Los industriales azucareros analizaron en Tucumán el cierre de la zafra 2025 y delinearon las perspectivas para el nuevo ciclo, en un encuentro marcado por el optimismo moderado. Si bien la molienda alcanzó niveles récord, los resultados finales se ubicaron levemente por debajo de las estimaciones iniciales, en un contexto de recuperación de precios tanto en el mercado interno como en el internacional.

Durante la última campaña, el sector logró avances significativos en materia productiva y comercial. Se destacó una producción de alcohol que superó en un 6% a la del año anterior, mientras que las exportaciones de azúcar volvieron a ubicarse, por segundo año consecutivo, en torno a las 600.000 toneladas, consolidando la presencia argentina en los mercados externos.

Como resultado de la zafra, el stock inicial de azúcar para el próximo ciclo se estima en alrededor de 120.000 toneladas, equivalente a un mes de consumo interno. Este nivel se considera clave para garantizar el abastecimiento y aportar previsibilidad en el arranque de la nueva campaña.

En el plano económico, los industriales señalaron que , el sector anticipa un 2026 con mejores precios y alta producción En el frente externo, los valores mostraron caídas sostenidas durante el período, pero en las últimas semanas comenzaron a repuntar, tanto para el azúcar crudo como para el blanco.

De cara a 2026, el sector proyecta una nueva zafra con cifras destacadas. Se espera una producción de alcohol cercana a los 625.000 metros cúbicos, junto con un plan de exportaciones de azúcar que ya registra compromisos por 560.500 toneladas al mes de marzo, lo que anticipa un año con fuerte dinamismo comercial.

No obstante, persisten algunas incógnitas vinculadas a las condiciones climáticas. Si bien las lluvias del verano podrían traducirse en una mayor disponibilidad de caña, también generan incertidumbre sobre los rendimientos de azúcar. En este escenario, los ingenios avanzan con planes productivos y exportadores que incluyen envíos a mercados clave como Chile, Estados Unidos, Uruguay y el segmento orgánico, apostando a sostener el crecimiento del sector.

El mercado global de créditos de carbono atraviesa una transformación estructural que marca el inicio de una nueva etapa. Informes recientes de consultoras especializadas coinciden en que el sector avanza hacia una mayor madurez, con énfasis en la calidad de los proyectos, nuevas regulaciones internacionales y una creciente competencia por créditos de alta integridad.

De acuerdo con el reporte State of Carbon Credits 2025 de Sylvera, durante el último año se observó una leve caída en el volumen de créditos retirados a nivel global, que alcanzaron los 168 millones, un 4,5% menos que en 2024. Asimismo, la emisión de nuevos créditos descendió hasta las 270 millones de toneladas, el nivel más bajo desde 2020.

A pesar de esta contracción en los volúmenes, el valor económico del mercado continuó en expansión. Las transacciones de créditos de carbono totalizaron 1.040 millones de dólares en 2025, lo que representa un crecimiento superior al 6% interanual, reflejando una mayor valorización de los activos ambientales, según datos de la Mesa Argentina de Carbono.

Uno de los cambios más relevantes es el aumento en la exigencia sobre la calidad de los créditos. Los proyectos mejor calificados están logrando precios más altos, mientras que aquellos con menor integridad ambiental enfrentan una demanda más débil. En este sentido, la participación de créditos de alta calidad en las compras corporativas pasó del 44% al 50% en apenas un año, anticipando posibles tensiones en la oferta futura.

En paralelo, crecen con fuerza los contratos de compra anticipada, conocidos como offtakes, que buscan asegurar el suministro de créditos en los próximos años. Durante 2025 se anunciaron acuerdos por 12.250 millones de dólares, más de tres veces el valor registrado el año anterior, especialmente vinculados a proyectos de remoción de carbono y soluciones basadas en la naturaleza.

El impulso del mercado también estaría cada vez más ligado a esquemas internacionales y regulaciones emergentes, como el mecanismo CORSIA y el Artículo 6 del Acuerdo de París. En este contexto, América Latina aparece como una región con alto potencial. “Los informes muestran que el mercado está evolucionando hacia una etapa de mayor exigencia, donde la integridad ambiental, la transparencia y la calidad de los proyectos serán determinantes”, señaló Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, quien agregó: “Para países como Argentina, con gran potencial en proyectos vinculados a bosques, ganadería y agricultura, entre otros, este nuevo contexto global representa una oportunidad relevante para atraer inversiones y desarrollar proyectos de carbono con impacto ambiental y económico”.

El ingeniero agrónomo mexicano, Ernesto Cruz, quien logró rendimientos récord para el maíz en China -donde la productividad alcanzó las 44,04 t/ha-, y altos rindes en Argentina, con 23 t/ha en parcelas comerciales, defiende una visión integral del agro: productividad como medio para el desarrollo social, ambiental y económico.

El Ing. Agr. Cruz, conocido internacionalmente como “el Rey del Maíz” mantuvo una entrevista con el CEO de la Plataforma de Medios Chacra, Dr. Rubén Bartolomé, en el marco de la feria agropecuaria más grande de Paraguay, Innovar 2026. En ese contexto el mexicano, planteó una agenda que va más allá del rendimiento: “El medio es la productividad, pero el fin es el desarrollo de la familia y de las personas”. Al frente de un proyecto que ya es realidad en distintas regiones del mundo, Cruz resume su objetivo como “asistencia técnica integral para el desarrollo rural”.

Los logros que destaca son contundentes: 44,04 toneladas por hectárea de maíz en China (grano al 14%), más de 23 t/ha en Argentina —“de estar en ocho y media, nueve, a 23 en tres ciclos”—; caña de azúcar por encima de 260 t/ha en un ciclo; trigo por encima de 12 t/ha; arroz por encima de 11 t/ha; soja sobre 6,5 t/ha; y más de 120 t/ha en cebolla. Sobre frutales, cita “más de 6 kilos de arándano por planta” en algunos ensayos.

Cruz atribuye esos avances al trabajo en equipo y al aprendizaje: “Han sido 30 años de errores... fallamos, pero quisimos mejorar”. Si bien reconoce que la genética es “clave”, advierte que “es un solo factor” y que la producción es “la suma de muchos factores”.

En lo técnico, promueve altas densidades de siembra —“en lo comercial estoy sembrando 180.000 plantas por hectárea; en experimental hasta 350.000”— pero enfatiza la necesidad de reducir pérdidas: “Si no disminuyes tu merma entre lo sembrado y lo cosechado, no tiene caso subir población”. Recomienda bajar la merma a “8, 9, 10 por ciento” antes de aumentar densidades y evaluar qué material genético soporta esa presión.

Para el agrónomo, las prácticas de manejo son el factor que más depende del productor: “La calidad es el secreto de la cantidad. No es gastar más, es hacerlo bien y a tiempo.” Denuncia la tendencia a buscar culpables externos y pide humildad: “Jamás tenemos la humildad de decir es que no hago las cosas bien y no puedo mejorarlo.”

Sobre laboreo y raíces, adopta una postura crítica y empírica: “Las plantas no mienten”. Reconoce las bases científicas de la siembra directa y la labranza de conservación, pero reclama diagnóstico: “Todo el mundo tiene que diagnosticar.” Presenta muestreos con penetrómetro en 15.000 ha en las que, según dice, se observa compactación y raíces superficiales en muchos predios. Advierte que si las raíces no exploran el perfil profundo, la planta “agotó el agua disponible” y se pierde rendimiento.

Cruz rechaza prácticas extremas: “¡No arar. No quemar. Eso es un crimen!” Y reclama mayor inversión pública en investigación: “Los estados tienen que invertir mucho más en investigación y en desarrollo como responsabilidad social.”

El mensaje final es de impulso local y reconocimiento al productor argentino: “Yo nomás les abrí la puerta; ahora ellos lo están haciendo comercialmente y duplicando, a veces triplicando, rendimientos.” Para “el Rey del Maíz”, los resultados deben traducirse en “más riqueza para ellos” y mejor calidad de vida en el campo.

Argentina pasó de tener una experiencia aislada en el mercado voluntario de carbono a consolidar una cartera de diez proyectos agroforestales certificados bajo estándares internacionales. A tres años de la creación de la Mesa Argentina de Carbono (MAC), las iniciativas abarcan más de un millón de hectáreas —casi 50 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires— y reflejan la maduración de un ecosistema que combina capital natural, capacidades técnicas e inversiones con impacto territorial.

Los proyectos se desarrollan bajo estándares reconocidos globalmente como Verra, Cercarbono y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). Incluyen restauración y conservación de bosques nativos, forestación mixta y ganadería regenerativa. El objetivo común es transformar prácticas productivas en activos financieros de alta integridad ambiental, integrando captura de carbono, biodiversidad y desarrollo regional.

“El aumento de proyectos certificados demuestra que el sector agropecuario y forestal del país está viendo al mercado de carbono como un mecanismo que complementa la producción sustentable mediante ingresos económicos adicionales. Cada nueva validación internacional confirma que Argentina puede ofrecer créditos de carbono competitivos y de alto impacto al mundo”, señala Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

La expansión se aceleró en los últimos meses con nuevas iniciativas en el Gran Chaco, la Selva Misionera, las Yungas, el Litoral, la región pampeana y la Patagonia. Empresas nacionales, en alianza con inversores locales e internacionales, impulsan propuestas que combinan restauración de bosques, plantaciones forestales y manejo ganadero regenerativo, en un proceso que también se articula con proyectos certificados en energía, residuos y transporte.

Entre los casos destacados figuran el Proyecto SARA de ganadería regenerativa, que busca capturar carbono en más de 400.000 hectáreas de suelos y pastizales de Argentina, Chile y Paraguay; y el programa Patagonia Región Improved Grazing – POA, primer programa argentino de carbono en pastizales registrado por Verra, que promueve manejo holístico en 500.000 hectáreas de la estepa patagónica para revertir la desertificación, mejorar la salud del suelo y generar una nueva fuente de ingresos para productores ganaderos a través de la captura de carbono.

También se destaca la iniciativa Grassland Restoration in the Temperate Grasslands of South America, que promueve prácticas de ganadería regenerativa y manejo del suelo para incrementar el carbono almacenado en casi 30.000 hectáreas de la región pampeana, chaqueña y litoral de Argentina.

En cuanto a bosques nativos se destacan el Proyecto REDD+ Gran Chaco, que desde 2022 evita la deforestación y conserva casi 5.000 hectáreas de monte chaqueño, fortaleciendo al mismo tiempo la biodiversidad y el desarrollo local en una de las regiones forestales más relevantes de Sudamérica; y el Proyecto Selva Paranaense Vida Nativa en la provincia de Misiones, que abarca más de 22.800 hectáreas y combina conservación de biodiversidad, empleo local e innovación tecnológica para el monitoreo.

En forestación mixta sobresalen el proyecto Santo Domingo, en la provincia de Corrientes, con más de 15 años de implementación en 3.400 hectáreas; y el Unitán afforestation and reforestation of grazing lands, que impulsa plantaciones forestales en antiguas tierras ganaderas, alcanzando casi 2.500 hectáreas en Chaco y Formosa.

Asimismo, se destaca el proyecto Mixed afforestation with native and non-native species in Argentina, una iniciativa que abarca casi 1.000 hectáreas y busca capturar carbono mediante nuevas plantaciones que combinan especies nativas y exóticas; y el proyecto Silvopastoral Afforestation in Pampa-1, que combina forestación con producción ganadera en 95 hectáreas.

Otra de las iniciativas, es Afforestation with native and exotic species of degraded lands in northeast Argentina, que busca capturar carbono en tierras degradadas por la agricultura y ganadería mediante una plantación mixta de más de 3.300 de hectáreas en la provincia de Salta.

“El mundo necesita créditos de carbono confiables y Argentina está comprobando que tiene recursos naturales, conocimiento y empresas capaces de proveerlos. El desafío ahora es generar las condiciones para escalar”, destaca Cano. Con más proyectos en evaluación y una demanda internacional en expansión —impulsada por los mercados vinculados al Artículo 6 del Acuerdo de París—, el país podría triplicar su cartera en el corto plazo y posicionar al carbono como un nuevo vector estratégico de inversión productiva y generación de divisas.

El avance de la chicharrita del maíz volvió a tomar impulso en pleno verano. El 35º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, mostró un aumento general de las poblaciones en el inicio de febrero. El fenómeno se vincula con las altas temperaturas y la amplia presencia de maíces tardíos, aunque la región Centro Sur se mantiene como excepción, con una mayoritaria ausencia del insecto.

El dato más tranquilizador surge de los estudios de infectividad: mientras muchos cultivos ya atravesaron buena parte del período de susceptibilidad al complejo del achaparramiento del maíz, los análisis realizados en NEA y Centro Norte no detectaron presencia de Spiroplasma kunkelii. Sin embargo, los especialistas advierten que el riesgo no desapareció. En regiones endémicas aún predominan lotes en estadios vegetativos, donde una colonización temprana podría traducirse en pérdidas importantes.

Desde la Red remarcan que el monitoreo sigue siendo la herramienta clave. Recomiendan intensificar el seguimiento con trampas y observación directa sobre los cultivos, además de enviar muestras de insectos para análisis entomológicos. “La detección oportuna en estas fases iniciales resulta determinante para reducir el riesgo sanitario y preservar la eficacia de las estrategias de manejo implementadas”, señalaron los técnicos.

En el NOA, zona históricamente afectada, la presencia del vector continuó en aumento en coincidencia con los primeros estadios de los maíces tardíos. Aunque en una cuarta parte de las trampas no se registraron capturas, en la mayoría se detectaron entre 1 y 20 adultos, con focos de mayor abundancia en áreas productivas de Tucumán y Catamarca. Allí, gran parte de las trampas se ubican directamente sobre cultivos de maíz, lo que eleva la sensibilidad del monitoreo.

Un comportamiento similar se observó en el NEA, donde la chicharrita estuvo presente en la mayoría de las localidades relevadas. Las capturas se concentraron en niveles bajos a moderados, pero crecieron en zonas puntuales de Santa Fe y Santiago del Estero. En el Litoral, en tanto, también se registró un incremento, aunque la mayoría de los maíces ya se encuentra en estadios reproductivos, fuera del período crítico de susceptibilidad, lo que reduce el riesgo sanitario inmediato.

El Centro Norte mostró el incremento más marcado, con detecciones en tres de cada cuatro localidades monitoreadas y focos más intensos en el centro santafesino. Allí conviven lotes que ya superaron la etapa crítica con otros aún vulnerables. En contraste, el Centro Sur mantuvo un escenario estable y mayormente libre del vector. El panorama general combina una expansión poblacional esperable para la época con una baja infectividad detectada, un equilibrio frágil que obliga a no descuidar la vigilancia.

En un contexto de debate sobre el futuro energético y productivo del país, el bioetanol volvió a ocupar un lugar destacado. Así lo planteó en Chacra Agro Continental Jorge Feijoo, presidente del Centro Azucarero Argentino, al analizar la situación del sector y el potencial que tiene Argentina para ampliar el uso de combustibles renovables.

Actualmente, las naftas argentinas contienen un 12% de bioetanol, producido a partir de caña de azúcar y maíz. Según explicó Feijoo, ese porcentaje permitió consolidar una industria que creció de manera sostenida desde la sanción de la ley de biocombustibles en 2006, con inversiones permanentes y capacidad instalada suficiente para producir aún más.

“Argentina tiene un potencial enorme para producir combustibles renovables, porque es un país agrícola y agroindustrial”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el bioetanol no solo sustituye combustibles fósiles importados, sino que también cumple un rol clave en la calidad de las naftas.

En ese sentido, detalló que el etanol aporta octanaje de manera eficiente y a menor costo. “El etanol tiene 125 octanos y permite que las naftas argentinas alcancen los 95 y 97 octanos que exige la especificación técnica, sin necesidad de importar aditivos caros y contaminantes”, explicó.

Feijoo comparó la situación local con la de países vecinos: mientras Argentina mantiene un corte del 12%, Paraguay utiliza un 25% y Brasil combina un corte obligatorio del 30% con un parque automotor mayoritariamente adaptado a motores flex, lo que eleva el uso de etanol a un equivalente del 50% de las naftas consumidas.

De acuerdo con sus estimaciones, elevar el corte al 15% permitiría un ahorro anual de alrededor de 300 millones de dólares en divisas. “Solo en 2025 se importaron naftas por más de 600 millones de dólares. Subir el corte permitiría evitar aproximadamente la mitad de ese gasto”, señaló.

El dirigente advirtió que el marco normativo vigente limita el desarrollo del sector y consideró necesario avanzar hacia una mayor desregulación y competitividad. “La ley actual está agotada y está impidiendo nuevos desarrollos. Aspiramos a un esquema que promueva el desarrollo federal”, afirmó.

Respecto a la capacidad de abastecimiento, fue categórico y remarcó que la Argentina está en condiciones de cubrir su mercado interno con bioetanol. Indicó también que solo el 3,5% del maíz producido se destina hoy a la elaboración de alcohol y que existe un amplio margen para agregar valor, tanto en maíz como en caña de azúcar.

Finalmente, recordó que recientemente se habilitaron los motores flex en el país y subrayó que el paso indispensable sigue siendo elevar el corte obligatorio. “Aumentar del 12 al 15% es clave para aprovechar la capacidad instalada y consolidar una matriz energética más eficiente y competitiva”, concluyó.

Fundada en 2021, la Cámara de Comercio Argentino-Turca se consolidó como la única institución de este tipo en el país, con un perfil claramente orientado a facilitar el comercio bilateral y la cooperación empresarial. Bajo la presidencia de Özgür Yücel Demir, la entidad funciona como organización no gubernamental y articula vínculos entre compañías, organismos y provincias de ambos lados del Atlántico.

Actualmente, la Cámara reúne a más de un centenar de empresas y empresarios, un número que continúa en crecimiento. Su tarea principal es oficiar de puente para los actores que buscan oportunidades comerciales, inversiones y alianzas estratégicas. “Ayudamos a ser nexo entre dos países, tanto para los turcos que buscan mercado en la Argentina como para los argentinos que quieren llegar a Turquía”, explicó Demir en el programa radial Chacra Agro Continental.

El intercambio comercial se apoya, en gran medida, en el complejo agroindustrial. Turquía compra a la Argentina granos, cereales, legumbres y alimentos destinados a la nutrición animal, mientras que también existe interés por la carne halal. En sentido inverso, las importaciones desde Argentina incluyen tecnología, autopartes, maquinaria, mármoles y otros productos industriales.

En ese marco, en las últimas semanas una delegación turca recorrió distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, con visitas a establecimientos ganaderos, tambos y frigoríficos en localidades como Las Flores y Saladillo. El objetivo fue conocer de primera mano el sistema productivo argentino y evaluar oportunidades futuras. “Fue una visita muy exitosa, se llevaron mucha información y una impresión muy positiva del sistema ganadero”, señaló el presidente de la Cámara.

Turquía es uno de los principales importadores mundiales de ganado en pie y también un comprador relevante de insumos para alimentación animal, como maíz y soja. Si bien existen conversaciones entre autoridades sanitarias de ambos países, Demir se mostró cauto respecto a una eventual apertura para la exportación de ganado en pie desde la Argentina.

“Hay diálogo entre Senasa y las autoridades turcas, pero no lo veo como algo rápido”, aclaró, y agregó que el camino más inmediato podría ser el fortalecimiento de las exportaciones de carne halal, como ya ocurre con otros mercados musulmanes.

La faena halal es el proceso de sacrificio de animales (vacuno, ovino, aves) siguiendo estrictamente la ley islámica (sharia) para garantizar que la carne sea lícita (permitida) para el consumo musulmán

Más allá del comercio, la Cámara impulsa una agenda orientada a atraer inversiones directas. La idea es que empresas turcas no solo compren materias primas, sino que se radiquen en el país y desarrollen proyectos productivos, desde feedlots hasta iniciativas vinculadas con energía, tecnología y minería. “Argentina es un país inmenso que no se conoce del todo; cuando recorren las provincias se sorprenden por las oportunidades que hay”, sostuvo Demir.

Con un intercambio bilateral que ronda los 1.000 millones de dólares anuales en exportaciones y cifras similares en importaciones, desde la Cámara ven margen para crecer. La presencia constante de misiones comerciales, la participación en ferias sectoriales y la articulación público-privada aparecen como herramientas clave para profundizar una relación que, según anticipó su presidente, podría ganar mayor dinamismo en los próximos años.

El primer lote de soja de la campaña 2025/26 que ingresó al puerto de Rosario tuvo origen formoseño y llegó desde Subteniente Perín, una pequeña localidad ubicada en el centro de la provincia. Detrás de ese hito estuvo la empresa Santa Cecilia, liderada por los hermanos Diego y Federico Soneira, ingenieros agrónomos chaqueños que desde hace tres campañas desarrollan un proyecto agrícola en una región con escasa tradición en cultivos extensivos.

La soja fue sembrada en los primeros días de septiembre, aprovechando el extenso período libre de heladas que ofrece la zona. La cosecha se concretó en una ventana de sequía que permitió anticipar el ingreso al circuito comercial. El rendimiento alcanzó los 38 quintales por hectárea, un resultado que los productores calificaron como muy satisfactorio para una región que todavía atraviesa una etapa de aprendizaje agrícola.

Nuevas páginas en la historia de la agricultura formoseña

“Venimos de un diciembre y un enero sobresalientes, totalmente inesperados. Recuperamos perfiles y tuvimos temperaturas aceptables, aunque siempre hace falta una regadita más”, explicó Diego Soneira en el programa Chacra Agro Continental, donde destacó el papel del clima en el desempeño del cultivo. Y agregó: “estamos escribiendo nuevas páginas en la historia de la agricultura de Formosa”.

El lote correspondió a una soja de grupo seis implantada sobre rastrojo de maíz. Según detalló el productor, el planteo combina agricultura y ganadería, una estrategia condicionada por la heterogeneidad de los suelos formoseños, donde conviven bajos y lomas. “La provincia es mayormente ganadera, pero creemos que los sistemas mixtos son los más estables y hacia ahí apuntamos”, sostuvo.

La mercadería fue sometida a la intervención de los Recibidores Oficiales de la Cámara Arbitral de Cereales de la BCR y al análisis de BCRLabs. Concluido ese proceso, y en base a los resultados analíticos, la Cámara resolvió que el lote resultó “de recibo”.

En paralelo, el maíz también mostró resultados alentadores, incluso en un contexto regional atravesado por la presencia de la chicharrita. Con materiales tolerantes al spiroplasma, el equipo logró rendimientos comparables a los obtenidos en campañas difíciles en Chaco y Santiago del Estero, lo que refuerza la viabilidad de estos esquemas productivos en el norte del país.

El arribo del primer lote al puerto, descargado en la terminal de Timbúes, representó una novedad tanto para la empresa como para la provincia. “Es la primera vez que nos ocurre y recién es nuestra tercera campaña en Formosa. Todo es bastante nuevo, estamos en un proceso de prueba y error”, reconoció Soneira, quien remarcó la importancia de compartir información para acelerar el aprendizaje colectivo y consolidar el desarrollo agrícola regional.

De este modo, el inicio simbólico de la comercialización de la soja de la campaña 2025/26 ya tiene su punto de partida, constituyéndose en un hito institucional para la cadena agroindustrial, ya que representa el ingreso de la nueva cosecha al circuito comercial y antecede al tradicional Remate del Primer Lote de Soja, que se realizará en el Recinto de Operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, durante el mes de abril.

El Gobierno argentino y la administración de Estados Unidos anunciaron la firma de un Acuerdo sobre Comercio e Inversiones que marca un hito en la relación bilateral. Se trata del primer país de América del Sur en cerrar un entendimiento de este tipo bajo la política de “comercio justo y recíproco” impulsada por Washington desde 2025.

A diferencia de los tratados de libre comercio tradicionales, este instrumento se enmarca en la lógica de “rebalanceo” promovida por la Casa Blanca. Incluye reducciones o eliminaciones arancelarias puntuales, cupos específicos y un conjunto amplio de compromisos regulatorios, en su mayoría asumidos por Argentina.

En su análisis sobre el acuerdo, y sobre las implicancias directas sobre el agro, la Fundación INAI puntualiza que, para la Argentina, el dato más destacado es la ampliación de la cuota de carne bovina para ingresar al mercado estadounidense, que sumará 80.000 toneladas adicionales. También se acordó que más de 1.600 posiciones arancelarias quedarán exceptuadas de aranceles recíprocos, aunque solo una porción limitada corresponde a productos agroindustriales.

Del lado argentino, el acuerdo implica la eliminación de aranceles en 221 posiciones y la apertura de contingentes para bienes como carnes, quesos, vinos y productos alimenticios. Sin embargo, el núcleo de las obligaciones se concentra en normas técnicas, sanitarias y de propiedad intelectual, donde se prevén adecuaciones regulatorias profundas.

El entendimiento se inscribe en un escenario internacional marcado por el giro comercial de Washington y su estrategia de acuerdos bilaterales tras la imposición de sobretasas arancelarias. Esta política -destaca el análisis de la Fundaciín INAI- responde a la visión estadounidense de que el comercio global se volvió desfavorable para su economía y seguridad nacional.

La sombra de China

Detrás de esta reconfiguración comercial aparece la competencia estratégica entre Estados Unidos y China, destaca el estudio. Mientras Beijing rechaza negociar bajo presión, otros países, entre ellos Argentina, optan por adaptarse al nuevo esquema para no perder acceso al mayor mercado del mundo.

Además de lo comercial, Argentina asumirá compromisos en áreas sensibles como reglamentaciones técnicas, medidas sanitarias y protección de la propiedad intelectual. También deberá avanzar en estándares vinculados a derechos laborales, ambiente y transparencia regulatoria.

Uno de los incentivos incluidos es el respaldo estadounidense al financiamiento de inversiones en sectores estratégicos argentinos, a través de agencias como EXIM Bank y la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional. El foco estará en energía, minerales críticos e infraestructura productiva.

El acuerdo entrará en vigor una vez que ambas partes completen sus procesos internos de ratificación, lo que en Argentina implicará el paso por el Congreso. A partir de allí, comenzará una etapa de adecuaciones normativas que podrían impactar en múltiples sectores productivos.

Impacto regional

La firma también abre interrogantes dentro del Mercosur, que como unión aduanera negocia acuerdos en bloque. La decisión argentina podría reactivar el debate sobre la flexibilidad para pactos bilaterales y sobre la coherencia con otras negociaciones en curso.

Estados Unidos representa el 25% del producto mundial y uno de los mayores importadores de alimentos de alto valor. Argentina hoy abastece menos del 1% de ese mercado, lo que sugiere margen para crecer, aunque el acceso dependerá de la capacidad de cumplir exigencias regulatorias cada vez más estrictas.

Más allá de los números iniciales, india el informe de la Fundación INAI, el acuerdo inaugura una etapa de integración selectiva con la principal potencia económica global. Su verdadero alcance se medirá en los próximos años, cuando se vea si las oportunidades comerciales logran compensar las reformas internas que el nuevo marco exigirá.

El mercado ganadero arrancó 2026 con un marcado repliegue en la circulación de hacienda. De acuerdo con datos analizados por Rosgan en base a los Documentos de Tránsito Electrónico (DT-e) del SENASA, durante enero se trasladaron 346.426 terneros y terneras con destino a cría e invernada. El volumen representa una caída del 48% frente a diciembre y del 43% respecto de enero del año pasado.

Según el informe, esta retracción podría explicarse por dos factores principales. Por un lado, la demora en los destetes, favorecida por el buen estado corporal de la hacienda y la conveniencia de vender animales con mayor peso. Por otro, la entrada en vigencia del nuevo sistema de caravana electrónica desde el 1° de enero, cuya implementación también habría demorado la salida de la primera invernada con trazabilidad individual.

La menor dinámica no se limitó a la invernada. También cayó la oferta de animales con destino a faena. En enero se remitieron a plantas frigoríficas 1.005.146 cabezas, lo que implica una baja del 14% interanual. Las categorías con mayor retroceso fueron los novillos (-16%), los novillitos (-13,6%) y las vaquillonas (-12%), reflejando una menor disponibilidad general de hacienda terminada.

Incluso en la comparación mensual, los envíos a faena resultaron más bajos que en diciembre, con un descenso del 8,6%, pese a que el último mes del año suele estar atravesado por paradas técnicas y días no laborables.

En cuanto a la composición de la faena, la participación de hembras se mantuvo estable en el 47,8% del total faenado, sin cambios frente al mes previo, aunque un punto porcentual por encima de enero de 2025.

En paralelo, los corrales de engorde también mostraron movimientos más moderados. Al iniciar febrero, el stock informado por feedlots alcanzó 1.810.533 cabezas, un 2,3% menos que el mes anterior, aunque todavía 7,2% por encima del nivel de un año atrás. Durante enero ingresaron 324.986 animales, un 25% menos que en diciembre, mientras que los egresos sumaron 326.668 cabezas, con un aumento del 6,8% mensual. Según Rosgan, el 60% de la caída en los ingresos se explica por la menor llegada de terneros y terneras, cerrando un inicio de año con menor flujo en toda la cadena.

Hace veinte días, el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur entró en un nuevo compás de espera tras más de dos décadas y media de negociaciones. El Parlamento Europeo decidió paralizar la ratificación y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que dictamine si su arquitectura jurídica encaja con los tratados comunitarios. El movimiento no cancela el pacto, pero instala una pausa con alto voltaje económico y político a ambos lados del Atlántico.

La votación en Estrasburgo expuso la grieta interna del bloque: 334 votos a favor de la remisión judicial, 324 en contra y 11 abstenciones. Con ese resultado ajustado, Bruselas abre un impasse que, según estimaciones habituales para este tipo de consultas, podría estirar entre 18 y 24 meses la definición final. En ese lapso, empresas y gobiernos recalibran expectativas sobre aranceles, cupos y reglas sanitarias.

Acuerdo histórico bajo revisión

Negociado durante más de dos décadas, el tratado aspira a crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con más de 700 millones de consumidores y una liberalización progresiva de la mayoría de los aranceles. Para el Mercosur, la llave es el acceso preferencial para agroalimentos; para Europa, la puerta de entrada a bienes industriales, servicios e inversiones en Sudamérica. Pero sectores agrícolas europeos y algunos actores políticos cuestionaron la base jurídica y mecanismos como el “reequilibrio”, que permitiría medidas correctivas si una parte considera afectada su normativa.

Si el TJUE avala el texto y la ratificación se reactiva, el impacto podría sentirse en exportaciones, competitividad e inversiones, sobre todo en cadenas agroindustriales, logística y agregado de valor. Además, la convergencia con estándares europeos en sanidad, ambiente y calidad suele traducirse en reputación y trazabilidad, activos clave para vender con mejores precios.

El frente político también pesa: un acuerdo con la UE consolidaría una estrategia de inserción internacional y diversificación de socios en tiempos de tensiones comerciales globales. A la vez, emergen desafíos: mayor presión sobre ecosistemas sensibles si no hay políticas ambientales sólidas, y exigencias regulatorias que pueden tensionar a sectores menos competitivos.

Si la pausa se transforma en bloqueo definitivo, el Mercosur seguiría enfrentando aranceles elevados en Europa y perdería atractivo relativo frente a países con acuerdos vigentes. En lo geopolítico, se debilitaría la capacidad negociadora del bloque y crecerían los debates internos sobre avanzar en acuerdos bilaterales por fuera del esquema regional.

Brasil: oportunidades demoradas y una mirada pragmática

Desde la Confederación Nacional de Agricultura y Ganadería de Brasil (CNA), el vicepresidente Gedeao Silveira Pereira advirtió en el programa radial Chacra Agro Continental sobre la judicialización: “Hoy no impacta directamente porque seguimos operando con los mercados que ya tenemos, pero claramente limita la posibilidad de avanzar más”. También subrayó la magnitud del mercado potencial: “Estamos hablando de un entendimiento que abarcaría a unos 700 millones de personas y un PBI conjunto de más de 22 billones de dólares”. Y puso el foco en los tiempos: “El tema salió del campo político y pasó al judicial, y eso siempre lleva más tiempo. La justicia es lenta en cualquier parte del mundo”. Sobre la estrategia comercial, fue tajante: “Nos preocupa que la ideología pese más que el mercado. El agro necesita libertad para hacer negocios con la mayor cantidad de países posible”.

Paraguay: perfil exportador y ventana para proteínas

Por su parte, el ex ministro de Agricultura y Ganadería de Paraguay, Marcos Medina destacó -también en el ciclo radial Chacra Agro Continental- el sesgo exportador paraguayo y las oportunidades en carnes, miel y lácteos. “Siete de cada diez dólares que produce y exporta Paraguay provienen de la agroindustria”, señaló, al tiempo que remarcó el tamaño del mercado europeo. Sobre nichos concretos, enfatizó: “Hay una ventana de oportunidad muy importante para la carne porcina, la avícola, la miel y los lácteos, como el queso”. Mirando el tablero global, resumió: “El mundo necesita alimentos y el Mercosur es la región que puede producirlos”. Y frente a las resistencias europeas, fue optimista: “Europa no es autosuficiente en alimentos y este acuerdo refleja una necesidad. En el mediano plazo, las protestas se van a diluir y la relación comercial va a mostrar beneficios para ambos bloques”.

Uruguay: potencial en alimentos y alerta por competitividad

En tanto, desde Montevideo, el presidente de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), Rafael Ferber, describió -en diálogo con Chacra Agro Continental- expectativas cautelosas tras años de idas y vueltas. “Da la sensación de que cuando llegue el momento de resolverlo, puede aparecer algún otro obstáculo”, advirtió, aunque recordó que otros procesos demandaron entre 18 y 24 meses. Sobre los ganadores potenciales, fue concreto: “Son productos en los que daríamos un salto en precio y volumen hacia la Unión Europea, lo que mejora el valor final de todas nuestras exportaciones”. En el frente interno, alertó por el tipo de cambio: “El atraso cambiario termina siendo nuestra forma de retención”.

