora, en relación con el manejo y administración del Fomag. También pidió que allegue un documento detallado y soportado en el que se expliquen las acciones adelantadas por el organismo de control fiscal con base en los resultados de las inspecciones.

La Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública también deberá enviar al despacho un informe sobre las actuaciones adelantadas con respecto a la formulación, estructuración, implementación y contratación del nuevo modelo de prestación de servicios de salud del magisterio.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, a través de la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad, profirió el auto de obedecimiento de la sentencia mediante la cual se estableció la condena contra el antiguo secretariado de las Farc ―la guerrilla más antigua de América Latina― por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el conflicto armado colombiano.

Para dar cumplimiento a la sentencia, la Sección asumió la competencia para dirigir la ejecución de la misma y verificar el cumplimiento de las sanciones propias que fueron impuestas a quienes integraron el antiguo secretariado.

“OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE lo resuelto por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz mediante Sentencia TP-SA-SP 620 del 25 de junio de 2026, por la cual se confirmó parcialmente la Sentencia TP-SeRVR-RC- ST 001 del 16 de septiembre de 2025 proferida por la Sección de Primera Instancia para Casos de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad contra el último Secretariado de las FARC-EP en el marco del Caso 01″, se lee en la decisión emitida por la Sección de Primera Instancia, emitida el 18 de septiembre de 2026.

De esta manera, declaró formalmente iniciada la ejecución de las sanciones propias impuestas a las siguientes personas:

1. Rodrigo Londoño Echeverri, último comandante y coordinador del Bloque Magdalena Medio, condenado a ocho años de sanción propia.
2. Jaime Alberto Parra Rodríguez, excomandante del Bloque Oriental, condenado a siete años, 10 meses y dos días de sanción propia.
3. Milton de Jesús Toncel Redondo, comandante del Bloque Sur, condenado a siete años, ocho meses y 25 días de sanción propia.
4. Pablo Catatumbo Torres Victoria, comandante del Bloque Occidental, condenado a ocho años de sanción propia.
5. Pastor Lisandro Alape Lascarro, comandante del Bloque Magdalena Medio, condenado a seis años, 11 meses y 22 días de sanción propia.
6. Julián Gallo Cubillos, comandante del Frente Urbano Antonio Nariño (Fuan) y miembro del Bloque Oriental, condenado a seis años de sanción propia.
7. Rodrigo Granda Escobar, conocido como el canciller de las Farc, condenado a cinco años de sanción propia.

La Sección de la Apelación, en la Sentencia TP-SA-SP 620 del 25 de junio de 2026, declaró a los exguerrilleros responsables de los crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidio y de los crímenes de lesa humanidad de privaciones graves de la libertad, asesinato y desaparición forzada. De igual manera, determinó que cinco de los siete comparecientes también son penalmente responsables, debido al poder de mando que tenían en la estructura armada y porque no evitaron hechos de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.

Las siete personas que fueron condenadas por la JEP deberán garantizar la reparación de las víctimas mediante la ejecución de actividades específicas, entre ellas, desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, labores en infraestructura rural y urbana, tareas para la protección del medio ambiente y acciones en pro de la memoria histórica.

Estas actividades restaurativas las desarrollarán en siete regiones del país: Bogotá, noroccidente (Antioquia), oriente (Caquetá y Meta), Caribe (Bolívar y Cesar), suroccidente (Huila, Putumayo y Nariño), nororiente (Santander), centro y suroriente (Casanare, Vaupés y Sumapaz).

En el auto emitido por la Sección de Primera Instancia de la JEP para el inicio de la ejecución de las sanciones, se activó el componente retributivo, por medio del cual se establecen restricciones efectivas de derechos y libertades para los comparecientes. Estas son:

• Residencia fija en la sede territorial correspondiente. Incluye la prohibición de cambio sin autorización previa de la Sección.
• Régimen de horario estricto para el desarrollo de trabajos, obras y actividades con contenido restaurativo y reparador: de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 5:00 p. m.
• Prohibición de desplazamiento fuera del departamento de la fase correspondiente de ejecución.
• Prohibición de desplazamiento fuera del país.

Residentes del conjunto residencial Sierras del Moral, ubicado en el norte de Bogotá, suscribieron una carta en la que expresaron su preocupación por la posibilidad de que el expresidente Gustavo Petro vaya a vivir en ese lugar.

De acuerdo con los ciudadanos, el problema está en que el exmandatario está incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

“Para los firmantes, esta circunstancia constituye una señal de alerta relevante. Por ello, manifestamos nuestro desacuerdo con que una eventual operación se concrete sin una evaluación jurídica previa y documentada de las restricciones aplicables y de sus posibles efectos para las partes y la copropiedad”, precisaron los residentes en la misiva.

Aunque indicaron que reconocen que el estar en la lista de la Ofac no equivale a una condena penal ni implica una prohibición de arrendar vivienda en Colombia, consideran que es necesario que los propietarios e intermediarios reciban una asesoría especializada sobre la situación del expresidente antes de asumir cualquier compromiso contractual con él.

La carta generó inquietud e indignación en el exdirector del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar. En una publicación en su cuenta de X, el exfuncionario aseguró que al ex jefe de Estado se le está negando su derecho a vivir. Además, advirtió que hay personas que no han dejado “en paz” al exmandatario desde que dejó la Presidencia de la República.

“El conjunto donde vivió Duque protesta por posible llegada de Gustavo Petro. Desde que entregó la presidencia, en el tiempo debido, como demócrata que es, a Gustavo Petro no lo dejan en paz. Ahora le niegan el derecho a vivir. ¿Entonces la pretensión cuál es? ¿El destierro?”, cuestionó Bolívar.

El exfuncionario preguntó si el capitalismo está restringiendo la libertad de movilidad de los ciudadanos, o si el país, según él, le pertenece a unas pocas personas que concentran la mayor parte de la riqueza. De igual manera, insinuó que detrás de la carta de los residentes del conjunto podría existir un caso de clasismo por orientación ideológica.

“¿Con qué derecho se toman la atribución de decidir dónde tiene que vivir un ciudadano? O sea que en el gobierno que tildaron de comunista se respetó la propiedad privada, se respetó la movilidad, se permitió el enriquecimiento de los empresarios, no se expropió a nadie mientras que ahora la clase “libertaria” restringe las libertades. ¿Cómo es eso?”, añadió el exdirector del DPS.

Al igual que Gustavo Bolívar, la senadora Patricia Caicedo Omar se pronunció sobre los hechos. La congresista expresó su solidaridad con el ex jefe de Estado y criticó a los residentes del conjunto por presuntamente afectar la libertad del exmandatario de vivir.

“Al parecer en Colombia existe también la patria de los arribistas, donde hay gente que se reúne para impedir la libertad de otras personas de vivir donde se le dé la gana. Seguramente después irán a misa y hablarán en sus círculos del amor al prójimo y las libertades individuales”, señaló la legisladora en una publicación en su cuenta de X.

La senadora alentó al expresidente Petro a mudarse a Santa Marta, donde, a su juicio, la población goza de energía y paz gracias a la presencia del mar.

El expresidente Gustavo Petro respondió a la carta emitida por los ciudadanos y recordó que tiene derecho de elegir con completa libertad el lugar donde desea vivir.

“Resulta que el expresidente de Colombia tiene derecho a vivir, es su derecho fundamental y nada le impide vivir en donde él quiera”, escribió.

El Juzgado 16 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Barranquilla aplazó la audiencia de formulación de acusación contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del expresidente Gustavo Petro, investigado por presuntas irregularidades identificadas en procesos de contratación llevados a cabo entre la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Gobernación del Atlántico.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en su momento, el hijo del exmandatario fue imputado con cargos por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, peculado por apropiación, tráfico de influencias y falsedad en documento privado. Sin embargo, todavía no ha sido acusado formalmente.

El juzgado decidió aplazar la audiencia, a petición del ente acusador, porque este último solicitó un plazo razonable para realizar un examen minucioso e integral del expediente y del escrito de acusación contra Nicolás Petro. La solicitud fue respaldada por la Procuraduría y la defensa del procesado.

Adicionalmente, el representante del Ministerio Público advirtió sobre dificultades en el trámite procesal que se presentaron en las diligencias de formulación de imputación y de solicitud de imposición de medida de aseguramiento contra Petro Burgos. En ese sentido, aseguró que existen situaciones que deben ser subsanadas, por lo cual informó que formulará observaciones de fondo sobre aspectos procesales que, desde su perspectiva, pueden afectar el derecho a la defensa que tiene el procesado.

Detalles del Caso Fucoso

La imputación contra Nicolás Petro se llevó a cabo en noviembre de 2025. Durante una audiencia realizada ante el Juzgado 41 de Control de Garantías de Barranquilla, la fiscal Lucy Laborde formalizó la imputación, explicando que, de acuerdo con la investigación adelantada por el ente acusador, el hijo mayor del expresidente se apropió de recursos públicos provenientes de contratos celebrados entre Fucoso y la Gobernación del Atlántico. Para entonces, Petro Burgos ejercía como diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico.

“Este acuerdo corrupto consistía en una serie de contratos en la Gobernación del Atlántico, a favor de la Fundación Fucoso, con el propósito de apropiarse de recursos del ente departamental, entre tanto, una gran parte de estos, no eran usados para el objeto contractual que fue creado, sino para repartirse ilícitamente entre ustedes”, insistió la fiscal en la audiencia.

La delegada del ente acusador aseguró que la cifra de la que se habría apropiado el procesado asciende a los $111 millones. “Siendo una continuidad del beneficio entre el año 2021 y 2022, cuya materialización de los rendimientos de su actuar criminal corresponden a la suma de 111 millones de pesos entre esos dos contratos entre la Gobernación del departamento del Atlántico y la Fundación Conciencia Social (Fucoso)”, indicó la fiscal Laborde durante la diligencia.

Según la funcionaria, Nicolás Petro no tenía una administración funcional directa sobre los recursos destinados a la ejecución de los contratos. Sin embargo, habría estado pendiente del movimiento de esos dineros. Es por eso que, para el cargo de peculado por apropiación, lo señaló como responsable en calidad de interviniente. Esto, teniendo en cuenta que, presuntamente, se benefició de las irregularidades que rodearon esos procesos contractuales, que fueron gestionados por ordenadores del gasto y ejecutores que se encargaron del manejo de los anticipos.

Otra investigación contra Nicolás Petro por lavado de activos

El exdiputado del Atlántico afronta otro proceso penal por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que confesó haber recibido recursos de manera ilegal, con los que incrementó su patrimonio de manera injustificada. Estas acciones delictivas las ejecutó junto con su exesposa Daysuris Vásquez Castro.

“Se tiene que los gastos reportados alcanzan los 1.205 millones de pesos, por lo tanto, existe un incremento patrimonial injustificado por 1.053 millones de pesos”, informó la Fiscalía en un comunicado, en el que indicó, además, que el dinero que habría sido adquirido ilícitamente por Petro Burgos y Vásquez Castro fue invertido de la siguiente manera:

1. En el pago mensual del arriendo de un apartamento y una casa.
2. En la compra de un apartamento.
3. En la compra de una mansión en un municipio del Atlántico.
4. En la compra de un vehículo último modelo.
5. En la adquisición de artículos de lujo.

Enrique Gómez, director del movimiento Salvación Nacional y actual presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República, informó que presentó dos proposiciones ante el Congreso para que se establezcan cambios en el presupuesto del sector justicia, contemplado en el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) que radicó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con las declaraciones del congresista, que fueron divulgadas por Caracol Radio el 17 de septiembre, su iniciativa pretende reducir el rubro asignado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que el monto que se le retire sea trasladado a otro órgano de la Rama Judicial.

“Acabamos de radicar dos proposiciones para modificar el presupuesto de la Nación 2027 en el sector justicia, solicitando que se le reduzca en $100.000 millones el presupuesto de funcionamiento a la JEP y se trasladen esos $100.000 millones al Consejo Superior de la Judicatura”, indicó el senador.

Gómez explicó que esos recursos servirían para la creación de nuevos despachos o para la formalización de encargos en la planta judicial. Según detalló, la reasignación del dinero es necesaria y, a su juicio, sería mucho más útil teniendo en cuenta las necesidades actuales en materia de justicia.

Además, puso en duda los resultados de la JEP, que se encarga de investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos por distintos actores armados durante el conflicto armado en Colombia antes del 1 de diciembre de 2016.

“Esta es una necesidad sentida. Con $4 billones que ha costado la Jurisdicción Especial para la Paz, sus indicadores de resultados son desastrosos, lamentables, es la jurisdicción de la impunidad”, aseveró el presidente de la Comisión Primera del Senado.

Desde su perspectiva, la justicia colombiana ha quedado “rezagada en su crecimiento”, lo que ha dificultado la atención de cerca de 2,2 millones de procesos. “Número que se ha inflado precisamente por culpa de Gustavo Petro, por la crisis de la salud”, añadió Gómez.

Así las cosas, aseguró que espera que sus propuestas sean discutidas y aprobadas en el Legislativo y que el gobierno también dé su visto bueno. “Esta proposición esperamos que cuente con el aval del Ministerio de Hacienda y obviamente del pleno del Congreso”, dijo.

El presidente Abelardo de la Espriella respaldó la propuesta del senador con un corto mensaje que publicó en su cuenta de X: “¡Publíquese, comuníquese y cúmplase!”.

Presidente de la JEP advirtió sobre riesgos ante reducción del presupuesto

Mientras surgen iniciativas como la de Enrique Gómez para reducir el presupuesto asignado a la JEP para 2027, el presidente de la Jurisdicción, Alejandro Ramelli Arteaga, pide que incremente. El 9 de septiembre, ante la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, indicó que en el Presupuesto General de la Nación que presentó el Ministerio de Hacienda ya se hace un recorte importante de recursos que afectará la misionalidad de la JEP.

“El tema del presupuesto es dramático, le digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos inicialmente un presupuesto $947.642 millones. Luego, cuando nos lo devolvieron, lo devolvieron en $821.000 millones. Es decir, tenemos un recorte de $125.000 millones”, detalló Ramelli ante los representantes a la Cámara.

Según detalló, en lo que queda de 2026, los magistrados de la Sala de Reconocimiento terminarán los macrocasos, y en 2027, la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) culminará las imputaciones. Esa fase requiere de la disponibilidad de recursos para que pueda ser ejecutada de manera efectiva. Advirtió entonces que la reducción que yace en la propuesta de presupuesto actual puede generar problemas en la materia.

“Si nos recortan ese presupuesto, los $125.000 millones, en la fase más crítica de cierre de investigaciones, vamos a tener serios problemas para el monitoreo de las sentencias, para poder cerrar las investigaciones, para que las víctimas por fin tengan unas sentencias”, indicó el presidente de la JEP.

El exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo cuestionó públicamente a la nueva jefa de la cartera, Ana María Vesga, por la proyección que hizo sobre el incremento que debe tener la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027, que es el monto que el Estado le paga a las EPS por cada afiliado para garantizar su adecuada atención en salud.

De acuerdo con declaraciones que dio la ministra el 16 de septiembre en una reunión con el presidente del Senado, Honorio Henríquez, el aumento de la UPC tendría ser de hasta el 13% –dato que todavía no quedó establecido–, según el análisis que se ha hecho de los estados financieros de las EPS y, sobre todo, de la Nueva EPS, que es la entidad promotora de salud con mayor número de afiliados en el país.

“El ejercicio que estamos haciendo, con la información de la Nueva EPS que tenemos para el año 2025, es que ese incremento de UPC (...), en términos de frecuencias y severidades, tendría que aumentar por lo menos un 12% o 13%”, indicó la jefa de cartera en el encuentro con el presidente del Senado.

El exministro de Salud Jaramillo criticó a su sucesora por indicar que el incremento debe estar entre el 12% y un 13%. Recordó que, en una entrevista que otorgó a Blu Radio el 12 de diciembre de 2025, Ana María Vesga aseguró que el aumento de la UPC para 2026 debía ser mayor al 15% –cifra que supera el dato que dio a conocer en la reunión con el presidente del Senado–. Según indicó, lo que se requería era “voluntad política” por parte del gobierno anterior para efectuar ese incremento.

“El sistema de salud está creciendo a un ritmo entre 15% y 17%, que son los números por diferentes metodologías que hemos aportado tanto la Andi como Acemi, y el espacio fiscal está dado para que haya un aumento superior al 15%. Se requiere voluntad política”, dijo Vesga en la entrevista con el medio radial citado.

Para entonces, la actual ministra de Salud era la presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi). La organización se pronunció en varias oportunidades sobre la necesidad de establecer un incremento importante en la UPC, con el fin de garantizar la prestación de los servicios de salud. A finales de 2025, Acemi emitió un comunicado en el que indicó que la Unidad de Pago por Capitación debía tener un alza del 17,33% (régimen contributivo) para 2026.

Sin embargo, el gobierno del entonces presidente Gustavo Petro, estando Guillermo Jaramillo como ministro de Salud, determinó que la UPC para el régimen contributivo subiría un 9,03% y para el subsidiado, un 16,49%, lo que quiere decir que el incremento global sería del 12,94%.

“Qué diferente, señora ministra. Siendo usted presidenta ejecutiva de Acemi, propuso que por lo menos el aumento para el 2026 tenía que ser del 17,33%. Yo me hago una pregunta. Usted disminuyó el presupuesto milagro en $158.000 millones de pesos de lo que nosotros habíamos presentado. Las cifras no le dan”, indicó el exministro de Salud.

Según afirmó, el presupuesto del Ministerio de Salud actualmente no “le alcanza” sino para un aumento de un poco más del 7% por concepto de UPC. Adicionalmente, indicó que, según cifras oficiales, el gobierno del expresidente Gustavo Petro logró en cuatro años de mandato incrementos “reales” del 28%. Según detalló, esa alza equivale a $21 billones adicionales otorgados al sistema de salud.

“Esto es la realidad y las verdades en cifras, señora ministra”, dijo el ex jefe de la cartera.

En una publicación en su cuenta de X, añadió un cuestionamiento: “Ahora que es ministra habla de 12% o 13%. ¿Dónde quedó la “voluntad política” que tanto reclamaba?”.

De acuerdo con el mandatario, su administración reconoce que existe un mandato constitucional que ordena la protección de la diversidad étnica en el país. Además, aseguró que garantizará el derecho que tienen los pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y el pueblo Rom a la consulta previa. Ese mecanismo les permite decidir sobre proyectos y medidas que se quieran ejecutar en sus territorios y que puedan generar afectaciones en sus comunidades.

Sin embargo, aclaró que la consulta previa se llevará a cabo “con reglas claras” que impidan que el mecanismo sea “distorsionado” por intermediarios, o que haya abusos o irregularidades. Esto, sin que se genere un debilitamiento de la figura. “Se revisarán detalladamente los procedimientos para impedir que intermediarios, funcionarios, empresas o dirigentes puedan convertir la consulta previa en un negocio o utilizarla como mecanismo de presión económica”, precisó De la Espriella en el encuentro con las comunidades.

Asimismo, indicó que pretende que los proyectos territoriales cuenten con la participación de las comunidades étnicas y aseguró que los recursos asignados para beneficio de dichas poblaciones serán vigilados de manera rigurosa, para evitar cualquier irregularidad relacionada con su manejo.

“Quiero una política en la que las comunidades participen desde el origen en los proyectos estratégicos de regiones como la Amazonía, el Pacífico, La Guajira, la Orinoquía y las zonas de frontera. Al mismo tiempo, ejerceremos un riguroso control fiscal para garantizar que cada peso destinado a estas comunidades se traduzca en resultados concretos: escuelas dignas, salud, agua potable y mejores condiciones de vida”, precisó el primer mandatario en una publicación en su cuenta de X.

En la reunión, el presidente aseguró que, para asegurarse de que los recursos están siendo manejados correctamente y que están llegando a los pueblos indígenas como corresponde, visitará personalmente las obras y proyectos que se adelanten. “Yo no me voy a contentar con informes que digan que se contrataron o ejecutaron miles de millones de pesos”, señaló.

Según explicó, es necesario hacer una revisión exhaustiva del dinero porque, en el empalme anticorrupción que se llevó a cabo antes de iniciar su mandato, identificaron presuntas irregularidades. Por ejemplo, en 67 convenios de la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior aparecen comprometidos $967.000 millones, aproximadamente, y más de $672.000 millones que fueron desembolsados.

“En la información examinada no aparece que alguno de esos convenios haya sido liquidado, hecho que, por supuesto, enciende todas las alarmas”, detalló De la Espriella.

Así las cosas, el presidente aseguró que habrá una relación respetuosa con las comunidades, en la que se reconocerán sus derechos, pero también sus deberes y sus aportes en materia de seguridad, educación, salud, productividad y empleo. Además, informó que mantendrá estrecha comunicación con las autoridades y las comunidades, y que también escuchará a las organizaciones que representan a los pueblos étnicos. Sin embargo, aclaró que “ninguna organización puede sustituir la voz de los pueblos ni atribuirse la representación de su voluntad”.

Por otro lado, el mandatario informó que ordenó la revisión jurídica de los actos administrativos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), con el fin de lograr resolver inconvenientes que tiene el resguardo Guambía del pueblo Misak, en Silvia, Cauca. Asimismo, solicitó la presencia de la fuerza pública para proteger a las comunidades.

“Que la extraordinaria diversidad de nuestra Patria nunca sea una razón para dividirnos, sino una fuerza que nos una y un motivo para sentirnos profundamente orgullosos de Colombia”, señaló el jefe de Estado en la red social X.

El exmandatario Gustavo Petro rechazó las declaraciones que dio el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Mauricio Velasco, sobre los recursos que hacen falta para pagar las pensiones de los colombianos, debido a un déficit que enfrenta Colpensiones.

De acuerdo con Velasco, que se pronunció ante la prensa el 17 de septiembre, la administración anterior es responsable de la carencia de los recursos, puesto que incrementó el salario mínimo para 2026 en un 23%. A su juicio, el alza fue muy alta, debido a que las estimaciones indicaban que debía ser de máximo 7,5%.

“Según nuestras estimaciones, esos $5 billones (de déficit) han faltado durante todo el año, porque el Presupuesto General de la Nación que se hizo para 2026 se hizo con un supuesto de inflación y de productividad que daban para un aumento del salario mínimo de máximo el siete y medio porciento”, precisó el presidente de Asofondos ante los medios de comunicación.

El ex jefe de Estado negó que el incremento del salario mínimo haya sido la causa de la falta de recursos de Colpensiones. Según explicó, la situación respondería a un supuesto hurto de ahorros por parte de entidades bancarias, aunque no proporcionó pruebas para sustentar sus acusaciones.

“No señor, es producto del robo y la estafa que hicieron como banqueros los señores del grupo aval y de Bancolombia al robarse el ahorro de los trabajadores que es propiedad de los trabajadores que se trasladaron a Colpensiones para cumplir el sueño de disfrutar de una pensión que ahora les paga toda la sociedad colombiana cubriendo el robo billonario de los dos banqueros más grandes del país (sic)”, aseveró el expresidente en una publicación en su cuenta de X.

No obstante, de acuerdo con el presidente de Asofondos, el incremento del salario mínimo sí tuvo un impacto en los recursos de las pensiones que maneja Colpensiones, porque estuvo “por encima de todos los parámetros técnicos” que se deben tener en cuenta para ello.

Adicionalmente, indicó que, para este año, las pensiones del régimen general de Colpensiones cuestan $80 billones. Ese monto supera lo recaudado en IVA, según detalló Velasco. De la totalidad, $40 billones, aproximadamente, tendrán que ser pagados a través del Presupuesto General de la Nación, mientras que los $40 billones restantes constituyen una deuda que se está adquiriendo con los futuros pensionados del país.

Pues, el pago de ese dinero “se financia con cotizaciones de hoy en día o con traslados de personas que están cotizando hoy en día. Entonces, las pensiones públicas en Colombia cuestan $80 billones; $40 billones los pagamos con impuestos y $40 billones los pagamos endeudándonos con las generaciones futuras”, aclaró el presidente de Asofondos ante la prensa.

El 17 de septiembre, el vicepresiente José Manuel Restrepo presentó ante los medios de comunicación un problema adicional que, a su juicio, es responsabilidad de la adminstración anterior, y que también dificulta el pago de las pensiones de los colombianos. Según detalló, se trata el Presupuesto General de la Nación que estableció el gobierno Petro para 2027, el cual no contemplaba rubros esenciales, como el pago de pensiones.

El funcionario aseguró que el presupuesto fue elaborado incorrectamente y que también dejó por fuera gastos cruciales para el sector de la educación y el pago de los salarios de los servidores públicos.

“Lo que les puedo decir es lo que señaló en su momento el ministro de Hacienda (Miguel Gómez Martínez). ¿Qué dijo? Dijo que, desafortunadamente, en los últimos cuatro años, el gobierno anterior dejó un presupuesto de la Nación para 2027 mal elaborado; un presupuesto de mentiras, que no contemplaba los gastos correspondientes a asuntos como la educación superior, las remuneraciones de los funcionarios públicos, las pensiones y la educación", indicó Restrepo ante los medios de comunicación.

“Por la presente, declaro que Afganistán, Bolivia, Birmania y Colombia no han realizado esfuerzos sustanciales durante los últimos 12 meses para cumplir con sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales contra el narcotráfico ni para adoptar las medidas contra el narcotráfico exigidas”, se lee en el documento de determinación presidencial que emitió la oficina del portavoz.

María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), dio a conocer su postura con respecto a la decisión del gobierno estadounidense. Según indicó, es positivo el hecho de que la administración Trump haya acompañado la descertificación con una excepción por interés nacional.

Pues, el Gobierno aseguró que la prestación de asistencia a Colombia es “vital” para sus intereses nacionales. En ese sentido, la presidenta de AmCham afirmó que Estados Unidos no desconoció la existencia y la importancia de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico. “Se mantiene y se fortalece”, precisó.

“Hace un cambio sustancial en el mensaje político. Washington reconoce el nuevo escenario en Colombia y la voluntad del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de fortalecer la cooperación y la lucha contra el narcotráfico”, añadió.

De igual manera, según Lacouture, en el comunicado se confirma una realidad que la Cámara Colombo Americana ya había advertido: los resultados obtenidos en los últimos 12 meses pesan sobre la evaluación. Sin embargo, existe la esperanza de que Estados Unidos levante la descertificación si se logran avances importantes en la materia.

“Se abre así una oportunidad para profundizar la cooperación alrededor de un interés común de los dos países: reducir el narcotráfico y sus efectos sobre la seguridad. La discusión ahora pasa de la voluntad política a los resultados. El reto será convertir este nuevo momento de la relación en avances verificables y sostenidos”, dijo Lacouture.

María Consuelo Araújo, embajadora de Colombia en Washington, también reaccionó a la decisión del gobierno de Donald Trump. Siguiendo la línea de la Casa Blanca, considera que la descertificación de Colombia es el resultado de los posibles errores que cometió la administración del expresidente Gustavo Petro en su obligación de combatir el narcotráfico.

Sin embargo, resaltó el cambio de gobierno en Colombia y dio a conocer detalles de las operaciones que se han estado llevando a cabo para enfrentar el tráfico de estupefacientes. Según detalló, ya se han efectuado 17.147 capturas y las autoridades han incautado 75.613 kilogramos de drogas. Además, se registraron 463 sometimientos a la justicia y se aprobaron 73 extradiciones.

Ministro del Interior dio parte de tranquilidad: “Vamos por buen camino”

Por su parte, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró ante la prensa que el gobierno de Abelardo de la Espriella está en un proceso de recuperación del control de los territorios cooptados por organizaciones criminales, lo cual es clave para combatir el tráfico de estupefacientes. En ese sentido, aclaró que los resultados que se esperan pueden tardar, pero insistió en que la administración va por un buen camino.

“Todo es un proceso, todo toma tiempo. Estamos en proceso de recuperar básicamente el control territorial en muchas zonas del país. Para eso contamos con el apoyo de países aliados, que además tienen corresponsabilidad en este problema, como Estados Unidos. Y vamos por buen camino, vamos por una buena senda”, indicó el ministro ante los medios de comunicación.

“La delegada para Economía y Finanzas Públicas solicitó al contralor general de la República, el doctor Jorge Eliécer Laverde, declarar como hechos de impacto nacional lo evidenciado en el incremento de los compromisos y giros realizados durante el gobierno nacional anterior”, precisó la delegada Jenny Lindo Díaz.

De acuerdo con la funcionaria, en la Fiduprevisora (administradora del Fomag) se identificaron pagos que se realizaron a proveedores de salud del Fomag por más de $4,4 billones. Estas transacciones carecen de soportes y evidencias. De igual manera, la Contraloría detectó diferencias presupuestales relacionadas en las liquidaciones de los contratos de la administración del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet).

La tercera irregularidad que el ente de control halló está relacionada con transferencias a empresas de acueducto y energía con patrimonios negativos y cuyos pagos fueron objetados por el mismo revisor fiscal de la Fiduprevisora. Los giros superan los $17.000 millones.

Ahora, la Contraloría iniciará de manera formal un proceso de investigación de control fiscal, la cual será asumida por la Unidad Anticorrupción. “Esta declaratoria implica que se podrá proceder con mayor celeridad, profundidad, garantía y custodia de la información”, indicó la delegada.

Hallazgos fiscales: pagos indebidos y detrimento al erario

Esta no es la primera vez que la Contraloría General de la República investiga el manejo de los recursos por parte de la Fiduprevisora. En julio de 2026, el ente de control informó que determinó hallazgos fiscales por $176.975 millones, relacionados con pagos indebidos de servicios médico-asistenciales represados, sanciones y prestaciones, sin el cumplimiento de requisitos legales. Esas transacciones se hicieron con recursos del Fomag.

De acuerdo con las indagaciones de control fiscal que adelantó la entidad, el hallazgo de mayor cuantía corresponde al pago de servicios médico-asistenciales represados e intereses. A través de esas transacciones, se generó un detrimento fiscal de $133.255 millones.

De igual manera, informó que la Fiduprevisora, sin cumplir requisitos constitucionales y legales y yendo en contra de decisiones judiciales ya ejecutoriadas, efectuó pagos de prima de mitad de año a docentes pensionados. Estas acciones también generaron un grave detrimento al erario, correspondiente a $27.982 millones.

Adicionalmente, se hizo una errónea reclasificación contable de obligaciones de Sanción por Mora en cuantía de $598.364 millones, lo que derivó en una “subestimación del pasivo”. Por eso, no puso fin a la revisión de la cuenta del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio para la vigencia 2025.

Ante estos hallazgos y otros que se identificaron en años auditorías anteriores, la Contraloría solicitó a la Fiduprevisora hacer un manejo eficaz de los recursos. “Persisten las falencias encontradas en procesos auditores de años anteriores, por lo cual se reitera el llamado para que Fiduprevisora, en calidad de vocera y administradora del Fomag, así como de las entidades territoriales desarrollen mecanismos que solucionen las situaciones continuamente evidenciadas, que hagan eficiente y eficaz la administración de estos recursos públicos”, indicó.

La Fiduprevisora y el Fomag han estado inmersos en cuestionamientos y críticas debido a las falencias que se han presentado en el modelo de salud que implementó el gobierno del expresidente Petro para los maestros. El sistema entró en etapa de transición el 1 de mayo de 2024 y, desde entonces, los docentes han estado denunciando el incremento de barreras para acceder a los servicios de salud, como citas médicas, exámenes, procedimientos y medicamentos.

Estados Unidos decidió mantener a Colombia en la lista de países descertificados en materia de lucha contra las drogas. Aunque el Gobierno colombiano cambió y en él se ubicó un mandatario de derecha más afín a la política del mandatario estadounidense Donald Trump, el impacto de los resultados que obtuvo el entonces presidente Gustavo Petro persiste y, por eso, la Casa Blanca determinó mantener a Colombia en la categoría de países que “fallaron de manera demostrable”.

“Permanece vigente únicamente debido a la incompetencia y el caos producidos por el anterior gobierno de extrema izquierda”, se lee en la determinación presidencial publicada por la Oficina del Portavoz.

El Gobierno estadounidense considera que, en los últimos 12 meses, Colombia no ha realizado esfuerzos sustanciales para cumplir con sus obligaciones relacionadas con la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, indicó que conserva la esperanza de que, con la llegada de Abelardo de la Espriella al poder, los resultados positivos empiecen a surgir. Si ese escenario se presenta, la administración norteamericana podría contemplar certificar a Colombia en la lucha contra las drogas posteriormente.

“Colombia está en condiciones de recuperar su posición como nuestro principal socio de seguridad en el hemisferio, y las Fuerzas Militares, la Policía, los fiscales y los tribunales del país finalmente cuentan con un firme defensor en el presidente de la Espriella”, precisa el documento.

Rodrigo Lara se refirió a la descertificación de Colombia

El ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, indicó ante la prensa que la administración de Abelardo de la Espriella está trabajando para combatir el tráfico de estupefacientes en el país, que es uno de los mayores productores de drogas ilícitas en el mundo.

De acuerdo con su explicación, el proceso para lograr generar los resultados esperados puede tardar y, para ello, lo primero que está haciendo el Gobierno es recuperar el control de los territorios que están bajo el dominio de organizaciones criminales.

“Todo es un proceso, todo toma tiempo. Estamos en proceso de recuperar básicamente el control territorial en muchas zonas del país. Para eso contamos con el apoyo de países aliados, que además tienen corresponsabilidad en este problema, como Estados Unidos. Y vamos por buen camino, vamos por una buena senda”, indicó el ministro.

La embajada de Colombia en Estados Unidos destacó algunas acciones que la administración de De la Espriella ha estado adelantando para combatir el narcotráfico. Según detalló en un comunicado, la fuerza pública ha realizado 17.147 capturas e incautado 75.613 kilogramos de estupefacientes. También se han registrado 463 sometimientos a la justicia y se han aprobado 73 extradiciones.

De igual manera, la embajada aseguró que el Gobierno intensificó las operaciones contra las organizaciones criminales que operan en el país y contempla ahora una estrategia para erradicar los cultivos de uso ilícito. El plan incluye programas piloto de fumigación e intervenciones focalizadas en zonas estratégicas.

“Los acuerdos alcanzados en Barranquilla trazan la hoja de ruta para esta nueva etapa. Colombia profundizará la cooperación operacional y judicial con los Estados Unidos y continuará avanzando hacia resultados concretos y verificables en materia de erradicación, incautaciones, destrucción de infraestructura para la producción de drogas, desarticulación de organizaciones criminales y recuperación del control efectivo del Estado en los territorios afectados”, precisó la embajada en la comunicación oficial.

Estados Unidos, por su parte, aclaró que considera a Colombia un aliado importante y que la prestación de asistencia por parte del gobierno de Donald Trump es “vital para los intereses nacionales de Estados Unidos”. Además, insistió en que el mandato de Abelardo de la Espriella es esencial para avanzar en el cumplimiento de metas.

“El pueblo colombiano tomó la valiente decisión de elegir a Abelardo de la Espriella como presidente. Se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord bajo las fallidas políticas socialistas de su predecesor”, detalló.

En el documento, que fue allegado a la Comisión Seccional de Disciplina de Bogotá, la red advirtió que la togada habría pedido la asignación del caso a la fiscal Córdoba, pese a que la funcionaria había sido relevada de esa función jurisdiccional y a que otra fiscal ya había asumido esa responsabilidad.

Además, afirmó que la jueza habría interferido en las decisiones administrativas de la Fiscalía y dejado de lado su deber de actuar con imparcialidad y autonomía.

“Lo hizo a través de un oficio formal con el cual interfería abiertamente en el quehacer administrativo del órgano acusador por excelencia, con lo cual se trocaban los papeles de juez y parte de interviniente y administradora de justicia. En últimas, se desdibujó el rol del juez para actuar de manera imparcial y autónoma, para interferir en la orientación de la participación acusatoria de la Fiscalía General de la Nación en un caso de corrupción tan emblemático e importante”, señaló el presidente de la Red de Veedurías.

Así las cosas, el jurista indicó que, mediante la queja, se solicitó que la investigación que se llegue a adelantar contra la jueza incluya una medida de suspensión provisional.

“Hemos solicitado vaya acompañada de una decisión pronta, por cuenta del órgano investigador, de una suspensión provisional. Una jueza así difícilmente puede llevar a buen puerto una investigación en puro y sano derecho y justicia, que de clara cuenta de lo acontecido allí para el país, en una clara gesta de lucha contra la corrupción y la vigencia del Estado social de derecho”, aseveró.

Marionetas 2.0: de esto se trató el entramado de corrupción

El caso Marionetas 2.0 consistió en una red de corrupción que se centró en el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos. En el entramado participaron distintos congresistas, contratistas y exfuncionarios de entidades del Estado. Una de las personas que hizo parte de esa red es el exsenador Ciro Ramírez, del Centro Democrático.

En marzo de 2025, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia lo condenó por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El exlegislador fue sentenciado a más de 23 años de prisión (279 meses y 8 días), a una inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 280 meses y 20 días y al pago de una multa de 19.402 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

La Corte determinó que Ramírez lideró la organización criminal, mediante la cual se logró la estructuración del Convenio 670 de 2021 y de otros contratos. Con estos, se benefició a personas que apoyaron su campaña política.

“Es de suma relevancia advertir, que la actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías que se traducen en un avance significativo en las condiciones de vida de la población, con lo cual se potencializa la gravedad de las conductas desplegadas por el Congresista”, se lee en la sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte.

Por estos hechos, la Corte negó al excongresista la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad y la prisión domiciliaria.

La fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, advirtió sobre la falta de presupuesto asignado para la entidad para 2027. Ante la Comisión Primera del Senado de la República, la funcionaria indicó que el ente acusador necesita $8,55 billones para garantizar el adecuado funcionamiento de la entidad y el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y misionales.

Sin embargo, el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece un rubro de $7,06 billones destinados a la Fiscalía. Eso quiere decir que hay una brecha presupuestal de $1,49 billones.

La fiscal explicó al Congreso de la República que la diferencia entre el monto que requiere la Fiscalía y el establecido por el Gobierno nacional compromete la continuidad de la operación de la acción penal y la adecuada prestación del servicio de justicia. Además, indicó que los recursos no son suficientes para cubrir las obligaciones del ente investigador durante la vigencia de 2027.

“Lo que se nos está asignando nos alcanzaría para más o menos la mitad del año entrante. Y esa es una gran preocupación, porque hay gastos que nosotros no podemos evadir. Tenemos dificultades, además, en la presupuestación”, detalló la funcionaria a los legisladores, que tienen la responsabilidad de discutir y votar el proyecto de presupuesto que radicó el Ministerio de Hacienda.

Camargo aseguró que en las cuentas que hizo la Fiscalía se tuvo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC). No obstante, advirtió que hay gastos “que son muy costosos para la entidad”, como los servicios de seguridad y los servicios de aseo. De acuerdo con la funcionaria, estas obligaciones se incrementaron debido al aumento del salario mínimo para 2026, que fue del 23%. El gobierno anterior, liderado por el expresidente Gustavo Petro dejó el salario en $1.750.905, a los que se le suman $249.095 correspondientes al auxilio de transporte.

Esa alza hizo que los contratos suscritos con el personal de seguridad y de aseo se elevaran y, según indicó, son gastos que no se pueden eliminar.

A esta situación se añade el gasto que debe hacer la entidad en materia locativa, teniendo en cuenta que algunas de sus sedes no son propias. Hay cientos de ellas que están en arrendamiento y el pago por esos espacios no puede suspenderse. Además, Camargo informó que la Fiscalía busca crecer y tener una mayor presencia institucional en el país.

“Hemos hecho un gran esfuerzo por mejorar la cantidad de sedes propias, pero seguimos con una gran cantidad de sedes en arrendamiento. Tenemos en arrendamiento 443 sedes, lo cual significa que esos también son gastos inflexibles, de los que no podemos prescindir, salvo que dejáramos de estar en esos lugares, que levantáramos sedes de la Fiscalía, que no es el propósito. Todo lo contrario, el propósito nuestro es poder crecer”, aseveró.

