La Comisión Europea, órgano ejecutivo de la Unión Europea, desarrolla una estrategia llamada “Right to Stay” (derecho a quedarse), para que toda persona pueda imaginar su futuro en el pueblo donde nació, sin verse obligada a mudarse porque allí faltan trabajo o servicios esenciales.

La discusión reúne a representantes de las instituciones europeas, líderes regionales y organizaciones civiles. Las medidas que se analizan en Bruselas apuntan a impulsar la competitividad regional mediante inversiones en educación, conectividad y servicios públicos, y prestan especial atención a los jóvenes que dejan su lugar de origen en busca de mejores oportunidades.

Europa defendió durante décadas la libertad de circular entre países. Ahora pone el acento en la diferencia entre moverse por elección y moverse por necesidad. La nueva estrategia busca que vivir, trabajar y desarrollar un proyecto de vida sea posible en cualquier región de la Unión Europea, y que emigrar deje de ser la única salida.

La sociología ofrece un marco para entender de qué se trata. Anthony Giddens describió la modernidad como un proceso de desanclaje: las relaciones sociales se despegan de sus contextos locales y se reorganizan a distancia. En ese mundo, sostuvo, la identidad deja de recibirse como herencia y se convierte en un proyecto reflexivo, una biografía que cada persona debe construir y mantener en pie. El lugar de origen es uno de los materiales de esa biografía: aporta una red de vínculos, una memoria compartida y una forma de reconocerse ante los demás.

Zygmunt Bauman llevó el argumento al terreno de la desigualdad. En su análisis de la globalización, afirmó que la movilidad pasó a ser el principal factor de estratificación social. Distinguió dos figuras metafóricas: el turista, que se mueve porque quiere, y el vagabundo, que se mueve porque no encuentra una alternativa tolerable. Se parece a la distinción entre elección y necesidad que hoy se discute en Bruselas. La desigualdad se expresa en los ingresos y también en el grado de control que cada uno tiene sobre el lugar donde vive.

Manuel Castells, por su parte, aportó la dimensión del poder. La riqueza y las decisiones circulan por lo que denominó “el espacio de los flujos” (redes globales de comunicación e intercambio), mientras la experiencia de la mayoría sigue anclada en “el espacio de los lugares”. Cuando un lugar queda desconectado de esos flujos, conserva su historia, pero pierde capacidad de ofrecer futuro.

Este marco ayuda a entender la crisis de las clases medias europeas, que suele presentarse como un asunto de ingresos: salarios que no alcanzan, ahorros que se licúan, hijos que vivirán peor que sus padres. Pero la clase media es también una identidad, un relato sobre el esfuerzo, el progreso y la continuidad entre generaciones, y ese relato incluía un lugar. Suponía que el trabajo, la casa, una buena escuela y un buen hospital estaban al alcance en el pueblo donde uno había nacido.

Para la democracia, el problema es más profundo de lo que parece. Hace más de medio siglo, Albert Hirschman explicó que, frente al deterioro de una organización, las personas tienen dos respuestas: la salida o la voz. En pocas palabras, irse o reclamar. Cuando la salida es la única opción disponible, la voz se apaga. El que se va deja de reclamar por su lugar, y el que se queda pierde a quienes mejor podían hacerlo: los jóvenes, los más formados, los que tenían más tiempo por delante.

Así se arma un círculo silencioso. Un territorio que pierde población pierde peso electoral, después servicios y después razones para quedarse. La democracia registra con precisión a los que votan en cada lugar, pero sabe mucho menos de los que se fueron y de por qué lo hicieron. No hay encuesta de salida ni urna para la partida. Por eso la Comisión Europea revisará el tema antes de que termine 2026, como parte de su política de cohesión, sabiendo que lo que está en juego es cuánto de común les queda a todas las regiones de la Unión.

Los pueblos que se vacían de jóvenes son los mismos donde los mayores envejecen solos. Para quien tiene setenta años, el derecho a quedarse depende menos del empleo que de una guardia médica que funcione, una farmacia abierta, un transporte que llegue y alguien cerca a quien llamar. Durante generaciones, ese alguien fue la familia. Cuando los hijos se van, se va con ellos una red de cuidado que nunca figuró en ningún presupuesto. Algunos mayores terminan mudándose a la ciudad de los hijos o a una residencia, que es otra forma de irse por necesidad. La soledad no deseada, que varios países ya tratan como asunto de Estado, y la partida de los jóvenes son dos gestos del mismo movimiento.

