La sala del juzgado en McAllen, Texas, donde compareció M. M. U. T. (New York Times)
La sala del juzgado en McAllen, Texas, donde compareció M. M. U. T. (New York Times)

MCALLEN, Texas — La mujer temblaba en el estrado. No levantó la cabeza y evitó mirar al hombre sentado en la mesa para los acusados, a unos cuantos metros de ella.

Estaba en la sala del juzgado en la ciudad fronteriza de McAllen, Texas. Se le identificó solo con sus iniciales, M. M. U. T. Declaró que venía de Honduras y que los traficantes que la ayudaron a cruzar la frontera la habían llevado junto con una decena más de migrantes a una casa usada como escondite en McAllen. El hombre a cargo de la casa era conocido como el Gordo.

La mujer contó que cuando una de las migrantes escapó de la casa una mañana, el Gordo obligó a M. M. U. T. a ir con él en su camioneta a buscar a la mujer prófuga. La condujo hasta un tráiler vacío a cierta distancia de donde se encontraban.

"Me violó", declaró.

Su declaración, casi un susurro, fue un momento fugaz de 2017 en uno de los juzgados federales con mayor actividad de la frontera suroeste de Estados Unidos. Pero el momento también fue representativo del movimiento #MeToo para un grupo de mujeres cuya larga historia de ser sometidas a abusos sexuales ha quedado en su mayoría impune durante décadas. Las mujeres indocumentadas rara vez tienen la posibilidad de enfrentarse a sus violadores en un tribunal. Los ataques prácticamente no se denuncian; cuando sí se acusa, casi nunca se encuentra a los responsables.

Este caso fue distinto: la víctima había aceptado testificar y el hombre que la había atacado estaba bajo custodia en espera de un juicio por otro delito. Así que Adán Hernández Núñez, de 31 años, estaba sentado frente a su acusadora en el juzgado.

Además, la persona en la posición del juez nació en la región fronteriza de Texas y era hija de campesinos migrantes.

"Sobre todo quería que ella sintiera que este tribunal la había escuchado como ser humano", declaró la jueza Micaela Alvarez en una entrevista después de la audiencia.

Después de que M. M. U. T. hizo su declaración, el fiscal federal Alexandro Benavides la exhortó a continuar con su relato. "Mientras eso ocurría, ¿le dijo algo?", preguntó.

"Me dijo que si alguna vez lo contaba me iba a matar", contestó la mujer.

Se quedó callada. "Tengo miedo", dijo en una voz apenas audible.

La jueza Alvarez le aseguró a la testigo que en la sala había policías federales para mantener a salvo a todos.

La jueza Alvarez ya había visto casos como este antes, aunque no había presidido muchos. Antes de ser nombrada por el presidente George W. Bush para presidir el Juzgado de Distrito Sur de Texas, en 2004, Alvarez había sido trabajadora social de la oficina de Servicios de Protección Infantil de ese estado. Nació en el pueblo fronterizo de Donna, no lejos de ahí. Es de las veintinueve magistradas de ascendencia latinoamericana en el poder judicial federal estadounidense, fuera de cientos de jueces en todo el país.

"Tómate todo el tiempo que necesites", le dijo Alvarez a M. M. U. T. "Te aseguro que estás a salvo aquí".

Cuando la testigo parecía estar lista para seguir hablando, el fiscal Benavides le preguntó si veía al hombre al que apodaban el Gordo en la sala.

"Es él", dijo, y señaló a Hernández Núñez.

Luego M. M. U. T. comentó, otra vez: "Tengo miedo".

Comenzó a llorar. La jueza Alvarez abandonó su asiento en el estrado, caminó hacia donde se encontraba la testigo y se agachó a su lado. Llamó al abogado de Hernández Núñez para que pudiera escuchar lo que le decía.

Más tarde, en la entrevista, Alvarez afirmó que esa fue la primera vez en sus catorce años como jueza federal que había dejado su asiento para consolar a alguien que testificaba.

Hernández Núñez ya se había declarado culpable de resguardar a un inmigrante indocumentado y estaba condenado a la prisión federal; el tema en esa audiencia era decidir por cuánto tiempo sentenciarlo.

Los fiscales esperaban una condena más estricta debido a la acusación de violación. No obstante, Hernández Núñez, ahora de 32 años, se declaró no culpable de la violación y los investigadores no pudieron ubicar la casa de seguridad donde M. M. U. T. dijo haber estado retenida ni el tráiler donde indicó que había ocurrido la violación.

El abogado del hombre, Norman E. McInnis, un defensor de oficio del juzgado federal, le recordó a la jueza que los investigadores habían desestimado los cargos de abuso sexual contra su cliente en el juzgado estatal. "Si realmente hubieran creído que era una injusticia, podrían haber aplicado otros cargos", mencionó.

La jueza Alvarez, después de escuchar los argumentos de ambos lados, dijo que la víctima le parecía creíble. Y agregó que la mujer no era la única: últimamente, comentó, había presenciado denuncias por abuso sexual que varias mujeres migrantes presentaban y comenzaban a romper el silencio sobre un ataque que por mucho tiempo había sido parte del precio de cruzar ilegalmente la frontera a Estados Unidos.

"No sé si se deba a que esos casos han aumentado o tal vez a que las víctimas están más dispuestas a hablar ahora porque tienen un poco menos de miedo de hacerlo", manifestó. "Es evidente que la víctima aquí presente, como vieron, está muy asustada".

La jueza Alvarez comentó que le parecía que la condena recomendada en los lineamientos de sentencias federales, de dos años y medio de prisión, era poco tiempo. Lo sentenció a cuatro.

* Copyright: 2019 The New York Times News Service