Gobierno plantea que altos funcionarios puedan ser denunciados ante la Corte Suprema

La iniciativa propone que se modifique los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú.


Corte Suprema del Perú
Corte Suprema del Perú

El Gobierno presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que propone que la Fiscalía de la Nación pueda denunciar de oficio o de parte, ante la Corte Suprema, a los altos funcionarios públicos por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

La norma propone modificar los artículos 99 y 100 de la Constitución Política, los cuales establecen los mecanismos del antejuicio político y el rol del Congreso en este proceso. Esta iniciativa fue refrendada por el presidente Pedro Castillo y el titular del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres.

El proyecto plantea que los altos funcionarios del Estado pueden ser acusados por el fiscal de la Nación “de oficio o a pedido de parte, ante la Corte Suprema por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, inclusive hasta cinco años después de que los altos funcionarios hayan cesado en sus cargos”.

Las modificaciones planteadas apuntan a establecer que la Corte Suprema de Justicia sea la instancia que determine si procede el antejuicio político, entendido este como paso previo para declarar procedente un eventual y posterior juzgamiento penal de altos funcionarios enlistados.

De esta manera, “la determinación sobre si hay mérito a formación de la causa penal corresponde a una comisión especial conformada por tres jueces titulares con mayor antigüedad en el ejercicio del cargo de la Corte Suprema de Justicia.

¿QUÉ FUNCIONARIOS SERÍAN INVESTIGADOS?

Los funcionarios comprendidos en este grupo son: el presidente de la República, congresistas, ministros, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia; magistrados de la Corte Suprema, fiscales supremos, le Defensor del Pueblo y el Contralor General.

Actualmente, los referidos altos funcionarios tienen derecho al antejuicio en el Congreso, en donde se les puede inhabilitar hasta por diez años.

“La determinación sobre si hay mérito o formación de causa penal corresponde a una comisión especial conformada por los tres jueces o las juezas titulares con mayor antigüedad en el ejercicio del cargo de la Corte Suprema de Justicia”, indica la propuesta.

En caso de que la Corte Suprema determine que la denuncia tiene lugar, entonces, lo actuado deberá ser remetido a la Fiscalía de la Nación para la formalización de la investigación penal ante el juez supremo penal.

Si hubiera formación de causa penal, se remiten los actuados a la Fiscalía de la Nación para formalizar la investigación penal correspondiente ante el juez supremo penal. No podrán participar en esta etapa los magistrados que intervinieron en la fase anterior del proceso, se indica.

Según el proyecto de ley, con esta propuesta se fortalecería el mecanismo del antejuicio político, estableciendo plena garantía para el debido proceso, la independencia y la imparcialidad, se indica en la argumentación del proyecto de ley.

En el proyecto se indica que, tras la eventual aprobación de la modificación constitucional propuesta, deberá de establecerse vía los mecanismos legislativos correspondientes, que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá comunicar al funcionario denunciado los hechos que se le atribuyen.

También se deberá de precisar que los congresistas que integran dicha instancia, no pueden participar cuando la Comisión Permanente conozca la acusación constitucional correspondiente.

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