Evo Morales en México (REUTERS/Carlos Jasso)
Evo Morales en México (REUTERS/Carlos Jasso)

En los Andes, los hablantes de quechua y aymara usan la palabra pachakuti para referirse a una revuelta o una inversión en el espacio y el tiempo. Es un concepto que implica deshacer el daño del colonialismo y poner el mundo al revés. El ascenso de Evo Morales como el primer presidente indígena de Bolivia coincidió con una instancia de pachakuti. En este mismo momento, fuerzas reaccionarias están tratando de invertir el mundo una vez más y quitarles el poder a los indígenas bolivianos, pero la fuerza de los movimientos sociales en Bolivia es tanta que dificultará esta campaña reaccionaria.

Evo Morales era un líder cocalero cuando fundó en 1998 su partido indigenista de la izquierda, el Movimiento al Socialismo (MAS). En 2005 ganó la presidencia de su nación –donde la mayoría de la población es indígena– por un margen de 25 puntos. Junto con Hugo Chávez de Venezuela y Lula da Silva de Brasil, Morales se convirtió en uno de los líderes más reconocidos de un giro político hacia la izquierda en gran parte de Latinoamérica, conocido como la “marea rosa”. Durante más de una década, Morales presidió una sorprendente transformación de la economía, el Estado y la sociedad boliviana. La renacionalización de los hidrocarburos coincidió con el auge de los precios de las commodities, y permitió un aumento importante en los gastos sociales del Estado. Tanto la pobreza como la pobreza extrema disminuyeron dramáticamente. Los indígenas bolivianos habían desempeñado papeles importantes a lo largo de la historia de su nación, pero solían ser tratados como ciudadanos de segunda clase. Durante la presidencia de Morales, los líderes indígenas, sus organizaciones y sus sistemas de creencias experimentaron un aumento significativo de su influencia política y de su capital cultural, culminando en el proceso de reforma constitucional que convirtió a Bolivia en un Estado Plurinacional.

Los mismos procesos de movilización de base que habían empoderado a Morales finalmente contribuirían a su caída, a medida que su liderazgo empezaba a ser cuestionado por comunidades indígenas, sindicatos, organizaciones feministas e intelectuales. Como el Estado boliviano se había vuelto más democrático y más indígena, estas voces críticas tuvieron más resonancia. Ellos expresaron su preocupación por el deseo de Morales de permanecer en su cargo indefinidamente, por los presuntos casos de corrupción en su círculo íntimo, por la respuesta de su administración a los incendios recientes en el Amazonas, y sobre todo por su modelo de desarrollo extractivista. El dirigente aymara Felipe Quispe presentó una de las críticas más condenatorias al caracterizar a Morales como “neoliberal con rostro de indio”.

Cuando las controvertidas elecciones del mes pasado desataron una tormenta política en Bolivia, algunos de estos críticos izquierdistas se unieron a un movimiento de protesta ideológicamente ecléctico contra Morales y contra el MAS. Estas protestas populares proporcionaron una oportunidad para lo que parece ser un intento derechista de apropiarse del Estado boliviano y de desviar sus procedimientos democráticos. Morales renunció el 10 de noviembre y actualmente se encuentra exiliado en México. En Bolivia, algunos grupos de indígenas y campesinos siguen movilizándose a pesar de los alarmantes casos de violencia racista y de brutalidad militar y policial.

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La crisis actual comenzó después de las elecciones generales del 20 de octubre, en las cuales Morales buscaba su cuarto mandato como presidente, una propuesta polémica. Previamente él había propuesto reformar la Constitución para eliminar los límites del mandato ejecutivo, pero esta idea fue derrotada por un referéndum en 2016. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia dictaminó en 2017 que Morales podría postularse nuevamente, argumentando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos garantizaba su derecho de ser candidato.

Morales necesitaba al menos el 40% de los votos con un margen de 10 puntos para evitar una segunda vuelta. En la noche del 20 de octubre, el tribunal electoral de Bolivia dejó de actualizar públicamente su conteo rápido no oficial sin proporcionar una justificación clara. Esta situación ocurría en un momento en que Morales parecía aventajar a su principal rival, el candidato centrista y ex presidente Carlos Mesa, por menos del 10%, con casi el 84% de los votos escrutados. Un día después, las autoridades informaron que el conteo rápido final (aunque todavía no oficial) había indicado un margen del 10% a favor de Morales. Como argumentó el centro de investigación estadounidense CEPR, esta discrepancia potencialmente podría explicarse por patrones geográficos: las regiones rurales han sido más propensas a favorecer a Morales, pero también tienden a tardar más en informar sus resultados.

