Un grupo de trabajadores de Honduras y México se reúnen en el estacionamiento de un Home Depot, en busca de trabajos de reparación tras el huracán Michael de 2018, en la ciudad de Panamá, Florida, el 23 de septiembre de 2019 (William Widmer/The New York Times)
Un grupo de trabajadores de Honduras y México se reúnen en el estacionamiento de un Home Depot, en busca de trabajos de reparación tras el huracán Michael de 2018, en la ciudad de Panamá, Florida, el 23 de septiembre de 2019 (William Widmer/The New York Times)

CALLAWAY, Florida — Cientos de ellos llegaron el año pasado después de que el huracán Michael pasó por la zona noroeste de Florida, con vientos a una velocidad de 257 kph que partieron pinos por la mitad, destrozaron postes de acero, arrancaron techos y alteraron la vida de las personas. Sin electricidad, agua potable ni donde alojarse, una fuerza de trabajo de respuesta inmediata se dispuso a despejar los escombros.

Durante los meses siguientes, los trabajadores —casi todos provenientes de Centroamérica, México y Venezuela— se esforzaron día y noche en todo el Condado de Bay para reabrir el Ayuntamiento de Panama City, reparar el campus local de la Universidad Estatal de Florida y arreglar los techos dañados de varias iglesias. Aún están trabajando en ciudades como Callaway, donde el 90 por ciento del parque inmobiliario fue dañado por la tormenta categoría cinco de octubre pasado.

La Oficina de Presupuestos del Congreso calcula que 1,2 millones de estadounidenses viven en zonas costeras en riesgo de sufrir daños importantes provocados por los huracanes. La mayor frecuencia y la gravedad de este tipo de desastres ha originado una nueva fuerza de trabajo dedicada a la recuperación y la reconstrucción.

La gran mayoría de los trabajadores son inmigrantes.

Como los peones agrícolas migrantes de antaño que seguían los cultivos, los trabajadores auxiliares van de un lugar afectado a otro. Fueron a Nueva Orleans tras el paso del huracán Katrina, Houston después de Harvey, Carolina del Norte cuando la golpeó Florence, y Florida después de Irma y Michael. Y conforme Estados Unidos enfrenta el clima más extremo provocado por el cambio climático, su sector se ha convertido en una industria en crecimiento.

Lorenzo, un mexicano de 67 años, es experto en elevar y mover casas a terrenos más altos, y tiene fotografías en su celular que lo demuestran. Se trata de mansiones que rescató en Nueva Orleans; Baton Rouge, Luisiana; y Houston.

Sin embargo, desde que llegaron al Condado de Bay durante las semanas caóticas tras el paso del huracán Michael, muchos de los trabajadores inmigrantes han sido explotados por empleadores que no siempre les pagan lo que deben o propietarios que les cobran rentas exorbitantes por sus viviendas temporales. En este rincón relativamente conservador del país, algunos han sido detenidos por asistentes del alguacil y transferidos al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Una casa dañada por el huracán Michael (William Widmer/The New York Times)
Una casa dañada por el huracán Michael (William Widmer/The New York Times)

“A veces no hacemos más que trabajar, confiamos en la gente, y después no nos pagan”, dijo Will, un inmigrante hondureño de 44 años que pidió ser identificado solo por su nombre, pues teme que puedan deportarlo, una preocupación constante para él.

Una ley de Florida aprobada este año exige que las localidades cooperen con las autoridades federales de inmigración. En 2018, 24 inmigrantes fueron transferidos de la oficina del alguacil del Condado de Bay a centros de ICE, la agencia federal que se encarga de las deportaciones. En los primeros tres meses de este año, el periodo más reciente del que se tienen datos, 42 personas fueron transferidas.

El mes pasado, un grupo de inmigrantes que limpiaron dos centros turísticos en los Cayos de la Florida después del huracán Irma en 2017 entablaron una demanda ante el tribunal federal en Miami en contra de una compañía de restauración tras catástrofes llamada Cotton Holdings y contra Daniel Paz, propietario de la firma de reclutamiento. Afirmaron que no les pagaron el salario mínimo ni las horas extra trabajadas. Entre muchas otras tareas, habían despejado escombros, derribado árboles y retirado cartón yeso podrido, según la demanda.

Bellaliz González, una demandante venezolana que entró a Estados Unidos con una visa de turista, dijo en una entrevista que su jefe la amenazó con entregarla a ella y a otros trabajadores a las autoridades de inmigración, cuando se quejaron de que sus cheques de nómina habían sido rechazados.

“Sentí impotencia. Estaban aprovechándose de los inmigrantes que vinieron a trabajar de manera honrada”, comentó González, de 53 años, quien calcula que le deben 2000 dólares y ya ha solicitado asilo en el país.

