Damares Alves.
Damares Alves.

“Existe un riesgo real por la difusión de información, que podría poner en riesgo la vida de las jóvenes”, dijo Damares Alves, ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos de Brasil en un artículo de opinión publicado el 2 de octubre.

La información “peligrosa” a la que se refiere son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre aborto seguro, mencionadas en un artículo publicado el 18 de septiembre por la revista AzMina.

Con el objeto de castigar a quienes se atreven a publicar los consejos para la salud de la organización más importante en este campo a nivel global, la ministra Alves ha interpuesto una denuncia penal ante la fiscalía instando a las autoridades a investigar judicialmente a AzMina.

La ministra Alves afirma que el artículo hace apología de un delito, un acto que el derecho brasileño castiga con penas de hasta seis meses de prisión.

Pero el artículo no hace eso. El aborto es legal en Brasil en casos de violación, cuando sea necesario para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia, una malformación cerebral congénita mortal, y eso es exactamente lo que explica la nota de AzMina.

El artículo también incluye explicaciones médicas de un ginecólogo con décadas de trayectoria y las recomendaciones de la OMS para prevenir lesiones e incluso la muerte causada por abortos inseguros. Estas recomendaciones son de consulta pública y están disponibles aquí, en portugués, para cualquier persona que tenga acceso a Internet.

Debido a obstáculos legales y prácticos, muchas adolescentes y mujeres en Brasil no tienen otra opción que recurrir a métodos clandestinos, a menudo inseguros, para terminar con embarazos no deseados. Se estima que una de cada cinco mujeres en Brasil ha tenido un aborto antes de los 40 años. Casi la totalidad de ellos se realizan en la clandestinidad.

La información presentada en el artículo de AzMina es justamente lo que se necesita para salvar vidas.

Luego de que la ministra Alves publicara un tuit denunciando el artículo, la revista y sus periodistas fueron blanco de una ola de amenazas y agresiones por Internet. Además, fueron publicados los datos personales de algunas de sus periodistas, según varias asociaciones que defienden la libertad de expresión en Brasil.

La ministra Alves indicó que el gobierno protege a los periodistas de amenazas, por medio de un programa de protección de defensores de derechos humanos. Sin embargo, en un país con una población de más de 200 millones, en julio había apenas dos personas incluidas en ese programa por casos de libertad de expresión, según datos obtenidos por Human Rights Watch.

La ministra Alves no repudió el hostigamiento ni las amenazas sufridas por periodistas de AzMina. En su lugar, criticó “la resistencia de algunos periodistas a admitir sus errores”.

También prometió que el gobierno brasileño invertirá más en políticas de planificación familiar. Si bien ese sería un paso positivo, las políticas deberían incluir información completa y precisa para que las adolescentes y las mujeres puedan tomar decisiones personales sobre su salud y su cuerpo. Y hay que tener presente que este es el mismo gobierno que, en marzo, ordenó sacar de circulación un manual de salud para adolescentes sobre embarazo y enfermedades de transmisión sexual debido a que al presidente Jair Bolsonaro no le parecieron adecuadas las imágenes que contenía.

La ministra Alves dijo en diciembre que quería que Brasil estuviera “libre de aborto” y ha aprovechado cada oportunidad en el plano internacional para oponerse al aborto. La ministra, que es pastora evangélica, está en todo su derecho de mantener sus creencias religiosas y guiar su vida personal en base a ellas. Pero ni ella ni el gobierno de Bolsonaro deberían pretender imponérselas a los demás.

En su artículo, la ministra Alves insiste, sin ninguna coherencia, que lo que busca es “prevenir muertes causadas por abortos fallidos”.

Si de verdad le preocuparan la vida y la salud de las adolescentes y las mujeres brasileñas, promovería la difusión de información de salud que es de importancia vital, en vez de intentar censurarla.

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José Miguel Vivanco es Director Ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch