Odebrecht (Reuters)
Odebrecht (Reuters)

CIUDAD DE MÉXICO — Solo en dos países no existen consecuencias legales de la operación Lava Jato, el caso de corrupción más grande de América Latina: México y Venezuela.

Las pruebas de corrupción de la empresa Odebrecht en ambos países son irrefutables y en el caso de México no hay pretextos: la justicia mexicana cuenta con los nombres de los presuntos responsables, pero las investigaciones están en un punto muerto y la Fiscalía General se rehúsa a dar información sobre los avances de las indagatorias. El riesgo es que el caso concluya sin acusaciones penales y que se genere un precedente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador —quien llegó a la presidencia con una campaña que prometía erradicar la corrupción— de que persistirán la impunidad e injusticia que han caracterizado la historia democrática de México. El combate a la corrupción quedaría en el discurso, igual que durante los últimos sexenios.

López Obrador, quien ha anunciado una transformación para el país, debe ser uno de los más interesados en que el caso avance, pues en lo que respecta al episodio mexicano de Odebrecht solo hace falta voluntad política para destrabarlo.

En Brasil, la "delación del fin del mundo" involucró a 77 ejecutivos de la constructora —incluido su máximo jerarca, Marcelo Odebrecht—, quienes revelaron la trama delictiva que irradió a doce países. En diciembre de 2016, la empresa llegó a un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el que se develó la entrega de 10,5 millones de dólares a dos altos directivos de una compañía mexicana de energía. También, en una confesión ante las autoridades brasileñas, el exdirector de la constructora en México reconoció un soborno adicional de 4 millones de dólares a Emilio Lozoya, quien fue coordinador de Vinculación Internacional en la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto y director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) durante cuatro de los seis años de su presidencia.

En 2017 y 2018, los últimos años del sexenio de Peña Nieto, la Procuraduría General de la República (PGR) —que desapareció en enero de 2019 para dar paso a la Fiscalía General— se escudó en legalismos para mantener las investigaciones en pausa. La explicación fue que la fiscalía brasileña no había proporcionado pruebas sobre los sobornos a funcionarios de Pemex, pero el ministerio público de Brasil aclaró que las pruebas que evidencian el pago de sobornos están bloqueadas porque México se niega a firmar un acuerdo para el intercambio de información. José Ugaz, expresidente de la Junta de Transparency International, dijo que en México la inacción judicial "tiene que ver con la falta de independencia del procurador general" y, según presume, "con personas del entorno del presidente [Peña Nieto] vinculadas al caso".

Apenas entró en funciones, la Fiscalía General cambió la versión de la extinta PGR y comunicó que en febrero de 2017 diversos procuradores de América Latina firmaron un convenio en el que las autoridades de Brasil se obligaron a proporcionar información con la condición de que los países no iniciaran ninguna acción legal contra funcionarios de Odebrecht, pues ya eran procesados en Brasil. A diferencia de otros países, México se ha negado a asumir ese compromiso específico, por lo que el gobierno brasileño no entregará la información en su poder. Si la fiscalía mexicana continúa sin suscribir dicha condición, no recibirá las pruebas y así, de manera deliberada, mantendrá las investigaciones estancadas.

México está en un escenario distinto al de hace un año: tiene un nuevo presidente y una nueva Fiscalía General. Y Odebrecht confronta a López Obrador con un dilema que definirá su sexenio: el caso podría erigirse en el emblema del perdón a los corruptos del pasado, como lo propuso en su discurso inaugural, o en la punta de lanza del combate efectivo a la corrupción, como lo prometió en su campaña electoral.

A la falta de acusaciones contra los responsables se suma la opacidad de las indagatorias. En tres resoluciones emitidas en enero y diciembre de 2018, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Fiscalía General que proporcionara una copia de la carpeta de investigación, así como los nombres de funcionarios mexicanos y ejecutivos de Odebrecht que enfrentan imputaciones penales. La Fiscalía General se niega a acatar las resoluciones del INAI con el argumento de que la legislación penal le prohíbe revelar los datos y documentos relacionados con investigaciones en trámite. La justificación es infundada: la ley de transparencia establece que la reserva es inoperante cuando "se trate de información relacionada con actos de corrupción".Esto es, la transparencia de la información en casos de corrupción tiene preeminencia sobre el secreto de los procedimientos penales.

La renuencia de la Fiscalía General a abrir la investigación es en sí misma sospechosa, pues encubre las razones de sus deficiencias. Mayor suspicacia provoca que en octubre de 2018 y febrero de 2019, los ministerios públicos encargados del caso promovieron dos juicios de amparo para eludir los requerimientos del INAI y suspendieron la entrega de la información solicitada. La súbita litigiosidad favorece la ausencia de resultados, solapa a los responsables y posibilita que los delitos prescriban al cabo de un tiempo.

La Fiscalía General está obligada a perseguir los delitos de Odebrecht. Su deber, por lo tanto, es aceptar la condición de Brasil para entregar pruebas, continuar con las indagatorias y dar a conocer el estatus de las investigaciones, tal como lo exigió el INAI.

El presidente López Obrador señaló que "poner por encima la transparencia ayuda mucho en el combate a la corrupción" y también acusó al INAI de negar "la apertura del caso de Odebrecht en mucho tiempo". Pero la voluntad política del gobierno de AMLO y la actuación de la Fiscalía General se harán patentes solo en los hechos. Sin resultados concretos, el combate a la impunidad en México será una fábula.

Luis Pérez de Acha es abogado. Forma parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción de México.

*Copyright: c.2019 New York Times News Service