Denuncia constitucional contra Pedro Castillo: ¿Qué pasos siguen en el caso por presunta red criminal?

La denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo fue aprobada, el último miércoles 16, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC). El grupo de trabajo, presidido por la congresista Lady Camones (Alianza Para el Progreso), con trece votos a favor, ocho en contra y cero abstenciones.

La mencionada acusación fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y sindica al mandatario como el líder de una supuesta organización criminal enquistada en el Gobierno. Castillo también enfrenta los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión.

Aprobada esta denuncia, el documento de la acusación deberá ser enviado a la Comisión Permanente para ratificar la medida, además, se tendrá que brindar un periodo de quince días para desarrollar un informe de calificación de hechos.

Asimismo, superadas estas etapas, se suscitarán distintas audiencias entre los órganos parlamentarios correspondientes y el actual Jefe de Estado; este podrá acudir con sus representantes legales.

Este proceso puede tomar algunos meses debido a los procedimientos correspondientes entre la SAC y la Comisión Permanente. Posterior a ello, de llegar la denuncia al Pleno y aprobarse, levantándose la inmunidad presidencial, la acusación regresará al Ministerio Público.

En este escenario, el expediente con la acusación será evaluada por Benavides Vargas, autoridad máxima de la entidad pública, para que se proceda como corresponde según lo establecido en la Constitución. A esta etapa le seguirá la presentación de la acusación formal contra Pedro Castillo ante el Poder Judicial.

Por otro lado, cabe mencionar que el Jefe de Estado también enfrenta una denuncia constitucional por presunta traición a la patria, ya aprobada en la SAC, debido a sus declaraciones en torno a cederle parte del territorio marítimo a Bolivia.

“Lo dije en un evento (sus comentarios sobre Bolivia), cuando aún no se me pasaba (por la cabeza) ser candidato (a la presidencia de la república) (…) Es una idea, ahora nos pondremos de acuerdo, le consultaremos al pueblo; para eso se necesita que el pueblo se manifieste”, afirmó el mandatario en una entrevista a inicios de este año.

La presunta red delincuencial liderada por el mandatario alberga a distintos funcionarios y exfuncionarios de su gestión, así como a diversos miembros de su familia, según la hipótesis elaborada por el Ministerio Público.

En la cúpula se sindica como uno de los cabecillas al exministro Geiner Alvarado, extitular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento entre julio del 2021 y agosto del presente año. Cabe precisar que el exfuncionario regresó al Gabinete Ministerial, liderado por el premier Aníbal Torres, como ministro de Transportes y Comunicaciones entre agosto y septiembre de este 2022.

La fiscalía acusa a Alvarado de aumentar los presupuestos a los municipios, mediante el decreto de urgencia 102-2021, para direccionar distintas obras en licitaciones públicas fraudulentas a constructoras “fachadas”.

La primera dama, Lilia Paredes; así como sus hermanos David Paredes Navarro y Walther Paredes Navarro, son sindicados como coordinares. Le siguen en el esquema fiscal Yenifer Paredes, cuñada e hija adoptiva de Pedro Castillo, como testaferro.

Los operadores de esta presunta red, según la tesis fiscal, son Víctor Culqui Puerta, alcalde de Chachapoyas; César Castillo Cabrera, alcalde de Chadín; José Medina Guerrero, alcalde de Anguía (Chota, Cajamarca) y los hermanos Hugo Espino Lucana y Anggi Espino Lucana.

Además, se presume que las empresas de fachada que operó la organización fueron JJM Espino Ingeniería y Construcción S.A.C y Destcon Ingenieros y Arquitectos S.A.C.

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