Adicionalmente, la fiscal indicó que hay otra preocupación sobre el presupuesto: el pago de sentencias. La entidad tenía contemplado un monto de $547.000 millones para ese rubro, pero en el presupuesto no se asigna ninguna partida. Esto supone un problema porque, ante cualquier incumplimiento en el pago de las sentencias, se genera un monto por concepto de mora que incrementa todavía más la obligación.

“Nosotros entendemos los problemas de déficit presupuestal, pero toda la mora que nosotros tengamos en el pago de sentencias en realidad le cuesta muchísimo al Estado. Terminamos pagando tres, cuatro y cinco veces el valor de una acreencia por sentencias”, detalló la fiscal.

Así las cosas, indicó que la brecha presupuestal está en los gastos de funcionamiento, en los servicios de la deuda pública y en la inversión.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena establecida contra el excongresista Germán Alonso Olano Becerra por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de interviniente, relacionado con el caso de corrupción conocido como “carrusel de la contratación” de Bogotá. La decisión surgió tras resolver la apelación presentada por la defensa del exlegislador.

De acuerdo con los hechos investigados, el exrepresentante a la Cámara incurrió en irregularidades relacionadas con un contrato celebrado en 2007; adelantó gestiones con servidores públicos para favorecer a un contratista del Grupo Nule.

Por sus actuaciones, en la sentencia sujeta a estudio (SEP104-2026), proferida el 10 de julio de 2026 por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema, Olano Becerra fue condenado a 40 meses y 15 días de prisión, quedó inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 48 meses y 28 días y deberá pagar una multa de 44,53 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que serían aproximadamente $77′967.000.

De igual manera, fue condenado al pago de daños materiales por $3.436’759.367,21 a favor del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). La Sala también negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria y libró una orden de captura en su contra.

Ante esta decisión, la defensa técnica del excongresista interpuso un recurso de apelación. En ella, solicitó revocar la sentencia condenatoria y, en su lugar, absolver al procesado. De igual manera, aseguró que la acción penal prescribió antes de proferirse la resolución de acusación y que la condena desconoció el principio non bis in idem (que evita el juzgamiento de una persona más de una vez por el mismo hecho).

La Corte determinó que no había operado la prescripción ni se vulneraron los derechos fundamentales del procesado. También concluyó que la sentencia no se basó en un único testimonio, puesto que incluyó declaraciones, documentos del proceso licitatorio cuestionado, información financiera, soportes de pago y una grabación incorporada al expediente.

“En definitiva, no prospera el alegato en relación con la prescripción. La calidad de interviniente no excluye el incremento prescriptivo previsto para el servidor público y, aplicadas las reglas sobre cómputo, suspensión e interrupción, se concluye que la acción penal no prescribió durante la instrucción. Tampoco se ha extinguido en el curso del juzgamiento”, detalló la Sala de Casación Penal en su decisión.

El caso por el cual Olano Becerra fue condenado

El proceso penal en contra del excongresista se originó por las irregularidades que se presentaron en el trámite y celebración del contrato N° 137 de 2007. Según el expediente, Olano Becerra gestionó la adjudicación de las obras a un grupo de contratistas a cambio de beneficios económicos.

De acuerdo con la Corte, el exlegislador incurrió en actuaciones irregulares “en el proceso de selección del IDU para la construcción de la Fase III de TransMilenio, Grupo IV, de la calle 26, para favorecer a la Unión Temporal Transvial, liderada por el denominado Grupo Nule”.

Olano Becerra llegó a acuerdos con Miguel Eduardo Nule Velilla y con el contratista Héctor Julio Gómez González para lograr ese favorecimiento. Una de sus acciones fue la intervención ante el entonces contralor distrital de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, para así poder evitar el control fiscal que se le haría al contrato en su etapa de ejecución.

“El ente investigador le atribuyó a GERMÁN ALONSO OLANO BECERRA un interés indebido en el contrato N° 137 de 2007, que exteriorizó en dos momentos distintos: primero, mediante las actuaciones encaminadas a favorecer su adjudicación a la Unión Temporal Transvial; y, posteriormente, a través de las gestiones orientadas a impedir el control fiscal en su etapa de ejecución", precisó la Corte.

El alcalde de Riosucio, Chocó, Juan Moreno Mena, fue capturado por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación, con apoyo de la Policía Nacional, en Mutatá, Antioquia. Junto con él también fueron detenidos cinco funcionarios de la administración municipal.

Los servidores públicos son señalados de haber incurrido en presuntas irregularidades relacionadas con el desembolso de recursos para el pago de viáticos y de la logística de transporte para jurados de votación y delegados que participaron en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, fecha en la que también se desarrollaron las consultas interpartidistas de cara a las elecciones presidenciales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el alcalde de Riosucio y los demás funcionarios serán presentados por un fiscal de Administración Pública de la Seccional Chocó ante un juez de control de garantías. El delegado del ente acusador imputará cargos en contra de los servidores públicos por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El primer tipo penal contempla una pena en prisión de 96 a 270 meses y aplica para la persona que se apropie de bienes del Estado o de empresas o instituciones en provecho suyo o de un tercero. El segundo se impone a quien falsifique un documento privado que pueda servir de prueba y le aplica una pena entre 16 y 108 meses de privación de la libertad.

El tercer delito se presenta cuando un servidor público tramita, celebra o liquida un contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales, por lo cual puede incurrir en una pena de entre 64 y 216 meses de prisión, según indica el Código Penal Colombiano.

Irregularidades y delitos electorales detectados en las elecciones legislativas

La jornada electoral del 8 de marzo tuvo un desarrollo adecuado, según las autoridades competentes, y los ciudadanos tuvieron la posibilidad de ejercer su derecho al voto sin mayores dificultades. Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el organismo de control recibió 1.379 quejas relacionadas con posibles irregularidades. Las denuncias fueron presentadas por los mismos ciudadanos y por agentes de la Procuraduría que fueron desplegados por todo el país para vigilar el proceso electoral.

Además, según un informe emitido ese día por la Policía Nacional, las autoridades capturaron a 88 personas en todo el país por la presunta comisión de delitos electorales como corrupción al sufragante, compra de votos, constreñimiento al elector, fraude en inscripción de cédulas y movilización irregular de votantes. De igual manera, incautaron $3.761 millones.

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral (MOE) también alertó sobre otras anomalías que se presentaron durante la jornada electoral, las cuales fueron denunciadas por distintos partidos políticos. Sin embargo, no todas las irregularidades están relacionadas con la posible comisión de delitos.

Según indicó la MOE en un informe, el partido Mira y el Pacto Histórico aseguraron que hubo dificultades para el acceso de testigos electorales a los puestos de votación debido a fallas en la plataforma del Consejo Nacional Electoral (CNE). Otras colectividades informaron sobre la falta de claridad que identificaron en algunos puestos de votación, con respecto a las consultas presidenciales.

“Organizaciones políticas como el Centro Democrático y el Grupo Significativo de Ciudadanos Imparables informaron que durante la jornada electoral persistió la desinformación en torno al tarjetón de la consulta de precandidaturas presidenciales. Cabe señalar que en procesos anteriores se han presentado situaciones similares, por lo que resulta necesario que, para futuros procesos de consulta, se emitan directrices más claras y oportunas a los jurados de votación sobre la entrega de información y del material electoral a los votantes”, precisó la MOE.

Además de esto, durante el día de las elecciones, hubo denuncias relacionadas con la entrega de material de campaña, actos de proselitismo, envío de propaganda electoral a través de medios digitales y la permanencia de publicidad en inmediaciones de los puestos de votación.

Tras varios meses de que se presentara este caso, revelaron detalles inéditos de cómo fue el operativo que derivó en ese resultado positivo. Los detalles fueron entregados por Francisco Hoyos, coordinador de la Sala Operativa de Analítica, Respuesta y Seguimiento (Soars) del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4), en el pódcast Voces de la Ciudad, de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

De acuerdo con el funcionario, las capacidades de las autoridades se desplegaron apenas se recibió la alerta sobre el robo del vehículo con la niña en su interior. “Ese día a las 8:41 de la noche recibimos un reporte con los compañeros de seguimiento de incidentes de alto impacto de la línea 123 de un hurto de un vehículo, una camioneta Nissan color champaña, con el agravante de que había una niña de siete años, Gabriela”, precisó Hoyos en el pódcast.

Según indicó, el reporte que dio la madre de la menor fue muy detallado y permitió saber que la camioneta hurtada en el barrio Nuevo Monterrey de Suba y que la niña llevaba una pijama y pantuflas de unicornio.

Ante la alerta que se generó, el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá; el alcalde Carlos Fernando Galán y el secretario de Seguridad de la ciudad, César Andrés Restrepo Florez, llegaron al punto donde fue hurtada la camioneta. Allí también se desplegaron las unidades, se doblaron los turnos y los apoyos y también se dispuso del uso del helicóptero Halcón de la Policía.

En medio del operativo de búsqueda que se estaba llevando a cabo, las autoridades empezaron a tener muchos reportes por parte de los grupos ciudadanos y de las redes de apoyo. Las personas que se comunicaron dieron a conocer posibles lugares donde habían sido observadas las personas que robaron la camioneta.

“Nos empiezan a decir que vieron la camioneta yendo hacia la vía Suba-Cota, por la Autopista Norte, por la Carrera 30. Todo ese despliegue también es muy importante para el seguimiento. Y abajo, en el centro automático de despacho, también las diferentes redes de apoyo que tiene la Policía Nacional y las diferentes llamadas que empezamos a tener de toda la ciudadanía a través de la línea 123, hace el despliegue operativo”, precisó el funcionario.

De igual manera, el centro automático de despacho empezó a poner imágenes de las diferentes cámaras del sistema de videovigilancial, con el fin de hacer seguimiento del vehículo y establecer su paradero. Y, debido a “ese despliegue grandísimo” que se llevó a cabo, los ladrones que se llevaron el vehículo decidieron abandonar la camioneta con la niña adentro.

La camioneta fue recuperada en el barrio Nicolás de Fermán, en la localidad de Teusaquillo, sobre las 11:50 p. m.

El funcionario indicó que, en medio del operativo, el nivel de angustia era alto, teniendo en cuenta el riesgo que corría la menores de edad. Según precisó, cuando se presentan casos como estos, generalmente terminan reportando homicidios, abusos sexuales y lesiones personales.

“Nosotros todos los días atendemos estas situaciones, pero cuando tiene que ver con menores de edad es especialmente más angustiante. Nosotros atendemos situaciones en los colegios, pero para nosotros como miembros de las entidades es especialmente angustioso cuando tiene que ver con niños, niñas y adolescentes”, explicó.

La Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) adelantaron una operación en contra del contrabando en Valle del Cauca, que derivó en el decomiso de millones de pesos en mercancía que iba a ser comercializada de manera ilícita.

De acuerdo con el medio de comunicación local El País, las autoridades detectaron un cargamento que habría ingresado a Colombia sin cumplir los requisitos aduaneros. La operación permitió aprehender más de 19.000 pares de calzado y alrededor de 1.500 artículos de oficina y útiles escolares. El valor comercial de esos elementos es superior a los $6.200 millones, según el reporte oficial.

Las autoridades advirtieron que la mercancía fue presentada de forma distinta a su contenido real. El cargamento estaba dentro de un contenedor que aparentaba tener principalmente artículos de oficina. Durante una inspección realizada por uniformados de la División de Control Operativo Cali en los corredores viales, la revisión profunda reveló que la mayor parte correspondía al calzado que fue decomisado.

Esta estrategia utilizada por los contrabandistas tenía el objetivo de dificultar los controles aduaneros, evadir el pago de impuestos y facilitar la comercialización ilegal de los productos en el país.

Por otro lado, según detalló el medio citado, la Policía indicó que la carga no tenía los documentos requeridos para demostrar su ingreso y permanencia legal en Colombia. Es por eso que todos los artículos quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso correspondiente.

“Este resultado operativo protege la economía y la industria nacional al impedir la comercialización de mercancías ingresadas de manera ilegal al país”, precisó la coronel Liliana Andrea Jiménez Falla, directora de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), citada por El País.

Incautación de más de $200 millones en contrabando

A esta operación exitosa contra el contrabando se suma una que se llevó a cabo en agosto de 2026. Ese mes, la Policía Nacional allanó dos inmuebles ubicados en La Parada, Villa del Rosario (Norte de Santander), cerca de la frontera con Venezuela, y aprehendió mercancía de contrabando avaluada en $240 millones.

Los predios en cuestión funcionaban como centros clandestinos de acopio de productos extranjeros sin documentación aduanera. Por otro lado, el material incautado comprende 11.108 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero, 7.124 unidades de productos perecederos sin certificaciones sanitarias y 6.300 unidades de chimó, un derivado del tabaco.

El operativo se efectuó con la participación de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Secretaría de Hacienda Departamental y el Invima. “Este resultado operacional representa un impacto significativo contra las dinámicas del comercio ilegal y el contrabando en la región, actividades que afectan directamente a los sectores productivos y comerciantes que desarrollan sus actividades dentro del marco de la legalidad”, indicó el mayor Rafael Eduardo Murcia Córdoba, jefe de la División de Control Operativo Cúcuta.

Lucha contra el contrabando en Colombia: resultados exitosos en un mes

El presidente Abelardo de la Espriella y el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, entregaron resultados operacionales favorables que se lograron en apenas un mes en materia de lucha contra el contrabando.

De acuerdo con el director de la entidad, el material aprehendido en cuatro semanas supera lo que se ha incautado en los meses anteriores.“En un mes hemos realizado operativos en naturaleza aduanera, donde hemos aprehendido mercancías valoradas en más de $30.000 millones, que en proporción a lo que se ha hecho durante el año, es el mes donde más se ha realizado incautaciones y aprehensiones”, precisó el funcionario.

Las diligencias que ha desarrollado la Dian también incluyeron la aprehensión de drones. Esos artefactos son utilizados por los grupos armados para atacar a la fuerza pública; cargan las aeronaves no tripuladas con explosivos.

El 13 de septiembre de 2026, el presidente Abelardo de la Espriella dio una alocución en la que se refirió a hallazgos relacionados con el gobierno del exmandatario Gustavo Petro (2022-2026), los cuales habrían derivado en la crisis fiscal que actualmente enfrenta el país.

De acuerdo con el presidente, durante la administración anterior se tomaron decisiones ilegales y hubo actos de corrupción que afectaron gravemente el erario público. Además, advirtió que el gobierno petro comprometió $10 billones en “tan solo una semana”.

En su discurso, el jefe de Estado resaltó en todo momento la responsabilidad del gobierno anterior frente a la situación fiscal que ahora debe enfrentar. En su discurso, hubo varias frases destacadas, relacionadas con la evaluación que hizo sobre el manejo de las finanzas que se tuvo en los cuatro años anteriores:

Responsabilidad plena del gobierno Petro

• “La crisis fiscal que enfrentamos no es un accidente, ni el resultado de factores externos. Es exclusivamente responsabilidad de Gustavo Petro”.

Estado de las finanzas del país

• “Yo recibí unas finanzas públicas en un estado lamentable”

Presunto actuar ilícito

• “Petro y su gobierno tomaron decisiones que son ilegales”.

Una crisis sin precedentes

• “Ninguna crisis ni recesión del pasado se compara con el desastre económico que Gustavo Petro y su gente ocasionaron”.

Ante el panorama actual del país en materia fiscal, el mandatario indicó que su administración tomará medidas para regular las finanzas y poder responder a las necesidades de los ciudadanos. Aseguró que el primer paso es reducir el gasto, para tener recursos disponibles para un uso necesario y estratégico. Su plan de contingencia contempla la recuperación de la inversión privada y apoyos internacionales.

De igual manera, informó que se deben tomar medidas con respecto al endeudamiento del país. Informó que el servicio de la deuda se duplicó en una década: el país pasó de destinar uno de cada seis pesos de sus ingresos tributarios para pagar la deuda, a dirigir uno de cada tres pesos al cubrimiento de esa obligación.

En esa parte de su discurso, hizo señalamientos contra el gobierno Petro relacionados con el elevado gasto público:

Manejo irregular de recursos

• “La corrupción y la irresponsabilidad nos pusieron al borde del precipicio”.

Gasto del cupo de endeudamiento

• “Fue tal el derroche y el desgreño, que el cupo de endeudamiento previsto para financiar todo el año 2026 fue consumido casi por completo en los primeros siete meses de este año”.

Aumento de contratos y burocracia

• “El supuesto crecimiento que nos vendieron estuvo sostenido en más gasto público, más contratos, más burocracia. Lo que hemos encontrado es una locura”.

Medidas para afrontar la crisis

• “Necesitamos dejar de gastar a manos llenas, como si no hubiera mañana”.

Así las cosas, el primer mandatario indicó que su administración preparó el “Presupuesto de la Verdad”, es decir, el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, que incluye rubros que, al parecer, el gobierno anterior no incluyó en la propuesta que presentó al Congreso de la República.

Según explicó el jefe de Estado, tras hacer una revisión de la situación actual de las finanzas del país, se concluyó que el presupuesto para 2027 debe ser de $635 billones, aproximadamente. El 44% de ese presupuesto provienen de deuda ($281 billones), de acuerdo con Abelardo de la Epriella. Eso quiere decir que apenas $300 billones corresponden a ingresos corrientes.

Al referirse al tema del PGN, el mandatario hizo énfasis en el acaparamiento que tendrá el pago de la deuda dentro del presupuesto en dos frases contundentes:

• “Casi la mitad del presupuesto dependerá de la plata prestada”.
• “Por cada 100 pesos del presupuesto, 24 se van a pagar la deuda y apenas 14 quedan para inversión. Esa es la realidad que recibimos y que tenemos que cambiar”.

De la Espriella también señaló al gobierno Petro de generar un Estado caótico, con 60 fondos especiales que tienen varias cuentas. Según indicó, con ese manejo de los recursos, es difícil identificar dónde está el dinero y cuánto se ha gastado.

De acuerdo con grabaciones que publicó el cabildante, un conductor de motocicleta, cuyo nombre se desconoce, se bajó de su vehículo, se quitó el casco y lo utilizó para romper la ventana de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp), ubicada al lado del conductor. Esto, mientras los ciudadanos que viajaban en el bus observaban lo que pasaba y gritaban ante la gravedad de lo ocurrido.

El sujeto se subió a la motocicleta y escapó del lugar. Mientras tanto, los usuarios del Sitp reaccionaron con indignación ante la conducta del sujeto. Lo tildaron de abusivo y advirtieron sobre la existencia de grabaciones de lo ocurrido. Una mujer que grabó los hechos afirmó que el conductor del bus resultó lesionado por la ruptura del vidrio.

Por el momento, se desconoce los motivos por los cuales el hombre agredió al trabajador. Al parecer, podría tratarse de un caso de intolerancia relacionada con la conducción en la vía.

El presidente del Concejo de Bogotá criticó lo ocurrido y aseguró que el motocilista debería ser sancionado por sus acciones violentas. “Lo de este motociclista es INAUDITO. Por una pelea en el sur de Bogotá la emprende contra un bus de SITP y rompe uno de los vidrios. Ojalá sea sancionado”, aseveró.

Los usuarios en redes sociales también reaccionaron ante los hechos divulgados. Algunos cuestionaron la conducta del motociclista, mientras que otros advirtieron sobre el comportamiento que han observado en algunos conductores del Sitp.

“¿Alguien regula a los sitp?; Pero los bogotanos estamos cansados; “¿Para cuando los desincentivos al uso, compra y venta de estos tipos de vehículos?”; “No defiendo al bárbaro motociclista, pero los conductores del SITP son un peligro y lo peor no responden por nada”, señalaron algunos internautas.

Multas y sanciones por conductas contrarias a la convivencia

El artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, establece varias conductas que pueden poner en riesgo la vida e integridad de las personas y que, por tanto, son contrarias a la convivencia. Entre ellas están:

1. Reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas que puedan derivar en agresiones físicas.
2. Lanzar objetos que puedan causar daño o sustancias peligrosas a personas.
3. Agredir físicamente a personas por cualquier medio.

Las personas que incurran en uno más de los comportamientos que figuran en la normativa serán cobijadas con medidas correctivas. Por la primera conducta, se debe pagar una multa de ocho salarios mínimos diarios legales vigentes; por la segunda, el infractor recibe una amonestación y debe participar en un programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia; por la tercera, debe pagar una multa de 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

“Las multas serán consignadas en la cuenta que para el efecto disponga las administraciones distritales y municipales, y se destinarán a proyectos pedagógicos y de prevención en materia de seguridad, así como al cumplimiento de aquellas medidas correctivas impuestas por las autoridades de policía cuando su materialización deba ser inmediata, sin perjuicio de las acciones que deban adelantarse contra el infractor, para el cobro de la misma”, precisa el Código Nacional de Policía y Convivencia. Mínimo el 60% de las multas es destinado a un fondo cuyo único objetivo es promover la cultura ciudadana, la pedagogía y la prevención en materia de seguridad.

Ahora bien, si la persona no está de acuerdo con la aplicación de la multa o con el cumplimiento de la medida de participación en programa comunitario o actividad pedagógica de convivencia, podrá presentarse dentro de los tres días hábiles siguientes ante la autoridad competente, para objetar la medida que le fue impuesta.

De acuerdo con el director del Instituo de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, por instrucción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se está haciendo uso de nuevas tecnologías para la obra. Por eso, se utilizarán líneas diamantadas para cortar el puente, que será cortado en secciones de 30 toneladas y 17 metros de largo. “Se van a bajar a unas camas bajas y se va a llevar el puente a demolerse en otro lugar”, detalló.

“Los vamos a hacer en la noche. Vamos a afectar lo menos posible la movilidad. En el día se van a garantizar siempre los dos carriles, tanto de norte a sur como de sur a norte. Esta demolición se va a tardar dos meses. Esperamos que antes de noviembre, si Dios quiere, tengamos ya efectivamente el puente totalmente demolido y arranca la construcción”, precisó el funcionario.

Molano aseguró que los bogotanos pueden tener la certeza de que el nuevo puente será entregado a tiempo en 2027. Según indicó, tanto el IDU, como la Alcaldía de Bogotá y la interventoría se encargarán de supersivar la obra, para garantizar el cumplimiento del cronograma.

“Doy mi palabra de que vigilaré el cronograma para que en un año los bogotanos ya puedan transitar por el nuevo puente, en 2028 se habiliten los tres deprimidos y en 2029 se entregue el proyecto del corredor de la Séptima”, aseguró el director del IDU, citado por El Tiempo.

El nuevo puente favorecerá ampliamente la movilidad de los ciudadanos. Pasará de 200 a 400 metros de largo y tendrá más de 16 metros de ancho. Además, contará con cuatro carriles y tendrá tres deprimidos que van a conectar los costados norte y sur para los vehículos particulares y que también conectarán desde el norte hacia el occidente y desde el occidente hacia el sur.

“La construcción va a arrancar la próxima semana. Vamos a arrancar también con la cimentación y esperamos que el año entrante ya logremos, como lo ha pedido el alcalde, tener habilitado el nuevo puente”, indicó.

El desarrollo de las obras implican el cierre total del puente vehicular y de las conexiones de la avenida carrera Séptima con la calle 100. Estas vías quedarán inhabilitadas para el tránsito de vehículos durante 12 meses, aproximadamente. En consecuencia, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) que permitirá garantizar la movilidad de los ciudadanos y avanzar en el proyecto vial sin problemas.

Desvíos establecidos por las autoridades

Según la Secretaría de Movilidad, los conductores deberán tomar desvíos en los cruces entre la avenida Calle 100, la avenida Carrera Séptima y la avenida Carrera 11 para continuar sus recorridos hacia el norte, sur, oriente u occidente.

Por otro lado, quienes circulen de occidente a oriente por la avenida calle 100 y busquen la avenida carrera Séptima al norte, a la altura de la carrera 9A, deberán retornar en sentido occidente-occidente, continuar por la avenida carrera 11 al norte y tomar la calle 106 al oriente para reincorporarse a la avenida carrera Séptima al norte.

De igual manera, las personas que pretendan ir hacia el sur deberán usar la avenida carrera 11 al sur y la avenida calle 94 al oriente. Además, el tránsito que avance de norte a sur por la avenida carrera Séptima y tome la avenida calle 100 al occidente deberá desviarse por la calle 102 al occidente y la carrera 8A al sur.

En sentido sur-norte, la ruta alterna será la calle 94 al occidente, la avenida carrera 11 al norte, por el carril oriental de la calzada oriental, y luego la avenida Calle 100 al occidente. Y quienes circulen de norte a sur por la avenida carrera 11 y busquen la avenida Calle 100 al oriente y la avenida carrera Séptima al sur deberán continuar por la avenida carrera 11 al sur y la avenida Calle 94 al oriente.

Desvíos para el transporte público

Debido a las obras, también se establecieron cambios en el tránsito para los buses de transporte público. Por un lado, la ruta T12, que circula por la avenida calle 100 de occidente a oriente y toma la avenida carrera Séptima hacia el sur, deberá continuar por la avenida carrera 11 hacia el sur, girar por la calle 94 al oriente y retomar la avenida carrera Séptima. El desvío corresponde al trazado identificado con color azul en el mapa 3.

Las rutas 634, 18-3, E26B, T21, HB608, CB109 y BD237, que avanzan por la avenida carrera Séptima de norte a sur para tomar la avenida calle 100 hacia el occidente, deberán seguir por la calle 102 al occidente, la carrera 8A al sur y luego la avenida calle 100 hacia el occidente. Este recorrido aparece en color verde en el mapa 3.

La ruta T12 que circula por la avenida carrera Séptima de sur a norte y toma la avenida calle 100 hacia el occidente deberá desviarse por la calle 94 al occidente, continuar por la avenida carrera 15 hacia el norte y volver a la avenida calle 100. El trazado está marcado en color magenta.

Las rutas 634, 611, B919, Z8, AB020, 402, 442, CB, 109, B916 y T163, que transitan por la avenida calle 100 de occidente a oriente y toman la avenida carrera Séptima hacia el norte, deberán usar el retorno occidente-occidente en la carrera 9A, seguir por la avenida carrera 11 hacia el norte y continuar por la calle 106 hacia el oriente hasta la avenida carrera Séptima. Este desvío está señalado en color rojo en el mapa 3.

La concejala de Bogotá Sandra Forero y el abogado Rodrigo Pombo presentaron una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (radicado N° 25000-23-41-000-2026-01249-00) que busca suspender las reservas temporales de recursos naturales, las Zonas y Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPAs y APPAs), los Territorios Campesinos Agroalimentarios (Tecam), las Zonas de Reserva Campesina y determinantes de ordenamiento territorial.

Según los accionantes, los actos administrativos que sustentan la creación de esas zonas de protección y reservas “habrían sido expedidos de manera desarticulada por autoridades del orden nacional, con desconocimiento de la reserva legal y de los principios de autonomía territorial, descentralización, coordinación, concurrencia y subsidiariedad”.

La exministra de Agricultura Martha Carvajalino advirtió que la acción popular no fue consultada con la población campesina afectada. “Solicitud elevada con carácter de urgencia que no se ha consultado o dado a conocer a los campesinos que trabajan esas tierras”, indicó la exfuncionaria en su cuenta de X.

La suspensión solicitada sobre territorios campesinos y suelos de alimentos

El abogado y la concejala solicitaron dejar sin efectos todas las normas y decisiones relacionadas con esas figuras territoriales. De igual manera, pidieron que el Ejecutivo se abstenga de adoptar nuevas decisiones al respecto, “bajo el argumento de armonizar los instrumentos de ordenamiento y las determinantes mediante la reforma de la ley orgánica de ordenamiento territorial”.

“No solo se acaban las territorialidades sino que se le impide al ejecutivo avanzar en ellas”, precisó Carvajalino.

De acuerdo con la exministra, esta acción popular afectaría a cerca de 1,5 millones de hectáreas que fueron reconocidas como territorios campesinos. A la vez, más de 900.000 hectáreas destinadas a la producción de alimentos quedarían desprotegidas. Además, de resolverse esa acción popular a su favor, los sistemas agroalimentarios de la agricultura campesina y los planes de vida y desarrollo sostenible resultarían afectados.

La ex jefa de cartera también advirtió que los cambios que se establezcan en el uso del suelo podrían dejar esos terrenos subordinados a “intereses rentísticos”.

“Ello en medio de la alerta más severa por los impactos del fenómeno del niño en la producción de alimentos, que asegura desde ya, un incremento en el precio de los alimentos. Así que los efectos de tal pretensión no ponen hoy en riesgo a quienes viven y trabajan en esas dos millones cuatrocientas mil hectáreas, sino a todos los que vivimos en las ciudades y dependemos de la agricultura campesina para poner comida en nuestras mesas (sic)”, precisó la exfuncionaria en su cuenta de X.

En todo caso, Carvajalino explicó que las organizaciones agrarias, ambientales, de la sociedad civil, la academia y otros ciudadanos pueden intervenir en la acción popular, puesto que es un mecanismo constitucional de participación ciudadana que tiene como fin proteger derechos e intereses colectivos.

Eso quiere decir que quienes consideren que la decisión puede afectar directamente sus intereses pueden solicitar su participación como terceros interesados. Para ello no requieren de la intervención de un abogado. Además, cualquier persona que quiera consultar el documento puede hacerlo a través de la Sede Electrónica de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (Samai) del Consejo de Estado: samai.consejodeestado.gov.co/Default.aspx.

La Red Nacional de Defensa de la Reforma Agraria se pronunció al respecto a través de su cuenta de X, en la que invitó a la población a intervenir en la acción popular para impedir que los actos administrativos demandados queden sin efectos.

“El proceso ya fue admitido. Llamamos a organizaciones campesinas, sociales, ambientales, académicas y a las comunidades afectadas a participar e intervenir en defensa de las territorialidades. Defender las territorialidades campesinas es defender la Reforma Agraria y la producción de alimentos”, indicó.

Las muertes por siniestros viales en Colombia van en aumento. De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, se registraron 4.751 personas fallecidas en todo el país por accidentes en las vías. Esto implica un incremento de 792 casos, que representan un alza del 20,0% con respecto al mismo periodo de 2025, año en el que se documentaron 3.959 muertes.

Antioquia acumula el mayor número de fallecimientos por siniestros viales, con 575 casos. Le sigue el Valle del Cauca, con 516; Bogotá, con 368; Cundinamarca, con 352; y Santander, con 258.

Hernán Ortiz, coordinador de Vigilancia de Datos de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (Bigrs), aseguró que el aumento que se evidenció en el primer semestre de 2026 enciende las alarmas. “Vemos con mucha preocupación lo que está pasando en Colombia (...). Es un número que es cuatro veces la tasa con la que cerró el último par interanual, es decir, 2024-2025. Entonces, es un crecimiento desaforado, un crecimiento que no estaba estimado en ningún escenario”, precisó el experto en un análisis compartido con Infobae Colombia.

Según indicó, las estadísticas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial muestran que todos los meses del año han tenido crecimientos en la fatalidad de los siniestros viales. El peor mes fue mayo, cuando se registraron 867 muertes. En ese mismo mes de 2025 se habían presentado 693 casos.

Con base en esos datos, Ortiz aseguró que se puede esperar que se incremente aún más la brecha de fatalidades mensuales y anuales. “Estamos viendo un sostenimiento en el crecimiento de las fatalidades en siniestros viales”, dijo.

De acuerdo con el análisis que hizo de los datos, los motociclistas siguen siendo “parte y contraparte del foco del riesgo”, es decir, que los conductores de moto siguen siendo las principales víctimas de la siniestralidad y también los actores viales que más se ven involucrados en accidentes. Es por eso que se evidencia un crecimiento en fatalidades asociadas a los motociclistas, seguido de los peatones.

En la mayoría de este tipo de accidentes de motociclistas están inmersas personas jóvenes, de entre 20 y 24 años. El experto aseguró que es posible que una de las causas sea la falta de experticia en la conducción, lo que genera cuestionamientos sobre el licenciamiento de los nuevos conductores. A esto se suma algunas conductas de riesgo de los motociclistas y otros actores viales, como el exceso de velocidad.

De igual manera, advirtió que la mayor cantidad de siniestros viales se presentan a partir de las 6:00 p. m. y los domingos, que son días “críticos” a nivel de riesgo de accidentalidad.

Sin embargo, no toda la responsabilidad recae en los actores viales ni en los grupos poblacionales que concentran el mayor número de accidentes y fallecidos. Ortiz explicó que hay un tema de infraestructura que tiene que considerarse.

“Tenemos que rediseñar y diseñar infraestructura segura. Muchos de los siniestros que estamos viendo están asociados a caídas, a volcamientos, a choques contra otros motociclistas, a choques contra objetos fijos”, detalló.

Adicionalmente, se debe fortalecer el control de las autoridades en la vigilancia de las infracciones a las normas de tránsito. Según precisó, las cámaras de fotodetección han sido útiles para reducir el exceso de velocidad de los conductores.

“Podríamos enfocarnos en robustecer los sistemas de fotodetección asociados también a una tecnología que permita una mejor detección de motocicletas, porque, al final del día, estos elementos van a permitir que haya un impacto en la reducción de las fatalidades y de la conducción en exceso de velocidad de los motociclistas”, detalló el coordinador de Vigilancia de Datos de Bigrs.

La educación de los niños, niñas y adolescentes en materia de sexualidad y género vuelve a estar en el centro del debate en Colombia. La exministra de Educación Viviane Morales advirtió ante la prensa que, al parecer, se estaría imponiendo una “ideologización” en las aulas de clase. Esto, tras la puesta en marcha de las directrices que estableció el gobierno del expresidente Gustavo Petro en la Resolución Conjunta 1350 de 2026, mediante la cual se adoptó la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos en el país.

“Ha habido una campaña woke que ha metido una cantidad de sutiles movimientos para apoderarse de la enseñanza y de la educación de los hijos, especialmente en el programa de Educación Sexual Integral. Aquí nada que se haga de espaldas a los padres, sin transparencia, sin el consentimiento y que no sea acorde con las edades de los educandos”, dijo la ex jefa de cartera ante los medios de comunicación.

La resolución fue expedida por cuatro carteras: el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. De acuerdo con el documento, la política busca garantizar la promoción y protección de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, así como su salud sexual y salud reproductiva. Para su abordaje, establece varios enfoques:

• Enfoque de derechos humanos
• Enfoque de transectorialidad
• Enfoque territorial
• Enfoque de género
• Enfoque étnico-cultural
• Enfoque de curso de vida
• Enfoque de discapacidad
• Enfoque interseccional

La normativa indica que la obligación del sector Educación es desarrollar lineamientos que implementen esa política en las instituciones educativas de preescolar, básica y media y en los programas de educación básica para adultos. Plantea entonces la incorporación de los contenidos en Proyectos Educativos Institucionales (PEI), planes de estudio y prácticas pedagógicas.

Para la exministra, esa política estaría siendo perjudicial para los menores de edad, porque estaría siendo utilizada para adoctrinarlos. Aseguró que se debe erradicar la “ideologización” en los colegios y ajustar los programas de educación sexual a la edad de los estudiantes y a su desarrollo emocional. Aunque Morales ya no está al frente de la cartera, la nueva ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, podría asumir esa misma postura, teniendo en cuenta su forma de pensar conservadora.

Así las cosas, Infobae Colombia profundizó en la política de educación sexual integral que implementó el gobierno anterior, con el fin de indagar sobre la presunta imposición de ideología de género que denunció la exministra Morales.

¿Una educación que podría “confundir” a los niños?

El concejal de Bogotá Marco Acosta ha estado estudiando la inclusión de temáticas relacionadas con la sexualidad y el género en los programas de formación en los colegios durante dos periodos y, de acuerdo con sus hallazgos, han aparecido documentos, cartillas y orientaciones pedagógicas que presentan enfoques diferenciales, sin que su contenido haya sido informado o conversado con los padres de familia. Según precisó, esta situación no surgió precisamente con la expedición de la Resolución 1350 de 2026, pero ha generado preocupación en las familias de los menores de edad.

“No es una teoría o moda, como lo quieren hacer ver. Es algo que ha venido sucediendo sistemáticamente, no de ayer, sino de varios años atrás, y que pretenden implementar a la fuerza, sin contar con los padres de familia que, como siempre lo he reiterado, son los primeros llamados a velar por sus hijos”, detalló el cabildante.

Recordó que, en 2024, cuando el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, apenas empezaba su mandato, denunciaron la aparición de un documento pedagógico Lgbt que, al parecer, se iba a aplicar en los colegios sin que ningún papá se enterara.

Hay otro documento instructivo que también le genera cuestionamientos: “Estrategias pedagógicas diseñadas para la inclusión e implementación del enfoque de la política publica Lgtbi de Bogotá, en los PEI de la IED, con especial énfasis en educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía”. El concejal indicó que en ese texto se abordan temas de identidad de género, cisgénero, transgénero y no binario, los cuales, desde su perspectiva, son inadecuados para quienes están en edades tempranas.

“Le presentan como un hecho científico cerrado que el género no tiene nada que ver con el cuerpo con el que nació, sin contar que ese debate sigue abierto incluso entre los científicos. Eso ya no es educación, es adoctrinamiento”, precisó.

En febrero de 2025, denunció la existencia de un documento con orientaciones de ideología de género que iba a ser implementado en las aulas. Nuevamente, ese texto no fue socializado con los padres de familia ni con los docentes. Un apartado del documento abordaba el concepto de género fluido, algo que, según precisó, es problemático porque “los niños aun no poseen la capacidad o madurez para comprender y procesar de forma adecuada este tipo de términos”.

Pese a que estos casos se han presentado en años anteriores a la expedición de la política de educación sexual integral por parte del gobierno Petro, el concejal advirtió sobre los riesgos de esa política pública. Según indicó, la resolución fue sacada “de manera apresurada”, cuando apenas faltaba un mesa para que terminara la administración del expresidente. Además, afirmó que en ningún momento fue concertada ni socializada con los padres de familia y docentes.

Sin embargo, a su juicio, el problema “más grave” está en el contenido. Cree que podría terminar confundiendo a los niños, niñas y adolescentes, con respecto a su sexo y su género. “Este modelo desliga la identidad de género del sexo biológico, lo que terminará por empujar al menor a una confusión en su identidad y terminará por acceder a tratamientos como bloqueadores de hormonas”, detalló y recalcó que, desde su perspectiva, temas como la sexualidad y la identidad de un niño deben ser abordados por sus familias.

La concejala Andrea “Tata” Hernández también coincide en que se estaría adoctrinando a los menores de edad en los colegios bajo la enseñanza de la ideología de género. Por eso, presentó un proyecto de acuerdo ante el Concejo de Bogotá que pretende prohibir la enseñanza de la ideología de género en los colegios públicos de Bogotá. “Esto lo estamos haciendo principalmente porque queremos evitar que se genere confusión en la identidad sexual de los niños durante las etapas más importantes de desarrollo”, explicó la servidora pública a Infobae Colombia.

El objetivo de la iniciativa, que ya tiene dos ponencias negativas, es garantizar que la educación sexual en los colegios sea estrictamente biológica y anatómica. Según indicó, los padres de familia con los que ha podido conversar al respecto aseguran que quieren saber qué están aprendiendo sus hijos y tener plena confianza en que recibirán una formación de calidad.

Advirtió que es necesario que los niños, niñas y adolescentes reciban ese tipo de educación sexual porque no “tienen ni la capacidad de madurez para tomar” ciertas decisiones relacionadas con su identidad de género, su cuerpo y su orientación sexual.

“Tenemos casos en Colombia de personas que se han cambiado el sexo y cuando alcanzan una mayoría de edad se encuentran completamente arrepentidos; y esto genera problemas físicos y mentales”, precisó.

Sin embargo, aclaró que lo que los padres de familia tienen el deber de orientar a sus hijos en esos temas que, a su juicio, no son competencia de las instituciones educativas. Aseguró que es en los hogares donde deben aprender sobre sus libertades y la toma de decisiones personales, relacionadas con su sexualidad e identidad.

“Si bien respetamos completamente las parejas del mismo sexo, etcétera, queremos que cuando tomen la decisión de hacerse un cambio en su vida tengan la madurez suficiente para hacerlo. Y nosotros tenemos que garantizar eso y que los colegios en vez de estar dedicados a adoctrinar en este tipo de cosas, se centren en educar a los niños en lo que los papás quieren”, aseveró.

