California ofrece la primera ayuda en efectivo a inmigrantes indocumentados por la crisis de COVID-19

Por Miriam Jordan

Adolfo Luna, un músico mexicano que vive en California. (Vía The New York Times)
Adolfo Luna, un músico mexicano que vive en California. (Vía The New York Times)

LOS ÁNGELES — Durante dos décadas, Adolfo Luna había obtenido el sustento de su familia como músico, tocaba el acordeón y cantaba en bodas y otros eventos en el sur de California. “Me he ganado la vida con honestidad, he pagado mis cuentas y presentado mis declaraciones fiscales”, comentó Luna. Luego, azotó la pandemia del coronavirus, y eliminó las reuniones grupales… y todos los eventos donde estaba contratado.

Desde marzo, Luna, un migrante de México que vive de manera ilegal en Estados Unidos, ha buscado trabajo en construcciones, fábricas y en cualquier otro lado, en vano. Después de tres meses sin tocar, apenas ha podido pagar la renta y por primera vez no realizó el pago del seguro de su auto.

El lunes, el músico fue una de los miles de personas en California que tenían la esperanza de inscribirse en un nuevo y trascendental programa de ayuda estatal que brindará asistencia financiada por los contribuyentes a los inmigrantes que estén en el país de manera ilegal y se hayan quedado fuera de los programas de rescate y asistencia por desempleo que otorga el gobierno federal.

Pocos minutos después de que se abrieran las líneas telefónicas, mucha gente informó que no se pudo comunicar y, para las 10:00 a. m., una hora después de iniciar, colapsaron muchas de las líneas.

El programa de ayuda de 75 millones de dólares en efectivo, el cual se otorga según el orden de llegada, se realizó vía telefónica casi en su totalidad para evitar contactos peligrosos entre las personas.

El financiamiento disponible permitirá que solo se beneficien 150.000 inmigrantes, de acuerdo con los funcionarios estatales.

Luna comentó que estaba consciente de que sus oportunidades de obtener un único subsidio de 500 dólares por persona o 1000 dólares por familia era el equivalente a ganarse la lotería, pero de todas maneras el lunes pasó varias horas infructuosas realizando llamadas.

“Las líneas telefónicas estaban completamente saturadas”, relató. Frustrado, Luna visitó la oficina del Centro Jurídico de TODEC, una organización sin fines de lucro ubicada en Perris, California. El personal le permitió apuntar su nombre y número de teléfono en una lista, y le prometió que le llamaría en dos días para llenar la solicitud.

“Guardo la esperanza de que podré inscribirme”, confesó.

Al parecer, las doce organizaciones sin fines de lucro que designó el estado para investigar las solicitudes tuvieron volúmenes extremadamente altos de llamadas. “Sabíamos que el número de candidatos iba a ser alto, pero simplemente nos saturamos”, comentó Angelica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Ángeles.

Los primeros 90 minutos, entraron 630.000 llamadas en la línea de atención de la organización, y esto produjo un atascamiento de la línea. La agrupación recibió algunas llamadas en su número normal de oficina hasta que se reestableció la línea de atención tres horas después, con un número adicional.

Sin embargo, esa línea también se inundó de llamadas. Una grabación daba la instrucción de volver a llamar más tarde.

Un estimado de 10,6 millones de inmigrantes están viviendo de manera ilegal en Estados Unidos, de los cuales 2 millones están en California, el estado con la mayor cantidad de migrantes.

“Sabemos que el dinero es limitado y no refleja la cantidad de impuestos que pagan las personas indocumentadas en California”, comentó Olimpia Blanco, una coordinadora de Carecen, una de las organizaciones que ayudaron en el registro. “Creemos que la comunidad se merece que le demos el proceso más equitativo posible y que defendamos la naturaleza del criterio del orden de llegada”.

