Antiguo juez afirma que el sistema judicial de Cuba está amañado en contra de los disidentes

Un juez que solía desempeñar un cargo de alto rango en Cuba ha revelado, en conjunto con un activista opuesto al gobierno, información sobre documentos oficiales que demuestran que el gobierno tiene detenidos a miles de presos por cargos dudosos y su tasa de encarcelamiento es la más alta del mundo.

Se cree que las revelaciones de Edel González Jiménez, quien se desempeñó como ministro más de quince años y en cierto momento supervisó a 65 jueces, constituyen el primer pronunciamiento público de un miembro de alto rango del poder judicial que pone en tela de juicio las acciones del gobierno cubano.

“La represión que estoy viendo contra parte de mi pueblo no es lo que quiero para ellos”, dijo durante una conferencia de prensa sostenida el lunes en Madrid, en la que compartió micrófonos con miembros de una organización que representa los intereses de algunos prisioneros políticos, además de miembros del Parlamento Europeo. “Tengo mucho miedo sobre el futuro. Todos los días los cubanos enfrentan más miedo. No quiero ver sangre en las calles de Cuba; no quiero estos encarcelamientos”.

Con evidente esfuerzo para contener el llanto, González dijo ante la audiencia que, aunque su esposa le había aconsejado no hablar del asunto, decidió ir en contra de sus deseos porque siente que es su deber denunciar al gobierno.

González afirmó que las fuerzas de seguridad del Estado, que pueden fabricar cargos en contra de sus opositores políticos, por lo regular ejercen control sobre el poder judicial de Cuba. Se trata de una aseveración con la que concuerda la mayoría de los críticos del gobierno, pero que resulta sorprendente viniendo de un hombre que insiste en que todavía es un miembro fiel del Partido Comunista de Cuba y cree en el proyecto de Fidel Castro.

En vista de su declarado apoyo al gobierno, sus palabras son un tanto preocupantes para un país que por lo regular presenta a sus disidentes como mercenarios pagados por Washington.

“No quiero causar problemas”, subrayó González, quien abandonó Cuba en 2018 y ahora reside en Perú, en una entrevista previa. “Pero tomé una decisión: ya basta de cobardías”.

En la conferencia de prensa, González se sumó a la convocatoria pública de Javier Larrondo, un activista que desde hace tiempo ha hablado en contra de Castro y dirige la organización Prisoners Defenders en Madrid, para pedirle al gobierno cubano que respete los derechos civiles.

“Es un golpe importante para el régimen”, señaló Larrondo.

Algunos documentos obtenidos por The New York Times demuestran que, en más de 32.000 casos que van a juicio en Cuba cada año, alrededor del 92 por ciento de los acusados son declarados culpables. Cada año se acusa a unas 4000 personas de ser “antisociales” o “peligrosas”, términos que el gobierno cubano emplea para encarcelar a quienes representan un riesgo para el statu quo, aunque no hayan cometido ningún delito.

Con frecuencia, esas medidas se aplican en contra de jóvenes negros con el propósito de acallar posibles levantamientos sociales, explicó el activista Orlando Gutiérrez en Miami.

Quienes son acusados de ser una amenaza deben someterse a juicios sumarios sin derecho a defenderse ni a presentar pruebas, según comentó González. Los registros muestran que el 99,5 por ciento de los acusados en estos casos son declarados culpables.

Larrondo dio a conocer documentos de los tribunales cubanos en los que consta que decenas de hombres recibieron sentencias de dos a cuatro años de cárcel por delitos catalogados dentro de la amplia definición de “antisocial”, frase que puede aplicarse a ciudadanos desempleados, que no están afiliados a organizaciones civiles asociadas con el Estado, que alteran el orden y acosan a los turistas, o bien que se relacionan con otras personas “antisociales”.

En un caso tras otro, la descripción del delito es idéntica, como si la policía solo cortara y pegara el texto en el reporte de la investigación correspondiente.

