Después de un año de debate, el Senado otorgó media sanción al nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, que reemplaza a la Ley 27.640 y propone cambios en los niveles de corte, la comercialización y la formación de precios. El proyecto fue aprobado en una sesión en la que se discutieron distintas posiciones durante el tratamiento en particular y ahora deberá continuar su recorrido en la Cámara de Diputados, donde deberá pasar nuevamente por las comisiones antes de llegar al recinto.

Uno de los principales cambios previstos es el incremento del porcentaje obligatorio de biocombustibles en los combustibles fósiles. El corte mínimo obligatorio de biodiesel en el gasoil pasaría del 7,5% al 10%, mientras que el de bioetanol en las naftas subiría del 12% al 15%, al año de sancionada la ley. En el caso del bioetanol, se mantendría un 6% correspondiente a la producción de caña de azúcar y otro 6% al maíz, mientras que el 3% restante quedaría destinado al libre mercado.

El proyecto también establece límites a la participación de las empresas en el mercado obligatorio. Ninguna elaboradora de bioetanol podrá superar el 20% del volumen anual comercializado dentro del corte obligatorio. Para el biodiesel, el límite por empresa y por grupo económico dentro del segmento de compañías no integradas también se fija en el 20%. A su vez, se incorpora un sistema de comercialización regional que contempla un diferencial del 20% según distancia, con el objetivo de compensar los mayores costos de transporte que enfrentan las plantas ubicadas más lejos de los centros de consumo.

Otro de los cambios relevantes es la creación de un mercado electrónico de subastas, único, transparente y de acceso público, operado por un organismo independiente. El mecanismo reemplazaría el actual sistema de precios máximos establecidos por la Secretaría de Energía y avanzaría hacia precios de referencia calculados sobre la paridad de importación. El texto también incorpora el coprocesamiento, que permitiría a los mezcladores que además sean refinadores incorporar materia prima no fósil en la elaboración de gasoil. Ese volumen no computaría dentro del corte obligatorio de biodiesel, aunque tendría acceso a determinados beneficios impositivos hasta un máximo del 5% de la mezcla.

El biodiesel, uno de los ejes del debate

El biodiesel fue uno de los puntos que concentró mayor discusión durante el tratamiento en particular. La controversia estuvo vinculada especialmente con las provincias donde se encuentran las plantas no integradas, entre ellas Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa, San Luis y Santa Fe. El incremento del corte obligatorio al 10% reúne consenso dentro de la discusión planteada en el texto, mientras que el debate se concentra en cómo se distribuirá ese volumen entre las empresas no integradas y el segmento de libre negociación.

El proyecto establece una transición mediante la cual la porción reservada a las empresas no integradas se reduciría progresivamente hasta alcanzar un 4% en 2036, mientras aumentaría la participación del mercado total negociado.

El esquema actual, establecido por la Ley 27.640 desde 2021, contempla un corte obligatorio de 7,5% de biodiesel en el gasoil y 12% de bioetanol en las naftas, con el bioetanol distribuido en partes iguales entre maíz y caña de azúcar. Actualmente, el biodiesel destinado al mercado interno es abastecido exclusivamente por 25 empresas no integradas, mientras que las seis aceiteras integradas producen biodiesel principalmente para exportación y no participan del mercado interno. En bioetanol, el 6% correspondiente al maíz es producido por seis plantas ubicadas en Córdoba, Santa Fe y San Luis, mientras que el otro 6% proviene de ingenios azucareros del NOA.

Respaldo de las cadenas de bioetanol

Tras la votación, el Centro Azucarero Argentino y la Cámara de Bioetanol de Maíz expresaron su respaldo a la media sanción y destacaron el potencial de la iniciativa para impulsar el agregado de valor en origen, la transición energética y el desarrollo federal.

Las entidades señalaron que el aumento progresivo del corte obligatorio de bioetanol hasta el 15% podría brindar previsibilidad y generar un horizonte de largo plazo para nuevas inversiones. También destacaron la posibilidad de desarrollar un mercado abierto por encima del corte obligatorio y la incorporación de vehículos con tecnología flex fuel.

Las entidades vinculadas al bioetanol también remarcaron el rol que podrían asumir las provincias mediante programas propios de fomento, mayores niveles de utilización y nuevos puntos de expendio. En su interpretación, el desarrollo del bioetanol de maíz y de caña permitiría transformar materias primas nacionales en energía de menor intensidad de carbono y profundizar la industrialización en las economías regionales. En ese sentido, plantearon que el proyecto representa una oportunidad para consolidar una política energética con mayor participación provincial y capacidad de generar demanda adicional.

El CAA estima inversiones por más de US$ 1.000 millones

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) y la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) también celebraron la aprobación en el Senado. Según el CAA, la previsibilidad normativa podría impulsar las cadenas productivas de la soja, el maíz y la caña de azúcar y, de acuerdo con estimaciones del sector citadas en el comunicado, la implementación plena del nuevo régimen podría movilizar inversiones privadas superiores a US$ 1.000 millones destinadas a ampliar capacidad instalada, incorporar tecnología, mejorar infraestructura logística y desarrollar energías limpias.

Para el CAA, el nuevo marco también podría contribuir a la generación de empleo y al ahorro de divisas mediante la sustitución de importaciones de combustibles fósiles. Su presidente, Gustavo Idígoras, vinculó la iniciativa con objetivos de federalismo, reducción de la huella de carbono, mejora de la calidad de los biocombustibles y competitividad para los consumidores. CIARA, por su parte, destacó que el impulso a la libre competencia podría favorecer a los consumidores y facilitar la planificación de futuras inversiones.

Ahora la discusión se traslada a Diputados

La media sanción marca el primer paso de una reforma que, de convertirse en ley, modificaría de manera sustancial el esquema vigente desde 2021. El proyecto deberá ser tratado ahora por la Cámara de Diputados, donde volverá a atravesar el debate en comisiones antes de una eventual llegada al recinto. Entre los aspectos centrales que quedan por definir se encuentran la implementación del nuevo mercado electrónico, los mecanismos de formación de precios, la transición prevista para el biodiesel y el aumento de los cortes obligatorios.

El sector agroindustrial considera que la nueva regulación podría otorgar previsibilidad para inversiones de largo plazo, mientras que el debate legislativo deberá determinar el alcance definitivo de las reglas que regirán la actividad.

Si el proyecto completa su tratamiento parlamentario, el nuevo régimen prevé comenzar a operar en 2027, con mayores porcentajes de biocombustibles en los surtidores y un esquema de comercialización diferente al vigente. El próximo capítulo de la discusión, por lo tanto, estará en Diputados.

Se distribuyó el cupo de 44.164 toneladas de azúcar crudo que Estados Unidos otorgó a la Argentina para el período 2026/2027. La asignación fue formalizada mediante la Resolución Nº 173/2026 . La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca informó que el producto podrá ingresar al mercado estadounidense hasta el 30 de septiembre de 2027.

El cupo fue distribuido entre 21 empresas exportadoras argentinas, radicadas en Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba. Estados Unidos constituye uno de los principales destinos para el azúcar argentino y, junto con Chile y Uruguay, integra el grupo de mercados más relevantes para las ventas externas del complejo.

Más de US$ 290 millones exportados

Durante 2025, Argentina exportó a todos los destinos 576.442 toneladas de azúcar por US$ 292 millones, con un crecimiento del 12% en volumen y del 2% en valor frente al año anterior. En los primeros siete meses de 2026, en tanto, se comercializaron en el exterior 184.651 toneladas por más de US$ 86 millones, lo que confirma la importancia que mantiene el mercado externo para el sector.

El desempeño exportador se apoyó en una importante producción durante la campaña de la zafra sucroalcoholera 2025. Según el balance definitivo informado por el Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (IPAAT), la Argentina produjo 1.830.167 toneladas de azúcar físico, luego de procesar 25.081.697 toneladas de caña de azúcar molida a nivel nacional. Al mismo tiempo, las destilerías activas generaron 524.938.258 litros de alcohol hidratado, de los cuales más de 338 millones fueron destinados a la producción de bioetanol para mezclar con naftas.

El excedente generado durante la zafra permitió al complejo azucarero colocar en los mercados internacionales cerca de 600.000 toneladas de azúcar.

Argentina cuenta con 20 ingenios azucareros, de los cuales 14 están en Tucumán, tres en Jujuy, dos en Salta y uno en Santa Fe; en tanto que el cultivo ocupa unas 390.000 hectáreas y la actividad fabril se concentra durante aproximadamente seis meses, entre mayo y mediados de noviembre.

Un motor económico para el NOA

Aunque la mayor parte de la producción se destina al mercado interno, la industria también enfrenta el desafío de abastecer la demanda de bioetanol. Desde la incorporación del biocombustible a las naftas en 2006, el sector realizó inversiones para atender el actual corte del 12%, que se divide en partes iguales entre el bioetanol de caña y el producido a partir de maíz.

En la actualidad, la discusión por el futuro de los biocombustibles se centra en el Senado, donde ya fue aprobado con un dictamen de mayoría, un proyecto que propone modificar el régimen vigente y elevar los porcentajes de mezcla obligatoria.

Con 60.900 puestos de trabajo directos y 140.000 indirectos, la cadena sucroalcoholera constituye además una actividad de fuerte impacto socioeconómico, especialmente en el NOA , según datos del Centro Azucarero Argentino.

Argentina tiene frente a sí una oportunidad económica que, de concretarse, podría transformar al carbono en una nueva fuente de inversiones y divisas, aseguran desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA). Y por ello, reclaman al Senado de la Nación que avance con urgencia en una ley que establezca reglas para el funcionamiento del mercado de créditos de carbono.

El proyecto de ley marco para regular los mercados de carbono en Argentina se encuentra actualmente con dictamen de comisión aprobado en la Cámara Alta, listo para ser tratado y votado en el recinto tras una reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, en la que los legisladores unificaron y pasaron a la firma el dictamen. En ese contexto, el CAA reclama que el Senado le otorgue la media sanción definitiva para que el proyecto pueda ser girado a la Cámara de Diputados.

Desde la entidad estiman que un marco regulatorio claro permitiría captar entre US$1.400 millones y US$3.900 millones anuales, además de impulsar inversiones territoriales por más de US$2.000 millones en el mediano plazo. La apuesta está puesta especialmente en el potencial ambiental de la producción agroindustrial argentina.

El escenario actual, sin embargo, dista de estar consolidado. El país cuenta con más de 40 proyectos de carbono en ejecución, pero la mayoría se encuentra limitada al mercado voluntario. Según el sector, una legislación que permita vincular esos desarrollos con mercados internacionales podría multiplicar las oportunidades.

Para el CAA, el atractivo argentino reside en actividades capaces de generar reducciones o capturas de emisiones: manejo de suelos, ganadería regenerativa, forestación, bioenergía y producción de biocarbón aparecen entre las principales alternativas. Sin embargo, “para transformar esa ventaja competitiva en inversión y empleo genuino necesitamos previsibilidad e institucionalidad legal de manera prioritaria”, advirtió Gustavo Idígoras, presidente de la entidad.

Qué propone la ley

Entre los puntos valorados por el CAA se encuentra el reconocimiento de la propiedad de los créditos de carbono en favor de los titulares de los proyectos. También destaca la posibilidad de comercializar libremente los aportes destinados a mercados voluntarios, sin autorizaciones administrativas previas que, a su criterio, podrían convertirse en trabas burocráticas; la estabilidad fiscal durante diez años, la exención de derechos de exportación y la creación de un Registro Nacional de carácter ágil, gratuito y declarativo. El objetivo sería evitar la doble contabilización sin transformar al Estado en una barrera para el desarrollo de nuevos proyectos.

Tres claves para atraer inversiones

En tanto, la Mesa Argentina de Carbono (MAC), que reúne a más de 50 empresas y organizaciones vinculadas con la actividad, también expuso ante el Senado su planteo parte de una premisa similar: Argentina tiene recursos naturales y capacidad técnica, pero necesita reglas que le permitan competir con otros países de la región.

La organización identificó tres definiciones que considera fundamentales.

1. Determinar con precisión quién es el titular del crédito generado por un proyecto. Su propuesta es que corresponda al propietario del bien sobre el cual se desarrolla la iniciativa o a quien este le haya cedido los derechos mediante un acuerdo.
2. Establecer qué naturaleza jurídica tiene el crédito de carbono. La MAC propone reconocerlo como un bien inmaterial de carácter patrimonial, una definición que permitiría aportar mayor claridad a cuestiones impositivas y administrativas.
3. Contar con un mecanismo gubernamental que permita autorizar y ajustar las transferencias internacionales mediante un esquema competitivo, incluyendo porcentajes mínimos de autorización.

Por su parte, la Sociedad Rural Argentina (SRA) coloca en el centro del debate la propiedad de los créditos, la reducción de la burocracia y el destino de los beneficios generados por el mercado de carbono. Al mismo tiempo, considera que el desarrollo de los bonos de carbono puede convertirse en una herramienta para movilizar inversiones y generar empleo en distintas regiones del país, especialmente en zonas con potencial forestal y de conservación como el NEA, el NOA y la Patagonia.

La discusión no ocurre en un vacío. Mientras Argentina define cómo ordenar su mercado, otros países latinoamericanos ya avanzaron en la construcción de marcos regulatorios para captar inversiones vinculadas con el carbono. Paraguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México aparecen entre los países señalados como competidores.

Qué son y cómo funcionan los mercados de carbono

Los mercados de carbono son herramientas económicas que buscan ponerle un valor a la reducción o captura de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono (CO₂). A través de estos mecanismos, esas reducciones pueden convertirse en créditos de carbono, activos que luego pueden ser comercializados. En términos generales, cada crédito representa una tonelada adicional de CO₂ que fue evitada o capturada respecto de una situación de referencia, mediante iniciativas como la conservación de bosques, proyectos de energías renovables, mejoras en eficiencia energética u otras acciones de mitigación. De esta manera, una actividad que contribuye a reducir emisiones puede generar un activo susceptible de ser colocado en el mercado.

Existen, fundamentalmente, dos grandes modalidades: los mercados regulados, que surgen a partir de normas estatales o acuerdos supranacionales y establecen obligaciones para determinados gobiernos, empresas o sectores respecto de sus emisiones; y los mercados voluntarios, que funcionan sobre la base de decisiones de empresas, organizaciones o particulares que compran créditos sin que exista necesariamente una obligación legal.

El Acuerdo de París, adoptado en 2015, incorporó expresamente mecanismos de mercado a través de su Artículo 6 para que los países puedan cooperar en el cumplimiento de sus compromisos climáticos. Bajo este esquema, una reducción de emisiones generada en un país puede ser transferida internacionalmente para contribuir al cumplimiento de los objetivos de otro, siempre bajo reglas de transparencia y contabilidad.

La nueva campaña de maíz comienza con una perspectiva favorable en materia hídrica, pero con una preocupación creciente por el deterioro nutricional de los suelos. Desde FERTILIZAR AC remarcaron que realizar análisis y ajustar la fertilización será fundamental para que el cultivo pueda expresar su potencial productivo y, al mismo tiempo, mejorar la eficiencia en el uso del agua.

El maíz ocupa un lugar estratégico en la agricultura argentina: en la última campaña superó las 10 millones de hectáreas sembradas y alcanzó una producción cercana a las 70 millones de toneladas. Además de su aporte a las exportaciones, el cultivo es clave para el agregado de valor y la producción de proteínas animales, especialmente en los sistemas ganaderos y lecheros, donde el silo de maíz representa más del 40% de la alimentación.

El avance genético elevó de manera sostenida el potencial de rendimiento del cultivo y permitió ampliar las alternativas de siembra a distintos ambientes. Sin embargo, desde la entidad advierten que ese potencial debe estar acompañado por una nutrición adecuada. Según FERTILIZAR AC, un maíz de 120 quintales requiere aproximadamente 260 kilos de nitrógeno y 48 kilos de fósforo, mientras que en promedio el país cosecha alrededor de un 30% menos del grano que podría producir.

La disponibilidad de agua aparece como otra oportunidad. En numerosas regiones, las lluvias de los últimos meses permitieron recargar los perfiles de suelo, pero contar con humedad no garantiza una adecuada oferta de nutrientes. Ensayos de largo plazo de la Red de Estrategias de FERTILIZAR AC muestran que una nutrición equilibrada puede incrementar entre 22% y 44% la eficiencia de uso del agua, llegando a casi 17 kilos de grano por milímetro frente a valores inferiores a 12 kilos.

En este escenario, el análisis de suelo aparece como el punto de partida para definir la estrategia de fertilización. La encuesta de FERTILIZAR AC señala que apenas el 26% de la superficie analizada se muestrea todos los años, mientras que un 9% nunca se analiza. Para planificar el maíz, recomiendan evaluar fósforo, zinc y azufre en los primeros 20 centímetros y determinar la disponibilidad de nitrógeno hasta los 60 centímetros de profundidad.

El objetivo, según la entidad, es cerrar las brechas nutricionales sin comprometer la fertilidad futura. Para ello, propone combinar análisis de suelo, estrategias balanceadas de nitrógeno, fósforo, azufre y zinc y herramientas de monitoreo como sensores de vegetación, clorofilómetros y NDVI. “No se trata solamente de pensar cuánto podemos producir esta campaña”, planteó María Fernanda González Sanjuan, al advertir que cada cosecha extrae nutrientes y que una reposición insuficiente termina consumiendo la fertilidad del sistema productivo.

El maíz no se detiene

En tanto, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su panorama agrícola, dio por iniciada la siembra de maíz con destino grano comercial de la campaña 2026/27, con un avance nacional de 1,5 % sobre las 8.4 millones de hectáreas proyectadas. Este progreso se concentra mayormente en el Centro-Norte de Santa Fe, donde se sembró el 13 % de la superficie proyectada para la región.

En paralelo, indica el reporte, favorecida por las buenas condiciones ambientales durante las últimas semanas, la cosecha del cereal, correspondiente a la campaña 2025/26, alcanza el 92,5 % del área apta a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 77,8 qq/Ha. Sin embargo, las labores aún mantienen una demora de 6 % respecto de la campaña previa, concentrándose los principales remanentes en el sur del área agrícola.

A su vez, los rindes relevados continúan en línea con las expectativas de la campaña, por lo que la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sostiene su proyección de producción nacional en 64 millones de toneladas.

Nicolás Pino continuará al frente de la Sociedad Rural Argentina. El actual presidente consiguió imponerse en las elecciones de la entidad y renovó su mandato para el período 2026-2028, cerrando a su favor una disputa interna que durante meses enfrentó al oficialismo con el sector encabezado por su propio vicepresidente, Marcos Pereda.

La elección -en la que participaron 2229 votantes, Pino obtuvo 1441 votos (70%), mientras que Pereda logró 592 (30%)- puso fin a una de las campañas más intensas en los 160 años de historia de la Sociedad Rural Argentina.

Pino, al frente de la lista Presencia Federal, obtuvo el triunfo en trece de los catorce distritos en los que está organizada la SRA. El único resultado adverso se registró en el distrito 7, que corresponde a la provincia de Entre Ríos, cuyo director es Juan Diego Etchevehere, quien integra la lista opositora.

El ahora reelecto presidente de la SRA, llegó a los comicios con el objetivo de continuar la gestión iniciada en 2021, mientras que Pereda, acompañado por Santos Zuberbühler y al frente de Renovación con Unidad, buscaba provocar un cambio de conducción y convertir la elección en una señal de renovación institucional.

La fórmula que conducirá la entidad tendrá a Carlos Odriozola como vicepresidente, dirigente que ya integra la estructura de la SRA y que fue elegido por Pino para acompañarlo en este nuevo período. Odriozola es ingeniero agrónomo, productor agropecuario, director de la entidad y coordinador de la Comisión de Carnes. La oficialización de la fórmula había sido presentada por el espacio oficialista como la continuidad de un equipo de trabajo que conoce de cerca el funcionamiento de la institución.

El resultado tiene un peso particular porque Pino y Pereda habían llegado juntos a la conducción de la SRA. Ambos ganaron la elección de 2020 y, debido a la pandemia de coronavirus, asumieron formalmente el 1 de junio de 2021. Durante los primeros años compartieron la estrategia de renovar la conducción de la entidad y posteriormente consiguieron una nueva victoria electoral en 2022. Sin embargo, aquella sociedad política terminó quebrándose y dio paso a una interna que escaló hasta transformarse en una elección directa entre presidente y vicepresidente, durante la cual se sobrepasaron los temas netamente ruralistas, y se abordaron cuestiones personales de los dirigentes, que -según algunos socios- habrían podido dañar el prestigio de la centenaria sociedad.

El conflicto tuvo como uno de sus principales puntos de discusión la interpretación del estatuto de la Sociedad Rural. En 2023 la entidad introdujo una modificación que estableció un límite de tres períodos consecutivos para quien ejerza la presidencia. Pereda entendió que esa nueva regla impedía a Pino presentarse para un cuarto mandato, mientras que el actual presidente sostuvo desde el principio que los períodos debían computarse desde la entrada en vigencia de la reforma y no de manera retroactiva.

Una elección, dos modelos

La disputa electoral no se limitó a determinar quién ocuparía el despacho de la presidencia. Durante la campaña se enfrentaron dos concepciones sobre el papel que debe desempeñar la institución y sobre cómo debe relacionarse con la política nacional.

La propuesta de Presencia Federal defendió la continuidad de una estrategia basada en la presencia territorial, el diálogo con los distintos actores políticos y económicos y una posición de fuerte defensa de las demandas productivas. El espacio de Pino planteó continuar reclamando la eliminación total de las retenciones, mejorar la infraestructura, obtener mejores condiciones de financiamiento para los productores y completar la modernización tecnológica de la entidad. El oficialismo también reivindicó como parte de su balance la implementación del voto electrónico, el saneamiento de las finanzas, la mudanza de la sede institucional y una mayor presencia de la Comisión Directiva en distintos puntos del país.

El reclamo por la eliminación de las retenciones ocupará nuevamente un lugar central en la agenda. Pino mantuvo durante la campaña un vínculo fluido con la administración de Javier Milei y sostuvo públicamente que el objetivo final debe ser llegar a retenciones cero. El dirigente consideró que la estabilización macroeconómica y las medidas adoptadas por el Gobierno generaron mejores condiciones para discutir el futuro productivo, aunque insistió en que la presión tributaria sobre el agro debe continuar descendiendo.

Algunos “ejes” de la interna

Otros de los temas que marcaron la interna fueron el proyecto de modernización de los registros genealógicos, uno de los servicios históricos más importantes de la SRA y una herramienta clave para la inscripción de animales de pedigrí; y la extensión de la votación electrónica, que permaneció abierto durante 58 días, un período superior al de la elección anterior.

Ahora, con las urnas cerradas y la elección resuelta, esas diferencias deberán encontrar un cauce institucional en una entidad que agrupa a cerca de 3.900 socios, posee una estructura federal que comprende 14 distritos, y es una de las entidades de mayor peso político y económico del agro argentino.

La disputa por los recursos naturales de las Islas Malvinas sumó un nuevo capítulo y, esta vez, el foco está puesto en lo que ocurre debajo de la superficie del Atlántico Sur. Mientras el Gobierno argentino endurece su posición frente a los proyectos de explotación de hidrocarburos impulsados por el Reino Unido, el sector pesquero reclama que la misma estrategia contemple una actividad que ya se desarrolla desde hace décadas. El planteo adquiere dimensión económica: durante 2024 se registraron 261.903 toneladas de capturas en aguas bajo administración británica, de las cuales 146.689 toneladas correspondieron al calamar Illex argentinus, según puntualiza un informe de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP).

El negocio pesquero también representa una fuente significativa de ingresos para las autoridades de las Islas, indica el estudio, que destaca que el sistema de licencias genera unos 39 millones de libras esterlinas anuales, equivalentes a aproximadamente USD 52,7 millones. La operatoria involucra habitualmente entre 100 y 120 barcos con licencia activa, aunque durante los picos de temporada, especialmente por la concentración de la pesca de calamar, pueden superar las 130 embarcaciones trabajando al mismo tiempo. Para la entidad, la diferencia respecto del petróleo es evidente: “El petróleo está debajo del mar y los peces están dentro del mar. Los dos son recursos naturales y forman parte de una misma discusión de soberanía”, sostuvo su presidente, Raúl Cereseto.

El reclamo incorpora además una dimensión ambiental. Varias de las especies de mayor importancia comercial se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva argentina, alta mar y las aguas administradas por el Reino Unido. Entre ellas se encuentran la merluza común, el calamar Illex, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad o merluza negra. De acuerdo con el planteo del sector, esta movilidad hace que una explotación intensiva en una determinada jurisdicción pueda repercutir sobre poblaciones que forman parte de un mismo ecosistema. También se advierte sobre operaciones de embarcaciones licenciadas por los británicos en sectores próximos al límite exterior de la Zona Económica Exclusiva argentina.

Las especies que están en juego

Entre los recursos que atraviesan las aguas cercanas a Malvinas aparece la merluza común (Merluccius hubbsi, cuya captura se realiza principalmente mediante redes de arrastre y constituye, junto con el calamar y el langostino, una de las actividades más representativas de la pesca comercial argentina. También se destaca la merluza de cola (Macruronus magellanicus), asociada a la corriente de Malvinas y especialmente abundante al sur de los 45°S, además del bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides), un recurso de elevado valor comercial cuyo crecimiento lento y madurez sexual tardía lo vuelven particularmente vulnerable a la sobreexplotación.

El calamar Illex, en tanto, ocupa un lugar central en la actividad pesquera del Atlántico Sur. Su captura se realiza mediante buques poteros, que potentes lámparas para atraer a los ejemplares hacia la superficie. Su importancia excede las fronteras de la región: el producto se exporta, entre otros destinos, a China, España, Japón y Estados Unidos.

La discusión, según advierten desde la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP), plantea un desafío adicional para la política argentina sobre Malvinas: cómo incorporar la explotación pesquera actual a una estrategia que hasta ahora tiene al petróleo como uno de sus principales focos. Para el sector, no se trata de elegir entre hidrocarburos y pesca, sino de considerar ambos dentro de una misma política de defensa de los recursos naturales y del ecosistema del Atlántico Sur.

Sancionaron a un quinto buque extranjero por pesca ilegal

En tanto, la política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal sumó un nuevo capítulo con la sanción aplicada al buque español Farruco, detectado mientras operaba dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La empresa propietaria deberá afrontar una multa de $1.844 millones, equivalente a 1.000.000 de Unidades de Pesca (UP), de acuerdo con la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Se trata del quinto buque extranjero sancionado durante 2026, en el marco de un procedimiento realizado por la Armada Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con apoyo de tecnología de detección electrónica,

El caso del Farruco, que adquiere especial relevancia en el contexto del debate por la explotación de los recursos del Atlántico Sur, se suma a los procedimientos contra la pesca ilegal dentro de sus aguas, en los que fueron sancionados los buques extranjeros Bao Feng, Bao Win, Coimbra y Hai Xiang 2.

Desde la industria pesquera señalan que el desafío ahora es avanzar en una estrategia más amplia frente a la explotación de recursos pesqueros vinculados con la controversia de soberanía. “Si el principio es que nadie puede explotar unilateralmente nuestros recursos naturales en Malvinas, entonces ese principio debe valer para todos los recursos”, afirmó Cereseto.

Hace 25 años, Argentina y Brasil producían prácticamente la misma cantidad de granos. Hoy, el vecino país produce 2,5 veces más y, desde los años 2000, acumuló unos 1.550 millones de toneladas adicionales respecto de Argentina, un volumen equivalente a unas 12 cosechas récord argentinas y con un valor estimado en US$475.000 millones. La diferencia no se explica por una sola variable, sino por trayectorias de inversión y desarrollo productivo que fueron tomando rumbos diferentes.

El diagnóstico surge de un estudio del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), presentado por Paula Szenkman, directora de Desarrollo Económico de la institución, e Iván Ordóñez, investigador asociado. El trabajo analiza la expansión agroindustrial brasileña y sus efectos sobre la producción, la economía y el territorio, al tiempo que plantea qué aprendizajes podría tomar Argentina de ese proceso.

Dos caminos para el agro

Según el estudio, Brasil sostuvo durante décadas condiciones que favorecieron la inversión y la expansión productiva. Sus productores pudieron vender sus granos a valores cercanos a los internacionales, mientras el Estado acompañó la incorporación de nuevas zonas agrícolas mediante crédito, infraestructura e investigación tecnológica. Argentina, en cambio, aplicó desde 2002 derechos de exportación y otras medidas que redujeron los precios recibidos por los productores, además de restricciones cambiarias y límites a las exportaciones en distintos períodos. Entre 2002 y 2025, el productor argentino recibió, por tonelada, en promedio el 60% de lo percibido por uno brasileño en soja, el 65% en maíz y el 72% en trigo.

La frontera agrícola brasileña

Uno de los grandes motores de la expansión fue la incorporación de tierras ganaderas de bajo costo, especialmente en el Centro-Oeste. Con tecnología, financiamiento e infraestructura, Brasil transformó parte de esas superficies en áreas agrícolas de alta productividad. Entre 2000 y 2024, el área cultivada del Centro-Oeste aumentó 292%, frente a un crecimiento del 59% en el conjunto del país. El Estado también desarrolló un amplio mercado de crédito rural e invirtió en rutas, ferrocarriles, hidrovías, almacenamiento y puertos para conectar las nuevas zonas productivas con los mercados.

La transformación no se apoyó únicamente en la disponibilidad de tierras. Cuando producir soja y maíz en el Cerrado todavía era incierto, organismos públicos y organizaciones de productores financiaron la adaptación de semillas, suelos y técnicas de manejo a las condiciones tropicales. Una vez demostrada la rentabilidad, el sector privado multiplicó las inversiones. Desde comienzos de los 2000, el uso de fertilizantes por hectárea prácticamente se duplicó y el gasto en agroquímicos casi se sextuplicó. Como resultado, los rendimientos de soja y maíz brasileños, que anteriormente eran inferiores a los argentinos, hoy superan a los de Argentina en varias regiones productivas.

El crecimiento de la producción de granos tuvo efectos sobre toda la economía. Entre la década de 1980 y el período 2020-2024, Brasil multiplicó por 8,3 su producción de carne aviar, por 5,6 la porcina y por 2,4 la bovina. Al mismo tiempo, el poder de compra del salario mínimo medido en kilos de carne aumentó de manera significativa. El agronegocio también ganó peso: entre 1995 y 2025, mientras el PIB brasileño aproximadamente se duplicó, el PIB del agronegocio se multiplicó por 3,3, explicaron los especialistas del CIPPEC.

Nuevas ciudades alrededor del agro

La expansión productiva también modificó el mapa económico y demográfico brasileño. El Centro-Oeste pasó de representar apenas el 3% de las exportaciones del país en 2000 al 16% en 2025, mientras sus exportaciones por habitante pasaron de US$160 a US$3.156. En paralelo, las regiones agropecuarias analizadas aumentaron su población 81% entre 1992 y 2022, frente al 29% registrado en el resto de Brasil. Más de 5 millones de personas llegaron por migración y surgieron 319 nuevas ciudades vinculadas al crecimiento de la actividad agroindustrial.

La continuidad fue el elemento que permitió transformar una frontera agrícola en nuevas cadenas productivas, señala el informe.

Argentina, según el análisis, conserva buena parte de los activos necesarios para impulsar una nueva etapa de desarrollo agroindustrial: tierras, conocimiento, productores experimentados, empresas de tecnología y una amplia superficie con potencial productivo. El desafío pasa por recuperar un proceso sostenido de inversión y extender el dinamismo más allá de las zonas agrícolas tradicionales, desde el norte argentino hasta la Norpatagonia.

Las empresas ya no solo buscan medir su impacto ambiental, también empiezan a identificar cuánto dependen de la naturaleza para sostener sus operaciones. El desafío es transformar esa dependencia en información verificable que permita anticipar riesgos y atraer inversiones hacia la conservación.

¿Qué ocurriría con una empresa si el agua que necesita para producir dejara de estar disponible, si se degradara el suelo del que depende o si desapareciera un ecosistema que protege su territorio? La pregunta - señala un informe realizado por el Foro de Servicios Ecosistémicos América Latina (FSC)- puede parecer ambiental, pero tiene una consecuencia cada vez más evidente: también es económica.

La calidad del agua, la salud de los suelos, la biodiversidad, la captura de carbono y otros servicios ecosistémicos pueden condicionar operaciones, cadenas de suministro y decisiones empresariales de largo plazo. En ese escenario, los bosques ocupan alrededor del 16% del territorio argentino, una superficie cercana a la extensión de España, y representan aproximadamente el 30% de las tierras del mundo. Además, capturan netamente unos 7.600 millones de toneladas de CO₂ al año y albergan hasta el 80% de la biodiversidad terrestre.

La dimensión económica del problema también es significativa. Se estima que el 55% del valor del PIB total de América Latina y el Caribe depende de la naturaleza, mientras que los servicios ecosistémicos representan unos US$15,3 billones anuales en la región.

Para el Forest Stewardship Council (FSC) -una autoridad global en manejo forestal responsable- el desafío ya no consiste únicamente en determinar cuánto impacta una empresa sobre los ecosistemas, sino también cuánto depende de ellos y qué consecuencias tendría su deterioro. El problema es que buena parte de ese valor todavía no aparece en los balances empresariales: un bosque puede almacenar carbono, regular el agua, conservar biodiversidad y proteger el suelo sin recibir necesariamente una valoración económica directa. Sin embargo, su degradación puede traducirse en mayores costos, interrupciones productivas, riesgos para las cadenas de suministro y una mayor exposición al cambio climático. Por eso, medir y verificar esos beneficios se vuelve una herramienta para orientar decisiones empresariales y financieras.

La dimensión tampoco es exclusivamente ambiental o financiera. Los servicios ecosistémicos tienen un impacto directo sobre el bienestar de las comunidades, la calidad de vida y el desarrollo de las actividades productivas. Conservarlos implica sostener recursos esenciales, reducir vulnerabilidades y preservar las condiciones naturales de las que dependen tanto las personas como las empresas.

En esa transición, medir se vuelve una herramienta estratégica. La evidencia sobre los servicios ecosistémicos puede respaldar reportes, monitorear compromisos ambientales, identificar riesgos y dependencias relacionados con la naturaleza y, al mismo tiempo, aportar información para orientar decisiones de inversión y asignación de capital.

FSC incorporó esta discusión en su “Marco Estratégico de Clima y Biodiversidad 2026-2032″, que plantea entre sus prioridades ampliar el acceso al financiamiento mediante la participación de instituciones financieras y fortalecer los sistemas de datos, monitoreo y evidencia. El objetivo es que los resultados ambientales puedan ser utilizados de manera confiable en mercados, reportes corporativos y decisiones de inversión.

Para avanzar en ese sentido, FSC desarrolló “Impacto Verificado”, una herramienta destinada a generar evidencia sobre siete servicios ecosistémicos: biodiversidad, almacenamiento y captura de carbono, agua, conservación de suelos, recreación, valores culturales y calidad del aire. El sistema permite cuantificar impactos y someter los resultados a procesos de verificación por terceros, aportando mayor credibilidad para respaldar compromisos ambientales y decisiones financieras.

La diferencia es sustancial: medir permite conocer qué ocurrió; verificar permite demostrarlo. Esa trazabilidad puede ser clave para que los beneficios de conservar un ecosistema dejen de quedar únicamente en el terreno de las declaraciones ambientales y comiencen a formar parte de conversaciones vinculadas con riesgo, rentabilidad y financiamiento.

La discusión resulta especialmente relevante para las actividades vinculadas al territorio y a los recursos naturales. Una caída en la calidad del agua puede afectar una operación; la pérdida de fertilidad del suelo puede reducir la productividad; la disminución de la biodiversidad puede alterar servicios esenciales; y la degradación de los bosques puede incrementar la exposición frente a determinados riesgos climáticos.

Identificar esas dependencias permite pasar de una lógica reactiva a una de planificación. La pregunta deja de ser únicamente qué huella deja una operación para incorporar otras: qué recursos naturales son estratégicos, qué riesgos podrían aparecer si se deterioran y qué inversiones permitirían reducir esas vulnerabilidades.

El desafío, sin embargo, sigue siendo complejo, asegura el informe del el Foro de Servicios Ecosistémicos. A diferencia de un activo financiero convencional, el valor de un ecosistema no puede resumirse fácilmente en una única variable. Su importancia surge de múltiples funciones que interactúan entre sí y que, en muchos casos, sostienen actividades económicas sin aparecer directamente en sus estructuras de costos.

El mercado de reproductores bovinos atraviesa el inicio de una temporada con mayor volumen de operaciones y valores firmes, aunque todavía resta transitar la parte más intensa del ciclo comercial. Así lo señala un informe elaborado por Rosgan, que analiza los movimientos de hacienda registrados por SENASA y las referencias de precios surgidas de los remates realizados durante julio y agosto. Los primeros datos muestran, además, una señal relevante: los criadores estarían reteniendo una mayor cantidad de hembras para reposición.

Según los registros de SENASA relevados por Rosgan, durante los primeros ocho meses de 2026 se trasladaron cerca de 530.000 animales con destino a reproducción, un volumen 22% superior al registrado en igual período de 2025. Del total, el 13% correspondió a machos y el 87% a hembras. Se trata, además, del nivel más elevado de los últimos cinco años y del tercer año consecutivo en que aumenta el movimiento de animales destinados a reproducción.

Dentro de los machos, los toros representan habitualmente entre el 60% y el 65% de los traslados con destino reproductivo. Su comercialización presenta una marcada estacionalidad: alrededor del 90% de los movimientos se concentra durante el segundo semestre. Por eso, Rosgan considera que los valores observados hasta agosto (en torno a $9,9 millones, que representan una suba nominal del 59% interanual) constituyen las primeras referencias de una campaña que tendrá sus principales definiciones durante septiembre y octubre.

Sin embargo, la lectura resulta diferente cuando el precio se expresa en términos de producto. El informe destaca que -medido en kilos de novillo- el valor promedio de un toro pasó de unos 2.100 kilos en 2025 a aproximadamente 2.300 kilos en 2026, lo que supone un incremento real cercano al 9%. Más favorable aún resulta la comparación con el ternero: con un precio promedio de $6.200 por kilo este año, reponer un toro demanda unos 1.600 kilos de ternero, frente a los 1.656 kilos necesarios en 2025. Es decir, pese al fuerte aumento nominal del reproductor, el esfuerzo de reposición incluso se redujo alrededor de 3,5%.

La señal está en las hembras

La otra gran lectura del informe aparece en el comportamiento de las hembras. En lo que va del año se trasladaron cerca de 460.000 vacas, vaquillonas y terneras con destino reproductivo, un 24% más que en los primeros ocho meses de 2025. Pero detrás de ese aumento en el volumen total surge un dato que Rosgan considera especialmente significativo: la participación de las hembras jóvenes sobre el total viene descendiendo y pasó de niveles cercanos al 50% a aproximadamente 40%.

La disminución de terneras y vaquillonas dentro de los movimientos reproductivos resulta compatible con una estrategia de mayor retención para reposición dentro de los establecimientos de cría. En un escenario de recuperación de los valores ganaderos y con expectativas favorables sobre el negocio, los productores estarían priorizando la conservación de sus futuras madres antes que volcarlas al mercado. Esa menor disponibilidad de vientres generales comienza a reflejarse también en los precios.

Para el mercado ganadero, subraya el informe del Rosgan, esta diferencia puede estar mostrando una combinación de demanda firme y oferta restringida. La mayor valorización relativa de los vientres generales estaría vinculada con la necesidad de recomponer rodeos y, al mismo tiempo, con una menor disponibilidad provocada por la retención de hembras que está realizando el criador. Para Rosgan, los datos de julio y agosto todavía son preliminares, pero anticipan un mercado de reproductores con precios sostenidos y una oferta que podría tensionarse a medida que avance la temporada.

La Patagonia podría convertirse en uno de los principales polos mundiales de producción de omega-3 a partir de un recurso que durante décadas permaneció subexplotado: la anchoíta patagónica (Engraulis anchoita). Un relevamiento internacional de la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) advierte que la abundancia del recurso, su composición nutricional y la elevada concentración de ácidos grasos esenciales abren una oportunidad que trasciende al negocio pesquero tradicional.

Los primeros datos de 2026 ya muestran un fuerte cambio de escala. Entre enero y julio, Argentina registró 4.548 toneladas de anchoíta desembarcadas, frente a apenas 91 toneladas en igual período de 2025, lo que representa un incremento cercano al 4.900%. El principal escenario de esta expansión fue Chubut: al 4 de agosto se contabilizaban 4.410,4 toneladas correspondientes al stock ubicado al sur del paralelo 41°, de las cuales 4.409,3 toneladas fueron desembarcadas en Rawson.

La evolución de la campaña refleja la velocidad del crecimiento. Mientras durante los primeros meses del año prácticamente no hubo desembarques, el stock patagónico alcanzó las 600 toneladas en junio y saltó a 3.735,8 toneladas en julio. Las estimaciones sectoriales ubican el cierre de la zafra chubutense entre 5.500 y 6.000 toneladas, pero la campaña terminó anticipadamente no por falta de pescado, sino por haber alcanzado el límite de la capacidad industrial disponible para procesarlo.

El verdadero atractivo de la anchoíta está en su composición. Las investigaciones citadas por FULASP estiman que los ejemplares patagónicos presentan alrededor de 34% de ácidos grasos Omega-3, una característica que los convierte en una materia prima potencial para producir aceite, EPA y DHA. Estos componentes pueden destinarse a suplementos nutricionales, alimentos funcionales, productos farmacéuticos y alimentación para la acuicultura, entre otras aplicaciones.

Anchoíta, un pez con alto valor agregado

Para Raúl Cereseto, presidente de la FULASP, esta posibilidad implica un cambio profundo en la dimensión del negocio. La anchoíta podría dejar de competir únicamente como pescado congelado, conserva o salazón para incorporarse a una cadena internacional de productos de alto valor agregado. El contexto del mercado también resulta favorable: el informe estima que el mercado mundial de aceites de omega-3 alcanzó unos US$3.040 millones en 2024 y podría llegar a US$6.240 millones en 2032, con un crecimiento anual promedio cercano al 9,4%.

