(Iván Valencia / The Washington Post)
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La Gabarra, Colombia – Casi dos años después de que un histórico acuerdo de paz pusiera fin a la insurgencia latinoamericana y obtuviera el Premio Nobel, una antigua lacra se está extendiendo a través de los valles rurales y pueblos selváticos del noreste de Colombia: la guerra de las guerrillas.

Aquí, en la región del Catatumbo, un terreno con arroyos, campos petrolíferos y plantaciones de palma, los grupos guerrilleros han estado luchando durante tres meses para hacerse cargo de un antiguo dominio de las FARC, la fuerza marxista que se disolvió bajo el pacto. La violencia ha generado la mayor ola de personas desplazadas desde 2007, según la agencia de refugiados de las Naciones Unidas.

Los combates se intensifican a medida que el cultivo de la hoja de coca, el elemento básico de la cocaína, se ha disparado a niveles récord, superando incluso los niveles observados cuando las FARC gobernaban grandes franjas de la región. Desde marzo, más de 9.000 personas han sido forzadas, al menos temporalmente, a huir de sus hogares. Durante el mismo período, según un destacado grupo de derechos humanos, docenas de personas han sido secuestradas, asesinadas o heridas, ya sea por minas terrestres o por las fuerzas armadas que operan en la región, que incluyen a los militares colombianos.

(Iván Valencia / The Washington Post)
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Los acuerdos de paz se alcanzaron después de una ofensiva de un año por parte de las fuerzas de seguridad colombianas y un paquete de ayuda de seguridad de USD 10.000 millones de Estados Unidos, que considera a este país sudamericano como un aliado principal. Ahora, con la violencia aumentando en numerosos antiguos bastiones de la guerra, el proceso de paz se encuentra en una encrucijada. Los colombianos elegirán este domingo entre dos candidatos presidenciales totalmente diferentes: un senador de derecha crítico con el acuerdo de paz y un ex alcalde izquierdista y ex guerrillero que lo respalda.

Quien gane se verá obligado a enfrentar una verdad incómoda: desde la costa del Pacífico, en el oeste, hasta la frontera venezolana del este, la nueva era de paz de Colombia ya se está deshilachando.

"Teníamos esperanzas después del acuerdo de paz, pero ahora vemos sus limitaciones", dijo María Carvajal, una comerciante de 47 años, que en abril se vio obligada a huir a esta aislada ciudad después de recibir amenazas de un grupo guerrillero resurgente, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

(Iván Valencia / The Washington Post)
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Dice que vive en esa región junto a 31 familias, al tiempo que señala los colchones alineados contra una pared y niega con la cabeza. "Esto no es vida, y estamos cansados de vivir con miedo", remarcó frotándose los ojos. "Estamos cansados de todo".

¿Repitiendo el pasado violento?

Hace tan solo un año, el acuerdo de paz parecía algo brillante. El presidente saliente Juan Manuel Santos llegó a ese pacto en agosto de 2016 y fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz. Luego de que el Congreso ratificara el acuerdo en diciembre de 2016, miles de miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –conocidas por las sigas FARC- dejaron las armas en una operación anunciada por las Naciones Unidas como un caso de resolución de conflictos. El impacto se sintió en todo el país. En una nación con una histórica violencia extrema, 2017 fue el menos mortal desde la década de los setenta.

(Iván Valencia / The Washington Post)
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Sin embargo, a finales del año pasado, el Congreso estaba luchando por ratificar partes clave del trato. Los legisladores finalmente aprobaron una legislación que versaba únicamente sobre la mitad de las disposiciones del acuerdo con una autoridad asociada.

Algunos han regresado a los bosques con la intención de formar sus propias bandas armadas o unirse a otros grupos, según cuenta el reverendo Victor Peña, un sacerdote católico del centro regional de Tibu, que tiene tratos regulares con los ex combatientes de las FARC.

"Nos encontraremos en la misma situación que antes", comentó Peña. "¿Por qué? Porque el gobierno no ha hecho lo suficiente para asegurar la paz".

El acuerdo se concibió como una larga misión que podría tomar décadas para implementarse por completo. Pero como resultado de un proceso lento, dicen los críticos, la violencia ha comenzado a dispararse nuevamente. Durante los primeros cuatro meses del año, los homicidios aumentaron un 32.4 por ciento en 170 municipios de zonas donde había habido conflicto y un 45 por ciento en áreas donde el gobierno busca suplantar el cultivo de coca, de acuerdo a reportes de Ideas for Peace, un grupo de expertos con sede en Bogotá.