Sinia, de Honduras, se sienta en el automóvil del que ha estado viviendo durante ocho meses mientras realizaba trabajos de reparación tras el huracán (William Widmer/The New York Times)
Sinia, de Honduras, se sienta en el automóvil del que ha estado viviendo durante ocho meses mientras realizaba trabajos de reparación tras el huracán (William Widmer/The New York Times)

En el Condado de Bay, una organización sin fines de lucro llamada Resilience Force se ha estado reuniendo con trabajadores inmigrantes para tratar de organizarlos y ejercer presión con el fin de mejorar sus condiciones laborales. “Desde Katrina, tenemos una nueva fuerza de trabajo”, le dijo Saket Soni, director ejecutivo de la organización, a una enorme audiencia en una reunión reciente. “Ustedes son esa fuerza de trabajo que reconstruye una ciudad tras otra después del paso de los huracanes”.

En una reunión de los comisionados del Condado de Bay a mediados de septiembre, Soni les pidió que consideraran un decreto que convirtiera en una violación de la ley del condado pagar menos o tomar represalias contra los trabajadores. A la mayoría de los empleados les prometen un sueldo de entre quince y veinte dólares la hora.

“El robo de sueldos es un gran impedimento para la reconstrucción de esta zona del país, y nos gustaría que abordaran este tema en el aniversario del paso del huracán”, señaló.

A la reunión también asistieron trabajadores que compartieron sus historias. Ana Salazar, de 58 años, dijo que había llegado desde Venezuela con sus dos hijos para despejar escombros y dedicarse a la reconstrucción. La inmigrante dijo que representaba a varios trabajadores empleados por Winterfell Construction, propiedad de uno de los comisionados del condado, Tommy Hamm. No habían recibido “ningún pago de la compañía”, comentó llorando mientras relataba su experiencia en español.

Cada vez que los trabajadores no remunerados buscaban una compensación, agregó Salazar, quien portaba un chaleco de seguridad con el logo de Winterfell, los amenazaban con desalojarlos de las viviendas que les habían proporcionado.

Las malezas y el moho crecen en la habitación sin techo de una casa dañada el año pasado por el huracán Michael, en Callaway (William Widmer/The New York Times)
Las malezas y el moho crecen en la habitación sin techo de una casa dañada el año pasado por el huracán Michael, en Callaway (William Widmer/The New York Times)

“No teníamos otro lugar donde vivir”, dijo. “Para comer, debíamos buscar sobras, y comida enlatada en casas abandonadas”. Sesenta trabajadores no recibieron sus pagos, indicó la inmigrante, quien calcula que le deben 6713 dólares.

Varios trabajadores más corroboraron el recuento de Salazar en entrevistas detalladas pero, en una entrevista posterior, Hamm dijo que ni Salazar ni los otros empleados presentes habían trabajado directamente para él. Las compañías de construcción como la suya dependen de varios subcontratistas para reclutar equipos, precisó. “No soy yo quien debía pagarles”, dijo.

Durante un mitin de campaña en mayo en Panama City Beach, a lo largo de la costa del Condado de Bay, el presidente Donald Trump no mencionó específicamente a la fuerza de trabajo itinerante que realizaba gran parte de las reparaciones de la región tras el paso del huracán en un discurso que hizo énfasis en los inmigrantes que se encuentran en el país de manera ilegal.

No obstante, en un país donde siete de cada diez electores apoyaron al presidente en 2016, ha habido poca oposición política a los trabajadores del huracán.

Will, un inmigrante indocumentado de Honduras, levanta una ventana en una casa dañada que él y otros cuatro están alquilando mientras reparan otras casas azotadas por el huracán Michael (William Widmer/The New York Times)
Will, un inmigrante indocumentado de Honduras, levanta una ventana en una casa dañada que él y otros cuatro están alquilando mientras reparan otras casas azotadas por el huracán Michael (William Widmer/The New York Times)

“Hemos tenido muchos trabajadores hispanohablantes. Yo le agradezco a Dios por su presencia. Estaríamos mucho más lejos de la recuperación si no fuera por ellos”, dijo Pamn Henderson, alcaldesa de Callaway quien, como muchos propietarios, está viviendo en un remolque en su patio delantero hasta que se completen las reparaciones de su casa.

Will, el trabajador hondureño, dijo que él y tres colegas inmigrantes estaban pagando 250 dólares cada uno para compartir una choza que había quedado derruida incluso antes de la llegada del huracán Michael. Arreglaron las tuberías, pusieron una puerta nueva en la entrada y remplazaron los grifos y el cabezal de la regadera en el baño. Sin embargo, la peste del moho invadía la cocina, a las ventanas les faltaban los paños y, en lugar del techo, solo había un marco delgado de madera.

Will parecía más avergonzado del estado miserable de su vivienda que de estar pagando de más por vivir en una casa en ruinas. “Podríamos arreglarla muy bien”, dijo, si tan solo el propietario pagara los materiales.

Aun así, con lo que ha ganado por las reparaciones tras el paso de los huracanes a lo largo de los años, construyó una casa para su familia en Honduras, comentó.

De su Ford F-150 azul que estaba estacionado afuera, pulido y brillante, sacó los recibos del dinero que les había enviado.

*Copyright: 2019 The New York Times Company