La comparación internacional permite dimensionar aún más la oportunidad. Según Cereseto, el mar Cantábrico registra unas 30.000 toneladas anuales de explotación y Marruecos alrededor de 50.000, mientras que solo Chubut tendría un potencial del orden de las 100.000 toneladas sin comprometer la biomasa, de acuerdo con el relevamiento. Esa escala podría colocar a la Patagonia por encima de varias de las pesquerías de anchoa más consolidadas del mundo.

Anchoíta patagónica: fuente de omega-3 de alto valor agregado

La oportunidad, además, coincide con una transformación en la demanda mundial de alimentos. La FAO destaca el papel estratégico que tendrán los alimentos acuáticos en la seguridad alimentaria global e identifica a los ácidos grasos omega-3 entre los nutrientes de especial valor aportados por estos productos, vinculados con el desarrollo neurológico y la salud cardiovascular. Para FULASP, la combinación entre disponibilidad del recurso, calidad nutricional, demanda internacional y capacidad de industrialización permite pensar en la Patagonia como un polo productor de vanguardia.

Sin embargo, convertir ese potencial en una industria consolidada requerirá mucho más que aumentar las capturas. El informe señala la necesidad de industrializar el recurso en origen, generar inversiones y contar con reglas claras y costos competitivos. Entre los factores que podrían condicionar el desarrollo aparecen la carga tributaria, los costos laborales y energéticos, el combustible, la logística, los derechos de exportación y la previsibilidad necesaria para inversiones cuya amortización demanda varios años.

La sustentabilidad será otro componente central de la estrategia. La industria chubutense analiza avanzar hacia estándares internacionales de certificación que permitan acceder a compradores premium de Europa y Estados Unidos, mientras que el aprovechamiento del recurso deberá apoyarse en criterios científicos, trazabilidad y parámetros modernos de explotación. En ese marco, el desafío planteado por FULASP es transformar la abundancia de anchoíta en inversión, empleo, exportaciones y valor agregado nacional, aprovechando una oportunidad que podría redefinir el lugar de la Argentina en el mercado global del omega-3.

La incorporación de la figura de “ecocidio” al Código Penal volvió a generar una fuerte reacción en el sector productivo argentino. Mientras el proyecto avanza en el Senado bajo el expediente S-1064/25 y el Orden del Día Nº 122/2026, el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), la Asociación Forestal Argentina (AFoA) y los productores confederados coincidieron en advertir que el texto, en su redacción actual, puede generar una elevada incertidumbre jurídica y terminar alcanzando a actividades productivas legales y reguladas.

El proyecto, que ya obtuvo dictamen favorable en junio en las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta (aunque posteriormente se produjo una controversia por el retiro de firmas de algunos senadores), propone establecer penas de entre 3 y 15 años de prisión; y sanciones de hasta 25 años en casos donde existan circunstancias agravantes.

Por su parte, las entidades aclaran que no cuestionan la necesidad de proteger los recursos naturales. Por el contrario, AFoA en una carta remitida por el presidente de la entidad, Pablo Ruival, a los legisladores de la Cámara Alta, reafirma su compromiso con la preservación ambiental y la sustentabilidad, mientras que desde el CAA se reconoce expresamente la importancia de preservar los recursos naturales. El planteo se concentra en la herramienta elegida: para las organizaciones, el derecho penal no debería avanzar sobre actividades productivas mediante conceptos abiertos que no permitan determinar con precisión qué conducta constituye un delito.

El núcleo de la discusión está en la forma en que el proyecto define el ecocidio. El dictamen contempla penas para quien provoque daños ambientales especialmente graves, extensos y duraderos, mientras que eleva las consecuencias cuando el daño sea considerado irreversible. El proyecto también contempla agravantes si se producen muertes y establece una modalidad culposa, es decir, situaciones que podrían derivar de imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de deberes.

¿Sin parámetros técnicos?

Para las entidades productivas, el problema aparece cuando esas categorías no están acompañadas por parámetros técnicos suficientemente determinados. AFoA cuestiona expresamente conceptos como “daño especialmente grave”, “deterioro severo” o “duración temporal”, al considerar que carecen de umbrales cuantitativos objetivos. El CAA plantea una crítica similar y sostiene que la utilización de conceptos normativos indeterminados puede afectar el principio de legalidad penal previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional.

Uno de los puntos que más preocupa al sector es la amplitud de la expresión “cualquier normativa vigente de protección ambiental y sus reglamentaciones”. Según AFoA, el dictamen habría ampliado de esa manera el alcance del proyecto original, que hacía referencia a las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental. En la interpretación de la entidad, esa modificación puede hacer que el incumplimiento de una norma administrativa sectorial o incluso de una ordenanza municipal termine funcionando como elemento para configurar un delito federal.

El CAA, en una misiva dirigida al Honorable Senado de la Nación Argentina, y firmada por el titular de ese Consejo, Gustavo Idígoras, coincide en que esta extensión puede generar una situación particularmente compleja para las empresas. En su presentación ante los senadores advierte que una resolución administrativa menor o una ordenanza vinculada con cuestiones como vuelcos o zonificación podría transformarse en el disparador de una causa penal. Para la organización, esto diluye la diferencia entre una infracción administrativa y un delito de máxima gravedad.

¿Impacto o daño ambiental?

Otro de los cuestionamientos está relacionado con la diferencia entre impacto y daño ambiental. Las entidades sostienen que toda actividad humana genera algún nivel de impacto sobre el ambiente, pero que ello no significa necesariamente que exista un daño ambiental ilegal. Una actividad puede estar autorizada, contar con estudios de impacto ambiental y desarrollarse dentro de los parámetros establecidos por la autoridad competente. El temor del sector es que, sin criterios técnicos precisos, esa actividad regulada pueda quedar expuesta a una interpretación penal posterior.

La cuestión de la remediación también ocupa un lugar central en las críticas. El dictamen establece que el daño ambiental irreversible puede configurarse independientemente de las medidas de mitigación o remediación humana que puedan aplicarse. CAA y AFoA consideran que esa definición puede producir un efecto contraproducente: si la recomposición posterior no modifica la configuración del delito, podría reducirse el incentivo para que las empresas inviertan en reparar rápidamente un área afectada.

La inclusión del “ecocidio culposo” constituye otro de los principales puntos de alarma. El CAA sostiene que la modalidad permitiría avanzar penalmente frente a situaciones derivadas de imprudencia, negligencia, impericia o incumplimiento de deberes. Entre los escenarios que menciona aparecen fallas técnicas, accidentes logísticos, errores de cálculo en estudios de impacto ambiental o fenómenos climáticos extremos que no hubieran podido ser anticipados.

AFoA considera que ese esquema puede colocar a directivos, ingenieros y responsables técnicos frente a una exposición penal difícil de dimensionar. La preocupación se profundiza en sectores cuyos procesos productivos se desarrollan durante muchos años y en los que pueden intervenir múltiples responsables, contratistas y condiciones ambientales. Para la entidad forestal, la combinación de tipos penales abiertos y responsabilidad culposa puede multiplicar la litigiosidad y generar un escenario de incertidumbre permanente.

Las sanciones para las personas jurídicas constituyen otro capítulo de la controversia. El CAA señala que el dictamen contempla la suspensión total o parcial de actividades por hasta diez años, inhabilitaciones, pérdida de beneficios estatales y multas de dos a cinco veces el beneficio indebido obtenido. Pero cuando ese beneficio no pueda determinarse, la multa podría calcularse sobre el capital social suscripto, con un rango de entre el 10% y el 20%.

Para las entidades, esa posibilidad puede adquirir una dimensión especialmente delicada cuando se trata de pequeñas y medianas empresas. El CAA advierte que la aplicación preventiva o cautelar de sanciones de esa magnitud podría comprometer la continuidad de una compañía antes de que exista una sentencia firme. AFoA también cuestiona lo que considera sanciones potencialmente confiscatorias y advierte sobre su impacto en empresas de menor escala.

La responsabilidad tampoco quedaría necesariamente limitada al período durante el cual una empresa desarrolla su actividad. El CAA observa especialmente la cláusula relacionada con los fallecimientos derivados del daño ambiental, ya que el agravante podría aplicarse aun cuando la muerte ocurra después de que haya finalizado la actividad considerada contaminante. Para la entidad, esto abre una contingencia penal que podría prolongarse durante años o incluso décadas, dificultando la determinación de responsabilidades y los vínculos causales.

Desde el sector forestal se suma además una preocupación vinculada con el federalismo. La Asociación Forestal Argentina sostiene que la utilización de cualquier normativa ambiental como elemento para configurar un delito federal puede interferir con las competencias de las provincias, que poseen el dominio originario de sus recursos naturales. La entidad advierte que podría producirse una superposición entre las autoridades provinciales que autorizan, fiscalizan y sancionan administrativamente una actividad y una eventual intervención de la Justicia Federal.

El impacto económico es otro de los ejes de la advertencia. AFoA sostiene que la incertidumbre penal puede afectar decisiones de inversión de largo plazo y, particularmente, a la actividad forestoindustrial, cuyos ciclos productivos pueden extenderse entre 10 y 20 años. Según la entidad, la falta de previsibilidad puede dificultar además el acceso a instrumentos de financiamiento verde, que requieren estabilidad institucional para proyectos de largo plazo.

Reclaman “no poner bajo sospecha al que produce”

La advertencia alcanza también al empleo y a las economías regionales. AFoA menciona específicamente a Corrientes, Misiones, Entre Ríos y la región del Delta del Paraná, donde la cadena forestoindustrial genera puestos de trabajo directos e indirectos. Para la entidad, poner en riesgo la continuidad de actividades legales y certificadas puede terminar repercutiendo sobre miles de familias vinculadas con la producción, la industria y los servicios asociados.

El Consejo Agroindustrial, en tanto, extiende esa preocupación a prácticamente toda la estructura productiva: la agricultura, la ganadería, la actividad forestal, la minería y la industria, y sostiene que un marco de imprevisibilidad penal podría paralizar decisiones de inversión en sectores estratégicos. La entidad considera que la seguridad jurídica es una condición necesaria para sostener la producción, el empleo y las inversiones.

En la misma línea se expresó José Colombatto, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, durante la Expo Rural de Colón, al puntualizar que los productores “no necesitan leyes que pongan bajo sospecha al que produce; sino reglas claras, responsabilidad, controles efectivos y diálogo con quienes trabajan todos los días sobre el territorio”. Y agregó que “proteger el ambiente es un objetivo compartido, pero no puede hacerse mediante normas imprecisas que afecten la libertad de producir y de invertir”.

Desde el CAA y AFoA, advierten, además, sobre el modo en que el concepto de ecocidio ya habría sido utilizado en el activismo ambiental, calificando de este modo a plantaciones forestales en Corrientes, operaciones hidrocarburíferas en Vaca Muerta y actividades productivas en el Delta del Paraná, así como del complejo portuario del Gran Rosario. Alertan que si la figura se incorpora al Código Penal con una redacción amplia, podría transformarse en una vía para trasladar conflictos que hoy se desarrollan en el ámbito social, político o administrativo hacia el fuero penal, con la posibilidad de medidas cautelares que afecten el funcionamiento de las empresas.

Modificar el enfoque

Frente a este escenario, las entidades no plantean abandonar la protección ambiental, sino modificar el enfoque. AFoA sostiene que la preservación efectiva requiere gestión territorial, fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización administrativa y promoción de buenas prácticas productivas. Según su presentación, el aumento de las penas por sí mismo no garantiza una reducción del daño ambiental y puede resultar contraproducente si genera incertidumbre sobre actividades legales.

Para las organizaciones productivas, la discusión no debería centrarse en ambiente versus producción, sino en cómo establecer normas que castiguen efectivamente los daños graves sin convertir conceptos jurídicos indeterminados en una amenaza sobre actividades autorizadas.

Por eso, el reclamo al Senado es concreto. AFoA pidió el rechazo total del dictamen; el CAA solicitó que la iniciativa no avance en el recinto; y desde Confederaciones Rurales insistieron en que el ecocidio no debe convertirse en una herramienta para criminalizar la producción.

La forestoindustria argentina busca dar un salto de escala y transformar el potencial de sus bosques en nuevas inversiones, exportaciones, empleo y desarrollo. Esa fue una de las principales conclusiones del Seminario 80° Aniversario de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), realizado en Posadas, Misiones, donde más de 20 referentes del sector público y privado analizaron las oportunidades y obstáculos que enfrenta la actividad.

Bajo el lema “Inversiones, Competitividad y Desafío Global”, el encuentro puso en discusión el escenario internacional para la madera, la celulosa, el carbono y la bioeconomía. El presidente de AFoA, Pablo Ruival, destacó que la Argentina cuenta con recursos forestales, tierras y capital humano, pero advirtió que para atraer inversiones de clase mundial será necesario construir una “competitividad sistémica”, basada en infraestructura, logística, seguridad jurídica y condiciones adecuadas para el desarrollo industrial.

La oportunidad internacional aparece especialmente en los mercados de madera con mayor valor agregado. Estados Unidos, por ejemplo, fue presentado como un mercado de enorme potencial para puertas, ventanas, molduras, revestimientos, mobiliario y componentes para la construcción. A esto se suman las oportunidades vinculadas con el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, que podría ampliar el acceso de productos argentinos y favorecer nuevas inversiones y el ingreso de bienes de capital.

La posibilidad de aumentar la escala industrial ya comenzó a materializarse. Durante el seminario se presentaron proyectos ejecutados y proyectados que, en conjunto, superan los US$ 2.500 millones. Entre ellos se destacó el instalado en Gobernador Virasoro, que actualmente procesa alrededor de 700.000 metros cúbicos de madera por año; un proyecto orientado a la construcción con madera mediante tecnología CLT; y una empresa, cuya futura planta de celulosa en Ituzaingó podría demandar unos 5 millones de metros cúbicos de madera y subproductos anuales.

Otro de los ejes centrales fue el mercado de carbono, presentado como una nueva fuente potencial de ingresos para el sector. Según las estimaciones expuestas durante el encuentro, la Argentina podría generar unos 33,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente por año mediante soluciones basadas en la naturaleza. Su valorización podría alcanzar aproximadamente US$ 335 millones anuales en el mercado voluntario o hasta US$ 1.800 millones si estos activos pudieran acceder a mercados de cumplimiento.

Pero para convertir ese potencial en negocios concretos todavía existen obstáculos. La logística aparece como uno de los principales desafíos para una actividad que moviliza grandes volúmenes y se encuentra alejada de los mercados internacionales. Durante el seminario se reclamaron mejoras en rutas, infraestructura portuaria y transporte fluvial, además de una actualización del régimen de cabotaje. La Hidrovía Paraná-Paraguay fue señalada como una alternativa con capacidad para reducir costos y mejorar la competitividad de las exportaciones forestales.

El Primer Secretario UE en Argentina, Enrico Prezio, quien participó del seminario destacó que “el Acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur le genera a la Argentina la oportunidad de incrementar sus exportaciones en varios rubros, y uno de ellos, es el forestal, donde el país está bien posicionado para cumplir con los requerimientos que entrarán en vigencia a partir de diciembre” de 2026.

En tanto, desde las distintas regiones productivas también surgieron señales de alerta: mercado interno retraído, menor rentabilidad, dificultades de financiamiento y estancamiento de nuevas plantaciones son algunos de los problemas que atraviesan las cuencas de Misiones, Corrientes, Entre Ríos y el Delta. En varias zonas, además, una parte importante de las plantaciones se encuentra próxima o ya alcanzó la edad de cosecha, mientras que el ritmo de nuevas forestaciones no acompaña las necesidades futuras de la industria.

Frente a este escenario, el debate también se trasladó al terreno de las políticas públicas. Representantes de Nación y de las provincias coincidieron en la necesidad de avanzar en infraestructura, reducción de costos, financiamiento, desregulación, previsibilidad y articulación entre jurisdicciones. Para AFoA, ninguna de estas variables puede resolverse de manera aislada: el crecimiento requiere una estrategia integral y sostenida en el tiempo.

El seminaro por el aniversario de AFoA concluyó puntualizando que la Argentina tiene los bosques, el conocimiento y las oportunidades; ahora necesita convertir esas ventajas en competitividad, inversión y desarrollo a largo plazo.

La industria maderera argentina atraviesa un escenario de desaceleración que comienza a dejar una consecuencia que excede los números de producción: la pérdida de capital humano especializado. Según el último Informe de Empleo y Actividad elaborado por la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA), el empleo registrado en el sector cayó 8,57% interanual, una contracción superior a la registrada por la actividad productiva.

La preocupación de la entidad se concentra especialmente en los segmentos que requieren mayor transformación industrial, incorporación tecnológica y mano de obra calificada. Tornerías, viviendas prefabricadas de madera, tableros, enchapados y aberturas se encuentran entre las actividades más afectadas por la reducción del empleo. “Cada puesto de trabajo que se pierde en estas actividades representa mucho más que una estadística”, señalaron desde FAIMA, al advertir que detrás de esos números hay conocimientos técnicos y experiencia que demandan años de formación.

El impacto tampoco es uniforme dentro de la cadena. El relevamiento de FAIMA muestra que las PyMEs muebleras registraron una caída promedio del 14% en sus ventas durante el primer trimestre del año. Para la entidad, estos datos reflejan la necesidad de observar especialmente la situación de las pequeñas y medianas empresas, que tienen un peso significativo en el entramado productivo y en la generación de empleo en distintas regiones del país.

Desde la federación remarcaron que preservar el capital humano debería convertirse en una prioridad de cara a una eventual recuperación económica. Si bien las empresas pueden incrementar rápidamente su producción cuando mejora la demanda, recuperar equipos especializados, reconstruir oficios y volver a desarrollar capacidades técnicas puede demandar mucho más tiempo. “Las capacidades industriales constituyen uno de los principales activos de la cadena forestoindustrial y luego requieren años para reconstruirse”, advirtieron.

Pese al escenario actual, FAIMA considera que la cadena forestoindustrial mantiene fortalezas estructurales que pueden convertirse en una ventaja cuando la economía recupere dinamismo. La disponibilidad de recursos forestales, la infraestructura industrial instalada, una amplia red de PyMEs y décadas de conocimiento acumulado conforman una base para avanzar hacia una industria más competitiva, innovadora y con mayor valor agregado. Sin embargo, la entidad subrayó que proteger el empleo también implica preservar a las empresas que lo generan.

“El desafío es llegar a ese escenario preservando aquello que constituye el verdadero diferencial del sector: las personas, el conocimiento y la capacidad de transformar un recurso renovable en productos de alto valor agregado”, sostuvo FAIMA. En ese sentido, la entidad concluyó que “cuidar ese capital humano hoy es también invertir en la competitividad de los próximos años”, frente al riesgo de que la desaceleración actual termine debilitando capacidades estratégicas para la recuperación futura.

“El Acuerdo Mercosur-UE es un antes y un después en la inserción de Argentina en el comercio internacional”, coincidieron referentes de la Cancillería y especialistas que analizaron la transformación del comercio mundial, las tensiones geopolíticas y las oportunidades que se abren para la agroindustria argentina.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería argentina, Fernando Brun, destacó el fuerte crecimiento del intercambio global de productos agropecuarios durante las últimas décadas. “Desde el cambio de siglo, el comercio mundial de productos agropecuarios se multiplicó casi por 5: de 300 mil millones de dólares en el año 2000 pasamos a cerca de 1.500 millones en el 2024”, señaló. En ese contexto, sostuvo que Argentina tiene la posibilidad de dejar de ser solamente un abastecedor confiable para convertirse en “un socio necesario” y remarcó que “el comercio es liderazgo, tenemos que ser líderes”.

En la misma línea, el consultor y ex titular del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Manuel Otero, planteó la necesidad de modificar la estrategia internacional del país. “Argentina tiene que dejar de ser el país más cerrado del mundo y mirar al escenario internacional”, afirmó. Y agregó: “El comercio es político, nosotros tenemos que tener una presencia agresiva en foros internacionales, en donde nada se da por sentado. Tenemos que participar, asumir una nueva narrativa y defender inteligentemente todas las transformaciones que están ocurriendo en la agricultura argentina”. Brun, por su parte, advirtió que el país debe involucrarse activamente en las negociaciones: “No nos podemos conformar con tomar las reglas de otros, con intereses diferentes a los nuestros”.

El debate, que se desarrolló en el marco del panel “El agro en el tablero geopolítico global”, durante el 34° Congreso de AAPRESID, tuvo continuidad en el análisis del “Acuerdo Mercosur-UE: de la firma a la acción”, donde participaron la jefa de la Sección Economía y Comercio de la Delegación de la Unión Europea en Argentina, Inmaculada Montero Luque, y el subsecretario de Mercados Agropecuarios y Negociaciones Internacionales de la SAGyP, Agustín Tejeda. Luque destacó que el acuerdo representa un desafío para el Mercosur, particularmente para Argentina, al tratarse del primer gran acuerdo comercial firmado por el bloque, y sostuvo que permitiría que la región pase “de ser un proveedor importante a un socio necesario”.

La representante europea también valoró el trabajo realizado por Argentina en materia de trazabilidad y sostenibilidad. “De los países del Mercosur, si hay uno que ha hecho la tarea es Argentina”, afirmó, y destacó que esos avances brindan al país “un grado de preparación muy elevado” frente a los requisitos del mercado europeo. “El acuerdo representa un montón de posibilidades. Está en los sectores el poder adaptarse, pero tienen un proceso de acompañamiento, tienen un socio. No estamos fuera, estamos en la misma mesa de diálogo”, sostuvo Luque.

Por su parte, Tejeda definió al entendimiento entre ambos bloques como “un antes y un después en la inserción internacional de Argentina”, al considerar que permitirá retomar negociaciones comerciales de las que el país permaneció alejado durante décadas y “re-equilibrar las reglas de juego para nuestros productores y exportadores”. En esa línea, afirmó que el acuerdo “refleja un cambio de época” y constituye el primer paso de una agenda más amplia, en la que Argentina busca posicionar al comercio internacional como “una de las principales fuentes de crecimiento y desarrollo”.

América Latina se perfila como una de las regiones con mayor potencial para liderar la próxima etapa de los mercados de carbono, impulsada por su enorme capital natural y por el crecimiento de proyectos vinculados con conservación, restauración y producción sostenible, según se desprende de las conclusiones del webinar “Mercados de Carbono en Latinoamérica: panorama regional y oportunidades para Argentina”, organizado por la Mesa Argentina de Carbono (MAC) junto con la Red Carbono LATAM, que reunió a especialistas de distintos países.

Los números dimensionan la oportunidad. Actualmente, la región cuenta con 63 desarrolladores de proyectos y más de 151 iniciativas activas, que abarcan más de 24 millones de hectáreas de bosques conservados, más de 500 hectáreas en procesos de restauración y reforestación y 1,9 millones de hectáreas bajo proyectos de agricultura y ganadería regenerativa. A esto se suman 451 especies de flora y fauna protegidas y 36 proyectos relacionados con energía, industria y transporte.

Durante el encuentro, los especialistas coincidieron en que América Latina atraviesa un momento decisivo, marcado por el crecimiento de la demanda internacional de créditos de carbono de alta integridad y la aparición de nuevos marcos regulatorios. Sin embargo, remarcaron que contar con recursos naturales ya no resulta suficiente. El desafío pasa por transformar ese capital natural en proyectos sólidos, con estándares reconocidos, reglas claras y mecanismos capaces de generar confianza y atraer inversiones de largo plazo.

Las experiencias compartidas mostraron que los países de la región avanzan a diferentes velocidades. Mientras algunos consolidan marcos regulatorios y políticas públicas, otros todavía enfrentan dificultades relacionadas con el financiamiento, la estabilidad normativa y la articulación entre los sectores público y privado. En ese contexto, surgió la necesidad de fortalecer la cooperación regional para mejorar la calidad de los proyectos y aprovechar las oportunidades que ofrece la expansión de estos mercados.

Para Argentina, el desarrollo de este mercado representa una oportunidad para ampliar la oferta de créditos de carbono de alta integridad y atraer nuevas inversiones vinculadas con la transición hacia sistemas productivos más sostenibles. Desde la Mesa Argentina de Carbono destacaron que conocer las experiencias de otros países permite identificar buenas prácticas, anticipar desafíos regulatorios y construir una mirada regional frente a una demanda internacional que continúa creciendo.

América Latina, aseguran, comienza a dejar atrás el papel de promesa para consolidarse como un actor estratégico de la economía baja en carbono. La Red Carbono LATAM —integrada por organizaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú— busca precisamente profundizar esa integración mediante el intercambio de conocimientos, buenas prácticas y posiciones comunes. El desafío para la próxima década será convertir la riqueza natural de la región en proyectos de alta calidad que generen beneficios ambientales, económicos y sociales y, al mismo tiempo, respondan a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.

Las zonas endémicas de la Argentina ingresan a la campaña de maíz 2026/27 con una presencia de chicharrita del maíz significativamente mayor a la registrada un año atrás. De acuerdo con el informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, el vector estuvo presente en más del 98% de las localidades relevadas en el NOA y el NEA, mientras que el 60% presentó niveles de abundancia superiores a 100 adultos por trampa.

El comportamiento regional, sin embargo, fue dispar. Mientras las poblaciones continúan elevadas en las zonas endémicas del norte, el Litoral y el Centro-Sur mostraron una marcada reducción de las capturas durante los dos últimos relevamientos. En el Centro-Norte también se observa una tendencia general de retracción, aunque persisten localidades con focos de elevada presencia. Para dimensionar la evolución interanual, el nuevo informe incorporó una comparación de la abundancia registrada en julio de 2025 y julio de 2026.

En el NOA se observó una leve disminución de las localidades con mayores niveles de abundancia y el promedio de capturas cayó de 455 a 250 adultos por trampa. Sin embargo, la presión continúa siendo elevada: el 73% de las localidades relevadas superó los 100 adultos por trampa. En el NEA, en tanto, el promedio descendió de 433 a 195 adultos por trampa y la proporción de localidades por encima de ese umbral pasó del 63% al 46%, aunque los valores siguen muy por encima de los registrados un año atrás.

En el Litoral, el 60% de las localidades monitoreadas registró presencia de Dalbulus maidis, mientras que el promedio de capturas bajó de 31 a apenas 3 adultos por trampa. En el Centro-Norte, el vector apareció en el 87% de los sitios evaluados y el promedio descendió de 172 a 135 adultos por trampa, aunque se mantuvo estable la proporción de localidades con máxima abundancia respecto del informe anterior.

La situación más favorable se observó en el Centro-Sur, donde el 93% de las trampas no registró capturas del vector y el promedio regional cayó de 16 a 12 adultos por trampa. No obstante, los técnicos advierten que la evolución de las poblaciones dependerá de las condiciones ambientales y de la disponibilidad de hospederos durante el período entre campañas, por lo que el seguimiento deberá mantenerse en las distintas regiones productivas.

Se viene una campaña “movidita” para el maíz

Consultado sobre el tema, Federico Zerboni, presidente de MAIZAR, anticipó a Chacra TV, que el ciclo agrícola 2026/27 para el maíz va a ser “movidito, con el fenómeno de ´El Niño´ con mucha fuerza, complicando la situación de zonas donde las napas ya están muy altas, y generando incertidumbre acerca de cómo va a continuar esa variable”. Y a ello, se suma “una particular campaña para el NOA y el NEA que están viviendo un invierno extremadamente húmedo y con temperaturas por encima de las normales, lo que favorece la expansión de la chicharrita, provocando una situación de alerta porque si bien se puede esperar más frío en las zonas endémicas, no es lo que se estaría viendo en los pronósticos” climáticos, puntualizó.

Por su parte, Alejandro Vera, investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) y coordinador de la Red Nacional de Dalbulus maidis, explicó a Chacra TV que la información obtenida durante este período “resulta especialmente relevante para comprender la dinámica poblacional estacional de la chicharrita a escala regional”. En particular, señaló la importancia de analizar la ocurrencia, intensidad y distribución de las heladas, consideradas uno de los principales factores ambientales que regulan la supervivencia del vector durante el invierno.

Vera también puso el foco en la presencia de plantas voluntarias de maíz en lotes ya cosechados, debido al papel que pueden desempeñar en la continuidad de la plaga entre campañas. Según explicó, estos maíces actúan como un “puente verde” que favorece la supervivencia y permanencia de D. maidis y contribuye a mantener el patosistema durante el período entre ciclos productivos.

Semanas clave para anticipar escenarios de riesgo

En este sentido, el coordinador de la Red Nacional de Dalbulus maidis subrayó que “el monitoreo de esos hospederos es estratégico, ya que permite detectar de manera temprana posibles focos de persistencia de la chicharrita y estimar las densidades poblacionales remanentes”. Esta información -destacó- “será clave para anticipar escenarios de riesgo” de cara al inicio de la campaña de maíz 2026/27.

Vera remarcó, además, la necesidad de “sostener un seguimiento sistemático de las poblaciones”, especialmente en las regiones donde los niveles de abundancia continúan siendo elevados. “La evolución de las condiciones ambientales y la disponibilidad de plantas hospederas serán factores determinantes para establecer cómo se comportará la población del vector en las próximas semanas”, concluyó.

La creciente incidencia de Spodoptera frugiperda en los cultivos de maíz y el desarrollo de resistencia a la tecnología Vip3A encendieron una señal de alerta entre especialistas de Argentina y Brasil. El problema fue analizado por los entomólogos Celso Omoto, de la Universidad de São Paulo, y Gabriela Murúa, del Instituto de Bioprospección y Fisiología Vegetal, quienes coincidieron en que la respuesta requiere medidas coordinadas y adaptadas a las distintas regiones productivas. “El problema no son las plagas, somos nosotros”, fue la reflexión que sintetizó el planteo.

Uno de los principales puntos de debate estuvo relacionado con el origen de la resistencia detectada en Argentina y la posibilidad de que haya llegado desde Brasil o se haya desarrollado localmente. Omoto explicó que Brasil convive con esta problemática desde hace más de una década y consideró que esa experiencia constituye un antecedente clave para definir estrategias en la Argentina. “El manejo integral de plagas no sirve si se hace de forma aislada”, afirmó, y reclamó políticas públicas destinadas a promover y monitorear las herramientas de manejo ya disponibles.

El refugio, una herramienta indispensable

Entre ellas, el refugio ocupa un lugar central. La estrategia consiste en destinar alrededor del 10% de la superficie a maíz sin tecnología Vip, con el objetivo de mantener poblaciones susceptibles que permitan retrasar la evolución de la resistencia. Sin embargo, Omoto señaló que en Brasil su implementación no es obligatoria, sino recomendada, y que la baja adopción de esta herramienta bajo las condiciones adecuadas incrementó la presión de selección sobre las poblaciones de la plaga.

Los especialistas, que participaron del Congreso de AAPRESID 2026, también remarcaron que la respuesta no puede ser idéntica para todas las regiones argentinas. Estudios reproductivos demostraron diferencias entre las poblaciones de Spodoptera del norte del país y las presentes en la zona núcleo o pampeana, con comportamientos diferenciados que se combinan con distintas presiones de manejo. “Las estrategias de manejo deben ser de ámbito regional, por eso debemos lograr un trabajo conjunto entre consultores, empresas y productores, idealmente respaldado por una legislación que ordene la práctica”, sostuvo Omoto.

Murúa, quien en octubre de 2025 validó información sobre el impacto de la plaga y su resistencia, advirtió que “Argentina no parece estar tan preparada como Brasil en lo que respecta al manejo integrado de plagas y el uso de tecnologías Bt”. Un monitoreo realizado en 62 localidades de distintas regiones del país permitió detectar además un denominado “costo adaptativo”: las larvas resistentes presentan un ciclo de vida más prolongado que las susceptibles, independientemente de que se alimenten o no de maíz Bt.

Cómo preservar una tecnología clave para la producción de maíz

La baja adopción del refugio aparece como uno de los principales desafíos para preservar la tecnología. Durante la campaña 2024/25, apenas el 19% de los productores implementó esta herramienta, según los datos presentados por Murúa. Entre las razones mencionadas figuran:

• cuestiones culturales,
• dificultades para acceder a semillas
• y la creencia de que el refugio instalado por un productor vecino resulta suficiente.

Frente a este escenario, los especialistas insistieron en la necesidad de un enfoque regional, con mayor articulación entre productores, asesores, empresas y organismos públicos para evitar que la resistencia termine reduciendo la vida útil de una tecnología clave para la producción de maíz.

¿Cómo afecta el gusano cogollero al maíz?

La Spodoptera frugiperda puede presentarse como una de las principales amenazas para el cultivo de maíz, especialmente durante las etapas iniciales y vegetativas. Las larvas se alimentan de los tejidos tiernos, raspan y perforan las hojas y avanzan hacia el cogollo, donde dejan agujeros irregulares y acumulaciones de excrementos que facilitan la identificación de los daños.

El ataque de este lepidóptero puede comenzar incluso durante la implantación, cuando las orugas pequeñas llegan a cortar las plántulas a nivel del suelo. A medida que crecen, el daño se concentra en el follaje y el cogollo, reduciendo el área foliar disponible para la fotosíntesis y afectando el crecimiento de las plantas. En situaciones de alta presión de la plaga, las larvas también pueden alcanzar la espiga en formación y, bajo condiciones de estrés hídrico, ingresar al tallo y debilitar su estructura.

Las consecuencias pueden extenderse hasta las etapas reproductivas. La pérdida de superficie foliar limita la capacidad de la planta para generar y acumular los recursos necesarios para la formación del grano, mientras que las heridas provocadas por las larvas pueden facilitar el ingreso de hongos y bacterias. Cuando la afectación es severa, el resultado puede ser una disminución significativa del rendimiento y también una pérdida de calidad del forraje.

¿Cómo funciona la tecnología Bt?

La tecnología Bt aplicada al maíz es una herramienta de control biológico que permite a la planta producir proteínas insecticidas a partir de genes provenientes de la bacteria del suelo Bacillus thuringiensis. Estas proteínas actúan sobre determinadas plagas, entre ellas el gusano cogollero, afectando su sistema digestivo y provocando su muerte.

Una de sus principales características es su acción específica, ya que las proteínas Bt están dirigidas a determinados grupos de insectos que poseen las condiciones necesarias para que resulten efectivas. Por eso, su uso permite reducir la presión de algunas de las principales plagas que afectan al maíz y proteger el potencial productivo del cultivo.

Otro de los beneficios asociados a esta herramienta es la posibilidad de disminuir la cantidad de insecticidas aplicados directamente sobre los lotes, al incorporar el control de determinadas plagas dentro de la propia planta. Además, al reducir los daños provocados por los insectos, puede contribuir a disminuir las heridas que facilitan el ingreso de hongos y, en determinadas condiciones, la aparición de micotoxinas.

La transformación del Estado, la competitividad del agro, las políticas públicas, la innovación tecnológica y la articulación regional, fueron algunos de los ejes del 34° Congreso AAPRESID, que se desarrolló en Rosario bajo el lema “Nuestro Suelo, Nuestra Voz”. En ese contexto, durante el panel titulado “¿Qué reglas de juego necesita el agro para ser más competitivo?”, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), Sergio Iraeta, aseguró: “Yo fui víctima del sistema regulatorio y vi que eso se está desmalezando. La baja de retenciones, la perspectiva de que a futuro sigan bajando, y el compromiso del presidente y el ministro de Economía te dan la energía para seguir adelante con un trabajo que es complejo”.

En tanto, el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, quien también participó del encuentro explicó que el Gobierno trabaja en dos niveles de transformación: por un lado, el ordenamiento y revisión de las normas existentes y, por otro, modificaciones vinculadas con cuestiones estructurales como los costos logísticos y la carga impositiva.

“Identificamos las más relevantes para el día a día del productor y las estamos dividiendo por temáticas y revisando. Estamos eliminando lo que no sirve y poniendo el foco en el rol del Estado. El mes pasado derogamos 50 normas en Senasa, algunas están escritas como si el productor fuera un delincuente”, afirmó Fariña. En la misma línea, Iraeta sostuvo que los cambios implican un “cambio de visión” y remarcó que “hoy el Estado no va tener gente redactando resoluciones sino chequeando que ellas tengan sentido”.

En el panel, moderado por el economista Gustavo “Lacha” Lazzari, el titular de la SAGyP destacó que los productores perciben señales diferentes respecto de políticas aplicadas en el pasado: “Esta gestión no va a prohibir exportaciones de carne, no va a hacer un fideicomiso para estabilizar el precio del trigo y no va a poner precios máximos. Todo eso despeja el camino”. Y agregó que el objetivo es “hacer las cosas lo menos dañinas posible para el sector”.

En otro de los paneles que se desarrollaron durante el Congreso, el presidente de AAPRESID, Marcelo Torres, puso el foco en el nuevo escenario internacional y en las oportunidades que se abren para la Argentina como proveedor de alimentos y energía. “En un contexto global fragmentado y bajo un nuevo orden mundial, los países exportadores de alimentos y energía, tenemos más poder de negociación y nuevas oportunidades. En este contexto, no es buena idea seguir discutiendo en Argentina las mismas cosas de hace 50 años, ni con la misma estructura”, sostuvo. También reclamó una articulación público-privada de calidad y una política orientada a generar valor en la producción.

La innovación tecnológica y la cooperación regional ocuparon otro de los espacios destacados de la jornada, con la participación de los máximos referentes de los Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria de Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay. Allí se planteó “¿Cómo escalar la innovación que el agro necesita?”, y hubo coincidencia en la necesidad de profundizar la cooperación a través del Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agroalimentario y Agroindustrial del Cono Sur (PROCISUR) y acelerar la transferencia de conocimiento hacia los productores.

Los representantes de los cinco organismos remarcaron que el desafío no es solamente producir conocimiento, sino lograr que las innovaciones lleguen al territorio y tengan impacto concreto. “Es bueno publicar papers pero es mucho mejor si desarrollamos tecnologías que tengan impacto y transformen la realidad de los productores”, afirmó el presidente de INIA Uruguay, Miguel Sierra. En tanto, la titular de Embrapa, Silvia Massruhá, destacó la importancia de medir los impactos ambientales y sociales de las tecnologías, mientras que el director nacional de INIA Chile, Carlos Furche, advirtió: “Ya no sirven investigaciones que demoren 10 o 15 años en obtener una innovación, porque el mundo camina mucho más rápido que eso, por lo tanto necesitamos que el proceso de investigación e innovación se acelere”.

Sierra, al referirse al potencial regional, sintetizó: “La región tiene un potencial enorme si compartimos de forma generosa y con propósito común, las capacidades científico técnicas, empresariales y de políticas que tenemos en la región que, en muchas cosas, son de avanzada en el mundo. Primero tenemos que creer que tenemos ese potencial y después debemos desafiarnos juntos para salir al mundo”.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) Carnes confirmó la alta calidad nutricional de la carne de cerdo producida en Argentina y aportó evidencia científica que respalda su incorporación dentro de una alimentación saludable. La investigación, impulsada por la Federación Porcina Argentina, concluye que se trata de un alimento de elevada densidad nutricional, caracterizado por proteínas completas, cortes mayoritariamente magros y un perfil de grasas de buena calidad.

El informe llega en un contexto de fuerte crecimiento del consumo de carne porcina en el país. En las últimas dos décadas, el consumo per cápita pasó de 5 a 20 kilos anuales y las proyecciones indican que podría alcanzar los 28 kilos por habitante hacia 2032. Sin embargo, los investigadores advierten que una parte importante de la población todavía desconoce las propiedades nutricionales de este alimento.

Para el trabajo se analizaron cinco cortes representativos —cuadrada, nalga, bondiola, bola de lomo y paleta— evaluando su composición nutricional, perfil de grasas, contenido de colesterol y aporte de minerales. Entre los principales hallazgos, el estudio determinó que cuatro de esos cinco cortes presentan entre 2,3 y 3,3 gramos de grasa cada 100 gramos de carne, lo que los ubica dentro de la categoría de cortes magros. Además, todos aportan proteínas de alto valor biológico al contener la totalidad de los aminoácidos esenciales que necesita el organismo.

Otro de los aspectos destacados fue la calidad de las grasas presentes en la carne porcina. El análisis mostró un predominio de ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, entre ellos el ácido oleico —también presente en el aceite de oliva—, asociado a beneficios cardiovasculares. Asimismo, los cortes evaluados registraron un Índice Aterogénico muy bajo, indicador utilizado para medir el impacto potencial de los alimentos sobre la salud cardiovascular, además de niveles de colesterol considerados compatibles con una alimentación equilibrada.

La investigación también destacó el aporte de minerales esenciales como potasio, hierro hémico, fósforo, magnesio, zinc y selenio, nutrientes que cumplen un papel clave en funciones como el transporte de oxígeno, la salud ósea, la respuesta inmunológica y la protección frente al estrés oxidativo. “El análisis del INTI ratificó que la carne porcina argentina es una excelente fuente de proteínas de alta calidad, ya que aporta todos los aminoácidos esenciales, además de vitaminas y minerales como hierro, zinc y selenio”, afirmó la licenciada en Nutrición Natalia Antar.

La especialista agregó que, incorporada dentro de una alimentación equilibrada, la carne de cerdo “puede contribuir al mantenimiento de la masa muscular y al adecuado estado nutricional en las distintas etapas de la vida”. El informe explica que durante la infancia aporta hierro y zinc fundamentales para el crecimiento y el desarrollo cognitivo; en personas físicamente activas suministra creatina natural y proteínas que favorecen la recuperación muscular; mientras que en la adultez constituye una alternativa nutritiva por su combinación de proteínas, vitaminas del complejo B y hierro de alta biodisponibilidad.

En materia gastronómica, el trabajo también pone de relieve la versatilidad de este tipo de carne. Los cortes más magros, como cuadrada, nalga, bola de lomo y paleta, son recomendados para preparaciones cotidianas, desde milanesas y hamburguesas hasta estofados o salteados. En tanto, la bondiola y el pechito sobresalen por su grasa intramuscular, que aporta jugosidad y sabor en cocciones lentas y parrilla. Los especialistas aconsejan incorporar carne de cerdo entre dos y tres veces por semana dentro de una dieta variada.

A partir de los resultados obtenidos, la Federación Porcina Argentina anunció que buscará ampliar la presencia de este alimento en instituciones públicas. “Promoveremos la incorporación, o incrementar la presencia de la carne de cerdo en los establecimientos educativos y en los hospitales públicos”, señaló el director ejecutivo de la entidad, Agustín Seijas, quien destacó que se trata de una proteína de “alta calidad y con una conveniente relación entre valor nutricional y costo”. Como antecedente, recordó que la provincia de Córdoba ya incluye carne de cerdo en los menús de los comedores escolares dos veces por semana.