Desde la Argentina, en tanto, una de las voces que siguió de cerca el proceso es la de Diego Guelar. A sus 75 años y con una extensa trayectoria pública —fue embajador en Estados Unidos, China y Brasil, además de diputado nacional, periodista y autor de varios libros— el diplomático destacó la relevancia estratégica del entendimiento entre ambos bloques, al subrayar en Chacra TV, que el acuerdo representa una oportunidad histórica para fortalecer la inserción internacional del país y diversificar mercados en un contexto global cada vez más competitivo.

En esa línea, consideró que el tratado no solo tiene implicancias comerciales, sino también geopolíticas, al vincular de manera más profunda a Sudamérica con uno de los polos económicos más importantes del mundo. Y por ello, expresó preocupación por la nueva postergación derivada de la decisión del Parlamento Europeo. Desde su perspectiva, la demora prolonga un proceso que ya lleva más de dos décadas de negociaciones y posterga beneficios potenciales para sectores clave de la economía argentina, en especial la agroindustria y las cadenas de valor vinculadas a alimentos.

Cada vendimia funciona como un verdadero termómetro económico y social de las economías regionales. No se trata solo de levantar uvas: la cosecha define ingresos, empleo y actividad para miles de familias vinculadas a la vitivinicultura. De cara a 2026, las proyecciones hablan de un incremento de entre 5% y 10% en el volumen cosechado respecto del año anterior, según estimaciones del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), aunque el escenario todavía está rodeado de incertidumbre.

“Hoy no hay una proyección certera porque se dejó de relevar sistemáticamente los viñedos, que era lo que permitía estimar el volumen de producción”, explicó Daniel Romero, secretario de Prensa de FOEVA. “Además, la tendencia de los últimos años viene mostrando una baja interanual. Recién estamos comenzando con la cosecha de uvas blancas, así que habrá que ver cómo ese pronóstico se ajusta a la realidad”, suma.

A la incertidumbre estadística se suma un clima cada vez más inestable. Durante 2025, las olas de calor extremo en Cuyo aceleraron la maduración de la uva y alteraron los tiempos de cosecha, mientras que granizadas y plagas redujeron rendimientos en varias zonas productivas.

“El escenario climático es completamente impredecible”, señala Romero. “Hubo gran parte de la cosecha que se perdió y no pudo destinarse ni siquiera a mosto. La planta está cada vez más expuesta”, afirma el secretario de FOEVA.

Cuyo y el NOA, realidades distintas

Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta enfrentarán la vendimia con panoramas productivos diferentes, aunque con una tendencia común de estancamiento o leve retroceso. A pesar del surgimiento de nuevas zonas vitivinícolas, estas provincias continúan siendo el núcleo histórico de la actividad.

“Las provincias tienen contextos diferentes, pero la tendencia general es similar”, resume Romero. “No se espera un salto productivo fuerte, sino más bien un escenario de estabilidad o leve caída”.

La vendimia moviliza miles de empleos temporarios, pero el proceso de tecnificación avanza. “La actividad se está tecnificando cada vez más y eso reduce la demanda de mano de obra”, explica Romero. El uso de maquinaria y soluciones tecnológicas, muchas veces importadas, está modificando la estructura tradicional del trabajo rural. Aun así, la cosecha sigue siendo clave para muchas familias. “Genera miles de puestos de trabajo y coincide con el inicio de la negociación salarial, por eso afloran todas las necesidades del sector”, concluye el dirigente sindical.

La otra cara de la vendimia: el consumo en su mínimo histórico

Mientras la producción intenta sostenerse, el mercado interno muestra señales de debilidad. El consumo per cápita de vino en Argentina cayó a un mínimo histórico en 2025. Según datos del INV, el promedio anual se ubicó en apenas 15,77 litros por persona, pese a un repunte interanual del 9,6% en diciembre. En términos absolutos, el consumo total del año alcanzó 7,46 millones de hectolitros, con una baja del 2,7% respecto de 2024. Los vinos sin mención varietal y los espumosos registraron las mayores caídas, mientras que los varietales lograron crecer levemente.

Desde COVIAR recuerdan que entre el 70% y el 75% de la producción argentina se destina al mercado interno, una proporción muy superior a la de otros países productores. Por eso, la caída del consumo impacta directamente en toda la cadena. Advierten, además, sobre los desafíos estructurales: la necesidad de mejores condiciones macroeconómicas, financiamiento acorde a ciclos productivos largos y una reducción de costos logísticos e impositivos que hoy afectan la competitividad del sector.

De cara a la vendimia 2026, entre el optimismo moderado en los viñedos y la cautela que imponen los números del consumo, el sector enfrenta un año donde cada racimo cuenta… y cada copa vacía también.

El reciente entendimiento comercial entre el Mercosur y la Unión Europea -cuya implementación está frenada por el Parlamento Europeo, dado que lo remitió al Tribunal de Justicia de la UE para revisar su compatibilidad ambiental- empieza a delinear un nuevo escenario para la foresto-industria argentina, que observa con expectativa la posibilidad de ampliar su inserción internacional. Desde el Consejo Foresto‑Industrial Argentino (CONFIAR) sostienen que se trata de una oportunidad estratégica, aunque advierten que su impacto dependerá de la capacidad del país para acompañar el proceso con inversión y políticas productivas activas.

La entidad recordó que el acuerdo todavía debe atravesar instancias clave de aprobación, entre ellas el tratamiento en el Parlamento Europeo y el análisis previsto en el Congreso de la Nación Argentina. Ese debate será determinante para definir el alcance real de los beneficios y las condiciones bajo las cuales el sector podrá aprovecharlos.

De concretarse su implementación, el tratado dará forma a una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con acceso a un mercado de más de 700 millones de habitantes. Para la cadena foresto-industrial, esto implicaría mejores condiciones de ingreso al mercado europeo para productos como madera aserrada, tableros, celulosa, papel y cartón, gracias a la eliminación gradual de aranceles que hoy limitan la competitividad argentina.

Al mismo tiempo, el Mercosur consiguió plazos de desgravación más extensos para productos considerados sensibles, entre ellos muebles y ciertos papeles. Ese período de transición es visto como un margen clave para que la industria local invierta en modernización tecnológica, gane escala y fortalezca el empleo, evitando un impacto abrupto frente a la competencia europea.

Desde CONFIAR subrayan que el verdadero desafío estará en cumplir con estándares ambientales cada vez más exigentes. Europa avanza con regulaciones de trazabilidad y sostenibilidad que exigirán mayor control sobre el origen de la madera y los procesos productivos. “El acuerdo plantea una oportunidad concreta, pero también una agenda de trabajo. Para competir en mercados exigentes se necesitan inversiones en tecnología, procesos y financiamiento accesible. Asimismo, urgen políticas que mejoren la competitividad —como la optimización de costos logísticos y la reducción de la carga fiscal, burocrática y laboral— para acompañar a las empresas, especialmente a las PyMEs del interior, a capitalizar esta oportunidad”, señalaron desde la entidad.

El Consejo también destacó la necesidad de instrumentos financieros que impulsen la eficiencia energética, la bioenergía y los sistemas de certificación y trazabilidad, áreas donde la Argentina parte de una base sólida gracias a su marco normativo forestal y la expansión de prácticas de manejo sostenible. Con más de 13.000 productores, unas 6.000 empresas y cerca de 100.000 empleos directos, la foresto-industria podría ganar protagonismo global si logra convertir las nuevas exigencias internacionales en una palanca de crecimiento, valor agregado y sostenibilidad.

Argentina cerró 2025 con uno de los mejores desempeños exportadores de su historia. Las ventas externas totalizaron USD 87.080 millones, el segundo registro más alto del que se tenga referencia, impulsadas en gran medida por el complejo agroindustrial, que explicó el 60 % de los ingresos de divisas del país. Dentro de ese conjunto, los principales productos generadores de dólares fueron la harina y el aceite de soja, junto con el maíz en grano.

El resultado también se reflejó en la balanza comercial, señala el informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba. Por segundo año consecutivo, el intercambio con el mundo dejó un saldo positivo, que en 2025 alcanzó los USD 11.290 millones. Si bien el superávit fue menor al del año anterior, el comercio total creció: las exportaciones aumentaron 9 % interanual, mientras que las importaciones se expandieron 25 %, hasta ubicarse en USD 75.790 millones.

Al desagregar las exportaciones por grandes rubros, todos mostraron mejoras respecto de 2024. Los productos primarios lideraron el crecimiento, con un alza del 21 % y ventas por USD 22.150 millones. Les siguieron Combustibles y Energía, con un incremento del 14 % (USD 11.000 millones), y las manufacturas de origen industrial, que generaron USD 23.400 millones, 6 % más que el año previo. Las manufacturas de origen agropecuario, en tanto, aportaron USD 30.500 millones, con una suba más moderada del 3 %.

El complejo sojero, triguero y maicero volvió a ser determinante. En conjunto representaron el 35 % de las divisas generadas por exportaciones, equivalentes a USD 30.900 millones. El liderazgo fue del complejo sojero, que explicó el 24 % del total nacional, con USD 20.900 millones, destacándose la harina de soja (USD 8.560 millones) y el aceite de soja (USD 7.140 millones). El maíz en grano se ubicó en tercer lugar entre los productos individuales, con USD 6.515 millones.

En cuanto a la dinámica por cadenas, el complejo sojero consolidó su rol como principal fuente de divisas, con un fuerte aumento en las ventas de poroto de soja. El complejo triguero, por su parte, incrementó sus ingresos 35 % interanual gracias a mayores volúmenes exportados, pese a un contexto internacional de precios menos favorables. En contraste, el complejo maicero mostró una caída en cantidades e ingresos, asociada a una menor producción local, aunque algunos subproductos lograron mejoras puntuales.

A nivel provincial, Córdoba exhibió un perfil exportador aún más concentrado en la agroindustria. Las ventas externas cordobesas alcanzaron USD 10.900 millones, 7 % más que en 2024, y el sector agroindustrial explicó el 85 % del total, muy por encima del promedio nacional. El maíz fue el principal producto exportado por la provincia, seguido por subproductos de soja y poroto de soja, mientras que entre los destinos se destacaron China, Brasil y Vietnam, que encabezaron el ranking de compradores de bienes cordobeses.

La agroindustria argentina enfrenta una amenaza concreta sobre uno de sus complejos exportadores más estratégicos. Según datos difundidos por CIARA y el CEC, una nueva decisión de la Comisión Europea podría dejar fuera de competencia al biodiésel argentino en su principal —y prácticamente único— destino externo, con pérdidas estimadas en unos 350 millones de dólares anuales.

El eje del conflicto es un documento técnico en el que Bruselas revisa los criterios de ILUC (cambio indirecto del uso del suelo). Allí, la soja fue incluida por primera vez como insumo de “alto riesgo ambiental”, una categoría que hasta ahora se asociaba principalmente al aceite de palma. Si la clasificación avanza formalmente durante 2025, la consecuencia sería directa: la Unión Europea dejaría de importar biodiésel elaborado a partir de soja.

Un mercado clave en riesgo

Para la Argentina, el golpe sería crítico. Tras años de disputas comerciales, aranceles y cierres de otros mercados, Europa quedó como el único destino relevante para el biodiésel local. “La exclusión del mercado europeo significaría no solo una pérdida comercial directa de alrededor de u$s350 millones por año, sino también el cierre de plantas industriales, pérdida de puestos de trabajo y un impacto negativo en toda la cadena agroindustrial”, advirtieron desde CIARA-CEC.

Desde el sector empresario califican la iniciativa como una barrera comercial encubierta. El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, fue categórico: “La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel y dejarnos afuera del único mercado que tenemos”.

En la industria sostienen que el biodiésel argentino cumple estándares ambientales exigentes y que el país cuenta con sistemas de trazabilidad muy distintos de los que originaron restricciones al aceite de palma en Asia. Más allá de lo técnico, analistas del comercio internacional advierten que el trasfondo podría ser político: “No es un debate científico sino político, porque la UE busca compensar a los países que se oponen al acuerdo con el Mercosur cerrando el mercado a productos competitivos de la Argentina”.

La soja argentina ¿en una “lista negra”?

La preocupación no se limita a las cámaras aceiteras. El presidente de CARBIO, Luis Zubizarreta, advirtió en el programa radial Chacra Agro Continental, que una eventual “lista negra” europea para la soja sería “muy grave”. “El argumento que se esgrime es la deforestación, pero tenemos pruebas irrefutables de que en la Argentina no solo no se deforesta para producir soja, sino que el área sembrada viene cayendo desde hace más de 15 años”, afirmó.

Zubizarreta alertó que el impacto iría más allá del biocombustible terminado. “Es cerrarle una puerta a toda la cadena de la soja, con consecuencias directas sobre los precios y el nivel de actividad”, sostuvo. Según detalló, podrían dejar de exportarse hasta 1,2 millones de toneladas de biodiésel, con plantas diseñadas específicamente para procesar aceite de soja operando por debajo de su capacidad.

Barrera comercial paraarancelaria o debate ambiental

Desde ACSOJA también cuestionaron la decisión europea. Su presidente, Rodolfo Rossi, aseguró en el programa radial Chacra Agro Continental, que se trata de una “barrera comercial paraarancelaria” y que el Gobierno argentino analiza recurrir a la Organización Mundial del Comercio. “No hay un sustento científico sólido, y menos aún para la Argentina, que ha demostrado tener uno de los biodiéseles más sustentables del mundo”, señaló.

Rossi puso además el foco en la debilidad del mercado interno: “Somos el primer exportador mundial de aceite de soja y, paradójicamente, el país con menor corte interno”. Según indicó, elevar el porcentaje de mezcla obligatoria permitiría amortiguar el impacto externo y generar más valor agregado local.

Mientras la Comisión Europea avanza con su agenda ambiental, en la Argentina preocupa el desarrollo del tema que podría transformarse en uno de los golpes comerciales más duros de los últimos años para la agroindustria. Con exportaciones en juego, miles de empleos vinculados y un delicado equilibrio en la balanza comercial, la discusión sobre el biodiésel ya dejó de ser técnica para convertirse en un tema central de la agenda económica y diplomática del país.

El consumo per cápita de carnes en Argentina mostró una recuperación durante 2025 y alcanzó el nivel más alto de los últimos años, en un contexto de mayor diversificación de la dieta proteica. Los datos oficiales reflejan que los argentinos no solo incrementaron la cantidad total ingerida, sino que también ampliaron la participación de carnes alternativas a la bovina, con un rol destacado del cerdo y el pollo.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el consumo total de carnes creció 3,85% interanual. Las cifras relevadas por la Dirección Nacional de Producción Ganadera indican que el promedio pasó de 112,16 kilos por habitante en 2024 a 116,4 kilos en 2025, consolidando una tendencia de recuperación del consumo interno tras años de variaciones marcadas.

El aumento se verificó en las tres principales categorías de carnes que integran la dieta local. La carne bovina, históricamente central en la mesa argentina, subió de 48,49 a 49,92 kilos por habitante, lo que representa un incremento del 2,94% interanual. Si bien el crecimiento fue moderado, confirma una mejora en el consumo respecto del año previo.

En el caso de la carne porcina, el avance fue más pronunciado. El consumo pasó de 17,42 a 18,89 kilos per cápita, con una suba del 8,44%, la más elevada entre las tres proteínas animales principales. Este desempeño ratifica la tendencia de los últimos años, en los que el cerdo fue ganando espacio como alternativa competitiva en precio y versatilidad culinaria.

Por otra parte, el sector cerró el 2025 con récord de faena y producción, con 8.517.433 cabezas y 812.272 toneladas, respectivamente, resultado que implicó un aumento de 2,5% para el primer rubro y de 3,4% para el segundo, en comparación al 2024.

La Argentina, en la actualidad, cuenta con 54 mercados de exportación abiertos tanto para carne porcina como para subproductos. El valor total de las ventas externas del sector aumentó 3% en dólares durante el 2025 respecto del año anterior, alcanzando un monto de u$s15.354.761.

La carne aviar también mostró una evolución positiva, al crecer de 46,25 a 47,68 kilos por habitante, un alza del 3,07%. De este modo, pollo y cerdo explicaron buena parte del incremento total del consumo de carnes, aportando volumen y consolidando un patrón alimentario más diversificado, donde distintas fuentes de proteína animal se complementan.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el incremento simultáneo en las tres carnes constituye el registro más alto de la serie 2020–2025, lo que sugiere una consolidación de la tendencia de crecimiento del consumo interno.

A pesar de haber alcanzado una cosecha récord de trigo en la campaña 2025/26, con una producción estimada en 27,8 millones de toneladas, la industria molinera argentina enfrenta un serio problema de calidad del grano. La situación, de alcance nacional, enciende alertas en el principal eslabón encargado de transformar el cereal en harina para el consumo interno.

Desde la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) señalaron que, si bien el volumen obtenido fue histórico, los molinos atraviesan dificultades generalizadas para conseguir trigo con parámetros mínimos aptos para panificación. “Estamos muy felices con la cosecha récord, pero en todas las zonas productivas los molinos están enfrentando importantes dificultades para proveerse de cereal con condiciones adecuadas”, advirtió el presidente de la entidad, Diego Cifarelli.

A diferencia de otras campañas, en las que los problemas de calidad podían compensarse con partidas provenientes de regiones con mejores parámetros, este año la merma es transversal. “No existe un solo molino que forme parte de FAIM que no haya tenido que cambiar sus procesos productivos ante la falta generalizada de trigo apto para panificación”, subrayó Cifarelli.

Los datos técnicos respaldan la preocupación del sector. Análisis realizados sobre 3.170 muestras de trigo pan correspondientes a casi 113.000 toneladas de la cosecha 2025/26 en Buenos Aires —principal provincia productora— arrojaron un nivel de gluten promedio ponderado de apenas 20,7 %. Según las Cámaras Arbitrales de las Bolsas de Cereales de Buenos Aires y Bahía Blanca, sólo el 3,5 % de las partidas evaluadas superó el 26 % de gluten, considerado el piso de calidad para la panificación.

Ante este escenario, los molinos debieron adaptar sus procesos industriales. Entre los cambios implementados se destacan amasados más cortos y controlados, ya que las masas desarrollan liga con mayor rapidez, además de una reducción en la cantidad de agua utilizada para lograr estructuras más firmes. También se opta por fermentaciones más breves y ajustes en la dosificación de mejoradores para evitar el debilitamiento de la red de gluten.

Pese a las complicaciones, desde FAIM remarcan que el sector cuenta con el conocimiento técnico necesario para enfrentar la coyuntura. Sin embargo, advierten que el trigo no es simplemente un commodity cuando ingresa a la industria, sino una materia prima clave para la elaboración de alimentos básicos que forman parte de la dieta diaria de la población. Por ello, sostienen que la problemática de calidad no sólo impacta en la cadena productiva, sino también en la mesa de los argentinos.

Investigadores del Instituto de Alimentos del INTA Castelar avanzaron en el desarrollo de chips de queso elaborados a partir de mozzarella, un producto innovador que combina alto valor nutricional, practicidad y larga vida útil sin requerir refrigeración. El proyecto fue llevado adelante en articulación con el sector privado y se encuentra listo para ser transferido a la industria.

La investigadora del INTA, Luciana Rossetti, explicó en el programa radial Chacra Agro Continental que el producto surgió a partir de una demanda concreta del sector lácteo. “La inquietud inicial fue desarrollar un alimento que pudiera transportarse a lugares con menor acceso a proteínas y sin necesidad de agua potable para su consumo”, señaló.

El desarrollo consistió en utilizar mozzarella de baja humedad destinada a exportación, que fue cortada en fetas, congelada y sometida a un proceso de liofilización. “Es 100% queso, no tiene conservantes ni aditivos y no sufre modificaciones nutricionales porque no se expone al calor”, detalló Rossetti

Cada porción, compuesta por 12 discos de queso —unos 20 gramos—, aporta el mismo contenido de proteínas y grasas que un vaso de leche. Además, el producto puede consumirse directamente, sin preparación previa. “Esa es una ventaja clave frente a la leche en polvo, que requiere agua potable para reconstituirse”, explicó.

El desarrollo también se alineó con la tendencia global de snacks saludables, ya que el producto no tiene azúcares ni hidratos de carbono, es rico en proteínas y puede consumirse en cualquier momento, desde el ámbito escolar hasta el deportivo.

Actualmente, los chips se producen a baja escala, en una etapa previa a la comercialización. “El producto ya está listo para ser transferido; ahora el desafío es escalarlo industrialmente”, indicó Rossetti, quien remarcó que ese proceso dependerá de las empresas interesadas. El proyecto fue desarrollado por un equipo interdisciplinario del Instituto de Alimentos del INTA Castelar, integrado por la doctora Adriana Descanso, referente del grupo, el doctor Sergio Rizzo, director del proyecto, y técnicos de distintas áreas.

Tras una prolongada inundación, la Cuenca del Salado enfrenta ahora un inicio marcado de sequía. Alberto Larrañaga, presidente del Consejo Asesor del Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado, advirtió en el programa radial Chacra Agro Continental que el descenso de las aguas abre una oportunidad limitada para reactivar obras paralizadas y reclamó definiciones urgentes del Estado nacional y provincial.

El escenario hídrico en la Cuenca del Salado volvió a cambiar con rapidez. Luego de meses de inundaciones persistentes, el territorio comienza a sentir los efectos de una sequía incipiente, con un descenso generalizado de las aguas que modifica el panorama productivo y operativo de la región. “Pasamos de la inundación a la sequía”, subrayó el presidente del Consejo Asesor de la Cuenca del Salado. En ese contexto, consideran que se abrió una ventana de tiempo clave para avanzar con obras largamente postergadas.

“El cauce del Salado ha bajado de manera sustancial y eso genera las mejores condiciones para retomar los trabajos que estaban paralizados”, señaló Alberto Larrañaga, presidente del organismo, durante una entrevista con Chacra Agro Continental haciendo referencia al tramo 4.2 del Plan Maestro, cuya ejecución quedó frenada y solo se reanudó de manera parcial.

Según explicó, la reactivación plena de las obras depende de una decisión política y de la regularización de deudas con las empresas contratistas. “Esto no puede esperar. Hay que hacerlo ahora, no mañana ni pasado. Por eso urgimos a que las obras se inicien ya, porque cuando llegue el otoño puede ser tarde”, enfatizó, al advertir que una nueva crecida del río volvería a complicar la operatoria y a postergar los trabajos.

Larrañaga remarcó además la necesidad de coordinar estas tareas con la futura ejecución del Tramo V, anunciado por la provincia de Buenos Aires entre Bragado y Junín. “Las obras deben estar articuladas y sincronizadas para que el plan tenga sentido integral”, sostuvo.

En cuanto al impacto productivo, reconoció que aún no hay cifras oficiales actualizadas sobre hectáreas inundadas o encharcadas, pero señaló que las consecuencias siguen a la vista. “Hay campos donde solo quedaron juncales y otros donde se sembró fuera de fecha, con grandes probabilidades de pérdidas económicas por menores rindes”, describió.

La magnitud de la Cuenca del Salado excede largamente lo local. Comprende unas 17 millones de hectáreas —más de la mitad de la provincia de Buenos Aires— y recibe escurrimientos hídricos del sur de Córdoba, el noreste de La Pampa y sectores de San Luis, lo que le otorga un carácter claramente federal.

En ese marco, el dirigente subrayó que el dragado del río, aunque monumental, no alcanza por sí solo. “Además del dragado, son imprescindibles las obras complementarias, que permiten que el plan maestro llegue a distintos rincones de la cuenca”, explicó, y aclaró que estas intervenciones no solo son necesarias sino también menos costosas.

Finalmente, Larrañaga apuntó al financiamiento del plan, históricamente sostenido por el Fondo Hídrico Nacional. Señaló que en los últimos años esos recursos estuvieron restringidos, pero consideró que el nuevo escenario presupuestario abre una oportunidad. “Entendemos que ahora el Gobierno nacional tiene las manos libres para usar adecuadamente fondos que son específicos y deben destinarse a obras hídricas”, concluyó.

Estados Unidos, Brasil y Argentina empezaron a discutir y legislar sobre biocombustibles en la década del 70, pero el recorrido del etanol en cada país tomó caminos muy distintos. Hoy, el mapa global muestra a Estados Unidos como líder absoluto en producción y consumo, a Brasil como el segundo gran polo mundial con el mayor corte en naftas, y a la Argentina como un actor más pequeño, aunque con indicadores de eficiencia productiva y un potencial de crecimiento todavía sub aprovechado, indica un informe elaborado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA).

El etanol se consolidó como una de las principales herramientas para descarbonizar la matriz energética sin renunciar a la seguridad de abastecimiento. Se produce a partir de materias primas agrícolas con alto contenido de almidón y azúcar —maíz, sorgo, trigo, cebada, caña de azúcar, remolacha— y también desde fuentes celulósicas como pastos, residuos forestales y agrícolas, mediante procesos de fermentación que lo convierten en combustible apto para la mezcla con naftas.

Más allá de su aporte ambiental, el etanol ofrece ventajas económicas relevantes: agrega valor en origen, dinamiza economías regionales y reduce la dependencia de combustibles fósiles importados. En un contexto de creciente demanda energética global, su expansión está directamente vinculada a la existencia de reglas estables y de políticas capaces de sostener inversiones y mercados.

En ese tablero, el documento comparativo sobre la industria etanolera en Argentina, Brasil y Estados Unidos expone una conclusión central: los tres países cuentan con recursos productivos para liderar, pero los resultados dependen de la combinación entre disponibilidad de insumos, escala industrial, señales económicas y, sobre todo, marcos regulatorios consistentes.

En el caso argentino, la historia del etanol como combustible comenzó temprano con el Programa Alconafta, impulsado en 1978 y vigente desde 1979, cuando se implementó un corte del 15% en naftas comunes. Ese esquema se extendió gradualmente por provincias del norte y centro, hasta que en 1985 fue reglamentado el Plan Nacional de Alconafta mediante la Ley 23.287. Sin embargo, razones económicas, técnicas y políticas terminaron por desactivar el programa en 1989.

Recién en 2006 el etanol volvió al centro de la agenda energética con la Ley 26.093, que creó el Régimen de Promoción de Biocombustibles. Allí se definió un corte inicial del 5% en naftas —que fue aumentando hasta el 12% actual— y se establecieron pautas para producción, comercialización, mezcla y distribución, marcando un reinicio para el sector.

En 2021 se sancionó la Ley 27.640, que prorrogó y redefinió el régimen hasta 2030. El marco ratificó el 12% obligatorio, con una particularidad: un reparto obligatorio entre materias primas, donde el 6% debe ser etanol de caña de azúcar y el otro 6% de maíz. Además, se otorgó al Poder Ejecutivo la facultad de modificar transitoriamente el nivel de corte, fijar precios y asignar cupos.

Actualmente, la Secretaría de Energía de la Nación actúa como autoridad de aplicación: define precios mensuales en pesos por litro según insumo, asigna volúmenes obligatorios por planta, controla calidad y habilita exportaciones o importaciones. En paralelo, el debate legislativo volvió a abrirse con la discusión de dos proyectos de ley: uno impulsado por la Liga Bioenergética y otro por legisladores vinculados a La Libertad Avanza, lo que mantiene la incertidumbre regulatoria como un rasgo dominante.

En materia industrial, Argentina cuenta con 18 plantas productoras distribuidas en seis provincias: Tucumán concentra siete, Córdoba tres y Jujuy, Salta, San Luis y Santa Fe dos cada una. La geografía productiva marca un patrón: el norte trabaja mayoritariamente con caña y el centro con maíz. Según estimaciones del USDA, la capacidad total del país ronda los 1.650 millones de litros anuales.

La producción argentina se ubica en torno a los 800 millones de litros por año en promedio entre 2010 y 2024, con crecimiento sostenido en los últimos años. En los primeros ciclos, la producción dependía casi exclusivamente de la caña, pero desde 2012 el maíz ganó terreno hasta convertirse en el principal origen del etanol. En promedio, el 52% del bioetanol nacional proviene de maíz, con un pico del 67% registrado en 2023.

En cuanto a eficiencia, el maíz ofrece rendimientos muy superiores: entre 400 y 420 litros por tonelada, frente a 70–85 litros por tonelada de caña. Aun así, la estructura industrial explica que el 78% de las materias primas utilizadas continúe siendo caña, demandando unas 5,3 millones de toneladas anuales, mientras que el 22% restante se satisface con maíz, equivalente a 1,4 millones de toneladas por año.

Etanol: el modelo brasileño

Brasil, en contraste, muestra un modelo consolidado y de gran escala. Su punto de partida fue el Proálcool de 1975, que estableció el uso obligatorio de etanol anhidro en gasolina y abrió un proceso sostenido de expansión. Desde 2015 el corte obligatorio es del 27%, y en 2017 el país dio un salto institucional con RenovaBio (Ley 13.576), incorporando metas de descarbonización y creando los CBIOs, instrumentos que premian la eficiencia ambiental.

Con 365 instalaciones y una capacidad productiva promedio de 45.603 millones de litros anuales, Brasil se convirtió en el segundo productor mundial, con campañas promedio de 25 mil millones de litros y ciclos que superaron los 30 mil millones. Además, consume más de 23 mil millones de litros anuales, en un mercado dominado por vehículos flex, capaces de utilizar tanto etanol como gasolina.

EE.UU. líder mundial en la industria del etanol

Estados Unidos lidera el ranking global apoyado en la escala industrial y el poder de su mercado interno. La industria se expandió tras el shock petrolero de los 70, pero el gran motor fue la creación del Renewable Fuel Standard (RFS) en 2005, que estableció mandatos mínimos de uso de combustibles renovables. Con mezcla obligatoria E10 y habilitación del E15 en determinados vehículos, el país opera con 191 plantas y una capacidad anual cercana a 69.935 millones de litros.

La comparación final elaborada por la Bolsa de Cereales de Córdoba, deja un mensaje contundente: el crecimiento del etanol requiere reglas claras, continuidad institucional y un sistema de incentivos coherente. Brasil integró mercado y clima mediante RenovaBio y un consumo interno robusto; Estados Unidos se apoyó en mandatos, escala y herramientas de mercado. Argentina, en cambio, enfrenta el desafío de transformar su potencial en un sendero sostenido, lo que implica avanzar hacia un marco regulatorio más previsible, equilibrado entre objetivos ambientales y eficiencia económica, y capaz de atraer inversiones de largo plazo.

La Mesa Argentina de Carbono advirtió que el mercado internacional de créditos de carbono representa una oportunidad económica concreta para el país, con capacidad de multiplicar los ingresos por exportaciones si se avanza en la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París. Según la entidad, la clave para destrabar ese potencial es la presentación de la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), que permitiría a la Argentina integrarse a un circuito global que ya moviliza inversiones millonarias en la región.

Desde la Mesa señalan que el mercado de carbono debe ser considerado una decisión estratégica de política económica, con impacto directo en la generación de divisas, empleo y desarrollo regional. A través del Artículo 6, el país podría convertir de manera inmediata su capital natural y productivo en activos financieros exportables, apalancando proyectos en sectores como energía, agroindustria, bosques y gestión de residuos.

Argentina cuenta con más de dos décadas de experiencia técnica y una base sólida de proyectos certificados, aunque hasta ahora sus créditos sólo se comercializan en el mercado voluntario. Esa limitación reduce el impacto económico. “El mercado internacional del Artículo 6 paga entre dos y cinco veces más por crédito que el voluntario. Eso cambia la ecuación y vuelve viables iniciativas de gran escala que hoy no consiguen financiamiento”, explicó Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono.

Las estimaciones del Centro Argentino de Ingenieros y la Academia Nacional de Ingeniería refuerzan ese diagnóstico. Calculan un potencial mínimo de generación de 131,4 millones de créditos de carbono anuales, a partir de la producción forestal y agropecuaria y de la conservación de bosques nativos, entre otras actividades certificables. Bajo ese escenario, los ingresos por exportaciones podrían ubicarse entre USD 1.400 y USD 3.900 millones por año, muy por encima de los USD 788 millones proyectados si el país se mantiene sólo en el esquema voluntario.

El paso indispensable para activar ese flujo de inversiones y divisas es la presentación formal de la NDC 3.0 ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. De acuerdo con Cano, ese documento es un prerrequisito para negociar acuerdos bilaterales bajo el Artículo 6 y una señal clara para que el sector privado avance con proyectos orientados al mercado internacional.

El contexto global aparece como favorable. Más de 70 países ya incorporaron el Artículo 6 en sus nuevas NDC y existen más de 100 acuerdos bilaterales firmados, con naciones como Japón, Suiza y Corea entre los principales compradores. “Argentina tiene el talento y los recursos naturales para ser un proveedor relevante de créditos de carbono. Presentar la NDC 3.0 es el primer paso para dejar de mirar esta oportunidad desde afuera y pasar a jugar un rol protagónico en el mercado global”, concluyeron desde la Mesa.

La aprobación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur por parte de los embajadores de los países miembros del bloque europeo, tras más de 25 años de negociaciones, reordenó expectativas en el agro argentino y aceleró análisis sectoriales. Con la ratificación pendiente en el Parlamento Europeo y en el Congreso argentino, el entendimiento abre un nuevo mapa de oportunidades para exportaciones, precios y márgenes, pero también impone condiciones inmediatas vinculadas a estándares, trazabilidad y estrategia productiva.

