¿Licencia para matar?

Esta semana, diversas personalidades han publicado una carta pública demandando al presidente, Pedro Castillo, y a su canciller, Óscar Maúrtua, pronunciarse sobre graves violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos con los cuales mantenemos relaciones del más alto nivel diplomático y con quienes hemos suscrito numerosos tratados humanitarios. En ese contexto, los firmantes del documento han cuestionado la performance de cuatro regímenes del hemisferio.

PRIMERO: en Cuba el Partido Comunista se encuentra en el poder hace 62 años, sin permitir que participen otras agrupaciones políticas. En ese contexto, el 11 y 17 de julio del año pasado se produjeron multitudinarias manifestaciones populares en La Habana y nueve provincias, donde la población protestó pacíficamente por la escasez y racionamiento de alimentos y medicinas, por las extenuantes colas para acceder a esos servicios, y por restricciones a la libertad de expresión y reunión.

Semanas antes, músicos y raperos cubanos lanzaron en YouTube un video con la canción “Patria y vida”, criticando al gobierno de Díaz-Canal, que tuvo 72 millones de visualizaciones en redes sociales. Dos de sus significativas estrofas dicen: “No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas / Ya no gritamos patria o muerte, sino patria o vida / Y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos / Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferentes. ¿Quién le dijo que Cuba es de ustedes?, si mi Cuba es de toda la gente”.

Los manifestantes, que coreaban lemas y entonabas ese cántico, fueron reprimidos y 158 arrestados. Seis meses después, magistrados que pertenecen al Partido Comunista han solicitado penas privativas de la libertad entre veinte y treinta años por el “delito” de manifestarse.

SEGUNDO: el 7 de noviembre de 2021 se realizaron elecciones en Nicaragua. Ortega se presentó por cuarta vez, pero previamente encarceló 170 opositores, entre ellos siete candidatos presidenciales. Con un 81 % de abstenciones y 100 mil de sus compatriotas exiliados en Costa Rica, salió reelecto, aunque el resultado de los comicios no ha sido reconocido por la comunidad internacional. A pesar de ello, juramentó al cargo escoltado de los dictadores de Cuba y Venezuela, Díaz-Canel y Nicolás Maduro respectivamente, con asistencia del vicepresidente de Irán, Moschen Rezai, implicado en el atentado terrorista a la mutual israelita de Buenos Aires, que causó 80 muertos y 300 heridos. Los presos políticos se encuentran en un infame depósito de seres humanos llamado El Chipote desde hace siete meses, en espera de ser procesados por jueces incondicionales al régimen.

TERCERO: la senadora Áñez asumió la presidencia interina de Bolivia durante un año, después que Evo Morales huyó del país como consecuencia de las manifestaciones de rechazo al fraude electoral. Convocadas las elecciones, su partido, el MAS, ganó ampliamente y al poco tiempo las autoridades dispusieron el apresamiento de la señora Áñez bajo el cargo de “terrorismo”. El propio director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sostiene que “no existe ninguna evidencia de que haya cometido el delito de terrorismo”, agregando que “el proceso está basado en móviles políticos”. La exmandataria, sin embargo, tiene diez meses en prisión, sufre hipertensión arterial, ha intentado quitarse la vida y denuncia haber sido objeto de vejámenes de la Policía, implicando en estos hechos a Morales.

CUARTO: el Gobierno de Venezuela continúa violando los derechos humanos y, actualmente, fiscales de la Corte Penal Internacional acumulan pruebas para acusar a Maduro por crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, su Gobierno ha sido designado miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y, en lo que representa una patética burla al sistema humanitario, Cuba, socia y protectora del chavismo, resultó nominado para supervisar si cumplen con respetar los derechos humanos.

Con estos hechos, el prestigio del más alto organismo mundial continúa disolviéndose mientras las cancillerías de la región –entre ellas la de Perú– mantienen un penoso cuando no cómplice silencio ante los casos que hemos referido. Pareciese, en suma, que formar parte del bloque chavista conlleva una credencial de impunidad, pero al mismo tiempo una licencia para matar, encarcelar y torturar a quien les venga en gana.

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