Refuerzan las acciones de prevención para impedir el ingreso al país del jopo del girasol (Orobanche cumana), una maleza parásita considerada plaga cuarentenaria por el alto impacto que puede generar sobre el rendimiento del cultivo. Para ello, están trabajando de manera conjunta el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR).

Argentina continúa libre de esta amenaza fitosanitaria y busca preservar esa condición mediante un trabajo coordinado entre organismos públicos y el sector privado.

Desde 2024 se encuentra vigente una alerta fitosanitaria declarada por el SENASA con el objetivo de fortalecer la vigilancia, la coordinación interinstitucional y la preparación ante una eventual detección de la plaga en el territorio nacional. En ese marco, el organismo sanitario y el INTA desarrollaron un plan de contingencia específico que establece los procedimientos para actuar de manera rápida frente a cualquier sospecha de ingreso de esta plaga.

El jopo: una maleza con alto poder reproductivo

El jopo del girasol ataca las raíces del cultivo en forma de nódulos, extrayendo agua y nutrientes debilitando a la planta y frenando su crecimiento, y en muchos casos, provocando su muerte. Esta maleza, al brotar cerca de la base del tallo, se ve parecida a un pequeño espárrago de tonos amarillos o marrones. No tiene hojas ni clorofila, por lo que vive totalmente a expensas de las raíces del girasol, reduciendo la cosecha hasta anularla por completo en los lotes afectados.

Es una plaga cuarentenaria (dado que puede causar daños económicos o ambientales muy graves) con un alto poder reproductivo: cada planta es capaz de generar entre 30.000 y 50.000 semillas que permanecen viables en el suelo.

Semillas: la certificación, garantiza la calidad

Las tareas preventivas incluyen monitoreos permanentes, capacitaciones y acciones de articulación con instituciones técnicas y representantes de la cadena girasolera. Además, las autoridades remarcaron que una de las principales medidas de prevención en esta época del año es la utilización de semillas fiscalizadas por el INASE, cuya certificación garantiza la sanidad del material de siembra.

Como parte de la estrategia de protección, el SENASA también mantiene requisitos fitosanitarios específicos para la importación de semillas provenientes de países donde la maleza está presente, con el propósito de reducir el riesgo de ingreso por esa vía y preservar el estatus sanitario alcanzado por la producción argentina.

¿Cuáles son las señales de alerta?

A medida que avanza el ciclo del cultivo, el monitoreo en los lotes cobra especial importancia. Los especialistas recomiendan prestar atención a la aparición de plantas similares a un espárrago en la base del tallo del girasol, así como a ejemplares con retraso en el crecimiento, cambios de color o signos de debilitamiento. Al extraerlas, una de las principales señales de alerta es la presencia de raíces del jopo adheridas a las del cultivo.

Desde el organismo sanitario recordaron que la detección temprana resulta clave para evitar la dispersión de la maleza. Por ello, ante cualquier sospecha de su presencia, los productores y técnicos deben realizar la notificación a través del Sistema Nacional Argentino de Vigilancia y Monitoreo de Plagas (SINAVIMO), herramienta que permite una respuesta rápida para proteger la producción nacional de girasol.

La soja certificada se posiciona como una herramienta clave para reducir la huella de carbono de la industria salmonera chilena. Así lo planteó la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS), que puso de relieve el potencial de la certificación para fortalecer la trazabilidad, disminuir las emisiones y acompañar la transición hacia cadenas de suministro más sostenibles.

Durante la segunda edición de Regenera Patagonia, un encuentro realizado en Puerto Varas, Chile, se analizaron las materias primas certificadas para la reducción de emisiones en la acuicultura. En ese contexto, Mariela Montoya, gerente de Desarrollo de Mercado y Relacionamiento con Partes Interesadas para Latinoamérica de RTRS, remarcó que la alimentación representa uno de los principales desafíos ambientales de la actividad. En ese sentido, explicó que “alrededor del 70% de la huella de carbono del salmón está asociada al alimento”, mientras que los ingredientes vegetales representan cerca del 60% de las formulaciones utilizadas por la industria chilena.

La ejecutiva destacó además el papel que puede desempeñar la Argentina como proveedor estratégico de materias primas certificadas. Actualmente, el país abastece aproximadamente el 85% de la harina de soja que consume Chile y concentra cerca del 85% de la superficie certificada de soja en Latinoamérica.

A nivel global, RTRS superó en 2025 los 84.000 productores certificados y las 9 millones de toneladas de soja certificada, mientras que la superficie certificada en la región creció un 42% interanual, superando las 440.000 hectáreas. “Existe una base sólida para abastecer la creciente demanda de ingredientes certificados y trazables de la industria acuícola chilena”, afirmó Montoya.

RTRS también señaló que el mercado está evolucionando desde esquemas basados en créditos hacia una mayor demanda de producto físico certificado, impulsada por nuevas exigencias de trazabilidad y abastecimiento responsable. En ese marco, la entidad desarrolla un programa piloto de 18 meses que recorrerá toda la cadena de suministro, desde la producción de soja certificada en Argentina hasta la elaboración del alimento balanceado y su utilización en la salmonicultura chilena. El proyecto incluirá auditorías independientes, captura de datos primarios y medición de la huella de carbono de los ingredientes.

Para la organización, el gran reto ya no pasa por incrementar la oferta, sino por consolidar la demanda. “El desafío ya no es producir soja certificada; el desafío es conectar esa oferta con una demanda creciente mediante cadenas de suministro físicas y compromisos de largo plazo”, sostuvo Montoya. Asimismo, destacó la necesidad de fortalecer la articulación entre productores, procesadores, fabricantes de alimento, empresas salmoneras y organismos certificadores para responder a las crecientes exigencias de sostenibilidad de los mercados internacionales.

Salmón, el segundo producto más exportado de Chile

La industria salmonera chilena cerró 2025 con una producción récord de 1,146 millones de toneladas, lo que representó un crecimiento del 14,9% respecto del año anterior, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (SUBPESCA). El desempeño consolidó al sector como uno de los principales motores de las exportaciones del país y reforzó su demanda de insumos para la elaboración de alimentos balanceados.

El mayor volumen correspondió al salmón Atlántico (Salar), que alcanzó una cosecha de 815.300 toneladas, un 16% superior a la de 2024. En tanto, la producción de salmón Coho y trucha mostró un crecimiento cercano al 22% interanual, impulsando el fuerte dinamismo que exhibió la actividad durante todo el año.

En materia de comercio exterior, las exportaciones de salmón alcanzaron un valor de USD 6.550 millones en 2025, ubicando al complejo salmonero como el segundo producto más exportado de Chile, solo por detrás del cobre.

La actividad acuícola se concentra en la macrozona sur del país, desde la Región de La Araucanía hasta la de Magallanes, donde se desarrolla la mayor parte de la producción destinada a los mercados internacionales. Actualmente, Chile cuenta con más de 1.000 centros de cultivo en el mar y más de 200 pisciculturas en tierra, conformando una de las industrias salmoneras más importantes del mundo.

El sistema PEFC continúa expandiéndose en el país con más superficie certificada, mayor trazabilidad y un modelo que combina producción y conservación.

La certificación forestal sostenible continúa consolidándose en Argentina. El sistema PEFC ya supera las 380.000 hectáreas certificadas bajo estándares internacionales de gestión responsable, marcando un fuerte crecimiento de las prácticas que integran productividad, conservación ambiental y responsabilidad social, por parte del sector forestoindustrial.

Actualmente, 380.692,51 hectáreas cuentan con certificación de Gestión Forestal Sostenible, distribuidas en Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe. La superficie certificada está respaldada por 10 certificados activos, de los cuales cinco corresponden a empresas individuales y otros cinco a esquemas grupales que reúnen a pequeños y medianos productores, facilitando el acceso a la certificación y fortaleciendo las economías regionales.

PEFC es el Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal; una organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro, dedicada a promover la Gestión Forestal Sostenible (GFS) a través de la certificación de tercera parte independiente. A nivel mundial, más de 296 millones de hectáreas de bosques están certificadas bajo estándares PEFC, incluyendo proyectos forestales en América Latina, Europa, Asia y Oceanía.

El modelo impulsado por PEFC busca equilibrar la producción con la preservación de los recursos naturales. Del total de la superficie certificada, el 57% está destinado a actividades productivas, mientras que el resto se gestiona con objetivos de conservación de la biodiversidad, protección de ecosistemas y resguardo de atributos ambientales y sociales. En ese marco, nueve de los diez certificados vigentes integran plantaciones forestales con áreas especialmente destinadas a la conservación, mientras que el restante corresponde a bosques nativos manejados bajo criterios de sostenibilidad.

“La certificación forestal es mucho más que un reconocimiento técnico. Representa una herramienta concreta para demostrar, con auditorías independientes y estándares internacionalmente reconocidos, que la producción forestal puede desarrollarse de manera responsable, equilibrando competitividad, cuidado ambiental y compromiso con las personas”, destacó Florencia Chavat, responsable de PEFC Argentina.

El estándar contempla exigencias vinculadas con la protección de la biodiversidad, la conservación de áreas de alto valor ecológico, la prohibición de conversiones forestales, el respeto por los derechos de las comunidades y de los pueblos indígenas, además de requisitos sobre condiciones laborales, igualdad de oportunidades, cumplimiento de la legislación y acciones para mitigar el cambio climático. A su vez, garantiza la trazabilidad de productos como madera, papel, cartón y pallets provenientes de bosques certificados, una condición cada vez más valorada por los mercados internacionales.

Desde PEFC señalaron que el crecimiento de la superficie certificada acompaña una tendencia global en la que consumidores, empresas e inversores exigen mayor transparencia sobre el origen de los productos.

La foresto-industria argentina presentó una agenda conjunta para impulsar una nueva etapa de crecimiento basada en la competitividad, el agregado de valor, la innovación, la sustentabilidad y las inversiones. El planteo fue realizado durante un encuentro organizado por el Consejo Foresto Industrial Argentino (CONFIAR) junto a la Mesa Argentina de Carbono, en el marco de la Exposición Rural de Palermo, donde representantes de toda la cadena coincidieron en que el país reúne las condiciones para convertirse en un actor de mayor peso en los mercados internacionales.

Los referentes del sector destacaron que Argentina cuenta con aproximadamente 1,36 millones de hectáreas de bosques cultivados, elevados niveles de productividad y una creciente disponibilidad de madera proveniente de plantaciones sostenibles. Sin embargo, advirtieron que ese potencial aún no se refleja en el comercio exterior: mientras las exportaciones foresto-industriales argentinas rondan los 700 millones de dólares anuales, Uruguay supera los 3.000 millones, Chile alcanza los 6.500 millones y Brasil sobrepasa los 17.000 millones.

En ese contexto, el presidente de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), Pablo Ruival, sostuvo que el país dispone de las condiciones necesarias para posicionarse entre los principales proveedores mundiales de productos forestales sostenibles, siempre que logre consolidar un marco de previsibilidad para atraer nuevas inversiones.

En cuanto a la integración entre forestación y ganadería mediante sistemas silvopastoriles, Ignacio Méndez Cunill, representante de la Comisión de Forestación y Bosques Nativos de la Sociedad Rural Argentina, explicó que ambos modelos productivos son complementarios y permiten optimizar el uso de la tierra, diversificar los ingresos, mejorar el bienestar animal y fortalecer la sustentabilidad de los establecimientos, especialmente en distintas regiones del interior del país.

Respecto de la transición hacia una economía baja en carbono, Federico Moyano, representante de la Mesa Argentina de Carbono, señaló que los mercados voluntarios de carbono representan una oportunidad concreta para generar nuevas fuentes de ingresos a partir de proyectos forestales, uno de los principales generadores de créditos de carbono a nivel mundial.

En tanto, Osvaldo Kovalchuk, presidente de ASORA, destacó el crecimiento de la bioenergía mediante la producción de pellets elaborados con subproductos forestales, una alternativa que favorece la economía circular y diversifica la matriz energética.

En materia industrial, Daniel Vier, secretario general de FAIMA, afirmó que el crecimiento de la cadena requiere políticas de Estado que promuevan inversiones y el agregado de valor dentro del país. En ese sentido, destacó el potencial de la construcción con madera para ampliar el mercado interno, incorporar innovación tecnológica y generar empleo calificado.

Por su parte, Juan Sackmann, presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), remarcó las oportunidades que abre la creciente demanda global de envases sostenibles y materiales renovables elaborados a partir de recursos forestales.

El subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación, Manuel Chiappe, en tanto, resaltó el valor estratégico de la foresto-industria para el desarrollo productivo argentino y la necesidad de generar condiciones que impulsen la competitividad y las inversiones. El mensaje compartido por los participantes fue contundente: Argentina ya cuenta con recursos, conocimiento y capacidad industrial; el desafío ahora es transformar esas fortalezas en una estrategia sostenida que permita atraer capitales, ampliar exportaciones, crear empleo de calidad y consolidar al sector como uno de los grandes motores de la bioeconomía nacional.

El mercado global de créditos de carbono está a las puertas de un cambio de escala. La ampliación del esquema internacional CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation), impulsado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), convertirá a la industria aérea en uno de los mayores compradores de créditos de carbono a partir de 2027. La nueva etapa promete generar una demanda sin precedentes de certificados de alta calidad para compensar parte de las emisiones de los vuelos internacionales.

Hasta ahora, el crecimiento del mercado estuvo impulsado principalmente por empresas que adquirían créditos de manera voluntaria para neutralizar una parte de su huella de carbono. Sin embargo, el nuevo escenario estará marcado por obligaciones regulatorias. Más de 130 países ya participan del mecanismo CORSIA y, desde 2027, una gran parte de los vuelos internacionales deberá compensar sus emisiones mediante créditos que cumplan exigentes estándares de calidad, trazabilidad e integridad ambiental.

Los especialistas coinciden en que la demanda ya no se concentrará en cualquier tipo de crédito. Los mercados regulados exigen proyectos con metodologías robustas, sistemas transparentes de monitoreo y mecanismos que garanticen que cada tonelada de carbono reducida sea única, verificable y correctamente registrada. Diversos informes internacionales muestran que esta tendencia ya está en marcha, con una creciente preferencia por créditos de alta integridad y contratos anticipados para asegurar la disponibilidad futura.

En este contexto, numerosos países comenzaron a posicionarse para abastecer el nuevo mercado. Iniciativas vinculadas a bosques, conservación de ecosistemas, agricultura sostenible y soluciones basadas en la naturaleza avanzan en distintas regiones del mundo, buscando responder a una demanda que podría superar ampliamente la oferta de créditos actualmente habilitados bajo los criterios internacionales.

Desde la Mesa Argentina de Carbono aseguran que nuestro país aparece como uno de los que posee mayor potencial para aprovechar esta oportunidad. Su capacidad para desarrollar proyectos forestales, agropecuarios, ganaderos y de conservación le permitiría transformarse en un proveedor relevante de créditos de carbono. Sin embargo, especialistas advierten que para acceder plenamente a mercados regulados como CORSIA será necesario avanzar en autorizaciones nacionales, sistemas de trazabilidad y reglas que eviten la doble contabilización de las reducciones de emisiones, en línea con el Artículo 6 del Acuerdo de París.

El crecimiento de los mercados regulados representa uno de los cambios más importantes que atraviesa actualmente la economía del carbono. “La aviación internacional y los mercados internacionales regulados están impulsando una nueva etapa del mercado global. La demanda ya no estará determinada solamente por decisiones voluntarias de las empresas, sino también por compromisos regulatorios cada vez más exigentes. Para Argentina representa una oportunidad muy importante, pero es necesario que el Gobierno Nacional presente la NDC 3.0 y habilite el acceso a estos mercados que requieren autorización expresa del país”, afirmó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

La industria vitivinícola afronta un segundo semestre cargado de desafíos. Con un mercado interno que aún no logra recuperarse, una inflación que continúa condicionando la actividad y salarios que perdieron terreno frente al aumento del costo de vida, productores, bodegas y trabajadores comienzan a transitar una etapa clave para definir el rumbo de la actividad en los próximos meses.

El consumo interno de vino en Argentina ha experimentado altibajos, con un repunte en el primer trimestre de 2026 que sumó 166.781.400 litros (+1,5% interanual). El segmento es liderado por Mendoza, impulsado principalmente por vinos genéricos (sin mención varietal) y espumantes, mientras que los vinos en botella tradicional han retrocedido.

En tanto, tras la finalización del proceso de liberación de los vinos, el sector concentra ahora su atención en el inicio de las tareas de poda y en las variables que marcarán la evolución del negocio durante la segunda mitad del año. “Actualmente estamos analizando el movimiento de la liberación de los vinos y las variables del sector para evaluar el inicio formal de las tareas de poda en las fincas. En este escenario, ya tenemos la mirada puesta en las paritarias que comenzaremos a negociar en agosto”, aseguró Daniel Romero, secretario de Prensa, Cultura y Difusión de la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas (FOEVA).

Agregó que “la situación general es complicada, dado que si bien la exportación ha mostrado una leve apertura en el último tiempo, debemos esperar a ver cómo evoluciona la economía y el país en términos generales para medir el impacto real sobre nuestra actividad”.

En ese contexto, agosto marcará el inicio de una nueva negociación salarial entre FOEVA y las cámaras empresarias. El objetivo será definir los salarios correspondientes al período agosto-febrero.

Desde la organización sindical sostienen que los trabajadores acumulan un deterioro salarial de entre el 4% y el 5% respecto de la inflación registrada durante la última paritaria. “El salario de los empleados vitivinícolas está completamente relegado. Venimos arrastrando un sueldo muy devaluado, que es la pelea constante que tenemos en todas las paritarias. Se habló de negociaciones libres, pero nunca terminó siendo así, el Gobierno siempre termina poniendo un techo a las paritarias”, afirmó Romero.

Actualmente, el salario básico de un trabajador de viña se ubica en $786.000, mientras que un operario de bodega percibe un básico de $955.000. Para FOEVA, ambos valores quedaron rezagados frente al incremento del costo de vida, por lo que la recomposición salarial será uno de los ejes centrales de las próximas negociaciones con el sector empresario.

La soja argentina cuenta con atributos nutricionales que podrían transformarse en una ventaja competitiva para acceder a mercados de mayor valor agregado. Un relevamiento conjunto realizado por INTA y la Asociación Argentina de Grasas y Aceites (ASAGA) permitió elaborar el primer mapa nacional de calidad del poroto de soja, integrando información sobre contenido de proteína, aceite y perfil de aminoácidos a partir de muestras tomadas directamente en establecimientos productivos de distintas regiones del país.

Los resultados fueron presentados durante el Seminario ACSOJA 2026, donde las especialistas Ángela Orlando (ASAGA) y Cecilia Accoroni (INTA) destacaron que contar con datos propios permite respaldar científicamente el potencial de la materia prima nacional. “Argentina produce una de las mejores harinas de soja del mundo. Hoy contamos con información propia que nos permite demostrar científicamente cuál es la calidad real de nuestra materia prima y dejar de depender de datos generados en otros países”, afirmó Orlando.

El trabajo reunió información proveniente de 115 agencias de extensión del INTA, pertenecientes a nueve Centros Regionales, con muestras representativas de ocho grandes zonas productivas. El promedio nacional de proteína durante los cuatro años evaluados alcanzó el 36,2%, con los mejores registros en el norte, Córdoba Sudoeste y el NOA. Además, el estudio detectó oportunidades de mejora vinculadas al manejo agronómico, especialmente en fertilización, una práctica realizada solo por el 43% de los productores relevados.

Uno de los principales hallazgos surgió del análisis de cinco aminoácidos considerados claves a nivel internacional para determinar la calidad nutricional de la harina de soja. “Encontramos que la sumatoria de cinco aminoácidos clave alcanzó un valor promedio de 15,06, cuando la bibliografía internacional para harinas de soja informa 14,36. Eso significa que el poroto argentino ya presenta una calidad superior a la que históricamente se le atribuía”, explicó Accoroni. Además, el relevamiento mostró que estos aminoácidos mantienen estabilidad aun ante variaciones en los niveles de proteína, preservando el valor nutricional del grano.

Entre los componentes destacados aparece la lisina, considerada fundamental para la nutrición animal, junto con mejoras observadas en metionina y cisteína, donde la fertilización mostró impactos positivos. “Aun cuando el contenido de proteína disminuye, los key aminoácidos se sostienen. Existe una compensación entre ellos que preserva el valor nutricional del grano y esto representa una fortaleza para la industria y nuestros mercados”, remarcó Accoroni. En tanto, Orlando explicó que la calidad está determinada por factores genéticos y ambientales, y recordó que “históricamente el mejoramiento se centró en rendimiento y no tanto en proteína porque no se pagaba por eso”.

Los datos del estudio coinciden con un reciente meta-análisis de la Universidad Politécnica de Madrid que ubica a la harina de soja argentina con valores destacados frente a competidores como Brasil, Estados Unidos e India en aminoácidos estratégicos para alimentación animal. “La molienda de soja argentina logra naturalmente un muy buen perfil de calidad, sin procesos de enriquecimiento. Esa característica nos distingue internacionalmente y fortalece el posicionamiento de la cadena agroindustrial”, señaló Orlando. En esa línea, Accoroni concluyó: “La calidad de nuestra soja constituye una oportunidad concreta para posicionar al país en segmentos de mayor valor agregado. Hoy contamos con evidencia científica que respalda esa ventaja competitiva y abre una nueva agenda para la producción, la industria y el comercio internacional”.

La soja logró transformarse en uno de los cultivos más importantes del mundo gracias a décadas de investigación y mejoramiento genético que permitieron aumentar su productividad. Sin embargo, ese mismo proceso generó un nuevo desafío para la ciencia: el uso repetido de un número reducido de materiales de alto rendimiento terminó achicando la diversidad genética disponible para crear las variedades del futuro.

Los especialistas advierten que la llamada “estrecha base genética de la soja moderna” puede limitar la incorporación de nuevos genes vinculados con mayor rendimiento, adaptación a diferentes ambientes y resistencia a enfermedades. El desafío actual es volver a ampliar esa variabilidad para seguir mejorando el cultivo frente a escenarios productivos cada vez más exigentes.

Este fue uno de los principales temas abordados durante el Seminario ACSOJA , realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde los investigadores Istvan Rajcan, de la Universidad de Guelph (Canadá), y Ricardo Vilela Abdelnoor, de Embrapa Soja (Brasil), coincidieron en que recuperar diversidad genética será determinante para sostener los avances productivos.

Innovación sin fronteras: mejoramiento genético y genómica

Según explicaron, durante décadas los programas de mejoramiento utilizaron de manera reiterada los mismos materiales élite como base para generar nuevos cultivares. “Muchos mejoradores cruzan siempre los mejores materiales disponibles y eso termina reduciendo la diversidad genética”, señaló Rajcan. En Brasil, Abdelnoor indicó que, aunque participaron 26 ancestros en el desarrollo de variedades modernas, sólo cuatro explican más de la mitad de la base genética actual.

Frente a este escenario, los investigadores plantean la necesidad de regresar a los orígenes de la soja para encontrar nuevas soluciones. En Canadá, los equipos científicos comenzaron a incorporar germoplasma proveniente de China —centro de origen de la especie— para recuperar genes que habían quedado fuera del mejoramiento tradicional. A través de herramientas de genómica lograron identificar nuevas regiones del ADN asociadas con rendimiento, calidad industrial y resistencia a enfermedades como el nematodo del quiste de la soja, considerado uno de los patógenos más dañinos del cultivo a nivel mundial.

La conclusión de los especialistas es que el futuro de la soja dependerá no sólo de seleccionar los mejores materiales disponibles, sino también de ampliar la base genética para enfrentar nuevos desafíos. Más diversidad significará mayores posibilidades de desarrollar cultivares adaptados a diferentes ambientes, con mejores rindes y mayor capacidad para responder a enfermedades, cambios climáticos y demandas productivas globales.

La soja argentina aún tiene un amplio margen para crecer en rendimiento a partir de la incorporación de tecnologías de manejo. Una nutrición balanceada y una estrategia integrada frente a las plagas aparecen como dos pilares fundamentales para reducir la diferencia entre el potencial productivo de los cultivos y los resultados que finalmente se obtienen a campo.

Así lo puntualizaron, Roberto Rotondaro, y Matías Saks (presidente e integrante de Fertilizar Asociación Civil, respectivamente), quienes además remarcaron la importancia de mejorar la reposición de nutrientes, especialmente fósforo, como herramienta para capturar mayor productividad. Actualmente, la soja presenta una brecha promedio de 880 kilos por hectárea, equivalente al 28% del rendimiento potencial en condiciones de secano. “Lo que el suelo necesita no se negocia. El fósforo sigue siendo el nutriente que marca la diferencia para construir rendimiento y aprovechar el potencial del cultivo”, afirmó Rotondaro.

Los especialistas, que participaron en la Bolsa de Comercio de Rosario del Seminario ACSOJA, explicaron que el fósforo no sólo impacta sobre el rendimiento, sino también sobre la fijación biológica de nitrógeno, un proceso clave para el desarrollo de la soja. Cuando este nutriente es insuficiente, disminuye la formación de nódulos y se limita la capacidad de la planta para incorporar nitrógeno atmosférico. Además, señalaron que cerca del 60% de los lotes argentinos presentan niveles de fósforo próximos a la insuficiencia y que el balance de nutrientes continúa siendo negativo.

En ese sentido, Saks destacó que una fertilización adecuada permite incrementar hasta un 37% la eficiencia en el uso del agua, un factor estratégico para los planteos de secano. “Una adecuada nutrición no sólo aporta más rendimiento; también hace que el cultivo utilice mucho mejor el agua disponible y contribuya a mejorar la calidad del grano”, sostuvo. Sin embargo, la adopción de esta práctica aún muestra margen de mejora: en la campaña 2025 sólo se fertilizó el 48% del área de soja de primera y el 17% de la soja de segunda.

Otro de los desafíos crecientes para el cultivo es el avance del picudo negro de la vaina (Rhyssomatus subtilis), una plaga que dejó de estar limitada al NOA y comenzó a expandirse hacia nuevas regiones productivas. Según explicó Matías Medrano, investigador de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), durante la última campaña se registraron daños en provincias como Córdoba y Santa Fe, con pérdidas que fueron del 10% hasta el 100% del rendimiento. “El picudo negro dejó de ser un problema regional para transformarse en un desafío nacional. La mayor ventaja que tienen las nuevas zonas afectadas es la posibilidad de anticiparse aprovechando toda la experiencia acumulada en el NOA”, señaló.

Frente a este escenario, los especialistas remarcaron que el camino pasa por integrar herramientas: diagnóstico de nutrientes, fertilización estratégica, monitoreo temprano de plagas, rotaciones con gramíneas, tratamientos cuando sean necesarios y buenas prácticas de manejo. “La fertilización debe consolidarse como uno de los pilares de la agricultura sostenible, junto con la siembra directa y la rotación de cultivos”, afirmó Rotondaro. Por su parte, Medrano concluyó: “El manejo integrado combina monitoreo, rotación, tratamientos preventivos y buenas prácticas de logística. Evitar la dispersión de la plaga es clave para proteger las nuevas regiones sojeras”.

La avicultura argentina atraviesa un momento de fuerte protagonismo dentro del mercado de proteínas. Con una demanda interna en crecimiento y una mayor presencia en la alimentación cotidiana, el consumo de carne de pollo alcanzaría en 2026 un nuevo récord histórico al superar los 50 kilos por habitante al año, consolidándose como una alternativa accesible y competitiva para los hogares argentinos.

En el marco del 60° aniversario del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y la celebración del Día Nacional de la Avicultura junto a la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el presidente de CEPA, Franco Santangelo, destacó el rol estratégico de la actividad en la seguridad alimentaria y en el desarrollo económico del país. “Somos sin duda la proteína más económica y accesible, y tenemos el deber y el compromiso de alimentar a nuestra población”, afirmó.

El pollo vuela alto: la proteína gana lugar en la mesa argentina

El crecimiento del consumo refleja un cambio en la composición de la dieta de los argentinos, donde el pollo gana cada vez más espacio como fuente de proteína animal. Para este año, además de los más de 50 kilos de carne aviar por persona, se proyecta un consumo de 430 huevos por habitante —equivalente a otros 28 kilos—, lo que lleva el aporte conjunto de ambas proteínas avícolas a unos 78 kilos anuales por persona.

Más allá del mercado interno, la cadena avícola se posiciona como un motor productivo federal. Actualmente genera 115.000 empleos directos e indirectos —80.000 vinculados al sector pollo y 35.000 al huevo— y dinamiza numerosas actividades industriales como la metalurgia, la construcción, la industria farmacéutica, la maderera, el plástico y la petroquímica. Además, representa un destino clave para la producción agrícola, con un consumo anual de 5 millones de toneladas de maíz y 2,1 millones de toneladas del complejo soja.

Alas para crecer: la avicultura proyecta más inversiones

Con el mercado doméstico abastecido, -donde la oferta total, sumando carne bovina y porcina, alcanza los 143 kg de proteína por habitante- Santangelo enfatizó que el desarrollo futuro y la previsibilidad de la avicultura dependen indefectiblemente de la exportación. En ese contexto, luego de recuperar rápidamente el estatus sanitario libre de Influenza Aviar tras los brotes registrados en el último año, Argentina cuenta con más de 100 destinos habilitados y durante 2025 exportó a más de 70 mercados. Desde el sector remarcan la importancia de avanzar en acuerdos sanitarios y comerciales con destinos estratégicos como China, la Unión Europea, Sudáfrica, Chile y Perú.

Para sostener el crecimiento futuro, la industria avícola plantea la necesidad de más inversión, financiamiento y mejoras de competitividad. Según CEPA, mantener una expansión anual del 2% requiere incorporar alrededor de 200 galpones de última generación por año, además de

El titular de CEPA puntualizó que, en paralelo, es necesario reducir impuestos distorsivos a nivel nacional, provincial y municipal, eliminar retenciones a la exportación de carne de pollo, la devolución del Saldo Técnico del IVA, así como también la reducción del IVA para el sector del huevo del 21% al 10,5%, equiparándolo con otros alimentos básicos de la canasta familiar, para avanzar hacia condiciones que permitan competir en igualdad de condiciones con los principales productores mundiales.

La ganadería argentina atraviesa un escenario de fuertes contrastes: mientras las exportaciones alcanzan niveles récord en valor y se abren nuevas oportunidades comerciales en el mundo, la menor disponibilidad de hacienda, la caída de la faena y la reducción del consumo interno vuelven a poner en el centro de la agenda una necesidad estructural del sector: contar con financiamiento de largo plazo para crecer.

En una actividad donde los ciclos productivos requieren tiempo y previsibilidad, el acceso al capital aparece como una herramienta estratégica para aumentar la producción, mejorar la eficiencia y sostener el posicionamiento internacional de la carne argentina. La articulación entre productores, empresas, bancos y mercado de capitales será clave para transformar la demanda global en más inversión, tecnología y competitividad.

Los números muestran la oportunidad, pero también los límites actuales. Según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el primer cuatrimestre de 2026 se faenaron 3.935.598 cabezas, el menor registro de la última década para ese período. A su vez, la producción de carne bovina alcanzó 926.583 toneladas equivalente res con hueso, el volumen más bajo en nueve años, en un contexto donde la mejora de los campos y los mejores valores de la hacienda incentivaron ciclos de engorde más largos y animales más pesados.

A pesar de esa menor oferta, el frente externo marcó un desempeño histórico. De acuerdo con datos del INDEC, el complejo Carne y Cueros Bovinos generó exportaciones por US$ 1.653,7 millones entre enero y abril de 2026, una suba interanual del 36% y un valor 39% superior al promedio de los últimos cinco años. Además, el precio promedio de exportación llegó en abril a US$ 5.490 por tonelada equivalente res con hueso, el nivel más alto desde mayo de 2014.

La demanda internacional continúa siendo uno de los principales motores del negocio. En volumen, los embarques de carne bovina alcanzaron las 257.345 toneladas res equivalentes en los primeros cuatro meses del año, un 10% más que en igual período de 2025. China concentró el 39,1% del valor exportado, seguida por Estados Unidos, Israel, Alemania y Países Bajos, mostrando una mayor diversificación de mercados y oportunidades para capturar mejores precios.

El crecimiento exportador convive con un mercado doméstico más ajustado. La menor faena redujo la disponibilidad interna y el consumo aparente cayó a 681.209 toneladas equivalente res con hueso en el primer cuatrimestre, un 11,7% menos que un año atrás. En términos individuales, el consumo de carne vacuna se ubicó por debajo de los 48 kilos por habitante al año —en torno a los 47,3 kilos—, mientras avanzan otras proteínas como el pollo (50 kilos) y el cerdo (19,7 kg), impulsadas por diferencias de precios y cambios en los hábitos de compra.

Frente a este escenario, el desafío pasa por ampliar la oferta y evitar que el crecimiento exportador encuentre un techo productivo. En ese contexto, el coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, Dardo Chiesa, advirtió en Chacra Agro Continental, que la ganadería argentina necesita instrumentos de financiamiento adaptados a los ciclos y características del sector para recuperar dinamismo y aumentar la producción, considerando que es una actividad que requiere inversiones de mayor plazo que otros segmentos del agro.

Chiesa, señaló, además, que mientras la agricultura multiplicó su volumen en las últimas décadas gracias al acceso al crédito, la inversión y la incorporación de tecnología, la producción de carne permanece estancada. En ese sentido, destacó la necesidad de construir nuevas herramientas financieras para productores, industrias y toda la cadena cárnica: “Siempre señalo un dato que es muy claro, mientras en 1978 éramos 25 millones de argentinos, producíamos 3 millones de toneladas de carne. Hoy, somos 47 millones y producimos prácticamente lo mismo”, subrayó.

El coordinador de la Mesa de Carnes señaló que, frente a esta realidad, el mercado de capitales, junto con el sistema bancario, aparecen como un aliado fundamental para canalizar recursos hacia la economía real.

En ese camino, ROSGAN y la Mesa de las Carnes impulsan el debate sobre nuevas alternativas de inversión y financiamiento para la cadena. En una jornada clave para el futuro de la ganadería, y bajo el lema “Ganado, Carnes y Capital”, el miércoles 8 de julio, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) reunirá a referentes del sistema financiero, especialistas del agro, empresarios y actores estratégicos de la cadena cárnica para analizar el presente y las oportunidades hacia adelante.

Por su parte, el presidente de ROSGAN, Raúl Milano, aseguró en Chacra Agro Continental, que “saber utilizar instrumentos financieros novedosos o que están en vigencia hace un tiempo, pero no se los toma en cuenta por falta de conocimiento, en la ganadería” representa “una oportunidad para la actividad”. En tal sentido, mencionó los warrants y fideicomisos ganaderos, los pagarés producto, leasing e índices de precios futuros. “Todo eso, junto al financiamiento tradicional, sin dudas, allanan el camino para el desarrollo sostenible de un producto cada vez más demandado en el mundo, y para el cual la Argentina está en condiciones de convertirse en un proveedor destacado”

La apertura estará a cargo de Pablo Bortolato, presidente de la BCR; Raúl Milano, titular de ROSGAN; y Dardo Chiesa, coordinador de la Mesa de las Carnes. Entre los especialistas participarán Julio Calzada, quien analizará las diferencias del financiamiento entre agricultura y ganadería; Bernardo Piazzardi, con una mirada sobre las necesidades del agro argentino tras dos décadas de evolución; y Gustavo Lazzari, quien abordará el vínculo entre macroeconomía, inversión y decisiones productivas. Además, se presentarán casos exitosos, se debatirá el rol de los bancos para financiar la cadena a mediano y largo plazo y se analizarán las oportunidades que ofrece el mercado de capitales a través de herramientas de la BCR como MAV, A3 y ROSFID.

Con precios internacionales firmes y una demanda global que ofrece oportunidades, la Argentina enfrenta una decisión estratégica: financiar el crecimiento de la ganadería para producir más carne, generar más divisas y fortalecer su presencia mundial. El desafío será convertir el potencial del sector en inversión concreta, logrando aumentar las exportaciones sin profundizar las tensiones sobre el consumo interno.

En un contexto marcado por el cambio climático y el aumento del riesgo de incendios rurales y forestales, la detección temprana emerge como la herramienta más eficaz para minimizar los daños ambientales, productivos y sociales. Desde la Red de Manejo del Fuego Rural sostienen que el desafío ya no pasa únicamente por combatir las llamas, sino por identificar los focos apenas se inician. Un incendio detectado durante sus primeros cinco minutos puede ser controlado con relativa facilidad, mientras que dos horas después puede convertirse en un evento de gran magnitud, difícil de contener.

La incorporación de nuevas tecnologías modificó por completo los sistemas de vigilancia tradicionales. Hoy, la prevención combina imágenes satelitales con redes de cámaras inteligentes equipadas con inteligencia artificial. Los satélites geoestacionarios permiten monitorear grandes extensiones del territorio casi en tiempo real, mientras que los de órbita baja ofrecen una mayor precisión para detectar pequeños focos de calor. A ello se suma el aporte de los satélites argentinos SAOCOM, cuyos mapas de humedad del suelo permiten identificar áreas con mayor riesgo de ignición antes de que se produzcan incendios.

En tierra, las cámaras ópticas de alta resolución e infrarrojas instaladas en torres o estructuras elevadas representan un complemento fundamental. Gracias a sistemas de visión computacional, estos dispositivos distinguen el humo de otros fenómenos atmosféricos y detectan radiación térmica incluso durante la noche. Cuando identifican una anomalía, calculan automáticamente la ubicación exacta del foco y envían una alerta inmediata a los centros de monitoreo, reduciendo el tiempo de respuesta a menos de cinco minutos.

La “hora de oro”

Los especialistas coinciden en que ninguna de estas herramientas resulta suficiente por sí sola. Mientras los satélites aportan una visión estratégica y cobertura sobre grandes superficies, las cámaras terrestres brindan la rapidez necesaria para intervenir durante la denominada “hora de oro”, el período crítico en el que un ataque inicial puede evitar que el fuego se expanda. Sin embargo, la instalación de estas redes requiere inversiones significativas en infraestructura, comunicaciones, mantenimiento y operación permanente.

Manejo del fuego: el modelo a escalar

En ese contexto se inscriben los Consorcios de Manejo del Fuego, considerados la estructura más eficaz que existe actualmente en el país para articular esta vinculación. Permiten que empresas, productores y organismos públicos compartan infraestructura, coordinen alertas y desplieguen respuestas integradas. Al detectar un foco, las alarmas se integran directamente a las centrales de despacho, comunicando de inmediato a bomberos voluntarios y defensa civil.

Aseguran que, cuando los consorcios operan de forma integrada, se logra:

• optimizar de recursos críticos: Coordinación previa de pistas de aterrizaje, reservorios de agua en campos privados, maquinaria pesada y repetidoras de comunicación.
• responder más allá de cualquier frontera: Los incendios no reconocen alambrados ni límites municipales; la respuesta operativa unificada evita la duplicación de esfuerzos y las zonas ciegas.
• proteger la economía regional: Contener el fuego en su fase de brote resguarda vidas, bienes, empleo rural, infraestructura vial y eléctrica, y recursos productivos.

Actualmente, los sistemas de detección automatizada se concentran principalmente en zonas forestales de la Mesopotamia y el Delta del Paraná, impulsados por el sector privado. Esto deja amplias regiones del país sin cobertura tecnológica adecuada.

Frente a este escenario, la Red de Manejo del Fuego Rural -una asociación colaborativa que se conforma como una alianza de representantes de consorcios de manejo de fuego; ACEs; asociaciones forestales y rurales, y todo organismo con interés y acciones directas en la prevención, presupresión y supresión de incendios rurales- propone fortalecer modelos de financiamiento compartido que involucren al Estado nacional, las provincias, empresas, municipios, organismos internacionales y los Consorcios de Manejo del Fuego, considerados la herramienta más eficiente para coordinar recursos, compartir infraestructura y responder de manera integrada.

“Invertir en detección temprana no es un gasto, sino la política de prevención más costo-eficiente”, concluyen los especialistas, al advertir que prevenir incendios requiere, más que nunca, cooperación y acción conjunta.

El Mercado de Valores y Activos Ambientales (MEVA) alcanzó un hito para el desarrollo de los mercados ambientales en Argentina al concretar, por primera vez, el circuito completo del proceso del mercado de carbono. La experiencia se llevó adelante en una planta de biogás, ubicada en la localidad cordobesa de Alcira Gigena, donde se integraron todas las etapas del proceso: la generación de activos ambientales, su certificación, registración, publicación en la plataforma y posterior comercialización para compensar emisiones de gases de efecto invernadero.

La iniciativa -según señala un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba- permitió que los asistentes a una visita institucional compensaran la huella de carbono generada durante la actividad mediante la compra de créditos ambientales emitidos por la empresa a través de MEVA. Además del valor simbólico de la operación, la acción tuvo un fin solidario, ya que los recursos obtenidos serán donados al Centro Ambiental Municipal de General Cabrera.

La planta de biogás ubicada en Alcira Gigena se dedica al tratamiento de residuos orgánicos agroindustriales y pecuarios mediante un sistema de digestión anaeróbica controlada. El biogás obtenido es utilizado para generar electricidad que se inyecta al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

En tanto, el digestato resultante se destina como fertilizante orgánico para establecimientos agrícolas de la región. Desde el inicio de sus operaciones, la planta ya procesó unas 200.000 toneladas de residuos y produjo alrededor de 40.000 megavatios de energía renovable.

Se trata de la primera planta del país en certificar créditos de carbono bajo el Estándar CBA, una herramienta provincial destinada a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Plataforma tecnológica para activos ambientales

MEVA, desarrollado por la Bolsa y Cámara de Cereales de Córdoba junto con la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, constituye una plataforma tecnológica destinada a la comercialización de activos ambientales con altos estándares de transparencia, trazabilidad y seguridad, lo que permite operaciones de empresas e instituciones interesadas en compensar su impacto ambiental.

