Policía de Texas acusado de agredir sexualmente a una niña y de amenazar a su madre con deportarla si hablaba

Por Samantha Schmidt

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El oficial Jose Nunez en una fotografía de archivo (KENS-TV)
El oficial Jose Nunez en una fotografía de archivo (KENS-TV)

Un oficial de policía de Texas ha sido acusado de agredir sexualmente a una niña de 4 años y de amenazar con deportar a su madre indocumentada si denunciaba el crimen.

El domingo, mientras estaba fuera de servicio, las autoridades arrestaron al oficial Jose Nunez, un veterano encargado de las detenciones de la zona que llevaba diez años en la Oficina del Alguacil del Condado de Bexar. Se enfrenta a un cargo de delito grave de "agresión sexual agravada de un niño", que conlleva una sentencia mínima de 25 años, según dijo el sheriff del condado de Bexar, Javier Salazar, en una conferencia de prensa.

"Los detalles del caso son francamente desgarradores, perturbadores y repugnantes", declaró Salazar.

El alguacil comentó que Nunez, de 47 años, presuntamente tocó inapropiadamente a la niña en numerosas ocasiones, causándole dolor y "al menos alguna indicación de lesión leve". Las autoridades creen que las agresiones han tenido lugar durante varios meses o potencialmente durante dos años.

La niña de 4 años está emparentada con Nunez y los supuestos delitos tuvieron lugar en su residencia. La policía sospecha que puede haber más víctimas relacionadas con Nunez que se vieron afectadas.

Ficha policial de Jose Nunez (Cortesía de la Oficina del Alguacil del Condado de Bexar)
Ficha policial de Jose Nunez (Cortesía de la Oficina del Alguacil del Condado de Bexar)

Al parecer, Nunez chantajeó a la madre de la niña, aprovechando su condición de indocumentada para "poner el temor de ser deportada" si denunciaba las supuestas agresiones.

"Creemos que hubo cierta duda por parte del testigo para informar de la conducta debido al hecho de que ella es indocumentada en el país", añadió Salazar.

Pero después de que la menor de 4 años "clamara a su madre", la mujer la llevó a una estación de bomberos local para denunciar el crimen el sábado por la noche. Por la mañana, Nunez fue enviado a la cárcel. El presunto agresor no ha hecho ningún comentario ni ha presentado ningún documento de defensa.

"No sé si estaba apuntando deliberadamente a la comunidad indocumentada, pero creo que lo que lo atrajo fue la vulnerabilidad de esa comunidad debido a que son menos aptos para informar de cosas", apostilló.

Salazar se negó a hablar del estatus migratorio de la niña, aunque afirmó al San Antonio Express-News que la madre es de Guatemala.

"La niña ahora está a salvo y seguimos procesando el caso", apuntó.

Las dudas de la madre para denunciar el crimen pone de manifiesto las preocupaciones que, durante mucho tiempo, han tenido los inmigrantes indocumentados y que son reacios a involucrarse con las fuerzas del orden público por miedo a la deportación. "Eso siempre es una preocupación en la comunidad indocumentada", sostuvo.

Las autoridades están completando la burocracia para garantizar que la madre esté protegida a la espera del resultado del caso.

"Instaría que cualquiera que sea indocumentado, que sea víctima de un delito o un testigo de un delito, a que se presente antes las autoridades y lo denuncie", manifestó.

Desde que el presidente Trump asumió el cargo, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los activistas de los derechos de los inmigrantes han advertido que la represión de la administración a esa comunidad podría crear un efecto "paralizador" entre los indocumentados.

En el último año, las agencias que van desde California hasta Nueva Jersey han visto una disminución de denuncias de delitos entre los barrios predominantemente hispanos.

En una encuesta nacional realizada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) y el Proyecto Nacional de Defensa de las Mujeres Migrantes, el 70 por ciento de los fiscales dijeron que ahora las agresiones sexuales no se denuncian, por lo que es más difícil de investigar.

En Houston, el número de hispanos que reportaron violaciones a lo largo de 2017 disminuyó casi un 43 por ciento con respecto a 2016, según comentó el jefe de policía de Houston, Art Acevedo, el año pasado. Los que denunciaron otros crímenes violentos cayeron en un 13 por ciento.

"Parece que están yendo más allá", remarcó Acevedo en una entrevista con The Washington Post.

Los defensores dicen que estos temores son particularmente intensos en Texas, que tiene la segunda población hispana más grande del país. El gobernador firmó un proyecto de ley el año pasado que prohíbe las jurisdicciones "santuario" en el estado, imponiendo multas costosas e incluso tiempo de cárcel a los funcionarios que se nieguen a cooperar con los agentes de inmigración de Estados Unidos. También permite a los agentes locales preguntar a personas detenidas sobre su estatus migratorio.

Salazar admitió que la Oficina del Alguacil del Condado de Bexar está llevando a cabo una investigación interna y separada sobre Nunez. El acusado ha recibido una licencia administrativa por la que únicamente se pagan los primeros diez días.

Si no se cumplen con los requisitos, Nunez será trasladado a una instalación diferente del centro de detención del condado de Bexar, lugar donde trabajó.

"Mi objetivo es separar a esta persona de la agencia lo más pronto posible", apostilló Salazar.