Esa postura no es la misma que comparte Andrea Sandino, docente y directiva de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (ADE). De acuerdo su explicación, la educación sexual integral en los colegios, en la manera como se está impartiendo, no implica una ideologización. Ese tipo de formación está basada en una amplia normativa que reconoce la educación sexual como parte de la formación integral de los estudiantes: la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994 y la Ley 1620 de 2013, que también hace énfasis en la formación en derechos humanos, la convivencia escolar y la prevención de las violencias.

Teniendo en cuenta eso, Sandino indicó que no es correcto presentar la educación sexual como una iniciativa propia de un determinado gobierno ni mucho menos como un mecanismo creado para introducir una ideología de género en la formación de los alumnos. Según precisó, la Resolución 1350 de 2026 está centrada en prevenir la violencia sexual, proteger a los menores de edad, garantizar el acceso a la información, prevenir embarazos no planeados, prevenir infecciones de transmisión sexual, reducir discriminaciones y garantizar derechos.

Eso quiere decir que, por medio de esa política, el Estado está cumpliendo obligaciones relacionadas con la protección de los derechos humanos. “Eso no significa que el Estado pueda imponer una determinada creencia filosófica o moral sobre la sexualidad”, explicó Sandino a Infobae Colombia.

Ahora bien, la docente confirmó que, si hay irregularidades en la educación que están recibiendo los niños, niñas y adolescentes, es necesrio revisar, discutir y denunciar. Esto implica, por ejemplo, la enseñanza de contenidos que no corresponden a determinadas edades o de temas que no tienen suficiente sustento “Pero tampoco podemos llamar “imposición” a que el Estado diga que una persona tiene derecho a no ser víctima de violencia sexual o discriminación", aseveró.

Con eso claro, la directiva aclaró que la educación sexual integral no sexualiza a la infancia y que la sexualidad tampoco se reduce netamente al acto sexual. “Reconocer la sexualidad como dimensión humana no significa sexualizar a los niños”, afirmó.

Sandino explicó que son varios los temas que se incluyen en ese tipo de formación y que van más allá de la biología o la anatomía:

• Conocimiento y cuidado del cuerpo
• Autoestima y autocuidado
• Emociones y relaciones afectivas
• Intimidad y límites personales
• Consentimiento
• Prevención del abuso sexual
• Prevención de diferentes formas de violencia
• Relaciones respetuosas
• Prevención del embarazo
• Salud sexual y reproductiva
• Prevención de infecciones de transmisión sexual
• Derechos humanos
• Igualdad
• Respeto por las diferencias
• Prevención de la discriminación

Estos contenidos se abordan según la edad de los estudiantes. De acuerdo con la docente, en la primera infancia puede hablarse de reconocimiento del cuerpo, cuidado, intimidad, límites, emociones, respeto y prevención del abuso. En etapas posteriores, puede hablarse progresivamente de los cambios físicos y emocionales que pueden experimentar, las relaciones afectivas, la prevención de violencias, el consentimiento y la salud sexual y reproductiva.

“Esa es una discusión pedagógica y científica”, detalló.

Ahora bien, Sandino aseguró que es posible enseñar sobre orientación sexual y diversidad de género, siempre que corresponda al nivel de desarrollo de los estudiantes. Además, es necesario garantizar que la formación se haga desde una perspectiva pedagógica, científica y de derechos.

Por otro lado, recalcó que hablar de una realidad no significa imponerla. Es decir, enseñar a un estudiante que hay personas con orientaciones sexuales diversas no implica indicarle qué orientación debería tener. Lo mismo pasa con la identidad de género: hablar al respecto no significa que se esté obligando a los niños a sumir una de ellas.

“Debemos entender que negar información no elimina la sexualidad”, añadió.

Además, aseguró que la educación sexual integral puede contribuir a desmontar estereotipos de género que históricamente han servido para justificar todo tipo de violencias, a las que los menores pueden estar expuestos.

La participación de los padres de familia y de los docentes

Por otro lado, Sandino coincide en la importancia de que los padres de familia tengan una participación activa en la realidad educativa de sus hijos. Tienen derecho de conocer la formación que están recibiendo de manera transparente. “Pero participación no significa necesariamente derecho de veto sobre los derechos fundamentales de los estudiantes”, aclaró.

Asimismo, recordó que no todos los niños viven las mismas realidades familiares y por eso, para algunos, el colegio es un espacio informativo y seguro en el que pueden aprender sobre situaciones que incluso pueden estar ocurriendo en sus casas.

“También debemos reconocer que las familias son diversas. No todas tienen las mismas creencias religiosas, culturales o morales”, detalló. En ese sentido, considera que la educación sexual integral es un asunto de familia, escuela y Estado, no únicamente del hogar.

Además, insistió en que los maestros también deben tener una participación real en la construcción de políticas centradas en la educación de los menores de edad. Pues, ellos están diariamente en las aulas y conocen realidades que otras personas pueden ignorar.

Con 71 años de vida, recuerda claramente lo que pasó con Raúl Sosa Hurtado, uno de sus ocho hijos, hace más de 30 años. Entre 1990 y 1991, cuando apenas tenía 18 años y sin haber alcanzado a reclamar su cédula de ciudadanía, Raúl fue reclutado por las Farc en Sumapaz, localidad de Bogotá. La temida organización guerrillera entonces estaba en un “ascenso meteórico” –en palabras de Insight Crime–, y engrosó sus filas con miles de personas, entre ellas, niños, niñas y adolescentes a los que pusieron a cargar fusiles y contra quienes cometieron todo tipo de violencias.

Raúl y dos hermanos más pasaron a portar el uniforme camuflado que los identificaba como parte del grupo armado. “Llegaron de un momento a otro, los sacaron de la casa y se los llevaron”, contó Cecilia. Dos de ellos regresaron a casa, pero el tercero no volvió hasta 14 años después, para informar sobre su decisión de continuar en la guerrilla. “Dijo que le gustaban las armas y que él tenía que hacerse matar allá. Entonces, no lo pudimos atajar”, precisó.

Muerte, búsqueda y hallazgo: “Lo tenían en una bolsa blanca”

Sus declaraciones terminaron siendo ciertas. Al poco tiempo, en 2005 específicamente, lo mataron: “El que lo reclutó –Julio Enrique Rincón Rico, alias Nelson Robles, guerrillero que operaba en el Sumapaz y en varios municipios de Cundinamarca–, él mismo vino y me trajo la noticia de que lo habían matado y que estaba en el cementerio”.

La señora Cecilia siempre estuvo esperando su regreso, pero con esa noticia, lo que le quedaba era encontrar y recuperar su cuerpo. En 2023, aproximadamente, un abogado se contactó con ella, gestionó la toma de muestras de ADN y la ayudó a iniciar un proceso de búsqueda formal, de la mano de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), una entidad que nació en 2017 y que ha dedicado años de trabajo a la búsqueda de desaparecidos por el conflicto armado en Colombia. El universo de personas dadas por desaparecidas a nivel nacional ya asciende a 137.000 y hay 57.290 personas que las están buscando.

Ese complejo proceso por el que pasaron Cecilia y su familia mostró resultados en 2025. Ese año, por medio de una llamada telefónica, le confirmaron que habían encontrado el cadáver de su hijo en Tunja, Boyacá. Dijeron que estaba en una bóveda.

El 2 de agosto de ese año “nos llamaron a la morgue. Eso había médicos, la Policía, había hartas entidades ahí. Nos hablaron mucho y nosotros dijimos: ‘¿Pero cómo vamos a hacer nosotros para reconocer el cuerpo si fue hace tantos años?’”. Para entonces, ya habían pasado más de 20 años desde la muerte de Raúl y, según cálculos de la señora Cecilia, debía tener 38 años.

El paso del tiempo no fue impedimento para que confirmara que se trataba de él. Entró a la morgue para reconocer el cuerpo, cumpliendo con el protocolo. “Lo tenían en una bolsa blanca, cerrada la cremallera. Adentro tenía una bolsa negra, gruesa. Lo destaparon y yo quedé en otro mundo. Dios mío”, expresó.

La señora Cecilia tiene la imagen del cuerpo de su hijo grabada en su mente. Descubrió con sorpresa que una parte de él todavía estaba lo suficientemente conservada como para saber que era a quien buscó y esperó durante años: la forma de los labios, los dientes (postizos) y los rizos se lo confirmaron.

“De aquí para abajo ya estaba seco, lo que se dice seco, seco. Y de aquí para arriba ya tenía más humedad. Nos dijeron: ‘Acérquense más, a ver si lo pueden reconocer’. Nos fuimos acercando poco a poco hacia la cabeza. Yo ahí mismo lo reconocí, porque de aquí para arriba la verdad estaba bueno”, detalló.

Pasó un mes para que la señora Cecilia y su familia recibieran el cuerpo de Raúl. El 12 de septiembre de 2025, entregaron sus restos. “Me lo trajeron a la casa”. La Ubpd se encargó de toda la gestión y financiación de las honras fúnebres, para que la familia pudiera despedirlo sin tener que pensar en cómo hacerlo. Fue sepultado el 13 de septiembre en el cementerio de San Juan de Sumapaz, un día antes de su cumpleaños, y de eso, ya pasó un año, en el que sus seres queridos han lamentado su muerte, pero han abrazado y agradecido la paz que generó el haberlo encontrado.

“Yo me siento más feliz, porque imagínese si uno no sabe sus hijitos dónde están, dónde quedan (...). La familia y yo estamos más conformes, porque, si de pronto se hubiera quedado en el cementerio o lo hubieran botado a una fosa común, no lo hubiéramos podido volver a ver nunca jamás en la vida. Entonces, yo me siento feliz de que lo tengo allá en el cementerio”, explicó la señora Cecilia.

El caso de Raúl fue rápido, en el sentido de que la Ubpd dio con el paradero del cuerpo en un período relativamente corto después de que se inició la búsqueda. Sin embargo, eso no es común. La búsqueda de personas dadas por desaparecidas es sumamente compleja, puede tardar muchos años e incluso no generar los resultados que esperan los seres queridos. Así lo explicó a Infobae Colombia Sol Alonso, coordinadora Regional Centro (Tolima, Cundinamarca, Bogotá, Boyacá y parte del Amazonas) de la Ubpd.

“El primer proceso organizativo de personas buscadoras de sus seres queridos en Colombia es de 1982, está rastreado con el colectivo 82 acá en Bogotá. No hemos encontrado a esas personas. No las ha encontrado la Fiscalía, no las hemos encontrado nosotros ni Medicina Legal. Murieron muchos padres esperando a sus hijos”, detalló la funcionaria a este medio.

Pero, en medio de los casos que todavía no tienen resultados, están los que sí han derivado en el hallazgo de los desaparecidos, pese al paso del tiempo. En 2025, por ejemplo, la entidad recuperó los cuerpos de personas que habían sido reportadas como desaparecidas en 1956, durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla.

Así buscan a los desaparecidos: investigación y detalles forenses

Según la coordinadora regional, para encontrar a una persona viva o muerta hay que hacer todo un proceso de investigación que inicia con el cruce de información. Cuando las personas piden la asistencia de la Ubpd, entregan todos los datos que tengan disponibles sobre su ser querido, su desaparición y posible ubicación (si se sabe).

La entidad, por su parte, empieza a indagar con la institucionalidad. “Muchos casos que nos llegan tienen acciones en la Fiscalía o ya fueron a la Cruz Roja Internacional en algún momento, o a Medicina Legal. Empezamos a cruzar para no empezar de cero”, detalló.

Entonces, se hace un análisis de la información, que permite encontrar patrones y no tratar los casos como hechos aislados. Luego, con base datos que brinden luces sobre la manera como se desarrolló el conflicto armado en cierta época y lugar, y su posible vinculación con los casos estudiados, se hace una delimitación y se desarrollan planes regionales de búsqueda. Posteriormente, se establecen unidades de análisis para ahondar en cada hecho investigado.

“¿Para qué me sirve esto? Cuando yo me acerco, por ejemplo, a alguien que hizo parte de un actor armado en una temporalidad y en un lugar específico, yo no le pregunto por un solo caso. El investigador debe preguntar por todos los casos de esa zona, mostrar las fotos de todos, contarle las circunstancias de todos. Cuando voy a un municipio y miro las actas de levantamiento de los cuerpos de las personas que murieron en esa época, en un lugar en particular, de una vez consulto todo y tengo en cuenta todas las solicitudes", precisó.

Otra forma de buscar cuerpos de personas desaparecidas es ir a los sitios donde se sabe que hay cadáveres: cementerios, campos abiertos, cuerpos de agua. Y una tercera alternativa consiste en buscar en los cuerpos que ya se tienen mapeados y que todavía no han sido identificados. “Los cuerpos que en muchos años les llamaron NN y que en este momento nosotros les decimos cuerpos no identificados o cuerpos identificados que no fueron entregados”, indicó.

Es así como surge una hipótesis de localización e inicia la búsqueda formal en terreno. Si se cree que la persona está viva, se intenta generar contacto y propender el reencuentro; si está muerta, se hace una actividad técnico-forense en el sitio (prospección). Esta tarea la desarrolla un equipo técnico-forense, conformado por criminalistas, antropólogos y especialistas en topografía.

“Si encontramos, recuperamos el cuerpo. No siempre encontramos. Eso también es parte del trabajo acá: poder manejar la frustración de no encontrar. Y cuando se recupera el cuerpo, lo trasladamos a distintos sitios. Puede ser a Medicina Legal. Durante muchos años los trasladamos a Medicina Legal. Ahora contamos dentro de la Unidad de Búsqueda con Centros Interdisciplinarios de Abordaje Forense para poder identificar. Entonces, también pueden ser trasladados al centro de abordaje más cercano”, precisó.

Todo el proceso de investigación y búsqueda ha ido mejorando con el paso de los años. La Ubpd usa la inteligencia artificial para poder consolidar el universo de personas desaparecidas y se vale de sistemas de información para organizar los datos que tiene de cada caso.

En cuanto a las tareas médico-forenses que se adelantan para hallar cuerpos, la entidad utiliza todo tipo de elementos: unos más sofisticados que otros. Se requiere de palas y picos para excavar en terreno, pero también se hace uso de equipos de geofísica, detectores de metales y georradares. De igual manera, la Ubpd se vale de cámaras y equipos 3D para tener un registro de las búsquedas y excavaciones y usa drones para hacer la caracterización de los sitios que intervienen.

Pero el manejo de los terrenos y la propia búsqueda no son los únicos retos a los que se enfrentan los investigadores, equipos forenses, familiares y demás personas involucradas. Deben garantizar su seguridad. Pues, Colombia todavía vive en conflicto armado y, por eso, el trabajo en terreno puede ser riesgoso. Sin embargo, la funcionaria explicó que, para garantizar su seguridad y poder acceder a ciertos sitios para la búsqueda, hacen pedagogía y posicionan su mandato humanitario.

“Explicarle a las personas –incluidos actores armados– que nosotros somos humanitarios es lo que nos abre las puertas para entrar a cualquier lugar de Colombia, con actores armados vigentes, con actores armados en disputa entre ellos, con actores armados que tienen completo dominio territorial”, indicó.

Es por eso que ahora mismo la Ubpd puede ingresar a la mayoría de zonas del país donde hay conflicto. Sin embargo, en ocasiones, los grupos criminales establecen condiciones de tiempo, modo y lugar para que la entidad pueda llevar a cabo su trabajo.

“Hemos logrado que nos digan: ‘Tienen tres días, no pueden venir antes a localizar, que es algo que nosotros hacemos mucho’ (...). Muchas veces nos dicen: ‘Vienen de una vez con equipo forense y listo’. Nos adaptamos y lo organizamos. ‘Solo pueden venir hombres (...). Tienen que venir con la Iglesia católica’”, precisó.

Cuerpos conservados y huesos: lo que han encontrado los investigadores

El hallazgo de los cuerpos puede sorprender. Según la coordinadora regional, al buscar personas que desaparecieron antes del 1 de diciembre de 2016, se suele pensar que encontrarán cadáveres esqueletizados. Y, aunque la mayoría de las veces es así, en varias oportunidades se han topado con otra realidad.

Los investigadores y equipos forenses han hallado cuerpos que, por las características de la tierra o del clima, todavía están completos. Ese patrón lo han identificado en el páramo de Sumapaz, por ejemplo, donde los cadáveres suelen estar en muy buen estado. También han encontrado cuerpos que han sido utilizados para prácticas médicas.

“Hemos encontrado que los cuerpos fueron pasados por distintas formas de conservación, la mayoría en formol, tanto en piscina o por inyección. También hemos encontrado cuerpos que están muy completos y que tienen muchas dificultades para el proceso de identificación, porque el formol destruye buena parte de la información genética y el ADN. Esos cuerpos no pueden pasar por genética”, precisó Sol Alonso a este medio.

A este tipo de cadáveres se suman los que entran en procesos de momificación o de corificación. Según precisó, un camino intermedio entre la descomposición, donde se pierde toda la humedad y los cuerpos empiezan a secarse. En el cementerio del Sur de Bogotá han encontrado cuerpos en ese estado.

Ahora, cuando se trata de cuerpos esquelitizados, no siempre encuentran todos los restos. A veces hallan algunos dientes, o un pedazo de mandíbula. “Eso para nosotros es un cuerpo”. Además, en otros casos, los cadáveres están incompletos o bastante afectados por la zona donde fueron dispuestos, como en cuerpos de agua. Otros, por su parte, fueron incinerados en hornos.

La identificación de los cuerpos: otro gran reto

Tras encontrar los cuerpos, se hace un análisis interdisciplinario de ellos. De esa tarea se encarga un equipo de médicos o médicas forenses; su trabajo está acompañado por disciplinas como la antropología forense, la odontología forense, criminalística, dactiloscopia y genética (cuando se requiere).

“Genética no nos identifica los cuerpos, genética nos establece parentescos. Pero en Colombia tenemos muchos casos en los que la genética no nos da esa información que nosotros necesitamos. Nos funciona cuando tenemos muestra genética de familiares que están buscando a sus seres queridos, que son genéticamente informativos, es decir, padres, madres, hijos y hermanos”, detalló.

Por eso, es necesario contar con información contextual sobre la persona que se está buscando: “Cuál se cayó cuando era pequeño y se fracturó, por ejemplo, el fémur, cuál tuvo tratamiento odontológico. Cuál llevaba el anillo que le regaló el papá, cuál tenía este tatuaje”.

Teniendo clara la identificación, se hace un informe con los resultados y se gestiona la entrega digna de los cuerpos. No se entrega ningún cuerpo hasta que no esté plenamente confirmado que sí corresponde a la persona desaparecida.

La entrega digna de los cuerpos

La Ubpd se encarga de toda la gestión de la entrega digna de los cuerpos. Eso involucra trámites administrativos, como la actualización del registro civil de la persona fallecida y los trámites para que los seres queridos den un último adiós a quienes buscaron por tanto tiempo. La entidad organiza con las alcaldías para garantizar la disposición de bóvedas a perpetuidad para los restos.

Además, financia cada una de las fases de la entrega digna y busca que la despedida sea acorde con las costumbres y creencias de las familias buscadoras. Es así como ha gestionado y acompañado ceremonias católicas, cristianas y con rituales indígenas.

“No le entregamos un cuerpo a la familia para que se le vuelva un problema: que le vaya a generar costos o que no sepa qué hacer con el cuerpo. Tenemos casos terribles que nos han contado de otros procesos y la idea no es hacer eso con las familias”, detalló Sol Alonso.

La Ubpd ha recuperado más de 5.400 cuerpos en todo el país, de los cuales, 785 han sido entregados dignamente a sus familias.

Las personas vivas: ¿por qué duran años desaparecidas?

Aunque en buena parte de los casos atendidos por la entidad las personas desaparecidas ya fallecieron, hay otros muy distintos, en los que se han encontrado personas vivas y se ha gestionado el reencuentro con sus familiares. Estos casos son muy particulares y difíciles de abordar. Según la coordinadora regional, son distintas las situaciones que llevan a las personas a alejarse de sus seres queridos y permanecer desaparecidas durante años.

“Recuerdo un caso de un chico que se llevó un actor armado (...). Pasaron muchos años, y en algún momento una entidad de salud recibió un habitante de calle en Cundinamarca y pudieron identificar que estaba en el registro de desaparecidos. Cuando nos acercamos a esa persona, la persona tenía unos temas de salud mental muy graves. No solamente estaba físicamente enfermo, tenía signos de estrés postraumático”, detalló.

El joven escapó del grupo armado, pero cuando intentó regresar, lo amenazaron con atacar a su familia. Entonces, viajó del Caribe a Bogotá, una ciudad en la que no tenía una red de apoyo y terminó en las calles.

“Cuando hicimos ese reencuentro, fue bastante duro para la mamá verlo tantos años después en un estado tan duro de salud, tan afectado y con tantas secuelas de la guerra”, contó.

Al encontrar a las personas vivas, la Ubpd gestiona los reencuentros. Eso supone todo un reto también, porque debe verificar condiciones de seguridad. En algunos casos, las personas encontradas simplemente han optado por no hacer ese reencuentro para proteger a su familia. Sin embargo, la mayoría de las veces se logra realizar esa reunión porque tanto los seres queridos como los desaparecidos se están buscando.

El influenciador Levy Rincón informó que la Unidad Nacional de Protección (UNP) decidió suspender el esquema de seguridad que le había sido asignado, el cual estaba compuesto por dos escoltas y una camioneta convencional.

De acuerdo con el creador de contenido afín a la izquierda, el actual director de la entidad, Didier Blanco, ordenó que se llevara a cabo un estudio de riesgo “exprés”, a través del cual se concluyó que, al parecer, no requiere del esquema de seguridad.

El influenciador aseguró que lleva varios años con un equipo de protección, debido a situaciones en las que su integridad y su vida han estado en riesgo. Además, indicó que el último estudio sobre su situación se efectuó hace dos meses, aproximadamente. Sin embargo, con la nueva evaluación que se realizó sobre su caso, se definió la suspensión de su esquema.

“El señor designado por el lavador de plata de Alex Saab y estafador de narcotraficantes @ABDELAESPRIELLA pasó por encima del estudio de riesgo que se me hizo hace dos meses y que me vienen haciendo hace 4 años que determina riesgo extraordinario debido a las amenazas, atentados e intentos de asesinato tanto en Cali como en Bogotá”, precisó Rincón en una publicación que hizo en su cuenta de X.

El creador de contenido señaló al director de la Policía Nacional, el mayor general Jesús Alejandro Barrera Peña, de haber emprendido una persecución en su contra. Según detalló, esa situación presuntamente se presentó en 2020, cuando el uniformado ejercía como director de la Dirección de Inteligencia Policial, una dependencia de la Policía Nacional.

Rincón aseguró que el nuevo líder de la institución habría tomado acciones en su contra debido a denuncias que hizo sobre la compra de un software que, al parecer, habría sido utilizado para hacer interceptaciones ilegales a la oposición. Además, acusó al presidente Abelardo de la Espriella –al que señaló de ser un mandatario ilegítimo– de tener embargado un vehículo de su propiedad y de acosarlo judicialmente por medio de su firma de abogados De la Espriella Lawyers.

Así las cosas, Rincón aseguró que dos personas serían responsables de cualquier cosa que pueda sucederle, ante la ausencia de su esquema de seguridad. “Dejo constancia y hago responsables de mi seguridad a los criminales Didier Blanco, Jesús Alejandro Barrera”, aseveró.

UNP evaluaría esquemas de seguridad de exfuncionarios del gobierno Petro

Rincón no es el único que se quedó sin equipo de protección. La UNP ya retiró los esquemas de seguridad que habían sido asignados a tres personas cercanas a la administración del expresidente Gustavo Petro, que son:

• Juliana Guerrero, joven involucrada en un escándalo de títulos falsos.
• Gabriela Muñoz, activista cercana a Petro que fue señalada de haber incurrido en presuntas irregularidades durante su paso por la Aeronáutica Civil.
• Franklin Humberto Coral Garrido, activista conocido como Beto Coral, que recientemente fue deportado a Colombia desde Estados Unidos por su situación migratoria.

De igual manera, según informó La FM en los Secretos de D’Arcy Quinn, la UNP tendría programado hacer una evaluación de riesgo de exministros del gobierno Petro: Edwin Palma Egea, de Minas y Energía, y las exministras de Deporte, Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ciencia, Tecnología e Innovación.

Yesenia Olaya Reneque, ex jefa de la cartera de Ciencia, criticó la posible evaluación y eventual suspensión de los esquemas de seguridad. Aseguró que la UNP estaría incurriendo en un perfilamiento.

“Esto es un claro caso de perfilamiento. Es prácticamente decirles a nuestros adversarios: “A partir del lunes quedan expuestos y sin garantías. Procedan”. Y, para agravar la situación, entregar información a medios afines, vulnerando el debido proceso. ¿Esta es la democracia que pretende garantizar el Gobierno? ¿Dónde quedan las garantías para quienes ejercemos oposición? Gravísimo”, precisó la exministra en una publicación en su cuenta de X.

El director Andrés Felipe Velásquez dio a conocer los resultados de las acciones que se han adelantado desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entidad que dirige desde agosto de 2026. El director se enfocó en incautaciones y aprehensiones que se han ejecutado en apenas un mes.

“En un mes hemos realizado operativos en naturaleza aduanera, donde hemos aprehendido mercancías valoradas en más de $30.000 millones, que en proporción a lo que se ha hecho durante el año, es el mes donde más se ha realizado incautaciones y aprehensiones”, precisó el funcionario.

Las diligencias que ha desarrollado la Dian también incluyeron la aprehensión de drones utilizados por los grupos armados para atacar a la fuerza pública en distintas zonas del país. Según Velásquez, ahora se está articulando un grupo élite en la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), el cual será liderado por mujeres, que se encargarán de tener “una lucha frontal contra el contrabando”.

El primer mandatario, por su parte, resaltó el hecho de que, por primera vez, la dirigencia de la Polfa esté conformada por mujeres. “Donde hay mujeres, hay más responsabilidad, hay más patriotismo y hay más honestidad (...). Aquí no vamos a permitir que los carteles que siempre han manipulado la acción del Estado puedan meter sus sucias manos en este gobierno”, detalló el director de la Dian.

Por otro lado, el jefe de Estado informó que desde la Dian también se adoptaron medidas frente al ingreso de maquinaria amarilla, puesto que está siendo utilizada de manera irregular en las zonas del país donde hay actividades mineras ilegales que afectan el ecosistema.

De acuerdo con Andrés Felipe Velásquez, “mediante acto administrativo se va a restringir los lugares de ingreso en maquinaria amarilla y partes con las cuales puedan fabricar maquinaria amarilla”. Asimismo, según el funcionario, también se va a generar una restricción en el ingreso al país de partes de drones y de elementos como precursores químicos.

Además, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que solo se podrá importar maquinaria amarilla a través de los puertos de Cartagena y Bogotá. “Se acabó la vagabundería. Estamos decididos a atacar ese flagelo”, dijo.

Cambios establecidos en las seccionales de la Dian

El director de la Dian informó sobre la toma de otras medidas para mejorar el funcionamiento de la entidad. Las seccionales de la Dian que están ubicadas en puertos y ciudades limítrofes serán manejadas por miembros activos de la fuerza pública. Esas personas son oficiales de grados superiores, que estarán acompañadas de un grupo élite; su tarea será combatir el contrabando y la evasión.

Para ello también se contará con cooperación internacional, lo que contribuirá a que las personas involucradas en casos de contrabando sean incluidas en procesos judiciales de otros países. “Hemos venido trabajando muy articuladamente con los Estados Unidos, con la embajada estadounidense, con CBP, con HCI”, aclaró.

De la Espriella indicó que las seccionales también van a ser manejadas por mujeres. De la mano de las uniformadas, el Gobierno espera fortalecer la lucha contra el contrabando, proteger los recursos y resolver algunas de las problemáticas que más aquejan a la población. Por eso, aseguró que combatirá a las organizaciones criminales que se dedican a esa actividad ilícita.

“Vamos por todas las mafias, llámese “Pitufo” o “Gargamel”; todos van a caer sin ninguna consideración. Aquí no se va a proteger a nadie. Vamos a hacer caer sobre ellos todo el peso de la ley”, dijo.

Además, reveló que se va a abrir un programa de fiscalización para poner la lupa sobre personas que, siendo residentes fiscales en Colombia, deben declarar criptoactivos que tienen fuera del país. Esto, debido a que hay altas cifras de evasión en materia de criptomonedas.

Algunos exfuncionarios del gobierno del expresidente Gustavo Petro podrían quedarse sin esquema de seguridad. De acuerdo con información revelada por La FM, correspondiente a los Secretos de D’Arcy Quinn, la Unidad Nacional de Protección (UNP) tendría planeado hacer una evaluación de riesgos de quienes integraron la administración anterior, con el fin de determinar si requieren o no los esquemas de protección que les fueron asignados en su momento.

Al parecer, el lunes 14 de septiembre, la UNP determinará qué esquemas de seguridad mantendrá y comenzará a retirar los que considere innecesarios. Según la información conocida por el medio de comunicación citado, las personas que podrían quedarse sin protección son el exministro de Minas y Energía Edwin Palma Egea y las exministras de Deporte, Vivienda, Ciudad y Territorio, y Ciencia, Tecnología e Innovación.

El informativo no especifica cuáles son las ex jefas de cartera que perderían su esquema de seguridad, pero podría tratarse de quienes ocuparon el cargo antes de que Abelardo de la Espriella llegara a la Presidencia de la República, es decir, Patricia Duque Cruz (Deporte), Helga Rivas (Vivienda) y Yesenia Olaya Reneque (Ciencia).

Justamente, la exministra de Ciencia se pronunció al respecto. La exfuncionaria aseguró que la posible eliminación de los esquemas de seguridad de quienes hicieron parte del Gobierno Petro constituye un “perfilamiento”. Afirmó que van a quedar desprotegidos y que sus adversarios podrían aprovechar esas circunstancias para tomar acciones en su contra.

“Esto es un claro caso de perfilamiento. Es prácticamente decirles a nuestros adversarios: “A partir del lunes quedan expuestos y sin garantías. Procedan”. Y, para agravar la situación, entregar información a medios afines, vulnerando el debido proceso. ¿Esta es la democracia que pretende garantizar el Gobierno? ¿Dónde quedan las garantías para quienes ejercemos oposición? Gravísimo", precisó la exministra en una publicación en su cuenta de X.

Juliana Guerrero, Gabriela Muñoz y Beto Coral: sin esquemas de seguridad

La entidad, que ahora está a cargo de Didier Fabián Blanco Rodríguez, ya retiró algunos esquemas de seguridad de personas que fueron cercanas a la administración anterior.

Se trata de la joven Juliana Guerrero, que fue funcionaria del Ministerio del Interior y que trató de ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad presentando títulos académicos falsos. También se quedó sin esquema de protección la joven activista Gabriela Muñoz, señalada de haber incurrido en presuntas irregularidades durante su paso por la Aeronáutica Civil.

Junto con ellas está el activista Franklin Humberto Coral Garrido, conocido como Beto Coral, afín al Gobierno Petro, que fue deportado a Colombia por decisión de las autoridades de Estados Unidos, ante posibles anomalías en su situación migratoria.

Según informó El Tiempo, la decisión de dejar a Guerrero, Muñoz y Coral sin esquemas de protección obedeció a un estudio técnico de riesgo que concluyó que ninguno se enfrenta a situaciones que pongan en riesgo su integridad y su vida. El resultado del estudio se basó en el análisis de amenazas directas, la exposición pública del beneficiario y la proporcionalidad del gasto público frente al riesgo real.

El funcionamiento de los tres equipos de protección representaba un costo mensual de $40 millones, según reportó el informativo. Ese rubro involucra el pago por los hombres de protección asignados a los beneficiarios y sus viáticos operativos, el alquiler y mantenimiento de los vehículos y el pago de gasolina.

Mientras estas tres personas se quedaron sin esquemas de protección, la UNP informó el 25 de agosto que asignaría medidas de protección a la lideresa social de Santa Marta y excandidata a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico Naylea Barros, debido a que fue víctima de un atentado. La lideresa ya había solicitado a la entidad que se le otorgara un esquema de seguridad.

“No más tarifas impagables en mi región, en el Caribe colombiano”, dijo el jefe de Estado en su momento, información que también fue ratificada por el movimiento Defensores de la Patria en un comunicado.

Sin embargo, posteriormente, la actual ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, negó que sea posible bajar las tarifas de energía. Por el contrario, deben aumentar. “No nos digamos mentiras, la tarifa tiene que subir. ¿Por qué la tarifa tiene que subir? Porque ya los recursos no son los que van a atender toda la demanda (...). Yo no les voy a prometer lo que no les puedo prometer”, explicó la jefa de cartera ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, en un debate de control político que se llevó a cabo el 8 de septiembre.

Luego, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, indicó ante la Comisión Quinta del Senado que sería posible aplicar tarifas diferenciales en el cobro del servicio de energía para la Costa Atlántica. Aseguró que sería una medida temporal.

“¿Vale la pena hacerlo? Yo creo que en el caso de las tarifas de servicios públicos de energía en la Costa Atlántica se justifica. Yo sí creo que se justifica, pero pongámonos de acuerdo por cuánto tiempo, o si esto va a ser así hasta el final de los tiempos. No, la Costa Atlántica necesita energía solar y necesita energía eólica”, dijo el jefe de cartera ante los congresistas.

Ante las distintas declaraciones que han dado los miembros del Gobierno nacional sobre la situación energética del país y las medidas que se tomarán para aliviar el bolsillo de los colombianos, el exministro Edwin Palma Egea afirmó que la administración estaría improvisando y que probablemente no tendría muy claro cómo afrontar la crisis que hay en el sector. Además, recordó que el Gobierno se abstuvo de hacer un empalme con la administración anterior, liderada por el expresidente Gustavo Petro, lo cual también estaría afectando la toma de decisiones.

“Llegaron a demostrar que lo que están es improvisando, que fue falso lo del arca de Noé, de los 1.700 expertos de la inteligencia artificial y todo ese cuento que nos echaron una vez ganaron las elecciones para justificar no hacer empalme, porque ni tenían nada preparado ni saben cómo sortear la crisis del sector energético”, detalló el exministro de Minas y Energía.

Indicó, además, que estando al frente de la cartera se diseñó una hoja de ruta para la nueva administración. Sin embargo, aseguró que, al parecer, ese documento ha sido poco abordado por el Gobierno.

“También conocemos que Abelardo de la Espriella prometió tener listo el pago para las deudas del sector eléctrico, que ya todo lo tenía listo, y hasta ayer propusieron un proyecto de ley para financiar o hacer una minirreforma tributaria para financiar parte de las deudas del sector eléctrico”, añadió el exfuncionario.

Asimismo, afirmó que es necesario que el Gobierno De la Espriella explique con claridad de dónde saldrán los recursos que se recaudarán, en caso de que el proyecto sea aprobado, y precisar qué sectores de la población resultarán afectados por la iniciativa.

“Es importante que el país sepa, primero, que lo engañaron, que le están diciendo mentiras, que están improvisando, que no saben qué hacer. Y segundo, que seguramente lo único que está evitando el Gobierno de Abelardo de la Espriella es tocar a los poderosos, tocar a los ricos y le va a echar mano al bolsillo de la gente menos favorecida”, aseveró.

El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho criticó la venta de energía a Ecuador por parte de Colombia, teniendo en cuenta el contexto ambiental en el que se encuentra el país, que enfrenta las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño, el cual inició oficialmente en junio de 2026.

El Gobierno nacional y las autoridades locales de algunos departamentos han tenido que combatir incendios, que causaron graves afectaciones en varias hectáreas de tierra destinada a la agricultura, situación que también está generando millonarias pérdidas económicas.

A esto se suma el hecho de que los embalses están por debajo de la curva de referencia, que está entre el 70% y el 80%. Según las cifras que presentó el ex jefe de cartera, esta situación se está presentando, sobre todo, en el departamento de Antioquia, donde la capacidad de los embalses casi se acerca al 30%, y en el centro del país, donde la capacidad apenas supera el 50%.

“En pleno fenómeno del niño, con nuestros embalses por debajo de la curva de referencia, se está desembalsando para vender energía a Ecuador. Hemos insistido reiteradamente al nuevo gobierno la necesidad de adoptar medidas urgentes para cuidar la energía del país @MinEnergiaCo @mn_arboleda”, aseveró el ministro.

Camacho compartió datos proporcionados por la Empresa XM, operador del Sistema Interconectado Nacional y administrador del Mercado de Energía Mayorista, correspondientes a un resumen de operación del 28 de agosto de 2026, en el que se indica que en los intercambios con Ecuador predomina la exportación de energía.

“Solo ayer, 28 de agosto, entregamos 340 MW de potencia al Ecuador. Energía que vamos a necesitar en unos meses en la fase más fuerte del niño”, indicó.

Medidas del Gobierno para garantizar la continuidad del servicio de energía en Colombia

Por medio de un comunicado emitido por el Ministerio de Minas y Energía el 24 de agosto, se confirmó la destinación de $1,5 billones para el sector energético. Esto, con el objetivo de garantizar la prestación del servicio de energía para todos los ciudadanos, en medio de un problema de liquidez que hay en el sistema.

Según explicó la cartera en la comunicación oficial, la situación económica del sector está afectando la cadena de pagos entre las empresas encargadas de generar, transmitir, distribuir y comercializar la energía en el país.

La problemática se torna todavía más grave por el fenómeno de El Niño, que puede causar sequías por las altas temperaturas e incrementar los riesgos de incendios forestales y de desabastecimiento hídrico. Sobre el suministro de agua, el ministerio indicó que, según cifras de XM, en mayo y junio, los aportes hídricos estuvieron alrededor del 76% de la media histórica y cerca del 80% en julio. Por eso, fue necesario incrementar la generación térmica.

“Contar con menos agua disponible implica reducir la generación hidroeléctrica y utilizar más generación térmica, que tiene costos de operación más altos al depender de combustibles como gas, carbón o líquidos”, explicó.

Así las cosas, el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Hacienda decidieron destinar $1,5 billones para los meses que faltan de 2026. Ese dinero servirá para pagar la deuda corriente que se tiene con los generadores térmicos. El primer giro será de $300.000 millones. A ese dinero se suma un subsidio de energía y gas para las personas de estratos 1, 2 y 3.

“El Gobierno nacional acompañará la implementación de estas soluciones con gobernaciones y alcaldías, promoviendo, entre otras prioridades, el pago oportuno de los servicios públicos por parte de las entidades públicas como parte de su rol en el adecuado funcionamiento del sector eléctrico”, añadió el Ministerio de Minas en el comunicado.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, la fuerza pública y las autoridades locales llevaron a cabo un Consejo de Seguridad en Ocaña, Norte de Santander, para establecer acciones orientadas al fortalecimiento de la seguridad y la recuperación del orden público. El encuentro se realizó tras ataques presuntamente perpetrados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, ubicado en el municipio de El Carmen. Los hechos se presentaron el 4, 7 y 10 de septiembre.

En el consejo de seguridad participó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, el gobernador del Norte de Santander, William Villamizar Laguado, y otros representantes regionales y alcaldes de la región del Catatumbo. Según informó el gobernador a través de su cuenta de X, el objetivo de la reunión era escuchar las preocupaciones de los alcaldes y conocer la situación actual de los municipios del departamento en materia de seguridad.

“A partir de esta información, seguimos coordinando acciones y estrategias que nos permitan enfrentar la violencia y proteger a nuestras comunidades. La seguridad de los nortesantandereanos es una prioridad y la enfrentamos trabajando unidos”, precisó el mandatario departamental en la red social.

La Gobernación de Santander dio a conocer las principales conclusiones y acuerdos a los que se llegaron durante el consejo de seguridad. Por un lado, se fortalecerá el sistema de cámaras y sistemas antidrones para combatir de manera más efectiva a los grupos armados. De igual manera, se trabajará en la recuperación y reconstrucción de la subestación de Policía de Guamalito, que quedó destruida.