El proceso de certificación de los créditos generados por la empresa fue desarrollado por una consultora internacional especializada en sostenibilidad y mercados de carbono y sometido a una validación y verificación independiente. Como resultado, se emitieron 29.369 créditos de carbono verificados, que ya se encuentran disponibles para su comercialización a través de MEVA, consolidando un nuevo paso en el desarrollo de los mercados ambientales y la valorización de las prácticas productivas sostenibles en Argentina.

Una herramienta para reducir emisiones

El mercado de carbono es un sistema de comercio que permite comprar y vender créditos de carbono, cada uno equivalente a la reducción o captura de una tonelada de dióxido de carbono (CO₂e). Su principal objetivo es asignar un valor económico a las emisiones de gases de efecto invernadero para incentivar a gobiernos y empresas a disminuir su impacto ambiental. El mecanismo funciona bajo dos modalidades:

• el mercado regulado o de cumplimiento, en el que las autoridades fijan límites de emisiones y las empresas pueden comercializar permisos según su desempeño ambiental;
• y el mercado voluntario, donde organizaciones y particulares adquieren créditos para compensar su huella de carbono como parte de sus estrategias de sostenibilidad.

En la búsqueda de cumplir con metas climáticas

En este sistema participan compradores, como empresas, corporaciones y gobiernos que buscan alcanzar objetivos de neutralidad de carbono o cumplir con metas climáticas, y vendedores, que desarrollan proyectos capaces de capturar o evitar emisiones, como iniciativas de energías renovables, reforestación, conservación de bosques o prácticas agropecuarias sostenibles. El proceso es respaldado por entidades certificadoras y plataformas especializadas, encargadas de verificar que los proyectos generen reducciones reales, medibles y verificables de emisiones, garantizando así la transparencia y la integridad de las transacciones.

En tanto, desde la Mesa Argentina de Carbono aseguran que “la Argentina tiene una oportunidad única para posicionarse en el mundo a través del desarrollo de los mercados de carbono en el país, dado que éstos están creciendo rápidamente a nivel regional y global, generando un impacto ambiental, social y económico muy importante”.

De hecho, en apenas tres años, Argentina dio un salto cualitativo en el mercado de carbono. Desde la conformación de la Mesa Argentina de Carbono (MAC) en 2022, el número de proyectos del sector agropecuario y forestal con certificaciones internacionales pasó de una experiencia puntual a un conjunto de diez iniciativas distribuidas en distintas regiones del país. Estos proyectos abarcarían una superficie de más de 1 millón de hectáreas, casi 50 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires.

El complejo girasolero argentino atraviesa una etapa de fuerte dinamismo, impulsada por inversiones privadas estratégicas, un crecimiento sostenido de las exportaciones y niveles históricos de procesamiento industrial. Así lo destaca el último análisis de coyuntura elaborado por el licenciado Jorge Ingaramo y difundido por la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR), que muestra un sector en plena expansión a pesar del actual marco impositivo.

La industria procesadora ratificó su confianza en el potencial del girasol mediante importantes planes de inversión. Durante 2025, las ampliaciones de capacidad permitieron alcanzar récords de molienda en el primer trimestre de 2026. Entre los proyectos más relevantes se encuentra la ampliación de una planta en San Lorenzo, Santa Fe, con una inversión de 12 millones de dólares que elevará su capacidad a 500.000 toneladas anuales. A su vez, otra compañía anunció un desembolso de 400 millones de dólares para construir una nueva planta de procesamiento de girasol y soja en Bahía Blanca, integrada a su red logística y a su puerto de aguas profundas.

El salto también se refleja en el comercio exterior. Según datos del INDEC informados por el Consejo Agroindustrial Argentino, el complejo exportó 1.327,6 millones de dólares durante el primer cuatrimestre de 2026, lo que representa un crecimiento interanual del 159,5% y una participación del 7,9% en el total de las ventas externas agroindustriales. Al mismo tiempo, la molienda alcanzó en marzo un récord histórico mensual de 565.000 toneladas, mientras que el procesamiento acumulado en el primer cuatrimestre ascendió a 1,774 millones de toneladas, un 39% más que en igual período de 2025.

La dinámica comercial también se observa en el mercado interno. La Secretaría de Agricultura informó compras de girasol por 3,94 millones de toneladas para la campaña 2024/2025, un 38% superiores a las de la campaña anterior. En tanto, para el ciclo 2025/2026 ya se registran operaciones por 4,17 millones de toneladas, marcando un incremento interanual del 47,5%, un dato que refleja la confianza de la industria y la consolidación de la cadena.

En el plano internacional, las perspectivas siguen siendo favorables. El último informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) proyecta una producción mundial récord de girasol de 62,06 millones de toneladas, un 12,3% superior a la del ciclo anterior.

En tanto, para la Argentina, el organismo estima un crecimiento de la producción del 8,1%, que pasaría de 7,4 millones de toneladas en la campaña 2025/2026 a 8 millones en el ciclo 2026/2027. Sin embargo, el fuerte aumento de la oferta en Ucrania, Rusia y la Unión Europea podría reducir levemente la participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol, que pasaría del 14,3% al 13,1%, planteando el desafío de sostener la competitividad en un mercado cada vez más disputado.

Poco antes, el presidente de ASAGIR, Juan Martín Salas Oyarzun, destacó en Chacra Agro Continental, que “estamos transitando un momento histórico del girasol argentino”, y que “el récord de producción alcanzado en esta campaña se logró con 1,3 millones de hectáreas menos que en el ciclo 1998/99 cuando se había registrado el máximo de producción” nacional.

Salas Oyarzun destacó, además, “el aumento de sostenibilidad de nuestro sistema productivo”, subrayó que “la exportación de aceites y otros productos de la cadena le ingresaron al país (en 2025) casi un 50% más de divisas” que el año anterior.

En cuanto al mercado interno, el titular de ASAGIR puntualizó que “está abastecido sin problemas” por lo que “debemos atender la demanda externa”.

Las exportaciones de lana argentina atraviesan uno de sus mejores momentos de los últimos años. Durante el período comercial julio-abril de la zafra 2025/2026, las ventas externas alcanzaron los 149,5 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 57% y consolida la recuperación de un sector que vuelve a ganar protagonismo en los mercados internacionales.

El desempeño positivo también se reflejó en el volumen exportado. En los primeros diez meses de la campaña se comercializaron al exterior 31.825 toneladas de lana, un 23,5% más que en igual período de la zafra 2024/2025. Los datos, difundidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, muestran un renovado dinamismo de la actividad y un fortalecimiento de toda la cadena lanera.

Uno de los factores que explica este crecimiento es la reconfiguración de los mercados de destino. China incrementó significativamente su participación en el valor exportado de la lana argentina, pasando del 23% al 33%, y se consolidó como uno de los principales motores de la demanda internacional del producto.

El mes de abril fue particularmente significativo para el sector. Las exportaciones registraron un aumento interanual del 70%, impulsadas por un escenario internacional favorable y por una mayor demanda de productos laneros argentinos, que encontraron nuevas oportunidades ante la menor producción registrada, principalmente, en Australia.

Lana merino: la elegida

Detrás del crecimiento exportador se encuentra la lana Merino, la principal fibra ovina que comercializa Argentina en el exterior. Reconocida mundialmente por su extrema finura, suavidad y calidad, esta lana se ha convertido en uno de los productos más valorados de la cadena textil internacional. Actualmente, cerca del 52% del stock ovino argentino corresponde a esta raza.

La producción de lana Merino se concentra principalmente en la Patagonia, con la provincia de Chubut posicionada como el principal polo productor y exportador del país. Otro aspecto destacado es el creciente valor agregado de las exportaciones argentinas: la mayor parte de la lana que sale del país no se comercializa en estado bruto, sino que atraviesa distintos procesos industriales. La lana peinada lidera los envíos y representa proximadamente el 63% del total exportado, seguida por la lana lavada, con cerca del 17%. En tanto, la lana sucia o en vellón representa alrededor del 14% de las exportaciones, según datos del Ministerio de Producción de Chubut.

El Consejo Federal Pesquero (CFP) confirmó el retiro definitivo del denominado “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Común”, una propuesta impulsada por el Gobierno nacional que habilitaba la transferencia de cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera hacia la flota congeladora. La iniciativa había despertado una fuerte oposición de distintos sectores vinculados a la actividad pesquera.

La decisión quedó plasmada en el Acta N° 15/2026 del organismo, donde se informa que, durante el tratamiento de las presentaciones realizadas por la CGT y la CGT Regional Mar del Plata-Batán, la Autoridad de Aplicación comunicó formalmente el retiro del proyecto. De esta manera, se puso fin a una discusión que había generado polémica en la cadena pesquera.

El esquema promovido por el Gobierno nacional contemplaba que los buques fresqueros que no utilizaran la totalidad de sus cuotas de captura resignaran esos volúmenes para integrarlos a un fondo común, que posteriormente podría ser asignado a embarcaciones congeladoras.

Desde distintos sectores se advirtió que esta modalidad favorecía a la pesca congeladora en detrimento de la actividad industrial desarrollada en tierra, especialmente en ciudades como Mar del Plata.

Desde la provincia de Buenos Aires, el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, aseguró que “Este es un logro de todos”, y consideró que la propuesta no solo contradecía el espíritu de la Ley Federal de Pesca, sino que también perjudicaba al entramado productivo provincial. “Además de ir en contra de la Ley de Pesca, este proyecto iba contra todo el sector”, remarcó.

“Asimetría “persisente”

La iniciativa había sido elaborada por la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera bajo el nombre de “Procedimiento de Optimización Productiva de Merluza Hubbsi”.. Sobre esa base, el Gobierno argumentaba la existencia de u Según el diagnóstico oficial que acompañaba el proyecto, entre 2010 y 2023 la flota fresquera habría acumulado unas 202.500 toneladas de cuota no capturada, mientras que la flota congeladora registraba necesidades operativas superiores a las cuotas originalmente asignadasna “asimetría persistente” en el aprovechamiento del recurso que justificaba una redistribución más estable.

¿En que consistía el proyecto del Gobierno Nacional?

Se proponía reemplazar el mecanismo vigente de cesiones temporales por un procedimiento de dos etapas con vigencia hasta 2039, cuando concluye el actual régimen de cuotificación. En una primera instancia se abriría un registro para que los buques congeladores interesados presentaran proyectos técnicos y económicos detallando el volumen requerido, el nivel de empleo comprometido, las descargas previstas en puertos argentinos y el cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales. Posteriormente, el Consejo Federal Pesquero definiría la cantidad de toneladas a redistribuir y las condiciones de asignación.

La segunda etapa contemplaba la creación de un Fondo de Optimización Productiva dentro de la Reserva de Administración. Ese fondo se integraría con las toneladas que los titulares de buques fresqueros decidieran ceder de manera voluntaria e irrevocable hasta el final del período de cuotificación. Uno de los puntos más cuestionados era justamente que la cesión dejaría de ser anual para transformarse en una transferencia de largo plazo, lo que implicaba que quienes resignaran parte de sus cuotas perderían definitivamente ese volumen hasta 2039.

El proyecto también establecía una regla de distribución según la cual el 85% de las toneladas reasignadas quedaría para los congeladores beneficiarios y el 15% restante pasaría a conformar una reserva destinada exclusivamente a atender necesidades de la flota fresquera. De acuerdo con las proyecciones oficiales, el mecanismo podría movilizar entre 5.000 y 10.000 toneladas de merluza. Sin embargo, gremios, empresarios y gobiernos provinciales cuestionaron los datos utilizados para justificar la medida y alertaron sobre sus posibles consecuencias para el empleo y el agregado de valor en tierra.

Merluza, un recurso pesquero estratégico que enfrenta desafíos

La merluza común (Merluccius hubbsi) es el principal recurso pesquero de la Argentina y una de las especies más importantes para la economía nacional. Su explotación sostiene miles de puestos de trabajo en ciudades costeras, especialmente en Mar del Plata, donde la actividad pesquera y el procesamiento industrial dependen en gran medida de este recurso.

Además de su impacto laboral, la merluza representa más del 60% del consumo interno de pescado. Al mismo tiempo, junto con el langostino y el calamar, integra el grupo de especies que posicionan a la pesca como uno de los principales complejos exportadores del país.

El recurso enfrenta desafíos vinculados a la sobrepesca y la captura de ejemplares juveniles, por lo que el Consejo Federal Pesquero establece cuotas máximas de captura y regula la actividad para garantizar la sostenibilidad de una especie considerada estratégica para el empleo, el abastecimiento interno y la generación de divisas.

La citricultura entrerriana atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Con precios que no cubren los costos de producción, una fuerte caída del consumo interno y crecientes dificultades comerciales, los productores enfrentan un escenario que pone en riesgo la continuidad de numerosos establecimientos. La situación es especialmente preocupante para quienes dependen exclusivamente de la producción primaria y venden la fruta “tranquera adentro”, sin participación en otros eslabones de la cadena.

Melania Zorzi, presidenta de la Federación del Citrus de Entre Ríos, explicó en Chacra Agro Continental que la crisis no es nueva, sino que se viene profundizando desde el fin de la pandemia. Recordó que durante 2020 y 2021 la actividad atravesó un período favorable, impulsado por una revalorización de las frutas y especialmente de los cítricos. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente en los años posteriores. “Los costos a nosotros se nos aumentaron de una manera exponencial y lamentablemente los precios vienen en una retracción total”, afirmó.

Uno de los puntos que más inquieta al sector es la enorme distancia entre el precio que recibe el productor y el que paga el consumidor. Mientras en las quintas entrerrianas la naranja se comercializa entre 80 y 100 pesos por kilo, en muchos puntos de venta supera los 2.000 pesos. “Todo el mundo dice: ¿cómo puede ser que el productor reciba lo que recibe? Bueno, la brecha entre el que produce el cítrico y el consumidor, es cada vez más importante”, sostuvo Zorzi.

La dirigente señaló que algunos costos vinculados a insumos lograron cierta estabilidad en los últimos meses, aunque aclaró que la referencia sigue siendo el dólar. El verdadero problema, explicó, es que el precio de la fruta no acompaña. La retracción de los mercados de exportación de fruta fresca y la caída de los precios internacionales del jugo concentrado provocaron que una mayor cantidad de producción quede destinada al mercado interno, aumentando la oferta en un contexto de menor demanda.

Según Zorzi, la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores también juega un papel determinante. “El consumo de cítricos en nuestro país está sufriendo una caída muy importante porque los salarios están todos retrasados”, señaló. Esta situación genera una paradoja para el sector: aunque el productor recibe cada vez menos por su fruta, el bajo valor de origen tampoco alcanza para estimular las ventas en los hogares argentinos.

En este contexto, las empresas que logran integrar distintos eslabones de la cadena productiva son las que cuentan con mayores posibilidades de sobrevivir. Productores que además poseen empaques, transporte propio o puntos de venta en diferentes regiones del país consiguen capturar una mayor porción del valor agregado. “Aquel que sólo quedó con su quinta y vende tranqueras adentro es el que está en las condiciones más complicadas y es el más vulnerable”, advirtió la presidenta de la Federación.

El costo del transporte es otro factor que pesa sobre la rentabilidad. El gasoil y los fletes representan una parte importante de los gastos operativos, especialmente porque los mercados que ofrecen mejores precios suelen estar lejos de las zonas productivas. En los últimos años, muchas empresas buscaron alternativas en la Patagonia y la región de Cuyo para escapar de la fuerte competencia de los grandes centros urbanos, aunque también allí enfrentan nuevas dificultades comerciales y sanitarias.

La ecuación económica actual deja poco margen para la inversión y el crecimiento. De acuerdo con Zorzi, para que la actividad vuelva a ser rentable los productores deberían recibir entre 250 y 300 pesos por kilo de fruta.

Por otra parte, alertó sobre otro problema que se agravó recientemente: la extensión de los plazos de cobro y el riesgo de incumplimientos. “Lo que más se ha agravado en el último tiempo es la prolongación de los plazos, inclusive la incobrabilidad”, afirmó. Hoy, los pagos suelen concretarse entre 60 y 90 días después de la entrega.

Con costos elevados, mercados debilitados y una rentabilidad negativa, la citricultura entrerriana enfrenta una campaña decisiva.

La Asociación Forestal Argentina (AFoA) resaltó el rol estratégico que desempeña el sector forestal en la construcción de un futuro más sostenible, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebró el 5 de junio y que este año pone el foco en la acción climática.

Desde la entidad señalaron que la gestión forestal sostenible constituye una herramienta concreta para enfrentar los desafíos ambientales, al tiempo que impulsa el desarrollo económico y social en distintas regiones del país.

Uno de los principales aportes de los bosques es su capacidad para capturar dióxido de carbono de la atmósfera. A través de la fotosíntesis, los árboles absorben y almacenan carbono en su madera, ramas, hojas y raíces durante todo su crecimiento. Según AFoA, la forestación y el manejo responsable de las plantaciones permiten potenciar este proceso natural, convirtiendo a los sistemas forestales en importantes reservorios de carbono que contribuyen a la mitigación del cambio climático.

La entidad también destacó que los beneficios ambientales de los árboles no terminan con su crecimiento. Cuando la madera se transforma en viviendas, muebles, embalajes o distintos productos de uso cotidiano, el carbono capturado permanece almacenado durante años e incluso décadas. Esta característica convierte a la madera en un material renovable que, además, funciona como una reserva de carbono de largo plazo.

En paralelo, AFoA remarcó que la madera y otros productos derivados de la actividad forestal pueden sustituir materiales de origen fósil o procesos productivos con una mayor huella ambiental. Desde la construcción y el diseño hasta los embalajes y la generación de bioenergía, los productos forestales ofrecen alternativas renovables que permiten avanzar hacia modelos de producción y consumo más sostenibles.

La gestión forestal sostenible, además, promueve una visión integral que combina producción, conservación y desarrollo territorial. En este sentido, la entidad señaló que las plantaciones y bosques manejados responsablemente contribuyen a proteger los suelos, conservar recursos hídricos, favorecer la biodiversidad y generar empleo en numerosas comunidades, especialmente en aquellas donde la actividad forestal constituye un motor económico relevante.

“La acción climática requiere múltiples soluciones capaces de generar impactos positivos en el corto y largo plazo”, destacaron desde AFoA. En ese marco, subrayaron que los bosques y el sector forestal combinan captura y almacenamiento de carbono, producción de materiales renovables, conservación de recursos naturales y desarrollo económico. “El aporte forestal demuestra que es posible impulsar actividades productivas que, al mismo tiempo, contribuyan a construir un futuro más sostenible para las próximas generaciones”, concluyeron.

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), la Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) lanzó una advertencia que encendió las alarmas sobre la situación en el Atlántico Sudoccidental. Según un reciente informe de la entidad, la actividad de las flotas extranjeras que operan sobre el límite de la milla 201 alcanzó niveles sin precedentes y ya representa una de las principales amenazas para los recursos pesqueros argentinos.

La investigación sostiene que cada año entre 400 y 600 embarcaciones provenientes principalmente de China, Corea del Sur y Taiwán se concentran en las inmediaciones de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina para capturar especies migratorias asociadas al ecosistema nacional. El fenómeno no sólo crece en magnitud, sino también en intensidad: entre 2019 y 2024 el nivel de extracción aumentó un 65%, mientras que el esfuerzo pesquero de la flota china se incrementó un 85%.

Los números recopilados por FULASP muestran una diferencia cada vez más marcada entre las capturas nacionales y las realizadas por embarcaciones extranjeras. Mientras la pesca argentina desembarca entre 750.000 y 900.000 toneladas anuales de productos pesqueros, las estadísticas internacionales ubican las capturas efectuadas en el Atlántico Sudoccidental entre 1,5 y 3 millones de toneladas por año.

La pesca extranjera ya multiplica por cuatro las capturas argentinas

Esto implica que, según la especie considerada y la temporada analizada, las extracciones realizadas por las flotas internacionales pueden representar entre dos y cuatro veces el volumen obtenido por toda la industria pesquera argentina. El informe advierte que buena parte de esas capturas corresponden a especies transzonales que migran regularmente entre la plataforma continental argentina y las áreas de alta mar donde operan los buques extranjeros.

Calamar, el más buscado

Entre las especies más afectadas aparece el calamar Illex argentinus, uno de los recursos más perseguidos por las flotas internacionales y una pieza fundamental dentro de la cadena alimentaria marina. Este cefalópodo constituye alimento para merluzas, mamíferos marinos, aves oceánicas y numerosas especies comerciales de importancia económica.

“El verdadero problema no es solamente que se lleven más volumen que la pesca argentina. El daño más grave es biológico: muchas especies están siendo capturadas antes de completar su ciclo natural”, explicó Raúl Cereseto, presidente de FULASP. El especialista agregó que “en el caso del calamar, que vive apenas uno o dos años y cumple un rol central en la cadena alimentaria, una mala combinación de sobrepesca y cambio ambiental puede generar que en el corto plazo estemos discutiendo no una pérdida económica, sino el agotamiento de recursos fundamentales para la pesca argentina y para todo el ecosistema del Atlántico Sur”.

Las advertencias encuentran respaldo en estudios de la Environmental Justice Foundation (EJF), organización internacional dedicada a investigar delitos ambientales y pesca ilegal. La entidad señaló que, en el caso del calamar Illex, la combinación de presión pesquera y condiciones ambientales desfavorables “podría provocar un colapso poblacional en apenas un año, porque es una especie de ciclo muy corto”.

A este escenario se suma otro dato que preocupa a los especialistas. Según informes oficiales de las Islas Malvinas, durante 2024 se capturaron 261.903 toneladas de recursos pesqueros bajo licencias otorgadas por el Reino Unido. Para FULASP, estas cifras reflejan una presión extractiva creciente sobre especies migratorias compartidas por todo el Atlántico Sur.

Merluza común, una de las especies más vulnerables

La merluza común también figura entre las especies vulnerables. Los propios reportes pesqueros de las islas reconocen que la merluza hubbsi desova principalmente en aguas costeras patagónicas y posteriormente puede desplazarse hacia la plataforma de Malvinas para alimentarse. Sólo durante 2024 se registraron allí capturas por 54.714,5 toneladas, el cuarto valor anual más alto desde 1989.

Algo similar ocurre con la merluza de cola. Estudios genéticos y de microquímica de otolitos citados en los informes indican que existiría conectividad entre las poblaciones del Atlántico Sudoccidental y el Pacífico Sudoriental, lo que refuerza la hipótesis de que se trata de un mismo stock compartido entre Argentina, Chile y Malvinas.

Para los especialistas, la situación adquiere mayor gravedad porque existen antecedentes recientes que muestran señales de agotamiento. En 2024, las autoridades pesqueras de Malvinas suspendieron la segunda temporada de captura del calamar Loligo luego de que la biomasa estimada descendiera por debajo del umbral de conservación fijado en 10.000 toneladas.

Biodiversidad en peligro

La fundación advirtió que, de mantenerse el actual nivel de explotación, podrían verse comprometidos recursos estratégicos para la economía nacional, afectando exportaciones, empleo, producción de alimentos y biodiversidad. Cereseto resumió el problema con una analogía vinculada al sector agropecuario: “Si en un campo con mil vacas, nacen trescientos terneros por año y usted faena doscientos cincuenta animales adultos, el rodeo se mantiene, pero si empieza a matar terneros, vacas jóvenes y hembras antes de que puedan reproducirse, tarde o temprano ese rodeo desaparece”. Y concluyó: “En el mar ocurre exactamente lo mismo. Cuando cientos de embarcaciones capturan especies antes de que completen su ciclo biológico, el problema pasa a ser ecológico, comprometiendo la capacidad de recuperación de recursos que tardaron miles de años en consolidarse y que sostienen empleo, exportaciones y biodiversidad para toda la Argentina”.

Cada 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente invita a reflexionar sobre los avances y desafíos pendientes en relación con la sustentabilidad. En ese marco, CampoLimpio —organización dedicada a desarrollar e implementar un sistema de gestión ambiental para la recuperación de envases vacíos de fitosanitarios en la Argentina— advierte sobre uno de los desafíos más relevantes para la sustentabilidad del sector agropecuario: garantizar que estos recipientes sean acondicionados correctamente antes de ingresar al circuito de recupero.

Al respecto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, María Pisanu, subrayó -en diálogo con Chacra TV- que “el productor tiene que sentirse orgulloso de mostrarle a su comunidad su aporte a la sustentabilidad y dar el ejemplo con una gestión ambiental responsable”.

1,3 millones de kilos de plástico, fuera del sistema

Aunque el sistema formal continúa expandiéndose en todo el país, durante 2025 más de 1,3 millones de kilos de plástico no pudieron reciclarse debido a que los envases no habían recibido el triple lavado o lavado a presión exigido por la normativa.

Según informó la asociación, el dato refleja una problemática que aún persiste dentro de la cadena productiva. Los envases que llegan al sistema sin el lavado correspondiente no pueden ser reciclados ni revalorizados, lo que impide su transformación en nuevas materias primas destinadas a usos seguros y autorizados.

Desde CampoLimpio remarcaron que “sin el correcto lavado previo, el proceso no puede continuar y esos envases no pueden revalorizarse ni reinsertarse como materia prima en usos seguros y autorizados”. Además, señalaron que “no da lo mismo entregar los envases lavados que sin lavar”, ya que la falta de esta práctica genera un impacto ambiental negativo al impedir su aprovechamiento dentro de la economía circular.

La entidad explicó que el sistema está diseñado para gestionar exclusivamente envases correctamente lavados, garantizando posteriormente un destino final que no represente riesgos para el ambiente ni para la salud de las personas. Por ese motivo, el triple lavado o lavado a presión constituye un paso clave dentro del proceso de gestión responsable de estos residuos.

Envases de fitosanitarios: se recuperaron 25 millones de kg

A pesar de este desafío, los indicadores muestran una evolución positiva. Desde sus inicios y hasta abril de 2026, CampoLimpio logró recuperar más de 25 millones de kilos de envases vacíos de fitosanitarios en todo el territorio nacional. En los últimos tres años, el recupero registró un crecimiento promedio del 30% interanual.

Ese volumen es posible gracias a una extensa infraestructura territorial compuesta por más de 95 Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT), distribuidos en 22 provincias argentinas. A ello se suman más de 1.900 jornadas de capacitación y concientización dirigidas a productores, aplicadores, distribuidores y otros actores vinculados al sistema.

Argentina, uno de los líderes mundiales en gestión de envases de fitosanitarios

La iniciativa se desarrolla en el marco de la Ley Nacional 27.279, considerada la única norma de responsabilidad extendida del productor vigente en el país. Bajo este esquema, CampoLimpio se consolidó como el segundo sistema de gestión de envases de este tipo en América Latina y el tercero a nivel mundial (el primer lugar lo ocupa Brasil, que cuenta con más de 25 años de experiencia en la materia, y el segundo puesto lo detenta China, por sus características poblacionales).

En ese contexto, la directora ejecutiva de CampoLimpio, destacó que la Ley 27.279 permitió transformar un problema ambiental en una oportunidad para impulsar la economía circular dentro del sector agropecuario. “La ley viene a ofrecer soluciones. Por un lado, el tratamiento seguro de envases que podrían haber terminado en un curso de agua, enterrados o quemados, generando un daño no sólo al ambiente sino también a las comunidades. Y, a su vez, cambia la forma en que se trata ese residuo y permite que podamos reciclarlo para que ese plástico vuelva al sector productivo como insumo”, explicó.

En ese sentido, señaló que el sistema cumple una doble función ambiental. “Estamos cuidando el ambiente de ese plástico que luego de su uso queda allí y, al mismo tiempo, permitiendo que vuelva a insertarse como material, evitando que se siga generando plástico virgen”, sostuvo.

María Pisanu resaltó además, el posicionamiento que logró el sistema argentino a nivel internacional: “el agro tiene que estar orgulloso porque hoy es la única actividad productiva del país que cuenta con un sistema de estas características. El compromiso y la toma de conciencia de los productores va creciendo año tras año”.

Responsabilidad compartida

Desde la entidad remarcan que el aporte de los productores resulta fundamental para que el circuito funcione correctamente.

Pisanu remarcó que el primer paso para garantizar la circularidad es la correcta limpieza de los envases. “El productor o el aplicador, una vez que utilizan el producto, tienen que realizar las técnicas de reducción de residuos, que son el triple lavado o el lavado a presión, inmediatamente después del uso. A partir de ese lavado y de la entrega a CampoLimpio, están permitiendo no sólo sacar ese envase de circuitos que no deberían existir, sino también asegurar su destino circular”, afirmó.

El proceso, paso a paso

El proceso comienza una vez utilizado el producto fitosanitario, cuando el usuario debe realizar el triple lavado o lavado a presión, perforar el envase para inutilizarlo y almacenarlo temporalmente.

Posteriormente, los envases deben ser trasladados a los Centros de Almacenamiento Transitorio, donde son clasificados y compactados para su posterior tratamiento. Estos espacios funcionan como nodos estratégicos para garantizar una gestión segura y eficiente.

Una vez reunido el material, CampoLimpio coordina la logística para derivarlo a industrias recicladoras autorizadas. Allí, los plásticos recuperados son transformados en nuevos productos seguros, entre ellos caños para cloacas, postes para alambrados y bidones tricapa destinados nuevamente al sector agrícola.

La directora ejecutiva de CampoLimpio, explicó además que todos los envases recuperados son enviados a recicladores habilitados y bajo estrictos controles. “Nos aseguramos de que el material vaya a recicladores autorizados y que se transforme en productos que no estén en contacto con las personas ni con el medio ambiente. Es muy importante porque existe un circuito informal del plástico que muchas veces hace creer al productor que está actuando correctamente cuando entrega sus envases a operadores no autorizados”, advirtió.

Por eso, recomendó a los usuarios exigir siempre la documentación correspondiente. “Hoy es fundamental pedir el certificado de CampoLimpio, porque es el único que garantiza que el productor cumplió con su obligación legal y que ese bidón terminará en materiales que no pondrán en riesgo la salud”, señaló.

Destacó, por otra parte, que además de la red fija de CAT, la organización desarrolla jornadas itinerantes de recepción en localidades donde todavía no existen centros permanentes. Estas acciones permiten ampliar la cobertura territorial y facilitar que los productores obtengan el certificado oficial de disposición final exigido por la normativa.

Plazos y medios de devolución

Pisanu también respondió una de las consultas más frecuentes de los usuarios sobre la devolución de los envases. “Los productores pueden transportarlos por sus propios medios, sin necesidad de contratar servicios especiales. Sólo pedimos que soliciten turno previamente para garantizar una recepción ordenada en los Centros de Almacenamiento Transitorio”, explicó.

Recordó, por otra parte, que los productores cuentan con un plazo de un año desde la compra para devolver los envases, que no necesitan documentación especial para trasladarlos dentro del territorio nacional, y que cuentan con el certificado de CampoLimpio para acreditar su compromiso.

“Juguemos Limpio”: la sustentabilidad implica un compromiso cotidiano

En el marco de AgroActiva 2026, que se desarrolla hasta el 6 de junio en Armstrong, provincia de Santa Fe, CampoLimpio impulsa la campaña “Juguemos Limpio”, inspirada en la pasión futbolera de los argentinos. Al respecto, Pisanu destacó la importancia de sumar cada vez más productores al sistema. “CampoLimpio pone la cancha. Tenemos casi 100 centros de almacenamiento distribuidos en todo el país y un equipo presente en el territorio para acompañar a los productores en este proceso”, expresó.

La directiva explicó que el cumplimiento de la normativa debe entenderse como un compromiso con la comunidad más que como una obligación legal. “Nos gusta hablar de responsabilidad. Cuando un productor lava y devuelve sus envases, se asegura de que ese plástico no termine convertido en una bolsa de verdulería, un juguete para un niño, una conservadora o una cucharita de helado. Es ese granito de arena que todos podemos aportar para cuidar el ambiente y la salud”, afirmó.

La asociación cuenta con un espacio en AgroActiva Arena, lote 208G, donde productores, distribuidores, aplicadores, autoridades y empresas pueden conocer de cerca el recorrido que realizan los envases desde su recuperación hasta su transformación en nuevos insumos para la industria plástica.

Sustentabilidad, una exigencia del presente

Desde la organización sostienen que el Día Mundial del Ambiente representa una oportunidad para poner en valor los avances alcanzados por el sistema, pero también para recordar que la sustentabilidad requiere del compromiso cotidiano de todos los actores involucrados. En ese sentido, señalaron que “la sustentabilidad no es un objetivo a futuro, sino una exigencia del presente”.

CampoLimpio articula esfuerzos con autoridades municipales, provinciales y nacionales junto a distribuidores, productores y organizaciones del sector para desplegar el sistema en todo el territorio nacional. Se trata de una plataforma que integra el trabajo colaborativo de esta amplia cadena de valor, unificando el proceso de recuperación de envases vacíos de productos fitosanitarios utilizados en el campo argentino, e impulsando un nuevo paradigma de economía circular en el sector productivo.

¿Por qué se celebra el Día Mundial del Ambiente?

El Día Mundial del Ambiente se celebra cada 5 de junio por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), que estableció la fecha en 1972 durante la histórica Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano. El objetivo de esta jornada es sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de proteger el planeta, promover el uso responsable de los recursos naturales e impulsar acciones concretas que contribuyan al desarrollo sostenible. Más de cinco décadas después de su creación, la efeméride continúa siendo un llamado global para transformar hábitos y fortalecer políticas ambientales en todos los sectores productivos.

La cadena porcina argentina continúa mostrando señales de crecimiento y consolidación en los mercados internacionales. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), las exportaciones del sector aumentaron un 161% en valor durante el primer cuatrimestre de 2026 respecto del mismo período del año anterior, alcanzando los 6 millones de dólares. En tanto, datos del INDEC consignan que, en volumen, el crecimiento fue del 78%, con un total de 5.137 toneladas exportadas.

El desempeño refleja el creciente protagonismo de la producción porcina nacional en un contexto global marcado por una sostenida demanda de proteínas animales de calidad. La mejora de los indicadores comerciales se suma a la recuperación que viene experimentando la actividad en los últimos años, impulsada por inversiones en tecnología, mejoras sanitarias y una mayor integración de la cadena productiva.

Entre los principales destinos de exportación se encuentran Costa de Marfil, China, Filipinas, Congo, Uruguay, Brasil, Hong Kong, Georgia y Paraguay. Los envíos incluyen carne de cerdo, chacinados, productos y subproductos comestibles y no comestibles, lo que evidencia una creciente diversificación de la oferta argentina en el mercado internacional.

Actualmente, Argentina cuenta con 54 destinos habilitados para la comercialización de productos porcinos. En ese marco, la Secretaría de Agricultura aseguró que continúa gestionando la apertura de nuevos mercados y la ampliación de las condiciones de acceso para los ya existentes, con el objetivo de seguir incrementando las exportaciones y diversificando los destinos.

Carne de cerdo: el consumo sigue en alza

En cuanto al mercado interno, datos de la Federación Porcina Argentina (FPA) puntualizan que en marzo pasado la ingesta de carne de cerdo alcanzó los 19,44 kilos por habitante por año y registró una suba del 8,9% frente al mismo mes de 2025. Si se comparan los niveles actuales de consumo de esta proteína animal con los de comienzos de la década, los datos oficiales consignan que el avance fue mayor aún al pasar de 15,86 kilos por habitante por año en 2021, a los actuales casi 20 kilogramos, lo que implica un incremento del 22% en los últimos cinco años.

En tanto, en diálogo con Chacra Agro Continental, Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina, señaló que en la actualidad, “el mundo nos está mirando como un lugar estratégico para producir carne de cerdo porque contamos con agua, granos -insumo básico para alimentación y transformación de un producto primario en otro con valor agregado- sanidad, e inversiones crecientes en tecnología y capacitación de recursos humanos”.

“La nutrición de cultivos y el cuidado del suelo para una producción sostenible” son conceptos básicos y centrales para el desarrollo de la agricultura. Así lo puntualizó, el presidente de Fertilizar AC, Roberto Rotondaro, a modo de corolario del Simposio Regional FERTILIDAD 2026, que reunió en Santa Rosa, La Pampa, a más de 350 asistentes entre técnicos, investigadores, productores y empresas, en un encuentro centrado en la nutrición de cultivos y pasturas en regiones semiáridas y subhúmedas. Organizado por Fertilizar Asociación Civil junto al Equipo de Trabajo “Grupo Producir en Semiárida” de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa, el evento puso el foco en el desafío de producir más en ambientes donde las restricciones hídricas condicionan los rindes.

Una “panzada de agronomía”

Rotondaro explicó en diálogo con Chacra TV que la campaña agrícola 2026/27 presentaría particularidades vinculadas con el precio de los fertilizantes –como consecuencia del conflicto bélico en Medio Oriente-, el pronóstico climático que indica que será un año con una marcada presencia del fenómeno de “El Niño”, y advirtió que “nada de ello deber impedir seguir haciendo agronomía”. En ese contexto, aseguró que el seminario fue una “panzada de agronomía.

Por su parte, la decana de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), Lía Molas, remarcó la importancia de discutir la fertilidad desde una mirada integrada entre agricultura y ganadería. “Esta es una región semiárida con sistemas integrados. Para la agricultura mejorar los estándares de fertilidad es un desafío y en los sistemas ganaderos es una deuda pendiente”, sostuvo.

Durante el seminario, autoridades académicas, técnicas y provinciales coincidieron en la necesidad de fortalecer el vínculo entre ciencia, producción y manejo sustentable del suelo.

En ese marco, el subsecretario de Asuntos Agrarios del Ministerio de Producción de La Pampa, Ricardo Beraldi, vinculó el debate sobre fertilización con las dificultades observadas en la última campaña de granos finos. “Tenemos el gran desafío de mantener nutrientes en la tierra, más viniendo de una gran producción de trigo con muchas deficiencias de proteína”, advirtió. También señaló que el elevado costo de los fertilizantes nitrogenados obliga a maximizar la eficiencia en la toma de decisiones productivas.

Uno de los ejes centrales del simposio fue la exposición del responsable técnico de Fertilizar AC, Esteban Ciarlo, quien presentó un diagnóstico sobre el deterioro de los suelos en regiones semiáridas y subhúmedas. Según explicó, la agricultura continua sin adecuada reposición de nutrientes provocó un “empobrecimiento generalizado”. Entre los datos más preocupantes, indicó que el fósforo sufrió “una alarmante caída promedio del 82%” respecto de su condición original, mientras que el zinc también registra fuertes pérdidas debido a que “se repone bastante menos de lo que se exporta”.

Ciarlo detalló además los resultados de una red de 42 ensayos desarrollados durante 10 campañas agrícolas, donde se compararon distintas estrategias de fertilización. El análisis mostró que el trigo es el cultivo que más responde a la nutrición, mientras que en maíz “siempre crece si mejora la estrategia”. En términos económicos, el especialista afirmó que la denominada “receta conservadora” aplicada por muchos productores genera ganancias marginales mínimas y balances de nutrientes negativos. En cambio, la nutrición balanceada permitió obtener un Retorno de la Inversión positivo y mejoras significativas en los márgenes productivos.

El técnico también destacó que la fertilización equilibrada no solo mejora los rindes, sino que incrementa la eficiencia en el uso del agua entre un 19% y un 53% en zonas con limitaciones hídricas. “Antes de pensar solo en la economía, debemos entender que fertilizar bien es optimizar cada milímetro de agua disponible”, aseguró, al llamar a priorizar estrategias de sustentabilidad a largo plazo.

Otro de los especialistas destacados fue Nahuel Reussi Calvo, investigador de la Universidad Nacional de Mar del Plata y titular del emprendimiento Raíz Científica, quien presentó el trabajo “Agregado de valor al agua a través de la nutrición de cultivos”. Allí planteó que gran parte de las brechas de rendimiento no responden únicamente a la falta de lluvias, sino también a deficiencias nutricionales y degradación de los suelos. “El agua y la nutrición son engranajes claves para producir más”, sostuvo. Además, explicó que muchos cultivos están utilizando apenas una parte del agua disponible y remarcó que “la mitad de los milímetros caídos no los está capturando el cultivo”.

La clave, es el diagnóstico

Finalmente, Reussi Calvo aseguró que las estrategias de fertilización basadas en diagnóstico pueden incrementar la eficiencia en el uso del agua hasta un 72%, especialmente en campañas donde el recurso hídrico es el principal factor limitante. “El año climático tiene mayor peso que la relación insumo-producto. La clave es hacer diagnóstico y poner nitrógeno donde hace falta”, concluyó. El cierre del simposio dejó un mensaje común entre los especialistas: mejorar la nutrición de los cultivos es clave no solo para aumentar la productividad, sino también para preservar la salud de los suelos y garantizar la sustentabilidad de los sistemas agropecuarios.

Finalizó la campaña de investigación oceanográfica “Área Adyacente 2026”,La misión fue llevada adelante por científicos del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) desarrollada en la denominada milla 201, organismo de referencia en el estudio y conservación de los recursos marinos argentinos, que tiene sede en Mar del Plata y depende de la órbita nacional.

El INIDEP es el principal organismo científico del país dedicado a la investigación pesquera y oceanográfica. Entre sus funciones se destacan el monitoreo de los ecosistemas marinos, la evaluación del estado de las especies comerciales y el asesoramiento técnico para el diseño de políticas de manejo sustentable de los recursos del Mar Argentino. En esta oportunidad, el trabajo se realizó a bordo del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica Víctor Angelescu, una de las plataformas científicas más modernas de la región.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, durante 23 días de navegación, los investigadores analizaron un sector estratégico del Atlántico Sur donde la Argentina ejerce derechos soberanos exclusivos sobre el lecho y el subsuelo marino. La campaña tuvo como objetivo estudiar la conexión biológica entre la plataforma continental y el talud oceánico, además de evaluar el impacto de las flotas extranjeras que realizan pesca no reglamentada sobre especies transzonales como la merluza y el calamar.

Fuerte impacto ambiental de la pesca no reglamentada

La expedición, coordinada junto al Grupo Interministerial Área Adyacente, alcanzó profundidades de hasta 2.291 metros e integró distintas disciplinas científicas para obtener una radiografía completa del ecosistema marino. Entre los principales hallazgos se confirmó la predominancia de especies clave como merluza, calamar y nototenia, además del estudio de los llamados “peces linterna” o mictófidos, fundamentales en la transferencia de energía entre las aguas superficiales y las profundidades oceánicas.

