El club de barrio no cerró. La cancha se sigue usando y la cantina abre algunas noches. Lo que no consiguió, en la última asamblea, fue constituir la comisión directiva: no se presentó nadie. La escena se repite en bibliotecas populares, sociedades de fomento, cooperadoras escolares y centros de jubilados. No falta gente. Falta quien sostenga el rol institucional.

Ese detalle doméstico describe mejor que cualquier encuesta un fenómeno que media docena de Estados ya trata como asunto de política pública. El Reino Unido nombró en 2018 a la primera ministra de la Soledad del mundo porque consideraba que el 13,7% de su población sufría el problema de la soledad. En 2021, el entonces primer ministro japonés, Yoshihide Suga, nombró a Tetsushi Sakamoto como ministro de la Soledad para hacer frente al aumento de las tasas de suicidio y al aislamiento agravado. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud creó en 2023 una comisión sobre conexión social y ubicó a la soledad junto al tabaquismo y la obesidad entre las prioridades sanitarias globales, con estimaciones que asocian el aislamiento a un riesgo de mortalidad comparable al de fumar quince cigarrillos diarios. ¿Por qué un sentimiento como la soledad terminó convirtiéndose en una política pública con cartera y presupuesto?

Cuando Émile Durkheim publicó El suicidio en 1897 tomó el acto más aparentemente individual imaginable y demostró que sus tasas variaban de manera sistemática según el grado de integración de cada grupo. No se quitaban la vida los más tristes, sino los más desligados del lazo social. Llamó anomia a ese estado en que los vínculos que atan al individuo a la sociedad se aflojan y las normas compartidas pierden fuerza. La soledad contemporánea es anomia a escala de masas: se sufre en privado, se produce socialmente y se actúa en las redes sociales.

Robert Putnam le dio a esa intuición su formulación más influyente. En Bowling Alone (2000) documentó el declive sostenido de la participación en clubes, iglesias, sindicatos y ligas amateurs a lo largo de la segunda mitad del siglo XX estadounidense. Toda esa infraestructura de sociabilidad que Tocqueville había identificado como el secreto de la democracia norteamericana se había desmoronado. Cada vez más gente jugaba al bowling y cada vez menos lo hacía en ligas locales o regionales. Putnam llamó capital social al valor que reside en esas redes interconectadas y en la confianza que generan, y advirtió que no es un adorno comunitario sino un factor de producción de salud, seguridad y calidad democrática.

La objeción lineal es que nunca la sociedad mundial estuvo tan comunicada. Es cierto y justamente ahí reside el problema invisible. La conversación pública digital puede interpretarse como un recurso válido para que un grupo de jubilados, además de estar conectados, intenten convertir un reclamo en un problema público a través de las redes sociales. El tema puede generar cierto volumen de conversación y argumentación fundamentada sobre la demanda en cuestión, pero eso no garantiza deliberación democrática ni traducción en una política pública. La discusión suele circular casi enteramente entre quienes coinciden ideológicamente y nunca, o rara vez, atraviesa la frontera de la propia comunidad de demandantes. Sherry Turkle sintetizó la paradoja en el título de su libro Alone Together (2011). La tesis central de la autora es que en la sociedad moderna sustituimos conversación por conexión, multiplicando los contactos débiles y atrofiando los fuertes.

Es necesario decirlo con precisión, porque el diagnóstico se presta a la lectura moral sobre qué cantidad de horas y qué contenidos consume la ciudadanía a través de las pantallas. Nada de esto se explica por la voluntad de las personas ni por el carácter de una generación. Nadie eligió aislarse. Lo que cambió fue la arquitectura del espacio donde ocurre el vínculo. Hay una razón por la que todo esto excede la esfera privada.

Jürgen Habermas mostró que la democracia deliberativa depende de una esfera pública donde los ciudadanos se encuentran, argumentan y forman opinión, y esa esfera presupone espacios compartidos e instituciones intermedias. Una sociedad atomizada no tiene dónde deliberar: tiene, a lo sumo, individuos aislados que reciben estímulos en paralelo. Hannah Arendt fue más lejos y conviene ser preciso con sus términos porque suelen confundirse. Distinguió la soledad elegida del pensamiento, que es fértil, del desamparo del individuo que ha perdido toda pertenencia que medie entre él y el poder. Es esa segunda condición, y no la primera, la que identificó como materia prima de los movimientos totalitarios.

