Dina Boluarte presenta pedido ante la CIDH para suspender la acusación constitucional en su contra en el Congreso

La vicepresidenta es procesada por haber ocultado que hacía gestiones a favor del Club Departamental Apurímac a pesar de que la ley se lo prohíbe.

Debido al avance de la denuncia constitucional en su contra, la vicepresidenta Dina Boluarte presentó un pedido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que solicite al Estado peruano a que suspenda este proceso que es llevado a cabo por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República.

Según el diario El Comercio, Boluarte recurrió a la CIDH para denunciar que se ha vulnerado el debido proceso en la acusación por haber realizado gestiones a favor del Club Departamental Apurímac cuando ya era ministra de Desarrollo e Inclusión Social tal como la Contraloría General de la República lo denunció en un informe.

En su escrito ante la instancia internacional, la vicepresidente sostiene que el proceso de la SAC tiene que quedar sin efecto porque se trasgredió con sus acciones los artículos 38 y 126 de la Constitución, y por los supuestos delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, y aprovechamiento indebido del cargo.

Pedido de Dina Boluarte ante la CIDH.
Pedido de Dina Boluarte ante la CIDH.

Alberto Otarola, abogado de Boluarte, también ha solicitado medidas cautelares y denunció al Congreso ante la CIDH en junio pasado. En esa línea, el recordado exministro de Defensa del expresidente Ollanta Humala sostiene que la oposición parlamentaria intenta “hacerse con el poder y revertir la derrota” que sufrió en las urnas en las elecciones presidenciales pasadas.

Otro argumento que Otarola también apunta es que se busca forzar la destitución e inhabilitación de Boluarte mediante el uso indebido de informes administrativos. Por ello, reveló que el informe de la Contraloría fue enviado en su totalidad al Parlamento, en cambio a la vicepresidenta solo le habría llegado tres paginas.

Por lo pronto, la CIDH ya tuvo una primera movida en el pedido de Boluarte al solicitar al Estado peruano a que le remita toda la información que considere oportuna sobre este caso. El pedido se realizó el pasado 30 de junio mediante un oficio enviado al canciller César Landa.

DENUNCIA

Como se recuerda, la Comisión Permanente del Congreso de la República declaró procedente la denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte.

El grupo de trabajo ofreció 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presentar el informe final contra la abogada por una posible infracción constitucional porque, supuestamente, realizaba labores como presidenta del Club Departamental Apurímac cuando ya ostentaba el cargo público. La iniciativa fue aprobada con 22 votos a favor y cero abstenciones.

Boluarte manifestó, el pasado 17 de junio durante la entrega de alimentos de Qali Warma a la Municipalidad de El Porvenir, en Trujillo, que el pedido de inhabilitación en su contra era similar a un golpe de Estado y que ella no había hecho “absolutamente nada malo”.

Además, la vicepresidenta sostuvo que iba esperar la notificación de la Subcomisión para ofrecer sus declaraciones, pues consideró que buscar un tema para inhabilitarla de su cargo “es un tema política”. “Los congresistas demócratas que tenemos en el congreso en su oportunidad valorarán mis declaraciones”, resaltó.

CUESTIONADOS

Hay que mencionar que Boluarte no solamente ha sido cuestionada por la gestiones a favor de este club privado, sino por su actitud reacia a reconocer que sus actuales viceministros María Abigunza Tarazona, de Políticas y Evaluación Social, y William Ciro Contreras, de Prestaciones Sociales, no cuentan con la experiencia debida para estos cargos tal como se señaló en un informe de la Contraloría General de la República.

En un comunicado, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social salió en respaldo de sus funcionarios. “El 16 de marzo de 2022, la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH) del Midis sustentó técnica y jurídicamente que ambos viceministros cumplen con la experiencia general y específica requerida para ejercer el cargo, de acuerdo con lo requerido por la Ley n.° 31419″, se lee.

Asimismo, el comunicado señala que los funcionarios cuestionados cumplen con los criterios establecidos en el reglamento para ejercer cargos directivos públicos en el gobierno nacional.

“Teniendo en cuenta los criterios señalados en el reglamento, y en cumplimiento del procedimiento de adaptación que dicha norma exige, el 18 de junio de 2022, la OGRH emitió los informes de evaluación correspondiente, ratificando, entre otros aspectos, que ambos viceministros cumplen con el perfil establecido en la Ley N° 31419, así como en su Reglamento”, añaden en el pronunciamiento.

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