Los científicos también identificaron alrededor de 180 tipos de organismos en el lecho marino, entre ellos corales y esponjas, considerados hábitats vulnerables que requieren medidas especiales de conservación. Asimismo, mediante muestreos con rastras y cámaras submarinas, se detectó que el 76,2% de los lances de pesca de fondo contenían basura marina, principalmente restos de redes y equipos pertenecientes a flotas extranjeras, evidenciando el impacto ambiental de la pesca no reglamentada en la zona.

Además de su relevancia científica, la campaña permitirá que, con los datos obtenidos, se fortalezca la posición del país en foros internacionales respaldando reclamos sobre la conservación de los recursos pesqueros y se pueda denunciar el daño transfronterizo provocado por actividades pesqueras no reguladas en una de las áreas más sensibles del Atlántico Sur.

Flota de Buques de Investigación Pesquera (BIP)

Para recolectar datos directos en alta mar, el INIDEPopera barcos especializados equipados con laboratorios avanzados:

1. El BIP Víctor Angelescu es utilizado para investigaciones acústicas y de fondo en el talud continental.
2. El BIP Mar Argentino está orientado, principalmente, a la investigación pesquera costera y oceanográfica.
3. BIP Eduardo L. Holmberg es un buque histórico adaptado para relevamientos de altura de mediano y gran porte.

La carne de pollo alcanzó un nuevo hito en la Argentina al consolidarse como la proteína animal más consumida del país, superando a la carne bovina. Según datos del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), durante 2025 el consumo per cápita llegó a 49,4 kilos por habitante al año, reflejando un cambio en los hábitos alimentarios de los argentinos y una creciente preferencia por las carnes aviares.

Cambio de hábitos

Desde el Centro de Información Nutricional de la Carne de Pollo (CINCAP) destacaron que, más allá de su accesibilidad económica, el pollo se convirtió en un alimento central de la tradición culinaria local. En ese contexto, la milanesa de pollo aparece como una de las preparaciones más elegidas por las familias argentinas, gracias a su practicidad y aceptación en todas las edades.

Uno de los factores que explican este crecimiento es su aporte nutricional. Los especialistas remarcaron que una sola porción de pollo —equivalente a media pechuga o una pata muslo mediana— cubre cerca del 50% de las proteínas de alta calidad que necesita diariamente un adulto promedio. Además, posee un bajo contenido graso cuando se consume sin piel y presenta un predominio de grasas consideradas saludables.

A ello se suma su aporte en micronutrientes esenciales. El pollo aporta minerales como potasio, magnesio, fósforo, hierro y selenio, además de vitaminas del complejo B, fundamentales para el funcionamiento del organismo, indica el informe del CINCAP.

En tanto, el consumo de carne vacuna en Argentina, según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) a abril de 2026, registra una caída interanual del 3,7%, situándose en aproximadamente 47,3 kg por habitante al año. Este nivel representa uno de los valores más bajos en las últimas dos décadas, reflejando una contracción en el mercado interno.

El consumo de carne de cerdo, sigue en alza

En cuanto al consumo de carne de cerdo en Argentina en 2025-2026 marcó un récord histórico, alcanzando los 19,3 kg por persona anuales. Se trata de un crecimiento del 80% en sólo una década, consolidándose como una alternativa habitual en la dieta. En ese contexto se incrementó el consumo de carne fresca (corte como pechito, solomillo o bondiola) por sobre los chacinados.

Por su parte, un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) atribuyó el desplazamiento de la carne vacuna de la preferencia de los argentinos, a la inflación y a los cambios en los precios relativos de los alimentos -afectados por factores internacionales- que impactan de manera directa en el presupuesto familiar.

La exportación argentina de carne bovina registró un fuerte crecimiento durante el primer trimestre de 2026, impulsada por la mejora de los precios internacionales y el aumento de los envíos a mercados estratégicos. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, las ventas externas alcanzaron los u$s1.028 millones, lo que representa un incremento interanual del 53,95% en valor. En tanto, el volumen exportado creció 17,08%, totalizando 199.658 toneladas equivalente res con hueso, de acuerdo con datos elaborados por la Coordinación de Análisis Pecuario sobre la base de información de SENASA e INDEC.

El informe oficial también destacó que el precio promedio de la tonelada equivalente res con hueso aumentó 31,48% en el período, ubicándose en u$s5.149. Entre los destinos que mostraron una mayor demanda se destacó Estados Unidos, mercado al que se enviaron más de 20 mil toneladas tras los acuerdos de cooperación firmados entre ambos países en febrero pasado. China, Israel, la Unión Europea y Chile completaron el listado de principales compradores de carne bovina argentina.

La faena, cayó más del 15%

En tanto, de acuerdo con un Informe de Faena y Producción Bovina elaborado por el Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), durante abril de 2026 se procesaron aproximadamente 960,9 mil cabezas de ganado bovino, lo que representó una caída del 6,7% respecto de marzo y una baja del 15,3% en comparación con el mismo mes del año pasado. La reducción equivale a cerca de 173 mil animales menos en términos interanuales. Ajustada por días hábiles, la faena diaria se ubicó en 48 mil cabezas, por debajo de las 51,5 mil registradas en marzo.

En el acumulado de los primeros cuatro meses del año, la faena alcanzó los 3,94 millones de bovinos, un 9,5% menos que en igual período de 2025. Según el informe, las mayores bajas se observaron en los machos castrados de dos dientes, con una disminución de 116,4 mil cabezas, seguidos por los machos de cuatro dientes y las hembras de cuatro dientes. En cuanto a la participación de las hembras, en abril representaron el 47,2% de la faena total, levemente por debajo del 48,1% registrado un año atrás, aunque en el acumulado anual su participación se ubicó en 47,6%.

La producción, también se redujo

El presidente del Consorcio ABC, Mario Ravettino, señaló que la producción de carne bovina de abril fue cercana a las 226,1 mil toneladas equivalente res con hueso, con una caída del 7,1% respecto de marzo y del 13% frente a abril de 2025. Asimismo, indicó que entre enero y abril de 2026 la producción acumulada alcanzó las 926,6 mil toneladas equivalente carcasa. Por otra parte, el peso promedio de las carcasas bovinas se ubicó en 235,3 kilogramos, mostrando una mejora interanual del 2,6%.

Consumo, en baja

Por su parte, la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA) había anticipado en cuanto al consumo interno de carne vacuna en el primer trimestre del año, que totalizó las 512,8 mil toneladas res con hueso (tn/r/c/h), experimentando una caída de 10% interanual (equivalente a 56,67 mil tn r/c/h). Al agregar estos guarismos, el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo per cápita se habría ubicado en 47,3 kilos/año, manteniéndose 3,7% por debajo del promedio alcanzado en marzo de 2025 (-1,8 kg/hab/año).

La molienda de trigo pan alcanzó en marzo las 557.486 toneladas, convirtiéndose en el volumen más alto para ese mes desde 2020 y reflejando un marcado repunte en la actividad industrial vinculada al cereal. El dato, informado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, confirma un escenario de mayor dinamismo en la cadena agroindustrial, apuntalado por la abundante oferta de materia prima que dejó la última campaña.

En la comparación interanual, el crecimiento fue contundente: frente a las 496.391 toneladas procesadas en marzo de 2025, este año la molienda sumó 61.095 toneladas adicionales, lo que representa un incremento del 12,3%. La mejora también fue significativa frente a febrero de este año, cuando se habían industrializado 463.558 toneladas: en apenas un mes, el procesamiento trepó 20,3%, equivalente a casi 94.000 toneladas más.

Detrás de esta recuperación aparece un factor clave: la cosecha récord de trigo registrada en la campaña 2025/26, estimada en 27,9 millones de toneladas. Ese volumen histórico no sólo garantizó una amplia disponibilidad de grano para abastecer a la industria molinera, sino que además fortaleció la capacidad de procesamiento interno, generando condiciones favorables para incrementar el valor agregado en origen.

Los buenos números también se reflejan en el acumulado anual. Durante el primer trimestre de 2026, la molienda de trigo pan totalizó 1.508.358 toneladas, consolidando un sólido nivel de actividad en el inicio del año y proyectando un panorama favorable para el resto del ciclo comercial. Este desempeño impacta directamente en la cadena productiva, desde la generación de empleo hasta el abastecimiento del mercado interno y el potencial exportador de productos industrializados.

Los datos divulgados por la SAGyP se conocen días después de que la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) se declarara “en alerta amarilla” puntualizando que “no consigue abastecerse de trigo apto para panificación” así como tampoco del cereal. Habían señalado, además, que en el primer cuatrimestre del ciclo comercial de trigo 2025/26, la molienda de trigo en la Argentina fue de 1.963.746 toneladas, una cifra 1,0% superior la registrada en el mismo período del año anterior.

En ese contexto, el presidente de la FAIM, Diego Cifarelli, advertía hace sólo una semana: “si se mantiene en el tiempo la situación vigente, no llegaremos a cumplir con la expectativa de crecimiento y eso representa menos trabajo argentino y menos valor agregado en origen”.

Con una disponibilidad hídrica que oscila entre el 80% y el 100% de agua útil en la mayoría de las regiones agrícolas, la campaña fina 2026/27 se perfila como una de las más prometedoras de los últimos años para el trigo y la cebada.

Desde Fertilizar Asociación Civil señalaron que, en un contexto donde el agua deja de ser la principal limitante, la atención debe centrarse en otro factor decisivo: la nutrición de los cultivos. “Hoy la humedad no va a ser la limitante y la campaña dependerá de la ‘IA’: la ingeniería agronómica que apliquemos”, aseveró María Fernanda González Sanjuan, gerente ejecutiva de la asociación en Chacra Agro Continental.

A ese panorama agronómico favorable se suma un contexto internacional complejo, marcado por la volatilidad en los mercados de fertilizantes y granos. Roberto Rotondaro, presidente de Fertilizar AC, advirtió que el sector sigue de cerca “la evolución de los precios de los commodities, y cómo estos (fertilizantes y granos) van acoplándose en la dinámica que genera el escenario internacional”, en referencia al impacto que los conflictos geopolíticos tienen sobre el mercado energético y de insumos estratégicos.

Aún en este contexto, llevó tranquilidad al asegurar que “Argentina importa cerca del 70% del fertilizante que necesita, pero el abastecimiento para la siembra de fina está asegurado”.

Desde la entidad insistieron en que una fertilización eficiente no debe limitarse únicamente al nitrógeno, sino incorporar también fósforo, azufre y micronutrientes para lograr esquemas balanceados. Alertaron, además, que “las deficiencias nutricionales van a limitar el crecimiento, la generación de biomasa y la formación de granos, desaprovechando el potencial productivo que ofrece la campaña”. Por eso, volvieron a poner el foco en la necesidad de “hacer análisis de suelo” como base para construir diagnósticos precisos, cerrar brechas productivas y mejorar la eficiencia económica del sistema.

En ese punto, Esteban Ciarlo, coordinador técnico de Fertilizar AC, subrayó que aún existe un amplio margen de mejora, especialmente si se considera que apenas uno de cada cuatro productores realiza análisis de suelo en trigo. “Existe una gran oportunidad de mejora en la adopción de herramientas de diagnóstico que permitan reducir riesgos, optimizar recursos y aumentar la productividad de manera sustentable”, indicó. También remarcó que, incluso en un escenario de mayores costos, fertilizar sigue siendo negocio: “En un contexto de costos fijos elevados, es importante analizar la fertilización como la inversión estratégica que nos garantiza el retorno económico y hace viable la siembra de trigo y cebada en 2026”.

Un trigo bien nutrido, impacta sobre la soja de segunda

Según los cálculos presentados por la entidad, en un planteo de trigo con potencial de pasar de 3.000 a 5.000 kilos por hectárea gracias a una correcta aplicación de nitrógeno, la diferencia económica puede alcanzar los 220 dólares por hectárea. Frente a ese beneficio, el costo del diagnóstico técnico resulta marginal: “Apenas 5 dólares por hectárea. No reviste discusión el costo del análisis”, sostuvo Ciarlo. Además, destacaron que una adecuada nutrición en trigo genera efectos positivos sobre la soja de segunda, aportando nutrientes residuales que fortalecen la estabilidad del sistema productivo.

En cebada, la ecuación cambia según el destino comercial del cultivo. Pablo Prystupa de la FAUBA, aclaró que el manejo de la fertilización en cebada presenta el dilema de equilibrar rendimiento y calidad según el destino del cultivo, para lo cual la nutrición nitrogenada es determinante tanto para la producción como para el contenido proteico del grano. Mientras la cebada forrajera apunta a maximizar volumen, en la cervecera la calidad proteica manda. Allí, el desafío pasa por ajustar con precisión la dosis y el momento de aplicación del nitrógeno para alcanzar estándares industriales.

En síntesis, la fertilización en cebada no admite recetas únicas: depende del destino del cultivo y exige ajustar dosis, momentos y objetivos. En el caso de la cebada cervecera, la calidad manda y el nitrógeno se convierte en la variable clave para cumplir con los estándares del mercado.

“Si hay agua, manda la nutrición”

Con perfiles bien cargados de agua que garantizan los potenciales de rendimiento y suelos agotados desde el punto de vista nutricional, desde Fertilizar AC aseguran que la posibilidad de “una nueva campaña récord” estará condicionada por la disponibilidad de nutrientes -principalmente nitrógeno, fosforo y azufre- donde la fertilización balanceada será clave para expresar rendimiento, calidad y rentabilidad.

La Fundación Latinoamericana de Sostenibilidad Pesquera (FULASP) lanzó una fuerte denuncia contra el Reino Unido al advertir sobre la existencia de un sistema estructural de explotación pesquera en las Islas Malvinas que, según sus cálculos, extrae cada año más de 260.000 toneladas de recursos originados en aguas argentinas. La entidad sostiene que el volumen capturado equivale a más de un tercio de toda la pesca nacional y configura un esquema de apropiación de recursos migratorios con fuerte impacto económico, ambiental y social.

El trabajo fue encabezado por el presidente de FULASP, Raúl Cereseto, quien viajó durante los primeros días de abril a las islas para relevar información en territorio y reunirse con autoridades locales. A partir del análisis de registros oficiales, datos privados, monitoreo satelital y relevamientos propios, la organización concluyó que Londres habría consolidado un modelo de extracción basado en la entrega de licencias pesqueras de largo plazo —de hasta 25 años— a flotas extranjeras que explotan intensivamente especies migratorias vinculadas al ecosistema del Mar Argentino.

Según el informe, durante 2024 la captura total en aguas bajo control británico alcanzó las 261.903 toneladas, uno de los niveles más elevados de los últimos años. Dentro de ese volumen sobresale el calamar Illex, con 146.689 toneladas capturadas, una de las cifras más altas de la última década. Además, FULASP señala que el Reino Unido obtendría alrededor de 39 millones de libras esterlinas anuales por permisos pesqueros, en un circuito económico que generaría cerca de 1.000 millones de dólares por año y representaría aproximadamente el 65% de los ingresos totales de las islas.

Sólo el 20% de las capturas de pesca se descargan en Malvinas

Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es el esquema operativo de descarga y exportación. El estudio sostiene que apenas el 20% de las capturas se descarga en Malvinas, mientras que un 10% se dirige al puerto de Montevideo y el 70% restante se transfiere directamente en alta mar hacia países receptores de las cuotas. “Es muy evidente que no existe ningún tipo de desarrollo industrial en las islas, ya que incluso el volumen que se descarga en territorio isleño no genera empleo, porque se deposita directamente en contenedores refrigerados y se envía congelado”, explicó Cereseto.

La investigación también pone el foco en la presencia de entre 100 y 120 buques con licencia activa por año, cifra que puede superar las 130 embarcaciones en los picos de temporada, especialmente durante la pesca del calamar. A ello se suma la participación de flotas europeas que operan bajo licencias británicas, pese a que sus países reconocen formalmente la soberanía argentina sobre las islas. “Resulta inaceptable que países que manifiestan públicamente su respaldo a la posición argentina participen simultáneamente de un esquema que vulnera directamente sus derechos soberanos”, sostuvo el titular de FULASP.

Otro de los aspectos señalados es la presión pesquera sobre la denominada milla 201, donde parte de la flota extranjera desarrolla tareas intensivas que, en algunos casos, derivarían en incursiones ilegales sobre la Zona Económica Exclusiva argentina. El informe añade un dato alarmante: entre 2013 y 2021 se registraron 59 tripulantes fallecidos en esa región, exponiendo condiciones laborales críticas y escasos controles en una zona clave del Atlántico Sudoccidental.

Advierten un posible colapso ecológico

Desde el punto de vista ambiental, FULASP advierte sobre señales concretas de sobreexplotación. La cancelación en 2024 de la segunda temporada de pesca del calamar Loligo por falta de biomasa es presentada como un indicador claro de deterioro del recurso. La entidad considera que, de continuar este modelo extractivo sin coordinación regional ni manejo sostenible, podría producirse un colapso ecológico irreversible que afecte no solo a las especies objetivo, sino también al equilibrio biológico de todo el Atlántico Sur.

La gravedad del planteo, según el informe, se refuerza porque los propios documentos pesqueros oficiales de las islas reconocen el carácter migratorio de las especies explotadas. Entre ellas figuran la merluza común, el calamar Illex, la polaca, la merluza de cola y el bacalao de profundidad, recursos que se desplazan entre la Zona Económica Exclusiva argentina, el alta mar y las aguas bajo control británico.

“Es muy grave que los propios informes británicos reconozcan que los recursos que explotan nacen, crecen o se reproducen en aguas argentinas y que lo sigan haciendo inescrupulosamente. Es decir, no hay discusión técnica: estamos frente a un proceso de apropiación de recursos migratorios que pertenecen al ecosistema del Mar Argentino”, afirmó Cereseto.

Pesca extractiva en Malvinas: “un problema de soberanía”

Frente a este escenario, FULASP anunció una batería de presentaciones institucionales ante la Subsecretaría de Ambiente de la Nación, el Mercosur, la Cancillería Argentina y la Unión Europea. El objetivo será reclamar acciones diplomáticas, ambientales y comerciales que frenen la explotación unilateral de recursos en territorio en disputa y suspendan beneficios arancelarios a productos pesqueros provenientes de Malvinas.

“Este no es un problema pesquero: es un problema de soberanía, de desarrollo económico y de sustentabilidad ambiental. El Reino Unido ha montado un sistema de extracción sistemática de recursos argentinos con complicidades internacionales, y eso debe ser denunciado en todos los ámbitos”, concluyó Cereseto, sintetizando una denuncia que vuelve a poner en el centro del debate la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur y su impacto sobre la Argentina

“El consumo de blueberry en Argentina es muy bajo: son unos pocos gramos por año, pero todo está por crecer”, dijo Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos (APAMA) en Chacra Agro Continental. Recordó que Argentina llegó a plantar 4.800 hectáreas, destinadas en su mayoría a la exportación, principalmente a Estados Unidos y, en menor medida, a Europa.

Las exportaciones se derrumbaron en los últimos quince años

Pannunzio agregó que el país llegó a colocar en el mercado externo 20 millones de kilos de arándanos frescos, pero en 2025 ese volumen se redujo a “sólo cuatro millones, mientras que Perú, que antes no vendía al exterior, hoy exporta 400 millones” de kilogramos.

“Desde 2010, los cambios en la legislación laboral para los cosecheros y empacadores, junto con ciertas dificultades vinculadas al comercio exterior y la falta de competitividad de muchas economías regionales, en especial en la fruticultura, afectaron a los mercados de exportación. El arándano también fue parte de ese proceso”, explicó Pannunzio.

Sin una nueva ley de semillas, “no hay genética moderna”

“La ley de semillas y todo lo vinculado a los derechos de propiedad hacen que hoy no contemos con la genética más moderna que se desarrolla en otros países”, enfatizó Pannunzio. “Esas variedades nuevas son más grandes, firmes y responden mejor a las preferencias de los mercados, pero Argentina todavía no cuenta con ellas”, concluyó.

En tanto, adelantó que los productores de Entre Ríos fueron notificados para completar una serie de formularios con el objetivo de acceder a una reducción del IVA en la energía eléctrica. Actualmente, el sector paga una alícuota cercana al 30%, que podría bajar al 10,5%, con la posibilidad de aplicar ese monto al pago de cargas sociales a los tres meses. La medida resulta clave para los exportadores, que adquieren insumos con IVA pero venden al exterior sin este impuesto, lo que genera un importante crédito fiscal a su favor. Sin embargo, al no poder utilizarlo ni recuperarlo con facilidad, muchas empresas enfrentan problemas de liquidez: acumulan créditos impositivos que no pueden convertir en dinero para afrontar gastos corrientes, lo que termina afectando su solvencia y funcionamiento.

En este contexto, el sector del arándano en Argentina “enfrenta desafíos estructurales”, pero también oportunidades de crecimiento, especialmente en el mercado interno. La combinación de “mejoras en competitividad, acceso a nuevas tecnologías y políticas que favorezcan la liquidez de los productores será clave” para recuperar su potencial exportador explicó Pannunzio.

América Latina comienza a consolidarse como un actor relevante en los mercados internacionales de carbono, en un contexto global donde el Artículo 6 del Acuerdo de París entra en fase operativa. La región avanza con marcos regulatorios más definidos, proyectos en desarrollo y acuerdos internacionales en marcha, lo que la posiciona como proveedora estratégica de créditos de carbono en un mercado con fuerte potencial de crecimiento.

Según se destacó en un encuentro regional organizado por la Red Carbono LATAM, ya hay más de 100 acuerdos bilaterales en negociación o firmados a nivel global, con las primeras transferencias internacionales de resultados de mitigación (ITMOs) en proceso. En este escenario, 11 países latinoamericanos participarán como vendedores de créditos, representando el 20% de los acuerdos globales y consolidando el perfil exportador de la región.

Uno de los factores clave es el diferencial económico: los créditos generados bajo el Artículo 6 pueden alcanzar valores entre dos y cinco veces superiores a los del mercado voluntario. Esto permite viabilizar proyectos que antes no eran rentables y escalar iniciativas con mayor impacto territorial, especialmente en sectores vinculados a la energía, los bosques y las soluciones basadas en la naturaleza.

En el plano regional, Chile lidera en términos de regulación e inversiones, con cinco proyectos autorizados y una cartera estimada en USD 1.400 millones. Perú, por su parte, avanza con foco en proyectos forestales y ya identificó 66 medidas de mitigación, mientras que Paraguay impulsa una estrategia orientada a la exportación, apoyada en su matriz energética renovable y el desarrollo de su Registro Nacional de Carbono.

Argentina también aparece con un fuerte potencial. De acuerdo con estimaciones técnicas, podría generar al menos 131,4 millones de créditos de carbono por año, lo que implicaría ingresos de entre USD 1.400 y USD 3.900 millones. “La implementación del Artículo 6 representa una oportunidad concreta para transformar el capital natural del país en una fuente de divisas, inversión y desarrollo federal”, señaló Juan Pedro Cano, de la Mesa Argentina de Carbono.

En conjunto, la región muestra avances sostenidos en regulación, generación de proyectos y articulación público-privada. La coordinación a través de espacios como la Red Carbono LATAM se consolida como un factor clave para escalar el desarrollo del sector y posicionar a América Latina como un actor central en la economía global del carbono.

Los industriales azucareros analizaron en Tucumán el cierre de la zafra 2025 y delinearon las perspectivas para el nuevo ciclo, en un encuentro marcado por el optimismo moderado. Si bien la molienda alcanzó niveles récord, los resultados finales se ubicaron levemente por debajo de las estimaciones iniciales, en un contexto de recuperación de precios tanto en el mercado interno como en el internacional.

Durante la última campaña, el sector logró avances significativos en materia productiva y comercial. Se destacó una producción de alcohol que superó en un 6% a la del año anterior, mientras que las exportaciones de azúcar volvieron a ubicarse, por segundo año consecutivo, en torno a las 600.000 toneladas, consolidando la presencia argentina en los mercados externos.

Como resultado de la zafra, el stock inicial de azúcar para el próximo ciclo se estima en alrededor de 120.000 toneladas, equivalente a un mes de consumo interno. Este nivel se considera clave para garantizar el abastecimiento y aportar previsibilidad en el arranque de la nueva campaña.

En el plano económico, los industriales señalaron que , el sector anticipa un 2026 con mejores precios y alta producción En el frente externo, los valores mostraron caídas sostenidas durante el período, pero en las últimas semanas comenzaron a repuntar, tanto para el azúcar crudo como para el blanco.

De cara a 2026, el sector proyecta una nueva zafra con cifras destacadas. Se espera una producción de alcohol cercana a los 625.000 metros cúbicos, junto con un plan de exportaciones de azúcar que ya registra compromisos por 560.500 toneladas al mes de marzo, lo que anticipa un año con fuerte dinamismo comercial.

No obstante, persisten algunas incógnitas vinculadas a las condiciones climáticas. Si bien las lluvias del verano podrían traducirse en una mayor disponibilidad de caña, también generan incertidumbre sobre los rendimientos de azúcar. En este escenario, los ingenios avanzan con planes productivos y exportadores que incluyen envíos a mercados clave como Chile, Estados Unidos, Uruguay y el segmento orgánico, apostando a sostener el crecimiento del sector.

El mercado global de créditos de carbono atraviesa una transformación estructural que marca el inicio de una nueva etapa. Informes recientes de consultoras especializadas coinciden en que el sector avanza hacia una mayor madurez, con énfasis en la calidad de los proyectos, nuevas regulaciones internacionales y una creciente competencia por créditos de alta integridad.

De acuerdo con el reporte State of Carbon Credits 2025 de Sylvera, durante el último año se observó una leve caída en el volumen de créditos retirados a nivel global, que alcanzaron los 168 millones, un 4,5% menos que en 2024. Asimismo, la emisión de nuevos créditos descendió hasta las 270 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2020.

A pesar de esta contracción en los volúmenes, el valor económico del mercado continuó en expansión. Las transacciones de créditos de carbono totalizaron 1.040 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 6% interanual, reflejando una mayor valorización de los activos ambientales, según datos de la Mesa Argentina de Carbono.

Uno de los cambios más relevantes es el aumento en la exigencia sobre la calidad de los créditos. Los proyectos mejor calificados están logrando precios más altos, mientras que aquellos con menor integridad ambiental enfrentan una demanda más débil. En este sentido, la participación de créditos de alta calidad en las compras corporativas pasó del 44% al 50% en apenas un año, anticipando posibles tensiones en la oferta futura.

En paralelo, crecen con fuerza los contratos de compra anticipada, conocidos como offtakes, que buscan asegurar el suministro de créditos en los próximos años. Durante 2025 se anunciaron acuerdos por 12.250 millones de dólares, más de tres veces el valor registrado el año anterior, especialmente vinculados a proyectos de remoción de carbono y soluciones basadas en la naturaleza.

El impulso del mercado también estaría cada vez más ligado a esquemas internacionales y regulaciones emergentes, como el mecanismo CORSIA y el Artículo 6 del Acuerdo de París. En este contexto, América Latina aparece como una región con alto potencial. “Los informes muestran que el mercado está evolucionando hacia una etapa de mayor exigencia, donde la integridad ambiental, la transparencia y la calidad de los proyectos serán determinantes”, señaló Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, quien agregó: “Para países como Argentina, con gran potencial en proyectos vinculados a bosques, ganadería y agricultura, entre otros, este nuevo contexto global representa una oportunidad relevante para atraer inversiones y desarrollar proyectos de carbono con impacto ambiental y económico”.

El ingeniero agrónomo mexicano, Ernesto Cruz, quien logró rendimientos récord para el maíz en China -donde la productividad alcanzó las 44,04 t/ha-, y altos rindes en Argentina, con 23 t/ha en parcelas comerciales, defiende una visión integral del agro: productividad como medio para el desarrollo social, ambiental y económico.

El Ing. Agr. Cruz, conocido internacionalmente como “el Rey del Maíz” mantuvo una entrevista con el CEO de la Plataforma de Medios Chacra, Dr. Rubén Bartolomé, en el marco de la feria agropecuaria más grande de Paraguay, Innovar 2026. En ese contexto el mexicano, planteó una agenda que va más allá del rendimiento: “El medio es la productividad, pero el fin es el desarrollo de la familia y de las personas”. Al frente de un proyecto que ya es realidad en distintas regiones del mundo, Cruz resume su objetivo como “asistencia técnica integral para el desarrollo rural”.

Los logros que destaca son contundentes: 44,04 toneladas por hectárea de maíz en China (grano al 14%), más de 23 t/ha en Argentina —“de estar en ocho y media, nueve, a 23 en tres ciclos”—; caña de azúcar por encima de 260 t/ha en un ciclo; trigo por encima de 12 t/ha; arroz por encima de 11 t/ha; soja sobre 6,5 t/ha; y más de 120 t/ha en cebolla. Sobre frutales, cita “más de 6 kilos de arándano por planta” en algunos ensayos.

Cruz atribuye esos avances al trabajo en equipo y al aprendizaje: “Han sido 30 años de errores... fallamos, pero quisimos mejorar”. Si bien reconoce que la genética es “clave”, advierte que “es un solo factor” y que la producción es “la suma de muchos factores”.

En lo técnico, promueve altas densidades de siembra —“en lo comercial estoy sembrando 180.000 plantas por hectárea; en experimental hasta 350.000”— pero enfatiza la necesidad de reducir pérdidas: “Si no disminuyes tu merma entre lo sembrado y lo cosechado, no tiene caso subir población”. Recomienda bajar la merma a “8, 9, 10 por ciento” antes de aumentar densidades y evaluar qué material genético soporta esa presión.

Para el agrónomo, las prácticas de manejo son el factor que más depende del productor: “La calidad es el secreto de la cantidad. No es gastar más, es hacerlo bien y a tiempo.” Denuncia la tendencia a buscar culpables externos y pide humildad: “Jamás tenemos la humildad de decir es que no hago las cosas bien y no puedo mejorarlo.”

Sobre laboreo y raíces, adopta una postura crítica y empírica: “Las plantas no mienten”. Reconoce las bases científicas de la siembra directa y la labranza de conservación, pero reclama diagnóstico: “Todo el mundo tiene que diagnosticar.” Presenta muestreos con penetrómetro en 15.000 ha en las que, según dice, se observa compactación y raíces superficiales en muchos predios. Advierte que si las raíces no exploran el perfil profundo, la planta “agotó el agua disponible” y se pierde rendimiento.

Cruz rechaza prácticas extremas: “¡No arar. No quemar. Eso es un crimen!” Y reclama mayor inversión pública en investigación: “Los estados tienen que invertir mucho más en investigación y en desarrollo como responsabilidad social.”

El mensaje final es de impulso local y reconocimiento al productor argentino: “Yo nomás les abrí la puerta; ahora ellos lo están haciendo comercialmente y duplicando, a veces triplicando, rendimientos.” Para “el Rey del Maíz”, los resultados deben traducirse en “más riqueza para ellos” y mejor calidad de vida en el campo.

Argentina pasó de tener una experiencia aislada en el mercado voluntario de carbono a consolidar una cartera de diez proyectos agroforestales certificados bajo estándares internacionales. A tres años de la creación de la Mesa Argentina de Carbono (MAC), las iniciativas abarcan más de un millón de hectáreas —casi 50 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires— y reflejan la maduración de un ecosistema que combina capital natural, capacidades técnicas e inversiones con impacto territorial.

Los proyectos se desarrollan bajo estándares reconocidos globalmente como Verra, Cercarbono y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Incluyen restauración y conservación de bosques nativos, forestación mixta y ganadería regenerativa. El objetivo común es transformar prácticas productivas en activos financieros de alta integridad ambiental, integrando captura de carbono, biodiversidad y desarrollo regional.

“El aumento de proyectos certificados demuestra que el sector agropecuario y forestal del país está viendo al mercado de carbono como un mecanismo que complementa la producción sustentable mediante ingresos económicos adicionales. Cada nueva validación internacional confirma que Argentina puede ofrecer créditos de carbono competitivos y de alto impacto al mundo”, señala Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

La expansión se aceleró en los últimos meses con nuevas iniciativas en el Gran Chaco, la Selva Misionera, las Yungas, el Litoral, la región pampeana y la Patagonia. Empresas nacionales, en alianza con inversores locales e internacionales, impulsan propuestas que combinan restauración de bosques, plantaciones forestales y manejo ganadero regenerativo, en un proceso que también se articula con proyectos certificados en energía, residuos y transporte.

Entre los casos destacados figuran el Proyecto SARA de ganadería regenerativa, que busca capturar carbono en más de 400.000 hectáreas de suelos y pastizales de Argentina, Chile y Paraguay; y el programa Patagonia Región Improved Grazing – POA, primer programa argentino de carbono en pastizales registrado por Verra, que promueve manejo holístico en 500.000 hectáreas de la estepa patagónica para revertir la desertificación, mejorar la salud del suelo y generar una nueva fuente de ingresos para productores ganaderos a través de la captura de carbono.

También se destaca la iniciativa Grassland Restoration in the Temperate Grasslands of South America, que promueve prácticas de ganadería regenerativa y manejo del suelo para incrementar el carbono almacenado en casi 30.000 hectáreas de la región pampeana, chaqueña y litoral de Argentina.

En cuanto a bosques nativos se destacan el Proyecto REDD+ Gran Chaco, que desde 2022 evita la deforestación y conserva casi 5.000 hectáreas de monte chaqueño, fortaleciendo al mismo tiempo la biodiversidad y el desarrollo local en una de las regiones forestales más relevantes de Sudamérica; y el Proyecto Selva Paranaense Vida Nativa en la provincia de Misiones, que abarca más de 22.800 hectáreas y combina conservación de biodiversidad, empleo local e innovación tecnológica para el monitoreo.

En forestación mixta sobresalen el proyecto Santo Domingo, en la provincia de Corrientes, con más de 15 años de implementación en 3.400 hectáreas; y el Unitán afforestation and reforestation of grazing lands, que impulsa plantaciones forestales en antiguas tierras ganaderas, alcanzando casi 2.500 hectáreas en Chaco y Formosa.

Asimismo, se destaca el proyecto Mixed afforestation with native and non-native species in Argentina, una iniciativa que abarca casi 1.000 hectáreas y busca capturar carbono mediante nuevas plantaciones que combinan especies nativas y exóticas; y el proyecto Silvopastoral Afforestation in Pampa-1, que combina forestación con producción ganadera en 95 hectáreas.

Otra de las iniciativas, es Afforestation with native and exotic species of degraded lands in northeast Argentina, que busca capturar carbono en tierras degradadas por la agricultura y ganadería mediante una plantación mixta de más de 3.300 de hectáreas en la provincia de Salta.

“El mundo necesita créditos de carbono confiables y Argentina está comprobando que tiene recursos naturales, conocimiento y empresas capaces de proveerlos. El desafío ahora es generar las condiciones para escalar”, destaca Cano. Con más proyectos en evaluación y una demanda internacional en expansión —impulsada por los mercados vinculados al Artículo 6 del Acuerdo de París—, el país podría triplicar su cartera en el corto plazo y posicionar al carbono como un nuevo vector estratégico de inversión productiva y generación de divisas.

El avance de la chicharrita del maíz volvió a tomar impulso en pleno verano. El 35º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, mostró un aumento general de las poblaciones en el inicio de febrero. El fenómeno se vincula con las altas temperaturas y la amplia presencia de maíces tardíos, aunque la región Centro Sur se mantiene como excepción, con una mayoritaria ausencia del insecto.

El dato más tranquilizador surge de los estudios de infectividad: mientras muchos cultivos ya atravesaron buena parte del período de susceptibilidad al complejo del achaparramiento del maíz, los análisis realizados en NEA y Centro Norte no detectaron presencia de Spiroplasma kunkelii. Sin embargo, los especialistas advierten que el riesgo no desapareció. En regiones endémicas aún predominan lotes en estadios vegetativos, donde una colonización temprana podría traducirse en pérdidas importantes.

Desde la Red remarcan que el monitoreo sigue siendo la herramienta clave. Recomiendan intensificar el seguimiento con trampas y observación directa sobre los cultivos, además de enviar muestras de insectos para análisis entomológicos. “La detección oportuna en estas fases iniciales resulta determinante para reducir el riesgo sanitario y preservar la eficacia de las estrategias de manejo implementadas”, señalaron los técnicos.

En el NOA, zona históricamente afectada, la presencia del vector continuó en aumento en coincidencia con los primeros estadios de los maíces tardíos. Aunque en una cuarta parte de las trampas no se registraron capturas, en la mayoría se detectaron entre 1 y 20 adultos, con focos de mayor abundancia en áreas productivas de Tucumán y Catamarca. Allí, gran parte de las trampas se ubican directamente sobre cultivos de maíz, lo que eleva la sensibilidad del monitoreo.

Un comportamiento similar se observó en el NEA, donde la chicharrita estuvo presente en la mayoría de las localidades relevadas. Las capturas se concentraron en niveles bajos a moderados, pero crecieron en zonas puntuales de Santa Fe y Santiago del Estero. En el Litoral, en tanto, también se registró un incremento, aunque la mayoría de los maíces ya se encuentra en estadios reproductivos, fuera del período crítico de susceptibilidad, lo que reduce el riesgo sanitario inmediato.

El Centro Norte mostró el incremento más marcado, con detecciones en tres de cada cuatro localidades monitoreadas y focos más intensos en el centro santafesino. Allí conviven lotes que ya superaron la etapa crítica con otros aún vulnerables. En contraste, el Centro Sur mantuvo un escenario estable y mayormente libre del vector. El panorama general combina una expansión poblacional esperable para la época con una baja infectividad detectada, un equilibrio frágil que obliga a no descuidar la vigilancia.

En un contexto de debate sobre el futuro energético y productivo del país, el bioetanol volvió a ocupar un lugar destacado. Así lo planteó en Chacra Agro Continental Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, al analizar la situación del sector y el potencial que tiene Argentina para ampliar el uso de combustibles renovables.

Actualmente, las naftas argentinas contienen un 12% de bioetanol, producido a partir de caña de azúcar y maíz. Según explicó Feijoo, ese porcentaje permitió consolidar una industria que creció de manera sostenida desde la sanción de la ley de biocombustibles en 2006, con inversiones permanentes y capacidad instalada suficiente para producir aún más.

“Argentina tiene un potencial enorme para producir combustibles renovables, porque es un país agrícola y agroindustrial”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el bioetanol no solo sustituye combustibles fósiles importados, sino que también cumple un rol clave en la calidad de las naftas.

En ese sentido, detalló que el etanol aporta octanaje de manera eficiente y a menor costo. “El etanol tiene 125 octanos y permite que las naftas argentinas alcancen los 95 y 97 octanos que exige la especificación técnica, sin necesidad de importar aditivos caros y contaminantes”, explicó.

Feijoo comparó la situación local con la de países vecinos: mientras Argentina mantiene un corte del 12%, Paraguay utiliza un 25% y Brasil combina un corte obligatorio del 30% con un parque automotor mayoritariamente adaptado a motores flex, lo que eleva el uso de etanol a un equivalente del 50% de las naftas consumidas.

De acuerdo con sus estimaciones, elevar el corte al 15% permitiría un ahorro anual de alrededor de 300 millones de dólares en divisas. “Solo en 2025 se importaron naftas por más de 600 millones de dólares. Subir el corte permitiría evitar aproximadamente la mitad de ese gasto”, señaló.

El dirigente advirtió que el marco normativo vigente limita el desarrollo del sector y consideró necesario avanzar hacia una mayor desregulación y competitividad. “La ley actual está agotada y está impidiendo nuevos desarrollos. Aspiramos a un esquema que promueva el desarrollo federal”, afirmó.

Respecto a la capacidad de abastecimiento, fue categórico y remarcó que la Argentina está en condiciones de cubrir su mercado interno con bioetanol. Indicó también que solo el 3,5% del maíz producido se destina hoy a la elaboración de alcohol y que existe un amplio margen para agregar valor, tanto en maíz como en caña de azúcar.

Finalmente, recordó que recientemente se habilitaron los motores flex en el país y subrayó que el paso indispensable sigue siendo elevar el corte obligatorio. “Aumentar del 12 al 15% es clave para aprovechar la capacidad instalada y consolidar una matriz energética más eficiente y competitiva”, concluyó.

Fundada en 2021, la Cámara de Comercio Argentino-Turca se consolidó como la única institución de este tipo en el país, con un perfil claramente orientado a facilitar el comercio bilateral y la cooperación empresarial. Bajo la presidencia de Özgür Yücel Demir, la entidad funciona como organización no gubernamental y articula vínculos entre compañías, organismos y provincias de ambos lados del Atlántico.

Actualmente, la Cámara reúne a más de un centenar de empresas y empresarios, un número que continúa en crecimiento. Su tarea principal es oficiar de puente para los actores que buscan oportunidades comerciales, inversiones y alianzas estratégicas. “Ayudamos a ser nexo entre dos países, tanto para los turcos que buscan mercado en la Argentina como para los argentinos que quieren llegar a Turquía”, explicó Demir en el programa radial Chacra Agro Continental.

El intercambio comercial se apoya, en gran medida, en el complejo agroindustrial. Turquía compra a la Argentina granos, cereales, legumbres y alimentos destinados a la nutrición animal, mientras que también existe interés por la carne halal. En sentido inverso, las importaciones desde Argentina incluyen tecnología, autopartes, maquinaria, mármoles y otros productos industriales.

En ese marco, en las últimas semanas una delegación turca recorrió distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con visitas a establecimientos ganaderos, tambos y frigoríficos en localidades como Las Flores y Saladillo. El objetivo fue conocer de primera mano el sistema productivo argentino y evaluar oportunidades futuras. “Fue una visita muy exitosa, se llevaron mucha información y una impresión muy positiva del sistema ganadero”, señaló el presidente de la Cámara.

Turquía es uno de los principales importadores mundiales de ganado en pie y también un comprador relevante de insumos para alimentación animal, como maíz y soja. Si bien existen conversaciones entre autoridades sanitarias de ambos países, Demir se mostró cauto respecto a una eventual apertura para la exportación de ganado en pie desde la Argentina.

“Hay diálogo entre Senasa y las autoridades turcas, pero no lo veo como algo rápido”, aclaró, y agregó que el camino más inmediato podría ser el fortalecimiento de las exportaciones de carne halal, como ya ocurre con otros mercados musulmanes.