No se trata de política migratoria ni de romantizar la vida de pueblo. Las identidades no son esencias fijas y también se rehacen en el camino. Irse es un derecho, y muchas veces es la mejor decisión que alguien puede tomar. Lo que una sociedad debería poder garantizar es que sea una decisión, a los veinte años y también a los setenta. Una democracia que piensa en el futuro mira cuántos se fueron y cuántos llegaron, pero sobre todo cuántos pudieron elegir.

El club de barrio no cerró. La cancha se sigue usando y la cantina abre algunas noches. Lo que no consiguió, en la última asamblea, fue constituir la comisión directiva: no se presentó nadie. La escena se repite en bibliotecas populares, sociedades de fomento, cooperadoras escolares y centros de jubilados. No falta gente. Falta quien sostenga el rol institucional.

Ese detalle doméstico describe mejor que cualquier encuesta un fenómeno que media docena de Estados ya trata como asunto de política pública. El Reino Unido nombró en 2018 a la primera ministra de la Soledad del mundo porque consideraba que el 13,7% de su población sufría el problema de la soledad. En 2021, el entonces primer ministro japonés, Yoshihide Suga, nombró a Tetsushi Sakamoto como ministro de la Soledad para hacer frente al aumento de las tasas de suicidio y al aislamiento agravado. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud creó en 2023 una comisión sobre conexión social y ubicó a la soledad junto al tabaquismo y la obesidad entre las prioridades sanitarias globales, con estimaciones que asocian el aislamiento a un riesgo de mortalidad comparable al de fumar quince cigarrillos diarios. ¿Por qué un sentimiento como la soledad terminó convirtiéndose en una política pública con cartera y presupuesto?

Cuando Émile Durkheim publicó El suicidio en 1897 tomó el acto más aparentemente individual imaginable y demostró que sus tasas variaban de manera sistemática según el grado de integración de cada grupo. No se quitaban la vida los más tristes, sino los más desligados del lazo social. Llamó anomia a ese estado en que los vínculos que atan al individuo a la sociedad se aflojan y las normas compartidas pierden fuerza. La soledad contemporánea es anomia a escala de masas: se sufre en privado, se produce socialmente y se actúa en las redes sociales.

Robert Putnam le dio a esa intuición su formulación más influyente. En Bowling Alone (2000) documentó el declive sostenido de la participación en clubes, iglesias, sindicatos y ligas amateurs a lo largo de la segunda mitad del siglo XX estadounidense. Toda esa infraestructura de sociabilidad que Tocqueville había identificado como el secreto de la democracia norteamericana se había desmoronado. Cada vez más gente jugaba al bowling y cada vez menos lo hacía en ligas locales o regionales. Putnam llamó capital social al valor que reside en esas redes interconectadas y en la confianza que generan, y advirtió que no es un adorno comunitario sino un factor de producción de salud, seguridad y calidad democrática.

La objeción lineal es que nunca la sociedad mundial estuvo tan comunicada. Es cierto y justamente ahí reside el problema invisible. La conversación pública digital puede interpretarse como un recurso válido para que un grupo de jubilados, además de estar conectados, intenten convertir un reclamo en un problema público a través de las redes sociales. El tema puede generar cierto volumen de conversación y argumentación fundamentada sobre la demanda en cuestión, pero eso no garantiza deliberación democrática ni traducción en una política pública. La discusión suele circular casi enteramente entre quienes coinciden ideológicamente y nunca, o rara vez, atraviesa la frontera de la propia comunidad de demandantes. Sherry Turkle sintetizó la paradoja en el título de su libro Alone Together (2011). La tesis central de la autora es que en la sociedad moderna sustituimos conversación por conexión, multiplicando los contactos débiles y atrofiando los fuertes.

Es necesario decirlo con precisión, porque el diagnóstico se presta a la lectura moral sobre qué cantidad de horas y qué contenidos consume la ciudadanía a través de las pantallas. Nada de esto se explica por la voluntad de las personas ni por el carácter de una generación. Nadie eligió aislarse. Lo que cambió fue la arquitectura del espacio donde ocurre el vínculo. Hay una razón por la que todo esto excede la esfera privada.

