(Reuters)
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Cualquiera que busque evidencias de lo irracional que puede ser la política que vea el caso de Cataluña en este momento.

A principios de este mes, los separatistas catalanes del Parlamento español votaron en contra de la propuesta de presupuesto nacional de 2019 del presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, por lo que se organizaron elecciones parlamentarias anticipadas, que se celebrarán a finales de abril. Los separatistas estaban tomando represalias contra Sánchez porque no aceptó el referendo por la independencia catalana. El último referendo, organizado en octubre de 2017 —declarado ilegal por el Tribunal Constitucional de España y boicoteado por quienes se oponían a la independencia—, hundió a España en su crisis política más severa desde la muerte del general Francisco Franco en 1975.

Al forzar al gobierno a convocar elecciones anticipadas y, con ello, a encaminar a la posible caída del gobierno de Sánchez —quien llegó al poder en junio después de una votación de censura contra el entonces presidente de España, Mariano Rajoy, del conservador Partido Popular—, los separatistas catalanes parecen estar dispuestos a perder la mejor posibilidad que han tenido en décadas de propiciar la autonomía catalana.

El gobierno de Sánchez ha apoyado el diálogo con los separatistas catalanes; les dio puestos prominentes a muchos catalanes en su gabinete, como a Meritxell Batet, ministra de Política Territorial y Función Pública de España, y acordó un aumento importante del gasto público en Cataluña en 2019. Incluso autorizó charlas acerca de enmendar la constitución española para ampliar la autonomía de todas las regiones de España.

Estas victorias podrían esfumarse rápidamente si el Partido Popular regresa al poder, algo que, al parecer, los separatistas sabían cuando votaron en contra de la propuesta de presupuesto. El diario El País informó que los líderes separatistas votaron "con expresiones sombrías" porque sabían que muy probablemente estaban contribuyendo al ascenso de un nuevo gobierno que podría volver a otorgarle a Madrid el control directo de Cataluña, como lo hizo el gobierno de Rajoy en 2017.

En efecto, hay probabilidades de que un nuevo gobierno de derecha en Madrid se vuelva aún más intolerante al separatismo catalán de lo que era el de Rajoy.

Desde la salida de Rajoy, el Partido Popular ha endurecido su postura frente al separatismo catalán, en buena medida debido al ascenso de Vox, un nuevo partido de extrema derecha que en diciembre causó revuelo en las elecciones regionales en Andalucía, cuando obtuvo doce curules en el parlamento andaluz gracias a un discurso que combinó la retórica antinmigrante con una línea dura sobre la crisis de Cataluña. Vox incluso ha hecho un llamado a favor de abolir por completo el sistema de autonomía regional de España y de prohibir que haya partidos políticos separatistas.

¿Por qué los separatistas habrían de querer ese resultado? Por el simple hecho de que aún no hay un camino viable para asegurar la independencia catalana. Desde 2011, tanto el gobierno conservador como el socialdemócrata en Madrid han rechazado un referendo de independencia para Cataluña autorizado por el Estado. Así que los separatistas catalanes ahora están apostando a la victimización política como la mejor estrategia para reiniciar el proyecto de independencia. Para lograrlo, necesitan presentar a Cataluña como la víctima de la opresión brutal de Madrid, con la esperanza de que así puedan obtener el apoyo internacional que necesita su causa.

Carles Puigdemont, quien era presidente de Cataluña hasta que escapó a Bélgica —donde está actualmente— para huir de la persecución de las autoridades españolas por haber declarado que Cataluña es una república independiente, ha estado aprovechando la violencia desatada por el referendo de 2017 para demostrar que Madrid está dispuesto a tomar medidas excesivas con tal de negarles a los catalanes el derecho a la autodeterminación. En un viaje reciente a Estados Unidos, Quim Torra, el sucesor de Puigdemont, acusó al gobierno español de violar los derechos civiles y políticos en Cataluña y de haber encarcelado a "prisioneros políticos". En casa, los separatistas catalanes han dicho que el juicio que comenzó este mes de los doce organizadores del referendo ilegal acusados de rebelión y sedición es una persecución del nacionalismo catalán.

Pero para que la estrategia de victimización tenga éxito, los separatistas necesitan una mejor contraparte que Sánchez y su gobierno socialista. En vez de diálogo y compromiso, los separatistas parecen desear la intolerancia y la intransigencia, quizá incluso una dosis de violencia. En otras palabras, quieren un gobierno del Partido Popular respaldado por Vox y Ciudadanos, un partido de centro-derecha de Cataluña que se opone con vehemencia a la independencia catalana.

A consecuencia de la fragmentación del sistema de partidos en España, los resultados de una elección que está a más de un mes son difíciles de predecir. Sin embargo, dadas las encuestas recientes, es fácil imaginar que el Partido Popular —con el apoyo de Ciudadanos y Vox— pueda desplazar a Sánchez.

Las consecuencias de una coalición de gobierno encabezada por el Partido Popular y que incorpore a Vox se extenderían más allá del asunto de Cataluña. Sería la primera vez que la extrema derecha se encargara del gobierno español desde la muerte de Franco, y los estragos para la democracia española serían enormes. Podría poner en riesgo los derechos de las mujeres, los inmigrantes y la comunidad LGBT, obtenidos después de tan arduos esfuerzos. También podría desatar una ola de nacionalismo no vista en España desde el régimen franquista, una que socavaría el gobierno regional no solo de Cataluña, sino también de otras regiones, como el País Vasco.

Permitir el ascenso de la extrema derecha en el gobierno también sería una afrenta a los valores tradicionales del movimiento nacionalista catalán. Desde la transición a la democracia, este movimiento ha dado más prioridad a la autonomía catalana que a su independencia. Su ala progresista, representada por Esquerra Republicana, un partido político fundado en la década de los treinta, tiene un historial de defensa de los derechos de las mujeres, los trabajadores y las minorías sexuales.

Los separatistas también deben considerar que no está nada claro si un gobierno de derecha podrá hacer que la región se acerque más a la independencia. De hecho, el resultado de la estrategia de victimización en Cataluña podría ser la debilitación de la democracia en toda España.

Omar G. Encarnación es profesor de estudios políticos en el Bard College y autor de "Democracy without Justice in Spain: The Politics of Forgetting", entre otros libros.

* Copyright: 2019 The New York Times News Service

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