La faena halal es el proceso de sacrificio de animales (vacuno, ovino, aves) siguiendo estrictamente la ley islámica (sharia) para garantizar que la carne sea lícita (permitida) para el consumo musulmán

Más allá del comercio, la Cámara impulsa una agenda orientada a atraer inversiones directas. La idea es que empresas turcas no solo compren materias primas, sino que se radiquen en el país y desarrollen proyectos productivos, desde feedlots hasta iniciativas vinculadas con energía, tecnología y minería. “Argentina es un país inmenso que no se conoce del todo; cuando recorren las provincias se sorprenden por las oportunidades que hay”, sostuvo Demir.

Con un intercambio bilateral que ronda los 1.000 millones de dólares anuales en exportaciones y cifras similares en importaciones, desde la Cámara ven margen para crecer. La presencia constante de misiones comerciales, la participación en ferias sectoriales y la articulación público-privada aparecen como herramientas clave para profundizar una relación que, según anticipó su presidente, podría ganar mayor dinamismo en los próximos años.

El primer lote de soja de la campaña 2025/26 que ingresó al puerto de Rosario tuvo origen formoseño y llegó desde Subteniente Perín, una pequeña localidad ubicada en el centro de la provincia. Detrás de ese hito estuvo la empresa Santa Cecilia, liderada por los hermanos Diego y Federico Soneira, ingenieros agrónomos chaqueños que desde hace tres campañas desarrollan un proyecto agrícola en una región con escasa tradición en cultivos extensivos.

La soja fue sembrada en los primeros días de septiembre, aprovechando el extenso período libre de heladas que ofrece la zona. La cosecha se concretó en una ventana de sequía que permitió anticipar el ingreso al circuito comercial. El rendimiento alcanzó los 38 quintales por hectárea, un resultado que los productores calificaron como muy satisfactorio para una región que todavía atraviesa una etapa de aprendizaje agrícola.

Nuevas páginas en la historia de la agricultura formoseña

“Venimos de un diciembre y un enero sobresalientes, totalmente inesperados. Recuperamos perfiles y tuvimos temperaturas aceptables, aunque siempre hace falta una regadita más”, explicó Diego Soneira en el programa Chacra Agro Continental, donde destacó el papel del clima en el desempeño del cultivo. Y agregó: “estamos escribiendo nuevas páginas en la historia de la agricultura de Formosa”.

El lote correspondió a una soja de grupo seis implantada sobre rastrojo de maíz. Según detalló el productor, el planteo combina agricultura y ganadería, una estrategia condicionada por la heterogeneidad de los suelos formoseños, donde conviven bajos y lomas. “La provincia es mayormente ganadera, pero creemos que los sistemas mixtos son los más estables y hacia ahí apuntamos”, sostuvo.

La mercadería fue sometida a la intervención de los Recibidores Oficiales de la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR y al análisis de BCRLabs. Concluido ese proceso, y en base a los resultados analíticos, la Cámara resolvió que el lote resultó “de recibo”.

En paralelo, el maíz también mostró resultados alentadores, incluso en un contexto regional atravesado por la presencia de la chicharrita. Con materiales tolerantes al spiroplasma, el equipo logró rendimientos comparables a los obtenidos en campañas difíciles en Chaco y Santiago del Estero, lo que refuerza la viabilidad de estos esquemas productivos en el norte del país.

El arribo del primer lote al puerto, descargado en la terminal de Timbúes, representó una novedad tanto para la empresa como para la provincia. “Es la primera vez que nos ocurre y recién es nuestra tercera campaña en Formosa. Todo es bastante nuevo, estamos en un proceso de prueba y error”, reconoció Soneira, quien remarcó la importancia de compartir información para acelerar el aprendizaje colectivo y consolidar el desarrollo agrícola regional.

De este modo, el inicio simbólico de la comercialización de la soja de la campaña 2025/26 ya tiene su punto de partida, constituyéndose en un hito institucional para la cadena agroindustrial, ya que representa el ingreso de la nueva cosecha al circuito comercial y antecede al tradicional Remate del Primer Lote de Soja, que se realizará en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el mes de abril.

El Gobierno argentino y la administración de Estados Unidos anunciaron la firma de un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones que marca un hito en la relación bilateral. Se trata del primer país de América del Sur en cerrar un entendimiento de este tipo bajo la política de “comercio justo y recíproco” impulsada por Washington desde 2025.

A diferencia de los tratados de libre comercio tradicionales, este instrumento se enmarca en la lógica de “rebalanceo” promovida por la Casa Blanca. Incluye reducciones o eliminaciones arancelarias puntuales, cupos específicos y un conjunto amplio de compromisos regulatorios, en su mayoría asumidos por Argentina.

En su análisis sobre el acuerdo, y sobre las implicancias directas sobre el agro, la Fundación INAI puntualiza que, para la Argentina, el dato más destacado es la ampliación de la cuota de carne bovina para ingresar al mercado estadounidense, que sumará 80.000 toneladas adicionales. También se acordó que más de 1.600 posiciones arancelarias quedarán exceptuadas de aranceles recíprocos, aunque solo una porción limitada corresponde a productos agroindustriales.

Del lado argentino, el acuerdo implica la eliminación de aranceles en 221 posiciones y la apertura de contingentes para bienes como carnes, quesos, vinos y productos alimenticios. Sin embargo, el núcleo de las obligaciones se concentra en normas técnicas, sanitarias y de propiedad intelectual, donde se prevén adecuaciones regulatorias profundas.

El entendimiento se inscribe en un escenario internacional marcado por el giro comercial de Washington y su estrategia de acuerdos bilaterales tras la imposición de sobretasas arancelarias. Esta política -destaca el análisis de la Fundaciín INAI- responde a la visión estadounidense de que el comercio global se volvió desfavorable para su economía y seguridad nacional.

La sombra de China

Detrás de esta reconfiguración comercial aparece la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, destaca el estudio. Mientras Beijing rechaza negociar bajo presión, otros países, entre ellos Argentina, optan por adaptarse al nuevo esquema para no perder acceso al mayor mercado del mundo.

Además de lo comercial, Argentina asumirá compromisos en áreas sensibles como reglamentaciones técnicas, medidas sanitarias y protección de la propiedad intelectual. También deberá avanzar en estándares vinculados a derechos laborales, ambiente y transparencia regulatoria.

Uno de los incentivos incluidos es el respaldo estadounidense al financiamiento de inversiones en sectores estratégicos argentinos, a través de agencias como EXIM Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. El foco estará en energía, minerales críticos e infraestructura productiva.

El acuerdo entrará en vigor una vez que ambas partes completen sus procesos internos de ratificación, lo que en Argentina implicará el paso por el Congreso. A partir de allí, comenzará una etapa de adecuaciones normativas que podrían impactar en múltiples sectores productivos.

Impacto regional

La firma también abre interrogantes dentro del Mercosur, que como unión aduanera negocia acuerdos en bloque. La decisión argentina podría reactivar el debate sobre la flexibilidad para pactos bilaterales y sobre la coherencia con otras negociaciones en curso.

Estados Unidos representa el 25% del producto mundial y uno de los mayores importadores de alimentos de alto valor. Argentina hoy abastece menos del 1% de ese mercado, lo que sugiere margen para crecer, aunque el acceso dependerá de la capacidad de cumplir exigencias regulatorias cada vez más estrictas.

Más allá de los números iniciales, india el informe de la Fundación INAI, el acuerdo inaugura una etapa de integración selectiva con la principal potencia económica global. Su verdadero alcance se medirá en los próximos años, cuando se vea si las oportunidades comerciales logran compensar las reformas internas que el nuevo marco exigirá.

El mercado ganadero arrancó 2026 con un marcado repliegue en la circulación de hacienda. De acuerdo con datos analizados por Rosgan en base a los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) del SENASA, durante enero se trasladaron 346.426 terneros y terneras con destino a cría e invernada. El volumen representa una caída del 48% frente a diciembre y del 43% respecto de enero del año pasado.

Según el informe, esta retracción podría explicarse por dos factores principales. Por un lado, la demora en los destetes, favorecida por el buen estado corporal de la hacienda y la conveniencia de vender animales con mayor peso. Por otro, la entrada en vigencia del nuevo sistema de caravana electrónica desde el 1° de enero, cuya implementación también habría demorado la salida de la primera invernada con trazabilidad individual.

La menor dinámica no se limitó a la invernada. También cayó la oferta de animales con destino a faena. En enero se remitieron a plantas frigoríficas 1.005.146 cabezas, lo que implica una baja del 14% interanual. Las categorías con mayor retroceso fueron los novillos (-16%), los novillitos (-13,6%) y las vaquillonas (-12%), reflejando una menor disponibilidad general de hacienda terminada.

Incluso en la comparación mensual, los envíos a faena resultaron más bajos que en diciembre, con un descenso del 8,6%, pese a que el último mes del año suele estar atravesado por paradas técnicas y días no laborables.

En cuanto a la composición de la faena, la participación de hembras se mantuvo estable en el 47,8% del total faenado, sin cambios frente al mes previo, aunque un punto porcentual por encima de enero de 2025.

En paralelo, los corrales de engorde también mostraron movimientos más moderados. Al iniciar febrero, el stock informado por feedlots alcanzó 1.810.533 cabezas, un 2,3% menos que el mes anterior, aunque todavía 7,2% por encima del nivel de un año atrás. Durante enero ingresaron 324.986 animales, un 25% menos que en diciembre, mientras que los egresos sumaron 326.668 cabezas, con un aumento del 6,8% mensual. Según Rosgan, el 60% de la caída en los ingresos se explica por la menor llegada de terneros y terneras, cerrando un inicio de año con menor flujo en toda la cadena.

Hace veinte días, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur entró en un nuevo compás de espera tras más de dos décadas y media de negociaciones. El Parlamento Europeo decidió paralizar la ratificación y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dictamine si su arquitectura jurídica encaja con los tratados comunitarios. El movimiento no cancela el pacto, pero instala una pausa con alto voltaje económico y político a ambos lados del Atlántico.

La votación en Estrasburgo expuso la grieta interna del bloque: 334 votos a favor de la remisión judicial, 324 en contra y 11 abstenciones. Con ese resultado ajustado, Bruselas abre un impasse que, según estimaciones habituales para este tipo de consultas, podría estirar entre 18 y 24 meses la definición final. En ese lapso, empresas y gobiernos recalibran expectativas sobre aranceles, cupos y reglas sanitarias.

Acuerdo histórico bajo revisión

Negociado durante más de dos décadas, el tratado aspira a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y una liberalización progresiva de la mayoría de los aranceles. Para el Mercosur, la llave es el acceso preferencial para agroalimentos; para Europa, la puerta de entrada a bienes industriales, servicios e inversiones en Sudamérica. Pero sectores agrícolas europeos y algunos actores políticos cuestionaron la base jurídica y mecanismos como el “reequilibrio”, que permitiría medidas correctivas si una parte considera afectada su normativa.

Si el TJUE avala el texto y la ratificación se reactiva, el impacto podría sentirse en exportaciones, competitividad e inversiones, sobre todo en cadenas agroindustriales, logística y agregado de valor. Además, la convergencia con estándares europeos en sanidad, ambiente y calidad suele traducirse en reputación y trazabilidad, activos clave para vender con mejores precios.

El frente político también pesa: un acuerdo con la UE consolidaría una estrategia de inserción internacional y diversificación de socios en tiempos de tensiones comerciales globales. A la vez, emergen desafíos: mayor presión sobre ecosistemas sensibles si no hay políticas ambientales sólidas, y exigencias regulatorias que pueden tensionar a sectores menos competitivos.

Si la pausa se transforma en bloqueo definitivo, el Mercosur seguiría enfrentando aranceles elevados en Europa y perdería atractivo relativo frente a países con acuerdos vigentes. En lo geopolítico, se debilitaría la capacidad negociadora del bloque y crecerían los debates internos sobre avanzar en acuerdos bilaterales por fuera del esquema regional.

Brasil: oportunidades demoradas y una mirada pragmática

Desde la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), el vicepresidente Gedeao Silveira Pereira advirtió en el programa radial Chacra Agro Continental sobre la judicialización: “Hoy no impacta directamente porque seguimos operando con los mercados que ya tenemos, pero claramente limita la posibilidad de avanzar más”. También subrayó la magnitud del mercado potencial: “Estamos hablando de un entendimiento que abarcaría a unos 700 millones de personas y un PBI conjunto de más de 22 billones de dólares”. Y puso el foco en los tiempos: “El tema salió del campo político y pasó al judicial, y eso siempre lleva más tiempo. La justicia es lenta en cualquier parte del mundo”. Sobre la estrategia comercial, fue tajante: “Nos preocupa que la ideología pese más que el mercado. El agro necesita libertad para hacer negocios con la mayor cantidad de países posible”.

Paraguay: perfil exportador y ventana para proteínas

Por su parte, el ex ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Marcos Medina destacó -también en el ciclo radial Chacra Agro Continental- el sesgo exportador paraguayo y las oportunidades en carnes, miel y lácteos. “Siete de cada diez dólares que produce y exporta Paraguay provienen de la agroindustria”, señaló, al tiempo que remarcó el tamaño del mercado europeo. Sobre nichos concretos, enfatizó: “Hay una ventana de oportunidad muy importante para la carne porcina, la avícola, la miel y los lácteos, como el queso”. Mirando el tablero global, resumió: “El mundo necesita alimentos y el Mercosur es la región que puede producirlos”. Y frente a las resistencias europeas, fue optimista: “Europa no es autosuficiente en alimentos y este acuerdo refleja una necesidad. En el mediano plazo, las protestas se van a diluir y la relación comercial va a mostrar beneficios para ambos bloques”.

Uruguay: potencial en alimentos y alerta por competitividad

En tanto, desde Montevideo, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, describió -en diálogo con Chacra Agro Continental- expectativas cautelosas tras años de idas y vueltas. “Da la sensación de que cuando llegue el momento de resolverlo, puede aparecer algún otro obstáculo”, advirtió, aunque recordó que otros procesos demandaron entre 18 y 24 meses. Sobre los ganadores potenciales, fue concreto: “Son productos en los que daríamos un salto en precio y volumen hacia la Unión Europea, lo que mejora el valor final de todas nuestras exportaciones”. En el frente interno, alertó por el tipo de cambio: “El atraso cambiario termina siendo nuestra forma de retención”.

Desde la Argentina, en tanto, una de las voces que siguió de cerca el proceso es la de Diego Guelar. A sus 75 años y con una extensa trayectoria pública —fue embajador en Estados Unidos, China y Brasil, además de diputado nacional, periodista y autor de varios libros— el diplomático destacó la relevancia estratégica del entendimiento entre ambos bloques, al subrayar en Chacra TV, que el acuerdo representa una oportunidad histórica para fortalecer la inserción internacional del país y diversificar mercados en un contexto global cada vez más competitivo.

En esa línea, consideró que el tratado no solo tiene implicancias comerciales, sino también geopolíticas, al vincular de manera más profunda a Sudamérica con uno de los polos económicos más importantes del mundo. Y por ello, expresó preocupación por la nueva postergación derivada de la decisión del Parlamento Europeo. Desde su perspectiva, la demora prolonga un proceso que ya lleva más de dos décadas de negociaciones y posterga beneficios potenciales para sectores clave de la economía argentina, en especial la agroindustria y las cadenas de valor vinculadas a alimentos.

Cada vendimia funciona como un verdadero termómetro económico y social de las economías regionales. No se trata solo de levantar uvas: la cosecha define ingresos, empleo y actividad para miles de familias vinculadas a la vitivinicultura. De cara a 2026, las proyecciones hablan de un incremento de entre 5% y 10% en el volumen cosechado respecto del año anterior, según estimaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), aunque el escenario todavía está rodeado de incertidumbre.

“Hoy no hay una proyección certera porque se dejó de relevar sistemáticamente los viñedos, que era lo que permitía estimar el volumen de producción”, explicó Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA. “Además, la tendencia de los últimos años viene mostrando una baja interanual. Recién estamos comenzando con la cosecha de uvas blancas, así que habrá que ver cómo ese pronóstico se ajusta a la realidad”, suma.

A la incertidumbre estadística se suma un clima cada vez más inestable. Durante 2025, las olas de calor extremo en Cuyo aceleraron la maduración de la uva y alteraron los tiempos de cosecha, mientras que granizadas y plagas redujeron rendimientos en varias zonas productivas.

“El escenario climático es completamente impredecible”, señala Romero. “Hubo gran parte de la cosecha que se perdió y no pudo destinarse ni siquiera a mosto. La planta está cada vez más expuesta”, afirma el secretario de FOEVA.

Cuyo y el NOA, realidades distintas

Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta enfrentarán la vendimia con panoramas productivos diferentes, aunque con una tendencia común de estancamiento o leve retroceso. A pesar del surgimiento de nuevas zonas vitivinícolas, estas provincias continúan siendo el núcleo histórico de la actividad.

“Las provincias tienen contextos diferentes, pero la tendencia general es similar”, resume Romero. “No se espera un salto productivo fuerte, sino más bien un escenario de estabilidad o leve caída”.

La vendimia moviliza miles de empleos temporarios, pero el proceso de tecnificación avanza. “La actividad se está tecnificando cada vez más y eso reduce la demanda de mano de obra”, explica Romero. El uso de maquinaria y soluciones tecnológicas, muchas veces importadas, está modificando la estructura tradicional del trabajo rural. Aun así, la cosecha sigue siendo clave para muchas familias. “Genera miles de puestos de trabajo y coincide con el inicio de la negociación salarial, por eso afloran todas las necesidades del sector”, concluye el dirigente sindical.

La otra cara de la vendimia: el consumo en su mínimo histórico

Mientras la producción intenta sostenerse, el mercado interno muestra señales de debilidad. El consumo per cápita de vino en Argentina cayó a un mínimo histórico en 2025. Según datos del INV, el promedio anual se ubicó en apenas 15,77 litros por persona, pese a un repunte interanual del 9,6% en diciembre. En términos absolutos, el consumo total del año alcanzó 7,46 millones de hectolitros, con una baja del 2,7% respecto de 2024. Los vinos sin mención varietal y los espumosos registraron las mayores caídas, mientras que los varietales lograron crecer levemente.

Desde COVIAR recuerdan que entre el 70% y el 75% de la producción argentina se destina al mercado interno, una proporción muy superior a la de otros países productores. Por eso, la caída del consumo impacta directamente en toda la cadena. Advierten, además, sobre los desafíos estructurales: la necesidad de mejores condiciones macroeconómicas, financiamiento acorde a ciclos productivos largos y una reducción de costos logísticos e impositivos que hoy afectan la competitividad del sector.

De cara a la vendimia 2026, entre el optimismo moderado en los viñedos y la cautela que imponen los números del consumo, el sector enfrenta un año donde cada racimo cuenta… y cada copa vacía también.

El reciente entendimiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea -cuya implementación está frenada por el Parlamento Europeo, dado que lo remitió al Tribunal de Justicia de la UE para revisar su compatibilidad ambiental- empieza a delinear un nuevo escenario para la foresto-industria argentina, que observa con expectativa la posibilidad de ampliar su inserción internacional. Desde el Consejo Foresto‑Industrial Argentino (CONFIAR) sostienen que se trata de una oportunidad estratégica, aunque advierten que su impacto dependerá de la capacidad del país para acompañar el proceso con inversión y políticas productivas activas.

La entidad recordó que el acuerdo todavía debe atravesar instancias clave de aprobación, entre ellas el tratamiento en el Parlamento Europeo y el análisis previsto en el Congreso de la Nación Argentina. Ese debate será determinante para definir el alcance real de los beneficios y las condiciones bajo las cuales el sector podrá aprovecharlos.

De concretarse su implementación, el tratado dará forma a una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con acceso a un mercado de más de 700 millones de habitantes. Para la cadena foresto-industrial, esto implicaría mejores condiciones de ingreso al mercado europeo para productos como madera aserrada, tableros, celulosa, papel y cartón, gracias a la eliminación gradual de aranceles que hoy limitan la competitividad argentina.

Al mismo tiempo, el Mercosur consiguió plazos de desgravación más extensos para productos considerados sensibles, entre ellos muebles y ciertos papeles. Ese período de transición es visto como un margen clave para que la industria local invierta en modernización tecnológica, gane escala y fortalezca el empleo, evitando un impacto abrupto frente a la competencia europea.

Desde CONFIAR subrayan que el verdadero desafío estará en cumplir con estándares ambientales cada vez más exigentes. Europa avanza con regulaciones de trazabilidad y sostenibilidad que exigirán mayor control sobre el origen de la madera y los procesos productivos. “El acuerdo plantea una oportunidad concreta, pero también una agenda de trabajo. Para competir en mercados exigentes se necesitan inversiones en tecnología, procesos y financiamiento accesible. Asimismo, urgen políticas que mejoren la competitividad —como la optimización de costos logísticos y la reducción de la carga fiscal, burocrática y laboral— para acompañar a las empresas, especialmente a las PyMEs del interior, a capitalizar esta oportunidad”, señalaron desde la entidad.

El Consejo también destacó la necesidad de instrumentos financieros que impulsen la eficiencia energética, la bioenergía y los sistemas de certificación y trazabilidad, áreas donde la Argentina parte de una base sólida gracias a su marco normativo forestal y la expansión de prácticas de manejo sostenible. Con más de 13.000 productores, unas 6.000 empresas y cerca de 100.000 empleos directos, la foresto-industria podría ganar protagonismo global si logra convertir las nuevas exigencias internacionales en una palanca de crecimiento, valor agregado y sostenibilidad.

Argentina cerró 2025 con uno de los mejores desempeños exportadores de su historia. Las ventas externas totalizaron USD 87.080 millones, el segundo registro más alto del que se tenga referencia, impulsadas en gran medida por el complejo agroindustrial, que explicó el 60 % de los ingresos de divisas del país. Dentro de ese conjunto, los principales productos generadores de dólares fueron la harina y el aceite de soja, junto con el maíz en grano.

El resultado también se reflejó en la balanza comercial, señala el informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Por segundo año consecutivo, el intercambio con el mundo dejó un saldo positivo, que en 2025 alcanzó los USD 11.290 millones. Si bien el superávit fue menor al del año anterior, el comercio total creció: las exportaciones aumentaron 9 % interanual, mientras que las importaciones se expandieron 25 %, hasta ubicarse en USD 75.790 millones.

Al desagregar las exportaciones por grandes rubros, todos mostraron mejoras respecto de 2024. Los productos primarios lideraron el crecimiento, con un alza del 21 % y ventas por USD 22.150 millones. Les siguieron Combustibles y Energía, con un incremento del 14 % (USD 11.000 millones), y las manufacturas de origen industrial, que generaron USD 23.400 millones, 6 % más que el año previo. Las manufacturas de origen agropecuario, en tanto, aportaron USD 30.500 millones, con una suba más moderada del 3 %.

El complejo sojero, triguero y maicero volvió a ser determinante. En conjunto representaron el 35 % de las divisas generadas por exportaciones, equivalentes a USD 30.900 millones. El liderazgo fue del complejo sojero, que explicó el 24 % del total nacional, con USD 20.900 millones, destacándose la harina de soja (USD 8.560 millones) y el aceite de soja (USD 7.140 millones). El maíz en grano se ubicó en tercer lugar entre los productos individuales, con USD 6.515 millones.

En cuanto a la dinámica por cadenas, el complejo sojero consolidó su rol como principal fuente de divisas, con un fuerte aumento en las ventas de poroto de soja. El complejo triguero, por su parte, incrementó sus ingresos 35 % interanual gracias a mayores volúmenes exportados, pese a un contexto internacional de precios menos favorables. En contraste, el complejo maicero mostró una caída en cantidades e ingresos, asociada a una menor producción local, aunque algunos subproductos lograron mejoras puntuales.

A nivel provincial, Córdoba exhibió un perfil exportador aún más concentrado en la agroindustria. Las ventas externas cordobesas alcanzaron USD 10.900 millones, 7 % más que en 2024, y el sector agroindustrial explicó el 85 % del total, muy por encima del promedio nacional. El maíz fue el principal producto exportado por la provincia, seguido por subproductos de soja y poroto de soja, mientras que entre los destinos se destacaron China, Brasil y Vietnam, que encabezaron el ranking de compradores de bienes cordobeses.

La agroindustria argentina enfrenta una amenaza concreta sobre uno de sus complejos exportadores más estratégicos. Según datos difundidos por CIARA y el CEC, una nueva decisión de la Comisión Europea podría dejar fuera de competencia al biodiésel argentino en su principal —y prácticamente único— destino externo, con pérdidas estimadas en unos 350 millones de dólares anuales.

El eje del conflicto es un documento técnico en el que Bruselas revisa los criterios de ILUC (cambio indirecto del uso del suelo). Allí, la soja fue incluida por primera vez como insumo de “alto riesgo ambiental”, una categoría que hasta ahora se asociaba principalmente al aceite de palma. Si la clasificación avanza formalmente durante 2025, la consecuencia sería directa: la Unión Europea dejaría de importar biodiésel elaborado a partir de soja.

Un mercado clave en riesgo

Para la Argentina, el golpe sería crítico. Tras años de disputas comerciales, aranceles y cierres de otros mercados, Europa quedó como el único destino relevante para el biodiésel local. “La exclusión del mercado europeo significaría no solo una pérdida comercial directa de alrededor de u$s350 millones por año, sino también el cierre de plantas industriales, pérdida de puestos de trabajo y un impacto negativo en toda la cadena agroindustrial”, advirtieron desde CIARA-CEC.

Desde el sector empresario califican la iniciativa como una barrera comercial encubierta. El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, fue categórico: “La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel y dejarnos afuera del único mercado que tenemos”.

En la industria sostienen que el biodiésel argentino cumple estándares ambientales exigentes y que el país cuenta con sistemas de trazabilidad muy distintos de los que originaron restricciones al aceite de palma en Asia. Más allá de lo técnico, analistas del comercio internacional advierten que el trasfondo podría ser político: “No es un debate científico sino político, porque la UE busca compensar a los países que se oponen al acuerdo con el Mercosur cerrando el mercado a productos competitivos de la Argentina”.

La soja argentina ¿en una “lista negra”?

La preocupación no se limita a las cámaras aceiteras. El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, advirtió en el programa radial Chacra Agro Continental, que una eventual “lista negra” europea para la soja sería “muy grave”. “El argumento que se esgrime es la deforestación, pero tenemos pruebas irrefutables de que en la Argentina no solo no se deforesta para producir soja, sino que el área sembrada viene cayendo desde hace más de 15 años”, afirmó.

Zubizarreta alertó que el impacto iría más allá del biocombustible terminado. “Es cerrarle una puerta a toda la cadena de la soja, con consecuencias directas sobre los precios y el nivel de actividad”, sostuvo. Según detalló, podrían dejar de exportarse hasta 1,2 millones de toneladas de biodiésel, con plantas diseñadas específicamente para procesar aceite de soja operando por debajo de su capacidad.

Barrera comercial paraarancelaria o debate ambiental

Desde ACSOJA también cuestionaron la decisión europea. Su presidente, Rodolfo Rossi, aseguró en el programa radial Chacra Agro Continental, que se trata de una “barrera comercial paraarancelaria” y que el Gobierno argentino analiza recurrir a la Organización Mundial del Comercio. “No hay un sustento científico sólido, y menos aún para la Argentina, que ha demostrado tener uno de los biodiéseles más sustentables del mundo”, señaló.

Rossi puso además el foco en la debilidad del mercado interno: “Somos el primer exportador mundial de aceite de soja y, paradójicamente, el país con menor corte interno”. Según indicó, elevar el porcentaje de mezcla obligatoria permitiría amortiguar el impacto externo y generar más valor agregado local.

Mientras la Comisión Europea avanza con su agenda ambiental, en la Argentina preocupa el desarrollo del tema que podría transformarse en uno de los golpes comerciales más duros de los últimos años para la agroindustria. Con exportaciones en juego, miles de empleos vinculados y un delicado equilibrio en la balanza comercial, la discusión sobre el biodiésel ya dejó de ser técnica para convertirse en un tema central de la agenda económica y diplomática del país.

El consumo per cápita de carnes en Argentina mostró una recuperación durante 2025 y alcanzó el nivel más alto de los últimos años, en un contexto de mayor diversificación de la dieta proteica. Los datos oficiales reflejan que los argentinos no solo incrementaron la cantidad total ingerida, sino que también ampliaron la participación de carnes alternativas a la bovina, con un rol destacado del cerdo y el pollo.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el consumo total de carnes creció 3,85% interanual. Las cifras relevadas por la Dirección Nacional de Producción Ganadera indican que el promedio pasó de 112,16 kilos por habitante en 2024 a 116,4 kilos en 2025, consolidando una tendencia de recuperación del consumo interno tras años de variaciones marcadas.

El aumento se verificó en las tres principales categorías de carnes que integran la dieta local. La carne bovina, históricamente central en la mesa argentina, subió de 48,49 a 49,92 kilos por habitante, lo que representa un incremento del 2,94% interanual. Si bien el crecimiento fue moderado, confirma una mejora en el consumo respecto del año previo.

En el caso de la carne porcina, el avance fue más pronunciado. El consumo pasó de 17,42 a 18,89 kilos per cápita, con una suba del 8,44%, la más elevada entre las tres proteínas animales principales. Este desempeño ratifica la tendencia de los últimos años, en los que el cerdo fue ganando espacio como alternativa competitiva en precio y versatilidad culinaria.

Por otra parte, el sector cerró el 2025 con récord de faena y producción, con 8.517.433 cabezas y 812.272 toneladas, respectivamente, resultado que implicó un aumento de 2,5% para el primer rubro y de 3,4% para el segundo, en comparación al 2024.

La Argentina, en la actualidad, cuenta con 54 mercados de exportación abiertos tanto para carne porcina como para subproductos. El valor total de las ventas externas del sector aumentó 3% en dólares durante el 2025 respecto del año anterior, alcanzando un monto de u$s15.354.761.

La carne aviar también mostró una evolución positiva, al crecer de 46,25 a 47,68 kilos por habitante, un alza del 3,07%. De este modo, pollo y cerdo explicaron buena parte del incremento total del consumo de carnes, aportando volumen y consolidando un patrón alimentario más diversificado, donde distintas fuentes de proteína animal se complementan.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el incremento simultáneo en las tres carnes constituye el registro más alto de la serie 2020–2025, lo que sugiere una consolidación de la tendencia de crecimiento del consumo interno.

A pesar de haber alcanzado una cosecha récord de trigo en la campaña 2025/26, con una producción estimada en 27,8 millones de toneladas, la industria molinera argentina enfrenta un serio problema de calidad del grano. La situación, de alcance nacional, enciende alertas en el principal eslabón encargado de transformar el cereal en harina para el consumo interno.

Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) señalaron que, si bien el volumen obtenido fue histórico, los molinos atraviesan dificultades generalizadas para conseguir trigo con parámetros mínimos aptos para panificación. “Estamos muy felices con la cosecha récord, pero en todas las zonas productivas los molinos están enfrentando importantes dificultades para proveerse de cereal con condiciones adecuadas”, advirtió el presidente de la entidad, Diego Cifarelli.

A diferencia de otras campañas, en las que los problemas de calidad podían compensarse con partidas provenientes de regiones con mejores parámetros, este año la merma es transversal. “No existe un solo molino que forme parte de FAIM que no haya tenido que cambiar sus procesos productivos ante la falta generalizada de trigo apto para panificación”, subrayó Cifarelli.

Los datos técnicos respaldan la preocupación del sector. Análisis realizados sobre 3.170 muestras de trigo pan correspondientes a casi 113.000 toneladas de la cosecha 2025/26 en Buenos Aires —principal provincia productora— arrojaron un nivel de gluten promedio ponderado de apenas 20,7 %. Según las Cámaras Arbitrales de las Bolsas de Cereales de Buenos Aires y Bahía Blanca, sólo el 3,5 % de las partidas evaluadas superó el 26 % de gluten, considerado el piso de calidad para la panificación.

Ante este escenario, los molinos debieron adaptar sus procesos industriales. Entre los cambios implementados se destacan amasados más cortos y controlados, ya que las masas desarrollan liga con mayor rapidez, además de una reducción en la cantidad de agua utilizada para lograr estructuras más firmes. También se opta por fermentaciones más breves y ajustes en la dosificación de mejoradores para evitar el debilitamiento de la red de gluten.

Pese a las complicaciones, desde FAIM remarcan que el sector cuenta con el conocimiento técnico necesario para enfrentar la coyuntura. Sin embargo, advierten que el trigo no es simplemente un commodity cuando ingresa a la industria, sino una materia prima clave para la elaboración de alimentos básicos que forman parte de la dieta diaria de la población. Por ello, sostienen que la problemática de calidad no sólo impacta en la cadena productiva, sino también en la mesa de los argentinos.

Investigadores del Instituto de Alimentos del INTA Castelar avanzaron en el desarrollo de chips de queso elaborados a partir de mozzarella, un producto innovador que combina alto valor nutricional, practicidad y larga vida útil sin requerir refrigeración. El proyecto fue llevado adelante en articulación con el sector privado y se encuentra listo para ser transferido a la industria.

La investigadora del INTA, Luciana Rossetti, explicó en el programa radial Chacra Agro Continental que el producto surgió a partir de una demanda concreta del sector lácteo. “La inquietud inicial fue desarrollar un alimento que pudiera transportarse a lugares con menor acceso a proteínas y sin necesidad de agua potable para su consumo”, señaló.

El desarrollo consistió en utilizar mozzarella de baja humedad destinada a exportación, que fue cortada en fetas, congelada y sometida a un proceso de liofilización. “Es 100% queso, no tiene conservantes ni aditivos y no sufre modificaciones nutricionales porque no se expone al calor”, detalló Rossetti

Cada porción, compuesta por 12 discos de queso —unos 20 gramos—, aporta el mismo contenido de proteínas y grasas que un vaso de leche. Además, el producto puede consumirse directamente, sin preparación previa. “Esa es una ventaja clave frente a la leche en polvo, que requiere agua potable para reconstituirse”, explicó.

El desarrollo también se alineó con la tendencia global de snacks saludables, ya que el producto no tiene azúcares ni hidratos de carbono, es rico en proteínas y puede consumirse en cualquier momento, desde el ámbito escolar hasta el deportivo.

Actualmente, los chips se producen a baja escala, en una etapa previa a la comercialización. “El producto ya está listo para ser transferido; ahora el desafío es escalarlo industrialmente”, indicó Rossetti, quien remarcó que ese proceso dependerá de las empresas interesadas. El proyecto fue desarrollado por un equipo interdisciplinario del Instituto de Alimentos del INTA Castelar, integrado por la doctora Adriana Descanso, referente del grupo, el doctor Sergio Rizzo, director del proyecto, y técnicos de distintas áreas.

Tras una prolongada inundación, la Cuenca del Salado enfrenta ahora un inicio marcado de sequía. Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, advirtió en el programa radial Chacra Agro Continental que el descenso de las aguas abre una oportunidad limitada para reactivar obras paralizadas y reclamó definiciones urgentes del Estado nacional y provincial.

El escenario hídrico en la Cuenca del Salado volvió a cambiar con rapidez. Luego de meses de inundaciones persistentes, el territorio comienza a sentir los efectos de una sequía incipiente, con un descenso generalizado de las aguas que modifica el panorama productivo y operativo de la región. “Pasamos de la inundación a la sequía”, subrayó el presidente del Consejo Asesor de la Cuenca del Salado. En ese contexto, consideran que se abrió una ventana de tiempo clave para avanzar con obras largamente postergadas.

“El cauce del Salado ha bajado de manera sustancial y eso genera las mejores condiciones para retomar los trabajos que estaban paralizados”, señaló Alberto Larrañaga, presidente del organismo, durante una entrevista con Chacra Agro Continental haciendo referencia al tramo 4.2 del Plan Maestro, cuya ejecución quedó frenada y solo se reanudó de manera parcial.

Según explicó, la reactivación plena de las obras depende de una decisión política y de la regularización de deudas con las empresas contratistas. “Esto no puede esperar. Hay que hacerlo ahora, no mañana ni pasado. Por eso urgimos a que las obras se inicien ya, porque cuando llegue el otoño puede ser tarde”, enfatizó, al advertir que una nueva crecida del río volvería a complicar la operatoria y a postergar los trabajos.

Larrañaga remarcó además la necesidad de coordinar estas tareas con la futura ejecución del Tramo V, anunciado por la provincia de Buenos Aires entre Bragado y Junín. “Las obras deben estar articuladas y sincronizadas para que el plan tenga sentido integral”, sostuvo.

En cuanto al impacto productivo, reconoció que aún no hay cifras oficiales actualizadas sobre hectáreas inundadas o encharcadas, pero señaló que las consecuencias siguen a la vista. “Hay campos donde solo quedaron juncales y otros donde se sembró fuera de fecha, con grandes probabilidades de pérdidas económicas por menores rindes”, describió.

La magnitud de la Cuenca del Salado excede largamente lo local. Comprende unas 17 millones de hectáreas —más de la mitad de la provincia de Buenos Aires— y recibe escurrimientos hídricos del sur de Córdoba, el noreste de La Pampa y sectores de San Luis, lo que le otorga un carácter claramente federal.

En ese marco, el dirigente subrayó que el dragado del río, aunque monumental, no alcanza por sí solo. “Además del dragado, son imprescindibles las obras complementarias, que permiten que el plan maestro llegue a distintos rincones de la cuenca”, explicó, y aclaró que estas intervenciones no solo son necesarias sino también menos costosas.

Finalmente, Larrañaga apuntó al financiamiento del plan, históricamente sostenido por el Fondo Hídrico Nacional. Señaló que en los últimos años esos recursos estuvieron restringidos, pero consideró que el nuevo escenario presupuestario abre una oportunidad. “Entendemos que ahora el Gobierno nacional tiene las manos libres para usar adecuadamente fondos que son específicos y deben destinarse a obras hídricas”, concluyó.

Estados Unidos, Brasil y Argentina empezaron a discutir y legislar sobre biocombustibles en la década del 70, pero el recorrido del etanol en cada país tomó caminos muy distintos. Hoy, el mapa global muestra a Estados Unidos como líder absoluto en producción y consumo, a Brasil como el segundo gran polo mundial con el mayor corte en naftas, y a la Argentina como un actor más pequeño, aunque con indicadores de eficiencia productiva y un potencial de crecimiento todavía sub aprovechado, indica un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA).

El etanol se consolidó como una de las principales herramientas para descarbonizar la matriz energética sin renunciar a la seguridad de abastecimiento. Se produce a partir de materias primas agrícolas con alto contenido de almidón y azúcar —maíz, sorgo, trigo, cebada, caña de azúcar, remolacha— y también desde fuentes celulósicas como pastos, residuos forestales y agrícolas, mediante procesos de fermentación que lo convierten en combustible apto para la mezcla con naftas.

Más allá de su aporte ambiental, el etanol ofrece ventajas económicas relevantes: agrega valor en origen, dinamiza economías regionales y reduce la dependencia de combustibles fósiles importados. En un contexto de creciente demanda energética global, su expansión está directamente vinculada a la existencia de reglas estables y de políticas capaces de sostener inversiones y mercados.

En ese tablero, el documento comparativo sobre la industria etanolera en Argentina, Brasil y Estados Unidos expone una conclusión central: los tres países cuentan con recursos productivos para liderar, pero los resultados dependen de la combinación entre disponibilidad de insumos, escala industrial, señales económicas y, sobre todo, marcos regulatorios consistentes.

En el caso argentino, la historia del etanol como combustible comenzó temprano con el Programa Alconafta, impulsado en 1978 y vigente desde 1979, cuando se implementó un corte del 15% en naftas comunes. Ese esquema se extendió gradualmente por provincias del norte y centro, hasta que en 1985 fue reglamentado el Plan Nacional de Alconafta mediante la Ley 23.287. Sin embargo, razones económicas, técnicas y políticas terminaron por desactivar el programa en 1989.

Recién en 2006 el etanol volvió al centro de la agenda energética con la Ley 26.093, que creó el Régimen de Promoción de Biocombustibles. Allí se definió un corte inicial del 5% en naftas —que fue aumentando hasta el 12% actual— y se establecieron pautas para producción, comercialización, mezcla y distribución, marcando un reinicio para el sector.

En 2021 se sancionó la Ley 27.640, que prorrogó y redefinió el régimen hasta 2030. El marco ratificó el 12% obligatorio, con una particularidad: un reparto obligatorio entre materias primas, donde el 6% debe ser etanol de caña de azúcar y el otro 6% de maíz. Además, se otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de modificar transitoriamente el nivel de corte, fijar precios y asignar cupos.

Actualmente, la Secretaría de Energía de la Nación actúa como autoridad de aplicación: define precios mensuales en pesos por litro según insumo, asigna volúmenes obligatorios por planta, controla calidad y habilita exportaciones o importaciones. En paralelo, el debate legislativo volvió a abrirse con la discusión de dos proyectos de ley: uno impulsado por la Liga Bioenergética y otro por legisladores vinculados a La Libertad Avanza, lo que mantiene la incertidumbre regulatoria como un rasgo dominante.

En materia industrial, Argentina cuenta con 18 plantas productoras distribuidas en seis provincias: Tucumán concentra siete, Córdoba tres y Jujuy, Salta, San Luis y Santa Fe dos cada una. La geografía productiva marca un patrón: el norte trabaja mayoritariamente con caña y el centro con maíz. Según estimaciones del USDA, la capacidad total del país ronda los 1.650 millones de litros anuales.

La producción argentina se ubica en torno a los 800 millones de litros por año en promedio entre 2010 y 2024, con crecimiento sostenido en los últimos años. En los primeros ciclos, la producción dependía casi exclusivamente de la caña, pero desde 2012 el maíz ganó terreno hasta convertirse en el principal origen del etanol. En promedio, el 52% del bioetanol nacional proviene de maíz, con un pico del 67% registrado en 2023.

En cuanto a eficiencia, el maíz ofrece rendimientos muy superiores: entre 400 y 420 litros por tonelada, frente a 70–85 litros por tonelada de caña. Aun así, la estructura industrial explica que el 78% de las materias primas utilizadas continúe siendo caña, demandando unas 5,3 millones de toneladas anuales, mientras que el 22% restante se satisface con maíz, equivalente a 1,4 millones de toneladas por año.

