El resurgimiento de los temores de los fundadores

WASHINGTON — Como era habitual, Alexander Hamilton llegó al meollo del asunto. Cuando los redactores de la Constitución la estaban concibiendo, junto con su facultad de destitución, o “impeachment”, uno de los delitos más graves que tenían en mente era ceder ante lo que Hamilton llamó “el deseo de las potencias extranjeras de obtener una influencia inadecuada en nuestros consejos”.

Para los autores de los estatutos del país, había pocas amenazas más grandes que un presidente vinculado de manera corrupta con fuerzas extranjeras. Por eso, la semana pasada, cuando la Cámara de Representantes inició una investigación de juicio político en torno a las interacciones del presidente Donald Trump con Ucrania, el debate de inmediato se enfocó en uno de los temas más antiguos del experimento democrático de Estados Unidos.

La batalla emergente respecto del futuro de la presidencia de Trump explorará como nunca antes el alcance y los límites de las interacciones de un comandante en jefe con otros países. Sus adversarios hacen eco de los temores de los fundadores al acusar a Trump de haber cometido delitos graves cuando presionó a Ucrania para que revelara información nociva sobre oponentes demócratas mientras bloqueaba la ayuda destinada a ese país. Trump afirma que someterlo a un juicio político afectaría la capacidad de los próximos presidentes de dirigir la política exterior.

A diferencia de las batallas de juicio político que enfrentaron Andrew Johnson, Richard Nixon y Bill Clinton, el debate acerca de Trump se concentra en decidir si un presidente puede solicitar o aceptar ayuda del extranjero para favorecer su situación política y dónde se dibuja la línea entre el interés nacional y los intereses personales.

Poco después de las revelaciones más recientes acerca de la presión que Trump ejerció sobre Ucrania, el senador Chris Murphy, demócrata de Connecticut, denunció lo que llamó “los esfuerzos corruptos del presidente para presionar a una nación extranjera con el fin de favorecer su campaña de reelección”.

“Usar la credibilidad global de Estados Unidos como una ficha para apostar que puede intercambiarse por ganancias políticas, es un abuso de poder intolerable y se opone totalmente al Estado de derecho”.

Trump ha sostenido que fue él quien trató de detener la participación ilícita extranjera en la política estadounidense al presionar al presidente ucraniano Volodímir Zelenski para que analizara si los ucranianos ayudaron a los demócratas durante la campaña presidencial de 2016 e investigara las acusaciones infundadas de corrupción que involucraban al exvicepresidente Joe Biden.

“¡Si esa llamada telefónica perfecta con el presidente de Ucrania no se considera apropiada, entonces ningún futuro presidente podrá hablar JAMÁS con otros líderes extranjeros!”, escribió en Twitter el viernes.

Aunque los redactores de la Constitución quizá jamás habrían imaginado una batalla de juicio político librada con 280 caracteres a la vez, básicamente sí anticiparon un enfrentamiento respecto de la influencia extranjera en un presidente estadounidense. De hecho, durante los primeros años de la república, uno de los temores más dominantes entre la clase política era caer presa de las garras de otras potencias.

“Había una preocupación, incluso paranoia, sobre la intervención extranjera, sobre el momento en que una antigua potencia pudiera aprovecharse de las personas que no comparten los intereses de un nuevo país”, comentó Corey Brettschneider, profesor de Ciencias Políticas y académico en materia de la Constitución en la Universidad Brown, autor de “The Oath and the Office”.

Los redactores lo expresaron explícitamente al agregar a la Constitución lo que ahora se conoce como la cláusula de los emolumentos, la cual prohíbe pagos o regalos de otros países a un presidente u otro funcionario federal electo: “Ninguna persona que tenga un cargo retribuido o de confianza podrá aceptar ningún regalo, emolumento, cargo ni título, de ninguna índole, de manos de ningún rey, príncipe o Estado extranjero sin el consentimiento del Congreso”.

La cláusula, alguna vez un elemento olvidado de la Constitución, ha ganado un nuevo nivel de reconocimiento popular en la era de Trump conforme muchos detractores del presidente libran batallas legales argumentando que ha violado la cláusula de los emolumentos debido a los hoteles y complejos turísticos de su propiedad que son frecuentados por jeques mediorientales y otros potentados extranjeros.

