Las Convenciones de las Naciones Unidas y la democracia peruana

Perú es una nación que parecía haber conjurado el impacto de la dimensión política sobre el crecimiento económico. Por décadas, las difíciles transiciones políticas no afectaron el ritmo expansivo de su economía. Pero esta etapa ha quedado atrás. La excesiva fragmentación de la política inducida por reformas constitucionales inspiradas en el parlamentarismo ha terminado por afectar el rendimiento de la economía y la confianza de los inversores.

Luego de producirse el fallido golpe de estado liderado por uno de los jefes de Estado más ineptos que haya conocido la historia de la humanidad, y que el parlamento haya procedido a destituirlo, el país está siendo sacudido por una ola de destructiva violencia protagonizada por los seguidores de Pedro Castillo. Cinco aeropuertos han sido destruidos, fundos agrícolas quemados y almacenes y maquinarias de trabajo vueltos cenizas. En la revuelta más de cincuenta personas han perdido la vida y la Presidenta vive bajo asedio.

Y mientras se desarrolla este caos, en el Perú los organismos regionales e internacionales encargados de mantener la paz y proteger la democracia se han desvanecido en declaraciones cacofónicas que solo sus redactores comprenden. Y lejos de echar mano de los instrumentos que confiere el derecho internacional para combatir las amenazas al estado de derecho, estas organizaciones sirven de escudo protector a los violentos. Y estos amparados en esa protección continúan la tarea de debilitar los pilares de la democracia peruana.

El grado de destrucción que los partidarios de Castillo han perpetrado en el Perú perfectamente encaja en la tipificación de actividades terroristas que hace la Convención de las Naciones Unidas contra el Terrorismo. Por ende, este sería el instrumento a aplicar para restablecer el orden en el Perú.

De otra parte, el financiamiento de los grupos de protesta comienza a revelar cercanías inquietantes con grupos dedicados al trafico de ilícitos. La presencia de Evo Morales en territorio peruano alentando a los líderes de la protesta y repartiendo recursos para encender la llama del terror, facilitaría la invocación de otro instrumento creado para combatir el crimen organizado. Se trata de la Convención de Palermo o Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional cuyo marco permitiría enjuiciar a Morales.

Sin embargo, nada de esto se habla en los pasillos de los organismos como la OEA y las Naciones Unidas que probablemente prefieran dejar sucumbir otra democracia a iniciar una lucha larga y dura contra las diversas formas de conducta irregular que están minando los sistemas democráticos no consolidados. Y, para colmo, tampoco las organizaciones de la sociedad civil democrática han identificado estos instrumentos del derecho internacional como los escudos de protección de la democracia peruana. Entumecida como está ante la ola de violencia, la mayor parte de esa sociedad civil se ha refugiado en sus hogares a la espera de que alguna negociación política conjure el caos. Lamentablemente si no se actúa de inmediato por la vía de la aplicación de estas convenciones, la horadación de la democracia peruana va a continuar hasta que sucumba.

Seguir leyendo: