Una política antiterrorista se basa en un pilar fundamental: la convicción en los valores del orden constitucional y la determinación para defenderlos.

Argentina, Paraguay y Brasil dieron hoy una señal de que van en ese camino.

Esta mañana, la Policía Federal brasileña arrestó a Assad Ahmad Barakat en Foz do Iguaçu. Barakat era el operativo prófugo de Hezbollah más buscado de la región. Estaba sancionado por la Reserva Federal de los Estados Unidos por ser el cabecilla de la red de blanqueo y operaciones terroristas en favor del grupo político terrorista Hezbollah.

Argentina congeló sus bienes en julio último. La Justicia de Paraguay ordenó su arresto en agosto. Con su detención, los Gobiernos regionales están enviando un claro mensaje de que se acabó la libertad de movimiento y la impunidad para Hezbollah en una zona crítica como la Triple Frontera.

Las acciones conjuntas de Argentina, Brasil y Paraguay resultaron hoy en su detención, gracias a la cooperación de los tres países y su renovada voluntad de combatir al terrorismo, con lo cual se logró conseguir con éxito la detención de uno de los sujetos más peligrosos de la organización terrorista chiita liderada por Hassan Nasrhallah en el Líbano pero con directa dependencia y subordinación al régimen iraní.

En la Argentina hoy existe no solo la voluntad de combatir el flagelo del terrorismo islamista, sino que se observa positivamente una estrategia local y regional para desarticular las operaciones derivadas de él.

La voluntad del Gobierno nacional en cabeza del Ministerio de Seguridad y las agencias que de él dependen, conducido por Patricia Bullrich, para liderar una política en el marco de la ley, y sin ser pudorosos en defender las instituciones democráticas como la libertad individual de los ciudadanos es objetivo fundamental de la dirigencia política argentina.

El multiculturalismo mal entendido por muchos, el feminismo desvirtuado, el pacifismo debilitador del contrato social y las instituciones democráticas, y demás ismos están hartando al ciudadano común, e inexorablemente generan inestabilidad por lo que operativos como la neutralización del accionar de delincuentes comunes, traficantes y terroristas es celebrado por la sociedad civil .

Es muy saludable en tiempos en que grupos antisistema, mapuches, kirchneristas, izquierdistas y otros grupúsculos antidemocráticos incluso dentro del Congreso -están más preocupados por acabar con la convivencia que por acabar con los terroristas desestabilizadores- y son pocos los medios de comunicación que hoy exigen a unos y otros un cambio de postura sin ser calificados de derecha fascista o amenazados por todos ellos, la Argentina demuestra encaminarse de forma positiva a la persecución legal y penal de aquellos que se conducen fuera de la ley.

El Gobierno no debe olvidar que el ciudadano común tiene el objetivo de vivir, trabajar y transitar en paz; la dirigencia, la obligación de implementar una estrategia amplia y profunda para acabar con la desestabilización; y el terrorismo sin culpas autoinfligidas o tibieza en sus accionar en materia de hacer cumplir la ley y evitar la ruptura de la paz social.

Que nadie se disculpe o se muestre confuso, si antes se escogieron caminos errados, hoy se están corrigiendo y cambiando. La ciudadanía lo merece y comenzará a exigirlo.