En efecto, toda la presidencia de Trump se ha visto eclipsada por cuestiones de vínculos extranjeros. El fiscal especial, Robert Mueller, concluyó su investigación diciendo que no había encontrado suficientes pruebas para establecer una conspiración criminal entre Rusia y la campaña presidencial de Trump en 2016, pero esa fue una resolución legal limitada.

El concepto de destitución fue adoptado del Reino Unido, donde había habido muchos problemas de política exterior relacionados con sobornos, tratados e insensatos matrimonios reales arreglados a lo largo de los años.

“Los errores de política exterior o la corrupción de la política exterior son un gran componente de los precedentes de destitución británica que los redactores tenían en mente”, dijo Frank O. Bowman III, profesor de Derecho de la Universidad de Misuri y autor del nuevo libro “High Crimes and Misdemeanors”.

El temor de las potencias extranjeras también animó el diálogo acerca de la destitución. Los delegados que se reunieron en Filadelfia en 1787, quienes buscaban remplazar los disfuncionales Artículos de la Confederación, querían crear una rama ejecutiva más fuerte, pero no a un rey inmune a la rendición de cuentas. El desafío era averiguar qué provocaría la aplicación del remedio más radical: la remoción del cargo.

Al principio, los delegados adoptaron una frase de Hugh Williamson de Carolina del Norte en la que un presidente “podría expulsarse mediante un juicio político y una condena de malas prácticas o negligencia del deber”, una frase tan general que permitía al Congreso expulsar a la cabeza del poder ejecutivo no solo por corrupción, sino por ineficacia, algo más parecido a un primer ministro que pierde un voto de confianza.

Para algunos delegados, esa era una medida excesiva, y el debate se reabrió. Lo que querían evitar, entre otras cosas, era a un presidente que abusara de su poder para favorecer sus intereses personales, y prevenir que un presidente subordinara el bien nacional a los intereses extranjeros era una de las prioridades.

James Madison temía que un presidente “revelara su confianza en las potencias extranjeras”, mientras que el gobernador Morris de Pensilvania, que primero se opuso a la inclusión de una cláusula de juicio político, estuvo de acuerdo en que debían tener recursos para enfrentar “el peligro de ver que un agente extranjero le paga a un primer magistrado”.

Por eso crearon una cláusula que le daba al Congreso el poder de destituir a un presidente “por traición o cohecho”.

George Mason de Virginia argumentó que era una cláusula demasiado limitada; había muchos abusos que no equivalían a una traición: propuso añadir la palabra “mala gestión”. Pero, de nuevo, a Madison le pareció un término demasiado general, y se quejó de que eso significaría que el presidente básicamente estaba a merced del Senado.

Mason sugirió entonces la frase “otros graves delitos y crímenes”, el consenso que se aceptó.

Sin embargo, los estadounidenses han estado debatiendo desde entonces qué constituye un delito grave. De nuevo, los redactores tenían en mente los vínculos ilícitos con potencias extranjeras. Durante la convención de ratificación de Virginia, Edmund Randolph relacionó la destitución con el dinero extranjero, y dijo que un presidente “puede ser destituido” si se descubre que “recibió emolumentos de potencias extranjeros”. Otros sugirieron que mentirle al Senado sobre información relacionada con tratados extranjeros también justificaría una destitución.

Esa seguiría siendo una de las preocupaciones de los primeros líderes del país. En su discurso de despedida, George Washington habló de “los ardides insidiosos de la influencia extranjera”, y dijo que ese era “uno de los enemigos más nefastos del gobierno de la república” y animó a Estados Unidos a “alejarse de las alianzas permanentes con cualquier agente extranjero”. Thomas Jefferson hizo eco de esa advertencia en contra de “establecer alianzas” con poderes extranjeros.

La única destitución relacionada con la política exterior fue la de un senador, William Blount, a quien acusaron en 1787 de conspirar para transferir partes de Florida y el territorio de Luisiana al Reino Unido. La Cámara de Representantes votó a favor de someter a Blount a un juicio político, pero él escapó a Washington y el Senado optó por expulsarlo en vez de condenarlo en un juicio.

Tan solo 232 años después, el Congreso y el país enfrentarán otra vez la pregunta de dónde se dibuja la línea entre los intereses nacionales y los intereses políticos personales.

*Copyright New York Times 2019