La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de anular los aranceles generalizados impuestos por el expresidente Donald Trump ha generado una inmediata reacción internacional, especialmente en la Unión Europea y Canadá. El portavoz de comercio de la UE, Olof Gill, declaró que el bloque está “analizando cuidadosamente” la sentencia y mantiene un diálogo estrecho con la administración estadounidense para definir los pasos a seguir. Gill subrayó que “las empresas de ambos lados del Atlántico dependen de la estabilidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales”, reiterando el compromiso europeo con la reducción de gravámenes y la búsqueda de un entorno de tarifas bajas.
El fallo también impactó en el proceso legislativo europeo, ya que la decisión de la Corte Suprema pone en duda la implementación del reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y la UE, que contemplaba aranceles del 15% sobre la mayoría de productos europeos. El presidente del Comité de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange, celebró la resolución judicial, afirmando que “los jueces han demostrado que ni siquiera un presidente de EEUU opera en un vacío legal”. Lange anunció la convocatoria urgente del equipo negociador del parlamento para evaluar las implicaciones del fallo, especialmente de cara a la próxima votación del comité sobre el acuerdo.
En tanto, en Reino Unido mostaron cautela. “Trabajaremos con la administración estadounidense para entender cómo esta decisión afectará a los aranceles para Reino Unido y el resto del mundo”, indicó un portavoz del gobierno británico en un comunicado.
“Reino Unido se beneficia de los aranceles recíprocos más bajos del mundo y, sea cual sea el escenario, esperamos que nuestra posición comercial privilegiada con Estados Unidos se mantenga”, agregó.
Un acuerdo con Washington permite a Londres beneficiarse de tasas arancelarias limitadas al 10% sobre la mayoría de los productos británicos.
Por su parte, el Gobierno de Canadá expresó su respaldo al fallo, señalando que la decisión estadounidense refuerza la postura canadiense de que los aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional son “injustificados”. El ministro Dominic LeBlanc recordó que, pese a la sentencia, sectores clave como el acero, el aluminio y el automotriz canadiense siguen afrontando aranceles de la Sección 232, que Estados Unidos impone por motivos de seguridad nacional. LeBlanc enfatizó que, en un contexto de transformación de la relación bilateral y ante la próxima revisión del T-MEC, Ottawa trabaja para diversificar sus vínculos comerciales y reducir la dependencia del mercado estadounidense.
Miles de empresas obtuvieron una victoria relevante tras la resolución del Supremo, que invalida el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para imponer aranceles generales a las importaciones. El fallo abre la puerta a un proceso de reembolsos que, según estimaciones de economistas del Penn-Wharton Budget Model, podría alcanzar los 175.000 millones de dólares. Este escenario afecta no solo a las compañías que demandaron al Gobierno, sino a un universo más amplio de firmas que ahora podrán solicitar la devolución de los gravámenes pagados.
El impacto en los mercados fue inmediato: las bolsas de Estados Unidos y Europa registraron subidas, lideradas por empresas que sufrieron directamente los aranceles. Entre las más beneficiadas destacan LVMH, Hermès y Moncler, así como fabricantes de automóviles, electrónica y confección, dependientes de insumos de bajo costo provenientes de países asiáticos. Los aranceles de la administración Trump elevaron los costos de importación de productos y componentes, reduciendo márgenes de ganancia y generando disrupciones en las cadenas de suministro globales.
Desde abril, más de 1.800 demandas sobre aranceles han sido presentadas ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, muy por encima de los menos de veinte casos registrados en 2024. Empresas como Toyota, Costco, Goodyear, Alcoa, Kawasaki Motors y EssilorLuxottica figuran entre los principales demandantes. Especialistas legales advierten que la recopilación de datos para calcular los montos pagados será compleja, pues los regímenes arancelarios se aplicaron en distintos periodos y muchas multinacionales carecen de registros unificados.