América Latina llega a este debate con una ventaja histórica y un punto irresuelto. La ventaja es que construyó a lo largo del siglo XX una de las tramas asociativas más densas del planeta, y esa densidad explica buena parte de su resiliencia frente a crisis que en otros continentes produjeron rupturas mucho más violentas. El punto a gestionar es que esa trama se desteje sin que exista casi ninguna conversación pública al respecto. Mientras Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia diseñan estrategias de Estado para reconstruir su infraestructura social en América Latina es una agenda incipiente.

El contexto internacional se enmarca en un clima de ideas dominantes que valora la autonomía individual por encima de la pertenencia, lo que vuelve más difícil formular el problema social como problema público. Se trata de algo que la tradición liberal supo ver antes que nadie: Tocqueville advirtió que la igualdad de condiciones podía dejar a cada individuo “encerrado en la soledad de su propio corazón” y que el antídoto no era el Estado sino la densidad asociativa de la sociedad civil. Lo que la sociología viene documentando, desde Durkheim a la fecha, confirma esa percepción: los lazos sociales son una infraestructura tan real como las rutas o la red eléctrica de las ciudades. Construyen tejido social, confianza institucional y se traducen en calidad democrática.

A nivel global, la tendencia dominante es la expansión de marcos de transparencia, aunque con velocidades y profundidades muy disímiles. En 2025, el 67% de los países miembros de la OCDE contaban con algún marco regulatorio formal sobre lobbying, incluyendo definiciones de la actividad y sanciones por incumplimiento. El avance es real si comparamos contra el 55% de 2022 según el mismo informe (OCDE, 2026).

El lobbying en Europa y Estados Unidos nunca fue tan regulado como hoy y, sin embargo, la desconfianza ciudadana en las instituciones pareciera no ceder. La pregunta que emerge en tensión es: ¿El lobbying es una deriva democrática de grupos de poder o es un elemento de las políticas públicas?

En Ciencia Política, la tradición pluralista —Truman (1951), Dahl (1956) y Milbrath (1960)— sostiene que los grupos de interés son expresión legítima de la libertad de asociación y petición a las autoridades: se interpreta así al lobbying como una forma de democracia participativa descentralizada que permite la participación de múltiples intereses. Desde esta perspectiva, los grupos de interés constituyen una forma de acción colectiva y participación política, protegida por los ideales liberal-democráticos del pluralismo, donde la lógica del intercambio entre grupos que proveen información y decisores que demandan información produce equilibrios funcionales.

En contraposición, la tradición crítica —Stigler (1971), Lowi (1979), Gilens y Page (2014)— sostiene lo contrario. Esta perspectiva indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses corporativos tienen impactos sustanciales sobre la política de gobierno, mientras que los ciudadanos promedio y los grupos de interés con acceso limitado tienen bajo nivel de influencia. Para esta perspectiva, la delegación de poder público a grupos privados vacía de contenido al Estado. Gilens y Page analizaron 1.779 decisiones de política pública en Estados Unidos y encontraron que las preferencias de las élites económicas predicen los resultados legislativos.

En otras palabras, los pluralistas asumen competencia relativamente equilibrada entre grupos, pero la literatura crítica sobre la base de teorías elitistas subraya desigualdades de recursos, acceso diferencial a los decisores y riesgos de captura de agenda pública por intereses asimétricos, lo que puede limitar la calidad democrática del lobbying en la práctica.

El debate académico en el mundo es si los marcos institucionales existentes tienen la capacidad de distinguir cuándo esa influencia mejora la calidad de las decisiones públicas y cuándo las distorsiona en beneficio de intereses particulares. La regulación del lobbying, en ese sentido, no es un problema de ingeniería técnica ni una cruzada contra el poder privado. Es una pregunta que continúa inquietando: ¿Qué arquitectura institucional permite que el acceso diferencial al proceso de formulación de políticas públicas sea una fuente de información y legitimidad, y no simplemente un mecanismo de traducción de recursos privados en influencia regulatoria?