Asimismo, se gestionará el incremento de la presencia de la Policía Nacional y el Ejército Nacional en municipios priorizados y se reforzará el control en vías estratégicas del departamento. También se contempla el fortalecimiento del Distrito de Policía de Ocaña, la protección prioritaria para los alcaldes del departamento y la asignación de recursos de seguridad para atender las necesidades reales de los territorios.

Ataque a la subestación de Policía generó indignación

Los ataques contra la subestación de Policía de Guamalito derivaron en la evacuación aérea de al menos 20 uniformados que prestaban servicio en la zona. La situación implica la desprotección de la ciudadanía que habita en el corregimiento.

Ante estos hechos, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, advirtió sobre la gravedad de los hechos de violencia que se están presentando en otros departamentos de Norte de Santander.

“El Catatumbo no puede seguir siendo tierra de nadie. Rechazamos el violento ataque contra la subestación de Policía de Guamalito, destruida con drones y explosivos, pocas horas después de la activación de un campo minado en Tibú, donde un joven perdió la vida y dos más resultaron heridos”, escribió el congresista en su cuenta de X.

Según precisó, la región del Catatumbo necesita seguridad, autoridad y presencia efectiva del Estado. “No podemos permitir que esta región siga a merced de los grupos armados”, añadió.

Al igual que el presidente del Senado, el congresista Alejandro Ocampo se pronunció ante la destrucción de la subestación de Policía de Guamalito. En X, solicitó la intervención inmediata del Gobierno nacional, teniendo en cuenta, además, que el corregimiento se quedó sin autoridades que velen por la seguridad de la población.

El legislador cuestionó la ausencia de uniformados en el lugar para atender la contingencia y garantizar la protección de la ciudadanía.

“¡Es el deber del gobierno de Abelardo mantener el orden público! El corregimiento de Guamalito, en El Carmen, Norte de Santander, no cuenta con policías y Fuerza Pública porque fueron atacados con drones, dejando la subestación de policía destruida hace un par de días ¿por qué no hay nadie protegiendo a la comunidad?”, señaló el congresista.

El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, declaró insubsistente a la funcionaria Magda Liliana Buendía Chacón, que fue nombrada en abril de 2021 en el cargo de procuradora regional de la Procuraduría Regional de Instrucción Santander.

“DECLARAR insubsistente el nombramiento de MAGDA LILIANA BUENDÍA CHACÓN, quien se identifica con la cédula de ciudadanía (...) en el cargo de procurador regional, código OPR, grado ED (ID. 0070) de la Procuraduría Regional de Instrucción Santander”, se lee en el Decreto 1825 del 11 de septiembre de 2026.

El documento indica que el cargo que ocupaba Buendía Chacón es de libre nombramiento y remoción. También aclara que la insubsistencia discrecional es la decisión de remover a un servidor de la entidad que ocupe un empleo de esa naturaleza, según lo establecido en el artículo 182 del Decreto Ley 262 de 2000 y en el artículo 165 de esa misma normativa.

Contra la decisión adoptada por el procurador no procede recurso alguno y rige a partir de la fecha de la comunicación del decreto. La ahora exfuncionaria deberá ajustarse a la norma vigente para garantizar un procedimiento de retiro adecuado, que no genere afectaciones a la prestación del servicio.

El decreto también ordena “COMUNICAR la presente decisión por intermedio del Grupo de Gestión Estratégica de Planta de Personal - Despacho del Procurador General de la Nación a MAGDA LILIANA BUENDÍA CHACÓN, así como al Grupo de Nómina, Afiliaciones y Pensiones y al Grupo de Gestión de la Información Laboral”.

De acuerdo con Red+ Noticias, Magda Liliana Buendía Chacón habría intentado transmitirle al presidente Abelardo de la Espriella un mensaje de Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, cabecilla de Los Costeños. El señalado criminal permanece privado de la libertad y es procesado por su presunta participación en extorsiones a comerciantes, tenderos, vendedores informales y habitantes de Barranquilla, Soledad y Galapa, en el departamento de Atlántico. Deberá responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.

Declaratorias de insubsistencia en el nuevo Gobierno: cinco exembajadores

Recientemente, también se decretaron declaratorias de insubsistencia dentro del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. En agosto de 2026, el jefe de Estado decidió retirar de su cargo algunos embajadores que, según precisó, no presentaron su renuncia.

“Cinco embajadores no presentaron su renuncia protocolaria. En consecuencia, el Presidente de la República Abelardo de la Espriella, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, dispuso declarar insubsistentes los siguientes nombramientos”, indicó la Oficina de Prensa del primer mandatario en una comunicación oficial.

De acuerdo con el documento, las personas que fueron declaradas insubsistentes son:

• Guillermo Francisco Reyes González, embajador de Colombia ante el Gobierno del Reino de Suecia.
• Vilma Rocío Velásquez Uribe, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Haití.
• Yennifer Edilma Parra Moscoso, embajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía.
• Juan Manuel Corzo Román, embajador de Colombia ante el Gobierno de la República del Paraguay.
• William Sidney Bush Howard, embajador de Colombia ante el Gobierno de Trinidad y Tobago.

Sin embargo, la exembajadora de Colombia ante el Gobierno de la República de Turquía aseguró que no es cierto que no haya presentado su renuncia. Según detalló en un comunicado, entregó su carta de renuncia el 26 de julio, días antes de que Abelardo de la Espriella se posesionara como jefe de Estado (7 de agosto).

“Me retiro con la tranquilidad de haber cumplido mi deber. Durante mi misión en Turquía enfrentamos circunstancias internacionales especialmente complejas. Particularmente, la situación de seguridad en Irán exigió de nuestra Embajada y de su equipo consular una actuación permanente para proteger a los ciudadanos colombianos”, explicó la exfuncionaria en la comunicación.

Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exgerente del Fondo de Adaptación, aseguró que el entonces presidente Gustavo Petro sabía que Juliana Guerrero había presentado títulos falsos en Contaduría Pública y Gestión Contable y Tributaria expedidos por la Fundación de Educación Superior San José. La joven iba a ser nombrada en el cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

De acuerdo con la exfuncionaria, Petro le ordenó publicar la hoja de vida de Guerrero en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para oficializar la postulación y eventual nombramiento de la joven en la cartera. Cuando verificó el contenido de la hoja de vida de Guerrero, identificó irregularidades.

“El expresidente de la República Gustavo Petro tenía pleno conocimiento de que esos títulos eran falsos. Yo estuve como directora del Dapre durante la mayor parte del tiempo de la administración de Gustavo Petro y él me da una orden. La orden era que yo tenía que empezar todo el trámite para nombrarla a ella viceministra de las Juventudes. Obviamente, me doy cuenta que muchas cosas no eran coherentes”, precisó la exdirectora del Dapre, en diálogo con El Tiempo.

Según detalló, la joven afirmaba haber estudiado Contaduría en la Universidad Popular del Cesar, pero cuando leyó su formación académica en la hoja de vida no encontró ninguna referencia al respecto. De hecho, en el documento no figuraba ningún título profesional ni ningún certificado de formación como tecnóloga.

Así se lo informó al ex jefe de Estado: “El presidente me dice: ‘Debemos publicar la hoja de vida’. Y yo le digo: ‘Presidente, pero la hoja que ella anexó a la Presidencia de la República no tiene el título de contadora de la Universidad Popular del Cesar’. Ella lo adjuntó sin título”, detalló Rodríguez al medio de comunicación citado.

La exgerente del Fondo de Adaptación aseguró que tenía claro que el cargo al que aspiraba Juliana Guerrero requería de un título profesional acreditado. En consecuencia, decidió que publicaría la hoja de vida que no tenía referencias académicas, puesto que la misma ciudadanía advertiría que, por la falta de una formación profesional, ese nombramiento no prosperaría.

“Dije: ‘Eso se va a caer en la publicación, porque ahí van a llegar las observaciones que van a ratificar que la señora no aportó un título universitario’”, indicó.

El exmandatario, al parecer, volvió a buscarla para repetir la instrucción que había impartido. Rodríguez informó entonces que ya había publicado la hoja de vida de Juliana Guerrero, pero advirtió de manera directa que la joven no cumplía con los requisitos para ocupar ese puesto de alto nivel en el ministerio.

“El presidente de la República vuelve y me llama, pero esta vez con un tono más molesto y diciendo que era una orden de él, que tenía que hacer el trámite. Yo le dije: ‘Presidente, con todo el respeto, se acaba de publicar una hoja de vida, pero ella no cumple los requisitos para el cargo’”, detalló.

Pese a sus señalamientos, al parecer, el expresidente siguió insistiendo en que tenía que hacer todo el trámite para nombrar a Guerrero como viceministra de Juventudes lo más pronto posible. “Me entrega el celular, el presidente, y me dice: ‘¿Y usted por qué dice que ella no tiene los títulos?’ (...). Me dice: ‘Usted es una mentirosa. ¿Ve esto? Son los títulos de Juliana’”, contó Rodríguez, indicando que los documentos que Petro al parecer le mostró estaban en un chat que tenía con la joven.

Entonces, la exfuncionaria revisó los títulos y concluyó que eran falsos, porque las fechas no coincidían. Cuando informó al expresidente, presuntamente, tuvo una reacción “violenta y agresiva”. “Me dice que lo mío era envidia porque ella sí era bonita”, precisó. Sin embargo, la hoja de vida de Juliana Guerrero se publicó con esa información falsa.

“Él (Gustavo Petro) la protegió hasta el final, pasando por encima de la institucionalidad y del ordenamiento jurídico”, añadió.

Angie Rodríguez también se refirió a la condena que recibirá Juliana Guerrero por el delito de fraude procesal que aceptó haber cometido. La joven firmó un preacuerdo con la Fiscalía y por eso cumplirá solo tres años de privación de la libertad, pagará una multa de 100 salarios mínimos y quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos durante 2,5 años.

“Tengo que decirlo: una condena nada ejemplarizante, porque los jóvenes necesitan tener referentes de moralidad”, señaló la exfuncionaria en la entrevista.

Tres inmuebles que harían parte del patrimonio del exministro de Hacienda y Crédito Público Óscar Iván Zuluaga Escobar y su entorno familiar fueron objeto de medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo y embargo por parte de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con el ente investigador, se trata de una actuación con fines de extinción del derecho de dominio aplicada sobre propiedades avaluadas en más de $3.664 millones: un apartamento y la tercera parte de una vivienda, ubicados en Bogotá, y un inmueble en Pensilvania (Caldas).

El ente acusador explicó que algunas de las propiedades pertenecían al exministro, pero en junio de 2023 fueron transferidas mediante donación a integrantes de su círculo familiar.

Presunta vinculación con la financiación de la campaña presidencial

Los inmuebles tendrían relación con la presunta financiación internacional de la campaña presidencial de Zuluaga en 2014. El Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht de la Delegada para las Finanzas Criminales encontró elementos materiales probatorios que darían cuenta del aporte económico que la multinacional brasileña Odebrecht habría realizado a la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

“Odebrecht, al parecer, asumió el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña. Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales y, al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011″, precisó la Fiscalía.

Las investigaciones adelantadas por el ente acusador indican que, presuntamente, los recursos, que representaban más de $3.000 millones, fueron transferidos entre junio y julio de 2014 a una sociedad constituida en Panamá, la cual estaría vinculada al publicista brasileño José Eduardo Cavalcanti de Mendonça.

La presunta inyección de recursos de Odebrecht a la campaña de Zuluaga

Desde 2017, la Fiscalía advirtió sobre un posible aporte millonario por parte de la multinacional brasileña Odebrecht a la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, la investigación no tomó fuerza hasta 2023, cuando el ente acusador informó que la empresa extranjera presuntamente inyectó $3.045 millones a la campaña. La empresa también habría hecho un importante aporte a la campaña presidencial del exmandatario Juan Manuel Santos, de $3.540 millones.

El ente investigador precisó que, tanto Zuluaga como Santos habrían vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política, que establece que los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos no pueden recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales.

Con respecto a la financiación de la campaña de Óscar Iván Zuluaga, precisó: “El entonces candidato a la Presidencia de la República y algunos representantes de su equipo político se habrían reunido con exdirectivos de Odebrecht en São Paulo (Brasil) y en el norte de Bogotá. Durante los encuentros, al parecer, se pactó un aporte de la constructora para pagar parte de los servicios profesionales que prestaría a ‘Zuluaga Presidente 2014 – 2018’ el publicista José Eduardo Cavalcanti de Mendoça, conocido como ”Duda" Mendoça”.

El seguimiento que se hizo a las transacciones efectuadas para el pago de honorarios del publicista mostró que, desde Colombia, la campaña de Zuluaga desembolsó el dinero a la firma del publicista. Luego, Odebrecht giró la mayor parte de los recursos a una empresa que “Duda” Mendoça tenía en Panamá. Esto, desde una cuenta de Antigua y Barbuda y con intermediación de un banco en Ginebra (Suiza).

En julio de ese año, la Fiscalía imputó a Zuluaga dos cargos de falsedad en documento privado, tres de fraude procesal y uno de enriquecimiento ilícito de particulares. El procesado no los aceptó. Luego, en agosto de 2024, el ente investigador acusó formalmente al exministro por esos delitos.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López y su nueva alianza con el expresidente Gustavo Petro no gustó del todo, teniendo en cuenta las múltiples tensiones que surgieron entre ellos durante la administración del exmandatario. Esa relación agridulce ahora parece tener un impulso nuevo, pero, a juicio de algunas figuras políticas del país, no las representa.

Así lo indicó la congresista Catherine Juvinao. La legisladora negó hacer parte de ese nuevo proyecto que tienen la exmandataria local y el ex jefe de Estado. Recordó que, en su momento, impulsó la escisión del partido Alianza Verde, porque considera que hay alternativas políticas que van más allá de dos posturas ya establecidas.

“No hago parte del proyecto de alianza entre Petro y Claudia por la misma razón por la que promuevo una escisión en el Partido Verde: porque mi apuesta es construir, con convicción y consistencia, una alternativa libre e independiente para una ciudadanía que hoy no se resigna ante dos polos que no la representan”, precisó la representante a la Cámara en una publicación en su cuenta de X.

Juvinao aseguró que siente respeto y cariño por Claudia López. Sin embargo, explicó que no está dispuesta a sumarse a su alianza con Petro porque no tiene una postura afín a la izquierda petrista y sus votantes lo tienen claro.

“No puedo traicionar a las personas que me reeligieron, justamente, porque me desmarqué de un proyecto de izquierda petrista absolutamente corrupto, autoritario y mediocre”, precisó.

Añadió: “Creo de corazón que, junto a la ciudadanía independiente, tenemos el deber ético y político de disputarnos un espacio distinto. Nuestra democracia lo exige y el país lo necesita. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero en política NO TODO VALE. Y estoy dispuesta a honrar, hasta el final, esa promesa”.

El anuncio de la alianza

El reencuentro entre Claudia López y el expresidente Petro fue anunciado por el mismo ex jefe de Estado. Publicó en sus redes sociales una foto con la exalcaldesa y compartió un mensaje relacionado con el acercamiento que logró con López, luego de que durante un largo tiempo ambos criticaran sus acciones y toma de decisiones.

“Hora de la máxima unidad ante la antidemocracia y la antipatria. La Alianza por la Vida debe llegar al más último rincón de Colombia, ayudar hasta la mayor necesitada y lograr las máximas curules, alcaldías y gobernaciones. Estar listos ha reemplazar un gobierno extranjero e incapaz”, precisó el exmandatario en la red social X.

La exmandataria local también se pronunció sobre la publicación del ex jefe de Estado. Aseguró que tanto ella como su esposa, Angélica Lozano, han sido blanco de señalamientos infundados durante años y responsabilizó a la derecha “mafiosonga y fascista”

En ese sentido, explicó las razones por las cuales decidió volver a empezar una alianza con el ex jefe de Estado, pese las diferencias que en algún momento los llegaron a separar. Según precisó, se trata de cumplir un objetivo: reconstruir.

“No es doblar la página simplemente. Es reconstruir puentes, confianza y propósitos. Tomará tiempo. Va el primer café. Ni más ni menos. Sé que a muchos les genera alegría, a otros frustración y a otros inquietud. Así que mejor conversémoslo live esta noche 7:30pm en mis redes, con afecto y franqueza, como siempre.Los espero! Abrazos!”, indicó.

En diálogo con Caracol Radio, Claudia López reafirmó su postura. “A pesar de todos los errores, particularmente su falta de transparencia, su abuso de poder y corrupción desde el Gobierno, a pesar de eso, no son dos extremos ideológicos equivalentes, ni visiones del país equivalentes, ni formas de gobierno equivalentes. Lo que tenemos al frente es una derecha mafiosonga, autoritaria y fascista”, indicó.

De acuerdo con la joven, que quiso llegar a ser viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad presentando certificaciones de grado falsas, en medio del escándalo, tanto ella como su familia fueron blanco de acusaciones que carecen de sustento. Sin hacer una mención específica, se refirió a declaraciones que dio Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre).

“Durante este tiempo se han dicho muchas cosas sobre mí. Me han llamado de todo en todos lados y lo peor es que se metieron con mi familia. Acusaron a mi mamá de ser comandante de un grupo ilegal cuando ella es el ser más noble que hay sobre la Tierra. Dijeron que yo era guerrillera y los medios replicaron eso sin ninguna prueba, dándole voz a una persona cuya salud mental está muy en duda”, aseveró.

De igual manera, Guerrero se desligó de los chismes y especulaciones que surgieron por su cercanía con algunos políticos poderosos. Negó que su paso por la administración Petro y otros logros estén supeditados a la ayuda de un hombre. En su momento, incluso, se afirmó que la joven había tenido una relación sentimental con el exmandatario, algo que él mismo negó.

“Yo no tuve que seducir a ningún hombre para llegar a donde llegué. Y yo todo esto lo cuento porque yo no quiero promover el odio. Yo creo que ya guardé bastante silencio. Resistí todas las calumnias que inventaron sobre mí y yo no pago con la misma moneda, pero yo creo que ya es suficiente para todos, para mí, para ustedes. Creo que ya la gente está aburrida de verme la cara a mí en todos lados”, dijo Guerrero.

Asimismo, cuestionó a algunos congresistas que, en su momento, se valieron de su “privacidad” para conseguir votos. Según indicó, esas personas “ahora brillan por su ausencia” y ahora parece no interesarles la juventud, como indicaron en un inicio.

También criticó a la prensa por no pronunciarse frente a señalamientos de los que fue víctima, que constituyen actos de violencia basados en género. “Que periodistas que ahora rechazan el acoso y la violencia de género guardaron silencio conmigo cuando me trataron de moza, puta, prostituta y quién sabe cuántas cosas más. Conmigo la legitimaron, justificaron y amplificaron esa violencia”, indicó.

Entre las acusaciones en su contra también hay algunas relacionadas con el presunto desvío de recursos. Sin embargo, Guerrero aseguró que las personas que la señalan de ser “una ladrona” no presentaron ninguna evidencia que soporte sus declaraciones. Además, aseguró que en ningún momento fue escuchada su versión y los señalamientos fueron suficientes para condenarla socialmente.

La joven afirmó que todas estas situaciones que se presentaron afectaron su salud mental y también generaron un impacto en su familia. Afirmó sentirse avergonzada de ver su rostro en las redes sociales y en las noticias, así como de decir su nombre cuando debe presentarse.

Su diario vivir cambió por completo y, según indicó, muchas veces optó por abstenerse de salir para no ser blanco de escrutinio público. “Tengo el corazón roto y mi autoestima un poco destruida (...). A mí me humillaron, me hicieron sentir vergüenza de mí misma, me hicieron sentir que yo no tenía derecho a vivir, a salir, a sonreír. Muchas veces me cohibí de salir a la calle, de disfrutar como una persona que a mi edad tiene todo el derecho a hacerlo. Debilitaron mi círculo de cuidado y llegué a sentirme sola cuando no era así (...). Yo llegué a creer que era normal pasar horas y horas llorando en la iglesia”, confesó.

Así las cosas, Guerrero reconoció que cometió un “error” y que asumirá las consecuencias de ello. Sin embargo, advirtió que no se esconderá. “Yo quiero cerrar este capítulo. Yo creo que ya es suficiente (...). No quiero que me sigan crucificando por este error. Creo que el único que tiene derecho a juzgarnos es Dios”, dijo.

Según esa medición, con un 54% de favorabilidad, el presidente Abelardo de la Espriella, que se posesionó en el cargo el 7 de agosto, alcanzó la percepción positiva más alta entre todas las personas que aparecen en el listado. Le sigue el vicepresidente José Manuel Restrepo con un 53%.

De igual manera, la imagen negativa del primer mandatario se ubica en el 44%, lo que quiere decir que la percepción positiva que tiene la ciudadanía sobre él es mayor que la negativa en 10 puntos porcentales. Por su parte, el vicepresidente Restrepo tiene una imagen desfavorable del 45%, pero la percepción positiva también es mayor en 10 puntos porcentuales.

Después del jefe de Estado y el vicepresidente, aparecen dos políticos que se oponen a la actual administración: el expresidente Gustavo Petro, con un 42% de respaldo, y el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro, que perdió en las elecciones con De la Espriella, con un 40% de aprobación.

Reacción del Gobierno: “Nos alegra”

El vocero del Gobierno nacional, Miller Soto, dio declaraciones públicas en relación con los resultados favorables que tuvo el presidente Abelardo de la Espriella en la medición, que fue llevada a cabo pocos días antes de finalizar su primer mes de mandato.

“Esto no lo tomamos como un triunfo, lo tomamos sencillamente como un voto de confianza que hay que honrar todos los días con resultados, con trabajo y no con discursos. Nos alegra saber que un país que apenas lleva un mes conociendo la gestión de este gobierno está dando resultados que se ven reflejados y esto nos exige dar mucho más”, precisó el funcionario.

Según precisó, la administración tiene la responsabilidad de seguir trabajando en el cumplimiento de sus compromisos. Aseguró que, para ganarse la confianza de los colombianos, el Gobierno De la Espriella tiene que gestionar y entregar resultados concretos.

“Si algo nos confirma esta medición es que el camino de la transparencia, del trabajo y de las decisiones firmes es el correcto para seguir recorriendo sin pausa, sin descanso y sin autocomplacencia”, añadió.

Acuerdo de trabajadores

Tras referirse a los resultados de la medición, el vocero del Gobierno hizo un anuncio: los trabajadores del Grupo de Energía Bogotá, TGI, Enlaza y Enel Colombia suscribieron un acuerdo conjunto con el Sindicato de Trabajadores de Energía de Colombia (Sintraelecol). Según el jefe de cartera, esto se logró tras un proceso de diálogo que fue acompañado por el Ministerio de Trabajo, liderado por Natalia López.

Soto explicó que lo pactado entre las partes establece compromisos comunes para responder a transformaciones como la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la transición energética. El acuerdo también contempla compromisos en materia de equidad de género, prevención de acoso y seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, añade directrices sobre prácticas de tercerización e intermediación ilegal.

“El Ministerio de Trabajo acompañó este proceso como facilitador, respetando la autonomía de las partes y el acuerdo contará con seguimiento semestral mediante un comité laboral ampliado. Desde 1993 no se alcanzaba un acuerdo de esta naturaleza, de esta magnitud”, detalló

De esta manera, según el vocero, se demuestra que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella tiene la voluntad para escuchar y construir confianza. “Podemos anticiparnos a las grandes transformaciones y encontrar soluciones que protejan a los trabajadores y permitan que las empresas sigan creciendo. Con esto demostramos que cada día estamos más cerca de la patria milagro”, añadió.

El ahora presidente de la Comisión Primera Constitucional del Senado de la República hizo los señalamientos en una entrevista con la periodista Eva Rey, donde cuestionó la concepción de Estado del expresidente y el manejo que hizo de los impuestos.

“El (ex)presidente Uribe es un socialdemócrata que ha conquistado con sus hechos, con su compromiso con el país, el voto de derecha. Pero creo que hay diferencias de fondo en el rol del Estado, en el crecimiento desaforado del Estado, los impuestos y en visiones de país. Y esas diferencias son ideológicas y son serias, y no son personales de ninguna manera”, precisó el senador en el espacio de entrevistas Me Vale.

La colectividad uribista respondió a la lectura que hizo Enrique Gómez de las dos administraciones del exmandatario y aseguró que dejó de lado las medidas de austeridad aplicadas durante su mandato departamental y nacional.

La reducción de burocracia y gastos en Antioquia

Por un lado, la colectividad explicó que, bajo la dirección de Uribe Vélez, la planta burocrática de la Gobernación de Antioquia pasó de aproximadamente 17.000 a 5.000 personas. También se adelantaron contrataciones con el sector privado, logrando 103.000 cupos escolares.

La reducción de vehículos oficiales fue otra de las medidas adoptadas por el exgobernador. En 1995, el departamento tenía 409 vehículos livianos, cuyo costo anual ascendía a $12.432 millones, los cuales se redujeron a 75 vehículos de propiedad del departamento y 70 alquilados. Eso quiere decir que quedaron 145 unidades en total y su costo anual bajó a $5.112 millones. El Centro Democrático aseguró que el ahorro fue de $7.320 millones.

Gastos de funcionamiento: política de austeridad

Por otro lado, el partido de derecha afirmó que las compras de elementos de oficina, cafetería y otros implementos también registraron una disminución durante la administración de Uribe Vélez en Antioquia. Según detalló, pasaron de $10.000 millones en 1994 a $7.991 millones en 1995, a $2.461 millones en 1996 y a $1.580 millones en 1997.

Las cuentas del movimiento político indican que, entre 1995 y 1997, el ahorro acumulado en esos rubros fue de $8.240 millones. Adicionalmente, los gastos de combustible, seguros, viáticos, aseo y vigilancia descendieron de $7.839 millones en 1995 a $5.061 millones en 1997.

“La Gobernación también adelantó procesos de liquidación y reestructuración de entidades como Turantioquia, Corforestal, Provica, Rentas Departamentales y Acuantioquia. Es difícil conciliar estos resultados con la caracterización de Álvaro Uribe como un dirigente partidario del crecimiento desaforado del Estado”, precisó el Centro Democrático en la comunicación oficial.

Presidencia: 13 ministerios y 514 entidades intervenidas

Ahora bien, durante los ocho años en los que Álvaro Uribe ejerció como presidente de la República, el número de ministerios pasó de 16 a 13, según precisó el partido. Además, el exmandatario puso en marcha el programa de Renovación de la Administración Pública, por medio del cual suprimió, reorganizó, liquidó o reestructuró 514 entidades gubernamentales. Según el Centro Democrático, estos cambios derivaron en un ahorro fiscal equivalente a 5,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Entre las entidades intervenidas hubo 243 hospitales, que fueron modernizados, y 39 empresas de servicios públicos. También fueron objeto de reformas Telecom, Etesa, Inravisión y el Seguro Social.

Las transformaciones que se hicieron a nivel administrativo generaron ahorros e ingresos por $25,4 billones. Por otro lado, las modificaciones a las normas de contratación permitieron ahorros cercanos a $146.000 millones para entidades estatales.

Inversión privada e incentivos empresariales

La colectividad también recordó las decisiones que tomó Álvaro Uribe en materia tributaria siendo presidente. Según detalló, la política tributaria que impulsó incluyó deducciones de entre 30% y 40% para nuevas inversiones. También estableció exenciones por 30 años para nuevos hoteles y para las partes remodeladas de establecimientos existentes.

A la par, las micro, pequeñas y medianas empresas del país tuvieron una reducción gradual de los parafiscales: 25% durante el primer año, 50% en el segundo, 75% en el tercero y 100% a partir del cuarto.

La gerente de Rtvc (ahora Inravisión), Ángela María Mora Soto, terminó anticipadamente algunos contratos de prestación de servicios que se habían suscrito en el Sistema de Medios Públicos. Entre las contrataciones finalizadas se encuentran algunas relacionadas con actividades periodísticas, de presentación y de gestión de contenidos digitales.

La decisión obedece a un proceso de transformación institucional, que implicó también la suspensión de la franja noticiosa y de opinión que se había estado manejando, la cual se mantuvo hasta el 6 de agosto. Esto, con el objetivo de revisar los contenidos y reorganizar la programación, así como la asignación de los recursos humanos, técnicos y presupuestales.

Justamente por eso, ahora hay servicios que dejaron de responder a las condiciones actuales de Inravisión, de ahí que surgiera la necesidad de hacer un recorte de personal.

“La administración tiene el deber de verificar permanentemente que cada contrato responda a una necesidad vigente, resulte conveniente para la entidad y contribuya efectivamente al cumplimiento de su misión. Mantener obligaciones que dejaron de corresponder al modelo operativo actual no sería responsable con los recursos públicos ni con el proceso de reorganización anunciado”, detalló.

En todo caso, Rtvc aclaró que la terminación anticipada de los contratos no está relacionada con las capacidades de los trabajadores; reconoció y agradeció la labor que desempeñaron y aseguró que garantizará el desarrollo de un trámite respetuoso de sus derechos contractuales.

“La terminación anticipada de los contratos se adelanta de conformidad con las condiciones contractuales y los procedimientos aplicables. No constituye una sanción ni un juicio sobre las calidades personales o profesionales de los contratistas”, precisó la entidad en un comunicado emitido el 10 de septiembre de 2026.

María Paula Fonseca, exsubgerente de Rtvc, calificó la terminación anticipada de los contratos como una “masacre laboral” que, a su juicio, deja en evidencia la falta de garantías que tienen las personas vinculadas laboralmente por prestación de servicios.

“Comenzó la masacre laboral en Rtvc. Anuncian que terminarán anticipadamente contratos de periodistas, presentadores y digitales. ¿Qué garantías tiene una persona, prestador de servicios, si ni siquiera un contrato ya firmado se lo respetan? ¿Qué ilusión de estabilidad puede tener para su familia?”, indicó la exfuncionaria en una publicación en su cuenta de X.

Hallazgos y evaluación de contenidos

Sin embargo, el Sistema de Medios Públicos indicó que está haciendo una revisión integral de la contratación dentro de la entidad, así como de la programación y del uso de los recursos públicos. Este trabajo también implica la detección de hallazgos que, según precisó, están siendo documentados y entregados a las autoridades competentes, como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.

De igual manera, indicó que las acciones que ha adelantado en materia de reestructuración ya están generando resultados: a partir del 7 de septiembre, por ejemplo, se hizo una renovación de los contenidos de las Emisoras de Reconciliación (antes Emisoras de Paz). Según precisó, la parrilla está orientada a hacer pedagogía sobre el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Estado colombiano y las extintas Farc-EP en 2016, a escuchar a las comunidades y a fortalecer la construcción de paz, la convivencia, la participación ciudadana y la identidad cultural.

Aclaró que las transformaciones que se están ejecutando en el Sistema de Medios Públicos no implican una censura de ciertas voces. Se busca promover la cultura, el arte y la educación.

“En la Patria Milagro comienza una nueva etapa para Rtvc: un Sistema de Medios Públicos plural, independiente, transparente y cercano a los territorios, que administre sus recursos con rigor y esté verdaderamente al servicio de todos los colombianos. Oficina de Comunicaciones - Rtvc, Sistema de Medios Públicos”, detalló Inravisión en la comunicación oficial.

“Podemos establecer con mi equipo un patrón de comportamiento en todo el país que estamos documentando, ya empezamos a documentarlo en el departamento del Tolima”, precisó el congresista en la sesión del 8 de septiembre de la Comisión Quinta del Senado de la República.

De acuerdo con el servidor público, en Tolima hay 650 solicitudes de títulos mineros en 770.000 hectáreas de tierra, aproximadamente. De la totalidad, 311 están siendo solicitadas para hacer fracking, una técnica de fracturación del suelo que se utiliza para extraer gas y petróleo.

Un ejemplo específico de lo que estaría pasando en Tolima se sitúa en la una reserva campesina de Chaparral. Según el congresista, por medio de la solicitud 504336, la empresa Cementos San Marcos está pidiendo un título minero para poder levantar la restricción de reserva campesina y ejercer allí la minería. “¿Y adivinen qué? Arden las llamas en este territorio”, aseguró el senador del Pacto Histórico.

A su juicio, este panorama muestra que hay personas que podrían estarse beneficiando de los incendios que se están registrando en Tolima y otros departamentos. Presuntamente, se estaría buscando un cambio del suelo para que sean aprobados los títulos mineros, que sin los daños causados por las llamas, podrían ser rechazados debido a que esas zonas son reservas o Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) o reservas.

El congresista vinculó los incendios presuntamente provocados con la eventual eliminación de las Appa que planea hacer el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Desde la perspectiva de Gómez Paz, habría un interés político detrás de la derogatoria de las resoluciones que declararon las áreas de protección. Sin embargo, la administración aclaró que se busca eliminar restricciones que “afecten injustificadamente” el uso productivo de la tierra y fortalecer la economía del campo.

“Por eso la intención de desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, eso que es tan urgente para este Gobierno (...). Se lo quiero decir al país: aquí hay una posición política del Gobierno de Abelardo de la Espriella, que vamos a buscar la sustentación de esto, hasta el último dato”, precisó el senador, sin presentar pruebas que demuestren que las decisiones gubernamentales están relacionadas con los incendios.

El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho, que ejerció como tal durante la administración del expresidente Gustavo Petro, se pronunció al respecto, respaldando la denuncia que hizo el legislador del Pacto Histórico. Advirtió sobre la eliminación de figuras que fueron creadas para proteger el suelo en medio de incendios forestales que están arrasando con miles de hectáreas de tierra.

“¡Qué coincidencia! Incendios en terrenos en donde se quieren desarrollar proyectos mineros y explotación petrolera. Mientras tanto, se eliminan figuras de protección agrícola y de ordenamiento minero, que coincidencias…”, indicó.

De la Espriella dio a conocer sus intenciones de derogar las Appa desde antes de que asumiera la Presidencia. En ese momento, el Ministerio de Agricultura, entonces dirigido por Martha Carvajalino, advirtió sobre el retroceso que se puede generar en el país con la derogatoria de las áreas de protección.

Según explicó la cartera, las Appa permiten que el suelo rural agropecuario sea reconocido como un patrimonio estratégico y esencial para producir alimentos. Sin ellas, estarían en riesgo la soberanía y seguridad alimentaria de la población y los derechos de los campesinos.

“La protección del suelo rural agropecuario no constituye una decisión discrecional, sino el cumplimiento de un mandato jurídico vigente desde hace más de cinco décadas. El Decreto Ley 2811 de 1974 estableció la obligación de conservar la integridad y la capacidad productiva de los suelos; posteriormente, la Ley 388 de 1997 ordenó la delimitación y protección de las áreas destinadas a la producción agropecuaria”, detalló el Ministerio de Agricultura.

El Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá ordenó al Departamento Administrativo de Presidencia de la República (Dapre) que oculte las publicaciones que se hicieron en la cuenta oficial de la Presidencia de la República en la red social Instagram, que muestran los cadáveres de presuntos criminales abatidos por la fuerza pública. Las publicaciones se hicieron el 2 y 4 de septiembre de 2026 y corresponden a los resultados de las operaciones militares Azarías (Miraflores, Guaviare) y Centinela de la Patria (La Guajira).

La decisión del despacho obedece a una acción de tutela presentada por el congresista Santiago Osorio Marín, la cual admitió para su estudio. Concluyó que, mientras se resuelve la tutela, es necesario adoptar una medida de carácter temporal dirigida a impedir que el contenido que expone los cuerpos de los criminales continúe siendo públicamente accesible.

“En consecuencia, se ordenará al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - Dapre (...) que dentro del término de un (1) día contado a partir de la notificación del presente proveído, proceda con el ocultamiento de las publicaciones”, se lee en la providencia del juzgado, revelada por Caracol Radio.

La medida provisional no implica la eliminación de los contenidos. Sin embargo, su ocultamiento temporal sirve para salvaguardar el derecho fundamental a la integridad personal de los menores de edad. Pues, según el juzgado, los niños, niñas y adolescentes deben ser protegidos de todas las acciones y conductas que puedan ocasionar daño o sufrimiento psicológico. En este caso, las imágenes expuestas por la Presidencia podrían generar esos efectos, aunque el despacho debe determinar si las publicaciones son violentas o explícitas.

El congresista Osorio Marín reaccionó a la medida provisional adoptada por el juzgado. Catalogó la exhibición de los cuerpos como un “espectáculo” que, a su juicio, debe detenerse. “Interpusimos una tutela para que el señor Abelardo de la Espriella, presidente de la República, elimine los videos que desde el morbo construyó y difundió durante las últimas semanas, utilizando imágenes de personas muertas. Hoy la justicia nos ha dado la razón, porque hasta el espectáculo, señor Abelardo, tiene límites”, dijo el legislador, en declaraciones aportadas a Caracol Radio.

Debate por la exhibición de cuerpos de criminales

La divulgación de las fotos y videos de los cadáveres generó malestar en varios sectores del país político colombiano. Tanto así, que personas como el expresidente Gustavo Petro se pronunciaron al respecto, cuestionando al gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Esto se llama hacer de la muerte un trofeo, solo gente sin alma pueden hacer esto. Cual Cristo rey, aquí esta el señor que se esconde entre la muerte, lo contrario de Jesús que pregonaba la luz y la vida. Cual diferencia con la gente de Iván Mordisco que filmaba las volquetadas de niños y jóvenes asesinados (sic)”, aseveró Petro en la red social.

Sin embargo, desde la administración de De la Espriella defienden la manera como se han dado a conocer los resultados operacionales. Ante las críticas que hizo en su momento la defensora del Pueblo, Iris Marín, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, negó que el Estado esté actuando como las organizaciones criminales que se caracterizan por su crueldad, como afirmó la funcionaria.

Aseguró que su deber es combatir a los delincuentes que causan terror en el territorio. “Lamentamos, sin embargo, lo que consideramos una triste equivocación: equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad. Esa equivalencia no corresponde”, señaló el jefe de cartera en X.

El senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, también respaldó los resultados operacionales del gobierno e incluso propuso hacer una recolección de fondos para comprar bolsas para “empacar” los cuerpos de los criminales abatidos.

“Que estén empacados como lo que son y como lo determinó el mismo presidente Abelardo, unos miserables bandidos”, dijo.

La ONG Temblores se unió a la discusión sobre la decisión del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia (Decreto 1368 de 2026).

De acuerdo con la organización, en el país estaban suspendidos de manera general los permisos para poder portar armas y quienes contaban con dicho permiso, también tenían que obtener una autorización especial. El decreto cambió eso.

“Deberá restablecerse la eficacia de los permisos individuales para el porte de armas de fuego que se encuentren vigentes y respecto de los cuales no exista suspensión individual, cancelación, revocatoria, vencimiento, prohibición legal o judicial (...). Los titulares de permisos de porte de armas de fuego vigentes no requerirán tramitar autorización especial adicional”, precisa el decreto.

La ONG Temblores verificó lo establecido en el documento expedido por el Gobierno y advirtió que hay aspectos que preocupan. Según indicó, hace falta mayor información sobre las consecuencias que podría generar el levantamiento de la suspensión de los permisos. Esto, en relación con índices de violencia en el país.

“Nos preocupa que en la motivación del decreto no se presente evidencia empírica sobre los efectos que esta decisión podría tener sobre la violencia armada en Colombia. No hay un análisis sobre homicidios, lesiones, riñas, violencia de género o violencia intrafamiliar”, precisó.

Según afirmó, existe el riesgo de que haya un incremento en los casos de violencia. La evidencia que hay al respecto es del extranjero: en Estados Unidos, donde está permitido el porte de armas para los civiles, se ha evidenciado un aumento de los homicidios de entre el 10% y el 30% tras la flexibilización de las regulaciones. En 2025, se registraron 14.600 muertes con armas de fuego y hubo 26.100 heridas, según información a la que accedió la organización.

Ahora bien, un porte de armas más flexible en Colombia podría tener resultados problemáticos en materia de seguridad. Según la ONG, hay múltiples formas de violencia que ya existen en el país y que podrían empeorar. Además, conflictos cotidianos como el hecho de que un vecino tenga la música muy alta, o que un conductor cierre a otro en la vía, podrían terminar involucrando el uso de las armas.

