Un calendario marcado por las elecciones para una legislatura que finaliza este año, ha enredado aún más la actual política española al punto de generar una crisis en el gobierno. La norma que se conoce como la ley del “solo sí es sí” ha terminado de profundizar las fisuras entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos tras el acuerdo para alcanzar mayoría conjunta en 2020.

Desde su entrada en vigor hace cuatro meses, la iniciativa ha permitido casi 400 rebajas de penas a agresores sexuales y 35 salidas de prisión a otros condenados. Para el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, la “Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual”, además de una fuerte polémica en un año electoral, ha significado diferencias fundacionales con su socio en esta legislatura, sin dejar de lado las críticas de casi todo el arco político español.

A partir que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 7 de octubre pasado la ley de consentimiento sexual, sus “efectos indeseados”, en palabras del Gobierno de coalición, han generado rechazo. A tal punto, que acaba de empujar a Sánchez a ordenar cambios inmediatos sin haberlos acordado previamente con los de Unidas.

Para algunos se trató de un punto de inflexión después de tres años donde Podemos, que manejaba el Ministerio de Igualdad, logró avanzar con muchas iniciativas que no contaban con el total convencimiento de la alianza gobernante. Por eso, tras varias negociaciones para cambiar esta ley, La Moncloa decidió presentar los arreglos pese a que le cueste el futuro con sus socios. Sin embargo, Sánchez cree que los podemistas o morados no tienen suerte sin los socialistas.

La reforma estaba decidida la semana pasada, con o sin ellos. El viernes los socialistas dieron hasta el fin de semana como plazo a sus socios, aunque no hubo forma de pactar una modificación conjunta. En el PSOE entienden que si bien no pueden asfixiar a sus socios, continuar sin modificar esta ley los dejaría con menos oxígeno para lograr alcanzar otra legislatura.

Los cambios, hechos públicos ayer, comprenden aumentos de penas, cambios en los considerandos de esas condenas y otros ajustes técnicos. Con esto, el gobierno ya ha registrado en el Parlamento las nuevas proposiciones para esta norma, elaboradas por el Ministerio de Justicia, para que en estas horas la Mesa del Congreso, máximo órgano de la cámara, las tenga en consideración.

La movida del PSOE no toca lo relativo al consentimiento. Sí incluye otra vez la violencia y la intimidación.

Luego del visto de la Junta de Portavoces del Congreso, se espera un trámite parlamentario veloz que pueda tener el debate en el pleno la semana próxima. El PSOE quiere tramitar los cambios por vía de urgencia, ya que por vía normal podría demorar unos dos meses. De recurrir al procedimiento “exprés”, algo que se descuenta, los cambios podrían estar listos, contemplando el paso por el Senado, en 30 días. La idea del gobierno de Sánchez es sacar ventaja de estos arreglos, para que antes del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, pueda mostrarse como un logro.

Para calmar las aguas, Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, ha dicho en TVE que todavía “hay margen para el acuerdo” con sus socios del PSOE. Los “morados” confían en presentar enmiendas durante la tramitación parlamentaria. “El Gobierno de coalición no está en riesgo porque ninguno de los dos socios está dispuesto a ponerlo en riesgo y menos en este momento de la legislatura, a las puertas de unas elecciones municipales y autonómicas”, sostuvo.

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