Jürgen Habermas mostró que la democracia deliberativa depende de una esfera pública donde los ciudadanos se encuentran, argumentan y forman opinión, y esa esfera presupone espacios compartidos e instituciones intermedias. Una sociedad atomizada no tiene dónde deliberar: tiene, a lo sumo, individuos aislados que reciben estímulos en paralelo. Hannah Arendt fue más lejos y conviene ser preciso con sus términos porque suelen confundirse. Distinguió la soledad elegida del pensamiento, que es fértil, del desamparo del individuo que ha perdido toda pertenencia que medie entre él y el poder. Es esa segunda condición, y no la primera, la que identificó como materia prima de los movimientos totalitarios.

América Latina llega a este debate con una ventaja histórica y un punto irresuelto. La ventaja es que construyó a lo largo del siglo XX una de las tramas asociativas más densas del planeta, y esa densidad explica buena parte de su resiliencia frente a crisis que en otros continentes produjeron rupturas mucho más violentas. El punto a gestionar es que esa trama se desteje sin que exista casi ninguna conversación pública al respecto. Mientras Alemania, Dinamarca, Finlandia y Suecia diseñan estrategias de Estado para reconstruir su infraestructura social en América Latina es una agenda incipiente.

El contexto internacional se enmarca en un clima de ideas dominantes que valora la autonomía individual por encima de la pertenencia, lo que vuelve más difícil formular el problema social como problema público. Se trata de algo que la tradición liberal supo ver antes que nadie: Tocqueville advirtió que la igualdad de condiciones podía dejar a cada individuo “encerrado en la soledad de su propio corazón” y que el antídoto no era el Estado sino la densidad asociativa de la sociedad civil. Lo que la sociología viene documentando, desde Durkheim a la fecha, confirma esa percepción: los lazos sociales son una infraestructura tan real como las rutas o la red eléctrica de las ciudades. Construyen tejido social, confianza institucional y se traducen en calidad democrática.

A nivel global, la tendencia dominante es la expansión de marcos de transparencia, aunque con velocidades y profundidades muy disímiles. En 2025, el 67% de los países miembros de la OCDE contaban con algún marco regulatorio formal sobre lobbying, incluyendo definiciones de la actividad y sanciones por incumplimiento. El avance es real si comparamos contra el 55% de 2022 según el mismo informe (OCDE, 2026).

El lobbying en Europa y Estados Unidos nunca fue tan regulado como hoy y, sin embargo, la desconfianza ciudadana en las instituciones pareciera no ceder. La pregunta que emerge en tensión es: ¿El lobbying es una deriva democrática de grupos de poder o es un elemento de las políticas públicas?

En Ciencia Política, la tradición pluralista —Truman (1951), Dahl (1956) y Milbrath (1960)— sostiene que los grupos de interés son expresión legítima de la libertad de asociación y petición a las autoridades: se interpreta así al lobbying como una forma de democracia participativa descentralizada que permite la participación de múltiples intereses. Desde esta perspectiva, los grupos de interés constituyen una forma de acción colectiva y participación política, protegida por los ideales liberal-democráticos del pluralismo, donde la lógica del intercambio entre grupos que proveen información y decisores que demandan información produce equilibrios funcionales.

En contraposición, la tradición crítica —Stigler (1971), Lowi (1979), Gilens y Page (2014)— sostiene lo contrario. Esta perspectiva indica que las élites económicas y los grupos organizados que representan intereses corporativos tienen impactos sustanciales sobre la política de gobierno, mientras que los ciudadanos promedio y los grupos de interés con acceso limitado tienen bajo nivel de influencia. Para esta perspectiva, la delegación de poder público a grupos privados vacía de contenido al Estado. Gilens y Page analizaron 1.779 decisiones de política pública en Estados Unidos y encontraron que las preferencias de las élites económicas predicen los resultados legislativos.

En otras palabras, los pluralistas asumen competencia relativamente equilibrada entre grupos, pero la literatura crítica sobre la base de teorías elitistas subraya desigualdades de recursos, acceso diferencial a los decisores y riesgos de captura de agenda pública por intereses asimétricos, lo que puede limitar la calidad democrática del lobbying en la práctica.

El debate académico en el mundo es si los marcos institucionales existentes tienen la capacidad de distinguir cuándo esa influencia mejora la calidad de las decisiones públicas y cuándo las distorsiona en beneficio de intereses particulares. La regulación del lobbying, en ese sentido, no es un problema de ingeniería técnica ni una cruzada contra el poder privado. Es una pregunta que continúa inquietando: ¿Qué arquitectura institucional permite que el acceso diferencial al proceso de formulación de políticas públicas sea una fuente de información y legitimidad, y no simplemente un mecanismo de traducción de recursos privados en influencia regulatoria?