Dos jueces británicos renunciaron a sus puestos en el tribunal supremo de Hong Kong en rechazo al avance de China

Londres anunció el miércoles que dos jueces británicos dejarán de participar en la máxima instancia judicial de Hong Kong, por su oposición a la ley de seguridad nacional que China aplica a este territorio autónomo y excolonia del Reino Unido.

“Los jueces del Tribunal Supremo no pueden seguir ocupando sus puestos en Hong Kong sin parecer que respaldan a una administración que se ha alejado de los valores de la libertad política y la libertad de expresión”, afirmó el presidente de dicho tribunal, Robert Reed, al anunciar su retirada y la del vicepresidente Patrick Hodge “con efecto inmediato” de la Corte de Apelación Final de Hong Kong.

Las autoridades británicas, cada vez más enfrentadas a Beijing por el trato que reserva a Hong Kong, han denunciado en el pasado que la ley de seguridad de 2020 no respeta la independencia acordada por ambas partes cuando el Reino Unido devolvió a China la soberanía de la excolonia en 1997.

Dicho acuerdo prevé que jueces británicos ocupen puestos no permanentes en la Corte de Apelación Final de Hong Kong, el más alto tribunal del territorio.

También participan en ella jueces jubilados del Reino Unido, Australia y Canadá.

En total, ocho de los doce jueces extranjeros no permanentes son británicos, incluidos los del Tribunal Supremo, y se desconocía el miércoles si los demás seguirán el ejemplo de Reed y Hodge.

Reaccionando a su dimisión, la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, consideró que “la situación ha llegado a un punto en que resulta insostenible que los jueces británicos formen parte del principal tribunal de Hong Kong”. Y denunció que se ha visto “una erosión sistemática de la libertad y la democracia” en el territorio bajo soberanía china.

China ha ido erosionando las instituciones políticas, legales y sociales de Hong Kong en los últimos años. Esos esfuerzos incluyen la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional en 2020 y cambios en el sistema electoral que, en la práctica, han acabado con la oposición política en el territorio.

Beijing ha sido acusada de emplear la ley para borrar la autonomía prometida cuando Hong Kong fue devuelta a China como “región administrativa especial”, y de arruinar su posición como centro financiero y comercial.

La ley se ha utilizado para encarcelar a líderes prodemocracia de Hong Kong. Es el caso de Jimmy Lai, de 74 años y expropietario del diario Apple Daily, que cerró ante la presión del gobierno, así como de organizadores de vigilias en memoria de la mortal represión ordenada en 1989 por el partido en el gobierno contra un movimiento a favor de la democracia.

(Con información de AFP y AP)

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