El fallo también ha generado expectativa entre asociaciones empresariales estadounidenses. El grupo We Pay the Tariffs exige compensaciones para las empresas afectadas, mientras que la Federación Nacional de Minoristas de Estados Unidos valora la certeza jurídica aportada por la decisión y estima que la devolución de fondos podría representar un estímulo económico, facilitando la reinversión en operaciones y empleos. Consultoras como Capital Economics calculan que las reclamaciones de reembolso podrían situarse en torno a 120.000 millones de dólares, aunque la cifra final dependerá de la resolución de litigios y trámites administrativos.
Las reacciones políticas en Estados Unidos ante la sentencia del Supremo no se hicieron esperar y reflejaron tanto divisiones partidistas como consensos sobre el impacto económico de los aranceles. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó la decisión como “una victoria para el bolsillo de todos los consumidores estadounidenses”. Schumer sostuvo que la política arancelaria de Trump “intentó gobernar por decreto y dejó a las familias con la factura”, y celebró el fin de lo que denominó “guerra comercial”.
En el ámbito republicano, la respuesta fue matizada. El senador por Kentucky, Rand Paul, interpretó el fallo como una garantía de que ningún futuro presidente podrá “utilizar poderes de emergencia para promulgar el socialismo”, evitando una crítica directa a la administración Trump pero reconociendo el alcance de la decisión judicial.
Expertos en política comercial, como Scott Lincicome del Instituto Cato, consideraron el fallo “una buena noticia para los importadores estadounidenses” y la economía en general, al tiempo que reclamaron que el Gobierno federal debe reembolsar las “decenas de miles de millones de dólares” en aranceles recaudados bajo la legislación invalidada. El proceso de devolución, según Lincicome, podría requerir nuevos litigios y trámites administrativos.
Por su parte, organizaciones empresariales como la Federación Nacional de Minoristas valoraron que la sentencia proporciona la certeza necesaria para planificar inversiones y operaciones, mientras que asociaciones que han desafiado los aranceles, como We Pay the Tariffs, insisten en la necesidad de compensar a las compañías perjudicadas. El director ejecutivo de esta última, Dan Anthony, sostuvo que “una victoria legal carece de sentido sin un alivio real” para quienes afrontaron los costos.
El origen de la controversia se remonta al uso que hizo Donald Trump de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, un instrumento legal que permite al presidente de Estados Unidos imponer medidas comerciales en situaciones excepcionales. Trump recurrió a esta ley para fijar aranceles de amplio alcance sobre importaciones de varios países, justificando su decisión en razones de seguridad nacional y en la necesidad de proteger la industria estadounidense. Bajo este marco, se establecieron gravámenes a productos procedentes de socios comerciales clave como la Unión Europea, Canadá, México y China, con especial impacto en sectores como el acero, el aluminio, la automoción y los bienes de consumo.
La política arancelaria de Trump provocó una oleada de negociaciones bilaterales y multilaterales. La UE y Estados Unidos alcanzaron en 2025 un acuerdo para aplicar un arancel del 15% sobre la mayoría de productos europeos, aunque la reciente sentencia del Supremo ha dejado incierto el futuro de este pacto. En el caso de Canadá, la imposición de aranceles obligó al país a buscar alternativas de exportación y a diversificar su economía, dado que hasta el 76% de sus ventas al exterior se destinaban a Estados Unidos.
El endurecimiento arancelario también motivó una escalada de litigios empresariales ante el Tribunal de Comercio Internacional. Desde abril, más de 1.800 compañías han iniciado acciones legales para recuperar los importes pagados, un salto significativo respecto a los menos de veinte casos registrados en 2024. Entre los demandantes figuran multinacionales de sectores automotriz, manufacturero y de bienes de consumo, evidenciando el alcance transversal de la medida.
El fallo del Supremo representa una inflexión en la política comercial estadounidense, limitando el margen de actuación unilateral del Ejecutivo y reforzando la supervisión judicial sobre decisiones que afectan a la economía global y a millones de trabajadores y consumidores.
(Con información de AFP, Reuters y EFE)
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