Desde la consultoría privada, Maximiliano Díaz, sostuvo que el pacto “abre una oportunidad básicamente para las cadenas agroindustriales argentinas”, con impacto transversal desde los complejos exportadores tradicionales hasta las economías regionales. Sin embargo, advirtió que sin coordinación público-privada, la posibilidad de convertir el acuerdo en resultados concretos puede diluirse: el nuevo marco no garantiza beneficios automáticos si el país no actúa con rapidez y planificación.

El caso de la soja aparece como uno de los más sensibles por su peso exportador y por la interacción entre aranceles europeos y políticas domésticas. Según los estudios citados por Díaz, una combinación de reducción de retenciones internas y baja de aranceles europeos podría reconfigurar los destinos y mejorar los retornos. “Con estos cambios, podría resultar incluso más beneficioso exportar soja a la Unión Europea que a la propia China”, explicó, anticipando un posible corrimiento de flujos comerciales si se alinean incentivos y competitividad.

El impacto, sin embargo, no se agota en los grandes complejos: producciones regionales como arroz y miel también figuran entre las favorecidas, con mejoras potenciales por mejores condiciones de acceso. De acuerdo con relevamientos de Endógena, en esos casos podría haber incrementos de entre 4% y 5% en los precios percibidos por los productores. En carne vacuna, Díaz remarcó un escenario de mejora de rentabilidad: “Hay un beneficio claro en algunos cortes de carne, que permitiría mejorar los márgenes de rentabilidad del sector”, en línea con la oportunidad de capturar valor en mercados de alto poder adquisitivo.

El énfasis en la necesidad de estrategia también aparece en la lectura del propio consultor. “El acuerdo no va a ser automático. Argentina tiene que tener claro dónde están sus oportunidades particulares dentro del amplio acuerdo”, alertó Díaz, al enumerar desafíos inmediatos: ratificación legislativa, velocidad de implementación y, en especial, la adecuación privada a exigencias europeas en certificación, trazabilidad y cumplimiento normativo. La oportunidad, planteó, es concreta; el riesgo es quedarse a mitad de camino por falta de preparación.

En paralelo, un informe del Instituto de Estudios Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad Rural Argentina (SRA) definió al acuerdo como un tratado integral apoyado en tres pilares: comercial, político y cooperación. El documento subraya que su alcance lo convierte en un entendimiento de peso global al abarcar a más de 700 millones de personas. Sería el segundo acuerdo de libre comercio firmado por la UE con mayor alcance, con implicancias directas para el comercio agroindustrial argentino.

En cuanto a oportunidades, el trabajo de la SRA detalla los números que vuelven atractivo al mercado europeo: “450 millones de consumidores”, ingreso per cápita promedio de “USD 43.000 anuales” e importaciones agroindustriales por “USD 220.000 millones/año”, en las que Argentina hoy representa “3%”. El informe remarca además que el acceso preferencial alcanzaría a casi la totalidad de la canasta exportadora: “99% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur acceden a beneficios”, con un “70%” sin arancel desde el inicio, un “14%” con desgravación gradual y un “15%” mediante cuotas con arancel reducido o cero.

El documento también pone foco en puntos regulatorios que pueden cambiar reglas de juego: procedimientos sanitarios con plazos y mecanismos de consulta, límites a medidas arbitrarias y un canal bilateral para resolver conflictos. Además, incluye compromisos sobre derechos de exportación (retenciones) hacia la UE y detalla topes para el complejo soja.

En materia de cuotas, se enumeran volúmenes relevantes para cadenas argentinas: carne bovina (100.000 tn), carne aviar (180.000 tn), porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1.000.000 tn), miel (45.000 tn), arroz (60.000 tn), quesos (30.000 tn) y etanol (650.000 tn). La conclusión estratégica es clara: previsibilidad para inversiones, certificaciones y planificación, con un impacto “federal” por el alcance sobre múltiples cadenas.

Por su parte, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), consideraron que el entendimiento “abre un panorama muy positivo para nuestro sector y para toda la industria y el comercio de nuestro país” considerando que el perfil exportador argentino. No obstante, advirtieron que: “hay que esperar a leer la letra chica”, y tener en claro que “tiene que haber igualdad de condiciones".

En tanto, desde CONINAGRO, consideraron al entendimiento logrado como "un primer paso importante, que le dará al campo argentino mayor potencial y un desarrollo a futuro con previsibilidad”. Agregaron que no sólo se trata de “un tratado comercial, sino de un puente de oportunidades para que la producción agropecuaria y agroindustrial argentina, demuestren su capacidad de competir en las ligas mayores de la calidad alimentaria”.

“Para las economías regionales, esto representa una ventana histórica que permitirá colocar nuestras carnes, cítricos y vinos en góndolas europeas con mejores condiciones arancelarias”, subrayaron desde la entidad que preside Lucas Magnano.

La posible firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) en los próximos días se presenta como uno de los movimientos comerciales más relevantes de los últimos años para el bloque sudamericano, en un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, disputas comerciales y señales de debilitamiento del multilateralismo. Según un informe elaborado por la Fundación INAI, el entendimiento con Europa “abre grandes oportunidades para la inserción externa del Mercosur” y para “nuestra cadena agroindustrial”.

El documento subraya la magnitud de la contraparte: la UE es la tercera economía mundial y concentra un mercado interno de 450 millones de habitantes, con un PBI per cápita de USD 43.000 anuales. El informe agrega que el bloque importó productos agroindustriales por USD 220.000 millones en 2024, cifra que expone el volumen potencial para exportadores del Mercosur, dado que “Argentina solo explicó el 3%” de esas compras.

La Fundación INAI reseña que el 9 de enero Europa logró “resolver favorablemente sus discrepancias internas” y habilitó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a firmar el Acuerdo de Asociación Mercosur–UE. De concretarse en los próximos días, el paso pondría fin a un proceso de largo recorrido: “una negociación que demandó más de 25 años para concluir exitosamente”, señala el informe.

El acuerdo se estructura sobre tres pilares. El primero es el comercial, orientado a conformar una zona de libre comercio que facilite el intercambio de bienes, servicios y capitales, con un esquema integrado por “23 capítulos y 21 anexos”. Los otros dos pilares corresponden al componente político, que establece canales permanentes de diálogo, y el de cooperación, que incorpora pautas programáticas para promover el comercio y fortalecer especialmente a las pymes.

Para acelerar la entrada en vigencia, la UE dispuso dos instrumentos: el Acuerdo de Asociación (APEM), que reúne los tres pilares, y un Acuerdo Comercial Interino (ITA), que comprende solo el pilar comercial. Según la Fundación INAI, el ITA tendría un trámite más ágil, porque para que entre en vigor en Europa “solo se requiere la aprobación del Parlamento Europeo”, sin necesidad de ratificación de los 27 parlamentos nacionales, ya que se trata de una materia delegada.

Del lado sudamericano, el mecanismo de implementación también contempla una flexibilidad significativa. El informe indica que “no se requerirá la ratificación de los Estados Parte” para la entrada en vigor, sino que el esquema será bilateral entre la UE y cada país del Mercosur. En la práctica, el ITA comenzaría a regir para cada socio a medida que lo apruebe y ratifique, “sin tener que esperar” a los demás, lo que puede incidir en el uso temprano de beneficios comerciales.

En materia de acceso a mercados, el acuerdo define un amplio paquete de concesiones. El texto de la Fundación INAI destaca que “la UE otorgará beneficios arancelarios para el 99,5% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur”, eliminando aranceles para el 84% y otorgando cuotas o preferencias parciales para el 15,5% restante. Este esquema, afirma, permitiría que el Mercosur compita en condiciones similares con socios que ya tienen acuerdos vigentes, como Canadá, México o Chile.

Dentro de la eliminación inmediata se incluyen productos como porotos y harina de soja, maní, frutas y frutos secos, pasas, legumbres, aceites vegetales para uso industrial, y una lista de despojos comestibles y subproductos de origen animal. El informe aclara que este universo “beneficia al 70%” de las exportaciones agroindustriales del Mercosur al mercado europeo, consolidando una mejora directa sobre el costo de acceso.

Para otro segmento, se acordaron reducciones graduales en plazos de 4 a 10 años. Allí se encuentran la harina de maíz, aceites vegetales, preparaciones alimenticias, cítricos, frutillas, biodiesel, hortalizas, mermeladas, dulce de leche, alimentos para mascotas, algunas conservas de pescado y vinos. Según el reporte, esta categoría representa el 14% de las exportaciones agroindustriales del Mercosur con destino a la UE.

Las cuotas arancelarias, en tanto, reúnen rubros estratégicos, como carne bovina (100.000 tn), carne aviar (180.000 tn), carne porcina (25.000 tn), maíz/sorgo (1 millón tn), además de leche en polvo, miel, arroz, quesos, ajo, etanol y ovoproductos. En este punto, el informe de la Fundación INAI resalta un incentivo operativo: “El primer Estado Parte del Mercosur en ratificar el Acuerdo tendrá derecho a utilizar el 100% de la cuota otorgada por la UE al Mercosur” hasta que se sumen los restantes socios.

El capítulo comercial también incorpora disciplinas sobre licencias y restricciones cuantitativas, y limita los regímenes discrecionales. En esa línea, el informe señala que Argentina se compromete a que “a partir del tercer año desde la entrada en vigor del ITA no aplicará más derechos a la exportación (DEX) en los productos enviados a la UE”, con excepciones para algunas cadenas. En el caso de la soja, por ejemplo, se prevén topes específicos: a partir del quinto año se consolida un máximo del 18%, que descenderá de forma gradual hasta 14% en el año 10.

La Fundación INAI concluye que el acuerdo aporta previsibilidad y funciona como un “contrapeso al proteccionismo” en un momento global de fragmentación comercial. También sostiene que el pacto moderniza marcos regulatorios y puede operar como “un ancla” para políticas nacionales sujetas a cambios pendulares. En síntesis, el documento afirma que el entendimiento con la UE “será un punto de inflexión” para profundizar la inserción del Mercosur en cadenas globales de valor y ampliar las oportunidades de exportación del agro.

La Provincia de Buenos Aires convalidó en forma definitiva el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), cerrando un proceso clave de ordenamiento territorial luego de casi siete años de funcionamiento y de un extenso recorrido administrativo.

El MAG es el mercado concentrador de hacienda, formador y orientador de los precios ganaderos, que -por su volumen- es referente de los precios para hacienda de consumo, invernada y cría en todo el país.

La convalidación definitiva por parte del gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se logró a partir de la aprobación de la nueva zonificación del predio donde opera el mercado, lo que representa un hito para el ordenamiento territorial del distrito, “al otorgar previsibilidad jurídica a uno de los emprendimientos más relevantes de la ganadería argentina”, aseguran.

La resolución provincial avala la ordenanza sancionada en la última sesión extraordinaria del Concejo Deliberante local, que redefinió el uso del suelo del predio. A partir de esta decisión, el área dejó de estar categorizada como zona rural y pasó a ser considerada un “proyecto especial”, lo que habilita formalmente un esquema integral de usos industriales, logísticos, comerciales y de servicios financieros vinculados a la operatoria del mercado.

Intervinieron áreas provinciales clave como la Autoridad del Agua (ADA), los organismos de Medio Ambiente y la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, que evaluaron los impactos ambientales, la viabilidad del emprendimiento y su adecuación normativa, en función de la magnitud y la complejidad que adquirió el mercado tras su traslado a Cañuelas.

Desde su puesta en marcha, el MAG se consolidó como un nodo estratégico para la ganadería nacional y como un motor de desarrollo local, con impacto directo en el empleo, la logística y la actividad económica del partido.

El mercado, que funcionó durante más de 120 años en Liniers, fue trasladado en mayo de 2022 a un nuevo predio de 110 hectáreas, con acceso directo desde la Autovía N°6, a 3 kilómetros de Ruta 3 y Autopista Ezeiza-Cañuelas, con el objetivo de conformar un Polo Agroganadero Comercial, que permitiera reducir los costos logísticos y de transporte, evitando el ingreso de los camiones a la ciudad de Buenos Aires.

La aprobación definitiva regulariza la situación del mercado y habilita nuevas etapas de crecimiento planificado, inversiones complementarias y una mayor integración con el perfil productivo e industrial del distrito.

El sector agropecuario atraviesa un cierre de año marcado por la dinámica y los cambios, en un contexto que comenzó con incertidumbre económica y política, pero que fue reconfigurándose tras el proceso electoral. Para Confederaciones Rurales Argentinas, el nuevo escenario permite proyectar con mayor previsibilidad el corto y mediano plazo, aunque persisten focos de preocupación. “Fue un año interesante, de mucho movimiento. Veníamos de una situación complicada y, después de las elecciones, el rumbo se fue clarificando”, señaló Adrián Luna Vázquez, secretario de CRA, al trazar el balance del período en el programa Chacra Agro Continental.

De cara al próximo año, el dirigente explicó que "el clima sigue siendo una variable central" con la que el productor convive de manera permanente, mientras que la ganadería y algunos cultivos muestran precios más firmes. Sin embargo, advirtió que las economías regionales son hoy el eslabón más vulnerable del entramado productivo.

“El problema más grande fue el reacomodamiento de precios, que no estuvo acompañado por el valor de los productos. Los costos subieron fuertemente y los márgenes se achicaron”, afirmó. En ese sentido, mencionó aumentos significativos en combustibles, insumos y logística, además del impacto de las importaciones en producciones como hortalizas y cultivos intensivos.

Otro de los puntos críticos señalados por Luna Vázquez es la presión tributaria, tanto a nivel provincial como municipal. Luna Vázquez calificó como “una locura” el incremento del impuesto inmobiliario rural en la provincia de Buenos Aires y sostuvo que, tras el recorte de recursos nacionales, “la respuesta de muchas jurisdicciones fue aumentar impuestos, lo que termina elevando los costos para toda la economía”.

En este contexto, Confederaciones Rurales Argentinas presentó una propuesta integral de reforma tributaria orientada a incentivar la inversión productiva. El documento incluye, entre otros puntos, ajustes en Ganancias, amortizaciones aceleradas, devolución ágil de IVA, revisión de Bienes Personales sobre activos productivos y la eliminación gradual de los derechos de exportación. “Es el camino hacia donde queremos ir: impuestos que se adecúen a la realidad productiva”, remarcó.

Finalmente, el dirigente agropecuario volvió a poner sobre la mesa la inseguridad rural. La entidad reimpulsó un proyecto de modificación del Código Penal para agravar penas ante intrusiones en campos con fines delictivos. “Vamos a insistir para que tenga tratamiento legislativo, porque es una preocupación creciente en el interior productivo”, concluyó Luna Vázquez.

“La carga impositiva y la falta de previsibilidad siguen siendo desafíos” para el agro argentino, aseguró Fernando de Nevares, presidente de CREA. El dato se desprende del índice de confianza del sector agropecuario, que mostró una recuperación significativa en el último pulso de la encuesta SEA CREA, realizada en noviembre de este año, alcanzando los valores más altos desde 2016. La medición, que incluye la opinión de 1.300 empresarios y 300 técnicos de todo el país, reflejó un buen ánimo general en el sector.

Sin embargo, De Nevares destacó que esta recuperación no se traduce todavía en un aumento de las inversiones. “Ese nivel aún no supera el 29% y probablemente esto se deba a la coyuntura climática y a que las empresas no terminan de incorporar ese optimismo interno”, explicó en Chacra Agro Continental.

El presidente de CREA también abordó la relación con el gobierno actual, señalando que la política sectorial presenta algunas diferencias respecto de administraciones anteriores. “Yo diría que este gobierno es más procampo y proempresa. La promoción del sector privado para generar riqueza y desarrollo federal está en línea con lo que defendemos desde CREA”, afirmó.

Otro punto que resaltó fue la necesidad de previsibilidad en materia de derechos de exportación. Según De Nevares, la eliminación de estas cargas debería realizarse por ley y con un plazo definido: “Es el camino correcto para que las demás variables se alineen y permita al sector pensar en inversión a mediano plazo”.

En cuanto a los excesos hídricos registrados en los últimos meses, los resultados de la encuesta realizada por CREA indican que “un 29% de los encuestados presentan anegamientos que comprometieron en promedio un 24% de la superficie productiva”,

En relación al futuro de la actividad agropecuaria, el titular de CREA concluyó que la expectativa positiva del sector debería trasladarse pronto a acciones concretas en inversión y desarrollo sostenible, esenciales para fortalecer la economía del país.

La Sociedad Rural Argentina (SRA) viene participando activamente del debate por la modernización laboral que impulsa el Gobierno nacional y que comenzó a discutirse en el marco del Consejo de Mayo. Desde ese espacio, “técnicos del sector agropecuario trabajaron en una serie de propuestas orientadas a actualizar un régimen laboral” que, según advierten desde la entidad, “lleva muchísimos años sin modificaciones”.

Eloisa Frederking, vicepresidenta segunda de la SRA, detalló en el programa radial Chacra Agro Continental, que el sector forma parte del denominado “Grupo de los Seis”, junto a otras entidades empresarias, y que inicialmente varios de los planteos del agro no habían sido incorporados en el proyecto oficial. “Cuando vimos que los temas que habíamos llevado no estaban incluidos, empezamos a trabajar con quienes redactaban la ley para acercar los puntos que consideramos relevantes para nuestra actividad”, explicó.

El trabajo de la Rural no es reciente. Según Frederking, se trata de un proceso de casi dos años que abarca alrededor de cien propuestas vinculadas a la modernización del contrato de trabajo rural. Sin embargo, para esta etapa legislativa se decidió priorizar un conjunto reducido. “Achicamos ese trabajo a ocho puntos clave, los más urgentes e importantes, con la idea de que sirvan como disparador para una reforma más amplia”, señaló.

Entre los aspectos más destacados figura la incorporación de un período de prueba, inexistente hasta ahora en el sector, la creación de un fondo de asistencia laboral para afrontar indemnizaciones y cambios en el esquema de negociación paritaria. “Son herramientas que apuntan a dar previsibilidad y a incentivar la generación de empleo”, remarcó la dirigente rural.

Frederking subrayó además que la propuesta contempla las particularidades de las economías regionales y del empleo estacional. “La Argentina no es sólo la Pampa Húmeda. Hay trabajadores con realidades muy distintas, como los de la cosecha de tabaco o de la uva, y eso tiene que estar reflejado en la normativa”, sostuvo.

Por su parte, José Voytenco, secretario general de UATRE, señaló, al referirse al tema que es “indispensable que antes de diseñar un nuevo esquema legal se reconozcan las particularidades de las tareas propias del campo, que difieren sustancialmente de las previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y que sean tenidos en cuenta al legislar”.

Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), realizó un balance positivo del año agroindustrial al cierre de 2025 y subrayó el trabajo articulado entre los distintos eslabones de la cadena, desde los productores hasta los exportadores. En ese marco, destacó especialmente el desempeño del trigo, con una cosecha histórica que ya superó el 60% de avance y rindes por encima de lo esperado.

“Fue un año muy positivo, no solo por la producción sino también por el trabajo conjunto con toda la cadena agroindustrial”, señaló en Chacra Agro Continental Marra , quien este año regresó a la presidencia de la entidad luego de un período fuera del cargo.

El titular de la BCBA remarcó que la campaña triguera marcará el cierre del año, con una producción que tendrá impacto tanto a nivel local como en el mercado internacional. Sin embargo, advirtió que la abundancia de oferta también presiona los precios. “La gran producción argentina influye en el comercio mundial y eso hace que el precio del trigo no acompañe”, explicó.

De cara a la próxima campaña gruesa, Marra señaló un aumento en la superficie destinada a maíz y girasol, con incrementos estimados de entre 500.000 y 700.000 hectáreas, y buenas perspectivas productivas si el clima continúa acompañando. En el caso del girasol, destacó el buen estado de los cultivos y un contexto de precios favorables.

En cuanto a la soja, el presidente de la Bolsa indicó que los precios internacionales siguen siendo un factor de preocupación debido a la superproducción global, especialmente en Estados Unidos y Brasil. “No estamos frente a precios históricamente altos, pero tampoco en los más bajos; los márgenes van a estar muy ajustados”, advirtió.

Según las estimaciones actuales, la producción de soja argentina se ubicaría entre un 5% y un 7% por debajo de la campaña anterior, en parte por el corrimiento de superficie hacia otros cultivos. No obstante, Marra sostuvo que la reciente baja de retenciones podría influir en la decisión final de siembra. “Habrá que ver cómo termina impactando esta reducción de los DEX en los números del productor, sobre todo teniendo en cuenta que el maíz es más costoso de implantar que la soja”, concluyó.

El año que termina fue complejo para la maquinaria agrícola en Argentina, según reconoció Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) en el programa radial Chacra Agro Continental. A pesar de que los números “fríos” muestran un desempeño similar al de 2024, Zubeldía asegura que el análisis requiere mirar más allá de las cifras.

“Fue un año complejo porque se están rompiendo muchos paradigmas. Hablamos de competitividad, costos y del tipo de agricultura e industria que queremos. Se abrieron discusiones que, aunque algunas no nos gustan, otras son super sanas”, señaló el industrial.

Uno de los hitos positivos del año fue la internacionalización de la maquinaria argentina. Según Zubeldía, más de 30 empresas participaron en la exposición agrícola más importante del mundo, realizada en Alemania. Allí, los fabricantes locales se conectaron con distribuidores y mostraron el potencial de la agroindustria argentina.

Sobre la polémica generada en torno a la importación de maquinaria usada, el titular de CAFMA aclaró que “el impacto en cantidad de máquinas que ingresaron no fue grande”, aunque advirtió que muchos operadores comenzaron a analizar aspectos como postventa, repuestos y conectividad. “Traes una cosechadora, un contratista la usa y si el segundo día pasa algo y nadie te atiende y perdés la campaña. Ahí es cuando se empieza a ver el lado B de toda esta historia”, advirtió.

En cuanto al financiamiento, Zubeldía destacó la relevancia de la línea de crédito para la adquisición de maquinaria: “Las tasas están a la baja, y el productor necesita dos cosas: rentabilidad y financiamiento. Creo que vamos a llegar a marzo con buenas tasas, tentadoras y coherentes con la inflación”.

Sobre el parque de maquinaria, el dirigente sostuvo que no está obsoleto. “Hay rubros con máquinas más viejas, pero los tractores y equipos que se usan diariamente son modernos. Argentina es competitiva y eficiente, y eso no se logra con fierros obsoletos”, aseguró.

Finalmente, sobre la modernización laboral impulsada por el gobierno, Zubeldía expresó su apoyo: “Hace falta modernizar las reglas de juego. No podemos seguir con leyes creadas antes de internet o de la inteligencia artificial. Espero que esta discusión nos deje una posición mejor para todos, incluidos los que trabajan con nosotros”.

El relevamiento, elaborado por la Cámara Arbitral de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), se presenta antes que en campañas anteriores y constituye una herramienta estratégica para la toma de decisiones comerciales, industriales y logísticas desde el inicio del ciclo comercial del cereal.

El informe se basa en el análisis de muestras que representan 244.100 toneladas de trigo, equivalentes al 76,7% del volumen total proyectado para el muestreo. Las muestras corresponden a la Subregión II Norte, una de las áreas más representativas de la producción triguera, que comprende departamentos de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

En cuanto a los resultados preliminares, el peso hectolítrico promedio se ubicó en 79,4 kilogramos por hectolitro. El contenido de proteína alcanzó un promedio de 9,6%, calculado sobre una base de humedad del 13,5%.

Respecto de la clasificación comercial del trigo evaluado, el 28,3% de las muestras fue categorizado como Grado 1, el 66% como Grado 2 y el 5,7% como Grado 3, sin registros fuera de estándar en esta primera etapa del relevamiento.

Los análisis se realizaron en el nuevo laboratorio de la Bolsa de Comercio de Rosario, inaugurado el pasado 13 de noviembre y equipado con tecnología de última generación. Esta infraestructura permitió agilizar los procesos de análisis y la difusión de resultados, elevando la calidad técnica del relevamiento y su impacto en el mercado en las primeras semanas de la campaña.

“Una vez más, la información fue recopilada, analizada y difundida en los tiempos que el mercado exige, facilitando a todos los eslabones de la cadena agroindustrial el acceso a datos clave en el momento preciso”, destacó Gonzalo Almeyda, presidente de la Cámara Arbitral de Cereales de Rosario. Según señaló, esta dinámica contribuye a optimizar las decisiones comerciales y logísticas desde las etapas iniciales de la cosecha.

La Cuenca del Salado atraviesa nuevamente un exceso hídrico, pero según Ricardo Orazi, dueño de la cabaña La Pastoriza, “lamentablemente no se trata de un fenómeno desconocido”. “La cuenca históricamente tiene inundaciones y sequías desde tiempos inmemoriales”, recordó. Sin embargo, destacó que aun dentro de esas oscilaciones climáticas la zona mantiene un promedio de entre ocho y diez millones de vacas, lo que la convierte en un pilar de la cría bovina nacional.

Durante su participación en el programa Chacra Agro Continental Orazi subrayó que, a diferencia de otras épocas, hoy existe un fuerte avance tecnológico que cambió el manejo. “Antes se decía que una vaca se murió de agosto, porque no había alternativa. Hoy hay muchísima tecnología”, señaló, mencionando innovaciones como la siembra directa, los alambres eléctricos y, especialmente, la producción de reservas.

En la zona de la Cuenca del Salado, más de 5,5 millones de hectáreas productivas se encuentran afectadas por inundaciones que, según la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), constituyen el episodio más grave en muchos años. El desastre hídrico provocaría pérdidas económicas estimadas en US$ 2.000 millones.

Orazi, resaltó-a pesar de la coyuntura- el rol de los cabañeros en la evolución del rodeo vacuno. "Trabajamos para hacer animales que se adapten a la zona, nacidos y criados en la cuenca”, afirmó. En ese sentido, destacó que la genética se refleja cada año en los remates: “Antes veías lotes desparejos; hoy ves lotes excelentes en toda la región”.

Cuenca del Salado: “la columna vertebral de la ganadería”

Consultado sobre cómo avanzar en los índices reproductivos, Orazi fue directo: “Lo que se necesita es un buen manejo y la incorporación de gente idónea: asesores, veterinarios, ingenieros”. Pero advirtió que la principal limitante aparece en la salida del invierno, cuando falta pasto. Por eso considera fundamental invertir en producción de pasto y en reservas.

Reconoció que persisten realidades distintas dentro de la cuenca, a la que calificó como “la columna vertebral de la ganadería argentina” . Los campos alquilados —dijo— suelen trabajar “más rudimentariamente”, pero los establecimientos propios muestran mejoras permanentes y una creciente demanda de genética e inseminación.

Pese a los problemas climáticos, Orazi se mostró optimista acerca del futuro inmediato. “La Cuenca del Salado va a mejorar fuertemente en los próximos meses”, anticipó, y agregó que cuando aparece el precio, la inversión acompaña. Desde su rol en la Asociación Argentina de Angus, aseguró que observa un crecimiento sostenido en las razas británicas.

La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) presentó su Estrategia Nacional Exportadora 2025 (ENE), un documento que reúne 248 propuestas “orientadas a fortalecer el desempeño exportador del país y recuperar competitividad en el escenario internacional”.

Durante la presentación, el presidente de la entidad, Fernando Landa, remarcó la necesidad de avanzar en una “reforma actitudinal” hacia el sector exportador. En ese sentido, sostuvo que la exportación no debe ser vista únicamente como una fuente coyuntural de divisas, sino como un pilar estructural para la generación de empleo, el desarrollo federal y el crecimiento sostenido.

Diagnóstico preocupante

Entre los indicadores expuestos, CERA señaló que la participación de Argentina en las exportaciones globales se mantiene en torno al 0,33%, con escasas perspectivas de mejora en el corto plazo. Además, la cantidad de empresas exportadoras de bienes permanece estancada desde hace una década, al igual que la baja proporción de pymes que logran insertarse en el comercio exterior.

La entidad también advirtió sobre la limitada diversificación exportadora y el bajo nivel de exportaciones per cápita, muy por debajo de países comparables de la región y del mundo.

Crecimiento impulsado por el agro y la energía

Según las estimaciones de CERA, 2025 cerraría con exportaciones por USD 84.295 millones, el segundo registro más alto de los últimos cinco años. No obstante, Landa aclaró que este crecimiento se explica mayormente por factores puntuales, como el aumento de las ventas de soja a China, la buena campaña triguera en un contexto internacional complejo y el incremento de las exportaciones energéticas.

Reducción de DEX, una de las prioridades para 2026

La Estrategia Nacional Exportadora plantea diez medidas prioritarias para avanzar hacia la “normalización” de la relación de Argentina con el mundo. Entre ellas se destacan la eliminación de la liquidación obligatoria de divisas, la reducción de derechos de exportación, la mejora de los reintegros y la simplificación tributaria y logística.

También se subraya la necesidad de revitalizar el Mercosur, fortalecer la inserción internacional del país y avanzar en procesos clave como el ingreso a la OCDE.

Impacto esperado

De concretarse las propuestas de la ENE, CERA estima que las exportaciones podrían sumar cerca de USD 15.760 millones adicionales hacia 2030, alcanzando un total de USD 142.442 millones, lo que implicaría un incremento del 70% respecto de 2025.

“Exportar es trabajo y desarrollo”, concluyó Landa, al remarcar que la competitividad será posible si se adopta una mirada de largo plazo y reglas de juego previsibles.

El complejo ganadero argentino transita un año que combina señales alentadoras con deudas estructurales. Desde la industria frigorífica proyectan que las exportaciones de carne bovina cerrarán el período con una baja cercana al 8 o 9% en volumen, ubicándose en torno a las 700.000 toneladas, frente a las 770.000 del año anterior. Sin embargo, el dato positivo aparece por el lado del valor: el ingreso de divisas crecería alrededor de un 25%, pasando de unos 3.030 millones de dólares a cerca de 3.700 millones.

Mientras la industria y el sistema científico destacan la capacidad del país para cumplir con las nuevas exigencias, desde el eslabón productivo advierten que sin previsibilidad, políticas de desarrollo y un mercado interno sólido, el escenario favorable puede ser transitorio.

“El crecimiento en dólares es importante y no creemos que estemos muy lejos de estos números”, explicó Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, al analizar el desempeño del sector exportador. No obstante, advirtió que el principal límite para sostener y ampliar la presencia internacional es la falta de materia prima: “Estamos mal con el stock, tenemos alrededor de dos millones de vientres menos, y si queremos progresar en el mercado internacional necesitamos más producción”.

En paralelo, la reciente decisión de la Unión Europea postergar hasta diciembre de 2026 la entrada en vigencia de la normativa que exige de carne libre de deforestación abrió una ventana de trabajo para toda la cadena.

Desde el ámbito científico y tecnológico, el balance del año es positivo. Gerardo Leotta, investigador del CONICET y referente en trazabilidad, destacó los avances logrados con relación a la normativa europea. “Cumplimos con creces los objetivos y estamos listos para dar respuesta al requerimiento y acompañar a los importadores, que son quienes van a recibir la presión normativa”, señaló.

Leotta remarcó que el plazo adicional debe ser aprovechado estratégicamente: “Este año de prórroga lo tenemos que usar para trabajar con los productores, informar y romper mitos que surgen cada vez que se habla de este tema”. En ese sentido, subrayó que el desafío no es menor, ya que la normativa europea no se limita al último eslabón productivo.

“No pide solo libre deforestación en el último establecimiento por donde pasó el animal, sino que va hasta el primer campo de cría. Además, exige garantías de trazabilidad, cumplimiento ambiental, fiscal, laboral y hasta de derechos humanos, especialmente con pueblos originarios”, detalló. Y agregó: “el reglamento europeo está armado de un modo maquiavélico”.

Desde la industria, Ravettino coincidió en que la prórroga puede ser útil para profundizar los sistemas ya existentes, aunque cuestionó la forma en que actuó el bloque europeo. “Hay una desprolijidad muy grande. Aún no está oficializada la postergación cuando todos saben que la mercadería que ingresa el 1° de enero se produce desde la segunda quincena de noviembre. Además, seguimos reclamando que se revise la categorización de la Argentina como país de riesgo medio, cuando nuestro nivel de deforestación es insignificante”, sostuvo.

La mirada desde las entidades de productores aporta un contraste más crítico. Ulises Forte, dirigente federado, describió un año “atípico”, atravesado por la coyuntura política y por precios que, si bien son buenos, no alcanzan para hablar de un verdadero desarrollo ganadero.

“El buen precio no significa desarrollo ni distribución. Hoy un productor de cría puede estar pasando un excelente momento, pero el mundo ganadero está año luz de ser homogéneo”, afirmó.

Forte puso el foco en las dificultades de otros eslabones de la cadena. “El invernador se está fundiendo, hay engordadores que no pueden engordar más, frigoríficos que achican faena o cierran, cheques rechazados. Falta una política impositiva y financiera que acompañe”, enumeró. Y fue más allá al cuestionar la carga tributaria: “Le sacan dos puntos a las retenciones y eso jamás llega al productor, pero siguen el impuesto al cheque, al combustible, los anticipos de Ganancias. Así no hay política de desarrollo”.

En cuanto al futuro, las perspectivas generan incertidumbre. Forte advirtió sobre la fragilidad del mercado interno y la dependencia del comercio exterior señalando que el 30% de las exportaciones tiende al mercado interno, y el mercado interno no puede pagar más porque está destruido. “Cuando China o Europa digan ‘hasta acá’, el impacto se va a sentir fuerte”, alertó, al tiempo que reclamó previsibilidad para transformar el actual “veranito” de precios en un verdadero boom ganadero.

Desde el Consorcio ABC, Ravettino coincidió en que la rentabilidad es condición indispensable para producir. “Si el productor no tiene rentabilidad, no va a producir. Hoy la tiene y ojalá se pueda aprovechar este momento”, señaló. Frente a la menor disponibilidad de cabezas, planteó que una salida posible es mejorar la eficiencia: “En cabezas va a costar, pero en kilos se puede crecer. Argentina faena animales muy livianos; con procesos de recría y el clima acompañando, se puede aumentar el peso por animal”.