Arianna López Roque, de 29 años, dijo que cuando sentenciaron a su esposo, Mitzael Díaz Paseiro, a tres años y medio de cárcel por ser “peligroso” en el distrito judicial de González, el tribunal estaba “completamente militarizado”. No se le permitió tener un abogado defensor y solo se autorizó que asistieran al juicio sus familiares más cercanos.

Los registros muestran que el sistema penitenciario de Cuba tiene a más de 90.000 prisioneros. El gobierno cubano solo ha difundido públicamente esa cifra en una ocasión, en 2012, cuando declaró que había 57.000 presos.

“Lo importante es qué hay detrás de esos números”, comentó González. “Hay gente que está en la cárcel por haber robado harina, porque se dedicaban a hacer pizza y, debido al sistema que tiene en marcha el gobierno, la única manera de obtener harina es si se la compras en el mercado negro a alguien que se la robó al Estado”.

De cualquier forma, González insistió el lunes en que Cuba todavía puede resolver sus problemas internamente, por lo que condenó cualquier interferencia del exterior. “No permitiremos que nadie nos imponga algo; eso debe quedar claro a todos los países. Los cubanos son capaces de encargarse de la situación sin ningún tipo de interferencia”, advirtió.

González también aclaró que nadie debe llegar a la conclusión de que el elevado número de prisioneros en Cuba demuestra que existen fallas tanto en la sociedad como en el sistema judicial. Hizo notar que otros países quizá tengan menos prisioneros, pero en muchos casos se debe a los elevados índices de “impunidad” y a que algunos delitos comunes y violentos nunca llegan a juicio, mientras que Cuba, en contraste, “mantiene el orden social”.

Ni los funcionarios de la embajada de Cuba en Washington ni la judicatura cubana respondieron a nuestras solicitudes de comentarios, como de costumbre.

Eloy Viera Cañive, quien trabaja como analista legal independiente en Cuba, dijo que el Partido Comunista y el Ministerio del Interior siempre tienen la última palabra en lo que se refiere al poder judicial en Cuba.

“Vivimos en un Estado policial en el que el Ministerio del Interior cuenta con una enorme influencia, incluso sobre los jueces”, señaló Viera. “Es imposible que exista una verdadera independencia”.

Después de que Fidel Castro enfermó en 2006, su hermano Raúl Castro asumió la presidencia. En un cambio radical para un país en el que cientos de personas han cumplido largas sentencias de prisión por declararse en contra del Partido Comunista, organizó ayuntamientos comunitarios e hizo saber que los cubanos podían expresar con libertad su opinión acerca de la molesta escasez de alimentos y otras situaciones decepcionantes.

A pesar de que Raúl Castro abandonó el cargo de presidente en 2018, conservó un gran control porque permaneció al frente del Partido Comunista de Cuba. Por este motivo, en parte, González está convencido de que su anuncio podría percibirse como el tipo de crítica constructiva que alentó Raúl Castro.

El año pasado, el antiguo jefe de González, Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, declaró para el periódico oficial Granma que, si bien la administración de justicia en la isla está mejorando, todavía existen “deficiencias”, como retrasos en los juicios, dictámenes equivocados y falta de profesionalismo.

El presidente Miguel Díaz-Canel, en su mensaje a los jueces durante la ceremonia de apertura del nuevo año judicial la semana pasada, dijo que el sistema judicial tiene que “seguir siendo un sistema que se distinga ante todo por su ética, por su transparencia y por el comportamiento honesto de quienes lo integran”.

La apuesta de González es que la crítica pública de alguien que cree en el sistema construido por los hermanos Castro promueva el diálogo entre antiguos enemigos del gobierno cubano y miembros leales que desean ver mejoras en áreas como los derechos humanos.

También tiene la esperanza, en última instancia, de regresar a la isla, donde vive su hija de 14 años, y recuperar su empleo en Villa Clara.

“Mi esposa cree que soy un soñador empedernido”, concluyó González.

c.2020 The New York Times Company