Los inmigrantes que están de manera ilegal en el país son particularmente vulnerables a la crisis económica que ha causado el brote de coronavirus porque tienden a ganar salarios bajos en empleos que han desaparecido: cocineros, meseros, personal de hoteles y de ayuda doméstica.

Dos terceras partes de ellos han vivido en Estados Unidos durante más de una década. En conjunto, tienen cinco millones de hijos estadounidenses y pagan miles de millones de dólares en impuestos, pero la mayoría de los estados no ha realizado maniobras para ofrecer ningún tipo de ayuda durante el actual colapso económico. Otros pocos estados, entre ellos Oregon, Washington y Massachusetts, están comenzando a implementar programas para migrantes que viven en el país de manera ilegal y han sido afectados por la pandemia. En la ciudad de Nueva York; en Austin, Texas, y en Tulsa, Oklahoma, el financiamiento de las iniciativas proviene de la ciudad o del sector privado.

En Tulsa, una iniciativa comunitaria busca recaudar 5 millones de dólares en apoyo para 10.000 familias que viven en el país de forma ilegal. “Cuando terminó la primera semana de llamadas, donadores privados, organizaciones sin fines de lucro, activistas y líderes religiosos alzaron la mano para ayudar”, recordó la coordinadora de la campaña, Cynthia Jasso, cofundadora del Fondo de Ayuda para Migrantes de Tulsa.

En California, los trabajadores no autorizados representan el diez por ciento de la fuerza laboral y una inmensa cantidad de los trabajadores esenciales en sectores como la atención sanitaria y la agricultura.

A mediados de abril, el gobernador, Gavin Newsom, anunció que el estado iba a brindar 75 millones de dólares de ayuda en efectivo a las 150.000 personas que fueran elegidas. Las organizaciones filantrópicas y los donadores privados prometieron 50 millones de dólares adicionales, para otros 100.000 inmigrantes.

California es el estado más diverso de la nación. Nuestra diversidad nos hace más fuertes y más resistentes”, comentó Newsom al momento de dar a conocer el programa. “Cada californiano, incluyendo nuestros vecinos indocumentados y amigos, deberían saber que California está aquí para apoyarlos durante esta crisis. Estamos todos juntos en esto”.

“Independientemente de su estatus, legal o indocumentado, hay gente que necesita ayuda”, agregó.

Desde el anuncio de abril, los inmigrantes se han preparado para la solicitud.

Nidia Preza, de 37 años y madre de tres niños, comentó que, cuando cerraron las escuelas, se vio obligada a dejar el trabajo de limpieza que realizaba en un edificio.

Preza, una migrante de El Salvador que vive en un garaje adaptado de Los Ángeles, mencionó que tuvo que reducir la cantidad de fruta y verdura fresca que les daba a sus hijos de 3, 4 y 12 años.

“Si me dieran el dinero, sería de mucha ayuda”, dijo.

Horas más tarde, Preza se desesperó cuando se cortó la llamada después de que por fin había logrado comunicarse con un trabajador social en la línea. “Adiós a mi esperanza de sentir un poco menos de presión y preocupación”, agregó.

Para calificar al subsidio, los candidatos deben demostrar que están en el país de forma ilegal, desempleados a causa de la crisis sanitaria y que no son elegibles para los cheques de estímulo ni los beneficios de desempleo a nivel federal.

Grupos que se oponen al programa presentaron demandas para impedir que el estado usara los dólares de los contribuyentes, bajo el argumento de que era ilegal. Los casos fueron desestimados en los tribunales.

Debido a que no querían atraer más oposición, el Departamento de Servicios Sociales del estado y las organizaciones que este contrató para investigar y entregar el dinero fueron herméticos con respecto a los documentos específicos que les iban a solicitar a los candidatos y cómo se iban a entregar. Muchos inmigrantes carecen de computadoras, escáneres y otra tecnología que podría ser necesaria.

*Copyright: 2020 The New York Times Company

MAS NOTICIAS