“Permitir el porte de armas no es solo una discusión jurídica. Más armas circulando pueden convertir conflictos cotidianos —una riña, una pelea de tránsito, una situación de violencia intrafamiliar o una noche de rumba— en hechos letales”, aclaró.

La organización advirtió, además, que el Gobierno de De la Espriella todavía no ha despejado una duda clave relacionada con el tema: ¿cuántas personas quedan efectivamente habilitadas para portar armas con esta decisión? En consecuencia, Temblores informó que solicitará los datos y estudios técnicos que se utilizaron para sustentar el Decreto 1368 de 2026 y hará seguimiento a los impactos que genere en la sociedad colombiana.

“Ampliar la posibilidad de tener más armas en las calles pone en peligro la vida y la integridad de los ciudadanos”, añadió.

Ante las advertencias y críticas que la administración anticipó que podrían surgir por la expedición del decreto, el presidente Abelardo de la Espriella aclaró que el levantamiento de la suspensión general de los permisos no significa que las personas ahora podrán adquirir armas de fuego y portarlas sin pasar por ningún trámite. Según detalló, el documento no hace cambios en el proceso para adquirir las autorizaciones.

“Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, precisó el primer mandatario en X.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli Arteaga, se refirió al presupuesto que se requiere para continuar con el trabajo de investigación y juzgamiento de crímenes cometidos en el conflicto armado.

De acuerdo con la explicación que dio el funcionario ante la Comisión Primera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, el presupuesto no corresponde a la magistratura de la JEP, está destinado al cumplimiento de seis funciones que tienen tres entidades: la secretaría, la magistratura y la Unidad de Investigación y Acusación (UIA).

En ese sentido, Ramelli indicó que se requiere de un amplio monto para 2027. Sin embargo, existe el riesgo de que se mantenga un recorte presupuestal. “El tema del presupuesto es dramático, le digo yo. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos inicialmente un presupuesto $947.642 millones. Luego, cuando nos lo devolvieron, lo devolvieron en $821.000 millones. Es decir, tenemos un recorte de $125.000 millones”, detalló.

Según indicó, año a año, el presupuesto de la JEP ha ido aumentando porque se requieren de recursos distintos para cada fase procesal y, además, cada vez hay más víctimas, comparecientes y audiencias. “No es un aumento burocrático absurdo”, aclaró.

La fase que ahora mismo adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz es de la del cierre de investigaciones. En lo que queda de 2026, terminarán los macrocasos en la Sala de Reconocimiento, y en 2027, la UIA culminará las imputaciones.

“Ni estamos pidiendo prórrogas, ni estamos pidiendo que nos amplíen nada. Estoy diciendo que estamos cumpliendo y, por eso, es tan importante el presupuesto del próximo año, porque es el presupuesto del cierre de las investigaciones”, precisó Ramelli ante los congresistas.

Advirtió que, si ese rubro se reduce en 2027, la JEP no podrá terminar adecuadamente las investigaciones que están en curso. “Si nos recortan ese presupuesto, los $125.000 millones, en la fase más crítica de cierre de investigaciones, vamos a tener serios problemas para el monitoreo de las sentencias, para poder cerrar las investigaciones, para que las víctimas por fin tengan unas sentencias”, indicó.

La información que presentó al respecto indica que hay varias necesidades desfinanciadas para 2027:

• La adquisición de bienes y servicios (seguridad para víctimas, comparecientes y otros intervinientes).
• El fortalecimiento de herramientas y estrategias con enfoques diferenciales para la participación efectiva en la justicia transicional.
• El fortalecimiento de la investigación y acusación y del ejercicio de la acción penal de la UIA.
• El fortalecimiento de la capacidad de apoyo de la arquitectura de soluciones tecnológicas al desarrollo evolutivo de la entidad (equipos, licencias para investigaciones y soporte tecnológico).
• Apoyo administrativo para proyectos.

En consecuencia, Ramelli solicitó a los congresistas hacer una revisión de fondo de las cifras, con el fin de evitar que se haga un recorte presupuestal a la JEP en un momento clave como el actual.

Por otro lado, el presidente de la JEP defendió el trabajo que se ha estado adelantando durante aproximadamente ocho años, el cual ha sido ampliamente criticado, sobre todo por quienes no están de acuerdo con el Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano con las extintas Farc-EP en 2016. Los cuestionamientos se centran en las condenas que establece la Jurisdicción, puesto que no implican la privación de la libertad, se enfocan en la reparación de las víctimas.

El funcionario negó que las sanciones de la JEP constituyan decisiones de impunidad. Según explicó, ahora hay macroimputaciones y condenas contra el antiguo secretariado de las Farc y mandos medios que no estaban siendo investigados por sus crímenes. “Hemos tratado por igual a la fuerza pública que a las Farc (...), incluso tienen más macroimputaciones las Farc que la fuerza pública”, indicó.

La joven de 24 años también actualizó su hoja de vida con esos estudios en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep II), para así poder aspirar al cargo de viceministra de Juventudes del Ministerio de Igualdad en el Gobierno del expresidente Gustavo Petro.

Guerrero aceptó los cargos y llegó a un preacuerdo con la Fiscalía. Por eso, tendrá que asumir una condena de tres años de prisión, el pago de una multa de 100 salarios mínimos y 2,5 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Jennifer Pedraza celebró la decisión judicial contra Juliana Guerrero por caso de títulos falsos

La congresista Pedraza, que fue la primera en denunciar irregularidades relacionadas con los títulos académicos de la joven –junto con la prensa–, celebró la actuación de la justicia en el caso. Además, aseguró que este resultado constituye un logro, debido a la alta tasa de impunidad que hay en Colombia. Según estadísticas del Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa) de 2024, el 93,2% de los procesos penales de ese año quedó estancado en la etapa preliminar de indagación.

“En un país acostumbrado a la impunidad no deja de ser una muy buena noticia que por fin la justicia colombiana esté actuando en el caso de los títulos falsos de Juliana Guerrero”, indicó la legisladora.

Pedraza puso la lupa sobre el nombramiento que Guerrero iba a tener en el Gobierno Petro y encontró que, en solo 15 días, la joven pasó de tener una hoja de vida sin pregrado, a tener un título profesional. Por eso, radicó derechos de petición ante las entidades competentes, en los que solicitó los soportes de los títulos académicos que Guerrero incluyó en su hoja de vida. De esta manera, se supo que la joven no cumplió con los requisitos exigidos para graduarse como profesional y tecnóloga y, por tanto, que no podía ocupar el cargo que quería en el Gobierno.

“Una investigación en la que yo he trabajado más de un año de la mano de mi equipo y en el que, a raíz de la contundencia de las pruebas que presentamos, ella misma ha tenido que confesar que incurrió en el delito de fraude procesal”, afirmó la senadora.

Así las cosas, Pedraza solicitó al Ministerio de Educación que haya una investigación detallada sobre las prácticas presuntamente irregulares de la Fundación Universitaria San José y de sus dueños. Pues, tras la polémica que causó el caso de Guerrero, se descubrieron otros casos similares en la misma institución educativa: hay egresados que se habrían graduado sin presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT.

“¿Están haciendo ellos esto mismo con otras universidades? ¿Qué ha pasado con la posibilidad de que esto sea una práctica sistemática? No podemos quedarnos solamente en la punta del iceberg”, cuestionó la legisladora.

De hecho, en noviembre de 2025, el Ministerio de Educación, entonces liderado por Daniel Rojas Medellín, abrió una investigación preliminar (Resolución 021551) contra la Fundación de Educación Superior San José por las presuntas anomalías en la entrega de títulos. La indagación cobija a directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales y exsecretarios generales.

En su declaración, Pedraza también cuestionó al exmandatario Gustavo Petro por haber defendido a Guerrero en varias oportunidades, por mantenerla en un cargo público y por insistir en que fuera nombrada viceministra de Juventudes.

“Lo doloroso es que hasta el último día del Gobierno del expresidente Gustavo Petro, él se dedicó a defenderla y a mantenerla como su delegada en el Consejo Superior Universitario de la Universidad Popular del Cesar, en donde hay jóvenes que de verdad están consiguiendo de manera honesta sus títulos universitarios y profesores y profesoras que han defendido la educación como un derecho y no como un negocio para hacer trampas de este estilo”, añadió.

De acuerdo con el funcionario del país norteamericano, el tema más importante que se abordó en el encuentro es el de la seguridad. Aseguró que Estados Unidos está interesado en apostarle a la seguridad en Colombia, puesto que las organizaciones criminales que operan en el país constituyen un peligro para la población estadounidense.

“Sin seguridad un país no puede progresar y las amenazas a la seguridad que enfrenta Colombia son las mismas que enfrentamos nosotros en Estados Unidos. Las mismas redes, los mismos grupos de criminales”, afirmó el secretario de Estado en una rueda de prensa.

Según detalló, la función más importante de cualquier gobierno es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, insistió en que, en medio de la carencia de condiciones de seguridad adecuadas, no es posible apostarle al desarrollo de una Nación.

En consecuencia, afirmó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella debe apuntarle a la protección de la población, para lo cual tiene que resolver varios problemas que, a su juicio, fueron generados durante la administración anterior, liderada por el exmandatario Gustavo Petro Urrego.

“Tenemos mucho que hacer, porque desafortunadamente, este Gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Nosotros, hasta cierto punto, nos sentimos igual cuando asumimos el poder hace un año y medio, pero ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso”, señaló.

Marco Rubio recordó que las relaciones entre Estados Unidos y Colombia durante la administración Petro pasó por momentos de dificultad. Sin embargo, aseguró que ahora el panorama es positivo, porque se están superando los problemas que distanciaron a los gobiernos.

“Los últimos cuatro años han sido una aberración entre los gobiernos, pero esto es algo que va a cambiar, que está cambiando”, precisó.

Además de la seguridad, el secretario de Estado de Estados Unidos se refirió a la emergencia humanitaria que enfrenta Colombia, derivada del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país el 10 de agosto de 2026 y que afectó a miles de personas en 16 departamentos. El servidor público indicó que, aunque la población colombiana vivió una tragedia, ahora hay oportunidades para avanzar hacia la prosperidad de Colombia, mediante el fortalecimiento de los lazos entre los países.

Recordó que Estados Unidos y Colombia tienen un vínculo “muy fuerte”, que supera el concepto de la cooperación entre gobiernos. Desde su perspectiva, se trata de una alianza cultural y social que ha perdurado durante años, tanto así, que desde el país norteamericano se hace un seguimiento cercano de la situación de Colombia, debido a que esta tiene un impacto directo en el territorio norteamericano.

Así las cosas, indicó que las naciones pueden apuntarle al desarrollo conjunto si cooperan en sectores que ahora mismo constituyen una oportunidad: el de la energía y el del comercio. “Permite que ambos países se beneficien”, aseguró Marco Rubio en sus declaraciones ante la prensa.

Al finalizar su intervención, resaltó el trabajo del presidente Abelardo de la Espriella e insistió en la importancia de fortalecer las relaciones bilaterales entre Colombia y Estados Unidos.

“Yo estoy muy emocionado de, después de no estar aquí tantos años, poder regresar y poder estar con una persona que conozco, que tiene una gran visión, energía por el futuro y me encanta estar en un país que ha sido nuestro aliado más fuerte en la región durante muchos años y esperamos no solamente restaurar eso, también crear una época dorada de relación entre nuestros dos países y nuestra gente (sic)”, concluyó.

El mandatario de Colombia informó que durante la reunión se abordaron temas clave, que son de interés de ambas naciones:

• Fortalecer la seguridad regional.
• Combatir frontalmente el narcoterrorismo.
• Cumplir y colaborar en los asuntos fronterizos.
• Abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para Colombia y Estados Unidos.

De acuerdo con el presidente De la Espriella, el encuentro con el secretario de Estado norteamericano constituye un paso más para fortalecer el liderazgo de Colombia a nivel internacional.

“Este encuentro de alto nivel ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos está más firme que nunca (...). Avanzamos en una agenda conjunta (...). Colombia retoma su liderazgo internacional con seriedad, carácter y una diplomacia de resultados, no de discursos”, precisó el jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X.

La visita de Marco Rubio también tuvo otro objetivo: la firma de un memorando de entendimiento entre el Gobierno colombiano y el estadounidense, los cuales son:

• Marco de cooperación para el aseguramiento de las cadenas de suministro en la minería y el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.
• Cooperación estratégica civil en materia nuclear.

Los Acuerdos de Barranquilla: tres temas clave

El presidente De la Espriella indicó que lo pactado entre Colombia y Estados Unidos hace parte de una asociación estratégica a largo plazo, que involucra el seguimiento de una hoja de ruta compuesta por los Acuerdos de Barranquilla, los cuales contemplan tres puntos clave de trabajo: la reconstrucción de Colombia, la recuperación de la economía y el blindaje del hemisferio.

Reconstrucción de Colombia

Con respecto a la recuperación del país, que el 10 de agosto se vio afectado por un terremoto de magnitud 7,4, el cual impactó a 16 departamentos, el presidente propuso trabajar de la mano con el país norteamericano en mecanismos de cooperación, inversión y financiación. Además, aseguró que se busca atraer inversión en materia de infraestructura, energía, vivienda, tecnología y reconstrucción productiva.

Además, el mandatario solicitó al secretario de Estado de Estados Unidos un acompañamiento ante organismos multilaterales para facilitar el financiamiento. “Estamos proponiéndole a los Estados Unidos una asociación en la que Colombia pone proyectos, territorio, capacidad productiva, recursos y reglas claras, y Estados Unidos aporta inversión, financiación, tecnología y capacidad empresarial”, detalló.

Recuperación de la economía

Por otro lado, en materia económica, el jefe de Estado también dio a conocer su interés en consolidar un diálogo bilateral orientado a la prosperidad. Esto incluye el desarrollo de proyectos concretos, financiación y cronogramas. Según precisó, las oportunidades están en los sectores de energía, infraestructura, tecnología, industria, reconstrucción y minerales críticos.

Recordó que Colombia tiene una posición geográfica privilegiada y acceso a dos océanos, además de talento humano y recursos considerados estratégicos. “Tenemos que convertir todas esas ventajas que tiene Colombia en inversión, en fábricas, en cadenas productivas y en empleos dignos para nuestra gente”, dijo.

Blindaje del hemisferio

Sobre el tema de seguridad, De la Espriella aseguró que espera que Estados Unidos sea el principal socio de Colombia para el abordaje de la seguridad en el hemisferio. Por eso, propuso la puesta en marcha del Plan Patriota Siglo XXI, que contempla la modernización de aviones, radares, drones, helicópteros, sistemas antidrones, defensa aérea, movilidad, inteligencia, ciberdefensa, fuerzas especiales y mantenimiento y operatividad. Para ello, se requiere de la inyección de recursos propios de la Nación y del país norteamericano.

Asimismo, planteó estrategias para combatir el narcoterrorismo, para lo cual se deben establecer metas anuales e indicadores verificables. “Vamos a empezar a fumigar. Vamos a ir por los laboratorios, por los precursores, por las rutas, por los cabecillas del narcotráfico, por las organizaciones armadas narcoterroristas. Vamos por los lavadores de activos, por sus patrimonios criminales y por esas redes internacionales”, aclaró.

En el encuentro, el presidente y el secretario de Estado también hablaron sobre Venezuela, debido a las afectaciones que sus problemáticas han generado en Colombia, sobre todo en materia de seguridad y migración. En consecuencia, Colombia hará parte de esfuerzos orientados a garantizar estabilidad regional y profundizará la cooperación en materia fronteriza.

“Estamos retomando una relación que ha sido histórica y muy cercana, que se interrumpió durante cuatro años, pero que siempre ha estado ahí, en los cimientos más profundos del alma de la colombianidad, porque Estados Unidos ha sido nuestro aliado, nosotros hemos sido su aliado. Y cuando Estados Unidos y Colombia han trabajado juntos, lo único que han tenido nuestros pueblos es progreso, seguridad y desarrollo”, añadió.

El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro se unió a las críticas que surgieron por la expedición del Decreto 1368 de 2026, mediante el cual el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

De acuerdo con el congresista del Pacto Histórico, la medida abriría la puerta a un porte de armas indiscriminado en el país y, a su juicio, esto supone un riesgo para la población, teniendo en cuenta la historia de violencia que permea a Colombia y que todavía persiste.

“Agregar el porte legal de armas, amplio e indiscriminado, a una sociedad en la que en las últimas décadas han muerto asesinadas con armas de fuego cientos de miles de personas, es una decisión criminal. La proliferación de las armas, lo demuestra nuestra historia, no es el camino para proteger la vida”, indicó el excandidato en una publicación en su cuenta de X.

En otra publicación, el senador hizo una advertencia relacionada con el decreto que firmó el presidente De la Espriella y con la visita que hizo el 8 de septiembre el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Colombia. Cepeda puso en duda la pertinencia de memorandos de entendimiento que al parecer serán suscritos entre ambas naciones, teniendo en cuenta la decisión que tomó el mandatario de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego.

“¡Cómo serán de nefastos los “memorandos de entendimiento” que van a suscribir Rubio y De la Espriella, que al mismo tiempo se anuncia una decisión igualmente nefasta como es la autorización del porte de armas!”, indicó.

Abelardo de la Espriella hizo aclaración sobre el decreto

Pese a que el excandidato advirtió sobre la posibilidad de que se permita el porte de armas de fuego indiscriminado en Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella negó que ese sea el efecto que tiene el decreto en cuestión. Según explicó, todavía se mantienen los controles y autorizaciones para permitir que algún ciudadano porte un arma.

“Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, precisó el primer mandatario en X.

De igual manera, justificó su decisión en el número de armas que están en poder de las organizaciones criminales que operan en el país. De acuerdo con datos oficiales que suministró, entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026, las autoridades incautaron 15.700 armas de fuego. De la totalidad, 14.179 fueron utilizadas para la comisión de delitos. Además, 980 armas de fuego están vinculadas a las disidencias de las Farc, 551 al Clan del Golfo y 339 al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Al ciudadano de bien que cumple rigurosamente la ley, garantías dentro de la ley. Al criminal armado ilegalmente, todo el peso de la ley y toda la fuerza legítima del Estado. Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales”, detalló.

El congresista del Centro Democrático Daniel Briceño hizo también una aclaración sobre el decreto firmado por el jefe de Estado. Según indicó, la decisión implica el levantamiento de la prohibición generalizada que impide a los ciudadanos iniciar el proceso de porte legal de armas.

Eso quiere decir que los colombianos podrán aplicar al proceso para autorización de tenencia y porte de armas, sin que exista una reducción en los criterios y requisitos establecidos para ello. Así las cosas, como explicó el primer mandatario, el Gobierno no está avalando la entrega indiscriminada de armas a los ciudadanos.

La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decidió revocar una sentencia que ordenó al expresidente Gustavo Petro rectificar declaraciones que hizo sobre un presuntas irregularidades y fallas en el sistema electoral colombiano y en las elecciones presidenciales que dieron como ganador a Abelardo de la Espriella.

Se trata de la sentencia proferida el 22 de julio de 2026 por el Juzgado 21 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, por medio de la cual se resolvió una acción de tutela presentada por el ciudadano Roberto Emil Patiño Navarro.

En la tutela, el accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la paz, la convivencia pacífica, la seguridad personal, el acceso a la información veraz e imparcial, la participación democrática, la estabilidad institucional, la confianza legítima, el debido proceso electoral y el respeto del orden constitucional. A su juicio, las publicaciones y las declaraciones del ex jefe de Estado en las que desconoció los resultados electorales constituyen una amenaza para sus derechos.

El juzgado de Bogotá concedió parcialmente el amparo de los derechos del ciudadano y ordenó al exmandatario hacer una rectificación de sus afirmaciones. Sin embargo, la sentencia fue impugnada y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón al expresidente Petro.

De acuerdo con el tribunal, aunque las expresiones del exmandatario sean controversiales y generen efectos a nivel político, lo cierto es que no implican por sí solas una vulneración o amenaza de un derecho fundamental.

Además, recordó que, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó los resultados electorales y dio la credencial al presidente Abelardo de la Espriella, la opinión de Gustavo Petro no tenía efectos jurídicos. Eso quiere decir que las afirmaciones del expresidente no tienen la capacidad para modificar, desconocer o dejar sin efectos la decisión adoptada por la autoridad electoral.

Adicionalmente, indicó que existen autoridades y mecanismos judiciales propios que se encargan de resolver controversias relacionadas con la validez de la elección presidencial y sus resultados. Una acción de tutela no es procedente en este caso; la definición de esta situación no corresponde al juez constitucional.

En ese sentido, el tribunal aclaró que la tutela no puede ser utilizada como un mecanismo para controlar de manera general las opiniones o declaraciones de carácter político de un funcionario.

“Al no encontrarse acreditada una amenaza cierta y concreta de los derechos fundamentales invocados, se impone revocar la decisión de primera instancia que concedió parcialmente el amparo y, en su lugar, negar las pretensiones de la acción de tutela. Por la misma razón, deberá dejarse sin efectos la orden de rectificación impartida al presidente de la República, al carecer de sustento constitucional una medida de esa naturaleza cuando no se ha demostrado previamente la afectación de un derecho fundamental susceptible de protección mediante este mecanismo”, precisó el tribunal en la providencia.

Según el abogado Alejandro Carranza, que representa los intereses del exmandatario, el tribunal determinó que las declaraciones que hizo Gustavo Petro sobre el proceso electoral, el hecho de desconocer a Abelardo de la Espriella como presidente, y el criticar el sistema electoral y el software utilizado por la Registraduría Nacional del Estado Civil para las elecciones, están protegidas por la libertad de expresión.

El jurista aseguró que las afirmaciones y advertencias del ex jefe de Estado no vulneran ningún derecho fundamental y tampoco ponen en riesgo el sistema electoral, la democracia ni a la Registraduría.

“El pulso no es por silenciar a Petro, líder de la oposición y hasta hace poco Presidente. El pulso es porque la censura previa está prohibida (art. 20 CP; art. 13.2 CADH), y un país democrático debe resistir la crítica y el debate público, no silenciarlo (...). Así, una vez más, hemos ganado una batalla por la libre expresión de todos los colombianos y en especial, la del expresidente @petrogustavo y el progresismo”, precisó el profesional en Derecho.

El expresidente Gustavo Petro volvió a referirse a la cancelación de tiquetes aéreos que había reservado para viajar desde Bogotá a Ciudad de México (30 de agosto) y desde Ciudad de México a Bogotá (2 de septiembre) por parte de Avianca carece de sustento.

El exmandatario aseguró que el hecho de que esté incluido en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), la cual es administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, no es razón suficiente para haberle impedido viajar.

Según explicó en una publicación en su cuenta de X, las sanciones que le fueron impuestas tras su inclusión en la lista no aplican para la empresa y, por tanto, sus tiquetes jamás debieron ser cancelados.

“La ley ofac no obliga a Avianca a impedir que vuele en sus aviones, dado que Avianca al no ser persona de los EEUU, lo es del reino unido, no es objeto de sanciones por los EEUU en la relación con la OFAC, y este debate debe extenderse al parlamento británico”, señaló el ex jefe de Estado en la red social.

En consecuencia, anunció públicamente su respaldo a una campaña que surgió contra la aerolínea, que insta a la población a no hacer reservas de vuelos con la empresa. Aseguró que apoyará la campaña hasta que Avianca cambie su postura con respecto a la cancelación de sus tiquetes aéreos.

“Lo que hace Avianca es discriminación política prohibida en Colombia, y me hago parte de la campaña de no comprarle a Avianca tiquetes hasta que cambie su posición”, señaló el exmandatario.

La explicación de Avianca frente a la cancelación de los vuelos de Petro

Ante la polémica que surgió por la cancelación de los tiquetes de viaje del expresidente, Avianca emitió un comunicado en el que explicó en detalle los motivos por los cuales decidió no prestar sus servicios aéreos al exmandatario. Según precisó, la aerolínea canceló las reservas y reembolsó la totalidad del valor pagado por los tiquetes, dando cumplimiento a regulaciones de Estados Unidos.

“La decisión obedece exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a Avianca, incluidas aquellas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sí resultan vinculantes para Avianca por la naturaleza internacional de sus operaciones y su presencia comercial, financiera y corporativa en ese país”, precisó Avianca en un comunicado.

La empresa recordó que tiene vínculos con Estados Unidos, procesa transacciones financieras a través del sistema bancario de ese país y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano. Además, tiene una estructura corporativa de carácter global y opera con rutas hacia Estados Unidos.

Esas características son suficientes para que le apliquen las directrices establecidas por la Ofac, en relación con la prestación de servicios a personas cuyos bienes e intereses se encuentran bloqueados por figurar en la Lista Clinton, como es el caso del expresidente Gustavo Petro.

En ese sentido, aclaró que la decisión de cancelar sus vuelos no está basada en posturas políticas. “Avianca aclara que esta medida no responde a consideraciones políticas ni discrecionales, sino exclusivamente al estricto cumplimiento de obligaciones regulatorias que le resultan aplicables”, indicó la compañía en la comunicación oficial.

En otra publicación que hizo el ex jefe de Estado en X, insistió en que Avianca incurrió en una exclusión por motivos netamente políticos y aseguró, incluso, que la empresa debe responder jurídicamente por esos hechos.

“Se trata de una exclusión por razones políticas e igual que algunos bancos, debe responder jurídicamente. Ruego a la colombianidad en el reino unido hacer esta acción también, dado que Avianca es empresa del Reino Unido”, aseveró.

El director nacional del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, reveló directrices de comunicación que se estarían dando dentro del Gobierno, relacionadas con el campesinado y la reforma agraria.

De acuerdo con el congresista, un grupo de contratistas de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) recibió instrucciones por WhatsApp sobre el lenguaje que deben utilizar en informes y otros documentos y piezas. “Se han establecido algunos lineamientos relacionados con el uso del lenguaje y las expresiones que debemos tener en cuenta para la presentación de informes y la elaboración de contenidos comunicativos”, se lee en una de las capturas de pantalla que compartió el legislador en su cuenta de X.

Una directriz consiste en reemplazar frases y términos:

• El término “Reforma Agraria” se debe sustituir por expresiones como “acceso a tierras”, “formalización”, entre otras.
• El término “campesinos” debe tener un uso poco recurrente en los contenidos de la agencia. Priorizar el concepto de “productores rurales”.

“No es un manual de estilo. Es una secuencia política: frenar la Reforma, desmontar sus conquistas y borrar a sus protagonistas. La contrarreforma está en marcha. Pero la resistencia también”, precisó Gabriel Becerra en X.

El expresidente Gustavo Petro se refirió a la nueva directriz que se impartió en la ANT, actualmente dirigida por la excongresista Lina María Garrido. El exmandatario afirmó que con los cambios que harán en el lenguaje utilizado en los contenidos no desaparecen la población campesina, así como tampoco los derechos que tienen y que el Estado debe reconocer y proteger. Además, calificó de “ignorante” a la persona que está impulsando la directriz.

“Y creen que con prohibir la palabra campesinos se acaban los once millones de campesinos productores de alimentos en Colombia? O, ¿se elimina las órdenes constituyentes de reconocer al campesinado como sujeto de derechos en Colombia? Ignorante quien inicia esto en el minagricultura de los terratenientes y despojadores violentos de la tierra”, escribió el ex jefe de Estado en su cuenta de X.

La representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, se unió a las críticas que surgieron por el cambio de lenguaje en las piezas comunicativas de la ANT. Aseguró que la población campesina es sujeto de derechos, por lo que no debería ser eliminada de los documentos comunicativos oficiales.

“¿Ahora resulta que en el Gobierno está prohibido decir campesinos? El campesinado no es una palabra que se pueda borrar de un manual de comunicaciones. Es un sujeto de derechos y de especial protección constitucional”, precisó la congresista.

De igual manera, aseguró que cambiar la palabra “campesinos” por el término “productores rurales” y el concepto de “reforma agraria” por “acceso a tierras” no es lenguaje técnico. A su juicio, implica la eliminación del discurso a personas que históricamente han luchado por tener acceso a la tierra. “El campesinado merece respeto, reconocimiento y derechos”, añadió la legisladora en su cuenta de X.

La exministra de Agricultura y Desarrollo Rural Martha Carvajalino también rechazó la directriz de la ANT. Por un lado, recordó que la Ley 160 de 1994, mediante la cual se creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, tiene como objetivo eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rústica y dotar de tierras a campesinos de escasos recursos.

Por otro lado, indicó que “la Constitución Política en el artículo 65 establece: El campesinado es sujeto de derechos y de especial protección, tiene un particular relacionamiento con la tierra basado en la producción de alimentos en garantía de la soberanía alimentaria, sus formas de territorialidad campesina, condiciones geográficas, demográficas, organizativas y culturales que lo distingue de otros grupos sociales”.

El primer mandatario visitó Cuarto de Legua, uno de los barrios residenciales de Cali, ubicado en la Comuna 19. Desde allí, informó que algunas familias afectadas por el terremoto podrán acceder a viviendas que serán entregadas por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

“La Sociedad de Activos Especiales, que ustedes saben que maneja los bienes incautados al crimen organizado, al narcotráfico, va a habilitar por orden directa mía ya 24 inmuebles que pueden ser habitados por las familias víctimas del terremoto”, precisó el jefe de Estado en declaraciones públicas.

De acuerdo con el presidente, se está haciendo la caracterización de los inmuebles para verificar que todo esté bien y que no tengan ningún problema estructural derivado del sismo. De esta manera, el Gobierno garantizará que las personas que sean trasladadas a esas edificaciones no corran ningún riesgo. Apenas se concluya la revisión de las propiedades, se iniciará la entrega a las personas afectadas por el terremoto.

“En una emergencia como esta, tenemos que revisar todos los recursos disponibles del Estado para ayudar a mitigar los estragos de la tragedia”, detalló.

Por otro lado, informó que el alcalde de Cali, Alejandro Éder, planteó desarrollar un piloto de reconstrucción en Cuarto de Legua, para lo cual articulará esfuerzos públicos y privados. El Gobierno nacional también respaldará la propuesta.

De igual manera, a través del Ministerio de Vivienda, se pondrá en marcha una habilitación y aprovechamiento del suelo y mayor densificación de las zonas afectadas. “Eso tiene una razón muy concreta para que ustedes todos lo entiendan: una mayor capacidad de construcción genera un mayor potencial de desarrollo en esos predios y, por consiguiente, puede generar un valor adicional. Queremos utilizar ese valor adicional como parte de la fórmula para compensar a todos los damnificados que han perdido sus viviendas”, detalló.

El presidente explicó que es necesario ayudar a las familias de todos los estratos que se vieron afectadas por el terremoto. Pues, hay personas de estratos cuatro, cinco y seis que perdieron sus casas y que no tienen los recursos para responder a esa situación. “Tener una vivienda en estos estratos no significa tener la capacidad económica para asumir de un día para otro una pérdida de semejante magnitud”, precisó.

De igual manera, el mandatario informó que la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) tiene 874 viviendas construidas disponibles para las familias afectadas por el sismo. Según detalló, esas edificaciones no presentan daños estructurales, porque fueron construidas en cumplimiento de la normativa antisísmica vigente. En ese sentido, De la Espriella confirmó que las casas están listas para ser entregadas.

“Estamos trabajando para encontrar un mecanismo que permita habilitarlas para subsidio y convertir esa oferta disponible en soluciones concretas para los damnificados”, indicó.

Con respecto a las ayudas que planteó el Gobierno nacional para los empresarios, el mandatario informó que, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se dispuso de un paquete de cerca de $40.000 millones para recuperar microempresas, establecimientos comerciales y actividades turísticas en el Valle del Cauca.

El plan incluye también la entrega de créditos para impulsar la producción y la movilización de hasta $30.000 millones para la recuperación empresarial. Además, por medio de Bancóldex, se dispondrá de un cupo de hasta $25.000 millones para las microempresas.

“En alianza con la Gobernación del Valle, Infivalle proyecta colocar cerca de $5.250 millones adicionales. Son recursos para nuestros emprendedores, para nuestros microempresarios, para nuestros comerciantes”, indicó.

El atentado y los combates que se presentaron posteriormente dejaron tres militares asesinados: el capitán Marco David Pirajón Montezuma y los soldados profesionales Joel Alberto Jiménez Jaramillo y Jhon Carlo Marrugo Manjarrez. Ante la gravedad de estos hechos, se establecieron nuevas medidas para reforzar la seguridad y el control territorial en Ocaña y en la región del Catatumbo.

Durante la reunión, en la que estuvo el Ministerio de Defensa Nacional, la cúpula militar y de la Policía Nacional, y el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y las autoridades concertaron hacer una reestructuración y activación de la campaña militar y policial Esparta, con sede en Ocaña, para articular capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional frente a las estructuras criminales que operan en la zona.

“Se reforzarán los corredores de movilidad ilegal, las capacidades de inteligencia y la coordinación con la @FiscaliaCol para identificar, capturar y judicializar a los responsables. Las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia mantienen desplegadas todas sus capacidades para proteger a la población y enfrentar con contundencia a quienes atenten contra la seguridad del #Catatumbo”, indicaron las Fuerzas Militares en X.

De igual manera, acordaron fortalecer el bloqueo de corredores usados por grupos armados ilegales para mover integrantes, armas, explosivos y recursos ilícitos entre el sur del Cesar y Ocaña.

El plan de acción también incluye la activación del Centro Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia Territorial (Cicot) en Ocaña, que integrará información y capacidades de Fuerzas Militares, Policía Nacional y otros organismos del Estado para anticipar amenazas e identificar responsables. Además, entrará en funcionamiento el Centro de Integración Judicial Territorial (Cijut), con coordinación con la Fiscalía General de la Nación, para avanzar en investigación y judicialización de criminales.

El Ministerio de Defensa pidió a la ciudadanía aportar información a las autoridades –garantizando absoluta reserva– a las siguientes líneas seguras:

• 323 273 4707, línea contra el terrorismo.
• 314 358 7212, línea contra el crimen.
• 107, línea contra el terrorismo.

Detalles del ataque terrorista registrado en Ocaña

El atentado perpetrado por el ELN se presentó durante la noche del 4 de septiembre. El grupo armado atacó las instalaciones del Cantón Militar Trapiche con aeronaves no tripuladas que fueron acondicionadas con dispositivos explosivos, que detonaron al interior de la unidad militar.

Ante estos hechos, un pelotón de soldados salió de las instalaciones para verificar que el lugar estuviera despejado de cualquier amenaza. Sin embargo, en el sitio había miembros de la organización criminal. Entonces, empezó un enfrentamiento armado.

“Durante la maniobra, los uniformados sostuvieron un combate de encuentro con presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN, lo que dejó como resultado el asesinato del Capitán Marco David Pirajón Montezuma y el Soldado Profesional Joel Alberto Jiménez Jaramillo, quienes ofrendaron su vida en cumplimiento de la misión constitucional”, indicó el Comando de la Trigésima Brigada, unidad orgánica de la Segunda División del Ejército Nacional.

Además de los uniformados asesinados, otros cinco resultaron heridos, por lo que fue necesario que recibieran atención especializada.

“Esta acción constituye una grave infracción a las normas del derecho internacional humanitario y viola los derechos humanos, al emplear medios y métodos de guerra ilícitos que ponen en riesgo la vida e integridad de los miembros de la fuerza pública”, añadió.

El Ejército expresó sus condolencias a los allegados de los militares que fallecieron en el atentado y dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a las familias afectadas.

Carolina Restrepo Cañavera, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), se refirió a la decisión del Juzgado 34 de Familia de Bogotá y del juez tercero Penal del Circuito de San José del Guaviare, Jhoan Aguilera Martínez de ordenar la suspensión de operaciones aéreas ofensivas en zonas donde se sospeche que hay niños, niñas y adolescentes.

La providencia del juzgado de Bogotá indica que es suficiente con tener información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores para cesar cualquier bombardeo o acción militar.

“Mientras se profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela, se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”, se lee en el documento del juzgado.

Por su parte, el juzgado de Guaviare ordenó la suspensión temporal de bombardeos en el departamento cuando exista información de inteligencia o haya alertas preventivas que adviertan la posible presencia de menores en las zonas susceptibles de acciones militares.

La postura de Carolina Restrepo: el deber de proteger a la niñez

De acuerdo con la directora del Icbf, este tipo de decisiones judiciales son problemático para el Estado. Según indicó, es necesario entender que los menores de edad que están en las filas armadas de las organizaciones criminales fueron reclutados y, por tanto, son víctimas. En ese sentido, es deber de la entidad y del Estado colombiano, garantizar su protección. Para lograr eso, se debe recordar que son múltiples los escenarios que permitieron el reclutamiento.

“Un menor no aparece por casualidad en un campamento de una organización criminal. Antes hubo un reclutador, hubo una amenaza, un engaño, una presión, una familia rota, una escuela abandonada, una comunidad intimidada. Hubo, en suma, un criminal que decidió apropiarse de una vida que no le pertenecía. Ese es el origen de todo”, precisó la funcionaria en una publicación en su cuenta de X.

Así las cosas, indicó que no se puede permitir que las zonas en las que se esconden los criminales se conviertan en espacios seguros para ellos debido a la presencia de menores. Aclaró que, así como el Estado tiene el deber de proteger a la niñez, también tiene la obligación de combatir a los delincuentes. “Presentarlos como si hubiera que escoger entre uno y otro es exactamente la trampa en la que no podemos caer”, indicó.

A su juicio, la fuerza pública debe extremar todas las precauciones para proteger a los niños, niñas y adolescentes, mientras que el Icbf debe ser capaz de anticiparse, identificar territorios de riesgo, actuar sobre las alertas y entender las redes de reclutamiento, sin que eso constituya “una patente de inmunidad” para los criminales.

“Si permitimos que el crimen de reclutarla termine protegiendo al criminal, habremos cerrado el círculo más perverso de todos. La niñez debe ser protegida del criminal, nunca convertida en la protección del criminal”, señaló.

El comandante de las Fuerzas Militares, mayor general Erik Rodríguez, dio a conocer detalles de la manera como están funcionando los grupos armados que operan en Colombia. Se refirió específicamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización criminal que, según detalló, constituye una amenaza para el país y otras naciones, en donde tienen brazos armados e, incluso, altos mandos.

“Es una organización terrorista de carácter transnacional que ya es una amenaza no solo para Colombia y los venezolanos, sino también para la región”, precisó el uniformado, en conversación con la revista Semana.

Pese a que el ELN es una organización criminal que surgió en Colombia, lo cierto es que ahora sus jefes se encuentran en Venezuela, según confirmó el comandante. “El liderazgo del ELN, en su totalidad, por ejemplo, todo el liderazgo principal”, detalló.

Algunos de los cabecillas que están en el vecino país son: Luz Amanda Pallares, Silvana Guerrero o Ana María, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN (buscada por las autoridades); Israel Ramírez Pineda, conocido como alias Palo Beltrán, miembro del Comando Central de la guerrilla; y Eliécer Herlinto Chamorro Acosta, alias Antonio García, máximo líder del ELN.

Además de ese grupo armado, la Segunda Marquetalia también tiene altos mandos en Venezuela. De acuerdo con el mayor general Erik Rodríguez, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, comandante de esa organización al margen de la ley, también está en territorio venezolano.

El director de la Policía Nacional, mayor general Alejandro Barrera, indicó al informativo citado que los integrantes de estos grupos armados viven de manera clandestina, pero ya no se esconden en áreas campamentarias. Procuran ubicarse en casas o casas-fincas cercanas a zonas donde tienen las comodidades de un área urbana.

“No solo están en la zona fronteriza con Colombia. Han expandido su área de influencia delictiva a través del estado de Amazonas hacia el oriente y ya hay estructuras del ELN en Guyana y en fronteras entre Venezuela y Guyana. Es muy grave”, detalló el comandante de las Fuerzas Militares en la entrevista con el medio de comunicación citado.

Según el director de la Policía, la expansión de las organizaciones criminales fuera de la frontera tiene su base en intereses ilícitos. Explicó que, por ejemplo, Guyana es un país atractivo porque tiene reservas mineras estratégicas. Por eso, las estructuras armadas se despliegan allí y se disputan el control territorial, algo que ya pasa en Colombia y en Venezuela.