Así, entre exigencias ambientales cada vez más complejas, números de exportación que muestran fortaleza y una estructura productiva que reclama reglas claras y políticas de largo plazo, la ganadería argentina enfrenta un año bisagra. Un tiempo de transición que, según coinciden investigadores, industriales y dirigentes rurales, debería servir para consolidar herramientas, ordenar la cadena y sentar las bases de un crecimiento sostenible que vaya más allá de los buenos precios coyunturales.

La cadena avícola transitó un año “extraordinario”, pero no necesariamente en sentido positivo. Así lo describió el directivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida en Chacra Agro Continental, quien dividió el período en cuatro etapas bien diferenciadas. Un primer trimestre “preocupado”, en el que la demanda superó la oferta y obligó a reconfigurar todo el plan de trabajo; un segundo trimestre de equilibrio; un tercero con señales de sobreoferta; y un cierre de año “complejo”, marcado por una caída fuerte del precio al consumidor.

Prida remarcó que, mientras el valor del huevo retrocedió, los costos subieron por la recomposición de granos, energía y mano de obra, además del impacto del dólar en insumos dolarizados. En este escenario, advirtió: “La ecuación está muy finita: el que hace las cosas bien va a estar bien; el que las hace desprolijas, la va a pasar mal.”

Uno de los datos salientes es el consumo anual por habitante, que ya supera los 385 a 390 huevos per cápita, cifra que calificó como “extraordinaria”. Sin embargo, ese nivel se sostiene principalmente “a base de precio”, debido a que el productor perdió capacidad de cobro desde mayo.

El sector cerrará el año con un salto productivo significativo. CAPIA estima que el stock pasó de 57,7 millones de gallinas a más de 61,5 millones, un crecimiento del 6,5%. A eso se suma un avance sostenido en tecnología: hoy, el 84% del parque productivo opera con sistemas modernos, con climatización y manejo integral.

Prida comparó estos establecimientos con “hoteles cinco estrellas para el animal”, capaces de sostener temperaturas constantes durante todo el año. Esa eficiencia explica que la producción por ave alojada siga en aumento: de promedios de 280 huevos hace dos décadas, se pasó a más de 320 en algunos establecimientos.

De cara al 2026, el dirigente se mostró inquieto por la proliferación de nuevos jugadores que operan por fuera de la estructura gremial y del sistema formal. “Ingresaron al negocio, se beneficiaron con lo que hace CAPIA y no colaboran”, cuestionó.

Respecto de los mercados externos, confirmó que se avanza en un nuevo envase de 60 unidades, actualmente en pruebas y pendiente de aprobación por parte del Senasa. En materia impositiva, volvió a poner el foco en el IVA del huevo, que se mantiene en el 21%. “Castigan con el IVA a uno de los alimentos más importantes de la canasta”, afirmó. Mientras otras proteínas animales tributan el 10,5%, la alícuota actual —señaló— alimenta la informalidad y desalienta inversiones. Según estudios encargados por la entidad, una reducción del IVA permitiría mayor formalización y recaudación, pero el Gobierno aún no avanza en ese sentido.

En tanto, el presidente de CAPIA, Juan Kútulas, adelantó en Chacra Agro Continental, que “2026 se perfila como un año difícil para el sector productor de huevos” y destacó la posibilidad de “incrementar la exportación, a pesar de las dificultades que en términos logísticos y de competitividad hoy tiene el producto”, así como también de “aumentar el consumo interno”.

La Sociedad Rural de Rosario advirtió que “desde hace dos años solicita reuniones con los ministerios de Producción y Seguridad de Santa Fe sin obtener respuestas”, y reiteró su pedido de mantener una reunión “entre las partes involucradas para encontrar soluciones claras, eficaces y concretas”.

En ese contexto, denunciaron que hay una “desarticulación de mecanismos de control y una ausencia de propuestas para el ámbito rural” lo que ha derivado en “un aumento de los delitos en los campos”.

Los ruralistas aseguraron que “se desmanteló OJO y su vínculo con las entidades agropecuarias, herramienta clave para combatir el delito rural”.

OJO es la Central de Información Criminal Operativa, que recolecta, sistematiza y analiza datos delictivos en tiempo real para planificar el despliegue policial, optimizar recursos y tomar decisiones de seguridad basadas en inteligencia, que fue inaugurada en 2017 cuando el actual gobernador de Santa Fe era el ministro de Seguridad de la provincia, y funciona con personal policial y civil.

Los productores santafesinos puntualizan que el sistema de monitoreo y coordinación fue “útil para prevenir hechos de abigeato, robos de maquinaria y hurtos de granos”. Alertan, además, que la última reunión del Consejo Empresario con el Ministerio de Seguridad provincial “se centró exclusivamente en la seguridad urbana, sin propuestas concretas para el campo”.

La entidad presidida por Tomás Layus fue contundente al describir el escenario: “falta de controles y una creciente vulnerabilidad de productores y trabajadores rurales”.

El sector productivo insiste en que la inseguridad rural requiere acciones específicas: justicia efectiva, investigaciones, más patrullajes, reactivación de sistemas de monitoreo, canales de comunicación directos con las fuerzas de seguridad y una agenda de trabajo formal entre el Estado y las entidades agropecuarias.

La expansión de la peste porcina africana (PPA) volvió a encender alarmas en Europa, especialmente en España, principal productor y exportador de carne de cerdo de la Unión Europea. Juan Uccelli, consultor porcino, explicó en Chacra Agro Continental que la enfermedad —descubierta a principios del siglo XX y sin vacuna hasta hoy— “tiene una alta mortandad y cuando entra a una granja hace un desastre”.

Según detalló, la PPA nació en jabalíes africanos y entre las décadas del ’60 y ’70 logró ingresar a Europa y al continente americano. Hoy avanza desde Europa del Este hacia el oeste y ya fue detectada en animales salvajes en territorio español. Uccelli remarcó que la enfermedad “no afecta a los seres humanos”, pero genera un enorme impacto sanitario y comercial: la aparición de un brote en criaderos provoca el cierre automático de mercados internacionales.

El especialista explicó que, en granja, los primeros signos son abortos y una mortandad muy fuerte de lechones, seguida de un avance rápido que puede llevar a la pérdida casi total del criadero. Aunque existen hipótesis que atribuyen algunos contagios al movimiento de productos o transportes, Uccelli consideró más probable que el vector principal siga siendo el jabalí europeo.

Pese a décadas de investigación, la comunidad científica no logró aún un desarrollo efectivo. Uccelli señaló que se trata de “un virus muy grande al que no le encuentran la vuelta y que las vacunas experimentales de China y Estados Unidos no dieron resultados”. Europa trabaja hoy en una nueva línea de investigación, pero sin efectos comprobados.

Al analizar la situación local, el analista fue categórico y remarcó que “El estatus del sector productivo argentino es casi perfecto, gracias a Dios y gracias al Senasa que hace las cosas.” El país es libre de peste porcina africana, peste porcina clásica y del síndrome respiratorio y reproductivo porcino. Las únicas dos enfermedades que se mantienen como desafíos son la triquinosis y la enfermedad de Aujeszky, ambas bajo control, pero aún presentes.

El consultor también se refirió al mercado interno y al plan porcino hacia 2030. Según sus datos, el consumo ya supera los 23,5 kilos anuales por habitante y podría alcanzar los 34 o 35 kilos en pocos años. Atribuyó este crecimiento a tres factores principales: La mejora en la percepción del consumidor, la facilidad de preparación de la carne porcina y la importante diferencia de precios respecto de la carne vacuna.

Por último, Uccelli destacó la elevada eficiencia productiva del sector: “Una cerda en Argentina puede generar hasta 3.200 kilos de carne por año, y algunas granjas llegan a 4.400”.

El trigo marcaría un nuevo hito productivo y proyectan 27,7 millones de toneladas en la campaña 2025/26. Según la última estimación de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la cosecha alcanzaría los 27,7 millones de toneladas, es decir, 3,2 millones más que lo previsto en el informe anterior. La proyección supera ampliamente las expectativas iniciales y marca un récord histórico para el cereal.

“La campaña triguera sigue sorprendiendo con rindes impensables”, aseguró la entidad rosarina, al remarcar que estos resultados se dan en un ciclo iniciado bajo la incertidumbre por la sequía previa. Las primeras previsiones hablaban de una producción cercana a los 20 millones de toneladas, pero los rendimientos, que superan los 60 quintales por hectárea, modificaron el escenario por completo.

La BCR detalló que en la región núcleo se sembraron 220.000 hectáreas adicionales, a las que se suman 50.000 hectáreas más en Entre Ríos. Con estos ajustes, el país totaliza 7,17 millones de hectáreas implantadas con trigo.

Avanza la cosecha

A nivel nacional, la trilla registra un progreso del 58 %, retrasado por las lluvias que afectaron el ritmo de trabajo. Para la proyección final, la BCR consideró una superficie no cosechada de 400.000 hectáreas. Si se confirma la estimación de 27,7 millones de toneladas, la producción será 37 % superior a la de la campaña anterior.

Provincias con rindes récord

Santa Fe lidera el ranking con un rendimiento promedio estimado de 47,3 qq/ha, aunque aún falta recolectar la mitad del área sembrada. La siguen Buenos Aires, con 43,2 qq/ha, Entre Ríos con 42 qq/ha, y Córdoba con 39,6 qq/ha. La BCR destacó que todas estas marcas constituyen récords provinciales.

El informe también subraya que este año las lluvias acompañaron y no limitaron el desarrollo del cultivo. Además, se registró una fuerte inversión del sector en tecnología: semillas mejoradas, estrategias de control sanitario, fertilización y refertilización, clave para enfrentar la pérdida de nutrientes por lixiviación.

Estimación más conservadora

En paralelo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires reportó que la cosecha avanzó hasta el 60,2 % del área apta, con un progreso intersemanal de 14,9 puntos porcentuales. Los rendimientos oscilan entre 20 y 80 qq/ha, con promedios de 37 a 38 qq/ha en Córdoba y el centro-norte santafesino, 45 qq/ha en Entre Ríos y entre 56 y 58 qq/ha en los núcleos Norte y Sur. El rendimiento promedio nacional se ubica así en 41,4 qq/ha.

Con los primeros lotes cosechados en el sur del área agrícola —donde se registran entre 35 y 48 qq/ha, por encima de los promedios históricos—, la entidad porteña mantiene su proyección en 25,5 millones de toneladas.

La campaña 2025/26 se perfila así como una de las más destacadas de los últimos años, impulsada por rindes excepcionales y una recuperación productiva que supera las previsiones iniciales.

El 31º informe de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus maidis, con datos de capturas relevados hasta el 29 de noviembre de 2025, presenta un panorama excelente para los maíces tempranos: más del 90% se encuentra ya en estadios reproductivos y, por tanto, fuera del período de susceptibilidad a Spiroplasma.

La ausencia del vector sigue predominando en todas las regiones, aunque desde la Red alertan que se debe prestar especial atención a algunos focos neurálgicos en las zonas endémicas y en Corrientes.

En la zona endémica del NOA, la plaga estuvo ausente en el 46% de las localidades, mientras que en un 37% las capturas registraron el nivel mínimo (1 a 4 adultos por trampa). En un 2% aparecen puntos neurálgicos, particularmente en Alto Verde (Tucumán), correspondientes a lotes destinados a producción de choclo o semillas.

En el NEA, el 62% de las localidades siguió sin detecciones de chicharrita, mientras que un 24% presentó las capturas más bajas. Un 3% de las localidades históricamente endémicas presentó niveles de detección altos: Juan José Castelli en Chaco, y Comandante Fontana y Las Lomitas en Formosa; en tanto en el Litoral, el 62% de las localidades monitoreadas no registró capturas, y el 24% presentó el menor nivel de presencia. Sólo en algunas localidades de Corrientes se sobrepasaron esos niveles, particularmente en Mercedes.

En cuanto a la región Centro-Norte, se mantuvo estable, con un 89% de las localidades sin detecciones del vector, y el resto, con capturas mínimas. El 77% de las trampas se situó sobre lotes maiceros; y en el Centro-Sur, la ausencia de chicharrita continuó en el 95% de las localidades, mientras que el resto estuvo en la categoría mínima.

Para los expertos de la Red, es clave mantener los monitoreos a lo largo del año, tanto con trampas como con observación de cultivos, y tanto en las zonas de maíces tempranos (especialmente si ya cesaron las intervenciones), como en las áreas de siembra tardía, donde los maíces voluntarios (“guachos”) pueden favorecer la supervivencia y multiplicación de la plaga y sus patógenos.

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) renovó sus autoridades durante la realización de los comicios y la Asamblea General Ordinaria. La lista encabezada por Pablo Bortolato se impuso con 309 votos frente a los 286 obtenidos por la nómina liderada por Víctor A. Cabanellas, en una elección que contó con una participación del 67,6% del padrón habilitado.

Del total de 894 socios en condiciones de votar, 605 emitieron su sufragio. El acto eleccionario estuvo supervisado por la Comisión Electoral integrada por Guillermo Gustafsson, Gonzalo Almeyda y Marcos Marinelli.

Durante la Asamblea se eligieron Presidente, Vicepresidente 1°, Vicepresidente 2°, cinco vocales titulares y dos vocales suplentes, todos con mandato por dos años, además de los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas, quienes ejercerán por un año. También se aprobaron la Memoria y el Balance correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de julio, así como la gestión del Consejo Directivo y de la Comisión Revisora.

Concluido el recuento, la Asamblea proclamó oficialmente a Pablo Bortolato como presidente de la institución, sucediendo en el cargo a Miguel Simioni. Lo acompañarán Jorge Tanoni como Vicepresidente 1° y Javier Gastaudo como Vicepresidente 2°.

Los vocales titulares designados fueron Sebastián Bottallo, Tomás Rodríguez Ansaldi, Mayra Boglich, Miguel Simioni y Julio Roldán; mientras que Mauro Venturi e Ivanna Sandoval resultaron electos como vocales suplentes. En tanto, en la Comisión Revisora de Cuentas, los cargos titulares recayeron en Enrique Lingua, Carlos García Beltrame y Ernesto Antuña, y los suplentes en Cintia Majul, Clara Vogel y Daniel Vigna.

Con esta renovación de autoridades, la Bolsa de Comercio de Rosario inicia un nuevo período institucional bajo la conducción de Bortolato -operador bursátil de tercera generación, y ex presidente del Mercado Argentino de Valores- por los próximos dos años.

El ICA-ARG subió 0,1% y recuperó parte del terreno perdido. Tras varios meses de caídas, el Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica de Argentina (ICA-ARG) registró en octubre un incremento del 0,1%, mientras que el desempeño interanual se mantuvo en alza, con una variación del 1,2%. La mejora mensual, aunque moderada, marca un quiebre en la tendencia descendente observada entre marzo y septiembre.

El índice se ubica ahora un 6,1% por encima del piso de marzo de 2024, aunque todavía permanece 1,8% por debajo del máximo de febrero, reflejando el retroceso acumulado durante buena parte del año.

¿Qué sectores impulsaron la mejora?

Cuatro de los diez componentes del ICA-ARG mostraron avances en octubre: la construcción —con un repunte del 2,2% que revierte la caída del invierno— y la recaudación nacional, que volvió a crecer tras siete meses en baja. También se registraron incrementos en las importaciones de bienes y en las remuneraciones brutas de los trabajadores privados registrados. En contraste, el deterioro de los patentamientos de vehículos nuevos, la pérdida de empleo registrado y la caída en la tasa de entrada al mercado laboral actuaron como contrapesos negativos.

Producción industrial: persiste la recesión

La industria acumuló ocho meses consecutivos de retrocesos, con una baja total del 5,1%. Aunque en octubre la variación mensual fue prácticamente nula (-0,01%), el sector continúa en terreno recesivo. En la comparación interanual, la caída alcanza el 4,2%.

Algunos rubros, como el automotriz, las metálicas básicas, el petróleo y los alimentos, mostraron señales de alivio y contribuyeron a moderar la tendencia negativa.

Comercio exterior: importaciones en alza

Las importaciones volvieron a crecer (1,3% mensual y 13,5% interanual), alcanzando su mayor nivel desde agosto de 2023. Las exportaciones acompañaron la mejora, aunque con menor impulso, lo que redujo el superávit comercial de bienes, que se mantiene positivo.

Por otro lado, las ventas minoristas continuaron en retroceso, con una baja del 0,1% mensual y del 3,2% interanual, afectadas sobre todo por descensos en autoservicios mayoristas y centros de compras.

Los indicadores más golpeados

El empleo privado registrado cayó 0,3% en octubre y ya perfora el mínimo de 2024, acumulando una pérdida cercana a los 200.000 puestos frente al máximo de agosto de 2023. La tasa de entrada al mercado laboral también retrocedió (-2,9%), aunque se mantiene por encima de los niveles del año pasado.

En tanto, los patentamientos de vehículos nuevos mostraron su quinta baja consecutiva (-2,3%), afectados por el encarecimiento del crédito, aunque con expectativas de mejora ante la reducción de tasas en noviembre.

Señales de alivio en la economía

La recaudación total del Estado nacional creció 0,8% mensual, cortando una serie de siete descensos. No obstante, sigue 6,5% por debajo del registro de octubre de 2024.

Por su parte, los salarios brutos del sector privado registrado subieron 0,5% en el mes y acumulan una mejora real del 0,8% en el trimestre, ubicándose 4,6% por encima del nivel de un año atrás.

En cuanto al Índice Líder de Actividad (ILA-ARG) registró en octubre una variación positiva de 0,02%, interrumpiendo su secuencia de siete meses en baja. Ocho de sus doce componentes aportaron al alza, entre ellos la base monetaria, el gasto de capital del Estado, las transferencias de autos usados y el índice de confianza del consumidor.

Un estudio de la Bolsa de Comercio de Rosario, en base a la actualización de un trabajo de CREA, estimó que en 2025 el productor ganadero desembolsará US$ 20.322 millones.

De este total, US$ 9.954 millones corresponderían a reposición de hacienda; US$ 8.592 a gastos directos e indirectos; US$ 1.021 a bienes durables; y US$ 755 millones, a gastos de comercialización.

En diálogo con Chacra Agro Continental, Emilce Terré, del Área de Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), puntualizó que “Argentina produce anualmente poco más de 3 millones de toneladas de carne vacuna”, es el principal consumidor de carne por habitante y, en el frente externo, “es el quinto exportador del mundo”. En 2024, el complejo carne y cuero bovinos fue el sexto complejo exportador de Argentina.

El informe de la BCR puntualiza que sostener esta capacidad productiva requiere “un esfuerzo de recursos constante y significativo”.

El stock ganadero que, según fuentes oficiales comenzó el año en 51,6 millones de cabezas, define un punto de partida físico para la cuantificación de los desembolsos. El tamaño y la estructura de dicho rodeo constituyen uno de los drivers principales que determinan la magnitud de los gastos e inversiones requeridos por la cadena.

El modelo de estimación de gastos elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario abarca cinco grandes rubros: gastos directos, de comercialización, e indirectos, inversiones en bienes durables y reposición de hacienda.

El primer componente del desembolso total corresponde a los gastos directos, que comprenden aquellas erogaciones operativas intrínsecamente ligadas al proceso de producción ganadera. Los mismos fueron actualizados a partir de los datos de rodeo bovino de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), y de los costos directos por hectárea para diferentes modelos de producción.

Para el año 2025, se estima que estos gastos alcanzarían un total de US$ 4.117 millones. Se destaca el rubro de Alimentación como el principal componente de costos, representando el 73% del total. Este rubro se desagrega en US$ 1.926 millones destinados a suplementación y US$ 1.060 millones a pasturas y verdeos. Los desembolsos directos restantes se componen de gastos de personal (US$ 688 millones) y sanidad (US$ 443 millones).

El segundo rubro cuantificado corresponde a los gastos de comercialización, los cuales agrupan las erogaciones necesarias para la venta de la hacienda. Se proyecta que estos desembolsos alcanzarán un total de US$ 755 millones en 2025. Este monto se desagrega en dos componentes principales: las Comisiones por ventas, que representan el 62,4% del total (US$ 471 millones), y los gastos de Transporte, que explican el 37,6% restante (US$ 284 millones). Las comisiones estimadas contemplan las distintas modalidades de operación del sector, incluyendo mercados concentradores, remates feria, “gancheras” y ventas directas. Por su parte, el costo de transporte cubre los traslados de animales tanto entre establecimientos como hacia las plantas de faena.

En tercer lugar, se cuantifican los gastos indirectos, proyectados en US$ 4.475 millones para 2025. El principal componente de esta categoría es Estructura y Administración, con un desembolso estimado de US$ 2.827 millones. Estos gastos se originan por la necesidad de mantener el establecimiento en condiciones de producir y gestionar técnica y económicamente la empresa. Incluyen una amplia gama de rubros como el personal de estructura, encargado de campo, personal de oficina, movilidad, asesoramiento técnico, contable e impositivo, energía eléctrica, mantenimiento de infraestructura, comunicaciones y gastos de oficina.

El segundo rubro de mayor peso dentro de los gastos indirectos es Arrendamientos y Pastajes, estimado en US$ 1.397 millones. Este monto refleja el costo del uso de la tierra, considerando, de acuerdo con el trabajo de CREA, que la mayoría de los contratos se establecen en forma trianual (con referencia a kg de novillo o en pesos por ha), además de modalidades de “pastaje” de tiempos menores. Para actualizar los gastos en este rubro, se ajustó el resultado del trabajo de CREA en función de la evolución en el precio del novillo.

Finalmente, el ítem de Financiamiento completa la categoría, con una proyección de US$ 251 millones.

En cuarto lugar, se cuantifica el componente de inversiones en bienes durables. Se proyecta que para 2025, la misma se ubicaría en US$ 1.021 millones, bajo el supuesto de que la misma se mantenga relativamente constante en dólares con respecto al informe de CREA. Esta cifra representa la erogación estimada para la reposición y adquisición de activos fijos, e incluye los desembolsos en maquinarias, mejoras de infraestructura, compra de pickups, entre otros conceptos.

El último y más significativo componente del desembolso total es la reposición de hacienda. Esta categoría, que se proyecta en US$ 9.954 millones para 2025, es fundamental para capturar el flujo de costos entre las distintas etapas productivas. El monto computa dos elementos claves: por un lado, el costo operativo de reposición de los terneros/as que la invernada y los engordadores le compran a la cría; por otro, incluye la reposición de vientres, la cual se estima en un 20% anual sobre el stock total de vacas.

“Urgente e innegociable: para 2030, deben estar terminadas las obras del Plan Maestro del Río Salado”, advirtieron desde la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), en un comunicado en el que subrayan que “desde hace nueve meses, los productores y habitantes de una amplia zona de la provincia de Buenos Aires —sobre todo en su región central— vienen enfrentando una inundación como no se veía desde hace muchos años”.

Agregan que “este evento climático, que por ahora no muestra señales de retroceder, expuso con crudeza reclamos que venimos planteando desde CARBAP hace tiempo ante autoridades municipales, provinciales y nacionales”.

“Todos, sin excepción, cargan con una cuota de responsabilidad que ya no pueden esquivar”, subrayaron desde la entidad que preside Ignacio Kovarsky.

Más de 5 millones de hectáreas inundadas o afectadas

En la cuenca del río Salado —unos 17 millones de hectáreas— según cálculos realizados sobre imágenes satelitales tomadas entre el 11 y el 13 de noviembre, se registran aproximadamente 2.000.000 hectáreas inundadas/anegadas y casi 3.800.000 de hectáreas afectadas.

Al referirse a la superficie afectada, aluden al área aun sin agua visible que no posee condiciones mínimas para avanzar con las labores de siembra: falta de piso, caminos intransitables y ausencia total de accesibilidad para maquinaria. En los hechos, son hectáreas que quedaron fuera de producción.

Desde CARBAP “exigimos a los tres niveles de gobierno que asuman su responsabilidad. Y establecemos un objetivo concreto, urgente e innegociable: Para el año 2030, las obras del Plan Maestro del Río Salado deben estar terminadas en su totalidad”, reclamaron.

Calificaron a la petición como “una obligación moral, productiva y social, dado que estamos hablando de millones de hectáreas productivas, miles de familias rurales y millones de bonaerenses afectados directa e indirectamente”.

Para CARAP “falta decisión política”

“No pedimos lo imposible. No hablamos de tecnologías revolucionarias ni de colocar una misión tripulada en Marte. Se trata de canales, puentes y obras hidráulicas básicas, para las cuales Argentina cuenta con técnicos, ingenieros y maquinaria disponible”, detallaron en el documento público.

“La capacidad existe; lo que falta es decisión política. Y frente a quienes repiten que “no hay plata”, la respuesta es simple y contundente: en esta cuenca sí hay plata, la generan los productores y la recaudan los tres niveles del Estado todos los años”, destacaron.

“Las inundaciones no esperan. La producción no espera. La familia rural, la educación, la salud, la seguridad y el futuro del interior productivo tampoco pueden seguir esperando”, concluye el comunicado de CARBAP.

“Estamos iniciando un proceso que nos va a lleva a momentos extraordinariamente buenos, que no vivimos en el pasado” en la ganadería, aseguró el consultor Víctor Tonelli, y agregó que “lo que nos parece que es un boom, recién está empezando”.

En cuanto al escenario internacional, el analista, que participó del 4º Congreso Federal Ganadero organizado por el Rosgan, puntualizó que “el gobierno ha generado el punto más importante de todo lo que ha hecho, prohibiendo prohibir exportaciones. Eso hace que podamos ser parte de lo que está pasando en el escenario internacional”.

Tonelli reseñó que “la demanda internacional está creciendo significativamente, por consumidores que habitualmente no compraban carne vacuna como Asia, Medio Oriente y norte de África”. Y apuntó que “esa enorme región” que excede los 3.500 millones de habitantes, hace 20 años atrás representaba el 23% del comercio mundial o importación de carne de todo origen y a 2024 representaba el 64% de las exportaciones de toda carne del mundo, y al cierre del 2025 será aún más. “Ahí vemos la enorme oportunidad que tenemos para crecer”, resaltó.

Proteína animal “auditable”

El segundo factor, dijo, “después de estar bajo la sombra de los multiprocesados vegetales”, los jóvenes “han descubierto que las proteínas animales son buenas”, y están ávidos de información: “quieren saber cómo se produjo y premiar la responsabilidad social”, les interesa si “carne libre de deforestación, implica trazabilidad, geolocalización… quieren comer proteína animal pero no cualquier cosa, certera y auditable”, subrayó Tonelli

El consultor se refirió, además, a China, como “una locomotora de compra”, pero advirtió que “hay oportunidad para crecer en mercados donde Argentina prácticamente no tiene exportación, o representa menos del 1%”, como Corea, Japón, Vietnam, Indonesia, Malasia, Filipinas, Arabia Saudita.

Precios sin techo

Respecto de los precios, Tonelli dijo que octubre registró “niveles extraordinarios” y resaltó que hace 20 meses que vienen subiendo de manera permanente; y anticipó que “todavía no sabemos cuál es el techo. En valores constantes octubre es el mes más alto en los últimos 35 años. Esto no es un boom, es un cambio absoluto con la tendencia que está en el mundo”, precisó.

Con relación a la situación en Estados Unidos, Tonelli subrayó que se trata del país con mayor volumen de producción del mundo, que, en la actualidad, “tiene el stock más bajo de los últimos 74 años”. Estados Unidos duplicó las importaciones de años precedentes, transformándose en el segundo país importador del mundo. “Lo que está pasando a nivel internacional es parte de un proceso que nos va a llevar a momentos extraordinariamente buenos para la ganadería, que no vivimos en el pasado”, subrayó.

Año bisagra

Sobre el escenario 2025, apuntó que se trata de un año bisagra a nivel de políticas públicas con cambios en la macroeconomía, volatilidad por escenarios electorales con bajo efecto en la ganadería. La quita de restricciones a las exportaciones cambió el enfoque del negocio.

Con relación a “los tiempos” de la recuperación ganadera, el consultor vaticinó: “por lo menos llevará dos años para empezar a ver resultados… un período en el que la oferta correrá detrás de la demanda y los precios van a ser para comer pocholo”.

El mercado inmobiliario rural argentino muestra signos de reactivación luego de más de diez años de quietud. Así lo sostuvo José María Bauza, expresidente de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) en Chacra Agro Continental, quien señaló que los precios empiezan a recuperar niveles similares a los de 2011 tras una larga etapa de desvalorización.

Según Bauza, la demanda comenzó a crecer a mediados de 2023, primero en los campos agrícolas y luego se extendió hacia los mixtos y ganaderos. “Hoy no se están atropellando para comprar campos, pero hay una dinámica que hacía mucho no veíamos”, comentó.

En cuanto a valores, precisó que las mejores tierras de la zona núcleo pueden alcanzar los 20.000 dólares por hectárea, aunque aclaró que “no hay un campo igual a otro y que la calidad de los suelos y la cercanía a los puertos siguen siendo factores decisivos”.

El ex directivo de CAIR también remarcó la necesidad de estabilidad y previsibilidad para sostener el flujo de inversiones. “No solo el campo, el capital necesita certezas. Ante la seguridad, comienza la inversión”, subrayó.

Respecto al tipo de inversores, Bauza explicó que la mayoría sigue siendo del mismo sector agropecuario o empresarios locales que buscan resguardar su capital. En cambio, los extranjeros —si bien consultan— se mantienen cautelosos por los vaivenes económicos y la falta de claridad en la Ley de Tierras.

Sobre las zonas más activas, mencionó que además de la región núcleo, Entre Ríos, el norte de Santa Fe, el este de La Pampa y el sur bonaerense muestran movimiento tanto en campos agrícolas como ganaderos.

Por último, destacó el efecto de los maniceros en el sur de Córdoba, que impulsaron los precios en esa región: “Fue una de las zonas que más se valorizó en los últimos cinco años, con subas que llegaron hasta Villegas” y que por el otro lado “La relación carne-hectárea hoy es sobresaliente”, aseguró.

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La ciudad de Tandil se prepara para alcanzar un nuevo récord: intentará elaborar el salame con https://www.infobae.com/tag/denominacion-de-origen/Protegida más largo del mundo. “Queremos recuperar el récord que hoy tiene San Andrés de Giles”, anticipó Juana Echezarreta, presidenta del Consejo de la D.O.T. Salame de Tandil en Chacra Agro Continental.

La iniciativa nació hace varios años como una propuesta dentro del tradicional Festival de la Sierra, y con el tiempo se convirtió en un ícono tandilense. “Empezamos con pocos metros, y cuando Tandil cumplió 200 años logramos superar los 200 metros”, recordó Echezarreta. El último récord local alcanzó los 469 metros, y este año buscarán superar los 470 durante la fiesta que se realizará el 8 y 9 de noviembre.

El salame de Tandil tiene la particularidad de ser picado grueso, una receta tradicional anterior a las tecnologías de picado. El clima frío y las heladas de la zona también favorecen el secado natural, un rasgo que distingue al producto.

Para elaborar este extenso embutido se utilizan cientos de kilos de carne fresca y participan más de 50 personas en cada etapa del proceso: embutido, estacionamiento, traslado y degustación durante el festival. El primero de estas dimensiones fue presentado en 2014 y midió 16,1 metros. Cada año, esta cifra se fue superando y otras regiones productoras del país se sumaron al desafío.

El salame más largo de Tandil llegó a medir 401,73 metros, pero luego, San Andrés de Giles hizo uno de 469,18 metros, por lo que destronaron al producto tandilense que este año busca la revancha.

Echezarreta subrayó el valor de la Denominación de Origen, que protege la identidad y calidad del salame tandilense. “Es un sello de protección que garantiza que el producto tiene características únicas: el clima, la geografía, las recetas y la gente que lo elabora”, sostuvo. Además, destacó la trazabilidad total del proceso, ya que de esta forma se sabe de dónde provienen las carnes, cómo se alimentan los animales y cómo se trabaja la sustentabilidad en las granjas.

Durante el evento, además de la medición del salame, habrá muestras de la cadena productiva, concursos de atado y un gran fogón con degustaciones. La jornada previa incluirá charlas técnicas con especialistas y la participación de la Universidad Nacional del Centro, para lo que la entrevistada definió como “una celebración del conocimiento”.

Se realizó el tradicional remate del primer lote de trigo de la campaña 2025/2026, en instalaciones de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Del evento -organizado por la BCBA, la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM) y la Bolsa de Cereales de Córdoba, acompañadas por las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Entre Ríos y las Bolsas de Comercio de Chaco, Rosario y Santa Fe- participó Sergio Iraeta, secretario de Agricultura de la Nación.

El lote subastado proviene de Los Frentones, Chaco; el productor es el Sr. Roberto M. Polentarutti; fue rematado por el Ing. Agr. Diego Ojeda; y el comprador fue Molinos Cabodi Hnos. por $ 316.000 por tonelada. La comisión será donada por Ojeda y Cía. a Grupo Creo, que trabaja asistiendo a niños con enfermedades poco frecuentes.

En cuanto a las condiciones de calidad fueron supervisadas por los técnicos de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

En la subasta estuvieron presentes Ricardo Marra, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Laura Passerini, vicepresidenta de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA); junto a autoridades de la BCCBA; y Diego Cifarelli, presidente de FAIM.

Récord de producción

Marra, señaló que: “esta campaña, el trigo, cultivo con una arraigada historia en nuestro país, podría marcar un récord de producción, con muy buena condición y estado”.

