Paz, 20 años, 4 procesos

El acuerdo alcanzado por el ex presidente Juan Manuel Santos deja lecciones importantes que Gustavo Petro debería tomar en cuenta

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FOTO DE ARCHIVO: El ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (c-i) y el máximo líder de FARC, Rodrigo Londoño(c-d), alias "Timochenko", se saludan tras firmar el acuerdo de paz, el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena (EFE)
FOTO DE ARCHIVO: El ex presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (c-i) y el máximo líder de FARC, Rodrigo Londoño(c-d), alias "Timochenko", se saludan tras firmar el acuerdo de paz, el 26 de septiembre de 2016, en Cartagena (EFE)

Por invitación de la Fundación Brenthurst tuve la oportunidad de presentar una análisis de los últimos 20 años y sus respectivos procesos de paz en Colombia. Qué falló, qué funcionó y qué lecciones hay para futuros procesos.

El primer proceso es del Presidente Pastrana con las FARC entre 1998 y el 2002. Que tuvo varias características. Fue un proceso abierto a los ciudadanos. Muy público y por ende con apropiación tanto positiva como negativa del ciudadano en general. Se dio en medio del mejor momento militar de las Farc y el peor de las fuerzas de seguridad del Estado por tanto era muy difícil su éxito. Dado el estado de las condiciones políticas y militares se aceptaron condiciones como el despeje que luego le harían gran daño al proceso y la agenda fue tan minuciosa en tantos temas que era inviable consolidar avances.

Pastrana tuvo a bien tener un Plan B, el plan Colombia, que luego fue instrumento fundamental en los éxitos de la política de seguridad del siguiente gobierno, el de Álvaro Uribe Vélez en el que yo fui vicepresidente durante los ocho años. Igualmente el proceso de paz de Pastrana dejó en claro dos cosas: la primera que las FARC no fueron a negociar sino a fortalecerse y dos que la sociedad, el Estado y la democracia colombiana estaban dispuestas a hacer un proceso generoso de paz. Este proceso sin duda legitimó la política de seguridad del siguiente gobierno que cambió el balance militar de empate positivo a favor de las FARC en 1998 a derrota militar y política en el 2010.

En el 2002 Álvaro Uribe recibió un país divido en tres. Un tercio lo controlaban las FARC y el ELN, un tercio los paramilitares y un tercio, en especial las zonas urbanas, el Estado. Estábamos a punto de ser un estado fallido. Más de un tercio de los pueblos de Colombia no tenían policía y mas de 300 alcaldes no podían gobernar en sus ciudades y gobernaban desde la capital. Salir de Bogotá, de Cali, de Medellín o de casi cualquier ciudad de Colombia en la noche era un riesgo inminente de secuestro. Más de 3.000 secuestrados al año y un índice de homicidios de 66 por 100 mil habitantes (28.387 asesinatos), uno de los más altos del mundo, era el escenario catastrófico de Colombia entonces.

La política de seguridad cambió el balance militar. Se recuperó gran parte del control territorial. Los alcaldes regresaron a sus pueblos y la policía regresó a todas las ciudades y pueblos de Colombia. Se redujo el índice de homicidio en casi un 50% a 34 por 100 mil habitantes (15.459 asesinatos) y los secuestros casi desaparecieron, menos de 100 al año.

Durante el gobierno de Uribe se dieron dos procesos. Uno con el ELN fallido y uno exitoso con los paramilitares. El del ELN estuvo a punto de arrancar luego de dos años de negociación privada en Cuba. A última hora no aceptaron las condiciones en las zonas de concentración, que eran varias, y el proceso se frustró. Quizás si hubiera más flexibilidad del gobierno, y no estuve en esa negociación, hoy el ELN estaría reintegrado a la sociedad y no sería la guerrilla binacional que hoy es y que crece brutalmente en Venezuela.

Lo cierto es que el ELN siempre ha sido esquivo en las negociaciones y quizás eso al final le sirvió porque hoy va a negociar con un gobierno mucho más amigo en condiciones muy favorables pues Venezuela hoy es su zona de distensión donde viven como pez en el agua sin amenaza de ninguna naturaleza.

El proceso con los paramilitares deja grandes lecciones que ojalá sean estudiadas no con el sesgo ideológico de la izquierda sino con la visión de las víctimas. Fue un proceso abierto, donde participaron siempre los ciudadanos, el Congreso y la comunidad internacional. Tuvo zona de concentración pero con presencia del Estado, tuvo una ley de Justicia y Paz que tuvo grandes cambios por el debate nacional que se dio.