(Iván Valencia / The Washington Post)
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La violencia ha aumentado a medida que el gobierno colombiano ha luchado por reafirmarse en áreas anteriormente controladas por las FARC. Cuando los rebeldes gobernaron partes del Catatumbo, por ejemplo, impusieron leyes despiadadas en una tierra conocida por los minerales, el petróleo y, especialmente, los cultivos de coca. Su marcha dejó un vacío de poder. El ELN, ahora el mayor grupo guerrillero de Colombia con bases de operaciones en Venezuela, y una fuerza izquierdista más pequeña conocida como EPL (Ejército de Liberación Popular) se han enfrentado por el control de las rutas de contrabando en la región.

"Estamos acabando con la paz", escribió en abril Humberto de la Calle, uno de los arquitectos del acuerdo en un llamamiento a la nación.

Otro punto caliente: las elecciones

El candidato preferido en las elecciones del domingo – el conservador educado en Estados Unidos Iván Duque- ha pedido alteraciones en el acuerdo de paz que, según sus oponentes podría renovar las tensiones y, tal vez, el conflicto con los excombatientes de las FARC. Duque es el protegido del ex presidente Álvaro Uribe, que atacó agresivamente a las FARC y al ELN en la primera década del siglo. El candidato del Partido Demócrata, de 41 años, hace un llamamiento para un realizar un esfuerzo mucho más potente, erradicar la fuerza de la coca y enfrentar a los narcotraficantes colombianos y mexicanos que operan dentro de las fronteras de Colombia.

(Iván Valencia / The Washington Post)
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El oponente de Duque es Gustavo Petro, de 58 años, del Movimiento Progresistas. Es un ex miembro del movimiento guerrillero urbano M-19 que más tarde se convirtió en senador y alcalde de Bogotá. Los opositores lo acusan de ser igual que los izquierdistas Hugo Chávez y Fidel Castro, los últimos presidentes de Venezuela y Cuba. Petro ha elogiado a esos líderes en el pasado, pero recientemente ha buscado moderar su línea.

En una campaña altamente cargada y polarizada, el grupo de Petro ha etiquetado a Duque como belicista y señala que sus propuestas corren el riesgo de destruir el acuerdo de paz. Sin embargo, muchos observadores ven a Duque como fundamentalmente más moderado que Uribe, y puede tener cuidado para evitar ciertas acciones que arruinarían el trato.

"Duque va a apostar a que la mayoría de los ex miembros de las FARC no vuelvan a la selva", comentó Adam Isacson, director de supervisión de defensa de la Oficina de Washington para América Latina, que está formado por un grupo de expertos.

En Tibu, una ciudad de 36.000 habitantes que vivió seis décadas de guerra civil, hace poco que el ejército colombiano hizo todo lo posible para ganarse el corazón y la mente de la gente. Dos soldados vestidos con trajes de payaso salieron con globos para niños, al tiempo que un equipo de ingenieros del ejército arreglaba una carretera, que formaba parte de un proyecto de mejoras en infraestructura.

El ejército también está tratando de cumplir con las promesas del acuerdo de paz al pavimentar un tramo de 55 Kms. entre Tibu y la ciudad norteña de La Gabarra, con la esperanza de facilitar a los agricultores la comercialización de cultivos legales.

"Sabemos que tomó mucho tiempo", dijo el Coronel Edison Arisa. "Pero ahora estamos aquí".

Sin embargo, el ejército no solo está involucrado en el trabajo cívico. En las últimas semanas ha protagonizado 25 operaciones en el área, matando o capturando a 30 combatientes y destruyendo 200 laboratorios de cocaína.

En La Gabarra, María Carvajal, la comerciante desplazada, aseguró que la respuesta del gobierno ha sido poca y ha sido tarde.

En abril, su familia de cuatro integrantes fue una de las 31 familias obligadas a abandonar sus viviendas en un pueblo situado a dos horas de distancia por amenazas de miembros del ELN. Las familias se habían establecido allí en enero, después de haber sido expulsadas de sus tierras en otra área por tribus indígenas armadas.

"Hemos sido desplazados dos veces en cinco meses", lamentó. "Nuestros hijos no van a la escuela. Ni siquiera sabemos cuánto tiempo podemos quedarnos aquí. Queremos paz. Creemos en la paz. Pero hemos sido abandonados. Abandonados por el estado", afirmaba.