Por su parte, Diego Cifarelli, presidente de FAIM, señaló la necesidad de que se avance en reformas como la laboral y la impositiva de manera de mejorar inversiones y crear más empleo y de mejorar la competitividad sectorial eliminando impuestos distorsivos.

En tanto, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación (SAGyP), Sergio Iraeta, consideró -en diálogo con Chacra Agro Continental-que el resultado de las elecciones legislativas “ratifica el rumbo” que el Gobierno de Javier Mieli ha marcado para el sector agropecuario. “La ciudadanía ha acompañado lo que se está haciendo” señaló el funcionario.

En cuanto a los proyectos de ley impulsados por el oficialismo que aguardan para ser tratados en el Congreso “tendrán más posibilidades” de convertirse en ley dado que “habrá más volumen político para lograrlo” y “trabajaremos para ello”, dijo Iraeta.

“Creo todo el mundo ha comprendido el mensaje de la ciudadanía, que se expresó en las urnas”, concluyó el titular de la SAGyP.

En cuanto a la última estimación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires sobre la campaña de trigo 2025/26, proyecta una producción de 22 millones de toneladas, lo que representa un incremento del +18,6% respecto del ciclo agrícola anterior; un valor bruto primario a precios FOB de US$ 4.665 millones, mostrando un crecimiento del 9,8%.

Por otra parte, esta cosecha alcanzaría un valor agregado de la cadena de US$ 3034 millones (+5.7%).

Esto representa una inversión en insumos y servicios de US$ 2.294 millones (+16,7%), exportaciones por US$ 2294 millones (+1,55) y una recaudación fiscal de US$ 802 millones (+4,2%).

El Senasa oficializó el nuevo Sistema Nacional de Identificación Electrónica de Animales, que transformará la trazabilidad del ganado bovino, bubalino y cérvido. Será a partir del 1° de enero de 2026. Desde esa fecha, todos los terneros y terneras deberán portar un dispositivo electrónico que los acompañará durante toda su vida productiva.

La medida quedó establecida en una resolución publicada en el Boletín Oficial, donde el organismo sanitario detalla los procedimientos, responsabilidades y controles que regirán el nuevo esquema.

Un paso más en la trazabilidad

El sistema prevé una identificación individual y permanente mediante un binomio compuesto por una caravana visual y un chip electrónico. Este último podrá adoptar tres formatos: botón con tecnología RFID, bolo ruminal o transpondedor inyectable.

El objetivo es reforzar la trazabilidad sanitaria y comercial del rodeo argentino, garantizando información precisa sobre cada animal desde su nacimiento hasta la faena.

¿Cuándo y cómo se aplicará?

Desde enero de 2026, ningún ternero, ternera o cérvido criado con fines comerciales podrá ser movilizado ni permanecer en su establecimiento sin estar identificado electrónicamente.

El productor deberá colocar el dispositivo al momento del destete o antes del primer movimiento del animal. La normativa describe tres modalidades de aplicación:

• Caravana botón RFID + tarjeta visual: el botón se coloca en la oreja derecha y la tarjeta en la izquierda.
• Transpondedor inyectable + tarjeta visual: el chip se aplica bajo el cartílago de la oreja derecha.
• Bolo ruminal RFID + tarjeta visual: el bolo se introduce en el rumen, mientras que la tarjeta se coloca en la oreja izquierda.

En todos los casos, la caravana debe quedar visible y libre de obstáculos que impidan su lectura.

Una vez aplicada la identificación, el productor cuenta con 10 días hábiles para declarar la operación ante el Senasa. Puede hacerlo de tres formas:

• En la Oficina Local del organismo, presentando la planilla correspondiente.
• De manera autogestionada en el sistema SIGSA.
• A través de la app oficial SIGBIOTRAZA, disponible en Google Play.

Cada dispositivo debe asociarse con los datos básicos del animal: sexo, raza y fecha de nacimiento.

En caso de muerte del animal, el productor u organizador del evento ganadero deberá registrar la baja en el SIGSA dentro de los 10 días hábiles.

En tanto que, si el dispositivo se daña o se pierde, la resolución establece distintos escenarios:

• si se conserva el chip RFID, no es necesario reemplazarlo.
• si se pierde el componente electrónico, se debe colocar un nuevo binomio.
• si se extravían ambos componentes, el animal pierde su condición de trazable.

La reidentificación debe registrarse oficialmente.

Integración con registros de razas

Por otra parte, el nuevo sistema reconoce los esquemas de identificación de la Sociedad Rural Argentina y las asociaciones de criadores. Los animales de pedigrí o registros equivalentes deberán llevar una tarjeta visual con su código particular (RP) y un chip electrónico compatible.

Movimientos, ferias y frigoríficos

Cada traslado deberá estar respaldado por el Documento de Tránsito Electrónico (DT-e). El productor emisor debe generar la Tarjeta de Registro Individual de Tropa (TRI) en el SIGSA, mientras que el receptor debe confirmar la recepción al cierre del movimiento.

Las ferias, remates y frigoríficos también deberán declarar los dispositivos leídos con equipos homologados y reportar cualquier inconsistencia o duplicación.

En las plantas de faena, además, los chips deben ser recuperados, desactivados y destruidos in situ, para evitar que ingresen a la cadena alimentaria. Si el dispositivo no se recupera del cuerpo, la carne correspondiente será considerada no apta para consumo humano.

La Mesa Argentina de Carbono destacó un nuevo hito para el país en los mercados de carbono: el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1 es el primer proyecto de manejo forestal mejorado certificado en Argentina.

Se trata de una compañía argentina, miembro de la Mesa Argentina de Carbono, que obtuvo la certificación oficial de créditos de carbono bajo los estándares internacionales Verra VCS (Verified Carbon Standard) y CCB Gold Label (Climate, Community & Biodiversity – Nivel Oro), que dan cuenta de que el proyecto captura y reduce emisiones de gases de efecto invernadero, y que tienen impactos positivos en la comunidad local y la biodiversidad.

Este logro representa un avance clave en la consolidación de Argentina como referente regional en el desarrollo de proyectos de carbono con impacto ambiental, social y tecnológico, validando el compromiso del país con la restauración ecológica, la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

Un modelo de restauración con impacto real

Ubicado en la provincia de Misiones, el proyecto Selva Paranaense Vida Nativa – GS1 abarca más de 22.800 hectáreas de la Selva Atlántica, uno de los ecosistemas más amenazados del planeta. A través de prácticas de restauración forestal, manejo sostenible e inclusión de comunidades locales, el proyecto busca recuperar la funcionalidad ecológica del paisaje, generar empleo verde y promover economías circulares.

La certificación otorgada por Verra, una de las entidades más reconocidas del mundo en materia de estándares de carbono, confirma que el proyecto captura carbono de forma adicional, permanente y verificable, al tiempo que protege la biodiversidad y genera beneficios sociales tangibles.

El proyecto implementa acciones de conservación y monitoreo, contribuyendo a formar un hábitat propicio para la prosperidad de la fauna nativa. Apoya la conservación de 56 especies autóctonas de fauna, de las cuales 10 están en peligro de extinción en Argentina, entre ellas el Yaguareté, la Yacutinga, el Tapetí y el Sapito Panza Roja.

El proyecto está situado cerca de la comunidad indígena “Tekoa Alecrin”, por lo que se realizó una investigación exhaustiva para comprender su cultura y estructura social a fin de asegurarse respetar sus formas de interacción. Se implementó una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) para establecer una relación colaborativa y explorar maneras de mejorar sus condiciones de vida.

Además del componente ambiental y social, presentaron una plataforma de monitoreo forestal que utiliza inteligencia artificial y drones autónomos para mejorar la transparencia, trazabilidad y eficiencia en la medición de resultados. Esta herramienta tecnológica permite seguir en tiempo real el progreso del proyecto y garantizar la integridad de los créditos emitidos.

Inversión verde para construir un futuro sostenible

El proyecto marca el inicio de una nueva etapa de expansión, dado que ya se analizan más de 2 millones de hectáreas en distintos países de América Latina con el objetivo de restaurar 45 millones de hectáreas para 2035, posicionando a Argentina como epicentro de soluciones basadas en la naturaleza.

La medida del gobierno de Brasil que habilita la importación de ajo proveniente de China sin las barreras arancelarias acordadas con los productores del Mercosur generó alarma en el sector argentino. El presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, Mario Leiva, advirtió que la apertura “pone en riesgo toda la cadena productiva”, especialmente en Mendoza y San Juan, provincias que concentran más del 90% del cultivo nacional.

“Brasil recibe el 64% del ajo argentino, y con los nuevos precios de ingreso es imposible competir”, señaló Leiva en el programa Chacra Agro Continental, al explicar que las empresas chinas están colocando la caja de diez kilos a apenas 16 dólares, mientras que para los productores locales el costo ronda los 18 o 23 dólares.

Hasta ahora, la barrera de protección establecida entre ambos países impedía el ingreso de ajo a Brasil a menos de 1,68 dólares por kilo, además de un arancel del 35% y un recargo de siete dólares por caja. La eliminación de esas condiciones favorece a cuatro firmas chinas y deja sin margen a los exportadores argentinos.

“El productor que tiene espalda va a tratar de aguantar, pero muchos quedarán fuera del circuito”, lamentó el dirigente rural. Según explicó, el 60% del trabajo en la cadena del ajo es manual, por lo que el impacto laboral sería inmediato si no se logra una solución diplomática.

Leiva consideró que el problema ya excede al productor y debe ser abordado por la Cancillería argentina a través de un nuevo acuerdo bilateral con Brasil. De lo contrario, advirtió, “mucho ajo quedará en el suelo y se perderán miles de empleos” en plena cosecha.

De Asia Occidental al Mediterráneo

El ajo, Allium sativum, es una planta perenne cultivada como anual, que probablemente sea originaria de Asia occidental e introducido desde allí en el Mediterráneo.

Según FAO la producción mundial de ajo es de aproximadamente 28 millones de toneladas.

Los mayores productores mundiales son China, India y Bangladesh, con el 86% del volumen comercializado en el mundo; en tanto que China, España, Argentina y Emiratos Árabes son los principales exportadores con el 92%; y Malasia, Indonesia y Brasil, son los importadores más significativos a nivel mundial.

Argentina atraviesa desde hace casi dos décadas un proceso de transformación en su matriz energética, con el objetivo de sustituir los combustibles fósiles por fuentes renovables. En ese camino, los biocombustibles producidos a partir de la caña de azúcar y el maíz han ganado protagonismo.

“Desde 2006 el país comenzó a incorporar los biocombustibles dentro de las naftas, con un 6% de alcohol de caña y un 6% de maíz”, recordó en Chacra Agro Continental Catalina Rocchia Ferro, titular de una empresa bioenergética, integrante de la Unión Industrial de Tucumán, y una de las empresas referentes del sector. Sin embargo, advirtió que el sistema actual, regulado por una fórmula polinómica que debería actualizar los precios, nunca se cumplió como estaba previsto.

Rocchia Ferro explicó que la actividad necesita previsibilidad y tiempo para adaptarse a eventuales cambios de reglas. “No se puede pasar de un sistema regulado a uno totalmente libre de un día para otro”, señaló. Y subrayó que el sector genera más de 50 mil puestos de trabajo en el norte argentino, además de producir energía eléctrica, papel, bagazo y alimento para el ganado.

Vaca Viva

"Muchas veces se habla de Vaca Muerta, pero la verdadera vaca viva está en el norte argentino, con toda la cadena de los biocombustibles y lo que generan”, sostuvo.

En relación con el proyecto de ley impulsado por la Liga Bioenergética, que integran Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán, la empresaria destacó que busca elevar el corte de bioetanol del 12% (6% maíz y 6% caña) al 15% y avanzar hacia un esquema de precios más transparente.

El proyecto, que ya cuenta con estado parlamentario en ambas cámaras, surgió del trabajo de articulación entre sectores públicos y privados, con el objetivo de fortalecer la producción de bioetanol y biodiesel, diversificar la matriz energética y promover el desarrollo federal.

Agregado de valor

Rocchia Ferro explicó que la iniciativa es importante para “agregar valor a la producción de caña de azúcar, al maíz o a la soja, y reducir la dependencia de los combustibles fósiles importados” con el consecuente ahorro de divisas; además de sostener cadenas de valor de alto impacto no sólo económico sino también social.

“La sustentabilidad energética del país depende de seguir invirtiendo en los ingenios y en toda la cadena de valor”, aseguró Rocchia Ferro, quien vive la zafra tucumana desde su infancia, que transcurrió entre los cañaverales. Hoy, tras un master de Finanzas en San Gall, Suiza, es una de los principales referentes en materia de bioetanol.

El marco normativo propuesto en el proyecto de la Liga de Provincias Bioenergéticas, contempla un incremento progresivo en los cortes obligatorios tanto de biodiésel como de bioetanol, la apertura de inversiones en el transporte aéreo, marítimo y fluvial; y reemplaza los cupos y precios fijados por el Estado por un esquema de licitaciones transparentes entre privados.

Este lunes, comienza una celebración internacional: la semana mundial del huevo, producto que se ha transformado en el segundo alimento más importante en la dieta de los argentinos, sólo superado por las carnes rojas, y por encima de la leche. Los datos, son producto de un estudio presentado por la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), que indica, además, que el 30% de los hogares argentinos aumentó su consumo en el último año, superando el 15% registrado en 2023.

El consumo promedio por hogar es, en la actualidad, de entre 6 y 12 unidades por semana, y la principal razón de este incremento es su accesibilidad económica, siendo la opción proteica más barata.

Cambio de hábitos

El informe indica que los hábitos de consumo también han cambiado, con un aumento significativo en la popularidad de los huevos duros, que pasaron del séptimo al primer lugar, y las ensaladas con huevo, que subieron del noveno al segundo lugar. En tanto, los huevos fritos cayeron al octavo lugar de preferencia de consumo.

Actualmente el precio es el factor más importante al momento de comprar huevos, seguido por la frescura y el tamaño, explicó el presidente ejecutivo de CAPIA, Javier Prida, quien subrayó que, en el primer semestre de 2025, el consumo de huevo alcanzó una marca histórica de 380 unidades por persona.

571 huevos por segundo

En el país, donde hay casi 60 millones de gallinas ponedoras, se producen más de 18.200 millones de huevos al año, a razón de 571 huevos por segundo, y se exporta a más de 65 destinos.

Prida puntualizó que el sector genera más de 30.000 empleos, y registra una facturación superior a los U$S 2.200 millones, con exportaciones que rondan los U$S 50 millones.

La pera se mantiene como el motor económico de Río Negro y, pese a los cambios en la matriz productiva provincial, continúa siendo el emblema de los valles frutícolas. “El 90% de lo que producimos se exporta y este año estuvimos siete puntos arriba que el año pasado”, señaló el secretario de Fruticultura de la provincia, Facundo Fernández, en Chacra Agro Continental.

Según explicó, el incremento en los volúmenes permitió un crecimiento en las exportaciones durante el primer semestre del año. Sin embargo, el escenario no estuvo exento de dificultades. Señala que este año “los productores hicieron un sacrificio muy grande porque financieramente fue muy complejo”, en referencia al peso de los costos y al tipo de cambio.

El panorama internacional refleja que Brasil es el principal comprador y absorbe cerca del 40% de la producción, seguido por Estados Unidos y Europa. Rusia también aparece como un mercado estratégico para la fruta rionegrina. “Río Negro es el mayor exportador del mundo después de China en peras desde los años 80”, remarcó Fernández.

En cuanto al volumen de peras comercializadas en los primeros ocho meses de 2025, considerando el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, alcanzó las 583.100 toneladas, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). De ese total, el 36% (210.600 toneladas) se destinaron a la industria de jugos concentrados y usos alternativos. Este volumen representa un crecimiento del 12% con relación a 2024. Se trata de un porcentaje notablemente superior al de otros países productores, como Bélgica, Italia o Chile. Esa “dependencia” de la industria preocupa a los productores.

En lo que respecta al mercado interno, Fernández hizo hincapié en la necesidad de fomentar el consumo, que “viene en retroceso”. Entre enero y agosto de este año, se destinaron al mercado interno 77.900 toneladas, según datos oficiales, lo que indica una reducción del 10% con relación al promedio 2020-2024.

El funcionario rionegrino calificó a la pera como “un superalimento” que muchas veces la gente no sabe cómo consumirla correctamente. En ese marco, explicó que para identificar el punto justo de maduración hay tres claves: el ablandamiento del cuello, el cambio de color hacia el amarillo y el aroma característico de la fruta madura.

La situación hídrica en el oeste de la provincia de Buenos Aires se agrava día a día. “En esta zona ya llovió lo que se esperaba para todo el año y un poco más, y todavía faltan tres meses”, explicó en Chacra Agro Continental Pablo Ginestet, secretario de CARBAP, al describir un panorama de anegamientos e inundaciones que obligaron incluso a tambos a cerrar y a familias rurales a trasladarse a las ciudades.

Tras casi seis meses de lluvias muy por encima de lo normal, partidos como 9 de Julio, Carlos Casares, Bolívar e Hipólito Yrigoyen concentran el epicentro de una emergencia que ya afecta a productores, familias y comunidades rurales enteras. El dirigente remarcó que la zona en crisis integra la Cuenca del Salado, responsable de alrededor del 20% de la producción agropecuaria nacional.

“El grado de afectación es enorme: no sólo hay 2 millones de hectáreas inundadas, sino que son 3 millones las que hoy están comprometidas. No se puede trabajar porque no hay piso para entrar con la maquinaria”, sostuvo Ginestet indicando tambien que hay falta de obras hídricas de fondo aparece como uno de los puntos críticos.

Según el secretario de CARBAP, el Plan Maestro del Salado, que debía estar concluido en 2015, todavía está a medio camino. “Las obras nunca se hicieron y ahora tenemos los problemas. Se demoró demasiado y los productores están solos frente a la emergencia”, cuestionó. A ello se suma la demora en las declaraciones de emergencia agropecuaria y en el giro de fondos desde la Nación y la Provincia.

CARBAP reclama financiamiento urgente para los productores afectados, con líneas de crédito a tasas accesibles, y que los municipios destinen recursos y maquinaria para atender tareas básicas de mitigación.

“No pedimos nada extraordinario, sino herramientas concretas para sostener la producción y empezar a pensar en obras de fondo cuando la situación lo permita”, concluyó Ginestet.

El presidente del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, Osvaldo Rinaldi, se refirió a la resolución 711/2025 del Senasa, que establece un cambio en el esquema de vacunación contra la fiebre aftosa. La norma plantea que, a partir de 2026, se focalice la inmunización en terneros y terneras, eliminando la segunda campaña general que hasta ahora alcanzaba a todas las categorías.

Rinaldi explicó en Chacra Agro Continental que desde la institución vienen trabajando en esta línea desde hace varios años. “Hace tres años que planteamos la necesidad de abrir un marco de diálogo con todos los actores del sistema sanitario para empezar a transitar el camino hacia un país libre sin vacunación”, aseguró, en referencia al objetivo de mediano plazo que sigue los pasos de países vecinos como Brasil.

El dirigente sostuvo que la medida sorprendió al sector, no por la resolución en sí, porque la ve técnicamente muy prolija y avalada, sino la forma en que se implementó sin una consulta previa con productores y veterinarios. En este sentido, recordó que en las bases ya existía debate sobre el costo de la vacunación y las dificultades que generó la importación de dosis en los últimos años.

El nuevo esquema busca mantener un estatus sanitario sólido y, a la vez, sentar las bases para una futura eliminación total de la vacunación. Según explicó Rinaldi, “un ternero que recibe la primo-vacunación tiene inmunidad por seis meses, y con la segunda dosis alcanza un año, lo que permite conservar un rodeo correctamente protegido en categorías mayores”.

El titular del Colegio de Veterinarios remarcó que no se trata de un proceso inmediato, sino de un camino largo que demandará reforzar distintos aspectos del sistema. “Brasil demoró entre siete y ocho años en concretar este tránsito. Nosotros creemos que es fundamental fortalecer el Senasa, mejorar la capacidad técnica, reforzar los controles y avanzar en trazabilidad”, enumeró.

Por último, Rinaldi destacó que Argentina cuenta con un capital sanitario valioso que no debe ponerse en riesgo. “Tenemos dos décadas sin circulación viral detectable. Ese logro es lo que nos permite mirar hacia adelante, pero también lo que debemos cuidar para no perder mercados internacionales ni retroceder lo alcanzado”, concluyó.

El 2025 se presentó como un año complejo para los productores de papa, especialmente en el sudeste bonaerense. Tras un 2024 con resultados positivos, la expansión de la superficie sembrada y la instalación de nuevas plantas industriales alimentaron expectativas que no se cumplieron.

“Lo que falló es que hubo más superficie y un clima favorable que aumentó la producción, pero la industria no pudo concretar las exportaciones esperadas”, explicó el productor Sergio Costantino, en Chacra Agro Continental.

Según detalló Costantino, la falta de un dólar competitivo y la sobreproducción en otros países dejaron a la Argentina fuera de los mercados internacionales. Como consecuencia, gran parte de la papa que debía destinarse a la industria terminó en el mercado interno fresco, generando una saturación. “El consumo creció porque la papa estaba barata, pero uno no puede comer el doble: pasamos de 40 o 50 kilos por habitante a un poco más, pero nunca a 100”, apuntó.

El desbalance entre oferta y demanda impactó de lleno en los precios. Actualmente, la bolsa de papa negra se paga entre 2.000 y 4.000 pesos, mientras que los costos de producción rondan los 12.000 dólares por hectárea. Costantino confirma que hoy la papa se vende a un tercio de lo que cuesta producir.

El problema se replica en provincias como Córdoba, Tucumán, Mendoza y Río Negro, que aportan papa fresca al mercado durante todo el año. Aun así, el referente de Argenpapa valoró la llegada de nuevas industrias al país.

“Bienvenida la industria. Tenemos que fortalecer ese sector porque es una alternativa muy importante para el productor papero”, explicó Costantino, y destacó el rol de la Argentina como “líder en la producción de papas prefritas congeladas”

A fines de agosto de este año, una helada tardía sorprendió a los productores de Laguna Naineck y dejó graves pérdidas en cultivos regionales como la banana, el zapallo, el melón y la mandioca. Pánfilo Ayala, presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) de Formosa, aseguró en Chacra Agro Continental que el impacto es tanto productivo como social.

“Fue devastador para la gran mayoría de los pocos cultivos que todavía tenemos”, lamentó el dirigente. Según explicó, con la banana como emblema, los costos de producción superan ampliamente los precios que recibe el productor: mantener una hectárea cuesta más de 4 millones de pesos al año, mientras que una caja de 22 kilos de fruta verde se paga entre 3.000 y 3.500 pesos.

Ayala también cuestionó la falta de políticas públicas de apoyo a las economías regionales y apuntó contra la pasividad de las autoridades. “No estamos en la agenda del Estado desde hace varios años. No hay una reacción rápida para auxiliar al productor”, afirmó. En ese sentido, recordó que Formosa supo tener 12.000 hectáreas destinadas a la producción de bananas, pero hoy apenas sobreviven 200.

Ayala aseguró que esta actividad “atraviesa su crisis más profunda, al punto de encontrarse en “una situación terminal” producto de la “ausencia de políticas productivas y la desidia”.

El dirigente federado cuestionó, además, la falta de políticas de protección ante los fenómenos climáticos como heladas, sequía y tormentas, así como de planes de fomento para la tecnificación y el desarrollo del sector.

A la crisis climática y de costos, se suma la competencia de la fruta importada, que según el dirigente golpea directamente a la economía local. Ayala advirtió que la situación genera un “retroceso productivo” y un fuerte impacto social en los pueblos rurales. “No llegamos al costo de producción y así se va destruyendo la agricultura familiar”, concluyó.

El óxido nitroso, un subproducto de las fertilizaciones nitrogenadas, se convirtió en el eje de un trabajo científico que busca comprender con mayor precisión el peso de la agricultura en el cambio climático. Se trata de un gas menos difundido que el dióxido de carbono o el metano, pero con un poder de calentamiento mucho más alto y un doble impacto: contribuye al efecto invernadero y también deteriora la capa de ozono.

“Este gas es responsable de entre un 60 y un 80% de la huella de carbono en el maíz y de entre un 40 y un 60% en el trigo”, explicó Sebastián Vangeli, docente de Manejo y Conservación de Suelos en la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) en Chacra Agro Continental. El especialista destacó que, en términos globales, el óxido nitroso ocupa el tercer lugar en importancia.

Hasta ahora, los cálculos de emisiones en la Argentina se realizaban de manera muy general. Se multiplicaba la cantidad de fertilizante aplicado en todo el país por un factor de emisión definido a nivel internacional. Ese método, según Vangeli, resultaba insuficiente y podía llevar a sobrestimar las emisiones locales: “Lo que hicimos fue pasar de un dato agregado a nivel país a un nivel departamental y por cultivo. Además, en lugar de aplicar factores internacionales, trabajamos con ensayos de campo realizados en distintas regiones argentinas”.

Pablo A. Roset, en la publicación Sobre La Tierra (SLT-FAUBA) puntualiza que el resultado fue qu e. “Al generar factores locales, logramos que las estimaciones se acerquen más a la realidad productiva. En algunos casos, incluso puede significar que la huella de carbono de ciertos granos sea menor a la que se venía calculando”, añadió Vangeli en diálogo con Chacra Agro Continental

El trabajo, realizado en colaboración entre la FAUBA, INTA y la Secretaría de Agricultura, abre la puerta a un nuevo escenario para el agro argentino. Por un lado, aporta información clave en un contexto global en el que el cambio climático está en el centro del debate científico. Por otro, tiene implicancias comerciales: los mercados internacionales cada vez prestan más atención a la huella de carbono de los alimentos.

Vangeli subrayó que “el que llevamos adelante es un trabajo en conjunto, en el que todos pueden aportar y contribuir: tanto la investigación, como la producción”

“Es clave que los datos sean representativos de nuestra realidad local. De lo contrario, estamos diciendo que producimos con más emisiones de las que realmente tenemos”, remarcó el docente. En ese sentido, “investigaciones de este tipo permiten que los productores puedan acceder en el futuro a mejores oportunidades comerciales, especialmente si se reconocen prácticas que reducen el impacto ambiental“, puntualizó.

Para Vangeli, la tarea científica implica además un compromiso con el sector agropecuario, remarcando que su responsabilidad es que los factores de emisión y las huellas de carbono que se calculen reflejen con precisión la producción argentina.

El desafío continúa con la necesidad de ampliar la red de ensayos locales y ajustar cada vez más los cálculos a las distintas condiciones de suelo y clima del país. En paralelo, el interés creciente por parte de la industria y de los productores promete darle a estas investigaciones un lugar central en la agenda agropecuaria de los próximos años.

El primer semestre de 2025 dejó señales positivas para la producción porcina argentina, con resultados muy distintos a los del año pasado, cuando muchos establecimientos atravesaron números rojos. Sin embargo, junto a la mejora en los índices productivos aparecieron dos nuevos problemas: el fuerte incremento de las importaciones de carne porcina, fundamentalmente desde Brasil; y la demora de firma del protocolo sanitario que habilite al país a exportar subproductos a China.

“Este año la producción caminó muy bien, pero todavía tenemos desafíos. En el primer semestre ingresaron más de 35.000 toneladas de carne porcina, superando ampliamente lo de 2024”, señaló Agustín Seijas, director ejecutivo de la Federación Porcina Argentina (FPA) en el programa radial Chacra Agro Continental.

Año récord para el sector porcino

Según datos de la Secretaría de Agricultura de la Nación (SAGyP), en los primeros ocho meses del año, la Argentina marcó un récord histórico de faena (5.521.175 cabezas), producción (526.463 toneladas) de carne porcina en los primeros 8 meses del año, y consumo de carne de cerdo (casi 18 kilos anuales “per cápita”).

Un informe elaborado por la SAGyP, junto al SENASA y el INDEC, la faena en el sector porcino nacional viene creciendo a una tasa promedio del 6% en los últimos 10 años; en tanto que el consumo interno de carne de cerdo también viene en aumento sostenido durante la última década, pasando de 10 a 17,95 kg por habitante por año.

En cuanto a las exportaciones, la carne porcina argentina cuenta con más de 54 mercados abiertos, tanto con productos y subproductos de cerdo, destacándose las recientes aperturas de Paraguay, Uruguay y Filipinas.

En cuanto a las importaciones, Agustín Seijas, director ejecutivo de la FPA explicó en el programa radial Chacra Agro Continental, que “hay un tema que preocupa al sector: el fuerte incremento de las importaciones de carne porcina, fundamentalmente desde Brasil, considerando la diferencia de condiciones de producción entre ambos países”.

Mientras en Argentina está prohibido y en la práctica no se utiliza ningún promotor de crecimiento, en Brasil su uso es habitual. “Ese aditivo les da una mejora en la productividad cercana al 6%, por lo que está claro que no competimos con las mismas reglas de juego”, explicó Seijas, y agregó que este producto está prohibido en 160 países y que la producción porcina argentina es reconocida por un estatus sanitario “intachable”.

Según explicó, el 95% de las importaciones argentinas de carne de cerdo, proviene de Brasil y no se trata de un dato menor. “Cuando uno trae productos a un costo más bajo, se produce un desbalance en la comercialización interna. Obliga a trasladar precios de cortes de mayor valor al resto, generando distorsiones”, apuntó el representante del sector.

La llave china para el sector porcino

Frente a este escenario, la Federación insiste en la necesidad de avanzar en la firma de un protocolo con China que lleva más de dos años pendiente. El acuerdo permitiría exportar subproductos que en el mercado interno carecen de valor —como cabezas, patas y menudencias— pero que en el mercado asiático son muy demandados.

La propuesta del sector no apunta al cierre de importaciones, sino a encontrar mecanismos que den previsibilidad. “La solución no es frenar el ingreso de carne del exterior, es ganar competitividad”, aseguró Seijas. Para él, el paso clave está en la decisión política.

“El consumidor argentino seguirá siendo central, con una preferencia creciente por la carne fresca frente a la congelada, lo que diferencia a nuestra producción. Pero el verdadero salto estará en diversificar y ampliar destinos, porque la competitividad no se construye cerrando fronteras, sino ampliando horizontes” asegura Seijas, y agrega que “China representa la oportunidad concreta de equilibrar la cancha y de darle al sector porcino argentino la chance de crecer en el mercado global”

La campaña 2024/25 dejó resultados inéditos para el arroz argentino. Según detalló en Chacra Agro Continental Claudio Francou, presidente de la Cooperativa de Arroceros de Villa Elisa, en Entre Ríos, el país superó los 1,7 millones de toneladas, el mayor volumen desde el ciclo 2010/11. “Se dieron las condiciones climáticas: mucho sol en verano y buena disponibilidad de agua. Los rendimientos fueron excelentes”, afirmó.

Este volumen representa un incremento del 34% respecto de la campaña anterior, mostrando un salto productivo y mejoras en el rendimiento en casi todas las provincias.

Según el relevamiento conjunto de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz, la Bolsa de Comercio del Chaco, EEA INTA Corrientes, AER INTA San Javier y la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, la superficie implantada alcanzó 232.600 hectáreas, lo que representó un aumento interanual del 15 %. De ese total se cosecharon 231.400 hectáreas, con un rendimiento promedio nacional de 7.430 kg/ha.

Sin embargo, el escenario internacional complica la ecuación. Los costos logísticos y energéticos restan competitividad. La presión económica impacta especialmente en los pequeños productores. “Dicen que los productores que tienen menos de 200 hectáreas ya no pueden sostenerse. No es que no haya ninguno, pero cada vez son menos”, reconoció el dirigente. En ese sentido, destacó que las cooperativas funcionan como “red de contención”, aunque cada vez con más dificultades.

En cuanto a la calidad, Francou subrayó que “el arroz argentino es muy competitivo a nivel mundial, con variedades desarrolladas localmente que han ganado espacio frente a híbridos importados”. El dirigente aseguró que estamos en condiciones de competir con cualquier país del mundo.

De cara al futuro, el sector apuesta a sostener los lotes más aptos y a atravesar un año que se anticipa desafiante. “El productor vive con expectativa, siempre con la esperanza de que el próximo ciclo traiga mejores condiciones de mercado”, concluyó Francou.

La campaña citrícola 2025 mostró un escenario mejor al previsto: pese a los pronósticos de caída, la producción terminó siendo similar a la del año pasado, con un incremento en el volumen de exportaciones de fruta fresca. Según explicó en Chacra Agro Continental José Carbonell, presidente de Federcitrus, “hoy no se exporta más porque no hay más fruta en condiciones sanitarias y de calidad para seguir enviando a los mercados”.

La demanda de Europa del Este y la Unión Europea, favorecida por la baja producción de Turquía y España, impulsó las ventas externas de limón fresco. A su vez, el precio del jugo de limón registró una fuerte mejora y prácticamente no queda stock de la campaña en curso: “Ya se están cerrando contratos sobre la campaña del año que viene”, indicó Carbonell.

Este año en cítricos dulces, tras el boom de precios de 2024 por la caída productiva de Estados Unidos y Brasil, los valores se acercaron a los niveles históricos. El sector, no obstante, se vio golpeado por las heladas en el NEA y en Uruguay, lo que afectó la disponibilidad de fruta para exportación.

Carbonell destacó que después de seis años de crisis, con pérdidas de miles de hectáreas, los productores logran un leve respiro: “Este año se va a terminar con cuentas más o menos equilibradas, de ningún modo para irse de vacaciones ni para cambiar el auto, pero sí con la sensación de equilibrio”.

La Argentina se mantiene como primer productor mundial de limón y líder absoluto en derivados industriales, al aportar dos tercios del jugo, aceite y cáscara que se comercializan en el mundo. En exportación de fruta fresca, ocupa el tercer lugar detrás de España y Sudáfrica.

