El diputado nacional Axel Kicillof
El diputado nacional Axel Kicillof

El reciente anuncio de la precandidatura de Axel Kicillof (actualmente diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires ), a gobernador de la provincia de Buenos Aires por la Alianza electoral encabezada por el kirchnerismo, sorprende – no desde lo político – sino por la inobservancia de cuestiones elementales como la letra misma de la Constitución de la Provincia, que establece determinados requisitos para poder ejercer el cargo que pretende.  A saber: "Para ser elegido gobernador o vicegobernador, se requiere: 1- Haber nacido en territorio argentino o ser hijo de ciudadano nativo, si hubiese nacido en país extranjero. 2- Tener treinta años de edad. 3- Cinco años de domicilio en la Provincia con ejercicio de ciudadanía no interrumpida, si no hubiese nacido en ella".

Las cualidades expuestas son condición ineludible para ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, deben ser cumplidas indefectiblemente y en su totalidad, no de manera parcial, por cuanto estas razones hacen a la capacidad al momento de asumir el cargo. El espíritu de la máxima ley provincial se fundamenta en que, razonable y éticamente, el Gobernador debe tener un pleno conocimiento de las necesidades del territorio y de sus representados para poder transformar la realidad de la mejor manera posible.

Las razones de los requisitos tiene antecedentes históricos como los debates entre Mitre y Sarmiento en 1860, que habían advertido sobre la presencia de legisladores que se arrogaban la representación de una provincia sin ser nativos de la misma o habían dejado de residir en ellas hacia tiempo, y que pasaron a denominarse en la tradición política argentina con el nombre de "Alquilones". Hoy, a 160 años de esos hechos, parece que los Alquilones vuelven a ser parte de las noticias de actualidad.

Por esos acontecimientos, en la reforma constitucional de 1860 se dijo: "…No hay acción pública que pueda ejercerse sin responsabilidad. El despotismo no es más que la libertad de un hombre para hacer su voluntad sin responsabilidad ninguna. El Diputado ejerce una tiranía cuando no tiene responsabilidad sobre sus actos; y aquel Congreso compuesto por aventureros tiene ese vicio capital. (…) El Representante vuelve periódicamente al lugar que lo nombro, a vivir en medio de sus electores, y entonces siente su responsabilidad, por lo que se cuida muy bien de no traicionarlos y de no hacerles decir en el Congreso lo que no piensan, ni quieren; porque sus parientes, sus amigos, sus convecinos cuando vuelva le han de hacer pagar en la vida privada, con el desprecio publico su mala conducta, y sus prostituciones como representante…".

Pocos días atrás, a propósito de la designación de Doctor Sergio Gabriel Torres como juez de la Suprema Corte Bonaerense se suscitó un debate sobre el "requisito de residencia" del mencionado magistrado, y el Juez Lázzari afirmó que: "…la acreditación de un lugar de residencia es fácilmente comprobable mediante la presentación de las facturas de servicios, luz, gas, teléfono, cable, obra social, tarjetas de crédito, etc.etc. (…) precisamente, el sentido de la exigencia apunta a estar en contacto con el medio en el que se debe actuar. (…)Al tiempo de efectuarse la respectiva postulación no se planteó en modo alguno que el recaudo constitucional de la residencia deba recibir una interpretación flexible que compute el avance de los tiempos y las comunicaciones. Tampoco se adujo que la persona elegida se encontraba compenetrada de la realidad provincial en virtud de sus aptitudes y desenvolvimientos personales, profesionales, académicos o de cualquier otra índole, lo que en su caso permitiría remontar la circunstancia fortuita de no residir en la Provincia de Buenos Aires". (Ref. Expte. N° 3001-23287/19)

El filósofo griego Aristóteles dijo hace muchos siglos que "El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley", y éste nuevo intento de forzar los requisitos constitucionales, bajo argumentos que no son solamente endebles sino que además no encuentran ningún tipo de sustento jurídico, no solamente se constituyen en un daño a las instituciones, sino que acentúa la deslegitimación de nuestra clase dirigente ante el ciudadano de a pié, que observa como el engaño, el fraude y la mentira, se constituyen en herramientas válidas para intentar llegar al poder.

El autor es abogado y docente de derecho Constitucional de la UBA