Ese tipo de razonamiento sutil no tuvo mucha repercusión en una atmósfera de creciente tensión nacional e internacional. Mesa alegó que había sido víctima de fraude electoral y la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su “profunda preocupación”, mientras que Morales argumentó que sus oponentes estaban intentando llevar a cabo un golpe de Estado. Varias organizaciones anti-MAS lanzaron una huelga general y los manifestantes de ambos lados salieron a las calles, algunos recurriendo a la violencia. Las protestas contra el MAS atrajeron a un gran número de votantes urbanos y de clase media, quienes estaban cansados de Morales, frustrados por su decisión de buscar la reelección y predispuestos a creer en la posibilidad de fraude electoral. Durante estos días de manifestaciones, finalmente aparecieron los resultados oficiales, los cuales reforzaron el resultado del conteo rápido: Morales habría ganado en primera ronda. Posteriormente la OEA aceptó una invitación de Morales para auditar los resultados en disputa.

Las protestas continuaron durante casi tres semanas con episodios de violencia esporádica, hasta que una secuencia rápida de eventos forzó la mano de Morales. El 8 de noviembre, las fuerzas policiales de Cochabamba, Sucre y Santa Cruz se amotinaron. Al día siguiente, el jefe de las Fuerzas Armadas, el General Williams Kaliman, anunció que los militares “no se enfrentarían con el pueblo” y no intervendrían para sofocar la violencia. Luego, en la mañana del 10 de noviembre, la OEA emitió un informe escrito a las apuradas, identificando “vulnerabilidades e irregularidades” en los procedimientos electorales y alegando que hubo “manipulación”, aunque sin proporcionar pruebas claras de fraude. Siguiendo la recomendación de la OEA, Morales anunció nuevas elecciones con nuevas autoridades electorales. No obstante, unas horas después, el General Kaliman emitió una amenaza codificada, “sugiriendo” públicamente que el presidente debería renunciar. Los líderes de la federación sindical más grande de Bolivia llamaron a Morales “a la reflexión”, cuestionando si su renuncia promovería la paz.

Morales renunció ese mismo día y pasó a la clandestinidad hasta que finalmente obtuvo asilo en México. Otros líderes del MAS también renunciaron, buscaron asilo o se negaron a participar en la política formal. Durante dos días, Bolivia no tuvo presidente, ni vicepresidente, ni líder de ninguna de las dos cámaras en su asamblea legislativa, ni quórum legislativo. El 12 de noviembre, Jeanine Áñez, segunda vicepresidente del Senado y ex empresaria de medios de comunicación de las tierras bajas bolivianas, se autoproclamó presidente interina. Si bien ella no logró reunir el quórum legislativo requerido para resolver la cuestión de la sucesión presidencial, el mismo tribunal constitucional que antes había allanado el camino a Morales terminó aprobando la ascensión de Áñez a la presidencia. Actualmente, la senadora Mónica Eva Copa y el diputado Sergio Choque, ambos representantes del MAS elegidos como presidentes de sus respectivas cámaras durante la semana pasada, están intentando convocar a nuevas elecciones presidenciales y legislativas. Aún no está claro si los políticos bolivianos podrán encontrar una resolución a este impasse institucional.

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La Casa Blanca calificó la renuncia de Morales como “un momento significativo para la democracia en el hemisferio occidental”, mientras que el político británico Jeremy Corbyn expresó su solidaridad con Morales, acompañando los sentimientos expresados por varios legisladores estadounidenses de la izquierda como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez e Ilhan Omar. Los análisis académicos se dividieron en líneas partidarias similares, con el comentarista Yascha Mounk argumentando incoherentemente que la caída de Morales debería “aterrorizar a los populistas de extrema derecha, como [Viktor] Orbán de Hungría o Recep Tayyip Erdoğan de Turquía”, mientras que el politólogo Andrés Malamud sostuvo que Bolivia había experimentado un golpe de Estado. Efectivamente, ¿qué otro término se puede usar para cuando las policías se sublevan, los militares invitan a un jefe de Estado electo a renunciar y dicho líder renuncia? Sin embargo, varios destacados izquierdistas bolivianos y latinoamericanos inicialmente expresaron su incomodidad con el término golpe de Estado. Con este gesto, quizás buscaron distanciarse de Morales, del MAS y de su interpretación de los acontecimientos, aunque sin respaldar el argumento opuesto de que la salida de Morales había restaurado la democracia.