El fortalecimiento de los grupos armados en Colombia

Las organizaciones criminales que operan en Colombia presentan un importante incremento. De acuerdo con cifras de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), en diciembre de 2022 se contabilizaron 15.120 combatientes, y en julio de 2026, ese número aumentó a 28.802.

Ese incremento exponencial de integrantes se evidencia tanto en el ELN como en la Segunda Marquetalia. Pues, el Ejército de Liberación Nacional pasó de 5.851 en 2022 a 7.123 miembros en 2026 y la Segunda Marquetalia ya tiene 584 integrantes.

Las disidencias de las Farc también han ido creciendo. Por un lado, el Estado Mayor Central (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, pasó de 3.576 guerrilleros en 2022 a 4.480 en 2026. Por otra parte, el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (Embf), cuyo cabecilla es Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, aumentó el número de integrantes a 3.001. El Clan del Golfo tuvo un incremento de miembros mucho más alto que las demás estructuras armadas: pasó de 4.061 integrantes en 2022 a 10.268 en 2026, lo que quiere decir que engrosó sus filas con más de 6.000 personas.

Este fortalecimiento se presentó durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), que, a través de la política de Paz Total, intentó adelantar negociaciones de paz con las organizaciones criminales.

El abogado Alejandro Carranza se refirió a declaraciones que dio el representante a la Cámara Alfredo Ape Cuello Baute, presidente de la Comisión Tercera de la corporación, sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2027, que fue presentado por el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella ante el Congreso de la República, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

De acuerdo con el congresista, los ministros que no asistan a los espacios de discusión del presupuesto podrían poner en riesgo las partidas presupuestales asignadas a sus carteras.

“Este presupuesto por supuesto lo va a elaborar el Congreso. Ministro que no llega consideramos desinterés de esa cartera por la discusión del presupuesto y por supuesto procederemos es a discutirlo y a trabajarlo con quienes vengan y entenderemos que aquellos que no asisten al Congreso no necesitan inversión del presupuesto nacional”, aseveró el representante, en conversación con La FM.

El legislador aseguró que el Congreso de la República tiene la facultad de asignar recursos de una cartera a otra, si lo considera pertinente. Por eso, insistió en la importancia de la presencia de los funcionarios del Gobierno en los debates del Legislativo sobre el PGN 2027.

“Lo que encontramos hoy es un grupo de congresistas de las comisiones económicas muy molestos con la actitud inicial de los ministros invitados y con la decisión de empezar a trabajar como la Constitución se los ordena”, señaló el congresista.

El abogado Carranza, reconocido por representar los intereses del expresidente Gustavo Petro y de su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, aseguró que las declaraciones de Ape Cuello son “esclarecedoras”, en la medida en que recordó que el Congreso tiene la competencia exclusiva de aumentar o distribuir el presupuesto que se apruebe.

Aplicó estas afirmaciones al caso del exministro de Hacienda y Crédito Público Ricardo Bonilla, actualmente investigado por el caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos.

“Es de suma importancia que se tenga en cuenta, que las acusaciones de malversación de fondos en contra del ex Ministro @ricardobonillag, derivadas del incremento presupuestal autorizado por el Congreso, carecen de fundamento y constituyen imputaciones infundadas”, indicó el jurista en una publicación en su cuenta de X.

Carranza aseguró que la Fiscalía General de la Nación debe poner la lupa en los recursos financieros que fueron movidos y desviados por el exdirector de la Ungrd Olmedo López y del exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad Sneyder Pinilla. Ambos exfuncionarios admitieron haber participado en el entramado de corrupción.

“Las declaraciones que han realizado hasta el momento podrían representar únicamente una fracción del total de los fondos involucrados, y el proceso judicial en contra de los exministros podría constituir una distracción de la verdadera magnitud del caso”, explicó.

Detalles del Presupuesto General de la Nación 2027

La propuesta de presupuesto del Gobierno nacional surgió luego de que el Congreso autorizara que la iniciativa de la administración anterior (Gustavo Petro) fuera devuelta al nuevo Ministerio de Hacienda para hacer una revisión y eventuales correcciones. Luego de que se subsanaran presuntas equivocaciones en la propuesta inicial, el Gobierno de De la Espriella presentó un presupuesto de $634,9 billones.

Ese monto supera en $58 billones el presupuesto radicado por el exmandatario Petro, que establecía un valor de $575,6 billones.

“Hemos presentado al Congreso el presupuesto de la verdad, que corrige los errores e ilegalidades del presupuesto de las mentiras presentado por el Gobierno Petro, que dejó desfinanciada la salud, las pensiones, las universidades, las telecomunicaciones y los subsidios de energía y gas, entre otros”, indicó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Tommy Pigott, informó a través de una publicación en X que el funcionario estadounidense también estará en otros dos países y que en Colombia espera abordar, entre otras cosas, el apoyo del gobierno de Donald Trump ante la emergencia derivada del terremoto que se registró el 10 de agosto en territorio colombiano.

“@SecRubio viajará a Colombia, Ecuador y Perú del 8 al 10 de septiembre para reunirse con funcionarios gubernamentales y discutir el apoyo de EE.UU. a la respuesta de Colombia ante el terremoto, la cooperación mejorada en la lucha compartida contra el narco-terrorismo y los beneficios de relaciones comerciales más profundas entre nuestros países”, precisó el portavoz en la red social.

De acuerdo con la presidenta de AmCham Colombia, la llegada del secretario de Estado norteamericano a Colombia expone el buen curso que están teniendo las relaciones bilaterales entre el Gobierno colombiano y el estadounidense. Además, afirmó que su visita podría generar oportunidades para los ciudadanos.

“La visita del secretario Rubio no solo es una buena señal política, refuerza buenos vientos que vive la relación y las oportunidades que esta puede traer para los colombianos. No conocemos si es cierta la agenda, pero uno podría esperar que esta visita convierta las propuestas en acciones y resultados concretos”, detalló Lacouture.

Entre los temas que, a su juicio, podría abordar el secretario Marco Rubio con el gobierno de Abelardo de la Espriella está el económico. Afirmó que uno de los enfoques podría ser el anuncio sobre un comercio recíproco y un alivio arancelario. De ser así, se podría pensar en atraer inversión extranjera de Estados Unidos a Colombia, además de que se tendría mayor claridad sobre recursos que el Gobierno de Donald Trump entregará a la Nación a manera de cooperación (USD 1.000 millones).

Lacouture espera que se establezca un respaldo contundente por parte de Estados Unidos a Colombia, a través de un plan de acción que involucre procesos de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

“Hay un ambiente favorable en la relación y esta visita puede marcar el punto de partida para implementar una agenda y una hoja de ruta de cooperación y confianza y de entendimiento mutuo con beneficio para ambos países”, indicó la presidenta de AmCham Colombia.

Al igual que María Claudia Lacouture, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció sobre el viaje que hará el secretario de Estado de Estados Unidos a Colombia. En una rueda de prensa, el jefe de la cartera aseguró que el país comparte valores e intereses con la Nación norteamericana. Además, resaltó las alianzas que existen entre los países.

“Estados Unidos es un extraordinario aliado de Colombia. Somos dos democracias, compartimos valores, principios, un apego profundo por el sistema constitucional de separación de poderes y combatimos enemigos comunes, que son las expresiones narcoterroristas”, sostuvo el ministro ante los medios de comunicación.

Los acercamientos entre Colombia y Estados Unidos durante el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella han sido constantes. El 18 de agosto, el primer mandatario informó que se comunicó con el secretario Marco Rubio e indicó que, durante la conversación, insistió en su solicitud de que sean suspendidos temporalmente los aranceles que afectan a los productos colombianos.

“Hay que surtir un trámite para lograrlo y existe toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”, señaló el jefe de Estado en una publicación en su cuenta de X.

El Juzgado 32 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá negó una acción de tutela interpuesta por el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro en contra de la suspensión de la programación local, noticiosa y de opinión de 20 emisoras de paz que ordenó el gobierno de Abelardo de la Espriella. Los accionados en la tutela eran el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Inravisión (Sistema de Medios Públicos, antes Rtvc).

Cepeda, representantes de la Asociación del Catatumbo (Ascamcat) y la Corporación Étnica Ambiental del Pacífico Sostenible (Capacs), alegaron la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de información y a la paz por la suspensión temporal de la programación en las emisoras.

Sin embargo, el juzgado determinó que Inravisión no profirió ningún acto administrativo o directriz orientada a suprimir, clausurar o eliminar las emisoras. Tampoco emitió ninguna decisión para cancelar sus frecuencias o para dar por concluida su operación de manera definitiva. En consecuencia, negó la acción de tutela, al confirmar que no se vulneraron los derechos citados por los accionantes.

“Negar el amparo de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, a la información y a la paz, invocados por Iván Cepeda Castro, Holmer Pérez Balmaceda -en representación de Ascamcat y Clímaco Carmelo Landazuri Preciado -en representación de Capacs, al no encontrarse acreditada una vulneración actual ni un perjuicio irremediable atribuible al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ni a Inravisión - Sistema de Medios Públicos del Estado Colombiano S.A.S”, indicó el juzgado en la providencia.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones indicó que, según la sentencia, se descartó por completo cualquier acto de censura, porque la señal de las 20 emisoras de paz siguió al aire 24 horas sin interrupción, además de que la suspensión de la programación fue general, lo que quiere decir que no se silenciaron determinados programas o personas vinculadas a esos espacios radiales.

Adicionalmente, recordó que la medida adoptada por el Gobierno responde a un esquema transitorio de reorganización, orientado a la revisión de la parrilla, y que el reinicio de programación local ya estaba en proceso. En ningún momento se ordenó la cancelación de contratos suscritos por las emisoras de paz ni el fin de la prestación de sus servicios, aunque el juzgado sí exhortó a Inravisión a publicar un cronograma de reactivación de los espacios informativos de las emisoras.

Ahora bien, el juzgado reconoció que las emisoras de paz son un instrumento que figura en el Acuerdo Final de Paz (2016) que firmó el Estado colombiano con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), con el fin de impulsar la pedagogía y la reconciliación en los territorios afectados por el conflicto armado interno. Sin embargo, advirtió que “la incidencia de la medida sobre esa función no alcanza a configurar una afectación real y actual del derecho a la paz, toda vez que, la infraestructura, las frecuencias y los contratos se han mantenido vigentes”.

En ese sentido, ni Iván Cepeda, ni los demás accionantes, pudieron demostrar qué información dejó de transmitirse por la suspensión y de qué manera esto generó un impacto negativo y derivó en la vulneración de derechos fundamentales.

Por otro lado, el 3 de septiembre de 2026, la Presidencia de la República informó que la gerente de Inravisión, Ángela María Mora Soto, dispuso el cese temporal de las emisoras de paz que funcionan en Buenaventura, Agustín Codazzi, Riosucio y Tierralta, debido a que fueron puestas en funcionamiento en 2024 sin que las concesiones exigidas para su entrada en operación hubieran culminado.

“Defender las Emisoras de Paz no puede significar pasar por encima de las normas. La paz también se respeta construyendo instituciones sólidas”, declaró la gerente.

Es de recordar que Petro, cuando era jefe de Estado, reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela, permitiendo el flujo vehicular en el puente internacional Simón Bolívar.

Según el exmandatario, la reapertura de la frontera surtió efectos muy positivos en la economía del país y, sobre todo, en la de Cúcuta, aunque esa decisión pudo haberlo puesto en aprietos con Estados Unidos. Y, a su juicio, la nueva administración podría implicar un retroceso en la materia.

“Hay cosas que no he logrado entender de ciertos sectores del pueblo colombiano. Si me di la pela y a riesgo de Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros), abrí la frontera con Venezuela para reactivar la entonces en bancarrota Cúcuta y enriquecerla con éxito, ¿por qué votaron para volver a la bancarrota?”, señaló el expresidente en una publicación en su cuenta de X.

Comerciantes de Cúcuta advierten estar en la quiebra

Su comentario surgió por un video publicado por un influenciador, en el que se ve a varias personas respaldando a Abelardo de la Espriella. Los ciudadanos se encontraban en un centro comercial de Cúcuta. Posteriormente, la grabación muestra las declaraciones de una comerciante que apoyó al hoy presidente en las elecciones y que ahora solicita ayuda del Gobierno ante las dificultades que están enfrentando el sector de venta de calzado.

“Que ese mensaje le llegue primeramente a todo Norte de Santander y también a nuestro presidente Abelardo de la Espriella, que le queremos hacer un llamado hoy urgente, SOS, debido a que la situación de los del gremio del calzado estamos pasando una crisis económica totalmente... Ya estamos prácticamente en quiebra”, dijo la ciudadana.

Según indicó la comerciante, se disminuyó la afluencia de personas en el centro comercial, lo que ha estado afectando gravemente la comercialización de calzado y otros productos. Además aseguró que esa situación es resultado de la inseguridad que hay en la zona fronteriza.

“No tenemos ayuda de ningún, de ninguna entidad y queremos que de verdad, hoy, presidente, yo como tigresa del norte, como una de las que le colaboré para su campaña, escuche este video y nos pueda colaborar”, precisó.

La ciudadana indicó que, aunque los gremios del calzado y otros comerciantes son conscientes de que el Gobierno ahora está afrontando una emergencia derivada del terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto en el país, Cúcuta requiere de la atención del presidente.

Los resultados de la reapertura de la frontera

Según el ex jefe de Estado Gustavo Petro, su decisión de reabrir la frontera con Venezuela fue exitosa en términos económicos. Así lo confirmó casi un año después (julio de 2023) el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña Mendoza, durante el Encuentro Binacional ‘La frontera como puente: integración comercial Colombia y Venezuela’, que se realizó en Cúcuta.

Según los datos que presentó el ex jefe de cartera, entre el 26 septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2023, el comercio por la frontera alcanzó US$143,8 millones. Además, las exportaciones de bienes no mineros de Norte de Santander crecieron un 66,4% entre enero y mayo de 2023, cuando se recaudaron US$45 millones. En el mismo periodo de 2022 (antes de la apertura de la frontera), las exportaciones de bienes no mineros alcanzaron US$27 millones.

“Con este exitoso proceso en Norte de Santander, se revive y avanza la integración de las fronteras. Desde el Gobierno del Cambio, trabajamos no solo por la integración regional, la solución amigable de conflictos, de crisis humanitaria, económica y social que han vivido algunas zonas de frontera, sino también para superar las brechas y garantizar el mejoramiento institucional y el adecuado desarrollo socioeconómico”, confirmó el exministro en su momento.

El movimiento político Alianza Social Independiente (ASI) confirmó que será partido de gobierno, lo que quiere decir que sus bancadas en el Congreso de la República respaldarán las iniciativas que proponga la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

Así lo dio a concer la colectividad en una declaración política enviada a los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“El partido Alianza Social Independiente - ASI, a través de su bancada en el Congreso de la República, en cumplimiento a lo establecido en la Ley estatutaria 1909 del 2018 y a lo estipulado en los estatutos del partido ASI, ha decidido declararse PARTIDO DE GOBIERNO frente al Gobierno Nacional encabezado por el Dr. Abelardo De la Espriella Otero, decisión que cuenta con el conocimiento y el concepto previo de la Dirección Nacional del partido”, precisó el movimiento político en la comunicación oficial.

El partido informó que el voto contrario a la decisión mayoritaria fue presentado por el senador Luis Carlos Rúa, conocido como Elefante Blanco, que solicitó que la colectividad se declarara en independencia. Pese a que el partido adoptó una postura a favor del Gobierno De la Espriella, el congresista tendrá la libertad de ejercer con independencia sus labores en el Legislativo, frente a las iniciativas que impulse el oficialismo.

“En razón a lo anterior, y tal como lo establece el artículo 9 de la Ley estatutaria 1909 de 2018, mediante el presente oficio se procede a registrar ante la autoridad electoral para su respectiva inscripción en el registro único de partidos y movimientos políticos, momento a partir del cual se harán exigibles los derechos previstos en la mencionada Ley”, añadió.

El senador Luis Carlos Rúa se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que celebró el hecho de que se le permitiera ejercer con independencia.

“¡Lo logramos! Tras la reunión del Comité Ejecutivo del @PartidoASI, aunque la mayoría votó declararse de Gobierno, me opuse y solicité mi libertad de opinión y voto. Seguiré siendo INDEPENDIENTE frente a este Gobierno y ante cualquier línea política a la que intenten vincularme”, precisó.

La postura de otros partidos con respecto al Gobierno De la Espriella

El gobierno de Abelardo de la Espriella cuenta con el respaldo de Cambio Radical, el Centro Democrático, el Partido Conservador, y el Partido de la U, que se declararon oficialmente como colectividades de gobierno. Sin embargo, también tiene al Pacto Histórico como opositor, siendo el movimiento político con mayor número de curules en el Congreso.

Por otro lado, el partido Alianza Verde adoptó una posición media: se declaró en independencia. “Desde la independencia, acompañaremos las iniciativas que coincidan con estos principios y beneficien al país; presentaremos alternativas cuando existan mejores caminos y ejerceremos un control político y vigilancia al poder”, precisó la colectividad en la comunicación oficial.

Además, indicó que defenderá lo establecido en la Constitución Política de Colombia y el Estado social de derecho. También procurará garantizar el equilibrio de poderes, la protección de los derechos humanos y de los animales, del agua, del campo y de la biodiversidad.

Sin embargo, varios congresistas del movimiento político rechazaron la decisión de declararse en independencia. Propusieron que el partido fuera de oposición. Entre los legisladores que no estuvieron de acuerdo con la postura mayoritaria están el senador Ariel Ávila, el representante a la Cámara Santiago Osorio y la también representante Alejandra Gabriela Abásolo.

“Efectivamente, solicitamos al partido declararse en oposición, pero hemos tenido una pérdida, digamos, bastante amplia. Solo ocho votamos esta posibilidad de declararnos en oposición frente al autoritarismo que ya se empieza a ver por parte de este Gobierno”, explicó Osorio. No obstante, los congresistas ejercerán desde la oposición.

El jefe de la organización criminal se encontraba en una vivienda de gran amplitud, de color blanco, con largos pasillos ubicados en la parte exterior y una zona verde en la entrada del inmueble. Según imágenes divulgadas por las autoridades, en la casa había un vehículo de color gris.

El Ministerio de Defensa Nacional informó que, junto con el señalado criminal cayeron Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita ―su pareja sentimental―, alias El Tío y alias Casiloco. El cabecilla estuvo detrás de asesinatos, extorsiones, casos de tortura y desmembramientos. Además, solía utilizar las redes sociales para burlarse de la fuerza pública y retar a las autoridades que estaban buscándolo para capturarlo y judicializarlo.

“Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano mediante el narcotráfico, la extorsión y la presión a la población”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella en declaraciones públicas que dio desde el Batallón Cartagena de Riohacha.

Un comando especial de la Dijín de la Policía Nacional estuvo al frente del operativo. Según Noticias Caracol, tras rastrear al peligroso criminal durante varios días, las autoridades lograron encontrar su ubicación exacta gracias a una publicación que hizo en redes sociales. Entonces, pusieron en marcha el operativo: los integrantes del comando especial llegaron en dos helicópteros a la casa blanca con zona verde, ubicada en el barrio Los Olivos de Riohacha, donde se encontraban alias Bendito Menor y las otras tres personas que fueron abatidas.

Algunos uniformados ingresaron por el techo y otros tumbaron las puertas del inmueble. En el lugar encontraron armas de fuego, municiones y una granada, elementos que fueron incautados.

El material decomisado y los cuerpos de las cuatro personas fueron exhibidos por el Gobierno y las autoridades para evidenciar el resultado operacional. El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que la paz será impuesta por las armas durante su administración.

“En el Gobierno del Tigre, la gente de bien no volverá a sentir miedo. Los que tienen que sentir pánico y terror son los delincuentes. La paz en la que cree este Gobierno es la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes de la República. Esa es la única paz verdadera y duradera”, aseveró el jefe de Estado.

De la Espriella había ordenado al ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, preparar a las tropas para capturar o dar de baja a alias Naín. Aseguró que, debido a su peligrosidad, debía ser considerado un “objetivo de alto valor” y recordó que dio la oportunidad a los criminales de someterse a la justicia; aquellos que no se ajusten a esa directriz, serán buscados por las autoridades.

“Orden cumplida señor presidente @ABDELAESPRIELLA. Seguiremos enfrentando a todo aquel que pretenda pasar por encima de la ley. Reconocimiento especial para nuestra @PoliciaColombia y sus capacidades de investigación e inteligencia que permitieron este contundente resultado”, respondió el jefe de cartera en X.

Las Acsn se pronunciaron sobre la muerte del cabecilla y de su pareja. Lamentaron los hechos e indicaron que, pese a que el resultado operacional constituye un ataque a la organización, no tomarán represalias. Asimismo, solicitó a “todos los sectores” abstenerse de hacer manifestaciones o tomar decisiones que incrementen las tensiones.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Naín Pérez Toncel, ocurrido en el marco de un operativo adelantado por la Fuerza Pública. Se reconoce el impacto que este hecho representa para sus familiares, allegados y para las comunidades que han conocido de los acontecimientos registrados durante las últimas horas (...). Expresamos solidaridad y respeto a los familiares y allegados de Rosa Angélica Tarazona”, precisó la organización criminal en la comunicación oficial.

La aerolínea Avianca confirmó que canceló los tiquetes aéreos adquiridos por el expresidente Gustavo Petro para viajar desde Bogotá a Ciudad de México el 30 de agosto de 2026, y desde Ciudad de México a Bogotá, el 2 de septiembre de 2026. De igual manera, informó que reembolsó la totalidad del valor pagado por las reservas “en estricto cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a sus operaciones de carácter internacional”.

La decisión responde a la inclusión del ex jefe de Estado en la Lista Clinton, oficialmente denominada Clinton List of Specially Designated Nationals (SDN), administrada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El exmandatario colombiano hace parte de la lista desde octubre de 2025.

Petro había hecho las reservas junto con otras dos personas que, al no estar incluidas en la lista, no sufrieron ninguna afectación con sus tiquetes por decisión de la aerolínea.

“La decisión obedece exclusivamente al cumplimiento de las regulaciones internacionales aplicables a Avianca, incluidas aquellas administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas sí resultan vinculantes para Avianca por la naturaleza internacional de sus operaciones y su presencia comercial, financiera y corporativa en ese país”, precisó Avianca en un comunicado.

De acuerdo con la misiva que envió la aerolínea al expresidente Petro para informarle sobre la cancelación de sus tiquetes, las regulaciones de sanciones económicas administradas por la Ofac prohíben a las personas y entidades que, como Avianca, tienen vínculos con Estados Unidos, realizar transacciones a favor de cualquier persona cuyos bienes e intereses se encuentren bloqueados por figurar en la Lista Clinton.

La empresa aclaró que tiene una estructura corporativa global y que cuenta con rutas hacia territorio estadounidense. Además, procesa transacciones financieras a través del sistema bancario de Estados Unidos, manejando dólares estadounidenses, y utiliza tecnología y bienes de origen norteamericano.

En ese sentido, la empresa negó que la cancelación de las reservas aéreas que hizo el ex jefe de Estado esté sujeta a intereses de carácter político. “Avianca aclara que esta medida no responde a consideraciones políticas ni discrecionales, sino exclusivamente al estricto cumplimiento de obligaciones regulatorias que le resultan aplicables”, indicó la compañía en la comunicación oficial.

La respuesta de Gustavo Petro a Avianca

El expresidente Petro rechazó las medidas que tomó Avianca en respuesta a las sanciones que le fueron impuestas por Estados Unidos.

En una publicación en X, aseguró que las sanciones administrativas de la Ofac solo aplican para las personas del país norteamericano. Asimismo, indicó que la aerolínea Avianca no es una empresa estadounidense y, por tanto, cometió una “arbitrariedad bajo las leyes colombianas” al cancelar los tiquetes que había comprado para viajar a México.

En ese sentido, contrario a lo que indicó la empresa en el comunicado, Petro cree que la decisión de rechazar sus reservas sí tiene tintes políticos. Por eso, advirtió que la empresa tendrá que afrontar un proceso jurídico.

“Se trata de una exclusión por razones políticas e igual que algunos bancos, debe responder jurídicamente. Ruego a la colombianidad en el reino unido hacer esta acción tambien, dado que Avianca es empresa del Reino Unido”, señaló el ex jefe de Estado.

La razón por la que Petro está en la Lista Clinton

La inclusión del expresidente colombiano Gustavo Petro en la lista administrada por la Ofac obedece a que, siendo mandatario, presuntamente contribuyó al crecimiento de narcotráfico.

“Gustavo Petro está siendo designado hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 por haber participado o intentado participar en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o representan un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o sus medios de producción”, explicó el Departamento de Estado en su sitio web oficial.

En medio de rumores, se confirmó que Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), fue abatido en una operación militar ejecutada en el barrio Los Olivos de Riohacha, en el departamento de La Guajira.

Desde el Batallón Cartagena de Riohacha, el presidente Abelardo de la Espriella se refirió a los hechos y aseguró que este resultado operacional responde a un trabajo conjunto de distintas instituciones de la fuerza pública.

“Gracias a una operación impecable realizada por nuestra Policía Nacional, por un comando especial de la Dijín, se dio de baja a uno de los más peligrosos delincuentes de nuestro país (...). Hoy ha llegado el fin de las actividades criminales de este narcoterrorista que tenía azotada a La Guajira y al Caribe colombiano”, precisó el jefe de Estado en declaraciones públicas.

Por medio de un comunicado, las Acsn también confirmaron la muerte del peligroso cabecilla.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Naín Pérez Toncel, ocurrido en el marco de un operativo adelantado por la Fuerza Pública. Se reconoce el impacto que este hecho representa para sus familiares, allegados y para las comunidades que han conocido de los acontecimientos registrados durante las últimas horas”, precisó la organización criminal en la comunicación oficial.

De igual manera, lamentó la muerte de Rosa Angélica Tarazona, alias La Bebecita, que era la pareja sentimental de alias Bendito Menor. Recientemente, el señalado criminal se había comprometido en matrimonio con la mujer en un evento romántico en la playa.

El grupo terrorista también informó que, aunque la operación militar ordenada por el Gobierno nacional supone una afectación para la organización al margen de la ley, no habrá retaliaciones de ningún tipo.

“Hacemos un llamado a la población civil de la Sierra Nevada de Santa Marta y de los departamentos del Magdalena, La Guajira y Cesar a mantener la calma. Aunque es un golpe a nuestra organización, no habrá retaliaciones”, indicó el grupo armado.

La organización pidió que se respete a las personas que estuvieron involucradas en los hechos, eso incluye a la población civil y a los integrantes de la fuerza pública. En ese sentido, rechazó cualquier acto de venganza o confrontación que se presente debido a lo ocurrido y aseguró que cualquier proceso orientado hacia la paz, el sometimiento a la justicia o la desmovilización de los miembros de las Acsn se debe realizar a través de los canales institucionales.

“Ante la sensibilidad que generan los acontecimientos registrados, resulta indispensable que todos los sectores actúen con prudencia y eviten decisiones o manifestaciones que puedan incrementar las tensiones existentes. La prioridad debe ser preservar la vida, la integridad de las personas y la tranquilidad de las comunidades de la región”, añadió.

De gestor de paz a uno de los más buscados en La Guajira

Alias Bendito Menor hizo parte de fallidas negociaciones de paz que adelantó el Gobierno del expresidente Gustavo Petro. En abril de 2025, mediante la Resolución 091, la Presidencia de la República lo nombró representante de las Acsn en las conversaciones de paz.

Sin embargo, fue señalado como responsable de hechos violentos que se registraron ese año, mientras avanzaban las negociaciones y, en agosto, el entonces ministro de Defensa Pedro Arnulfo Sánchez informó que alias Bendito o Naín Menor estaba siendo buscado por las autoridades en La Guajira por el delito de narcotráfico.

El ministro ofreció una millonaria recompensa por información que sirviera para dar con su paradero. “Por alias Naín, cabecilla principal del frente criminal Javier Cáceres, hasta $500 millones”, dijo el jefe de cartera en ese momento en una rueda de prensa.

Así las cosas, el Gobierno Petro estuvo buscando a alias Bendito Menor durante más de un año, sin obtener resultados concretos. Mientras tanto, el señalado criminal hacía constantes publicaciones en redes sociales, retando a las autoridades. Fue abatido casi un mes después del cambio de administración.

El exparamilitar Salvatore Mancuso se refirió a la presunta participación del expresidente Álvaro Uribe Vélez en hechos delictivos por los que ahora está siendo investigado penalmente: las masacres de El Aro y La Granja (perpetradas entre 1996 y 1997) y por la conformación de un grupo paramilitar en el municipio de San Roque, en Antioquia.

El excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) compareció el 3 de septiembre de 2026 ante la fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Gloria Marcela Abadía, e indicó si tiene conocimiento o no de la presunta vinculación del ex jefe de Estado en los hechos que son materia de investigación.

De acuerdo con información de Blu Radio, el exparamilitar aseguró que no le consta que el exmandatario y exgobernador de Antioquia haya pertenecido al Bloque Metro de las AUC. De igual manera, en relación con la masacre de El Aro, el Mancuso aseguró que tampoco puede confirmar que Álvaro Uribe Vélez haya ordenado, sugerido o apoyado la operación.

“No me consta que hubiese venido directo de ese señor, el gobernador Uribe”, precisó el excomandante de las AUC, según reportó el medio.

Mancuso también se pronunció sobre la presunta participación del expresidente en reuniones en las que se planeó la incursión armada que se perpetró en El Aro. Aseguró que el exmandatario no estuvo presente y dijo que no le consta que hubiera tenido información sobre esa operación antes de que fuera ejecutada. También afirmó que Uribe Vélez no estuvo presente en una condecoración de tropas que se hizo en su momento, en la que fue ubicado por el exparamilitar Francisco Villalba.

Por otro lado, sobre la masacre de La Granja, afirmó no saber si el exmandatario Álvaro Uribe Vélez ordenó, apoyó o sugirió su ejecución.

El llamado a indagatoria contra Álvaro Uribe Vélez

En junio de 2026, la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia inició una investigación formal contra el exmandatario por su presunta participación en las masacres, la conformación de un grupo paramilitar –cuando fungió como gobernador de Antioquia– y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

“Los delitos en los que estaría involucrado son los de concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida, por presuntamente facilitar y promover el accionar de esa estructura armada organizada al margen de la ley que habría utilizado como base la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe Vélez para la época”, precisó la Fiscalía General de la Nación en un comunicado.

Según el ente acusador, el expresidente tendría responsabilidad en incursiones paramilitares que se llevaron a cabo en los corregimientos de La Granja y El Aro, en las que hubo asesinatos, hurtos de ganado, desplazamientos forzados e incendios de viviendas.

A través de su cuenta de X, el ex jefe de Estado rechazó la apertura de la investigación en su contra, que surgió, además, cuando superó parcialmente un largo proceso penal que se surtió en su contra por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, de los cuales fue absuelto en segunda instancia.

El expresidente aseguró que en ningún momento rindió una declaración sobre los hechos que son materia de investigación y advirtió que se estaría buscando una condena en su contra.

“La señora Fiscal, ex integrante de la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz), donde hasta poco trabajó la señora de Iván Cepeda (candidato presidencial), que me llama a indagatoria, no ha recibido una sola declaración mía, de una vez me lleva al proceso para condenarme”, señaló el ex jefe de Estado en la red social.

Ni la Presidencia de la República, ejercida por Abelardo de la Espriella, ni el Ministerio de Defensa, ni la fuerza pública, están autorizadas para ejecutar operaciones aéreas ofensivas en zonas donde se sospeche que hay presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por organizaciones criminales.

Así lo determinó el Juzgado 34 de Familia de Bogotá en un fallo proferido el 2 de septiembre de 2026, por medio del cual decretó la medida provisional, en respuesta a una acción de tutela que está en estudio.

“Mientras se profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela, se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”, se lee en el documento.

El accionante de la tutela es Ower Jimmy Borda Parra, que actúa como agente oficioso de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.

En conversación con Noticias Caracol, Borda Parra explicó que el objetivo de la acción de tutela que presentó es que el Estado colombiano revise todos los protocolos que se deben seguir para proteger debidamente a los niños, niñas y adolescentes que son usados por los grupos armados. Recordó que los menores de edad son utilizados por las organizaciones criminales como escudos y que suelen estar en los campamentos en donde se esconden de las autoridades.

“Los niños resultan ser un objetivo muy apreciado por los grupos guerrilleros, para precisamente lograr defenderse y atacar al Estado, a las Fuerzas Militares y a la sociedad civil”, precisó el accionante en la entrevista con el medio de comunicación citado.

Ahora bien, para lograr detectar la presencia de menores de edad en las zonas que pueden ser blanco de operaciones aéreas ofensivas, la fuerza pública cuenta con el respaldo de Inteligencia. Sin embargo, advirtió que desde el Ejecutivo se estaría presionando a los uniformados para la entrega de resultados operacionales.

En ese sentido, Borda Parra aseguró que es necesario que el Gobierno apoye a las autoridades en las tareas de investigación que sirvan para determinar si hay niños, niñas y adolescentes en los lugares en donde pretenden atacar. Con esa información, la fuerza pública puede desarrollar planes de rescate de los menores o tomar medidas alternativas que garanticen su protección ante la ejecución de la operación ofensiva.

El accionante insistió en la importancia de que se tomen medidas para proteger a los niños, teniendo en cuenta que son los más vulnerables ante el accionar criminal de los grupos armados. Los menores, además de ser víctimas del reclutamiento, son sometidos a todo tipo de violencias, como la sexual. “Se deben proteger y ese es el ordenamiento jurídico nuestro, que hace parte del bloque de constitucionalidad”, detalló.

Gobierno apelará fallo del juzgado

Sin embargo, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella no está de acuerdo con esa postura ni con la decisión que tomó el juzgado de ordenar la suspensión de las operaciones aéreas ofensivas por la sospecha de presencia de menores de edad.

El ministro del Interior, a través de su cuenta de X, informó que se apelará el fallo judicial y advirtió que no hay claridad en lo establecido en la providencia, toda vez que no se sabe bajo qué criterios se podría frenar una operación militar.

“Ordenar la abstención de una operación aérea cuando exista información “cierta, objetiva o razonablemente verificable” sobre la presencia de menores reclutados establece un criterio de una amplitud extraordinaria. ¿Qué significa, en términos operacionales, “razonablemente verificable”? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible", indicó el jefe de cartera en X.

El exgobernador es señalado de estar detrás de amenazas contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia y un atentado perpetrado contra las instalaciones de la Procuraduría General de la Nación. Por eso, el hallazgo del dispositivo generó alerta entre las autoridades.

En ese sentido, en declaraciones ante la prensa, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que no descartaba el traslado de “Kiko Gómez”: “He ordenado que se traslade de ser necesario. Aquí nadie va a amenazar a la Corte. Cualquiera que se levante contra la Corte, se levanta contra el Gobierno y ha de caer sobre él o ellos todo el peso de la ley”, afirmó el jefe de Estado.

Infobae Colombia indagó con fuentes cercanas al abogado penalista Luis Gustavo Moreno, que asumió la vocería de la familia del exgobernador, las cuales indicaron que el traslado de “Kiko Gómez” a La Picaleña todavía no está confirmado. No se ha recibido información oficial al respecto por parte de su familia y la defensa.

De acuerdo con el medio de comunicación La Voz del Pueblo, de Ibagué, al parecer, en medio del traslado a la cárcel La Picaleña, el exmandatario departamental habría sido llevado al Hospital Federico Lleras Acosta, sede La Francia, debido a una descompensación que sufrió.

El jurista se pronunció sobre la situación jurídica del exmandatario departamental y aseguró que el hallazgo de un teléfono en su celda no implica necesariamente que esté involucrado en los hechos que ahora se le endilgan.

“Que se respete su presunción de inocencia. Un hallazgo en su celda, un teléfono celular, no le atribuyen necesariamente la autoría o participación en este hecho gravísimo y lamentable que debe ser investigado. No lo podemos tomar como un chivo expiatorio”, señaló.

Así las cosas, el profesional en Derecho solicitó que se adelante una investigación célere, con pruebas, que permita identificar a las personas responsables de los hechos atribuidos a “Kiko Gómez”. Asimismo, envió un mensaje al presidente Abelardo de la Espriella, recordando que fungió como abogado litigante y que en todo momento defendió la presunción de inocencia de los procesados.

De acuerdo con el abogado, tanto el exgobernador como sus allegados niegan que haya estado involucrado en el atentado. Por eso, hizo un “llamado a la cordura” y a que se respeten sus derechos.

“Me ha expresado, él y su familia, que no son responsables ni tienen nada que ver con estos nefastos y lamentables hechos que deben ser sancionados. Un llamado a la cordura, un llamado a que se respeten los derechos del privado y la libertad, pero también que se establezca la responsabilidad de los determinadores de este atentado”, precisó.

Los señalamientos contra ‘Kiko Gómez’

Por medio de un oficio, el magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia José Joaquín Urbano Martínez informó que, al parecer, el exgobernador de La Guajira estaría detrás de intimidaciones a togados y de un ataque que se registró en instalaciones de la Procuraduría. Según indicó, las amenazas y acciones violentas estarían dirigidas a las personas que influyeron en la condena que le fue impuesta por el delito de homicidio agravado, que fue de 31 años y 8 meses de prisión.

El magistrado indicó que el 1 de septiembre, el procurador primero delegado para Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, que pidió a la Corte que condenara a “Kiko Gómez”, denunció que en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría, apareció una bala disparada. Además, identificó dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil.

“Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de Protección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad y la de nuestras familias”, detalló.

El Juzgado 34 de Familia de Bogotá decretó una medida provisional mediante la cual se ordena la suspensión de operaciones aéreas ofensivas en zonas donde se sospeche sobre la presencia de menores de edad.

La instrucción impartida está dirigida a la Presidencia de la República, al Ministerio de Defensa, al Comando General de las Fuerzas Militares, al Ejército Nacional, a la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y a la Armada Nacional, y responde a una acción de tutela presentada por el ciudadano Ower Jimmy Borda Parra, que actúa como agente oficioso de niños, niñas y adolescentes reclutados por grupos armados.

“Mientras se profiere decisión de fondo en la presente acción de tutela, se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños, niñas o adolescentes reclutados o utilizados por grupos armados, hasta tanto se adopten y verifiquen las medidas de precaución y protección necesarias”, se lee en el documento del juzgado.

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció a través de su cuenta de X sobre la providencia del juzgado. Aseguró que las decisiones de la justicia deben ser respetadas, pero también estudiadas y criticadas. En ese sentido, cuestionó la orden de no realizar ninguna operación aérea ofensiva cuando “exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable” relacionada con la presencia de menores de edad en los puntos de ataque de la fuerza pública.

Según el jefe de la cartera, esa instrucción es amplia y, por tanto, poco clara, puesto que se desconoce en qué momento un dato sobre la presencia de niños en una zona de bombardeo puede encajar en los criterios establecidos por el juzgado. Sin tener certeza sobre ello, no es posible adelantar ninguna operación militar desde el espacio aéreo.

“¿Qué significa, en términos operacionales, “razonablemente verificable”? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible. En un conflicto en el que los grupos armados reclutan y utilizan criminalmente a menores de edad, un estándar tan abierto termina haciendo materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos”, precisó el funcionario en su publicación.

De acuerdo con la explicación del ministro, teniendo en cuenta este panorama, se debió prohibir la ejecución de bombardeos en cualquier escenario. En todo caso, indicó que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella está cumpliendo con su obligación de proteger a los menores de edad, pero también ordena el desarrollo de operaciones aéreas ofensivas para combatir a las organizaciones armadas, pese a que tiene conocimiento de que tienen entre sus filas a niños reclutados.

Aseguró que abstenerse de ejecutar esas operaciones por el hecho de que los grupos armados recurren al reclutamiento forzado de menores de edad supone un riesgo, debido a que se estaría otorgando inmunidad a los criminales.

“Los menores deben ser protegidos con el máximo rigor. Y así lo viene haciendo y lo hará este gobierno. Pero convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo”, precisó.