En el plano local, el consumo interno de limón fresco ronda las 200.000 toneladas anuales, concentrado en verano. El jugo casi no se consume en el país, dado que el 90% se destina a exportación, aunque el auge de la limonada en bares y restaurantes podría estar aportando un dinamismo incipiente.

El presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino, alertó sobre los desafíos que enfrenta el sector en materia de mercados y producción. En primer lugar, destacó la necesidad de habilitar el protocolo sanitario que permita exportar menudencias a China, lo que generaría ingresos adicionales estimados en más de 110 millones de dólares. “El aspecto técnico y sanitario está terminado, solo falta la decisión política de la firma”, señaló durante su entrevista con Chacra Agro Continental.

El dirigente también se refirió al impacto que tendrá el aumento de aranceles de Estados Unidos a la carne brasileña. Si bien algunos imaginan que esto podría favorecer a la Argentina, Ravettino advirtió que Brasil es muy agresivo y lo que antes enviaba a Estados Unidos lo va a redireccionar a China. Eso presionará los precios a la baja y complicaría a la Argentina.

Frente a ese escenario, planteó que Argentina debe salir de la fuerte dependencia del gigante asiático, que concentra entre el 70% y el 75% de los envíos: “Nuestra mejor arma es diversificar mercados y aprovechar la buena sintonía internacional para abrir más destinos”.

Ravettino también confirmó que se negocia una ampliación del cupo de 20.000 toneladas hacia Estados Unidos, frente a las 340.000 que dispone Australia o las 260.000 de Nueva Zelanda. Informó que surgieron avances con Japón, que ya habilitó a la Patagonia, pero que busca ampliar su acceso al resto del país, especialmente para la compra de lengua vacuna.

En el plano interno, el dirigente reconoció que el mayor problema es la falta de novillo pesado para exportación. “Cuando analizamos que hay 800.000 madres menos, vemos que el stock está en retroceso. Es lo que más me preocupa porque todos hablamos de exportaciones y de precios internacionales, pero cada vez tenemos menos vacas”, subrayó.

Finalmente, advirtió que la liberación del peso mínimo de faena podría agravar la situación: “Si uno quiere faenar un animal de 115 kilos lo puede hacer. Eso va a reducir aún más el promedio, cuando lo que necesitamos es producir más kilos por animal para competir con Uruguay, Brasil o Australia”, concluyó.

La campaña de arándanos en la Argentina comenzó hace unas semanas y se extenderá hasta diciembre. Las principales zonas productoras son el NOA, con epicentro en Tucumán, y la Mesopotamia, con Concordia como polo destacado. También existe una participación menor del norte de Buenos Aires.

Alejandro Pannunzio, presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de la Mesopotamia Argentina (APAMA), conversó con Chacra Agro Continental y explicó que el sector supo alcanzar su auge en 2008 con unas 5.000 hectáreas implantadas y exportaciones cercanas a los 20 millones de kilos pero que hoy la superficie se redujo a la mitad y el volumen exportable ronda apenas los 5 millones de kilos.

“La Argentina llegó a estar en la primera línea, pero los problemas de financiamiento, la falta de acceso a la última genética y las trabas a la propiedad intelectual nos hicieron perder competitividad”, advirtió el titular de APAMA.

El empresario señaló que, para ingresar al negocio, se requiere una inversión mínima de unas 25 hectáreas y una integración vertical que incluya cámara de frío y acceso a clientes internacionales. Recién a los dos años de la plantación se obtiene la primera cosecha

En cuanto al consumo interno, Pannunzio destacó que en la última década se consolidó una mayor demanda gracias a campañas de promoción y a las propiedades nutricionales del fruto. “El arándano es muy rico, tiene bajo contenido de azúcar y es considerado un superalimento por su aporte de antioxidantes”, afirmó. Además, subrayó que su versatilidad lo vuelve atractivo tanto para el consumo fresco como para la industria en jugos, mermeladas o congelados.

Respecto a los mercados externos, los principales consumidores son Estados Unidos, Inglaterra y Europa, aunque la mirada está puesta en China, que se perfila como un destino clave por su creciente demanda y altos estándares de calidad.

Con una producción nacional estimada en 15 millones de kilos para esta campaña, el desafío de la Argentina será recuperar presencia en el mundo y volver a posicionarse entre los grandes jugadores.

Aporte nutricional

El valor nutricional del arándano, según la estandarización de la Food and Drug Administración (FDA) de los Estados Unidos, es entre bajo y libre de grasas y sodio, libre de colesterol y rico en fibras, refrescante, tónico, astringente, diurético y con vitamina C.

La crisis hídrica golpea con fuerza al partido de 9 de Julio, en la provincia de Buenos Aires. En apenas unas horas, varias localidades rurales quedaron bajo amenaza de agua y Defensa Civil debió instalar centros de evacuados. “La situación pasó de ser una inundación a ser una zona de desastre y es realmente dramática”, señaló Patricia Gorza, presidenta de la Federación Agraria de 9 de Julio en el programa radial Chacra Agro Continental.

Según explicó la dirigente, pueblos como Facundo Quiroga, French y Morea están en estado crítico, con ingresos de agua, alteos de emergencia y bombas para evitar que las calles y viviendas queden anegadas. “El agua estaba ingresando a Quiroga y varias familias tuvieron que ser asistidas en helicóptero porque quedaron completamente aisladas”, detalló.

Gorza subrayó que las consecuencias trascienden lo productivo. Hay dos escuelas rurales sin clases desde hace tres meses y caminos totalmente intransitables que llevan a que hoy el medio de transporte sea el tractor o el caballo ya que ni con una camioneta 4x4 se puede circular por la zona.

En lo económico, el panorama es igualmente grave. La cosecha gruesa quedó desparramada en los campos, la ganadería está en serios problemas y varios tambos cerraron en las últimas semanas. “El productor chico, con compromisos financieros, está muy complicado. Muchos van a quedar en el camino”, advirtió Patricia.

Se cuestionó, además, la falta de previsión y de obras de mantenimiento en la zona. Si bien la provincia prorrogó la emergencia agropecuaria hasta febrero, la Nación aún no homologó el decreto, lo que limita los beneficios fiscales.

La presidenta de Federación Agraria local, que ya atravesó cuatro inundaciones en su vida, dejó un mensaje contundente: “El panorama es triste. El agua no se va en dos meses; en 9 de Julio este impacto dura dos o tres años. Y lamentablemente, otra vez, nos encontramos solos los productores, sosteniéndonos entre nosotros”.

La lechería argentina se prepara para cerrar 2025 con niveles históricos de producción. Así lo aseguró en Chacra Agro Continental Ércole Felippa, presidente del Centro de la Industria Lechera (CIL), quien adelantó que el sector alcanzará entre 11.400 y 11.500 millones de litros, superando los registros de los últimos años.

“Este año no solo recuperamos lo perdido en 2024, sino que vamos a superar la producción de 2023 y ubicarnos en niveles récord”, señaló Felippa. El dirigente recordó que la actividad venía de dos campañas consecutivas afectadas por la sequía, políticas intervencionistas y controles de precios que desalentaron la inversión.

Entre los factores que impulsaron la recuperación mencionó la eliminación definitiva de las retenciones a las exportaciones lácteas y la decisión oficial de “no intervenir en el mercado, porque esas distorsiones terminan acobardando al productor”. A ello se sumó un escenario internacional favorable en materia de granos, con precios relativos del maíz y la soja que redujeron costos y mejoraron la rentabilidad.

En cuanto al mercado externo, Felippa subrayó que Brasil continúa siendo el principal destino de la leche en polvo argentina dado que su producción, pese a haber crecido en los últimos años, no alcanza para cubrir el consumo interno de casi 200 millones de habitantes.

Sobre la situación del productor, precisó que el precio promedio ronda los 471 pesos por litro, según datos oficiales, y que los plazos de pago se acortaron a poco más de 30 días en promedio.

De cara al futuro, Felippa advirtió que el desafío no pasa solo por la coyuntura cambiaria sino por una agenda de competitividad integral. “Si creemos que la competitividad del sector depende únicamente del tipo de cambio, volveremos a cometer los errores del pasado”, afirmó. En ese sentido, reclamó una reforma impositiva que involucre no solo al gobierno nacional, sino también a provincias y municipios.

Argentina reafirmó su posición como primer exportador mundial de maní y cerró la última campaña con un récord en el área sembrada, que alcanzó las 500.000 hectáreas. En diálogo con el programa radial Chacra Agro Continental Edoardo Fracanzani, Gerente de la Cámara Argentina del Maní destacó que, aunque los rindes no superaron a los de la temporada anterior —calificada como “excelente”—, la producción será “muy buena” este año.

El país lidera el mercado internacional ocupando el quinto lugar en la exportación de aceite y otras preparaciones de maní.

La mayor parte del cultivo se concentra en Córdoba, que aporta el 75% de la superficie y alberga casi la totalidad de las plantas de procesamiento industrial. Sin embargo, en los últimos años también se expandió hacia el norte de Buenos Aires, San Luis, La Pampa y Santa Fe. “El suelo apto para el maní debe ser franco-arenoso y contar con condiciones climáticas adecuadas”, explicó Fracanzani al remarcar que más al sur los riesgos de heladas dificultan el ciclo del cultivo.

Sólo en el primer semestre del año, las ventas al exterior crecieron casi 30% respecto del mismo período de 2024. Durante el año pasado, las exportaciones alcanzaron los 1.190 millones de dólares, el valor más alto de los últimos 22 años, según datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

En materia comercial, la Unión Europea y el Reino Unido son los principales destinos del maní argentino, aunque el producto llega a más de 100 países en Asia, África y América. “Es un punto de orgullo del sector tener una cuota de mercado tan importante en los países más exigentes en términos de calidad y seguridad alimentaria”, señaló Fracanzani.

A nivel mundial, China, India y Nigeria son los mayores productores de maní con cáscara, en tanto que la Argentina ocupa el 8° puesto en este ranking, con 1,48 millones de toneladas en 434 mil hectáreas sembradas por unos 900 productores. Se estima que la cadena es responsable de 12.000 puestos de trabajo directos e indirectos y que casi la totalidad de la producción de maní y sus derivados se destina a la exportación.

Los principales destinos de los productos de maní sin cáscara son los Países Bajos, seguidos por Reino Unido y Polonia; de aceite de maní en bruto, China y Estados Unidos; y de preparaciones de maní, el Reino Unido, Israel, Australia, Chile, Nigeria y Nueva Zelanda, entre otros.

El escenario económico, sin embargo, plantea desafíos. Los costos de producción se mantienen elevados, en particular los vinculados al arrendamiento de la tierra, que se ubican por encima de los de otros cultivos como la soja. Al mismo tiempo, los precios internacionales muestran una tendencia a la baja.

El panorama local para el trigo es positivo, aunque no exento de desafíos. “En cuanto a lo productivo, venimos realmente bien, salvo algunos sectores afectados por excesos hídricos”, evaluó en Chacra Agro Continental el presidente de Argentrigo, Martín Biscaisaque, al tiempo que remarcó que la mayor parte de la región triguera se encuentra en condiciones favorables.

La siembra de trigo quedó concluida en el país con una superficie estimada entre 6,7 y 6,8 millones de hectáreas, lo que implica un crecimiento de 400.000 hectáreas respecto de la campaña pasada. El aumento del área sembrada se explicó por una combinación de factores: la prórroga en la baja de retenciones, la buena humedad en los suelos y una relación insumo-producto que al inicio de la campaña resultaba atractiva.

Sin embargo, el escenario internacional comenzó a mostrar complicaciones. El precio de los fertilizantes, especialmente de la urea, empezó a subir en un contexto de granos con valores deprimidos. El titular de Argentrigo reconoció que en la actualidad “la ecuación del trigo no es fácil” y sostuvo que “la posibilidad de complementar con soja de segunda ayuda a equilibrar el negocio”.

En materia comercial, Brasil continúa siendo el principal destino del cereal argentino, pese a sus intentos de avanzar en el autoabastecimiento. “Siempre necesitan de la calidad de nuestro trigo, tanto para panificar como para su condición sanitaria”, señaló Biscaisaque, al recordar que el grano nacional “presenta menos riesgos de micotoxinas” que el producido en el país vecino.

Respecto de las lluvias recientes y el riesgo sanitario que podrían implicar, destacó que los productores cuentan con herramientas suficientes para enfrentar enfermedades. “Las soluciones están, hoy tenemos todo: fungicidas, tecnología y conocimiento. El productor sabe cuándo y cómo usarlos”, concluyó.

Haber trabajado en el sector agropecuario sin limitaciones de género es, para María Victoria Cachero, uno de los pilares de su carrera. “Siempre fui valorada por mis aptitudes y herramientas, muchas adquiridas en la facultad, y acompañada por ingenieros que me brindaron oportunidades”, afirmó en Chacra Agro Continental.

Su experiencia internacional comenzó en Nueva Zelanda, donde se desempeñó dos años en el sector lácteo. Allí, vivió de cerca sistemas estacionados con pariciones masivas y equipos de trabajo mayoritariamente femeninos. “Creo que la mujer, al asistir a un animal joven, tiene un abordaje más cálido y compasivo. La frustración no aparece tan rápido y se busca resolver sin recurrir a la fuerza”, explicó.

Posteriormente, trabajó tres años en Australia, participando en sistemas de confinamiento ovino, producción porcina y diferentes escalas de ganadería bovina, incluida una experiencia en un feedlot de 36.000 cabezas coordinado por mujeres. En ese contexto, destacó la influencia de la metodología Temple Grandin como referente de bienestar animal.

Consultada sobre las diferencias entre la ganadería oceánica y la argentina, Cachero señaló que es fundamental aprovechar las herramientas digitales que ellos ya tienen incorporadas para gestionar y lograr mayor estabilidad en el sistema. Resaltó especialmente la trazabilidad: “Es clave para el consumidor final saber de dónde viene el producto. En agricultura ya lo aplicamos hace años; en ganadería, podemos y debemos hacerlo”.

Para la ingeniera, la experiencia de haber trabajado en entornos diversos, con equipos internacionales y en sistemas productivos distintos, le dio herramientas que hoy busca transmitir en Argentina. “Me gustaría que más mujeres se animen a ocupar estos espacios. No hay tareas que no podamos realizar, y la diversidad de miradas en un equipo siempre enriquece las decisiones”.

Finalmente, instó a los productores a adoptar registros y metodologías simples para el seguimiento animal. En su opinión no es necesario tanta tecnología sofisticada, “se puede empezar con herramientas prácticas y eficientes que conecten al equipo de campo con el asesor”, señaló.

La chicharrita del maíz sigue en el centro de la escena productiva por su papel como vector de enfermedades que afectan a los cultivos. Sin embargo, la dinámica de esta plaga no depende solo de los maíces disponibles en el campo, sino también de factores ambientales que condicionan su reproducción y supervivencia, advirtió Alejandro Vera, coordinador de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus Maidis, en Chacra Agro Continental.

En el sector aún persiste cierta confusión sobre el rol de los cultivos invernales. “Cuando el insecto aparece en trigo, avena, centeno o incluso en cultivos de servicio, no significa que se alimente ni se reproduzca en ellos”, aclaró Vera al señalar que en realidad estos son simples reservorios que utiliza cuando no encuentra maíz disponible y que la única planta donde puede completar su ciclo biológico es el maíz.

Hoy muchos productores y técnicos suelen alarmarse al observar chicharritas en otros cultivos de invierno, creyendo que allí se multiplican y propagan la enfermedad. Vera desmintió esa interpretación y subrayó que su presencia no implica riesgo de infección en esas especies, aunque sí evidencia la capacidad del insecto para sobrevivir a la espera de nuevas siembras de maíz.

Más allá de la disponibilidad de hospedantes, el clima juega un papel determinante en la evolución de la plaga. En ese sentido, el coordinador de la Red Nacional de Monitoreo de Dalbulus Maidis, destacó que las temperaturas extremas son las que más condicionan la población de la Chicharrita.

Por un lado, mencionó el efecto de las heladas: “Está comprobado que el umbral vital de la chicharrita es de -6 grados durante al menos seis horas. Bajo esas condiciones, la población se resetea en más del 90%”. Esto se registró durante el invierno de 2024 en gran parte del centro y sur del país, especialmente en Santa Fe y Buenos Aires, donde prácticamente desapareció el vector.

En regiones endémicas como el NOA, el fenómeno es distinto. Allí la amplitud térmica diaria impacta directamente sobre la longevidad del insecto. “Durante el día las temperaturas alcanzan los 25 a 27 grados y por la noche caen bruscamente a 5 o 7. Ese cambio brusco hace que la chicharrita crea que está entrando en primavera, pero cuando la temperatura desciende, su longevidad se ve golpeada. No la mata, pero acorta su vida y limita su capacidad de propagación”, detalló el especialista.

En su análisis, Vera comparó la actual campaña con las dos anteriores. El invierno de 2023 había sido inusualmente cálido, lo que permitió un desarrollo acelerado de las poblaciones y marcó la antesala de la epifitia de 2024. El del año pasado, en cambio, fue muy crudo y redujo significativamente la cantidad de insectos en el campo. “Este invierno se ubica en un punto intermedio: hubo heladas en varias regiones, aunque no tan intensas ni prolongadas como en 2024, pero sí suficientes para empezar a resetear la población de Dalbulus maidis”, señaló.

El trabajo de la Red Nacional de Monitoreo permite identificar estas fluctuaciones poblacionales y anticipar escenarios para productores y técnicos. En este sentido, Vera insistió en la necesidad de interpretar correctamente la biología de la plaga: “Es clave entender que el único hospedero verdadero es el maíz. Los otros cultivos no multiplican a la chicharrita, aunque pueden servir como puente hasta la próxima siembra”.

El especialista subrayó que, aunque la presión de la plaga se redujo con las condiciones de este invierno, la vigilancia debe continuar, especialmente en las zonas endémicas donde la amplitud térmica es un factor constante. Alejandro Vera concluyó señalando que la clave está en seguir monitoreando y no subestimar al vector, porqué de sus niveles poblacionales depende en gran parte la intensidad del problema sanitario que enfrentaremos en la campaña de maíz.

El debate por el plan nacional de vacunación contra la aftosa volvió a instalarse entre los productores ganaderos. El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, aseguró a Chacra Agro Continental: “los productores argentinos merecemos tener un plan de vacunación modernizado, dado que hace muchos años que en el país no tenemos episodios de la fiebre, por lo que llegó el momento de plantearse cómo seguir, y de apuntar a ser libres de aftosa sin vacunación”.

La SRA presentó una propuesta nacional para avanzar hacia un estatus sanitario de “libre de fiebre aftosa sin vacunación” cuando las condiciones técnicas, políticas y comerciales lo permitan. Según la entidad nacional, esto fortalecería la competitividad de la ganadería argentina y abriría acceso a mercados de alto valor internacional, siguiendo ejemplos de países como Chile, Japón, Australia o Estados Unidos.

Desde la SRA señalan que la posibilidad de dejar de vacunar no debe abordarse como una decisión aislada, sino como parte de una estrategia nacional cuidadosamente planificada, basada en evidencia técnica y epidemiológica, con un enfoque gradual, regionalizado, y con articulación institucional. Por eso propone: reforzar los sistemas de vigilancia activa y pasiva, capacitar recursos humanos y fortalecer laboratorios y barreras sanitarias, constituir un Consejo Estratégico Nacional para la Erradicación Definitiva de la Fiebre Aftosa con participación del SENASA, entidades del sector productivo, académicos y gobiernos provinciales.

En tanto, desde la Sociedad Rural de Corrientes, Juan Martín Meabe, presidente de la entidad, consideró que “es momento de modernizar el esquema y pasar a una sola dosis anual, manteniendo la condición de país libre con vacunación”. “Somos muy conscientes de que tenemos que seguir vacunando para sostener el estatus sanitario, pero el plan merece una readecuación acorde a la realidad”, afirmó en Chacra Agro Continental.

Meabe explicó en Chacra Agro Continental que hoy se vacunan dos veces al año categorías adultas, lo que representa un gasto innecesario y una logística compleja. “Hay 15 millones de novillos adultos que ya recibieron ocho o diez dosis a lo largo de su vida. Eso implica más de 15 millones de dólares al año, además del movimiento de hacienda que genera costos y riesgos”, señaló.

Según el dirigente, la falta de circulación viral reconocida por Senasa permitiría avanzar hacia un esquema más eficiente, similar al que aplican Paraguay y Uruguay. Señaló que “el año pasado la resolución ya estaba y se volvió para atrás”; que este año ocurre lo mismo, y eso genera incertidumbre la cual lleva a necesitar una explicación más profunda sobre los motivos de mantener ese plan.

El titular de la Sociedad Rural de Corrientes también destacó la necesidad de unificar criterios en el sector gremial. “Estamos canalizando el pedido a través de las entidades nacionales para que se defina una postura firme de cara a 2026. No podemos sostener eternamente una doble vacunación sin razones claras”, advirtió. Y explicó que en otras regiones ganaderas del país, la discusión no tiene el mismo nivel de prioridad. Mientras que en el norte la propuesta de reducir la vacunación cuenta con un consenso mayor entre las entidades rurales, en provincias del centro y sur todavía no se instaló con fuerza en la agenda. Esto genera diferencias en el enfoque gremial y plantea la necesidad de una postura unificada a nivel nacional.

En ese sentido, la Sociedad Rural Argentina subraya que la erradicación definitiva requiere un trabajo colectivo, articulado y gradual, considerando riesgos comerciales y diplomáticos. “Este es el momento de dar un paso superador. Nuestro compromiso con la sanidad animal es histórico y prioritario, y ponemos a disposición nuestra capacidad técnica y territorial para avanzar hacia una Argentina libre de fiebre aftosa sin vacunación”, concluyó la entidad.

“Las dos grandes falencias que hoy atraviesa el campo entrerriano son el pésimo estado de los caminos y la problemática de la garrapata”, aseguró Matías Pompar, presidente de la Sociedad Rural de Federal en diálogo con Chacra Agro Continental.

Sobre la situación vial, cuestionó la falta de resultados pese a que desde 2025 el 100% del impuesto inmobiliario rural se destina al mantenimiento de caminos. “Todavía no se ve reflejado el importe. Los caminos son un desastre, no sólo para sacar la producción, también por los accidentes y por la gente que no puede llegar a las escuelas o a los hospitales”, advirtió.

En cuanto al problema sanitario, describió el avance de la garrapata como un “flagelo” que ya afecta desde el centro al norte provincial. “Con la garrapata no sólo aparecen enfermedades como la tristeza bovina, también pérdidas económicas muy grandes: si un campo arrendado tiene que empezar a tratar animales, la rentabilidad es casi nula”, explicó.

¿Qué es la tristeza bovina?

Es la forma común para denominar a un conjunto de enfermedades que poseen características comunes. El Senasa detalla que el mal es provocado por las babesias o el anaplasma, hemoparásitos que -en el primer caso- se transmite exclusivamente por la picadura de la garrapata común del bovino, y en el segundo, se transmite por la introducción o el contacto de sangre fresca de un animal enfermo o portador con la sangre de un animal sano. En este proceso intervienen la garrapata y los insectos hematófagos como los tábanos, la mosca brava y los mosquitos. El humano también puede incidir de forma accidental al contaminar con sangre los utensilios que utiliza en el manejo de los bovinos como agujas y jeringas, etc.

La “tristeza bovina” provoca en los animales inapetencia, elevada temperatura corporal, caída de la producción láctea en vacas en lactación, anemia y debilidad, deshidratación y abortos.

Consorcios camineros: “no hay reglas claras”

Pompar también rechazó la implementación de consorcios camineros, al considerar que “no hay reglas claras de responsabilidad ni de manejo económico”.

Los Consorcios Camineros son asociaciones sin fines de lucro constituidas por grupos de productores o vecinos asociados voluntariamente, cooperativas y entidades rurales, para conservar o mejorar los caminos de la red vecinal o rural.

Otro de los reclamos fue la eliminación de las retenciones. “Pedimos la baja total. Es un impuesto anticonstitucional”, sostuvo el dirigente, al tiempo que destacó que el gobernador Rogelio Frigerio “desde que asumió, siempre acompaño a la producción e hizo fuerza ante la Nación para plantear el tema de la presión impositiva que vivimos en el campo”.

Finalmente, se refirió a la relación con el municipio de Federal, a la que calificó como “buena, con diálogo abierto”, aunque reconoció que la comuna atraviesa un delicado momento económico.

El Departamento de Defensa Comercial de Brasil resolvió no imponer medidas antidumping sobre la leche en polvo proveniente de Argentina, en el marco de una investigación iniciada a instancias de la Confederación Nacional de Productores del vecino país. La acusación sostenía que las exportaciones argentinas se realizaban a precios inferiores a los del mercado interno, configurando competencia desleal.

Según explicó en Chacra Agro Continental Raúl Catta, coordinador de la Comisión de Lechería de la Sociedad Rural Argentina, el reclamo sorprendió por provenir del sector primario brasileño, y no de la industria. “Brasil es nuestro principal cliente internacional y es deficitario en el volumen de leche que necesita para su consumo”, señaló, recordando que el vínculo comercial se desarrolla bajo las reglas del Mercosur, que protege el intercambio intrazona frente a terceros mercados.

El dictamen del gobierno de Luis Inácio “Lula” da Silva consideró que no existían elementos suficientes para acreditar un perjuicio a la industria local, dado que la información presentada por los denunciantes no correspondía al segmento relevante de la cadena —la producción de leche en polvo— sino a la de leche cruda. Esta reinterpretación de qué constituye el “producto similar” fue determinante para cerrar, en esta instancia, la posibilidad de sanciones.

Catta señaló que la decisión es “un alivio” para la industria láctea, y advirtió, sin embargo, que la coyuntura interna de la lechería argentina continúa marcada por la falta de crecimiento. “Hacemos entre 10.000 y 11.000 millones de litros por año desde hace más de 25 años, y las señales actuales de la industria no son alentadoras”, afirmó. El dirigente remarcó que, “pese a un contexto político de mayor apertura y ausencia de controles oficiales, el precio pagado al productor muestra una tendencia a la baja en términos reales”, lo que mantiene la incertidumbre sobre la capacidad del sector para expandirse.

Con esta resolución intermedia, que no implica el cierre definitivo del proceso pero sí evita medidas inmediatas, Argentina preserva un negocio que en 2023 y 2024 representó exportaciones anuales por entre 90.000 y 95.000 toneladas, equivalentes a unos US$330 millones.

El desafío, según los referentes del sector, será capitalizar este respiro comercial para impulsar una producción que lleva más de dos décadas sin crecer.

Juan Luis Uccelli, director ejecutivo de la Cámara de Frigoríficos Ovinos y Bovinos de la Patagonia (CAFROPAT), alertó que la decisión que impide exportar corderos a Chile ya está generando pérdidas y pone en jaque a otros destinos estratégicos. “Si no logramos colocar los corderos en estos mercados, bajaría mucho el precio, y eso perjudicaría directamente a los productores, que dependen en un 75% de esa venta”, explicó.

Respecto al impacto económico, detalló que el volumen de exportación de carne ovina alcanza los 45 millones de dólares anuales, de los cuales entre 30 y 35 millones corresponden a ventas a la Unión Europea y Gran Bretaña.

El cierre de mercados, sumado a posibles auditorías de la Unión Europea, amenaza no solo a la exportación de carne ovina, sino también a la producción de lana, que representa exportaciones por 140 millones de dólares anuales. “Utilizando una metáfora, hay un ´monocultivo´ en la Patagonia que es el ovino. Si el productor no puede desarrollar esta actividad, no tiene otra alternativa. Se pone en riesgo la soberanía de la región. ¿Quién va a poblar esos campos?”, advirtió Uccelli en Chacra Agro Continental.

La actividad ovina y bovina en la Patagonia genera, directa e indirectamente, alrededor de 200.000 puestos de trabajo, lo que equivale al 30% de la población local.

El cierre del mercado chileno ya es un hecho, mientras que la situación con la Unión Europea se mantiene en suspenso. En ese contexto, Uccelli indicó que una auditoría del bloque podría llegar en breve, pero alertó sobre la falta de condiciones para afrontarla debido a los “tremendos problemas” que atraviesa actualmente el Senasa.

En paralelo, existen planes para fomentar el consumo interno de carne ovina, aunque sus efectos demandan tiempo. En la actualidad, el consumo anual per cápita está por debajo del kilo, pero el potencial, es mucho mayor.

“Hay que hacer un cordero más pesado, no hay que hacer el corderito tradicional” y explicó que “tiene una posibilidad de crecer hasta los seis, siete kilos el consumo per cápita; hoy apenas estamos en menos de un kilo, hay un crecimiento exponencial y como una oferta más para entrar dentro de la mesa de los argentinos", aseguró Uccelli.

Desde CAFROPAT reclaman soluciones urgentes y una estrategia conjunta con las autoridades sanitarias para evitar que la situación escale. De esta forma llaman a una reunión con la nueva presidenta del Senasa, María Beatriz Giraudo, para encontrar salidas que les permitan ir para adelante y no retroceder.

El distrito de Nueve de Julio, en la provincia de Buenos Aires, atraviesa una situación dramática por las inundaciones que afectan a gran parte de su superficie productiva. Según el presidente de la Sociedad Rural local, Hugo Enríquez, las intensas lluvias de julio, que dejaron hasta 140 mm en algunos sectores, se sumaron a un escenario de campos saturados y agravaron el problema.

“Arrancamos agosto con nuevas precipitaciones y con agua que sigue bajando desde otros partidos, como Casares, donde el 42% del territorio está bajo agua”, explicó en el programa radial Chacra Agro Continental.

Los partidos más afectados son Nueve de Julio, Carlos Casares, Lincoln, Bolívar, 25 de Mayo y Henderson. A la acumulación de agua se suma la falta de infraestructura: caminos rurales intransitables y maquinaria insuficiente para mejorar la circulación. “Lamentablemente nadie baja a ver lo que pasa. Somos un número más. Para recaudar están rápido, pero para ayudar poco y nada”, cuestionó Enríquez.

El presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio explicó que el partido abarca un total de 15 cuarteles, 14 si se excluye la ciudad cabecera, y que “casi el 100% están afectados en la transitabilidad productiva”. Agregó que “del 100% de los caminos relevados en el partido, el 98% está en mal estado y el 2% en estado regular”; y que del 98% mencionado, el 40% se encuentra “imposible de transitar”.

Enríquez indicó que la producción agrícola también está comprometida: “la superficie de trigo se redujo un 65% y, de no mejorar los caminos ni bajar el agua, la siembra de la gruesa también quedará afectada”. El dirigente señaló que están a tan solo 50/60 días de iniciar la siembra y no tienen caminos para transitar con los equipos, y que las consecuencias se van a empezar a pagar el año que viene.

La Comisión de Emergencia local pidió a la provincia prorrogar por seis meses la emergencia agropecuaria, aunque la ley actual, según el dirigente, está totalmente desactualizada y brinda pocos beneficios a los productores. Las exenciones impositivas y diferimientos son limitadas, y solo en casos de venta forzosa de vientres podrían acceder a una eximición de Ganancias a nivel nacional.

Asimismo, solicitaron a las autoridades provinciales la asignación de “4 retroexcavadoras y 5 motoniveladoras en forma exclusiva y por un tiempo no menor a 6 meses”.

En cuanto a la ganadería, Enríquez puntualizó que enfrenta un cuadro igual de delicado: “en plena parición, muchas vacas permanecen en campos anegados, con poco pasto y sin acceso para asistirlas”. Los productores, que aún no terminaron de sacar la cosecha pasada, reclaman equipos para darle una solución urgente al tema. “Lo que pedimos es que bajen al territorio y busquemos una salida en conjunto. La situación es muy triste”, concluyó el presidente de la Sociedad Rural de 9 de Julio.

La industria argentina de biocombustibles atraviesa un momento “muy complicado”, con mercados internacionales cerrados, capacidad ociosa superior al 70% y una ley que, según el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Luis Zubizarreta, “no funciona y hay que cambiar definitivamente”.

En diálogo con Chacra Agro Continental, Zubizarreta explicó que el principal destino de exportación, Estados Unidos, continúa bloqueado por aranceles antidumping superiores al 130%, lo que dejó a Europa como único comprador. A ello se agrega que la sobreoferta y los precios deprimidos llevaron a que en los últimos dos años la situación fuera mala.

Con relación a los aranceles aplicados por EE.UU., indicó que, dado que el litigio iniciado por el sector privado argentino en la Corte de Comercio de New York no prosperó, las esperanzas ahora están depositadas en “el trabajo que está haciendo la Cancillería para lograr una cuota de exportación” a ese mercado, que es “una condición mínima para reactivar parte de la producción”. En tanto, la mayor parte de las plantas exportadoras continúan paralizadas.

“La situación actual es peor que en 2024, que fue un año negativo para el sector, y en el que las exportaciones fueron magras… unas 380 mil toneladas de biodiésel”, detalló el titular de CARBIO, y advirtió que “el panorama no deja de agravarse, a tal punto que la capacidad ociosa pasó del 30% a al 70%”.

El impacto también golpea al mercado interno. El dirigente cuestionó la normativa vigente que reparte cuotas y define precios desde la Secretaría de Energía, mecanismo que calificó de “ineficiente” y sin precedentes a nivel mundial, ya que “es el único mercado donde se impide la libre competencia”. “Hay que generar un sistema de competencia donde pueda vender el que tenga mejor precio y así favorecer al consumidor”, señaló.

Zubizarreta recordó que en 2025 el Gobierno presentó un proyecto de ley para “liberar el mercado y habilitar la competencia”, y que el sector privado ha consensuado una iniciativa en la que trabaja la Liga de las Provincias Energéticas, integrada por Salta, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Entre Ríos y Jujuy.

