No son las redes. Es la intolerancia. Y el Estado ausente.
La decisión tomada por Twitter el viernes 8 de enero de “suspender de manera permanente” la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó un amplio debate tanto fuera como dentro de ese país.
Más allá de si la medida fue acertada o no para poner freno a la propagación del discurso de odio, vale la pena tomar este episodio como un síntoma de época para pensar como afrontar situaciones similares en el futuro.
Seamos claros: Donald Trump es un líder anti-democrático que ha hecho declaraciones y llevado a cabo actos de claro tinte racista, xenófobo y misógino en el ejercicio del poder. Luego de casi cuatro años a cargo de la presidencia de Estados Unidos, Trump obtuvo más de 74 millones de votos (casi el 47% de los votos emitidos), 7 millones menos que su rival, el presidente electo Joseph Biden. Es impensable que la mayor parte de quienes votaron por él en noviembre pasado no haya conocido al menos algunos de sus dichos, actos y políticas públicas.
Somos más de 4.000.000.000 millones las personas que nos conectamos a las redes en el mundo. Pasamos incontables horas de nuestros días en ellas, mayormente a través de dispositivos móviles de los que muchas veces no nos desprendemos ni para ir al baño. Desde el trabajo hasta las relaciones románticas, y desde los vínculos familiares hasta el aprendizaje, cada vez más nuestra vida está íntimamente conectada con lo que sucede en las redes.
En El Ambiente Digital: Como Vivimos, Aprendemos, Trabajamos, Jugamos y Socializamos Hoy, que será publicado por MIT Press en unos meses, proponemos que hay que entender a las redes no como herramientas puntuales sino parte de un ambiente tecnológico que envuelve y afecta la experiencia social de la misma manera que lo hace el ambiente urbano.
Dejar que Twitter regule la comunicación en el ambiente digital es como dejar que las empresas automotrices regulen el tránsito o que la industria de la construcción regule los códigos edilicios en el ambiente urbano. Lo que sucedió con Donald Trump es el síntoma de un Estado ausente, que delega en el sector privado parte de su responsabilidad de regular un bien que se ha vuelto cada vez más esencial para la calidad de vida en la sociedad contemporánea.
¿Qué hacer en el futuro frente a situaciones similares, en Estados Unidos o en otras democracias? ¿Deberían las redes ocultar o corregir los posteos que inciten a la violencia, o deberían, como este caso, prohibir participar al responsable por tiempo indefinido? ¿Quién debería tomar estas decisiones? ¿Los CEOs de empresas dueñas de plataformas de redes sociales, o la ciudadanía, a través de sus representantes?
El Estado debería tener un rol activo en la regulación del ambiente digital, que proteja la salud de la democracia sin cercenar los derechos de la ciudadanía y sin desincentivar la innovación tecnológica. A priori, no parece pedir algo imposible: muchos Estados ya obligan a las plataformas a cumplir leyes respecto a temas como propiedad intelectual y difusión de imágenes de abuso de menores.
Si el Estado no trabaja para definir normas respecto a qué constituye la incitación al odio y a la violencia e interviene eficazmente en defensa de la ciudadanía, seguiremos a merced de que empresas como Twitter, Facebook y Google decidan no solamente sobre la información a la que accedemos en las redes y los motores de búsqueda, sino sobre esa suerte de oxígeno digital que respiramos para sobrevivir en el ambiente digital del siglo XXI.
¿Queremos que la calidad del ambiente digital dependa de las decisiones de empresas que responden a sus accionistas y a la lógica de maximizar sus ganancias, o de un Estado que responde (o debería responder) a la ciudadanía en su conjunto y a la lógica del bien común?
No nos engañemos: que el Estado ausente haya creado un vacío ocupado por el sector privado no significa que tengamos que resignarnos a que desaparezca su función de regulación del ambiente digital. Exijamos su presencia. Es nuestro derecho ciudadano.
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