La ONU instó a los talibanes a detener las torturas y proteger los derechos de los detenidos en Afganistán

Naciones Unidas dijo el miércoles que documentó más de 1.600 casos de violaciones de derechos humanos cometidas por las autoridades en Afganistán durante arrestos y detenciones, e instó al gobierno Talibán a frenar las torturas y a proteger los derechos de los apresados.

Te puede interesar: La agencia meteorológica de la ONU anunció que 2023 fue el año más caluroso jamás registrado

Casi el 50% de las violaciones fueron “torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, indicó la Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán, UNAMA.

El reporte elaborado por el Servicio de Derechos Humanos de la misión abarcó un periodo de 19 meses — desde enero de 2022 a finales de julio de 2023 — y documentó casos en 29 de las 34 provincias del país. En el 11% de los casos, las víctimas fueron mujeres, agregó.

Las torturas destinadas a obtener confesiones y otro tipo de información incluyeron golpizas, asfixia, suspensión desde el techo y descargas eléctricas. Los casos que no se consideraron suficientemente creíbles y fiables no se incluyeron en el reporte, añadió.

El Talibán había prometido un gobierno más moderado que el de su primera etapa en el poder, en la década de 1990. Pero han impuesto medidas duras desde su llegada al poder a mediados de agosto de 2021, coincidiendo con la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN del país tras más de dos décadas de guerra.

“Los relatos personales de golpizas, descargas eléctricas, tortura con agua y numerosas formas más de trato cruel y degradante, junto con las amenazas realizadas a individuos y a sus familias, son desgarradores”, indicó el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado emitido junto con el informe.

“Este reporte sugiere que la tortura se utiliza además como herramienta en lugar de investigaciones eficaces. Insto a todas la autoridades de facto implicadas a aplicar medidas concretas para poner fin a estos abusos y a exigir responsabilidades a sus autores”, afirmó Türk.

La misión de la ONU, o UNAMA, utiliza el término “autoridades de facto” para referirse al gobierno talibán.

Su informe reconoce algunas medidas tomadas por agencias gubernamentales para monitorear los lugares de detención e investigar denuncias de abuso.

“Aunque ha habido algunas señales alentadoras en términos de directivas de liderazgo, así como una apertura entre muchos funcionarios de facto para colaborar de manera constructiva con la UNAMA y permitir visitas a las prisiones, estos casos documentados resaltan la necesidad de una acción urgente y acelerada por parte de todos”. Roza Otunbayeva, representante especial del secretario general de la ONU para Afganistán y jefa de la misión, en un comunicado.

El informe dice que, sobre la tortura y otros tratos degradantes, 259 casos implicaron sufrimiento físico y 207 implicaron sufrimiento mental.

La UNAMA dijo que cree que los malos tratos a personas bajo custodia no se denuncian en gran medida y que las cifras del informe representan sólo una instantánea de las violaciones de personas detenidas en todo Afganistán.

Dijo que un clima generalizado de vigilancia, acoso e intimidación, amenazas a las personas para que no hablen sobre sus experiencias bajo custodia y la necesidad de que los prisioneros brinden garantías de sus familiares y otros terceros para ser liberados obstaculizan la voluntad de muchas personas de hablar libremente con la misión de la ONU.

El informe dijo que el 44% de los entrevistados eran civiles sin afiliación particular, el 21% eran ex funcionarios del gobierno o de seguridad, el 16% eran miembros de organizaciones cívicas o grupos de derechos humanos, el 9% eran miembros de grupos armados y el 8% eran periodistas y medios de comunicación. trabajadores. El resto eran “familiares de personas de interés”.

En una respuesta incluida en el informe, el Ministerio de Asuntos Exteriores liderado por los talibanes dijo que las agencias gubernamentales han tomado medidas para mejorar la situación de los derechos humanos de los detenidos y que la ley islámica, o Shariah, prohíbe la tortura. También cuestionó algunos de los datos del informe. El Ministerio del Interior dijo que ha identificado sólo 21 casos de violaciones de derechos humanos.

(con información de AP)