Etanol: el modelo brasileño

Brasil, en contraste, muestra un modelo consolidado y de gran escala. Su punto de partida fue el Proálcool de 1975, que estableció el uso obligatorio de etanol anhidro en gasolina y abrió un proceso sostenido de expansión. Desde 2015 el corte obligatorio es del 27%, y en 2017 el país dio un salto institucional con RenovaBio (Ley 13.576), incorporando metas de descarbonización y creando los CBIOs, instrumentos que premian la eficiencia ambiental.

Con 365 instalaciones y una capacidad productiva promedio de 45.603 millones de litros anuales, Brasil se convirtió en el segundo productor mundial, con campañas promedio de 25 mil millones de litros y ciclos que superaron los 30 mil millones. Además, consume más de 23 mil millones de litros anuales, en un mercado dominado por vehículos flex, capaces de utilizar tanto etanol como gasolina.

EE.UU. líder mundial en la industria del etanol

Estados Unidos lidera el ranking global apoyado en la escala industrial y el poder de su mercado interno. La industria se expandió tras el shock petrolero de los 70, pero el gran motor fue la creación del Renewable Fuel Standard (RFS) en 2005, que estableció mandatos mínimos de uso de combustibles renovables. Con mezcla obligatoria E10 y habilitación del E15 en determinados vehículos, el país opera con 191 plantas y una capacidad anual cercana a 69.935 millones de litros.

La comparación final elaborada por la Bolsa de Cereales de Córdoba, deja un mensaje contundente: el crecimiento del etanol requiere reglas claras, continuidad institucional y un sistema de incentivos coherente. Brasil integró mercado y clima mediante RenovaBio y un consumo interno robusto; Estados Unidos se apoyó en mandatos, escala y herramientas de mercado. Argentina, en cambio, enfrenta el desafío de transformar su potencial en un sendero sostenido, lo que implica avanzar hacia un marco regulatorio más previsible, equilibrado entre objetivos ambientales y eficiencia económica, y capaz de atraer inversiones de largo plazo.

La Mesa Argentina de Carbono advirtió que el mercado internacional de créditos de carbono representa una oportunidad económica concreta para el país, con capacidad de multiplicar los ingresos por exportaciones si se avanza en la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París. Según la entidad, la clave para destrabar ese potencial es la presentación de la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), que permitiría a la Argentina integrarse a un circuito global que ya moviliza inversiones millonarias en la región.

Desde la Mesa señalan que el mercado de carbono debe ser considerado una decisión estratégica de política económica, con impacto directo en la generación de divisas, empleo y desarrollo regional. A través del Artículo 6, el país podría convertir de manera inmediata su capital natural y productivo en activos financieros exportables, apalancando proyectos en sectores como energía, agroindustria, bosques y gestión de residuos.

Argentina cuenta con más de dos décadas de experiencia técnica y una base sólida de proyectos certificados, aunque hasta ahora sus créditos sólo se comercializan en el mercado voluntario. Esa limitación reduce el impacto económico. “El mercado internacional del Artículo 6 paga entre dos y cinco veces más por crédito que el voluntario. Eso cambia la ecuación y vuelve viables iniciativas de gran escala que hoy no consiguen financiamiento”, explicó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

Las estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería refuerzan ese diagnóstico. Calculan un potencial mínimo de generación de 131,4 millones de créditos de carbono anuales, a partir de la producción forestal y agropecuaria y de la conservación de bosques nativos, entre otras actividades certificables. Bajo ese escenario, los ingresos por exportaciones podrían ubicarse entre USD 1.400 y USD 3.900 millones por año, muy por encima de los USD 788 millones proyectados si el país se mantiene sólo en el esquema voluntario.

El paso indispensable para activar ese flujo de inversiones y divisas es la presentación formal de la NDC 3.0 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De acuerdo con Cano, ese documento es un prerrequisito para negociar acuerdos bilaterales bajo el Artículo 6 y una señal clara para que el sector privado avance con proyectos orientados al mercado internacional.

El contexto global aparece como favorable. Más de 70 países ya incorporaron el Artículo 6 en sus nuevas NDC y existen más de 100 acuerdos bilaterales firmados, con naciones como Japón, Suiza y Corea entre los principales compradores. “Argentina tiene el talento y los recursos naturales para ser un proveedor relevante de créditos de carbono. Presentar la NDC 3.0 es el primer paso para dejar de mirar esta oportunidad desde afuera y pasar a jugar un rol protagónico en el mercado global”, concluyeron desde la Mesa.

La aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur por parte de los embajadores de los países miembros del bloque europeo, tras más de 25 años de negociaciones, reordenó expectativas en el agro argentino y aceleró análisis sectoriales. Con la ratificación pendiente en el Parlamento Europeo y en el Congreso argentino, el entendimiento abre un nuevo mapa de oportunidades para exportaciones, precios y márgenes, pero también impone condiciones inmediatas vinculadas a estándares, trazabilidad y estrategia productiva.

Desde la consultoría privada, Maximiliano Díaz, sostuvo que el pacto “abre una oportunidad básicamente para las cadenas agroindustriales argentinas”, con impacto transversal desde los complejos exportadores tradicionales hasta las economías regionales. Sin embargo, advirtió que sin coordinación público-privada, la posibilidad de convertir el acuerdo en resultados concretos puede diluirse: el nuevo marco no garantiza beneficios automáticos si el país no actúa con rapidez y planificación.

El caso de la soja aparece como uno de los más sensibles por su peso exportador y por la interacción entre aranceles europeos y políticas domésticas. Según los estudios citados por Díaz, una combinación de reducción de retenciones internas y baja de aranceles europeos podría reconfigurar los destinos y mejorar los retornos. “Con estos cambios, podría resultar incluso más beneficioso exportar soja a la Unión Europea que a la propia China”, explicó, anticipando un posible corrimiento de flujos comerciales si se alinean incentivos y competitividad.

El impacto, sin embargo, no se agota en los grandes complejos: producciones regionales como arroz y miel también figuran entre las favorecidas, con mejoras potenciales por mejores condiciones de acceso. De acuerdo con relevamientos de Endógena, en esos casos podría haber incrementos de entre 4% y 5% en los precios percibidos por los productores. En carne vacuna, Díaz remarcó un escenario de mejora de rentabilidad: “Hay un beneficio claro en algunos cortes de carne, que permitiría mejorar los márgenes de rentabilidad del sector”, en línea con la oportunidad de capturar valor en mercados de alto poder adquisitivo.

El énfasis en la necesidad de estrategia también aparece en la lectura del propio consultor. “El acuerdo no va a ser automático. Argentina tiene que tener claro dónde están sus oportunidades particulares dentro del amplio acuerdo”, alertó Díaz, al enumerar desafíos inmediatos: ratificación legislativa, velocidad de implementación y, en especial, la adecuación privada a exigencias europeas en certificación, trazabilidad y cumplimiento normativo. La oportunidad, planteó, es concreta; el riesgo es quedarse a mitad de camino por falta de preparación.

En paralelo, un informe del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA) definió al acuerdo como un tratado integral apoyado en tres pilares: comercial, político y cooperación. El documento subraya que su alcance lo convierte en un entendimiento de peso global al abarcar a más de 700 millones de personas. Sería el segundo acuerdo de libre comercio firmado por la UE con mayor alcance, con implicancias directas para el comercio agroindustrial argentino.

En cuanto a oportunidades, el trabajo de la SRA detalla los números que vuelven atractivo al mercado europeo: “450 millones de consumidores”, ingreso per cápita promedio de “USD 43.000 anuales” e importaciones agroindustriales por “USD 220.000 millones/año”, en las que Argentina hoy representa “3%”. El informe remarca además que el acceso preferencial alcanzaría a casi la totalidad de la canasta exportadora: “99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios”, con un “70%” sin arancel desde el inicio, un “14%” con desgravación gradual y un “15%” mediante cuotas con arancel reducido o cero.

El documento también pone foco en puntos regulatorios que pueden cambiar reglas de juego: procedimientos sanitarios con plazos y mecanismos de consulta, límites a medidas arbitrarias y un canal bilateral para resolver conflictos. Además, incluye compromisos sobre derechos de exportación (retenciones) hacia la UE y detalla topes para el complejo soja.

En materia de cuotas, se enumeran volúmenes relevantes para cadenas argentinas: carne bovina (100.000 tn), carne aviar (180.000 tn), porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1.000.000 tn), miel (45.000 tn), arroz (60.000 tn), quesos (30.000 tn) y etanol (650.000 tn). La conclusión estratégica es clara: previsibilidad para inversiones, certificaciones y planificación, con un impacto “federal” por el alcance sobre múltiples cadenas.

Por su parte, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideraron que el entendimiento “abre un panorama muy positivo para nuestro sector y para toda la industria y el comercio de nuestro país” considerando que el perfil exportador argentino. No obstante, advirtieron que: “hay que esperar a leer la letra chica”, y tener en claro que “tiene que haber igualdad de condiciones".

En tanto, desde CONINAGRO, consideraron al entendimiento logrado como "un primer paso importante, que le dará al campo argentino mayor potencial y un desarrollo a futuro con previsibilidad”. Agregaron que no sólo se trata de “un tratado comercial, sino de un puente de oportunidades para que la producción agropecuaria y agroindustrial argentina, demuestren su capacidad de competir en las ligas mayores de la calidad alimentaria”.

“Para las economías regionales, esto representa una ventana histórica que permitirá colocar nuestras carnes, cítricos y vinos en góndolas europeas con mejores condiciones arancelarias”, subrayaron desde la entidad que preside Lucas Magnano.

La posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en los próximos días se presenta como uno de los movimientos comerciales más relevantes de los últimos años para el bloque sudamericano, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y señales de debilitamiento del multilateralismo. Según un informe elaborado por la Fundación INAI, el entendimiento con Europa “abre grandes oportunidades para la inserción externa del Mercosur” y para “nuestra cadena agroindustrial”.

El documento subraya la magnitud de la contraparte: la UE es la tercera economía mundial y concentra un mercado interno de 450 millones de habitantes, con un PBI per cápita de USD 43.000 anuales. El informe agrega que el bloque importó productos agroindustriales por USD 220.000 millones en 2024, cifra que expone el volumen potencial para exportadores del Mercosur, dado que “Argentina solo explicó el 3%” de esas compras.

La Fundación INAI reseña que el 9 de enero Europa logró “resolver favorablemente sus discrepancias internas” y habilitó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a firmar el Acuerdo de Asociación Mercosur–UE. De concretarse en los próximos días, el paso pondría fin a un proceso de largo recorrido: “una negociación que demandó más de 25 años para concluir exitosamente”, señala el informe.

El acuerdo se estructura sobre tres pilares. El primero es el comercial, orientado a conformar una zona de libre comercio que facilite el intercambio de bienes, servicios y capitales, con un esquema integrado por “23 capítulos y 21 anexos”. Los otros dos pilares corresponden al componente político, que establece canales permanentes de diálogo, y el de cooperación, que incorpora pautas programáticas para promover el comercio y fortalecer especialmente a las pymes.

Para acelerar la entrada en vigencia, la UE dispuso dos instrumentos: el Acuerdo de Asociación (APEM), que reúne los tres pilares, y un Acuerdo Comercial Interino (ITA), que comprende solo el pilar comercial. Según la Fundación INAI, el ITA tendría un trámite más ágil, porque para que entre en vigor en Europa “solo se requiere la aprobación del Parlamento Europeo”, sin necesidad de ratificación de los 27 parlamentos nacionales, ya que se trata de una materia delegada.

Del lado sudamericano, el mecanismo de implementación también contempla una flexibilidad significativa. El informe indica que “no se requerirá la ratificación de los Estados Parte” para la entrada en vigor, sino que el esquema será bilateral entre la UE y cada país del Mercosur. En la práctica, el ITA comenzaría a regir para cada socio a medida que lo apruebe y ratifique, “sin tener que esperar” a los demás, lo que puede incidir en el uso temprano de beneficios comerciales.

En materia de acceso a mercados, el acuerdo define un amplio paquete de concesiones. El texto de la Fundación INAI destaca que “la UE otorgará beneficios arancelarios para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur”, eliminando aranceles para el 84% y otorgando cuotas o preferencias parciales para el 15,5% restante. Este esquema, afirma, permitiría que el Mercosur compita en condiciones similares con socios que ya tienen acuerdos vigentes, como Canadá, México o Chile.

Dentro de la eliminación inmediata se incluyen productos como porotos y harina de soja, maní, frutas y frutos secos, pasas, legumbres, aceites vegetales para uso industrial, y una lista de despojos comestibles y subproductos de origen animal. El informe aclara que este universo “beneficia al 70%” de las exportaciones agroindustriales del Mercosur al mercado europeo, consolidando una mejora directa sobre el costo de acceso.

Para otro segmento, se acordaron reducciones graduales en plazos de 4 a 10 años. Allí se encuentran la harina de maíz, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos, frutillas, biodiesel, hortalizas, mermeladas, dulce de leche, alimentos para mascotas, algunas conservas de pescado y vinos. Según el reporte, esta categoría representa el 14% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur con destino a la UE.

Las cuotas arancelarias, en tanto, reúnen rubros estratégicos, como carne bovina (100.000 tn), carne aviar (180.000 tn), carne porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1 millón tn), además de leche en polvo, miel, arroz, quesos, ajo, etanol y ovoproductos. En este punto, el informe de la Fundación INAI resalta un incentivo operativo: “El primer Estado Parte del Mercosur en ratificar el Acuerdo tendrá derecho a utilizar el 100% de la cuota otorgada por la UE al Mercosur” hasta que se sumen los restantes socios.

El capítulo comercial también incorpora disciplinas sobre licencias y restricciones cuantitativas, y limita los regímenes discrecionales. En esa línea, el informe señala que Argentina se compromete a que “a partir del tercer año desde la entrada en vigor del ITA no aplicará más derechos a la exportación (DEX) en los productos enviados a la UE”, con excepciones para algunas cadenas. En el caso de la soja, por ejemplo, se prevén topes específicos: a partir del quinto año se consolida un máximo del 18%, que descenderá de forma gradual hasta 14% en el año 10.

La Fundación INAI concluye que el acuerdo aporta previsibilidad y funciona como un “contrapeso al proteccionismo” en un momento global de fragmentación comercial. También sostiene que el pacto moderniza marcos regulatorios y puede operar como “un ancla” para políticas nacionales sujetas a cambios pendulares. En síntesis, el documento afirma que el entendimiento con la UE “será un punto de inflexión” para profundizar la inserción del Mercosur en cadenas globales de valor y ampliar las oportunidades de exportación del agro.

La Provincia de Buenos Aires convalidó en forma definitiva el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), cerrando un proceso clave de ordenamiento territorial luego de casi siete años de funcionamiento y de un extenso recorrido administrativo.

El MAG es el mercado concentrador de hacienda, formador y orientador de los precios ganaderos, que -por su volumen- es referente de los precios para hacienda de consumo, invernada y cría en todo el país.

La convalidación definitiva por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró a partir de la aprobación de la nueva zonificación del predio donde opera el mercado, lo que representa un hito para el ordenamiento territorial del distrito, “al otorgar previsibilidad jurídica a uno de los emprendimientos más relevantes de la ganadería argentina”, aseguran.

La resolución provincial avala la ordenanza sancionada en la última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante local, que redefinió el uso del suelo del predio. A partir de esta decisión, el área dejó de estar categorizada como zona rural y pasó a ser considerada un “proyecto especial”, lo que habilita formalmente un esquema integral de usos industriales, logísticos, comerciales y de servicios financieros vinculados a la operatoria del mercado.

Intervinieron áreas provinciales clave como la Autoridad del Agua (ADA), los organismos de Medio Ambiente y la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, que evaluaron los impactos ambientales, la viabilidad del emprendimiento y su adecuación normativa, en función de la magnitud y la complejidad que adquirió el mercado tras su traslado a Cañuelas.

Desde su puesta en marcha, el MAG se consolidó como un nodo estratégico para la ganadería nacional y como un motor de desarrollo local, con impacto directo en el empleo, la logística y la actividad económica del partido.

El mercado, que funcionó durante más de 120 años en Liniers, fue trasladado en mayo de 2022 a un nuevo predio de 110 hectáreas, con acceso directo desde la Autovía N°6, a 3 kilómetros de Ruta 3 y Autopista Ezeiza-Cañuelas, con el objetivo de conformar un Polo Agroganadero Comercial, que permitiera reducir los costos logísticos y de transporte, evitando el ingreso de los camiones a la ciudad de Buenos Aires.

La aprobación definitiva regulariza la situación del mercado y habilita nuevas etapas de crecimiento planificado, inversiones complementarias y una mayor integración con el perfil productivo e industrial del distrito.

El sector agropecuario atraviesa un cierre de año marcado por la dinámica y los cambios, en un contexto que comenzó con incertidumbre económica y política, pero que fue reconfigurándose tras el proceso electoral. Para Confederaciones Rurales Argentinas, el nuevo escenario permite proyectar con mayor previsibilidad el corto y mediano plazo, aunque persisten focos de preocupación. “Fue un año interesante, de mucho movimiento. Veníamos de una situación complicada y, después de las elecciones, el rumbo se fue clarificando”, señaló Adrián Luna Vázquez, secretario de CRA, al trazar el balance del período en el programa Chacra Agro Continental.

De cara al próximo año, el dirigente explicó que "el clima sigue siendo una variable central" con la que el productor convive de manera permanente, mientras que la ganadería y algunos cultivos muestran precios más firmes. Sin embargo, advirtió que las economías regionales son hoy el eslabón más vulnerable del entramado productivo.

“El problema más grande fue el reacomodamiento de precios, que no estuvo acompañado por el valor de los productos. Los costos subieron fuertemente y los márgenes se achicaron”, afirmó. En ese sentido, mencionó aumentos significativos en combustibles, insumos y logística, además del impacto de las importaciones en producciones como hortalizas y cultivos intensivos.

Otro de los puntos críticos señalados por Luna Vázquez es la presión tributaria, tanto a nivel provincial como municipal. Luna Vázquez calificó como “una locura” el incremento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que, tras el recorte de recursos nacionales, “la respuesta de muchas jurisdicciones fue aumentar impuestos, lo que termina elevando los costos para toda la economía”.

En este contexto, Confederaciones Rurales Argentinas presentó una propuesta integral de reforma tributaria orientada a incentivar la inversión productiva. El documento incluye, entre otros puntos, ajustes en Ganancias, amortizaciones aceleradas, devolución ágil de IVA, revisión de Bienes Personales sobre activos productivos y la eliminación gradual de los derechos de exportación. “Es el camino hacia donde queremos ir: impuestos que se adecúen a la realidad productiva”, remarcó.

Finalmente, el dirigente agropecuario volvió a poner sobre la mesa la inseguridad rural. La entidad reimpulsó un proyecto de modificación del Código Penal para agravar penas ante intrusiones en campos con fines delictivos. “Vamos a insistir para que tenga tratamiento legislativo, porque es una preocupación creciente en el interior productivo”, concluyó Luna Vázquez.

“La carga impositiva y la falta de previsibilidad siguen siendo desafíos” para el agro argentino, aseguró Fernando de Nevares, presidente de CREA. El dato se desprende del índice de confianza del sector agropecuario, que mostró una recuperación significativa en el último pulso de la encuesta SEA CREA, realizada en noviembre de este año, alcanzando los valores más altos desde 2016. La medición, que incluye la opinión de 1.300 empresarios y 300 técnicos de todo el país, reflejó un buen ánimo general en el sector.

Sin embargo, De Nevares destacó que esta recuperación no se traduce todavía en un aumento de las inversiones. “Ese nivel aún no supera el 29% y probablemente esto se deba a la coyuntura climática y a que las empresas no terminan de incorporar ese optimismo interno”, explicó en Chacra Agro Continental.

El presidente de CREA también abordó la relación con el gobierno actual, señalando que la política sectorial presenta algunas diferencias respecto de administraciones anteriores. “Yo diría que este gobierno es más procampo y proempresa. La promoción del sector privado para generar riqueza y desarrollo federal está en línea con lo que defendemos desde CREA”, afirmó.

Otro punto que resaltó fue la necesidad de previsibilidad en materia de derechos de exportación. Según De Nevares, la eliminación de estas cargas debería realizarse por ley y con un plazo definido: “Es el camino correcto para que las demás variables se alineen y permita al sector pensar en inversión a mediano plazo”.

En cuanto a los excesos hídricos registrados en los últimos meses, los resultados de la encuesta realizada por CREA indican que “un 29% de los encuestados presentan anegamientos que comprometieron en promedio un 24% de la superficie productiva”,

En relación al futuro de la actividad agropecuaria, el titular de CREA concluyó que la expectativa positiva del sector debería trasladarse pronto a acciones concretas en inversión y desarrollo sostenible, esenciales para fortalecer la economía del país.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) viene participando activamente del debate por la modernización laboral que impulsa el Gobierno nacional y que comenzó a discutirse en el marco del Consejo de Mayo. Desde ese espacio, “técnicos del sector agropecuario trabajaron en una serie de propuestas orientadas a actualizar un régimen laboral” que, según advierten desde la entidad, “lleva muchísimos años sin modificaciones”.

Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda de la SRA, detalló en el programa radial Chacra Agro Continental, que el sector forma parte del denominado “Grupo de los Seis”, junto a otras entidades empresarias, y que inicialmente varios de los planteos del agro no habían sido incorporados en el proyecto oficial. “Cuando vimos que los temas que habíamos llevado no estaban incluidos, empezamos a trabajar con quienes redactaban la ley para acercar los puntos que consideramos relevantes para nuestra actividad”, explicó.

El trabajo de la Rural no es reciente. Según Frederking, se trata de un proceso de casi dos años que abarca alrededor de cien propuestas vinculadas a la modernización del contrato de trabajo rural. Sin embargo, para esta etapa legislativa se decidió priorizar un conjunto reducido. “Achicamos ese trabajo a ocho puntos clave, los más urgentes e importantes, con la idea de que sirvan como disparador para una reforma más amplia”, señaló.

Entre los aspectos más destacados figura la incorporación de un período de prueba, inexistente hasta ahora en el sector, la creación de un fondo de asistencia laboral para afrontar indemnizaciones y cambios en el esquema de negociación paritaria. “Son herramientas que apuntan a dar previsibilidad y a incentivar la generación de empleo”, remarcó la dirigente rural.

Frederking subrayó además que la propuesta contempla las particularidades de las economías regionales y del empleo estacional. “La Argentina no es sólo la Pampa Húmeda. Hay trabajadores con realidades muy distintas, como los de la cosecha de tabaco o de la uva, y eso tiene que estar reflejado en la normativa”, sostuvo.

Por su parte, José Voytenco, secretario general de UATRE, señaló, al referirse al tema que es “indispensable que antes de diseñar un nuevo esquema legal se reconozcan las particularidades de las tareas propias del campo, que difieren sustancialmente de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y que sean tenidos en cuenta al legislar”.

Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), realizó un balance positivo del año agroindustrial al cierre de 2025 y subrayó el trabajo articulado entre los distintos eslabones de la cadena, desde los productores hasta los exportadores. En ese marco, destacó especialmente el desempeño del trigo, con una cosecha histórica que ya superó el 60% de avance y rindes por encima de lo esperado.

“Fue un año muy positivo, no solo por la producción sino también por el trabajo conjunto con toda la cadena agroindustrial”, señaló en Chacra Agro Continental Marra , quien este año regresó a la presidencia de la entidad luego de un período fuera del cargo.

El titular de la BCBA remarcó que la campaña triguera marcará el cierre del año, con una producción que tendrá impacto tanto a nivel local como en el mercado internacional. Sin embargo, advirtió que la abundancia de oferta también presiona los precios. “La gran producción argentina influye en el comercio mundial y eso hace que el precio del trigo no acompañe”, explicó.

De cara a la próxima campaña gruesa, Marra señaló un aumento en la superficie destinada a maíz y girasol, con incrementos estimados de entre 500.000 y 700.000 hectáreas, y buenas perspectivas productivas si el clima continúa acompañando. En el caso del girasol, destacó el buen estado de los cultivos y un contexto de precios favorables.

En cuanto a la soja, el presidente de la Bolsa indicó que los precios internacionales siguen siendo un factor de preocupación debido a la superproducción global, especialmente en Estados Unidos y Brasil. “No estamos frente a precios históricamente altos, pero tampoco en los más bajos; los márgenes van a estar muy ajustados”, advirtió.

Según las estimaciones actuales, la producción de soja argentina se ubicaría entre un 5% y un 7% por debajo de la campaña anterior, en parte por el corrimiento de superficie hacia otros cultivos. No obstante, Marra sostuvo que la reciente baja de retenciones podría influir en la decisión final de siembra. “Habrá que ver cómo termina impactando esta reducción de los DEX en los números del productor, sobre todo teniendo en cuenta que el maíz es más costoso de implantar que la soja”, concluyó.

El año que termina fue complejo para la maquinaria agrícola en Argentina, según reconoció Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) en el programa radial Chacra Agro Continental. A pesar de que los números “fríos” muestran un desempeño similar al de 2024, Zubeldía asegura que el análisis requiere mirar más allá de las cifras.

“Fue un año complejo porque se están rompiendo muchos paradigmas. Hablamos de competitividad, costos y del tipo de agricultura e industria que queremos. Se abrieron discusiones que, aunque algunas no nos gustan, otras son super sanas”, señaló el industrial.

Uno de los hitos positivos del año fue la internacionalización de la maquinaria argentina. Según Zubeldía, más de 30 empresas participaron en la exposición agrícola más importante del mundo, realizada en Alemania. Allí, los fabricantes locales se conectaron con distribuidores y mostraron el potencial de la agroindustria argentina.

Sobre la polémica generada en torno a la importación de maquinaria usada, el titular de CAFMA aclaró que “el impacto en cantidad de máquinas que ingresaron no fue grande”, aunque advirtió que muchos operadores comenzaron a analizar aspectos como postventa, repuestos y conectividad. “Traes una cosechadora, un contratista la usa y si el segundo día pasa algo y nadie te atiende y perdés la campaña. Ahí es cuando se empieza a ver el lado B de toda esta historia”, advirtió.

En cuanto al financiamiento, Zubeldía destacó la relevancia de la línea de crédito para la adquisición de maquinaria: “Las tasas están a la baja, y el productor necesita dos cosas: rentabilidad y financiamiento. Creo que vamos a llegar a marzo con buenas tasas, tentadoras y coherentes con la inflación”.

Sobre el parque de maquinaria, el dirigente sostuvo que no está obsoleto. “Hay rubros con máquinas más viejas, pero los tractores y equipos que se usan diariamente son modernos. Argentina es competitiva y eficiente, y eso no se logra con fierros obsoletos”, aseguró.

Finalmente, sobre la modernización laboral impulsada por el gobierno, Zubeldía expresó su apoyo: “Hace falta modernizar las reglas de juego. No podemos seguir con leyes creadas antes de internet o de la inteligencia artificial. Espero que esta discusión nos deje una posición mejor para todos, incluidos los que trabajan con nosotros”.

El relevamiento, elaborado por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se presenta antes que en campañas anteriores y constituye una herramienta estratégica para la toma de decisiones comerciales, industriales y logísticas desde el inicio del ciclo comercial del cereal.

El informe se basa en el análisis de muestras que representan 244.100 toneladas de trigo, equivalentes al 76,7% del volumen total proyectado para el muestreo. Las muestras corresponden a la Subregión II Norte, una de las áreas más representativas de la producción triguera, que comprende departamentos de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

En cuanto a los resultados preliminares, el peso hectolítrico promedio se ubicó en 79,4 kilogramos por hectolitro. El contenido de proteína alcanzó un promedio de 9,6%, calculado sobre una base de humedad del 13,5%.

Respecto de la clasificación comercial del trigo evaluado, el 28,3% de las muestras fue categorizado como Grado 1, el 66% como Grado 2 y el 5,7% como Grado 3, sin registros fuera de estándar en esta primera etapa del relevamiento.

Los análisis se realizaron en el nuevo laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, inaugurado el pasado 13 de noviembre y equipado con tecnología de última generación. Esta infraestructura permitió agilizar los procesos de análisis y la difusión de resultados, elevando la calidad técnica del relevamiento y su impacto en el mercado en las primeras semanas de la campaña.

“Una vez más, la información fue recopilada, analizada y difundida en los tiempos que el mercado exige, facilitando a todos los eslabones de la cadena agroindustrial el acceso a datos clave en el momento preciso”, destacó Gonzalo Almeyda, presidente de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. Según señaló, esta dinámica contribuye a optimizar las decisiones comerciales y logísticas desde las etapas iniciales de la cosecha.

La Cuenca del Salado atraviesa nuevamente un exceso hídrico, pero según Ricardo Orazi, dueño de la cabaña La Pastoriza, “lamentablemente no se trata de un fenómeno desconocido”. “La cuenca históricamente tiene inundaciones y sequías desde tiempos inmemoriales”, recordó. Sin embargo, destacó que aun dentro de esas oscilaciones climáticas la zona mantiene un promedio de entre ocho y diez millones de vacas, lo que la convierte en un pilar de la cría bovina nacional.

Durante su participación en el programa Chacra Agro Continental Orazi subrayó que, a diferencia de otras épocas, hoy existe un fuerte avance tecnológico que cambió el manejo. “Antes se decía que una vaca se murió de agosto, porque no había alternativa. Hoy hay muchísima tecnología”, señaló, mencionando innovaciones como la siembra directa, los alambres eléctricos y, especialmente, la producción de reservas.

En la zona de la Cuenca del Salado, más de 5,5 millones de hectáreas productivas se encuentran afectadas por inundaciones que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), constituyen el episodio más grave en muchos años. El desastre hídrico provocaría pérdidas económicas estimadas en US$ 2.000 millones.

Orazi, resaltó-a pesar de la coyuntura- el rol de los cabañeros en la evolución del rodeo vacuno. "Trabajamos para hacer animales que se adapten a la zona, nacidos y criados en la cuenca”, afirmó. En ese sentido, destacó que la genética se refleja cada año en los remates: “Antes veías lotes desparejos; hoy ves lotes excelentes en toda la región”.

Cuenca del Salado: “la columna vertebral de la ganadería”

Consultado sobre cómo avanzar en los índices reproductivos, Orazi fue directo: “Lo que se necesita es un buen manejo y la incorporación de gente idónea: asesores, veterinarios, ingenieros”. Pero advirtió que la principal limitante aparece en la salida del invierno, cuando falta pasto. Por eso considera fundamental invertir en producción de pasto y en reservas.

Reconoció que persisten realidades distintas dentro de la cuenca, a la que calificó como “la columna vertebral de la ganadería argentina” . Los campos alquilados —dijo— suelen trabajar “más rudimentariamente”, pero los establecimientos propios muestran mejoras permanentes y una creciente demanda de genética e inseminación.

Pese a los problemas climáticos, Orazi se mostró optimista acerca del futuro inmediato. “La Cuenca del Salado va a mejorar fuertemente en los próximos meses”, anticipó, y agregó que cuando aparece el precio, la inversión acompaña. Desde su rol en la Asociación Argentina de Angus, aseguró que observa un crecimiento sostenido en las razas británicas.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) presentó su Estrategia Nacional Exportadora 2025 (ENE), un documento que reúne 248 propuestas “orientadas a fortalecer el desempeño exportador del país y recuperar competitividad en el escenario internacional”.

Durante la presentación, el presidente de la entidad, Fernando Landa, remarcó la necesidad de avanzar en una “reforma actitudinal” hacia el sector exportador. En ese sentido, sostuvo que la exportación no debe ser vista únicamente como una fuente coyuntural de divisas, sino como un pilar estructural para la generación de empleo, el desarrollo federal y el crecimiento sostenido.

Diagnóstico preocupante

Entre los indicadores expuestos, CERA señaló que la participación de Argentina en las exportaciones globales se mantiene en torno al 0,33%, con escasas perspectivas de mejora en el corto plazo. Además, la cantidad de empresas exportadoras de bienes permanece estancada desde hace una década, al igual que la baja proporción de pymes que logran insertarse en el comercio exterior.

La entidad también advirtió sobre la limitada diversificación exportadora y el bajo nivel de exportaciones per cápita, muy por debajo de países comparables de la región y del mundo.

Crecimiento impulsado por el agro y la energía

Según las estimaciones de CERA, 2025 cerraría con exportaciones por USD 84.295 millones, el segundo registro más alto de los últimos cinco años. No obstante, Landa aclaró que este crecimiento se explica mayormente por factores puntuales, como el aumento de las ventas de soja a China, la buena campaña triguera en un contexto internacional complejo y el incremento de las exportaciones energéticas.

Reducción de DEX, una de las prioridades para 2026

La Estrategia Nacional Exportadora plantea diez medidas prioritarias para avanzar hacia la “normalización” de la relación de Argentina con el mundo. Entre ellas se destacan la eliminación de la liquidación obligatoria de divisas, la reducción de derechos de exportación, la mejora de los reintegros y la simplificación tributaria y logística.

También se subraya la necesidad de revitalizar el Mercosur, fortalecer la inserción internacional del país y avanzar en procesos clave como el ingreso a la OCDE.

Impacto esperado

De concretarse las propuestas de la ENE, CERA estima que las exportaciones podrían sumar cerca de USD 15.760 millones adicionales hacia 2030, alcanzando un total de USD 142.442 millones, lo que implicaría un incremento del 70% respecto de 2025.

“Exportar es trabajo y desarrollo”, concluyó Landa, al remarcar que la competitividad será posible si se adopta una mirada de largo plazo y reglas de juego previsibles.

El complejo ganadero argentino transita un año que combina señales alentadoras con deudas estructurales. Desde la industria frigorífica proyectan que las exportaciones de carne bovina cerrarán el período con una baja cercana al 8 o 9% en volumen, ubicándose en torno a las 700.000 toneladas, frente a las 770.000 del año anterior. Sin embargo, el dato positivo aparece por el lado del valor: el ingreso de divisas crecería alrededor de un 25%, pasando de unos 3.030 millones de dólares a cerca de 3.700 millones.

Mientras la industria y el sistema científico destacan la capacidad del país para cumplir con las nuevas exigencias, desde el eslabón productivo advierten que sin previsibilidad, políticas de desarrollo y un mercado interno sólido, el escenario favorable puede ser transitorio.

“El crecimiento en dólares es importante y no creemos que estemos muy lejos de estos números”, explicó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, al analizar el desempeño del sector exportador. No obstante, advirtió que el principal límite para sostener y ampliar la presencia internacional es la falta de materia prima: “Estamos mal con el stock, tenemos alrededor de dos millones de vientres menos, y si queremos progresar en el mercado internacional necesitamos más producción”.

En paralelo, la reciente decisión de la Unión Europea postergar hasta diciembre de 2026 la entrada en vigencia de la normativa que exige de carne libre de deforestación abrió una ventana de trabajo para toda la cadena.

Desde el ámbito científico y tecnológico, el balance del año es positivo. Gerardo Leotta, investigador del CONICET y referente en trazabilidad, destacó los avances logrados con relación a la normativa europea. “Cumplimos con creces los objetivos y estamos listos para dar respuesta al requerimiento y acompañar a los importadores, que son quienes van a recibir la presión normativa”, señaló.

Leotta remarcó que el plazo adicional debe ser aprovechado estratégicamente: “Este año de prórroga lo tenemos que usar para trabajar con los productores, informar y romper mitos que surgen cada vez que se habla de este tema”. En ese sentido, subrayó que el desafío no es menor, ya que la normativa europea no se limita al último eslabón productivo.

“No pide solo libre deforestación en el último establecimiento por donde pasó el animal, sino que va hasta el primer campo de cría. Además, exige garantías de trazabilidad, cumplimiento ambiental, fiscal, laboral y hasta de derechos humanos, especialmente con pueblos originarios”, detalló. Y agregó: “el reglamento europeo está armado de un modo maquiavélico”.

Desde la industria, Ravettino coincidió en que la prórroga puede ser útil para profundizar los sistemas ya existentes, aunque cuestionó la forma en que actuó el bloque europeo. “Hay una desprolijidad muy grande. Aún no está oficializada la postergación cuando todos saben que la mercadería que ingresa el 1° de enero se produce desde la segunda quincena de noviembre. Además, seguimos reclamando que se revise la categorización de la Argentina como país de riesgo medio, cuando nuestro nivel de deforestación es insignificante”, sostuvo.

La mirada desde las entidades de productores aporta un contraste más crítico. Ulises Forte, dirigente federado, describió un año “atípico”, atravesado por la coyuntura política y por precios que, si bien son buenos, no alcanzan para hablar de un verdadero desarrollo ganadero.

“El buen precio no significa desarrollo ni distribución. Hoy un productor de cría puede estar pasando un excelente momento, pero el mundo ganadero está año luz de ser homogéneo”, afirmó.

Forte puso el foco en las dificultades de otros eslabones de la cadena. “El invernador se está fundiendo, hay engordadores que no pueden engordar más, frigoríficos que achican faena o cierran, cheques rechazados. Falta una política impositiva y financiera que acompañe”, enumeró. Y fue más allá al cuestionar la carga tributaria: “Le sacan dos puntos a las retenciones y eso jamás llega al productor, pero siguen el impuesto al cheque, al combustible, los anticipos de Ganancias. Así no hay política de desarrollo”.

En cuanto al futuro, las perspectivas generan incertidumbre. Forte advirtió sobre la fragilidad del mercado interno y la dependencia del comercio exterior señalando que el 30% de las exportaciones tiende al mercado interno, y el mercado interno no puede pagar más porque está destruido. “Cuando China o Europa digan ‘hasta acá’, el impacto se va a sentir fuerte”, alertó, al tiempo que reclamó previsibilidad para transformar el actual “veranito” de precios en un verdadero boom ganadero.

Desde el Consorcio ABC, Ravettino coincidió en que la rentabilidad es condición indispensable para producir. “Si el productor no tiene rentabilidad, no va a producir. Hoy la tiene y ojalá se pueda aprovechar este momento”, señaló. Frente a la menor disponibilidad de cabezas, planteó que una salida posible es mejorar la eficiencia: “En cabezas va a costar, pero en kilos se puede crecer. Argentina faena animales muy livianos; con procesos de recría y el clima acompañando, se puede aumentar el peso por animal”.

Así, entre exigencias ambientales cada vez más complejas, números de exportación que muestran fortaleza y una estructura productiva que reclama reglas claras y políticas de largo plazo, la ganadería argentina enfrenta un año bisagra. Un tiempo de transición que, según coinciden investigadores, industriales y dirigentes rurales, debería servir para consolidar herramientas, ordenar la cadena y sentar las bases de un crecimiento sostenible que vaya más allá de los buenos precios coyunturales.

La cadena avícola transitó un año “extraordinario”, pero no necesariamente en sentido positivo. Así lo describió el directivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida en Chacra Agro Continental, quien dividió el período en cuatro etapas bien diferenciadas. Un primer trimestre “preocupado”, en el que la demanda superó la oferta y obligó a reconfigurar todo el plan de trabajo; un segundo trimestre de equilibrio; un tercero con señales de sobreoferta; y un cierre de año “complejo”, marcado por una caída fuerte del precio al consumidor.

Prida remarcó que, mientras el valor del huevo retrocedió, los costos subieron por la recomposición de granos, energía y mano de obra, además del impacto del dólar en insumos dolarizados. En este escenario, advirtió: “La ecuación está muy finita: el que hace las cosas bien va a estar bien; el que las hace desprolijas, la va a pasar mal.”

Uno de los datos salientes es el consumo anual por habitante, que ya supera los 385 a 390 huevos per cápita, cifra que calificó como “extraordinaria”. Sin embargo, ese nivel se sostiene principalmente “a base de precio”, debido a que el productor perdió capacidad de cobro desde mayo.

El sector cerrará el año con un salto productivo significativo. CAPIA estima que el stock pasó de 57,7 millones de gallinas a más de 61,5 millones, un crecimiento del 6,5%. A eso se suma un avance sostenido en tecnología: hoy, el 84% del parque productivo opera con sistemas modernos, con climatización y manejo integral.

Prida comparó estos establecimientos con “hoteles cinco estrellas para el animal”, capaces de sostener temperaturas constantes durante todo el año. Esa eficiencia explica que la producción por ave alojada siga en aumento: de promedios de 280 huevos hace dos décadas, se pasó a más de 320 en algunos establecimientos.

De cara al 2026, el dirigente se mostró inquieto por la proliferación de nuevos jugadores que operan por fuera de la estructura gremial y del sistema formal. “Ingresaron al negocio, se beneficiaron con lo que hace CAPIA y no colaboran”, cuestionó.

Respecto de los mercados externos, confirmó que se avanza en un nuevo envase de 60 unidades, actualmente en pruebas y pendiente de aprobación por parte del Senasa. En materia impositiva, volvió a poner el foco en el IVA del huevo, que se mantiene en el 21%. “Castigan con el IVA a uno de los alimentos más importantes de la canasta”, afirmó. Mientras otras proteínas animales tributan el 10,5%, la alícuota actual —señaló— alimenta la informalidad y desalienta inversiones. Según estudios encargados por la entidad, una reducción del IVA permitiría mayor formalización y recaudación, pero el Gobierno aún no avanza en ese sentido.

En tanto, el presidente de CAPIA, Juan Kútulas, adelantó en Chacra Agro Continental, que “2026 se perfila como un año difícil para el sector productor de huevos” y destacó la posibilidad de “incrementar la exportación, a pesar de las dificultades que en términos logísticos y de competitividad hoy tiene el producto”, así como también de “aumentar el consumo interno”.

La Sociedad Rural de Rosario advirtió que “desde hace dos años solicita reuniones con los ministerios de Producción y Seguridad de Santa Fe sin obtener respuestas”, y reiteró su pedido de mantener una reunión “entre las partes involucradas para encontrar soluciones claras, eficaces y concretas”.

En ese contexto, denunciaron que hay una “desarticulación de mecanismos de control y una ausencia de propuestas para el ámbito rural” lo que ha derivado en “un aumento de los delitos en los campos”.

Los ruralistas aseguraron que “se desmanteló OJO y su vínculo con las entidades agropecuarias, herramienta clave para combatir el delito rural”.

OJO es la Central de Información Criminal Operativa, que recolecta, sistematiza y analiza datos delictivos en tiempo real para planificar el despliegue policial, optimizar recursos y tomar decisiones de seguridad basadas en inteligencia, que fue inaugurada en 2017 cuando el actual gobernador de Santa Fe era el ministro de Seguridad de la provincia, y funciona con personal policial y civil.