En consecuencia, informó que el Gobierno nacional recurrirá a los recursos de ley para que se revoque la medida provisional decretada por el juzgado, la cual calificó de “absurda”. “Este fallo absurdo e inconstitucional, será apelado”, indicó.

Es importante recordar que, bajo la administración de De la Espriella, la fuerza pública adelantó una operación ofensiva en el municipio de El Retorno, ubicado en el departamento de Guaviare, que derivó en la muerte de tres menores de edad. Se trata de la Operación Amón, ejecutada el 27 de agosto, la cual implicó un bombardeo.

Por estos hechos, la congresista Jennifer Pedraza presentó una proposición para el desarrollo de un debate de control político dirigido al ministro de Defensa Nacional, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos.

“Desde la independencia, acompañaremos las iniciativas que coincidan con estos principios y beneficien al país; presentaremos alternativas cuando existan mejores caminos y ejerceremos un control político y vigilancia al poder”, precisó la colectividad en la comunicación oficial.

De igual manera, aclaró que el partido se opondrá a cualquier decisión que, desde su perspectiva, represente un retroceso para los derechos, la democracia y la dignidad, y que vaya en contra de lo establecido en la Constitución. Además, afirmó que continuará defendiendo el Estado social de derecho, el equilibrio de poderes, las libertades, los derechos humanos, la biodiversidad, la justicia social, la paz, la educación y la transparencia.

Pese a que la colectividad ya adoptó una posición con respecto al Gobierno, lo cierto es que no todos los congresistas que integran el movimiento político están de acuerdo con la decisión, que fue mayoritaria. El senador Ariel Ávila, el representante a la Cámara Santiago Osorio y la también representante Alejandra Gabriela Abásolo se opusieron a la declaratoria del partido en independencia; querían ser oposición.

“Efectivamente, solicitamos al partido declararse en oposición, pero hemos tenido una pérdida, digamos, bastante amplia. Solo ocho votamos esta posibilidad de declararnos en oposición frente al autoritarismo que ya se empieza a ver por parte de este Gobierno”, explicó Osorio en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con el congresista Ariel Ávila, la administración de De la Espriella estaría “atacando” los principios básicos del partido Alianza Verde, que son: la protección ambiental, el animalismo, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías sexuales y los derechos de los pueblos étnicos. Por esa razón, ocho legisladores consideraron que la opción más coherente con los valores de la colectividad era declararse en oposición.

Las mayorías en las bancadas del movimiento político optaron por la independencia, pero eso no significa que los congresistas vayan a alejarse de la labor de oposición que quieren realizar. Según Ávila, están dispuestos a ir en contra de los proyectos del Gobierno que consideren perjudiciales para la población.

“Queremos dejar claro que nosotros, los parlamentarios Alejandra Abásolo, Santiago y yo, vamos a hacer una oposición frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella”, indicó.

Ante los medios de comunicación, Santiago Osorio reforzó la idea de que la decisión de la mayoría de la Alianza Verde de declararse en independencia es “respetable, pero reprochable”. Según explicó, bajo el mandato del nuevo presidente se están violando las libertades personales y la libertad de prensa, además de que plantea la puesta en marcha del fracking –que puede generar daños ambientales– y establece disposiciones relacionadas con la consulta previa que, a su juicio, pueden ser problemáticas para la población.

“No solo es un Gobierno que está en contra de los derechos fundamentales, que se pasea con total normalidad por los cadáveres, como lo hemos visto en las últimas horas, y que este partido esperamos, a través de algunos congresistas, no vaya a ir a coquetearle al Gobierno nacional”, aseveró.

En ese sentido, aseguró que lo que representa el partido es completamente distinto al proyecto político que está proponiendo la administración de derecha.

“Las banderas verdes nacieron para defender la vida, las libertades, la democracia, la paz y el derecho a pensar diferente. Si esas banderas sirven únicamente cuando gobernamos nosotros, entonces nunca fueron principios: fueron utilitarismo electoral. No llegamos a la política para acomodarnos frente al poder”, indicó en su cuenta de X.

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural publicó un proyecto de resolución a través del cual se derogan cinco resoluciones expedidas por el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, por medio de las cuales se declararon Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) en cinco municipios de la provincia de Sabana Centro, en el departamento de Cundinamarca: Sopó, Nemocón, Cogua, Tenjo y Tabio.

El proyecto en cuestión, que aparece publicado en el Sistema Único de Consulta Pública (Sucop), administrado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), indica que, según una revisión realizada por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), “las cinco delimitaciones, en su configuración actual, no resultan idóneas para identificar y proteger de manera suficientemente cierta, las áreas que responden al propósito constitucional de garantizar la producción de alimentos”.

Así las cosas, el proyecto de resolución deroga los siguientes actos administrativos:

• Resolución 000266 del 13 de agosto de 2025 (Sopó).
• Resolución 000393 del 14 de noviembre de 2025 (Nemocón).
• Resolución 000116 del 12 de mayo de 2026 (Cogua).
• Resolución 000153 del 12 de junio de 2026 (Tenjo).
• Resolución 000218 del 7 de julio de 2026 (Tabio).

La congresista del Pacto Histórico y excandidata vicepresidencial Aida Quilcué cuestionó la resolución que el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella pretende expedir. En una publicación en su cuenta de X, la representante a la Cámara aseguró que la decisión de la administración actual perjudicará a la población campesina, que requiere de las Appa para garantizar la protección de sus tierras.

“Mientras nuestros campesinos necesitan garantías para permanecer en sus territorios y seguir produciendo, se desmontarían medidas fundamentales para proteger la tierra y frenar la especulación sobre el suelo rural”, indicó la legisladora en la red social.

Según indicó, la derogatoria de las cinco resoluciones implica un retroceso en las garantías de seguridad alimentaria que se alcanzaron. Insistió en la importancia de preservar y conservar el suelo para la producción de alimentos en Colombia.

“No podemos aceptar retrocesos en materia de soberanía alimentaria. Proteger las tierras que producen alimentos es defender la vida, el territorio y el derecho de nuestros pueblos a una alimentación digna”, precisó.

Al igual que Quilcué, la representante a la Cámara Laura Daniela Beltrán, conocida como Lalis, rechazó la resolución que el Gobierno de De la Espriella quiere expedir. Aseguró que la derogatoria de las Appa implica la desprotección de cerca de un millón de hectáreas en 59 municipios donde se producen alimentos.

Según explicó, el departamento de Cundinamarca aporta aproximadamente el 45% de los alimentos que consume Bogotá. Sin embargo, sin las Appa vigentes, los suelos destinados a la producción de los alimentos podrían ser utilizados para la urbanización.

“@MinAgricultura, derogarlas sin ofrecer una alternativa de protección es un grave error. Se pone en riesgo una política creada precisamente para evitar que los suelos estratégicos para producir alimentos terminen destinados a otros usos. Después no nos digan que nadie advirtió lo que podía pasar...”, aseguró la congresista.

Por su parte, la legisladora Carol Borda celebró la decisión del Ministerio de Agricultura. Afirmó que, por medio de las resoluciones que expidió el Gobierno Petro, se hicieron imposiciones sobre el campo colombiano.

A su juicio, la derogatoria de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) y de las Zonas de Protección para la Producción de Alimentos (Zppa) supone un avance hacia el desarrollo de las regiones.

“¡Se acabaron las imposiciones sobre el campo! Agradezco al Ministerio de Agricultura por avanzar en la derogatoria de las APPA y ZPPA, atendiendo la solicitud que presentamos junto a @sarag12 y @Danielbricen. Este es un gran paso para la competitividad, la autonomía territorial y la libertad de cada región para decidir sobre su propio desarrollo", señaló.

El 3 de septiembre de 2026, durante la presentación y firma de la “Política para el uso responsable de la inteligencia artificial en la Procuraduría”, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, aseguró que se acerca una lucha política y jurídica para mantener una parte de las funciones del organismo de control que, al parecer, podrían ser eliminadas.

De acuerdo con el funcionario, un ministro hizo un comentario reduccionista sobre el trabajo que lleva a cabo la Procuraduría en escenarios judiciales.

“A mí me dijeron esto, seguramente con ánimo de ofenderme, pero me dio fue risa. Me lo dijo un ministro de Estado en mi despacho la semana pasada. Tengo testigos: ‘Gregorio, la palabra más cara en el sistema judicial que atiende la Procuraduría es una sola: coadyuvo. Punto’. Para decir que la labor de la intervención judicial en muchos casos se reduce, eso es la percepción que la gente tiene en la calle”, precisó Eljach.

El procurador informó que, en vista de la percepción que hay sobre la labor del Ministerio Público en los procesos judiciales, revivió una propuesta que pretende “quitarle a la Procuraduría todo el recurso humano y la función de intervención judicial en lo penal”. Además, buscaría pasarle esa responsabilidad “a la burocracia de la rama judicial”.

La iniciativa ya estaría casi lista para ser presentada ante el Congreso de la República, para que sea el Legislativo el que defina su aprobación.

Teniendo en cuenta la eventual radicación de la propuesta, el procurador Gregorio Eljach aseguró que tratará de impedir que eliminen algunas de las responsabilidades que tiene el organismo de control, para lo cual tendrá que liderar una “batalla” de tinte jurídico y político. Insistió en que la perspectiva negativa que se tiene sobre el trabajo de los funcionarios que intervienen en los procesos penales es equivocada.

“Ahí vamos a dar una batalla jurídica y política, porque hay razones no solamente filosóficas, éticas, históricas, sino también jurídicas, para defender que esto continúe como viene. Porque no puede ser que por una percepción negativa, equivocada, errónea, del ejercicio de una función de unos servidores públicos abnegados y muy calificados, se quiera cercenar, como si quitando la gente se va a solucionar el problema”, indicó.

Política para el uso responsable de la inteligencia artificial: una iniciativa de mejora

Por otro lado, el procurador entregó detalles sobre la nueva política que pretende impulsar en el organismo de control para garantizar el uso responsable de la inteligencia artificial. Se trata de una iniciativa que busca potenciar y sacar del atraso al Ministerio Público.

Gregorio Eljach aseguró que, actualmente, la inteligencia artificial es una necesidad y no un lujo, por lo cual es necesaria su implementación. Y, según detalló, la Procuraduría tiene dos elementos que le permitirán aplicarla correctamente: la tecnología y el recurso humano.

“Durante los 26 años que han corrido del siglo XXI, la Procuraduría ha vivido o sobrevivido con un modelo de organización, funciones y competencias que obedecen al criterio de siglo pasado y eso ha generado un reto, una invitación a superarnos e ir hacia adelante, y esa es la invitación y deber de quien como yo no pretende ser jefe sino ser líder”, detalló el funcionario.

De igual manera, indicó que la universidad del Ministerio Público se encargará de garantizar la formación de todos los funcionarios en la materia. Esto, con el objetivo de garantizar que la institución mejore y que la prestación de su servicio se potencie.

“Lleno de orgullo al presentar esta iniciativa en la que lo único que hice fue pedir que hicieran el mejor esfuerzo y veo que lo han hecho mucho más allá de su deber, con interés y entusiasmo”, agregó.

En el encuentro con la fuerza pública y las autoridades, el mandatario insistió en que el Gobierno tendrá “mano dura” con los criminales que perpetraron el atentado que se registró en el municipio de Los Patios el 31 de agosto. Pero su discurso no se enfocó solo en eso, advirtió sobre presuntas alianzas entre miembros de grupos armados y autoridades locales.

“Aquí nadie se arreda y aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza (...). Y aquí se acabó esa asociación criminal y no vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales ni locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también. Así que con total decisión los vamos a enfrentar con más ganas”, aseveró el jefe de Estado.

En conversación con 6AM W de Caracol Radio, el gobernador del departamento de Nariño hizo un llamado a la reflexión. Según indicó, se estaría alentando un ambiente de polarización “entre quienes están con el gobierno y quienes se supone pueden estar con la criminalidad”.

De igual manera, defendió la política de Paz Total que implementó la administración anterior, en cabeza del expresidente Gustavo Petro, puesto que, a su juicio, los diálogos de paz entre el Estado y algunas estructuras criminales que operan en la región surtieron efectos positivos en materia de seguridad para la población.

Sin embargo, el gobierno de De la Espriella no respalda esa política, teniendo en cuenta que implicó la suspensión de órdenes de captura, el nombramiento de voceros de paz y el desarrollo de diálogos que, en algunos casos, no generaron los efectos esperados, debido a la persistencia del accionar criminal de los grupos armados.

“Se actúe con la cabeza, no podemos pasar de la paz total a la guerra total (...). Yo como gobernador, no voy a permitir que el departamento de Nariño lo llenen en sangre”, indicó.

El ministro del Interior se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que desvirtuó los resultados positivos que pudo haber tenido la política de Paz Total de Gustavo Petro en el país. De acuerdo con su perspectiva, a través de los diálogos de paz que adelantó la administración anterior se afectaron las capacidades de acción de la fuerza pública y se dio vía libre al crimen en los territorios.

“La “paz total” no ha sido nada distinto a una maniobra para maniatar a la fuerza pública y legalizar el control del crimen sobre territorios y ciudadanos. El deber de un gobierno es liberar a los territorios de la República y proteger a nuestros compatriotas de la tiranía del narcoterrorismo", indicó el funcionario en X.

De igual manera, advirtió que la persona que ejerce la Presidencia de la República y las autoridades locales no pueden “compaginar” con el crimen y recalcó las declaraciones que dio De la Espriella en el consejo de seguridad extraordinario realizado en Cúcuta, relacionadas con las presuntas alianzas entre funcionarios del Estado y criminales.

“Las autoridades locales, y más aquellas que representan al Presidente en materia de orden público, no pueden compaginar ni contemporizar con el crimen. Como bien lo dijo ayer el Presidente @ABDELAESPRIELLA “no vamos a permitir que mandatarios seccionales y locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también””, señaló el jefe de la cartera en la red social.

El primer mandatario se pronunció desde las instalaciones en donde fueron expuestos los cuerpos de los criminales de las disidencias de las Farc que fueron abatidos en la acción militar. Estuvo acompañado del ministro de Defensa, el general (r) Jorge Eduardo Mora López, y de la cúpula militar y policial.

“Le informo al país en este momento el balance que tenemos de esta exitosa Operación Azarías. 23 terroristas dados de baja, seis capturados, entre ellos, además de ”Tigre" o “Pintado”, alias Víctor, tercer cabecilla de esta banda narcoterrorista", indicó el primer mandatario en su intervención.

Además, los uniformados recuperaron a un menor de edad que estaba en poder de la estructura criminal. De igual manera, la fuerza pública logró incautar 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, explosivos, granadas, un cordón detonante y equipos de campaña.

“Esta operación es un golpe letal para la banda liderada por el terrorista (Iván) Mordisco. Esa estructura quedó afectada en su capacidad de control territorial. Una estructura que durante años ha impuesto el miedo en el sur de la patria. Como lo dije al principio, después de 12 años, esta es la operación más exitosa de nuestra patria”, aseveró el jefe de Estado.

La crítica de Gustavo Petro a De la Espriella

En el video que publicó el presidente Abelardo de la Espriella sobre los resultados de la operación militar hay imágenes de apoyo que lo muestran caminando entre los cadáveres. Esa conducta, además de mostrar las bolsas con los cuerpos, fue criticada por el exmandatario Gustavo Petro a través de una publicación en su cuenta de X.

El ex jefe de Estado aseguró que De la Espriella mostró la muerte como un “trofeo” y comparó su conducta con las acciones delictivas de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, comandante del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc.

“Esto se llama hacer de la muerte un trofeo, solo gente sin alma pueden hacer esto. Cual Cristo rey, aquí esta el señor que se esconde entre la muerte, lo contrario de Jesús que pregonaba la luz y la vida. Cual diferencia con la gente de Iván Mordisco que filmaba las volquetadas de niños y jóvenes asesinados”, aseveró Petro en la red social.

Al igual que el expresidente, el congresista Ariel Ávila criticó al mandatario por hacer un recorrido entre los cuerpos de los guerrilleros abatidos por las autoridades. Aseguró que la manera como mostró los resultados no se traducirá en un incremento de su popularidad.

“Vestir de verde oliva, pasearse en medio de cadáveres y exhibir la muerte no creo que le dé más popularidad, ni lo haga mejor estratega”, señaló.

Asimismo, cuestionó al presidente por las bajas derivadas de la Operación Amón, que se desarrolló el 27 de agosto en el mismo departamento en el que se llevó a cabo esta nueva acción militar (Operación Azarías), pero en el municipio de El Retorno. Pues, el bombardeo que ejecutó la fuerza pública en ese lugar causó el fallecimiento de tres menores de edad.

“Una pregunta @ABDELAESPRIELLA entre esos cadáveres están lo de los tres niños asesinados?”, cuestionó Ávila.

Justamente, por la muerte de los tres menores de edad en la operación militar, la senadora Jennifer Pedraza presentó una proposición para realizar un debate de control al ministro de Defensa Nacional, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos.

“Los grupos son responsables de reclutarlos, sí; pero el Estado les falló al no protegerlos. Por eso radiqué debate de control político: para exigir respuestas y una política que proteja a nuestros niños antes de que sea demasiado tarde”, indicó la congresista en X.

El número de familias afectadas por el terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, llegó a 225.024 el 31 de agosto, según informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Esta cifra representa un alza de 81,8% en menos de dos semanas frente a las 123.789 reportadas el 18 de agosto, según un análisis que hizo la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura (sede Bogotá) sobre las personas damnificadas por el sismo. Y ese incremento es todavía mayor si se tiene en cuenta el reporte de la entidad del 2 de septiembre, que documenta 293.743 familias afectadas por el terremoto.

Por otro lado, el 2 de septiembre, la Ungrd informó que, de acuerdo con la información recopilada hasta el momento, hay 201.005 viviendas averiadas y 36.336 destruidas en todos los lugares impactados por el terremoto. Las ciudades que presentan mayores daños son Cali, Pereira y Manizales.

Según el análisis de la universidad, las cifras todavía no permiten establecer con certeza el número real de personas que perdieron sus viviendas. Sin embargo, advirtió que los mismos damnificados podrían estar minimizando los hechos, evitando solicitar subsidios o no reconociendo que resultaron afectados.

El sismo aceleró una pobreza que no siempre entra al registro

El análisis desarrollado por la facultad indica que ese fenómeno es definido como pobreza oculta. En este caso, el terremoto aceleró esa situación en tres semanas, aproximadamente, y alteró su mecanismo habitual. Pues, lo primero que pasó con el sismo es que se perdieron o se dañaron los activos de las familias, y luego cayeron los ingresos.

Ahora bien, según Javier Aceros, docente de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Buenaventura y autor del análisis, las personas pueden estar atravesando muchas dificultades derivadas del terremoto, pero evitan exponer su situación y pedir ayuda por “vergüenza”, sin que eso signifique que son tercas u orgullosas.

A su juicio, hay cuestiones identitarias que interfieren en la manera como los ciudadanos afrontan este tipo de escenarios catastróficos. “Puede tratarse de una defensa de su identidad (...). La persona no niega que perdió su hogar o su negocio. Niega que ahora pertenece a un grupo vulnerable de los que reciben ayudas estatales. Aceptar la ayuda equivale a aceptar una etiqueta nueva sobre quién es”, precisó el experto, citado en un comunicado sobre el análisis.

Las personas cuyos hogares estaban ubicados en zonas urbanas en altura, con crédito hipotecario, en el Valle del Cauca y en el Eje Cafetero, podrían hacer parte de ese grupo poblacional que no está solicitando las ayudas estatales. Las familias que allí vivían, posiblemente, no se habían visto en la necesidad de pedir asistencia.

Es por eso que hay argumentos comunes a los que pueden estar recurriendo para evitar exponer esa situación de vulnerabilidad, como: “Hay gente peor que yo”. Esa frase indica que la persona considera que su caso no requiere de una atención prioritaria y que, por ende, no necesita de las ayudas económicas que se están otorgando. “Suena a solidaridad, pero puede funcionar como un permiso para no actuar ni aceptar la ayuda disponible”, detalló.

A esto se suma el hecho de que las personas afectadas se abstienen de ser una “carga” o un “problema” para los demás, por lo que evitan resguardarse en las viviendas de otros familiares.

Así las cosas, en su análisis, Aceros identificó tres perfiles de pobreza oculta relacionados con el terremoto:

• La familia de clase media con hipoteca que no quiere hacer fila.
• Las personas que ya vivían con dificultades y que temen ser señaladas de aprovechadas por recibir ayuda.
• El ciudadano que perdió su negocio, pero no la casa, por lo que no cree que sea una persona damnificada.

El no reconocimiento de la situación en la que se encuentra es riesgoso. Las personas evitan dar a conocer su caso y recibir apoyo económico, mientras se endeudan en silencio para salir de la crisis en la que se encuentran. Incluso, pueden recurrir a los llamados “gota a gota” para tratar de solucionar sus problemas de manera más inmediata, pero las consecuencias pueden ser peores.

Esto supone afectaciones múltiples. “El costo no es solo emocional. Es económico y se asume durante años. Por ejemplo, una familia que le pide plata a un prestamista para no pedirle un subsidio al Estado puede terminar peor que el día del sismo”, advirtió el docente.

En consecuencia, Aceros propuso que los ciudadanos se ayuden entre sí para que, quienes no están solicitando los apoyos económicos, aparezcan en el censo y reciban las ayudas que necesitan. “Ofrézcase a llamar con la persona a las entidades encargadas del registro y apoyo, como por ejemplo, el cuerpo de Bomberos, para pedir la visita”, recomendó.

También pidió evitar frases como “no es para tanto” o “peor están otros”, porque refuerzan la idea de que se puede quedar descartado de esas ayudas humanitarias. “Inscribirse para recibir apoyo no le quita el cupo a nadie. El censo no reparte un beneficio de manera directa: documenta un daño para que el país sepa cuánto hay que reconstruir. Lamentablemente, quien no aparece en ese papel no existe para la reconstrucción”, detalló.

Para poder hacer parte de ese universo de ciudadanos que requieren de las ayudas del Estado, el Gobierno estableció como fecha límite el 4 de septiembre para inscribirse en el Registro Único de Damnificados. Este plazo aplica para municipios donde la reapertura sigue habilitada.

El senador Luis Carlos Rúa, conocido como “Elefante blanco”, radicó un proyecto de ley ante el Congreso de la República con el que busca regular la instalación y funcionamiento de peajes en Colombia. Ante los medios de comunicación, el congresista indicó que una parte de su propuesta se centra en determinar la distancia que debe existir entre las casetas de cobro.

“La idea es que los peajes no puedan estar a una distancia mínima diferente a 150 kilómetros, porque es que como lo vemos en el caso de Antioquia, hay un peaje que está a 1,5 kilómetros de otro porque actualmente no hay regulación, entonces hay que ponerle una regulación a eso”, precisó Rúa ante la prensa.

Su iniciativa también involucra un apartado sobre la aplicación de tarifas diferenciales. Según explicó, es necesario que los cobros sean distintos para algunos grupos poblacionales, teniendo en cuenta que hay personas que, por cuestiones de trabajo o de salud, se movilizan constantemente todos los días por las vías en las que hay peajes instalados. Eso quiere decir que el rubro que destinan para sus traslados es más alto.

“Eso no tiene sentido. Entonces, hay que generar una regulación a las tarifas diferenciales para las comunidades que se están viendo afectadas”, indicó el senador.

Además de eso, la propuesta añade un punto sobre la realización de un inventario nacional de peajes. De acuerdo con Rúa, es necesario tener la información consolidada, porque las casetas de pago pertenecen a distintas entidades. Contar con datos claros sobre los peajes y las entidades que los manejan es clave para cuando se vaya a instalar uno nuevo y se pueda elegir una ubicación adecuada y que tenga un distanciamiento justo.

Adicionalmente, plantea que los presupuestos de los peajes que están bajo el control del Instituto Nacional de Vías (Invías), sean manejados por un fondo independiente cuando sean revertidos. Ese fondo debe ser administrado únicamente por esa entidad. De esta manera, se garantizaría la tenencia de los recursos necesarios para el mantenimiento de las vías.

“Cuando los peajes pasan a Invías, pasan a una entidad donde los presupuestos de Invías se van directamente hacia la Nación y luego vuelve solo una parte para el mantenimiento de las vías”, detalló.

Gobierno descarta amplias reducciones en las tarifas de los peajes

En diálogo con Red+ Noticias, Elsa Noguera, actual ministra de Transporte, aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella no contempla hacer cambios significativos en las tarifas de los peajes del país. Según detalló, hacer una amplia disminución en los cobros derivaría en falta de recursos para hacer el mantenimiento de la infraestructura vial.

A su juicio, prometer la reducción de las tarifas es una acción populista. “Desde ya anunciamos que no se tomarán decisiones populistas que se disfracen de sociales. Bajar un peaje de 12.000 pesos a 800 pesos es claramente dejar desfinanciada la infraestructura de mantenimiento”, afirmó la jefa de cartera en conversación con el medio citado.

De acuerdo con su explicación, cualquier disminución en los cobros deberá ser evaluada, teniendo en cuenta los efectos sobre las concesiones y los recursos que se necesitan para la conservación de los corredores viales.

Peajes en el Eje Cafetero: reducción de tarifa autorizada por el Gobierno Petro

Antes de que Abelardo de la Espriella llegara al poder y de que el Ministerio de Transporte tuviera a Elsa Noguera como titular, la exministra de Transporte María Fernanda Rojas, que ejerció como tal durante la administración del expresidente Gustavo Petro, firmó una resolución que establece tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje de la concesión Autopistas del Café, ubicadas en el Eje Cafetero.

“Hoy le cumplimos al Eje Cafetero. Esta resolución es el resultado de escuchar a las comunidades, a los transportadores, a los gremios, al sector turístico y a todos los actores que participaron de este proceso. Construimos una medida con respaldo técnico, financiero y jurídico, pero, sobre todo, con la voz de la región como principal insumo para tomar esta decisión”, precisó la exfuncionaria, citada en un comunicado de la cartera.

Por medio de un comunicado, la Misión de Observación Electoral (MOE) pidió que Colombia avance en una reforma político-electoral integral y aprovechó el llamado del presidente Abelardo de la Espriella a los nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) para impulsar cambios sobre problemas estructurales que, según la organización, exigen una hoja de ruta con decisiones claras.

En el acto de posesión de los magistrados, el mandatario solicitó que se haga una evaluación del sistema electoral colombiano, con el fin de detectar falencias y, con base en ello, plantear reformas clave.

“Espero, como presidente de la República, que durante los próximos cuatro años identifiquen sin temor las dificultades en nuestro sistema electoral y que le propongan al país las reformas que consideren necesario para corregirlas. El Gobierno nacional respetará la autonomía del Consejo Nacional Electoral y mantendrá con la organización electoral la colaboración institucional necesaria para garantizar procesos seguros y transparentes”, dijo el presidente De la Espriella.

En la comunicación oficial, la MOE aclaró que el país no “parte de cero” y que ya existe un diagnóstico acumulado sobre el funcionamiento del sistema electoral, el cual tiene aportes de autoridades, organizaciones políticas, academia, expertos y sociedad civil. A ese balance sumó la experiencia recogida en cada proceso electoral que se ha llevado a cabo en el país, los insumos dejados por la Misión Electoral Especial y procesos de reforma tramitados con posterioridad.

“Hemos identificado los principales problemas de nuestro sistema político-electoral y construido propuestas para enfrentarlos (...). Esta es una nueva oportunidad para construir consensos sobre las soluciones que necesita nuestro sistema político-electoral”, indicó Frey Alejandro Muñoz, subdirector de la MOE, citado en el comunicado.

Según la organización, no todas las transformaciones requieren el mismo vehículo institucional. Algunas, según detalló, exigen reformas constitucionales o legales, mientras otras pueden avanzar por la vía reglamentaria, administrativa e institucional.

Por otro lado, la Misión de Observación Electoral advirtió que la discusión sobre los cambios que necesita el sistema electoral no debería limitarse a ajustes puntuales y aislados. Planteó la realización de una revisión amplia del sistema, con énfasis en el fortalecimiento de la institucionalidad electoral y en sus capacidades de inspección, vigilancia y control.

También incluyó el funcionamiento de las organizaciones políticas y de su democracia, las reglas de las consultas partidistas e interpartidistas, los controles sobre la financiación electoral, la participación en política de servidores públicos y los escrutinios que se llevan a cabo luego de las votaciones.

Frey Alejandro Muñoz señaló que el siguiente paso consiste en ordenar las prioridades por tiempos y viabilidad, para así poder avanzar en el planteamiento de las reformas. “Tenemos que identificar cuáles son las decisiones prioritarias, qué puede hacerse en el corto, mediano y largo plazo, y cuáles son los consensos posibles. Lo importante es construir una hoja de ruta integral que permita pasar de las propuestas a decisiones concretas”, precisó el funcionario.

La organización entregará al Gobierno diagnósticos de 20 años de observación

La organización afirmó que la construcción de iniciativas de reforma debe asegurar una deliberación amplia y suficiente. Eso quiere decir que toda propuesta debe ser analizada teniendo en cuenta sus implicaciones a nivel fiscal y el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales vigentes.

Así las cosas, la organización informó que solicitará reuniones con el Ministerio del Interior, ahora liderado por Rodrigo Lara, y con otras autoridades competentes.

El objetivo es poner a disposición los diagnósticos, aprendizajes y propuestas que ha reunido durante 20 años de observación electoral. De esta manera, la MOE espera poder “contribuir técnicamente a la definición de una agenda de reforma que responda a las necesidades actuales de la democracia colombiana”.

Ante los medios de comunicación y desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió nuevamente al mandatario de Colombia, Abelardo de la Espriella, que se posesionó en el cargo el 7 de agosto de 2026 tras haber vencido al excandidato presidencial Iván Cepeda en las elecciones presidenciales del 21 de junio.

El jefe de Estado norteamericano recordó que respaldó la candidatura de De la Espriella de manera pública. Según detalló, teniendo en cuenta el símbolo político que adoptó el ahora presidente de Colombia (El Tigre), podría pensar que es un hombre “duro”, algo que considera positivo.

De igual manera, aseguró que no tenía posibilidades de ganar las elecciones, pero finalmente logró obtener el respaldo de casi 13 millones de personas que votaron por él en las urnas.

“Como saben, apoyé a un caballero, El Tigre. Me gustó su nombre, El Tigre. Supongo que eso quiere decir que es un tipo duro. Pero ahora es el presidente de Colombia. No se esperaba que ganara. Era una de las diez personas que se postulaban. No era el favorito y terminó imponiéndose. Está haciendo un gran trabajo”, precisó el primer mandatario de Estados Unidos ante la prensa.

En sus declaraciones, el presidente Trump aseguró que, con la llegada de De la Espriella al poder en Colombia y con la elección de otros mandatarios en el Sudamérica, se está evidenciando un vuelco hacia la derecha. Además, afirmó que hay países que están “respetando” mucho más a Estados Unidos, pese a que sus jefes de Estado son de una postura política distinta. Además, mencionó el caso de Brasil, liderado por Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda.

“Esa parte de nuestro hemisferio realmente está resultando muy distinta de lo que era. Han pasado de la izquierda a la derecha. Todos se están yendo a la derecha. Tenemos una buena relación con Brasil, una buena relación, en realidad, con casi todos ellos ahora. Tienen mucho respeto por nuestro país. No respetaban en absoluto a nuestro país hace dos años. Así que nos está yendo muy bien en Sudamérica, en América Latina. Nos está yendo muy bien”, explicó.

Pocos días después de que Abelardo de la Espriella ganó las elecciones presidenciales (segunda vuelta), el presidente Donald Trump se pronunció públicamente sobre su victoria. Aseguró que tuvo una buena impresión de De la Espriella porque en más de una ocasión dio buenas referencias de él. Indicó, además, que

“Me caía bien. ¿Saben por qué? Porque yo le caigo bien. No sé. Solía hablar de Trump: ‘Me gusta el presidente Trump’. No sé. ¿Cómo no dejar...? Así que lo apoyé. No lo conocía. Él estaba muy abajo en la lista. No iba a ganar, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Lo apoyé y ganó”, precisó el presidente de Estados Unidos ante la prensa.

Previo a la segunda vuelta electoral, Trump aseguró que, de ganar la contienda contra el excandidato Iván Cepeda, De la Espriella lograría impulsar la economía de Colombia, crear más oportunidades de trabajo para la ciudadanía, impulsar las actividades comerciales, reducir la inmigración ilegal, restaurar el orden público y fortalecer la lucha contra el narcotráfico, un flagelo que afecta a Colombia, como país exportador, y a Estados Unidos, como país consumidor.

“¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre (THE TIGER)”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia! Abelardo lucha incansablemente por, y ama, a su gran país y pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América”, señaló el primer mandatario norteamericano en Truth Social.

La Fiscalía General de la Nación informó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá Córdoba, máximo cabecilla del bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc.

Al señalado criminal también le fueron activadas las órdenes de captura que hay en su contra, a través de la Resolución 0263 de 2026, expedida por el ente acusador.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por un equipo especializado de la Fiscalía ―conformado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Unidad Especial de Investigación y la Seccional Meta―, alias Calarcá impartió órdenes para la ejecución de varios delitos y para el manejo de los recursos ilícitos obtenidos en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Huila.

Entre los crímenes que se le endilgan está el asesinato de formantes de paz, desapariciones forzadas y el reclutamiento de menores de edad. El ente acusador desglosó los casos específicos que se le atribuyen:

• Los homicidios de seis firmantes del Acuerdo de Paz, ocurridos entre 2023 y 2025.
• La desaparición de un comerciante, ocurrida el 17 de noviembre de 2023 en Castillo (Meta). De acuerdo con la Fiscalía, la víctima habría sido retenida y sometida a tortura para obtener información. Desde entonces, se desconoce su paradero.
• El reclutamiento de una adolescente de 14 años, perpetrado el 20 de junio de 2023 en Garzón (Huila). El ente acusador indicó que la menor de edad permaneció reclutada casi tres años. Logró huir en marzo de 2026. Durante el tiempo en el que estuvo sometida a las órdenes de los criminales, fue entrenada en el manejo de armamento e instrumentalizada en acciones militares.

Así las cosas, el equipo especializado de fiscales imputó cargos al cabecilla por los delitos de concierto para delinquir agravado; homicidio en persona protegida; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de uso restringido de las Fuerzas Armadas; secuestro simple; desaparición forzada agravada; tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito.

La reactivación de órdenes de captura por parte de la Fiscalía

Con la Resolución No. 0-0263, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, reactivó las órdenes de captura contra 46 exmiembros representantes de tres estructuras criminales que operan en Colombia:

• Estado Mayor de Bloques y Frente (27), en el que se encuentra Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.
• Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (13).
• Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (6).

La decisión de reactivar las órdenes de captura de los señalados criminales, que fueron suspendidas durante el Gobierno del expresidente Gustavo Petro, surgió debido a la terminación de las mesas de diálogo con los grupos al margen de la ley. Así lo determinó la nueva administración, liderada por el mandatario Abelardo de la Espriella, el 28 de agosto de 2026.

De igual manera, responde a la revocatoria de la designación de los voceros de las organizaciones criminales. Esa vocería otorgaba a los cabecillas de los grupos armados el beneficio de la suspensión que cobijaba dichas órdenes de captura.

La Fiscalía aclaró que, por medio de la resolución, también se decide sobre la situación de dos personas que fueron solicitadas en extradición. “La resolución dispone, además, abstenerse de reactivar las órdenes de 11 personas que a la fecha de expedición ya se encontraban activas y de decidir sobre 2 ciudadanos requeridos en trámite de extradición. El documento fue remitido a las autoridades de policía judicial para su ejecución inmediata y rige a partir de la fecha”, precisó el ente acusador en el comunicado.

El presidente Abelardo de la Espriella suma apoyos en el Congreso de la República. Las bancadas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes del Partido de la U se reunieron para decidir la postura que adoptarán durante la administración del jefe de Estado y determinaron que serán partido de gobierno.

“Esta decisión reafirma el compromiso de nuestra colectividad con la gobernabilidad, la estabilidad institucional y el trabajo conjunto para impulsar las transformaciones que demanda el país, siempre en beneficio de los intereses de los colombianos”, precisó la colectividad en un comunicado oficial.

De igual manera, indicó que el movimiento político asumirá su decisión de respaldar al Gobierno con responsabilidad. Los congresistas respaldarán todas las iniciativas que sirvan para el progreso de Colombia, específicamente, para el desarrollo del país, el crecimiento económico, la recuperación de la seguridad y la reconstrucción del sistema de salud.

El partido precisó que la Administración nacional puede contar con los votos de los senadores y de representantes a la Cámara para impulsar “todas aquellas políticas que promuevan el bienestar de los colombianos y el fortalecimiento de las instituciones”.

Colectividades que respaldarán las propuestas oficialistas en el Legislativo

El gobierno de Abelardo de la Espriella ya cuenta con el apoyo de otro partido tradicional: el Centro Democrático, que pasó de tener una candidata a la Presidencia (Paloma Valencia), a respaldar a De la Espriella de manera inmediata, luego de que la aspirante fuera derrotada en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La colectividad explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta los lineamientos y criterios establecidos por el fundador del partido, Álvaro Uribe Vélez, el director nacional, Gabriel Vallejo, y la vocera política y programática, Paloma Valencia. Así las cosas, además de hacer público su apoyo al nuevo Gobierno, informó que los legisladores que integran el movimiento político también están dispuestos a trabajar de manera conjunta con la administración.

“La bancada de 47 congresistas del Centro Democrático en el Congreso de la República se declara partido de Gobierno. Asimismo, expresa su voluntad para iniciar un trabajo conjunto que apoye iniciativas del presidente electo Abelardo de la Espriella orientadas a recuperar la seguridad, promover una economía fraterna, impulsar el crecimiento económico y generar más oportunidades para todos los colombianos”, detalló el Centro Democrático en la comunicación oficial.

Al igual que el Partido de La U y el Centro Democrático, Cambio Radical también se declaró partido de gobierno. Los senadores y representantes a la Cámara definieron su respaldo con base en tres objetivos: “Recuperar el rumbo del país, fortalecer sus instituciones y trabajar por soluciones concretas para los colombianos”.

Además, informó que también tiene una “ambiciosa agenda legislativa”, que contiene iniciativas orientadas a la restauración del sistema de salud, que presenta fallas en la prestación de los servicios, el fortalecimiento de la economía, la generación de empleo y la creación de oportunidades para mujeres y jóvenes.

En consecuencia, los legisladores de la colectividad votarán a favor de los proyectos que radique el Gobierno ante el Congreso.

“Esta decisión refleja el compromiso de Cambio Radical con una Colombia que necesita recuperar la confianza, impulsar el desarrollo y garantizar mejores condiciones de vida para todos los ciudadanos”, precisó la colectividad.

Por otro lado, el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta una amplia oposición en el Congreso. El Pacto Histórico, de izquierda, que cuenta con 69 senadores y representantes a la Cámara, se declaró en oposición a la administración. El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro es una de las caras representativas de esa oposición, tanto así, que en varios discursos públicos que dio después de perder las elecciones presidenciales, indicó que no descartaba declararse en desobediencia civil pacífica.

El 1 de septiembre de 2026, en una sesión de las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso de la República, la senadora Sara Castellanos cuestionó a los exfuncionarios del Gobierno anterior, liderado por el expresidente Gustavo Petro, y a congresistas afines a esa administración, por criticar el Presupuesto General de la Nación para 2027 que planteó el nuevo Gobierno.

La propuesta de la administración del presidente Abelardo de la Espriella establece un monto de $634,9 billones, que supera en $58 billones el valor que había planteado Petro en un inicio: $575,6 billones. Algunos han cuestionado el incremento que determinó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en esa propuesta; sin embargo, la congresista Castellanos aseguró que quienes cuestionan el presupuesto guardaron silencio ante graves escándalos de corrupción que se presentaron en el Gobierno de Gustavo Petro.

La senadora se refirió específicamente al caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que implicó el direccionamiento de contratos y la desviación de recursos públicos. Las investigaciones adelantadas hasta el momento indican que en el entramado participaron exfuncionarios de la entidad, congresistas, contratistas y exfuncionarios de la administración nacional anterior.