Ninguna de las dos posiciones en este debate conceptual está captando el factor más importante de este proceso: el grado de movilización popular en Bolivia. Según María Galindo, cofundadora del colectivo feminista Mujeres Creando, la afirmación de Evo Morales de haber sido víctima de un golpe “es en parte cierto, pero es sólo la mitad del conflicto”. La otra mitad de la historia ha recibido menos atención mediática. Al tratar de evaluar el papel de los generales bolivianos y de los operativos estadounidenses, muchos comentaristas internacionales han subestimado la agencia y la autonomía de los movimientos sociales bolivianos. Entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre, una amalgama ideológicamente diversa de manifestantes y organizaciones presionó tremendamente “desde abajo” para que Morales renunciara a su cargo o abandonara su candidatura. Desde entonces, las protestas populares han evolucionado rápidamente, con muchos grupos anti-MAS ahora concentrados en oponerse a Áñez y en promover la paz. No obstante, en este momento son los oponentes más conservadores de Morales los que parecen estar mejor posicionados para aprovechar la crisis.

Los dramáticos cambios culturales y socioeconómicos que tuvieron lugar durante el mandato de Morales han inspirado un ferviente resentimiento entre algunos miembros de la élite y también entre fundamentalistas religiosos, especialmente en las tierras bajas orientales. Aunque la Constitución boliviana garantiza la libertad religiosa y la separación entre iglesia y Estado, Áñez se acercó al palacio presidencial llevando un libro enorme, diciendo “La Biblia vuelve a Palacio”. El inesperado camino que llevó a Áñez a la presidencia fue pavimentado por Luis Fernando “El Macho” Camacho, un multimillonario conservador vinculado a grupos evangélicos. Si bien no posee ningún cargo electoral, Camacho se presenta como el líder informal de sectores reaccionarios de las tierras bajas que quieren eliminar al MAS. Sus objetivos políticos se nutren de una corriente subterránea de racismo. El día que Morales renunció, uno de los partidarios de Camacho gritó que la Pachamama (un concepto aymara y quechua que se suele traducir como Madre Tierra) “nunca más volverá”.

La sociedad boliviana es mucho más igualitaria que hace dos décadas, pero todavía persisten profundas desigualdades étnicas, socioeconómicas y geográficas. Una declaración reciente de Colectivo Curva, una coalición de jóvenes aymaras, plantea una pregunta que podría resonar en muchas personas a través del mundo: “¿Cómo apoyar y sumarse a cualquiera de estos bandos si no reflejan lo que en verdad sentimos y pensamos?”. Después de la renuncia de Morales, Colectivo Curva salió a las calles no para apoyar al MAS, sino para defender sus derechos como indígenas contra quienes estaban quemando la Wiphala (una bandera indígena), persiguiendo a los indígenas y difundiendo una retórica racista.

La organización campesina más grande de Bolivia ha llamado a bloquear las rutas y a protestar contra Áñez y Camacho. Áñez respondió con un preocupante decreto asegurando que el personal militar no sería procesado por acciones tomadas “en los operativos para el restablecimiento del orden”. El 15 de noviembre, nueve personas fueron asesinadas cuando las fuerzas de seguridad reprimieron una manifestación de cocaleros en las afueras de Cochabamba, elevando la cifra de muertos a al menos 23 personas desde el 20 de octubre. Los cocaleros no desistieron allí: prometieron bloqueos indefinidos si Áñez no renunciaba dentro de las 48 horas. Si las fuerzas reaccionarias persisten en sus intentos de invertir el mundo, descubrirán que no es fácil desmovilizar al pueblo boliviano.

