Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en la ciudad de Los Ángeles (John Moore/Getty Images)
Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en la ciudad de Los Ángeles (John Moore/Getty Images)

La administración Trump se está preparando para otra batalla judicial durante el mes de septiembre al intentar obligar a las "ciudades santuario" a detener a las personas que son objeto de deportación. Estas ciudades argumentan que las solicitudes de la administración dañarían las relaciones que han construido con las comunidades de inmigrantes. Pero tienen otra razón para oponerse a las demandas: el gobierno federal puede pedirles que detengan a ciudadanos estadounidenses.

Es difícil decir con qué frecuencia ocurre una detención injusta, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) no registra adecuadamente estos incidentes. Pero sucede, tal y como lo atestiguan Ada Morales en Rhode Island y Gerardo González en California, ambos ciudadanos de Estados Unidos. En esos casos, el ICE los retuvo y, después, cancelaron la orden de detención, aunque en el documento figuraba que su nacionalidad no era de Estados Unidos.

Para tener una mejor idea del problema, el Instituto Cato solicitó datos a nivel local del condado de Travis (Texas), una de las pocas jurisdicciones que registran los detalles relevantes. El condado incluye a Austin, que estuvo en el centro de la lucha para prohibir las ciudades santuario en el estado después de que la sheriff Sally Hernández detuviera parcialmente las detenciones durante aproximadamente ocho meses en 2017. La legislatura estatal respondió que era un crimen negarse a realizar una detención.

Esto es lo que muestran los datos a nivel del condado: desde septiembre de 2005 hasta el 25 de agosto de 2017, el ICE emitió 24.269 detenciones en el condado de Travis. En 228 casos, casi el 1 por ciento de los detenidos, la persona reclamó ser ciudadana de Estados Unidos y presentó un número de Seguridad Social. El ICE luego se negó a ejecutar la orden de detención cancelando formalmente (como lo hizo la agencia en 156 casos) o negándose a ejecutarla cuando la persona se presentó para su liberación (lo que sucedió en los 72 casos restantes).

La mejor explicación para este comportamiento es que el ICE verificó su ciudadanía y decidió no realizar el arresto, ya que se dirigió ilegalmente a 228 estadounidenses. El oficial de detención y deportación del ICE, John Drane, señaló a un tribunal en 2015 que solo podía pensar en dos razones para cancelar una detención: se descubrió que la persona era un residente permanente legal que nunca había cometido un delito que lo hiciera deportable o que era un ciudadano de Estados Unidos.

Si bien una tasa de 1 por ciento puede no parecer mucho, si se mantiene en todo el estado de Texas, significaría que el ICE solicitó detenciones para, al menos, 3.500 ciudadanos estadounidenses desde 2006. Si se aplica a nivel nacional, significaría que el ICE apuntó al menos a 20.000 ciudadanos estadounidenses.

Una estimación encontró que alrededor del 1.6 por ciento de las personas registradas bajo custodia del ICE también eran ciudadanos de Estados Unidos.

Si bien las leyes de privacidad dificultan el rastreo de cada persona en el Condado de Travis, conocemos algunas de ellas a través de algunos informes públicos de la oficina del alguacil del condado. En 2017, el condado de Travis retuvo a Arcane Tossou tras ser arrestado por escupir a un oficial de policía. Le dijo a la oficina del alguacil que nació en Texas, pero aún y así, el ICE solicitó que el condado lo detuviera.

Tossou fue declarado incompetente para enfrentar un juicio. En este punto, el ICE habría asumido la custodia, lo habría trasladado a un centro de detención federal y posiblemente habría intentado deportarlo. Afortunadamente, Tossou fue liberado para recibir tratamiento de salud mental en un hospital. ICE ha intentado deportar, al menos, a media docena de otros ciudadanos estadounidenses con discapacidades mentales en los últimos años, incluidos varios deportados con éxito.

En agosto de 2016, la policía de Austin arrestó a Richard Rentería, un residente de Austin de 20 años por intoxicación pública. Rentería, que según dijo su abogado habla inglés fluido, dijo a los oficiales que lo arrestaron que él había nacido en Texas. Se comprobó que era de ese estado y se confirmó un número de Seguridad Social, pero el ICE emitió una orden de detención. Después de cancelar esa orden, el condado liberó a Rentería.

Por qué esto sigue sucediendo es difícil de determinar sin acceso a los archivos de casos federales. Sin lugar a dudas, los errores en la base de datos y las investigaciones inadecuadas juegan un papel fundamental.

Un portavoz de ICE se negó a comentar sobre casos específicos que citan preocupaciones de privacidad, pero dijo que la agencia de inmigración "toma muy en serio todas y cada una de las afirmaciones de que un individuo detenido bajo su custodia puede ser ciudadanos de Estados Unidos". También señaló que "ICE se esfuerza continuamente para garantizar que sus sistemas de registro sean precisos y estén actualizados. Cuando la agencia recibe pruebas que sugieren que la información en sus sistemas es incorrecta, se toman medidas para garantizar la exactitud de dicha información".

Independientemente, los estados y las municipalidades tienen toda la razón para mostrarse escépticos sobre los dictados del ICE. Necesitan la flexibilidad para hacer sus propias determinaciones sobre si es apropiado arrestar a alguien como objeto de deportación. Hay un riesgo demasiado alto de que la persona sea estadounidense.