“Yo veo el Gobierno o los congresistas del Gobierno anterior ahora sí rasgándose las vestiduras porque no hay dinero para una entidad que era fundamental para este momento, como lo es la Unidad de Riesgo. Pero no los veía rasgando las vestiduras cuando el propio ministro de Hacienda del Gobierno anterior sí fue cómplice de más de casi un billón que sacaron del Ungrd”, aseveró Sara Castellanos en la sesión de las comisiones económicas.

A su juicio, los críticos del presupuesto, con el que el Gobierno de De la Espriella también espera enfrentar la situación humanitaria que se vive en varios departamentos del país afectados por el terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026, estarían actuando con cinismo.

“Ahora sí vemos un poco de cinismo en esta actitud diciendo: ‘Ay, ¿dónde está el dinero para el terremoto?’ Cuando se necesitaba el dinero que se robaron. Y eso hay que decirlo", indicó la legisladora.

Carlos Carrillo, exdirector de la Ungrd que asumió el liderazgo de la entidad en marzo de 2024, cuando Olmedo López (implicado en el escándalo) salió del cargo, respondió a las declaraciones de Castellanos. En una publicación en X, defendió las medidas que se tomaron durante su administración para hacer frente a las irregularidades que se cometieron dentro de la entidad.

Según indicó, apenas tomó la dirección de la entidad, se dedicó a revisar los contratos y giros de dinero, con el fin de detectar anomalías y frenar aquellos que pudieran derivar en un detrimento. “Cinismo el suyo que sigue hablando como si estuviéramos en febrero del 2024. Tras mi llegada a la UNGRD detuve giros irregulares por casi 650 mil millones de pesos, yo sí fui un muro de contención contra la corrupción que se había robado desde siempre la entidad”, precisó el exfuncionario en la red social.

Asimismo, explicó que los sobrecostos que se incluyeron en los contratos para la compra de los carrotanques fueron tasados en $14.000 millones. Todo ese dinero fue recuperado gracias a la captura de las personas responsables de la desviación de los recursos públicos. Además, esos carrotanques fueron asegurados y puestos en funcionamiento. De esta manera, se logró que fueran enviados a 22 departamentos del país para el suministro de agua potable.

“Usted en lugar de hablar del presente, y hacer su trabajo, sigue repitiendo las imprecisiones que le convienen, un poco de rigor senadora. ¿Por qué el Gobierno mete y saca departamentos del decreto de emergencia? ¿Por qué incluyen en la declaratoria departamentos que ni siquiera declararon calamidad pública? Les va a quedar muy difícil defender al truhán que eligieron de presidente estos cuatro años”, añadió.

El senador opositor y excandidato presidencial Iván Cepeda Castro informó que la plenaria del Senado de la República aprobó por unanimidad una proposición de su autoría para que la gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, exponga ante el Legislativo la situación humanitaria que atraviesa el departamento tras el terremoto de magnitud 7,4 que se registró el 10 de agosto de 2026, con epicentro en el municipio de San José del Palmar.

De acuerdo con el balance oficial más reciente del departamento, citado por el congresista, se han identificado 7.981 personas y 8.052 familias damnificadas, además de 99.122 personas y 32.082 familias afectadas. De igual manera, las evaluaciones en materia de infraestructura que se han adelantado hasta el momento indican que hay 5.221 viviendas destruidas y otras 27.283 averiadas.

Ante la gravedad de la situación, Cepeda solicitó que la gobernadora sea escuchada por el Congreso. La decisión del Senado de aprobar esa propuesta habilita una sesión plenaria en la que la mandataria departamental podrá presentar directamente el panorama de Chocó y discutir con los legisladores qué medidas puede adoptar el Legislativo para contribuir a la atención de las personas afectadas por el sismo.

“Este es un tema que merece una concertación política de todas las bancadas para que hagamos un esfuerzo serio, sistemático y sostenido en el tiempo para sacar adelante la situación de la población del Chocó”, precisó el excandidato presidencial, citado en el comunicado. Además, según indicó, su proposición contó con el respaldo del actual presidente del Senado, Honorio Henríquez.

La crisis del Chocó: daños derivados sismo y alertas por derechos humanos

De acuerdo con Iván Cepeda, la proposición que radicó ante el Congreso nació después de una visita que hizo a Quibdó, capital de Chocó, que también resultó afectada por el movimiento telúrico. Allí, habló con la gobernadora Nubia Carolina Córdoba sobre la necesidad de dar visibilidad nacional a la crisis que enfrenta el departamento. De ese encuentro surgió el compromiso de llevar la situación a la plenaria para examinar, de manera conjunta, las formas en que el Congreso puede seguir contribuyendo a la atención de la situación humanitaria.

Las medidas que se tomen tendrán como fin responder a los daños materiales y humanos causados por el sismo, así como también dar soluciones a otras problemáticas que afectan a la población. La Defensoría del Pueblo alertó sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el departamento, teniendo en cuenta que la ciudadanía tiene que enfrentar hechos de violencia derivados del conflicto armado.

“El departamento del Chocó sigue agradeciendo el compromiso nacional en torno a poder acompañar a nuestro departamento a pasar por esta grave emergencia, que lo que requiere es la articulación de todos y todas en favor de poder superar la emergencia, pero también lograr, no solo reconstruir, sino dignificar y avanzar en procura de superar las brechas históricas del departamento y en procura de poder generar alternativas a la forma como en el departamento del Chocó se logra vivir, pero también avanzar y progresar”, precisó la gobernadora del departamento en declaraciones que dio junto con el senador Iván Cepeda.

Así las cosas, según Cepeda, se requiere de la activación de rutas de atención, provisión de alimentos para la población, servicios de salud, medidas de protección y alojamiento temporal para los afectados. También aseguró que se necesita de la culminación urgente del censo en zonas rurales que siguen incomunicadas.

Tras la aprobación de la proposición, Cepeda indicó que se adicionó otra iniciativa que plantea extender la invitación de escuchar a los gobernadores de Quindío, Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Antioquia en el Congreso. Esos departamentos también resultaron afectados por el terremoto.

“Los elementos materiales probatorios recopilados en una articulación entre las direcciones seccionales de Bogotá y de Cundinamarca indican que el homicidio estaría dirigido a otro ciudadano; sin embargo, se ejecutó contra la víctima equivocada”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

El abogado Mario Iguarán, que representa los intereses de la familia de Gustavo Aponte, indicó que la persona a la que buscaban los sicarios era Olimpo Antonio Oliver Peñaranda, un empresario del sector minero energético con inversiones en gas, cobre y oro, que acumula más de 12 años de experiencia en operaciones en estos sectores en Colombia.

“Está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendía era asesinar al señor Olimpo Antonio Oliver Peñaranda”, precisó el jurista.

Según El Tiempo, que tuvo acceso a conversaciones de WhatsApp de los presuntos asesinos de Gustavo Aponte, al parecer, el plan de atentar contra la vida de Oliver Peñaranda obedecía al cobro de una deuda. Sin embargo, por medio de un comunicado oficial, se aclaró los motivos por los cuales el empresario estaba bajo la lupa de los criminales.

De acuerdo con esa comunicación, en 2018, se llevó a cabo un proyecto en el sur de Bolívar, a través del cual se inició la formalización de muchos mineros ilegales o artesanales. De esta manera, más de 1.000 personas realizan labores de minería de manera responsable en el departamento y cumpliendo con todos los requisitos legales para el ejercicio de ese oficio.

Sin embargo, la formalización de los mineros generó una afectación en las finanzas ilícitas de las organizaciones que operan en el sur de Bolívar, las cuales se lucraron durante varios años de la minería ilegal. Las personas que están detrás de ese negocio ilícito pretenden atentar contra el empresario Oliver Peñaranda.

Según el comunicado, quienes tienen amenazado al empresario son miembros de las disidencias de las Farc y del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“En 2020, Olimpo Oliver acudió a las autoridades y las impulsó a adelantar acciones contundentes contra este flagelo. Estas operaciones fueron exitosas y se convirtieron en un ejemplo de reconversión hacia una minería amigable con el medio ambiente y socialmente responsable. Las amenazas de los grupos al margen de la ley y las guerrillas de las Farc y el ELN no se hicieron esperar”, se lee en la comunicación oficial.

Judicialización de responsables por el asesinato de Gustavo Aponte

Las autoridades competentes lograron la captura y judicialización de uno de los presuntos implicados en el crimen del empresario arrocero. Se trata de Leonel Enrique Llanos Paternina, que fue detenido por la Policía Nacional en Villavicencio (Meta).

Según las investigaciones adelantadas, el sujeto fue el encargado de coordinar la logística para el crimen y de recorrer en moto el lugar donde se ejecutó el asesinato. Por eso, el ente acusador indicó que le serían imputados cargos por los delitos de homicidio agravado; y tráfico, porte o tenencia, de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

“En el curso de la investigación se conoció que otro hombre vinculado al crimen del arrocero y su escolta, y que habría facilitado la huida del sicario, fue asesinado el pasado 30 de mayo en Tibiritá (Cundinamarca). El señalado responsable de esa acción delictiva, identificado como Onori José Yabier Medoza Viña, fue judicializado y permanece en centro carcelario”, precisó.

Así las cosas, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a Medoza Viña los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

El 31 de agosto de 2026, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el hallazgo del cuerpo de Michel Dahiana Henao Chavarría, una niña de seis años que había sido reportada como desaparecida el 24 de agosto.

De acuerdo con el mandatario departamental, la menor fue encontrada sin vida en zona rural del municipio de Buriticá y, en articulación con el municipio, el Cuerpo de Bomberos municipal, Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y grupo técnico de investigación, se logró el rescate del cuerpo.

“Antioqueños: con profundo dolor informamos que Michelle Dayana fue encontrada sin vida en zona rural de Buriticá. A su familia, que durante estos días mantuvo la esperanza de encontrarla y tenerla de regreso en casa, toda mi solidaridad y mis condolencias. Dios les dé sosiego”, escribió el gobernador Rendón en su cuenta de X.

El funcionario instó a las autoridades a adelantar las investigaciones pertienentes para garantizar el esclarecimiento de los hechos, por respeto a la memoria de la niña y para que la familia tenga respuestas sobre lo ocurrido.

El 1 de septiembre, se llevó a cabo una eucaristía en el municipio por la muerte de la menor de edad, a la cual asistió el gobernador. Estando allí, Rendón entregó varios volantes a la comunidad, con el fin de alentar a la ciudadanía a entregar información a las autoridades sobre los hechos. Se espera que con esos datos sea posible identificar y capturar a las personas responsables de la desaparición y muerte de la niña.

La Gobernación de Antioquia estableció una recompensa de hasta $100 millones por la información que sea de utilidad para la investigación que se adelanta sobre el caso. Insistió en que la muerte de la niña no puede quedar en la impunidad.

“Esta es una situación muy dolorosa. La familia necesitaba sentir todo el cariño, la solidaridad de todos nosotros, el gobierno de Antioquia. Nosotros estamos hoy aquí, no solo haciendo honor al profundo dolor que este hecho tan lamentable nos ha generado, sino además diciéndole a toda la comunidad que hemos decidido doblar la recompensa hasta 100 millones de pesos para que esta situación no quede en la impunidad”, precisó el mandatario departamental, citado en un comunicado de prensa de la Gobernación de Antioquia.

Inicialmente, la administración departamental, a través de la Secretaría de Seguridad, estableció una recompensa de hasta $50 millones por información sobre los responsables del fallecimiento de la menor. Sin embargo, se decidió aumentar el monto, para poder dar con el paradero de esas personas.

La Gobernación de Antioquia tiene dos líneas telefónicas disponibles para la recepción de información que permita resolver el caso y encontrar a los responsables: 310 414 0693 o 123. Las personas que cuenten con datos clave sobre lo ocurrido con la menor también pueden comunicarse con las autoridades y la administración departamental a través del correo electrónico busqueda_antioquia@antioquia.gov.co.

Ante los medios de comunicación, el gobernador Andrés Julián Rendón indicó que las autoridades todavía no tienen ninguna hipótesis sobre lo que pudo haber pasado con la niña. Por eso indicó que es necesario contar con la ayuda de la población, para que la investigación tome un curso efectivo.

“Por eso es muy importante doblar la recompensa, para que rápidamente las autoridades puedan esclarecer eso. La información en estos casos debería fluir naturalmente, pero además aquí la estamos acompañando de una recompensa hasta 100 millones de pesos. Ojalá rápidamente podamos dar con el paradero de los responsables de esta situación tan lamentable”, dijo ante la prensa.

Por la muerte de la niña, a las 7:00 p. m. del 1 de septiembre se llevó a cabo también una velatón en varios municipios de Antioquia. De igual manera, se declararon tres días de duelo por estos hechos.

La junta directiva de Colpensiones (Administradora Colombiana de Pensiones) decidió de manera unánime quién será la persona que reemplazará a Jaime Dussán Calderón como encargado en la presidencia de la entidad: se trata de Diego Urrego. La determinación se tomó en una sesión que fue presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López.

“Seguimos consolidando un Sector Trabajo articulado y al servicio de los trabajadores y pensionados. Así avanzamos en la construcción de la #PatriaMilagro”, indicó la cartera en X.

De acuerdo con Valora Analitik, el nuevo presidente encargado es profesional en Derecho, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho con énfasis en Derecho Público. Además, tiene una amplia trayectoria a nivel profesional dentro de la entidad: fue gerente Nacional de Defensa Judicial y fungió como jefe de la Oficina Asesora de Asuntos Legales.

De igual manera, fungió como vicepresidente de Operaciones del Régimen de Prima Media (RPM), como secretario técnico de la Junta Directiva y como gerente de Determinación de Derechos.

Las funciones de Colpensiones y su presidente

Colpensiones es una empresa industrial y comercial del Estado vinculada al Ministerio de Trabajo que se encarga de administrar el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. De acuerdo con el sitio web oficial de la entidad, la empresa tiene como función determinar los derechos pensionales y prestaciones económicas a favor de los afiliados al régimen, así como de administrar los recursos correspondientes a dicho régimen.

En ese sentido, la persona que ejerza la presidencia de Colpensiones debe hacer frente a la gestión integral de la entidad y tomar decisión que estén orientadas a mejorar la prestación de los servicios.

“Definir las políticas, lineamientos y directrices institucionales que orienten la gestión integral de Colpensiones y permitan tomar decisiones adecuadas y oportunas, enmarcadas en la planeación estratégica, que reflejen el compromiso de la empresa para aumentar la satisfacción de los ciudadanos y grupos de interés, mejorar continuamente la gestión y lograr la generación de la rentabilidad social esperada”, precisa Colpensiones en su página web.

Cambios en el sismta pensional colombiano

La realidad de Colpensiones ahora podría cambiar, teniendo en cuenta que la Corte Constitucional aprobó casi toda la reforma pensional (Ley 2381 de 2024) que presentó el Gobierno del expresidente Gustavo Petro al Congreso de la República. La iniciativa contempla nuevas especificidades sobre el ahorro de los colombianos y el rol que cumplirán la administradora de pensiones estatal y los fondos privados.

La reforma en cuestión establece que los ciudadanos coticen 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y que el monto restante lo ahorren en cualquiera de los fondos privados que operan en Colombia, los cuales son Porvenir, Protección, Colfondos, Skandia (antes ColdMutual).

Ahora bien, por decisión de la Corte Constitucional, hay algunos artículos de la reforma que deben ser discutidos por la Cámara de Representantes nuevamente, ya que identifició vicios que tienen que ser subsanados. Determinó un plazo de 30 días hábilies para que la corporación cumpla con lo ordenado.

“Para cumplir con lo anterior, la Plenaria de la Cámara de Representantes tendrá un plazo máximo de treinta (30) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia. En caso de que sea necesario recurrir al trámite de conciliación entre las dos cámaras legislativas”, precisó la Corte en el fallo.

Pese a que se declaró la exequibilidad de buena parte de la ley, lo cierto es que hay personas que no están de acuerdo con los cambios que se establecieron y que, incluso, rechazan el hecho de que Colpensiones siga administrando los ahorros de los colombianos. Así lo indicó el expresidente Álvaro Uribe en su cuenta de X.

“Colpensiones no se necesita, es ineficiencia, derroche y clientelismo. Los Fondos Privados pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de acuerdo con la ley. Una pequeña cuenta de Minhacienda liquidaría pensiones de invalidez y sobrevivencia”, precisó el exmandatario.

El 30 de agosto de 2026 falleció una mujer que tres días antes se había sometido a un procedimiento estético en Bogotá. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Salud, la ciudadana se practicó una bichectomía en un establecimiento estético ubicado en la localidad de Antonio Nariño.

La entidad realizó indagaciones preliminares en el sitio donde la mujer fue operada y determinó que el establecimiento no cuenta con autorización para realizar cirugías plásticas.

Según un concepto favorable emitido tras una visita de inspección y vigilancia realizada el 9 de junio de 2026, y de acuerdo con la información registrada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps), el lugar está habilitado desde marzo de 2024 únicamente para prestar servicios de consulta externa en medicina general, dermatología y psicología.

Además, el 22 de mayo de 2026, la Alcaldía de Bogotá llevó a cabo un operativo en el establecimiento y, debido al fallecimiento de la mujer, se visitaron las tres sedes asociadas a la clínica estética, pero todas estaban cerradas. Ahora, las autoridades están adelantando todas las investigaciones sobre el caso y se están verificando las credenciales del personal médico que allí trabajaba.

El Tiempo identificó el centro estético donde la mujer se sometió a la bichectomía. De acuerdo con su indagación, el lugar se llama Mónica Cruz Estética y Bienestar SAS y fue registrado en Bogotá el 25 de enero de 2024.

Tiene tres establecimientos bajo su propiedad, ubicados en el barrio Polo Club (localidad de Barrios Unidos), en la localidad Antonio Nariño y en el barrio Quinta Paredes (localidad de Teusaquillo). El centro estético también tenía presencia en redes sociales, pero sus cuentas fueron cerradas.

La representante legal es una bogotana de 38 años identificada como Mónica María Burbano Cruz, que figura como única accionista del sitio. Al parecer, esta mujer ya ha tenido líos judiciales. Según el informativo citado, en enero de 2020, fue denunciada por una joven por el delito de lesiones personales.

La Secretaría Distrital de Salud informó que está colaborando con las autoridades que están al frente de las investigaciones sobre la muerte de la ciudadana. Además, indicó que está acompañando a la familia de la mujer. “La SDS trabaja en articulación con las autoridades competentes para acompañar las investigaciones a las que haya lugar y facilitar los requerimientos necesarios que permitan esclarecer los hechos”, detalló.

Por otro lado, recordó a la ciudadanía la importancia de verificar minuciosamente los establecimientos y al personal médico antes de realizarse cualquier procedimiento estético o quirúrgico.

Lo que se debe hacer antes de realizarse un procedimiento estético

La Secretaría de Salud también recomienda hacerse cinco preguntas específicas para decidir si realizarse o no algún procedimiento en determinado centro estético:

• ¿Sé quién me va a realizar el procedimiento?
• ¿Me explicaron qué me van a aplicar?
• ¿Conozco los beneficios, riesgos y cuidados posteriores de la intervención?
• ¿El lugar que elegí cumple con condiciones adecuadas de higiene, seguridad e infraestructura hospitalaria para la realización de procedimientos estéticos y quirúrgicos?
• ¿Sé a dónde acudir si se presenta alguna complicación derivada del procedimiento?

La entidad indicó que, si alguna respuesta a estas preguntas es “no”, la recomendación es detenerse, informarse adecuadamente y verificar la información, para así poder tomar una determinación al respecto. “Hacerse esta pregunta puede evitar consecuencias para su salud: ¿el procedimiento que me voy a realizar atraviesa mi piel? Si la respuesta es sí, la recomendación es clara: verifica quién lo realiza, dónde se realiza y qué producto o sustancia será utilizado", añadió.

Además, la Secretaría de Salud cuenta con un listado completo de prestadores de servicios autorizados en Bogotá, así como de sustancias modelantes permitidas y profesionales autorizados para la prestación de servicios de cirugía plástica, estética y oncológica; consulta externa de cirugía plástica, estética y oncológica; y otras consultas especializadas.

En inmediaciones de la estación de Policía del municipio explotó un carro bomba. En un primer informe preliminar, las autoridades indicaron que el hecho dejó un civil muerto y al menos 11 personas afectadas, de las cuales dos son uniformados y nueve son civiles.

“La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial encaminadas a establecer las circunstancias que ocurrieron, esta cobarde acción terrorista, así como identificar y judicializar a los responsables”, precisó la Policía Metropolitana de Cúcuta en un comunicado oficial.

Ante estos hechos de violencia, el jefe de Estado se reunió con las autoridades competentes, con el objetivo de verificar la estrategia de seguridad que se implementará para hacer frente a los criminales. En el encuentro, el primer mandatario dio un mensaje a la fuerza pública y autoridades locales con respecto a las acciones que adelantará el Gobierno nacional para proteger a la ciudadanía y restar poder a los grupos armados al margen de la ley.

“Aquí nadie se arreda y aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza”, aseveró.

Según indicó, cuando los criminales tienen éxito en sus actuaciones delictivas y atentados, quiere decir que hay irregularidades en el Gobierno y que, probablemente, hay alianzas entre el Estado y esas organizaciones. Aseguró que su administración no tiene ningún vínculo con grupos armados y que tomará medidas para impedir que las autoridades locales actúen conforme a los intereses de los criminales.

“Y aquí se acabó esa asociación criminal y no vamos a permitir que tampoco mandatarios seccionales ni locales terminen aliados con estos bandidos, porque los vamos a hacer pagar también. Así que con total decisión los vamos a enfrentar con más ganas”, dijo el presidente.

Asimismo, informó que regresará a Cúcuta para verificar que lo acordado en el consejo de seguridad se haya cumplido y para evaluar los avances de las autoridades en materia de seguridad. “Yo estoy firme con este departamento y aquí voy a estar en 15 días revisando cuáles son los avances, porque este es un Gobierno de discursos y de pegorratas. Este es un Gobierno de resultados”, indicó.

Detalles del atentado perpetrado en Los Patios

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, los hechos se presentaron a las 11:15 p. m., aproximadamente, frente a las instalaciones de la estación de Policía del municipio. Un artefacto explosivo que había sido acondicionado en un taxi fue detonado, dejando a varias personas afectadas y generando daños en la infraestructura policial y en el parque automotor. Además, varias motocicletas quedaron incineradas.

El informe preliminar de las autoridades advirtió sobre 11 personas heridas y un muerto (de nacionalidad venezolana). Sin embargo, el general Ricardo Alarcón, comandante operativo de la Policía Nacional, indicó posteriormente a la prensa que el número de afectados aumentó: resultaron lesionados siete uniformados, dos de ellos con heridas de consideración, por lo que permanecen en una unidad de cuidados intensivos, y ocho particulares.

El vehículo utilizado para el atentado había sido hurtado en junio de 2024, el cual fue acondicionado como un taxi. Un día después de que el carro fuera robado, se halló el cuerpo del dueño.

“El sistema que utilizaron fue un sistema de frecuencia radial. El explosivo que utilizaron fue ammonal (sistema explosivo de alta potencia), una cantidad aproximada a los 80 kilos. En este momento estamos haciendo toda la evaluación de los daños en las instalaciones, comenzar la recuperación inmediata. Todo el apoyo a nuestros uniformados”, precisó el uniformado ante los medios de comunicación.

Según explicó, se presume que detrás del ataque está el Frente de Guerra Urbano Carlos Germán Velasco, del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La senadora Jennifer Pedraza envió una proposición a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado para realizar un debate de control al ministro de Defensa Nacional, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, por las operaciones militares que se han llevado a cabo en el departamento de Guaviare.

La congresista pretende que los funcionarios respondan ante la corporación por las decisiones, actuaciones y omisiones en las que hayan incurrido por el desarrollo de las acciones militares en el departamento en agosto de 2026, particularmente, la Operación Amón, que tuvo lugar el 27 de agosto, en municipio de El Retorno. En esa acción militar murieron tres menores de edad.

Según Pedraza, el ministro y el director del Dapre deben dar explicaciones porque hay distintos organismos que han presentado alertas por la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país en medio del conflicto armado.

Entre sus advertencias está el incremento de los casos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados, lo que quiere decir que, posiblemente, los menores de edad se encuentren en los campamentos de las organizaciones criminales, que son objeto de ataques por parte de la fuerza pública.

“Tenemos el pico más alto en la historia en reclutamiento forzado de menores según Human Right Watch, la @defensoriacol ha emitido varias alertas sobre el riesgo que tienen los niños y niñas en regiones como el Guaviare y Norte de Santander, ¿y @mindefensa en lugar de acatar sus recomendaciones bombardea campamentos? ¿El resultado? Tres niños murieron en un bombardeo en Guaviare”, indicó la senadora en una publicación en su cuenta de X.

En la proposición que la congresista presentó a la corporación se explica que el propósito del debate de control político es establecer las circunstancias en las que fueron planeadas, autorizadas y ejecutadas las operaciones militares. De igual manera, se busca conocer si el Ministerio de Defensa tenía información de inteligencia que diera luces sobre la posible presencia de niños, niñas y adolescentes en las zonas atacadas y si las autoridades adoptaron medidas para protegerlos.

También tiene el fin de conocer los criterios jurídicos y operacionales empleados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para autorizar la ejecución de bombardeos en sitios en los que existe el riesgo de presencia de menores de edad.

En su cuenta de X, Pedraza recordó que, aunque las organizaciones criminales son responsables del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes, el Estado no puede desentenderse de su obligación de garantizar su seguridad. “Los grupos son responsables de reclutarlos, sí; pero el Estado les falló al no protegerlos. Por eso radiqué debate de control político: para exigir respuestas y una política que proteja a nuestros niños antes de que sea demasiado tarde”, indicó.

En ese sentido, con la proposición, la senadora también busca conocer y examinar la respuesta del Estado con respecto al reclutamiento de menores de edad por parte de las organizaciones al margen de la ley. Esto implica evaluar las medidas de prevención, protección, recuperación y restablecimiento de derechos de los niños que son utilizados por los grupos armados.

Asimismo, aseguró que es necesario saber cuáles fueron las actuaciones del Gobierno luego de que se ejecutara la Operación Amón, lo que involucra la identificación de los menores, el acompañamiento de sus familias y las investigaciones que se iniciaron posteriormente.

“La política de defensa y seguridad no puede reducirse a los bombardeos, tiene que estar atravesada por una estrategia contundente y clara frente al reclutamiento, con presupuesto y plan de acción. La lucha contra los grupos armados exige mayor rigor y un enfoque de derechos humanos, porque ninguna ventaja táctica justifica triturar la vida de la niñez”, precisó Pedraza en X.

El terremoto que se registró el 10 de agosto de 2026 en Colombia fue devastador. De acuerdo con el reporte del 29 de agosto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), 452.782 personas resultaron afectadas en 16 departamentos. La cifra de fallecidos ya aumentó a 331 y la de heridos se ubicó en 4.497.

Aunque las labores de búsqueda y rescate ya finalizaron en algunas zonas, todavía hay 152 personas desaparecidas, y los organismos de socorro siguen trabajando en algunas ciudades y municipios para encontrarlas.

En medio de la pérdida de seres queridos y en la destrucción de viviendas, hombres y mujeres que esperan reconstruir su vida o retomarla con normalidad enfrentan un desafío que, en este tipo de tragedias, no suele ser tomado como una prioridad: el cuidado de la salud sexual y reproductiva.

Consecuencias de una tragedia: necesidades que suelen desatenderse

Según Jovana Ocampo Cañas, profesora de la facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, experta en salud pública e investigadora con enfoque en Chocó –una de las zonas afectadas por el sismo– y la Amazonía, las barreras que se presentan en estos escenarios son muy complejas y las consecuencias suelen evidenciarse semanas o meses después. La experiencia internacional muestra que, cuando los sistemas de salud se enfocan exclusivamente en la emergencia inmediata, la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva suelen frenarse.

Justamente, los derechos reproductivos son los primeros en verse impactados negativamente en este tipo de catástrofes, pero, de manera casi simultánea, también se afectan otros servicios. “En este caso, los controles en la salud reproductiva, que son los controles prenatales, y la atención a gestantes de alto riesgo, el acceso a anticonceptivos, los tratamientos para VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y otras infecciones de transmisión sexual y la atención integral a víctimas de violencia sexual”, precisó la experta a Infobae Colombia.

Este panorama se torna aún más difícil si se tiene en cuenta que la emergencia empeora las condiciones de abandono y vulnerabilidad (pobreza, violencia, abandono estatal) en las que ya viven las personas afectadas por el terremoto.

“Encontramos poblaciones con altísima vulnerabilidad, antecedentes de desplazamiento por violencia, dificultades de acceso a los servicios de salud y específicamente en algunas comunidades que estudiamos en Istmina”, detalló.

Un estudio realizado por la experta en ese municipio, por ejemplo, evidenció que, sin existir ningún tipo de emergencia, el 72% de las mujeres en edad reproductiva no estaban utilizando métodos anticonceptivos porque no llegaban hasta allá o porque no eran ofertados.

A juicio de Ocampo Cañas, debido al contexto de emergencia actual, es necesario que la atención en salud sexual y reproductiva no se pierda y, sobre todo, que se preste especial atención a tres grupos poblacionales.

El primer grupo corresponde a las mujeres gestantes. De acuerdo con la investigadora, se debe tener un censo claro y completo de la cantidad de mujeres que hay en estado de embarazo, sobre todo en las comunidades de difícil acceso, para conocer sus principales necesidades y garantizar su atención. Eso incluye velar por el acceso a los controles prenatales.

El segundo grupo poblacional está integrado por las personas que viven con VIH. En este caso, las instituciones y las aseguradoras deben tener datos claros sobre las personas que fueron diagnosticadas con el virus y garantizar que los tratamientos lleguen a los municipios.

En el tercer grupo están las víctimas de violencia sexual, sobre todo mujeres y menores de edad, y violencias basadas en género. Según indicó, es necesario desplegar rutas de atención en medio de la atención general que se está haciendo de la emergencia. “Una respuesta humanitaria que pueda integrar la protección, la salud sexual y la salud mental y el apoyo psicosocial, puede ser muy beneficiosa para todas las comunidades”, precisó.

Simultáneamente, las instituciones deben pensar en la gestión menstrual de las mujeres, gestionando la entrega de insumos para su cuidado. De hecho, en la ayuda humanitaria que se ha entregado en algunos de los territorios afectados por el sismo se incluyeron insumos requeridos por las mujeres para atender su menstruación, como las toallas higiénicas.

Aunque hay un enfoque muy amplio sobre las mujeres y sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva, la investigadora indicó que los hombres también requieren de garantías de atención para el abordaje de infecciones o enfermedades de transmisión sexual y debe fomentarse su participación en la planificación familiar.

“Hay algunos trabajos en Chocó que hacen que tengamos más exposición por parte de los hombres. Llegan buscando oportunidades y demás y se dedican a algunos trabajos específicos. A veces traen ITS o están conviviendo con el VIH”, explicó.

Así las cosas, aseguró que este es un buen momento para que los organismos internacionales u organizaciones no gubernamentales se desplacen a los territorios para hacer pruebas rápidas de detección de ITS. Un resultado oportuno permite la toma de medidas.

Por otro lado, afirmó que se requiere del ofrecimiento de métodos anticonceptivos que no se centren solo en las mujeres y que sean variados, no solo hormonales.

“Las instituciones, en este caso instituciones prestadoras de servicios de salud, organismos internacionales, todos los que presten algún servicio de salud sexual y reproductiva, necesitan implementar estrategias diferenciadas con enfoque territorial”, precisó.

La lupa en el territorio: así se están enfrentando los retos en salud sexual y reproductiva

La Fundación Oriéntame, una organización privada que presta servicios de salud sexual y reproductiva en Colombia, confirmó las dificultades que está enfrentando la población afectada por el terremoto para acceder a sus servicios. De acuerdo con Lay Alba, subdirectora de Desarrollo Institucional de la fundación, encargada de gestionar la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social en temas de prevención, educación, promoción de la salud sexual y reproductiva, una de las sedes de la organización está ubicada en Dosquebradas, Risaralda, uno de los 497 golpeados por el sismo.

“La cuadra donde se ubica la zona del consultorio está altamente afectada. Aunque el consultorio sufrió daños menores internos, la zona tiene edificios en riesgo de colapsar”, precisó. Debido a esta situación, no se están prestando servicios de manera presencial en la sede.

Por otro lado, en Buenaventura y en Chocó, donde también prestan servicios de salud sexual y reproductiva, trabajan de la mano con lideresas comunitarias para impulsar proyectos, y a través de ellas, la fundación recibe información sobre las necesidades de las personas en los territorios. Sin embargo, esa articulación también resultó afectada por el terremoto. “Se bloquea el trabajo que ellas están haciendo por atender ahorita una emergencia vital de restablecimiento de las necesidades básicas. Además, hay una afectación emocional, ambiental, física, y las personas están en función de restablecer ese orden”, detalló.

Para responder a esa contingencia, la fundación activó la prestación de servicios a través de la modalidad de telemedicina y empezó a organizar jornadas de salud sexual y reproductiva con organizaciones de base comunitaria. También está impulsando la recolección de kits de higiene y de salud menstrual. “El impacto en el agua, en el saneamiento básico, ha sido muy alto (...). El sistema de salud está colapsado”, precisó.

Oriéntame ha recibido muchas solicitudes en las zonas impactadas por la tragedia. Sin embargo, se ha enfrentado a desafíos para garantizar la prestación de los servicios. Por un lado, hubo afectaciones en el sistema de telefonía y de Internet por la caída de varias torres y por los daños físicos en las infraestructuras.

Además, hay escasez de suministros y los envíos de los medicamentos no están llegando con la rapidez y la logística que antes se tenía. “Hay una saturación en las empresas de envíos masivos y nosotros ahorita no tenemos lugar de almacenamiento (en Dosquebradas), porque está sellado por seguridad”, explicó.

Necesidades diferenciadas

Con base en la evaluación que ha hecho Oriéntame en las zonas afectadas por el terremoto, identificó que las necesidades en materia de salud sexual y reproductiva son distintas en cada territorio. Por un lado, en Dosquebradas han solicitado ayuda para prevención de ITS. Requieren de pruebas rápidas para detección y focalización y remisión de los casos en los que se considere prioritario el suministro de medicamentos.

“Hay una preocupación general en Dosquebradas por los temas de violencia basadas en género, que en este momento está desatendida. A través de la colectiva La Útera, hemos tenido conversaciones con la Casa de la Mujer porque estamos viendo cómo podemos empezar a entregar insumos desde allí y organizarnos para las jornadas”, explicó.

Por otra parte, en Chocó han solicitado insumos de salud menstrual y en Buenaventura han pedido elementos de salud menstrual y anticonceptivos. Esto, teniendo en cuenta que en los albergues en donde se refugian los damnificados hay más exposición por la pérdida de intimidad en los espacios. “Poca privacidad, falta de baños, falta de agua, y se exponen a situaciones críticas las mujeres en estos espacios”, indicó.

La fundación cuenta con insumos propios para la atención en prevención de ITS. Además, tiene a su disposición un fondo de justicia para salud menstrual, con el que apoya el acceso a población vulnerable. Sin embargo, estos recursos y elementos son insuficientes. “Se hizo apertura para recibir donaciones en la página principal de Oriéntame, en www.orientame.com.co. Esa donación será precisamente para poder llevar temas de anticoncepción de emergencia que nos pidieron en Pereira”, detalló.

Según detalló, es necesario llevar anticonceptivos de larga duración, sobre todo para las personas que ejercen el trabajo sexual pago y que no están afiliadas al sistema de salud. “No hay provisión de preservativos en la zona”, indicó.

Así las cosas, la fundación detectó prioridades que deben ser atendidas con urgencia:

• Gestión de la salud menstrual en la fase de estabilización.
• Promoción y prevención de ITS.
• Apoyo psicosocial de los primeros auxilios emocionales y para las personas que están siendo cuidadoras.
• Servicios de anticoncepción.
• Interrupción voluntaria del embarazo, para seguir reduciendo indicadores de mortalidad materna y de embarazo adolescente.

Tiempo de normalización

De acuerdo con Lady Alba, debido a los daños en infraestructura, la situación actual es muy compleja y se prevé que el proceso de normalización de la prestación de servicios sea demorado. “Creemos que el restablecimiento y la prestación de los servicios va a tomar más de seis meses en organizarse, porque las provisiones pueden llegar, pero la infraestructura no está lista tampoco”, indicó.

Por medio de un comunicado, la Novena Brigada del Ejército Nacional informó que mantiene investigaciones abiertas por reportes conocidos durante 2025 sobre presuntos hechos ocurridos al interior de una unidad militar Tenerife, ubicada en Huila, los cuales fueron dados a conocer por la revista Semana.

De acuerdo con documentos revelados por el medio de comunicación, que hacen parte de una misión de trabajo reservada del Ejército (N.º 02/2025), dejan en evidencia relatos sobre consumo de alcohol, relaciones sexuales, relaciones extramatrimoniales y casos de violencia intrafamiliar dentro del cantón militar.

“Había un catálogo de soldados. Mantenían en fiestas donde terminaban todos con todos. Las soldados tenían relaciones amorosas con los cuadros. Hay fotos con las soldados en moteles. No se tomaban acciones porque mi coronel tenía cuento amoroso con la soldado”, se lee en uno de los testimonios que figuran en los documentos.

Una uniformada que expuso su testimonio, el cual quedó consignado en los documentos, advirtió sobre privilegios que tenían algunas personas en el cantón militar y sobre las gestiones que hacían para garantizar encuentros con uniformados.

“A la soldado la sacaban del alojamiento para que se viera con los cuadros y, los fines de semana, salía de permiso, sin boleta, por el hecho de estar con los cuadros. No las ponían a hacer nada y salían con los cuadros a discotecas y a hoteles donde uno los veía salir en carros”, indicó la mujer, cuya identidad no fue revelada en el expediente.

De igual manera, otra de las personas que decidió hablar al respecto aseguró que algunos oficiales se valían de su posición de poder para mantener relaciones sexuales con subordinadas. Asimismo, otras mujeres denunciaron hechos de acoso sexual por parte de coroneles. Sin embargo, el número de víctimas podría ser más amplio, teniendo en cuenta que hay mujeres que se abstuvieron de poner en conocimiento esos hechos de violencia.

“Dichas acciones han consistido en comentarios inadecuados, insinuaciones, amenazas, entre otros. Así mismo, tengo conocimiento de que otras compañeras han sido víctimas de situaciones similares, pero no han denunciado por temor a consecuencias negativas en sus carreras”, indicó una de las denunciantes.

La respuesta del Ejército Nacional ante el escándalo

Sobre estos hechos, la Novena Brigada del Ejército Nacional indicó que, una vez se conoció la situación, se ordenó misiones de trabajo y dispuso acciones administrativas, disciplinarias y penales, además de poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes. Esto, garantizando el cumplimiento del debido proceso.

De igual manera, el Ejército afirmó que no tolerará conductas que se aparten de la disciplina militar ni hechos que presuntamente puedan constituir acoso laboral, acoso sexual u otras acciones contrarias a la normatividad vigente. “Las situaciones que son puestas en conocimiento de la Institución son atendidas y tramitadas a través de los mecanismos establecidos y por las autoridades competentes”, detalló.

La institución aclaró que las actuaciones individuales que vayan en contra de sus principios y normas no representan ni comprometen el actuar institucional ni el cumplimiento de su misión. También aseguró que la capacidad operacional de la Novena Brigada no se ha visto comprometida por los hechos denunciados por la revista y que sus tropas no han dejado de adelantar las operaciones militares asignadas en los territorios donde hacen presencia.

Así las cosas, el Ejército reafirmó su compromiso con la transparencia, la legalidad, la disciplina y el respeto por la dignidad humana. “De igual manera, continuará colaborando con las autoridades competentes y adoptando las medidas que correspondan frente a cualquier situación que pueda comprometer los deberes y valores que orientan el servicio militar”, añadió.

De acuerdo con la revista Semana, la Justicia Militar llevará a cabo una investigación sobre los hechos.