Los republicanos enfrentan obstáculos en su intento por endurecer las leyes electorales en los recintos universitarios

Especial para Infobae de The New York Times.

Preocupados porque, al parecer, cada vez más jóvenes manifiestan su apoyo por los demócratas en las casillas electorales, los legisladores republicanos de varios estados han tratado de establecer más obstáculos para los estudiantes universitarios que van a votar.

Este mes, los republicanos usaron su monopolio de poder en Idaho para prohibir que la credencial de estudiante sea una identificación válida para votar.

Pero hasta lo que va del año, la nueva ley de Idaho es una de las pocas leyes de los republicanos que han tenido éxito en contra de los electores jóvenes.

Los intentos por evitar que los estudiantes que están fuera de su estado voten en los pueblos donde estudian o de revocar el registro previo de los adolescentes no han tenido éxito ni en Nuevo Hampshire ni en Virginia. Incluso en Texas, donde la legislación de 2019 cerró las casillas de votación anticipada en muchos recintos universitarios, parece que una nueva propuesta para eliminar todas las casillas electorales de las universidades tiene un futuro incierto.

“Las primeras veces que se proponen estas ideas, la gente se horroriza”, señaló Chad Dunn, cofundador y director jurídico del Proyecto de Derecho al Voto de la Universidad de California en Los Ángeles. Pero advirtió que los legisladores que promueven esos proyectos de ley, por lo general, los presentan muchas veces.

“Y luego, seis, ocho o diez años después, estas ideas terribles se convierten en ley”, aseveró.

En estos últimos ciclos ha aumentado la participación de los electores jóvenes, quienes se vieron motivados por temas como el aborto, el cambio climático y la presidencia de Trump.

En las elecciones de medio mandato del año pasado, votaron en mayor número en Kansas y Míchigan, donde hubo referendos relacionados con el aborto. Además, los estudiantes universitarios, quienes habían prestado poca atención a las elecciones, se convirtieron en un bloque electoral fundamental en las elecciones de medio mandato en 2018.

Pero incluso con esos logros, Sean Morales-Doyle, director del programa de derecho al voto del Centro Brennan para la Justicia, señaló que aún se tenía que avanzar mucho.

“Su participación sigue siendo muy baja en comparación con la de electores de mayor edad”, comentó Morales-Doyle.

Ahora que está comenzando la campaña presidencial para 2024, la batalla por ganarse a los electores jóvenes ha cobrado mayor importancia.

Según el Centro de Información e Investigación sobre el Compromiso y el Aprendizaje Cívicos, el registro de los electores de entre 18 y 19 años aumentó 66 por ciento entre las elecciones de 2018 y 2022 en Idaho, lo que representó el mayor aumento en el país. Esta organización de investigación apartidista con sede en la Universidad Tufts se enfoca en el compromiso cívico de la juventud.

Según el Laboratorio de Derecho al Voto, un grupo que realiza el seguimiento de la legislación, de diecisiete estados que por lo general solicitan una identificación electoral, Idaho se sumará a Texas y solo a otros cuatro estados —Dakota del Norte, Ohio, Carolina del Sur y Tennessee— que no aceptan la credencial de estudiante.

Arizona y Wisconsin tienen reglas estrictas relacionadas con las credenciales de estudiante que las universidades y los colegios han tenido problemas para cumplir, a pesar de que algunas facultades de Wisconsin sí lo han logrado.

Pese a que los casos de fraude son poco comunes, los defensores de esas restricciones a menudo sostienen que son necesarias para evitar el fraude electoral. Poco después del 15 de marzo, cuando el gobernador republicano de Idaho, Brad Little, promulgó la ley que prohíbe la utilización de la credencial estudiantil, se presentaron dos demandas en el tribunal federal y estatal.

“Los hechos no son especialmente convincentes si solo queremos suspender estos proyectos de ley para eliminar electores”, comentó Betsy McBride, presidenta de la Liga de Electoras de Idaho, quien forma parte del grupo que entabló la demanda estatal, antes de que se promulgara la ley.

