En Venezuela no existe ninguna institución confiable, salvo la única que goza de legitimidad de origen que es la Asamblea Nacional que se dieron más de 14 millones de venezolanos el pasado 6 de diciembre de 2015. Esa Asamblea Nacional la preside Juan Guaido, a su vez reconocido como presidente interino del país, conforme al artículo 233 de la Carta Magna venezolana, en virtud de que Nicolas Maduro no tiene calidad para asumir ni ejercer la primera magistratura nacional. Por tal razón en Venezuela, tanto el poder electoral como el judicial están secuestrados por grupos que proceden como comisarios políticos a favor del régimen dictatorial que los usa a su antojo. Tal ha sido el desparpajo que Maduro ordenó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, declarar en desacato a los diputados de la Asamblea nacional, situación que se mantiene después de 5 años de haber sido elegidos los parlamentarios.
En Venezuela no existe Estado de Derecho, lo que funciona es un NarcoEstado. Además, la soberanía nacional está comprometida por grupos que han somatizado el territorio nacional, en donde operan a sus anchas los cárteles de la droga de Colombia, México, Perú y Bolivia. Buena parte de la zona de la guayana venezolana en donde está el Arco Minero y la cuarta mina de oro del mundo, la controlan los tentáculos de las FARC y del ELN, grupos narcoterroristas de Colombia, que se combinan con las células de Hezbollah y los pranes que presiden los gobiernos paralelos que manejan los recintos carcelarios del país. Más de 18 mil bandas delincuenciales tienen zonas bajo su control en donde no es posible que entren los cuerpos policiales.
Esas bandas perpetran asaltos, secuestros, sicariatos, robos y hurtos de vehículos, celulares, de viviendas y cobran vacunas o extorsionan a comerciantes y productores agropecuarios del país. A esa corporación criminal que encabeza Maduro se le garantiza la impunidad para que Venezuela sea un Estado fallido y forajido al mismo tiempo.
La Fuerza Armada Nacional fue corrompida por el chavomadurismo siguiendo instrucciones desde Cuba. En Venezuela están metidos más de 20 efectivos cubanos que “fiscalizan” las guarniciones militares además de manejar las oficinas de identificación que tramitan los documentos de identidad, las notarias y registros públicos. También es de notoriedad internacional el llamado Cártel de Los Soles, en alusión a las insignias que identifican el rango de los oficiales militares de Venezuela, que tiene el control interno del tráfico de drogas.
La autoridad electoral no es más que una junta que dirige la Casa de Los Trucos, porque en Venezuela no se respeta la voluntad soberana de los electores. El registro electoral es tóxico, está envenenado de datos que no se detectan porque el régimen no permite realizar observación confiable del proceso de votación ni auditorías posteriores a los escrutinios. Los Rectores que dirigen el Consejo Nacional Electoral son fichas que proceden descaradamente a favor de Maduro.
En Venezuela los principales líderes políticos disidentes están presos o en el exilio. La mayoría de los partidos políticos están ilegalizados o maniatados por agentes que obedecen al régimen. La libertad de expresión brilla por su ausencia y los medios de comunicación los controla el régimen porque los compró o los asfixió financieramente.
Por lo antes dicho lo que tiene programado Maduro para el 6 de diciembre es la madre de los fraudes, superior al fraude del pasado 30 de julio de 2017, cuando los propios técnicos de la empresa Smartmatic admitieran, horas después de verificado el fraude, que se habían trucado más de un millón de votos; y más escandaloso que el fraude protagonizado por Maduro y su banda el pasado 20 de mayo de 2018 que dio lugar a que al día de hoy más de 60 gobiernos del mundo libre imputen a Maduro de ilegítimo. Esperamos que esa misma comunidad internacional amplíe su repudio a este esperpento electoralista de la narcotiranía venezolana. Debe quedar muy claro que no habrá elecciones transparentes en Venezuela hasta que no haya cesado la usurpación de esas mafias que manipulan las instituciones del país.
*Antonio Ledezma es fundador de Alianza Bravo Pueblo.
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