Un ejemplo, la extradición. Al principio se prohibía y ante el reclamo de las ONG´s, de la izquierda y de sectores de la comunidad internacional relacionados con derechos humanos se cambió. Luego cuando TODOS los líderes se extraditaron por incumplir la promesa de dejar los negocios de narcotráfico esa misma comunidad puso el grito en el cielo luego de que habían hecho cambiar la ley.

Dos temas claves. La Justicia. Los instrumentos de justicia se pusieron del lado de las víctimas. Se lograron resolver 67.783 homicidios y 17.383 desapariciones en el quién, el cómo, el cuándo y el dónde. Se recuperaron 11.009 desaparecidos. Y dos el cierre. Miles y miles de víctimas enfrentaron en un proceso judicial a su victimario. Con el Estado a su lado. Ojalá los magistrados de la JEP, la justicia que se creó en el proceso de paz de Santos para la FARC, vieran las miles de horas grabadas para que entendieran como funciona la verdadera justicia restaurativa.

Cientos de líderes y comandantes pagaron entre 4 y 7 años de cárcel y el paramilitarismo que recibimos en el 2002 dejó de existir. Este caso, poco estudiando pues ha sido estigmatizado por la izquierda, deja grandes lecciones positivas sobre el manejo de víctimas, de victimarios y de narrativa donde todo se centra es en quien sufrió y no en quien hizo el daño.

Y viene el proceso con las FARC del gobierno de Juan Manuel Santos. El gran esfuerzo militar, económico y social de los 8 años, y de antes también, debería dar fruición. Todos siempre entendimos que el esfuerzo militar era para llegar a una mesa de negociación pero en las condiciones correctas que en el 2010 se daban.

El proceso se inició de manera reservada como debe ser para generar las condiciones. Pero a partir de ahí comenzó la exclusión de un amplio sector de la política y de la sociedad. En la primera ley de paz que se discutió, los cambios que propuso un amplio sector del Congreso y que se referían a los temas claves de la negociación como la representación política, las víctimas y la Justicia fueron desechados.

Desde el mismo gobierno se comenzó a estigmatizar a quienes tuvieran una opinión distinta del proceso y en vez de construir con la sociedad colombiana se buscó fue la apropiación y el apoyo internacional a través de un trabajo continuo con Noruega, Estados Unidos, la Unión Europea, Cuba y Venezuela entre otros países.El proceso de paz no fue un proyecto de Estado y de sociedad sino de Gobierno.

El mismo Presidente le mintió al país cuando con claridad le dijo que aquellos líderes acusados de ser criminales de guerra o de lesa humanidad pagarían por sus crímenes y no irían al Congreso. Algo que no fue así y aumentó la desconfianza de esa mitad del país no solo en el proceso sino con la misma credibilidad del primer mandatario.

La campaña presidencial de reelección del 2014, el Presidente Santos la volvió un referendo de amigos y enemigos de la paz. Perdió en primera vuelta y ganó ligeramente en segunda lo que ha debido ser una mensaje para buscar apropiación del proceso por parte de los ciudadanos. No solo no lo hizo sino que reforzó el discurso de amigo y enemigos de la paz. Había roto y dividido a la sociedad colombiana.

Luego de firmar el acuerdo en el 2016 lo pone en aprobación por el pueblo en un plebiscito que pierde. Pero en vez de sentar en la mesa a los representantes de ese medio país, hace unos gestos y unos cambios inconsecuentes y violenta así una decisión popular. El silencio de Estados Unidos, la Unión Europea, Noruega aún retumba en la democracia colombiana pues fueron cómplices de ese robo a la soberanía popular. La apuesta de Santos de apropiación del proceso a actores extranjeros y no nacionales le dio resultado.

Con una sociedad dividida pero un Congreso y una Justicia cooptadas se hacen los cambios de implementación y se crea la Justicia Especial para La Paz y La Comisión de Verdad Histórica. Estas dos instituciones de origen ilegítimo y de un acuerdo que desoyó a la ciudadanía y que nunca integró a quienes estaban en desacuerdo con los resultados del proceso en materia de justicia, representatividad y equivalencia de organizaciones ilegales con el Estado, son instrumentos fundamentales en la perpetuación de esa narrativa que los colombianos en un plebiscito habían negado.

Estas son algunas de las razones por las que hoy Colombia no tenga paz. Un tercio de las FARC no estuvo en el proceso y muchos de sus líderes lo abandonaron en el camino. El ELN creció con el apoyo de Venezuela y el narcotráfico que energiza la criminalidad y la violencia fue abordado de una manera tan ligera que al final del gobierno de Santos teníamos mas coca que nunca.

Sin duda este proceso se necesitaba, pero la manera como se hizo deja tantas lecciones de como NO hacer un proceso que valió la pena hacer ese ejercicio. Es una gran tristeza la oportunidad perdida pero ojalá las lecciones las aprenda el Presidente electo Petro para no equivocarse otra vez.