La disputa en Nuevo Hampshire por los estudiantes que están fuera de su estado

En Nuevo Hampshire (estado que tiene en el país uno de los porcentajes más elevados de estudiantes universitarios que están fuera de su estado), este año, los legisladores republicanos propusieron un proyecto de ley que les habría prohibido a dichos estudiantes tener acceso al voto, pero este se detuvo en el comité después de no lograr ni un solo voto.

De acuerdo con el Instituto para la Democracia y la Educación Superior de la Universidad Tufts, en 2020, casi el 59 por ciento de los alumnos de las universidades tradicionales de Nuevo Hampshire llegaron de otro estado.

La Universidad de Nuevo Hampshire había estado en contra de esa ley, al tiempo que los estudiantes y otros detractores habían cuestionado su constitucionalidad.

Este proyecto de ley, el cual habría exigido que los alumnos muestren sus declaraciones de colegiatura dentro del estado cuando se registraran para votar, hubiera afectado incluso a los residentes de Nuevo Hampshire que asisten a universidades privadas como Dartmouth College, la cual no tiene colegiatura dentro del estado, explicó McKenzie St. Germain, directora de la Campaña por el Derecho al Voto de Nuevo Hampshire, un grupo apartidista de derechos electorales.

Sandra Panek, una de las promotoras de este proyecto de ley que no prosperó, comentó que le gustaría recuperarlo si lograra obtener el respaldo de los dos partidos. “Queremos alentar a nuestros jóvenes a que voten”, señaló Panek, quien con frecuencia tuitea acerca de teorías conspirativas en las elecciones. Pero, añadió, las elecciones deben ser un reflejo de “quienes residen en los pueblos de Nuevo Hampshire y de quienes a fin de cuentas viven las consecuencias de los resultados de las elecciones”.

Ya hay ciertos obstáculos

Desde 2006, el estado de Georgia ha aceptado solo las credenciales estudiantiles de colegios y universidades públicos, así que los estudiantes de instituciones privadas, entre ellas varios colegios y universidades a los que históricamente asisten negros, deben usar otro tipo de identificación.

En enero, los republicanos aprobaron en Ohio, donde desde hace años la credencial de estudiante no es aceptada para poder votar, un requisito más amplio de identificación con fotografía que tampoco permite a los estudiantes usar estados de cuenta de la universidad o facturas de servicios públicos para poder votar, como lo habían hecho anteriormente.

La ley de Idaho entrará en vigor en enero. Scott Herndon y Tina Lambert, los promotores de la ley en el Senado y en la Cámara de Representantes, no respondieron a nuestra solicitud para hacer comentarios, pero durante una sesión del 24 de febrero, Herndon dijo que las credenciales de estudiante tenían menores medidas de seguridad que las identificaciones emitidas por el gobierno.

“No estamos hablando de fraude electoral”, afirmó. “Solo queremos asegurarnos de que las personas que se presentan a votar sean quienes dicen que son”.

Los republicanos alegaron que prácticamente el 99 por ciento de los residentes de Idaho habían usado su licencia de conducir para votar, pero quienes se oponen a esta ley señalaron que no todos los estudiantes cuentan con licencia de conducir o pasaporte, y que ambas cosas tienen un costo.

En una audiencia del 10 de febrero, Mae Roos, estudiante de cuarto año en la escuela preparatoria de Borah, en Boise, prestó su testimonio en contra de esta ley.

“Cuando empezamos a tratar de participar, nos enseñan desde un principio que votar es un proceso costoso, muy difícil y lleno de obstáculos, nos decepcionamos de ese gran sueño de nuestra democracia”, señaló Roos. “Comenzamos a pensar que nuestra voz no vale nada”.

Georgia-Kennedy Dixon, estudiante del Spelman College que votó anticipadamente, asiste a un evento para promover el voto, en Atlanta, Georgia, el 7 de noviembre de 2022. (Gabriela Bhaskar/The New York Times)

Electores haciendo fila durante el supermartes afuera de la casilla electoral de la Universidad de Texas, campus Austin, el 3 de marzo de 2020. (Tamir Kalifa/The New York Times)