Después de concurrir a la reunión anual de la Unión Interparlamentaria Europea, Qatar aprueba Ley contra el lavado y blanqueo de activos

A través de una asamblea ordinaria del Consejo de la Shura, órgano máximo legislativo qatarí, se llevó adelante esta semana una importante sesión conducida por el presidente de ese Consejo, Hassan Abdullah Al-Ghanim. En ella, según Ahmed Nasser Al-Fadallah, Secretario General del Consejo de la Shura, se saldó una cuenta pendiente que Qatar arrastraba desde principios del año en curso.

El Consejo se debía una discusión profunda sobre el informe de la comisión de asuntos legales sobre un decreto religioso que modifica las disposiciones de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo promulgada en 2019. Finalmente y ante reiteradas presiones de sus vecinos del Golfo encabezados por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar aprobó por mayoría simple de los miembros del Consejo de la Shura las reformas necesarias para combatir el flagelo. En ello, mucho tuvo que ver el trabajo que se llevó adelante y del que Qatar participó activamente en la Asamblea General de la Unión Interparlamentaria europea (UIE) celebrada entre los días 26 y el pasado martes 30 de noviembre en Madrid, España.

La UIE es una Organización Internacional de Parlamentarios cuyo objeto central es el diálogo focalizado en trabajar los asuntos de cooperación entre países de la comunidad internacional para ayudar a la estabilidad de la democracia en sus países miembros. Su sede se encuentra en Ginebra y en los últimos años ha mostrado gran preocupación por temas como el terrorismo, el narcotráfico y los delitos derivados del tráfico de drogas prohibidas -que ha incluído en su agenda como prioridad- al considerar que la financiación del primero se encuentra intrínsecamente relacionada al lavado de activos proveniente del narcotráfico. La organización apoya la labor de las instituciones representativas y el fortalecimiento y desarrollo de sus medios de acción. Los países árabes del Golfo se han convertido en gran soporte de la entidad que es financiada por sus miembros y cuenta con el apoyo de Naciones Unidas con quien trabaja y colabora en forma estrecha.

Fue el propio presidente del Consejo de la Shura qatarí, Hassan Abdullah Al-Ghanim, quien al regresar de su participación en la Asamblea realizada en Madrid, impuso a los miembros del Consejo sobre las sesiones y reuniones mantenidas en la Asamblea con el Secretario General de la UIP, el camerunés Martin Chungong, con el Presidente de la Asamblea Nacional de Turquía, Mustafa Şentop; y con el Director del Comité de Relaciones Internacionales de la Duma rusa, Leonid Slutsky, por lo que el propio Al-Ghanim ordenó revisar las relaciones parlamentarias con ellos ante la necesidad de fortalecerlas y armonizar el marco normativo qatarí en materia de Narcotráfico y Lavado de Activos, algo que Doha cree es fundamental para confrontar el terrorismo en la región del Golfo.

Según sus propias agencias de seguridad, los países del Golfo han adquirido importancia como nuevos mercados para las redes del narco desde hace unos 10 años. El tráfico de drogas como la cocaína, heroína y distintas drogas sintéticas modernas, particularmente el Captagon desde la irrupción del Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés) y su avance en la región en el año 2011, ha sido fundamental en ese crecimiento. Sin embargo, y más allá de su derrota militar sobre el terreno, varias redes terroristas del ISIS continúan financiándose por medio del narcotráfico.

Del mismo modo, organizaciones regionales como el Hezbollah libanés han vulnerado con cierto éxito el control de las agencias antidrogas de los países sunitas, a pesar de haber perdido no menos de 2 cargamentos con millones de pastillas de anfetaminas a manos de los organismos de control en los últimos 4 meses. Por otra parte, en los últimos 3 años también se detectaron movimientos y operaciones de cárteles latinoamericanos con centros y bases operacionales de tránsito de la droga en varios países de la región, desde donde coordinan el transporte hacia Europa y Asia, al tiempo que procuran instalar la demanda y el consumo local.

Los antecedentes y el historial de Qatar como blanco del narcotráfico van incluso más allá de los últimos 10 años. En una Cumbre de Seguridad que se realizó en Doha en 2010, varios oficiales de agencias antidrogas internacionales alertaron a las autoridades del país que el tráfico de drogas en Qatar se producía por la atracción que ofrecía a los cárteles del narcotráfico y a las organizaciones terroristas la riqueza del país.

Para la DEA estadounidense recientemente una red de cárteles mexicanos estaba operando fuera de Dubai y utilizaba a Qatar como país de tránsito en la distribución a otros estados vecinos del Golfo. Sobre esta información -filtrada de la oficina de la agencia en Miami- existe un viejo historial que se remonta a más de un decenio, cuando se pudo neutralizar media docena de intentos de traficar drogas prohibidas desde dos aeropuertos latinoamericanos, uno de ellos desde Buenos Aires, Argentina y el restante desde Sao Paolo, Brasil; ambos con destino a la capital qatarí a través de la central de cargas y de equipajes acompañados de la compañía Qatar Airlines. Sin embargo esa nueva ruta fue desbaratada entre 2011 y 2012, aunque sigue siendo un importante itinerario potencial.

Las autoridades aduaneras de Qatar han declarado que las estadísticas del último año crecieron un 70%, particularmente desde agosto pasado cuando el Talibán retomó el gobierno en Afganistán, lo que permitió descubrir mayores cantidades de envíos en sus aeropuertos vía cargas; pero también con la utilización de lo que en América Latina se conoce como la modalidad de mulas fronterizas.

La preocupación de Qatar es acompañada por Rusia y Arabia Saudita, de allí el accionar rápido del Consejo de la Asamblea de la Shura en promulgar la nueva ley para combatir el flagelo y el lavado de los activos que el narcotráfico genera. La nueva Ley ratifica y endurece la legislación vigente en los países integrantes del Consejo de Cooperación del Golfo. De ahora en más, los narcotraficantes que sean detenidos en los estados del Golfo enfrentaran directamente la pena de muerte y aquellos que faciliten su accionar y estén involucrados en actividades de Lavado de Activos provenientes del tráfico de drogas recibirán penas de entre a 40 y 60 años de prisión efectiva.

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