El Parlamento de Sudáfrica aplazó el debate sobre el informe que puede sacar del poder al presidente Ramaphosa

La Asamblea Nacional de Sudáfrica (Cámara baja del Parlamento) aplazó una semana la votación que iba a celebrarse este martes, sobre un informe que acusa al presidente del país, Cyril Ramaphosa, de la posible violación de leyes anticorrupción y que puede abrir un proceso para su destitución.

La decisión del Parlamento se conoció luego de que el presidente Ramaphosa, impugnó este lunes ante el Tribunal Constitucional nacional el informe que asegura que pudo haber violado varias leyes anticorrupción en el escándalo del robo millonario en su granja de Phala Phala (norte).

En la demanda, Ramaphosa solicitó al tribunal, máxima instancia judicial de Sudáfrica, que desestime el informe, que tilda de “ilegal”.

El jefe del Estado también instó a la corte a declarar que “todas las medidas adoptadas por la Asamblea Nacional (Cámara baja del Parlamento sudafricano) de conformidad con el informe son igualmente ilegales e inválidas”.

El informe amenaza seriamente el futuro político del presidente, líder del Congreso Nacional Africano, que gobierna el país desde 1994, al que la oposición presiona para forzar su dimisión.

Ramaphosa emprendió la acción legal mientras el Comité Ejecutivo Nacional del CNA, máximo órgano decisorio del partido, se reuniera este lunes para discutir su futuro.

La destitución del jefe del Estado requiere el voto a favor de dos tercios de la Cámara baja, formada por 400 diputados y en la que el partido gobernante controla 230 escaños (el 57,5%).

Los rumores sobre una posible e inminente renuncia de Ramaphosa circularon el pasado jueves después de que un panel independiente designado por el Parlamento hallara en un informe pruebas de que el presidente pudo haber violado leyes anticorrupción.

De hecho, dos ministras llegaron a exigir la renuncia del mandatario, lo que demuestra la división que el escándalo ha provocado en el seno del CNA.

El panel de tres miembros, liderado por el ex presidente del Tribunal Constitucional Sandile Ngcobo, debía analizar la moción interpuesta contra el presidente por el partido opositor Movimiento Africano de Transformación (ATM, por sus siglas en inglés) en junio de este año.

El partido acusaba a Ramaphosa, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno desempeñar otras labores profesionales remuneradas, después de que el presidente admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que la cantidad robada provenía de ese negocio (donde son habituales los pagos en efectivo) y no de una operación de lavado de dinero.

El panel señaló que, “a primera vista”, el presidente pudo haber cometido una “violación grave” de varias leyes anticorrupción, además de haber incurrido en “mala conducta grave” al exponerse a un “conflicto entre sus responsabilidades oficiales y sus asuntos privados”, unas acusaciones que Ramaphosa negó rotundamente.

El artículo 89 de la Constitución, que da nombre al panel, permite la destitución de un presidente en ejercicio por motivos de una violación grave de la Carta Magna, mala conducta o incapacidad para desempeñar las funciones propias del cargo.

El principal partido de la oposición, la Alianza Democrática (DA, en inglés), presentó una moción para la disolución de la Asamblea Nacional, que llevaría a unas elecciones anticipadas.

“Llamamos al presidente Ramaphosa a promulgar y establecer fechas para unas elecciones anticipadas que se celebren en 2023″, en vez de 2024, cuando están previstas, dijo en un comunicado el líder de la DA, John Steenhuisen.

El escándalo estalló el pasado junio, cuando el ex jefe de la agencia de inteligencia del país Arthur Fraser interpuso una demanda contra el jefe de Estado, al que acusa de ocultar a la Policía y a la Hacienda sudafricanas un robo de casi 4 millones de euros escondidos en su granja de Phala Phala el 9 de febrero de 2020.

La Presidencia sudafricana ya negó en junio las acusaciones de Fraser y confirmó que se produjo un robo ese día, cuando Ramaphosa asistía a una cumbre de la Unión Africana en Adís Abeba.

El mandatario alegó en su respuesta a las preguntas del panel que la suma sustraída fue menor, de 580.000 dólares (alrededor de 550.000 euros).

(Con información de EFE)

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