Tras el informe de la ONU que acusa a Maduro de violaciones a los derechos humanos, el chavismo habla de “reestructurar” las fuerzas de seguridad

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, dijo que las FAES y varios cuerpos policiales deben afrontar una revisión. Admitió que “ha habido abusos”, pero dijo que fueron castigados

Tarek Saab (Reuters)
Tarek Saab (Reuters)

El fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, planteó este domingo una “reestructuración” de las fuerzas de seguridad del país, en respuesta a las denuncias sobre violaciones de Derechos Humanos planteadas por la ONU en un detallado informe.

Es el momento de una reestructuración, no solo del FAES, sino de varios cuerpos policiales”, afirmó Saab en una entrevista con la televisión pública venezolana.

El funcionario destacó que el Ministerio Público ha imputado a decenas de funcionarios en casos como los de Guacamaya TV o el de la prisión de Portuguesa, ya que su despacho tiene la función de atender estos incidentes y realizar las llamadas de atención pertinentes.

Así, tanto en la Policía Nacional Bolivariana, (PNB), como en la Fuerza de Acciones Especiales deben siempre atender la reestructuración y la depuración. “Es importante para la salud pública de la seguridad en el país que cíclicamente” se haga esta revisión, argumentó.

Las FAES, grupo de tareas protagonista de numerosas violaciones de derechos humanos
Las FAES, grupo de tareas protagonista de numerosas violaciones de derechos humanos

Saab, en un aparente reconocimiento de los abusos, aseguró que la ley de la PNB aborda el principio de proporcionalidad. "Si el funcionario va a repeler una acción en la que se siente atacado, y lo están haciendo con una piedra o una botella, él no puede disparar a la cabeza de la persona que lo está agrediendo, no obstante en Venezuela el que lo haga sabe que le vienen 20 o 30 años de cárcel”, expuso. Según advirtió, si los agentes se exceden, “serán castigados con todo el peso de la ley”.

Ha habido (abusos) y se ha castigado”, dijo Saab. “Nosotros, en más de tres años, un tiempo muy corto, hemos logrado por impulso del Ministerio Público la condena de 140 agentes del Estado violadores de derechos humanos, pero si me preguntas de imputados, en proceso de ser finalmente condenados, 1.000. Dime tú ¿Cuándo se había visto esto?”, añadió.

Saab ha destacado que la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, responsable del reciente informe que recoge graves violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, está al tanto de las medidas sanciones impuestas a funcionarios e instituciones.

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Bachelet actualizó el viernes su informe sobre Venezuela y denunció, entre otras cuestiones, que se han organizado las elecciones del 6 de diciembre “sin un proceso inclusivo” previo y que las fuerzas de seguridad han matado solo este año a unos 2.000 jóvenes en barrios “marginados”.

La Misión de la ONU constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos. En un lista, identifica las nueve técnicas de las fuerzas chavistas para lastimar y humillar a los presos políticos: fuertes golpizas; asfixia con sustancias tóxicas y agua; posiciones de estrés; reclusión prolongada en régimen de aislamiento en condiciones duras; violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación; cortes y mutilaciones; descargas eléctricas; uso de drogas para inducir a la confesión; y tortura psicológica.

La pesquisa también detalló 33 casos (21 hombres y 12 mujeres) en los que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) arrestó, detuvo y torturó o maltrató arbitrariamente a personas por motivos políticos. La mayoría de las detenciones se produjeron tras un período de vigilancia e investigación.

Además, detallan que las torturas se cometieron generalmente durante los interrogatorios para extraer confesiones o información, incluidas las contraseñas de teléfonos y de redes sociales, o para coaccionar a las personas detenidas para que se incriminaran a sí mismos o a otros, especialmente a dirigentes de alto perfil de la oposición, en la comisión de delitos.

(Con información de Europa Press y EFE)

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