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Lo que está sucediendo en Bolivia subraya el estado desordenado y disfuncional de las relaciones internacionales en las Américas desde el final del auge de las commodities y los ascensos de Donald Trump en los Estados Unidos y de Jair Bolsonaro en Brasil. Con la excepción de la oferta de asilo de México, los líderes latinoamericanos han tomado pocas acciones públicas en relación con la renuncia de Morales. Nicolás Maduro de Venezuela, Miguel Díaz-Canel de Cuba, Daniel Ortega de Nicaragua y Tabaré Vázquez de Uruguay se unieron a México para expresar su apoyo a su compañero boliviano, al igual que Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina. En el otro extremo del espectro político, Bolsonaro ha mostrado un llamativo nivel de discreción en sus pronunciamientos públicos. Después de la renuncia de Morales, el mandatario brasileño tuiteó sobre la necesidad de procedimientos electorales sólidos en Brasil, refiriéndose imprecisamente a “denuncias de fraude” en Bolivia. A continuación, tuiteó una foto sonriente de él y su esposa en el día de su inauguración y una frase con varias posibles interpretaciones: “¡Gran día!”. Si bien es cierto que Bolsonaro y Trump han reconocido a Áñez como presidente interina, ambos parecen poco dispuestos a jugar un rol público en la resolución de la crisis boliviana.

¿Es posible que los agentes brasileños o estadounidenses hayan organizado la caída de Morales? Aunque el sociólogo Jeb Sprague informó que el General Kaliman y al menos otros 5 oficiales bolivianos involucrados en la crisis habían recibido entrenamiento militar en los Estados Unidos, los historiadores probablemente tendrán que esperar varias décadas para que los documentos desclasificados arrojen luz sobre el verdadero grado de intervención extranjera. Lo que sí está claro es que los opositores derechistas del MAS fueron envalentonados a actuar por sus propias percepciones sobre el orden internacional. La Casa Blanca parece estar recibiendo indicaciones del senador Marco Rubio de Florida para orientar sus políticas hacia Latinoamérica, pero su enfoque sigue siendo errático e indiferente. Por otra parte, la posición hegemónica de Brasil en Sudamérica limita las políticas exteriores de los Estados vecinos. Esto podría explicar por qué los actuales presidentes de Argentina, Chile, Perú y Paraguay no discutieron públicamente la renuncia de Morales, a pesar de las obvias preocupaciones de seguridad derivadas de compartir una frontera con un país que temporariamente no tuvo ningún gobierno.

Si bien es cierto que las negociaciones diplomáticas y los operativos encubiertos podrían estar desarrollándose entre bambalinas, la falta de diplomacia pública envía un mensaje inquietante a los ciudadanos comunes sobre el futuro de la democracia latinoamericana. Casi todos los países de Sudamérica están lidiando con sus propias crisis internas, y la región ya no tiene foros multilaterales efectivos donde los líderes con ideas afines puedan coordinarse en temas de interés común. Importantes políticos progresistas latinoamericanos estaban en Buenos Aires tratando de construir un nuevo foro, el llamado Grupo de Puebla, cuando se enteraron de la renuncia de Morales. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández podrían desarrollar una estrategia compartida para la integración regional latinoamericana que contrarrestaría a Trump y Bolsonaro, pero no está claro si ellos tienen el capital político o la inclinación a hacerlo.

La mayoría de los líderes latinoamericanos que personificaron la “marea rosa” ya no están en el escenario; algunos han fallecido, mientras otros han dejado sus cargos o han cambiado de rumbo. Sin embargo, los movimientos sociales que ayudaron a llevarlos al poder perduran aún. El mismo Morales parece haber reconocido esto cuando declaró, al anunciar su renuncia, “la lucha no termina aquí”. El 12 de noviembre, mientras Áñez ingresaba al palacio presidencial, algunas feministas bolivianas se reunieron en una sala de cine para buscar su propia solución a la crisis. Silvia Rivera Cusicanqui, una conocida intelectual pública de descendencia aymara, pronunció un emotivo discurso que se difundió ampliamente en las redes sociales. “Tenemos que seguir en la trinchera antiracista”, ella argumentó, “y tenemos que seguir juntando fuerzas entre diferentes para poder articular una sensación de recuperar la democracia en el día a día”. Otra oradora, la activista aymara Yolanda Mamani, resumió cinco siglos de historia boliviana en una escueta frase: “La lucha de los pueblos indígenas no ha empezado con el Presidente Evo; tampoco es que es el fin de nuestra lucha”.

La autora es profesora universitaria de Historia Latinoamericana en King’s College London, Reino Unido. Este artículo fue publicado por primera vez en inglés en Dissent el 18 de noviembre de 2019. Al día siguiente, ocho personas fueron asesinadas en El Alto, elevando la cifra de muertos a al menos 32 personas desde el 20 de octubre.

Twitter: @CJoyMathias