“Cada vez consumimos menos y eso nos lleva a priorizar exportaciones, vendiendo aceite de soja crudo en vez de transformarlo en energía localmente… una clara pérdida de eficiencia para el país”, advirtió Zubizarreta.

El titular de CARBIO explicó que, mientras en países competidores como Brasil y Estados Unidos se incrementa el uso de biocombustibles, en Argentina se redujo el corte obligatorio de biodiésel a 7,5%, muy por debajo del 15% brasileño.

El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), que también es titular de la Federación de Agricultura de Río Grande do Sud (Farsul) y vicepresidente de la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), Gedeao Pereira, advirtió que la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel del 50% a la carne brasileña podría generar un fuerte impacto y afectar al conjunto de la cadena productiva. Al mismo tiempo, pidió reforzar los cuidados sanitarios para sostener el estatus de libre de aftosa, clave para mantener abiertos los mercados internacionales.

El dirigente agropecuario destacó durante el programa Chacra Agro Continental que, aunque Brasil y Bolivia recibieron recientemente el certificado de libre de aftosa sin vacunación, y la Argentina aún mantiene regiones con vacunación contra la fiebre, “lo importante es el estatus sanitario de Sudamérica, porque somos los grandes productores mundiales de carne vacuna. Exportamos a muchos países y tenemos que cuidar mucho el tema sanitario”.

Respecto de la medida arancelaria impulsada por Estados Unidos, el dirigente mostró preocupación por la caída abrupta de los envíos, que pasaron de 47.800 a 9.700 toneladas en tres meses.

“Brasil vive hoy una gran incertidumbre en cuanto al futuro de la ganadería”, aseguró Pereira, quien subrayó que, a pesar de ello, el país “sigue siendo el mayor exportador de carne vacuna del mundo” sin dejar de mencionar que del total producido “el 75% se destina al mercado interno”.

Brasil, un actor clave en el comercio mundial de carne, tuvo una primera parte del año con perspectivas favorables para el sector, dada la “demanda creciente del mercado internacional y la firmeza de los precios”. Sin embargo, la política arancelaria de los gobiernos de EE.UU. y China, “se ha transformado en un factor de riesgo”, aseguró el vicepresidente de la CNA.

Pereira explicó que la industria frigorífica ya trabaja en redirigir la producción a otros destinos, pero admitió que la situación podría agravarse. “El novillo ha bajado un poco, apenas un 5%, porque estamos buscando otros mercados, pero esto sin duda va a impactar más duramente en el mercado”, afirmó.

El titular de la FARM sostuvo que el gobierno de Lula da Silva podría intervenir para intentar revertir la medida, aunque reconoció que la relación con Washington atraviesa tensiones ideológicas. “Trump y Lula están en caminos absolutamente opuestos. Brasil históricamente tuvo una diplomacia neutra, pero hoy se apoya a BRICS y a países enfrentados con Israel, y eso nos parece equivocado”, expresó.

A pesar de los desafíos comerciales y políticos, Pereira remarcó que “la prioridad regional debe ser mantener la sanidad animal y el estatus alcanzado para evitar que los mercados internacionales cierren sus puertas”.

Por otra parte, el titular de Farsul, se refirió al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y advirtió que hay que “estar muy atentos al Parlamento europeo” y a “la intención de imponer nuevas regulaciones ambientales que podrían dificultar las exportaciones. Nos imponen restricciones en productos clave, como la carne bovina o la soja, dado que el Mercosur es muy competitivo en la producción agropecuaria... y frente a eso, países como Francia u Holanda sienten cierta presión, y han mostrado resistencia”.

En el marco de la designación de nuevas autoridades al frente del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA), Daniel Urcía, resaltó el rol central de ese organismo como “autoridad sanitaria del país, tanto para garantizar la inocuidad de los alimentos en el mercado interno como para sostener las exportaciones de productos de origen animal”.

Urcía explicó en Chacra Agro Continental que el Senasa certifica todas las exportaciones y asegura la sanidad en el comercio interno, lo que lo convierte en “un eslabón fundamental para el sector”. También señaló que el organismo “enfrenta limitaciones por la falta de incorporación de personal y por “normativas desactualizadas”, lo que dificulta cubrir de manera eficiente las tareas de control y fiscalización.

El empresario de la industria frigorífica aseguró que “el mundo ha evolucionado, por lo tanto, se deben modernizar los procesos de control”. Y añadió que “debemos evolucionar hacia un esquema que audite procesos y no solo productos. Si le va bien a Senasa, le va bien al sector privado y al país”.

El pasado 29 de julio, tras la renuncia de Pablo Cortese en medio de la disputa por la importación de vacunas veterinarias, el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron el Decreto 515/2025 que oficializó la designación de María Beatriz Giraudo Gaviglio como nueva presidenta del Senasa, un organismo clave en la regulación y control sanitario del sector agroalimentario argentino.

El Senasa depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y cumple un rol central en la fiscalización de la sanidad animal y vegetal, así como en la certificación de exportaciones agroalimentarias.

Lo sanitario, “como excusa”

Respecto de la decisión del Gobierno Nacional de autorizar el ingreso de carne con hueso al sur del paralelo 42 (zona libre de aftosa sin vacunación), el dirigente sostuvo que “no existen fundamentos sanitarios que justifiquen restricciones” “El tránsito de animales con destino a faena no debería ser un problema; lo sanitario se usa como excusa cuando no hay riesgo real”, subrayó.

En junio de este año, el Senasa autorizó el ingreso de carne con hueso a la Patagonia después de 22 años de restricción. La medida, oficializada mediante la Resolución 460/2025, tiene por objetivo, según se informó oficialmente, equilibrar los precios al consumidor y facilitar el acceso a cortes como asado y costillar, provenientes de zonas libres de fiebre aftosa con vacunación.

Por otra parte, Urcía, quien además de presidir la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales, es vicepresidente de la Unión Industrial de Córdoba, se refirió a la eliminación del peso mínimo de faena prevista para 2026, y consideró que el rechazo de algunas provincias “responde más a motivos económicos que sanitarios”.

En medio del paisaje petrolero de Vaca Muerta, donde el viento patagónico se siente con fuerza y el terreno es árido y pedregoso, Glenda Hanson lleva adelante un proyecto poco común: un tambo artesanal que produce quesos únicos. “Cuando digo que tengo un tambo acá, muchos no lo creen. Pero sí, en plena Vaca Muerta hay vacas vivas produciendo”, contó la tambera y productora en Chacra Agro Continental.

La elaboración de estos quesos es completamente artesanal y lleva un proceso más largo que los industriales. Entre sus creaciones, destaca un queso con almendras maceradas en licor de amaretto y otro de chocolate que sorprendió en ferias nacionales.

Con un tambo pequeño de 20 vacas, Hanson obtiene unos 100 litros de leche diarios, que cada dos días se transforman en 12 o 13 kilos de queso. “Traemos el alimento para las vacas (de raza Holando) desde La Pampa y Cinco Saltos. A pesar de la logística y el frío extremo, las vacas están bien alimentadas y la producción se mantiene”, detalló.

Fromagelier patagónica

Su pasión por innovar la llevó a especializarse en la Universidad de Entre Ríos como fromagelier, con el objetivo de seguir creando nuevos sabores. A pesar de los desafíos –cortes de gas, clima hostil y un entorno dominado por hidrocarburos– Hanson sostiene su lema: “En Vaca Muerta hay vacas vivas produciendo”.

Un fromagelier no solo selecciona y degusta quesos, sino que además tiene un vasto conocimiento sobre los diferentes procesos de elaboración y maduración, así como también sobre cómo maridarlos con otros alimentos y bebidas.

La historia de Glenda, es la de quien pone en valor el trabajo, la innovación, la visión a largo plazo, pero también es, tal como ella misma lo sostiene, “una historia de compromiso con el desarrollo sostenible y el cuidado del medio ambiente a través de prácticas agrícolas responsables” a partir de la convicción de que el éxito empresarial puede estar en armonía con la preservación del entorno natural.

Glenda tiene un objetivo a largo plazo: que sus quesos puedan trascender las fronteras neuquinas, y que su emprendimiento a pequeña escala pueda crecer y le permita (cumpliendo los requerimientos vigentes) comercializarlos en otras regiones argentinas. Mientras tanto, cada madrugada, cuando el sol aún no asomó en el horizonte, se coloca prolijamente su boina y se dirige, mate en mano, directamente a los corrales para iniciar su rutina cotidiana con el ordeñe de sus vacas.

“Inspiración empresarial”

Hansson, propietaria del establecimiento “La Soñada”, recibió en 2024 una distinción nacional otorgada por el sector de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME): “Mujer Emprendedora e Inspiración Empresarial”. El reconocimiento, destacó su aporte al sector de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) en Argentina.

Raúl Victores, productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, trazó un diagnóstico crítico sobre el presente del sector y apuntó a las políticas económicas.

Durante una entrevista en el programa radial Chacra Agro Continental se refirió a la continuidad de las retenciones como una muestra de que, “pese al recambio político, persiste una visión fiscalista que pone al agro como fuente permanente de recursos sin considerar el impacto productivo”. A su entender, se ha incumplido con promesas formuladas durante años por los actuales gobernantes, quienes en el pasado cuestionaban abiertamente las retenciones y hoy no sólo los mantienen, sino que los vuelven a aplicar bajo distintos nombres, como en el caso del dólar soja.

Victores lamentó que, a más de 15 años del conflicto que generó la Resolución 125, el país continúe atrapado en las mismas discusiones, sin haber avanzado hacia un modelo de desarrollo que reconozca al campo como motor estratégico.

El productor considera que la falta de previsibilidad y la presión tributaria ahogan al productor, que posterga decisiones clave por temor a nuevos cambios o medidas unilaterales que afecten la rentabilidad. “Después de tanto tiempo seguimos discutiendo lo mismo. Es penoso que en un país que necesita de la producción agropecuaria para salir adelante, se mantengan medidas que cercenan al único sector que genera divisas genuinas”, señaló Victores.

A pocos días del inicio de una nueva edición de la Exposición Rural de Palermo (cuyo acto inaugural se realizará el 26 de julio) aseguró que hay expectativas por lo que pueda anunciar el presidente Javier Milei en ese ámbito, aunque remarcó que “el sector ya no se guía por discursos, sino por hechos concretos”. En ese sentido, pidió estar atentos a lo que ocurra en las próximas semanas y advirtió que la situación es cada vez más delicada, tanto en lo económico como en lo social e institucional.

En cuanto al futuro, consideró que el panorama sigue siendo incierto. “Esto es muy dinámico y lamentablemente imprevisible. Estábamos en el infierno, subimos un escalón al purgatorio, pero no podemos olvidar dónde estamos parados”, concluyó Victores.

Para el dirigente agropecuario, la salida requiere “no solo decisiones valientes, sino también un compromiso real con el desarrollo del interior profundo y con la construcción de un país más equilibrado y justo”.

Alfredo De Angeli, senador nacional, volvió a manifestar su preocupación por la situación del sector agropecuario y reclamó al gobierno nacional un rumbo más claro y políticas que incentiven la producción. “La salida es que no debería haber derechos de exportación en la Argentina”, sostuvo, al tiempo que remarcó que los productores están atravesando una situación crítica por los bajos precios internacionales, la suba de costos y las últimas pérdidas de cosecha en distintas regiones del país.

“La cosecha fue muy mala en muchas partes del norte de Entre Ríos, el sur de Corrientes, parte de Santa Fe. El productor está en quebranto, y encima tiene que seguir pagando derechos de exportación”, advirtió el senador en el programa radial Chacra Agro Continental. En ese sentido, apuntó directamente contra la decisión del Ejecutivo de restablecer retenciones que habían sido reducidas a principios de año.

De Angeli, quien ya presentó nuevamente un proyecto para eliminar los derechos de exportación, denunció que las iniciativas legislativas sobre el tema no logran avanzar porque no se habilita el debate en las comisiones. “Los proyectos están presentados, pero el oficialismo no abre el debate. Dicen que tiene costo fiscal, pero es una inversión: con más producción, se recupera”, afirmó.

Por otra parte, De Angeli criticó la escasa representación del sector agropecuario en el Congreso, y comparó la situación con países como Brasil. “Allá, el Frente Agropecuario Nacional representa más del 60% de la Cámara. Acá somos muy pocos. Tenemos que recuperar ese espacio de decisión”, señaló.

Finalmente, pidió que se entienda al agro como un gran inversor ya que el sistema agropecuario invierte más de 20 mil millones de dólares por año, de forma atomizada, con pequeños, medianos y grandes productores. “Es hora de que el gobierno lo vea como lo que es: una inversión estratégica para el país”, concluyó.

El reciente cambio en la normativa sanitaria que habilita el ingreso de carne con hueso a la Patagonia generó una fuerte preocupación entre los productores del sur argentino. Desde la Sociedad Rural de Río Gallegos, su presidente, Enrique Jamieson, expresó que la medida no solo pone en jaque un estatus sanitario alcanzado tras décadas de trabajo, sino que también amenaza la sostenibilidad económica de una región con condiciones productivas muy distintas a las del resto del país.

“Después de 23 años de tener la tranquilidad de poder exportar a un montón de países, se pone en riesgo esta situación”, advirtió Jamieson en Chacra Agro Continental. La región patagónica cuenta con la calificación internacional de libre de fiebre aftosa sin vacunación, lo que le permite acceder a mercados premium. Para el dirigente rural, la apertura para el ingreso de carne con hueso perfora ese estatus y contradice el mismo criterio técnico que justifica la vacunación en otras regiones del país.

Jamieson también hizo hincapié en la asimetría que enfrenta la producción en Santa Cruz respecto del resto del país: “Acá tenemos una vaca cada diez hectáreas, una oveja cada cinco. Los costos de flete, de gas, de insumos, son muy distintos. No se puede comparar con la Pampa Húmeda”.

En el plano económico, el dirigente señaló que desde que comenzaron a circular las primeras resoluciones nacionales —en marzo— el mercado se resintió. Señaló que hubo una baja del 30% en el valor del ternero, lo que generó una situación muy compleja para muchos productores.

Además del impacto inmediato en los precios, desde la entidad ruralista advierten sobre el temor a una eventual pérdida de mercados internacionales ante un posible brote de aftosa. “Si se enferma una vaca, es muy complejo. Hemos pedido al gobierno que nos muestre cuáles han sido las contestaciones de los países compradores, pero no hemos tenido respuesta”.

Jamieson también apuntó contra los intereses económicos detrás de la medida. Según expresó cree que algunos frigoríficos o cadenas de supermercados creen que la solución a sus problemas está en la Patagonia, pero no puede primar una cuestión económica sobre una cuestión sanitaria.

Finalmente, confirmó que en Santa Cruz se avanzó con herramientas legales para frenar la aplicación de la medida, incluida una ley provincial y recursos de amparo. “El impacto en la región podría ser muy alto, sobre todo para el pequeño productor ovino que ya viene muy castigado”, concluyó Jamieson.

Santa Cruz, con normativa propia

Por otra parte, en medio de la polémica que mantienen las provincias patagónicas con el gobierno nacional luego de la oficialización del permiso para que ingresen cortes con hueso plano al sur del Río Colorado desde zonas con vacunación contra la fiebre aftosa, la legislatura santacruceña votó una normativa que crea un marco legal para garantizar el control fitosanitario del ingreso de productos agropecuarios a la provincia.

El autor de la ley, que ahora espera su reglamentación, es el diputado (UCR) Mario Boffi. La norma habilita a la autoridad de aplicación a disponer las medidas necesarias para controlar, impedir o restringir el ingreso a la provincia de animales en pie, carnes, frutas, hortalizas, productos y subproductos agropecuarios y forestales, así como cualquier otro bien que pueda representar un riesgo fitosanitario, si no acreditan condiciones de inocuidad y certificación sanitaria compatibles con los estándares provinciales. Asimismo, se podrán realizar controles preventivos en los puntos de ingreso, y establecer puestos sanitarios permanentes o móviles en coordinación con fuerzas de seguridad o aduaneras.

El ex vicepresidente del Senasa, Rodolfo Acerbi, remarcó la relevancia estratégica del organismo como garante de la sanidad agroalimentaria argentina, en un contexto donde las exportaciones requieren respaldo técnico y reacción rápida frente a emergencias sanitarias. “Senasa no es un organismo de investigación, es una policía sanitaria y certificadora”, explicó en el programa radial Chacra Agro Continental, destacando que su funcionamiento ágil es clave para no perder mercados frente a eventuales brotes.

Según el Médico Veterinario Rodolfo Acerbi, el rol del Senasa como “escribano sanitario” se traduce en la emisión de certificados que avalan las condiciones sanitarias de productos de origen vegetal y animal, requisito fundamental para que los países importadores acepten mercadería argentina. Sin embargo, aclaró que las decisiones vinculadas a los aranceles de exportación son competencia de la Cancillería.

Consultado por la polémica sobre la apertura del ingreso de carne con hueso a la Patagonia, Acerbi sostuvo que el fundamento técnico para mantener la histórica barrera sanitaria ha perdido vigencia: “Está totalmente demostrado que la carne madurada y deshuesada no representa riesgo sanitario. De hecho, la exportamos a Europa, que es libre de fiebre aftosa sin vacunación”, señaló.

En esa línea, aseguró que la controversia actual excede lo técnico: “La entrada del asado es un problema para la ganadería patagónica, pero un problema técnico-comercial, no sanitario. El Senasa ya cumplió su rol técnico y se ha expedido”, apuntó, sugiriendo que corresponde a los gobernadores y al secretario de Agricultura ocuparse del impacto productivo.

“Si a la Patagonia no entraba asado argentino, iba a venir un buque completo de Brasil, porque ese país ya fue reconocido como libre de aftosa sin vacunación”, explicó Acerbi.

Por último, descartó que Argentina esté en condiciones de dejar de vacunar contra la fiebre aftosa, pese a su estatus sanitario. “No porque haya riesgo de virus, sino porque la vacuna es barata y asegura todos los mercados. Dejar de vacunar no nos abriría nuevos destinos y sí implicaría costos altísimos de vigilancia y banco de vacunas”, afirmó.

En un momento complejo para Los Grobo Agropecuaria, la histórica firma del agro argentino que atraviesa un concurso de acreedores desde febrero, su fundador, Gustavo Grobocopatel, reaparece con una propuesta introspectiva y crítica.

La obra, publicada recientemente, recorre más de cuarenta años de historia personal y colectiva. Desde el retorno de la democracia en 1983 hasta los desafíos del presente, Grobocopatel ofrece un relato íntimo atravesado por la transformación del campo argentino, la evolución del modelo productivo y el devenir político y social del país.

“El libro surge de una idea de hace muchos años. No encontraba la forma de hacerlo porque yo no soy escritor, pero hace unos tres años encontré en (la periodista) Luciana Vázquez una interlocutora que me permitió, a través de una especie de larga conversación, llegar a escribir este libro”, relató Grobocopatel desde Marruecos, donde se encuentra desarrollando tareas profesionales por estos días. El texto, según explicó, recorre los últimos cuarenta años de su vida, de Los Grobo como empresa -fundada en 1984-, y de la Argentina, en paralelo con los cuarenta años de democracia.

“Es un viaje con reflexiones, experiencias, aprendizajes, fracasos y éxitos, todo lo que fue sucediendo y lo que uno va aprendiendo de esas vivencias”, afirmó.

Consultado sobre el contexto en el que se publica el libro -coincidente con el concurso preventivo de acreedores que enfrenta la firma Los Grobo desde febrero-, el empresario fue claro: “El libro no es una respuesta a la situación de la empresa. Viene escribiéndose desde hace dos años. A raíz del problema del fin del año pasado, lo releímos para ver si había algo que cambiar, pero no modificamos nada. Su salida ahora es una coincidencia”.

Aunque se mantiene alejado de la compañía desde hace años, tanto operativa como accionariamente, Grobocopatel aseguró que sigue con atención lo que sucede. “Yo tengo una participación accionaria muy pequeña y no tengo responsabilidades operativas. Pero creo que la empresa está haciendo todo lo posible para recuperar la capacidad de pago y cumplir con sus obligaciones con los acreedores. Confío en que va por ese camino”.

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En cuanto a los rumores sobre posibles compradores o nuevos socios estratégicos, fue tajante: “La familia no tiene más nada que ver con la empresa. Mis hermanas han vendido sus acciones. Y yo, estoy completamente al margen de las decisiones empresariales. Hay cosas que no puedo responder porque no las sé, más allá de lo que se publica”.

Uno de los pasajes más personales de la entrevista se dio cuando recordó una frase suya: “No voy a estar tranquilo hasta que se pague el último peso a los productores”. Grobocopatel reafirmó esa convicción, aunque aclaró que ese sentimiento no fue lo que motivó el libro: “´Desde el campo´ no busca justificar nada. Es una reflexión amplia sobre la vida, los procesos productivos y el país. Lo que aprendí escribiéndolo es que hay una línea muy difusa entre el éxito y el fracaso. Hay éxitos que acunan fracasos y fracasos que, con el tiempo, pueden verse como éxitos”.

Para cerrar, aseguró que: “El futuro de Los Grobo no está definido. Puede ser el inicio de una etapa nueva, quizás con una empresa más fuerte. Yo prefiero verlo con optimismo”.

“Para producir es necesario pagar diferentes costos: las semillas, los fertilizantes, los salarios, fletes, seguros, etc. Una vez que se cosecha, se vende el cultivo. La plata que queda después de pagar los costos se divide en tres: el valor de quienes alquilan la tierra para producir (26,6%), la ganancia (9,8%) y los impuestos que se pagan (63,6%)”, aseguró la Economista Jefe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), Nicolle Pisani Claro.

Precisamente el Índice elaborado por FADA mide a cuánto asciende el peso de los impuestos para quienes trabajan la tierra. Y en el mes de junio, ese guarismo se incrementó en relación al dato del pasado mes de marzo, aún con el efecto de la baja temporal de Derechos de Exportación (DEX). Es que la caída en los precios fue de tal magnitud que generó un menor valor de la producción de los granos y, por lo tanto, un mayor peso de los impuestos, explicó la economista en el programa radial Chacra Agro Continental.

Trigo, con panorama poco alentador

Los precios del trigo a junio de 2025 se encuentran por debajo del promedio de los últimos cinco años. Comparado con el promedio desde marzo 2020 a la actualidad, hoy el cereal está 20% más bajo. Si se contrasta con la medición anterior de FADA (marzo 2025) se ve una caída del precio del 6%. En tanto, al analizarlo en relación con lo ocurrido un año atrás, la caída del precio es del 28,2%.

“Si los precios son menores, la renta del productor también es menor, porque recibe menos dinero por los granos que vende. Sin embargo, sigue pagando los mismos impuestos. Por eso el peso del Estado es mayor”, explicó Pisani Claro

El panorama para esta campaña de trigo “no es alentador”. Con la caída del precio y la suba de algunos insumos, el índice trepa al 78%. Se necesitaría un precio local más cercano a los USD 220 por tonelada para mejorar el resultado, pero hoy está en USD 200 por tonelada”, afirma el estudio de la Fundación FADA.

Qué peso tienen los impuestos en los diferentes cultivos

El peso de los impuestos en soja es del 65,9%, en el maíz es del 53,4%, en el de trigo es del 78,2% y en el de girasol es del 63,2%.

Se anunció que la reducción temporal de DEX sólo se prorroga para trigo, por lo tanto, con el retorno de retenciones para los demás cultivos los índices aumentarían. El promedio nacional se incrementaría al 67%, en tanto que para la soja se elevaría al 70%, en maíz al 56%, y en girasol al 67%, detalló Pisani Claro.

De todos los impuestos que paga una hectárea agrícola, el 63,8% son nacionales no coparticipables, es decir, que no vuelven a las provincias. El 28,4% son nacionales coparticipables, 6,8% corresponde a los impuestos que cobran las provincias y un 1% son los municipales.

Mientras el Índice FADA nacional es de 63,6%, las provincias muestran diferencias según costos, producción e impuestos locales. Córdoba registra un 64%, Buenos Aires 59,7%, Santa Fe 58,6%, La Pampa 62%, Entre Ríos 69,1% y San Luis: 61,1.

En todas las provincias analizadas se paga impuesto inmobiliario rural e impuesto a los sellos para la compraventa de granos. En Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis se pagan Ingresos Brutos con diferentes porcentajes. En Córdoba y Santa Fe la actividad está exenta. Buenos Aires y Santa Fe tienen tasas municipales, mientras que La Pampa tiene las guías cerealeras. Córdoba, San Luis y Entre Ríos no tienen imposiciones a nivel local. San Luis y La Pampa tienen impuestos al estilo de aduanas internas.

“Cada una de estas provincias enfrenta realidades distintas en cuanto a sus rindes, estructura de costos e impuestos, lo que explica la variabilidad de estos resultados”, subrayó la Economista Jefe de FADA.

“Transcurrido ya más de un año de gestión del Gobierno, queremos poner en blanco y negro qué es lo que se cumplió y en qué parte estamos de los lineamientos propuestos para la ganadería argentina”, puntualizó Dardo Chiesa, Coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, en dialogo con Chacra Agro Continental

Entre los puntos positivos destacó avances en procesos de desregulación, la eliminación de restricciones a la exportación, la baja de retenciones (DEX), la eliminación de las declaraciones juradas. Sin embargo, advirtió que aún “falta un montón” para que efectivamente la actividad tenga un incentivo.

Entre las cuestiones pendientes, señaló temas “estructurales como la modificación del impuesto a las ganancias por tenencia, el establecimiento de un estatus sanitario único y una verdadera simplificación tributaria”. "Seguimos teniendo ingresos brutos, tasas, y todo eso se suma“, explicó Chiesa.

El Coordinador de la Mesa Nacional de Carnes, señaló que la presión fiscal que afronta el sector “le resta competitividad”. "Si nos comparamos con nuestros competidores, Brasil y Uruguay, estamos con un 50% más de carga impositiva", dijo. Asimismo, elogió la reforma tributaria del país vecino: “Brasil hizo una simplificación donde puso un super IVA que engloba todos los impuestos, los estaduales y los federales”. En cambio, en Argentina “seguimos teniendo una alta carga impositiva”.

En ese marco, cuestionó las condiciones de competencia desleal: “Hoy, entran carne de cerdo, de pollo y vacuna de Brasil…y la verdad, es que podemos competir porque tenemos productos de mucha mejor calidad, pero queremos competir en igualdad de condiciones; ellos entran con costos mucho más bajos, nosotros estamos caros y con una carga impositiva muy alta".

Por otra parte, Chiesa señaló que “hay preocupación por el estado actual del SENASA”. Reconoció el prestigio internacional del organismo, pero alertó que “está en un momento crítico hacia adentro, y eso repercute. “Hemos pedido muchísimas veces la autonomía del SENASA, que tiene que ser un organismo técnico de altísima capacitación y prestigio. Para eso hay que tener recursos humanos bien remunerados, y toda la tecnología disponible para llegar a los mercados más exigentes del mundo, y esa misma calidad dársela a los argentinos", concluyó Chiesa.

Durante su actual presidencia al frente de Maizall, la alianza internacional del maíz que integran Argentina, Brasil y Estados Unidos, Manuel Ron resaltó la relevancia estratégica de estos tres países, responsables del 70% del comercio mundial del cereal.

En representación de Maizar, Ron valoró la oportunidad de compartir con “dos potencias agroalimentarias” como Brasil y Estados Unidos, y de observar cómo transforman su producción de maíz.

“Competimos en los mercados, pero también colaboramos para mantenerlos abiertos”, aseguró Ron en Chacra Agro Continental, y subrayó el rol clave de la biotecnología en la producción actual: “Casi el 100% del maíz que sembramos es transgénico con algún tipo de evento. El maíz OGM (genéticamente modificado) ha reducido insumos y facilitado el manejo del cultivo”.

El titular de Maizall, remarcó además, que el organismo “trabaja para evitar barreras arancelarias o ideológicas que cierren el acceso a los mercados”, especialmente por cuestiones vinculadas a organismos genéticamente modificados.

Consultado por la coyuntura argentina y los rumores sobre posibles cambios en las retenciones al maíz, Ron aseguró: “El día que saquen definitivamente las retenciones, va a haber un salto productivo muy importante”.

Actualmente, explicó Ron, Argentina exporta entre el 60 y 70% del maíz que produce, mientras que Estados Unidos y Brasil transforman internamente la mayor parte del grano en carne, leche o biocombustibles. “Eso es trabajo, empresas nuevas, valor agregado. Para poder transformar, primero hay que producir mucho más”, concluyó.

En cuanto a la cosecha de maíz con destino grano de la presente campaña agrícola, alcanza el 49,6 % del área apta, con un rendimiento promedio nacional de 78,2 quintales por hectárea, según un relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA), que proyecta una producción total en la Argentina de 49 millones de toneladas.

Juan Cruz Molina, quien encabezó el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) durante el inicio del gobierno de Javier Milei, manifestó su inquietud frente a las versiones que circulan sobre una reestructuración profunda del instituto. Entre los puntos que generan mayor preocupación se encuentran la posible pérdida de la autonomía institucional, la modificación del Consejo Directivo y el desarme del modelo federal y territorial que históricamente caracterizó al INTA.

“Estamos preocupados por las posibles modificaciones de cuestiones fundacionales del INTA”, señaló Molina al referirse a los planteos que recibió el Consejo del organismo en Córdoba. Según indicó en el programa Chacra Agro Continental, actualmente se está analizando la posibilidad de reducir el Consejo Directivo Nacional, eliminando la participación de universidades y de los grupos CREA, lo que implicaría un debilitamiento del control social del instituto.

Actualmente, este consejo incluye representantes de universidades agronómicas y veterinarias, además de miembros de las entidades de la Mesa de Enlace y del propio CREA. “Ese diseño histórico, que une ciencia, academia y producción, ha sido muy valioso”, apuntó Molina.

“No es un cambio creativo”

Las versiones también mencionan cambios en los consejos regionales, que actúan como espejos del Consejo Directivo Nacional. En Córdoba, por ejemplo, ese espacio está integrado por 12 miembros que trabajan ad honorem. “¿Tendrá sentido mantener esos consejos si no hay con quién dialogar a nivel nacional?”, se preguntó el ex representante del instituto.

Para Molina, los cambios que se analizan no apuntan a mejorar al instituto. “No haríamos un INTA más ágil. No es un cambio creativo, es un cambio mediocre, en el sentido de que no está suficientemente analizado y no es de excelencia”, afirmó.

El modelo de extensión del INTA es “ejemplo en América Latina”

También expresó su temor por una posible alteración del modelo de extensión rural del INTA, considerado un ejemplo en América Latina. “Hay institutos de la región que miran nuestro proceso de extensión y transferencia como referencia. Cambiar eso sería desconocer el trabajo territorial que hacemos”, advirtió. Y agregó que si se realiza una reforma, debería ser “con enfoque federal y participación regional”.

Esta semana, el Gobierno Nacional derogó - a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial- las diferentes normativas que se fueron sancionando a partir de 2007 y que establecen pesos mínimos de faena obligatorios para la hacienda vacuna.

De este modo, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, avanzó con la desregulación de una política que llevaba casi dos décadas en Argentina y que constituía una restricción a la actividad.

Inicialmente la medida dispuso sanciones para la Comercialización con destino a faena comercial de bovinos de las categorías mamones y terneros (machos y hembras) cuyo peso de res con hueso lograda fuera inferior a 165 kilogramos.

Regulación innecesaria

Posteriormente, durante la gestión de Mauricio Macri, se redujo el mínimo obligatorio para hembras en 140 kilogramos, mientras que para machos se mantuvo el límite en los 165 kilos.

En ese contexto, el gobierno de Javier Mieli consideró que los límites impuestos constituyen una regulación “innecesaria”, dado que los “productores cuentan con los conocimientos técnicos, la experiencia y las herramientas de gestión adecuadas para determinar el momento óptimo de faena en función de sus propios objetivos productivos, comerciales y sanitarios”.

Las modificaciones dispuestas entrarán en vigencia el 1° de enero de 2026, estableciéndose que “no afectarán los procedimientos administrativos iniciados ni las infracciones constatadas con anterioridad a esa fecha, los cuales deberán continuar su tramitación conforme a la normativa vigente al momento de los hechos”, precisa la resolución.

La prohibición “no sirve”

Al respecto, el titular de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales (Fifra), Daniel Urcía, consideró que “la medida, propia de las características de un sistema en el que abundaban las prohibiciones y escaseaban los controles efectivos, tenía un objetivo que no logró cumplir: elevar el peso de los animales que se envían a faena”.

Urcía aseguró que, como gran parte de la cadena de valor de la carne bovina, se trata de “un fin loable por el cual debemos bregar”, aunque “no sirve hacerlo desde la prohibición” y la “hipocrecía”. Y muestra de ello, son las estadísticas, en las que se observa que, en las últimas dos décadas, el peso de faena subió sólo cuando la rentabilidad resultó suficiente como para enviar a faena animales con más kilaje.

“La falta de controles efectivos permitió que muchos operadores marginales en los distintos eslabones, hiciera negocios mientras que los pocos ´pavos´ que querían cumplir la norma quedaban excluidos de algunos circuitos comerciales” y posteriormente, “les llegaban expedientes de infracción y les aplicaron multas desde el organismo de control”, explicó el titular de Fifra.

Sinceramiento necesario

“Estamos absolutamente de acuerdo con que se haya eliminado la prohibición”, subrayó el presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales. Y añade: “debería haber sido con efecto inmediato porque no genera ningún inconveniente”. “Aún así, celebramos que se haya hecho porque es consecuente con la política de eliminación de normas obsoletas y que no cumplen con la finalidad para la que fueron creados”, remarcó.

