Elvia Barrios considera que proyecto del Ejecutivo que penaliza filtraciones tiene un “propósito subalterno”

La presidenta del Poder Judicial cuestionó que la medida afecte la labor de los periodistas que investigan casos de corrupción.

Magistrada Elvia Barrios Alvarado llama a la participación activa de las entidades involucradas en este tema. Foto: Andina
Magistrada Elvia Barrios Alvarado llama a la participación activa de las entidades involucradas en este tema. Foto: Andina

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, enfatizó que detrás de la propuesta del Poder Ejecutivo, que que plantea sancionar hasta con cuatro años de cárcel a jueces y fiscales que filtren información sobre investigaciones en curso, existe un “propósito subalterno” que sin duda apunta al trabajo de los periodistas que indagan sobre casos de corrupción.

En entrevista con el diario El Comercio, la magistrada señaló que el Código Procesal Penal “establece que las investigaciones tienen el carácter de reservadas”. En esa línea, indicó que en el en caso de que un juez o un fiscal incumpla esa disposición “es sometido a un proceso disciplinario” que puede llevar hasta la destitución del cargo.

Por esa razón, Barrios se hizo la pregunta cuáles son las razones “por las que a estas alturas se pretende criminalizar este comportamiento” cuando, precisamente, se indagan casos relacionados al régimen de Pedro Castillo.

“La postura nuestra es que consideramos que, en primer lugar, es inadecuado, porque ya hay una sanción. Y lo segundo es que consideramos que tras este proyecto hay un propósito subalterno, porque hay que reconocer el trabajo importante que históricamente ha realizado la prensa para develar serios actos de corrupción”, señaló.

La titular del Poder Judicial mencionó que si un comportamiento se criminaliza de un juez o fiscales en este caso por “línea de participación en un delito también puede incluirse a instigadores”, grupo en el que puede incluirse a los periodistas. “Además, puede vincularse a un tema de complicidad, el que colabora con el evento delictivo, y también puede ser materia de una sanción penal”, apuntó.

MORDAZA

Como se sabe, desde el Ejecutivo se ha mostrado una defensa a la propuesta para sancionar la filtración de información, así como aquellos cercanos al gobierno de turno desde el Congreso como lo es la bancada de Perú Libre.

El ministro de Cultura, Alejandro Salas, aseguró que se mantendrá el respeto hacia la libertad de expresión y aseguró que lo propuesto no pretende sancionar a los medios de comunicación. Sin embargo, quienes sí estarían en peligro son los jueces y fiscales que participan de las investigaciones reservadas.

Este proyecto de ley no incluye a los medios de comunicación. Que un medio de comunicación obtenga una información y la pueda difundir porque considera que es parte del interés público, es talento y es trabajo del periodista, el periodista no tiene acá nada que ver. La libertad de expresión se va a respetar siempre en este Gobierno”, dijo

El vocero del grupo parlamentario oficialista, Waldemar Cerrón, mostró un férreo respaldo al proyecto de ley presentado recientemente, llegando a señalar que se busca proteger “la integridad” de aquellos que son denunciados ante las autoridades.

Me parece correcto al 100%, no se le quita la libertad de expresión a nadie, lo que se está salvaguardando es la integridad de todos los peruanos que son denunciados y luego de que se les demuestra la inocencia y nadie les devuelve el honor”, señaló Waldemar Cerrón.

Si yo escribo algo, soy el responsable, entonces si hay una acusación fiscal y se esta escribiendo sobre eso entonces debe publicarse de manera abierta, cualquier diario que se anexe a la fiscalía y el fiscal publique la carpeta de manera abierta y se haga responsable”, agregó en conversación con la prensa.

Lo cierto es que gremios de prensa como el Instituto de Prensa y Sociedad, el Consejo de la Prensa Peruana, la Asociación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas del Perú y la Federación Nacional de Periodistas han rechazado esta propuesta del Gobierno que atenta contra la libertad de información. De igual manera, la Defensoría del Pueblo se ha unido a la protesta.

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