Los productores santafesinos puntualizan que el sistema de monitoreo y coordinación fue “útil para prevenir hechos de abigeato, robos de maquinaria y hurtos de granos”. Alertan, además, que la última reunión del Consejo Empresario con el Ministerio de Seguridad provincial “se centró exclusivamente en la seguridad urbana, sin propuestas concretas para el campo”.

La entidad presidida por Tomás Layus fue contundente al describir el escenario: “falta de controles y una creciente vulnerabilidad de productores y trabajadores rurales”.

El sector productivo insiste en que la inseguridad rural requiere acciones específicas: justicia efectiva, investigaciones, más patrullajes, reactivación de sistemas de monitoreo, canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad y una agenda de trabajo formal entre el Estado y las entidades agropecuarias.

La expansión de la peste porcina africana (PPA) volvió a encender alarmas en Europa, especialmente en España, principal productor y exportador de carne de cerdo de la Unión Europea. Juan Uccelli, consultor porcino, explicó en Chacra Agro Continental que la enfermedad —descubierta a principios del siglo XX y sin vacuna hasta hoy— “tiene una alta mortandad y cuando entra a una granja hace un desastre”.

Según detalló, la PPA nació en jabalíes africanos y entre las décadas del ’60 y ’70 logró ingresar a Europa y al continente americano. Hoy avanza desde Europa del Este hacia el oeste y ya fue detectada en animales salvajes en territorio español. Uccelli remarcó que la enfermedad “no afecta a los seres humanos”, pero genera un enorme impacto sanitario y comercial: la aparición de un brote en criaderos provoca el cierre automático de mercados internacionales.

El especialista explicó que, en granja, los primeros signos son abortos y una mortandad muy fuerte de lechones, seguida de un avance rápido que puede llevar a la pérdida casi total del criadero. Aunque existen hipótesis que atribuyen algunos contagios al movimiento de productos o transportes, Uccelli consideró más probable que el vector principal siga siendo el jabalí europeo.

Pese a décadas de investigación, la comunidad científica no logró aún un desarrollo efectivo. Uccelli señaló que se trata de “un virus muy grande al que no le encuentran la vuelta y que las vacunas experimentales de China y Estados Unidos no dieron resultados”. Europa trabaja hoy en una nueva línea de investigación, pero sin efectos comprobados.

Al analizar la situación local, el analista fue categórico y remarcó que “El estatus del sector productivo argentino es casi perfecto, gracias a Dios y gracias al Senasa que hace las cosas.” El país es libre de peste porcina africana, peste porcina clásica y del síndrome respiratorio y reproductivo porcino. Las únicas dos enfermedades que se mantienen como desafíos son la triquinosis y la enfermedad de Aujeszky, ambas bajo control, pero aún presentes.

El consultor también se refirió al mercado interno y al plan porcino hacia 2030. Según sus datos, el consumo ya supera los 23,5 kilos anuales por habitante y podría alcanzar los 34 o 35 kilos en pocos años. Atribuyó este crecimiento a tres factores principales: La mejora en la percepción del consumidor, la facilidad de preparación de la carne porcina y la importante diferencia de precios respecto de la carne vacuna.

Por último, Uccelli destacó la elevada eficiencia productiva del sector: “Una cerda en Argentina puede generar hasta 3.200 kilos de carne por año, y algunas granjas llegan a 4.400”.

El trigo marcaría un nuevo hito productivo y proyectan 27,7 millones de toneladas en la campaña 2025/26. Según la última estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la cosecha alcanzaría los 27,7 millones de toneladas, es decir, 3,2 millones más que lo previsto en el informe anterior. La proyección supera ampliamente las expectativas iniciales y marca un récord histórico para el cereal.

“La campaña triguera sigue sorprendiendo con rindes impensables”, aseguró la entidad rosarina, al remarcar que estos resultados se dan en un ciclo iniciado bajo la incertidumbre por la sequía previa. Las primeras previsiones hablaban de una producción cercana a los 20 millones de toneladas, pero los rendimientos, que superan los 60 quintales por hectárea, modificaron el escenario por completo.

La BCR detalló que en la región núcleo se sembraron 220.000 hectáreas adicionales, a las que se suman 50.000 hectáreas más en Entre Ríos. Con estos ajustes, el país totaliza 7,17 millones de hectáreas implantadas con trigo.

Avanza la cosecha

A nivel nacional, la trilla registra un progreso del 58 %, retrasado por las lluvias que afectaron el ritmo de trabajo. Para la proyección final, la BCR consideró una superficie no cosechada de 400.000 hectáreas. Si se confirma la estimación de 27,7 millones de toneladas, la producción será 37 % superior a la de la campaña anterior.

Provincias con rindes récord

Santa Fe lidera el ranking con un rendimiento promedio estimado de 47,3 qq/ha, aunque aún falta recolectar la mitad del área sembrada. La siguen Buenos Aires, con 43,2 qq/ha, Entre Ríos con 42 qq/ha, y Córdoba con 39,6 qq/ha. La BCR destacó que todas estas marcas constituyen récords provinciales.

El informe también subraya que este año las lluvias acompañaron y no limitaron el desarrollo del cultivo. Además, se registró una fuerte inversión del sector en tecnología: semillas mejoradas, estrategias de control sanitario, fertilización y refertilización, clave para enfrentar la pérdida de nutrientes por lixiviación.

Estimación más conservadora

En paralelo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires reportó que la cosecha avanzó hasta el 60,2 % del área apta, con un progreso intersemanal de 14,9 puntos porcentuales. Los rendimientos oscilan entre 20 y 80 qq/ha, con promedios de 37 a 38 qq/ha en Córdoba y el centro-norte santafesino, 45 qq/ha en Entre Ríos y entre 56 y 58 qq/ha en los núcleos Norte y Sur. El rendimiento promedio nacional se ubica así en 41,4 qq/ha.

Con los primeros lotes cosechados en el sur del área agrícola —donde se registran entre 35 y 48 qq/ha, por encima de los promedios históricos—, la entidad porteña mantiene su proyección en 25,5 millones de toneladas.

La campaña 2025/26 se perfila así como una de las más destacadas de los últimos años, impulsada por rindes excepcionales y una recuperación productiva que supera las previsiones iniciales.

El 31º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, con datos de capturas relevados hasta el 29 de noviembre de 2025, presenta un panorama excelente para los maíces tempranos: más del 90% se encuentra ya en estadios reproductivos y, por tanto, fuera del período de susceptibilidad a Spiroplasma.

La ausencia del vector sigue predominando en todas las regiones, aunque desde la Red alertan que se debe prestar especial atención a algunos focos neurálgicos en las zonas endémicas y en Corrientes.

En la zona endémica del NOA, la plaga estuvo ausente en el 46% de las localidades, mientras que en un 37% las capturas registraron el nivel mínimo (1 a 4 adultos por trampa). En un 2% aparecen puntos neurálgicos, particularmente en Alto Verde (Tucumán), correspondientes a lotes destinados a producción de choclo o semillas.

En el NEA, el 62% de las localidades siguió sin detecciones de chicharrita, mientras que un 24% presentó las capturas más bajas. Un 3% de las localidades históricamente endémicas presentó niveles de detección altos: Juan José Castelli en Chaco, y Comandante Fontana y Las Lomitas en Formosa; en tanto en el Litoral, el 62% de las localidades monitoreadas no registró capturas, y el 24% presentó el menor nivel de presencia. Sólo en algunas localidades de Corrientes se sobrepasaron esos niveles, particularmente en Mercedes.

En cuanto a la región Centro-Norte, se mantuvo estable, con un 89% de las localidades sin detecciones del vector, y el resto, con capturas mínimas. El 77% de las trampas se situó sobre lotes maiceros; y en el Centro-Sur, la ausencia de chicharrita continuó en el 95% de las localidades, mientras que el resto estuvo en la categoría mínima.

Para los expertos de la Red, es clave mantener los monitoreos a lo largo del año, tanto con trampas como con observación de cultivos, y tanto en las zonas de maíces tempranos (especialmente si ya cesaron las intervenciones), como en las áreas de siembra tardía, donde los maíces voluntarios (“guachos”) pueden favorecer la supervivencia y multiplicación de la plaga y sus patógenos.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) renovó sus autoridades durante la realización de los comicios y la Asamblea General Ordinaria. La lista encabezada por Pablo Bortolato se impuso con 309 votos frente a los 286 obtenidos por la nómina liderada por Víctor A. Cabanellas, en una elección que contó con una participación del 67,6% del padrón habilitado.

Del total de 894 socios en condiciones de votar, 605 emitieron su sufragio. El acto eleccionario estuvo supervisado por la Comisión Electoral integrada por Guillermo Gustafsson, Gonzalo Almeyda y Marcos Marinelli.

Durante la Asamblea se eligieron Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, cinco vocales titulares y dos vocales suplentes, todos con mandato por dos años, además de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, quienes ejercerán por un año. También se aprobaron la Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio, así como la gestión del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora.

Concluido el recuento, la Asamblea proclamó oficialmente a Pablo Bortolato como presidente de la institución, sucediendo en el cargo a Miguel Simioni. Lo acompañarán Jorge Tanoni como Vicepresidente 1° y Javier Gastaudo como Vicepresidente 2°.

Los vocales titulares designados fueron Sebastián Bottallo, Tomás Rodríguez Ansaldi, Mayra Boglich, Miguel Simioni y Julio Roldán; mientras que Mauro Venturi e Ivanna Sandoval resultaron electos como vocales suplentes. En tanto, en la Comisión Revisora de Cuentas, los cargos titulares recayeron en Enrique Lingua, Carlos García Beltrame y Ernesto Antuña, y los suplentes en Cintia Majul, Clara Vogel y Daniel Vigna.

Con esta renovación de autoridades, la Bolsa de Comercio de Rosario inicia un nuevo período institucional bajo la conducción de Bortolato -operador bursátil de tercera generación, y ex presidente del Mercado Argentino de Valores- por los próximos dos años.

El ICA-ARG subió 0,1% y recuperó parte del terreno perdido. Tras varios meses de caídas, el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró en octubre un incremento del 0,1%, mientras que el desempeño interanual se mantuvo en alza, con una variación del 1,2%. La mejora mensual, aunque moderada, marca un quiebre en la tendencia descendente observada entre marzo y septiembre.

El índice se ubica ahora un 6,1% por encima del piso de marzo de 2024, aunque todavía permanece 1,8% por debajo del máximo de febrero, reflejando el retroceso acumulado durante buena parte del año.

¿Qué sectores impulsaron la mejora?

Cuatro de los diez componentes del ICA-ARG mostraron avances en octubre: la construcción —con un repunte del 2,2% que revierte la caída del invierno— y la recaudación nacional, que volvió a crecer tras siete meses en baja. También se registraron incrementos en las importaciones de bienes y en las remuneraciones brutas de los trabajadores privados registrados. En contraste, el deterioro de los patentamientos de vehículos nuevos, la pérdida de empleo registrado y la caída en la tasa de entrada al mercado laboral actuaron como contrapesos negativos.

Producción industrial: persiste la recesión

La industria acumuló ocho meses consecutivos de retrocesos, con una baja total del 5,1%. Aunque en octubre la variación mensual fue prácticamente nula (-0,01%), el sector continúa en terreno recesivo. En la comparación interanual, la caída alcanza el 4,2%.

Algunos rubros, como el automotriz, las metálicas básicas, el petróleo y los alimentos, mostraron señales de alivio y contribuyeron a moderar la tendencia negativa.

Comercio exterior: importaciones en alza

Las importaciones volvieron a crecer (1,3% mensual y 13,5% interanual), alcanzando su mayor nivel desde agosto de 2023. Las exportaciones acompañaron la mejora, aunque con menor impulso, lo que redujo el superávit comercial de bienes, que se mantiene positivo.

Por otro lado, las ventas minoristas continuaron en retroceso, con una baja del 0,1% mensual y del 3,2% interanual, afectadas sobre todo por descensos en autoservicios mayoristas y centros de compras.

Los indicadores más golpeados

El empleo privado registrado cayó 0,3% en octubre y ya perfora el mínimo de 2024, acumulando una pérdida cercana a los 200.000 puestos frente al máximo de agosto de 2023. La tasa de entrada al mercado laboral también retrocedió (-2,9%), aunque se mantiene por encima de los niveles del año pasado.

En tanto, los patentamientos de vehículos nuevos mostraron su quinta baja consecutiva (-2,3%), afectados por el encarecimiento del crédito, aunque con expectativas de mejora ante la reducción de tasas en noviembre.

Señales de alivio en la economía

La recaudación total del Estado nacional creció 0,8% mensual, cortando una serie de siete descensos. No obstante, sigue 6,5% por debajo del registro de octubre de 2024.

Por su parte, los salarios brutos del sector privado registrado subieron 0,5% en el mes y acumulan una mejora real del 0,8% en el trimestre, ubicándose 4,6% por encima del nivel de un año atrás.

En cuanto al Índice Líder de Actividad (ILA-ARG) registró en octubre una variación positiva de 0,02%, interrumpiendo su secuencia de siete meses en baja. Ocho de sus doce componentes aportaron al alza, entre ellos la base monetaria, el gasto de capital del Estado, las transferencias de autos usados y el índice de confianza del consumidor.

Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en base a la actualización de un trabajo de CREA, estimó que en 2025 el productor ganadero desembolsará US$ 20.322 millones.

De este total, US$ 9.954 millones corresponderían a reposición de hacienda; US$ 8.592 a gastos directos e indirectos; US$ 1.021 a bienes durables; y US$ 755 millones, a gastos de comercialización.

En diálogo con Chacra Agro Continental, Emilce Terré, del Área de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), puntualizó que “Argentina produce anualmente poco más de 3 millones de toneladas de carne vacuna”, es el principal consumidor de carne por habitante y, en el frente externo, “es el quinto exportador del mundo”. En 2024, el complejo carne y cuero bovinos fue el sexto complejo exportador de Argentina.

El informe de la BCR puntualiza que sostener esta capacidad productiva requiere “un esfuerzo de recursos constante y significativo”.

El stock ganadero que, según fuentes oficiales comenzó el año en 51,6 millones de cabezas, define un punto de partida físico para la cuantificación de los desembolsos. El tamaño y la estructura de dicho rodeo constituyen uno de los drivers principales que determinan la magnitud de los gastos e inversiones requeridos por la cadena.

El modelo de estimación de gastos elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario abarca cinco grandes rubros: gastos directos, de comercialización, e indirectos, inversiones en bienes durables y reposición de hacienda.

El primer componente del desembolso total corresponde a los gastos directos, que comprenden aquellas erogaciones operativas intrínsecamente ligadas al proceso de producción ganadera. Los mismos fueron actualizados a partir de los datos de rodeo bovino de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), y de los costos directos por hectárea para diferentes modelos de producción.

Para el año 2025, se estima que estos gastos alcanzarían un total de US$ 4.117 millones. Se destaca el rubro de Alimentación como el principal componente de costos, representando el 73% del total. Este rubro se desagrega en US$ 1.926 millones destinados a suplementación y US$ 1.060 millones a pasturas y verdeos. Los desembolsos directos restantes se componen de gastos de personal (US$ 688 millones) y sanidad (US$ 443 millones).

El segundo rubro cuantificado corresponde a los gastos de comercialización, los cuales agrupan las erogaciones necesarias para la venta de la hacienda. Se proyecta que estos desembolsos alcanzarán un total de US$ 755 millones en 2025. Este monto se desagrega en dos componentes principales: las Comisiones por ventas, que representan el 62,4% del total (US$ 471 millones), y los gastos de Transporte, que explican el 37,6% restante (US$ 284 millones). Las comisiones estimadas contemplan las distintas modalidades de operación del sector, incluyendo mercados concentradores, remates feria, “gancheras” y ventas directas. Por su parte, el costo de transporte cubre los traslados de animales tanto entre establecimientos como hacia las plantas de faena.

En tercer lugar, se cuantifican los gastos indirectos, proyectados en US$ 4.475 millones para 2025. El principal componente de esta categoría es Estructura y Administración, con un desembolso estimado de US$ 2.827 millones. Estos gastos se originan por la necesidad de mantener el establecimiento en condiciones de producir y gestionar técnica y económicamente la empresa. Incluyen una amplia gama de rubros como el personal de estructura, encargado de campo, personal de oficina, movilidad, asesoramiento técnico, contable e impositivo, energía eléctrica, mantenimiento de infraestructura, comunicaciones y gastos de oficina.

El segundo rubro de mayor peso dentro de los gastos indirectos es Arrendamientos y Pastajes, estimado en US$ 1.397 millones. Este monto refleja el costo del uso de la tierra, considerando, de acuerdo con el trabajo de CREA, que la mayoría de los contratos se establecen en forma trianual (con referencia a kg de novillo o en pesos por ha), además de modalidades de “pastaje” de tiempos menores. Para actualizar los gastos en este rubro, se ajustó el resultado del trabajo de CREA en función de la evolución en el precio del novillo.

Finalmente, el ítem de Financiamiento completa la categoría, con una proyección de US$ 251 millones.

En cuarto lugar, se cuantifica el componente de inversiones en bienes durables. Se proyecta que para 2025, la misma se ubicaría en US$ 1.021 millones, bajo el supuesto de que la misma se mantenga relativamente constante en dólares con respecto al informe de CREA. Esta cifra representa la erogación estimada para la reposición y adquisición de activos fijos, e incluye los desembolsos en maquinarias, mejoras de infraestructura, compra de pickups, entre otros conceptos.

El último y más significativo componente del desembolso total es la reposición de hacienda. Esta categoría, que se proyecta en US$ 9.954 millones para 2025, es fundamental para capturar el flujo de costos entre las distintas etapas productivas. El monto computa dos elementos claves: por un lado, el costo operativo de reposición de los terneros/as que la invernada y los engordadores le compran a la cría; por otro, incluye la reposición de vientres, la cual se estima en un 20% anual sobre el stock total de vacas.

“Urgente e innegociable: para 2030, deben estar terminadas las obras del Plan Maestro del Río Salado”, advirtieron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), en un comunicado en el que subrayan que “desde hace nueve meses, los productores y habitantes de una amplia zona de la provincia de Buenos Aires —sobre todo en su región central— vienen enfrentando una inundación como no se veía desde hace muchos años”.

Agregan que “este evento climático, que por ahora no muestra señales de retroceder, expuso con crudeza reclamos que venimos planteando desde CARBAP hace tiempo ante autoridades municipales, provinciales y nacionales”.

“Todos, sin excepción, cargan con una cuota de responsabilidad que ya no pueden esquivar”, subrayaron desde la entidad que preside Ignacio Kovarsky.

Más de 5 millones de hectáreas inundadas o afectadas

En la cuenca del río Salado —unos 17 millones de hectáreas— según cálculos realizados sobre imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, se registran aproximadamente 2.000.000 hectáreas inundadas/anegadas y casi 3.800.000 de hectáreas afectadas.

Al referirse a la superficie afectada, aluden al área aun sin agua visible que no posee condiciones mínimas para avanzar con las labores de siembra: falta de piso, caminos intransitables y ausencia total de accesibilidad para maquinaria. En los hechos, son hectáreas que quedaron fuera de producción.

Desde CARBAP “exigimos a los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad. Y establecemos un objetivo concreto, urgente e innegociable: Para el año 2030, las obras del Plan Maestro del Río Salado deben estar terminadas en su totalidad”, reclamaron.

Calificaron a la petición como “una obligación moral, productiva y social, dado que estamos hablando de millones de hectáreas productivas, miles de familias rurales y millones de bonaerenses afectados directa e indirectamente”.

Para CARAP “falta decisión política”

“No pedimos lo imposible. No hablamos de tecnologías revolucionarias ni de colocar una misión tripulada en Marte. Se trata de canales, puentes y obras hidráulicas básicas, para las cuales Argentina cuenta con técnicos, ingenieros y maquinaria disponible”, detallaron en el documento público.

“La capacidad existe; lo que falta es decisión política. Y frente a quienes repiten que “no hay plata”, la respuesta es simple y contundente: en esta cuenca sí hay plata, la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años”, destacaron.

“Las inundaciones no esperan. La producción no espera. La familia rural, la educación, la salud, la seguridad y el futuro del interior productivo tampoco pueden seguir esperando”, concluye el comunicado de CARBAP.

“Estamos iniciando un proceso que nos va a lleva a momentos extraordinariamente buenos, que no vivimos en el pasado” en la ganadería, aseguró el consultor Víctor Tonelli, y agregó que “lo que nos parece que es un boom, recién está empezando”.

En cuanto al escenario internacional, el analista, que participó del 4º Congreso Federal Ganadero organizado por el Rosgan, puntualizó que “el gobierno ha generado el punto más importante de todo lo que ha hecho, prohibiendo prohibir exportaciones. Eso hace que podamos ser parte de lo que está pasando en el escenario internacional”.

Tonelli reseñó que “la demanda internacional está creciendo significativamente, por consumidores que habitualmente no compraban carne vacuna como Asia, Medio Oriente y norte de África”. Y apuntó que “esa enorme región” que excede los 3.500 millones de habitantes, hace 20 años atrás representaba el 23% del comercio mundial o importación de carne de todo origen y a 2024 representaba el 64% de las exportaciones de toda carne del mundo, y al cierre del 2025 será aún más. “Ahí vemos la enorme oportunidad que tenemos para crecer”, resaltó.

Proteína animal “auditable”

El segundo factor, dijo, “después de estar bajo la sombra de los multiprocesados vegetales”, los jóvenes “han descubierto que las proteínas animales son buenas”, y están ávidos de información: “quieren saber cómo se produjo y premiar la responsabilidad social”, les interesa si “carne libre de deforestación, implica trazabilidad, geolocalización… quieren comer proteína animal pero no cualquier cosa, certera y auditable”, subrayó Tonelli

El consultor se refirió, además, a China, como “una locomotora de compra”, pero advirtió que “hay oportunidad para crecer en mercados donde Argentina prácticamente no tiene exportación, o representa menos del 1%”, como Corea, Japón, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Arabia Saudita.

Precios sin techo

Respecto de los precios, Tonelli dijo que octubre registró “niveles extraordinarios” y resaltó que hace 20 meses que vienen subiendo de manera permanente; y anticipó que “todavía no sabemos cuál es el techo. En valores constantes octubre es el mes más alto en los últimos 35 años. Esto no es un boom, es un cambio absoluto con la tendencia que está en el mundo”, precisó.

Con relación a la situación en Estados Unidos, Tonelli subrayó que se trata del país con mayor volumen de producción del mundo, que, en la actualidad, “tiene el stock más bajo de los últimos 74 años”. Estados Unidos duplicó las importaciones de años precedentes, transformándose en el segundo país importador del mundo. “Lo que está pasando a nivel internacional es parte de un proceso que nos va a llevar a momentos extraordinariamente buenos para la ganadería, que no vivimos en el pasado”, subrayó.

Año bisagra

Sobre el escenario 2025, apuntó que se trata de un año bisagra a nivel de políticas públicas con cambios en la macroeconomía, volatilidad por escenarios electorales con bajo efecto en la ganadería. La quita de restricciones a las exportaciones cambió el enfoque del negocio.

Con relación a “los tiempos” de la recuperación ganadera, el consultor vaticinó: “por lo menos llevará dos años para empezar a ver resultados… un período en el que la oferta correrá detrás de la demanda y los precios van a ser para comer pocholo”.

El mercado inmobiliario rural argentino muestra signos de reactivación luego de más de diez años de quietud. Así lo sostuvo José María Bauza, expresidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) en Chacra Agro Continental, quien señaló que los precios empiezan a recuperar niveles similares a los de 2011 tras una larga etapa de desvalorización.

Según Bauza, la demanda comenzó a crecer a mediados de 2023, primero en los campos agrícolas y luego se extendió hacia los mixtos y ganaderos. “Hoy no se están atropellando para comprar campos, pero hay una dinámica que hacía mucho no veíamos”, comentó.

En cuanto a valores, precisó que las mejores tierras de la zona núcleo pueden alcanzar los 20.000 dólares por hectárea, aunque aclaró que “no hay un campo igual a otro y que la calidad de los suelos y la cercanía a los puertos siguen siendo factores decisivos”.

El ex directivo de CAIR también remarcó la necesidad de estabilidad y previsibilidad para sostener el flujo de inversiones. “No solo el campo, el capital necesita certezas. Ante la seguridad, comienza la inversión”, subrayó.

Respecto al tipo de inversores, Bauza explicó que la mayoría sigue siendo del mismo sector agropecuario o empresarios locales que buscan resguardar su capital. En cambio, los extranjeros —si bien consultan— se mantienen cautelosos por los vaivenes económicos y la falta de claridad en la Ley de Tierras.

Sobre las zonas más activas, mencionó que además de la región núcleo, Entre Ríos, el norte de Santa Fe, el este de La Pampa y el sur bonaerense muestran movimiento tanto en campos agrícolas como ganaderos.

Por último, destacó el efecto de los maniceros en el sur de Córdoba, que impulsaron los precios en esa región: “Fue una de las zonas que más se valorizó en los últimos cinco años, con subas que llegaron hasta Villegas” y que por el otro lado “La relación carne-hectárea hoy es sobresaliente”, aseguró.

.

La ciudad de Tandil se prepara para alcanzar un nuevo récord: intentará elaborar el salame con https://www.infobae.com/tag/denominacion-de-origen/Protegida más largo del mundo. “Queremos recuperar el récord que hoy tiene San Andrés de Giles”, anticipó Juana Echezarreta, presidenta del Consejo de la D.O.T. Salame de Tandil en Chacra Agro Continental.

La iniciativa nació hace varios años como una propuesta dentro del tradicional Festival de la Sierra, y con el tiempo se convirtió en un ícono tandilense. “Empezamos con pocos metros, y cuando Tandil cumplió 200 años logramos superar los 200 metros”, recordó Echezarreta. El último récord local alcanzó los 469 metros, y este año buscarán superar los 470 durante la fiesta que se realizará el 8 y 9 de noviembre.

El salame de Tandil tiene la particularidad de ser picado grueso, una receta tradicional anterior a las tecnologías de picado. El clima frío y las heladas de la zona también favorecen el secado natural, un rasgo que distingue al producto.

Para elaborar este extenso embutido se utilizan cientos de kilos de carne fresca y participan más de 50 personas en cada etapa del proceso: embutido, estacionamiento, traslado y degustación durante el festival. El primero de estas dimensiones fue presentado en 2014 y midió 16,1 metros. Cada año, esta cifra se fue superando y otras regiones productoras del país se sumaron al desafío.

El salame más largo de Tandil llegó a medir 401,73 metros, pero luego, San Andrés de Giles hizo uno de 469,18 metros, por lo que destronaron al producto tandilense que este año busca la revancha.

Echezarreta subrayó el valor de la Denominación de Origen, que protege la identidad y calidad del salame tandilense. “Es un sello de protección que garantiza que el producto tiene características únicas: el clima, la geografía, las recetas y la gente que lo elabora”, sostuvo. Además, destacó la trazabilidad total del proceso, ya que de esta forma se sabe de dónde provienen las carnes, cómo se alimentan los animales y cómo se trabaja la sustentabilidad en las granjas.

Durante el evento, además de la medición del salame, habrá muestras de la cadena productiva, concursos de atado y un gran fogón con degustaciones. La jornada previa incluirá charlas técnicas con especialistas y la participación de la Universidad Nacional del Centro, para lo que la entrevistada definió como “una celebración del conocimiento”.

Se realizó el tradicional remate del primer lote de trigo de la campaña 2025/2026, en instalaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Del evento -organizado por la BCBA, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y la Bolsa de Cereales de Córdoba, acompañadas por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe- participó Sergio Iraeta, secretario de Agricultura de la Nación.

El lote subastado proviene de Los Frentones, Chaco; el productor es el Sr. Roberto M. Polentarutti; fue rematado por el Ing. Agr. Diego Ojeda; y el comprador fue Molinos Cabodi Hnos. por $ 316.000 por tonelada. La comisión será donada por Ojeda y Cía. a Grupo Creo, que trabaja asistiendo a niños con enfermedades poco frecuentes.

En cuanto a las condiciones de calidad fueron supervisadas por los técnicos de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En la subasta estuvieron presentes Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Laura Passerini, vicepresidenta de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA); junto a autoridades de la BCCBA; y Diego Cifarelli, presidente de FAIM.

Récord de producción

Marra, señaló que: “esta campaña, el trigo, cultivo con una arraigada historia en nuestro país, podría marcar un récord de producción, con muy buena condición y estado”.

Por su parte, Diego Cifarelli, presidente de FAIM, señaló la necesidad de que se avance en reformas como la laboral y la impositiva de manera de mejorar inversiones y crear más empleo y de mejorar la competitividad sectorial eliminando impuestos distorsivos.

En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), Sergio Iraeta, consideró -en diálogo con Chacra Agro Continental-que el resultado de las elecciones legislativas “ratifica el rumbo” que el Gobierno de Javier Mieli ha marcado para el sector agropecuario. “La ciudadanía ha acompañado lo que se está haciendo” señaló el funcionario.

En cuanto a los proyectos de ley impulsados por el oficialismo que aguardan para ser tratados en el Congreso “tendrán más posibilidades” de convertirse en ley dado que “habrá más volumen político para lograrlo” y “trabajaremos para ello”, dijo Iraeta.

“Creo todo el mundo ha comprendido el mensaje de la ciudadanía, que se expresó en las urnas”, concluyó el titular de la SAGyP.

En cuanto a la última estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre la campaña de trigo 2025/26, proyecta una producción de 22 millones de toneladas, lo que representa un incremento del +18,6% respecto del ciclo agrícola anterior; un valor bruto primario a precios FOB de US$ 4.665 millones, mostrando un crecimiento del 9,8%.

Por otra parte, esta cosecha alcanzaría un valor agregado de la cadena de US$ 3034 millones (+5.7%).

Esto representa una inversión en insumos y servicios de US$ 2.294 millones (+16,7%), exportaciones por US$ 2294 millones (+1,55) y una recaudación fiscal de US$ 802 millones (+4,2%).

El Senasa oficializó el nuevo Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales, que transformará la trazabilidad del ganado bovino, bubalino y cérvido. Será a partir del 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, todos los terneros y terneras deberán portar un dispositivo electrónico que los acompañará durante toda su vida productiva.

La medida quedó establecida en una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde el organismo sanitario detalla los procedimientos, responsabilidades y controles que regirán el nuevo esquema.

Un paso más en la trazabilidad

El sistema prevé una identificación individual y permanente mediante un binomio compuesto por una caravana visual y un chip electrónico. Este último podrá adoptar tres formatos: botón con tecnología RFID, bolo ruminal o transpondedor inyectable.

El objetivo es reforzar la trazabilidad sanitaria y comercial del rodeo argentino, garantizando información precisa sobre cada animal desde su nacimiento hasta la faena.

¿Cuándo y cómo se aplicará?

Desde enero de 2026, ningún ternero, ternera o cérvido criado con fines comerciales podrá ser movilizado ni permanecer en su establecimiento sin estar identificado electrónicamente.

El productor deberá colocar el dispositivo al momento del destete o antes del primer movimiento del animal. La normativa describe tres modalidades de aplicación:

• Caravana botón RFID + tarjeta visual: el botón se coloca en la oreja derecha y la tarjeta en la izquierda.
• Transpondedor inyectable + tarjeta visual: el chip se aplica bajo el cartílago de la oreja derecha.
• Bolo ruminal RFID + tarjeta visual: el bolo se introduce en el rumen, mientras que la tarjeta se coloca en la oreja izquierda.

En todos los casos, la caravana debe quedar visible y libre de obstáculos que impidan su lectura.

Una vez aplicada la identificación, el productor cuenta con 10 días hábiles para declarar la operación ante el Senasa. Puede hacerlo de tres formas:

• En la Oficina Local del organismo, presentando la planilla correspondiente.
• De manera autogestionada en el sistema SIGSA.
• A través de la app oficial SIGBIOTRAZA, disponible en Google Play.

Cada dispositivo debe asociarse con los datos básicos del animal: sexo, raza y fecha de nacimiento.

En caso de muerte del animal, el productor u organizador del evento ganadero deberá registrar la baja en el SIGSA dentro de los 10 días hábiles.

En tanto que, si el dispositivo se daña o se pierde, la resolución establece distintos escenarios:

• si se conserva el chip RFID, no es necesario reemplazarlo.
• si se pierde el componente electrónico, se debe colocar un nuevo binomio.
• si se extravían ambos componentes, el animal pierde su condición de trazable.

La reidentificación debe registrarse oficialmente.

Integración con registros de razas

Por otra parte, el nuevo sistema reconoce los esquemas de identificación de la Sociedad Rural Argentina y las asociaciones de criadores. Los animales de pedigrí o registros equivalentes deberán llevar una tarjeta visual con su código particular (RP) y un chip electrónico compatible.

Movimientos, ferias y frigoríficos

Cada traslado deberá estar respaldado por el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e). El productor emisor debe generar la Tarjeta de Registro Individual de Tropa (TRI) en el SIGSA, mientras que el receptor debe confirmar la recepción al cierre del movimiento.

Las ferias, remates y frigoríficos también deberán declarar los dispositivos leídos con equipos homologados y reportar cualquier inconsistencia o duplicación.

En las plantas de faena, además, los chips deben ser recuperados, desactivados y destruidos in situ, para evitar que ingresen a la cadena alimentaria. Si el dispositivo no se recupera del cuerpo, la carne correspondiente será considerada no apta para consumo humano.

La Mesa Argentina de Carbono destacó un nuevo hito para el país en los mercados de carbono: el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1 es el primer proyecto de manejo forestal mejorado certificado en Argentina.

Se trata de una compañía argentina, miembro de la Mesa Argentina de Carbono, que obtuvo la certificación oficial de créditos de carbono bajo los estándares internacionales Verra VCS (Verified Carbon Standard) y CCB Gold Label (Climate, Community & Biodiversity – Nivel Oro), que dan cuenta de que el proyecto captura y reduce emisiones de gases de efecto invernadero, y que tienen impactos positivos en la comunidad local y la biodiversidad.

Este logro representa un avance clave en la consolidación de Argentina como referente regional en el desarrollo de proyectos de carbono con impacto ambiental, social y tecnológico, validando el compromiso del país con la restauración ecológica, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Un modelo de restauración con impacto real

Ubicado en la provincia de Misiones, el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1 abarca más de 22.800 hectáreas de la Selva Atlántica, uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. A través de prácticas de restauración forestal, manejo sostenible e inclusión de comunidades locales, el proyecto busca recuperar la funcionalidad ecológica del paisaje, generar empleo verde y promover economías circulares.

La certificación otorgada por Verra, una de las entidades más reconocidas del mundo en materia de estándares de carbono, confirma que el proyecto captura carbono de forma adicional, permanente y verificable, al tiempo que protege la biodiversidad y genera beneficios sociales tangibles.

El proyecto implementa acciones de conservación y monitoreo, contribuyendo a formar un hábitat propicio para la prosperidad de la fauna nativa. Apoya la conservación de 56 especies autóctonas de fauna, de las cuales 10 están en peligro de extinción en Argentina, entre ellas el Yaguareté, la Yacutinga, el Tapetí y el Sapito Panza Roja.

El proyecto está situado cerca de la comunidad indígena “Tekoa Alecrin”, por lo que se realizó una investigación exhaustiva para comprender su cultura y estructura social a fin de asegurarse respetar sus formas de interacción. Se implementó una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) para establecer una relación colaborativa y explorar maneras de mejorar sus condiciones de vida.

Además del componente ambiental y social, presentaron una plataforma de monitoreo forestal que utiliza inteligencia artificial y drones autónomos para mejorar la transparencia, trazabilidad y eficiencia en la medición de resultados. Esta herramienta tecnológica permite seguir en tiempo real el progreso del proyecto y garantizar la integridad de los créditos emitidos.

Inversión verde para construir un futuro sostenible

El proyecto marca el inicio de una nueva etapa de expansión, dado que ya se analizan más de 2 millones de hectáreas en distintos países de América Latina con el objetivo de restaurar 45 millones de hectáreas para 2035, posicionando a Argentina como epicentro de soluciones basadas en la naturaleza.

La medida del gobierno de Brasil que habilita la importación de ajo proveniente de China sin las barreras arancelarias acordadas con los productores del Mercosur generó alarma en el sector argentino. El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, advirtió que la apertura “pone en riesgo toda la cadena productiva”, especialmente en Mendoza y San Juan, provincias que concentran más del 90% del cultivo nacional.

“Brasil recibe el 64% del ajo argentino, y con los nuevos precios de ingreso es imposible competir”, señaló Leiva en el programa Chacra Agro Continental, al explicar que las empresas chinas están colocando la caja de diez kilos a apenas 16 dólares, mientras que para los productores locales el costo ronda los 18 o 23 dólares.

Hasta ahora, la barrera de protección establecida entre ambos países impedía el ingreso de ajo a Brasil a menos de 1,68 dólares por kilo, además de un arancel del 35% y un recargo de siete dólares por caja. La eliminación de esas condiciones favorece a cuatro firmas chinas y deja sin margen a los exportadores argentinos.

“El productor que tiene espalda va a tratar de aguantar, pero muchos quedarán fuera del circuito”, lamentó el dirigente rural. Según explicó, el 60% del trabajo en la cadena del ajo es manual, por lo que el impacto laboral sería inmediato si no se logra una solución diplomática.

Leiva consideró que el problema ya excede al productor y debe ser abordado por la Cancillería argentina a través de un nuevo acuerdo bilateral con Brasil. De lo contrario, advirtió, “mucho ajo quedará en el suelo y se perderán miles de empleos” en plena cosecha.

De Asia Occidental al Mediterráneo

El ajo, Allium sativum, es una planta perenne cultivada como anual, que probablemente sea originaria de Asia occidental e introducido desde allí en el Mediterráneo.

Según FAO la producción mundial de ajo es de aproximadamente 28 millones de toneladas.

Los mayores productores mundiales son China, India y Bangladesh, con el 86% del volumen comercializado en el mundo; en tanto que China, España, Argentina y Emiratos Árabes son los principales exportadores con el 92%; y Malasia, Indonesia y Brasil, son los importadores más significativos a nivel mundial.

Argentina atraviesa desde hace casi dos décadas un proceso de transformación en su matriz energética, con el objetivo de sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables. En ese camino, los biocombustibles producidos a partir de la caña de azúcar y el maíz han ganado protagonismo.

“Desde 2006 el país comenzó a incorporar los biocombustibles dentro de las naftas, con un 6% de alcohol de caña y un 6% de maíz”, recordó en Chacra Agro Continental Catalina Rocchia Ferro, titular de una empresa bioenergética, integrante de la Unión Industrial de Tucumán, y una de las empresas referentes del sector. Sin embargo, advirtió que el sistema actual, regulado por una fórmula polinómica que debería actualizar los precios, nunca se cumplió como estaba previsto.

Rocchia Ferro explicó que la actividad necesita previsibilidad y tiempo para adaptarse a eventuales cambios de reglas. “No se puede pasar de un sistema regulado a uno totalmente libre de un día para otro”, señaló. Y subrayó que el sector genera más de 50 mil puestos de trabajo en el norte argentino, además de producir energía eléctrica, papel, bagazo y alimento para el ganado.

Vaca Viva

"Muchas veces se habla de Vaca Muerta, pero la verdadera vaca viva está en el norte argentino, con toda la cadena de los biocombustibles y lo que generan”, sostuvo.

En relación con el proyecto de ley impulsado por la Liga Bioenergética, que integran Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, la empresaria destacó que busca elevar el corte de bioetanol del 12% (6% maíz y 6% caña) al 15% y avanzar hacia un esquema de precios más transparente.

El proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario en ambas cámaras, surgió del trabajo de articulación entre sectores públicos y privados, con el objetivo de fortalecer la producción de bioetanol y biodiesel, diversificar la matriz energética y promover el desarrollo federal.

Agregado de valor

Rocchia Ferro explicó que la iniciativa es importante para “agregar valor a la producción de caña de azúcar, al maíz o a la soja, y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados” con el consecuente ahorro de divisas; además de sostener cadenas de valor de alto impacto no sólo económico sino también social.

“La sustentabilidad energética del país depende de seguir invirtiendo en los ingenios y en toda la cadena de valor”, aseguró Rocchia Ferro, quien vive la zafra tucumana desde su infancia, que transcurrió entre los cañaverales. Hoy, tras un master de Finanzas en San Gall, Suiza, es una de los principales referentes en materia de bioetanol.

El marco normativo propuesto en el proyecto de la Liga de Provincias Bioenergéticas, contempla un incremento progresivo en los cortes obligatorios tanto de biodiésel como de bioetanol, la apertura de inversiones en el transporte aéreo, marítimo y fluvial; y reemplaza los cupos y precios fijados por el Estado por un esquema de licitaciones transparentes entre privados.

Este lunes, comienza una celebración internacional: la semana mundial del huevo, producto que se ha transformado en el segundo alimento más importante en la dieta de los argentinos, sólo superado por las carnes rojas, y por encima de la leche. Los datos, son producto de un estudio presentado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), que indica, además, que el 30% de los hogares argentinos aumentó su consumo en el último año, superando el 15% registrado en 2023.

El consumo promedio por hogar es, en la actualidad, de entre 6 y 12 unidades por semana, y la principal razón de este incremento es su accesibilidad económica, siendo la opción proteica más barata.

Cambio de hábitos

El informe indica que los hábitos de consumo también han cambiado, con un aumento significativo en la popularidad de los huevos duros, que pasaron del séptimo al primer lugar, y las ensaladas con huevo, que subieron del noveno al segundo lugar. En tanto, los huevos fritos cayeron al octavo lugar de preferencia de consumo.

Actualmente el precio es el factor más importante al momento de comprar huevos, seguido por la frescura y el tamaño, explicó el presidente ejecutivo de CAPIA, Javier Prida, quien subrayó que, en el primer semestre de 2025, el consumo de huevo alcanzó una marca histórica de 380 unidades por persona.

571 huevos por segundo

En el país, donde hay casi 60 millones de gallinas ponedoras, se producen más de 18.200 millones de huevos al año, a razón de 571 huevos por segundo, y se exporta a más de 65 destinos.

Prida puntualizó que el sector genera más de 30.000 empleos, y registra una facturación superior a los U$S 2.200 millones, con exportaciones que rondan los U$S 50 millones.