“Con el sinceramiento de los pesos de faena en el año 2026 sabremos verdaderamente donde estamos parados”, anticipó Urcía, e indicó que “con el ordenamiento de la macro economía y el control de la inflación, la ganadería vuelve a ser negocio” y “así como los países productores de carne, sin normas de prohibición, engordan y envían animales a faena más pesados, en Argentina ocurrirá lo mismo”.

El directivo de Fifra consideró que para incrementar el rodeo y la producción de carne (que en Argentina está estancada desde 1980, 20 años antes del inicio de la prohibición de peso mínimo de faena) es necesario “trabajar con incentivos” que aceleren el proceso: créditos para instalaciones, pasturas, genética, y retención de hacienda para agregar más kilos, o retención de vientres para cría.

La industria frigorífica de Santa Fe atraviesa un escenario de incertidumbre. Con capacidad ociosa en las plantas, un consumo interno retraído y dificultades para exportar, el sector enfrenta tensiones económicas que se arrastran desde la fuerte sequía que afectó al país en los últimos dos años. Sebastián Bendayán, gerente de la Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (Cafrisa), brindó en Chacra Agro Continental un panorama del momento actual y advirtió que, “si no se recupera el stock ganadero, los precios podrían sufrir ajustes”.

Bendayan señala que “la sequía derivó en una pérdida de entre 1,2 y 1,7 millones de cabezas de ganado a nivel país”, lo que afectó seriamente el equilibrio oferta-demanda. “El productor, al no poder alimentar a los animales, los mandó a faena. Eso contuvo los precios un tiempo, pero el stock no se ha recompuesto”, remarcó.

En cuanto al valor de la carne, el representante de Cafrisa fue categórico: “la carne hoy es barata” en relación con su rendimiento al consumo, aunque remarcó que “lo que no hay es poder adquisitivo para traccionar la demanda”. Aun así, no descartó un posible ajuste: “Puede haber un pequeño aumento de precios, pero va a depender de si el consumidor lo convalida. Hoy no hay plata circulante”.

Desde la industria también miran con preocupación los efectos de la normativa que eliminó el peso mínimo de faena. “No vemos bien ninguna limitación o condicionante. Pero la verdad es que si comercialmente es rentable, se van a faenar animales más pesados igual”, aseguró Bendayan. Actualmente, en Argentina el peso medio de faena ronda los 220 kilos, mientras que en Europa es superior.

En el plano internacional, el gerente de Cafrisa explicó que los valores han mejorado, pero “Argentina no está siendo competitiva por las retenciones y el tipo de cambio. Aunque países como Brasil, Uruguay y Australia aumentan sus ventas, acá se mantienen los mercados, pero no hay márgenes de rentabilidad como antes”.

Bendayán insistió en que sin políticas ganaderas de largo plazo no se revertirá la situación: “Hace más de 40 años que tenemos el mismo stock ganadero, mientras que Brasil en ese tiempo lo cuadruplicó. Si el negocio es rentable, el productor lo va a hacer. Pero si no hay condiciones claras, es muy difícil”, sentenció.

Como dato positivo, destacó que el consumo de proteína animal en Argentina sigue siendo de los más altos del mundo, con un promedio de entre 115 y 120 kg por habitante por año. No hay un déficit de consumo, hay una migración hacia carnes más baratas, como el pollo o el cerdo.

Finalmente, advirtió que otro factor que encarece la faena es la caída del valor del cuero: “Antes era un subproducto que ayudaba a dividir costos. Hoy por hoy, las curtiembres lo pagan a regañadientes. Es una variable más que complejiza la situación del sector”, concluyó.

“La cosecha de este año no fue buena, pero hay informes interesados que dicen lo contrario para justificar precios bajos”, afirmó Mario Leiva, presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco, en diálogo con Chacra Agro Continental. El dirigente rural denunció el poder creciente de las bodegas y la pérdida de rentabilidad que está empujando a muchos productores a abandonar la actividad.

Según Leiva las bodegas “están pagando con cheques a seis meses, incluso hasta nueve, y el precio es el mismo que el año pasado: entre 550 y 600 pesos el quintal”. Un valor que considera insuficiente, especialmente si se trata de “uvas finas, varietales, para vinos de guarda que se exportan”.

Leiva describió el panorama como alarmante: “El costo operativo de una hectárea de viña de uva fina está entre 4.000 y 4.200 dólares al año. Con estos precios, el productor tiene una renta negativa. Es un negocio que no cierra”.

El dirigente explicó que el atraso en los pagos y la baja rentabilidad están llevando a una reducción en el cuidado de los viñedos y, en muchos casos, a su abandono. Señaló que “ya hay fincas históricas que se están vendiendo, emprendimientos familiares de tres generaciones que desaparecen porque los hijos ya no quieren seguir, porque la viña dejó de ser negocio”.

Denuncian posición dominante

Además, criticó duramente la falta de regulación del mercado: “Han destruido el mercado de uva. El productor no es formador de precio, no tiene poder de negociación. Hay una posición dominante que se transforma en abuso”. Agregó que “el 50% de las bodegas, no tienen producción propia de uva”.

Leiva asegura que hubo una ley provincial que permitía generar una instancia de discusión del precio de la uva, pero que fue eliminada por el actual gobierno: “No era un precio regulado, era un espacio de diálogo. El mismo gobierno que lo impulsó, ahora lo tiró abajo”, señaló.

Para el dirigente rural la viña “necesita previsibilidad” y cree que, sin un árbitro, sin intervención del Estado, esta situación no se revierte. “Si no hay un cambio, muchos productores se van a ir de la actividad, y los que pueden, cambiarán de producción”, concluyó Leiva.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), informó que la cosecha de uva en 2025 fue la más alta en los últimos cuatro años, alcanzando los 19.8 millones de quintales, superando las proyecciones iniciales y convirtiéndose en la vendimia más abundante desde 2021.

En ese contexto, detallan que Mendoza lideró la producción, contribuyendo con 14.7 millones de quintales, lo que representa el 75% del total nacional.

“En mayo, la liquidación de divisas alcanzó un nivel muy alto, cercano a los 3.000 millones de dólares”, explicó en Chacra Agro Continental Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA). Esta cifra estuvo ligada principalmente al “aumento en la venta de soja por parte de los productores, así como al flujo constante de camiones que trasladaron la mercadería a los puertos”, detalló.

“Este flujo de camiones claramente nos ha llevado a tener una muy buena liquidación”, afirmó Idígoras, quien además destacó que el inicio de la cosecha y la mejora en las condiciones climáticas permitieron “un nivel de venta mayor”.

Retenciones: con la mira en el 30 de junio

Consultado sobre el efecto de la reducción de retenciones, señaló que esta medida del gobierno está impactando porque hay un “efecto precio”, y subrayó que la expectativa de que la baja en las retenciones culmine el 30 de junio “generó un mayor movimiento en mayo”.

En cuanto al primer semestre, el dirigente estimó que la liquidación de divisas del sector agropecuario supera los 11.700 millones de dólares, lo que implica una participación mayor en un 17 o 18% en relación con el año pasado. Para junio, aunque la venta de los productores podría reducirse, mantiene expectativas positivas.

Decisión “arbitraria” de la U.E.

Por otro lado, Idígoras se refirió a la reciente decisión de la Unión Europea de clasificar a Argentina como un país de riesgo medio en materia de deforestación, una resolución que fue rechazada formalmente por nuestro país. “La decisión de la Comisión Europea fue arbitraria, no está sustentada en un análisis técnico”, aseguró, señalando que el gobierno argentino había presentado un informe detallado donde se demuestra que la tasa de deforestación en los últimos diez años es del 0,1% en sectores clave.

Sobre las razones detrás de esta postura, indicó que “en una guerra comercial tan fuerte, lo más seguro es que Europa buscó evitar un conflicto adicional con Estados Unidos o China”. Sin embargo, remarcó que Europa va a revisar esta situación una vez al año y confió en que los próximos informes de la FAO reflejarán tasas menores de deforestación que permitirán avanzar en una negociación bilateral.

La flexibilización de la barrera sanitaria para el ingreso de carne con hueso a la región patagónica libre de aftosa sin vacunación, “no implica riesgos sanitarios. Es una cuestión técnica”, aseguró el médico veterinario Hernán Alonso, exministro de Producción de Chubut, expresidente de la Sociedad Rural de Esquel y de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut.

Las resoluciones 180/25 y 186/25 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), que flexibilizan la histórica barrera sanitaria del Río Colorado, y habilitan el ingreso de carne con hueso madurada a la Patagonia encendió una fuerte polémica en el sector ganadero patagónico. Tras el rechazo a la medida por parte de los gobernadores de Chubut, Río Negro y Santa Cruz, así como de entidades agropecuarias, ambas disposiciones, publicadas en el Boletín Oficial el pasado 18 de marzo, fueron suspendidas por 90 días. Durante ese plazo, as abrió una mesa de diálogo con autoridades provinciales y dirigentes ruralistas.

Barrera sanitaria ¿en tiempo de descuento?

A sólo dos semanas de que se cumplan los tres meses de prórroga, Hernán Alonso explicó su postura respecto del tema en Chacra Agro Continental: “Yo creo que esta medida no tiene un riesgo sanitario para la Patagonia, gran parte de los reclamos vienen más por una cuestión económica que sanitaria”. Agregó que “a diferencia de lo que muchos interpretaron, la medida no implica un levantamiento total de la barrera, sino una flexibilización. Es decir: lo que permitiría la resolución es el ingreso de carne con hueso madurada, no de animales en pie”.

En cuanto a los temores por un eventual reingreso del virus de la fiebre aftosa a una zona libre sin vacunación como es la Patagonia, Alonso fue contundente: “Argentina no tiene circulación viral desde hace muchos años. Senasa ha hecho estudios durante 17 años en distintas provincias sin detectar virus activo”.

Además, sostuvo que el país está avanzando hacia un nuevo estatus sanitario porque “está al borde de dejar de vacunar contra la aftosa, como ya lo hizo Brasil”, y añadió que “el esfuerzo de los productores en estos años ha sido enorme y hoy el riesgo de reingreso de la fiebre es prácticamente nulo”.

En cuanto al impacto económico y comercial, el médico veterinario admitió que la medida generó movimientos en el mercado ganadero. “Los precios del ternero bajaron, el circuito comercial se está reacomodando para un nuevo esquema”, dijo. No obstante, consideró que “la apertura también puede representar una oportunidad”.

Flexibilización “acorde con el contexto regional”

Frente a los planteos de que la resolución podría afectar exportaciones a mercados exigentes como el europeo, Alonso relativizó esa preocupación: “La carne bovina que exporta la Patagonia es mínima. El producto fuerte es el cordero, y esta resolución no afecta ese comercio”, señaló.

En cuanto a los temores expresados en un documento público rubricado por una treintena de federaciones y asociaciones rurales con el acompañamiento de los gobiernos de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén, además de la legislatura de Río Negro, en el que instaron al gobierno nacional a incorporar el tema de la barrera sanitaria en un “programa nacional integral de lucha contra la fiebre aftosa” y alertaron que “está en juego una decisión de Estado que puede significar una durísimo e irreparable golpe a la producción primaria” de la Patagonia, Alonso llamó a mirar el contexto regional.

El exministro de la producción de Chubut, detalló en el programa radial Chacra Agro Continental, que la flexibilización de la barrera sanitaria patagónica “responde a un proceso de evolución de la situación epidemiológica del país y la región. Uruguay, Brasil y otros países limítrofes están dejando de vacunar”, y en la Argentina “los estudios epidemiológicos muestran resultados similares”.

El sector lechero muestra “una tenue mejora en sus márgenes gracias a una baja histórica en el valor de los granos a nivel internacional”, pero sigue “sin resolver problemas estructurales” que impiden su desarrollo. Así lo expresó en Chacra Agro Continental José Luis Volando, tambero y vicepresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), al analizar el momento que atraviesan los productores.

Volando explicó que, si bien los costos de los alimentos bajaron a niveles internacionales históricos, eso apenas permite equilibrar las cuentas. “El maíz y la soja están baratos, eso ayuda. Pero mientras tanto, todo sigue subiendo y nosotros cobramos lo mismo desde hace casi un año”, señaló.

El dirigente también remarcó que no hay un crecimiento real del sector lechero: “Hace 15 años que no aumenta la producción láctea en Argentina. La cantidad de vacas en ordeñe sigue siendo la misma. Si se cae un productor chico, lo absorbe uno grande, pero no hay crecimiento”. La producción nacional de leche permanece estancada desde hace más de una década y, en la práctica, lo que se observa es “una concentración del negocio: cuando desaparece un pequeño productor, otro más grande toma su lugar, sin que eso implique un crecimiento real en el volumen total ni en el número de animales en ordeñe”.

En este contexto, el vicepresidente de FAA asegura que los tamberos intentan resguardarse de la incertidumbre a través de reservas forrajeras y algunas inversiones puntuales, como la incorporación de vaquillonas, aunque los plazos productivos y la falta de certezas limitan las decisiones. En cuanto a estrategias de previsión, Volando contó que muchos tamberos están aprovechando las mejores condiciones climáticas para hacer reservas: “No guardás plata, lo que guardás es alimento. Hacés silo de maíz o sorgo, que bien conservado puede durar hasta tres años”.

Retenciones: tiempo de descuento

A nivel institucional, Volando señaló que desde la FAA continúan las gestiones para que el gobierno prorrogue la reducción de retenciones vigente hasta el 30 de junio. Si bien “hay diálogo con funcionarios técnicos, las decisiones finales muchas veces se revierten por definiciones políticas”, explicó.

Además, planteó la necesidad urgente de reglas claras para el sector: “En el campo invertimos todos los años el equivalente a Vaca Muerta. Y no pedimos locuras. Hace poco se rechazó en el Congreso un proyecto para eliminar retenciones en cinco años, con tiempo para que el gobierno se acomode. Eso también desalienta”.

En cuanto a la reciente prórroga en la baja en los derechos de exportación del trigo del 12% al 9,5%, aseguró que “Genera previsibilidad. Y con la buena humedad que hay, se espera una cosecha importante”. El dirigente federado concluyó: “el productor necesita saber a qué atenerse para animarse a invertir”.

La ex presidenta de la Sociedad Rural de Rafaela, Norma Bessone, advirtió sobre “el creciente abandono del campo por parte de los productores ante el avance del delito rural y la ineficacia del sistema judicial”. Desde las entidades agropecuarias reclaman que se prioricen estas problemáticas en la reforma constitucional de Santa Fe.

Aunque la inseguridad rural no es un fenómeno nuevo, en los últimos años su intensidad ha puesto en jaque la vida productiva del interior de muchas regiones. Así lo planteó Bessone en Chacra Agro Continental, quien expresó su preocupación por “la falta de respuestas concretas” a los reclamos del sector.

“Hace tiempo que venimos sufriendo los delitos en el campo, con momentos donde la situación se vuelve más cruda. Lo preocupante es que, pese a los anuncios de recursos, esos impactos no llegan al productor”, advirtió Bessone.

En Rafaela, según relató, solían tener una relación más fluida con las fuerzas de seguridad a través de mesas técnicas locales, lo que permitía un mayor seguimiento de los casos. Sin embargo, esa articulación se fue debilitando. “La violencia que vimos el año pasado bajó un poco, pero el nivel de delitos sigue siendo alto”, señaló.

Uno de los aspectos más alarmantes es la reacción de los propios productores. Comentó que dada “la falta de respuestas ante los hechos delictivos”, la gente en la ruralidad comienza a hacer justicia por mano propia, porque se sienten indefensos. Esta situación se agrava por “la escasa efectividad de la justicia, ya que en muchos casos hay detenciones, pero a las 24 o 48 horas los delincuentes quedan libres”, y eso “desalienta totalmente a hacer la denuncia”, detalló la dirigente agropecuaria.

La falta de seguridad también está generando, en muchos casos, el abandono de la actividad rural. “Mucha gente ya no quiere vivir en las zonas rurales, donde conseguir empleados es una tarea cada vez más difícil. Nadie quiere ir al campo con todos los problemas que hay: infraestructura, conectividad e inseguridad”, lamentó Bessone.

Los delitos van desde el robo de alambrados, o implementos para las tareas del campo, hasta el abigeato, explicó la dirigente agropecuaria. Agregó que, en ocasiones, luego de faenar el animal en el campo, venden la carne a través de las redes sociales.

Desde la Confederación de Asociaciones Ruralistas de Santa Fe (CARSFE), y otras entidades del agro, “estamos buscando visibilizar estas preocupaciones en el marco del debate por la reforma constitucional” de la provincia. “Si vamos a construir la Santa Fe que queremos, estas problemáticas deben estar en la agenda como prioridad”, concluyó.

En un escenario de costos en alza, precios internacionales en baja y un clima que complica las decisiones de siembra, el reciente anuncio del Gobierno sobre la extensión de la reducción temporal de retenciones para las exportaciones de trigo y cebada (del 2,5%) hasta el 31 de marzo fue bien recibido por el sector. Así lo expresó en Chacra Agro Continental Martín Biscaisaque, presidente de ArgenTrigo, quien consideró que la medida llega en un momento clave para la toma de decisiones.

“Estábamos todos mirando las mismas variables y preocupados. Por suerte, salió este anuncio que celebramos, porque puede ser el punto de inflexión para zonas donde se iba a poder o no sembrar trigo”, señaló Biscaisaque. Si bien aclaró que no espera un aumento inmediato en la superficie sembrada, estimada originalmente en poco menos de 7 millones de hectáreas, sí cree que la medida puede incentivar un cambio positivo. Indicó que lo que puede cambiar es el paquete tecnológico, pasar de un uso medio a uno más agresivo.

El titular de ArgenTrigo remarcó el valor del cereal como cultivo de servicio en un contexto de excesos hídricos: “Volvemos a tener al trigo como una herramienta imprescindible para la gestión inteligente del agua. En vez de que el suelo actúe como una esponja que retiene el agua, puede transformarse en una biofábrica”.

Consultado sobre el impacto fiscal de la medida, Biscaisaque fue contundente y aclaró que no es un costo, es una inversión. Que son un total de 100 millones de dólares que “se repagan rápido con más producción, mejor calidad y mayor sustentabilidad”.

Respecto a la relación con Brasil, principal comprador de trigo argentino, señaló que Brasil está trabajando muy bien, pero que “necesita del trigo argentino para mezclar y bajar sus niveles de micotoxinas”. Lo cual nos da una ventaja estratégica que aconseja no desaprovechar.

Finalmente, advirtió sobre la necesidad de acompañar al sector con políticas sostenidas: “La innovación implica fracasos y eso requiere rentabilidad para poder recuperarse. Sin políticas estables que nos permitan invertir y probar, nos vamos a quedar atrás”.

¿Cómo quedan los porcentajes de los DEX?

Hasta el 30 de junio, los porcentajes de los derechos de exportación sobre los principales cultivos, serán los siguientes:

• trigo y cebada: 9,5% hasta el 31 de marzo de 2026, cuando regresarían al 12% que se venía aplicando
• soja (poroto): 26% (a partir del 30 de junio volverían al 33%)
• derivados de soja: 24,5 (luego, serían del 31%)
• maíz y sorgo: 9,5% (a partir del 30 de junio volverían al 12%)
• girasol: 5,5% (el primer día de julio volvería al 7%)

Comenzó la siembra de trigo

En cuanto a la siembra de trigo de la campaña 2025/26, ya comenzó a dar sus primeros pasos con un avance de siembra del 3,4% de las 6,7 millones de hectáreas proyectadas, lo que refleja un crecimiento interanual del 6,3%, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

El relevamiento indica que, a pesar de este inicio prometedor, el ciclo se ve condicionado por demoras significativas debido a las lluvias de hace poco más de una semana, que afectaron especialmente al centro y sur del área agrícola, interrumpiendo los avances registrados en Buenos Aires y los núcleos productivos.

El mayor progreso en la siembra del cereal se observa en el noroeste del área agrícola, donde la disponibilidad de humedad ha sido limitada. Sin embargo, la combinación de demoras en la cosecha de gruesa y los excesos hídricos podrían generar dificultades en el acceso a los lotes, lo que también podría modificar las decisiones de los productores. En este contexto, es probable que se reemplacen los ciclos largos por ciclos intermedios o cortos, dependiendo de las condiciones locales, señala el informe de la BCBA.

La localidad de Chacabuco vivió las semana pasada, un evento climático intenso, que provocó en sólo tres días, acumulados de lluvia que en algunos puntos superaron los 370 milímetros. Sin embargo, a diferencia de otras inundaciones históricas como la de 2015, esta vez el agua no cubrió de forma masiva los campos, y hubo zonas donde la infiltración fue efectiva. Según explicó José Luis Tedesco, ex presidente de Aapresid, y productor agropecuario en la zona, la diferencia clave fue la profundidad de las napas.

En en Chacra Agro Continental, Tedesco, puntualizó que “antes de las lluvias, las mediciones realizadas mostraban que no había agua hasta 3,5 metros de profundidad”. Esto permitió que buena parte del agua se alojara en el perfil del suelo y no corriera en superficie.“A nivel productivo, fue un factor que jugó a favor”, señalaron referentes técnicos de la zona. No obstante, los beneficios naturales contrastaron con las carencias estructurales: rutas cortadas, canales obstruidos y una red de drenaje insuficiente volvieron a poner en evidencia un problema crónico.

Uno de los puntos más críticos fue la Ruta Nacional 7, donde a la altura del kilómetro 190 el agua directamente cruzó por encima del asfalto, interrumpiendo el tránsito y dejando aislados a productores y vecinos. Algo similar ocurrió en la Ruta 191, que conecta Chacabuco con Ramallo. En ambos casos, la falta de alcantarillas y obras hídricas básicas provocó que las rutas se comportaran como verdaderos diques.

“Cada vez que llueve fuerte, pasa lo mismo. Hay zonas que no pueden evacuar el agua porque no hay infraestructura. Son reclamos históricos a Vialidad y al área de Hidráulica que siguen sin respuesta”, advirtió Tedesco. Más allá del impacto vial, la lluvia frenó la recolección de la cosecha. Según un relevamiento informal entre productores, aún queda entre un 15 y un 20% de los lotes sin levantar. La imposibilidad de ingresar con maquinaria debido a los suelos blandos o los caminos deteriorados complica los tiempos. La cosecha pendiente incluye lotes de soja, maíz y sorgo.

Tedesco hizo especial hincapié en el contraste entre el potencial de la región y los obstáculos que enfrenta: “Estamos hablando de suelos de altísima calidad, con aptitud agrícola reconocida a nivel mundial. Que estén anegados por falta de obras básicas es una muestra del abandono de las políticas estructurales”.

Para el ex titular de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, los excesos hídricos podrían manejarse mucho mejor si existiera una red de caminos rurales consolidada, rutas con drenajes funcionales y canales secundarios bien mantenidos. “La naturaleza dio una tregua esta vez. Pero si no se hacen las obras, la próxima lluvia fuerte puede tener consecuencias mucho peores”, advirtió Tedesco.

Mientras tanto, los productores esperan que el clima permita retomar la cosecha y que las pérdidas no se profundicen. Pero el diagnóstico ya está hecho: no se puede depender solo del clima cuando la infraestructura sigue siendo la misma de hace décadas.

“Hoy las rutas se cobran vidas. Algo que podría evitarse”, alertó Fabián Cattanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, en una entrevista con Chacra Agro Continental en la que expresó su profunda preocupación por la falta de inversión en infraestructura y mantenimiento vial. “De los 40.000 kilómetros que componen la red vial nacional, más de 25.000 están comprometidos”, aseguró.

El dirigente gremial puntualizó que, de acuerdo con un relevamiento propio, el 65% de las rutas del país se encuentran en “estado regular o malo”, lo que no sólo “genera pérdidas de vida en accidentes fatales, que se ha transformado en una de las principales causas de muerte en el país”, sino también “complica el normal traslado de producciones esenciales” para la población.

Uno de los casos más recientes que expone esta situación es el de la Ruta Nacional Nº 3, donde se produjeron varios accidentes, algunos fatales, en un mismo tramo en pocos días. “En esa misma curva, al día siguiente del primer accidente, hubo otro despiste. No salió en los diarios porque no hubo muertos. Pero ese mismo día, 20 km atrás, murió otra persona”, relató. Para Cattanzaro, la tragedia pudo haberse evitado si se hubiese terminado la obra de la autovía.

Además de las pérdidas humanas, el dirigente gremial advirtió sobre el costo económico del deterioro: “Cada peso que no se invierte en mantenimiento, después cuesta entre tres y cinco veces más en rehabilitación”. Asegura también que no hay provincia que se salve, ya que hay rutas “detonadas” por todo el país.

La falta de planificación a largo plazo y la necesidad de una revisión normativa son las principales preocupaciones: “Si no quieren hacer obra pública, al menos deberían modificar la ley y buscar nuevas formas. Desde nuestro sector presentamos propuestas para salir de esto de manera gradual. Lo que no sirve es el abandono”, expresó Cattanzaro .

Luis Picat, diputado nacional por la provincia de Córdoba, repasó la evolución del vínculo entre el sector agropecuario y los distintos gobiernos nacionales. “Antes de la era Milei, tuvimos una etapa muy negra que fue el kirchnerismo, donde prácticamente no había diálogo ni entendimiento con el campo”, recordó en el programa radial Chacra Agro Continental.

En su análisis, el legislador nacional, destacó el período de Mauricio Macri, donde, según señaló, “se logró poner en valor la potencia productiva de la Argentina y se abrió una etapa de diálogo y entendimiento con el sector”.

Respecto a la gestión del presidente Javier Milei, Picat sostuvo que al inicio se generaron expectativas positivas. “El campo apoyó la necesidad de ordenar las cuentas y muchas medidas del año pasado beneficiaron al sector, brindando previsibilidad y esperanza”, afirmó. Sin embargo, expresó su preocupación por los recientes anuncios sobre las retenciones.

Para el legislador, “la estabilidad es clave para sostener las inversiones”. Advirtió que “la falta de previsibilidad hace que las inversiones no lleguen y que el país no crezca”. Además, sostuvo que “la eliminación de las retenciones depende de la voluntad política del Ejecutivo”, apoyada por el Congreso: “El Ejecutivo es el que decide la colocación de un impuesto distorsivo, pero también debe acomodar sus cuentas para eliminarlo”.

“Si las retenciones a las exportaciones no bajan de manera permanente, falta certidumbre, y eso aleja las inversiones”, aseguró el legislador cordobés.

Sobre la actual campaña agrícola en Córdoba, Picat describió un panorama dispar: “Fue una campaña ecléctica… En realidad, fue una campaña overa, en la que el norte provincial sufrió mucho los calores de febrero, con rendimientos bajos, mientras que el sur y el núcleo tuvieron mejores resultados”.

“Nuestro índice de costos marcó una suba del 3,77% en abril”, señaló el presidente de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), Cristian Sanz, en diálogo con Chacra Agro Continental.

Sanz explicó que ese índice contempla once ítems de la actividad, entre ellos el combustible, el costo financiero, el mantenimiento de unidades y la adquisición de vehículos nuevos, que han experimentado aumentos significativos.

Sanz detalló que “el mantenimiento es uno de los ítems más difíciles de controlar” debido a la gran disparidad de precios en repuestos y reparaciones. A eso se suma la imposibilidad de renovar unidades por la “falta de financiamiento” y por la “presión impositiva”.

“Tenemos un parque automotor con más de 22 años de antigüedad. Es de los más viejos de América”, lamentó, y adelantó que desde la Federación están impulsando un proyecto de renovación. La iniciativa busca implementar un plan de canje que permita sacar de circulación camiones en mal estado y promover la compra de unidades nuevas, con apoyo del Estado y las terminales locales.

Hay camiones “con más de 20 años en las rutas”

El plan contempla la entrega de un “certificado de chatarrización” con valor fiscal, que permitiría acceder a unidades nuevas con una reducción impositiva de hasta el 50%. Sanz detalló: “Un camión de 300 caballos ronda los 120 millones de pesos. Si obtenemos un certificado del 25%, hablamos de 30 millones para el recambio”.

Sobre la nueva ley de tránsito, Sanz comentó que aún hay provincias que no se adhirieron, aunque valoró los avances. “Nos preocupaba la falta de adhesión, pero esta semana hubo avances con Seguridad Vial”, señaló. Y agregó que el nuevo esquema diferencia entre licencias particulares y profesionales, incluyendo requisitos como capacitaciones y psicofísicos actualizados cada 3 a 5 años.

“Lo que yo hago se llama Doma India. Así le puso originalmente mi padre, rescatando el método de doma de los indios ranqueles”, explicó Cristóbal Scarpati en diálogo con el programa radial Chacra Agro Continental. La técnica, también conocida como Doma India Scarpati, ha traspasado fronteras y hasta se prepara para ser retratada en una película de Hollywood.

“Como quien arrulla a un bebé”

El método consiste en acercarse al caballo de forma gradual, evitando cualquier tipo de violencia. “Es como quien arrulla a un bebé, la energía de la intención es muy pacífica”, describió Scarpati, quien aprendió el oficio de su padre y lo ha perfeccionado a lo largo de los años.

La propuesta, señala, es generar una “charla caballo-humano” en un lenguaje neutro: el contacto físico pacífico. “Imitamos el juego entre ellos, los gestos entre madres e hijos y también, a veces, la danza de los padrillos”, relató.

Para el domador de caballos, el carácter del caballo no es un obstáculo, sino una característica a interpretar. “Se necesita un caballo con espíritu vivo y temperamento fuerte. Son esos caballos con chispa los que se destacan en el trabajo y el deporte, pero hay que darles calma y tiempo”, aseguró.

Ese concepto de respeto por los tiempos individuales lo llevó recientemente al Mundial de Wimbledon en Kentucky (EE.UU.), donde debió modificar su participación para adaptarse a un caballo que requería más tiempo de preparación. “Fue mágico. No hice lo que fui a hacer, pero generé conciencia: no todos los caballos aprenden igual de rápido, y eso está bien”, contó.

Un método ancestral, que transforma el vínculo con los caballos

Scarpati destacó la memoria emocional del caballo: “Te reconocen por el olor, la voz, las acciones. He vuelto a encontrarme con caballos años después y me identificaron claramente. Todo queda grabado, como en un disco duro”.

Finalmente, subrayó que su método no solo mejora el rendimiento del animal, sino que permite preservar su cuerpo y su mente. “Muchos caballos que fueron difíciles al principio, con el tiempo, se convirtieron en los mejores. Y eso demuestra que las cosas, muchas veces, se logran en el tiempo del otro”.

Enrique Bertini, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA), expresó su preocupación por los efectos que podría generar el ingreso masivo de maquinaria usada en el mercado local en Chacra Agro Continental. Aseguró que, aunque el impacto aún es incierto, “encendemos una luz amarilla”, haciendo hincapié en que “la competencia desleal” puede perjudicar a los productores y contratistas nacionales.

“La magnitud del problema dependerá del volumen de importación” según destacó Bertini, y explicó que la llegada de maquinaria usada, especialmente a precios muy bajos, puede hacer que los productores y contratistas se vean obligados a vender sus equipos a precios menores.

“Eso rompe el ecosistema comercial y genera una descapitalización inmediata”, afirmó.

En relación con la situación financiera, Bertini comentó que, a pesar de las dificultades, el mercado de maquinaria agrícola ha recibido un “aire fresco”; gracias a los créditos otorgados por instituciones bancarias, lo que ha permitido cierta reactivación. “Esperamos que 2025 sea un año un poco mejor que 2024” dijo, en referencia a las expectativas del sector.

Por otra parte, el presidente de CAFMA subrayó que la situación de la industria está directamente vinculada al poder adquisitivo de los productores. “Cuando los productores tienen dinero, lo primero que compran es maquinaria”, indicó, y remarcó que la actual coyuntura económica, “con un tipo de cambio bajo y un precio internacional desfavorable, complica la compra de equipos nacionales”.

Consultado sobre las retenciones a las exportaciones, Bertini aseguró que una reducción o eliminación paulatina de estos impuestos podría mejorar la capacidad de compra de los productores. “Si el productor cobrara el precio lleno del grano, sin dudas invertiría más, y en consecuencia se incrementaría la actividad en las fábricas” de maquinaria agrícola, afirmó.

Premios CITA: innovación en tecnología agropecuaria

En cuanto a novedades en el sector de la maquinaria agrícola nacional, Bertini, destacó la importancia de los Premios CITA (Centro Internacional de Innovación en Tecnología Agropecuaria), organizados por CAFMA, la Sociedad Rural Argentina, la Rural S.A., y Chacra. Aseguró que se trata de “una gala para mostrar todo lo que hacemos en la industria”, destacando el compromiso de las empresas argentinas con la mejora continua y la innovación tecnológica.

Los premios CITA impulsan la innovación que transforma al agro, a través de soluciones disruptivas o mejoras sensibles que hagan que la producción sea más eficiente y/o sustentable, al tiempo que reconocen a los empresarios con visión de futuro que arriesgan en Investigación y Desarrollo, a los equipos técnicos que ponen su inteligencia en el descubrimiento y la aplicación, así como también a los responsables de las instituciones públicas y privadas que definen las condiciones de posibilidad del desarrollo tecnológico.

Uno de los principales valores del premio está dado por la trayectoria y el prestigio del Jurado de Notables, responsable de valorar y seleccionar a los ganaderos de los diferentes rubros, entre los cuales se encuentran: equipos, maquinaria, herramientas, agtech, herramientas de gestión, fertilización, productos biológicos, protección de cultivos y medioambiente.

La ceremonia de entrega de los Premios CITA se realizará el próximo 18 de julio en el Predio Ferial de la Rural de Palermo, en el marco de la 137° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional.